OPERACIÓN PÚNICA : UNA TRAMA GENOVESA SIN FONDO

Boletin 38. Caso PÚnica. Del 16 de abril al 15 de mayo 2018
Boletin 37. Caso PÚnica. Del 01 de marzo al 15 de abril 2018
Boletin 36. Caso PÚnica. Del 01 al 28 de Febrero 2018
Boletin 35. Caso PÚnica. Del 01 al 31 de ENERO 2018
MÁS BOLETINES ANTERIORES PINCHA AQUÍ

LAS NOTICIAS AL DÍA

UN ARREPENTIDO DE 'PÚNICA' AFIRMA QUE BARREIRO CONTRATÓ MEJORAS DE IMAGEN

DECLARA EN EL SUPREMO EL TESTIGO QUE APUNTALÓ LA ACUSACIÓN CONTRA BARREIRO Y SÁNCHEZ

EL CNI NIEGA AL JUEZ DATOS SOBRE LA SUPUESTA CONTRATACIÓN DE UN IMPUTADO DEL ‘CASO PÚNICA’

EL ARROZ ‘EN NEGRO’ DEL PP DE ESPERANZA AGUIRRE

UN EMPRESARIO DE PÚNICA: “ME PEDÍAN A MANOLO ESCOBAR FUERA DE CONTRATO Y LUEGO AMAÑABAN LA FACTURA”

LA UCO BUSCA PRUEBAS DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID EN ORDENADORES DE INDRA Y PWC

LA EXDIRECTORA DE COMUNICACIÓN DE AGUIRRE DICE QUE LOS CONSEJEROS USABAN DINERO PÚBLICO PARA PROMOCIONARSE

ARCHIVADA LA QUERELLA DE CIFUENTES CONTRA GRANADOS TRAS ACUSARLA DE CONOCER LA SUPUESTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

EL JUEZ DE PÚNICA RECHAZA CERRAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE CIFUENTES Y LA CAFETERÍA DE LA ASAMBLEA

LA JEFA DE PRENSA DE AGUIRRE Y GONZÁLEZ CONFIESA LOS PAGOS CON DINERO PÚBLICO EN PÚNICA

EMPRESARIOS DAN AL JUEZ FACTURAS DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID

AGUIRRE PAGÓ 90 MILLONES A LA EMPRESA ACUSADA POR GRANADOS DE FINANCIAR AL PP

GRANADOS SALVA A RAJOY MIENTRAS IMPLICA A AGUIRRE CON LOS PRIMEROS DOCUMENTOS QUE ENTREGA EN PÚNICA

EL ORGANIZADOR DE LOS MÍTINES DE AGUIRRE CONFIESA QUE COBRÓ EN B DEL PP MADRILEÑO

EL JUEZ DE PÚNICA COMPARA LAS PRÁCTICAS DE LA TRAMA CON LA MAFIA SICILIANA

SUIZA TORPEDEA LA VERSIÓN DE GRANADOS SOBRE SU CUENTA OCULTA

LA ONG INVOLUCRADA POR GRANADOS EN LA FINANCIACIÓN DEL PP ESTÁ LIGADA AL EX DEFENSOR DEL MENOR Y HA COBRADO DE MADRID 147 MILLONES

LA JEFA ACTUAL DEL IMSERSO LLEVÓ AL NOTARIO EL SAQUEO DEL PP DE MADRID

LA EX DEL PP, PILAR BARREIRO, SE ESTRENA EN EL GRUPO MIXTO DEL SENADO

LA FISCALÍA DEL SUPREMO SALVA A LA SENADORA IMPUTADA DEL PP CON UNA BOFETADA AL JUEZ QUE INICIÓ 'PÚNICA'

LA COMUNIDAD DE MADRID ELIMINÓ LOS CORREOS DE GRANADOS QUE LE RECLAMA EL JUEZ DEL ‘CASO PÚNICA’

LA RESISTENCIA DE GRANADOS A ADMITIR CUALQUIER DELITO FRENA LAS REVELACIONES SOBRE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

GRANADOS RETA A CIFUENTES: "NO ME HA LLEGADO LA QUERELLA"

GRANADOS: “CIFUENTES SE JACTABA DE SER LAS MANOS, LOS OÍDOS Y LA VOZ DE IGNACIO GONZÁLEZ”

GRANADOS VINCULA A CIFUENTES CON UNO DE LOS DONANTES DE LA 'CAJA B' DEL PP

GRANADOS INVOLUCRA A AGUIRRE, GONZÁLEZ Y CIFUENTES EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

GRANADOS DECLARA QUE IGNACIO GONZÁLEZ USABA LA AGENCIA DE INFORMÁTICA DE MADRID PARA VIGILAR A ALTOS CARGOS

GRANADOS AL ATAQUE: INVOLUCRA A AGUIRRE, CIFUENTES Y GONZÁLEZ EN LA FINANCIACIÓN EN B

FRANCISCO GRANADOS APUNTA A COSPEDAL EN LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE METRO LIGERO DE BOADILLA DEL MONTE


UN ARREPENTIDO DE 'PÚNICA' AFIRMA QUE BARREIRO CONTRATÓ MEJORAS DE IMAGEN

Javier Bueno, ex empleado de empresas de la trama, desmiente a la exalcaldesa de Cartagena y declara que los trabajos no eran institucionales, sino que tenían carácter personal

La declaración prestada ayer por Francisco Javier Bueno, quien fue 'mano derecha' de uno de los presuntos líderes de la 'trama Púnica', Javier de Pedro, ensombreció de repente las buenas perspectivas que en los últimos tiempos venían surgiendo sobre un posible sobreseimiento de los cargos contra la exalcaldesa popular de Cartagena, Pilar Barreiro.

El testimonio de Bueno, considerado uno de los principales arrepentidos del 'caso Púnica', vino a apoyar las sospechas existentes sobre la presunta contratación por parte de Pilar Barreiro de trabajos para la mejora de su reputación personal, que en el año 2014 estaba especialmente afectada por su imputación en las diligencias de 'Novo Carthago'. Esas labores se habrían abonado supuestamente con cargo a las arcas públicas, camufladas en apariencia como contratos publicitarios sobre las fiestas de Carthagineses y Romanos y sobre la exposición del tesoro de la Mercedes.

El antiguo colaborador en empresas de la 'trama Púnica' manifestó ante la magistrada del Tribunal Supremo Ana María Ferrer que hubo una primera reunión en junio de 2014 (un año antes de las elecciones municipales) en la que participaron Barreiro, el que fue su jefe de gabinete, Francisco Ferreño, y Alejandro de Pedro, donde se cerró un primer contrato de plan de medios para posicionamiento de noticias 'online'.

El periodista Vaquer, que fue despedido por publicar una noticia negativa de la primera edil, pidió declarar por videoconferencia

Según señalaron fuentes próximas al proceso, Bueno explicó que tres meses después, en octubre, se celebró un segundo encuentro, en las cercanías de la sede consistorial de Cartagena, esta vez solamente entre Bueno y Ferreño. En esta reunión se habría acordado aumentar los servicios con una de las empresas del entramado de 'Púnica'. En concreto -siempre según las manifestaciones de Bueno-, Ferreño le comunicó el visto bueno de la entonces regidora a la oferta formulada por De Pedro, que le recomendó no solo posicionar contenidos en un periódico digital para mejorar la imagen de Barreiro, sino además generarlos por sus propios periodistas, por considerar que esa opción era más efectiva.

Las mismas fuentes precisaron que la magistrada instructora hizo especial hincapié en conocer si estos trabajos eran de mejora de imagen personal o bien estaban relacionados con la labor institucional de Pilar Barreiro en el Consistorio, a lo que Bueno respondió que fue algo de carácter personal.

El testigo, que trabajó para Madiva Editorial, una de las empresas del experto informático, eludió entrar en detalles acerca del pago de facturas ni de los importes de las mismas, puesto que señaló que esa no era una competencia suya.

Aunque la Fiscalía solicitó semanas atrás el archivo de las diligencias existentes contra la actual senadora del Grupo Mixto -tuvo que dimitir como parlamentaria del PP-, las manifestaciones de ayer de Francisco Javier Bueno la sitúan ahora en una posición más comprometida.

Los dos letrados de Barreiro, José Pardo Geijo y Raúl Pardo-Geijo Ruiz, se mostraron especialmente incisivos con el arrepentido cuando la juez abrió su turno. A resultas de sus preguntas, Bueno declaró en varias ocasiones no recordar detalles concretos sobre los contratos suscritos con el presunto beneplácito de la entonces alcaldesa.

La juez también citó como testigos a una concejal del PP de Cartagena, Carolina Palazón, y al periodista al que contrató presuntamente la trama, Isaac Vaquer, quien pidió declarar por videoconferencia al encontrarse fuera de la península. Este profesional fue despedido por publicar una noticia negativa de Barreiro.

Tras esta toma de declaración, la magistrada podría adoptar una decisión definitiva sobre esta causa, en la que se investigan presuntos delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.

http://www.laverdad.es/murcia/arrepentido-punica-afirma-20180512013229-ntvo.html

DECLARA EN EL SUPREMO EL TESTIGO QUE APUNTALÓ LA ACUSACIÓN CONTRA BARREIRO Y SÁNCHEZ

Este viernes la jueza Ana Ferrer toma declaración a tres testigos: uno de ellos trabajó para una de las empresas de la trama y ratificó ante el juez que el concurso público del ayuntamiento de Cartagena, que entonces dirigía Barreiro, fue "una vergüenza

La investigación contra la senadora Pilar Barreiro por su presunta implicación en la Púnica sigue adelante en el Tribunal Supremo y este viernes la magistrada Ana Ferrer tomará declaración a tres testigos: uno de ellos, Francisco Javier Bueno, trabajó para una de las empresas de la trama y ya definió en sede judicial como una "vergüenza" el proceso de licitación pública que se investiga en esta causa.

Barreiro, alcaldesa de Cartagena durante casi veinte años y en la actualidad senadora del grupo mixto, está acusada de haber pagado con dinero público al empresario Alejandro de Pedro para que mejorase su imagen en las redes sociales. La causa se puso de cara para la senadora cuando el expresidente del PP de la localidad declaró a su favor y la Fiscalía pidió el archivo del caso, pero la instructora ha decidido poner en marcha estas testificales.

Francisco Javier Bueno, exdirector comercial de la empresa MADIVA, declaró ante el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional a finales de 2014 y frente a la Guardia Civil en abril de 2016. Ante el entonces instructor de la macrocausa, Bueno negó saber de dónde salió el dinero que pagó los trabajos pero confirmó las sospechas del juez: que el contrato público del consistorio de Cartagena con el que se iban a justificar los pagos estaba apalabrado desde el principio entre la trama y Barreiro.

"No entiendo cómo funciona esto, pero me di cuenta de que blanco y en botella", dijo Bueno cuando comentó al juez Velasco de que fueron ellos mismos los que buscaron otras dos empresas para completar los formalismos del concurso negociado y sin publicidad. Uno de ellos se presentó, dijo, "medio forzado, por decirlo de alguna manera", y las propuestas que presentó le parecieron "una vergüenza", llegando a preguntarse "¿Esto hay que hacerlo?" cuando fue a enviarlas a la administración.

Reuniones con la trama

Bueno también declaró más tarde ante la Guardia Civil, negando saber con qué dinero se habían pagado esos trabajos reputacionales de Barreiro, pero dejando claro que la exalcaldesa de Cartagena por el Partido Popular participó en reuniones con miembros de la trama: reuniones previas a la licitación de los contratos investigados.

Afirmó en primer lugar que el diario digital creado en Cartagena para favorecer a Barreiro "lo pagaba MADIVA pero los subvencionaba el Ayuntamiento de Cartagena lógicamente, ya que estaba implícito en el plan de medios que había vendido De Pedro a Barreiro". Una Pilar Barreiro que se reunió con Alejandro de Pedro: relató cómo estaba con De Pedro en un hotel de la Gran Vía de Madrid cuando el empresario le despachó porque "tenía una reunión con Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez", viéndoles llegar cuando él se iba.
Una concejala y un periodista

Además de la testifical de Bueno, la magistrada Ana Ferrer tiene previsto escuchar las explicaciones de la concejala del PP de Cartagena, Carolina Palazón, y al periodista Isaac Vaquer. En el caso de Palazón, la exposición razonada enviada en su momento por el juez Velasco al Tribunal Supremo relataba que la entonces edil de Turismo en el consistorio de Cartagena firmó las facturas investigadas que canalizaron el dinero público para pagar la reputación online de Barreiro. Vaquer, por su parte, fue el periodista contratado para generar contenidos favorables a la imagen de la entonces regidora.

Las tres testificales son las últimas diligencias propuestas por la jueza Ana Ferrer en esta pieza murciana de la trama Púnica después de que la Fiscalía solicitase el archivo de la causa.

http://cadenaser.com/ser/2018/05/10/tribunales/1525969516_455956.html

EL CNI NIEGA AL JUEZ DATOS SOBRE LA SUPUESTA CONTRATACIÓN DE UN IMPUTADO DEL ‘CASO PÚNICA’

El servicio de inteligencia se ampara en el carácter reservado de sus actividades para no dar datos sobre los supuestos trabajos del informático Alejandro de Pedro

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha remitido al juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, un escrito en el que rechaza facilitarle información sobre los supuestos tratos que mantuvo durante 2013 y 2014 con el experto informático Alejandro de Pedro, imputado en la causa de corrupción por el supuesto cobro de dinero público para mejorar la reputación en Internet de políticos del PP. El magistrado quería saber si era cierto, como afirma De Pedro, que este estuvo una decena de veces en la sede del CNI y fue contratado por el organismo.

García-Castellón había pedido al CNI que certificase en qué fechas se habían producido esas supuesta visitas de De Pedro a las oficinas centrales del servicio secreto en Madrid. También solicitaba el detalle de los supuestos trabajos que una de las mercantiles del informático, Eico Online Comunicación SL, había realizado “bien directamente, bien bajo supervisión” para el CNI en el mismo periodo. Finalmente, el juez reclamaba información sobre las “cantidades económicas que el CNI o persona o entidad relacionada con el citado centro abonó” al experto informático y a su empresa. De Pedro asegura en sus escritos que buena parte de los 82.250 euros en metálico que la Guardia Civil encontró en su domicilio en Valencia cuando fue detenido en octubre de 2014 procede, precisamente, de pagos efectuados por el servicio secreto “por determinados servicios que afectan a la seguridad nacional”.

En su respuesta, el CNI evita pronunciarse sobre la veracidad de las afirmaciones de De Pedro, y se escuda, para no informar, en el artículo 5.1 de la ley que regula su funcionamiento desde 2002. Dicho punto determina que la “organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias” están consideradas “información clasificada con el grado de secreto”. Fuentes de la institución añaden que la misma solo puede ser facilitada a un juez previa autorización del Consejo de Ministros.

La petición de García-Castellón se produce después de que el propio De Pedro reclamase dicha información en sendos escritos de los pasados 22 de diciembre y 1 de febrero, en los que pedía que se le devolviese el dinero que se le intervino en su domicilio al considerar que este tenía “procedencia lícita” precisamente por ser supuestos pagos del CNI.

Esos supuestos pagos se produjeron, según ha reiterado el informático, por realizar trabajos para hacer frente a los mensajes lanzados en las redes sociales contra España por diversos colectivos. Entre ellos, yihadistas, independentistas catalanes y la izquierda abertzale. De Pedro afirma que el resultado de su trabajo se plasmó en varios informes que guardaba, junto a los mensajes de correo electrónico que intercambió con agentes del CNI, en los ordenadores que le intervino la Guardia Civil. Denuncia que ninguno de ellos se ha incorporado al sumario.

Ya anteriormente, el experto informático de la trama había pedido que se aportara a la causa otro material que, según él, demostraría sus tratos con el servicio secreto. En concreto, el contenido de los 25 SMS y 12 llamadas de teléfono que supuestamente intercambió con integrantes del CNI hasta pocos días antes de su detención. De Pedro aseguraba que dichas comunicaciones fueron interceptadas por la Guardia Civil durante la investigación del caso Púnicapero que nunca fueron incorporadas a la causa.

Alejandro de Pedro ha pedido hasta en tres ocasiones que estas llamadas y mensajes sean tenidas en cuenta en la investigación al considerar que demuestran que los trabajos que hizo para mejorar la imagen en internet de políticos y cargos públicos del PP de Madrid, Valencia, Murcia y León eran absolutamente legales y que, de hecho, fue su “especial profesionalidad y capacitación” la que llevó al CNI a contratarle. Estos contactos se registraron supuestamente entre el 1 de julio de 2014 —día en el que se inició la intervención de su teléfono por orden judicial— y el 8 de octubre de ese año, dos semanas antes de que fuera detenido. El informático siempre ha declinado detallar el contenido de estos contactos.

Fichado para frenar la ofensiva del 9-N

Los supuestos trabajos de Alejandro de Pedro para el CNI se iniciaron, según sostiene, en 2013, en plena ofensiva del secesionismo catalán que desembocó en la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014. Según fuentes del entorno del informático, los servicios secretos lo contrataron para difundir noticias positivas de la sociedad y la economía españolas con las que hacer frente a los ataques lanzados desde foros independentistas. Todo ello bajo una cláusula de confidencialidad.

Esta presunta relación profesional se tradujo, según su versión, en un cruce de llamadas y mensajes de De Pedro con agentes del CNI que algunos días fue intensa, según detalla el informático en los escritos en los que reclama la incorporación a la causa de esas comunicaciones. En julio de 2014 mantuvo, dice, nueve conversaciones, tres de ellas el día 10. Ese mes intercambió numerosos SMS con miembros del servicio secreto. Cinco el 16 de julio, y otros nueve entre el 23 y el 25 del mismo mes.

