OPERACIÓN PÚNICA : UNA TRAMA GENOVESA SIN FONDO

Boletin 30. Caso PÚnica. Del 01 de agosto al 07 de septiembre 2017
Boletin 29. Caso PÚnica. Del 24 de junio al 31 de julio 2017
Boletin 28. Caso PÚnica. Del 06 al 23 de junio 2017
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LAS NOTICIAS AL DÍA

CASO PÚNICA: EL SUMARIO QUE AMARGARÁ EL OTOÑO AL PP

LA FISCALÍA DEL SUPREMO PIDE INVESTIGAR A LA SENADORA DEL PP PILAR BARREIRO POR LA PÚNICA

EL PP DE MADRID PAGÓ LA CAMPAÑA DE 2011 CON FALSOS INFORMES SOBRE LA CRISIS Y EL PARO

LA GUARDIA CIVIL ABRE UNA NUEVA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAJA B DEL PP DE MADRID

LA AGENDA DE GRANADOS Y LOS REGISTROS PONEN AL JUEZ DE PÚNICA TRAS LA PISTA DE 7 EMPRESAS MÁS POR LA FINANCIACIÓN DEL PP

UN NUEVO INFORME DE PÚNICA ATRIBUYE CUATRO DELITOS AL ALCALDE DE ALMENDRALEJO

EL PRIMER JUICIO DE LA TRAMA 'PÚNICA', SOBRE EL CHIVATAZO A GRANADOS, ARRANCARÁ EL 14 DE NOVIEMBRE

SUIZA SE RESISTE A ENTREGAR A ESPAÑA 27 OBRAS DE ARTE DE LA TRAMA PÚNICA

MORALEJA DENUNCIA A SU INTERVENTORA POR FALSEAR UNA FACTURA DE 35.000 EUROS

MARJALIZA, A JUICIO POR DENUNCIAR AMAÑOS DEL 'NÚMERO TRES' DE CIFUENTES

EL EX NÚMERO 2 DE VILLALOBOS CREÓ SU 'OFF SHORE' EN ISLAS VÍRGENES TRAS ENTRAR EN ARPEGIO

EL 'NÚMERO 3' DE CIFUENTES NO HA VISTO LOS CONTRATOS DESAPARECIDOS SOBRE PÚNICA

TABOADA DICE NO HABER VISTO LOS CONTRATOS DESAPARECIDOS DE LA PÚNICA

FISCALÍA CERCA AL NÚMERO 3 DE CIFUENTES Y PIDE ADELANTAR LOS INTERROGATORIOS DE ARPEGIO

EL CONSTRUCTOR DE LA PÚNICA, PROCESADO POR "CALUMNIAR" AL NÚMERO 3 DE CIFUENTES

LA COMUNIDAD COLOCA EN ECONOMÍA AL VICECONSEJERO DE CIFUENTES QUE DIMITIÓ POR PÚNICA

NUEVO ARPEGIO DICE QUE NO TIENE LOS ORIGINALES DE CINCO CONTRATOS Y CREE QUE PUEDE TENERLOS LA UCO

IU DENUNCIA EN LA OFICINA ANTIFRAUDE DE LA UE LA DESAPARICIÓN DE UN EXPEDIENTE MILLONARIO INVESTIGADO EN 'PÚNICA'

EL JUEZ RASTREA QUIÉN TUVO ACCESO A LOS CONTRATOS DESAPARECIDOS DEL ‘CASO PÚNICA’

DESAPARECEN DOCUMENTOS CLAVES DEL ‘CASO PÚNICA’

LA 'CLÁUSULA DEL 1%' INVESTIGADA BAJO LA SOSPECHA DE QUE OCULTABA PAGOS AL PP TAMBIÉN SE APLICABA EN OBRAS DE CARRETERAS

DOS TESTIGOS ADMITEN IRREGULARIDADES EN LA TRAMA DEL 1% QUE FINANCIÓ AL PP CON LA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES

CARGOS DE LA SANIDAD MADRILEÑA AFIANZAN EN 'PÚNICA' LA SOSPECHA DE QUE LA 'CLÁUSULA DEL 1%' OCULTABA PAGOS EN ESPECIE AL PP

UNO DE LOS PRINCIPALES INVESTIGADOS EN 'PÚNICA' CONTROLÓ DURANTE CUATRO AÑOS UNA WEB DE PROPAGANDA SOBRE RAJOY Y EL PP

250 TUITEROS ‘PÚNICOS’ PARA LIMPIAR LA IMAGEN DE IGNACIO GONZÁLEZ

FRANCISCO GRANADOS: “NO TENGO NINGUNA MANTA DE LA QUE TIRAR”

LA EMPRESA QUE GESTIONABA EL MAYOR PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MADRID CONTABILIZA YA 17 ENTRADAS DE LA UCO POR PÚNICA

EL PSOE DICE QUE VIO EN 2016 PAPELES AHORA PERDIDOS DEL ‘CASO PÚNICA’

DESAPARECEN PAPELES LIGADOS A LA CAJA B DEL PP DE MADRID

EL NUEVO TERREMOTO EN PÚNICA: LA UCO CERCA A 19 ALCALDES, DIPUTADOS Y ALTOS CARGOS DEL PP

EL PENDRIVE DEL EXGERENTE DEL PP DE MADRID SE CONVIERTE EN LA 'PIEDRA ROSETTA' DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL

ASÍ DESMONTÓ EL INFORME TÉCNICO A LA EMPRESA QUE QUERÍA PREMIAR TABOADA

EL ‘CASO PÚNICA’ SALTA A EXTREMADURA Y SALPICA DE NUEVO AL PP

UNA CONSTRUCTORA PAGÓ GASTOS ELECTORALES DEL PP EN LAS ANDALUZAS DE 2008

IMPUTAR A UN AFORADO Y OTROS 20 DEBERES EN PÚNICA PARA EL SUCESOR DEL JUEZ VELASCO

LA INVESTIGACIÓN DE ‘PÚNICA’ SE VUELCA EN EL NÚMERO TRES DE CIFUENTES, GONZÁLEZ TABOADA

EL JUEZ ESTRECHA EL CERCO SOBRE EL PAPEL DEL 'NÚMERO 3' DE CIFUENTES EN EL "BOTÍN" DE ARPEGIO

LA FISCALÍA ACUSA AL GOBIERNO DE CIFUENTES DE “OCULTAR INFORMACIÓN RELEVANTE” SOBRE LA ‘PÚNICA’

EL FISCAL DESVELA "LA VORACIDAD" DE GRANADOS POR CONTROLAR UN "BOTÍN" DE 3.000 MILLONES

LOS TRES GUARDIANES DE LA ‘MINA DE ORO’ DE GRANADOS

COSPEDAL Y UNA CONSEJERA DE CIFUENTES INTEGRABAN EL GOBIERNO DE AGUIRRE QUE SEGÚN LA IGAE VULNERÓ LA LEY EN UN PLAN DE 1.000 MILLONES

EL JUEZ DE 'PÚNICA' DICE QUE EL PP ERA "JUAN PALOMO": DABA A FUNDESCAM SUBVENCIONES PÚBLICAS QUE SE USABAN PARA GASTOS ELECTORALES

EL EXGERENTE DEL PP EN MADRID DICE QUE LOS EMPRESARIOS DONABAN DINERO "POR CARIÑO"

EL DURO INTERROGATORIO DEL JUEZ A ARTURO SOBRE EL PAPEL DE CIFUENTES: "TAN REGULAR NO FUE"

GRANADOS NIEGA SU PAPEL EN PÚNICA Y ACHACA AL “APARATO DEL ESTADO” SU IMPUTACIÓN

UNA EMPRESA DEL CÍRCULO DE GRANADOS COBRÓ MEDIO MILLÓN DE LA ADJUDICATARIA DE UN CONTRATO INVESTIGADO EN 'PÚNICA'

EL CGPJ ARCHIVA LA INVESTIGACIÓN SOBRE SI EL JUEZ VELASCO PIDIÓ TRABAJO PARA SU MUJER A IGNACIO GONZÁLEZ

VELASCO SUSPENDE 14 DECLARACIONES DEL ‘CASO PÚNICA’ TRAS OFICIALIZARSE SU SALIDA DEL JUZGADO

CIFUENTES DESPEJA BALONES SOBRE LOS FUNCIONARIOS E INSISTE EN QUE EL INFORME DE LA UCO "ESTÁ EQUIVOCADO"

JUSTICIA, FISCALÍA Y GUARDIA CIVIL: LOS 6 DOCUMENTOS QUE ACORRALAN A CIFUENTES

EL JUEZ DESCARTA IMPUTAR A CIFUENTES POR LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP MADRILEÑO

EL JUEZ DEJÓ SIN IMPUTAR AL NÚMERO 3 DE CIFUENTES A LA ESPERA DE ANALIZAR 100 CAJAS

LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN CIFRA EN 4,9 MILLONES LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN LA PÚNICA

EL PP DESVIÓ SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA FALSOS CURSOS DE FORMACIÓN AL PAGO DE LA CAMPAÑA DE RAJOY DE 2008

LOS DOS ‘PENDRIVE’ DE PÚNICA

AGUIRRE CAPTÓ 7,6 MILLONES PARA EL DOS DE MAYO… QUE AHORA INVESTIGA LA UCO

IMPUTADO EN 'PÚNICA' EL EMPRESARIO AL QUE EL GOBIERNO DE AGUIRRE ENCARGÓ GESTIONAR EL MAYOR PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

EL PP DE MADRID "QUEBRÓ" CON SU CAJA B "EL PLURALISMO POLÍTICO"

DIMITE EL VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE TRAS LOS REGISTROS PRACTICADOS POR LA UCO EN SU DESPACHO EN EL MARCO DE 'PÚNICA'

GRANADOS HABLABA DE "LIBROS" O "BOMBONES" PARA REFERIRSE A LAS DONACIONES DE DINERO NEGRO PARA EL PP

INVESTIGADAS LAS CUENTAS SUIZAS DE TRES IMPUTADOS EN PÚNICA POR PAGOS A GRANADOS

EL SOSPECHOSO MERCEDES DE LA AMIGA DE GRANADOS

EL JUEZ DE PÚNICA INVESTIGA SI EL PP DE AGUIRRE SE FINANCIÓ CON 972 CURSOS PARA PARADOS

VELASCO CITA COMO INVESTIGADO A DANIEL MERCADO, UNO DE LOS FINANCIADORES DEL PP

PÚNICA DESTAPA EL USO DE DINERO B Y FONDOS PÚBLICOS EN TRES CAMPAÑAS ELECTORALES DEL PP

EL PP FINANCIÓ CON DINERO DE PÚNICA LA CAMPAÑA ELECTORAL DE RAJOY EN 2008

GRANADOS PIDE SALIR DE PRISIÓN PARA CUIDAR A SUS HIJAS "EN SU MODESTA CASA HIPOTECADA"

VELASCO PREGUNTA A ANTICORRUPCIÓN SI CIERRA LA INSTRUCCIÓN DE PÚNICA TRAS LEVANTAR EL SECRETO DE LA CAJA B

VELASCO LEVANTA EL SECRETO DE SUMARIO EN PÚNICA SOBRE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID

EL HOMBRE FUERTE DE AGUIRRE METIÓ EN EL “CÁNTARO” 600.000 EUROS

LOS SMS EN CLAVE DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP: “¿TIENE AGUA EL CÁNTARO?" "YA SE ESCUCHA EL RUMOR DEL AGUA”

EL PP DE MADRID USÓ EN LA CAMPAÑA DE 2011 EMPRESAS PANTALLA QUE YA FIGURAN EN LOS PAPELES DE 2007 INCAUTADOS A SU EXGERENTE

EL JUEZ DE PÚNICA REVISA FACTURAS QUE SUMAN 16 MILLONES POR LA CAJA B DEL PP

LOS ÚLTIMOS INFORMES DEL ‘CASO PÚNICA’ AMENAZAN A SEIS CARGOS PÚBLICOS DEL PP

LA AGENDA DE GRANADOS PRUEBA QUE EN 2010 HIZO SEGUIMIENTO DIRECTO DE UN CONTRATO AMAÑADO PARA UNA EMPRESA DONANTE DEL PP

LA AUDIENCIA NACIONAL ENVÍA A MURCIA 41 INDICIOS DE DELITO CONTRA EL PRESIDENTE AUTONÓMICO

CUATRO FACTURAS FALSAS ACORRALAN A UNA SENADORA DEL PP EN EL ‘CASO PÚNICA’

DOCUMENTOS MANUSCRITOS DEL GERENTE DE AGUIRRE CONTIENEN APUNTES DE LA PRESUNTA CAJA B DE LA CAMPAÑA DE 2007

ALEJANDRO DE PEDRO: EL LAZARILLO 2.0 QUE CAUTIVÓ AL PP, EL REAL MADRID Y GRANDES FIRMAS DEL IBEX

LAS ESTRECHAS RELACIONES DEL CONSEGUIDOR DE LA TRAMA PÚNICA CON LOS DIRIGENTES DEL PP VALENCIANO DE AYER Y DE HOY

EL JUEZ ELOY VELASCO DEJARÁ LA INSTRUCCIÓN DEL 'CASO PÚNICA' EN JUNIO

LAS PRUEBAS DOCUMENTALES DEL "PLAN CRIMINAL" DE PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

LAS GRABACIONES DESCLASIFICADAS QUE IMPLICAN A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

LA GUARDIA CIVIL TIENE CERCADO EN PÚNICA AL PRESIDENTE DE MURCIA POR “DELITOS DE FRAUDE”

DOCUMENTOS MANUSCRITOS DEL GERENTE DE AGUIRRE CONTIENEN APUNTES DE LA PRESUNTA CAJA B DE LA CAMPAÑA DE 2007

NUEVE (PRESUNTAS) VÍAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PARTIDO POPULAR DE MADRID

GÉNOVA AYUDÓ A BLANQUEAR LA FINANCIACIÓN DEL PP DE MADRID

LA CAJA B DEL PP DE MADRID AFLORA EN EL PAGO EN EFECTIVO DE UN MITIN DE AGUIRRE

EL PP DE MADRID REGÓ CON DINERO PÚBLICO LAS AGENCIAS QUE HICIERON SU CAMPAÑA B DE 2007

NUEVOS PAPELES REVELAN QUE AGUIRRE FUE REELEGIDA EN 2007 CON 3 MILLONES EN NEGRO

LA PATRONAL MADRILEÑA INVESTIGA SI FINANCIÓ CAMPAÑAS DEL PP EN 2007

LOS PAPELES DEL GERENTE DE AGUIRRE INCLUYEN A UNA EMPRESA QUE LOGRÓ 1,3 MILLONES POR "EVALUAR" OFERTAS DE PUBLICIDAD OFICIAL

EL JUEZ ACUSA AL PP DE PAGAR CON BILLETES "DE PROCEDENCIA OPACA" SUS ACTOS DE CAMPAÑA

EL JUEZ ACUSA AL PP EN UN AUTO SECRETO DE PAGAR EN B LAS CAMPAÑAS DE 2007, 2008 Y 2011

TRES SUMARIOS APUNTAN A LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE CUATRO CAMPAÑAS DE AGUIRRE ENTRE 2003 Y 2011

EL 'CASO PÚNICA' DESVELA QUE EL EXDUEÑO DE ELOSÚA FUE SORPRENDIDO CON 200.000 EUROS EN EFECTIVO EN LA FRONTERA FRANCO-SUIZA

LOS AUDIOS DE LA ‘PÚNICA’ QUE SALPICAN A COSPEDAL Y SU ENTORNO

EL CONSEGUIDOR DE LA PÚNICA MONTÓ UN FALSO DIARIO DIGITAL AL SERVICIO DE FLORENTINO PÉREZ Y EL REAL MADRID

EL JUEZ VELASCO INVESTIGARÁ A LAS EMPRESAS SEÑALADAS POR GRANADOS

EL JUEZ DE PÚNICA RECHAZA INTERROGAR COMO TESTIGO A ESPERANZA AGUIRRE POR "INNECESARIO"

LOS 72 INDICIOS QUE ACORRALAN AL PRESIDENTE DE MURCIA EN LA ‘PÚNICA’

LA CAJA B DEL PP DE MADRID, LA HIDRA DE SEIS CABEZAS

EL EXGERENTE DEL PP MADRILEÑO NIEGA LA FINANCIACIÓN ILEGAL ANTE EL JUEZ

EL FINANCIADOR DEL PP DE MADRID RECIBIÓ 18 MILLONES EN CONTRATOS

CINCO AYUNTAMIENTOS DEL PP CONTRATARON A LAS EMPRESAS INVESTIGADAS EN 'PÚNICA' QUE HICIERON LA CAMPAÑA A SUS ALCALDES

EMPRESAS INVESTIGADAS EN 'PÚNICA' HICIERON LA CAMPAÑA DEL PP DE MADRID EN 2007 PERO LA FACTURA OFICIAL AL PARTIDO FUE INSIGNIFICANTE

LA EMPRESA INVESTIGADA EN 'PÚNICA' POR LA FINANCIACIÓN DEL PP ADMITIÓ QUE LE HACÍA ACTOS GRATIS AL PARTIDO

GRANADOS PIDE AL JUEZ QUE LLAME A DECLARAR A ESPERANZA AGUIRRE Y AL HOMBRE FUERTE DE CIFUENTES

CARTA DESDE LA PRISIÓN DE ESTREMERA. GRANADOS A ESPERANZA: “TÚ MANDABAS EN TODO, NO ENTIENDO QUE NO DESMIENTAS LA CAJA B”

GRANADOS DA AL JUEZ UN LISTADO DE EMPRESAS PARA QUE LAS INVESTIGUE

VALDEMORO. LOS SEIS PASOS PARA AMAÑAR UNA ADJUDICACIÓN DE 61 MILLONES

VELASCO HA RECHAZADO EL PUESTO EN LA UE PORQUE LE PROHIBÍAN SEGUIR COBRANDO 50.000€ POR DAR CHARLAS

EL JUEZ HALLA PAPELES SECRETOS CON TODA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID

EL JUEZ REACTIVA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAJA B DEL PP DE AGUIRRE A TRAVÉS DE FUNDESCAM

EL JUEZ DE 'PÚNICA' PREGUNTA POR CIFUENTES A UN EMPRESARIO QUE HIZO DONACIONES A UNA FUNDACIÓN DEL PP

LA UCO INVESTIGA EL PLAN DE HOSPITALES DE ESPERANZA AGUIRRE EN EL ‘CASO PÚNICA’

LA UCO ACUDIÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LLEVARSE LOS EXPEDIENTES DEL PROYECTO ESTRELLA DE IGNACIO GONZÁLEZ POR SU VINCULACIÓN CON LA CAJA B DEL PP

LOS 12 MARIACHIS DE LA CAMPAÑA DE RAJOY QUE SE PAGARON CON DINERO PÚBLICO

CIFUENTES PRESIDIÓ LA MESA QUE ADJUDICÓ EL CONTRATO DE LA ASAMBLEA CON ARTURO EN 2011

UN CABECILLA DE PÚNICA PIDE EL MISMO TRATO JUDICIAL QUE EL EXONERADO PRESIDENTE DE MURCIA

LA ACUSACIÓN POPULAR DE PÚNICA DA UNA LECCIÓN DE DERECHO A LA FISCALÍA

EL JUEZ DE PÚNICA USA SENTENCIAS DEL FISCAL GENERAL CONTRA EL PRESIDENTE DE MURCIA

PS TALAMINO. GRANADOS QUIERE QUE EDUARDO INDA TESTIFIQUE EN SU FAVOR

EL JUEZ DE LA PÚNICA PIDE A LA UCO INVESTIGAR VÍNCULOS DE MADRI+D CON LA TRAMA

EL JUEZ VELASCO ESTRECHA EL CERCO EN TORNO AL PRESIDENTE DE MURCIA EN 'PÚNICA' PESE A LAS TRABAS DE LA FISCALÍA

CATALÁ ADMITE QUE EL PRESIDENTE DE MURCIA ACCEDIÓ A INFORMACIÓN RESERVADA DE LA FISCALÍA GENERAL EN EL CASO PÚNICA

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO: «NO HE RECIBIDO PRESIONES PARA NO ACUSAR A SÁNCHEZ»

ANTICORRUPCIÓN ENVÍA DOS INFORMES OPUESTOS SOBRE 'PÚNICA': EL DE LA JEFA EXIME AL PRESIDENTE DE MURCIA Y EL DE LAS FISCALES DEL CASO LO INCRIMINA

EL PRESIDENTE DE MURCIA SUPO ANTES QUE LAS FISCALES DE 'PÚNICA' QUE LA CADENA DE MANDO DEL TS SE OPONÍA EN BLOQUE A INVESTIGARLE

LA FISCALÍA GENERAL IMPUSO NO ACUSAR AL PRESIDENTE DE MURCIA

EL JUEZ QUIERE INVESTIGAR A SÁNCHEZ POR COHECHO, FRAUDE Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN EN 'PÚNICA'

PS1 TALAMINO. ANTICORRUPCIÓN PIDE TRES AÑOS DE CÁRCEL PARA GRANADOS POR EL CHIVATAZO DE LA PÚNICA

VELASCO DEJA EN PRISIÓN A GRANADOS ALEGANDO QUE SUS SUPUESTOS TESTAFERROS ESCONDEN MILLONES DE EUROS

EL 'FALCON CREST' DE GRANADOS EN ÁVILA: 84 HECTÁREAS, 24 CABALLOS Y SEIS 'QUADS'

LA PREVISIBLE IMPUTACIÓN DEL ALCALDE DE BRUNETE QUE HACE TEMBLAR A LA FISCALÍA

LA PÚNICA DESVIÓ DINERO PÚBLICO A MÍTINES DEL PP CON FACTURAS FALSAS DE 'WC PORTÁTILES'

EL GOBIERNO TIENDE UN PUENTE DE PLATA PARA SACAR DE LA AUDIENCIA AL JUEZ DE PÚNICA

LOS 9 MÍTINES Y 194.467 EUROS QUE ACORRALAN A GÉNOVA 13 EN EL 'CASO PÚNICA'

LA PÚNICA AGASAJÓ A GRANADOS CON CUATRO FIESTAS 'GRATIS TOTAL' VALORADAS EN 37.234 EUROS

LA UCO ACUSA DE FRAUDE Y COHECHO AL 'SHERIFF DE BRUNETE', OTRO ALCALDE DEL PP EN PÚNICA

EL JUEZ VELASCO PIDE SER TRASLADADO Y DEJAR YA LA INSTRUCCIÓN DE LA 'PÚNICA'

EL PP PAGÓ CON DINERO PÚBLICO A LA PÚNICA MÍTINES DE LAS CAMPAÑAS DE AGUIRRE Y RAJOY

GRANADOS DICE QUE MARHUENDA LE PIDIÓ AYUDA PARA ENCONTRAR “UN CHOLLO” EN VALDEMORO Y EL PERIODISTA LO NIEGA

LA ACUSACIÓN POPULAR PIDE 6 AÑOS DE CÁRCEL PARA GRANADOS POR EL 'CHIVATAZO' DE LA PÚNICA

LAS 'PERLAS' DE GRANADOS ANTE EL JUEZ: "ME HE PORTADO FRANCAMENTE BIEN CON MI PUEBLO"

EL PP DE AGUIRRE INTENTA 'COLARSE' EN EL SUMARIO DE PÚNICA PARA ACCEDER "A TODO LO ACTUADO"

NOTAS INÉDITAS DESTAPAN NUEVOS VÍNCULOS DE PÚNICA CON RITA BARBERÁ Y CASTELLÓN

LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA OTRA CAJA B DEL PP DE MADRID QUE FUNCIONÓ ENTRE 2010 Y 2014

LA JUSTICIA ALARGA, UNA VEZ MÁS, EL SECRETO SOBRE LA SUPUESTA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP DE MADRID

LA UCO DESCUBRE UNA TRAMA DE DOBLE FACTURACIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS DE PÚNICA

EL REGATEO DE UN DIPUTADO DEL PP CON PÚNICA: "SOY DE LETRAS PERO ME DEFIENDO CON LOS NÚMEROS"

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LA UCO DESCUBRE UNA TRAMA DE DOBLE FACTURACIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS DE PÚNICA

EL REGATEO DE UN DIPUTADO DEL PP CON PÚNICA: "SOY DE LETRAS PERO ME DEFIENDO CON LOS NÚMEROS"

LA MUJER DE IGNACIO GONZÁLEZ FACTURA 11.296€ A LA JUSTICIA POR SUBASTAR 75 JOYAS DE PÚNICA

EL CGPJ QUITA EL REFUERZO AL JUEZ ELOY VELASCO, QUE INVESTIGA LA TRAMA PÚNICA

PÚNICA COMIENZA A HACER SOMBRA A GÜRTEL: 150 IMPUTADOS, 390 TESTIGOS, 200 TOMOS...

EL CNI PAGÓ A UN IMPUTADO DE LA PÚNICA PARA QUE SE INFILTRARA EN FOROS INDEPENDENTISTAS

UN ACUSADO EN PÚNICA REVELA 12 LLAMADAS CON EL CNI PARA TRABAJOS CONTRA LA INDEPENDENCIA

"POR QUÉ DECIDÍ COLABORAR CON LA JUSTICIA": MARJALIZA EXPLICA SU ARREPENTIMIENTO


‘CASO PÚNICA’: EL SUMARIO QUE AMARGARÁ EL OTOÑO AL PP

Anticorrupción pedirá tras el verano la imputación de varios cargos públicos del partido en el ‘caso Púnica’

Pasado el mal trago de la declaración de Mariano Rajoy como testigo en el caso Gürtel, el PP se enfrentará después de verano a un nuevo chaparrón judicial por culpa de la corrupción. En esta ocasión será el caso Púnica, en el que se investiga la trama presuntamente encabezada por el ex secretario general del partido en Madrid, Francisco Granados, el que convertirá los últimos meses de 2017 en un nuevo vía crucis judicial para los populares. De las 16 piezas en la que está dividido el sumario, el juicio de la primera tiene ya fecha: noviembre. Entonces se sentarán en el banquillo el propio Granados y dos guardias civiles, acusados de dar al político el chivatazo que puso en peligro la investigación y que obligó a finales de octubre de 2014 a precipitar las primeras detenciones.

Desde sus inicios, el sumario ha provocado un goteo constante de imputaciones de cargos públicos, en su inmensa mayoría del PP. Varios ven ya el banquillo como un horizonte cercano. En concreto, los presuntamente implicados en las actividades de la trama en la Diputación de León y en el Gobierno de Murcia, las otras dos piezas separadas del sumario cuya investigación ya ha finalizado y cuyos juicios deben ser fijados en breve. En la primera están encausados Marcos Martínez Barazón, alcalde de Cuadros (León) y sustituto de la asesinada Isabel Carrasco al frente de la diputación provincial, y el regidor de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez. La pieza de Murcia ha supuesto la imputación del exconsejero Juan Carlos Ruiz y del ex presidente regional, Pedro Antonio Sánchez. La senadora Pilar Barreiro será investigada por el Tribunal Supremo por los mismos hechos.

Sus nombres llevan casi desde el principio presentes en el sumario junto a los de otros cargos públicos del PP, como los antiguos aforados Salvador Vitoria y Lucía Figar, exconsejeros de la Comunidad de Madrid; los exmiembros del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid Mario Utrilla, José Miguel Moreno Torres y Daniel Ortiz; y alcaldes de varios partidos como el que fuera regidor socialista de Parla, José María Fraile; el de Valdemoro, el 'popular' José Carlos Boza Lechuga; el de Collado Villalba, Agustín Juárez López de Coca, también del PP; el de Serranillos del Valle, el independiente Antonio Sánchez Hernández; los de Casarrubuelos y Torrejón de Velasco, David Rodríguez Sanz y Gonzalo Cubas Navarro; y el de Moraleja de Enmedio, Carlos Estada, también popular.

Los últimos escritos de la fiscalía apuntan a que la cifra de cargos públicos imputados aumentará en los próximos meses. El pasado mayo, el ministerio público pidió que se interrogara a 35 personas dentro de la pieza separada del sumario en el que se investigan las supuestas adjudicaciones irregulares de millonarios contratos municipales de eficiencia energética a la empresa Cofely. Entre los citados aparecen dos alcaldes —los de las localidades madrileñas de Brunete y Torrejón de Velasco, Borja Gutiérrez y Esteban Bravo—, cuatro concejales y un ex alto cargo de la Comunidad. En esta pieza también aparece salpicado un nuevo aforado: el diputado de la Asamblea de Madrid Bartolomé González, exalcalde de Alcalá de Henares.

Además, en las últimas semanas se ha incorporado a la causa un informe de la Guardia Civil sobre la adjudicación frustrada de uno de estos contratos en el ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz). Por estos hechos ya ha declarado como “investigado no detenido” ante los agentes el regidor popular, José García Lobato, y al menos otro miembro de su equipo de Gobierno. Está a punto de llegar a la Audiencia Nacional otro documento policial sobre el consistorio de Villalba (Madrid), también gobernado por el PP.

La pieza de Waiter Music

También se convertirá en un quebradero de cabeza para Génova la pieza del sumario referida a la supuesta contratación irregular de la empresa especializada en la organización de festejos Waiter Music S. L. por parte de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. En esta parte de la investigación, la Guardia Civil ya entregó un informe referido al consistorio de Valdemoro, epicentro de la trama, en el que además de los cargos locales implicados que ya estaban imputados, se recogían indicios de la supuesta financiación irregular de actos del partido. Las pesquisas señalaban entre ellos mítines de las campañas autonómicas y municipales, pero también de las generales en las que Rajoy fue cabeza de lista.

Anticorrupción quiere extender estas pesquisas a otros 47 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que también adjudicaron contratos a Waiter Music entre los años 2004 y 2014 por un importe total superior a los 28 millones de euros. En esta pieza también se investiga a siete constructoras y una UTE por contratar a esta misma empresa para organizar actos de inauguración de obras públicas, y al propio PP de Madrid.

La décima y decimoquinta piezas separadas del sumario también salpican de lleno al PP. En ellas, el juez García-Castellón investiga los contratos de reputación online que el experto informático Alejandro de Pedro y su socio, el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, consiguieron con ayuntamientos madrileños y del litoral valenciano supuestamente para mejorar la imagen en Internet de políticos. Los trabajos eran presuntamente pagados con fondos públicos tras camuflarlos como campañas publicitarias. En esta pieza están pendientes las declaraciones de varios presuntos implicados, incluidos dos aforados. Uno es Víctor Soler, parlamentario del PP en las Corts valencianas y actual concejal en Gandía (Valencia), al que los investigadores implican en el pago de los trabajos de reputación que la trama hizo para el que fuera alcalde popular de este municipio, Arturo Torró, quien dejó su acta tras saltar el escándalo.

El segundo es Miquel Domínguez, también diputado regional valenciano y al que un reciente informe de la UCO relaciona con el supuesto pago irregular de trabajos de reputación online para la fallecida Rita Barberá. El documento policial también cita al concejal Alberto Mendoza Seguí, actualmente imputado en la trama de blanqueo de capitales y financiación irregular de la campaña de las municipales de 2015, el llamado caso Taula.

La caja b del PP

La decimocuarta pieza del sumario está dedicada en exclusiva a la supuesta caja b de los populares en Madrid, y en ella está ya imputado el que fuera gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez, aunque incluso han aparecido documentos relacionados con Luis Bárcenas.
En esta parte de la investigación están los dos informes de la Guardia Civil que implicaban a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la supuesta adjudicación irregular al empresario Arturo Fernández de dos contratos de la Asamblea regional. Esta línea de investigación también ha puesto el foco judicial en el papel que Fundescam, una fundación creada por Esperanza Aguirre, presuntamente jugó en la trama de financiación irregular que permitió a los populares madrileños gastar durante tres campañas una cantidad de dinero muy superior a la permitida por la ley electoral.

Finalmente, el PP también aparece acorralado en la investigación sobre la empresa pública del suelo de la Comunidad de Madrid, Arpegio, cuya sede fue registrada durante 14 horas el pasado 16 de mayo. En esta pieza están bajo sospecha tanto los dos planes Prisma de inversiones de obra pública en municipios como la gestión del suelo a través de 22 consorcios urbanísticos. Entre ambos, el Ejecutivo regional manejó en la etapa de Granados cerca de 3.000 millones de euros. Parte de los cuales supuestamente se desviaron, no sólo al PP, sino también a otros partidos. Escritos del primer instructor de la causa, Eloy Velasco, y de Anticorrupción hacen referencias concretas a “sospechas de corrupción” de concejales de PSOE e IU que aún no identifica.

Por esta trama de Arpegio ya tuvo que dimitir un viceconsejero del Ejecutivo regional, Miguel Ángel Ruiz. Además, parte de las pesquisas se dirigen hacia un aforado, el número tres del Gobierno de Cifuentes, Jaime González Taboada. En las declaraciones que ya han prestado varios de los imputados en la Audiencia Nacional —el resto lo harán después de verano— Anticorrupción planteó numerosas preguntas sobre el papel jugado por González Taboada en las millonarias contrataciones.

https://politica.elpais.com/politica/2017/08/04/actualidad/1501860237_303529.html

LA FISCALÍA DEL SUPREMO PIDE INVESTIGAR A LA SENADORA DEL PP PILAR BARREIRO POR LA PÚNICA

El ministerio público hace responsable a la exalcaldesa de Cartagena de un desvío de fondos públicos para mejorar su imagen

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la Sala que nombre un magistrado instructor para que investigue a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada en el marco de la trama Púnica.

El Ministerio Público emitió el pasado 5 de julio un escrito de dos folios solicitando como primera diligencia la comparecencia voluntaria de Barreiro "a fin de que declare sobre los hechos imputados objeto de las presentes actuaciones y cuantas otras sean necesarias para la aclaración de los mismos", según ha informado la Fiscalía en un comunicado.

Según establece el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que señala que los aforados tienen derecho a prestar declaración como investigado antes de que se pida el suplicatorio y se le impute formalmente.

El ex juez de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ha estado investigando el 'caso Púnica' hasta que fue ascendido el pasado mes de junio a la nueva Sala de Apelaciones de este órgano judicial, elevó antes de dejar la instrucción de la causa la exposición razonada al Tribunal Supremo debido a la condición de aforada de Barreiro.

Velasco cree que la que fuera alcaldesa de Cartagena incurrió en cinco delitos por concertar con empresas de Alejandro De Pedro -considerado el conseguidor de la Púnica- para amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación de Murcia.

También subrayó que presuntamente sufragó con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital en esa ciudad que emitiera informaciones favorables, así como los honorarios de un periodista.

Noticias favorables

Asimismo, el anterior titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional cree que la senadora del PP "sentía una honda preocupación reputacional" por habérsela vinculado a una serie de proyectos urbanísticos en esta localidad sobre los que existían denuncias por trato de favor en el llamado caso Novo Cartago, por lo que ideó la creación de un diario digital con el propósito de difundir noticias que le fueran favorables.

Así, entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como "campaña de publicidad Turismo Cartagena" por 4.840 euros --que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención-- y posteriormente De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia procesó al expresidente de la región unas horas después de tomarle declaración por esta causa por los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada, que le atribuyó el entonces juez de instrucción Eloy Velasco.

El magistrado de la Audiencia Nacional remitió su exposición razonada al tribunal autonómico, después de que Sánchez para que se le investigase pedir servicios a De Pedro para "limpiar" con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la presidencia de la región en 2015.

https://politica.elpais.com/politica/2017/07/20/actualidad/1500548720_406172.html

EL PP DE MADRID PAGÓ LA CAMPAÑA DE 2011 CON FALSOS INFORMES SOBRE LA CRISIS Y EL PARO

La Guardia Civil ha descubierto que el PP empleó facturas falsas para gastarse las subvenciones públicas concedidas a Fundescam en sondeos de intención de voto de municipios estratégicos

El Partido Popular de Madrid desplegó un arsenal de engaños para inyectar fondos en sus campañas electorales sorteando los controles de los organismos de fiscalización. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que la formación recurrió a una entidad satélite, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, más conocida por su acrónimo Fundescam, para contratar supuestos informes sobre los efectos de la crisis económica en el mercado de trabajo que, en realidad, eran sondeos de intención de voto en municipios de máximo interés para Génova.

El presunto fraude se habría producido en los meses previos a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011, en las que Esperanza Aguirre volvió a imponerse con mayoría absoluta y arrasó al PSOE en las principales ciudades de la región. Las pesquisas del caso Púnica han permitido comprobar ahora que el PP acudió a esos comicios y también a las municipales de 2007 y a las generales de 2008 con donaciones ilegales, desvíos de subvenciones públicas y, en conjunto, una superación sistemática del gasto permitido en las campañas. En el caso de 2011, el exceso presupuestario rondó los 1.546.000 euros, según la investigación.

Las facturas y las encuestas que probarían la trampa de los falsos estudios de desempleo fueron localizadas por agentes del Instituto Armado el pasado marzo en la agencia de investigación de mercados Demométrica, una de las mercantiles que están acusadas de haber colaborado con los populares en la ocultación de su caja B. Según consta en el sumario, la clave radica en cuatro facturas de esta firma que suman 39.156 euros IVA incluido y fueron abonadas por Fundescam.

La primera de ellas tiene fecha del 31 de enero de 2011 y asciende a 11.835 euros. Supuestamente, se corresponde con trabajos de “evaluación, seguimiento y asesoramiento sobre la repercusión de la crisis económica en el empleo en los municipios del 'Cinturón Industrial Sur'”. La UCO no encontró ningún documento relacionado con el concepto de la factura, pero sí localizó encuestas de intención de voto en Parla y San Martín de la Vega, dos municipios del llamado Cinturón Industrial Sur en los que los populares aspiraban a desbancar al PSOE. A juicio de los investigadores, la factura sólo tenía como objetivo esconder la utilización de fondos de Fundescam para abonar servicios que tenían como único beneficiario al PP.

En la propia carátula de los informes encontrados por la Guardia Civil e incluidos en el sumario se anuncia que se trata de estudios sobre el “estado de opinión de la población sobre su ciudad y su alcalde”. En concreto, analizan la “intención de voto”, la “fortaleza de los partidos”, la “notoriedad y valoración de líderes”, “los segmentos de afinidad e imagen del alcalde/sa” y la “valoración situación y calidad de vida en el municipio”. Sólo en este último capítulo, de apenas tres páginas, aparece alguna mención al problema del desempleo, pero siempre vinculado a la gestión del partido de turno que gobernaba la ciudad correspondiente en aquel momento.

La segunda factura abonada por Fundescam reproduce el mismo esquema. Lleva fecha del 15 de febrero de 2011 y ascendió a 19.841 euros. Según el concepto, se trataría de otro encargo para la “evaluación, seguimiento y asesoramiento sobre la repercusión de la crisis económica en el empleo en los municipios del “Corredor del Henares” y “Zona Norte” de la Comunidad de Madrid”. Pero esos trabajos tampoco han aparecido. La factura se corresponde, nuevamente, con otras encuestas de intención de voto de Alcalá de Henares, Coslada y San Sebastián de los Reyes, ubicadas en las mismas zonas que refleja el concepto de ese segundo documento de pago.

Finalmente, el sistema se habría repetido en otras dos facturas, del 17 y 28 de febrero de 2011 e importes de 2.618 y 4.862 euros, respectivamente. Mencionan evaluaciones sobre los efectos de la crisis en la “Zona Oeste” de la Comunidad que tampoco se efectuaron nunca. En esta ocasión, habrían servido para que Fundescam abonara encuestas electorales en los municipios de Boadilla del Monte y Guadarrama.

El propietario y presidente de Demométrica, Alfonso del Corral, admitió en marzo a la Guardia Civil que realizó esos sondeos a petición del Partido Popular de Madrid. El encargado de darle las instrucciones era el gerente de la formación hasta octubre de 2014, Beltrán Gutiérrez, otro de los imputados en Púnica por la presunta financiación ilegal de Génova. Según Del Corral, Gutiérrez le ordenó que unas encuestas fueras cargadas al PP y otras a Fundescam. También le indicó qué conceptos debía poner en las facturas.

