OPERACIÓN PÚNICA : UNA TRAMA GENOVESA SIN FONDO

Boletin 35. Caso PÚnica. Del 01 al 31 de ENERO 2018
Boletin 34. Caso PÚnica. Del 01 al 31 de diciembre 2017
Boletin 33. Caso PÚnica. Del 01 al 30 de noviembre 2017
Boletin 32. Caso PÚnica. OCTUBRE 2017
Boletin 31. Caso PÚnica. SEPTIEMBRE 2017
Boletin 30. Caso PÚnica. agosto 2017
Boletin 29. Caso PÚnica. Del 24 de junio al 31 de julio 2017
Boletin 28. Caso PÚnica. Del 06 al 23 de junio 2017
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LAS NOTICIAS AL DÍA

GRANADOS DECLARARÁ DE NUEVO A PETICIÓN PROPIA ANTE EL JUEZ DEL ‘CASO PÚNICA’ EL 12 DE FEBRERO

EL JUEZ DEL CASO PÚNICA PIDE A INTERIOR PROTECCIÓN PARA MARJALIZA Y SU FAMILIA

EL 'ÑAPAS' DE LA PÚNICA ADMITE LA QUEMA DE PRUEBAS EN "UN DÍA DE NIEBLA"

GRANADOS COBRÓ UNA COMISIÓN DE 1,2 MILLONES POR TRES OBRAS DEL METRO

EL JUEZ DEL ‘CASO PÚNICA’ RASTREA NUEVE AÑOS DE ‘EMAILS’ DE GRANADOS EN BUSCA DE NUEVOS AMAÑOS

LA CAJA B DEL PP DE AGUIRRE SE INVESTIGARÁ EN UNA SOLA CAUSA

“EL PP ME DIJO QUE TENÍA QUE FACTURAR SUS GASTOS ELECTORALES A 4 Ó 5 EMPRESAS”

EL EMPRESARIO QUE CONFESÓ LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DECLARA QUE SE LE COMPENSÓ CON EL 'IMPUESTO PUBLICITARIO' DE AGUIRRE

LÓPEZ MADRID COBRÓ AL MENOS 600.000 EUROS POR DIRIGIR UN FONDO OPACO QUE HIZO PERDER 9,3 MILLONES AL ERARIO AUTONÓMICO MADRILEÑO

HUNDIDOS AL TRATAR DE SALVAR SU REPUTACIÓN

IGNACIO GONZÁLEZ SE DECLARA AJENO A LA FUNDACIÓN QUE PAGÓ CAMPAÑAS DE AGUIRRE PERO DICE QUE SU FIRMA FIGURA PORQUE SE LA "RECOGERÍAN"

UN EMPRESARIO DECLARA QUE EL PP DE AGUIRRE LE PAGÓ ENCUESTAS A TRAVÉS DE UNA FUNDACIÓN QUE RECIBÍA DONACIONES DE CONTRATISTAS

LOS TRABAJOS REPUTACIONALES DE PÚNICA PARA AGUIRRE: 'ES TT PORQUE LE HAN LANZADO UN 'TUPPER' EN UN COLEGIO'

LA TRAMA PÚNICA COBRÓ 82.000 EUROS CON FACTURAS FALSAS PARA MEJORAR LA IMAGEN DE ESPERANZA AGUIRRE

LA VICECONSEJERA DE PRESIDENCIA PIDIÓ UN “FAVORCITO” AL CONSEGUIDOR DE LA PÚNICA

LA UCO SEÑALA A UNA FIRMA PUBLICITARIA COMO TAPADERA DEL CANAL DE ISABEL II PARA PAGAR EL LAVADO DE IMAGEN DE CARGOS DEL PP

UNA ALCALDESA DEL PP PAGÓ CON DINERO PÚBLICO “DAR HOSTIAS A LA OPOSICIÓN” EN INTERNET

BARREIRO PIDE AL SUPREMO QUE ARCHIVE LAS DILIGENCIAS ABIERTAS EN CASO PÚNICA

EL EXPRESIDENTE DEL PP DE CARTAGENA, CITADO COMO TESTIGO EN EL SUPREMO POR LA RAMA MURCIANA DE LA TRAMA PÚNICA

BARREIRO RECONOCE SUS TRATOS CON PÚNICA PERO NIEGA EL DESVÍO DE FONDOS PÚBLICOS

EL ALCALDE DE ALMENDRALEJO RECONOCE QUE PASÓ LOS PLIEGOS DE UN CONCURSO PÚBLICO A COFELY

LA LARGA MANO DE FLORENTINO: "AGUIRRE ECHÓ A GRANADOS PORQUE NO LE DABA OBRAS"

LA CONFESIÓN DEL EMPRESARIO QUE ADMITIÓ LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP PONE A AGUIRRE EN EL DISPARADERO

LA AUDIENCIA NACIONAL CITARÁ COMO IMPUTADO AL ALCALDE DE LAS ROZAS POR LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN LA PÚNICA

INMACULADA JUÁREZ, ALCALDESA DEL PP EN ALGETE, CON LAS IMÁGENES DE LA COMUNIÓN ORGANIZADA POR PÚNICA

LA GUARDIA CIVIL CREE QUE WAITER MUSIC LE REGALÓ UNA ACTUACIÓN MEXICANA A DAVID ERGUIDO

DOS AÑOS DE PRISIÓN PARA GRANADOS EN LA PRIMERA SENTENCIA DEL CASO PÚNICA

IMPUTADOS TRES EMPRESARIOS POR AYUDAR A GRANADOS A OCULTAR LA PROPIEDAD DE UNA MANSIÓN

NUEVOS INFORMES DEL ‘CASO PÚNICA’ REFUERZAN LAS ACUSACIONES CONTRA LUCÍA FIGAR

UNA FUNDACIÓN INVESTIGADA EN PÚNICA PAGÓ 3.400 EUROS A LA HERMANA DE CIFUENTES

ANA BOTELLA SE SIRVIÓ DE LA RED PÚNICA PARA MEJORAR SU IMAGEN POR 60.000 EUROS

LA GUARDIA CIVIL CONFIRMA A BRUSELAS QUE INVESTIGA DOS PRESUNTOS DESVÍOS DE FONDOS EUROPEOS A CAMPAÑAS DEL PP

UNA EMPRESA INVESTIGADA EN 'PÚNICA' ENDOSÓ AL GOBIERNO DE MADRID EL PAGO DE FOLLETOS ENCARGADOS POR EL PP

NUEVOS PAPELES DE 'PÚNICA' DESTAPAN QUE UNA CONSTRUCTORA PAGÓ EN 2007 LA CAMPAÑA DE UN ALTO CARGO DE CIFUENTES

LAS CONSTRUCTORAS DE LOS HOSPITALES GASTARON CASI MEDIO MILLÓN EN LAS PRIMERAS PIEDRAS DE ESPERANZA AGUIRRE

LA EX JEFA JURÍDICA DE LA ASAMBLEA EXCULPA A CIFUENTES POR EL CONTRATO DE LA CAFETERÍA

PS TALAMINO. GRANADOS RECONOCE QUE EL CHIVATAZO INCLUYÓ DATOS SOBRE EL ‘CASO PÚNICA’

PS TALAMINO. UNA CONTRADICCIÓN DE MARJALIZA PONE EN RIESGO SU ACUSACIÓN CONTRA GRANADOS

EL JUEZ DE PÚNICA SOSTIENE QUE EL PP DE AGUIRRE USÓ UNA CONTABILIDAD "AD HOC" PARA OCULTAR LA CAJA B

EL SUPREMO INVESTIGARÁ A LA SENADORA ‘POPULAR’ PILAR BARREIRO

ANTICORRUPCIÓN PIDE DOS AÑOS DE CÁRCEL PARA EL EXPRESIDENTE DE MURCIA

UN NUEVO INFORME POLICIAL REMACHA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP MADRILEÑO

GRANADOS PIDE AL JUEZ QUE IMPUTE A CIFUENTES, IGNACIO GONZÁLEZ Y AGUIRRE

SUSPENDIDA LA DECLARACIÓN DE LA EXJEFA JURÍDICA DE LA ASAMBLEA DE MADRID POR EL CASO PÚNICA

EL JUEZ DE PÚNICA ACTIVA LA INVESTIGACIÓN SOBRE CIFUENTES Y CITA A LA EXRESPONSABLE JURÍDICA DE LA ASAMBLEA DE MADRID

EL JUEZ CITA A DECLARAR LA EXJEFA DE SERVICIOS JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA DE MADRID POR LA LICITACIÓN DE LA CAFETERÍA

DOS PROVEEDORES CONFIRMAN LA MANIPULACIÓN DE FACTURAS EN LAS CAMPAÑAS DE AGUIRRE

EL JUEZ RETRASA LA NUEVA DECLARACIÓN DEL ARREPENTIDO DE PÚNICA

ASÍ CAYÓ EL "SOLDADO" Y EXCONSEJERO TABOADA: LA SENTENCIA LLEGÓ DE SUS PROPIOS COMPAÑEROS

EL CONSEJERO CESADO TABOADA MINTIÓ SOBRE SU PAPEL EN LA ADJUDICACIÓN DE 118 MILLONES BAJO SOSPECHA EN PÚNICA

MADRID OBLIGÓ A LAS CONSTRUCTORAS DEL METRO A PAGAR 700.000 EUROS A LA PÚNICA PARA FIESTAS EN HONOR DE AGUIRRE

LA GUARDIA CIVIL UNE LA ‘PÚNICA’ DE BARBERÁ CON LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DE ‘TAULA’

LA GUARDIA CIVIL ACUSA A TRES CARGOS DEL PP DE SER EL NEXO ENTRE LA TRAMA PÚNICA Y EL ‘CASO TAULA’

LA GUARDIA CIVIL ABRE UNA NUEVA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAJA B DEL PP DE MADRID

CIFUENTES SE ENFRENTA AL DEBATE DE LA REGIÓN TRAS SER ACUSADA POR LA GUARDIA CIVIL DE PREVARICACIÓN Y COHECHO

UNO DE LOS GRANDES CONTRATOS INVESTIGADOS EN PÚNICA SE FIRMÓ DOS MESES ANTES DE QUE LO VISARA EL GOBIERNO DE MADRID

UN IMPUTADO EN PÚNICA PIDE QUE LE DEN 10.000 EUROS AL MES PARA “SUBSISTENCIA”

UN NUEVO INFORME DE PÚNICA ATRIBUYE CUATRO DELITOS AL ALCALDE DE ALMENDRALEJO

LA PÚNICA EN EXTREMADURA: UN INTENTO DE MORDIDA Y UN ALCALDE DEL PP INVESTIGADO

EL ARREPENTIDO DEL ‘CASO PÚNICA’ VUELVE A DECLARAR

EL JUEZ DE PÚNICA BUSCA EN MÓNACO E ISLA MAURICIO LA FORTUNA OCULTA DE GRANADOS

EL PRIMER JUICIO DE LA TRAMA 'PÚNICA', SOBRE EL CHIVATAZO A GRANADOS, ARRANCARÁ EL 14 DE NOVIEMBRE

GRANADOS CAMBIA POR TERCERA VEZ DE ABOGADO Y ELIGE AL DEFENSOR DE ‘EL BIGOTES’

LA MUJER DE GRANADOS FICHA COMO ABOGADO AL EX JEFE DE LA FISCAL DE PÚNICA

CASO PÚNICA: EL SUMARIO QUE AMARGARÁ EL OTOÑO AL PP

LA FISCALÍA DEL SUPREMO PIDE INVESTIGAR A LA SENADORA DEL PP PILAR BARREIRO POR LA PÚNICA

EL PP DE MADRID PAGÓ LA CAMPAÑA DE 2011 CON FALSOS INFORMES SOBRE LA CRISIS Y EL PARO

LA GUARDIA CIVIL ABRE UNA NUEVA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAJA B DEL PP DE MADRID

LA AGENDA DE GRANADOS Y LOS REGISTROS PONEN AL JUEZ DE PÚNICA TRAS LA PISTA DE 7 EMPRESAS MÁS POR LA FINANCIACIÓN DEL PP

UN NUEVO INFORME DE PÚNICA ATRIBUYE CUATRO DELITOS AL ALCALDE DE ALMENDRALEJO

EL PRIMER JUICIO DE LA TRAMA 'PÚNICA', SOBRE EL CHIVATAZO A GRANADOS, ARRANCARÁ EL 14 DE NOVIEMBRE

SUIZA SE RESISTE A ENTREGAR A ESPAÑA 27 OBRAS DE ARTE DE LA TRAMA PÚNICA

MORALEJA DENUNCIA A SU INTERVENTORA POR FALSEAR UNA FACTURA DE 35.000 EUROS

MARJALIZA, A JUICIO POR DENUNCIAR AMAÑOS DEL 'NÚMERO TRES' DE CIFUENTES

EL EX NÚMERO 2 DE VILLALOBOS CREÓ SU 'OFF SHORE' EN ISLAS VÍRGENES TRAS ENTRAR EN ARPEGIO

EL 'NÚMERO 3' DE CIFUENTES NO HA VISTO LOS CONTRATOS DESAPARECIDOS SOBRE PÚNICA

TABOADA DICE NO HABER VISTO LOS CONTRATOS DESAPARECIDOS DE LA PÚNICA

FISCALÍA CERCA AL NÚMERO 3 DE CIFUENTES Y PIDE ADELANTAR LOS INTERROGATORIOS DE ARPEGIO

EL CONSTRUCTOR DE LA PÚNICA, PROCESADO POR "CALUMNIAR" AL NÚMERO 3 DE CIFUENTES

LA COMUNIDAD COLOCA EN ECONOMÍA AL VICECONSEJERO DE CIFUENTES QUE DIMITIÓ POR PÚNICA

NUEVO ARPEGIO DICE QUE NO TIENE LOS ORIGINALES DE CINCO CONTRATOS Y CREE QUE PUEDE TENERLOS LA UCO

IU DENUNCIA EN LA OFICINA ANTIFRAUDE DE LA UE LA DESAPARICIÓN DE UN EXPEDIENTE MILLONARIO INVESTIGADO EN 'PÚNICA'

EL JUEZ RASTREA QUIÉN TUVO ACCESO A LOS CONTRATOS DESAPARECIDOS DEL ‘CASO PÚNICA’

DESAPARECEN DOCUMENTOS CLAVES DEL ‘CASO PÚNICA’

LA 'CLÁUSULA DEL 1%' INVESTIGADA BAJO LA SOSPECHA DE QUE OCULTABA PAGOS AL PP TAMBIÉN SE APLICABA EN OBRAS DE CARRETERAS

DOS TESTIGOS ADMITEN IRREGULARIDADES EN LA TRAMA DEL 1% QUE FINANCIÓ AL PP CON LA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES

CARGOS DE LA SANIDAD MADRILEÑA AFIANZAN EN 'PÚNICA' LA SOSPECHA DE QUE LA 'CLÁUSULA DEL 1%' OCULTABA PAGOS EN ESPECIE AL PP

UNO DE LOS PRINCIPALES INVESTIGADOS EN 'PÚNICA' CONTROLÓ DURANTE CUATRO AÑOS UNA WEB DE PROPAGANDA SOBRE RAJOY Y EL PP

250 TUITEROS ‘PÚNICOS’ PARA LIMPIAR LA IMAGEN DE IGNACIO GONZÁLEZ

FRANCISCO GRANADOS: “NO TENGO NINGUNA MANTA DE LA QUE TIRAR”

LA EMPRESA QUE GESTIONABA EL MAYOR PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MADRID CONTABILIZA YA 17 ENTRADAS DE LA UCO POR PÚNICA

EL PSOE DICE QUE VIO EN 2016 PAPELES AHORA PERDIDOS DEL ‘CASO PÚNICA’

DESAPARECEN PAPELES LIGADOS A LA CAJA B DEL PP DE MADRID

EL NUEVO TERREMOTO EN PÚNICA: LA UCO CERCA A 19 ALCALDES, DIPUTADOS Y ALTOS CARGOS DEL PP

EL PENDRIVE DEL EXGERENTE DEL PP DE MADRID SE CONVIERTE EN LA 'PIEDRA ROSETTA' DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL

ASÍ DESMONTÓ EL INFORME TÉCNICO A LA EMPRESA QUE QUERÍA PREMIAR TABOADA

EL ‘CASO PÚNICA’ SALTA A EXTREMADURA Y SALPICA DE NUEVO AL PP

UNA CONSTRUCTORA PAGÓ GASTOS ELECTORALES DEL PP EN LAS ANDALUZAS DE 2008

IMPUTAR A UN AFORADO Y OTROS 20 DEBERES EN PÚNICA PARA EL SUCESOR DEL JUEZ VELASCO

LA INVESTIGACIÓN DE ‘PÚNICA’ SE VUELCA EN EL NÚMERO TRES DE CIFUENTES, GONZÁLEZ TABOADA

EL JUEZ ESTRECHA EL CERCO SOBRE EL PAPEL DEL 'NÚMERO 3' DE CIFUENTES EN EL "BOTÍN" DE ARPEGIO

LA FISCALÍA ACUSA AL GOBIERNO DE CIFUENTES DE “OCULTAR INFORMACIÓN RELEVANTE” SOBRE LA ‘PÚNICA’

EL FISCAL DESVELA "LA VORACIDAD" DE GRANADOS POR CONTROLAR UN "BOTÍN" DE 3.000 MILLONES

LOS TRES GUARDIANES DE LA ‘MINA DE ORO’ DE GRANADOS

COSPEDAL Y UNA CONSEJERA DE CIFUENTES INTEGRABAN EL GOBIERNO DE AGUIRRE QUE SEGÚN LA IGAE VULNERÓ LA LEY EN UN PLAN DE 1.000 MILLONES

EL JUEZ DE 'PÚNICA' DICE QUE EL PP ERA "JUAN PALOMO": DABA A FUNDESCAM SUBVENCIONES PÚBLICAS QUE SE USABAN PARA GASTOS ELECTORALES

EL EXGERENTE DEL PP EN MADRID DICE QUE LOS EMPRESARIOS DONABAN DINERO "POR CARIÑO"

EL DURO INTERROGATORIO DEL JUEZ A ARTURO SOBRE EL PAPEL DE CIFUENTES: "TAN REGULAR NO FUE"

GRANADOS NIEGA SU PAPEL EN PÚNICA Y ACHACA AL “APARATO DEL ESTADO” SU IMPUTACIÓN

UNA EMPRESA DEL CÍRCULO DE GRANADOS COBRÓ MEDIO MILLÓN DE LA ADJUDICATARIA DE UN CONTRATO INVESTIGADO EN 'PÚNICA'

EL CGPJ ARCHIVA LA INVESTIGACIÓN SOBRE SI EL JUEZ VELASCO PIDIÓ TRABAJO PARA SU MUJER A IGNACIO GONZÁLEZ

VELASCO SUSPENDE 14 DECLARACIONES DEL ‘CASO PÚNICA’ TRAS OFICIALIZARSE SU SALIDA DEL JUZGADO

CIFUENTES DESPEJA BALONES SOBRE LOS FUNCIONARIOS E INSISTE EN QUE EL INFORME DE LA UCO "ESTÁ EQUIVOCADO"

JUSTICIA, FISCALÍA Y GUARDIA CIVIL: LOS 6 DOCUMENTOS QUE ACORRALAN A CIFUENTES

EL JUEZ DESCARTA IMPUTAR A CIFUENTES POR LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP MADRILEÑO

EL JUEZ DEJÓ SIN IMPUTAR AL NÚMERO 3 DE CIFUENTES A LA ESPERA DE ANALIZAR 100 CAJAS

LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN CIFRA EN 4,9 MILLONES LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN LA PÚNICA

EL PP DESVIÓ SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA FALSOS CURSOS DE FORMACIÓN AL PAGO DE LA CAMPAÑA DE RAJOY DE 2008

LOS DOS ‘PENDRIVE’ DE PÚNICA

AGUIRRE CAPTÓ 7,6 MILLONES PARA EL DOS DE MAYO… QUE AHORA INVESTIGA LA UCO

IMPUTADO EN 'PÚNICA' EL EMPRESARIO AL QUE EL GOBIERNO DE AGUIRRE ENCARGÓ GESTIONAR EL MAYOR PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

EL PP DE MADRID "QUEBRÓ" CON SU CAJA B "EL PLURALISMO POLÍTICO"

DIMITE EL VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE TRAS LOS REGISTROS PRACTICADOS POR LA UCO EN SU DESPACHO EN EL MARCO DE 'PÚNICA'

GRANADOS HABLABA DE "LIBROS" O "BOMBONES" PARA REFERIRSE A LAS DONACIONES DE DINERO NEGRO PARA EL PP

INVESTIGADAS LAS CUENTAS SUIZAS DE TRES IMPUTADOS EN PÚNICA POR PAGOS A GRANADOS

EL SOSPECHOSO MERCEDES DE LA AMIGA DE GRANADOS

EL JUEZ DE PÚNICA INVESTIGA SI EL PP DE AGUIRRE SE FINANCIÓ CON 972 CURSOS PARA PARADOS

VELASCO CITA COMO INVESTIGADO A DANIEL MERCADO, UNO DE LOS FINANCIADORES DEL PP

PÚNICA DESTAPA EL USO DE DINERO B Y FONDOS PÚBLICOS EN TRES CAMPAÑAS ELECTORALES DEL PP

EL PP FINANCIÓ CON DINERO DE PÚNICA LA CAMPAÑA ELECTORAL DE RAJOY EN 2008

GRANADOS PIDE SALIR DE PRISIÓN PARA CUIDAR A SUS HIJAS "EN SU MODESTA CASA HIPOTECADA"

VELASCO PREGUNTA A ANTICORRUPCIÓN SI CIERRA LA INSTRUCCIÓN DE PÚNICA TRAS LEVANTAR EL SECRETO DE LA CAJA B

VELASCO LEVANTA EL SECRETO DE SUMARIO EN PÚNICA SOBRE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID

EL HOMBRE FUERTE DE AGUIRRE METIÓ EN EL “CÁNTARO” 600.000 EUROS

LOS SMS EN CLAVE DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP: “¿TIENE AGUA EL CÁNTARO?" "YA SE ESCUCHA EL RUMOR DEL AGUA”

EL PP DE MADRID USÓ EN LA CAMPAÑA DE 2011 EMPRESAS PANTALLA QUE YA FIGURAN EN LOS PAPELES DE 2007 INCAUTADOS A SU EXGERENTE

EL JUEZ DE PÚNICA REVISA FACTURAS QUE SUMAN 16 MILLONES POR LA CAJA B DEL PP

LOS ÚLTIMOS INFORMES DEL ‘CASO PÚNICA’ AMENAZAN A SEIS CARGOS PÚBLICOS DEL PP

LA AGENDA DE GRANADOS PRUEBA QUE EN 2010 HIZO SEGUIMIENTO DIRECTO DE UN CONTRATO AMAÑADO PARA UNA EMPRESA DONANTE DEL PP

LA AUDIENCIA NACIONAL ENVÍA A MURCIA 41 INDICIOS DE DELITO CONTRA EL PRESIDENTE AUTONÓMICO

CUATRO FACTURAS FALSAS ACORRALAN A UNA SENADORA DEL PP EN EL ‘CASO PÚNICA’

DOCUMENTOS MANUSCRITOS DEL GERENTE DE AGUIRRE CONTIENEN APUNTES DE LA PRESUNTA CAJA B DE LA CAMPAÑA DE 2007

ALEJANDRO DE PEDRO: EL LAZARILLO 2.0 QUE CAUTIVÓ AL PP, EL REAL MADRID Y GRANDES FIRMAS DEL IBEX

LAS ESTRECHAS RELACIONES DEL CONSEGUIDOR DE LA TRAMA PÚNICA CON LOS DIRIGENTES DEL PP VALENCIANO DE AYER Y DE HOY

EL JUEZ ELOY VELASCO DEJARÁ LA INSTRUCCIÓN DEL 'CASO PÚNICA' EN JUNIO

LAS PRUEBAS DOCUMENTALES DEL "PLAN CRIMINAL" DE PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

LAS GRABACIONES DESCLASIFICADAS QUE IMPLICAN A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

LA GUARDIA CIVIL TIENE CERCADO EN PÚNICA AL PRESIDENTE DE MURCIA POR “DELITOS DE FRAUDE”

DOCUMENTOS MANUSCRITOS DEL GERENTE DE AGUIRRE CONTIENEN APUNTES DE LA PRESUNTA CAJA B DE LA CAMPAÑA DE 2007

NUEVE (PRESUNTAS) VÍAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PARTIDO POPULAR DE MADRID

GÉNOVA AYUDÓ A BLANQUEAR LA FINANCIACIÓN DEL PP DE MADRID

LA CAJA B DEL PP DE MADRID AFLORA EN EL PAGO EN EFECTIVO DE UN MITIN DE AGUIRRE

EL PP DE MADRID REGÓ CON DINERO PÚBLICO LAS AGENCIAS QUE HICIERON SU CAMPAÑA B DE 2007

NUEVOS PAPELES REVELAN QUE AGUIRRE FUE REELEGIDA EN 2007 CON 3 MILLONES EN NEGRO

LA PATRONAL MADRILEÑA INVESTIGA SI FINANCIÓ CAMPAÑAS DEL PP EN 2007

LOS PAPELES DEL GERENTE DE AGUIRRE INCLUYEN A UNA EMPRESA QUE LOGRÓ 1,3 MILLONES POR "EVALUAR" OFERTAS DE PUBLICIDAD OFICIAL

EL JUEZ ACUSA AL PP DE PAGAR CON BILLETES "DE PROCEDENCIA OPACA" SUS ACTOS DE CAMPAÑA

EL JUEZ ACUSA AL PP EN UN AUTO SECRETO DE PAGAR EN B LAS CAMPAÑAS DE 2007, 2008 Y 2011

TRES SUMARIOS APUNTAN A LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE CUATRO CAMPAÑAS DE AGUIRRE ENTRE 2003 Y 2011

EL 'CASO PÚNICA' DESVELA QUE EL EXDUEÑO DE ELOSÚA FUE SORPRENDIDO CON 200.000 EUROS EN EFECTIVO EN LA FRONTERA FRANCO-SUIZA

LOS AUDIOS DE LA ‘PÚNICA’ QUE SALPICAN A COSPEDAL Y SU ENTORNO

EL CONSEGUIDOR DE LA PÚNICA MONTÓ UN FALSO DIARIO DIGITAL AL SERVICIO DE FLORENTINO PÉREZ Y EL REAL MADRID

EL JUEZ VELASCO INVESTIGARÁ A LAS EMPRESAS SEÑALADAS POR GRANADOS

EL JUEZ DE PÚNICA RECHAZA INTERROGAR COMO TESTIGO A ESPERANZA AGUIRRE POR "INNECESARIO"

LOS 72 INDICIOS QUE ACORRALAN AL PRESIDENTE DE MURCIA EN LA ‘PÚNICA’

LA CAJA B DEL PP DE MADRID, LA HIDRA DE SEIS CABEZAS

EL EXGERENTE DEL PP MADRILEÑO NIEGA LA FINANCIACIÓN ILEGAL ANTE EL JUEZ

EL FINANCIADOR DEL PP DE MADRID RECIBIÓ 18 MILLONES EN CONTRATOS

CINCO AYUNTAMIENTOS DEL PP CONTRATARON A LAS EMPRESAS INVESTIGADAS EN 'PÚNICA' QUE HICIERON LA CAMPAÑA A SUS ALCALDES

EMPRESAS INVESTIGADAS EN 'PÚNICA' HICIERON LA CAMPAÑA DEL PP DE MADRID EN 2007 PERO LA FACTURA OFICIAL AL PARTIDO FUE INSIGNIFICANTE

LA EMPRESA INVESTIGADA EN 'PÚNICA' POR LA FINANCIACIÓN DEL PP ADMITIÓ QUE LE HACÍA ACTOS GRATIS AL PARTIDO

GRANADOS PIDE AL JUEZ QUE LLAME A DECLARAR A ESPERANZA AGUIRRE Y AL HOMBRE FUERTE DE CIFUENTES

CARTA DESDE LA PRISIÓN DE ESTREMERA. GRANADOS A ESPERANZA: “TÚ MANDABAS EN TODO, NO ENTIENDO QUE NO DESMIENTAS LA CAJA B”

GRANADOS DA AL JUEZ UN LISTADO DE EMPRESAS PARA QUE LAS INVESTIGUE

VALDEMORO. LOS SEIS PASOS PARA AMAÑAR UNA ADJUDICACIÓN DE 61 MILLONES

VELASCO HA RECHAZADO EL PUESTO EN LA UE PORQUE LE PROHIBÍAN SEGUIR COBRANDO 50.000€ POR DAR CHARLAS

EL JUEZ HALLA PAPELES SECRETOS CON TODA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID

EL JUEZ REACTIVA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAJA B DEL PP DE AGUIRRE A TRAVÉS DE FUNDESCAM

EL JUEZ DE 'PÚNICA' PREGUNTA POR CIFUENTES A UN EMPRESARIO QUE HIZO DONACIONES A UNA FUNDACIÓN DEL PP

LA UCO INVESTIGA EL PLAN DE HOSPITALES DE ESPERANZA AGUIRRE EN EL ‘CASO PÚNICA’

LA UCO ACUDIÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LLEVARSE LOS EXPEDIENTES DEL PROYECTO ESTRELLA DE IGNACIO GONZÁLEZ POR SU VINCULACIÓN CON LA CAJA B DEL PP

LOS 12 MARIACHIS DE LA CAMPAÑA DE RAJOY QUE SE PAGARON CON DINERO PÚBLICO

CIFUENTES PRESIDIÓ LA MESA QUE ADJUDICÓ EL CONTRATO DE LA ASAMBLEA CON ARTURO EN 2011

UN CABECILLA DE PÚNICA PIDE EL MISMO TRATO JUDICIAL QUE EL EXONERADO PRESIDENTE DE MURCIA

LA ACUSACIÓN POPULAR DE PÚNICA DA UNA LECCIÓN DE DERECHO A LA FISCALÍA

EL JUEZ DE PÚNICA USA SENTENCIAS DEL FISCAL GENERAL CONTRA EL PRESIDENTE DE MURCIA

PS TALAMINO. GRANADOS QUIERE QUE EDUARDO INDA TESTIFIQUE EN SU FAVOR

EL JUEZ DE LA PÚNICA PIDE A LA UCO INVESTIGAR VÍNCULOS DE MADRI+D CON LA TRAMA

EL JUEZ VELASCO ESTRECHA EL CERCO EN TORNO AL PRESIDENTE DE MURCIA EN 'PÚNICA' PESE A LAS TRABAS DE LA FISCALÍA

CATALÁ ADMITE QUE EL PRESIDENTE DE MURCIA ACCEDIÓ A INFORMACIÓN RESERVADA DE LA FISCALÍA GENERAL EN EL CASO PÚNICA

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO: «NO HE RECIBIDO PRESIONES PARA NO ACUSAR A SÁNCHEZ»

ANTICORRUPCIÓN ENVÍA DOS INFORMES OPUESTOS SOBRE 'PÚNICA': EL DE LA JEFA EXIME AL PRESIDENTE DE MURCIA Y EL DE LAS FISCALES DEL CASO LO INCRIMINA

EL PRESIDENTE DE MURCIA SUPO ANTES QUE LAS FISCALES DE 'PÚNICA' QUE LA CADENA DE MANDO DEL TS SE OPONÍA EN BLOQUE A INVESTIGARLE

LA FISCALÍA GENERAL IMPUSO NO ACUSAR AL PRESIDENTE DE MURCIA

EL JUEZ QUIERE INVESTIGAR A SÁNCHEZ POR COHECHO, FRAUDE Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN EN 'PÚNICA'

PS1 TALAMINO. ANTICORRUPCIÓN PIDE TRES AÑOS DE CÁRCEL PARA GRANADOS POR EL CHIVATAZO DE LA PÚNICA

VELASCO DEJA EN PRISIÓN A GRANADOS ALEGANDO QUE SUS SUPUESTOS TESTAFERROS ESCONDEN MILLONES DE EUROS

EL 'FALCON CREST' DE GRANADOS EN ÁVILA: 84 HECTÁREAS, 24 CABALLOS Y SEIS 'QUADS'

LA PREVISIBLE IMPUTACIÓN DEL ALCALDE DE BRUNETE QUE HACE TEMBLAR A LA FISCALÍA

LA PÚNICA DESVIÓ DINERO PÚBLICO A MÍTINES DEL PP CON FACTURAS FALSAS DE 'WC PORTÁTILES'

EL GOBIERNO TIENDE UN PUENTE DE PLATA PARA SACAR DE LA AUDIENCIA AL JUEZ DE PÚNICA

LOS 9 MÍTINES Y 194.467 EUROS QUE ACORRALAN A GÉNOVA 13 EN EL 'CASO PÚNICA'

LA PÚNICA AGASAJÓ A GRANADOS CON CUATRO FIESTAS 'GRATIS TOTAL' VALORADAS EN 37.234 EUROS

LA UCO ACUSA DE FRAUDE Y COHECHO AL 'SHERIFF DE BRUNETE', OTRO ALCALDE DEL PP EN PÚNICA

EL JUEZ VELASCO PIDE SER TRASLADADO Y DEJAR YA LA INSTRUCCIÓN DE LA 'PÚNICA'

EL PP PAGÓ CON DINERO PÚBLICO A LA PÚNICA MÍTINES DE LAS CAMPAÑAS DE AGUIRRE Y RAJOY

GRANADOS DICE QUE MARHUENDA LE PIDIÓ AYUDA PARA ENCONTRAR “UN CHOLLO” EN VALDEMORO Y EL PERIODISTA LO NIEGA

LA ACUSACIÓN POPULAR PIDE 6 AÑOS DE CÁRCEL PARA GRANADOS POR EL 'CHIVATAZO' DE LA PÚNICA

LAS 'PERLAS' DE GRANADOS ANTE EL JUEZ: "ME HE PORTADO FRANCAMENTE BIEN CON MI PUEBLO"

EL PP DE AGUIRRE INTENTA 'COLARSE' EN EL SUMARIO DE PÚNICA PARA ACCEDER "A TODO LO ACTUADO"

NOTAS INÉDITAS DESTAPAN NUEVOS VÍNCULOS DE PÚNICA CON RITA BARBERÁ Y CASTELLÓN

LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA OTRA CAJA B DEL PP DE MADRID QUE FUNCIONÓ ENTRE 2010 Y 2014

LA JUSTICIA ALARGA, UNA VEZ MÁS, EL SECRETO SOBRE LA SUPUESTA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP DE MADRID

LA UCO DESCUBRE UNA TRAMA DE DOBLE FACTURACIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS DE PÚNICA

EL REGATEO DE UN DIPUTADO DEL PP CON PÚNICA: "SOY DE LETRAS PERO ME DEFIENDO CON LOS NÚMEROS"

LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA OTRA CAJA B DEL PP DE MADRID QUE FUNCIONÓ ENTRE 2010 Y 2014

LA JUSTICIA ALARGA, UNA VEZ MÁS, EL SECRETO SOBRE LA SUPUESTA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP DE MADRID

LA UCO DESCUBRE UNA TRAMA DE DOBLE FACTURACIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS DE PÚNICA

EL REGATEO DE UN DIPUTADO DEL PP CON PÚNICA: "SOY DE LETRAS PERO ME DEFIENDO CON LOS NÚMEROS"

LA MUJER DE IGNACIO GONZÁLEZ FACTURA 11.296€ A LA JUSTICIA POR SUBASTAR 75 JOYAS DE PÚNICA

EL CGPJ QUITA EL REFUERZO AL JUEZ ELOY VELASCO, QUE INVESTIGA LA TRAMA PÚNICA

PÚNICA COMIENZA A HACER SOMBRA A GÜRTEL: 150 IMPUTADOS, 390 TESTIGOS, 200 TOMOS...

EL CNI PAGÓ A UN IMPUTADO DE LA PÚNICA PARA QUE SE INFILTRARA EN FOROS INDEPENDENTISTAS

UN ACUSADO EN PÚNICA REVELA 12 LLAMADAS CON EL CNI PARA TRABAJOS CONTRA LA INDEPENDENCIA

"POR QUÉ DECIDÍ COLABORAR CON LA JUSTICIA": MARJALIZA EXPLICA SU ARREPENTIMIENTO


GRANADOS DECLARARÁ DE NUEVO A PETICIÓN PROPIA ANTE EL JUEZ DEL ‘CASO PÚNICA’ EL 12 DE FEBRERO

García Castellón accede a la petición que el presunto cabecilla de la trama Púnica hizo el pasado 6 de octubre.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García Castellón, ha citado a declarar de nuevo a Francisco Granados dentro del caso Púnica. La nueva comparecencia del señalado como presunto cabecilla de la trama se producirá el próximo 12 de febrero a las nueve de la mañana y se produce después de que el que fuera secretario general del PP madrileño lo solicitara en un escrito en el que también reclamaba un careo con su antiguo amigo y hoy colaborador de la Justicia, David Marjaliza, y la testifical de cerca de 40 personas, entre ellas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Así se recoge en una providencia dictada este martes por el magistrado a la que ha tenido acceso EL PAÍS y en la que no se hace referencia a ninguna de las otras diligencias solicitadas por la defensa del político.

Será la segunda ocasión en la que Granados declare en el caso Púnica de manera voluntaria. La anterior fue en diciembre de 2016. cuando el juez instructor era Eloy Velasco y él aún estaba en prisión provisional. Entonces, el ex secretario general del PP madrileño aportó escasas novedades. Siguió defendiendo su inocencia y negó disponer de fondos ocultos en el extranjero. También desmintió que las iniciales encontradas en una agenda de su propiedad -y que permitieron la apertura de una pieza separada sobre la supuesta caja B de su partido- recogiera entradas y salidas de dinero. Aseguro que las cifras que contenía solo reflejaban el número de asistentes a actos del PP. En las tres horas que duró aquella declaración, lo único que admitió es que el millón de euros que la Guardia Civil localizó oculto en el altillo de la vivienda de sus suegros era de su propiedad, aunque siguió negando que fuera fruto de comisiones ilegales.

Tras aquella declaración, Granados siguió en prisión al no convencer con sus explicaciones ni al juez Velasco ni a la Fiscalía Anticorrupción. Finalmente, salió en libertad provisional en junio del año pasado. Desde entonces, ha seguido negando las irregularidades de que se le acusa y, tras cambiar de abogado en septiembre, inició una nueva línea de defensa en la que incluyó solicitar una batería de nuevas diligencias. Así, en octubre pidió comparecer de nuevo y mantener un careo con el constructor David Marjaliza, colaborador de la justicia y cuyas declaraciones le incriminan gravemente.

También reclamó la comparecencia como testigo de cerca de cuarenta personas, entre ellas Aguirre. Cifuentes y los exconsejeros Jaime González Taboada y Borja Sarasola, cuyos nombres se han visto salpicados durante la instrucción de la causa pero que no han sido imputados hasta el momento. En un escrito posterior, llegó a pedir que se imputase a todos ellos. El juez, por ahora, solo ha aceptado que declare él. Granados fue condenado en diciembre pasado a dos años de cárcel en el único juicio del caso Púnica que se ha celebrado hasta ahora.

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/24/actualidad/1516785525_913738.html

EL JUEZ DEL CASO PÚNICA PIDE A INTERIOR PROTECCIÓN PARA MARJALIZA Y SU FAMILIA

El empresario arrepentido ratifica que se repartió una comisión de 3,6 millones con Granados y

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón anunció este miércoles que pedirá al Ministerio del Interior una evaluación del riesgo sobre la seguridad del constructor David Marjaliza, arrepentido del caso Púnica de corrupción. Marjaliza ha denunciado haber recibido en los últimos meses amenazas contra él y su familia por parte del entorno del ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados, su antiguo amigo y ahora principal perjudicado por las confesiones que lleva realizando desde junio de 2015 en colaboración con la justicia.

Marjaliza ha vuelto a declarar ante García-Castellón y ha ratificado que se repartió una mordida de 3,6 millones de euros con el empresario Javier López Madrid y Francisco Granados por la adjudicación de la obra de tres tramos del metro de Madrid, como adelantó hoy este periódico. El dinero se dividió a partes iguales entre los tres después de que Granados decidiera el porcentaje de comisión, según declaró Marjaliza. El empresario anunció que seguirá aportando documentación —facturas y apuntes contables, principalmente— al macrosumario, que se inició en febrero de 2014 y que consta de 16 piezas separadas.

Empresa pantalla

Marjaliza ha detallado ante el juez y las partes que López Madrid participó en la operación vendiéndole una empresa de su propiedad, denominada Gravitum. Esta mercantil tenía categoría de constructora certificada, lo que le permitía acceder a los concursos públicos de infraestructuras. Según la declaración del arrepentido, López Madrid vació de patrimonio esta sociedad —que formaba parte de otra mercantil denominada Elsan— para que sirviera como pantalla para ocultar las mordidas, según fuentes presentes en el interrogatorio.

El constructor ha dedicado parte de las casi tres horas de declaración ante el juez García-Castellón a detallar los supuestos sobornos al Partido Popular, al PSOE y a Izquierda Unida por la adjudicación de obras de vivienda pública en Parla y Getafe, a través de consorcios urbanísticos, y numerosas obras públicas en Valdemoro. También ha especificado que, al llegar a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, creó una estructura “a la carta” para poder controlar, entre otros, los fondos que gestionaba la empresa pública del suelo Arpegio así como la venta de suelo que se realizaba a través de los consorcios urbanísticos.

De este modo, los constructores pagaban supuestamente mordidas a ediles de los tres principales partidos —PP, PSOE e IU— de los Consistorios donde se asentaban los diferentes consorcios urbanísticos. Estos amaños quedaron registrados en anotaciones del propio Granados.

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/17/actualidad/1516203484_328485.html

EL 'ÑAPAS' DE LA PÚNICA ADMITE LA QUEMA DE PRUEBAS EN "UN DÍA DE NIEBLA"

El empresario Eduardo De La Peña, denominado el 'ñapas' por el conseguidor David Marjaliza, admite ante el juez que quemó “tres carros con documentos” comprometedores sobre el caso. También desvela el método para cobrar al menos 800.000 euros en mordidas de Cofely: mediante la elaboración de facturas falsas por conceptos inexistentes que abonaba la mercantil investigada

El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha tomado declaración como investigado al empresario Eduardo De La Peña, citado en el juicio del chivatazo de la Púnica por el supuesto número 2 de la organización criminal, David Marjaliza, como la persona que quemó por orden suya, “en un día de niebla” numerosa documentación incriminatoria, a raíz del soplo recibido por el exsecretario general y exconsejero de Justicia en Madrid, Francisco Granados, de boca del agente de la Guardia Civil, José Manuel Rodríguez Talamino.

El “ñapas” Eduardo De La Peña, según le calificó Marjaliza, ha admitido los hechos. Reconoce que quemó “tres carros de supermercado” repletos de documentos, cuyo contenido desconocía, “en un día de niebla”, tal y como le pidió el conseguidor, para no despertar sospechas y que el humo no fuera avistado “por el helicóptero” de la Guardia Civil.

De La Peña también ha reconocido la metodología de la trama para el cobro de mordidas de la empresa de eficiencia energética Cofely, en diversos municipios de Madrid. Ha confesado que elaboraba facturas falsas por conceptos inexistentes que giraba a la empresa investigada. Cofely abonaba como trabajos falsos lo que en realidad eran las comisiones a cambio de la intercesión de la trama para obtener contratos públicos. El “ñapas” ha admitido que de esta forma cobró al menos 800.000 euros, de los que la mayoría eran para Marjaliza mientras que él se quedaba un porcentaje.

http://cadenaser.com/ser/2018/01/31/tribunales/1517406365_105229.html

GRANADOS COBRÓ UNA COMISIÓN DE 1,2 MILLONES POR TRES OBRAS DEL METRO

Entre 2005 y 2007, el político, Marjaliza y López Madrid se embolsaron 3,6 millones

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso Púnica de corrupción, cuenta desde ayer con documentación contable inédita sobre el supuesto cobro de una comisión ilegal de 3,6 millones de euros por la adjudicación presuntamente amañada de tres obras del Metro de Madrid. David Marjaliza, uno de los cabecillas de la trama y que desde junio de 2015 colabora con la Justicia, ha entregado facturas y apuntes contables en los que se detalla el reparto a partes iguales de la mordida entre él mismo, el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario Javier López Madrid, también imputados en la causa. La Fiscalía Anticorrupción interrogará hoy a Marjaliza por estos hechos.

La documentación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, refleja un complejo sistema de cruce de facturas entre cuatro empresas, tres de ellas sin conexión con las obras. Este método permitió tanto a Marjaliza como a López Madrid cobrar por transferencia y ya blanqueados los 1,2 millones de euros que les correspondían de comisión por los amaños. Granados presuntamente cobró la misma cantidad en negro y en metálico.


Las obras bajo sospecha son las del Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur. Todas ellas fueron adjudicadas en 2004, cuando Granados era consejero de Transportes en el Ejecutivo regional presidido por Esperanza Aguirre.

La documentación aportada por Marjaliza incluye seis facturas que Aruba Gestión SL —una de las sociedades de su entramado— cargó a Obrum Urbanismo y Construcciones SL, en la que el empresario tenía una pequeña participación y que estaba integrada en la Unión Temporal de Empresas (UTE) que se hizo con una de las adjudicaciones bajo sospecha. Estas facturas recogían falsos conceptos como “asesoramiento” y “gestión” y suman un importe total de 6,6 millones.

Granados es “Futuro 1”

Una anotación contable interna de Marjaliza detalla que de dicha cantidad se descontaron el IVA, el Impuesto de Sociedades y otros gastos hasta quedar reducida la cifra a repartir a 3,6 millones. En esa misma anotación, se detalla que 1,2 millones se entregaron a “F1”, en referencia a “Futuro 1”, el seudónimo que Marjaliza ha confesado que utilizaba para referirse a Granados. Otra parte igual se adjudicaba a López Madrid —al que se identifica con las siglas “JLM”—, y la tercera, a “V”, en referencia a Vancouver Gestión, mercantil de la que era socio el constructor.

El segundo bloque documental ahora aportado lo componen las cuatro facturas que presuntamente permitieron a López Madrid cobrar su parte. Todas ellas fueron giradas desde su mercantil Financiera SiaCapital SL a la constructora Vancouver Gestión SL, participada por Marjaliza. En los conceptos se recoge como justificación de estos pagos la “intermediación para la consecución de obras” en Parla, Valdemoro y Getafe, así como “la prestación de servicios profesionales y administrativos en la consecución de inversiones” supuestamente ficticios. Los pagos se repartieron entre 2005 y 2007 con el objetivo de difuminar el rastro de la comisión y dificultar su detección.

NUEVAS AMENAZAS AL ARREPENTIDO

La declaración de hoy de Marjaliza se produce poco después de que el constructor haya recibido nuevas amenazas por su decisión de colaborar con la justicia. El 19 de diciembre, ya denunció ante el juez que personas del entorno de Granados habían hecho llegar a otro imputado, amigo de Marjaliza, mensajes como: “A ver cómo callamos a este hijo de puta que va a meternos a todos en la cárcel” y “habrá que mandarle un mensajito con su hijo, que es lo único que le importa”. Según fuentes jurídicas, el constructor denunciará hoy que las presiones continúan pero afirmará que seguirá colaborando pese a ello.

En esta nueva declaración, Marjaliza iba a dar nuevos datos sobre las supuestas irregularidades en Arpegio, la empresa madrileña del suelo también controlada por Granados. Sin embargo, el lunes la Fiscalía Anticorrupción propuso ampliarla a “la adjudicación amañada de contratos públicos desde la Consejería de Transportes”.

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/16/actualidad/1516129804_982890.html

EL JUEZ DEL ‘CASO PÚNICA’ RASTREA NUEVE AÑOS DE ‘EMAILS’ DE GRANADOS EN BUSCA DE NUEVOS AMAÑOS

García-Castellón envía a la Guardia Civil a la Comunidad de Madrid a recabar las comunicaciones del exconsejero y otras cinco personas

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón está explotando la nueva veta en la investigación del caso Púnica de corrupción abierta por las últimas declaraciones del arrepentido David Marjaliza. El magistrado ha reclamado a la Comunidad de Madrid que le entregue todos los correos electrónicos enviados y recibidos por el exconsejero de Presidencia y supuesto cabecilla de la trama corrupta y por su mano derecha y exjefe de gabinete, Ignacio Palacios, entre los años 2003 y 2011. También ha solicitado las comunicaciones electrónicas, y todos los archivos adjuntos a ellas, de Jesús Trabada, consejero delegado de Mintra, la empresa regional de infraestructuras de transporte, y otros tres directivos de este ente público ya disuelto y desde el que se construyeron varias líneas del Metro de Madrid.

Según fuentes cercanas a la investigación, el magistrado quiere localizar nuevas pruebas del supuesto amaño en la adjudicación de tres obras del Metro de Madrid: las del Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur. Todas ellas fueron adjudicadas en 2004, cuando Granados era consejero de Transportes en el Ejecutivo regional presidido por Esperanza Aguirre. Marjaliza confesó que él, Granados y el empresario Javier López Madrid se repartieron a partes iguales una comisión ilegal de 3,6 millones de euros por aquellos concursos.

La petición de rastrear estas comunicaciones, no inspeccionadas hasta ahora, la realizó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil después de analizar una serie de correos del empresario David Marjaliza, que actualmente colabora con la investigación y que en su última comparecencia aportó diversos documentos sobre amaños. En esos 'emails', los agentes han detectado una serie de contactos entre Marjaliza y Palacios que, según el magistrado, “evidencian la intermediación” del jefe de gabinete de Granados en “la adjudicación de contratos públicos a favor de empresas licitadoras vinculadas con David Marjaliza”.

El magistrado cita expresamente supuestos amaños desde la Consejería de Transporte, a través de Mintra, y desde la Consejería de Presidencia, a través de la entidad pública Arpegio. Esta última empresa pública también estuvo controlada por Granados, desde la que gestionó durante años el suelo público de la Comunidad de Madrid y el multimillonario plan de inversiones públicas Prisma.

El magistrado ordenó en el mismo auto el volcado del contenido de los correos de todas estas personas investigadas. Para que ese mandato se cumpla de forma efectiva, García-Castellón dispuso que los agentes de la UCO fueran auxiliados en el volcado por los informáticos de la Administración regional. El juez ordenó que los archivos fueran entregados “en el momento en el que se practiquen las actuaciones”.

Esta orden tan explícita llega después de que el mismo magistrado haya tenido problemas con la Comunidad de Madrid en el envío de documentos de otra causa que investiga, el caso Lezo. El pasado diciembre, García-Castellón tuvo que apremiar a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, para que, en el plazo de 10 días, le remitiera el “expediente completo” del acuerdo de noviembre de 2001 por el que el Consejo de Gobierno de la Comunidad, presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, dio luz verde a la compra de la sociedad Inassa por parte del Canal de Isabel II.

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/30/actualidad/1517332011_584410.html

LA CAJA B DEL PP DE AGUIRRE SE INVESTIGARÁ EN UNA SOLA CAUSA

La financiación ilegal del partido se veía en los casos Púnica y Lezo

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea decidió ayer unificar en el sumario del caso Púnica de corrupción los datos sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño que han surgido en el caso Lezo, que también se investiga desde 2016 en el Juzgado Central de Instrucción número 6. De este modo, todas las pesquisas sobre la caja b para las campañas electorales de 2007 y 2011, época en que la formación conservadora en Madrid estuvo presidida por Esperanza Aguirre, se agruparán en una misma causa.

De Egea, en funciones de apoyo en el Juzgado Central 6, da validez a un informe de la Guardia Civil en el que se le advierte del solapamiento de los hallazgos de ambos sumarios. Y, con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción, ha decidido acumular todas las pesquisas sobre la caja b en el caso Púnica, que se abrió con anterioridad, a principios de 2014.

El caso Lezo tiene como principal imputado al expresidente madrileño Ignacio González, en libertad bajo fianza desde el 8 de noviembre tras medio año en prisión provisional. En la pieza número 4 de las seis de que consta este sumario se analizan los mecanismos opacos del PP madrileño para sobrefinanciar las campañas electorales y engañar a la Cámara de Cuentas regional. Según la investigación, el partido se sirvió del ente público Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) para pagar las deudas que había contraído con sus proveedores electorales. Los pagos se realizaron supuestamente a través de la empresa Indra y de una serie de sociedades instrumentales que supuestamente proporcionaban facturas falsas por servicios inexistentes.

La empresa pública ICM también forma parte central de la investigación del caso Púnica, que tiene como principal investigado a Francisco Granados, exconsejero madrileño y antiguo número 2 del PP regional. En la financiación de las campañas electorales de 2007 y 2011 tuvieron un papel fundamental el gerente del partido en aquellos años, Beltrán Gutiérrez Moliner, el exconsejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás y el exconsejero de Medio Ambiente Borja Sarasola.

Otra fuente de financiación supuestamente irregular fue la adjudicación a la constructora OHL del tren ligero de Navalcarnero, una obra que no llegó a realizarse. La acumulación de ambas causas evitará que en el caso Lezo se tenga que realizar un nuevo registro al domicilio y al despacho profesional del directivo de la constructora Javier López Madrid. Una agenda de Francisco Granados reveló que este entregó supuestamente al partido dos millones de euros procedentes de López Madrid.

La caja b del PP tiene otras patas, como la fundación Fundescam, el cobro de mordidas a través de contratos de publicidad por actos de inauguración de obras públicas o el pago de encuestas políticas por parte de de la sociedad Cofely, filial del gigante energético francés GDF Suez.

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/09/actualidad/1515521755_590239.html

“EL PP ME DIJO QUE TENÍA QUE FACTURAR SUS GASTOS ELECTORALES A 4 Ó 5 EMPRESAS”

El empresario que confirmó la caja b del PP de Madrid señala ante el juez del 'caso Púnica' a Francisco Granados, Ignacio González y Beltrán Gutiérrez en la financiación irregular del partido

El empresario argentino Daniel Horacio Mercado reconoció el pasado 19 de diciembre ante el juez instructor del caso Púnica que su empresa de publicidad, Over Marketing -ya extinta- realizó servicios para la campaña electoral del PP de Madrid en 2007 y que el partido le indicó que las facturas por estos trabajos las girase a “4 o 5 empresas”. Así se recoge en los audios de dicha declaración de más de tres horas, en las que señaló como implicados en las supuestas irregularidades al gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez, y a los dirigentes populares Francisco Granados e Ignacio González. Las cuatro sociedades de Mercado recibieron en 2006 contratos públicos de la Comunidad de Madrid por un importe superior a los 5,6 millones de euros pese a que contaba con una plantilla de solo 30 trabajadores, según destacó la Fiscalía Anticorrupción durante el interrogatorio.

Según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Mercado es uno de los principales financiadores del PP de Madrid durante la época en que estuvo presidido por Esperanza Aguirre. Sus empresas –Over Marketing, Traci Comunicación o Link América- recibieron grandes contratos publicitarios de la Comunidad de Madrid. Estas sociedades acapararon adjudicaciones para organizar la colocación de primeras piedras y cortes de cinta de grandes proyectos públicos, actos en los que se invertía el 1% del presupuesto de la obra. Posteriormente, las empresas dieron servicio al partido para sus actos de campaña y estos fueron pagados supuestamente por constructoras a las que Over Marketing giraba facturas falsas.

El empresario detalló ante el juez que fue el gerente del PP quien le dio “una lista de empresas que nos dicen que son conocidas de ellos” para que les enviasen los cargos por parte de la deuda que la formación había contraído con sus sociedades por la organización de actos electorales.“La ley [electoral] les marca un límite en inversión [publicitaria] y tienen que hacerlo por fuera. En este caso, facturo a una empresa ‘pepito’ que le dicen que lo pague y de esta manera ellos no pasan el límite”, explicó Mercado. A continuación, añadió que "el PP nos dijo [...] que teníamos que facturar a estas 4 o 5 empresas”, aseguró a preguntas de la defensa de Granados, del que Mercado se mostró convencido que estaba al tanto de las irregularidades: “Es muy difícil que un gerente de un partido no tenga el visto bueno del secretario general”.

A preguntas del juez Diego de Egea -que apoya al titular Manuel García Castellón en la instrucción de la causa-, el empresario también incidió en la misma idea: “Hablé de ello [sobre la facturación en b] con Beltrán y creo que tanto Granados con Ignacio González conocían el tema, sin ninguna duda". También añadió que una de las constructoras, que no concretó, a la que dirigió una de esas facturas se la devolvió porque no sabía a qué servicios concretos se refería y que tuvieron que hablar con el PP para que finalmente se hicieran cargo de ella. “Esas empresas nunca va a pagar una factura si no tiene el visto bueno del Partido Popular ¿Por qué me va a pagar a mí una empresa 10.000 euros si no hay un tema interno entre la empresa y el partido?”, señaló. También recalcó que el importe de esas facturas coincidía con el coste de sus trabajados electorales para los populares.

UN SISTEMA SIMILAR AL DEL PP DE BALEARES

El empresario Mercado también está encausado por hechos similares en una de las piezas separadas del caso Palma Arena, en la que se investiga la supuesta financiación irregular del PP balear. El empresario describió en 2012 un sistema muy parecido al que recoge su reciente declaración en la Audiencia Nacional. Entonces también aseguró que la formación le pagó en dinero negro a través del entonces tesorero y gerente del partido, Luis Fernando Areal, o del consejero de Interior balear, José María Rodríguez. Estos pagos, según relató Mercado, se hacían por orden de Jaume Matas, presidente balear en aquella etapa, quien le contrató y le facilitó decenas de adjudicaciones públicas de su Gobierno, todas ellas amañadas. Los pagos en dinero negro, según el relato de Mercado, se hicieron o bien en las oficinas del PP en Palma de Mallorca o en una cafetería.

Mercado separó en su declaración a la entonces presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, de los manejos económicos de las campañas electorales. “Yo reuniones con Esperanza Aguirre he tenido muchas , pero que me dijeran que me iban a dar adjudicaciones no lo recuerdo. Sí es verdad que en los temas de creatividad ella opinaba mucho, no se puede decir que sea una persona que no se involucrara, pero conmigo nunca habló de eso”, sostuvo el empresario argentino.

Durante el interrogatorio, Anticorrupción detalló los numerosos contratos públicos que la Comunidad de Madrid adjudicó a las empresas de Mercado desde diferentes consejerías como las de Sanidad y Transportes, y sociedades públicas. En este punto, la representante de la fiscalía hizo especial hincapié en las adjudicaciones que recibió de Arpegio, una de los epicentros de la trama de corrupción, y de la subcontratación que de parte de las mismas hizo a una empresa participada por un familiar de Ignacio Palacios, mano derecha de Granados durante toda su carrera política. Anticorrupción mostró sus sospechas que parte del dinero que el ejecutivo regional pagó a Mercado por esos trabajos fue posteriormente desviado al “patrimonio particular” de otros imputados. El empresario argentino se escudó en que no recordaba los detalles y, como repitió en numerosas ocasiones a lo largo de su declaración, se comprometió a “recordar nombres exactos” más adelante.

Donde sí admitió supuestas irregularidades fue en el contrato de dos millones de euros que sus mercantiles recibieron del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) en 2006 para realizar una campaña de apoyo a los autónomos. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la UE pidió el pasado octubre información a la Audiencia Nacional sobre dichas pesquisas ya que el mismo fue financiado en parte con fondos de la Unión Europea (UE). Mercado reconoció al juez De Egea que antes de la adjudicación habló con el gerente de dicho organismo, aunque en un primer momento aseguró que desconocía si hubo amaño: “No soy consciente de si me ayudan”. Sin embargo, admitió que subcontrató a otra empresa investigada en la causa, Swat, y que también había hecho trabajos electorales para el PP. La Fiscalía destacó que Swat había participado precisamente en la mesa de contratación que adjudicó dicho concurso a la empresa de Mercado.

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/11/actualidad/1515669768_181095.html

EL EMPRESARIO QUE CONFESÓ LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DECLARA QUE SE LE COMPENSÓ CON EL 'IMPUESTO PUBLICITARIO' DE AGUIRRE

El dueño de Over Marketing, Daniel Mercado, admitió ante el juez de Púnica que se les favoreció con la adjudicación verbal y a dedo de campañas de publicidad a cuyo pago venían obligadas las concesionarias de hospitales privatizados El audio de su declaración revela cómo el empresario detalló uno de los mecanismos clave para camuflar gastos electorales: "La gerencia nos dijo que lo teníamos que facturar a equis empresas y esos servicios no se los facturamos al PP de Madrid"

El empresario Daniel Mercado, que hace tres semanas confesó ante el juez de Púnica cómo el PP madrileño le pagó parte de su campaña de 2007 en negro y con facturas falsas abonadas por constructoras, confirmó ese día una de las grandes sospechas de la Fiscalía Anticorrupción: que la denominada cláusula del 1% estaba al servicio del PP. Esa cláusula funcionaba como una especie de impuesto publicitario aplicado por el Gobierno de Esperanza Aguirre y en virtud del cual las adjudicatarias de la construcción y gestión parcial de nuevos hospitales debían destinar el 1% del presupuesto total a supuestas campañas de publicidad institucional. En su declaración, a la que infoLibre ha tenido acceso, Mercado insinuó que Esperanza Aguirre formaba parte de la "plana mayor" que le daba a los distintos miembros del Ejecutivo madrileño indicaciones para favorecer a su grupo, Over Marketing.

A preguntas de la fiscal Carmen García Cerdá, el empresario reconoció que fue la Consejería de Sanidad la que adjudicó a Over, siempre "verbalmente" y a dedo, esas campañas del 1%. ¿Eran una forma de recompensarles por no facturarle al PP todos los gastos electorales del partido?, inquirió la fiscal. "Yo creo que sí, yo creo que sí", respondió Mercado, quien a lo largo del interrogatorio reconoció varias veces que su grupo había sido "beneficiado por la Comunidad de Madrid". Solo en el cuatrienio 2004-2008, Over Marketing y sus tres empresas satélite obtuvieron contratos del Ejecutivo madrileño por casi 10 millones. Esa cifra no incluye lo facturado a las empresas adjudicatarias de los seis hospitales de gestión parcial privada que Esperanza Aguirre lanzó al final de su primera legislatura como paradigma de la excelencia en gestión sanitaria: era la Consejería de Sanidad la que decidía que el supuesto trabajo de publicidad institucional lo realizaría Over pero eran las concesionarias las que pagaban. García Cerdá advirtió a Mercado de que Anticorrupción "duda de la realidad de esos trabajos".

El relato del empresario, que declaró en calidad de investigado, dibuja un paisaje donde la frontera entre los intereses y los gastos del Gobierno madrileño y los del PP durante la etapa de Esperanza Aguirre resulta por momentos indistinguible. La expresidenta, dijo Mercado, participó en numerosas reuniones del partido donde nunca se habló de adjudicar a Over contratos públicos licitados o de efectuar pagos en B pero de las que él mismo guarda memoria por lo siguiente: " Lo que sí recuerdo es que estábamos bien vistos para licitaciones". ¿Se ponía encima de la mesa que ustedes serían bien vistos para las adjudicaciones?, interpuso en ese momento la fiscal. Y Mercado respondió así: "Claro, sin ninguna duda".


Un ejemplo: para ilustrar cómo parte de los gastos electorales se pagaban en dinero negro , Mercado mencionó el lema que, según su declaración, dio la victoria a Esperanza Aguirre en las segundas elecciones autonómicas de 2003, forzadas por el tamayazo. "Algunas cosas las pagaban en B. Por ejemplo, nunca supe cómo facturamos el logotipo de La suma de todos pero recuerdo que hubo una factura tonta pero creo que algo se pagó en efectivo". En realidad, La suma de todos fue el lema de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2016.

En las más de tres horas de declaración, Mercado se escabulló una y otra vez en dos asuntos: no admitió de forma explícita el amaño de contratos netamente públicos, los licitados y pagados por las distintas consejerías, y se cuidó de disparar sin tapujos contra Esperanza Aguirre. En cambio, fue muy preciso al señalar a Francisco Granados e Ignacio González, entonces los dos hombres fuertes de Aguirre y hoy protagonistas principales en los casos Púnica y Lezo. En un momento del interrogatorio, la fiscal le recordó que, según él mismo, los consejeros ni siquiera le habrían recibido sin la intercesión de Granados y González. El empresario convino en que así era: “Sin ninguna duda”, fue su respuesta.

Los vínculos con el partido y los contratos a dedo

Como ya adelantó este diario, Mercado también dio detalles sobre el papel del exgerente del PP regional, el también imputado Beltrán Gutiérrez, en la estrategia para camuflar gastos electorales y evitar así traspasar el límite legal establecido para las campañas autonómica de 2007: "La gerencia nos dijo que [parte de los servicios electorales de 2007] lo teníamos que facturar a equis empresas y esos servicios no se los facturamos al PP de Madrid". El imputado respondió así a preguntas de su abogado. Y a renglón seguido precisó que la mayoría de esas empresas eran "constructoras".