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/19/actualidad/1521458138_269603.html?rel=mas

EL ARROZ ‘EN NEGRO’ DEL PP DE ESPERANZA AGUIRRE

La Guardia Civil destapa en el ‘caso Púnica’ nuevos desvíos de fondos públicos para pagar 11 actos del partido en tres municipios de Madrid. Entre ellos, una paella de 2.750 euros

La investigación del caso Púnica sigue sacando a la luz nuevos episodios de supuesta financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entregado al juez Manuel García-Castellón el pasado 27 de abril, señala a los exalcaldes populares María de los Ángeles Herrera (Ciempozuelos), Esteban Parro (Móstoles) y Carlos Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio) como presuntos implicados en el desvío de 42.000 euros de fondos públicos para costear 11 actos de su partido en estos municipios, entre ellos varias copas de Navidad para afiliados y una paella de 2.750 euros para atraer nuevos militantes. Todo ello mediante el supuesto uso de facturas falsas o infladas que hicieron pasar como gastos de los festejos populares que financiaban los consistorios. La Guardia Civil tomó declaración como investigados a los dos primeros el pasado 18 de abril. El tercero estaba ya imputado desde su detención en junio de 2015 por el supuesto amaño de un contrato de eficiencia energética en favor de la trama. La UCO acusa a los tres de los delitos de prevaricación, fraude y malversación.

El epicentro de estas supuestas irregularidades es la empresa Waiter Music, especializada en la organización de festejos populares y que ya en otros informes policiales ha aparecido vinculada de manera reiterada a la financiación irregular de mítines del PP de Madrid. Su gerente, José Luis Huerta Valbuena, ha comenzado a colaborar con la justicia y el pasado marzo confesó en la Audiencia Nacional que había montado gratis actos para al partido entonces dirigido por Aguirre a cambio de hacerse con los contratos de las fiestas de los pueblos en aquellos municipios donde gobernaba el PP. A través de tres sociedades, Huerta consiguió entre 2006 y 2012 adjudicaciones por un valor cercano a los 20 millones de euros. El nuevo informe de la UCO, detalla que, en el caso de los tres ayuntamientos ahora investigados, los contratos con los que se hizo sumaban más de 4 millones de euros.

En Ciempozuelos, el informe destaca que Waiter Music se encargó de organizar, al menos, cinco actos del PP, parte de cuyo coste fue posteriormente facturado al propio Ayuntamiento. Este terminó pagando por ellos con cargo a las arcas públicas 19.495 euros. El primero fue el servicio de comidas del mitin que el partido organizó en marzo de 2008, con motivo de las elecciones generales de aquel año. El documento detalla que aquella comida fue encargada a un restaurante de la vecina localidad de Valdemoro y costó 3.600 euros. La operativa se repitió en diciembre 2009 con otro servicio de comidas, en este caso valorado en 7.100 euros, y que sirvió para agasajar a sus militantes con motivo de las fiestas navideñas. En este caso, el coste se cargó a dos actos municipales: un cóctel que se ofreció en homenaje a las personas mayores del municipio y la organización de la cabalgata de Reyes.

En los dos años siguientes, el PP de Ciempozuelos utilizó el mismo sistema para financiar otros dos servicios de comida navideños para sus afiliados, por un total de 6.450 euros. Y en marzo de 2010, para sufragar una paella valorada en 2.750 euros con la que el partido quería “atraer a gente, sobre todo inmigrante y joven” para preparar las elecciones municipales del año siguiente, según recoge un documento interno del partido incorporado al sumario. Finalmente, el informe de la UCO apunta que alguien del Ayuntamiento que no ha podido ser identificado hasta el momento consiguió que Waiter Music le organizara sin coste alguno una fiesta privada valorada en 25.000 euros.

En Móstoles, las sospechas se dirigen hacia siete eventos del PP, aunque la Guardia Civil admite que solo ha recopilado pruebas sobre cinco de ellos. Cuatro son desayunos organizados por la formación entre febrero y abril de 2011 en un hotel de la localidad en la que participaron dirigentes del partido en la región. El informe de la Guardia Civil concluye que los 2.360 euros que costó la instalación del equipo de sonido de todos ellos fueron cargados al consistorio a través de una factura girada por la organización de los actos festivos por del 2 de mayo de aquel año. El quinto acto investigado es una fiesta “campera” que el PP organizó para sus afiliados de Móstoles y Alcorcón, y cuyo importe superó los 12.000 euros. La UCO considera que de esta cantidad, 4.425 euros fueron incluidos de manera irregular a través de seis facturas en los presupuestos de las fiestas locales de septiembre de ese mismo año.

La Guardia Civil también ha encontrado irregularidades similares en la gestión del PP al frente del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio. En este caso, el acto bajo sospecha es un mitin que el PP de esta localidad celebró el 25 de mayo de 2007 como fiesta de fin de campaña de las municipales de ese año. La UCO considera acreditado que Waiter Music nunca facturó los 13.442 euros que costó dicho acto al partido, “sino que enmascaró el coste del evento y lo incluyó en los gastos extras de las fiestas de agosto y septiembre de 2007" del municipio.

https://politica.elpais.com/politica/2018/05/11/actualidad/1526059604_438423.html

UN EMPRESARIO DE PÚNICA: “ME PEDÍAN A MANOLO ESCOBAR FUERA DE CONTRATO Y LUEGO AMAÑABAN LA FACTURA”

Declaración de José Luis Huerta, propietario de la empresa de eventos Waiter Music
Comentar

El empresario José Luis Huerta aseguró ante el instructor de la Púnica que los alcaldes investigados en esta trama corrupta “no paraban de pedirle cosas fuera del contrato” como una actuación del artista ya fallecido Manolo Escobar y que luego “amañaban las facturas” para cobrar el dinero que le debían.

El propietario de la empresa de eventos Waiter Music, en su declaración como investigado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón del pasado 7 de marzo, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, mostró ante el magistrado su desesperación por no poder cobrar el dinero que le debían los alcaldes de los ayuntamientos investigados en la trama Púnica. Además, trasladaba al juez su intención de “colaborar con la justicia”.

Este empresario fue arrestado en el marco de la ‘Operación Púnica’ en octubre de 2014. Un mes después, abandonaba la prisión madrileña de Soto del Real tras abonar la fianza de 300.000 euros que le impuso el entonces instructor del caso, el magistrado Eloy Velasco.

Durante la declaración, José Luis Huerta afirmaba que “no podía más” porque los alcaldes “no paraban de pedirle cosas fuera del pliego” establecido. Es en ese momento, García Castellón pide al empresario que profundice y detalle lo que le pedían los regidores.

“Continuamente estaban pidiendo cosas. Una fiesta para no se quién, un escenario… Se hacía el pliego de condiciones, yo pasaba la oferta y desde que se aceptaba el pliego de condiciones hasta que empezaban las fiestas… A lo mejor había 600 mayores que comían y bailaban y que les preparábamos un espacio aparte. Me llegaban y me decían, oye que no son 600, son 1.000 o 1.100. Por lo tanto, tenía que traer más bancos, más mesas, comida para 500 más” se lamentaba.

“Un año”, añadía, “me dijeron tienes que traer a Manolo Escobar. Claro, llevar a Manolo Escobar fuera de pliego ya, supuso el poner un escenario más grande, un cenador más grande, unos camerinos. No paraban de pedir”.

La Fiscalía Anticorrupción le interrumpía para que aclarase “quién no paraba de pedir”. El dueño de Waiter Music contesta que el Ayuntamiento de Valdemoro, concretamente el alcalde de entonces, “José Miguel Moreno o la jefa de Gabinete que era la que… si él no podía”.

“Eran extras continuos” le interpelaba el juez García Castellón y José Luis Huerta apunta que esos extras se pedían “en fiestas casi siempre” y luego “cada 2 meses o 3 meses”. “¿Ese plus continuo al estar fuera de contrato se lo comía usted?” preguntaba el magistrado. “Iba recuperándolo poco a poco como podía con facturas. Si tenías que pasar una factura por 10.000 euros, la pasabas por 14.000 y recuperabas 4.000 aunque no ganabas nada del trabajo“, contestaba el empresario.

“¿Era una factura amañada?” espetaba García Castellón. “Sí, era amañada para recuperar un trabajo que yo había hecho. Eso lo sabía el alcalde, José Miguel Moreno”, destacaba Huerta.

Posteriormente, el instructor le preguntaba por el importe de las facturas amañadas. “Llegaron a deberme 200.000 euros y pico. Todavía me deben dinero, no han terminado de pagarme. De 2006, 2007, 2008, de esos 3 o 4 años”, concluía.

El dueño de Waiter Music también reconoció en su comparecencia que el PP de Madrid le pagó en negro parte del dinero que le debían. Según su testimonio, el gerente de los populares madrileños, Beltrán Gutiérrez, le pagó en ‘b’ con facturas falsas por importe de 50.000 euros el acto de cierre de campaña para las elecciones autonómicas y locales del año 2007 que celebró el PP regional en el Palacio de los Deportes de la capital.

Además, aseguró que siguió trabajando para otros municipios madrileños gobernados por el PP como Algete, que le debía dinero con la esperanza de poder recuperarlo. Entre los eventos que José Luis Huerta reconocía haber organizado en esta localidad se encontraba un mitin para el exministro de Economía Rodrigo Rato, que habría costado 9.000 euros o la comunión de la hija de la exalcaldesa Inmaculada Juárez, que alcanzó el montante de 41.000 euros.

https://okdiario.com/investigacion/2018/05/04/empresario-punica-pedian-manolo-escobar-fuera-contrato-luego-amanaban-factura-2208316

LA UCO BUSCA PRUEBAS DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID EN ORDENADORES DE INDRA Y PWC

Los agentes procederán al volcado del contenido de los "numerosos efectos informáticos y dispositivos electrónicos" incautados hace un año Según la investigación, González utilizó la empresa pública ICM para inflar facturas a Indra y PwC, que luego colaboraban para llenar la caja B del partido También se investigarán los dispositivos informáticos del antiguo responsable de ICM y de cargos vinculados a Swat SL

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) ya tienen permiso del juez para adentrarse en los "numerosos efectos informáticos y dispositivos electrónicos" incautados en las empresas sospechosas de colaborar con la financiación ilegal del PP de Madrid. El juez de Púnica, Manuel García Castellón, ha accedido a que se desprecinten y se vuelque el contenido de los ordenadores de empresas como Indra, PricewaterhouseCoopers (PwC), la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) o Swat SL.

El próximo 8 de mayo, los agentes de la Guardia Civil podrán acceder a esos dispositivos y buscar en ellos información y pruebas sobre la financiación ilegal del PP de Madrid cuando estaba dirigido por Esperanza Aguirre e Ignacio González. Esta pieza de Púnica nace en realidad de los indicios encontrados en la investigación de otra trama de corrupción, el caso Lezo.

Hace poco más de un año, los agentes de la UCO detuvieron a Ignacio González en su casa de Madrid. Entre las acusaciones del auto que le llevo a prisión, la de haber utilizado a empresas como ICM o el Canal de Isabel II para llenar la caja B del partido, hasta arriba de deudas después de las elecciones autonómicas de 2011.

Según los investigadores, el sistema ideado por González necesitó de la colaboración de José Martínez de Nicolás, antiguo consejero delegado de ICM, empresa pública dependiente del gobierno regional. Los pendrives, tablets y ordenadores que le requisaron a él y a su hijo -que trabajó en PwC- tras su detención también serán ahora analizados.

La investigación ha determinado que Martínez Nicolás aumentó sin justificación los contratos de ICM con PwC e Indra para conseguir hasta un millón de euros extra. González le pidió directamente esta gestión en una reunión que mantuvieron el 7 de junio de 2012, y a la que acudieron representantes de otras empresas públicas madrileñas. El juez señala que Martínez Nicolás accedió e infló los contratos.

Según los informes policiales, solo de Indra salieron 700.000 euros para pagar trabajos que el PP de Madrid había encargado a distintos proveedores. Entre ellos, la consultora Swat SL, una de las piezas angulares en la investigación de la financiación del PP. Los agentes también investigarán la información de los dispositivos electrónicos de José Miguel Alonso, exadministrador de Swat, y Juan Miguel Madoz Echevarría, actual responsable de esa empresa.

ICM también pidió a PwC que inflase contratos. El sumario del caso Púnica recoge que la empresa pública pagó a la consultora por un contrato que no tenía contenido real a cambio de que esta financiase al PP. PwC siempre ha negado esas acusaciones. Según la investigación, este sistema sirvió para pagar a distintos proveedores de la campaña, como Troyano Marketing y Diseño, Braveheart Management, Sintra o Swat SL.

Los agentes comenzarán a sumergirse en los archivos informáticos en busca de pruebas que afiancen estas acusaciones a partir del próximo martes. El juez de Púnica ha accedido a la petición que le hizo la UCO el pasado 12 de abril y fija para el 8 de mayo el "desprecinto y clonado de los equipos y dispositivos intervenidos a los investigados". El desprecinto se tendrá que hacer frente a los letrados de las partes afectadas, si quieren acudir.

A partir de ahí los investigadores tendrán manos libres para indagar en los archivos. El juez aclara que deben centrarse en los ficheros que tengan relación con la presenta causa, evitando aquellos que puedan afectar a la privacidad de los investigados. También les pide que si detectan pruebas de nuevos delitos lo comuniquen inmediatamente.

García Castellón cogió el caso cuando Eloy Velasco, el anterior juez instructor, ascendió a la Sala de Apelaciones, después de que este hubiese detectado numerosas vías de financiación ilegal con las que el PP de Madrid nutría su caja B. El actual encargado de investigar el caso ha profundizado en esas vías, hasta llegar a afirmar que el partido tuvo en época de Esperanza Aguirre una contabilidad diseñada específicamente para ocultar los pagos en negro.

La investigación actual se desprende de la información obtenida en los registros del caso Lezo. El juez decidió a principios de enero unir esas pesquisas al caso Púnica, tras constatar que el PP usó el mismo sistema de financiación en negro en los comicios de 2007 y 2011. Todo era igual y en el organigrama del partido, dijo el juez, solo cambiaba un puesto, el de secretario general del PP de Madrid: en 2007 Francisco Granados, en 2011 Ignacio González.

Tú puedes hacer posible nuestra próxima exclusiva. Gracias a más de 30.000 socios y socias tenemos la libertad e independencia para investigar posibles casos de corrupción, tratos de favor o mirar donde los poderes políticos y económicos tienen mucho que ocultar.

Te necesitamos a ti también para seguir haciendo periodismo a pesar de todo. Necesitamos más de 30.000 socios y socias para seguir siendo rentables, libres e independientes.

https://www.eldiario.es/politica/UCO-pruebas-financiacion-ilegal-PP-Madrid-ordenadores-Indra-PwC_0_767473500.html

LA EXDIRECTORA DE COMUNICACIÓN DE AGUIRRE DICE QUE LOS CONSEJEROS USABAN DINERO PÚBLICO PARA PROMOCIONARSE

Isabel Gallego ofrece al juez de Púnica un listado de exconsejeros de la Comunidad de Madrid que utilizaron sus departamentos a modo de "chiringuitos" para promocionar su imagen personal a través de encargos a De Pedro Asegura que lo hicieron sin consultar a la Dirección General de Prensa, ya que contaban con su propio equipo de confianza y su propio presupuesto para estas actividades

Salvador Victoria, Aguirre e Isabel Gallego.

La exdirectora general de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid Isabel Gallego ofreció al magistrado de la Audiencia Nacional que instruye la trama Púnica, Manuel García Castellón, un listado de exconsejeros del gobierno regional que utilizaron sus departamentos a modo de "chiringuitos" para promocionar su imagen personal a través de encargos online al conseguidor de la trama Alejandro de Pedro.

"Chiringuito Alfredo Prada: Ciudad de la Justicia; chiringuito Francisco Granados: Agencia de la la Inmigración; chiringuito Lucía Figar: Fundación Madrid; chiringuito Manuel Lamela: 1 por ciento. No se lo puedo explicar más claro", dijo Gallego, que matizó que esto no quiere decir que obtuvieran algún beneficio personal sino que tenían sus propios medios para hacer sus campañas, de acuerdo con la declaración judicial que prestó el pasado 5 de abril y a la que ha tenido acceso Europa Press.

Se refirió así a los organismos que utilizaron dichos exmiembros de los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González en la contratación relativa a prensa y publicidad sin consultar para ello con la autorización de la Dirección General de Medios (DGM), puesto que contaban con su propio equipo de confianza y su propio presupuesto para estas actividades.

"Había consejeros que tenían sus propios equipos de confianza y además coincidía con que la estructura de su Consejería tenían organismos con presupuestos para favorecer acciones de comunicación para ellos mismos. No lo quiero decir de manera peyorativa, pero... un chiringuito", dijo Gallego a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción.

Así pues, aunque la DGM tenía que dar la autorización en lo que respecta a las campañas de publicidad de los departamentos del Consistorio, ha reconocido que hubo duplicidades en contratos con el informático De Pedro (como en el caso de la Consejería de Educación) y que se enteró de las mismas mucho tiempo después.

Cobros a través del Canal

Respecto a los trabajos de reputación realizados por EICO, la empresa de De Pedro, la exdirectora de la DGM apuntó ante el magistrado instructor que recibió el primer informe de los mismos en 2012 y un año después comenzaron las reclamaciones por parte del informático por una deuda contraída con la Comunidad de Madrid de 40.000 euros.

Gallego le remitió al entonces consejero de Transportes Borja Sarasola, por ser con quien había negociado las condiciones de este contrato, y fue ahí cuando De Pedro le dijo que a él le pagaba el Canal de Isabel II a través de una empresa adjudicataria. Dado que Sarasola se desentendió de la situación, recurrió al entonces consejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria para buscar una solución.

