OPERACIÓN PÚNICA : UNA TRAMA GENOVESA SIN FONDO

Boletin 28. Caso PÚnica. Del 06 al 23 de junio 2017
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LAS NOTICIAS AL DÍA

IMPUTAR A UN AFORADO Y OTROS 20 DEBERES EN PÚNICA PARA EL SUCESOR DEL JUEZ VELASCO

LA INVESTIGACIÓN DE ‘PÚNICA’ SE VUELCA EN EL NÚMERO TRES DE CIFUENTES, GONZÁLEZ TABOADA

EL JUEZ ESTRECHA EL CERCO SOBRE EL PAPEL DEL 'NÚMERO 3' DE CIFUENTES EN EL "BOTÍN" DE ARPEGIO

LA FISCALÍA ACUSA AL GOBIERNO DE CIFUENTES DE “OCULTAR INFORMACIÓN RELEVANTE” SOBRE LA ‘PÚNICA’

EL FISCAL DESVELA "LA VORACIDAD" DE GRANADOS POR CONTROLAR UN "BOTÍN" DE 3.000 MILLONES

LOS TRES GUARDIANES DE LA ‘MINA DE ORO’ DE GRANADOS

COSPEDAL Y UNA CONSEJERA DE CIFUENTES INTEGRABAN EL GOBIERNO DE AGUIRRE QUE SEGÚN LA IGAE VULNERÓ LA LEY EN UN PLAN DE 1.000 MILLONES

EL JUEZ DE 'PÚNICA' DICE QUE EL PP ERA "JUAN PALOMO": DABA A FUNDESCAM SUBVENCIONES PÚBLICAS QUE SE USABAN PARA GASTOS ELECTORALES

EL EXGERENTE DEL PP EN MADRID DICE QUE LOS EMPRESARIOS DONABAN DINERO "POR CARIÑO"

EL DURO INTERROGATORIO DEL JUEZ A ARTURO SOBRE EL PAPEL DE CIFUENTES: "TAN REGULAR NO FUE"

GRANADOS NIEGA SU PAPEL EN PÚNICA Y ACHACA AL “APARATO DEL ESTADO” SU IMPUTACIÓN

UNA EMPRESA DEL CÍRCULO DE GRANADOS COBRÓ MEDIO MILLÓN DE LA ADJUDICATARIA DE UN CONTRATO INVESTIGADO EN 'PÚNICA'

EL CGPJ ARCHIVA LA INVESTIGACIÓN SOBRE SI EL JUEZ VELASCO PIDIÓ TRABAJO PARA SU MUJER A IGNACIO GONZÁLEZ

VELASCO SUSPENDE 14 DECLARACIONES DEL ‘CASO PÚNICA’ TRAS OFICIALIZARSE SU SALIDA DEL JUZGADO

CIFUENTES DESPEJA BALONES SOBRE LOS FUNCIONARIOS E INSISTE EN QUE EL INFORME DE LA UCO "ESTÁ EQUIVOCADO"

JUSTICIA, FISCALÍA Y GUARDIA CIVIL: LOS 6 DOCUMENTOS QUE ACORRALAN A CIFUENTES

EL JUEZ DESCARTA IMPUTAR A CIFUENTES POR LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP MADRILEÑO

EL JUEZ DEJÓ SIN IMPUTAR AL NÚMERO 3 DE CIFUENTES A LA ESPERA DE ANALIZAR 100 CAJAS

LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN CIFRA EN 4,9 MILLONES LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN LA PÚNICA

EL PP DESVIÓ SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA FALSOS CURSOS DE FORMACIÓN AL PAGO DE LA CAMPAÑA DE RAJOY DE 2008

LOS DOS ‘PENDRIVE’ DE PÚNICA

AGUIRRE CAPTÓ 7,6 MILLONES PARA EL DOS DE MAYO… QUE AHORA INVESTIGA LA UCO

IMPUTADO EN 'PÚNICA' EL EMPRESARIO AL QUE EL GOBIERNO DE AGUIRRE ENCARGÓ GESTIONAR EL MAYOR PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

EL PP DE MADRID "QUEBRÓ" CON SU CAJA B "EL PLURALISMO POLÍTICO"

DIMITE EL VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE TRAS LOS REGISTROS PRACTICADOS POR LA UCO EN SU DESPACHO EN EL MARCO DE 'PÚNICA'

GRANADOS HABLABA DE "LIBROS" O "BOMBONES" PARA REFERIRSE A LAS DONACIONES DE DINERO NEGRO PARA EL PP

INVESTIGADAS LAS CUENTAS SUIZAS DE TRES IMPUTADOS EN PÚNICA POR PAGOS A GRANADOS

EL SOSPECHOSO MERCEDES DE LA AMIGA DE GRANADOS

EL JUEZ DE PÚNICA INVESTIGA SI EL PP DE AGUIRRE SE FINANCIÓ CON 972 CURSOS PARA PARADOS

VELASCO CITA COMO INVESTIGADO A DANIEL MERCADO, UNO DE LOS FINANCIADORES DEL PP

PÚNICA DESTAPA EL USO DE DINERO B Y FONDOS PÚBLICOS EN TRES CAMPAÑAS ELECTORALES DEL PP

EL PP FINANCIÓ CON DINERO DE PÚNICA LA CAMPAÑA ELECTORAL DE RAJOY EN 2008

GRANADOS PIDE SALIR DE PRISIÓN PARA CUIDAR A SUS HIJAS "EN SU MODESTA CASA HIPOTECADA"

VELASCO PREGUNTA A ANTICORRUPCIÓN SI CIERRA LA INSTRUCCIÓN DE PÚNICA TRAS LEVANTAR EL SECRETO DE LA CAJA B

VELASCO LEVANTA EL SECRETO DE SUMARIO EN PÚNICA SOBRE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID

EL HOMBRE FUERTE DE AGUIRRE METIÓ EN EL “CÁNTARO” 600.000 EUROS

LOS SMS EN CLAVE DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP: “¿TIENE AGUA EL CÁNTARO?" "YA SE ESCUCHA EL RUMOR DEL AGUA”

EL PP DE MADRID USÓ EN LA CAMPAÑA DE 2011 EMPRESAS PANTALLA QUE YA FIGURAN EN LOS PAPELES DE 2007 INCAUTADOS A SU EXGERENTE

EL JUEZ DE PÚNICA REVISA FACTURAS QUE SUMAN 16 MILLONES POR LA CAJA B DEL PP

LOS ÚLTIMOS INFORMES DEL ‘CASO PÚNICA’ AMENAZAN A SEIS CARGOS PÚBLICOS DEL PP

LA AGENDA DE GRANADOS PRUEBA QUE EN 2010 HIZO SEGUIMIENTO DIRECTO DE UN CONTRATO AMAÑADO PARA UNA EMPRESA DONANTE DEL PP

LA AUDIENCIA NACIONAL ENVÍA A MURCIA 41 INDICIOS DE DELITO CONTRA EL PRESIDENTE AUTONÓMICO

CUATRO FACTURAS FALSAS ACORRALAN A UNA SENADORA DEL PP EN EL ‘CASO PÚNICA’

DOCUMENTOS MANUSCRITOS DEL GERENTE DE AGUIRRE CONTIENEN APUNTES DE LA PRESUNTA CAJA B DE LA CAMPAÑA DE 2007

ALEJANDRO DE PEDRO: EL LAZARILLO 2.0 QUE CAUTIVÓ AL PP, EL REAL MADRID Y GRANDES FIRMAS DEL IBEX

LAS ESTRECHAS RELACIONES DEL CONSEGUIDOR DE LA TRAMA PÚNICA CON LOS DIRIGENTES DEL PP VALENCIANO DE AYER Y DE HOY

EL JUEZ ELOY VELASCO DEJARÁ LA INSTRUCCIÓN DEL 'CASO PÚNICA' EN JUNIO

LAS PRUEBAS DOCUMENTALES DEL "PLAN CRIMINAL" DE PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

LAS GRABACIONES DESCLASIFICADAS QUE IMPLICAN A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

LA GUARDIA CIVIL TIENE CERCADO EN PÚNICA AL PRESIDENTE DE MURCIA POR “DELITOS DE FRAUDE”

DOCUMENTOS MANUSCRITOS DEL GERENTE DE AGUIRRE CONTIENEN APUNTES DE LA PRESUNTA CAJA B DE LA CAMPAÑA DE 2007

NUEVE (PRESUNTAS) VÍAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PARTIDO POPULAR DE MADRID

GÉNOVA AYUDÓ A BLANQUEAR LA FINANCIACIÓN DEL PP DE MADRID

LA CAJA B DEL PP DE MADRID AFLORA EN EL PAGO EN EFECTIVO DE UN MITIN DE AGUIRRE

EL PP DE MADRID REGÓ CON DINERO PÚBLICO LAS AGENCIAS QUE HICIERON SU CAMPAÑA B DE 2007

NUEVOS PAPELES REVELAN QUE AGUIRRE FUE REELEGIDA EN 2007 CON 3 MILLONES EN NEGRO

LA PATRONAL MADRILEÑA INVESTIGA SI FINANCIÓ CAMPAÑAS DEL PP EN 2007

LOS PAPELES DEL GERENTE DE AGUIRRE INCLUYEN A UNA EMPRESA QUE LOGRÓ 1,3 MILLONES POR "EVALUAR" OFERTAS DE PUBLICIDAD OFICIAL

EL JUEZ ACUSA AL PP DE PAGAR CON BILLETES "DE PROCEDENCIA OPACA" SUS ACTOS DE CAMPAÑA

EL JUEZ ACUSA AL PP EN UN AUTO SECRETO DE PAGAR EN B LAS CAMPAÑAS DE 2007, 2008 Y 2011

TRES SUMARIOS APUNTAN A LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE CUATRO CAMPAÑAS DE AGUIRRE ENTRE 2003 Y 2011

EL 'CASO PÚNICA' DESVELA QUE EL EXDUEÑO DE ELOSÚA FUE SORPRENDIDO CON 200.000 EUROS EN EFECTIVO EN LA FRONTERA FRANCO-SUIZA

LOS AUDIOS DE LA ‘PÚNICA’ QUE SALPICAN A COSPEDAL Y SU ENTORNO

EL CONSEGUIDOR DE LA PÚNICA MONTÓ UN FALSO DIARIO DIGITAL AL SERVICIO DE FLORENTINO PÉREZ Y EL REAL MADRID

EL JUEZ VELASCO INVESTIGARÁ A LAS EMPRESAS SEÑALADAS POR GRANADOS

EL JUEZ DE PÚNICA RECHAZA INTERROGAR COMO TESTIGO A ESPERANZA AGUIRRE POR "INNECESARIO"

LOS 72 INDICIOS QUE ACORRALAN AL PRESIDENTE DE MURCIA EN LA ‘PÚNICA’

LA CAJA B DEL PP DE MADRID, LA HIDRA DE SEIS CABEZAS

EL EXGERENTE DEL PP MADRILEÑO NIEGA LA FINANCIACIÓN ILEGAL ANTE EL JUEZ

EL FINANCIADOR DEL PP DE MADRID RECIBIÓ 18 MILLONES EN CONTRATOS

CINCO AYUNTAMIENTOS DEL PP CONTRATARON A LAS EMPRESAS INVESTIGADAS EN 'PÚNICA' QUE HICIERON LA CAMPAÑA A SUS ALCALDES

EMPRESAS INVESTIGADAS EN 'PÚNICA' HICIERON LA CAMPAÑA DEL PP DE MADRID EN 2007 PERO LA FACTURA OFICIAL AL PARTIDO FUE INSIGNIFICANTE

LA EMPRESA INVESTIGADA EN 'PÚNICA' POR LA FINANCIACIÓN DEL PP ADMITIÓ QUE LE HACÍA ACTOS GRATIS AL PARTIDO

GRANADOS PIDE AL JUEZ QUE LLAME A DECLARAR A ESPERANZA AGUIRRE Y AL HOMBRE FUERTE DE CIFUENTES

CARTA DESDE LA PRISIÓN DE ESTREMERA. GRANADOS A ESPERANZA: “TÚ MANDABAS EN TODO, NO ENTIENDO QUE NO DESMIENTAS LA CAJA B”

GRANADOS DA AL JUEZ UN LISTADO DE EMPRESAS PARA QUE LAS INVESTIGUE

VALDEMORO. LOS SEIS PASOS PARA AMAÑAR UNA ADJUDICACIÓN DE 61 MILLONES

VELASCO HA RECHAZADO EL PUESTO EN LA UE PORQUE LE PROHIBÍAN SEGUIR COBRANDO 50.000€ POR DAR CHARLAS

EL JUEZ HALLA PAPELES SECRETOS CON TODA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID

EL JUEZ REACTIVA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAJA B DEL PP DE AGUIRRE A TRAVÉS DE FUNDESCAM

EL JUEZ DE 'PÚNICA' PREGUNTA POR CIFUENTES A UN EMPRESARIO QUE HIZO DONACIONES A UNA FUNDACIÓN DEL PP

LA UCO INVESTIGA EL PLAN DE HOSPITALES DE ESPERANZA AGUIRRE EN EL ‘CASO PÚNICA’

LA UCO ACUDIÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LLEVARSE LOS EXPEDIENTES DEL PROYECTO ESTRELLA DE IGNACIO GONZÁLEZ POR SU VINCULACIÓN CON LA CAJA B DEL PP

LOS 12 MARIACHIS DE LA CAMPAÑA DE RAJOY QUE SE PAGARON CON DINERO PÚBLICO

CIFUENTES PRESIDIÓ LA MESA QUE ADJUDICÓ EL CONTRATO DE LA ASAMBLEA CON ARTURO EN 2011

UN CABECILLA DE PÚNICA PIDE EL MISMO TRATO JUDICIAL QUE EL EXONERADO PRESIDENTE DE MURCIA

LA ACUSACIÓN POPULAR DE PÚNICA DA UNA LECCIÓN DE DERECHO A LA FISCALÍA

EL JUEZ DE PÚNICA USA SENTENCIAS DEL FISCAL GENERAL CONTRA EL PRESIDENTE DE MURCIA

PS TALAMINO. GRANADOS QUIERE QUE EDUARDO INDA TESTIFIQUE EN SU FAVOR

EL JUEZ DE LA PÚNICA PIDE A LA UCO INVESTIGAR VÍNCULOS DE MADRI+D CON LA TRAMA

EL JUEZ VELASCO ESTRECHA EL CERCO EN TORNO AL PRESIDENTE DE MURCIA EN 'PÚNICA' PESE A LAS TRABAS DE LA FISCALÍA

CATALÁ ADMITE QUE EL PRESIDENTE DE MURCIA ACCEDIÓ A INFORMACIÓN RESERVADA DE LA FISCALÍA GENERAL EN EL CASO PÚNICA

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO: «NO HE RECIBIDO PRESIONES PARA NO ACUSAR A SÁNCHEZ»

ANTICORRUPCIÓN ENVÍA DOS INFORMES OPUESTOS SOBRE 'PÚNICA': EL DE LA JEFA EXIME AL PRESIDENTE DE MURCIA Y EL DE LAS FISCALES DEL CASO LO INCRIMINA

EL PRESIDENTE DE MURCIA SUPO ANTES QUE LAS FISCALES DE 'PÚNICA' QUE LA CADENA DE MANDO DEL TS SE OPONÍA EN BLOQUE A INVESTIGARLE

LA FISCALÍA GENERAL IMPUSO NO ACUSAR AL PRESIDENTE DE MURCIA

EL JUEZ QUIERE INVESTIGAR A SÁNCHEZ POR COHECHO, FRAUDE Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN EN 'PÚNICA'

PS1 TALAMINO. ANTICORRUPCIÓN PIDE TRES AÑOS DE CÁRCEL PARA GRANADOS POR EL CHIVATAZO DE LA PÚNICA

VELASCO DEJA EN PRISIÓN A GRANADOS ALEGANDO QUE SUS SUPUESTOS TESTAFERROS ESCONDEN MILLONES DE EUROS

EL 'FALCON CREST' DE GRANADOS EN ÁVILA: 84 HECTÁREAS, 24 CABALLOS Y SEIS 'QUADS'

LA PREVISIBLE IMPUTACIÓN DEL ALCALDE DE BRUNETE QUE HACE TEMBLAR A LA FISCALÍA

LA PÚNICA DESVIÓ DINERO PÚBLICO A MÍTINES DEL PP CON FACTURAS FALSAS DE 'WC PORTÁTILES'

EL GOBIERNO TIENDE UN PUENTE DE PLATA PARA SACAR DE LA AUDIENCIA AL JUEZ DE PÚNICA

LOS 9 MÍTINES Y 194.467 EUROS QUE ACORRALAN A GÉNOVA 13 EN EL 'CASO PÚNICA'

LA PÚNICA AGASAJÓ A GRANADOS CON CUATRO FIESTAS 'GRATIS TOTAL' VALORADAS EN 37.234 EUROS

LA UCO ACUSA DE FRAUDE Y COHECHO AL 'SHERIFF DE BRUNETE', OTRO ALCALDE DEL PP EN PÚNICA

EL JUEZ VELASCO PIDE SER TRASLADADO Y DEJAR YA LA INSTRUCCIÓN DE LA 'PÚNICA'

EL PP PAGÓ CON DINERO PÚBLICO A LA PÚNICA MÍTINES DE LAS CAMPAÑAS DE AGUIRRE Y RAJOY

GRANADOS DICE QUE MARHUENDA LE PIDIÓ AYUDA PARA ENCONTRAR “UN CHOLLO” EN VALDEMORO Y EL PERIODISTA LO NIEGA

LA ACUSACIÓN POPULAR PIDE 6 AÑOS DE CÁRCEL PARA GRANADOS POR EL 'CHIVATAZO' DE LA PÚNICA

LAS 'PERLAS' DE GRANADOS ANTE EL JUEZ: "ME HE PORTADO FRANCAMENTE BIEN CON MI PUEBLO"

EL PP DE AGUIRRE INTENTA 'COLARSE' EN EL SUMARIO DE PÚNICA PARA ACCEDER "A TODO LO ACTUADO"

NOTAS INÉDITAS DESTAPAN NUEVOS VÍNCULOS DE PÚNICA CON RITA BARBERÁ Y CASTELLÓN

LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA OTRA CAJA B DEL PP DE MADRID QUE FUNCIONÓ ENTRE 2010 Y 2014

LA JUSTICIA ALARGA, UNA VEZ MÁS, EL SECRETO SOBRE LA SUPUESTA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP DE MADRID

LA UCO DESCUBRE UNA TRAMA DE DOBLE FACTURACIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS DE PÚNICA

EL REGATEO DE UN DIPUTADO DEL PP CON PÚNICA: "SOY DE LETRAS PERO ME DEFIENDO CON LOS NÚMEROS"

LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA OTRA CAJA B DEL PP DE MADRID QUE FUNCIONÓ ENTRE 2010 Y 2014

LA JUSTICIA ALARGA, UNA VEZ MÁS, EL SECRETO SOBRE LA SUPUESTA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP DE MADRID

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LA MUJER DE IGNACIO GONZÁLEZ FACTURA 11.296€ A LA JUSTICIA POR SUBASTAR 75 JOYAS DE PÚNICA

EL CGPJ QUITA EL REFUERZO AL JUEZ ELOY VELASCO, QUE INVESTIGA LA TRAMA PÚNICA

PÚNICA COMIENZA A HACER SOMBRA A GÜRTEL: 150 IMPUTADOS, 390 TESTIGOS, 200 TOMOS...

EL CNI PAGÓ A UN IMPUTADO DE LA PÚNICA PARA QUE SE INFILTRARA EN FOROS INDEPENDENTISTAS

UN ACUSADO EN PÚNICA REVELA 12 LLAMADAS CON EL CNI PARA TRABAJOS CONTRA LA INDEPENDENCIA

"POR QUÉ DECIDÍ COLABORAR CON LA JUSTICIA": MARJALIZA EXPLICA SU ARREPENTIMIENTO


IMPUTAR A UN AFORADO Y OTROS 20 DEBERES EN PÚNICA PARA EL SUCESOR DEL JUEZ VELASCO

El magistrado dictó un auto antes de abandonar el juzgado para detallar qué diligencias están pendientes en el sumario

Eloy Velasco ya ha abandonado el Juzgado Central de Instrucción 6, pero los sumarios que instruía siguen adelante. En el caso Púnica, el magistrado dictó el pasado 24 de mayo un auto en el que no sólo resolvía algunos de los recursos presentados por las partes y prorrogaba la instrucción de la causa otros 18 meses, sino que indicaba pieza por pieza de las 16 en las que está dividida la causa, qué diligencias quedaban pendientes de practicar. Entre ellas, “formalizar” ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la petición de imputación de un exalcalde, en referencia al que fuera primer edil de Alcalá de Henares, el popular Bartolomé González, hoy aforado por ser diputado en la Asamblea de Madrid.

El Tribunal Superior de Murcia imputa a Pedro Antonio Sánchez por el ‘caso Púnica’

Con las tres primeras piezas –las referidas al chivatazo, a la Diputación de León y a la Región de Murcia- ya concluidas, el juez Velasco recuerda a su sucesor que en la cuarta, sobre las supuestas irregularidades urbanísticas destapadas en el Ayuntamiento de Valdemoro, los dos arquitectos de la Dirección General del Catastro y de Hacienda que han sido designados para colaborar en las pesquisas deben emitir informes periciales. Para ello, “se hace necesario requerir” al consistorio en el que Francisco Granados fue alcalde “información sobre el Planeamiento urbanístico completo del municipio”. En la quinta pieza, dedicada a los amaños en los ayuntamientos de Serranillos del Valle y Torrejón de Velasco, el magistrado destaca que “está pendiente un profuso número de declaraciones que no se han podido realizar todavía por la propia complejidad y dimensión de la instrucción”. Además, considera “necesario” la elaboración de informes periciales sobre las irregularidades en los contratos para poder “concretar las ganancias ilícitamente obtenidas”. Para ello, señala la urgencia de nombrar dos interventores del Estado.

En la investigación sobre el amaño en la adjudicación de concursos de eficiencia energética a la empresa Cofely, la pieza separada número 6, el juez Velasco anuncia al futuro titular del Juzgado que van a incorporarse al sumario en breve sendos informes sobre las irregularidades en los consistorios de Villalba (Madrid) y Almendralejo (Badajoz). Tras ello, apunta que habrá que tomar nuevas declaraciones. Entre ellas, señala la del diputado autonómico del PP Bartolomé González. En esta pieza, el magistrado considera que para calcular los perjuicios económicos causados por estos contratos fraudulentos “es preciso adoptar los criterios que van a regular las indemnizaciones”.

En la pieza número 7, dedicada a las adjudicaciones irregulares a la empresa de festejos Waiter Music, Velasco enumera hasta cuatro diligencias pendientes. En primer lugar, tomar declaraciones a los trabajadores de esta compañía. En segundo, solicitar los expedientes de licitación a los 47 consistorios de Madrid que la contrataron entre 2004 y 2014 por un importe total de 28 millones de euros. En tercero, pedir a siete constructoras y una UTE los detalles de la facturación por 1,3 millones de euros que les dirigió Waiter Music. Por último, reclamar al PP “la justificación de los trabajos” que esta mercantil realizó “en el capítulo de financiación el PP y sus gastos electorales”.

En la parte de la investigación denominada “Granados y colaboradores”, el juez Velasco destaca que aún está pendiente “otro profuso número de declaraciones”. Además, considera que para apoyar las pesquisas de la Guardia Civil sobre los “regalos y comisiones varias” recibidas por el político a cambio de adjudicar parcelas, “es necesario el informe de los dos funcionarios arquitectos de la Agencia Tributaria nombrados recientemente en auxilio judicial”. En esta pieza también se investiga el supuesto regalo de un automóvil Mercedes Benz a una colaboradora de Granados. Tras el reciente informe entregado por la UCO, el juez Velasco recomienda que tome declaraciones y practique nuevas diligencias “dirigidas a probar los indicios recabados hasta ese momento”.

En la pieza número 9, centrada en la trama internacional de blanqueo, el magistrado recuerda que aún está pendiente que Suiza envíe a España las obras de arte intervenidas al constructor David Marjaliza en un almacén de Ginebra, y que las autoridades de Panamá respondan a la comisión rogatoria remitida en su día. En la número 10, referida a los trabajos de reputación online realizados por el experto informático Alejandro de Pedro para diferentes cargos públicos, apunta que “está en trámite” la toma de declaración a los supuestos implicados en el ayuntamiento de Gandía. En este parte de la investigación también queda por recibir los informes de la Guardia Civil sobre “autoridades de la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid” que “derivaron supuestamente los costes de su propaganda e imagen a los presupuestos públicos”.

Sobre la parte de la trama que supuestamente amañó la concesión de conciertos para colegios gestionados por cooperativas, Velasco recuerda que aún está pendiente de analizar la documentación remitida por la Comunidad de Madrid y que llegue al juzgado otra nueva solicitada a los ayuntamientos donde se levantaban los centros educativos. También propone que se elabore un informe pericial con todo esa documentación y que en otro se cuantifiquen “todas las prestaciones, servicios y obras que han sido objeto de doble facturación a los cooperativistas” por Afedel, la empresa supuestamente utilizada por la trama para dichas irregularidades. Finalmente, en la pieza número 14, la de la supuesta caja b del PP de Madrid, el juez recuerda que en marzo la Guardia Civil intervino “copiosa información” en varios registros que hay aún que analizar, junto a la requerida a la Cámara de Cuentas de Madrid. Velasco señala que también falta tomar declaración a los responsables de las empresas de publicidad y eventos implicadas, y realizar “cruces de datos y análisis con sus declaraciones fiscales, sus recursos y trabajadores”.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/27/actualidad/1495909548_414069.html

LA INVESTIGACIÓN DE ‘PÚNICA’ SE VUELCA EN EL NÚMERO TRES DE CIFUENTES, GONZÁLEZ TABOADA

Un informe de funcionarios de la Comunidad le acusa de “ser uno de los cinco que manejaban la financiación paralela del PP” y pedía “regalos personales”

Cristina Cifuentes tiene un problema en su equipo con nombre propio: Jaime González Taboada. No es un cualquiera, hablamos de su número tres en el Gobierno, el consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. Sobre él, la Púnica siempre ha revoloteado, aunque si el caso de corrupción no se ha posado sobre él, todavía, es gracias a su aforamiento por ser diputado en la Asamblea de Madrid.

De hecho, se le podría considerar un imputado fantasma. Justo antes de dejar la Audiencia Nacional, en uno de sus últimas decisiones, el juez Eloy Velasco decidió imputar a todos los miembros -menos uno- de la mesa de contratación de Arpegio, la empresa pública que protagoniza una de las piezas más complicadas de la Púnica.

Esa excepción en la imputación fue Taboada, porque quien tendría que investigarle es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Para ello, el juez de la Audiencia Nacional tendría que elevar una exposición razonada al tribunal madrileño y eso le haría perder el caso. Antes de tomar esa decisión, hay más de 100 cajas que analizar, fruto de los registros policiales de las últimas semanas. La última palabra la tendrá el juez que sustituirá a Eloy Velasco.

Pero desde antes de abrir las cajas ya hay pruebas sobre la mesa que ponen muy difícil la situación de González Taboada.

El informe de la Fiscalía

Porque, aunque no se le impute, Taboada aparece en el informe de la Fiscalía Anticorrupción del 11 de mayo (el mismo que acusa al Gobierno de Cifuentes de “ocultar información relevante” sobre la Púnica), como objeto de investigación. En concreto, la Fiscalía reclama a la Comunidad de Madrid las actas de Presidencia “por las que designó a Jaime González Taboada (…) vocal en representación de la Comunidad de Madrid en la Mesa de contratación del Plan Prisma 2006-2007” y lo mismo, pero para “la Mesa de contratación del Plan Prisma 2008-2011”.

Dentro de ese apartado, la Fiscalía pide “copia de las órdenes” que determinaron las obras y servicios que hicieron Arpegio y Nuevo Arpegio con los Planes Prisma en las fechas en que Taboada estaba en la mesa de contratación.

Protección de Taboada

El informe, además de acusar al Gobierno madrileño de ocultar información, apunta a una protección sobre miembros del Ejecutivo que, por la descripción y el contexto, bien podría ser Taboada. “Por otro lado”, escriben las fiscales, “hemos comprobado en otros requerimientos a la Comunidad de Madrid que existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas en la CAM y orgánicas en el partido regional”.

Dentro del sumario de la Púnica también se incluyen dos informes, uno de un testigo que fue funcionario y otro anónimo, que están en manos del juez y donde las acusaciones hacia Taboada son de gran calado.

Acoso laboral

El primero de ellos es un relato cronológico del que fuera jefe de área de zonas verdes de la Comunidad de Madrid, en el que explica cómo Taboada le habría sometido a un intenso acoso laboral por no manipular según su antojo y el de Francisco Granados una adjudicación pública relacionada con el Parque de Polvoranca (Leganés) que no fue a parar a una empresa de Florentino Pérez.

En concreto, este funcionario, con todo lujo de detalles explica cómo Taboada le exigió “ver mi informe antes de que yo lo enviase a la mesa de contratación” y después, a través de un cargo intermedio, se le dijo que “Granados no admite que el concurso se adjudique a otra empresa que no sea IMES-API, del Grupo ACS (Florentino Pérez).

Este informe, que el funcionario se negó a cambiar, le llevó a “una situación de inactividad con presiones indirectas: táctica de desgaste”. La cosa va a más con el tiempo y es trasladado a una “ruidosa habitación” que se le asigna “como despacho”. Él la describe así: un “almacén de proyectos” que en realidad es “la habitación de la planta baja que está frente a la oficina supervisora”. Para colmo, después le colocan “a mi lado, en mi despacho” a una “arquitecta de reciente incorporación”. “Paso a ser el único jefe de área, o incluso jefe de servicio de toda la Dirección General que no tiene despacho independiente propio”.

El Grupo Pontejos

El otro informe está firmado por el llamado “Grupo Pontejos”, un grupo de funcionarios bautizado con el nombre de la plaza adyacente a la sede de la Comunidad de Madrid. Este informe, también en manos del juez, sospecha del perfil de Taboada, “un auténtico semianalfabeto”, lo que les lleva a recelar de que hubiera ocupado la Dirección General y “menos aún se entiende su actual cargo de consejero”.

Este Grupo Pontejos recuerda que, a los funcionarios, “una vez utilizados y exprimidos, los ha expulsado o marginado (…) a l no prestarse a sus múltiples caprichos e irregularidades que van mucho más allá de lo permisible”. Y señalan que en la segunda de las tres legislaturas “actuó como mandado de Francisco Granados para todo tipo de asuntos poco claros”. Además de recordar (citando, por cierto, una noticia de ELPLURAL.COM), que Taboada era “uno de los asiduos a las fiestas de lujo en casa de Tomás Martín Morales, antiguo alcalde en la sombra y gran conseguido de Boadilla del Monte. A estas fiestas eran invitados los principales imputados en la trama Gürtel”.

Los mismos funcionarios acusan a Taboada de tener por “costumbre en navidad pedir regalos personales de gran importancia. Así algunos de los pedidos y recibidos para él y para Miguel Ángel Ruiz fueron un juego de palos de golf marca Callaway, televisores de plasma, etc…”. “Ante personas de su confianza se vanagloriaba de ser ‘uno de los cinco’ que manejaban la financiación paralela del PP en Madrid. Él mismo se consideraba un comisionista”.

El papel del viceconsejero

El informe concluye así: “No es posible ni prudente subestimar el daño que Jaime González y Miguel Ángel Ruiz han hecho a tantas personas y a tantas instituciones incluido en el propio partido al que ambos dicen servir”.

La atención ahora está en lo que haya encontrado el juez en los registros que autorizó, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, en el despacho de Ruiz, viceconsejero y mano derecha de Taboada. El objetivo era “intervenir la información en papel o digital relativa a su intervención en la ejecución de los Planes Prismas y en los Consejos de Administración de los Consorcios Urbanísticos”.

Y recuerda al juez que toda esta investigación “se inicia a raíz de las declaraciones de David Marjaliza en las que revelaba el pago de comisiones por contratistas y promotores”. Unas comisiones que, aunque el juez no lo especifica, cobraba entre otros Taboada, según la declaración de Marjaliza.

http://www.elplural.com/politica/2017/06/16/la-investigacion-de-punica-se-vuelca-en-el-numero-tres-de-cifuentes-gonzalez

EL JUEZ ESTRECHA EL CERCO SOBRE EL PAPEL DEL 'NÚMERO 3' DE CIFUENTES EN EL "BOTÍN" DE ARPEGIO

El magistrado Eloy Velasco dictó el pasado mes de mayo un auto donde pidió a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid nuevos datos sobre Jaime González Taboada, el único miembro de la mesa de contratación de Arpegio que no se encuentra imputado en el caso Púnica en estos momentos. Es aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya actualmente ocupa consejero de Medio Ambiente.

Los investigadores de la trama Púnica tiene puesto en estos momentos el foco en la gestión presuntamente fraudulenta de la sociedad pública madrileña Arpegio -encargada de gestionar el suelo de la Comunidad de Madrid-ya que consideran que fue uno de los mayores focos de desfalco en esta macrocausa de corrupción.

Arturo Fernández llamó a González el día que declaró ante el juez preocupado por Fundescam
La Fiscalía Anticorrupción tiene en su poder "evidencias documentales sobre el reparto ilícito del suelo público de Madrid, como si se tratase de un botín". Así lo subraya el juez Eloy Velasco en un auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, donde explica que ese "botín" fue repartido a cambio del pago de "dádivas concertadas entre contratistas, intermediarios y el ex consejero madrileño Francisco Granados", desde el pasado martes en libertad. En ese 'reparto de cromos' ilegal habrían participado consejeros de la sociedad Arpegio y "otros participantes cuya responsabilidad hay que determinar".

Tanto el Ministerio Público como el juez creen que el que fuera secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, presunto cabecilla de la red Púnica, aprovechó su puesto como consejero durante aquellos años en la entidad para manipular hasta 22 consorcios urbanísticos y un sinfín de contratos de obras públicos incluidos en el llamado Plan Prisma. Sólo los planes Prismas fueron dotados con 1000 millones de euros de fondos públicos.

En este contexto, los investigadores quieren determinar el papel que desempeñó en Arpegio el número tres de Cristina Cifuentes, el actual consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada. Por esta razón, Velasco ordenó el pasado mes de mayo a la Consejería de Presidencia del Gobierno regional que le entregase documentación sobre "el acto" por el que el máximo responsable de esta cartera "designó a Jaime González Tabaoda, director general de cooperación local, vocal en representación de la Comunidad de Madrid en la mesa de contratación del plan Prisma de 2006-2007 y del Plan Prisma de 2008-2011".

Además, el instructor solicitó al Ejecutivo de Cifuentes copias "de las órdenes por las que se determinaron las obras y servicios objeto de encomienda a las empresas públicas Arpegio y Nuevo Arpegio" relacionadas con los citados planes.

"La voracidad de Arpegio"
En la resolución, Velasco pone de relieve "la voracidad de la sociedad Arpegio y sus mercantiles satélites -Dusa, Adolfo Maestre y Asociados, Técnicas Territoriales Urbanas (TTU), Jaraba y Tamame Asociados, y de los Consorcios Urbanísticos, por obtener beneficios personales o para terceros a partir de procesos acomodados de vena de parcelas de la Comunidad de Madrid, adjudicaciones públicas de parcelas para viviendas de protección pública y obras y servicios de la Comunidad de Madrid".

Antes de abandonar el Juzgado Central Número 6, Velasco acordó imputó a todos los miembros de la mesa de contratación de Arpegio, excepto Taboada, que es aforado ante el TSJM

Se da la circunstancia de que antes de abandonar el Juzgado Central Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez acordó la imputación de los miembros de la mesa de contratación de Arpegio. Fueron imputados todos sus integrantes excepto Taboada. De esta forma, actualmente están siendo investigados por Púnica y la gestión de la empresa de suelo madrileña el ex jefe de gabinete de Celia Villalobos, Eduardo Larraz; el jefe de Gabinete de Granados, Ignacio Palacios; y el ex secretario general de la Fundación Arpegio Francisco Esquivias.

Asimismo, están imputados en la Audiencia Nacional el administrador de la empresa análisis y gestión de desarrollos urbanos (Dusa) y encargado de gestionar las licitaciones públicas del plan Prisma en 2006-2007, Adolfo Fernández Maestre; la exdirectora de Proyectos del Plan Prisma en Arpegio Pilar Rubio Izquierdo; el director de Proyectos de Nuevo Arpegio, Pedro Bernad Moreno; la directora de la Asesoría Jurídica de Arpegio entre 2006 y 2009, Pilar Roca Suárez-Inclán; la abogada y ex secretaria de la mesa de contratación MaríaDolores Nogal González; así como José Luis Jaraba, Tomás Fernández Jiménez y Sagrario Gómez Hernando.

La declaración de todos ellos fueron aplazadas recientemente 'sine die' y será el nuevo instructor del caso Púnica, Manuel García Castellón, el que deberá tomarles a todos ellos declaración. Será este juez también quién deba decidir si procede o no penalmente contra el 'número tres' de Cristina Cifuentes.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/estrecha-cerco-numero-Cifuentes-Arpegio_0_1035797665.html

LA FISCALÍA ACUSA AL GOBIERNO DE CIFUENTES DE “OCULTAR INFORMACIÓN RELEVANTE” SOBRE LA ‘PÚNICA’

“Se hace difícil confiar que haya una colaboración leal por parte de la Comunidad de Madrid”

La posverdad, esa tendencia a convertir las mentiras en verdades de cara a la opinión pública a través de los sentimientos, tiene ejemplos en nuestro país. De hecho, no hay que buscar muy lejos, basta acercarse al kilómetro 0 de España, en plena Puerta del Sol de Madrid. Sobre la placa que marca el epicentro vial del país, el pasado 2 de mayo, Cristina Cifuentes, se autoerigió en garante de la transparencia y socia preferente de la Justicia en la lucha contra la corrupción. “El tiempo de los corruptos ha llegado a su fin en la Comunidad de Madrid” fue la frase que acuñó ese día la presidente madrileña.

Porque la posverdad se basa en sentimientos y golpes en el pecho, pero se derrumba con hechos, como los que recoge el informe de la Fiscalía Anticorrupción al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM y que fue enviado al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga la trama Púnica el pasado 11 de mayo, pocos días después del discurso de Cifuentes.

En este informe, la Fiscalía acusa al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a la empresa pública Arpegio y a la Dirección General de Medios de estar “ocultando información relevante a la autoridad judicial”. Fue esta postura y “las dificultades para obtener información fiable de la Comunidad de Madrid” lo que provocó la oleada de registros policiales, entre ellos el del 16 de mayo en el despacho del viceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz, que provocó su dimisión. Una renuncia al cargo que quedó eclipsada porque ese mismo día se conoció que la Guardia Civil acusaba a Cifuentes de "prevaricación continuada y cohecho".

Según la Fiscalía Anticorrupción, con respecto a los contratos de publicidad que Arpegio realizó “a favor siempre del mismo grupo de empresas”, se requirió bastante documentación a esta empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid.

“Una vez más la documentación remitida por la entidad pública ha sido mínima y con un nivel de inconsistencia serio que nos hacen cuestionar su veracidad y que se pueda estar ocultando información relevante a la autoridad judicial”, señala en el informe las fiscales de la Púnica, María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá.

Una sensación, según los fiscales, que llega al juez: “El Juzgado conoce las dificultades para obtener información fiable de la Comunidad de Madrid”. Y acusan al gabinete de Cifuentes de, por lo menos, tener poco celo: “Se ha llegado a producir por la Dirección General de Medios la pérdida o extravío de los informes contratados con la sociedad EICO de Alejandro de Pedro, sin que la Comunidad de Madrid, personada en las actuaciones haya realizado ninguna manifestación”.
Los hechos que señala la Fiscalía están a la vuelta de la esquina: “La última documentación recibido de Nuevo Arpegio en octubre del pasado año volvió a presentar inconsistencias y carencias en la línea documental de los expedientes que nos hacen pensar que existe más información que la que se transmite”.

Con todos estos datos en la mano, las fiscales concluyen: “Las razones expuestas nos conducen a pensar que se hace difícil confiar que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la Comunidad de Madrid, no vislumbrándose medidas alternativas que satisfagan la realización del interés superior de la justicia”. Es por esta desconfianza por la que “se hacen necesarias las entradas y registros que proponemos”, entre las que estaban el registro del viceconsejero de Cifuentes.

ELPLURAL.COM ha contactado con la Dirección General de Medios de la Comunidad de Madrid para conocer las explicaciones a estas acusaciones, sobre todo las que aluden a este gabinete. “Hay orden específica de colaborar con la Justicia al máximo”, señalan, “aquí se ha dado todo lo que se ha pedido”. “A nosotros nadie nos ha pedido nada”, añaden, para subrayar como prueba que las acusaciones de la Fiscalía “se refieren a la etapa anterior”, es decir, a la época de Ignacio González y Esperanza Aguirre.

Unas afirmaciones que no cuadran con el hecho de que la Fiscalía habla de octubre de 2016, cuando Cifuentes ya llevaba un año y medio en el cargo. Y cuando en el informe se define a la Comunidad de Madrid como personada en la Púnica, un status que tiene desde agosto de 2015, debido a que lo pidió Cifuentes para conseguir “transparencia” y "defender de una mejor manera los intereses de los propios madrileños y de la Administración regional". ¿Transparencia? Posverdad.

http://www.elplural.com/politica/2017/06/12/la-fiscalia-acusa-al-gobierno-de-cifuentes-de-ocultar-informacion-relevante

EL FISCAL DESVELA "LA VORACIDAD" DE GRANADOS POR CONTROLAR UN "BOTÍN" DE 3.000 MILLONES

En un demoledor informe, la Fiscalía acusa a Granados y algunos de sus colaboradores de hacerse con el "dominio" de la empresa pública Arpegio para obtener "pingües beneficios"

Arpegio es la clave. La empresa pública (que Cristina Cifuentes quiere ahora cerrar) es la llave de la que se sirvió el exconsejero Francisco Granados para abrir la caja de los fondos públicos de la Comunidad de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción lo tiene claro y, en un demoledor informe fechado el 11 de mayo e incorporado al sumario del caso Púnica, desvela las maniobras de Granados y otros consejeros de Arpegio para hacerse con el "botín" del "reparto ilícito de suelo público y la adjudicación amañada de obra civil a cambio del pago de dádivas concertadas". Ese botín, según el ministerio público, asciende a 3.000 millones de euros. La Fiscalía habla además de "evidencias documentales" y de la declaración de testigos para confirmar "la voracidad para obtener beneficios personales".

La investigación ha revelado que Granados llevaba años "abusando sistemáticamente de sus cargos para detraer caudales públicos en cooperación con empresarios concertados" y que encontró en Arpegio el lugar idóneo para hacerlo. La Fiscalía sitúa la fecha de inicio (sin contar sus pasos previos en la alcaldía de Valdemoro) es diciembre de 2004, cuando fue nombrado por Esperanza Aguirre consejero de Presidencia. De él dependía la Dirección General de Cooperación con la Administración Local, "una de las que mayor presupuesto público manejaba". El control de esta dirección, por otro lado, "reforzó su poder de influencia sobre los alcaldes de los municipios madrileños, al colocarse en un posición de supremacía frente a los mismos".

Velasco cita como investigados a varios trabajadores de la empresa pública de suelo por los presuntos amaños de las obras del Plan Prisma

Un día después de ser nombrado consejero de Presidencia, "Granados estableció a la carta la estructura orgánica", adscribiendo a la misma a la empresa Arpegio, que pertenecía a la consejería de Medio Ambiente. "Con la entrega de Arpegio a Granados", este "pasaría a controlar y dirigir interesadamente la venta de suelo público, el reparto de parcelas a través de los consorcios urbanísticos y la gestión, tras la crisis del sector inmobiliario, de los fondos públicos que financiaron los planes Prisma 2006-2007 y 2008-2011". La Fiscalía cuantifica en 3.000 millones el dinero público que fue controlado por Granados.

"Esto le permitió conseguir, a través de comisiones entregadas por los empresarios beneficiados con las adjudicaciones, ingentes cantidades de dinero público", señala el ministerio público. Arpegio es una de las piezas del caso, sin duda la más complicada. La Guardia Civil y la Fiscalía están analizando miles de documentos y a mediados de mayo realizaron nuevos registros e imputaciones (autorizadas por el juez) para avanzar en sus pesquisas. "La investigación está revelando que el capital defraudado sirvió para engrosar patrimonios particulares de todos los participantes en los hechos". Se está analizando la venta de parcelas, la gestión de los 22 consorcios gestionados por Arpegio (que adjudicaron suelo por importe superior a 2.000 millones de euros) y la licitación de las obras del plan Prisma, dotadas con 1.000 millones. Todo "se llevó a cabo bajo la esfera de dominio y decisión de Granados".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya tiene identificados a los 24 miembros que pasaron por el consejo de administración de Arpegio. Granados fue el presidente de la empresa entre abril de 2005 y diciembre de 2007. "Pese a que fue cesado y Arpegio regresó a la Consejería de Medio Ambiente, Granados se aseguró para él, o para delegados a sus órdenes, la presidencia de las mesas de contratación de las obras del Plan Prisma y la gestión de los consorcios que adjudicaron suelo en la Comunidad". La Fiscalía está cetrando sus pesquisas en dos ámbitos: los planes Prisma (obras en los municipios financiadas por la Comunidad) y los consorcios urbanísticos, que el Gobierno regional gestionaba junto a los municipios donde se ubicaban.

Los planes Prisma

La Audiencia Nacional ha citado como investigados (la nueva figura jurídica de la imputación) a todos los miembros de la mesa de contratación de Arpegio. Se trata de Pilar Roca Suárez-Inclán, directora de la Asesoría Jurídica entre 2006 y 2009; Pedro Bernad Moreno, director de Proyectos de Arpegio; Pilar Rubio Izquierdo, directora de Proyectos del Plan Prisma; Eduardo Larraz Riesgo, ex consejero delegado entre 2004 y 2008; Ignacio Palacios Arazuri, quien fuera jefe de gabinete de Granados y vocal del consejo de administración de Arpegio entre 2004 y 2008 (imputado ya en otras piezas del caso), y María Dolores Nogal González, abogada y secretaria de la mesa de contratación (y la presidenta del comité de empresa).

El juez dejó sin imputar al número 3 de Cifuentes a la espera de analizar 100 cajas

Eloy Velasco ha citado como investigados a toda la mesa de contratación de Arpegio menos al consejero Jaime González Taboada, que es aforado. De momento, se ha aplazado la decisión

Todos fueron elegidos el 23 de febrero de 2006, cuando Arpegio recibió el encargo de la Comunidad de Madrid de gestionar el primer plan Prisma. En marzo de 2008 también se sumó a esa mesa Miguel Ángel Ruiz, el ya exviceconsejero de Medio Ambiente, que acaba de dimitir. A la lista se suma también Francisco Esquivias Ferriz, secretario del consejo de Arpegio. En la mesa también estaba Jaime González Taboada, actual consejero de Medio Ambiente y coordinador general del PP de Madrid. Como es aforado, el juez Eloy Velasco decidió de momento no citarle.

La Fiscalía sostiene que Granados, desde su Consejería de Presidencia, potenció a Arpegio, otorgándole dos encomiendas de gestión, una por cada edición del plan Prisma. "Con esta maniobra se redujo de manera muy significativa el control por la Comunidad. Estas encomiendas se realizaron de forma abusiva y fraudulenta. Con este traspaso ilegal de competencias, Granados se aseguró posiciones de control sobre todo el proceso de adjudicación". ¿Cómo? "Se confirió a Arpegio la competencia para la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, por naturaleza indelegables en Arpegio". También se burló la legalidad de la mesa de contratación. La legislación determina que los componentes deben ser funcionarios públicos, excepto en las empresas públicas, lo que ayudó a que la mesa se llenase de políticos y cargos de confianza. Por último, "las actuaciones de Arpegio tampoco estaban sometidas a la fiscalización de la intervención".

En toda esta trama, la Fiscalía reserva un papel especial junto a Granados a Eduardo Larraz Riesgo, consejero delegado de Arpegio entre febrero de 2004 y septiembre de 2008. Estuvo en la mesa de contratación del Plan Prisma y en los consejos de administración de varios consorcios. "Existen indicios de que intervino en tratos de corrupción, concertándose con los contratistas o con sus intermediarios para asegurarles su selección en los procesos de adjudicación". Los investigadores señalan que "coincidiendo con el presunto cobro de comisiones se produjo un enriquecimiento de su patrimonio".

La Fiscalía cita una información de El Confidencial publicada en junio de 2013, que reveló que Larraz tuvo un empresa 'offshore' en Islas Vírgenes Británicas con cuentas en Suiza. "Existen sospechas de que los fondos depositados en cuentas suizas proceden del cobro de comisiones ilegales en su etapa como consejero de Arpegio, que, si bien han sido objeto de regularización fiscal, no se conoce su origen, pues las ha vinculado a actividades profesionales que no han especificado". En Suiza llegó a tener 1.653.000 euros. "En conjunto, él y su esposa llegaron a aflorar bienes por valor de 3.364.968 euros", entre los que se incluyen 90 lingotes de oro de medio kilo y 56 de un kilo, según adelantó el diario El Mundo.

Los 22 consorcios urbanísticos

La UCO también está analizando los 22 consorcios urbanísticos gestionados por Arpegio, de los que nueve son residenciales. "Nos llama la atención que, teniendo la competencia la Consejería de Medio Ambiente, aparezca en todo momento Arpegio gestionándolos". Los consejos de estos consorcios, que han promocionado 40.000 pisos, estaban formados por consejeros de Arpegio y los concejales de los municipios donde se ubicaban. Los consejos nombraban a los miembros de las mesas de contratación. "Los indicios de corrupción se dirigen también hacia ellos, quienes a través de sus propios intermediarios cobraron comisiones de las empresas que resultaron adjudicatarias de las parcelas para construir vivienda pública", señala la Fiscalía.

"La investigación ha revelado que existió un reparto concertado previo de dichas parcelas, entre Arpegio y el respectivo ayuntamiento, de manera que cada una de estas entidades decidió el adjudicatario de las parcelas que le habían tocado en reparto. A su vez, las parcelas sobre las que decidía el ayuntamiento, presuntamente fueron repartidas entre diferentes grupos políticos del consistorio". En este punto la Fiscalía implica a políticos del PSOE y de IU en este reparto de la tarta. "Se sospecha que este se produjo en proporción a las cuotas de participación en el consejo del consorcio".El empresario y exsocio de Francisco Granados,

Otro de los principales investigados en el caso, el empresario David Marjaliza, ya declaró en sede judicial (tiene un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción) que él se llevo suelo de algunos de estos consorcios tras pagar su respectiva comisión, de entre 3.000 y 6.000 euros por vivienda. Marjaliza también falicitó los nombres de algunas de las empresas que supuestamente pagaban comisiones a cambio de conseguir obras del Prisma, como Begar, Teconsa, Licuas, Virton, Avintia y Dico. En algunos casos, facilitó incluso el nombre de los intermediarios de esas sociedades con los que negociaba los pagos.

Otra de la piezas clave en este entramado es el que fuera secretario de los consejos de administración de los consorcios urbanísticos, José Luis Jaraba Pérez, también imputado y socio de la sociedad Jaraba & Tamame Asociados. Esta empresa facturó a Arpegio 1.119.093 euros entre 2003 y 2012. La UCO ha registrado Arpegio y el despacho de Jaraba para recabar más documentación, "al existir sólidos indicios de que tuvo que utilizarse facturación simulada cruzada para desviar capital de los propios consorcios".

Granados pagó 14.000€ a un detective para que investigara el ático de González en EEUU

El exalcalde de Valdemoro utilizó un intermediario para contratar los servicios de una agencia de detectives con la intención de destruir la carrera política de su mayor rival en la filas del PP madrileño

"El dominio sobre Arpegio reportó a Francisco Granados y a otros investigados pingües beneficios que afloraron en las cuentas suizas, compras de viviendas, participación en sociedades patrimoniales, permaneciendo todavía en su mayor parte en ignorado paradero", sentencia el ministerio público, que para concluir da un importante tirón de orejas al Gobierno regional hoy presidido por Cristina Cifuentes: "Hemos comprobado en otros requerimientos a la Comunidad que existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido

"El juzgado conoce las dificultades para obtener información fiable de la Comunidad. La última documentación recibida de Arpegio volvió a presentar inconsistencias y carencias, que nos hace pensar que existe más información que la que se transmite. Las razones expuestas nos conducen a pensar que se hace difícil confiar que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la Comunidad".

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-11/punica-granados-arpegio-fiscalia_1396274/

LOS TRES GUARDIANES DE LA ‘MINA DE ORO’ DE GRANADOS

Un directivo, un promotor y un abogado controlaban Arpegio, la empresa clave del ‘caso Púnica’

Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y antiguo número dos del PP regional, convirtió Arpegio, la empresa pública autonómica de suelo, en su mina de oro particular. Según la investigación del caso Púnica, el expolítico, en prisión desde octubre de 2014, hizo grandes negocios con la gestión de los consorcios urbanísticos municipales y las adjudicaciones de obras y servicios de los llamados Planes Prisma, que totalizaron 3.000 millones de euros entre 2004 y 2012. Desde esta sociedad, opaca a la fiscalización de los funcionarios, Granados controlaba –y, supuestamente, amañaba- todas las fases de las operaciones de venta de parcelas públicas durante los años centrales de la burbuja del ladrillo, especialmente hinchada en Madrid.

La gestión diaria de Arpegio, sin embargo, no la llevaba Granados, ocupado en sus tareas políticas. Tres figuras son clave en la presunta explotación fraudulenta de esta mina de oro: Eduardo Larraz, ex consejero delegado de la sociedad; el promotor Adolfo Fernández Maestre y el abogado José Luis Jaraba, secretario de los 22 consorcios urbanísticos suscritos por Arpegio con once ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

La expresión “mina de oro” es, en este caso, mucho más que una metáfora. En una declaración fuera de plazo a Hacienda realizada en 2013, Eduardo Larraz, que antes de colaborar con Granados fue jefe de Gabinete del Ministerio de Sanidad con Celia Villalobos, reconoció que poseía 90 lingotes de oro de medio kilo y otros 56 de un kilo con un valor de 1,96 millones de euros. Según el juez Eloy Velasco, Larraz “intervino en tratos de corrupción” y se enriqueció con las comisiones que contratistas e intermediarios le pagaron a cambio de las adjudicaciones de suelo entre 2005 y 2012.

Larraz y su esposa, Ángeles de Diego, supuestamente ocultaron en Suiza hasta 1,65 millones de euros. Sin embargo, la situación era tan irregular que hasta el banco privado helvético Société Générale canceló su cuenta en 2008 al existir sospechas de corrupción. El matrimonio también tenía sociedades en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, que, según el juez, no fueron declaradas a la Agencia Tributaria. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Larraz y De Diego han maniobrado durante los últimos años para sacar de España parte de este patrimonio. En noviembre de 2014, un mes después de estallar la Operación Púnica y ser detenido Granados, Larraz y su esposa donaron a sus dos hijos la casa familiar de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y una segunda residencia en Marbella (Málaga).

El banco suizo Société Générale expulsó a Eduardo Larraz en 2008 por sospechas de corrupción

La segunda pata del plan criminal de Granados para extraer fondos de Arpegio es externa a la sociedad. Se trata del promotor Adolfo Fernández Maestre, dueño de la mercantil DUSA. En febrero de 2006, esta firma recibió una “licitación meteórica” de 5,3 millones de euros para la gestión de los contratos del Plan Prisma de inversiones de la Comunidad de Madrid. Según la investigación, DUSA lo que hacía era dar la mejor valoración y preadjudicaba contratos a las empresas que se avenían a los tratos de corrupción con Arpegio.

En el registro del domicilio de Fernández Maestre, junto al parque del Retiro en Madrid, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) hallaron, además de 15.480 euros y 3.840 dólares en metálico, una pistola marca Llama en perfecto estado de funcionamiento. El arma, que no tenía licencia, perteneció, según manifestó el promotor, a su padre, militar y le ha costado al empresario una imputación por tenencia ilícita de armas, además de una ristra de delitos de corrupción y blanqueo de capitales.

Los agentes incautaron una pistola Llama en perfecto estado al promotor Adolfo Fernández Maestre

El tercer personaje clave de la trama Arpegio es el abogado José Luis Jaraba Pérez. Secretario de los consejos de administración de los diferentes consorcios urbanísticos bajo sospecha, también figura como socio de la empresa Jaraba Tamame Asociados SL, a través de la cual facturó entre 2003 y 2012 más de 1,1 millones de euros a la propia empresa pública del suelo. Anticorrupción destaca que en esos años también “mantuvo dudosas relaciones” con las firmas de Adolfo Fernández Mestre, de las que recibió alrededor de 1,5 millones de euros. Además, facturó 3,1 millones de euros a Técnicas Territoriales Urbanas, otra de las firmas investigadas.

Anticorrupción considera que “estos intercambios de fondos” son “sólidos indicios de que tuvo que utilizarse facturación simulada cruzada para desviar capital de los propios consorcios”. Por ello, el juez Velasco autorizó el pasado 16 de mayo el registro de su domicilio y de la sede de su empresa, en la que se intervinieron 37 cajas de documentación. El magistrado también le incautó el teléfono móvil al considerar que este dispositivo puede ser clave para descubrir “los acuerdos y reparto de parcelas en los consorcios urbanísticos, las adjudicaciones ad hoc para dar cobertura a decisiones presuntamente fraudulentas”. También le bloquearon seis cuentas bancarias y 25 productos financieros. Una nueva veta de una mina de oro que parecía no tener fin.

http://politica.elpais.com/politica/2017/06/09/actualidad/1497028817_251276.html

COSPEDAL Y UNA CONSEJERA DE CIFUENTES INTEGRABAN EL GOBIERNO DE AGUIRRE QUE SEGÚN LA IGAE VULNERÓ LA LEY EN UN PLAN DE 1.000 MILLONES

La ministra de Defensa y la titular de Economía y Hacienda de Madrid formaban parte del Ejecutivo que en febrero de 2006 encomendó el plan Prisma a la empresa pública Arpegio, antiguo feudo de Francisco Granados

Anticorrupción cree que Granados utilizó Arpegio como herramienta para el saqueo de fondos públicos y que eso "fue algo planificado desde el primer momento"

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y la actual consejera de Economía, Empleo y Hacienda de Madrid, Engracia Hidalgo, formaban parte del Gobierno de Esperanza Aguirre al que un informe de la Intervención del Estado (IGAE) incorporado al sumario de Púnica atribuye haber incurrido en una "cuádruple infracción legal" por encomendar el mayor plan regional de inversión pública a la empresa pública Arpegio. Cuando el Ejecutivo madrileño dio vía libre el 2 de febrero de 2006 a que el Prisma quedase en manos de Arpegio, entonces feudo de Francisco Granados y escenario de una –presunta– operativa de saqueo continuado, Cospedal dirigía la Consejería de Transportes. Y Engracia Hidalgo ocupaba el cargo de consejera de Hacienda. Entre 2006 y 2011 y con el objetivo formal de dotar de infraestructuras y equipamientos a los municipios de Madrid, el Prisma dispuso nada menos que de 1.000 millones de euros.

El equipo de la ministra de Defensa, al que infoLibre trasladó un resumen del contenido del informe de la IGAE con párrafos literales de sus principales argumentos, declinó pronunciarse. Sí lo hicieron los portavoces de la consejera madrileña Engracia Hidalgo. Y remarcaron dos puntos: que tanto la Intervención General de la Comunidad como los servicios jurídicos emitieron informe favorable previo a la firma del convenio con Arpegio y que, además, el asunto llegó a la mesa del Consejo de Gobierno por iniciativa de la Consejería de Presidencia. O sea, por iniciativa de Francisco Granados. En el bienio 2006-2007, el Prisma manejó 300 millones; en la siguiente edición, 2008-2011, su presupuesto ascendió a 700 millones.

"Deberán ser los tribunales, si así procede, los que diriman las discrepancias legales que puedan existir entre el informe de la IGAE y el de la Intervención General de la Comunidad de Madrid y los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid", subrayaron los portavoces de Hidalgo. "En la Comunidad de Madrid –fue su apostilla– estamos a disposición de la Fiscalía como siempre para aclarar cualquier asunto que considere".

Este diario preguntó a portavoces oficiales de la Fiscalía si Anticorrupción considera que estamos ante una mera infracción administrativa o si, por el contrario, observa visos de un potencial delito de prevaricación. No hubo respuesta, pero las fuentes consultadas entienden que si Anticorrupción viera indicios de delito habría pedido que se dedujese testimonio. Es decir, que se diera el primer paso para investigar penalmente a quienes participaron en la adopción del acuerdo de febrero de 2006 y del de septiembre de 2008.

La única página del citado informe de los servicios jurídicos que fuentes de la Comunidad de Madrid facilitaron a este diario dice que la encomienda –el encargo, en argot jurídico- a Arpegio para la preparación y ejecución del Plan Prisma se ajustaba a la normativa sobre contratos públicos. Y añade que "las actuaciones que Arpegio realice a través de terceros quedan sujetas a la Ley de Contratos". Lo que la IGAE reprocha al Gobierno madrileño es que incumpliese la ley estatal sobre procedimiento administrativo y su equivalente a escala regional. La vulneración de esas normas, aduce la Intervención, permitió que Arpegio asumiera al completo el Plan Prisma. Y eso no solo evitó la fiscalización previa de las decisiones vinculadas al Prisma sino que eximió a Arpegio –entidad pública que se rige por el derecho privado– de aplicar la legislación sobre contratos públicos salvo en los sujetos a regulación armonizada.

Según Anticorrupción, utilizar Arpegio como "instrumento de control de los presuntos negocios de corrupción fue algo planificado indiciariamente desde el primer momento". Pero el plan de convertir Arpegio en herramienta para el –presunto– desfalco de fondos públicos a gran escala prosperó gracias, entre otros factores, a que el el Ejecutivo madrileño autorizó el 2 de febrero de 2006 la firma de un convenio que encomendaba la aplicación integra del Plan Prisma a Arpegio. El 25 de septiembre de 2008, el Consejo de Gobierno de Madrid aprobó la firma de un segundo convenio con Arpegio. Para entonces, Cospedal ya no pertenecía al equipo de Aguirre. Engracia Hidalgo, sí, aunque en esa nueva legislatura como consejera de Asuntos Sociales.

Al igual que la IGAE, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la "encomienda o encargo [a Arpegio] vulneró los artículos 15 de la ley 30/92 de Régimen jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común y 150 y 151 de la ley 2/2003 de Administración Local de la Comunidad de Madrid". El juez Eloy Velasco, a punto ya de abandonar la instrucción de Púnica para incorporarse a su nuevo destino, hizo suyo el diagnóstico de la Fiscalía –que el acuerdo del Consejo de Gobierno de Madrid vulneró la legislación estatal y autonómica– en el auto por el que el 16 de mayo ordenó el registro de Arpegio. A través de esa misma resolución, el magistrado citó como investigados a todos los miembros de la Mesa de Contratación de Arpegio salvo al actual consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, que goza de aforamiento.

La colaboración del Gobierno regional, ni "espontánea" ni "leal"

Ese registro se produjo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. En el mismo informe de mayo donde las fiscales del caso hicieron constar que el Gobierno de Aguirre infringió la legislación estatal y la autonómica al entregar a Arpegio aquellos dos planes Prisma cuantificados en 1.000 millones aparece un durísimo reproche al Gobierno regional que preside Cristina

Cifuentes. "Se hace difícil confiar que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la CAM [Comunidad Autónoma de Madrid], no vislumbrándose medidas alternativas que satisfagan la realización del interés superior de la justicia". Precisamente por eso –y así lo explicita su informe– las fiscales pidieron varios registros, entre ellos el de Arpegio.

El informe de la Fiscalía no hace valoraciones jurídicas sobre los dos acuerdos del Gobierno madrileño a los que atribuye una infracción de la normativa. El de la IGAE, tampoco. Pero es tajante en sus argumentos. Y, punto por punto y acompañando cada afirmación de prolijas referencias jurídicas, detalla por qué habla de “cuádruple infracción legal”. El primer argumento es que ni la legislación estatal sobre procedimiento administrativo ni la autonómica autorizaban a la Comunidad de Madrid (CAM) a atribuir a Arpegio la potestad de realizar los actos jurídicos previos al cumplimiento del Plan Prisma. ¿Por qué? Porque esos actos jurídicos “deben ser acordados por la Administración de la CAM”.

Segundo, prosigue el informe, porque la normativa también vetaba que la ejecución del plan quedase en manos de “un ente instrumental sujeto a derecho privado”. Y eso exactamente eso era Arpegio. Hace un año, la presidenta Cristina Cifuentes anunció la disolución de Arpegio.

El tercer argumento de la IGAE queda resumido así: la ley tampoco permitía que se dejase la implementación del Plan Prisma en manos de un organismo carente, como Arpegio, de “los medios materiales idóneos para la realización de las actividades de carácter material o técnico”.

El cuarto argumento de la IGAE sobre el carácter ilegal de la decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre resulta igualmente demoledor: que el marco normativo vigente en 2006 y en 2008 –también ahora- solo da vía libre a que la Administración delegue su competencia si concurren “razones de eficacia o que el encomendante no posea los medios técnicos idóneos para la realización de las actividades de carácter material o técnico”.