Pero que el dueño del extinto grupo capitaneado por Over Marketing se aferrara al equívoco y la perífrasis cada vez que la fiscal dirigía sus cuestiones hacia el campo de los contratos públicos amañados no le impidió admitir un dato de relevancia para la investigación: que el trato de favor que le otorgaba la Comunidad se tradujo también en contrataciones directas como las del ya desaparecido Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade). Mercado contó cómo Aurelio García de Sola, su máximo responsable en aquella época, la primera legislatura de Aguirre, le dio numerosas adjudicaciones sin concurso porque el Imade "no tenía que llevar la normatividad". "Si yo no estaba vinculado al partido ese señor nunca me iba a contratar directamente", apostilló aquí el empresario.

Solo en 2006, el Imade adjudicó a Over Marketing, tras una licitación formalmente impecable, una campaña de publicidad de dos millones de euros. En 2010 y tras una investigación periodística, la oposición madrileña denunció que los trabajos de publicidad jamás se habían llevado a cabo. La denuncia se convirtió en papel mojado. La supuesta campaña publicitaria se inscribía en un proyecto financiado por la UE. Ahora, y como publicó en julio este diario, el expediente íntegro de aquella licitación ha desaparecido.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/04/el_empresario_que_admitio_financiacion_ilegal_del_aguirre_confirma_que_compenso_con_contratos_publicos_73704_1012.html

LÓPEZ MADRID COBRÓ AL MENOS 600.000 EUROS POR DIRIGIR UN FONDO OPACO QUE HIZO PERDER 9,3 MILLONES AL ERARIO AUTONÓMICO MADRILEÑO

El empresario cobró entre 2011 y 2014 por la "dirección del fondo" Inicap a través de Financiera SIA Capital, de la que es socio único

Según el arrepentido David Marjaliza, López Madrid utilizó Financiera SIA para recibir 1,2 millones de comisiones en Púnica

Creado por el Gobierno de Aguirre en 2006, Inicap ya estaba desde el inicio en manos de Möbius, entidad gestora en la que participaba Financiera SIA

La gestión del ruinoso fondo público de capital riesgo Inicap, constituido por el Gobierno de Esperanza Aguirre en 2006 y que originó al erario madrileño no menos de 9,3 millones en pérdidas, reportó al empresario Javier López Madrid 600.000 euros en solo cuatro años y en plena crisis económica. Entre 2011 y 2014, cuando las inversiones de Inicap ya eran un absoluto misterio porque había dejado de presentar cuentas en el Registro Mercantil, López Madrid cobró 595.850 euros por la "dirección del fondo". La Comunidad de Madrid desembolsó en Inicap 11,9 millones. Cuando disolvió la sociedad en agosto de 2006 solo había recuperado 2,6 millones. Por el camino se quedó de esa forma el 78% del dinero público destinado a un fondo cuyo listado completo de inversiones no se conoce a día de hoy.

Formalmente, quien cobró esos 595.850 euros por la dirección última de Inicap fue Financiera SIA Capital. Según el Registro Mercantil, López Madrid es socio único de Financiera SIA Capital desde 1996, cuando su denominación social era Stanhope SL. Financiera SIA Capital es la empresa que, según el arrepentido David Marjaliza, ya había utilizado entre 2005 y 2007 el yerno de Juan Miguel Villar Mir para canalizar 1,2 millones de comisiones ilegales de Púnica. El jueves de la semana pasada, el Ejecutivo madrileño confirmó a infoLibre que decidió liquidar Inicap porque la autorización de la CNMV expiraba en 2016 a menos que, como socio mayoritario (66,6%) optase por renovarla. El otro tercio del fondo estaba en manos de la Cámara de Comercio de Madrid. Ese mismo jueves, este diario intentó contactar con López Madrid a través de SIA Capital y explicó a la persona que atendió el teléfono el porqué de la llamada. El empresario no la ha devuelto aún.

Las comisiones que la gestión final de Inicap reportó a Financiera SIA salieron de la empresa Möbius Corporate, que a su vez percibía una cantidad anual de Inicap como entidad gestora del fondo de capital madrileño desde su inicio. Como publicó este diario, Financiera SIA ya participaba en Möbius cuando esta última desembarcó en Inicap.

El expediente no aparece

Para Möbius, asumir la gestión de Inicap tras haber ganado un concurso convocado en 2005 por el ya extinto organismo público Imade y cuyo expediente sigue sin aparecer según el Gobierno madrileño, implicó percibir nada menos que 5,2 millones de euros entre 2007 y 2015. Así lo acreditan los propios balances anuales de Möbius salvo en 2007. En ese caso, la cifra abonada por Inicap (988.674,33 euros) a Möbius aparece reflejada en uno de los documentos incautados por la Guardia Civil a López Madrid en su despacho y al que ha tenido acceso este diario. El documento incluye los pagos de 2008 y 2009, que coinciden al céntimo con los consignados en las memorias depositadas en el Registro Mercantil por Möbius.

Parte de esos 5,2 millones acabó trasvasada a SIA Capital. Pero las cantidades que la financiera que López Madrid posee en solitario obtuvo de Möbius exceden con mucho la ya referida de los 595.850 euros. En total, SIA Capital percibió por servicios profesionales 1,76 millones de euros entre 2007 y 2014 (no hay datos para 2015 ni para 2016). Y aunque todo apunta a que el grueso de esa cifra tiene su origen en la gestión de Inicap, infoLibre solo ha computado en esa categoría los pagos a Financiera SIA que expresamente figuran mencionados como fruto de la "dirección del fondo" en los balances de Möbius: son esos los que suman los 595.850 euros del primer párrafo. Además, Financiera SIA se hizo con otros 167.347 euros por el alquiler de la oficina a Möbius entre 2011 y 2014. Desde 2009 y al menos hasta el acuerdo de disolución adoptado por Möbius en febrero de 2017, las dos mercantiles han compartido sede en el cuartel general que López Madrid posee en el barrio de Salamanca.

Dos semanas para presentar ofertas... con el 'acueducto' de diciembre en medio

Aunque, a tenor de los datos mercantiles de rango oficial, Financiera SIA solo ostentaba una participación del 10% en Möbius hasta que en 2011 se hizo con el 75% y finalmente con el 100% en diciembre de 2014, el mayor volumen de gasto anual por servicios que año tras año fue declarando la entidad gestora de Inicap se corresponde con los pagos a la empresa de López Madrid.

El desglose anual del flujo de dinero con origen en Inicap y destino final en Financiera SIA es este: en 2011, Möbius, que declaró una plantilla de 452 empleados, ingresó del fondo de capital riesgo 806.351 euros y pagó a Financiera SIA 281.250 euros por la "dirección del fondo". Al año siguiente, Inicap transfirió 501.666 euros a Möbius, que para entonces tenía 3,75 asalariados y que a su vez abonó a Financiera SIA 159.000 euros.

En 2013, la plantilla de Möbius ya había descendido a 1,75 trabajadores y así se mantuvo en lo sucesivo. Inicap desembolsó ese año a su entidad gestora 300.855 euros de los que 105.000 fueron para SIA Capital. En 2014, 50.600 de los 160.000 euros que Inicap pagó a Möbius fueron para satisfacer los honorarios de Financiera SIA. En 2015, cuando ya Möbius pertenecía al completo a SIA Capital, percibió de Inicap 100.731 euros. Sus cuentas no detallan qué parte de esa comisión traspasó a SIA Capital por la dirección del fondo madrileño.

La toma de control oficial de Möbius por parte de SIA Capital en 2011 coincidió con dos hechos importantes en el historial de Inicap. En diciembre, la Comunidad de Madrid puso a la venta las participaciones del fondo de capital riesgo como consecuencia de una decisión adoptada por el Gobierno de Esperanza Aguirre, que en 2010 había aprobado por ley la desaparición de un voluminoso paquete de organismos públicos. Entre ellos figuraba Inicap y el propio Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), impulsor del fondo de capital riesgo junto con la Cámara de Comercio.

En plena crisis económica, la Administración madrileña otorgó solo dos semanas laborables para que los interesados en la adquisición de Inicap enviaran ofertas. Y una de esas dos semanas fue la del acueducto de diciembre, que encadena dos festivos: el de la Constitución y el de la Inmaculada. La convocatoria se publicó el 2 de diciembre de 2011, viernes. Y el plazo de presentación de ofertas expiró el día 19 de ese mismo mes, lunes.

La subasta quedó desierta. Inicap, no obstante, siguió en activo aunque dejó de publicar cuentas. Y ese es el segundo hecho significativo temporalmente vinculado a la incorporación formal de Möbius al perímetro de SIA Capital. La financiera de López Madrid consta de hecho a partir de ese ejercicio como "matriz" de la que hasta agosto de 2016 fue entidad gestora de Inicap.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/24/lopez_madrid_embolso_600_000_euros_cuatro_anos_por_gestionar_fondo_que_hizo_perder_erario_madrileno_menos_millones_74440_1012.html

HUNDIDOS AL TRATAR DE SALVAR SU REPUTACIÓN

15 cargos públicos del PP ven peligrar sus carreras acusados de desviar dinero para mejorar su imagen en la Red

La corrupción no deja de ser corrupción por pequeña que sea la cantidad de dinero público defraudada. La senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro declara como imputada mañana en el Tribunal Supremo por la supuesta malversación de 4.840 euros del Consistorio para mejorar su imagen pública en Internet. Su compañero de partido Pedro Antonio Sánchez renunció a la presidencia de Murcia tras descubrirse que presuntamente maniobraba para gastar 32.200 en ocultar las numerosas noticias negativas sobre él en la red.

Otros 13 cargos públicos del PP han visto como el caso Púnica truncaba sus carreras o amenaza con hacerlo por irregularidades en la financiación de trabajos de reputación online. En ningún caso, excepto el de la exconsejera madrileña de Educación Lucía Figar, el desvío de fondos públicos superaba individualmente las cinco cifras. Siete de ellos están imputados o procesados. Los ocho restantes han aparecido en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que desentrañan los amaños para pagar por estos trabajos al experto informático Alejandro de Pedro y a su socio, el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso.

Además de Barreiro y Sánchez, los otros imputados o procesados son el expresidente de la Diputación de León y hoy alcalde de Cuadros por un partido independiente, Marcos Martínez Barazón; el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria; la exconsejera de Educación madrileña Lucía Figar; el exconsejero de Industria y Turismo de Murcia, Juan Carlos Ruiz; y el exalcalde de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga. Todos ellos han declarado ya ante el juez.

Escuchas telefónicas

En el caso de Marcos Barazón, la investigación destapó que siguió con las prácticas de su antecesora al frente de la Diputación, Isabel Carrasco, asesinada en mayo de 2014, y mantuvo los servicios de la trama en los que la fallecida supuestamente gastó más de 86.000 euros. En su caso, la Guardia Civil cifra el desvío de fondos en algo más de 10.000 euros en los pocos meses que estuvo en el cargo antes de su detención, en octubre de 2014. Las pesquisas revelaron que ya entonces tenía pendiente abonar al menos otros 6.000 euros. Las escuchas telefónicas revelaron su obsesión por presentarse ante el PP de Madrid como el mejor relevo de su antecesora tanto en el organismo público como en la dirección provincial del partido. Incluso gastó 5.445 euros en un consultor de comunicación que le preparó ante una entrevista que iba a conceder a un medio local. A todo ello hizo frente, supuestamente, con fondos de la Diputación.

El deseo de escalar posiciones y ser el candidato del PP a la presidencia de la Región de Murcia en 2015 llevó también al exconsejero Juan Carlos Ruiz a contratar a empresas de la Púnica. En su caso, la sospecha se centra en un contrato para la promoción turística de Murcia en el mercado británico de 47.000 euros. Cuatro cargos de su departamento también están encausados.

En Madrid, son cinco los cargos públicos salpicados. Tres están ya imputados: el exvicepresidente regional Salvador Victoria, la exconsejera Lucía Figar y el alcalde de Valdemoro hasta su detención en octubre de 2014, José Carlos Boza Lechuga. Victoria está acusado de conseguir que empresas adjudicatarias de contratos públicos pagaran a De Pedro por su trabajo para minimizar los daños en la imagen del entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por las noticias sobre su ático en la Costa del Sol.

Sobre Figar, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han incorporado recientemente al sumario informes en los que elevan de 81.000 a 122.000 euros la cantidad supuestamente desviada por ella y su equipo. Una empleada de De Pedro aseguró al juez que ocultar en Internet las noticias sobre el cheque guardería que se autoconcedió fue “un hueso” al que dedicaron muchas horas.

“Crear una reputación”

Boza Lechuga está imputado desde su detención al inicio de la Operación Púnica por irregularidades urbanísticas y de corrupción municipal, pero su implicación en los amaños para financiar una campaña de reputación en las redes sociales es reciente. El sucesor de Francisco Granados en la alcaldía de Valdemoro declaró el 21 de diciembre ante el juez Manuel García-Castellón después de que la UCO concluyera que iba a pagar 39.930 euros para que le “construyeran una reputación positiva en Internet”. El magistrado destacaba que la trama posicionó “seguidores ficticios por Facebook, Twitter y otras redes sociales que ofrecían sus mensajes concertados de alabanza”.

En Madrid también están bajo sospecha por estas prácticas —aunque no están imputados— Ignacio González y el exconsejero de Medio Ambiente Borja Sarasola. Un reciente informe de la UCO sobre los trabajos de De Pedro con políticos madrileños revela que la trama intentó mejorar la reputación de ambos, además de las de Esperanza Aguirre y el actual diputado autonómico del PP José Manuel Berzal cuando era concejal del Ayuntamiento de Madrid. El documento implica a González y Sarasola en las supuestas irregularidades que permitieron que los servicios para mejorar la imagen en Internet de todos ellos se pagaran con fondos públicos.

En el caso de la expresidenta madrileña, se invirtieron 82.000 euros, según los investigadores. Ambos ex altos cargos del Ejecutivo regional ya han declarado como “investigados no detenidos” ante la Guardia Civil. En el caso de Sarasola, el primer instructor del caso, el juez Eloy Velasco, le llegó a citar para declarar como imputado en junio de 2015, pero su elección como diputado autonómico aquel año hizo que el magistrado anulase entonces el señalamiento ya que pasó a ser aforado. Poco después causó baja como parlamentario.

Otra política madrileña —ya retirada— que se ha visto salpicada por los contratos de reputación on line ha sido Ana Botella. En agosto de 2013, la entonces alcaldesa de la capital y su esposo el expresidente José María Aznar, se reunieron con De Pedro en Marbella. Tras ese encuentro, la jefa de prensa de Botella concertó supuestamente con De Pedro que el Ayuntamiento pagaría 60.000 euros por estos trabajos. Sin embargo, el contrato no se llegó a firmar ante la dificultad de facturar esos trabajos al presupuesto municipal. Hubiera sido, quizá, el trabajo de limpieza de imagen más difícil del experto informático.

SEIS CARGOS BAJO SOSPECHA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Aunque hasta la fecha no hay ningún cargo público como imputado, en los últimos meses la UCO ha entregado varios informes sobre supuestas irregularidades en los ayuntamientos de Valencia, Gandía y Denia que señalan a cinco cargos públicos del PP. Además, la Guardia Civil tomó declaración en junio de 2015 como “investigado no detenido” a un sexto, el entonces alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, quien poco después dejó su acta de concejal. El informe sobre los tratos de su consistorio con la trama aún se está elaborando.

De los cinco cargos ya señalados, dos son aforados. Víctor Soler, parlamentario en las Corts valencianas y actual concejal en Gandía, al que los investigadores implican en el pago de los trabajos de reputación que la trama hizo para el que fuera alcalde de este municipio, Arturo Torró, también señalado y que dejó su acta. El segundo es Miquel Domínguez, diputado regional elegido en las listas del PP populares, aunque posteriormente pasó al Grupo Mixto. La UCO lo relaciona con los trabajos de la trama para mejorar la imagen de Rita Barberá. Él era uno de sus ediles. La Guardia Civil también implica al actual concejal Alberto Mendoza Seguí, imputado en el 'caso Taula'. La última es Ana María Kringe, actual concejal en Denia. Según la investigación, entre finales de 2010 y 2014 —cuando era la alcaldesa— presuntamente pagó con fondos públicos 33.580 euros para “dar ostias (sic) a la oposición” en Internet.

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/12/actualidad/1515784963_790485.html

IGNACIO GONZÁLEZ SE DECLARA AJENO A LA FUNDACIÓN QUE PAGÓ CAMPAÑAS DE AGUIRRE PERO DICE QUE SU FIRMA FIGURA PORQUE SE LA "RECOGERÍAN"

El expresidente madrileño se desvincula ante la Guardia Civil de Fundescam, a cuyo patronato perteneció durante cuatro años y a la que él mismo subvencionó desde la Comunidad de Madrid con medio millón de euros

Su comparecencia en calidad de investigado augura una segunda e inminente imputación judicial, esta en 'Púnica': la clave, la financiación del PP madrileño

La declaración prestada el 4 de noviembre por Ignacio González ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como investigado en el caso Púnica ha empeorado aún más la situación procesal del expresidente madrileño. En esa comparecencia, que augura una segunda e inminente imputación judicial, esta por la -presunta- financiación ilegal del partido a través de vías como la oscura fundación Fundescam, González intentó desligarse de todo lo relativo al manejo de fondos del partido. Tanto que entregó a los investigadores un documento al que ha tenido acceso infoLibre y donde enfatiza que aunque era patrono de esa fundación jamás tuvo "participación ni conocimiento" de su gestión.

González lo expone así: "Que jamás asistí a reunión alguna del patronato y sí que nos recogerían, el gerente o el responsable de su gestión, en algún momento la firma como patronos para aprobación de presupuestos, programa, etc., imagino. Pero nada más". Ese es el penúltimo párrafo del texto. El último lo dedica a señalar a su antigua mentora: "Y que la presidencia de la fundación la tuvo la señora [Esperanza] Aguirre como presidenta del partido y en la última etapa la señora Gádor Ongil".

El resumen de los hechos por los que la UCO tomó declaración el 4 de noviembre a quien durante años fue el delfín de Aguirre, luego su sucesor y finalmente el principal imputado en la Operación Lezo tras una década de impunidad incluye una mención expresa a cómo en 2007 concurrieron tres circunstancias: que, como vicepresidente de la Comunidad de Madrid, González "participó directamente en la convocatoria y resolución de subvenciones públicas con destino a fundaciones vinculadas con partidos", Fundescam entre ellas; que en las elecciones autonómicas de ese año ocupó el cargo de director del comité regional de campaña; y que "parte de los gastos electorales de la campaña del año 2007 fueron sufragados a través del desvío de dinero público con subvenciones otorgadas a Fundescam, convocadas y concedidas por el investigado cuando pertenecía al patronato de la misma".

Entre los grandes donantes de Fundescam figura Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña Ceim y cuyo contrato para gestionar el restaurante y la cafetería de la Asamblea de Madrid analiza la UCO. Por esa adjudicación se encuentra imputada una de las integrantes del "comité de expertos" que inclinó la balanza de la adjudicación en favor de una empresa de Fernández. A ese comité pertenecía la actual presidenta regional, Cristina Cifuentes, quien la pasada primavera se lanzó a degüello contra la UCO por pedir que se la investigase por esos contratos. Durante el interrogatorio judicial de Arturo Fernández, el anterior instructor de Púnica, Eloy Velasco, preguntó al empresario por Cifuentes y su papel en Fundescam. La presidenta no ha cesado de vindicar la limpieza de aquella adjudicación y asegura tener la certeza de que no será imputada.

En 2009, una investigación periodística ya había destapado cómo Fundescam sufragó las campañas de Esperanza Aguirre de 2003 y 2004 con fondos aportados –un millón en ese bienio– por empresarios que después de entregar sus donaciones obtuvieron más de 300 millones en contratos de la Comunidad de Madrid.

Aunque la Policía llegó a hacer algunas averiguaciones sobre Fundescam en el marco del caso Gürtel, Anticorrupción terminó por concluir que los eventuales delitos habían prescrito. Ahora, la Fiscalía y la UCO la investigan de nuevo en Púnica por la financiación de la campaña de 2007.

González se había incorporado al patronato de Fundescam en febrero de 2005. Su cese no quedó anotado en el Registro de Fundaciones hasta el 3 de octubre de 2008 aunque la inscripción dice que la renuncia se produjo "mediante documento privado" el 5 de noviembre de 2007. Entre 2005 y 2007, Fundescam recibió de la Comunidad de Madrid 536.000 euros en subvenciones.

Hasta 2005 correspondía a la Consejería de Presidencia de Madrid y no a Vicepresidencia resolver la adjudicación de las subvenciones a fundaciones ligadas a partidos. Pero en diciembre de 2004, una vez que Esperanza Aguirre desgajó la Consejería de Presidencia de la Vicepresidencia y asignó el primero de esos dos departamentos a Francisco Granados, Ignacio González retuvo como vicepresidente las competencias sobre dichas subvenciones. Para ello, dictó el 30 de noviembre de 2005 una nueva orden marco que remarcaba, de forma expresa, su potestad personal sobre ese tipo de ayudas. "El excelentísimo señor vicepresidente primero y portavoz del Gobierno resolverá el concurso", dice la base octava de la citada orden, la 412/2005. A renglón seguido, quedaron convocadas las subvenciones correspondientes a ese ejercicio.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/06/ignacio_gonzalez_declara_ajeno_fundacion_que_pago_campanas_aguirre_pero_dice_que_firma_figura_porque_recogerian_73768_1012.html

UN EMPRESARIO DECLARA QUE EL PP DE AGUIRRE LE PAGÓ ENCUESTAS A TRAVÉS DE UNA FUNDACIÓN QUE RECIBÍA DONACIONES DE CONTRATISTAS

El dueño de una firma especializada en sondeos confirma ante el juez que el gerente regional del partido le decía si tenía que enviarle la factura al PP o a Fundescam, que desde 2003 financió campañas de Esperanza Aguirre

El investigado asegura que mantuvo reuniones con la entonces presidenta de la Comunidad y líder regional de la formación conservadora

El dueño de una empresa de encuestas que trabajaba para el PP de Esperanza Aguirre ha declarado este lunes ante el juez de la Operación Púnica que en 2011 facturó parte de esos servicios a la fundación Fundescam porque así le dijo que lo hiciera el entonces gerente del partido, Beltrán Gutiérrez.

Fundescam, ya extinguida y que dependía de la ejecutiva regional del PP, se nutría de subvenciones y de donaciones de grandes contratistas públicos de la Comunidad de Madrid: entre ellos, Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña y también investigado en Púnica. Oficialmente, el objeto social de Fundescam nada tenía que ver con la financiación de campañas electorales, tarea que incluso la anterior legislación sobre partidos ya prohibía. Pero, en la práctica, llevaba años sufragando gastos electorales la formación conservadora en Madrid. Solo en el bienio 2003-2004 recibió un millón en donaciones.

El empresario Alfonso del Corral, con quien infoLibre no logró contactar, ha admitido que como propietario de Demométrica mantuvo reuniones con Aguirre pero que nunca habló con ella de dinero. Corral ha ratificado lo que en marzo de 2017 había reconocido ante la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil). Pero entonces compareció como testigo y ahora lo ha hecho en calidad de investigado. Es decir, como imputado.

En 2011 Demométrica cobró del PP madrileño 117.008 euros. Y de Fundescam, otros 39.156 euros. Pero el verdadero importe fue todavía superior: una segunda mercantil especializada en estudios de opinión, Hermanos Barral, asegura que le giró a Fundescam ese año otra factura por 45.253 euros a petición de Demométrica. Y que, como la que realmente había efectuado el trabajo era Demométrica, le hizo llegar el dinero mediante una segunda factura por esa cuantía. Un año antes, y así lo certifican los documentos de Hacienda integrados en el sumario, Demométrica ya había cobrado 91.673 euros de esa oscura fundación cuyo patronato estuvo siempre dominado por la plana mayor del PP madrileño.

El abogado de Granados

Fuentes conocedoras del interrogatorio subrayan que el abogado de Francisco Granados, antiguo número dos del PP madrileño y principal investigado en Púnica, estuvo especialmente activo y que sacó a colación un asunto similar al que en Gürtel fue motivo de una larga polémica mientras el PP ejerció la acusación: que la Comunidad de Madrid ejerce la acusación como ente jurídico pese a que entre las imputaciones alcanzan a antiguos cargos de esa administración y a que en el futuro la lista puede ampliarse.

A Granados, ahora en libertad bajo fianza y que ha cambiado varias veces de letrado, le representa ahora Javier Vasallo. Y Vasallo es también el letrado que en el juicio sobre la financiación del PP valenciano defiende a Álvaro Pérez, El Bigotes. El viernes, Pérez señaló a Francisco Camps como quien "creó" el sistema de pagos con el que obligó a la trama Gürtel a endosar facturas del PP a grandes contratistas de la Generalitat. En Púnica, Granados lleva meses intentando que el juez cite a Esperanza Aguirre como investigada.

El defensor de Granados preguntó a Del Corral por José de la Uz, actual alcalde del municipio madrileño de Las Rozas. De la Uz ocupaba el cargo de secretario general técnico de Vicepresidencia en el Ejecutivo madrileño a las órdenes de Ignacio González. Ahora convertido en principal protagonista de la Operación Lezo, González había sucedido a Granados en 2011 como secretario general del PP madrileño. Y al igual que su antecesor había pertenecido al patronato de Fundescam pese a lo cual se reservó la competencia directa del reparto de ayudas para fundaciones vinculadas a partidos políticos.

Un certificado incorporado a la causa constata que fue De la Uz quien el 24 de mayo de 2012 certificó "que los gastos efectivamente realizados se adecuan en su naturaleza a la finalidad de la subvención". Es decir, a la finalidad de los 127.850 euros que la Comunidad de Madrid había concedido a Fundescam en 2011. En diciembre, la Cadena SER informó de que el juez de Púnica planeaba citar a De la Uz como investigado. El magistrado Manuel García Castellón no ha dado aún ese paso.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/23/un_empresario_declara_que_aguirre_pago_encuestas_traves_una_fundacion_que_recibia_donaciones_contratistas_74393_1012.html

LOS TRABAJOS REPUTACIONALES DE PÚNICA PARA AGUIRRE: 'ES TT PORQUE LE HAN LANZADO UN 'TUPPER' EN UN COLEGIO'

Un ejército de tuiteros y decenas de digitales de EICO defendieron a la ex presidenta madrileña en redes sociales entre abril y septiembre de 2012

'Existen pocos espacios propios que ayuden a defender, no ya a promocionar", a Aguirre e Ignacio González, sostenía la empresa 'púnica'

Los trabajos para limpiar la imagen de Aguirre costaron 81.999 euros pagados por la Comunidad o por empresas púnicas según la Guardia Civil

"Continuamos con el apoyo a Esperanza Aguirre. Es TT ['trending topic', entre los temas más comentados en la red social Twitter] ahora mismo porque le han lanzado un 'tupper' durante la inauguración del curso escolar en un colegio público". La trama Púnica protegió también a Esperanza Aguirre por medio de las acciones digitales de la empresa Eico, propiedad de Alejandro de Pedro y uno de cuyos empleados escribió en un informe la frase que abre esta información. Púnica cobró por ello 81.999 euros supuestamente en facturas falsas, presume la Guardia Civil en su último informe adherido a la causa que se investiga en la Audiencia Nacional. Los trabajos no fueron diferentes a los realizados para Francisco Granados, Ignacio González o Lucía Figar, pero el apoyo era desconocido hasta que lo destapó el digital El Plural hace unos días tras acceder al informe policial. ¿Cómo trabajó la red en la reputación de Aguirre, desde abril a septiembre de 2012, cuando se produjo su dimisión? La oferta se produjo el 2 de abril,con un correo enviado por Alejandro de Pedro, uno de los conseguidores de la trama, a Borja Sarasola, entonces viceconsejero de la Comunidad de Madrid.

De Pedro envía un documento titulado "Valoración económica. Proyecto reputación EA y IG". Años después, preguntado por la Guardia Civil, Sarasola (ya hace unos años fuera de la política) aseguraba no saber "a quienes pueden corresponder esas iniciales", que coinciden con los nombres de Esperanza Aguirre e Ignacio González. El trranque del informe no deja lugar a dudas: "Ambas personas tienen una alta presencia en la red Internet, sin embargo su identidad digital está determinada por la percepción negativa que se proyecta desde medios de comunicación online".

Por tanto, "es necesario destacar la carencia de una estrategia online que considere y/o vele tanto por neutralizar los comentarios negativos como por posicionar noticias relevantes [...] en los principales buscadores". Y recalca, certificando que Aguirre y González no tienen prácticamente quién les defienda en Internet: "Existen muy pocos espacios propios que ayuden a defender, no ya a promocionar, la imagen de los objetos de estudio".3.000 euros/mes Aguirre, 3.500 González

Qué ofrece De Pedro: informar de la "situación actual", crear "identidad digital" de ambos, "dinamización en redes sociales" y en "blogs temáticos", realizar informes mensuales y "escucha activa", entre otras cosas. El precio: para Aguirre, 3.000 euros al mes. Para González, 3.500, e incluso una rebaja del 20% si se contratan los dos, como fue el caso. Lo que la Guardia Civil desconoce es cómo se pagaron esos servicios, aunque se cree que a través de facturas falsas emitidas por la empresa de De Pedro contra o bien la Comunidad de Madrid, o bien empresas adjudicatarias de contratos públicos madrileños, dinámica frecuentemente utilizada en Púnica.

Los interlocutores de De Pedro en la Comunidad de Madrid para este particular fueron la jefa de prensa de Aguirre, Isabel Gallego, hoy investigada en Púnica, e Isabel Díez Ayuso, entonces colaboradora de Esperanza Aguirre y hoy en el equipo de Presidencia de Cristina Cifuentes. De Pedro solicitó en ese momento fondos para pagar a dos periodistas dedicados a difundir noticias positivas sobre Aguirre y González en Internet a través del contingente de diarios de De Pedro.El ejécito de tuiteros y los diarios 'zombies'

La Guardia Civil incluye en el documento varios informes enviados por EICO a la Comunidad de Madrid sacando pecho de cómo su ejécito de 'tuiteros', diarios digitales y opinadores casuales conseguían posicionar argumentos favorables a Aguirre y González: "Su contenido excede de un mero servicio de recopilación de noticias online y comprende acciones proactivas para alterar la prelación de contenidos que aparecen en las búsquedas web con el objeto de mejorar la visibilidad de las noticias favorables y desplazar las desfavorables", concluyen los agentes.Un correo de una colaboradora de De Pedro evidencia, por ejemplo, cómo se trabajó contra el entonces candidato socialista, Tomás Gómez: "Gómez fue TT ayer durante toda la mañana y se trabajó desprestigiando sus declaraciones", explica Sara Gargallo la acción, de pura propaganda digital. "Además, este fin de semana se trabajó especialmente contra el boicot que se difundía en la red para la inauguración del curso en la Autónoma en las que se anunciaba la presencia de Esperanza Aguirre", señaló también.EICO, por demás, controlaba incluso las cuentas oficiales de Aguirre en la redes sociales Flickr, Linkedin, Slideshare, facebook, Twitter, Google +, Youtube, e igualmente con González. Apartado especial merece lo sucedido el 23 de mayo, cuando Aguirre pronuncia su famosa frase de las 'mamandurrias': "Se tienen que acabar los subsidios,las subvenciones y las mamandurrias en general", dice.

Para defender la tesis ante las críticas generalizadas "mamandurias pronto se convirtió en TT", constatan en EICO-, 50 tuiteros generan 350 tuits, y provocan 550 retuits según los datos que la firma pasa a la Comunidad de Madrid. Incluye en su informe el "perfil" de los "usuarios": "Abogados, directivos, empresarios, profesores", asegura EICO. La cifra, no obstante, parece cercano a lo ridículo, teniendo en cuenta las millonarias audiencias de las redes sociales.

http://www.elmundo.es/espana/2018/01/08/5a4fc3bc46163fce338b465d.html

LA TRAMA PÚNICA COBRÓ 82.000 EUROS CON FACTURAS FALSAS PARA MEJORAR LA IMAGEN DE ESPERANZA AGUIRRE

Un reciente informe de la UCO detalla la presunta implicación de Ignacio González y otros ex altos cargos de la Comunidad de Madrid en pagos irregulares a la trama de corrupción

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó el pasado 20 de diciembre al juez del caso Púnica Manuel García Castellón un informe en el que detalla las supuestas irregularidades cometidas por altos cargos de la Comunidad de Madrid para pagar los trabajos de reputación online que el experto informático de la trama, Alejandro de Pedro, hizo para dirigentes del PP madrileño, entre ellos Esperanza Aguirre e Ignacio González. El documento policial detalla que mejorar la imagen en Internet de la expresidenta madrileña entre abril de 2012 y su dimisión meses después costó cerca de 82.000 euros que supuestamente se abonaron mediante la emisión de facturas falsas por parte de las empresas de De Pedro que posteriormente eran abonadas por la propia Comunidad de Madrid o adjudicatarias de contratos públicos.

Los investigadores reconocen, no obstante, que en este momento de la investigación “no consta el conocimiento que pudiera tener” de dichos amaños la que fuera máxima dirigente del PP de Madrid, aunque sí señala al que fuera su número dos, Ignacio González, y a un ex alto cargo de su Ejecutivo, Borja Sarasola. Ambos fueron interrogados como “investigados no detenidos” por la Guardia Civil el pasado mes de diciembre.

El informe de la UCO –de 190 folios de extensión- analiza “los trabajos realizados por Alejandro de Pedro y sus sociedades a altos cargos políticos de la Comunidad de Madrid”, entre ellos Aguirre, González y Sarasola, pero también al que fuera concejal popular en el Ayuntamiento de Madrid José Manuel Berzal. En el caso de la expresidenta madrileña, la Guardia Civil detalla los numerosos documentos intervenidos en los que se constata los trabajos realizados por la trama para mejorar su imagen en Internet en 2012, entre ellos una carpeta localizada en el ordenador de una trabajadora de De Pedro que recogía numerosos detalles sobre qué consistieron los mismos.

En concreto, “diversos informes reputacionales relativos a esta persona tanto de carácter periódico, como otros confeccionados de manera específica para contrarrestar opiniones desfavorables a la presidenta de la Comunidad de Madrid o viralizar mensajes positivos concretos”. También mensajes de correo electrónico y telefónicos intercambiados entre varios de los imputados en los que, por ejemplo, se constató que el experto informático de la trama trabajó en septiembre de aquel año para contrarrestar “el boicot que se difundía en la red” por la entonces aún no confirmada presencia de Aguirre en la inauguración de un curso en la Universidad Autónoma de Madrid o hacer desaparecer una noticia negativa sobre su gestión aparecida en EL PAÍS.

Entre las medidas emprendidas por De Pedro para mejorar la imagen de Aguirre, los investigadores destacan la supuesta creación de dos diarios digitales ‘zombis’ destinados exclusivamente a difundir informaciones positivas de la entonces presidenta con el fin de contrarrestar los mensajes contrarios a ella que aparecían en las redes sociales. Para ello, la trama contrató a dos periodistas con el único fin de que dotaran de contenido favorable sobre la entonces presidenta e Ignacio Gonzñalez a dichos medios digitales.

Según los propios documentos internos intervenidos al experto informático de la Púnica, el objetivo era que dicha información pareciera neutral y que “los lectores no perciban los diarios como proclives al cliente (en este caso autoridades del Partido Popular) de tal modo que se le otorgue por el lector más credibilidad al mensaje”. Los informes de reputación online intervenidos en los registros destacan que gracias a ellos consiguieron desplazar la mayor parte de las noticias negativas de los 20 primeros lugares de los buscadores de Internet.

El informe concluye que de la abundante documentación recabada queda demostrado que la trama Púnica trabajó a través de una de sus empresas, EICO, para mejorar la imagen de Esperanza Aguirre y que los tratos del Ejecutivo madrileño para ello fueron realizados por la jefa de prensa de la presidenta, Isabel Gallego –ya imputada en la causa- y el entonces viceconsejero Borja Sarasola. Todo ello por un importe de 81.999 euros que, en ningún caso, fueron abonados por el PP regional.

Los investigadores creen demostrado que una parte fue pagada a De Pedro mediante facturas falsas pagadas por la propia Comunidad de Madrid por trabajos inexistentes de resúmenes de noticias. Otra, por empresas adjudicatarias de contratos públicos de la Comunidad de Madrid. La UCO destaca que los trabajos de Aguirre se interrumpieron tras su dimisión en septiembre de 2012, aunque los de Ignacio González continuaron hasta sobre octubre de 2014, cuando se produjeron las primeras detenciones de la Operación Púnica.

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/03/actualidad/1514976670_766967.html

LA VICECONSEJERA DE PRESIDENCIA PIDIÓ UN “FAVORCITO” AL CONSEGUIDOR DE LA PÚNICA

Isabel Díaz pidió a Alejandro de Pedro una página web para Esperanza Aguirre, según un correo electrónico incluido en el informe de la UCO

La actual viceconsejera de Presidencia en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió por correo electrónico al conseguidor Alejandro de Pedro una página web para Esperanza Aguirre. El correo está incluido en un informe de la UCO que sitúa a Díaz Ayuso como “canal de comunicación” entre De Pedro y la cúpula del PP en Madrid para la contratación fraudulenta de servicios de reputación pagados con dinero público. La UCO no concluye que la viceconsejera estuviera al corriente de los métodos ilícitos de pago.

Con el asunto “favorcito”, Isabel Díaz Ayuso remitió el 28 de enero de 2011 un correo electrónico al conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, pidiéndole una plantilla de página web para la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

En el correo, la hoy viceconsejera Díaz Ayuso, que entonces era responsable de internet en el PP regional, se despide del conseguidor con un familiar “¿sigues fuera?, ¡te echamos de menos!”, entre signos de exclamación.

La UCO sitúa en su informe que recoge este correo a Isabel Díaz Ayuso como “uno de los canales de comunicación entre las autoridades del Partido Popular en Madrid y Alejandro de Pedro”, para la prestación de sus servicios.

El conseguidor de la Púnica realizaba trabajos de mejora de imagen personal en redes sociales para dirigentes del PP como Aguirre, Ignacio González, Salvador Victoria, o Borja Sarasola entre otros. Servicios de reputación personal, pero que se pagaron de forma fraudulenta y sin contrato con dinero público o mediante empresas interpuestas adjudicatarias con la administración regional. La UCO no dice que Díaz Ayuso conociera el método irregular del pago.

http://cadenaser.com/emisora/2018/01/05/radio_madrid/1515159724_044367.html

LA UCO SEÑALA A UNA FIRMA PUBLICITARIA COMO TAPADERA DEL CANAL DE ISABEL II PARA PAGAR EL LAVADO DE IMAGEN DE CARGOS DEL PP

Un informe desvela cómo, meses después de conseguir en 2012 un contrato multimillonario de la empresa que presidía Ignacio González, una compañía especializada en la compra de espacios publicitarios comenzó a abonarle facturas a Alejandro de Pedro tras darle "instrucciones" de por qué concepto y con qué importe debía emitirlas

La Guardia Civil concluye que el "uso instrumental" del Canal y del organismo dedicado a informática "fue la estrategia nuclear" empleada para pagar "la deuda por los servicios reputacionales prestados a altos cargos" del Ejecutivo madrileño

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recién incorporado al sumario de la Operación Púnica desvela cómo, poco después de conseguir del Canal de Isabel II en 2012 un contrato de 4,25 millones, una firma especializada en la compra de espacios publicitarios comenzó a abonarle facturas a Alejandro de Pedro tras darle "instrucciones" exactas de por qué concepto y con qué importe debía emitirlas. Fechado el 20 de diciembre, el informe concluye que esas facturas podrían responder a "servicios no prestados"y que el "uso instrumental" del Canal y del organismo dedicado a informática en la Comunidad de Madrid, ICM, "fue la estrategia nuclear" empleada para pagar "la deuda por los servicios reputacionales prestados a altos cargos" del Ejecutivo madrileño.

Hace ya tres años y tras el estallido de la Púnica, el hermano de Alejandro de Pedro confesó ante la Guardia Civil lo siguiente: que la "facturación ficticia" que se estaba pagando a las empresas de su hermano para saldar la deuda por el lavado de imagen de Ignacio González en Internet se hacía "a través del Canal de Isabel II". Pero esta es la primera vez que la Guardia Civil identifica la que, según su informe, podría ser al menos una de las grandes tapaderas utilizadas por la empresa pública de aguas de Madrid para pagar el lavado de imagen de altos cargos como Ignacio González, que presidió el Canal hasta septiembre de 2012.

Ese año, y según los documentos oficiales de Hacienda, la firma señalada por la UCO abonó a una de las sociedades de Alejandro de Pedro, Madiva, 55.660 euros. Un año antes, en 2011, esa misma firma había notificado a la Cámara de Cuentas de Madrid la prestación de servicios al PP madrileño para las elecciones autonómicas y municipales por importe de 956.000 euros. infoLibre ha preferido omitir la identidad de esta central de medios, que hasta el momento no figura entre los imputados o investigados de la causa, tras atender la solicitud de su presidente, quien sostiene que desvelar el nombre de la empresa podría causarle un "daño irreparable".

El viernes, infoLibre logró por fin contactar con el presidente de esa central de medios, J.L.R., cuya eventual responsabilidad penal, al igual que la de la directora general, C.C., subraya la UCO. Tras asegurar en un primer momento que su empresa no trabajaba en 2012 para el Canal de Isabel II ni conocía entonces a Alejandro de Pedro, J.L.R. dijo luego que se había confundido y envió a este diario su versión sobre las facturas abonadas a Madiva y cuyo contenido, sospecha la UCO, era falso.

La versión de esa compañía es la siguiente: "En la segunda mitad de 2012, entramos en contacto con estos señores [Alejandro de Pedro] para que nos ayudaran en la parte de reputación online de una propuesta que hicimos a un potencial cliente. La propuesta no tuvo éxito y por tanto, no hubo relación comercial o facturación con estas empresas sobre este asunto. Al hilo de este trabajo, Madiva nos hizo una oferta de inserciones en sus soportes publicitarios, oferta que aceptamos porque era competitiva en precio y condiciones. Es decir, hicimos un acuerdo de compraventa de espacios publicitarios, que es nuestra actividad habitual. Madiva nos facturó el importe del acuerdo (compra) en 2012 y nosotros adjudicamos los espacios a nuestros clientes, por lo que pedimos a Madiva que nos facturara lo acordado haciendo referencia a los anunciantes que consumirían los espacios. Por otra parte, nosotros facturamos a nuestros clientes (venta) a medida que se producían los consumos de dichos espacios durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014".

El texto remitido por J.L.R. no explica uno de los aspectos más oscuros del asunto: que dos de los correos electrónicos que la UCO esgrime y reproduce en su informe demuestran que Alejandro de Pedro acudió en octubre de 2012 a esa firma publicitaria pidiendo instrucciones sobre cómo facturar en relación a su "cliente Comunidad de Madrid". Apenas cinco horas después, la directora general de la compañía, C.C., respondió a De Pedro indicándole el nombre y el CIF de la central de medios y detallando que debía emitir las facturas bajo dos conceptos por completo ajenos a la Administración madrileña: una campaña para una compañía de seguros y un acto por el 12 de octubre para el Ministerio de Defensa.

La UCO ya ha requerido a la central de medios bajo sospecha todos los soportes documentales de su relación comercial con las empresas de Alejandro de Pedro, Eico y Madiva. El informe de la UCO sostiene esto: "Respecto a [esa firma de publicidad], los pagos se tratarían de justificar mediante la subcontratación de presuntas campañas de publicidad encargadas a Eico/Madiva, si bien se considera a juicio policial que dichas campañas pudieran responder a servicios no prestados".

De corroborarse la tesis de la Guardia Civil tal como apuntan todos los indicios reseñados en el informe, se confirmaría que el Gobierno de Esperanza Aguirre e Ignacio González utilizó aquí un método casi idéntico al que, según ha confesado otro empresario del sector de la publicidad, Daniel Mercado, empleó para compensarle en 2007 por aquellos trabajos que su grupo, Over Marketing, hizo para el PP madrileño pero no llegó a facturarle. Y ese método consistía en encargarle a escondidas campañas de publicidad sobre los nuevos hospitales de gestión público-privada, campañas de cuya existencia real duda la Fiscalía y a cuyo pago venían obligadas las adjudicatarias de esos centros sanitarios. El pliego de condiciones de los respectivos concursos las obligaba a efectuar dichos pagos en virtud de la llamada cláusula del 1%, una especie de impuesto publicitario que centra una de las grandes líneas de investigación del caso Púnica. Esa cláusula les imponía destinar a publicidad el 1% del presupuesto total adjudicado.

De esa forma, el dinero no salía estrictamente del erario madrileño sino de los grandes adjudicatarios de contratos públicos de la Comunidad. En el caso de Alejandro de Pedro y sus facturas por mejorar la imagen de los altos cargos autonómicos del PP, los pagos también provenían de adjudicatarios públicos a tenor de lo investigado por la Guardia Civil. El informe de la UCO apunta directamente a Ignacio González como artífice de esa fórmula en lo que respecta a la empresa pública de aguas: "El investigado –sostiene la Guardia Civil– habría mediado supuestamente ante organismos de la Comunidad de Madrid para facilitar las adjudicaciones de concursos en el Canal de Isabel II de las que también se beneficiaría la persona de Alejandro de Pedro". ¿Cómo? "A través de subcontratación de empresas adjudicatarias". ¿Para qué? Para que De Pedro cobrase aquello que la Comunidad tenía difícil desembolsar sin dejar rastro y poner en alerta a los observadores.

"Cliente", Comunidad de Madrid; "concepto", Ministerio de Defensa

La UCO sustenta sus conclusiones en una amplia batería de SMS y correos electrónicos que acrecientan las sospechas de que, en realidad, la mencionada empresa de compra de espacios publicitarios se limitó a satisfacer de manera vicaria gastos por los trabajos de reputación online para los altos cargos del PP madrileño. "Al menos desde abril de 2012 a agosto de 2.014 –relata el informe– la empresa EICO habría estado realizado trabajos de reputación online para Ignacio González, contenidos en la multitud de informes de actuaciones en Twitter, informes semanales de noticias insertadas en redes sociales y webs para mejorar la reputación de Ignacio González".

"A juicio policial –prosigue el texto– serían esos trabajos los que en buena medida habrían generado la deuda que reclamaba Alejandro de Pedro a la Comunidad de Madrid, para cuyo pago Isabel Gallego [entonces directora de comunicación del Gobierno regional] y Salvador Victoria [consejero de Presidencia y sucesor de Ignacio González al frente del Canal de Isabel II desde septiembre de 2012] tratarían de articular varias vías de pago a cuenta de empresas públicas (Canal de Isabel II, ICM) o de adjudicatarios de contratos públicos de la Comunidad de Madrid (Indra, etc.)". Esa deuda, apostilla la UCO en ese párrafo, "se identifica inequívocamente con Ignacio González a tenor de los documentos [incautados] y de las llamadas intervenidas".

Entre los mensajes que menciona el informe figuran varios SMS cruzados entre Alejandro de Pedro e Isabel Gallego. Uno de esos sms fue enviado por Alejandro de Pedro a la entonces directora de comunicación del Gobierno madrileño el 9 de octubre de 2013. El mensaje era este: "Isabel, me urge comentarte un tema de salva de XXX, aunque sea en morse. Preferiría hacerlo en persona pero se q mañana estas liada y no quedan muchos días". Donde este diario ha colocado tres equis (XXX) aparece el nombre de la central de medios que ahora investiga la Guardia Civil. Es una incógnita por qué el conseguidor de la Púnica había de acudir a Isabel Gallego para tratar con ella ningún asunto concerniente a una empresa adjudicataria de un contrato multimillonario del Canal de Isabel II si esa empresa no mantenía con Alejandro de Pedro ninguna relación comercial en torno a la Comunidad de Madrid.

Pero si los SMS cursados entre De Pedro y Gallego resultan elocuentes, también presentan esa cualidad los correos que el experto en reputación online y una de sus subordinadas intercambiaron con la directora general de la central de medios objeto de las nuevas pesquisas.

Dos de esos emails están fechados el 3 de octubre de 2012. En el primero [pincha aquí para verlo] , Alejandro de Pedro le cuenta a la directiva de la firma de publicidad lo siguiente: "Mañana me reúno con el cliente Comunidad de Madrid para hablar de mi proyecto y sus avances. El problema que tengo es que sigo a fecha de hoy nada facturado y cobrado, por lo que no puedo hacer exactamente lo que me piden (...) como te digo, ni sabemos a quién se ha de facturar ni nos confirman cantidades ni tampoco tengo una previsión de cobro. Necesito tener claro esto para mi reunión de mañana con el cliente por favor, ¿me puedes ayudar?".

Ese correo llegó a su destino a las 14.46 del 3 de octubre. Cinco horas y media después, exactamente a las 18.27 horas, la directora general de la referida central de medios respondió con un segundo email [pincha aquí para verlo] . Y lo hizo para decirle varias cosas. La primera, el nombre de la compañía para que emitiera a su nombre las facturas. Y justo después le dio instrucciones de por qué concepto y cuantía debía confeccionarlas: "Septiembre: Campaña Generali, 10.500 euros más IVA". "Octubre (aquí deben ser dos facturas): Campaña Generali, 6.525 euros más IVA). Mº Defensa Día de la Hispanidad, 3.975 más IVA".

"Llama la atención –recalca la UCO– que sea la directora general [de la central de medios] quien le tenga que indicar qué conceptos y cantidades facturar cuando ambos conceptos en una relación comercial ordinarias deberían ser conocidos por el proveedor de servicios".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/29/la_uco_descubre_tapadera_del_canal_isabel_para_pagar_lavado_imagen_altos_cargos_del_aguirre_73748_1012.html

UNA ALCALDESA DEL PP PAGÓ CON DINERO PÚBLICO “DAR HOSTIAS A LA OPOSICIÓN” EN INTERNET

Un reciente informe de la UCO cifra en cerca de 35.000 euros el supuesto desvío de fondos del Ayuntamiento de Denia (Alicante) a la trama Púnica para mejorar la imagen de Ana María Kringe

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al juez instructor del 'caso Púnica', Manuel García Castellón, un informe sobre las andanzas de la trama en el Ayuntamiento de Denia (Alicante) entre finales de 2010 y 2014, cuando el PP gobernaba este municipio. El documento policial concluye que la entonces regidora, la popular Ana María Kringe, presuntamente pagó con fondos públicos a dos empresas del experto informático Alejandro de Pedro 33.580 euros para mejorar su imagen en las redes sociales y "dar ostias (sic) a la oposición", según se recoge en mensajes intercambiados por ambos que constan en el sumario. Los agentes concluyen que Kringe -en la oposición desde las elecciones municipales de 2015- sería responsable de un supuesto delito de malversación.

El informe -fechado el pasado 19 de diciembre- señala que De Pedro comenzó a trabajar en la reputación 'online' de la hoy exalcaldesa de Denia a finales de 2010, y que tres años más tarde creó para ella un diario digital zombi, 'Ahora Denia', con el único fin de difundir "contenidos favorables" para Kringe. Los agentes consideran que estos servicios fueron facturados por el experto informático a través de sus dos empresas, Madiva Editorial S.L. y Eico Online Reputación Management. Los conceptos que utilizó para ello fueron la supuesta inserción de 'banners' publicitarios en medios de la trama, trabajos de "posicionamiento 'online' de contenidos" y "estrategia de comunicación" para las distintas concejalías. Así, en 2011, la trama recibió del Ayuntamiento de Denia 11.800 euros; 4.840 euros al año siguiente; 12.705 en 2013 y 4.235 en 2014, cuando se produjeron las primeras detenciones de la Operación Púnica.

La UCO destaca que de los mensajes intercambiados entre la alcaldesa, su jefe de Gabinete, Claudio J. Reig -al que el informe también acusa de la presunta comisión del delito de malversación- y De Pedro confirman que el diario 'Ahora Denia' era controlado por la alcaldesa y su equipo, y que fue ella quien eligió a una periodista de su máxima confianza para trabajar en él y que generara el contenido del mismo, siempre positivo para ella. "La línea editorial" de este medio era "dar ostias (sic) a la oposición", según destacaba Kringe en el cruce de mensajes que intercambio en marzo de 2014 con De Pedro.

La Guardia Civil interrogó como testigo en junio de 2015 a la ya en aquel momento exalcaldesa por dicho mensaje y está reconoció su existencia, aunque aseguró que "una cosa es lo que puso en el mensaje y otra lo que en realidad fue [la función del diario], que fue reproducir las notas de prensa del ayuntamiento". Kringe también aseguró que dicha expresión no implicaba que el medio creado por De Pedro se dedicara hacer trabajos de reputación para el PP o para ella.

La investigación ha revelado que estos trabajos de mejora de imagen fueron presuntamente abonados de manera irregular mediante dos mecanismos. En primer lugar, con campañas publicitarias para el Ayuntamiento que, en realidad, eran "una mera herramienta instrumental para justificar formalmente la emisión de facturas [por parte de las empresas de De Pedro] en connivencia con determinados cargos de confianza del Ayuntamiento". Entre estos, el informe cita al jefe de gabinete de la alcaldesa, que era la persona que "recibía los informes sobre reputación 'online' de Ana Kringe" y el interlocutor de Alejandro de Pedro para el pago de sus servicios".

Las pesquisas concluyen que las campañas de publicidad no existieron nunca y que se generaron falsos 'banners' para justificar los pagos. También han revelado que como segundo mecanismo para pagar estos servicios con dineros públicos se utilizó la facturación ficticia de una tercera empresa para camuflar en 2011 el pago de otros 3.540 euros a la trama. El informe de la Guardia Civil destaca que esta última mercantil ya fue empleada por la red de corrupción para cobrar de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid por trabajos similares para la imputada Lucía Figar.

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/08/actualidad/1515419221_931340.html

BARREIRO PIDE AL SUPREMO QUE ARCHIVE LAS DILIGENCIAS ABIERTAS EN CASO PÚNICA

La senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro ha pedido hoy a la magistrada del Tribunal Supremo (TS) que la investiga en una pieza separada del caso Púnica por los presuntos delitos de prevaricación y malversación, entre otros, que archive las actuaciones contra ella.

En un escrito al que ha tenido acceso Efe, los letrados José Pardo Geijo y Raúl Pardo-Geijo Ruiz señalan que las diligencias practicadas, entre ellas, la declaración de Barreiro, han desvirtuado los indicios que aconsejaron abrir la investigación en torno a los contactos mantenidos con Alejandro de Pedro, investigado en el caso, para la mejora de su imagen cuando era alcaldesa.

Según los letrados, esa falta de indicios se deriva también de las declaraciones de dos de sus entonces directos colaboradores: sus directores de gabinete, Francisco de Asís Ferreño, y de relaciones externas, María del Mar Conesa.

Al pedir el archivo, apelan a los derechos constitucionales de presunción de inocencia, tutela judicial efectiva e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Indican igualmente que el análisis de los medios de comunicación que publicaron noticias sobre Barreiro cuando era regidora revela que unas eran positivas, otras neutras y otras negativas.

Y añaden que "llama poderosamente la atención que no aparezca ninguna positiva del medio que supuestamente de forma encubierta utilizaba para granjearse una buena reputación".

Comentan que "con su investigación paralela en varios lugares", la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se ha "contaminado" en cuanto a los hechos que se le atribuyen en el caso de su defendida por las otras pesquisas simultáneas de los agentes.

Esto ha funcionado como "correa de transmisión, ya que al extrapolar sus investigaciones a esta ha conseguido un 'totum revolutum', ilógico en los hechos investigados a Barreiro".

Por otra parte, el escrito expone que han recibido la notificación de que el Ayuntamiento de Cartagena se ha personado como acusación particular, lo que atribuye a un intento del PSOE, hoy al frente de la alcaldía, "de ir en contra no ya de la exalcaldesa, sino de otras autoridades y funcionarios" locales.

Finalmente, indican que si se quiere comprobar si era el PP el que sufragaría el coste de la campaña de imagen, como ha declarado Barreiro, sería fácil, pues bastaría con llamar a declarar al que fue máximo dirigente del partido en Cartagena y presidente de la Asamblea Regional de Murcia, Francisco Celdrán.

Se da la circunstancia de que hoy mismo se ha dado a conocer la citación judicial de Celdrán como testigo el próximo 5 de febrero ante el TS.

http://cadenaser.com/emisora/2018/01/29/radio_murcia/1517247486_664500.html

EL EXPRESIDENTE DEL PP DE CARTAGENA, CITADO COMO TESTIGO EN EL SUPREMO POR LA RAMA MURCIANA DE LA TRAMA PÚNICA

La instructora Ana Ferrer ha decidido llamar para testificar el próximo 5 de febrero a Francisco Celdrán, expresidente del PP de Cartagena y de la Asamblea Regional de Murcia, para dar explicaciones sobre los contratos investigados

La magistrada del Tribunal Supremo que investiga la rama murciana de la trama Púnica ha llamado a declarar como testigo, para el próximo lunes 5 de febrero, a Francisco Celdrán, expresidente del Partido Popular en Cartagena y presidente también, durante dos décadas, de la Asamblea Regional de Murcia.

La jueza Ana Ferrer toma esta decisión después de haber escuchado las explicaciones de la senadora y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, que entre otras cosas aseguró que varios de los trabajos de reputación que el empresario Alejandro de Pedro iba a hacer para ella iban a ser pagados por la formación conservadora que entonces presidía Celdrán en la localidad.

El objetivo de la magistrada, por tanto, es saber si es cierto que los trabajos reputacionales para mejorar la imagen de la senadora 'popular' iban a ser pagados por el PP o si, tal y como sospechan los investigadores desde el principio, el objetivo era que esos pagos saliesen de las arcas públicas del gobierno regional murciano.

Pilar Barreiro declaró como imputada en el Tribunal Supremo el pasado 15 de enero, y según explicó su abogado a la salida del alto tribunal, no negó que parte de estos trabajos se pagasen con fondos públicos del Ayuntamiento de Cartagena pero sí explicó que la campaña de turismo bajo la que se pagó a Alejandro de Pedro "se hizo y se pagó".

http://cadenaser.com/ser/2018/01/29/tribunales/1517228366_344144.html

BARREIRO RECONOCE SUS TRATOS CON PÚNICA PERO NIEGA EL DESVÍO DE FONDOS PÚBLICOS

La senadora del PP Pilar Barreiro ha reconocido este lunes ante la juez del Tribunal Supremo Ana Ferrer que mantuvo contactos con el experto informático de la trama Púnica Alejandro de Pedro, para que mejoraran su imagen en Internet. Sin embargo, negó en todo momento que dichos trabajos –que aseguró que no se habían llegado a realizar- fueran a ser pagados con fondos públicos, sino que los mismos iban a ser cubiertos por su partido. El abogado de la senadora, José Pardo, ha anunciado a la salida de la declaración que en los próximos días presentará un escrito para pedir el archivo de la causa.

El alto tribunal decidió abrir una causa contra Barreiro en octubre pasado por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada. El alto tribunal decidió investigar a la exalcaldesa de Cartagena asumiendo los argumentos de la exposición razonada que envió en mayo pasado el juez Eloy Velasco, que hasta junio estaba al frente del caso Púnica en la Audiencia Nacional. Velasco no podía investigar a Barreiro debido a la condición de aforada de la actual senadora y que cuando se produjeron las primeras detenciones en octubre de 2014 era diputada.

Velasco pidió al Supremo que lo hiciera al considerar que la exalcaldesa de Cartagena había contratado con dinero público a uno de los principales implicados en la Púnica, Alejandro de Pedro, para que mejorara en las redes sociales su reputación, que estaba muy deteriorada después de verse presuntamente vinculada al supuesto caso de corrupción Nova Carthago. Por esta causa también tuvo que declarar ante el Supremo, pero entonces el alto tribunal cerró la causa.

En su declaración de este lunes, Barreiro ha desligado el pago de 4.840 euros a las empresas de De Pedro por parte del Ayuntamiento de Cartagena de los trabajos de reputación online. Según su versión, se abonó dicha cantidad por la inclusión de banners de pbulicidad de dos exposiciones que patrocinaba el Consistorio. Su abogado ha asegurado a la salida que “se contrató una publicidad, se hizo y se pagó. Y luego se contrató una reputación que no llegó a terminarse y que iba a pagar el partido”, ha añadido, antes de insistir que “no hay delito alguno” en la actuación de su cliente.

A Barreiro se le atribuye su supuesta participación en dos acuerdos para defraudar fondos públicos: uno, en el Ayuntamiento de Cartagena y otro para defraudar a la Consejería de Educación de Murcia, que en aquel momento encabeza el que luego sería presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Respecto al primero, la investigación recoge indicios de que Barreiro asistió a reuniones donde, “con abuso de su cargo al frente de la gestión del Ayuntamiento de Cartagena”, puso en marcha un “plan defraudador” basado en crear cuentas de redes sociales y un diario digital a su servicio que costearía el Consistorio.

Entre los indicios contra ella destacan cuatro facturas que Fiscalía Anticorrupción tilda de falsas y que supuestamente fueron manipuladas por la entonces alcaldesa de Cartagena y sus colaboradores para justificar la utilización de 4.840 euros de dinero de las arcas municipales para sufragar las actividades del experto informático de la trama. El desvío supuestamente se camufló con un contrato para incluir banners de publicidad en la red de periódicos digitales de De Pedro para promocionar las "Fiestas de cartagineses y romanos" y la exposición sobre el "Tesoro de la Mercedes". La documentación que remitió el Ayuntamiento fue calificada por la fiscalía en sus escritos de "escueta" ya que se redujo a las cuatro facturas (tres de ellas de 968 euros y la última de 1.936 euros), distintos impresos de "propuestas de gastos", anotaciones contables electrónicas y capturas de pantalla de las inserciones publicitarias. No apareció ningún contrato.

En este punto, Fiscalía destacaba las supuestas irregularidades detectadas en estas facturas y, sobre todo, en la fecha que plasman los sellos de registro de entrada de dichos documentos en el Ayuntamiento. El primero es del 28 de octubre de 2014, solo un día después de que la Guardia Civil detuviera en la primera fase de la Operación Púnica al experto informático de la trama y a su socio, el exalcalde socialista José Antonio Alonso Conesa, estrechamente relacionado con la propia Pilar Barreiro. Los otros sellos son del 12 de diciembre de ese mismo año y del 27 de enero de 2015. Para Anticorrupción, este detalle evidencia que fueron registradas en el Consistorio cuando este ya había efectuado el pago. De todo ello, la Fiscalía hace responsable directa a la propia Barreiro, a la que considera máximo responsable de dar el visto bueno al pago.

Sobre el acuerdo para defraudar a la Consejería de Educación, el juez describía indicios de que la aforada participó en un plan para que el Gobierno regional pagase a De Pedro por otro trabajo más completo de reputación on line a favor de ella y del entonces presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, ya procesado en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por estos hechos. En el sumario consta la declaración de un trabajador de De Pedro que reconoce a Barreiro como la persona que junto a Sánchez se reunió con el experto informático de la trama 22 de septiembre de 2014 en el Hotel Las Artes para concretar los trabajos para ambos cargos públicos del PP.

En el ordenador de este mismo trabajador aparecieron durante los registros dos documentos relacionados con la senadora. Uno recogía los resultados obtenidos en las distintas redes sociales con los términos de búsqueda "Pilar Barreiro Álvarez" y "Alcaldesa de Cartagena". El segundo era una propuesta para realizar trabajos de reputaciòn 'online' a la política. En el mismo se concretaba que los mismos consistirían en "la creación de soportes y contenidos para la consolidación de una imagen positiva" de la dirigente 'popular', entonces a punto de encabezar la lista de su partido en las elecciones municipales de 2015.

Bajo sospecha desde mayo de 2015

En mayo de 2015, cuando se levantó por primera vez el secreto de sumario de los primeros tomos del sumario, salió a la luz que tres trabajadoras de De Pedro, habían citado a Barreiro en sus declaraciones como uno de los cargos públicos para los que supuestamente habían hecho trabajos para mejorar su imagen en Internet en 2014. Una de estas empleadas admitió, de hecho, que estaba a punto de iniciar el trabajo para ella cuando la redada que acabó con su jefe en la cárcel lo impidió. Un tercer testigo, en este caso la secretaria de una empresa de Murcia a la que acudía a trabajar Alonso Conesa fue interrogada por la relación existente entre la hoy senadora y éste último. El motivo fue el hallazgo en un bolsillo de la chaqueta que vestía Alonso Conesa cuando fue detenido de una tarjeta para el pago de peajes expedida por el Congreso para que lo utilizara la entonces diputada en sus desplazamientos. El magistrado tildó esta circunstancia como "una cosa tan irregular".

En agosto de 2015, y cuando la ahora senadora ya había perdido las elecciones a la alcaldía de Cartagena, el juez Velasco levantó el secreto de sumario sobre otra parte importante del sumario y se conocieron nuevos datos sobre los supuestos tratos de Barreiro con la trama. En concreto, dos llamadas de teléfono y una cita con el 'gurú' informático de la trama que apuntaban a que los mismos fueron a iniciativa de la hoy senadora. Aquellas dos conversaciones telefónicas se produjeron el 23 de julio de 2014 con pocos minutos de diferencia. La primera, a las 13:38. La segunda, sólo cuatro minutos después. En las dos, la entonces regidora de Cartagena le reclamaba a De Pedro un encuentro cuando pasase por la ciudad murciana dos días después.

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/15/actualidad/1516004890_318198.html

EL ALCALDE DE ALMENDRALEJO RECONOCE QUE PASÓ LOS PLIEGOS DE UN CONCURSO PÚBLICO A COFELY

José García Lobato, alcalde popular investigado por la adjudicación de un contrato municipal de 20,2 millones de euros, ha declarado que "veía normal que la empresa y el ayuntamiento se pasaran los pliegos y las mejoras".