Fue en octubre del año 2012 cuando Victoria le propuso a la acusada formalizar un contrato entre De Pedro, que seguía prestando servicios para la Comunidad de Madrid, y la DGM de 1.800 euros al mes. "Yo le dije que no lo veía, pero él me tranquilizó diciendo que no era un contrato sino el pago de un gasto menor y que era una situación provisional", aseguró Gallego.

Concurso 'ad hoc'

Según el relato de los hechos, Victoria le comunicó que se iba a hacer un concurso ad hoc de la empresa pública madrileña del Canal de Isabel II para concedérselo a la empresa de De Pedro, si bien se acabó adjudicando a otra compañía. Por ello decidió hablar con la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid (ICM) para ver si la empresa Indra podría contratarle hasta que salieran un nuevo concurso del Canal.

Así, Gallego no supo aclararle al juez qué trabajos hizo De Pedro a Esperanza Aguirre, al no ser ella la que se encargaba de esa función. Respecto de Ignacio González, dijo que De Pedro se dedicó a poner en valor su gestión en política en calidad de presidente de la Comunidad de Madrid aunque también se le encomendaron trabajos de noticias "más personales" pero que afectaban a su cargo.

"Las noticias eran institucionales y personales y esto era algo que se hacía habitualmente en los departamentos de comunicación", apuntó Gallego en una primera parte de interrogatorio que se reanudará este jueves 26 de abril en dependencias judiciales.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/04/24/la_exdirectora_comunicacion_aguirre_dice_que_los_consejeros_usaban_dinero_publico_para_promocionarse_82098_1012.html

ARCHIVADA LA QUERELLA DE CIFUENTES CONTRA GRANADOS TRAS ACUSARLA DE CONOCER LA SUPUESTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

La magistrada rechaza que la conducta del exsecretario general del PP madrileño se pueda encuadrar en un delito de "trato degradante, calumnias e injurias" hacia la expresidenta de la Comunidad de Madrid Concluye que "cuando se trata de personas públicas, que ejercen funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública ha de estimarse que priman las libertades de expresión e información"

Fotografía de archivo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha inadmitido y archivado la querella que presentó la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes contra el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, después de que éste declarara en la Audiencia Nacional que la primera era conocedora de la supuesta financiación ilegal del partido madrileño.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, fechado a 3 de mayo, la magistrada rechaza que en este caso la conducta de Granados se pueda encuadrar en un delito de "trato degradante, calumnias e injurias" hacia Cifuentes. Contra el fallo cabe recurso de apelación en un plazo de cinco días.

Cifuentes, que presentó la querella siendo presidenta madrileña a título particular, alegó un "espurio uso de la palabra para descalificar y dañar su buen nombre, honor e imagen" para hablar de injurias, mientras que las calumnias las encuadró "al pretender relacionarla con actuaciones delictivas de financiación irregular, agravándose la misma al haberse realizado con publicidad".

La jueza Mª Isabel Durántez Gil hace un alegato a favor de las libertades de expresión e información cuando se trata de cargos públicos implicados en asuntos de relevancia pública, "obligadas por ello a soportar un cierto riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad resulten afectados por opiniones o informaciones de interés general".

El archivo llega después de la renuncia de Cifuentes a sus cargos como presidenta de la Comunidad de Madrid y como máxima responsable del PP de Madrid por el caso del máster que cursó bajo presuntas irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) y la publicación de un vídeo en el que era descubierta tras haber hurtado cosméticos en un supermercado.

Nulidad de actuaciones

La defensa de Granados solicitó la nulidad de pleno derecho de lo actuado por no haberse notificado el auto de admisión de la querella, lo que le causaba "indefensión" a su cliente. También pidió la nulidad por la supuesta "falta de concordancia entre los delitos atribuidos en el escrito de querella" —delitos de injurias, calumnias, y trato degradante— y los señalados en la cédula de citación que se le entregó en relación a un delito de injurias.

En cuanto al delito de trato degradante, la juez alega que los comentarios de Granados sobre una supuesta relación sentimental no encuadran en esta calificación jurídica al no reunir los requisitos para su apreciación. En este punto, se refería la magistrada a las declaraciones de Granados sobre una supuesta "relación sentimental" entre los expresidentes Ignacio González y Cristina Cifuentes.

También rechaza que Granados incurriera en un delito de calumnias, dado que sus manifestaciones ante los medios se limitaron a "relatar y repetir lo que había declarado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional".

"Su actuar no podrá enmarcarse en las infracciones penales antes descritas, dado que la jurisprudencia viene considerando que no se puede considerar calumnia cuando el acusado da a conocer unos hechos a una institución oficial competente para su investigación, dado que en ese caso su finalidad no es otra que provocar una investigación del órgano jurisdiccional en relación a los hechos", señala el fallo.

Asimismo, el juez destaca que cuando el conflicto se mueve en un marco en el que el ejercicio de las libertades de expresión e información están en conexión con asuntos que son de interés general, "los citados derechos alcanzan entonces su máximo nivel de eficacia justificadora frente al derecho al honor, el cual se debilita, proporcionalmente, como límite externo de las libertades de expresión e información".

"Cuando se trata de personas públicas, que ejercen funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública ha de estimarse que priman las libertades de expresión e información, pues así lo requiere el pluralismo político, para no correr el riesgo de hacer del derecho penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión, lo que, sin duda, resulta indeseable en un Estado democrático", agrega.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/05/04/archivada_querella_cifuentes_contra_granados_tras_acusarla_conocer_supuesta_financiacion_ilegal_del_pp_82468_1012.html

EL JUEZ DE PÚNICA RECHAZA CERRAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE CIFUENTES Y LA CAFETERÍA DE LA ASAMBLEA

El magistrado cree que la presidenta cayó en “incompatibilidad” al ser juez y parte en la adjudicación a Arturo Fernández

Ni un solo día sin que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, puede descansar tranquila. En pleno huracán por el escándalo del máster, el juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha firmado un auto que complica la vertiente de la adjudicación de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco para gestionar su cafetería y pone en tela de juicio el papel que tuvo Cifuentes en el proceso.

El auto, al que ha tenido acceso El Plural, responde a la petición de sobreseimiento que hizo la que fuera jefa del Servicio Jurídico de la Asamblea de Madrid, Tatiana-Sonsoles Recoder, y que adelantó este periódico. Aquella era una petición envenenada en la que Recoder reclamaba que se cerrara la investigación o, de no hacerlo, que llamara como imputada Cifuentes y a la jefa del Servicio de Relaciones Externas y Protocolo de la Asamblea, María Virtudes Merino.

Recoder consideraba que las dos, junto a ella, habían tenido el mismo papel en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco de Arturo Fernández, entonces jefe de la patronal madrileña y donante del Partido Popular. Las tres fueron miembros del comité de expertos que valoró las ofertas y optó por la del grupo Cantoblanco. Y Cifuentes, además, presidió la mesa de contratación que adjudicó el contrato a Arturo Fernández.

En el auto, fechado el seis de abril, el juez de Púnica se niega a sobreseer la causa y añade que, en su declaración, Tatiana Recoder “no apreció la incompatibilidad de ser miembro de la mesa de contratación y del comité de expertos de Cristina Cifuentes Cuencas”. Manuel García Castellón alega que no sabe si Recoder pasó por alto esa “incompatibilidad”, que da por hecha, “por ignorancia o con intencionalidad”.

Cabe recordar que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya pidió en un informe de mayo de 2017 que Cifuentes fuera imputada por los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho que observaba en esta adjudicación. Los agentes creían que los concursos de 2009 y 2011 pudieron estar amañados porque "se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones".

El magistrado que instruye el caso Púnica señala en su auto que “las presentes actuaciones tienen un dilatado proceso de instrucción, pues los hechos que se instruyen tienen gran complejidad y calado para establecer las potenciales imputaciones”. Recoder pedía que se imputara a Cifuentes para que diera explicaciones. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid es aforada como diputada de la Asamblea de Madrid, por lo que García Castellón no puede imputarla desde la Audiencia Nacional y tendría que solicitar este trámite al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El juez añade que la Púnica está ahora “aproximadamente mediada la instrucción” y que sobre Recoder, que participó en los mismos hechos que Cifuentes, “no existe ninguna evidencia de su falta de responsabilidad respecto de los hechos que se investigan en la presente causa, y más concretamente por la adjudicación por la Asamblea de la Comunidad de Madrid de los servicios de restauración de la misma al Grupo Cantoblanco”.

https://www.elplural.com/politica/2018/04/12/punica-cristina-cifuentes-cafeteria-asamblea-madrid

LA JEFA DE PRENSA DE AGUIRRE Y GONZÁLEZ CONFIESA LOS PAGOS CON DINERO PÚBLICO EN PÚNICA

Isabel Gallego reconoce ante la justicia las partidas para la reputación de los expresidentes del PP de Madrid

La tarde infarto en Génova 13 no parece llegar a su fin. Isabel Gallego, la que fuera jefa de gabinete de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid ha confesado en el caso Púnica y ha detallado los pagos de dinero público para los trabajos de reputación online de la ex dirigente y de su sucesor, Ignacio González.

Poco después de que el caso de Cristina Cifuentes se pusiera más cuesta arriba con la apertura de una investigación penal en la Fiscalía, y tras conocerse las puestas en libertad de Carles Puigdemont y sus exconsellers en Bélgica, llegaba el bombazo Púnica.

Gallego ha enviado al juez un escrito donde hace un relato pormenorizado de los hechos de Púnica relacionados con los trabajos de reputación online de Esperanza Aguirre e Ignacio González.


Según su relato, al que ha tenido acceso El Plural, el cabecilla de la Púnica, Alejandro de Pedro, pactó con Borja Sarasola, entonces viceconsejero de Presidencia, los trabajos para Aguirre y González, “así como los pagos, que pasarían por adjudicatarias del Canal [de Isabel II]”.

Tras el nombramiento de Borja Sarasola como consejero de Mediambiente y Ordenación del Territorio, es Salvador Victoria quien se hace cargo de los tejemanejes para pagar a De Pedro los trabajos a Ignacio González. Sin embargo, se ven incapaces de seguir con el desvío desde el Canal de Isabel II. Es aquí cuando, según Gallego, Salvador Victoria pagar al jefe de Púnica con “facturas de gastos menores desde su Dirección General [de Comunicación]”.

“De este modo, desde la Dirección General de Medios de Comunicación se le pagan 21.000 euros del año 2012, facturas mensuales de 1.800 euros del año 2013 y cuatro más en 2014 (7.200 euros)”, concreta Gallego en su escrito.

La responsable de Comunicación de Aguirre relata que, tras estos pagos, De Pedro reclamó una deuda de 100.000 euros “pero que nadie le explica de dónde salen”. Finalmente, Gallego le dice que hable con Sarasola para resolver ese pago y, después, Victoria se “compromete a pagarle a través del Canal y a hablar con el ICM para ver si Indra le puede dar trabajo”.

Dentro de las soluciones para buscar dinero a De Pedro, Gallego relata una “reunión con alcaldes, en la sede del PP, en la calle Génova, presidida por Granados y a la que asistió también Lucía Figar”. Ella niega haber estado o haber sido convocada, pero dice que dentro “les dijeron a los alcaldes que tenían que colaborar después contratando los servicios de De Pedro, lo que provocó el rechazo de algunos (no públicamente) porque no tenían dinero”.

La revelación de Isabel Gallego se produce justo después de la comparecencia voluntaria de Francisco Granados ante el juez. El que fuera número dos del PP madrileño y consejero de Presidencia involucró a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes en la caja B del PP madrileño. Asimismo situó a Isabel Gallego como integrante de la particular guardia pretoriana de González junto a la propia Cifuentes, Jaime González Taboada y Borja Sarasola.

https://www.elplural.com/sociedad/2018/04/05/jefa-prensa-aguirre-gonzalez-confiesa-punica

EMPRESARIOS DAN AL JUEZ FACTURAS DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID

Dos empresarios confiesan ante el juez financiación ilegal en el PP de Madrid

Granados declara ahora al juez de 'Púnica' que el PP de Madrid se financió con fondos públicos para la reinserción de menores

La Audiencia Nacional ya tiene en su poder facturas que acreditan la presunta financiación irregular del PP de Madrid. En las últimas semanas, al menos dos empresarios han reconocido haber facturado gastos a Fundescam por trabajos que en realidad no se habían realizado para ella, y a eso se suma la última declaración de Francisco Granados, en la que también aportó facturas falsas, aunque en este caso no eran de Fundescam. Así, el juez García Castellón ha acumulado gran cantidad de pruebas de la financiación irregular del PP madrileño. Como ejemplo, es muy ilustrativa la factura emitida por la empresa Hermanos Barral González a Fundescam, que ilustra esta información. Hay que recordar que la propia empresaria María Josefa Barral, a la que pertenece esta sociedad, confesó ante el magistrado que le había emitido una factura a Fundescam aunque jamás había realizado ningún trabajo para ellos ni conocía a nadie de esa fundación del PP. Esa declaración, y las de los empresarios Alfonso del Corral y Daniel Mercado, forman parte de la investigación sobre financiación ilegal del PP de Madrid en la operación Púnica.

Este diario ya publicó los extractos de la declaración de Barral, así como los de su socio, Alfonso del Corral, que realizó trabajos electorales para el PP de Esperanza Aguirre. También se publicó la declaración de Daniel Mercado, que indicó claramente cómo desde el Partido Popular de Madrid le daban instrucciones para desviar gastos de campaña a empresas constructoras.

La empresaria Barral reconoció ante el juez que sólo había facturado esos trabajos inexistentes de su empresa por hacerle un favor a su socio Alfonso, que le dijo que él no podía pasar más facturas a la fundación de los populares.

En la documentación que obra en poder del juez se halla esta factura, fechada en febrero del año 2011, por un importe de unos 45.000 euros.

El concepto de la factura dice literalmente: «Siete dinámicas de grupo entre residentes en pueblos de menos de 10.000 habitantes de la Comunidad de Madrid». El socio de María Josefa Barral tenía una empresa llamada Demométrica, que se dedicaba sobre todo a hacer encuestas y estudios sociológicos y que trabajó a menudo para el Partido Popular. De hecho, el propietario de esta empresa explicó a García Castellón que mantenía habitualmente reuniones con la ex presidenta de la Comunidad de Madrid para tratar sobre estos trabajos. Sin embargo, la empresa de su socia no se dedicaba a este tipo de tareas como la que refleja el concepto de la factura.

Una factura de 45.000 euros

La factura de hermanos Barral por valor de 45.000 euros, junto al reconocimiento de la empresaria de que esos trabajos jamás fueron realizados para Fundescam, y que ella jamas trató con nadie de allí, demuestra cómo el PP de Madrid derivaba gastos a la fundación, presumiblemente para eludir el control del Tribunal de Cuentas sobre sus gastos de campaña.

Con esta documentación y la nueva aportada por Francisco Granados se va estrechando cada vez más el cerco sobre la presunta financiación ilegal del PP madrileño. Las declaraciones de los empresarios han apuntado a uno de los investigados, el ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, como la persona de contacto que les indicaba a dónde desviar las facturas para poder cobrar los trabajos de campaña. Granados ha señalado directamente a Aguirre y a Ignacio González. Hay que recordar también que en el otro gran caso de corrupción del PP de Madrid que se instruye en la Audiencia, la operación Lezo, también se investigaba la financiación ilegal, y recientemente se ha incorporado toda esa parte a las actuaciones de Púnica.

http://www.elmundo.es/espana/2018/03/17/5aac1934e2704ea9668b4637.html

AGUIRRE PAGÓ 90 MILLONES A LA EMPRESA ACUSADA POR GRANADOS DE FINANCIAR AL PP

El Ejecutivo presidido por Ignacio González abonó otros 23,7 millones a la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), que según el cabecilla de la 'Púnica' sufragó en 2007 con facturas falsas una parte de la campaña de Esperanza Aguirre

Los gobiernos encabezados en la Comunidad de Madrid por Esperanza Aguirre abonaron entre 2006 y 2012 un total de 90.149.744 euros a la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), acusada el pasado jueves por el ex secretario general del PP y exconsejero de Presidencia Francisco Granados de financiar de forma ilegal las campañas de refuerzo de la expresidenta madrileña, según la información recabada por Vozpópuli.

Los pagos se iniciaron en 2006 en virtud de un acuerdo del Consejo de Gobierno, de 24 de noviembre de 2005, que autorizó el convenio de colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, dependiente de la Consejería de Justicia; y la entidad sin fines de lucro GINSO.

En 2005 el entonces vicepresidente y consejero de Justicia e Interior era Alfredo Prada, que el jueves también fue señalado por Granados como el responsable de los pagos presuntamente irregulares de la Comunidad de Madrid a GINSO.

Según Granados, la Comunidad de Madrid había abonado importantes cantidades a GINSO, que a su vez había facturado 150.000 euros a empresas relacionadas con el ex director de Telemadrid Álvaro Renedo y el experiodista de la cadena pública madrileña Germán Yanke, fallecido hace unos meses. Este dinero habría servido, siempre según Granados, para financiar las campañas publicitarias del PP de Aguirre.

El convenio entre la Comunidad de Madrid incluía la construcción y posterior gestión de un centro de régimen cerrado en Brea de Tajo (Madrid), para lo que se autorizaba un gasto de 157.736.025 euros en un plazo de 15 años. El centro, denominado Teresa de Calcuta, fue inaugurado por la presidenta de la Comunidad de Madrid el 30 de septiembre de 2006.

Alfredo Prada
En la inauguración Aguirre, que estuvo acompañada del vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, y el alcalde de Brea de Tajo, Rafael Barcala. El Centro Teresa de Calcuta tiene una capacidad para 157 plazas para menores en régimen cerrado o semiabierto, a los que hay que añadir otros 20 menores de régimen terapéutico, según la información oficial difundida en 2006 por el Gobierno madrileño.

En los dos años siguientes a la dimisión de Aguirre, el Ejecutivo ya presidido por Ignacio González, abonó a GINSO, en virtud del acuerdo de 2006, otros 23.725.000 millones de euros.