El método era sencillo pero permitió presuntamente al PP financiarse de forma ilegal durante tres procesos electorales consecutivos. Por un lado, con la facturación a través de Fundescam, podía gastar en la campaña más dinero del permitido. Los fondos ni siquiera tenían que pasar por la cuenta que la formación debía tener reservada por ley a los gastos electorales. El Tribunal de Cuentas nunca encontró nada extraño. Por otro lado, a través de esa fundación satélite, Génova accedía a recursos extraordinarios. En 2010 y 2011, Fundescam se nutrió esencialmente de ayudas públicas concedidas por el propio Gobierno de Aguirre para ejecutar supuestos proyectos sociales y formativos. Pero la UCO ha constatado a lo largo de la instrucción de Púnica que esos proyectos nunca existieron. Mediante facturas falsas como las de Demométrica, el dinero público que recibió esa organización acabó engrosando la contabilidad opaca del PP.

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-08-02/pp-madrid-pago-campana-2011-falsos-informes-sobre-crisis-paro_1424032/

LA GUARDIA CIVIL ABRE UNA NUEVA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAJA B DEL PP DE MADRID

Nuevos documentos intervenidos a uno de los empresarios imputados en la trama pone bajo sospechas a siete nuevas empresas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó el pasado julio una posible nueva vía de financiación irregular del PP de Madrid dentro del caso Púnica de corrupción y propuso al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón diferentes actuaciones para investigarla. Los agentes han hallado dos archivos Excel en los que se refleja una supuesta facturación cruzada entre 2010 y 2012 entre empresas sospechosas de camuflar los gastos de las campañas electorales de Esperanza Aguirre supuestamente cargados a la caja b.

Los dos hojas de cálculo fueron halladas por los agentes en el registro del domicilio del empresario Óscar Sánchez Moyano, imputado en Púnica por supuesta falsificación de facturas para financiar ilegalmente al PP madrileño y salpicado también por el caso Lezo. Ambos cuadros de contabilidad, según los investigadores, permiten dar sentido a una de las anotaciones de la agenda de Francisco Granados, ex secretario general del PP madrileño, excarcelado el pasado junio tras dos años y medio en prisión.

En la página 3 del famoso cuaderno moleskine que le fue intervenido en su domicilio en octubre de 2014, Granados realizó dos anotaciones de su puño y letra. Una es el nombre completo de un empresario del sector del marketing cuyas iniciales son P. R. N. La segunda anotación es el nombre de una de sus sociedades, Storm, que hasta ahora no había aparecido en la investigación. Las tablas Excel incautadas por orden del juez al empresario Óscar Sánchez Moyano añaden una pieza más al puzle de la presunta financiación ilegal del PP madrileño que se refleja en la agenda de Granados y que dio lugar a la apertura en mayo de 2016 de una pieza separada en el sumario de Púnica.

El documento policial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla que ambos documentos fueron encontrados en el domicilio social de la mercantil Sintra Consulting, propiedad de Sánchez Moyano. En el primero se recoge "facturación desde RNL [una de las empresas de P. N. R.] a vuestras empresas". Entre ellas figura Storm, la misma que aparecía en las anotaciones de la agenda de Granados, y otras tres de este último empresario. En total, refleja movimientos superiores a los 3,5 millones de euros. La Guardia Civil concluye que esta cifra recoge la supuesta facturación cruzada con las sociedades de Sánchez Moyano. Además, llama la atención sobre la existencia de una nota resaltada en el propio original con un recuadro en rojo con la frase “las cantidades a distribuir entre las empresas a vuestra disposición”.

Tres campañas electorales bajo sospecha

La nueva línea de investigación sobre la supuesta caja b del PP de Madrid se suma a las otras seis ya abiertas en el 'caso Púnica' y que han permitido destapar la financiación irregular de tres campañas electorales de los populares —las de las municipales y autonómicas de 2007 y 2011, y la de las generales de 2008— en las que, según los investigadores, los populares gastaron 4,9 millones de euros de dinero negro. Las pesquisas han permitido acreditar que el PP se valió presuntamente de una trama de empresas —muchas ellas de marketing— y de su fundación Fundescam para camuflar pagos con dinero en efectivo “de procedencia opaca” e, incluso, desviar subvenciones públicas.

En el segundo cuadro Excel los agentes encontraron referencias a otras tres sociedades ligadas a P. R. N., y diversos apuntes contables que suman 2,2 millones de euros. De nuevo recogen su sospecha de que son datos sobre la facturación entre las sociedades de éste y las del imputado Sánchez Moyano.

La UCO asegura haber analizado también los metadatos de ambos archivos digitales para conocer cuándo y quién los creó. El oficio recoge que fueron elaborados el 1 de julio de 2010 poco antes de las dos de la tarde en un equipo informático de una de las empresas de P. R. N, el Grupo RNL. Como autor del mismo aparece un nuevo personaje, en concreto una mujer que responde a las iniciales F. B. P., y que figura como consejera o apoderada de, al menos, cinco sociedades del empresario.

Por todo ello, los agentes piden al juez para “poder avanzar con la investigación” que solicite a la Agencia Tributaria información fiscal sobre operaciones con terceros de las siete empresas —la mayoría extinguidas hace años— que, de un modo u otros, aparecen vinculadas al empresario que apareció en la agenda de Granados. Todo ello, referido al periodo 2010-2012, en el que se incluye una de las campañas electorales bajo sospecha, las municipales y autonómicas de 2011. EL PAÍS intentó sin éxito a lo largo de todo el día de ayer entrar en contacto con el empresario y su empleada citados en el informe de la Guardia Civil para conocer su versión.

https://politica.elpais.com/politica/2017/09/05/actualidad/1504635637_700836.html

LA AGENDA DE GRANADOS Y LOS REGISTROS PONEN AL JUEZ DE PÚNICA TRAS LA PISTA DE 7 EMPRESAS MÁS POR LA FINANCIACIÓN DEL PP

El magistrado García Castellón pide a Hacienda los pagos y cobros de las nuevas firmas de publicidad detectadas.

Solo dos de ellas recibieron del ya extinguido Imade, uno de los organismos del Gobierno de Madrid bajo sospecha, tres contratos por 6,25 millones El primero, por 1,25 millones, iba en el mismo lote que el del expediente de Over Marketing cuya desaparición íntegra comunicó el Ejecutivo a la UCO hace cuatro meses

La misteriosa agenda negra que la Guardia Civil encontró en la misma casa a la que Francisco Granados regresó el 14 de junio tras salir de la cárcel bajo fianza ha proporcionado nuevos hilos sobre la presunta financiación ilegal del PP madrileño. El juez Manuel García Castellón, sucesor de Eloy Velasco al frente del caso Púnica, acaba de ordenar a Hacienda que facilite a la UCO (la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) las declaraciones anuales de pagos y cobros de siete empresas de publicidad sobre las que hasta ahora no habían puesto el foco los investigadores.

Dos de las siete mercantiles, vinculadas al mismo empresario, figuran en las anotaciones de la moleskine negra que Granados guardaba en la buhardilla de su domicilio: Ruiz Nicoli y Storm. La primera, nombre señero en el sector, encabeza en la agenda un listado bajo el epígrafe "Empresas de comunicación"; la segunda figura en la misma página bajo el título "Campaña política de Internet". El juez García Castellón considera que ambas destacan "sobre todas" las demás de la lista de firmas publicitarias.

Dos de ellas recibieron del ya extinguido Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) uno de los organismos del Gobierno de Madrid bajo sospecha, tres contratos por 6,25 millones entre 2006 y 2009. El primero de esos contratos, por 1,25 millones, se adjudicó el mismo día y en el mismo lote que el del expediente de Over Marketing cuya desaparición íntegra comunicó el Ejecutivo a la UCO hace cuatro meses. Se acerca así ya a los 30 millones de euros la suma de los contratos adjudicados por administraciones madrileñas a firmas de comunicación y publicidad investigadas en Púnica o en la Operación Lezo por la presunta financiación irregular del PP madrileño durante la etapa de Aguirre.

Este diario intentó, sin éxito, localizar el viernes por la tarde a algún portavoz corporativo de Ruiz Nicoli. De las otras cinco compañías cuyos datos reclama el juez, al menos cuatro –Nova Publicidad y Marketing SA, Sineusis, Más Madera Interactive SA y Líneas de Comunicación Integral SA– se encuentran igualmente vinculadas a ese grupo. La última de la lista es Mediaworld Sponsor y Soportes SL. Y, como mínimo, ha compartido dos directivos con las anteriores.

Aunque infoLibre tampoco ha logrado localizar a nadie de Mediaworld, documentos aportados a la UCO por un testigo que trabajaba en el Imade, organismo público de la Comunidad de Madrid que Esperanza Aguirre liquidó de un plumazo en diciembre de 2010 y cuyo elevadísimo gasto en "publicidad institucional" se investiga dentro del caso, indican la existencia de un nexo con otra mercantil conocida por los investigadores: Swat SL.

Porque esos documentos –en resumen, un esquema de trabajo utilizado por el testigo– incluyen una nota según la cual parte del equipo humano de Mediaworld procedía de Swat, cuyo propietario consta entre los investigados de la Operación Lezo. Cabeza de un holding societario de facto ya desaparecido, Over Marketing es la empresa cuyo dueño confesó en 2012 al juez José Castro que había recibido contratos amañados del PP en Baleares pero también en Madrid y otras comunidades gobernadas por ese partido. La confesión fue más allá: el empresario admitió que no siempre le cobraba al PP todo lo que en realidad costaban los trabajos que sus cuatro mercantiles desarrollaban para la formación conservadora. Y que llegó a hacerle actos gratis.

Lo que las pesquisas policiales dibujan tanto en Púnica como en lo que ya se conoce de Lezo y que afecta al mandato de Ignacio González es una línea de puntos jalonada por varios grupos de publicidad interconectados entre sí. Algunas firmas, como las define la Guardia Civil en uno de sus informes, eran solo "factureras". De hecho, las distintas declaraciones de cobros y pagos ("operaciones con terceros", en el argot tributario) revelan una constante facturación cruzada entre ellas.

Junto con la agenda de Granados, lo que afianzó la sospecha de que el círculo de compañías involucradas en la supuesta red de financiación paralela podía ser aún mayor fueron los registros a una segunda vivienda: la del publicista Óscar Sánchez, el que en noviembre de 2010 le preguntó por whatsapp al entonces gerente regional del PP, Beltrán Gutiérrez, si el cántaro tenía agua; o sea, dinero. La entrada de la UCO en su domicilio y en las empresas de consultoría y publicidad bajo su control se saldaron con el hallazgo de nuevos documentos concernientes a las siete empresas que el juez suma ahora a la investigación.

Es en un auto fechado el jueves donde el juez García Castellón hace un somero relato de las razones por las que la UCO requiere las llamadas declaraciones anuales de operaciones con terceros –pagos y cobros superiores en su conjunto a 3.000 euros anuales y con origen o destino en el mismo contribuyente–, especifica que la diligencia se inscribe en la investigación sobre las cuentas del PP madrileño y detalla la citada lista de empresas.

Un contrato para decir a quién había que contratar

La relación comercial de las empresas ahora investigadas con el Imade se entrelaza con la de Over Marketing. Y comenzó así: el 11 de octubre de 2006, Over Marketing obtuvo del Imade la adjudicación de un contrato de dos millones de euros para diseñar, planificar y producir una campaña de publicidad sobre "la importancia de los autónomos": ese es, según la respuesta oficial aportada a la UCO, el expediente del que la Comunidad de Madrid "no dispone físicamente". Aquel mismo 11 de octubre de 2006, Ruiz Nicoli Líneas SA se alzó con una segunda adjudicación del Imade por 1.250.000 euros para diseñar, planificar y producir una campaña sobre "la importancia de la innovación tecnológica". Ninguno de los dos contratos preveía la inserción de anuncios en medios de comunicación, el apartado que más encarece un plan de difusión.

Dos meses antes, el 10 de agosto de 2006, Swat SL había logrado nada menos que un contrato de 1.372.668 euros cuyo objetivo consistía en asesorar al Imade sobre a qué empresas de publicidad debía contratar. La denominación oficial del expediente era esta: "Contratación de los trabajos de consultoría y asistencia para la promoción, coordinación, seguimiento y evaluación de la estrategia de comunicación institucional del Instituto Madrileño de Desarrollo".

La experiencia del contrato para asesorar sobre a quién contratar se instaló en el Gobierno madrileño. Y el 20 de abril de 2009, Mediaworld se alzó con una adjudicación de un millón de euros para hacer lo mismo que, oficialmente, había hecho antes Swat.

En 2010, una investigación periodística destapó que, en 2006, Swat había inclinado la balanza hacia el platillo de Over Marketing en cuanto a la campaña sobre "la importancia de los autónomos". Y que de esa campaña no había el menor rastro. Este diario no ha logrado localizar en la web de la Comunidad de Madrid el pliego de condiciones del contrato adjudicado a Swat. Ignora, por tanto, si su dictamen también resultó crucial para otorgar a Ruiz Nicoli la campaña sobre "la importancia de la innovación tecnológica".

Casi dos años después de aquellas adjudicaciones de octubre de 2006, Ruiz Nicoli Líneas SA consiguió un segundo contrato del Imade. Esta vez el encargo tenía por fin lanzar una campaña publicitaria sobre la "Red de Parques y Clusters de la Comunidad de Madrid". Y ahora incluía la inserción de anuncios en medios. El importe, cuatro millones para promocionar esa "Red de Parques y Clusters" de cuya paternidad se vanagloriaba entonces el Gobierno regional pero que, por razones nunca explicadas, se había constituido como una asociación privada sin obligación de presentar cuentas anuales en ningún registro. Esa red es la actual Madrid Network, gestora de un macropréstamo público de 80 millones de euros del que se han beneficiado solo los afiliados a esa asociación: entre ellos, antiguos cargos públicos. Madrid Network también acabó gestionando otros tres convenios con el Ejecutivo autonómico por 18,5 millones en total para la concesión de otras tantas líneas de ayudas directas a la innovación.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/31/la_agenda_granados_los_registros_ponen_juez_punica_tras_pista_siete_empresas_mas_por_financiacion_del_pp_68152_1012.html

UN NUEVO INFORME DE PÚNICA ATRIBUYE CUATRO DELITOS AL ALCALDE DE ALMENDRALEJO

La Guardia Civil acusa al popular García Lobato de cohecho, fraude, revelación de secretos y tráfico de influencias en el amaño frustrado de un contrato de 20 millones

La Guardia Civil ha entregado recientemente al titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García-Castellón, un informe sobre el amaño frustrado por parte de la trama Púnica de un contrato público en el Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz). El documento policial detalla la presunta participación de 11 personas en las irregularidades de una adjudicación que iba a superar los 20 millones, entre ellos el alcalde, el popular José García Lobato, al que considera responsable de cohecho, fraude, revelación de secretos y tráfico de influencias.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) recoge a lo largo de 124 folios correos electrónicos, conversaciones telefónicas y declaraciones de testigos e investigados que llevan a la Guardia Civil a concluir que cuatro directivos de Cofely SA, una de las empresas clave en la trama de corrupción, consiguieron modificar a su antojo los pliegos del concurso del municipio pacense para hacerse con la millonaria adjudicación.

El documento policial destaca que, para ello, contaron con la colaboración del alcalde del municipio y de dos de sus concejales, el teniente de alcalde y vocal de la mesa de contratación, Luis Alfonso Merino, y el concejal Carlos González Jariego —a cada uno de los cuales los agentes atribuyen sendos delitos de fraude y revelación de secreto—, además de un arquitecto municipal y tres empresarios locales.

Todo ello a cambio de una contraprestación económica que la UCO cifra en 180.000 euros que se iban a repartir supuestamente varios de los implicados, así como del patrocinio por parte de la empresa implicada de un campeonato de kárate en la localidad y la instalación de las luces navideñas. El informe añade que finalmente la adjudicación no se produjo porque el 27 de octubre de 2014, solo un mes antes de que se adoptara el acuerdo municipal, fueron detenidos varios de los participantes en el amaño. El equipo del Consistorio suspendió entonces el proceso en pleno proceso de apertura de sobres.

Según el informe policial, el principal muñidor de todo ello fue presuntamente el directivo de Cofely Pedro García, imputado en la causa por otros amaños similares en varios Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y al que ahora los agentes consideran autor de cinco delitos. El alcalde popular García Lobato mantuvo con él un intenso intercambio de correos electrónicos, conversaciones telefónicas y encuentros personales que llevan a los investigadores a calificar la relación entre ambos de “estrecha”. Entre esos mensajes, los agentes destacan varios que el regidor remitió al directivo de Cofely con documentación del concurso cuando el mismo aún no era público.

Gracias a esa relación, la Guardia Civil concluye que los pliegos que iban a regir la adjudicación fueron redactados a la medida por los empleados de Cofely, pese a ser licitadora del concurso, y solo quedó en manos de los técnicos del Consistorio “algo tan residual como rellenar algunos apartados”.

En este punto, el informe destaca que de este proceso de elaboración fueron apartados un técnico del Ayuntamiento y el concejal de alumbrado público, José Antonio Regaña, también del PP, quienes habían planteado diversas objeciones al contrato. Este último declaró a los agentes que su marginación fue una orden directa del alcalde, aunque él lo achacó entonces a que formaba parte del “anterior equipo” popular en el Consistorio y no a su oposición al proyecto.

El documento policial recoge la declaración que el alcalde de Almendralejo prestó como “investigado no detenido” ante los agentes de la UCO el pasado 31 de enero y en la que, pese a negar cualquier irregularidad en su actuación, reconoció haber mantenido conversaciones telefónicas, reuniones y cruce de correos electrónicos con el directivo de Cofely. García Lobato llegó a calificar de “llamada imprudente” la que realizó para pedirle a Pedro García que su empresa patrocinase una competición deportiva, aunque se excusó al considerar que ello era “una práctica habitual de alcalde buscando patrocinios y ayudas”.

Bajo sospecha desde el inicio de la investigación

Veinte llamadas. El contrato de Almendralejo está bajo sospecha desde el inicio del caso Púnica, cuando los pinchazos telefónicos revelaron los supuestos tratos de la trama con García Lobato.

Informe previo. Un informe de la UCO sobre el amaño de estos concursos previo a las primeras detenciones ya citaba al alcalde del PP.

Viaje a París. El nombre del regidor apareció posteriormente en una lista de alcaldes a los que Cofely invitó con sus parejas a París en 2014.

https://politica.elpais.com/politica/2017/09/04/actualidad/1504549109_750773.html

EL PRIMER JUICIO DE LA TRAMA 'PÚNICA', SOBRE EL CHIVATAZO A GRANADOS, ARRANCARÁ EL 14 DE NOVIEMBRE

La fiscalía pide tres años de cárcel para el exdirigente del PP y los dos guardia civiles que le dieron el soplo

Ya hay fecha para el juicio de la primera pieza del 'caso Púnica', la referente al 'chivatazo' que dos guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO) le dieron al exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados sobre que le estaban investigando. La vista oral arrancará el próximo 14 de noviembre en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Según informan fuentes jurídicas, los días 14, 15 y 16 de ese mes son los señalados para esta vista oral que sienta en el banquillo de los acusados a Granados y a los dos guardias civiles, que se enfrentan a una petición por parte de la fiscalía de tres años de cárcel por los delitos de revelación de secretos y aprovechamiento de revelación de secretos.

La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional será la encargada de juzgar esta causa que llega a juicio después de que el magistrado instructor de la misma, Eloy Velasco, finalizara en julio la primera de las 14 piezas separadas -denominada 'pieza I Talamino' por ser el apellido de uno de los guardias civiles encausados- que obran en el sumario de la trama Púnica. Además, la fecha se conoce un día después de que Velasco haya cesado como titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

Tres carros del Carrefour

Según precisó Velasco en su auto de transformación en procedimiento abreviado, el soplo que le dio Talamino al exdirigente popular a altas horas de la madrugada en las fiestas de Valdemoro de septiembre del 2014 hizo "un grave daño" a las acciones realizadas por la UCO sobre esta operación.

David Marjaliza, presunto cerebro de la trama, quedó fuera de la instrucción de esta pieza a pesar de haber confesado que había "quemado" todos los documentos que le incriminaban después de que Granados le advirtiera de que estaba siendo investigado. "Sacamos tres carros del Carrefour y los llevamos a quemar", reveló ante el juez.

http://www.elperiodico.com/es/politica/20170526/juicio-chivatazo-granados-arrancara-14-noviembre-trama-punica-6063778

SUIZA SE RESISTE A ENTREGAR A ESPAÑA 27 OBRAS DE ARTE DE LA TRAMA PÚNICA

Exige la autorización del testaferro de Singapur a cuyo nombre el constructor David Marjaliza puso cuadros, esculturas y estilográficas valorados en 15,6 millones

Las autoridades de Berna alegan que los 18 cuadros, cinco fotografías y cuatro esculturas, además de 185 plumas estilográficas de colección, intervenidas a David Marjaliza en un almacén de Ginebra y que la Audiencia Nacional reclama desde febrero de 2016 no están a nombre del constructor. Todas ellas figuran como propiedad de una empresa de Singapur cuyo administrador único es un ciudadano llamado Tan Hian Yew George, testaferro del empresario.

El Ministerio de Justicia, a través de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, tiene listo desde hace meses el dispositivo para traerlas a España. Y el Museo Nacional Reina Sofía, para acogerlas y custodiarlas. Sin embargo, ambos tendrán que esperar. Las autoridades suizas tienen bloqueado desde hace más de un año el envío a España de las obras de arte que Marjaliza, ocultaba en un almacén de la ciudad de Ginebra. En febrero de 2016, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Eloy Velasco, inició los trámites para que esas 27 obras de arte y las cerca de doscientas estilográficas, valorados en 15,6 millones de euros, regresaran a España para que parte de ellos pasaran a formar parte de los fondos del museo madrileño.

Entonces, el magistrado contaba con el consentimiento del propio Marjaliza, que en junio del año anterior había comenzado a colaborar con la justicia y que había autorizado expresamente el traslado de las obras sin necesidad de esperar a que hubiera sentencia. Sin embargo, la respuesta hasta ahora de la justicia helvética ha sido negativa. Según las fuentes consultadas, Berna alega que los cuadros no figuran oficialmente como propiedad del constructor, sino de una empresa de Singapur, Millenia Trading Pte Ltd, cuyo administrador único es Tan Hian Yew George. Sin su visto bueno, Berna ya ha comunicado a Madrid que los cuadros no saldrán de los almacenes ginebrinos donde fueron ocultados en 2013.

En realidad, Millenia Trading Pt Ltd es propiedad del propio Marjaliza. Una empresa fantasma que ordenó crear para realizar, precisamente, una falsa operación de compraventa de arte con la que blanquear 4,2 millones de euros que tenía ocultos en Suiza y, así, poder repatriarlos a España. Tan Hian Yew George es un empleado de la multinacional asiática Tricor que se encargó de crear dicha sociedad y al que ésta colocó como fiduciario y administrador de la misma, así como titular de la cuenta abierta en un banco local, el Standard Chartered Bank, por la que pasaron los millones de euros blanqueados.

Un pequeño tesoro en el trastero de casa

Marjaliza no sólo atesoraba arte y objetos de valor en Suiza. Durante el registro de las oficinas que tenía en Pinto (Madrid) y de un trastero en Valdemoro, la Guardia Civil localizó más plumas, joyas, relojes de lujo —parte de los cuales ya han sido subastados por orden judicial— y otras obras de arte. Para los cuadros y esculturas, la Audiencia Nacional encargó un peritaje sobre su autenticidad y valor de mercado al Museo Reina Sofía. El dictamen valoró sendas esculturas de Nathan Carter, Tony Cragg, Xavier Mascaró, Martín Chirino y Javier Velasco en 555.500 euros. Todas ellas quedaron en manos del propio Marjaliza en depósito ante la ausencia de un lugar adecuado en el juzgado donde custodiarlas.

Sobre el papel, Millenia adquirió las obras a tres sociedades españolas de Marjaliza (Anaid Gestión S. L., Inversiones y Estudios Urbanos S. L. y Aruba Arte y Gestión S. L.) y alquiló dos depósitos en los almacenes que tiene en Ginebra la empresa Fine Art Transports Nature Le Coultre SA, propiedad de Yves Bouvier, uno de los marchantes más importantes del mundo. Por tanto, para las autoridades suizas esta empresa de Singapur es la propietaria formal y su administrador, el único que puede autorizar el envío de cuadros, esculturas y estilográficas a España. Según las fuentes consultadas, la Fiscalía Anticorrupción baraja que sea el propio Marjaliza el que, con autorización judicial, solicite a Tan Hien Yew George que dé los permisos pertinentes que terminen de vencer las últimas reticencias suizas.

El esfuerzo de la justicia española tiene su razón de ser. Más allá de la valoración en 15,6 millones de las obras, la lista de sus autores es de primer nivel. Hay cuadros y esculturas de Eduardo Chillida, Miquel Barceló, Antoni Tàpies, Manolo Valdés, Equipo Crónica, Juan Uslé, Torres García y un largo etcétera. Los investigadores recogen en sus informes su convencimiento en que buena parte de estas obras de arte “fueron adquiridas por David Marjaliza y sus sociedades para invertir y ocultar parte de las ganancias ilícitas procedentes de los delitos de corrupción”. De hecho, algunas de las facturas de adquisición de dichos objetos artísticos fueron encontradas bajo el colchón del dormitorio de la secretaria de Marjaliza, Ana Ramírez. Allí, por ejemplo, se halló el cargo por la compra de un cuadro de Antoni Tàpies por 941.000 euros.

Las facturas también han permitido conocer el periplo que el constructor siguió entre 2008 y 2012 para adquirir algunas de estas obras. Así, figura que compró en la célebre casa de subastas Christie's de Madrid en octubre de 2007 la obra 'Furor Penellis' de Barceló por 663.970 euros. Ese mismo día adquirió también 'Cabeza de Mujer' de Manolo Valdés por 172.770 euros, y 'The Astronaut', del Equipo Crónica, por 92.690 euros. En la capital también figuran obras adquiridas en las galerías Antonio Machón y Leandro Navarro. En Barcelona, las compras las hacía habitualmente en la Galería Carles Tache y en Arte Oriol. En esta última, por ejemplo, adquirió el 27 de diciembre de 2006 una terracota de Eduardo Chillida por 220.000 euros y una obra de Manolo Millares por 300.000 euros.

Otra parte de las adquisiciones las hizo en el extranjero. Desde Toronto a París, pasando por Munich, Lisboa, Nueva York, Zurich y Singapur. Así, en este último país adquirió en julio de 2006 un Tàpies por 250.000 euros a la empresa Marathon Spirit Global Limited. En la ciudad canadiense adquirió una fotografía de José Manuel Ballester por 30.000 euros, mientras que en la localidad suiza desembolsó 9.500 euros por un collage de Douglas Kolk. En la Galería Filomena Soares, de la capital portuguesa, compró obras de Peter Zimmerman y Günter Fog por un total de 97.500 euros. En Munich adquirió una fotografía de Thomas Ruff por 12.000 euros; y en Nueva York, un José Guerrero por 66.142 euros.

Un caro almacenaje

El interés de la Audiencia Nacional por repatriar cuanto antes las obras tiene también una razón económica: la elevada factura del alquiler del almacén de Ginebra donde reposan. Cuando la empresa Millenia Trading Pt Ltd las depositó allí, abonó 127.000 euros para asegurar su custodia durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, ese plazo venció y mantenerlas allí cuesta 28.000 euros anuales. El registro que permitió su localización lo realizó la Guardia Civil el 23 de abril de 2015, pero el juez Velasco no quiso iniciar los trámites de repatriación hasta febrero del año siguiente ya que hasta entonces la comisión rogatoria que remitió a las autoridades de Berna el 4 de marzo de 2015 para solicitar aquella entrada y registro en los almacenes estaba bajo secreto y no quería que trascendieran detalles sobre la misma.

https://politica.elpais.com/politica/2017/08/05/actualidad/1501958509_417444.html

MORALEJA DENUNCIA A SU INTERVENTORA POR FALSEAR UNA FACTURA DE 35.000 EUROS

El Ayuntamiento sostiene que los servicios de informática que se pagaron no se llevaron a cabo

Moraleja de Enmedio, gobernado por el PSOE, ha denunciado a la interventora titular en el Juzgado de Instrucción de Navalcarnero y a un empresario por falsificación de documento público y privado, prevaricación y malversación de caudales públicos. El Ayuntamiento ha detectado que la funcionaria podría estar implicada en la manipulación de una factura de 35.164 euros por un trabajo de informática, que se abonó sin que se llevara a cabo. Ambos declararán en septiembre en calidad de investigados por un caso similar destapado en Serranillos del Valle.

Moraleja de Enmedio (4.984 habitantes) y Serranillos del Valle (3.990) están unidos por La Púnica, por el lastre de la deuda que han heredado de las corporaciones del PP anteriores y ahora por una denuncia contra la interventora titular, que ya no trabaja en el municipio, y un empresario. El municipio presentó el jueves pasado una querella contra la funcionaria y el antiguo proveedor de los servicios informáticos municipales, porque consideran que podrían haber incurrido en los delitos de falsedad de documento público y privado, prevaricación y malversación de fondos públicos.

Los hechos se remontan a una factura que se presentó al cobro con cargo al plan de pago a proveedores de 2012 por 35.164 euros. La había emitido un empresario autónomo por un único encargo de “mantenimiento de red interna informativa y conexión entre los edificios municipales”, que se remontaba a 7 de diciembre de 2006.

Pero el equipo de gobierno ha detectado una supuesta "manipulación del sello de registro de entrada y alteración en la letra de la persona que supuestamente lo inscribió". Salvo esa factura, no consta en el Ayuntamiento ninguna otra prueba que acredite la prestación del servicio o que ese fuera el precio establecido. La interventora habría participado supuestamente en el fraude.

El Ayuntamiento indica en un comunicado que le resulta "ciertamente sospechoso" que se encargase dicho servicio por "semejante cuantía y sin expediente alguno de contratación". Sobre todo, porque unos meses después sí se cumplimentaron los trámites necesarios para adjudicar un contrato menor para realizar un trabajo similar de mantenimiento y actualización de aplicaciones informáticas durante cuatro meses por 12.000 euros. La alcaldesa de la localidad, María del Valle Luna, anuncia que van a proceder a la fiscalización de los 23 millones de euros del pago a proveedores, porque “ya hemos detectado más facturas que podrían estar en la misma situación”.

La denuncia se ha interpuesto en el mismo juzgado que investiga hechos similares detectados por el Consistorio de Serranillos del Valle, presuntamente cometidos por las mismas personas, tanto el empresario como la funcionaria, que también prestaba allí sus servicios como interventora acumulada.

En su caso, el procedimiento ya está en marcha y el juzgado ha llamado a declarar a ambos en calidad de investigados en septiembre, informa el alcalde de la localidad, el independiente Ivan Fernández. “El empresario lo confesó todo en el Ayuntamiento después de que le pedimos la devolución del dinero y le comunicamos un embargo”, relata el regidor. En el caso de Serranillos, y siempre según la declaración que realizó el informático en el Consistorio, las facturas no existían y la funcionaria y él se habrían repartido el importe cobrado, dice Fernández.

Montaje de documentos

Junto a la denuncia anterior, el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio presentó otra también el pasado jueves contra el anterior alcalde, Carlos Estrada y dos funcionarios. Les acusa de falsificar certificados que daban fe de que el pueblo se encontraba al corriente de de sus tributos con la Tesorería General de la Seguridad Social y con Hacienda, cuando no era real. Para acceder a las subvenciones que concede la Comunidad de Madrid es requisito imprescindible estar al día en el pago de las obligaciones tributarias.

“En 2014, visto que no pudieron obtener los certificados positivos” de dichos organismos, el alcalde y los dos funcionarios, “decidieron falsificarlos y remitirlos junto con la demás documentación”, expone la denuncia. Para ello, llevaron a cabo un montaje. Usaron el documento en el que se mostraba la situación real enviado por la Seguridad Social el 4 de agosto de 2014 que cuantificaba la deuda en 3,4 millones, y otro del que no se conoce su procedencia.

Igual de falso sería otro certificado que muestra que el pueblo pagaba en fecha a la Agencia Tributaria. Este sería otra composición, según afirma un informe de Intervención de 2014. Previamente, la corporación municipal liderada por Estrada tramitó varios aplazamientos de la deuda, “sin intención de cumplir con el plan de pagos propuesto”, solo pretendían “obtener los certificados de estar al corriente del pago”, añade la denuncia.

Una deuda de 38 millones con un presupuesto de 3,6

El anterior alcalde, Carlos Estrada (PP), imputado en el caso Púnica, dejó al pequeño municipio del sur de Madrid en una situación económica de quiebra. “Nos encontramos con 38 millones de deuda y un presupuesto que no llega a los cuatro”, explica la alcaldesa María del Valle Luna (PSOE). Cada habitante toca a 7.600 euros.

El pueblo tampoco puede acceder a las subvenciones que otorga la Comunidad de Madrid, porque no está al corriente del pago con la Agencia Tributaria ni con la Seguridad Social. En total, deben seis millones. “A pesar de ello, estamos abonando los sueldos y algunas facturas a proveedores sin ayuda del Gobierno de Cifuentes, hacemos magia”, ironiza la regidora.

Ahora parece que se abre una puerta al final del túnel. El Gobierno central ha aprobado unos paquetes de medidas a los que se pueden acoger. “Nos permitirá financiar la deuda a 10 años con una carencia de tres”, explica. De esta forma, podrán optar a las ayudas que ofrece la Comunidad de Madrid. Aún así, Valle opina que el Ayuntamiento no conseguirá dejar atrás la deuda en 60 años.

https://elpais.com/ccaa/2017/07/29/madrid/1501351571_206972.html

MARJALIZA, A JUICIO POR DENUNCIAR AMAÑOS DEL 'NÚMERO TRES' DE CIFUENTES

Taboada se querelló contra el empresario por aludirle en su declaración ante la Audiencia Nacional.

El empresario David Marjaliza, uno de los principales acusados del caso Púnica, fue el primero en advertir ante la Audiencia Nacional de las supuestas prácticas corruptas del número 3 de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada. Ahora, aquellas declaraciones manifestadas en un Juzgado le han costado que otro juez le mande a juicio por un delito de calumnias tras la denuncia que presentó el propio Taboada.

El Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid dictó el pasado junio un auto de procedimiento abreviado con el que pone fin a su investigación y aboca a Marjaliza al banquillo. El empresario, que desde su arresto colabora con los investigadores del caso Púnica, implicó en julio de 2015 a Taboada en el amaño de contratos públicos financiados por la empresa pública madrileña Arpegio dentro del Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma). Cuando trascendieron estas declaraciones, el hombre de confianza de Cifuentes se querelló contra Marjaliza.

La decisión de llevar a juicio dos años después al presunto número dos del caso Púnica se produce en un momento en el que otras dos personas han refrendado también en la Audiencia Nacional las presuntas prácticas corruptas de Taboada en cuanto al amaño de contratos. Este es uno de los argumentos que ha esgrimido Marjaliza para solicitar el archivo de la causa.

"Ataque preventivo" de Taboada

Sostiene en un recurso de reforma presentado ante el Juzgado que sus palabras sirvieron para “alimentar una línea de investigación que está concluyendo de modo notorio sobre la realidad de los hechos manifestados”. “Lo que tenemos ante nosotros en este proceso es un ataque preventivo realizado por una persona (González Taboada) que se sabe investigada, a fin de sabotear dicha investigación a través de acciones penales paralelas dirigidas contra quien, actuando en interés de la Justicia, por primera vez puso en conocimiento de las autoridades el comportamiento del querellante”, añade.

Alega también Marjaliza que para que fuese realmente un delito de calumnias habría sido necesario que la imputación fuese “falsa, subjetivamente inveraz, con manifiesto desprecio de toda confrontación con la realidad”. En cualquier caso, se defiende diciendo que él lo que hizo en el Juzgado fue hablar "de oídas".

http://www.elespanol.com/espana/20170729/234976980_0.html

EL EX NÚMERO 2 DE VILLALOBOS CREÓ SU 'OFF SHORE' EN ISLAS VÍRGENES TRAS ENTRAR EN ARPEGIO

El considerado paraíso fiscal ha remitido vía Comisión Rogatoria a la Audiencia Nacional toda la documentación de la sociedad off shore que Eduardo Larraz, imputado en la pieza número 16 de la trama Púnica, abrió en 2005 en la Isla de Tórtola. El nombre de dicha sociedad ya salió a relucir en los 'Papeles de Panamá'.

El ex jefe de gabinete de la ex ministra Celia Villalobos, ex alto cargo de la Comunidad de Madrid cuando era presidenta Esperanza Aguirre y ex consejero de Arpegio, Eduardo Larraz, creó una sociedad off shore en la Isla de Tórtola (Islas Vírgenes) en mayo de 2005, meses después de entrar a formar parte de la Mesa de Contratación de la citada empresa pública madrileña. Así consta en la documentación que dicho paraíso fiscal ha remitido a la Audiencia Nacional vía Comisión Rogatoria.

El juez del caso Púnica investiga hasta doce delitos de corrupción tras el desfalco de Arpegio

En dichos documentos, a los que ha tenido acceso Vozpópuli, se certifica que Larraz registró la empresa Hialeah Limited el 16 de febrero de 2005 con un capital de 50.000 dólares. Meses antes el imputado en el caso Púnica había sido nombrado consejero de la empresa pública dedicada a gestionar el suelo madrileño Arpegio, considerada uno de los epicentros de dicha trama corrupta.

Tal y como desveló este periódico, tanto el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón como las fiscales Anticorrupción Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez sospechan que Panamá, Islas Vírgenes y Suiza pudieron ser algunos de los destinos de los "fondos malversados" a través de la entidad Arpegio (ahora denominada Nuevo Arpegio).

Un patrimonio injustificado
De ahí, que la Audiencia Nacional haya cursado sendas Comisiones Rogatorias a dichos países con el objetivo de averiguar sí allí fue a parar el denominado 'botín' de Arpegio, que habría sido repartido entre el ex consejero madrileño Francisco Granados y algunos de sus hombres de confianza.

Según consta en el registro mercantil de Islas Vírgenes, dicha sociedad off shore -cuyo nombre ya salió a relucir en los denominados 'Papeles de Panamá'- fue creada por Larraz meses después de ser nombrado consejero de Arpegio, cargo que ostentó entre los años 2004 y 2008.

Asimismo, de la investigación de la trama Pùnica se desprende que el ex jefe de gabinete de la exministra Celia Villalobos llegó a esconder 146 lingotes de oro en Suiza, valorados en casi dos millones de euros en Suiza. Además, en 2008, Larraz fue expulsado del banco suizo Societé Generale bajo sospechas de corrupción. De momento, el imputado no ha podido acreditar el origen de su ingente patrimonio, según informan fuentes del caso.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional cree que tras la gestión de Arpegio se pudieron cometer hasta doce delitos de corrupción: delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos, fraudes contra la Administración pública, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios,aprovechamiento y uso de información privilegiada, tráfico de influencias, infidelidad y violación de secretos, prevaricación, falsificación de documento privado y oficial, organización criminal, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

http://www.vozpopuli.com/espana/gabinete-Villalobos-Islas-Virgenes-dolares_0_1060395285.html

EL 'NÚMERO 3' DE CIFUENTES NO HA VISTO LOS CONTRATOS DESAPARECIDOS SOBRE PÚNICA

El consejero ha defendido que en Nuevo Arpegio están colaborando con la Justicia en "todo lo que piden" y, aunque afirma desconocer los documentos que han sido enviados para la investigación, sí sabe que han sido en total 9.300 carpetas.

El consejero madrileño de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, ha dicho este viernes que nunca ha visto los contratos requeridos en el caso Púnica, ahora desaparecidos, que fueron suscritos en 2006 entre la empresa pública Arpegio y la compañía Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanísticos S.A. (DUSA).

En su comparecencia en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, el 'número tres' de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, ha sostenido que estos documentos originales "nunca" pasaron por sus manos, ya que no era miembro de la mesa de contratación de Arpegio. "Nunca estuve en esa mesa de contratación porque no era miembro de esa mesa de contratación", ha afirmado.