El alcalde popular de Almendralejo (Badajoz) investigado en la trama Púnica por la presunta adjudicación irregular de un contrato de obra pública de 20,2 millones a la empresa Cofely, ha declarado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón.

Aunque ha negado rotundamente que la empresa le ofreciera una "mordida" por quedarse con dicho contrato millonario, los nervios le han fallado ante las preguntas de la Fiscalía, y ha admitido que pasó los pliegos del concurso a Pedro García, trabajador de la compañía Cofely, según fuentes legales.

El concurso de obra pública no llegó a formalizarse, pero la Audiencia Nacional investiga al alcalde por el proceso de licitación, durante el que habría incurrido, presuntamente, en irregularidades para que la empresa investigada en Púnica, Cofely, se hiciera finalmente con el contrato.

En este sentido, Lobato ha reconocido que Cofely conocía el pliego y que no le extrañaba que su ayuntamiento y la compañía se pasaran los pliegos y las mejoras del concurso cuando habían manifestado su intención de presentarse al concurso.

José García Lobato está investigado por los presuntos delitos de cohecho, fraude, revelación de secretos y tráfico de influencias por su actuación en el concurso para la adjudicación. Además de él, están también investigados los otros miembros de su corporación municipal Luis Alfonso Merino y Carlos González.

https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20180123/alcalde-almendralejo-reconoce-pliegos-concurso-publico-cofely/279472515_0.html

LA LARGA MANO DE FLORENTINO: "AGUIRRE ECHÓ A GRANADOS PORQUE NO LE DABA OBRAS"

El empresario Marjaliza declara que Granados contó en una cena que Florentino Pérez había presionado a Aguirre para que le quitara de la Consejería de Transportes porque no le daba contratos

El empresario David Marjaliza, uno de los principales imputados en el caso Púnica​, ha seguido este miércoles tirando de la manta y aportando detalles y pruebas documentales de supuestas obras amañadas a favor de la trama. Concretamente de tres contratos de Metro licitados por la Consejería de Transportes cuando su titular era Francisco Granados, también imputado. Marjaliza ha dado detalles de una cena en la que Granados relató cómo Esperanza Aguirre le quitó en el año 2005 sus atribuciones en esa consejería tras las quejas del todopoderoso Florentino Pérez.

Según el relato de Marjaliza, Granados se vanagloriaba de haber introducido en las licitaciones de su consejería a empresas medianas del sector, lo que había provocado las quejas de Florentino Pérez (máximo responsable de ACS y Dragados) a la entonces presidenta regional y jefa de filas de Granados. Precisamente tres de esas obras, el Metro Ligero a Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el tramo 1-C de la conexión entre la línea 10 y el Metro Sur, se los llevó una de esas empresas "medianas", Obrum Urbanismo y Construcciones SL, en la que el propio Marjaliza tenía una pequeña participación. Granados solo estuvo un año al frente de Transportes.

Marjaliza también ha explicado que él, Granados y el empresario Javier López Madrid (también imputado en la causa) se llevaron 3,6 millones en comisiones por lograr la adjudicación de esos tres contratos a Obrum. El empresario ha aportado a la Audiencia Nacional una especie de contabilidad interna que detallaría que Granados cobró 1,2 millones de euros, dinero que Marjaliza le pagó en metálico y en sobres. Granados aparece bajo la denominación F1, en referencia a 'Futuro 1', el seudónimo que Marjaliza utilizaba para referirse a Granados.

Marjaliza también ha aportado más información sobre las facturas que entregó este martes al juzgado. Son facturas que demostrarían cómo él mismo y López Madrid cobraron sus respectivas comisiones por esas obras de Metro. Marjaliza lo hizo con seis facturas que una de sus sociedades, Aruba Gestión SL, giró a Obrum por supuestos trabajos de asesoramiento y gestión. Marjaliza pagó a López Madrid de una forma similar. Una mercantil de este último, Financiera SiaCapital SL, pasó cuatro facturas a una de las constructoras de Marjaliza, Vancouver Gestión SL, por unos presuntos trabajos de "intermediación para la consecución de obras" en algunos municipios del sur de Madrid, como Parla, Valdemoro y Getafe.

Durante su declaración, Marjaliza también detalló el papel de López Madrid en todo este proceso. Según ha explicado, el empresario "vació" una sociedad de su propiedad (Asfaltos y Construcción Elsan) y se la vendió a bajo precio a Marjaliza y Granados para que la pudiesen utilizar para amañar el contrato de las obras de Metro. Por esta 'ayuda', López Madrid reclamó luego su parte. Marjaliza ha dejado claro que tiene documentación de toda esta operación y que también la aportará al juzgado.

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-01-17/la-larga-mano-de-florentino-aguirre-echo-a-granados-porque-no-le-daba-obras-a-el_1507688/

LA CONFESIÓN DEL EMPRESARIO QUE ADMITIÓ LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP PONE A AGUIRRE EN EL DISPARADERO

La Fiscalía interrogó al dueño de Over Marketing sobre el grado de conocimiento que Aguirre tenía sobre el sistema instituido en 2007 para abonar parte de los trabajos electorales Entre las prácticas irregulares del PP de Madrid estaba el pago en dinero negro y con facturas falsas aceptadas por constructoras afines El investigado reiteró que la entonces presidenta madrileña no abordaba los asuntos de dinero pero subrayó su intensa participación en el diseño y preparación de los actos de campaña

La confesión de Daniel Mercado, que el martes admitió ante el juez haber participado en el engranaje instituido por el PP para pagar parte de los trabajos electorales con dinero negro o mediante facturas falsas emitidas contra empresas constructoras afines, ha colocado en el disparadero a Esperanza Aguirre.

Por el momento, Anticorrupción no prevé pedir la citación de la expresidenta madrileña como investigada en la Operación Púnica. Pero las fuentes del caso consultadas por infoLibre convienen en que la declaración de Mercado, dueño del ya desaparecido grupo de publicidad y eventos políticos Over Marketing, complica sin duda su posición.

Durante el interrogatorio, Mercado fue muy preciso en cuanto a quién le daba las instrucciones de a qué empresas debía enviar aquellas facturas que el PP no quería abonar por los cauces legales porque ello habría implicado reconocer que estaba gastando en la campaña para las municipales y autonómicas de 2007 más de lo permitido legalmente. Y, según sus palabras, quien transmitía a Over Marketing esas indicaciones era Beltrán Gutiérrez, entonces gerente del PP madrileño. La versión del empresario afianza la tesis de que las anotaciones del pendrive incautado al gerente de Aguirre y las de la agenda localizada en casa de Granados reflejan pagos reales efectuados por empresas en beneficio del PP. Y explica el porqué de la insignificante facturación al PP declarada por Over y sus tres empresas satélite en 2007 pese a que solo en Madrid asesoró a una docena de candidatos municipales.

En un momento de la declaración, el publicista dijo tener la certeza de que el gerente del PP madrileño en ningún caso actuaba por su cuenta. Y que difícilmente la operativa que seguía el partido podía ser ajena al secretario general del partido, Francisco Granados.

Fuentes conocedoras de lo sucedido relatan cómo la fiscal de Púnica presente en el interrogatorio a Mercado, Carmen García Cerdá, preguntó en distintas ocasiones al empresario y utilizando perífrasis si el conocimiento de las técnicas empleadas para ocultar gastos electorales llegaba más arriba. El investigado reiteró que la entonces presidenta de Madrid nunca abordaba los asuntos de dinero pero subrayó su intensa participación en el diseño y preparación de los actos de campaña.

De hecho, mencionó que había celebrado muchas reuniones con Aguirre, que intervenía directamente –eso dijo– en la definición de la estrategia de campaña y que estaba al tanto de los actos programados. A raíz de ese retrato de situación, ua fuente vinculada al caso se formula la siguiente pregunta: "¿Es posible que Aguirre supiera qué cosas se hacían en la campaña y no supiera que todo eso había que pagarlo?" En ese interrogante radica una de las claves por las que la declaración de Mercado ensombrece el panorama para quien durante una década dirigió el PP de Madrid y el Gobierno de la Comunidad con mano de hierro.

Los interlocutores de Mercado

Según Mercado, sus interlocutores en esas reuniones eran la propia Aguirre, Francisco Granados, Ignacio González, Isabel Gallego –exdirectora de comunicación de la Comunidad de Madrid e investigada en Púnica– y, en varias ocasiones, Alberto López Viejo porque –adujo el empresario– era quien llevaba las campañas de la presidenta.

Ahora en espera de sentencia tras el primer juicio de la serie Gürtel, López Viejo había sido señalado por el propio Daniel Mercado durante su declaración en el primer caso de corrupción en que se vio envuelto, el Palma Arena, como quien amañaba los contratos de que se beneficiaba Over Marketing. El acta de la declaración prestada en octubre de 2012 refleja sus palabras exactas: "Era López Viejo el que asignaba cada negociado sin publicidad [fórmula en la que se adjudica un contrato por selección entre las empresas previamente invitadas] y le decía al órgano contratante que lo amañara como creyera conveniente". Mercado"nunca acudió a Esperanza Aguirre a exponer la situación porque le constaba que Alberto era una persona muy valorada y querida por Esperanza".

Pero en cuanto a los contratos públicos –Over y sus tres compañías satélite obtuvieron 10 millones solo del Gobierno de Aguirre en sus cuatro primeros años de gobierno–, Mercado concedió que recibía un buen trato y que tanto Francisco Granados como Ignacio González le allanaban el camino diciéndole con quiénes debían hablar en cada consejería. Pero se mostró este martes mucho más correoso que ante el juez instructor del Palma Arena, el ahora recién jubilado José Castro. Fue ese caso el que destapó la fórmula de que se valía el expresident del Ejecutivo balear y durante años líder del PP en el archipiélago, Jaume Matas, para repartir dinero público a despecho de la legalidad y nutrir con fondos opacos a su partido a la vez que se enriquecía. Matas, y así lo subrayó el juez Castro en distintas resoluciones, solía decir a sus subordinados una sola palabra: "Hágase". Y a partir de ese momento se declaraba por completo ajeno a qué pasos daban esos subordinados para cumplir sus órdenes.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/12/28/la_confesion_del_empresario_que_admitio_financiacion_ilegal_del_pone_aguirre_disparadero_73429_1012.html

LA AUDIENCIA NACIONAL CITARÁ COMO IMPUTADO AL ALCALDE DE LAS ROZAS POR LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN LA PÚNICA

Cuando era alto cargo de la Comunidad de Madrid, José de la Uz, firmó la concesión de 127.850 euros a la fundación Fundescam, que fueron empleados para financiar al PP en 2011, según los investigadores. La fundación ni siquiera justificó debidamente el gasto, según fuentes del caso

El juez de la Audiencia Nacional que instruye la operación Púnica, Manuel García Castellón, profundiza en la pieza de la supuesta financiación ilegal del PP en Madrid. Después de que empresarios como el exgerente de Over Márketing, Daniel Mercado, hayan certificado la mecánica apuntada por los investigadores, citará en enero a los responsables políticos. Entre ellos, al presidente del PP y alcalde de este partido en el municipio madrileño de Las Rozas, José de la Uz, porque cuando era secretario general técnico de la Vicepresidencia del Gobierno de la Comunidad en 2011, a las órdenes de Ignacio González, concedió una subvención de 127.850,10 euros a la fundación Fundescam, empleada por el PP de Madrid como tapadera de su financiación ilegal.

La subvención aprobada por el hoy alcalde del PP en las Rozas, José de la Uz, tenía como finalidad la “realización de actividades que difundan el conocimiento del sistema democrático y la realidad política y sociocultural de la Comunidad de Madrid”, según los documentos del sumario a los que ha tenido acceso la Cadena SER. Pero en realidad, según los investigadores, fue utilizada para financiar la campaña electoral del PP en 2011.

De hecho, las mismas fuentes sostienen que la entonces presidenta de Fundescam, la senadora Gádor Ongíl, ni siquiera se molestó en acreditar debidamente el gasto para recibir el dinero, y aun así, José de la Uz lo concedió.

En la documentación que obra poder del juzgado, como justificante solo constan facturas de celebración de cursos sobre dinámicas de grupo y medios audiovisuales y técnicos por 71.000 euros, sin detallar fechas, lugar de celebración, ponentes o asistentes. El resto de facturas usadas como justificante corresponden a la empresa Demométrica, que realizaba sondeos de campaña para el Partido Popular. Los investigadores sospechan que esta subvención sirvió para pagar encuestas electorales del PP madrileño.

http://cadenaser.com/ser/2017/12/20/tribunales/1513792439_624082.html

INMACULADA JUÁREZ, ALCALDESA DEL PP EN ALGETE, CON LAS IMÁGENES DE LA COMUNIÓN ORGANIZADA POR PÚNICA

La alcaldesa de Algete pagó con dinero público los 40.000 euros de la comunión de su hijo

La Guardia Civil acusa a la ahora asesora del PP de Cifuentes de malversación, prevaricación y fraude continuado

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elaborado un contundente informe sobre la penetración de la trama Púnica en Algete. En términos de influencia, la relevancia para la operación de este municipio madrileño de 20.000 habitantes puede parecer residual, pero la operativa de regalos, financiación irregular del Partido Popular local y desvío de dinero público es una muestra representativa de cómo operaba la trama a nivel regional y nacional.

El informe al que ha tenido acceso El Plural está realizado después de que la Guardia Civil citara en sus instalaciones para declarar como imputados a varios personajes nucleares en los hechos investigados. Hablamos de la que fuera alcaldesa entre 2007 y 2013, Inmaculada Juárez, y de David Erguido, su primer teniente de alcalde en la localidad, ahora en nómina del Ayuntamiento de Madrid como asesor del portavoz municipal, José Luis Martínez-Almeida. Con ellos también declaró Lorenzo del Triunfo, responsable de la empresa de Servicios Urbanos de Algete cuando ocurrieron los hechos investigados.

La investigación de la Guardia Civil se centra en dos empresas: Waiter Music y Saranais. Ambas habrían realizado actos de campaña para el Partido Popular que después se habría cobrado a través de los presupuestos municipales con dinero público con contratos adjudicados a dedo o amañados de antemano.

Además, Waiter Music habría agasajado a los responsables políticos de las adjudicaciones con regalos variopintos. Según la Guardia Civil, “se han hallado elementos de prueba que apuntan a que altos cargos del municipio y del Partido Popular local recibieron regalos materializados en la organización y celebración gratuita de eventos de índole personal que responden a trato de favor recibido por Waiter Music desde el Ayuntamiento en materia de contratación pública municipal”.

En el caso de la alcaldesa del PP, la UCO ha localizado un evento en junio de 2008 “para la alcaldesa de Algete Inmaculada Juárez citado como Comunión Alcaldesa”. Este evento “tenía un presupuesto de 41.800 euros y tuvo un coste para Waiter Music de 36.185 euros”, señala la UCO. Y añade “los 41.800 euros del coste del evento Comunión Alcaldesa se liquidaron utilizando dinero público del Ayuntamiento de Algete”.

Según la Guardia Civil, el evento se relaciona “con la celebración de la Comunión de el/la hijo/hija de la entonces alcaldesa de Algete, Inmaculada Juárez”. Además, la UCO añade que Juárez “es madre de dos hijos que en el año 2008 tenían 9 y 12 años, franja de edad comprendida en la que los menores en la Comunidad de Madrid reciben el sacramento de la primera comunión”.

El recital de delitos que la Guardia Civil le atribuye a la exalcaldesa de Algete es contundente. A Juárez, que ahora es asesora del PP de Madrid que dirige Cristina Cifuentes. Se le acusa de “prevaricación y fraude continuado” por adjudicar a Waiter Music contratos y vincular su pago a contratos amañados en el futuro. La UCO también le acusa de “malversación de fondos públicos” por participar en el pago de cinco facturas para “el desvío de 74.444,21 euros” de dinero público para pagar “eventos privados y servicios extras”.

Además, la Guardia Civil considera a Juárez “cooperadora necesaria en la comisión de cuatro delitos de malversación” donde la alcaldesa “habría favorecido el desvío de 149.608,93 euros de dinero público” para pagar deudas de mítines y actos del PP montados por Waiter Music. Y se le atribuyen dos delitos de “malversación” por haber realizado “acciones” para pagar con dinero público otros dos actos electorales del PP por valor de 21.095 euros.

Y, por último, la UCO le atribuye un “delito de cohecho” por “el regalo recibido consistente en la fiesta organizada el día 7 de junio de 2008 citada en todos los documentos como ‘Comunión Alcaldesa’ por valor de 41.800 euros. José Luis Huerta Valbuena [dueño de Waiter Music] organizó dicho evento soportando los gastos inicialmente y después incluye el coste del evento en un listado de eventos pendientes de facturar al Ayuntamiento de Algete y se termina pagando con dinero público destinado al pago de eventos del municipio”.

https://www.elplural.com/politica/2017/12/22/la-alcaldesa-de-algete-pago-con-dinero-publico-los-40000-euros-de-la-comunion-de

LA GUARDIA CIVIL CREE QUE WAITER MUSIC LE REGALÓ UNA ACTUACIÓN MEXICANA A DAVID ERGUIDO

Mariachis gratis para el teniente de alcalde de Algete (PP), obsequio de una empresa de Púnica

Los regalos que la trama Púnica realizó a los dirigentes del Partido Popular, según señala la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe al que ha tenido acceso El Plural, eran muy variopintos. Además de la comunión de 40.000 euros que Waiter Music pagó a la entonces alcaldesa, Inmaculada Juárez, los investigadores apuntan a una actuación de cuatro mariachis que sirvió de obsequio al primer teniente de alcalde, David Erguido.

Según el informe de la UCO, en marzo de 2008 “Waiter Music organizó un evento, con una posible vinculación con David Erguido”. Se trata de la “actuación de cuatro mariachis en el Campo de Golf Isabel II, con un importe de 1.800 euros”.

Esta actuación, celebrada en el polémico e ilegal campo de golf de Chamberí que está investigado en la Operación Lezo y cuya gestión fue entregada al cuñado de Ignacio González, quedó “pendiente de facturar”, según la Guardia Civil, “y posteriormente se incluyó para liquidar con dinero público destinado al pago de otros eventos celebrados en el municipio”.

Los agentes, en su interrogatorio como imputado, preguntaron a Erguido sobre dicho apunte contable. A lo que el ahora asesor del PP en el Ayuntamiento de Madrid, contestó que “no ha encargado nunca los cuatro mariachis (…) y jura que jamás ha encargado a Waiter Music ni ningún otro proveedor ningún servicio de carácter personal. Y que no tiene constancia de haber encargado para el municipio la actuación de cuatro mariachis”.

En su informe, pese a la declaración de Erguido, la Guardia Civil profundiza en este episodio, que lo incluye dentro de los regalos en Algete de la presunta trama. Según la UCO, la actuación de los mariachis se hizo “a petición de David Erguido (primer teniente de alcalde y concejal de Festejos del Ayuntamiento de Algete) con un importe de 1.800 euros”. Los investigadores aseguran que “este evento se pagó con dinero público destinado al pago de otros eventos celebrados en el municipio de Algete y fondos públicos obtenidos de la Comunidad de Madrid”.

La Guardia Civil acusa a Erguido de “delitos de malversación de fondos públicos” por sus actuaciones en la tramitación de hasta 16 facturas “vinculadas a siete eventos públicos del Ayuntamiento de Algete” a las que Erguido habría dado “el visto bueno” con un “incremento deliberado de los importes facturados con el objetivo de desviar 78.846 euros de las arcas públicas del Ayuntamiento” hacia las empresas de José Luis Huerta Valbuena, Waiter Music y Saranais.

La deuda que se intentaba pagar con esas adjudicaciones infladas, según la Guardia Civil, “incluía eventos privados y servicios extras de eventos públicos contabilizados al margen de un procedimiento público de contratación”.

https://www.elplural.com/politica/2017/12/25/la-guardia-civil-cree-que-waiter-music-le-regalo-una-actuacion-mexicana-david

DOS AÑOS DE PRISIÓN PARA GRANADOS EN LA PRIMERA SENTENCIA DEL CASO PÚNICA

El exconsejero madrileño se benefició de un chivatazo de la investigación para destruir pruebas

La Audiencia Nacional ha condenado este lunes a dos años de prisión a Francisco Granados, exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y principal encausado en el macrosumario Púnica de corrupción, por el chivatazo que recibió en septiembre de 2014 de que estaba siendo investigado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y que le permitió destruir pruebas y ocultar dinero. Granados ha sido condenado por un delito agravado de aprovechamiento de revelación de secreto por funcionario público. Se trata de la primera sentencia del caso de corrupción que se destapó en octubre de 2014 y que acumula un total de 16 piezas separadas.

En el mismo juicio ha sido condenado, también a dos años de prisión, el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, autor del chivatazo, y a un año y medio de cárcel el agente en excedencia del instituto armado José Luis Caro Vinagre, trasladó a Granados la información reservada. Según la sentencia, la fuga de información produjo un “intenso” daño tanto a la causa pública como al esclarecimiento de los hechos y sus autores y permitió a los investigados la destrucción de pruebas y la ocultación de dinero.

A Rodríguez Talamino, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia le impone, además, una pena de 4 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

La Fiscalía Anticorrupción solicitaba tres años de prisión para Francisco Granados y para los dos guardias civiles que en septiembre de 2014 le alertaron de que estaba siendo investigado en la Operación Púnica junto con su socio, el empresario David Marjaliza.

A principios de septiembre de 2014, el guardia José Manuel Rodríguez Talamino, que trabajaba en la sección de apoyo técnico de la Unidad contra el Crimen Organizado (UCO), encargada de la colocación de cámaras de vigilancia y balizas de seguimiento a delincuentes, recibió el encargo de instalar una cámara en un vehículo camuflado que iba a ser instalado frente a las oficinas de Marjaliza, situadas en el edificio Éboli, de Pinto.

El agente averiguó que la operación para la que estaba colaborando investigaba al constructor amigo de Granados. Según el juez Velasco, Talamino alertó a su amigo José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excedencia que desempeñó cargos de confianza en la Comunidad de Madrid de la mano del expolítico. El 5 de septiembre por la noche, Talamino, durante las fiestas patronales de Valdemoro, avisó a Caro Vinagre de los seguimientos. Al día siguiente, el miembro de la UCO buscó en las fiestas a Granados y le advirtió de que sus compañeros habían puesto un dispositivo de seguimiento a su amigo Marjaliza.

El 7 de septiembre, Talamino aportó nueva información al político: le desveló que el grupo que investigaba al constructor era el de delitos contra la Administración, lo que daba a entender que se trataba de un delito de corrupción. Y el 13 de septiembre de madrugada, ambos guardias se reunieron con Granados en el domicilio de este, momento en el que Talamino informó al político de los avances en la investigación.

Según el relato de hechos probados de la sentencia, el chivatazo sirvió para que Granados pidiera a Marjaliza que destruyera la documentación que le relacionaba con sus negocios. El empresario trasladó a casa de su secretaria la documentación que le relacionaba con cuentas en Singapur y operaciones en Suiza y Granados ocultó en casa de sus suegros el dinero en metálico que conservaba en su domicilio.

El chivatazo de Talamino fue descubierto gracias a las escuchas telefónicas decretadas por el juez instructor de Púnica, Eloy Velasco, para investigar las cuentas en Suiza de Granados y Marjaliza. Las defensas consideraban que la revelación de secretos era un delito nuevo para cuya investigación no estaban previstas las intervenciones telefónicas. La sentencia avala ese uso: "La revelación de secretos no era un delito nuevo, diferente o extraño a la investigación, formaba parte de la misma, había surgido en su desarrollo".

https://politica.elpais.com/politica/2017/12/04/actualidad/1512390683_479564.html

IMPUTADOS TRES EMPRESARIOS POR AYUDAR A GRANADOS A OCULTAR LA PROPIEDAD DE UNA MANSIÓN

El juez cita a declarar a los administradores de las tres sociedades que se sucedieron como titulares de una vivienda de lujo en Valdemoro que se sospecha que era del exdirigente del PP madrileño

El titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García Castellón, ha citado como imputados para el próximo 8 de enero a tres empresarios madrileños a los que acusa de haber ayudado al presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, a ocultar la supuesta propiedad de una vivienda de lujo en Valdemoro, la localidad del sur de Madrid en la que fue alcalde y donde comenzó su carrera política. Los empresarios son Consuelo Astasio López, administradora de Taller de Arquitectura y Gestión de Obra SL; Rafael Navarro Conde, de Conde Guedan SL; y Millán Jesús Pradana Cuellar, de Calderín de Valdemoro SL. En el auto por el que los llama a declarar, el magistrado detalla que todos ellos figuraron de manera ficticia y sucesiva como propietarios de la finca que otro imputado en la causa, el constructor Ramiro Cid, regaló a Granados por sus supuestos favores urbanísticos para que se levantara una casa en la mejor zona de Valdemoro.

La vivienda bajo sospecha fue levantada por Ramiro Cid en dichos terrenos bajo las directrices estéticas de la esposa del político, la también imputada Nieves Alarcón. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a cambio el empresario supuestamente se vio beneficiado como "adjudicatario recurrente en ventas de suelo público" en la localidad madrileña de Valdemoro. Construida sobre un solar de 1.700 metros cuadrados (lo que ocupan seis chalés adosados), la vivienda iba a tener piscina con el vaso revestido de cuarcita dorada y el perímetro cubierto de pizarra negra. Además, al amplio jardín iban a dar un porche levantado en piedra arenisca.En la cocina, el político y su mujer se habían gastado 80.000 euros, con muebles de cocina valorados en 44.000 y con 17.000 en electrodomésticos. Sólo la nevera costaba 7.000 euros y el horno, otros 4.000. El resto de la vivienda seguía la misma línea: baño turco y sauna, vestidor con mando a distancia, tres chimeneas y ducha con cromoterapia y efecto niebla.

Según recoge ahora el juez García Castellón en su auto, los tres empresarios ahora imputados participaron a partir de 2008 en sucesivas maniobras para "encubrir el patrimonio ilícito de Francisco Granados a través de artificiosas compraventas" de las seis parcelas de la calle Chequia de Valdemoro donde se levantó la ostentosa vivienda unifamiliar. En concreto, Consuelo Astasio y Rafael Navarro están acusados de haber simulado en 2008 la compra de dichos terrenos a Ramiro Cid para "velar a su verdadero propietario, en referencia al exdirigente del PP madrileño, y "a su testaferro oficial, Ramiro Cid". En este sentido, el magistrado destaca que ambos empresarios recogieron en escrituras públicas la supuesta adquisición de las fincas y las inscribieron en el registro de la propiedad a nombre de sus sociedades. Sin embargo, un día después, los dos firmaron un contrato privado con Cid por el que éste conservaba la propiedad real de dichos terrenos.

Después de que en febrero de 2009 el diario Público comenzase a informar sobre la existencia de la vivienda unifamiliar y su vinculación con Granados, éste y su presunto testaferro realizaron una nueva maniobra de ocultación en la que supuestamente participó el tercer empresario ahora imputado. Según reflejan los informes de la UCO en los que el magistrado sustenta su decisión, en julio de 2011 el inmueble y los terrenos fueron comprados por 716.000 euros por Calderín de Valdemoro SL, propiedad de Millan Jesús Pradana, en lo que el juez considera como una "adquisición tampoco real". El anterior instructor de la causa, el juez Eloy Velasco, ya tomó declaración a este empresario por estos hechos.

Entonces, el supuesto testaferro negó cualquier irregularidad en la compra y aseguró que había adquirido aquella construcción porque "el precio de venta había bajado considerablemente" y "estaba dentro de sus posibilidades económicas", además de tener la intención "de sacar dos viviendas de esta edificiación para sus hijas". Sin embargo, también admitió que esto último no fue posible porque el chalé había sido levantado "con los servicios e instalaciones ejecutados para una sola vivienda". Por ello, la Guardia Civil recogió en uno de sus informes su convencimiento de que el empresario presuntamente mintió en su testimonio ya que "llama la atención que se pague una cantidad tan elevada de dinero como son 716.000 euros sin haber hecho indagaciones mínimas sobre la posibilidad de acometer dicho proyecto".

La UCO concluía que la participación en esta supuesta maniobra de ocultación de Millán Jesús Pradana pudo estar motivada por haber sido beneficiado en 2007 en un convenio entre el Ayuntamiento de Valdemoro y la sociedad pública del suelo Arpegio, entonces controlada por Granados desde su puesto de consejero de Presidencia del Gobierno de Esperanza Aguirre. Arpegio pagó 4,2 millones de euros en terrenos a la sociedad de Pradana a cambio de que cediese 80.672 metros cuadrados de su propiedad en el municipio para incluirlos en un espacio verde. Las irregularidades de aquel convenio provocaron que en abril de 2015 fuera anulado por el Tribunal Supremo. Ahora, el juez quiere que él y los otros dos empresarios declaren como imputados acusados de un supuesto delito de blanqueo de capitales.

https://politica.elpais.com/politica/2017/12/20/actualidad/1513761417_601238.html

NUEVOS INFORMES DEL ‘CASO PÚNICA’ REFUERZAN LAS ACUSACIONES CONTRA LUCÍA FIGAR

El juez instructor del caso Púnica de corrupción, Manuel García-Castellón, ha recibido en las últimas semanas dos informes con nuevos indicios sobre irregularidades en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en la etapa en la que estuvo dirigida por Lucía Figar, del PP. Los investigadores elevan de 81.000 a más de 122.000 euros los fondos públicos de la Consejería que supuestamente se desviaron a mejorar la imagen política de Figar en Internet y las redes sociales con las empresas del informático Alejandro de Pedro.

El primero de los dos informes comprometedores para Lucía Figar llegó a la mesa del juez García-Castellón a finales de septiembre. En él, las dos fiscales Anticorrupción del caso Púnica, María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá se oponen tajantemente a la desimputación de la exconsejera de Educación madrileña, cuyo nombre sonó como posible sucesora de la popular Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid. Figar, que estuvo en los gobiernos regionales entre junio de 2005 y junio de 2015, cuando dimitió tras ser imputada en el macrosumario, está apartada de la política.

En el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la fiscalía enumera “los indicios poderosos” del supuesto pago con dinero público de trabajos para mejorar la imagen de Figar en las redes sociales. Según el ministerio público, la exconsejera “fue una de las primeras autoridades en contratar los servicios” de lavado de imagen en Internet del informático Alejandro de Pedro y su socio, el exalcalde socialista de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa. Lo hizo “a finales de 2010” y, desde aquel momento y hasta que la trama fue desarticulada, en octubre de 2014, Figar “recibió sus dossieres de forma continuada con frecuencia casi mensual”.

El segundo informe sobre Figar, del 12 de diciembre, lo remitieron los responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este documento detalla y amplía las supuestas irregularidades cometidas en la Consejería de Educación madrileña en la etapa de Figar, que el pasado mayo pidió al entonces juez instructor, Eloy Velasco, el archivo de la causa contra ella.

“Si valoramos su contenido y la forma en la que se han elaborado los dossieres de marras, son de inequívoco significado laudatorio hacia su persona y gestión”, recalca la fiscalía. En un primer momento se cifró el dinero presuntamente desviado en 81.000 euros, aunque en este último informe Anticorrupción eleva esta cuantía hasta los 122.252 euros.

Con los trabajos realizados con dinero público por las empresas de De Pedro, Figar consiguió supuestamente que las noticias en las que se la criticaba por la autoconcesión de un cheque-guardería fueran desplazadas en los buscadores de Internet por otras positivas sobre ella y su gestión. Por todo ello, la fiscalía le imputa delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho.

Anticorrupción destaca como evidencia de las irregularidades el hecho de que Figar autorizase a los empleados de Alejandro de Pedro a gestionar “todas sus redes sociales con sus claves y contraseñas”. En un documento intervenido en la sede de las empresas del experto informático a una de las trabajadoras encargada de posicionar los tuits de la política del PP esta se vanagloriase de “los 39.000 impactos provocados en la red social”.

También resalta que la trama Púnica creó 51 perfiles falsos en Twitter que “operaron concertadamente” con el único fin de mejorar el posicionamiento de las noticias positivas sobre la entonces consejera madrileña. Una red de la que supuestamente también se valió para que se atacara al socialista Tomás Gómez y al que fuera tesorero de su propio partido, Luis Bárcenas, cuando estalló el escándalo de sus cuentas en Suiza.

“Durante los cuatro años de servicios entre la Consejería y la trama —continúa el informe de Anticorrupción— se urdieron una serie de estratagemas para adjudicar de forma directas los trabajos de imagen y reputación en favor de Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso”. En concreto, detalla la fiscalía, se utilizaron cuatro empresas distintas para facturar los servicios, aunque siempre los realizaban EICO, una de las mercantiles de De Pedro. En las facturas supuestamente se hacían constar conceptos distintos a los reales.

Las empresas del informático se beneficiaron supuestamente de contratos públicos fraccionados para que las adjudicaciones no superaran la cantidad que obligaría a sacarlas a concurso público. También se combinaron de manera “arbitraria” contratos mensuales y anuales.

Finalmente, Anticorrupción se detiene en analizar la adjudicación que De Pedro recibió poco antes de su detención en octubre de 2014 de dos contratos vinculados al diseño de un portal web del proyecto 'Study in Madrid', centrado en atraer estudiantes extranjeros a la comunicad. Según el sumario, De Pedro inició los trabajos “mucho antes de que se aprobaran los expedientes de contratación”.

https://politica.elpais.com/politica/2017/12/15/actualidad/1513363548_163798.html

UNA FUNDACIÓN INVESTIGADA EN PÚNICA PAGÓ 3.400 EUROS A LA HERMANA DE CIFUENTES

La Guardia Civil cree que la Fundación Dos de Mayo de Esperanza Aguirre sirvió para financiar al Partido Popular

La hermana de Cristina Cifuentes, Margarita Cifuentes Cuenca, cuenta en su haber con otra extraña aparición, más allá de la polémica del premio otorgado por el Ministerio de Defensa y de su fichaje presuntamente ilegal en la Universidad Rey Juan Carlos I. Porque Margarita Cifuentes también tiene una mención dentro del sumario del caso Púnica. En concreto, en una factura de 3.400 euros de la investigada Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, creada por Esperanza Aguirre.

Corría el año 2007. Cataluña no aspiraba a la independencia, pero eran los tiempos del Estatut catalán y del recurso del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. Además, quedaba un año para el segundo centenario de la Guerra de Independencia, y Aguirre se sacó de la manga la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, para “reforzar el sentimiento de que España es una gran nación”.

Hablamos de una época en la que Cifuentes no estaba bajo los focos como ahora, pero en la que ya ocupaba grandes cargos. Hasta 2008 fue vocal de Fundescam -otra fundación investigada en Púnica-, en aquella legislatura fue vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid -y adjudicó el contrato de la cafetería investigada en Púnica- y secretaria de política territorial del PP y una de las responsables de la campaña regional de 2007 -que habría sido financiada ilegalmente según ha señalado la Guardia Civil en Púnica-.

Tras servir de paraguas para varios proyectos patrióticos, la Fundación acabó en bancarrota, sin fondos públicos, y cerrando en el año 2014. Su página web, www.fundaciondosdemayo.es en una especie de blog cajón de sastre con artículos sobre decoración y restaurantes. Pero de por medio se llevó varias inyecciones de dinero que están bajo la lupa de la Justicia.

En concreto, el juzgado de instrucción número 6, encargado del caso Púnica, investiga si el Partido Popular de Madrid utilizó la fundación para financiarse de manera irregular. Dentro de esta causa, la Guardia Civil apunta a dos ingresos, en 2008 y 2009, provenientes de la Fundación Caja Madrid que ascienden a 4,5 y 1,86 millones de euros respectivamente, tal y como señalan los escritos judiciales incorporados al sumario del caso Púnica.

Fue el juez Eloy Velasco quien, en coordinación con las fiscales del caso, quien atendió a las peticiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para pedir información a la Agencia Tributaria sobre la Fundación Dos de Mayo. Los agentes sospechaban que entre 2007 y 2010 este organismo habría servido para financiar las campañas del Partido Popular de una manera similar a como lo hacía Fundescam, que usó ingresos de Caja Madrid para pagar actos electorales del PP.

Y es dentro de esta información requerida a la Fundación Dos de Mayo donde se encuentra un desglose de gastos y facturas en los que aparece Margarita Cifuentes Cuenca como receptora de 3.400 euros. El pago a la hermana de Cifuentes no especifica su labor, aunque aparece señalada junto a José Arrabal Lozano, que recibe 12.000 euros y a cuyo nombre también hay registrado en la Biblioteca Nacional la obra 2 de mayo: Fiesta de la Independencia guión para la representación de los hechos del 2 de mayo de 1808.

https://www.elplural.com/politica/2017/12/07/una-fundacion-investigada-en-punica-pago-3400-euros-la-hermana-de-cifuentes

ANA BOTELLA SE SIRVIÓ DE LA RED PÚNICA PARA MEJORAR SU IMAGEN POR 60.000 EUROS

Un informe de la Guardia Civil detalla los contactos de la exalcaldesa madrileña con la trama de corrupción

La exalcaldesa de Madrid Ana Botella utilizó los servicios del empresario Alejandro de Pedro, uno de los principales imputados del caso Púnica, para mejorar su imagen en Internet, según la Guardia Civil. En agosto de 2013, la entonces regidora y su esposo, el expresidente José María Aznar, se reunieron con De Pedro en Marbella. Tras ese encuentro, la jefa de prensa de Botella concertó supuestamente con De Pedro que el Ayuntamiento pagaría 60.000 euros por estos trabajos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó el 2 de noviembre al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón un informe de 69 páginas sobre los trabajos realizados entre 2013 y 2014 por las empresas del empresario valenciano Alejandro de Pedro para mejorar la deteriorada imagen política de Ana Botella. El documento sostiene que, en el verano de 2013, De Pedro presentó a la entonces alcaldesa de Madrid “una propuesta de servicios en materia de reputación online” en una reunión en Marbella con ella y con Aznar que supuestamente le fue conseguida por su amigo el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana.

Los trabajos de las empresas de De Pedro consistían en crear y difundir noticias positivas sobre los cargos públicos para desplazar a las noticias negativas en los buscadores de Internet. De estos servicios de reputación personal, pagados con dinero público, hicieron uso otros políticos del PP, como el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, la exconsejera madrileña Lucía Figar o la senadora Pilar Barreiro. Todos están imputados por corrupción.
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“Fruto de la reunión con Ana Botella en Marbella, Alejandro de Pedro entraría en contacto con la jefa de prensa de la alcaldesa, Elena Sánchez, dando por iniciado el proyecto poco después mediante la difusión de noticias favorables a la alcaldesa a través de su red de medios digitales”, sostiene la UCO en su informe. La Guardia Civil solo aprecia responsabilidad penal en De Pedro, su socio José Antonio Alonso Conesa, Elena Sánchez y Zaplana.

Según las conversaciones intervenidas por mandato judicial, el contacto personal entre Botella y De Pedro se produjo a finales de agosto de 2013, días antes de que la regidora viajara a Buenos Aires para defender la fallida candidatura olímpica de Madrid 2020.

Los investigadores, tras analizar decenas de correos electrónicos, consideran que De Pedro pactó con Sánchez el pago de 60.000 euros por los servicios de reputación online de su jefa. Aunque los trabajos se iniciaron días después de la reunión de Marbella, “de los distintos mensajes cruzados se deduce que la contratación” de estos servicios “no termina de concretarse”, según la UCO.

El principal problema consistía en la dificultad de facturar esos trabajos con cargo al presupuesto municipal. En marzo de 2014, después de que De Pedro se valiera de Zaplana para reclamar los pagos íntegros —solo cobraron 400 euros mensuales de los 12.000 previstos en cinco meses—, la jefa de prensa de Botella le contesta vía Whatsapp: “Es que sólo nos dan eso. Pero hay un plan b. Ya te contaré”. La solución fue subcontratar a una de las empresas de De Pedro en un contrato de publicidad municipal.

Una reputación en internet "preocupante"

El 1 de agosto de 2013, De Pedro envió a la secretaria de Zaplana un primer informe sobre la imagen de Botella en Internet para que se lo hiciera llegar a la entonces alcaldesa con el comentario de que en esos momentos era “verdaderamente preocupante”. El documento detallaba que las 10 primeras noticias que salían en Google al teclear el nombre de la alcaldesa eran “todas negativas”. Lo mismo ocurría en Facebook, Twitter y Youtube, donde se la relacionaba con términos como “incapaz”, “quiebra”, “Bárcenas” y la tragedia del “Madrid Arena”. De Pedro proponía utilizar su red de 100 diarios digitales zombis para “fortalecer la notoriedad de Ana Botella”.

https://politica.elpais.com/politica/2017/11/27/actualidad/1511806926_172134.html

LA GUARDIA CIVIL CONFIRMA A BRUSELAS QUE INVESTIGA DOS PRESUNTOS DESVÍOS DE FONDOS EUROPEOS A CAMPAÑAS DEL PP

La Oficina Antifraude de la UE había preguntado por un caso, pero la UCO le señala hasta dos supuestos amaños de 3 millones de euros destinados a la creación de empleo

A principios de octubre, la Unión Europea se interesaba por la investigación del caso Púnica y preguntaba a la Justicia española sobre el uso de fondos europeos para la financiación irregular del Partido Popular de Madrid. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha dado la respuesta que le pidió al respecto el juez del caso Púnica y ha señalado que no sólo están investigando un contrato, como pensaba Bruselas, sino que hay dos casos bajo la lupa policial y que suman tres millones de euros.

A finales de octubre, la cadena de información se daba la vuelta. Primero, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) había pedido información a la Audiencia Nacional sobre las pesquisas del caso Púnica sobre adjudicaciones de la Comunidad de Madrid con fondos europeos. El organismo dependiente de la Unión Europea quería abrir una investigación al respecto y se puso en contacto con el Juzgado de Instrucción número 6.

En concreto, la OLAF quería saber el estado de la investigación sobre la adjudicación de 2 millones de euros que el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) había hecho en 2006 Over Marketing, empresa investigada por la presunta financiación de la caja B del PP de Madrid.

Más información: La Guardia Civil certifica los trabajos de Púnica para Ana Botella

Su titular, Manuel García Castellón, trasladó la pregunta a la Guardia Civil que ha respondido en un informe al que ha tenido acceso a El Plural, en el que confirma que está investigando ese contrato con fondos europeos y añade que también tiene “bajo análisis” un segundo contrato de un millón de euros, pagados al 80% por la Unión Europea.

La UCO señala que la primera adjudicación, una campaña sobre “la importancia de autónomos/pymes”, está siendo analizada dentro su investigación sobre “los contratos” de la Comunidad de Madrid a Over Marketing “en relación con la financiación de actos de campaña del Partido Popular” en Madrid. Y subraya que “dicho contrato estaría financiado por el Fondo Social Europeo”, cuyas partidas deberían servir para la creación de empleo, aunque señalan que “se desconocería el porcentaje” que habría venido de Europa.

Sin embargo, lo tienen más claro en el segundo contrato y del que la Unión Europea no tenía noticia. La Guardia Civil informa de que “de igual modo” se está investigando el “servicio de Publicidad para la campaña del plan de residuos”, adjudicado también en 2006 a Over Marketing por un millón de euros. “Respecto a este último contrato, estaría financiado por el Fondo Social Europeo en un 80%”, señala la UCO.

La OLAF tuvo conocimiento de esta causa después del escándalo de la desaparición de los contratos. Cuando le fue requerida por la investigación, la Comunidad de Madrid respondió a la Justicia que había perdido la documentación sobre estas adjudicaciones. El hecho de que el encargado de custodiarla fuera un imputado en Púnica no ayudó a aligerar la polvareda y la eurodiputada de Izquierda Unida, Marina Albiol, avisó a la OLAF de las desapariciones de los documentos.

Más información: Madrid obligó a las constructoras del Metro a pagar 700.000 euros a la Púnica para fiestas en honor de Aguirre

Según la investigación de Púnica, Over Marketing habría recibido varias adjudicaciones millonarias de la Comunidad de Madrid entre 2006 y 2007 –cuando hubo elecciones regionales-, así como contrataciones de constructoras privadas que habrían ganado concursos públicos bajo el Gobierno de Aguirre. La UCO sospecha que ese dinero serviría para sufragar los actos de campaña del PP que habría realizado Over Marketing.

Over Marketing, beneficiaria de las adjudicaciones, no sólo está señalada en Púnica. La empresa es propiedad de Daniel Horacio Mercado y, además de estar imputado en la causa sobre la presunta caja B de la época de Esperanza Aguirre al frente del PP de Madrid, también está encausado en el caso Palma Arena. En concreto, en la pieza separada que investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular en Baleares con un mecanismo similar.

https://www.elplural.com/politica/2017/11/27/la-guardia-civil-confirma-bruselas-que-investiga-dos-presuntos-desvios-de-fondos

UNA EMPRESA INVESTIGADA EN 'PÚNICA' ENDOSÓ AL GOBIERNO DE MADRID EL PAGO DE FOLLETOS ENCARGADOS POR EL PP

Uno de los archivos del grupo Over incorporados a la causa cimenta las sospechas sobre la financiación del PP con fondos públicos: "Cliente: Partido Popular Leganés. Producto: Folleto Severo Ochoa. Facturar a: "Consejería de Sanidad"

La ficha, a la que ha tenido acceso infoLibre, se elaboró cuando el grupo ya estaba cobrando de una promotora inmobiliaria los servicios de asesoramiento que prestaba a la entonces candidata del PP en Leganés y hoy alto cargo de Cifuentes

Los nuevos documentos de uno de los grupos empresariales investigados en la Operación Púnica por presunta financiación del PP de Madrid, Over Marketing, cimentan una de las más firmes hipótesis de la investigación: que la formación conservadora utilizó fondos públicos para su estricto uso partidista. Uno de los archivos internos de Over, al que ha tenido acceso infoLibre, constata cómo el conglomerado empresarial endosó a la Consejería de Sanidad de Madrid el coste de 65.000 folletos del hospital Severo Ochoa de Leganés que había encargado el PP de ese municipio. La ficha contable dice esto: "Cliente: Partido Popular Leganés. Producto: Folleto Severo Ochoa. Facturar a: Consejería de Sanidad y Consumo".

El paquete documental incluye en efecto copia de una factura enviada por una de las filiales de Over, Link América SL, a esa consejería por el mismo concepto que refleja el ya citado archivo interno. El importe, aquí, es un dato menor –10.426,08 euros– dada la magnitud de los cobros que Over y sus empresas satélite percibieron solo del Gobierno de Esperanza Aguirre: casi 10 millones de euros.

La ficha contable sobre los folletos del Severo Ochoa, uno de los innumerables papeles incautados en su día por la Guardia Civil durante los registros de la sede de Over, aparece fechada el 12 de julio de 2006. En aquel momento, confluían dos hechos: el primero y más conocido, que el Gobierno de Esperanza Aguirre ya había desatado la cacería contra parte del equipo médico del hospital de Leganés, acusado en falso de matar a pacientes mediante sedaciones ilegales; el segundo hecho, desvelado el miércoles por este diario, estriba en que en julio de 2006 Over Marketing ya estaba cobrando de una promotora inmobiliaria los servicios de asesoramiento que prestaba a la entonces candidata y presidenta del PP en Leganés y hoy alto cargo de Cifuentes: Guadalupe Bragado, número 4 de la Consejería de Educación y responsable del reparto de fondos de la FP.

El Ejecutivo de Cristina Cifuentes ha decidido mantener a Bragado en su puesto en tanto no pese sobre ella un auto de imputación formal. Bragado, que el martes dijo no recordar nada sobre los pagos que constructora Geicop Leganés SA hizo a Over por el "asesoramiento político" que ese grupo le estaba prestando a ella misma, ni siquiera los emails donde daba instrucciones de a quién debían cobrarle el servicio, no atendió ayer las llamadas de este periódico. De la misma forma, no respondió a los mensajes con que infoLibre la informó por la tarde de la existencia de un archivo interno relativo al encargo de folletos del hospital Severo Ochoa cuyo coste fue endosado a la Consejería de Sanidad, entonces dirigida por Manuel Lamela. Los portavoces del Gobierno regional tampoco contestaron.

¿Sesión de fotos del Severo Ochoa o de "ocho hospitales nuevos"?

Al igual que ocurre con el servicio de "asesoramiento político" a Bragado iniciado en septiembre de 2005 y por el que el grupo Over cobró 1.000 euros al mes a la constructora Geicop Leganés SA, la ficha contable sobre los folletos del Severo Ochoa resulta inequívoca. El apartado destinado a detallar el "producto" dice esto: "Realización de una sesión de fotos en el hospital Severo Ochoa, creatividad y artes finales, impresión de 65.000 ejemplares y buzoneo de un folleto del hospital Severo Ochoa. 8.988 euros + IVA". En la última línea se lee lo siguiente: "Facturar a Consejería de Sanidad y Consumo, enviar fra. a la atención de Germán Rasilla". Rasilla era uno de los más destacados asesores del consejero Manuel Lamela: de hecho, se sumó a la empresa privada BAPPH (Business Assesstemt Plans and Projects Healthcare SL), fundada por Lamela tras abandonar la política institucional. En la parte superior del folio, una anotación manuscrita indica cuál de las empresas del grupo Over emitiría la factura: Link América SL.

Y, en efecto, seis días más tarde de que la ficha quedase confeccionada, Link América SL giró el 19 de julio de 2006 una factura contra la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno de Madrid por 8.988 euros más IVA. ¿El concepto? Exactamente el mismo que aparece en la ficha interna elaborada con el "Partido Popular Leganés" como cliente y con instrucciones expresas de cobrarle al Gobierno autonómico.

¿Pagó la Consejería de Sanidad esa factura? Los documentos a los que ha tenido acceso infoLibre impiden ofrecer una respuesta definitiva. Pero entre esos documentos hay un tercero cuyo contenido sugiere que alguien trató de camuflar el carácter del trabajo realmente efectuado. Ese tercer papel es una especie de borrador de factura fechada el 14 de diciembre de 2006, donde se supone que por error –una tachadura a bolígrafo y una corrección manuscrita así lo apuntan– aparece otra Consejería, la de Familia, como destinataria y en la que falta el dato de quién la emite: solo consta, también escrito a mano, la palabra "Link".

Pues bien, ese borrador se presenta como factura "rectificativa" de la que el 19 de julio de ese mismo año había girado Link América e introduce en negativo, para su supuesta devolución, los 10.426,08 euros del importe inicialmente cargado. Pero la diferencia sustancial aflora en el concepto: la elaboración y buzoneo de aquellos folletos del Severo Ochoa encargados por el PP de Leganés ya han desaparecido como servicio prestado. Y en su lugar figura lo siguiente: "Realización de una sesión de fotos de los ocho hospitales nuevos de la Comunidad de Madrid". ¿Llegó a enviar esa factura "rectificativa" el grupo que capitaneaba el empresario Daniel Mercado? ¿Devolvió Over los 10.426,08 euros? Las dos preguntas carecen por el momento de respuesta.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/11/24/una_empresa_investigada_punica_endoso_gobierno_madrid_pago_folletos_encargados_por_pp_72303_1012.html

NUEVOS PAPELES DE 'PÚNICA' DESTAPAN QUE UNA CONSTRUCTORA PAGÓ EN 2007 LA CAMPAÑA DE UN ALTO CARGO DE CIFUENTES

Documentos recién incorporados a la causa, a los que ha tenido acceso infoLibre, destapan cómo una empresa del grupo Over Marketing asesoró a la actual directora general de Formación de Madrid, Guadalupe Bragado, en su carrera hacia la alcaldía de Leganés Los correos electrónicos incautados, los archivos contables internos y las propias facturas indican que fue ella misma quien dijo a qué empresa había que girarle las facturas: Geicop Leganés SA A preguntas de este periódico, Bragado asegura que no recuerda los hechos porque ha transcurrido mucho tiempo

La actual directora general de Formación Profesional del Gobierno de Madrid, Guadalupe Bragado, recibió desde el otoño de 2005 y en su carrera hacia la alcaldía de uno de los mayores municipios de Madrid, Leganés, en las elecciones de 2007, "asesoramiento político" de una de las empresas investigadas en la Operación Púnica. Pero el coste de esos servicios no fue sufragado por el PP sino por una promotora inmobiliaria. Así lo desvelan algunos de los nuevos documentos incorporados a la causa y relativos al grupo Over Marketing, uno de los más beneficiados por el PP en contratos de publicidad y a los que ha tenido acceso infoLibre. Su propietario, el investigado Daniel Mercado, ya admitió durante su interrogatorio en otro caso que había obtenido contratos amañados en Baleares y otras comunidades, Madrid entre ellas. Y que le hacía actos gratis al partido.

Correos electrónicos incautados a Over Marketing indican que Guadalupe Bragado no solo consintió con la fórmula empleada para ocultar ese "asesoramiento" clandestino sino que fue ella misma quien dio instrucciones de a qué empresa debían girarse mes a mes los cargos: Geicop Leganés SA. Todas las facturas fueron emitidas por una de las filiales de Over, Link América SL. Y todas se giraron por importe mensual de 1.000 euros salvo la primera, a la que se aplicó una rebaja del 50% dado que el "asesoramiento político" a la dirigente del PP había comenzado a mediados de septiembre de 2005: lo dice expresamente el primero de los archivos contables del grupo Over relativos a Bragado. La ingente documentación remitida desde Baleares a petición del juez Manuel García Castellón –fue intervenida en los registros del denominado caso Palma Arena– ya está siendo analizada en Madrid por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Es en ese paquete de documentos donde se localizan sucesivas facturas de Link América contra Geicop emitidas al menos hasta diciembre de 2006. En 2007, la promotora inmobiliaria hizo nuevos y aún mayores pagos al grupo Over.

A primera hora del martes, este periódico habló con Bragado, que ocupa el número 4 en el organigrama de la Consejería de Educación madrileña. La directora general de Formación, que en ningún momento desmintió ninguno de los datos que infoLibre puso en su conocimiento, incluida la existencia de los correos que delatan el plan para disfrazar o falsear las facturas y la identidad de la empresa que las abonó, esgrimió que ha transcurrido "mucho tiempo" y que no recuerda nada. ¿Le parece normal que un constructor financie la campaña de un político con facturas camufladas? Bragado se limitó a responder que desconoce los datos que le fue facilitando este diario durante la conversación telefónica. Y a la pregunta de si le preocupa poner en peligro la imagen del Gobierno de su jefa de filas, Cristina Cifuentes, contestó lo siguiente: "No considero que esa información que usted me está refiriendo afecte directamente al Gobierno" de Madrid. La UCO no ha contactado con ella, aseguró la también expresidenta del PP de Leganés.

El cliente real era el partido

En el bienio 2006-2007 Geicop Leganés abonó a Link América 111.484 euros, y así lo confirma el llamado Modelo 347 de Hacienda sobre Operaciones con Terceros. Esa cifra no incluye los desembolsos de 2005: cuando los pagos a un mismo proveedor quedan por debajo de 3.000 euros en el conjunto del año, no quedan reflejados en el formulario de Operaciones con Terceros. ¿Constituye una excepción lo sucedido con Bragado? ¿Fue esta, por el contrario, la pauta seguida para esconder los trabajos que Over y otras empresas prestaron a quienes se encontraban en la oposición y carecían por tanto de herramientas para compensar a sus asesores con dinero público, entrara o no ese objetivo en sus planes? Esa es todavía una incógnita. Los investigadores sospechan que, al igual que ocurría con la trama Gürtel, también el grupo de Daniel Mercado se cobró servicios al PP emitiendo facturas falsas contra empresarios afines a la formación conservadora.

El entrecomillado "asesoramiento político" se corresponde con los términos que el grupo Over, comandado por el empresario Daniel Mercado, utilizaba en sus archivos contables internos. Y esas fichas internas, que prefiguraban la futura factura, no admiten duda: como cliente –el real– aparece "PP Leganés". En el apartado "campaña/acción" consta el citado "asesoramiento político", el número de orden es asimismo un código alfanumérico que remite de nuevo al PP ("GABTE/PPLEG/01, por ejemplo). Y es la "descripción del trabajo" la que revela el concepto ficticio que incorporará la factura: "Realización de trabajos de publicidad y asesoramiento de comunicación". La factura –determina la ficha– debía ser enviada a quien entonces era el responsable administrativo de Geicop Leganés SA, Ignacio C., cuyo apellido omite infoLibre y que no ha podido ser localizado. En la sede de Geicop Leganés SA, nadie atendió ayer las llamadas de este periódico.

Una tras otra, las facturas aparecen envueltas bajo un idéntico camuflaje destinado a ocultar que Geicop Leganés se limitaba a pagar por servicios que en realidad no había recibido. El concepto formal es siempre el mismo: "Trabajos de publicidad y asesoramiento de publicidad".

"Por favor, indícanos un nombre de contacto en la empresa para enviarle la factura"

Entre los papeles requisados a Over Marketing hay tres correos electrónicos que el 28 de septiembre de 2005 se cruzaron Guadalupe Bragado y Javier Rodríguez Monasterio, número dos en el organigrama del grupo de Daniel Mercado. En el primero, enviado a las diez menos veinte de esa mañana y tras expresar su satisfacción por "la colaboración que recientemente hemos iniciado con vosotros", Bragado le escribe a Monasterio lo siguiente: "En la última reunión contigo comentamos que sería necesario que os hiciera llegar los datos para facturar el mes de septiembre y siguientes. Pues bien, los datos son: Geicop Leganés SA". Y de inmediato, añade la dirección de la empresa y su NIF.

Rodríguez Monasterio le respondió al filo de las doce. La saluda, se congratula también él por haber entrado en contacto con ella y añade algo sustancial: "Respecto al tema de la facturación solo un comentario, si no hay inconveniente por tu parte incluiremos en la factura el siguiente concepto 'Realización de trabajos de publicidad y asesoramiento comunicación mes...' Por favor, indícanos por favor un nombre de contacto en la empresa para poder enviarle la factura, gracias".

Su interlocutora, es decir, la persona que ahora maneja los fondos de Madrid para Formación Profesional, tardó menos de una hora en responder a ese segundo email. Esta vez fue escueta. Pero su mensaje resulta inequívoco: "Buenos días, Javier. La persona de referencia que me pedías es: D. Ignacio C.". El apellido aparece completo en el correo. Y es el del ya mencionado responsable administrativo y contable de Geicop Leganés.

El folio intervenido por la Guardia Civil y en el que quedaron impresos los tres correos electrónicos contiene tres anotaciones manuscritas: la primera, que encabeza la página, dice "Facturación Leganés"; junto a esas dos palabras, una flecha conduce al nombre de la compañía del grupo Over que emitía las facturas, es decir, Link; la segunda anotación aparece junto al primero de los correos de la serie y su contenido resulta inequívoco: "Geicop (PP Leganés)". La tercera, situada cuatro líneas más abajo, reproduce uno de los teléfonos que este martes seguían figurando a nombre de Geicop, aunque el mensaje de respuesta a cada llamada siempre fue este: "El número marcado no está en servicio".

infoLibre intentó durante toda la jornada del martes recabar la versión de Geicop. Pero ninguno de los teléfonos contratados a su nombre estaba operativo. Tampoco fue posible localizar a ninguna de las personas que en los últimos diez años se han sucedido en el cargo de administrador único. La compañía no ha presentado cuentas posteriores a las del ejercicio 2011.

Este diario también contactó con el penalista Jaime Sanz de Bremond, que representa en Púnica a Daniel Mercado. El abogado declinó pronunciarse porque no considera correcto abordar ningún asunto relacionado con la causa en tanto su cliente no haya prestado declaración ante el juez. En principio, Mercado debe declarar el próximo día 30 ante el titular del juzgado 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/11/22/nuevos_papeles_punica_destapan_que_una_constructora_pago_campana_alto_cargo_cifuentes_72173_1012.html

LAS CONSTRUCTORAS DE LOS HOSPITALES GASTARON CASI MEDIO MILLÓN EN LAS PRIMERAS PIEDRAS DE ESPERANZA AGUIRRE

La UCO investiga el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007. La Consejería de Sanidad obligaba a las empresas adjudicatarias a costear propaganda

Empresas adjudicatarias del Plan de Infraestructuras 2004-2007 de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid pagaron directamente eventos en los que se publicitaba, de facto, la imagen del Gobierno del Partido Popular madrileño con dinero procedente de las arcas públicas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga en una pieza declarada secreta en el marco del caso Púnica si las empresas concesionarias de la construcción de hasta 10 hospitales bajo el mandato de Esperanza Aguirre pagaron publicidad del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid con dotaciones de dinero público. Así se desprende de los documentos a los que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, según los cuales, este periódico ha podido comprobar que las empresas adjudicatarias financiaron los gastos de publicidad destinados a propaganda de las primeras piedras de los nuevos centros de salud, unos actos en los que participaba activamente el gobierno de la capital y de los que sacaba rédito político. En concreto, la cifra asciende a casi medio millón -unos 420.590 euros-.

El juez Eloy Velasco, del Juzgado Central de Instrucción Nº6 de la Audiencia Nacional de Madrid, remitió una petición a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el pasado 6 de marzo de 2017. El magistrado requería que, “de forma inmediata”, el organismo facilitara la documentación relativa al Plan de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid 2004-2007 a fin de discernir si el Ejecutivo de Aguirre obligaba por contrato a las empresas a destinar parte del dinero público que recibían a financiar, directamente, publicidad del partido.

Se investiga si el destino del dinero relativo a la partida de publicidad del 1% se dedicaba a financiar propaganda del partido

Uno de los documentos que reclamó Eloy Velasco fue una copia certificada de los Planes de Información establecidos al efecto por la Administración, donde se incluye una cláusula que obliga a las empresas concesionarias a financiar publicidades. En la cláusula ocho, apartado “y.v” de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de los contratos públicos de Construcción y Explotación de los Hospitales, se obliga a la sociedad concesionaria a afrontar diversos pagos, entre los cuales destaca el apartado v:

Los gastos de publicidad e información de las obras, confección de vídeos o documentos audiovisuales, documentación técnica y gráfica divulgativa, y realización de actos de inicio y fin de obra, de conformidad con los planes de Información establecidos por la Administración, hasta un máximo de un 1% del presupuesto de ejecución material.

Es decir, las empresas constructoras debían destinar un 1% de la dotación presupuestaria (dinero público) a publicitar las obras. El matiz, en este punto, es que, según las facturas aportadas por la Consejería de Sanidad al Juzgado de Instrucción Nº6 de Madrid, en este precepto se incluyeron gastos de publicidad destinados a propaganda de las primeras piedras de los hospitales.

Medio millón que podría ser mucho más

ELPLURAL.COM ha tenido acceso a todas las facturas aportadas por la Consejería de Sanidad a la UCO y, según ha podido confirmar este diario, en la construcción de los hospitales de Aranjuez (Hospital del Tajo), Arganda (Hospital del Sureste), Coslada (Hospital del Henares), Parla (Hospital del Sur), San Sebastián de los Reyes (Hospital del Norte), Valdemoro, Vallecas, Móstoles, Villalba y Torrejón; las empresas gastaron más de 420.590 euros en las primeras piedras.

La publicidad del acto de la primera piedra colocada en el Hospital de Valdemoro costó 95.235 euros

Sin embargo, el costo podría ser mucho mayor, dado que en algunos casos se detalla el concepto de la factura, y en otros, no, por lo que puede haber facturas cuyo “asunto” no aclara si el gasto se ha dedicado a primeras piedras.

En el caso del Hospital de Valdemoro, se detalla el gasto del acto de la primera piedra (70.188 euros), pero, además, se especifica por separado el costo del catering del acto (14.926 euros más), el costo del vídeo que se realizó del acto (2.744 euros) más todas las copias que se hicieron posteriormente y la traducción -locución y adaptación- al inglés (las copias y la adaptación supusieron un desembolso superior a 14.000 euros). En suma, según las facturas aportadas, la publicidad del acto de la primera piedra colocada en el Hospital de Valdemoro costó 95.235 euros.

Pero podría ser más. Algunos extractos detallan el gasto del traslado de la maqueta para el acto, la adecuación del terreno, copias del vídeo... Por ejemplo, el Hospital de Vallecas precisa que el coste de la lona para el acto en cuestión supuso un desembolso de 1.671 euros, pero ningún otro hospital hace referencia a este gasto. Asimismo, los hospitales emiten facturas cuyo concepto es “copias de vídeo” o “rodajes de sesión fotográficas”, pero no concretan si se trata de copias del vídeo realizado durante el evento de la primera piedra (como ocurre en el caso de Valdemoro) o de la progresión y evolución de las obras.

De las facturas se puede extraer la cifra económica que cada hospital realizó de la primera piedra:

-Hospital de Aranjuez: solo detalla que realizaron copias del vídeo de la primera piedra, que costaron 5.278 euros.

-Hospital de Arganda: 56.750 euros del acto más 3.857 copias del vídeo (60.607 euros).

-Hospital de Coslada: 45.448 euros (solo el acto).

-Hospital de Parla: 38.617 (solo el evento).

-Hospital de San Sebastián de los Reyes: 28.454 euros (el acto).

-Hospital de Valdemoro: un total de 95.235 euros.