63,7 millones con Granados
Pese a que Granados acusó directamente al exconsejero Alfredo Prada de ser el responsable de la financiación irregular del PP de Esperanza Aguirre, llama la atención que en los cuatro años en los que el presunto cabecilla de la 'Púnica' fue consejero de Justicia, departamento del que depende la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción, la cantidad abonada a GINSO fue de 63.717.928 euros.

El Gobierno de Cristina Cifuentes ha abonado, en virtud del acuerdo de 2006, otros 33.737.500 euros entre 2015 y 2018, año en el que ha habido una brusca caída en la facturación de GINSO, que ha pasado de percibir en 2017 un total de 10.037.500 euros a 1.770.000 euros.

https://www.vozpopuli.com/espana/Gobierno-Aguirre-Granados-financiar-PP_0_1117989199.html

GRANADOS SALVA A RAJOY MIENTRAS IMPLICA A AGUIRRE CON LOS PRIMEROS DOCUMENTOS QUE ENTREGA EN PÚNICA

El exsecretario del PP de Madrid se esfuerza en aclarar que Rajoy no sabía nada de lo que ocurría en la primera planta de la sede de su partido

Durante su declaración en el Congreso ya excluyó al PP nacional de sus revelaciones: "He visto muchas cosas, pero todas buenas"

Ha aportado facturas para tratar de probar la financiación ilegal controlada por Aguirre, aunque no ha explicado cómo se movía el dinero

Francisco Granados continúa con el difícil equilibro de destapar la financiación ilegal del PP de Madrid sin que esta le salpique. Esta semana, además, se ha ocupado también de excluir a Mariano Rajoy de todas las irregularidades que se gestaron unas plantas por debajo de donde tenía su despacho. Además, el exsecretario del PP de Madrid ha entregado por primera vez documentos que según él prueban esa presunta caja B del partido que dirigía Esperanza Aguirre.

Lo ha hecho en el tercer capítulo de su anunciaba colaboración con la investigación. En dos sesiones delante del juez que instruye el caso Púnica, Manuel García Castellón, no aportó prueba alguna de la campaña paralela de las elecciones de 2011 que se habría pagado con dinero negro. Esta circunstancia provocó que el fiscal general del Estado, Julián Sanchez Melgar, hiciese referencia a que las acusaciones deben tener un sustento documental: "Las imputaciones se hacen con pruebas".

Así que el exsecretario general del PP de Madrid hizo caso a esa recomendación y acudió el jueves a la Audiencia Nacional con una carpeta llena con una veintena de facturas. "Falsas", explicó ya dentro de la sala de declaraciones, donde añadió que las había encontrado en su casa, revisando algunos papeles de su etapa en política. Algunos abogados interrumpieron para decir que su casa ya había sido registrada por agentes de la UCO y no habían encontrado esos documentos. Una letrada ironizó con que igual la Guardia Civil tenía que volver a revisar el inmueble.

Una parte de esas facturas corresponden a pagos entre GINSO, una asociación para la integración social de menores, e Inver-Eleto SL, una compañía propiedad de Álvaro Renedo, expresidente de Telemadrid, y el experiodista de esa cadena Germán Yanke. Según Granados, ambas mercantiles acordaron la elaboración de varios estudios sobre delincuencia juvenil para la Consejería de Justicia, a cuyo frente se encontraba entonces Alfredo Prada.

Sin detalles de cómo se usó ese dinero

Granados aseguró que Renedo, que insistió en que era íntimo de Aguirre, y Yanke no tenía la capacidad ni los conocimientos para elaborar esos estudios, así que supuso que se trataba de facturas falsas. El exsenador no detalló como había llegado ese dinero a destinarse a pagos de publicidad para la campaña de 2011. Durante su declaración no trazó el flujo del dinero, sino que se limitó a extender las sospechas y a añadir nuevos nombres a su larga lista de salpicados por la corrupción. Ahora serán los investigadores del caso los que comprobarán si se trata de facturas reales o si forman parte de la extensa maquinaría de financiación irregular.

Cuando las fiscales le interpelaron por las facturas, sobre si podía afirmar que se habían utilizado para financiar actos de campaña, Granados dijo que no estaba seguro. Según un letrado presente en la sala, la antigua mano derecha de Aguirre midió sus palabras más que en otras ocasiones porque teme una nueva demanda. De hecho, el miércoles de esta misma semana debe acudir a los juzgados de Plaza Castilla por la querella que le presentó Cristina Cifuentes por lo que dijo de ella en su primera declaración.

También esta semana tendrá que comparecer la presidenta de la Comunidad de Madrid en el Congreso de los Diputados, en la comisión que investiga la financiación del PP. Está citada para el martes, un día antes de que acuda a esa misma comisión el exsocio de Granados, David Marjaliza, y la persona que le está complicando el futuro judicial en Púnica con cada nueva declaración ante el juez.

Rajoy no sabía nada

A ese interrogatorio parlamentario ya se ha enfrentado esta semana Granados, que ya trazó una línea de separación entre el PP nacional, del que dijo desconocer cualquier irregularidad, del PP de Madrid. En su declaración ante el juez ahondó en ese relato que excluye a Rajoy del conocimiento de los desmanes investigados en Púnica.

Según explicó, el entonces candidato a La Moncloa no sabia nada de lo que ocurría en la primera planta de la sede del partido, que aloja al PP de Madrid. La mala relación con Aguirre, que había apoyado a sus adversarios en el Congreso de 2008 por el control del partido, había levantado un muro entre la formación nacional y la regional. Rajoy "no se enteraba de nada", afirmó.

Granados ha continuado así por la línea de no manchar en exceso al partido en el que militó, al que solo reprochó la “expulsión express”. A pesar de los intentos reiterados de los portavoces de la oposición por sonsacarle trapos sucios de la formación a la que perteneció durante 30 años, el se negó: "En el PP he visto muchas cosas, pero todas buenas".

No es la primera vez que Granados le echa un capote al ahora presidente del Gobierno. Ya dijo que él era quien había destapado la trama Gürtel y destapó una supuesta conversación entre Rajoy y Aguirre en la que el primero loaba a Granados y le definía como alguien de quien fiarse. También contó que habló con Rajoy después de que Aguirre le apartase de su Gobierno: le dijo que estuviese tranquilo y que aceptase ser senador. Así lo hizo.

Granados volverá a sentarse de nuevo ante el juez de Púnica, ya después de la Semana Santa. Ahí tendrá ocasión de continuar con este relato por fascículos en el que mantiene un difícil equilibro al intentar destapar la caja B del PP de Madrid sin implicarse. A ese equilibro añade ahora la defensa de Rajoy.

https://m.eldiario.es/politica/Granados-Rajoy-Aguirre-documentos-Punica_0_750675803.html

EL ORGANIZADOR DE LOS MÍTINES DE AGUIRRE CONFIESA QUE COBRÓ EN B DEL PP MADRILEÑO

José Luis Huerta, gerente de Waiter Music, reconoce que cobró 50.000 euros por un mitin de 2007 con facturas falsas y fondos en metálico

El caso Púnica cuenta con un nuevo arrepentido que apuntala la tesis de que el PP madrileño contaba con una caja b. José Luis Huerta Valbuena, gerente de la empresa de organización de eventos Waiter Music, reconoció este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP regional le pagó 20.000 euros en dinero negro en su despacho de Génova 13 “en un sobre amarillo” por el mitin de cierre de campaña de las elecciones autonómicas de 2007. Esta cantidad forma parte de los 50.000 euros que costó organizar ese acto político: el resto de la cantidad la cobró Huerta mediante un talón que le entregó Gutiérrez tras emitir facturas falsas para poder cobrar, según explicó.

El gerente de Waiter Music acudió al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional con ánimo de colaborar con la investigación. Su declaración, afirman fuentes jurídicas, fue “creíble, directa, concreta y espontánea”, y se centró en el acto de cierre de campaña y en la organización de actos en Valdemoro, ciudad donde Francisco Granados, el supuesto cabecilla de la trama, fue alcalde. En el caso del mitin final de las elecciones de mayo de 2007, Huerta contó que recibió una llamada de Edelmiro Galván, asesor de prensa de Granados, para que buscase artistas dispuestos a actuar en directo en el acto político, en el que participaron Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón. Tras llamar a varios grupos, solo dos, Azúcar Moreno e Iguana Tango, se mostraron dispuestos a vincular su imagen con el partido.

El acto costó en torno a 55.000 euros, de los que 25.000 fueron para Azúcar Moreno, 15.000 para Iguana Tango y el resto para la producción del evento. Pasaron tres años y Huerta no veía la forma de cobrar, de modo que acudió a Edelmiro Galván, para pedirle que mediara con Granados. Este le contestó en poco tiempo al creer que ese acto ya estaba abonado hacía tiempo, y le remitió a Beltrán Gutiérrez. Según él, el gerente popular, con el pretexto de que había pasado mucho tiempo desde que se celebró el mitin, le pidió que hiciera una factura falsa para poder pagarle un talón por unos 30.000 euros por unos actos en Alcorcón que Waiter Music no había organizado, y el resto se lo abonó en dinero en metálico.

Parte del interrogatorio ha versado sobre sus trabajos en Valdemoro. Según ha relatado, el sucesor de Granados en la alcaldía, José Miguel Moreno Torres, le llamó tras tomar posesión y le dijo: “Tengo el despacho tan lleno de regalos que no consigo ni entrar, pero ninguno es tuyo”. Esta forma de exigir dádivas a cambio de adjudicaciones ha llamado poderosamente la atención del juez García-Castellón, que según fuentes presentes en el interrogatorio, lo ha comparado con la mafia de Sicilia. Antes de volver a la Audiencia Nacional, el magistrado ejerció durante varios años como magistrado de enlace con Italia. Huerta organizó para los políticos de Valdemoro fiestas privadas que no le fueron abonadas.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya destapó el supuesto pago en efectivo por parte del PP de sendos actos del partido en 2006 y 2007 con fondos de "procedencia desconocida". Uno de ellos era el mitin que el 12 de mayo de 2007 celebraron los populares en Valdemoro con motivo de las elecciones autonómicas y municipales, y en el que participaron la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; su vicepresidente, Ignacio González, y Francisco Granados. El documento cifra en 20.470 euros el dinero en metálico de origen dudoso utilizado por la formación para pagar a Waiter Music. Otros 2.800 euros se camuflaron en sendas facturas emitidas por esta mercantil y otra del mismo empresario, que la UCO tildó de "manifiestamente falsas" y que fueron cargadas al presupuesto de las fiestas patronales que el Ayuntamiento de Valdemoro organizó aquel año.

Huerta se ha detenido también en las fiestas de inauguración de diferentes tramos del Metro de Madrid, que fueron sufragadas por las empresas constructoras de las obras gracias a que los contratos de adjudicación de los trabajos así lo establecían. Las facturas por estas fiestas, que incluyeron actuaciones musicales, camisetas para los vecinos, autobuses descapotables y atracciones para los niños de los barrios donde llegaba el suburbano, se giraron a las constructoras sin mediar un presupuesto, admitió Huerta, que seguirá declarando el próximo 14 de marzo.

https://politica.elpais.com/politica/2018/03/07/actualidad/1520447422_294272.html

EL JUEZ DE PÚNICA COMPARA LAS PRÁCTICAS DE LA TRAMA CON LA MAFIA SICILIANA

El dueño de ‘Waiter Music’ confirma que Beltrán Gutiérrez, hombre de confianza de Esperanza Aguirre, le pagó 50.000 euros en B por actos de campaña

Este miércoles ha declarado en la Audiencia Nacional como testigo en la investigación por la trama Púnica José Luis Huerta Valbuena, gerente de Waiter Music, la empresa que organizó las fiestas para los municipios cuyos dirigentes del Partido Popular están salpicados por la trama corrupta.

Durante la declaración, Valbuena explicó que el sustituto de Granados al frente del Ayuntamiento de Valdemoro, José Luis Moreno, le llamó cuando llegó a la alcaldía en 2003 para decirle que tenía la oficina llena de regalos, pero ninguno suyo, tras lo que le pidió que le regalase alguno, dando a entender que se jugaba el puesto. Como le debía dinero y organizaba las fiestas, decidió comprar unos regalos durante dos años.

Esta revelación ha llamado mucho la atención al juez García Castellón, que ha pedido lo repitiese ya que sólo había visto este tipo de comportamientos en la mafia en Sicilia -Castellón estuvo destinado como juez de enlace en Italia- según ha sabido El Plural.

Pagos en B por la campaña de Aguirre

Preguntado por la Fiscalía, Valbuena ha explicado que recibió un pago de 50.000 euros en dinero negro por los conciertos del acto de cierre de la campaña electoral de 2007 de Esperanza Aguirre en el Palacio de Deportes de Madrid.

Le pidieron que buscase artistas para el acto y llevó a Azúcar Moreno e Iguana Tango. A los tres años reclamó el pago por los artistas, a lo que el propio Granados dijo que creía le habían pagado ya y le iba a llamar Beltrán Gutiérrez, el que fuera gerente del PP madrileño y hombre de confianza de Esperanza Aguirre.

En la reunión con Gutiérrez, según relata el gerente de Waiter Music, le pagó un talón de 30.000 euros y le entregó otros 20.000 en efectivo en un sobre amarillo atado con un hilillo, es decir, totalmente en negro.

Fiestas para Granados

Además de estos actos, Valbuena ha revelado que organizó hasta cuatro fiestas en la finca de la madre de Francisco Granados, así como otra en un restaurante como sorpresa para el exconsejero de Aguirre con tuna incluida.

Siempre según la declaración del gerente de Waiter Music, estos actos la mujer de Granados le dijo que se los pagaría una empresa, Vancouver, y que posteriormente se enteró de que en ella participaba el constructor y amigo de Granados, David Marjaliza.

https://www.elplural.com/sociedad/2018/03/07/punica-mafia-sicilia-corrupcion-pp-madrid

SUIZA TORPEDEA LA VERSIÓN DE GRANADOS SOBRE SU CUENTA OCULTA

El antiguo número dos del PP madrileño sostiene que "la dichosa cuenta se cerró en 2005", pero los documentos del BNP Paribas constatan que se mantuvo abierta hasta dos años después

Los papeles del banco confirman que Granados otorgó en julio de 2005 un poder de gestión al ahora arrepentido David Marjaliza, que no revocó hasta octubre del siguiente año

El antiguo número dos del PP de Madrid declara a infoLibre que firmó el cierre de la cuenta, el poder a Marjaliza y su revocación al mismo tiempo pero en un papel en blanco y que el BNP puso las fechas

Los documentos bancarios remitidos por Suiza a la Audiencia Nacional amenazan con poner en nuevos aprietos al principal investigado en la Operación Púnica y antiguo número dos del PP madrileño, Francisco Granados, en relación a la cuenta que durante años ocultó en el BNP de Ginebra y donde llegó a acumular 1,6 millones. Hace una semana, y tras declarar a petición propia ante el juez que investiga el caso, Granados sostuvo ante los periodistas que había dejado claro que "la dichosa cuenta se cerró en 2005". Los papeles de Suiza indican en cambio que el cierre no se produjo en realidad hasta julio de 2007. En esa fecha, Granados enfilaba su segundo mandato como número tres en el Gobierno de Aguirre y presidía ya Arpegio, el gigante público encargado de gestionar el Prisma, el mayor plan de inversión pública ejecutado en Madrid.

Los documentos del BNP, a algunos de los cuales ha tenido acceso infoLibre, constatan que dos años antes del cierre de la cuenta, el 7 de julio de 2005, el número tres del Gobierno de Esperanza Aguirre había otorgado un poder de gestión sobre su cuenta al ahora arrepentido David Marjaliza, a quien el banco define como "su mejor amigo y padrino de sus niños".

Ese poder, que autorizaba a Marjaliza "a dar todo tipo de órdenes de compra y venta de valores", no fue revocado por Granados hasta el 29 de noviembre de 2006. Al menos, eso dicen los documentos bancarios remitidos a la justicia española como consecuencia de la comisión rogatoria cursada en su día por la Audiencia Nacional. La versión del político difiere radicalmente.

Porque Granados, con quien este lunes contactó este diario, asegura que en 2005, no recuerda si en julio o antes, dio simultáneamente tres pasos: pedir al BNP que cerrara la cuenta, firmar un poder en favor de Marjaliza para que traspasara los fondos a otra cuenta de su propiedad y firmar asimismo la revocación de ese poder. "Lo firmé en blanco", asegura.

El antiguo político no niega que Marjaliza le pagó en metálico el dinero traspasado –lo que se conoce como el sistema de compensación– pero desmiente tajante que la relación financiera de ambos se mantuviera más allá de ese momento. Según su versión, todo eso ocurrió en 2005, aunque los obstáculos planteados por el BNP, que obligó a transferir los fondos a otra entidad suiza, demoraron la fecha formal de la clausura de la cuenta.

¿Por qué entonces el paquete de documentos enviado por el BNP al juez Manuel García Castellón incluye un escrito dirigido "a quien corresponda" y donde, con fecha del 31 de octubre de 2006, el propio Granados informa al banco de que el poder a Marjaliza "ha sido revocado"? ¿Por qué, también, la carta donde, esta vez sin firma pero con el nombre en clave de la cuenta –Laiker– a modo de encabezamiento, recibió el BNP la petición de "cierre definitivo" del depósito aparece sellada el 29 de junio de 2007? La respuesta, según Granados,es que fue el BNP el que puso las fechas.

"Excliente" y "sin poderes sobre ninguna cuenta de Marjaliza"

¿Significa lo anterior que el banco suizo falsificó documentos?, le preguntó infoLibre. Según Granados, no hay falsificación alguna. Simplemente, dice, el banco fue datando los trámites a medida que los hacía hasta que la cuenta pudo cerrarse. Lo que los papeles demuestran, sostiene Granados, es que tanto su esposa como él mismo ya eran a partir de 2005 "exclientes".