La documentación sobre DUSA, solicitada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, sería clave en los presuntos amaños del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma) que se investiga como posible fuente de enriquecimiento del exconsejero madrileño Francisco Granados.

Taboada formó parte de la mesa de contratación del plan Prisma 2006-2007 por su cargo de director general de Cooperación con la Administración Local. Granados, por su parte, presidía entonces el consejo de administración de Arpegio, la empresa pública madrileña investigada dentro del caso Púnica a la que se encomendó en 2006 la gestión del plan Prisma.

Taboada: "No tengo ni idea ni de dónde están los papeles, ni de cuándo estaban, ni de si existían"

En su comparecencia, Taboada (que actualmente como consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio preside Nuevo Arpegio, la sucesora de Arpegio) ha explicado que se enteró por los medios de comunicación de la desaparición de los contratos de DUSA. "No tengo ni idea ni de dónde están los papeles, ni de cuándo estaban, ni de dónde estaban, ni si existían, si no existían (...) bajo mandato de este consejero no se ha pedido bajo ningún concepto a nadie que oculte nada", ha declarado.

El consejero ha defendido que en Nuevo Arpegio están colaborando con la Justicia en "todo lo que piden" y, aunque afirma desconocer la relación de documentos que han sido enviados para la investigación del caso Púnica, sí sabe que han sido en total 9.300 carpetas.

Además, desde que asumió hace dos años el cargo de presidente de Nuevo Arpegio ha dicho que no ha hablado con ningún trabajador, a excepción de la consejera delegada, "para que nadie pueda interpretar, ni pensar, ni decir, ni querer nada".

El portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, le ha preguntado por un documento contenido en el sumario del caso Púnica en el que un ex jefe de área de la Consejería de Medio Ambiente denuncia presiones de Taboada y de Granados para adjudicar en 2008 un concurso a una empresa del grupo ACS. "Fíjese qué presiones hubo, que diez años después de ese expediente, de repente dice que se sintió presionado", ha respondido el consejero.

Previamente, ha comparecido el secretario general de Nuevo Arpegio, Francisco Esquivias, que ha asegurado que actualmente hay 11 contratos desaparecidos, entre ellos los cinco de DUSA reclamados en el caso Púnica y dos suscritos con la empresa Over Marketing, investigada en la rama balear de la Gürtel.

El directivo no cree que alguien se haya llevado toda esta documentación "con intención de obtener un rendimiento", sino que cree que está en posesión de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que fue a registrar las oficinas de Nuevo Arpegio en mayo de este año.

La consejera delegada de Nuevo Arpegio, Susana Magro, otra de las comparecientes, ha comentado que "no sabe" qué documentación "se han llevado" los miembros de la UCO y cuál "ha desaparecido". En su caso, no ha visto los documentos originales, excepto los correspondientes a Over Marketing que localizó con la OCU.

http://m.publico.es/politica/2008779/el-numero-3-de-cifuentes-no-ha-visto-los-contratos-desaparecidos-sobre-punica

TABOADA DICE NO HABER VISTO LOS CONTRATOS DESAPARECIDOS DE LA PÚNICA

"Nunca estuve en esa mesa de contratación porque no era miembro de esa mesa de contratación"

El consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, ha dicho este viernes que nunca ha visto los contratos requeridos en el caso Púnica, ahora desaparecidos, que fueron suscritos en 2006 entre la empresa pública Arpegio y la compañía Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanísticos S.A. (DUSA).

En su comparecencia en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, Taboada ha sostenido que estos documentos originales "nunca" pasaron por sus manos, ya que no era miembro de la mesa de contratación de Arpegio. "Nunca estuve en esa mesa de contratación porque no era miembro de esa mesa de contratación", ha afirmado.

La documentación sobre DUSA, solicitada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, sería clave en los presuntos amaños del Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma) que se investiga como posible fuente de enriquecimiento del exconsejero madrileño Francisco Granados.

Taboda formó parte de la mesa de contratación del Prisma 2006-2007 por su cargo de director general de Cooperación con la Administración Local. Granados, por su parte, presidía entonces el consejo de administración de Arpegio, la empresa pública madrileña investigada dentro del caso Púnica a la que se encomendó en 2006 la gestión del Prisma.

"No tengo ni idea ni de dónde están los papeles"

En su comparecencia, Taboada (que actualmente como consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio preside Nuevo Arpegio, la sucesora de Arpegio) ha explicado que se enteró por los medios de comunicación de la desaparición de los contratos de DUSA.

"No tengo ni idea ni de dónde están los papeles, ni de cuándo estaban, ni de dónde estaban, ni si existían, si no existían (...) bajo mandato de este consejero no se ha pedido bajo ningún concepto a nadie que oculte nada", ha declarado.

El consejero ha defendido que en Nuevo Arpegio están colaborando con la Justicia en "todo lo que piden" y, aunque afirma desconocer la relación de documentos que han sido enviados para la investigación del caso Púnica, sí sabe que han sido en total 9.300 carpetas.

Además, desde que asumió hace dos años el cargo de presidente de Nuevo Arpegio ha dicho que no ha hablado con ningún trabajador, a excepción de la consejera delegada, "para que nadie pueda interpretar, ni pensar, ni decir, ni querer nada".

Taboada Vs. Marjaliza

El momento más tenso de la comparecencia se ha vivido cuando el portavoz de Podemos en la comisión, Miguel Ongil, ha señalado que los documentos "sustraídos" son contratos "muy bien elegidos" porque ha dicho que una de las empresas citadas es del supuesto cabecilla del caso Púnica David Marjaliza.

Taboada ha sacado pecho asegurando que Marjaliza no puede acusarle a él porque es el constructor el que está procesado por calumniarle. Para sentirse poderoso por este hecho, no ha dudado en hacer burlas y sacar los papeles de dicha denuncia.

Ta y como contamos en ELPLURAL.COM, el juzgado de Instrucción número 14 de Madrid decidió procesar a David Marjaliza, exsocio de Francisco Granados y uno de los cabecillas de la trama Púnica, por un delito de calumnias contra el número 3 de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada.

El considerado constructor de la Púnica le señaló el pasado mes de mayo para incluirle en su lista de supuestos perceptores de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones. Fue muy claro: Taboada "mangoneaba" contratos y se quedaba un buen pellizco. Según aseguró en su declaración en la Audiencia Nacional ante el juez Velasco, anterior instructor de la Púnica, Taboada era el encargado de gestionar las obras y contratos amañados del plan Prisma, un proyecto de inversiones de los municipios madrileños financiado por la Comunidad de Madrid.

Presiones de Taboada y Granados

El portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, le ha preguntado por un documento contenido en el sumario del caso Púnica en el que un ex jefe de área de la Consejería de Medio Ambiente denuncia presiones de Taboada y de Granados para adjudicar en 2008 un concurso a una empresa del grupo ACS. "Fíjese qué presiones hubo, que diez años después de ese expediente, de repente dice que se sintió presionado", ha respondido el consejero.

Previamente, ha comparecido el secretario general de Nuevo Arpegio, Francisco Esquivias, quien ha asegurado que actualmente hay 11 contratos desaparecidos, entre ellos los cinco de DUSA reclamados en el caso Púnica y dos suscritos con la empresa Over Marketing, investigada en la rama balear de la Gürtel.

Entre los cuatro restantes ha dicho que hay tres suscritos con sociedades adjudicatarias para la construcción de varias parcelas en Getafe y uno con una empresa encargada de la comunicación de los proyectos del plan Prisma.

Por otro lado, Esquivias ha informado de que también faltan los originales del certificado del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que autoriza el Prisma 2006-2007 y el del convenio suscrito entre el Gobierno regional y Arpegio para desarrollar este plan.

El directivo no cree que alguien se haya llevado toda esta documentación "con intención de obtener un rendimiento", sino que cree que está en posesión de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que fue a registrar las oficinas de Nuevo Arpegio en mayo de este año.

La consejera delegada de Nuevo Arpegio, Susana Magro, otra de las comparecientes, ha comentado que no sabe qué documentación "se han llevado" los miembros de la UCO y cuál "ha desaparecido". En su caso, no ha visto los documentos originales, excepto los correspondientes a Over Marketing que localizó con la OCU.

Magro ha añadido que ha impulsado una investigación interna para esclarecer el paradero de los contratos que no aparecen.

Por su parte, la portavoz del PSOE-M, Encarnación Moya, ha alertado de que la desaparición de documentos "se está convirtiendo en una normalidad" en la Comunidad de Madrid.

http://www.elplural.com/politica/2017/07/28/taboada-dice-no-haber-visto-los-contratos-desaparecidos-de-la-punica

FISCALÍA CERCA AL NÚMERO 3 DE CIFUENTES Y PIDE ADELANTAR LOS INTERROGATORIOS DE ARPEGIO

El Ministerio Público considera prioritario oír de forma inminente a los miembros de la mesa de contratación de la empresa pública de suelo

La Fiscalía Anticorrupción no quiere esperar más. Pasados casi dos meses desde la nueva operación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional contra la empresa pública de suelo Arpegio y su presunto desvío de fondos a través de licitaciones relacionadas con el Plan de Inversiones de Madrid (Prisma), el Ministerio Público considera prioritario interrogar ya a los nuevos imputados, entre los que se encuentran todos los miembros de su mesa de contratación salvo el número tres de Cristina Cifuentes.

El aforado Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente y también coordinador general del PP de Madrid, no figura en la lista de investigados debido a que su condición especial impide a la Audiencia Nacional citarle. El tres de la presidenta madrileña también fue elegido miembro de la mesa, "designado por la Consejería de Presidencia", que en esos momentos ostentaba el considerado cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados.

El Ministerio Público desea interrogar cuanto antes a los miembros de la empresa pública que autorizó distintas licitaciones y adjudicaciones sospechosas, muchas de ellas vinculadas con centenares de obras que el Gobierno regional, entonces presidido por Esperanza Aguirre, financió dentro del Plan Prisma 2005-2006. En uno de los flecos de la investigación, el Juzgado y la Fiscalía Anticorrupción indagan sobre el presunto cobro de comisiones en obras valoradas en cientos de millones de euros.

Tras la confesión de David Marjaliza, la UCO investiga las adjudicaciones de dos empresas concretas en los planes Prisma 2006-2007 y 2008-2011, gestionados por Jaime González Taboada

Los investigados son Pilar Roca Suárez-Inclán, directora de la Asesoría Jurídica entre 2006 y 2009; Pedro Bernad Moreno, director de Proyectos de Arpegio; Pilar Rubio Izquierdo, directora de Proyectos del Plan Prisma; Eduardo Larraz Riesgo, ex consejero delegado entre 2004 y 2008; Ignacio Palacios Arazuri, quien fuera jefe de gabinete de Francisco Granados y vocal del consejo de administración de Arpegio (imputado ya en otras piezas del caso), y María Dolores Nogal González, abogada y secretaria de la mesa de contratación (y presidenta del comité de empresa). En marzo de 2008, también se sumó a esa mesa Miguel Ángel Ruiz, el ya exviceconsejero de Medio Ambiente, que dimitió tras conocerse que era otro de los citados en calidad de investigados por el juez Velasco. A la lista se suma también Francisco Esquivias Ferriz, secretario del consejo de Arpegio

Según han informado a El Confidencial fuentes jurídicas, la prioridad es evitar el riesgo de destrucción de pruebas que potenciaría dejar las declaraciones para la vuelta del verano. En el horizonte de la Fiscalía se plantea también la necesidad de acotar la responsabilidad de Taboada en esta parte de la trama, que se investiga en una pieza separada declarada secreta. Varios testigos han apuntado que era "el hombre" de Granados en Arpegio. "Su soldado", llegó a decir uno de ellos en una declaración en la Audiencia Nacional.

15 toneladas de documentos

El retraso de los interrogatorios se ha visto provocado por la situación del juzgado, que perdió a su titular, Eloy Velasco, tras ser designado para un nuevo destino. La llegada hace dos semanas del nuevo responsable del 6 permitirá, según las fuentes consultadas, llevar a cabo esta toma de declaraciones. Otra dificultad es la inmensa cantidad de documentos incautados en mayo, 15 toneladas almacenadas en una nave que esperan su revisión por parte de los investigadores.

Según datos de la Comunidad de Madrid, hasta el momento se han entregado más de 250.000 folios, 43.200 archivos informáticos y 9.300 carpetas de Arpegio. Su consejera delegada, Susana Magro, ha pedido comparecer en la Asamblea para dar explicaciones.

Madrid autorizó un sueldo de 216.000€ para el jefe de las obras investigadas en Púnica

Arpegio aprobó la propuesta económica de la firma DUSA, bajo investigación de la Audiencia Nacional por las obras del plan Prisma. También dietas y gastos varios por 237.900 euros

La UCO está investigando si la trama Púnica obtuvo beneficios millonarios gracias a los amaños en la adjudicación de centenares de viviendas en los consorcios urbanísticos que promovió la Comunidad de Madrid a través de esta empresa pública. En otra de las partes de la investigación, se rastrea el plan gracias al que se financiaron, en dos ediciones (2006-2007 y 2008-2011), centenares de adjudicaciones valoradas en casi 800 millones de euros por toda la región. Algunas empresas adjudicatarias pudieron pagar mordidas por llevarse los contratos, según los indicios que ya manejan en la Guardia Civil. González Taboada estuvo en la mesa de contratación de ambas entidades.

La mesa es el órgano técnico que debía valorar las ofertas presentadas por las empresas que licitaban por los contratos del Plan Prisma. González Taboada era entonces también director general de Administración Local, el departamento que planificaba el Prisma, aunque lo ejecutaba Arpegio. El empresario Marjaliza ya declaró ante el juez cómo se repartían los presuntos amaños: "Un tercio de la obra era para los técnicos, un tercio para Jaime González Taboada con su gente y el último tercio para Paco [Granados] o la consejería".

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-07-13/cifuentes-taboada-arpegio-punica-audiencia-nacional_1414219/

EL CONSTRUCTOR DE LA PÚNICA, PROCESADO POR "CALUMNIAR" AL NÚMERO 3 DE CIFUENTES

David Marjaliza aseguró que Jaime González Taboada “mangoneaba” y “se lleva un tercio de las comisiones”

El juzgado de Instrucción número 14 de Madrid ha decidido procesar a David Marjaliza, exsocio de Francisco Granados y uno de los cabecillas de la trama Púnica, por un delito de calumnias contra el número 3 de Cristina Cifuentes, su consejero de Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada.

El considerado constructor de la Púnica le señaló el pasado mes de mayo para incluirle en su lista de supuestos perceptores de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones. Ha sido muy claro: Taboada "mangoneba" contratos y se quedaba un buen pellizco.

Según aseguró en su declaración en la Audiencia Nacional ante el juez Velasco, anterior instructor de la Púnica, Taboada era el encargado de gestionar las obras y contratos amañados del plan Prisma, un proyecto de inversiones de los municipios madrileños financiado por la Comunidad de Madrid.

Según ha dictaminado ahora el juez madrileño, resolución recogida por Vozpópuli, Taboada ya presentó en mayo de 2015 una denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla contra Marjaliza por asegurar ante Velasco que en el “botín” de la empresa pública madrileña Arpegio el consejero madrileño “mangoneaba” y “se lleva un tercio de las comisiones”.

Juicio próximo

El auto recoge que las valoraciones de Marjaliza sobre Taboada pueden “ser constitutivos de un presunto delito de calumnias” y fija un plazo de 10 días para el Fiscal y las partes “formulen escrito de acusación” y se realice la “apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa”.

Taboada, señalado

Pese a esta denuncia por calumnias, la realidad se le echa encima al consejero de Cifuentes. Sobre él, la Púnica siempre ha revoloteado, aunque si el caso de corrupción no se ha posado sobre él, todavía, es gracias a su aforamiento por ser diputado en la Asamblea de Madrid.

De hecho, se le podría considerar un imputado fantasma. Justo antes de dejar la Audiencia Nacional, en uno de sus últimas decisiones, el juez Eloy Velasco decidió imputar a todos los miembros menos a él de la mesa de contratación de Arpegio.

Además, Taboada aparece en el informe de la Fiscalía Anticorrupción del 11 de mayo (el mismo que acusa al Gobierno de Cifuentes de “ocultar información relevante” sobre la Púnica), como objeto de investigación.

http://www.elplural.com/sociedad/2017/07/12/el-constructor-de-la-punica-procesado-por-calumniar-al-numero-3-de-cifuentes

LA COMUNIDAD COLOCA EN ECONOMÍA AL VICECONSEJERO DE CIFUENTES QUE DIMITIÓ POR PÚNICA

Miguel Ángel Ruiz intentó regresar a Arpegio donde tenía una excedencia, pero no había plaza vacante

El exviceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz, se ha incorporado como titulado superior adscrito a la Dirección General de Formación de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda desde el pasado 27 de julio. Ruiz dimitió de su cargo de viceconsejero en mayo después de que el juez instructor del caso Púnica le imputara por su supuesta implicación en la trama.

Miguel Ángel Ruiz llegó a la empresa Arpegio el 27 de julio de 2007 para prestar sus servicios, por un tiempo indefinido, en la categoría de titulado superior como director general en el Programa Regional de Inversiones y servicios de Madrid (PRISMA). Esta sociedad comparte el convenio colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid, lo que le ha permitido acogerse ahora a él. Así, diez años después, el 27 de julio de 2017, Ruiz se ha incorporado a un puesto en la Administración regional adscrito a la Dirección General de Formación de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, según confirma la Comunidad de Madrid.

El 22 de noviembre de 2011, Ruiz se marchó de Nuevo Arpegio, que le concedió la excedencia forzosa, teniendo derecho a conservar el puesto de trabajo, turno, centro y cómputo de la antigüedad durante su vigencia. En Arpegio fue consejero delegado de 2008 a 2010 y desde esa posición participó en mesas de contratación del organismo. También fue gerente del Plan Regional de Inversiones de Madrid (Prisma), que gestionaba la empresa, realizando proyectos de las obras en los municipios y otorgando las adjudicaciones correspondientes. Motivos por los que se le está investigado en el caso Púnica, tras las numerosas irregularidades detectadas por los investigadores en el seno de esta sociedad pública.

Una vez que deja Arpegio, Ruiz prestó sus servicios en distintos cargos públicos en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y en el de Boadilla del Monte. Dejó la política municipal para formar parte del Gobierno de Cristina Cifuentes como número dos del consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio Jaime González Taboada. Ocupó el puesto hasta el 26 de mayo pasado, fecha en la que dimitió después de conocerse que era investigado y de que la UCO registrara su despacho.

El 29 de junio de 2017, el exviceconsejero solicitó su reingreso en la empresa Nuevo Arpegio, pero no existía plaza vacante, le comunicaron desde la Dirección General de Recursos Humanos. Según el convenio colectivo, habría tenido derecho a que le crearan un puesto de similares características, también salariales, al que dejó cuando se marchó. Sin embargo, el Gobierno de Cifuentes le ha buscado acomodo en un puesto en la Consejería de Economía, porque ya existía y estaba dotado económicamente, "a pesar de la merma económica que ello le supondría", indica la Comunidad de Madrid. Sus retribuciones van a ser "notablemente inferiores al salario que percibía en Nuevo Arpegio, S.A", añade.

https://elpais.com/ccaa/2017/07/28/madrid/1501237813_169228.html

NUEVO ARPEGIO DICE QUE NO TIENE LOS ORIGINALES DE CINCO CONTRATOS Y CREE QUE PUEDE TENERLOS LA UCO

Asegura también que tampoco están los originales de varios contratos con Over Marketing y de una empresa vinculada a Marjaliza

El secretario general de Nuevo Arpegio resta importancia a la desaparición y subraya que la documentación está recogida digitalmente

La entonces presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, escucha un comentario que le hace al oído el consejero de Presidencia, Francisco Granados, en un acto de partido en 2010.

El secretario general de Nuevo Arpegio, Francisco Esquivias, ha indicado este viernes que no se encuentran cinco contratos originales suscritos con la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanísticos (DUSA), aparte de otros relativos a otras mercantiles como es de dos relativos a Over Marketing y otros con Obrum (empresa vinculada al empresario David Marjaliza).

No obstante, Esquivias tiene la creencia o hipótesis de que esa documentación puede estar en disposición de la Unidad Central Operativa (UCO), que se llevó mucha documentación cuando se realizaron los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, encargado de investigar el caso Púnica.

Así lo ha indicado durante su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en la Asamblea de Madrid en relación al extravío de los contratos originales que firmó en 2006 con Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanísticos S.A (DUSA), documentación que ha sido requerida por este juzgado el marco de la investigación de la operación Púnica.

Esquivias conjetura como "hipótesis" que estos contratos pueden estar en disposición de la UCO, que tiene en su disposición muchas cajas con documentación de la contratación de Arpegio (ahora Nueva Arpegio) y que, por la "confusión" de un registro que duró 12 horas el pasado 16 de abril puede que no se incluyera en las anotaciones de documentación elaborada por el secretario judicial.

No obstante, el secretario general de Nuevo Arpegio ha restado importancia al hecho de que aún no se localicen esos originales y subraya que esa documentación está recogida en la herramienta digital de registro. "No tenemos dudas de que esas copias son válidas y pertenecen a los originales", ha relatado.

"No ha ocurrido ninguna tragedia", ha comentado Esquivias quien ha dicho que la tecnología permite que no se tenga que estar buscando "pergaminos y legajos" para poder acreditar que hay algo acreditado "fehacientemente".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/28/nuevo_arpegio_indica_que_estan_los_originales_los_cinco_contratos_dusa_que_puede_tenerlos_uco_68108_1012.html

IU DENUNCIA EN LA OFICINA ANTIFRAUDE DE LA UE LA DESAPARICIÓN DE UN EXPEDIENTE MILLONARIO INVESTIGADO EN 'PÚNICA'

La eurodiputada Marina Albiol reclama a la OLAF que averigüe si fallaron los controles sobre las partidas libradas por el Fondo Social Europeo

La parlamentaria pregunta al organismo comunitario si va a pedir la devolución de los dos millones de ese contrato, que benefició a una empresa investigada por la financiación del PP

La portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha remitido una carta a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) después de que la Comunidad de Madrid haya comunicado a la Guardia Civil la desaparición del expediente íntegro de un contrato millonario investigado en Púnica y que oficialmente perseguía publicitar un plan de autónomos cofinanciado por el Fondo Social de la UE.

Como publicó infoLibre hace una semana, la Consejería de Economía de Madrid notificó el 27 de marzo a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que "no se dispone físicamente" de los documentos relativos a la contratación de Over Marketing y Comunicación SL en 2006 por dos millones para una campaña de publicidad de la que no quedó rastro y cuya adjudicación corrió a cargo de un organismo público ya extinguido, el Imade (Instituto Madrileño de Desarrollo). Según el Ejecutivo madrileño, el expediente se ha esfumado al completo. No hay originales ni copias. Oficialmente, y desde que en marzo de 2010 fue reclamado por el Imade a la empresa de gestión documental que lo custodiaba, nadie sabe dónde ha ido a parar. Over Marketing es una de las firmas bajo sospecha por presunta financiación ilegal de las campañas de Esperanza Aguirre.

¿Reclamará la OLAF el dinero?

Remitida el pasado viernes, el mismo día en que este diario informó de lo sucedido, la misiva de Albiol interpela a la oficina antifraude sobre "si se ha puesto ya en contacto con las autoridades españolas para facilitar a los investigadores la documentación al respecto de la que pueda disponer la propia OLAF para ayudar a esclarecer el caso". La eurodiputada también requiere respuesta a otras dos preguntas: la de si la OLAF "va a reclamar que sea devuelto este dinero de todos los ciudadanos europeos y si considera que han fallado los mecanismos de la Comisión Europea para controlar el destino final de sus fondos".

En una nota de la formación izquierdista, Albiol sostiene que este episodio constituye "un ejemplo más de las prácticas como mínimo irregulares a las que nos está acostumbrando el PP". Pero en este caso, agrega la eurodiputada, hay "un agravante": los dos millones de euros adjudicados en el contrato "proceden del Programa de Autónomos cofinanciado por el Fondo Social Europeo”.

Para Albiol, “aunque no es la primera vez que desaparecen expedientes, se borran discos duros, o se alteran testimonios, no nos cansaremos de denunciar públicamente el hecho de que el PP mantenga, incluso alimente, este tipo de prácticas más propias de la Camorra que de un partido político supuestamente democrático”.

La parlamentaria considera importante “denunciar ante las autoridades europeas los reiterados casos de irregularidades que entorpecen las investigaciones de la justicia en las tramas de corrupción del PP, porque Europa no puede seguir manteniéndose al margen de los casos de corrupción que asolan el Estado español, y más cuando se trata de dinero de los europeos y europeas. El PP no solamente ha saqueado buena parte de las arcas públicas españolas, sino que su corrupción también ha llegado a los fondos europeos”.

La portavoz de IU reclama espera que las autoridades europeas “colaboren con la investigación poniendo a disposición de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la información para esclarecer el caso, pero también realizando investigaciones internas en el seno de las propias instituciones comunitarias, que han permitido que el dinero que en principio se destinaba a luchar contra el paro presuntamente acabe engordando las cuentas de empresarios corruptos amigos del gobierno regional”.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/28/iu_denuncia_oficina_antifraude_la_desaparicion_expediente_millonario_investigado_punica_68086_1012.html

EL JUEZ RASTREA QUIÉN TUVO ACCESO A LOS CONTRATOS DESAPARECIDOS DEL ‘CASO PÚNICA’

La fiscalía pide “identificar la persona o el órgano” que los reclamó desde la Comunidad de Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco abrió, unos días antes de abandonar el juzgado del caso Púnica, una investigación para averiguar el paradero de los contratos originales que la empresa pública madrileña del suelo Arpegio celebró en 2006 con la mercantil Desarrollos Urbanísticos S.A. (DUSA), y que han desaparecido de los archivos de la sociedad pública. El juez y la Fiscalía Anticorrupción sospechan que los contratos con esta mercantil —clave en los presuntos amaños del Plan Prisma de inversiones de la Comunidad de Madrid con los que supuestamente se lucró el exconsejero Francisco Granados— han pasado por las manos de alguien en el Gobierno regional. El juez que lleva actualmente el caso, Manuel García-Castellón, ha mantenido esa línea de investigación.

El 13 de junio pasado, el juez Velasco reclamó a la consejera delegada de Nuevo Arpegio que le entregue “una copia certificada del escrito por el que la Comunidad de Madrid le solicitó los expedientes completos de los contratos adjudicados a DUSA”. El magistrado quiere con ello “identificar la persona o el órgano” del Ejecutivo presidido por Cristina Cifuentes (PP) que requirió esa documentación.

El juez, a petición de la Fiscalía, quiere saber también quién, desde la empresa Arpegio, remitió los expedientes a la Comunidad de Madrid. En el escrito, el magistrado especifica a la consejera delegada de Arpegio que no era preciso incluir los expedientes de los contratos, “sino solo los escritos de remisión”.

El mismo 13 de junio, el secretario general de Nuevo Arpegio, Francisco Esquivias, había enviado un escrito al juez Velasco en el que reconocía que los originales de los contratos con DUSA se habían “traspapelado”. Estos documentos continúan desaparecidos, según han confirmado a EL PAÍS fuentes de Arpegio, aunque el juzgado cuenta con una copia de los mismos.

Una empresa clave

DUSA, empresa dirigida por el promotor Adolfo Fernández Maestre, imputado en el caso Púnica, recibió en marzo de 2006 un contrato “meteórico” por valor de 5,3 millones de euros para gestionar los contratos del Plan Prisma de inversiones del Gobierno regional, un pastel de obras y parcelas de suelo público de cerca de mil millones de euros. Los investigadores sospechan que DUSA, que en la época de Granados recibió adjudicaciones por 9,8 millones de euros, se dedicaba a dar la mejor valoración y preadjudicaba contratos a las empresas que se avenían a los tratos de corrupción con Arpegio.

La Guardia Civil acudió a la sede de Nuevo Arpegio el 16 de mayo para requerir la documentación sobre estos contratos por orden del juez Eloy Velasco, entonces al frente del juzgado. Tras 14 horas en las oficinas, los originales no fueron encontrados. Durante los días siguientes, Nuevo Arpegio remitió a la Audiencia Nacional diversa documentación relacionada con DUSA, pero no esos originales, lo que provocó que la Guardia Civil volviera a presentarse el 25 de mayo en Nuevo Arpegio. Tampoco se hallaron.

En su escrito del 13 de junio, el secretario general de Nuevo Arpegio, imputado en la causa, remitió al juzgado el escrito para “dar explicación” al “traspapelado” de estos documentos pese a la búsqueda exhaustiva que, aseguraba, habían realizado sus empleados tras el último requerimiento judicial. En la misiva, el directivo reconoce que durante ese rastreo “se ha podido advertir que varias carpetas que contenían originales de diversa contratación —además de los de DUSA— se encontraban vacías”. El escrito recoge que se desconoce si la desaparición ha sido motivada por “causa voluntaria o involuntaria”.

https://politica.elpais.com/politica/2017/07/11/actualidad/1499795527_864453.html

DESAPARECEN DOCUMENTOS CLAVES DEL ‘CASO PÚNICA’

La empresa pública Arpegio remite al juez un escrito en el que reconoce que “varias carpetas” que contenían los originales de contratos bajo sospecha están vacías

Nuevo Arpegio, la sociedad pública de gestión de suelo de la Comunidad de Madrid, ha “traspapelado” y no encuentra los contratos originales que firmó con la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanísticos S. A. (DUSA), clave en los supuestos amaños del Plan Prisma de inversiones que se investiga en el caso Púnica como posible fuente de enriquecimiento de Francisco Granados. Así lo reconoce la propia sociedad en un escrito remitido el pasado 13 de junio al Juzgado Central de Instrucción 6, que investiga la trama corrupta desde 2014. Fuentes de la compañía reconocían ayer que dichos documentos, incluidas actas de mesas de contratación, continúan "desaparecidos"

La Guardia Civil acudió a la sede de Nuevo Arpegio el 16 de mayo para requerir la documentación sobre estos contratos por orden del juez Eloy Velasco, entonces al frente del juzgado. Tras 14 horas en las oficinas, los originales no fueron encontrados. Durante los días siguientes, Nuevo Arpegio remitió a la Audiencia Nacional diversa documentación relacionada con DUSA, empresa presidida por el imputado Adolfo Fernández Maestre, pero no esos originales, lo que provocó que la Guardia Civil volviera a presentarse el 25 de mayo en Nuevo Arpegio. Tampoco se hallaron.

Por ello, el secretario general de Nuevo Arpegio, Francisco Esquivias, imputado en la causa, remitió al juzgado el escrito para “dar explicación” de la ausencia de estos documentos pese a la búsqueda exhaustiva que, según asegura, han realizado sus empleados tras el último requerimiento judicial. En la misiva, el directivo reconoce que durante ese rastreo “se ha podido advertir que varias carpetas que contenían originales de diversa contratación —además de los de DUSA— se encontraban vacías”.

Una adjudicación “meteórica”

La empresa DUSA es sospechosa de ser una de las patas del supuesto plan de Granados para extraer fondos de Arpegio en su propio beneficio. En marzo de 2006, esta empresa resultó adjudicataria de forma “meteórica” de un contrato de 5,3 millones de euros para gestionar los contratos del Plan Prisma de inversiones del gobierno regional a través de los cuales se gestionaron cerca de 1.000 millones de euros. Este contrato fue posteriormente prorrogado en cinco ocasiones. La mercantil se hizo también con otras dos adjudicaciones que elevaron a 9,8 millones de euros lo que recibió de Arpegio en la etapa Granados. Según la investigación, DUSA lo que hacía era dar la mejor valoración y preadjudicaba contratos a las empresas que se avenían a los tratos de corrupción con Arpegio.

“Hasta el momento —se lee en el escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS— se desconoce la causa pero se sigue analizando minuciosamente la traza que estos originales hayan podido llevar, así como las diferentes circunstancias que hubieran podido dar lugar a que actualmente no se encuentren en el archivo” en el que estuvieron depositados. El escrito recoge que se desconoce si la desaparición ha sido motivada por “causa voluntaria o involuntaria”, pero intenta restar importancia a este “traspapelado”.

Para ello, asegura que una copia en papel de parte de estos documentos ya ha sido entregada “en mano” a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en anteriores requerimientos. También, en formato electrónico, a través de un pendriveque se entregó al juzgado en abril junto a una carpeta en papel con aspectos de la contratación de DUSA en este plan de infraestructuras.

Falta de colaboración

La Fiscalía Anticorrupción ya denunció en mayo, en el escrito en el que pedía el registro de Arpegio, una supuesta falta de colaboración de la Comunidad de Madrid. Entonces, la fiscalía aseguró que en el Ejecutivo regional “existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas y orgánicas” en el Gobierno madrileño o en el PP regional.

Anticorrupción detalló que la documentación que había enviado la empresa pública en octubre presentaba “inconsistencias y carencias que nos hacen pensar que existe más información que la que se transmite”. Por ello, la fiscalía reconoció que se hacía “difícil confiar en que haya una colaboración espontánea y leal”. La Comunidad ha negado siempre dichas trabas, aunque ayer admitió desconocer si habían aparecido los originales “traspapelados”.

https://politica.elpais.com/politica/2017/07/10/actualidad/1499703569_994584.html

LA 'CLÁUSULA DEL 1%' INVESTIGADA BAJO LA SOSPECHA DE QUE OCULTABA PAGOS AL PP TAMBIÉN SE APLICABA EN OBRAS DE CARRETERAS

La obligación de que los adjudicatarios de obras de mejora viaria destinasen ese porcentaje a supuestos "Planes de Información", como ya se hacía en la construcción de hospitales, fue la norma hasta poco antes del estallido del caso

El temor de algunos funcionarios a que estuvieran certificando gastos irreales alertó a los sindicatos, que en 2013 exigieron explicaciones al entonces viceconsejero de Infraestructuras y hoy consejero delegado de Metro de Madrid

El Ejecutivo madrileño esgrime que la causa está bajo secreto y no explica ni en qué fecha exacta de 2014 ni por qué dejó de aplicarse ese punto

La práctica de imponer a los adjudicatarios de obra de la Comunidad de Madrid que destinasen el 1% del presupuesto a supuesta publicidad institucional, bajo la que los investigadores de Púnica sospechan que se ocultaban actos para el PP, no fue exclusiva de la Consejería de Sanidad. Al menos hasta mediados de 2014, también la Consejería de Transportes e Infraestructuras aplicó esa cláusula en los contratos para mejora de la red viaria.

Al igual que sucedía con los nuevos hospitales, esas campañas –"Planes de Información", era su nombre oficial– no quedaban bajo la supervisión de ningún funcionario sino de un eventual. Es decir, de un asesor elegido a dedo por los altos cargos de cada consejería: G.R., en el caso de los hospitales; A.R., en el de las carreteras. El primero, y así consta en un atestado de la Guardia Civil incorporado a las actuaciones de Púnica, firmaba cada mes un documento según el cual las empresas encargadas de los "Planes de Información" de los nuevos hospitales habían cumplido su cometido y solo quedaba pagarles. Sobre A.R., que era el encargado de esa tarea en la Dirección General de Carreteras, este diario no ha logrado averiguar si su nombre aparece en la causa de Púnica. Pero el relato de quienes conocían la existencia de esas prácticas en la Consejería de Transportes e Infraestructuras coincide punto por punto con el que se desprende del atestado policial sobre el 1% de los hospitales.

Fue precisamente el temor de algunos directores de obra a que se les estuviese obligando a certificar gastos irreales y a incurrir por tanto en una eventual responsabilidad administrativa y/o penal lo que puso en alerta a los sindicatos. En la primavera de 2013, la junta de personal de la Consejería de Transportes e Infraestructura, que representa a los funcionarios, exigió explicaciones a quien en ese momento ya era viceconsejero: Borja Carabante, actual consejero delegado de Metro de Madrid y que entre 2008 y 2011 ocupó la Dirección General de Carreteras.

Personas que entonces formaban parte de la plantilla en aquel momento recuerdan que no hubo respuesta a sus interrogantes pero que, a partir de entonces, la cláusula se fue esfumando. Lo que la junta de personal preguntó en aquel momento fue muy parecido a lo que la Guardia Civil les ha preguntado ahora a tres cargos de la sanidad madrileña en relación al 1% del pliego de los nuevos hospitales: qué empresas realizaban las campañas previstas en esa cláusula, cómo se las elegía, qué importe facturaban esas firmas de publicidad a los adjudicatarios de obras y con qué criterio "se asigna a personal eventual ajeno a la dirección de cada obra la gestión de dichas facturas".

infoLibre dispone de copia de siete facturas emitidas con cargo a ese 1%. Al menos una de las que se emitieron –por Traci Comunicación– consta entre aquellas que, según la Fiscalía Anticorrupción, se hicieron con contratos fraudulentos de Arpegio, la empresa pública que bajo el control de Francisco Granados gestionó el mayor plan –el Prisma– de inversión pública de Madrid, dotado con 1.000 millones.

El pasado viernes por la mañana, infoLibre comunicó a los portavoces oficiales de la Consejería de Trasportes e Infraestructuras de Madrid los datos que había recabado sobre la aplicación del 1% en la Dirección General de Carreteras y les solicitó la versión de Borja Carabante. Esas fuentes oficiales declinaron cualquier pronunciamiento bajo el argumento de que el juez Eloy Velasco, hasta junio instructor de Púnica, había prohibido taxativamente hablar de los contratos requeridos por la Guardia Civil en marzo. La Consejería ni siquiera se avino a explicar el porqué tras el verano de 2014 la cláusula desaparece en los contratos disponibles a través del Perfil del Contratante. ¿Hay algún nexo entre la desaparición del párrafo del 1% y el estallido de Púnica el 27 de octubre de aquel año? Esa es una más de las incógnitas pendientes.

Campaña de "Sillas de bebé" en la "obra de refuerzo de la M-206"

En teoría, esas supuestas campañas o "Planes de Información" financiados con cargo al 1% y ejecutados por firmas que no se habían sometido a ninguna licitación previa debían publicitar la obra a la que iban vinculadas. Pero entre las facturas obtenidas por infoLibre figura una que en sí misma abona las sospechas. Su concepto dice lo siguiente: "Campaña publicitaria Sillas bebé, referente al 1% de gastos de publicidad según pliego de la obra de refuerzo M-206", al sureste de la Comunidad. El importe asciende a 17.473 euros.

Este diario inquirió de forma expresa por esa factura a la Consejería de Transportes e Infraestructuras. Tampoco aquí hubo respuesta. Ni siquiera ante la pregunta de si no ofrece su enunciado más similitudes con una campaña de la DGT que con la que hipotéticamente cabría desplegar para difundir las bondades de una carretera comarcal reformada. La empresa que la emitió no pudo ser contactada.

El 1% impuesto en el pliego de condiciones tanto en hospitales como en carreteras e incluso en contratos relativos al Metro se traducía buena parte de las veces en cifras muy inferiores a las que las operaciones Gürtel y Púnica han sacado a la luz.

Pero precisamente su moderada cuantía les hizo pasar bajo el radar durante años pese a que eran ejecutados por empresas que nadie sabe aún cómo ni con qué criterios ni por quién resultaban elegidas. Y que su supervisión se encomendaba a cargos de confianza y no a funcionarios. Entre esas empresas figuran varias que ya están siendo investigadas en Púnica por presunta financiación ilegal del PP. Entre ellas, Over Marketing y sus sociedades satélite, cuyo propietario ya admitió hace cinco años que había recibido contratos amañados también en Madrid. Y que había hecho actos gratis para el PP. Entre las compañías del grupo Over figura Traci Comunicación.

