OPERACIÓN PÚNICA : UNA TRAMA GENOVESA SIN FONDO

Boletin 39. Caso PÚnica. Del 16 de mayo al 07 de noviembre 2018
Boletin 38. Caso PÚnica. Del 16 de abril al 15 de mayo 2018
Boletin 37. Caso PÚnica. Del 01 de marzo al 15 de abril 2018
Boletin 36. Caso PÚnica. Del 01 al 28 de Febrero 2018
Boletin 35. Caso PÚnica. Del 01 al 31 de ENERO 2018
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LAS NOTICIAS AL DÍA

UN DOCUMENTO DE DRAGADOS REFUERZA LAS SOSPECHAS DE LA UCO DE QUE EL CANAL DE ISABEL II URDIÓ EL PELOTAZO DEL CLAN DE IGNACIO GONZÁLEZ

REVELADA LA LISTA DE REGALOS PÚNICA: ALCALDES, LÓPEZ MADRID Y HASTA LA HERMANA DE RAJOY

TRES MAGISTRADOS VEN “IRREGULARIDADES” EN EL CONTRATO DE PÚNICA QUE SALPICA A CIFUENTES

CASADO REARMA EL PP DE MADRID CON UN SEÑALADO EN PÚNICA

LA ACUSACIÓN PIDE CINCO AÑOS DE CÁRCEL AL EXPRESIDENTE MURCIANO POR EL ‘CASO PÚNICA’

LA FISCAL DE 'PÚNICA' PIDE DOS AÑOS DE PRISIÓN AL EXPRESIDENTE SÁNCHEZ Y DOS Y MEDIO A RUIZ

EL JUEZ INCLUYE AL EXPRESIDENTE DE MURCIA EN AUTO DE PROCESAMIENTO TRAS AVISAR EL FISCAL DE QUE FALTABA SU NOMBRE

EL SUPREMO ARCHIVA LA CAUSA ABIERTA CONTRA LA SENADORA BARREIRO POR LA TRAMA PÚNICA

LA ACUSACIÓN PIDE JUZGAR A LA SENADORA BARREIRO POR CUATRO DELITOS Y QUE DECLARE PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

LA FISCALÍA CUESTIONA QUE LOS TRABAJOS DE REPUTACIÓN A LOS POLÍTICOS DE PÚNICA SEAN DELITO

IU APREMIA AL JUEZ DE PÚNICA A DECIDIR YA SI IMPUTA AL PP Y A ESPERANZA AGUIRRE

LA CÁMARA DE CUENTAS REFUERZA LAS SOSPECHAS SOBRE UN MACROCONTRATO DE PUBLICIDAD INVESTIGADO EN 'PÚNICA'

UN EXDIRECTIVO DE ICM MANTIENE QUE GONZÁLEZ ORDENÓ RECAUDAR UN MILLÓN DE EUROS PARA EL PP MADRILEÑO

LA GUARDIA CIVIL ACUSA A LÓPEZ MADRID DE LLEVARSE 700.000 EUROS POR EL METRO LIGERO DE MADRID

“YO ENVIÉ EL ANÓNIMO SOBRE EL MALETÍN DE GRANADOS”

EL PRINCIPAL TESTIGO DE LA PÚNICA EN EXTREMADURA ACORRALA AL PP

LOS PADRES DE UN COLEGIO INVESTIGADO EN 'PÚNICA' AVISARON POR CARTA A RAJOY Y COSPEDAL EN 2009 DE SUS SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN

LA GUARDIA CIVIL ACUSA DE MALVERSACIÓN AL EXALCALDE DEL PP EN COSLADA POR EL ‘CASO PÚNICA’

EL INFORMÁTICO IMPUTADO EN PÚNICA PIDE A LA FISCALÍA QUE EL CNI CERTIFIQUE SI LE PAGÓ POR SUS SERVICIOS

UNA CAJA B PARA COMPRAR VOLUNTADES

DOCUMENTOS DE 'PÚNICA' REFLEJAN QUE OHL PAGÓ 800.000 EUROS A UNA EMPRESA VINCULADA A GRANADOS

LAS FACTURAS DE LAS VACACIONES DE LUJO DE GRANADOS EN IBIZA: 18.000 EUROS EN YATE, HOTELES…

MARJALIZA DECLARA QUE LE DIO 60.000 EUROS EN 2007 A BÁRCENAS Y LAPUERTA PARA EL PP NACIONAL

MARJALIZA REVELA AL JUEZ QUE GRANADOS LE CONTÓ QUE TENÍA UN MILLÓN DE EUROS EN EL ALTILLO

DE PEDRO Y EL EXPRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN (PP), A JUICIO EN JULIO

UN EMPRESARIO DECLARA EN 'PÚNICA' QUE SE SINTIÓ OBLIGADO A HACER COMUNIONES GRATIS POR LOS CONTRATOS RECIBIDOS

ANTICORRUPCIÓN VIAJA A PANAMÁ PARA INVESTIGAR UN NUEVO AMAÑO DE GRANADOS

EL CONSEGUIDOR DE LA PÚNICA IDENTIFICA AL PRESIDENTE DE ACCIONA COMO DONANTE DEL PP MADRILEÑO

GONZÁLEZ ESCONDIÓ 173.098 € PÚBLICOS QUE DIO A LA FUNDACIÓN QUE FINANCIABA AL PP Y DE LA QUE ERA PATRONO

EL ALCALDE DE ALCORCÓN ANUNCIÓ EL CARTEL DE LAS FIESTAS DÍAS ANTES DE CONTRATARLO CON LA PÚNICA

SOBRECOSTES EN EL METRO PARA PAGAR MORDIDAS A LA ‘PÚNICA’

IGNACIO GONZÁLEZ Y FRANCISCO GRANADOS SE DISPUTARON UNA MORDIDA DE UN MILLÓN DE EUROS

ESTOS SON LOS AUDIOS DEL EMPRESARIO MARJALIZA DENUNCIANDO PAGOS AL PP

“DONÉ 60.000 EUROS AL PP PORQUE GRANADOS QUERÍA LLEVARSE BIEN CON LA DIRECCIÓN NACIONAL”

LA CORRUPCIÓN AFLORA EN EL YERMO DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA

LA AUDIENCIA NACIONAL BUSCA LOS CONTRATOS Y PAGOS PERDIDOS DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE ESPERANZA AGUIRRE

LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA UNA DENUNCIA DE ANTICORRUPCIÓN SOBRE EL DESFALCO DEL CAMPUS DE LA JUSTICIA IMPULSADO POR AGUIRRE Y GONZÁLEZ

LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA EL AGUJERO DE 100 MILLONES EN LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE ESPERANZA AGUIRRE

UN ARREPENTIDO DE 'PÚNICA' AFIRMA QUE BARREIRO CONTRATÓ MEJORAS DE IMAGEN

DECLARA EN EL SUPREMO EL TESTIGO QUE APUNTALÓ LA ACUSACIÓN CONTRA BARREIRO Y SÁNCHEZ

EL CNI NIEGA AL JUEZ DATOS SOBRE LA SUPUESTA CONTRATACIÓN DE UN IMPUTADO DEL ‘CASO PÚNICA’

EL ARROZ ‘EN NEGRO’ DEL PP DE ESPERANZA AGUIRRE

UN EMPRESARIO DE PÚNICA: “ME PEDÍAN A MANOLO ESCOBAR FUERA DE CONTRATO Y LUEGO AMAÑABAN LA FACTURA”

LA UCO BUSCA PRUEBAS DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID EN ORDENADORES DE INDRA Y PWC

LA EXDIRECTORA DE COMUNICACIÓN DE AGUIRRE DICE QUE LOS CONSEJEROS USABAN DINERO PÚBLICO PARA PROMOCIONARSE

ARCHIVADA LA QUERELLA DE CIFUENTES CONTRA GRANADOS TRAS ACUSARLA DE CONOCER LA SUPUESTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

EL JUEZ DE PÚNICA RECHAZA CERRAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE CIFUENTES Y LA CAFETERÍA DE LA ASAMBLEA

LA JEFA DE PRENSA DE AGUIRRE Y GONZÁLEZ CONFIESA LOS PAGOS CON DINERO PÚBLICO EN PÚNICA

EMPRESARIOS DAN AL JUEZ FACTURAS DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID

AGUIRRE PAGÓ 90 MILLONES A LA EMPRESA ACUSADA POR GRANADOS DE FINANCIAR AL PP

GRANADOS SALVA A RAJOY MIENTRAS IMPLICA A AGUIRRE CON LOS PRIMEROS DOCUMENTOS QUE ENTREGA EN PÚNICA

EL ORGANIZADOR DE LOS MÍTINES DE AGUIRRE CONFIESA QUE COBRÓ EN B DEL PP MADRILEÑO

EL JUEZ DE PÚNICA COMPARA LAS PRÁCTICAS DE LA TRAMA CON LA MAFIA SICILIANA

SUIZA TORPEDEA LA VERSIÓN DE GRANADOS SOBRE SU CUENTA OCULTA

LA ONG INVOLUCRADA POR GRANADOS EN LA FINANCIACIÓN DEL PP ESTÁ LIGADA AL EX DEFENSOR DEL MENOR Y HA COBRADO DE MADRID 147 MILLONES

LA JEFA ACTUAL DEL IMSERSO LLEVÓ AL NOTARIO EL SAQUEO DEL PP DE MADRID

LA EX DEL PP, PILAR BARREIRO, SE ESTRENA EN EL GRUPO MIXTO DEL SENADO

LA FISCALÍA DEL SUPREMO SALVA A LA SENADORA IMPUTADA DEL PP CON UNA BOFETADA AL JUEZ QUE INICIÓ 'PÚNICA'

LA COMUNIDAD DE MADRID ELIMINÓ LOS CORREOS DE GRANADOS QUE LE RECLAMA EL JUEZ DEL ‘CASO PÚNICA’

LA RESISTENCIA DE GRANADOS A ADMITIR CUALQUIER DELITO FRENA LAS REVELACIONES SOBRE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

GRANADOS RETA A CIFUENTES: "NO ME HA LLEGADO LA QUERELLA"

GRANADOS: “CIFUENTES SE JACTABA DE SER LAS MANOS, LOS OÍDOS Y LA VOZ DE IGNACIO GONZÁLEZ”

GRANADOS VINCULA A CIFUENTES CON UNO DE LOS DONANTES DE LA 'CAJA B' DEL PP

GRANADOS INVOLUCRA A AGUIRRE, GONZÁLEZ Y CIFUENTES EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

GRANADOS DECLARA QUE IGNACIO GONZÁLEZ USABA LA AGENCIA DE INFORMÁTICA DE MADRID PARA VIGILAR A ALTOS CARGOS

GRANADOS AL ATAQUE: INVOLUCRA A AGUIRRE, CIFUENTES Y GONZÁLEZ EN LA FINANCIACIÓN EN B

FRANCISCO GRANADOS APUNTA A COSPEDAL EN LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE METRO LIGERO DE BOADILLA DEL MONTE


UN DOCUMENTO DE DRAGADOS REFUERZA LAS SOSPECHAS DE LA UCO DE QUE EL CANAL DE ISABEL II URDIÓ EL PELOTAZO DEL CLAN DE IGNACIO GONZÁLEZ

Una nota incluida en el cuadro de ofertas para el césped del campo de golf investigado en 'Lezo' lleva a la Guardia Civil a inferir que la contratación de Tecnoconcret por Dragados pudo "haberse realizado a petición" del Canal

Un exdirectivo de la empresa pública declaró su convicción de que el entonces gerente del Canal "podría haber orientado a Dragados para que subcontrataran" a la mercantil del cuñado del entonces vicepresidente de Madrid

Un documento ahora incorporado al sumario de la Operación Lezo ha reforzado las sospechas que ya albergaban los investigadores sobre el pelotazo que la construcción de un campo de golf en el centro de Madrid proporcionó a partir de 2006 al clan familiar de Ignacio González, entonces número dos de Esperanza Aguirre y más tarde presidente de la Comunidad.

Promovido por el Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de Madrid y que hasta 2012 tuvo como máximo responsable al propio González, la construcción del campo de Chamberí fue adjudicada a Dragados. Primero, y para la instalación del césped artificial, la empresa de Florentino Pérez subcontrató a la empresa Tecnoconcret, prácticamente sin actividad y de la que era accionista el cuñado del político madrileño. Y luego le dio entrada en el consorcio al que el Canal de Isabel II adjudicó la explotación del campo. Por la instalación del césped y como ya desveló infoLibre, Tecnoconcret cobró de Dragados tres millones. Una vez descontado lo que pagó a un subcontratista por la ejecución real de los trabajos, Tecnoconcret se reservó una comisión neta de 600.000 euros.

El documento que ahora ha conducido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a "inferir" que la contratación de Tecnoconcret por Dragados pudo ser fruto de instrucciones expresas cursadas por el Canal de Isabel II es un cuadro de ofertas elaborado por la constructora y aportado por sus representantes a requerimiento del juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Manuel García Castellón. En la esquina inferior derecha del cuadro, justo debajo de la columna correspondiente a la oferta presentada por Tecnoconcret y en el apartado "Observaciones", aparece la siguiente leyenda: "A Pet CYII".

"Hay que tener en cuenta que entre la documentación aportada por Dragados –dice un informe de la UCO fechado el pasado 8 de agosto– se ha hallado un documento denominado "cuadro comparativo de ofertas", relativo al hoyo número 4 "golf prueba", en el que se observa la inscripción "A Pet CYII" en el apartado observaciones de la columna donde se consignaba la oferta económica de Tecnoconcret". De esa anotación, prosigue el texto, "se infiere que la contratación de esta sociedad por parte de ACS-Dragados podría haberse realizado a petición del CYII [Canal de Isabel II]".

Las explicaciones de Dragados

Tras recibir ese informe, el juez reclamó a Dragados que explicase el significado exacto de esa anotación. La respuesta de la constructora, a la que ha tenido acceso este periódico, dice que, "consultado el jefe de obra"–es decir, el del campo de golf inaugurado por Esperanza Aguirre en marzo de 2007 y cuyas presuntas y múltiples irregularidades ya fueron denunciadas sin consecuencias ese año tanto por la prensa como por los vecinos–, este "cree recordar" lo siguiente: "Que se refiere a que fue a petición del Canal de Isabel II por lo que se restringió inicialmente la contratación de la instalación del césped a un hoyo de prueba, concretamente el hoyo 4 y que, según resulta de la propia hoja comparativa que se acompaña al requerimiento, el contrato se adjudicó a la mejor oferta técnica y económica, que fue la presentada por Tecnoconcret".

El texto no aclara por qué si lo que se hizo "a petición del Canal de Isabel II" fue contratar en primera instancia solo un hoyo de prueba, la anotación remarcada por la Guardia Civil figura solo en la columna de Tecnoconcret y no, por ejemplo, también bajo las de las otras tres empresas que presentaron ofertas, todas ellas, en efecto, de cuantía superior. O junto al enunciado que explica el contenido del cuadro. Ese enunciado expone que el objeto del contrato es justamente el "Hoyo nº 4 Golf Prueba".

Dragados tampoco explica qué compartimentos del cuadro, que solo contiene cifras de precios, constatan la mejor calidad técnica de Tecnoconcret. De hecho, distintos testigos han admitido a lo largo de la investigación que Tecnoconcret no hizo nada en realidad. La empresa en la que participaba José Juan Caballero, cuñado de Ignacio González, que había sido subcontratada por Dragados, subcontrató de hecho a su vez a otra mercantil especializada en instalación de césped artificial. Uno de los socios de esa mercantil, Onlygolf, declaró hace más de un año que el único sentido de la presencia de Tecnoconcret era "malversar y robar".

El informe de la Guardia Civil destaca que ya en octubre de 2017 el antiguo jefe de la división de arquitectura del Canal de Isabel II, que declaró como testigo, afirmó "que la instalación concreta de césped artificial fue un tema «especial» y que su instalación fue un asunto controlado-decidido" por un arquitecto que ya ha muerto. El testigo declaró –narra la UCO– que "le parece que efectivamente algún responsable del CYJ1 podría haber orientado a Dragados para que subcontrataran a Tecnoconcret y que sospecha que pudiera haber sido Adrián Martín López de las Huertas". En 2006, Martín López de las Huertas, igualmente imputado en la Operación Lezo, era director de Innovación del Canal de Isabel II. En julio de 2009 ascendió al cargo de gerente, en el que permaneció hasta 2016.

La UCO también tomó declaración a quien ostentaba el puesto de jefe de obra de Dragados en 2006. El testigo confirmó "la relación de Tecnoconcret y José Juan Caballero". Para la Guardia Civil ese punto posee relevancia por cuando, teóricamente, la sociedad Ecosistemas SL, a través de la cual Caballero se incorporó a Tecnoconcret, no entró en su accionariado "hasta el año 2008".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/11/06/un_documento_inedito_refuerza_las_sospechas_uco_que_canal_isabel_urdio_pelotazo_del_clan_ignacio_gonzalez_88495_1012.html

REVELADA LA LISTA DE REGALOS PÚNICA: ALCALDES, LÓPEZ MADRID Y HASTA LA HERMANA DE RAJOY

Los 1.000 folios entregados al juez por David Marjaliza incluyen relojes de 6.000 euros, plumas Mont Blanc y collares Swarovski

La obsesión por llevar todo apuntado de los implicados en corrupción siempre trae sorpresas. Una manía que también tenía el supuesto socio de Francisco Granados en la trama Púnica, David Marjaliza, quien, como prometió en su declaración de julio y dentro de su colaboración con la Justicia, ha entregado más de 1.000 folios de documentación al juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional entre los que se encuentra el pormenorizado listado de regalos que realizó a políticos, empresarios y funcionarios, entre los que destaca el ubicuo Javier López Madrid o la hermana de Mariano Rajoy.

En total, ocho folios plagados de regalos y obsequios navideños entre los que abundan jamones, plumas Mont Blanc, collares de Swarovski, reproductores MP4 o maletines. Marjaliza, al igual que Papá Noel, no solo repartía regalos, sino que llevaba una lista con los nombres y los cargos en razón de los que hacía los obsequios.

Mont Blanc para todos
Su lista empieza en las “Navidades 04/05”, año en el que Valdemoro copa prácticamente el reparto de regalos. En total, son 40 regalos solo en esta localidad en la que empezó a medrar y donde había gobernado Francisco Granados. En el reparto aparece el entonces alcalde, José Miguel Moreno, pero hay hasta 20 miembros del Ayuntamiento registrados -entre ellos la concejala de Cultura, la de Educación, un edil del PSOE y una de IU- y otros 22 que aparecen referenciados como “Urbanismo Valdemoro”.

En este caso, las anotaciones sobre los obsequios son muy escasas y solo aparece referenciada “Pluma Mont Blanc” para José Luis Moreno, entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de Getafe y una cámara para José Luis Navarro, de Urbanismo de Valdemoro. En la lista tampoco falta Francisco Granados, ya definido como “Consejería” y su supuesto testaferro, Ignacio Palacios.

Otro de los listados de Marjaliza se desliga de las Navidades y abarca cuatro años de regalos (2007-2010) referenciados con más detalle, incluso con el valor del obsequio. Aquí aparece Javier López Madrid, el polémico empresario y yerno de Juan Miguel Villar Mir. En 2007, le regaló un bolígrafo de Mont Blanc valorado en 350 euros, en marzo de 2008 un maletín de la misma marca por valor de 400 euros y en diciembre un USB de 285 euros.

Cabe recordar que Marjaliza y López Madrid rubricaron un pelotazo para que el primero se quedara con la construcción del Metro Ligero a Boadilla. Una concesión que le fue vendida por una empresa de López Madrid y por la que éste se embolsó 700.000 euros de comisión, según la Guardia Civil.

En esta lista vuelve a aparecer el entonces alcalde de Valdemoro con el PP, José Miguel Moreno, que se llevó un “Reloj Chopard” de 6.590 euros y un set Mont Blanc de 700 euros, e Ignacio Palacios, con un set Mont Blanc de 600 euros y un bolígrafo Mont Blanc de otros 600 euros.

La trama se extiende
Una tercera lista recoge los regalos de Navidad de 2007. Es la más extensa y refleja el salto de la trama a otros municipios. Bajo el epígrafe de vinos aparece Miguel Ángel López, entonces alcalde de Torrejón de Velasco y luego portavoz del PP en Parla, Adolfo “alcalde Humanes”, Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte y el primero que se llevó por delante la Gürtel, Narciso de Foxa, alcalde de Majadahonda, y Bonifacio de Santiago, alcalde de Las Rozas.

Varios bolígrafos de Mont Blanc para miembros del Ayuntamiento de Getafe y para Tomás Martín Morales, uno de los principales imputados de Gürtel en Boadilla del Monte. Jamones para varios miembros de la Policía de Valdemoro. Relojes para miembros del Ayuntamiento y bolsos de Roberto Verino para las mujeres del Consistorio y de Urbanismo, entre ellas miembros del PSOE, y varios reproductores de MP4.

Swarovski en la Comunidad de Madrid
Otro apartado está referido solo para la Comunidad de Madrid, bajo el epígrafe Consejería Madrid. En ella aparecen varias funcionarias del Gobierno de Esperanza Aguirre que se llevaron una pulsera y collares de Swarovski, así como un reloj para Ignacio Palacios y Edelmiro Galván y un set de Mont Blanco para Francisco Granados.

Un buen apartado de regalos iba a parar a empresas y trabajadores de notarías o de registros de la propiedad. Es el caso de la hermana de Mariano Rajoy, Mercedes Rajoy Brey, que comparte profesión con su hermano. En su época destinada en Getafe, las anotaciones de Marjaliza reflejan un bolígrafo de Mont Blanc.

No es la primera vez que la hermana de Rajoy se ve salpicada por el mundo de obsequios vinculado a la corrupción. Ella y su marido, el eurodiputado y diplomático Francisco Millán Mon, contrataron a la empresa Pasadena Viajes, de Francisco Correa. La misma empresa que regaló a Mariano Rajoy y su familia un viaja a Canarias para relajarse tras la derrota electoral de 2004.

Los viajes de la hermana de Rajoy aparecían unas veces pagados por transferencia y otros como "servicios facturados por cuenta de terceros". Aunque lo más llamativo era que ella, con plaza en Getafe, decidiese contratar los servicios de viaje de una agencia situada en Blasco de Garay, en Madrid.

En conversación con este diario, David Marjaliza asegura que “muchos de esos regalos” no eran suyos personalmente, sino que eran decisiones tomadas por los departamentos comerciales de sus empresas y que se englobaban dentro del “trato normal de las empresas en Navidad”. Ese sería el caso del regalo a la hermana de Rajoy, “a la que no conozco”. Eso sí, Marjaliza asegura que todos los regalos a políticos que aparecen referenciados son responsabilidad suya.

https://www.elplural.com/politica/espana/regalos-trama-punica-mariano-rajoy-david-marjaliza-javier-lopez-madrid_205877102

TRES MAGISTRADOS VEN “IRREGULARIDADES” EN EL CONTRATO DE PÚNICA QUE SALPICA A CIFUENTES

Rechazado por segunda vez el archivo de la investigación sobre una adjudicación de la Asamblea de Madrid bajo sospecha de haber servido para financiar al PP

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que rechaza archivar la investigación que se sigue dentro del caso Púnica sobre el contrato de restauración y cafetería de la Asamblea de Madrid adjudicado en 2009 al Grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, como había pedido una de las imputadas por estos hechos, la jefa de los Servicios Jurídicos de la cámara regional Tatiana Sonsoles Recoder. En su escrito, los tres magistrados que forman justifican su decisión en la existencia de “irregularidades” en los pliegos de licitación que hacen que la “legalidad” de la adjudicación “se encuentre en tela de juicio actualmente”. En aquella adjudicación —bajo sospecha de haber servido para financiar al PP madrileño en la etapa de Esperanza Aguirre— participó la expresidenta Cristina Cifuente, actualmente imputada por el caso Máster. Dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporados en 2017 al sumario del caso Púnica la señalaban como presunta autora de los delitos de prevaricación y cohecho por estos hechos.

La decisión de los tres magistrados se produce después de que Recoder recurriera el pasado abril la decisión del juez instructor, Manuel García-Castellón, de mantenerla imputada en la causa al considerar que había indicios de irregularidades en la adjudicación, entre ellas la propia participación de Cifuentes en el comité de expertos que decidió la adjudicación. García-Castellón destacaba ya entonces que la hoy expresidenta madrileña —y que cuando se produjeron los hechos era vicepresidenta de la Asamblea— debió abstenerse ya que a su cargo público sumaba otros en el partido y en Fundescam, la fundación del PP regional investigada por el supuesto desvío de fondos a las campañas electorales. Ahora, los tres magistrados confirman esas sospechas, y aunque no citan expresamente a Cifuentes, destacan que se mantienen "los indicios de criminalidad" que llevaron a iniciar la investigación y el papel jugado por el "comité de expertos" del que ella formaba parte.

En su auto —fechado el 13 de julio pero que no había trascendido hasta ahora—, los jueces destacan que el informe jurídico que permitió aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que rigió la adjudicación del contrato a la empresa de Arturo Fernández incluía "una fiscalización escueta, insuficiente e ineficaz" que impidió detectar las "irregularidades" que el pliego incluía. Para los tres magistrados, Recoder, como letrada de la Asamblea e integrante del comité de expertos, asumió "la conformidad del pliego a la legalidad de contratación pública, legalidad que se encuentra en tela de juicio actualmente". Por ello, rechaza de plano sobreseer la causa contra ella y mantiene abierta la investigación sobre dicho contrato.

Las pesquisas están incluidas en la pieza separada del caso Púnica que investiga la supuesta financiación irregular del PP madrileño. La UCO intenta aclarar si la adjudicación fue amañada a cambio de una comisión que el empresario hizo llegar a la supuesta caja b del partido camuflada como donación de 160.000 euros a Fundescam, la fundación de la formación y en cuyo patronato figuraba la expresidenta. Recoder y Cifuentes formaban —junto con María Merino, jefa de protocolo del Gabinete de la Presidencia regional, y el funcionario Isaac Arturo Zubiri— el comité de expertos que realizó la licitación. Hasta ahora, solo Recoder está imputada, aunque Merino y Zubiri ya declararon asistidos de abogado ante la Guardia Civil. Según destacaba el juez García-Castellón en su auto de abril, Cifuentes intervino en las supuestas “valoraciones arbitrarias” de la mesa de contratación que desembocaron en la adjudicación.

Dos informes de la UCO fechados en marzo del año pasado apuntaban que la en aquel momento presidenta madrileña —y, por tanto, aforada— pudo haber cometido delitos de prevaricación y cohecho por esta adjudicación. En su segundo informe, la Guardia Civil destacaba que Recoder y los otros dos asesores cayeron en “significativas y evidentes contradicciones” cuando fueron interrogados, lo que consideraba un indicio más de las irregularidades. También recalcaba que Cifuentes, en cuyo despacho se celebró la reunión, estaba al tanto de todo ello. Cuando ambos documentos policiales salieron a la luz dos meses después, la política negó cualquier irregularidad y compareció en el Parlamento regional para dar explicaciones.

Desde su entorno se cargó entonces con dureza contra la Guardia Civil. El silencio del entonces juez instructor, Eloy Velasco —que estaba a punto de abandonar su puesto— y de la Fiscalía Anticorrupción, comandada en aquel momento por Manuel Moix, parecieron paralizar esta línea de investigación. Tras la llegada de García Castellón al juzgado y el nombramiento del fiscal Alejandro Luzón como nuevo responsable de Anticorrupción, las pesquisas sobre un contrato que los investigadores consideran clave para probar la supuesta participación de Arturo Fernández en la financiación irregular del PP, se reactivaron.

https://elpais.com/politica/2018/08/30/actualidad/1535647974_412732.html



CASADO REARMA EL PP DE MADRID CON UN SEÑALADO EN PÚNICA

La Guardia Civil vinculó a David Erguido con la trama, que le habría regalado hasta una actuación con mariachis; y Susana Pérez Quislant está acusada de un delito contra el medio ambiente

Pablo Casado ya ha concluido la reestructuración del Partido Popular de Madrid. El presidente de la formación no solo ha querido impregnar la región con su sello particular, sino que se ha rearmado para prestar batalla en la plaza madrileña en las elecciones de 2019. Los populares han reforzado su comité ejecutivo electoral y dos de los nuevos nombramientos llaman poderosamente la atención: David Erguido (jefe de gabinete de José Luis Martínez-Almeida y exconcejal del distrito de Centro) será el nuevo presidente del comité electoral del PP de Madrid, y Susana Pérez Quislant (alcaldesa de Pozuelo) vocal en el Consejo de Alcaldes del PP. ¿Y por qué resultan tan llamativos? Porque ambos están señalados por la Guardia Civil.

Erguido fue acusado por la Guardia Civil de delitos en su etapa como primer teniente de alcalde y concejal de festejos en Algete. Concretamente, fue señalado por adjudicar hasta 1,5 millones de euros a compañías de la trama Púnica. En un informe, la Unidad Central Operativa (UCO) le acusa de “delitos de malversación de fondos públicos” por 16 facturas hinchadas para “desviar 78.846 euros de las arcas públicas del Ayuntamiento”. Incluso, la presunta trama le regaló una actuación con cuatro mariachis.

Erguido, tras ejercer como asesor técnico de Presidencia en el Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, se erigió como asesor del entonces portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida. Pero eso era de cara a la galería. A nivel interno, tal y como desveló ElPlural.com, Erguido era asesor de Casado, que por entonces era vicesecretario de Comunicación. Un trabajo que no estaba mal pagado, ya que cobraba la friolera de 71.928,58 euros.

Por otro lado, Susana Pérez Quislant, nueva vocal en el Consejo de Alcaldes del PP. Quislant es la actual alcaldesa de Pozuelo de Alarcón y está imputada, junto a otras 10 personas, de un delito contra el medio ambiente por los vertidos fecales de la depuradora del área de Humera. En otras palabras, la última maniobra de Casado para rearmarse de cara a 2019 está marcada por imputaciones.

https://www.elplural.com/politica/casado-rearma-el-pp-de-madrid-con-un-senalado-en-punica_203966102
 

LA ACUSACIÓN PIDE CINCO AÑOS DE CÁRCEL AL EXPRESIDENTE MURCIANO POR EL ‘CASO PÚNICA’

Pedro Antonio Sánchez encargó trabajos para mejorar su imagen política con cargo al presupuesto regional

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que ejerce la acusación popular en el caso Púnica, ha reclamado una pena de cinco años y medio de prisión para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez por supuestos delitos de cohecho y fraude. El político está acusado de encargar al experto informático Alejandro de Pedro, uno de los principales encausados en la trama corrupta, la realización de trabajos para mejorar su imagen personal y su reputación en Internet, y pactar que estos se pagarían con cargo al presupuesto público. Adade ha rebajado de nueve a cinco años la petición de condena que solicitó cuando expresidente de Murcia estaba aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad.

Sánchez, que llegó al poder en julio de 2015, dimitió como presidente regional en abril de 2017, cuando, tras ser imputado en este caso, renunció ante la amenaza de una moción de censura que arrebataría al PP el gobierno de una comunidad que controla desde 1995. El político dejó en septiembre de 2017 la presidencia del PP murciano y su acta como diputado autonómico.

Según el escrito de acusación, en septiembre de 2014, Sánchez, entonces consejero murciano de Educación, recurrió a los servicios de las empresas de Alejandro de Pedro para impulsar su carrera política. La imagen del político se encontraba deteriorada tras ser imputado en el caso Auditorio de Puerto Lumbreras, localidad murciana limítrofe con Almería, y de la que el político fue alcalde. Además, está procesado en el llamado caso Pasarelas, otro caso de facturas irregulares en aquel municipio.

Los trabajos reputacionales se concretaron en un coste de 4.600 euros al mes, que incluían los honorarios de un periodista para un diario digital, así como la creación de un portal que daría cobertura a los trabajos de carácter personal, y que durarían siete meses, de noviembre de 2014 a mayo de 2015, justo el periodo previo a la campaña electoral de ese año. Las cantidades estipuladas no se llegaron a cobrar al explotar la operación policial de esta causa judicial, a finales de octubre de 2014, que lo abortó.

En esta pieza del caso Púnica está también imputado el exconsejero murciano de Industria Juan Carlos Ruiz, quien acudió a De Pedro en su carrera por ser presidente regional en sustitución de al anterior presidente murciano Alberto Garre, que estuvo en el cargo hasta 2015 cuando tomó posesión Sánchez.. Esta investigación también ha afectado a la senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, cuya causa se instruye en el Tribunal Supremo al ser aforada. Adade reclama en su escrito una pena de 25 años de prisión para De Pedro y para su socio, el también exregidor cartagenero, en este caso socialista, José Antonio Alonso Conesa.

https://elpais.com/politica/2018/10/01/actualidad/1538405700_707450.html

LA FISCAL DE 'PÚNICA' PIDE DOS AÑOS DE PRISIÓN AL EXPRESIDENTE SÁNCHEZ Y DOS Y MEDIO A RUIZ

Quince acusados por la red de lavado de imagen con fondos públicos se encaminan a juicio, entre ellos seis antiguos altos cargos regionales

Los encausados en la pieza separada de la presunta trama murciana del 'caso Púnica', uno de los mayores casos de corrupción de la historia reciente en España, ya saben a lo que se enfrentan. Las fiscales que desde el año 2014 vienen impulsando estas diligencias, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez Díez, han dado a conocer su esperado escrito de calificación provisional, en el que piden condenas que suman más de 57 años de prisión para los quince acusados a quienes pretenden conducir a juicio.

Entre estos imputados destacan los nombres de Pedro Antonio Sánchez, quien fue presidente del Gobierno murciano y consejero de Educación, y Juan Carlos Ruiz, exconsejero de Industria y Turismo, en su día rivales políticos en la carrera sucesoria de Ramón Luis Valcárcel y hoy unidos por una misma causa de presunta corrupción. Para el primero, el Ministerio Público reclama dos años de prisión por presunto fraude, mientras que a Ruiz le pide dos años y medio por ese mismo delito.

Junto a los dos ex altos cargos del Gobierno regional se encuentran también acusados un grupo de antiguos responsables de la Consejería de Industria y Turismo, como son el exjefe de gabinete de Juan Carlos Ruiz, Fidel Saura Guerrero; la exdirectora del Instituto de Fomento (Info), María Reyes Samper Henarejos; la exdirectora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez Robles, y su secretario general, Jesús Norberto Galindo. Todos ellos afrontan peticiones de dos años y medio de prisión por presunto fraude, salvo Galindo, para quien la solicitud se queda en un año y medio.

Las fiscales atribuyen un papel trascendental en esta presunta trama delictiva a quien fue alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa, socio y conseguidor de otro de los supuestos cabezas visibles de la 'red Púnica', el informático Alejandro de Pedro Llorca. Los buenos contactos de los que disponía Alonso en la Región, entre los que resaltaba su estrecha amistad con la hoy senadora y exalcaldesa cartagenera por el PP, Pilar Barreiro, le habrían posibilitado el acercamiento a altos cargos murcianos como Ruiz y Sánchez. En el año 2014, estos se disputaban la sucesión de Ramón Luis Valcárcel al frente del PP regional y como cabeza de lista a las elecciones autonómicas.

Alonso se habría aprovechado de sus contactos para ofertar a los dos consejeros unos trabajos de mejora de imagen que se iban a pagar presuntamente con fondos públicos

En esa tesitura, ambos habrían recibido -y aceptado, según la Fiscalía- la propuesta que De Pedro y Alonso les habrían transmitido para realizar trabajos personales de mejora de su imagen en internet, que presuntamente iban a ser sufragados con cargo a las arcas públicas.

De esta forma, el lavado de la reputación de Ruiz se iba a financiar supuestamente por parte de Turismo, mediante un contrato con el nombre ficticio de 'Plan de Comunicación Digital del Instituto', por importe de 20.040 euros, y a través del Info, camuflando los pagos bajo la denominación 'Nuevo Plan de Comunicación e Imagen del Instituto de Fomento', que importaba 50.000 euros.

Aunque lo referente a los presuntos trabajos de imagen a Pilar Barreiro se lleva en el Tribunal Supremo, debido a los privilegios de los que disfruta como senadora, las fiscales consideran que también la entonces alcaldesa contrató los servicios de De Pedro y Alonso. En una primera fase se habrían camuflado como publicidad de las fiestas de la ciudad, mientras que en una segunda se habría decidido incluirlos en la misma partida a la que se iban a cargar los trabajos de reputación de Pedro Antonio Sánchez, en ese momento consejero de Educación. Esta vez, según la acusación pública, los pagos se iban a efectuar con cargo a unos fondos de formación de ese departamento, aunque el desarrollo de la operación policial en octubre de 2014 habría impedido que el plan se materializara.

Dos personas de confianza de Barreiro, Francisco Ferreño y Mar Conesa, son quienes se han llevado la peor parte de la acusación pública, al haberse consumado presuntamente en el Ayuntamiento cartagenero los delitos de fraude y malversación, entre otros, por lo que la petición de penas se eleva hasta 12 años.

La Fiscalía considera que la presunta trama en la Región habría incurrido en cuatro delitos de fraude, dos de prevaricación, dos de malversación de caudales públicos y dos de falsedad documental, por los que reclama la apertura de juicio.

La rama murciana de 'Púnica'
Juez: Manuel García Castellón del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de Madrid. Investigación: Guardia Civil.

Pedro Antonio Sánchez
Expresidente de la Comunidad Autónoma y diputado regional

Acusado de un presunto delito de fraude. Las fiscales solicitan una condena de dos años de cárcel.

José Antonio Alonso
Exalcalde de Cartagena

Acusado de presuntos delitos de fraude, malversación de caudales, falsedad documental y prevaricación. Le piden seis años y medio de cárcel.

Juan Carlos Ruiz
Exconsejero de Turismo de la Región de Murcia

Acusado de presuntos fraude y prevaricación. Le piden una condena de dos años y medio de cárcel.

Pilar Barreiro
Exalcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena y Senadora

Las fiscales dan por hecho que también contrató los trabajos de reputación que le ofrecieron Alonso y De Pedro, pero su caso se está viendo en el Supremo por disfrutar de fuero.