-Hospital de Vallecas: 60.609 del acto, al que hay que sumar 383 euros del traslado de la maqueta para el evento y una lona, 1.671 (en total, 95.235).

-Hospital de Móstoles: 30.171,66 euros.

-Hospital de Torrejón: 23.780.

-Hospital de Villalba: 26.203,29 euros.

En total, el montante cuya descripción de las facturas especifica que el gasto está relacionado con el acto de la primera piedra, es de 420.590 euros. Pero, como decimos, podría ser superior. La empresa Over Marketing (unas de las compañías en el punto de mira de la UCO) cobraba 2.494 euros por cada mil copias de vídeo, y se realizaban pedidos periódicamente. Casi mensualmente.

A este gasto, habría que sumarle trípticos, spots de televisión, diseño de marquesinas, publicidad en autobuses… Todo ello se incluye dentro del 1% del gasto que las empresas adjudicatarias tienen obligación de gastar en publicidad.

Madrid 'no sabe nada'

La UCO no solo ha pedido a la Consejería de Sanidad las facturas y el pliego de condiciones de los contratos del plan de infraestructuras sanitarias entre 2004 y 2007 (ampliado a posteriori al 2011), sino que también ha reclamado “que se identifique a la persona encargada” que “designó a las empresas que realizaron los servicios de publicidad e información”, así como el nombre de las empresas y el procedimiento de elección, selección y adjudicación que se siguió.

También pidió que se informara del “tipo concreto de servicio de publicidad” y el nombre de las personas que supervisaron estos trabajos.

En su respuesta, la Comunidad de Madrid quiso dejar claro que “los pagos no los realizaba la Consejería, sino que es una obligación de la Sociedad Concesionaria”, tal y como se detalla en los “Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares de cada uno de los Hospitales y Centros de Salud”, por lo que la tramitación de los pagos, aseguran, que no estaba sujeta a la Ley de Contratos vigente en cada momento”.

La Comunidad de Madrid se escuda en que “se desconoce quién fue la persona de esta Consejería” que se “designó para realizar la selección de las empresas”. Eso sí, añaden que era Germán Rasilla Arias (otrora Asesor Técnico del entonces Consejero de Sanidad y Consumo) el que “daba la conformidad a las facturas mediante certificado firmado”. En este sentido, desde Madrid sentencian que no pueden determinar si la decisión de los encargos era de Rasilla o se debía a una orden de “indicación de instancias superiores”.

Asimismo, la Comunidad de Madrid asegura que entre 2004 y 2008 no se tiene constancia del procedimiento de elección, selección o adjudicación de las empresas: “No hay documentación obrante que pueda justificar estos extremos”, al tiempo que informa que desde 2008 se sigue contratando con las mismas empresas porque en su momento fueron adjudicatarias.

https://www.elplural.com/politica/2017/11/30/las-constructoras-de-los-hospitales-gastaron-casi-medio-millon-en-las-primeras

LA EX JEFA JURÍDICA DE LA ASAMBLEA EXCULPA A CIFUENTES POR EL CONTRATO DE LA CAFETERÍA

Destaca que Cifuentes integraba el Comité de Expertos que avaló aquella adjudicación por el cargo que desempeñaba entonces como hubiera ocurrido con cualquier otra persona

La exjefa del Servicio Jurídico de la Comunidad de Madrid Tatiana Sonsoles Recoder ha exculpado este jueves en la Audiencia Nacional a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, salpicada por la UCO en la trama Púnica en relación con los contratos adjudicados por una mesa de contratación que ella presidía en su etapa como vicepresidenta de la Cámara madrileña entre los años 2007 y 2012, antes de dirigir la Delegación del Gobierno en Madrid.

Ha defendido ante el juez instructor Manuel García Castellón que la licitación en 2009 de este servicio se hizo cumpliendo escrupulosamente con la legalidad vigente y destacado que Cifuentes integraba el Comité de Expertos que avaló aquella adjudicación por el cargo que desempeñaba entonces y formó parte de esta operativa, como hubiera ocurrido con cualquier otra persona.

Recoder, que ha declarado en calidad de investigada, ha respondido a las preguntas de su letrado y de la Fiscalía en relación al contrato que recayó en el Grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández. Según explican fuentes presentes en la declaración, Recoder ha insistido durante los cerca de 45 minutos que ha durado el interrogatorio, en que los criterios que se siguieron venían recogidos en los pliegos y que ella no tenía responsabilidad en revisar el fondo de los mismos, sino simplemente en que se cumplieran, como así ocurrió. En respuesta a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción ha explicado también que se valoró positivamente la experiencia anterior de la empresa en otras licitaciones como por ejemplo la gestión que ostentó hasta 2014 de la cafetería del Congreso de los Diputados.

En julio de 2009, Cantoblanco se llevó la concesión del servicio de hostelería durante el siguiente año tras presentar una oferta de 212.900 euros. Obtuvo una puntuación total de 71,59 puntos y superó al segundo licitador, Clece SA (empresa integrada en ACS), que obtuvo 57,5 puntos. En ese año, la presidenta de la Asamblea era Elvira Rodríguez, actual presidenta de la CNMV. En julio de 2011, Cantoblanco volvió a imponerse en el concurso con una propuesta de 174.960 euros. En este segundo contrato, aunque el proceso de licitación también fue iniciado bajo la presidencia de Rodríguez, la adjudicación la completó su sucesor en el cargo, José Ignacio Echeverría (que dimitió en diciembre de 2015 tras sufrir un accidente de tráfico y superar la tasa de alcoholemia permitida).

En ambos procesos, el órgano de contratación del Parlamento autonómico resolvió que la compañía de Arturo Fernández había presentado la oferta más ventajosa. Según la información a la que ha tenido acceso El Confidencial, Cifuentes, como vicepresidenta primera de la Asamblea, presidió la comisión de expertos que estudió y aprobó la valoración de las ofertas presentadas. Cifuentes fue vicepresidenta de la Asamblea entre 2007 y principios de 2012 y le tocó presidir varias mesas de contratación.

https://www.elconfidencial.com/espana/2017-11-30/la-ex-jefa-juridica-de-la-asamblea-exculpa-a-cifuentes-por-el-contrato-de-la-cafeteria_1486204/

PS TALAMINO. GRANADOS RECONOCE QUE EL CHIVATAZO INCLUYÓ DATOS SOBRE EL ‘CASO PÚNICA’

El político admite en un desliz que el guardia civil sí le indicó que la UCO estaba investigando un caso económico

Francisco Granados se mantenía firme en su declaración por el chivatazo del caso Púnica. Contestaba con firmeza a la representante de la Fiscalía Anticorrupción para negar una y otra vez la existencia de un soplo que le alertase de que estaba siendo investigado. Con sus palabras respaldaba lo que los otros dos procesados, los guardias civiles José Manuel Rodríguez Talamino y José Luis Caro Vinagre, habían declarado el día antes. Sin embargo, al comentar el contenido del segundo encuentro que tuvo con el primero de los agentes en un local de copas de Valdemoro, el político cometió un desliz.

Por primera vez, el presunto cabecilla de la trama admitió que la información que recibió incluía más datos de los que hasta ahora había defendido. Granados reconoció que Rodríguez Talamino le confirmó que participaba en el operativo —su grupo se encargó de instalar un sistema de video vigilancia frente a las oficinas del constructor David Marjaliza— y que las pesquisas estaban centrados en un asunto económico. El desliz no pasó inadvertido a la fiscal Carmen García Cerdá, que era quién realizaba el interrogatorio. “Esto que ha dicho es muy importante”, le espetó al político, que intentó matizar sus preguntas sin mucho éxito.

En una declaración de hora y media en la que a menudo ha cuestionado la labor de Anticorrupción y el contenido de los informes sobre las 14 llamadas que le incriminan en el chivatazo, Granados ha intentado minimizar el contenido de las revelaciones que le hizo el agente Rodríguez Talamino a un simple comentario en una noche de copas en la que su interlocutor estaba “borracho”. El político ha asegurado que se preocupó por el comentario que le hizo este la madrugada del 6 de septiembre de 2014, aunque negó que intentara recabar nuevos datos sobre las pesquisas de las que supuestamente le habían alertado. Ha afirmado que se limitó a mirar en la Wikipedia que era la UCO, pero que no intentó en ningún momento que el tercer encausado, el guardia civil en excedencia Caro Vinagre y miembros del PP como el exdelegado del Gobierno en Madrid, Pedro Núñez Morgades, intentaran recabar nuevos datos sobre las pesquisas.

El exdirigente popular ha dedicado una parte de su declaración a cargar contra David Marjaliza, el que fuera su amigo y socio —aunque él ha negado este último extremo—. Granados ha insistido, como hicieron ayer los abogados de la defensa, en que debía ser el constructor el que estuviera en el banquillo de los acusados ya que él si conoció detalles de la investigación antes de las detenciones. Granados aseguró que el constructor le informó de que había una investigación abierta en la Audiencia Nacional y que, incluso, el empresario tomó medidas para poner a salvo su patrimonio, además de “consultar a una pitonisa para saber si iba a salir bien” de ello.

https://politica.elpais.com/politica/2017/11/15/actualidad/1510746000_645344.html

PS TALAMINO. UNA CONTRADICCIÓN DE MARJALIZA PONE EN RIESGO SU ACUSACIÓN CONTRA GRANADOS

Las contradicciones de David Marjaliza, el presunto conseguidor de la Púnica, están poniendo en entredicho sus acusaciones contra Francisco Granados, ex secretario del PP de Madrid y uno de los principales imputados en la supuesta trama de corrupción. Hace dos semanas se produjo el primer juicio por de la Púnica. Se trataba de la vista celebrada por el supuesto chivatazo que Granados recibió de dos agentes de la Guardia Civil que le avisaron de que estaba siendo investigado por la UCO.La defensa de Francisco Granados sostiene que David Marjaliza y su secretaria y testaferro, Ana Ramírez, mintieron en este juicio para incriminar a Granados y modificaron las declaraciones realizadas ante el juez Velasco a lo largo de la instrucción del caso.

Ambos señalaron en la vista de este mes de noviembre de 2017 que quemaron toda la documentación que contenía las pruebas de los sobornos a cargos públicos y políticos. Según su testimonio, hicieron acopio de los papeles clave durante todo un fin de semana, los dos solos, en sus oficinas. Agregaron que siguiendo instrucciones de Francisco Granados, esperaron un mes hasta que encontraron un día de niebla, a principios de octubre, para quemarlos. Para reducir todos los papeles comprometidos a cenizas mandaron a otro socio de Marjaliza, Eduardo de la Peña, a carbonizarlo todo.

Lo curioso es que la UCO nunca ha podido demostrar que Granados acudiese a la oficina antes de que se quemasen los papeles y tampoco ha acreditado que se lo ordenase en los pinchazos telefónicos. Lo que Marjaliza contó de este asunto clave ante el juez en 2015 fue muy distinto. Hace dos años dijo que gente de toda su oficina les ayudó a sacar tres carros de Carrefour llenos de papeles para calcinarlos y que lo hicieron el 12 y 13 de septiembre. En su día dijo que lo hizo porque entró en pánico y que no dejó nada. En 2015 el juez le preguntó a Marjaliza. "¿La destrucción de documentos es por lo información que le da Paco Granados?". Y Marjaliza contesta: "No es exclusivamente por eso... es un acicate más". No mencionó tampoco como hace ahora a Eduardo de la Peña, el hombre que quemó los papeles y que está acusado por hacer supuestas facturas falsas para Marjaliza. Sobre la quema de los papeles la versión de Ana Ramírez en 2015 también dista mucho de la dada ahora en noviembre en el juicio del chivatazo. Hace dos años dijo que no se quemó nada y que los papeles se los comieron las máquinas, una trituradora, en dos horas y que esos documentos no tenían nada que ver con Granados ya que eran de la compañía Cofely. Muy diferente a lo que dijo hace 15 días cuando señaló que lo que se quemaba eran documentos de las comisiones a Paco Granados. Marjaliza también dijo en 2015 que Granados no le había beneficiado en su actividad empresarial y que todos los pagos que hacía en B los tenía memorizados en la cabeza. No habla nada de un cuaderno donde anota esas cantidades. Y Ana Ramírez insiste en varias ocasiones en 2015 que no había papeles con pagos a políticos y que no los conocía.

Hace dos semanas Marjaliza da otra versión radicalmente distinta. Dice que había un cuaderno donde se apuntaban los sobornos a Francisco Granados y añade que pasaba todos los meses por sus oficinas, desde 1999 a 2011 para cobrar. Es más, en 2015 Ana Ramírez niega que Francisco Granados fuese "jamás por sus oficinas y recibiera dinero". También lo negó en sus primeras comparecencias David Marjaliza, según la defensa de Granados. "Más aún, siempre han manifestado que no llevaban ningún apunte de esa naturaleza", añaden las mismas fuentes. Para la defensa de Granados tanto Marjaliza como Ramírez mienten constantemente y toda la instrucción de la trama Púnica está plagada de contradicciones que ponen en cuestión toda la instrucción del caso. Ayer mismo la defensa de Granados presentó una denuncia para que se investigue las relaciones de Marjaliza con un narcotraficante y que se indague si la UCO cometió una grave infracción penal por omisión del deber de perseguir el delito. David Marjaliza, el presunto conseguidor de la Púnica, fue detenido el 27 de octubre de 2014 y se negó a declarar. El juez Velasco le envió a prisión. En junio de 2015 llega a un acuerdo con la Fiscalía para incriminar a Francisco Granados a cambio de beneficios y salir de prisión, según la defensa del ex secretario del PP de Madrid y ex consejero de Interior. Desde ese momento acude muchas veces a declarar a la Audiencia Nacional, hasta abandonar la cárcel en las Navidades de 2015.En sus maratonianas declaraciones ante Velasco y los fiscales del caso, siempre bajo secreto de sumario y sin que los abogados de los diferentes investigados pudieran estar presentes y preguntar, Marjaliza va endureciendo sus acusaciones contra Granados y otros cargos públicos, según el mismo letrado. Su aparente objetivo es conseguir una condena más moderada y de hecho, el 18 de junio de 2015, el juez Velasco recalca a Marjaliza: "Está colaborando para acogerse a futuros beneficios".

En sus primeras declaraciones David Marjaliza sólo acusa a Granados de recibir sobornos de una forma inconcreta, circunscribiéndolo a su etapa de alcalde de Valdemoro (1999-2003), sin saberse muchas veces si se refiere a Granados o en general a los políticos, y sin dar absolutamente ningún dato.

En posteriores comparecencias judiciales cambia radicalmente su versión e introduce, aunque sin concretar tampoco, a la Comunidad de Madrid y la financiación del PP. Igual hace con otros cargos públicos, como los ex alcaldes de Valdemoro José Miguel Moreno y Juan Carlos Boza. Marjaliza cae en continuas contradicciones de unas declaraciones a otras, y en muchísimos casos son las fiscales y el propio Velasco quienes contestan por él, según la defensa de Granados.

Igual sucede con Ana Ramírez, su secretaria, testaferro y persona de máxima confianza. Tras ocho meses en la cárcel empieza a "colaborar de manera dirigida" en la misma dirección que su jefe, David Marjaliza, según los abogados de Francisco Granados.

http://www.elmundo.es/espana/2017/11/28/5a1c6edb46163f73088b4620.html

EL JUEZ DE PÚNICA SOSTIENE QUE EL PP DE AGUIRRE USÓ UNA CONTABILIDAD "AD HOC" PARA OCULTAR LA CAJA B

Accede a que se investigue a tres empresas por recibir un trato de favor por parte del Gobierno regional antes de las elecciones de 2011 El juez relaciona a estas empresas con "la ocultación de partidas de gastos electorales que no se recogieron en la contabilidad electoral del PP de Madrid" La UCO señala que cargos del Gobierno de Aguirre se reunieron con responsables de una empresa proveedora del PP poco antes de adjudicarles un contrato público

El PP de Esperanza Aguirre diseñó con cuidado su contabilidad para esconder los pagos en negro que sufragaban los gastos electorales. Así lo indica un auto del juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, por el que ordena investigar si la Comunidad de Madrid benefició en 2011 a las empresas que luego organizaron actos electorales para el partido.

En su escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, el juez aprueba a las diligencias solicitadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que reclama datos sobre los contratos suscritos entre la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid y las empresas Thinking Forward, Central de Producers y la Joya Producciones -esta última asegura a eldiario.es que no está " implicada en nada"-. Tres proveedores del PP que están relacionados con Laboratorio de Almagro, una de las empresas que el juez incluye en la financiación ilegal del partido.

García Castellón accede a reclamar nuevas pruebas sobre estas empresas, con el fin de "recabar nuevas evidencias" y ampliar la información que ya se dispone sobre "subvenciones, donantes, adjudicaciones, facturaciones de cobertura con empresas intermediarias, o la simple ocultación de partidas de gastos electorales que no se recogieron en la contabilidad electoral del Partido Popular de Madrid, confeccionada 'ad hoc'".

El juez señala que estas nuevas diligencias se ordenan tras localizar un documento donde se revelaba "la posible participación encubierta de la empresa citada -Laboratorio de Almagro- en un concurso público licitado por la Comunidad de Madrid poco antes de las elecciones autonómicas y municipales del año 2011".

La UCO desarrolla la participación de esta empresa en un informe, en el que advierte de que Laboratorio de Almagro desarrolló los trabajos de un contrato público licitado por la Consejería de Hacienda a otra empresa, Thinking Forward. La primera "participó de manera encubierta en la licitación y ejecución del referido contrato público, llegó a percibir el sesenta por ciento de los beneficios del mismo".

Es más, la UCO señala que este proveedor del PP "parece dirigir todas las actuaciones del contrato y ordenar los pagos a los proveedores del mismo, pese no ser la adjudicataria real del contrato público investigado". Los agentes destacan que estas empresas también colaboraron después en diversos aspectos de la campaña de Aguirre.

Contactos y reuniones previas al contrato

Los agentes también destacan que en el registro de Laboratorio de Almagro encontraron un documento denominado "contactos PP". En él aparecen nombres y teléfonos de cargos del PP, pero también de la Consejería de Hacienda, como el mismo consejero, Antonio Beteta. En la lista de contactos de esta empresa aparecen también Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid, o Francisco Granados.

En otro correo interceptado, responsables de la empresa dejan claro que tiene contactos en el gobierno de Aguirre que pueden ayudarles con los contratos públicos: "Creo que tendríamos que coordinar bien estos temas para que haya siempre alguien pendiente de los concursos públicos, especialmente de la CAM (donde se supone que tenemos amigos ¿no?)".

La UCO hace hincapié en que el contrato investigado se tramitó poco antes de las elecciones por el procedimiento de urgencia, cuando su objeto era "informar a todos los madrileños de los beneficios y servicios que obtienen de la Comunidad de Madrid por cumplir con sus obligaciones tributarias en la Comunidad de Madrid".

Es más, rematan los agentes que los responsables de Laboratorio de Almagro "habrían mantenido contactos directos con responsables de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, produciéndose uno de esos contactos antes de la publicación del concurso y en relación directa con esa licitación concreta, produciéndose la segunda de esas reuniones durante el proceso de licitación del contrato y antes de su adjudicación provisional".

En un correo posterior de la responsable de la empresa se refuerzas las sospechas de los agentes. Maria Luisa de Madariaga, al frente de Laboratorio de Almagro, escribe que "hemos recibido el briefing de lo que quiere la Consejera hace semanas, y habéis podido trabajar con esta información, incluso antes de la salida de pliegos".

Los agentes concluyen que es necesario investigar si hubo amaño en ese contrato, dado que durante la investigación se han reunido "elementos probatorios sólidos que acreditarían actos de favorecimiento en determinados procesos de de adjudicación de contratos públicos a personas allegadas a la formación política investigada". En base a este informe, el juez accede a reclamar documentación a la Consejería de Hacienda y a las empresas sobre ese contrato.

La Joya Producciones insiste en que ellos solo fueron contratados por Laboratorio de Almagro para la producción de un vídeo para la Consejería de Hacienda, no para el PP, y añaden que han entregado a la Guardia Civil toda la información que les ha requerido.

http://www.eldiario.es/politica/Punica-sostiene-PP-Aguirre-contabilidad_0_707980380.html


EL SUPREMO INVESTIGARÁ A LA SENADORA ‘POPULAR’ PILAR BARREIRO

El tribunal ha decidido abrirle una causa por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada

El Tribunal Supremo investigará la relación de la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro con la trama Púnica. La Sala Penal ha acordado, en un auto notificado ayer, abrir una causa contra la senadora por cinco delitos: fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada.

En el mismo escrito, la sala nombra a la magistrada Ana Ferrer como instructora de este caso. La decisión del Supremo asume la exposición razonada que envió en mayo pasado el juez Eloy Velasco, que hasta junio estaba a cargo de la investigación de Púnica en la Audiencia Nacional. Velasco no podía investigar a Barreriro debido a la condición de aforada de la senadora, pero pidió al Supremo que lo hiciera al considerar que la exalcaldesa de Cartagena había contratado con dinero público a uno de los cabecillas de la Púnica, Alejandro de Pedro, para que mejorara en las redes sociales su reputación, que estaba muy deteriorada después de verse presuntamente vinculada a casos de corrupción.

La actuación que se atribuye a la senadora es similar a la llevada a cabo, supuestamente, por el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, que está procesado por el caso Púnica en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, aunque en el caso de Barreiro los pagos sí se llevaron a cabo y en el de Sánchez, no.

Según el Supremo, los hechos más relevantes imputados a la senadora están relacionados con dos de los supuestos acuerdos a los que se refería el juez Velasco: uno para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y otro para defraudar a la Consejería de Educación de Murcia.

Respecto al primero, el magistrado recogía indicios que revelaban que Barreiro asistió a reuniones donde, “con abuso de su cargo al frente de la gestión del Ayuntamiento de Cartagena”, puso en marcha un “plan defraudador” basado en crear cuentas de redes sociales y un diario digital a su servicio que costearía el Consistorio.

Sobre el acuerdo para defraudar a la Consejería de Educación, el juez describía indicios de que la aforada participó en un plan para que el Gobierno regional pagase a De Pedro por otro trabajo más completo de reputación online a favor de ella y del entonces presidente murciano.

https://politica.elpais.com/politica/2017/10/17/actualidad/1508250053_555112.html

ANTICORRUPCIÓN PIDE DOS AÑOS DE CÁRCEL PARA EL EXPRESIDENTE DE MURCIA

La Fiscalía presenta su escrito de acusación contra el expresidente del PP y de la comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez, y le reclama dos años de prisión por cometer un delito de fraude al intentar contratar a la trama Púnica con dinero público y mediante facturación fraudulenta, para mejorar su imagen en redes sociales

Las fiscales Anticorrupción Carmen García y María Teresa Gálvez han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia el escrito de acusación contra el expresidente de esa comunidad y del PP en la región, Pedro Antonio Sánchez, por su relación con la trama Púnica.

Las fiscales piden dos años de cárcel y ocho de inhabilitación para cargo público para el expresidente Murcia por un delito de fraude en grado de tentativa, ya que aunque supuestamente intentó contratar a la trama Púnica con dinero del Gobierno autonómico y mediante facturación fraudulenta para mejorar su imagen personal en las redes sociales, al final no pudo hacerlo porque la trama fue desarticulada justo cuando iban a comenzar los trabajos, en octubre de 2014.

El escrito ha sido comunicado este lunes a las partes por el Tribunal Superior de Justicia, pero tiene fecha del pasado 25 de septiembre; dos días antes de que Pedro Antonio Sánchez, por sorpresa, dimitiera de todos los cargos a los que aún se aferraba: tanto a la presidencia regional del PP como al puesto de diputado autonómico.

La Fiscalía, aunque con una petición de pena inferior a la inicialmente prevista, finalmente acusa por un delito de fraude en grado de tentativa a Pedro Antonio Sánchez, a pesar de que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, llegó a ordenar la retirada de la acusación contra el expresidente de Murcia, basándose en un supuesto informe de los fiscales de Sala del Supremo, que al parecer, sostenían la inexistencia del delito.

Al escrito de Anticorrupción, se suma el ya presentado por ADADE, acusación popular en la causa, que reclama para Pedro Antonio Sánchez 9 años de cárcel por delitos de fraude y cohecho en grado de tentativa.

http://cadenaser.com/ser/2017/10/02/tribunales/1506968315_425847.html

UN NUEVO INFORME POLICIAL REMACHA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP MADRILEÑO

La UCO entrega en la Audiencia Nacional el avance de un documento más amplio en el que ya detalla el hallazgo de nuevos documentos sobre la caja b

Un nuevo informe de la Guardia Civil entregado al juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica de corrupción, apuntala los indicios sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño entre 2007 y 2011. El atestado, fechado el pasado miércoles, sostiene que la formación conservadora se sirvió de la empresa de publicidad El Laboratorio de Almagro para camuflar gastos electorales por encima de los límites legales en los comicios autonómicos de 2011.

En la agenda intervenida en octubre de 2014 en el domicilio del ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados los agentes detectaron una anotación que les llamó la atención: “El Laboratorio”. Este nombre fue identificado por los investigadores como la empresa de publicidad El Laboratorio de Almagro, dirigida por María Luisa Madariaga. Esta sociedad fue la adjudicataria, tras un concurso interno, de la campaña electoral de las autonómicas de 2011, cuya cabeza de cartel fue Esperanza Aguirre.

La investigación sobre la caja b del partido en el caso Púnica ha puesto de manifiesto que esta compañía recibió supuestamente fondos opacos para financiar la campaña de Aguirre saltándose los límites de la ley electoral. En esos comicios, el partido supuestamente destinó 1,54 millones de euros de “procedencia desconocida”, según la Guardia Civil. De esa cantidad, según un archivo Excel de campaña intervenido al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez Moliner, 1,21 millones se emplearon en pagos a El Laboratorio por diversos conceptos, de los cuales 897.000 euros correspondían a la campaña de 2011. Sin embargo, el montante declarado oficialmente por el partido como pagos de ese periodo electoral a El Laboratorio y las sociedades vinculadas a esta compañía fue sensiblemente inferior: solo 217.000 euros.

En el nuevo informe, los agentes resaltan el hecho de que el 22 de agosto de 2011, pocos meses después de las elecciones autonómicas, María Luisa Madariaga y su esposo, Marcelino Elosúa, fueron sorprendidos en la frontera franco suiza de Saint Julien cuando pretendían entrar en Francia desde el país helvético con 200.000 euros ocultos en tres paquetes bajo el asiento del conductor. El informe policial especula con la posible vinculación de este movimiento irregular de fondos y los pagos en b a El Laboratorio y sus filiales.

Para justificar la procedencia lícita de ese dinero en efectivo, la defensa de Marcelino Elosúa ha presentado dos resguardos bancarios de la misma fecha de la aprehensión de los fondos por los aduaneros franceses. Estos resguardos bancarios corresponden a dos cuentas corrientes de la sociedad panameña Zaino Associated Corporation en la banca privada Julios Bär, en Lausana (Suiza).

El hecho de que el dinero estuviera en un banco suizo a nombre de una sociedad panameña abierta en un despacho dedicado a la “testaferría internacional” entra en “franca contradicción”, según los agentes, con “los argumentos expresados por la defensa [de Elosúa] de que la procedencia del efectivo incautado [en la frontera franco-suiza] era fácilmente identificable”.

El 7 de marzo pasado, los agentes del instituto armado, por orden del juez del caso Púnica, registraron los domicilios del matrimonio y de las sociedades de El Laboratorio. El análisis de los documentos intervenidos en ese registro será objeto de un informe específico, pero los investigadores han comunicado al juez un “resumen anticipado” de ese futuro atestado.

Pago de facturas

Los agentes informan al magistrado de que han encontrado facturas de varias empresas subcontratadas por el Laboratorio para trabajos supuestamente realizados en la campaña electoral del PP madrileño en 2011. Según el informe, “muchas de estas facturas”, cuyo concepto corresponde de manera “indubitada” a la campaña, “han sido abonadas semanas antes a la convocatoria electoral”. Otras facturas se han fraccionado en dos pagos, uno antes de la campaña y otro durante el periodo especial previo a los comicios.

El informe policial pone de relieve, en su parte final, que en fechas anteriores a la campaña de 2011, El Laboratorio supuestamente recibió parte de los beneficios de una campaña de publicidad de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, pese a no haber sido adjudicataria del mismo ni “haber sido subcontratada para su ejecución”.

"Se facturó como dijo el partido"

El matrimonio formado por Marcelino Elosúa y María Luisa Madariaga declaró ayer en la Audiencia Nacional (ambos como investigados) ante el juez Diego de Gea —nombrado en apoyo de su compañero Manuel García Castellón, de viaje esta semana— para explicar su presunta implicación en la trama. Durante su comparecencia, ambos insistieron en que los 200.000 euros que se les intervino en la frontera entre Francia y Suiza era “dinero de la familia” de él y que ya pagaron una multa por ello, aunque no explicaron por qué estaba en un banco helvético a nombre de una sociedad panameña. “No les preguntaron”, aseguran fuentes cercanas al matrimonio. Estas insistían ayer en que los trabajos que hicieron al PP de Aguirre para diseñar su estrategia electoral en 2011 fueron “transparentes” y que los pagos se realizaron “por transferencias bancarias, sin dinero en efectivo ni sociedades interpuestas”, aunque admitieron que algunos se hicieron fuera de plazo. “Se facturó cómo dijo el PP”, alegaron.

https://politica.elpais.com/politica/2017/10/19/actualidad/1508428896_970302.html

GRANADOS PIDE AL JUEZ QUE IMPUTE A CIFUENTES, IGNACIO GONZÁLEZ Y AGUIRRE

Se apoya para ello en el informe de la UCO desvelado por ELPLURAL.COM sobre el desvío de 2,5 millones de euros en B para campañas electorales del PP

Francisco Granados ha presentado ante el juzgado de Instrucción número 6 de Madrid un escrito en el que reclama se cite como investigados (antigua imputación ) por el caso Púnica a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a sus predecesores, Ignacio González y Esperanza Aguirre, y a la exconsejera de la Comunidad de Madrid Lucía Figar, entre otros. Inicialmente estaban llamados como testigos, pero el nuevo abogado, José Javier Vasallo, ha decidido modificar "la naturaleza jurídica y procesal de la comparecencia" y reclama que sean llamados "en calidad de investigados. El letrado argumenta en su escrito, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM que el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que acredita las irregularidades en la financiación del PP durante las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008.

El informe de la UCO, del que este periódico informó en primicia, fue enfue entregado al instructor del Caso Púnica, el pasado martes 17 de octubre. La Guardia Civil concluye que se desviaron 2,5 millones de euros en B para las citadas campañas del PP a través de la empresa de comunicación Laboratorio de Almagro.

Todas las personas citadas tuvieron cargos de responsabilidad en las campañas o están relacionadas con Laboratorios de Almagro.

Granados considera "imprescindible" la imputación de Cifuentes como "responsable de dirigentes y movilización del Comité de Campaña electoral del PP de Madrid" en las elecciones autonómicas y municipales de 2007. Destaca también que "fue Secretaria de Política Territorial en el Partido Popular de Madrid desde 2004 hasta el 2008, siendo sustituida posteriormente por Don Borja Sarasola" de quien pide también la citación como investigado.

A Esperanza Aguirre la llama como presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012 y como lideresa del PP entre 2004 y 2010, que coincide con los "años objeto de investigación". De Ignacio González, a quien llama por sus años como vicepresidente y presidente de la Comunidad de Madrid (2003-2015), presidente del comité Electoral del PP de Madrid (2004-2007), y también por su puesto como presidente del Canal de Isabel II y la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM).

En la lista figura también Jaime González Taboada, el recientemente dimitido consejero de Medio Ambiente de Cifuentes, Lucía Figar, Beltrán Gutiérrez, imputado en la caja B del PP, o José Ignacio Echeverría Echániz, exconsejero de Transportes.

En el escrito se nombra un par de veces a María Luisa de Madariaga, que junto a su marido, Marcelino Luis Elosúa, prestó declaración ante el juez Manuel García Castellón, como responsables de la empresa Laboratorios de Almagro. Ambos confesaron que el PP de Aguirre les había pedido que desdoblaran facturas.

Granados justifica la imputación de Lucía Figar asegurando que María Luisa de Madariaga la nombró con persona de contacto en lo que se refiere a campañas electorales. En el escrito también justifica la imputación de Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP, citando la declaración judicial de De Madariaga quien le situó como la persona que "autorizaba los pagos y aprobaba las facturas, redactaba los conceptos a poner en dichas facturas, se encargaba de la descripción de los detalles y ordenaba el desdoblamiento de la misma".

https://www.elplural.com/politica/2017/10/20/granados-pide-al-juez-que-impute-cifuentes-ignacio-gonzalez-y-aguirre

SUSPENDIDA LA DECLARACIÓN DE LA EXJEFA JURÍDICA DE LA ASAMBLEA DE MADRID POR EL CASO PÚNICA

El juez Diego de Egea ha suspendido la declaración pedida por la defensa de Tatiana Sonsoles Recoder, que ha alegado falta de tiempo. También se investiga a Recoder por otra adjudicación en la que la Guardia Civil llego a pedir que se investigara a Cristina Cifuentes.

El presunto testaferro de Francisco Granados ha negado las acusaciones. El juez de refuerzo de Púnica, Diego de Egea, ha suspendido la declaración como investigada de la exjefa de los servicios jurídicos en la Asamblea de Madrid, Tatiana Sonsoles Recoder, citada por los contratos de adjudicación de los servicios de cafetería del parlamento regional a Arturo Fernández en 2009. De Egea, en sustitución del instructor de la causa, Manuel García Castellón, que se encuentra ausente esta semana, ha accedido a la suspensión de la comparecencia a petición de la defensa de Recoder, que ha alegado falta de tiempo para instruirse en la causa, ya que ha sido esta semana cuando se le ha dado el visto bueno a su personación, según han informado fuentes jurídicas.

Aparte de la concesión de los servicios de cafetería a Fernández en 2009, también se investiga a Recoder por otra adjudicación al empresario madrileño en 2011, por la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegó a pedir que se investigara también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Cifuentes presidía entonces la mesa de contratación de esas licitaciones como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y también participaba en los comités de expertos que decidieron la concesión al grupo de Arturo, quien previamente había ingresado 160.000 euros en la fundación Fundescam que se utilizaron presuntamente para financiar ilegalmente al PP madrileño.

Según un auto del anterior juez instructor de la causa, Eloy Velasco, existen "sólidos indicios" que acreditarían que empresarios como Fernández "fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos" donde "habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas". Ignacio Palacios niega los hechos A lo largo de la jornada del miércoles ha declarado también ante el juez De Egea Ignacio Palacios, exjefe de gabinete y presunto testaferro de Francisco Granados, quien fue detenido en la operación Púnica y quedó en libertad bajo fianza de 30.000 euros. En su comparecencia, Palacios se ha limitado a responder a su defensa para negar los hechos que se le imputan y por los que está acusado de delitos de blanqueo, fraude, cohecho, tráfico de influencias y organización criminal.

Además han comparecido como investigados Pedro Bernard Moreno, exdirector de proyectos de Arpegio; Adolfo Fernández Maestre, que asesoró a la empresa pública, la mujer de este, Sagrario Gómez Hernando, y José Luis Jaraba Pérez, de los servicios jurídicos externos de Arpegio. Fernández Maestre, que asesoró a Arpegio como administrador de la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos (DUSA), que fue subcontratada por la empresa pública para gestionar las licitaciones públicas del plan Prisma, ha sido interrogado acerca de un flujo de fondos hacia cuentas que tenía abiertas en entidades bancarias suizas. A este respecto ha explicado que tenía una cuenta en Suiza pero que era de un cliente que tenía en Nueva Zelanda, cuyo nombre ha dicho que no podía desvelar, y que le mandó una transferencia de 300.000 euros desde su propia cuenta para ahorrarse así 1.500 euros en una transferencia.

http://www.20minutos.es/noticia/3164108/0/suspendida-declaracion-tatiana-sonsoles-recoder-exjefa-juridica-asamblea-madrid/#xtor=AD-15&xts=467263

EL JUEZ DE PÚNICA ACTIVA LA INVESTIGACIÓN SOBRE CIFUENTES Y CITA A LA EXRESPONSABLE JURÍDICA DE LA ASAMBLEA DE MADRID

La Guardia Civil sostiene que la presidenta de Madrid cometió un delito de prevaricación y otro de cohecho por una adjudicación en la Asamblea madrileña.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha activado la investigación que salpica a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y que puede acabar haciéndola desfilar como investigada. Se trata de la adjudicación de un contrato de cafetería al grupo Cantoblanco en el año 2009 por parte de la Asamblea de Madrid cuando ella era la presidenta de la mesa de contratación.

En una providencia fechada este miércoles y a la que ha tenido acceso La Vanguardia, el magistrado cita a declarar en calidad de investigada para el próximo 18 de octubre a la entonces responsable de los servicios jurídicos de la Asamblea madrileña, Tatiana Sonsoles Recoder, “por su participación en el proceso de licitación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid del año 2009”.

Después de que el pasado 27 de marzo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga el ‘caso Púnica’, emitiera un informe señalando la posible comisión de dos delitos por parte de Cifuentes el juez no había adoptado ninguna medida al respecto. Cuando se conoció el contenido del informe policial, desde el entorno de Cifuentes y la propia presidenta negaron con rotundidad su implicación en cualquier irregularidad y se cargó contra la Guardia Civil por la temeridad del informe.

En ese momento, el juez que llevaba el caso, Eloy Velasco, estaba a punto de abandonar el Juzgado Central de Instrucción número 6 para ascender como magistrado a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y no hizo nada. Además, el fiscal jefe de Anticorrupción en aquel entonces, Manuel Moix, no era favorable a investigar a Cifuentes.

Sin embargo, ahora hay un juez nuevo, Manuel García Castellón, y un fiscal jefe de Anticorrupción renovado, Alejandro Luzón -tras la dimisión de Moix al conocerse que disponía de una sociedad en Panamá-. A la vuelta de verano, los investigadores han decidido reactivar la investigación por la adjudicación irregular al empresario Arturo Fernández, a su vez investigado por financiar irregularmente al PP de Madrid.

Tras la declaración de Recoder, y posiblemente la de otros responsables en la adjudicación, el juez decidirá si hay indicios suficientes para citar a Cifuentes en calidad de investigada, lo que muy probablemente le haría dimitir de su cargo.

La UCO llegó a realizar hasta dos informes señalando la presunta comisión de los delitos de prevaricación y cohecho por parte de Cifuentes. En sus escritos, los investigadores explican que hay indicios que indican que la adjudicación de los contratos del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011, “pudo ser decidida de antemano”.

“Actos injustos con pleno conocimiento”

A juicio de la investigación policial, hubo una clara intención de beneficiar en todo momento al grupo Cantoblanco. Esta intención se articuló “a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones donde se ponen de manifiesto actos injustos, altamente discriminatorios y fácilmente cognoscibles en cuanto al resultado presumible de su realización, de la que puede inferirse el pleno conocimiento y voluntad a la hora de ejecutar los mismos”.

La Guardia Civil relaciona en sus informes estas adjudicaciones con las aportaciones económicas localizadas y efectuadas por el empresario Arturo Fernández a la Fundación Fundescam en fechas anteriores a las mismas. Según los investigadores, estas aportaciones fueron en gran parte destinadas a sufragar gastos electorales del Partido Popular, al que pertenecía Cristina Cifuentes,

Cifuentes presidía las mesas de las licitaciones de los contratos públicos en relación a Arturo Fernández, a la vez que participaba como componente de los comités de expertos que efectuaron las valoraciones de las ofertas presentadas, según la UCO.

Para llegar a esta conclusión, los agentes tomaron declaración a diversos responsables de la adjudicación, entre ellos a Tatiana Sonsoles Recorder, ahora citada por el juez. Precisamente, sobre su declaración la UCO cree que mintió ya que ofreció “respuestas inverosímiles” y no porque “pudiera desconocer que la experiencia no es un criterio de adjudicación, sino un criterio de solvencia”.

http://www.lavanguardia.com/politica/20171005/431806967707/juez-punica-investigacion-cifuentes-cantoblanco-asamblea-de-madrid.html?facet=amp

EL JUEZ CITA A DECLARAR LA EXJEFA DE SERVICIOS JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA DE MADRID POR LA LICITACIÓN DE LA CAFETERÍA

Tatiana Sonsoles Recorder formó parte, junto a Cristina Cifuentes, del Comité de Expertos que tuvo como única finalidad "favorecer al Grupo Cantoblanco" en dicha licitación

La Guardia Civil señala que hay "significativas y evidentes contradicciones" entre el testimonio de Recorder y otro miembro del comité

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, encargado de investigar la trama Púnica, citó a declarar como investigada el próximo 18 de octubre a la exjefa del Servicio Jurídico de la Comunidad de Madrid Tatiana Sonsoles Recorde en relación a las supuesta adjudicación irregular del servicio de cafetería, cocinas y comedoras de la Asamblea de Madrid a Grupo Cantoblanco entre los años 2009 y 2011, época en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, era la presidenta de la mesa de contratación, han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

El juez ha citado a Sonsoles por su presunta participación en esta adjudicación a la sociedad del expresidente de los empresarios madrileños Arturo Fernández, también investigado, después el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaborado el pasado 27 de marzo en el que destacaba que la comisión de una presunta prevaricación por parte del Comité de Expertos del que formó parte Cifuentes. Unos días antes los investigadores remitieron otro informe en el que se incidió también en la posible comisión del delito de cohecho.

Según la UCO, este Comité tuvo como única finalidad favorecer de manera preconcebida al Grupo Cantoblanco en los procesos de licitación y en la decisión de antemano de la adjudicación de los mismos. Este favorecimiento se habría materializado a través de conductas "arbitrarias que derivaron en actos injustos y de percepción paladina" en cuanto a la comisión de los mismos por parte de sus partícipes.

Además, relaciona estas adjudicaciones con donaciones realizadas por el entonces presidente de los empresarios madrileños a Fundescam –fundación del PP de Madrid–, que habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales, si bien el segundo informe no alude a esta circunstancia.

Testimonios contradictorios

La UCO llegó a estas conclusiones después de tomar declaración en las dependencias de la Guardia Civil a Tatiana Sonsoles Recorder, la jefa de relaciones externas y protocolo de la cámara Maria Merino –que formaba parte del comité de expertos–, y el también miembro de esta mesa Arturo Zubiri. Según los investigadores estos testimonios ponen de manifiesto la existencia de "significativas y evidentes contradicciones" que permiten concluir la existencia de "una pluralidad de acciones" por parte del Comité de Expertos.

La UCO señala que en ambas licitaciones, y concretamente en la licitación del año 2011, existe una diferencia de puntos que obtiene la empresa Cantoblanco tras haber valorado con cero puntos a la rival, CLECE S.A. bajo el falso argumento de que esa empresa no había aportado documentación alguna al respecto.

De esta circunstancia concluye la UCO, "tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité expertos María Cristina Cifuentes Cuencas y María Merino Muñoz, lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada respecto al criterio de adjudicación que valoraba otras mejoras de los licitadores".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/10/05/el_juez_cita_declarar_exjefa_servicios_juridicos_asamblea_madrid_por_licitacion_cafeteria_70367_1012.html

DOS PROVEEDORES CONFIRMAN LA MANIPULACIÓN DE FACTURAS EN LAS CAMPAÑAS DE AGUIRRE

Explican ante la Audiencia Nacional que fue Beltrán Gutiérrez quien les pidió que desdoblaran facturas.

El Partido Popular de Esperanza Aguirre pidió a sus proveedores electorales que desdoblaran facturas y las enviaran a nombre de distintas compañías y personas físicas para burlar los controles de fiscalización. Así al menos lo reconocieron ayer ante la Audiencia Nacional los empresarios Marcelino Luis Elosua y Maria Luisa de Madariaga, responsables de la empresa de marketing El Laboratorio de Almagro 36, que trabajó en varias campañas electorales para el PP de Madrid.

En su declaración de ayer como investigados en la trama Púnica y según fuentes del caso, ambos restaron importancia al papel de Francisco Granados en la financiación de las campañas y señalaron al tesorero autonómico del partido, Beltrán Gutierrez, como la persona que les daba las instrucciones sobre la elaboración de las facturas. Su declaración de ayer fue acordada este jueves de urgencia a tras la elaboración de un informe de la Guardia Civil firmado el pasado martes, 17 de octubre, que ahondaba en las relaciones entre la empresa de marketing y el Partido Popular de Madrid.

Según el documento de la Policía Judicial, el Partido Popular disponía en la época de Esperanza Aguirre de una caja B con 1.014-375 euros para pagar a proveedores en la campaña electoral del 2007. Además, en casa del tesorero autonómico, también imputado en la causa, los agentes localizaron un documento llamado "día a día", relacionado con pagos a proveedores en la campaña de 2011. Allí aparecen reflejados pagos a la empresa El Laboratorio por valor de 1,2 millones de euros. "Una parte de los abonos que aparecen en el documento contable referido no han podido ser localizadas en las cuentas corrientes de funcionamiento del partido Popular", explican los agentes encargados del caso en su informe remitido al juez.

"En ese mismo archivo contable donde aparecen los proveedores y los pagos a efectuar a los mismos, también aparecen consignaciones contables inherentes a una caja B en dinero en efectivo, los cuales ascienden a 1.546.000 euros y que apuntan a la existencia de dinero de procedencia desconocida para sufragar gastos de campaña en las elecciones del año 2011", continúan los agentes.

Cuentas en Suiza controladas desde Panamá

El informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil explica que de los 1,2 millones facturados presuntamente por El Laboratorio de Almagro y otras empresas afines al PP en el año 2011 (con comicios municipales y autonómicos de por medio) solo 217.074 euros fueron declarados por el partido como gastos electorales. Los agentes ponen de manifiesto además que "unos meses después de la celebración de los comicios electorales", concretamente el 18 de agosto de 2011, a los dos empresarios que han declarado este jueves les encontraron 200.000 euros en efectivo ocultos en tres paquetes en los asientos de su coche, cuando intentaban alcanzar suelo suizo.

Ante la policía, los dos empresarios investigados trataron de justificar la procedencia del dinero con una sociedad llamada Zaino Associated Corporation, titular de dos cuentas en suiza y gestionada desde Panamá. Una versión que ambos mantuvieron ayer para explicar la procedencia de los fondos y desligarlos presuntamente de los pagos en B que investiga la Audiencia Nacional.

En su declaración de este jueves, ambos empresarios mantuvieron que su relación con el Partido Popular estuvo siempre dentro de los margenes legales y aseguraron que los asuntos de facturación se trataron siempre con Beltrán Gutiérrez, restando así responsabilidad al principal imputado en la causa, Francisco Granados.

Lo que sí reconocieron ambos, según fuentes del caso, es que era el tesorero del PP de Madrid quien les daba personalmente las instrucciones para presentar las facturas al partido. Facturas que en ocasiones se presentaban fraccionadas o desdobladas: primero por una cuantía a nombre de la empresa, y luego a nombre de los empresarios que facturaban también al PP como personas físicas. Según los informes de la Guardia Civil, los pagos a la empresa también se fraccionaban, buscando así según la tesis de los investigadores burlar los mecanismos de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

El pasado 7 de marzo, la Guardia Civil registró el domicilio de los dos empresarios investigados y las sedes sociales de sus compañías. Allí, los agentes localizaron "facturas emitidas por varias empresas que habría subcontratado el Laboratorio de Almagro 26 SL" para trabajos electorales que por sí solos, ya superan los 217.000 euros declarados por el PP de Madrid al Tribunal de Cuentas.

https://www.elespanol.com/espana/20171019/255475559_0.html

EL JUEZ RETRASA LA NUEVA DECLARACIÓN DEL ARREPENTIDO DE PÚNICA

Fijada en un primer momento para el próximo lunes y martes, el magistrado la aplaza por problemas de agenda, según fuentes jurídicas

La nueva declaración del constructor David Marjaliza, cabecilla de la trama Púnica y colaborador de la Justicia, tendrá que esperar. El juez Manuel García Castellón ha comunicado este miércoles a la defensa del empresario que las comparecencias previstas para los próximos 30 y 31 de octubre tendrán que retrasarse por problemas de agenda del propio magistrado, según han confirmado fuentes jurídicas. Aún no se ha fijado nueva fecha para las mismas. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado este nuevo interrogatorio para que el primer gran arrepentido de la corrupción en España aportara nuevos datos y documentos sobre la red que presuntamente encabezaba su antiguo socio Francisco Granados, ex secretario general del PP madrileño.

Esta iba a ser la sexta declaración de Marjaliza desde que fuera detenido en octubre de 2014 en la primera fase de la Operación Púnica. Tras una primera comparecencia en la que se negó a contestar a las preguntas, desde junio de 2015 a noviembre de ese mismo año compareció en cuatro ocasiones más ante el entonces juez instructor, Eloy Velasco, al que aportó abundante documentación sobre la trama, sus negocios y los principales implicados. Entonces, el sumario estaba bajo secreto de sumario y en los interrogatorios solo pudieron participar el propio juez, las representantes de Anticorrupción y el abogado defensor del constructor.

La declaración del próximo lunes –ahora retrasada a una fecha aún por determinar- iba a ser, de hecho, la primera en la que el constructor iba a ser preguntado por las defensas de los otros imputados. Por ello, el juez García Castellón había planteado un interrogatorio dividido por piezas separadas de la causa. De este modo, en esos dos primeros días solo iban a participar los letrados de aquellos investigados en la pieza separada número 6, en la que se investigan el supuesto amaño de contratos municipales en favor de la empresa Cofely. El magistrado pretende que sea la próxima en ser finalizada. En ella están imputados, entre otros los exparlamentarios regionales del PP Daniel Ortiz y Mario Utrilla, y varios alcaldes, entre ellos el que fuera regidor socialista de Parla José María Fraile. Fuentes cercanas al empresario aseguran que Marjaliza tiene intención de responder a todas las preguntas que se le planteen y seguir colaborando con la justicia.

Es la segunda ocasión en que se retrasa en el último mes la comparecencia del constructor. Ya estuvo fijada en un primer momento para el pasado 16 de octubre después de que el magistrado aceptase la petición de tres investigados que reclamaban que sus abogados pudieran interrogar al constructor para rebatir sus acusaciones. Se trataba del que fuera alcalde de Valdemoro cuando se produjeron las primeras detenciones en octubre de 2014, Juan Carlos Boza Lechuga; su mano derecha en el consistorio, Alfredo Ovejero; y el empresario Víctor Manuel Sobrino, cuya empresa de encuestas TNS fue supuestamente utilizada por la red de corrupción para pagar con sondeos electorales a alcaldes que presuntamente amañaron contratos públicos en favor de la trama. Aquella citación se anuló también por un problema de agenda, en este caso del abogado defensor del propio empresario, y Anticorrupción aprovechó esta circunstancia para cambiar el formato de las comparecencias.

https://politica.elpais.com/politica/2017/10/25/actualidad/1508921618_141750.html

ASÍ CAYÓ EL "SOLDADO" Y EXCONSEJERO TABOADA: LA SENTENCIA LLEGÓ DE SUS PROPIOS COMPAÑEROS

Altos cargos del Gobierno de Cifuentes presionaron para que se fuera porque sus lazos con Púnica dañaban seriamente al Ejecutivo. También influyó la queja de una compañera

"Fue a petición propia. En el congreso regional [celebrado en marzo de este año] yo le dije a la presidenta que consideraba, al llevar toda la vida en el partido y saber cómo funciona, que todo el Gobierno no podía estar en el partido porque al final las estructuras territoriales se debilitan, y que tendríamos que tener gente en el partido y gente en el Ejecutivo. Me pidió mi opinión, que cómo lo haría yo. Y dije que, si hacía falta dar un paso y estar en Génova para empezar a hacer el trabajo de cara a las próximas elecciones, que contará conmigo. Me contestó que no era el momento y que lo hablaríamos en su día, y ese día llegó".

Así justificó Jaime González Taboada el martes pasado su relevo al frente de la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Dejaba así de ser el número tres del Ejecutivo de Cristina Cifuentes, uno de los consejeros más poderosos del Gobierno regional, aunque seguirá siendo coordinador general del PP de Madrid y diputado en la Asamblea de Madrid. Una decisión muy difícil para la presidenta, que lo ha pasado mal. Taboada es uno de sus más estrechos colaboradores y un buen amigo personal. Pero la verdad es que su ya exconsejero estaba sentenciado desde este verano.

Varios miembros del Gobierno de Cifuentes, de su núcleo duro, señalaron en julio a la presidenta que la situación era insostenible. La gota que colmó el vaso se produjo a principios de ese mes. Algunos medios de comunicación hicieron públicas las declaraciones judiciales de testigos del caso Púnica, funcionarios de la consejería, que acusaban a Taboada de obligarles a amañar contratos en la época de Esperanza Aguirre, cuando Taboada era director general de Administración Local. El problema es que esas informaciones de julio, y muchas otras, siempre salpican, y bastante, a la presidenta, ya que los medios lo titulan como "el consejero de Cifuentes" o "el número 3 de Cifuentes". Testigos que apuntaron que Taboada era "el hombre" de Francisco Granados en la empresa pública Arpegio, uno de los epicentros de la trama. "Su soldado", llegó a decir uno de ellos ante la Audiencia Nacional.

Los mensajes de que había que hacer algo llegaron así cada vez con más frecuencia al despacho de la presidenta, en la Casa de Correos. Altos cargos del Ejecutivo se mostraban cada vez más contundentes en 'petit comité': Taboada no podía seguir. Además, el calendario judicial corría en contra del calendario político. Son muchos los que temían que la Audiencia Nacional pudiera citar como investigado a Taboada, dentro del caso Púnica, justo al final de la legislatura, perjudicando gravemente al PP en una precampaña que todos saben que comenzará con varios meses de antelación a las elecciones autonómicas de 2019.

Pero Cifuentes dudaba. No era fácil buscar una salida para su consejero, que había jugado un papel fundamental en el gran triunfo que la presidenta consiguió a principios de año cuando ganó las elecciones internas y se hizo oficialmente con las riendas del PP de Madrid. Cifuentes ha mantenido además un duro discurso contra la corrupción, estableciendo un código ético que obliga a dimitir si un alto cargo o un diputado es imputado por corrupción. Y no es el caso de Taboada. Sobre él solo hay sospechas, acusaciones en sede judicial que aún no han sido demostradas... en definitiva, nada firme. Taboada siempre ha defendido su inocencia e incluso ha denunciado por injurias al empresario imputado en Púnica, David Marjaliza, que fue el primero en citar su nombre cuando declaró ante la Fiscalía Anticorrupción.

El fiel de la balanza de inclinó en contra de Taboada cuando un alto cargo del Ejecutivo regional relató internamente conductas inapropiadas del consejero sobre su persona, insinuaciones peligrosas. Un alto cargo que dejó la consejería y buscó acomodo en otro departamento del Gobierno. Nada que se pueda demostrar. Y es que Taboada, que lleva muchos años en el partido, ha dejado un buen número de enemigos dentro del PP de Madrid. Demasiados. También muchos amigos, que le califican de trabajador incansable, persona leal y honesta.

La verdad es que el principio del fin para Taboada comenzó en julio de 2015, nada más empezar la legislatura. El Español adelantaba la declaración de Marjaliza, que había acusado a Taboada de repartirse las obras del Plan Prisma (en plan de infraestructuras más importante de la Comunidad de Madrid) para amañar algunas de ellas. Desde entonces el calvario de Taboada no ha hecho más que acrecentarse. Más de 8.000 noticias en Google relacionan al ex consejero con el caso Púnica. En julio de este año hubo un punto de inflexión. El juez instructor del caso citó como investigados a todos los miembros de la mesa de contratación de Arpegio, incluido el número dos de Taboada, su viceconsejero. A todos menos a Taboada, que también formó parte de la mesa que adjudicaba las obras.

La Fiscalía Anticorrupción sabía que perdía esta parte del caso si se imputaba a Taboada, que está aforado al ser diputado autonómico. Demasiado pronto para el momento en el que está la investigación. La pieza de Arpegio pasaría entonces al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. "Por mucho que ahora lo queramos vestir de que se va para dedicarse de lleno al partido, la Púnica ha sido la gran losa que ha enterrado su puesto en el Gobierno", señalan fuentes del PP. "Si no existiera la Púnica, Taboada seguiría hoy compatibilizando su puesto de consejero con su cargo de coordinador general del PP de Madrid. Eso es una obviedad".

"La situación de Taboada hacía daño al Gobierno. Además no tiene formación para ser consejero", señala esta vez una fuente del Ejecutivo. En la biografía que aparece en la web de la Asamblea, no actualizada, aparece que es gemólogo (experto en piedras preciosas). Con 22 años fue regidor de Berzosa de Lozoya (1991-1995). Luego lo fue de Estremera (1995-1999). Su carrera continuó en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, donde fue teniente de alcalde (1999-2003). En 2003 pasó a la Comunidad de Madrid. Aguirre le fichó como Director General de Cooperación con la Administración Local, cargo que ocupó hasta 2015. Cifuentes le hizo consejero. En la web del Gobierno regional tampoco vienen datos sobre sus estudios.

El diario El País informó que la web del Parlamento regional publicó por error que Taboada era licenciado en derecho, cuando carece de estudios universitarios. A este mismo medio el político popular declaró en 1991 que comenzó a militar en el PP con 11 años, cuando la edad mínima para afiliarse a Nuevas Generaciones era de 16 años. Lo cierto es que Taboada, que estuvo doce años siendo director general de Administración Local, conoce a la perfección la política municipal y toda la estructura del PP a nivel territorial, sede por sede. "Durante este tiempo ha tejido una extensa red de contactos, alianzas, amistades y también enemistades", explican las mismas fuentes.

Informe Taboada

El propio sumario del caso Púnica incluye un documento titulado 'Informe Jaime González Taboada', presuntamente aportado por trabajadores de la dirección general de Administración Local que se hacen llamar grupo Pontejos. El mismo reza: "En agosto de 1996, siendo alcalde de Estremera, abandonó su cargo en la alcaldía del referido municipio y también la presidencia de la Mancomunidad Intermunicipal del Sudeste de la Comunidad de Madrid (Misecam) sin advertir a los ayuntamientos en ella incluidos. Este abandono de funciones que duró varias semanas le colocó en situación de paradero desconocido incluso para el entonces Director General de Administración Local. Al parecer estaba en Francia, siendo el motivo de su ausencia el eludir el Servicio Militar que le había tocado desempeñar en Cáceres".

En ese informe se acusa a Taboada de cometer irregularidades en el primer Plan Prisma, en los años 2005 y 2006, y de presionar a funcionarios para poder cometer esas irregularidades. "La Dirección General parecía un coto privado suyo, donde él era el capataz, perdiéndose todo tipo de legalidad y decencia administrativa". Ese documento, que no aporta ninguna prueba, continúa: "Cuando un colaborador directo le manifiesta su preocupación ante sus manejos, le responde con toda tranquilidad que 'me he comprado un estupendo piso en la calle de Maudes y un magnífico chalet en Alcocebre. Ya me dirás como iba a pagar todo eso con un sueldo de director general'".

El nombre de Taboada también aparece colateralmente en el informe del caso Lezo. El expresidente madrileño Ignacio González le nombra en una conversación intervenida por la Guardia Civil. Esa grabación revela que González (actualmente en prisión) intentó presionar a varios miembros de la cúpula de la Consejería de Medio Ambiente para que ayudaran al empresario Joaquín Molpeceres, que tenía problemas de riego en el campo de golf que gestiona en Alcalá de Henares. Molpeceres aparece como donante en los papeles de Bárcenas y ha declarado como testigo en el caso Gürtel.

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-10-01/taboada-consejero-cifuentes-dimision-punica_1451912/

EL CONSEJERO CESADO TABOADA MINTIÓ SOBRE SU PAPEL EN LA ADJUDICACIÓN DE 118 MILLONES BAJO SOSPECHA EN PÚNICA

El hasta ayer número 3 de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada -ayer se anunció su cese oficial-, mintió en la Asamblea de Madrid el pasado 28 de julio cuando aseguró no haber ido «nunca» a la mesa de contratación de la empresa pública Arpegio. EL MUNDO ha accedido a más de 40 actas de las adjudicaciones en que Taboada participó, entre 2009 y 2011, como miembro del órgano al que aseguró no haber ido a preguntas de la oposición.

Las actas obran también en poder de los investigadores, que intentan comprobar lo declarado por David Marjaliza, el empresario ex socio de Francisco Granados en la trama Púnica: la vinculación de Taboada con la cadena de adjudicaciones a cambio de mordidas e incluso de financiación irregular del PP en los contratos de Arpegio. Según declaró hace dos años Marjaliza, un tercio de cada mordida habría ido al propio Taboada.

El monto total de lo adjudicado por González Taboada en esos años, como parte de la mesa de contratación, fue de 118 millones de euros públicos, según las propias actas. Los fondos públicos asignados por Arpegio correspondían al Plan Prisma, un instrumento de la Comunidad de Madrid de inversión en municipios de toda la Comunidad. Los cargos orgánicos de Taboada en el Partido Popular de Madrid han estado vinculados desde hace años al vínculo de la dirección regional con las diferentes agrupaciones municipales, según fuentes del PP.

La declaración de Taboada se produjo el pasado 28 de julio en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid. En este caso, la sesión estaba dedicada a la pérdida del expediente de la empresa Dusa, sociedad a la que Arpegio otorgó un contrato para gestionar el Plan Prisma, el plan para hacer obras en municipios madrileños que ahora investiga Anticorrupción.

A respuesta de una pregunta de la diputada del PSOE Encarnación Moya, el consejero dijo lo siguiente, según consta en la transcripción de la propia web de la Cámara madrileña: «Es verdad que yo era miembro de esas mesas de Prisma-Arpegio, no de las mesas de Arpegio, eso es cierto, pero también es verdad que yo no fui a ninguna».El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Cifuentes, que abandonará su cargo oficialmente el martes, era entonces, en 2009, director general de Administración Local, y había sido nombrado directamente por Francisco Granados en 2006 como miembro de la mesa que adjudicaba millones públicos en inversiones.

Hasta 2009 Taboada no acudió a la mesa, pero ese año se produjo una sospechosa circunstancia a juicio de los investigadores. Mientras asignaba los fondos desde la Dirección General, Taboada también participaba en la elección de las empresas ganadoras de los concursos desde la mesa de contratación. Tampoco se entiende muy bien por qué, si no había acudido a ninguna mesa desde el año 2006 pese a estar nominado como miembro, fue renovado en ese cargo en la legislatura 2008-2011. La Comunidad de Madrid, al ser preguntada por las palabras de Taboada en la Asamblea, aseguró que el consejero «se refería en realidad al Plan Prisma de 2006-07» porque la comparecencia sólo versaba sobre ese plan. Añadieron que «en otras ocasiones» ya había reconocido haber estado en mesas del segundo Prisma.

Entre las muchas empresas adjudicatarias se encuentran varias de las que los investigadores cuentan como posibles pagadoras de comisiones. Algunas de ellas, implicadas en otros sonados casos de corrupción, como es el caso de Virton y Licuas, que figuran en el sumario de Gürtel.

Los investigadores creen que su presencia respondía a la intención de Granados de asegurarse que determinadas empresas de las que la trama conseguía mordidas ganaban los contratos, como declaró David Marjaliza al juez Eloy Velasco. Taboada habría sido, así, el hombre de Granados en Arpegio, pero aún no ha sido imputado formalmente en la causa Púnica, que ahora dirige el magistrado Manuel García Castellón, tras la salida del juzgado de Eloy Velasco. Se da la circunstancia de que Taboada es el único miembro de la mesa no investigado aún en la trama. Uno de los últimos en serlo fue precisamente quien era considerado su mano derecha en Arpegio, Miguel Ángel Ruiz, que tuvo que dimitir el pasado mes de mayo de su cargo de viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad tras ser formalmente investigado. Su dimisión se produjo prácticamente al mismo tiempo que los agentes de la UCO estaban registrando su despacho.

http://www.elmundo.es/madrid/2017/09/24/59c6acaa46163f12248b45ea.html

MADRID OBLIGÓ A LAS CONSTRUCTORAS DEL METRO A PAGAR 700.000 EUROS A LA PÚNICA PARA FIESTAS EN HONOR DE AGUIRRE

La Guardia Civil desgrana la contratación de Isabel Pantoja e inauguraciones donde la presidenta era aclamada por ser "una tía de palabra”

Hasta más de 740.000 euros obligó a pagar el Gobierno de Esperanza Aguirre a las empresas adjudicatarias de las ampliaciones del Metro de 2007 para celebrar fiestas populares con las que darse baños de masas. Eventos con artistas de la talla de Isabel Pantoja o Antonio Carmona, con paellas o chocolatadas populares, fuegos artificiales… Un peaje asequible cuando te han concedido casi 700 millones de euros. Todo el dinero, eso sí, iba a parar a la misma empresa vinculada a la Púnica, Waiter Music, que luego recompensaría a Francisco Granados por sus desvelos con fiestas de cumpleaños y cenas gratis total.

Es la conclusión a la que ha llegado la Guardia Civil en un informe de su Unidad Central Operativa (UCO), entregado al juzgado que investiga la Púnica, el pasado 9 de septiembre de 2017, y al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM.

En total, son tres empresas las que participaron en el cambalache (Dragados, Sacyr y FCC), las mismas que se llevaron el contrato para la ampliación del Metro en 2004 cuando Francisco Granados era consejero de Transportes.