En efecto, formularios oficiales del BNP se refieren a Francisco Granados y a Nieves Alarcón como "former clients" (anteriores clientes o exclientes) desde ese año. Pero también en enero de 2004, momento en que Granados no discute la titularidad de la cuenta, hay ya otro documento del BNP que los define con esa expresión mientras que, con sello de agosto de 2006 hay otro donde el político y su mujer figuran como "beneficial owner" (beneficiario económico), mientras que Marjaliza consta como apoderado: literalmente, "right to give instructions", es decir, alguien "con derecho a dar instrucciones".

Durante su conversación con el que hasta 2011 fue secretario general del PP madrileño, infoLibre le informó de que otro de los documentos del BNP recibidos por España indica que el otorgamiento de poderes a Marjaliza fue simétrico al que Marjaliza le concedió a él mismo para manejar la cuenta de una de las sociedades del ahora arrepentido, Sheraton Trading. Según Granados, jamás hubo cruce de poderes entre él y Marjaliza. "Jamás he tenido poderes en ninguna cuenta de Marjaliza", afirmó de forma rotunda.

Lo que a ese respecto dice uno de los documentos del BNP relativos a Sheraton Trading es lo siguiente: que en un acta "de fecha 29 de noviembre de 2006, se pide la anulación del poder otorgado a Francisco Granados. No obstante, no hay ningún documento previo que haga alusión a dicho poder a nombre de Francisco Granados para esta cuenta".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/03/06/suiza_torpedea_version_granados_sobre_cuenta_oculta_79805_1012.html

LA ONG INVOLUCRADA POR GRANADOS EN LA FINANCIACIÓN DEL PP ESTÁ LIGADA AL EX DEFENSOR DEL MENOR Y HA COBRADO DE MADRID 147 MILLONES

Javier Urra participa a través de su empresa Urrainfancia SL en programas de Ginso, la asociación sin ánimo de lucro que gestiona desde 2006 un centro de menores gracias a un convenio otorgado a dedo por el Gobierno de Aguirre Una constructora del presidente de Ginso, Alfredo Santos, fue la que levantó el complejo, ubicado en el municipio de Brea del Tajo Granados sostiene que en 2007 la asociación abonó 150.000 euros en facturas falsas que sirvieron para financiar la campaña de Aguirre

Ginso, la asociación sin ánimo de lucro a la que Francisco Granados involucró el jueves durante su declaración judicial en la presunta financiación ilegal de la campaña de Esperanza Aguirre en 2007 a través de facturas falsas, ha cobrado de la Comunidad de Madrid 147,6 millones de euros desde 2006, cuando se alzó mediante un convenio sin concurso previo con la gestión de un centro de internamiento de menores. La asociación desarrolla al menos desde 2011 uno de sus programas de manera conjunta con una empresa del que hasta 2001 fue Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, Javier Urra.

Este diario intentó con reiteración y sin éxito este lunes contactar con Urra para conocer en qué momento se inició la colaboración de su mercantil Urrainfancia SL con Ginso.

Tampoco respondió a las llamadas el arquitecto Alfredo Santos, presidente de la ONG. Una vez suscrito el convenio con el Gobierno de Aguirre para levantar y gestionar el centro de menores proyectado en el municipio de Brea del Tajo, Ginso encargó el edificio a tres constructoras: una de ellas, Icono Consultores SA, propiedad de su máximo directivo; y otras dos, vinculadas a sus socios. "Sería absurdo que no me contratase a mí mismo", adujo Santos cuando el diario El País desveló la transferencia de fondos -12 millones, según sus propios números- desde la asociación sin ánimo de lucro a las empresas en las que su presidente tenía un interés directo o indirecto.

Acrónimo de Asociación para la Gestión de la Integración Social, el convenio que deparó a Ginso la adjudicación del centro de Brea del Tajo estaba exento de las obligaciones de concurrencia y publicidad establecidas para los contratos públicos. Así lo han confirmado a infoLibre fuentes de la Comunidad de Madrid. Cifrado en 157 millones de euros y con 15 años de vigencia, el convenio ya ha reportado a Ginso 147.612.245 euros exactamente.

En sus declaraciones de mayo de 2006 a El País, el presidente de Ginso precisó que la firma del convenio, fechado el 3 de marzo de aquel año, se produjo a iniciativa de la Comunidad de Madrid. "Se pusieron en contacto conmigo y nos contrataron la gestión y el edificio. Se llegó a un precio y lo hicimos. En el caso de Brea de Tajo es de 157 millones de euros. Luego, lo gestionaremos para conseguir la reinserción de los jóvenes".

Cuando Esperanza Aguirre inauguró la primera fase del centro de menores el 30 de septiembre de 2006, la nota oficial difundida por su Ejecutivo no contenía ni una sola mención a que había sido construido por Ginso. Aguirre destacó "que el nuevo centro de menores es fruto de la colaboración entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Brea de Tajo", decía el comunicado oficial. El reformatorio quedó bautizado como Santa Teresa de Calculta.

El papel de Urrainfancia SL

La asociación fue constituida en 2001, el año de la entrada en vigor de la Ley del Menor aprobada por el Gobierno de José María Aznar. Urrainfancia SL quedó constituida en septiembre de 2006. Ginso y Urrainfancia publicitan el denominado programa Recurra como puesto en marcha "en el año 2011". El objetivo central de ese programa estriba en que padres con hijos conflictivos que no han sido condenados por ningún tribunal puedan confinarlos en el centro de internamiento de menores de Brea del Tajo. Este diario no ha podido verificar si se trata de un programa estrictamente privado o si por el contrario dispone de subvenciones públicas.

El convenio con Ginso para la gestión del centro de Brea fue rubricado por Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia del Ejecutivo madrileño y que en 2009 se convirtió en uno de los dirigentes del PP madrileño que denunciaron haber sido espiados por empleados del departamento que ya en ese momento dirigía Francisco Granados, también responsable de Interior.

Al año siguiente de su firma es cuando, según el relato expuesto por Granados ante el juez de la Operación Púnica, se materializó la falsificación de facturas para ocultar aportaciones ilegales a la campaña electoral de Esperanza Aguirre. Lo que sostiene Granados es que, bajo el concepto oficial de estudios sobre delincuencia juvenil y reinserción, Ginso le pagó 150.000 euros a una empresa propiedad del ya ese momento exdirector de Telemadrid, Álvaro Renedo, y del periodista Germán Yanke, que falleció hace un año. Esos estudios -dice el que hasta 2011 fue número dos del PP madrileño y hoy permanece en libertad bajo fianza como principal investigado -imputado- en Púnica- eran un mero camuflaje.

Renedo también aparecía en los partes elaborados por los espías a sueldo de la Comunidad de Madrid. Lo espiaron justamente en una reunión que mantuvo con Alfredo Prada. Tanto el expresidente de Telemadrid y luego propietario de Estrella Digital -web que, precisa él mismo, acabó vendiendo- como el exconsejero Prada mantienen que Granados ha mentido.

Prada, que prepara una querella, niega haber participado en ninguna estrategia conducente a recabar fondos opacos para Aguirre, que lo defenestró en 2008 y a quien permaneció enfrentado desde entonces. Y Renedo tilda de "absolutamente falso" que las facturas emitidas por la sociedad que compartía con el difundo Yanke, Inver-Eleto SL, fueran una mera ficción destinada a camuflar gastos de la que durante muchos años había sido amiga suya, Esperanza Aguirre.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/03/20/la_ong_involucrada_por_granados_financiacion_del_esta_ligada_defensor_del_menor_cobrado_madrid_147_millones_80829_1012.html

LA JEFA ACTUAL DEL IMSERSO LLEVÓ AL NOTARIO EL SAQUEO DEL PP DE MADRID

La actual directora general del Imserso relató ante notario cómo se desviaron fondos públicos destinados a la reinserción de menores en beneficio de los líderes del PP madrileño. Carmen Balfagón, ex responsable de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, que dependía de la Consejería de Justicia, dejó constancia ante notario el 19 de enero de 2012 de que el ex consejero Alfredo Prada le había obligado seis años antes a pagar por trabajos inexistentes a empresas próximas al partido.

El ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, puso como ejemplo de financiación irregular del PP madrileño estos pagos hace unos días ante la Audiencia Nacional y están siendo investigados en el marco de la operación Púnica. Balfagón no llega en su relato a acreditar que el destino fueran las campañas electorales del partido, pero sí deja constancia del saqueo de fondos públicos y sostiene que Granados tuvo conocimiento de estos hechos y no quiso denunciarlos.

Según el pormenorizado relato de la funcionaria ante el fedatario público, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en diciembre de 2006 Prada le "solicitó" que se entrevistara con el ex diputado regional Álvaro Renedo. Le explicó que "pertenecía a un grupo de comunicación que estaba dispuesto a realizar una serie de actuaciones encaminadas a poner en valor el trabajo de la Agencia del Menor, así como del conjunto de actuaciones que se venían realizando en la Consejería de Justicia en determinados medios de comunicación social".

Le precisó además que tenía que ponerse en contacto con la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso), que "por aquel entonces ya colaboraba con la Comunidad de Madrid en la gestión de un centro para el cumplimiento de medidas judiciales en Brea del Tajo".

La funcionaria siguió las instrucciones de Prada y se reunió con Renedo, que se comprometió a "realizar una serie de estudios". Al escuchar su propuesta, la responsable de la Comunidad de Madrid trasladó a Prada que "no veía la necesidad de dichos estudios ni la necesidad de hacer publicidad de la Agencia del Menor, que no había originado ningún tipo de problema". "Sin embargo", detalla la funcionaria en el acta, "sin atender a mis consideraciones, me insistió en la necesidad de que Ginso firmara el acuerdo de colaboración con Renedo de manera urgente".

Ese mismo mes se "consolidó el acuerdo", a pesar de que trasladó al entonces consejero de Esperanza Aguirre sus quejas por el tono de "exigencia" que había utilizado el ex diputado popular, que tampoco sentó bien en Ginso. "La respuesta fue contundente en el sentido de que no importaban las formas", señala en su confesión.

A partir de ahí se firmaron una serie de acuerdos entre esta entidad, que mantenía un convenio con la Comunidad de Madrid de 15 años de duración para el referido centro de Brea del Tajo, que contemplaban la entrega de estudios vinculados a la reinserción de menores que nunca aparecieron.

A pesar de que el consejero madrileño fue informado de ello, Prada ordenó la firma de nuevos acuerdos. "Me dijo que no era consciente de la importancia que tenía para la Comunidad de Madrid y para él mismo", apunta la funcionaria que le dijo el consejero.

Los contratos se ampliaban y los estudios comprometidos seguían sin aparecer. "Contacté con el consejero Prada para comunicarle esta circunstancia, a lo que me respondió que no me preocupara, que les debían pagar" y que "él sabía lo que hacía", prosigue el relato ante notario. En total fueron abonados 173.800 euros mediante esta operativa.

Este episodio fue comunicado inmediatamente por esta alta funcionaria al sustituto de Prada al frente de la Consejería de Justicia, Francisco Granados. "Fui yo la que se lo comentó y nadie más, ya que por primera vez en mis 39 años de servicios me sentía utilizada y engañada por un superior jerárquico. Una vez que se lo comenté al consejero Granados se puso en contacto conmigo el viceconsejero Salvador Victoria, a quien le expliqué mi preocupación y le aporté copia de todos los documentos que obraban en mi poder", precisó. "El consejero Granados, pasados unos días, me dijo que me olvidara del asunto, que lo dejara estar. Pero no era esa mi intención, ya que no me parecía ético lo que se había hecho".

Balfagón apostilla en el acta notarial que ratificará su testimonio "donde corresponda".

http://www.elmundo.es/espana/2018/03/21/5ab17ba6e5fdea7d1a8b4575.html

LA EX DEL PP, PILAR BARREIRO, SE ESTRENA EN EL GRUPO MIXTO DEL SENADO

La senadora esta imputada en la trama Púnica y su salida del PP fue la condición puesta por Ciudadanos para decir sí a los Presupuestos del 2018

La senadora Pilar Barreiro se estrena este martes en su escaño del Grupo Mixto y deja de sentarse oficialmente entre los suyos, entre los senadores del Partido Popular.

Como ya ciera en su momento Rita Barberá, Barreiro ha dejado el PP pero ha decidido aferrarse a su asiento en el Senado para asegurarse el aforamiento. ¿Porque? Sencillo: la trama Púnica la señala, de hecho esta imputada en este macrocaso de corrupción.

La senadora murciana está acusada de varios delitos supuestamente cometidos cuando era alcaldesa de Cartagena (Murcia), en concreto los de fraude, falsificación de documentos, prevaricación y malversación, pero ella ha proclamado siempre su inocencia, razón por la cual, afirma, no ha renunciado a su escaño.

Una exigencia de Ciudadanos

Este martes hay pleno en el Senado y la expopular Barreiro se tendrá que sentar en el Grupo Mixto. Aunque asegura que decidió "libremente" el PP para evitar que la investigación judicial abierta contra ella por el caso Púnica se pudiera utilizar como "presión" al PP por parte de Ciudadanos, todo apunta a otra realidad.

Finalmente Ciudadanos apoyó los presupuestos de Mariano Rajoy para este 2018 pero, a cambio, tenían unas cuantas exigencias. Entre ellas, que la imputada Barreiro dejara de ser senadora del PP y cumplir con ello las condiciones del pacto de investidura entre Ciudadanos y Partido Popular.

Hay que recordar que la Fiscalía del Tribunal Supremo presentó la pasada semana un informe en el que pidió el sobreseimiento provisional de la causa contra la exalcaldesa de Cartagena "al no haber resultado debidamente justificada" la perpetración de los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos ycohecho que motivaron la apertura de la causa penal contra ella.

En un tuit, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, da por buena la no dimisión, afirmando que su partido "siempre cumple".

Se considera inocente

Barreiro ha asistido a la primera reunión del Grupo Mixto de la Cámara Alta, donde se le ha adjudicado la portavocía de la Comisión de Entidades Locales, un cargo por el que según ha remarcado el portavoz de turno del grupo, Francisco Javier Alegre, de Ciudadanos, no va a mejorar la retribución económica que tenía en el grupo popular.

La senadora ha agradecido su acogida a los demás miembros del grupo, conformado ahora por ella y once senadores más de Ciudadanos, Compromís, EH-Bildu, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Foro, Nueva Canarias, Agrupación Socialista Gomera y una exsenadora de Podemos.

Pilar Barreiro ha reconocido que su pase al Mixto responde a una situación "difícil y complicada" y ha reiterado que se marchó del grupo popular pese a que el pacto de investidura entre PP y Ciudadanos aludía al apartamiento de cargos sólo cuando la imputación judicial se transformara en juicio oral. Esto no sucede en su caso, puesto que según ha recordado sólo está investigada por el Tribunal Supremo y la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa.

"He hecho lo que tenía que hacer, lo que consideraba que debía hacer y en ningún caso consideré dejar el acta de senadora porque yo estoy declarando mi inocencia desde el principio, desde el primer minuto", ha manifestado tras asistir a la reunión del Grupo Mixto.

Eso sí, Pilar Barreiro ha lamentado que existan "diferentes varas de medir" por parte de "toda la sociedad" hacia los políticos, algo que considera "doloroso" y que deriva en una situación de "injusticia clara y profunda". "Esta sociedad debe tomar un punto de cordura; establecer que el criterio de la presunción de inocencia sea siempre y para todos. No para unos sí y para otros no", ha reflexionado.

https://www.elplural.com/politica/2018/04/10/pp-pilar-barreiro-punica-corrupcion-estrena-grupo-mixto-senado

LA FISCALÍA DEL SUPREMO SALVA A LA SENADORA IMPUTADA DEL PP CON UNA BOFETADA AL JUEZ QUE INICIÓ 'PÚNICA'

El ministerio público pide el sobreseimiento para Pilar Barreiro por contratar a la trama Eico para su lavado de imagen en internet y sostiene que el juez Eloy Velasco no respetó "el principio de intervención mínima"

El escrito afirma que los "indicios acumulados" contra la exalcaldesa de Cartagena eran una "mera suposición"

Anticorrupción, en cuyas conclusiones se basaba la exposición razonada de Velasco, no se da por aludida: asegura que su posición en el caso no variará y que mantendrá la acusación contra el expresidente de Murcia

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha dado este jueves un paso que, de manera objetiva, ayuda al Gobierno a aprobar los Presupuestos del Estado a la vez que asesta una auténtica bofetada al primer juez instructor de Púnica, Eloy Velasco, y también a la Fiscalía Anticorrupción. Ese paso se resume así: Pilar Barreiro, la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena cuya imputación fue invocada por Ciudadanos como el gran escollo para dar vía libre a las cuentas públicas de 2018, quedará exonerada si la juez Ana Ferrer acepta la solicitud de sobreseimiento "provisional" formulada por el fiscal Fernando Sequeros. Los indicios acumulados contra ella, dice Sequeros, "no trascienden de la mera suposición".

En contra de lo que sostenían Eloy Velasco y Anticorrupción, Sequeros argumenta que el hecho de que el conseguidor de Púnica, Alejandro de Pedro, fuese contratado para mejorar la imagen de Barreiro en Internet no implica ningún delito: la frontera entre los contratos de publicidad institucional y los de estricta mejora de la imagen personal de políticos es "brumosa y, en consecuencia, imprecisa y confusa", mantiene el fiscal. Los indicios acumulados en la investigación "carecen de entidad y relevancia", escribe también. Y "no permiten racionalmente –sin aventurar una acusación arriesgada– inferir la existencia de hechos reprochables en el orden penal".