Reyes Samper
Exdirectora del Instituto de Fomento

Acusada de un presunto delito de fraude. Le piden una condena de dos años y medio de cárcel.

José Fidel Saura
Exjefe de gabinete del consejero de Turismo y exconcejal del Ayuntamiento de Cartagena

Acusado de presuntos delitos de fraude y prevaricación. Le piden una condena de dos años y medio de cárcel.

David Conesa
Miembro del Gabinete de Pedro Antonio Sánchez

Acusado de un presunto delito de fraude como cooperador necesario. Las fiscales piden que se le condene a un año y medio de cárcel.

Francisco de Asís Ferreño
Exjefe de Gabinete de la alcaldía de Cartagena

Acusado de delitos continuados de fraude, malversación y falsedad documental. Las fiscales reclaman una condena de doce años de cárcel.

Mar Conesa
Funcionaria del Ayuntamiento de Cartagena

Acusada de delitos continuados de fraude, malversación y falsedad documental. Las fiscales le piden doce años de cárcel.

Mariola Martínez
Ex directora general del Instituto de Turismo

Acusada de presuntos fraude y prevaricación. Le piden una condena de dos años y medio de cárcel.

Alejandro de Pedro
Administrador de hecho de la mercantil Madiva Editorial y Publicidad SL

Acusado de presuntos delitos de fraude, malversación de caudales, falsedad documental y prevaricación. Le piden seis años y medio de cárcel.

Adrián de Pedro
Hermano de Alejandro de Pedro y directivo de la mercantil Madiva Editorial y Publicidad SL

Estuvo encausado en su momento, pero las fiscales no han visto razones para mantener los cargos contra su persona. Exculpado.

Agustín Alonso
Hermano de José Antonio Alonso

Acusado de fraude, malversación de caudales, falsedad documental y prevaricación. Le piden seis años y tres meses de cárcel.

Jesús Galindo
Ex secretario general del Instituto de Turismo

Acusado de presuntos delitos de fraude y prevaricación. Le piden un año y medio de cárcel.

Eduardo Contreras
Exalcalde de Molina de Segura

Estuvo investigado, pero las fiscales no mantienen los cargos. Exculpado.

Marta García Rivas
Funcionaria del Ayuntamiento de Molina de Segura
Exculpada

Esther Gutiérrez
Exsecretaria particular de José Antonio Alonso
Estuvo investigada en su día, pero las fiscales no han mantenido los cargos contra su persona. Exculpada.

Vicente Gimeno
Subordinado de José Antonio Alonso
Estuvo investigado en su día, pero las fiscales no han mantenido los cargos contra su persona. Exculpado.

Guadalupe Caballero
Empleada de Alejandro de Pedro
Acusada de presuntos delitos de fraude, malversación de caudales y falsedad documental. Le piden seis años y dos meses de cárcel.

Sara Gargallo
Empleada de Alejandro de Pedro
Acusada de presuntos delitos de fraude, malversación de caudales y falsedad documental. Le piden seis años de cárcel.

María José Gutiérrez
Empleada de Alejandro de Pedro
Estuvo investigada en su día, pero los cargos se han sobreseído por parte del juzgado. Exculpada.

Francisco Javier Bueno
Director comercial de Madiva Editorial y Publicidad SL
Acusado de presuntos delitos de fraude, malversación de caudales y falsedad documental. Le piden seis años de cárcel.

https://www.laverdad.es/murcia/fiscal-punica-pide-20181010225446-nt.html

EL JUEZ INCLUYE AL EXPRESIDENTE DE MURCIA EN AUTO DE PROCESAMIENTO TRAS AVISAR EL FISCAL DE QUE FALTABA SU NOMBRE

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ordenó el procesamiento de Pedro Antonio Sánchez, entonces aforado, en junio del año pasado

Presuntamente, el expresidente tuvo "connivencia" con el empresario Alejandro De Pedro para realizar en 2014 trabajos de reputación online

El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha incluido al expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en la lista de personas a las que propuso procesar por la rama murciana de la trama Púnica, después de que la Fiscalía le advirtiese de que en el auto inicial no constaba este nombre.

En concreto, el Ministerio Fiscal presentó un recurso de reforma contra el auto de transformación del procesamiento abreviado –el equivalente al de procesamiento– en el que explicaba que debía integrarse en los fundamentos jurídicos del auto los hechos e indicios criminales relacionados con Pedro Antonio Sánchez, que en un primero momento había sido investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia porque como presidente, era aforado.

El juez reconoce ahora que "asiste la razón a la parte recurrente", la Fiscalía, y explica que, efectivamente, la Audiencia Nacional recibió y aceptó las actuaciones procedentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia referentes a la actuación del Pedro Antonio Sánchez en la presunta trama urdida en la región con fondos públicos para abonar trabajos de reputación a las empresas Eico y Madiva en colaboración con los restantes investigados.

De hecho, el expresidente aparecía en el relato de los hechos y, en particular, se le mencionaba al exponer su "connivencia" con el empresario Alejandro De Pedro para realizar en 2014 trabajos de reputación online, pero no fue incluido en la parte dispositiva, que ordenaba el procesamiento, como sí aparecían el resto de investigados, cosa que se enmienda con este auto de reforma.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ordenó en junio del año pasado el procesamiento de Pedro Antonio Sánchez, que era aforado ante este tribunal antes de dejar sus cargos como presidente de Murcia y diputado, y dio luz verde a la Audiencia Nacional para seguir las actuaciones del procedimiento abreviado abierto sobre él.

En aquel momento, el TSJ señaló como hechos punibles los contactos del que fuera consejero de Educación y miembro de su gabinete con personas relacionadas con dos empresas vinculadas a 'Púnica' para mejorar su imagen pública de cara a su postulación como candidato a la presidencia de Murcia en competencia con otros miembros de su partido.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/09/06/el_juez_incluye_expresidente_murcia_auto_procesamiento_tras_avisar_fiscal_que_faltaba_nombre_86473_1012.html

EL SUPREMO ARCHIVA LA CAUSA ABIERTA CONTRA LA SENADORA BARREIRO POR LA TRAMA PÚNICA

La juez no ve pruebas de que pagara dinero público para mejorar su reputación 'online'

La magistrada del Tribunal Supremo Ana Ferrer ha acordado este jueves el archivo del caso abierto a la exalcaldesa de Cartagena (Murcia) y senadora del PP (ahora del Grupo Mixto) Pilar Barreiro, que estaba investigada por su presunta con la trama de corrupción Púnica. La decisión de la juez ha llegado tras dos peticiones de la Fiscalía pidiendo el archivo al entender que no había indicios “racionales” de delito. Ferrer ha llegado a la misma conclusión tras tomar declaración a varios testigos relacionados con la Púnica.

Según la magistrada, no han quedado probado los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales y cohecho por los que se acordó la apertura de una investigación contra Barreiro. Esta causa se abrió el 28 de septiembre de 2017 tras el envío por parte del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional de una exposición razonada en la que recogía los indicios que existían contra Barreiro (aforada en el Supremo por su condición de senadora).

Velasco no podía investigar a Barreiro debido a la condición de aforada de la actual senadora y que, cuando se produjeron las primeras detenciones en octubre de 2014, era diputada. Velasco pidió al Supremo que lo hiciera al considerar que la exalcaldesa de Cartagena había contratado con dinero público a uno de los principales implicados en la Púnica, Alejandro de Pedro, para que mejorara en las redes sociales su reputación, que estaba muy deteriorada después de verse presuntamente vinculada al supuesto caso de corrupción Nova Carthago. Por esta causa también tuvo que declarar ante el Supremo, pero entonces el alto tribunal sobreseyó las acusaciones contra ella. Tras practicar todas las diligencias que planteó la magistrada Ferrer, analizar la documentación que obra en la causa, así como tomar declaración a varios testigos, la juez concluye que la instrucción está terminada y que no se ha consolidado un principio de prueba que de fuerza a “las sospechas de corrupción contra la investigada”.

En el auto dictado este jueves, la instructora afirma que la “precariedad de los indicios” acumulados contra Barreiro sobre el concierto para desarrollar a través de la contratación pública una trama defraudatoria que pudiera encajar en el delito de fraude (artículo 436 del Código Penal) imputado como primera infracción, arrastra al resto de delitos. De acuerdo con el criterio del fiscal, la magistrada explica que acuerda esta decisión debido a que “el débil, equívoco, y ambivalente material probatorio” carece de toda aptitud para generar un mínimo de certeza que justifique la continuación de la instrucción. Añade que sin perjuicio de que las actuaciones puedan ser reabiertas en un futuro contra la investigada, si se añadieran nuevos elementos de incriminación y sin que esta decisión trascienda respecto a las demás investigaciones realizadas en la causa que se sigue en el juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

https://elpais.com/politica/2018/10/25/actualidad/1540475219_062921.html

LA ACUSACIÓN PIDE JUZGAR A LA SENADORA BARREIRO POR CUATRO DELITOS Y QUE DECLARE PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

ADADE se opondrá al intento de sobreseimiento de la Fiscalía apelando a la “prueba documental” de la UCO

La acusación popular en el caso Púnica, ADADE, solicitará en las próximas horas que se abra juicio contra la senadora Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena y ligada al Partido Popular durante años. La acusación responde así al intento de la Fiscalía del Tribunal Supremo de archivar la causa contra ella y, además, reclama que se cite a declarar al expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y a su jefe de prensa, David Ferrer, antes de dictar un auto de transformación para juzgar a Barreiro por malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental.

Según ha podido saber ElPlural.com, ADADE presentará un escrito tras la petición de la pasada semana de la Fiscalía del Tribunal Supremo y de la defensa de la acusada, que insistían en pedir el sobreseimiento de la causa contra la senadora que ahora está en el Grupo Mixto tras darse de baja en el PP para “no perjudicar al partido”. El Ministerio Fiscal alegaba que no había pruebas documentales o no estaba “debidamente justificada" la creencia de que Barreiro hubiera cometido los delitos de los que se le acusaba.

Frente a ese razonamiento, ADADE recurrirá a la ingente prueba documental que ya ha aportado la UCO a la causa y que demuestra que Barreiro fue “inductora y beneficiaria” de los delitos de la Púnica por ser ella la persona que puso en contacto a los cabecillas de la trama con políticos como Pedro Antonio Sánchez para que les realizasen, también a ella, trabajos de reputación online pagados con dinero público. Y ella habría sido quien “conseguiría que se sufragase su reputación”.

Para cimentar esta relación, la acusación popular pedirá que se cite a declarar a Pedro Antonio Sánchez y a su jefe de prensa, o al menos que se envíen las declaraciones que realizaron en el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), donde el expresidente regional está siendo procesado por la Púnica, además de los casos Pasarelas y Auditorio.

Dado que los casos de Sánchez y el de Barreiro son gemelos y siempre han ido de la mano, ADADE cree que es “incomprensible” que el Tribunal Supremo actúe con la senadora de manera contraria a como lo está haciendo el TSJRM, que sí ha encontrado “indicios suficientes” contra el expresidente regional.

https://www.elplural.com/politica/acusacion-senadora-pilar-barreio-fiscalia-juicio-tribunal-supremo_200935102

LA FISCALÍA CUESTIONA QUE LOS TRABAJOS DE REPUTACIÓN A LOS POLÍTICOS DE PÚNICA SEAN DELITO

La Fiscalía del Tribunal Supremo cuestiona que los trabajos de reputación en internet a políticos que se investigan en la trama Púnica sean considerados delito. El Ministerio Público ha presentado este jueves un escrito reiterando la petición de archivar la causa donde se investiga a la senadora del Grupo Mixto, Pilar Barreiro, en el Alto Tribunal.

En dicho escrito de 16 páginas, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el fiscal afirma sobre los contratos de reputación online, su utilización con fines de promoción por parte de personas integradas en la política y sus modos de financiación que “la línea divisoria entre los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal de los cargos públicos no ha dejado, nunca, de ser: tenue y difusa“.

“En consecuencia”, añade, “imprecisa y confusa; debiendo ponderarse en cada caso concreto: si en los contratos adjudicados y en la creación de periódicos digitales dedicados a la publicidad institucional se escondían o solapaban beneficios personales y partidistas, completamente alejados de la función y del cargo público o si realmente las actividades promocionadas poseían un vínculo próximo e indisoluble con las políticas públicas anexas a los cargos que a las que debían servir los elegidos desde la legitimidad refrendada por las urnas”.

En este contexto, la Fiscalía afirma que los servicios de reputación encargados personalmente para mejorar su imagen política en las redes, “podría ubicarse perfectamente, sin desbordarlo, en el ámbito de la promoción, defensa y comunicación de las políticas públicas de interés general, sin que, por otra parte, del resultado de la investigación iniciada por el Juzgado Central de la Audiencia Nacional, agotada en esta instancia, pueda concluirse de manera unívoca, con la constancia y menos con la certeza de su utilización sesgada y partidista en favor de aquella”.

Según el Ministerio Público, “no se desprende hasta el momento la participación de la investigada en hechos objetivos penalmente relevantes. No se detectan, en efecto, en contra del parecer del magistrado instructor del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, la existencia de indicios de responsabilidad suficientes, que conlleven la necesidad de dirigir el procedimiento contra la aforada”.

“La entidad del comportamiento que los datos de la instrucción revelan no merece otra consideración que la de su censura, al haberse hecho acreedora de un merecido afeamiento. Reproche, que, sin embargo, no llega a tener encaje de manera adecuada en el orden penal, al pertenecer la aprobación o desaprobación de la conducta enjuiciada, a los dominios de la deontología; al conjunto de deberes y principios, escritos o no, que conciernen al desarrollo de cualquier profesión, oficio o similar ocupación” sostiene la Fiscalía.

El escrito de la Fiscalía critica además de manera abierta la instrucción de la trama Púnica por parte del magistrado Eloy Velasco, actualmente en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, así como su exposición razonada elevada al Tribunal Supremo donde pedía la imputación de Pilar Barreiro.

“Las conclusiones de la exposición razonada no parecen respetar el principio de intervención mínima, conforme al cual se le reconoce al Derecho penal su doble carácter subsidiario y fragmentario. Por otro lado del examen de la documental aportada, de la que el instructor infiere la existencia de datos incriminatorios tan sólo confirma las relaciones comerciales admitidas por la investigada con las empresas de publicidad EICO/MADIVA”, propiedad del experto informático Alejandro de Pedro.

“Se destaca finalmente, de igual forma, la inexistencia de datos incriminatorios que pudieran revelar que la investigada participó en la elaboración de un plan criminal para que el gasto personal de los trabajos de reputación anteriormente referidos, a efectuar por la sociedad EICO, fuera asumido por la Consejería de Educación de la Región de Murcia, a través de la adjudicación de un contrato de cobertura con el objeto simulado de ‘formación’; a mayor abundamiento cuando no existe documento alguno que permita confirmar dicha hipótesis” concluye el escrito.

https://okdiario.com/espana/2018/07/27/fiscalia-cuestiona-que-trabajos-reputacion-politicos-punica-sean-delito-2788068

 IU APREMIA AL JUEZ DE PÚNICA A DECIDIR YA SI IMPUTA AL PP Y A ESPERANZA AGUIRRE

La acusación popular del partido que lidera Alberto Garzón aprecia delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias o blanqueo de capitales

La "implicación, complicidad y cercanía" de la expresidenta con Francisco Granados hacen imprescindible su imputación, según el escrito

El juez García-Castellón rechazó en febrero las imputaciones, pero IU considera que la investigación ha arrojado nuevos indicios

La acusación popular de Izquierda Unida reclama al juez d el caso Púnica, Manuel García-Castellón, que decida ya si va a citar como imputado en esa causa al Partido Popular como persona jurídica y a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien dimitió en abril de 2017 tras la entrada en prisión de su sucesor Ignacio González por el saqueo del Canal de Isabel II. El pasado febrero, el magistrado ya rechazó ambas imputaciones y determinó que será el "resultado de las diligencias practicadas" en la investigación lo que determine el devenir de sus actuaciones.

Ahora, en un nuevo escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, la representación legal de IU pide la imputación de la formación conservadora al considerar que " en el trasfondo de las actividades criminales que realizaba la organización criminal que comandaba Ignacio González (...) se encontraba el propio PP", partido al que sitúa como "beneficiario directo de las actividades de la trama".

IU alude al supuesto desvío de fondos desde la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid en los ejercicios 2012 y 2013 para el pago de gastos de campaña, unos ingresos que el partido no habría reflejado a la Hacienda Pública. Además, según IU, de la información que Indra puso recientemente a disposición del juzgado, se deduce que el PP se valió de la tecnológica para llevar a cabo esa conducta.

La representación de IU aprecia en el supuesto desvío de fondos desde la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid o Indra al PP, en los ejercicios 2012 y 2013, los delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública, así como la perpetración de un delito electoral".

Sobre Aguirre, IU entiende que su grado de " implicación, complicidad y cercanía" con el principal cabecilla de la trama corrupta, además de la propia responsabilidad que tenía como presidenta del PP de Madrid, hacen imprescindible que comparezca como imputada para responder sobre su participación en posibles delitos de encubrimiento, pues el partido considera que evitó de forma "consciente" denunciar "las actividades ilícitas llevadas a cabo por Ignacio González y su red corrupta".

https://www.eldiario.es/politica/IU-Punica-PP-Esperanza-Aguirre_0_815419230.html

LA CÁMARA DE CUENTAS REFUERZA LAS SOSPECHAS SOBRE UN MACROCONTRATO DE PUBLICIDAD INVESTIGADO EN 'PÚNICA'

El órgano fiscalizador concluye que el Canal de Isabel II adjudicó a una empresa 5,56 millones sin transparencia y sin justificar siquiera por qué había cuantificado la licitación en ese importe

Un directivo de la firma beneficiada ya admitió ante el juez que ignora "si tiene sentido" que el Gobierno madrileño asignara una cifra de tal calibre a propaganda del uso racional del agua pero negó que sirviera para financiar al PP

Un informe emitido el pasado 25 de julio por la Cámara de Cuentas de Madrid ha venido a reforzar las sospechas de juego sucio en uno de los mayores contratos de publicidad que investiga la Audiencia Nacional dentro de la Operación Púnica. Relativo al Canal de Isabel II, el dictamen del órgano fiscalizador concluye que la empresa de aguas adjudicó en enero de 2014 a una misma compañía –Arena Media, del grupo Havas– 5,56 millones por una amalgama de servicios publicitarios que se agruparon sin que nadie explicase el porqué, lo que lesionó el principio de transparencia. Y que se cuantificaron en un importe multimillonario (4,6 millones sin IVA) sin que tampoco nadie se molestara en dejar en el expediente administrativo una sola pista de cómo se había alcanzado esa cifra.

¿Es este uno de los contratos públicos que, supuestamente, utilizó la Comunidad de Madrid durante los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González para financiar campañas del PP? El interrogante sigue hoy abierto, pero es justamente el que alimenta la investigación judicial sobre la millonaria adjudicación del contrato bautizado como de "Servicios de gestión de compra de medios y diseño de campañas y acciones de comunicación de Canal de Isabel II Gestión SA". El contrato, de 15 meses de duración e "incorrectamente" prorrogado –denuncia la Cámara–, se extendió hasta 2015. Su ejecución coincidió por tanto con dos años electorales: 2014, en que se celebraron comicios europeos; y 2015, en que hubo elecciones autonómicas y municipales en mayo y, finalmente, generales en diciembre.

Como desveló infoLibre, el expediente administrativo lleva desde el otoño de 2016 en manos de la Oficina Antifraude de la UE (OLAF). En el escrito con el que reclamó la documentación del contrato, la OLAF hizo constar que "posiblemente" se había cofinanciado con dinero europeo.

Ante el juez del caso, el que en 2014 era director general de Arena Media, David Colomer, ya admitió como testigo que ignora "si tiene sentido" que un gobierno dedique una partida de semejante envergadura a propaganda mediática sobre el uso racional del agua.

Cuando el magistrado le interpeló sobre por qué el Ejecutivo regional había externalizado la tarea de insertar anuncios en lugar de encomendársela a su Dirección General de Medios, el testigo respondió así: "Buena pregunta".

El ejecutivo negó no obstante que los fondos se hubieran usado para financiar al PP. Y descartó que parte de los trabajos hubieran sido subcontratados a Alejandro de Pedro, el experto en reputación online que, según la investigación, lavó en internet la imagen de diversos dirigentes del PP con cargo a contratos públicos de teórica índole institucional .

Expertos en publicidad consultados en su día por este periódico explicaron que cuando una central de medios contrata publicidad a gran escala en periódicos, radios o televisiones, suele obtener espacios gratuitos en esos mismos medios. Y esos espacios puede dedicarlos, si quiere, a insertar anuncios de sus clientes prioritarios.

El mensaje del conseguidor Alejandro de Pedro

El porqué de las preguntas que tanto la UCO (la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) como el juez formularon al exdirector general de Arena Media sobre Alejandro de Pedro tiene su explicación en las conversaciones interceptadas en la Operación Púnica. En uno de los sms cruzados entre el empresario y la que durante la etapa de Aguirre y González fue directora general de Comunicación, Isabel Gallego, constata que De Pedro le pidió que le transmitiera un mensaje a Salvador Victoria, en 2014 número dos del Gobierno de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, apenas dos semanas después de que Arena Media hubiese obtenido el contrato.

El mensaje decía literalmente esto: "Isa solo una cosa me imagino que estarás en la asamblea [de Madrid]. Podrías decirle a salva si puede desayunar conmigo, sé q han adjudicado el tema pero yo sigo igual, sin noticias. Quería q me pusiera ya la reunión con arena".

El exdirector de Arena confirmó en su declaración que se había reunido con Salvador Victoria antes de que la adjudicación se formalizara. Pero le restó importancia al asunto: Victoria quería conocer la empresa para saber simplemente cómo había podido hacer una oferta que Colomer vino a definir como muy buena.

Pero si los investigadores de Púnica ya albergaban dudas sobre el objetivo real de ese contrato, el informe de la Cámara de Cuentas madrileña desgrana ahora los puntos que oscurecen esa adjudicación. Constituye, dice el documento [pincha aquí y ve a la página 270 del pdf], "un ejemplo de la falta de determinación precisa y de justificación adecuada de la naturaleza y extensión de las necesidades que el contrato iba a atender".

Las "carencias del somero informe de necesidad e idoneidad" –añade el informe– impiden "conocer las razones por las que un conjunto de prestaciones heterogéneas se agrupan en un solo contrato frente a la situación anterior y a la posterior". Es decir, que ni antes se había seguido ese método ni después volvió a aplicarse.

El órgano fiscalizador cita, aplicando su contenido a este caso, una Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (RTACRC) que dispara al núcleo del problema: "La amalgama de tan distintas prestaciones, la indefinición deben llevarnos a concluir que efectivamente se vulnera el principio de transparencia".

Pero hay más aún. Al abordar el aspecto de la cuantificación del contrato, la Cámara dice esto: "El expediente declara en diversos de sus trámites que el presupuesto máximo de licitación es de 4.600.000 euros (IVA excluido) pero carece de cuaqluier justificación o explicación de cómo ha llegado a determinarse dicha cantidad o de su adecuación a las necesidades previstas, al objeto del contrato, a la duración del mismo o al mercado".

El colofón final del informe se refiere a la duración del contrato. El pliego de condiciones, recuerda la Cámara, "declaraba expresamente que el plazo de ejecución del contrato era de 15 meses y que no era procedente la prórroga del mismo". Pese a ello, "el órgano de contratación aprobó incorrectamente la prórroga del contrato".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/09/03/la_camara_cuentas_refuerza_las_sospechas_sobre_uno_los_mayores_contratos_publicidad_investigados_punica_86291_1012.html

UN EXDIRECTIVO DE ICM MANTIENE QUE GONZÁLEZ ORDENÓ RECAUDAR UN MILLÓN DE EUROS PARA EL PP MADRILEÑO

Corujo defiende ante el juez que Martínez Nicolás le confesó presiones del expresidente regional pero niega irregularidades en los contratos

El exdirector la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid Silvano Corujo ha ratificado este viernes ante el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga la trama Púnica, Manuel García Castellón, que el expresidente madrileño Ignacio González le pidió en torno a un millón de euros al exconsejero delegado de la agencia José Martínez Nicolás para financiar determinadas campañas del PP madrileño, aunque ha precisado que él no tenía influencia alguna en las adjudicaciones.

Según informan fuentes jurídicas, Corujo, que ha declarado en calidad de testigo, ha explicado que Martínez Nicolás le comentó que se sentía presionado por el encargo hecho por el expresidente de la Comunidad de Madrid, si bien ha apuntado no le consta que se pagaran sobornos a cargos públicos por parte de empresas contratadas con la ICM.

Al respecto, el exdirectivo de la agencia ha asegurado que él formaba parte de las mesas de contratación pero que no ocurría lo mismo con Martínez Nicolás, ya que este no acudía a los comités de dirección ni a las mesas de compra. De hecho, ha dicho que el exconsejero delegado actuó siempre de la mejor manera, según las citadas fuentes.

El magistrado que comenzó instruyendo la trama 'Púnica', Eloy Velasco, consideró a Corujo "testigo privilegiado" de los hechos precisamente por su posición dentro de esta agencia. En su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción en el año 2015, el testigo expuso que existían determinados contratos "inflados" de la entidad pública con las mercantiles PriceWaterhouseCooper (PWC) e Indra.

En esta ocasión, y preguntado por estos contratos, el testigo ha dicho que desconoce si existían irregularidades puesto que la gestión de estos acuerdos se llevaba a cabo desde la sede del Gobierno madrileño y que el responsable era el entonces secretario general técnico de la Consejería de Economía y Hacienda, Blas Labrador Román, y quien sustituyó a Martínez Nicolás en el cargo desde el año 2014.

"Contratos cautivos"

A preguntas de la fiscal Carmen García acerca de los "contratos cautivos" con los que González habría ordenado recaudar un millón de euros para financiar irregularmente al PP madrileño y a los que hizo referencia en la denuncia que antepuso en la Fiscalía Anticorrupción, Corujo ha explicado que en este tipo de adjudicaciones siempre hay una empresa que, por su potencial técnico y su conocimiento en la materia, suele ser la que gana los concursos públicos.

Al respecto ha matizado que las órdenes de los contratos vienen de instancias superiores dentro del Gobierno regional y que ICM es simplemente el brazo ejecutor, aunque ha asegurado que no conoce ningún alto cargo de Indra, a quien se le habría encargado la adjudicación del recuento electoral de las elecciones autonómicas.

La versión que prestó este testigo en Anticorrupción fue clave para el inicio de la investigación 'Lezo' sobre presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II. Precisamente tanto Martínez Nicolás como Ignacio González están investigados en esta causa, siendo este último el presunto cabecilla de la misma.

https://www.eldiario.es/madrid/exdirectivo-ICM-Gonzalez-PP-madrileno_0_789871389.html

LA GUARDIA CIVIL ACUSA A LÓPEZ MADRID DE LLEVARSE 700.000 EUROS POR EL METRO LIGERO DE MADRID

Un nuevo informe en Púnica cerca a Francisco Granados y sus tejemanejes con Marjaliza y el yerno de Villar Mir

A paso lento, pero la Justicia sigue avanzando en la investigación del caso Púnica. En concreto, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que ha entregado al juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional un informe que cerca aún más a Francisco Granados y a sus supuestos cómplices en la trama, con especial atención a Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir, fundador de OHL.

Dicho informe de la Guardia Civil, de casi 150 páginas, analiza el “conjunto concatenado de hechos” que llevó a que Francisco Granados le otorgara a una empresa de su socio David Marjaliza -quien ahora colabora con la Justicia- la construcción del Metro Ligero a Boadilla, con la mediación de López Madrid.

Por una parte, David Marjaliza habría suscrito un contrato privado entre dos empresas bajo su control, ARUBA y OBRUM, “con el objeto de que la primera aportara contratos de obra a esta última” aunque, en realidad, “la finalidad del mismo habría consistido en otorgar apariencia de legalidad a las comisiones percibidas por favorecer la adjudicación de diversos contratos”.

Mientras eso ocurría, Francisco Granados se convertía en consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y, en consecuencia, en presidente de MINTRA (Madrid Infraestructuras del Transporte). Desde esa empresa pública, Granados “adjudicó a la empresa constructora, de manera directa o por medio de otras sociedades mercantiles, distintos contratos de obra para la construcción de infraestructuras ferroviarias”. Y, mientras Marjaliza salía beneficiado por partida doble.

Aquí es donde entra en juego Javier López Madrid, yerno de Villar Mir y personaje relacionado con el comisario Villarejo y las tarjetas black de Caja Madrid, a quien la Reina Letizia llamaba “compi yogui”. Según la Guardia Civil, “López Madrid desempeño un papel fundamental para que la sociedad mercantil OBRUM adquiriera un porcentaje de participación en el contrato de obra adjudicado por la entidad MINTRA, para la construcción del Metro Ligero desde Colonia Jardín a Boadilla del Monte”.

El contrato del Metro Ligero, en principio, se lo llevó ELSAN, perteneciente a la sociedad Obrascon Huarte Lain, “de la que Javier López Madrid era consejero delegado, en unión con otras dos sociedades mercantiles”. Pero la Guardia Civil aclara que “la participación inicial de ELSAN” en la adjudicación del Metro Ligero “habría respondido a un plan urdido entre David Marjaliza y Javier López Madrid, con el objeto de que esta última empresa facilitase la entrada en el mencionado contrato a OBRUM”, la empresa de Marjaliza.

https://www.elplural.com/politica/espana/punica-javier-lopez-madrid-comision-metro-ligero-francisco-granados_204059102

“YO ENVIÉ EL ANÓNIMO SOBRE EL MALETÍN DE GRANADOS”

David Marjaliza reconoció el pasado julio que fue él quien puso a la Fiscalía sobre la pista del maletín con 922.000

Billetes de 500 y 100 euros hallados en el maletín de Francisco Granados encontrado en el altillo de casa de sus suegros. Las imágenes están documentadas en el informe de la Guardia Civil. GUARDIA CIVIL.

“El famoso anónimo que se mandó a la Fiscalía, lo mandé yo desde prisión”. David Marjaliza reconoció el pasado julio que fue él quien puso a la Fiscalía sobre la pista del maletín con 922.000 euros que apareció en la casa de los suegros de Francisco Granados en diciembre de 2015. El maletín estaba cerrado con “dos candados” y “oculto por varios libros en un altillo”, según consta en el informe. Los agentes registraron la casa de los suegros de Granados después de que la Fiscalía recibiera este anónimo. “Estaba en prisión, tenía miedo…”, explica Marjaliza las razones para no haber realizado esa revelación ante el juez.

Marjaliza supo del maletín la noche que compartió celda con Granados en la prisión Soto del Real. “Me dijo que estaba muy preocupado por una libreta que había cogido la Guardia Civil en la que estaban los ingresos que los empresarios hacían al PP. Estaba muy nervioso”, explica el constructor. Esa noche, Granados le reveló que tenía escondida una cantidad de dinero, que no especificó, con “alguien de su confianza”. Ese fue el mensaje que Marjaliza envió desde prisión “a través de un intermediario”, según fuentes cercanas a la defensa del constructor.

La Guardia Civil registró varios lugares de personas cercanas a Granados y encontró el maletín en la casa de sus suegros. Contenía 1.630 billetes de 500 euros; 233 billetes de 200 y 604 billetes de 100: 922.000 euros en total. En un primer momento, el suegro de Granados dijo que el maletín podría ser de algún “fontanero” o de “trabajadores de Ikea, que fueron a poner un armario”.

Posteriormente, Granados reconoció que le pertenecía: “El dinero del altillo es mío, pero no tengo más”. Marjaliza lo refuta: “Los 30 millones no me los van a pillar nunca, los tengo en dos fundaciones”, dice que le comentó Granados, “y ahí nos quedamos”.

https://elpais.com/ccaa/2018/09/20/madrid/1537467742_635707.html

EL PRINCIPAL TESTIGO DE LA PÚNICA EN EXTREMADURA ACORRALA AL PP

Tras entregar un Cd con pruebas a la Guardia Civil, este técnico del Ayuntamiento de Almendralejo confirma que se amañó un concurso público

Casi cuatro años han pasado desde que estallase la trama Púnica, desde que el 27 de octubre de 2014 fueran detenidos diferentes ediles, funcionarios y empresarios por supuestas adjudicaciones de servicios públicos por valor de 250 millones de euros a cambio de mordidas. Cuatro años después, se siguen conociendo nuevos datos de esta trama de corrupción que se extiende por diferentes ayuntamientos donde gobernaba el PP, con su epicentro en Madrid.

Así, mediante una adjudicación de un contrato de iluminación y servicios energéticos a la empresa Cofely por valor de 20,2 millones de euros y con la ayuda del alcalde del Partido Popular de Almendralejo, entró la trama Púnica en Extremadura.

Cada información que se conoce, cerca un poca más al alcalde popular de este municipio extremeño, José García Lobato, ya imputado. Y es que, según ha podido saber ElPlural.com, el principal testigo del caso ha ratificado en su declaración ante el juez lo que ya dijo a la Guardia Civil: que los pliegos de la adjudicación del contrato se hicieron a imagen y semejanza de la empresa Cofely para que esta fuera la elegida. A cambio, se investiga si el alcalde habría recibido una mordida de 180.000 euros.

“Indiciariamente consideramos que del estudio de las evidencias documentales y electrónicas (en poder de la UCO) relacionadas con los intercambios de información sobre el contrato de marras, y su gestión por el Ayuntamiento de Almendralejo, se constata la intensa participación de los empleados y directivos de Cofely en la elaboración de los pliegos que licitó el Ayuntamiento por importe de 20,2 millones de euros y con duración de 15 años”, explicaba el juez en el auto al que tuvo acceso este diario para la imputación del alcalde.

Ahora, este testigo y colaborador que entregó a la Justicia un Cd con documentación que probaba esa ayuda a la empresa, ha relatado ante el juez como diferentes técnicos y concejales del Ayuntamiento responsables de Urbanismo y Obras Públicas se reunieron en varias ocasiones con empresas para corregirles errores en sus propuestas. En otras palabras, se les dio toda la información necesaria para que sus propuestas fueran ideales y ganasen un corcuso lleno de irregularidades.

Entre las empresas mencionadas, destaca Ilumined y Cofely, esta última, la escogida para llevar la iluminación y la eficiencia energética de Almendralejo. Es más, este testigo ha llegado a confirmar las sospechas del PSOE: que fue la propia empresa Cofely la que redacto los pliegos del contrato.

“Nosotros denunciamos que los pliegos los hacia la empresa y, presuntamente, se los remitía al Ayuntamiento con chapuzas tan visibles como que llevaba incluidos los datos del clima de Madrid y no los de Almendralejo. Lo dijimos hace años y ahora lo demuestra la UCO”, explico la líder del PSOE Piedad Álvarez a ElPlural.com

Ahora es este testigo el que relata como las empresas mandaban sus escritos y el Ayuntamiento pedía que se revisaran y se corrigieran las posibles errores cometidos.

La Púnica en Extremadura y cuadro delitos de corrupción

Que la trama Púnica dio el salto de Madrid a Extremadura entrando por Almendralejo es algo que el PSOE lleva años denunciando. Después, llegó la imputación del alcalde del PP tras un contundente informe de la UCO.

En 126 páginas, los agentes de la Guardia Civil explicaban paso a paso cómo el alcalde Lobato le dio a Cofely toda la información necesaria para que fueran ellos los ganadores de la adjudicación.

“La infiltración de Cofely en el ejercicio de las funciones públicas fue posible por el consentimiento y estímulo proactivo del máximo regidor municipal”; es decir, José García Lobato, “que les permitió conocer los datos de auditorías previas con antelación suficiente e incluso redactar los pliegos que iban a regular la licitación”, reza el auto del juez de instrucción, dando peso a las denuncias hechas por los socialistas de Almendralejo.

Los británicos no entienden por qué los españoles vivimos tanto
Y hay más porque, en su declaración, este testigo relata como otras empresas acudieron al pueblo para hacer auditorías, pero que no le consta que nadie de Cofely se personase en Almendralejo para hacer una auditoria propia.

Por todo ello, el alcalde tuvo que declarar en calidad de investigado por cuatro delitos el pasado 27 de noviembre: cohecho, fraude, revelación de secretos y tráfico de influencias. En esa declaración, el propio alcalde, José García Lobato, reconoció le dio los pliegos del concurso a la empresa.

Una adjudicación que nunca se dio
Hay que aclarar que la adjudicación nunca se llegó a dar a Cofely. Antes de que se pudieran cerrar todos los detalles, se produjo una denuncia de un guardia civil y la UCO se personó en el pueblo para llevarse los pliegos y toda la documentación. Sin embargo, que no se materializara el contrato, no elimina las posibles irregularidades cometidas que se investigan en la pieza separada número 6 dentro de esta gran trama de corrupción que afecta al PP, el caso Púnica.

De defender a Millán Astray a insultar a la oposición

Pero además, José García Lobato es conocido por haber asistido a un acto en homenaje del franquista y fundador de la Legión Millan Astray y por llamar “zorra” a su rival socialista en la oposición.

Definió a Piedad Álvarez, la portavoz socialista y delegada de Educación en Badajoz, como “la zorra que cambia de pelo, pero no de costumbres”.

https://www.elplural.com/politica/punica-principal-testigo-acorrala-pp-extremadura_202659102

LOS PADRES DE UN COLEGIO INVESTIGADO EN 'PÚNICA' AVISARON POR CARTA A RAJOY Y COSPEDAL EN 2009 DE SUS SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN

Los afectados por la concesión en Yebes (Guadalajara) de suelo para un colegio a una de las cooperativas de profesores que cayeron en la trampa de la red corrupta alertaron a distintos dirigentes del PP Las misivas, en las que informaban de que el alcalde había reconocido de manera pública que la licitación se había hecho a la medida del concesionario, nunca obtuvieron respuesta

"Podemos estar hablando incluso de corrupción si realmente el concurso se hizo a medida, tal y como ya declaró el alcalde del PP a la prensa". El entrecomillado procede de la carta que a finales de 2009 envió la ampa (asociación de madres y padres) del colegio Luz de Yebes (Guadalajara) a Mariano Rajoy con copia para María Dolores de Cospedal.