Pero la Comunidad de Madrid, recalca el informe, sí “disponía de los medios personales y materiales necesarios para la ejecución del Plan Prisma”. Ese aserto lo sustenta la IGAE citando literalmente los argumentos de la propia Comunidad: aquellos manejados en el propio decreto del Gobierno de Aguirre que aprobaba el Plan Prisma para el periodo 2006-2007 y donde se dejaba constancia de que la Administración regional había desarrollado “con sus propios medios” los dos los planes anteriores homónimos. Esos dos primeros Prisma se lanzaron entre 1997 y 2005 y sumaron una inversión de casi 1.300 millones.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/06/13/cospedal_una_consejera_cifuentes_eran_del_gobierno_aguirre_que_segun_igae_vulnero_ley_plan_000_millones_66299_1012.html

EL JUEZ DE 'PÚNICA' DICE QUE EL PP ERA "JUAN PALOMO": DABA A FUNDESCAM SUBVENCIONES PÚBLICAS QUE SE USABAN PARA GASTOS ELECTORALES

El interrogatorio al exgerente del partido en Madrid, imputado por delito electoral y pertenencia a organización criminal, confirma que el partido y su fundación jugaban papeles intercambiables en cuanto al pago de facturas

Beltrán Gutiérrez admite que los proveedores eran los mismos y que Fundescam organizaba "cursos de formación de forma más especial cuando se acercaban campañas"

Dice que nunca contactó con los donantes de Fundescam y que no sabe si aportaban dinero "por cariño al partido o buscando..., no sé"

La declaración prestada ante el juez Eloy Velasco el 13 de abril por el exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, como imputado por la presunta financiación ilegal en las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011 afianzó las sospechas que los investigadores de la Operación Púnica ya albergaban: que Fundescam, la fundación dependiente del PP madrileño y que hasta 2010 presidió la propia Esperanza Aguirre, fue utilizada para inyectar al partido dinero ajeno al circuito legal.

En un momento de la declaración, a la que ha tenido acceso infoLibre, y en referencia inequívoca a la doble condición que ostentaba Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid y también de Fundescam, así como a la de Ignacio González, entonces vicepresidente de su Ejecutivo y vocal de esa misma fundación hasta noviembre de 2007, el magistrado preguntó al investigado quién le daba subvenciones a Fundescam. Gutiérrez respondió de inmediato: "La Comunidad". Y Velasco lanzó entonces el misil que la grabación del interrogatorio deja oír con nitidez: "Y al frente estaba la misma persona que al frente de la fundación, o sea, Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como. Y resulta que con esto se enmascaran gastos electorales".

Entre 2006 y 2011 la Comunidad de Madrid subvencionó a Fundescam con 1.226.814 euros. Tanto el juez como las fiscales del caso advirtieron a Gutiérrez de que en poder de los investigadores obran documentos indicativos de que el dinero de esas subvenciones públicas acabó sirviendo para abonar gastos electorales. Velasco remarcó igualmente que las donaciones a Fundescam fluctuaban en función de si había o no elecciones a la vista.

Fue en febrero de 2005, tras el congreso que en el otoño anterior la había aupado a la jefatura del partido en Madrid, cuando Esperanza Aguirre adquirió el rango de presidenta de Fundescam. Y permaneció en el cargo hasta abril de 2010. Durante ese periodo, su número dos fue Francisco Granados, hoy principal imputado en Púnica y en libertad bajo fianza desde este miércoles. Ignacio González permanece en prisión. Como vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González firmó personalmente subvenciones a Fundescam, y así consta en los documentos oficiales incorporados al sumario de Púnica. [pincha aquí para verlos]

Más cursos de formación... cuando se acercaban las campañas

Beltrán Gutiérrez, que dijo no recordar si el PP le había despedido como gerente regional en 2012 o en 2014 y remachó varias veces que nunca había contactado con donantes de Fundescam, se aferró durante el interrogatorio a una sola tesis: la de que Fundescam jamás pagó gastos electorales. Pero las preguntas del juez y de las fiscales del caso le llevaron a hacer tres afirmaciones significativas. La primera es la siguiente: "En Fundescam hacíamos habitualmente cursos de formación, de forma más especial cuando se acercaban campañas". ¿Por qué hacían donaciones ciertos empresarios? Gutiérrez responde que no sabe si "por cariño al partido o buscando... no sé"

La segunda, esta: "Fundescam, en la parte que yo conozco, nunca ha pagado un acto electoral. Puede ser que un curso de interventores y apoderados se podía entender como un gasto electoral pero la junta electoral nunca lo entendió así y seguimos haciéndolo".

Su tercera afirmación abunda en la idea de que el partido y la fundación eran una misma cosa, no solo porque compartieran sede –la primera planta de Génova 13, cuartel general del PP madrileño– sino, sobre todo, gastos: "Fundescam –sostuvo el interrogado– no paga gastos electorales pero lo lógico es que si yo tenía que contratar un proveedor en Fundescam lo utilizaba también para el partido, pero el gasto era de quien lo pagaba".

De la cuenta de la Asamblea de Madrid a la 'caja B'

El arranque del interrogatorio constituye en sí mismo un resumen de lo que Velasco, a punto ya de abandonar de manera definitiva la instrucción de Púnica para incorporarse a su nuevo destino en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, considera ya acreditado: que el PP madrileño utilizó cuatro vías de financiación irregular que le permitieron hacerse con casi cinco millones extra en las elecciones de 2007, 2008 y 2011. Y que, dado que se trató de un delito continuado –es su tesis–, ninguno de ellos ha prescrito.

La primera de esas vías de financiación opaca fue Fundescam, cuyo papel en la captación de fondos para el PP y en el abono de facturas electorales ya fue desvelado en 2009 tras una investigación periodística. Beltrán Gutiérrez está investigado en la Operación Púnica por una larga panoplia de delitos, entre ellos –y ese dato no había trascendido aún– el de supuesta pertenencia a organización criminal "por la estructura de facturación ficticia que repunta en procesos electorales".

La segunda fórmula para acopiar fondos, expuso Velasco ante Beltrán Gutiérrez, fue la cuenta de funcionamiento ordinaria del grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid. Qué ocurrirá con quienes gobernaban entonces esa cuenta –Gutiérrez negó tener ni la más remota idea de quiénes tomaban esas decisiones– sigue siendo una incógnita.

La tercera vía, sostiene el juez, fue una caja B nutrida por aportaciones de empresarios. Las anotaciones de la agenda incautada a Francisco Granados y su cruce con el contenido de los pendrives hallados en la casa de Beltrán Gutiérrez han resultado aquí esenciales para la investigación.

Y la cuarta herramienta utilizada para obtener dinero opaco fue el ya famoso 1% que empresas contratistas de la Comunidad tenían que destinar a publicidad supuestamente institucional. Según el juez, parte de ese dinero se empleó para minorar la deuda que el PP tenía con sus proveedores precisamente por gastos de publicidad electoral.

Las pesquisas sobre la financiación del PP madrileño en el marco de la Operación Púnica, con Francisco Granados como protagonista del extensísimo elenco de investigados, se solapan con las que se desarrollan en la Operación Lezo, que tiene a Ignacio González como imputado principal. A su vez, ambas investigaciones presentan nexos con la reabierta investigación sobre los papeles de Bárcenas. ¿Confluirán las tres investigaciones en una sola? Algunas fuentes jurídicas no lo descartan.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/06/15/el_juez_punica_dice_que_era_juan_palomo_daba_fundescam_subvenciones_publicas_que_usaban_para_gastos_electorales_66405_1012.html

EL EXGERENTE DEL PP EN MADRID DICE QUE LOS EMPRESARIOS DONABAN DINERO "POR CARIÑO"

La Cadena SER ofrece la grabación inédita de la declaración judicial del principal implicado en la financiación ilegal del PP en Madrid por el caso Púnica, el exgerente de siempre de Aguirre, Beltrán Gutiérrez Moliner

Admite donaciones al PP y es abrumado en el interrogatorio por el juez y las fiscales del caso, que llegan a pillarle en una sonora contradicción

El juez Eloy Velasco le doblega con el relato exhaustivo sobre la mecánica de la financiación ilegal y las cifras millonarias del dinero supuestamente malversado

Nunca hasta ahora se había escuchado, y poco se conocía de su contenido. La Cadena SER ha tenido acceso a la grabación de la declaración judicial como imputado del exgerente del PP en Madrid, Beltrán Gutiérrez Moliner, el pasado 13 de marzo ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, por su implicación en la financiación ilegal de la formación conservadora en la operación Púnica.

El magistrado le exhibe las numerosas pruebas incautadas un año antes en el registro de su domicilio, contenidas en dos pendrives que le fueron requisados. Después de analizar la documentación, los investigadores han concluido que Beltrán Gutiérrez llevaba una caja b en el PP de Madrid durante la época de Esperanza Aguirre como presidenta.

El exgerente del PP asegura desconocer o desvía la atención en la mayor parte de los hechos pero admite que la fundación Fundescam, controlada por el PP y que destinaba parte del dinero recaudado a la financiación ilegal de actos electorales del PP madrileño, recibía donativos de empresarios. Beltrán Gutiérrez sostiene que desconoce los motivos. Tal vez, afirma, donaban por "cariño al partido".

"Hay algunos que sí me suenan. No sé si era por cariño al partido o buscando... Yo me limitaba a decir que lo habían entregado"

A pesar del desconocimiento alegado, Beltrán Gutiérrez incurre en varias contradicciones. La más sonada es cuando la fiscal Teresa Gálvez le pregunta por el empresario Óscar Sánchez Moyano, que supuestamente colaboró en la operativa de financiación ilegal del PP con facturación falsa. Gutiérrez contesta que se lo habían "presentado una vez", y a continuación, la fiscal lee una conversación por whatsapp que el exgerente mantuvo con este empresario y ha sido intervenida por la Guardia Civil. Una conversación en la que Beltrán Gutiérrez habla en clave con un supuesto desconocido de si "hay agua en el cántaro"; de "aguas minerales" e intercambio de "cromos". El juez le pregunta si se estaban refiriendo a "dinero", y tras un carraspeo, Beltrán Gutiérrez concede que "puede ser".

Beltrán Gutiérrez: "¿Cuando dice 'agua' se refiere al dinero? Puede ser"

Beltrán Gutiérrez intenta negar los hechos, pero para los investigadores y el juez Eloy Velasco, la financiación ilegal del PP en Madrid está acreditada. El imputado tiene que escuchar en el interrogatorio al juez describir la mecánica ilícita empleada por la formación conservadora, al menos en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y 2011; y las generales de 2008. Velasco expone las cuatro fórmulas de pagos en negro corroboradas.

El juez explica ante Beltrán Gutiérrez la mecánica ilícita para la financiación ilegal del PP

Y también el detalle del dinero con el que el PP se financió de forma ilegal en aquellas tres elecciones, bajo la gerencia de Beltrán Gutiérrez. Un total de cinco millones de euros, acreditados tras una "exhaustiva investigación", según Velasco.

El juez, a Beltrán Gutiérrez: "Hubo un exceso de gasto bajo su dirección bajo las campañas de 2007, 2008 y 2011"

Con toda probabilidad, este es uno de los últimos interrogatorios en fase de instrucción que van a poder escucharse del juez Eloy Velasco. El magistrado, al que el Consejo General del Poder Judicial retiró el juez de refuerzo a pesar de la gran carga de trabajo, y admitió una denuncia contra él basada en informaciones periodísticas, acabó pidiendo otro destino y ha sido sustituido en el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

Los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han confirmado diversas fórmulas de financiación ilegal del PP de Madrid con el estudio de los pendrive de Beltrán Gutiérrez. Sostienen que por una parte, el PP se financiaba con la aportación de “dinero en efectivo de procedencia desconocida” desde su caja b. Además, empleaba a la fundación Fundescam para pagar a proveedores del PP mediante facturación falsa. Las fórmulas de ingreso de Fundescam para poder ejecutar los pagos era las aportaciones de empresarios; el desvío de fondos de subvenciones abonadas por la Comunidad Autónoma de Madrid, y hasta un convenio con la Fundación Caja Madrid.

El juez concluye que los hechos son constitutivos de delitos electorales, de malversación y falsedad documental; y los principales responsables de su comisión, a su juicio, son el exgerente Beltrán Gutiérrez; el extesorero José Ignacio Echeverria; el exsecretario general, Francisco Granados; y el expresidente de la Comunidad de Madrid y director de campaña en 2007, Ignacio González, quien además desvió de forma fraudulenta desde la Comunidad de Madrid una subvención de 200.000 euros a Fundescam, para que acabara sufragando pagos electorales del PP de manera irregular.

Arturo Fernández no sabe quién le pidió dinero para Fundescam

Entre los interrogatorios a los que ha tenido acceso la Cadena SER también se encuentra el practicado al imputado expresidente de la CEIM, Arturo Fernández, quien admite una donación de 60.000 euros a la fundación Fundescam a título particular, y otra de 100.000 euros aprobada por la "junta directiva" de la patronal madrileña, coincidiendo con la precampaña electoral.

Arturo Fernández afirma que no sabe quién le pidió el dinero, y dice que creía que era destinado a los fines de la fundación que figuran sus estatutos, que son el "desarrollo económico" de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en un momento determinado del interrogatorio, admite que no sabía a qué destinaba el dinero Fundescam. Si era para cumplir esos objetivos, o para pagar "actos electorales" del PP. "Le mentiría si le dijera otra cosa", asevera el empresario.

Arturo Fernández: "No se para qué utilizaba el dinero Fundescam"

Arturo Fernández es preguntado por Esperanza Aguirre, por Cristina Cifuentes y la polémica adjudicación de la cafetería de la asamblea de Madrid, y niega trato de favor alguno. Afirma que su relación es "muy buena" con ambas, y al ser interpelado por Ignacio González, dice que su vínculo es solo "protocolario".

Arturo Fernández: "Tenía una relación protocolaria con Ignacio González"
Sin embargo, en cuanto salió de la declaración el pasado 8 de marzo, llamó de inmediato a Ignacio González para contarle el contenido del interrogatorio. González, quien se sabía pinchado por la operación Lezo, contestó con monosílabos e interjecciones.

http://cadenaser.com/ser/2017/06/14/tribunales/1497474511_443396.html

EL DURO INTERROGATORIO DEL JUEZ A ARTURO SOBRE EL PAPEL DE CIFUENTES: "TAN REGULAR NO FUE"

Velasco desplegó una batería de preguntas a lo largo de 10 minutos sobre el contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco intentó acorralar al empresario Arturo Fernández en un duro interrogatorio sobre su papel en la presunta financiación del PP de Madrid. El magistrado de Púnica desplegó toda una batería de preguntas destinadas a averiguar el papel desempeñado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la adjudicación de contratos para la cafetería de la Asamblea madrileña al grupo Cantoblanco. "Tan regular como usted dice no fue", llegó a apuntar durante el interrogatorio, a cuya grabación ha tenido acceso El Confidencial.

La tensa sucesión de preguntas comenzó con una en la que Velasco inquiere sobre la relación que une a Cifuentes y Fernández. "Mi relación, como con todos, excelente, muy buena", contestó el empresario, al que el juez demanda, a continuación, si se ha visto favorecido en alguna licitación pública "por algún cargo público". El magistrado pone el foco en las licitaciones de 2009 y 2011 de restauración en la sede parlamentaria regional.

"Cifuentes formaba parte del comité de expertos y era la presidenta de la mesa de contratación que a usted le adjudicó esos servicios", apunta el instructor, e insiste: "¿No hubo nadie del PP que le dijo, te la vamos a adjudicar a ti?". Fernández niega todo conocimiento del asunto y precisa que desde que el PP gobierna en Madrid, sus empresas han ganado algunos concursos y perdido otros. "Mis concursos han sido todos más que transparentes, muy exigentes", agrega.

El juez Velasco, lejos de plegar velas, intenta llegar más al fondo de la cuestión. "¿El dedo del político no fue el decisor?", "¿hubo la mano de algún político?", "para decirlo en castellano... ¿no estaba amañado aquello?, repregunta una y otra vez hasta extenderse durante más de 10 minutos. El empresario lo niega todo, asegura que concurrió a la adjudicación para la Asamblea por una cuestión de prestigio, a pesar de que era un negocio ruinoso que le hacía perder más de 60.000 euros al año.

"Estuve allí como también he estado en el Congreso, Moncloa o la Zarzuela, llevo 58 años trabajando en esta historia", explica, y detalla que él quería irse porque perdía dinero sistemáticamente y recibía múltiples quejas. "Se me quejaban hasta del café", dice en un punto.
Velasco continúa insistiendo y apunta irregularidades del contrato, como el hecho de que se ponderaba la experiencia de Cantoblanco en el sector público. "¿Alguien le ayudó?", inquiere una vez más, obteniendo solo continuas negativas de Arturo Fernández, que se enroca en el hecho de que él no se encargaba directamente de la presentación en los concursos y en que no le hizo "muy feliz" ganar aquel. "¿No es un poco irregular eso? Le dieron 25 puntos", reitera una última vez el magistrado.

En un informe incorporado a la causa, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntaba la vinculación de Cifuentes con la comisión de delitos de prevaricación continuada y cohecho en el marco de la trama Púnica, por este contrato. No obstante, hace unas semanas, fuentes jurídicas apuntaron que ni el juez ni la Fiscalía se planteaban por el momento pedir la imputación de la presidenta madrileña por estos hechos.

Durante el interrogatorio, el juez pregunta también por la relación de Fernández con Esperanza Aguirre e Ignacio González, encarcelado en el marco de la operación Lezo. El empresario reconoce que le une a ellos dos una buena relación, pero descarta que le pidieran que efectuara donaciones a Fundescam que, según las sospechas de los investigadores, sirvieron en realidad para financiar de forma ilícita las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011. "Me lo pidió alguien del PP", dice, aunque no precisa la identidad de esta persona.

Ignacio González y su esposa comieron con Arturo Fernández antes de cerrar las listas

El hostelero incluye a Lourdes Cavero y su hermana entre os 200 socios que el lunes decidirán el nombre del presidente: él mismo o su rival, Hilario Alfaro

En este punto, Fernández apunta que donó a Fundescam al igual que contribuyó, "cuando tenía dinero", en otras fundaciones como la del síndrome de Down. También aseguró que ha hecho favores a otros partidos. "Como yo no soy del PP ni del PSOE ni de nada, soy empresario, si me pedían el favor, pues daba alguna cena o alguna comida, por tener el detalle", dijo según los audios del interrogatorio.

El empresario insistió en varias ocasiones en que no tiene fondos en la actualidad y, en respuesta a las preguntas de la fiscal, indicó que hizo los donativos que ahora se investigan en pro de la sociedad. "Nadie que da un donativo a una fundación lo va contando. Cuando hago una donación, no lo publicamos, lo hacemos porque hay que ayudar. Hay que devolver a la sociedad parte de lo que se gana, decimos mucho los empresarios. Me parece algo razonable, sobre todo en mi caso, que no tengo hijos", dijo.

La fiscal Carmen García Cerdá tomó el revelo del juez y continuó incidiendo en el famoso contrato. "¿Alguien le pide a usted que se presente a esos concursos de la cafetería de la Asamblea?", pregunta hasta en tres ocasiones la representante del Ministerio Público. Fernández explica que él, entonces, "estaba muy de moda" y reitera que era una cuestión de prestigio y que su empresa no fue alertada por nadie sino que sus empleados lo vieron en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

La versión del tesorero

El juez Velasco interrogó también en esta pieza, destinada a averiguar de qué forma en las tres campañas mencionadas el PP "por lo menos duplicó, en negro, el máximo que le permitía la ley" —explica el propio magistrado en una de las grabaciones al que fuera tesorero del partido en Madrid durante dos años, Ignacio Echevarría—. Al ocupar ese cargo, el también exconsejero de Transportes figuró durante ese plazo como patrono de Fundescam. El magistrado, muy gráfico en un punto de la comparecencia, le dice en referencia a la campaña de 2007: "Se lo voy a preguntar a lo bestia, como soy yo, ¿se pudieron pasar de gasto legal en más de 2,7 millones de euros?".

Negó todo conocimiento de la presunta financiación irregular y concretó que si hubiera sabido algo así, "lo hubiera denunciado a quien le correspondía", Esperanza Aguirre. La mayor parte de los fondos procedía de aportaciones de la Comunidad de Madrid, dijo, y aclaró que la fundación no tenía sede y las reuniones se celebraban en la primera planta de sede popular de Génova.

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado en una improvisada comparecencia de prensa que "no ha habido financiación ilegal del PP de Madrid"

"Nunca he sacado dinero ni metido dinero ni nada de nada", asegura en un momento de la ronda de preguntas, y agrega que nunca tuvo ningún indicio de que existieran irregularidades. "Confiaba totalmente en Beltrán Gutiérrez", gerente de la formación regional, dijo, y precisó que a este lo nombró "Génova España". Los investigadores apuntan a que las donaciones investigadas coincidían siempre con periodos electorales y luego "se secaban".

Echevarría también recibió preguntas sobre el servicio de restauración de la Asamblea de Madrid. "¿No recibió usted alguna indicación de algún político que estuviera incluso más arriba que usted?", indagó el juez en su caso. Las fiscales plantearon también la cuestión y se refirieron directamente a Cifuentes. "¿La señora Cifuentes no formaba parte de ese comité de expertos?", preguntó Teresa Gálvez.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-15/juez-velasco-arturo-fernandez-punica-cifuentes-pp-interrogatorio-audiencia-nacional_1399934/

GRANADOS NIEGA SU PAPEL EN PÚNICA Y ACHACA AL “APARATO DEL ESTADO” SU IMPUTACIÓN

El exconsejero madrileño sale de la cárcel: "Jamás, jamás, jamás he metido la mano en la caja".

Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y antiguo número dos del PP regional, abandonó este miércoles por la tarde la prisión de Estremera, donde ingresó hace 31 meses como supuesto cabecilla de la Operación Púnica de corrupción. A las puertas del centro penitenciario, Granados calificó de falsas las acusaciones contra él y las atribuyó a una actuación del “aparato del Estado”. El expolítico, en libertad provisional bajo fianza de 400.000 euros, aseguró que no se ha llevado “ni un solo euro jamás de dinero público”.

Las puertas de la prisión de Estremera, a 75 kilómetros al sureste de Madrid, que él mismo inauguró en julio de 2008 cuando era consejero de Justicia, se abrieron para Granados sobre las 15.30. Tras abrazar a sus dos hijas, que llevaron sus petates al coche, el último de los imputados del caso Púnica que permanecía en la cárcel —957 días, desde el 31 de octubre de 2014— dio a los medios sus primeras declaraciones. Granados, a quien el juez Eloy Velasco atribuye delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude, salió al ataque. La primera andanada fue para la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuyos informes tachó de “interesados”, “opinativos” y “especulativos”. “Iré demostrando su falsedad y su inconcreción uno por uno. Como es lógico también pediré responsabilidades a los funcionarios que los hayan firmado, sean de la UCO, sean de la fiscalía o sean de quien sean”, anunció.

Desde febrero de 2014, los investigadores han informado a la Fiscalía Anticorrupción y al juez Velasco, entre otros aspectos, de la cuenta en Suiza en la que Granados supuestamente ocultó 1,6 millones de euros. También han descubierto la propiedad de una finca de 84 hectáreas en Higuera de las Dueñas (Ávila) puesta a nombre de una testaferro, o la mansión en Valdemoro —ciudad de la que fue alcalde— construida para él por el promotor Ramiro Cid, beneficiado por sus decisiones urbanísticas. El hallazgo más sonado, en noviembre de 2015, fue el millón de euros que Granados ocultaba en un altillo de un armario de la casa de sus suegros.

La UCO sospecha que estos bienes tienen su origen en supuestas comisiones por venta de suelo y consorcios urbanísticos realizados a través de la empresa pública Arpegio, que Granados colocó bajo su competencia en el año 2004 cuando la presidenta madrileña Esperanza Aguirre lo nombró consejero de Presidencia.

Los investigadores consideran que Granados, en su posición de secretario general del PP madrileño, alimentó una caja b de la formación mediante entregas de empresarios que recibían contratos de la Comunidad de Madrid. Según el juez Velasco, la constructora OHL entregó 2,1 millones bajo cuerda al partido. De esta cantidad supuestamente se detrajeron 500.000 euros “para repartírselos entre Francisco José Granados y Javier López Madrid”, exconsejero de OHL. Los 1,6 millones de euros restantes tuvieron como “destinatario final” al PP madrileño y fueron recaudados por su gerente, Beltrán Gutiérrez, también imputado.

“No soy cabecilla”

A su salida de prisión, Granados se quejó de haber sufrido “indefensión” y negó haberse quedado con dinero público: “Yo jamás, jamás, jamás he metido la mano en la caja”, manifestó. El expolítico fue incluso más allá y puso en duda la existencia de la trama Púnica de corrupción: “Después de leer muchas partes del sumario, las que no están todavía en secreto, después de ver todo eso yo no sé si existe. Creo que no, pero desde luego, si existe, ni formo parte de esta trama ni desde luego soy ni mucho menos el cabecilla”.

Granados denunció la filtración “sistemática, planificada y con un interés bien concreto” de “secretos del sumario obtenidos por el aparato del Estado”. Según él, estas fugas de información sólo pueden provenir de “la Guardia civil o la fiscalía, o el juez”.

http://politica.elpais.com/politica/2017/06/14/actualidad/1497426772_027199.html

UNA EMPRESA DEL CÍRCULO DE GRANADOS COBRÓ MEDIO MILLÓN DE LA ADJUDICATARIA DE UN CONTRATO INVESTIGADO EN 'PÚNICA'

Una firma de publicidad de la familia del exjefe de gabinete de Granados y de su esposa, ambos investigados como testaferros del político, recibió pagos de Over Marketing en 2006

Propiedad de un empresario que ya confesó haber recibido adjudicaciones amañadas, Over se había alzado ese año con la adjudicación para una campaña de publicidad del mayor plan de inversión pública de Madrid, el Prisma

Una empresa vinculada a María José Marijuán, esposa de quien fue mano derecha de Francisco Granados, Ignacio Palacios, y ella misma supuesta testaferro del político, cobró medio millón de euros de una de las principales mercantiles investigadas en Púnica, Over Marketing, justo el mismo año –2006- en que esta última obtuvo un contrato de 542.000 euros para desarrollar una campaña de publicidad del Plan Prisma. Dotado con 1.000 millones en el sexenio 2006-2011, la ejecución del Plan Prisma dependía al completo de la empresa pública Arpegio, entonces feudo absoluto de Granados.

La empresa que cobró de Over Marketing –exactamente, 522.858 euros– se llama Gesmedia Consulting. Y así lo constatan documentos oficiales a los que ha tenido acceso infoLibre. Las fuentes consultadas por este diario han confirmado que el citado contrato para la campaña de publicidad del Plan Prisma es uno de los que la UCO incautó durante los registros en Arpegio. Parte de los documentos originales han desaparecido del expediente.

En 2006, y según datos de Hacienda incorporados al sumario de Púnica, Gesmedia tenía su sede en un inmueble propiedad de otra empresa que formalmente pertenecía a María José Marijuán, Ayjopen SL. Y estaba –como lo sigue estando– dirigida por su hermano Pedro Marijuán. Gesmedia concurrió también al concurso que finalmente ganó Over Marketing pese a que Ignacio Palacios, marido de María José Marijuán y entonces jefe de gabinete de Francisco Granados, formaba parte de la mesa de contratación de Arpegio.

Over Marketing es una compañía largamente conocida por la UCO y la Fiscalía Anticorrupción porque su dueño ya confesó en 2012 que había obtenido contratos amañados en Baleares pero también en Madrid. En esa última comunidad, Over Marketing y sus tres compañías satélite se hicieron con 15,5 millones en adjudicaciones públicas durante la década de poder de Esperanza Aguirre. En 2006, el año en que pagó medio millón a Gesmedia, Over Marketing declaró a Hacienda haber recibido de la Comunidad de Madrid 803.361 euros en total por diversos trabajos.

Imputada en Púnica al igual que su marido, María José Marijuán se negó a declarar en noviembre de 2015 ante el juez Eloy Velasco. El magistrado le informó no obstante de que en la causa se investiga su vínculo con distintas sociedades –en ese momento se cifraban en ocho– supuestamente utilizadas como tapadera para que Granados cobrase comisiones de adjudicatarios de contratos públicos.

Otras empresas

Entre las empresas cuyo nombre leyó el magistrado a Marijuán figura Ayjopen Consulting SL, que es la que, según la Agencia Tributaria, mantenía arrendada a Gesmedia una oficina en 2006.

infoLibre no ha logrado contactar con Pedro Luis Marijuán. El jueves de la semana pasada, tras varias llamadas fallidas, este diario envió a su secretaria un correo electrónico en el que exponía a Marijuán los datos que ya entonces obraban en su poder y le planteaba varias preguntas sobre la relación de Gesmedia con Over Marketing y sobre el hecho de que hubiese acudido a un concurso sobre el que su propio cuñado debía pronunciarse como miembro de la mesa de contratación. Ni ha habido respuesta a ese email ni Pedro Luis Marijuán atendió este lunes las llamadas realizadas nuevamente este lunes.

El listado de compañías que enumeró el juez ante María José Marijuán durante su interrogatorio fallido incluye Match Golf Consulting SL, cuyas cuentas y bienes permanecen bloqueados desde noviembre desde 2015.

Al menos una de las llamadas recibidas por Granados e intervenidas por la Guardia Civil en 2014 meses antes del estallido del caso fue cursada desde un teléfono móvil contratado a nombre de Match Golf Consulting.

En esa llamada, Granados habla en clave con un tal Pedro al que da instrucciones sobre un negocio en el que lo que le preocupa es que “los administradores concursales” busquen a “algún amigote que ponga un euro más” que la empresa con que la trama planea participar en el negocio.

La conversación no revela con qué compañía pensaban hacer dinero en ese caso ni de qué negocio se trata. Pero un informe de la UCO confirma que Bustren, otra de las empresas del listado enunciado por Velasco ante María José Marijuán, estaba negociando la compra de 30 naves industriales “de un proceso concursal”.

Especializada en el “diseño conceptual de sistemas integrados de transportes”, Bustren es la protagonista de otra de las conversaciones pinchadas a Granados. Aquí, su interlocutor es Ignacio Palacios, el marido de María José Marijuán. “Ignacio –se lee en la transcripción incorporada al sumario- dice que el ruso se va a quedar con el 100% de la compañía allí y por detrás va a firmar un contrato de fiducia por el que el 70% de las acciones son de Bustren España”.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/06/22/una_empresa_del_circulo_mas_proximo_granados_cobro_medio_millon_adjudicataria_contrato_investigado_punica_66605_1012.html

EL CGPJ ARCHIVA LA INVESTIGACIÓN SOBRE SI EL JUEZ VELASCO PIDIÓ TRABAJO PARA SU MUJER A IGNACIO GONZÁLEZ

La autoridad disciplinaria considera que la denuncia está basada en informaciones periodísticas "carentes de sustento"

La autoridad disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha archivado la investigación abierta al magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a raíz de la denuncia interpuesta por el partido político Contrapoder, basada en informaciones periodísticas que señalaban que, según unas grabaciones realizadas al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, el primer instructor del caso Lezo habría solicitado a éste trabajo para su esposa.

En el acuerdo de archivo, el promotor de la acción disciplinaria, Antonio Fonseca-Herrero, reprocha a Contrapoder que haya presentado una denuncia basada solo en informaciones periodísticas. Según el promotor, cuando se formula una denuncia de este tipo, “resulta necesario que la conducta denunciada aparezca mínimamente probada y no genéricamente invocada, sin soporte probatorio alguno y sobre la base de meras hipótesis o datos acreditados, al menos con carácter indiciario. “Lo que no sucede en el presente caso, en el que el denunciante se limita a reproducir simples noticias periodísticas o supuestas sospechas carentes de sustento”, sostiene Fonseca-Herrero.

La autoridad disciplinaria añade que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, “no resulta jurídicamente procedente la imputación de responsabilidades disciplinarias con base en datos y circunstancias no acreditados plenamente y cuya discusión correspondería en todo caso al ámbito jurisdiccional” y en el procedimiento que instruía Velasco (el caso Lezo, en el que González figura como investigado). La resolución, que puede ser recurrida en alzada ante la Comisión Permanente del CGPJ, ha sido ya notificada al denunciante y al magistrado interesado.

http://politica.elpais.com/politica/2017/06/06/actualidad/1496748322_797924.html

VELASCO SUSPENDE 14 DECLARACIONES DEL ‘CASO PÚNICA’ TRAS OFICIALIZARSE SU SALIDA DEL JUZGADO

Las últimas decisiones del magistrado al frente del Juzgado Central de Instrucción 6 antes de pasar a la Sala de Apelación

El juez Eloy Velasco ha dictado sus últimas providencias y autos al frente del Juzgado Central de Instrucción 6 que ha abandonado de manera definitiva este jueves rumbo a la Sala de Apelación de la propia Audiencia Nacional. En uno de ellos, fechado este miércoles, ordenaba suspender las declaraciones previstas para las próximas semanas de catorce imputados del caso Púnica.

Se trata de las del empresario argentino Daniel Horacio Mercado, acusado de colaborar en la supuesta financiación irregular del PP de Madrid, y de trece personas relacionadas con las irregularidades detectadas en la empresa del suelo de la Comunidad de Madrid Arpegio. El motivo, la "ausencia del magistrado y hasta que se provea de nuevo titular a este órgano judicial”. El escrito se completa con una relación de escritos presentados por abogados defensores para tener acceso a las actuaciones y a la nube digital desde la que pueden consultar el sumario.

La primera de las declaraciones suspendida es la del empresario Daniel Horacio Mercado, propietario, entre otras sociedades, de Over Marketing, una mercantil beneficiada por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre con numerosos contratos públicos de publicidad. El juez lo había citado a declarar para el próximo 29 de mayo bajo la sospecha de haber puesto sus empresas a disposición del PP para desviar fondos públicos con destino a la financiación de actos electorales de los populares en diferentes campañas.

Las otras trece comparecencias suspendidas son las de trece personas relacionadas con la empresa pública Arpegio, en cuyas adjudicaciones entre los años 2006 y 2011 la Agencia Tributaria ha localizado numerosas irregularidades que motivaron un exhaustivo registro de su sede la semana pasada. Son el consejero delegado Eduardo Larraz y su esposa, María de los Ángeles de Diego; Pilar Rubio, el empresario Adolfo Fernández Mestre y su mujer, Sagrario Gómez; Pedro Bernard, Pilar Roca, María Dolores Nogal, el abogado José Luis Jaraba, Tomás Fernández, Francisco Esquivias, Ignacio Palacios y Miguel Ángel Ruiz. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que esta sociedad fue la principal fuente de enriquecimiento ilícito de Francisco Granados. Todos ellos habían sido citados a declarar entre el 12 y el 14 de julio próximo.

Entre estos trece investigados que ahora tendrán que esperar a que se nombre un nuevo magistrado instructor se encuentra Miguel Ángel Ruiz, quien hasta su imputación era viceconsejero de Medio Ambiente del Ejecutivo de Cristina Cifuentes y mano derecha del número tres del Gobierno regional, Jaime González Taboada. Otro de ellos es Ignacio Palacios, quien hubiera sido la tercera vez que acudiera a declarar ante el juez Velasco. Hombre de la máxima confianza de Francisco Granados, Palacios acudió la primera vez como testigo para ser detenido meses después junto a su mujer acusados de haber servido de testaferros para que el político ocultase parte de su patrimonio en propiedades y empresas.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/25/actualidad/1495727678_747544.html

CIFUENTES DESPEJA BALONES SOBRE LOS FUNCIONARIOS E INSISTE EN QUE EL INFORME DE LA UCO "ESTÁ EQUIVOCADO"

La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que su "pecado fue no valorar, valoró el técnico, yo me limité a asentir y a dar por bueno el criterio del técnico"

En una comparecencia muy trabada, con enfrentamientos directos con los diputados autonómicos, Cifuentes admite "posibles errores administrativos" en los contratos

Tres informes de la UCO apuntan a la implicación de Cifuentes en la financiación irregular del PP de Madrid por indicios "de una adjudicación decidida de antemano"

Diputados del PP hacen un paseíllo a Cifuentes a su llegada a la comisión de investigación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha descargado sobre los funcionarios de la Asamblea de Madrid los posibles "errores administrativos" en los contratos de adjudicación a la empresa Cantoblanco. La dirigente del Partido Popular ha reiterado que el informe de la Guardia Civil que la relaciona con la presunta financiación irregular del PP "está equivocado"

La presidenta había sido llamada por los grupos de la oposición de la cámara autonómica para explicar las posibles irregularidades que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la adjudicación los años 2009 y 2011 de los contratos de restauración y cafetería a Grupo Cantoblanco, empresa del exlíder de la patronal madrileña Arturo Fernández, y su vinculación con con la financiación irregular del PP de Madrid en el marco de la Operación Púnica.

Con una puesta en escena muy cuidada, con traje blanco, ha entrado en la sala protegida por un grupo de diputados y miembros del Partido Popular que le han hecho un paseillo. Cifuentes se ha asegurado de hacer público que llevaba la insignia de la Guardia Civil que le otorgaron como madrina del cuerpo armado, después de las críticas que hizo al informe de la UCO que la vincula presuntamente a la financiación ilegal del PP.

"La UCO está equivocada en ese informe en muchas cosas. Contiene extremos que están equivocados y realiza juicios de valor que deberían hacer jueces o fiscales. Lo que a mí me parece que no es real es que aquí hubiera una confabulación para beneficiar a un empresa concreta. No sólo es irreal, sino absolutamente incierto", ha sentenciado Cifuentes.

"Problema administrativo"

Cifuentes ha despejado balones a los funcionarios de la Asamblea. "Si se han cometido errores en la elaboración de los pliegos no lo voy a discutir, pero en este caso estamos hablando un problema administrativo no de una causa penal", ha apuntado.

Antes de entrar señaló que estaba " tranquilísima. El proceso fue transparente, cristalino, con informes favorables y jurídicos de los técnicos, con decisiones tomadas por unanimidad de todos los órganos y grupos partidos. Es sorprendente el valor que le está dando Ciudadanos y Podemos a un informe policial para crear un juicio paralelo".

Cifuentes ha salido desde el principio con una ofensiva airada contra los diputados autonómicos con los que se enzarzó en agrias disputas en un debate trabado. La presidenta ha reiterado que su petición de comparecencia era solo un intento de "linchamiento político".

"Modificaciones puntuales"

En un tenso debate, la presidenta sí ha admitido que "se hicieron modificaciones puntuales, muy menores, que no variaban el resultado final". La Guardia Civil recogió la declaración de funcionarios de la Asamblea de Madrid en las que se referían a una reunión en el despacho de Cifuentes en la que se cerró la licitación. "Cifuentes dijo que se hicieran las modificaciones y que una vez terminado, dijo que muy bien, que se firmase el acuerdo", relató uno de los funcionarios.

La presidenta no ha llegado a aclarar los motivos por los que la Mesa la designó como uno de los miembros de la de la Comisión de Expertos que evaluó las ofertas. En este sentido ha señalado como una de las posibles razones que "comía todo los días en la Asamblea" y que había "un precedente en 2008 con el comité de expertos de la contratación de las cestas de Navidad".

Este es uno aspectos más polémicos ya que los agentes de la Guardia Civil apuntan que se incluyeron criterios de valoración contrarios a derecho y hubo “arbitrariedad en las valoraciones efectuadas por el comité de expertos”, que encabezaba Cifuentes.

"Usted se cree que puedo recordar los acuerdos que se tomaban en la Mesa cada semana en 2009", le ha respondido airada al diputado de Ciudadanos, César Zafra. La presidenta ha insistido en que no participó "en la elaboración de ningún pliego de condiciones ni en 2009 ni en 2011".

Según la Guardia Civil Cifuentes que entonces era vicepresidenta de la Asamblea de madrid compatibilizó ser miembro del comité de expertos con la presidencia de la mesa de contratación, “circunstancia contraria a la legalidad y que vulnera Ia imparcialidad”. Ante las preguntas del diputado de Podemos, Ramón Espinar, sobre esta incompatibilidad, la presidenta ha remachado que "no la había. Hay opinión jurídica más cualificada, que es la de esta Asamblea, que lo ha dicho de manera taxativa en un informe pedido para ello".

Participación en la campaña de 2008

Aunque intentó no contestar a la pregunta de su participación en las campañas electorales del PP porque, en su opinión "no era objeto de esta comisión", finalmente ha admitido que fue miembro del comité de campaña en los comicios de 2008, como responsable territorial de partido, y no ha descartado que estuviera en la siguiente campaña de 2011. La Guardia Civil tiene las sospechas de posible financiación irregular del PP en las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.

Los informes señalan directamente a Cifuentes porque integraba a la vez el patronato de Fundescam, al Comité de Campaña y los órganos de contratación de la Asamblea de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha subrayado que ella perteneció a Fundescam entre "febrero de 2005 y septiembre de 2008".

"Cometí el pecado de no valorar, valoró el técnico, yo me limité a asentir y a dar por bueno el criterio del técnico", ha espetado la presidenta. Con estas declaraciones trataba de escapar de un informe de la UCO, que recoge que existió "una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida" a la empresa de Arturo Fernández.

Espinar le ha requerido sobre si conocía al empresario Arturo Fernández, Cifuentes ha comentado: "Conozco a cientos de personas. Cómo me voy a inhibir por conocer a Arturo Fernández, mi relación era puramente institucional".

http://www.eldiario.es/politica/Cifuentes_0_650235215.html

JUSTICIA, FISCALÍA Y GUARDIA CIVIL: LOS 6 DOCUMENTOS QUE ACORRALAN A CIFUENTES

La presidenta de la Comunidad de Madrid se enfrenta a la Comisión de Investigación sobre la Corrupción en la Asamblea

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, vive este viernes uno de los peores tragos de su carrera política. A raíz del informe de la Guardia Civil que le acusaba de delitos de cohecho y prevaricación continuada, la Comisión de Investigación sobre corrupción política de la Comunidad de Madrid le ha citado para que dé explicaciones sobre la contratación del grupo empresarial de Arturo Fernández para la cafetería y el comedor de la Asamblea de Madrid.

Reclaman su presencia todos los partidos de la Asamblea de Madrid -PSOE, Podemos y Ciudadanos- menos el Partido Popular, y la comisión arrancará a las 10:00 horas. Eso sí, antes de Cifuentes, el PP ha conseguido que vaya a dar explicaciones Antero Ruiz, exdiputado de Izquierda Unida que era vicepresidente tercero en el momento de los hechos.

Aunque existe una diferencia fundamental entre Cifuentes y Ruiz: al de Izquierda Unida la Guardia Civil no le nombra en sus informes, y mucho menos le imputa delitos. Entre otras cosas porque, aunque Ruiz fue forzado a dejar su acta por su implicación en las tarjetas Black, el empresario beneficiado no donó dinero a IU ni el entonces diputado gestionaba las campañas electorales de su partido.

Y es que Cifuentes sí cumplía esas características, por no hablar de la colección de documentos que atesora en su contra y que le ponen las cosas muy complicadas. A continuación, ofrecemos a nuestros lectores el contenido de los informes y documentos judiciales a los que ha tenido acceso ELPLURAL.COM y que tienen contra las cuerdas a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

1. Prevaricación continuada y cohecho

El primer informe de la Guardia Civil al respecto está fechado el 1 de marzo de este año y abunda en la contratación de la cafetería, señalando que María Cristina Cifuentes Cuenca era a la vez miembro del Comité de Expertos que valoró la oferta y presidenta de la mesa de contratación.

Una circunstancia que es “completamente irregular y anómala, y únicamente puede corresponderse con la intencionalidad de tener controladas las licitaciones en todo momento, es decir, ejercer un control en la valoración directa de las ofertas de las empresas y asegurarse que esas valoraciones eran finalmente aprobadas”.

Al mismo tiempo, la Guardia Civil vincula la adjudicación con “las aportaciones económicas localizadas y efectuadas por el empresario Arturo Fernández a la Fundación Fundescam (…) que fueron en gran parte destinadas a sufragar gastos electorales de la formación política a la que pertenecía Cristina Cifuentes cuando ésta formaba parte del Patronato de la referida Fundación”.

La bomba viene justo después, cuando asegura que “los hechos descritos en el mismo, podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de PREVARICACIÓN CONTINUADA y COHECHO” [sic] tras lo que vuelven a citar a Cristina Cifuentes por “la presunta participación en los hechos citados”.

2. Manipulación del concurso

En otro informe de la Guardia Civil, fechado el 28 de marzo, en el que un agente analiza los interrogatorios realizados a varios funcionarios de la Asamblea de Madrid. A uno de ellos, Isaac Arturo Zubiri y miembro del comité de expertos, le acusan de que “faltó a la verdad a la hora de elaborar el informe de valoración de las ofertas” y dar 0 puntos a una empresa rival “bajo la falsa argumentación de que la misma no había presentado documentación alguna”.

Y, añade, en el párrafo que cierra el informe: “Circunstancia de la que tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité de expertos -María Cristina Cifuentes Cuenca y María Merino Muñoz- lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada respecto al criterio de adjudicación que valoraba otras mejoras de los licitadores”.

3. "Habrían participado cargos públicos"

Cifuentes también aparece mencionada en otro informe de la Guardia Civil del 1 de marzo, de más de 100 folios, que se dedica a analizar la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Es en las conclusiones generales donde se explica como “determinados empresarios” ingresaron a Fundescam “importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales”.

En concreto, se paran en el caso de Arturo Fernández y los contratos adjudicados “en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes y donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación FUNDESCAM cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, como es el caso de María Cristina Cifuentes Cuenca”.

4. “Estructura de decisión cohesionada en el tiempo”

Después de leer los informes del 1 de marzo, la Fiscalía Anticorrupción emitió su propio informe en el que incluyen las mismas valoraciones de la Policía Judicial sobre las “adjudicaciones en favores del grupo de Arturo Fernández -Grupo Cantoblanco- quien siempre que se determinó a realizar una donación a Fundescam obtuvo la adjudicación de diversos contratos públicos desde Vicepresidencia [cargo de Cifuentes] y de la Asamblea de Madrid en los años 2007, 2009 y 2011”. Unas contrataciones que “presentaban irregularidades por su falta de motivación, baremación y ponderación de las ofertas, posicionándose en favor del grupo de Arturo Fernández desde los trámites del informe”.

Y, en otro párrafo, vuelve a mencionar los cargos de Cifuentes, cuando señala la “coincidencia de personas y de roles entre los propios patronos de la Fundación FUNDESCAM, Directores y miembros de los Comités de Campañas Electorales, Presidente, Secretario General y Vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Gerente y cargos orgánicos del PP y autorizados en cuentas y en las mesas de contratación de la CAM consolidó una estructura de decisión cohesionada en el tiempo”.

5. “Múltiples irregularidades penalmente relevantes”

En medio del escándalo que supuso que la Guardia Civil apuntase a posibles delitos de la presidenta madrileña que acababa de declarar que “el tiempo de los corruptos ha llegado a su fin”, Cifuentes encontró una tabla de salvavidas en unas supuestas declaraciones del entorno de Eloy Velasco en las que descartaba de momento imputarla.

A Velasco, inmerso en aquel momento en el proceso para dejar el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por un puesto mejor, nunca se le oyó decir aquello en persona. Sin embargo, sí que hay algo tangible vinculado a su trabajo: tres cédulas de citación como imputados, dos de ellas a personajes tan relevantes como Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid, José Ignacio Echevarría, expresidente de la Asamblea y patrono de Fundescam y la empresaria María Luisa de Madariaga.

En dichas citaciones, el juez Velasco incluyó tres textos idénticos en los que habla de las “evidencias” de que varios empresarios ingresaron “importantes cantidades” a Fundescam que “fueron empleadas para gastos electorales no declarados como tales” por el PP.

Acto seguido y sobre estos hechos, Velasco señala que hay “sólidos indicios que acreditarían como algunos de esos empresarios como Arturo Fernández fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos vinculados con la Asamblea de Madrid en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes y donde habrían participados cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación FUNDESCAM cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas”.

http://www.elplural.com/politica/2017/06/02/justicia-fiscalia-y-guardia-civil-los-6-documentos-que-acorralan-cifuentes

EL JUEZ DESCARTA IMPUTAR A CIFUENTES POR LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP MADRILEÑO

El juez del caso Púnica Eloy Velasco no tiene intención de proceder contra la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, pese a que la UCO en un informe señalara indicios de delito en su papel en la adjudicación de contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid, cuando era presidenta de la mesa de contratación.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, ni el juez ni la Fiscalía Anticorrupción han encontrado pruebas de que tuviera una participación en la financiación ilegal del PP que se investiga en la pieza de Púnica cuyo secreto se ha levantado y en donde aparece el citado informe.

Las fuentes han resaltado que la UCO, que señala indicios de delito en relación a la intervención de Cifuentes en esa mesa de contratación, la menciona al igual que a otras tantas personas y han recordado que lo que se investiga en esta pieza es la presunta financiación irregular del PP, hechos en los que no se considera que Cifuentes esté involucrada

En ese informe, la Guardia Civil implica a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la financiación irregular del PP regional investigada en el caso Púnica de corrupción. La Unidad Central Operativa (UCO) subraya, en un informe remitido el pasado 1 de marzo a Eloy Velasco, que la presidenta regional y líder del PP madrileño intervino en las supuestas “valoraciones arbitrarias” de la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid, que ella presidía, y que otorgaron a la empresa Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, la gestión del comedor y cafetería de la Cámara autonómica. Según los investigadores, los hechos “podrían ser constitutivos” de delitos de prevaricación continuada y cohecho, y en ellos “se aprecia la presunta participación” de Cristina Cifuentes.

El informe señala que Cifuentes supuestamente “vulneró la imparcialidad” de la mesa de contratación al “compatibilizar” la presidencia de esta con su pertenencia al patronato Fundescam, cuando esta fundación había recibido 160.000 euros del empresario y que fueron utilizados para la campaña electoral del PP para las autonómicas de 2007. Cifuentes pertenecía al comité de campaña del PP regional para esos comicios como vocal de Participación Territorial.

El instituto armado recuerda al juez que Cifuentes es aforada en su calidad de presidenta regional. En su informe, los agentes recuerdan que a través de la cuenta corriente de Fundescam “determinados empresarios y organismos empresariales, ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales”. La UCO recuerda que empresarios como Arturo Fernández, antiguo líder de la patronal madrileña fue adjudicatario de “contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes”. Según los agentes, en estos contratos supuestamente participaron “cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de Ia Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, como es eI caso de Cristina Cifuentes”.

En el caso de Cifuentes, los agentes constatan la “coincidencia” de que era patrono de Ia Fundación Fundescam con su pertenencia al Partido Popular de Madrid y a los comités de Campaña de esa formación política cuando se efectuaron las aportaciones económicas de Cantoblanco. También subrayan que Cifuentes pertenecía al comité de expertos que efectuó las valoraciones de las ofertas de las empresas licitadoras de los contratos de cafetería, cocinas y comedores de Ia Asamblea de Madrid en los años 2009, 2011 y 2013 donde resultó ser Ia adjudicataria final Ia empresa de Arturo Fernández. Cifuentes “desempeño también de manera simultánea Ia Presidencia de Ia Mesa de contratación en esas licitaciones”, señala el informe.

Los agentes recuerdan que en estas adjudicaciones, Cantoblanco “no presentó certificaciones que avalasen Ia experiencia”, como exigían los pliegos, y que pese a ello “no fue penalizada”. Es decir, “hubo arbitrariedad y hubo un trato diferente para situaciones idénticas”, señala la UCO. Según los agentes compatibilizar Ia pertenencia a los comités de expertos y valorar las ofertas, con el hecho de presidir las mesas de contratación, es una circunstancia “completamente irregular y anómala, y únicamente puede corresponderse con Ia intencionalidad de tener controladas las licitaciones en todo momento, es decir, ejercer un control en Ia valoración directa de las ofertas de las empresas y asegurarse que esas valoraciones eran finalmente aprobadas”.

Los imputados, preguntados por la presidenta

Los investigadores de la UCO preguntaron por Cifuentes a tres imputados en el marco de la adjudicación de los servicios de cafetería. Los agentes insistieron a Tatiana Recoder, letrada jefa de la asesoría jurídica de la Cámara, "si no apreció una incompatibilidad respecto a que Cifuentes fuese componente del comité de expertos y presidenta de la mesa de contratación en esa misma licitación". Aunque la abogada respondió que desconocía que la actual jefa del Gobierno autonómico se encontraba al frente de ese órgano.

Por su parte, la también imputada María Virtudes Merino, jefa de protocolo de la Asamblea e integrante del comité de expertos, declaró a la Guardia Civil que se mantuvo una reunión —“muy corta" y "meramente expositiva", afirma— para analizar la valoración de las ofertas presentadas a esta adjudicación. Este encuentro se produjo en el despacho de Cifuentes. Y, allí, según Merino, Recoder expuso sus razonamientos jurídicos, pero no se deliberó sobre nada: "No había nada que discutir".

A su vez, el funcionario Isaac Zubiri, también imputado, explica cómo él se encargó el informe de valoración de las compañías que optaron al concurso. Y que, tras una reunión para estudiarlas, fue Cifuentes quien dijo que se hicieran las modificaciones que se habían planteado en esa cita y que se firmase el acuerdo.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/16/actualidad/1494936002_991531.html

05. EL JUEZ DEJÓ SIN IMPUTAR AL NÚMERO 3 DE CIFUENTES A LA ESPERA DE ANALIZAR 100 CAJAS

Eloy Velasco ha citado como investigados a toda la mesa de contratación de Arpegio menos al consejero Jaime González Taboada, que es aforado. De momento, se ha aplazado la decisión

El horizonte judicial de Jaime González Taboada, número tres del Gobierno de Cristina Cifuentes, se llena de nubarrones. En una de las últimas decisiones antes de abandonar el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco decidió la semana pasada citar en calidad de investigados (la nueva figura jurídica de la imputación) a todos los miembros de la mesa de contratación de Arpegio, la empresa pública que protagoniza una de las piezas del caso Púnica. A todos los miembros menos a uno, González Taboada, consejero de Medio Ambiente y también coordinador general del PP de Madrid.

El juez que sustituya a Velasco tendrá que tomar declaración a los investigados que pertenecieron a la mesa de contratación de Arpegio. De momento, la citación prevista para julio ha quedado pospuesta. Los investigados son Pilar Roca Suárez-Inclán, directora de la Asesoría Jurídica entre 2006 y 2009; Pedro Bernad Moreno, director de Proyectos de Arpegio; Pilar Rubio Izquierdo, directora de Proyectos del Plan Prisma; Eduardo Larraz Riesgo, ex consejero delegado entre 2004 y 2008; Ignacio Palacios Arazuri, quien fuera jefe de gabinete de Francisco Granados y vocal del consejo de administración de Arpegio (imputado ya en otras piezas del caso), y María Dolores Nogal González, abogada y secretaria de la mesa de contratación (y la presidenta del comité de empresa). El presidente de la mesa era el propio Granados, hoy en prisión a la espera de conseguir los 400.000 euros que la Audiencia le ha puesto como fianza.

Todos fueron elegidos por el consejo de administración de la empresa pública el 23 de febrero de 2006, cuando Arpegio recibió el encargo de la Comunidad de Madrid de gestionar el Plan Prisma 2006-2007, un plan de inversiones financiado por el Ejecutivo autonómico para realizar obras en todos los municipios de la región menos la capital. Jaime González Taboada también fue elegido miembro de la mesa, "designado por la Consejería de Presidencia", que en esos momentos ostentaba Granados. "Era su soldado", asegura una fuente del caso. El juez, en cambio, ha decidido no acusarle. De momento. Fuentes de la investigación han señalado a El Confidencial que Velasco aplazó la decisión de remitir los indicios en su contra al tribunal competente y que será su sustituto el que decida al respecto.

La pieza de Arpegio (ahora rebautizada como Nuevo Arpegio) es una de las más complicadas del caso, ya que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está analizando más de 100 cajas de documentación incautadas en los últimos registros. Los agentes no han podido entregar a Velasco, que este jueves abandonó el juzgado, los informes con las conclusiones de este análisis, que se prolongará previsiblemente varios meses. Los recibirá, por tanto, el nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción 6, que será designado en las próximas semanas.

La imputación de Taboada hubiera supuesto en estos momentos de la instrucción la posible pérdida de la pieza sobre Arpegio, ya que Taboada es aforado. Es decir, la Audiencia Nacional no puede investigarle y debe enviar una exposición razonada para elevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que este cite como investigado al consejero. Por eso Velasco, en sus últimos días al frente del juzgado encargado de Púnica, decidió citar solo a los miembros de la mesa de contratación que no están aforados. No había tiempo material para nada más, agregan las fuentes consultadas.

El objetivo es que la UCO siga avanzando en sus investigaciones mientras que el nuevo titular del juzgado interroga a los miembros de la mesa de contratación de Arpegio ya imputados. En marzo de 2008, también se sumó a esa mesa Miguel Ángel Ruiz, el ya exviceconsejero de Medio Ambiente, que dimitió la semana pasada tras ser otro de los citados en calidad de investigados por el juez Velasco. A la lista se suma también Francisco Esquivias Ferriz, secretario del consejo de Arpegio.

La UCO está investigando si la trama Púnica obtuvo suculentos beneficios amañando la adjudicación de centenares de viviendas en los consorcios urbanísticos que promovió la Comunidad de Madrid a través de esta empresa pública. Es solo uno de los capítulos de la pieza. En otro, los agentes también están investigando si se amañaron obras del Plan Prisma, un plan que financió en dos ediciones (2006-2007 y 2008-2011) centenares de adjudicaciones valoradas en casi 800 millones de euros por toda la región. Algunas empresas adjudicatarias pudieron pagar mordidas por llevarse los contratos, según los indicios que ya manejan en la Guardia Civil. González Taboada estuvo en la mesa de contratación de ambas entidades.

La empresa pública investigada dentro del caso Púnica contrató en 2006 al empresario imputado por financiar el PP balear de Jaume Matas. También desembolsó 395.388€ en artículos promocionales

La UCO y el juez creen que Granados utilizó su cargo en la Consejería de Presidencia (2004-2011) para amañar determinados contratos públicos. Como consejero, fue presidente de Arpegio entre abril de 2005 y diciembre de 2007. Eloy Velasco sostiene que Granados reguló el funcionamiento de esos planes Prisma para garantizarse un "dominio absoluto" sobre las "decisiones de adjudicación". La UCO lleva el último año recabando documentación de Arpegio constantemente, y la semana pasada decidió realizar importantes registros en la Consejería de Medio Ambiente.

Otro de los principales investigados en el caso, el empresario David Marjaliza, ya declaró en sede judicial (tiene un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción) los nombres de algunas de las empresas que supuestamente pagaban comisiones a cambio de conseguir obras del Prisma, como Begar, Teconsa, Licuas, Virton, Avintia y Dico. En algunos casos, facilitó incluso el nombre de los intermediarios de esas sociedades con los que negociaba los pagos. Los investigadores tienen además presente que el elegido directamente por Granados para estar en esa mesa de contratación fue Taboada.

La mesa es el órgano técnico que debía valorar las ofertas presentadas por las empresas que licitaban por los contratos del Plan Prisma. González Taboada era entonces también director general de Administración Local, el departamento que planificaba el Prisma aunque lo ejecutaba Arpegio. El empresario Marjaliza ya declaró ante el juez cómo se repartían los presuntos amaños: "Un tercio de la obra era para los técnicos, un tercio para Jaime González Taboada con su gente y el último tercio para Paco [Granados] o la consejería". Aunque lo que realmente quiso explicar es que las obras del Plan Prisma se repartían entre los técnicos, el grupo de Taboada y el grupo de Granados, y que luego cada grupo intentaba amañar las que podía dentro del lote que le correspondía. Taboada siempre ha negado las acusaciones y se ha querellado contra Marjaliza.

La Fiscalía, por su parte, señala en un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial que "la investigación financiera realizada por la Guardia Civil ha permitido conocer el montante aproximado de ganancias ilícitas generadas por la trama en torno a la actividad inmobiliaria y el inicial análisis de la documentación concerniente a los fondos Prisma. Lo que permite señalar la cantidad de 728 millones de euros como importe gestionado por Francisco Granados y sus más directos colaboradores, que presuntamente han generado ingentes beneficios a las personas que han estado detrás de la adjudicación de obra civil al amparo de dichos fondos".

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-26/taboada-jaime-cifuentes-velasco-arpegio-punica-imputacion_1387465/

LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN CIFRA EN 4,9 MILLONES LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN LA PÚNICA

El informe de la Fiscalía califica los hechos como delitos de malversación, cohecho, falsedad, delito electoral, prevaricación y blanqueo.

El juez Eloy Velasco apunta a los gastos de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008.

Existen evidencias de que determinados empresarios, entre los que cita a Arturo Fernández, ingresaron en 2007 "importantes cantidades de dinero".

A cambio se les adjudicaron contratos relacionados con la Asamblea de Madrid.

Por otro lado, la UCO cree que el grupo popular en la Asamblea desvió 1,7 millones de su presupuesto al PP de Madrid para los gastos de las autonómicas de 2007.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga la trama Púnica, considera que el PP de Madrid tuvo contabilidad 'B' de gastos electorales en tres campañas electorales, dos de ellas municipales y autonómicas (2007 y 2011) y otra de ellas de elecciones generales (2008) y la Fiscalía Anticorrupción cifra en 4.916.000 euros la financiación irregular del PP de Madrid.

El juez sostiene que la Guardia Civil ha podido acreditar que "importantes gastos electorales" de las campañas de 2007 y 2008 e "indiciariamente" de las de 2011 se pagaron mediante "subvenciones públicas" de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación Fundescam.

Velasco, en la documentación que obra en el sumario, señala como responsables al exconsejero de Presidencia y exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados; al extesorero del partido Beltrán Gutiérrez y al exconsejero de Transportes Ignacio Echevarría, todos ellos patronos de Fundescam.

4,9 millones de euros de financiación irregular

La Fiscalía Anticorrupción cifra en 4.916.000 euros la financiación irregular del PP de Madrid en 2007, 2008 y 2011 a través de la red Púnica, una cifra que obtiene sumando el dinero que gastó de más en las campañas electorales de esos años y que no incluyó en su contabilidad electoral.

En un informe del pasado 8 de marzo, la Fiscalía destaca que el PP se puso en marcha "un grupo de decisión", liderado por el exconsejero madrileño Francisco Granados y el exgerente del partido regional Beltrán Gutiérrez, que usó varios "canales de financiación irregular" para pagar los excesos de gasto de esas tres campañas electorales.

Calcula ese exceso a partir del estudio de la contabilidad B que se halló a Gutiérrez y lo divide por años, de manera que en 2007 fueron 2.685.000 euros, en 2008 685.000 y en 2011 1.546.000 euros; en este último caso "sin contar la cuenta de funcionamiento del partido, que no era cuenta electoral".

"El Partido Popular presentó una contabilidad electoral de recursos y gastos en los que no incluyó esos importes", destaca Anticorrupción acto seguido en dicho informe.

El documento analiza los dos efectos incautados que han sido clave para encontrar indicios de financiación irregular del PP madrileño: una libreta o "cuaderno negro" hallado en el domicilio de Granados y un pendrive encontrado a Gutiérrez.

En la libreta hay anotaciones manuscritas sobre actos de campañas electorales de septiembre de 2010 a abril 2011, y en un hoja aparecen dos columnas "IN-OUT", donde, dice la Fiscalía, "supuestamente se relacionaban los ingresos procedentes de determinados empresarios" y se vinculan con salidas a personas como Granados y Gutiérrez.

El "segundo hallazgo importante para la investigación" fue la intervención de dos lápices de memoria de Gutiérrez en el registro a domicilio en febrero del 2016, cuyo análisis "revela la existencia de una contabilidad B de gastos electorales de las campañas electorales de los años 2007, 2008 y 2011 (municipales, autonómicas y nacionales)".

De estas pruebas, dicen las fiscales del caso, se extrae que una vía de financiación era a través de empresarios que hacían trabajos electorales para el PP y que "acordaban facturar a quien se les indicara desde la Gerencia del partido".

En esas facturas, desglosaban los importes para que una parte se declarara al Tribunal de Cuentas y otra, en cambio, "fuera opaca".

Así, en 2007, 2008 y 2011 el PP de Madrid pudo haber violado la normativa electoral y superó en cada campaña los límites de gasto, "derivando su pago a canales opacos de financiación ilegal".

"La cuenta electoral del Partido no recogió ni el ingreso de todos los fondos destinados a sufragar los gastos electorales, ni los pagos de los mismos", dice la Fiscalía.

Fundescam
Otro "instrumento muy activo" para financiar al partido era la fundación Fundescam, a través de la cual se desviaban subvenciones públicas de la Comunidad de Madrid a la financiación de los proveedores del PP. "Dichos pagos a proveedores se desviaban groseramente de los fines" de la fundación, añaden las fiscales.

A esta fundación hacían además donativos personas luego beneficiadas con contratos públicos, como fue el caso del empresario Arturo Fernández, y también se ha detectado una tercera vía por la que empresas recibieron adjudicaciones directas del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón a cambio de organizar actos para el PP.