Tras aceptar la resolución de Velasco –denominada exposición razonada– donde el magistrado de la Audiencia plasmaba los indicios de delito que pesaban sobre Barreiro –de prevaricación a cohecho y malversación pasando por fraude a la Administración y falsedad–, el Supremo abrió el caso contra la senadora en octubre. Ahora, el fiscal del Supremo ataca esa misma exposición razonada que llevó al alto tribunal a la apertura de diligencias.

Fuentes consultadas por infoLibre expresaron su temor a que la tesis aplicada por Sequeros debilite el conjunto de la investigación en lo que afecta a los investigados que lo están precisamente por haberse beneficiado de los llamados trabajos de reputación online. O sea, aquellos que, según los investigadores, servían para lavar la imagen de determinados políticos del PP pero no con cargo al presupuesto del partido o al suyo propio sino al de las instituciones que gobernaban.

Anticorrupción no observa "contradicción"

Oficialmente, Anticorrupción no se da por aludida ni por cuestionada y así lo trasladaron a este diario las fuentes consultadas en la fiscalía especializada. Pese a que el escrito de Sequeros constituye una especie de enmienda a la totalidad a los postulados esgrimidos por el juez Velasco de la mano de las fiscales de Púnica, Carmen García y Teresa Gálvez, Anticorrupción no observa "contradicción" con la postura de Sequeros, "que se refiere a un momento de la investigación posterior al de la exposición razonada".

Pero, sobre todo, las fuentes oficiales recalcaron que Anticorrupción no variará su posición en el caso: se mantendrá la acusación contra el expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, inculpado por hechos casi idénticos a los examinados en cuanto a Barreiro, con la diferencia de que en su caso no llegaron a firmarse contratos de reputación online con las empresas de De Pedro, Eico y Madiva. Y también se dirigirá acusación por el mismo motivo contra el expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez. ¿Seguirá la misma doctrina Anticorrupción en el caso de la exconsejera madrileña Lucía Figar? Este diario lo desconoce.

Según Sequeros, "las conclusiones de la exposición razonada" –una especie de auto dirigido a otro tribunal– con la que Velasco pidió al Supremo que investigase a Barreiro por encomendar a la trama del conseguidor Alejandro de Pedro su lavado de imagen en Internet con cargo, supuestamente, al Ayuntamiento de Cartagena en 2014, "no parecen respetar el principio de intervención mínima". Es decir, el principio según el cual la vía penal solo debe utilizarse como último recurso. Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre expresaron, con una pregunta, su estupefacción ante ese aserto: "¿Y si la exposición razonada no respetaba el principio de intervención mínima por qué la Fiscalía del Supremo se declaró partidaria de que se aceptara y por qué el Supremo finalmente la aceptó? Si no respetaba el principio de intervención mínima tendría que haberla rechazado". La admisión se produjo en octubre de 2017 con el visto bueno de la Fiscalía, entonces capitaneada por el ahora fallecido José Manuel Maza.

El golpe de la Fiscalía del Supremo, la de mayor rango y la más cercana al fiscal general del Estado, alcanza a Anticorrupción porque la exposición razonada de Velasco se cimentaba en un escrito previo elaborado por las fiscales del caso Púnica. Y ese escrito de las fiscales no solo calificaba de "sólidos" los indicios de delito recabados contra Barreiro sino que la involucraba en un "plan criminal" en el que aparecía un personaje hoy secundario pero en aquel momento –comienzos de 2017– central: Pedro Antonio Sánchez, entonces presidente de Murcia igualmente en representación del PP. Sánchez dimitió después de que el TSJ murciano aceptase la exposición razonada elaborada por Velasco para explicar por qué Sánchez debía ser investigado, en este caso por el tribunal autonómico ante el que estaba aforado.

Tres diligencias desde octubre

Las diligencias practicadas han sido tres: tomar declaración a la senadora, que negó haber usado fondos públicos para mejorar su imagen personal; tomar declaración al presidente del PP de Cartagena, Francisco Celdrán, que refrendó lo dicho por Barreiro y aseguró muy tajante que el partido iba a pagar los trabajos de reputación no institucionales; y recabar del Ayuntamiento de Cartagena un certificado de que lo "habitual" bajo el mandato de Barreiro era que su jefe de gabinete participase en los contratos de publicidad. Según el fiscal, resultaba "ociosa por innecesaria" la opción de que desfilaran ante el Supremo los otros imputados y testigos relacionados con la trama murciana.

La Fiscalía ha presentado su escrito justo el día después de que la magistrada Ana Ferrer, asignada a la investigación de la aforada Barreiro, aceptase la personación de la asociación de abogados Adade y del PSOE como acusación popular bajo una única dirección letrada. Fuentes de la nueva acusación popular, que ya ejerce ese papel en las diligencias que sobre Púnica instruye la Audiencia Nacional, confirmaron la inminente presentación de un escrito contrario al sobreseimiento. El Ayuntamiento de Cartagena, ahora gobernado por el PSOE, se personó como acusación particular –es decir, como perjudicado– pero, según la Fiscalía, no compareció finalmente ante el Supremo el día en que se le citó para la declaración del presidente local del PP .

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/03/16/la_fiscalia_del_supremo_salva_senadora_imputada_del_con_una_bofetada_juez_que_inicio_caso_punica_80706_1012.html

LA COMUNIDAD DE MADRID ELIMINÓ LOS CORREOS DE GRANADOS QUE LE RECLAMA EL JUEZ DEL ‘CASO PÚNICA’

La agencia autonómica de informática informó que su “política interna” es el “borrado total” de los buzones del personal que se da de baja

Un nuevo agujero documental en la Comunidad de Madrid afecta a la investigación del caso Púnica. La administración regional eliminó todos los correos electrónicos corporativos del exconsejero de Transportes y de Presidencia Francisco Granados, principal imputado en la trama de corrupción. El magistrado instructor, Manuel García-Castellón, reclamó al Gobierno autonómico el pasado 30 de enero que entregara los correos del expolítico entre 2003 y 2011, así como los de su jefe de Gabinete, Ignacio Palacios, y de cuatro exdirectivos de Mintra, la empresa pública de infraestructuras desde la que se construyeron varias líneas del Metro de Madrid. El juez, que busca nuevas pruebas del supuesto amaño en la adjudicación, en 2004, de tres obras del suburbano, y de otras irregularidades en la extinta empresa de suelo Arpegio, envió a la Guardia Civil a recabar esas comunicaciones y ordenó que técnicos informáticos de la Comunidad auxiliaran a los agentes en el volcado. Sin embargo, los policías se fueron con las manos vacías.

“Realizada la búsqueda de las cuentas de Francisco Granados no se encuentra archivo alguno y el informático manifiesta que la información no se puede recuperar porque se borra por política interna”, escribió el letrado de la Administración de Justicia –antes llamado secretario judicial- en el acta. “Tampoco se encuentra información alguna del investigado Ignacio Palacios. Del señor [Jesús] Trabada [ex consejero delegado de Mintra], [José María] Díaz Retana, [Antonio] González Jiménez y [Rafael] Villafáñez Esteban [directivos de Mintra], no se encuentran datos por el informático en la base de datos”, prosigue el letrado.

Los agentes se limitaron a llevarse sendos pantallazos del servidor donde constan los usuarios buscados con la fecha de baja, así como un informe firmado por Julia Molina, directora de Producción y Gestión de Infraestructuras de Madrid Digital. En este documento se constata que en sus registros “no existe ninguna cuenta, ni por tanto, contenido de buzones de correo electrónico, asociada a ninguna de las personas y requeridas”, y a renglón seguido se explica: “Es política de esta agencia realizar un borrado total de los buzones de correo de todo aquel personal que causa baja en la misma”. En su explicación, Madrid Digital no sustenta su “política interna” en ninguna normativa vigente sobre conservación de ficheros, como la Ley Orgánica de Protección de Datos u otras.

Los archivos informáticos de Mintra se gestionan en Madrid Digital desde 2011. Antes se llevaban directamente desde la Consejería de Transportes. Tras verificar que en las instalaciones de la agencia no existe “ningún backup [copia de seguridad]” de dichos correos, Julia Molina informa que “se realizarán todas las consultas necesarias” con la Consejería de Transportes para localizar el nombre de la empresa que hasta 2011 “realizaba las gestiones relacionadas con el correo”.

Agujero documental

El borrado de los correos electrónicos por “política interna” ahonda el agujero documental en la Comunidad de Madrid en torno al caso Púnica. El pasado 13 de julio la empresa pública del suelo de Madrid, Arpegio, admitía a la Audiencia Nacional que "varias carpetas" que debían contener contratos investigados aparecían vacías, como adelantó EL PAÍS el pasado 11 de julio. El pasado 9 de marzo, el ejecutivo regional también reconocía que dos contenedores con toda la documentación referida a un contrato de publicidad del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) por 2 millones de euros se encontraba en paradero desconocido. Finalmente, en julio se detectó la desaparición de documentos clave de los archivos de la sociedad pública Campus de la Justicia, el millonario fiasco inversor de los Ejecutivos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. La Comunidad reconoció ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 que la documentación sobre adjudicaciones de contratos no está custodiada.

El pasado mayo, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al entonces instructor del caso Púnica, Eloy Velasco, el registro en la sede de Arpegio en la supuesta falta de colaboración de las autoridades autonómicas. En el escrito, la fiscalía aseguraba que por parte de la Comunidad de Madrid “existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas y orgánicas” tanto en ésta como en el PP regional.

Anticorrupción detallaba que la documentación que había enviado Arpegio el octubre anterior presentaba “inconsistencias y carencias que nos hacen pensar que existe más información que la que se transmite”. Por ello, la fiscalía reconocía que “se hace difícil confiar en que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la Comunidad de Madrid”.

A la desaparición de documentos se suma la renuencia del Gobierno de Cristina Cifuentes a facilitar a la Comisión de investigación de la Asamblea de Madrid las actas del Canal de Isabel II, ente público de aguas que se investiga judicialmente en el caso Lezo. Estos papeles estuvieron “traspapelados” cinco meses en el Gobierno regional, y cuando finalmente el Ejecutivo comenzó a facilitárselos a los grupos de la oposición, la entrega se interrumpió porque el juez instructor, García-Castellón, el mismo del caso Púnica, la desautorizó –con el informe favorable de la fiscalía- al tratarse de un caso bajo la lupa de la Justicia.

Este periódico trató, sin éxito, de recabar la versión de la Comunidad de Madrid sobre el borrado de los correos de Francisco Granados y el resto de investigados en el caso Púnica.

https://politica.elpais.com/politica/2018/02/28/actualidad/1519814347_378948.html

LA RESISTENCIA DE GRANADOS A ADMITIR CUALQUIER DELITO FRENA LAS REVELACIONES SOBRE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

El antiguo número dos del PP madrileño se ratifica ante los periodistas en su acusación de que Aguirre, González y Cifuentes controlaban las campañas paralelas con fondos opacos

Sin embargo, Granados niega ante el juez haber reflejado en su agenda donaciones ilegales y el amaño de contratos públicos

El exconsejero, que comparecerá de nuevo dentro de dos semanas, dice que este martes no ha aportado datos sobre la financiación del partido porque "no ha dado tiempo"

La decisión de Francisco Granados de no admitir ninguno de los delitos que se le atribuyen en la Operación Púnica amenaza con frenar en seco las expectativas de que verdaderamente ofrecerá revelaciones sólidas sobre la presunta financiación ilegal del PP madrileño.

Granados, que este martes prosiguió en la Audiencia Nacional la declaración voluntaria iniciada el pasado día 12, aseguró luego ante los periodistas que se ratifica en "todo" lo que dijo entonces. Es decir, en que Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes controlaban lo que él mismo denominó como financiación "paralela" de las campañas. Pero ante el juez no solo no aportó detalles ni amplió la información –"no ha dado tiempo", adujo luego– sino que, por ejemplo, negó que las siglas y las cantidades reflejadas en la agenda que le fue incautada se refieran a donantes y donaciones. Negó igualmente haber participado en el amaño de contratos públicos.

El próximo día 15, volverá a comparecer en la Audiencia Nacional. Y, en teoría, la Fiscalía dedicará un turno específico de preguntas a la financiación del partido. ¿Está Granados, hasta 2011 poderoso secretario general y por tanto número dos del PP madrileño, en condiciones de desvelar a la tercera cómo se pagaban con fondos opacos las campañas de Esperanza Aguirre sin asumir ni un ápice de responsabilidad en los hechos que pudiera relatar? Fuentes del caso consultadas por infoLibre sostienen que no cabe descartar ninguna opción. Pero subrayan que, como ha quedado patente este martes, la prioridad máxima del exconsejero de Presidencia "no es colaborar con la investigación, lo que implicaría admitir los hechos" que le incriminan, como ha hecho el arrepentido David Marjaliza. O como también en la pieza valenciana del caso Gürtel hizo un mes atrás Ricardo Costa, homólogo de Granados mientras fue secretario general del partido con Francisco Camps.

La máxima prioridad

El contenido de lo declarado hasta ahora por Granados indica que su prioridad máxima es desligarse de un escenario delictivo al que le atan indicios diversos. Por eso –añade una de las fuentes– dice "como de pasada" que los contratos del Metro que, según el arrepentido Marjaliza les reportaron 3,6 millones de comisiones a él mismo, a Granados y al empresario Javier López Madrid los otorgó en realidad la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Es decir, en sus palabras puede subyacer sin duda un aviso al PP como cuando a la salida se jactó de que todavía no ha recibido la querella de la presidenta Cifuentes. Pero, sobre todo, late "una estrategia para remachar lo que está diciendo en todo lo que se le pregunta: que él no tuvo nada que ver con eso".

En lo personal, esos indicios delictivos comprenden desde la cuenta que ocultaba en Suiza –el dinero procedía de su etapa como profesional de la banca, dice él– a la mansión que el también investigado Ramiro Cid, promotor amigo y gran beneficiario del urbanismo de su feudo de Valdemoro, le empezó a construir en ese municipio sin cobrarle un euro hasta que la publicación de la noticia en febrero de 2009 le impidió seguir adelante: pero solo, sostuvo ante el juez, porque se lo ordenó Esperanza Aguirre para evitar la polémica.

Y en lo partidario, aunque la frontera no está clara, esos indicios van desde el supuesto amaño de contratos del gigantesco organismo público Arpegio, responsable del mayor plan regional de inversiones, el Prisma, –ni siquiera, eso dijo, conoce la empresa Dusa, adjudicataria de su ejecución– hasta de nuevo la agenda secreta en la que anotó iniciales junto a cantidades que tanto la UCO como Anticorrupción consideran la plasmación del dinero negro que pasaba por sus manos: dinero que, de manera supuesta, acababa en parte en las arcas del PP y, en parte, en las suyas. E incluso, supuestamente, en las de su también amigo y presumible socio Javier López Madrid, el yerno del dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir. Granados no se privó este martes de ofrecer explicaciones peculiares para esas siglas: por ejemplo, LD no significa Luis Delso, presidente de Isolux, sino "Lista de Diputados"; JEC no alude a José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona sino a "Jornadas de Educación Concertada". Y JLM no es Javier López Madrid sino "Juntas Locales de Madrid".

¿Podría el también exconsejero madrileño de Presidencia haber ofrecido datos concretos este martes aprovechando las preguntas de la Fiscalía sobre su agenda manuscrita y sin esperar a que el día 15 llegue el apartado expreso sobre financiación del PP? "Podría, pero para Granados es más importante darles su mensaje a los periodistas, decirles que se ratifica en lo dicho sobre Aguirre, González y Cifuentes y quedarse ahí", diagnostica uno de los juristas consultados.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/28/la_resistencia_granados_admitir_cualquier_delito_frena_las_revelaciones_sobre_financiacion_ilegal_77648_1012.html

GRANADOS RETA A CIFUENTES: "NO ME HA LLEGADO LA QUERELLA"

El exconsejero de Esperanza Aguire ha cargado contra el 'ABC' y baraja querellarse contra el periodista Javier Chicote

El exconsejero de Presidencia, Francisco Granados, quien ya declaró ante el juez el pasado 12 de febrero y cantó cucú, ha retomado el concierte este martes, día en que ha respondido a las preguntas de las fiscales, Carmen García y Teresa Gálvez. Granados, en su declaración anterior, situó a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes en la cima de la toma de decisiones y responsabilidades en el entramado de la pregunta financiación irregular del partido. Granados también aseguró que el cinturón de hierro de González fue dinamitado tras la ruptura de la relación de tipo “sentimental” con la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces, Cifuentes anunció que se querellaría y Granados ya ha respondido.

Tras su declaración ante el juez, el exconsejero ha comparecido ante los medios de comunicación y ha asegurado que “no me ha llegado ninguna querella” y ha advertido que “si esta señora me pone una querella que me diga en qué he mentido”. Granados ha añadido que “me ratifico en todo lo que dije el otro día”, haciendo referencia a la relación sentimental entre Cifuentes y González: “No me gusta hablar de cuestiones íntimas, solo me refiero en lo que tenga que ver con las relaciones de poder”.

Con respecto a su declaración, ha señalado que está “plenamente satisfecho” y que “he contestado a todas las preguntas y aclarado todas las dudas”. Una de las cuestiones era la relativa a la “dichosa cuenta en Suiza que se cerró en 2005. Granados ya relató que el dinero escondido en casa de sus suegros procedía de su actividad anterior a la política. Se encontraba en una cuenta en Suiza pero al dar el paso a la política quería deshacerse de la cuenta porque estaba mal visto, por eso no lo declaró. Asimismo, aseguró que David Marjaliza le pidió dinero para pagarse el abogado pero que el millón del altillo era lo único que tenía ahorrado y ni siquiera su mujer conocía su existencia.