Ahora incorporada a las actuaciones de la Operación Púnica, la misiva demuestra que los entonces presidente y secretaria general del PP fueron puestos en alerta por quienes ya cinco años antes del estallido del caso albergaban graves sospechas sobre la adjudicación de suelo municipal en Yebes a una de las cooperativas de profesores que cayeron en la trampa de la red corrupta.

La carta que la ampa del Colegio Luz de Yebes entregó "en mano" -así lo especifica una nota manuscrita igualmente incorporada al sumario de Púnica– no lleva fecha. Pero fuentes de los afectados localizados por este periódico y que pidieron expresamente mantenerse en el anonimato aseguran que el texto llegó a la sede de Génova "en torno al 20 de octubre de 2009". Ese mes aparece en el encabezamiento de otras cartas que los afectados remitieron a otros dirigentes de segundo y tercer nivel del PP. "No hubo respuesta de los destinatarios", finaliza la nota manuscrita en referencia a Rajoy y Cospedal.

El sistema funcionaba así: Alfedel SL, una de las empresas vinculadas al entramado político-empresarial de Púnica, captaba a profesores dispuestos a funcionar en régimen de cooperativa y para los que, gracias –presuntamente– a sus influencias políticas, obtenía suelo destinado a centros escolares con la promesa de que se regirían por un concierto educativo. Es decir, que se integrarían en la red de colegios financiados con el presupuesto público.

A cambio, los profesores pagaban al dueño de Alfedel una especie de carísimo impuesto revolucionario que, básicamente, consistía en contratar las obras y todos los trabajos precisos con las empresas de la constelación societaria que desde 2014 investiga en Púnica la Audiencia Nacional. Y entre esas empresas figuran aquellas en las que accionarialmente participaba el hoy arrepentido David Marjaliza, considerado el gran socio en la sombra de Francisco Granados, que durante años fue número dos del PP madrileño. El colegio de Yebes, por ejemplo, lo construyó Obrum.

En mayo de este año y ahora regido por el PSOE, el Ayuntamiento de Yebes envió un escrito al instructor de Púnica, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, en el que denunciaba los hechos relacionados con la adjudicación del citado colegio. Antes, algunos de los afectados ya le habían contado a la Guardia Civil que el pliego de condiciones en que se basó la concesión de Yebes era idéntico a otros lanzados por el Ayuntamiento de Valdemoro, feudo de Francisco Granados, para la concesión de colegios promovidos por Alfedel en ese municipio madrileño.

Cooperativistas con la soga al cuello

El dueño de Alfedel, Alfonso Ferrón, imputado de primera hora en Púnica, fue hasta 2007 administrador de la cooperativa fundada para gestionar el colegio alcarreño, bautizado como Luz de Yebes. Hoy, los 50 cooperativistas que se embarcaron en un crédito que fuentes conocedoras del episodio cifran en 18 millones para capitalizar su sociedad y levantar las aulas están con la soga al cuello. En noviembre de 2011 un juez aceptó la declaración de concurso de acreedores presentada por la sociedad cooperativa, denominada Milenia.

El prometido concierto educativo, aquel que, según fuentes de la arruinada cooperativa, enarbolaron Ferrón y el Ayuntamiento de Yebes como señuelo, jamás fue suscrito con la Junta de Castilla-La Mancha. En aquella legislatura la Junta estaba gobernada por el PSOE. Cospedal no había llegado aún a la presidencia de la comunidad pero ya dirigía allí el partido.

En ese contexto y bajo el argumento de que existía una "gran demanda" de plazas escolares -el colegio se diseñó para nada menos que 1.600 alumnos-, el consistorio de Yebes se había lanzado en 2007 a una operación que excedía por completo de sus competencias: otorgar sobre una parcela pública una concesión de 50 años bajo el argumento de que existía una "gran demanda" de centros escolares sostenidos con fondos públicos. Hoy, el municipio ni siquiera alcanza los 3.500 empadronados. En 2007 su censo ascendía a 302 habitantes.

La "licitación" solo recabó el interés de Ferrón. Y, según el relato que los padres de alumnos hicieron en su carta a Rajoy y Cospedal, el propio alcalde de Yebes manifestó que se sacó a concurso "según las características que le había solicitado el concesionario". El actual gobierno local de Yebes sostiene, además, que la adjudicación se formalizó sin informes técnicos.

En su carta a Rajoy y Cospedal, la ampa del Luz de Yebes lanzaba duras acusaciones: "Señor Rajoy, un ayuntamiento de su partido asumió una competencia que no le corresponde y no dudó en manipular la causa objeto del concurso para licitar un colegio de 1.600 plazas. Una inversión cercana a los 26 millones de euros ha sido realizada sin ningún tipo de garantía jurídica, 50 cooperativistas que a la vez son profesores y sus familias avalan personalmente el proyecto con sus bienes presentes y futuros". Ese ayuntamiento, proseguían los autores de la misiva, había sido capaz de "manipular un concurso público o incluso de prevaricar".

Al igual que el ampa, también los cooperativistas enviaron misivas a otros dirigentes del PP de segundo o tercer nivel. Entre ellos el actual presidente del partido en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que era secretario de política local; el presidente del PP en Guadalajara, dos diputados por esa misma circunscripción y el alcalde de Yebes, también del PP en ese momento y sucesor del que había otorgado la concesión a la cooperativa de profesores.

Yebes saltó al primer plano de la polémica a comienzos de la pasada década cuando se supo que su elección como parada del AVE Madrid-Barcelona había beneficiado objetivamente a la familia política de Esperanza Aguirre. Suyos, de una tía del marido de la expresidenta madrileña, eran los terrenos recalificados para erigir el proyecto ferroviario en un paraje separado del casco urbano, Valdeluz. La proyección demográfica publicitada en 2005 a bombo y platillo calculaba que Yebes alcanzaría los 34.000 habitantes en una década.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/09/05/los_padres_uno_los_colegios_investigados_punica_avisaron_por_carta_rajoy_cospedal_sus_sospechas_corrupcion_2009_86393_1012.html

LA GUARDIA CIVIL ACUSA DE MALVERSACIÓN AL EXALCALDE DEL PP EN COSLADA POR EL ‘CASO PÚNICA’

Un último informe de la UCO concluye que Raúl López gastó 10.337,5 euros de las arcas municipales para mejorar su reputación personal en Internet

El caso Púnica de corrupción política vuelve a golpear a un cargo público del PP de Madrid. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado en la Audiencia Nacional un informe en el que concluye que el que fuera alcalde popular de Coslada y hoy al frente de la oposición municipal, Raúl López Vaquero, cometió presuntamente delitos de malversación y tráfico de influencias al contratar a dos empresas de la trama con dinero público para mejorar su imagen en Internet. El documento policial apunta también a que cuando se produjeron las primeras detenciones, en octubre de 2014, López Vaquero había mantenido al menos un encuentro con dos implicados en la red de corrupción en los que, presuntamente, estos llegaron a ofrecerle una comisión por amañar un contrato de eficiencia energética. EL PAÍS ha intentado sin éxito contactar con el político a través del grupo municipal del PP y de la sede del partido en la localidad para conocer su versión. López Vaquero no figura hasta ahora como imputado en la causa.

El informe de la UCO –fechado el 13 de junio pero que no había trascendido hasta ahora— analiza a lo largo de 52 páginas los contactos que entre 2012 y 2014, cuando López Vaquero era alcalde, mantuvo con el experto informático Alejandro de Pedro, imputado en varias de las piezas del sumario del caso Púnica por facturar a administraciones públicas trabajos personales de cargos públicos, en su mayoría del PP. De Pedro declaró tras su arresto que había conocido al exalcalde de Coslada a raíz de su participación en la campaña electoral del PP a las municipales y autonómicas de 2011. Así, entre ese año y el siguiente una de sus empresas, EICO, realizó trabajos de reputación online en favor de López Vaquero para alterar el resultado de los buscadores de Internet y conseguir que en los primeros lugares de las búsquedas no aparecieran las noticias relacionadas con la denuncia por malversación que contra él había dirigido los concejales de la oposición.

Para ello, la trama incluyó contenidos favorables a él en Noticias de Coslada –un diario digital creado expresamente por De Pedro con tal fin— y lanzaron multitud de mensajes en las redes sociales a través de perfiles falsos controlados por la red de corrupción. En los registros, la UCO ha localizado varios de los informes que el experto informático hizo llegar al alcalde para darle cuenta de los resultados y que remitía al correo particular del político.

Auditorías y 'banners'

El cobro por estos servicios se realizó presuntamente con cargo a las arcas municipales mediante varias facturas que los investigadores consideran falsas. Así, en diciembre de 2011 EICO cobró 5.800 euros por la “realización de auditoría y guía de normas y uso de las redes sociales y presencia en Internet del Ayuntamiento de Coslada”. Ya en 2014 cobraría una segunda partida, en este caso a través de otra empresa, Madiva, y por un importe de 4.537,5 euros. El concepto recogido fue la inclusión de banners de publicidad del consistorio en el diario creado, precisamente, para mejorar la imagen del alcalde. En total, la red de corrupción se embolsó 10.337,5 euros.

La Guardia Civil también destaca que De Pedro utilizó su cercanía con el alcalde –el informe recoge numerosos mensajes y varias llamadas cruzadas con él- para “interceder en favor de terceros”. Entre ellos, el constructor David Marjaliza, cabecilla de la trama y que desde el verano de 2015 colabora con la Justicia. Según detalla el informe, fue el experto informático quien puso a Marjaliza y al alcalde de Coslada en contacto en septiembre de 2014 para que el primero ofreciera los servicios de eficiencia energética de Cofely al regidor.

El informe recoge como los tres se reunieron en una marisquería en la que supuestamente Marjaliza ofreció a López Vaquero una comisión a cambio de que este adjudicara el contrato a la multinacional energética. Tras aquel encuentro, el informe destaca que “los contactos se interrumpieron y poco después se produjo las primeras actuaciones contra la trama investigada lo que frustró cualquier continuidad en las gestiones que venían practicando”. El informe concluye adjudicando a López Vaquero los delitos de malversación y tráfico de influencias “por destinas fondos públicos al pago de servicios de reputación online a su favor”. También acusa a De Pedro de ambos delitos y otro de cohecho. A Marjaliza, únicamente el de cohecho por el supuesto ofrecimiento de una comisión al entonces alcalde de Coslada.

https://elpais.com/ccaa/2018/08/31/madrid/1535730155_335946.html

EL INFORMÁTICO IMPUTADO EN PÚNICA PIDE A LA FISCALÍA QUE EL CNI CERTIFIQUE SI LE PAGÓ POR SUS SERVICIOS

El informático investigado en la trama Púnica, Alejandro de Pedro, ha solicitado al Centro Nacional de Inteligencia CNI que acredite las retribuciones económicas que percibió por sus servicios tras volver a ser acusado de obtener estos fondos de forma ilícita por la Fiscalía.

En su escrito de acusación presentado el pasado mes de marzo, el Ministerio Público afirmaba que “en el momento de su detención, el 27 de octubre del 2014, se intervino al acusado Alejandro de Pedro, entre los bolsillos de su chaqueta 82.000 euros procedentes de sus ganancias ilícitas”.

En el escrito de defensa presentado por De Pedro sobre la pieza de León de la Púnica, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el letrado del experto informático pide al CNI que “certifique” si ha visitado las instalaciones del Centro Nacional de Inteligencia durante los años 2013-2014 y en su caso en qué fechas; si es cierto que De Pedro o su mercantil EICO prestaron servicios, bien directamente, bien bajo su supervisión; y finalmente, que “certifiquen las cantidades económicas que el citado CNI o persona o entidad relacionada con el citado centro abonó a De Pedro, o a EICO“.

La defensa del informático afirma que “la cantidad de 82.000 euros que indica el Mº Fiscal en su escrito de acusación que provienen de procedencia ilícita e incierto teniendo su origen, en su mayoría, proveniente de los servicios que realizó Alejandro de Pedro para el CNI durante los años 2013 y 2014, dinero de procedencia absolutamente lícita”.

“Que dicha cantidad”, añade, “fue lícitamente obtenida no siendo cierto que su origen tenga un trasfondo ilícito, evitando con ello que pueda ser utilizado como indicio incriminatorio, tal y como de forma equivocada ha realizado el anterior instructor y la Fiscalía hasta la fecha”.

“Se pretende además demostrar el nivel tecnológico y de innovación en los que trabajan las empresas que dirigía Alejandro de Pedro, empresas punteras con las que trabajaron nacionalmente e internacionalmente” concluye el escrito de defensa del experto informático.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, rechazaba a finales de mayo que el CNI informara sobre los trabajos de Alejandro De Pedro, al considerar que la voluntad de que el servicio de inteligencia legitimara la procedencia de 82.000€ decomisados en metálico en casa del investigado no era suficiente como para que el CNI desclasificara esa información.

Además, el magistrado afirmaba que ese dinero no será “una prueba de cargo incriminatoria” contra el informático, por lo que no cabe pensar en una desclasificación de esos datos por cuestiones de interés general. Anteriormente, el 19 de marzo, el servicio de inteligencia había enviado un escrito alegando que la información solicitada estaba clasificada como secreta según la ley que regula el funcionamiento del CNI.

Los trabajos para el CNI

Tal y como avanzó este diario, Alejandro de Pedro colaboró con los servicios de Inteligencia españoles entre 2012 y 2014 hasta que estalló la trama corrupta. El experto informático trabajaba para el llamado “Área de Radicalismo” del CNI, en el que se vigilan a presuntos etarras, yihadistas e independentistas catalanes violentos.

Su trabajo consistía en efectuar rastreos en internet y en las principales redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o Youtube en busca de perfiles y mensajes de radicales o de presuntos terroristas. Una vez localizadas estas amenazas graves sobre posibles objetivos o atentados eran remitidos en un informe al CNI, que se encargaba de analizarlos y adoptar las medidas necesarias.

Sus trabajos fueron abonados con fondos reservados y fue éste el dinero localizado en el domicilio del experto informático cuando fue detenido por su implicación en la trama Púnica. Éste aseguró entonces que no podía aclarar el origen de esta cantidad, ya que se lo había entregado el CNI confidencialmente por sus trabajos secretos para la seguridad del Estado.

Los servicios de Inteligencia contactaban con De Pedro “varias veces por semana” para darle indicaciones sobre los trabajos a realizar. Los encargos del CNI quedaron “acreditados porque la UCO también geolocalizó las llamadas al intervenirlas” y el informático estuvo en varias ocasiones en la sede del Centro Nacional de Inteligencia.

https://okdiario.com/espana/2018/07/26/informatico-imputado-punica-pide-fiscalia-que-cni-certifique-si-pago-sus-servicios-2755541

UNA CAJA B PARA COMPRAR VOLUNTADES

El constructor David Marjaliza revela en la Audiencia Nacional la contabilidad paralela que manejaban sus empresas para corromper a políticos del PP

David Marjaliza era un empresario puntilloso que mandaba a su secretaria anotar todas las operaciones del centenar de empresas que manejaba. Las que eran legales y las que no. Un equivalente a los papeles de Bárcenas vistos desde el otro lado. El constructor ha reconocido que todas esas compañías manejaban una contabilidad paralela destinada a pagar mordidas a políticos a cambio de adjudicaciones públicas y recalificaciones de suelo.
En una declaración en julio ante el juez de la Audiencia Nacional, donde se investiga el caso Púnica, Marjaliza, que colabora con la justicia desde 2015, explicó con detalle cómo funcionaba ese fondo de reptiles con el que compraba voluntades de miembros del PP:

Abogado defensor: ¿Llevaba una contabilidad en b que reflejara el pago de comisiones?

Marjaliza: Todas las compañías, al céntimo.

A: Cuando habla de todas las compañías, eran todas las compañías suyas que pagaban.

M: Todas las compañías que yo llevaba, de las que llegaba la gestión. Que podían ser 80, 90 o 100. Todas tenían su caja b en aquella época [desde 1999].

A: ¿Esa contabilidad b reflejaba fielmente el pago de las comisiones?

M: Al céntimo.

A: Buena parte de esa documentación se destruyó.

M: Esa parte se destruyó, una parte importante de la información se destruyó. Esto ya lo he dicho en diversas ocasiones. Podemos encontrar pequeñas cositas que pueden apuntar al pago de esas comisiones.

A: ¿Ha podido recuperar alguna de esas hojas? ¿Están manuscritas?

M: Sí.

A: ¿Quién levantó ese acta?

M: Mi secretaria.

A: Doña Ana Ramírez [también imputada en la causa].

M: Sí. Todo este trabajo que traigo, lo que no había dicho al principio que se me ha olvidado, es que esto es fruto del trabajo mío personal y mi secretaria Ana Ramírez, de Antonio Serrano [colaborador de Marjaliza] (...), principalmente que son imputados de la causa, a parte de otra gente que como no está imputada, que me están ayudando. Porque son miles y miles y miles de folios, de carpetas, desde el año 99 en 100 compañías. Estamos revisando hoja por hoja, folio por folio. Hay cosas, desde luego, 15 años que aparecen... Entonces, hemos encontrado ciertas cositas.

A: Había unas hojas manuscritas por cada una de las empresas. ¿Había también hojas con relación a uno de los destinatarios de las comisiones?

M: Sí, lo que pasa es que no se pone nombre y apellidos. Se ponía siempre con algún...

Con algún alias, explica a continuación el empresario. Desvela que cuando se lee en los papeles F1 se refiere a Francisco Granados, el exconsejero de la Comunidad de Madrid y exsenador que llegó a ser uno de los colaboradores más cercanos de la expresidenta Esperanza Aguirre, desde sus tiempos en la Alcaldía de Valdemoro hasta su caída en desgracia. Como ejemplo, un documento de 2004 en el que detalla un pago de más de 43.000 euros de una de sus empresas a otra. Ese dinero, añade, después lo utiliza para pagar cantidades en efectivo.

El 4,5% de ese dinero, poco más de 2.000 euros, fueron a parar supuestamente a manos de Ignacio Palacios, mano derecha de Granados desde sus tiempos de alcalde. El resto, a partes iguales (31,83%), se lo repartieron tres personas, según detalla en el audio de su última declaración en la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso EL PAÍS:

M: No lo pone en el papel, pero lo digo, porque lo pagué yo. Es que son F1 que es Paco [Granados], F2 que es José [José Miguel Moreno Torres, exalcalde de Valdemoro] y otro pago que soy yo.

https://elpais.com/ccaa/2018/09/20/madrid/1537447876_690726.html

DOCUMENTOS DE 'PÚNICA' REFLEJAN QUE OHL PAGÓ 800.000 EUROS A UNA EMPRESA VINCULADA A GRANADOS

La investigación de la trama Púnica ha destapado pagos de alrededor de 800.000 euros desde la constructora OHL a una sociedad que vincula al ex senador Francisco Granados, a Javier López Madrid, yerno del dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir, y a un ex alto cargo de Esperanza Aguirre, Jesús Trabada.

La firma es Bustren PM y allí llegaron en 2012 y 2013 los 800.000 euros, presuntamente de comisiones a cambio de contratos públicos, creen los investigadores. El dueño de Bustren, firma creada sólo un año antes, es Jesús Trabada, quien dirigiera la expansión del Metro de Madrid en los tiempos de Aguirre desde la empresa pública Mintra.

Trabada fue destituido y la empresa cerrada abruptamente en 2011. Después trascendió que, unos meses antes de aquello, se había recibido una denuncia por corrupción en Mintra en la Consejería de Transportes. Justo al salir de la Comunidad, Trabada montó la empresa de ingeniería Bustren PM, que los investigadores creen que Granados pudo utilizar como caja fuerte de algunas de sus presuntas ganancias ilícitas.

En 2012, una mercantil llamada KV Consultores, que ofició de pantalla entre ambas sociedades, firmó varios contratos con OHL y con Bustren, entrando poco después en concurso de acreedores. Un socio de KV denunció a otro por la presunta despatrimonialización de la compañía. César Sánchez, el socio que llevaba directamente los tratos con Bustren, había firmado acuerdos ruinosos con ella, condonándole una deuda de millón y medio de euros.

Poco después, el socio denunciante hallaba una evidencia de que KV fue utilizada por Bustren para recibir dinero de OHL, camuflado con facturas de trabajos inexistentes. Se trataba de un email en el que la contable de KV Consultores admitía que dos contratos suscritos por la firma con OHL eran en realidad tapaderas para hacer llegar dinero a Bustren. Los investigadores confieren gran valor a este documento, puesto que la búsqueda de dinero es uno de los principales objetivos de la operación Púnica y en ese correo se admite la operativa de manera transparente.

Por un trabajo de 485.000 euros para OHL Tenerife, a tenor del documento, al que ha tenido acceso este diario, KV se quedaba 185.000 euros de comisión y la "diferencia para Bustren" eran 300.000 euros. De otro para OHL Colonia Jardín, KV se quedaba 150.000 y la "diferencia para Bustren", según se menciona en el cuadro, eran 500.000 euros. KV era, evidentemente, la intermediaria para que este dinero pasara de la firma de Villar Mir a la empresa del ex alto cargo de Aguirre. Y los investigadores creen que el cuadro prueba que los contratos estaban inflados artificialmente para que el sobreprecio fuera a parar a Bustren.

El socio de KV Consultores que denunció incluso plantea abiertamente una hipótesis que es plausible para los investigadores: que KV entró en concurso para ocultar y encubrir los traspasos patrimoniales entre OHL y la firma controlada por el ex alto cargo de Madrid, que supuestamente actuó como testaferro de Granados en la creación y dirección de Bustren.

La tesis va aún más allá. El concurso de KV Consultores se sigue llevando actualmente en el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, y las fuentes cercanas al caso temen que el administrador concursal de dicha quiebra pueda intentar borrar el rastro del dinero trasvasado desde OHL a Bustren.

En uno de sus informes, la UCO afirma que "la relación mantenida entre Granados y López Madrid no sólo se circunscribe a la amistad personal, sino que ambos intervienen en diversas operaciones de índole mercantil y patrimonial en torno a la empresa Bustren PM (vinculada a Jesús Trabada, ex gerente de la empresa pública de transportes Mintra)".

El propio juez Eloy Velasco, que inició la operación Púnica, se refirió ya a Bustren PM en otoño de 2015, cuando escribió que Granados "adquirió participaciones sociales de la mercantil Bustren y estaba negociando la adquisición de 30 naves industriales de un proceso concursal, que suponía la entrega de más de 400.000 euros", un dinero que, según el juez, no tenía el ex senador del PP.

http://www.elmundo.es/espana/2018/07/23/5b54c6a946163f3e0c8b4616.html

LAS FACTURAS DE LAS VACACIONES DE LUJO DE GRANADOS EN IBIZA: 18.000 EUROS EN YATE, HOTELES…

El empresario David Marjaliza, que costeó la estancia de lujo de Granados y su familia en las Islas Pitiusas en agosto de 2005, ha aportado nueva documentación al juez que demuestra que su testimonio es cierto.

Hotel, yate de lujo, vuelos, alquiler de vehículos… así fueron las vacaciones a todo trapo que el constructor David Marjaliza sufragó para su ex socio, el ex consejero madrileño Francisco Granados y su familia en agosto del año 2005 en Ibiza y Formentera. El citado período vacacional fue relatado el pasado mes de julio por el imputado –que lleva más de tres años colaborando activamente con la Audiencia Nacional- al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, el juez Manuel García Castellón, y la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la trama Púnica.

Ahora, Marjaliza ha decidido aportar al juzgado decenas de facturas que prueban parte de los presuntos sobornos que pagó para acceder a la adjudicación de obra pública en la Comunidad de Madrid. Según la versión del constructor, llegó a pagar hasta doce millones de euros a Granados y el ex alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno Torres, en comisiones ilegales para que sus empresas fueran adjudicatarias de algunos de los grandes proyectos de construcción pública de la Comunidad mediante amaños urbanísticos. Gran parte de los sobornos se produjeron durante la etapa en la que el ex consejero de Esperanza Aguirre fue regidor de Valdemoro.

En las citadas vacaciones de lujo en las Islas Pitiusas, que costaron más de 17.960 euros, estuvieron Marjaliza y su esposa; Moreno Torres con su esposa e hija y su hermano, y Granados y su familia.

Según la documentación que obra en poder de El Independiente, el constructor pagó un total de 3.741 euros en vuelos desde Madrid hasta Ibiza para los asistentes a través de dos facturas de Viajes Marsans que fueron cargadas a su sociedad Servicios Logísticos Inmobiliarios; una de ellas por valor de 2277 euros y la otra por 1464.

9.400 euros de yate

También fue esta mercantil de David Marjaliza la que costeó los 4,269 euros de estancia por cuatro noches – del 25 al 29 de agosto de 2005- en el hotel de cuatro estrellas Hotel Restaurante Village. Así lo reflejan las facturas que el constructor va a aportar al juez García Castellón por valor de 374,61 euros y 3.895 euros más.

Asimismo, entre la documentación recabada por el ex socio de Granados también se encuentran los correos electrónicos que su secretaria Ana Ramírez, también investigada en Púnica, envió a la empres Ibiza Boats para contratar un yate de lujo costeado por Marjaliza para sus entonces amigos. El precio de la embarcación al día era de 3850 euros con patrón y azafata pero sin IVA y sin combustible.

“Atenciones” con Granados
Junto con la embarcación, el constructor de Valdemoro pagó las comidas en dos restaurantes de Ibiza y Formentera y al zodiac para poder desplazarse a ellos. Además, Ramírez encargó que en el yate hubiese tres botellas de whisky y como aperitivos queso y jamón porque eran personas que “comían bastante”. En total, la travesía por el mar Mediterráneo el último fin de semana de agostó ascendió a 9.400 euros.

Por último, el investigado también asumió el coste del alquiler de un vehículo Skoda Octavia, arrendado a la empresa BK Rent a Car, para esos cuatro días en las Baleares por 550 euros. El conductor del vehículo era Francisco José Granados Lerena –según refleja la factura a la que ha accedido este medio- y el pagador la sociedad Servicios Logísticos Inmobiliarios S.L.

Fiestas, escopetas, cacerías…

El confesor de Púnica detalló el pasado 12 de julio en la Audiencia Nacional que los doce millones de euros que dio en ‘mordidas’ se cobraron a través de pagos en “efectivo”, en “bienes” –regalos, escopetas, cacerías, viajes, fiestas, etc- y en “atenciones”. En aras de poder acreditar su testimonio, Marjaliza aporta ahora la documentación al tribunal.

No en vano, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha aportado en los últimos cuatro años diversos informes a la causa relatando los presuntos sobornos recibidos por Francisco Granados entre los que se encuentra el pago de estas vacaciones pero también la construcción de una vivienda de lujo en Valdemoro, de una finca de 84 hectáreas en Ávila, de un chalet en Marbella, etc.

En el caso Púnica se investigan, entre otros, delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias.

https://www.elindependiente.com/politica/2018/10/22/las-facturas-las-vacaciones-lujo-granados-ibiza-18-000-euros-yate-hoteles/

MARJALIZA DECLARA QUE LE DIO 60.000 EUROS EN 2007 A BÁRCENAS Y LAPUERTA PARA EL PP NACIONAL

El arrepentido asegura que Granados le pidió que tuviera "un gesto con Génova" tras haber logrado la adjudicación de obras del Metro de Madrid

El empresario David Marjaliza, considerado uno de los cabecillas de la 'trama Púnica', antes de comparecer en la comisión de investigación del Congreso sobre la supuesta financiación ilegal del PP.

El arrepentido David Marjaliza, uno de los principales investigados en la operación Púnica, acaba de declarar ante el juez del caso que en 2007 entregó 60.000 euros a Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta tras haber logrado adjudicaciones para obras del Metro de Madrid.

Fuentes conocedoras de su declaración aseguran que Marjaliza ha dicho que entregó ese dinero porque el entonces número dos del PP madrileño, Francisco Granados, le instó a tener "un gesto" con el PP nacional. En declaraciones anteriores, el constructor ya había sostenido que la adjudicación de tres tramos del metro les reportó 3,6 millones que se repartieron a partes iguales él mismo, Granados y el empresario Javier López Madrid, igualmente imputado en Púnica.

Marjaliza también ha señalado que desde el año 2000 Granados le pedía aportaciones para Fundescam, la fundación utilizada por el PP madrileño para financiar campañas electorales, entre ellas la que en el otoño de 2003 y tras el tamayazo aupó a Esperanza Aguirre a la presidencia del Gobierno regional. El constructor dice haber localizado los recibos y ha prometido aportarlos.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/07/13/marjaliza_85019_1012.html

MARJALIZA REVELA AL JUEZ QUE GRANADOS LE CONTÓ QUE TENÍA UN MILLÓN DE EUROS EN EL ALTILLO

El empresario David Marjaliza fue quien delató la existencia del millón de euros que Francisco Granados ocultaba en un altillo de la casa de sus suegros. Quien fuera íntimo amigo del ex secretario general del PP de Madrid decidió remitir una carta a la Fiscalía Anticorrupción desde la cárcel, poniendo en conocimiento de los investigadores la existencia de esos fondos ocultos e identificando el lugar exacto.

Hasta el momento, sólo se había podido determinar que la información llegó de manera anónima al Ministerio Público, pero nunca se pudo identificar al autor del chivatazo. Según ha podido acreditar EL MUNDO, fue el propio Marjaliza quien, tras confesarle Granados la existencia del dinero y el escondite en el que se encontraba, decidió poner en conocimiento de Anticorrupción las claves para localizarlo.

La mecánica que utilizó Marjaliza para hacer llegar la información a la Fiscalía consistió en entregarle a un preso que iba a disfrutar de un permiso penitenciario la misiva para que, aprovechando su salida, la remitiera al Ministerio Público.

Marjaliza, que ha decidió colaborar con la Fiscalía para esclarecer la denominada trama Púnica a cambio de una rebaja en su condena, se encuentra en estos momentos dispuesto a confesarse el autor del chivatazo para que éste sea valorado como un atenuante más. No en vano, hoy vuelve a declarar ante la Audiencia Nacional y está dispuesto a relatar cómo articuló la filtración que dio lugar al descubrimiento policial.

Cabe recordar que los investigadores recibieron la información y solicitaron la entrada y registro en la casa de los suegros de Granados. El entonces instructor de la causa, Eloy Velasco, se mostró reticente al proceder la información de una fuente sin identificar. Sin embargo, la Audiencia Nacional acabó acordando la medida al no encontrar con el dinero que presumía que tenía Granados y que no había descubierto.

El ex alto cargo popular argumentó ante el juez que el dinero encontrado en una maleta en el domicilio de sus suegros, concretamente 922.000 euros, procedía de la cuenta suiza que abrió antes de entrar en política.

En este sentido, negó rotundamente que la procedencia del dinero fuera el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas y señaló que el origen había que buscarlo en la actividad bancaria que desarrolló antes de integrarse en el PP madrileño y ocupar diversos cargos de responsabilidad.

http://www.elmundo.es/espana/2018/07/12/5b466263468aeb8f628b45f3.html

DE PEDRO Y EL EXPRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN (PP), A JUICIO EN JULIO

Caso Púnica León: acusados de malversación, falsedad en documento mercantil, fraude, cohecho y tráfico de influencias

El Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de Madrid ha emitido un auto anunciando la apertura de juicio oral de la pieza separada relativa a León en el marco del caso Púnica. El juez Manuel García Castellón considera que existen indicios racionales de criminalidad suficientes contra el empresario e informático Alejandro de Pedro, imputado en Púnica; José Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena; Martín Marcos Martínez, expresidente de la Diputación de León y exsenador; Pedro Vicente Sánchez, exalcalde de Puebla de Lillo y exjefe de Gabinete de Isabel Carrasco (expresidenta de la Diputación de León); Manuel Jesús López, exinterventor de la Diputación; y Guadalupe Carrascosa, vinculada con De Pedro.

El Ministerio Fiscal, así como la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), les imputan delitos de malversación de caudales públicos, falsedad continuada en documento mercantil, fraude, cohecho y tráfico de influencias por los trabajos de reputación online realizados por las empresas de De Pedro para autoridades y cargos electos a cambio de beneficios personales. El expresidente de la Diputación de León, Martín Marcos Martínez, se habría beneficiado de dichos trabajos que estarían financiados, presuntamente, con en torno a 90.000 euros de dinero público y cuyo objeto estaba “alejado del bien común, con el correlativo prejuicio para las arcas públicas”.

Consulta todos los detalles del caso en la web de Los Genoveses

Las empresas de De Pedro, Madiva Editorial y Eico Online, también deberán sentarse en el banquillo de acusados. Para las entidades se solicita una multa del doble del beneficio obtenido como consecuencia de la trama, así como la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de Seguridad Social durante los próximos cinco años.

El magistrado dispone, por responsabilidad civil, que los acusados deberán “afianzar solidariamente, en el término de una audiencia, la cantidad de 171.000 euros”. Asimismo, el juez ha fijado el próximo 20 de julio de 2018 como la fecha para que los acusados (tanto las personas como las entidades jurídicas) comparezcan a fin de notificarles la apertura del juicio oral y entregarles los escritos de acusación.

https://www.elplural.com/politica/2018/06/15/caso-punica-de-pedro-diputacion-leon-pp-reputacion

UN EMPRESARIO DECLARA EN 'PÚNICA' QUE SE SINTIÓ OBLIGADO A HACER COMUNIONES GRATIS POR LOS CONTRATOS RECIBIDOS

El dueño de Waiter Music dice que tras recibir un millón por las fiestas de apertura de nuevas líneas del Metro dio por descontado que no cobraría por la comunión de la hija de Granados. El empresario dice que la Comunidad de Madrid imponía sin límite presupuestario el pago de esos eventos a las constructoras encargadas de ejecutar las obras de ampliación del Metro: "Sólo pedían una buena fiesta"

El exconsejero madrileño, exdirigente del PP y presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional

El empresario José Luis Huerta, quien ya había reconocido que montó gratis actos del PP a cambio de contratos públicos, ha seguido desvelando este miércoles ante el juez de la Operación Púnica datos sobre cómo la frontera entre lo público y lo privado quedó anulada en la Comunidad de Madrid.

Huerta ha asegurado que dio por sentado que no cobraría por la fiesta de comunión que, según su versión, organizó en 2008 para la hija de Francisco Granados en Valdemoro porque Waiter Music había conseguido previamente un millón gracias a las fiestas de inauguración de nuevas líneas de Metro.

En esa situación, argumenta el imputado, los políticos se sentían con derecho a pedirle una comunión gratis. Y la de Granados, ha añadido, no fue la única: también la alcaldesa de Algete le encargó la comunión de su hijo, aunque no en contraprestación por ninguna obra del subterráneo sino por los conciertos que le adjudicaba el consistorio. La alcaldesa, dice Huerta, llegó a discutirle su derecho a cobrar la comunión porque era "muy cara". En ese municipio situado a las afueras de la capital, el PP le remarcó que ganaba allí mucho dinero como para querer cobrar por un cóctel "o una tontería".

Así lo han transmitido a infoLibre fuentes presentes en la declaración, aunque el entorno de Granados se ha apresurado a contraatacar: ninguna de las dos hijas del antaño número dos del PP madrileño y hoy principal imputado en Púnica celebró su comunión en 2008. Y Huerta –añaden esas fuentes– "no ha sido categórico" en cuanto a que hubiera hecho gratis nada relacionado con Granados. Los investigadores del caso consideran que el sumario incluye indicios más que suficientes de que Granados y sus sucesores en la Alcaldía de Valdemoro se beneficiaron de las fiestas de Waiter Music.

Una fiesta a la que acudió Aguirre

Sobre esa comunión, la de una de las hijas de Granados, Huerta se ha explayado en detalles: se celebró –ha relatado– en la finca de su madre; la reunión para organizarla fue con el propio Granados; y la fiesta incluyó un almuerzo en un restaurante y una fiesta nocturna a la que acudió Esperanza Aguirre. El empresario ha sido preciso en esos datos pero confuso a la hora de exponer con precisión si finamente cobró algo, todo o nada. Sí ha subrayado que la mujer del exalcalde de Valdemoro y luego exconsejero y factótum de Aguirre en el PP madrileño "solo quería calidad".

El coste de las fiestas de inauguración de los nuevos tramos del Metro corría a cargo de las constructoras encargadas de ejecutar las obras porque así lo imponía el pliego de condiciones, sostiene Huerta. Pero, según el empresario, era el Gobierno el que decidía que la empresa contratada fuese Waiter Music. A él, las constructoras jamás le fijaron límites presupuestarios. "Sólo pedían una buena fiesta", ha dicho ante la insistencia del juez para que aclarase ese extremo. La más rentable para Waiter Music, ha detallado, fue la fiesta de la nueva estación de Villaverde. Cobró más de 300.000 euros.

Granados fue consejero de Infraestructuras en Madrid entre noviembre de 2003 y diciembre de 2004, periodo en que se licitó la ampliación de líneas. El político, antiguo número dos del PP durante la etapa de Esperanza Aguirre y hoy principal imputado en Púnica, desvió el tiro en febrero al declarar que esas adjudicaciones se produjeron cuando ya había sido relevado por María Dolores de Cospedal. El equipo de la hoy ministra de Defensa puntualizó que en el momento de la adjudicación solo llevaba dos semanas como consejera.