Over Marketing y otras empresas investigadas por presunta financiación del PP se repartieron más de 23 millones en contratos públicos de Madrid durante la década de poder de Esperanza Aguirre. Esas cifras no incluyen ni lo que facturaron a las adjudicatarias de la construcción de hospitales –más de dos millones– ni a adjudicatarias de obras licitadas por Transportes e Infraestructuras.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/10/la_clausula_del_investigada_punica_bajo_sospecha_que_ocultaba_pagos_tambien_aplicaba_obras_carreteras_67358_1012.html

DOS TESTIGOS ADMITEN IRREGULARIDADES EN LA TRAMA DEL 1% QUE FINANCIÓ AL PP CON LA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES

Dos funcionarios de la Consejería de Sanidad en Madrid reconocen a la Guardia Civil que la administración autonómica escogió el método más arbitrario y gravoso para las arcas públicas en los contratos de publicidad del plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007, con los que supuestamente se financió de forma irregular al PP. La justicia sostiene que el 1% de la construcción de 8 hospitales y 57 centros de salud de aquel plan, cerca de 23 millones de euros públicos, sirvió en parte para pagar campañas del PP

Dos funcionarios de la Consejería de Sanidad, el jefe de contratación de obras y un técnico de apoyo, han acudido voluntariamente a la Guardia Civil, y han confesado supuestas irregularidades en la campaña publicitaria de los 8 hospitales y 57 centros de salud construidos con el plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007 de Esperanza Aguirre. Parte de los 23 millones destinados a aquella campaña publicitaria, sirvieron para financiar al PP de Madrid, según la documentación obtenida por los investigadores.

En las actas de declaración de los testigos, a las que ha tenido acceso la SER, ambos admiten que Sanidad, en tiempos del consejero Manuel Lamela, escogió el método más caro y perjudicial para el erario público con aquellos contratos, y que había una fórmula mejor que fue desechada: el concurso público.

La trama del 1% funcionó de la siguiente forma, según los investigadores. La administración autonómica establecía que el 1% del precio total de la construcción de cada centro sanitario, debía ser destinado a publicitar el mismo. Las adjudicatarias de los hospitales, entre ellas OHL, FCC o Acciona, subcontrataban esos trabajos a dedo a las empresas que hacían las campañas electorales del PP. Sobre todo a Over Marketing, principal sospechosa de participar en la trama de financiación en negro de este partido entre 2007 y 2011.

Supuestamente, el PP no pagaba o pagaba a un precio inferior al de mercado a las empresas que le hacían la campaña electoral, que a cambio eran compensadas y pagadas con dinero público de este uno por ciento desde la Consejería de Sanidad. También había otras fórmulas de pago desveladas por la investigación, como la fundación Fundescam; subvenciones públicas; o con el dinero destinado al funcionamiento del grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid entre otras.

Los dos testigos son tajantes ante la Guardia Civil. Hubiera sido mucho menos caro para la administración y más “transparente” convocar un concurso público para la campaña publicitaria de los hospitales, que destinar el 1 por ciento de cada centro sanitario, que corría a cargo de Sanidad pero que las adjudicatarias concedían a las empresas que querían. Y siempre eran las mismas. Aquellas que llevaban las campañas electorales del PP.

http://cadenaser.com/ser/2017/07/06/tribunales/1499362590_033813.html

CARGOS DE LA SANIDAD MADRILEÑA AFIANZAN EN 'PÚNICA' LA SOSPECHA DE QUE LA 'CLÁUSULA DEL 1%' OCULTABA PAGOS EN ESPECIE AL PP

Declaran que nunca supieron en qué se gastó el porcentaje que los adjudicatarios de la construcción de seis hospitales debían dedicar a un supuesto "Plan de Información"
Los testigos apuntan a la consejería de Presidencia, entonces en manos de Francisco Granados, y al equipo del exconsejero de Sanidad Manuel Lamela como los artífices de la controvertida cláusula

Tres testigos de la Operación Púnica que en la pasada década ocupaban cargos de relevancia en la sanidad pública madrileña han afianzado con sus declaraciones ante la UCO la sospecha de que la conocida como cláusula del 1% para publicidad de seis nuevos hospitales ocultaba en realidad el pago de comisiones en especie para el PP. ¿Qué tipo de comisiones en especie? Los investigadores sostienen que la respuesta se resume así: publicidad electoral que habrían sufragado las constructoras de esos hospitales bajo el camuflaje de un inexistente Plan de Información.

La campaña para las municipales y autonómicas de 2007, donde Esperanza Aguirre anudó su poder institucional tras aquella primera victoria que siguió al tamayazo de 2003, se sitúa así de nuevo bajo el foco. Además de a Francisco Granados, ahora en libertad bajo fianza y entonces consejero de Presidencia, las declaraciones ponen también en el ojo del huracán a quien en aquel momento dirigía la Consejería de Sanidad, Manuel Lamela.

La transcripción de esas tres declaraciones, una de ellas nada menos que la de la entonces directora del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y a las que infoLibre ha tenido acceso, constata que ninguno de los tres testigos supo nunca a qué se dedicó ese 1% ni quién supervisaba la ejecución de cada supuesta campaña de información a que también oficialmente iba destinado ni con qué criterio se elegía a las empresas de publicidad. Y aseguran que tampoco tuvieron jamás noción de por qué se introdujo esa cláusula en el pliego de condiciones para la construcción de los hospitales pese a que hacerlo de ese modo no solo constituía una fórmula menos transparente que convocar un concurso separado de publicidad sino que encarecía el coste global de la obra.

"Es más eficiente sacar un concurso público aparte que englobe toda la comunicación e información, es más económico", respondió la exdirectora del Sermas cuando la Guardia Civil la interrogó sobre ese punto. "La cantidad relacionada con el 1% no le parece un gasto razonado", contestó a esa misma pregunta el jefe de contratación de la Consejería de Sanidad, que mantiene ese puesto. "Sí, por supuesto", convino el tercer testigo, exjefe de sección de contratación, cuando la UCO indagó sobre si al incluir la obligación de abonar hasta el 1% en concepto de información y publicidad de las obras se estaba incrementando de una forma indirecta el importe de oferta de cada licitador, lo que finalmente implicaba un aumento de gasto para la Administración.

Sus declaraciones colocan en el vórtice a Francisco Granados, que nunca había abandonado esa posición y ahora se encuentra en gira de entrevistas tras su recuperada libertad bajo fianza. Pero también a Manuel Lamela, que debe su fama al frente de la sanidad madrileña entre 2003 y 2007 no tanto a su defensa de la privatización hospitalaria como a la cacería a que fueron sometidos varios médicos del hospital Severo Ochoa de Leganés acusados por una denuncia anónima de haber perpetrado "400 homicidios".

Los tres testigos los colocan a ambos en el centro del vendaval de Púnica por lo siguiente: según la exdirectora del Sermas, la cláusula del 1% ya figuraba en los pliegos cuando accedió a ese cargo en 2005, pero que en cualquier caso la selección de las empresas que debían publicitar los nuevos hospitales y el contenido exacto de esas campañas de información se dirigía "desde la Consejería de Presidencia y desde el Gabinete de Prensa situado en la sede de la Puerta del Sol". El exjefe de servicio fue más lejos: "Cree recordar –se lee en su declaración– que ese apartado [el del 1% para publicidad] se incluía en los pliegos por una instrucción interna recibida desde la Consejería de Presidencia o desde la Consejería de Sanidad", y el consejero, añadió, era Manuel Lamela. Y el jefe de contratación de la Consejería de Sanidad, a quien también la Guardia Civil le preguntó por el contenido de los planes de información sobre los nuevos hospitales, ofreció esta respuesta: "Que lo desconoce, que este Plan dependía del Gabinete del consejero de Sanidad Manuel Lamela".

Los investigadores del caso creen que ese 1% sirvió para que empresas de publicidad ya investigadas por presunta financiación ilegal del PP facturasen servicios de propaganda electoral a las empresas adjudicatarias de la construcción de esos nuevos centros sanitarios. Los documentos incorporados a la causa prueban que múltiples facturas endosadas a distintas constructoras con cargo a la cláusula del 1% fueron emitidas por Over Marketing y sus sociedades satélite. El propietario de ese grupo de publicidad ya admitió que hacía actos gratis para el PP. Y que ese era posiblemente el "beneficio" que podían haber obtenido quienes le adjudicaban contratos amañados.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/07/tres_cargos_sanidad_madrilena_afianzan_sospecha_que_para_publicidad_hospitales_ocultaba_mordidas_67317_1012.html

UNO DE LOS PRINCIPALES INVESTIGADOS EN 'PÚNICA' CONTROLÓ DURANTE CUATRO AÑOS UNA WEB DE PROPAGANDA SOBRE RAJOY Y EL PP

Alejandro de Pedro presentaba la web ppdigital.es como "controlada" por su empresa Eico en los informes sobre reputación online que se pagaban con dinero público

Encabezada siempre por una gran foto de Rajoy y activa hasta enero de 2015, la web ofrecía "noticias del PP" de todo el país y llegó a sumar 1.037 comentarios al programa electoral de 2011

Génova niega cualquier vínculo con el digital y recalca que su única relación con De Pedro se limitó al encargo retribuido de una "prueba" que no se tradujo en ningún contrato

Alejandro de Pedro, experto en lavar reputaciones de políticos en Internet y uno de los principales investigados en la Operación Púnica, controló durante cuatro años –de enero de 2011 al mismo mes de 2015– una web de "noticias sobre el PP nacional" que en su propio dominio incluía el nombre del partido. Se trata de www.ppdigital.es, ahora inactiva aunque es posible rastrear su historial a través de ciertos buscadores. Pese a su larga existencia, a que un gran retrato de Mariano Rajoy presidía cada edición y a que el logotipo del partido –cuya propiedad le pertenece en exclusiva– era una constante, los portavoces oficiales del PP consultados por infoLibre aseguran que esa web les era por completo desconocida. Los mismos portavoces minimizaron la importancia de uso de las siglas del PP.

Son los informes de reputación online "institucional" que la empresa cabecera de Alejandro de Pedro, Eico, elaboraba por encargo de la Comunidad de Madrid los que señalan que ppdigital.es se cuenta entre los digitales bajo su "control". En 2015, el PP aseguró que su única relación con De Pedro y Eico se había limitado a pagarle unos 5.000 euros por una "prueba" sobre mejora de imagen cuyo resultado no convenció al partido, que desistió de contratarle. El jueves, después de que este diario informase a los responsables de comunicación del partido sobre el nombre de ppdigital.es, sus características, sus cuatro años de vida y su pertenencia oficial a Eico, la respuesta fue la misma que la de 2015. Hasta ahora, todos los documentos de Eico aflorados durante la investigación de Púnica asociaban a la empresa de Alejandro de Pedro con trabajos de mejora de imagen política de líderes del PP bajo el camuflaje de lo "institucional" para Madrid, Valencia o Murcia. Pero no con ninguno relacionado con la formación política a escala estatal.

¿Puso Alejandro de Pedro esa web en marcha y la mantuvo hasta poco después del estallido del caso gratis et amore? En 2014 el PP le abonó 4.840 euros a Eico Online SL. Fue la única salida de fondos desde la sede central de Génova en dirección a la firma del supuesto conseguidor, remachan los portavoces del partido. Pero en 2011 el PP madrileño ya le había ingresado 40.120, y así lo acredita la contabilidad enviada por el partido ese año al Tribunal de Cuentas y a la que también ha tenido acceso infoLibre.

¿Fue eso lo único que el empresario cobró de la formación azul? Es una incógnita. Este diario intentó sin éxito recabar la versión de De Pedro a través de una llamada y un mensaje escrito a su teléfono móvil. Sí atendió el teléfono el informático a cuyo nombre figura ahora la web ppdigital.es. Su versión es esta: que la compró en diciembre de 2014 –los buscadores de dominio arrojan como fecha el día de Nochebuena– por pura utilidad mercantil, que ignora a quién pertenecía antes dado que una vez que expira la licencia el dominio vuelve a manos de los registradores, que no tiene ni idea de quién es Alejandro de Pedro y que jamás ha mantenido vínculos con el PP.

Del retrato del líder al programa electoral de 2011

La página ppdigital.es está, en efecto, inactiva y su licencia expira de nuevo este año. Pero es posible obtener una surtida colección de fotos fijas de su historia gracias a los buscadores retroactivos. Todas esas instantáneas que quedaron congeladas en el ciberespacio comparten un mismo esquema: junto a un gran retrato de Mariano Rajoy aparecen las imágenes de distintos líderes regionales del partido. Y debajo, una panoplia de lo que en la terminología empleada por el propio Alejandro de Pedro en sus informes de reputación online se definiría como titulares "positivos" para la formación conservadora. Los documentos incorporados a las actuaciones de Púnica constatan que los informes de reputación online que De Pedro facturó a la Comunidad de Madrid por trabajos de supuesto carácter "institucional" incluían www.ppdigital.es entre los "espacios web" o digitales "controlados" por su empresa Eico Online. Los entrecomillados proceden de esos mismos informes.

En septiembre de 2011, ppdigital.es alojó una pieza sobre el programa electoral del PP que llegó a contabilizar 1.037 comentarios. La pieza enlazaba a la página oficial de la formación conservadora (www.pp.es) e incorporaba un banner de otra web bautizada como yocambiaria.es. Ahora igualmente inactiva, en aquel momento yocambiaria.es estaba dedicada a animar a los ciudadanos a participar en la elaboración del programa electoral del PP. Junto a un primerísimo plano de los ojos de Mariano Rajoy, yocambiaria.es situaba el logotipo del PP y el siguiente lema: "Participa en el cambio".

Programa electoral del PP de 2011 incluido en la web, que llegó a recabar 1.037 comentarios. Programa electoral del PP de 2011 incluido en la web, que llegó a recabar 1.037 comentarios.

Los titulares de ppdigital.es se actualizaban mes a mes a tenor de las capturas efectuadas por infoLibre y de las numerosas url de "noticias" publicadas en ppdigital.es y que constan en el sumario de Púnica: por ejemplo, noticias relativas a la exconsejera Lucía Figar, imputada en Púnica, o al expresidente de Madrid Ignacio González, en prisión preventiva desde que en abril estalló la Operación Lezo.

Este diario solo ha encontrado dos excepciones a la regla en virtud de la cual la web articulaba sus contenidos siempre en torno a la imagen de Rajoy. La primera captura de ppdigital.es, fechada el 28 de enero de 2011, muestra una página rudimentaria, sin rastro del líder del partido y entonces aspirante a la Presidencia del Gobierno y solo ofrece informaciones sobre dirigentes del PP madrileño y valenciano; la última captura muestra lo que de nuevo se aproxima más a la estética de un blog artesano y contiene un solo texto titulado La verdad de las reformas del Gobierno en España. Su protagonista es María Dolores de Cospedal.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/03/uno_los_principales_investigados_punica_controlo_durante_cuatro_anos_una_web_propaganda_sobre_rajoy_el_67081_1012.html

250 TUITEROS ‘PÚNICOS’ PARA LIMPIAR LA IMAGEN DE IGNACIO GONZÁLEZ

La Comunidad de Madrid dedicó ingentes medios para silenciar en las redes sociales los escándalos que salpicaban al presidente autonómico y limpiar su reputación

El mes de enero de 2013 fue duro para el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Sus polémicas respuestas en una entrevista en la cadena SER le convertían en blanco de las críticas en las redes sociales. La juez de Estepona y la Fiscalía Anticorrupción retomaban la investigación sobre su ático. Y el caso del espionaje le seguía salpicando. Todo un chaparrón de noticias “negativas” que el experto informático Alejandro de Pedro, ahora imputado en el caso Púnica y contratado en aquel momento por la Comunidad de Madrid para mejorar la reputación onlinedel político, intentó contrarrestar. Lo hizo mediante 250 perfiles creados por él en Twitter —entre ellos, @tuiterospp con 20.000 seguidores— , 5.600 tuits y 2.850 retuits. Su objetivo, según recogía en el informe que emitió entonces, era tildar de "vagas" y "manipuladas" aquellas noticias que ponían contra las cuerdas a González.

Una de las imputadas en el caso Púnica, Isabel Gallego, que fuera directora general de Medios de Comunicación del Gobierno con Esperanza Aguirre y, posteriormente, con el propio González, remitió el pasado miércoles a la Audiencia Nacional una docena de los más de 20 informes mensuales que EICO, una de las empresas de De Pedro, elaboró entre 2012 y 2014 para dar cuenta de sus actuaciones encaminadas a mejorar la imagen de González, hoy encarcelado por el caso Lezo.

En dichos documentos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, se observa cómo la preocupación por la imagen del que terminó siendo presidente de la Comunidad iba más allá de su cargo público, con referencias, entre otros, al caso de su ático en Marbella o a las polémicas en torno a su mujer, Lourdes Cavero, también imputada ahora en el caso Lezo y que entonces ocupaba un cargo en la patronal madrileña.

Campañas contra el rival

Las actuaciones fueron desde la monitorización de las noticias que sobre González aparecían en los buscadores de Internet, para excluir aquellas negativas de las 20 primeras, a controlar todos los aspectos de la imagen del político en las redes sociales y lanzar campañas contra el que fue su rival, el socialista Tomás Gómez. Cuando estalló el caso Púnica en octubre de 2014, el Gobierno regional adeudaba 100.000 euros a De Pedro por estos trabajos y, supuestamente, iba a abonárselos a través de empresas adjudicatarias de contratos públicos.

Brigadas en redes sociales contra la 'marea blanca'

En 2013, los informes de los encargados de limpiar la imagen pública de Ignacio González destacaban como estrategia la difusión en las redes de 150 noticias "sobre el desarrollo empresarial y económico" de la Comunidad de Madrid para hacer frente a los "temas relacionados con la sanidad pública". En mayo de ese año, 50 perfiles de Twitter y 500 tuits sirvieron para contrarrestar las críticas lanzadas por la llamada marea blanca contra la privatización de la sanidad y las noticias que relacionaban a González con el caso Gürtel.

Entre sus logros, el informático Alejandro de Pedro presumía de haber eliminado los “vídeos negativos” sobre el presidente madrileño de los 20 primeros puestos de Google y haber conseguido situar en segunda posición de los buscadores "la web personal del político, manteniendo el control de las noticias negativas".

De Pedro manejó en 2014 un total de 150 perfiles en Twitter que hicieron 1.850 tuits. Un volumen que mantuvo en los dos meses siguientes, los últimos de los que figuran informes en el sumario, para difundir "todas aquellas noticias positivas que resaltan la gran labor política y económica de la Comunidad".

Iniciados los trabajos en abril de 2012 —cuando González era aún vicepresidente regional—, en el informe del mes siguiente De Pedro ya destacaba que sus técnicos habían conseguido "copar" con noticias positivas de González elaboradas por páginas web controladas por su empresa EICO cinco de las 20 primeras posiciones en Google. Incluso se destacaba que habían colocado en la quinta posición de dicha clasificación la "web personal" del político. Y que habían logrado eliminar del listado cuatro "noticias negativas" y bajar de posición otras tres. Durante varios meses esa fue, según estos informes, la función principal del señalado como informático de la Púnica.

Una labor que él mismo ponía en valor en el informe de septiembre de 2012, en el que justificaba que los resultados hubieran sido similares al mes anterior por "el revuelo causado a raíz de los cambios en la Comunidad", en referencia a la dimisión ese mes de Esperanza Aguirre que aupó a González a la presidenta.

Para entonces, De Pedro no sólo controlaba el posicionamiento de noticias en los buscadores, sino también el de los vídeos relacionados con el político en Youtube o sus fotos en Flickr. Al mes siguiente, el informe destacaba que la presencia mediática del dirigente del PP había sido apoyada desde EICO, que también "se ha ocupado en contribuir en gran medida [a] desgastar la figura de Tomás Gómez en redes sociales".

Noticias negativas

En aquel momento, De Pedro ya apuntaba que tenía 45 perfiles en Twitter que habían generado 350 tuits y 150 retuits con diversas etiquetas relacionadas con González y con su rival político. El informe de noviembre resaltaba que había conseguido "bajar la noticia negativa que estaba en segunda posición" de los buscadores, que se habían generado 150 noticias desde los llamados diarios zombies (utilizados para multiplicar el tráfico de las páginas favorables al político) y que se había colado el perfil en Facebook de González en el ranking de Google.

En diciembre, los trabajos de EICO se centraron en contrarrestar las noticias “negativas” sobre la política sanitaria y la aparición de un supuesto regalo a González por parte de un contratista de la Comunidad, Over Marketing, hoy en el centro de las sospechas por su presunta vinculación con la financiación irregular del PP.

En 2014, los trabajos del informático ahora imputado en Púnica aumentaron en Twitter. En febrero se inició un control sobre las menciones a González en la red social que en aquellos días se elevaron a 12.437. Al mes siguiente fueron 54.843, después de que el político hiciera unas declaraciones en las que comparaba las marchas de la dignidad con el movimiento neonazi griego. "Los usuarios critican que el presidente lleva una vida de millonario", recogía el informe de De Pedro, cuyo gran éxito entonces fue que en la primera página de Google, la que recoge los primeros 20 resultados de las búsquedas, sólo pareciera una noticia negativa sobre Ignacio González.

http://politica.elpais.com/politica/2017/06/25/actualidad/1498406871_492138.html

FRANCISCO GRANADOS: “NO TENGO NINGUNA MANTA DE LA QUE TIRAR”

El exconsejero popular ha asegurado que no existe una 'trama púnica' y que "se han publicado informes falsos en masa"

El exconsejero madrileño Francisco Granados ha asegurado este martes en Telecinco, que no tiene ninguna "manta de la que tirar" porque no tiene ninguna información secreta que revelar sobre el Partido Popular. Granados, que abandonó la de Estremera en Madrid este mes de junio, tras permanecer encarcelado 31 meses por blanqueo de capitales y fraude, ha añadido que no cree que existe una trama púnica y ha sostenido que "sin ninguna duda" se han publicado informes falsos en masa".

Granados, que pagó una fianza de 400.000 para obtener su libertad provisional, ha negado haber mantenido relación con el constructor David Marjaliza, supuesto cerebro de la trama. "Yo no sé por qué se me ha bautizado el socio de Marjaliza, se me ha quedado ese San Benito y yo no he sido socio de este señor jamás".

Marjaliza realizó una confesión que le valió la puesta en libertad el 30 de diciembre de 2015. "El señor Marjaliza no está colaborando con la justicia, lo que está haciendo es incriminar de manera falsa a una serie de personas en cuestiones que cree que a él le benefician", ha expresado Granados.

Preguntado si se consideraba víctima de Partido Popular, Granados ha afirmado que se considera "una persona inocente", que ha estado dos años y ocho meses en prisión. "Yo no espero nada del Partido Popular porque yo no tengo nada que pactar con mis compañeros. Todo lo que he visto en el PP en los años que he sido secretario general y en los años que he ocupado otros cargos ha sido absolutamente legal".

http://politica.elpais.com/politica/2017/06/27/actualidad/1498557866_943131.html

LA EMPRESA QUE GESTIONABA EL MAYOR PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA DE MADRID CONTABILIZA YA 17 ENTRADAS DE LA UCO POR PÚNICA

Arpegio, antiguo feudo de Granados y considerada como uno de los grandes escenarios del saqueo, ha afrontado desde octubre de 2014 ocho requerimientos de información y ha protagonizado otras nueve entregas voluntarias

La desaparición de documentos originales en expedientes clave inquieta a los investigadores

La empresa Arpegio, antiguo feudo de Francisco Granados y considerada por la Fiscalía Anticorrupción como uno de los grandes escenarios del saqueo de las arcas públicas madrileñas, lleva contabilizadas 17 entradas de la Unidad Central Operativa (UCO) desde el estallido de la Operación Púnica, en octubre de 2014.

La profusión de visitas de la Guardia Civil a su sede retrata hasta qué punto Arpegio centra el interés de los investigadores de una causa donde el –supuesto– lucro personal de los principales imputados se solapa con –presuntas– operativas para financiar al PP de Madrid. Según fuentes conocedoras de lo sucedido, ocho de las 17 entradas de la UCO en Arpegio perseguían la búsqueda e inmediata incautación de determinados documentos. Y nueve tuvieron como objetivo recibir documentos a iniciativa del nuevo equipo directivo que en octubre de 2015 tomó las riendas de Arpegio.

¿Y qué busca la UCO en Arpegio con semejante celo? En general, contratos del llamado Plan Prisma, que solo entre 2006 y 2011 movió nada menos que 1.000 millones de euros para infraestructuras y equipamientos en municipios de la Comunidad de Madrid. Un informe de la Intervención del Estado (IGAE) ya ha señalado que, con independencia del eventual desvío de fondos, el hecho de que el Gobierno de Esperanza Aguirre delegase en Arpegio la ejecución del Plan Prisma constituyó "una cuádruple infracción legal".

Dos grupos de expedientes han focalizado los rastreos de los últimos meses. El primero es el relativo a los expedientes cuyo protagonista es la empresa de publicidad Over Marketing y sus tres sociedades satélite: Traci Comunicación, Link América y Abanico Comunicación. Las cuatro, que en la década de mando de Esperanza Aguirre ingresaron 15,5 millones por contratos públicos de la Comunidad y de ayuntamientos madrileños gobernados por el PP, pertenecen al empresario Horacio Mercado. En 2012, Mercado ya estaba siendo investigado en el caso Palma Arena. Y admitió ante el juez José Castro haber recibido contratos amañados también en Madrid.

El otro gran expediente que centra el interés de la investigación sobre Arpegio se refiere al de la adjudicación por la que que en marzo de 2006 Arpegio encomendó a Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos SA (DUSA) preparar todos los contratos del Plan Prisma. Ese encargo reportó finalmente nueve millones a DUSA, cuyo administrador único, Adolfo Fernández Maestre, reconoció en noviembre ante la Asamblea de Madrid que tenía solo "seis o siete empleados" cuando se alzó con la victoria y que "no estaba preparado" para una tarea de tal envergadura. DUSA ni siquiera tuvo rivales pese a lo suculento del importe inicial en juego –4,5 millones– y a que 20 empresas habían retirado la documentación necesaria para competir.

¿Cumplió DUSA los requisitos formales exigidos en el pliego de condiciones o ni siquiera se molestó Arpegio en garantizar el cumplimiento de ese trámite? Esa es una de las dudas que todavía persisten. Parte de los documentos originales del expediente han desaparecido para inquietud de los investigadores.

De hecho, esa desaparición se perfila como la clave de por qué en un informe fechado el pasado mes de mayo la Fiscalía Anticorrupción incorporó un párrafo de gran dureza hacia el Gobierno de Cristina Cifuentes: "Las razones expuestas [los agujeros negros detectados en ciertos expedientes y las declaraciones de distintos funcionarios sobre el "aislamiento profesional" al que se vieron sometidos por no participar en manejos turbios] nos conducen a pensar, que se hace difícil confiar que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la CAM [Comunidad Autónoma de Madrid], no vislumbrándose medidas alternativas que satisfagan la realización del interés superior de la justicia".

Dos flancos abiertos

El Ejecutivo madrileño se declara no solo por completo ajeno a cualquier maniobra de obstrucción a la justicia sino que subraya su "absoluta" voluntad de colaborar. Desde que tomó posesión en el verano de 2015, la presidenta Cifuentes no ha cesado de repetir el mensaje de que su equipo está limpio de polvo y paja. Como bazas a su favor juegan la entrega voluntaria de documentación de Arpegio, sobre la que los portavoces del Ejecutivo madrileño se niegan a aportar el más mínimo dato con el argumento de que no opinan "de causas abiertas", así como la presentación ante la Fiscalía de una denuncia sobre irregularidades detectadas en el Canal y, ahora, de otra sobre operaciones bajo sospecha relacionadas con la Cámara de Comercio de Madrid.

Pero Cifuentes también tiene dos flancos abiertos. Uno le afecta personalmente. Y es la adjudicación de la gestión de la cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011 a una empresa de Arturo Fernández, entonces dirigente patronal muy próximo a Esperanza Aguirre y donante del PP a través de la oscura fundación Fundescam. Ambas adjudicaciones se basaron en informes de sendos "comités de expertos" a los que pertenecía Cifuentes, que asimismo ocupaba un puesto en la mesa de contratación de la Cámara madrileña.

De momento, y tras un contundente informe de la UCO denostado por Cifuentes en particular y por el PP en general, el asunto parece congelado en espera de que el juez Manuel García-Castellón tome el relevo de Eloy Velasco en el juzgado 6 de la Audiencia Nacional. El entorno de la presidenta de Madrid da por hecho que la investigación sobre esas adjudicaciones a Arturo Fernández ha entrado en definitiva vía muerta "porque no hay nada".

El otro punto débil de Cifuentes –el más débil, según todos los observadores– se llama Jaime González Taboada y es el actual consejero de Medio Ambiente de Madrid. Durante el bienio 2006-2007, periodo en que Arpegio dispuso de 600 millones para el Plan Prisma, Taboada era director general de Cooperación Local a las órdenes de Francisco Granados. Y formaba parte de la mesa de contratación de Arpegio. Antes de abandonar la instrucción del caso Púnica para incorporarse a la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco dictó un auto por el que cita a declarar para septiembre en calidad de investigados –imputados– a todos los que pertenecieron a la mesa de contratación de Arpegio entre 2006 y 2007. A todos salvo a González Taboada.

El consejero goza de aforamiento y, en consecuencia, no puede ser formalmente investigado por la Audiencia Nacional. Como informó este diario, en las actuaciones del caso consta incorporado el relato de un funcionario ya jubilado –el exjefe de área de zonas verdes– que involucra a Taboada en la operación de acoso y ostracismo a que, según su versión, fue sometido por negarse a amañar una adjudicación.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/06/23/la_empresa_que_gestionaba_mayor_plan_inversion_publica_madrid_contabiliza_entradas_uco_por_punica_66758_1012.html

EL PSOE DICE QUE VIO EN 2016 PAPELES AHORA PERDIDOS DEL ‘CASO PÚNICA’

Uno de los expedientes de contratación reclamados por el juez García-Castellón en la investigación de la supuesta caja b del PP

Parte de la documentación sobre el Campus de la Justicia de Madrid que investiga el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón dentro del caso Púnica y que la Comunidad de Madrid ha dado por desaparecida estuvo supuestamente a disposición de los diputados de la Asamblea de Madrid a comienzos de 2016, según denuncia el PSOE.

La diputada regional socialista Mercedes Gallizo detalló ayer a EL PAÍS que el expediente de una de estas adjudicaciones bajo sospecha —la realización en 2005 de un vídeo sobre el proyecto— estaba en uno de los más de 400 archivadores que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes puso en enero del año pasado a disposición de los parlamentarios de la Comisión sobre el Endeudamiento que investigaba las supuestas irregularidades del proyecto de reunir en un solo espacio las sedes judiciales de la capital y que ha dejado un agujero de 105 millones de euros.

Por ello, el PSOE tiene previsto registrar hoy una petición de comparecencia del consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido. Junto al mismo, presentará un escrito en el que detalla que, según el listado que la Comunidad de Madrid puso en su día a disposición de los diputados, en la carpeta número 3 del archivador 87 figuraba el “expediente de contratación” para el “rodaje de imágenes para el audiovisual Campus de la Justicia”. El índice especificaba que se incluía las “proposiciones económicas de distintas empresas”.

Sin embargo, nada de esa documentación ha sido ahora incorporada al sumario del caso Púnica pese a que en marzo el entonces juez instructor de la causa, Eloy Velasco, reclamó a la Comunidad de Madrid todos los contratos firmados por la sociedad pública que gestionaba el Campus de la Justicia con cuatro sociedades del empresario argentino Daniel Mercado, imputado por la supuesta financiación irregular del PP de Madrid.

Una de estas mercantiles, Traci Comunicación SL, es la que finalmente hizo ese audiovisual por 116.145 euros, según recoge una factura que sí ha sido localizada por el Ejecutivo regional y remitida a la Audiencia Nacional. Según adelantó EL PAÍS, el gobierno de Cifuentes reconoció en marzo a la Audiencia Nacional que solo había sido capaz de encontrar “diversas facturas” y “determinados asientos contables” de los pagos a dichas empresas, pero ningún contrato.

https://politica.elpais.com/politica/2017/07/24/actualidad/1500924107_343071.html

DESAPARECEN PAPELES LIGADOS A LA CAJA B DEL PP DE MADRID

La Comunidad reconoce que "no han localizado" los archivos de la sociedad pública Campus de la Justicia

"No han sido localizados ninguno de los contratos". El agujero documental en la Comunidad de Madrid destapado por el caso Púnica crece con una nueva desaparición de documentos claves, en este caso de los archivos de la sociedad pública Campus de la Justicia, el millonario fiasco inversor de los Ejecutivos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. La Comunidad reconoce ante el Juzgado 6 de Instrucción que la documentación sobre adjudicaciones de contratos no está custodiada.

La Consejería de Presidencia y Justicia ha remitido al Juzgado Central de Instrucción 6 dos escritos en los que reconoce que la documentación sobre las adjudicaciones de varios contratos de publicidad a las empresas Over Marketing y Comunicación SL, Traci Comunicación SL, Abanico de Comunicación y Marketing SL y Link América SL, todas ellas ligadas al empresario argentino Daniel Mercado, imputado por la supuesta financiación irregular del PP madrileño, "no se encuentran custodiados" en sus archivos. La Comunidad de Madrid solo ha sido capaz de encontrar "diversas facturas" y "determinados asientos contables" referidos a estas mercantiles y que certifican que se les pagaron decenas de miles de euros. Recientemente, el Gobierno regional admitió otras dos pérdidas de documentos relacionados con la trama de corrupción presuntamente encabezada por Francisco Granados.

La búsqueda de estos contratos se remonta al pasado 6 de marzo. Ese día, el entonces juez instructor del caso Púnica, Eloy Velasco, envió a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede de la empresa pública Campus de la Justicia, entonces ya en liquidación, con un mandamiento para requerir la entrega de manera "inmediata" de "los contratos públicos que ese organismo ha adjudicado" a las cuatro empresas de Daniel Mercado. En dicho mandamiento se destacaba, que la información reclamada debía incluir "el objeto del contrato, el órgano contratante, fecha de licitación y de formalización del contrato, empresa adjudicataria, presupuesto base de licitación, importe de adjudicación, procedimiento y forma de adjudicación". En aquellas fechas, la pieza separada de la causa para la que se recababa la documentación, la referida a la supuesta financiación irregular del PP de Madrid y varias de sus campañas electorales, estaba aún bajo secreto de sumario y así se lo advertía el magistrado para que el destinatario no revelase la existencia de dichas pesquisas.

El dedo de Granados

Entre la abundante documentación remitida a la Audiencia Nacional por organismos y empresas públicas de la Comunidad de Madrid para investigar la supuesta caja b del PP madrileño dentro del caso Púnica figura una carta enviada el 8 de marzo por el secretario general de Arpegio, Francisco Esquivias -actualmente imputado en la causa- en la que éste admite que uno de los contratos adjudicados por esta sociedad a Over Marketing en 2005 se produjo por "decisión de la Consejería de Presidencia", que entonces encabezaba Granados. Según dicho documento, el 14 de marzo de aquel año, el departamento del hoy señalado como presunto cabecilla de la trama comunicó a Arpegio su intención de celebrar cuatro días más tarde un acto en Leganés para presentar el llamado Parque Forestal del Sur. "Tanto la designación de la empresa adjudicataria, Over Marketing, como el presupuesto de los trabajos de este evento, 31.559,43 euros más IVA, fueron decisión de la Consejería de Presidencia y comunicado a Arpegio con escasa antelación", detalla el escrito. En total, esta empresa cobró por este y otros tres contratos cerca de 725.000 euros, más IVA.

La respuesta de la Comunidad de Madrid tardó ocho días. El 14 de marzo, un asesor del viceconsejero de Presidencia y Justicia remitía a la Audiencia Nacional un escrito en el que, tras detallar que la sociedad Campus de la Justicia había sido "liquidada y extinguida" en 2015 y que el Ejecutivo regional había pasado a custodiar su archivo documental, admitía que no había podido localizar "ninguno de los contratos públicos" con estas cuatro mercantiles. También que se habían encontrado "diversas facturas en las que se acredita la relación existente" de las mismas con el Campus de la Justicia. Trece días después de dicho escrito, la UCO remitía a la Comunidad de Madrid un oficio en el que le reclamaba "copia certificada" de dichos albaranes y asientos contables, "así como cualquier otro documento".

Diario de apuntes

El 30 de marzo, la Comunidad de Madrid remitía un nuevo escrito con dichos documentos, pero también con la advertencia de que eran todos los que "han sido posible localizar en dicho archivo, sin que ello implique que pudieran existir otros". Junto al mismo, once facturas, diversos documentos bancarios relacionados con el pago de las mismas y dos memorias técnicas de sendos actos protocolarios relacionados con el Campus de la Justicia, así como una decena de páginas del "diario de apuntes" de la contabilidad en los que aparecían once apuntes contables que recogen el pago a las empresas de Daniel Mercado de 166.895,18 euros. Las facturas que justifican dichos abonos incluían como concepto la realización de un vídeo del proyecto del Campus de la Justicia, la presentación de las maquetas para el proyecto diseñado por el arquitecto Norman Foster para uno de los edificios nunca construidos, la organización de una rueda de prensa, entre otros encargos.

Con esta, ya son tres las desapariciones de documentos vinculados a adjudicaciones bajo sospecha en el caso Púnica. El pasado 13 de junio la empresa pública del suelo de Madrid, Arpegio, admitía a la Audiencia Nacional que "varias carpetas" que debían contener contratos investigados aparecían vacías, como adelantó EL PAÍS el pasado 11 de julio. El pasado 9 de marzo, el ejecutivo regional también reconocía que dos contenedores con toda la documentación referida a un contrato de publicidad del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) por 2 millones de euros se encontraba en paradero desconocido.

https://politica.elpais.com/politica/2017/07/22/actualidad/1500738485_915390.html

EL NUEVO TERREMOTO EN PÚNICA: LA UCO CERCA A 19 ALCALDES, DIPUTADOS Y ALTOS CARGOS DEL PP

Anticorrupción ha pedido a la Guardia Civil que impulse la investigación de los contratos que la firma Waiter Music se llevó en 35 municipios madrileños para dilucidar cuántos estuvieron amañados

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que impulse la investigación de una de las 16 piezas del caso Púnica, lo que puede provocar un nuevo terremoto en la política madrileña. Los agentes tienen que examinar todos los contratos que la empresa Waiter Music, que organizaba conciertos y festejos, obtuvo en 35 municipios de la región entre los años 2004 y 2013 y que le permitieron ingresar 25,6 millones de euros. El ministerio público ya trabaja con la hipótesis de que Francisco Granados, principal imputado de la causa, utilizó su influencia política como consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre y como secretario general del PP de Madrid para que muchos consistorios gobernados por el PP contrataran a Waiter. A cambio, esta firma hizo regalos a cargos públicos y se prestó a financiar actos electorales de los populares.

Los investigadores van a examinar irremediablemente los expedientes de contratación de estos 35 Consistorios. La Fiscalía hizo la petición antes de que el juez instructor de la causa, Eloy Velasco, dejara el caso y fuera sustituido por Manuel García-Castellón. El nuevo magistrado deberá impulsar ahora la pieza 7, la de Waiter, tomando declaración a extrabajadores de esta firma y analizando todos los contratos, que salpican a un reguero de alcaldes madrileños (la mayoría ya no ostenta el cargo), pero entre los que están ocho que hoy siguen al frente de sus municipios, tres que ahora son diputados autonómicos o nacionales, cuatro que han encontrado acomodo como altos cargos en el actual Gobierno de Cristina Cifuentes y cuatro exregidores que actualmente son concejales en la oposición. Una lista en la que hay 19 cargos públicos en activo y una veintena que ya no lo están, como Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella.

El principal municipio investigado es Valdemoro, epicentro de la trama, donde Granados fue alcalde. Según la información que obra en poder de la UCO, este municipio pagó a Waiter 8,9 millones de euros entre 2004 y 2013. En esos años ocuparon la alcaldía José Carlos Boza y José Miguel Moreno, ambos ya imputados en la causa. La Guardia Civil ya ha analizado estos contratos y concluye que parte de los fondos municipales que recibió Waiter fueron luego utilizados por el partido para pagar los gastos de varios mítines, como por ejemplo el acto de cierre de campaña de Aguirre en las elecciones autonómicas de 2007 y otro en marzo de 2008 celebrado en Valdemoro en apoyo de Mariano Rajoy.