FCC recibió 176.709.886 euros para llevar el Metro a Villaverde y Usera. Dragados, 285.939.447 euros para la ampliación a Coslada y a San Fernando de Henares y Sacyr, 227.385.756 euros para otra sección de la misma obra.

La Guardia Civil destaca que “entidades como Sacyr, Dragados y FCC, empresas distintas entre sí, hubieran coincidido en contratar a Waiter Music para la organización de los eventos”. Y las pruebas apuntan a Edelmiro Galván, asesor de Granados, y Jesús Trabada, consejero delegado de la empresa pública MINTRA, quienes en varios correos hacen de intermediarios entre las adjudicatarias y Waiter Music.

De hecho, según las pruebas recogidas en el informes, Dragados y Sacyr “tuvieron conocimiento de que se les iba a facturar el coste de las inauguraciones en fechas posteriores a estas” y no supervisaron la organización de las fiestas. Ni siquiera Waiter Music sabía quién iba a pagar los eventos, así que adelantó los 747.000 euros que costaron, algo que sólo se podría haber llevado a cabo si tuviera confirmación por parte de cargos públicos como Edelmiro Galván o Jesús Trabada”.

A cambio, el responsable de Waiter Music, José Luis Huerta Valbuena, “habría sufragado la organización y celebración de eventos privados cuyo coste a favor del entonces Consejero de Presidencia [Francisco Granados] fue soportado por la mercantil”. Eventos que “consistieron en una fiesta de cumpleaños celebrado el 22 de enero de 2008, que tuvo un coste de 9.166,98 euros” u “otro evento para Francisco Granados en el restaurante Chirón de Valdemoro cuyo coste fue de 1.000 euros”.

Baños de multitudes para Aguirre

Las fiestas pagadas por las empresas tenían la categoría de verbena popular. El 5 de mayo de 2007, Coslada y San Fernando de Henares se engalanaron para la llegada de la Línea 7 de Metro. Hubo conciertos de Antonio Carmona, Efecto Mariposa e Iguana Tango. Cada pueblo tuvo su propia paella popular, su castillo de fuegos artificiales, un autobús descapotable con charanga, chocolatada con churros, Haimas, un parque infantil… Dos fiestas gemelas de las que Sacyr pagó 89.552 euros, el 20%, y Dragados 358.208 euros.

Aunque para “fiesta popular”, como destacaba la factura de Waiter Music, la de Villaverde y Usera, que duró del 20 al 21 de abril de 2007. En realidad, el esquema era calcado: chocolatada, paella, fuegos artificiales… Todo calcado, excepto el concierto, donde hubo más caché. La actuación de Medina Azahara y de Isabel Pantoja se llevaron casi el 30% del presupuesto. Eran los tiempos previos a Malaya, antes de que el PP vetase a Pantoja, y en total se facturaron 89.600 euros de concierto de una fiesta que le costó a FCC 299.601,32 euros.

Desde luego, lo de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón fue ayer un baño de multitudes. “Hoy se llevan más votos a casa”, comentaban socarronamente algunos vecinos. Lo cierto es que se piropeaba sin parar a los dos políticos, especialmente a Esperanza Aguirre. Desde ese “¡Guapa, guapa!” hasta un “tú sí que eres una tía de palabra”, fueron algunas de las frases dedicadas a la presidenta regional. Una vecina, Carmen de la Llave, fue mucho más directa cuando Aguirre llegó a la entrada exterior de la estación Hospital Doce de Octubre: “Gracias, muchas gracias Esperanza por todo lo que estás haciendo. Es la única que cumple lo que promete en cuanto al Metro, los colegios, los mayores ... ¡Tendría que llegar a la presidencia del Gobierno!”, decía esta mujer a voz en grito.

Las declaraciones de los testigos de las tres empresas constructoras no dejan lugar a dudas. El de Sacyr ni sabía que sólo habían pagado el 20% y dice que “entiende que fue la Comunidad de Madrid la que organizó la fiesta y Sacyr la que colaboró en parte de los gastos”. El de Dragados declaró que era “habitual” que la empresa pagara “este tipo de eventos” pero que “en absoluto” fue él quien contrató a Waiter Music. Y el departamento jurídico de FCC le dijo al tribunal que es normal pagar este tipo de fiestas como “compensación a los vecinos que han venido soportando las molestas derivadas de la realización de determinadas obras”. Aunque los besos y abrazos de los vecinos luego se los llevara Esperanza Aguirre… gratis total.

https://www.elplural.com/politica/2017/09/26/madrid-obligo-las-constructoras-del-metro-pagar-700000-euros-la-punica-para

LA GUARDIA CIVIL UNE LA ‘PÚNICA’ DE BARBERÁ CON LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DE ‘TAULA’

La UCO pide a la Audiencia Nacional que envíe su informe sobre Púnica a los juzgados de Valencia

La Guardia Civil ha establecido el puente que une el caso Púnica y el caso Taula, el de la financiación irregular del Partido Popular en la Ciudad de Valencia del que este viernes tuvimos importantes novedades, adelantadas por ELPLURAL.COM. Según la Unidad Central Operativa (UCO), los tres altos cargos populares que intercedieron para la contratación del conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, también estarían relacionados con el pitufeo y los delitos electorales del PP de Rita Barberá entre los años 2007 y 2015.

El actual concejal del PP en Valencia Alberto Mendoza Seguí, el exteniente de alcalde Miquel Domínguez -que ahora es diputado sin grupo en Les Corts- y el jefe de prensa de Rita Barberá, Julio Valero, son las tres personas señaladas por la Guardia Civil como el nexo entre los dos casos de corrupción que investiga el cuerpo armado.

La UCO recuerda que los tres aparecían en el informe de 10 de mayo -adelantado por ELPLURAL.COM- sobre la Púnica como sospechosos de delitos de “fraude y malversación” también “presuntamente participaron” en los hechos “relacionados con presuntos delitos electorales (2007, 2011 y 2015) y otro de blanqueo de capitales datado en el año 2015”.

En dicho informe, la UCO confirmaba que el Ayuntamiento de Valencia, en la época en que Rita Barberá gobernaba, había contratado a las empresas de la Púnica para llevar la reputación online del Consistorio. La relación era tan estrecha que incluso las empresas de Alejandro de Pedro llegaron a manipular una encuesta online sobre las obras de El Cabanyal.

Es por todo esto que la Guardia Civil reclama al juez de la Audiencia Nacional que investiga la Púnica, Manuel García-Castellón, que remita el citado informe -titulado Informe de Análisis sobre supuestas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento de Valencia relacionadas con la persona de Alejandro de Pedro- al juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el caso Taula, para que “tenga conocimiento de hechos que estarían relacionados también con su procedimiento y que ayudaría a su esclarecimiento”.

http://www.elplural.com/politica/2017/09/11/la-guardia-civil-une-la-punica-de-barbera-con-la-financiacion-irregular-de-taula

LA GUARDIA CIVIL ACUSA A TRES CARGOS DEL PP DE SER EL NEXO ENTRE LA TRAMA PÚNICA Y EL ‘CASO TAULA’

El instituto armado detalla en un informe las conexiones entre ambas investigaciones de corrupción

Un nuevo informe de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Púnica vincula por primera vez formalmente la investigación de la trama de corrupción presuntamente dirigida por Francisco Granadas con las pesquisas instruidas en un juzgado de Valencia por la supuesta financiación irregular del PP de la ciudad de Valencia en la etapa de Rita Barberá. El escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, señala a tres cargos de los populares como la conexión entre ambas causas. Se trata del actual concejal del PP en Valencia Alberto Mendoza Seguí, del ex teniente de alcalde Miquel Domínguez –actual diputado no adscrito en las Cortes Valencianas- y del jefe de prensa de Rita Barberá, Julio Valero Lluesma.

Para la Unidad Central Operativa (UCO) la presunta implicación de todos ellos en ambos casos demuestra la estrecha relación de ambas pesquisas, por lo que solicita al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que remita el informe de Púnica que los implica al instructor del caso Taula, en el que permanecen imputados los dos primeros. El Tribunal Superior de Justicia, que se hizo cargo de la investigación sobre el tercero en su condición de aforado, sobreseyó la causa contra él en febrero.

Aquel informe del caso Púnica, adelantado por EL PAÍS el pasado 3 de julio, concluía que el PP de la ciudad de Valencia recurrió en el verano de 2014 a los servicio del experto informático Alejandro de Pedro –uno de los principales implicados en la trama Púnica- para neutralizar las críticas que recibía en la red el partido durante la época de la fallecida alcaldesa Rita Barberá. La Guardia Civil concluía en el mismo que dichos trabajos de reputación ‘online’ fueron supuestamente pagados con dinero público tras camuflarlos como inclusiones de publicidad del consistorio en un diario digital del propio De Pedro, cuya empresa facturó al menos 9.335 euros al Ayuntamiento en 2014.

La UCO detallaba entre otras irregularidades que el señalado como informático de la Púnica generó contenidos para las autoridades municipales valencianas incluso antes de haber firmado contrato y que entre los trabajos se incluyó el intento de manipular una encuesta de la web del periódico Levante sobre el proyecto de reforma urbanística de la barriada del Cabanyal.

Entre los presuntos implicados en estos hechos, el documento señalaba a los tres cargos del PP, a los que acusaba de los delitos de fraude y malversación. En el nuevo informe, fechado el pasado 12 de julio, la UCO recuerda el papel presuntamente jugado por cada uno de ellos en el fraude. Así, señala que el concejal Alberto Mendoza “se habría prestado como interlocutor” entre De Pedro y el jefe de prensa de Barberá, Julio Valero, “articulando la contratación” de Madiva Editorial y Publicidad SL, la empresa de De Pedro, para el supuesto desvío de fondos con los que “mejorar la imagen institucional de la corporación municipal en las redes sociales”. De Miquel Domínguez, hoy parlamentario regional y entonces teniente de alcalde, asegura que fue el encargado de conseguir que se aprobase el expediente de contratación que sirvió para camuflar los pagos.

La Guardia Civil destaca ahora que este informe “pone de manifiesto determinadas cuestiones que datan de los años 2013 a 2015 y que presuntamente revelarían tanto la implicación de dichas personas en los hechos relacionados con su formación política como la relación que existían entre los actores de forma previa a los hechos investigados” en el caso Taula, “así como las capacidades, jerarquía y autonomía de unos y otros en la toma de determinadas decisiones, lo que se considera de interés para ambos procedimientos judiciales”.

Por todo ello piden que el informe de Púnica sea trasladado al sumario de Valencia ya que considera que “ayudaría a su esclarecimiento” del caso Taula. En una de las piezas separadas de esta causa se investiga la participación de los tres cargos señalados por el PP por un presunto delito de blanqueo de capitales durante la campaña electoral de las municipales de 2015. En concreto, la existencia de una práctica de pagos irregulares al grupo municipal que generaban dinero negro y que luego fue supuestamente lavado mediante el llamado procedimiento del pitufeo, por el que concejales y otros miembros del grupo Popular del consistorio ingresaron 1.000 euros cada uno en la cuenta del partido como si fueran donaciones propias.

https://politica.elpais.com/politica/2017/09/08/actualidad/1504887574_544474.html

LA GUARDIA CIVIL ABRE UNA NUEVA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAJA B DEL PP DE MADRID

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó el pasado julio una posible nueva vía de financiación irregular del PP de Madrid dentro del caso Púnica de corrupción y propuso al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón diferentes actuaciones para investigarla. Los agentes han hallado dos archivos Excel en los que se refleja una supuesta facturación cruzada entre 2010 y 2012 entre empresas sospechosas de camuflar los gastos de las campañas electorales de Esperanza Aguirre supuestamente cargados a la caja b.

Los dos hojas de cálculo fueron halladas por los agentes en el registro del domicilio del empresario Óscar Sánchez Moyano, imputado en Púnica por supuesta falsificación de facturas para financiar ilegalmente al PP madrileño y salpicado también por el caso Lezo. Ambos cuadros de contabilidad, según los investigadores, permiten dar sentido a una de las anotaciones de la agenda de Francisco Granados, ex secretario general del PP madrileño, excarcelado el pasado junio tras dos años y medio en prisión.

En la página 3 del famoso cuaderno moleskine que le fue intervenido en su domicilio en octubre de 2014, Granados realizó dos anotaciones de su puño y letra. Una es el nombre completo de un empresario del sector del marketing cuyas iniciales son P. R. N. La segunda anotación es el nombre de una de sus sociedades, Storm, que hasta ahora no había aparecido en la investigación. Las tablas Excel incautadas por orden del juez al empresario Óscar Sánchez Moyano añaden una pieza más al puzle de la presunta financiación ilegal del PP madrileño que se refleja en la agenda de Granados y que dio lugar a la apertura en mayo de 2016 de una pieza separada en el sumario de Púnica.

El documento policial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla que ambos documentos fueron encontrados en el domicilio social de la mercantil Sintra Consulting, propiedad de Sánchez Moyano. En el primero se recoge "facturación desde RNL [una de las empresas de P. N. R.] a vuestras empresas". Entre ellas figura Storm, la misma que aparecía en las anotaciones de la agenda de Granados, y otras tres de este último empresario. En total, refleja movimientos superiores a los 3,5 millones de euros. La Guardia Civil concluye que esta cifra recoge la supuesta facturación cruzada con las sociedades de Sánchez Moyano. Además, llama la atención sobre la existencia de una nota resaltada en el propio original con un recuadro en rojo con la frase “las cantidades a distribuir entre las empresas a vuestra disposición”.

Tres campañas electorales bajo sospecha

La nueva línea de investigación sobre la supuesta caja b del PP de Madrid se suma a las otras seis ya abiertas en el 'caso Púnica' y que han permitido destapar la financiación irregular de tres campañas electorales de los populares —las de las municipales y autonómicas de 2007 y 2011, y la de las generales de 2008— en las que, según los investigadores, los populares gastaron 4,9 millones de euros de dinero negro. Las pesquisas han permitido acreditar que el PP se valió presuntamente de una trama de empresas —muchas ellas de marketing— y de su fundación Fundescam para camuflar pagos con dinero en efectivo “de procedencia opaca” e, incluso, desviar subvenciones públicas.

En el segundo cuadro Excel los agentes encontraron referencias a otras tres sociedades ligadas a P. R. N., y diversos apuntes contables que suman 2,2 millones de euros. De nuevo recogen su sospecha de que son datos sobre la facturación entre las sociedades de éste y las del imputado Sánchez Moyano.

La UCO asegura haber analizado también los metadatos de ambos archivos digitales para conocer cuándo y quién los creó. El oficio recoge que fueron elaborados el 1 de julio de 2010 poco antes de las dos de la tarde en un equipo informático de una de las empresas de P. R. N, el Grupo RNL. Como autor del mismo aparece un nuevo personaje, en concreto una mujer que responde a las iniciales F. B. P., y que figura como consejera o apoderada de, al menos, cinco sociedades del empresario.

Por todo ello, los agentes piden al juez para “poder avanzar con la investigación” que solicite a la Agencia Tributaria información fiscal sobre operaciones con terceros de las siete empresas —la mayoría extinguidas hace años— que, de un modo u otros, aparecen vinculadas al empresario que apareció en la agenda de Granados. Todo ello, referido al periodo 2010-2012, en el que se incluye una de las campañas electorales bajo sospecha, las municipales y autonómicas de 2011. EL PAÍS intentó sin éxito a lo largo de todo el día de ayer entrar en contacto con el empresario y su empleada citados en el informe de la Guardia Civil para conocer su versión.

https://politica.elpais.com/politica/2017/09/05/actualidad/1504635637_700836.html

CIFUENTES SE ENFRENTA AL DEBATE DE LA REGIÓN TRAS SER ACUSADA POR LA GUARDIA CIVIL DE PREVARICACIÓN Y COHECHO

La presidenta se defenderá culpando a los gobiernos anteriores, pero ella siempre estuvo ahí

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes se enfrenta hoy a su segundo debate del estado de la región. Un reto que se extenderá dos días, entre hoy y mañana, y ante el que pretende transmitir sensación de tranquilidad. Ayer, con pocos ojos sobre ella por el conflicto catalán, Cifuentes ya adelantó su estrategia.

La presidenta madrileña prometió proponer “algunos proyectos importantes” para “seguir avanzando” y dijo que la oposición se dedicaría a criticar a anteriores gobiernos. “Voy a defender y a poner en valor la acción de mi Gobierno, y no voy a entrar en lo que hicieron o dejaron de hacer los anteriores. Mi obligación es gobernar, gestionar, solucionar problemas y trabajar para que tengamos mejores servicios, que se cree empleo y que crezca la economía, y no voy a entrar en cuestiones que no son de mi Gobierno”, señaló.

Es decir, que se amparará en la herencia recibida ante la oleada de críticas que recibirá el viernes de parte de la oposición, cuando tengan su turno de réplica. Y quien sabe si los rescoldos catalanes calentarán en su favor.

Sin embargo, Cifuentes siempre estuvo ahí, por mucho que busque poner una línea divisoria que en realidad es muy difusa. La presidenta madrileña acude por primera al trance del debate regional con la acusación sobre ella, por parte de la Guardia Civil, de delitos tan graves como “prevaricación continuada y cohecho”. Pocos presidentes autonómicos en activo cuentan con semejantes acusaciones sobre sus cabezas. Los tuvo Pedro Antonio Sánchez en Murcia, y acabó dimitiendo, y ni siquiera Carles Puigdemont en la actualidad ostenta semejante mérito.

Si esta condición novedosa saliese a relucir en el debate regional, Cifuentes ya ha avisado de que tirará de la excusa de gobiernos anteriores. En este caso, el de Esperanza Aguirre, quien gobernaba cuando tuvieron lugar dichos hechos. Pero a ella le acusó la Guardia Civil, aunque el entonces juez instructor se negó a imputarla, porque en 2009 y 2011 estuvo al mismo tiempo en el comité de expertos -que valoraba oferta de Arturo Fernández para quedarse con la gestión de la cafetería de la Asamblea- y presidió la mesa de contratación que adjudicó el contrato a este donante de la financiación irregular del PP.

También dentro del caso Púnica, hay que recordar que Cristina Cifuentes mantiene como su número tres a Jaime González Taboada. Una persona vinculada a ese pasado que Cifuentes rechaza. Hasta el punto de que la Fiscalía ha acusado al Gobierno madrileño de “ocultar información relevante” para esta investigación y de no tener “una colaboración espontánea”. Se da la paradoja de que Cifuentes mantiene a un imputado en la causa vigilando los papeles de Púnica que el mismo Ejecutivo madrileño ha reconocido que “traspapeló” contratos.

Y más allá de Púnica, será inevitable que sobrevuele en la Asamblea de Madrid la Operación Lezo. Puestos a buscar en el pasado, Cifuentes podrá esgrimir que todo es culpa de Ignacio González y hasta de Alberto Ruiz-Gallardón, ahora también imputado en la causa del agua madrileña. Hasta podrá presumir de que ella destapó el caso Lezo. Pero Cifuentes acudió a denunciar a la Fiscalía obligada por las circunstancias, y después de que lo hiciera el PSM, y no hay que olvidar que cuando se realizaron las operaciones sospechosas de la etapa de González, Cifuentes formaba parte del Consejo de Administración del Canal de Isabel II. Porque Cifuentes siempre estuvo ahí, aunque ahora actúe como si su Presidencia se hubiera generado de forma espontánea.

https://www.elplural.com/politica/2017/09/21/cifuentes-se-enfrenta-al-debate-de-la-region-tras-ser-acusada-por-la-guardia

UNO DE LOS GRANDES CONTRATOS INVESTIGADOS EN PÚNICA SE FIRMÓ DOS MESES ANTES DE QUE LO VISARA EL GOBIERNO DE MADRID

Los documentos oficiales del equipo de Granados destapan los agujeros negros del expediente que en 2006 puso la licitación de las obras del mayor plan de inversión pública, el Prisma, en manos de una empresa, Dusa, sin apenas plantilla y que terminó cobrando más de siete millones

El número 3 de Cifuentes, entonces director general de Cooperación Local, acababa de ser nombrado miembro de la mesa de contratación para la ejecución del Prisma pero sus portavoces remachan que fue otra mesa de contratación distinta y a la que él nunca perteneció la que inclinó la balanza en favor de Dusa

El contrato con que la empresa pública convertida por Francisco Granados en su feudo, Arpegio, puso en 2006 la licitación del mayor plan de inversión pública de Madrid en manos de una empresa llamada Dusa que disponía de siete empleados y que terminó cobrando siete millones, se firmó dos meses antes de que fuera visado por el Gobierno autonómico. Ese plan era el Prisma, dotado entre 2006 y 2011 con 1.000 millones para obras municipales y ahora en el centro del huracán por la operación Púnica. En la ejecución del Prisma desempeñaba un papel sustancial el actual número 3 de Cristina Cifuentes y consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, entonces director general de Cooperación Local. Taboada no figura entre los imputados del caso.

Aunque una norma del propio Ejecutivo regional –el Reglamento de Contratos– establece en su artículo 26 que consejerías y empresas públicas "darán cuenta al Gobierno" de todas las "propuestas de adjudicación de los contratos que vayan a celebrar" cuando estos sobrepasen los tres millones de euros, Arpegio decidió no esperar: el 1 de junio de 2006, Granados llevó al Consejo de Gobierno la supuesta "propuesta de adjudicación" a Dusa, y así consta en los documentos a que ha tenido acceso infoLibre. Pero en realidad, el contrato llevaba firmado y rubricado desde el 31 de marzo por 4,5 millones. Y ese mismo día entró en vigor. Distintas fuentes jurídicas consultadas coinciden en que el Reglamento no admite dudas: Arpegio aplicó una política de hechos consumados en lugar de someter a conocimiento del Ejecutivo madrileño una "propuesta de adjudicación".

Las prisas de Arpegio por suscribir ese contrato han quedado al descubierto en los propios documentos oficiales incorporados al sumario. Pero hay más agujeros negros. Y uno de ellos coloca en una posición difícil al consejero Jaime González Taboada. Como director general de Cooperación Local, Taboada era entonces pieza clave para articular el convenio por el que la Comunidad de Madrid encargó a Arpegio ejecutar el Prisma. Según la Intervención General del Estado (IGAE) y la Fiscalía Anticorrupción, el Gobierno de Aguirre cometió una "cuádruple infracción legal" al firmar ese convenio. Entre las infracciones que destaca la IGAE hay una de máxima relevancia: que Arpegio no disponía de medios materiales para acometer la ejecución del Prisma.

Y es ese convenio con Arpegio el que constata el rol esencial desempeñado por Taboada en la ejecución del Prisma. Uno de sus artículos dice esto: "La Consejería de Presidencia a través de la Dirección General de Cooperación con la Administración Local realizará un seguimiento de las instrucciones y pliegos de cláusulas para la contratación de cada obra". Y el contrato suscrito por Arpegio con Dusa, aquel que se firmó dos meses antes de la comunicación preceptiva al Gobierno de Madrid, especifica que su objeto es el siguiente: "La realización de los trabajos de consultoría y asistencia técnica para la gestión integral de las licitaciones públicas" del Prisma en el bienio 2006-2007.

Precisamente porque se trataba de una "gestión integral", los pliegos de cláusulas para la contratación de cada obra quedaban dentro del perímetro del contrato. No es deducción: entre las obligaciones de Dusa, y así consta en el expediente facilitado a la Asamblea de Madrid, consta de forma expresa la "adaptación de los pliegos de cláusulas administrativas y redacción de los pliegos de prescripciones técnicas particulares" para cada obra del Prisma.

Hubo más. El 23 de febrero de 2006, es decir, 20 días después de la firma del convenio entre la Comunidad de Madrid y Arpegio, Jaime González Taboada fue nombrado por el consejo de administración de Arpegio miembro de la mesa de contratación encargada de ejecutar el Plan Prisma.

Nada que ver con la "caja" del Plan Prisma

Pero, según el equipo de Taboada, el expediente que concluyó encomendando a Dusa la asistencia técnica del Plan Prisma ni fue sufragado con fondos del Plan Prisma ni su adjudicación fue propuesta por la mesa de contratación designada ex profeso para el Plan Prisma sino por otra distinta. Arpegio –sostienen sus portavoces oficiales– disponía de "dos cajas": una para las operaciones ordinarias de suelo de la empresa pública y otra para la ejecución del Plan Prisma. El equipo de Taboada asegura también esto: "El contrato inicial con Dusa, así como sus sucesivas ampliaciones y prórrogas, se pagó con cargo a la caja de las operaciones ordinarias". El hoy consejero nada tuvo que ver con esa adjudicación, remacha su entorno.

Hace un año, el Gobierno de Madrid le comunicó a la Asamblea de Madrid que en realidad el contrato a Dusa se había adjudicado sin mesa de contratación porque la de Dusa había sido la única oferta recibida pese a lo suculento de la adjudicación. Luego, y después de que la Fiscalía Anticorrupción arreciara en la petición de papeles, la directora jurídica de Nuevo Arpegio, que ya lo era en 2006 y que sí figura entre los imputados, "encontró" la fotocopia del acta de una mesa de contratación que, por lo visto, fue la que examinó la oferta de Dusa y aconsejó que se le otorgara el contrato.

Según las fuentes oficiales consultadas por este diario, la composición de esa mesa y de aquella otra de la que el hoy consejero de Medio Ambiente formaba parte aunque nunca participó en sus sesiones era idéntica salvo en lo que respecta a Taboada y al entonces jefe de gabinete y supuesto testaferro de Granados, Ignacio Palacios. Este último también está imputado. En resumen: había varias mesas de contratación, Taboada solo pertenecía a una de ellas aunque jamás acudió a sus sesiones y esa mesa a la que sí pertenecía nada tuvo que ver con la adjudicación del contrato millonario a Dusa que examina la Audiencia Nacional. El administrador único de Dusa, Adolfo Fernández, también está imputado.

Las fuentes oficiales sostienen que había mesas de contratación –en plural– para las "operaciones ordinarias" de Arpegio y que esas las montaba por su cuenta, en solitario y en función de las necesidades y sin rastro documental de esas pretendidas resoluciones, el entonces consejero delegado de Arpegio, Eduardo Larraz, que está igualmente imputado.

El lío de las mesas de contratación y la versión ante la Asamblea de Madrid

La supuesta existencia de mesas de contratación distintas aparece como el factor clave de por qué Taboada negó taxativo el 25 de junio ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid no ya su asistencia a ninguna sesión de ninguna mesa sino su propia pertenencia a ella. El equívoco comenzó cuando el diputado de Ciudadanos César Zafra preguntó a Taboada si había visto los originales del contrato de Dusa, que se cuentan entre los que misteriosamente han desaparecido de Arpegio. El Diario de Sesiones [puedes consultarlo aquí y hacer búsquedas] detalla cómo el número 3 de Cifuentes respondió con una negativa tajante y el diálogo que a renglón seguido entabló con Zafra una vez que el parlamentario de Ciudadanos le interrogó sobre si había visto los originales del contrato con Dusa:

Taboada: Nunca.
Zafra: Usted estaba en la Mesa de Contratación, aunque ya nos ha dicho varias veces que, aunque estaba en esa Mesa de Contratación, no asistió.
Taboada: Nunca estuve en esa Mesa de Contratación porque no era miembro de esa Mesa de Contratación, señor Zafra.
Zafra: ¿De esa Mesa no fue miembro?
Taboada: No, no era miembro de esa Mesa de Contratación.

Cuando le tocó el turno al PSOE, la diputada Encarnación Moya, quien recalcó que ella sí sabía que había mesas de contratación distintas, introdujo un nuevo ángulo en el interrogatorio: alguien le diría en 2006 a Taboada –le interpeló Moya– que la gestión del Prisma se iba a llevar de otro modo. Taboada respondió así: "Bueno, el funcionamiento del Prisma era que no lo hacía una Dirección General, lo hacíamos 18 o 20 (...) no había un órgano que fuera el que dirigiera el Prisma como tal. Entonces, yo me entero, como el resto de los compañeros, cuando dicen: oye, pues a partir de ahora va a ser la empresa pública Arpegio la que va a hacer esto".

Aunque el ya citado convenio entre la Comunidad y Arpegio asignaba a la Dirección General de Cooperación Local, la de Taboada, "el seguimiento de las instrucciones y pliegos de cláusulas para la contratación de cada obra", el hoy consejero se extendió durante su comparecencia en la línea argumental expuesta en el párrafo anterior: "Pues mire, señora Moya (...), es que a mí no me tenían que contar el Consejo de Gobierno si iban a sacar o no iban a sacar un contrato con una empresa y yo me entero cuando la empresa está contratada y cuando hay gente que empieza a trabar. Es que estaba muy desligado el papel de la Dirección General y el de Arpegio, completamente desligado"

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/09/13/uno_los_grandes_contratos_investigados_punica_firmo_dos_meses_antes_que_visara_gobierno_madrid_69508_1012.html

UN IMPUTADO EN PÚNICA PIDE QUE LE DEN 10.000 EUROS AL MES PARA “SUBSISTENCIA”

El exjefe de Gabinete de Celia Villalobos, que tenía 146 lingotes de oro escondidos, también pide 45.000 euros para la matrícula escolar de su hijo

“10.000 euros al mes para subsitencia”. Un sueldo Nescafé con el que soñarían muchos ciudadanos, pero que es la cantidad que Eduardo Larraz, exconsejero delegado de Arpegio e imputado en Púnica, y su mujer consideran que es lo mínimo con lo que llegar a fin de mes. Así se lo han solicitado sus abogados a la Fiscalía suiza, que a su vez se lo consultó al juzgado de Instrucción Número de la Audiencia nacional el pasado mes de agosto, en una solicitud a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM.

No es lo único que el matrimonio ha pedido, porque además los “10.000 euros mensuales para cubrir los gastos de subsistencia” que quieren desbloquear, también reclaman “45.000 euros” destinados para “matrícula escolar para uno de los hijos” de la pareja. Y, por último, que se les permita sacar “100.000 euros” de “honorarios de representación letrada”.

El mismo documento remitido desde Suiza recuerda a la Justicia española que, “como cumplimentación de su solicitud de asistencia jurídica mutua”, al matrimonio ya le fue “congelada” una cuenta en el país helvético que contaba con “2,8 millones de francos suizos”, que al cambio actual suponen casi 2,5 millones de euros.

Una cantidad que podría parecer grande, pero hay que tener en cuenta que al matrimonio le fueron descubiertos en Suiza 146 lingotes de oro en el banco Julius Bar & Co. Un pequeño tesoro que, como explicó este periódico, estaba valorado en cerca de 2 millones de euros.

Larraz habría amasado esta fortuna mientras era consejero delegado en la empresa pública madrileña Arpegio, estrechamente vinculada con la trama Púnica. De hecho, tanto el juez Eloy Velasco como la Fiscalía Anticorrupción sospechaban que el dinero podría proceder de mordidas dirigidas por Francisco Granados.

Ligado a Celia Villalobos

Aparte de este historial ligado al Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, su pasado político se inicia con Celia Villalobos, cuando fue contratado, diputada del Partido Popular y exvicepresidenta del Congreso, como gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga cuando ésta ocupaba la Alcaldía de la ciudad malagueña.

Cuando Villalobos dio el salto a la política nacional, Larraz fue su jefe de Gabinete en Ministerio de Sanidad cuando ocupó el cargo con el Gobierno de José María Aznar entre 2000 y 2002.

Empresa en paraísos fiscales

También se conoció en 2013 que Larranz tuvo una sociedad en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. La compañía, creada en febrero de 2005, tuvo “un desconocido origen de los fondos”, según un informe confidencial de 2010 de la empresa intermediaria Commonweath Trust Limited según publicó El Confidencial.

https://www.elplural.com/politica/2017/09/21/un-imputado-en-punica-pide-que-le-den-10000-euros-al-mes-para-subsistencia

UN NUEVO INFORME DE PÚNICA ATRIBUYE CUATRO DELITOS AL ALCALDE DE ALMENDRALEJO

La Guardia Civil acusa al popular García Lobato de cohecho, fraude, revelación de secretos y tráfico de influencias en el amaño frustrado de un contrato de 20 millones

La Guardia Civil ha entregado recientemente al titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García-Castellón, un informe sobre el amaño frustrado por parte de la trama Púnica de un contrato público en el Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz). El documento policial detalla la presunta participación de 11 personas en las irregularidades de una adjudicación que iba a superar los 20 millones, entre ellos el alcalde, el popular José García Lobato, al que considera responsable de cohecho, fraude, revelación de secretos y tráfico de influencias.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) recoge a lo largo de 124 folios correos electrónicos, conversaciones telefónicas y declaraciones de testigos e investigados que llevan a la Guardia Civil a concluir que cuatro directivos de Cofely SA, una de las empresas clave en la trama de corrupción, consiguieron modificar a su antojo los pliegos del concurso del municipio pacense para hacerse con la millonaria adjudicación.

El documento policial destaca que, para ello, contaron con la colaboración del alcalde del municipio y de dos de sus concejales, el teniente de alcalde y vocal de la mesa de contratación, Luis Alfonso Merino, y el concejal Carlos González Jariego —a cada uno de los cuales los agentes atribuyen sendos delitos de fraude y revelación de secreto—, además de un arquitecto municipal y tres empresarios locales.

Todo ello a cambio de una contraprestación económica que la UCO cifra en 180.000 euros que se iban a repartir supuestamente varios de los implicados, así como del patrocinio por parte de la empresa implicada de un campeonato de kárate en la localidad y la instalación de las luces navideñas. El informe añade que finalmente la adjudicación no se produjo porque el 27 de octubre de 2014, solo un mes antes de que se adoptara el acuerdo municipal, fueron detenidos varios de los participantes en el amaño. El equipo del Consistorio suspendió entonces el proceso en pleno proceso de apertura de sobres.

Según el informe policial, el principal muñidor de todo ello fue presuntamente el directivo de Cofely Pedro García, imputado en la causa por otros amaños similares en varios Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y al que ahora los agentes consideran autor de cinco delitos. El alcalde popular García Lobato mantuvo con él un intenso intercambio de correos electrónicos, conversaciones telefónicas y encuentros personales que llevan a los investigadores a calificar la relación entre ambos de “estrecha”. Entre esos mensajes, los agentes destacan varios que el regidor remitió al directivo de Cofely con documentación del concurso cuando el mismo aún no era público.

Gracias a esa relación, la Guardia Civil concluye que los pliegos que iban a regir la adjudicación fueron redactados a la medida por los empleados de Cofely, pese a ser licitadora del concurso, y solo quedó en manos de los técnicos del Consistorio “algo tan residual como rellenar algunos apartados”.

En este punto, el informe destaca que de este proceso de elaboración fueron apartados un técnico del Ayuntamiento y el concejal de alumbrado público, José Antonio Regaña, también del PP, quienes habían planteado diversas objeciones al contrato. Este último declaró a los agentes que su marginación fue una orden directa del alcalde, aunque él lo achacó entonces a que formaba parte del “anterior equipo” popular en el Consistorio y no a su oposición al proyecto.

El documento policial recoge la declaración que el alcalde de Almendralejo prestó como “investigado no detenido” ante los agentes de la UCO el pasado 31 de enero y en la que, pese a negar cualquier irregularidad en su actuación, reconoció haber mantenido conversaciones telefónicas, reuniones y cruce de correos electrónicos con el directivo de Cofely. García Lobato llegó a calificar de “llamada imprudente” la que realizó para pedirle a Pedro García que su empresa patrocinase una competición deportiva, aunque se excusó al considerar que ello era “una práctica habitual de alcalde buscando patrocinios y ayudas”.
Bajo sospecha desde el inicio de la investigación

Veinte llamadas. El contrato de Almendralejo está bajo sospecha desde el inicio del caso Púnica, cuando los pinchazos telefónicos revelaron los supuestos tratos de la trama con García Lobato.

Informe previo. Un informe de la UCO sobre el amaño de estos concursos previo a las primeras detenciones ya citaba al alcalde del PP.

Viaje a París. El nombre del regidor apareció posteriormente en una lista de alcaldes a los que Cofely invitó con sus parejas a París en 2014.

https://politica.elpais.com/politica/2017/09/04/actualidad/1504549109_750773.html

LA PÚNICA EN EXTREMADURA: UN INTENTO DE MORDIDA Y UN ALCALDE DEL PP INVESTIGADO

Mientras el PP niega la imputación de José García Lobato, el PSOE les acusa de mentirosos y exigen su dimisión

“180.000 razones para dimitir”, las mismas que los euros que podría haberse embolsado el alcalde popular de Almendralejo (Extremadura) como mordida de haber conseguido las adjudicaciones planeadas, que finalmente se quedaron en el aire. Esto es lo que denuncia el PSOE de Almendralejo alegando que su alcalde, José García Lobato, dimita y deje de asegurar que no está cercado por la Púnica.

Que la trama Púnica dio el salto de Madrid a Extremadura entrando por Almendralejo es algo que el PSOE lleva años denunciando. Ahora, con un informe en la mano de la UCO, de 126 páginas, esta denuncia se convierte en una realidad a seguir investigando.

Ya lo dejó por escrito el juez Eloy Velasco antes de dejar la Audiencia Nacional y, con ello, la instrucción de la trama corrupta de la Púnica. Dejó una serie de instrucciones para que las siguiera su sucesor, y entre ellas, la petición de investigar todos los caminos de la Púnica que llevan hasta Lobato. Ahora, esas investigaciones se plasman en un informe de la UCO y en la imputación de cuatro delitos: cohecho, fraude, revelación de secretos y tráfico de influencias por intentar adjudicar la gestión de la luz del municipio a Cofely SA, con un contrato amañado, por valor de 20 millones de euros.

El PSOE lo tiene claro, el alcalde y el teniente alcalde prepararon la privatización del alumbrado del pueblo con unos pliegos hechos a la medida de la empresa Cofely.

126 páginas de investigación

“Este informe de la UCO corrobora, palabra por palabra, todo lo que hemos venido contando”, ha celebrado la líder del PSOE el Almendralejo, Piedad Álvarez en declaraciones a ELPLURAL.COM. “La UCO ha conseguido muchos correos electrónicos y llamadas telefónicas que van poniendo negro sobre blanco que, presuntamente, la empresa Cofely llevaba mucho tiempo trabajando junto a Lobato para conseguir esa adjudicación”.

Es más, el PSOE no tiene ninguna duda de que fue la propia Cofely la que redactó los pliegos de la adjudicación para asegurarse el contrato, sin dejar espacio a otras empresas.

“Nosotros denunciamos que los pliegos los hacia la empresa y, presuntamente, se los remitía al Ayuntamiento con chapuzas tan visibles como que llevaba incluidos los datos del clima de Madrid y no los de Almendralejo. Lo dijimos hace años y ahora lo demuestra la UCO”, mantiene Álvarez.

Según ha contado la líder del PSOE de Almendralejo a ELPLURAL.COM, Endesa les comunicó por escrito que no se presentaba al concurso de eficiencia energética porque no tenían tiempo suficiente para preparar una oferta pero “Cofely, que es más pequeña, sí, porque llevaban años hablando con técnicos, con el alcalde y con más tráfico de correos electrónicos que en la M-30”.

Y es que, el informe de la UCO es claro, el alcalde popular de Almendralejo había pactado, para él y toros políticos, una mordida de 180.000 euros más el 2% anual a cambio de hacer todo lo posible para que la adjudicación del contrato de eficiencia eléctrica fuera para Cofely. Incluso idearon una fórmula que recoge la UCO: Fee: 180K € + 2% sobre CA anual.

El PP defiende a su alcalde

Tras las investigaciones de la UCO, tiene la palabra el juez instructor del caso, aunque hay que recordar que Lobato ya fue citado a declarar como investigado ante el magistrado el pasado mes de julio.

Y aquí nace otra polémica. Mientras que el PP mantiene que Lobato no está investigado, pues el juez todavía no le ha llamado, el PSOE de Extremadura acusa a los populares de intentar ocultar la verdad.

“Monago y el Partido Popular de Extremadura intentan ocultar con mentiras el intento de apropiarse de 180.000 euros por parte de José García Lobato”. “El PP les dice a los ciudadanos que Lobato no está imputado en el caso, mienten, ya que declaró ante el juez como investigado el pasado mes de julio”, mantienen los socialistas y recuerdan en un comunicado que “la figura imputado ha pasado a llamarse investigado en el nuevo Código Penal, siendo ambas exactamente lo mismo”.

Por eso, piden una vez más su dimisión. “Lobato debe dimitir dada la gravedad de los acontecimientos y si no lo hace él, Monago debe obligarle a abandonar el puesto, porque sino el también será cómplice de este intento de apropiación de dinero público”. Lobato “no puede estar ni un minuto más al frente de una institución a la que ha intentado estafar tal y como refleja el informe de la UCO”.

Y añade Álvarez, “él sigue cobrando 4.000 euros todos los meses por tomarnos el pelo. Almendralejo está paralizado porque no tenemos presupuestos. Los últimos son del 2010” que los hicieron el PSOE y Lobato, del PP, entró en 2011 con mayoría absoluta. “Tiene mayoría absoluta, no tienen ningún impedimento para hacer unos presupuestos propios, pero no le da tiempo porque está ocupado en otros enredos como adjudicar por comisiones”.

Supuestos amaños de contratos y consumos inflados

Como ya explicó ELPLURAL.COM a principios de junio, todo empezó cuando el Ayuntamiento del PP presentó unos pliegos para privatizar el alumbrado público del pueblo. Al concurso se presentaron dos empresas, una de ellas Cofely.

Fue entonces cuando al PSOE empezaron a no cuadrarle las cosas. Al escribir en los buscadores de internet partes de los pliegos de adjudicación, encontraban que párrafos enteros eran idénticos a los pliegos que se habían aprobado en otros municipios. “Todos de Madrid, todos en los que sus alcaldes están ahora en prisión o investigados por la Púnica”, como es el caso de Móstoles, Serranillos, Valdemoro con Francisco Grandos… “Todos los indicios nos llevaron a pensar que los pliegos habían sido elaborados por la propia empresa Cofely”.

Por eso, en 2015, formalizaron una denuncia ante la Audiencia Nacional. Pero aún tenían más pruebas. Los socialistas venían de haber gobernado anteriormente en Almendralejo, con los datos en la mano, descubrieron que en los pliegos “se había inflado un 30% el consumo y eso es beneficio limpio para la empresa”, para Cofely, que era la empresa para la que se estaba supuestamente amañando la adjudicación.

Una adjudicación que nunca se dio

Finalmente, la adjudicación nunca se llegó a dar a Cofely. Antes de que se pudieran cerrar todos los detalles, se produjo una denuncia de un guardia civil y la UCO se personó en el pueblo para llevarse los pliegos y toda la documentación. Así nació esta pieza separada, la número 6 dentro de la trama Púnica.

https://www.elplural.com/politica/2017/09/19/la-punica-en-extremadura-un-intento-de-mordida-y-un-alcalde-del-pp-investigado

EL ARREPENTIDO DEL ‘CASO PÚNICA’ VUELVE A DECLARAR

El constructor David Marjaliza responderá en octubre por primera a los abogados defensores de tres incriminados por él en las actividades de la trama

El constructor David Marjaliza, amigo del exdirigente del PP Francisco Granados y primer gran arrepentido de la corrupción en España, comparecerá en las próximas semanas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García-Castellón, para realizar una nueva declaración. Será la primera que efectúe desde su puesta en libertad provisional en diciembre de 2015 y también la primera en la que deberá responder a las preguntas de las defensas, ya que sus anteriores comparecencias en la Audiencia Nacional se realizaron bajo secreto de sumario y con la única asistencia de las dos fiscales del caso y su letrado.

La decisión del magistrado se produce después de que tres de los incriminados por el testimonio del empresario presentaran sendos escritos para que se le tomara declaración y que sus letrados pudieran rebatir sus acusaciones. Prevista en un primer momento para el próximo 16 de octubre a las 9.30 de la mañana, la nueva comparecencia se retrasa por la imposibilidad del abogado de Marjaliza a asistir ese día, según fuentes jurídicas.

Los imputados cuyos escritos han provocado la nueva declaración del arrepentido de la Púnica son el que fuera alcalde de Valdemoro cuando se produjeron las primeras detenciones en octubre de 2014, Juan Carlos Boza Lechuga; su mano derecha en el consistorio, Alfredo Ovejero; y el empresario Víctor Manuel Sobrino, cuya empresa de encuestas TNS fue supuestamente utilizada por la red de corrupción para pagar con sondeos electorales a alcaldes que presuntamente amañaron contratos públicos en favor de la trama.

En los tres casos, habían planteado la necesidad de que el testimonio de Marjaliza fuera sometido a "contradicción con sus defensas en la fase sumarial, sin esperar al juicio oral ante el Tribunal". No era la primera vez que lo pedían, pero hasta ahora el anterior instructor, el juez Eloy Velasco, lo había rechazado de plano. Su sustituto en el juzgado lo ha considerado ahora oportuno a considerar que cuando se produjo el testimonio de Marjaliza la causa estaba bajo secreto de sumario, según se recoge en un auto del pasado 13 de septiembre al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El constructor y amigo de Granados ha comparecido, hasta ahora, cinco veces ante el juez. En la primera de ellas, poco después de su detención en la primera fase de la Operación Púnica, se negó a declarar. Sin embargo, en abril de 2015, el empresario dio las primeras muestras de querer colaborar con la justicia durante un registro en la casa de sus padres en Valdemoro (Madrid) al que él asistía. Tras diversos contactos entre su abogado y la Fiscalía Anticorrupción para que su colaboración se tradujera en una reducción de sus futuras condenas -fuentes cercanas al empresario aseguran a EL PAÍS que no hay un pacto concreto-, en junio acudió en tres ocasiones a la Audiencia Nacional para confesar. La primera fue el 18 de junio de aquel año. Aquel día, el juez Eloy Velasco y las dos fiscales del caso le interrogaron por espacio de dos horas.

Un día después volvía a sentarse ante el magistrado, en este caso durante tres horas, para seguir detallando su participación y la de otros en las actividades de la trama. El 25 de junio hacía su tercera declaración. La más larga hasta ahora: cinco horas. En todo este tiempo, Marjaliza siguió encarcelado, situación que se mantenía cuando en noviembre de ese mismo año acudió por cuarta y última vez, hasta ahora, para ser interrogado. Un mes después el juez accedía a su puesta en libertad bajo fianza.

Ahora, 22 meses después de su excarcelación, declarará por sexta vez, aunque esta vez será la primera vez que tenga que responder a las preguntas de las defensas de las personas incriminadas por él. Según fuentes cercanas a su defensa, la intención de Marjaliza es "seguir colaborando con la justicia". Fuentes cercanas a la investigación reconocen que su testimonio ha sido clave para consolidar pruebas ya existentes, avanzar en algunas líneas de investigación e, incluso, abrir otras nuevas.

https://politica.elpais.com/politica/2017/09/15/actualidad/1505467651_237059.html

EL JUEZ DE PÚNICA BUSCA EN MÓNACO E ISLA MAURICIO LA FORTUNA OCULTA DE GRANADOS

La investigación apunta a que el político utilizó las cuentas en paraísos fiscales de un empresario también imputado para evadir las millonarias comisiones

El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, libró el jueves una comisión rogatoria a las autoridades del Principado de Mónaco para recabar información sobre las cuentas abiertas en dos bancos de este país por el constructor Ramiro Cid Sicluna, también imputado en la causa. Un informe de la Guardia Civil apunta a que dichos depósitos fueron utilizados por Francisco Granados para ocultar millonarias comisiones ilegales. Las pesquisas llevan hasta la isla Mauricio, paraíso fiscal al que fueron transferidos fondos desde una de esas cuentas.

En un auto fechado el 14 de septiembre, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado detalla la estrecha relación existente entre Granados y Ramiro Cid. Una amistad de la que el segundo, junto a otros promotores urbanísticos, obtuvo “ingentes beneficios” ya que fue uno de los principales beneficiados de los numerosos amaños urbanísticos propiciados por el político entre 1999 y 2014, periodo en el que ocupó sucesivamente los cargos de alcalde de Valdemoro (Madrid), consejero y vicepresidente en los gobiernos de Esperanza Aguirre y senador.

A cambio de ello, el constructor presuntamente entregó al político numerosas comisiones. Una parte de éstas fueron en especie, entre las que el juez detalla vehículos, “la construcción de un macrochalet” y participaciones en empresas ocultas mediante testaferros a través de las cuales Francisco Granados encubría, entre otras, la propiedad de una finca en la provincia de Ávila y una inversión para la construcción de infraestructuras en el metro de Moscú.

Granados recibió otra parte de estas mordidas en efectivo. 942.000 euros fueron localizados en noviembre de 2015 dentro de una maleta oculta en el domicilio de los suegros del político. Sin embargo, la mayor parte fue supuestamente sacada de España de manera ilegal. Cerca de 1,33 millones de euros fueron remitidos desde 1999 a 2003 a la cuenta que él y su esposa, María Nieves Alarcón, también imputada en la causa, tuvieron hasta 2007 en el BNP Paribas de Ginebra. Su descubrimiento por parte de las autoridades helvéticas —junto con los depósitos que también tenía en este banco otro constructor imputado, el ahora arrepentido David Marjaliza— permitió iniciar la Operación Púnica que desembocó en la detención del político en octubre de 2014.

Ahora, las últimas investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan a que otra parte importante de esos fondos fueron transferidos de modo ilícito “al circuito de cuentas abiertas en Mónaco” del que era titular el empresario Ramiro Cid junto a su padre y su compañera sentimental, Benito Cid Salgado y Francisca María Parra González. El auto del juez destaca que dichos depósitos han permanecido ocultos hasta ahora para Hacienda y no consta que el constructor imputado los hubiera regularizado en la amnistía fiscal de 2012.

Las pesquisas han permitido localizar una cuenta en el Union Bancaire Privee (UBP) de Mónaco, en el que figuran como titulares el propio Ramiro Cid, Francisco María Parra y la sociedad Sil Assets Management. Como beneficiario aparece el padre del promotor. El auto judicial destaca que esta cuenta fue cancelada en una fecha que no detalla y que sus fondos fueron transferidos a una entidad bancaria de Isla Mauricio, “considerado un paraíso fiscal”, como destaca el magistrado en su auto.

La Guardia Civil también ha encontrado indicios de la existencia de otros depósitos en una segunda entidad financiera del Principado, el Lloyds Bank Mónaco. En este caso, las sospechas apuntan a que los mismos fueron abiertos a nombre de Ramiro Cid y su padre, aunque los investigadores no han podido aportar hasta ahora datos más concretos, ni siquiera de cuántas se trata.

El auto del juez García Castellón considera que con todas estas cuentas el constructor se convirtió en un “facilitador” para que Granados ocultara en el extranjero las comisiones ilegales que le entregaron él mismo y otros promotores en pago a sus favores políticos. Por ello, el magistrado reclama a las autoridades del Principado toda la información disponible sobre ellas, incluido el detalle de sus titulares, beneficiarios, transferencias, disposiciones e ingresos en efectivos, y tarjetas de crédito ligadas a las mismas. La comisión rogatoria reclama que todos estos datos se remitan a la Audiencia Nacional de manera urgente.

https://politica.elpais.com/politica/2017/09/15/actualidad/1505477037_757216.html

EL PRIMER JUICIO DE LA TRAMA 'PÚNICA', SOBRE EL CHIVATAZO A GRANADOS, ARRANCARÁ EL 14 DE NOVIEMBRE

La fiscalía pide tres años de cárcel para el exdirigente del PP y los dos guardia civiles que le dieron el soplo

Ya hay fecha para el juicio de la primera pieza del 'caso Púnica', la referente al 'chivatazo' que dos guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO) le dieron al exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados sobre que le estaban investigando. La vista oral arrancará el próximo 14 de noviembre en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Según informan fuentes jurídicas, los días 14, 15 y 16 de ese mes son los señalados para esta vista oral que sienta en el banquillo de los acusados a Granados y a los dos guardias civiles, que se enfrentan a una petición por parte de la fiscalía de tres años de cárcel por los delitos de revelación de secretos y aprovechamiento de revelación de secretos.

La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional será la encargada de juzgar esta causa que llega a juicio después de que el magistrado instructor de la misma, Eloy Velasco, finalizara en julio la primera de las 14 piezas separadas -denominada 'pieza I Talamino' por ser el apellido de uno de los guardias civiles encausados- que obran en el sumario de la trama Púnica. Además, la fecha se conoce un día después de que Velasco haya cesado como titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

Tres carros del Carrefour

Según precisó Velasco en su auto de transformación en procedimiento abreviado, el soplo que le dio Talamino al exdirigente popular a altas horas de la madrugada en las fiestas de Valdemoro de septiembre del 2014 hizo "un grave daño" a las acciones realizadas por la UCO sobre esta operación.

David Marjaliza, presunto cerebro de la trama, quedó fuera de la instrucción de esta pieza a pesar de haber confesado que había "quemado" todos los documentos que le incriminaban después de que Granados le advirtiera de que estaba siendo investigado. "Sacamos tres carros del Carrefour y los llevamos a quemar", reveló ante el juez.

http://www.elperiodico.com/es/politica/20170526/juicio-chivatazo-granados-arrancara-14-noviembre-trama-punica-6063778

GRANADOS CAMBIA POR TERCERA VEZ DE ABOGADO Y ELIGE AL DEFENSOR DE ‘EL BIGOTES’

El presunto cabecilla de la trama Púnica comunica a la Audiencia Nacional que su letrado pasa a ser José Javier Vasallo

Francisco Granados, ex secretario general del PP madrileño y presunto cabecilla de la trama Púnica, ha vuelto a cambiar de abogado. Es la tercera vez que lo hace desde que fue detenido en octubre de 2014 por su presunta implicación en la red de corrupción. En un escrito remitido este lunes al titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García Castellón, el político comunica al magistrado que a partir de este momento su defensor será José Javier Vasallo, también personado en otro célebre sumario, el caso Gürtel, donde se encarga de los intereses de Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.

En primer letrado que tuvo Granados cuando se inició la causa hace casi tres años fue el exfiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina. Este abogado decidió abandonar su defensa en junio de 2016 al considerarse engañado por su cliente, quien le había asegurado que no tenía fondos ocultos y, meses después, apareció cerca de un millón de euros oculto en un maletín en casa de sus suegros. Entonces, Molina aseguró que dejaba de hacerse cargo de la defensa "por motivos profesionales".

A él se siguió el letrado Carlos Zabala, un antiguo compañero de despacho del exfiscal que, sin embargo, solo fue el abogado de Granados cuatro meses. En noviembre de ese mismo año asumieron la defensa del político los letrados Virginia Santana, Carlos-Pelayo y Carlos María García de Ceca. Son estos los que ahora, once meses después, ha comunicado que el ex secretario general del PP madrileño deja de ser su cliente y conceden la venia a José Javier Vasallo. Este último, además de representar a 'El Bigotes' -encarcelado para cumplir la primera condena impuesta en el caso Gürtel- se encargaba también de los asuntos legales de Rocío Carrasco.

https://politica.elpais.com/politica/2017/09/26/actualidad/1506414624_438038.html

LA MUJER DE GRANADOS FICHA COMO ABOGADO AL EX JEFE DE LA FISCAL DE PÚNICA

García Jabaloy, fiscal de la Audiencia Nacional hasta hace seis meses, colaborará en la defensa de Nieves Alarcón.

Nieves Alarcón, esposa del cabecilla de la trama corrupta Púnica, Francisco Granados, e investigada junto a él en este procedimiento, ha decidido cambiar de abogado. El pasado septiembre el bufete Ramón y Cajal concedió la venia a la letrada María Victoria Vega quien, a su vez, ha hecho saber al Juzgado que será sustituida cuando sea preciso por Juan Antonio García Jabaloy. Este jurista ha sido hasta hace escasos seis meses fiscal de la Audiencia Nacional, órgano donde se lleva a investigación.

García Jabaloy pidió el pasado abril la excedencia voluntaria para incorporarse como of counsel a la oficina en España de la firma internacional de abogados DLA Piper, donde dirige el área de penal económico. Fiscal de la Audiencia Nacional desde 2004, ha sido durante seis años (2006-2012) responsable de la delegación española en Eurojust, organismo creado por el Consejo de la Unión Europea para reforzar la cooperación de los Estados miembro en la lucha contra la delincuencia transfronteriza.

A sus órdenes en Eurojust trabajó desde 2008 María Teresa Gálvez, que es una de las dos fiscales anticorrupción que se encargan precisamente del caso Púnica. Asistente y suplente de Jabaloy, Gálvez fue número dos de la delegación española en Eurojust hasta junio de 2013, cuando se reincorporó a la Fiscalía Especial contra la Corrupción. García Jabaloy y Gálvez trabajaron juntos en La Haya durante cuatro años.

La esposa de Granados ha elegido, pues, como colaborador de su defensa a un ex fiscal que, además de conocer de primera mano el funcionamiento de la Audiencia Nacional, tiene excelentes relaciones con el Ministerio Público.

Fuentes de Anticorrupción restan trascendencia a esta situación, no sólo por la acreditada profesionalidad de Gálvez sino también porque los fiscales están ya acostumbrados a encontrarse 'en el otro lado' a antiguos compañeros. Sólo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se han pasado al ejercicio de la abogacía en los últimos años casi una decena de fiscales, entre ellos el ex teniente fiscal Jesús Santos, Ignacio Gordillo, Juan Moral, Florentino Orti, Ignacio Peláez o Enrique Molina. Algunos como Susana Landeras han hecho un viaje de ida y vuelta: Landeras se marchó a un bufete en noviembre de 2009 y se reincorporó a la carrera fiscal en febrero de 2012, regresando a la Audiencia Nacional unos meses después.

Puertas giratorias

La ley permite a los fiscales, igual que a los jueces, solicitar la excedencia voluntaria alegando, entre otros motivos, un interés particular. En esta situación deben estar como mínimo dos años, pasados los cuales pueden volver a incorporarse a la Fiscalía sin solución de continuidad. La excedencia voluntaria no permite reservar la plaza, aunque sí tienen preferencia en los concursos para obtener un puesto de su categoría en la misma provincia en la que tuvieron el último destino.

Nieves Alarcón, investigada por supuestos delitos fiscales, de blanqueo de capitales y de pertenencia a organización criminal, designó inicialmente como defensor al también ex fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, que la asistió en su primera declaración ante la Guardia Civil (28 de octubre de 2014) y ante el juez instructor, Eloy Velasco, el 29 de enero de 2015.

La operación Púnica comenzó con una querella de la Fiscalía Anticorrupción tras conocerse la existencia de varias cuentas en un banco suizo a nombre de Francisco Granados y David Marjaliza junto a sus respectivas esposas, Nieves Alarcón y Adela Cubas. Existen indicios de que los fondos depositados en esas cuentas proceden de delitos relacionados con la corrupción, en particular de amaños vinculados a la promoción urbanística y la contratación administrativa.

En casa de los padres de Nieves Alarcón la Guardia Civil encontró un maletín con cerca de un millón de euros. Granados ha reconocido hace unos días que el dinero formaba parte del que tenía en Suiza y que su socio, David Marjaliza, se lo entregó en España.

https://www.elespanol.com/espana/20161021/164734527_0.html

‘CASO PÚNICA’: EL SUMARIO QUE AMARGARÁ EL OTOÑO AL PP

Anticorrupción pedirá tras el verano la imputación de varios cargos públicos del partido en el ‘caso Púnica’

Pasado el mal trago de la declaración de Mariano Rajoy como testigo en el caso Gürtel, el PP se enfrentará después de verano a un nuevo chaparrón judicial por culpa de la corrupción. En esta ocasión será el caso Púnica, en el que se investiga la trama presuntamente encabezada por el ex secretario general del partido en Madrid, Francisco Granados, el que convertirá los últimos meses de 2017 en un nuevo vía crucis judicial para los populares. De las 16 piezas en la que está dividido el sumario, el juicio de la primera tiene ya fecha: noviembre. Entonces se sentarán en el banquillo el propio Granados y dos guardias civiles, acusados de dar al político el chivatazo que puso en peligro la investigación y que obligó a finales de octubre de 2014 a precipitar las primeras detenciones.

Desde sus inicios, el sumario ha provocado un goteo constante de imputaciones de cargos públicos, en su inmensa mayoría del PP. Varios ven ya el banquillo como un horizonte cercano. En concreto, los presuntamente implicados en las actividades de la trama en la Diputación de León y en el Gobierno de Murcia, las otras dos piezas separadas del sumario cuya investigación ya ha finalizado y cuyos juicios deben ser fijados en breve. En la primera están encausados Marcos Martínez Barazón, alcalde de Cuadros (León) y sustituto de la asesinada Isabel Carrasco al frente de la diputación provincial, y el regidor de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez. La pieza de Murcia ha supuesto la imputación del exconsejero Juan Carlos Ruiz y del ex presidente regional, Pedro Antonio Sánchez. La senadora Pilar Barreiro será investigada por el Tribunal Supremo por los mismos hechos.

Sus nombres llevan casi desde el principio presentes en el sumario junto a los de otros cargos públicos del PP, como los antiguos aforados Salvador Vitoria y Lucía Figar, exconsejeros de la Comunidad de Madrid; los exmiembros del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid Mario Utrilla, José Miguel Moreno Torres y Daniel Ortiz; y alcaldes de varios partidos como el que fuera regidor socialista de Parla, José María Fraile; el de Valdemoro, el 'popular' José Carlos Boza Lechuga; el de Collado Villalba, Agustín Juárez López de Coca, también del PP; el de Serranillos del Valle, el independiente Antonio Sánchez Hernández; los de Casarrubuelos y Torrejón de Velasco, David Rodríguez Sanz y Gonzalo Cubas Navarro; y el de Moraleja de Enmedio, Carlos Estada, también popular.

Los últimos escritos de la fiscalía apuntan a que la cifra de cargos públicos imputados aumentará en los próximos meses. El pasado mayo, el ministerio público pidió que se interrogara a 35 personas dentro de la pieza separada del sumario en el que se investigan las supuestas adjudicaciones irregulares de millonarios contratos municipales de eficiencia energética a la empresa Cofely. Entre los citados aparecen dos alcaldes —los de las localidades madrileñas de Brunete y Torrejón de Velasco, Borja Gutiérrez y Esteban Bravo—, cuatro concejales y un ex alto cargo de la Comunidad. En esta pieza también aparece salpicado un nuevo aforado: el diputado de la Asamblea de Madrid Bartolomé González, exalcalde de Alcalá de Henares.

Además, en las últimas semanas se ha incorporado a la causa un informe de la Guardia Civil sobre la adjudicación frustrada de uno de estos contratos en el ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz). Por estos hechos ya ha declarado como “investigado no detenido” ante los agentes el regidor popular, José García Lobato, y al menos otro miembro de su equipo de Gobierno. Está a punto de llegar a la Audiencia Nacional otro documento policial sobre el consistorio de Villalba (Madrid), también gobernado por el PP.

La pieza de Waiter Music

También se convertirá en un quebradero de cabeza para Génova la pieza del sumario referida a la supuesta contratación irregular de la empresa especializada en la organización de festejos Waiter Music S. L. por parte de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. En esta parte de la investigación, la Guardia Civil ya entregó un informe referido al consistorio de Valdemoro, epicentro de la trama, en el que además de los cargos locales implicados que ya estaban imputados, se recogían indicios de la supuesta financiación irregular de actos del partido. Las pesquisas señalaban entre ellos mítines de las campañas autonómicas y municipales, pero también de las generales en las que Rajoy fue cabeza de lista.

Anticorrupción quiere extender estas pesquisas a otros 47 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que también adjudicaron contratos a Waiter Music entre los años 2004 y 2014 por un importe total superior a los 28 millones de euros. En esta pieza también se investiga a siete constructoras y una UTE por contratar a esta misma empresa para organizar actos de inauguración de obras públicas, y al propio PP de Madrid.

La décima y decimoquinta piezas separadas del sumario también salpican de lleno al PP. En ellas, el juez García-Castellón investiga los contratos de reputación online que el experto informático Alejandro de Pedro y su socio, el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, consiguieron con ayuntamientos madrileños y del litoral valenciano supuestamente para mejorar la imagen en Internet de políticos. Los trabajos eran presuntamente pagados con fondos públicos tras camuflarlos como campañas publicitarias. En esta pieza están pendientes las declaraciones de varios presuntos implicados, incluidos dos aforados. Uno es Víctor Soler, parlamentario del PP en las Corts valencianas y actual concejal en Gandía (Valencia), al que los investigadores implican en el pago de los trabajos de reputación que la trama hizo para el que fuera alcalde popular de este municipio, Arturo Torró, quien dejó su acta tras saltar el escándalo.

El segundo es Miquel Domínguez, también diputado regional valenciano y al que un reciente informe de la UCO relaciona con el supuesto pago irregular de trabajos de reputación online para la fallecida Rita Barberá. El documento policial también cita al concejal Alberto Mendoza Seguí, actualmente imputado en la trama de blanqueo de capitales y financiación irregular de la campaña de las municipales de 2015, el llamado caso Taula.