Huerta seguirá declarando los días 18, 19 y 20 de junio. Este miércoles solo ha respondido a preguntas de la Fiscalía y del juez.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/05/17/un_empresario_declara_punica_que_sintio_obligado_hacer_una_comunion_gratis_para_granados_por_los_contratos_recibidos_82913_1012.html

ANTICORRUPCIÓN VIAJA A PANAMÁ PARA INVESTIGAR UN NUEVO AMAÑO DE GRANADOS

Anticorrupción viaja a Panamá para investigar un nuevo amaño de Granados

Una fiscal Anticorrupción y dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que participan en el caso Púnica se han desplazado este lunes a Panamá para colaborar con sus autoridades en la investigación de los supuestos amaños de contratos públicos realizados en el país centroamericano por la trama de corrupción liderada por el exdirigente del PP madrileño Francisco Granados. La fiscalía sospecha que Granados y otros dos presuntos cabecillas de la red, el experto informático Alejandro de Pedro y el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, no solo participaron en trabajos de reputación online para la entonces alcaldesa de la ciudad de Panamá, Roxana Méndez, que fueron presuntamente abonados irregularmente con fondos públicos, sino también en la adjudicación amañada de las obras de un mercado en el barrio de esta ciudad a un empresario local, según un reciente auto judicial al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Desde que se produjeron las primeras detenciones de la Operación Púnica en octubre de 2014, los dos jueces de la Audiencia Nacional que han instruido la causa –Eloy Velasco y Manuel García-Castellón- han remitido a las autoridades panameñas dos comisiones rogatorias para recabar datos sobre el entramado societario y de cuentas bancarias que presuntamente poseían en este país Granados y su socio, el constructor David Marjaliza –que colabora con la Justicia desde 2015-, y sobre las actividades de la trama en este país. Hasta ahora, solo se han producido avances en las pesquisas en esta segunda línea investigación, en la que el país centroamericano ha iniciado sus propias actuaciones y para las que ha fijado diversas tomas de declaración y otras diligencias durante esta semana. La Audiencia Nacional ha pedido autorización a las autoridades judiciales panameñas para que Anticorrupción y la Guardia Civil puedan asistir y participar en las mismas, según detalla el documento judicial.

El epicentro de estas pesquisas es el viaje que Granados hizo entre el 2 y el 8 de abril de 2013, cuando aún era senador del PP, a Costa Rica y Panamá para encontrarse con políticos locales. Aquel viaje lo hizo acompañado de De Pedro y Alonso Conesa, que fueron los que costaron los billetes de avión y los hoteles en los que se alojó el político popular. La investigación apunta a que los tres acudieron para ofertar sus servicios de mejora de imagen en internet a candidatos de ambos países y que, a cambio, recibieron contratos públicos de manera irregular de modo similar a como la trama lo había hecho en España con cargos públicos del PP de Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana y León. En aquel viaje, Granados y sus acompañantes mantuvieron encuentros, al menos, con la entonces alcaldesa de la Ciudad de Panamá, Roxana Méndez, que presuntamente ya les había contratado un año antes para conseguir “una imagen positiva […] que la favoreciese en su campaña política dirigida a su reelección en el cargo”, destaca el último escrito judicial.

La documentación intervenida durante los registros en España revela que en 2012 De Pedro había conseguido un contrato público para mejorar la reputación online de la alcaldía de Panamá, pero que sus trabajos estuvieron dirigidos en realidad a favorecer las aspiraciones políticas de Roxana Méndez. En aquellas supuestas irregularidades tuvieron un papel activo tanto una de sus empresas, EICO, como las sociedades panameñas Bonnano Media, Opera Global Internacional y Novasof del Pacífico y del Caribe SA. Anticorrupción y la Guardia Civil concluyen que para lograr dicha adjudicación, la trama Púnica se valió de “certificaciones falsas para acreditar una solvencia profesional” que sus empresas no tenían e intervino presuntamente en la redacción del pliego de contratación para asegurarse hacerse con el contrato. Las últimas investigaciones revelan que dicho contrato fue presuntamente renovado en 2013 por un importe de 105.000 euros.

Las pesquisas también apuntan a la presunta participación activa de un cargo de confianza de la propia alcaldesa, Juan Carlos P. G., quien también ejercía como “gerente de operaciones” de EICO en el país centroamericano. Este, supuestamente, facilitó la manipulación de los pliegos de licitación, según revelan diversos correos electrónicos intervenidos. En uno de ellos se apunta a que una vez se hubiera cobrado el 40% del contrato la trama abonaría “a Roxana Méndez la cantidad de 20.000 euros presuntamente como pago de la comisión”, se recoge en el auto del juez García-Castellón.

Ahora, Anticorrupción y la Guardia Civil quieren participar en los interrogatorios que las autoridades de Panamá han programado para indagar en la supuesta adjudicación irregular de estos contratos de asesoría política, pero también en las pesquisas sobre la adjudicación de un contrato público para el “diseño, plano de construcción, estudio de suelo, impacto ambiental, contracción de obra y equipamiento del mercando periférico de Las Cumbres", en el barrio de Chivo Chivo de la capital. Los investigadores sospechan que los integrantes de la trama Púnica aprovecharon sus contactos con la entonces alcaldesa para actuar como conseguidores para terceros y que este en concreto fuera adjudicado al empresario local Simón L. a cambio de una comisión.

Por ello, el juez reclama a la justicia panameña que le facilite el expediente sobre dicha licitación, así como datos sobre las "responsabilidades y puestos de trabajo" que Juan Carlos P. G. tuvo en el ayuntamiento de Panamá. También reclama toda la información sobre los contratos que tanto EICO como las tres sociedades panameñas presuntamente a la trama Púnica obtuvieron de la alcaldía de la capital entre 2012 y 2014. Todo ello, con "carácter de urgencia".

"No ha hecho lo que le dijimos y ha 'palmao"

La Guardia Civil considera que en la adjudicación irregular de los contratos para realizar los trabajos de reputación online de la alcaldesa de Panamá junto un papel clave Granados, que se aprovechó de su condición de senador cuando se produjeron los hechos. Una conversación telefónica intervenida meses después, en junio de 2014, entre Granados y una persona de su entorno, el dirigente del PP aseguraba que Roxana Méndez terminó perdiendo las elecciones "por lista". "Estaba muy debilitada internamente y no ha hecho lo que le dijimos que tenía que hacer y no se ha aliado con el que nosotros queríamos, que era el hombre fuerte de su partido y ha palmao. Pero bueno, es lo que hay...", aseguraba Granados en la conversación.

Los agentes de la UCO consideran que la capacidad de influencia en Panamá del entonces senador popular no se reducía a la alcaldesa de la capital del país centroamericano y cree que "pudo visitar durante su viaje a otro tipo de autoridades". El documento policial citaba al precandidato del Partido de Unidad Social Cristiana (PUSC) de Costa Rica, Rodolfo Hernández, y a dos "precandidatos presidenciales" del Partido del Cambio Democrático (PCD) de Panamá, que los agentes identifican como Rómulo Roix, que fue ministro del Canal, y su compañero José Domingo Arias, que ocupó la cartera de Vivienda. Para reforzar esta hipótesis, la Guardia Civil incluyó en uno de sus informes la fotografía que un Granados sonriente se hizo en aquel viaje frente a la fachada del Palacio Bolívar, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Panamá.

https://politica.elpais.com/politica/2018/06/22/actualidad/1529691524_234960.html

EL CONSEGUIDOR DE LA PÚNICA IDENTIFICA AL PRESIDENTE DE ACCIONA COMO DONANTE DEL PP MADRILEÑO

La Cadena SER accede al interrogatorio inédito practicado este verano al considerado colíder de la Púnica, David Marjaliza, quien por primera vez afirma que las siglas JEC asociadas a 60.000 euros que fueron anotadas en la libreta de Granados, se corresponden con José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona. La empresa asevera que las afirmaciones de Marjaliza son "absolutamente falsas y carentes de toda lógica y fundamento"

El conseguidor y colíder de la trama Púnica, David Marjaliza, declaró de nuevo el pasado mes de julio en la Audiencia Nacional dentro de su estrategia de colaboración con la justicia. A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, David Marjaliza reconoció el nombre que supuestamente se oculta tras las siglas JEC que figuran en la libreta incautada al exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados, y en la que los investigadores sospechan que anotaba las donaciones en negro de varios empresarios a la formación política.

Marjaliza afirmó que el acrónimo JEC se corresponde con José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona. Pregunta la fiscal Carmen García, contesta el conseguidor de la Púnica.

Fiscal: ¿Y la otra qué es JEC?

Marjaliza: A mí me dijo que era Entrecanales.

Fiscal: ¿José Manuel Entrecanales?

Marjaliza: José. A mí me dijo eso.

En esa libreta de Granados, bajo dos columnas denominadas in y out –entrada y salida en inglés–, figuran varias siglas asociadas a números. JEC se encuentra en la columna de entrada junto al número 60. Para los investigadores significa que JEC o José Manuel Entrecanales según Marjaliza, entregó 60.000 euros. Un dinero que recogía BG, supuesto acrónimo de Beltrán Gutiérrez, exgerente regional del PP.

David Marjaliza asegura que fue el propio Francisco Granados quien le dijo que JEC era Entrecanales. Sostiene que le dijo que era "un rata" que "daba poco dinero" al partido y aspiraba a "conseguir algo más".

Transcripción: "Este señor tenía una casa en Sotogrande al lado de Javier López Madrid y sé que en verano se habían visto alguna vez y ... este es muy rata siempre nos da muy poco, a ver si podemos conseguir algo más"

Francisco Granados siempre ha negado que esas anotaciones se correspondan con donaciones en negro al PP, en contra de lo que creen los investigadores. Granados asevera que las siglas JEC significaban "Jornadas de Educación Concertada" que celebraban en el PP, y los números asociados eran cifras de asistentes. Acciona también ha negado a la SER las afirmaciones de David Marjaliza. Sostiene que son "absolutamente falsas y carentes de toda lógica y fundamento"

http://cadenaser.com/ser/2018/09/19/tribunales/1537377517_263478.html

GONZÁLEZ ESCONDIÓ 173.098 € PÚBLICOS QUE DIO A LA FUNDACIÓN QUE FINANCIABA AL PP Y DE LA QUE ERA PATRONO

Ignacio González concedió una subvención por 173.098 euros y no lo publicó en el BOCM.

El ex presidente regional no publicó la concesión pública en el Boletín Oficial de la Comunidad

Ignacio González otorgó en 2006, cuando era vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, una subvención de 173.098 euros a Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid), investigada en la trama Púnica por financiar ilegalmente la campaña del PP para las elecciones autonómicas de 2007. Fundescam recibió la subvención sin ser publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

OKDIARIO ha tenido acceso al documento firmado por Ignacio González. El entonces vicepresidente regional aprobó dicha subvención en noviembre de 2006, un año antes de que se celebraran las elecciones autonómicas de 2007 y por la que Fundescam está siendo investigada.

González escondió 173.098 € públicos que dio a la fundación que financiaba al PP y de la que era patrono

Según un informe que forma parte del sumario de la trama Púnica elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO), el ex presidente regional habría otorgado subvenciones públicas para financiar la campaña electoral del PP de Madrid en 2007. Además, González era director del comité regional de esa campaña y patrono de la fundación.

La UCO cree que el ex presidente de la Comunidad de Madrid justificó “de manera falseada las subvenciones y en donde también quedaría acreditada la participación” del exgerente del partido, Beltrán Gutiérrez, y de Ignacio Echeverría, ex consejero de Transportes en época de Esperanza Aguirre.

No publicó la subvención
Ignacio González no publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) la concesión de esta subvención a la fundación que presidía en aquel momento la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Fuentes consultadas por OKDIARIO explican que González se acogió a la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, vigente en la fecha en la que firmó la orden, y por la que, aseguran, “no estaba obligado a hacer pública este tipo de subvenciones”.
El ex presidente se amparó en el apartado 2 del artículo 4 que dice así:

“Tampoco será necesario el requisito de publicidad y concurrencia cuando, con carácter excepcional, se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, los beneficiarios sean entidades sin ánimo de lucro, y se formalicen convenios o acuerdos de colaboración sin contraprestación con dichas entidades.”

Las mismas fuentes aseguran a OKDIARIO que la Comunidad notificó individualmente a las tres fundaciones destinatarias, que aparecen en el escrito, la concesión de dichas subvenciones. Así mismo, procedió inmediatamente al ingreso de la cuantía otorgada y sin dar cuenta de ello de manera pública.

OKDIARIO ha tenido acceso a otro escrito, con fecha del 5 de noviembre de 2007, por el cual el propio González renunciaba como patrono de Fundescam tras dos años en el cargo.
González escondió 173.098 € públicos que dio a la fundación que financiaba al PP y de la que era patrono

Renuncia de Ignacio González como patrono de Fundescam.

Según el informe de la UCO, adelantado por este medio, Ignacio González anunció su renuncia justo una semana después de conceder otra subvención a la fundación para el desarrollado de 195.727,14 euros, tras recibir la propuesta de su entonces secretario general técnico, Borja Sarasola, el 29 de octubre de 2007.

Los agentes de la Guardia Civil destacan que en la fecha en la que se ingresó el importe de la subvención, el 18 de enero de 2008, “la cuenta corriente de la Fundación Fundescam se encontraba con un saldo de 9.783,71 euros y una vez que tuvo entrada el dinero de la referida subvención, se abonó inmediatamente un importe que está asociado por la contabilidad de Beltrán Gutiérrez (ex gerente del PP de Madrid) a un gasto electoral y que también figuraba reflejado en uno de los archivos contables intervenidos, correspondiéndose éste al importe citado con anterioridad de 47.460,10 euros.”

https://okdiario.com/investigacion/2018/10/17/gonzalez-escondio-173-098-publicos-fundacion-financiaba-pp-patrono-3239588

EL ALCALDE DE ALCORCÓN ANUNCIÓ EL CARTEL DE LAS FIESTAS DÍAS ANTES DE CONTRATARLO CON LA PÚNICA

El contrato de la Cabalgata de Reyes seguía sin firmarse el 8 de enero

El pasado día 4, ElPlural.com ofrecía las grabaciones de José Luis Huerta, exgerente de Waiter Music, sobre cómo se organizaban las fiestas en Alcorcón (Madrid). Fue en su declaración ante el juez Manuel García Castellón, dentro de la investigación del caso Púnica, donde aseguró que recibía “información privilegiada” del Ayuntamiento para ganar los concursos públicos para organizar los conciertos de las fiestas patronales en este municipio que roza los 200.000 habitantes.

Tras la información revelada por este periódico, el Ayuntamiento de Alcorcón emitió un comunicado en el que desmentía “tajantemente la existencia de cualquier irregularidad” en sus contrataciones puesto que sus contratos se hacían “con absoluta sujeción a la legalidad y atendiendo al criterio de los informes técnicos preceptivos”.

Sin embargo, si nos remontamos hacia atrás en el tiempo, dado que David Pérez gobierna Alcorcón con el PP desde 2011, lo cierto es que se encuentran varios hitos sospechosos en las contrataciones municipales, siempre con un mismo protagonista: Waiter Music, la empresa situada en el centro del huracán Púnica cuando hablamos de organizar fiestas y saraos, bien sea para gobiernos del PP, bien sea para eventos privados de Francisco Granados.

Uno de los asuntos más llamativos tuvo lugar el 30 de julio de 2013, cuando el alcalde compareció ante los medios de comunicación flanqueado por Alaska y Mario Vaquerizo para anunciar que la pareja serían los pregoneros de las fiestas de septiembre y que los conciertos, la columna vertebral de los festejos, serían de Fangoria, Huecco, La Unión, Tenesse, Rosa López, Juan Peña y Bertín Osborne.

De hecho, la actuación de Bertín Osborne es una de las investigadas por la Justicia en la trama Púnica y protagonizó un momento del interrogatorio al dueño de Waiter Music. Pero en esta ocasión, lo relevante es que la rueda de prensa se produjo antes de que se iniciaran los trámites de contratación, según denuncia la oposición.

Aquellas fiestas fueron contratadas por la fundación municipal CREAA, a través de un convenio con el Ayuntamiento. Y para desmentir las acusaciones de la oposición, existe un informe de una técnico municipal en el que asegura que, ese mismo 30 de julio, se dictó una resolución municipal que la nombró parte del Comité de Contratación y que, ese mismo día, “la que suscribe redactó Pliego de Prescripciones Técnicas”. Y, por tanto, en la “fecha en la que se realizó la rueda de prensa, se había determinado por la Concejalía de Cultura los diferentes conciertos de música”.

Pero, además, existe otro documento que arroja más dudas sobre este convenio entre la Fundación CREAA y el Ayuntamiento, porque el certificado que acredita el convenio tiene fecha de 3 de agosto de 2013, cuatro días después de la rueda de prensa del alcalde y de la resolución a la que alude la técnico municipal. Es más, el propio acuerdo explica que, “ante la posibilidad de incurrir en un posible supuesto de autocontratación” con el convenio, se pidió “autorización al Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Educación y Cultura”. Y “la pertinente autorización” no llegó hasta el 31 de julio de 2013, un día después del acto con Alaska y Mario.

Sin embargo, esta capacidad para realizar viajes en el tiempo en Alcorcón no solo funciona en verano. También la Cabalgata de los Reyes Magos, celebrada en enero de 2013 y que fue contratada con Waiter Music. El contrato al que ha accedido ElPlural.com entre el concejal Luis Galindo y quien le acusa de darle “información privilegiada”, el gerente de la empresa, tiene fecha del 3 de enero. Hasta ahí todo bien, pero el correo enviado desde el servicio de Contratación del Ayuntamiento a Waiter Music para “devolvernos firmados 2 ejemplares del contrato” tiene fecha del 8 de enero, tres días después de que los Reyes Magos ya hubieran paseado por las calles de Alcorcón.

La documentación a la que ha accedido El Plural demuestra que el descontrol en las facturas a Waiter Music era mayúsculo. Uno de los ejemplos incluso provocó que se reuniese de manera extraordinaria la Comisión de vigilancia de la contratación, en marzo del 2015. Hablamos de la adjudicación de las fiestas patronales del año 2015, por valor de 200.000 euros.

En la oferta que presentó Waiter Music, y que le supuso la victoria, la empresa ofrecía realizar el Día del Niño totalmente gratis. Un evento que valoró en 6.800 euros pero que sería “sin coste para el Ayuntamiento”. Sin embargo, a la hora de presentar las facturas al Ayuntamiento, Waiter Music cobra 6.800 euros de más respecto a la propuesta que hizo para las contrataciones, sin que nadie aprecie el sobrecargo.

La Comisión de Vigilancia llegó a la conclusión de que no se podía hablar de “error”, como argumentaban desde el Ayuntamiento, y que se había “producido un quebranto para los intereses públicos”. Por ello, exigió que Waiter Music devolviese los 6.800 euros con un ingreso en la Caja Municipal o, en un plazo de dos meses. que el Consistorio iniciase un procedimiento en los tribunales para reclamar la cantidad.

La versión del equipo de Gobierno de Alcorcón
En un comunicado, el equipo de Gobierno de Alcorcón ha desmentido tajantemente la existencia de cualquier irregularidad en la contratación de artistas para las fiestas. Además, ha reiterado que "todos los contratos se tramitan con absoluta sujeción a la legalidad y atendiendo al criterio de los informes técnicos preceptivos". Respecto al Día del Niño, el consitorio explica que el Secretario General del Pleno, habilitado nacional, certificó que no existió tal quebranto para el Ayuntamiento.

https://www.elplural.com/politica/espana/el-alcalde-de-alcorcon-anuncio-el-cartel-de-las-fiestas-dias-antes-de-contratarlo-con-la-punica_204650102

SOBRECOSTES EN EL METRO PARA PAGAR MORDIDAS A LA ‘PÚNICA’

Un informe certifica que la adjudicación en 2004 de tres obras millonarias de la red del Metro estuvo plagada de irregularidades y sobrecostes de 3,6 millones de euros de los que, según Marjaliza, se beneficiaron Francisco Granados, Javier López Madrid y él mismo

La Guardia Civil ha remitido al juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, un informe que certifica que la adjudicación en 2004 de tres obras millonarias de la red del Metro de Madrid estuvo plagada de irregularidades, como confesó el constructor David Marjaliza en enero. Este aseguró que el dirigente del PP Francisco Granados, el empresario Javier López Madrid y él se repartieron una comisión de 3,6 millones procedentes de los elevados sobrecostes que se pagaron.

Las obras bajo sospecha son las del Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur. Todas ellas fueron adjudicadas en 2004 por la empresa pública Mintra, responsable de ejecutar las infraestructuras de transporte en la Comunidad de Madrid y cuya presidencia ocupaba en aquel momento Granados en su condición de consejero de Transportes del ejecutivo de Esperanza Aguirre. Las obras fueron presupuestadas en 141,2 millones de euros, pero terminaron costando a las arcas públicas 216 millones. La empresa beneficiada por los supuestos amaños fue Obrum Urbanismo y Construcciones SL, en la que Marjaliza tenía una pequeña participación.

Entre la documentación que aportó Marjaliza el pasado mes de enero para respaldar sus acusaciones había numerosas facturas que recogían falsos conceptos de “asesoramiento” y “gestión” para cobrar las comisiones y, posteriormente, repartir parte de las mismas ya blanqueadas, entre López Madrid y el propio constructor. Marjaliza detalló que Granados recibió su supuesta parte de la comisión en negro y en metálico, y que los pagos se repartieron entre 2005 y 2007 con el objetivo de difuminar el rastro de la comisión y dificultar su detección.

El nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analiza a lo largo de 143 folios las supuestas irregularidades detectadas en la licitación y posterior adjudicación de las tres obras del Metro, así como las maniobras contables y empresariales a través de las cuales la trama Púnica se hizo con los contratos y ocultó las mordidas. El documento policial concluye que durante el proceso del concurso público de las tres obras se produjo “una injustificable ausencia de informes jurídicos” que, en opinión de los agentes, otorgó “una falta absoluta de control e inspección” a las adjudicaciones de Mintra.

“Escenario idóneo”

La Guardia Civil también afirma que el directivo de la empresa pública que tomaba las decisiones, Jesús Trabada —también imputado en la causa—, no motivó suficientemente las adjudicaciones al justificarlas con un genérico “por ser la oferta más ventajosa”. “Esa forma de proceder propició un escenario idóneo para la adjudicación de contratos de manera fraudulenta”, recalca el informe, que destaca en varias ocasiones que el control último sobre Mintra lo tenía el entonces consejero Granados, presunto cabecilla de la trama.

La UCO asegura que esta “opacidad y falta de transparencia” de la licitación de las obras se extendió a los contratos que se adjudicaron posteriormente como “obras adicionales y complementarias” y que encarecieron el coste final. En el caso de la construcción del Metro Ligero a Boadilla del Monte, ese sobrecoste fue de 48 millones de euros, un 56% más de los 86 millones inicialmente fijados como importe de la obra. En la ampliación del Metro Norte, prevista en 42,6 millones, los trabajos complementarios sumaron otros 13 millones (casi un 32% más). Y en la del Metro Sur, con un coste inicial de 12,1 millones, el precio final se disparó a los 26, un 118% más.

FACTURAS FALSAS PARA OCULTAR LAS COMISIONES

El informe de la UCO detalla el complejo sistema de adquisición de empresas y cruce de facturas falsas que utilizaron Marjaliza y López Madrid para embolsarse las supuestas comisiones ilegales por el amaño. En su declaración, el constructor arrepentido llegó a cifrar estas mordidas en 1,2 millones para cada uno, además de una cantidad similar en metálico para Granados. La investigación ha permitido constatar el cobro de algo más de 1,1 millones de euros por parte del primero y de 700.000 euros (IVA excluido) por parte de López Madrid.

https://elpais.com/ccaa/2018/09/29/madrid/1538217497_088808.html

IGNACIO GONZÁLEZ Y FRANCISCO GRANADOS SE DISPUTARON UNA MORDIDA DE UN MILLÓN DE EUROS

Todo comenzó con una comida. “Una comida de amigos”, detalló el constructor David Marjaliza, uno de los cabecillas de la trama Púnica y que colabora con la justicia desde 2015, en su declaración del pasado 12 de julio ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga este caso de corrupción y a cuyos audios ha tenido acceso EL PAÍS. “En esa comida, hablábamos del tema de Navalcarnero con Javier López-Madrid [yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir y conocido como Compiyogui] y Paco [Francisco Granados]”, señaló Marjaliza a preguntas de las representantes de la Fiscalía Anticorrupción.

El “tema Navalcarnero” hace referencia a uno de los mayores fiascos en obra pública de la Comunidad de Madrid y por el que se hizo una licitación millonaria para construir una línea de tren hacia esta localidad del suroeste de la región. Estas supuestas irregularidades ya son investigadas en otro sumario, el del caso Lezo, también por una trama de corrupción del PP de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre.

“Había una pequeña pelea cuando se adjudicó la obra", continuó el constructor su relato, "Paco [Granados] decía que había sido por él, mientras que López Madrid decía que había sido por Nacho [Ignacio González]”, explica Marjaliza. González, que pasó 201 días en prisión el año pasado por su presunta vinculación con el caso Lezo, acaba de pedir volver al Ayuntamiento como funcionario municipal.

El tren a Navalcarnero fue un proyecto (no realizado) de 2007 —cuando Aguirre era presidenta de la Comunidad— que iba a unir Móstoles con Navalcarnero con un Metro ligero. La obra se presupuestó en más de 350 millones de euros. Se licitó y logró el contrato el gigante de la construcción OHL, propiedad en esa época de Villar Mir. Por otro lado, ese año, más de 1,45 millones de euros se transfirieron desde varias sociedades mexicanas, controladas por el holding de Villar Mir, a cuentas en Suiza vinculadas a personas del Partido Popular. Villar Mir, que ha tenido que declarar sobre estas partidas en la Audiencia Nacional como imputado, ha negado siempre tener relación con dichos pagos.

“Sobre el tren a Navalcarnero, López Madrid me dijo que les habían pedido [una comisión de] entre 1 y 1,5 millones de euros”, declaró Marjaliza. “¿Quién pedía ese dinero?”, le inquirió el juez: “Granados y Nacho González”, respondió el empresario. “Sé que se produjeron esos pagos porque no tengo ninguna duda de lo que he leído y he escuchado”, añadió Marjaliza en su declaración. El empresario arrepentido aseguró que en esa comida “de amigos” Granados se cabreó: “Paco [Granados] decía que le debían un millón de euros de la adjudicación de Navalcarnero, pero López Madrid me dijo que todo había sido gracias a González”.

También contó que en aquel momento él no supo qué pasaba con la supuesta mordida, pero que años después, cuando se destapó el caso Lezo y salió a la luz la transferencia de fondos de México a Suiza, “redondeó” la información recibida en la comida: “González es el que se queda el dinero; se le pagó un millón de euros”. Tras oír la declaración, el juez Manuel García Castellón anunció que iba a deducir testimonio de sus palabras para incorporarlos al caso Lezo, que también investiga él. En este sumario, el magistrado indaga sobre las irregularidades en la adjudicación de Navalcarnero, pero también sobre la supuesta corrupción en el Canal de Isabel II y el desvío de fondos públicos hacia cuentas de miembros del PP que formaban parte del Ejecutivo madrileño. Ignacio González es uno de los principales investigados por la adquisición de empresas latinoamericanas pagando un precio muy superior al establecido por el mercado.

https://elpais.com/ccaa/2018/09/20/madrid/1537439864_827376.html

ESTOS SON LOS AUDIOS DEL EMPRESARIO MARJALIZA DENUNCIANDO PAGOS AL PP

El constructor ha reconocido pagos a través de la fundación Fundescam

El constructor David Marjaliza, uno de los cabecillas de la trama Púnica, ha reconocido pagos al Partido Popular (PP) a través de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid (Fundescam), según los audios a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Las grabaciones son de julio, cuando el empresario declaró ante la justicia, y ahora han sido incorporadas al sumario. "Mucho tiempo atrás, desde el año 2000 o 2001, Paco, Francisco Granados, me dijo que hiciera aportaciones a Fundescam. He encontrado, después de buscar en toda la documentación que tenemos, un recibo de esas aportaciones. Solo tengo uno, pero hice por lo menos cuatro o cinco aportaciones", reconoció Marjaliza, que colabora con la justicia desde junio de 2015.

Durante el interrogatorio, Marjaliza ofrece detalles sobre un pago que supuestamente hizo en la sede del PP en Madrid. "En el año 2007, una vez que ya nos habían adjudicado obras en el metro, en la Comunidad de Madrid, [Granados] también me dijo que teníamos que tener un gesto y que hiciera una donación en Génova. A través de un exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Bonet [José Fernández Bonet], fui a Génova. Llegamos a recepción. En recepción habló con la señorita de la puerta, yo no tuve carné de identidad, pasé directamente a la quinta o a la sexta planta, y estuve con don Álvaro Lapuerta y con don Luis Bárcenas [extesoreros del PP], y doné 60.000 euros en efectivo".

El constructor asegura que las conversaciones en Génova duraron "unos 20 minutos". "Se habló mucho de que había una pelea entre Nacho [Ignacio González] y Paco [Francisco Granados], y Paco lo que de alguna manera quería era llevarse bien con la [dirección] nacional para que en esa pelea pudiera la nacional decantarse por él. Y por eso fue la donación".

Ante la pregunta de por qué accedía a realizar estas "aportaciones", Marjaliza responde que era porque les habían adjudicado obras. "Nos estaban ayudando, estaba dentro de ese contexto de obras, de viviendas y de comisiones". El constructor también habla de los "regalos" a Granados y su entorno, como las casas de Marbella. "Hemos encontrado los contratos que corroboran los alquileres de esas casas. Lo nuevo es que he encontrado en la contabilidad de la compañía los contratos de alquiler de los años 2006, 2007, 2008, 2009. [...] [La vivienda que usaba Granados] estaba alquilada un mes al año, pero realmente la tenía todo el año".

https://elpais.com/politica/2018/09/20/actualidad/1537394700_672106.html

“DONÉ 60.000 EUROS AL PP PORQUE GRANADOS QUERÍA LLEVARSE BIEN CON LA DIRECCIÓN NACIONAL”

El constructor, que colabora con la Justicia, reconoció por primera vez el pasado 12 de julio la entrega a Bárcenas y Lapuerta de fondos para el partido

El constructor David Marjaliza, uno de los cabecillas de la trama Púnica y que colabora con la Justicia desde el verano de 2015, reconoció ante el juez el pasado 12 de julio pagos al Partido Popular (PP) en metálico y a través de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid (Fundescam), según los audios de su declaración a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Aquel día, el empresario declaró en la Audiencia Nacional a iniciativa propia para aportar nueva documentación y facilitar más información sobre la trama corrupta. Los audios de aquel testimonio han sido incorporados ahora al sumario.

Al comienzo del interrogatorio y a preguntas de su abogado, Marjaliza ofrece detalles sobre un pago que supuestamente hizo en la sede del PP en Madrid. "En el año 2007, una vez que ya nos habían adjudicado obras en el metro, en la Comunidad de Madrid, [Francisco Granados, exconsejero de los Gobiernos de Esperanza Aguirre y también imputado en el caso Púnica] también me dijo que teníamos que tener un gesto y que hiciera una donación en Génova [en referencia a la sede nacional del PP]. A través de un exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Bonet [José Fernández Bonet], fui a Génova. Llegamos a recepción. En recepción habló con la señorita de la puerta, yo no tuve carné de identidad, pasé directamente a la quinta o a la sexta planta, y estuve con don Álvaro Lapuerta y con don Luis Bárcenas [extesoreros del PP], y doné 60.000 euros en efectivo".

El constructor asegura que las conversaciones en la sede del PP duraron "unos 20 minutos". "Se habló mucho de que había una pelea entre Nacho [Ignacio González] y Paco [Francisco Granados], y Paco lo que de alguna manera quería era llevarse bien con la [dirección] nacional para que en esa pelea pudiera la nacional decantarse por él. Y por eso fue la donación".

El constructor -cuyo testimonio está siendo clave para el avance de las investigaciones- también detalló otros pagos irregulares al PP de Madrid, entonces liderado por Esperanza Aguirre. "Mucho tiempo atrás, desde el año 2000 o 2001, Paco, Francisco Granados, me dijo que hiciera aportaciones a Fundescam [la fundación de la formación regional]. He encontrado, después de buscar en toda la documentación que tenemos, un recibo de esas aportaciones. Solo tengo uno, pero hice por lo menos cuatro o cinco aportaciones", aseguró Marjaliza.

Ante la pregunta de por qué accedía a realizar estas "aportaciones", Marjaliza responde que era porque les habían adjudicado obras. "Nos estaban ayudando, estaba dentro de ese contexto de obras, de viviendas y de comisiones". El constructor también habla de los "regalos" a Granados y su entorno, como las casas de Marbella. "Hemos encontrado los contratos que corroboran los alquileres de esas casas. Lo nuevo es que he encontrado en la contabilidad de la compañía los contratos de alquiler de los años 2006, 2007, 2008, 2009. [...] [La vivienda que usaba Granados] estaba alquilada un mes al año, pero realmente la tenía todo el año".

https://elpais.com/politica/2018/09/20/actualidad/1537394700_672106.html

 LA CORRUPCIÓN AFLORA EN EL YERMO DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA

El juez De la Mata investiga el proyecto de la macrosede judicial de Valdebebas, un agujero de 105 millones de euros

Tres calles dedicadas a grandes arquitectos –Julio Cano Lasso, José Antonio Corrales y la glorieta de Aníbal González– delimitan por varios de sus lados uno de los grandes fracasos urbanísticos de la España actual: la Ciudad de la Justicia de Madrid. El proyecto de concentrar todas las sedes judiciales de la capital en 14 edificios de planta circular en la zona de expansión de Valdebebas, junto a los campos de entrenamiento del Real Madrid y la T4 del aeropuerto de Barajas, tenía todos los elementos para naufragar: unos políticos caprichosos, unos directivos enchufados e inexpertos, y una burbuja inmobiliaria que hinchó los precios al mismo volumen que los egos. Y ciertamente los supo combinar para que el hundimiento fuera estrepitoso.

Una década después de que la presidenta madrileña Esperanza Aguirre pusiera la primera piedra, solo un inmueble vacío con forma de donut, llamado a albergar el Instituto de Medicina Legal (IML), dialoga con los grillos y la maleza en un erial de 26 hectáreas. El IML era el más barato y el más pequeño de los edificios del complejo, y el único que se terminó de construir. Su autor, el arquitecto Alejandro Zaera-Polo, abandonó el proyecto en noviembre de 2008, siete meses después de la primera piedra. Estaba agraviado porque el edificio de los médicos forenses tenía menos presupuesto que los otros, y temía que por ello la gente dijera que su obra es “una mierda”.

“No hay nadie que tenga una idea de cuánto vale la Ciudad de la Justicia y de cómo se asignan los presupuestos”, denunciaba ya entonces Zaera-Polo, a quien presionaban para que el inmueble estuviera listo antes de las elecciones de 2009. Javier Rodríguez, el apoderado de la empresa pública Campus de la Justicia, encargada del proyecto, decía que el IML estaba sobredimensionado. “Tendría que pasar lo de Chernóbil o algo así para que ese edificio entre en pleno funcionamiento”, manifestó en la Asamblea de Madrid. El agujero para las arcas públicas detectado hasta ahora en el conjunto del proyecto supera los 105 millones de euros.

La Ciudad de la Justicia ya no es solo un fiasco urbanístico, económico y político. En ese yermo del noreste de Madrid comienza a aflorar ahora la penúltima causa de corrupción de la justicia española. El sumario, en manos del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, de momento solo es un número, el 91/2018, y todavía no tiene un nombre que lo haga famoso, como Gürtel, Púnica o Lezo. El magistrado, que aún no ha imputado a ningún responsable del proyecto, está recabando documentos para la investigación.

De la Mata no lo tendrá fácil en esta tarea inicial: los ordenadores de la empresa pública Campus de la Justicia, promotora del proyecto, no se encuentran y parte de la documentación ha desaparecido de los archivos. Esto último ha quedado de manifiesto en el macrosumario Púnica, donde una pieza separada investiga los contratos de publicidad de este desarrollo urbanístico, valorados en 6,4 millones de euros. Se trata de una cifra difícilmente explicable cuando lo que se promociona son unos edificios destinados a juzgados, fiscalías y servicios para la Administración de Justicia y no viviendas.

La Ciudad de la Justicia ha sido uno de los ejes de la Comisión de Estudio sobre el endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid que se lleva cabo en la Asamblea regional. Los grupos de la oposición –PSOE, Podemos y Ciudadanos- presentaron el pasado marzo una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. El PP, a remolque de la situación, presentó la suya en abril. Ambos escritos hacen referencia, entre otros, a informes de la Cámara de Cuentas autonómica, que recaban irregularidades numerosas irregularidades contables, administrativas y de contratos.

La idea de reunir las sedes judiciales de Madrid, excepto las estatales –Tribunal Supremo y Audiencia Nacional–, dispersas en 15 edificios, la lanzó en 1996 el entonces presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón, aunque no fue hasta julio de 2004 cuando su sucesora Esperanza Aguirre anunció su ubicación definitiva en el parque de Valdebebas. Antes de este emplazamiento, el complejo judicial había saltado por varios terrenos candidatos de la capital: el antiguo cuartel de ingenieros de la Ciudad de los Ángeles, los terrenos del depósito del Canal de Isabel II en Plaza de Castilla, las cocheras de Metro de la Avenida de Asturias, los cuarteles de Campamento y la Operación Chamartín.

La Ciudad de la Justicia se contemplaba como una verdadera locomotora inmobiliaria de todo el parque de Valdebebas. Al norte de los edificios judiciales, el planeamiento prevé parcelas de suelo comercial, que podrían atraer a grandes despachos de abogados, y también zonas residenciales. Aguirre y el máximo responsable del proyecto, el consejero de Justicia Alfredo Prada, optaron por Valdebebas pese a que el planeamiento urbanístico para su desarrollo no estaba aprobado.

Las obras se iniciaron en abril de 2008, después de un concurso internacional de ideas para el anteproyecto al que se presentaron más de 300 estudios de arquitectura y en el que fue seleccionado el plan de los arquitectos de la Escuela de Madrid Javier Frechilla (1949), Carmen Herrero (1948) y José Manuel López-Peláez (1945). Este proyecto consistía en un conjunto de edificios circulares de distinta dimensión y conectados entre sí. Cada uno de los edificios se encargaría después a arquitectos de fama mundial, como Norman Foster, a cuyo estudio se abonaron casi 13 millones de euros por los proyectos nonatos de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, las joyas de la corona del macrocomplejo.