La Púnica cerca al PP: 150 imputados, 1.200 cuentas embargadas y 4 millones incautados

La macrocausa ha generado miles de folios de sumario y provocado bajas y traslados de los funcionarios encargados de su gestión

El propietario de Waiter, José Luis Huerta Valbuena, también está imputado. Mantenía buena amistad con Granados y se benefició de ella, "fruto del clientelismo político e intercambio de favores". A cambio del sinfín de contratos que se llevó, Huerta obsequió con diversos "eventos de carácter personal" al propio Granados y a otros cargos públicos del PP. La Fiscalía quiere dirimir ahora si lo que pasó en Valdemoro se repitió en otros municipios de Madrid, sobre todo en aquellos que facturaron importantes cantidades de dinero con Waiter. También ha pedido "recabar la justificación de los trabajos que realizó Waiter para el PP de Madrid en el capítulo de financiación y sus gastos electorales".

El segundo municipio donde Waiter logró suculentos contratos fue Móstoles. Entre 2004 y 2011 facturó 3,4 millones de euros. El regidor en ese periodo, del PP, fue Esteban Parra. Su sucesor, Daniel Ortiz (también del PP), ya está imputado por amañar, presuntamente, otro contrato de eficiencia energética de 73 millones de euros que se investiga en otra de las piezas del caso. Hay otros cinco municipios que superan el millón de euros contratados con Waiter: San Martín de la Vega (2,1 millones de euros entre 2004 y 2011), Algete (1,7 millones entre 2007 y 2013), Chinchón (1,2 millones entre 2006 y 2013), Ciempozuelos (1,2 millones entre 2007 y 2012) y Torrejón de Velasco (un millón de euros entre 2004 y 2013). En todos gobernó el PP, aunque hay una excepción temporal.

Se trata de San Martín de la Vega. Entre diciembre de 2003 y mediados de 2007 el alcalde de este municipio fue el socialista Miguel Ángel Belinchón. En esa legislatura Waiter facturó casi 600.000 euros con el Ayuntamiento. Belinchón luego trabajó para Waiter, llegando a ser su director de comunicación. En 2007 le sucedió en el cargo la popular Carmen Guijorro Belinchón, alcaldesa hasta 2015, que siguió contratando a Waiter. Hoy es asesora de la Consejería de Transportes en el Gobierno de Cifuentes. En Algete, todos los contratos con Waiter se efectuaron bajo el mandato de Inmaculada Juárez (PP). Aunque en este municipio la UCO también ha puesto sus ojos en el concejal de Festejos, David Erguido, que también fue diputado autonómico y asesor de la Comunidad con Esperanza Aguirre. Hoy es asesor del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

En Chinchón, todos las adjudicaciones que se llevó Waiter (1.276.016 euros) se efectuaron bajo el mandato de María Luisa Fernández Fernández, alcaldesa del PP entre 2006 y 2015. Ahora ha sido recolocada por Cifuentes al frente de una empresa pública, Madrid Activa, un ente de tres trabajadores. En Ciempozuelos Waiter hizo negocio (1.210.344 euros) bajo el paraguas de María Ángeles Herrera (del PP), alcaldesa entre 2007 y 2015. Ahora es concejala en la oposición. En Torrejón de Velasco (1.026.629 euros) los regidores que contrataron a Waiter fueron Gonzalo Cubas, cuñado del empresario David Marjaliza y ya imputado en la causa, y Miguel Ángel López del Pozo, que luego fue consejero de Telemadrid.

Manual para comprar alcaldes: los mails de Púnica desvelan las 'soirées' de lujo en París

En un viaje a la capital francesa en el que coincidieron hasta cinco alcaldes investigados por contratos irregulares con la trama

Hay otras ocho localidades que también han trabajado con Waiter cuyos alcaldes del PP siguen hoy en el cargo. Se trata de Alcorcón (397.768 euros entre 2011 y 2013), con David Pérez al frente (también es diputado autonómico); El Álamo (333.191 euros entre 2007 y 2011), con dos regidores salpicados, Jesús Arribas (ocupó el cargo hasta mayo de 2010) y Natalia Quintana, su sucesora y actual alcaldesa; Villarejo de Salvanés (229.577 euros en los periodos 2005-2007 y 2011-2013), con los alcaldes Francisca García-Fraile (entre 2003 y 2008) y Marco Antonio Ayuso (desde 2011 hasta la actualidad); Villanueva de la Cañada (155.455 euros entre 2004 y 2013), con Luis Partida al frente todos esos años; Alcobendas (59.236 euros en 2011), con Ignacio García de Vinuesa (hoy también diputado autonómico); Boadilla del Monte (41.140 euros en 2012), con Antonio González Terol (hoy también diputado nacional); Majadahonda (21.767 euros en 2012), con Narciso de Foxá; y El Escorial (17.980 euros en 2008), con Antonio Vicente Rubio.

Aunque la intención de la UCO es examinar todos los contratos, quiere centrarse principalmente en los de mayor cuantía económica y en aquellos en los que ya maneja indicios de amaño. En otros tres municipios los alcaldes que en su día adjudicaron a Waiter son hoy diputados autonómicos. Se trata de Alcalá de Henares (477.964 euros entre 2011 y 2013), bajo la gestión de Bartolomé González (parlamentario en la Asamblea de Madrid) y Javier Bello; le sigue Getafe (169.879 euros entre 2012 y 2013), con Juan Soler, que además de diputado autonómico es hoy senador; y Leganés (63.330 euros entre 2012 y 2013), con Jesús Gómez.

Otros exalcaldes han encontrado acomodo en el Ejecutivo regional de Cifuentes o son en la actualidad ediles de sus municipios en la oposición tras perder las elecciones de 2015. En este listado están María Rabaneda, exregidora de Pinto. Bajo su mandato el ayuntamiento pinteño facturó 263.884 euros a Waiter. Hoy es alto cargo en la consejería de Sanidad. O el actual consejero de Tranportes, Pedro Rollán, exalcalde de Torrejón de Ardoz, donde Waiter ingresó 155.927 euros bajo su mandato y el de su predecedora, la socialista Trinidad Rollán. En Aranjuez (625.614 entre 2011 y 2013), Coslada (155.315 euros entre 2012 y 2013) y San Lorenzo del Escorial (21.240 euros en 2010) los exregidores María José Martínez de la Fuente, Raúl López Vaquero y José Luis Fernández-Quejo del Pozo son actualmente concejales del PP.

La UCO también tendrá que examinar los contratos que el consistorio de la capital firmó con Waiter. Alberto Ruiz-Gallardón pagó 229.000 euros en 2006 y 2007, y Ana Botella, 55.660 euros en 2013. El listado de municipios controlados por el PP se completa con Moraleja de Enmedio (897.208 euros entre 2004 y 2012), cuyo exalcalde Carlos Alberto Estrada está ya imputado en la causa; Arroyomolinos (386.963 euros entre 2004 y 2008), con Juan Velarde Blanco; Colmenar de Oreja (157.033 euros entre 2011 y 2013), con Francisco José García Paredes; Las Rozas (41.760 euros en 2009), con Bonificacio de Santiago; Titulcia (34.563 euros en 2004 y 2005), con Fuencisla Molinero Cuenca; Navalcarnero (32.670 euros en 2013), con Baltasar Santos González (imputado en otras causas); y Torrelodones (18.815 euros en 2008), con Carlos Galbeño.

La Púnica salpica también a Navalcarnero por un concierto de Bertín Osborne

El Ayuntamiento, gobernado por el PP y en quiebra técnica, contrató a Waiter Music para que el artista actuara en 2013. La factura fue 11.600 euros más cara que la misma actuación en otro municipio

Pero no todo son alcaldes del PP. Waiter también logró hacer sus pinitos en municipios controlados por el PSOE e IU. Se trata de Parla (253.026 euros entre 2009 y 2013), con el socialista José María Fraile (ya imputado en Púnica) en el poder. O Velilla de San Antonio (229.909 euros en 2007, 2012 y 2013), donde Waiter trabajó con la socialista Dolores Agudo y el popular Julio Sánchez Alarilla. En Humanes (365.099 euros entre 2006 y 2010), con el independientes Adolfo Álvarez Sojo, que fundó Compromiso Social Humanes tras ser expulsado del PSOE. También aparece José Masa, el mítico alcalde de IU en Rivas Vaciamadrid (43.352 euros en 2011 y 2012).

El trabajo para la UCO va a ser ingente. De estos 35 municipios, ya tiene identificados a 11 que aceptaron facturas duplicadas de Waiter y cuatro de los proveedores que trabajaban con esta firma en la organización de los eventos. Se trata de Valdemoro, Pinto, Getafe, Moraleja de Enmedio, Chinchón, Algete, Torrejón de Velasco, Arroyomolinos, Humanes, Coslada y Ciempozuelos. La operativa consistía en que Waiter y sus proveedores facturaban por lo mismo (aunque cambiando el concepto), por lo que el consistorio pagaba dos veces. En otros casos, la UCO ya tiene documentado que, por ejemplo, los eventos que Waiter regalaba al PP en sus mítines (como la instalación de castillos hinchables para atraer a familias) se facturaban de forma fraudulenta cargando los importes en los contratos públicos de fiestas locales.

En la lista también aparece algún alcalde socialista e incluso uno de IU que también contrató con Waiter

La pieza de Waiter no acaba aquí. La Fiscalía también ha pedido recabar todos los contratos que varias constructoras (FCC, Acciona, Dragados, OHL, Sacyr, Virton, Grupo DHO y Urbaser) firmaron con la firma de José Luis Huerta por valor de 1,34 millones de euros. La Guardia Civil ya ha constatado que estas empresas, adjudicatarias de contratos públicos en la comunidad de Madrid, también costearon actos electorales del PP abonando directamente los gastos de esos eventos a la empresa que los organizó, Waiter, estableciendo así una relación indirecta entre las adjudicatarias (las constructoras) y el partido que controlaba esas adjudicaciones.
'Sanse', el municipio 36

En el listado que tiene la UCO no aparece el municipio de San Sebastián de los Reyes, aunque el actual Gobierno local (una coalición de PSOE, Ganemos Sanse e Izquierda Independiente) ya envió a la Fiscalía las conclusiones de la comisión de investigación que llevó a cabo para analizar el extraño convenio de colaboración que el Consistorio, cuando gobernaba el PP, firmó con Waiter.

Los contratos municipales no han aparecido. Waiter organizó los conciertos en el Auditorio Municipal durante las fiestas patronales de agosto entre los años 2010 y 2014. El Consistorio firmó un convenio con esta firma para la instalación de una discoteca móvil, que según esa comisión de investigación no autorizaba la realización de conciertos ni obviamente cobrar entrada por ellos. Pero se hicieron. Luego Waiter engoradaba sus cuentas con la firma de 23 patrocinios con empresas prestadoras de servicios, que abonaban el dinero directamente a Waiter sin pasar por el control de la intervención municipal. Según esta fórmula, entre 2010 y 2014 Waiter ingresó 423.125 euros de patrocinios, a los que sumar los ingresos por la taquilla de los conciertos.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-07-23/los-conciertos-de-la-punica-salpican-a-8-alcaldes-6-diputados-y-4-cargos-de-cifuentes_1415457/

EL PENDRIVE DEL EXGERENTE DEL PP DE MADRID SE CONVIERTE EN LA 'PIEDRA ROSETTA' DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL

El usb incautado a Beltrán Gutiérrez sirve de guía en la investigación para descifrar la laberíntica financiación de las campañas de Esperanza Aguirre

El cotejo de sus datos con los de la contabilidad oficial afianzan la conclusión de los investigadores sobre cómo el PP gastó en las elecciones de 2007 el doble de lo permitido

Un sencillo pendrive azul y plateado, el que en uno de los registros de la Operación Púnica intervino la UCO en casa de quien fue gerente del PP de Madrid bajo el mandato de Esperanza Aguirre, Beltrán Gutiérrez, se ha convertido en una especie de nueva piedra rosetta con las claves precisas para descifrar la laberíntica financiación del partido. Y el jeroglífico que aparece a la vista ya casi descifrado indica que, desde luego, el gasto del PP en las campañas de Aguirre superó de largo el máximo legal permitido.

Lo que ya se conoce como dopaje electoral queda patente en esos archivos. Un somero contraste de los datos del pendrive con los de la contabilidad oficial del PP madrileño apunta a que la conclusión alcanzada por la Fiscalía Anticorrupción se sustenta no en conjeturas sino en hechos contantes y sonantes. Y esa conclusión se resume así: que el PP gastó en la campaña autonómica de 2007 el doble del límite legal. El umbral que separaba una campaña de lujo pero legal de otra directamente ilegal se situaba en 2.763.764 euros. Según el cálculo de Anticorrupción, el PP no solo cruzó esa raya sino tuvo un "exceso de gasto" de aproximadamente 2.685.000 euros.

Cómo se pagó ese "exceso" y el de las convocatorias electorales siguientes –las generales de 2008, 685.000 euros; y las autonómicas de 2011, 1.546.000 euros– se erige hoy en la clave de bóveda de la investigación. Los investigadores sostienen que una parte se pagó desde la opaca fundación Fundescam, otra mediante facturas pagadas por empresas que habían obtenido contratos de obras o servicios –entre ellas, las propias firmas de publicidad y eventos que hacían las campañas– y otra más con dinero negro acumulado en una caja b de rango autonómico. Ese año, el PP de Madrid comunicó a la Cámara de Cuentas cuáles habían sido sus ingresos por "donativos electorales": "0,00". En el interrogatorio a Beltrán Gutiérrez, el juez Eloy Velasco llegó a espetarle su convicción de que, en lo que atañe a Fundescam, el PP era "Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como": financiaba a la fundación con fondos públicos de la comunidad que a su vez servían para financiar las campañas del partido.

El cotejo de los datos almacenados en el pendrive del exgerente con los que quedaron reflejados en las memorias contables que el PP remitió año a año a los órganos de fiscalización –el Tribunal de Cuentas y su homóloga madrileña, la Cámara de Cuentas– constata dos hechos de relevancia: el primero, que no todas las empresas que, según los documentos elaborados por el propio Beltrán Gutiérrez trabajaron para el partido aparecen en la contabilidad oficial; el segundo, que las que aparecen lo hacen en casos significativos como acreedoras de cuantías muy inferiores a las que realmente les adeudaba el PP madrileño. Uno de los principales documentos del pendrive examinados por la UCO se refiere a la verdadera deuda que el PP arrastraba con sus proveedores electorales en noviembre de 2007. En total, 873.027 euros.

El 'caso Demométrica'

Un ejemplo de la relevancia de ese archivo lo ofrece el caso de Demométrica, empresa de sondeos de opinión Demométrica a la que el PP aún debía en noviembre de aquel año 104.400 euros por "Estudios de Municipios" y otros 23.780 euros por el concepto "Caja". Junto a la primera y más abultada cifra, la tabla de datos incorpora un segundo concepto: "Campaña". O sea, elecciones. Sin embargo, la contabilidad oficial del PP madrileño sobre el ejercicio 2007, incorporada al sumario del caso de los papeles de Bárcenas y a la que infoLibre ha tenido acceso, no incluye ninguna mención a Demométrica. La de 2008, tampoco. Demométrica tampoco figura en la documentación sobre la campaña electoral de 2007 remitida por el PP a la Cámara de Cuentas.

Su nombre no entra en escena en la contabilidad del PP madrileño hasta 2010, en que la organización que entonces dirigía Esperanza Aguirre declaró haberle abonado 114.912 euros. En marzo, el dueño de Demométrica admitió ante la Guardia Civil que en 2011 endosó facturas de sondeos de intención de voto por casi 40.000 euros a la fundación Fundescam, una de las autovías de supuesta financiación ilegal de las que el PP se valió para captar fondos opacos y sufragar gastos electorales. El testigo señaló a Beltrán Gutiérrez como la persona que le decía "que una parte de las facturas se emitieran a Fundescam y otra parte, al PP".

Una pauta repetida

Lo sucedido con Demométrica no constituye una excepción sino, muy al contrario, una pauta repetida. Otro ejemplo: ese mismo excel del pendrive de Beltrán Gutiérrez –el archivo se llama Deudas Nov 2007– la empresa Back RVS, cuyo propietario figura entre los investigados de Púnica en la pieza sobre financiación del PP, figura junto a una leyenda -"Montaje actos"– y una cifra: 90834,73 euros exactamente. Ese es el montante que, a tenor del documento del exgerente, adeudaba el PP madrileño a Back RVS en noviembre de 2007. El partido comunicó que esa firma había realizado trabajos electorales por 122.671,88 euros.

La contabilidad regional del PP anotó casi el doble –202.951 euros–, lo que significa que computó una parte sustancial como servicios de funcionamiento ordinarios y no electorales. Pero el problema no estriba en si el PP hizo o no trampas al anotar como trabajo ordinario lo que eran preparativos de campaña, una práctica que los investigadores de Púnica consideran más que acreditada. El auténtico problema radica en que, como subraya la UCO en su informe sobre la financiación del PP, el importe de los servicios realmente prestados por Back RVS al PP de Madrid en 2007 superó nada menos que los 900.000 euros. Del análisis de los abundantes documentos del pendrive relativos a Back RVS la Guardia Civil infiere que la empresa cobró en efectivo 450.000 euros.

Otro ejemplo: Over Marketing, una de las firmas de publicidad receptoras de grandes y numerosos contratos públicos de la Comunidad de Madrid en la segunda mitad de la pasada década y cuyo propietario ya ha confesado no solo que se benefició de sucesivos amaños sino que a cambio hacía actos gratis para el PP, aparece igualmente en el excel sobre la deuda que el PP arrastraba en noviembre de 2007. En total, el PP le adeudaba 77.347 euros por varios trabajos: "Mailing Usa y Argentina", "Mailing Cera", "Vídeos candidaturas", "Stand Convención 2006" y "PP Tres Cantos". En la información suministrada a la Cámara de Cuentas no hay rastro de Over Marketing. En la contabilidad oficial del partido, tampoco. Ese año, Over Marketing y sus tres empresas satélite –Traci Comunicación, Abanico Comunicación y Link América– facturaron a la Comunidad de Madrid más de 2,5 millones de euros por trabajos de publicidad institucional.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/07/15/el_pendrive_del_exgerente_del_madrid_convierte_piedra_rosetta_financiacion_ilegal_67621_1012.html

ASÍ DESMONTÓ EL INFORME TÉCNICO A LA EMPRESA QUE QUERÍA PREMIAR TABOADA

“No se adapta a las necesidades de un parque tan complejo”, decía el documento que quiso amañar el número tres de Cifuentes, según un testigo.

“No se adapta a las necesidades de gestión de un parque tan complejo y extenso”. Con esta contundente frase despachó el informe técnico la propuesta de IMES-API para hacerse con el control del Parque Polvoranca (Leganés). Según un testigo del caso Púnica, esta es la empresa a la que quería beneficiar el actual número tres de Cifuentes, Jaime González Taboada, siguiendo instrucciones del presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados.

Así lo relató el funcionario que firmó el informe de valoración ante el juez de la Audiencia Nacional: Taboada presionó para que le diese la mejor nota a esta empresa. La razón era que la firma había colaborado con 800.000 euros en la campaña del PP para las elecciones de marzo de 2008. El informe técnico aportado al sumario del caso está fechado antes de los comicios, concretamente en febrero de ese año, por lo que cuando Taboada ejerció sus presiones sabiendo ya la valoración negativa sobre la oferta de IMES-API. Según el funcionario, el propio Taboada exigió ver el informe antes de remitirlo a la mesa de contratación.

"Genérico" y "sin planificación"

“Distingue 4 zonas de diagnóstico, con una descripción somera, sin cartografía, y aportando tan sólo una relación de especies consideradas como sensibles o amenazadas. No aporta cartografía pormenorizada ni inventario detallado”. Frases como estás se encuentran en el documento, que tira por tierra la propuesta de IMES-API. “El análisis es muy genérico, sin relación directa con cada zona. Ello supone que la toma de decisiones se debería hacer sobre la marcha en cada caso, sin la suficiente e imprescindible planificación previa”, añade el informe.

Tampoco mejoraba la impresión técnica sobre los tratamientos y soluciones que proponía la empresa: “es asimismo una exposición genérica, sin relación con las zonas marcadas. Propone la informatización de la gestión del parque y un notable incremento de personal, pero sin especificar las actuaciones concretas a desarrollar en cada zona distinta que no vienen suficientemente descrita”.

El concurso estaba licitado con un precio de salida de casi dos millones de euros que Taboada quería que fuesen a parar a la empresa elegida por él, en compensación por los servicios prestados en campaña, siempre según el relato del funcionario en sede judicial. Sin embargo, la valoración técnica le otorgó a IMES-API un total de 60,1 puntos sobre 100. Se presentaron 21 aspirantes y la empresa a la que luego quiso beneficiar Taboada quedó en mitad de tabla. Había exactamente diez notas mejores que la suya. La ganadora, con 81,9 puntos, era una UTE integrada por Ciclo Medio Ambiente S.L. y Equipamientos Ambientales S.L., pero la firma del contrato se paralizó.

"Presiones y desgaste"

A continuación se dieron “varias semanas de inactividad con presiones indirectas” y “táctica de desgaste”, según el testimonio que ya obra en poder del juez. La decisión fue prorrogar el contrato de la UTE que había prestado el servicio hasta entonces. Estaba integrada por Urbajar y Velbapark. Según informan a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de los trabajos que se prestaban entonces en Parque Polvoranca, el mantenimiento del lugar costaba cerca de 100.000 euros mensuales. La UTE siguió pasando facturas a la Administración por estos trabajos, según estas fuentes.

Según otro documento firmado por el Área de Zonas Verdes y Espacios Urbanos de la Consejería de Medio Ambiente “la conservación de un parque de las características del de Polvoranca no se puede abandonar durante más de una semana por los daños irreversibles que se ocasionarían” y que generaría un coste “no inferior a un millón de euros”.

http://www.elespanol.com/espana/20170713/230977838_0.html

EL ‘CASO PÚNICA’ SALTA A EXTREMADURA Y SALPICA DE NUEVO AL PP

La Guardia Civil interrogó en enero como investigado al alcalde de Almendralejo

Madrid, Valencia, Murcia, Castilla y León y, ahora, Extremadura. La investigación sobre la trama Púnica ha puesto su foco en el Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz). La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó el pasado 21 de junio en la Audiencia Nacional un informe sobre las supuestas irregularidades en el proceso de licitación de un contrato municipal de 20,2 millones de euros tras interrogar de manera discreta en los últimos meses a tres cargos públicos de este consistorio y a varios empresarios como “investigados no detenidos”. Entre ellos se encuentra el alcalde, el popular José García Lobato, según ha confirmado a EL PAÍS el abogado del propio regidor. Junto al informe, la Guardia Civil ha remitido seis tomos de documentación relacionados con aquellos hechos.

Las sospechas sobre el proceso de licitación del contrato para instalar un sistema de eficiencia energética en el municipio extremeño se remontan a 2014. Entonces, la Guardia Civil interceptó en el transcurso de las pesquisas del caso Púnica una veintena de llamadas telefónicas entre algunos de los principales implicados de la trama —entre ellos, el directivo de Cofely Pedro García, señalado como el presunto muñidor del amaño de contratos en numerosos ayuntamientos— en las que se hablaba de los supuestos tratos con García Lobato y otros integrantes de su equipo de gobierno.

Comprometedoras conversaciones

El viernes 19 de septiembre de 2014, Pedro García, directivo de Cofely, recibe la llamada de su jefe, Didier Maurice. En el minuto tres, ambos mantienen el siguiente diálogo.

Didier Maurice: Muy bien, ¿y con Almendralejo has visto al alcalde?

Pedro García: Sí, ayer, ayer estuve con Pepe [en referencia a José García Lobato].

D.: U ju (sic).

G.: Y nada, todo bien... Ya se ha abierto el sobre técnico.

D.: U ju (sic).

G.: Y bueno, pues se van a poner ahora las pilas eh... De hecho, va a externalizar la valoración técnica de la oferta con el local de allí, el que tiene la empresa Instalaciones Eléctricas y con Makeba.

D.: U ju (sic).

G.: Para que le den los informes para firmar el aparejador municipal.

El 17 de octubre, es el alcalde de Almendralejo quien llama al directivo de Cofely para pedirle el patrocinio para el campeonato de Kárate. Instantes después, hablan del estado del concurso.

Pedro García: Habrá alumbramiento en breve.

José García Lobato: Eh, yo espero que sí, ahí están con los fórceps.

P. G.: Joder.

J. G. L.: (Risas) Vale.

P. G.: (Risas) No comment, venga.

J. G. L.: (Risas) Venga.

P. G.: Un abrazo, Pepe.

J. G. L.: Un abrazo fuerte, Pedro, buen fin de semana.

Un informe de la UCO anterior a las primeras detenciones de octubre de 2014 concluía que del contenido de estas conversaciones se deducía que “Cofely habría intervenido en la redacción de los pliegos del contrato” y que en los mismos se había incluido una fórmula “corregida” que esta compañía había conseguido colar de manera irregular en otros contratos “para desvirtuar la valoración de las ofertas presentadas”. El documento policial destacaba la existencia de “contactos con las autoridades municipales”, entre los que citaba expresamente a García Lobato, “para discutir aspectos del contrato”.

La Guardia Civil añadía que existía “un acuerdo para que la empresa que haga la valoración de las ofertas presentadas sea una empresa local” cuyo dueño, según se desprende de las conversaciones intervenidas a Pedro García, “es una persona de allí que tiene mucha confianza con el alcalde [...] por lo que Pedro García dice que así se ahorran problemas”. Se trataba de Gonzalo Antonio Parra, propietario de Electrificaciones Parra SL, quien también fue interrogado como “investigado no detenido” por la UCO el pasado 30 de enero, según ha confirmado su abogado.

El informe de UCO añadía que de dichas conversaciones se deducía que García Lobato había pedido al directivo de Cofely a cambio “el patrocinio de un vivero de empresas que se va a inaugurar en Almendralejo y de un campeonato de kárate que, según conversación telefónica del propio alcalde, vendría muy bien para las siguientes elecciones de 2015”.

Las detenciones de octubre obligaron al consistorio a suspender finalmente el concurso, cuya documentación fue reclamada días después por la Guardia Civil. El nombre del regidor del PP apareció posteriormente en una lista de alcaldes a los que Cofely invitó con sus parejas a París en 2014. Cinco de los políticos que acudieron al viaje ya están imputados.

Otros dos alcaldes, concejales y un aforado, a la espera

El informe sobre las supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Almendralejo se ha incorporado a la pieza separada número seis del sumario de Púnica, en la que se investiga la adjudicación en una decena de consistorios de contratos de eficiencia energética a Cofely España. En uno de sus últimos escritos antes de abandonar el juzgado, Eloy Velasco ya anunció que a la misma se incorporaría en breve otro sobre hechos similares en el consistorio de Villalba (Madrid). En esta misma pieza, la Fiscalía ha reclamado recientemente interrogar a 31 personas, entre ellos los actuales alcaldes del PP en las localidades madrileñas de Brunete y Torrejón de Velasco, Borja Gutiérrez y Esteban Bravo, y a cuatro concejales de diversos municipios. También ha propuesto iniciar los trámites para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se haga cargo de la investigación referida al hoy diputado de la Asamblea de Madrid Bartolomé González.

https://politica.elpais.com/politica/2017/07/13/actualidad/1499967878_797749.html

UNA CONSTRUCTORA PAGÓ GASTOS ELECTORALES DEL PP EN LAS ANDALUZAS DE 2008

Una filial de la constructora Prasa, una de las empresas más fuertes de Córdoba, pagó supuestamente gastos electorales del PP de esa provincia para la campaña de las elecciones autonómicas del 2008, según se desprende de varias facturas y correos electrónicos incluidos en el sumario del caso Púnica. En aquella convocatoria electoral el candidato de la formación conservadora era el exministro Javier Arenas, y el Partido Popular en Córdoba estaba liderado por José Antonio Nieto, actual secretario de Estado de Seguridad y número dos del Ministerio del Interior. Prasa, un gigante de la promoción inmobiliaria en Andalucía durante la época del boom del ladrillo, es actualmente una de las mayores deudoras con Hacienda, con 101 millones de euros.

Los gastos supuestamente abonados por Prasa, a través de su filial Hitos Urbanos, correspondieron a trabajos realizados por la empresa de comunicación El Laboratorio Springer & Jacoby, que actúa bajo la denominación social El Laboratorio de Almagro 36 SL. Esta empresa, según los correos, se prestó a los amaños de los gastos electorales, haciéndolos pasar por servicios prestados después de los comicios, y a girar a Prasa las facturas que en realidad correspondía pagar al PP cordobés.

El 14 de febrero de 2008, tres semanas antes de las elecciones autonómicas, que se celebraron el 9 de marzo de ese año, José María Bellido Roche, portavoz municipal del PP de Córdoba y mano derecha de Nieto cuando fue alcalde, envía un correo electrónico a José Luis Gil, directivo de El Laboratorio. En esta comunicación, le avisa de que el partido va a pagar unos 17.000 euros que tiene pendientes con la empresa de marketing político y le pide que le haga dos facturas. La primera, por 5.000 euros, iría a nombre del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Córdoba “con fecha inmediata”. La segunda se emitiría “a nombre de Partido Popular de Córdoba, por el resto de lo pendiente” y añade Bellido: “Y con fecha que tengo que confirmarte si actual o después del 9 de marzo, por no sobrepasar los límites de gasto que tenemos hasta ese día. El responsable del PP cordobés le pide que en ambas facturas figure el mismo concepto: “estudios sociológicos”.

"Pon una fecha posterior"

El 1 de abril de 2008, tres semanas después de las elecciones, José Luis Gil, enviaba un correo a otro ejecutivo, Carlos Ramírez con el encabezamiento “PP Córdoba”. En él, le comunicaba: “Carlos, los del PP me comentan que les vuelva a enviar las facturas a nombre de Grupo Popular (ya lo hicimos en su momento) pero con una fecha posterior a las elecciones (así parece que tienen menos problemas para pagarlas). Por favor, pon una fecha posterior a las elecciones”. Con esa maniobra, los gastos no se imputarían a los comicios y no serían fiscalizados por la Cámara de Cuentas andaluza como parte del gasto electoral.

El 28 de abril, Gil le envía otro correo a su compañero Ramírez. “Me comentan los del PP que sin anular las facturas enviadas a los de Hitos Urbanos les emitamos unas de la siguiente forma: Una por un total de 12.000 euros IVA incluido a Grupo Popular de Córdoba por un concepto de Estudio Sociológico. Otra por el resto del importe pendiente a Partido Popular de Córdoba mismo concepto que anterior”.

Las facturas de El Laboratorio incluidas en el sumario del caso Púnica concuerdan con estas peticiones. El 15 de febrero de 2008, antes de las elecciones, la empresa giró una factura a Hitos Urbanos por 15.049 euros por el concepto “Campaña Promoción Logroño”. El 31 de marzo del mismo año, El Laboratorio giró al Grupo Municipal del PP cordobés una factura por el mismo importe y el concepto “estudio sociológico”. El propietario de El Laboratorio, Marcelino Elosua, está imputado en el caso Púnica, junto con su esposa, María Luisa de Madariaga. Ambos fueron sorprendidos en 2011 en la frontera franco suiza tratando de sacar fondos de la Unión Europea.

"Campaña de desprestigio"

José María Bellido afirma que la publicación de estas facturas y correos obedece a “una campaña de desprestigio” contra el PP y Nieto. Bellido afirma que sus trabajos con El Laboratorio fueron “puntuales” y rechaza que los pagara Prasa. Otras fuentes del equipo de Nieto afirman que estos correos y facturas “no demuestran nada” y niega que se haya producido ninguna irregularidad.

Prasa ha recobrado actualidad en los últimos días. La finca Puerto de Toro, de la localidad cordobesa de Villanueva del Rey donde se suicidó el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa el pasado 19 de julio, pertenece a la constructora.

https://politica.elpais.com/politica/2017/07/24/actualidad/1500930925_606951.html

IMPUTAR A UN AFORADO Y OTROS 20 DEBERES EN PÚNICA PARA EL SUCESOR DEL JUEZ VELASCO

El magistrado dictó un auto antes de abandonar el juzgado para detallar qué diligencias están pendientes en el sumario

Eloy Velasco ya ha abandonado el Juzgado Central de Instrucción 6, pero los sumarios que instruía siguen adelante. En el caso Púnica, el magistrado dictó el pasado 24 de mayo un auto en el que no sólo resolvía algunos de los recursos presentados por las partes y prorrogaba la instrucción de la causa otros 18 meses, sino que indicaba pieza por pieza de las 16 en las que está dividida la causa, qué diligencias quedaban pendientes de practicar. Entre ellas, “formalizar” ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la petición de imputación de un exalcalde, en referencia al que fuera primer edil de Alcalá de Henares, el popular Bartolomé González, hoy aforado por ser diputado en la Asamblea de Madrid.

El Tribunal Superior de Murcia imputa a Pedro Antonio Sánchez por el ‘caso Púnica’

Con las tres primeras piezas –las referidas al chivatazo, a la Diputación de León y a la Región de Murcia- ya concluidas, el juez Velasco recuerda a su sucesor que en la cuarta, sobre las supuestas irregularidades urbanísticas destapadas en el Ayuntamiento de Valdemoro, los dos arquitectos de la Dirección General del Catastro y de Hacienda que han sido designados para colaborar en las pesquisas deben emitir informes periciales. Para ello, “se hace necesario requerir” al consistorio en el que Francisco Granados fue alcalde “información sobre el Planeamiento urbanístico completo del municipio”. En la quinta pieza, dedicada a los amaños en los ayuntamientos de Serranillos del Valle y Torrejón de Velasco, el magistrado destaca que “está pendiente un profuso número de declaraciones que no se han podido realizar todavía por la propia complejidad y dimensión de la instrucción”. Además, considera “necesario” la elaboración de informes periciales sobre las irregularidades en los contratos para poder “concretar las ganancias ilícitamente obtenidas”. Para ello, señala la urgencia de nombrar dos interventores del Estado.

En la investigación sobre el amaño en la adjudicación de concursos de eficiencia energética a la empresa Cofely, la pieza separada número 6, el juez Velasco anuncia al futuro titular del Juzgado que van a incorporarse al sumario en breve sendos informes sobre las irregularidades en los consistorios de Villalba (Madrid) y Almendralejo (Badajoz). Tras ello, apunta que habrá que tomar nuevas declaraciones. Entre ellas, señala la del diputado autonómico del PP Bartolomé González. En esta pieza, el magistrado considera que para calcular los perjuicios económicos causados por estos contratos fraudulentos “es preciso adoptar los criterios que van a regular las indemnizaciones”.

En la pieza número 7, dedicada a las adjudicaciones irregulares a la empresa de festejos Waiter Music, Velasco enumera hasta cuatro diligencias pendientes. En primer lugar, tomar declaraciones a los trabajadores de esta compañía. En segundo, solicitar los expedientes de licitación a los 47 consistorios de Madrid que la contrataron entre 2004 y 2014 por un importe total de 28 millones de euros. En tercero, pedir a siete constructoras y una UTE los detalles de la facturación por 1,3 millones de euros que les dirigió Waiter Music. Por último, reclamar al PP “la justificación de los trabajos” que esta mercantil realizó “en el capítulo de financiación el PP y sus gastos electorales”.

En la parte de la investigación denominada “Granados y colaboradores”, el juez Velasco destaca que aún está pendiente “otro profuso número de declaraciones”. Además, considera que para apoyar las pesquisas de la Guardia Civil sobre los “regalos y comisiones varias” recibidas por el político a cambio de adjudicar parcelas, “es necesario el informe de los dos funcionarios arquitectos de la Agencia Tributaria nombrados recientemente en auxilio judicial”. En esta pieza también se investiga el supuesto regalo de un automóvil Mercedes Benz a una colaboradora de Granados. Tras el reciente informe entregado por la UCO, el juez Velasco recomienda que tome declaraciones y practique nuevas diligencias “dirigidas a probar los indicios recabados hasta ese momento”.

En la pieza número 9, centrada en la trama internacional de blanqueo, el magistrado recuerda que aún está pendiente que Suiza envíe a España las obras de arte intervenidas al constructor David Marjaliza en un almacén de Ginebra, y que las autoridades de Panamá respondan a la comisión rogatoria remitida en su día. En la número 10, referida a los trabajos de reputación online realizados por el experto informático Alejandro de Pedro para diferentes cargos públicos, apunta que “está en trámite” la toma de declaración a los supuestos implicados en el ayuntamiento de Gandía. En este parte de la investigación también queda por recibir los informes de la Guardia Civil sobre “autoridades de la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid” que “derivaron supuestamente los costes de su propaganda e imagen a los presupuestos públicos”.

Sobre la parte de la trama que supuestamente amañó la concesión de conciertos para colegios gestionados por cooperativas, Velasco recuerda que aún está pendiente de analizar la documentación remitida por la Comunidad de Madrid y que llegue al juzgado otra nueva solicitada a los ayuntamientos donde se levantaban los centros educativos. También propone que se elabore un informe pericial con todo esa documentación y que en otro se cuantifiquen “todas las prestaciones, servicios y obras que han sido objeto de doble facturación a los cooperativistas” por Afedel, la empresa supuestamente utilizada por la trama para dichas irregularidades. Finalmente, en la pieza número 14, la de la supuesta caja b del PP de Madrid, el juez recuerda que en marzo la Guardia Civil intervino “copiosa información” en varios registros que hay aún que analizar, junto a la requerida a la Cámara de Cuentas de Madrid. Velasco señala que también falta tomar declaración a los responsables de las empresas de publicidad y eventos implicadas, y realizar “cruces de datos y análisis con sus declaraciones fiscales, sus recursos y trabajadores”.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/27/actualidad/1495909548_414069.html

LA INVESTIGACIÓN DE ‘PÚNICA’ SE VUELCA EN EL NÚMERO TRES DE CIFUENTES, GONZÁLEZ TABOADA

Un informe de funcionarios de la Comunidad le acusa de “ser uno de los cinco que manejaban la financiación paralela del PP” y pedía “regalos personales”

Cristina Cifuentes tiene un problema en su equipo con nombre propio: Jaime González Taboada. No es un cualquiera, hablamos de su número tres en el Gobierno, el consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. Sobre él, la Púnica siempre ha revoloteado, aunque si el caso de corrupción no se ha posado sobre él, todavía, es gracias a su aforamiento por ser diputado en la Asamblea de Madrid.

De hecho, se le podría considerar un imputado fantasma. Justo antes de dejar la Audiencia Nacional, en uno de sus últimas decisiones, el juez Eloy Velasco decidió imputar a todos los miembros -menos uno- de la mesa de contratación de Arpegio, la empresa pública que protagoniza una de las piezas más complicadas de la Púnica.

Esa excepción en la imputación fue Taboada, porque quien tendría que investigarle es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Para ello, el juez de la Audiencia Nacional tendría que elevar una exposición razonada al tribunal madrileño y eso le haría perder el caso. Antes de tomar esa decisión, hay más de 100 cajas que analizar, fruto de los registros policiales de las últimas semanas. La última palabra la tendrá el juez que sustituirá a Eloy Velasco.

Pero desde antes de abrir las cajas ya hay pruebas sobre la mesa que ponen muy difícil la situación de González Taboada.

El informe de la Fiscalía

Porque, aunque no se le impute, Taboada aparece en el informe de la Fiscalía Anticorrupción del 11 de mayo (el mismo que acusa al Gobierno de Cifuentes de “ocultar información relevante” sobre la Púnica), como objeto de investigación. En concreto, la Fiscalía reclama a la Comunidad de Madrid las actas de Presidencia “por las que designó a Jaime González Taboada (…) vocal en representación de la Comunidad de Madrid en la Mesa de contratación del Plan Prisma 2006-2007” y lo mismo, pero para “la Mesa de contratación del Plan Prisma 2008-2011”.

Dentro de ese apartado, la Fiscalía pide “copia de las órdenes” que determinaron las obras y servicios que hicieron Arpegio y Nuevo Arpegio con los Planes Prisma en las fechas en que Taboada estaba en la mesa de contratación.