La caja b del PP

La decimocuarta pieza del sumario está dedicada en exclusiva a la supuesta caja b de los populares en Madrid, y en ella está ya imputado el que fuera gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez, aunque incluso han aparecido documentos relacionados con Luis Bárcenas.
En esta parte de la investigación están los dos informes de la Guardia Civil que implicaban a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la supuesta adjudicación irregular al empresario Arturo Fernández de dos contratos de la Asamblea regional. Esta línea de investigación también ha puesto el foco judicial en el papel que Fundescam, una fundación creada por Esperanza Aguirre, presuntamente jugó en la trama de financiación irregular que permitió a los populares madrileños gastar durante tres campañas una cantidad de dinero muy superior a la permitida por la ley electoral.

Finalmente, el PP también aparece acorralado en la investigación sobre la empresa pública del suelo de la Comunidad de Madrid, Arpegio, cuya sede fue registrada durante 14 horas el pasado 16 de mayo. En esta pieza están bajo sospecha tanto los dos planes Prisma de inversiones de obra pública en municipios como la gestión del suelo a través de 22 consorcios urbanísticos. Entre ambos, el Ejecutivo regional manejó en la etapa de Granados cerca de 3.000 millones de euros. Parte de los cuales supuestamente se desviaron, no sólo al PP, sino también a otros partidos. Escritos del primer instructor de la causa, Eloy Velasco, y de Anticorrupción hacen referencias concretas a “sospechas de corrupción” de concejales de PSOE e IU que aún no identifica.

Por esta trama de Arpegio ya tuvo que dimitir un viceconsejero del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Ruiz. Además, parte de las pesquisas se dirigen hacia un aforado, el número tres del Gobierno de Cifuentes, Jaime González Taboada. En las declaraciones que ya han prestado varios de los imputados en la Audiencia Nacional —el resto lo harán después de verano— Anticorrupción planteó numerosas preguntas sobre el papel jugado por González Taboada en las millonarias contrataciones.

https://politica.elpais.com/politica/2017/08/04/actualidad/1501860237_303529.html

LA FISCALÍA DEL SUPREMO PIDE INVESTIGAR A LA SENADORA DEL PP PILAR BARREIRO POR LA PÚNICA

El ministerio público hace responsable a la exalcaldesa de Cartagena de un desvío de fondos públicos para mejorar su imagen

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la Sala que nombre un magistrado instructor para que investigue a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama Púnica.

El Ministerio Público emitió el pasado 5 de julio un escrito de dos folios solicitando como primera diligencia la comparecencia voluntaria de Barreiro "a fin de que declare sobre los hechos imputados objeto de las presentes actuaciones y cuantas otras sean necesarias para la aclaración de los mismos", según ha informado la Fiscalía en un comunicado.

Según establece el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que señala que los aforados tienen derecho a prestar declaración como investigado antes de que se pida el suplicatorio y se le impute formalmente.

El ex juez de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ha estado investigando el 'caso Púnica' hasta que fue ascendido el pasado mes de junio a la nueva Sala de Apelaciones de este órgano judicial, elevó antes de dejar la instrucción de la causa la exposición razonada al Tribunal Supremo debido a la condición de aforada de Barreiro.

Velasco cree que la que fuera alcaldesa de Cartagena incurrió en cinco delitos por concertar con empresas de Alejandro De Pedro -considerado el conseguidor de la Púnica- para amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación de Murcia.

También subrayó que presuntamente sufragó con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital en esa ciudad que emitiera informaciones favorables, así como los honorarios de un periodista.

Noticias favorables

Asimismo, el anterior titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional cree que la senadora del PP "sentía una honda preocupación reputacional" por habérsela vinculado a una serie de proyectos urbanísticos en esta localidad sobre los que existían denuncias por trato de favor en el llamado caso Novo Cartago, por lo que ideó la creación de un diario digital con el propósito de difundir noticias que le fueran favorables.

Así, entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como "campaña de publicidad Turismo Cartagena" por 4.840 euros --que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención-- y posteriormente De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia procesó al expresidente de la región unas horas después de tomarle declaración por esta causa por los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada, que le atribuyó el entonces juez de instrucción Eloy Velasco.

El magistrado de la Audiencia Nacional remitió su exposición razonada al tribunal autonómico, después de que Sánchez para que se le investigase pedir servicios a De Pedro para "limpiar" con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la presidencia de la región en 2015.

https://politica.elpais.com/politica/2017/07/20/actualidad/1500548720_406172.html

EL PP DE MADRID PAGÓ LA CAMPAÑA DE 2011 CON FALSOS INFORMES SOBRE LA CRISIS Y EL PARO

La Guardia Civil ha descubierto que el PP empleó facturas falsas para gastarse las subvenciones públicas concedidas a Fundescam en sondeos de intención de voto de municipios estratégicos

El Partido Popular de Madrid desplegó un arsenal de engaños para inyectar fondos en sus campañas electorales sorteando los controles de los organismos de fiscalización. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que la formación recurrió a una entidad satélite, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, más conocida por su acrónimo Fundescam, para contratar supuestos informes sobre los efectos de la crisis económica en el mercado de trabajo que, en realidad, eran sondeos de intención de voto en municipios de máximo interés para Génova.

El presunto fraude se habría producido en los meses previos a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011, en las que Esperanza Aguirre volvió a imponerse con mayoría absoluta y arrasó al PSOE en las principales ciudades de la región. Las pesquisas del caso Púnica han permitido comprobar ahora que el PP acudió a esos comicios y también a las municipales de 2007 y a las generales de 2008 con donaciones ilegales, desvíos de subvenciones públicas y, en conjunto, una superación sistemática del gasto permitido en las campañas. En el caso de 2011, el exceso presupuestario rondó los 1.546.000 euros, según la investigación.

Las facturas y las encuestas que probarían la trampa de los falsos estudios de desempleo fueron localizadas por agentes del Instituto Armado el pasado marzo en la agencia de investigación de mercados Demométrica, una de las mercantiles que están acusadas de haber colaborado con los populares en la ocultación de su caja B. Según consta en el sumario, la clave radica en cuatro facturas de esta firma que suman 39.156 euros IVA incluido y fueron abonadas por Fundescam.

La primera de ellas tiene fecha del 31 de enero de 2011 y asciende a 11.835 euros. Supuestamente, se corresponde con trabajos de “evaluación, seguimiento y asesoramiento sobre la repercusión de la crisis económica en el empleo en los municipios del 'Cinturón Industrial Sur'”. La UCO no encontró ningún documento relacionado con el concepto de la factura, pero sí localizó encuestas de intención de voto en Parla y San Martín de la Vega, dos municipios del llamado Cinturón Industrial Sur en los que los populares aspiraban a desbancar al PSOE. A juicio de los investigadores, la factura sólo tenía como objetivo esconder la utilización de fondos de Fundescam para abonar servicios que tenían como único beneficiario al PP.

En la propia carátula de los informes encontrados por la Guardia Civil e incluidos en el sumario se anuncia que se trata de estudios sobre el “estado de opinión de la población sobre su ciudad y su alcalde”. En concreto, analizan la “intención de voto”, la “fortaleza de los partidos”, la “notoriedad y valoración de líderes”, “los segmentos de afinidad e imagen del alcalde/sa” y la “valoración situación y calidad de vida en el municipio”. Sólo en este último capítulo, de apenas tres páginas, aparece alguna mención al problema del desempleo, pero siempre vinculado a la gestión del partido de turno que gobernaba la ciudad correspondiente en aquel momento.

La segunda factura abonada por Fundescam reproduce el mismo esquema. Lleva fecha del 15 de febrero de 2011 y ascendió a 19.841 euros. Según el concepto, se trataría de otro encargo para la “evaluación, seguimiento y asesoramiento sobre la repercusión de la crisis económica en el empleo en los municipios del “Corredor del Henares” y “Zona Norte” de la Comunidad de Madrid”. Pero esos trabajos tampoco han aparecido. La factura se corresponde, nuevamente, con otras encuestas de intención de voto de Alcalá de Henares, Coslada y San Sebastián de los Reyes, ubicadas en las mismas zonas que refleja el concepto de ese segundo documento de pago.

Finalmente, el sistema se habría repetido en otras dos facturas, del 17 y 28 de febrero de 2011 e importes de 2.618 y 4.862 euros, respectivamente. Mencionan evaluaciones sobre los efectos de la crisis en la “Zona Oeste” de la Comunidad que tampoco se efectuaron nunca. En esta ocasión, habrían servido para que Fundescam abonara encuestas electorales en los municipios de Boadilla del Monte y Guadarrama.

El propietario y presidente de Demométrica, Alfonso del Corral, admitió en marzo a la Guardia Civil que realizó esos sondeos a petición del Partido Popular de Madrid. El encargado de darle las instrucciones era el gerente de la formación hasta octubre de 2014, Beltrán Gutiérrez, otro de los imputados en Púnica por la presunta financiación ilegal de Génova. Según Del Corral, Gutiérrez le ordenó que unas encuestas fueras cargadas al PP y otras a Fundescam. También le indicó qué conceptos debía poner en las facturas.

El método era sencillo pero permitió presuntamente al PP financiarse de forma ilegal durante tres procesos electorales consecutivos. Por un lado, con la facturación a través de Fundescam, podía gastar en la campaña más dinero del permitido. Los fondos ni siquiera tenían que pasar por la cuenta que la formación debía tener reservada por ley a los gastos electorales. El Tribunal de Cuentas nunca encontró nada extraño. Por otro lado, a través de esa fundación satélite, Génova accedía a recursos extraordinarios. En 2010 y 2011, Fundescam se nutrió esencialmente de ayudas públicas concedidas por el propio Gobierno de Aguirre para ejecutar supuestos proyectos sociales y formativos. Pero la UCO ha constatado a lo largo de la instrucción de Púnica que esos proyectos nunca existieron. Mediante facturas falsas como las de Demométrica, el dinero público que recibió esa organización acabó engrosando la contabilidad opaca del PP.

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-08-02/pp-madrid-pago-campana-2011-falsos-informes-sobre-crisis-paro_1424032/

LA GUARDIA CIVIL ABRE UNA NUEVA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAJA B DEL PP DE MADRID

Nuevos documentos intervenidos a uno de los empresarios imputados en la trama pone bajo sospechas a siete nuevas empresas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó el pasado julio una posible nueva vía de financiación irregular del PP de Madrid dentro del caso Púnica de corrupción y propuso al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón diferentes actuaciones para investigarla. Los agentes han hallado dos archivos Excel en los que se refleja una supuesta facturación cruzada entre 2010 y 2012 entre empresas sospechosas de camuflar los gastos de las campañas electorales de Esperanza Aguirre supuestamente cargados a la caja b.

Los dos hojas de cálculo fueron halladas por los agentes en el registro del domicilio del empresario Óscar Sánchez Moyano, imputado en Púnica por supuesta falsificación de facturas para financiar ilegalmente al PP madrileño y salpicado también por el caso Lezo. Ambos cuadros de contabilidad, según los investigadores, permiten dar sentido a una de las anotaciones de la agenda de Francisco Granados, ex secretario general del PP madrileño, excarcelado el pasado junio tras dos años y medio en prisión.

En la página 3 del famoso cuaderno moleskine que le fue intervenido en su domicilio en octubre de 2014, Granados realizó dos anotaciones de su puño y letra. Una es el nombre completo de un empresario del sector del marketing cuyas iniciales son P. R. N. La segunda anotación es el nombre de una de sus sociedades, Storm, que hasta ahora no había aparecido en la investigación. Las tablas Excel incautadas por orden del juez al empresario Óscar Sánchez Moyano añaden una pieza más al puzle de la presunta financiación ilegal del PP madrileño que se refleja en la agenda de Granados y que dio lugar a la apertura en mayo de 2016 de una pieza separada en el sumario de Púnica.

El documento policial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla que ambos documentos fueron encontrados en el domicilio social de la mercantil Sintra Consulting, propiedad de Sánchez Moyano. En el primero se recoge "facturación desde RNL [una de las empresas de P. N. R.] a vuestras empresas". Entre ellas figura Storm, la misma que aparecía en las anotaciones de la agenda de Granados, y otras tres de este último empresario. En total, refleja movimientos superiores a los 3,5 millones de euros. La Guardia Civil concluye que esta cifra recoge la supuesta facturación cruzada con las sociedades de Sánchez Moyano. Además, llama la atención sobre la existencia de una nota resaltada en el propio original con un recuadro en rojo con la frase “las cantidades a distribuir entre las empresas a vuestra disposición”.

Tres campañas electorales bajo sospecha

La nueva línea de investigación sobre la supuesta caja b del PP de Madrid se suma a las otras seis ya abiertas en el 'caso Púnica' y que han permitido destapar la financiación irregular de tres campañas electorales de los populares —las de las municipales y autonómicas de 2007 y 2011, y la de las generales de 2008— en las que, según los investigadores, los populares gastaron 4,9 millones de euros de dinero negro. Las pesquisas han permitido acreditar que el PP se valió presuntamente de una trama de empresas —muchas ellas de marketing— y de su fundación Fundescam para camuflar pagos con dinero en efectivo “de procedencia opaca” e, incluso, desviar subvenciones públicas.

En el segundo cuadro Excel los agentes encontraron referencias a otras tres sociedades ligadas a P. R. N., y diversos apuntes contables que suman 2,2 millones de euros. De nuevo recogen su sospecha de que son datos sobre la facturación entre las sociedades de éste y las del imputado Sánchez Moyano.

La UCO asegura haber analizado también los metadatos de ambos archivos digitales para conocer cuándo y quién los creó. El oficio recoge que fueron elaborados el 1 de julio de 2010 poco antes de las dos de la tarde en un equipo informático de una de las empresas de P. R. N, el Grupo RNL. Como autor del mismo aparece un nuevo personaje, en concreto una mujer que responde a las iniciales F. B. P., y que figura como consejera o apoderada de, al menos, cinco sociedades del empresario.

Por todo ello, los agentes piden al juez para “poder avanzar con la investigación” que solicite a la Agencia Tributaria información fiscal sobre operaciones con terceros de las siete empresas —la mayoría extinguidas hace años— que, de un modo u otros, aparecen vinculadas al empresario que apareció en la agenda de Granados. Todo ello, referido al periodo 2010-2012, en el que se incluye una de las campañas electorales bajo sospecha, las municipales y autonómicas de 2011. EL PAÍS intentó sin éxito a lo largo de todo el día de ayer entrar en contacto con el empresario y su empleada citados en el informe de la Guardia Civil para conocer su versión.

https://politica.elpais.com/politica/2017/09/05/actualidad/1504635637_700836.html

LA AGENDA DE GRANADOS Y LOS REGISTROS PONEN AL JUEZ DE PÚNICA TRAS LA PISTA DE 7 EMPRESAS MÁS POR LA FINANCIACIÓN DEL PP

El magistrado García Castellón pide a Hacienda los pagos y cobros de las nuevas firmas de publicidad detectadas.

Solo dos de ellas recibieron del ya extinguido Imade, uno de los organismos del Gobierno de Madrid bajo sospecha, tres contratos por 6,25 millones El primero, por 1,25 millones, iba en el mismo lote que el del expediente de Over Marketing cuya desaparición íntegra comunicó el Ejecutivo a la UCO hace cuatro meses

La misteriosa agenda negra que la Guardia Civil encontró en la misma casa a la que Francisco Granados regresó el 14 de junio tras salir de la cárcel bajo fianza ha proporcionado nuevos hilos sobre la presunta financiación ilegal del PP madrileño. El juez Manuel García Castellón, sucesor de Eloy Velasco al frente del caso Púnica, acaba de ordenar a Hacienda que facilite a la UCO (la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) las declaraciones anuales de pagos y cobros de siete empresas de publicidad sobre las que hasta ahora no habían puesto el foco los investigadores.

Dos de las siete mercantiles, vinculadas al mismo empresario, figuran en las anotaciones de la moleskine negra que Granados guardaba en la buhardilla de su domicilio: Ruiz Nicoli y Storm. La primera, nombre señero en el sector, encabeza en la agenda un listado bajo el epígrafe "Empresas de comunicación"; la segunda figura en la misma página bajo el título "Campaña política de Internet". El juez García Castellón considera que ambas destacan "sobre todas" las demás de la lista de firmas publicitarias.

Dos de ellas recibieron del ya extinguido Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) uno de los organismos del Gobierno de Madrid bajo sospecha, tres contratos por 6,25 millones entre 2006 y 2009. El primero de esos contratos, por 1,25 millones, se adjudicó el mismo día y en el mismo lote que el del expediente de Over Marketing cuya desaparición íntegra comunicó el Ejecutivo a la UCO hace cuatro meses. Se acerca así ya a los 30 millones de euros la suma de los contratos adjudicados por administraciones madrileñas a firmas de comunicación y publicidad investigadas en Púnica o en la Operación Lezo por la presunta financiación irregular del PP madrileño durante la etapa de Aguirre.

Este diario intentó, sin éxito, localizar el viernes por la tarde a algún portavoz corporativo de Ruiz Nicoli. De las otras cinco compañías cuyos datos reclama el juez, al menos cuatro –Nova Publicidad y Marketing SA, Sineusis, Más Madera Interactive SA y Líneas de Comunicación Integral SA– se encuentran igualmente vinculadas a ese grupo. La última de la lista es Mediaworld Sponsor y Soportes SL. Y, como mínimo, ha compartido dos directivos con las anteriores.

Aunque infoLibre tampoco ha logrado localizar a nadie de Mediaworld, documentos aportados a la UCO por un testigo que trabajaba en el Imade, organismo público de la Comunidad de Madrid que Esperanza Aguirre liquidó de un plumazo en diciembre de 2010 y cuyo elevadísimo gasto en "publicidad institucional" se investiga dentro del caso, indican la existencia de un nexo con otra mercantil conocida por los investigadores: Swat SL.

Porque esos documentos –en resumen, un esquema de trabajo utilizado por el testigo– incluyen una nota según la cual parte del equipo humano de Mediaworld procedía de Swat, cuyo propietario consta entre los investigados de la Operación Lezo. Cabeza de un holding societario de facto ya desaparecido, Over Marketing es la empresa cuyo dueño confesó en 2012 al juez José Castro que había recibido contratos amañados del PP en Baleares pero también en Madrid y otras comunidades gobernadas por ese partido. La confesión fue más allá: el empresario admitió que no siempre le cobraba al PP todo lo que en realidad costaban los trabajos que sus cuatro mercantiles desarrollaban para la formación conservadora. Y que llegó a hacerle actos gratis.

Lo que las pesquisas policiales dibujan tanto en Púnica como en lo que ya se conoce de Lezo y que afecta al mandato de Ignacio González es una línea de puntos jalonada por varios grupos de publicidad interconectados entre sí. Algunas firmas, como las define la Guardia Civil en uno de sus informes, eran solo "factureras". De hecho, las distintas declaraciones de cobros y pagos ("operaciones con terceros", en el argot tributario) revelan una constante facturación cruzada entre ellas.

Junto con la agenda de Granados, lo que afianzó la sospecha de que el círculo de compañías involucradas en la supuesta red de financiación paralela podía ser aún mayor fueron los registros a una segunda vivienda: la del publicista Óscar Sánchez, el que en noviembre de 2010 le preguntó por whatsapp al entonces gerente regional del PP, Beltrán Gutiérrez, si el cántaro tenía agua; o sea, dinero. La entrada de la UCO en su domicilio y en las empresas de consultoría y publicidad bajo su control se saldaron con el hallazgo de nuevos documentos concernientes a las siete empresas que el juez suma ahora a la investigación.

Es en un auto fechado el jueves donde el juez García Castellón hace un somero relato de las razones por las que la UCO requiere las llamadas declaraciones anuales de operaciones con terceros –pagos y cobros superiores en su conjunto a 3.000 euros anuales y con origen o destino en el mismo contribuyente–, especifica que la diligencia se inscribe en la investigación sobre las cuentas del PP madrileño y detalla la citada lista de empresas.

Un contrato para decir a quién había que contratar

La relación comercial de las empresas ahora investigadas con el Imade se entrelaza con la de Over Marketing. Y comenzó así: el 11 de octubre de 2006, Over Marketing obtuvo del Imade la adjudicación de un contrato de dos millones de euros para diseñar, planificar y producir una campaña de publicidad sobre "la importancia de los autónomos": ese es, según la respuesta oficial aportada a la UCO, el expediente del que la Comunidad de Madrid "no dispone físicamente". Aquel mismo 11 de octubre de 2006, Ruiz Nicoli Líneas SA se alzó con una segunda adjudicación del Imade por 1.250.000 euros para diseñar, planificar y producir una campaña sobre "la importancia de la innovación tecnológica". Ninguno de los dos contratos preveía la inserción de anuncios en medios de comunicación, el apartado que más encarece un plan de difusión.

Dos meses antes, el 10 de agosto de 2006, Swat SL había logrado nada menos que un contrato de 1.372.668 euros cuyo objetivo consistía en asesorar al Imade sobre a qué empresas de publicidad debía contratar. La denominación oficial del expediente era esta: "Contratación de los trabajos de consultoría y asistencia para la promoción, coordinación, seguimiento y evaluación de la estrategia de comunicación institucional del Instituto Madrileño de Desarrollo".

La experiencia del contrato para asesorar sobre a quién contratar se instaló en el Gobierno madrileño. Y el 20 de abril de 2009, Mediaworld se alzó con una adjudicación de un millón de euros para hacer lo mismo que, oficialmente, había hecho antes Swat.

En 2010, una investigación periodística destapó que, en 2006, Swat había inclinado la balanza hacia el platillo de Over Marketing en cuanto a la campaña sobre "la importancia de los autónomos". Y que de esa campaña no había el menor rastro. Este diario no ha logrado localizar en la web de la Comunidad de Madrid el pliego de condiciones del contrato adjudicado a Swat. Ignora, por tanto, si su dictamen también resultó crucial para otorgar a Ruiz Nicoli la campaña sobre "la importancia de la innovación tecnológica".

Casi dos años después de aquellas adjudicaciones de octubre de 2006, Ruiz Nicoli Líneas SA consiguió un segundo contrato del Imade. Esta vez el encargo tenía por fin lanzar una campaña publicitaria sobre la "Red de Parques y Clusters de la Comunidad de Madrid". Y ahora incluía la inserción de anuncios en medios. El importe, cuatro millones para promocionar esa "Red de Parques y Clusters" de cuya paternidad se vanagloriaba entonces el Gobierno regional pero que, por razones nunca explicadas, se había constituido como una asociación privada sin obligación de presentar cuentas anuales en ningún registro. Esa red es la actual Madrid Network, gestora de un macropréstamo público de 80 millones de euros del que se han beneficiado solo los afiliados a esa asociación: entre ellos, antiguos cargos públicos. Madrid Network también acabó gestionando otros tres convenios con el Ejecutivo autonómico por 18,5 millones en total para la concesión de otras tantas líneas de ayudas directas a la innovación.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/31/la_agenda_granados_los_registros_ponen_juez_punica_tras_pista_siete_empresas_mas_por_financiacion_del_pp_68152_1012.html

UN NUEVO INFORME DE PÚNICA ATRIBUYE CUATRO DELITOS AL ALCALDE DE ALMENDRALEJO

La Guardia Civil acusa al popular García Lobato de cohecho, fraude, revelación de secretos y tráfico de influencias en el amaño frustrado de un contrato de 20 millones

La Guardia Civil ha entregado recientemente al titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García-Castellón, un informe sobre el amaño frustrado por parte de la trama Púnica de un contrato público en el Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz). El documento policial detalla la presunta participación de 11 personas en las irregularidades de una adjudicación que iba a superar los 20 millones, entre ellos el alcalde, el popular José García Lobato, al que considera responsable de cohecho, fraude, revelación de secretos y tráfico de influencias.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) recoge a lo largo de 124 folios correos electrónicos, conversaciones telefónicas y declaraciones de testigos e investigados que llevan a la Guardia Civil a concluir que cuatro directivos de Cofely SA, una de las empresas clave en la trama de corrupción, consiguieron modificar a su antojo los pliegos del concurso del municipio pacense para hacerse con la millonaria adjudicación.

El documento policial destaca que, para ello, contaron con la colaboración del alcalde del municipio y de dos de sus concejales, el teniente de alcalde y vocal de la mesa de contratación, Luis Alfonso Merino, y el concejal Carlos González Jariego —a cada uno de los cuales los agentes atribuyen sendos delitos de fraude y revelación de secreto—, además de un arquitecto municipal y tres empresarios locales.

Todo ello a cambio de una contraprestación económica que la UCO cifra en 180.000 euros que se iban a repartir supuestamente varios de los implicados, así como del patrocinio por parte de la empresa implicada de un campeonato de kárate en la localidad y la instalación de las luces navideñas. El informe añade que finalmente la adjudicación no se produjo porque el 27 de octubre de 2014, solo un mes antes de que se adoptara el acuerdo municipal, fueron detenidos varios de los participantes en el amaño. El equipo del Consistorio suspendió entonces el proceso en pleno proceso de apertura de sobres.

Según el informe policial, el principal muñidor de todo ello fue presuntamente el directivo de Cofely Pedro García, imputado en la causa por otros amaños similares en varios Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y al que ahora los agentes consideran autor de cinco delitos. El alcalde popular García Lobato mantuvo con él un intenso intercambio de correos electrónicos, conversaciones telefónicas y encuentros personales que llevan a los investigadores a calificar la relación entre ambos de “estrecha”. Entre esos mensajes, los agentes destacan varios que el regidor remitió al directivo de Cofely con documentación del concurso cuando el mismo aún no era público.

Gracias a esa relación, la Guardia Civil concluye que los pliegos que iban a regir la adjudicación fueron redactados a la medida por los empleados de Cofely, pese a ser licitadora del concurso, y solo quedó en manos de los técnicos del Consistorio “algo tan residual como rellenar algunos apartados”.

En este punto, el informe destaca que de este proceso de elaboración fueron apartados un técnico del Ayuntamiento y el concejal de alumbrado público, José Antonio Regaña, también del PP, quienes habían planteado diversas objeciones al contrato. Este último declaró a los agentes que su marginación fue una orden directa del alcalde, aunque él lo achacó entonces a que formaba parte del “anterior equipo” popular en el Consistorio y no a su oposición al proyecto.

El documento policial recoge la declaración que el alcalde de Almendralejo prestó como “investigado no detenido” ante los agentes de la UCO el pasado 31 de enero y en la que, pese a negar cualquier irregularidad en su actuación, reconoció haber mantenido conversaciones telefónicas, reuniones y cruce de correos electrónicos con el directivo de Cofely. García Lobato llegó a calificar de “llamada imprudente” la que realizó para pedirle a Pedro García que su empresa patrocinase una competición deportiva, aunque se excusó al considerar que ello era “una práctica habitual de alcalde buscando patrocinios y ayudas”.

Bajo sospecha desde el inicio de la investigación

Veinte llamadas. El contrato de Almendralejo está bajo sospecha desde el inicio del caso Púnica, cuando los pinchazos telefónicos revelaron los supuestos tratos de la trama con García Lobato.

Informe previo. Un informe de la UCO sobre el amaño de estos concursos previo a las primeras detenciones ya citaba al alcalde del PP.

Viaje a París. El nombre del regidor apareció posteriormente en una lista de alcaldes a los que Cofely invitó con sus parejas a París en 2014.

https://politica.elpais.com/politica/2017/09/04/actualidad/1504549109_750773.html

EL PRIMER JUICIO DE LA TRAMA 'PÚNICA', SOBRE EL CHIVATAZO A GRANADOS, ARRANCARÁ EL 14 DE NOVIEMBRE

La fiscalía pide tres años de cárcel para el exdirigente del PP y los dos guardia civiles que le dieron el soplo

Ya hay fecha para el juicio de la primera pieza del 'caso Púnica', la referente al 'chivatazo' que dos guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO) le dieron al exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados sobre que le estaban investigando. La vista oral arrancará el próximo 14 de noviembre en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Según informan fuentes jurídicas, los días 14, 15 y 16 de ese mes son los señalados para esta vista oral que sienta en el banquillo de los acusados a Granados y a los dos guardias civiles, que se enfrentan a una petición por parte de la fiscalía de tres años de cárcel por los delitos de revelación de secretos y aprovechamiento de revelación de secretos.

La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional será la encargada de juzgar esta causa que llega a juicio después de que el magistrado instructor de la misma, Eloy Velasco, finalizara en julio la primera de las 14 piezas separadas -denominada 'pieza I Talamino' por ser el apellido de uno de los guardias civiles encausados- que obran en el sumario de la trama Púnica. Además, la fecha se conoce un día después de que Velasco haya cesado como titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

Tres carros del Carrefour

Según precisó Velasco en su auto de transformación en procedimiento abreviado, el soplo que le dio Talamino al exdirigente popular a altas horas de la madrugada en las fiestas de Valdemoro de septiembre del 2014 hizo "un grave daño" a las acciones realizadas por la UCO sobre esta operación.

David Marjaliza, presunto cerebro de la trama, quedó fuera de la instrucción de esta pieza a pesar de haber confesado que había "quemado" todos los documentos que le incriminaban después de que Granados le advirtiera de que estaba siendo investigado. "Sacamos tres carros del Carrefour y los llevamos a quemar", reveló ante el juez.

http://www.elperiodico.com/es/politica/20170526/juicio-chivatazo-granados-arrancara-14-noviembre-trama-punica-6063778

SUIZA SE RESISTE A ENTREGAR A ESPAÑA 27 OBRAS DE ARTE DE LA TRAMA PÚNICA

Exige la autorización del testaferro de Singapur a cuyo nombre el constructor David Marjaliza puso cuadros, esculturas y estilográficas valorados en 15,6 millones

Las autoridades de Berna alegan que los 18 cuadros, cinco fotografías y cuatro esculturas, además de 185 plumas estilográficas de colección, intervenidas a David Marjaliza en un almacén de Ginebra y que la Audiencia Nacional reclama desde febrero de 2016 no están a nombre del constructor. Todas ellas figuran como propiedad de una empresa de Singapur cuyo administrador único es un ciudadano llamado Tan Hian Yew George, testaferro del empresario.

El Ministerio de Justicia, a través de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, tiene listo desde hace meses el dispositivo para traerlas a España. Y el Museo Nacional Reina Sofía, para acogerlas y custodiarlas. Sin embargo, ambos tendrán que esperar. Las autoridades suizas tienen bloqueado desde hace más de un año el envío a España de las obras de arte que Marjaliza, ocultaba en un almacén de la ciudad de Ginebra. En febrero de 2016, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Eloy Velasco, inició los trámites para que esas 27 obras de arte y las cerca de doscientas estilográficas, valorados en 15,6 millones de euros, regresaran a España para que parte de ellos pasaran a formar parte de los fondos del museo madrileño.

Entonces, el magistrado contaba con el consentimiento del propio Marjaliza, que en junio del año anterior había comenzado a colaborar con la justicia y que había autorizado expresamente el traslado de las obras sin necesidad de esperar a que hubiera sentencia. Sin embargo, la respuesta hasta ahora de la justicia helvética ha sido negativa. Según las fuentes consultadas, Berna alega que los cuadros no figuran oficialmente como propiedad del constructor, sino de una empresa de Singapur, Millenia Trading Pte Ltd, cuyo administrador único es Tan Hian Yew George. Sin su visto bueno, Berna ya ha comunicado a Madrid que los cuadros no saldrán de los almacenes ginebrinos donde fueron ocultados en 2013.

En realidad, Millenia Trading Pt Ltd es propiedad del propio Marjaliza. Una empresa fantasma que ordenó crear para realizar, precisamente, una falsa operación de compraventa de arte con la que blanquear 4,2 millones de euros que tenía ocultos en Suiza y, así, poder repatriarlos a España. Tan Hian Yew George es un empleado de la multinacional asiática Tricor que se encargó de crear dicha sociedad y al que ésta colocó como fiduciario y administrador de la misma, así como titular de la cuenta abierta en un banco local, el Standard Chartered Bank, por la que pasaron los millones de euros blanqueados.

Un pequeño tesoro en el trastero de casa

Marjaliza no sólo atesoraba arte y objetos de valor en Suiza. Durante el registro de las oficinas que tenía en Pinto (Madrid) y de un trastero en Valdemoro, la Guardia Civil localizó más plumas, joyas, relojes de lujo —parte de los cuales ya han sido subastados por orden judicial— y otras obras de arte. Para los cuadros y esculturas, la Audiencia Nacional encargó un peritaje sobre su autenticidad y valor de mercado al Museo Reina Sofía. El dictamen valoró sendas esculturas de Nathan Carter, Tony Cragg, Xavier Mascaró, Martín Chirino y Javier Velasco en 555.500 euros. Todas ellas quedaron en manos del propio Marjaliza en depósito ante la ausencia de un lugar adecuado en el juzgado donde custodiarlas.

Sobre el papel, Millenia adquirió las obras a tres sociedades españolas de Marjaliza (Anaid Gestión S. L., Inversiones y Estudios Urbanos S. L. y Aruba Arte y Gestión S. L.) y alquiló dos depósitos en los almacenes que tiene en Ginebra la empresa Fine Art Transports Nature Le Coultre SA, propiedad de Yves Bouvier, uno de los marchantes más importantes del mundo. Por tanto, para las autoridades suizas esta empresa de Singapur es la propietaria formal y su administrador, el único que puede autorizar el envío de cuadros, esculturas y estilográficas a España. Según las fuentes consultadas, la Fiscalía Anticorrupción baraja que sea el propio Marjaliza el que, con autorización judicial, solicite a Tan Hien Yew George que dé los permisos pertinentes que terminen de vencer las últimas reticencias suizas.

El esfuerzo de la justicia española tiene su razón de ser. Más allá de la valoración en 15,6 millones de las obras, la lista de sus autores es de primer nivel. Hay cuadros y esculturas de Eduardo Chillida, Miquel Barceló, Antoni Tàpies, Manolo Valdés, Equipo Crónica, Juan Uslé, Torres García y un largo etcétera. Los investigadores recogen en sus informes su convencimiento en que buena parte de estas obras de arte “fueron adquiridas por David Marjaliza y sus sociedades para invertir y ocultar parte de las ganancias ilícitas procedentes de los delitos de corrupción”. De hecho, algunas de las facturas de adquisición de dichos objetos artísticos fueron encontradas bajo el colchón del dormitorio de la secretaria de Marjaliza, Ana Ramírez. Allí, por ejemplo, se halló el cargo por la compra de un cuadro de Antoni Tàpies por 941.000 euros.

Las facturas también han permitido conocer el periplo que el constructor siguió entre 2008 y 2012 para adquirir algunas de estas obras. Así, figura que compró en la célebre casa de subastas Christie's de Madrid en octubre de 2007 la obra 'Furor Penellis' de Barceló por 663.970 euros. Ese mismo día adquirió también 'Cabeza de Mujer' de Manolo Valdés por 172.770 euros, y 'The Astronaut', del Equipo Crónica, por 92.690 euros. En la capital también figuran obras adquiridas en las galerías Antonio Machón y Leandro Navarro. En Barcelona, las compras las hacía habitualmente en la Galería Carles Tache y en Arte Oriol. En esta última, por ejemplo, adquirió el 27 de diciembre de 2006 una terracota de Eduardo Chillida por 220.000 euros y una obra de Manolo Millares por 300.000 euros.

Otra parte de las adquisiciones las hizo en el extranjero. Desde Toronto a París, pasando por Munich, Lisboa, Nueva York, Zurich y Singapur. Así, en este último país adquirió en julio de 2006 un Tàpies por 250.000 euros a la empresa Marathon Spirit Global Limited. En la ciudad canadiense adquirió una fotografía de José Manuel Ballester por 30.000 euros, mientras que en la localidad suiza desembolsó 9.500 euros por un collage de Douglas Kolk. En la Galería Filomena Soares, de la capital portuguesa, compró obras de Peter Zimmerman y Günter Fog por un total de 97.500 euros. En Munich adquirió una fotografía de Thomas Ruff por 12.000 euros; y en Nueva York, un José Guerrero por 66.142 euros.

Un caro almacenaje

El interés de la Audiencia Nacional por repatriar cuanto antes las obras tiene también una razón económica: la elevada factura del alquiler del almacén de Ginebra donde reposan. Cuando la empresa Millenia Trading Pt Ltd las depositó allí, abonó 127.000 euros para asegurar su custodia durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, ese plazo venció y mantenerlas allí cuesta 28.000 euros anuales. El registro que permitió su localización lo realizó la Guardia Civil el 23 de abril de 2015, pero el juez Velasco no quiso iniciar los trámites de repatriación hasta febrero del año siguiente ya que hasta entonces la comisión rogatoria que remitió a las autoridades de Berna el 4 de marzo de 2015 para solicitar aquella entrada y registro en los almacenes estaba bajo secreto y no quería que trascendieran detalles sobre la misma.

https://politica.elpais.com/politica/2017/08/05/actualidad/1501958509_417444.html

MORALEJA DENUNCIA A SU INTERVENTORA POR FALSEAR UNA FACTURA DE 35.000 EUROS

El Ayuntamiento sostiene que los servicios de informática que se pagaron no se llevaron a cabo

Moraleja de Enmedio, gobernado por el PSOE, ha denunciado a la interventora titular en el Juzgado de Instrucción de Navalcarnero y a un empresario por falsificación de documento público y privado, prevaricación y malversación de caudales públicos. El Ayuntamiento ha detectado que la funcionaria podría estar implicada en la manipulación de una factura de 35.164 euros por un trabajo de informática, que se abonó sin que se llevara a cabo. Ambos declararán en septiembre en calidad de investigados por un caso similar destapado en Serranillos del Valle.

Moraleja de Enmedio (4.984 habitantes) y Serranillos del Valle (3.990) están unidos por La Púnica, por el lastre de la deuda que han heredado de las corporaciones del PP anteriores y ahora por una denuncia contra la interventora titular, que ya no trabaja en el municipio, y un empresario. El municipio presentó el jueves pasado una querella contra la funcionaria y el antiguo proveedor de los servicios informáticos municipales, porque consideran que podrían haber incurrido en los delitos de falsedad de documento público y privado, prevaricación y malversación de fondos públicos.

Los hechos se remontan a una factura que se presentó al cobro con cargo al plan de pago a proveedores de 2012 por 35.164 euros. La había emitido un empresario autónomo por un único encargo de “mantenimiento de red interna informativa y conexión entre los edificios municipales”, que se remontaba a 7 de diciembre de 2006.

Pero el equipo de gobierno ha detectado una supuesta "manipulación del sello de registro de entrada y alteración en la letra de la persona que supuestamente lo inscribió". Salvo esa factura, no consta en el Ayuntamiento ninguna otra prueba que acredite la prestación del servicio o que ese fuera el precio establecido. La interventora habría participado supuestamente en el fraude.

El Ayuntamiento indica en un comunicado que le resulta "ciertamente sospechoso" que se encargase dicho servicio por "semejante cuantía y sin expediente alguno de contratación". Sobre todo, porque unos meses después sí se cumplimentaron los trámites necesarios para adjudicar un contrato menor para realizar un trabajo similar de mantenimiento y actualización de aplicaciones informáticas durante cuatro meses por 12.000 euros. La alcaldesa de la localidad, María del Valle Luna, anuncia que van a proceder a la fiscalización de los 23 millones de euros del pago a proveedores, porque “ya hemos detectado más facturas que podrían estar en la misma situación”.

La denuncia se ha interpuesto en el mismo juzgado que investiga hechos similares detectados por el Consistorio de Serranillos del Valle, presuntamente cometidos por las mismas personas, tanto el empresario como la funcionaria, que también prestaba allí sus servicios como interventora acumulada.

En su caso, el procedimiento ya está en marcha y el juzgado ha llamado a declarar a ambos en calidad de investigados en septiembre, informa el alcalde de la localidad, el independiente Ivan Fernández. “El empresario lo confesó todo en el Ayuntamiento después de que le pedimos la devolución del dinero y le comunicamos un embargo”, relata el regidor. En el caso de Serranillos, y siempre según la declaración que realizó el informático en el Consistorio, las facturas no existían y la funcionaria y él se habrían repartido el importe cobrado, dice Fernández.

Montaje de documentos

Junto a la denuncia anterior, el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio presentó otra también el pasado jueves contra el anterior alcalde, Carlos Estrada y dos funcionarios. Les acusa de falsificar certificados que daban fe de que el pueblo se encontraba al corriente de de sus tributos con la Tesorería General de la Seguridad Social y con Hacienda, cuando no era real. Para acceder a las subvenciones que concede la Comunidad de Madrid es requisito imprescindible estar al día en el pago de las obligaciones tributarias.

“En 2014, visto que no pudieron obtener los certificados positivos” de dichos organismos, el alcalde y los dos funcionarios, “decidieron falsificarlos y remitirlos junto con la demás documentación”, expone la denuncia. Para ello, llevaron a cabo un montaje. Usaron el documento en el que se mostraba la situación real enviado por la Seguridad Social el 4 de agosto de 2014 que cuantificaba la deuda en 3,4 millones, y otro del que no se conoce su procedencia.

Igual de falso sería otro certificado que muestra que el pueblo pagaba en fecha a la Agencia Tributaria. Este sería otra composición, según afirma un informe de Intervención de 2014. Previamente, la corporación municipal liderada por Estrada tramitó varios aplazamientos de la deuda, “sin intención de cumplir con el plan de pagos propuesto”, solo pretendían “obtener los certificados de estar al corriente del pago”, añade la denuncia.

Una deuda de 38 millones con un presupuesto de 3,6

El anterior alcalde, Carlos Estrada (PP), imputado en el caso Púnica, dejó al pequeño municipio del sur de Madrid en una situación económica de quiebra. “Nos encontramos con 38 millones de deuda y un presupuesto que no llega a los cuatro”, explica la alcaldesa María del Valle Luna (PSOE). Cada habitante toca a 7.600 euros.

El pueblo tampoco puede acceder a las subvenciones que otorga la Comunidad de Madrid, porque no está al corriente del pago con la Agencia Tributaria ni con la Seguridad Social. En total, deben seis millones. “A pesar de ello, estamos abonando los sueldos y algunas facturas a proveedores sin ayuda del Gobierno de Cifuentes, hacemos magia”, ironiza la regidora.

Ahora parece que se abre una puerta al final del túnel. El Gobierno central ha aprobado unos paquetes de medidas a los que se pueden acoger. “Nos permitirá financiar la deuda a 10 años con una carencia de tres”, explica. De esta forma, podrán optar a las ayudas que ofrece la Comunidad de Madrid. Aún así, Valle opina que el Ayuntamiento no conseguirá dejar atrás la deuda en 60 años.

https://elpais.com/ccaa/2017/07/29/madrid/1501351571_206972.html

MARJALIZA, A JUICIO POR DENUNCIAR AMAÑOS DEL 'NÚMERO TRES' DE CIFUENTES

Taboada se querelló contra el empresario por aludirle en su declaración ante la Audiencia Nacional.

El empresario David Marjaliza, uno de los principales acusados del caso Púnica, fue el primero en advertir ante la Audiencia Nacional de las supuestas prácticas corruptas del número 3 de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada. Ahora, aquellas declaraciones manifestadas en un Juzgado le han costado que otro juez le mande a juicio por un delito de calumnias tras la denuncia que presentó el propio Taboada.

El Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid dictó el pasado junio un auto de procedimiento abreviado con el que pone fin a su investigación y aboca a Marjaliza al banquillo. El empresario, que desde su arresto colabora con los investigadores del caso Púnica, implicó en julio de 2015 a Taboada en el amaño de contratos públicos financiados por la empresa pública madrileña Arpegio dentro del Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma). Cuando trascendieron estas declaraciones, el hombre de confianza de Cifuentes se querelló contra Marjaliza.

La decisión de llevar a juicio dos años después al presunto número dos del caso Púnica se produce en un momento en el que otras dos personas han refrendado también en la Audiencia Nacional las presuntas prácticas corruptas de Taboada en cuanto al amaño de contratos. Este es uno de los argumentos que ha esgrimido Marjaliza para solicitar el archivo de la causa.

"Ataque preventivo" de Taboada

Sostiene en un recurso de reforma presentado ante el Juzgado que sus palabras sirvieron para “alimentar una línea de investigación que está concluyendo de modo notorio sobre la realidad de los hechos manifestados”. “Lo que tenemos ante nosotros en este proceso es un ataque preventivo realizado por una persona (González Taboada) que se sabe investigada, a fin de sabotear dicha investigación a través de acciones penales paralelas dirigidas contra quien, actuando en interés de la Justicia, por primera vez puso en conocimiento de las autoridades el comportamiento del querellante”, añade.

Alega también Marjaliza que para que fuese realmente un delito de calumnias habría sido necesario que la imputación fuese “falsa, subjetivamente inveraz, con manifiesto desprecio de toda confrontación con la realidad”. En cualquier caso, se defiende diciendo que él lo que hizo en el Juzgado fue hablar "de oídas".

http://www.elespanol.com/espana/20170729/234976980_0.html

EL EX NÚMERO 2 DE VILLALOBOS CREÓ SU 'OFF SHORE' EN ISLAS VÍRGENES TRAS ENTRAR EN ARPEGIO

El considerado paraíso fiscal ha remitido vía Comisión Rogatoria a la Audiencia Nacional toda la documentación de la sociedad off shore que Eduardo Larraz, imputado en la pieza número 16 de la trama Púnica, abrió en 2005 en la Isla de Tórtola. El nombre de dicha sociedad ya salió a relucir en los 'Papeles de Panamá'.

El ex jefe de gabinete de la ex ministra Celia Villalobos, ex alto cargo de la Comunidad de Madrid cuando era presidenta Esperanza Aguirre y ex consejero de Arpegio, Eduardo Larraz, creó una sociedad off shore en la Isla de Tórtola (Islas Vírgenes) en mayo de 2005, meses después de entrar a formar parte de la Mesa de Contratación de la citada empresa pública madrileña. Así consta en la documentación que dicho paraíso fiscal ha remitido a la Audiencia Nacional vía Comisión Rogatoria.

El juez del caso Púnica investiga hasta doce delitos de corrupción tras el desfalco de Arpegio

En dichos documentos, a los que ha tenido acceso Vozpópuli, se certifica que Larraz registró la empresa Hialeah Limited el 16 de febrero de 2005 con un capital de 50.000 dólares. Meses antes el imputado en el caso Púnica había sido nombrado consejero de la empresa pública dedicada a gestionar el suelo madrileño Arpegio, considerada uno de los epicentros de dicha trama corrupta.

Tal y como desveló este periódico, tanto el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón como las fiscales Anticorrupción Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez sospechan que Panamá, Islas Vírgenes y Suiza pudieron ser algunos de los destinos de los "fondos malversados" a través de la entidad Arpegio (ahora denominada Nuevo Arpegio).

Un patrimonio injustificado
De ahí, que la Audiencia Nacional haya cursado sendas Comisiones Rogatorias a dichos países con el objetivo de averiguar sí allí fue a parar el denominado 'botín' de Arpegio, que habría sido repartido entre el ex consejero madrileño Francisco Granados y algunos de sus hombres de confianza.

Según consta en el registro mercantil de Islas Vírgenes, dicha sociedad off shore -cuyo nombre ya salió a relucir en los denominados 'Papeles de Panamá'- fue creada por Larraz meses después de ser nombrado consejero de Arpegio, cargo que ostentó entre los años 2004 y 2008.

Asimismo, de la investigación de la trama Pùnica se desprende que el ex jefe de gabinete de la exministra Celia Villalobos llegó a esconder 146 lingotes de oro en Suiza, valorados en casi dos millones de euros en Suiza. Además, en 2008, Larraz fue expulsado del banco suizo Societé Generale bajo sospechas de corrupción. De momento, el imputado no ha podido acreditar el origen de su ingente patrimonio, según informan fuentes del caso.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional cree que tras la gestión de Arpegio se pudieron cometer hasta doce delitos de corrupción: delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos, fraudes contra la Administración pública, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios,aprovechamiento y uso de información privilegiada, tráfico de influencias, infidelidad y violación de secretos, prevaricación, falsificación de documento privado y oficial, organización criminal, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

http://www.vozpopuli.com/espana/gabinete-Villalobos-Islas-Virgenes-dolares_0_1060395285.html

EL 'NÚMERO 3' DE CIFUENTES NO HA VISTO LOS CONTRATOS DESAPARECIDOS SOBRE PÚNICA

El consejero ha defendido que en Nuevo Arpegio están colaborando con la Justicia en "todo lo que piden" y, aunque afirma desconocer los documentos que han sido enviados para la investigación, sí sabe que han sido en total 9.300 carpetas.

El consejero madrileño de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, ha dicho este viernes que nunca ha visto los contratos requeridos en el caso Púnica, ahora desaparecidos, que fueron suscritos en 2006 entre la empresa pública Arpegio y la compañía Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanísticos S.A. (DUSA).

En su comparecencia en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, el 'número tres' de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, ha sostenido que estos documentos originales "nunca" pasaron por sus manos, ya que no era miembro de la mesa de contratación de Arpegio. "Nunca estuve en esa mesa de contratación porque no era miembro de esa mesa de contratación", ha afirmado.

La documentación sobre DUSA, solicitada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, sería clave en los presuntos amaños del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma) que se investiga como posible fuente de enriquecimiento del exconsejero madrileño Francisco Granados.

Taboada formó parte de la mesa de contratación del plan Prisma 2006-2007 por su cargo de director general de Cooperación con la Administración Local. Granados, por su parte, presidía entonces el consejo de administración de Arpegio, la empresa pública madrileña investigada dentro del caso Púnica a la que se encomendó en 2006 la gestión del plan Prisma.

Taboada: "No tengo ni idea ni de dónde están los papeles, ni de cuándo estaban, ni de si existían"

En su comparecencia, Taboada (que actualmente como consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio preside Nuevo Arpegio, la sucesora de Arpegio) ha explicado que se enteró por los medios de comunicación de la desaparición de los contratos de DUSA. "No tengo ni idea ni de dónde están los papeles, ni de cuándo estaban, ni de dónde estaban, ni si existían, si no existían (...) bajo mandato de este consejero no se ha pedido bajo ningún concepto a nadie que oculte nada", ha declarado.

El consejero ha defendido que en Nuevo Arpegio están colaborando con la Justicia en "todo lo que piden" y, aunque afirma desconocer la relación de documentos que han sido enviados para la investigación del caso Púnica, sí sabe que han sido en total 9.300 carpetas.

Además, desde que asumió hace dos años el cargo de presidente de Nuevo Arpegio ha dicho que no ha hablado con ningún trabajador, a excepción de la consejera delegada, "para que nadie pueda interpretar, ni pensar, ni decir, ni querer nada".

El portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, le ha preguntado por un documento contenido en el sumario del caso Púnica en el que un ex jefe de área de la Consejería de Medio Ambiente denuncia presiones de Taboada y de Granados para adjudicar en 2008 un concurso a una empresa del grupo ACS. "Fíjese qué presiones hubo, que diez años después de ese expediente, de repente dice que se sintió presionado", ha respondido el consejero.

Previamente, ha comparecido el secretario general de Nuevo Arpegio, Francisco Esquivias, que ha asegurado que actualmente hay 11 contratos desaparecidos, entre ellos los cinco de DUSA reclamados en el caso Púnica y dos suscritos con la empresa Over Marketing, investigada en la rama balear de la Gürtel.

El directivo no cree que alguien se haya llevado toda esta documentación "con intención de obtener un rendimiento", sino que cree que está en posesión de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que fue a registrar las oficinas de Nuevo Arpegio en mayo de este año.

La consejera delegada de Nuevo Arpegio, Susana Magro, otra de las comparecientes, ha comentado que "no sabe" qué documentación "se han llevado" los miembros de la UCO y cuál "ha desaparecido". En su caso, no ha visto los documentos originales, excepto los correspondientes a Over Marketing que localizó con la OCU.

http://m.publico.es/politica/2008779/el-numero-3-de-cifuentes-no-ha-visto-los-contratos-desaparecidos-sobre-punica

TABOADA DICE NO HABER VISTO LOS CONTRATOS DESAPARECIDOS DE LA PÚNICA

"Nunca estuve en esa mesa de contratación porque no era miembro de esa mesa de contratación"

El consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, ha dicho este viernes que nunca ha visto los contratos requeridos en el caso Púnica, ahora desaparecidos, que fueron suscritos en 2006 entre la empresa pública Arpegio y la compañía Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanísticos S.A. (DUSA).

En su comparecencia en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, Taboada ha sostenido que estos documentos originales "nunca" pasaron por sus manos, ya que no era miembro de la mesa de contratación de Arpegio. "Nunca estuve en esa mesa de contratación porque no era miembro de esa mesa de contratación", ha afirmado.

La documentación sobre DUSA, solicitada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, sería clave en los presuntos amaños del Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma) que se investiga como posible fuente de enriquecimiento del exconsejero madrileño Francisco Granados.

Taboda formó parte de la mesa de contratación del Prisma 2006-2007 por su cargo de director general de Cooperación con la Administración Local. Granados, por su parte, presidía entonces el consejo de administración de Arpegio, la empresa pública madrileña investigada dentro del caso Púnica a la que se encomendó en 2006 la gestión del Prisma.

"No tengo ni idea ni de dónde están los papeles"

En su comparecencia, Taboada (que actualmente como consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio preside Nuevo Arpegio, la sucesora de Arpegio) ha explicado que se enteró por los medios de comunicación de la desaparición de los contratos de DUSA.

"No tengo ni idea ni de dónde están los papeles, ni de cuándo estaban, ni de dónde estaban, ni si existían, si no existían (...) bajo mandato de este consejero no se ha pedido bajo ningún concepto a nadie que oculte nada", ha declarado.

El consejero ha defendido que en Nuevo Arpegio están colaborando con la Justicia en "todo lo que piden" y, aunque afirma desconocer la relación de documentos que han sido enviados para la investigación del caso Púnica, sí sabe que han sido en total 9.300 carpetas.

Además, desde que asumió hace dos años el cargo de presidente de Nuevo Arpegio ha dicho que no ha hablado con ningún trabajador, a excepción de la consejera delegada, "para que nadie pueda interpretar, ni pensar, ni decir, ni querer nada".

Taboada Vs. Marjaliza

El momento más tenso de la comparecencia se ha vivido cuando el portavoz de Podemos en la comisión, Miguel Ongil, ha señalado que los documentos "sustraídos" son contratos "muy bien elegidos" porque ha dicho que una de las empresas citadas es del supuesto cabecilla del caso Púnica David Marjaliza.

Taboada ha sacado pecho asegurando que Marjaliza no puede acusarle a él porque es el constructor el que está procesado por calumniarle. Para sentirse poderoso por este hecho, no ha dudado en hacer burlas y sacar los papeles de dicha denuncia.

Ta y como contamos en ELPLURAL.COM, el juzgado de Instrucción número 14 de Madrid decidió procesar a David Marjaliza, exsocio de Francisco Granados y uno de los cabecillas de la trama Púnica, por un delito de calumnias contra el número 3 de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada.

El considerado constructor de la Púnica le señaló el pasado mes de mayo para incluirle en su lista de supuestos perceptores de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones. Fue muy claro: Taboada "mangoneaba" contratos y se quedaba un buen pellizco. Según aseguró en su declaración en la Audiencia Nacional ante el juez Velasco, anterior instructor de la Púnica, Taboada era el encargado de gestionar las obras y contratos amañados del plan Prisma, un proyecto de inversiones de los municipios madrileños financiado por la Comunidad de Madrid.

Presiones de Taboada y Granados

El portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, le ha preguntado por un documento contenido en el sumario del caso Púnica en el que un ex jefe de área de la Consejería de Medio Ambiente denuncia presiones de Taboada y de Granados para adjudicar en 2008 un concurso a una empresa del grupo ACS. "Fíjese qué presiones hubo, que diez años después de ese expediente, de repente dice que se sintió presionado", ha respondido el consejero.

Previamente, ha comparecido el secretario general de Nuevo Arpegio, Francisco Esquivias, quien ha asegurado que actualmente hay 11 contratos desaparecidos, entre ellos los cinco de DUSA reclamados en el caso Púnica y dos suscritos con la empresa Over Marketing, investigada en la rama balear de la Gürtel.

Entre los cuatro restantes ha dicho que hay tres suscritos con sociedades adjudicatarias para la construcción de varias parcelas en Getafe y uno con una empresa encargada de la comunicación de los proyectos del plan Prisma.

Por otro lado, Esquivias ha informado de que también faltan los originales del certificado del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que autoriza el Prisma 2006-2007 y el del convenio suscrito entre el Gobierno regional y Arpegio para desarrollar este plan.

El directivo no cree que alguien se haya llevado toda esta documentación "con intención de obtener un rendimiento", sino que cree que está en posesión de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que fue a registrar las oficinas de Nuevo Arpegio en mayo de este año.

La consejera delegada de Nuevo Arpegio, Susana Magro, otra de las comparecientes, ha comentado que no sabe qué documentación "se han llevado" los miembros de la UCO y cuál "ha desaparecido". En su caso, no ha visto los documentos originales, excepto los correspondientes a Over Marketing que localizó con la OCU.

Magro ha añadido que ha impulsado una investigación interna para esclarecer el paradero de los contratos que no aparecen.

Por su parte, la portavoz del PSOE-M, Encarnación Moya, ha alertado de que la desaparición de documentos "se está convirtiendo en una normalidad" en la Comunidad de Madrid.

http://www.elplural.com/politica/2017/07/28/taboada-dice-no-haber-visto-los-contratos-desaparecidos-de-la-punica

FISCALÍA CERCA AL NÚMERO 3 DE CIFUENTES Y PIDE ADELANTAR LOS INTERROGATORIOS DE ARPEGIO

El Ministerio Público considera prioritario oír de forma inminente a los miembros de la mesa de contratación de la empresa pública de suelo

La Fiscalía Anticorrupción no quiere esperar más. Pasados casi dos meses desde la nueva operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional contra la empresa pública de suelo Arpegio y su presunto desvío de fondos a través de licitaciones relacionadas con el Plan de Inversiones de Madrid (Prisma), el Ministerio Público considera prioritario interrogar ya a los nuevos imputados, entre los que se encuentran todos los miembros de su mesa de contratación salvo el número tres de Cristina Cifuentes.

El aforado Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente y también coordinador general del PP de Madrid, no figura en la lista de investigados debido a que su condición especial impide a la Audiencia Nacional citarle. El tres de la presidenta madrileña también fue elegido miembro de la mesa, "designado por la Consejería de Presidencia", que en esos momentos ostentaba el considerado cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados.

El Ministerio Público desea interrogar cuanto antes a los miembros de la empresa pública que autorizó distintas licitaciones y adjudicaciones sospechosas, muchas de ellas vinculadas con centenares de obras que el Gobierno regional, entonces presidido por Esperanza Aguirre, financió dentro del Plan Prisma 2005-2006. En uno de los flecos de la investigación, el Juzgado y la Fiscalía Anticorrupción indagan sobre el presunto cobro de comisiones en obras valoradas en cientos de millones de euros.

Tras la confesión de David Marjaliza, la UCO investiga las adjudicaciones de dos empresas concretas en los planes Prisma 2006-2007 y 2008-2011, gestionados por Jaime González Taboada

Los investigados son Pilar Roca Suárez-Inclán, directora de la Asesoría Jurídica entre 2006 y 2009; Pedro Bernad Moreno, director de Proyectos de Arpegio; Pilar Rubio Izquierdo, directora de Proyectos del Plan Prisma; Eduardo Larraz Riesgo, ex consejero delegado entre 2004 y 2008; Ignacio Palacios Arazuri, quien fuera jefe de gabinete de Francisco Granados y vocal del consejo de administración de Arpegio (imputado ya en otras piezas del caso), y María Dolores Nogal González, abogada y secretaria de la mesa de contratación (y presidenta del comité de empresa). En marzo de 2008, también se sumó a esa mesa Miguel Ángel Ruiz, el ya exviceconsejero de Medio Ambiente, que dimitió tras conocerse que era otro de los citados en calidad de investigados por el juez Velasco. A la lista se suma también Francisco Esquivias Ferriz, secretario del consejo de Arpegio

Según han informado a El Confidencial fuentes jurídicas, la prioridad es evitar el riesgo de destrucción de pruebas que potenciaría dejar las declaraciones para la vuelta del verano. En el horizonte de la Fiscalía se plantea también la necesidad de acotar la responsabilidad de Taboada en esta parte de la trama, que se investiga en una pieza separada declarada secreta. Varios testigos han apuntado que era "el hombre" de Granados en Arpegio. "Su soldado", llegó a decir uno de ellos en una declaración en la Audiencia Nacional.

15 toneladas de documentos

El retraso de los interrogatorios se ha visto provocado por la situación del juzgado, que perdió a su titular, Eloy Velasco, tras ser designado para un nuevo destino. La llegada hace dos semanas del nuevo responsable del 6 permitirá, según las fuentes consultadas, llevar a cabo esta toma de declaraciones. Otra dificultad es la inmensa cantidad de documentos incautados en mayo, 15 toneladas almacenadas en una nave que esperan su revisión por parte de los investigadores.

Según datos de la Comunidad de Madrid, hasta el momento se han entregado más de 250.000 folios, 43.200 archivos informáticos y 9.300 carpetas de Arpegio. Su consejera delegada, Susana Magro, ha pedido comparecer en la Asamblea para dar explicaciones.

Madrid autorizó un sueldo de 216.000€ para el jefe de las obras investigadas en Púnica

Arpegio aprobó la propuesta económica de la firma DUSA, bajo investigación de la Audiencia Nacional por las obras del plan Prisma. También dietas y gastos varios por 237.900 euros

La UCO está investigando si la trama Púnica obtuvo beneficios millonarios gracias a los amaños en la adjudicación de centenares de viviendas en los consorcios urbanísticos que promovió la Comunidad de Madrid a través de esta empresa pública. En otra de las partes de la investigación, se rastrea el plan gracias al que se financiaron, en dos ediciones (2006-2007 y 2008-2011), centenares de adjudicaciones valoradas en casi 800 millones de euros por toda la región. Algunas empresas adjudicatarias pudieron pagar mordidas por llevarse los contratos, según los indicios que ya manejan en la Guardia Civil. González Taboada estuvo en la mesa de contratación de ambas entidades.

La mesa es el órgano técnico que debía valorar las ofertas presentadas por las empresas que licitaban por los contratos del Plan Prisma. González Taboada era entonces también director general de Administración Local, el departamento que planificaba el Prisma, aunque lo ejecutaba Arpegio. El empresario Marjaliza ya declaró ante el juez cómo se repartían los presuntos amaños: "Un tercio de la obra era para los técnicos, un tercio para Jaime González Taboada con su gente y el último tercio para Paco [Granados] o la consejería".

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-07-13/cifuentes-taboada-arpegio-punica-audiencia-nacional_1414219/

EL CONSTRUCTOR DE LA PÚNICA, PROCESADO POR "CALUMNIAR" AL NÚMERO 3 DE CIFUENTES

David Marjaliza aseguró que Jaime González Taboada “mangoneaba” y “se lleva un tercio de las comisiones”

El juzgado de Instrucción número 14 de Madrid ha decidido procesar a David Marjaliza, exsocio de Francisco Granados y uno de los cabecillas de la trama Púnica, por un delito de calumnias contra el número 3 de Cristina Cifuentes, su consejero de Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada.

El considerado constructor de la Púnica le señaló el pasado mes de mayo para incluirle en su lista de supuestos perceptores de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones. Ha sido muy claro: Taboada "mangoneba" contratos y se quedaba un buen pellizco.

Según aseguró en su declaración en la Audiencia Nacional ante el juez Velasco, anterior instructor de la Púnica, Taboada era el encargado de gestionar las obras y contratos amañados del plan Prisma, un proyecto de inversiones de los municipios madrileños financiado por la Comunidad de Madrid.

Según ha dictaminado ahora el juez madrileño, resolución recogida por Vozpópuli, Taboada ya presentó en mayo de 2015 una denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla contra Marjaliza por asegurar ante Velasco que en el “botín” de la empresa pública madrileña Arpegio el consejero madrileño “mangoneaba” y “se lleva un tercio de las comisiones”.

Juicio próximo

El auto recoge que las valoraciones de Marjaliza sobre Taboada pueden “ser constitutivos de un presunto delito de calumnias” y fija un plazo de 10 días para el Fiscal y las partes “formulen escrito de acusación” y se realice la “apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa”.

Taboada, señalado

Pese a esta denuncia por calumnias, la realidad se le echa encima al consejero de Cifuentes. Sobre él, la Púnica siempre ha revoloteado, aunque si el caso de corrupción no se ha posado sobre él, todavía, es gracias a su aforamiento por ser diputado en la Asamblea de Madrid.

De hecho, se le podría considerar un imputado fantasma. Justo antes de dejar la Audiencia Nacional, en uno de sus últimas decisiones, el juez Eloy Velasco decidió imputar a todos los miembros menos a él de la mesa de contratación de Arpegio.

Además, Taboada aparece en el informe de la Fiscalía Anticorrupción del 11 de mayo (el mismo que acusa al Gobierno de Cifuentes de “ocultar información relevante” sobre la Púnica), como objeto de investigación.

http://www.elplural.com/sociedad/2017/07/12/el-constructor-de-la-punica-procesado-por-calumniar-al-numero-3-de-cifuentes

LA COMUNIDAD COLOCA EN ECONOMÍA AL VICECONSEJERO DE CIFUENTES QUE DIMITIÓ POR PÚNICA

Miguel Ángel Ruiz intentó regresar a Arpegio donde tenía una excedencia, pero no había plaza vacante

El exviceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz, se ha incorporado como titulado superior adscrito a la Dirección General de Formación de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda desde el pasado 27 de julio. Ruiz dimitió de su cargo de viceconsejero en mayo después de que el juez instructor del caso Púnica le imputara por su supuesta implicación en la trama.