La Fiscalía cree que este desvío de fondos para el partido se hizo a través de una "estructura de decisión cohesionada en el tiempo" y formada por directores de comités de campañas electorales, presidente, secretario general y vicepresidente del Gobierno de Madrid, así como el gerente y otros cargos del PP y miembros de mesas de contratación de la Comunidad.

Los partícipes "más activos" de esa red, apunta, fueron Gutiérrez y Granados "por sus responsabilidades coincidentes en el partido, en el gobierno autonómico, en los comités de campaña y en la fundación Fundescam".

Este grupo de personas, añade, es el que puso en marcha un plan de diversas vías de financiación irregular del PP para pagar los "excesos" de gasto en las campañas.

El informe califica los hechos como delitos de malversación, cohecho, falsedad, delito electoral, prevaricación y blanqueo y plantea una serie de entradas y registros a empresarios.

1,7 millones desviados por el PP de Madrid
Por otro lado, la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el grupo popular en la Asamblea de Madrid desvió de forma irregular 1,7 millones de euros de su presupuesto al PP de Madrid para sufragar los gastos de la campaña electoral de las elecciones autonómicas del año 2007.

El instituto armado halló entre la documentación relacionada con la financiación de los gastos de la citada campaña un apunte de 1,7 millones de euros indicados como ingresos al PP madrileño que le habría hecho llegar el "Grupo PP Asamblea", lo que, según la UCO, se refiere "al grupo del Partido Popular de Asamblea de Madrid".

Así lo refleja la UCO en un informe fechado el 22 septiembre de 2016 que obra en el sumario del caso Púnica, y en el que solicitó al juez instructor del caso, Eloy Velasco, que requiriese a la entidad bancaria donde el grupo popular tenía su cuenta toda la información relativa a los movimientos, como así hizo el magistrado.

La UCO argumenta que en la cuenta corriente de funcionamiento del PP de Madrid —que no puede utilizarse para facturar gastos de campaña— se hallaron dos ingresos de 850.000 euros cada uno "dimanantes de la cuenta corriente del Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid", que podría corresponder con los 1,7 millones citados anteriormente.

Por otra parte, la Guardia Civil destaca que el PP madrileño "podría haber facturado actos de la campaña electoral a través de una empresa interpuesta —Sintra Consultores—" empleando para ello la mencionada cuenta y no la que debe utilizar para recoger los gastos e ingresos efectuados en las campañas.

En concreto, detalla un pago de 517.168 euros del partido a esta empresa en conceptos de asesoramiento, una cantidad muy parecida a la que refleja Sintra en conceptos de operaciones con terceros en una declaración tributaria.

"Esta operativa también podría responder a la finalidad de enmascarar gastos electorales que, de esa manera, no serían fiscalizados, teniendo en cuenta que las únicas cuentas corrientes fiscalizadas a efectos electorales son las cuentas abiertas para la campaña electoral", refleja la UCO.

La Guardia Civil explica en este mismo informe cómo en un lápiz de memoria hallado en el registro al exgerente de la formación Beltrán Gutiérrez, se encontró un documento con el nombre "Aportaciones Especiales" con pagos en 2007 de diferentes personas y empresas a la fundación de la Comunidad de Madrid Fundescam por un importe total de 376.000 euros, que se destinaron presuntamente a abonar gastos electorales del PP de Madrid.

Y destaca, sobre todo "por su importe", los pagos a Fundescam vinculados al expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández (100.000 euros a través de la Confederación de Empresarios de Madrid y otros 60.000 a través de su grupo empresarial, Cantoblanco)y otro de 60.000 euros relacionado con Gecesa-Gestión de Centros Educativos.

http://m.20minutos.es/noticia/3038522/0/juez-punica-detecta-financiacion-ilegal-pp-madrid-tres-campanas-electorales/

EL PP DESVIÓ SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA FALSOS CURSOS DE FORMACIÓN AL PAGO DE LA CAMPAÑA DE RAJOY DE 2008

Un informe de la Guardia Civil revela la existencia de facturas ficticias por jornadas de “diseño gráfico” organizadas por Fundescam para hacer frente a gastos de actos electorales
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Uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Púnica detalla cómo el PP de Madrid desvió parte de las subvenciones públicas que el Ejecutivo regional otorgaba a la fundación del partido Fundescam a pagar parte de los gastos electorales a los que la formación regional hizo frente durante la campaña a las Elecciones Generales de 2008, en las que Mariano Rajoy fue cabeza de lista. El documento policial detalla que para justificar dichos pagos, los populares utilizaron a empresas interpuestas que emitieron facturas “por operaciones mercantiles inexistentes” en cuyo concepto figuraban desde un “curso de edición de vídeo y realización audiovisual para eventos” a unas “jornadas de diseño gráfico y publicidad impresa”. La UCO destaca que dichos cursos nunca se realizaron.

La primera pista sobre estas supuestas irregularidades surge de un prendrive intervenido por la Guardia Civil en febrero de 2016 en el domicilio de Beltrán Gutiérrez, gerente de la formación. En el interior del mismo, los agentes encontraron una carpeta con el título presupuesto 08 que, a su vez, daba acceso a un archivo contable con tres pestañas denominadas respectivamente “Elecc 08”, “pendiente” y “resumen”. El informe detalla que una vez abierta la primera de esas pestañas se encontró “un documento contable que describe conceptos generales, tales como actos, publicidad exterior, imprenta, etc; concepto específico como esquineros, banderolas, trípticos etc; y también proveedores a los que se asocian determinados importes; todo ello, relacionado con las referidas Elecciones Generales y con la campaña electoral del Partido Popular de Madrid”.

En su análisis de dicho documento, la Guardia Civil destaca que del mismo se desprende que parte de los gastos se abonaron a través de la cuenta corriente del PP específica de los comicios, como marca la ley, pero otros fueron derivados a otras cuentas que no deberían soportar dichos gastos. Entre ellas, una de Fundescam. En concreto, a la fundación la señala como responsable de asumir 179.797 euros. En otro fragmento de este documento, y que se denomina “resumen”, se vuelve a hacer este reparto de dinero, lo que lleva a la Guardia Civil a concluir que parte de los gastos de aquella campaña fueron “asumidos por cauces no legales”, entre ellos la fundación.

En este punto, los investigadores recuerdan que ésta recibió en 2008 una subvención pública de la Comunidad de Madrid que entonces encabezaba Esperanza Aguirre y que la misma fue justificada con facturas de empresas e importes coincidentes con las que aparecían en el documento contable intervenido en el ‘pendrive’ de Beltrán Gutiérrez. Lo único que difería entre ellas eran, precisamente, los conceptos. Así, una factura de 2.389 euros abonados según la contabilidad opaca de los populares a la empresa Emfasis en concepto de “carteles” figura en la fundación por el concepto “edición de programa de cursos y seminarios para el años 2008”.

Otro cargo por 45.400 euros pagado a la empresa Víctor Gayo Papelerías en concepto de “tríptico” en los gastos electorales, es presentada por Fundescam ante la Comunidad de Madrid desglosada en tres albaranes que suman la misma cantidad, pero en este caso en concepto de “edición de boletín informativo actividades a realizar por la fundación en el primer trimestre de 2008”.

El documento de la Guardia Civil también llama la atención sobre el caso de la empresa Back RV Producciones Culturales SL, a la que la Fundación supuestamente abonó 50.529 y 46.189 euros en dos partidas por “esquineros” y “telepronter” para la campaña de Mariano Rajoy. Dichas cantidades fueron finalmente abonadas por el partido presuntamente a través de la fundación bajo sospecha. En este sentido, la Guardia Civil localizó un correo electrónico del propietario de dicha mercantil dirigido al gerente del PP ahora imputado en el que se hace referencia a la supuesta planificación de cursos de formación para camuflar el pago de dichos actos electorales. La UCO recoge como ejemplo de ello tres facturas de sendas empresas, todas ellas vinculadas al dueño de Back RV, por la celebración entre finales de mayo y mediados de junio de 2008 un curso de edición de vídeo y unas jornadas de diseño gráfico, junto al alquiler de equipo técnico para ello. Todas ellas son consideradas “operaciones mercantiles inexistentes” por los investigadores.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/18/actualidad/1495092969_043646.html

LOS DOS ‘PENDRIVE’ DE PÚNICA

La Guardia Civil destapa la caja b del PP de Aguirre gracias a un par de memorias informáticas halladas en casa del gerente

Si el caso Gürtel tuvo su "puto pendrive" —en palabras de un Francisco Correa consciente de que la memoria USB que la Policía intervino a su contable guardaba los secretos de su trama—, la Púnica tiene dos de estos delatores ingenios informáticos. Ambos fueron localizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el registro que realizó el 11 de febrero de 2016 en el domicilio de Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP madrileño y uno de las personas de la máxima confianza de Esperanza Aguirre.

El primero, de color pistacho y con la inscripción "Indra", fue encontrado en un cajón del dormitorio junto a la ropa interior. El segundo, azul y plata y con publicidad del Ayuntamiento de Las Rozas, al fondo de una balda del armario de la misma habitación. Los agentes, que durante tres horas y media registraron la vivienda, también hallaron otros equipos electrónicos —intervinieron un móvil, una tableta, un disco duro y un tercer pendrive—, pero 15 meses después son ambas memorias las que sustentan buena parte de los informes sobre la supuesta financiación irregular del PP que la UCO ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

La facturas de Bárcenas retrasaron el registro

La Guardia Civil llevaba pocos minutos de registro del domicilio de Beltrán Gutiérrez –sólo habían anotado en el acta el hallazgo en la entrada de la vivienda de un listín de teléfonos “antiguo” y un estuche con documentación- cuando el contenido de una carpeta azul les obligó a interrumpir la diligencia. Los agentes habían encontrado recibís, certificados de autenticidad de obras de arte y un sinfín de facturas a nombre de Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias. Las poco convincentes explicaciones que dio en ese momento la mujer de Beltrán Gutiérrez –alegó que se referían a la restauración de obras de casa de su madre- llevó a la fiscal Anticorrupción presente en el registro, Carmen García Cerdá, a telefonear al juez Velasco para informarle del hallazgo de dicha documentación y de que podía tener relación con otras investigaciones de la Audiencia Nacional, en referencia al caso Gürtel. El magistrado ordenó que se interviniera, por lo que el registro continuó. Recientemente, todas esas facturas del extesorero y su esposa se incorporaron a la pieza de los llamados papeles de Bárcenas después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata los reclamara tras solicitarlo una acusación.

En el primero de estos pendrive, la Guardia Civil localizó carpetas denominadas "elecciones 2007", "proveedores" y "actos del PP en Madrid 2006/2007" en el que se recogían facturaciones, importes sin impuestos y con ellos, y un desglose de los pagos y las deudas que se habían generado. En ese archivo, se recogían todos los mítines celebrados entre el 10 de abril y el 27 de mayo de 2007, así como la forma en la que el PP iba abonando "de manera fraccionada" los mismos. En total, la contabilidad reflejaba pagos por un total 980.133,97 euros. Sin embargo, el mismo documento digital también incluía aquellos cargos que, de manera irregular, eran cargados a otras entidades, como la fundación Fundescam. Entre estos gastos, los agentes destacan varias facturas giradas por empresas como Back RVS y Formaslect, que partir de ese momento centraron buena parte de las pesquisas. Era el primer indicio de la supuesta utilización por parte del PP de Aguirre de empresas interpuestas para facturar gastos electorales.

En este mismo pendrive se localizaron varios correos electrónicos incriminatorios. Uno de ellos, intercambiado por Beltrán Gutiérrez con otro dirigente del PP madrileño, apunta a que en las actuaciones musicales del último mitin de la campaña de 2007, celebrado en el Palacio de los Deportes de la capital, costaron el triple de los 20.000 euros que reflejaba el contrato formalizado. En otro, la directiva de una empresa le preguntaba al entonces gerente del partido de Esperanza Aguirre "a quién tenemos que facturar" los 30.000 carteles electorales que iba a imprimir para la campaña. Acabó pagando Fundescam.

La supuesta contabilidad opaca de los populares madrileños apareció en la otra memoria USB. En ella, la UCO encontró un archivo digital bautizado como "caja 07-08" que, según los informes de la Guardia Civil, refleja "la existencia de una caja b controlada por el gerente del partido que se nutre de fondos opacos y que se destina al pago de proveedores de campaña". En el mismo, aparecen escritas en color negro las cantidades que reflejan las entradas de dinero. En rojo y con el signo menos delante, los pagos. Este archivo contable recoge la entrada de 1.014.375 euros en efectivo. Pese a la elevada cifra, otro archivo denominado "deudas nov 2007" desvelaba que el saldo negativo de esta supuesta caja b del PP después de aquellas elecciones autonómicas de 2007 alcanzó los 873.027 euros.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/19/actualidad/1495213058_246850.html

AGUIRRE CAPTÓ 7,6 MILLONES PARA EL DOS DE MAYO… QUE AHORA INVESTIGA LA UCO

La expresidenta de la Comunidad está en el foco de nuevas investigaciones de la Guardia Civil por la presunta utilización de una entidad sin ánimo de lucro para pagar campañas electorales

La fundación que creó Esperanza Aguirre en 2007 para celebrar el bicentenario del levantamiento contra Napoleón, la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, llegó a gestionar un presupuesto de al menos 7,6 millones de euros. El dinero salió de subvenciones públicas de su propio Gobierno regional y de donaciones de la Fundación de Caja Madrid, controlada también en esos momentos por el PP madrileño. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el juez Eloy Velasco sospechan ahora que los máximos responsables del partido también utilizaron ese organismo para inyectar fondos en su caja B y están realizando indagaciones para tratar de reconstruir su contabilidad.

Las pesquisas apuntan directamente a Aguirre, que era presidenta regional cuando el consejo de Gobierno de la Comunidad aprobó el 2 de agosto de 2007 constituir la Fundación Dos de Mayo. La exdirigente del PP también se convirtió automáticamente en presidenta del patronato de la entidad y se aseguró de que el resto de puestos del consejo director fueran ocupados por miembros de su gabinete. Entre ellos, el entonces vicepresidente del Ejecutivo regional, Ignacio González, presunto cabecilla de la operación Lezo, que también ocupó el cargo de vicepresidente en la Fundación Dos de Mayo; y el otro dirigente de la plena confianza de Aguirre, el entonces consejero de Presidencia, Francisco Granados, presunto líder de la trama Púnica. Hasta el jefe de gabinete de la expresidenta, Regino García-Badell Arias, tenía un hueco en la cúspide de la fundación, según consta en las memorias de actividad presentadas por la entidad, a las que ha tenido acceso El Confidencial.

La UCO investiga 6,4 millones que transfirió Caja Madrid a una fundación satélite del PP

La Guardia Civil sospecha que el PP de Madrid utilizó la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad para inyectar fondos de la Fundación de Caja Madrid en sus campañas electorales

En total, de los 14 asientos del patronato, solo había tres ocupados por dirigentes ajenos al Partido Popular: el entonces director de la Fundación de Caja Madrid y exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno; el expresidente socialista de la Comunidad Joaquín Leguina; y el exalcalde de Aranjuez Dionisio Ballesteros, también del PSOE. Aguirre también trató de incluir en el órgano de gestión a Alberto Ruiz Gallardón, en esos momentos, alcalde de Madrid, pero el exministro de Justicia rechazó la invitación y nunca llegó a tomar posesión del puesto. Su plaza permaneció vacante hasta la misma liquidación de la entidad en 2014, tras quedarse sin subvenciones públicas ni donaciones privadas para poder continuar su actividad.

A pesar de que el principal órgano directivo estaba copado por políticos, la cara visible de la Fundación Dos de Mayo durante sus siete años de vida fue el catedrático de Historia Contemporánea Fernando García Cortázar. En diciembre de 2007, el Gobierno de Aguirre concedió al ente una primera ayuda de 570.000 euros para financiar los primeros actos programados en 2008 con motivo de la efeméride. Ese año llegó la aportación más considerable. La obra social de Caja Madrid, controlada entonces por Miguel Blesa con el respaldo del PP de Madrid, aceptó convertirse en mecenas exclusivo del bicentenario y transfirió 4.550.000 euros a las cuentas de la Fundación Dos de Mayo.

La última entrada de fondos en la Fundación Dos de Mayo fue en 2010, con una ayuda tramitada por el Ejecutivo de Aguirre por importe de 300.000 euros

En un principio, la entidad tenía que disolverse en 2009, tras concluir todas las celebraciones, pero la expresidenta madrileña decidió mantenerla para convertirla en un foro de pensamiento que defendiera la unidad de España. Así, en 2009, su ejecutivo concedió una nueva ayuda a la entidad de 400.000 euros. Con todo, la ayuda más importante llegó de nuevo de la Fundación de Caja Madrid, con otro donativo de 1.862.000 euros. La última entrada de fondos en la Fundación Dos de Mayo, según la documentación que figura en el Registro Oficial de Fundaciones, se produjo en 2010, con una nueva ayuda tramitada por el Ejecutivo de Aguirre por importe de 300.000 euros. Es decir, que entre 2007 y 2010, el organismo manejó un presupuesto de 7.682.000 euros. Se desconocen los ingresos que consiguió entre 2011 y 2014, el año de su liquidación. Sus responsables nunca los declararon.

La UCO trata de determinar ahora qué hizo Aguirre con esos fondos. De las memorias de actividades de la fundación se desprende que el grueso del dinero se destinó a la publicación de obras y exposiciones itinerantes sobre el levantamiento de 1808. También se organizaron conferencias, conciertos, representaciones teatrales y funciones de 'ballet'. De los 7,6 millones del presupuesto total, 832.000 euros –el 10% del total– se destinaron a la publicación de una sola obra, '1808: el dos de mayo, tres miradas'. La fundación imprimió 500.000 ejemplares. La mitad se distribuyó en centros escolares, 100.000 se repartieron con el periódico 'ABC' y otros 50.000 se repartieron en la Feria del Libro. El resto del dinero también se utilizó, sobre todo, para cubrir gastos de imprenta, para publicar obras como 'Liberales de 1808', 'Relatos después de la batalla', '1808. La memoria alargada', 'Dos de mayo: el grito de una nación', 'Más que libertador' y 'Recuerdo de un tiempo viejo', entre otras.

No todo el dinero habría tenido ese destino. Los expertos en delitos contra la Administración de la UCO sospechan que el PP de Madrid utilizó esos encargos para abonar servicios de sus campañas electorales. Un oficio de la Guardia Civil y un auto del juez Velasco, incorporados ambos al sumario del caso Púnica, revelan que la Fundación Dos de Mayo encargó la impresión de libros y la organización de actos a varias de las empresas de comunicación, publicidad y marketing utilizadas por el PP regional en las elecciones de 2007, 2008 y 2011 para sobrepasar los límites de gasto electoral de forma fraudulenta. Se trata de mercantiles que presuntamente se concertaron con el gerente del partido, Beltrán Gutiérrez, imputado también en Púnica, para rebajar en las facturas el importe real de los trabajos de campaña y para cargar los gastos de la formación a otras organizaciones satélite del PP e, incluso, a proveedores y adjudicatarios de la Comunidad de Madrid.

Rajoy se presentó a las generales de 2008 con 685.000€ en B pagados por la trama Púnica

El sumario del caso Púnica confirma que la red de Francisco Granados generó 685.000 euros no declarados para sufragar parte de los gastos del PP en las elecciones generales de 2008

La mecánica presuntamente utilizada por la primera planta de Génova con la Fundación Dos de Mayo no sería nueva. Como adelantó este diario, la instrucción del caso Púnica ha permitido descubrir que el PP regional utilizó masivamente otra organización sin ánimo de lucro creada por el propio partido, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), para desviar subvenciones públicas y donaciones ilegales de empresarios a su contabilidad.

El engaño era sencillo y fue empleado por el PP durante años. Fundescam abonaba facturas a proveedores por conceptos relacionados con sus fines estatutarios. De ese modo, demostraba a las autoridades qué había hecho con las ayudas que le habían concedido. Pero lo cierto es que esas facturas eran completamente falsas. Ocultaban trabajos efectuados para el PP por esos mismos proveedores en campañas electorales. Fundescam actuaba así como un simple intermediario. Pagaba deudas de la formación sin que el dinero tuviera que pasar ni siquiera por las cuentas de Génova. La UCO mantiene ahora que la Fundación Dos de Mayo habría sido instrumentalizada por la formación para ejecutar la misma operativa.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-21/aguirre-capto-7-6-millones-con-la-fundacion-que-investiga-la-uco-por-desviar-dinero-al-pp_1385303/

IMPUTADO EN 'PÚNICA' EL EMPRESARIO AL QUE EL GOBIERNO DE AGUIRRE ENCARGÓ GESTIONAR EL MAYOR PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

El administrador de Dusa, que no tuvo rivales en el concurso convocado en 2006 por Arpegio, reconoció en la Asamblea de Madrid que en ese momento tenía "seis o siete empleados" y "no estaba preparado"

Pese a ello, se alzó con el contrato y terminó cobrando seis millones por gestionar el mayor plan madrileño de inversiones, el Prisma, controlado por Francisco Granados

El empresario se incorporó como vicepresidente a una fundación lucrativa panameña a los tres meses de que Dusa se alzara con la adjudicación pero dice que los fondos de esa entidad eran de uno de sus clientes históricos

Adolfo Fernández, administrador de Dusa, la empresa que en 2006 se alzó con la gestión de todas las licitaciones del Prisma, un multimillonario plan de inversión pública madrileña articulado por la sociedad pública Arpegio bajo control de Francisco Granados y dotado con 600 millones, acaba de engrosar la lista de imputados de la Operación Púnica. Los indicios recabados desde el inicio del caso apuntan a que fondos del plan Prisma se desviaron para abonar gastos electorales del PP.

El empresario, que en una breve conversación telefónica con infoLibre invocó este lunes el secreto del sumario para eludir pronunciarse sobre el paso dado por el juez Eloy Velasco, compareció hace seis meses en la Asamblea de Madrid. Ante la comisión de investigación sobre la corrupción, Fernández reconoció el 18 de noviembre varios hechos: que antes de lograr el contrato para gestionar las licitaciones del plan Prisma -600 millones para infraestructuras– Dusa tenía "seis o siete empleados". Que él mismo consideraba que "no estaba preparado para afrontar" un encargo de esa magnitud. Y que como nadie más acudió al concurso se hizo con el contrato, que según su versión cumplió correctamente al contratar a una treintena de técnicos y que mediante prórrogas y ampliaciones terminó reportándole seis millones a Dusa. Gracias a ese contrato, los ingresos de la compañía se multiplicaron por diez en un año.

Fernández sostuvo en varias ocasiones que jamás conoció personalmente a Francisco Granados.

Administrador de Dusa y otras sociedades de gestión, el empresario presidió el Tribunal Económico Administrativo del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón hasta hace unas semanas. Accedió al cargo cuando la actual presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, ocupaba la alcaldía (2011-2015). Pero, según Fernández, solo después de obtener ese puesto supo que tenía vínculos personales con Adrados: "Veníamos del mismo colegio y teníamos amigos comunes". Antes -dice- no la conocía. "Dimití del tribunal económico, no me ha destituido nadie". Fue lo único que Fernández accedió a decirle a este diario tras su imputación en Púnica.

El contrato para la gestión del Plan Prisma 2006-2007 se formalizó el 31 de marzo de 2006. Tres meses después, quedó inscrita en el Registro de Panamá una fundación lucrativa bautizada como Asiak y en la que Fernández asumió el cargo de vicepresidente. En su comparecencia ante la Cámara madrileña, Fernández demoró su respuesta cuando el diputado de Podemos Miguel Ongil le preguntó si había declarado a Hacienda "la sociedad que tiene en Panamá". El Diario de Sesiones de la Asamblea transcribe así su contestación: "¿Yo, en Panamá tengo una sociedad? Yo, en Panamá, no tengo ninguna sociedad, ¡ninguna! A ver, yo no sé qué cargo puedo tener en una fundación de un cliente mío en Panamá". Más adelante, se extendió en sus explicaciones para asegurar que los fondos custodiados por esa fundación pertenecen a uno de sus clientes históricos. Y que, al no tratarse de fondos de su propiedad, no se ha visto abocado a declarar nada ante la Agencia Tributaria.

Fernández, con quien este diario mantuvo dos conversaciones en noviembre de 2016, proclamó en cambio de forma tajante que Dusa le pertenece en su totalidad.

Dusa se hizo con la adjudicación gracias a que ninguna otra empresa acudió al concurso convocado por la empresa pública Arpegio y para cuya presentación de ofertas solo hubo 15 días de plazo, como recordó la socialista Nani Moya durante su interrogatorio a Fernández en la citada comparecencia.

Un tercer diputado, César Zafra, de Ciudadanos, formuló una pregunta a la que Fernández respondió con evasivas. ¿Había prestado ya Dusa el tipo de servicios que implicaba el contrato que le adjudicó Arpegio? "Para otras empresas, sí, claro", contestó Fernández. Y Zafra le pidió entonces que le dijera "alguna". Y estas fueron las palabras que, como recoge el Diario de Sesiones, articuló Fernández: "No sé... Por ejemplo... No sé. Ahora mismo no recuerdo, porque, la verdad... Pero, vamos, yo he trabajado para el Ayuntamiento de Guadarrama. Una empresa privada, que en aquel momento... Esto era en el término municipal de Ribatejada... Era una empresa privada, que había que hacer una junta de compensación. En otras juntas de compensación... Pero, vamos..."

Un auténtico maná

Para Dusa, el contrato de Arpegio fue un auténtico maná. La compañía decuplicó sus ingresos -pasaron de los 291.351 euros de 2005 a los 3.383.858 de 2006- y disparó su beneficio neto: los 39.350 euros de 2005 se convirtieron en 234.605. Al año siguiente, 2007, cuando las prórrogas y un contrato complementario mantuvieron la gestión del Prisma en manos de Dusa, sus cuentas evolucionaron todavía mejor: computó ingresos por 4,5 millones y beneficios después de impuestos por 572.349 euros. Otorgado a dedo en diciembre de 2006 por 618.000 euros, ese "contrato complementario" no era tal, recalcó la socialista Moya, sino una adjudicación por completo novedosa cuya informe jurídico de justificación o no existe o ha desaparecido.

Solo en 2006, Arpegio pagó 800.000 euros a Over Marketing, mascarón de proa de un entramado de empresas de publicidad cuyo propietario, como desveló infoLibre, ya ha confesado que obtenía contratos amañados. No le pagaba comisión a los cargos públicos que le beneficiaban pero "quizá el beneficio que pudieran obtener" era que "no les facturasen las totalidades de las campañas". Así lo aseguró en 2012 ante la Fiscalía Anticorrupción y el juez del caso Palma Arena, José Castro, en una declaración ya incorporada al sumario de Púnica.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/23/imputado_punica_empresario_que_gobierno_aguirre_encargo_gestionar_mayor_plan_inversion_publica_65395_1012.html

EL PP DE MADRID "QUEBRÓ" CON SU CAJA B "EL PLURALISMO POLÍTICO"

Un informe de la UCO concluye que el PP compareció tan dopado “al menos” a las elecciones de 2007, 2008 y 2011, que “atentó" contra “el necesario equilibrio en la concurrencia electoral” Los agentes apuntan a Ignacio González, al extesorero José Ignacio Echeverria y al exgerente Beltrán Gutiérrez, a quien le fue incautado el pendrive clave con la caja b

Nunca antes la Guardia Civil había sido tan concluyente en un informe, sobre la caja b del Partido Popular o de cualquier otro partido. El sumario de la pieza de la financiación ilegal del PP de Madrid dentro del sumario de la Púnica, contiene un minucioso informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que los agentes no solo dan por sobradamente acreditada la “contabilidad soterrada” o “b” del partido “al menos” en las elecciones regionales de 2007 y 2011, y las generales de 2008, sino que los agentes sostienen que con ese exceso de financiación, el Partido Popular rompió las reglas del juego democrático.

En concreto, los agentes dicen que “el examen y análisis de la abundante documentación incautada en el domicilio y despacho de Beltrán Gutiérrez ha puesto de manifiesto una contabilidad b de gastos electorales que revela la superación sistemática de los límites de gasto electoral, así como numerosas irregularidades, muchas de ellas de relevancia penal, que suponen una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral y con ello un grado aceptable de pluralismo político”.

Para ello, el PP contó con “la articulación y colaboración de un entramado empresarial que servía para la puesta en práctica y enmascaramiento de los servicios de campaña” electoral.

Esa contabilidad b fue hallada en dos pendrives del exgerente Beltrán Gutiérrez, de colores pistacho y azul, que ha sido contrastada con información de la Agencia Tributaria, por los registros practicados, e información de cuentas bancarias.

Así funcionaba la caja b

Los agentes han confirmado diversas fórmulas de financiación ilegal del PP de Madrid. Sostienen que por una parte, se financiaba con la aportación de “dinero en efectivo de procedencia desconocida” desde su caja b. Además, empleaba a la fundación Fundescam para pagar a proveedores del PP mediante facturación falsa. Las fórmulas de ingreso de Fundescam para poder ejecutar los pagos era las aportaciones de empresarios; el desvío de fondos de subvenciones abonadas por la Comunidad Autónoma de Madrid, y hasta un convenio con la Fundación Caja Madrid.

El informe revela que hasta pagaron en negro a 12 mariachis para un acto de Esperanza Aguirre en Valdemoro, y cómo gran parte de los mítines de la expresidenta, se pagaron en todo o en parte con dinero b.

Los agentes concluyen que los hechos son constitutivos de delitos electorales, de malversación y falsedad documental; y los principales responsables de su comisión, a su juicio, serían el exgerente Beltrán Gutiérrez; el extesorero José Ignacio Echeverria; el exsecretario general, Francisco Granados; y el expresidente de la Comunidad de Madrid y director de campaña en 2007, Ignacio González, quien además desvió de forma fraudulenta según la UCO una subvención a Fundescam, para que acabara sufragando pagos electorales del PP de manera irregular.

http://cadenaser.com/ser/2017/05/16/tribunales/1494947614_317391.html

DIMITE EL VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE TRAS LOS REGISTROS PRACTICADOS POR LA UCO EN SU DESPACHO EN EL MARCO DE 'PÚNICA'

El magistrado instructor ha ordenado el registro para obtener información relacionada con la etapa en la que ejerció como consejero delegado de Arpegio

Un total de doce personas comparecerán como investigadas a partir de junio

El viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz, ha presentado este martes su dimisión tras resultar investigado en el marco de la trama Púnica, por su etapa en Arpegio, donde fue consejero delegado. El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado este martes siete registros, entre ellos el despacho del recién dimitido viceconsejero.

Según han informado fuentes del Gobierno regional, Miguel Ángel Ruiz ha recibido este martes un auto formal de investigación dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 6, donde "no se refiere a ningún hecho derivado de sus actuales responsabilidades como viceconsejero, sino a actividades desempeñadas en los órganos de dirección de Arpegio, durante legislaturas anteriores, coincidiendo con el mandato de Esperanza Aguirre".

Las mismas fuentes han señalado que aunque el auto de investigación es completamente ajeno a la labor que desempeña actualmente en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz ha presentado esta misma mañana, de forma voluntaria, su renuncia al cargo de viceconsejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, así como de vicesecretario Territorial del PP de Madrid.

La presidenta del Gobierno regional, Cristina Cifuentes, ha aceptado la dimisión, en aplicación del Código Ético de los altos cargos del Gobierno regional, así como del Código Ético del Partido Popular de Madrid.

Hace seis meses, el exconsejero delegado de Arpegio compareció en la comisión de investigación sobre corrupción en la Asamblea de Madrid donde justificó una factura de 16,5 millones de euros en promoción que la empresa pública dedicada a la gestión del suelo y del Plan Prisma cargó a dicho plan, y que incluía, entre otras cosas, un gasto de 3,3 millones de euros en primeras piedras.

Por otro lado, aseguró que por lo que pudo observar como presidente de la Mesa de Contratación de PRISMA, desde diciembre de 2008 hasta marzo 2011, "los procedimientos se hicieron de forma transparente, no se hicieron procedimientos negociados, había o contratos menores o abiertos, en los que el pliego era 60 por ciento precio, 40 por ciento la cuestión técnica".

Por ello, indicadó que no podía afirmar lo que sostiene el juez Eloy Velasco, en relación con el control por parte del Francisco Granados en la Mesa de contratación. También aseguró desconocer si se han producido mordidas.

El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado este martes siete registros, entre ellos el despacho del recién dimitido viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid Miguel Ángel Ruiz, en el marco de la trama Púnica y en concreto de la pieza en la que se investigan presuntas irregularidades detectadas en la gestión del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y sus colaboradores con las empresas públicas Arpegio y Fundación Arpegio 2.

Según informan fuentes jurídicas, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han practicado siete registros, algunos de ellos en despachos de abogados. En lo que respecta al exviceconsejero del gobierno regional, el magistrado instructor ha ordenado el registro para obtener información relacionada con su etapa en la que ejerció como consejero delegado de la sociedad pública Áreas de Promoción Empresarial (Arpegio).

Según las mismas fuentes, un total de doce personas comparecerán como investigadas a partir de junio ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por su implicación en esta pieza número 13 de la trama que estalló en 2014 y cuenta con más de un centenar de personas imputadas por participar en presuntos contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas.

Irregularidades en Arpegio y Prisma

El pasado mes de julio, el instructor del caso Púnica solicitó a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de Gobierno de la Comunidad de Madrid documentación relativa a los consorcios urbanísticos desarrollados por la empresa pública de gestión de suelo Arpegio y los dos Planes del Programa Regional de Inversiones y Servicios (PRISMA) que llevó a cabo la Comunidad de Madrid entre 2006 y 2010 al sospechar que dichas operaciones fueron planeadas por Granados como un sistema para obtener beneficios ilícitos.

El magistrado actuó a requerimiento de la Fiscalía, que fundó su petición en las declaraciones en las que el exsocio de Granados David Marjaliza, reveló el pago de comisiones por contratistas y promotores para acceder a las obras de los 22 consorcios urbanísticos de Arpegio y los dos planes Prisma de la Comunidad de Madrid sobre los que ahora se centra la investigación.

Los citados planes, dotados con 1.000 millones de euros según el el juez Velasco, "se llevaron a cabo bajo la espera de dominio de Francisco Granados como presidente de las Mesas de Contratación, en persona o por delegación". Su dominio sobre las decisiones de adjudicación, según Velasco "era absoluto y fue algo buscado desde el momento inicial de redacción del convenio".

El sumario de la trama también recoge un informe de la UCO del pasado año según el cual el presunto cabecilla de la Púnica y su mujer enviaron en 2006 y 2007 cestas de navidad a familiares y compañeros de trabajo por un importe de 100.000 euros y que cargaron a Arpegio durante la etapa en la que Granados ejercía como consejero de Presidencia, Justicia e Interior y presidente de Arpegio.

El informe puso de manifiesto que, aprovechando su cargo como presidente de Arpegio, Granados indicó al personal competente de la empresa pública las instrucciones oportunas para que la liquidación de las facturas de dichos regalos se hicieran con cargo a la misma, con el consiguiente perjuicio para las arcas de dicha sociedad, según el informe.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/16/el_juez_velasco_ordena_siete_registros_marco_punica_entre_ellos_despacho_del_viceconsejero_medio_ambiente_65118_1012.html

GRANADOS HABLABA DE "LIBROS" O "BOMBONES" PARA REFERIRSE A LAS DONACIONES DE DINERO NEGRO PARA EL PP

En un conversación grabada por la UCO, el cabecilla de la Púnica "hace alusión a una devolución de libros, en la llamada anterior hablan de bombones. Todo parece indicar que el intermediario habría retenido dinero", especifican los agentes de la Guardia Civil Los agentes también aluden a Julio Gutiez, administrador de la empresa Mira Detectives, que presuntamente espió al expresidente madrileño Ignacio González en su viaje a Colombia por encargo de OHL, "una empresa adjudicataria de contratos públicos"

El presunto cabecilla de la trama Púnica, el exconsejero madrileño Francisco Granados, ejerció de intermediario entre los empresarios que realizaban donaciones en negro y el Partido Popular de Esperanza Aguirre, según consta en un informe de 9 de febrero de 2016 de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que ha tenido acceso infoLibre.

En concreto, Granados realizó esa función de "intermediación" con el también excargo del PP Pedro Núñez Morgades, que fue delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid entre los años 1996-2.000. Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid anos 2.001-2006 y concejal del PP del Ayuntamiento de Las Rozas entre 2.007 y 2011.

En un conversación grabada por la UCO, Granados "hace alusión a una devolución de libros, en la llamada anterior hablan de bombones. Todo parece indicar que el intermediario habría retenido dinero que habría que entregar a un tercero, expresando su temor a que puedan pensar que ellos se han quedado el dinero", especifican los agentes de la Guardia Civil.

En el mencionado informe, la UCO también alude a Julio Gutiez, administrador de la empresa Mira Detectives, que presuntamente espió al expresidente madrileño Ignacio González en su viaje a Colombia. Según los agentes, este espionaje lo habría abonado OHL, "una empresa adjudicataria de contratos públicos".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/16/las_grabaciones_uco_destapan_las_gestiones_granados_para_cobrar_para_ha_recibido_los_libros_los_bombones_65141_1012.html

INVESTIGADAS LAS CUENTAS SUIZAS DE TRES IMPUTADOS EN PÚNICA POR PAGOS A GRANADOS

Se trata de Eduardo Larraz, consejero delegado de la empresa pública Arpegio, su esposa y el propietario de la mercantil Dusa, Adolfo Fernández

La Guardia Civil ha localizado en varias entidades financieras de Suiza cuentas abiertas a nombre de, al menos, tres imputados en el caso Púnica. Se trata Eduardo Larraz, quien fuera consejero delegado de la empresa pública Arpegio, su esposa y el propietario de la mercantil Dusa, Adolfo Fernández, adjudicataria de millonarios contratos de la Comunidad de Madrid. Dos fueron abiertas hace menos de un año. La UCO investiga si a través de ellas se realizaron pagos a Francisco Granados o le permitieron ocultar su “elevadísimo patrimonio”.

La investigación del caso Púnica vuelve a mirar hacia Suiza. La Guardia Civil ha localizado en entidades financieras del país helvético varias cuentas bancarias a nombre de Eduardo Larraz Riesgo, que fuera consejero delegado de la empresa del suelo de la Comunidad de Madrid Arpegio entre los años 2004 y 2008; su esposa, María de los Ángeles de Diego Suso, y el dueño de la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos SA (DUSA), Adolfo Fernández Mestre, contratista de la Comunidad de Madrid. Las pesquisas han permitido determinar que al menos dos de estos depósitos fueron abiertos por el matrimonio hace menos de un año en el Julius Bar & Co Ag Bahnhofstrasse de Zurich, aunque ya tenían otros en el país helvético con anterioridad.

El juez Eloy Velasco remitió una comisión rogatoria a las autoridades de Berna para recabar nuevos datos sobre “los movimientos bancarios” de ellos poco antes de abandonar el pasado jueves el Juzgado Central de Instrucción 6. Anticorrupción ha anunciado que solicitará una ampliación en los próximos días. Los tres titulares de las cuentas fueron imputados el pasado el pasado 16 de mayo, el mismo día que la Unidad Central Operativa (UCO) y la Fiscalía Anticorrupción sometían a un exhaustivo registro a la empresa pública ante la sospecha de que el “elevadísimo patrimonio” que la investigación adjudica a Francisco Granados proviene en su mayor parte de la adjudicación irregular de contratos de Arpegio.

Las sospechas sobre la empresa pública se remontan a julio del año pasado. Entonces, el juez Velasco dictó dentro del caso Púnica un auto en el que reclamaba a la Comunidad de Madrid abundante documentación de Arpegio y del plan regional de inversiones Prisma, gestionado por la empresa pública. Con aquella información, la Agencia Tributaria elaboró un informe en el que se apuntaba la posibilidad de que buena parte de la fortuna ilícita supuestamente obtenida por Granados procediera, precisamente, de estos amaños. Hacienda también descubrió la existencia “de un flujo de fondos hacia cuentas abiertas por Adolfo Fernández”, el dueño de la empresa Dusa, en Suiza.

Pago de comisiones

Con estos nuevos datos, el juez Velasco dictó el pasado 24 de mayo un auto en el que incidía en la existencia de indicios de “pago de comisiones por contratistas y promotores para acceder a las obras de los 22 consorcios urbanísticos de Arpegio y los dos planes Prismas”. Unos programas que, recalcaba, estuvieron “bajo la esfera de dominio de Francisco Granados como presidente de la Mesa de Contratación, en persona o por delegación” y en los que se manejaron fondos cercanos a los 1.000 millones de euros.

En ese auto, el magistrado autorizaba a la Guardia Civil a acudir de nuevo a la sede de Arpegio el pasado jueves para reclamar el expediente con los documentos originales de la adjudicación a Dusa, la empresa de Adolfo Fernández, el 31 de marzo de 2006 de un contrato de “consultoría y asistencia técnica para la gestión integral de las licitaciones públicas” por un valor de 4,5 millones de euros. Este contrato fue posteriormente prorrogado en cinco ocasiones. La mercantil se hizo también con otras dos adjudicaciones que elevaron a 9,8 millones de euros lo que recibió de Arpegio en la etapa de Granados.

Una empresa en las Islas Vírgenes

No es la primera vez que el nombre Eduardo Larraz se ve salpicado por un escándalo financiero con vínculos en paraísos fiscales. En 2013 salió a la luz que él y su esposa tuvieron una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas que, según un informe confidencial de 2010 de la empresa intermediaria Commonwealth Trust Limited, tuvo “un desconocido origen de los fondos”. Antiguo director de Gabinete de Celia Villalobos en el Ministerio de Sanidad, Larraz también declaró como testigo en el sumario del caso Gürtel para asegurar que a Arpegio llegaban “órdenes políticas” desde la Consejería de Deportes que encabezaba el hoy procesado Alberto López Viejo para que se pagasen determinados contratos.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/18/actualidad/1495094214_410346.html

EL SOSPECHOSO MERCEDES DE LA AMIGA DE GRANADOS

Un informe de la UCO detalla cómo un coche de 30.500 euros acabó en manos de una colaboradora del político

El último informe de la Guardia Civil en el caso Púnica que Eloy Velasco recibió en el Juzgado Central de Instrucción 6 antes de abandonarlo no trataba de financiación del PP ni de contratos públicos amañados. Es un documento policial de 11 folios en el que la Unidad Central Operativa (UCO) detalla las gestiones realizadas en los últimos meses para desentrañar el misterio de quién pago realmente un vehículo Mercedes Benz SLK200 Kompressor que desde 2006 utiliza María Victoria Cristóbal Araujo, exasesora de prensa de Esperanza Aguirre en la primera campaña de ésta a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y que con Francisco Granados en la Consejería de Presidencia encabezó la Agencia Madrileña de Emigración.

El informe, fechado el 8 de mayo, concluye que los 30.500 euros que costaba el vehículo no salieron de las cuentas bancarias de su actual propietaria, sino que presuntamente los pagó un empresario de Valdemoro, Ramiro Cid, ya imputado en la causa. La Guardia Civil concluye que el automóvil fue una "contraprestación" más del constructor a Granados por sus supuestos favores urbanísticos. Éste había hecho que el coche fuera puesto a nombre de ella, a la que la Guardia Civil califica de "persona de su confianza". EL PAÍS se puso en contacto telefónico con María Victoria Cristóbal para recoger su versión, pero rechazó hacer declaraciones. Hasta la fecha no ha sido llamada a declarar por el juez.

Las sospechas sobre el vehículo se remontan al 27 de octubre de 2014, pocos días después de las primeras detenciones de Púnica. Ese día, la UCO registró la sede en Madrid de la empresa Obras y Vías SA, propiedad de Cid. Entre la documentación intervenida, había cuatro tablas en las que aparecían listados de vehículos con indicación de la sociedad a la que supuestamente pertenecía cada uno y los usuarios. El Mercedes figuraba en todos a nombre de la constructora y con "Victoria" o "Viki" como conductora.

Sobre el piso, la UCO destaca que la que la colaborada del político adquirió en julio de 2008 una vivienda con plaza de garaje en la calle Argensola, de Madrid, por 400.000 euros a Vicfidem Proyectos SL, otra sociedad de Ramiro Cid. Sin embargo, en este último informe entregado al juez Velasco no ahonda en las circunstancias de dicha adquisición.

Los agentes iniciaron un rastreo sobre el origen del automóvil. Así, constataron que fue importado desde Alemania a finales de 2005 por Car Valdemoro SL, empresa también vinculada a Cid, y que fue puesto en mayo de 2006 a nombre de María Victoria Cristóbal. Todo ello, supuestamente tras abonar 30.500 euros, según una factura. Sin embargo, el análisis que los agentes hicieron de las declaraciones del concesionario al fisco reveló que dicha cantidad nunca entró en sus cuentas y que sólo aparecía un ingreso de 5.400 euros supuestamente realizado por la colaboradora de Granados.

Sin rastro de los pagos

El rastreo que la UCO hizo después de las cuentas bancarias de ésta confirmó las sospechas. "No se localizó ningún movimiento que coincida o se aproxime, tanto en la cantidad como en fecha, con la factura de compra del vehículo emitida por Car Valdemoro (30.500 euros) así como tampoco con los 5.400 euros", destaca el informe. A ello añade un dato: el teléfono de contacto que aparecía en la póliza de seguro hasta 2011 —cinco años después de que la exasesora de Granados lo comenzara a conducir— era de una de las sociedades del Ramiro Cid.

La UCO recuerda que una mecánica similar a la detectada en este caso se produjo con otro vehículo: un Mini Cooper que utilizaba la mujer de Granados, María Nieves Alarcón, también imputada, y que fue destruido en el garaje de la pareja por un incendio provocado. Este automóvil también mereció un informe de la Guardia Civil que concluyó que era una "dádiva" del mismo constructor y que se intentó camuflar con "facturación falsa".

Faes, Aznar y el piso de 400.000 euros

La Guardia Civil destaca en su informe como un indicio más del sospechoso origen del Mercedes de la colaborada de Granados una conversación telefónica mantenida por ambos el 2 de julio de 2014, cuatro meses antes de la detención del primero. En la misma, además de constatarse la estrecha relación entre ellos, se hablaba de un "piso" y un "coche" supuestamente regalados a ella por Granados. María Victoria Cristóbal se quejaba de que el expresidente José María Aznar la quería echar de la fundación FAES, donde ella colaboraba, por temor a que saliera un escándalo "muy gordo de ella" en referencia a estos supuestos regalos.


http://politica.elpais.com/politica/2017/05/27/actualidad/1495913159_687027.html

EL JUEZ DE PÚNICA INVESTIGA SI EL PP DE AGUIRRE SE FINANCIÓ CON 972 CURSOS PARA PARADOS

La Guardia Civil intervino en la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid los expedientes de contratación para impartirlos en 2007 y 2008

La investigación del titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Eloy Velasco, sobre la supuesta financiación irregular del PP de Madrid alcanza también a los cursos que el Ejecutivo regional que presidía Esperanza Aguirre impartía con cargo al erario para facilitar la colocación laboral de los parados madrileños. Un documento judicial sobre la pieza del sumario de Púnica en el que se investiga la existencia de una caja b del partido revela que el magistrado requirió recientemente a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda la documentación "original" relativa al expediente de contratación para la "organización e impartición" de 972 cursos de formación profesional ocupacional durante 2007 y 2008, años de dos de las campañas electorales bajo sospecha de haberse financiado con fondos públicos. La consejería remitió a la Audiencia Nacional más de mil folios que ocupan cerca de tres tomos de la causa cuyo secreto ha levantado recientemente el magistrado.

La investigación sobre dichos cursos se añade a otras líneas de investigación abiertas por el juez Velasco después de que el empresario David Marjaliza, socio y amigo de Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama, desvelase quién se encontraba detrás de unas siglas aparecidas en un cuaderno manuscrito del político y explicase que las cifras que figuraban junto a las mismas correspondían a supuestas entregas de comisiones ilegales. Desde entonces, el magistrado ha requerido numerosa documentación a organismos públicos sobre adjudicaciones de contratos o la entrega de subvenciones públicas a la fundación del PP Fundescam, una de las supuestas vías de financiación irregular de los populares. Sobre ésta, el juez ha solicitado en los últimos meses abundante información al registro de fundaciones de la Comunidad de Madrid referida a los años 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2014.

El documento judicial también detalla que los investigadores están analizando las contrataciones de los servicios de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años, 2009, 2011 y 2013, y que ganó la empresa Grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, quien ya ha declarado en la Audiencia Nacional por estos hechos. También está bajo sospecha el expediente de contratación del servicio de cafetería de la Consejería de Presidencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, situada en el número 4 de la calle Carretas, de Madrid, junto a la Puerta del Sol.

Además, Velasco ha extendido la investigación a nuevos ayuntamientos de la Comunidad. Entre ellos, el de Pozuelo de Alarcón, quien ya se vio salpicado en el caso Gürtel precisamente por la supuesta financiación irregular de actos electorales del que fuera su alcalde, Jesús Sepúlveda. Ahora, el juez Velasco ha pedido a este consistorio los expedientes de contratación con las empresas Back RVS Producciones Culturales SL, Digital Plane SL y Croma 21 SL. Estas tres sociedades también están siendo investigadas por sus contrataciones con el Ayuntamiento de Madrid en las etapas de Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella.Las dos primeras mercantiles tienen entre sus clientes al propio PP. Back RVS figura, incluso, como donante del partido en 2002. Ello le valió entonces un reproche de la Cámara de Cuentas ya que aquel año ya era proveedor de los populares y del ayuntamiento de la capital.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/11/actualidad/1494479681_891686.html

VELASCO CITA COMO INVESTIGADO A DANIEL MERCADO, UNO DE LOS FINANCIADORES DEL PP

Daniel Mercado, empresario argentino dueño de Over Marketing, ya incriminó al balear Jaume Matas por la trama de financiación ilegal del PP.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado a declarar en calidad de investigado a Daniel Horacio Mercado, en la pieza que se investiga la financiación ilegal del Partido Popular en el 'caso Púnica'. Su empresa, Over Marketing, figura entre los papeles incautados al gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, aparece como una de las financiadoras del partido, de manera oculta al Tribunal de Cuentas.

En una providencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Velasco cita al empresario argentino para el próximo día 29 en calidad de investigado. Mercado ya reconoció ante la Justicia balear haber recibido contratos públicos amañados, en la era de Jaume Matas, a cambio de financiar al partido. Ahora, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le sitúa como uno de los principales beneficiados por los servicios de publicidad pagados con cargo a los hospitales madrileños construidos durante la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ya en Baleares, reconoció ante el juez del caso Palma Arena, José Castro, y la Fiscalía Anticorrupción haber hecho “facturas falsas” para los Gobiernos de Madrid y Castilla y León. Entre la documentación encontrada en el domicilio del exgerente del PP de Madrid y hombre de confianza de Aguirre, Beltrán Gutiérrez, tras el registro realizado hace un año, apareció un documento que ahora ha sido analizado por la Guardia Civil. En éste se ve cómo una sociedad Sintra, habría recibido de Over Marketing 200.000 euros.

La tesis de los investigadores, tal y como ya ha desvelado este diario, es que Sintra hacía de empresa interpuesta para el PP, desde la cual se canalizaban los pagos de los financiadores del partido, quien asumirían el pago de los proveedores del PP para las campañas electorales, y ocultarlo así al Tribunal de Cuentas. Es decir, Over Marketing, adjudicataria de publicidad de la comunidad de Madrid, habría pagado parte de la campaña del PP a través de Sintra.

El pasado mes de febrero, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, decretó la apertura de juicio oral contra el expresidente del Gobierno balear, Jaume Matas y el exconseller de Interior y exsecretario general del PP, José María Rodríguez por una pieza del llamado 'caso Over' en el que también será juzgado Daniel Mercado como propietario de Over Marketing.

Se investiga el desvío de fondos públicos para sufragar los gastos de las campañas electorales del PP balear de los años 2003 y 2007. Se les acusad de fraude a la administración en concurso medial con malversación, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

http://www.elespanol.com/espana/20170510/214978920_0.html

PÚNICA DESTAPA EL USO DE DINERO B Y FONDOS PÚBLICOS EN TRES CAMPAÑAS ELECTORALES DEL PP

La pieza del sumario cuyo secreto se levanta ahora sitúa el acto de fin de campaña de las autonómicas de 2007 como el paradigma de las supuestas irregularidades

La pieza del sumario del caso Púnica que investiga la supuesta financiación irregular del PP de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre, y cuyo secreto se levanta ahora, ha aflorado el presunto desvío de fondos públicos y la utilización de dinero procedente de una caja b de la formación para el pago de una parte importante de los gastos electorales de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y 2011, y de las generales de 2008, en las que Mariano Rajoy repetía por segunda vez como cabeza de cartel de los populares.

Fuentes cercanas a la investigación destacan que el mitin que la formación celebró hace diez años como final de campaña de los comicios locales y regionales es el paradigma de buena parte de estas irregularidades. Según han revelado las pesquisas, en el mismo hubo pagos con dinero "de procedencia desconocida" y se abonaron a proveedores con cargo a los presupuestos de Administraciones públicas controladas entonces por el PP. El 'pendrive' localizado hace ahora un año en casa del que fuera gerente regional del partido, Beltrán Gutiérrez, desveló que en aquellos años la formación contó en su supuesta caja b con cinco millones de euros. De ellos, tres millones fueron presuntamente destinados a financiar la campaña que incluyó aquel acto electoral, mientras que para las generales de 2008 y las de 2011 se emplearon un millón de euros en cada una.

En el mitín de 2007, celebrado en el Palacio de Deportes de Madrid la noche del 25 de mayo con la presencia de los principales dirigentes de la formación, entre ellos Rajoy, Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, estos dos últimos como candidatos al gobierno regional y la alcaldía de la capital respectivamente, las primeras irregularidades detectadas se refieren a la contratación de las actuaciones musicales de los grupos Iguana Tango y Azúcar Moreno para amenizar el acto antes de los discursos. Waiter Music SL, una empresa investigada en el caso Púnica por la sospechosa elevada cifra de contratos públicos que obtuvo durante años de la Comunidad de Madrid y de ayuntamientos de la región, fue la encargada de ello. De hecho, es del análisis de la documentación intervenida en octubre de 2014 en la sede de esta mercantil donde surgen los primeros indicios de financiación irregular del acto electoral. Así, una secuencia de correos electrónicos cruzados por empleados de la compañía y dirigentes del PP regional tres días antes de que se celebrara, reveló la existencia de un contrato "donde se acuerdan las cláusulas para la actuación [...] de una duración aproximada de 90 minutos" por un valor de 20.000 euros.

Sin embargo, otro email fechado dos meses más tarde revelaba la supuesta falsedad de dicha cifra. En el mismo, el propietario de Waiter Music SL, José Luis Huerta, aseguraba a Guillermo Mayoral, dirigente regional del PP y actual gerente del partido en sustitución del imputado Beltrán Gutiérrez, que dicha cifra había sido, en realidad, el triple. En los mismo el empresario pedía que se le indicase "lo antes posible cómo facturo esto y la formas de cobro", para a continuación detallar las diferentes partidas que elevaban la factura hasta los 48.600 euros más IVA. En total, 60.000 euros. El empresario destacaba que "les hicimos un contrato por 20.000 euros, IVA incluido, aún sabiendo ambas partes que ascendía a una cantidad mayor, como te explico anteriormente".

Las pesquisas apuntan a que finalmente el PP ni siquiera pagó la cantidad reflejada en el contrato y hay indicios de que los 60.000 euros iban a cargarse mediante distintos mecanismos a las arcas de los ayuntamiento de Pinto y Valdemoro, gobernados entonces por el PP. De hecho, la Guardia Civil ha constatado tras analizar las declaraciones de ingreso y pagos realizados por Waiter Music ante la Agencia Tributaria que entre los años 2006 y 2013 no figura ninguna actividad comercial entre esta mercantil y el partido que "pudiera estar relacionada" con este mitin. Por ello, los agentes concluyen que se utilizaron "recursos económicos municipales para sufragar actos electorales del Partido Popular de la Comunidad de Madrid que no fueron declarados como gastos de campaña" en aquel 2007 y en las elecciones posteriores de 2008 y 2011.

De hecho, irregulares similares han sido detectadas en los mítines de estos dos últimos comicios. Como ejemplo del primero, las pesquisas sitúan el mitín que el PP celebró en el Pabellón Juan España de Valdemoro el 1 de marzo de 2008 con motivo de las generales de aquel año. La UCO ha podido constatar que parte de aquel acto fue financiado con cargo a los fondos públicos del consistorio de este municipio madrileño. En concreto, los 4.200 euros más IVA que costó la actuación de un grupo de 12 mariachis que recibieron con el 'Cielito lindo' y 'Sigo siendo el rey' a Aguirre, al número dos de la lista al Congreso por Madrid, el empresario Manuel Pizarro, y al expresidente José María Aznar. La empresa que contrató dicha actuación cobró dicha factura de la partida destinada a la celebración de las Fiestas Patronales de Septiembre de 2009 de Valdemoro, que el equipo de gobierno municipal le adjudicó. La Guardia Civil estima que de los 150.000 euros que salieron de arcas públicas para costear dichas celebraciones locales, cerca de un tercio se desviaron a actos del partido. Los agentes también investigan los pagos por la organización de las inauguraciones de grandes obras de la Comunidad.Otra parte importante de los fondos presuntamente irregulares utilizados en el pago son los que los informes iniciales de la UCO describían como "de procedencia desconocida".

Las investigaciones de los últimos años han revelado el verdadero e irregular origen de los mismos, así como los diferentes mecanismos utilizados para hacer frente con ellos a gastos electorales del PP de manera opaca. Así, la principal vía de entrada eran las donaciones supuestamente realizadas por empresarios -algunos de ellos imputados ya en la causa como Javier López Madrid y Arturo Fernández- a cambio de la adjudicación de contratos públicos. La investigación ha destapado que, en ocasiones, dichos pagos se hacían en maletines con dinero en efectivo y, en otras, con aportaciones de capital a la fundación Fundescam.En otras, dichos pagos se realizaban 'en diferido' haciéndose cargo la compañía donante de los pagos que el PP tenía comprometidos con firmas que le daban diferentes servicios durante la campaña. Para ocultar aún más todo ello, en buena parte de los mismos se utilizaban empresas interpuestas para dificultar el rastreo del origen de los fondos.

Nueve de estas mercantiles han salido ahora a la luz en la Operación Lezo. En esta estrategia, las pesquisas han puesto de manifiesto el papel protagonista que jugaron en algunas de estas irregularidades las sociedades Over Marketing, Traci Comunicación y Link América, todas ellas de empresario argentino Daniel Mercado. Éstas firmaron multitud de contratos con las consejerías de Sanidad y Transportes, la Dirección General de Justicia y la antigua empresa pública del suelo Arpegio, para organizar actos de colocación de primeras piedras y cortes de cinta en los que se invertía el 1% del presupuesto de la obra. Recientemente el juez Velasco reclamó a Arpegio facturas que suman 16,5 millones de euros del Plan Prisma en estos conceptos para analizarlas. La sospechas apuntan a que parte de estos fondos pudieron desviarse a la supuesta caja b del PP madrileño para el pago de costosos actos electorales con los el partido entonces liderado por Esperanza Aguirre exhibía músculo político como en el mitín de fin de campaña de las elecciones de 2007.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/10/actualidad/1494427354_398074.html

EL PP FINANCIÓ CON DINERO DE PÚNICA LA CAMPAÑA ELECTORAL DE RAJOY EN 2008

El juez de la AN Eloy Velasco halla indicios de que el PP de Madrid financió de forma irregular a su hermano mayor nacional en las segundas generales del actual presidente del Gobierno

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha hallado indicios de que el Partido Popular de Madrid aportó fondos de origen ilícito a su hermano mayor nacional para financiar la campaña de las elecciones generales de 2008, las segundas en las que Mariano Rajoy se presentó como cabeza de lista del PP. El magistrado, que acaba de levantar el secreto en la pieza separada del caso Púnica en la que investiga las finanzas de la formación regional, ha remitido la documentación que apuntala estas sospechas a su compañero José de la Mata, encargado de investigar la presunta caja B de Génova en la llamada causa de los 'papeles de Bárcenas'.

Según apuntan a El Confidencial fuentes cercanas al caso, la contribución que hizo el PP madrileño para costear los gastos de esos comicios, celebrados durante la etapa de Esperanza Aguirre, se acercó al millón de euros. Solo 'una ayuda' si se compara con la cuantía de la entrada de dinero negro que se destinó a las municipales de 2007 y 2011, las otras dos campañas bajo sospecha en esta parte de la investigación del entramado que presuntamente dirigía Francisco Granados. "Les echaron una mano en aquellos comicios", señalan las fuentes consultadas.

La pieza separada de Púnica sobre la financiación irregular de los populares se centra en la actividad desplegada por el gerente del partido regional, Beltrán Gutiérrez, receptor de millones de euros en negro que destinó a tres procesos electorales. La mayor contribución se destinó a las elecciones de 2007. También existen pruebas que sustentan una financiación en B durante las autonómicas de 2003, pero el juez Velasco ha descartado investigar esta parte debido al tiempo transcurrido desde entonces y a que los presuntos delitos cometidos estarían prescritos.
Las sospechas se basan en anotaciones manuscritas del propio Gutiérrez y en la abundante documentación que se le incautó en varias tandas de registros. Como ya reveló El Confidencial, apuntan a que el encargado de las finanzas de la formación manejó “una contabilidad B de gastos electorales” que le habría permitido superar de forma sistemática “los límites de gasto electoral” sin que saltaran las alarmas en los órganos de fiscalización. Los fondos salieron del desvío de subvenciones de la Administración, así como del cobro de donaciones ilegales a cambio de “contratos públicos”. Estas donaciones no declaradas se camuflaban mediante pagos directos a las empresas que contrataba el PP para sus campañas.

Al menos tres empresas participaron de forma continuada —a lo largo de varios años— en esta dinámica ilegal, según ha podido saber este diario. El foco se sitúa sobre el grupo de publicidad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado, que ya admitió en 2012 haber utilizado esta fórmula para colaborar en la financiación ilegal del PP de Islas Baleares, y en concreto en una de sus empresas, Over Marketing. Los investigadores sospechan que recibió millones de euros en adjudicaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid para campañas de publicidad y 'marketing'. Parte de esos fondos públicos habrían sido desviados, según Velasco, para costear las campañas.
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También forma parte del trío la agencia Carat, a la que el PP de Madrid adjudicó su publicidad exterior; por último, una sociedad del empresario Óscar Sánchez Moyano, Sintra Consultores, que, según la documentación incautada, canalizó al menos 600.000 euros en las elecciones de municipales y autonómicas de 2007. Entre las carpetas que ocultaba Gutiérrez en su casa, los investigadores localizaron varios folios manuscritos con un plan de medios que identificaba el origen real del dinero que manejó la formación en esos comicios. El exgerente anotó que el capítulo de publicidad exterior requería un gasto de “1,5”, en referencia a 1,5 millones de euros. Por su parte, para publicidad en “prensa radio”, el partido destinaría “0,9”, 900.000 euros. Esta última partida terminó ascendiendo a 1,1 millones de euros. Y, finalmente, la “campaña de medios exteriores” supondría una inversión de otros “0,6”, 600.000 euros.

Tres responsables políticos

Según el juez, en el desvío de las ayudas públicas habrían tenido un papel destacado tres dirigentes del partido. Además del primero y evidente, el ex secretario general de la formación y presunto cerebro de Púnica Francisco Granados y el exgerente Beltrán Gutiérrez, el magistrado también da importancia al papel del exconsejero de Transportes José Ignacio Echevarría, con responsabilidades en la tesorería y gerencia del partido en Madrid.

Además, investiga la cooperación en la entrada de fondos ilegales de una entidad satélite, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, más conocida por su acrónimo Fundescam. Empresarios y adjudicatarios públicos realizaban donaciones a Fundescam con la excusa de apoyar su supuesta actividad cultural y formativa. Pero el dinero era luego desviado mediante facturas falsas a la caja B del PP de Madrid y se destinaba a actos de campaña.

La Fiscalía Anticorrupción ya advirtió en 2010 dentro del caso Gürtel de que la formación había utilizado ese método para concurrir a elecciones de 2003 y 2004. Es un sistema idéntico al que presuntamente usó CDC para ocultar sus donaciones ilegales a través de tres fundaciones: Trias Fargas, CatDem y Fórum. Asimismo, en el caso Filesa, el PSOE también se aprovechó de mercantiles satélite para triangular donaciones de empresarios que terminaron engrosando su contabilidad paralela.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-10/punica-audiencia-nacional-financiacion-irregular_1379944/

GRANADOS PIDE SALIR DE PRISIÓN PARA CUIDAR A SUS HIJAS "EN SU MODESTA CASA HIPOTECADA"

En un nuevo escrito, suplica, más que pide, quedar libre, y defiende que debe salir para hacerse cargo de sus dos hijas adolescentes que viven "en una modesta casa hipotecada"

El presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, ha vuelto a solicitar al juez Eloy Velasco su excarcelación, cuando se cumplen tres años y medio desde que fuera enviado a prisión. En un nuevo escrito, suplica, más que pide, quedar libre, y defiende que debe salir para hacerse cargo de sus dos hijas adolescentes que viven "en una modesta casa hipotecada" donde se ven obligadas a compartir habitación. El número de peticiones de este tipo cursadas por el preso más famoso de la red de corrupción se acerca ya a la decena.

El escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, defiende que no existe riesgo alguno de que el que fuera hombre fuerte de Esperanza Aguirre destruya pruebas o influya en otros imputados por la trama Púnica. "Es español, reside en España donde vive con su mujer y dos hijas adolescentes, que precisan de la presencia de su padre, en una modesta casa hipotecada", destaca.

También pone de manifiesto que la vivienda ha estado a punto de ser embargada y solo una reciente autorización del Juzgado ha permitido cancelar, con cargo a las cuentas bloqueadas, las letras pendientes salvando la propiedad. En la casa, situada en el mismo pueblo donde siempre ha residido, Valdemoro, "las niñas comparten dormitorio" cerca de su abuela, la "anciana madre" de Granados. "Desde que su hijo ingreso en prisión, únicamente sale a la calle para ir a visitarle", destaca también el escrito.

El 'Falcon Crest' de Granados en Ávila: 84 hectáreas, 24 caballos y seis 'quads'

La Guardia Civil acusa a Francisco Granados de cohecho y blanqueo de capitales por haber disfrutado durante una década de una finca de Ávila que le regalaron constructores

"Carece de otras fuentes de ingreso que no sean las del trabajo de su mujer, ingresos estos últimos reducidos a una ridícula cantidad como consecuencia de la publicidad del presente procedimiento", se queja el que fuera secretario general del PP de Madrid. También lamenta "el trato claramente discriminatorio" que sufre en relación con tantos otros investigados e incluso "condenados en situación de libertad", dice en clara referencia a casos como Nòos o el de las tarjetas 'black'.

En el más absoluto "olvido y abandono"

El escrito, plagado de reproches, también recrimina la falta de sustento que en su opinión tiene su supuesta tenencia de un patrimonio oculto. "¿Qué se ha hecho en los últimos meses, incluso en el último año, en orden a acreditar tales extremos? Pues nada de nada", dice, y agrega: "Granados se encuentra en una situación de absoluto olvido y abandono".

La Guardia Civil investiga otra caja B del PP de Madrid que funcionó entre 2010 y 2014

La UCO rastrea la contabilidad de la fundación Fundescam tras descubrir que el Partido Popular de Madrid la habría utilizado para financiarse ilegalmente incluso después de que estallara Gürtel

Niega disponer de fondos escondidos y se desvincula de las más de 190 sociedades que —dice— forman el entramado empresarial de David Marjaliza. Granados intenta cargar a su antiguo socio y amigo con el peso de las irregularidades investigadas y destaca que nada tiene que ver con las "ilícitas maniobras" del empresario. "De las más de 5.000 llamadas intervenidas a Marjaliza durante casi cinco meses, únicamente 30 fueron con Granados, la gran mayoría de 'contenido social' y ninguna de ellas relacionadas con operaciones, negocios, contratos públicos o supuestas maniobras ilícitas", destaca su abogado, que tacha la confesión de este coimputado de "disparatada e incongruente".

También rechaza Granados contar en la actualidad con influencias o capacidad de presión. No cuenta con "NINGUNA" capacidad ni poder para ello, destaca en mayúsculas mientras clama ante la injusticia que a sus ojos supone llevar en prisión "¡¡¡¡TRES AÑOS!!!!" cuando la ley permite mantener en estos casos la prisión provisional solo seis meses.
"No existe causa que justifique el mantenimiento de prisión durante tan dilatado periodo de tiempo, más de 30 meses, con los enormes perjuicios que de dicha situación se derivan no solo para el interesado sino también para su familia", concluye el escrito.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-08/francisco-granados-audiencia-nacional-punica-eloy-velasco_1379236/

VELASCO PREGUNTA A ANTICORRUPCIÓN SI CIERRA LA INSTRUCCIÓN DE PÚNICA TRAS LEVANTAR EL SECRETO DE LA CAJA B

El juez de la Audiencia Nacional ha dictado una providencia donde pregunta al Ministerio Fiscal si se debe prorrogar de nuevo la instrucción del caso Púnica, declarada causa compleja, y si considera conveniente practicar más diligencias en este procedimiento. El plazo legal para investigar esta trama de corrupción expira el próximo día 15.

El próximo 15 de mayo expira el plazo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para que la Audiencia Nacional pueda continuar investigando uno de los mayores casos de corrupción que tenido lugar en nuestro país en los últimos años. Se trata de la trama Púnica que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia, el magistrado Eloy Velasco.

Por esta razón, el instructor ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, donde pregunta al Ministerio Fiscal si considera necesario prorrogar esta instrucción o, por el contrario, se debe cerrar ya. El artículo 324 de la LeCrim establece que si la instrucción de una causa es declarada compleja "el plazo de duración de la instrucción será de dieciocho meses, que el instructor de la causa podrá prorrogar por igual plazo o uno inferior a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las parte".

En la providencia, el juez Velasco solicita a las fiscales Anticorrupción, María Teresa Gálvez y Carmen García Cerda, que les informe sobre si, en primer lugar, solicitan la práctica de nuevas diligencias y cuáles son; en segundo lugar, sobre si concurre alguna razón que justifique la prórroga de la duración de la fase de instrucción; y, por último, sobre qué fecha aproximada estiman que sería el límite hasta el que prorrogarla.

Levanta el secreto de la Caja B
La instrucción de la trama Púnica arrancó en la Audiencia Nacional en 2014. Desde octubre de ese año, el ex consejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, se encuentra en prisión preventiva acusado de la comisión de varios delitos de corrupción como blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, etc. Dada la magnitud de las pesquisas de esta macrocausa, en septiembre de 2015 el magistrado decidió trocear la misma en catorce piezas separadas para agilizar la instrucción.

Este viernes, el juez levantó el secreto de la pieza separada número 14. En ella, Velasco y las fiscales investigan la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid. Están imputados en dicha pieza, el ex gerente del PP madrileño, Beltrán Guitérrez, y el ex tesorero de la formación regional José Ignacio Echeverría. Los investigadores han apuntado ya a que Granados actuaba como "recaudador" para nutrir la supuesta Caja B de su partido.

Por su parte, el juez ya ha dado por finalizada la investigación de las piezas 1, 2 y 3 de esta causa. En la primera de ellas se investiga el chivatazo policial que recibió Granados antes de ser detenido; en la dos, a la trama leonesa de Púnica, y, la tercera, versa sobre cómo operaba esta red de corrupción en la región de Murcia. Estas tres piezas separadas están pendientes de ser enjuiciadas en estos momentos por la Audiencia Nacional.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/velasco-pregunta-anticorrupcion-cierra-instruccion-punica-levantar-secreto-caja-b-pp_0_1023498284.html

VELASCO LEVANTA EL SECRETO DE SUMARIO EN PÚNICA SOBRE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID

El titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha levantado el secreto de sumario sobre la pieza nº 14 de la trama Púnica donde se investiga la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.

Según asegura Velasco en el auto emitido este viernes, al que ha tenido acceso OKDIARIO, “a la vista del contenido de la documentación recibida por CEIM Confederación Empresarial de Madrid –CEOE y del informe favorable del Ministerio Fiscal, se acuerda el levantamiento del secreto de la presente pieza separada nº 14, compuesta de 56 tomos, relativa a Hechos relativos a Beltrán Gutiérrez (ex gerente del PP de Madrid) y Francisco Javier López Madrid (consejero de OHL), procediéndose a su desglose e incorporación a la causa principal”.

“Una vez escaneado y foliado”, continúa el auto, “el contenido de dicha pieza, se dará traslado a las partes. En diligencia aparte se indicará en qué pieza se incorpora cada uno de los particulares. Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio fiscal y del resto de partes personadas”.

El año pasado, los agentes de la UCO de la Guardia Civil registraban los domicilios y despachos de López Madrid y Gutiérrez, y hallaron diversa documentación sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid que afectaría a la patronal madrileña CEIM.

El magistrado toma esta decisión en plena ‘Operación Lezo’, que llevaba a la detención del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y del propio López Madrid. El empresario eludía el ingreso en prisión tras hacer efectiva al fianza de 100.000 euros impuesta por el juez. En esta operación, se investiga López Madrid pagó presuntamente una comisión de 1,4 millones de euros a través de OHL a González, por la concesión del tren al municipio madrileño de Navalcarnero.

Precisamente, Velasco emitía en las últimas horas otro auto en el que afirmaba que “visto el estado de las presentes actuaciones y estando próximo a expirar el plazo previsto” en la Ley para la instrucción de la presente causa, “se acuerda dar traslado al Ministerio Fiscal y demás partes personadas a fin de que antes del próximo 15 de mayo manifiesten si solicitan la práctica de nuevas diligencias y cuáles”.

Sobre la posibilidad de continuar la investigación, el titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional preguntaba “si concurre alguna razón que justifique la prórroga de la duración de la fase de instrucción” y “qué fecha aproximada estiman que sería el límite hasta el que prorrogarla”.

Las fuentes del caso consultadas por este diario indican que el hecho de que Velasco decrete el levantamiento del secreto de sumario sobre la pieza nº 14 de la Púnica sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid “no significa que se vaya a cerrar la instrucción de la causa”.

La investigación de esta trama corrupta se inició en febrero de 2014 y en octubre de ese año estallaba el caso con la detención del ex dirigente popular, Francisco Granados. Desde entonces, el ex consejero madrileño permanece en prisión, es decir, 32 meses encarcelado.

El magistrado toma esta decisión mientras “está en el aire” su continuidad en el Juzgado de Instrucción nº 6. Velasco se habría postulado para ocupar una de las plazas de la futura Sala de Apelación de la Audiencia Nacional que quedará constituida en las próximas semanas. La ‘Operación Lezo’ y el cierre de la Púnica podrían ser las últimas muescas en el revólver de Velasco antes de abandonar el juzgado.

https://okdiario.com/investigacion/2017/05/05/velasco-levanta-secreto-sumario-punica-financiacion-ilegal-del-pp-madrid-967569

EL HOMBRE FUERTE DE AGUIRRE METIÓ EN EL “CÁNTARO” 600.000 EUROS

El PP usó a la firma Sintra para pagar a proveedores de campaña y ocultarlo al Tribunal de Cuentas.

“No puedes estar sediento con lo que ha llovido”. Con esta frase, quien fuera gerente del Partido Popular madrileño y hombre fuerte de Esperanza Aguirre, Beltrán Gutiérrez, pedía un poco de tiempo a Óscar Sánchez Moyano para pagarle lo que le debía. Este empresario ofrecía -según la tesis de la Audiencia Nacional- sus empresas para pagar a los proveedores reales del PP de sus campañas políticas. Una de sus sociedades, Sintra, cobró 600.000 euros directamente del Partido Popular. Los investigadores consideran que el dinero sirvió para sufragar ilegalmente la campaña del partido durante las elecciones regionales de 2007.

En la documentación obrante en la pieza separada del caso Púnica sobre la financiación ilegal del PP madrileño, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, aparece cómo el PP de Madrid pagó a Sintra esa cantidad a través de dos cheques y una transferencia. Ese dinero, que no salió de la cuenta oficial para la campaña de 2007, sirvió para que desde la sociedad de Sánchez Moyano se pagara a los proveedores del PP sin que constara así oficialmente en el Tribunal de Cuenta.
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En la operativa gestionada por Beltrán Gutiérrez, investigado en la causa, el PP contrató por 517.168 euros a Sintra (599.915 con IVA) por trabajos ajenos a la campaña. Después, ese dinero era pagado por Sintra a las empresas que realmente hacían los trabajos para la campaña, o incluso todavía se utilizaba otra sociedad interpuesta antes de llegar al trabajador real.

La Guardia Civil llega a esta conclusión después de analizar una serie de documentos intervenidos en el registro de Gutiérrez hace un año ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Este contrato se compara con otro documento con el encabezamiento “Campaña PP” -presuntamente elaborado 'por el propio Gutiérrez- y en el que se puede ver como el PP hace tres pagos por la suma exactamente igual que el contrato anterior con Sintra, 517.168 euros. Esto demuestra, para la Guardia Civil, que “el PP de Madrid habría sufragado gastos electorales desde la cuenta corriente de funcionamiento del partido al margen de la cuenta corriente de la campaña electoral con el objeto de sustraerlos del control de la Cámara de Cuentas”.

La normativa que regula los comicios electorales establece que debe crearse 'ad hoc' para cada uno de ellos una cuenta corriente en la que se centralicen tanto los ingresos como los gastos concernientes a la campaña, distinguiendo este tipo de gastos de los de funcionamiento ordinario. Estos documentos demostrarían que esta normativa fue incumplida en diversas campañas electorales.

Pagos del gerente al intermediario

Estos documentos son relativos a la campaña de 2007 pero los mensajes de texto entre Beltrán Gutiérrez y Óscar Sánchez Moyano, revelados por EL ESPAÑOL, en los que hablan de pagos del gerente al empresario, con jerga como “¿tiene agua el cántaro?”, del año 2010 para la campaña electoral para las elecciones autonómicas de 2011.

En el segundo documento con el encabezamiento “Campaña PP” se identifica como cliente al partido, el cual debería de abonar en tres pagos una cantidad exactamente coincidente con la que aparece reflejada en el borrador del contrato con Sintra, ajeno a la campaña. En el mismo papel aparece otra tabla de “proveedores”, en la que se identifican conceptos, empresa e importes. Muchos de los cuales “coinciden exactamente en cuanto a importes y proveedores con el modelo 347 de la Agencia Tributaria (declaración de proveedores e ingresos recibidos de más de 3.000 euros de una empresa) de Sintra Consultores S.L., referido a las compras efectuadas en el año 2007.

El PP utilizó sociedades interpuestas

Todo esto demostraría, para los investigadores, que el PP ha utilizado a Sintra como una sociedad interpuesta para la facturación de actos de campaña electoral.

Un tercer documento avalaría la tesis de la Guardia Civil:

El 0,6 al lado de Sintra, coincidiría, según los investigadores, con los 600.000 euros pagados por el PP a esta sociedad para ocultar sus gastos de campaña. El 0,2 Over y 0,2 + 0,2 Carat “podría corresponderse al origen de esos fondos”, es decir los financiadores reales del PP, que sería Over Marketing y Carat España.

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170509/214728531_0.html

LOS SMS EN CLAVE DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP: “¿TIENE AGUA EL CÁNTARO?" "YA SE ESCUCHA EL RUMOR DEL AGUA”

El gerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez, y el conseguidor hablaban como “organizaciones criminales”, según la UCO.

“Querido mío, ¿tiene agua el cántaro? Mis obligaciones me aprietan”. Con este mensaje, uno de los hombres utilizados por el Partido Popular para vehicular los pagos de las campañas del PP de manera irregular, y ajenos al Tribunal de Cuentas, pedía dinero al gerente del partido madrileño, Beltrán Gutiérrez, uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre cuando presidía la Comunidad de Madrid.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a una conversación que consta en la pieza sobre la financiación ilegal del PP en el sumario del caso Púnica y que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco levantó el secreto de sumario este pasado viernes. La primera pregunta la hace, vía mensaje, Óscar Sánchez Moyano, propietario de un conjunto de empresas a través de la cual se habrían pagado gastos de campaña.

“Ya se puede escuchar el rumor del agua. Espero que en esta semanilla”, le contesta Gutiérrez. Estos mensajes están fechados el 30 de noviembre de 2010, fechas en las que ya se estaba preparando la campaña electoral de 2011 para las elecciones municipales y autonómicas de Madrid, y en las que Esperanza Aguirre fue reelegida presidenta madrileña. Para la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en esos mensajes se estaría hablando de entregas de dinero por Beltrán Gutiérrez al empresario.

SOCIEDADES INTERPUESTAS PARA PAGOS AL PP

El modus operandi entre Sánchez Moyano y el PP era el siguiente. Este empresario disponía de una serie de empresas que recibía a través de trabajos ficticios dinero de los pagadores reales del PP, como es por ejemplo el caso de Indra, adjudicatoria de contratos públicos por la Comunidad de Madrid. Indra hace una serie de pagos a empresas de Moyano, éste a su vez hace pagos por el mismo importe a otras sociedades, y estas últimas son las que pagan los trabajos reales realizados para la campaña del PP madrileño.

De esta manera, en esos pagos, el PP queda ajeno a cualquier pago de esos trabajos, y por tanto no los tiene que justificar ante el Tribunal de Cuentas. Para el pago de proveedores en campaña, cada partido tiene que abrir una cuenta específica de campaña para que puedan ser controlados los pagos y que no superen el límite legal establecido. Así que por un lado el PP hacía los pagos oficiales y por otro lado, utilizaría el anterior modus operandi para articular los pagos ajenos a esa contabilidad, y que demostraría la financiación ilegal del partido.

Durante el registro realizado por la UCO en el domicilio de Beltrán Gutiérrez hace un año, se le incautó documentación y un 'pendrive', tal y como adelantó este diario. Entre los papeles manuscritos, Gutiérrez dejó plasmado el pago con dinero b de parte de la campaña, y entre sus apuntes ya aparecían las empresas del empresario con quien se intercambió estos mensajes.

"LA SEQUÍA ES IMPORTANTE"

Según los investigadores encargados del caso, a cambio de hacer esta operativa, el PP pagaría por sus servicios a Sánchez Moyano. Dos días después de esa primera conversación, el empresario vuelve a contactar con Beltrán Gutiérrez -investigado en esta pieza- y le recuerda:

O.S.M: ¿Llueve? Porque la sequía es importante a día de hoy.

B.G: Ven a por el agua.

O.S.M: Voy!!!

B.G: Me puedes mandar a alguien.

O.S.M: Ya ha salido para allá jajajajajajaja

"NO PUEDES ESTAR SEDIENTO CON LO QUE HA LLOVIDO"

Esa conversación se produjo el 2 de noviembre de aquel año. Tan sólo 11 días después volvían a sacar el asunto:

O.S.M: Querido mañana podemos vernos en el Universal? Ya sabes que además de nuestras cosas, tenemos que hablar de aguas minerales.

B.G: No puedes estar sediento. Con lo que ha llovido. Mañana imposible, pasado.

O.S.M: Leído ottia!! Lo mismo me decía mi yaya cuando me daba la paga y me lo gastaba! Se pensaba que los cromos valían a real!!! Ok, desayuno el miércoles. Ab!!

B.G: Tanto cromo te ha perdido. Hasta el miércoles.

"HABLO CON BORJA Y PACO"

El mismo miércoles 15 de diciembre por la tarde, después de la cita que habían pactado, Sánchez Moyano vuelve a escribir al entonces gerente del PP de Madrid:

O.S.M: No te olvides de mi pls (please -en inglés; por favor-)

B.G: Te tengo muy presente. He hablado de ello con Borja y me falta con Paco. Mañana.

El análisis de la Guardia Civil es que en esa conversación se estaba hablando de dinero. Y es más, con la expresión “no puedes estar sediento con lo que ha llovido”, hace indicar que además significa que la cantidad monetaria es importante. Para los investigadores, el uso de este lenguaje es propio de “organizaciones criminales” como medidas de seguridad para evitar para, en caso de tener el teléfono intervenido, no se pueda sabe de qué hablan.

En el último mensaje, después de que el empresario parece le esté volviendo a pedir dinero, el gerente del PP en aquel entonces le contesta que ha hablado con Borja y que tiene que hablar con Paco, dando a entender, para los investigadores, que estas personas deberían dar su visto bueno a la operación solicitada.

Para la UCO, las personas de Borja y Paco “podrían corresponderse” con Borja Sarasola yPaco Granados, respectivamente. La actividad de gerente del partido, según los propios estatutos de la formación, está controlada por el secretario general, que en aquel entonces era Francisco Granados, en prisión por el caso Púnica desde octubre de 2014. Resulta que después ese puesto pasó a ocuparlo Ignacio González, que se encuentra en prisión desde el pasado 20 de abril, en el marco de la Operación Lezo y en el que también se investiga, entre otras cosas, la financiación ilegal del partido regional.

Por su parte, Sarasola fue diputado de la Asamblea de Madrid desde 2003 a 2015, cuando dejó la carrera política para irse a un despacho de abogados. Previamente, fue consejero de Medio Ambiente en la época de Ignacio González.

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170507/214228756_0.html

EL PP DE MADRID USÓ EN LA CAMPAÑA DE 2011 EMPRESAS PANTALLA QUE YA FIGURAN EN LOS PAPELES DE 2007 INCAUTADOS A SU EXGERENTE

Dos sociedades de los manuscritos de Beltrán Gutiérrez aparecen en la lista de mercantiles a las que Indra pagó 700.000 euros en 2011 por facturas que, según el juez Velasco, escondían trabajos para el partido

Swat, que en 2006 recibió de la Comunidad de Madrid 1,3 millones para “evaluar” la estrategia de comunicación de un organismo público, y Sintra Consultores se repiten en 2007 y 2011

Los avances en la Operación Lezo han destapado que, para obtener financiación opaca, el PP de Madrid utilizó presuntamente en las elecciones de 2011 empresas de las que ya se había valido en 2007.

Desde el estallido del caso Gürtel en febrero de 2009, estuvo sobre la mesa la supuesta financiación ilegal del PP a través de varias vías: donaciones a la fundación Fundescam; gastos partidarios abonados a las empresas de la trama con fondos de distintas administraciones; y facturas electorales asumidas, también en 2007 y 2008, por adjudicatarias de contratos públicos, una operativa que han terminado confesando nueve empresarios valencianos.

Pero nada de eso, ni el terremoto provocado por los arrestos y las tempranas imputaciones de cargos públicos en el caso Gürtel ni la posterior constatación de que distintos empresarios habían sufragado gastos del partido mediante facturas falsas, torció las rutinas del PP de Madrid. Un ejemplo: el nombre de las empresas Sintra y Swat ya salió a la luz hace un mes a través de los papeles incautados a quien en 2007 era gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez. Ahora, ambas aparecen de nuevo en el auto donde el juez Eloy Velasco señala a nueve mercantiles –"entramados de empresas pantalla", dice la resolución– como receptoras de casi 700.000 euros pagados por Indra en 2011 para sufragar gastos camuflados del PP.

Dos vías de financiación ilegal

Las indagaciones sobre la –presunta– financiación ilegal del PP madrileño certifican la utilización de distintas vías. En lo que concierne a estas empresas, la formación conservadora habría utilizado dos. La primera, esta: adjudicatarios públicos –en este caso, Indra, una firma habitual en los contratos de la Agencia de Informática, ICM- asumían gastos electorales del partido aceptando facturas falsas como si estas se correspondieran con trabajos de publicidad o similar efectuados para la compañía pagadora. La segunda habría consistido en satisfacer parte del coste de las campañas electorales otorgando contratos públicos a las firmas que habían realizado las campañas: así lo admitió el propietario de Over Marketing, una de las firmas investigadas en la pieza sobre financiación del PP que Velasco instruye en el marco de la Operación Púnica.

Cinco de las nueve compañías están vinculadas al mismo empresario que capitanea Sintra Consultores SL. Otras tres, al que dirige Swat. La última es Strat Map. Los tres empresarios figuran entre las 58 personas cuyas propiedades ha ordenado averiguar el juez Velasco en previsión de eventuales embargos preventivos. Tanto el máximo responsable de Sintra Consultores, Óscar Sánchez, como el de Swat, Juan Miguel Madoz, rehúsan ofrecer su versión sobre lo sucedido bajo el argumento de que el juez les ha prohibido hablar de aquello que está bajo investigación. El tercer empresario, José Miguel Alonso, que también estuvo vinculado a Swat, no pudo ser localizado.

De las nueve sociedades que Velasco incluye en su resolución judicial como destinatarias de los pagos de Indra bajo sospecha, cuatro facturaron al partido entre 2007 y 2011, según la contabilidad oficial del PP. Sintra Consultores SL declaró trabajos para la formación conservadora en 2007, año de elecciones autonómicas y municipales, por 599.915 euros. Otra de las sociedades del mismo grupo, Troyano Marketing y Diseño SL, contabilizó 200.069 euros en 2011 por sus servicios al PP. Y una tercera pieza de la misma constelación societaria, Braveheart Management SL, facturó a la formación conservadora 81.200 euros en 2008.

Una de las empresas de la lista ya suscitó las sospechas de la oposición un año antes de las elecciones de 2011: Swat SL, a la que el Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó un contrato de nada menos que 1,3 millones en 2006 para “evaluar” la estrategia de comunicación del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade). En 2009, y según los documentos incorporados por Hacienda al sumario Gürtel, Swat facturó 61.245 euros al PP. Y 21.240 al siguiente año.

Los manuscritos incautados por la Guardia Civil en el domicilio del exgerente del PP plasma lo que los investigadores consideran un reparto de los costes reales de las campañas de 2007, cuando se celebraron autonómicas y municipales.

Según esos manuscritos, Over Marketing habría recibido del PP 1,03 millones de euros, Carat –durante años ligada al exportavoz del Gobierno de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, que en 2007 ya no dirigía la compañía- se hizo con 1,5 millones y Sintra con 600.000 euros.

¿Y dónde aparece Swat? Su nombre no se menciona en los papeles de Beltrán Gutiérrez pero fue a su fax a donde se enviaron desde la sede del PP dos hojas mecanografiadas que detallan gastos electorales por 441.425,45 euros.

El sumario de la Operación Púnica muestra cómo un empresario declaró en 2015 ante el juez Velasco que su compañía, dedicada a la investigación demoscópica, Demométrica, había hecho en 2008 y 2009 un sondeo en cuatro oleadas sobre la valoración de los distintos líderes políticos de la Comunidad de Madrid y por el que Swat le pagó 36.598 euros. Braveheart Management desembolsó otra cantidad idéntica. Uno de los directivos de Demométrica aseguró al aportar sendas facturas que le habían dicho que Braveheart “era una empresa del mismo grupo” que Swat.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/31/la_operacion_lezo_revela_que_madrid_uso_mismo_circuito_financiacion_2011_que_2007_64581_1012.html

EL JUEZ DE PÚNICA REVISA FACTURAS QUE SUMAN 16 MILLONES POR LA CAJA B DEL PP

La pieza secreta sobre la presunta financiación irregular del PP madrileño corresponde a la etapa de Francisco Granados como secretario regional

El juez Eloy Velasco, que investiga el caso Púnica, ha reclamado a la Comunidad de Madrid toda la documentación sobre los gastos de 16,5 millones de euros del plan de inversiones Prisma 2006-2007 para incorporarlos a la pieza secreta en la que investiga la presunta financiación irregular del PP madrileño en la etapa de Francisco Granados como secretario regional. La relación de gastos incluye desde la colocación de primeras piedras de obras al pago de consultorías.

La reciente Operación Lezo no ha impedido que el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Eloy Velasco, haya seguido trabajando en el otro gran sumario que acorrala al PP de Esperanza Aguirre por su presunta financiación irregular: el caso Púnica.La semana pasada, el magistrado ordenó a la Comunidad de Madrid que remitiera a la Audiencia Nacional toda la información que tuviera sobre los 16,5 millones de euros que se gastó el Ejecutivo regional para promocionar el Plan Regional de Inversiones de Madrid (conocido como Prisma) durante los años 2006 y 2007, etapa en la que el presunto cabecilla de la trama, Francisco Granados, controlaba como consejero de Presidencia la millonaria partida dedicado a dicho plan.

Velasco quiere conocer los expedientes de contratación, las memorias y los certificados de ejecución de los trabajos, según confirman a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación. Toda la documentación se ha incorporado a la única pieza del sumario que aún permanece bajo secreto, la referida a la supuesta caja b del partido, y en la que están imputados, entre otros, el que fuera gerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez, el exconsejero de Transportes José Ignacio Echeverría, y el empresario Javier López Madrid, también investigado en la Operación Lezo.

Gastos sin justificar

Los gastos ahora bajo sospecha en el caso Púnica fueron remitidos en 2010 por la empresa pública del suelo, Arpegio Áreas de Promoción Empresarial SA, ya investigada por otros gastos dentro del sumario, a la Comunidad de Madrid para que esta se hiciera cargo de la abultada partida. Sin embargo, la Intervención del Ejecutivo regional se negó en 2015, ya con Cristina Cifuentes en la presidencia, a validarla, al considerar que buena parte de los gastos que incluían no estaban convenientemente justificados.

La partida ha sido en los últimos meses objeto de debate en la Asamblea de Madrid por los conceptos e importe de gran parte de los trabajos reflejados en ella. Así, 5,9 de los 16,5 millones fueron destinados a “consultorías y asistencias para la tramitación de licitaciones”, y ahí se incluyeron los sueldos de una veintena de trabajadores contratados para llevar a cabo el plan de inversiones.

La siguiente gran partida es la destinada a actos de propaganda de las obras. Las facturas que el juez Velasco quiere investigar suman 3,3 millones en este concepto, que incluye los actos de colocación de primeras piedras. Hay, por ejemplo, una factura de 28.232 euros para la primera piedra de la comisaría de policía de Alcalá de Henares con la presencia de Esperanza Aguirre; otra por 29.000 euros para un acto similar con la residencia de mayores de Navas del Rey; y 35.000 euros más para dar publicidad a una obra del Plan Prisma en Serranillos del Valle. En total, solo en este tipo de celebraciones la Comunidad gastó 782.000 euros.

Más elevada es la partida dedicada a dar a conocer las obras: 2,5 millones en “campaña publicitaria instituciones”. En ella se incluyen 852.000 euros por la realización de un “vídeo estereoscópico en tres dimensiones” y los 500.000 euros gastados en la creación y mantenimiento de una web. También 28.072 euros invertidos en traer urgentemente desde China en avión 10.000 paraguas y bolígrafos de propaganda.

Junto a todo ello, otros gastos como 65.000 euros en teléfono, otros 78.000 en “útiles y herramientas de escritorio”, 96.027 en “supermercados, suministros higiénicos, farmacia, consumibles informáticos y bebidas (agua y café)” y 289.000 en el alquiler de plazas de garaje para empleados y el arrendamiento de oficinas.

No es la primera vez que Arpegio y algunas de estas partidas aparecen en el sumario de Púnica. En julio de 2016, Velasco ya reclamó a la Comunidad de Madrid que le entregase de manera “urgente e inmediata” toda la información del periodo 2006-2011 referido a 22 consorcios urbanísticos y un sinfín de contratos de obras públicas del Plan Prisma. Entre ellos, los adjudicados por 9,8 millones a la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos SA (Dusa).

Entonces el magistrado ya apuntaba la sospecha de que todos estos contratos se licitaron de manera supuestamente irregular “bajo la esfera de dominio de Francisco Granados”, unas veces “en persona” y otras “por delegación”. El empresario David Marjaliza señaló en su confesión a Jaime González Taboada, entonces vinculado a Arpegio y hoy consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cristina Cifuentes, de cobrar comisiones por estas obras. Taboada siempre lo ha negado.

En el sumario también se investiga a la Fundación de la empresa pública por la financiación con más de 300.000 euros de un concierto organizado por Waiter Music, una empresa de la trama.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/23/actualidad/1492968594_789226.html

LOS ÚLTIMOS INFORMES DEL ‘CASO PÚNICA’ AMENAZAN A SEIS CARGOS PÚBLICOS DEL PP

Tras actuar contra Pedro Antonio Sánchez, el juez Velasco debe decidir sobre varias imputaciones

Pedro Antonio Sánchez no ha sido el primer cargo público salpicado por el 'caso Púnica' ni será el último. Antes que él ya tuvieron que dejar su puesto concejales, alcaldes, parlamentarios regionales y consejeros de gobiernos autónomos. Los últimos informes de la Guardia Civil sobre las supuestas irregularidades apuntan a que la lista seguirá creciendo. Varios documentos policiales incorporados en los últimos meses al sumario señalan como presuntos autores de delitos a una senadora, a un diputado autonómico valenciano, a otro de la Asamblea de Madrid, a un alcalde de esta última comunidad y a dos concejales.

Una de ellas es la senadora Pilar Barreiro, cuya condición de aforada obligará al magistrado de la Audiencia Nacional a seguir el trámite judicial que acaba de realizar para el ya expresidente de Murcia: elaborar una exposición razonada para que, en este caso, sea el Tribunal Supremo quien la investigue. Incluida en la misma pieza separada del sumario que ha puesto contra las cuerdas a Pedro Antonio Sánchez, fuentes jurídicas apuntan a que este hecho se producirá “en breve”. En uno de sus últimos autos, el juez Velasco la considera autora de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por el supuesto desvío de fondos públicos cuando era alcaldesa de Cartagena para pagar a la trama una campaña personal de reputación ‘online’. La Fiscalía Anticorrupción detallaba en un reciente informe decenas de “sólidos indicios” contra ella, entre ellos cuatro facturas supuestamente manipuladas para justificar el pago de 4.840 euros.

También los trabajos para limpiar la imagen en Internet de un político son lo que acorrala a Víctor Soler, parlamentario del PP en las Corts valencianas. En su caso, el beneficiado era el entonces alcalde de Gandía, el popular Arturo Torró, quien dimitió tras saltar a la luz su presunta relación con la red de corrupción. Soler, sin embargo, conserva su cargo de concejal en esta localidad valenciana y su escaño en la cámara regional pese a que un informe de la Guardia Civil del pasado 17 de noviembre le señala como presunto autor de fraude, cohecho y malversación de caudales públicos. Los investigadores le consideran "el interlocutor directo” con el experto informático Alejandro de Pedro “en la determinación de los trabajos reputaciones a realizar [para Torró] y la manera de sufragarlos".

El informe policial destaca que estos servicios fueron facturados con cargo a las arcas municipales "como presuntos trabajos de posicionamiento 'online' del Ayuntamiento de manera continuada durante 15 meses", pero que en 2013 surgió "una discrepancia" con De Pedro que hizo que este dejara de recibir dinero y, en consecuencia, decidiera dejar de trabajar para el regidor. Soler fue quien buscó "una fórmula de pago" que supuestamente incluyó que un constructor se hiciera cargo de la deuda por "los trabajos pasados y futuros" del entonces alcalde de Gandía.

También parlamentario regional, aunque en la Asamblea de Madrid, es Bartolomé González, exalcalde de Alcalá de Henares. Es precisamente por su gestión al frente de este consistorio por lo que este político, considerado muy cercano a Esperanza Aguirre, figura citado en un informe de la UCO incorporado al sumario del caso Púnica en septiembre. En concreto, por su presunta participación en el supuesto amaño para adjudicar un contrato millonario de eficiencia energética a la empresa Cofely. El documento policial destaca que el constructor David Marjaliza aseguró en su confesión ante el juez Velasco que se había acordado el pago de 60.000 euros a Bartolomé González, aunque no recordaba si se le llegó a pagar. Los agentes han localizado una factura falsa por esta cantidad supuestamente destinada a generar dinero negro con el que abonar la mordida, además de un correo electrónico enviado por uno de los implicados de la trama en el que se cita al “alcalde Bartolomé”. Este contrato también afecta a un concejal del PP en este Ayuntamiento, Marcelo Isoldi, al que la Guardia Civil relaciona con la misma adjudicación a dedo.

Los dos últimos cargos públicos señalados por informes de la UCO pertenecen al actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Brunete (Madrid). Se trata del alcalde, Borja Gutiérrez, y de la concejal Ana Cristina Gil. Ambos ya han declarado ante la Guardia Civil. El primero, como presunto autor de los delitos de fraude y cohecho. Su compañera, por fraude. Los investigadores les relacionan con el supuesto amaño frustrado de un contrato de eficiencia energética de 8,9 millones de euros en este municipio de 10.000 habitantes. En su confesión, Marjaliza aseguró que la trama iba a pagar a cambio una encuesta electoral valorada en 8.000 euros más IVA que se pensaba camuflar como un estudio de gestión energética. Las pesquisas posteriores revelaron que la Púnica también iba a correr con el coste de unos conciertos de las fiestas patronales. El informe policial, fechado el 14 de diciembre, implica en estos hechos a otras nueve personas, la mayoría directivos de Cofely.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/07/actualidad/1491592059_605089.html

LA AGENDA DE GRANADOS PRUEBA QUE EN 2010 HIZO SEGUIMIENTO DIRECTO DE UN CONTRATO AMAÑADO PARA UNA EMPRESA DONANTE DEL PP

El ex secretario general del PP madrileño trazó un relato exhaustivo de las peticiones de Hispánica para prorrogar sin penalizaciones el plazo de construcción de la Ciudad del Deporte en Boadilla

La obra figura entre las que sustentan la acusación en esa pieza separada del 'caso Gürtel', pendiente de juicio y donde el PP figura como presunto beneficiario económico de los manejos de la trama y sus cómplices

Las anotaciones manuscritas de la agenda secreta de Francisco Granados, incautada en su domicilio durante los registros de la Operación Púnica y a la que infoLibre ha tenido acceso, confirman que el antiguo número dos del PP madrileño hizo en el otoño de 2010 un seguimiento personal y directo de las vicisitudes del proceso de construcción de la llamada Ciudad del Deporte en el municipio de Boadilla. La obra había sido adjudicada en diciembre de 2007 a Constructora Hispánica, una de las empresas cuyas -presuntas- donaciones al PP quedaron reflejadas en los papeles de Bárcenas y cuyo antiguo propietario, Alfonso García Pozuelo, confesó en octubre haber entregado dinero a Francisco Correa "para organismos centrales". Aquel macroproyecto -se otorgó por 29,6 millones- constituye hoy uno de los ejes centrales de la acusación en una de las piezas separadas del caso Gürtel pendientes de juicio: la de Boadilla, donde el PP se arriesga a ser declarado beneficiario económico -partícipe a título lucrativo- de los manejos de la trama. Pese a su confesión en el primer juicio del caso que celebra la Audiencia Nacional, el de la llamada Época I, hace dos semanas García Pozuelo se ha negado a prestar declaración en la reabierta instrucción sobre la supuesta caja B del PP y los papeles de su extesorero.

Es una incógnita por qué Granados se tomó interés en los problemas de Hispánica y dedicó dos páginas de su agenda a narrar lo sucedido y consignar en estilo aprobatorio los argumentos de la empresa para obtener una prórroga de 13 meses en el plazo de ejecución de la Ciudad del Deporte sin que ello le costara el pago de penalizaciones. Pero las dos páginas que dedica al asunto crean de nuevo una zona de confluencia entre dos casos oficialmente ajenos el uno al otro: Púnica y Gürtel. La existencia de un área de intersección que conecta conjuntos en teoría diferentes ya afloró con los papeles intervenidos al exgerente del PP madrileño en los registros de Púnica: son esos papeles los que devuelven al primer plano la fundación Fundescam, cuyo papel en la financiación de las campañas de Esperanza Aguirre de 2003 fue investigado en Gürtel y finalmente relegado por prescripción. La decisión del juez instructor de Púnica, Eloy Velasco, de reclamar a la Comunidad de Madrid los contratos adjudicados al grupo de publicidad Over Marketing y sus empresas satélite establece a su vez un nexo con una de las piezas del caso Palma Arena, aquella donde el propietario de Over ya declaró en 2012 haber recibido contratos amañados también en la Comunidad de Madrid. El empresario admitió que había realizado actos gratis para el PP.

"Motivos ajenos al contratista"

A la prórroga sin contrapartidas para Constructora Hispánica, aprobada en noviembre de 2009 y "que acaba en dic. de este año" –escribió Granados en referencia a aquel 2010 que enfilaba ya su fin– se habían opuesto los altos funcionarios de Boadilla.

Y también de ese extremo dejó constancia el político, encarcelado desde octubre de 2014 por su -supuesto- liderazgo en la trama corrupta conocida como Púnica: "El secretario se niega a la prórroga", anotó el antiguo consejero del Gobierno madrileño para, a renglón seguido, hacer un apunte en sentido contrario: "Los técnicos de obras han informado a favor de la prórroga x motivos ajenos al contratista".

La narración de Granados coincide casi al milímetro, y salvo algún error como el del precio de adjudicación –la cifró en 26 millones en lugar de en 29,6–, con lo que realmente ocurrió: una técnica de Administración General había emitido un informe jurídico que refutaba los argumentos de Hispánica para ganar 13 meses de tiempo gratis. En el polo opuesto, la empresa de García Pozuelo había esgrimido un argumento que Granados, a quien aquella obra no concernía en absoluto desde el punto de vista institucional, recogió luego con fidelidad en su agenda: "Los desvíos de servicios se han retrasado x Iberdrola y Canal de Isabel II".

Reproducido por la Intervención General del Estado (IGAE) en su extenso dictamen sobre los desmanes del Ayuntamiento de Boadilla en materia de contratación, el informe jurídico de la técnica de Administración General del Estado recibió la conformidad de la vicesecretaria general del consistorio de Boadilla. Pero, capitaneado por Arturo González Panero, El Albondiguilla, el equipo local de gobierno del PP atendió la solicitud de Hispánica.

Lo cierto es que quien en 2010 se sentaba a la derecha de Esperanza Aguirre en el panel de mando del PP madrileño trazó un detalladísimo relato del asunto. Mencionó, incluso, la vertiente judicial de la Ciudad del Deporte: "El tema de esta adjudicación está en Gürtel (por comisión de 750' € a Tomás Martín Morales)", se lee en la página 12 de la agenda. "La informó un técnico eventual. Se llevó el expediente la policía", apostilló el dueño del cuaderno.

Fechado el 29 de junio de 2016, el auto de apertura de juicio de la pieza de Boadilla atribuye a Martín Morales, que había sido director general de Gestión Urbanística de la localidad, el cobro de 150.000 euros de comisiones por las obras adjudicadas a Hispánica en 2007. ¿Se equivocó Granados? No se sabe. De aquella remesa de comisiones atribuidas a Hispánica por las obras de 2007, sostiene la resolución judicial, el PP no recibió nada.

Por las obras encargadas a la constructora de Alfonso García Pozuelo en 2003, el PP había obtenido 30.050 euros, sostiene el auto del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. El auto incluye un apartado titulado así: "Los beneficios del Partido Popular". El texto arranca del siguiente modo: "El PP se benefició de algunas de estas operaciones consiguiendo que las empresas de la organización abonaran los costes de distintos actos políticos organizados por y para el Partido". En total, y siempre según el auto de apertura de juicio, 175.000 euros de origen ilegal se utilizaron en beneficio del PP, al que la resolución judicial no atribuye ningún delito. La reforma del Código Penal que incorporó el delito de financiación ilegal no entró en vigor hasta 2015, en la recta final del primer Gobierno de Mariano Rajoy.

Otro auto judicial, este dictado en marzo de 2015 por el juez Pablo Ruz en la pieza de los papeles de Bárcenas antes de traspasar el caso a De la Mata como su sucesor en el Juzgado Central 5, cuantificó en 258.161 euros lo que Alfonso García Pozuelo habría donado al PP entre 1998 y 2006. Como los otros empresarios que según Bárcenas aportaron fondos al PP, el que era dueño de Hispánica -finalmente vendió la compañía- se libró de aparecer en la lista de procesados de los papeles porque tanto Anticorrupción como el juez sostuvieron que en ningún caso era posible vincular las hipotéticas donaciones con la adjudicación de contratos públicos.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/05/la_agenda_granados_prueba_que_2010_hizo_seguimiento_directo_contrato_amanado_para_una_empresa_donante_del_pp_63422_1012.html

LA AUDIENCIA NACIONAL ENVÍA A MURCIA 41 INDICIOS DE DELITO CONTRA EL PRESIDENTE AUTONÓMICO

Conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil, SMS, documentos incautados a la trama e incluso datos de localización telefónica acorralan a Pedro Antonio Sánchez

El juez Eloy Velasco detalla las evidencias una a una en el escrito donde pide al TSJ murciano que investigue al político por cohecho, fraude y revelación de información reservada

Conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil, SMS, correos electrónicos, documentos incautados a la trama e incluso datos de localización telefónica. Numerados, fechados y desmenuzados en 41 puntos, los indicios fácticos de delito reunidos por el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, amenazan desde este lunes al presidente de Murcia con una segunda imputación, adicional a la que ya pesa sobre él por el llamado caso Auditorio. En la resolución, que coloca a Sánchez en el disparadero en vísperas de la moción de censura anunciada por los socialistas, el juez de la Audiencia Nacional pide al Tribunal Superior de Murcia (TSJM) que investigue al político por los presuntos delitos de cohecho (soborno), fraude a la Administración y revelación de información reservada.

Apoyándose en los hechos plasmados en esos 41 indicios, Velasco concluye que el presidente murciano no solo se concertó (fraude a la Administración) con la trama para adjudicarle un contrato público destinado a la realización de trabajos reputacionales "de carácter privado" (cohecho) sino que le facilitó información de la Consejería a cuyo frente estaba, la de Educación, "que no podía ser conocida" por sus destinatarios (revelación de información reservada). Según él juez, Sánchez sabía que aquello quedaba extramuros de la labor institucional e implicaba pagar con fondos públicos un trabajo de limpieza de imagen personal. "Él era consciente", escribe el magistrado.

El juez esgrime los 41 indicios mencionados así como la declaración de dos investigados en la causa como constatación de que solo el estallido de la Operación Púnica, el 27 de octubre de 2014, impidió que la Administración autonómica pagase "3.000 pavos" mensuales a la trama por "mejorar y limpiar" la "estima particular" del hoy presidente y entonces consejero de Educación de Murcia antes de las elecciones autonómicas de 2015.

Sánchez, sostiene Velasco, buscaba "conjurar" así el riesgo que las noticias "vinculadas a aspectos de corrupción urbanística" ya representaban entonces para su ascenso político. El magistrado remarca cómo "prueba del concierto de voluntades fueron las al menos cuatro reuniones presenciales" a las que asistió Pedro Antonio Sánchez, en algunos casos de forma "cuasi clandestina" y fuera de las instalaciones oficiales de la Consejería de Educación. La secuencia de indicios aportados por el juez al TSJM se abre precisamente con la referencia a un correo electrónico incautado en el domicilio de Alejandro de Pedro y que constituye un "recordatorio" de la reunión que mantuvo el 11 de junio de 2014 "entre las 16.30 y las 17.30" con Pedro Antonio Sánchez.

Bajo el argumento de que ni se produjo daño para las arcas públicas ni "puede establecerse" que el hoy presidente murciano llegara a concertarse con la trama -lo que constituiría el delito de fraude a la Administración- para que lavase su imagen privada a cambio de fondos públicos, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenó en febrero a Anticorrupción oponerse a la imputación de Pedro Antonio Sánchez. Pero Velasco no solo ha decidido seguir adelante sino que la exposición razonada que dirige al TSJM invoca en apoyo de sus tesis una sentencia de la que fue ponente el mismo José Manuel Maza cuando ocupaba una plaza de magistrado en el Tribunal Supremo.

Datada en 2014, esa es la sentencia del llamado caso Can Domenge [pincha aquí para leerla], que condenó en firme a la expresidenta del Parlamento balear, Maria Antonia Munar y a otros cuatro acusados. En esa resolución, Maza adujo que el delito de revelación de información reservada, presente en aquella causa al igual que el de fraude a la Administración, quedaba fuera de toda duda. ¿Por qué? Porque los beneficiados por la venta a bajo precio de un suelo público habían tenido acceso, para empezar, a "la ya inicial comunicación de que se pretendía enajenar la finca". Y, para continuar, se le fueron trasladando "informaciones concernientes a las iniciativas, criterios, presupuestos y orientaciones que se estaba dispuesto a admitir, introducir, aportar, rechazar o rectificar".

La analogía entre las peripecias de Munar y sus cómplices con lo sucedido en Murcia queda reflejada en parte de los 41 indicios que recoge Velasco, quien subraya que el delito de fraude "se consuma con el mero acuerdo o concertación con un interesado en algún contrato público" incluso si dicho contrato no llega materializarse.

El relato que traza el juez para documentar los indicios de delito incluye desde la transcripción de conversaciones cazadas por la Guardia Civil y que demuestran los avatares de la negociación con Pedro Antonio Sánchez y los suyos sobre el plan de limpieza de imagen hasta los datos de localización por repetidor del teléfono de Alejandro de Pedro, el gran experto de la trama Púnica en "reputación online", y que demuestran que el 24 de octubre de 2014 estaba donde le había dicho previamente a uno de sus empleados que iba a estar ese día: en la Consejería de Educación reunido con Pedro Antonio Sánchez.

"A este hay que limpiarle la reputación"

Frente al argumento exculpatorio utilizado por Anticorrupción y según el cual las investigaciones "entrañan dificultades de deslinde de la publicidad institucional de la reputacional", Velasco no alberga dudas: Sánchez, mantiene el juez, se concertó con Alejandro de Pedro y su equipo para le limpiaran su imagen "y así poder presentarse a aspirante a presidir el Gobierno autonómico, como finalmente consiguió". Pero nada de eso "lo sufragó con su dinero particular ni lo hizo personal al servicio de su cargo público de su gabinete de prensa, pues no está entre sus labores acondicionar la imagen privada de la persona". "Y él era consciente", apostilla aquí Velasco en alusión directa al presidente murciano.

El juez cita, uno a uno, el contenido de 13 correos electrónicos. Y transcribe la parte sustancial de los diálogos sostenidos por De Pedro y su socio, José Antonio Alonso, a lo largo de seis llamadas. En una de ellas, y en referencia a Pedro Antonio Sánchez, el socio de Alejandro de Pedro habla sin tapujos sobre el carácter personal y no institucional del trabajo que planean desarrollar: "A éste hay que limpiarle la reputación, este pura y dura reputación".

En la panoplia de indicios desplegada por Velasco ocupan una posición destacada y extensa los 11 imessage (una variante de los SMS) cruzados entre el 21 de septiembre de 2014 y el 23 de ese mismo mes por Pedro Antonio Sánchez y Alejandro de Pedro. De esos 11 mensajes, reproducidos de manera íntegra en la exposición razonada, "se desprende un interés del político por reunirse con Álex [Alejandro de Pedro], cosa que finalmente culminaron en un bar cercano al hotel donde se alojaba este en su visita a Madrid".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/04/la_audiencia_nacional_envia_murcia_indicios_delito_contra_presidente_autonomico_63365_1012.html

CUATRO FACTURAS FALSAS ACORRALAN A UNA SENADORA DEL PP EN EL ‘CASO PÚNICA’

La Fiscalía Anticorrupción incorpora al sumario nuevos informes contra Pilar Barreiro

"Datos objetivos", "sólidos indicios", "evidencias"… La Fiscalía Anticorrupción ha incorporado al sumario del caso Púnica dos anexos al informe con el que el pasado 13 de febrero pidió al juez Eloy Velasco que remitiese al Tribunal Supremo la causa contra Pilar Barreiro, senadora del PP, por el presunto desvío de fondos públicos para pagar a la trama trabajos de reputación online personales. Son 31 folios, desconocidos hasta ahora, en los que se enumeran los correos electrónicos, llamadas de teléfono, mensajes y documentos intervenidos a diferentes implicados y que sustentan la acusación contra la parlamentaria por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada.

Entre estas "evidencias" destacan cuatro facturas que Anticorrupción tilda de falsas y que supuestamente fueron manipuladas por la entonces alcaldesa de Cartagena (Murcia) y sus colaboradores para justificar la utilización de 4.840 euros de dinero de las arcas municipales para sufragar las actividades del experto informático de la red, Alejandro de Pedro, con la que pretendía lavar su imagen en Internet, afectada entonces por las noticias sobre el caso de corrupción Nova Cartago. Barreiro ha declinado a través del servicio de prensa del PP en el Senado dar a EL PAÍS su versión sobre dichas acusaciones.

El primer indicio sobre la supuesta "falsedad" de esos documentos mercantiles que recoge el documento de la Fiscalía es la conversación a través de mensajes de Whatsapp que mantuvieron el 27 de mayo de 2014 De Pedro, y un asesor de Pilar Barreiro en el consistorio, Francisco Ferreño. En ella, este recriminaba al primero que las empresas que realizaban los trabajos de reputación para la alcaldesa hubieran remitido las facturas con el concepto de "mantenimiento web". "Como sabes, quedamos en que nos facturabais por mes de publicidad".

Las pesquisas permitieron comprobar posteriormente que dichas facturas ya modificadas fueron remitidas a partir del mes siguiente desde un correo electrónico de las empresas del experto informático a la jefa de la secretaría particular de Pilar Barreiro en el Ayuntamiento, María del Mar Conesa, también imputada en el caso Púnica.

El anexo de Anticorrupción destaca que con estos datos se hizo un requerimiento judicial al Consistorio de Cartagena para que entregara toda la documentación del expediente con el que supuestamente se camufló el desvío de fondos como abonos por banners de publicidad en la red de periódicos digitales de Alejandro de Pedro para promocionar las "Fiestas de cartagineses y romanos" y la exposición sobre el "Tesoro de la Mercedes". La documentación que remitió el Ayuntamiento es calificada por la fiscalía en su escrito de "escueta" ya que se redujo a las cuatro facturas (tres de ellas de 968 euros y la última de 1.936 euros), distintos impresos de "propuestas de gastos", anotaciones contables electrónicas y capturas de pantalla de las inserciones publicitarias. No apareció ningún contrato.

En este punto, Fiscalía destaca las supuestas irregularidades detectadas precisamente en las facturas y, sobre todo, en la fecha que plasman los sellos de registro de entrada de dichos documentos en el Ayuntamiento. El primero es del 28 de octubre de 2014, solo un día después de que la Guardia Civil detuviera en la primera fase de la Operación Púnica a Alejandro de Pedro y a su socio, el exalcalde socialista José Antonio Alonso Conesa, estrechamente relacionado con la propia Pilar Barreiro. Los otros sellos son del 12 de diciembre de ese mismo año y del 27 de enero de 2015.

Para Anticorrupción, este detalle evidencia que fueron registradas en el Consistorio cuando este ya había efectuado el pago. Así, sobre la última factura, el documento de Fiscalía destaca que estaba fechada en junio de 2014, pero que no entró en el ayuntamiento hasta más de seis meses después, en enero de 2015. "Consta también en la misma factura otro sello de aprobación del gasto, de 30 de diciembre de 2014, que difícilmente pudo realizarse en dicha fecha, al ser la fecha anterior a la entrada en el Registro del Consistorio, lo que plantea serias dudas sobre la veracidad de las fechas o sobre el procedimiento de entrada y tramitación", recoge textualmente.

De todo ello, la Fiscalía hace responsable directa a la propia Pilar Barreiro, a la que considera máximo responsable de dar el visto bueno al pago. En este sentido, destaca que el Ayuntamiento de Cartagena remitió a la Audiencia Nacional la relación contable que acredita que fue la alcaldesa la que "autorizó" el abono de las facturas presentadas por las empresas de Alejandro de Pedro "consumando el desvío mensual de fondos públicos planificado". Como muestra de ello, reproduce el documento informático aportado por el propio consistorio que así lo acredita.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/02/actualidad/1491147244_793179.html

DOCUMENTOS MANUSCRITOS DEL GERENTE DE AGUIRRE CONTIENEN APUNTES DE LA PRESUNTA CAJA B DE LA CAMPAÑA DE 2007

Tres documentos manuscritos de Beltrán Gutiérrez, a los que ha tenido acceso infoLibre, indican que el partido destinó 1,5 millones a publicidad exterior y 1,03 millones a prensa y radio en las autonómicas de 2007

Sin embargo, el PP declaró a la Cámara de Cuentas que había destinado 265.002 euros al primer concepto y 550.000 al segundo. Es decir, 1,71 millones menos de lo presuntamente gastado

Un millón de euros lo habría aportado, según los papeles del gerente, la patronal madrileña CEIM

Tres documentos manuscritos del entonces gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, a los que ha tenido acceso infoLibre y que figuran en el sumario de la Púnica, indican que el partido destinó 1,5 millones de euros a publicidad exterior y 1,03 millones a prensa y radio en la campaña de las autonómicas de 2007. En total, 2,53 millones. Sin embargo, el PP declaró a la Cámara de Cuentas que había gastado 265.002 euros por el primer concepto y 550.000 por el segundo. Es decir, declaró 1,71 millones menos de lo presuntamente gastado.

En los papeles del gerente del PP que entonces presidía Esperanza Aguirre también se hace referencia a los supuestos financiadores de los gastos publicitarios. Así, los documentos manuscritos incluyen varias referencias a "Diego de León", lo que según los investigadores supone una alusión a la patronal madrileña CEIM, cuya sede está situada en la calle del mismo nombre. En el mismo documento aparece el apunte: "Jueves 10:00 CEIM", lo que parece ser una cita con la organización entonces encabezada por el empresario Arturo Fernández, que junto al propio Beltrán Gutiérrez está imputado en la Púnica por la financiación ilegal del PP madrileño.

En total, siempre según los documentos manuscritos, la patronal madrileña habría aportado un millón de euros para los gastos publicitarios de la campaña electoral de 2007.

El resto del dinero procedería de la "CAM", siglas con las que se conoce a la Comunidad Autonómica de Madrid y que también identificaban a la Caja de Ahorros de Madrid (ahora Bankia), origen de otro millón de euros. Mientras que el PP sólo habría puesto 400.000 euros. Hay otros 130.000 euros cuya procedencia no aparece identificada con claridad en los papeles del gerente de Aguirre.

Documento manuscrito 2: el origen del dinero. Documento manuscrito 2: el origen del dinero.

Registro de la vivienda

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que registraron el 11 de febrero de 2016 la vivienda del Beltrán Gutiérrez Moliner requisaron, entre otra abundante documentación, tres folios manuscritos que apuntan a que el PP madrileño superó con creces sus límites de gasto de la campaña electoral de 2007.

En concreto, uno de los papeles incluye los apuntes "Prensa y Radio: 0,9+ 0,13" y "Exterior 1,5", en una supuesta alusión a los gastos publicitarios en la campaña, en concreto a los asignados a los medios de comunicación y a la publicidad de calle, lo que supondría en total 2,53 millones de euros. Esta cifra es muy superior a los 265.002 euros en publicidad exterior y a los 550.000 euros que el PP justificó ante la Cámara de Cuentas, según el informe de fiscalización de este órgano.

En total, y de forma oficial, el PP especificó a la Cámara de Cuentas que en la campaña de 2007 hizo un gasto de 2.664.052 euros, siendo el límite fijado por ley de 2.763.764 euros. Sin embargo, los documentos interceptados por los agentes indican que solo en los conceptos de publicidad en medios de comunicación y en las calles la formación liderada por Aguirre se habría gastado los 2,53 millones que registró de forma manuscrita el entonces gerente Beltrán Gutiérrez.

Los gastos realizados por el PP al margen de la fiscalización de la Cámara de Cuentas madrileña se canalizaron a través de dos empresas adjudicatarias de contratos de la Comunidad de Madrid, entonces presidida por Esperanza Aguirre.

En concreto se trata de las compañías Carat España y Over Marketing, cuyos directivos más conocidos eran entonces el ex portavoz del Gobierno de José María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, y el ciudadano argentino Daniel Mercado, respectivamente.

En total, Over Marketing habría recibido del PP, siempre según los manuscritos, 1,03 millones de euros, mientras que Carat se hizo con 1,5 millones de euros, según consta en la documentación requisada.

La "CAM"

De acuerdo con los papeles, de los 1,5 millones de euros que se gestionaron a través de la agencia Carat, un millón procedía de la "CAM", siglas que podrían identificar a la Comunidad Autónoma de Madrid o a la Caja de Ahorros de Madrid (la entidad financiera en el origen de la actual Bankia).

En el sumario de la Púnica se investiga, entre otras cuestiones, si el Ejecutivo de Aguirre abonó dinero al informático Alejandro de Pedro a cargo de empresas concesionarias de la Comunidad de Madrid, como es el caso de la tecnológica Indra: "Esto se ha hecho toda la vida y nunca ha pasado nada", llegó a asegurar en este sentido el exconsejero Salvador Victoria, imputado en la trama.

Por su parte, Daniel Mercado, dueño de Over Marketing, ya ha colaborado con la justicia en piezas derivadas del caso Palma Arena. Mercado declaró en 2012 que, además del Govern balear, también el de Esperanza Aguirre le benefició con contratos amañados. El empresario puso sobre la mesa el nombre del exconsejero madrileño Alberto López Viejo, que desde octubre se sienta en el banquillo del proceso Gürtel y que, según el dueño de Over Marketing era quien igualmente manejaba los hilos de todos los contratos que recaían en sus empresas.

Las empresas del grupo Over Marketing recibieron 9,85 millones de euros en adjudicaciones públicas del Gobierno de Esperanza Aguirre entre 2004 y 2008, tal y como desveló infoLibre. Por su parte, la firma Carat España recibió sólo en 2006, un año antes de la cita electoral de 2007, un total de 42 millones de euros en contratos licitados por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre.

Acciona, Grupo Ortiz y Publibús

Además, entre los papeles requisados al gerente del PP madrileño, apareció otro documento que redunda en la posible financiación ilegal de la formación política presidida por Esperanza Aguirre. El folio especifica que un total de 860.135 euros de la campaña electoral de 2007 de la expresidenta madrileña habrían sido facturados a empresas.

En concreto, se habrían facturado a Acciona 300.000 euros; a Grupo Ortiz, 150.135 euros, y a Publibús, 300.000 euros. Siempre según este documento, quedarían pendientes de facturar otros 110.000 euros para llegar a una cantidad de 860.135 euros marcada como objetivo.

Agenda de Granados

Asimismo, en la página 119 de la agenda del exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados aparecen los supuestos pagos realizados por el empresario Javier López Madrid, el yerno de Miguel Ángel Villar Mir, dueño de OHL, de 1.460.000 euros a Beltrán Gutiérrez.

Los apuntes reflejan, en concreto, cuatro abonos de 400.000 euros, uno de 300.000, uno de 100.000 y otro de 60.000 presuntamente efectuados por el empresario Javier López Madrid con una regularidad casi mensual.

Las entregas de dinero del empresario quedan reflejadas en el cuaderno con las siglas JLM. Además, el instructor también ha centrado su atención en la financiación del PP madrileño mediante la Fundación para el Desarrollo Económico de la Comunidad de Madrid (Fundescam).

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/30/documentos_manuscritos_del_gerente_aguirre_apuntan_financiacion_del_traves_adjudicatarias_contratos_comunidad_63170_1012.html

ALEJANDRO DE PEDRO: EL LAZARILLO 2.0 QUE CAUTIVÓ AL PP, EL REAL MADRID Y GRANDES FIRMAS DEL IBEX

Imputado por siete delitos distintos, el conseguidor de la Púnica hizo sus primeros negocios de la mano del PP valenciano y de Francisco Granados

El supuesto experto en reputación on line tejió una red de contactos que le permitieron ganar como clientes a Telefónica, el Real Madrid o Mediaset

Quienes le trataron dudan de sus supuestas habilidades para el marketing en Internet y atribuyen su éxito a las amistades políticas y empresariales

"Me encanta la tecnología, Internet y las comunicaciones. Son mi hobby y mi trabajo. Pongo mi pasión y mis conocimientos al servicio de clientes particulares, empresas y administraciones". Así se se presenta Alejandro de Pedro Llorca en su página web, alejandrodepedro.es, en la que ha colgado dos certificados médicos para probar las secuelas psicológicas que le produjeron los 56 días que pasó en la prisión de Extremera y los meses posteriores de titulares que le señalan como conseguidor de la trama Púnica, una red corrupta que logró contratos por 250 millones de euros en distintas administraciones y que acumula más de medio centenar de imputados.

Quienes trataron a De Pedro lo retratan como un personaje clásico de la novela picaresca, ávido de contactos y con olfato para los negocios, más que como un peligroso delincuente, y niegan que tuviera capacidad para urdir una red mafiosa. Su habilidad para relacionarse le llevó a firmar contratos con Mediaset, el Real Madrid de Florentino Pérez, e importantes firmas del IBEX como Sacyr o Bankia. Incluso Telefónica, una de las principales compañías tecnológicas del país, llegó a recurrir a sus servicios de reputación en Internet. El PP en Madrid, Valencia y Murcia también confió en sus supuestos conocimientos.

El problema resultó que los trabajos de partido lo acabaron pagando administraciones públicas. Por eso está acusado de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsificación documental, utilización de información confidencial y fraude. Las conversaciones captadas por la Guardia Civil le han pillado falsificando concursos públicos con un instituto público del Gobierno murciano. Y fabricando noticias en un falso medio de comunicación al servicio de Florentino Pérez, que llegó a pagarle 300.000 euros por montar una web de noticias sobre el club. Al servicio de Esperanza Aguirre urdió campañas en Internet para desprestigiar a la Marea Verde de profesores que protestaba contra los recortes.

De Pedro llegó a tener en nómina a 26 trabajadores y facturaba a las administraciones públicas a través de dos sociedades, Madiva y Eico. Para su plantilla contrataba informáticos y recién licenciados en Periodismo, a los que pagaba unos 1.000 euros mensuales, para poner en marcha falsos diarios en Internet a disposición de sus clientes. A media docena de ayuntamientos de Madrid les facturó más de 15.000 euros por cabeza a cambio de unos manuales muy básicos para moverse en las redes sociales. El documento fue el mismo para todos, solo cambiaba la portada: nociones para principiantes en el uso de Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Flickr, Slideshare y para blogs en Internet.

Uno de esos alcaldes del PP recuerda cómo fue Francisco Granados, el exsecretario general del PP madrileño, el que lo introdujo en el partido poco antes de las elecciones de 2011. "Nos dijeron que nos iban a ayudar. Él fue montando pequeños diarios digitales en nuestros municipios y cuando llegó la campaña alguno ya tenía miles de lectores. Ahí se ofrecía a meter noticias que nos beneficiaban y también para perjudicar al resto de partidos".