Protección de Taboada

El informe, además de acusar al Gobierno madrileño de ocultar información, apunta a una protección sobre miembros del Ejecutivo que, por la descripción y el contexto, bien podría ser Taboada. “Por otro lado”, escriben las fiscales, “hemos comprobado en otros requerimientos a la Comunidad de Madrid que existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas en la CAM y orgánicas en el partido regional”.

Dentro del sumario de la Púnica también se incluyen dos informes, uno de un testigo que fue funcionario y otro anónimo, que están en manos del juez y donde las acusaciones hacia Taboada son de gran calado.

Acoso laboral

El primero de ellos es un relato cronológico del que fuera jefe de área de zonas verdes de la Comunidad de Madrid, en el que explica cómo Taboada le habría sometido a un intenso acoso laboral por no manipular según su antojo y el de Francisco Granados una adjudicación pública relacionada con el Parque de Polvoranca (Leganés) que no fue a parar a una empresa de Florentino Pérez.

En concreto, este funcionario, con todo lujo de detalles explica cómo Taboada le exigió “ver mi informe antes de que yo lo enviase a la mesa de contratación” y después, a través de un cargo intermedio, se le dijo que “Granados no admite que el concurso se adjudique a otra empresa que no sea IMES-API, del Grupo ACS (Florentino Pérez).

Este informe, que el funcionario se negó a cambiar, le llevó a “una situación de inactividad con presiones indirectas: táctica de desgaste”. La cosa va a más con el tiempo y es trasladado a una “ruidosa habitación” que se le asigna “como despacho”. Él la describe así: un “almacén de proyectos” que en realidad es “la habitación de la planta baja que está frente a la oficina supervisora”. Para colmo, después le colocan “a mi lado, en mi despacho” a una “arquitecta de reciente incorporación”. “Paso a ser el único jefe de área, o incluso jefe de servicio de toda la Dirección General que no tiene despacho independiente propio”.

El Grupo Pontejos

El otro informe está firmado por el llamado “Grupo Pontejos”, un grupo de funcionarios bautizado con el nombre de la plaza adyacente a la sede de la Comunidad de Madrid. Este informe, también en manos del juez, sospecha del perfil de Taboada, “un auténtico semianalfabeto”, lo que les lleva a recelar de que hubiera ocupado la Dirección General y “menos aún se entiende su actual cargo de consejero”.

Este Grupo Pontejos recuerda que, a los funcionarios, “una vez utilizados y exprimidos, los ha expulsado o marginado (…) a l no prestarse a sus múltiples caprichos e irregularidades que van mucho más allá de lo permisible”. Y señalan que en la segunda de las tres legislaturas “actuó como mandado de Francisco Granados para todo tipo de asuntos poco claros”. Además de recordar (citando, por cierto, una noticia de ELPLURAL.COM), que Taboada era “uno de los asiduos a las fiestas de lujo en casa de Tomás Martín Morales, antiguo alcalde en la sombra y gran conseguido de Boadilla del Monte. A estas fiestas eran invitados los principales imputados en la trama Gürtel”.

Los mismos funcionarios acusan a Taboada de tener por “costumbre en navidad pedir regalos personales de gran importancia. Así algunos de los pedidos y recibidos para él y para Miguel Ángel Ruiz fueron un juego de palos de golf marca Callaway, televisores de plasma, etc…”. “Ante personas de su confianza se vanagloriaba de ser ‘uno de los cinco’ que manejaban la financiación paralela del PP en Madrid. Él mismo se consideraba un comisionista”.

El papel del viceconsejero

El informe concluye así: “No es posible ni prudente subestimar el daño que Jaime González y Miguel Ángel Ruiz han hecho a tantas personas y a tantas instituciones incluido en el propio partido al que ambos dicen servir”.

La atención ahora está en lo que haya encontrado el juez en los registros que autorizó, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, en el despacho de Ruiz, viceconsejero y mano derecha de Taboada. El objetivo era “intervenir la información en papel o digital relativa a su intervención en la ejecución de los Planes Prismas y en los Consejos de Administración de los Consorcios Urbanísticos”.

Y recuerda al juez que toda esta investigación “se inicia a raíz de las declaraciones de David Marjaliza en las que revelaba el pago de comisiones por contratistas y promotores”. Unas comisiones que, aunque el juez no lo especifica, cobraba entre otros Taboada, según la declaración de Marjaliza.

http://www.elplural.com/politica/2017/06/16/la-investigacion-de-punica-se-vuelca-en-el-numero-tres-de-cifuentes-gonzalez

EL JUEZ ESTRECHA EL CERCO SOBRE EL PAPEL DEL 'NÚMERO 3' DE CIFUENTES EN EL "BOTÍN" DE ARPEGIO

El magistrado Eloy Velasco dictó el pasado mes de mayo un auto donde pidió a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid nuevos datos sobre Jaime González Taboada, el único miembro de la mesa de contratación de Arpegio que no se encuentra imputado en el caso Púnica en estos momentos. Es aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya actualmente ocupa consejero de Medio Ambiente.

Los investigadores de la trama Púnica tiene puesto en estos momentos el foco en la gestión presuntamente fraudulenta de la sociedad pública madrileña Arpegio -encargada de gestionar el suelo de la Comunidad de Madrid-ya que consideran que fue uno de los mayores focos de desfalco en esta macrocausa de corrupción.

Arturo Fernández llamó a González el día que declaró ante el juez preocupado por Fundescam
La Fiscalía Anticorrupción tiene en su poder "evidencias documentales sobre el reparto ilícito del suelo público de Madrid, como si se tratase de un botín". Así lo subraya el juez Eloy Velasco en un auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, donde explica que ese "botín" fue repartido a cambio del pago de "dádivas concertadas entre contratistas, intermediarios y el ex consejero madrileño Francisco Granados", desde el pasado martes en libertad. En ese 'reparto de cromos' ilegal habrían participado consejeros de la sociedad Arpegio y "otros participantes cuya responsabilidad hay que determinar".

Tanto el Ministerio Público como el juez creen que el que fuera secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, presunto cabecilla de la red Púnica, aprovechó su puesto como consejero durante aquellos años en la entidad para manipular hasta 22 consorcios urbanísticos y un sinfín de contratos de obras públicos incluidos en el llamado Plan Prisma. Sólo los planes Prismas fueron dotados con 1000 millones de euros de fondos públicos.

En este contexto, los investigadores quieren determinar el papel que desempeñó en Arpegio el número tres de Cristina Cifuentes, el actual consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada. Por esta razón, Velasco ordenó el pasado mes de mayo a la Consejería de Presidencia del Gobierno regional que le entregase documentación sobre "el acto" por el que el máximo responsable de esta cartera "designó a Jaime González Tabaoda, director general de cooperación local, vocal en representación de la Comunidad de Madrid en la mesa de contratación del plan Prisma de 2006-2007 y del Plan Prisma de 2008-2011".

Además, el instructor solicitó al Ejecutivo de Cifuentes copias "de las órdenes por las que se determinaron las obras y servicios objeto de encomienda a las empresas públicas Arpegio y Nuevo Arpegio" relacionadas con los citados planes.

"La voracidad de Arpegio"
En la resolución, Velasco pone de relieve "la voracidad de la sociedad Arpegio y sus mercantiles satélites -Dusa, Adolfo Maestre y Asociados, Técnicas Territoriales Urbanas (TTU), Jaraba y Tamame Asociados, y de los Consorcios Urbanísticos, por obtener beneficios personales o para terceros a partir de procesos acomodados de vena de parcelas de la Comunidad de Madrid, adjudicaciones públicas de parcelas para viviendas de protección pública y obras y servicios de la Comunidad de Madrid".

Antes de abandonar el Juzgado Central Número 6, Velasco acordó imputó a todos los miembros de la mesa de contratación de Arpegio, excepto Taboada, que es aforado ante el TSJM

Se da la circunstancia de que antes de abandonar el Juzgado Central Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez acordó la imputación de los miembros de la mesa de contratación de Arpegio. Fueron imputados todos sus integrantes excepto Taboada. De esta forma, actualmente están siendo investigados por Púnica y la gestión de la empresa de suelo madrileña el ex jefe de gabinete de Celia Villalobos, Eduardo Larraz; el jefe de Gabinete de Granados, Ignacio Palacios; y el ex secretario general de la Fundación Arpegio Francisco Esquivias.

Asimismo, están imputados en la Audiencia Nacional el administrador de la empresa análisis y gestión de desarrollos urbanos (Dusa) y encargado de gestionar las licitaciones públicas del plan Prisma en 2006-2007, Adolfo Fernández Maestre; la exdirectora de Proyectos del Plan Prisma en Arpegio Pilar Rubio Izquierdo; el director de Proyectos de Nuevo Arpegio, Pedro Bernad Moreno; la directora de la Asesoría Jurídica de Arpegio entre 2006 y 2009, Pilar Roca Suárez-Inclán; la abogada y ex secretaria de la mesa de contratación MaríaDolores Nogal González; así como José Luis Jaraba, Tomás Fernández Jiménez y Sagrario Gómez Hernando.

La declaración de todos ellos fueron aplazadas recientemente 'sine die' y será el nuevo instructor del caso Púnica, Manuel García Castellón, el que deberá tomarles a todos ellos declaración. Será este juez también quién deba decidir si procede o no penalmente contra el 'número tres' de Cristina Cifuentes.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/estrecha-cerco-numero-Cifuentes-Arpegio_0_1035797665.html

LA FISCALÍA ACUSA AL GOBIERNO DE CIFUENTES DE “OCULTAR INFORMACIÓN RELEVANTE” SOBRE LA ‘PÚNICA’

“Se hace difícil confiar que haya una colaboración leal por parte de la Comunidad de Madrid”

La posverdad, esa tendencia a convertir las mentiras en verdades de cara a la opinión pública a través de los sentimientos, tiene ejemplos en nuestro país. De hecho, no hay que buscar muy lejos, basta acercarse al kilómetro 0 de España, en plena Puerta del Sol de Madrid. Sobre la placa que marca el epicentro vial del país, el pasado 2 de mayo, Cristina Cifuentes, se autoerigió en garante de la transparencia y socia preferente de la Justicia en la lucha contra la corrupción. “El tiempo de los corruptos ha llegado a su fin en la Comunidad de Madrid” fue la frase que acuñó ese día la presidente madrileña.

Porque la posverdad se basa en sentimientos y golpes en el pecho, pero se derrumba con hechos, como los que recoge el informe de la Fiscalía Anticorrupción al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM y que fue enviado al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga la trama Púnica el pasado 11 de mayo, pocos días después del discurso de Cifuentes.

En este informe, la Fiscalía acusa al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a la empresa pública Arpegio y a la Dirección General de Medios de estar “ocultando información relevante a la autoridad judicial”. Fue esta postura y “las dificultades para obtener información fiable de la Comunidad de Madrid” lo que provocó la oleada de registros policiales, entre ellos el del 16 de mayo en el despacho del viceconsejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Ruiz, que provocó su dimisión. Una renuncia al cargo que quedó eclipsada porque ese mismo día se conoció que la Guardia Civil acusaba a Cifuentes de "prevaricación continuada y cohecho".

Según la Fiscalía Anticorrupción, con respecto a los contratos de publicidad que Arpegio realizó “a favor siempre del mismo grupo de empresas”, se requirió bastante documentación a esta empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid.

“Una vez más la documentación remitida por la entidad pública ha sido mínima y con un nivel de inconsistencia serio que nos hacen cuestionar su veracidad y que se pueda estar ocultando información relevante a la autoridad judicial”, señala en el informe las fiscales de la Púnica, María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá.

Una sensación, según los fiscales, que llega al juez: “El Juzgado conoce las dificultades para obtener información fiable de la Comunidad de Madrid”. Y acusan al gabinete de Cifuentes de, por lo menos, tener poco celo: “Se ha llegado a producir por la Dirección General de Medios la pérdida o extravío de los informes contratados con la sociedad EICO de Alejandro de Pedro, sin que la Comunidad de Madrid, personada en las actuaciones haya realizado ninguna manifestación”.
Los hechos que señala la Fiscalía están a la vuelta de la esquina: “La última documentación recibido de Nuevo Arpegio en octubre del pasado año volvió a presentar inconsistencias y carencias en la línea documental de los expedientes que nos hacen pensar que existe más información que la que se transmite”.

Con todos estos datos en la mano, las fiscales concluyen: “Las razones expuestas nos conducen a pensar que se hace difícil confiar que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la Comunidad de Madrid, no vislumbrándose medidas alternativas que satisfagan la realización del interés superior de la justicia”. Es por esta desconfianza por la que “se hacen necesarias las entradas y registros que proponemos”, entre las que estaban el registro del viceconsejero de Cifuentes.

ELPLURAL.COM ha contactado con la Dirección General de Medios de la Comunidad de Madrid para conocer las explicaciones a estas acusaciones, sobre todo las que aluden a este gabinete. “Hay orden específica de colaborar con la Justicia al máximo”, señalan, “aquí se ha dado todo lo que se ha pedido”. “A nosotros nadie nos ha pedido nada”, añaden, para subrayar como prueba que las acusaciones de la Fiscalía “se refieren a la etapa anterior”, es decir, a la época de Ignacio González y Esperanza Aguirre.

Unas afirmaciones que no cuadran con el hecho de que la Fiscalía habla de octubre de 2016, cuando Cifuentes ya llevaba un año y medio en el cargo. Y cuando en el informe se define a la Comunidad de Madrid como personada en la Púnica, un status que tiene desde agosto de 2015, debido a que lo pidió Cifuentes para conseguir “transparencia” y "defender de una mejor manera los intereses de los propios madrileños y de la Administración regional". ¿Transparencia? Posverdad.

http://www.elplural.com/politica/2017/06/12/la-fiscalia-acusa-al-gobierno-de-cifuentes-de-ocultar-informacion-relevante

EL FISCAL DESVELA "LA VORACIDAD" DE GRANADOS POR CONTROLAR UN "BOTÍN" DE 3.000 MILLONES

En un demoledor informe, la Fiscalía acusa a Granados y algunos de sus colaboradores de hacerse con el "dominio" de la empresa pública Arpegio para obtener "pingües beneficios"

Arpegio es la clave. La empresa pública (que Cristina Cifuentes quiere ahora cerrar) es la llave de la que se sirvió el exconsejero Francisco Granados para abrir la caja de los fondos públicos de la Comunidad de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción lo tiene claro y, en un demoledor informe fechado el 11 de mayo e incorporado al sumario del caso Púnica, desvela las maniobras de Granados y otros consejeros de Arpegio para hacerse con el "botín" del "reparto ilícito de suelo público y la adjudicación amañada de obra civil a cambio del pago de dádivas concertadas". Ese botín, según el ministerio público, asciende a 3.000 millones de euros. La Fiscalía habla además de "evidencias documentales" y de la declaración de testigos para confirmar "la voracidad para obtener beneficios personales".

La investigación ha revelado que Granados llevaba años "abusando sistemáticamente de sus cargos para detraer caudales públicos en cooperación con empresarios concertados" y que encontró en Arpegio el lugar idóneo para hacerlo. La Fiscalía sitúa la fecha de inicio (sin contar sus pasos previos en la alcaldía de Valdemoro) es diciembre de 2004, cuando fue nombrado por Esperanza Aguirre consejero de Presidencia. De él dependía la Dirección General de Cooperación con la Administración Local, "una de las que mayor presupuesto público manejaba". El control de esta dirección, por otro lado, "reforzó su poder de influencia sobre los alcaldes de los municipios madrileños, al colocarse en un posición de supremacía frente a los mismos".

Velasco cita como investigados a varios trabajadores de la empresa pública de suelo por los presuntos amaños de las obras del Plan Prisma

Un día después de ser nombrado consejero de Presidencia, "Granados estableció a la carta la estructura orgánica", adscribiendo a la misma a la empresa Arpegio, que pertenecía a la consejería de Medio Ambiente. "Con la entrega de Arpegio a Granados", este "pasaría a controlar y dirigir interesadamente la venta de suelo público, el reparto de parcelas a través de los consorcios urbanísticos y la gestión, tras la crisis del sector inmobiliario, de los fondos públicos que financiaron los planes Prisma 2006-2007 y 2008-2011". La Fiscalía cuantifica en 3.000 millones el dinero público que fue controlado por Granados.

"Esto le permitió conseguir, a través de comisiones entregadas por los empresarios beneficiados con las adjudicaciones, ingentes cantidades de dinero público", señala el ministerio público. Arpegio es una de las piezas del caso, sin duda la más complicada. La Guardia Civil y la Fiscalía están analizando miles de documentos y a mediados de mayo realizaron nuevos registros e imputaciones (autorizadas por el juez) para avanzar en sus pesquisas. "La investigación está revelando que el capital defraudado sirvió para engrosar patrimonios particulares de todos los participantes en los hechos". Se está analizando la venta de parcelas, la gestión de los 22 consorcios gestionados por Arpegio (que adjudicaron suelo por importe superior a 2.000 millones de euros) y la licitación de las obras del plan Prisma, dotadas con 1.000 millones. Todo "se llevó a cabo bajo la esfera de dominio y decisión de Granados".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya tiene identificados a los 24 miembros que pasaron por el consejo de administración de Arpegio. Granados fue el presidente de la empresa entre abril de 2005 y diciembre de 2007. "Pese a que fue cesado y Arpegio regresó a la Consejería de Medio Ambiente, Granados se aseguró para él, o para delegados a sus órdenes, la presidencia de las mesas de contratación de las obras del Plan Prisma y la gestión de los consorcios que adjudicaron suelo en la Comunidad". La Fiscalía está cetrando sus pesquisas en dos ámbitos: los planes Prisma (obras en los municipios financiadas por la Comunidad) y los consorcios urbanísticos, que el Gobierno regional gestionaba junto a los municipios donde se ubicaban.

Los planes Prisma

La Audiencia Nacional ha citado como investigados (la nueva figura jurídica de la imputación) a todos los miembros de la mesa de contratación de Arpegio. Se trata de Pilar Roca Suárez-Inclán, directora de la Asesoría Jurídica entre 2006 y 2009; Pedro Bernad Moreno, director de Proyectos de Arpegio; Pilar Rubio Izquierdo, directora de Proyectos del Plan Prisma; Eduardo Larraz Riesgo, ex consejero delegado entre 2004 y 2008; Ignacio Palacios Arazuri, quien fuera jefe de gabinete de Granados y vocal del consejo de administración de Arpegio entre 2004 y 2008 (imputado ya en otras piezas del caso), y María Dolores Nogal González, abogada y secretaria de la mesa de contratación (y la presidenta del comité de empresa).

El juez dejó sin imputar al número 3 de Cifuentes a la espera de analizar 100 cajas

Eloy Velasco ha citado como investigados a toda la mesa de contratación de Arpegio menos al consejero Jaime González Taboada, que es aforado. De momento, se ha aplazado la decisión

Todos fueron elegidos el 23 de febrero de 2006, cuando Arpegio recibió el encargo de la Comunidad de Madrid de gestionar el primer plan Prisma. En marzo de 2008 también se sumó a esa mesa Miguel Ángel Ruiz, el ya exviceconsejero de Medio Ambiente, que acaba de dimitir. A la lista se suma también Francisco Esquivias Ferriz, secretario del consejo de Arpegio. En la mesa también estaba Jaime González Taboada, actual consejero de Medio Ambiente y coordinador general del PP de Madrid. Como es aforado, el juez Eloy Velasco decidió de momento no citarle.

La Fiscalía sostiene que Granados, desde su Consejería de Presidencia, potenció a Arpegio, otorgándole dos encomiendas de gestión, una por cada edición del plan Prisma. "Con esta maniobra se redujo de manera muy significativa el control por la Comunidad. Estas encomiendas se realizaron de forma abusiva y fraudulenta. Con este traspaso ilegal de competencias, Granados se aseguró posiciones de control sobre todo el proceso de adjudicación". ¿Cómo? "Se confirió a Arpegio la competencia para la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, por naturaleza indelegables en Arpegio". También se burló la legalidad de la mesa de contratación. La legislación determina que los componentes deben ser funcionarios públicos, excepto en las empresas públicas, lo que ayudó a que la mesa se llenase de políticos y cargos de confianza. Por último, "las actuaciones de Arpegio tampoco estaban sometidas a la fiscalización de la intervención".

En toda esta trama, la Fiscalía reserva un papel especial junto a Granados a Eduardo Larraz Riesgo, consejero delegado de Arpegio entre febrero de 2004 y septiembre de 2008. Estuvo en la mesa de contratación del Plan Prisma y en los consejos de administración de varios consorcios. "Existen indicios de que intervino en tratos de corrupción, concertándose con los contratistas o con sus intermediarios para asegurarles su selección en los procesos de adjudicación". Los investigadores señalan que "coincidiendo con el presunto cobro de comisiones se produjo un enriquecimiento de su patrimonio".

La Fiscalía cita una información de El Confidencial publicada en junio de 2013, que reveló que Larraz tuvo un empresa 'offshore' en Islas Vírgenes Británicas con cuentas en Suiza. "Existen sospechas de que los fondos depositados en cuentas suizas proceden del cobro de comisiones ilegales en su etapa como consejero de Arpegio, que, si bien han sido objeto de regularización fiscal, no se conoce su origen, pues las ha vinculado a actividades profesionales que no han especificado". En Suiza llegó a tener 1.653.000 euros. "En conjunto, él y su esposa llegaron a aflorar bienes por valor de 3.364.968 euros", entre los que se incluyen 90 lingotes de oro de medio kilo y 56 de un kilo, según adelantó el diario El Mundo.

Los 22 consorcios urbanísticos

La UCO también está analizando los 22 consorcios urbanísticos gestionados por Arpegio, de los que nueve son residenciales. "Nos llama la atención que, teniendo la competencia la Consejería de Medio Ambiente, aparezca en todo momento Arpegio gestionándolos". Los consejos de estos consorcios, que han promocionado 40.000 pisos, estaban formados por consejeros de Arpegio y los concejales de los municipios donde se ubicaban. Los consejos nombraban a los miembros de las mesas de contratación. "Los indicios de corrupción se dirigen también hacia ellos, quienes a través de sus propios intermediarios cobraron comisiones de las empresas que resultaron adjudicatarias de las parcelas para construir vivienda pública", señala la Fiscalía.

"La investigación ha revelado que existió un reparto concertado previo de dichas parcelas, entre Arpegio y el respectivo ayuntamiento, de manera que cada una de estas entidades decidió el adjudicatario de las parcelas que le habían tocado en reparto. A su vez, las parcelas sobre las que decidía el ayuntamiento, presuntamente fueron repartidas entre diferentes grupos políticos del consistorio". En este punto la Fiscalía implica a políticos del PSOE y de IU en este reparto de la tarta. "Se sospecha que este se produjo en proporción a las cuotas de participación en el consejo del consorcio".El empresario y exsocio de Francisco Granados,

Otro de los principales investigados en el caso, el empresario David Marjaliza, ya declaró en sede judicial (tiene un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción) que él se llevo suelo de algunos de estos consorcios tras pagar su respectiva comisión, de entre 3.000 y 6.000 euros por vivienda. Marjaliza también falicitó los nombres de algunas de las empresas que supuestamente pagaban comisiones a cambio de conseguir obras del Prisma, como Begar, Teconsa, Licuas, Virton, Avintia y Dico. En algunos casos, facilitó incluso el nombre de los intermediarios de esas sociedades con los que negociaba los pagos.

Otra de la piezas clave en este entramado es el que fuera secretario de los consejos de administración de los consorcios urbanísticos, José Luis Jaraba Pérez, también imputado y socio de la sociedad Jaraba & Tamame Asociados. Esta empresa facturó a Arpegio 1.119.093 euros entre 2003 y 2012. La UCO ha registrado Arpegio y el despacho de Jaraba para recabar más documentación, "al existir sólidos indicios de que tuvo que utilizarse facturación simulada cruzada para desviar capital de los propios consorcios".

Granados pagó 14.000€ a un detective para que investigara el ático de González en EEUU

El exalcalde de Valdemoro utilizó un intermediario para contratar los servicios de una agencia de detectives con la intención de destruir la carrera política de su mayor rival en la filas del PP madrileño

"El dominio sobre Arpegio reportó a Francisco Granados y a otros investigados pingües beneficios que afloraron en las cuentas suizas, compras de viviendas, participación en sociedades patrimoniales, permaneciendo todavía en su mayor parte en ignorado paradero", sentencia el ministerio público, que para concluir da un importante tirón de orejas al Gobierno regional hoy presidido por Cristina Cifuentes: "Hemos comprobado en otros requerimientos a la Comunidad que existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido

"El juzgado conoce las dificultades para obtener información fiable de la Comunidad. La última documentación recibida de Arpegio volvió a presentar inconsistencias y carencias, que nos hace pensar que existe más información que la que se transmite. Las razones expuestas nos conducen a pensar que se hace difícil confiar que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la Comunidad".

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-11/punica-granados-arpegio-fiscalia_1396274/

LOS TRES GUARDIANES DE LA ‘MINA DE ORO’ DE GRANADOS

Un directivo, un promotor y un abogado controlaban Arpegio, la empresa clave del ‘caso Púnica’

Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y antiguo número dos del PP regional, convirtió Arpegio, la empresa pública autonómica de suelo, en su mina de oro particular. Según la investigación del caso Púnica, el expolítico, en prisión desde octubre de 2014, hizo grandes negocios con la gestión de los consorcios urbanísticos municipales y las adjudicaciones de obras y servicios de los llamados Planes Prisma, que totalizaron 3.000 millones de euros entre 2004 y 2012. Desde esta sociedad, opaca a la fiscalización de los funcionarios, Granados controlaba –y, supuestamente, amañaba- todas las fases de las operaciones de venta de parcelas públicas durante los años centrales de la burbuja del ladrillo, especialmente hinchada en Madrid.

La gestión diaria de Arpegio, sin embargo, no la llevaba Granados, ocupado en sus tareas políticas. Tres figuras son clave en la presunta explotación fraudulenta de esta mina de oro: Eduardo Larraz, ex consejero delegado de la sociedad; el promotor Adolfo Fernández Maestre y el abogado José Luis Jaraba, secretario de los 22 consorcios urbanísticos suscritos por Arpegio con once ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

La expresión “mina de oro” es, en este caso, mucho más que una metáfora. En una declaración fuera de plazo a Hacienda realizada en 2013, Eduardo Larraz, que antes de colaborar con Granados fue jefe de Gabinete del Ministerio de Sanidad con Celia Villalobos, reconoció que poseía 90 lingotes de oro de medio kilo y otros 56 de un kilo con un valor de 1,96 millones de euros. Según el juez Eloy Velasco, Larraz “intervino en tratos de corrupción” y se enriqueció con las comisiones que contratistas e intermediarios le pagaron a cambio de las adjudicaciones de suelo entre 2005 y 2012.

Larraz y su esposa, Ángeles de Diego, supuestamente ocultaron en Suiza hasta 1,65 millones de euros. Sin embargo, la situación era tan irregular que hasta el banco privado helvético Société Générale canceló su cuenta en 2008 al existir sospechas de corrupción. El matrimonio también tenía sociedades en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, que, según el juez, no fueron declaradas a la Agencia Tributaria. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que Larraz y De Diego han maniobrado durante los últimos años para sacar de España parte de este patrimonio. En noviembre de 2014, un mes después de estallar la Operación Púnica y ser detenido Granados, Larraz y su esposa donaron a sus dos hijos la casa familiar de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y una segunda residencia en Marbella (Málaga).

El banco suizo Société Générale expulsó a Eduardo Larraz en 2008 por sospechas de corrupción

La segunda pata del plan criminal de Granados para extraer fondos de Arpegio es externa a la sociedad. Se trata del promotor Adolfo Fernández Maestre, dueño de la mercantil DUSA. En febrero de 2006, esta firma recibió una “licitación meteórica” de 5,3 millones de euros para la gestión de los contratos del Plan Prisma de inversiones de la Comunidad de Madrid. Según la investigación, DUSA lo que hacía era dar la mejor valoración y preadjudicaba contratos a las empresas que se avenían a los tratos de corrupción con Arpegio.

En el registro del domicilio de Fernández Maestre, junto al parque del Retiro en Madrid, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) hallaron, además de 15.480 euros y 3.840 dólares en metálico, una pistola marca Llama en perfecto estado de funcionamiento. El arma, que no tenía licencia, perteneció, según manifestó el promotor, a su padre, militar y le ha costado al empresario una imputación por tenencia ilícita de armas, además de una ristra de delitos de corrupción y blanqueo de capitales.

Los agentes incautaron una pistola Llama en perfecto estado al promotor Adolfo Fernández Maestre

El tercer personaje clave de la trama Arpegio es el abogado José Luis Jaraba Pérez. Secretario de los consejos de administración de los diferentes consorcios urbanísticos bajo sospecha, también figura como socio de la empresa Jaraba Tamame Asociados SL, a través de la cual facturó entre 2003 y 2012 más de 1,1 millones de euros a la propia empresa pública del suelo. Anticorrupción destaca que en esos años también “mantuvo dudosas relaciones” con las firmas de Adolfo Fernández Mestre, de las que recibió alrededor de 1,5 millones de euros. Además, facturó 3,1 millones de euros a Técnicas Territoriales Urbanas, otra de las firmas investigadas.

Anticorrupción considera que “estos intercambios de fondos” son “sólidos indicios de que tuvo que utilizarse facturación simulada cruzada para desviar capital de los propios consorcios”. Por ello, el juez Velasco autorizó el pasado 16 de mayo el registro de su domicilio y de la sede de su empresa, en la que se intervinieron 37 cajas de documentación. El magistrado también le incautó el teléfono móvil al considerar que este dispositivo puede ser clave para descubrir “los acuerdos y reparto de parcelas en los consorcios urbanísticos, las adjudicaciones ad hoc para dar cobertura a decisiones presuntamente fraudulentas”. También le bloquearon seis cuentas bancarias y 25 productos financieros. Una nueva veta de una mina de oro que parecía no tener fin.

http://politica.elpais.com/politica/2017/06/09/actualidad/1497028817_251276.html

COSPEDAL Y UNA CONSEJERA DE CIFUENTES INTEGRABAN EL GOBIERNO DE AGUIRRE QUE SEGÚN LA IGAE VULNERÓ LA LEY EN UN PLAN DE 1.000 MILLONES

La ministra de Defensa y la titular de Economía y Hacienda de Madrid formaban parte del Ejecutivo que en febrero de 2006 encomendó el plan Prisma a la empresa pública Arpegio, antiguo feudo de Francisco Granados

Anticorrupción cree que Granados utilizó Arpegio como herramienta para el saqueo de fondos públicos y que eso "fue algo planificado desde el primer momento"

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y la actual consejera de Economía, Empleo y Hacienda de Madrid, Engracia Hidalgo, formaban parte del Gobierno de Esperanza Aguirre al que un informe de la Intervención del Estado (IGAE) incorporado al sumario de Púnica atribuye haber incurrido en una "cuádruple infracción legal" por encomendar el mayor plan regional de inversión pública a la empresa pública Arpegio. Cuando el Ejecutivo madrileño dio vía libre el 2 de febrero de 2006 a que el Prisma quedase en manos de Arpegio, entonces feudo de Francisco Granados y escenario de una –presunta– operativa de saqueo continuado, Cospedal dirigía la Consejería de Transportes. Y Engracia Hidalgo ocupaba el cargo de consejera de Hacienda. Entre 2006 y 2011 y con el objetivo formal de dotar de infraestructuras y equipamientos a los municipios de Madrid, el Prisma dispuso nada menos que de 1.000 millones de euros.

El equipo de la ministra de Defensa, al que infoLibre trasladó un resumen del contenido del informe de la IGAE con párrafos literales de sus principales argumentos, declinó pronunciarse. Sí lo hicieron los portavoces de la consejera madrileña Engracia Hidalgo. Y remarcaron dos puntos: que tanto la Intervención General de la Comunidad como los servicios jurídicos emitieron informe favorable previo a la firma del convenio con Arpegio y que, además, el asunto llegó a la mesa del Consejo de Gobierno por iniciativa de la Consejería de Presidencia. O sea, por iniciativa de Francisco Granados. En el bienio 2006-2007, el Prisma manejó 300 millones; en la siguiente edición, 2008-2011, su presupuesto ascendió a 700 millones.

"Deberán ser los tribunales, si así procede, los que diriman las discrepancias legales que puedan existir entre el informe de la IGAE y el de la Intervención General de la Comunidad de Madrid y los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid", subrayaron los portavoces de Hidalgo. "En la Comunidad de Madrid –fue su apostilla– estamos a disposición de la Fiscalía como siempre para aclarar cualquier asunto que considere".

Este diario preguntó a portavoces oficiales de la Fiscalía si Anticorrupción considera que estamos ante una mera infracción administrativa o si, por el contrario, observa visos de un potencial delito de prevaricación. No hubo respuesta, pero las fuentes consultadas entienden que si Anticorrupción viera indicios de delito habría pedido que se dedujese testimonio. Es decir, que se diera el primer paso para investigar penalmente a quienes participaron en la adopción del acuerdo de febrero de 2006 y del de septiembre de 2008.

La única página del citado informe de los servicios jurídicos que fuentes de la Comunidad de Madrid facilitaron a este diario dice que la encomienda –el encargo, en argot jurídico- a Arpegio para la preparación y ejecución del Plan Prisma se ajustaba a la normativa sobre contratos públicos. Y añade que "las actuaciones que Arpegio realice a través de terceros quedan sujetas a la Ley de Contratos". Lo que la IGAE reprocha al Gobierno madrileño es que incumpliese la ley estatal sobre procedimiento administrativo y su equivalente a escala regional. La vulneración de esas normas, aduce la Intervención, permitió que Arpegio asumiera al completo el Plan Prisma. Y eso no solo evitó la fiscalización previa de las decisiones vinculadas al Prisma sino que eximió a Arpegio –entidad pública que se rige por el derecho privado– de aplicar la legislación sobre contratos públicos salvo en los sujetos a regulación armonizada.

Según Anticorrupción, utilizar Arpegio como "instrumento de control de los presuntos negocios de corrupción fue algo planificado indiciariamente desde el primer momento". Pero el plan de convertir Arpegio en herramienta para el –presunto– desfalco de fondos públicos a gran escala prosperó gracias, entre otros factores, a que el el Ejecutivo madrileño autorizó el 2 de febrero de 2006 la firma de un convenio que encomendaba la aplicación integra del Plan Prisma a Arpegio. El 25 de septiembre de 2008, el Consejo de Gobierno de Madrid aprobó la firma de un segundo convenio con Arpegio. Para entonces, Cospedal ya no pertenecía al equipo de Aguirre. Engracia Hidalgo, sí, aunque en esa nueva legislatura como consejera de Asuntos Sociales.

Al igual que la IGAE, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la "encomienda o encargo [a Arpegio] vulneró los artículos 15 de la ley 30/92 de Régimen jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común y 150 y 151 de la ley 2/2003 de Administración Local de la Comunidad de Madrid". El juez Eloy Velasco, a punto ya de abandonar la instrucción de Púnica para incorporarse a su nuevo destino, hizo suyo el diagnóstico de la Fiscalía –que el acuerdo del Consejo de Gobierno de Madrid vulneró la legislación estatal y autonómica– en el auto por el que el 16 de mayo ordenó el registro de Arpegio. A través de esa misma resolución, el magistrado citó como investigados a todos los miembros de la Mesa de Contratación de Arpegio salvo al actual consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, que goza de aforamiento.

La colaboración del Gobierno regional, ni "espontánea" ni "leal"

Ese registro se produjo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. En el mismo informe de mayo donde las fiscales del caso hicieron constar que el Gobierno de Aguirre infringió la legislación estatal y la autonómica al entregar a Arpegio aquellos dos planes Prisma cuantificados en 1.000 millones aparece un durísimo reproche al Gobierno regional que preside Cristina

Cifuentes. "Se hace difícil confiar que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la CAM [Comunidad Autónoma de Madrid], no vislumbrándose medidas alternativas que satisfagan la realización del interés superior de la justicia". Precisamente por eso –y así lo explicita su informe– las fiscales pidieron varios registros, entre ellos el de Arpegio.

El informe de la Fiscalía no hace valoraciones jurídicas sobre los dos acuerdos del Gobierno madrileño a los que atribuye una infracción de la normativa. El de la IGAE, tampoco. Pero es tajante en sus argumentos. Y, punto por punto y acompañando cada afirmación de prolijas referencias jurídicas, detalla por qué habla de “cuádruple infracción legal”. El primer argumento es que ni la legislación estatal sobre procedimiento administrativo ni la autonómica autorizaban a la Comunidad de Madrid (CAM) a atribuir a Arpegio la potestad de realizar los actos jurídicos previos al cumplimiento del Plan Prisma. ¿Por qué? Porque esos actos jurídicos “deben ser acordados por la Administración de la CAM”.

Segundo, prosigue el informe, porque la normativa también vetaba que la ejecución del plan quedase en manos de “un ente instrumental sujeto a derecho privado”. Y eso exactamente eso era Arpegio. Hace un año, la presidenta Cristina Cifuentes anunció la disolución de Arpegio.

El tercer argumento de la IGAE queda resumido así: la ley tampoco permitía que se dejase la implementación del Plan Prisma en manos de un organismo carente, como Arpegio, de “los medios materiales idóneos para la realización de las actividades de carácter material o técnico”.

El cuarto argumento de la IGAE sobre el carácter ilegal de la decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre resulta igualmente demoledor: que el marco normativo vigente en 2006 y en 2008 –también ahora- solo da vía libre a que la Administración delegue su competencia si concurren “razones de eficacia o que el encomendante no posea los medios técnicos idóneos para la realización de las actividades de carácter material o técnico”.

Pero la Comunidad de Madrid, recalca el informe, sí “disponía de los medios personales y materiales necesarios para la ejecución del Plan Prisma”. Ese aserto lo sustenta la IGAE citando literalmente los argumentos de la propia Comunidad: aquellos manejados en el propio decreto del Gobierno de Aguirre que aprobaba el Plan Prisma para el periodo 2006-2007 y donde se dejaba constancia de que la Administración regional había desarrollado “con sus propios medios” los dos los planes anteriores homónimos. Esos dos primeros Prisma se lanzaron entre 1997 y 2005 y sumaron una inversión de casi 1.300 millones.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/06/13/cospedal_una_consejera_cifuentes_eran_del_gobierno_aguirre_que_segun_igae_vulnero_ley_plan_000_millones_66299_1012.html

EL JUEZ DE 'PÚNICA' DICE QUE EL PP ERA "JUAN PALOMO": DABA A FUNDESCAM SUBVENCIONES PÚBLICAS QUE SE USABAN PARA GASTOS ELECTORALES

El interrogatorio al exgerente del partido en Madrid, imputado por delito electoral y pertenencia a organización criminal, confirma que el partido y su fundación jugaban papeles intercambiables en cuanto al pago de facturas

Beltrán Gutiérrez admite que los proveedores eran los mismos y que Fundescam organizaba "cursos de formación de forma más especial cuando se acercaban campañas"

Dice que nunca contactó con los donantes de Fundescam y que no sabe si aportaban dinero "por cariño al partido o buscando..., no sé"

La declaración prestada ante el juez Eloy Velasco el 13 de abril por el exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, como imputado por la presunta financiación ilegal en las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011 afianzó las sospechas que los investigadores de la Operación Púnica ya albergaban: que Fundescam, la fundación dependiente del PP madrileño y que hasta 2010 presidió la propia Esperanza Aguirre, fue utilizada para inyectar al partido dinero ajeno al circuito legal.

En un momento de la declaración, a la que ha tenido acceso infoLibre, y en referencia inequívoca a la doble condición que ostentaba Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid y también de Fundescam, así como a la de Ignacio González, entonces vicepresidente de su Ejecutivo y vocal de esa misma fundación hasta noviembre de 2007, el magistrado preguntó al investigado quién le daba subvenciones a Fundescam. Gutiérrez respondió de inmediato: "La Comunidad". Y Velasco lanzó entonces el misil que la grabación del interrogatorio deja oír con nitidez: "Y al frente estaba la misma persona que al frente de la fundación, o sea, Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como. Y resulta que con esto se enmascaran gastos electorales".