La denuncia que ha dado pie a la investigación judicial relata irregularidades desde la misma creación de la empresa pública Campus de la Justicia, en diciembre de 2004, hasta su disolución, en julio de 2014. La propia naturaleza mercantil de la sociedad le permitía eludir las restricciones y controles de las leyes de contratos del sector público. Campus, presidida por Alfredo Prada, cubrió todos los puestos de trabajo con personas de confianza de los políticos con cargo de directivo y sin experiencia en este tipo de macroproyectos. La gestión de la obra, financiada con dinero público que se pretendía obtener de la venta de las sedes judiciales repartidas por todo Madrid, se externalizó a la consultora de arquitectura Bovis Land Lease, que, según la denuncia cobró cuatro millones, cuatro veces más que el presupuesto inicial.

La denuncia señala que el director técnico de Campus, Isabelino Baños, y la persona que tomó las principales decisiones del proyecto, procedía de Bovis. Antes de tomar las riendas del macrocomplejo judicial, defendió los intereses de los propietarios de los terrenos en su negociación con Campus. Este técnico rechazó acudir a la Comisión de Investigación de la Asamblea. Si le llama el juez, no podrá negarse.

https://elpais.com/ccaa/2018/09/21/madrid/1537555970_580587.html

LA AUDIENCIA NACIONAL BUSCA LOS CONTRATOS Y PAGOS PERDIDOS DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE ESPERANZA AGUIRRE

El informe de la Cámara de Cuentas que ha originado la causa alerta de que no hay rastro de "una buena parte" de la documentación El órgano fiscalizador regional confirmó que faltaban contratos, hojas de contabilidad y justificación que acreditara las partidas El juez José de la Mata y la Fiscalía Anticorrupción indagan en el agujero de 100 millones que los auditores reflejaron en un cálculo a la baja

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata no lo tendrá fácil en su investigación de las irregularidades del Campus de la Justicia de Madrid, un macroproyecto que se inició en 2004 bajo la presidencia de Esperanza Aguirre y cuyo legado, más de una década después, es un edifico sin uso y un agujero de 100 millones de euros.

El tribunal ha visto indicios de cuatro delitos (malversación, prevaricación, tráfico de influencias y societario) en la gestión de las macroinfraestructuras que planeaba la Comunidad de Madrid con proyectos encargados a eminencias de la arquitectura de todo el mundo.

Bucear en los expedientes administrativos del Campus de la Justicia no será una tarea sencilla para la Audiencia Nacional. Es lo que se deduce del informe de la Cámara de Cuentas en el que se basa la denuncia presentada por el Ejecutivo regional que presidía Cristina Cifuentes el pasado marzo y que ha dado lugar al inicio de esta investigación. En su informe de fiscalización, el organismo auditor admitió que le había sido imposible calcular todo el dinero público que se había tragado el macroproyecto porque faltaban contratos, hojas de contabilidad y documentación para acreditar algunos pagos.

La Cámara de Cuentas examinó todos los años de vida del Campus: los que estuvo en funcionamiento y cuando ya era una sociedad fantasma, sin actividad pero con gastos.

En todo caso, la información obtenida sí sirvió a ese organismo para concluir que la empresa pública que se creó para poner en marcha el macroproyecto no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, el de los principios que deben presidir la contratación del sector público. El juez De la Mata, que toma ahora las riendas de la investigación, considera que estas prácticas presuntamente irregulares podrían ser constitutivas de los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y conexos.

De hecho, el órgano fiscalizador admitió que el propio cálculo del agujero de 100 millones de euros era una estimación a la baja por la "ausencia" de "una buena parte" de la documentación justificativa. Por ejemplo, en el capítulo de gastos, que asciende a 95,3 millones de euros, muchos de ellos están sin justificar porque se hicieron en base a una documentación de la que no hay ningún rastro. Así ocurre con parte de los 6,4 millones de euros destinados a publicitar las bondades de la unificación de las sedes judiciales, pues en ocasiones "no consta ni el contrato ni la copia de las inserciones concretas".

La falta de contratos también afectó a las licitaciones públicas, donde la Cámara sospecha que pudieron producirse amaños. Por ejemplo, los técnicos destacan que en algunos concursos se potenciaron requisitos para favorecer a compañías concretas o se produjeron concurrencias falsas, una práctica habitual para amañar concursos y que consiste en que se presentan a la oferta tres empresas, pero que están vinculadas entre sí.

El descontrol sobre los gastos es el hilo conductor de todas las conclusiones que extrajeron los consejeros de la Cámara de Cuentas. Resaltaron haber encontrado unas transferencia de 9 millones de euros que tardó nueve meses en apuntarse en la contabilidad y sobre la que tampoco se aclaró la entidad de destino. Sobre otras transferencias fue imposible el control porque las entidades bancarias no aportaron todos los datos.

Sin colaboración de los bancos

En este punto, la auditoría destaca que La Caixa, la entidad con la cuenta más activa, no contestó a los requirimientos de los auditores. Las otras dos entidades financieras en las que el Campus de la Justicia mantuvo abiertas cuentas entre 2005 y 2014 -Caja Castilla la Mancha y Bancaja (hoy Liberbank)- contestaron parcialmente, pero solo sobre algunos de los ejercicios y no a toda la información que se les solicitaba.

Con ese mismo problema se encontraron los consejeros del órgano fiscalizador a la hora de analizar los movimientos de las tarjetas de crédito de los directivos de la entidad. "No se ha podido disponer de los datos completos referidos a la operativa de una tarjeta Visa Platino, a pesar de los diversos requerimientos efectuados a la entidad bancaria correspondiente", lamenta la Cámara de Cuentas, que solo pudo detectar gastos por un importe de al menos a 15.647,20 euros que, además, "no se encuentran debidamente justificados".

Tampoco pudieron saber los consejeros de la Cámara de Cuentas a qué responde el ingente gasto en comidas y viajes. Su informe resaltó que "no aparece documentalmente justificado, en general, ni los participantes en esas actividades ni el motivo de las mismas, que permita claramente determinar la justificación de su abono por parte de la sociedad".

Por otra parte, los auditores también resaltaron la existencia, a partir de 2008 y con prórroga el ejercicio siguiente, de pagos mensuales de 3.500 euros a un determinado fotógrafo, sin que se pudiera localizar "ningún contrato en los archivos [de la Ciudad de la Justicia] que diera cobertura legal al citado pago".

En la investigación abierta ahora por el juez José de la Mata, que ha sido declarada secreta, se ha requerido información a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid. Fuentes de la misma confirman que la Policía Judicial requirió documentación en la tarde del martes a este organismo y que sus responsables actuales la entregaron a los agentes.

El Consejero de Justicia más involucrado en el Campus de la Justicia fue Alfredo Prada, padrino político de Pablo Casado, que lo ha devuelto a la dirección nacional del Partido. El proyecto del Campus de la Justicia se inició en 2004 bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, aunque las primeras ideas habían surgido ocho años antes, cuando Alberto Ruiz Gallardón planteó unificar las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid.

https://www.eldiario.es/politica/ciudad_de_la_justicia-audiencia_nacional-trabas-delitos_0_816119348.html

LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA UNA DENUNCIA DE ANTICORRUPCIÓN SOBRE EL DESFALCO DEL CAMPUS DE LA JUSTICIA IMPULSADO POR AGUIRRE Y GONZÁLEZ

La Abogacía General de la Comunidad detectó en el proyecto incumplimientos de diversas irregularidades contables y de contratación Fiscalía acelera la judicialización del caso Campus de la Justicia para evitar prescripciones

La Fiscalía Anticorrupción aceleró la judicialización del posible desfalco del Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid para evitar la prescripción de algunos de lo presuntos delitos relacionados con el desarrollo de este proyecto urbanístico fallido, que fue iniciado por los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, informa Europa Press.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes de la investigación que explican de este modo que la fórmula empleada por el Ministerio Público para poner este asunto en manos de la Audiencia Nacional sea la denuncia, que supone poner en conocimiento del juez José de la Mata unos hechos presuntamente irregulares, y no una querella, que debería dirigirse contra personas concretas y requiere una elaboración más precisa.

Por otro lado, el motivo por el que esta actuación de la Comunidad de Madrid es competencia de la Audiencia Nacional y no de un juzgado de instrucción ordinario se encuentra en lo elevado de la cuantía presuntamente distraída del erario público. El importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización realizados por la Cámara de Cuentas asciende a 355.577.355,92 euros, según el informe en el que se basa la denuncia que fue presentada en su día en la Fiscalía por los grupos parlamentarios de Podemos, PSOE y Ciudadanos.

Esta competencia por razón de cuantía se regula en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que señala que corresponde a este órgano investigar defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 admitió la denuncia el pasado 3 de agosto por las presuntas irregularidades acometidas por la sociedad mercantil Campus de la Justicia SA y que podrían ser constitutivas de los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y conexos.

Por el momento, Anticorrupción no ha solicitado la citación de ningún responsable autonómico ni de ninguna otra persona en relación con este asunto, según las mismas fuentes, por lo que aún no se puede hablar de imputados en este procedimiento.

Sin sistema de control interno sólido

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó el 23 de diciembre de 2004 la creación de la sociedad Campus de la Justicia de Madrid SA, una empresa de titularidad 100% pública que nacía con un capital social de 7.350.000 euros para poner en marcha el proyecto, tal y como recogió la orden firmada por la entonces consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo, y la propia Esperanza Aguirre.

Según el acuerdo que publicó entonces el Boletín Oficial de la región, el objetivo era "el desarrollo y ejecución de los planes, programas y actuaciones para la realización y gestión" de ese proyecto, incluyendo la "enajenación de los inmuebles" que constituían las dependencias judiciales y que iban a devenir en "innecesarios" una vez puesto en marcha el Campus. La sociedad fue disuelta el 31 de julio de 2014, ya con Cristina Cifuentes presidiendo la Comunidad de Madrid.

La denuncia admitida ahora se basa en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas del pasado mes de marzo en el que se concluye que la mencionada sociedad no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, el de los principios que deben presidir la contratación del sector público.

Dicho informe ponía de manifiesto, entre otros elementos, la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad Campus de la Justicia, la falta de rendición de cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios, deficiencias en la incorporación remitida respecto de las inversiones financieras, de tesorería, del inmovilizado, etc.

Igualmente, en el ámbito relativo a la contratación y pagos, el informe describe irregularidades consistentes en defectos relevantes de tramitación, en contratación ajena al objeto social de la entidad o en ausencia de documentación que justifique, bien la existencia de expediente para la contratación, bien la causa de los pagos efectuados.

El importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización realizados por la Cámara de Cuentas asciende a 355.577.355,92 euros. De todo el proyecto realizado sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, aunque inacabadas y en situación de abandono.

Operaciones objeto de investigación

Entre las operaciones y procesos de contratación objeto de investigación se encuentran la gestión integrada del Proyecto y la Construcción de la Urbanización y la Edificación de la Fase 1 del Campus de la Justicia de Madrid (2007), la Aplicación de las nuevas tecnologías en el Proyecto Campus de la Justicia de Madrid (2007), la consultoría y asistencia técnica para la implantación de un sistema integral de Seguridad en el Campus de la Justicia o la creación de la marca representativa y la estrategia de comunicación.

También se investigan la asesoría técnica para la elaboración de la estrategia de gestión del cambio del Campus de la Justicia, el alquiler de la lona publicitaria para la fachada de la calle Goya 66, la cobertura fotográfica del Campus de la Justicia, el mantenimiento de la sede social y servicios de vigilancia y seguridad de la sede social del Campus, en la calle Miguel Ángel, la edición y distribución del libro "Foster+Partners", el servicio de asesoramiento jurídico o el patrocinio y promoción del Campus de la Justicia (2008), entre otros.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/09/19/la_audiencia_nacional_investiga_una_denuncia_anticorrupcion_sobre_desfalco_del_campus_justicia_impulsado_por_aguirre_gonzalez_86890_1012.html

LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA EL AGUJERO DE 100 MILLONES EN LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE ESPERANZA AGUIRRE

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional investiga desde el pasado 3 de agosto el faraónico proyecto de la Ciudad de la Justicia que puso en marcha el Gobierno de Esperanza Aguirre y que nunca llegó a culminarse, informan a eldiario.es fuentes próximas al caso.

La investigación parte de una querella de la Fiscalía Anticorrupción en relación con distintas prácticas presuntamente irregulares acometidas por la sociedad mercantil Campus de la Justicia SA (CJM) y que podrían ser constitutivas de los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y conexos.

La denuncia admitida se basa en el informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de marzo pasado en el que se concluye que CJM no estableció en materia de contratación un sistema de control interno sólido que garantizase razonablemente el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos y, fundamentalmente, el de los principios que deben presidir la contratación del sector público.

Dicho informe ponía de manifiesto, entre otros elementos, la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-organizativa de la sociedad Campus de la Justicia, la falta de rendición de cuentas, que fueron presentadas incompletas o fuera de plazo de varios ejercicios, deficiencias en la incorporación remitida respecto de las inversiones financieras, de tesorería, del inmovilizado, etc.

Igualmente, en el ámbito relativo a la contratación y pagos, el informe describe irregularidades consistentes en defectos relevantes de tramitación, en contratación ajena al objeto social de la entidad o en ausencia de documentación que justifique, bien la existencia de expediente para la contratación, bien la causa de los pagos efectuados.

Un gasto de 356 millones de euros

El importe total de la contratación obtenido en los trabajos de fiscalización realizados por la Cámara de Cuentas asciende a 355.577.355,92 euros. De todo el proyecto realizado sólo constan realizadas las obras de urbanización y los túneles de acceso, así como el Instituto de Medicina Legal, aunque inacabadas y en situación de abandono.

Entre las operaciones y procesos de contratación objeto de investigación se encuentran la gestión integrada del Proyecto y la Construcción de la Urbanización y la Edificación de la Fase 1 del Campus de la Justicia de Madrid (2007), la Aplicación de las nuevas tecnologías en el Proyecto Campus de la Justicia de Madrid (2007), la consultoría y asistencia técnica para la implantación de un sistema integral de Seguridad en el Campus de la Justicia o la creación de la marca representativa y la estrategia de comunicación.

También se investigan la asesoría técnica para la elaboración de la estrategia de gestión del cambio del Campus de la Justicia, el alquiler de la lona publicitaria para la fachada de Goya 66, la cobertura fotográfica del Campus de la Justicia, el mantenimiento de la sede social y servicios de vigilancia y seguridad de la sede social del Campus, en la calle Miguel Ángel, la edición y distribución del libro “Foster+Partners”, el servicio de asesoramiento jurídico a CJM o el patrocinio y promoción del Campus de la Justicia (2008), entre otros. . El juez ha comenzado a practicar las primeras diligencias para la averiguación de los hechos. Por el momento no hay personas imputadas.

Se trata de una investigación declarada secreta por el juez José de la Mata en el marco de la cual se ha requerido información a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid. Fuentes de la misma confirman que la Policía Judicial requirió documentación en la tarde del martes a este organismo y que sus responsables actuales entregaron la misma a los agentes.

El Consejero de Justicia al que salpica el proyecto es Alfredo Prada, hoy integrado en el equipo de Pablo Casado por decisión del nuevo presidente del Partido Popular, según las fuentes consultadas. El proyecto del Campus de la Justicia se inició en 2004 bajo la presidencia regional de Esperanza Aguirre, aunque las primeras ideas habían surgido ocho años antes, cuando Alberto Ruiz Gallardón planteó unificar las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid.

Impulso de la oposición madrileña

Más de una década después de que se colocase la primera piedra el legado de esas aspiraciones megalómanas son un único edifico sin uso y un agujero de 100 millones de euros, según el informe redactado por la oposición en la Asamblea de Madrid que llegó, primero a la Fiscalía de Madrid, y después a Anticorrupción. Ese informe es previo al que cita la Audiencia Nacional.

El pasado abril, en mitad del escándalo del máster falso de la ya expresidenta, el Gobierno autonómico envió a la Fiscalía el informe de fiscalización, en este caso elaborado por la Abogacía regional. Ese documento se basaba en una investigación previa de la Cámara de Cuentas en la que el órgano fiscalizador había detectado la "preponderancia de criterios discrecionales" en la adjudicación de contratos y "la aplicación de fundamentos desiguales en la valoración de las ofertas". En el documento aportado por el Ejecutivo regional, los letrados alertaron de que en ese proyecto se habían incumplido "las normas más esenciales de contratación".

Como otros grandes proyectos de la época de Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, el Campus de la Justicia no se libra de la sombra de la corrupción. El mismo acto de colocación de la primera piedra en 2007 se convirtió en un símbolo del despilfarro: costó 1,4 millones de euros. De parte de la organización se encargó la empresa de José Luis Ulibarri, un constructor implicado en el caso Gürtel, que luego fue adjudicatario de contratos que no llegaron a cerrarse.

La trama Púnica también aparece relacionada con el proyecto. Entre las empresas sospechosas de haber pagado actos electorales al partido está Over Marketing, de Daniel Mercado, el publicista que ha admitido haber participado en el amaño de contratos con distintas administraciones del PP. Over Marketing y Traci Comunicación -otra de las empresas de Mercado- se encargaron en los primeros años de parte de la promoción de este proyecto, unos trabajos por los que recibieron 362.000 euros.

https://m.eldiario.es/politica/Campus-Justicia_0_816118918.html

UN ARREPENTIDO DE 'PÚNICA' AFIRMA QUE BARREIRO CONTRATÓ MEJORAS DE IMAGEN

Javier Bueno, ex empleado de empresas de la trama, desmiente a la exalcaldesa de Cartagena y declara que los trabajos no eran institucionales, sino que tenían carácter personal

La declaración prestada ayer por Francisco Javier Bueno, quien fue 'mano derecha' de uno de los presuntos líderes de la 'trama Púnica', Javier de Pedro, ensombreció de repente las buenas perspectivas que en los últimos tiempos venían surgiendo sobre un posible sobreseimiento de los cargos contra la exalcaldesa popular de Cartagena, Pilar Barreiro.

El testimonio de Bueno, considerado uno de los principales arrepentidos del 'caso Púnica', vino a apoyar las sospechas existentes sobre la presunta contratación por parte de Pilar Barreiro de trabajos para la mejora de su reputación personal, que en el año 2014 estaba especialmente afectada por su imputación en las diligencias de 'Novo Carthago'. Esas labores se habrían abonado supuestamente con cargo a las arcas públicas, camufladas en apariencia como contratos publicitarios sobre las fiestas de Carthagineses y Romanos y sobre la exposición del tesoro de la Mercedes.

El antiguo colaborador en empresas de la 'trama Púnica' manifestó ante la magistrada del Tribunal Supremo Ana María Ferrer que hubo una primera reunión en junio de 2014 (un año antes de las elecciones municipales) en la que participaron Barreiro, el que fue su jefe de gabinete, Francisco Ferreño, y Alejandro de Pedro, donde se cerró un primer contrato de plan de medios para posicionamiento de noticias 'online'.

El periodista Vaquer, que fue despedido por publicar una noticia negativa de la primera edil, pidió declarar por videoconferencia

Según señalaron fuentes próximas al proceso, Bueno explicó que tres meses después, en octubre, se celebró un segundo encuentro, en las cercanías de la sede consistorial de Cartagena, esta vez solamente entre Bueno y Ferreño. En esta reunión se habría acordado aumentar los servicios con una de las empresas del entramado de 'Púnica'. En concreto -siempre según las manifestaciones de Bueno-, Ferreño le comunicó el visto bueno de la entonces regidora a la oferta formulada por De Pedro, que le recomendó no solo posicionar contenidos en un periódico digital para mejorar la imagen de Barreiro, sino además generarlos por sus propios periodistas, por considerar que esa opción era más efectiva.

Las mismas fuentes precisaron que la magistrada instructora hizo especial hincapié en conocer si estos trabajos eran de mejora de imagen personal o bien estaban relacionados con la labor institucional de Pilar Barreiro en el Consistorio, a lo que Bueno respondió que fue algo de carácter personal.

El testigo, que trabajó para Madiva Editorial, una de las empresas del experto informático, eludió entrar en detalles acerca del pago de facturas ni de los importes de las mismas, puesto que señaló que esa no era una competencia suya.

Aunque la Fiscalía solicitó semanas atrás el archivo de las diligencias existentes contra la actual senadora del Grupo Mixto -tuvo que dimitir como parlamentaria del PP-, las manifestaciones de ayer de Francisco Javier Bueno la sitúan ahora en una posición más comprometida.

Los dos letrados de Barreiro, José Pardo Geijo y Raúl Pardo-Geijo Ruiz, se mostraron especialmente incisivos con el arrepentido cuando la juez abrió su turno. A resultas de sus preguntas, Bueno declaró en varias ocasiones no recordar detalles concretos sobre los contratos suscritos con el presunto beneplácito de la entonces alcaldesa.

La juez también citó como testigos a una concejal del PP de Cartagena, Carolina Palazón, y al periodista al que contrató presuntamente la trama, Isaac Vaquer, quien pidió declarar por videoconferencia al encontrarse fuera de la península. Este profesional fue despedido por publicar una noticia negativa de Barreiro.

Tras esta toma de declaración, la magistrada podría adoptar una decisión definitiva sobre esta causa, en la que se investigan presuntos delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.

http://www.laverdad.es/murcia/arrepentido-punica-afirma-20180512013229-ntvo.html

DECLARA EN EL SUPREMO EL TESTIGO QUE APUNTALÓ LA ACUSACIÓN CONTRA BARREIRO Y SÁNCHEZ

Este viernes la jueza Ana Ferrer toma declaración a tres testigos: uno de ellos trabajó para una de las empresas de la trama y ratificó ante el juez que el concurso público del ayuntamiento de Cartagena, que entonces dirigía Barreiro, fue "una vergüenza

La investigación contra la senadora Pilar Barreiro por su presunta implicación en la Púnica sigue adelante en el Tribunal Supremo y este viernes la magistrada Ana Ferrer tomará declaración a tres testigos: uno de ellos, Francisco Javier Bueno, trabajó para una de las empresas de la trama y ya definió en sede judicial como una "vergüenza" el proceso de licitación pública que se investiga en esta causa.

Barreiro, alcaldesa de Cartagena durante casi veinte años y en la actualidad senadora del grupo mixto, está acusada de haber pagado con dinero público al empresario Alejandro de Pedro para que mejorase su imagen en las redes sociales. La causa se puso de cara para la senadora cuando el expresidente del PP de la localidad declaró a su favor y la Fiscalía pidió el archivo del caso, pero la instructora ha decidido poner en marcha estas testificales.

Francisco Javier Bueno, exdirector comercial de la empresa MADIVA, declaró ante el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional a finales de 2014 y frente a la Guardia Civil en abril de 2016. Ante el entonces instructor de la macrocausa, Bueno negó saber de dónde salió el dinero que pagó los trabajos pero confirmó las sospechas del juez: que el contrato público del consistorio de Cartagena con el que se iban a justificar los pagos estaba apalabrado desde el principio entre la trama y Barreiro.

"No entiendo cómo funciona esto, pero me di cuenta de que blanco y en botella", dijo Bueno cuando comentó al juez Velasco de que fueron ellos mismos los que buscaron otras dos empresas para completar los formalismos del concurso negociado y sin publicidad. Uno de ellos se presentó, dijo, "medio forzado, por decirlo de alguna manera", y las propuestas que presentó le parecieron "una vergüenza", llegando a preguntarse "¿Esto hay que hacerlo?" cuando fue a enviarlas a la administración.

Reuniones con la trama

Bueno también declaró más tarde ante la Guardia Civil, negando saber con qué dinero se habían pagado esos trabajos reputacionales de Barreiro, pero dejando claro que la exalcaldesa de Cartagena por el Partido Popular participó en reuniones con miembros de la trama: reuniones previas a la licitación de los contratos investigados.

Afirmó en primer lugar que el diario digital creado en Cartagena para favorecer a Barreiro "lo pagaba MADIVA pero los subvencionaba el Ayuntamiento de Cartagena lógicamente, ya que estaba implícito en el plan de medios que había vendido De Pedro a Barreiro". Una Pilar Barreiro que se reunió con Alejandro de Pedro: relató cómo estaba con De Pedro en un hotel de la Gran Vía de Madrid cuando el empresario le despachó porque "tenía una reunión con Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez", viéndoles llegar cuando él se iba.
Una concejala y un periodista

Además de la testifical de Bueno, la magistrada Ana Ferrer tiene previsto escuchar las explicaciones de la concejala del PP de Cartagena, Carolina Palazón, y al periodista Isaac Vaquer. En el caso de Palazón, la exposición razonada enviada en su momento por el juez Velasco al Tribunal Supremo relataba que la entonces edil de Turismo en el consistorio de Cartagena firmó las facturas investigadas que canalizaron el dinero público para pagar la reputación online de Barreiro. Vaquer, por su parte, fue el periodista contratado para generar contenidos favorables a la imagen de la entonces regidora.

Las tres testificales son las últimas diligencias propuestas por la jueza Ana Ferrer en esta pieza murciana de la trama Púnica después de que la Fiscalía solicitase el archivo de la causa.

http://cadenaser.com/ser/2018/05/10/tribunales/1525969516_455956.html

EL CNI NIEGA AL JUEZ DATOS SOBRE LA SUPUESTA CONTRATACIÓN DE UN IMPUTADO DEL ‘CASO PÚNICA’

El servicio de inteligencia se ampara en el carácter reservado de sus actividades para no dar datos sobre los supuestos trabajos del informático Alejandro de Pedro

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha remitido al juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, un escrito en el que rechaza facilitarle información sobre los supuestos tratos que mantuvo durante 2013 y 2014 con el experto informático Alejandro de Pedro, imputado en la causa de corrupción por el supuesto cobro de dinero público para mejorar la reputación en Internet de políticos del PP. El magistrado quería saber si era cierto, como afirma De Pedro, que este estuvo una decena de veces en la sede del CNI y fue contratado por el organismo.

García-Castellón había pedido al CNI que certificase en qué fechas se habían producido esas supuesta visitas de De Pedro a las oficinas centrales del servicio secreto en Madrid. También solicitaba el detalle de los supuestos trabajos que una de las mercantiles del informático, Eico Online Comunicación SL, había realizado “bien directamente, bien bajo supervisión” para el CNI en el mismo periodo. Finalmente, el juez reclamaba información sobre las “cantidades económicas que el CNI o persona o entidad relacionada con el citado centro abonó” al experto informático y a su empresa. De Pedro asegura en sus escritos que buena parte de los 82.250 euros en metálico que la Guardia Civil encontró en su domicilio en Valencia cuando fue detenido en octubre de 2014 procede, precisamente, de pagos efectuados por el servicio secreto “por determinados servicios que afectan a la seguridad nacional”.

En su respuesta, el CNI evita pronunciarse sobre la veracidad de las afirmaciones de De Pedro, y se escuda, para no informar, en el artículo 5.1 de la ley que regula su funcionamiento desde 2002. Dicho punto determina que la “organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias” están consideradas “información clasificada con el grado de secreto”. Fuentes de la institución añaden que la misma solo puede ser facilitada a un juez previa autorización del Consejo de Ministros.

La petición de García-Castellón se produce después de que el propio De Pedro reclamase dicha información en sendos escritos de los pasados 22 de diciembre y 1 de febrero, en los que pedía que se le devolviese el dinero que se le intervino en su domicilio al considerar que este tenía “procedencia lícita” precisamente por ser supuestos pagos del CNI.

Esos supuestos pagos se produjeron, según ha reiterado el informático, por realizar trabajos para hacer frente a los mensajes lanzados en las redes sociales contra España por diversos colectivos. Entre ellos, yihadistas, independentistas catalanes y la izquierda abertzale. De Pedro afirma que el resultado de su trabajo se plasmó en varios informes que guardaba, junto a los mensajes de correo electrónico que intercambió con agentes del CNI, en los ordenadores que le intervino la Guardia Civil. Denuncia que ninguno de ellos se ha incorporado al sumario.

Ya anteriormente, el experto informático de la trama había pedido que se aportara a la causa otro material que, según él, demostraría sus tratos con el servicio secreto. En concreto, el contenido de los 25 SMS y 12 llamadas de teléfono que supuestamente intercambió con integrantes del CNI hasta pocos días antes de su detención. De Pedro aseguraba que dichas comunicaciones fueron interceptadas por la Guardia Civil durante la investigación del caso Púnicapero que nunca fueron incorporadas a la causa.

Alejandro de Pedro ha pedido hasta en tres ocasiones que estas llamadas y mensajes sean tenidas en cuenta en la investigación al considerar que demuestran que los trabajos que hizo para mejorar la imagen en internet de políticos y cargos públicos del PP de Madrid, Valencia, Murcia y León eran absolutamente legales y que, de hecho, fue su “especial profesionalidad y capacitación” la que llevó al CNI a contratarle. Estos contactos se registraron supuestamente entre el 1 de julio de 2014 —día en el que se inició la intervención de su teléfono por orden judicial— y el 8 de octubre de ese año, dos semanas antes de que fuera detenido. El informático siempre ha declinado detallar el contenido de estos contactos.

Fichado para frenar la ofensiva del 9-N

Los supuestos trabajos de Alejandro de Pedro para el CNI se iniciaron, según sostiene, en 2013, en plena ofensiva del secesionismo catalán que desembocó en la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014. Según fuentes del entorno del informático, los servicios secretos lo contrataron para difundir noticias positivas de la sociedad y la economía españolas con las que hacer frente a los ataques lanzados desde foros independentistas. Todo ello bajo una cláusula de confidencialidad.

Esta presunta relación profesional se tradujo, según su versión, en un cruce de llamadas y mensajes de De Pedro con agentes del CNI que algunos días fue intensa, según detalla el informático en los escritos en los que reclama la incorporación a la causa de esas comunicaciones. En julio de 2014 mantuvo, dice, nueve conversaciones, tres de ellas el día 10. Ese mes intercambió numerosos SMS con miembros del servicio secreto. Cinco el 16 de julio, y otros nueve entre el 23 y el 25 del mismo mes.

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/19/actualidad/1521458138_269603.html?rel=mas

EL ARROZ ‘EN NEGRO’ DEL PP DE ESPERANZA AGUIRRE

La Guardia Civil destapa en el ‘caso Púnica’ nuevos desvíos de fondos públicos para pagar 11 actos del partido en tres municipios de Madrid. Entre ellos, una paella de 2.750 euros

La investigación del caso Púnica sigue sacando a la luz nuevos episodios de supuesta financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entregado al juez Manuel García-Castellón el pasado 27 de abril, señala a los exalcaldes populares María de los Ángeles Herrera (Ciempozuelos), Esteban Parro (Móstoles) y Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio) como presuntos implicados en el desvío de 42.000 euros de fondos públicos para costear 11 actos de su partido en estos municipios, entre ellos varias copas de Navidad para afiliados y una paella de 2.750 euros para atraer nuevos militantes. Todo ello mediante el supuesto uso de facturas falsas o infladas que hicieron pasar como gastos de los festejos populares que financiaban los consistorios. La Guardia Civil tomó declaración como investigados a los dos primeros el pasado 18 de abril. El tercero estaba ya imputado desde su detención en junio de 2015 por el supuesto amaño de un contrato de eficiencia energética en favor de la trama. La UCO acusa a los tres de los delitos de prevaricación, fraude y malversación.

El epicentro de estas supuestas irregularidades es la empresa Waiter Music, especializada en la organización de festejos populares y que ya en otros informes policiales ha aparecido vinculada de manera reiterada a la financiación irregular de mítines del PP de Madrid. Su gerente, José Luis Huerta Valbuena, ha comenzado a colaborar con la justicia y el pasado marzo confesó en la Audiencia Nacional que había montado gratis actos para al partido entonces dirigido por Aguirre a cambio de hacerse con los contratos de las fiestas de los pueblos en aquellos municipios donde gobernaba el PP. A través de tres sociedades, Huerta consiguió entre 2006 y 2012 adjudicaciones por un valor cercano a los 20 millones de euros. El nuevo informe de la UCO, detalla que, en el caso de los tres ayuntamientos ahora investigados, los contratos con los que se hizo sumaban más de 4 millones de euros.

En Ciempozuelos, el informe destaca que Waiter Music se encargó de organizar, al menos, cinco actos del PP, parte de cuyo coste fue posteriormente facturado al propio Ayuntamiento. Este terminó pagando por ellos con cargo a las arcas públicas 19.495 euros. El primero fue el servicio de comidas del mitin que el partido organizó en marzo de 2008, con motivo de las elecciones generales de aquel año. El documento detalla que aquella comida fue encargada a un restaurante de la vecina localidad de Valdemoro y costó 3.600 euros. La operativa se repitió en diciembre 2009 con otro servicio de comidas, en este caso valorado en 7.100 euros, y que sirvió para agasajar a sus militantes con motivo de las fiestas navideñas. En este caso, el coste se cargó a dos actos municipales: un cóctel que se ofreció en homenaje a las personas mayores del municipio y la organización de la cabalgata de Reyes.

En los dos años siguientes, el PP de Ciempozuelos utilizó el mismo sistema para financiar otros dos servicios de comida navideños para sus afiliados, por un total de 6.450 euros. Y en marzo de 2010, para sufragar una paella valorada en 2.750 euros con la que el partido quería “atraer a gente, sobre todo inmigrante y joven” para preparar las elecciones municipales del año siguiente, según recoge un documento interno del partido incorporado al sumario. Finalmente, el informe de la UCO apunta que alguien del Ayuntamiento que no ha podido ser identificado hasta el momento consiguió que Waiter Music le organizara sin coste alguno una fiesta privada valorada en 25.000 euros.

En Móstoles, las sospechas se dirigen hacia siete eventos del PP, aunque la Guardia Civil admite que solo ha recopilado pruebas sobre cinco de ellos. Cuatro son desayunos organizados por la formación entre febrero y abril de 2011 en un hotel de la localidad en la que participaron dirigentes del partido en la región. El informe de la Guardia Civil concluye que los 2.360 euros que costó la instalación del equipo de sonido de todos ellos fueron cargados al consistorio a través de una factura girada por la organización de los actos festivos por del 2 de mayo de aquel año. El quinto acto investigado es una fiesta “campera” que el PP organizó para sus afiliados de Móstoles y Alcorcón, y cuyo importe superó los 12.000 euros. La UCO considera que de esta cantidad, 4.425 euros fueron incluidos de manera irregular a través de seis facturas en los presupuestos de las fiestas locales de septiembre de ese mismo año.

La Guardia Civil también ha encontrado irregularidades similares en la gestión del PP al frente del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio. En este caso, el acto bajo sospecha es un mitin que el PP de esta localidad celebró el 25 de mayo de 2007 como fiesta de fin de campaña de las municipales de ese año. La UCO considera acreditado que Waiter Music nunca facturó los 13.442 euros que costó dicho acto al partido, “sino que enmascaró el coste del evento y lo incluyó en los gastos extras de las fiestas de agosto y septiembre de 2007" del municipio.

https://politica.elpais.com/politica/2018/05/11/actualidad/1526059604_438423.html

UN EMPRESARIO DE PÚNICA: “ME PEDÍAN A MANOLO ESCOBAR FUERA DE CONTRATO Y LUEGO AMAÑABAN LA FACTURA”

Declaración de José Luis Huerta, propietario de la empresa de eventos Waiter Music
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El empresario José Luis Huerta aseguró ante el instructor de la Púnica que los alcaldes investigados en esta trama corrupta “no paraban de pedirle cosas fuera del contrato” como una actuación del artista ya fallecido Manolo Escobar y que luego “amañaban las facturas” para cobrar el dinero que le debían.

El propietario de la empresa de eventos Waiter Music, en su declaración como investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón del pasado 7 de marzo, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, mostró ante el magistrado su desesperación por no poder cobrar el dinero que le debían los alcaldes de los ayuntamientos investigados en la trama Púnica. Además, trasladaba al juez su intención de “colaborar con la justicia”.

Este empresario fue arrestado en el marco de la ‘Operación Púnica’ en octubre de 2014. Un mes después, abandonaba la prisión madrileña de Soto del Real tras abonar la fianza de 300.000 euros que le impuso el entonces instructor del caso, el magistrado Eloy Velasco.

Durante la declaración, José Luis Huerta afirmaba que “no podía más” porque los alcaldes “no paraban de pedirle cosas fuera del pliego” establecido. Es en ese momento, García Castellón pide al empresario que profundice y detalle lo que le pedían los regidores.

“Continuamente estaban pidiendo cosas. Una fiesta para no se quién, un escenario… Se hacía el pliego de condiciones, yo pasaba la oferta y desde que se aceptaba el pliego de condiciones hasta que empezaban las fiestas… A lo mejor había 600 mayores que comían y bailaban y que les preparábamos un espacio aparte. Me llegaban y me decían, oye que no son 600, son 1.000 o 1.100. Por lo tanto, tenía que traer más bancos, más mesas, comida para 500 más” se lamentaba.

“Un año”, añadía, “me dijeron tienes que traer a Manolo Escobar. Claro, llevar a Manolo Escobar fuera de pliego ya, supuso el poner un escenario más grande, un cenador más grande, unos camerinos. No paraban de pedir”.

La Fiscalía Anticorrupción le interrumpía para que aclarase “quién no paraba de pedir”. El dueño de Waiter Music contesta que el Ayuntamiento de Valdemoro, concretamente el alcalde de entonces, “José Miguel Moreno o la jefa de Gabinete que era la que… si él no podía”.

“Eran extras continuos” le interpelaba el juez García Castellón y José Luis Huerta apunta que esos extras se pedían “en fiestas casi siempre” y luego “cada 2 meses o 3 meses”. “¿Ese plus continuo al estar fuera de contrato se lo comía usted?” preguntaba el magistrado. “Iba recuperándolo poco a poco como podía con facturas. Si tenías que pasar una factura por 10.000 euros, la pasabas por 14.000 y recuperabas 4.000 aunque no ganabas nada del trabajo“, contestaba el empresario.

“¿Era una factura amañada?” espetaba García Castellón. “Sí, era amañada para recuperar un trabajo que yo había hecho. Eso lo sabía el alcalde, José Miguel Moreno”, destacaba Huerta.

Posteriormente, el instructor le preguntaba por el importe de las facturas amañadas. “Llegaron a deberme 200.000 euros y pico. Todavía me deben dinero, no han terminado de pagarme. De 2006, 2007, 2008, de esos 3 o 4 años”, concluía.