Aunque De Pedro se presentase como un vanguardista empresario capaz de dar la vuelta a crisis de reputación en la Red y prácticamente de hacer magia en Internet, sus procedimientos eran bastante rudimentarios. Creaba noticias falsas en sus diarios digitales que luego trataba de amplificar con cuentas de miles de seguidores en las redes sociales. Llegó a manejar 45.000 usuarios en Twitter, según él, todos reales. Un empleado suyo asegura a eldiario.es que llegó a cobrar 6.000 euros a distintas administraciones por fabricar trending topics.

Los efectos que lograban sus campañas eran más bien discretos. Pese a las instrucciones que recibió de la Comunidad de Madrid para contrarrestar las informaciones sobre el ático de su expresidente Ignacio González o sobre el cheque guardería de Lucía Figar, la red de De Pedro apenas pudo hacer nada por contener el escándalo.

"Yo me reuní con él, tenía mucho interés en conocer su método. Pensaba que tenía un algoritmo para optimizar los posicionamientos en Internet y cuando me comentó lo que hacía, vi que era un chiringuito", cuenta un ingeniero en telecomunicaciones que se sentó varias veces a la mesa con él.

Porque el secreto de De Pedro no estaba tanto en sus conocimientos técnicos como en su habilidad para tejer contactos. Creó en la Comunidad Valenciana la web del todopoderoso Juan Cotino, con el que compartió paellas y actos variados, y a partir de ahí aprovechó para introducirse en la vida orgánica del PP. Por si acaso, también se asoció con un exalcalde socialista de Cartagena. Su listado de llamadas, incorporado al sumario, incluye conversaciones con Florentino Pérez, Isabel Gallego, la jefa de campaña de Esperanza Aguirre, también imputada en este caso, con el exministro Eduardo Zaplana y con directivos de las principales empresas del país.

Fue el presidente del Real Madrid, en su declaración como testigo en el sumario Púnica, el que desveló ante el juez Eloy Velasco uno de los misterios del IBEX. “Una persona que se llama Donato González es el que nos lo recomendó. Trabaja en un banco importante y tiene relaciones con ACS”. Donato González era un importante ejecutivo de Société Générale, el banco que rescató a Francisco Granados cuando este presentó su dimisión a raíz del escándalo de sus cuentas en Suiza.

El sumario evidencia la carrera de De Pedro y sus colaboradores por hacer más y más amistades en el mundo de la política y la empresa. Llamadas a Zaplana para fijar reuniones en la residencia de verano de los Aznar en Málaga y poder entrar así en el Ayuntamiento de Madrid que entonces gobernaba Ana Botella. Gestiones ante Florentino Pérez para conseguir entradas de fútbol que servían para invitar a directores de comunicación del IBEX a los que trataban de seducir. Cada puerta que abría De Pedro y su red servía para llamar a otra nueva en una rueda que nunca dejaba de girar. Su importante cartera de clientes animaba a otros más pequeños a confiarle su reputación.

Una periodista que acudió a una entrevista de trabajo con De Pedro sostiene que quien se dejó engañar por el empresario es porque quiso. "Se le veía venir y no parecía una persona especialmente hábil en el mundo que intentaba vender. Es difícil de creer que todas esas grandes empresas hubieran recurrido a él".

Las charlas telefónicas que transcribe la causa dibujan a un buscavidas, a un oportunista que buscaba oportunidades de negocio debajo de las piedras. "Notición. Acabo de cerrar con Florentino un supercontrato. Oeoeoeoeoeoeoe oeoeoe. Ahora soy del madrid. Jajaja. Soy un chaquetero". Así celebró su acuerdo con el presidente del Real Madrid en un mensaje telefónico enviado a Donato González, que medió entre De Pedro y Florentino Pérez. Sus trabajadoras han declarado en el juzgado que todos las instrucciones en la empresa las daba él. Y que el enfoque informativo de los medios era el que pedían los clientes. Información y propaganda a la carta al servicio de Gobiernos y grandes empresas. Con una influencia, eso sí, muy relativa, según se desprende del sumario.

La última aventura de De Pedro fue intentar convencer al juez del caso Púnica de que hasta el Centro Nacional de Inteligencia había requerido de sus servicios. Según El Confidencial, el empresario valenciano aportó 12 llamadas y 25 mensajes para probar que el CNI le había encomendado a él "contrarrestar los ataques a España en los foros independentistas".

De Pedro declaró además que parte de los 80.000 euros que la Guardia Civil incautó en su casa procedían de pagos realizados con fondos reservados por esos trabajos secretos (sic). No hay constancia de que las webs de De Pedro en Cataluña hayan logrado mitigar las ansias independentistas, ni tampoco de que el dinero hallado en su domicilio procediese de las cloacas del Estado.

"El informático que conocía a todo el mundo", como él mismo se presenta en su página web, vive sus horas más bajas. Como los que le trataron, él también niega ser el cerebro de nada. Durante un tiempo amagó con conceder entrevistas a cambio de alguna suma de dinero, pero al final solo ha hablado a través de sus abogados en el juzgado. Se presenta como víctima de una cacería y anuncia un nuevo reto: "El especialista en generar negocio en Internet y marca personal que ahora va a empezar a trabajar para reconstruir la suya".

http://m.eldiario.es/politica/Alejandro-Pedro-Florentino-PP-IBEX_0_628537503.html

LAS ESTRECHAS RELACIONES DEL CONSEGUIDOR DE LA TRAMA PÚNICA CON LOS DIRIGENTES DEL PP VALENCIANO DE AYER Y DE HOY

El imputado Alejandro de Pedro tuvo una relación fluida con Eduardo Zaplana, César Sánchez, Lola Johnson, José Císcar, Juan Cotino, Luis Santamaría, José María Chiquillo, María Carmen Contelles, José Juan Zaplana, Arturo Torró o Alberto Mendoza

Mantuvo contactos indirectos o reuniones con Alberto Fabra, Isabel Bonig, Jorge Bellver, Alfonso Bataller, Javier Moliner o Mercedes Alonso, entre otros

La figura del empresario Alejandro de Pedro, uno de los principales imputados de la trama Púnica, ha ido ganando relevancia a medida que avanzaba la investigación del juez Eloy Velasco sobre el caso. Sus relaciones con el PP en la Comunidad Valenciana sirvieron de trampolín para que su entramado de tráfico de influencias se extendiera a Madrid, Murcia, León y otros territorios. Los mensajes telefónicos que intercambió entre 2013 y 2014 revelan sus estrechas relaciones con más de una veintena de dirigentes del PP valenciano de ayer y de hoy mismo.

Confirman esos mensajes, por ejemplo, algo que ya apuntaban las grabaciones policiales entre De Pedro y David Marjaliza, cabecilla de la trama. Que el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana tuvo una vinculación más intensa que una mera tentativa no consumada de contratar la confección de una página web personal con el empresario que inundaba la red de noticias favorables al PP, creaba diarios digitales falsos, como Ahora Valencia o Ahora Gandia, y hasta publicaba supuestas entradas en la Wikipedia para vender la imagen de sus dirigentes.

La extracción de las conversaciones realizadas por Alejando de Pedro a través de messenger o whatsapp refleja una relación frecuente con Zaplana y, en general menos intensa aunque a veces más cordial, con otros dirigentes del PP, como César Sánchez, Lola Johnson, José Ciscar, Juan Cotino, Luis Santamaría, José María Chiquillo, María Carmen Contelles, José Juan Zaplana, Arturo Torró o Alberto Mendoza. En esos contactos se alude a reuniones con Esther Pastor, Jorge Bellver, Mercedes Alonso, Alfonso Bataller o Javier Moliner, así como a propuestas sobre las que debían decidir, entre otros, Alberto Fabra e Isabel Bonig.

No son los únicos dirigentes o excargos públicos del PP valenciano que intercambiaron mensajes con De Pedro (el alcalde de Alberic, Antonio Carratalà, por ejemplo, tuvo un trato intenso con él), pero sí los más significados.

Eduardo Zaplana.

Entre agosto de 2013 y mediados de 2014, hay más de una quincena de sesiones de mensajes entre De Pedro y Eduardo Zaplana, así como una gran cantidad de referencias al expresidente valenciano y exministro en otras conversaciones. "El lunes que viene está en Madrid Fabra. ¿Tú puedes?", le teclea Zaplana al ahora imputado en la Púnica a finales de octubre de 2013. Y De Pedro responde: "Sí claro aquí estoy". "Pues lo vemos aquí", dice Zaplana. "Perfecto, pues ya me dice Mitsouko [secretaria de Zaplana]. Un abrazo", zanja el otro.

En días sucesivos, De Pedro inquiere por esa reunión de alto nivel: "Hola, Eduardo. ¿Tenemos fecha con Alberto?". "Eduardo me dijo Mitsouko q tenías fecha con Fabra pero yo no la sé". Ya en marzo, el empresario informa a Zaplana: "Buenos días Eduardo, informarte q ya he estado con Esther Pastor y Lola Johson...". En aquel momento eran secretaria autonómica de Relaciones Institucionales de Presidencia de la Generalitat Valenciana, la primera, y exconsellera y coordinadora de estudios en el PP valenciano, la segunda.

"Eduardo ya me ha comentado Mitsouko, pero aunque fuera si podemos hablar x teléfono antes de q te veas con Fabra me preocupa ciertos movimientos que veo con los alcades", le escribe De Pedro en junio de 2014 a Zaplana. "El juzgado retrasa la decisión del tema de Lola Johnson hasta el 23 de julio. Abrazo", le comunica Zaplana días después. Y De Pedro responde: "Eduardo tengo un tema urgente q hablar contigo, nos puede solucionar temas Fabra. Llego hoy a Madrid a las 20h. puedes? Abrazo".

De Pedro a Zaplana en otro mensaje: "Eduardo buenas tardes. Hace dos semanas estuve reunido con Luis Santamaría, me dijo que lo mejor sería contarle todo (sic) mi estrategia y conocimiento de la comunidad directamente al presidente, crees q podríamos verlo la semana que viene q es más tranquila?" Zaplana a De Pedro: "Le llamaré el lunes a ver si puede". De Pedro a Zaplana : "Después de hablar con Santamaría lo veo más necesario, están muy perdidos y no veo compromiso. Abrazo". Luis Santamaría era entonces conseller de Justicia del gobierno de Alberto Fabra.

De Pedro vuelve a retomar el tema días después: "Eduardo ya esta hablado con esa persona pero si queremos hablar de estrategia no es la persona. Aquí o lo ven bonig y/o fabra, o me parece que es imposible, el equipo es muy flojo. A favor tenemos q todos me apoyan pero es una decisión de esos dos. Abrazo".

A partir de ahí, ya no hay más contacto directo entre los dos interlocutores. Los mensajes del teléfono de De Pedro, sin embargo, están llenos de referencias a su estrecha relación personal con Zaplana... que le habría presentado incluso a José María Aznar. "Pues igual voy la semana del 20, he quedado con tu amigo david, con Zaplana y los Aznar para cenar", teclea en agosto de 2013. "Mañana estaré por estepona hasta el domingo, he quedado con zaplana me quiere presentar a jose Maria Aznar".

José Císcar

El 10 de abril de 2014, Alejandro de Pedro envía un mensaje a José Ciscar, entonces vicepresidente de la Generalitat Valenciana y hoy presidente provincial del PP en Alicante. "Buenos días, Pepe, soy Alejandro. Espero q estés bien. Una cosita, no sé si andas por Valencia y tienes 5m para verme y comentarte una cosa. He estado con Lola Johnson sobre lo mío y quería comentarlo. Abrazo". Ciscar les responde escuetamente: "Estoy en Alicante". De Pedro insiste: "OK y mañana estás por Valencia?". A lo que Ciscar contesta: "Mañana no puedo". Pese a la insistencia de De Pedro, ya no hay más respuestas.

Sin embargo, el conseeguidor de la Púnica revela una relación anterior más fluida con Ciscar en otro momento. "Yo le puse hace dos años una comida al presidente con Paolo Basile en mediaset (me lo pidió Pepe Ciscar)", le cuenta a Lola Johnson solo cuatro días después.

Su colaboración con el PP en Alicante había encontrado algunos obstáculos que no queda claro si se habían superado. En septiembre de 2013 De Pedro se quejaba a Raúl Dalmau, delfín de Ciscar: "Una cosita, me ha llegado a mis oídos de q 'no soy de fiar' para el partido de 'alicante' y especifico alicante porque sigo trabajando en la nacional y otras dos comunidades. A esto se le suma para apoyar los comentarios que se hacen sobre mí q Benissa cancela el contrato repentinamente. Bien, sobre esto dos cosas, una mientras se averigua quien ha dicho eso a Antonio no le voy a pagar lo que se le debe, bastante he palmado ya y segundo en cuanto vuelva me gustaría dejar este tema zanjado, quiero saber si soy de confianza, si la relación con el PP alicante está rota saberlo para tomar la decisión que mejor se adecue a mi empresa". Y añadía: "Espero entiendas mi malestar con esto".

Dalmau le respondió: "Yo desconozco quien ha dicho eso. Xa mi alejandro de pedro es afin y ni idea de q se haya roto la relacion con pp alicante. Todo eso pese a q si es verdad q los periodicos no van como deseamos, xo nada q no se pueda solucionar creo". De Pedro replicó: "Tenéis un alcalde q larga un huevo, su discrepcion (sic) brilla por su ausencia y según el se le ha dado orden de q no trabaje conmigo. A mi vuelta me gustaría aclarar esto y pongamos la cartas sobre la mesa. Los diarios van como un tiro, aumentan de seguidores y de visitas otra cosa es q el partido no lo vea (ahora no me preocupa) pero de verdad no admito que se me diga justo a mi que no soy de fiar. Pienso llegar al final de este asunto. Disculpa q te suelte el rollo a ti pero es con quien más confianza tengo". Dalmau busca tranquilizarlo: "Tu cuando vuelvas llamame. Xq ahí hay mucha mentira. Hablamos".

César Sánchez, presidente de la Diputación de Alicante.

De Pedro mantenía buena sitonía con otros dirigentes del PP alicantino. Entre ellos el actual presidente de la Diputación, el alcalde de Calp, César Sánchez. El 29 de noviembre de 2013, le envía un mensaje al conseguidor de la Púnica: "A tu vuelta llámame. Y nos vemos". De Pedro responde: "Claro, vuelvo la semana del 16".

Meses más tarde, el 26 de abril de 2014, De Pedro le escribe: "César q tal tío? Espero q bien. Una cosita esta tarde estaré por Benissa voy con antonio el alcalde de alberic que esta en mi casa de oliva comiendo. Te vemos o vas liado? Quería comentarte el tema de los diarios digitales ya he hablado con Lola y tengo luz verde. Abrazo". César Sánchez, que era también diputado autonómico en aquel momento, le responde: "Alejandro estoy a tope a ver si te puedo ver esta semana".

José Juan Zaplana

Hay otro Zaplana en la lista de contactos de De Pedro. Se trata del diputado alicantino en las Corts Valencianes José Juan Zaplana, con quien De Pedro muestra gran camaradería y le pregunta si es del Madrid. "Soy!!!", responde el político del PP, lo que propicia de su interlocutor presuma de su relaciones con "Florentino". "Es bien amigo mío", le dice.

José María Chiquillo

El senador del PP José María Chiquillo también revela una familiaridad absoluta con De Pedro. En junio de 2014 le envía un recorte de prensa y el imputado de Púnica le responde "Muuu guapo". Chiquillo le recorta un párrafo de la prensa: "Corbata y pañuelo VERDE para la proclamación de Felipe VI. Un grupo de parlamentarios del PP, entre los que destaca activamente el senador valenciano José María Chiquillo, Pedro Agramunt y los diputados I. Pastor y Rubén Moreno, han puesto en marcha una campaña para que el día de la proclamación de Felipe VI el VERDE esté presente en el hemiciclo. V-E.R.D.E. Viva El Rey de España". De Pedro responde: "Mucha suerte amigo".

Lola Johnson

Exdirectora de Canal 9, exconsellera y exportavoz de los gobiernos de Francisco Camps y Alberto Fabra, Lola Johnson se había retirado a un cargo en el PP de la Comunidad Valenciana tras su imputación en el caso de la empresa Valmor, que funcionó como pantalla en la organización de la Fórmula 1 en Valencia. Johnson hizo de interlocutora del miembro de la Púnica, como revelan los mensajes.

"Lola el 24 estoy con la alcaldesa de Elche para ver si monto un diario allí, si me ayudas...", le escribe de Pedro en abril de 2014. La alcaldesa popular de Elche era Mercedes Alonso. Lola Johnson le responde: "Hola Alejandro!!! Hoy veo a la alcaldesa d Elche, le hablaré d la idoneidad dl diario digital!!!". "Jejeje", teclea De Pedro, que unos días después le informa: "Lola buenos días. Ayer en Elche muy bien, creo q montaremos el diario con objetivo de captar 100.000 usuarios hasta final de legislatura. Pudiste hablar con Castellón? Cuídate, un abrazo".

"Buenos días Lola, informarte que Toño de alberic también está cerrado. Me gusta este porque está en zona conflictiva. Suerte por Castellón", le teclea un par de días más tarde. Y al día siguiente: "casualidades de la vida, tengo sentado a mi derecha en el ave al alcalde de Castellón, le digo algo del diario?". "El alcalde de Castellón un encanto", acaba diciendo. Se refería a Alfonso Bataller, regidor entonces de la capital de La Plana por el PP.

Pero el contacto de De Pedro con Lola Johnson llegaba a lo más alto, al mismísimo presidente de la Generalitat. Así, el 30 de abril de 2014 le escribe: "Lola una pequeña recomendación si me permites. Alguien en el ppcv debería de escuchar en internet la palabra 'Alberto Fabra' y en todas las noticias que salgan positivas hacer comentarios en las mismas. He detectado q la oposición sobre las positivas están dando cera, el ejemplo lo tienes en una noticia q he puesto yo hoy en el Facebook http://www.ahoravalencia.es/fabra-descenso-paro/128838". Lola Johnson le contesta: "Descansa un poco q no paras".

Alfonso Bataller y Javier Moliner

El exalcalde de Castellón y el todavía presidente de la Diputación de Castellón por el PP, Alfonso Bataller y Javier Moliner, respectivamente, se reunieron con De Pedro, a juzgar por el contenido de los mensajes. Aunque no establecen contacto telefónico, las alusiones en otras conversaciones así lo indican.

En un mensaje de octubre de 2014 a "Paloma Ayuntamiento de Castellón" le dice De Pedro: "Andres ayala portavoz de infraestructuras en el congreso ya ha hablado con el presidente de adif para que le de cita". Y añade: "le llame de su parte y listo". Su interlocutora responde: "Muchas gracias. Disculpa el otro día q no me pude despedir de ti. Cuando salí te habías ido. Gracias por todo".

"Alejandro tienes cerrada cita con J. Moliner el lunes 27 a las 13 horas en Diputación. Un abrazo", le comunica a De Pedro ese mismo mes de octubre Juan José Pérez Macián, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón.

Luis Santamaría, presidente de la gestora del PP de València

Conseller de Gobernación y Justicia en el último gobierno de Alberto Fabra, Luis Santamaría es hoy presidente de la gestora del PP de la ciudad de Valencia, cargo al que llegó tras el desmantelamiento de la organización por la imputación de todo el grupo popular en el Ayutamiento en la operación Taula. Santamaría era uno de los dirigentes con línea abierta con De Pedro.

"Luis q tal tío? Andarás liado q te cagas madre mía, aún no me lo creo, como me alegro macho, de todo corazón, mira que es lo único bueno que he visto en fabra que haga", le escribe De Pedro en junio de 2014 en alusión a su nombramiento". "Jajaja", responde Santamaría, a quien el conseguidor adopta como un interlocutor con el presidente. "Hola luis q tal? Pudiste ver el tema con el presi? Yo voy a hacer lo q te dije, si te parece", le escribe un día de septiembre.

"Yo estoy un tanto a expensas de que se nombre comité de campaña para acelerar las cosas y arrancar definitivamente. Ahora estamos en una especie de impass raro", le explica Santamaría a De Pedro unos días después. "Lo digo porque no sabemos los recusos con los que vamos a contar entre otras cosas. Me dijo guillem q ibas a sentarte con torró [probalemente José Luis Torró, secretario autonómico de Comunicación] y a mi me parece muy acertado". De Pedro le responde: "Se que esta el tema por cerrar pero yo quiero ver si cerrando una estrategia los 3 y luego validando con torro, me sentaba con el presi. De esta forma el presi preguntará y estará ya todo mas o menos ok. Del tema del dinero ya me encargo yo bien con torro o bien presi. Así vimos guillem y yo que sería la mejor forma".

Juan Cotino

"Juan un favor, tu me podrías ayudar a ver con quien tengo que hablar para intentar bautizar a mi hija en la capilla de la virgen de los desamparados?", pregunta De Pedro en septiembre de 2013 a Juan Cotino, entonces todavía presidente de las Corts Valencianes (dimitiría al año siguiente). Cotino le responde: "Tengo al lado al párroco de San Nicolas que es una iglesia preciosa. En la basílica no bautizan". "Ah no lo sabía pero perfecto, lo hablamos el viernes. Abrazo".

En otro momento, a mediados de noviembre, De Pedro vuelve al tema religioso. "...a mi hermana le han detectado una enfermedad degenerativa en el sistema nervioso, una enfermedad rara donde se puede quedar paralizada, sólo quería pedirte cuando puedas rezar por ella". Cotino responde: "A partir de hoy la encomendaré todos los días en Misa".

La relación entre ambos también deja lugar a temas más prosaicos. "Una pregunta que tal con Lola yonson (sic)? Cómo podría verla? Me interesa mostrarle todos los diarios", inquiere De Pedro en enero de 2014. Y Cotino le dice: "Ya se lo dire y le llamas".

Arturo Torró

El entonces alcalde de Gandia, Arturo Torró, señaló en 2016 al declarar ante el juez Eloy Velasco, a su número dos, el actual diputado Víctor Soler como negociador con Alejandro de Pedro para los pagos por la maniobras de la Púnica en la ciudad. Sin embargo, Torró conocía personalmente a De Pedro, como revelan los mensajes.

"Buenos días Arturo", le dice este último a Torró por whatsapp el 18 de noviembre de 2013. "Soy Alejandro. Una cosa tienes un email personal donde pueda escribirte?". Y Torró se lo da. "Como tienes el 04 de abril para tomar algo y hablar de la campaña? Me urge que lo veamos juntos. Antes no puedo estoy en Guatemala. Abrazo", le escribe el conseguidor de la Púnica el 25 de marzo del año siguiente.

Alberto Mendoza

Entre los concejales del PP de Valencia imputados en el caso Taula está Alberto Mendoza. Integrante del equipo de la fallecida exalcaldesa Rita Barberá, Mendoza tenía una más que cordial relación con De Pedro, que el 5 de julio de 2013 le pregunta: "Buenos días Tito me dijiste q te recordara lo de la cuota mensual del diario. Pudiste ver algo? Mi gente ya se presentó en el Ayto como me pediste".

"Pudiste hablar con Cristóbal [seguramente Cristóbal Grau, otro concejal] del tema del diario?", le pregunta en noviembre. "No", contesta Mendoza. "Y qué hago con diario-ayuntamiento? Me olvido?". "Nooo", responde el edil. "Hemos sido el diario con mas seguidores valencianos y el que más viralidad produce, doblando al Levante", insiste De Pedro. "Tu amigo julio ni puto caso y eso que hablé con Miguel y este con julio, nada. Arturo pasa de todo así que mira el panorama".

En enero tienen ambos una conversación para ver de quedar y de Pedro suelta: "ya intentamos vernos tengo el miércoles q reunirme con tu jefe en valencia a primera hora". Mendoza se extraña: "Yo no tengo jefe, tengo jefa". "Bueno el otro ya me entiendes". "Quien es el otro? Miquel?". "Fabra. Poco hablas con él". "Jejej".

En febrero vuelve a surgir la relación con el Ayuntamiento: "Dime que hago tío, julio no dice nada y necesito tirar a un lado o a otro. Por cierto hemos creado www.fallasenvalencia.com para captar más valencianos, 5.000 en una semana". Mendoza le indica: "Llámalo mañana y me dices como has quedado".

Jorge Bellver

El diputado autonómico del PP Jorge Bellver surge en las conversaciones por whatsapp que Alejandro de Pedro mantiene con el alcalde de Alberic (lo sigue siendo al frente de una lista independiente), Antonio Carratalá, con toda la contundencia. "Ayer estuve con Mari Carmen Contelles, Jorge Bellver para el tema de campaña", asegura De Pedro el 22 de julio de 2014. No hay, sin embargo, más referencias ni relación directa telefónica.

Mari Carmen Contelles

Un caso distinto es el de Mari Carmen Contelles, exalcaldesa de La Pobla de Vallbona y actual portavoz del PP en la Diputación de Valencia. "Buenos días Mari Carmen pudiste hablar sobre el tema con Bonig?", le pregunta De Pedro el 29 de julio de 2014. Y ella responde: "Buenos días, tengo pendiente cerrar una reunión, te aviso".

"Este verano estuve con Luis Santamaría es amiguete mío y le encanto el tema pero me dice q esto es una decisión de la secretaria general, q él apoyara la iniciativa. Pudiste hablar con ella?", pregunta el imputado en la Púnica a Contelles en septiembre, refiriéndose a Isabel Bonig. "Sí... te llamo", contesta. Días después, el 8 de septiembre de 2014, De Pedro parece haber avanzado en sus propósitos. "Mari Carmen buenos días, he hablado con Alberto el de bonill (sic) y me ha dicho que hablaste con Luis Torró para ver si me podía recibir. ¿Contacto con él?".

La exalcaldesa de la Vall d'Uixó y exconsellera de Infraestructuras fue nombrada coordinadora general del PP de la Comunidad Valenciana en 2014 y pasó a ocupar la presidencia cuando dimitió Alberto Fabra. No figura relación directa alguna de la actual líder del PP valenciano con Alejandro de Pedro, pero su nombre es citado en diversas ocasiones como el de la persona que ha de tomar decisiones sobre lo que propone el conseguidor de la Púnica.

Una de esas referencias no alude a campañas de venta del PP en internet o a la financiación de diarios digitales fantasma, sino a otro asunto. "Los colegios que te he pasado dependen de la Consejería de Infraestruturas no de educación. Por lo tanto es Isabel Bonig quien decide", teclea De Pedro a José Antonio Alonso, exalcalde de Cartagena, detenido e imputado en el caso Púnica a quien el cerebro de la trama, David Marjaliza, ha apuntado como comisionista del grupo. El propio Marjaliza ha confesado que intentaron exportar a Calp y a Elche el procedimiento para hacerse con suelo público para construir colegios privados del que se aprovecharon en Madrid, pero que la Administración valenciana anuló la operación al estallar el caso.

Alberto Fabra

Con el expresidente de la Generalitat, Alberto Fabra, hoy senador por representación autonómica, ocurre algo parecido. Su nombre es muy citado y todo apunta a que pudo llegar a reunirse con De Pedro, pero no hay contacto directo entre ambos en los mensajes extraídos del teléfono móvil del miembro de la trama Púnica.

De Pedro, que parece muy interesado en llegar a Fabra, confía en que Eduardo Zaplana le haga de intermediario. Y en una de esas peticiones, el 24 de octubre de 2013, suelta esto: "Disculpa Eduardo con Fabra hay alguna novedad? Creo q te dije q fue cliente mío cuando era alcalde de Castellón. Abrazo".

http://m.eldiario.es/cv/trama_Punica-PP_valenciano-politica-corrupcion_0_628537239.html

EL JUEZ ELOY VELASCO DEJARÁ LA INSTRUCCIÓN DEL 'CASO PÚNICA' EN JUNIO

El juez ha solicitado la plaza de nueva creación en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional que comenzará a funcionar el 1 de junio

El caso Púnica, una de las mayores tramas de corrupción de España, pende de un hilo. El hasta ahora magistrado instructor dejará el caso en junio pues ha solicitado una plaza en otro juzgado que, de facto, ya es suya al ser uno de los dos únicos jueces con especialidad.

Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia, el juez del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ya ha solicitado el concurso a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, una sala de nueva creación que comenzará a funcionar el 1 de junio.

Tal y como ya informó este periódico, Velasco tenía la firme intención de abandonar el juzgado y, por ende, el caso Púnica pese a encontrarse a mitad de la instrucción.

Dentro de las posibilidades de su más que segura salida había dos opciones. La primera, y preferida por el Gobierno de Mariano Rajoy, era posibilidad de una comisión de servicios especiales en el extranjero que les permitiera dar ‘a dedo’ la plaza a otro juez en comisión de servicio, pero no ha sido posible y, como ya adelantó Valencia Plaza, Velasco ha optado por solicitar la sala de nueva creación.

La salida de Velasco va a suponer dos cosas. Por un lado, un retraso de meses en una de las causas más complejas abiertas hasta la fecha ya que, si no cambia la situación, se producirá unas dilaciones indebidas en la instrucción que llevarán, como poco, a una obligatoria reducción en las posibles futuras penas. Y por otro, un revés importante para aquellos que querían imponer ‘un juez de la cuerda’.

El problema con la petición del nuevo destino es que la plaza de Velasco tiene que salir a concurso y, si no se ‘trampea’ la situación creando algún tipo de comisión temporal, el magistrado que entre lo hará por escalafón, algo que es incontrolable para todos los interesados en imponer un juez afín en un Central de Instrucción.

Dejar de dar cursos mermaría sus ingresos en 50.000 euros anuales

El motivo por el que Velasco ha decidido concursar y no escoger la plaza de internacional ha sido, según las mismas fuentes, económico. 50.000 euros es lo que el magistrado perdería anualmente por dejar de dar cursos y eso ha sido lo que ha inclinado la balanza a favor de una salida y no la otra.

A todo ello hay que sumar el varapalo que se llevó Eloy Velasco, muy afín al sector conservador pues fue secretario autonómico de Justicia del PP con Eduardo Zaplana en la Comunitat Valenciana, cuando solicitó una plaza de magistrado en el Tribunal Supremo y le fue denegada.

Desde el Gobierno y desde el Consejo General del Poder Judicial le dijeron que “nunca había puesto una sentencia (está en un instrucción), y que al Supremo no se llega sin poner sentencias”.

López y Guevara

Junto a Eloy Velasco, el resto de la sala la formará el magistrado Félix Alfonso Guevara, uno de los magistrado más garantistas y con más mal genio de la Audiencia Nacional y el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial y ex magistrado del Tribunal Constitucional, Enrique López.

La nueva sala será única: Velasco junto al juez que juzgó a Txapote o Lola Flores y, a su lado, Enrique López, tan vinculado al PP que fue recusado como magistrado del caso Gürtel por su “más que cercana sintonía” con el partido de Mariano Rajoy. Sus cursos, cobrando, para FAES nunca han pasado desapercibidos.

http://valenciaplaza.com/el-juez-eloy-velasco-dejara-la-instruccion-del-caso-punica-en-junio

LAS PRUEBAS DOCUMENTALES DEL "PLAN CRIMINAL" DE PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

La Cadena SER accede a los documentos probatorios del trabajo desarrollado por la trama para la reputación personal del hoy presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y las negociaciones mantenidas para lavar su imagen con dinero público La Púnica incluso redactó una propuesta de facturación para ser firmada por el interesado. Junto a los testimonios judiciales, conversaciones y mensajes telefónicos, son las pruebas que han llevado a afirmar a las fiscales del caso que Sánchez concibió “un plan criminal” para delinquir

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, siempre ha negado que pactara o acordara contrato alguno con el conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, para limpiar su imagen personal en las redes sociales. Pero hay numerosas pruebas en su contra. Tanto las conversaciones telefónicas grabadas entre los responsables de la trama, como los correos electrónicos, sms y whatsapp que implican de forma directa a Sánchez, o el testimonio ante el juez del director comercial de una de las empresas del entramado, Javier Bueno, quien reconoce reuniones y el acuerdo para pagar los trabajos con cargo a la Consejería de Educación que dirigía el hoy presidente murciano.

Además, la Guardia Civil incautó en los registros practicados a la Púnica numerosos documentos hasta ahora inéditos, parte de los cuales ofrece hoy la SER, que prueban que el entramado realizó trabajos para Pedro Antonio Sánchez.

La Púnica trabajó al menos un mes para Pedro Antonio Sánchez

Son informes de propuesta de reputación para el presidente de Murcia, e informes de percepción, que supusieron una considerable labor para las empresas de Alejandro de Pedro, pues ya analizaron al menos durante un mes un total de 938 mensajes de Twitter; e informaron sobre su situación en otras redes sociales como Facebook o Youtube, donde destacaron la existencia de más de 300.000 referencias y 38.000 vídeos respectivamente.

El conseguidor llegó a la conclusión en su informe de que no existía una estrategia de reputación y propuso la creación de sus periódicos digitales, para posicionar en internet sus noticias positivas relativas al presidente por delante de las negativas, y mejorar así su imagen.

El presidente de Murcia insistió en contactar con la Púnica

Los correos electrónicos de su responsable de prensa y los mensajes enviados por el propio Pedro Antonio Sánchez, prueban el interés del presidente murciano por contactar con el conseguidor de la Púnica para limpiar su imagen personal en la red, a partir de septiembre de 2014. Es Sánchez y su gabinete, y no el conseguidor, quienes insisten en la cita con la Púnica para cerrar el acuerdo.

Pruebas de que iba a pagarse con dinero público

Además, entre la documentación intervenida consta el análisis redactado por Alejandro de Pedro tras la reunión mantenida el 24 de octubre con Sánchez en la Consejería de Educación de Murcia. En ese documento el conseguidor expone que han acordado la creación de una “página estática” para “Pedro A. Sánchez”, que empiezan el “1 de noviembre” y también anota como “concepto” el capítulo “Formación”.

Para la Guardia Civil, que suma el interrogatorio a los responsables y el análisis de las escuchas para llegar a su conclusión, esto es indicativo de que la factura iba a girarse al apartado “Formación” de la Consejería de Educación. Iba a pagarse la imagen personal de Pedro Antonio Sánchez con dinero público.

La Púnica incluso redactó una propuesta de factura

Las conversaciones estaban tan avanzadas que la Púnica llegó a redactar una propuesta de factura por la reputación personal de Sánchez, de un total de 32.000 euros sin IVA, a razón de 4.600 euros al mes, que incluía diversos apartados. Entre ellos la contratación de un periodista que redactase noticias beneficiosas para el presidente de Murcia, estrategia, auditoría, servicios de posicionamiento e informes mensuales.

Hoja de pedido de servicios con la estrategia de reputación online
Esa propuesta de facturación estaba lista y preparada para ser firmada por el cliente. Si no llegó a ser rubricada, según los investigadores, fue porque solo tres días después de la reunión con el presidente en la Consejería de Educación, se produjo la intervención judicial y las detenciones.

Informe preventa con cargo a la Consejería de Educación
Con todo, para las fiscales del caso, Carmen García y Teresa Gálvez, tanto Pedro Antonio Sánchez como la senadora del PP, Pilar Barreiro, concibieron “un plan criminal” para delinquir, y fueron apartadas porque pretendían solicitar su imputación.

http://cadenaser.com/m/ser/2017/03/28/tribunales/1490733923_693491.html

LAS GRABACIONES DESCLASIFICADAS QUE IMPLICAN A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

La SER accede a la grabación de las conversaciones telefónicas entre los implicados en la Púnica, que corroboran el pacto alcanzado entre la trama y el hoy presidente de Murcia, para lavar su imagen. “¡Murcia a tope!” exclama entre carcajadas uno de los imputados tras el acuerdo por “3.000 pavos al mes” a pagar con dinero público, que iban a servir para limpiar la imagen personal de Pedro Antonio Sánchez en redes sociales. El juez Velasco atribuye a Sánchez los delitos de cohecho, fraude a la Administración y revelación de información reservada

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que instruye el 'caso Púnica', ha desclasificado las grabaciones entre los implicados de la trama, relativas a los delitos investigados supuestamente cometidos en la comunidad autónoma de Murcia. Los sonidos de aquellas conversaciones, se escuchan ahora por primera vez.

Las grabaciones entre el conseguidor Alejandro de Pedro, su socio José Antonio Alonso Conesa, los empleados de ambos y técnicos y jefes de gabinete de distintas consejerías en Murcia, corroboran la existencia de cuatro reuniones en las que participó el entonces consejero de Educación y hoy presidente, Pedro Antonio Sánchez, entre el 11 de junio de 2014 y el 21 de octubre de ese mismo año, y el interés de Sánchez por alcanzar un acuerdo para lavar su imagen en las redes sociales, porque aspiraba a la presidencia regional. Además de estas grabaciones, hay otras pruebas en la causa que implican al presidente murciano como mensajes SMS, whatsapps y el testimonio del director comercial de Eico, la empresa de Alejandro de Pedro, que confirman el pacto.

Una de aquellas reuniones tuvo lugar en la consejería de Educación de Murcia que Pedro Antonio Sánchez dirigía, y las otras tres en Madrid, en hoteles como el Palace o Las Letras. En este último tuvo lugar el cónclave del 21 de octubre, el definitivo en el que fue cerrado el contrato con el presidente murciano y la senadora Pilar Barreiro, según relata el conseguidor Alejandro de Pedro a uno de sus colaboradores.

Según comunica Alejandro de Pedro a otra de sus trabajadoras, el contrato tenía que ser de 3.000 euros al mes, entre octubre de 2014 y mayo de 2015, cuando tuvieran lugar las elecciones.

A esos 3.000 euros sumarían otros 1.000 netos para un periodista que elaborase noticias beneficiosas para Pedro Antonio Sánchez desde el periódico digital murciano que el conseguidor de la Púnica creó como herramienta para promocionar a sus clientes. La trama también tenía mucho interés en Sánchez. El imputado José Antonio Alonso cuenta a su socio De Pedro que necesitaban ese contrato "como el agua".

Según las conversaciones intervenidas, estaba previsto que la Consejería de Educación de Pedro Antonio Sánchez pagase con dinero público la reputación personal y privada del propio Sánchez, y también parte del contrato de Pilar Barreiro.

La justicia frustró la contratación pero sigue siendo delito

Al final, la trama no llegó a ejecutar los trabajos porque el 27 de octubre de 2014, solo seis días después de alcanzar el acuerdo, estalló la operación y el juez Velasco ordenó las detenciones. Aun así, el magistrado acusa a Pedro Antonio Sánchez de delinquir porque según el código penal, no es necesario haber consumado el cohecho y el fraude a la administración para ser considerados delitos. Tanto el artículo 420 del código penal relativo al cohecho, como el 436 sobre el fraude a la administración, establecen desde 2010 que se trata de delitos tendenciales. Que pueden ser atribuidos con la mera existencia de un plan o concertación para delinquir, aunque se hayan visto frustrados. Y existe numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo que confirma esta postura. Entre ellas, sentencias en las que actuaban como ponentes magistrados considerados conservadores como Pablo Llarena, o de José Manuel Maza, recientemente designado Fiscal General del Estado.

El juez pedirá imputar a Sánchez pese a la Fiscalía

Sin embargo, Maza no es partidario ahora de imputar a Pedro Antonio Sánchez. Se da la circunstancia de que reunió a los fiscales de Sala del Supremo para tomar su decisión, pero no a las fiscales Anticorrupción del caso, Carmen García y Teresa Gálvez, que nunca han sido llamadas para informar al respecto. En su lugar, fue la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, quien libró a Sánchez de la acusación en un escrito despachado en 12 líneas.

A pesar de la negativa de la Fiscalía, el juez Eloy Velasco tiene intención de elevar la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, para pedir la imputación de Pedro Antonio Sánchez por su vinculación con la 'trama Púnica'.

Ignacio González, Lucía Figar y cómo amañar un contrato en Murcia

Las conversaciones grabadas por los agentes de la Guardia Civil sobre Murcia también recogen algunas de las acciones de la trama en otras comunidades como Madrid o Castilla y León.

Alejandro de Pedro habla del contrato de reputación personal del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

De reuniones con el exconsejero Salvador Victoria o la jefa de prensa de Esperanza Aguirre, Isabel Gallego, y de los dos contratos por un total de 400.000 euros, para la reputación personal de la exconsejera de Educación, Lucía Figar, también imputada en la causa.

Las grabaciones también revelan métodos para amañar contratos. Es Jesús Galindo, el imputado secretario general del Instituto de Turismo en Murcia, quien pacta con Alejandro de Pedro un supuesto concurso público al que se presentarán tres empresas. Y las tres, son de la Púnica.

Las conversaciones revelan además cómo la trama tiraba de sus contactos en el PP para promocionar a sus clientes en el partido, como el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, o el también imputado exconsejero murciano de Turismo, Juan Carlos Ruiz.

http://cadenaser.com/ser/2017/03/26/tribunales/1490542512_466644.html?int=masinfo

LA GUARDIA CIVIL TIENE CERCADO EN PÚNICA AL PRESIDENTE DE MURCIA POR “DELITOS DE FRAUDE”

ELPLURAL.COM accede al sumario de la pieza separada, donde están los pinchazos y los mensajes que acorralan a Pedro Antonio Sánchez

ELPLURAL.COM ha tenido acceso a la Pieza Separada 3 de Púnica que se centra en la investigación de las operaciones de la supuesta trama en la Región de Murcia y sus negocios con destacados dirigentes del Partido Popular, con especial relevancia en aquellos que afectan al actual presidente regional, Pedro Antonio Sánchez.

La documentación incluye numerosos pinchazos telefónicos a los cabecillas de la trama y a los entornos de los dirigentes, así como documentación digital, correos electrónicos y mensajes de teléfono móvil. Todo este material ha sido puesto en orden en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que acusan a Pedro Antonio Sánchez y su jefe de gabinete, David Conesa, de “supuestos delitos de fraude en la contratación pública” por adjudicar a la trama y con dinero público trabajos de reputación a favor del ahora presidente de Murcia.

Además de Sánchez y su jefe de gabinete, la red está formada por otros tres nodos de especial relevancia que protagonizan las llamadas y los mensajes intervenidos: Pilar Barreiro, entonces alcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP; Alejandro de Pedro, cabecilla de la trama y considerado el conseguidor; y el exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa, que habría ayudado a De Pedro a conseguir contactos en la región.

La guerra de poder interna en el Partido Popular de Murcia, con dos consejeros que aspiraban a suceder a Ramón Luis Valcárcel al frente de la formación y a presidir el Gobierno autonómico es el marco en el que se movía la trama. Púnica ya trabajaba para el consejero de Industria, Juan Carlos Ruiz. Pero su rival, Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación, se interesó por los servicios de De Pedro cuando su reputación empezó a caer debido a que se le acumulaban las imputaciones por corrupción.

A través del contacto de la alcaldesa de Cartagena, la trama empezó a mantener relación con Sánchez y cerraron un par de reuniones, como puede confirmarse en las grabaciones intervenidas por la Guardia Civil. De hecho, como se refleja en las pruebas, lo acordado fue que los servicios de reputación a Pedro Antonio Sánchez ascendieran a 4.600 euros al mes, que se pagarían con fondos públicos de la Consejería, camuflados como “formación”, y que también servirían de pago para los trabajos realizados a favor de la alcaldesa Pilar Barreiro.

Este extremo queda comprobado en dos pinchazos. Uno es una llamada entre De Pedro y Alonso, en el que el segundo le pide que le diga al jefe de Gabinete de Barreiro, Paco Farreño que “como vamos a conseguir lo otro, lo del precio lo ajustaremos como queramos”. “Lo otro”, según la Guardia Civil, es el contrato con Sánchez que servirá para pagar el de Barreiro. La otra llamada intervenida es al propio Farreño, en el que le pide a De Pedro que ponga en marcha los trabajos porque en “los detalles de la facturación nos van a echar una mano”.

Por último, otro aspecto que acorrala a Sánchez son sus reuniones con De Pedro, que quedan reflejadas en varias llamadas y que prueban que los trabajos estaban ya en marcha y fueron interrumpidos por la detención de los implicados.

Todo arranca el 18 de septiembre de 2014, con una llamada en la que Alonso conmina a hablar con Sánchez, que le mande “un wassap y le dices ‘que me dijo [Pilar] que querías hablar conmigo, estoy a tu disposición en este teléfono”.

Los contactos fructifican y el 23 de septiembre se celebra una reunión entre De Pedro y Sánchez en una cafetería cerca del Congreso de los Diputados. Un día antes, Alonso llama a De Pedro y le dice que, aparte de los trabajos de reputación, le intente sacar más dinero con ejemplos de lo que están haciendo: “Le cuentas alguna cosa de las que estás haciendo con [Lucía] Figar”, la entonces consejera de Educación de la Comunidad de Madrid.

Tras esta reunión, De Pedro llama a una trabajadora de su empresa para informarle que se ha reunido con Pedro Antonio Sánchez. Y le pide que le prepare una oferta para “ponerle 3.000 pavos” al mes, más otros 1.000 “pavos” para contratar a un periodista que redacte noticias positivas sobre él. Al final, el presupuesto se eleva a 4.600 euros, sumando cerca de 24.000 euros de fondos públicos desde octubre hasta mayo de 2015. “Llama la atención que los servicios que se van a prestar hasta el mes de mayo de 2015, (fecha 24/05/2015) en la que se celebran los comicios locales y regionales de 2015”, señala la Guardia Civil en su informe.

La siguiente reunión se celebra el 21 de octubre de 2014 en el hotel Las Letras. De Pedro está esperando para la cita y llama a Alonso para contárselo, quien le anima: “Sácale el contrato a Pedro Antonio, que lo necesitamos como el agua”.

El día siguiente de la reunión, por la mañana, De Pedro llama a otro miembro de la empresa y posterior arrepentido, Francisco Javier Bueno, para contarle la buena noticia: “Hemos cerrado lo de la reputación de Pilar Barreiro y la de Pedro Antonio, el consejero de Educación”. Lo que su interlocutor celebra entre risas diciendo: “¡Murcia a tope!”. De Pedro le da orden “de que lo metan ya en facturación para el mes de noviembre”.

El 24 de octubre, tres días después de la reunión, De Pedro vuelve a hablar con Bueno. Ambos están en Murcia, a punto de entrar a reunirse con el jefe de gabinete de Pedro Antonio Sánchez, pero Bueno está esperando en la misma Consejería mientras De Pedro se apura para no llegar tarde a la reunión.

Tres días después, De Pedro era detenido dentro de la Operación Púnica.

http://www.elplural.com/politica/2017/03/26/la-guardia-civil-tiene-cercado-en-punica-al-presidente-de-murcia-por-delitos-de

DOCUMENTOS MANUSCRITOS DEL GERENTE DE AGUIRRE CONTIENEN APUNTES DE LA PRESUNTA CAJA B DE LA CAMPAÑA DE 2007

Tres documentos manuscritos de Beltrán Gutiérrez, a los que ha tenido acceso infoLibre, indican que el partido destinó 1,5 millones a publicidad exterior y 1,03 millones a prensa y radio en las autonómicas de 2007

Sin embargo, el PP declaró a la Cámara de Cuentas que había destinado 265.002 euros al primer concepto y 550.000 al segundo. Es decir, 1,71 millones menos de lo presuntamente gastado

Un millón de euros lo habría aportado, según los papeles del gerente, la patronal madrileña CEIM

Tres documentos manuscritos del entonces gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, a los que ha tenido acceso infoLibre y que figuran en el sumario de la Púnica, indican que el partido destinó 1,5 millones de euros a publicidad exterior y 1,03 millones a prensa y radio en la campaña de las autonómicas de 2007. En total, 2,53 millones. Sin embargo, el PP declaró a la Cámara de Cuentas que había gastado 265.002 euros por el primer concepto y 550.000 por el segundo. Es decir, declaró 1,71 millones menos de lo presuntamente gastado.

En los papeles del gerente del PP que entonces presidía Esperanza Aguirre también se hace referencia a los supuestos financiadores de los gastos publicitarios. Así, los documentos manuscritos incluyen varias referencias a "Diego de León", lo que según los investigadores supone una alusión a la patronal madrileña CEIM, cuya sede está situada en la calle del mismo nombre. En el mismo documento aparece el apunte: "Jueves 10:00 CEIM", lo que parece ser una cita con la organización entonces encabezada por el empresario Arturo Fernández, que junto al propio Beltrán Gutiérrez está imputado en la Púnica por la financiación ilegal del PP madrileño.

En total, siempre según los documentos manuscritos, la patronal madrileña habría aportado un millón de euros para los gastos publicitarios de la campaña electoral de 2007.

El resto del dinero procedería de la "CAM", siglas con las que se conoce a la Comunidad Autonómica de Madrid y que también identificaban a la Caja de Ahorros de Madrid (ahora Bankia), origen de otro millón de euros. Mientras que el PP sólo habría puesto 400.000 euros. Hay otros 130.000 euros cuya procedencia no aparece identificada con claridad en los papeles del gerente de Aguirre.

Documento manuscrito 2: el origen del dinero. Documento manuscrito 2: el origen del dinero.

Registro de la vivienda

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que registraron el 11 de febrero de 2016 la vivienda del Beltrán Gutiérrez Moliner requisaron, entre otra abundante documentación, tres folios manuscritos que apuntan a que el PP madrileño superó con creces sus límites de gasto de la campaña electoral de 2007.

En concreto, uno de los papeles incluye los apuntes "Prensa y Radio: 0,9+ 0,13" y "Exterior 1,5", en una supuesta alusión a los gastos publicitarios en la campaña, en concreto a los asignados a los medios de comunicación y a la publicidad de calle, lo que supondría en total 2,53 millones de euros. Esta cifra es muy superior a los 265.002 euros en publicidad exterior y a los 550.000 euros que el PP justificó ante la Cámara de Cuentas, según el informe de fiscalización de este órgano.

En total, y de forma oficial, el PP especificó a la Cámara de Cuentas que en la campaña de 2007 hizo un gasto de 2.664.052 euros, siendo el límite fijado por ley de 2.763.764 euros. Sin embargo, los documentos interceptados por los agentes indican que solo en los conceptos de publicidad en medios de comunicación y en las calles la formación liderada por Aguirre se habría gastado los 2,53 millones que registró de forma manuscrita el entonces gerente Beltrán Gutiérrez.

Los gastos realizados por el PP al margen de la fiscalización de la Cámara de Cuentas madrileña se canalizaron a través de dos empresas adjudicatarias de contratos de la Comunidad de Madrid, entonces presidida por Esperanza Aguirre.

En concreto se trata de las compañías Carat España y Over Marketing, cuyos directivos más conocidos eran entonces el ex portavoz del Gobierno de José María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, y el ciudadano argentino Daniel Mercado, respectivamente.

En total, Over Marketing habría recibido del PP, siempre según los manuscritos, 1,03 millones de euros, mientras que Carat se hizo con 1,5 millones de euros, según consta en la documentación requisada.

La "CAM"

De acuerdo con los papeles, de los 1,5 millones de euros que se gestionaron a través de la agencia Carat, un millón procedía de la "CAM", siglas que podrían identificar a la Comunidad Autónoma de Madrid o a la Caja de Ahorros de Madrid (la entidad financiera en el origen de la actual Bankia).

En el sumario de la Púnica se investiga, entre otras cuestiones, si el Ejecutivo de Aguirre abonó dinero al informático Alejandro de Pedro a cargo de empresas concesionarias de la Comunidad de Madrid, como es el caso de la tecnológica Indra: "Esto se ha hecho toda la vida y nunca ha pasado nada", llegó a asegurar en este sentido el exconsejero Salvador Victoria, imputado en la trama.

Por su parte, Daniel Mercado, dueño de Over Marketing, ya ha colaborado con la justicia en piezas derivadas del caso Palma Arena. Mercado declaró en 2012 que, además del Govern balear, también el de Esperanza Aguirre le benefició con contratos amañados. El empresario puso sobre la mesa el nombre del exconsejero madrileño Alberto López Viejo, que desde octubre se sienta en el banquillo del proceso Gürtel y que, según el dueño de Over Marketing era quien igualmente manejaba los hilos de todos los contratos que recaían en sus empresas.

Las empresas del grupo Over Marketing recibieron 9,85 millones de euros en adjudicaciones públicas del Gobierno de Esperanza Aguirre entre 2004 y 2008, tal y como desveló infoLibre. Por su parte, la firma Carat España recibió sólo en 2006, un año antes de la cita electoral de 2007, un total de 42 millones de euros en contratos licitados por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre.

Acciona, Grupo Ortiz y Publibús

Además, entre los papeles requisados al gerente del PP madrileño, apareció otro documento que redunda en la posible financiación ilegal de la formación política presidida por Esperanza Aguirre. El folio especifica que un total de 860.135 euros de la campaña electoral de 2007 de la expresidenta madrileña habrían sido facturados a empresas.

En concreto, se habrían facturado a Acciona 300.000 euros; a Grupo Ortiz, 150.135 euros, y a Publibús, 300.000 euros. Siempre según este documento, quedarían pendientes de facturar otros 110.000 euros para llegar a una cantidad de 860.135 euros marcada como objetivo.

Agenda de Granados

Asimismo, en la página 119 de la agenda del exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados aparecen los supuestos pagos realizados por el empresario Javier López Madrid, el yerno de Miguel Ángel Villar Mir, dueño de OHL, de 1.460.000 euros a Beltrán Gutiérrez.

Los apuntes reflejan, en concreto, cuatro abonos de 400.000 euros, uno de 300.000, uno de 100.000 y otro de 60.000 presuntamente efectuados por el empresario Javier López Madrid con una regularidad casi mensual.

Las entregas de dinero del empresario quedan reflejadas en el cuaderno con las siglas JLM. Además, el instructor también ha centrado su atención en la financiación del PP madrileño mediante la Fundación para el Desarrollo Económico de la Comunidad de Madrid (Fundescam).

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/30/documentos_manuscritos_del_gerente_aguirre_apuntan_financiacion_del_traves_adjudicatarias_contratos_comunidad_63170_1012.html

NUEVE (PRESUNTAS) VÍAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PARTIDO POPULAR DE MADRID

El juez Eloy Velasco sostiene que los cabecillas de Púnica aplicaron todas las irregularidades al alcance de su imaginación para dopar las campañas electorales del PP madrileño

El caso Púnica está todavía en fase de instrucción, pero los datos que ya tiene en su poder el juez Eloy Velasco son suficientes para publicar el manual sobre corrupción política más exhaustivo que haya salido nunca de una imprenta. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acumulado indicios que acusan al PP de Madrid de haber utilizado al menos nueve vías de financiación ilegal para superar de forma “sistemática los límites de gasto electoral” sin ser detectado por los órganos de fiscalización. La mayoría de las trampas habían aparecido en otros escándalos, como el caso Filesa —que afectó al PSOE—, el caso del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y los casos Palma Arena y Gürtel del propio Partido Popular, por ejemplo. Pero es difícil encontrar un precedente en el que hayan coexistido tantas fórmulas de financiación ilegal durante un periodo tan largo de tiempo. El PP va camino de batir todos los récords en el caso Púnica.

El PP carga contra la comisión de investigación sobre su supuesta financiación irregular

1. Donaciones de empresarios al cerebro de la trama. El presunto cabecilla de Púnica, Francisco Granados, anotó en una agenda supuestas donaciones de empresarios al PP de Madrid que él mismo se encargaba de recoger y luego entregaba al tesorero de la formación, Beltrán Gutiérrez. Según los investigadores, las aportaciones se habrían producido entre 2011 y 2014. Suman un total de 2.060.000 euros, de los que 1,6 millones habrían sido entregados por una sola empresa, OHL. Extremo este que ha sido desmentido por la constructora. El sistema sería idéntico al descubierto en los papeles de Bárcenas.

2. Donaciones a la fundación del partido. Es uno de los últimos mecanismos detectados en Púnica. Informes de la UCO han constatado, como reveló El Confidencial, que el partido se financió a través de una entidad satélite, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, más conocida por su acrónimo Fundescam. Empresarios y adjudicatarios públicos realizaban donaciones a Fundescam con la excusa de apoyar su supuesta actividad cultural y formativa. Pero el dinero era luego desviado mediante facturas falsas a la caja B del PP de Madrid y se destinaba a actos de campaña. La Fiscalía Anticorrupción ya advirtió en 2010 dentro del caso Gürtel de que la formación había utilizado ese método para concurrir a elecciones de 2003 y 2004. Es un sistema idéntico al que presuntamente usó CDC para ocultar sus donaciones ilegales a través de tres fundaciones: Trias Fargas, CatDem y Fórum. Asimismo, en el caso Filesa, el PSOE también se aprovechó de mercantiles satélite para triangular donaciones de empresarios que terminaron engrosando su contabilidad paralela.

3. Subvenciones públicas. Por el circuito de Fundescam también pasaron fondos públicos. Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado han acreditado que la Comunidad de Madrid, controlada por el propio PP, concedió año tras año subvenciones a esa entidad para apoyar sus proyectos. En el año 2012, por ejemplo, recibió 127.850 euros para difundir “el conocimiento del sistema democrático y la realidad política y sociocultural de la Comunidad de Madrid”. Pero la UCO sostiene que gran parte de las subvenciones que se llevó Fundescam fue desviada a la contabilidad paralela del PP utilizando nuevamente una “facturación por conceptos mercantiles falsos”. En ningún gran caso de corrupción se había utilizado hasta ahora este sistema.

4. Pago de facturas de campaña. Donantes del PP también ayudaron al partido corriendo directamente con sus gastos electorales. El juez Velasco sostiene que las firmas de publicidad y 'marketing' que eligió la formación para diseñar y ejecutar sus actos facturaron parte de esos servicios a empresas y adjudicatarios públicos del entorno de la formación. Los trabajos fueron realizados para el PP, pero los pagaron otros. El foco se sitúa sobre el grupo de publicidad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado, que ya admitió en 2012 haber utilizado esta fórmula para colaborar en la financiación ilegal del PP de Islas Baleares.

5. Partidas de infraestructuras para gastos electorales. Otra de las últimas vías de financiación ilegal descubiertas también se habría alimentado de fondos públicos. La UCO investiga las partidas reservadas a publicidad que el Gobierno madrileño habría incluido al menos desde 2007 en todas las adjudicaciones que licitó. Las empresas que se imponían en los concursos tenían la obligación de gastar en torno a un 1% del importe total del contrato a publicitar el proyecto. El instructor de Púnica sostiene en documentos publicados por este diario que el PP de Madrid aprovechó esas partidas para obligar a los licitadores a dedicar parte de ese 1% a pagar sus gastos de campaña. El sistema también fue utilizado por el PP balear de Jaume Matas. La Guardia Civil analiza cuatro concursos de carreteras en los que se impuso Dragados (ACS); los proyectos de Ciudad y el Campus de la Justicia, y expedientes del plan para la construcción de nuevos hospitales y centros de salud, entre otros.

6. Transferencias desde la cuenta ordinaria. La Ley de Financiación de Partidos Políticos obliga a las formaciones a centralizar en una sola cuenta bancaria los cobros y pagos de las campañas electorales. Debe ser un depósito diferente al utilizado para los gastos de funcionamiento ordinario. Sin embargo, las averiguaciones de la Guardia Civil habrían permitido probar, según el juez, que el PP de Madrid usó cuentas diferentes a la electoral para abonar servicios de campaña. A esas otras cuentas había llegado previamente dinero entregado por los diputados del partido en la Asamblea regional de Madrid. Es la maniobra de financiación ilegal menos sofisticada que se haya aplicado nunca, pero demuestra que en la primera planta de Génova ni siquiera se respetaban las formas.

7. Dinero en efectivo de origen opaco. El PP también manejaba billetes de “procedencia desconocida” con los que habría sufragado sus campañas. Se trata de una vía que puede estar relacionada, según el juez, con las donaciones de empresarios que anotó Granados en su agenda. Pero la UCO no ha logrado aún averiguar de dónde sacó exactamente el partido esos fondos, abriendo así la puerta a la aparición en el futuro de una estrategia de financiación irregular diferente a las nueve detectadas por el momento. El manejo de fondos en efectivo no supone ninguna novedad. Es casi un denominador común de todos los de corrupción, pero en Púnica no había quedado reflejado en el sumario hasta ahora.

8. Presupuesto de fiestas populares. Un informe de la UCO del pasado 14 de diciembre desveló que el Ayuntamiento de Valdemoro, controlado por el PP, dedicó parte de su presupuesto para festejos a costear actos de la misma formación en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008. Todos los trabajos los hizo la misma empresa, Waiter Music. El consistorio de Valdemoro la contrató para celebrar sus fiestas patronales, pero pagó un suplemento a esa mercantil para ocultar por esa vía el abono de facturas que debían haber sido sufragadas por el PP regional. El mecanismo estuvo funcionando al menos entre 2006 y 2010. El método es similar al que utilizaron los alcaldes corruptos del PP en el caso Gürtel. Concedían contratos con sobrecostes al grupo de empresas de Francisco Correa y luego este utilizaba los excedentes para organizar actos de Génova.

9. Encuestas políticas. Los investigadores han reconstruido otra fórmula de financiación ilegal novedosa. La empresa de eficiencia energética Cofely logró contratos millonarios en ayuntamientos de toda España ofreciendo a alcaldes y concejales, entre otros presuntos cohechos, sondeos sobre su gestión en sus respectivos municipios. Supuestamente, las encuestas iban a abordar asuntos relacionados con la energía y cuestiones medioambientales, pero las preguntas se centraban siempre de manera intencionada en la labor de las corporaciones locales para que los partidos pudieran utilizar los resultados de las encuestas con fines electorales.

Nota de redacción: OHL se ha puesto en contacto con este diario para afirmar que “es rotundamente falso, y en consecuencia, negamos por completo, que OHL haya entregado al Partido Popular de Madrid (ni a ninguna otra formación política) cantidad de dinero alguna para su supuesta financiación ilícita. En consecuencia, OHL, niega, de forma tajante, que se haya hecho entrega al Sr. Granados de la suma a la que se refiere esta información.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-29/el-pp-de-madrid-recibio-750-000-euros-en-b-para-la-campana-de-2007_1357385/

GÉNOVA AYUDÓ A BLANQUEAR LA FINANCIACIÓN DEL PP DE MADRID

Bárcenas anotó de su puño y letra que el 3/3/2004 recibió en...

Bárcenas anotó de su puño y letra que el 3/3/2004 recibió en efectivo 50.000 euros en negro para las campañas de Madrid. Este dinero fue ingresado en la cuenta nacional del partido y transferido a la regional. El presidente del PP de Madrid en ese momento era Pío García Escudero, máximo responsable, por lo tanto, de las finanzas del partido en Madrid en ese momento. Días después tuvieron lugar las Elecciones Generales (en ese ejercicio no hubo autonómicas). Esperanza Aguirre le sucedería al frente del partido en noviembre de 2004. EL MUNDO

Sus tesoreros recibían y pedían los grandes donativos y los blanqueaban

Fernández: "Dábamos dinero a la fundación del PP para quedar bien con el establishment"

Documentos de Púnica revelan financiación ilegal en el PP de Madrid

Génova colaboró con la financiación irregular de las campañas electorales del PP de Madrid. La Tesorería Nacional del partido se puso de acuerdo con los responsables regionales para diseñar una operativa fraudulenta con la que blanquear dinero negro para los actos de la formación encabezada por Esperanza Aguirre y burlar así los controles legales establecidos.

En el marco de esta estrategia, la dirección del partido mantuvo además reuniones con Ceim (Confederación Empresarial Madrileña) para que intercediera ante sus afiliados con el objetivo de que inyectasen dinero en Fundescam, la fundación que utilizó el PP madrileño para financiarse ilegalmente.

EL MUNDO ha tenido acceso a documentación de los ex responsables de las finanzas del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, que revelan las diferentes estrategias diseñadas desde Génova para camuflar las donaciones en efectivo ante el Tribunal de Cuentas y esquivar los límites legales. Estas estratagemas vinculan directamente a Génova con una trama que está siendo investigada ahora por la Audiencia Nacional en la denominada operación Púnica.

La dirección del PP pidió a Ceim que ayudara dando dinero a Fundescam

La práctica más importante que acordaron desarrollar conjuntamente los responsables del PP nacional y madrileño consistía en que buena parte de los donativos en metálico aportados por los empresarios para las campañas madrileñas fueran entregados en mano en la Tesorería Nacional del partido.

De esta forma, se instruyó a los grandes donantes para que pasaran por la ventanilla de Lapuerta y Bárcenas a la hora de realizar las entregas en lugar de por la del ex gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez. Tras seguir estas indicaciones y ya con el dinero en manos de la Tesorería Nacional del partido, se procedía a urdir una estrategia que perseguía no llamar la atención en la cuenta corriente de donativos de la regional de Madrid. Así, el dinero en metálico se ingresaba por parte de los tesoreros nacionales en la cuenta corriente nacional de donativos a pesar de que su destino eran los comicios autonómicos y municipales madrileños y, en ningún caso, los actos nacionales. Justificante del ingreso de uno de los presuntos donativos ilegales al PP de Madrid en la cuenta nacional del partido. |EL MUNDO

Una vez allí, estos fondos eran transferidos por vía bancaria a la cuenta corriente de funcionamiento del partido en la capital de España. Mediante este subterfugio se aparentaba falsamente que la formación madrileña se nutría de aportaciones del partido nacional y se disimulaba su procedencia. También se evitaba que la cuenta regional recibiera cantidades muy importantes en campaña que contrastaban con las recibidas habitualmente. Se vulneraban así los límites de 60.000 euros por donante y año y la imposibilidad de hacer donaciones a quienes obtenían licitaciones de administraciones públicas.