Entre 2006 y 2011 la Comunidad de Madrid subvencionó a Fundescam con 1.226.814 euros. Tanto el juez como las fiscales del caso advirtieron a Gutiérrez de que en poder de los investigadores obran documentos indicativos de que el dinero de esas subvenciones públicas acabó sirviendo para abonar gastos electorales. Velasco remarcó igualmente que las donaciones a Fundescam fluctuaban en función de si había o no elecciones a la vista.

Fue en febrero de 2005, tras el congreso que en el otoño anterior la había aupado a la jefatura del partido en Madrid, cuando Esperanza Aguirre adquirió el rango de presidenta de Fundescam. Y permaneció en el cargo hasta abril de 2010. Durante ese periodo, su número dos fue Francisco Granados, hoy principal imputado en Púnica y en libertad bajo fianza desde este miércoles. Ignacio González permanece en prisión. Como vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González firmó personalmente subvenciones a Fundescam, y así consta en los documentos oficiales incorporados al sumario de Púnica. [pincha aquí para verlos]

Más cursos de formación... cuando se acercaban las campañas

Beltrán Gutiérrez, que dijo no recordar si el PP le había despedido como gerente regional en 2012 o en 2014 y remachó varias veces que nunca había contactado con donantes de Fundescam, se aferró durante el interrogatorio a una sola tesis: la de que Fundescam jamás pagó gastos electorales. Pero las preguntas del juez y de las fiscales del caso le llevaron a hacer tres afirmaciones significativas. La primera es la siguiente: "En Fundescam hacíamos habitualmente cursos de formación, de forma más especial cuando se acercaban campañas". ¿Por qué hacían donaciones ciertos empresarios? Gutiérrez responde que no sabe si "por cariño al partido o buscando... no sé"

La segunda, esta: "Fundescam, en la parte que yo conozco, nunca ha pagado un acto electoral. Puede ser que un curso de interventores y apoderados se podía entender como un gasto electoral pero la junta electoral nunca lo entendió así y seguimos haciéndolo".

Su tercera afirmación abunda en la idea de que el partido y la fundación eran una misma cosa, no solo porque compartieran sede –la primera planta de Génova 13, cuartel general del PP madrileño– sino, sobre todo, gastos: "Fundescam –sostuvo el interrogado– no paga gastos electorales pero lo lógico es que si yo tenía que contratar un proveedor en Fundescam lo utilizaba también para el partido, pero el gasto era de quien lo pagaba".

De la cuenta de la Asamblea de Madrid a la 'caja B'

El arranque del interrogatorio constituye en sí mismo un resumen de lo que Velasco, a punto ya de abandonar de manera definitiva la instrucción de Púnica para incorporarse a su nuevo destino en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, considera ya acreditado: que el PP madrileño utilizó cuatro vías de financiación irregular que le permitieron hacerse con casi cinco millones extra en las elecciones de 2007, 2008 y 2011. Y que, dado que se trató de un delito continuado –es su tesis–, ninguno de ellos ha prescrito.

La primera de esas vías de financiación opaca fue Fundescam, cuyo papel en la captación de fondos para el PP y en el abono de facturas electorales ya fue desvelado en 2009 tras una investigación periodística. Beltrán Gutiérrez está investigado en la Operación Púnica por una larga panoplia de delitos, entre ellos –y ese dato no había trascendido aún– el de supuesta pertenencia a organización criminal "por la estructura de facturación ficticia que repunta en procesos electorales".

La segunda fórmula para acopiar fondos, expuso Velasco ante Beltrán Gutiérrez, fue la cuenta de funcionamiento ordinaria del grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid. Qué ocurrirá con quienes gobernaban entonces esa cuenta –Gutiérrez negó tener ni la más remota idea de quiénes tomaban esas decisiones– sigue siendo una incógnita.

La tercera vía, sostiene el juez, fue una caja B nutrida por aportaciones de empresarios. Las anotaciones de la agenda incautada a Francisco Granados y su cruce con el contenido de los pendrives hallados en la casa de Beltrán Gutiérrez han resultado aquí esenciales para la investigación.

Y la cuarta herramienta utilizada para obtener dinero opaco fue el ya famoso 1% que empresas contratistas de la Comunidad tenían que destinar a publicidad supuestamente institucional. Según el juez, parte de ese dinero se empleó para minorar la deuda que el PP tenía con sus proveedores precisamente por gastos de publicidad electoral.

Las pesquisas sobre la financiación del PP madrileño en el marco de la Operación Púnica, con Francisco Granados como protagonista del extensísimo elenco de investigados, se solapan con las que se desarrollan en la Operación Lezo, que tiene a Ignacio González como imputado principal. A su vez, ambas investigaciones presentan nexos con la reabierta investigación sobre los papeles de Bárcenas. ¿Confluirán las tres investigaciones en una sola? Algunas fuentes jurídicas no lo descartan.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/06/15/el_juez_punica_dice_que_era_juan_palomo_daba_fundescam_subvenciones_publicas_que_usaban_para_gastos_electorales_66405_1012.html

EL EXGERENTE DEL PP EN MADRID DICE QUE LOS EMPRESARIOS DONABAN DINERO "POR CARIÑO"

La Cadena SER ofrece la grabación inédita de la declaración judicial del principal implicado en la financiación ilegal del PP en Madrid por el caso Púnica, el exgerente de siempre de Aguirre, Beltrán Gutiérrez Moliner

Admite donaciones al PP y es abrumado en el interrogatorio por el juez y las fiscales del caso, que llegan a pillarle en una sonora contradicción

El juez Eloy Velasco le doblega con el relato exhaustivo sobre la mecánica de la financiación ilegal y las cifras millonarias del dinero supuestamente malversado

Nunca hasta ahora se había escuchado, y poco se conocía de su contenido. La Cadena SER ha tenido acceso a la grabación de la declaración judicial como imputado del exgerente del PP en Madrid, Beltrán Gutiérrez Moliner, el pasado 13 de marzo ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, por su implicación en la financiación ilegal de la formación conservadora en la operación Púnica.

El magistrado le exhibe las numerosas pruebas incautadas un año antes en el registro de su domicilio, contenidas en dos pendrives que le fueron requisados. Después de analizar la documentación, los investigadores han concluido que Beltrán Gutiérrez llevaba una caja b en el PP de Madrid durante la época de Esperanza Aguirre como presidenta.

El exgerente del PP asegura desconocer o desvía la atención en la mayor parte de los hechos pero admite que la fundación Fundescam, controlada por el PP y que destinaba parte del dinero recaudado a la financiación ilegal de actos electorales del PP madrileño, recibía donativos de empresarios. Beltrán Gutiérrez sostiene que desconoce los motivos. Tal vez, afirma, donaban por "cariño al partido".

"Hay algunos que sí me suenan. No sé si era por cariño al partido o buscando... Yo me limitaba a decir que lo habían entregado"

A pesar del desconocimiento alegado, Beltrán Gutiérrez incurre en varias contradicciones. La más sonada es cuando la fiscal Teresa Gálvez le pregunta por el empresario Óscar Sánchez Moyano, que supuestamente colaboró en la operativa de financiación ilegal del PP con facturación falsa. Gutiérrez contesta que se lo habían "presentado una vez", y a continuación, la fiscal lee una conversación por whatsapp que el exgerente mantuvo con este empresario y ha sido intervenida por la Guardia Civil. Una conversación en la que Beltrán Gutiérrez habla en clave con un supuesto desconocido de si "hay agua en el cántaro"; de "aguas minerales" e intercambio de "cromos". El juez le pregunta si se estaban refiriendo a "dinero", y tras un carraspeo, Beltrán Gutiérrez concede que "puede ser".

Beltrán Gutiérrez: "¿Cuando dice 'agua' se refiere al dinero? Puede ser"

Beltrán Gutiérrez intenta negar los hechos, pero para los investigadores y el juez Eloy Velasco, la financiación ilegal del PP en Madrid está acreditada. El imputado tiene que escuchar en el interrogatorio al juez describir la mecánica ilícita empleada por la formación conservadora, al menos en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y 2011; y las generales de 2008. Velasco expone las cuatro fórmulas de pagos en negro corroboradas.

El juez explica ante Beltrán Gutiérrez la mecánica ilícita para la financiación ilegal del PP

Y también el detalle del dinero con el que el PP se financió de forma ilegal en aquellas tres elecciones, bajo la gerencia de Beltrán Gutiérrez. Un total de cinco millones de euros, acreditados tras una "exhaustiva investigación", según Velasco.

El juez, a Beltrán Gutiérrez: "Hubo un exceso de gasto bajo su dirección bajo las campañas de 2007, 2008 y 2011"

Con toda probabilidad, este es uno de los últimos interrogatorios en fase de instrucción que van a poder escucharse del juez Eloy Velasco. El magistrado, al que el Consejo General del Poder Judicial retiró el juez de refuerzo a pesar de la gran carga de trabajo, y admitió una denuncia contra él basada en informaciones periodísticas, acabó pidiendo otro destino y ha sido sustituido en el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

Los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han confirmado diversas fórmulas de financiación ilegal del PP de Madrid con el estudio de los pendrive de Beltrán Gutiérrez. Sostienen que por una parte, el PP se financiaba con la aportación de “dinero en efectivo de procedencia desconocida” desde su caja b. Además, empleaba a la fundación Fundescam para pagar a proveedores del PP mediante facturación falsa. Las fórmulas de ingreso de Fundescam para poder ejecutar los pagos era las aportaciones de empresarios; el desvío de fondos de subvenciones abonadas por la Comunidad Autónoma de Madrid, y hasta un convenio con la Fundación Caja Madrid.

El juez concluye que los hechos son constitutivos de delitos electorales, de malversación y falsedad documental; y los principales responsables de su comisión, a su juicio, son el exgerente Beltrán Gutiérrez; el extesorero José Ignacio Echeverria; el exsecretario general, Francisco Granados; y el expresidente de la Comunidad de Madrid y director de campaña en 2007, Ignacio González, quien además desvió de forma fraudulenta desde la Comunidad de Madrid una subvención de 200.000 euros a Fundescam, para que acabara sufragando pagos electorales del PP de manera irregular.

Arturo Fernández no sabe quién le pidió dinero para Fundescam

Entre los interrogatorios a los que ha tenido acceso la Cadena SER también se encuentra el practicado al imputado expresidente de la CEIM, Arturo Fernández, quien admite una donación de 60.000 euros a la fundación Fundescam a título particular, y otra de 100.000 euros aprobada por la "junta directiva" de la patronal madrileña, coincidiendo con la precampaña electoral.

Arturo Fernández afirma que no sabe quién le pidió el dinero, y dice que creía que era destinado a los fines de la fundación que figuran sus estatutos, que son el "desarrollo económico" de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en un momento determinado del interrogatorio, admite que no sabía a qué destinaba el dinero Fundescam. Si era para cumplir esos objetivos, o para pagar "actos electorales" del PP. "Le mentiría si le dijera otra cosa", asevera el empresario.

Arturo Fernández: "No se para qué utilizaba el dinero Fundescam"

Arturo Fernández es preguntado por Esperanza Aguirre, por Cristina Cifuentes y la polémica adjudicación de la cafetería de la asamblea de Madrid, y niega trato de favor alguno. Afirma que su relación es "muy buena" con ambas, y al ser interpelado por Ignacio González, dice que su vínculo es solo "protocolario".

Arturo Fernández: "Tenía una relación protocolaria con Ignacio González"
Sin embargo, en cuanto salió de la declaración el pasado 8 de marzo, llamó de inmediato a Ignacio González para contarle el contenido del interrogatorio. González, quien se sabía pinchado por la operación Lezo, contestó con monosílabos e interjecciones.

http://cadenaser.com/ser/2017/06/14/tribunales/1497474511_443396.html

EL DURO INTERROGATORIO DEL JUEZ A ARTURO SOBRE EL PAPEL DE CIFUENTES: "TAN REGULAR NO FUE"

Velasco desplegó una batería de preguntas a lo largo de 10 minutos sobre el contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco intentó acorralar al empresario Arturo Fernández en un duro interrogatorio sobre su papel en la presunta financiación del PP de Madrid. El magistrado de Púnica desplegó toda una batería de preguntas destinadas a averiguar el papel desempeñado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la adjudicación de contratos para la cafetería de la Asamblea madrileña al grupo Cantoblanco. "Tan regular como usted dice no fue", llegó a apuntar durante el interrogatorio, a cuya grabación ha tenido acceso El Confidencial.

La tensa sucesión de preguntas comenzó con una en la que Velasco inquiere sobre la relación que une a Cifuentes y Fernández. "Mi relación, como con todos, excelente, muy buena", contestó el empresario, al que el juez demanda, a continuación, si se ha visto favorecido en alguna licitación pública "por algún cargo público". El magistrado pone el foco en las licitaciones de 2009 y 2011 de restauración en la sede parlamentaria regional.

"Cifuentes formaba parte del comité de expertos y era la presidenta de la mesa de contratación que a usted le adjudicó esos servicios", apunta el instructor, e insiste: "¿No hubo nadie del PP que le dijo, te la vamos a adjudicar a ti?". Fernández niega todo conocimiento del asunto y precisa que desde que el PP gobierna en Madrid, sus empresas han ganado algunos concursos y perdido otros. "Mis concursos han sido todos más que transparentes, muy exigentes", agrega.

El juez Velasco, lejos de plegar velas, intenta llegar más al fondo de la cuestión. "¿El dedo del político no fue el decisor?", "¿hubo la mano de algún político?", "para decirlo en castellano... ¿no estaba amañado aquello?, repregunta una y otra vez hasta extenderse durante más de 10 minutos. El empresario lo niega todo, asegura que concurrió a la adjudicación para la Asamblea por una cuestión de prestigio, a pesar de que era un negocio ruinoso que le hacía perder más de 60.000 euros al año.

"Estuve allí como también he estado en el Congreso, Moncloa o la Zarzuela, llevo 58 años trabajando en esta historia", explica, y detalla que él quería irse porque perdía dinero sistemáticamente y recibía múltiples quejas. "Se me quejaban hasta del café", dice en un punto.
Velasco continúa insistiendo y apunta irregularidades del contrato, como el hecho de que se ponderaba la experiencia de Cantoblanco en el sector público. "¿Alguien le ayudó?", inquiere una vez más, obteniendo solo continuas negativas de Arturo Fernández, que se enroca en el hecho de que él no se encargaba directamente de la presentación en los concursos y en que no le hizo "muy feliz" ganar aquel. "¿No es un poco irregular eso? Le dieron 25 puntos", reitera una última vez el magistrado.

En un informe incorporado a la causa, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntaba la vinculación de Cifuentes con la comisión de delitos de prevaricación continuada y cohecho en el marco de la trama Púnica, por este contrato. No obstante, hace unas semanas, fuentes jurídicas apuntaron que ni el juez ni la Fiscalía se planteaban por el momento pedir la imputación de la presidenta madrileña por estos hechos.

Durante el interrogatorio, el juez pregunta también por la relación de Fernández con Esperanza Aguirre e Ignacio González, encarcelado en el marco de la operación Lezo. El empresario reconoce que le une a ellos dos una buena relación, pero descarta que le pidieran que efectuara donaciones a Fundescam que, según las sospechas de los investigadores, sirvieron en realidad para financiar de forma ilícita las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011. "Me lo pidió alguien del PP", dice, aunque no precisa la identidad de esta persona.

Ignacio González y su esposa comieron con Arturo Fernández antes de cerrar las listas

El hostelero incluye a Lourdes Cavero y su hermana entre os 200 socios que el lunes decidirán el nombre del presidente: él mismo o su rival, Hilario Alfaro

En este punto, Fernández apunta que donó a Fundescam al igual que contribuyó, "cuando tenía dinero", en otras fundaciones como la del síndrome de Down. También aseguró que ha hecho favores a otros partidos. "Como yo no soy del PP ni del PSOE ni de nada, soy empresario, si me pedían el favor, pues daba alguna cena o alguna comida, por tener el detalle", dijo según los audios del interrogatorio.

El empresario insistió en varias ocasiones en que no tiene fondos en la actualidad y, en respuesta a las preguntas de la fiscal, indicó que hizo los donativos que ahora se investigan en pro de la sociedad. "Nadie que da un donativo a una fundación lo va contando. Cuando hago una donación, no lo publicamos, lo hacemos porque hay que ayudar. Hay que devolver a la sociedad parte de lo que se gana, decimos mucho los empresarios. Me parece algo razonable, sobre todo en mi caso, que no tengo hijos", dijo.

La fiscal Carmen García Cerdá tomó el revelo del juez y continuó incidiendo en el famoso contrato. "¿Alguien le pide a usted que se presente a esos concursos de la cafetería de la Asamblea?", pregunta hasta en tres ocasiones la representante del Ministerio Público. Fernández explica que él, entonces, "estaba muy de moda" y reitera que era una cuestión de prestigio y que su empresa no fue alertada por nadie sino que sus empleados lo vieron en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

La versión del tesorero

El juez Velasco interrogó también en esta pieza, destinada a averiguar de qué forma en las tres campañas mencionadas el PP "por lo menos duplicó, en negro, el máximo que le permitía la ley" —explica el propio magistrado en una de las grabaciones al que fuera tesorero del partido en Madrid durante dos años, Ignacio Echevarría—. Al ocupar ese cargo, el también exconsejero de Transportes figuró durante ese plazo como patrono de Fundescam. El magistrado, muy gráfico en un punto de la comparecencia, le dice en referencia a la campaña de 2007: "Se lo voy a preguntar a lo bestia, como soy yo, ¿se pudieron pasar de gasto legal en más de 2,7 millones de euros?".

Negó todo conocimiento de la presunta financiación irregular y concretó que si hubiera sabido algo así, "lo hubiera denunciado a quien le correspondía", Esperanza Aguirre. La mayor parte de los fondos procedía de aportaciones de la Comunidad de Madrid, dijo, y aclaró que la fundación no tenía sede y las reuniones se celebraban en la primera planta de sede popular de Génova.

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado en una improvisada comparecencia de prensa que "no ha habido financiación ilegal del PP de Madrid"

"Nunca he sacado dinero ni metido dinero ni nada de nada", asegura en un momento de la ronda de preguntas, y agrega que nunca tuvo ningún indicio de que existieran irregularidades. "Confiaba totalmente en Beltrán Gutiérrez", gerente de la formación regional, dijo, y precisó que a este lo nombró "Génova España". Los investigadores apuntan a que las donaciones investigadas coincidían siempre con periodos electorales y luego "se secaban".

Echevarría también recibió preguntas sobre el servicio de restauración de la Asamblea de Madrid. "¿No recibió usted alguna indicación de algún político que estuviera incluso más arriba que usted?", indagó el juez en su caso. Las fiscales plantearon también la cuestión y se refirieron directamente a Cifuentes. "¿La señora Cifuentes no formaba parte de ese comité de expertos?", preguntó Teresa Gálvez.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-15/juez-velasco-arturo-fernandez-punica-cifuentes-pp-interrogatorio-audiencia-nacional_1399934/

GRANADOS NIEGA SU PAPEL EN PÚNICA Y ACHACA AL “APARATO DEL ESTADO” SU IMPUTACIÓN

El exconsejero madrileño sale de la cárcel: "Jamás, jamás, jamás he metido la mano en la caja".

Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y antiguo número dos del PP regional, abandonó este miércoles por la tarde la prisión de Estremera, donde ingresó hace 31 meses como supuesto cabecilla de la Operación Púnica de corrupción. A las puertas del centro penitenciario, Granados calificó de falsas las acusaciones contra él y las atribuyó a una actuación del “aparato del Estado”. El expolítico, en libertad provisional bajo fianza de 400.000 euros, aseguró que no se ha llevado “ni un solo euro jamás de dinero público”.

Las puertas de la prisión de Estremera, a 75 kilómetros al sureste de Madrid, que él mismo inauguró en julio de 2008 cuando era consejero de Justicia, se abrieron para Granados sobre las 15.30. Tras abrazar a sus dos hijas, que llevaron sus petates al coche, el último de los imputados del caso Púnica que permanecía en la cárcel —957 días, desde el 31 de octubre de 2014— dio a los medios sus primeras declaraciones. Granados, a quien el juez Eloy Velasco atribuye delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude, salió al ataque. La primera andanada fue para la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuyos informes tachó de “interesados”, “opinativos” y “especulativos”. “Iré demostrando su falsedad y su inconcreción uno por uno. Como es lógico también pediré responsabilidades a los funcionarios que los hayan firmado, sean de la UCO, sean de la fiscalía o sean de quien sean”, anunció.

Desde febrero de 2014, los investigadores han informado a la Fiscalía Anticorrupción y al juez Velasco, entre otros aspectos, de la cuenta en Suiza en la que Granados supuestamente ocultó 1,6 millones de euros. También han descubierto la propiedad de una finca de 84 hectáreas en Higuera de las Dueñas (Ávila) puesta a nombre de una testaferro, o la mansión en Valdemoro —ciudad de la que fue alcalde— construida para él por el promotor Ramiro Cid, beneficiado por sus decisiones urbanísticas. El hallazgo más sonado, en noviembre de 2015, fue el millón de euros que Granados ocultaba en un altillo de un armario de la casa de sus suegros.

La UCO sospecha que estos bienes tienen su origen en supuestas comisiones por venta de suelo y consorcios urbanísticos realizados a través de la empresa pública Arpegio, que Granados colocó bajo su competencia en el año 2004 cuando la presidenta madrileña Esperanza Aguirre lo nombró consejero de Presidencia.

Los investigadores consideran que Granados, en su posición de secretario general del PP madrileño, alimentó una caja b de la formación mediante entregas de empresarios que recibían contratos de la Comunidad de Madrid. Según el juez Velasco, la constructora OHL entregó 2,1 millones bajo cuerda al partido. De esta cantidad supuestamente se detrajeron 500.000 euros “para repartírselos entre Francisco José Granados y Javier López Madrid”, exconsejero de OHL. Los 1,6 millones de euros restantes tuvieron como “destinatario final” al PP madrileño y fueron recaudados por su gerente, Beltrán Gutiérrez, también imputado.

“No soy cabecilla”

A su salida de prisión, Granados se quejó de haber sufrido “indefensión” y negó haberse quedado con dinero público: “Yo jamás, jamás, jamás he metido la mano en la caja”, manifestó. El expolítico fue incluso más allá y puso en duda la existencia de la trama Púnica de corrupción: “Después de leer muchas partes del sumario, las que no están todavía en secreto, después de ver todo eso yo no sé si existe. Creo que no, pero desde luego, si existe, ni formo parte de esta trama ni desde luego soy ni mucho menos el cabecilla”.

Granados denunció la filtración “sistemática, planificada y con un interés bien concreto” de “secretos del sumario obtenidos por el aparato del Estado”. Según él, estas fugas de información sólo pueden provenir de “la Guardia civil o la fiscalía, o el juez”.

http://politica.elpais.com/politica/2017/06/14/actualidad/1497426772_027199.html

UNA EMPRESA DEL CÍRCULO DE GRANADOS COBRÓ MEDIO MILLÓN DE LA ADJUDICATARIA DE UN CONTRATO INVESTIGADO EN 'PÚNICA'

Una firma de publicidad de la familia del exjefe de gabinete de Granados y de su esposa, ambos investigados como testaferros del político, recibió pagos de Over Marketing en 2006

Propiedad de un empresario que ya confesó haber recibido adjudicaciones amañadas, Over se había alzado ese año con la adjudicación para una campaña de publicidad del mayor plan de inversión pública de Madrid, el Prisma

Una empresa vinculada a María José Marijuán, esposa de quien fue mano derecha de Francisco Granados, Ignacio Palacios, y ella misma supuesta testaferro del político, cobró medio millón de euros de una de las principales mercantiles investigadas en Púnica, Over Marketing, justo el mismo año –2006- en que esta última obtuvo un contrato de 542.000 euros para desarrollar una campaña de publicidad del Plan Prisma. Dotado con 1.000 millones en el sexenio 2006-2011, la ejecución del Plan Prisma dependía al completo de la empresa pública Arpegio, entonces feudo absoluto de Granados.

La empresa que cobró de Over Marketing –exactamente, 522.858 euros– se llama Gesmedia Consulting. Y así lo constatan documentos oficiales a los que ha tenido acceso infoLibre. Las fuentes consultadas por este diario han confirmado que el citado contrato para la campaña de publicidad del Plan Prisma es uno de los que la UCO incautó durante los registros en Arpegio. Parte de los documentos originales han desaparecido del expediente.

En 2006, y según datos de Hacienda incorporados al sumario de Púnica, Gesmedia tenía su sede en un inmueble propiedad de otra empresa que formalmente pertenecía a María José Marijuán, Ayjopen SL. Y estaba –como lo sigue estando– dirigida por su hermano Pedro Marijuán. Gesmedia concurrió también al concurso que finalmente ganó Over Marketing pese a que Ignacio Palacios, marido de María José Marijuán y entonces jefe de gabinete de Francisco Granados, formaba parte de la mesa de contratación de Arpegio.

Over Marketing es una compañía largamente conocida por la UCO y la Fiscalía Anticorrupción porque su dueño ya confesó en 2012 que había obtenido contratos amañados en Baleares pero también en Madrid. En esa última comunidad, Over Marketing y sus tres compañías satélite se hicieron con 15,5 millones en adjudicaciones públicas durante la década de poder de Esperanza Aguirre. En 2006, el año en que pagó medio millón a Gesmedia, Over Marketing declaró a Hacienda haber recibido de la Comunidad de Madrid 803.361 euros en total por diversos trabajos.

Imputada en Púnica al igual que su marido, María José Marijuán se negó a declarar en noviembre de 2015 ante el juez Eloy Velasco. El magistrado le informó no obstante de que en la causa se investiga su vínculo con distintas sociedades –en ese momento se cifraban en ocho– supuestamente utilizadas como tapadera para que Granados cobrase comisiones de adjudicatarios de contratos públicos.

Otras empresas

Entre las empresas cuyo nombre leyó el magistrado a Marijuán figura Ayjopen Consulting SL, que es la que, según la Agencia Tributaria, mantenía arrendada a Gesmedia una oficina en 2006.

infoLibre no ha logrado contactar con Pedro Luis Marijuán. El jueves de la semana pasada, tras varias llamadas fallidas, este diario envió a su secretaria un correo electrónico en el que exponía a Marijuán los datos que ya entonces obraban en su poder y le planteaba varias preguntas sobre la relación de Gesmedia con Over Marketing y sobre el hecho de que hubiese acudido a un concurso sobre el que su propio cuñado debía pronunciarse como miembro de la mesa de contratación. Ni ha habido respuesta a ese email ni Pedro Luis Marijuán atendió este lunes las llamadas realizadas nuevamente este lunes.

El listado de compañías que enumeró el juez ante María José Marijuán durante su interrogatorio fallido incluye Match Golf Consulting SL, cuyas cuentas y bienes permanecen bloqueados desde noviembre desde 2015.

Al menos una de las llamadas recibidas por Granados e intervenidas por la Guardia Civil en 2014 meses antes del estallido del caso fue cursada desde un teléfono móvil contratado a nombre de Match Golf Consulting.

En esa llamada, Granados habla en clave con un tal Pedro al que da instrucciones sobre un negocio en el que lo que le preocupa es que “los administradores concursales” busquen a “algún amigote que ponga un euro más” que la empresa con que la trama planea participar en el negocio.

La conversación no revela con qué compañía pensaban hacer dinero en ese caso ni de qué negocio se trata. Pero un informe de la UCO confirma que Bustren, otra de las empresas del listado enunciado por Velasco ante María José Marijuán, estaba negociando la compra de 30 naves industriales “de un proceso concursal”.

Especializada en el “diseño conceptual de sistemas integrados de transportes”, Bustren es la protagonista de otra de las conversaciones pinchadas a Granados. Aquí, su interlocutor es Ignacio Palacios, el marido de María José Marijuán. “Ignacio –se lee en la transcripción incorporada al sumario- dice que el ruso se va a quedar con el 100% de la compañía allí y por detrás va a firmar un contrato de fiducia por el que el 70% de las acciones son de Bustren España”.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/06/22/una_empresa_del_circulo_mas_proximo_granados_cobro_medio_millon_adjudicataria_contrato_investigado_punica_66605_1012.html

EL CGPJ ARCHIVA LA INVESTIGACIÓN SOBRE SI EL JUEZ VELASCO PIDIÓ TRABAJO PARA SU MUJER A IGNACIO GONZÁLEZ

La autoridad disciplinaria considera que la denuncia está basada en informaciones periodísticas "carentes de sustento"

La autoridad disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha archivado la investigación abierta al magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a raíz de la denuncia interpuesta por el partido político Contrapoder, basada en informaciones periodísticas que señalaban que, según unas grabaciones realizadas al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, el primer instructor del caso Lezo habría solicitado a éste trabajo para su esposa.

En el acuerdo de archivo, el promotor de la acción disciplinaria, Antonio Fonseca-Herrero, reprocha a Contrapoder que haya presentado una denuncia basada solo en informaciones periodísticas. Según el promotor, cuando se formula una denuncia de este tipo, “resulta necesario que la conducta denunciada aparezca mínimamente probada y no genéricamente invocada, sin soporte probatorio alguno y sobre la base de meras hipótesis o datos acreditados, al menos con carácter indiciario. “Lo que no sucede en el presente caso, en el que el denunciante se limita a reproducir simples noticias periodísticas o supuestas sospechas carentes de sustento”, sostiene Fonseca-Herrero.

La autoridad disciplinaria añade que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, “no resulta jurídicamente procedente la imputación de responsabilidades disciplinarias con base en datos y circunstancias no acreditados plenamente y cuya discusión correspondería en todo caso al ámbito jurisdiccional” y en el procedimiento que instruía Velasco (el caso Lezo, en el que González figura como investigado). La resolución, que puede ser recurrida en alzada ante la Comisión Permanente del CGPJ, ha sido ya notificada al denunciante y al magistrado interesado.

http://politica.elpais.com/politica/2017/06/06/actualidad/1496748322_797924.html

VELASCO SUSPENDE 14 DECLARACIONES DEL ‘CASO PÚNICA’ TRAS OFICIALIZARSE SU SALIDA DEL JUZGADO

Las últimas decisiones del magistrado al frente del Juzgado Central de Instrucción 6 antes de pasar a la Sala de Apelación

El juez Eloy Velasco ha dictado sus últimas providencias y autos al frente del Juzgado Central de Instrucción 6 que ha abandonado de manera definitiva este jueves rumbo a la Sala de Apelación de la propia Audiencia Nacional. En uno de ellos, fechado este miércoles, ordenaba suspender las declaraciones previstas para las próximas semanas de catorce imputados del caso Púnica.

Se trata de las del empresario argentino Daniel Horacio Mercado, acusado de colaborar en la supuesta financiación irregular del PP de Madrid, y de trece personas relacionadas con las irregularidades detectadas en la empresa del suelo de la Comunidad de Madrid Arpegio. El motivo, la "ausencia del magistrado y hasta que se provea de nuevo titular a este órgano judicial”. El escrito se completa con una relación de escritos presentados por abogados defensores para tener acceso a las actuaciones y a la nube digital desde la que pueden consultar el sumario.

La primera de las declaraciones suspendida es la del empresario Daniel Horacio Mercado, propietario, entre otras sociedades, de Over Marketing, una mercantil beneficiada por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre con numerosos contratos públicos de publicidad. El juez lo había citado a declarar para el próximo 29 de mayo bajo la sospecha de haber puesto sus empresas a disposición del PP para desviar fondos públicos con destino a la financiación de actos electorales de los populares en diferentes campañas.

Las otras trece comparecencias suspendidas son las de trece personas relacionadas con la empresa pública Arpegio, en cuyas adjudicaciones entre los años 2006 y 2011 la Agencia Tributaria ha localizado numerosas irregularidades que motivaron un exhaustivo registro de su sede la semana pasada. Son el consejero delegado Eduardo Larraz y su esposa, María de los Ángeles de Diego; Pilar Rubio, el empresario Adolfo Fernández Mestre y su mujer, Sagrario Gómez; Pedro Bernard, Pilar Roca, María Dolores Nogal, el abogado José Luis Jaraba, Tomás Fernández, Francisco Esquivias, Ignacio Palacios y Miguel Ángel Ruiz. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que esta sociedad fue la principal fuente de enriquecimiento ilícito de Francisco Granados. Todos ellos habían sido citados a declarar entre el 12 y el 14 de julio próximo.

Entre estos trece investigados que ahora tendrán que esperar a que se nombre un nuevo magistrado instructor se encuentra Miguel Ángel Ruiz, quien hasta su imputación era viceconsejero de Medio Ambiente del Ejecutivo de Cristina Cifuentes y mano derecha del número tres del Gobierno regional, Jaime González Taboada. Otro de ellos es Ignacio Palacios, quien hubiera sido la tercera vez que acudiera a declarar ante el juez Velasco. Hombre de la máxima confianza de Francisco Granados, Palacios acudió la primera vez como testigo para ser detenido meses después junto a su mujer acusados de haber servido de testaferros para que el político ocultase parte de su patrimonio en propiedades y empresas.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/25/actualidad/1495727678_747544.html

CIFUENTES DESPEJA BALONES SOBRE LOS FUNCIONARIOS E INSISTE EN QUE EL INFORME DE LA UCO "ESTÁ EQUIVOCADO"

La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que su "pecado fue no valorar, valoró el técnico, yo me limité a asentir y a dar por bueno el criterio del técnico"

En una comparecencia muy trabada, con enfrentamientos directos con los diputados autonómicos, Cifuentes admite "posibles errores administrativos" en los contratos

Tres informes de la UCO apuntan a la implicación de Cifuentes en la financiación irregular del PP de Madrid por indicios "de una adjudicación decidida de antemano"

Diputados del PP hacen un paseíllo a Cifuentes a su llegada a la comisión de investigación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha descargado sobre los funcionarios de la Asamblea de Madrid los posibles "errores administrativos" en los contratos de adjudicación a la empresa Cantoblanco. La dirigente del Partido Popular ha reiterado que el informe de la Guardia Civil que la relaciona con la presunta financiación irregular del PP "está equivocado"

La presidenta había sido llamada por los grupos de la oposición de la cámara autonómica para explicar las posibles irregularidades que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la adjudicación los años 2009 y 2011 de los contratos de restauración y cafetería a Grupo Cantoblanco, empresa del exlíder de la patronal madrileña Arturo Fernández, y su vinculación con con la financiación irregular del PP de Madrid en el marco de la Operación Púnica.

Con una puesta en escena muy cuidada, con traje blanco, ha entrado en la sala protegida por un grupo de diputados y miembros del Partido Popular que le han hecho un paseillo. Cifuentes se ha asegurado de hacer público que llevaba la insignia de la Guardia Civil que le otorgaron como madrina del cuerpo armado, después de las críticas que hizo al informe de la UCO que la vincula presuntamente a la financiación ilegal del PP.

"La UCO está equivocada en ese informe en muchas cosas. Contiene extremos que están equivocados y realiza juicios de valor que deberían hacer jueces o fiscales. Lo que a mí me parece que no es real es que aquí hubiera una confabulación para beneficiar a un empresa concreta. No sólo es irreal, sino absolutamente incierto", ha sentenciado Cifuentes.

"Problema administrativo"

Cifuentes ha despejado balones a los funcionarios de la Asamblea. "Si se han cometido errores en la elaboración de los pliegos no lo voy a discutir, pero en este caso estamos hablando un problema administrativo no de una causa penal", ha apuntado.

Antes de entrar señaló que estaba " tranquilísima. El proceso fue transparente, cristalino, con informes favorables y jurídicos de los técnicos, con decisiones tomadas por unanimidad de todos los órganos y grupos partidos. Es sorprendente el valor que le está dando Ciudadanos y Podemos a un informe policial para crear un juicio paralelo".

Cifuentes ha salido desde el principio con una ofensiva airada contra los diputados autonómicos con los que se enzarzó en agrias disputas en un debate trabado. La presidenta ha reiterado que su petición de comparecencia era solo un intento de "linchamiento político".

"Modificaciones puntuales"

En un tenso debate, la presidenta sí ha admitido que "se hicieron modificaciones puntuales, muy menores, que no variaban el resultado final". La Guardia Civil recogió la declaración de funcionarios de la Asamblea de Madrid en las que se referían a una reunión en el despacho de Cifuentes en la que se cerró la licitación. "Cifuentes dijo que se hicieran las modificaciones y que una vez terminado, dijo que muy bien, que se firmase el acuerdo", relató uno de los funcionarios.

La presidenta no ha llegado a aclarar los motivos por los que la Mesa la designó como uno de los miembros de la de la Comisión de Expertos que evaluó las ofertas. En este sentido ha señalado como una de las posibles razones que "comía todo los días en la Asamblea" y que había "un precedente en 2008 con el comité de expertos de la contratación de las cestas de Navidad".

Este es uno aspectos más polémicos ya que los agentes de la Guardia Civil apuntan que se incluyeron criterios de valoración contrarios a derecho y hubo “arbitrariedad en las valoraciones efectuadas por el comité de expertos”, que encabezaba Cifuentes.

"Usted se cree que puedo recordar los acuerdos que se tomaban en la Mesa cada semana en 2009", le ha respondido airada al diputado de Ciudadanos, César Zafra. La presidenta ha insistido en que no participó "en la elaboración de ningún pliego de condiciones ni en 2009 ni en 2011".

Según la Guardia Civil Cifuentes que entonces era vicepresidenta de la Asamblea de madrid compatibilizó ser miembro del comité de expertos con la presidencia de la mesa de contratación, “circunstancia contraria a la legalidad y que vulnera Ia imparcialidad”. Ante las preguntas del diputado de Podemos, Ramón Espinar, sobre esta incompatibilidad, la presidenta ha remachado que "no la había. Hay opinión jurídica más cualificada, que es la de esta Asamblea, que lo ha dicho de manera taxativa en un informe pedido para ello".

Participación en la campaña de 2008

Aunque intentó no contestar a la pregunta de su participación en las campañas electorales del PP porque, en su opinión "no era objeto de esta comisión", finalmente ha admitido que fue miembro del comité de campaña en los comicios de 2008, como responsable territorial de partido, y no ha descartado que estuviera en la siguiente campaña de 2011. La Guardia Civil tiene las sospechas de posible financiación irregular del PP en las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.

Los informes señalan directamente a Cifuentes porque integraba a la vez el patronato de Fundescam, al Comité de Campaña y los órganos de contratación de la Asamblea de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha subrayado que ella perteneció a Fundescam entre "febrero de 2005 y septiembre de 2008".

"Cometí el pecado de no valorar, valoró el técnico, yo me limité a asentir y a dar por bueno el criterio del técnico", ha espetado la presidenta. Con estas declaraciones trataba de escapar de un informe de la UCO, que recoge que existió "una pluralidad de acciones por parte del comité de expertos que tuvieron como única finalidad la de favorecer de manera preconcebida" a la empresa de Arturo Fernández.

Espinar le ha requerido sobre si conocía al empresario Arturo Fernández, Cifuentes ha comentado: "Conozco a cientos de personas. Cómo me voy a inhibir por conocer a Arturo Fernández, mi relación era puramente institucional".

http://www.eldiario.es/politica/Cifuentes_0_650235215.html

JUSTICIA, FISCALÍA Y GUARDIA CIVIL: LOS 6 DOCUMENTOS QUE ACORRALAN A CIFUENTES

La presidenta de la Comunidad de Madrid se enfrenta a la Comisión de Investigación sobre la Corrupción en la Asamblea

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, vive este viernes uno de los peores tragos de su carrera política. A raíz del informe de la Guardia Civil que le acusaba de delitos de cohecho y prevaricación continuada, la Comisión de Investigación sobre corrupción política de la Comunidad de Madrid le ha citado para que dé explicaciones sobre la contratación del grupo empresarial de Arturo Fernández para la cafetería y el comedor de la Asamblea de Madrid.