El dueño de Waiter Music también reconoció en su comparecencia que el PP de Madrid le pagó en negro parte del dinero que le debían. Según su testimonio, el gerente de los populares madrileños, Beltrán Gutiérrez, le pagó en ‘b’ con facturas falsas por importe de 50.000 euros el acto de cierre de campaña para las elecciones autonómicas y locales del año 2007 que celebró el PP regional en el Palacio de los Deportes de la capital.

Además, aseguró que siguió trabajando para otros municipios madrileños gobernados por el PP como Algete, que le debía dinero con la esperanza de poder recuperarlo. Entre los eventos que José Luis Huerta reconocía haber organizado en esta localidad se encontraba un mitin para el exministro de Economía Rodrigo Rato, que habría costado 9.000 euros o la comunión de la hija de la exalcaldesa Inmaculada Juárez, que alcanzó el montante de 41.000 euros.

https://okdiario.com/investigacion/2018/05/04/empresario-punica-pedian-manolo-escobar-fuera-contrato-luego-amanaban-factura-2208316

LA UCO BUSCA PRUEBAS DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID EN ORDENADORES DE INDRA Y PWC

Los agentes procederán al volcado del contenido de los "numerosos efectos informáticos y dispositivos electrónicos" incautados hace un año Según la investigación, González utilizó la empresa pública ICM para inflar facturas a Indra y PwC, que luego colaboraban para llenar la caja B del partido También se investigarán los dispositivos informáticos del antiguo responsable de ICM y de cargos vinculados a Swat SL

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) ya tienen permiso del juez para adentrarse en los "numerosos efectos informáticos y dispositivos electrónicos" incautados en las empresas sospechosas de colaborar con la financiación ilegal del PP de Madrid. El juez de Púnica, Manuel García Castellón, ha accedido a que se desprecinten y se vuelque el contenido de los ordenadores de empresas como Indra, PricewaterhouseCoopers (PwC), la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) o Swat SL.

El próximo 8 de mayo, los agentes de la Guardia Civil podrán acceder a esos dispositivos y buscar en ellos información y pruebas sobre la financiación ilegal del PP de Madrid cuando estaba dirigido por Esperanza Aguirre e Ignacio González. Esta pieza de Púnica nace en realidad de los indicios encontrados en la investigación de otra trama de corrupción, el caso Lezo.

Hace poco más de un año, los agentes de la UCO detuvieron a Ignacio González en su casa de Madrid. Entre las acusaciones del auto que le llevo a prisión, la de haber utilizado a empresas como ICM o el Canal de Isabel II para llenar la caja B del partido, hasta arriba de deudas después de las elecciones autonómicas de 2011.

Según los investigadores, el sistema ideado por González necesitó de la colaboración de José Martínez de Nicolás, antiguo consejero delegado de ICM, empresa pública dependiente del gobierno regional. Los pendrives, tablets y ordenadores que le requisaron a él y a su hijo -que trabajó en PwC- tras su detención también serán ahora analizados.

La investigación ha determinado que Martínez Nicolás aumentó sin justificación los contratos de ICM con PwC e Indra para conseguir hasta un millón de euros extra. González le pidió directamente esta gestión en una reunión que mantuvieron el 7 de junio de 2012, y a la que acudieron representantes de otras empresas públicas madrileñas. El juez señala que Martínez Nicolás accedió e infló los contratos.

Según los informes policiales, solo de Indra salieron 700.000 euros para pagar trabajos que el PP de Madrid había encargado a distintos proveedores. Entre ellos, la consultora Swat SL, una de las piezas angulares en la investigación de la financiación del PP. Los agentes también investigarán la información de los dispositivos electrónicos de José Miguel Alonso, exadministrador de Swat, y Juan Miguel Madoz Echevarría, actual responsable de esa empresa.

ICM también pidió a PwC que inflase contratos. El sumario del caso Púnica recoge que la empresa pública pagó a la consultora por un contrato que no tenía contenido real a cambio de que esta financiase al PP. PwC siempre ha negado esas acusaciones. Según la investigación, este sistema sirvió para pagar a distintos proveedores de la campaña, como Troyano Marketing y Diseño, Braveheart Management, Sintra o Swat SL.

Los agentes comenzarán a sumergirse en los archivos informáticos en busca de pruebas que afiancen estas acusaciones a partir del próximo martes. El juez de Púnica ha accedido a la petición que le hizo la UCO el pasado 12 de abril y fija para el 8 de mayo el "desprecinto y clonado de los equipos y dispositivos intervenidos a los investigados". El desprecinto se tendrá que hacer frente a los letrados de las partes afectadas, si quieren acudir.

A partir de ahí los investigadores tendrán manos libres para indagar en los archivos. El juez aclara que deben centrarse en los ficheros que tengan relación con la presenta causa, evitando aquellos que puedan afectar a la privacidad de los investigados. También les pide que si detectan pruebas de nuevos delitos lo comuniquen inmediatamente.

García Castellón cogió el caso cuando Eloy Velasco, el anterior juez instructor, ascendió a la Sala de Apelaciones, después de que este hubiese detectado numerosas vías de financiación ilegal con las que el PP de Madrid nutría su caja B. El actual encargado de investigar el caso ha profundizado en esas vías, hasta llegar a afirmar que el partido tuvo en época de Esperanza Aguirre una contabilidad diseñada específicamente para ocultar los pagos en negro.

La investigación actual se desprende de la información obtenida en los registros del caso Lezo. El juez decidió a principios de enero unir esas pesquisas al caso Púnica, tras constatar que el PP usó el mismo sistema de financiación en negro en los comicios de 2007 y 2011. Todo era igual y en el organigrama del partido, dijo el juez, solo cambiaba un puesto, el de secretario general del PP de Madrid: en 2007 Francisco Granados, en 2011 Ignacio González.

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https://www.eldiario.es/politica/UCO-pruebas-financiacion-ilegal-PP-Madrid-ordenadores-Indra-PwC_0_767473500.html

LA EXDIRECTORA DE COMUNICACIÓN DE AGUIRRE DICE QUE LOS CONSEJEROS USABAN DINERO PÚBLICO PARA PROMOCIONARSE

Isabel Gallego ofrece al juez de Púnica un listado de exconsejeros de la Comunidad de Madrid que utilizaron sus departamentos a modo de "chiringuitos" para promocionar su imagen personal a través de encargos a De Pedro Asegura que lo hicieron sin consultar a la Dirección General de Prensa, ya que contaban con su propio equipo de confianza y su propio presupuesto para estas actividades

Salvador Victoria, Aguirre e Isabel Gallego.

La exdirectora general de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid Isabel Gallego ofreció al magistrado de la Audiencia Nacional que instruye la trama Púnica, Manuel García Castellón, un listado de exconsejeros del gobierno regional que utilizaron sus departamentos a modo de "chiringuitos" para promocionar su imagen personal a través de encargos online al conseguidor de la trama Alejandro de Pedro.

"Chiringuito Alfredo Prada: Ciudad de la Justicia; chiringuito Francisco Granados: Agencia de la la Inmigración; chiringuito Lucía Figar: Fundación Madrid; chiringuito Manuel Lamela: 1 por ciento. No se lo puedo explicar más claro", dijo Gallego, que matizó que esto no quiere decir que obtuvieran algún beneficio personal sino que tenían sus propios medios para hacer sus campañas, de acuerdo con la declaración judicial que prestó el pasado 5 de abril y a la que ha tenido acceso Europa Press.

Se refirió así a los organismos que utilizaron dichos exmiembros de los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González en la contratación relativa a prensa y publicidad sin consultar para ello con la autorización de la Dirección General de Medios (DGM), puesto que contaban con su propio equipo de confianza y su propio presupuesto para estas actividades.

"Había consejeros que tenían sus propios equipos de confianza y además coincidía con que la estructura de su Consejería tenían organismos con presupuestos para favorecer acciones de comunicación para ellos mismos. No lo quiero decir de manera peyorativa, pero... un chiringuito", dijo Gallego a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción.

Así pues, aunque la DGM tenía que dar la autorización en lo que respecta a las campañas de publicidad de los departamentos del Consistorio, ha reconocido que hubo duplicidades en contratos con el informático De Pedro (como en el caso de la Consejería de Educación) y que se enteró de las mismas mucho tiempo después.

Cobros a través del Canal

Respecto a los trabajos de reputación realizados por EICO, la empresa de De Pedro, la exdirectora de la DGM apuntó ante el magistrado instructor que recibió el primer informe de los mismos en 2012 y un año después comenzaron las reclamaciones por parte del informático por una deuda contraída con la Comunidad de Madrid de 40.000 euros.

Gallego le remitió al entonces consejero de Transportes Borja Sarasola, por ser con quien había negociado las condiciones de este contrato, y fue ahí cuando De Pedro le dijo que a él le pagaba el Canal de Isabel II a través de una empresa adjudicataria. Dado que Sarasola se desentendió de la situación, recurrió al entonces consejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria para buscar una solución.

Fue en octubre del año 2012 cuando Victoria le propuso a la acusada formalizar un contrato entre De Pedro, que seguía prestando servicios para la Comunidad de Madrid, y la DGM de 1.800 euros al mes. "Yo le dije que no lo veía, pero él me tranquilizó diciendo que no era un contrato sino el pago de un gasto menor y que era una situación provisional", aseguró Gallego.

Concurso 'ad hoc'

Según el relato de los hechos, Victoria le comunicó que se iba a hacer un concurso ad hoc de la empresa pública madrileña del Canal de Isabel II para concedérselo a la empresa de De Pedro, si bien se acabó adjudicando a otra compañía. Por ello decidió hablar con la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid (ICM) para ver si la empresa Indra podría contratarle hasta que salieran un nuevo concurso del Canal.

Así, Gallego no supo aclararle al juez qué trabajos hizo De Pedro a Esperanza Aguirre, al no ser ella la que se encargaba de esa función. Respecto de Ignacio González, dijo que De Pedro se dedicó a poner en valor su gestión en política en calidad de presidente de la Comunidad de Madrid aunque también se le encomendaron trabajos de noticias "más personales" pero que afectaban a su cargo.

"Las noticias eran institucionales y personales y esto era algo que se hacía habitualmente en los departamentos de comunicación", apuntó Gallego en una primera parte de interrogatorio que se reanudará este jueves 26 de abril en dependencias judiciales.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/04/24/la_exdirectora_comunicacion_aguirre_dice_que_los_consejeros_usaban_dinero_publico_para_promocionarse_82098_1012.html

ARCHIVADA LA QUERELLA DE CIFUENTES CONTRA GRANADOS TRAS ACUSARLA DE CONOCER LA SUPUESTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

La magistrada rechaza que la conducta del exsecretario general del PP madrileño se pueda encuadrar en un delito de "trato degradante, calumnias e injurias" hacia la expresidenta de la Comunidad de Madrid Concluye que "cuando se trata de personas públicas, que ejercen funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública ha de estimarse que priman las libertades de expresión e información"

Fotografía de archivo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha inadmitido y archivado la querella que presentó la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes contra el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, después de que éste declarara en la Audiencia Nacional que la primera era conocedora de la supuesta financiación ilegal del partido madrileño.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, fechado a 3 de mayo, la magistrada rechaza que en este caso la conducta de Granados se pueda encuadrar en un delito de "trato degradante, calumnias e injurias" hacia Cifuentes. Contra el fallo cabe recurso de apelación en un plazo de cinco días.

Cifuentes, que presentó la querella siendo presidenta madrileña a título particular, alegó un "espurio uso de la palabra para descalificar y dañar su buen nombre, honor e imagen" para hablar de injurias, mientras que las calumnias las encuadró "al pretender relacionarla con actuaciones delictivas de financiación irregular, agravándose la misma al haberse realizado con publicidad".

La jueza Mª Isabel Durántez Gil hace un alegato a favor de las libertades de expresión e información cuando se trata de cargos públicos implicados en asuntos de relevancia pública, "obligadas por ello a soportar un cierto riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad resulten afectados por opiniones o informaciones de interés general".

El archivo llega después de la renuncia de Cifuentes a sus cargos como presidenta de la Comunidad de Madrid y como máxima responsable del PP de Madrid por el caso del máster que cursó bajo presuntas irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) y la publicación de un vídeo en el que era descubierta tras haber hurtado cosméticos en un supermercado.

Nulidad de actuaciones

La defensa de Granados solicitó la nulidad de pleno derecho de lo actuado por no haberse notificado el auto de admisión de la querella, lo que le causaba "indefensión" a su cliente. También pidió la nulidad por la supuesta "falta de concordancia entre los delitos atribuidos en el escrito de querella" —delitos de injurias, calumnias, y trato degradante— y los señalados en la cédula de citación que se le entregó en relación a un delito de injurias.

En cuanto al delito de trato degradante, la juez alega que los comentarios de Granados sobre una supuesta relación sentimental no encuadran en esta calificación jurídica al no reunir los requisitos para su apreciación. En este punto, se refería la magistrada a las declaraciones de Granados sobre una supuesta "relación sentimental" entre los expresidentes Ignacio González y Cristina Cifuentes.

También rechaza que Granados incurriera en un delito de calumnias, dado que sus manifestaciones ante los medios se limitaron a "relatar y repetir lo que había declarado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional".

"Su actuar no podrá enmarcarse en las infracciones penales antes descritas, dado que la jurisprudencia viene considerando que no se puede considerar calumnia cuando el acusado da a conocer unos hechos a una institución oficial competente para su investigación, dado que en ese caso su finalidad no es otra que provocar una investigación del órgano jurisdiccional en relación a los hechos", señala el fallo.

Asimismo, el juez destaca que cuando el conflicto se mueve en un marco en el que el ejercicio de las libertades de expresión e información están en conexión con asuntos que son de interés general, "los citados derechos alcanzan entonces su máximo nivel de eficacia justificadora frente al derecho al honor, el cual se debilita, proporcionalmente, como límite externo de las libertades de expresión e información".

"Cuando se trata de personas públicas, que ejercen funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública ha de estimarse que priman las libertades de expresión e información, pues así lo requiere el pluralismo político, para no correr el riesgo de hacer del derecho penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión, lo que, sin duda, resulta indeseable en un Estado democrático", agrega.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/05/04/archivada_querella_cifuentes_contra_granados_tras_acusarla_conocer_supuesta_financiacion_ilegal_del_pp_82468_1012.html

EL JUEZ DE PÚNICA RECHAZA CERRAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE CIFUENTES Y LA CAFETERÍA DE LA ASAMBLEA

El magistrado cree que la presidenta cayó en “incompatibilidad” al ser juez y parte en la adjudicación a Arturo Fernández

Ni un solo día sin que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, puede descansar tranquila. En pleno huracán por el escándalo del máster, el juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha firmado un auto que complica la vertiente de la adjudicación de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco para gestionar su cafetería y pone en tela de juicio el papel que tuvo Cifuentes en el proceso.

El auto, al que ha tenido acceso El Plural, responde a la petición de sobreseimiento que hizo la que fuera jefa del Servicio Jurídico de la Asamblea de Madrid, Tatiana-Sonsoles Recoder, y que adelantó este periódico. Aquella era una petición envenenada en la que Recoder reclamaba que se cerrara la investigación o, de no hacerlo, que llamara como imputada Cifuentes y a la jefa del Servicio de Relaciones Externas y Protocolo de la Asamblea, María Virtudes Merino.

Recoder consideraba que las dos, junto a ella, habían tenido el mismo papel en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco de Arturo Fernández, entonces jefe de la patronal madrileña y donante del Partido Popular. Las tres fueron miembros del comité de expertos que valoró las ofertas y optó por la del grupo Cantoblanco. Y Cifuentes, además, presidió la mesa de contratación que adjudicó el contrato a Arturo Fernández.

En el auto, fechado el seis de abril, el juez de Púnica se niega a sobreseer la causa y añade que, en su declaración, Tatiana Recoder “no apreció la incompatibilidad de ser miembro de la mesa de contratación y del comité de expertos de Cristina Cifuentes Cuencas”. Manuel García Castellón alega que no sabe si Recoder pasó por alto esa “incompatibilidad”, que da por hecha, “por ignorancia o con intencionalidad”.

Cabe recordar que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya pidió en un informe de mayo de 2017 que Cifuentes fuera imputada por los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho que observaba en esta adjudicación. Los agentes creían que los concursos de 2009 y 2011 pudieron estar amañados porque "se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones".

El magistrado que instruye el caso Púnica señala en su auto que “las presentes actuaciones tienen un dilatado proceso de instrucción, pues los hechos que se instruyen tienen gran complejidad y calado para establecer las potenciales imputaciones”. Recoder pedía que se imputara a Cifuentes para que diera explicaciones. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid es aforada como diputada de la Asamblea de Madrid, por lo que García Castellón no puede imputarla desde la Audiencia Nacional y tendría que solicitar este trámite al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El juez añade que la Púnica está ahora “aproximadamente mediada la instrucción” y que sobre Recoder, que participó en los mismos hechos que Cifuentes, “no existe ninguna evidencia de su falta de responsabilidad respecto de los hechos que se investigan en la presente causa, y más concretamente por la adjudicación por la Asamblea de la Comunidad de Madrid de los servicios de restauración de la misma al Grupo Cantoblanco”.

https://www.elplural.com/politica/2018/04/12/punica-cristina-cifuentes-cafeteria-asamblea-madrid

LA JEFA DE PRENSA DE AGUIRRE Y GONZÁLEZ CONFIESA LOS PAGOS CON DINERO PÚBLICO EN PÚNICA

Isabel Gallego reconoce ante la justicia las partidas para la reputación de los expresidentes del PP de Madrid

La tarde infarto en Génova 13 no parece llegar a su fin. Isabel Gallego, la que fuera jefa de gabinete de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid ha confesado en el caso Púnica y ha detallado los pagos de dinero público para los trabajos de reputación online de la ex dirigente y de su sucesor, Ignacio González.

Poco después de que el caso de Cristina Cifuentes se pusiera más cuesta arriba con la apertura de una investigación penal en la Fiscalía, y tras conocerse las puestas en libertad de Carles Puigdemont y sus exconsellers en Bélgica, llegaba el bombazo Púnica.

Gallego ha enviado al juez un escrito donde hace un relato pormenorizado de los hechos de Púnica relacionados con los trabajos de reputación online de Esperanza Aguirre e Ignacio González.


Según su relato, al que ha tenido acceso El Plural, el cabecilla de la Púnica, Alejandro de Pedro, pactó con Borja Sarasola, entonces viceconsejero de Presidencia, los trabajos para Aguirre y González, “así como los pagos, que pasarían por adjudicatarias del Canal [de Isabel II]”.

Tras el nombramiento de Borja Sarasola como consejero de Mediambiente y Ordenación del Territorio, es Salvador Victoria quien se hace cargo de los tejemanejes para pagar a De Pedro los trabajos a Ignacio González. Sin embargo, se ven incapaces de seguir con el desvío desde el Canal de Isabel II. Es aquí cuando, según Gallego, Salvador Victoria pagar al jefe de Púnica con “facturas de gastos menores desde su Dirección General [de Comunicación]”.

“De este modo, desde la Dirección General de Medios de Comunicación se le pagan 21.000 euros del año 2012, facturas mensuales de 1.800 euros del año 2013 y cuatro más en 2014 (7.200 euros)”, concreta Gallego en su escrito.

La responsable de Comunicación de Aguirre relata que, tras estos pagos, De Pedro reclamó una deuda de 100.000 euros “pero que nadie le explica de dónde salen”. Finalmente, Gallego le dice que hable con Sarasola para resolver ese pago y, después, Victoria se “compromete a pagarle a través del Canal y a hablar con el ICM para ver si Indra le puede dar trabajo”.

Dentro de las soluciones para buscar dinero a De Pedro, Gallego relata una “reunión con alcaldes, en la sede del PP, en la calle Génova, presidida por Granados y a la que asistió también Lucía Figar”. Ella niega haber estado o haber sido convocada, pero dice que dentro “les dijeron a los alcaldes que tenían que colaborar después contratando los servicios de De Pedro, lo que provocó el rechazo de algunos (no públicamente) porque no tenían dinero”.

La revelación de Isabel Gallego se produce justo después de la comparecencia voluntaria de Francisco Granados ante el juez. El que fuera número dos del PP madrileño y consejero de Presidencia involucró a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes en la caja B del PP madrileño. Asimismo situó a Isabel Gallego como integrante de la particular guardia pretoriana de González junto a la propia Cifuentes, Jaime González Taboada y Borja Sarasola.

https://www.elplural.com/sociedad/2018/04/05/jefa-prensa-aguirre-gonzalez-confiesa-punica

EMPRESARIOS DAN AL JUEZ FACTURAS DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID

Dos empresarios confiesan ante el juez financiación ilegal en el PP de Madrid

Granados declara ahora al juez de 'Púnica' que el PP de Madrid se financió con fondos públicos para la reinserción de menores

La Audiencia Nacional ya tiene en su poder facturas que acreditan la presunta financiación irregular del PP de Madrid. En las últimas semanas, al menos dos empresarios han reconocido haber facturado gastos a Fundescam por trabajos que en realidad no se habían realizado para ella, y a eso se suma la última declaración de Francisco Granados, en la que también aportó facturas falsas, aunque en este caso no eran de Fundescam. Así, el juez García Castellón ha acumulado gran cantidad de pruebas de la financiación irregular del PP madrileño. Como ejemplo, es muy ilustrativa la factura emitida por la empresa Hermanos Barral González a Fundescam, que ilustra esta información. Hay que recordar que la propia empresaria María Josefa Barral, a la que pertenece esta sociedad, confesó ante el magistrado que le había emitido una factura a Fundescam aunque jamás había realizado ningún trabajo para ellos ni conocía a nadie de esa fundación del PP. Esa declaración, y las de los empresarios Alfonso del Corral y Daniel Mercado, forman parte de la investigación sobre financiación ilegal del PP de Madrid en la operación Púnica.

Este diario ya publicó los extractos de la declaración de Barral, así como los de su socio, Alfonso del Corral, que realizó trabajos electorales para el PP de Esperanza Aguirre. También se publicó la declaración de Daniel Mercado, que indicó claramente cómo desde el Partido Popular de Madrid le daban instrucciones para desviar gastos de campaña a empresas constructoras.

La empresaria Barral reconoció ante el juez que sólo había facturado esos trabajos inexistentes de su empresa por hacerle un favor a su socio Alfonso, que le dijo que él no podía pasar más facturas a la fundación de los populares.

En la documentación que obra en poder del juez se halla esta factura, fechada en febrero del año 2011, por un importe de unos 45.000 euros.

El concepto de la factura dice literalmente: «Siete dinámicas de grupo entre residentes en pueblos de menos de 10.000 habitantes de la Comunidad de Madrid». El socio de María Josefa Barral tenía una empresa llamada Demométrica, que se dedicaba sobre todo a hacer encuestas y estudios sociológicos y que trabajó a menudo para el Partido Popular. De hecho, el propietario de esta empresa explicó a García Castellón que mantenía habitualmente reuniones con la ex presidenta de la Comunidad de Madrid para tratar sobre estos trabajos. Sin embargo, la empresa de su socia no se dedicaba a este tipo de tareas como la que refleja el concepto de la factura.

Una factura de 45.000 euros

La factura de hermanos Barral por valor de 45.000 euros, junto al reconocimiento de la empresaria de que esos trabajos jamás fueron realizados para Fundescam, y que ella jamas trató con nadie de allí, demuestra cómo el PP de Madrid derivaba gastos a la fundación, presumiblemente para eludir el control del Tribunal de Cuentas sobre sus gastos de campaña.

Con esta documentación y la nueva aportada por Francisco Granados se va estrechando cada vez más el cerco sobre la presunta financiación ilegal del PP madrileño. Las declaraciones de los empresarios han apuntado a uno de los investigados, el ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, como la persona de contacto que les indicaba a dónde desviar las facturas para poder cobrar los trabajos de campaña. Granados ha señalado directamente a Aguirre y a Ignacio González. Hay que recordar también que en el otro gran caso de corrupción del PP de Madrid que se instruye en la Audiencia, la operación Lezo, también se investigaba la financiación ilegal, y recientemente se ha incorporado toda esa parte a las actuaciones de Púnica.

http://www.elmundo.es/espana/2018/03/17/5aac1934e2704ea9668b4637.html

AGUIRRE PAGÓ 90 MILLONES A LA EMPRESA ACUSADA POR GRANADOS DE FINANCIAR AL PP

El Ejecutivo presidido por Ignacio González abonó otros 23,7 millones a la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), que según el cabecilla de la 'Púnica' sufragó en 2007 con facturas falsas una parte de la campaña de Esperanza Aguirre

Los gobiernos encabezados en la Comunidad de Madrid por Esperanza Aguirre abonaron entre 2006 y 2012 un total de 90.149.744 euros a la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), acusada el pasado jueves por el ex secretario general del PP y exconsejero de Presidencia Francisco Granados de financiar de forma ilegal las campañas de refuerzo de la expresidenta madrileña, según la información recabada por Vozpópuli.

Los pagos se iniciaron en 2006 en virtud de un acuerdo del Consejo de Gobierno, de 24 de noviembre de 2005, que autorizó el convenio de colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, dependiente de la Consejería de Justicia; y la entidad sin fines de lucro GINSO.

En 2005 el entonces vicepresidente y consejero de Justicia e Interior era Alfredo Prada, que el jueves también fue señalado por Granados como el responsable de los pagos presuntamente irregulares de la Comunidad de Madrid a GINSO.

Según Granados, la Comunidad de Madrid había abonado importantes cantidades a GINSO, que a su vez había facturado 150.000 euros a empresas relacionadas con el ex director de Telemadrid Álvaro Renedo y el experiodista de la cadena pública madrileña Germán Yanke, fallecido hace unos meses. Este dinero habría servido, siempre según Granados, para financiar las campañas publicitarias del PP de Aguirre.

El convenio entre la Comunidad de Madrid incluía la construcción y posterior gestión de un centro de régimen cerrado en Brea de Tajo (Madrid), para lo que se autorizaba un gasto de 157.736.025 euros en un plazo de 15 años. El centro, denominado Teresa de Calcuta, fue inaugurado por la presidenta de la Comunidad de Madrid el 30 de septiembre de 2006.

Alfredo Prada
En la inauguración Aguirre, que estuvo acompañada del vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, y el alcalde de Brea de Tajo, Rafael Barcala. El Centro Teresa de Calcuta tiene una capacidad para 157 plazas para menores en régimen cerrado o semiabierto, a los que hay que añadir otros 20 menores de régimen terapéutico, según la información oficial difundida en 2006 por el Gobierno madrileño.

En los dos años siguientes a la dimisión de Aguirre, el Ejecutivo ya presidido por Ignacio González, abonó a GINSO, en virtud del acuerdo de 2006, otros 23.725.000 millones de euros.

63,7 millones con Granados
Pese a que Granados acusó directamente al exconsejero Alfredo Prada de ser el responsable de la financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre, llama la atención que en los cuatro años en los que el presunto cabecilla de la 'Púnica' fue consejero de Justicia, departamento del que depende la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción, la cantidad abonada a GINSO fue de 63.717.928 euros.

El Gobierno de Cristina Cifuentes ha abonado, en virtud del acuerdo de 2006, otros 33.737.500 euros entre 2015 y 2018, año en el que ha habido una brusca caída en la facturación de GINSO, que ha pasado de percibir en 2017 un total de 10.037.500 euros a 1.770.000 euros.

https://www.vozpopuli.com/espana/Gobierno-Aguirre-Granados-financiar-PP_0_1117989199.html

GRANADOS SALVA A RAJOY MIENTRAS IMPLICA A AGUIRRE CON LOS PRIMEROS DOCUMENTOS QUE ENTREGA EN PÚNICA

El exsecretario del PP de Madrid se esfuerza en aclarar que Rajoy no sabía nada de lo que ocurría en la primera planta de la sede de su partido

Durante su declaración en el Congreso ya excluyó al PP nacional de sus revelaciones: "He visto muchas cosas, pero todas buenas"

Ha aportado facturas para tratar de probar la financiación ilegal controlada por Aguirre, aunque no ha explicado cómo se movía el dinero

Francisco Granados continúa con el difícil equilibro de destapar la financiación ilegal del PP de Madrid sin que esta le salpique. Esta semana, además, se ha ocupado también de excluir a Mariano Rajoy de todas las irregularidades que se gestaron unas plantas por debajo de donde tenía su despacho. Además, el exsecretario del PP de Madrid ha entregado por primera vez documentos que según él prueban esa presunta caja B del partido que dirigía Esperanza Aguirre.

Lo ha hecho en el tercer capítulo de su anunciaba colaboración con la investigación. En dos sesiones delante del juez que instruye el caso Púnica, Manuel García Castellón, no aportó prueba alguna de la campaña paralela de las elecciones de 2011 que se habría pagado con dinero negro. Esta circunstancia provocó que el fiscal general del Estado, Julián Sanchez Melgar, hiciese referencia a que las acusaciones deben tener un sustento documental: "Las imputaciones se hacen con pruebas".

Así que el exsecretario general del PP de Madrid hizo caso a esa recomendación y acudió el jueves a la Audiencia Nacional con una carpeta llena con una veintena de facturas. "Falsas", explicó ya dentro de la sala de declaraciones, donde añadió que las había encontrado en su casa, revisando algunos papeles de su etapa en política. Algunos abogados interrumpieron para decir que su casa ya había sido registrada por agentes de la UCO y no habían encontrado esos documentos. Una letrada ironizó con que igual la Guardia Civil tenía que volver a revisar el inmueble.

Una parte de esas facturas corresponden a pagos entre GINSO, una asociación para la integración social de menores, e Inver-Eleto SL, una compañía propiedad de Álvaro Renedo, expresidente de Telemadrid, y el experiodista de esa cadena Germán Yanke. Según Granados, ambas mercantiles acordaron la elaboración de varios estudios sobre delincuencia juvenil para la Consejería de Justicia, a cuyo frente se encontraba entonces Alfredo Prada.

Sin detalles de cómo se usó ese dinero

Granados aseguró que Renedo, que insistió en que era íntimo de Aguirre, y Yanke no tenía la capacidad ni los conocimientos para elaborar esos estudios, así que supuso que se trataba de facturas falsas. El exsenador no detalló como había llegado ese dinero a destinarse a pagos de publicidad para la campaña de 2011. Durante su declaración no trazó el flujo del dinero, sino que se limitó a extender las sospechas y a añadir nuevos nombres a su larga lista de salpicados por la corrupción. Ahora serán los investigadores del caso los que comprobarán si se trata de facturas reales o si forman parte de la extensa maquinaría de financiación irregular.

Cuando las fiscales le interpelaron por las facturas, sobre si podía afirmar que se habían utilizado para financiar actos de campaña, Granados dijo que no estaba seguro. Según un letrado presente en la sala, la antigua mano derecha de Aguirre midió sus palabras más que en otras ocasiones porque teme una nueva demanda. De hecho, el miércoles de esta misma semana debe acudir a los juzgados de Plaza Castilla por la querella que le presentó Cristina Cifuentes por lo que dijo de ella en su primera declaración.

También esta semana tendrá que comparecer la presidenta de la Comunidad de Madrid en el Congreso de los Diputados, en la comisión que investiga la financiación del PP. Está citada para el martes, un día antes de que acuda a esa misma comisión el exsocio de Granados, David Marjaliza, y la persona que le está complicando el futuro judicial en Púnica con cada nueva declaración ante el juez.

Rajoy no sabía nada

A ese interrogatorio parlamentario ya se ha enfrentado esta semana Granados, que ya trazó una línea de separación entre el PP nacional, del que dijo desconocer cualquier irregularidad, del PP de Madrid. En su declaración ante el juez ahondó en ese relato que excluye a Rajoy del conocimiento de los desmanes investigados en Púnica.

Según explicó, el entonces candidato a La Moncloa no sabia nada de lo que ocurría en la primera planta de la sede del partido, que aloja al PP de Madrid. La mala relación con Aguirre, que había apoyado a sus adversarios en el Congreso de 2008 por el control del partido, había levantado un muro entre la formación nacional y la regional. Rajoy "no se enteraba de nada", afirmó.

Granados ha continuado así por la línea de no manchar en exceso al partido en el que militó, al que solo reprochó la “expulsión express”. A pesar de los intentos reiterados de los portavoces de la oposición por sonsacarle trapos sucios de la formación a la que perteneció durante 30 años, el se negó: "En el PP he visto muchas cosas, pero todas buenas".

No es la primera vez que Granados le echa un capote al ahora presidente del Gobierno. Ya dijo que él era quien había destapado la trama Gürtel y destapó una supuesta conversación entre Rajoy y Aguirre en la que el primero loaba a Granados y le definía como alguien de quien fiarse. También contó que habló con Rajoy después de que Aguirre le apartase de su Gobierno: le dijo que estuviese tranquilo y que aceptase ser senador. Así lo hizo.

Granados volverá a sentarse de nuevo ante el juez de Púnica, ya después de la Semana Santa. Ahí tendrá ocasión de continuar con este relato por fascículos en el que mantiene un difícil equilibro al intentar destapar la caja B del PP de Madrid sin implicarse. A ese equilibro añade ahora la defensa de Rajoy.

https://m.eldiario.es/politica/Granados-Rajoy-Aguirre-documentos-Punica_0_750675803.html

EL ORGANIZADOR DE LOS MÍTINES DE AGUIRRE CONFIESA QUE COBRÓ EN B DEL PP MADRILEÑO

José Luis Huerta, gerente de Waiter Music, reconoce que cobró 50.000 euros por un mitin de 2007 con facturas falsas y fondos en metálico

El caso Púnica cuenta con un nuevo arrepentido que apuntala la tesis de que el PP madrileño contaba con una caja b. José Luis Huerta Valbuena, gerente de la empresa de organización de eventos Waiter Music, reconoció este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP regional le pagó 20.000 euros en dinero negro en su despacho de Génova 13 “en un sobre amarillo” por el mitin de cierre de campaña de las elecciones autonómicas de 2007. Esta cantidad forma parte de los 50.000 euros que costó organizar ese acto político: el resto de la cantidad la cobró Huerta mediante un talón que le entregó Gutiérrez tras emitir facturas falsas para poder cobrar, según explicó.

El gerente de Waiter Music acudió al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional con ánimo de colaborar con la investigación. Su declaración, afirman fuentes jurídicas, fue “creíble, directa, concreta y espontánea”, y se centró en el acto de cierre de campaña y en la organización de actos en Valdemoro, ciudad donde Francisco Granados, el supuesto cabecilla de la trama, fue alcalde. En el caso del mitin final de las elecciones de mayo de 2007, Huerta contó que recibió una llamada de Edelmiro Galván, asesor de prensa de Granados, para que buscase artistas dispuestos a actuar en directo en el acto político, en el que participaron Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón. Tras llamar a varios grupos, solo dos, Azúcar Moreno e Iguana Tango, se mostraron dispuestos a vincular su imagen con el partido.

El acto costó en torno a 55.000 euros, de los que 25.000 fueron para Azúcar Moreno, 15.000 para Iguana Tango y el resto para la producción del evento. Pasaron tres años y Huerta no veía la forma de cobrar, de modo que acudió a Edelmiro Galván, para pedirle que mediara con Granados. Este le contestó en poco tiempo al creer que ese acto ya estaba abonado hacía tiempo, y le remitió a Beltrán Gutiérrez. Según él, el gerente popular, con el pretexto de que había pasado mucho tiempo desde que se celebró el mitin, le pidió que hiciera una factura falsa para poder pagarle un talón por unos 30.000 euros por unos actos en Alcorcón que Waiter Music no había organizado, y el resto se lo abonó en dinero en metálico.

Parte del interrogatorio ha versado sobre sus trabajos en Valdemoro. Según ha relatado, el sucesor de Granados en la alcaldía, José Miguel Moreno Torres, le llamó tras tomar posesión y le dijo: “Tengo el despacho tan lleno de regalos que no consigo ni entrar, pero ninguno es tuyo”. Esta forma de exigir dádivas a cambio de adjudicaciones ha llamado poderosamente la atención del juez García-Castellón, que según fuentes presentes en el interrogatorio, lo ha comparado con la mafia de Sicilia. Antes de volver a la Audiencia Nacional, el magistrado ejerció durante varios años como magistrado de enlace con Italia. Huerta organizó para los políticos de Valdemoro fiestas privadas que no le fueron abonadas.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya destapó el supuesto pago en efectivo por parte del PP de sendos actos del partido en 2006 y 2007 con fondos de "procedencia desconocida". Uno de ellos era el mitin que el 12 de mayo de 2007 celebraron los populares en Valdemoro con motivo de las elecciones autonómicas y municipales, y en el que participaron la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; su vicepresidente, Ignacio González, y Francisco Granados. El documento cifra en 20.470 euros el dinero en metálico de origen dudoso utilizado por la formación para pagar a Waiter Music. Otros 2.800 euros se camuflaron en sendas facturas emitidas por esta mercantil y otra del mismo empresario, que la UCO tildó de "manifiestamente falsas" y que fueron cargadas al presupuesto de las fiestas patronales que el Ayuntamiento de Valdemoro organizó aquel año.

Huerta se ha detenido también en las fiestas de inauguración de diferentes tramos del Metro de Madrid, que fueron sufragadas por las empresas constructoras de las obras gracias a que los contratos de adjudicación de los trabajos así lo establecían. Las facturas por estas fiestas, que incluyeron actuaciones musicales, camisetas para los vecinos, autobuses descapotables y atracciones para los niños de los barrios donde llegaba el suburbano, se giraron a las constructoras sin mediar un presupuesto, admitió Huerta, que seguirá declarando el próximo 14 de marzo.

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/07/actualidad/1520447422_294272.html

EL JUEZ DE PÚNICA COMPARA LAS PRÁCTICAS DE LA TRAMA CON LA MAFIA SICILIANA

El dueño de ‘Waiter Music’ confirma que Beltrán Gutiérrez, hombre de confianza de Esperanza Aguirre, le pagó 50.000 euros en B por actos de campaña

Este miércoles ha declarado en la Audiencia Nacional como testigo en la investigación por la trama Púnica José Luis Huerta Valbuena, gerente de Waiter Music, la empresa que organizó las fiestas para los municipios cuyos dirigentes del Partido Popular están salpicados por la trama corrupta.