Sirva de ejemplo que el 4 de marzo de 2004 los responsables de las finanzas nacionales, Bárcenas y Lapuerta, transfirieron 50.000 euros desde una cuenta de funcionamiento del partido a nivel nacional a la cuenta corriente de funcionamiento del PP de Madrid. Transferencia desde la cuenta nacional del PP a la cuenta de funcionamiento regional del partido. | EL MUNDO

Junto a uno los extractos de estas operaciones, Bárcenas anotó de su puño y letra que el dinero les había sido entregado en mano y señaló a José Manuel Fernández Norniella (ex presidente de las Cámaras de Comercio). Resaltó que esos «50.000 euros en efectivo» habían sido «transferidos a Madrid c/c funcionamiento».

La sede central metía en su cuenta dinero negro y la transfería a Madrid

Sin embargo, Génova no sólo tejió este sistema, sino que recurrió a su propio personal para ingresar en pequeñas cantidades el dinero en efectivo de los empresarios en la cuenta de donativos regional en lo que se conoce popularmente como pitufeo. Asimismo, corría a cargo de empleados de la sede central del partido el ingreso de efectivo o de cheques fraccionados en Fundescam, también con el objetivo de sufragar los actos electorales. En relación con esta última operativa, Bárcenas reflejó en sus anotaciones que «Esther», en referencia a la empresaria Esther Koplowitz, le había entregado «73.000 euros» que fueron fraccionados en cheques de importes menores e ingresados en la fundación controlada por el PP madrileño. La coordinación entre el PP nacional y regional en materia de financiación irregular de las campañas se tradujo, además, en otra serie de gestiones. Concretamente, en la interlocución por parte de la Tesorería Nacional del PP con organismos como Ceim (Confederación Empresarial de Madrid) para que sus afiliados donaran a Fundescam para pagar las campañas populares. Especialmente intensas fueron estas gestiones al repetirse las elecciones de 2003 tras el célebre tamayazo

http://www.elmundo.es/espana/2017/03/25/58d57fd7e2704e39418b45ab.html

LA CAJA B DEL PP DE MADRID AFLORA EN EL PAGO EN EFECTIVO DE UN MITIN DE AGUIRRE

Un informe de la UCO incorporado al 'caso Púnica' revela que los populares abonaron 20.470 euros de "procedencia desconocida" por un acto de las elecciones de 2007

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Púnica destapa el supuesto pago en efectivo por parte del PP de sendos actos del partido en 2006 y 2007 con fondos de "procedencia desconocida". Uno de ellos, el mitin que el 12 de mayo de ese último año celebraron los populares en Valdemoro (Madrid) con motivo de las elecciones autonómicas y municipales, y en el que participaron la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; su vicepresidente, Ignacio González, y el ahora señalado como presunto cabecilla de la trama, Francisco Granados. El documento cifra en 20.470 euros el dinero en metálico de origen dudoso utilizado por la formación para pagar a Waiter Music SL, la empresa que organizó ambos eventos y cuyo propietario, José Luis Huerta, está imputado.

Los agentes llegan a esta conclusión tras localizar en los ordenadores intervenidos en la sede de esta mercantil especializada en festejos populares y que recibió cerca de 14 millones de euros en adjudicaciones de ayuntamientos gobernados por el PP diversos documentos contables en los que se detallaba el coste de dicho mitin y de una fiesta de la formación en la misma localidad celebrada en 2006, así como la forma de pago de ambos. El primero estaba valorado en 17.000 euros e incluyó la contratación del grupo 'Ecos de las Marismas', la adquisición de "8.000 botellas de agua con camión frigorífico", la actuación de "patinadores" y la compra de "15 tableros y 14 sillas para campaña". El segundo fue valorado en 12.540 euros, pero la mercantil hizo un descuento del 50% al PP y sólo le facturó 6.270 euros.

En otro documento intervenido, los responsables de Waiter Music detallan la forma de facturar los 23.270 euros de ambos actos. "Esto se cobra así", se recoge textualmente antes de pormenorizar que los 2.800 de las sillas y tableros se camuflaron en sendas facturas emitidas por la propia mercantil y otra del mismo empresario, Saranais SL, que la UCO tilda de "manifiestamente falsas" y que fueron cargadas al presupuesto de las fiestas patronales que el Ayuntamiento de Valdemoro organizó aquel año. Los restantes 20.470 euros fueron abonados en "efectivo" por el PP, según dicha anotación.

Tras este descubrimiento, la UCO examinó los datos aportados tanto por Waiter Music como por el PP a la Agencia Tributaria sin encontrar "ninguna actividad" entre ambas "que pudiera estar relacionada con el pago del evento señalado". Por ello, los agentes concluyen que los 17.000 euros que costó el mitin de Aguirre "habrían sido liquidados en parte utilizando 2.800 euros de dinero público pagado por el Ayuntamiento de Valdemoro” y el resto “se habría pagado en efectivo desconociendo la procedencia de esta cantidad".

Por todo ello, la Guardia Civil considera que se cometió un posible delito electoral al haber utilizado el PP fondos "que no fueron declarados como gastos de campaña". No obstante, el informe de la UCO admite que dicha infracción penal estaría prescrita dado el tiempo transcurrido, diez años. De la misma, los agentes hacen responsable al entonces gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, ya imputado en la causa dentro de la pieza secreta en la que se investiga, precisamente, la supuesta financiación irregular del partido.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/21/actualidad/1490121745_520364.html

EL PP DE MADRID REGÓ CON DINERO PÚBLICO LAS AGENCIAS QUE HICIERON SU CAMPAÑA B DE 2007

El Gobierno de Aguirre concedió millones de euros en contratos públicos a las dos empresas de publicidad que aparecen en los papeles de Beltrán Gutiérrez sobre la caja B del PP madrileño

Miguel Ángel Rodríguez aterrizó en la presidencia de la central de compra de medios Carat España en 1998 tras dos años como portavoz del primer Gobierno de José María Aznar. Abandonó la compañía en enero de 2006 pero, para entonces, Carat ya se había convertido en uno de los adjudicatarios predilectos de los gobiernos populares de la Comunidad de Madrid. También del propio PP regional. Documentos encontrados por la Guardia Civil en la casa del entonces gerente del partido, Beltrán Gutiérrez, revelan que Carat ejecutó su campaña de 2007 y que al menos un millón del presupuesto que manejó la agencia en esos comicios salió de tres letras, "CAM", el acrónimo más utilizado para referirse a la Comunidad de Madrid. Gutiérrez lo anotó junto al nombre de la agencia.

¿De dónde salió exactamente ese dinero? Eso es lo que tratan de determinar los expertos en delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) y el instructor del caso Púnica, el juez Eloy Velasco, que investigan en secreto la caja B del PP madrileño desde hace dos años. Documentos como los encontrados en la vivienda de Beltrán Gutiérrez ya han llevado al juez a sostener, por lo pronto, que hay numerosos indicios de que la formación que lideraba Esperanza Aguirre se presentó a las elecciones de 2007, 2008 y 2011 superando los límites legales de gasto, como adelantó El Confidencial.

Según fuentes cercanas al caso preguntadas por este diario, el juez considera que ese millón de euros utilizado por Carat para la compra de espacios “de publicidad exterior” fue desviado de las adjudicaciones millonarias que recibió esa misma compañía de organismos públicos controlados por el propio beneficiario de la campaña: el PP de Madrid. Los ejemplos son numerosos. En abril de 2006, Metro de Madrid, dependiente de la comunidad, otorgó a Carat un megacontrato de 23,6 millones de euros, la cantidad más elevada que el suburbano había dedicado nunca a publicidad.

Ese mismo año, a solo 12 meses de las elecciones de 2007, Carat también recibió otro megacontrato de un organismo tutelado por el Ejecutivo de Aguirre. En concreto, el 31 de marzo de 2006, el BOE publicó la victoria de la central de medios en un concurso del Canal de Isabel II para desarrollar su publicidad por 9,86 millones, cinco veces el importe licitado para ese cometido en el ejercicio anterior. Y en 2007, el ente público del agua volvió a licitar otro contrato de 'marketing' por importe de 19,7 millones y una duración de dos años. La empresa que se lo llevó fue, nuevamente, Carat España. La licitación fue prorrogada y duró finalmente tres ejercicios.

Otras entidades también regaron con millones la cuenta de resultados de Carat antes de las elecciones bajo sospecha. El 27 de noviembre de 2006, por ejemplo, la Consejería de Empleo y Mujer entregó otros tres millones a la agencia para un plan de “prevención de la violencia de género y servicio de información telefónica para mujeres víctimas de violencia de género”. El juez Velasco mantiene que una parte de esa lluvia de millones públicos, al menos 56 millones de euros antes de los comicios de 2007, terminó en la caja B que presuntamente administraba Beltrán Gutiérrez. El desvío de los fondos se habría camuflado mediante facturas por conceptos mercantiles falsos.

La mecánica se habría repetido con al menos una segunda firma de publicidad que también participó en la campaña de Aguirre de 2007, Over Marketing, y que aparece igualmente en los documentos manuscritos por el exgerente del partido. El caso de Over era más conocido. Hace tres semanas, la UCO lanzó un nuevo operativo en Púnica para requerir precisamente los expedientes de todas las adjudicaciones concedidas por la Comunidad de Madrid a esa agencia, propiedad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado. Los agentes sospechan, al igual que en el caso de Carat, que una parte de los contratos que se llevó fueron instrumentalizados para dopar la financiación del PP en sucesivas elecciones. Los papeles del domicilio de Beltrán Gutiérrez reflejan que, al menos en 2007, Over Marketing habría realizado acciones para el partido por importe de 1,1 millones de euros en negro. Y Horacio Mercado ya reconoció en 2012 en un juzgado de Baleares haber hecho exactamente lo mismo para inyectar dinero negro el PP de las islas que presidía Jaume Matas.

En total, como publicó El Confidencial este jueves, Aguirre fue reelegida en 2007 tras destinar presuntamente a su campaña 5,7 millones de euros, más del doble de los 2,6 millones que comunicó a la Cámara de Cuentas autonómica. Esos 3,1 millones en B de diferencia salieron presuntamente de las adjudicaciones otorgadas a las agencias, pero también de donaciones de empresarios y subvenciones públicas que fueron canalizadas a través de Fundescam, la fundación sin ánimo de lucro de los populares madrileños. El juez Velasco apunta asimismo a dinero “en efectivo de procedencia desconocida”. Por su parte, el dinero de los empresarios venía supuestamente de otro nombre clave, “Diego León”, el nombre de la calle en la que tiene su sede la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

En opinión de Francisco Montiel, miembro de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que lidera la acusación popular en Púnica, “aunque falta conocer los informes de la Guardia Civil, todo apunta a que se están cerrando varios círculos al mismo tiempo”. “Por un lado”, sostiene Montiel, “está la financiación ilegal del PP de los papeles de Bárcenas, que está conectada con estos nuevos documentos. Además, por otro lado, también han aparecido vinculaciones con Fundescam, que ya fue investigada en Gürtel en una pieza separada, aunque luego se sobreseyó al concluir que los posibles delitos habrían prescrito. Si se demuestra ahora que Fundescam siguió siendo utilizada por el PP, estaríamos ante un delito continuado de falsedad y de cohecho y podría volver a investigarse todo”, apunta este letrado. “Se está conectando todo, incluso casos de financiación del PP de otros puntos de España que se habían investigado por separado. Parece que todo respondía a un plan conjunto”.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-31/financiacion-ilegal-pp-madrid-dinero-publico-agencias-campana-2007_1358436/

NUEVOS PAPELES REVELAN QUE AGUIRRE FUE REELEGIDA EN 2007 CON 3 MILLONES EN NEGRO

La Guardia Civil encontró en la casa del exgerente del PP de Madrid un esquema de la campaña de 2007 que revela que el partido dobló presuntamente los límites de gasto electoral con fondos opacos

El Partido Popular de Madrid concurrió presuntamente a las elecciones autonómicas de 2007 con un presupuesto de 5,7 millones de euros, más del doble de los 2,6 millones que declaró de forma oficial a la Cámara de Cuentas. El excedente habría salido de donaciones directas de empresarios, pagos de la Administración pública y actos de campaña facturados con conceptos mercantiles falsos. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraron las pruebas de esas supuestas irregularidades en febrero de 2016, cuando registraron el domicilio del gerente del partido en aquellos años, Beltrán Gutiérrez, en el marco de la pieza separada del caso Púnica en la que el juez Eloy Velasco disecciona la presunta caja B de los populares madrileños.

Entre las carpetas de documentación que ocultaba Gutiérrez en su casa, los investigadores localizaron varios folios manuscritos con un plan de medios para las elecciones de 2007 que identificaba el origen real del dinero que manejó la formación en esos comicios. Y su procedencia no fue precisamente legal. El exgerente anotó que el capítulo de publicidad exterior requería un gasto de “1,5”, en referencia a 1,5 millones de euros. Por su parte, para publicidad en “prensa radio”, el partido destinaría “0,9”, 900.000 euros. Esta última partida terminó ascendiendo a 1,1 millones de euros. Y, finalmente, la “campaña de medios exteriores” supondría una inversión de otros “0,6”, 600.000 euros.

Pero lo verdaderamente relevante son los nombres que aparecen junto a esas cantidades. En otro folio, Beltrán Gutiérrez precisó que los 900.000 euros para la publicidad en “prensa radio” saldrían en su mayor parte de “Diego León”, un código en clave que alude, según empresarios cercanos al PP consultados por El Confidencial, a la calle de Diego de León, la misma en la que tiene su sede la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), la filial autonómica de CEOE que lideraba el empresario de la hostelería Arturo Fernández, imputado ya en la pieza de Púnica sobre la caja B del PP.

Según dejó escrito Gutiérrez, el partido solo puso 200.000 euros para la publicidad en “prensa radio”. Los otros 700.000 euros salieron de donaciones de “Diego León”. Estas mismas dos palabras vuelven a aparecer junto a otra aportación de 300.000 euros que presuntamente sirvió para sufragar los 1,5 millones que el partido destinó a publicidad exterior. El resto del dinero para ese capítulo de la campaña salió en su mayoría de un gran donante al que Gutiérrez identificó con tres mayúsculas: CAM. Se trata del acrónimo que se utiliza habitualmente para referirse a la Comunidad de Madrid. El exgerente del PP regional anotó las tres letras junto a un “1”, es decir, un millón de euros. Los otros 200.000 que completaron el capítulo de publicidad exterior los puso nuevamente el PP de Madrid. El documento no aclara de dónde salió exactamente el dinero.

Asimismo, Gutiérrez dejó constancia de las agencias de publicidad que desarrollaron cada segmento de la campaña. Sus nombres también han servido para avanzar en las indagaciones. De los folios se desprende que el PP de Madrid adjudicó su publicidad exterior a la agencia Carat, la central de compra de medios que fichó como presidente a Miguel Ángel Rodríguez, el primer secretario de Estado de Comunicación de José María Aznar, justo después de que abandonara ese puesto en 1998. Rodríguez dejó la empresa solo unos meses antes de las autonómicas de 2007.

Por su parte, la campaña de “prensa radio” terminó en manos de Over Marketing, la firma de publicidad en la que se han centrado las últimas diligencias ordenadas por Velasco. El juez de Púnica sostiene que esa mercantil formaba parte de un grupo capitaneado por el empresario argentino Daniel Horacio Mercado, que recibió millones de euros en adjudicaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid para campañas de publicidad y 'marketing'. Parte de esos fondos públicos habrían sido desviados, según Velasco, para costear las campañas del PP, entre ellas la de 2007. La maniobra se ocultaba mediante facturas por conceptos falsos.

En otro documento hallado en el domicilio de Gutiérrez, avanzado por 'El Mundo', el exgerente reflejó gastos de campaña por valor de 750.135 euros que presuntamente fueron abonados por tres empresas: Acciona (300.000 euros), Grupo Ortiz (150.135 euros) y Publibus (300.000 euros). El dirigente resumió en una última hoja la distribución de todos los gastos y quién los asumió. En total, el plan de medios de 2007 financiado presuntamente con dinero negro alcanzó los 3,1 millones de euros, una cantidad que supera incluso los 2,6 millones que declaró el PP de Madrid a la Cámara de Cuentas.

Así son las joyas y antigüedades de los Bárcenas

La Guardia Civil encontró en la casa del extesorero del PP de Madrid numerosos documentos de su amigo Luis Bárcenas, el tesorero del PP nacional imputado

Supuestamente, según manifestaron los populares, esos 2,6 millones salieron de operaciones de endeudamiento y anticipos de la Administración que fueron debidamente justificados. Pero el caso Púnica ha revelado que la candidatura de Esperanza Aguirre contó presuntamente con hasta 5,7 millones de euros gracias a las vías de financiación alternativas que gestionó el supuesto responsable de su contabilidad paralela.

Una vez publicada esta información, el presidente de CEIM-CEOE, Juan Pablo Lázaro, ha ordenado este jueves realizar una investigación interna, que incluye una auditoría externa, para aclarar si la patronal madrileña financió la campaña del PP de Madrid en 2007. En el caso de que dicha investigación interna arroje cualquier irregularidad, CEIM la trasladará "con total transparencia" al juzgado instructor que está instruyendo el caso "en el ánimo de colaborar, en todo momento, con el esclarecimiento de los hechos".

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-29/nuevos-papeles-revelan-aguirre-reelegida-elecciones-2007-dinero-negro_1357820/

LA PATRONAL MADRILEÑA INVESTIGA SI FINANCIÓ CAMPAÑAS DEL PP EN 2007

El presidente de Ceim, Juan Pablo Lázaro, ha ordenado una investigación interna y una auditoría externa

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, Juan Pablo Lázaro, ha ordenado una investigación interna y una auditoría externa para aclarar si la patronal madrileña destinó fondos a financiar campañas del Partido Popular en 2007.

La patronal reacciona así a una información del diario El Mundo que asegura que documentación manuscrita hallada por la Guardia Civil en el domicilio del exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez muestra esos pagos con la anotación "Diego León", el nombre de la calle madrileña en la que Ceim tiene su sede.

Junto a la "minuciosa investigación interna", Ceim hará una auditoría externa de "los supuestos pagos realizados a terceros durante el periodo publicado".

Arturo Fernández, que aquel año era miembro de la junta directiva de la patronal madrileña, que dirigía Gerardo Díaz Ferrán, ha defendido este jueves la gestión "transparente" de la organización, que según él, cumplió con los "cánones ortodoxos" establecidos para ello, informa Europa Press.

De hallar cualquier "irregularidad", la patronal la trasladará "con total transparencia" al tribunal que investiga la "supuesta" financiación ilegal del Partido Popular, asegura la Confederación Empresarial en un comunicado difundido hoy.

Ceim desarrollará "las acciones oportunas para defender sus intereses legítimos frente a quienes puedan haber tomado decisiones presuntamente irregulares", añade la nota de prensa.

El juez de la Audiencia Eloy Velasco investiga la posible financiación irregular del PP madrileño en una pieza del caso Púnica, la única secreta de esta investigación, y ante él ha comparecido en dos ocasiones el exgerente del PP Beltrán Gutiérrez, que ha negado que la existencia de fondos ilegales.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/30/actualidad/1490870255_465700.html

LOS PAPELES DEL GERENTE DE AGUIRRE INCLUYEN A UNA EMPRESA QUE LOGRÓ 1,3 MILLONES POR "EVALUAR" OFERTAS DE PUBLICIDAD OFICIAL

Un fax con gastos electorales "pendientes" por 441.425 euros fue enviado desde la sede del partido a la empresa Swat en noviembre de 2007

La empresa se había encargado de puntuar los méritos de quienes un año antes optaron a gestionar dos campañas institucionales millonarias de las que no quedó rastro y que la oposición denunció en el 'caso Gürtel'

Los documentos sobre la campaña electoral de 2007 incautados en casa del hoy exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, durante uno de los registros de la Operación Púnica incluyen dos hojas mecanografiadas que detallan gastos electorales por 441.425,45 euros y que fueron enviadas desde la sede regional del partido a un fax el 1 de octubre de 2007. El justificante de transmisiones no precisa a quién pertenecía. Pero el número que aparece en ambas hojas se corresponde con el del fax que en aquella época utilizada la empresa Swat SL, que en 2006 había recibido de la Comunidad de Madrid un contrato de 1,3 millones de euros para "evaluar" la estrategia de comunicación del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), un organismo autonómico que el Gobierno de Esperanza Aguirre clausuró por sorpresa en enero de 2011.

infoLibre contactó este jueves con el administrador de Swat. El empresario, a quien este diario comunicó los datos que obran en su poder -la pertenencia del citado fax a Swat en 2006 consta en la base de datos de contratos públicos de la Unión Europea-, declinó responder las preguntas formuladas. Ha prestado ya declaración en el caso Púnica y desde entonces -adujo- tiene prohibido taxativamente por el juez abordar el asunto con nadie. En el verano de 2015, el administrador de Swat ya declaró como testigo ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El acta confirma que admitió haber dado servicios al Canal de Isabel II pero también que negó de forma tajante cualquier otro trabajo para la Comunidad de Madrid. El contrato de 1,2 millones con el Imade no figura en esa declaración.

En 2007, el balance nacional consolidado del PP anotó 815.515 euros como cantidad facturada por Swat al partido en su conjunto. Pero la contabilidad regional del PP madrileño no refleja ni un euro abonado o adeudado a esa mercantil a lo largo de aquel ejercicio. Por qué Beltrán Gutiérrez le envió el 1 de noviembre de 2007 un fax a Swat con distintos conceptos y costes parciales que suman un "total pendiente" de 441.425,45 euros es aún una incógnita.

Campañas sin rastro

Como "consultora" del Imade, el único trabajo conocido que desarrolló Swat fue el de puntuar en el segundo semestre de 2006 los méritos de las compañías aspirantes a gestionar sendos contratos igualmente millonarios (1,25 millones y dos millones, respectivamente) licitados por ese organismo público. El primero de esos dos contratos se refería a "una campaña de publicidad (sin inserción en medios)" sobre "la importancia del Desarrollo Económico Equilibrado"; el segundo iba vinculado a una campaña destinada a subrayar la relevancia de las pymes y los autónomos. De ninguna de esas dos campañas quedó rastro. Y así lo hizo constar la entonces diputada regional de IU Reyes Montiel en la denuncia que el 22 de abril de 2010 elevó al fiscal general del Estado. La denuncia quedó incorporada al sumario Gürtel. Pero sin consecuencias.

¿Y quiénes fueron los beneficidos por la puntuación que Swat hizo de sus ofertas? De la primera campaña, la empresa MQM, que había ostentado la condición de proveedora de firmas del grupo de Francisco Correa. La ejecución de la segunda campaña recayó en Over Marketing. Investigada por el juez Eloy Velasco dentro de la pieza abierta en Púnica sobre financiación del PP y que se mantiene bajo secreto de sumario, Over Marketing es una de las firmas que aparecen en los manuscritos donde el gerente regional del PP en la etapa de Aguirre reflejó lo que posee todos los visos de un reparto de costes electorales endosados a grandes adjudicatarios de contratos públicos. Como publicó infoLibre, Over Marketing y sus tres empresas satélite cobraron casi 10 millones de euros de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre.

Su propietario, Daniel Mercado, admitió en 2012 durante la instrucción del caso Palma Arena que había obtenido contratos amañados no solo en Baleares sino también en Madrid. Mercado remarcó que nunca había pagado comisiones. Y que el beneficiado por esa operativa había sido el PP: Over Marketing y sus empresas satélite -aseguró entonces- habían realizado para el PP actos gratis. El acta de su declaración resulta elocuente: “Que quizás el beneficio que pudieran obtener las personas que le contratasen es que no les facturasen las totalidades de los costes de las dos campañas electorales del PP del año 2003 y 2007”.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/31/los_papeles_del_gerente_aguirre_incluyen_una_empresa_que_logro_millones_por_evaluar_ofertas_publicidad_oficial_63235_1012.html

EL JUEZ ACUSA AL PP DE PAGAR CON BILLETES "DE PROCEDENCIA OPACA" SUS ACTOS DE CAMPAÑA

Informes de la Guardia Civil revelan nuevas vías de financiación ilegal del PP de Madrid que incluyen el pago de campañas con fondos entregados por diputados de la Asamblea regional

Los avances en la investigación sobre la presunta caja B del PP de Madrid han arrojado conclusiones demoledoras para el partido. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto un aluvión de evidencias que demostraría, por primera vez, que Génova habría estado utilizando “dinero en efectivo de procedencia opaca”, fuera de todo control, para pagar actos de campaña. Para rebasar de forma “sistemática los límites de gasto electoral” sin ser descubierto, el partido recurrió a “la articulación y empleo de una red de empresas” que facilitó “la materialización y ocultación de los gastos electorales no declarados”. En esa estrategia, empleó incluso dinero de sus diputados en la Asamblea de Madrid. Las acusaciones se desprenden de nuevos informes de la UCO incorporados a la pieza secreta que instruye el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, sobre la contabilidad paralela del PP regional.

Como adelantó El Confidencial este martes, los expertos en delitos económicos del Instituto Armado sostienen que esas “irregularidades, muchas de ellas con relevancia penal”, habrían permitido a la formación concurrir en condiciones ventajosas a al menos tres citas electorales: las municipales y autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008. El dinero opaco que manejó el partido en esos comicios salió presuntamente de donaciones ilegales de empresarios y de subvenciones públicas concedidas por gobiernos de la Comunidad de Madrid del propio PP. Los fondos llegaban a una entidad sin ánimo de lucro, Fundescam, y luego eran desviados mediante “facturas por conceptos mercantiles falsos” a las cuentas del partido.

Pero la trama que supuestamente lideraban el exsecretario general del partido y cerebro de Púnica, Francisco Granados, y el exgerente de la formación Beltrán Gutiérrez, también utilizó otras vías para aumentar su capacidad de gasto. En un auto de la pieza secreta al que ha tenido acceso este diario, el juez Velasco detalla que “se ha detectado (…) la participación reiterada en el tiempo de un núcleo empresarial que ha formado parte integral de la estrategia del Partido Popular en este ámbito y que lo ha hecho posible”, blanqueando los billetes que circulaban por la primera planta de Génova.

Esas empresas a las que se refiere el magistrado no realizaron aportaciones económicas, como hicieron otras mercantiles, en su mayoría, constructoras y adjudicatarias públicas. En este caso, el juez habla de un grupo integrado por proveedores de publicidad y marketing que trabajaron para la formación colaborando abiertamente en su fraude. Así, según Velasco, “en el marco de su colaboración con el Partido Popular regional, [estas empresas] habrían sido receptoras de dinero en efectivo de procedencia opaca, habrían falseado facturas con el propósito de ocultar la prestación de servicios de campaña y habrían actuado de intermediarios para eludir que el Partido Popular figurara como destinatario y pagador de los servicios de campaña prestados por terceras empresas”.

Según fuentes cercanas al caso consultadas por El Confidencial, en esa mecánica de ocultación habría participado el grupo de publicidad de Daniel Horacio Mercado, un empresario que precisamente acaba de ser procesado por la presunta financiación ilegal del PP de Islas Baleares. Mercado ya admitió en 2012 que desvió fondos de adjudicaciones públicas del Gobierno de Jaume Matas para sufragar las campañas del propio dirigente popular. También recogió dinero de empresarios que pagaron en negro otros actos del partido.

Aguirre dice que Fundescam no costeó ninguna campaña del PP de Madrid

Esas mismas prácticas y con el mismo intermediario son la que ha detectado ahora la Guardia Civil en el PP de Madrid dentro del caso Púnica. El juez Velasco ordenó hace dos semanas una nueva batería de diligencias para analizar todos los contratos de publicidad que concedió la administración madrileña a Mercado y, también, las partidas que se llevó de adjudicatarios públicos para promocionar infraestructuras aprobadas por ejecutivos regionales.

Este diario ya publicó que, entre esos contratos bajo sospecha, están las adjudicaciones de la Ciudad de la Justicia y el proyecto anterior Campus de la Justicia; cuatro carreteras construidas por Dragados (ACS) entre 2007 y 2011; un contrato de 919.183 euros de la empresa pública Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente; y una adjudicación de 2 millones de euros de la Consejería de Economía, entre otras licitaciones. Los investigadores sostienen que esos proyectos sirvieron para detraer fondos públicos con los que se pagaron los trabajos realizados para el PP por las mercantiles del empresario argentino (Over Marketing y Comunicación SL, Traci Comunicación SL, Link América SL y Abanico de Comunicación y Marketing SL).

EL JUEZ ACUSA AL PP EN UN AUTO SECRETO DE PAGAR EN B LAS CAMPAÑAS DE 2007, 2008 Y 2011

El juez acusa al PP en un auto secreto de pagar en B las campañas de 2007, 2008 y 2011

La Guardia Civil ha acreditado que el PP de Madrid utilizó la fundación Fundescam para captar subvenciones públicas que luego desvió al partido con facturas falsas para pagar gastos electorales

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que el Partido Popular de Madrid manejó “una contabilidad B de gastos electorales” en los comicios autonómicos y municipales de 2007 y 2011 y en los generales de 2008 que le habría permitido superar de forma sistemática “los límites de gasto electoral” sin que saltaran las alarmas en los órganos de fiscalización. El dinero entró por la puerta de atrás de Génova mediante el desvío de subvenciones de la Administración y el cobro de donaciones ilegales a cambio de “contratos públicos”. La acusación figura en nuevos informes de la UCO incorporados a la pieza secreta que instruye el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, centrada en la presunta financiación ilegal del PP madrileño.

Según sostiene el magistrado en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, en el núcleo de la trama se sitúa la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, más conocida por su acrónimo Fundescam. Como ya adelantó este diario el pasado enero, los expertos en delitos económicos del Instituto Armado han concluido que esta entidad sin ánimo de lucro creada por el PP regional en el año 2000 con el supuesto objetivo de promover acciones formativas y culturales fue empleada de forma masiva, en realidad, para triangular operaciones de su contabilidad paralela. El juez considera acreditado que permitió al partido “vehicular los fondos destinados a gastos electorales y actuar de pantalla de cobertura de la verdadera naturaleza y destinatario de los servicios de campaña”.

Por Fundescam habrían pasado los donativos opacos de constructores y empresarios pero también ayudas públicas concedidas por los gobiernos madrileños del propio Partido Popular, una nueva vía de financiación ilegal que había pasado desapercibida hasta ahora. La mecánica era sencilla y permitía al PP controlar todo el proceso. Primero, los gobiernos autonómicos de Esperanza Aguirre concedían fondos a Fundescam para apoyar falsos programas sociales y educativos. Posteriormente, el dinero era transferido a Génova mediante “facturación por conceptos mercantiles que enmascaraban gastos electorales del Partido Popular de Madrid”. Y, por último, los fondos permitían a la formación partir con ventaja en los comicios para conservar el control de las instituciones y, de ese modo, poner en marcha otra vez la rueda del fraude para financiar futuras campañas.

La resolución de Velasco precisa que esta práctica ha sido detectada al menos en tres elecciones que se celebraron en un periodo de cuatro años. Los hechos se atribuyen al PP de Madrid pero se da la paradoja de que, en las generales de 2008, el verdadero beneficiado por el engaño fue el PP nacional, que celebró numerosos actos de campaña en la Comunidad de Madrid. En varios de ellos, participó el propio Mariano Rajoy.

Granados, Gutiérrez y Echevarría

Según el juez, en el desvío de las ayudas públicas habrían tenido un papel destacado tres dirigentes del partido: el ex secretario general de la formación y presunto cerebro de Púnica Francisco Granados; el exgerente Beltrán Gutiérrez; y el exconsejero de Transportes José Ignacio Echevarría, que durante una temporada hizo las funciones de tesorero de la fundación. El auto asegura que los tres, “como miembros del Patronato de Fundescam, habrían sido los que presentaron dichas facturas falsas al objeto de justificar el destino de los fondos recibidos con el propósito declarado de la subvención”.

Granados está imputado desde que estalló Púnica en octubre de 2014, mientras que Gutiérrez fue detenido en febrero de 2016. Por su parte, Echevarría se había mantenido al margen del caso hasta hace sólo dos semanas. El juez Velasco lo citó como imputado para que aclarara su papel en el movimiento de fondos. Echevarría, que empezó la legislatura como diputado en la Asamblea de Madrid, tuvo que dejar su escaño después de que tuviera un accidente de tráfico superando la tasa de alcohol permitida.

La UCO también ha confirmado que el PP de Madrid utilizó Fundescam para canalizar donaciones ilegales de empresarios que luego terminaron en la caja B del partido. La acusación no es nueva. La Fiscalía Anticorrupción ya concluyó en 2010, dentro de las investigaciones sobre el caso Gürtel, que los populares utilizaron esa entidad satélite para captar aportaciones no declaradas que luego desviaron a las campañas de las dos elecciones autonómicas de 2003, conocidas como las del 'tamayazo'. Sin embargo, el Ministerio Público desistió de perseguir los dos posibles delitos electorales al considerar que ya habían prescrito.
 

Donaciones de empresarios hasta 2011

La Guardia Civil ha descubierto ahora en Púnica que Fundescam siguió recibiendo dinero de empresarios al menos hasta 2011, sólo tres años antes de que comenzara esta causa. Pero los agentes han ido incluso más allá en sus últimos informes. Según la resolución de Velasco, se ha podido certificar la existencia de “múltiples irregularidades penalmente relevantes” en concursos públicos que habrían sido manipulados por dirigentes del partido para premiar a las mercantiles que daban dinero para sus campañas electorales. Es decir, que las entregas ilegales de fondos al PP tuvieron una correspondencia directa en adjudicaciones, un vínculo que permite al juez cerrar el círculo del cohecho.

En el trienio 2005-2007, Fundescam recibió de la Comunidad de Madrid subvenciones por valor de 536.096 euros, según una información del diario Público. Todas las ayudas estaban firmadas por Ignacio González, entonces vicepresidente del Ejecutivo autonómico. González fue patrono de la fundación entre el 28 de febrero de 2005 y el 12 de junio de 2008. Es imposible encontrar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) la concesión de estas subvenciones, ya que no se publicitaron.

Aguirre dice que Fundescam no costeó ninguna campaña del PP de Madrid

Hay más datos en el Tribunal de Cuentas, que fiscaliza las cuentas de fundaciones vinculadas a los partidos políticos. En 2008, Fundescam recibió 150.000 euros en donaciones, la misma cantidad que en 2009 y 2010. La cifra bajó a 75.000 euros en 2011. Pero el Tribunal de Cuentas no distingue en su labor de control entre donaciones públicas y privadas. En 2012 el BOCM sí recoge una ayuda de Vicepresidencia (seguía Ignacio González en el cargo) de 128.000 euros.

Esperanza Aguirre anunció en 2010 el cierre inmediato de Fundescam cuando trascendió el vínculo de la entidad con el caso Gürtel. Dejó la presidencia de la fundación y colocó al frente a una dirigente de su confianza, Gádor Ongil, exconsejera de Familia y Asuntos Sociales, para que la liquidara. Sin embargo, como informó El Confidencial, la fundación ha estado operativa al menos hasta 2015. De hecho, el pasado enero todavía no se había comunicado oficialmente su disolución.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-21/juez-acusa-pp-madrid-auto-secretofinanciacion-ilegal-2007-2008-2011_1349586/


TRES SUMARIOS APUNTAN A LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE CUATRO CAMPAÑAS DE AGUIRRE ENTRE 2003 Y 2011

La investigación sobre la financiación de sus actos electorales en 2007 señala de nuevo a la patronal madrileña, que ya le ayudó en 2003 a través de Fundescam

Firmas implicadas en Gürtel realizaron trabajos para el partido mientras el Gobierno de Aguirre le pagaba por campañas fantasma de las que no hay constancia

El sumario de Púnica desvela que la firma que hacía encuestas para el PP hasta 2014 cobraba a través de empresas públicas y subcontratas de la Comunidad

Tres sumarios conducen a la financiación del Partido Popular en Madrid. Durante la presidencia de Esperanza Aguirre (2004-2016) al frente del partido, desde Fundescam a Púnica, pasando por Gürtel... todos los escándalos de corrupción salpican a empresas que trabajaban para el PP regional o el Gobierno madrileño. A veces para ambas y al mismo tiempo.

La última pieza separada abierta por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tirando del ovillo de Púnica indaga sobre la documentación incautada por la Guardia Civil a Beltrán Gutiérrez, el hombre de las cuentas en la sede del PP madrileño que ya fue condenado en el escándalo de las tarjetas black e imputado ahora en esta rama del sumario. Los investigadores siguen el rastro del dinero de la campaña de las autonómicas de 2007, en las que Aguirre resultó reelegida presidenta regional, y han encontrado apuntes sospechosos del puño y letra de Gutiérrez.

En el cuaderno del exgerente figuran garabateados los nombres de Carat, la comercializadora de publicidad del exportavoz del Gobierno de Aznar Miguel Ángel Rodríguez -que facturó entre 2006 y 2008 más de 50 millones a la Comunidad de Madrid y sus empresas públicas-, Over Marketing, otro de los proveedores habituales del PP y del Gobierno regional, y la firma Sintra, junto a sus supuestas aportaciones económicas al partido.

Según esas anotaciones de Beltrán Gutierrez en las cuentas del PP regional, el dinero pagado a Carat en 2007 (1,5 millones de euros) salió del Gobierno regional (un millón), 0,2 (200.000 euros) del PP y 0,3 (los 300.000 restantes) están atribuidos a "Diego de León", calle donde se ubica la sede de la patronal madrileña.

"Diego de León" vuelve a salir en la caligrafía del exgerente como responsable de aportar 700.000 euros a la contabilidad del PP ese mismo año 2007, en que se celebraron municipales y autonómicas para pagar a Over Marketing, una empresa de publicidad cuyo propietario, Daniel Mercado, está imputado en varios casos de corrupción por amañar contratos en instituciones gobernadas por el PP.

El apunte "Diego de León", sobre el que todavía se está investigando, es clave porque se trata de determinar si las prácticas detectadas en Fundescam, la fundación del PP que sirvió para camuflar las entregas ilegales de empresarios que recibían contratos de instituciones en manos del partido, siguieron todos estos años.

De Fundescam salieron los fondos para sufragar las dos campañas de 2003: la primera que dejó a Aguirre fuera del Gobierno hasta que dos tránsfugas del PSOE evitaron votar con su partido; y la segunda, tras el 'tamayazo' que la aupó al poder. En los tribunales todo acabó en nada porque los delitos estaban prescritos. Los investigadores de Púnica creen ahora que se pueden haber dado delitos continuados en el tiempo que interrumpan ese plazo de prescripción.

Con los conciertos en las fiestas locales

Otros tomos del mismo sumario Púnica se explayan sobre las andanzas de la sociedad organizadora de eventos musicales Waiter Music, a los que decenas de ayuntamientos del PP madrileño le contrataron en los últimos años las orquestas para las fiestas de distintas localidades madrileñas, siguiendo instrucciones del que fue el secretario general del partido y mano derecha de Aguirre, Francisco Granados, el cabecilla de la trama.

Waiter Music se ocupó a la vez de varios mítines electorales de Aguirre en 2007 y 2011, incluidos actos en los que intervino el dúo musical Azúcar Moreno, Iguana Tango y hasta una banda de mariachis. Los investigadores sospechan que los contratos institucionales sirvieron para rebajar la factura en los mítines del PP, cuyos presupuestos de campaña no cuadran con los números remitidos a la Cámara de Cuentas.

Entre las sospechosas habituales, presentes en los sumarios Gürtel y Púnica, figura una tercera consultora de publicidad, la firma Swat, organizadora de campañas del PP en distintos lugares de España y proveedor habitual del Gobierno de Aguirre. Según los informes de la Guardia Civil en poder de Eloy Velasco, y tal y como han refrendado varios testigos en la Audiencia Nacional, Swat fue una de las empresas a las que la multinacional Indra -una potente subcontrata del Gobierno regional- debía abonar una factura de 20.000 euros siguiendo órdenes del entonces consejero de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria.

Entre los cargos que el PP había hecho a Swat figuraba la contratación de los sondeos de opinión que la empresa Demométrica entregó durante 2014 al partido de Esperanza Aguirre.

'Made in Madrid', campaña fantasma

Los lazos entre Swat y el aguirrismo también vienen de muy atrás y aparecen en otras causas. La consultora publicitaria cobró en 2006 un total de 1,3 millones de euros por valorar las ofertas de dos polémicas campañas convocada por organismos adscritos al Gobierno regional.

La adjudicataria del primer concurso ideado para promocionar "el desarrollo económico" de la región, MQM, ingresó 1,25 millones de euros supuestamente a cambio de distribuir material promocional con el logo de Made in Madrid. No hay ninguna evidencia de que se realizase. Y eso que su plan de comunicación incluía el reparto de 100.000 bolígrafos, entre otras actuaciones.

La segunda acción publicitaria, que tampoco dejó rastro, reportó dos millones a Over Market, la firma que ahora aparece de nuevo en los papeles de Beltrán Gutiérrez. El diario Público desveló en 2011 que ninguna de las dos acciones se llevó a cabo. Y de paso recordó que las tres firmas implicadas, que se embolsaron 4,5 millones de euros por publicidad inexistente, aparecían también en la trama Gürtel creando sociedades pantalla para camuflar adjudicaciones propuestas por Francisco Correa en municipios como Majadahonda.

Preguntada sobre las últimas revelaciones judiciales, Aguirre se desvinculó este viernes de las actuaciones que investiga la Audiencia Nacional y defendió que si alguien ha cometido alguna ilegalidad que lo pague. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid no ha sido citada a declarar en Púnica pero sí lo hará como testigo en el juicio de Gürtel. La petición de su antiguo colaborador Francisco Granados a Eloy Velasco para que aclare sus responsabilidades en determinados contratos de la trama Púnica fue desestimada por el magistrado.

http://m.eldiario.es/politica/Esperanza-Aguirre-campanas-electorales-sospecha_0_628187645.html

EL 'CASO PÚNICA' DESVELA QUE EL EXDUEÑO DE ELOSÚA FUE SORPRENDIDO CON 200.000 EUROS EN EFECTIVO EN LA FRONTERA FRANCO-SUIZA

El empresario fue interceptado en 2011 en la aduana francesa de Saint Julien en Genevois con 200 billetes de 500 euros, 300 billetes de 200 euros, 300 billetes de 100 euros y 200 billetes de 50 euros

El exdueño de la empresa de aceites leonesa sostiene que las cuentas en bancos suizos de la familia Elosúa se remontan "a varias décadas" y que están "totalmente regularizadas y declaradas a la Agencia Tributaria"

La investigación del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, de la pieza secreta de la Púnica sobre la financiación ilegal del PP de Esperanza Aguirre ha desvelado que el exdueño de la marca de aceite Elosúa Marcelino Elosúa de Juan fue sorprendido con 200.000 euros en efectivo en la frontera suiza con Francia, según un escrito del letrado del empresario a la que ha tenido acceso infoLibre.

Este empresario, siempre según el escrito de la defensa del mismo, declaró como investigado en la Audiencia Nacional en relación con la financiación ilegal del PP madrileño. Precisamente este miércoles se ha conocido que tres documentos manuscritos del exgerente de la formación política conservadora en Madrid Beltrán Gutiérrez, y que figuran en el sumario de la Púnica, indican que el partido destinó 1,5 millones a publicidad exterior y 1,03 millones a prensa y radio en la campaña de las autonómicas de 2007.

Sin embargo, el PP declaró a la Cámara de Cuentas que había gastado 265.002 euros por el primer concepto y 550.000 por el segundo. Es decir, declaró 1,71 millones menos de lo presuntamente gastado.

200 billetes de 500 euros

Los hechos conocidos en relación al exdueño de Elosúa y expresidente de Aceites Carbonell se remontan a 2011, año en el que Marcelino Elosúa de Juan, fundador de la firma LID Editorial Empresarial, S.L, fue interceptado en la aduana de la ciudad francesa de Saint Julien en Genevois, tras abandonar Suiza con 200 billetes de 500 euros, 300 billetes de 200 euros, 300 billetes de 100 euros y 200 billetes de 50 euros; en total 200.000 euros.

"El dinero consignado en la frontera francesa, no en la suiza, no procedía de España, sino de una cuenta en el banco suizo Julius Baer. La consignación la realizó la policía francesa de aduanas tras pasar nuestro defendido la frontera desde Suiza hacia Francia. Las autoridades francesas consideraron que se trataba de una simple infracción administrativa e impusieron al señor Elosúa una multa del 5% de la cantidad incautada (10.000 euros), devolviéndole el resto (190.000 euros) por medio de una transferencia bancaria", especifica el representante legal del investigado, en un intento de desvincular ese dinero con la pieza separada de Púnica sobre la financiación irregular del PP madrileño.

La multa de 10.000 euros, tal y como reconoce el escrito del empresario enviado al juez Eloy Velasco, se produjo por incumplir la obligación de declarar los fondos introducidos en Francia desde un país no miembro de la Unión Europea, como es el caso de la Confederación Helvética.

Asimismo, el exdueño de la empresa de aceites leonesa sostiene que las cuentas en bancos suizos de la familia Elosúa se remontan "a varias décadas y no han tenido ingresos (ni en efectivo ni de ninguna otra forma) desde hace más de diez años".

Registro de LID Editorial Empresarial

Este empresario asegura que las mencionadas cuentas están "totalmente regularizadas y declaradas a la Agencia Tributaria española". Además, asegura que los agentes de la UCO comprobaron durante el registro de la sede de LID Editorial Empresarial todos los modelos de declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero "debidamente presentados y se llevaron copia de ellos".

El escrito pone de manifiesto que al final de la declaración de Marcelino Elosúa de Juan el juez le preguntó por el incidente de la frontera suiza, cuando la Policía consignó los 200.000 euros que tenía en efectivo: "En la entrada y registro en la sede de LID Editorial Empresarial, S.L. los agentes de la UCO habían intervenido una documentación sobre unas cuentas bancarias en Suiza alegando que eran relevantes para la investigación (pese a que se trataba de documentación personal de Marcelino Elosúa y no de LID Editorial Empresarial)", interpreta el letrado.

"La hipótesis con la que trabajaba la UCO, y que a su entender justificaba la intervención de los documentos sobre estas cuentas, era que el señor Elosúa había llevado 200.000 euros en efectivo desde España a Suiza para ingresarlos en un banco de ese país. Como ya anticipamos en la declaración judicial, esta interpretación de la UCO es un error", completa la defensa del empresario investigado.

Y para justificar este supuesto error de los agentes de la Guardia Civil, el letrado incorpora un extracto bancario de dos reintegros, por importes de 150.000 y 50.000 euros, realizados en dos cuentas del banco Julius Baer, de Lausana, el 18 de agosto de 2011.

La fundación de Vargas Llosa

Marcelino Elosúa de Juan, que está imputado en la pieza de la financiación ilegal del PP madrileño, es integrante del Consejo Empresario Asesor de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) presidida por el Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Según la página web de la editorial, fue el propio escritor peruano el que invitó a Marcelino Elosúa a formar parte de la fundación "cuyos objetivos son la defensa y promoción de los principios de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho".

En el Consejo Empresario de la FIL, que tiene 45 miembros, están además de Marcelino Elosúa los españoles Juan Félix Huarte, Ignacio Eyries y Juan Villar-Mir de Fuentes. La Fundación Internacional para la Libertad, cuya sede está situada en la ciudad argentina de Rosario, fue registrada el 4 de febrero por el exdiputado del PP y exjefe de prensa de José María Aznar en Castilla y León Pablo Izquierdo Juárez, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 10 de marzo de 2004.

Pablo Izquierdo Juárez es presidente de la Fundación Iberoamérica Europa, que según la Cadena Ser en los ocho años de Gobierno del PP recibió más de 20 millones de euros en ayudas públicas. Tanto la fundación de Izquierdo Juárez como la FAES de Aznar están asociadas a la de Vargas Llosa.

La Fundación Iberoamérica Europa fue la adjudicataria del contrato de gestión de dos centros dedicados a la población rumana en las localidades madrileñas de Coslada y Alcalá de Henares. Entre las entidades asociadas a la Fundación Internacional para la Libertad se incluye Freemarket, cuyo presidente es el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós.

Según la revista Tiempo, LID Editorial, el sello fundado por el leonés Marcelino Elosúa y que dirige Jeanne Bracken ha publicado un volumen titulado Ideas en libertad en el que 80 personas han escrito textos dedicados al autor hispanoperuano.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/31/el_caso_punica_desvela_que_exdueno_elosua_fue_sorprendido_con_200_000_euros_efectivo_frontera_suiza_63229_1012.html

 LOS AUDIOS DE LA ‘PÚNICA’ QUE SALPICAN A COSPEDAL Y SU ENTORNO

De Pedro reconoce haber tenido una reunión con la número dos del PP y los cabecillas presumen de proyectos con el anterior Gobierno de Castilla-La Mancha y la alcaldesa de Ciudad Real

Dentro del sumario de la Pieza Separada de la Púnica, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, hay multitud de menciones intrigantes a relevantes dirigentes del Partido Popular. Muchas de ellas han quedado eclipsadas por el maremoto murciano que afecta al todavía presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez. En concreto, hablamos de las que afectan a María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, secretaria general del PP y presidenta del PP de Castilla-La Mancha y a dirigentes de su confianza.

La primera de esas menciones, que versa en completo sobre Cospedal, está incluida en la larga conversación que mantuvo Alejandro de Pedro con José Fidel Saura, jefe de gabinete del consejero Juan Carlos Ruiz, sobre las luchas de poder dentro del PP de Murcia.

Saura comenta que están preparando una reunión en Moncloa para “pastelear” y que su jefe, el entonces consejero de Industria, tome ventaja para presidir el PP de Murcia y la Comunidad Autónoma, frente a Pedro Antonio Sánchez, en ese momento consejero de Educación y aspirante al mismo ascenso.

Es entonces cuando De Pedro le lee a Saura el correo electrónico que le ha enviado a María Dolores de Cospedal, en el que le vende la figura de Juan Carlos Ruiz:

“Existe un consejero joven, que viene de ser portavoz en la Asamblea regional y es querido en el partido. El otro consejero de Educación tiene una imputación, es igualmente joven, pero con el problema que ya te comento”. De Pedro, en el correo que lee, insiste en dos ocasiones en los “casos de corrupción” y “la situación que generan en la opinión pública”. “Eso iba para tu amigo de…”, subraya el conseguidor de la Púnica, una mención sutil a Pedro Antonio Sánchez que celebra Saura: “Sí, sí, el otro…”

En el encabezado de su correo a Cospedal, De Pedro deja caer que ya se había visto con Cospedal: “Querida amiga, desde la última vez que nos vimos hasta hoy nuestra empresa ha crecido…”. Y, a juzgar de lo que dice De Pedro, no iba a ser la última reunión: “Me ha contestado su jefa de gabinete, que ya lo ha leído y me va a dar cita”.

No es la única grabación que afecta a Cospedal y su entorno. El 22 de septiembre de 2014, De Pedro habla con José Antonio Alonso Conesa -exalcalde socialista de Cartagena e implicado en la trama-, haciendo los preparativos del día siguiente para reunirse con Pedro Antonio Sánchez. Hablan sobre qué hacer con el coche de empresa, porque Alonso tiene que viajar al día siguiente a Toledo para reunirse con Leandro Esteban, consejero de Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha.

“Yo a las 12 tengo que estar en Toledo, porque me pidió la alcaldesa de Tarancón, que le hiciera un favor con… que me lo pidió ella, que es para el consejero de Presidencia de Castilla-La Mancha. Y voy a las 12 nada más que para eso, para ver a este hombre, a Leandro, y me vuelvo”.

Horas después, Alonso vuelve a hablar con De Pedro para decirle que la reunión se ha cancelado finalmente.

En esa misma conversación, Alonso vuelve a apuntar a otra persona fiel a Cospedal. Se trata de la que fuera alcaldesa de Ciudad Real durante ocho años, Rosa Romero, y quien en la actualidad ejerce como vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados.

"Se me olvidó decirte que habló Pilar [Barreiro] con la alcaldesa de Ciudad Real y le dijo: “Pero si mi jefe de gabinete quedó muy contento. No entiendo como no haya contestado. Te lo digo porque voy a llamar al Javi, a Bueno [Francisco Javier Bueno] para decirle: “Oye, llámate al pavo éste y usa esta conversación”.

A lo que De Pedro contesta que “se ve que la tía esta da prioridades a otras cosas”. Alonso le replica que en Ciudad Real “es más complicado para nosotros porque ahí no tenemos nada montado”. Pero De Pedro le contradice: “Sí, sí, ya lo tenemos. Ahí tenemos el de Ciudad Real montado y ya tiene dos años. Lo que pasa es que no lo alimentamos, pero tiene 6 o 7.000 tíos”.

http://www.elplural.com/politica/2017/03/27/los-audios-de-la-punica-que-salpican-cospedal-y-su-entorno

EL CONSEGUIDOR DE LA PÚNICA MONTÓ UN FALSO DIARIO DIGITAL AL SERVICIO DE FLORENTINO PÉREZ Y EL REAL MADRID

Alejandro de Pedro creó diariobernabeu.com con el dinero del contrato de reputación en redes sociales que su empresa firmó con el Real Madrid

El propio Florentino Pérez daba en ocasiones instrucciones sobre los contenidos de ese diario a De Pedro a través de mensajes SMS que aparecen en el sumario de la Púnica

El falso medio de comunicación se usó también para presionar al entrenador con las alineaciones, para intentar acallar noticias negativas o para criticar a los árbitros y a rivales como Ramón Calderón

"Notición. Acabo de cerrar con Florentino un supercontrato. Oeoeoeoeoeoeoe oeoeoe. Ahora soy del madrid. Jajaja. Soy un chaquetero". Así celebró Alejandro de Pedro, uno de los principales imputados de la trama Púnica, el acuerdo al que llegó en septiembre de 2013 con el Real Madrid.

El mensaje se lo mandaba a su mediador con Florentino Pérez, Donato González, responsable de Société Générale en España, y la euforia de De Pedro estaba justificada. Era un contrato por 300.000 euros por un año para mejorar la reputación en redes sociales del Real Madrid en España y otros países.

La campaña en redes sociales organizada por De Pedro tenía como base central una página web, diariobernabeu.com. El método era similar al que De Pedro aplicó con otras campañas en redes que vendía a empresas y políticos, y que solían incluir un medio digital, en apariencia independiente, donde se publicaban noticias favorables al cliente que después se movían en redes sociales a través de cuentas falsas para influir en el debate público y aminorar el impacto de las noticias negativas.

Hoy diariobernabeu.com ya no está en funcionamiento y su cuenta de Twitter hace meses que no se actualiza. Se presentaba como un "periódico digital con todas las noticias del Real Madrid", pero tanto en las redes como en su propia web –accesible parcialmente a través de Archive.org– omitía que quien realmente pagaba ese supuesto medio de comunicación era el propio club, a través del contrato con la empresa de Alejandro De Pedro, EICO.

El equipo de comunicación del Real Madrid y, en ocasiones, el propio Florentino Pérez, daban indicaciones directas a De Pedro sobre los contenidos que tenían que aparecer en esa web. La relación entre De Pedro y el presidente del Real Madrid está acreditada por los numerosos mensajes SMS y llamadas telefónicas que figuran en el sumario judicial de la trama Púnica, a los que ha tenido acceso eldiario.es.

El Diario Bernabéu no solo servía para mejorar la reputación en redes del Real Madrid o contar noticias sobre el club. También para lanzar campañas contra los árbitros y contra rivales de Florentino Pérez, como el expresidente del club Ramón Calderón. O incluso para presionar al entrenador con la alineación.

"Presi, lo sacan ahora y te lo envío"

Gareth Bale fue contratado en el último suspiro del mercado de fichajes el 31 de agosto de 2013. El Real Madrid se comprometió entonces a pagar una cifra récord: 99 millones de euros.

Pero, cosas del fútbol, el fichaje se demoró más de lo previsto; el galés se incorporó tarde a los entrenamientos y el entrenador, Carlo Ancelotti, no terminaba de alinear de inicio a Bale tanto como se esperaba por el precio pactado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

"Presi, lo sacan ahora y te lo envío", avisaba De Pedro a Florentino Pérez a las diez de la noche el 16 de enero de 2014 en relación con una publicación en diariobernabeu.com escrita para reclamar la titularidad de Bale: "Además, mañana en la rueda de prensa preguntarán por esto al entrenador".

A las 7:51 del día siguiente, De Pedro vuelve a escribir al presidente del Real Madrid: "Buenos diass presi, hemos sacado dos artíulos, hoy se mueven en redes sociales http://www.diariobernabeu.com/bale-reclama-su- sitio/1258 y este dirigido al entrenador http://www.diariobernabeu.com/ancelotti-pon-bale/1254". Y a las pocas horas, otro mensaje más de De Pedro a Florentino Pérez: "Hace un rato q se cambiaron como pediste. Un abrazo".

Ambos artículos no están ya disponibles en la web, pero tanto la dirección como el mensaje "dirigido al entrenador" quedan aún más claros pocas horas después. Esa misma mañana, en la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, los servicios de prensa del Real Madrid daban la palabra al periodista Javier Iglesias, director de diariobernabeu.com, para preguntar por las suplencias del galés, tal y como había avisado De Pedro a Florentino Pérez: "¿Es un lujo excesivo que Gareth Bale no sea titular en todos los partidos como ocurre con Cristiano Ronaldo?" Este es el vídeo con la pregunta de Javier Iglesias y la contestación del entrenador:

Tras la pregunta de Javier Iglesias, Alejandro de Pedro envió por SMS el vídeo a Florentino Pérez. "Presi esta mañana se ha preguntado al entrenador como te dije", escribía De Pedro con un enlace al vídeo en Youtube. "Bien", respondía Pérez.

diariobernabeu.com no sólo presionaba al entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti. También a los árbitros tras un clásico en el que cayó el Madrid 3-4 frente al F.C. Barcelona. "Buenas noches presi, estamos a tope con el tema del arbitraje, sobre todo sacando imágenes del pisotón en la cabeza de Busquets a Pepe", informaba De Pedro en marzo de 2014.

Envió un mensaje similar a Antonio Galeano, responsable de comunicación del Real Madrid: "Buenas noches Antonio, estamos a tope con el arbitraje si tenéis algo interesante me lo envías. Gracias y un abrazo".

Al día siguiente, De Pedro envía a Pérez y Galeano el siguiente mensaje: "El Real Madrid acostumbrado a jugar con diez contra el Barça http://www.diariobernabeu.com/real-madrid-expulsiones-barcelona-diez- jugadores/4170".

Galeano responde: "Magnífico trabajo. Abrazo". Y añade en su comunicación con Pérez: "Hemos hecho dos mas, por indicación de Antonio [Galeano], http://www.diariobernabeu.com/real-madrid-perjudicado-arbitros-liga/4169 Y la tercera, Undiano es reincidente y talismán para el Barsa http://www.diariobernabeu.com/undiano-mallenco-barcelona/4182". Se refiere a Alberto Undiano, uno de los árbitros de Primera División.

Pero no solo Galeano daba instrucciones directas a De Pedro. También lo hacía en algunas ocasiones el propio Florentino Pérez, como se ve en este mensaje de julio de 2014: "Alex, no pongáis en el diario Bernabéu que media Europa está detrás de Isco porque aparte de que no es verdad nos va a terminar creando problemas". Y De Pedro le responde: "Vale, ahora mismo lo quitan. De todas formas presi echo en falta más q nos digan q interesa poner y q no, superamos ya los 2 millones de visitas así q lo q se pone tiene su repercusión en los madridistas". A este mensaje de De Pedro, Florentino no respondió.

La de Isco no es la única corrección que hace Florentino Pérez a De Pedro. En septiembre de 2014, le dice: "Pones muchas cosas de Di María".

Hacía un mes que había firmado su traspaso al Manchester United. De Pedro le responde: "Puede ser se lo diré pero es q el tío trae mucho tráfico. Por cierto hoy el as criticaba la decisión q habéis tomado con la cantera, se ha sacado esto http://www.diariobernabeu.com/cantera-real-madrid-remodelacion/13379".

De Pedro también publicaba artículos contra el expresidente madridista Ramón Calderón, rival de Florentino Pérez, como este que le mandó a Antonio Galeano en abril de 2014: "http://www.diario-bernabeu.com/tapese-un-poquito-senor-ramon-calderon/4857".

En alguno de los mensajes, el propio Florentino duda de la eficacia de la estrategia de redes sociales diseñada por De Pedro: "Vale para algo lo de el diariobernabeu. Todo el mundo sabe que es un diario de la casa", le escribe por SMS.

Según declaró Florentino Pérez hace unos meses ante la Audiencia Nacional, donde fue citado como testigo por este contrato con De Pedro, el Real Madrid decidió romper con la empresa para cerrar un acuerdo mucho más ambicioso con Microsoft, que desarrolló un herramienta de software a medida para gestionar las redes sociales del club.

En el interrogatorio, el fiscal le preguntó en varias ocasiones por el Diario Bernabéu. En su declaración, cuyo audio desveló El Confidencial, Florentino Pérez aseguró que esa web la montó De Pedro desde su empresa "para tener más contacto con este mundo de los seguidores" en redes sociales. "El diario es un tema menor" (...), "es uno de los miles que hay sobre el Real Madrid". También aseguró que ese diario no lo pagaba el club, sino que corría a cargo de Alejandro De Pedro, y que no conocía de nada a su director, Javier Iglesias.

Ante la Audiencia Nacional, como testigo, Perez se mostró también arrepentido de su contrato con Alejandro de Pedro y "la fatalidad de que una persona que nos presentan como experto resulta que después está implicado en una cosa que mancha el nombre del Madrid".

Javier Iglesias, el periodista que dirigía Diario Bernabéu, hoy trabaja como coordinador de Diario Madridista, una sección dedicada al Real Madrid dentro de OK Diario, el digital de Eduardo Inda. Iglesias también fue interrogado por la Audiencia Nacional como testigo de la Operación Púnica. Ante el fiscal, según publicó El Confidencial, Iglesias admitió que ese medio tenía como único cliente al propio club. “Hay un cliente que es el Real Madrid, y nos pedían que hiciéramos determinadas cosas como contrarrestar una campaña contra un jugador publicada en otros medios”.

http://m.eldiario.es/politica/conseguidor-Punica-falso-diario-digital-servicio-Florentino-Perez-Real-Madrid_0_627138361.html

EL JUEZ VELASCO INVESTIGARÁ A LAS EMPRESAS SEÑALADAS POR GRANADOS

Esperanza Aguirre, "de momento", se libra de tener que testificar, como pidió el cabecilla de la ‘Púnica’

El juez Eloy Velasco, encargado de la instrucción de la conocida trama Púnica, ha aceptado este martes investigar a las empresas señaladas por Francisco Granados como adjudicatarias de la construcción de viviendas entre 2001 y 2004.

En el auto al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, el juez de la Audiencia Nacional accede “a la práctica de la documental solicitada” por el abogado de Granados y reclamará a Arpegio, fundación presidida por Granados y que está investigada en la Púnica por ser un instrumento “para hacer favores” con dinero público, un informe sobre “las adjudicaciones de vivienda realizadas en el periodo 2001 a 2004” a siete empresas: Himalaya S.L., Hilday S.L., Tuvalu S.L., Servicios Logísticos Inmobiliarios S.L, Servicios Patrimoniales Obras y Vías S.L., TPC S.L. y Obras y Vías S.A.

Además, la investigación que dirige Velasco se dirigirá al Ayuntamiento de Valdemoro, que gobernó Granados durante cuatro años, para que consiga una “relación completa de los propietarios” de varios sectores de polígonos industriales de la localidad cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana local, en 2004, justo cuando él dejó la Alcaldía.

Por último, se acepta la reclamación de un “listado completo de las adjudicaciones del suelo público y de servicios públicos realizados en el periodo 1999 a 2003” en la localidad madrileña, en concreto el periodo en el que fue alcalde, y solicitar al registro de Valdemoro “las propiedades que, durante los años 2001, 2002, 2003 y 2004” tuvieron las misma siete empresas.

Rechaza las declaraciones

Las peticiones de Granados que no acepta Velasco son las comparecencias que había reclamado dentro de la investigación, entre ellas la más llamativa la de su exjefa, Esperanza Aguirre, a la cual Granados escribió una carta la semana pasada donde le recordaba que “prácticamente todo lo que sé de política lo aprendí de ti”.

El juez de la Audiencia Nacional explica en su respuesta al supuesto cabecilla de la trama Púnica que, “de momento”, no procede acordarlas dada la gran cantidad de declaraciones solicitadas, ya que las considera “innecesarias en este momento procesal”. Velasco sí que abre la puerta a que las mismas comparecencias se puedan solicitar “en la fase de juicio oral”.

Granados, el colaborador

Tanto las diligencias documentales como las testificales se enmarcan dentro de la estrategia de Francisco Granados para mostrarse como colaborador de la justicia, declarando en ellas su “propósito de que se puedan llegar a conocer todos los datos referentes a los hechos investigados”.