Granados ha arremetido contra el diario ABC por un artículo publicado por el periodista Javier Chicote en la que desvela que Acciona dio 60.000 euros en metálico al PP siete días antes de las europeas de 2014, una información extraída de la libreta personal del propio Granados, intervenida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. “Es todo falso”, ha asegurado Granados, quien ha mencionado que “ya tendrá contestación” y que baraja querellarse: “No esperaba más del señor Chicote y ni esperaba menos de ABC”·

https://www.elplural.com/politica/2018/02/27/caso-punica-granados-querella-cifuentes-madrid

GRANADOS: “CIFUENTES SE JACTABA DE SER LAS MANOS, LOS OÍDOS Y LA VOZ DE IGNACIO GONZÁLEZ”

La declaración el pasado 12 de febrero de Francisco Granados ante el juez instructor del caso Púnica, Manuel García-Castellón, incluyó numerosos ataques hacia muchos de los que hasta hace poco eran sus compañeros en el PP de Madrid. Los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González, y la actual jefa del Ejecutivo regional, Cristina Cifuentes, fueron acusados abiertamente por el presunto cabecilla de la trama de corrupción de estar al tanto de la supuesta financiación irregular de las campañas electorales de 2007 y 2011, aunque en ningún momento aportó documentación que respaldara sus afirmaciones ni, tan siquiera, concretó detalles sobre las mismas más allá de referencias a algunas empresas supuestamente implicadas.

De Cifuentes aseguró que, tras mantener "una relación sentimental conocida por todo el mundo con Ignacio González", se convirtió en "las manos, los oídos y la voz ejecutiva en el partido" del que era su principal rival político y, por tanto, supuestamente enterada de la supuesta caja b de los populares que permitió financiar las "campañas de refuerzo" de Aguirre en aquellos comicios autonómicos. Granados llegó a asegurar que Cifuentes "se jacta de que manda por orden del señor González. Yo en este partido no mandaba absolutamente nada", se escudó.

En esta línea, Granados dedicó buena parte de las tres horas de declaración -está previsto que continúe en las próximas semanas en una fecha aún no fijada- a desvincularse del núcleo de decisión de su partido, sobre todo en las cuestiones económicas. Así, el exconsejero llegó a afirmar que la primera vez que le metieron en las listas electorales de su partido en 2003 lo hicieron porque era "exótico" tener un alcalde. "El PP de Madrid siempre se ha dirigido desde la Puerta del Sol [en referencia a la sede del Ejecutivo regional] por la señora Aguirre y el señor González, y no sé si por ese orden". Es en el poder político de este último en el que Granados se apoyó en varias ocasiones a lo largo de su declaración para respaldar sus afirmaciones sobre la supuesta relevancia entonces de la actual presidenta madrileña en las decisiones sobre la financiación de la "campaña paralela" que el partido financiaba con fondos que él aseguraba desconocer.

"No sé ni cómo se financió ni nada en absoluto. Tengo una vaga idea", afirmó para a continuación recalcar que "a mí me consta que había una campaña paralela, ajena al PP desde el punto de vista contable, que llevaba muy, muy, muy dirigida el señor González con la señora Cifuentes, con la señora [Isabel] Mariño [entonces consejera de Turismo] y con Isabel Gallego [directora de Comunicación de la Comunidad con Aguirre], fundamentalmente. Y que yo intuyo, por cómo luego se han desarrollado los acontecimientos, por lo que uno ve..." En ese punto, el político recalcó en varias ocasiones todos los cargos que en aquellos años acumuló Cristina Cifuentes tanto en la formación como en el grupo popular de la Asamblea de Madrid, entre ellos el de vicepresidenta de contratación de la mesa de la cámara regional. Un dardo dirigido a destacar su papel cuando fueron adjudicados los contratos de las cafeterías de la Asamblea madrileña al empresario Arturo Fernández, investigados por la Guardia Civil en dos informes en el que se señala a Cifuentes.

En su testimonio, Granados aportó el nombre de varias empresas supuestamente implicadas en la financiación irregular del PP. Una, Swap, dedicada al mundo de la publicidad. La segunda, Licuas, la constructora de Joaquín Molpéceres, quien figuraba como donante en los papeles de Bárcenas. "Lo que se oía en aquel momento-yo no lo puedo asegurar, no era testigo de aquellas reuniones-, la empresa [que era] muy afín al Canal [de Isabel II], muy afín al señor González y muy afín a la señora Cifuentes, era la empresa Licuas de Molpéceres... con los socios del marido de la señora Cifuentes", recalcó. Cuando el juez García-Castellón le insistió que aclarará esas afirmaciones, Granados se escudó en que "se oía en conversaciones de pasillo que la empresa más afín la que más estaba ayudando era la del señor Molpéceres".

Granados también remarcó en varias ocasiones que el poder de Cifuentes en el partido quedó muy difuminado tras romper en 2008 la supuesta relación con el entonces vicepresidente madrileño. "La señora del señor González y la señora [Isabel] Gallego empiezan a recibir mensajes anónimos que el señor González atribuye a la ruptura con la señora Cifuentes", señaló en una declaración en la que también habló de su relación personal con Mariano Rajoy, del que aseguró que fue la persona que le convenció para que aceptara un puesto de senador cuando fue excluido, primero, del Ejecutivo regional y, más tarde, de la dirección del partido en Madrid. "A mí el señor Rajoy me dijo que estuviera tranquilo. Me había ofrecido ser senador. Era poco trabajo y yo lo que quería era trabajar. El señor Rajoy me convenció para que aceptara ser senador", recalcó.

Su relación con Marjaliza

El exsecretario general del PP madrileño aprovechó otra parte de su declaración para intentar desacreditar el testimonio del constructor David Marjaliza, cuyas detalladas confesiones desde que comenzó a colaborar con la justicia en 2015 le incriminan. Así, negó de forma tajante haber amenazado a la familia del arrepentido de la trama. El Ministerio del Interior, por orden del juez Manuel García-Castellón, ha puesto a Marjaliza bajo protección ante las supuestas amenazas que ha denunciado repetidamente desde el entorno de Granados. Así contestó cuando su letrado, Javier Vasallo, le preguntó: “¿Ha amenazado usted al señor Marjaliza o a su entorno?”. “Cualquiera que me conozca diría que cómo voy yo a amenazar al entorno del señor Marjaliza, yo soy el más interesado y espero que se llegue hasta el final en el esclarecimiento de quién, cómo y cuándo ha amenazado al señor Marjaliza […] Este verano yo he tenido al niño del señor Marjaliza en mi casa [de Marbella], ha estado jugando, se ha llevado a mi perro a pasear, me parece indecente que este señor diga que yo puedo amenazar a su entorno”.

En el interrogatorio, Granados negó que el patrimonio de Marjaliza tuviera que ver con la actividad política que desarrolló, primero como alcalde de Valdemoro y posteriormente como consejero de Transportes y Presidencia de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre. También se refirió a la cuenta que abrió en Suiza en el año 1993, antes de entrar en política, y en la que, según él, guardó los beneficios de su trabajo en el banco Société Générale. Granados relató al juez que decidió cerrar la cuenta en 2004 al llegar al Gobierno de la Comunidad de Madrid y al ver que su carrera política “iba en serio”. Por ello pidió al gestor de su cuenta, Michael Langdon -imputado en la causa-, que la cerrara, pero no declaró esos fondos “porque ya estaba en política y entonces, evidentemente, no estaba bien visto”.

En 2005, otra gestora de la banca suiza le propuso ceder la cuenta a David Marjaliza, entonces amigo suyo, y, según él, “el mejor cliente” de aquella. Para ello, el constructor abrió una cuenta en otra entidad y Granados le firmó un poder sobre sus fondos. Luego, Marjaliza le dio el dinero en España. “Este señor en el año 2005 me da aquí mi dinero, concretamente en torno a 1,1 millones de euros; en la cuenta había 1,3 millones y este señor me cobra una comisión por darme el dinero aquí de casi 200.000 euros, y yo la verdad es que me olvido, pensé que eso [la cuenta en Suiza] en el año 2005 estaba cerrado y finiquitado y ya he visto luego que lamentablemente no”

Los 1,1 millones de euros que, según Granados le entregó Marjaliza en España fueron los que encontraron los agentes de la Guardia Civil en un altillo en la casa de sus suegros en el año 2015, cuando el expolítico estaba ya en prisión. Granados exculpó tanto a su esposa como a los padres de esta por esta ocultación. “Ese dinero lo guardé primero en casa, en un piso en la calle Guardia Civil de Valdemoro, y cuando hicimos la mudanza y nos trasladamos mi familia a un adosado, le pide a mi mujer “Mira, tengo aquí unos papeles que no quiero que se me extravíen, unos documentos, por favor, déjalos en casa de tus padres para que no se extravíen en la mudanza”. Y así se quedó allí el dinero hasta que fue encontrado en 2014 o 2015”.

https://politica.elpais.com/politica/2018/02/15/actualidad/1518724984_684083.html

GRANADOS VINCULA A CIFUENTES CON UNO DE LOS DONANTES DE LA 'CAJA B' DEL PP

Cifuentes: "No se puede ser más mentiroso, mezquino y miserable que el señor Granados"

Francisco Granados vinculó ayer durante su declaración ante el juez a Cristina Cifuentes con uno de los donantes de la caja B del PP nacional. Según el ex alto cargo del PP de Madrid, Licuas, propiedad del empresario Joaquín Molpeceres, es "una empresa próxima a Cifuentes".

Siempre según el relato del ex secretario general de los populares madrileños, la conexión de la presidenta de la Comunidad de Madrid con esta empresa, que figura en los denominados papeles de Bárcenas con entregas de dinero negro, radica en que Molpeceres "mantiene relaciones con los socios del marido de Cifuentes".

Así, según Granados, Licuas fue una de las empresas que financió irregularmente lo que él mismo denominó como "campañas de refuerzo" de la ex presidenta Esperanza Aguirre. También recalcó que esta compañía era próxima a Ignacio González y que ambos controlaban las entregas de fondos que realizaba para sufragar actos electorales. Cabe recordar que Licuas está investigada por la Audiencia Nacional tanto en el caso de los papeles de Bárcenas como en la denominada operación Lezo.Tal y como expuso Granados, Aguirre dispuso de un "refuerzo específico de su campaña" y agregó que esta operativa, durante las elecciones autonómicas y municipales de 2007, corrió a cargo de González y Cifuentes. De ambos llegó a asegurar que mantuvieron una relación personal que tildó de "atracción fatal" y calificó a la presidenta madrileña de "mano ejecutiva" de su antecesor. No obstante, no aportó documentación alguna que acreditara la implicación de ambos en la financiación irregular del partido en Madrid.

Asimismo, Granados destacó que Cifuentes "se jactaba de que mandaba mucho por delegación de González" y recordó que tenía "una mano derecha" y "una mano izquierda" como secretaria de Política Territorial de la formación en la capital. La primera era "Ángel Garrido, al que pone para que controle los distritos". La segunda, "Jaime González Taboada, colocado para que controle los municipios". "Con ellos se aseguró el control territorial del partido", destacó.

Añadió Granados que González quiso tomar el control de la empresa pública de informática, ICM, ya que de esta forma "tenía acceso a las telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid". "Podía saber a quién llamaba yo", ejemplificó. También abordó la financiación de "las campañas online" del partido, atribuyendo la responsabilidad de las mismas y la relación con el empresario Alejandro De Pedro a Isabel Díaz Ayuso.

http://www.elmundo.es/espana/2018/02/13/5a82d7ee268e3e80748b46a8.html

GRANADOS INVOLUCRA A AGUIRRE, GONZÁLEZ Y CIFUENTES EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

El antiguo número dos del PP madrileño sostiene que hubo una financiación "paralela" de las campañas de Madrid en 2007 y 2011 El principal imputado en 'Púnica', a quien los investigadores atribuyen corrupción a gran escala, dice que la actual presidenta de la Comunidad se convirtió en "los ojos y los oídos" de Ignacio González.

Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes se han convertido esta mañana en el trípode sobre el que el antiguo número dos del PP madrileño, Francisco Granados, ha sustentado esta mañana su declaración voluntaria en el caso Púnica, para la que prometía novedosas revelaciones sobre la –presunta– financiación ilegal del partido y que finalmente ha sido más difusa de lo esperado. Granados, cuya declaración proseguirá el día 20 y que este lunes solo ha respondido a su abogado, ya tiene respuesta de Cifuentes: "No tengo nada que ocultar, me da exactamente igual lo que diga este presunto delincuente". La presidenta madrileña presentará de inmediato una querella criminal cuyo alcance y detalles está ultimando en estos momentos el abogado que la representará a título personal, puesto que no va a hacer uso de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid.

En sus tres horas de comparecencia, Granados, ahora en libertad bajo fianza por graves delitos de corrupción, ha asegurado que las campañas de Aguirre se "reforzaban" con financiación "paralela" obtenida a través de empresas de publicidad y a la que se declara por completo ajeno. Según Granados, esa campaña paralela –ha eludido términos como ilegal o irregular– a la que desarrollaba la estructura orgánica del PP madrileño y del nacional la llevaban González y Cifuentes, así como otros cargos de menor rango. Granados ha declarado que Cifuentes, cuyo nombramiento como "número 3" del PP madrileño en 2005 ha recalcado, se convirtió en "los ojos y los oídos" de Ignacio González. Y que ambos mantuvieron una relación sentimental.

Granados ha puesto especial énfasis en destacar el papel de Mariano Rajoy como quien de verdad "destapó" la trama Gürtel al pedir a Esperanza Aguirre "en 2007 o 2008" que frenase la venta de una parcela de Arganda del Rey en la que el grupo de Francisco Correa estaba implicado. Y ha llegado a asegurar que fue el ahora presidente del Gobierno quien, una vez que Aguirre lo excluyó de su gobierno, le convenció para que se presentase al Senado en 2011. Él, Granados, no quería porque era poco trabajo –ha argumentado– pero el líder del partido se lo pidió y finalmente accedió a ello.

Entre las empresas de publicidad que cree estaban implicadas en ese canal paralelo de financiación ha citado a Swat, que ya estaba siendo investigada. Esas empresas, ha dicho, contrataban con el Consorcio de Turismo, bajo la batuta de la exsenadora Ana Isabel Mariño, y con el Imade, que dirigía Aurelio García de Sola, "pariente de Esperanza Aguirre" y cuyo presupuesto para publicidad era multimillonario. En el núcleo duro de Aguirre, Granados ha situado también a la exdirectora de comunicación del Gobierno madrileño, Isabel Gallego, y al exconsejero Jaime González Taboada. El igualmente exconsejero Borja Sarasola pertenecía también al grupo director de las campañas.

La operativa reconocida por Granados coincide con la ya descrita por otro de los investigados en Púnica, el empresario de publicidad Daniel Mercado. Pero Granados, y así lo subrayan fuentes presentes en su declaración, no ha aportado detalles y ha optado en todo momento por la sugerencia frente a la atribución directa de hechos. Por ejemplo, al hablar sobre las fuentes de esa financiación paralela ha mencionado el Canal de Isabel II, feudo de su ahora acérrimo enemigo Ignacio González.

Pero lo ha hecho para decir que sabe que en efecto gastaba mucho en publicidad pero que no puede asegurar nada. Y que cree que la empresa Licuas y el empresario Joaquín Molpeceres tal vez ayudaban en la campaña por su relación con el Canal, su relación con el marido de Cristina Cifuentes y por amistad con Esperanza Aguirre. La "intuición", ha afirmado después, le dicta que los gastos más importantes salían del Imade, uno de los organismos autónomos que más fondos manejó en la pasada década y cuya extinción decretó Aguirre en diciembre de 2010.

"El PP se dirigía desde la Puerta del Sol", ha dicho para ilustrar el poder de Aguirre y su núcleo duro, del que él mismo se ha excluido para presentarse poco menos que como un simple subordinado de Ignacio González. Granados ha relatado cómo cuando en 2011 Aguirre lo descabalgó de la secretaría general del PP madrileño para aupar a Ignacio González él mismo le dijo al entonces delfín que por fin se había convertido formalmente en secretario general, que era lo que en la práctica llevaba siendo desde hacía años.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/13/granados_acusa_aguirre_75161_1012.html

GRANADOS DECLARA QUE IGNACIO GONZÁLEZ USABA LA AGENCIA DE INFORMÁTICA DE MADRID PARA VIGILAR A ALTOS CARGOS

El antiguo número dos del PP madrileño dice que González se hizo con "todo el control de las comunicaciones" de los teléfonos corporativos de la Comunidad a través de ICM Asegura que así lo demuestra el gráfico manuscrito intervenido en los registros de Lezo y que infoLibre publicó en exclusiva El principal investigado de Púnica, en libertad bajo fianza por graves delitos de corrupción, involucra a Aguirre, González y Cifuentes en la financiación ilegal el partido

Francisco Granados utilizó este lunes su declaración voluntaria ante el juez que le investiga por graves delitos de corrupción en el caso Púnica para involucrar en la financiación ilegal del PP a Esperanza Aguirre, Ignacio González y la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que ya ha anunciado una querella inmediata. El antiguo número dos del PP madrileño, que solo respondió a las preguntas de su abogado y precisó algunos datos a requerimiento del juez Manuel García Castellón, lanzó otra acusación de calado contra el también investigado Ignacio González, su enemigo acérrimo desde que en 2011 el hasta esa fecha poderoso secretario general del PP madrileño fue defenestrado por Aguirre tanto en el Gobierno regional como en el partido: según su declaración, el entonces vicepresidente y luego presidente de la Comunidad utilizó la Agencia de Informática (ICM) de Madrid para controlar las llamadas y mensajes enviados desde teléfonos corporativos de la Comunidad de Madrid.

Ahora en libertad bajo fianza, Granados había anunciado a través de la Cadena SER y del digital OKdiario que aprovecharía su comparecencia para hacer grandes revelaciones sobre la financiación opaca del PP. Su mensaje resultó inequívoco en lo que se refiere al papel que atribuye a Aguirre, González y Cifuentes. Pero la escasez de detalles y lo que algunas fuentes definen como un estilo narrativo difuso y vago cuajado de justificaciones como la de que ni siquiera tenía poder real en su feudo de Arpegio, un organismo que manejó cientos de millones y situado bajo la lupa de la Guardia Civil, han tenido un efecto que, desde luego, no era el que buscaba Granados: al menos de momento, los investigadores del caso no asignan a su declaración la solidez necesaria para incorporar de manera automática a Aguirre y/o Cifuentes al panel de imputados. El día 20, proseguirá el interrogatorio. Y llegará el momento de las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción.