Durante la declaración, Valbuena explicó que el sustituto de Granados al frente del Ayuntamiento de Valdemoro, José Luis Moreno, le llamó cuando llegó a la alcaldía en 2003 para decirle que tenía la oficina llena de regalos, pero ninguno suyo, tras lo que le pidió que le regalase alguno, dando a entender que se jugaba el puesto. Como le debía dinero y organizaba las fiestas, decidió comprar unos regalos durante dos años.

Esta revelación ha llamado mucho la atención al juez García Castellón, que ha pedido lo repitiese ya que sólo había visto este tipo de comportamientos en la mafia en Sicilia -Castellón estuvo destinado como juez de enlace en Italia- según ha sabido El Plural.

Pagos en B por la campaña de Aguirre

Preguntado por la Fiscalía, Valbuena ha explicado que recibió un pago de 50.000 euros en dinero negro por los conciertos del acto de cierre de la campaña electoral de 2007 de Esperanza Aguirre en el Palacio de Deportes de Madrid.

Le pidieron que buscase artistas para el acto y llevó a Azúcar Moreno e Iguana Tango. A los tres años reclamó el pago por los artistas, a lo que el propio Granados dijo que creía le habían pagado ya y le iba a llamar Beltrán Gutiérrez, el que fuera gerente del PP madrileño y hombre de confianza de Esperanza Aguirre.

En la reunión con Gutiérrez, según relata el gerente de Waiter Music, le pagó un talón de 30.000 euros y le entregó otros 20.000 en efectivo en un sobre amarillo atado con un hilillo, es decir, totalmente en negro.

Fiestas para Granados

Además de estos actos, Valbuena ha revelado que organizó hasta cuatro fiestas en la finca de la madre de Francisco Granados, así como otra en un restaurante como sorpresa para el exconsejero de Aguirre con tuna incluida.

Siempre según la declaración del gerente de Waiter Music, estos actos la mujer de Granados le dijo que se los pagaría una empresa, Vancouver, y que posteriormente se enteró de que en ella participaba el constructor y amigo de Granados, David Marjaliza.

https://www.elplural.com/sociedad/2018/03/07/punica-mafia-sicilia-corrupcion-pp-madrid

SUIZA TORPEDEA LA VERSIÓN DE GRANADOS SOBRE SU CUENTA OCULTA

El antiguo número dos del PP madrileño sostiene que "la dichosa cuenta se cerró en 2005", pero los documentos del BNP Paribas constatan que se mantuvo abierta hasta dos años después

Los papeles del banco confirman que Granados otorgó en julio de 2005 un poder de gestión al ahora arrepentido David Marjaliza, que no revocó hasta octubre del siguiente año

El antiguo número dos del PP de Madrid declara a infoLibre que firmó el cierre de la cuenta, el poder a Marjaliza y su revocación al mismo tiempo pero en un papel en blanco y que el BNP puso las fechas

Los documentos bancarios remitidos por Suiza a la Audiencia Nacional amenazan con poner en nuevos aprietos al principal investigado en la Operación Púnica y antiguo número dos del PP madrileño, Francisco Granados, en relación a la cuenta que durante años ocultó en el BNP de Ginebra y donde llegó a acumular 1,6 millones. Hace una semana, y tras declarar a petición propia ante el juez que investiga el caso, Granados sostuvo ante los periodistas que había dejado claro que "la dichosa cuenta se cerró en 2005". Los papeles de Suiza indican en cambio que el cierre no se produjo en realidad hasta julio de 2007. En esa fecha, Granados enfilaba su segundo mandato como número tres en el Gobierno de Aguirre y presidía ya Arpegio, el gigante público encargado de gestionar el Prisma, el mayor plan de inversión pública ejecutado en Madrid.

Los documentos del BNP, a algunos de los cuales ha tenido acceso infoLibre, constatan que dos años antes del cierre de la cuenta, el 7 de julio de 2005, el número tres del Gobierno de Esperanza Aguirre había otorgado un poder de gestión sobre su cuenta al ahora arrepentido David Marjaliza, a quien el banco define como "su mejor amigo y padrino de sus niños".

Ese poder, que autorizaba a Marjaliza "a dar todo tipo de órdenes de compra y venta de valores", no fue revocado por Granados hasta el 29 de noviembre de 2006. Al menos, eso dicen los documentos bancarios remitidos a la justicia española como consecuencia de la comisión rogatoria cursada en su día por la Audiencia Nacional. La versión del político difiere radicalmente.

Porque Granados, con quien este lunes contactó este diario, asegura que en 2005, no recuerda si en julio o antes, dio simultáneamente tres pasos: pedir al BNP que cerrara la cuenta, firmar un poder en favor de Marjaliza para que traspasara los fondos a otra cuenta de su propiedad y firmar asimismo la revocación de ese poder. "Lo firmé en blanco", asegura.

El antiguo político no niega que Marjaliza le pagó en metálico el dinero traspasado –lo que se conoce como el sistema de compensación– pero desmiente tajante que la relación financiera de ambos se mantuviera más allá de ese momento. Según su versión, todo eso ocurrió en 2005, aunque los obstáculos planteados por el BNP, que obligó a transferir los fondos a otra entidad suiza, demoraron la fecha formal de la clausura de la cuenta.

¿Por qué entonces el paquete de documentos enviado por el BNP al juez Manuel García Castellón incluye un escrito dirigido "a quien corresponda" y donde, con fecha del 31 de octubre de 2006, el propio Granados informa al banco de que el poder a Marjaliza "ha sido revocado"? ¿Por qué, también, la carta donde, esta vez sin firma pero con el nombre en clave de la cuenta –Laiker– a modo de encabezamiento, recibió el BNP la petición de "cierre definitivo" del depósito aparece sellada el 29 de junio de 2007? La respuesta, según Granados,es que fue el BNP el que puso las fechas.

"Excliente" y "sin poderes sobre ninguna cuenta de Marjaliza"

¿Significa lo anterior que el banco suizo falsificó documentos?, le preguntó infoLibre. Según Granados, no hay falsificación alguna. Simplemente, dice, el banco fue datando los trámites a medida que los hacía hasta que la cuenta pudo cerrarse. Lo que los papeles demuestran, sostiene Granados, es que tanto su esposa como él mismo ya eran a partir de 2005 "exclientes".

En efecto, formularios oficiales del BNP se refieren a Francisco Granados y a Nieves Alarcón como "former clients" (anteriores clientes o exclientes) desde ese año. Pero también en enero de 2004, momento en que Granados no discute la titularidad de la cuenta, hay ya otro documento del BNP que los define con esa expresión mientras que, con sello de agosto de 2006 hay otro donde el político y su mujer figuran como "beneficial owner" (beneficiario económico), mientras que Marjaliza consta como apoderado: literalmente, "right to give instructions", es decir, alguien "con derecho a dar instrucciones".

Durante su conversación con el que hasta 2011 fue secretario general del PP madrileño, infoLibre le informó de que otro de los documentos del BNP recibidos por España indica que el otorgamiento de poderes a Marjaliza fue simétrico al que Marjaliza le concedió a él mismo para manejar la cuenta de una de las sociedades del ahora arrepentido, Sheraton Trading. Según Granados, jamás hubo cruce de poderes entre él y Marjaliza. "Jamás he tenido poderes en ninguna cuenta de Marjaliza", afirmó de forma rotunda.

Lo que a ese respecto dice uno de los documentos del BNP relativos a Sheraton Trading es lo siguiente: que en un acta "de fecha 29 de noviembre de 2006, se pide la anulación del poder otorgado a Francisco Granados. No obstante, no hay ningún documento previo que haga alusión a dicho poder a nombre de Francisco Granados para esta cuenta".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/03/06/suiza_torpedea_version_granados_sobre_cuenta_oculta_79805_1012.html

LA ONG INVOLUCRADA POR GRANADOS EN LA FINANCIACIÓN DEL PP ESTÁ LIGADA AL EX DEFENSOR DEL MENOR Y HA COBRADO DE MADRID 147 MILLONES

Javier Urra participa a través de su empresa Urrainfancia SL en programas de Ginso, la asociación sin ánimo de lucro que gestiona desde 2006 un centro de menores gracias a un convenio otorgado a dedo por el Gobierno de Aguirre Una constructora del presidente de Ginso, Alfredo Santos, fue la que levantó el complejo, ubicado en el municipio de Brea del Tajo Granados sostiene que en 2007 la asociación abonó 150.000 euros en facturas falsas que sirvieron para financiar la campaña de Aguirre

Ginso, la asociación sin ánimo de lucro a la que Francisco Granados involucró el jueves durante su declaración judicial en la presunta financiación ilegal de la campaña de Esperanza Aguirre en 2007 a través de facturas falsas, ha cobrado de la Comunidad de Madrid 147,6 millones de euros desde 2006, cuando se alzó mediante un convenio sin concurso previo con la gestión de un centro de internamiento de menores. La asociación desarrolla al menos desde 2011 uno de sus programas de manera conjunta con una empresa del que hasta 2001 fue Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, Javier Urra.

Este diario intentó con reiteración y sin éxito este lunes contactar con Urra para conocer en qué momento se inició la colaboración de su mercantil Urrainfancia SL con Ginso.

Tampoco respondió a las llamadas el arquitecto Alfredo Santos, presidente de la ONG. Una vez suscrito el convenio con el Gobierno de Aguirre para levantar y gestionar el centro de menores proyectado en el municipio de Brea del Tajo, Ginso encargó el edificio a tres constructoras: una de ellas, Icono Consultores SA, propiedad de su máximo directivo; y otras dos, vinculadas a sus socios. "Sería absurdo que no me contratase a mí mismo", adujo Santos cuando el diario El País desveló la transferencia de fondos -12 millones, según sus propios números- desde la asociación sin ánimo de lucro a las empresas en las que su presidente tenía un interés directo o indirecto.

Acrónimo de Asociación para la Gestión de la Integración Social, el convenio que deparó a Ginso la adjudicación del centro de Brea del Tajo estaba exento de las obligaciones de concurrencia y publicidad establecidas para los contratos públicos. Así lo han confirmado a infoLibre fuentes de la Comunidad de Madrid. Cifrado en 157 millones de euros y con 15 años de vigencia, el convenio ya ha reportado a Ginso 147.612.245 euros exactamente.

En sus declaraciones de mayo de 2006 a El País, el presidente de Ginso precisó que la firma del convenio, fechado el 3 de marzo de aquel año, se produjo a iniciativa de la Comunidad de Madrid. "Se pusieron en contacto conmigo y nos contrataron la gestión y el edificio. Se llegó a un precio y lo hicimos. En el caso de Brea de Tajo es de 157 millones de euros. Luego, lo gestionaremos para conseguir la reinserción de los jóvenes".

Cuando Esperanza Aguirre inauguró la primera fase del centro de menores el 30 de septiembre de 2006, la nota oficial difundida por su Ejecutivo no contenía ni una sola mención a que había sido construido por Ginso. Aguirre destacó "que el nuevo centro de menores es fruto de la colaboración entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Brea de Tajo", decía el comunicado oficial. El reformatorio quedó bautizado como Santa Teresa de Calculta.

El papel de Urrainfancia SL

La asociación fue constituida en 2001, el año de la entrada en vigor de la Ley del Menor aprobada por el Gobierno de José María Aznar. Urrainfancia SL quedó constituida en septiembre de 2006. Ginso y Urrainfancia publicitan el denominado programa Recurra como puesto en marcha "en el año 2011". El objetivo central de ese programa estriba en que padres con hijos conflictivos que no han sido condenados por ningún tribunal puedan confinarlos en el centro de internamiento de menores de Brea del Tajo. Este diario no ha podido verificar si se trata de un programa estrictamente privado o si por el contrario dispone de subvenciones públicas.

El convenio con Ginso para la gestión del centro de Brea fue rubricado por Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia del Ejecutivo madrileño y que en 2009 se convirtió en uno de los dirigentes del PP madrileño que denunciaron haber sido espiados por empleados del departamento que ya en ese momento dirigía Francisco Granados, también responsable de Interior.

Al año siguiente de su firma es cuando, según el relato expuesto por Granados ante el juez de la Operación Púnica, se materializó la falsificación de facturas para ocultar aportaciones ilegales a la campaña electoral de Esperanza Aguirre. Lo que sostiene Granados es que, bajo el concepto oficial de estudios sobre delincuencia juvenil y reinserción, Ginso le pagó 150.000 euros a una empresa propiedad del ya ese momento exdirector de Telemadrid, Álvaro Renedo, y del periodista Germán Yanke, que falleció hace un año. Esos estudios -dice el que hasta 2011 fue número dos del PP madrileño y hoy permanece en libertad bajo fianza como principal investigado -imputado- en Púnica- eran un mero camuflaje.

Renedo también aparecía en los partes elaborados por los espías a sueldo de la Comunidad de Madrid. Lo espiaron justamente en una reunión que mantuvo con Alfredo Prada. Tanto el expresidente de Telemadrid y luego propietario de Estrella Digital -web que, precisa él mismo, acabó vendiendo- como el exconsejero Prada mantienen que Granados ha mentido.

Prada, que prepara una querella, niega haber participado en ninguna estrategia conducente a recabar fondos opacos para Aguirre, que lo defenestró en 2008 y a quien permaneció enfrentado desde entonces. Y Renedo tilda de "absolutamente falso" que las facturas emitidas por la sociedad que compartía con el difundo Yanke, Inver-Eleto SL, fueran una mera ficción destinada a camuflar gastos de la que durante muchos años había sido amiga suya, Esperanza Aguirre.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/03/20/la_ong_involucrada_por_granados_financiacion_del_esta_ligada_defensor_del_menor_cobrado_madrid_147_millones_80829_1012.html

LA JEFA ACTUAL DEL IMSERSO LLEVÓ AL NOTARIO EL SAQUEO DEL PP DE MADRID

La actual directora general del Imserso relató ante notario cómo se desviaron fondos públicos destinados a la reinserción de menores en beneficio de los líderes del PP madrileño. Carmen Balfagón, ex responsable de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, que dependía de la Consejería de Justicia, dejó constancia ante notario el 19 de enero de 2012 de que el ex consejero Alfredo Prada le había obligado seis años antes a pagar por trabajos inexistentes a empresas próximas al partido.

El ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, puso como ejemplo de financiación irregular del PP madrileño estos pagos hace unos días ante la Audiencia Nacional y están siendo investigados en el marco de la operación Púnica. Balfagón no llega en su relato a acreditar que el destino fueran las campañas electorales del partido, pero sí deja constancia del saqueo de fondos públicos y sostiene que Granados tuvo conocimiento de estos hechos y no quiso denunciarlos.

Según el pormenorizado relato de la funcionaria ante el fedatario público, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en diciembre de 2006 Prada le "solicitó" que se entrevistara con el ex diputado regional Álvaro Renedo. Le explicó que "pertenecía a un grupo de comunicación que estaba dispuesto a realizar una serie de actuaciones encaminadas a poner en valor el trabajo de la Agencia del Menor, así como del conjunto de actuaciones que se venían realizando en la Consejería de Justicia en determinados medios de comunicación social".

Le precisó además que tenía que ponerse en contacto con la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso), que "por aquel entonces ya colaboraba con la Comunidad de Madrid en la gestión de un centro para el cumplimiento de medidas judiciales en Brea del Tajo".

La funcionaria siguió las instrucciones de Prada y se reunió con Renedo, que se comprometió a "realizar una serie de estudios". Al escuchar su propuesta, la responsable de la Comunidad de Madrid trasladó a Prada que "no veía la necesidad de dichos estudios ni la necesidad de hacer publicidad de la Agencia del Menor, que no había originado ningún tipo de problema". "Sin embargo", detalla la funcionaria en el acta, "sin atender a mis consideraciones, me insistió en la necesidad de que Ginso firmara el acuerdo de colaboración con Renedo de manera urgente".

Ese mismo mes se "consolidó el acuerdo", a pesar de que trasladó al entonces consejero de Esperanza Aguirre sus quejas por el tono de "exigencia" que había utilizado el ex diputado popular, que tampoco sentó bien en Ginso. "La respuesta fue contundente en el sentido de que no importaban las formas", señala en su confesión.

A partir de ahí se firmaron una serie de acuerdos entre esta entidad, que mantenía un convenio con la Comunidad de Madrid de 15 años de duración para el referido centro de Brea del Tajo, que contemplaban la entrega de estudios vinculados a la reinserción de menores que nunca aparecieron.

A pesar de que el consejero madrileño fue informado de ello, Prada ordenó la firma de nuevos acuerdos. "Me dijo que no era consciente de la importancia que tenía para la Comunidad de Madrid y para él mismo", apunta la funcionaria que le dijo el consejero.

Los contratos se ampliaban y los estudios comprometidos seguían sin aparecer. "Contacté con el consejero Prada para comunicarle esta circunstancia, a lo que me respondió que no me preocupara, que les debían pagar" y que "él sabía lo que hacía", prosigue el relato ante notario. En total fueron abonados 173.800 euros mediante esta operativa.

Este episodio fue comunicado inmediatamente por esta alta funcionaria al sustituto de Prada al frente de la Consejería de Justicia, Francisco Granados. "Fui yo la que se lo comentó y nadie más, ya que por primera vez en mis 39 años de servicios me sentía utilizada y engañada por un superior jerárquico. Una vez que se lo comenté al consejero Granados se puso en contacto conmigo el viceconsejero Salvador Victoria, a quien le expliqué mi preocupación y le aporté copia de todos los documentos que obraban en mi poder", precisó. "El consejero Granados, pasados unos días, me dijo que me olvidara del asunto, que lo dejara estar. Pero no era esa mi intención, ya que no me parecía ético lo que se había hecho".

Balfagón apostilla en el acta notarial que ratificará su testimonio "donde corresponda".

http://www.elmundo.es/espana/2018/03/21/5ab17ba6e5fdea7d1a8b4575.html

LA EX DEL PP, PILAR BARREIRO, SE ESTRENA EN EL GRUPO MIXTO DEL SENADO

La senadora esta imputada en la trama Púnica y su salida del PP fue la condición puesta por Ciudadanos para decir sí a los Presupuestos del 2018

La senadora Pilar Barreiro se estrena este martes en su escaño del Grupo Mixto y deja de sentarse oficialmente entre los suyos, entre los senadores del Partido Popular.

Como ya ciera en su momento Rita Barberá, Barreiro ha dejado el PP pero ha decidido aferrarse a su asiento en el Senado para asegurarse el aforamiento. ¿Porque? Sencillo: la trama Púnica la señala, de hecho esta imputada en este macrocaso de corrupción.

La senadora murciana está acusada de varios delitos supuestamente cometidos cuando era alcaldesa de Cartagena (Murcia), en concreto los de fraude, falsificación de documentos, prevaricación y malversación, pero ella ha proclamado siempre su inocencia, razón por la cual, afirma, no ha renunciado a su escaño.

Una exigencia de Ciudadanos

Este martes hay pleno en el Senado y la expopular Barreiro se tendrá que sentar en el Grupo Mixto. Aunque asegura que decidió "libremente" el PP para evitar que la investigación judicial abierta contra ella por el caso Púnica se pudiera utilizar como "presión" al PP por parte de Ciudadanos, todo apunta a otra realidad.

Finalmente Ciudadanos apoyó los presupuestos de Mariano Rajoy para este 2018 pero, a cambio, tenían unas cuantas exigencias. Entre ellas, que la imputada Barreiro dejara de ser senadora del PP y cumplir con ello las condiciones del pacto de investidura entre Ciudadanos y Partido Popular.

Hay que recordar que la Fiscalía del Tribunal Supremo presentó la pasada semana un informe en el que pidió el sobreseimiento provisional de la causa contra la exalcaldesa de Cartagena "al no haber resultado debidamente justificada" la perpetración de los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos ycohecho que motivaron la apertura de la causa penal contra ella.

En un tuit, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, da por buena la no dimisión, afirmando que su partido "siempre cumple".

Se considera inocente

Barreiro ha asistido a la primera reunión del Grupo Mixto de la Cámara Alta, donde se le ha adjudicado la portavocía de la Comisión de Entidades Locales, un cargo por el que según ha remarcado el portavoz de turno del grupo, Francisco Javier Alegre, de Ciudadanos, no va a mejorar la retribución económica que tenía en el grupo popular.

La senadora ha agradecido su acogida a los demás miembros del grupo, conformado ahora por ella y once senadores más de Ciudadanos, Compromís, EH-Bildu, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Foro, Nueva Canarias, Agrupación Socialista Gomera y una exsenadora de Podemos.

Pilar Barreiro ha reconocido que su pase al Mixto responde a una situación "difícil y complicada" y ha reiterado que se marchó del grupo popular pese a que el pacto de investidura entre PP y Ciudadanos aludía al apartamiento de cargos sólo cuando la imputación judicial se transformara en juicio oral. Esto no sucede en su caso, puesto que según ha recordado sólo está investigada por el Tribunal Supremo y la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa.

"He hecho lo que tenía que hacer, lo que consideraba que debía hacer y en ningún caso consideré dejar el acta de senadora porque yo estoy declarando mi inocencia desde el principio, desde el primer minuto", ha manifestado tras asistir a la reunión del Grupo Mixto.

Eso sí, Pilar Barreiro ha lamentado que existan "diferentes varas de medir" por parte de "toda la sociedad" hacia los políticos, algo que considera "doloroso" y que deriva en una situación de "injusticia clara y profunda". "Esta sociedad debe tomar un punto de cordura; establecer que el criterio de la presunción de inocencia sea siempre y para todos. No para unos sí y para otros no", ha reflexionado.

https://www.elplural.com/politica/2018/04/10/pp-pilar-barreiro-punica-corrupcion-estrena-grupo-mixto-senado

LA FISCALÍA DEL SUPREMO SALVA A LA SENADORA IMPUTADA DEL PP CON UNA BOFETADA AL JUEZ QUE INICIÓ 'PÚNICA'

El ministerio público pide el sobreseimiento para Pilar Barreiro por contratar a la trama Eico para su lavado de imagen en internet y sostiene que el juez Eloy Velasco no respetó "el principio de intervención mínima"

El escrito afirma que los "indicios acumulados" contra la exalcaldesa de Cartagena eran una "mera suposición"

Anticorrupción, en cuyas conclusiones se basaba la exposición razonada de Velasco, no se da por aludida: asegura que su posición en el caso no variará y que mantendrá la acusación contra el expresidente de Murcia

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha dado este jueves un paso que, de manera objetiva, ayuda al Gobierno a aprobar los Presupuestos del Estado a la vez que asesta una auténtica bofetada al primer juez instructor de Púnica, Eloy Velasco, y también a la Fiscalía Anticorrupción. Ese paso se resume así: Pilar Barreiro, la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena cuya imputación fue invocada por Ciudadanos como el gran escollo para dar vía libre a las cuentas públicas de 2018, quedará exonerada si la juez Ana Ferrer acepta la solicitud de sobreseimiento "provisional" formulada por el fiscal Fernando Sequeros. Los indicios acumulados contra ella, dice Sequeros, "no trascienden de la mera suposición".

En contra de lo que sostenían Eloy Velasco y Anticorrupción, Sequeros argumenta que el hecho de que el conseguidor de Púnica, Alejandro de Pedro, fuese contratado para mejorar la imagen de Barreiro en Internet no implica ningún delito: la frontera entre los contratos de publicidad institucional y los de estricta mejora de la imagen personal de políticos es "brumosa y, en consecuencia, imprecisa y confusa", mantiene el fiscal. Los indicios acumulados en la investigación "carecen de entidad y relevancia", escribe también. Y "no permiten racionalmente –sin aventurar una acusación arriesgada– inferir la existencia de hechos reprochables en el orden penal".

Tras aceptar la resolución de Velasco –denominada exposición razonada– donde el magistrado de la Audiencia plasmaba los indicios de delito que pesaban sobre Barreiro –de prevaricación a cohecho y malversación pasando por fraude a la Administración y falsedad–, el Supremo abrió el caso contra la senadora en octubre. Ahora, el fiscal del Supremo ataca esa misma exposición razonada que llevó al alto tribunal a la apertura de diligencias.

Fuentes consultadas por infoLibre expresaron su temor a que la tesis aplicada por Sequeros debilite el conjunto de la investigación en lo que afecta a los investigados que lo están precisamente por haberse beneficiado de los llamados trabajos de reputación online. O sea, aquellos que, según los investigadores, servían para lavar la imagen de determinados políticos del PP pero no con cargo al presupuesto del partido o al suyo propio sino al de las instituciones que gobernaban.

Anticorrupción no observa "contradicción"

Oficialmente, Anticorrupción no se da por aludida ni por cuestionada y así lo trasladaron a este diario las fuentes consultadas en la fiscalía especializada. Pese a que el escrito de Sequeros constituye una especie de enmienda a la totalidad a los postulados esgrimidos por el juez Velasco de la mano de las fiscales de Púnica, Carmen García y Teresa Gálvez, Anticorrupción no observa "contradicción" con la postura de Sequeros, "que se refiere a un momento de la investigación posterior al de la exposición razonada".

Pero, sobre todo, las fuentes oficiales recalcaron que Anticorrupción no variará su posición en el caso: se mantendrá la acusación contra el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, inculpado por hechos casi idénticos a los examinados en cuanto a Barreiro, con la diferencia de que en su caso no llegaron a firmarse contratos de reputación online con las empresas de De Pedro, Eico y Madiva. Y también se dirigirá acusación por el mismo motivo contra el expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez. ¿Seguirá la misma doctrina Anticorrupción en el caso de la exconsejera madrileña Lucía Figar? Este diario lo desconoce.

Según Sequeros, "las conclusiones de la exposición razonada" –una especie de auto dirigido a otro tribunal– con la que Velasco pidió al Supremo que investigase a Barreiro por encomendar a la trama del conseguidor Alejandro de Pedro su lavado de imagen en Internet con cargo, supuestamente, al Ayuntamiento de Cartagena en 2014, "no parecen respetar el principio de intervención mínima". Es decir, el principio según el cual la vía penal solo debe utilizarse como último recurso. Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre expresaron, con una pregunta, su estupefacción ante ese aserto: "¿Y si la exposición razonada no respetaba el principio de intervención mínima por qué la Fiscalía del Supremo se declaró partidaria de que se aceptara y por qué el Supremo finalmente la aceptó? Si no respetaba el principio de intervención mínima tendría que haberla rechazado". La admisión se produjo en octubre de 2017 con el visto bueno de la Fiscalía, entonces capitaneada por el ahora fallecido José Manuel Maza.

El golpe de la Fiscalía del Supremo, la de mayor rango y la más cercana al fiscal general del Estado, alcanza a Anticorrupción porque la exposición razonada de Velasco se cimentaba en un escrito previo elaborado por las fiscales del caso Púnica. Y ese escrito de las fiscales no solo calificaba de "sólidos" los indicios de delito recabados contra Barreiro sino que la involucraba en un "plan criminal" en el que aparecía un personaje hoy secundario pero en aquel momento –comienzos de 2017– central: Pedro Antonio Sánchez, entonces presidente de Murcia igualmente en representación del PP. Sánchez dimitió después de que el TSJ murciano aceptase la exposición razonada elaborada por Velasco para explicar por qué Sánchez debía ser investigado, en este caso por el tribunal autonómico ante el que estaba aforado.

Tres diligencias desde octubre

Las diligencias practicadas han sido tres: tomar declaración a la senadora, que negó haber usado fondos públicos para mejorar su imagen personal; tomar declaración al presidente del PP de Cartagena, Francisco Celdrán, que refrendó lo dicho por Barreiro y aseguró muy tajante que el partido iba a pagar los trabajos de reputación no institucionales; y recabar del Ayuntamiento de Cartagena un certificado de que lo "habitual" bajo el mandato de Barreiro era que su jefe de gabinete participase en los contratos de publicidad. Según el fiscal, resultaba "ociosa por innecesaria" la opción de que desfilaran ante el Supremo los otros imputados y testigos relacionados con la trama murciana.

La Fiscalía ha presentado su escrito justo el día después de que la magistrada Ana Ferrer, asignada a la investigación de la aforada Barreiro, aceptase la personación de la asociación de abogados Adade y del PSOE como acusación popular bajo una única dirección letrada. Fuentes de la nueva acusación popular, que ya ejerce ese papel en las diligencias que sobre Púnica instruye la Audiencia Nacional, confirmaron la inminente presentación de un escrito contrario al sobreseimiento. El Ayuntamiento de Cartagena, ahora gobernado por el PSOE, se personó como acusación particular –es decir, como perjudicado– pero, según la Fiscalía, no compareció finalmente ante el Supremo el día en que se le citó para la declaración del presidente local del PP .

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/03/16/la_fiscalia_del_supremo_salva_senadora_imputada_del_con_una_bofetada_juez_que_inicio_caso_punica_80706_1012.html

LA COMUNIDAD DE MADRID ELIMINÓ LOS CORREOS DE GRANADOS QUE LE RECLAMA EL JUEZ DEL ‘CASO PÚNICA’

La agencia autonómica de informática informó que su “política interna” es el “borrado total” de los buzones del personal que se da de baja

Un nuevo agujero documental en la Comunidad de Madrid afecta a la investigación del caso Púnica. La administración regional eliminó todos los correos electrónicos corporativos del exconsejero de Transportes y de Presidencia Francisco Granados, principal imputado en la trama de corrupción. El magistrado instructor, Manuel García-Castellón, reclamó al Gobierno autonómico el pasado 30 de enero que entregara los correos del expolítico entre 2003 y 2011, así como los de su jefe de Gabinete, Ignacio Palacios, y de cuatro exdirectivos de Mintra, la empresa pública de infraestructuras desde la que se construyeron varias líneas del Metro de Madrid. El juez, que busca nuevas pruebas del supuesto amaño en la adjudicación, en 2004, de tres obras del suburbano, y de otras irregularidades en la extinta empresa de suelo Arpegio, envió a la Guardia Civil a recabar esas comunicaciones y ordenó que técnicos informáticos de la Comunidad auxiliaran a los agentes en el volcado. Sin embargo, los policías se fueron con las manos vacías.

“Realizada la búsqueda de las cuentas de Francisco Granados no se encuentra archivo alguno y el informático manifiesta que la información no se puede recuperar porque se borra por política interna”, escribió el letrado de la Administración de Justicia –antes llamado secretario judicial- en el acta. “Tampoco se encuentra información alguna del investigado Ignacio Palacios. Del señor [Jesús] Trabada [ex consejero delegado de Mintra], [José María] Díaz Retana, [Antonio] González Jiménez y [Rafael] Villafáñez Esteban [directivos de Mintra], no se encuentran datos por el informático en la base de datos”, prosigue el letrado.

Los agentes se limitaron a llevarse sendos pantallazos del servidor donde constan los usuarios buscados con la fecha de baja, así como un informe firmado por Julia Molina, directora de Producción y Gestión de Infraestructuras de Madrid Digital. En este documento se constata que en sus registros “no existe ninguna cuenta, ni por tanto, contenido de buzones de correo electrónico, asociada a ninguna de las personas y requeridas”, y a renglón seguido se explica: “Es política de esta agencia realizar un borrado total de los buzones de correo de todo aquel personal que causa baja en la misma”. En su explicación, Madrid Digital no sustenta su “política interna” en ninguna normativa vigente sobre conservación de ficheros, como la Ley Orgánica de Protección de Datos u otras.

Los archivos informáticos de Mintra se gestionan en Madrid Digital desde 2011. Antes se llevaban directamente desde la Consejería de Transportes. Tras verificar que en las instalaciones de la agencia no existe “ningún backup [copia de seguridad]” de dichos correos, Julia Molina informa que “se realizarán todas las consultas necesarias” con la Consejería de Transportes para localizar el nombre de la empresa que hasta 2011 “realizaba las gestiones relacionadas con el correo”.

Agujero documental

El borrado de los correos electrónicos por “política interna” ahonda el agujero documental en la Comunidad de Madrid en torno al caso Púnica. El pasado 13 de julio la empresa pública del suelo de Madrid, Arpegio, admitía a la Audiencia Nacional que "varias carpetas" que debían contener contratos investigados aparecían vacías, como adelantó EL PAÍS el pasado 11 de julio. El pasado 9 de marzo, el ejecutivo regional también reconocía que dos contenedores con toda la documentación referida a un contrato de publicidad del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) por 2 millones de euros se encontraba en paradero desconocido. Finalmente, en julio se detectó la desaparición de documentos clave de los archivos de la sociedad pública Campus de la Justicia, el millonario fiasco inversor de los Ejecutivos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. La Comunidad reconoció ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 que la documentación sobre adjudicaciones de contratos no está custodiada.

El pasado mayo, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al entonces instructor del caso Púnica, Eloy Velasco, el registro en la sede de Arpegio en la supuesta falta de colaboración de las autoridades autonómicas. En el escrito, la fiscalía aseguraba que por parte de la Comunidad de Madrid “existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas y orgánicas” tanto en ésta como en el PP regional.

Anticorrupción detallaba que la documentación que había enviado Arpegio el octubre anterior presentaba “inconsistencias y carencias que nos hacen pensar que existe más información que la que se transmite”. Por ello, la fiscalía reconocía que “se hace difícil confiar en que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la Comunidad de Madrid”.

A la desaparición de documentos se suma la renuencia del Gobierno de Cristina Cifuentes a facilitar a la Comisión de investigación de la Asamblea de Madrid las actas del Canal de Isabel II, ente público de aguas que se investiga judicialmente en el caso Lezo. Estos papeles estuvieron “traspapelados” cinco meses en el Gobierno regional, y cuando finalmente el Ejecutivo comenzó a facilitárselos a los grupos de la oposición, la entrega se interrumpió porque el juez instructor, García-Castellón, el mismo del caso Púnica, la desautorizó –con el informe favorable de la fiscalía- al tratarse de un caso bajo la lupa de la Justicia.

Este periódico trató, sin éxito, de recabar la versión de la Comunidad de Madrid sobre el borrado de los correos de Francisco Granados y el resto de investigados en el caso Púnica.

https://politica.elpais.com/politica/2018/02/28/actualidad/1519814347_378948.html

LA RESISTENCIA DE GRANADOS A ADMITIR CUALQUIER DELITO FRENA LAS REVELACIONES SOBRE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

El antiguo número dos del PP madrileño se ratifica ante los periodistas en su acusación de que Aguirre, González y Cifuentes controlaban las campañas paralelas con fondos opacos

Sin embargo, Granados niega ante el juez haber reflejado en su agenda donaciones ilegales y el amaño de contratos públicos

El exconsejero, que comparecerá de nuevo dentro de dos semanas, dice que este martes no ha aportado datos sobre la financiación del partido porque "no ha dado tiempo"

La decisión de Francisco Granados de no admitir ninguno de los delitos que se le atribuyen en la Operación Púnica amenaza con frenar en seco las expectativas de que verdaderamente ofrecerá revelaciones sólidas sobre la presunta financiación ilegal del PP madrileño.

Granados, que este martes prosiguió en la Audiencia Nacional la declaración voluntaria iniciada el pasado día 12, aseguró luego ante los periodistas que se ratifica en "todo" lo que dijo entonces. Es decir, en que Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes controlaban lo que él mismo denominó como financiación "paralela" de las campañas. Pero ante el juez no solo no aportó detalles ni amplió la información –"no ha dado tiempo", adujo luego– sino que, por ejemplo, negó que las siglas y las cantidades reflejadas en la agenda que le fue incautada se refieran a donantes y donaciones. Negó igualmente haber participado en el amaño de contratos públicos.

El próximo día 15, volverá a comparecer en la Audiencia Nacional. Y, en teoría, la Fiscalía dedicará un turno específico de preguntas a la financiación del partido. ¿Está Granados, hasta 2011 poderoso secretario general y por tanto número dos del PP madrileño, en condiciones de desvelar a la tercera cómo se pagaban con fondos opacos las campañas de Esperanza Aguirre sin asumir ni un ápice de responsabilidad en los hechos que pudiera relatar? Fuentes del caso consultadas por infoLibre sostienen que no cabe descartar ninguna opción. Pero subrayan que, como ha quedado patente este martes, la prioridad máxima del exconsejero de Presidencia "no es colaborar con la investigación, lo que implicaría admitir los hechos" que le incriminan, como ha hecho el arrepentido David Marjaliza. O como también en la pieza valenciana del caso Gürtel hizo un mes atrás Ricardo Costa, homólogo de Granados mientras fue secretario general del partido con Francisco Camps.

La máxima prioridad

El contenido de lo declarado hasta ahora por Granados indica que su prioridad máxima es desligarse de un escenario delictivo al que le atan indicios diversos. Por eso –añade una de las fuentes– dice "como de pasada" que los contratos del Metro que, según el arrepentido Marjaliza les reportaron 3,6 millones de comisiones a él mismo, a Granados y al empresario Javier López Madrid los otorgó en realidad la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Es decir, en sus palabras puede subyacer sin duda un aviso al PP como cuando a la salida se jactó de que todavía no ha recibido la querella de la presidenta Cifuentes. Pero, sobre todo, late "una estrategia para remachar lo que está diciendo en todo lo que se le pregunta: que él no tuvo nada que ver con eso".

En lo personal, esos indicios delictivos comprenden desde la cuenta que ocultaba en Suiza –el dinero procedía de su etapa como profesional de la banca, dice él– a la mansión que el también investigado Ramiro Cid, promotor amigo y gran beneficiario del urbanismo de su feudo de Valdemoro, le empezó a construir en ese municipio sin cobrarle un euro hasta que la publicación de la noticia en febrero de 2009 le impidió seguir adelante: pero solo, sostuvo ante el juez, porque se lo ordenó Esperanza Aguirre para evitar la polémica.

Y en lo partidario, aunque la frontera no está clara, esos indicios van desde el supuesto amaño de contratos del gigantesco organismo público Arpegio, responsable del mayor plan regional de inversiones, el Prisma, –ni siquiera, eso dijo, conoce la empresa Dusa, adjudicataria de su ejecución– hasta de nuevo la agenda secreta en la que anotó iniciales junto a cantidades que tanto la UCO como Anticorrupción consideran la plasmación del dinero negro que pasaba por sus manos: dinero que, de manera supuesta, acababa en parte en las arcas del PP y, en parte, en las suyas. E incluso, supuestamente, en las de su también amigo y presumible socio Javier López Madrid, el yerno del dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir. Granados no se privó este martes de ofrecer explicaciones peculiares para esas siglas: por ejemplo, LD no significa Luis Delso, presidente de Isolux, sino "Lista de Diputados"; JEC no alude a José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona sino a "Jornadas de Educación Concertada". Y JLM no es Javier López Madrid sino "Juntas Locales de Madrid".