Miguel Ángel Ruiz llegó a la empresa Arpegio el 27 de julio de 2007 para prestar sus servicios, por un tiempo indefinido, en la categoría de titulado superior como director general en el Programa Regional de Inversiones y servicios de Madrid (PRISMA). Esta sociedad comparte el convenio colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid, lo que le ha permitido acogerse ahora a él. Así, diez años después, el 27 de julio de 2017, Ruiz se ha incorporado a un puesto en la Administración regional adscrito a la Dirección General de Formación de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, según confirma la Comunidad de Madrid.

El 22 de noviembre de 2011, Ruiz se marchó de Nuevo Arpegio, que le concedió la excedencia forzosa, teniendo derecho a conservar el puesto de trabajo, turno, centro y cómputo de la antigüedad durante su vigencia. En Arpegio fue consejero delegado de 2008 a 2010 y desde esa posición participó en mesas de contratación del organismo. También fue gerente del Plan Regional de Inversiones de Madrid (Prisma), que gestionaba la empresa, realizando proyectos de las obras en los municipios y otorgando las adjudicaciones correspondientes. Motivos por los que se le está investigado en el caso Púnica, tras las numerosas irregularidades detectadas por los investigadores en el seno de esta sociedad pública.

Una vez que deja Arpegio, Ruiz prestó sus servicios en distintos cargos públicos en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y en el de Boadilla del Monte. Dejó la política municipal para formar parte del Gobierno de Cristina Cifuentes como número dos del consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio Jaime González Taboada. Ocupó el puesto hasta el 26 de mayo pasado, fecha en la que dimitió después de conocerse que era investigado y de que la UCO registrara su despacho.

El 29 de junio de 2017, el exviceconsejero solicitó su reingreso en la empresa Nuevo Arpegio, pero no existía plaza vacante, le comunicaron desde la Dirección General de Recursos Humanos. Según el convenio colectivo, habría tenido derecho a que le crearan un puesto de similares características, también salariales, al que dejó cuando se marchó. Sin embargo, el Gobierno de Cifuentes le ha buscado acomodo en un puesto en la Consejería de Economía, porque ya existía y estaba dotado económicamente, "a pesar de la merma económica que ello le supondría", indica la Comunidad de Madrid. Sus retribuciones van a ser "notablemente inferiores al salario que percibía en Nuevo Arpegio, S.A", añade.

https://elpais.com/ccaa/2017/07/28/madrid/1501237813_169228.html

NUEVO ARPEGIO DICE QUE NO TIENE LOS ORIGINALES DE CINCO CONTRATOS Y CREE QUE PUEDE TENERLOS LA UCO

Asegura también que tampoco están los originales de varios contratos con Over Marketing y de una empresa vinculada a Marjaliza

El secretario general de Nuevo Arpegio resta importancia a la desaparición y subraya que la documentación está recogida digitalmente

La entonces presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, escucha un comentario que le hace al oído el consejero de Presidencia, Francisco Granados, en un acto de partido en 2010.

El secretario general de Nuevo Arpegio, Francisco Esquivias, ha indicado este viernes que no se encuentran cinco contratos originales suscritos con la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanísticos (DUSA), aparte de otros relativos a otras mercantiles como es de dos relativos a Over Marketing y otros con Obrum (empresa vinculada al empresario David Marjaliza).

No obstante, Esquivias tiene la creencia o hipótesis de que esa documentación puede estar en disposición de la Unidad Central Operativa (UCO), que se llevó mucha documentación cuando se realizaron los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, encargado de investigar el caso Púnica.

Así lo ha indicado durante su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en la Asamblea de Madrid en relación al extravío de los contratos originales que firmó en 2006 con Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanísticos S.A (DUSA), documentación que ha sido requerida por este juzgado el marco de la investigación de la operación Púnica.

Esquivias conjetura como "hipótesis" que estos contratos pueden estar en disposición de la UCO, que tiene en su disposición muchas cajas con documentación de la contratación de Arpegio (ahora Nueva Arpegio) y que, por la "confusión" de un registro que duró 12 horas el pasado 16 de abril puede que no se incluyera en las anotaciones de documentación elaborada por el secretario judicial.

No obstante, el secretario general de Nuevo Arpegio ha restado importancia al hecho de que aún no se localicen esos originales y subraya que esa documentación está recogida en la herramienta digital de registro. "No tenemos dudas de que esas copias son válidas y pertenecen a los originales", ha relatado.

"No ha ocurrido ninguna tragedia", ha comentado Esquivias quien ha dicho que la tecnología permite que no se tenga que estar buscando "pergaminos y legajos" para poder acreditar que hay algo acreditado "fehacientemente".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/28/nuevo_arpegio_indica_que_estan_los_originales_los_cinco_contratos_dusa_que_puede_tenerlos_uco_68108_1012.html

IU DENUNCIA EN LA OFICINA ANTIFRAUDE DE LA UE LA DESAPARICIÓN DE UN EXPEDIENTE MILLONARIO INVESTIGADO EN 'PÚNICA'

La eurodiputada Marina Albiol reclama a la OLAF que averigüe si fallaron los controles sobre las partidas libradas por el Fondo Social Europeo

La parlamentaria pregunta al organismo comunitario si va a pedir la devolución de los dos millones de ese contrato, que benefició a una empresa investigada por la financiación del PP

La portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha remitido una carta a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) después de que la Comunidad de Madrid haya comunicado a la Guardia Civil la desaparición del expediente íntegro de un contrato millonario investigado en Púnica y que oficialmente perseguía publicitar un plan de autónomos cofinanciado por el Fondo Social de la UE.

Como publicó infoLibre hace una semana, la Consejería de Economía de Madrid notificó el 27 de marzo a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que "no se dispone físicamente" de los documentos relativos a la contratación de Over Marketing y Comunicación SL en 2006 por dos millones para una campaña de publicidad de la que no quedó rastro y cuya adjudicación corrió a cargo de un organismo público ya extinguido, el Imade (Instituto Madrileño de Desarrollo). Según el Ejecutivo madrileño, el expediente se ha esfumado al completo. No hay originales ni copias. Oficialmente, y desde que en marzo de 2010 fue reclamado por el Imade a la empresa de gestión documental que lo custodiaba, nadie sabe dónde ha ido a parar. Over Marketing es una de las firmas bajo sospecha por presunta financiación ilegal de las campañas de Esperanza Aguirre.

¿Reclamará la OLAF el dinero?

Remitida el pasado viernes, el mismo día en que este diario informó de lo sucedido, la misiva de Albiol interpela a la oficina antifraude sobre "si se ha puesto ya en contacto con las autoridades españolas para facilitar a los investigadores la documentación al respecto de la que pueda disponer la propia OLAF para ayudar a esclarecer el caso". La eurodiputada también requiere respuesta a otras dos preguntas: la de si la OLAF "va a reclamar que sea devuelto este dinero de todos los ciudadanos europeos y si considera que han fallado los mecanismos de la Comisión Europea para controlar el destino final de sus fondos".

En una nota de la formación izquierdista, Albiol sostiene que este episodio constituye "un ejemplo más de las prácticas como mínimo irregulares a las que nos está acostumbrando el PP". Pero en este caso, agrega la eurodiputada, hay "un agravante": los dos millones de euros adjudicados en el contrato "proceden del Programa de Autónomos cofinanciado por el Fondo Social Europeo”.

Para Albiol, “aunque no es la primera vez que desaparecen expedientes, se borran discos duros, o se alteran testimonios, no nos cansaremos de denunciar públicamente el hecho de que el PP mantenga, incluso alimente, este tipo de prácticas más propias de la Camorra que de un partido político supuestamente democrático”.

La parlamentaria considera importante “denunciar ante las autoridades europeas los reiterados casos de irregularidades que entorpecen las investigaciones de la justicia en las tramas de corrupción del PP, porque Europa no puede seguir manteniéndose al margen de los casos de corrupción que asolan el Estado español, y más cuando se trata de dinero de los europeos y europeas. El PP no solamente ha saqueado buena parte de las arcas públicas españolas, sino que su corrupción también ha llegado a los fondos europeos”.

La portavoz de IU reclama espera que las autoridades europeas “colaboren con la investigación poniendo a disposición de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la información para esclarecer el caso, pero también realizando investigaciones internas en el seno de las propias instituciones comunitarias, que han permitido que el dinero que en principio se destinaba a luchar contra el paro presuntamente acabe engordando las cuentas de empresarios corruptos amigos del gobierno regional”.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/28/iu_denuncia_oficina_antifraude_la_desaparicion_expediente_millonario_investigado_punica_68086_1012.html

EL JUEZ RASTREA QUIÉN TUVO ACCESO A LOS CONTRATOS DESAPARECIDOS DEL ‘CASO PÚNICA’

La fiscalía pide “identificar la persona o el órgano” que los reclamó desde la Comunidad de Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco abrió, unos días antes de abandonar el juzgado del caso Púnica, una investigación para averiguar el paradero de los contratos originales que la empresa pública madrileña del suelo Arpegio celebró en 2006 con la mercantil Desarrollos Urbanísticos S.A. (DUSA), y que han desaparecido de los archivos de la sociedad pública. El juez y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que los contratos con esta mercantil —clave en los presuntos amaños del Plan Prisma de inversiones de la Comunidad de Madrid con los que supuestamente se lucró el exconsejero Francisco Granados— han pasado por las manos de alguien en el Gobierno regional. El juez que lleva actualmente el caso, Manuel García-Castellón, ha mantenido esa línea de investigación.

El 13 de junio pasado, el juez Velasco reclamó a la consejera delegada de Nuevo Arpegio que le entregue “una copia certificada del escrito por el que la Comunidad de Madrid le solicitó los expedientes completos de los contratos adjudicados a DUSA”. El magistrado quiere con ello “identificar la persona o el órgano” del Ejecutivo presidido por Cristina Cifuentes (PP) que requirió esa documentación.

El juez, a petición de la Fiscalía, quiere saber también quién, desde la empresa Arpegio, remitió los expedientes a la Comunidad de Madrid. En el escrito, el magistrado especifica a la consejera delegada de Arpegio que no era preciso incluir los expedientes de los contratos, “sino solo los escritos de remisión”.

El mismo 13 de junio, el secretario general de Nuevo Arpegio, Francisco Esquivias, había enviado un escrito al juez Velasco en el que reconocía que los originales de los contratos con DUSA se habían “traspapelado”. Estos documentos continúan desaparecidos, según han confirmado a EL PAÍS fuentes de Arpegio, aunque el juzgado cuenta con una copia de los mismos.

Una empresa clave

DUSA, empresa dirigida por el promotor Adolfo Fernández Maestre, imputado en el caso Púnica, recibió en marzo de 2006 un contrato “meteórico” por valor de 5,3 millones de euros para gestionar los contratos del Plan Prisma de inversiones del Gobierno regional, un pastel de obras y parcelas de suelo público de cerca de mil millones de euros. Los investigadores sospechan que DUSA, que en la época de Granados recibió adjudicaciones por 9,8 millones de euros, se dedicaba a dar la mejor valoración y preadjudicaba contratos a las empresas que se avenían a los tratos de corrupción con Arpegio.

La Guardia Civil acudió a la sede de Nuevo Arpegio el 16 de mayo para requerir la documentación sobre estos contratos por orden del juez Eloy Velasco, entonces al frente del juzgado. Tras 14 horas en las oficinas, los originales no fueron encontrados. Durante los días siguientes, Nuevo Arpegio remitió a la Audiencia Nacional diversa documentación relacionada con DUSA, pero no esos originales, lo que provocó que la Guardia Civil volviera a presentarse el 25 de mayo en Nuevo Arpegio. Tampoco se hallaron.

En su escrito del 13 de junio, el secretario general de Nuevo Arpegio, imputado en la causa, remitió al juzgado el escrito para “dar explicación” al “traspapelado” de estos documentos pese a la búsqueda exhaustiva que, aseguraba, habían realizado sus empleados tras el último requerimiento judicial. En la misiva, el directivo reconoce que durante ese rastreo “se ha podido advertir que varias carpetas que contenían originales de diversa contratación —además de los de DUSA— se encontraban vacías”. El escrito recoge que se desconoce si la desaparición ha sido motivada por “causa voluntaria o involuntaria”.

https://politica.elpais.com/politica/2017/07/11/actualidad/1499795527_864453.html

DESAPARECEN DOCUMENTOS CLAVES DEL ‘CASO PÚNICA’

La empresa pública Arpegio remite al juez un escrito en el que reconoce que “varias carpetas” que contenían los originales de contratos bajo sospecha están vacías

Nuevo Arpegio, la sociedad pública de gestión de suelo de la Comunidad de Madrid, ha “traspapelado” y no encuentra los contratos originales que firmó con la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanísticos S. A. (DUSA), clave en los supuestos amaños del Plan Prisma de inversiones que se investiga en el caso Púnica como posible fuente de enriquecimiento de Francisco Granados. Así lo reconoce la propia sociedad en un escrito remitido el pasado 13 de junio al Juzgado Central de Instrucción 6, que investiga la trama corrupta desde 2014. Fuentes de la compañía reconocían ayer que dichos documentos, incluidas actas de mesas de contratación, continúan "desaparecidos"

La Guardia Civil acudió a la sede de Nuevo Arpegio el 16 de mayo para requerir la documentación sobre estos contratos por orden del juez Eloy Velasco, entonces al frente del juzgado. Tras 14 horas en las oficinas, los originales no fueron encontrados. Durante los días siguientes, Nuevo Arpegio remitió a la Audiencia Nacional diversa documentación relacionada con DUSA, empresa presidida por el imputado Adolfo Fernández Maestre, pero no esos originales, lo que provocó que la Guardia Civil volviera a presentarse el 25 de mayo en Nuevo Arpegio. Tampoco se hallaron.

Por ello, el secretario general de Nuevo Arpegio, Francisco Esquivias, imputado en la causa, remitió al juzgado el escrito para “dar explicación” de la ausencia de estos documentos pese a la búsqueda exhaustiva que, según asegura, han realizado sus empleados tras el último requerimiento judicial. En la misiva, el directivo reconoce que durante ese rastreo “se ha podido advertir que varias carpetas que contenían originales de diversa contratación —además de los de DUSA— se encontraban vacías”.

Una adjudicación “meteórica”

La empresa DUSA es sospechosa de ser una de las patas del supuesto plan de Granados para extraer fondos de Arpegio en su propio beneficio. En marzo de 2006, esta empresa resultó adjudicataria de forma “meteórica” de un contrato de 5,3 millones de euros para gestionar los contratos del Plan Prisma de inversiones del gobierno regional a través de los cuales se gestionaron cerca de 1.000 millones de euros. Este contrato fue posteriormente prorrogado en cinco ocasiones. La mercantil se hizo también con otras dos adjudicaciones que elevaron a 9,8 millones de euros lo que recibió de Arpegio en la etapa Granados. Según la investigación, DUSA lo que hacía era dar la mejor valoración y preadjudicaba contratos a las empresas que se avenían a los tratos de corrupción con Arpegio.

“Hasta el momento —se lee en el escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS— se desconoce la causa pero se sigue analizando minuciosamente la traza que estos originales hayan podido llevar, así como las diferentes circunstancias que hubieran podido dar lugar a que actualmente no se encuentren en el archivo” en el que estuvieron depositados. El escrito recoge que se desconoce si la desaparición ha sido motivada por “causa voluntaria o involuntaria”, pero intenta restar importancia a este “traspapelado”.

Para ello, asegura que una copia en papel de parte de estos documentos ya ha sido entregada “en mano” a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en anteriores requerimientos. También, en formato electrónico, a través de un pendriveque se entregó al juzgado en abril junto a una carpeta en papel con aspectos de la contratación de DUSA en este plan de infraestructuras.

Falta de colaboración

La Fiscalía Anticorrupción ya denunció en mayo, en el escrito en el que pedía el registro de Arpegio, una supuesta falta de colaboración de la Comunidad de Madrid. Entonces, la fiscalía aseguró que en el Ejecutivo regional “existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas y orgánicas” en el Gobierno madrileño o en el PP regional.

Anticorrupción detalló que la documentación que había enviado la empresa pública en octubre presentaba “inconsistencias y carencias que nos hacen pensar que existe más información que la que se transmite”. Por ello, la fiscalía reconoció que se hacía “difícil confiar en que haya una colaboración espontánea y leal”. La Comunidad ha negado siempre dichas trabas, aunque ayer admitió desconocer si habían aparecido los originales “traspapelados”.

https://politica.elpais.com/politica/2017/07/10/actualidad/1499703569_994584.html

LA 'CLÁUSULA DEL 1%' INVESTIGADA BAJO LA SOSPECHA DE QUE OCULTABA PAGOS AL PP TAMBIÉN SE APLICABA EN OBRAS DE CARRETERAS

La obligación de que los adjudicatarios de obras de mejora viaria destinasen ese porcentaje a supuestos "Planes de Información", como ya se hacía en la construcción de hospitales, fue la norma hasta poco antes del estallido del caso

El temor de algunos funcionarios a que estuvieran certificando gastos irreales alertó a los sindicatos, que en 2013 exigieron explicaciones al entonces viceconsejero de Infraestructuras y hoy consejero delegado de Metro de Madrid

El Ejecutivo madrileño esgrime que la causa está bajo secreto y no explica ni en qué fecha exacta de 2014 ni por qué dejó de aplicarse ese punto

La práctica de imponer a los adjudicatarios de obra de la Comunidad de Madrid que destinasen el 1% del presupuesto a supuesta publicidad institucional, bajo la que los investigadores de Púnica sospechan que se ocultaban actos para el PP, no fue exclusiva de la Consejería de Sanidad. Al menos hasta mediados de 2014, también la Consejería de Transportes e Infraestructuras aplicó esa cláusula en los contratos para mejora de la red viaria.

Al igual que sucedía con los nuevos hospitales, esas campañas –"Planes de Información", era su nombre oficial– no quedaban bajo la supervisión de ningún funcionario sino de un eventual. Es decir, de un asesor elegido a dedo por los altos cargos de cada consejería: G.R., en el caso de los hospitales; A.R., en el de las carreteras. El primero, y así consta en un atestado de la Guardia Civil incorporado a las actuaciones de Púnica, firmaba cada mes un documento según el cual las empresas encargadas de los "Planes de Información" de los nuevos hospitales habían cumplido su cometido y solo quedaba pagarles. Sobre A.R., que era el encargado de esa tarea en la Dirección General de Carreteras, este diario no ha logrado averiguar si su nombre aparece en la causa de Púnica. Pero el relato de quienes conocían la existencia de esas prácticas en la Consejería de Transportes e Infraestructuras coincide punto por punto con el que se desprende del atestado policial sobre el 1% de los hospitales.

Fue precisamente el temor de algunos directores de obra a que se les estuviese obligando a certificar gastos irreales y a incurrir por tanto en una eventual responsabilidad administrativa y/o penal lo que puso en alerta a los sindicatos. En la primavera de 2013, la junta de personal de la Consejería de Transportes e Infraestructura, que representa a los funcionarios, exigió explicaciones a quien en ese momento ya era viceconsejero: Borja Carabante, actual consejero delegado de Metro de Madrid y que entre 2008 y 2011 ocupó la Dirección General de Carreteras.

Personas que entonces formaban parte de la plantilla en aquel momento recuerdan que no hubo respuesta a sus interrogantes pero que, a partir de entonces, la cláusula se fue esfumando. Lo que la junta de personal preguntó en aquel momento fue muy parecido a lo que la Guardia Civil les ha preguntado ahora a tres cargos de la sanidad madrileña en relación al 1% del pliego de los nuevos hospitales: qué empresas realizaban las campañas previstas en esa cláusula, cómo se las elegía, qué importe facturaban esas firmas de publicidad a los adjudicatarios de obras y con qué criterio "se asigna a personal eventual ajeno a la dirección de cada obra la gestión de dichas facturas".

infoLibre dispone de copia de siete facturas emitidas con cargo a ese 1%. Al menos una de las que se emitieron –por Traci Comunicación– consta entre aquellas que, según la Fiscalía Anticorrupción, se hicieron con contratos fraudulentos de Arpegio, la empresa pública que bajo el control de Francisco Granados gestionó el mayor plan –el Prisma– de inversión pública de Madrid, dotado con 1.000 millones.

El pasado viernes por la mañana, infoLibre comunicó a los portavoces oficiales de la Consejería de Trasportes e Infraestructuras de Madrid los datos que había recabado sobre la aplicación del 1% en la Dirección General de Carreteras y les solicitó la versión de Borja Carabante. Esas fuentes oficiales declinaron cualquier pronunciamiento bajo el argumento de que el juez Eloy Velasco, hasta junio instructor de Púnica, había prohibido taxativamente hablar de los contratos requeridos por la Guardia Civil en marzo. La Consejería ni siquiera se avino a explicar el porqué tras el verano de 2014 la cláusula desaparece en los contratos disponibles a través del Perfil del Contratante. ¿Hay algún nexo entre la desaparición del párrafo del 1% y el estallido de Púnica el 27 de octubre de aquel año? Esa es una más de las incógnitas pendientes.

Campaña de "Sillas de bebé" en la "obra de refuerzo de la M-206"

En teoría, esas supuestas campañas o "Planes de Información" financiados con cargo al 1% y ejecutados por firmas que no se habían sometido a ninguna licitación previa debían publicitar la obra a la que iban vinculadas. Pero entre las facturas obtenidas por infoLibre figura una que en sí misma abona las sospechas. Su concepto dice lo siguiente: "Campaña publicitaria Sillas bebé, referente al 1% de gastos de publicidad según pliego de la obra de refuerzo M-206", al sureste de la Comunidad. El importe asciende a 17.473 euros.

Este diario inquirió de forma expresa por esa factura a la Consejería de Transportes e Infraestructuras. Tampoco aquí hubo respuesta. Ni siquiera ante la pregunta de si no ofrece su enunciado más similitudes con una campaña de la DGT que con la que hipotéticamente cabría desplegar para difundir las bondades de una carretera comarcal reformada. La empresa que la emitió no pudo ser contactada.

El 1% impuesto en el pliego de condiciones tanto en hospitales como en carreteras e incluso en contratos relativos al Metro se traducía buena parte de las veces en cifras muy inferiores a las que las operaciones Gürtel y Púnica han sacado a la luz.

Pero precisamente su moderada cuantía les hizo pasar bajo el radar durante años pese a que eran ejecutados por empresas que nadie sabe aún cómo ni con qué criterios ni por quién resultaban elegidas. Y que su supervisión se encomendaba a cargos de confianza y no a funcionarios. Entre esas empresas figuran varias que ya están siendo investigadas en Púnica por presunta financiación ilegal del PP. Entre ellas, Over Marketing y sus sociedades satélite, cuyo propietario ya admitió hace cinco años que había recibido contratos amañados también en Madrid. Y que había hecho actos gratis para el PP. Entre las compañías del grupo Over figura Traci Comunicación.

Over Marketing y otras empresas investigadas por presunta financiación del PP se repartieron más de 23 millones en contratos públicos de Madrid durante la década de poder de Esperanza Aguirre. Esas cifras no incluyen ni lo que facturaron a las adjudicatarias de la construcción de hospitales –más de dos millones– ni a adjudicatarias de obras licitadas por Transportes e Infraestructuras.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/10/la_clausula_del_investigada_punica_bajo_sospecha_que_ocultaba_pagos_tambien_aplicaba_obras_carreteras_67358_1012.html

DOS TESTIGOS ADMITEN IRREGULARIDADES EN LA TRAMA DEL 1% QUE FINANCIÓ AL PP CON LA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES

Dos funcionarios de la Consejería de Sanidad en Madrid reconocen a la Guardia Civil que la administración autonómica escogió el método más arbitrario y gravoso para las arcas públicas en los contratos de publicidad del plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007, con los que supuestamente se financió de forma irregular al PP. La justicia sostiene que el 1% de la construcción de 8 hospitales y 57 centros de salud de aquel plan, cerca de 23 millones de euros públicos, sirvió en parte para pagar campañas del PP

Dos funcionarios de la Consejería de Sanidad, el jefe de contratación de obras y un técnico de apoyo, han acudido voluntariamente a la Guardia Civil, y han confesado supuestas irregularidades en la campaña publicitaria de los 8 hospitales y 57 centros de salud construidos con el plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007 de Esperanza Aguirre. Parte de los 23 millones destinados a aquella campaña publicitaria, sirvieron para financiar al PP de Madrid, según la documentación obtenida por los investigadores.

En las actas de declaración de los testigos, a las que ha tenido acceso la SER, ambos admiten que Sanidad, en tiempos del consejero Manuel Lamela, escogió el método más caro y perjudicial para el erario público con aquellos contratos, y que había una fórmula mejor que fue desechada: el concurso público.

La trama del 1% funcionó de la siguiente forma, según los investigadores. La administración autonómica establecía que el 1% del precio total de la construcción de cada centro sanitario, debía ser destinado a publicitar el mismo. Las adjudicatarias de los hospitales, entre ellas OHL, FCC o Acciona, subcontrataban esos trabajos a dedo a las empresas que hacían las campañas electorales del PP. Sobre todo a Over Marketing, principal sospechosa de participar en la trama de financiación en negro de este partido entre 2007 y 2011.

Supuestamente, el PP no pagaba o pagaba a un precio inferior al de mercado a las empresas que le hacían la campaña electoral, que a cambio eran compensadas y pagadas con dinero público de este uno por ciento desde la Consejería de Sanidad. También había otras fórmulas de pago desveladas por la investigación, como la fundación Fundescam; subvenciones públicas; o con el dinero destinado al funcionamiento del grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid entre otras.

Los dos testigos son tajantes ante la Guardia Civil. Hubiera sido mucho menos caro para la administración y más “transparente” convocar un concurso público para la campaña publicitaria de los hospitales, que destinar el 1 por ciento de cada centro sanitario, que corría a cargo de Sanidad pero que las adjudicatarias concedían a las empresas que querían. Y siempre eran las mismas. Aquellas que llevaban las campañas electorales del PP.

http://cadenaser.com/ser/2017/07/06/tribunales/1499362590_033813.html

CARGOS DE LA SANIDAD MADRILEÑA AFIANZAN EN 'PÚNICA' LA SOSPECHA DE QUE LA 'CLÁUSULA DEL 1%' OCULTABA PAGOS EN ESPECIE AL PP

Declaran que nunca supieron en qué se gastó el porcentaje que los adjudicatarios de la construcción de seis hospitales debían dedicar a un supuesto "Plan de Información"
Los testigos apuntan a la consejería de Presidencia, entonces en manos de Francisco Granados, y al equipo del exconsejero de Sanidad Manuel Lamela como los artífices de la controvertida cláusula

Tres testigos de la Operación Púnica que en la pasada década ocupaban cargos de relevancia en la sanidad pública madrileña han afianzado con sus declaraciones ante la UCO la sospecha de que la conocida como cláusula del 1% para publicidad de seis nuevos hospitales ocultaba en realidad el pago de comisiones en especie para el PP. ¿Qué tipo de comisiones en especie? Los investigadores sostienen que la respuesta se resume así: publicidad electoral que habrían sufragado las constructoras de esos hospitales bajo el camuflaje de un inexistente Plan de Información.

La campaña para las municipales y autonómicas de 2007, donde Esperanza Aguirre anudó su poder institucional tras aquella primera victoria que siguió al tamayazo de 2003, se sitúa así de nuevo bajo el foco. Además de a Francisco Granados, ahora en libertad bajo fianza y entonces consejero de Presidencia, las declaraciones ponen también en el ojo del huracán a quien en aquel momento dirigía la Consejería de Sanidad, Manuel Lamela.

La transcripción de esas tres declaraciones, una de ellas nada menos que la de la entonces directora del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y a las que infoLibre ha tenido acceso, constata que ninguno de los tres testigos supo nunca a qué se dedicó ese 1% ni quién supervisaba la ejecución de cada supuesta campaña de información a que también oficialmente iba destinado ni con qué criterio se elegía a las empresas de publicidad. Y aseguran que tampoco tuvieron jamás noción de por qué se introdujo esa cláusula en el pliego de condiciones para la construcción de los hospitales pese a que hacerlo de ese modo no solo constituía una fórmula menos transparente que convocar un concurso separado de publicidad sino que encarecía el coste global de la obra.

"Es más eficiente sacar un concurso público aparte que englobe toda la comunicación e información, es más económico", respondió la exdirectora del Sermas cuando la Guardia Civil la interrogó sobre ese punto. "La cantidad relacionada con el 1% no le parece un gasto razonado", contestó a esa misma pregunta el jefe de contratación de la Consejería de Sanidad, que mantiene ese puesto. "Sí, por supuesto", convino el tercer testigo, exjefe de sección de contratación, cuando la UCO indagó sobre si al incluir la obligación de abonar hasta el 1% en concepto de información y publicidad de las obras se estaba incrementando de una forma indirecta el importe de oferta de cada licitador, lo que finalmente implicaba un aumento de gasto para la Administración.

Sus declaraciones colocan en el vórtice a Francisco Granados, que nunca había abandonado esa posición y ahora se encuentra en gira de entrevistas tras su recuperada libertad bajo fianza. Pero también a Manuel Lamela, que debe su fama al frente de la sanidad madrileña entre 2003 y 2007 no tanto a su defensa de la privatización hospitalaria como a la cacería a que fueron sometidos varios médicos del hospital Severo Ochoa de Leganés acusados por una denuncia anónima de haber perpetrado "400 homicidios".

Los tres testigos los colocan a ambos en el centro del vendaval de Púnica por lo siguiente: según la exdirectora del Sermas, la cláusula del 1% ya figuraba en los pliegos cuando accedió a ese cargo en 2005, pero que en cualquier caso la selección de las empresas que debían publicitar los nuevos hospitales y el contenido exacto de esas campañas de información se dirigía "desde la Consejería de Presidencia y desde el Gabinete de Prensa situado en la sede de la Puerta del Sol". El exjefe de servicio fue más lejos: "Cree recordar –se lee en su declaración– que ese apartado [el del 1% para publicidad] se incluía en los pliegos por una instrucción interna recibida desde la Consejería de Presidencia o desde la Consejería de Sanidad", y el consejero, añadió, era Manuel Lamela. Y el jefe de contratación de la Consejería de Sanidad, a quien también la Guardia Civil le preguntó por el contenido de los planes de información sobre los nuevos hospitales, ofreció esta respuesta: "Que lo desconoce, que este Plan dependía del Gabinete del consejero de Sanidad Manuel Lamela".

Los investigadores del caso creen que ese 1% sirvió para que empresas de publicidad ya investigadas por presunta financiación ilegal del PP facturasen servicios de propaganda electoral a las empresas adjudicatarias de la construcción de esos nuevos centros sanitarios. Los documentos incorporados a la causa prueban que múltiples facturas endosadas a distintas constructoras con cargo a la cláusula del 1% fueron emitidas por Over Marketing y sus sociedades satélite. El propietario de ese grupo de publicidad ya admitió que hacía actos gratis para el PP. Y que ese era posiblemente el "beneficio" que podían haber obtenido quienes le adjudicaban contratos amañados.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/07/tres_cargos_sanidad_madrilena_afianzan_sospecha_que_para_publicidad_hospitales_ocultaba_mordidas_67317_1012.html

UNO DE LOS PRINCIPALES INVESTIGADOS EN 'PÚNICA' CONTROLÓ DURANTE CUATRO AÑOS UNA WEB DE PROPAGANDA SOBRE RAJOY Y EL PP

Alejandro de Pedro presentaba la web ppdigital.es como "controlada" por su empresa Eico en los informes sobre reputación online que se pagaban con dinero público

Encabezada siempre por una gran foto de Rajoy y activa hasta enero de 2015, la web ofrecía "noticias del PP" de todo el país y llegó a sumar 1.037 comentarios al programa electoral de 2011

Génova niega cualquier vínculo con el digital y recalca que su única relación con De Pedro se limitó al encargo retribuido de una "prueba" que no se tradujo en ningún contrato

Alejandro de Pedro, experto en lavar reputaciones de políticos en Internet y uno de los principales investigados en la Operación Púnica, controló durante cuatro años –de enero de 2011 al mismo mes de 2015– una web de "noticias sobre el PP nacional" que en su propio dominio incluía el nombre del partido. Se trata de www.ppdigital.es, ahora inactiva aunque es posible rastrear su historial a través de ciertos buscadores. Pese a su larga existencia, a que un gran retrato de Mariano Rajoy presidía cada edición y a que el logotipo del partido –cuya propiedad le pertenece en exclusiva– era una constante, los portavoces oficiales del PP consultados por infoLibre aseguran que esa web les era por completo desconocida. Los mismos portavoces minimizaron la importancia de uso de las siglas del PP.

Son los informes de reputación online "institucional" que la empresa cabecera de Alejandro de Pedro, Eico, elaboraba por encargo de la Comunidad de Madrid los que señalan que ppdigital.es se cuenta entre los digitales bajo su "control". En 2015, el PP aseguró que su única relación con De Pedro y Eico se había limitado a pagarle unos 5.000 euros por una "prueba" sobre mejora de imagen cuyo resultado no convenció al partido, que desistió de contratarle. El jueves, después de que este diario informase a los responsables de comunicación del partido sobre el nombre de ppdigital.es, sus características, sus cuatro años de vida y su pertenencia oficial a Eico, la respuesta fue la misma que la de 2015. Hasta ahora, todos los documentos de Eico aflorados durante la investigación de Púnica asociaban a la empresa de Alejandro de Pedro con trabajos de mejora de imagen política de líderes del PP bajo el camuflaje de lo "institucional" para Madrid, Valencia o Murcia. Pero no con ninguno relacionado con la formación política a escala estatal.

¿Puso Alejandro de Pedro esa web en marcha y la mantuvo hasta poco después del estallido del caso gratis et amore? En 2014 el PP le abonó 4.840 euros a Eico Online SL. Fue la única salida de fondos desde la sede central de Génova en dirección a la firma del supuesto conseguidor, remachan los portavoces del partido. Pero en 2011 el PP madrileño ya le había ingresado 40.120, y así lo acredita la contabilidad enviada por el partido ese año al Tribunal de Cuentas y a la que también ha tenido acceso infoLibre.

¿Fue eso lo único que el empresario cobró de la formación azul? Es una incógnita. Este diario intentó sin éxito recabar la versión de De Pedro a través de una llamada y un mensaje escrito a su teléfono móvil. Sí atendió el teléfono el informático a cuyo nombre figura ahora la web ppdigital.es. Su versión es esta: que la compró en diciembre de 2014 –los buscadores de dominio arrojan como fecha el día de Nochebuena– por pura utilidad mercantil, que ignora a quién pertenecía antes dado que una vez que expira la licencia el dominio vuelve a manos de los registradores, que no tiene ni idea de quién es Alejandro de Pedro y que jamás ha mantenido vínculos con el PP.

Del retrato del líder al programa electoral de 2011

La página ppdigital.es está, en efecto, inactiva y su licencia expira de nuevo este año. Pero es posible obtener una surtida colección de fotos fijas de su historia gracias a los buscadores retroactivos. Todas esas instantáneas que quedaron congeladas en el ciberespacio comparten un mismo esquema: junto a un gran retrato de Mariano Rajoy aparecen las imágenes de distintos líderes regionales del partido. Y debajo, una panoplia de lo que en la terminología empleada por el propio Alejandro de Pedro en sus informes de reputación online se definiría como titulares "positivos" para la formación conservadora. Los documentos incorporados a las actuaciones de Púnica constatan que los informes de reputación online que De Pedro facturó a la Comunidad de Madrid por trabajos de supuesto carácter "institucional" incluían www.ppdigital.es entre los "espacios web" o digitales "controlados" por su empresa Eico Online. Los entrecomillados proceden de esos mismos informes.

En septiembre de 2011, ppdigital.es alojó una pieza sobre el programa electoral del PP que llegó a contabilizar 1.037 comentarios. La pieza enlazaba a la página oficial de la formación conservadora (www.pp.es) e incorporaba un banner de otra web bautizada como yocambiaria.es. Ahora igualmente inactiva, en aquel momento yocambiaria.es estaba dedicada a animar a los ciudadanos a participar en la elaboración del programa electoral del PP. Junto a un primerísimo plano de los ojos de Mariano Rajoy, yocambiaria.es situaba el logotipo del PP y el siguiente lema: "Participa en el cambio".

Programa electoral del PP de 2011 incluido en la web, que llegó a recabar 1.037 comentarios. Programa electoral del PP de 2011 incluido en la web, que llegó a recabar 1.037 comentarios.

Los titulares de ppdigital.es se actualizaban mes a mes a tenor de las capturas efectuadas por infoLibre y de las numerosas url de "noticias" publicadas en ppdigital.es y que constan en el sumario de Púnica: por ejemplo, noticias relativas a la exconsejera Lucía Figar, imputada en Púnica, o al expresidente de Madrid Ignacio González, en prisión preventiva desde que en abril estalló la Operación Lezo.

Este diario solo ha encontrado dos excepciones a la regla en virtud de la cual la web articulaba sus contenidos siempre en torno a la imagen de Rajoy. La primera captura de ppdigital.es, fechada el 28 de enero de 2011, muestra una página rudimentaria, sin rastro del líder del partido y entonces aspirante a la Presidencia del Gobierno y solo ofrece informaciones sobre dirigentes del PP madrileño y valenciano; la última captura muestra lo que de nuevo se aproxima más a la estética de un blog artesano y contiene un solo texto titulado La verdad de las reformas del Gobierno en España. Su protagonista es María Dolores de Cospedal.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/03/uno_los_principales_investigados_punica_controlo_durante_cuatro_anos_una_web_propaganda_sobre_rajoy_el_67081_1012.html

250 TUITEROS ‘PÚNICOS’ PARA LIMPIAR LA IMAGEN DE IGNACIO GONZÁLEZ

La Comunidad de Madrid dedicó ingentes medios para silenciar en las redes sociales los escándalos que salpicaban al presidente autonómico y limpiar su reputación

El mes de enero de 2013 fue duro para el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Sus polémicas respuestas en una entrevista en la cadena SER le convertían en blanco de las críticas en las redes sociales. La juez de Estepona y la Fiscalía Anticorrupción retomaban la investigación sobre su ático. Y el caso del espionaje le seguía salpicando. Todo un chaparrón de noticias “negativas” que el experto informático Alejandro de Pedro, ahora imputado en el caso Púnica y contratado en aquel momento por la Comunidad de Madrid para mejorar la reputación onlinedel político, intentó contrarrestar. Lo hizo mediante 250 perfiles creados por él en Twitter —entre ellos, @tuiterospp con 20.000 seguidores— , 5.600 tuits y 2.850 retuits. Su objetivo, según recogía en el informe que emitió entonces, era tildar de "vagas" y "manipuladas" aquellas noticias que ponían contra las cuerdas a González.

Una de las imputadas en el caso Púnica, Isabel Gallego, que fuera directora general de Medios de Comunicación del Gobierno con Esperanza Aguirre y, posteriormente, con el propio González, remitió el pasado miércoles a la Audiencia Nacional una docena de los más de 20 informes mensuales que EICO, una de las empresas de De Pedro, elaboró entre 2012 y 2014 para dar cuenta de sus actuaciones encaminadas a mejorar la imagen de González, hoy encarcelado por el caso Lezo.

En dichos documentos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, se observa cómo la preocupación por la imagen del que terminó siendo presidente de la Comunidad iba más allá de su cargo público, con referencias, entre otros, al caso de su ático en Marbella o a las polémicas en torno a su mujer, Lourdes Cavero, también imputada ahora en el caso Lezo y que entonces ocupaba un cargo en la patronal madrileña.

Campañas contra el rival

Las actuaciones fueron desde la monitorización de las noticias que sobre González aparecían en los buscadores de Internet, para excluir aquellas negativas de las 20 primeras, a controlar todos los aspectos de la imagen del político en las redes sociales y lanzar campañas contra el que fue su rival, el socialista Tomás Gómez. Cuando estalló el caso Púnica en octubre de 2014, el Gobierno regional adeudaba 100.000 euros a De Pedro por estos trabajos y, supuestamente, iba a abonárselos a través de empresas adjudicatarias de contratos públicos.

Brigadas en redes sociales contra la 'marea blanca'

En 2013, los informes de los encargados de limpiar la imagen pública de Ignacio González destacaban como estrategia la difusión en las redes de 150 noticias "sobre el desarrollo empresarial y económico" de la Comunidad de Madrid para hacer frente a los "temas relacionados con la sanidad pública". En mayo de ese año, 50 perfiles de Twitter y 500 tuits sirvieron para contrarrestar las críticas lanzadas por la llamada marea blanca contra la privatización de la sanidad y las noticias que relacionaban a González con el caso Gürtel.

Entre sus logros, el informático Alejandro de Pedro presumía de haber eliminado los “vídeos negativos” sobre el presidente madrileño de los 20 primeros puestos de Google y haber conseguido situar en segunda posición de los buscadores "la web personal del político, manteniendo el control de las noticias negativas".

De Pedro manejó en 2014 un total de 150 perfiles en Twitter que hicieron 1.850 tuits. Un volumen que mantuvo en los dos meses siguientes, los últimos de los que figuran informes en el sumario, para difundir "todas aquellas noticias positivas que resaltan la gran labor política y económica de la Comunidad".

Iniciados los trabajos en abril de 2012 —cuando González era aún vicepresidente regional—, en el informe del mes siguiente De Pedro ya destacaba que sus técnicos habían conseguido "copar" con noticias positivas de González elaboradas por páginas web controladas por su empresa EICO cinco de las 20 primeras posiciones en Google. Incluso se destacaba que habían colocado en la quinta posición de dicha clasificación la "web personal" del político. Y que habían logrado eliminar del listado cuatro "noticias negativas" y bajar de posición otras tres. Durante varios meses esa fue, según estos informes, la función principal del señalado como informático de la Púnica.

Una labor que él mismo ponía en valor en el informe de septiembre de 2012, en el que justificaba que los resultados hubieran sido similares al mes anterior por "el revuelo causado a raíz de los cambios en la Comunidad", en referencia a la dimisión ese mes de Esperanza Aguirre que aupó a González a la presidenta.

Para entonces, De Pedro no sólo controlaba el posicionamiento de noticias en los buscadores, sino también el de los vídeos relacionados con el político en Youtube o sus fotos en Flickr. Al mes siguiente, el informe destacaba que la presencia mediática del dirigente del PP había sido apoyada desde EICO, que también "se ha ocupado en contribuir en gran medida [a] desgastar la figura de Tomás Gómez en redes sociales".

Noticias negativas

En aquel momento, De Pedro ya apuntaba que tenía 45 perfiles en Twitter que habían generado 350 tuits y 150 retuits con diversas etiquetas relacionadas con González y con su rival político. El informe de noviembre resaltaba que había conseguido "bajar la noticia negativa que estaba en segunda posición" de los buscadores, que se habían generado 150 noticias desde los llamados diarios zombies (utilizados para multiplicar el tráfico de las páginas favorables al político) y que se había colado el perfil en Facebook de González en el ranking de Google.

En diciembre, los trabajos de EICO se centraron en contrarrestar las noticias “negativas” sobre la política sanitaria y la aparición de un supuesto regalo a González por parte de un contratista de la Comunidad, Over Marketing, hoy en el centro de las sospechas por su presunta vinculación con la financiación irregular del PP.

En 2014, los trabajos del informático ahora imputado en Púnica aumentaron en Twitter. En febrero se inició un control sobre las menciones a González en la red social que en aquellos días se elevaron a 12.437. Al mes siguiente fueron 54.843, después de que el político hiciera unas declaraciones en las que comparaba las marchas de la dignidad con el movimiento neonazi griego. "Los usuarios critican que el presidente lleva una vida de millonario", recogía el informe de De Pedro, cuyo gran éxito entonces fue que en la primera página de Google, la que recoge los primeros 20 resultados de las búsquedas, sólo pareciera una noticia negativa sobre Ignacio González.

http://politica.elpais.com/politica/2017/06/25/actualidad/1498406871_492138.html

FRANCISCO GRANADOS: “NO TENGO NINGUNA MANTA DE LA QUE TIRAR”

El exconsejero popular ha asegurado que no existe una 'trama púnica' y que "se han publicado informes falsos en masa"

El exconsejero madrileño Francisco Granados ha asegurado este martes en Telecinco, que no tiene ninguna "manta de la que tirar" porque no tiene ninguna información secreta que revelar sobre el Partido Popular. Granados, que abandonó la de Estremera en Madrid este mes de junio, tras permanecer encarcelado 31 meses por blanqueo de capitales y fraude, ha añadido que no cree que existe una trama púnica y ha sostenido que "sin ninguna duda" se han publicado informes falsos en masa".

Granados, que pagó una fianza de 400.000 para obtener su libertad provisional, ha negado haber mantenido relación con el constructor David Marjaliza, supuesto cerebro de la trama. "Yo no sé por qué se me ha bautizado el socio de Marjaliza, se me ha quedado ese San Benito y yo no he sido socio de este señor jamás".

Marjaliza realizó una confesión que le valió la puesta en libertad el 30 de diciembre de 2015. "El señor Marjaliza no está colaborando con la justicia, lo que está haciendo es incriminar de manera falsa a una serie de personas en cuestiones que cree que a él le benefician", ha expresado Granados.

Preguntado si se consideraba víctima de Partido Popular, Granados ha afirmado que se considera "una persona inocente", que ha estado dos años y ocho meses en prisión. "Yo no espero nada del Partido Popular porque yo no tengo nada que pactar con mis compañeros. Todo lo que he visto en el PP en los años que he sido secretario general y en los años que he ocupado otros cargos ha sido absolutamente legal".

http://politica.elpais.com/politica/2017/06/27/actualidad/1498557866_943131.html

LA EMPRESA QUE GESTIONABA EL MAYOR PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MADRID CONTABILIZA YA 17 ENTRADAS DE LA UCO POR PÚNICA

Arpegio, antiguo feudo de Granados y considerada como uno de los grandes escenarios del saqueo, ha afrontado desde octubre de 2014 ocho requerimientos de información y ha protagonizado otras nueve entregas voluntarias

La desaparición de documentos originales en expedientes clave inquieta a los investigadores

La empresa Arpegio, antiguo feudo de Francisco Granados y considerada por la Fiscalía Anticorrupción como uno de los grandes escenarios del saqueo de las arcas públicas madrileñas, lleva contabilizadas 17 entradas de la Unidad Central Operativa (UCO) desde el estallido de la Operación Púnica, en octubre de 2014.

La profusión de visitas de la Guardia Civil a su sede retrata hasta qué punto Arpegio centra el interés de los investigadores de una causa donde el –supuesto– lucro personal de los principales imputados se solapa con –presuntas– operativas para financiar al PP de Madrid. Según fuentes conocedoras de lo sucedido, ocho de las 17 entradas de la UCO en Arpegio perseguían la búsqueda e inmediata incautación de determinados documentos. Y nueve tuvieron como objetivo recibir documentos a iniciativa del nuevo equipo directivo que en octubre de 2015 tomó las riendas de Arpegio.

¿Y qué busca la UCO en Arpegio con semejante celo? En general, contratos del llamado Plan Prisma, que solo entre 2006 y 2011 movió nada menos que 1.000 millones de euros para infraestructuras y equipamientos en municipios de la Comunidad de Madrid. Un informe de la Intervención del Estado (IGAE) ya ha señalado que, con independencia del eventual desvío de fondos, el hecho de que el Gobierno de Esperanza Aguirre delegase en Arpegio la ejecución del Plan Prisma constituyó "una cuádruple infracción legal".

Dos grupos de expedientes han focalizado los rastreos de los últimos meses. El primero es el relativo a los expedientes cuyo protagonista es la empresa de publicidad Over Marketing y sus tres sociedades satélite: Traci Comunicación, Link América y Abanico Comunicación. Las cuatro, que en la década de mando de Esperanza Aguirre ingresaron 15,5 millones por contratos públicos de la Comunidad y de ayuntamientos madrileños gobernados por el PP, pertenecen al empresario Horacio Mercado. En 2012, Mercado ya estaba siendo investigado en el caso Palma Arena. Y admitió ante el juez José Castro haber recibido contratos amañados también en Madrid.

El otro gran expediente que centra el interés de la investigación sobre Arpegio se refiere al de la adjudicación por la que que en marzo de 2006 Arpegio encomendó a Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos SA (DUSA) preparar todos los contratos del Plan Prisma. Ese encargo reportó finalmente nueve millones a DUSA, cuyo administrador único, Adolfo Fernández Maestre, reconoció en noviembre ante la Asamblea de Madrid que tenía solo "seis o siete empleados" cuando se alzó con la victoria y que "no estaba preparado" para una tarea de tal envergadura. DUSA ni siquiera tuvo rivales pese a lo suculento del importe inicial en juego –4,5 millones– y a que 20 empresas habían retirado la documentación necesaria para competir.

¿Cumplió DUSA los requisitos formales exigidos en el pliego de condiciones o ni siquiera se molestó Arpegio en garantizar el cumplimiento de ese trámite? Esa es una de las dudas que todavía persisten. Parte de los documentos originales del expediente han desaparecido para inquietud de los investigadores.

De hecho, esa desaparición se perfila como la clave de por qué en un informe fechado el pasado mes de mayo la Fiscalía Anticorrupción incorporó un párrafo de gran dureza hacia el Gobierno de Cristina Cifuentes: "Las razones expuestas [los agujeros negros detectados en ciertos expedientes y las declaraciones de distintos funcionarios sobre el "aislamiento profesional" al que se vieron sometidos por no participar en manejos turbios] nos conducen a pensar, que se hace difícil confiar que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la CAM [Comunidad Autónoma de Madrid], no vislumbrándose medidas alternativas que satisfagan la realización del interés superior de la justicia".

Dos flancos abiertos

El Ejecutivo madrileño se declara no solo por completo ajeno a cualquier maniobra de obstrucción a la justicia sino que subraya su "absoluta" voluntad de colaborar. Desde que tomó posesión en el verano de 2015, la presidenta Cifuentes no ha cesado de repetir el mensaje de que su equipo está limpio de polvo y paja. Como bazas a su favor juegan la entrega voluntaria de documentación de Arpegio, sobre la que los portavoces del Ejecutivo madrileño se niegan a aportar el más mínimo dato con el argumento de que no opinan "de causas abiertas", así como la presentación ante la Fiscalía de una denuncia sobre irregularidades detectadas en el Canal y, ahora, de otra sobre operaciones bajo sospecha relacionadas con la Cámara de Comercio de Madrid.

Pero Cifuentes también tiene dos flancos abiertos. Uno le afecta personalmente. Y es la adjudicación de la gestión de la cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011 a una empresa de Arturo Fernández, entonces dirigente patronal muy próximo a Esperanza Aguirre y donante del PP a través de la oscura fundación Fundescam. Ambas adjudicaciones se basaron en informes de sendos "comités de expertos" a los que pertenecía Cifuentes, que asimismo ocupaba un puesto en la mesa de contratación de la Cámara madrileña.

De momento, y tras un contundente informe de la UCO denostado por Cifuentes en particular y por el PP en general, el asunto parece congelado en espera de que el juez Manuel García-Castellón tome el relevo de Eloy Velasco en el juzgado 6 de la Audiencia Nacional. El entorno de la presidenta de Madrid da por hecho que la investigación sobre esas adjudicaciones a Arturo Fernández ha entrado en definitiva vía muerta "porque no hay nada".

El otro punto débil de Cifuentes –el más débil, según todos los observadores– se llama Jaime González Taboada y es el actual consejero de Medio Ambiente de Madrid. Durante el bienio 2006-2007, periodo en que Arpegio dispuso de 600 millones para el Plan Prisma, Taboada era director general de Cooperación Local a las órdenes de Francisco Granados. Y formaba parte de la mesa de contratación de Arpegio. Antes de abandonar la instrucción del caso Púnica para incorporarse a la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco dictó un auto por el que cita a declarar para septiembre en calidad de investigados –imputados– a todos los que pertenecieron a la mesa de contratación de Arpegio entre 2006 y 2007. A todos salvo a González Taboada.

El consejero goza de aforamiento y, en consecuencia, no puede ser formalmente investigado por la Audiencia Nacional. Como informó este diario, en las actuaciones del caso consta incorporado el relato de un funcionario ya jubilado –el exjefe de área de zonas verdes– que involucra a Taboada en la operación de acoso y ostracismo a que, según su versión, fue sometido por negarse a amañar una adjudicación.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/06/23/la_empresa_que_gestionaba_mayor_plan_inversion_publica_madrid_contabiliza_entradas_uco_por_punica_66758_1012.html

EL PSOE DICE QUE VIO EN 2016 PAPELES AHORA PERDIDOS DEL ‘CASO PÚNICA’

Uno de los expedientes de contratación reclamados por el juez García-Castellón en la investigación de la supuesta caja b del PP

Parte de la documentación sobre el Campus de la Justicia de Madrid que investiga el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón dentro del caso Púnica y que la Comunidad de Madrid ha dado por desaparecida estuvo supuestamente a disposición de los diputados de la Asamblea de Madrid a comienzos de 2016, según denuncia el PSOE.

La diputada regional socialista Mercedes Gallizo detalló ayer a EL PAÍS que el expediente de una de estas adjudicaciones bajo sospecha —la realización en 2005 de un vídeo sobre el proyecto— estaba en uno de los más de 400 archivadores que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes puso en enero del año pasado a disposición de los parlamentarios de la Comisión sobre el Endeudamiento que investigaba las supuestas irregularidades del proyecto de reunir en un solo espacio las sedes judiciales de la capital y que ha dejado un agujero de 105 millones de euros.

Por ello, el PSOE tiene previsto registrar hoy una petición de comparecencia del consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido. Junto al mismo, presentará un escrito en el que detalla que, según el listado que la Comunidad de Madrid puso en su día a disposición de los diputados, en la carpeta número 3 del archivador 87 figuraba el “expediente de contratación” para el “rodaje de imágenes para el audiovisual Campus de la Justicia”. El índice especificaba que se incluía las “proposiciones económicas de distintas empresas”.

Sin embargo, nada de esa documentación ha sido ahora incorporada al sumario del caso Púnica pese a que en marzo el entonces juez instructor de la causa, Eloy Velasco, reclamó a la Comunidad de Madrid todos los contratos firmados por la sociedad pública que gestionaba el Campus de la Justicia con cuatro sociedades del empresario argentino Daniel Mercado, imputado por la supuesta financiación irregular del PP de Madrid.

Una de estas mercantiles, Traci Comunicación SL, es la que finalmente hizo ese audiovisual por 116.145 euros, según recoge una factura que sí ha sido localizada por el Ejecutivo regional y remitida a la Audiencia Nacional. Según adelantó EL PAÍS, el gobierno de Cifuentes reconoció en marzo a la Audiencia Nacional que solo había sido capaz de encontrar “diversas facturas” y “determinados asientos contables” de los pagos a dichas empresas, pero ningún contrato.

https://politica.elpais.com/politica/2017/07/24/actualidad/1500924107_343071.html

DESAPARECEN PAPELES LIGADOS A LA CAJA B DEL PP DE MADRID

La Comunidad reconoce que "no han localizado" los archivos de la sociedad pública Campus de la Justicia

"No han sido localizados ninguno de los contratos". El agujero documental en la Comunidad de Madrid destapado por el caso Púnica crece con una nueva desaparición de documentos claves, en este caso de los archivos de la sociedad pública Campus de la Justicia, el millonario fiasco inversor de los Ejecutivos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. La Comunidad reconoce ante el Juzgado 6 de Instrucción que la documentación sobre adjudicaciones de contratos no está custodiada.

La Consejería de Presidencia y Justicia ha remitido al Juzgado Central de Instrucción 6 dos escritos en los que reconoce que la documentación sobre las adjudicaciones de varios contratos de publicidad a las empresas Over Marketing y Comunicación SL, Traci Comunicación SL, Abanico de Comunicación y Marketing SL y Link América SL, todas ellas ligadas al empresario argentino Daniel Mercado, imputado por la supuesta financiación irregular del PP madrileño, "no se encuentran custodiados" en sus archivos. La Comunidad de Madrid solo ha sido capaz de encontrar "diversas facturas" y "determinados asientos contables" referidos a estas mercantiles y que certifican que se les pagaron decenas de miles de euros. Recientemente, el Gobierno regional admitió otras dos pérdidas de documentos relacionados con la trama de corrupción presuntamente encabezada por Francisco Granados.

La búsqueda de estos contratos se remonta al pasado 6 de marzo. Ese día, el entonces juez instructor del caso Púnica, Eloy Velasco, envió a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede de la empresa pública Campus de la Justicia, entonces ya en liquidación, con un mandamiento para requerir la entrega de manera "inmediata" de "los contratos públicos que ese organismo ha adjudicado" a las cuatro empresas de Daniel Mercado. En dicho mandamiento se destacaba, que la información reclamada debía incluir "el objeto del contrato, el órgano contratante, fecha de licitación y de formalización del contrato, empresa adjudicataria, presupuesto base de licitación, importe de adjudicación, procedimiento y forma de adjudicación". En aquellas fechas, la pieza separada de la causa para la que se recababa la documentación, la referida a la supuesta financiación irregular del PP de Madrid y varias de sus campañas electorales, estaba aún bajo secreto de sumario y así se lo advertía el magistrado para que el destinatario no revelase la existencia de dichas pesquisas.

El dedo de Granados

Entre la abundante documentación remitida a la Audiencia Nacional por organismos y empresas públicas de la Comunidad de Madrid para investigar la supuesta caja b del PP madrileño dentro del caso Púnica figura una carta enviada el 8 de marzo por el secretario general de Arpegio, Francisco Esquivias -actualmente imputado en la causa- en la que éste admite que uno de los contratos adjudicados por esta sociedad a Over Marketing en 2005 se produjo por "decisión de la Consejería de Presidencia", que entonces encabezaba Granados. Según dicho documento, el 14 de marzo de aquel año, el departamento del hoy señalado como presunto cabecilla de la trama comunicó a Arpegio su intención de celebrar cuatro días más tarde un acto en Leganés para presentar el llamado Parque Forestal del Sur. "Tanto la designación de la empresa adjudicataria, Over Marketing, como el presupuesto de los trabajos de este evento, 31.559,43 euros más IVA, fueron decisión de la Consejería de Presidencia y comunicado a Arpegio con escasa antelación", detalla el escrito. En total, esta empresa cobró por este y otros tres contratos cerca de 725.000 euros, más IVA.

La respuesta de la Comunidad de Madrid tardó ocho días. El 14 de marzo, un asesor del viceconsejero de Presidencia y Justicia remitía a la Audiencia Nacional un escrito en el que, tras detallar que la sociedad Campus de la Justicia había sido "liquidada y extinguida" en 2015 y que el Ejecutivo regional había pasado a custodiar su archivo documental, admitía que no había podido localizar "ninguno de los contratos públicos" con estas cuatro mercantiles. También que se habían encontrado "diversas facturas en las que se acredita la relación existente" de las mismas con el Campus de la Justicia. Trece días después de dicho escrito, la UCO remitía a la Comunidad de Madrid un oficio en el que le reclamaba "copia certificada" de dichos albaranes y asientos contables, "así como cualquier otro documento".

Diario de apuntes

El 30 de marzo, la Comunidad de Madrid remitía un nuevo escrito con dichos documentos, pero también con la advertencia de que eran todos los que "han sido posible localizar en dicho archivo, sin que ello implique que pudieran existir otros". Junto al mismo, once facturas, diversos documentos bancarios relacionados con el pago de las mismas y dos memorias técnicas de sendos actos protocolarios relacionados con el Campus de la Justicia, así como una decena de páginas del "diario de apuntes" de la contabilidad en los que aparecían once apuntes contables que recogen el pago a las empresas de Daniel Mercado de 166.895,18 euros. Las facturas que justifican dichos abonos incluían como concepto la realización de un vídeo del proyecto del Campus de la Justicia, la presentación de las maquetas para el proyecto diseñado por el arquitecto Norman Foster para uno de los edificios nunca construidos, la organización de una rueda de prensa, entre otros encargos.

Con esta, ya son tres las desapariciones de documentos vinculados a adjudicaciones bajo sospecha en el caso Púnica. El pasado 13 de junio la empresa pública del suelo de Madrid, Arpegio, admitía a la Audiencia Nacional que "varias carpetas" que debían contener contratos investigados aparecían vacías, como adelantó EL PAÍS el pasado 11 de julio. El pasado 9 de marzo, el ejecutivo regional también reconocía que dos contenedores con toda la documentación referida a un contrato de publicidad del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) por 2 millones de euros se encontraba en paradero desconocido.

https://politica.elpais.com/politica/2017/07/22/actualidad/1500738485_915390.html

EL NUEVO TERREMOTO EN PÚNICA: LA UCO CERCA A 19 ALCALDES, DIPUTADOS Y ALTOS CARGOS DEL PP

Anticorrupción ha pedido a la Guardia Civil que impulse la investigación de los contratos que la firma Waiter Music se llevó en 35 municipios madrileños para dilucidar cuántos estuvieron amañados

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que impulse la investigación de una de las 16 piezas del caso Púnica, lo que puede provocar un nuevo terremoto en la política madrileña. Los agentes tienen que examinar todos los contratos que la empresa Waiter Music, que organizaba conciertos y festejos, obtuvo en 35 municipios de la región entre los años 2004 y 2013 y que le permitieron ingresar 25,6 millones de euros. El ministerio público ya trabaja con la hipótesis de que Francisco Granados, principal imputado de la causa, utilizó su influencia política como consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre y como secretario general del PP de Madrid para que muchos consistorios gobernados por el PP contrataran a Waiter. A cambio, esta firma hizo regalos a cargos públicos y se prestó a financiar actos electorales de los populares.

Los investigadores van a examinar irremediablemente los expedientes de contratación de estos 35 Consistorios. La Fiscalía hizo la petición antes de que el juez instructor de la causa, Eloy Velasco, dejara el caso y fuera sustituido por Manuel García-Castellón. El nuevo magistrado deberá impulsar ahora la pieza 7, la de Waiter, tomando declaración a extrabajadores de esta firma y analizando todos los contratos, que salpican a un reguero de alcaldes madrileños (la mayoría ya no ostenta el cargo), pero entre los que están ocho que hoy siguen al frente de sus municipios, tres que ahora son diputados autonómicos o nacionales, cuatro que han encontrado acomodo como altos cargos en el actual Gobierno de Cristina Cifuentes y cuatro exregidores que actualmente son concejales en la oposición. Una lista en la que hay 19 cargos públicos en activo y una veintena que ya no lo están, como Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella.

El principal municipio investigado es Valdemoro, epicentro de la trama, donde Granados fue alcalde. Según la información que obra en poder de la UCO, este municipio pagó a Waiter 8,9 millones de euros entre 2004 y 2013. En esos años ocuparon la alcaldía José Carlos Boza y José Miguel Moreno, ambos ya imputados en la causa. La Guardia Civil ya ha analizado estos contratos y concluye que parte de los fondos municipales que recibió Waiter fueron luego utilizados por el partido para pagar los gastos de varios mítines, como por ejemplo el acto de cierre de campaña de Aguirre en las elecciones autonómicas de 2007 y otro en marzo de 2008 celebrado en Valdemoro en apoyo de Mariano Rajoy.

La Púnica cerca al PP: 150 imputados, 1.200 cuentas embargadas y 4 millones incautados

La macrocausa ha generado miles de folios de sumario y provocado bajas y traslados de los funcionarios encargados de su gestión

El propietario de Waiter, José Luis Huerta Valbuena, también está imputado. Mantenía buena amistad con Granados y se benefició de ella, "fruto del clientelismo político e intercambio de favores". A cambio del sinfín de contratos que se llevó, Huerta obsequió con diversos "eventos de carácter personal" al propio Granados y a otros cargos públicos del PP. La Fiscalía quiere dirimir ahora si lo que pasó en Valdemoro se repitió en otros municipios de Madrid, sobre todo en aquellos que facturaron importantes cantidades de dinero con Waiter. También ha pedido "recabar la justificación de los trabajos que realizó Waiter para el PP de Madrid en el capítulo de financiación y sus gastos electorales".

El segundo municipio donde Waiter logró suculentos contratos fue Móstoles. Entre 2004 y 2011 facturó 3,4 millones de euros. El regidor en ese periodo, del PP, fue Esteban Parra. Su sucesor, Daniel Ortiz (también del PP), ya está imputado por amañar, presuntamente, otro contrato de eficiencia energética de 73 millones de euros que se investiga en otra de las piezas del caso. Hay otros cinco municipios que superan el millón de euros contratados con Waiter: San Martín de la Vega (2,1 millones de euros entre 2004 y 2011), Algete (1,7 millones entre 2007 y 2013), Chinchón (1,2 millones entre 2006 y 2013), Ciempozuelos (1,2 millones entre 2007 y 2012) y Torrejón de Velasco (un millón de euros entre 2004 y 2013). En todos gobernó el PP, aunque hay una excepción temporal.