En un momento de su comparecencia y tras asegurar que la relación sentimental que, según su versión, mantenían González y Cifuentes acabó como en "Atracción Fatal", el principal investigado de Púnica adujo que esa ruptura cambió por completo la composición del núcleo de poder que "reforzaba" las campañas de Esperanza Aguirre con financiación "paralela" obtenida mediante el uso espurio de partidas de publicidad institucional. Y que fue entonces cuando, además de relegar a Cifuentes logrando que Aguirre la despojase de su rango de número 3 del partido y la convirtiera en presidenta del comité de garantías –septiembre de 2008–, Ignacio González se hizo con el control de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), investigada desde el primer momento como uno de los grandes instrumentos utilizados para la financiación ilegal del partido. ICM, sostuvo Granados, interesaba a González porque ponía en sus manos un elevado presupuesto y "todo el control de las comunicaciones".

El juez García Castellón, relatan fuentes jurídicas, le pidió al llegar ahí que explicase qué quería decir. Y fue entonces, cuando en apoyo de su afirmación, Granados mencionó uno de los manuscritos incautados durante los registros de la Operación Lezo: el que la Guardia Civil intervino en las oficinas de Ildefonso de Miguel, hombre de confianza de González en el Canal de Isabel II, y de cuyo contenido informó infoLibre hace una semana. Ese esquema, dijo Granados, refleja que González podía controlar todas las llamadas. El gráfico, en efecto, muestra lo que parece corresponderse con el tráfico de llamadas y mensajes cruzados entre distintos dirigentes del PP madrileño. La mayor parte de ellos son quienes denunciaron que habían sido sometidos a seguimientos –Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, Alfredo Prada y Carmen Rodríguez Flores– pero también, y por partida triple, aparece el nombre de Cristina Cifuentes. Granados vino a decir, y así lo han confirmado a este diario fuentes conocedoras del interrogatorio y que representan posiciones diferentes en la causa, el nombre de la presidenta figura sobre una anotación que dice "Anónimos/I. Gallego" porque tanto la exdirectora de comunicación del Ejecutivo regional, Isabel Gallego, como la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, recibieron anónimos que, según Granados, podían proceder de Cifuentes.

A lo largo de tres horas de interrogatorio, el imputado se presentó a sí mismo como alguien por completo ajeno a la obtención de financiación "paralela" en las campañas de 2007 y 2011 mediante el desvío de fondos para publicidad institucional asignados a organismos como el Canal de Isabel II, feudo de González, el Imade, dirigido por "un pariente de Esperanza Aguirre" o el Consorcio Turístico de Madrid, a cuyo frente se situaba la exsenadora Ana Isabel Mariño.

Negó incluso saber nada de lo que durante sus dos años de mandato oficial hacía Arpegio, un organismo elefantiásico que manejó el mayor plan de inversión pública de Madrid y epicentro de lo que los investigadores sospechan que fue un amaño de contratos a gran escala. Todo lo controlaban Aguirre y González, que le colocaron al grupo que en la práctica iba a capitanear Arpegio –el exconsejero Jaime González Taboada y el exviceconsejero Miguel Ángel Ruiz– y le hicieron delegar sus funciones en el consejero delegado de esa fundación, Eduardo Larraz. Una de las sociedades que, según la UCO, controlaban testaferros de Granados cobró medio millón de una adjudicataria de Arpegio.

Defendiendo a Rajoy

Además de defenderse a sí mismo, Granados defendió a dos políticos –el presidente, Mariano Rajoy, que fue quien "destapó" la Gürtel al pedir sin éxito a Aguirre que parase el pelotazo del municipio de Arganda y quien le "convenció" para ser senador tras su caída ante Aguirre en 2011, y el exgerente regional del PP, el investigado Beltrán Gutiérrez– y a un empresario: Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir y también imputado, amigo suyo y que, según la versión del exconsejero de Presidencia de Madrid nunca pintó nada en la Comunidad de Madrid. A través de su empresa Financiera SiaCapital, López Madrid fue el gestor último de un fondo público regional de capital riesgo, Inicap, que entre 2011 y 2014 le reportó ingresos de al menos 600.000 euros. Según Granados, las iniciales "JLM", aquellas que figuran en su agenda y tras las que la Guardia Civil identifica a Javier López Madrid solo significan "Juntas Locales de Madrid". Las fuentes sondeadas por este diario incluyen ese punto en el mapa de afirmaciones inverosímiles trazado ayer por Granados.

Esa financiación ilegal o irregular, adjetivos que Granados ha sustituido en todo momento por "paralela" o "ajena" a las vías ordinarias de ingresos, la canalizaba un equipo nucleado en torno a Aguirre y González y en el que, además de Cifuentes –llegó a ser "los ojos y los oídos" del entonces vicepresidente–, el exconsejero ha ubicado a antiguos altos cargos como el viceconsejero de Presidencia Borja Sarasola, la exsenadora Ana Isabel Mariño y la ex directora de Comunicación del Gobierno de Madrid, Isabel Gallego.

Según Granados, cuando el equipo que organizaba la campaña "para todos", es decir, para Esperanza Aguirre y para los distintos candidatos municipales, hacía notar las "carencias", era ese núcleo duro dedicado a "reforzar" especialmente la campaña de Aguirre el que les transmitía un mensaje: que no había que preocuparse porque eso que hacía falta iba "por otro lado". Ese otro lado, intuye, cree, deduce Granados –por usar los conceptos y términos a los que acudió una y otra vez durante el interrogatorio– pasaba por encargar a empresas de publicidad institucional que se ocupasen del asunto. Entre esas empresas, Granados ha citado expresamente a Swat, que está siendo investigada desde el estallido del caso.

La operativa reconocida por Granados coincide con la ya descrita por otro de los investigados en Púnica, el empresario de publicidad Daniel Mercado. En su lanzamiento de misiles contra Aguirre, González y Cifuentes, el exconsejero ha recalcado que cree que la empresa Licuas y el empresario Joaquín Molpeceres tal vez ayudaban en la campaña por su relación con el Canal, su relación con el marido de Cristina Cifuentes y por amistad con Esperanza Aguirre. Algunas fuentes creen que la referencia al marido de Cifuentes ha sido un error en sentido literal. Y que Granados aludía en realidad al marido de Esperanza Aguirre, cuya amistad con Molpeceres acumula ya décadas. Este diario no ha podido confirmar si se trató de un lapsus o de un dardo de significado críptico y todavía desconocido.

"El PP se dirigía desde la Puerta del Sol", sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, dijo para ilustrar el poder de Aguirre y su núcleo duro, del que él mismo se ha excluido para presentarse poco menos que como un simple subordinado de Ignacio González. Granados ha relatado cómo cuando en 2011 Aguirre lo descabalgó de la secretaría general del PP madrileño para aupar a Ignacio González él mismo le dijo al entonces delfín que por fin se había convertido formalmente en secretario general, que era lo que en la práctica llevaba siendo desde hacía años.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/13/granados_declara_que_ignacio_gonzalez_usaba_agencia_informatica_madrid_para_vigilar_las_llamadas_altos_cargos_75191_1012.html

GRANADOS AL ATAQUE: INVOLUCRA A AGUIRRE, CIFUENTES Y GONZÁLEZ EN LA FINANCIACIÓN EN B

Asegura que la campaña de 2007 la dirigían la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y el expresidente

Se esperaba La Traviata en do menor, y no ha defraudado. El exconsejero de Presidencia, Francisco Granados, ha cantado, y ha apuntado alto. En su declaración ante el juez que ha tenido lugar este lunes, ha señalado a Ignacio González y a Esperanza Aguirre como los principales responsables. Granados ha negado las acusaciones de David Marjaliza, otrora su amigo, quien detalló un complejo sistema de comisiones. Pero Marjaliza quería cerrar su concierto con un nuevo nombre: el de Cristina Cifuentes.

Francisco Granados ha asegurado que todos los nombramientos los hacían González y Aguirre, y que hasta el último de los departamentos de prensa eran nombrados por ellos. La expresidenta de la Comunidad de Madrid despachaba cualquier problema con una periodicidad semanal, según el relato de Granados, quien ha aseverado que ellos mandaban en todo, incluso en ocasiones, tenía más poder y peso González que la propia Aguirre.

Pero la campanada ha llegado al final de su declaración, cuando el exconsejero ha mentado a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP regional. Granados ha dicho que Cifuentes es nombrada en 2005 número tres del partido y que se convirtió en la mano derecha de González: era sus ojos y sus oídos. Acumuló mucho poder y responsabilidad. Incluso, el exconsejero ha apuntado que en ocasiones Cifuentes se jactaba de que no mandaba González, sino ella. No obstante, Granados no se ha limitado a detallar su estrecha relación profesional, sino que también ha apuntado a una relación sentimental entre Cifuentes y González.

El caso Púnica investiga la financiación irregular del PP en las campañas de 2007 y 2011, y en este sentido, Granados ha especificado que la campaña electoral de 2007 la dirigen González y Cifuentes.

El famoso altillo que contenía casi un millón de euros también ha salido a colación. El exconsejero ha asegurado ante el juez que el dinero escondido en casa de sus suegros procede de su actividad anterior a la política. Se encontraba en una cuenta en Suiza pero al dar el paso a la política quería deshacerse de la cuenta porque estaba mal visto, por eso no lo declaró. Asimismo, ha asegurado que Marjaliza le pidió dinero para pagarse el abogado pero que el millón del altillo era lo único que tenía ahorrado y ni siquiera su mujer conocía su existencia.

El dinero, según su declaración, lo obtuvo de su actividad en la bolsa cuando trabaja en la entidad Crédit Lyonnais y que cuando traspasó esta cantidad a su exsocio David Marjaliza, este le cobró una comisión de 200.000 euros por la operación.

Sobre Marjaliza, además de negar las acusaciones vertidas pro el empresario, ha mencionado que no tenía ahorros porque había invertido en narcotráfico.

Granados también ha destacado que la expresidenta cambió la gestión del Plan Prisma -plan regional de inversiones y servicios- porque estaba harta de dar dinero a alcaldes, fundamentalmente del PSOE, para obra pública y que no la invitaran a las inauguraciones. Por eso decidió que fuera la Comunidad de Madrid la que hiciera directamente esas obras a través del plan Prisma.

En cuanto a la empresa pública Arpegio, ha indicado que Aguirre acordó delegar toda la responsabilidad en el entonces consejero delegado Eduardo Larraz, también imputado en Púnica, y que por eso él se desentendió del funcionamiento de esta empresa porque era lo que menos le importaba.

En cuanto a las adjudicaciones de obra pública en materia de infraestructuras, ha explicado que en las obras del metro, al principio, se contrataba a las grandes empresas porque eran las que disponían de tuneladoras, pero, más adelante, y en otras obras como tranvía o metro ligero, se empezó a contratar a constructoras medianas.

A este respecto, Marjaliza señaló en una de sus comparecencias que el exconsejero madrileño comentó en una cena que las licitaciones que se llevaban las grandes constructoras, él intentó dárselas a empresas medianas (Albi, San José, Teconsa), y que el empresario Florentino Pérez, molesto por ello, se habría encargado de lograr que su jefa, Esperanza Aguirre, le cesara como consejero.

https://www.elplural.com/politica/2018/02/12/caso-punica-granados-cifuentes-aguirre-ignacio-gonzalez

FRANCISCO GRANADOS APUNTA A COSPEDAL EN LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE METRO LIGERO DE BOADILLA DEL MONTE

Señala que Cospedal era la consejera de Transportes cuando se adjudicó la obra en enero de 2005

Fuentes próximas a la actual ministra recuerdan que, en el momento de la adjudicación, sólo llevaba dos semanas como consejera

Granados recurre el auto de imputación de Villar Mir y anuncia que lo "aclarará todo" en su declaración de próximo día 12

El exdirigente del PP de Madrid Francisco Granados, presunto líder de la trama de corrupción Púnica, ha negado estar detrás de la adjudicación de las obras del Metro Ligero a Boadilla del Monte de las que le acusan de cobrar comisiones ilegales, y ha apuntado directamente a la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien le sustituyó a finales de 2004 al frente de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid.

Así lo expone Granados en el recurso que ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 contra el auto por el que el magistrado Manuel García Castellón imputó al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y a su yerno, el empresario Javier López Madrid, por el presunto pago de dichas comisiones.

El juez adoptó esta decisión tras la última declaración prestada por el presunto cerebro de la trama Púnica, el constructor David Marjaliza, quien dijo que tanto él como Francisco Granados y Javier López Madrid se repartieron una comisión de 3,6 millones de euros por la adjudicación de tres obras de Metro de Madrid.

En su escrito, el investigado denuncia que se ha obviado "de manera descarada" que la adjudicación de la obra del Metro Ligero a Boadilla del Monte por 86,5 millones de euros tuvo lugar el 19 de enero de 2005, cuando Cospedal era consejera de Transporte.

Fuentes próximas a Cospedal recordaron que en realidad "la construcción de la nueva línea de metro ligero a Boadilla se adjudicó el 3 de enero de 2005, dos semanas después y con la Navidad por medio de que Cospedal tomara posesión como consejera de Transportes de Madrid, el 21 de diciembre de 2004".

Según el recurso de la defensa de Granados, el exdirigente conservador "nada tiene que ver" con este procedimiento y su imputación se debe al "afán o inquina acusatoria demostrada hasta día de hoy" por Marjaliza, ya que asegura que cuando se produjo la adjudicación de las obras del Metro Ligero a Boadilla del Monte "no ostentaba ningún cargo fundamental o relevante".

"Francisco Granados no tiene ningún tipo de vinculación con los que han declarado, bien sea don Javier López Madrid, con Obrum, con don Juan Miguel Villar Mir, o cualquiera de los aquí investigados", afirma el exconsejero madrileño, quien ha apuntado que aclarará "todo" en la declaración que prestará en la Audiencia Nacional el próximo lunes, 12 de febrero.

Lo adjudicó otra persona

"Cuando se adjudicó esta obra, Francisco Granados no era el consejero de Transportes, sino que lo era María Dolores de Cospedal", insiste, que se pregunta por qué la actual ministra y secretaria general del PP no ha sido nombrada en el auto de imputación de Villar Mir y López Madrid y no ha sido "llamada a declarar" como investigada. "Qué responsabilidad tiene mi patrocinado cuando la obra es adjudicada bajo el mandato de otra persona, en este caso la señora Cospedal, en base a qué norma puede atribuirse la responsabilidad penal al señor Granados y los beneficios políticos si los hay, sociales si los hay, o de otra índole, de tales actuaciones benefician o se atribuyen a por supuesto a quien pudo haber adjudicado las obras, en este caso nuevamente la señora Cospedal", afirma el escrito.

Además, Granados recuerda que "los mismos cargos o funciones que en su momento fueron desempeñadas" por él, "también lo fueron por doña María Dolores de Cospedal, doña Elvira Rodríguez, don Edelmiro Galván, quienes paradójicamente no han sido llamados a declarar como investigados ni reciben mención alguna en la resolución recurrida". A Granados le produce "real asombro" que la Fiscalía haga "manifestaciones de tal magnitud", en referencia a la imputación de Granados por el amaño de las adjudicaciones, "sin haberlas corroborado" y que el juez las haya admitido. En su opinión, todo es una "persecución" en su contra de un testigo "nada fiable", en alusión a Marjaliza.

El exdirigente del PP de Madrid reprocha al Ministerio Público y al magistrado que imputen nuevos delitos a Granados "sin motivo ni causa aparente", salvo el testimonio del señor Marjaliza, "quien va bailando al son y al ton que le marca la Fiscalía según sus necesidades acusatorias, tratando de realizar una instrucción a la carta". Además, Granados alude a la declaración efectuada ayer por López Madrid con la cual, a su juicio, "queda constatado"que no tuvo "ninguna participación o relación con los hechos, salvo el afán o inquina acusatoria demostrada" por Marjaliza.

López Madrid negó haberse repartido comisiones con Granados y que las facturas que entregó a Marjaliza corresponden a actividades reales de asesoramiento inmobiliario. Por su parte, Villar Mir negó pagos en negro al PP de Madrid por la adjudicación de obras.

"Así, tal y como hemos manifestado, estamos acostumbrados a que nuestros pabellones auriculares escuchen la palabra culpable cuando del señor Granados se hable, eso sí, siempre amparado por las falsedades del señor Marjaliza, cuyas palabras resultan bien acogidas por el Ministerio Fiscal", afea la defensa del exconsejero en su escrito.

La defensa de Granados admite que le ha "sorprendido" el "trato de favor que ha recibido el señor Marjaliza, quien actuando en su propio beneficio ha declarado" por distintas piezas de la trama Púnica "de forma incongruente e intentando inculpar siempre a las máximas personas posibles, aportando a cada declaración documentos e información ex novo". En su opinión, "no deben existir dudas de que en la presente causa existe una colaboración beneficiosa para el señor Marjaliza, que obtiene innumerables beneficios, y para la Fiscalía, que lo usa como única prueba de cargo, y que por ende su testimonio no debe tener valor probatorio, bajo ninguna circunstancia".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/07/francisco_granados_apunta_cospedal_adjudicacion_las_obras_metro_ligero_boadilla_del_monte_madrid_74990_1012.html

MAS NOTICIAS

VOLVER

© Copyright. 1998 - 2018 www.losgenoveses.net . Ningún derecho reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones
( Página diseñada para ver con Explorer 9 o superior  a 1024 x 768 píxeles )