¿Podría el también exconsejero madrileño de Presidencia haber ofrecido datos concretos este martes aprovechando las preguntas de la Fiscalía sobre su agenda manuscrita y sin esperar a que el día 15 llegue el apartado expreso sobre financiación del PP? "Podría, pero para Granados es más importante darles su mensaje a los periodistas, decirles que se ratifica en lo dicho sobre Aguirre, González y Cifuentes y quedarse ahí", diagnostica uno de los juristas consultados.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/28/la_resistencia_granados_admitir_cualquier_delito_frena_las_revelaciones_sobre_financiacion_ilegal_77648_1012.html

GRANADOS RETA A CIFUENTES: "NO ME HA LLEGADO LA QUERELLA"

El exconsejero de Esperanza Aguire ha cargado contra el 'ABC' y baraja querellarse contra el periodista Javier Chicote

El exconsejero de Presidencia, Francisco Granados, quien ya declaró ante el juez el pasado 12 de febrero y cantó cucú, ha retomado el concierte este martes, día en que ha respondido a las preguntas de las fiscales, Carmen García y Teresa Gálvez. Granados, en su declaración anterior, situó a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes en la cima de la toma de decisiones y responsabilidades en el entramado de la pregunta financiación irregular del partido. Granados también aseguró que el cinturón de hierro de González fue dinamitado tras la ruptura de la relación de tipo “sentimental” con la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces, Cifuentes anunció que se querellaría y Granados ya ha respondido.

Tras su declaración ante el juez, el exconsejero ha comparecido ante los medios de comunicación y ha asegurado que “no me ha llegado ninguna querella” y ha advertido que “si esta señora me pone una querella que me diga en qué he mentido”. Granados ha añadido que “me ratifico en todo lo que dije el otro día”, haciendo referencia a la relación sentimental entre Cifuentes y González: “No me gusta hablar de cuestiones íntimas, solo me refiero en lo que tenga que ver con las relaciones de poder”.

Con respecto a su declaración, ha señalado que está “plenamente satisfecho” y que “he contestado a todas las preguntas y aclarado todas las dudas”. Una de las cuestiones era la relativa a la “dichosa cuenta en Suiza que se cerró en 2005. Granados ya relató que el dinero escondido en casa de sus suegros procedía de su actividad anterior a la política. Se encontraba en una cuenta en Suiza pero al dar el paso a la política quería deshacerse de la cuenta porque estaba mal visto, por eso no lo declaró. Asimismo, aseguró que David Marjaliza le pidió dinero para pagarse el abogado pero que el millón del altillo era lo único que tenía ahorrado y ni siquiera su mujer conocía su existencia.

Granados ha arremetido contra el diario ABC por un artículo publicado por el periodista Javier Chicote en la que desvela que Acciona dio 60.000 euros en metálico al PP siete días antes de las europeas de 2014, una información extraída de la libreta personal del propio Granados, intervenida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. “Es todo falso”, ha asegurado Granados, quien ha mencionado que “ya tendrá contestación” y que baraja querellarse: “No esperaba más del señor Chicote y ni esperaba menos de ABC”·

https://www.elplural.com/politica/2018/02/27/caso-punica-granados-querella-cifuentes-madrid

GRANADOS: “CIFUENTES SE JACTABA DE SER LAS MANOS, LOS OÍDOS Y LA VOZ DE IGNACIO GONZÁLEZ”

La declaración el pasado 12 de febrero de Francisco Granados ante el juez instructor del caso Púnica, Manuel García-Castellón, incluyó numerosos ataques hacia muchos de los que hasta hace poco eran sus compañeros en el PP de Madrid. Los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González, y la actual jefa del Ejecutivo regional, Cristina Cifuentes, fueron acusados abiertamente por el presunto cabecilla de la trama de corrupción de estar al tanto de la supuesta financiación irregular de las campañas electorales de 2007 y 2011, aunque en ningún momento aportó documentación que respaldara sus afirmaciones ni, tan siquiera, concretó detalles sobre las mismas más allá de referencias a algunas empresas supuestamente implicadas.

De Cifuentes aseguró que, tras mantener "una relación sentimental conocida por todo el mundo con Ignacio González", se convirtió en "las manos, los oídos y la voz ejecutiva en el partido" del que era su principal rival político y, por tanto, supuestamente enterada de la supuesta caja b de los populares que permitió financiar las "campañas de refuerzo" de Aguirre en aquellos comicios autonómicos. Granados llegó a asegurar que Cifuentes "se jacta de que manda por orden del señor González. Yo en este partido no mandaba absolutamente nada", se escudó.

En esta línea, Granados dedicó buena parte de las tres horas de declaración -está previsto que continúe en las próximas semanas en una fecha aún no fijada- a desvincularse del núcleo de decisión de su partido, sobre todo en las cuestiones económicas. Así, el exconsejero llegó a afirmar que la primera vez que le metieron en las listas electorales de su partido en 2003 lo hicieron porque era "exótico" tener un alcalde. "El PP de Madrid siempre se ha dirigido desde la Puerta del Sol [en referencia a la sede del Ejecutivo regional] por la señora Aguirre y el señor González, y no sé si por ese orden". Es en el poder político de este último en el que Granados se apoyó en varias ocasiones a lo largo de su declaración para respaldar sus afirmaciones sobre la supuesta relevancia entonces de la actual presidenta madrileña en las decisiones sobre la financiación de la "campaña paralela" que el partido financiaba con fondos que él aseguraba desconocer.

"No sé ni cómo se financió ni nada en absoluto. Tengo una vaga idea", afirmó para a continuación recalcar que "a mí me consta que había una campaña paralela, ajena al PP desde el punto de vista contable, que llevaba muy, muy, muy dirigida el señor González con la señora Cifuentes, con la señora [Isabel] Mariño [entonces consejera de Turismo] y con Isabel Gallego [directora de Comunicación de la Comunidad con Aguirre], fundamentalmente. Y que yo intuyo, por cómo luego se han desarrollado los acontecimientos, por lo que uno ve..." En ese punto, el político recalcó en varias ocasiones todos los cargos que en aquellos años acumuló Cristina Cifuentes tanto en la formación como en el grupo popular de la Asamblea de Madrid, entre ellos el de vicepresidenta de contratación de la mesa de la cámara regional. Un dardo dirigido a destacar su papel cuando fueron adjudicados los contratos de las cafeterías de la Asamblea madrileña al empresario Arturo Fernández, investigados por la Guardia Civil en dos informes en el que se señala a Cifuentes.

En su testimonio, Granados aportó el nombre de varias empresas supuestamente implicadas en la financiación irregular del PP. Una, Swap, dedicada al mundo de la publicidad. La segunda, Licuas, la constructora de Joaquín Molpéceres, quien figuraba como donante en los papeles de Bárcenas. "Lo que se oía en aquel momento-yo no lo puedo asegurar, no era testigo de aquellas reuniones-, la empresa [que era] muy afín al Canal [de Isabel II], muy afín al señor González y muy afín a la señora Cifuentes, era la empresa Licuas de Molpéceres... con los socios del marido de la señora Cifuentes", recalcó. Cuando el juez García-Castellón le insistió que aclarará esas afirmaciones, Granados se escudó en que "se oía en conversaciones de pasillo que la empresa más afín la que más estaba ayudando era la del señor Molpéceres".

Granados también remarcó en varias ocasiones que el poder de Cifuentes en el partido quedó muy difuminado tras romper en 2008 la supuesta relación con el entonces vicepresidente madrileño. "La señora del señor González y la señora [Isabel] Gallego empiezan a recibir mensajes anónimos que el señor González atribuye a la ruptura con la señora Cifuentes", señaló en una declaración en la que también habló de su relación personal con Mariano Rajoy, del que aseguró que fue la persona que le convenció para que aceptara un puesto de senador cuando fue excluido, primero, del Ejecutivo regional y, más tarde, de la dirección del partido en Madrid. "A mí el señor Rajoy me dijo que estuviera tranquilo. Me había ofrecido ser senador. Era poco trabajo y yo lo que quería era trabajar. El señor Rajoy me convenció para que aceptara ser senador", recalcó.

Su relación con Marjaliza

El exsecretario general del PP madrileño aprovechó otra parte de su declaración para intentar desacreditar el testimonio del constructor David Marjaliza, cuyas detalladas confesiones desde que comenzó a colaborar con la justicia en 2015 le incriminan. Así, negó de forma tajante haber amenazado a la familia del arrepentido de la trama. El Ministerio del Interior, por orden del juez Manuel García-Castellón, ha puesto a Marjaliza bajo protección ante las supuestas amenazas que ha denunciado repetidamente desde el entorno de Granados. Así contestó cuando su letrado, Javier Vasallo, le preguntó: “¿Ha amenazado usted al señor Marjaliza o a su entorno?”. “Cualquiera que me conozca diría que cómo voy yo a amenazar al entorno del señor Marjaliza, yo soy el más interesado y espero que se llegue hasta el final en el esclarecimiento de quién, cómo y cuándo ha amenazado al señor Marjaliza […] Este verano yo he tenido al niño del señor Marjaliza en mi casa [de Marbella], ha estado jugando, se ha llevado a mi perro a pasear, me parece indecente que este señor diga que yo puedo amenazar a su entorno”.

En el interrogatorio, Granados negó que el patrimonio de Marjaliza tuviera que ver con la actividad política que desarrolló, primero como alcalde de Valdemoro y posteriormente como consejero de Transportes y Presidencia de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre. También se refirió a la cuenta que abrió en Suiza en el año 1993, antes de entrar en política, y en la que, según él, guardó los beneficios de su trabajo en el banco Société Générale. Granados relató al juez que decidió cerrar la cuenta en 2004 al llegar al Gobierno de la Comunidad de Madrid y al ver que su carrera política “iba en serio”. Por ello pidió al gestor de su cuenta, Michael Langdon -imputado en la causa-, que la cerrara, pero no declaró esos fondos “porque ya estaba en política y entonces, evidentemente, no estaba bien visto”.

En 2005, otra gestora de la banca suiza le propuso ceder la cuenta a David Marjaliza, entonces amigo suyo, y, según él, “el mejor cliente” de aquella. Para ello, el constructor abrió una cuenta en otra entidad y Granados le firmó un poder sobre sus fondos. Luego, Marjaliza le dio el dinero en España. “Este señor en el año 2005 me da aquí mi dinero, concretamente en torno a 1,1 millones de euros; en la cuenta había 1,3 millones y este señor me cobra una comisión por darme el dinero aquí de casi 200.000 euros, y yo la verdad es que me olvido, pensé que eso [la cuenta en Suiza] en el año 2005 estaba cerrado y finiquitado y ya he visto luego que lamentablemente no”

Los 1,1 millones de euros que, según Granados le entregó Marjaliza en España fueron los que encontraron los agentes de la Guardia Civil en un altillo en la casa de sus suegros en el año 2015, cuando el expolítico estaba ya en prisión. Granados exculpó tanto a su esposa como a los padres de esta por esta ocultación. “Ese dinero lo guardé primero en casa, en un piso en la calle Guardia Civil de Valdemoro, y cuando hicimos la mudanza y nos trasladamos mi familia a un adosado, le pide a mi mujer “Mira, tengo aquí unos papeles que no quiero que se me extravíen, unos documentos, por favor, déjalos en casa de tus padres para que no se extravíen en la mudanza”. Y así se quedó allí el dinero hasta que fue encontrado en 2014 o 2015”.

https://politica.elpais.com/politica/2018/02/15/actualidad/1518724984_684083.html

GRANADOS VINCULA A CIFUENTES CON UNO DE LOS DONANTES DE LA 'CAJA B' DEL PP

Cifuentes: "No se puede ser más mentiroso, mezquino y miserable que el señor Granados"

Francisco Granados vinculó ayer durante su declaración ante el juez a Cristina Cifuentes con uno de los donantes de la caja B del PP nacional. Según el ex alto cargo del PP de Madrid, Licuas, propiedad del empresario Joaquín Molpeceres, es "una empresa próxima a Cifuentes".

Siempre según el relato del ex secretario general de los populares madrileños, la conexión de la presidenta de la Comunidad de Madrid con esta empresa, que figura en los denominados papeles de Bárcenas con entregas de dinero negro, radica en que Molpeceres "mantiene relaciones con los socios del marido de Cifuentes".

Así, según Granados, Licuas fue una de las empresas que financió irregularmente lo que él mismo denominó como "campañas de refuerzo" de la ex presidenta Esperanza Aguirre. También recalcó que esta compañía era próxima a Ignacio González y que ambos controlaban las entregas de fondos que realizaba para sufragar actos electorales. Cabe recordar que Licuas está investigada por la Audiencia Nacional tanto en el caso de los papeles de Bárcenas como en la denominada operación Lezo.Tal y como expuso Granados, Aguirre dispuso de un "refuerzo específico de su campaña" y agregó que esta operativa, durante las elecciones autonómicas y municipales de 2007, corrió a cargo de González y Cifuentes. De ambos llegó a asegurar que mantuvieron una relación personal que tildó de "atracción fatal" y calificó a la presidenta madrileña de "mano ejecutiva" de su antecesor. No obstante, no aportó documentación alguna que acreditara la implicación de ambos en la financiación irregular del partido en Madrid.

Asimismo, Granados destacó que Cifuentes "se jactaba de que mandaba mucho por delegación de González" y recordó que tenía "una mano derecha" y "una mano izquierda" como secretaria de Política Territorial de la formación en la capital. La primera era "Ángel Garrido, al que pone para que controle los distritos". La segunda, "Jaime González Taboada, colocado para que controle los municipios". "Con ellos se aseguró el control territorial del partido", destacó.

Añadió Granados que González quiso tomar el control de la empresa pública de informática, ICM, ya que de esta forma "tenía acceso a las telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid". "Podía saber a quién llamaba yo", ejemplificó. También abordó la financiación de "las campañas online" del partido, atribuyendo la responsabilidad de las mismas y la relación con el empresario Alejandro De Pedro a Isabel Díaz Ayuso.

http://www.elmundo.es/espana/2018/02/13/5a82d7ee268e3e80748b46a8.html

GRANADOS INVOLUCRA A AGUIRRE, GONZÁLEZ Y CIFUENTES EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

El antiguo número dos del PP madrileño sostiene que hubo una financiación "paralela" de las campañas de Madrid en 2007 y 2011 El principal imputado en 'Púnica', a quien los investigadores atribuyen corrupción a gran escala, dice que la actual presidenta de la Comunidad se convirtió en "los ojos y los oídos" de Ignacio González.

Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes se han convertido esta mañana en el trípode sobre el que el antiguo número dos del PP madrileño, Francisco Granados, ha sustentado esta mañana su declaración voluntaria en el caso Púnica, para la que prometía novedosas revelaciones sobre la –presunta– financiación ilegal del partido y que finalmente ha sido más difusa de lo esperado. Granados, cuya declaración proseguirá el día 20 y que este lunes solo ha respondido a su abogado, ya tiene respuesta de Cifuentes: "No tengo nada que ocultar, me da exactamente igual lo que diga este presunto delincuente". La presidenta madrileña presentará de inmediato una querella criminal cuyo alcance y detalles está ultimando en estos momentos el abogado que la representará a título personal, puesto que no va a hacer uso de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid.

En sus tres horas de comparecencia, Granados, ahora en libertad bajo fianza por graves delitos de corrupción, ha asegurado que las campañas de Aguirre se "reforzaban" con financiación "paralela" obtenida a través de empresas de publicidad y a la que se declara por completo ajeno. Según Granados, esa campaña paralela –ha eludido términos como ilegal o irregular– a la que desarrollaba la estructura orgánica del PP madrileño y del nacional la llevaban González y Cifuentes, así como otros cargos de menor rango. Granados ha declarado que Cifuentes, cuyo nombramiento como "número 3" del PP madrileño en 2005 ha recalcado, se convirtió en "los ojos y los oídos" de Ignacio González. Y que ambos mantuvieron una relación sentimental.

Granados ha puesto especial énfasis en destacar el papel de Mariano Rajoy como quien de verdad "destapó" la trama Gürtel al pedir a Esperanza Aguirre "en 2007 o 2008" que frenase la venta de una parcela de Arganda del Rey en la que el grupo de Francisco Correa estaba implicado. Y ha llegado a asegurar que fue el ahora presidente del Gobierno quien, una vez que Aguirre lo excluyó de su gobierno, le convenció para que se presentase al Senado en 2011. Él, Granados, no quería porque era poco trabajo –ha argumentado– pero el líder del partido se lo pidió y finalmente accedió a ello.

Entre las empresas de publicidad que cree estaban implicadas en ese canal paralelo de financiación ha citado a Swat, que ya estaba siendo investigada. Esas empresas, ha dicho, contrataban con el Consorcio de Turismo, bajo la batuta de la exsenadora Ana Isabel Mariño, y con el Imade, que dirigía Aurelio García de Sola, "pariente de Esperanza Aguirre" y cuyo presupuesto para publicidad era multimillonario. En el núcleo duro de Aguirre, Granados ha situado también a la exdirectora de comunicación del Gobierno madrileño, Isabel Gallego, y al exconsejero Jaime González Taboada. El igualmente exconsejero Borja Sarasola pertenecía también al grupo director de las campañas.

La operativa reconocida por Granados coincide con la ya descrita por otro de los investigados en Púnica, el empresario de publicidad Daniel Mercado. Pero Granados, y así lo subrayan fuentes presentes en su declaración, no ha aportado detalles y ha optado en todo momento por la sugerencia frente a la atribución directa de hechos. Por ejemplo, al hablar sobre las fuentes de esa financiación paralela ha mencionado el Canal de Isabel II, feudo de su ahora acérrimo enemigo Ignacio González.

Pero lo ha hecho para decir que sabe que en efecto gastaba mucho en publicidad pero que no puede asegurar nada. Y que cree que la empresa Licuas y el empresario Joaquín Molpeceres tal vez ayudaban en la campaña por su relación con el Canal, su relación con el marido de Cristina Cifuentes y por amistad con Esperanza Aguirre. La "intuición", ha afirmado después, le dicta que los gastos más importantes salían del Imade, uno de los organismos autónomos que más fondos manejó en la pasada década y cuya extinción decretó Aguirre en diciembre de 2010.

"El PP se dirigía desde la Puerta del Sol", ha dicho para ilustrar el poder de Aguirre y su núcleo duro, del que él mismo se ha excluido para presentarse poco menos que como un simple subordinado de Ignacio González. Granados ha relatado cómo cuando en 2011 Aguirre lo descabalgó de la secretaría general del PP madrileño para aupar a Ignacio González él mismo le dijo al entonces delfín que por fin se había convertido formalmente en secretario general, que era lo que en la práctica llevaba siendo desde hacía años.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/13/granados_acusa_aguirre_75161_1012.html

GRANADOS DECLARA QUE IGNACIO GONZÁLEZ USABA LA AGENCIA DE INFORMÁTICA DE MADRID PARA VIGILAR A ALTOS CARGOS

El antiguo número dos del PP madrileño dice que González se hizo con "todo el control de las comunicaciones" de los teléfonos corporativos de la Comunidad a través de ICM Asegura que así lo demuestra el gráfico manuscrito intervenido en los registros de Lezo y que infoLibre publicó en exclusiva El principal investigado de Púnica, en libertad bajo fianza por graves delitos de corrupción, involucra a Aguirre, González y Cifuentes en la financiación ilegal el partido

Francisco Granados utilizó este lunes su declaración voluntaria ante el juez que le investiga por graves delitos de corrupción en el caso Púnica para involucrar en la financiación ilegal del PP a Esperanza Aguirre, Ignacio González y la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ya ha anunciado una querella inmediata. El antiguo número dos del PP madrileño, que solo respondió a las preguntas de su abogado y precisó algunos datos a requerimiento del juez Manuel García Castellón, lanzó otra acusación de calado contra el también investigado Ignacio González, su enemigo acérrimo desde que en 2011 el hasta esa fecha poderoso secretario general del PP madrileño fue defenestrado por Aguirre tanto en el Gobierno regional como en el partido: según su declaración, el entonces vicepresidente y luego presidente de la Comunidad utilizó la Agencia de Informática (ICM) de Madrid para controlar las llamadas y mensajes enviados desde teléfonos corporativos de la Comunidad de Madrid.

Ahora en libertad bajo fianza, Granados había anunciado a través de la Cadena SER y del digital OKdiario que aprovecharía su comparecencia para hacer grandes revelaciones sobre la financiación opaca del PP. Su mensaje resultó inequívoco en lo que se refiere al papel que atribuye a Aguirre, González y Cifuentes. Pero la escasez de detalles y lo que algunas fuentes definen como un estilo narrativo difuso y vago cuajado de justificaciones como la de que ni siquiera tenía poder real en su feudo de Arpegio, un organismo que manejó cientos de millones y situado bajo la lupa de la Guardia Civil, han tenido un efecto que, desde luego, no era el que buscaba Granados: al menos de momento, los investigadores del caso no asignan a su declaración la solidez necesaria para incorporar de manera automática a Aguirre y/o Cifuentes al panel de imputados. El día 20, proseguirá el interrogatorio. Y llegará el momento de las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción.

En un momento de su comparecencia y tras asegurar que la relación sentimental que, según su versión, mantenían González y Cifuentes acabó como en "Atracción Fatal", el principal investigado de Púnica adujo que esa ruptura cambió por completo la composición del núcleo de poder que "reforzaba" las campañas de Esperanza Aguirre con financiación "paralela" obtenida mediante el uso espurio de partidas de publicidad institucional. Y que fue entonces cuando, además de relegar a Cifuentes logrando que Aguirre la despojase de su rango de número 3 del partido y la convirtiera en presidenta del comité de garantías –septiembre de 2008–, Ignacio González se hizo con el control de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), investigada desde el primer momento como uno de los grandes instrumentos utilizados para la financiación ilegal del partido. ICM, sostuvo Granados, interesaba a González porque ponía en sus manos un elevado presupuesto y "todo el control de las comunicaciones".

El juez García Castellón, relatan fuentes jurídicas, le pidió al llegar ahí que explicase qué quería decir. Y fue entonces, cuando en apoyo de su afirmación, Granados mencionó uno de los manuscritos incautados durante los registros de la Operación Lezo: el que la Guardia Civil intervino en las oficinas de Ildefonso de Miguel, hombre de confianza de González en el Canal de Isabel II, y de cuyo contenido informó infoLibre hace una semana. Ese esquema, dijo Granados, refleja que González podía controlar todas las llamadas. El gráfico, en efecto, muestra lo que parece corresponderse con el tráfico de llamadas y mensajes cruzados entre distintos dirigentes del PP madrileño. La mayor parte de ellos son quienes denunciaron que habían sido sometidos a seguimientos –Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, Alfredo Prada y Carmen Rodríguez Flores– pero también, y por partida triple, aparece el nombre de Cristina Cifuentes. Granados vino a decir, y así lo han confirmado a este diario fuentes conocedoras del interrogatorio y que representan posiciones diferentes en la causa, el nombre de la presidenta figura sobre una anotación que dice "Anónimos/I. Gallego" porque tanto la exdirectora de comunicación del Ejecutivo regional, Isabel Gallego, como la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, recibieron anónimos que, según Granados, podían proceder de Cifuentes.

A lo largo de tres horas de interrogatorio, el imputado se presentó a sí mismo como alguien por completo ajeno a la obtención de financiación "paralela" en las campañas de 2007 y 2011 mediante el desvío de fondos para publicidad institucional asignados a organismos como el Canal de Isabel II, feudo de González, el Imade, dirigido por "un pariente de Esperanza Aguirre" o el Consorcio Turístico de Madrid, a cuyo frente se situaba la exsenadora Ana Isabel Mariño.

Negó incluso saber nada de lo que durante sus dos años de mandato oficial hacía Arpegio, un organismo elefantiásico que manejó el mayor plan de inversión pública de Madrid y epicentro de lo que los investigadores sospechan que fue un amaño de contratos a gran escala. Todo lo controlaban Aguirre y González, que le colocaron al grupo que en la práctica iba a capitanear Arpegio –el exconsejero Jaime González Taboada y el exviceconsejero Miguel Ángel Ruiz– y le hicieron delegar sus funciones en el consejero delegado de esa fundación, Eduardo Larraz. Una de las sociedades que, según la UCO, controlaban testaferros de Granados cobró medio millón de una adjudicataria de Arpegio.

Defendiendo a Rajoy

Además de defenderse a sí mismo, Granados defendió a dos políticos –el presidente, Mariano Rajoy, que fue quien "destapó" la Gürtel al pedir sin éxito a Aguirre que parase el pelotazo del municipio de Arganda y quien le "convenció" para ser senador tras su caída ante Aguirre en 2011, y el exgerente regional del PP, el investigado Beltrán Gutiérrez– y a un empresario: Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir y también imputado, amigo suyo y que, según la versión del exconsejero de Presidencia de Madrid nunca pintó nada en la Comunidad de Madrid. A través de su empresa Financiera SiaCapital, López Madrid fue el gestor último de un fondo público regional de capital riesgo, Inicap, que entre 2011 y 2014 le reportó ingresos de al menos 600.000 euros. Según Granados, las iniciales "JLM", aquellas que figuran en su agenda y tras las que la Guardia Civil identifica a Javier López Madrid solo significan "Juntas Locales de Madrid". Las fuentes sondeadas por este diario incluyen ese punto en el mapa de afirmaciones inverosímiles trazado ayer por Granados.

Esa financiación ilegal o irregular, adjetivos que Granados ha sustituido en todo momento por "paralela" o "ajena" a las vías ordinarias de ingresos, la canalizaba un equipo nucleado en torno a Aguirre y González y en el que, además de Cifuentes –llegó a ser "los ojos y los oídos" del entonces vicepresidente–, el exconsejero ha ubicado a antiguos altos cargos como el viceconsejero de Presidencia Borja Sarasola, la exsenadora Ana Isabel Mariño y la ex directora de Comunicación del Gobierno de Madrid, Isabel Gallego.

Según Granados, cuando el equipo que organizaba la campaña "para todos", es decir, para Esperanza Aguirre y para los distintos candidatos municipales, hacía notar las "carencias", era ese núcleo duro dedicado a "reforzar" especialmente la campaña de Aguirre el que les transmitía un mensaje: que no había que preocuparse porque eso que hacía falta iba "por otro lado". Ese otro lado, intuye, cree, deduce Granados –por usar los conceptos y términos a los que acudió una y otra vez durante el interrogatorio– pasaba por encargar a empresas de publicidad institucional que se ocupasen del asunto. Entre esas empresas, Granados ha citado expresamente a Swat, que está siendo investigada desde el estallido del caso.

La operativa reconocida por Granados coincide con la ya descrita por otro de los investigados en Púnica, el empresario de publicidad Daniel Mercado. En su lanzamiento de misiles contra Aguirre, González y Cifuentes, el exconsejero ha recalcado que cree que la empresa Licuas y el empresario Joaquín Molpeceres tal vez ayudaban en la campaña por su relación con el Canal, su relación con el marido de Cristina Cifuentes y por amistad con Esperanza Aguirre. Algunas fuentes creen que la referencia al marido de Cifuentes ha sido un error en sentido literal. Y que Granados aludía en realidad al marido de Esperanza Aguirre, cuya amistad con Molpeceres acumula ya décadas. Este diario no ha podido confirmar si se trató de un lapsus o de un dardo de significado críptico y todavía desconocido.

"El PP se dirigía desde la Puerta del Sol", sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, dijo para ilustrar el poder de Aguirre y su núcleo duro, del que él mismo se ha excluido para presentarse poco menos que como un simple subordinado de Ignacio González. Granados ha relatado cómo cuando en 2011 Aguirre lo descabalgó de la secretaría general del PP madrileño para aupar a Ignacio González él mismo le dijo al entonces delfín que por fin se había convertido formalmente en secretario general, que era lo que en la práctica llevaba siendo desde hacía años.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/13/granados_declara_que_ignacio_gonzalez_usaba_agencia_informatica_madrid_para_vigilar_las_llamadas_altos_cargos_75191_1012.html

GRANADOS AL ATAQUE: INVOLUCRA A AGUIRRE, CIFUENTES Y GONZÁLEZ EN LA FINANCIACIÓN EN B

Asegura que la campaña de 2007 la dirigían la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y el expresidente

Se esperaba La Traviata en do menor, y no ha defraudado. El exconsejero de Presidencia, Francisco Granados, ha cantado, y ha apuntado alto. En su declaración ante el juez que ha tenido lugar este lunes, ha señalado a Ignacio González y a Esperanza Aguirre como los principales responsables. Granados ha negado las acusaciones de David Marjaliza, otrora su amigo, quien detalló un complejo sistema de comisiones. Pero Marjaliza quería cerrar su concierto con un nuevo nombre: el de Cristina Cifuentes.

Francisco Granados ha asegurado que todos los nombramientos los hacían González y Aguirre, y que hasta el último de los departamentos de prensa eran nombrados por ellos. La expresidenta de la Comunidad de Madrid despachaba cualquier problema con una periodicidad semanal, según el relato de Granados, quien ha aseverado que ellos mandaban en todo, incluso en ocasiones, tenía más poder y peso González que la propia Aguirre.

Pero la campanada ha llegado al final de su declaración, cuando el exconsejero ha mentado a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP regional. Granados ha dicho que Cifuentes es nombrada en 2005 número tres del partido y que se convirtió en la mano derecha de González: era sus ojos y sus oídos. Acumuló mucho poder y responsabilidad. Incluso, el exconsejero ha apuntado que en ocasiones Cifuentes se jactaba de que no mandaba González, sino ella. No obstante, Granados no se ha limitado a detallar su estrecha relación profesional, sino que también ha apuntado a una relación sentimental entre Cifuentes y González.

El caso Púnica investiga la financiación irregular del PP en las campañas de 2007 y 2011, y en este sentido, Granados ha especificado que la campaña electoral de 2007 la dirigen González y Cifuentes.

El famoso altillo que contenía casi un millón de euros también ha salido a colación. El exconsejero ha asegurado ante el juez que el dinero escondido en casa de sus suegros procede de su actividad anterior a la política. Se encontraba en una cuenta en Suiza pero al dar el paso a la política quería deshacerse de la cuenta porque estaba mal visto, por eso no lo declaró. Asimismo, ha asegurado que Marjaliza le pidió dinero para pagarse el abogado pero que el millón del altillo era lo único que tenía ahorrado y ni siquiera su mujer conocía su existencia.

El dinero, según su declaración, lo obtuvo de su actividad en la bolsa cuando trabaja en la entidad Crédit Lyonnais y que cuando traspasó esta cantidad a su exsocio David Marjaliza, este le cobró una comisión de 200.000 euros por la operación.

Sobre Marjaliza, además de negar las acusaciones vertidas pro el empresario, ha mencionado que no tenía ahorros porque había invertido en narcotráfico.

Granados también ha destacado que la expresidenta cambió la gestión del Plan Prisma -plan regional de inversiones y servicios- porque estaba harta de dar dinero a alcaldes, fundamentalmente del PSOE, para obra pública y que no la invitaran a las inauguraciones. Por eso decidió que fuera la Comunidad de Madrid la que hiciera directamente esas obras a través del plan Prisma.

En cuanto a la empresa pública Arpegio, ha indicado que Aguirre acordó delegar toda la responsabilidad en el entonces consejero delegado Eduardo Larraz, también imputado en Púnica, y que por eso él se desentendió del funcionamiento de esta empresa porque era lo que menos le importaba.

En cuanto a las adjudicaciones de obra pública en materia de infraestructuras, ha explicado que en las obras del metro, al principio, se contrataba a las grandes empresas porque eran las que disponían de tuneladoras, pero, más adelante, y en otras obras como tranvía o metro ligero, se empezó a contratar a constructoras medianas.

A este respecto, Marjaliza señaló en una de sus comparecencias que el exconsejero madrileño comentó en una cena que las licitaciones que se llevaban las grandes constructoras, él intentó dárselas a empresas medianas (Albi, San José, Teconsa), y que el empresario Florentino Pérez, molesto por ello, se habría encargado de lograr que su jefa, Esperanza Aguirre, le cesara como consejero.

https://www.elplural.com/politica/2018/02/12/caso-punica-granados-cifuentes-aguirre-ignacio-gonzalez

FRANCISCO GRANADOS APUNTA A COSPEDAL EN LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE METRO LIGERO DE BOADILLA DEL MONTE

Señala que Cospedal era la consejera de Transportes cuando se adjudicó la obra en enero de 2005

Fuentes próximas a la actual ministra recuerdan que, en el momento de la adjudicación, sólo llevaba dos semanas como consejera

Granados recurre el auto de imputación de Villar Mir y anuncia que lo "aclarará todo" en su declaración de próximo día 12

El exdirigente del PP de Madrid Francisco Granados, presunto líder de la trama de corrupción Púnica, ha negado estar detrás de la adjudicación de las obras del Metro Ligero a Boadilla del Monte de las que le acusan de cobrar comisiones ilegales, y ha apuntado directamente a la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien le sustituyó a finales de 2004 al frente de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid.

Así lo expone Granados en el recurso que ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 contra el auto por el que el magistrado Manuel García Castellón imputó al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y a su yerno, el empresario Javier López Madrid, por el presunto pago de dichas comisiones.

El juez adoptó esta decisión tras la última declaración prestada por el presunto cerebro de la trama Púnica, el constructor David Marjaliza, quien dijo que tanto él como Francisco Granados y Javier López Madrid se repartieron una comisión de 3,6 millones de euros por la adjudicación de tres obras de Metro de Madrid.

En su escrito, el investigado denuncia que se ha obviado "de manera descarada" que la adjudicación de la obra del Metro Ligero a Boadilla del Monte por 86,5 millones de euros tuvo lugar el 19 de enero de 2005, cuando Cospedal era consejera de Transporte.

Fuentes próximas a Cospedal recordaron que en realidad "la construcción de la nueva línea de metro ligero a Boadilla se adjudicó el 3 de enero de 2005, dos semanas después y con la Navidad por medio de que Cospedal tomara posesión como consejera de Transportes de Madrid, el 21 de diciembre de 2004".

Según el recurso de la defensa de Granados, el exdirigente conservador "nada tiene que ver" con este procedimiento y su imputación se debe al "afán o inquina acusatoria demostrada hasta día de hoy" por Marjaliza, ya que asegura que cuando se produjo la adjudicación de las obras del Metro Ligero a Boadilla del Monte "no ostentaba ningún cargo fundamental o relevante".

"Francisco Granados no tiene ningún tipo de vinculación con los que han declarado, bien sea don Javier López Madrid, con Obrum, con don Juan Miguel Villar Mir, o cualquiera de los aquí investigados", afirma el exconsejero madrileño, quien ha apuntado que aclarará "todo" en la declaración que prestará en la Audiencia Nacional el próximo lunes, 12 de febrero.

Lo adjudicó otra persona

"Cuando se adjudicó esta obra, Francisco Granados no era el consejero de Transportes, sino que lo era María Dolores de Cospedal", insiste, que se pregunta por qué la actual ministra y secretaria general del PP no ha sido nombrada en el auto de imputación de Villar Mir y López Madrid y no ha sido "llamada a declarar" como investigada. "Qué responsabilidad tiene mi patrocinado cuando la obra es adjudicada bajo el mandato de otra persona, en este caso la señora Cospedal, en base a qué norma puede atribuirse la responsabilidad penal al señor Granados y los beneficios políticos si los hay, sociales si los hay, o de otra índole, de tales actuaciones benefician o se atribuyen a por supuesto a quien pudo haber adjudicado las obras, en este caso nuevamente la señora Cospedal", afirma el escrito.

Además, Granados recuerda que "los mismos cargos o funciones que en su momento fueron desempeñadas" por él, "también lo fueron por doña María Dolores de Cospedal, doña Elvira Rodríguez, don Edelmiro Galván, quienes paradójicamente no han sido llamados a declarar como investigados ni reciben mención alguna en la resolución recurrida". A Granados le produce "real asombro" que la Fiscalía haga "manifestaciones de tal magnitud", en referencia a la imputación de Granados por el amaño de las adjudicaciones, "sin haberlas corroborado" y que el juez las haya admitido. En su opinión, todo es una "persecución" en su contra de un testigo "nada fiable", en alusión a Marjaliza.

El exdirigente del PP de Madrid reprocha al Ministerio Público y al magistrado que imputen nuevos delitos a Granados "sin motivo ni causa aparente", salvo el testimonio del señor Marjaliza, "quien va bailando al son y al ton que le marca la Fiscalía según sus necesidades acusatorias, tratando de realizar una instrucción a la carta". Además, Granados alude a la declaración efectuada ayer por López Madrid con la cual, a su juicio, "queda constatado"que no tuvo "ninguna participación o relación con los hechos, salvo el afán o inquina acusatoria demostrada" por Marjaliza.

López Madrid negó haberse repartido comisiones con Granados y que las facturas que entregó a Marjaliza corresponden a actividades reales de asesoramiento inmobiliario. Por su parte, Villar Mir negó pagos en negro al PP de Madrid por la adjudicación de obras.

"Así, tal y como hemos manifestado, estamos acostumbrados a que nuestros pabellones auriculares escuchen la palabra culpable cuando del señor Granados se hable, eso sí, siempre amparado por las falsedades del señor Marjaliza, cuyas palabras resultan bien acogidas por el Ministerio Fiscal", afea la defensa del exconsejero en su escrito.

La defensa de Granados admite que le ha "sorprendido" el "trato de favor que ha recibido el señor Marjaliza, quien actuando en su propio beneficio ha declarado" por distintas piezas de la trama Púnica "de forma incongruente e intentando inculpar siempre a las máximas personas posibles, aportando a cada declaración documentos e información ex novo". En su opinión, "no deben existir dudas de que en la presente causa existe una colaboración beneficiosa para el señor Marjaliza, que obtiene innumerables beneficios, y para la Fiscalía, que lo usa como única prueba de cargo, y que por ende su testimonio no debe tener valor probatorio, bajo ninguna circunstancia".

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