Se trata de San Martín de la Vega. Entre diciembre de 2003 y mediados de 2007 el alcalde de este municipio fue el socialista Miguel Ángel Belinchón. En esa legislatura Waiter facturó casi 600.000 euros con el Ayuntamiento. Belinchón luego trabajó para Waiter, llegando a ser su director de comunicación. En 2007 le sucedió en el cargo la popular Carmen Guijorro Belinchón, alcaldesa hasta 2015, que siguió contratando a Waiter. Hoy es asesora de la Consejería de Transportes en el Gobierno de Cifuentes. En Algete, todos los contratos con Waiter se efectuaron bajo el mandato de Inmaculada Juárez (PP). Aunque en este municipio la UCO también ha puesto sus ojos en el concejal de Festejos, David Erguido, que también fue diputado autonómico y asesor de la Comunidad con Esperanza Aguirre. Hoy es asesor del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

En Chinchón, todos las adjudicaciones que se llevó Waiter (1.276.016 euros) se efectuaron bajo el mandato de María Luisa Fernández Fernández, alcaldesa del PP entre 2006 y 2015. Ahora ha sido recolocada por Cifuentes al frente de una empresa pública, Madrid Activa, un ente de tres trabajadores. En Ciempozuelos Waiter hizo negocio (1.210.344 euros) bajo el paraguas de María Ángeles Herrera (del PP), alcaldesa entre 2007 y 2015. Ahora es concejala en la oposición. En Torrejón de Velasco (1.026.629 euros) los regidores que contrataron a Waiter fueron Gonzalo Cubas, cuñado del empresario David Marjaliza y ya imputado en la causa, y Miguel Ángel López del Pozo, que luego fue consejero de Telemadrid.

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Hay otras ocho localidades que también han trabajado con Waiter cuyos alcaldes del PP siguen hoy en el cargo. Se trata de Alcorcón (397.768 euros entre 2011 y 2013), con David Pérez al frente (también es diputado autonómico); El Álamo (333.191 euros entre 2007 y 2011), con dos regidores salpicados, Jesús Arribas (ocupó el cargo hasta mayo de 2010) y Natalia Quintana, su sucesora y actual alcaldesa; Villarejo de Salvanés (229.577 euros en los periodos 2005-2007 y 2011-2013), con los alcaldes Francisca García-Fraile (entre 2003 y 2008) y Marco Antonio Ayuso (desde 2011 hasta la actualidad); Villanueva de la Cañada (155.455 euros entre 2004 y 2013), con Luis Partida al frente todos esos años; Alcobendas (59.236 euros en 2011), con Ignacio García de Vinuesa (hoy también diputado autonómico); Boadilla del Monte (41.140 euros en 2012), con Antonio González Terol (hoy también diputado nacional); Majadahonda (21.767 euros en 2012), con Narciso de Foxá; y El Escorial (17.980 euros en 2008), con Antonio Vicente Rubio.

Aunque la intención de la UCO es examinar todos los contratos, quiere centrarse principalmente en los de mayor cuantía económica y en aquellos en los que ya maneja indicios de amaño. En otros tres municipios los alcaldes que en su día adjudicaron a Waiter son hoy diputados autonómicos. Se trata de Alcalá de Henares (477.964 euros entre 2011 y 2013), bajo la gestión de Bartolomé González (parlamentario en la Asamblea de Madrid) y Javier Bello; le sigue Getafe (169.879 euros entre 2012 y 2013), con Juan Soler, que además de diputado autonómico es hoy senador; y Leganés (63.330 euros entre 2012 y 2013), con Jesús Gómez.

Otros exalcaldes han encontrado acomodo en el Ejecutivo regional de Cifuentes o son en la actualidad ediles de sus municipios en la oposición tras perder las elecciones de 2015. En este listado están María Rabaneda, exregidora de Pinto. Bajo su mandato el ayuntamiento pinteño facturó 263.884 euros a Waiter. Hoy es alto cargo en la consejería de Sanidad. O el actual consejero de Tranportes, Pedro Rollán, exalcalde de Torrejón de Ardoz, donde Waiter ingresó 155.927 euros bajo su mandato y el de su predecedora, la socialista Trinidad Rollán. En Aranjuez (625.614 entre 2011 y 2013), Coslada (155.315 euros entre 2012 y 2013) y San Lorenzo del Escorial (21.240 euros en 2010) los exregidores María José Martínez de la Fuente, Raúl López Vaquero y José Luis Fernández-Quejo del Pozo son actualmente concejales del PP.

La UCO también tendrá que examinar los contratos que el consistorio de la capital firmó con Waiter. Alberto Ruiz-Gallardón pagó 229.000 euros en 2006 y 2007, y Ana Botella, 55.660 euros en 2013. El listado de municipios controlados por el PP se completa con Moraleja de Enmedio (897.208 euros entre 2004 y 2012), cuyo exalcalde Carlos Alberto Estrada está ya imputado en la causa; Arroyomolinos (386.963 euros entre 2004 y 2008), con Juan Velarde Blanco; Colmenar de Oreja (157.033 euros entre 2011 y 2013), con Francisco José García Paredes; Las Rozas (41.760 euros en 2009), con Bonificacio de Santiago; Titulcia (34.563 euros en 2004 y 2005), con Fuencisla Molinero Cuenca; Navalcarnero (32.670 euros en 2013), con Baltasar Santos González (imputado en otras causas); y Torrelodones (18.815 euros en 2008), con Carlos Galbeño.

La Púnica salpica también a Navalcarnero por un concierto de Bertín Osborne

El Ayuntamiento, gobernado por el PP y en quiebra técnica, contrató a Waiter Music para que el artista actuara en 2013. La factura fue 11.600 euros más cara que la misma actuación en otro municipio

Pero no todo son alcaldes del PP. Waiter también logró hacer sus pinitos en municipios controlados por el PSOE e IU. Se trata de Parla (253.026 euros entre 2009 y 2013), con el socialista José María Fraile (ya imputado en Púnica) en el poder. O Velilla de San Antonio (229.909 euros en 2007, 2012 y 2013), donde Waiter trabajó con la socialista Dolores Agudo y el popular Julio Sánchez Alarilla. En Humanes (365.099 euros entre 2006 y 2010), con el independientes Adolfo Álvarez Sojo, que fundó Compromiso Social Humanes tras ser expulsado del PSOE. También aparece José Masa, el mítico alcalde de IU en Rivas Vaciamadrid (43.352 euros en 2011 y 2012).

El trabajo para la UCO va a ser ingente. De estos 35 municipios, ya tiene identificados a 11 que aceptaron facturas duplicadas de Waiter y cuatro de los proveedores que trabajaban con esta firma en la organización de los eventos. Se trata de Valdemoro, Pinto, Getafe, Moraleja de Enmedio, Chinchón, Algete, Torrejón de Velasco, Arroyomolinos, Humanes, Coslada y Ciempozuelos. La operativa consistía en que Waiter y sus proveedores facturaban por lo mismo (aunque cambiando el concepto), por lo que el consistorio pagaba dos veces. En otros casos, la UCO ya tiene documentado que, por ejemplo, los eventos que Waiter regalaba al PP en sus mítines (como la instalación de castillos hinchables para atraer a familias) se facturaban de forma fraudulenta cargando los importes en los contratos públicos de fiestas locales.

En la lista también aparece algún alcalde socialista e incluso uno de IU que también contrató con Waiter

La pieza de Waiter no acaba aquí. La Fiscalía también ha pedido recabar todos los contratos que varias constructoras (FCC, Acciona, Dragados, OHL, Sacyr, Virton, Grupo DHO y Urbaser) firmaron con la firma de José Luis Huerta por valor de 1,34 millones de euros. La Guardia Civil ya ha constatado que estas empresas, adjudicatarias de contratos públicos en la comunidad de Madrid, también costearon actos electorales del PP abonando directamente los gastos de esos eventos a la empresa que los organizó, Waiter, estableciendo así una relación indirecta entre las adjudicatarias (las constructoras) y el partido que controlaba esas adjudicaciones.
'Sanse', el municipio 36

En el listado que tiene la UCO no aparece el municipio de San Sebastián de los Reyes, aunque el actual Gobierno local (una coalición de PSOE, Ganemos Sanse e Izquierda Independiente) ya envió a la Fiscalía las conclusiones de la comisión de investigación que llevó a cabo para analizar el extraño convenio de colaboración que el Consistorio, cuando gobernaba el PP, firmó con Waiter.

Los contratos municipales no han aparecido. Waiter organizó los conciertos en el Auditorio Municipal durante las fiestas patronales de agosto entre los años 2010 y 2014. El Consistorio firmó un convenio con esta firma para la instalación de una discoteca móvil, que según esa comisión de investigación no autorizaba la realización de conciertos ni obviamente cobrar entrada por ellos. Pero se hicieron. Luego Waiter engoradaba sus cuentas con la firma de 23 patrocinios con empresas prestadoras de servicios, que abonaban el dinero directamente a Waiter sin pasar por el control de la intervención municipal. Según esta fórmula, entre 2010 y 2014 Waiter ingresó 423.125 euros de patrocinios, a los que sumar los ingresos por la taquilla de los conciertos.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-07-23/los-conciertos-de-la-punica-salpican-a-8-alcaldes-6-diputados-y-4-cargos-de-cifuentes_1415457/

EL PENDRIVE DEL EXGERENTE DEL PP DE MADRID SE CONVIERTE EN LA 'PIEDRA ROSETTA' DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL

El usb incautado a Beltrán Gutiérrez sirve de guía en la investigación para descifrar la laberíntica financiación de las campañas de Esperanza Aguirre

El cotejo de sus datos con los de la contabilidad oficial afianzan la conclusión de los investigadores sobre cómo el PP gastó en las elecciones de 2007 el doble de lo permitido

Un sencillo pendrive azul y plateado, el que en uno de los registros de la Operación Púnica intervino la UCO en casa de quien fue gerente del PP de Madrid bajo el mandato de Esperanza Aguirre, Beltrán Gutiérrez, se ha convertido en una especie de nueva piedra rosetta con las claves precisas para descifrar la laberíntica financiación del partido. Y el jeroglífico que aparece a la vista ya casi descifrado indica que, desde luego, el gasto del PP en las campañas de Aguirre superó de largo el máximo legal permitido.

Lo que ya se conoce como dopaje electoral queda patente en esos archivos. Un somero contraste de los datos del pendrive con los de la contabilidad oficial del PP madrileño apunta a que la conclusión alcanzada por la Fiscalía Anticorrupción se sustenta no en conjeturas sino en hechos contantes y sonantes. Y esa conclusión se resume así: que el PP gastó en la campaña autonómica de 2007 el doble del límite legal. El umbral que separaba una campaña de lujo pero legal de otra directamente ilegal se situaba en 2.763.764 euros. Según el cálculo de Anticorrupción, el PP no solo cruzó esa raya sino tuvo un "exceso de gasto" de aproximadamente 2.685.000 euros.

Cómo se pagó ese "exceso" y el de las convocatorias electorales siguientes –las generales de 2008, 685.000 euros; y las autonómicas de 2011, 1.546.000 euros– se erige hoy en la clave de bóveda de la investigación. Los investigadores sostienen que una parte se pagó desde la opaca fundación Fundescam, otra mediante facturas pagadas por empresas que habían obtenido contratos de obras o servicios –entre ellas, las propias firmas de publicidad y eventos que hacían las campañas– y otra más con dinero negro acumulado en una caja b de rango autonómico. Ese año, el PP de Madrid comunicó a la Cámara de Cuentas cuáles habían sido sus ingresos por "donativos electorales": "0,00". En el interrogatorio a Beltrán Gutiérrez, el juez Eloy Velasco llegó a espetarle su convicción de que, en lo que atañe a Fundescam, el PP era "Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como": financiaba a la fundación con fondos públicos de la comunidad que a su vez servían para financiar las campañas del partido.

El cotejo de los datos almacenados en el pendrive del exgerente con los que quedaron reflejados en las memorias contables que el PP remitió año a año a los órganos de fiscalización –el Tribunal de Cuentas y su homóloga madrileña, la Cámara de Cuentas– constata dos hechos de relevancia: el primero, que no todas las empresas que, según los documentos elaborados por el propio Beltrán Gutiérrez trabajaron para el partido aparecen en la contabilidad oficial; el segundo, que las que aparecen lo hacen en casos significativos como acreedoras de cuantías muy inferiores a las que realmente les adeudaba el PP madrileño. Uno de los principales documentos del pendrive examinados por la UCO se refiere a la verdadera deuda que el PP arrastraba con sus proveedores electorales en noviembre de 2007. En total, 873.027 euros.

El 'caso Demométrica'

Un ejemplo de la relevancia de ese archivo lo ofrece el caso de Demométrica, empresa de sondeos de opinión Demométrica a la que el PP aún debía en noviembre de aquel año 104.400 euros por "Estudios de Municipios" y otros 23.780 euros por el concepto "Caja". Junto a la primera y más abultada cifra, la tabla de datos incorpora un segundo concepto: "Campaña". O sea, elecciones. Sin embargo, la contabilidad oficial del PP madrileño sobre el ejercicio 2007, incorporada al sumario del caso de los papeles de Bárcenas y a la que infoLibre ha tenido acceso, no incluye ninguna mención a Demométrica. La de 2008, tampoco. Demométrica tampoco figura en la documentación sobre la campaña electoral de 2007 remitida por el PP a la Cámara de Cuentas.

Su nombre no entra en escena en la contabilidad del PP madrileño hasta 2010, en que la organización que entonces dirigía Esperanza Aguirre declaró haberle abonado 114.912 euros. En marzo, el dueño de Demométrica admitió ante la Guardia Civil que en 2011 endosó facturas de sondeos de intención de voto por casi 40.000 euros a la fundación Fundescam, una de las autovías de supuesta financiación ilegal de las que el PP se valió para captar fondos opacos y sufragar gastos electorales. El testigo señaló a Beltrán Gutiérrez como la persona que le decía "que una parte de las facturas se emitieran a Fundescam y otra parte, al PP".

Una pauta repetida

Lo sucedido con Demométrica no constituye una excepción sino, muy al contrario, una pauta repetida. Otro ejemplo: ese mismo excel del pendrive de Beltrán Gutiérrez –el archivo se llama Deudas Nov 2007– la empresa Back RVS, cuyo propietario figura entre los investigados de Púnica en la pieza sobre financiación del PP, figura junto a una leyenda -"Montaje actos"– y una cifra: 90834,73 euros exactamente. Ese es el montante que, a tenor del documento del exgerente, adeudaba el PP madrileño a Back RVS en noviembre de 2007. El partido comunicó que esa firma había realizado trabajos electorales por 122.671,88 euros.

La contabilidad regional del PP anotó casi el doble –202.951 euros–, lo que significa que computó una parte sustancial como servicios de funcionamiento ordinarios y no electorales. Pero el problema no estriba en si el PP hizo o no trampas al anotar como trabajo ordinario lo que eran preparativos de campaña, una práctica que los investigadores de Púnica consideran más que acreditada. El auténtico problema radica en que, como subraya la UCO en su informe sobre la financiación del PP, el importe de los servicios realmente prestados por Back RVS al PP de Madrid en 2007 superó nada menos que los 900.000 euros. Del análisis de los abundantes documentos del pendrive relativos a Back RVS la Guardia Civil infiere que la empresa cobró en efectivo 450.000 euros.

Otro ejemplo: Over Marketing, una de las firmas de publicidad receptoras de grandes y numerosos contratos públicos de la Comunidad de Madrid en la segunda mitad de la pasada década y cuyo propietario ya ha confesado no solo que se benefició de sucesivos amaños sino que a cambio hacía actos gratis para el PP, aparece igualmente en el excel sobre la deuda que el PP arrastraba en noviembre de 2007. En total, el PP le adeudaba 77.347 euros por varios trabajos: "Mailing Usa y Argentina", "Mailing Cera", "Vídeos candidaturas", "Stand Convención 2006" y "PP Tres Cantos". En la información suministrada a la Cámara de Cuentas no hay rastro de Over Marketing. En la contabilidad oficial del partido, tampoco. Ese año, Over Marketing y sus tres empresas satélite –Traci Comunicación, Abanico Comunicación y Link América– facturaron a la Comunidad de Madrid más de 2,5 millones de euros por trabajos de publicidad institucional.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/15/el_pendrive_del_exgerente_del_madrid_convierte_piedra_rosetta_financiacion_ilegal_67621_1012.html

ASÍ DESMONTÓ EL INFORME TÉCNICO A LA EMPRESA QUE QUERÍA PREMIAR TABOADA

“No se adapta a las necesidades de un parque tan complejo”, decía el documento que quiso amañar el número tres de Cifuentes, según un testigo.

“No se adapta a las necesidades de gestión de un parque tan complejo y extenso”. Con esta contundente frase despachó el informe técnico la propuesta de IMES-API para hacerse con el control del Parque Polvoranca (Leganés). Según un testigo del caso Púnica, esta es la empresa a la que quería beneficiar el actual número tres de Cifuentes, Jaime González Taboada, siguiendo instrucciones del presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados.

Así lo relató el funcionario que firmó el informe de valoración ante el juez de la Audiencia Nacional: Taboada presionó para que le diese la mejor nota a esta empresa. La razón era que la firma había colaborado con 800.000 euros en la campaña del PP para las elecciones de marzo de 2008. El informe técnico aportado al sumario del caso está fechado antes de los comicios, concretamente en febrero de ese año, por lo que cuando Taboada ejerció sus presiones sabiendo ya la valoración negativa sobre la oferta de IMES-API. Según el funcionario, el propio Taboada exigió ver el informe antes de remitirlo a la mesa de contratación.

"Genérico" y "sin planificación"

“Distingue 4 zonas de diagnóstico, con una descripción somera, sin cartografía, y aportando tan sólo una relación de especies consideradas como sensibles o amenazadas. No aporta cartografía pormenorizada ni inventario detallado”. Frases como estás se encuentran en el documento, que tira por tierra la propuesta de IMES-API. “El análisis es muy genérico, sin relación directa con cada zona. Ello supone que la toma de decisiones se debería hacer sobre la marcha en cada caso, sin la suficiente e imprescindible planificación previa”, añade el informe.

Tampoco mejoraba la impresión técnica sobre los tratamientos y soluciones que proponía la empresa: “es asimismo una exposición genérica, sin relación con las zonas marcadas. Propone la informatización de la gestión del parque y un notable incremento de personal, pero sin especificar las actuaciones concretas a desarrollar en cada zona distinta que no vienen suficientemente descrita”.

El concurso estaba licitado con un precio de salida de casi dos millones de euros que Taboada quería que fuesen a parar a la empresa elegida por él, en compensación por los servicios prestados en campaña, siempre según el relato del funcionario en sede judicial. Sin embargo, la valoración técnica le otorgó a IMES-API un total de 60,1 puntos sobre 100. Se presentaron 21 aspirantes y la empresa a la que luego quiso beneficiar Taboada quedó en mitad de tabla. Había exactamente diez notas mejores que la suya. La ganadora, con 81,9 puntos, era una UTE integrada por Ciclo Medio Ambiente S.L. y Equipamientos Ambientales S.L., pero la firma del contrato se paralizó.

"Presiones y desgaste"

A continuación se dieron “varias semanas de inactividad con presiones indirectas” y “táctica de desgaste”, según el testimonio que ya obra en poder del juez. La decisión fue prorrogar el contrato de la UTE que había prestado el servicio hasta entonces. Estaba integrada por Urbajar y Velbapark. Según informan a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de los trabajos que se prestaban entonces en Parque Polvoranca, el mantenimiento del lugar costaba cerca de 100.000 euros mensuales. La UTE siguió pasando facturas a la Administración por estos trabajos, según estas fuentes.

Según otro documento firmado por el Área de Zonas Verdes y Espacios Urbanos de la Consejería de Medio Ambiente “la conservación de un parque de las características del de Polvoranca no se puede abandonar durante más de una semana por los daños irreversibles que se ocasionarían” y que generaría un coste “no inferior a un millón de euros”.

http://www.elespanol.com/espana/20170713/230977838_0.html

EL ‘CASO PÚNICA’ SALTA A EXTREMADURA Y SALPICA DE NUEVO AL PP

La Guardia Civil interrogó en enero como investigado al alcalde de Almendralejo

Madrid, Valencia, Murcia, Castilla y León y, ahora, Extremadura. La investigación sobre la trama Púnica ha puesto su foco en el Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz). La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó el pasado 21 de junio en la Audiencia Nacional un informe sobre las supuestas irregularidades en el proceso de licitación de un contrato municipal de 20,2 millones de euros tras interrogar de manera discreta en los últimos meses a tres cargos públicos de este consistorio y a varios empresarios como “investigados no detenidos”. Entre ellos se encuentra el alcalde, el popular José García Lobato, según ha confirmado a EL PAÍS el abogado del propio regidor. Junto al informe, la Guardia Civil ha remitido seis tomos de documentación relacionados con aquellos hechos.

Las sospechas sobre el proceso de licitación del contrato para instalar un sistema de eficiencia energética en el municipio extremeño se remontan a 2014. Entonces, la Guardia Civil interceptó en el transcurso de las pesquisas del caso Púnica una veintena de llamadas telefónicas entre algunos de los principales implicados de la trama —entre ellos, el directivo de Cofely Pedro García, señalado como el presunto muñidor del amaño de contratos en numerosos ayuntamientos— en las que se hablaba de los supuestos tratos con García Lobato y otros integrantes de su equipo de gobierno.

Comprometedoras conversaciones

El viernes 19 de septiembre de 2014, Pedro García, directivo de Cofely, recibe la llamada de su jefe, Didier Maurice. En el minuto tres, ambos mantienen el siguiente diálogo.

Didier Maurice: Muy bien, ¿y con Almendralejo has visto al alcalde?

Pedro García: Sí, ayer, ayer estuve con Pepe [en referencia a José García Lobato].

D.: U ju (sic).

G.: Y nada, todo bien... Ya se ha abierto el sobre técnico.

D.: U ju (sic).

G.: Y bueno, pues se van a poner ahora las pilas eh... De hecho, va a externalizar la valoración técnica de la oferta con el local de allí, el que tiene la empresa Instalaciones Eléctricas y con Makeba.

D.: U ju (sic).

G.: Para que le den los informes para firmar el aparejador municipal.

El 17 de octubre, es el alcalde de Almendralejo quien llama al directivo de Cofely para pedirle el patrocinio para el campeonato de Kárate. Instantes después, hablan del estado del concurso.

Pedro García: Habrá alumbramiento en breve.

José García Lobato: Eh, yo espero que sí, ahí están con los fórceps.

P. G.: Joder.

J. G. L.: (Risas) Vale.

P. G.: (Risas) No comment, venga.

J. G. L.: (Risas) Venga.

P. G.: Un abrazo, Pepe.

J. G. L.: Un abrazo fuerte, Pedro, buen fin de semana.

Un informe de la UCO anterior a las primeras detenciones de octubre de 2014 concluía que del contenido de estas conversaciones se deducía que “Cofely habría intervenido en la redacción de los pliegos del contrato” y que en los mismos se había incluido una fórmula “corregida” que esta compañía había conseguido colar de manera irregular en otros contratos “para desvirtuar la valoración de las ofertas presentadas”. El documento policial destacaba la existencia de “contactos con las autoridades municipales”, entre los que citaba expresamente a García Lobato, “para discutir aspectos del contrato”.

La Guardia Civil añadía que existía “un acuerdo para que la empresa que haga la valoración de las ofertas presentadas sea una empresa local” cuyo dueño, según se desprende de las conversaciones intervenidas a Pedro García, “es una persona de allí que tiene mucha confianza con el alcalde [...] por lo que Pedro García dice que así se ahorran problemas”. Se trataba de Gonzalo Antonio Parra, propietario de Electrificaciones Parra SL, quien también fue interrogado como “investigado no detenido” por la UCO el pasado 30 de enero, según ha confirmado su abogado.

El informe de UCO añadía que de dichas conversaciones se deducía que García Lobato había pedido al directivo de Cofely a cambio “el patrocinio de un vivero de empresas que se va a inaugurar en Almendralejo y de un campeonato de kárate que, según conversación telefónica del propio alcalde, vendría muy bien para las siguientes elecciones de 2015”.

Las detenciones de octubre obligaron al consistorio a suspender finalmente el concurso, cuya documentación fue reclamada días después por la Guardia Civil. El nombre del regidor del PP apareció posteriormente en una lista de alcaldes a los que Cofely invitó con sus parejas a París en 2014. Cinco de los políticos que acudieron al viaje ya están imputados.

Otros dos alcaldes, concejales y un aforado, a la espera

El informe sobre las supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Almendralejo se ha incorporado a la pieza separada número seis del sumario de Púnica, en la que se investiga la adjudicación en una decena de consistorios de contratos de eficiencia energética a Cofely España. En uno de sus últimos escritos antes de abandonar el juzgado, Eloy Velasco ya anunció que a la misma se incorporaría en breve otro sobre hechos similares en el consistorio de Villalba (Madrid). En esta misma pieza, la Fiscalía ha reclamado recientemente interrogar a 31 personas, entre ellos los actuales alcaldes del PP en las localidades madrileñas de Brunete y Torrejón de Velasco, Borja Gutiérrez y Esteban Bravo, y a cuatro concejales de diversos municipios. También ha propuesto iniciar los trámites para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se haga cargo de la investigación referida al hoy diputado de la Asamblea de Madrid Bartolomé González.

https://politica.elpais.com/politica/2017/07/13/actualidad/1499967878_797749.html

UNA CONSTRUCTORA PAGÓ GASTOS ELECTORALES DEL PP EN LAS ANDALUZAS DE 2008

Una filial de la constructora Prasa, una de las empresas más fuertes de Córdoba, pagó supuestamente gastos electorales del PP de esa provincia para la campaña de las elecciones autonómicas del 2008, según se desprende de varias facturas y correos electrónicos incluidos en el sumario del caso Púnica. En aquella convocatoria electoral el candidato de la formación conservadora era el exministro Javier Arenas, y el Partido Popular en Córdoba estaba liderado por José Antonio Nieto, actual secretario de Estado de Seguridad y número dos del Ministerio del Interior. Prasa, un gigante de la promoción inmobiliaria en Andalucía durante la época del boom del ladrillo, es actualmente una de las mayores deudoras con Hacienda, con 101 millones de euros.

Los gastos supuestamente abonados por Prasa, a través de su filial Hitos Urbanos, correspondieron a trabajos realizados por la empresa de comunicación El Laboratorio Springer & Jacoby, que actúa bajo la denominación social El Laboratorio de Almagro 36 SL. Esta empresa, según los correos, se prestó a los amaños de los gastos electorales, haciéndolos pasar por servicios prestados después de los comicios, y a girar a Prasa las facturas que en realidad correspondía pagar al PP cordobés.

El 14 de febrero de 2008, tres semanas antes de las elecciones autonómicas, que se celebraron el 9 de marzo de ese año, José María Bellido Roche, portavoz municipal del PP de Córdoba y mano derecha de Nieto cuando fue alcalde, envía un correo electrónico a José Luis Gil, directivo de El Laboratorio. En esta comunicación, le avisa de que el partido va a pagar unos 17.000 euros que tiene pendientes con la empresa de marketing político y le pide que le haga dos facturas. La primera, por 5.000 euros, iría a nombre del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Córdoba “con fecha inmediata”. La segunda se emitiría “a nombre de Partido Popular de Córdoba, por el resto de lo pendiente” y añade Bellido: “Y con fecha que tengo que confirmarte si actual o después del 9 de marzo, por no sobrepasar los límites de gasto que tenemos hasta ese día. El responsable del PP cordobés le pide que en ambas facturas figure el mismo concepto: “estudios sociológicos”.

"Pon una fecha posterior"

El 1 de abril de 2008, tres semanas después de las elecciones, José Luis Gil, enviaba un correo a otro ejecutivo, Carlos Ramírez con el encabezamiento “PP Córdoba”. En él, le comunicaba: “Carlos, los del PP me comentan que les vuelva a enviar las facturas a nombre de Grupo Popular (ya lo hicimos en su momento) pero con una fecha posterior a las elecciones (así parece que tienen menos problemas para pagarlas). Por favor, pon una fecha posterior a las elecciones”. Con esa maniobra, los gastos no se imputarían a los comicios y no serían fiscalizados por la Cámara de Cuentas andaluza como parte del gasto electoral.

El 28 de abril, Gil le envía otro correo a su compañero Ramírez. “Me comentan los del PP que sin anular las facturas enviadas a los de Hitos Urbanos les emitamos unas de la siguiente forma: Una por un total de 12.000 euros IVA incluido a Grupo Popular de Córdoba por un concepto de Estudio Sociológico. Otra por el resto del importe pendiente a Partido Popular de Córdoba mismo concepto que anterior”.

Las facturas de El Laboratorio incluidas en el sumario del caso Púnica concuerdan con estas peticiones. El 15 de febrero de 2008, antes de las elecciones, la empresa giró una factura a Hitos Urbanos por 15.049 euros por el concepto “Campaña Promoción Logroño”. El 31 de marzo del mismo año, El Laboratorio giró al Grupo Municipal del PP cordobés una factura por el mismo importe y el concepto “estudio sociológico”. El propietario de El Laboratorio, Marcelino Elosua, está imputado en el caso Púnica, junto con su esposa, María Luisa de Madariaga. Ambos fueron sorprendidos en 2011 en la frontera franco suiza tratando de sacar fondos de la Unión Europea.

"Campaña de desprestigio"

José María Bellido afirma que la publicación de estas facturas y correos obedece a “una campaña de desprestigio” contra el PP y Nieto. Bellido afirma que sus trabajos con El Laboratorio fueron “puntuales” y rechaza que los pagara Prasa. Otras fuentes del equipo de Nieto afirman que estos correos y facturas “no demuestran nada” y niega que se haya producido ninguna irregularidad.

Prasa ha recobrado actualidad en los últimos días. La finca Puerto de Toro, de la localidad cordobesa de Villanueva del Rey donde se suicidó el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa el pasado 19 de julio, pertenece a la constructora.

https://politica.elpais.com/politica/2017/07/24/actualidad/1500930925_606951.html

IMPUTAR A UN AFORADO Y OTROS 20 DEBERES EN PÚNICA PARA EL SUCESOR DEL JUEZ VELASCO

El magistrado dictó un auto antes de abandonar el juzgado para detallar qué diligencias están pendientes en el sumario

Eloy Velasco ya ha abandonado el Juzgado Central de Instrucción 6, pero los sumarios que instruía siguen adelante. En el caso Púnica, el magistrado dictó el pasado 24 de mayo un auto en el que no sólo resolvía algunos de los recursos presentados por las partes y prorrogaba la instrucción de la causa otros 18 meses, sino que indicaba pieza por pieza de las 16 en las que está dividida la causa, qué diligencias quedaban pendientes de practicar. Entre ellas, “formalizar” ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la petición de imputación de un exalcalde, en referencia al que fuera primer edil de Alcalá de Henares, el popular Bartolomé González, hoy aforado por ser diputado en la Asamblea de Madrid.

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Con las tres primeras piezas –las referidas al chivatazo, a la Diputación de León y a la Región de Murcia- ya concluidas, el juez Velasco recuerda a su sucesor que en la cuarta, sobre las supuestas irregularidades urbanísticas destapadas en el Ayuntamiento de Valdemoro, los dos arquitectos de la Dirección General del Catastro y de Hacienda que han sido designados para colaborar en las pesquisas deben emitir informes periciales. Para ello, “se hace necesario requerir” al consistorio en el que Francisco Granados fue alcalde “información sobre el Planeamiento urbanístico completo del municipio”. En la quinta pieza, dedicada a los amaños en los ayuntamientos de Serranillos del Valle y Torrejón de Velasco, el magistrado destaca que “está pendiente un profuso número de declaraciones que no se han podido realizar todavía por la propia complejidad y dimensión de la instrucción”. Además, considera “necesario” la elaboración de informes periciales sobre las irregularidades en los contratos para poder “concretar las ganancias ilícitamente obtenidas”. Para ello, señala la urgencia de nombrar dos interventores del Estado.

En la investigación sobre el amaño en la adjudicación de concursos de eficiencia energética a la empresa Cofely, la pieza separada número 6, el juez Velasco anuncia al futuro titular del Juzgado que van a incorporarse al sumario en breve sendos informes sobre las irregularidades en los consistorios de Villalba (Madrid) y Almendralejo (Badajoz). Tras ello, apunta que habrá que tomar nuevas declaraciones. Entre ellas, señala la del diputado autonómico del PP Bartolomé González. En esta pieza, el magistrado considera que para calcular los perjuicios económicos causados por estos contratos fraudulentos “es preciso adoptar los criterios que van a regular las indemnizaciones”.

En la pieza número 7, dedicada a las adjudicaciones irregulares a la empresa de festejos Waiter Music, Velasco enumera hasta cuatro diligencias pendientes. En primer lugar, tomar declaraciones a los trabajadores de esta compañía. En segundo, solicitar los expedientes de licitación a los 47 consistorios de Madrid que la contrataron entre 2004 y 2014 por un importe total de 28 millones de euros. En tercero, pedir a siete constructoras y una UTE los detalles de la facturación por 1,3 millones de euros que les dirigió Waiter Music. Por último, reclamar al PP “la justificación de los trabajos” que esta mercantil realizó “en el capítulo de financiación el PP y sus gastos electorales”.

En la parte de la investigación denominada “Granados y colaboradores”, el juez Velasco destaca que aún está pendiente “otro profuso número de declaraciones”. Además, considera que para apoyar las pesquisas de la Guardia Civil sobre los “regalos y comisiones varias” recibidas por el político a cambio de adjudicar parcelas, “es necesario el informe de los dos funcionarios arquitectos de la Agencia Tributaria nombrados recientemente en auxilio judicial”. En esta pieza también se investiga el supuesto regalo de un automóvil Mercedes Benz a una colaboradora de Granados. Tras el reciente informe entregado por la UCO, el juez Velasco recomienda que tome declaraciones y practique nuevas diligencias “dirigidas a probar los indicios recabados hasta ese momento”.

En la pieza número 9, centrada en la trama internacional de blanqueo, el magistrado recuerda que aún está pendiente que Suiza envíe a España las obras de arte intervenidas al constructor David Marjaliza en un almacén de Ginebra, y que las autoridades de Panamá respondan a la comisión rogatoria remitida en su día. En la número 10, referida a los trabajos de reputación online realizados por el experto informático Alejandro de Pedro para diferentes cargos públicos, apunta que “está en trámite” la toma de declaración a los supuestos implicados en el ayuntamiento de Gandía. En este parte de la investigación también queda por recibir los informes de la Guardia Civil sobre “autoridades de la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid” que “derivaron supuestamente los costes de su propaganda e imagen a los presupuestos públicos”.

Sobre la parte de la trama que supuestamente amañó la concesión de conciertos para colegios gestionados por cooperativas, Velasco recuerda que aún está pendiente de analizar la documentación remitida por la Comunidad de Madrid y que llegue al juzgado otra nueva solicitada a los ayuntamientos donde se levantaban los centros educativos. También propone que se elabore un informe pericial con todo esa documentación y que en otro se cuantifiquen “todas las prestaciones, servicios y obras que han sido objeto de doble facturación a los cooperativistas” por Afedel, la empresa supuestamente utilizada por la trama para dichas irregularidades. Finalmente, en la pieza número 14, la de la supuesta caja b del PP de Madrid, el juez recuerda que en marzo la Guardia Civil intervino “copiosa información” en varios registros que hay aún que analizar, junto a la requerida a la Cámara de Cuentas de Madrid. Velasco señala que también falta tomar declaración a los responsables de las empresas de publicidad y eventos implicadas, y realizar “cruces de datos y análisis con sus declaraciones fiscales, sus recursos y trabajadores”.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/27/actualidad/1495909548_414069.html

LA INVESTIGACIÓN DE ‘PÚNICA’ SE VUELCA EN EL NÚMERO TRES DE CIFUENTES, GONZÁLEZ TABOADA

Un informe de funcionarios de la Comunidad le acusa de “ser uno de los cinco que manejaban la financiación paralela del PP” y pedía “regalos personales”

Cristina Cifuentes tiene un problema en su equipo con nombre propio: Jaime González Taboada. No es un cualquiera, hablamos de su número tres en el Gobierno, el consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. Sobre él, la Púnica siempre ha revoloteado, aunque si el caso de corrupción no se ha posado sobre él, todavía, es gracias a su aforamiento por ser diputado en la Asamblea de Madrid.

De hecho, se le podría considerar un imputado fantasma. Justo antes de dejar la Audiencia Nacional, en uno de sus últimas decisiones, el juez Eloy Velasco decidió imputar a todos los miembros -menos uno- de la mesa de contratación de Arpegio, la empresa pública que protagoniza una de las piezas más complicadas de la Púnica.

Esa excepción en la imputación fue Taboada, porque quien tendría que investigarle es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Para ello, el juez de la Audiencia Nacional tendría que elevar una exposición razonada al tribunal madrileño y eso le haría perder el caso. Antes de tomar esa decisión, hay más de 100 cajas que analizar, fruto de los registros policiales de las últimas semanas. La última palabra la tendrá el juez que sustituirá a Eloy Velasco.

Pero desde antes de abrir las cajas ya hay pruebas sobre la mesa que ponen muy difícil la situación de González Taboada.

El informe de la Fiscalía

Porque, aunque no se le impute, Taboada aparece en el informe de la Fiscalía Anticorrupción del 11 de mayo (el mismo que acusa al Gobierno de Cifuentes de “ocultar información relevante” sobre la Púnica), como objeto de investigación. En concreto, la Fiscalía reclama a la Comunidad de Madrid las actas de Presidencia “por las que designó a Jaime González Taboada (…) vocal en representación de la Comunidad de Madrid en la Mesa de contratación del Plan Prisma 2006-2007” y lo mismo, pero para “la Mesa de contratación del Plan Prisma 2008-2011”.

Dentro de ese apartado, la Fiscalía pide “copia de las órdenes” que determinaron las obras y servicios que hicieron Arpegio y Nuevo Arpegio con los Planes Prisma en las fechas en que Taboada estaba en la mesa de contratación.

Protección de Taboada

El informe, además de acusar al Gobierno madrileño de ocultar información, apunta a una protección sobre miembros del Ejecutivo que, por la descripción y el contexto, bien podría ser Taboada. “Por otro lado”, escriben las fiscales, “hemos comprobado en otros requerimientos a la Comunidad de Madrid que existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas en la CAM y orgánicas en el partido regional”.

Dentro del sumario de la Púnica también se incluyen dos informes, uno de un testigo que fue funcionario y otro anónimo, que están en manos del juez y donde las acusaciones hacia Taboada son de gran calado.

Acoso laboral

El primero de ellos es un relato cronológico del que fuera jefe de área de zonas verdes de la Comunidad de Madrid, en el que explica cómo Taboada le habría sometido a un intenso acoso laboral por no manipular según su antojo y el de Francisco Granados una adjudicación pública relacionada con el Parque de Polvoranca (Leganés) que no fue a parar a una empresa de Florentino Pérez.

En concreto, este funcionario, con todo lujo de detalles explica cómo Taboada le exigió “ver mi informe antes de que yo lo enviase a la mesa de contratación” y después, a través de un cargo intermedio, se le dijo que “Granados no admite que el concurso se adjudique a otra empresa que no sea IMES-API, del Grupo ACS (Florentino Pérez).

Este informe, que el funcionario se negó a cambiar, le llevó a “una situación de inactividad con presiones indirectas: táctica de desgaste”. La cosa va a más con el tiempo y es trasladado a una “ruidosa habitación” que se le asigna “como despacho”. Él la describe así: un “almacén de proyectos” que en realidad es “la habitación de la planta baja que está frente a la oficina supervisora”. Para colmo, después le colocan “a mi lado, en mi despacho” a una “arquitecta de reciente incorporación”. “Paso a ser el único jefe de área, o incluso jefe de servicio de toda la Dirección General que no tiene despacho independiente propio”.

El Grupo Pontejos

El otro informe está firmado por el llamado “Grupo Pontejos”, un grupo de funcionarios bautizado con el nombre de la plaza adyacente a la sede de la Comunidad de Madrid. Este informe, también en manos del juez, sospecha del perfil de Taboada, “un auténtico semianalfabeto”, lo que les lleva a recelar de que hubiera ocupado la Dirección General y “menos aún se entiende su actual cargo de consejero”.

Este Grupo Pontejos recuerda que, a los funcionarios, “una vez utilizados y exprimidos, los ha expulsado o marginado (…) a l no prestarse a sus múltiples caprichos e irregularidades que van mucho más allá de lo permisible”. Y señalan que en la segunda de las tres legislaturas “actuó como mandado de Francisco Granados para todo tipo de asuntos poco claros”. Además de recordar (citando, por cierto, una noticia de ELPLURAL.COM), que Taboada era “uno de los asiduos a las fiestas de lujo en casa de Tomás Martín Morales, antiguo alcalde en la sombra y gran conseguido de Boadilla del Monte. A estas fiestas eran invitados los principales imputados en la trama Gürtel”.

Los mismos funcionarios acusan a Taboada de tener por “costumbre en navidad pedir regalos personales de gran importancia. Así algunos de los pedidos y recibidos para él y para Miguel Ángel Ruiz fueron un juego de palos de golf marca Callaway, televisores de plasma, etc…”. “Ante personas de su confianza se vanagloriaba de ser ‘uno de los cinco’ que manejaban la financiación paralela del PP en Madrid. Él mismo se consideraba un comisionista”.

El papel del viceconsejero

El informe concluye así: “No es posible ni prudente subestimar el daño que Jaime González y Miguel Ángel Ruiz han hecho a tantas personas y a tantas instituciones incluido en el propio partido al que ambos dicen servir”.

La atención ahora está en lo que haya encontrado el juez en los registros que autorizó, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, en el despacho de Ruiz, viceconsejero y mano derecha de Taboada. El objetivo era “intervenir la información en papel o digital relativa a su intervención en la ejecución de los Planes Prismas y en los Consejos de Administración de los Consorcios Urbanísticos”.

Y recuerda al juez que toda esta investigación “se inicia a raíz de las declaraciones de David Marjaliza en las que revelaba el pago de comisiones por contratistas y promotores”. Unas comisiones que, aunque el juez no lo especifica, cobraba entre otros Taboada, según la declaración de Marjaliza.

http://www.elplural.com/politica/2017/06/16/la-investigacion-de-punica-se-vuelca-en-el-numero-tres-de-cifuentes-gonzalez

EL JUEZ ESTRECHA EL CERCO SOBRE EL PAPEL DEL 'NÚMERO 3' DE CIFUENTES EN EL "BOTÍN" DE ARPEGIO

El magistrado Eloy Velasco dictó el pasado mes de mayo un auto donde pidió a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid nuevos datos sobre Jaime González Taboada, el único miembro de la mesa de contratación de Arpegio que no se encuentra imputado en el caso Púnica en estos momentos. Es aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya actualmente ocupa consejero de Medio Ambiente.

Los investigadores de la trama Púnica tiene puesto en estos momentos el foco en la gestión presuntamente fraudulenta de la sociedad pública madrileña Arpegio -encargada de gestionar el suelo de la Comunidad de Madrid-ya que consideran que fue uno de los mayores focos de desfalco en esta macrocausa de corrupción.

Arturo Fernández llamó a González el día que declaró ante el juez preocupado por Fundescam
La Fiscalía Anticorrupción tiene en su poder "evidencias documentales sobre el reparto ilícito del suelo público de Madrid, como si se tratase de un botín". Así lo subraya el juez Eloy Velasco en un auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, donde explica que ese "botín" fue repartido a cambio del pago de "dádivas concertadas entre contratistas, intermediarios y el ex consejero madrileño Francisco Granados", desde el pasado martes en libertad. En ese 'reparto de cromos' ilegal habrían participado consejeros de la sociedad Arpegio y "otros participantes cuya responsabilidad hay que determinar".

Tanto el Ministerio Público como el juez creen que el que fuera secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, presunto cabecilla de la red Púnica, aprovechó su puesto como consejero durante aquellos años en la entidad para manipular hasta 22 consorcios urbanísticos y un sinfín de contratos de obras públicos incluidos en el llamado Plan Prisma. Sólo los planes Prismas fueron dotados con 1000 millones de euros de fondos públicos.

En este contexto, los investigadores quieren determinar el papel que desempeñó en Arpegio el número tres de Cristina Cifuentes, el actual consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada. Por esta razón, Velasco ordenó el pasado mes de mayo a la Consejería de Presidencia del Gobierno regional que le entregase documentación sobre "el acto" por el que el máximo responsable de esta cartera "designó a Jaime González Tabaoda, director general de cooperación local, vocal en representación de la Comunidad de Madrid en la mesa de contratación del plan Prisma de 2006-2007 y del Plan Prisma de 2008-2011".

Además, el instructor solicitó al Ejecutivo de Cifuentes copias "de las órdenes por las que se determinaron las obras y servicios objeto de encomienda a las empresas públicas Arpegio y Nuevo Arpegio" relacionadas con los citados planes.

"La voracidad de Arpegio"
En la resolución, Velasco pone de relieve "la voracidad de la sociedad Arpegio y sus mercantiles satélites -Dusa, Adolfo Maestre y Asociados, Técnicas Territoriales Urbanas (TTU), Jaraba y Tamame Asociados, y de los Consorcios Urbanísticos, por obtener beneficios personales o para terceros a partir de procesos acomodados de vena de parcelas de la Comunidad de Madrid, adjudicaciones públicas de parcelas para viviendas de protección pública y obras y servicios de la Comunidad de Madrid".

Antes de abandonar el Juzgado Central Número 6, Velasco acordó imputó a todos los miembros de la mesa de contratación de Arpegio, excepto Taboada, que es aforado ante el TSJM

Se da la circunstancia de que antes de abandonar el Juzgado Central Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez acordó la imputación de los miembros de la mesa de contratación de Arpegio. Fueron imputados todos sus integrantes excepto Taboada. De esta forma, actualmente están siendo investigados por Púnica y la gestión de la empresa de suelo madrileña el ex jefe de gabinete de Celia Villalobos, Eduardo Larraz; el jefe de Gabinete de Granados, Ignacio Palacios; y el ex secretario general de la Fundación Arpegio Francisco Esquivias.

Asimismo, están imputados en la Audiencia Nacional el administrador de la empresa análisis y gestión de desarrollos urbanos (Dusa) y encargado de gestionar las licitaciones públicas del plan Prisma en 2006-2007, Adolfo Fernández Maestre; la exdirectora de Proyectos del Plan Prisma en Arpegio Pilar Rubio Izquierdo; el director de Proyectos de Nuevo Arpegio, Pedro Bernad Moreno; la directora de la Asesoría Jurídica de Arpegio entre 2006 y 2009, Pilar Roca Suárez-Inclán; la abogada y ex secretaria de la mesa de contratación MaríaDolores Nogal González; así como José Luis Jaraba, Tomás Fernández Jiménez y Sagrario Gómez Hernando.

La declaración de todos ellos fueron aplazadas recientemente 'sine die' y será el nuevo instructor del caso Púnica, Manuel García Castellón, el que deberá tomarles a todos ellos declaración. Será este juez también quién deba decidir si procede o no penalmente contra el 'número tres' de Cristina Cifuentes.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/estrecha-cerco-numero-Cifuentes-Arpegio_0_1035797665.html

LA FISCALÍA ACUSA AL GOBIERNO DE CIFUENTES DE “OCULTAR INFORMACIÓN RELEVANTE” SOBRE LA ‘PÚNICA’

“Se hace difícil confiar que haya una colaboración leal por parte de la Comunidad de Madrid”

La posverdad, esa tendencia a convertir las mentiras en verdades de cara a la opinión pública a través de los sentimientos, tiene ejemplos en nuestro país. De hecho, no hay que buscar muy lejos, basta acercarse al kilómetro 0 de España, en plena Puerta del Sol de Madrid. Sobre la placa que marca el epicentro vial del país, el pasado 2 de mayo, Cristina Cifuentes, se autoerigió en garante de la transparencia y socia preferente de la Justicia en la lucha contra la corrupción. “El tiempo de los corruptos ha llegado a su fin en la Comunidad de Madrid” fue la frase que acuñó ese día la presidente madrileña.

Porque la posverdad se basa en sentimientos y golpes en el pecho, pero se derrumba con hechos, como los que recoge el informe de la Fiscalía Anticorrupción al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM y que fue enviado al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga la trama Púnica el pasado 11 de mayo, pocos días después del discurso de Cifuentes.

En este informe, la Fiscalía acusa al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a la empresa pública Arpegio y a la Dirección General de Medios de estar “ocultando información relevante a la autoridad judicial”. Fue esta postura y “las dificultades para obtener información fiable de la Comunidad de Madrid” lo que provocó la oleada de registros policiales, entre ellos el del 16 de mayo en el despacho del viceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz, que provocó su dimisión. Una renuncia al cargo que quedó eclipsada porque ese mismo día se conoció que la Guardia Civil acusaba a Cifuentes de "prevaricación continuada y cohecho".

Según la Fiscalía Anticorrupción, con respecto a los contratos de publicidad que Arpegio realizó “a favor siempre del mismo grupo de empresas”, se requirió bastante documentación a esta empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid.

“Una vez más la documentación remitida por la entidad pública ha sido mínima y con un nivel de inconsistencia serio que nos hacen cuestionar su veracidad y que se pueda estar ocultando información relevante a la autoridad judicial”, señala en el informe las fiscales de la Púnica, María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá.

Una sensación, según los fiscales, que llega al juez: “El Juzgado conoce las dificultades para obtener información fiable de la Comunidad de Madrid”. Y acusan al gabinete de Cifuentes de, por lo menos, tener poco celo: “Se ha llegado a producir por la Dirección General de Medios la pérdida o extravío de los informes contratados con la sociedad EICO de Alejandro de Pedro, sin que la Comunidad de Madrid, personada en las actuaciones haya realizado ninguna manifestación”.
Los hechos que señala la Fiscalía están a la vuelta de la esquina: “La última documentación recibido de Nuevo Arpegio en octubre del pasado año volvió a presentar inconsistencias y carencias en la línea documental de los expedientes que nos hacen pensar que existe más información que la que se transmite”.

Con todos estos datos en la mano, las fiscales concluyen: “Las razones expuestas nos conducen a pensar que se hace difícil confiar que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la Comunidad de Madrid, no vislumbrándose medidas alternativas que satisfagan la realización del interés superior de la justicia”. Es por esta desconfianza por la que “se hacen necesarias las entradas y registros que proponemos”, entre las que estaban el registro del viceconsejero de Cifuentes.

ELPLURAL.COM ha contactado con la Dirección General de Medios de la Comunidad de Madrid para conocer las explicaciones a estas acusaciones, sobre todo las que aluden a este gabinete. “Hay orden específica de colaborar con la Justicia al máximo”, señalan, “aquí se ha dado todo lo que se ha pedido”. “A nosotros nadie nos ha pedido nada”, añaden, para subrayar como prueba que las acusaciones de la Fiscalía “se refieren a la etapa anterior”, es decir, a la época de Ignacio González y Esperanza Aguirre.

Unas afirmaciones que no cuadran con el hecho de que la Fiscalía habla de octubre de 2016, cuando Cifuentes ya llevaba un año y medio en el cargo. Y cuando en el informe se define a la Comunidad de Madrid como personada en la Púnica, un status que tiene desde agosto de 2015, debido a que lo pidió Cifuentes para conseguir “transparencia” y "defender de una mejor manera los intereses de los propios madrileños y de la Administración regional". ¿Transparencia? Posverdad.

http://www.elplural.com/politica/2017/06/12/la-fiscalia-acusa-al-gobierno-de-cifuentes-de-ocultar-informacion-relevante

EL FISCAL DESVELA "LA VORACIDAD" DE GRANADOS POR CONTROLAR UN "BOTÍN" DE 3.000 MILLONES

En un demoledor informe, la Fiscalía acusa a Granados y algunos de sus colaboradores de hacerse con el "dominio" de la empresa pública Arpegio para obtener "pingües beneficios"

Arpegio es la clave. La empresa pública (que Cristina Cifuentes quiere ahora cerrar) es la llave de la que se sirvió el exconsejero Francisco Granados para abrir la caja de los fondos públicos de la Comunidad de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción lo tiene claro y, en un demoledor informe fechado el 11 de mayo e incorporado al sumario del caso Púnica, desvela las maniobras de Granados y otros consejeros de Arpegio para hacerse con el "botín" del "reparto ilícito de suelo público y la adjudicación amañada de obra civil a cambio del pago de dádivas concertadas". Ese botín, según el ministerio público, asciende a 3.000 millones de euros. La Fiscalía habla además de "evidencias documentales" y de la declaración de testigos para confirmar "la voracidad para obtener beneficios personales".

La investigación ha revelado que Granados llevaba años "abusando sistemáticamente de sus cargos para detraer caudales públicos en cooperación con empresarios concertados" y que encontró en Arpegio el lugar idóneo para hacerlo. La Fiscalía sitúa la fecha de inicio (sin contar sus pasos previos en la alcaldía de Valdemoro) es diciembre de 2004, cuando fue nombrado por Esperanza Aguirre consejero de Presidencia. De él dependía la Dirección General de Cooperación con la Administración Local, "una de las que mayor presupuesto público manejaba". El control de esta dirección, por otro lado, "reforzó su poder de influencia sobre los alcaldes de los municipios madrileños, al colocarse en un posición de supremacía frente a los mismos".

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Un día después de ser nombrado consejero de Presidencia, "Granados estableció a la carta la estructura orgánica", adscribiendo a la misma a la empresa Arpegio, que pertenecía a la consejería de Medio Ambiente. "Con la entrega de Arpegio a Granados", este "pasaría a controlar y dirigir interesadamente la venta de suelo público, el reparto de parcelas a través de los consorcios urbanísticos y la gestión, tras la crisis del sector inmobiliario, de los fondos públicos que financiaron los planes Prisma 2006-2007 y 2008-2011". La Fiscalía cuantifica en 3.000 millones el dinero público que fue controlado por Granados.

"Esto le permitió conseguir, a través de comisiones entregadas por los empresarios beneficiados con las adjudicaciones, ingentes cantidades de dinero público", señala el ministerio público. Arpegio es una de las piezas del caso, sin duda la más complicada. La Guardia Civil y la Fiscalía están analizando miles de documentos y a mediados de mayo realizaron nuevos registros e imputaciones (autorizadas por el juez) para avanzar en sus pesquisas. "La investigación está revelando que el capital defraudado sirvió para engrosar patrimonios particulares de todos los participantes en los hechos". Se está analizando la venta de parcelas, la gestión de los 22 consorcios gestionados por Arpegio (que adjudicaron suelo por importe superior a 2.000 millones de euros) y la licitación de las obras del plan Prisma, dotadas con 1.000 millones. Todo "se llevó a cabo bajo la esfera de dominio y decisión de Granados".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya tiene identificados a los 24 miembros que pasaron por el consejo de administración de Arpegio. Granados fue el presidente de la empresa entre abril de 2005 y diciembre de 2007. "Pese a que fue cesado y Arpegio regresó a la Consejería de Medio Ambiente, Granados se aseguró para él, o para delegados a sus órdenes, la presidencia de las mesas de contratación de las obras del Plan Prisma y la gestión de los consorcios que adjudicaron suelo en la Comunidad". La Fiscalía está cetrando sus pesquisas en dos ámbitos: los planes Prisma (obras en los municipios financiadas por la Comunidad) y los consorcios urbanísticos, que el Gobierno regional gestionaba junto a los municipios donde se ubicaban.

Los planes Prisma

La Audiencia Nacional ha citado como investigados (la nueva figura jurídica de la imputación) a todos los miembros de la mesa de contratación de Arpegio. Se trata de Pilar Roca Suárez-Inclán, directora de la Asesoría Jurídica entre 2006 y 2009; Pedro Bernad Moreno, director de Proyectos de Arpegio; Pilar Rubio Izquierdo, directora de Proyectos del Plan Prisma; Eduardo Larraz Riesgo, ex consejero delegado entre 2004 y 2008; Ignacio Palacios Arazuri, quien fuera jefe de gabinete de Granados y vocal del consejo de administración de Arpegio entre 2004 y 2008 (imputado ya en otras piezas del caso), y María Dolores Nogal González, abogada y secretaria de la mesa de contratación (y la presidenta del comité de empresa).

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Eloy Velasco ha citado como investigados a toda la mesa de contratación de Arpegio menos al consejero Jaime González Taboada, que es aforado. De momento, se ha aplazado la decisión

Todos fueron elegidos el 23 de febrero de 2006, cuando Arpegio recibió el encargo de la Comunidad de Madrid de gestionar el primer plan Prisma. En marzo de 2008 también se sumó a esa mesa Miguel Ángel Ruiz, el ya exviceconsejero de Medio Ambiente, que acaba de dimitir. A la lista se suma también Francisco Esquivias Ferriz, secretario del consejo de Arpegio. En la mesa también estaba Jaime González Taboada, actual consejero de Medio Ambiente y coordinador general del PP de Madrid. Como es aforado, el juez Eloy Velasco decidió de momento no citarle.

La Fiscalía sostiene que Granados, desde su Consejería de Presidencia, potenció a Arpegio, otorgándole dos encomiendas de gestión, una por cada edición del plan Prisma. "Con esta maniobra se redujo de manera muy significativa el control por la Comunidad. Estas encomiendas se realizaron de forma abusiva y fraudulenta. Con este traspaso ilegal de competencias, Granados se aseguró posiciones de control sobre todo el proceso de adjudicación". ¿Cómo? "Se confirió a Arpegio la competencia para la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, por naturaleza indelegables en Arpegio". También se burló la legalidad de la mesa de contratación. La legislación determina que los componentes deben ser funcionarios públicos, excepto en las empresas públicas, lo que ayudó a que la mesa se llenase de políticos y cargos de confianza. Por último, "las actuaciones de Arpegio tampoco estaban sometidas a la fiscalización de la intervención".

En toda esta trama, la Fiscalía reserva un papel especial junto a Granados a Eduardo Larraz Riesgo, consejero delegado de Arpegio entre febrero de 2004 y septiembre de 2008. Estuvo en la mesa de contratación del Plan Prisma y en los consejos de administración de varios consorcios. "Existen indicios de que intervino en tratos de corrupción, concertándose con los contratistas o con sus intermediarios para asegurarles su selección en los procesos de adjudicación". Los investigadores señalan que "coincidiendo con el presunto cobro de comisiones se produjo un enriquecimiento de su patrimonio".

La Fiscalía cita una información de El Confidencial publicada en junio de 2013, que reveló que Larraz tuvo un empresa 'offshore' en Islas Vírgenes Británicas con cuentas en Suiza. "Existen sospechas de que los fondos depositados en cuentas suizas proceden del cobro de comisiones ilegales en su etapa como consejero de Arpegio, que, si bien han sido objeto de regularización fiscal, no se conoce su origen, pues las ha vinculado a actividades profesionales que no han especificado". En Suiza llegó a tener 1.653.000 euros. "En conjunto, él y su esposa llegaron a aflorar bienes por valor de 3.364.968 euros", entre los que se incluyen 90 lingotes de oro de medio kilo y 56 de un kilo, según adelantó el diario El Mundo.

Los 22 consorcios urbanísticos

La UCO también está analizando los 22 consorcios urbanísticos gestionados por Arpegio, de los que nueve son residenciales. "Nos llama la atención que, teniendo la competencia la Consejería de Medio Ambiente, aparezca en todo momento Arpegio gestionándolos". Los consejos de estos consorcios, que han promocionado 40.000 pisos, estaban formados por consejeros de Arpegio y los concejales de los municipios donde se ubicaban. Los consejos nombraban a los miembros de las mesas de contratación. "Los indicios de corrupción se dirigen también hacia ellos, quienes a través de sus propios intermediarios cobraron comisiones de las empresas que resultaron adjudicatarias de las parcelas para construir vivienda pública", señala la Fiscalía.

"La investigación ha revelado que existió un reparto concertado previo de dichas parcelas, entre Arpegio y el respectivo ayuntamiento, de manera que cada una de estas entidades decidió el adjudicatario de las parcelas que le habían tocado en reparto. A su vez, las parcelas sobre las que decidía el ayuntamiento, presuntamente fueron repartidas entre diferentes grupos políticos del consistorio". En este punto la Fiscalía implica a políticos del PSOE y de IU en este reparto de la tarta. "Se sospecha que este se produjo en proporción a las cuotas de participación en el consejo del consorcio".El empresario y exsocio de Francisco Granados,

Otro de los principales investigados en el caso, el empresario David Marjaliza, ya declaró en sede judicial (tiene un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción) que él se llevo suelo de algunos de estos consorcios tras pagar su respectiva comisión, de entre 3.000 y 6.000 euros por vivienda. Marjaliza también falicitó los nombres de algunas de las empresas que supuestamente pagaban comisiones a cambio de conseguir obras del Prisma, como Begar, Teconsa, Licuas, Virton, Avintia y Dico. En algunos casos, facilitó incluso el nombre de los intermediarios de esas sociedades con los que negociaba los pagos.

Otra de la piezas clave en este entramado es el que fuera secretario de los consejos de administración de los consorcios urbanísticos, José Luis Jaraba Pérez, también imputado y socio de la sociedad Jaraba & Tamame Asociados. Esta empresa facturó a Arpegio 1.119.093 euros entre 2003 y 2012. La UCO ha registrado Arpegio y el despacho de Jaraba para recabar más documentación, "al existir sólidos indicios de que tuvo que utilizarse facturación simulada cruzada para desviar capital de los propios consorcios".

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"El dominio sobre Arpegio reportó a Francisco Granados y a otros investigados pingües beneficios que afloraron en las cuentas suizas, compras de viviendas, participación en sociedades patrimoniales, permaneciendo todavía en su mayor parte en ignorado paradero", sentencia el ministerio público, que para concluir da un importante tirón de orejas al Gobierno regional hoy presidido por Cristina Cifuentes: "Hemos comprobado en otros requerimientos a la Comunidad que existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido

"El juzgado conoce las dificultades para obtener información fiable de la Comunidad. La última documentación recibida de Arpegio volvió a presentar inconsistencias y carencias, que nos hace pensar que existe más información que la que se transmite. Las razones expuestas nos conducen a pensar que se hace difícil confiar que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la Comunidad".

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-11/punica-granados-arpegio-fiscalia_1396274/

LOS TRES GUARDIANES DE LA ‘MINA DE ORO’ DE GRANADOS

Un directivo, un promotor y un abogado controlaban Arpegio, la empresa clave del ‘caso Púnica’

Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y antiguo número dos del PP regional, convirtió Arpegio, la empresa pública autonómica de suelo, en su mina de oro particular. Según la investigación del caso Púnica, el expolítico, en prisión desde octubre de 2014, hizo grandes negocios con la gestión de los consorcios urbanísticos municipales y las adjudicaciones de obras y servicios de los llamados Planes Prisma, que totalizaron 3.000 millones de euros entre 2004 y 2012. Desde esta sociedad, opaca a la fiscalización de los funcionarios, Granados controlaba –y, supuestamente, amañaba- todas las fases de las operaciones de venta de parcelas públicas durante los años centrales de la burbuja del ladrillo, especialmente hinchada en Madrid.

La gestión diaria de Arpegio, sin embargo, no la llevaba Granados, ocupado en sus tareas políticas. Tres figuras son clave en la presunta explotación fraudulenta de esta mina de oro: Eduardo Larraz, ex consejero delegado de la sociedad; el promotor Adolfo Fernández Maestre y el abogado José Luis Jaraba, secretario de los 22 consorcios urbanísticos suscritos por Arpegio con once ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

La expresión “mina de oro” es, en este caso, mucho más que una metáfora. En una declaración fuera de plazo a Hacienda realizada en 2013, Eduardo Larraz, que antes de colaborar con Granados fue jefe de Gabinete del Ministerio de Sanidad con Celia Villalobos, reconoció que poseía 90 lingotes de oro de medio kilo y otros 56 de un kilo con un valor de 1,96 millones de euros. Según el juez Eloy Velasco, Larraz “intervino en tratos de corrupción” y se enriqueció con las comisiones que contratistas e intermediarios le pagaron a cambio de las adjudicaciones de suelo entre 2005 y 2012.

Larraz y su esposa, Ángeles de Diego, supuestamente ocultaron en Suiza hasta 1,65 millones de euros. Sin embargo, la situación era tan irregular que hasta el banco privado helvético Société Générale canceló su cuenta en 2008 al existir sospechas de corrupción. El matrimonio también tenía sociedades en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, que, según el juez, no fueron declaradas a la Agencia Tributaria. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Larraz y De Diego han maniobrado durante los últimos años para sacar de España parte de este patrimonio. En noviembre de 2014, un mes después de estallar la Operación Púnica y ser detenido Granados, Larraz y su esposa donaron a sus dos hijos la casa familiar de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y una segunda residencia en Marbella (Málaga).

El banco suizo Société Générale expulsó a Eduardo Larraz en 2008 por sospechas de corrupción

La segunda pata del plan criminal de Granados para extraer fondos de Arpegio es externa a la sociedad. Se trata del promotor Adolfo Fernández Maestre, dueño de la mercantil DUSA. En febrero de 2006, esta firma recibió una “licitación meteórica” de 5,3 millones de euros para la gestión de los contratos del Plan Prisma de inversiones de la Comunidad de Madrid. Según la investigación, DUSA lo que hacía era dar la mejor valoración y preadjudicaba contratos a las empresas que se avenían a los tratos de corrupción con Arpegio.

En el registro del domicilio de Fernández Maestre, junto al parque del Retiro en Madrid, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) hallaron, además de 15.480 euros y 3.840 dólares en metálico, una