Por ello, el exconsejero de la Comunidad de Madrid pidió que se llamase a declarar a Esperanza Aguirre para que “explique el papel” de Granados en su Gobierno y “qué influencia pudo ejercer sobre la gestión de otros consejeros”, así como su papel en las adjudicaciones de colegios públicos y en el PGOU de Valdemoro.

Entre otros, el supuesto cabecilla de la Púnica también pidió la comparecencia de Jaime González de Taboada, actual número tres de Cristina Cifuentes como consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y a quien el socio de Granados, David Marjaliza, acusó de “mangonear” en el Plan Prisma para llevarse mordidas. Granados le quiso citar para que “desmienta” dichas acusaciones y “manifieste si conoce de la existencia de pagos de comisiones referidas”.

http://www.elplural.com/politica/2017/03/21/el-juez-velasco-investigara-las-empresas-senaladas-por-granados

EL JUEZ DE PÚNICA RECHAZA INTERROGAR COMO TESTIGO A ESPERANZA AGUIRRE POR "INNECESARIO"

Francisco Granados había solicitado la declaración de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y otros 24 ex altos cargos para que aclarasen cuál era su poder real dentro del Ejecutivo autónomo

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha decidido rechazar la petición del presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, para que comparezcan como testigos 25 ex altos cargos de la Comunidad de Madrid, entre ellos Esperanza Aguirre. En una providencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado argumenta su decisión en "la gran cantidad de declaraciones solicitadas, innecesarias muchas en este momento procesal". Velasco invita al que fuera secretario general del PP madrileño y hoy único encarcelado por la red de corrupción, a "solicitarlas en la fase del juicio oral".

La decisión del juez tiene fecha del pasado 17 de marzo, sólo dos días después de que Granados presentara un escrito para solicitar una batería de diligencias en el caso Púnica, entre las que se incluía las 25 testificales. En el mismo, el político hoy encarcelado asegura que la declaración de Aguirre era “necesaria” para que ésta explicase qué papel jugaba él en los Ejecutivos regionales cuando fue integrante del mismo y “qué influencia pudo ejercer sobre la gestión de otros consejeros”. El presunto cabecilla de la trama también quería que la expresidenta madrileña detallase qué participación pudo tener él en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Valdemoro, en los conciertos de colegios “y en cualesquiera otros asuntos urbanísticos” ahora bajo sospecha.

Junto a Aguirre, Granados pedía que también se citase como testigo a Jaime González Taboada, actual consejero del Ejecutivo de Cristina Cifuentes, y que durante la etapa de Aguirre ocupó el cargo de director general de Administración Local y presidente del Consejo de Administración de Arpegio, la empresa pública del suelo investigada en el caso Púnica. Su nombre apareció en la declaración del arrepentido David Marjaliza como supuesto receptor de mordidas por la adjudicación de obras del Plan Prisma. En este caso, el ex secretario general del PP madrileño quería, precisamente, que Taboada “desmienta” aquellas acusacioneslas declaraciones del constructor David Marjaliza. Además, quería que detallase si conocía la existencia de pagos al propio Granados y si tenía constancia de que algún empleado de la sociedad pública Arpegio había manifestado "temor a sufrir represalias o presiones para no colaborar con la Justicia”.

En la lista de testigos propuestos por el presunto cabecilla de la trama, y ahora rechazada por el juez Velasco, se encontraban también dos diputados actuales del PP en la Asamblea de Madrid, el también senador Juan Soler y Bartolomé González, quien fuera alcalde de Alcalá de Henares y una de las personas de la máxima confianza de Aguirre. Granados quiere que ambos sean interrogados por las acusaciones que lanzó contra ellos Marjaliza durante su confesión, cuando los señaló como supuestos receptores de sobornos a cambio del amaño de contratos públicos. También solicitaba las comparecencias de los exconsejeros Mariano Zabia Lasala, Beatriz María Elorriaga, Ana Isabel Mariño y Santiago Fisas, del exalcalde socialista de Getafe Pedro Castro, de siete concejales del Ayuntamiento de Valdemoro y de varios altos cargos de la Comunidad ligados a Arpegio y al Plan Prisma.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/21/actualidad/1490094841_112524.html

 LOS 72 INDICIOS QUE ACORRALAN AL PRESIDENTE DE MURCIA EN LA ‘PÚNICA’

El sumario sobre la trama de corrupción acumula decenas de correos electrónicos, llamadas, mensajes de móvil, documentos y tres declaraciones que salpican a Pedro Antonio Sánchez

El 'caso Auditorio' por el que tuvo que declarar como investigado este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia no es el único frente judicial al que pende sobre el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Pese a la polémica decisión de la Fiscalía Anticorrupción de no apoyar al juez Eloy Velasco en su iniciativa de remitir parte del sumario del ‘caso Púnica’ a los órganos judicial de la región autónoma para que sean ellos los que investiguen al político en su condición de aforado, la causa de corrupción recoge numerosos indicios de la supuesta implicación del jefe del Ejecutivo de esta comunidad en la trama. Son trece correos electrónicos, una docena de llamadas de teléfonos, 35 mensajes de móvil, seis documentos digitales y tres en formato papel que sustentan las sospechas contra él y que se detallan en dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Trece correos electrónicos. El primer correo electrónico que destacan los informes del Instituto armado sobre los supuestos tratos de la trama Púnica con Pedro Antonio Sánchez y su entorno tiene fecha del 11 de junio de 2014. Es un “recordatorio” de la reunión que ese día supuestamente mantuvieron el político y el experto informático de la trama, Alejandro de Pedro, y que fue localizado en el ordenador que este último tenía en su casa. El último es del 24 de octubre de ese mismo año, sólo tres días antes de que se produzcan las primeras detenciones de la ‘Operación Púnica’, entre ellas la del propio De pedro. Éste último también era un “recordatorio”, en ese caso de un encuentro que mantuvo el presunto integrante de la trama con un miembro de la Consejería de Educación de Murcia, que entonces encabezaba el hoy presidente de Murcia. Entre medias, una decena de mensajes más, algunos entre De Pedro y un asesor de Pedro Antonio Sánchez llamado David Conesa Ferrer, actualmente imputado en la causa. En uno de ellos, fechado el 20 de octubre, éste último destaca al experto informático que “el consejero tiene mucho interés en que nos veamos para empezar”.

Doce llamadas de teléfono. Una docena de comunicaciones intervenidas a Alejandro de Pedro y su socio, el que fuera alcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, son consideradas clave por la Guardia Civil. Muchas son conversaciones entre ambos en las que comentan detalles de sus tratos con autoridades de Murcia y, en concreto, con Pedro Antonio Sánchez. En una de ellas, del 17 de octubre de 2014, el experto informático se muestra impaciente por la falta de respuesta del político a sus propuestas "Oye, si hablas con Pilar [Barreiro, entonces alcaldesa de Cartagena y diputada, y hoy senadora del PP] dile que le he mandado tres mensajes al Pedro Antonio éste, tanta prisa y tanta hostia". También las hay con sus empleados para reclamarles modificaciones sobre las propuestas que van a hacer al hoy presidente murciano o en las que les informa de sus gestiones y encuentros.

35 mensajes de móvil. Los informes de la Guardia Civil destacan la existencia de dos cadenas de mensajes comprometedores. Por un lado, los 24 whatsapp que intercambian De Pedro con David Conesa, miembro del equipo de Pedro Antonio Sánchez, entre el 21 de octubre y el 25 del mismo mes. Buena parte de ellos se centran en concretar sendas citas en Madrid y Murcia. La segunda, son las comunicaciones vía imessages entre el conseguidor y el propio político del PP. Son once y se desarrollan entre el 21 y el 23 de septiembre. En ellas se ve el interés del candidato por reunirse con "Alex". Finalmente lo hicieron para desayunar en un bar cercano al hotel donde se alojaba el político durante una de sus estancias en la capital.

Seis documentos digitales. En uno de los ordenadores intervenidos durante el registro de la sede de las empresas de Alejandro de Pedro apareció un "informe de percepción inicial" con el nombre de Pedro Antonio Sánchez en la portada. En el mismo se examinaba la presencia del político en Facebook, Twitter, Youtube y los buscadores, así como una serie de "recomendaciones para mejorar su imagen y marca personal. El documento incluía un gráfico que destacaba que el 70% de las informaciones que aparecían en Internet sobre él fueran "negativas", sobre todo por los diferentes procesos judiciales en los que se había visto envuelto desde su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras. Entre ellos, el ‘caso Auditorio’. En otro equipo informático, en este caso el que se encontró en casa del experto informático, apareció el segundo de estos documentos: un "informe preventa" en el que se dejaba constancia de una reunión que el 11 de junio de 2014 habían celebrado en Madrid el político y De Pedro junto a la entonces alcaldesa Pilar Barreiro. En el mismo se señalaba dicho informe no gustó al "cliente", que incluso detectó fallos. No sería el último de las mismas características. De hecho, se encontraron otros cuatro. El último una propuesta como proyecto “vendido” que fijaba el precio de los servicios en 4.600 euros al mes más IVA.

Tres documentos en papel. Son los últimos incorporados a la causa y, de hecho, no figuran en el informe que la UCO entregó en la Audiencia Nacional en mayo de 2016, sino en uno más reciente. En concreto, del pasado 22 de noviembre. En el mismo se califican a dichos documentos de "nuevos hallazgos" que en opinión de los autores "amplían y corroboran" los indicios sobre las supuestas irregularidades cometidas. Se trata de tres anotaciones manuscritas localizadas en "los puestos de trabajo" de otros tantos empleados del experto informático de la trama. Pese a que todas ellas fueron intervenidas durante los registros de octubre de 2014 en la sede en Valencia de las empresas de este último, ha sido en estos últimos meses cuando las han podido encajar en las pesquisas.

Tres Declaraciones. Todas ellas son de la misma persona, Francisco Javier Bueno, un empleado de Alejandro de Pedro que ejercía de comercial de sus empresas y que, por ello, acompañaba al experto informático en sus encuentros con los clientes. La primera la realizó como testigo poco después de las detenciones de octubre de 2014. Las dos siguientes, ya como investigados. Una, ante la Guardia Civil, en abril de 2016. La última, ante el juez Eloy Velasco el 5 de octubre pasado. En todas ellas, este trabajador de Madiva Editorial SL ha mostrado su disposición a colaborar. Así su testimonio ha servido para confirmar la reunión que De Pedro mantuvo el 22 de septiembre de 2014 en el Hotel Las Artes de Madrid Pedro Antonio Sánchez y la hoy senadora Pilar Barreiro. Su testimonio también ha servido a los investigadores para confirmar otro encuentro, este del 24 de octubre en la sede la Consejería de Educación entre De Pedro, el responsable de redes sociales del entonces consejero de Educación , y en el que se supuestamente se cerró definitivamente el acuerdo. El trabajador aseguró que ese día les comunicaron que el actual presidente murciano había dado su "Ok" a los trabajos de reputación online.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/07/actualidad/1488879047_012387.html

 LA CAJA B DEL PP DE MADRID, LA HIDRA DE SEIS CABEZAS

La investigación del juez Velasco saca a la luz las diversas vías del partido para lograr fondos a través de la trama

La decisión del juez Eloy Velasco de requerir diversa documentación a la Comunidad de Madrid y tomar declaración como imputados dentro del caso Púnica a dos antiguos altos cargos del PP de Madrid de la etapa de Esperanza Aguirre y a varios empresarios ha sacado a la luz dos nuevas vías de financiación supuestamente irregular de los populares: Fundescam y el cobro de mordidas a través de contratos de publicidad por actos de inauguración de obras públicas. Son las dos últimas cabezas de una hidra, la de la supuesta caja b de la formación, que ya había mostrado durante los tres años de investigación otras cuatro de sus caras.

La reputación on line. Es la partida de supuesta financiación irregular menos cuantiosa, apenas varios cientos de miles de euros, pero es la que más repercusión política ha generado. Políticos del PP de toda España desviaron supuestamente fondos públicos a las empresas del experto informático Alejandro de Pedro para que este promocionara su imagen política en Internet. Uno de ellos, Marcos Martínez Barazón, que fuera presidente de la Diputación de León, ya ha sido procesado por ello. Otros, como el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, y su compañero en el Ejecutivo, Lucía Figar, están imputadas, como también el que fuera consejero de Industria de Murcia, Juan Carlos Ruiz. En esta región, el presidente, Pedro Antonio Sánchez, y la hoy senadora Pilar Barreiro, están pendiente de que el juez Velasco decida si envía sendas exposiciones razonadas para que los investigue el Tribunal Superior y el Supremo. Además, la Guardia Civil mantiene abiertas pesquisas en otros municipios, como Castellón y Gandía (Valencia). En este último, un informe de la UCO señala al que fuera su alcalde, Arturo Torró, y al parlamentario regional Víctor Soler.

Los maletines. También ha salido a la luz uno de los métodos tradicionales de financiación ilegal: el pago en metálico de comisiones. Una agenda del exconsejero y ex número dos del PP madrileño Francisco Granados reveló que este entregó supuestamente al partido dos millones de euros procedentes del empresario Javier López Madrid, miembro del consejo de administración de la constructora OHL y yerno del anterior presidente de esta empresa Juan Miguel Villar Mir. Los investigadores -y el juez Velasco con ellos- consideran que existen otras empresas financiadoras. De hecho, en el auto dictado en noviembre de 2015 para poner en libertad bajo fianza a Ignacio Palacios, mano derecha de Granados y señalado como su supuesto testaferro, el magistrado ya apuntaba a la presunta entrega de dinero en efectivo por parte de mercantiles. En aquel escrito, se destacaba el papel “clave” de este colaborador del exdirigente popular “mediante la recepción de cantidades en metálico entregadas por empresarios”.

Fiestas e inauguraciones. Waiter Music SL acaparó durante años contratos municipales para organizar festejos en una veintena de localidades de Madrid gobernados por los populares. Todo ello, según la Guardia Civil, gracias a la estrecha relación entre su propietario, José Luis Huerta, y Granados. En un reciente informe de la UCO se destaca que el primero consiguió “entre los años 2006 y 2010 contratos con ayuntamientos gobernados por el PP por valor de 19.214.514,56 euros”.. A cambio, la Guardia Civil considera que Huerta obsequió con la organización de diversos “eventos de carácter personal” a Granados y a otros cargos públicos, pero también al propio PP, cuyo coste luego era cargado a las arcas públicas mediante el inflado de las facturas por la organización de fiestas patronales y conciertos. Solo en Valdemoro, la UCO estima que se desviaron cerca de 200.000 euros del erario para sufragar mítines y actos del PP.

Waiter Music también organizó los festejos que acompañaron la inauguración en 2007 de dos grandes obras de ampliación de la red del Metro de la Comunidad de Madrid. En este caso, fueron las constructoras que recibieron las adjudicaciones las que se encargaron de contratar a la empresa de la trama, pero el juez Velasco sospecha que lo hicieron por indicación expresa de Granados.

Encuestas políticas. La investigación sobre los supuestos amaños de contratos a favor de la sociedad Cofely, filial del gigante energético francés GDF Suez, ha revelado que en ocasiones la mordida no era en efectivo sino mediante la elaboración de encuestas electorales. Los beneficiarios eran alcaldes, en su mayoría del PP, aunque también los había de otros partidos, como el socialista de Parla (Madrid), José María Fraile. Las empresas que aspiraban a conseguir una adjudicación, encargaban a la consultora TNS, uno de cuyos directivos está imputado, un sondeo de intención de votos que se camuflaba como estudio socioeconómico. El partido se ahorraba así el coste del mismo. Los investigadores han encontrado indicios de que esta práctica se realizó entre 2005 y 2014. Las primeras estimaciones cifran en más de 400.000 euros el coste real de estos trabajos.

Fundescam. No es la primera vez que esta fundación del PP de Madrid aparece salpicada por la corrupción. Ya ocurrió en el caso Gürtel. Entonces, el juez Antonio Pedreira archivó las pesquisas al considerar que los posibles delitos cometidos a través de ella estaban prescritos. Ahora, su colega Velasco ha reactivado esta línea de investigación que convierte las donaciones de empresarios a esta fundación creada por el PP durante los años en que Esperanza Aguirre presidió la Comunidad de Madrid en una de las más prometedoras de las pesquisas. La misma surgió tras encontrarse durante los registros de la sede de los populares y en el domicilio del que fuera su tesorero, Beltrán Gutiérrez, documentación que relacionan las aportaciones realizadas por algunos empresarios con la posterior adjudicación de contratos públicos. Uno de ellos es el presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, quien logró contratos públicos para su empresa de restauración en organismos públicos. El pasado miércoles fue citado a declarar a la Audiencia Nacional.

Actos publicitarios. Las sospechas se centran en las sociedades Over Marketing, Traci Comunicación y Link América, todas ellas de empresario argentino Daniel Mercado. En concreto, en los contratos firmados con ellas por las consejerías de Sanidad y Transportes, la Dirección General de Justicia y la antigua empresa pública del suelo Arpegio, los órganos de la Comunidad de Madrid a los que ha acudido en los últimos días la UCO para reclamar facturas. Los investigadores han constatado que estas sociedades acapararon adjudicaciones para organizar primeras piedras y cortes de cinta en los que se invertía el 1% del presupuesto de la obra y de la que supuestamente se desviaba una parte para la supuesta caja B del PP madrileño.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/13/actualidad/1489391334_296570.html

EL EXGERENTE DEL PP MADRILEÑO NIEGA LA FINANCIACIÓN ILEGAL ANTE EL JUEZ

El magistrado Velasco deja a Beltrán Gutiérrez en libertad sin medidas cautelares tras tres horas de declaración

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dejado este lunes en libertad sin medidas cautelares al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, imputado en la pieza separada del caso Púnica sobre la financiación ilegal del partido en esta comunidad. Fuentes jurídicas han informado que Gutiérrez ha negado cualquier tipo de irregularidad en la financiación del PP autonómico durante la etapa en que Esperanza Aguirre fue presidenta regional.

Gutiérrez ha declarado durante unas tres horas y ha respondido a todas las preguntas de todas las partes, según las mismas fuentes. El exgerente ha salido del edificio judicial sin ser visto alrededor de las 13.25. La investigación de la 14ª pieza del caso Púnica permanece bajo secreto sumarial.

La presunta implicación de Beltrán Gutiérrez en el caso Púnica arranca con unas notas manuscritas encontradas en una agenda intervenida a Francisco Granados. Los investigadores -y con ellos, el juez Eloy Velasco- sospechan que las mismas reflejan la supuesta entrega de dinero en metálico por parte de empresarios a una caja B del PP de Madrid a cambio de adjudicaciones. Dichas notas, en las que figuraban diversas cifras e iniciales, pudieron ser interpretadas gracias al constructor David Marjaliza, que lleva desde el verano de 2015 colaborando con la Justicia. En las mismas aparecían las iniciales ‘BG’, que el que fuera socio de Granados relacionó con el extesorero de los populares de Madrid, junto a las de ‘JLM’, referidas presuntamente al empresario Javier López Madrid.

Según dichas anotaciones, ambos estaban ligados a la entrega de 2 millones de dinero, parte de los cuales supuestamente se embolsó el que fuera secretario general del PP de Madrid, mientras el resto nutrió una contabilidad paralela de la formación. Una interpretación que Beltrán Gutiérrez negó cuando fue llamado a declarar, primero, por la Guardia Civil y, más adelante, por el propio magistrado a comienzos del año pasado. Para entonces, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) ya habían registrado su despacho en la sede del partido así como su domicilio, donde se localizaron diversos equipos informáticos y dispositivos de memoria cuyo contenido es el que ha provocado las diligencias ordenadas por el magistrado las últimas semanas.

Entre ellas estaban, precisamente, su toma de declaración -que tuvo que ser retrasada el jueves hasta hoy por la imposibilidad de su abogado de asistirla a la misma-, la del que fue consejero de Transportes y presidente de la Asamblea de Madrid, Ignacio Echeverría, y la del empresario Arturo Fernández. La UCO también se personó en las sedes de varias consejerías y de la empresa pública del suelo Arpegio para requerir documentación sobre los contratos de las mismas con empresas de publicidad, ante la sospecha que parte del 1% de las adjudicaciones que se debía dedicar a publicitar las obras acababa supuestamente desviado a la caja B de la formación.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/13/actualidad/1489392798_557351.html

EL FINANCIADOR DEL PP DE MADRID RECIBIÓ 18 MILLONES EN CONTRATOS

La Guardia Civil investiga si Over Marketing desvió al partido dinero de adjudicaciones de publicidad de ayuntamientos, Comunidad y empresas

Durante los primeros cinco años de Gobierno de Esperanza Aguirre, la Comunidad de Madrid fue un negocio de lo más lucrativo para Daniel Mercado, el publicista que competía con la trama Gürtel. Las denominadas «operaciones con terceros» que constan en las bases de datos de la Agencia Tributaria de algunas de sus empresas le dejaron al menos 18,5 millones de euros en ventas de servicios de publicidad y marketing al Gobierno de Aguirre y a alcaldes del entorno más próximo a la ex presidenta. Estos cálculos con el listado completo de clientes dejan cortas todas las cifras conocidas hasta ahora. Se trata de operaciones que muestran cómo la Comunidad, a través de sus múltiples (y desconocidas) agencias, institutos, fundaciones y empresas públicas, otorgaba cada año millones a este empresario. La Guardia Civil investiga si parte del dinero acabó en el PP.

Las operaciones con terceros de cuatro empresas de Daniel Mercado, a las que ha tenido acceso EL MUNDO, y que obran en poder de la Fiscalía Anticorrupción, demuestran cómo la Comunidad de Madrid concedía con especial fijación contratos a su sociedad Over Marketing, ahora bajo la lupa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), de Anticorrupción y de la Audiencia Nacional en el caso Púnica.

Contratos Daniel Mercado

Esta empresa publicitaria es sospechosa de ocultar una presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Hay que recordar que este empresario ya declaró ante un juez en 2012 que los contratos públicos en Baleares, Madrid, Castilla y León y Valencia se amañaban, que hacían regalos a políticos de la órbita del PP y que en Madrid era Alberto López Viejo (imputado en Gürtel) uno de los que daba las órdenes de que se le contratara.

La suma de facturaciones de sus empresas Over Marketing, Traci Comunicación, Abanico de Comunicación y Marketing y Link America ronda los 18,5 millones de euros entre 2003 y 2008. A grandes rasgos, se puede desglosar de esta manera cómo los políticos del PP de Madrid repartían sus inversiones siempre con este publicista argentino:

Los alcaldes Bartolomé González y Esteban Parro pagaban cada año

COMUNIDAD DE MADRID. Cada año, el Gobierno regional, como entidad propia, gastaba cientos de miles de euros con este publicista. Sólo con Over Marketing: 384.353 euros en 2004, 571.610 en 2005 y 1.455.799 en 2006. Es decir, en apenas tres años, la Comunidad pasó a gastarse el triple de lo que invertía a principios de la legislatura.

Excepto en 2003, año de la llegada de Aguirre al poder en Madrid, que la inversión fue de sólo 4.379 euros, todos los demás años no bajó de 100.000. Es destacable además que el mismo organismo contrataba con las distintas sociedades del empresario. Aparte de a Over, la Comunidad pagó a las otras tres empresas escrutadas por este diario todos los años, y en casos como el de Link America, fue su mejor cliente durante toda la legislatura.

ORGANISMOS DE LA COMUNIDAD. Fundaciones, institutos, agencias y empresas públicas han invertido la mayor parte del dinero en estas empresas de publicidad. No faltan las ya sospechosas Campus de la Justicia, Arpegio o Fundescam. Ni tampoco Mintra (que construyó el Metro de Madrid) o el Imade (Instituto Madrileño de Desarrollo), al que la Cámara de Cuentas ya acusó tras una fiscalización de no respetar los principios de concurrencia en los concursos públicos y de haber aumentado su gasto en publicidad un 706% de 2005 a 2006.

También figuran ventas a la Agencia Regional para la Inmigración, la Agencia Madrileña para la Emigración, el 112, la Academia de Policía Local, el Servicio Madrileño de Salud, el Servicio de Publicaciones Oficiales, la Sociedad Pública Turismo Madrid, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario (Imidra) o Gedesma (empresa pública de gestión de residuos, a la que también investiga la UCO).

Hay abonos de más de 15 instituciones dependientes de la Comunidad de Madrid

AYUNTAMIENTOS AGUIRRISTAS. Hay tres corporaciones locales madrileñas que no fallaron ni un solo año a su cita con el empresario de la publicidad: Móstoles, Alcalá de Henares y Humanes de Madrid. En 2003, Móstoles, tradicional feudo socialista, pasó a manos del popular Esteban Parro, que se convirtió para Aguirre en la punta de lanza del asalto del PP al llamado cinturón rojo madrileño, las ciudades del sur de la región que tradicionalmente gobernaba el PSOE.

Móstoles pagó 483.000 euros a Over en 2005 y 740.000 a Traci Comunicación en 2008, entre otras muchas sumas de cientos de miles de euros. Además, es llamativo cómo junto al Ayuntamiento mostoleño pagaba cada año su llamada Empresa Municipal de Promoción Económica de Móstoles, que abonó al menos 100.000 euros anuales, repartidos entre las diferentes sociedades de Daniel Mercado. Lo mismo hacía el Instituto Municipal del Suelo de Móstoles, que pagó varios años a Over Marketing. Y su fundación para celebrar el bicentenario del alzamiento contra los franceses pagó 155.000 euros.

Tampoco fue infiel con las empresas de publicidad Bartolomé González, uno de los más entregados escuderos de Esperanza Aguirre, hombre fuerte dentro del PP regional hasta su reciente caída en desgracia, cuando diferentes casos salpicaron su gestión en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares -entre ellos, la contratación con empresas de Púnica o la investigación de la Policía Nacional a familiares suyos por cobrar dinero municipal-. Cada año, su Gobierno municipal, o su Empresa Municipal de Promoción de Alcalá, o el PP de Alcalá, o el Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo, pagaban a todas las empresas de Mercado decenas de miles de euros. Por ejemplo, sólo en 2007: 70.000 a Over, 12.000 a Abanico de Comunicación, 21.000 a Link America y 12.000 a Traci Comunicación.

Humanes, peculiar porque su alcalde popular, José Antonio Sánchez, llegó al poder con el apoyo del PSOE, metió la desorbitada suma de 50.000 euros en 2004 en las empresas de Mercado. Ingente suma para Humanes, que tiene poco presupuesto y esos años no superaba los 15.000 habitantes.

Hay muchos otros ayuntamientos que pagaron, como Alcobendas, Galapagar, San Sebastián de los Reyes o Aranjuez (este último en manos del PSOE durante esos años). De todos, el que más pagó, aunque sólo en 2003, fue el de Madrid (casi 900.000 euros), que ese año cambió el Gobierno de Álvarez del Manzano a Ruiz-Gallardón. Su empresa Madrid 2012 para la promoción de los Juegos Olímpicos pagó también más de 70.000 euros.

AYUNTAMIENTOS 'GÜRTEL'. También pagó el Ayuntamiento popular de Majadahonda, donde estaba Guillermo Ortega, uno de los preferidos de Aguirre hasta que le imputaron en Gürtel. Y pagó Pozuelo de Alarcón, con el ex marido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, también en Gürtel, y la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda Boadilla, del también miembro de la trama de Francisco Correa Arturo González Panero, El Albondiguilla.

HOSPITALES. Estos pasados días se ha publicado cómo la UCO investiga si el 1% que obligatoriamente se destinaba a publicidad en los grandes contratos públicos madrileños se gastó adecuadamente o una parte fue a parar a las arcas del PP. Los hospitales de Parla, del Noreste, de Valdemoro, del Norte, del Sureste, del Tajo, de la Paz, de Móstoles, de Majadahonda y de El Escorial destinaron grandes partidas a publicidad en las empresas de Daniel Mercado. La UCO pidió los contratos de esos hospitales la semana pasada. Los gastos varían mucho de un año a otro, de los casi 530.000 euros del hospital de Majadahonda en 2006 a las cuatro empresas de Mercado, a los sólo 20.000 de La Paz en 2007.

http://www.elmundo.es/espana/2017/03/16/58c9b4dbe2704ea70e8b4633.html

CINCO AYUNTAMIENTOS DEL PP CONTRATARON A LAS EMPRESAS INVESTIGADAS EN 'PÚNICA' QUE HICIERON LA CAMPAÑA A SUS ALCALDES

La UCO requisa los contratos que por más de cuatro millones otorgó Móstoles a Over y sus empresas satélite bajo el mandato de Esteban Parro, cuya carrera hacia la reelección en 2007 preparó ese grupo

Tres de los alcaldes cuyos consistorios contrataron al mismo grupo del que recibieron impulso electoral mantienen un escaño en la Asamblea de Madrid

Cinco ayuntamientos madrileños del PP contrataron con dinero público a las mismas empresas que en 2007 diseñaron la campaña de sus candidatos municipales y cuyas adjudicaciones públicas acaba de reclamar el juez que investiga la Operación Púnica a la Comunidad de Madrid. Sobre los contratos otorgados por esos ayuntamientos también ha puesto el juez Eloy Velasco la lupa: la Guardia Civil ya ha requisado todos los contratos que otorgó el ayuntamiento de Móstoles al grupo Over bajo los mandatos del conservador Esteban Parro antes y después de que ese mismo entramado condujera su carrera hacia la reelección en 2007.

Solo del Ayuntamiento de Móstoles, ahora gobernado por los socialistas e Izquierda Unida, Over y sus filiales obtuvieron más de cuatro millones por contratos durante los mandatos del PP entre 2004 y 2011. Los datos de facturación recabados por infoLibre proceden de las declaraciones de ingresos y pagos -el llamado Modelo 347- presentadas cada año ante Hacienda por Over y sus empresas satélite. Los cinco municipios del PP que adjudicaron contratos a Over antes, durante y/o después de que el grupo hiciera la campaña municipal de sus alcaldes o aspirantes en 2007 reportaron en total al grupo 4,66 millones de euros.

Como publicó este martes infoLibre, el grupo Over Marketing les hizo la campaña municipal de 2007 a no menos de 12 candidatos del PP madrileño. Y lo hizo con un enorme despliegue de medios del que dejó constancia en un dossier que la Policía terminó encontrando en su sede durante los registros del caso Palma Arena. Over, que solo en el bienio 2006-2007 consiguió más de seis millones de euros en contratos del Gobierno de Esperanza Aguirre, no le facturó a su partido un solo euro en 2007. Solo en 2004 consta una "venta" de 9.871 al PP. Y otra de 55.416 euros en 2006.

Sí lo hicieron sus filiales. Pero las cantidades facturadas al PP en toda España -el formulario anual de declaración de ingresos y pagos solo ofrece cifras estatales- por Traci Comunicación, Link América y Abanico Comunicación resultan tan insignificantes que podrían calificarse de simbólicas: 57.625 en 2007, de los cuales más de la mitad se correspondían con facturas giradas al PP balear, como constató la investigación de esa pieza del caso Palma Arena que ahora se encuentra pendiente de juicio.

El PP madrileño solo anotó en su contabilidad oficial un pago de 10.440 euros a una de las filiales de Over, la empresa Traci Comunicación SL. ¿Fue eso todo lo que cobró el grupo Over? ¿Y si por hacerles la campaña a 12 candidatos madrileños cobró mucho más, quién pagó? Esas preguntas siguen sin respuesta. En Baleres, Anticorrupción sostiene que los trabajos reales que Over Marketing y sus satélites hicieron para el PP en las campañas de 2007 costaron más de 212.000 euros, lo que equivale a casi ocho veces lo que declararon oficialmente.

El de Móstoles no fue un caso único. Los ayuntamientos de Alcobendas, Majadahonda, Alcalá de Henares y San Lorenzo de El Escorial también otorgaron al grupo Over contratos públicos antes, durante y/o después de que el equipo que capitaneaba el empresario Daniel Mercado se embarcase con el PP madrileño en la carrera hacia las municipales de 2007 con una campaña que incluyó el lanzamiento de vídeos, inserciones publicitarias, puesta en circulación de furgonetas electorales, edición de folletos y programas y montaje de actos.

En 2012, Mercado declaró ante el juez del caso Palma Arena, José Castro, que, además de en Baleares, también en Madrid había conseguido contratos amañados. Su grupo había conseguido algo más: hacer doblete institucional y partidario con el PP de Madrid. Si entre los contratos de la Comunidad de Madrid y los de los Ayuntamientos ingresó no menos de 14 millones entre 2004 y 2011, Mercado apenas hizo negocio con su facturación oficial a la organización que entonces presidía Esperanza Aguirre: la contabilidad regional del partido solo refleja un pago de 10.440 euros a Traci Comunicación SL. El PP, a cuyos portavoces comunicó este diario el lunes por la mañana el contenido de la información a la que había tenido acceso, sigue sin pronunciarse.

Campañas institucionales, campaña partidaria

Bajo la batuta de Bartolomé González, alcalde hasta 2012, las cuatro sociedades del grupo de Mercado -Over, Traci Comunicación, Link América y Abanico de Comunicación- se hicieron con contratos de Alcalá de Henares por 361.434 euros entre 2004 y 2008.

En Alcobendas, donde Ignacio García de Vinuesa estrenó alcaldía en 2007, ocurrió lo mismo que en Alcalá. Las filiales de Over denominadas Traci Comunicación y Link América consiguieron 19.082 euros entre 2007 y 2008.

En Majadahonda, donde Narciso de Foxá tomó el bastón de mando en 2005 tras la caída en desgracia de su antecesor Guillermo Ortega, ahora procesado en Gürtel, el consistorio contrató por primera vez a Over ese mismo año de 2005. Luego adjudicó servicios a Traci y luego a Link América. Entre las tres facturaron al municipio 52.865 euros entre 2005 y 2007.

San Lorenzo de El Escorial ofrece las cifras más modestas. Allí, José Luis Fernández, revalidó la alcaldía en 2007 tras la campaña que, según el propio dossier elaborado por la compañía, le diseñó Over Marketing con apartado incluido de "investigación electoral y conclusiones estratégicas". Ese mismo año, Traci Comunicación le facturó al consistorio escurialense 6.380 euros.

Una sexta localidad madrileña, la de Humanes, se cuenta también en la lista de aquellas en las que concurre la doble circunstancia de haber otorgado contratos públicos al grupo Over y haber preparado la campaña del candidato del PP en 2007. Pero en Humanes hubo una moción de censura en 2004 que desalojó de la alcaldía al conservador José Antonio Sánchez, quien en 2007 repitió como candidato. Y este diario ignora si los 48.957 euros facturados en total en 2004 por Over y sus filiales Traci Comunicación, Link América y Abanico de Comunicación al Ayuntamiento de Humanes se corresponden con contratos adjudicados antes o después de que un tránsfuga diera un golpe de mano agosto de ese año.

Hoy, tres de los alcaldes que utilizaron los servicios de Over y sus satélites Traci Comunicación, Link América y Abanico de Comunicación en la doble vertiente institucional y partidaria mantienen un escaño en la Asamblea de Madrid: Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas; José Luis Fernández, regidor de San Lorenzo de El Escorial.

El tercero es Bartolomé González, exalcalde de Alcalá de Henares y sobre quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya señaló en 2016 como involucrado en los manejos de la trama Púnica, sospecha que a día de hoy no se ha traducido en una solicitud formal de imputación por parte del juez Eloy Velasco. Como diputado autonómico, González goza de aforamiento ante el Tribunal Superior de Madrid (TSJM). Es decir, ningún otro juez puede investigarle.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/15/cinco_ayuntamientos_del_contrataron_las_empresas_investigadas_punica_que_hicieron_campana_sus_alcaldes_62513_1012.html

EMPRESAS INVESTIGADAS EN 'PÚNICA' HICIERON LA CAMPAÑA DEL PP DE MADRID EN 2007 PERO LA FACTURA OFICIAL AL PARTIDO FUE INSIGNIFICANTE

Documentos de Over Marketing SL a los que ha tenido acceso infoLibre constatan que el grupo que lideraba Daniel Mercado participó intensamente en la campaña municipal de una docena de candidatos madrileños

La contabilidad oficial del partido solo anotó 10.440 euros por prestación de servicios y lo hizo a nombre de una de las empresas satélite del grupo: Traci Comunicación

Over Marketing y Comunicación SL, cabecera de un grupo de empresas de publicidad a las que el Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó más de seis millones solo en el bienio 2006-2007 y cuyos contratos acaba de reclamar el juez que investiga la financiación del PP en el seno de la Operación Púnica, proveyó de múltiples servicios a no menos de 12 candidatos de la formación en Madrid durante la campaña para las elecciones municipales de ese último año. Así consta en un dossier elaborado por la propia Over Marketing y al que infoLibre ha tenido acceso.

Pese a que el contenido del dossier resulta inequívoco sobre su intensa relación con el PP madrileño durante la campaña de 2007, Over Marketing no declaró a Hacienda haber facturado ni un solo euro al partido. Sí lo hicieron tres de sus empresas satélite, que igualmente habían conseguido contratos públicos del Ejecutivo madrileño aunque de menor cuantía que los asignados a Over. Pero la cifra total anotada por esas tres compañías en 2007 en concepto de facturación dirigida al PP como persona jurídica global –es decir, sin distinción de para qué organización territorial se había realizado el trabajo– se limitó a 57.625 euros, y así lo certifican documentos oficiales de Hacienda a los que ha accedido infoLibre. De esa cantidad, sólo 10.440 euros constan en la contabilidad oficial del PP madrileño.

Las tres compañías que emitieron facturas contra el PP se denominaban Traci Comunicación SL, Link América SL y Abanico de Comunicación SL. Al igual que Over, todas ellas eran propiedad del arrepentido Daniel Mercado, quien en 2012 confesó ante el juez José Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach que no solo en Baleares sino también en Madrid había obtenido contratos públicos amañados para su grupo. El exconsejero Alberto López Viejo, uno de los principales procesados en el juicio sobre Gürtel que desde octubre celebra la Audiencia Nacional, era la figura clave en esos amaños, declaró Mercado. La operativa de ambas tramas marcha así, al menos aparentemente, en paralelo.

Ahora, el juez instructor de Púnica, Eloy Velasco, intenta encontrar respuesta a una de las grandes incógnitas planteadas tras el hallazgo de documentos comprometedores en el domicilio del anterior gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, que este lunes declaró de nuevo en la Audiencia Nacional. Esa incógnita es la de si el PP pagó servicios electorales bien con dinero de las administraciones, bien con cantidades abonadas mediante facturas falsas por grandes adjudicatarios de contratos públicos.

10.440 euros, el único rastro en la contabilidad del PP madrileño

De los 68.065 euros notificados a Hacienda por las tres filiales de Over durante el bienio 2006-2007 en concepto de trabajos para el PP, solo hay rastro de 10.440 en la contabilidad oficial del PP madrileño.

La organización que entonces presidía Esperanza Aguirre los anotó en 2006 como facturados por Traci Comunicación SL y los mantuvo en la casilla del “haber” hasta que en 2008 se incorporaron a la del “debe”, lo que apunta a que fue entonces cuando la deuda quedó saldada.

Así figura en el balance remitido cada ejercicio al Tribunal de Cuentas por la dirección nacional del partido y que incluye las cuentas de las diferentes organizaciones territoriales. La cifra contabilizada por el PP madrileño se corresponde al milímetro con la total que ese mismo ejercicio de 2006 declaró Traci a Hacienda en concepto de servicios prestados al PP en su conjunto.

Como todos los partidos, el PP posee un solo Código de Identificación Fiscal (CIF). Ese factor explica que el Modelo 347 –el formulario que refleja el volumen total de facturación endosado a un mismo cliente siempre que el importe supere los 3.000 euros anuales– no permita saber qué organizaciones territoriales del PP contrajeron el compromiso de pagar aquellos 57.625 euros.

Pero la investigación abierta en Palma por el amaño de contratos a favor de Over Marketing y su participación en los manejos de financiación del partido, entonces bajo la batuta de Jaume Matas, ya ha confirmado un dato esencial: que de todo lo facturado al PP por el conglomerado Over en el bienio 2006-2007 (123.481 euros), 35.000 euros se corresponden con facturas emitidas contra el partido en el archipiélago por la campaña de 2007.

Una deuda más que exigua

Lo anterior significa que, incluso si los conservadores solo hubiesen encargado sus campañas a Over y sus filiales en Baleares y Madrid –y no fue así, dado que tuvo presencia en otras cuatro comunidades–, el partido que dirigía Esperanza Aguirre habría podido computar en esos dos años 88.000 euros en calidad de deudas contraídas con el grupo de Daniel Mercado. Según Over Marketing, la empresa asignó a la campaña de 2007 nada menos que 49 personas.

En principio, las deudas asumidas con Over y/o sus filiales por el PP madrileño habrían sido las generadas por los trabajos para impulsar las campañas de 12 aspirantes a otras tantas alcaldías de la Comunidad. Entre esos candidatos figuraban quienes pretendían revalidar o conseguir el bastón de mando en municipios políticamente relevantes como Móstoles, Alcalá de Henares, Leganés, Alcobendas, Alcorcón, Majadahonda y Pinto.

infoLibre explicó este lunes por la mañana el contenido de los datos que obran en su poder a los portavoces oficiales de Esperanza Aguirre, ahora líder municipal del PP en Madrid; a los de la ya virtual jefa del partido en la Comunidad, la presidenta Cristina Cifuentes; y a los portavoces de la dirección nacional. Ninguna de las partes accedió a pronunciarse. Los portavoces de Génova dijeron no estar en condiciones de verificar los datos este mismo lunes y aconsejeron trasladar la consulta al PP madrileño; el equipo de Aguirre, que dirigía el Gobierno autonómico y la organización regional del partido en el momento de los hechos, remitió a la actual organización del PP; y el de Cifuentes, que acaba de desembarcar en la jefatura del PP madrileño, anunció que intentará contrastar los datos aunque sin prometer fecha.

De los vídeos de Aguirre a las “pepenetas” de campaña

Que la participación de Over Marketing y/o sus filiales de facto en la campaña del PP madrileño de 2007 fue intensa lo acredita un dossier elaborado por la propia compañía y que la Policía encontró en su sede durante los registros del caso Palma Arena. Bajo el título “Over MCW. Memoria de trabajos realizados elecciones autonómicas y municipales 2007”, el dossier detalla cuántos vídeos, folletos, postales electorales, montaje de actos e incluso puesta en circulación de furgonetas de campaña –las pepenetas– realizó el grupo para el PP madrileño y para otras organizaciones territoriales.

El extenso apartado relativo a Madrid, cuyas páginas reproduce ahora infoLibre, se abre con varios fotogramas del “vídeo de apoyo a los candidatos municipales”. Y quien aparece en esos fotogramas es Esperanza Aguirre.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/14/empresas_investigadas_punica_hicieron_campana_del_madrid_2007_pero_facturaron_una_cantidad_insignificante_62465_1012.html

LA EMPRESA INVESTIGADA EN 'PÚNICA' POR LA FINANCIACIÓN DEL PP ADMITIÓ QUE LE HACÍA ACTOS GRATIS AL PARTIDO

El dueño de Over Marketing declaró que no pagaba comisión a quienes le daban contratos amañados, pero que “quizá el beneficio que pudieran obtener” era que “no les facturasen las totalidades" de las campañas

El grupo Over hizo en 2007 las campañas de candidatos a alcaldes de Madrid, Baleares, Galicia, Castilla y León, Valencia y Murcia, además de la de Floriano en Extremadura

Solo declaró haber facturado al PP aquel año 57.625 euros

Daniel Mercado, dueño del grupo Over Marketing y cuyos contratos de publicidad con la Comunidad de Madrid –9,8 millones entre 2004 y 2008, como adelantó infoLibre– investiga el juez del caso Púnica en la pieza secreta sobre financiación del PP, admitió en 2012 ante la Fiscalía Anticorrupción que había cubierto actos del PP por los que no cobró “absolutamente nada”. Así consta en una de sus declaraciones por el caso Palma Arena, donde afloraron los primeros indicios de financiación ilegal vinculados a su grupo, los del PP balear. Fuentes jurídicas aseguran que las declaraciones prestadas por Mercado en esa causa ya están en manos del juez instructor de Púnica, Eloy Velasco.

Daniel Mercado, que durante años manejó las riendas de Over, Traci Comunicación, Abanico Comunicación y Link América, respondió en esos términos durante uno de los interrogatorios en una de las piezas del caso Palma Arena cuya apertura de juicio acaba de dictar el juez José Castro. Tras relatar que no solo en Baleares sino también en la Comunidad de Madrid había obtenido contratos amañados con intervención directa del exconsejero Alberto López Viejo, ahora procesado en Gürtel, el fiscal Pedro Horrach preguntó al empresario qué beneficio tenían a título personal quienes le contrataban irregularmente. El empresario respondió que nunca había pagado comisión alguna. Pero añadió lo siguiente: “Que quizás el beneficio que pudieran obtener las personas que le contratasen es que no les facturasen las totalidades de los costes de las dos campañas electorales del PP del año 2003 y 2007”. Y prosiguió así: "Que aparte de las campañas electorales Over ha cubierto actos a los que han acudido líderes del PP por los que no ha cobrado absolutamente nada, por lo que entiende el declarante el beneficio lo ha obtenido el Partido Popular".

Durante varios años, Over envió obsequios navideños a políticos de las administraciones del PP con las que mantenía contratos. Entre ellos figuraba el entonces vicepresidente de Madrid, Ignacio González. Entre 2003 y 2007, González, que luego sucedió a Aguirre en la presidencia de la Comunidad y ahora está retirado de la política, recibió regalos como "billeteras y llaveros de Loewe", y así lo admitió en noviembre de 2012 una portavoz del dirigente madrileño.

Una campaña extensa y muy barata

Como publicó el martes infoLibre, el grupo Over, al que también pertenecían otras tres empresas satélite, hizo en 2007 la campaña de 12 candidatos municipales del PP madrileño. Pero, como servicios prestados por el grupo, la contabilidad oficial del PP madrileño solo anotó ese año 10.440 euros. Lo hizo junto al nombre de una de las filiales de Over, Traci Comunicación SL. Esa cifra ya aparecía en el balance del PP madrileño correspondiente a 2006. Y se mantuvo hasta 2008.

En 2007, las cuatro empresas del grupo –Over, Traci Comunicación, Link América y Abanico de Comunicación– notificaron a Hacienda que habían facturado al PP por servicios prestados en toda España 57.625 euros.

En mayo de ese año se celebraron elecciones municipales en todo el país y autonómicas en la mayoría de las comunidades. De su actuación en esas campañas Over dejó tras sí un dossier que la Policía terminó encontrando en su sede. Es esa memoria la que constata que, además de la campaña para el PP de Madrid y la del PP balear, el grupo impulsó en 2007 la carrera municipal de otros candidatos locales del partido en Galicia, Castilla y León, Valencia y Murcia así como la de Carlos Floriano hacia la Presidencia de la Junta de Extremadura. Portavoces oficiales de la dirección nacional del PP aseguraron que Floriano conoció en algún acto del partido al dueño de Over y que a partir de ahí se inició su colaboración para la campaña autonómica.

La memoria de trabajos electorales desarrollados por Over para el PP en 2007 detalla qué candidatos locales, además de los madrileños sobre los que ya informó este diario el miércoles, contaron con el apoyo de la trama societaria que dirigía Mercado.

En Galicia, Carlos Negreira, alcalde de A Coruña entre 2011 y 2015; Telmo Martín, que optaba al bastón de mando de Sanxenxo (Pontevedra), el ourensano Enrique Nóvoa, Juan Juncal, que en 2007 no logró revalidar la alcaldía de Ferrol, y Joaquín García Díez, que había sido alcalde de Lugo.

En Castilla y León, Valencia y Murcia, Over hizo campaña por “candidatos que partían de situaciones específicamente complejas”, dice el dossier. Fueron las castellanoleonesas Celinda Sánchez (Palencia) y Beatriz Escudero (Segovia), ninguna de las cuales logró imponerse al PSOE; los valencianos Ana Kringe (Denia), que perdió en las urnas pero se hizo finalmente con la alcaldía gracias a un tránsfuga, y Manuel Pérez, que sí obtuvo la mayoría en Benidorm. En Murcia, Over hizo campaña por Juan Miguel Benedito (Yecla) y Pedro Chico (Bullas).

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/17/la_empresa_investigada_punica_por_financiacion_del_admitio_que_hacia_actos_gratis_partido_62653_1012.html

GRANADOS PIDE AL JUEZ QUE LLAME A DECLARAR A ESPERANZA AGUIRRE Y AL HOMBRE FUERTE DE CIFUENTES

El exconsejero da un paso más en su estrategia para repartir culpas y se presenta como “colaborador de la Justicia”

Francisco Granados va un paso más allá y, tras su carta dedicada a Esperanza Aguirre y su solicitud de que se investiguen hasta siete empresas y sus vínculos con Valdemoro y las adjudicaciones de vivienda pública de Arpegio, acaba de presentar un escrito dirigido al juez del caso Púnica, Eloy Velasco. En dicho documento, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, le pide que llame a declarar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, al actual hombre fuerte de Cristina Cifuentes y varias decenas de dirigentes del Partido Popular, entre los que se encuentran varios exconsejeros de su etapa en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El documento, del que se había rumoreado su existencia pero que no ha sido registrado hasta este miércoles, tiene algunas curiosidades. La abogada de Granados arranca diciendo “que el pasado día 21 de los corrientes tuvo lugar la primera declaración voluntaria de mi mandante”. Granados declaró ante el juez antes de Navidades, el 21 de diciembre, pero el documento lleva firma del 15 de marzo, por lo que habría estado preparado desde hace meses.

La oportunidad de presentarlo ahora, justo después de que se diera a conocer su carta a Esperanza Aguirre y a las puertas del Congreso regional del PP de Madrid no parece pues casual. Sobre todo teniendo en cuenta que llama a declarar a uno de los hombres fuertes de Cifuentes, Jaime González Taboada.

El texto sigue con la autoproclamación de que Granados –y su abogada- son “colaboradores de la Justicia” y declaran su “propósito de que se puedan llegar a conocer todos los datos referentes a los hechos investigados”.

Por ello, pide que se llame a declarar a Esperanza Aguirre para que “explique el papel” de Granados en su Gobierno y “qué influencia pudo ejercer sobre la gestión de otros consejeros”, así como su papel en las adjudicaciones de colegios públicos y en el PGOU de Valdemoro. Y requiere a la lideresa para que aclare “si los altos cargos de su Consejería lo fueron por decisión suya, en calidad de Presidenta, por ser de su confianza”.

También, como decimos, pide la comparecencia de Jaime González de Taboada, actual número tres de Cristina Cifuentes como consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y a quien el socio de Granados, David Marjaliza, acusó de “mangonear” en el Plan Prisma para llevarse mordidas. Granados le cita para que “desmienta” dichas acusaciones y “manifieste si conoce de la existencia de pagos de comisiones referidas”.

Además, le reclama como presidente de Nuevo Arpegio para que manifieste “si le consta que dicha mercantil colabora con la Justicia o si, por el contrario, pone trabas como al parecer viene sosteniendo el Ministerio Público; e indique si le consta que algún empleado de Nuevo Arpegio le ha manifestado temor a sufrir represalias o presiones para no colaborar con la Justicia”.

Además, Granados ha pedido que declaren Mariano Zabía, Beatriz María Elorriaga y Ana Isabel Mariño, todos exconsejeros de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para que aclaren el funcionamiento de Arpegio y se comparen sus actuaciones con las que realizó él al frente de esta empresa pública. Y solicita citar a Santiago Fisas, exconsejero de Cultura, para que aclare “si fue él quien se encargó de patrocinar el evento titulado “TheNight of theProms” y si el Sr. Granados tuvo algún tipo de participación o relación con dicho evento”.

Además, Granados ha exigido que declare Pedro Castro, exalcalde socialista de Getafe, y a su exconcejal de Urbanismo para que “informen acerca de si ellos dos se encargaron de negociar el consorcio “Los Molinos-Buenavista” con la Consejería de Urbanismo y Don Ignacio González”.

Pero Granados también tiene hueco para dirigentes municipales de su partido. Pide que declare Juan Soler, exalcalde del PP en Getafe, imputado en el caso del Teatro, para “que manifieste si en el curso de su mandato como Alcalde del municipio de Getafe recibió alguna comisión del Sr. David Marjaliza”.

Y al exalcalde de Alcalá de Henares y hombre de confianza de Esperanza Aguirre, Bartolomé Giménez para “que aclare si es cierto que recibió 60.000€ del Sr. Marjaliza, en el curso de su mandato”.

http://www.elplural.com/politica/2017/03/15/granados-pide-al-juez-que-llame-declarar-esperanza-aguirre-y-al-hombre-fuerte-de

CARTA DESDE LA PRISIÓN DE ESTREMERA. GRANADOS A ESPERANZA: “TÚ MANDABAS EN TODO, NO ENTIENDO QUE NO DESMIENTAS LA CAJA B”

OKDIARIO publica en exclusiva una carta escrita por Francisco Granados desde la cárcel madrileña de Estremera dirigida a Esperanza Aguirre en la que le pide que desmienta públicamente que existiera “financiación ilegal del PP de Madrid” en el marco de la trama Púnica.

La misiva, escrita de puño y letra por Granados en 6 folios, color verde Esperanza, tiene fecha 13 de marzo y comienza así: “Querida Esperanza. Te escribo, después de dos años y medio en prisión preventiva, para trasladarte algunas reflexiones sobre la llamada, con fines exclusivamente mediáticos, ‘Operación Púnica’ y tu reacción ante todo lo que está pasando”.

“Sabes que, con mis defectos, siempre he dado lo mejor de mí mismo por Madrid y por los principios y valores que compartimos. Y, aunque después de tanta basura como se ha esparcido suene increíble, te aseguro que jamás he ‘metido la mano en la caja’ y que soy inocente. Y, como me conoces bien sabes que lo voy a pelear hasta el final”. A continuación, añade rotundo: “‘Ningún ataque sin respuesta’, ¿te acuerdas?”.

“Pero no me he decidido a escribirte por esto, sino por tu reacción, o, mejor dicho, tú no reacción ante las acusaciones de ‘financiación ilegal’ del PP de Madrid. Esa no es la forma de actuar de la Esperanza que los afiliados del PP de Madrid conocen”.

Después recuerda como hace dos años y medio registraron su casa y se llevaron una libreta muy antigua en la que apuntaba ideas para no olvidarse. “Ahí había unas notas sobre actos del PP que hicimos en las Juntas Locales de Madrid. Recordarás que casi todas eran en las sedes a las que a veces ibas tú, y otras yo u otros cargos del partido o del gobierno”.

“Yo anoté como tantas veces, el nº de asistentes previsto, quién se encargaba de movilizar a los afiliados, y cosas así. Pues bien, la interpretación absurda de esas notas, que no dicen nada más, que no reflejan dinero ni nada por el estilo, llevaron al registro de la sede del PP de Madrid hace ya un año y a la imputación de nuestro gerente regional (Beltrán Gutiérrez)”.

A continuación, afirma tajante: “Tú decidiste entonces dimitir. Según explicaste, habías cometido un error ‘in vigilando’!!! ¿Significaba eso que admitías que, contigo de Presidenta pudo haber financiación ilegal irregular, pero que, en todo caso tú no te enteraste? Quiero pensar que no, pero el hecho es que nunca lo has aclarado y que esa duda ha quedado en el ambiente”.

“Una de tus frases preferidas eras ‘Todo se puede delegar menos la supervisión'”

“Una de tus frases preferidas”, prosigue, “que tantas veces has repetido como consejo es: ‘Todo se puede delegar menos la supervisión’. Y todos los que hemos trabajado contigo sabemos que siempre has actuado así. Absolutamente nada, ni el en el Partido, ni en el Gobierno, se ha hecho jamás sin que tú lo ordenaras o, al menos, dieras el visto bueno. Todo el que ha estado a tus ordenes lo sabe. Más aún, era más que habitual que tú despacharas con cargos intermedios del Gobierno para tomar decisiones ‘puenteando’ a sus jefes orgánicos”, sentencia Granados.

“Por eso”, matiza, “me sorprendió tanto lo de falta ‘in vigilando’ en vez de proclamar la verdad, que bajo tu mandato la financiación del PP siempre se ha ajustado a la Ley”. El ex dirigente popular asegura creer en “la honestidad” del gerente, el tesorero, el contable y de “todos los que se han encargado de esos asuntos en el PP de Madrid”.

“Ha pasado más de un año desde el registro de la sede y tu dimisión y nadie ha pedido TRANSPARENCIA en las actuaciones. No es aceptable que en Democracia, en un Estado de Derecho, la policía registre la sede del principal partido del país, se cree una crisis política en Madrid sin precedentes, y se extienda un manto de duda de este calibre, y nadie pida, y nadie dé, ninguna explicación de en base a qué hechos objetivos se tomado esa decisión”.

“La financiación ilegal del PP de Madrid es una enorme falsedad”

Granados destaca que las últimas informaciones sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid son una “enorme FALSEDAD. Sencillamente es mentira, los madrileños en general y los afiliados al PP en particular necesitan que tú se lo digas. Necesitan que tú exijas públicamente ‘luz y taquígrafos’. Que se diga quién, cuándo, cuánto y cómo se desviado ese dinero y que pruebas hay. Yo estoy muy tranquilo, porque sé que eso no se ha hecho, que ni los consejeros de esas áreas, ni los funcionarios, ni los empresarios, ni las personas del partido han cometido ninguna irregularidad”.

Después hace referencia a la instrucción del juez Eloy Velasco en la trama Púnica: “Creo que alguien debería decir de una vez que las causas generales, las investigaciones prospectivas y cuatro años de secreto de sumario son incompatibles con la Constitución Española. Yo llevo sometido a una causa general sobre mi vida cuatro años, pero ahora también la está sufriendo el PP y tus años al frente del Gobierno de la CAM”.

Finalmente, Granados se despide de Esperanza Aguirre: “Estoy seguro de que en defensa de tus principios y valores, y sobre todo, porque se lo debes a los millones de ciudadanos que confían en ti, harás lo que más convenga para que se aclare la verdad y se haga Justicia. Un beso, Paco G.”.

https://okdiario.com/investigacion/2017/03/15/granados-esperanza-mandabas-no-entiendo-no-desmientas-caja-b-827391

GRANADOS DA AL JUEZ UN LISTADO DE EMPRESAS PARA QUE LAS INVESTIGUE

Desde prisión, el exconsejero apunta a las adjudicaciones de Vivienda en Valdemoro y a los polígonos industriales

La actividad frenética de Francisco Granados en la cárcel de Estremera no se limita a la escritura de cartas a sus amigos y enemigos, ni a sus peticiones de que vaya a declarar Esperanza Aguirre o Eduardo Inda. El considerado cabecilla de la trama Púnica, dentro de su estrategia de mostrarse como colaborador de la Justicia, ha remitido también al juez del caso, Eloy Velasco, un nuevo escrito en el que, sin entrar en muchos detalles, le reclama que investigue las adjudicaciones de vivienda a siete empresas, así como las propiedades de dichas sociedades en Valdemoro.

Francisco Granados, cuya extensa biografía se puede consultar en nuestra web colaboradora Los Genoveses, arranca su escrito recordando su “actitud de colaboración con el Juzgado” para reclamar varias “diligencias de pruebas”.

La primera de ellas es que se dirija a la entidad Arpegio, fundación presidida por Granados y que está investigada en la Púnica por ser un instrumento “para hacer favores” con dinero público, según confesó Elisa de la Nuez, la persona contratado por Esperanza Aguirre para “poner orden” tras el paso de Granados.

El exconsejero de Aguirre reclama que Arpegio emita “un informe” sobre “las adjudicaciones de vivienda realizadas en el periodo 2001 a 2004” a siete empresas: Himalaya S.L., Hilday S.L., Tuvalu S.L., Servicios Logísticos Inmobiliarios S.L, Servicios Patrimoniales Obras y Vías S.L., TPC S.L. y Obras y Vías S.A.

Además, requiere que se dirija al Ayuntamiento de Valdemoro, que gobernó durante cuatro años, para que consiga una “relación completa de los propietarios” de varios sectores de polígonos industriales de la localidad cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana local, en 2004, justo cuando él dejó la Alcaldía.

Dentro de esta petición, también reclama un “listado completo de las adjudicaciones del suelo público y de servicios públicos realizados en el periodo 1999 a 2003, en concreto el periodo en el que fue alcalde.

Finalmente, solicita al juez que pida al registrador de la Propiedad de Valdemoro “las propiedades que, durante los años 2001, 2002, 2003 y 2004” tuvieron las misma siete empresas que citaba anteriormente.

Cartas desde prisión

En los últimos tiempos, Granados ha demostrado que, quizás por el tiempo libre del que disfruta en prisión, es un prolífico escritor. Además de los continuos escritos que manda al juzgado, -ora para presentarse como colaborador de la Justicia, ora para solicitar declaraciones sorpresa en las que nunca acaba de tirar de la manta-, también se ha destacado por sus cartas.

Este miércoles se ha conocido la que ha enviado a su antigua mentora, Esperanza Aguirre, que ahora le considera alguien que le “ha salido rana”. Él mismo lo recuerda en la misiva que se extiende por seis folios llenos de halagos y nostalgia por todo lo que “hemos trabajado, reído, llorado y compartido mil confidencias”.

Pero, sin embargo, entre tanta línea, esconde un misil a su línea de flotación, recordándole que su defensa de que falló “in vigilando” no se sostiene pues la filosofía de Aguirre era “todo se puede delegar menos la supervisión”. Y subraya que “absolutamente nada, ni en el PP ni en el Gobierno, se ha hecho jamás sin que tú lo ordenaras”, hasta el punto de reunirse con las decenas de cargos intermedios –“todos habían sido nombrados por ti”- incluso “puenteando a sus jefes orgánicos”.

La otra carta famosa fue la que dirigió al director de La Razón, Francisco Marhuenda, después de que éste insinuara que Granados era “un paleto de Valdemoro”. En esa carta, Granados insinúa que Marhuenda tiene una nave en un polígono de la localidad porque acudió “a este paleto de Valdemoro para que te pusiera en contacto con el alcalde (también imputado) a ver si te encontraba algún chollo”. Y le pregunta “¿puedes explicar por qué te aprovechaste de tus contactos políticos para fines espurios? ¿cuánto te ahorraste? ¿pagaste comisión o mordida a alguien?”.

http://www.elplural.com/politica/2017/03/15/granados-da-al-juez-un-listado-de-empresas-para-que-las-investigue

VALDEMORO. LOS SEIS PASOS PARA AMAÑAR UNA ADJUDICACIÓN DE 61 MILLONES

Un informe de la UCO recién incorporado al sumario del 'caso Púnica' detalla los pasos que siguió la trama para hacerse con un contrato del Ayuntamiento de Valdemoro

Llamadas de teléfonos, correos electrónicos, reuniones, facturas falsas, dinero negro para pagar sobornos y más de un año de gestiones en la sombra. El último informe entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, dentro del caso Púnica detalla de manera pormenorizada todos los pasos que la trama siguió para amañar la adjudicación de un contrato de eficiencia energética de 60,8 millones de euros en el Ayuntamiento de Valdemoro. El documento policial destaca que para ello hizo falta la presunta participación y connivencia de, al menos, 21 personas, entre empresarios y funcionarios públicos. La Guardia Civil destaca que fue el mismo mecanismo que la red utilizó en otros consistorios de la Comunidad de Madrid para hacerse de modo irregular con concursos.

1. Acceso privilegiado a datos. En octubre de 2012, 14 meses antes de que se firmara el contrato de eficiencia energética en el Ayuntamiento de Valdemoro y la filial española de Cofely-GDF Suez, dos de los principales implicados en la trama intercambiaron el primer correo electrónico presuntamente dirigido a amañar este concurso. Pedro García, directivo de la compañía y señalado por la investigación como uno de los supuestos muñidores de las irregularidades, cruzaba en aquellas fechas varios mensajes con el constructor David Marjaliza, socio de Francisco Granados y ahora colaborador de la Justicia, en los que este último facilitaba al primero "los datos de facturación del Ayuntamiento de Valdemoro” que iban a servir para elaborar de manera irregular los pliegos para decidir la adjudicación. Entre esa información, el informe de la UCO destaca que figuraban las claves de acceso que se utilizaban en el Consistorio para consultar las facturas de consumo de energía de los diferentes edificios municipales, conocer el número total de contadores o saber cuántas farolas había en la localidad. Unos datos clave para preparar la oferta de un concurso que aún tardaría meses en hacerse público.

2. Manipulación de la consultoría previa. La investigación ha permitido determinar que Cofely envió toda esa información recabada gracias a "funcionarios y responsables de dicho Ayuntamiento" a una tercera sociedad, en este caso Consultoría Lumínica, para que esta elaborase para el consistorio la obligatoria auditoria previa y que ésta fuera, además, a medida de los intereses de la multinacional. La UCO considera que esta sociedad era, en realidad, un tentáculo de Cofely, con la que colaboraba desde hacía tiempo y que por este trabajo supuestamente recibió 8.000 euros. Eso sí, para difuminar dicha dependencia, los cobró utilizando empresas interpuestas. En este caso, Ruta Energética, del constructor David Marjaliza. Este adelantaba en primera instancia el dinero para posteriormente emitir facturas falsas a Cofely por la realización de trabajos inexistentes para recuperar dichos fondos y, además, cobrar su comisión por su labor de intermediario con el Ayuntamiento, donde los agentes destacan que el hoy arrepentido tenía gran “influencia”.

3. Pliegos a medida. En noviembre de 2012, nueve meses antes de que se anunciase el concurso, el directivo de Cofely Pedro García envió a Marjaliza borradores de los pliegos y los anexos que debía publicar el Ayuntamiento de Valdemoro para convocar el concurso. Era el inicio de una cadena de mensajes que, según la UCO, ponía de manifiesto que en la confección de dicha documentación técnica estaban trabajando empleados de la multinacional junto a varios técnicos y cargos de confianza del propio consistorio, que en algunos momentos llegan a prescindir de la intermediación de García y Marjaliza para tratar directamente entre ellos cuestiones concretas de los pliegos. Las investigaciones han revelado al menos dos "reuniones físicas" entre un funcionario del Ayuntamiento y trabajadores de Cofely varios meses antes de que se convocase el concurso para la elaboración de dicha documentación técnica.

4. Minusvalorar la oferta económica. Esos correos electrónicos y reuniones se tradujeron en una coincidencia casi total “en formato y contenido” entre los pliegos que finalmente publicó el equipo de gobierno de Valdemoro, entonces encabezado por el popular Jose Carlos Boza Lechuga, hoy imputado, y los que había remitido Cofely. En este punto, el informe de la Guardia Civil destaca que "el hecho de que una empresa participe en la confección de unos pliegos para más adelante participar en la licitación del concurso está expresamente prohibido". Con ello, la multinacional consiguió incluir en los mismos una fórmula entre los criterios objetivos de adjudicación que a la hora de decidir el ganador del concurso restaba de manera significativa importancia al precio de la oferta económica para, de este modo, aunque la de Cofely fuese la más cara, seguir siendo la ganadora. Una maniobra que, según destaca el informe, la trama también utilizó supuestamente en municipios como Parla, Serranillos del Valle, Collados Villaba y Almendralejo, entre otros.

5. Evitar a los interventores municipales. El análisis policial de la documentación también ha revelado que los pliegos presuntamente elaborados por la trama y posteriormente utilizados por el Ayuntamiento contenían otras irregularidades con el supuesto objetivo de eludir el control de los interventores municipales. Así, el informe de la UCO destaca que se incluyeron de manera intencionada en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) algunas cláusulas sobre revisión de precios, subrogación de personas, criterios de adjudicación y solvencia económica que debían haber figurado en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones (PCAP). De este modo, la trama evitaba que las mismas fuesen sometidas al escrutinio de los interventores del Ayuntamiento, que hubieran puesto serias objeciones al concurso. Uno de ellos era el criterio de solvencia, que figuraba definido en el PPT con "unos requisitos difíciles de cumplir para otras empresas del sector diferentes a Cofely". Una manera de evitar la competencia, en opinión de los investigadores.

6. Desviar dinero municipal para sobornos. La Guardia Civil pone especial énfasis en la cláusula del pliego que permitía a la empresa adjudicataria destinar el 2% del importe de la licitación a contratar todos los años una auditoría de su elección para fiscalizar el cumplimiento del contrato. Según la investigación, "Cofely se valió de esta oportunidad" para contratar a una empresa de Marjaliza que no realizaba servicio alguno -la auditoría la iban a elaborar los propios trabajadores de la multinacional- y que "servía únicamente para generar facturación instrumental que se utilizaría para hacer frente a otros pagos". ¿Cuáles? La UCO concluye que para los "cohechos" a los funcionarios y cargos públicos que colaboraban en el amaño y para abonar al constructor el dinero que éste había adelantado durante todo el proceso, además de su supuesta comisión. De este modo, cada ejercicio se iban a desviar 130.000 euros del erario con tal fin. El contrato tenía una duración de 15 años.

Finalmente, en agosto de 2013, el Ayuntamiento de Valdemoro hizo público el concurso. En diciembre de ese año, el alcalde José Carlos Boza Lechuga firmaba el contrato con Cofely, la única empresa que se presentó al mismo. Era el punto final de todo un proceso repleto de supuestas irregularidades en el que la Guardia Civil asegura que se cometieron hasta seis delitos: cohecho, fraude, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, revelación de secretos y malversación. Una larga lista de la que hace responsable a doce cargos públicos y funcionarios del consistorio, entre ellos el entonces regidor, Boza Lechuga; a cinco directivos de la multinacional, y a cuatro empresarios, incluido David Marjaliza. Todo por un contrato de 60,8 millones de euros, el segundo de importe más elevado supuestamente amañado por la Púnica.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/13/actualidad/1489418866_942289.html

VELASCO HA RECHAZADO EL PUESTO EN LA UE PORQUE LE PROHIBÍAN SEGUIR COBRANDO 50.000€ POR DAR CHARLAS

El juez Eloy Velasco ha rechazado convertirse en el coordinador de la Unión Europea para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en Latinoamérica porque en ese cargo vería sensiblemente reducidos sus ingresos, según las fuentes consultadas por OKDIARIO.

En la actualidad, Velasco percibe un sueldo que ronda los 80.000 euros brutos anuales como titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

A estos ingresos suma cerca de 50.000 euros anuales más por sus actividades privadas como profesor y conferenciante, dado que tiene concedida la compatibilidad por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Profesor del ESADE sobre ciberseguridad

Durante el pasado curso, Eloy Velasco dirigió un programa de innovación sobre ciberseguridad en un Máster de Coaching Ejecutivo impartido por el ESADE, una de las más prestigiosas escuelas privadas de negocios. De hecho, Velasco es uno de los mayores expertos españoles en ciberdelincuencia.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, Velasco percibiría un sueldo que ronda los 100.000 euros anuales si hubiera aceptado el puesto de coordinador de la UE contra el crimen organizado. Desempeñaría esta labor en Madrid, aunque tendría que viajar con frecuencia a distintos países de América Latina.

Se trata de una plaza en servicios especiales, lo que le permitiría regresar a su puesto de magistrado en la Audiencia Nacional una vez concluido el plazo de cuatro años.
Ha rechazado el puesto de la UE

Pero con una diferencia: es un puesto con dedicación exclusiva, por lo que la Unión Europea no le permitiría seguir desempeñando sus actividades privadas como profesor y conferenciante. Una actividad que le reporta cerca de 50.000 euros brutos al año, señalan las mismas fuentes.

Este sería el motivo por el que Eloy Velasco ha renunciado finalmente al puesto ofertado por la Unión Europea, pese a que su candidatura contaba con todas las bendiciones del CGPJ.

Como ha informado OKDIARIO, Velasco formaba parte de la terna elaborada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para ocupar dicho puesto en la Unión Europea. Los otros dos aspirante mejor colocados son el juez de vigilancia penitenciaria de Córdoba Luis de Arcos y el magistrado Manuel Olmedo.

Como titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Velasco instruye actualmente el caso Púnica sobre presunta financiación ilegal del PP.

https://okdiario.com/investigacion/2017/03/16/eloy-velasco-cobra-80-000-euros-como-magistrado-otros-50-000-dar-conferencias-831118

EL JUEZ HALLA PAPELES SECRETOS CON TODA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID

Velasco cita de nuevo en la Audiencia al exgerente del partido Beltrán Gutiérrez tras intervenirle una explosiva documentación confidencial en el marco de Púnica

La pieza que aún mantiene secreta el juez Eloy Velasco en el marco de la Operación Púnica contiene profusas pruebas que presuntamente acreditan la financiación ilegal del PP de Madrid desde 2004 y que salpica a gran parte de la anterior cúpula del partido, según fuentes jurídicas. Se trata de documentación confidencial requisada por el juez en casa del exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez y que destapa la caja B con la que los populares madrileños han sufragado en los últimos lustros campañas electorales y actos del partido. Y, según se desprende de las pesquisas, lo han hecho, entre otros canales delictivos, a través de Fundescam, la fundación que creó el PP en época de la expresidenta Esperanza Aguirre y que se ha nutrido de fuertes sumas de dinero pagadas por empresarios afines a cambio supuestamente de contratas públicas.

El juez Velasco ha reactivado en los últimos días la investigación sobre la caja b del PP madrileño, la única de las 14 piezas separadas del caso Púnica que permanece bajo secreto sumarial. Durante la mañana de este miércoles, el juez ha citado a declarar como investigados -imputados- a Beltrán Gutiérrez, a José Ignacio Echeverría, exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y extesorero del PP madrileño y a Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña CEIM. Los tres han salido de la Audiencia sin hacer declaraciones. Fuentes jurídicas han aclarado que el exgerente del PP regional no ha llegado a declarar porque su abogado llegó tarde a la citación y volverá a ser convocado el lunes próximo.

Fuentes de la investigación han señalado que los tres "han respondido a todas las preguntas" y que lo han hecho de forma "profusa y contundente". Las mismas fuentes han señalado de las pruebas documentales recabadas y de las declaraciones de este miércoles "se derivarán más citaciones".

Fuentes jurídicas han informado este miércoles que el juez Velasco ordenó ayer registros en diversos domicilios particulares y de empresas. También envió a agentes de la Guardia Civil a diferentes sedes, entre ellas las de la Consejerías de Sanidad y Transportes de la Comunidad de Madrid y de la sociedad autonómica de suelo Arpegio, para requerir información.

El juez Velasco ha dictado un contundente auto en el que describe la financiación ilegal del PP madrileño y en el que vuelve a citar en su despacho al exgerente Beltrán Gutiérrez para interrogarle sobre algunos flecos que le faltan para terminar de encajar algunas piezas sueltas. Las pesquisas implican presuntamente al exconsejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aguirre, Francisco Granados, encarcelado desde finales de octubre de 2014 por su condición de cabecilla de la trama Púnica. Y también salpican al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, entre otros altos cargos del PP de los últimos 16 años. Otros implicados en esta financiación ilegal ocupan ahora puestos de responsabilidad en la Comunidad de Madrid, que preside Cristina Cifuentes.

Las donaciones de empresarios a Fundescam han acabado con los años conectando los dos casos más graves de corrupción política que han sacudido España desde la transición: Gürtel y Púnica. El juez instructor de Gürtel, Antonio Pedreira, investigó en 2010 Fundescam y, según un informe policial de entonces elaborado por la UDEF, esta fundación recaudó de empresarios afines, solo en 2003, unos 900.000 euros. Entre los donantes, con hasta 300.000 euros, estaba el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, posteriormente encarcelado por delitos de alzamiento de bienes en su extinto grupo industrial Marsans.

Con parte de ese dinero el PP regional financió actos y campañas electorales en los años 2003 y 2004. Pero Pedreira acabó archivando esta parte del sumario al entender que los delitos habían prescrito. Púnica ha vuelto a destapar Fundescam y en esta ocasión el juez Velasco ha detectado que la financiación a través de esta fundación se ha mantenido hasta casi 2011, con lo que los supuestos delitos serían continuados y, por tanto, no prescritos.

El juez envió a la Guardia Civil al registro de asociaciones, a la sede del PP regional, al despacho del gerente y a varios departamentos de la Comunidad en busca de pruebas con las que hilvanar, y en gran parte lo ha conseguido, que las sumas de dinero que aparecen en los papeles secretos del gerente tienen relación con Fundescam y con otras aportaciones ilegales recibidas por el PP madrileño. El juez sospecha que las entregas de dinero fueron onerosas y a cambio de contratas y adjudicaciones públicas.

El expresidente de la CEIM, la patronal de Madrid, Arturo Fernández, es uno de los empresarios, ahora en pleno declive, investigados en la pieza número 14 de Púnica. Su grupo de hostelería Cantoblanco recibió lucrativas adjudicaciones de la Asamblea de Madrid y de otras administraciones gobernadas por los populares. El juez también ha pedido información sobre contratas al Ayuntamiento de Madrid de las épocas en fue gobernado por los exalcaldes Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, según las citadas fuentes.

El expresidente Ignacio González mantuvo en nómina en el partido a Beltrán Gutiérrez incluso después de que este tuviera que dimitir como gerente por su implicación en el caso de las tarjetas black, de las que se gastó 58.000 euros. El PP de Cifuentes le pagó 120.000 euros y Gutiérrez finalmente abandonó el despacho que le había asignado González en Génova tras el escándalo de las tarjetas.

No es la primera vez que Gutiérrez es citado por el juez. Ya compareció el 3 de marzo de 2016. El detonante entonces fue una agenda intervenida a Granados en la que figuran, junto a entregas de casi dos millones de euros, las iniciales de “BG”, presumiblemente referidas a Beltrán Gutiérrez, y las de “JLM”, en alusión a Javier López Madrid, yerno del dueño de la constructora OHL. David Marjaliza, exsocio arrepentido de Granados, ayudó al juez a identificar las citadas iniciales.

El nombre de Beltrán Gutiérrez, a quien Velasco atribuye en Púnica delitos de cohecho y falsedad, también salió a relucir en Gürtel al estar detrás de facturaciones del PP a la empresa de Francisco Correa Special Event que a la postre fueron abonadas por Fundescam. En Gürtel, fue también documentación secreta intervenida al contable de la red en su casa la que puso al descubierto los amaños y comisiones pagadas a altos cargos del PP nacional. El contable de Gürtel volcó la caja B de las empresas en un pendrive. Lo ocultaba en la mano, cerrada, cuando la policía se lo intervino. "El puto pendrive", como lo definió airado Francisco Correa al enterarse, una vez detenido, de su existencia y de su contenido.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/08/actualidad/1488968705_893334.html

EL JUEZ REACTIVA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAJA B DEL PP DE AGUIRRE A TRAVÉS DE FUNDESCAM

El instructor centra su atención en Fundescam y preguntado al expresidente de la patronal madrileña sobre 60.000 euros que donó en 2007

Eloy Velasco investiga el supuesto pago del 1% en publicidad en la construcción de seis hospitales o en la Ciudad de la Justicia lanzada por la expresidenta en 2005

El juez que instruye en la Audiencia Nacional la pieza separada de Púnica sobre la financiación ilegal del PP madrileño, Eloy Velasco, ha reactivado su investigación con el registro de varias empresas y viviendas y con requerimientos de documentación en varios organismos oficiales de la Comunidad de Madrid, en concreto las consejerías de Sanidad, Transportes y Urbanismo, la Fundación Arpegio, la dirección de Justicia madrileña e incluso Presidencia.

El objetivo, indagar en grandes iniciativas de la última etapa de Aguirre como el plan de infraestructuras sanitarias del periodo 2004 a 2007 –que incluía el desarrollo de seis hospitales– o la Ciudad de la Justicia lanzada por la presidenta en el 2005 y que, tras quedar paralizada por la crisis, fue recuperada en 2014 por su sucesor en el cargo, Ignacio González. En concreto, el magistrado está analizando el supuesto pago de un 1% del total de las concesiones en conceptos de publicidad. El instructor también ha centrado su atención en la financiación del PP madrileño mediante la Fundación para el Desarrollo Económico de la Comunidad de Madrid (Fundescam).

Velasco ha ordenado estas diligencias después de que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraran documentación importante en el registro que realizaron por orden judicial hace un año en la vivienda y en el despacho del exgerente regional del PP de Esperanza Aguirre, Beltrán Gutiérrez, que estaría vinculada con la presunta financiación irregular de la formación conservadora en la Comunidad de Madrid.

infoLibre cuenta con un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef-Bla) de la Policía Judicial, de 30 de julio de 2010, en el que se analiza "el sistema de financiación de los actos electorales del Partido Popular de Madrid a través de Fundescam". Y los agentes citan en el mencionado informe el nombre del exgerente del PP madrileño, imputado en Púnica, Beltrán Gutiérrez, como "el interlocutor de la organización" de Correa "con el Partido Popular regional para el desarrollo de la campaña".

El gerente de Aguirre

Asimismo, el informe de la Udef resalta que en los archivos de la trama aparece el nombre de Beltrán Gutiérrez como la persona a nombre del cual se "anota el conjunto de actos realizados en la Comunidad de Madrid en los que ha intervenido Esperanza Aguirre, tanto relativos a la precampaña como a la campaña electoral".

Precisamente, el magistrado ha llamado a declarar este miércoles, por segunda vez como imputado, a Beltrán Gutiérrez, que ha sido condenado de forma reciente a ocho meses de cárcel en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid.

Pero también el juez ha citado como investigados al exconsejero de Industria y expresidente de la Asamblea madrileña José Ignacio Echeverría, cuya vivienda habría sido registrada el martes por la noche, y al expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández, también condenado a seis meses de prisión por las black.

Según fuentes del caso, el instructor ha interpelado a Arturo Fernández por sus relaciones con la expresidenta Esperanza Aguirre, a la que le une una larga amistad, al mismo tiempo que se interesó por los al menos 60.000 euros que donó a Fundescam en 2007 poco antes de las elecciones autonómicas a través de la Fundación Arturo Fernández.

Contrato para Fernández en la Asamblea

Velasco también centró su interrogatorio en el contrato que ese mismo año 2007 obtuvo de la Asamblea de Madrid para gestionar el bar de la Cámara autonómica, donde la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes era vicepresidenta.

El año 2007, año en el que se celebraron las elecciones autonómicas que ganó Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, fue muy positivo para esta fundación ligada a la formación política conservadora, porque según sus cuentas, adelantadas por Público, obtuvo 741.561 euros de donaciones privadas y de patrocinios de la Fundación Caja Madrid, presidida por Miguel Blesa, también condenado a seis años de cárcel por las tarjetas black.

Los ingresos de Fundescam, siempre según la información de Público, se disparaban en años electorales. Como por ejemplo el primero de Aguirre como candidata, 2003, en el que esta fundación que fue presidida por Pío García-Escudero y Gádor Ongil, y en la que Francisco Granados también ejerció de vicepresidente, con 938.210 euros. En el año de las elecciones generales de 2004 los ingresos de Fundescam fueron de 553.520 euros. En total la Caja Madrid de Blesa aportó 1,3 millones a Fundescam.

La investigación sobre la financiación ilegal del PP madrileño mediante Fundescam formó parte del caso Gürtel, aunque el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, ya fallecido, archivó la misma al considerar que los presuntos delitos cometidos habían prescrito.

Sin embargo, las nuevas evidencias descubiertas por el juez Velasco apuntan a que los delitos que habrían cometido los conservadores con Fundescam llegarían hasta el año 2011, por lo que no estarían prescritos, según informa el diario El País.

El papel de Cifuentes en Fundescam

Precisamente sobre Cifuentes, el magistrado preguntó a Arturo Fernández sobre su papel en Fundescam, fundación en la que la actual jefa del Ejecutivo regional fue patrona, sin remuneración, y que centra el foco de las investigaciones. Cifuentes fue elegida patrona de la fundación por el comité ejecutivo del PP madrileño el 28 de febrero de 2005. Y cesó de este cargo el 18 de septiembre de 2008 poco antes del XIV Congreso regional de la formación conservadora madrileña.

Fuentes cercanas a la presidenta regional han enfatizado que la pertenencia de Cifuentes a la junta directiva de Fundescam era obligada dado que formaba parte del comité de dirección del partido en Madrid pero que "jamás tuvo acceso ni a los informes ni a las cuentas de esa fundación".

Sobre el contrato adjudicado a una de las empresas de Arturo Fernández para la gestión del bar de la Asamblea, las mismas fuentes han recalcado que las decisiones adoptadas por la mesa de contratación que Cifuentes presidía por delegación de la presidencia de la Cámara eran siempre "colegiadas".

El informe elaborado en 2010 por los policiales de Gürtel sobre Fundescam confirma, tras el análisis de los agentes de la documentación interceptada en un pendrive a la trama liderada por Francisco Correa, la existencia de "un sistema de facturación ad hoc de los actos electoral de 2003 y 2003 enmascarando la verdadera realidad de los conceptos y de las entidades para las que se prestó el servicio".

Además, los agentes concluyen que el mecanismo de financiación de los mencionados actos electoral es "ajeno a lo contemplado en la Ley Electoral General y en la Ley de Financiación de Partidos Políticos a través de una fundación vinculada orgánicamente al Partido Popular de Madrid (Fundecam) que recibe fondos de empresas que mediante contratos vigentes prestaban servicio o realizaban suministros u obras para administraciones públicas de la Comunidad de Madrid, y que posteriormente canaliza para financiar los actos del partido en campaña electoral".

El informe explica, además, que la organización de Correa "reporta a Luis Bárcenas", entonces gerente del PP nacional, "las facturas emitidas por Special Events a las distintas sedes regionales por los actos realizados bajo el concepto montaje actos elecciones autonómicas".

Facturas ficticias del PP

Los policías que realizan el informe constatan también que las facturas tienen "un cambio de entidad puesto que actos desarrollados por el PP de Madrid con motivo de la campaña de las elecciones autonómicas de 2003 se transforman en servicios prestados a Fundescam. Ésta práctica no sólo se observa con actos de la campaña electoral de 2003 sino también en relación a las elecciones europeas de 2004 y al Congreso Regional de 2004", completa el documento del sumario del caso Gürtel, que sostiene que mediante la elaboración de estas facturas ficticias se trata de representar una operación mercantil imitando lo que no es".

"Dichas facturas", resaltan los agentes, "responden en realidad a actos realizados con motivo de las campañas electorales locales y autonómicas de 2003, elecciones generales de 2004, elecciones al Parlamento Europeo de 2004 y al congreso regional de 2002 y 2004 para el Partido Popular de Madrid o el Partido Popular Nacional, por tanto han sido objeto de un cambio de entidad y de concepto".

Finalmente los agentes, que citan el mencionado artículo del diario Público, aseguran que los principales donantes de fondos a Fundescam eran las siguientes compañías: Transportes de Cercanías, Grupo Cantoblanco, Siemens, FCC, Unión Fenosa, Grupo Avanza, Mercurio, Promociones García Domínguez, Inmobiliaria COF, Francisco Santos, Ciuvasa, Valentín, Carlos de Bias García, Idea informática, José Antonio López Casas, Felop, Hotetur, Expacontra, Aerolíneas Baleares y Germán López Madrid.

72.000 euros de Díaz Ferrán

En el sumario de Gürtel aparece también otro documento en el que el entonces gerente de Aguirre, Beltrán Gutiérrez ingresa en 2003 en calidad de "apoderado" de Fundescam 72.000 euros de Gerardo Díaz Ferrán en nombre de la empresa Mercurio.

En la pieza sobre la financiación ilegal del PP madrileño, el juez Velasco mantiene imputados por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales, al exgerente del partido regional Beltrán Gutiérrez, y el empresario Javier López Madrid, además de al propio Granados y su socio David Marjaliza.

Según una agenda manuscrita de Granados, incluida en el sumario de la trama, el ex secretario general del PP madrileño reflejó en una de las páginas de su libreta unos pagos a Beltrán Gutiérrez 1,4 millones de euros.

Otros de los casos investigados por Velasco en relación a la presunta financiación ilegal del PP es la ampliación de líneas de Metro y su inauguración en 2007, ante las sospechas de que una de las empresas de la trama Púnica, Waiter Music, se beneficiara de la adjudicación irregular de las fiestas de inauguración de estas extensiones. Los agentes han puesto el foco en las partidas de publicidad asignadas a estos proyectos, pero también en el pago a cargo de la Comunidad de Madrid del posicionamiento on line de excargos de los Gobiernos de Aguirre e Ignacio González.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/09/el_juez_velasco_reactiva_investigacion_sobre_financiacion_ilegal_del_con_fundescam_62242_1012.html

EL JUEZ DE 'PÚNICA' PREGUNTA POR CIFUENTES A UN EMPRESARIO QUE HIZO DONACIONES A UNA FUNDACIÓN DEL PP

Eloy Velasco interroga al expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández por el dinero que trasvasó a Fundescam antes de las autonómicas de 2007 y el contrato que logró para gestionar el bar de la Asamblea regional

También han declarado como imputados el exconsejero de Industria de Esperanza Aguirre José Ignacio Echeverría y el ex gerente del Partido Popular madrileño Beltrán Gutiérrez

Las investigaciones que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco mantiene abiertas sobre la financiación del PP madrileño en el contexto de la Operación Púnica han dado hoy un salto cualitativo. Ante Velasco han declarado como imputados dos antiguos altos cargos del PP madrileño -José Ignacio Echevarría, exconsejero con Esperanza Aguirre y expresidente de la Asamblea regional, y Beltrán Gutiérrez, gerente regional del partido en la etapa de Aguirre-, así como el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández. El juez ha preguntado al empresario por sus relaciones con la expresidenta Esperanza Aguirre, a la que le une una larga amistad, pero también con la actual jefa del Ejecutivo autonómico, Cristina Cifuentes.

El interrogatorio a Fernández ha hecho que trascienda un dato que hasta ahora había pasado inadvertido: que la actual jefa del Ejecutivo regional fue vocal de la fundación Fundescam, que centra el foco de las investigaciones y cuyo papel en la presunta financiación ilegal del PP madrileño en las campañas de 2003 y 2004 ya fue destapado en 2009 p0r una investigación periodística del diario Público. El magistrado ha preguntado al exdirigente patronal madrileño por los al menos 60.000 euros que donó a Fundescam en 2007 poco antes de las elecciones autonómicas a través de la Fundación Arturo Fernández. Y por el contrato que ese mismo año obtuvo de la Asamblea de Madrid para gestionar el bar de la Cámara, donde Cifuentes ostentaba entonces el cargo de de vicepresidenta.

Fuentes cercanas a la presidenta regional han enfatizado que la pertenencia de Cifuentes a la junta directiva de Fundescam era obligada dado que formaba parte del comité de dirección del partido en Madrid pero que "jamás tuvo acceso ni a los informes ni a las cuentas de esa fundación". Sobre el contrato adjudicado a una de las empresas de Arturo Fernández para la gestión del bar de la Asamblea, las mismas fuentes han recalcado que las decisiones adoptadas por la mesa de contratación que Cifuentes presidía por delegación de la presidencia de la Cámara eran siempre "colegiadas".

Hasta ahora se sabía que Fernández había sido uno de los grandes donantes de la fundación de cabecera del PP madrileño, Fundescam, en las elecciones que en 2003, el año del tamayazo, auparon a Esperanza Aguirre a la presidencia de Madrid. Los manejos de esa fundación ya afloraron en el sumario del caso Gürtel pero Anticorrupción consideró que los presumibles delitos habían prescrito. Ahora, el hallazgo de nuevos documentos durante los registros de la Operación Púnica la han traído de nuevo al primer plano.

El juez que instruye la causa no ha decretado medidas cautelares para ninguno de los tres investigados. El magistrado ha interrogado a los imputados después de que ordenara el pasado martes el registro de empresas e incluso realizara "requerimientos inmediatos y mediatos" a departamentos de la Comunidad de Madrid, como es el caso de las Consejerías de Industria y Sanidad.

Según las mismas fuentes, los requerimientos inmediatos se realizan bajo la posibilidad de que se efectúe un registro para obtener la documentación requerida. El diario El Independiente.com, ha asegurado que el juez Velasco busca información sobre los hospitales promovidos por el Gobierno de Esperanza Aguirre.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/09/el_juez_punica_pregunta_por_cifuentes_empresario_que_hizo_donaciones_una_fundacion_del_pp_62226_1012.html

LA UCO INVESTIGA EL PLAN DE HOSPITALES DE ESPERANZA AGUIRRE EN EL ‘CASO PÚNICA’

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga uno de los proyectos estrella de Esperanza Aguirre durante su etapa como presidenta de la Comunidad de Madrid (2003-2012), el plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007, en una pieza separada del caso Púnica. Éste es el motivo que explica la presencia de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la mañana de este martes en la sede de la Consejería de Sanidad, donde se personaron para requerir documentación por orden del instructor.

Durante los años 2004-2005, siendo Manuel Lamela consejero de Sanidad y Consumo, el Ejecutivo madrileño aprobó los estudios de viabilidad para la construcción y explotación de seis hospitales públicos con los que pretendía terminar la descentralización de la asistencia sanitaria en la Comunidad y dotar de servicios de atención especializada a poblaciones con perspectivas de crecimiento alejadas de los complejos existentes hasta entonces. Bajo la fórmula de concesión de obra pública a operadores privados, el proyecto inicial buscaba levantar instalaciones hospitalarias en Móstoles, Leganés, Alcalá de Henares, Alcorcón, Fuenlabrada y Getafe, para lo que se aprobó un gasto plurianual de 2.283 millones de euros en 2005. La UCO investiga ahora el destino del 1% de esa cantidad total, es decir, 22,8 millones de euros.

Según ha podido confirmar El Independiente, los investigadores de la trama corrupta Púnica buscan ahora conocer el destino que se dio a la partida de publicidad (vídeos, documentación técnica y gráfica divulgativa, buzoneo…), una de las obligaciones que asumía la sociedad concesionaria a fin de que los ciudadanos que formaban parte de la población asistida conocieran el inicio de los servicios y cómo podían acceder a los mismos. Las fuentes consultadas dijeron que este capítulo importaba el 1% de la inversión de cada hospital y que su gestión correspondía en teoría a la empresa, si bien en la práctica se encargaba la Administración autonómica.

Agentes de la UCO se personaron este martes en la Consejería de Sanidad para retirar documentos

La decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional de abrir una pieza separada sobre esta ramificación en el marco de la investigación del caso Púnica se fundamenta en la sospecha de que parte de ese dinero podría haberse desviado a fines completamente ajenos a los descritos. Es lo que tendrán que determinar los agentes de la UCO cuando analicen la documentación requerida a la Consejería de Sanidad de Madrid con la autorización del juez Velasco.

La puesta en funcionamiento de los seis hospitales se produjo en el mes de febrero de 2008, si bien la Administración -excepto en el caso del Hospital Infanta Sofía, sito en la localidad de San Sebastián de los Reyes- inició el pago de las retribuciones en septiembre del año anterior con cargo al programa presupuestario 750 gestionado por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). La entrada en servicio de estos complejos sanitarios permitió a la Comunidad de Madrid incrementar su oferta en 1.259 camas y contar con medio centenar de quirófanos más, creando unos 4.780 empleos.

En contrapartida por la construcción y explotación de los hospitales, las empresas concesionarias percibían de la Comunidad de Madrid una retribución compuesta por una cantidad fija y otra variable, distribuida ésta en función de los servicios prestados en cada centro sanitario y actualizada cada año en función del comportamiento de la inflación. El contrato que unía a empresa privada y Administración tenía una duración de 30 años, a contar desde el día siguiente al de la formalización del contrato.

Se investiga, en concreto, el destino del dinero relativo a la partida de publicidad del 1%

Según detalla en el informe de fiscalización aprobado por acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid el 24 de septiembre de 2012, el Gobierno de Esperanza Aguirre aprobó el 23 de junio de 2005 un gasto plurianual total por importe de 2.283.301.257 euros constantes.

A la espera de que avancen las pesquisas de la UCO, la investigación correspondiente a la trama Púnica pone la lupa a uno de los principales proyectos de Esperanza Aguirre, que en su etapa al frente de la Comunidad tuvo tres consejeros de Sanidad: Manuel Lamela (2003-2007), Juan José Güemes (2007-2010) y Javier Fernández-Lasquetty (2010-2014). La presidenta dejó el Ejecutivo autonómico en septiembre de 2012; en la actualidad, es portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

El nombre de Aguirre ya figuraba en el sumario de este caso de corrupción que Eloy Velasco instruye desde junio de 2014 tras la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción y que procesalmente se ha desgajado en más de una decena de piezas separadas con el fin de agilizar su instrucción y el futuro enjuiciamiento de los hechos.

Como desveló Voz Pópuli el pasado 23 de enero, la UCO puso de manifiesto en un informe aportado al juzgado cómo la trama utilizó dos facturas con conceptos “manifiestamente falsos” para que gastos correspondientes a un mitin de Esperanza Aguirre en el año 2007 se hicieran pasar como gastos de las fiestas patronales de Valdemoro. De este municipio fue alcalde Francisco Granados, uno de los principales imputados en el caso Púnica y al que Esperanza Aguirre incorporó como consejero de Transportes e Infraestructuras cuando llegó a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en noviembre de 2003 en sustitución de Alberto Ruiz-Gallardón.

El Gobierno de Aguirre aprobó un gasto de 2.283 millones en 2005 para financiar seis hospitales

No es la primera vez que los agentes de la Guardia Civil se personan en departamentos del Gobierno madrileño a retirar documentación en el marco de Púnica, en la que se investiga la presunta financiación irregular del PP madrileño. Así, el 22 de enero de 2015 el juez Velasco ordenó a la UCO que acudiera a la Consejería de la Presidencia para que le entregaran todos los contratos sobre reputación en internet que hubiera firmado cualquier organismo de la Comunidad de Madrid con las empresas de Alejandro de Pedro Llorca y José Antonio Alonso Conesa, ambos imputados en la causa.

Los investigadores, asimismo, acudieron el pasado 27 de septiembre a la sede de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda a retirar expedientes de contratación hasta 2013. Ese mismo día también retiraron documentación de la Cámara de Cuentas de Madrid y del Registro y el Protectorado de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.

http://www.elindependiente.com/politica/2017/03/07/la-uco-investiga-el-plan-de-hospitales-de-esperanza-aguirre-en-el-caso-punica/

LA UCO ACUDIÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LLEVARSE LOS EXPEDIENTES DEL PROYECTO ESTRELLA DE IGNACIO GONZÁLEZ POR SU VINCULACIÓN CON LA CAJA B DEL PP

El juez que instruye el caso Púnica, Eloy Velasco, ha iniciado nuevas diligencias para investigar el proceso de adjudicación de la Ciudad de la Justicia de Madrid, un proyecto faraónico impulsado por el expresidente del Gobierno regional Ignacio González (2012-2015) que salió a concurso sólo unas semanas antes de las elecciones autonómicas de 2015 en las que se impuso Cristina Cifuentes. La mesa de contratación llegó a seleccionar la oferta presentada por una UTE integrada por las constructoras OHL y Acciona, que ascendía a 1.356 millones de euros. Sin embargo, González no tuvo tiempo de oficializar la licitación con su firma antes de abandonar el Gobierno y Cifuentes se ha negado luego a completar el proceso durante su mandato.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso, las pesquisas sobre la Ciudad de la Justicia se enmarcan en la pieza secreta que instruye Velasco, dentro del procedimiento de la trama Púnica, sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron este martes a la Dirección General de Justicia de la Comunidad, dependiente de la Consejería de Presidencia, para solicitar los expedientes relacionados con ese proyecto e incorporarlños a la investigación.

No es la primera vez que el caso Púnica salpica a OHL. Los agentes encontrarton en poder del presunto cerebro de la trama, el exconsejero madrileño de Presidencia y exsecretario general del PP regional Francisco Granados, una agenda con anotaciones de supuestas donaciones ilegales de empresarios que sumarían 2.060.000 euros. El grueso de esos fondos, en torno a 1,6 millones de euros, habría sido aportado por el consejero de OHL Javier López Madrid. Por esa conexión, Velasco ya imputó al directivo de la constructora y ordenó a la UCO que rastreara las adjudicaciones que recibió esa compañía de la Comunidad de Madrid durante la etapa en la que Granados fue miembro del Gobierno regional, entre 2003 y 2011. Entre esos proyectos bajo sospecha se encuentran, como reveló El Confidencial, las obras del Metro Ligero de Pozuelo de Alarcón y del tren de Cercanías a Navalcarnero.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-08/velasco-investiga-adjudicacion-ciudad-justicia-ohl-acciona_1344836/

LOS 12 MARIACHIS DE LA CAMPAÑA DE RAJOY QUE SE PAGARON CON DINERO PÚBLICO

Un informe de la UCO sobre la contabilidad de una empresa de la trama Púnica revela supuestas irregularidades en la financiación de actos electorales del PP en 2007 y 2008

Pabellón Juan España de Valdemoro. 1 de marzo de 2008. El PP celebra uno de los mítines de la campaña a las Elecciones Generales de aquel año con todo un despliegue. En el escenario, una docena de mariachis del grupo ‘Malas compañías’ entonan el ‘Cielito lindo’ y ‘Sigo siendo el rey’ mientras llegan al recinto abarrotado por más de 4.800 simpatizantes los dirigentes del partido que van a intervenir. Son Esperanza Aguirre, el ‘número dos’ de la lista al Congreso por Madrid, el empresario Manuel Pizarro, y el expresidente José María Aznar. Hoy, nueve años después de aquel acto, parte de la financiación de aquel acto está en bajo sospecha. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario de la trama Púnica detalla que una de las empresas que participó en la organización de aquel evento, Waiter Music SL, regaló al partido una pequeña parte de los gastos y presuntamente cargó a las arcas del Ayuntamiento de Valdemoro los 4.200 euros más IVA que costó la actuación del grupo de música mexicana.

Así lo recoge la documentación intervenida durante el registro realizado en octubre de 2014 en la sede de esta sociedad, especializada en la organización de festejos y a la que diferentes ayuntamientos de la Comunidad de Madrid gobernados por el PP adjudicaron contratos públicos por más de 19 millones de euros entre los años 2006 y 2010. El informe de la UCO reproduce los cuatro documentos localizados que apuntan a que el propietario de Waiter Music, el empresario José Luis Huerta Valbuena, “habría sufragado los gastos del vehículo con megafonía utilizado para el mitin del Partido Popular mientras que la actuación reseñada, llevada a cabo por ’12 Mariachis’ valorada en 4.200 euros se habría pagado con dinero público procedente de la partida destinada a la celebración de las Fiestas Patronales de Septiembre de 2009” de Valdemoro. Uno de estos es una contabilidad referida específicamente a dicho evento denominado “mitin PP alquiler coche y megafonía” en el que se desglosa el coste del alquiler del coche, megafonía y combustible, por un lado, y la actuación del grupo musical por otro. En total, todo ello estaba valorado en 4.465,40 euros más IVA.

El documento policial añade que de esa cantidad, una pequeña parte fue asumida por el propio empresario, mientras que los 4.200 euros pasaron a engrosar lo que en otro apunte contable intervenido se denomina “cuenta partido PP Valdemoro”, en el aparecían también los costes de otros dos actos organizados para la formación política en los años anteriores como “pendientes de facturar”. Los agentes recogen la sospecha que todos ellos fueron finalmente cargados al presupuesto municipal por la organización de los festejos populares de Valdemoro mediante el inflado de las facturas giradas al Ayuntamiento. También concluyen que todo ello es constitutivo de un delito electoral “en virtud de la utilización de fondos y recursos económicos en beneficio del Partido Popular de Valdemoro y de la Comunidad de Madrid y que no fueron declarados como gastos de campaña”, aunque apuntan que puede estar prescrito. El informe de UCO señala que “el administrador general único” de la candidatura de la formación en aquellos comicios fue Luis Bárcenas.

El mitin del 1 de marzo de 2008 no es, sin embargo, el único acto electoral sobre cuya financiación tienen sospechas los investigadores. De hecho, el informe de la Guardia Civil detalla otros siete eventos del PP que presuntamente también fueron pagados todo o en parte con dinero público desviado desde el Ayuntamiento de Valdemoro gracias a las adjudicaciones a Waiter Music. Entre ellos está el mitin de final de campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 celebrado en el Palacio de los Deportes de Madrid y en el que participaron Rajoy, Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón. Otro es el celebrado el 12 de mayo de aquel año en la plaza de toros de Valdemoro con la presencia de la entonces presidenta de la Comunidad y sus dos hombres de confianza entonces en el Ejecutivo regional, Francisco Granados e Ignacio González. Del este, la Guardia Civil resalta que una parte del mismo fue supuestamente abonado por el PP en efectivo con fondos de “procedencia desconocida”.

La UCO también pone bajo sospecha otros cinco actos menores organizados por el PP de Valdemoro entre los años 2005 y 2011, y de los que existen indicios de que el empresario José Huerta asumió la mitad del coste de los mismos como un 'regalo' o, en otros casos, desvió "el pago a eventos municipales posteriores". "Estos eventos -destaca el informe- no se facturaron por la mercantil al Partido Popular y permanecieron 'pendientes de facturar' durante seis años, habiéndose liquidado parte con dinero público del Ayuntamiento de Valdemoro destinado a sufragar los gastos de las Fiestas patronales de septiembre de 2009". De los 150.000 euros que el Consistorio destinó a pagar dichos festejos, la Guardia Civil apunta que más de 45.000 euros fueron destinados a “sufragar parte de la deuda que el PP de Valdemoro había contraído con Waiter Music SL”.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/08/actualidad/1488996379_182438.html

CIFUENTES PRESIDIÓ LA MESA QUE ADJUDICÓ EL CONTRATO DE LA ASAMBLEA CON ARTURO EN 2011

La investigación del caso Púnica salpica colateralmente a la presidenta regional: la UCO analiza varios contratos que el Parlamento madrileño otorgó a la empresa Cantoblanco

La investigación del caso Púnica salpica colateralmente a la presidenta regional, Cristina Cifuentes. Al menos uno de los contratos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se llevó este martes de la Asamblea de Madrid fue adjudicado por una mesa de contratación que presidía Cifuentes, que fue vicepresidenta de la Cámara madrileña entre los años 2007 y 2012, antes de dirigir la Delegación del Gobierno en Madrid. Dos agentes de la UCO se personaron en la Asamblea para solicitar documentación sobre los contratos que este organismo adjudicó al Grupo Cantoblanco, la empresa de hostelería de Arturo Fernández, exvicepresidente de la CEOE y expresidente de la patronal madrileña.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha abierto una nueva línea de investigación en la pieza 14 del sumario, que permanece secreta, y que indaga sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. La UCO encontró hace tiempo las presuntas donaciones ilegales que anotó el exconsejero Francisco Granados, el principal político imputado en la causa, en una agenda que fue localizada durante los registros que se practicaron en la primera fase del caso. Según esas anotaciones, el exsecretario general del PP de Madrid recibió entre 2011 y 2014 pagos para la formación por un total de 2.060.000 euros, de los que ingresó en la caja del partido 1.460.000 euros.

La UCO ha hallado ahora nuevos elementos que apuntan a que Arturo Fernández habría colaborado también en esa financiación ilegal del PP de Madrid a cambio de conseguir las concesiones del servicio de hostelería del Parlamento autonómico. Las pesquisas se centran en el periodo 2007-2013, durante el que el Partido Popular controló de forma ininterrumpida los órganos de decisión de la Cámara regional. Los agentes han solicitado varios contratos e información sobre el sistema de funcionamiento de las mesas de contratación de la Asamblea.

Llamadas incorporadas al sumario prueban que Granados y el resto de cabecillas de Púnica recibieron un soplo de un agente de la UCO que les alertó de que estaban siendo investigados

En julio de 2009, por ejemplo, Cantoblanco se llevó la concesión del servicio de hostelería durante el siguiente año tras presentar una oferta de 212.900 euros. Obtuvo una puntuación total de 71,59 puntos y superó al segundo licitador, Clece SA (empresa integrada en ACS), que obtuvo 57,5 puntos. En ese año, la presidenta de la Asamblea era Elvira Rodríguez, actual presidenta de la CNMV. En julio de 2011, Cantoblanco volvió a imponerse en el concurso con una propuesta de 174.960 euros. En este segundo contrato, aunque el proceso de licitación también fue iniciado bajo la presidencia de Rodríguez, la adjudicación la completó su sucesor en el cargo, José Ignacio Echeverría (que dimitió en diciembre de 2015 tras sufrir un accidente de tráfico y superar la tasa de alcoholemia permitida).
Vicepresidenta entre 2007 y 2012

En ambos procesos, el órgano de contratación del Parlamento autonómico resolvió que la compañía de Arturo Fernández había presentado la oferta más ventajosa. Según la información a la que ha tenido acceso El Confidencial, Cifuentes, como vicepresidenta primera de la Asamblea, presidió la comisión de expertos que estudió y aprobó la valoración de las ofertas presentadas en la adjudicación de 2011, el trámite final de la mesa de contratación después de que la mesa técnica analizara las ofertas de las empresas que se presentaron al concurso. Cifuentes fue vicepresidenta de la Asamblea entre 2007 y principios de 2012 y le tocó presidir varias mesas de contratación.

Fuentes cercanas a la presidenta han asegurado a este diario que las decisiones de la mesa de contratación eran colegiadas y que, tras elegir la oferta más ventajosa, la propuesta se elevaba al conjunto de la mesa de la Asamblea, en la que estaban representados todos los partidos, para que autorizara la adjudicación. Según estas fuentes, el único motivo por el que Cifuentes participó en esa mesa de contratación fue que el presidente de la Asamblea entre 2011 y 2015, José Ignacio Echeverría, delegó en la entonces vicepresidenta de la Cámara esa responsabilidad.

En 2013, Cantoblanco ganó de nuevo el contrato para 2014, pero en esa ocasión ni siquiera tuvo competidores. La oferta de 168.000 euros más IVA de Cantoblanco fue la única que llegó al final del concurso. Sin embargo, la vinculación de la Asamblea de Madrid con Cantoblanco se rompió tras esa licitación. Los problemas económicos que atravesaba el grupo hostelero llevaron a Arturo Fernández a solicitar la anulación del acuerdo en agosto de 2014, pero la compañía fue obligada a continuar al menos hasta que desembarcara un nuevo adjudicatario en 2015. El Parlamento autonómico incluso tuvo que abonar directamente a Hacienda los pagos de la concesión por las deudas que había contraído la empresa con la Agencia Tributaria. Finalmente, en enero de 2015, el grupo de restauración Cafestore se llevó el nuevo contrato para los dos siguientes años por un total de 336.000 euros más IVA.

En conversación telefónica con este diario, Arturo Fernández ha negado que exista ningún tipo de irregularidad en esos contratos y ha negado que los consiguiera gracias a donaciones al Partido Popular. "Las únicas donaciones que hice al PP las ingresé por transferencia bancaria a través de Fundescam y ya son conocidas. Nunca he hecho ninguna otra donación al partido", explica el exvicepresidente de la CEOE. Fernández también asegura que esas adjudicaciones eran deficitarias. "Me parece absurdo que alguien pueda pensar que se amañaron esos contratos. Si fueran por alguna cantidad importante, podría entenderlo, pero casi estaba en la Asamblea para quedar bien, más que por otra cosa", defiende.

http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-09-28/punica-cifuentes-arturo-fernandez-contratos-cafeteria_1266884/

UN CABECILLA DE PÚNICA PIDE EL MISMO TRATO JUDICIAL QUE EL EXONERADO PRESIDENTE DE MURCIA

De Pedro esgrime el escrito de la Fiscalía para que se archiven parte de las acusaciones contra él

La decisión de la Fiscalía General del Estado de no acusar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por sus tratos con la trama Púnica sigue ganando ‘adeptos’ entre los acusados del propio sumario. El último ha sido Alejandro de Pedro, el experto informático señalado por la investigación como uno de los presuntos cabecillas de la red de corrupción y responsable de los trabajos de reputación online a políticos que salpican al jefe del ejecutivo autonómico. De Pedro ha presentado este miércoles un recurso en el que solicita que se archiven parte de las acusaciones que pesan sobre él porque su actuación “no había perjudicado a las arcas públicas”, uno de los argumentos que defendía la Fiscalía para exonerar al presidente de Murcia. Con él, ya son cinco los investigados (actual denominación de la figura del imputado) en Púnica que han esgrimido la ‘doctrina’ defendida este miércoles en el Congreso por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para pedir que levanten las acusaciones que pesan sobre ellos.

En la pieza de León, que el juez Eloy Velasco dio por concluida a finales del año pasado, están encausados, además del propio De Pedro, el que fuera presidente de la Diputación de León por el PP, Marcos Martínez Barazón; el alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez; un interventor de la provincia, y el socio del experto informático, José Antonio Alonso Conesa, exalcalde socialista de Cartagena. De Pedro está acusado en esta parte del sumario de fraude, cohecho, aprovechamiento de información reservada, malversación de caudales públicos y prevaricación continuada por el supuesto desvío de fondos públicos para pagar los trabajos de reputación online de Martínez Barazón, y el intento de amaño de un concurso para adjudicar la explotación de dos cafeterías en una estación de esquí de la provincia. En su escrito, el experto informático niega los hechos y acusa al magistrado de la Audiencia Nacional de vulnerar sus derechos.

Así, detalla ocho alegaciones en este sentido. La última, precisamente, la “inexistencia de indicios racionales de criminalidad” en “aplicación de [la] doctrina de la Fiscalía emitida en asunto contra [el] presidente de la Comunidad de Murcia”. En este sentido, el presunto cabecilla de la trama recalca que las acusaciones contra él son “un mero juicio de inferencia hipotético carente del suficiente soporte probatorio” en el que se le atribuyen hechos “que no tienen trascendencia penal”. Por ello, insiste en “acoger la tesis expuesta por la propia Fiscalía” para mostrar contrario a investigar a Pedro Antonio Sánchez en la pieza de Murcia, en la que el propio De Pedro también está acusado, ya que considera que tampoco en León se produjo un perjuicio a las arcas públicas, uno de los argumentos de aquel escrito de Anticorrupción. El experto informático también recuerda que la Fiscalía también considera que los ilícitos de proposición y conspiración en los delitos contra la Administración Pública no aparecieron recogidos en el Código Penal hasta la reforma de 2015, después de que se produjeran los hechos.

Con el de Alejandro de Pedro ya son cinco los imputados en el caso Púnica que hacen alusión expresa en sus recursos al escrito de la Fiscalía Anticorrupción que rechaza investigar al presidente murciano. La primera fue Reyes Samper, que fuera la directora del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El pasado 20 de febrero, solo cinco días después de que se conociera el polémico escrito amparado por José Manuel Maza, presentaba un recurso en este sentido. Un día después lo hacía el que fuera consejero de Industria y Turismo del Gobierno regional, Juan Carlos Ruiz López; y 24 horas después los excargos de confianza del Ejecutivo murciano Dolores Martínez Robles y Fidel Saura.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/02/actualidad/1488457034_348177.html

LA ACUSACIÓN POPULAR DE PÚNICA DA UNA LECCIÓN DE DERECHO A LA FISCALÍA

ADADE desmonta el intento de exonerar al presidente de Murcia con jurisprudencia del Supremo y pide la imputación de Sánchez

La acusación popular de Asociación de abogados demócratas por Europa (ADADE) ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que ponen los puntos sobre las íes en toda la polémica sobre la petición de imputación para el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez que intentó bloquear la Fiscalía Anticorrupción.

En su escrito, ADADE toma tres direcciones: por un lado, dan un duro rapapolvo a la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, que se plegó a las presiones de sus superiores para intentar exonerar al presidente murciano con un escrito de 12 líneas carente de argumentos jurídicos.

Por otro lado, piden la imputación de Sánchez por fraude, cohecho y revelación de información reservada, dando su apoyo a los argumentos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que también aceptó el juez Eloy Velasco, cuando se dirigió al Parlamento murciano para certificar que el presidente está aforado, como paso previo a su imputación.

Por último, aportan variada documentación y jurisprudencia del Tribunal Supremo que prueba que hay argumentos jurídicos de sobra para imputar a Sánchez, como ya hizo ELPLURAL.COM este jueves.

En el punto cuarto de sus argumentos, ADADE se refiere al informe de la fiscal teniente, “que causa estupor a esta parte” por la “simpleza dialéctica empleada” para intentar salvar a Sánchez. Un informe cuyas “doce líneas contrastan” con la “profusión de los argumentos fácticos” que aportan las fiscales del caso Púnica, que se negaron a firmar dicha exoneración.

También que “resulta de todo punto llamativo” que el argumento de las fiscales que sí es válida para imputar a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena “no lo es respecto de Pedro Antonio Sánchez”. Además, como ya señaló ELPLURAL.COM, destacan que las fiscales del caso dejaron todas sus pruebas contra Sánchez “en el Informe del Ministerio Fiscal referido a Pilar Barreiro”.

Además, ADADE se remite a variada jurisprudencia del Tribunal Supremo, mucha de ella citada por este periódico este jueves, para demostrar que el fraude es un “delito de naturaleza netamente tendencial o de mera actividad, que viene a castigar verdaderos actos preparatorios, ya que no necesita para la consumación ni la producción del efectivo perjuicio patrimonial ni tan siquiera el desarrollo ejecutivo del fraude”, como defendía la fiscal teniente.

La lección de derecho continúa con la explicación de cómo funciona el cohecho que “es un delito de mera actividad y se consuma con la sola solicitud u ofrecimiento”. Y concluye con una explicación de lo que significaría que el famoso escrito de 12 líneas fuera tomado en consideración, sobre todo cuando la fiscal lanza la tesis de que, hasta que el artículo 445 CP fue modificado para penar conspiraciones para cometer delitos contra la Administración, no se podían perseguir un “acuerdo criminal” como el de Sánchez y Barreiro.

Sostiene que lo pretendido por el legislador al aprobar dicho artículo era despenalizar con efecto retroactivo todas aquellas conductas típicas de mera concertación para cometer delitos contra la administración pública. Ello choca frontalmente con un número significativo de sentencias de todos los Tribunales, y en especial del Tribunal Supremo, que condenan por la comisión de delitos como el fraude o el cohecho por el mero hecho de haberse acreditado el concierto para defraudar.

Por último, ADADE concluye su escrito haciendo mención a lo “notorio” de que Sánchez estuviera al tanto de las contradicciones en la Fiscalía sobre cómo proceder sobre su caso. En concreto, el informe de la Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado. Y añade, demostrando que ni siquiera ellos, que están personados, tenían esa información:

Esta parte está deseosa de conocer dicho informe y las confirmaciones de los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, puesto que sin duda arrojarían luz donde solo hay oscuridad. Pero desgraciadamente los mismos no se han hecho públicos y solo disponemos para conocer las razones de la Fiscalía de doce líneas.

http://www.elplural.com/politica/2017/02/24/la-acusacion-popular-de-punica-da-una-leccion-de-derecho-la-fiscalia

EL JUEZ DE PÚNICA USA SENTENCIAS DEL FISCAL GENERAL CONTRA EL PRESIDENTE DE MURCIA

Eloy Velasco sustenta uno de los delitos que atribuye al presidente de Murcia con una resolución dictada por el propio fiscal general

La Fiscalía General impuso no acusar al presidente de Murcia

Catalá se entrevistó con el presidente de Murcia antes de que el fiscal retirara la acusación

El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, ha esgrimido una sentencia redactada por el propio fiscal general, José Manuel Maza, para justificar la imputación de uno de los delitos que el magistrado atribuye al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. En el auto con el que el pasado viernes dio por concluida la investigación sobre la rama murciana de Púnica -a expensas de lo que pase con el aforado Sánchez y la otra aforada popular-, el juez desgrana los argumentos jurídicos por los que cree que se cometieron diversos delitos. Entre ellos, el de «revelación de informaciones reservadas». Se trata de uno de los tres que el juez y las fiscales del caso -no así la Fiscalía General- creen que pudo cometer Pedro Antonio Sánchez. Lo habría hecho «al proponer filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar». Se trataría de información transmitida por Sánchez y sus colaboradores a las empresas de la trama Púnica, que de esa forma tenían ventaja frente a la competencia.

El juez de la Audiencia Nacional considera que varios implicados -Sánchez entre ellos- cometieron ese delito al examinar las sentencias del Supremo que lo analizan. Entre ellas, una dictada por el propio Maza en 2014, cuando era magistrado de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.«La jurisprudencia entiende (ver por todas la importante STS 8/5/2014, ponente Maza Martín)...», dice el juez para extractar una sentencia del fiscal general sobre una empresa a la que se suministró información para que obtuviera una adjudicación. «La característica esencial» del delito, decía la sentencia de Maza, es «conocer aspectos que redunden en una adquisición de privilegio por parte del administrado favorecido, frente a quienes son privados de tal información, que quedan en una clara posición de desventaja».

Además de revelación de información, el juez del caso Púnica ve fraude y cohecho

El Código Penal castiga con multa e inhabilitación de hasta tres años a «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados».La mayor parte de la jurisprudencia empleada por Velasco contra la veintena de imputados se refiere al delito de fraude, que también se le imputa a Sánchez junto al de cohecho. El juez es particularmente extenso en el supuesto fraude, puesto que es el delito en el que se centró el breve escrito del Ministerio Público oponiéndose a que se abriera formalmente una investigación contra el mandatario popular. Tras repasar las sentencias del Supremo, el juez resalta que el delito de fraude es de los denominados «de mera tendencia», es decir, que para considerarse cometido basta «con que exista la concertación con el fin de defraudar». El juez y las fiscales del caso estiman que eso se ha producido. Por contra, fuentes de la Fiscalía General -tras recordar que conocen «perfectamente» la sentencias aireadas por Velasco- insisten en que no llegó a producirse ese «concierto». Resaltan que no llegó a haber aceptación por parte de Sánchez de lo que el imputado Alejandro de Pedro le proponía. Aunque sólo fuera, como sostienen el juez y las fiscales del caso, porque el estallido de la operación policial no le dio tiempo para ello. Según el juez Velasco, Sánchez se puso en contacto con empresas de la trama Púnica para mejorar su imagen en internet. Lo hizo porque quería encabezar la lista del PP en la comunidad, cosa que consiguió. Lo que más le preocupaba, según la investigación del caso, era el desgaste que podía suponer para él la posible imputación en otro presunto caso de corrupción. También esto acabó sucediendo y Sánchez ya ha sido imputado en el caso Auditorio.

http://www.elmundo.es/espana/2017/02/22/58aca024ca47414e4f8b4662.html

GRANADOS QUIERE QUE EDUARDO INDA TESTIFIQUE EN SU FAVOR

El exsecretario general del PP madrileño pretende demostrar su inocencia en el caso del chivatazo a Marjaliza

Desde hace ya varios meses, el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre y alcalde de Valdemoro, Francisco Granados, parece estar dispuesto a jugar cualquier carta para salir de prisión. En varias ocasiones ha pedido declarar haciendo creer que tiraría de la manta, para luego no hacerlo. Su última carta: pedir que los periodistas Eduardo Inda y Estaban Urreiztieta, así como otro de los supuestos cabecillas de la trama Púnica, el constructor David Marjaliza, acudan a declarar en su defensa.

Granados pretende que los tres le expliquen al juez que su versión sobre el supuesto chivatazo de un guardia civil que ayudó a poner en sobre aviso a Marjaliza y a él mismo, es la correcta. El problema es que lo que cuenta Granados que ocurrió y a lo que apuntan las investigaciones judiciales es más que antagónico.

La versión de Granados…

Según ha explicado la defensa de Granados en el escrito en el que solicitan la declaración de Inda, Urreiztieta y Marjaliza, un documento a ELPLURAL.COM ha tenido acceso, todo fue una serie de coincidencias causadas por el alcohol.

La historia comienza cuando la Sección de Apoyo Técnico Operativo de la UCO instaló una cámara de vigilancia en la entrada de las oficinas del constructor David Marjaliza, en Pinto. Es aquí donde empieza el relato de Granados: “En la madrugada del 6 de septiembre de 2014, durante la celebración de las fiestas de Valdemoro, D. Francisco José Granados Lerena, fue abordado por el referido guardia civil Sr. Rodríguez Talamino al que no conocía con anterioridad·”, cuenta la defensa en el escrito.

Pese a no saber quién era, Granados asegura que le contó que había pasado la tarde instalando un dispositivo de seguridad en Pinto ¿Por qué le diría algo así? “posiblemente por efecto de las copas”, dice.

Por casualidades de la vida, este guardia civil le había contado sólo unas horas antes lo mismo al ya ex guardia civil José Luis Caro Vinagre. Para liar aún más el rizo, resulta que Granados y Caro son amigos por lo que hablaron por teléfono “para comentar la incidencia vivida y aquel le confirmó lo que sabía”.

Es entonces cuando a Granados, según relata su defensa, se vio ahogado por la preocupación pensando que “la vigilancia pudiera estar centrada sobre su persona”, aunque le habían dicho que el dispositivo estaba implantado en Pinto, no en Valdemoro donde él vive.

El que sí tiene las oficinas en pinto, es Marjaliza, pero Granados no le llamó para avisarle, para darle el chivatazo y decirle que, posiblemente, era el objetivo de la investigación de la UCO, sino para desahogarse.

Por todo ello y entendiendo “que los hechos anteriores no son constitutivos de delito”, piden la absolución de Granados.

La versión de los investigadores…

Hasta aquí lo que cuenta Granados, una historia que ahora quiere que Inda y Marjaliza confirmen ante el juez.

Ahora bien, la justicia apunta a otra versión que pasa por que Granados alertó a su amigo Marjaliza tras recibir el chivatazo de un guardia civil de que le estaban vigilando. “Esto tiene muy mala pinta”, le dijo el exsecretario general del PP madrileño al otro principal detenido de Púnica.

El guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino le contó a Granados que la UCO iba tras él y el empresario. Acto seguido, el popular llamó a Marjaliza. Nada de fiestas en Valdemoro, ni de alcohol y encuentro fortuitos.

Ahora habrá que esperar a que el tribunal acepte las peticiones de declaración y a que Inda y el propio Marjaliza expliquen lo que saben para saber la versión definitiva.

http://www.elplural.com/politica/2017/02/22/granados-le-pide-ayuda-inda-quiere-que-testifique-en-su-favor

EL JUEZ DE LA PÚNICA PIDE A LA UCO INVESTIGAR VÍNCULOS DE MADRI+D CON LA TRAMA

La gerencia de la Fundación sigue vacante tras la salida del ‘bisoño’ fichado por Cifuentes

El juez Eloy Velasco ha solicitado remitir documentación de la Fundación pública Madri+D a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), para que investigue sus vínculos con la trama Púnica.

En una diligencia con fecha de 17 de febrero, a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, el juez pide que se remita el informe del Ministerio Fiscal y la documentación facilitada por la Fundación Madri+D a la Guardia Civil.

En un escrito anterior, de junio de 2016, el juez reclamaba a Madri+D información sobre sus contratos con la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO) en la etapa de Ignacio González como presidente de la Comunidad de Madrid y Lucía Figar como consejera de Educación.

Madri+D es una entidad de titularidad pública dedicada a la investigación científica, que depende de la Consejería de Educación. En 2014, la Fundación recibió del Gobierno Regional las competencias de evaluación y acreditación de las universidades madrileñas.

El juez pidió el expediente de contratación con la Púnica

En 2013, Madri+D contrató con la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online Reputation Management (EICO), del conseguidor de la Púnica Alejandro de Pedro, la creación de la web Studyinmadrid.es, para difundir en el extranjero de carreras universitarias que se cursan en la Comunidad de Madrid.

En su diligencia de junio de 2016, el juez pedía a Madrid+D las “normas de contratación” seguidas por la Fundación en su contrato con EICO, “medios de pago”, “presupuestos solicitados a otras sociedades” y el “expediente completo de contratación”.

En el momento de la formalización del contrato con la empresa de Alejandro de Pedro el director de la Fundación Madrid+D era Luis Sánchez Álvarez y el gerente, José de la Sota Ríus.

El exgerente, actual director ajunto

Sota Ríus fue gerente de Madri+D desde 2003 hasta que fue relevado, en noviembre de 2015, por Ignacio Javier García Gimeno, el escandaloso fichaje de Cristina Cifuentes para director general de Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid, a principios de febrero, como adelantó en exclusiva ELPLURAL.COM.

Sota Ríus dejó la gerencia en noviembre de 2015, pero no la Fundación, donde aparece como coordinador del Área de Investigación, Desarrollo e Innovación. En su cuenta en Linkedin, Sota Ríus se presenta como director adjunto de Madri+D.

Curiosamente, en la web de Madrid+D, el cargo de gerente aparece vacante, tras la salida de Ignacio Javier García Gimeno. Este diario ha confirmado con la fundación que actualmente este puesto continúa sin cubrirse.

http://www.elplural.com/politica/2017/02/21/el-juez-de-la-punica-pide-la-uco-investigar-vinculos-de-madridd-con-la-trama

EL JUEZ VELASCO ESTRECHA EL CERCO EN TORNO AL PRESIDENTE DE MURCIA EN 'PÚNICA' PESE A LAS TRABAS DE LA FISCALÍA

El magistrado resalta que un empleado de Pedro Antonio Sánchez cometió el delito de fraude porque intentó que los trabajos "particulares reputacionales on line de su consejero se sufragasen con cargo a dinero público"

El segundo delito que el instructor imputa a David Conesa Ferrer es el de revelación de información reservada, "al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia que no podía revelar"

Las acusaciones del PSOE y de Podemos del caso Auditorio recurrirán la citación como imputado de Sánchez ya que el auto le llama únicamente por el delito de prevaricación administrativa, cuando la exposición razonada de la jueza de Lorca incluye otros tres

El magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso Púnica, Eloy Velasco, estrecha el cerco en torno al presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, pese a la oposición del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y de la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez.

En un auto del pasado 17 de febrero, Velasco cierra la pieza separada de Murcia de la Púnica, e incluye entre los acusados al máximo colaborador de Pedro Antonio Sánchez en la Consejería de Educación del Gobierno de la Región de Murcia en sus actividades presuntamente delictivas: el empleado público David Conesa Ferrer.

Además, el instructor imputa dos de los tres delitos que también atribuye por los mismos hechos a su exjefe en el Gobierno murciano: fraude y revelación de información reservada. El magistrado aplica al presidente de la Región de Murcia un tercer delito de cohecho.

Velasco reclama a las partes personadas en la pieza separada de Murcia de la Púnica que presenten, en el plazo de diez días, sus escritos de acusación o defensa, como paso previo a sentar en el banquillo de los acusados a todos los implicados en las actividades delictivas de la trama liderada por Francisco Granados en la Región murciana.

David Conesa Ferrer

Entre los implicados por estas actividades se encuentra David