Reclaman su presencia todos los partidos de la Asamblea de Madrid -PSOE, Podemos y Ciudadanos- menos el Partido Popular, y la comisión arrancará a las 10:00 horas. Eso sí, antes de Cifuentes, el PP ha conseguido que vaya a dar explicaciones Antero Ruiz, exdiputado de Izquierda Unida que era vicepresidente tercero en el momento de los hechos.

Aunque existe una diferencia fundamental entre Cifuentes y Ruiz: al de Izquierda Unida la Guardia Civil no le nombra en sus informes, y mucho menos le imputa delitos. Entre otras cosas porque, aunque Ruiz fue forzado a dejar su acta por su implicación en las tarjetas Black, el empresario beneficiado no donó dinero a IU ni el entonces diputado gestionaba las campañas electorales de su partido.

Y es que Cifuentes sí cumplía esas características, por no hablar de la colección de documentos que atesora en su contra y que le ponen las cosas muy complicadas. A continuación, ofrecemos a nuestros lectores el contenido de los informes y documentos judiciales a los que ha tenido acceso ELPLURAL.COM y que tienen contra las cuerdas a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

1. Prevaricación continuada y cohecho

El primer informe de la Guardia Civil al respecto está fechado el 1 de marzo de este año y abunda en la contratación de la cafetería, señalando que María Cristina Cifuentes Cuenca era a la vez miembro del Comité de Expertos que valoró la oferta y presidenta de la mesa de contratación.

Una circunstancia que es “completamente irregular y anómala, y únicamente puede corresponderse con la intencionalidad de tener controladas las licitaciones en todo momento, es decir, ejercer un control en la valoración directa de las ofertas de las empresas y asegurarse que esas valoraciones eran finalmente aprobadas”.

Al mismo tiempo, la Guardia Civil vincula la adjudicación con “las aportaciones económicas localizadas y efectuadas por el empresario Arturo Fernández a la Fundación Fundescam (…) que fueron en gran parte destinadas a sufragar gastos electorales de la formación política a la que pertenecía Cristina Cifuentes cuando ésta formaba parte del Patronato de la referida Fundación”.

La bomba viene justo después, cuando asegura que “los hechos descritos en el mismo, podrían ser constitutivos de la comisión de los supuestos delitos de PREVARICACIÓN CONTINUADA y COHECHO” [sic] tras lo que vuelven a citar a Cristina Cifuentes por “la presunta participación en los hechos citados”.

2. Manipulación del concurso

En otro informe de la Guardia Civil, fechado el 28 de marzo, en el que un agente analiza los interrogatorios realizados a varios funcionarios de la Asamblea de Madrid. A uno de ellos, Isaac Arturo Zubiri y miembro del comité de expertos, le acusan de que “faltó a la verdad a la hora de elaborar el informe de valoración de las ofertas” y dar 0 puntos a una empresa rival “bajo la falsa argumentación de que la misma no había presentado documentación alguna”.

Y, añade, en el párrafo que cierra el informe: “Circunstancia de la que tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras las otras dos componentes del comité de expertos -María Cristina Cifuentes Cuenca y María Merino Muñoz- lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada respecto al criterio de adjudicación que valoraba otras mejoras de los licitadores”.

3. "Habrían participado cargos públicos"

Cifuentes también aparece mencionada en otro informe de la Guardia Civil del 1 de marzo, de más de 100 folios, que se dedica a analizar la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Es en las conclusiones generales donde se explica como “determinados empresarios” ingresaron a Fundescam “importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales”.

En concreto, se paran en el caso de Arturo Fernández y los contratos adjudicados “en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes y donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación FUNDESCAM cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, como es el caso de María Cristina Cifuentes Cuenca”.

4. “Estructura de decisión cohesionada en el tiempo”

Después de leer los informes del 1 de marzo, la Fiscalía Anticorrupción emitió su propio informe en el que incluyen las mismas valoraciones de la Policía Judicial sobre las “adjudicaciones en favores del grupo de Arturo Fernández -Grupo Cantoblanco- quien siempre que se determinó a realizar una donación a Fundescam obtuvo la adjudicación de diversos contratos públicos desde Vicepresidencia [cargo de Cifuentes] y de la Asamblea de Madrid en los años 2007, 2009 y 2011”. Unas contrataciones que “presentaban irregularidades por su falta de motivación, baremación y ponderación de las ofertas, posicionándose en favor del grupo de Arturo Fernández desde los trámites del informe”.

Y, en otro párrafo, vuelve a mencionar los cargos de Cifuentes, cuando señala la “coincidencia de personas y de roles entre los propios patronos de la Fundación FUNDESCAM, Directores y miembros de los Comités de Campañas Electorales, Presidente, Secretario General y Vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Gerente y cargos orgánicos del PP y autorizados en cuentas y en las mesas de contratación de la CAM consolidó una estructura de decisión cohesionada en el tiempo”.

5. “Múltiples irregularidades penalmente relevantes”

En medio del escándalo que supuso que la Guardia Civil apuntase a posibles delitos de la presidenta madrileña que acababa de declarar que “el tiempo de los corruptos ha llegado a su fin”, Cifuentes encontró una tabla de salvavidas en unas supuestas declaraciones del entorno de Eloy Velasco en las que descartaba de momento imputarla.

A Velasco, inmerso en aquel momento en el proceso para dejar el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por un puesto mejor, nunca se le oyó decir aquello en persona. Sin embargo, sí que hay algo tangible vinculado a su trabajo: tres cédulas de citación como imputados, dos de ellas a personajes tan relevantes como Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid, José Ignacio Echevarría, expresidente de la Asamblea y patrono de Fundescam y la empresaria María Luisa de Madariaga.

En dichas citaciones, el juez Velasco incluyó tres textos idénticos en los que habla de las “evidencias” de que varios empresarios ingresaron “importantes cantidades” a Fundescam que “fueron empleadas para gastos electorales no declarados como tales” por el PP.

Acto seguido y sobre estos hechos, Velasco señala que hay “sólidos indicios que acreditarían como algunos de esos empresarios como Arturo Fernández fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos vinculados con la Asamblea de Madrid en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes y donde habrían participados cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación FUNDESCAM cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas”.

http://www.elplural.com/politica/2017/06/02/justicia-fiscalia-y-guardia-civil-los-6-documentos-que-acorralan-cifuentes

EL JUEZ DESCARTA IMPUTAR A CIFUENTES POR LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP MADRILEÑO

El juez del caso Púnica Eloy Velasco no tiene intención de proceder contra la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, pese a que la UCO en un informe señalara indicios de delito en su papel en la adjudicación de contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid, cuando era presidenta de la mesa de contratación.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, ni el juez ni la Fiscalía Anticorrupción han encontrado pruebas de que tuviera una participación en la financiación ilegal del PP que se investiga en la pieza de Púnica cuyo secreto se ha levantado y en donde aparece el citado informe.

Las fuentes han resaltado que la UCO, que señala indicios de delito en relación a la intervención de Cifuentes en esa mesa de contratación, la menciona al igual que a otras tantas personas y han recordado que lo que se investiga en esta pieza es la presunta financiación irregular del PP, hechos en los que no se considera que Cifuentes esté involucrada

En ese informe, la Guardia Civil implica a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la financiación irregular del PP regional investigada en el caso Púnica de corrupción. La Unidad Central Operativa (UCO) subraya, en un informe remitido el pasado 1 de marzo a Eloy Velasco, que la presidenta regional y líder del PP madrileño intervino en las supuestas “valoraciones arbitrarias” de la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid, que ella presidía, y que otorgaron a la empresa Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, la gestión del comedor y cafetería de la Cámara autonómica. Según los investigadores, los hechos “podrían ser constitutivos” de delitos de prevaricación continuada y cohecho, y en ellos “se aprecia la presunta participación” de Cristina Cifuentes.

El informe señala que Cifuentes supuestamente “vulneró la imparcialidad” de la mesa de contratación al “compatibilizar” la presidencia de esta con su pertenencia al patronato Fundescam, cuando esta fundación había recibido 160.000 euros del empresario y que fueron utilizados para la campaña electoral del PP para las autonómicas de 2007. Cifuentes pertenecía al comité de campaña del PP regional para esos comicios como vocal de Participación Territorial.

El instituto armado recuerda al juez que Cifuentes es aforada en su calidad de presidenta regional. En su informe, los agentes recuerdan que a través de la cuenta corriente de Fundescam “determinados empresarios y organismos empresariales, ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales”. La UCO recuerda que empresarios como Arturo Fernández, antiguo líder de la patronal madrileña fue adjudicatario de “contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes”. Según los agentes, en estos contratos supuestamente participaron “cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de Ia Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, como es eI caso de Cristina Cifuentes”.

En el caso de Cifuentes, los agentes constatan la “coincidencia” de que era patrono de Ia Fundación Fundescam con su pertenencia al Partido Popular de Madrid y a los comités de Campaña de esa formación política cuando se efectuaron las aportaciones económicas de Cantoblanco. También subrayan que Cifuentes pertenecía al comité de expertos que efectuó las valoraciones de las ofertas de las empresas licitadoras de los contratos de cafetería, cocinas y comedores de Ia Asamblea de Madrid en los años 2009, 2011 y 2013 donde resultó ser Ia adjudicataria final Ia empresa de Arturo Fernández. Cifuentes “desempeño también de manera simultánea Ia Presidencia de Ia Mesa de contratación en esas licitaciones”, señala el informe.

Los agentes recuerdan que en estas adjudicaciones, Cantoblanco “no presentó certificaciones que avalasen Ia experiencia”, como exigían los pliegos, y que pese a ello “no fue penalizada”. Es decir, “hubo arbitrariedad y hubo un trato diferente para situaciones idénticas”, señala la UCO. Según los agentes compatibilizar Ia pertenencia a los comités de expertos y valorar las ofertas, con el hecho de presidir las mesas de contratación, es una circunstancia “completamente irregular y anómala, y únicamente puede corresponderse con Ia intencionalidad de tener controladas las licitaciones en todo momento, es decir, ejercer un control en Ia valoración directa de las ofertas de las empresas y asegurarse que esas valoraciones eran finalmente aprobadas”.

Los imputados, preguntados por la presidenta

Los investigadores de la UCO preguntaron por Cifuentes a tres imputados en el marco de la adjudicación de los servicios de cafetería. Los agentes insistieron a Tatiana Recoder, letrada jefa de la asesoría jurídica de la Cámara, "si no apreció una incompatibilidad respecto a que Cifuentes fuese componente del comité de expertos y presidenta de la mesa de contratación en esa misma licitación". Aunque la abogada respondió que desconocía que la actual jefa del Gobierno autonómico se encontraba al frente de ese órgano.

Por su parte, la también imputada María Virtudes Merino, jefa de protocolo de la Asamblea e integrante del comité de expertos, declaró a la Guardia Civil que se mantuvo una reunión —“muy corta" y "meramente expositiva", afirma— para analizar la valoración de las ofertas presentadas a esta adjudicación. Este encuentro se produjo en el despacho de Cifuentes. Y, allí, según Merino, Recoder expuso sus razonamientos jurídicos, pero no se deliberó sobre nada: "No había nada que discutir".

A su vez, el funcionario Isaac Zubiri, también imputado, explica cómo él se encargó el informe de valoración de las compañías que optaron al concurso. Y que, tras una reunión para estudiarlas, fue Cifuentes quien dijo que se hicieran las modificaciones que se habían planteado en esa cita y que se firmase el acuerdo.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/16/actualidad/1494936002_991531.html

05. EL JUEZ DEJÓ SIN IMPUTAR AL NÚMERO 3 DE CIFUENTES A LA ESPERA DE ANALIZAR 100 CAJAS

Eloy Velasco ha citado como investigados a toda la mesa de contratación de Arpegio menos al consejero Jaime González Taboada, que es aforado. De momento, se ha aplazado la decisión

El horizonte judicial de Jaime González Taboada, número tres del Gobierno de Cristina Cifuentes, se llena de nubarrones. En una de las últimas decisiones antes de abandonar el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco decidió la semana pasada citar en calidad de investigados (la nueva figura jurídica de la imputación) a todos los miembros de la mesa de contratación de Arpegio, la empresa pública que protagoniza una de las piezas del caso Púnica. A todos los miembros menos a uno, González Taboada, consejero de Medio Ambiente y también coordinador general del PP de Madrid.

El juez que sustituya a Velasco tendrá que tomar declaración a los investigados que pertenecieron a la mesa de contratación de Arpegio. De momento, la citación prevista para julio ha quedado pospuesta. Los investigados son Pilar Roca Suárez-Inclán, directora de la Asesoría Jurídica entre 2006 y 2009; Pedro Bernad Moreno, director de Proyectos de Arpegio; Pilar Rubio Izquierdo, directora de Proyectos del Plan Prisma; Eduardo Larraz Riesgo, ex consejero delegado entre 2004 y 2008; Ignacio Palacios Arazuri, quien fuera jefe de gabinete de Francisco Granados y vocal del consejo de administración de Arpegio (imputado ya en otras piezas del caso), y María Dolores Nogal González, abogada y secretaria de la mesa de contratación (y la presidenta del comité de empresa). El presidente de la mesa era el propio Granados, hoy en prisión a la espera de conseguir los 400.000 euros que la Audiencia le ha puesto como fianza.

Todos fueron elegidos por el consejo de administración de la empresa pública el 23 de febrero de 2006, cuando Arpegio recibió el encargo de la Comunidad de Madrid de gestionar el Plan Prisma 2006-2007, un plan de inversiones financiado por el Ejecutivo autonómico para realizar obras en todos los municipios de la región menos la capital. Jaime González Taboada también fue elegido miembro de la mesa, "designado por la Consejería de Presidencia", que en esos momentos ostentaba Granados. "Era su soldado", asegura una fuente del caso. El juez, en cambio, ha decidido no acusarle. De momento. Fuentes de la investigación han señalado a El Confidencial que Velasco aplazó la decisión de remitir los indicios en su contra al tribunal competente y que será su sustituto el que decida al respecto.

La pieza de Arpegio (ahora rebautizada como Nuevo Arpegio) es una de las más complicadas del caso, ya que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está analizando más de 100 cajas de documentación incautadas en los últimos registros. Los agentes no han podido entregar a Velasco, que este jueves abandonó el juzgado, los informes con las conclusiones de este análisis, que se prolongará previsiblemente varios meses. Los recibirá, por tanto, el nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción 6, que será designado en las próximas semanas.

La imputación de Taboada hubiera supuesto en estos momentos de la instrucción la posible pérdida de la pieza sobre Arpegio, ya que Taboada es aforado. Es decir, la Audiencia Nacional no puede investigarle y debe enviar una exposición razonada para elevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que este cite como investigado al consejero. Por eso Velasco, en sus últimos días al frente del juzgado encargado de Púnica, decidió citar solo a los miembros de la mesa de contratación que no están aforados. No había tiempo material para nada más, agregan las fuentes consultadas.

El objetivo es que la UCO siga avanzando en sus investigaciones mientras que el nuevo titular del juzgado interroga a los miembros de la mesa de contratación de Arpegio ya imputados. En marzo de 2008, también se sumó a esa mesa Miguel Ángel Ruiz, el ya exviceconsejero de Medio Ambiente, que dimitió la semana pasada tras ser otro de los citados en calidad de investigados por el juez Velasco. A la lista se suma también Francisco Esquivias Ferriz, secretario del consejo de Arpegio.

La UCO está investigando si la trama Púnica obtuvo suculentos beneficios amañando la adjudicación de centenares de viviendas en los consorcios urbanísticos que promovió la Comunidad de Madrid a través de esta empresa pública. Es solo uno de los capítulos de la pieza. En otro, los agentes también están investigando si se amañaron obras del Plan Prisma, un plan que financió en dos ediciones (2006-2007 y 2008-2011) centenares de adjudicaciones valoradas en casi 800 millones de euros por toda la región. Algunas empresas adjudicatarias pudieron pagar mordidas por llevarse los contratos, según los indicios que ya manejan en la Guardia Civil. González Taboada estuvo en la mesa de contratación de ambas entidades.

La empresa pública investigada dentro del caso Púnica contrató en 2006 al empresario imputado por financiar el PP balear de Jaume Matas. También desembolsó 395.388€ en artículos promocionales

La UCO y el juez creen que Granados utilizó su cargo en la Consejería de Presidencia (2004-2011) para amañar determinados contratos públicos. Como consejero, fue presidente de Arpegio entre abril de 2005 y diciembre de 2007. Eloy Velasco sostiene que Granados reguló el funcionamiento de esos planes Prisma para garantizarse un "dominio absoluto" sobre las "decisiones de adjudicación". La UCO lleva el último año recabando documentación de Arpegio constantemente, y la semana pasada decidió realizar importantes registros en la Consejería de Medio Ambiente.

Otro de los principales investigados en el caso, el empresario David Marjaliza, ya declaró en sede judicial (tiene un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción) los nombres de algunas de las empresas que supuestamente pagaban comisiones a cambio de conseguir obras del Prisma, como Begar, Teconsa, Licuas, Virton, Avintia y Dico. En algunos casos, facilitó incluso el nombre de los intermediarios de esas sociedades con los que negociaba los pagos. Los investigadores tienen además presente que el elegido directamente por Granados para estar en esa mesa de contratación fue Taboada.

La mesa es el órgano técnico que debía valorar las ofertas presentadas por las empresas que licitaban por los contratos del Plan Prisma. González Taboada era entonces también director general de Administración Local, el departamento que planificaba el Prisma aunque lo ejecutaba Arpegio. El empresario Marjaliza ya declaró ante el juez cómo se repartían los presuntos amaños: "Un tercio de la obra era para los técnicos, un tercio para Jaime González Taboada con su gente y el último tercio para Paco [Granados] o la consejería". Aunque lo que realmente quiso explicar es que las obras del Plan Prisma se repartían entre los técnicos, el grupo de Taboada y el grupo de Granados, y que luego cada grupo intentaba amañar las que podía dentro del lote que le correspondía. Taboada siempre ha negado las acusaciones y se ha querellado contra Marjaliza.

La Fiscalía, por su parte, señala en un escrito al que ha tenido acceso El Confidencial que "la investigación financiera realizada por la Guardia Civil ha permitido conocer el montante aproximado de ganancias ilícitas generadas por la trama en torno a la actividad inmobiliaria y el inicial análisis de la documentación concerniente a los fondos Prisma. Lo que permite señalar la cantidad de 728 millones de euros como importe gestionado por Francisco Granados y sus más directos colaboradores, que presuntamente han generado ingentes beneficios a las personas que han estado detrás de la adjudicación de obra civil al amparo de dichos fondos".

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-26/taboada-jaime-cifuentes-velasco-arpegio-punica-imputacion_1387465/

LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN CIFRA EN 4,9 MILLONES LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN LA PÚNICA

El informe de la Fiscalía califica los hechos como delitos de malversación, cohecho, falsedad, delito electoral, prevaricación y blanqueo.

El juez Eloy Velasco apunta a los gastos de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008.

Existen evidencias de que determinados empresarios, entre los que cita a Arturo Fernández, ingresaron en 2007 "importantes cantidades de dinero".

A cambio se les adjudicaron contratos relacionados con la Asamblea de Madrid.

Por otro lado, la UCO cree que el grupo popular en la Asamblea desvió 1,7 millones de su presupuesto al PP de Madrid para los gastos de las autonómicas de 2007.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga la trama Púnica, considera que el PP de Madrid tuvo contabilidad 'B' de gastos electorales en tres campañas electorales, dos de ellas municipales y autonómicas (2007 y 2011) y otra de ellas de elecciones generales (2008) y la Fiscalía Anticorrupción cifra en 4.916.000 euros la financiación irregular del PP de Madrid.

El juez sostiene que la Guardia Civil ha podido acreditar que "importantes gastos electorales" de las campañas de 2007 y 2008 e "indiciariamente" de las de 2011 se pagaron mediante "subvenciones públicas" de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación Fundescam.

Velasco, en la documentación que obra en el sumario, señala como responsables al exconsejero de Presidencia y exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados; al extesorero del partido Beltrán Gutiérrez y al exconsejero de Transportes Ignacio Echevarría, todos ellos patronos de Fundescam.

4,9 millones de euros de financiación irregular

La Fiscalía Anticorrupción cifra en 4.916.000 euros la financiación irregular del PP de Madrid en 2007, 2008 y 2011 a través de la red Púnica, una cifra que obtiene sumando el dinero que gastó de más en las campañas electorales de esos años y que no incluyó en su contabilidad electoral.

En un informe del pasado 8 de marzo, la Fiscalía destaca que el PP se puso en marcha "un grupo de decisión", liderado por el exconsejero madrileño Francisco Granados y el exgerente del partido regional Beltrán Gutiérrez, que usó varios "canales de financiación irregular" para pagar los excesos de gasto de esas tres campañas electorales.

Calcula ese exceso a partir del estudio de la contabilidad B que se halló a Gutiérrez y lo divide por años, de manera que en 2007 fueron 2.685.000 euros, en 2008 685.000 y en 2011 1.546.000 euros; en este último caso "sin contar la cuenta de funcionamiento del partido, que no era cuenta electoral".

"El Partido Popular presentó una contabilidad electoral de recursos y gastos en los que no incluyó esos importes", destaca Anticorrupción acto seguido en dicho informe.

El documento analiza los dos efectos incautados que han sido clave para encontrar indicios de financiación irregular del PP madrileño: una libreta o "cuaderno negro" hallado en el domicilio de Granados y un pendrive encontrado a Gutiérrez.

En la libreta hay anotaciones manuscritas sobre actos de campañas electorales de septiembre de 2010 a abril 2011, y en un hoja aparecen dos columnas "IN-OUT", donde, dice la Fiscalía, "supuestamente se relacionaban los ingresos procedentes de determinados empresarios" y se vinculan con salidas a personas como Granados y Gutiérrez.

El "segundo hallazgo importante para la investigación" fue la intervención de dos lápices de memoria de Gutiérrez en el registro a domicilio en febrero del 2016, cuyo análisis "revela la existencia de una contabilidad B de gastos electorales de las campañas electorales de los años 2007, 2008 y 2011 (municipales, autonómicas y nacionales)".

De estas pruebas, dicen las fiscales del caso, se extrae que una vía de financiación era a través de empresarios que hacían trabajos electorales para el PP y que "acordaban facturar a quien se les indicara desde la Gerencia del partido".

En esas facturas, desglosaban los importes para que una parte se declarara al Tribunal de Cuentas y otra, en cambio, "fuera opaca".

Así, en 2007, 2008 y 2011 el PP de Madrid pudo haber violado la normativa electoral y superó en cada campaña los límites de gasto, "derivando su pago a canales opacos de financiación ilegal".

"La cuenta electoral del Partido no recogió ni el ingreso de todos los fondos destinados a sufragar los gastos electorales, ni los pagos de los mismos", dice la Fiscalía.

Fundescam
Otro "instrumento muy activo" para financiar al partido era la fundación Fundescam, a través de la cual se desviaban subvenciones públicas de la Comunidad de Madrid a la financiación de los proveedores del PP. "Dichos pagos a proveedores se desviaban groseramente de los fines" de la fundación, añaden las fiscales.

A esta fundación hacían además donativos personas luego beneficiadas con contratos públicos, como fue el caso del empresario Arturo Fernández, y también se ha detectado una tercera vía por la que empresas recibieron adjudicaciones directas del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón a cambio de organizar actos para el PP.

La Fiscalía cree que este desvío de fondos para el partido se hizo a través de una "estructura de decisión cohesionada en el tiempo" y formada por directores de comités de campañas electorales, presidente, secretario general y vicepresidente del Gobierno de Madrid, así como el gerente y otros cargos del PP y miembros de mesas de contratación de la Comunidad.

Los partícipes "más activos" de esa red, apunta, fueron Gutiérrez y Granados "por sus responsabilidades coincidentes en el partido, en el gobierno autonómico, en los comités de campaña y en la fundación Fundescam".

Este grupo de personas, añade, es el que puso en marcha un plan de diversas vías de financiación irregular del PP para pagar los "excesos" de gasto en las campañas.

El informe califica los hechos como delitos de malversación, cohecho, falsedad, delito electoral, prevaricación y blanqueo y plantea una serie de entradas y registros a empresarios.

1,7 millones desviados por el PP de Madrid
Por otro lado, la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que el grupo popular en la Asamblea de Madrid desvió de forma irregular 1,7 millones de euros de su presupuesto al PP de Madrid para sufragar los gastos de la campaña electoral de las elecciones autonómicas del año 2007.

El instituto armado halló entre la documentación relacionada con la financiación de los gastos de la citada campaña un apunte de 1,7 millones de euros indicados como ingresos al PP madrileño que le habría hecho llegar el "Grupo PP Asamblea", lo que, según la UCO, se refiere "al grupo del Partido Popular de Asamblea de Madrid".

Así lo refleja la UCO en un informe fechado el 22 septiembre de 2016 que obra en el sumario del caso Púnica, y en el que solicitó al juez instructor del caso, Eloy Velasco, que requiriese a la entidad bancaria donde el grupo popular tenía su cuenta toda la información relativa a los movimientos, como así hizo el magistrado.

La UCO argumenta que en la cuenta corriente de funcionamiento del PP de Madrid —que no puede utilizarse para facturar gastos de campaña— se hallaron dos ingresos de 850.000 euros cada uno "dimanantes de la cuenta corriente del Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid", que podría corresponder con los 1,7 millones citados anteriormente.

Por otra parte, la Guardia Civil destaca que el PP madrileño "podría haber facturado actos de la campaña electoral a través de una empresa interpuesta —Sintra Consultores—" empleando para ello la mencionada cuenta y no la que debe utilizar para recoger los gastos e ingresos efectuados en las campañas.

En concreto, detalla un pago de 517.168 euros del partido a esta empresa en conceptos de asesoramiento, una cantidad muy parecida a la que refleja Sintra en conceptos de operaciones con terceros en una declaración tributaria.

"Esta operativa también podría responder a la finalidad de enmascarar gastos electorales que, de esa manera, no serían fiscalizados, teniendo en cuenta que las únicas cuentas corrientes fiscalizadas a efectos electorales son las cuentas abiertas para la campaña electoral", refleja la UCO.

La Guardia Civil explica en este mismo informe cómo en un lápiz de memoria hallado en el registro al exgerente de la formación Beltrán Gutiérrez, se encontró un documento con el nombre "Aportaciones Especiales" con pagos en 2007 de diferentes personas y empresas a la fundación de la Comunidad de Madrid Fundescam por un importe total de 376.000 euros, que se destinaron presuntamente a abonar gastos electorales del PP de Madrid.

Y destaca, sobre todo "por su importe", los pagos a Fundescam vinculados al expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández (100.000 euros a través de la Confederación de Empresarios de Madrid y otros 60.000 a través de su grupo empresarial, Cantoblanco)y otro de 60.000 euros relacionado con Gecesa-Gestión de Centros Educativos.

http://m.20minutos.es/noticia/3038522/0/juez-punica-detecta-financiacion-ilegal-pp-madrid-tres-campanas-electorales/

EL PP DESVIÓ SUBVENCIONES PÚBLICAS PARA FALSOS CURSOS DE FORMACIÓN AL PAGO DE LA CAMPAÑA DE RAJOY DE 2008

Un informe de la Guardia Civil revela la existencia de facturas ficticias por jornadas de “diseño gráfico” organizadas por Fundescam para hacer frente a gastos de actos electorales
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Uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Púnica detalla cómo el PP de Madrid desvió parte de las subvenciones públicas que el Ejecutivo regional otorgaba a la fundación del partido Fundescam a pagar parte de los gastos electorales a los que la formación regional hizo frente durante la campaña a las Elecciones Generales de 2008, en las que Mariano Rajoy fue cabeza de lista. El documento policial detalla que para justificar dichos pagos, los populares utilizaron a empresas interpuestas que emitieron facturas “por operaciones mercantiles inexistentes” en cuyo concepto figuraban desde un “curso de edición de vídeo y realización audiovisual para eventos” a unas “jornadas de diseño gráfico y publicidad impresa”. La UCO destaca que dichos cursos nunca se realizaron.

La primera pista sobre estas supuestas irregularidades surge de un prendrive intervenido por la Guardia Civil en febrero de 2016 en el domicilio de Beltrán Gutiérrez, gerente de la formación. En el interior del mismo, los agentes encontraron una carpeta con el título presupuesto 08 que, a su vez, daba acceso a un archivo contable con tres pestañas denominadas respectivamente “Elecc 08”, “pendiente” y “resumen”. El informe detalla que una vez abierta la primera de esas pestañas se encontró “un documento contable que describe conceptos generales, tales como actos, publicidad exterior, imprenta, etc; concepto específico como esquineros, banderolas, trípticos etc; y también proveedores a los que se asocian determinados importes; todo ello, relacionado con las referidas Elecciones Generales y con la campaña electoral del Partido Popular de Madrid”.

En su análisis de dicho documento, la Guardia Civil destaca que del mismo se desprende que parte de los gastos se abonaron a través de la cuenta corriente del PP específica de los comicios, como marca la ley, pero otros fueron derivados a otras cuentas que no deberían soportar dichos gastos. Entre ellas, una de Fundescam. En concreto, a la fundación la señala como responsable de asumir 179.797 euros. En otro fragmento de este documento, y que se denomina “resumen”, se vuelve a hacer este reparto de dinero, lo que lleva a la Guardia Civil a concluir que parte de los gastos de aquella campaña fueron “asumidos por cauces no legales”, entre ellos la fundación.

En este punto, los investigadores recuerdan que ésta recibió en 2008 una subvención pública de la Comunidad de Madrid que entonces encabezaba Esperanza Aguirre y que la misma fue justificada con facturas de empresas e importes coincidentes con las que aparecían en el documento contable intervenido en el ‘pendrive’ de Beltrán Gutiérrez. Lo único que difería entre ellas eran, precisamente, los conceptos. Así, una factura de 2.389 euros abonados según la contabilidad opaca de los populares a la empresa Emfasis en concepto de “carteles” figura en la fundación por el concepto “edición de programa de cursos y seminarios para el años 2008”.

Otro cargo por 45.400 euros pagado a la empresa Víctor Gayo Papelerías en concepto de “tríptico” en los gastos electorales, es presentada por Fundescam ante la Comunidad de Madrid desglosada en tres albaranes que suman la misma cantidad, pero en este caso en concepto de “edición de boletín informativo actividades a realizar por la fundación en el primer trimestre de 2008”.

El documento de la Guardia Civil también llama la atención sobre el caso de la empresa Back RV Producciones Culturales SL, a la que la Fundación supuestamente abonó 50.529 y 46.189 euros en dos partidas por “esquineros” y “telepronter” para la campaña de Mariano Rajoy. Dichas cantidades fueron finalmente abonadas por el partido presuntamente a través de la fundación bajo sospecha. En este sentido, la Guardia Civil localizó un correo electrónico del propietario de dicha mercantil dirigido al gerente del PP ahora imputado en el que se hace referencia a la supuesta planificación de cursos de formación para camuflar el pago de dichos actos electorales. La UCO recoge como ejemplo de ello tres facturas de sendas empresas, todas ellas vinculadas al dueño de Back RV, por la celebración entre finales de mayo y mediados de junio de 2008 un curso de edición de vídeo y unas jornadas de diseño gráfico, junto al alquiler de equipo técnico para ello. Todas ellas son consideradas “operaciones mercantiles inexistentes” por los investigadores.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/18/actualidad/1495092969_043646.html

LOS DOS ‘PENDRIVE’ DE PÚNICA

La Guardia Civil destapa la caja b del PP de Aguirre gracias a un par de memorias informáticas halladas en casa del gerente

Si el caso Gürtel tuvo su "puto pendrive" —en palabras de un Francisco Correa consciente de que la memoria USB que la Policía intervino a su contable guardaba los secretos de su trama—, la Púnica tiene dos de estos delatores ingenios informáticos. Ambos fueron localizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el registro que realizó el 11 de febrero de 2016 en el domicilio de Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP madrileño y uno de las personas de la máxima confianza de Esperanza Aguirre.

El primero, de color pistacho y con la inscripción "Indra", fue encontrado en un cajón del dormitorio junto a la ropa interior. El segundo, azul y plata y con publicidad del Ayuntamiento de Las Rozas, al fondo de una balda del armario de la misma habitación. Los agentes, que durante tres horas y media registraron la vivienda, también hallaron otros equipos electrónicos —intervinieron un móvil, una tableta, un disco duro y un tercer pendrive—, pero 15 meses después son ambas memorias las que sustentan buena parte de los informes sobre la supuesta financiación irregular del PP que la UCO ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

La facturas de Bárcenas retrasaron el registro

La Guardia Civil llevaba pocos minutos de registro del domicilio de Beltrán Gutiérrez –sólo habían anotado en el acta el hallazgo en la entrada de la vivienda de un listín de teléfonos “antiguo” y un estuche con documentación- cuando el contenido de una carpeta azul les obligó a interrumpir la diligencia. Los agentes habían encontrado recibís, certificados de autenticidad de obras de arte y un sinfín de facturas a nombre de Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias. Las poco convincentes explicaciones que dio en ese momento la mujer de Beltrán Gutiérrez –alegó que se referían a la restauración de obras de casa de su madre- llevó a la fiscal Anticorrupción presente en el registro, Carmen García Cerdá, a telefonear al juez Velasco para informarle del hallazgo de dicha documentación y de que podía tener relación con otras investigaciones de la Audiencia Nacional, en referencia al caso Gürtel. El magistrado ordenó que se interviniera, por lo que el registro continuó. Recientemente, todas esas facturas del extesorero y su esposa se incorporaron a la pieza de los llamados papeles de Bárcenas después de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata los reclamara tras solicitarlo una acusación.

En el primero de estos pendrive, la Guardia Civil localizó carpetas denominadas "elecciones 2007", "proveedores" y "actos del PP en Madrid 2006/2007" en el que se recogían facturaciones, importes sin impuestos y con ellos, y un desglose de los pagos y las deudas que se habían generado. En ese archivo, se recogían todos los mítines celebrados entre el 10 de abril y el 27 de mayo de 2007, así como la forma en la que el PP iba abonando "de manera fraccionada" los mismos. En total, la contabilidad reflejaba pagos por un total 980.133,97 euros. Sin embargo, el mismo documento digital también incluía aquellos cargos que, de manera irregular, eran cargados a otras entidades, como la fundación Fundescam. Entre estos gastos, los agentes destacan varias facturas giradas por empresas como Back RVS y Formaslect, que partir de ese momento centraron buena parte de las pesquisas. Era el primer indicio de la supuesta utilización por parte del PP de Aguirre de empresas interpuestas para facturar gastos electorales.

En este mismo pendrive se localizaron varios correos electrónicos incriminatorios. Uno de ellos, intercambiado por Beltrán Gutiérrez con otro dirigente del PP madrileño, apunta a que en las actuaciones musicales del último mitin de la campaña de 2007, celebrado en el Palacio de los Deportes de la capital, costaron el triple de los 20.000 euros que reflejaba el contrato formalizado. En otro, la directiva de una empresa le preguntaba al entonces gerente del partido de Esperanza Aguirre "a quién tenemos que facturar" los 30.000 carteles electorales que iba a imprimir para la campaña. Acabó pagando Fundescam.

La supuesta contabilidad opaca de los populares madrileños apareció en la otra memoria USB. En ella, la UCO encontró un archivo digital bautizado como "caja 07-08" que, según los informes de la Guardia Civil, refleja "la existencia de una caja b controlada por el gerente del partido que se nutre de fondos opacos y que se destina al pago de proveedores de campaña". En el mismo, aparecen escritas en color negro las cantidades que reflejan las entradas de dinero. En rojo y con el signo menos delante, los pagos. Este archivo contable recoge la entrada de 1.014.375 euros en efectivo. Pese a la elevada cifra, otro archivo denominado "deudas nov 2007" desvelaba que el saldo negativo de esta supuesta caja b del PP después de aquellas elecciones autonómicas de 2007 alcanzó los 873.027 euros.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/19/actualidad/1495213058_246850.html

AGUIRRE CAPTÓ 7,6 MILLONES PARA EL DOS DE MAYO… QUE AHORA INVESTIGA LA UCO

La expresidenta de la Comunidad está en el foco de nuevas investigaciones de la Guardia Civil por la presunta utilización de una entidad sin ánimo de lucro para pagar campañas electorales

La fundación que creó Esperanza Aguirre en 2007 para celebrar el bicentenario del levantamiento contra Napoleón, la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, llegó a gestionar un presupuesto de al menos 7,6 millones de euros. El dinero salió de subvenciones públicas de su propio Gobierno regional y de donaciones de la Fundación de Caja Madrid, controlada también en esos momentos por el PP madrileño. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el juez Eloy Velasco sospechan ahora que los máximos responsables del partido también utilizaron ese organismo para inyectar fondos en su caja B y están realizando indagaciones para tratar de reconstruir su contabilidad.

Las pesquisas apuntan directamente a Aguirre, que era presidenta regional cuando el consejo de Gobierno de la Comunidad aprobó el 2 de agosto de 2007 constituir la Fundación Dos de Mayo. La exdirigente del PP también se convirtió automáticamente en presidenta del patronato de la entidad y se aseguró de que el resto de puestos del consejo director fueran ocupados por miembros de su gabinete. Entre ellos, el entonces vicepresidente del Ejecutivo regional, Ignacio González, presunto cabecilla de la operación Lezo, que también ocupó el cargo de vicepresidente en la Fundación Dos de Mayo; y el otro dirigente de la plena confianza de Aguirre, el entonces consejero de Presidencia, Francisco Granados, presunto líder de la trama Púnica. Hasta el jefe de gabinete de la expresidenta, Regino García-Badell Arias, tenía un hueco en la cúspide de la fundación, según consta en las memorias de actividad presentadas por la entidad, a las que ha tenido acceso El Confidencial.

La UCO investiga 6,4 millones que transfirió Caja Madrid a una fundación satélite del PP

La Guardia Civil sospecha que el PP de Madrid utilizó la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad para inyectar fondos de la Fundación de Caja Madrid en sus campañas electorales

En total, de los 14 asientos del patronato, solo había tres ocupados por dirigentes ajenos al Partido Popular: el entonces director de la Fundación de Caja Madrid y exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno; el expresidente socialista de la Comunidad Joaquín Leguina; y el exalcalde de Aranjuez Dionisio Ballesteros, también del PSOE. Aguirre también trató de incluir en el órgano de gestión a Alberto Ruiz Gallardón, en esos momentos, alcalde de Madrid, pero el exministro de Justicia rechazó la invitación y nunca llegó a tomar posesión del puesto. Su plaza permaneció vacante hasta la misma liquidación de la entidad en 2014, tras quedarse sin subvenciones públicas ni donaciones privadas para poder continuar su actividad.

A pesar de que el principal órgano directivo estaba copado por políticos, la cara visible de la Fundación Dos de Mayo durante sus siete años de vida fue el catedrático de Historia Contemporánea Fernando García Cortázar. En diciembre de 2007, el Gobierno de Aguirre concedió al ente una primera ayuda de 570.000 euros para financiar los primeros actos programados en 2008 con motivo de la efeméride. Ese año llegó la aportación más considerable. La obra social de Caja Madrid, controlada entonces por Miguel Blesa con el respaldo del PP de Madrid, aceptó convertirse en mecenas exclusivo del bicentenario y transfirió 4.550.000 euros a las cuentas de la Fundación Dos de Mayo.

La última entrada de fondos en la Fundación Dos de Mayo fue en 2010, con una ayuda tramitada por el Ejecutivo de Aguirre por importe de 300.000 euros

En un principio, la entidad tenía que disolverse en 2009, tras concluir todas las celebraciones, pero la expresidenta madrileña decidió mantenerla para convertirla en un foro de pensamiento que defendiera la unidad de España. Así, en 2009, su ejecutivo concedió una nueva ayuda a la entidad de 400.000 euros. Con todo, la ayuda más importante llegó de nuevo de la Fundación de Caja Madrid, con otro donativo de 1.862.000 euros. La última entrada de fondos en la Fundación Dos de Mayo, según la documentación que figura en el Registro Oficial de Fundaciones, se produjo en 2010, con una nueva ayuda tramitada por el Ejecutivo de Aguirre por importe de 300.000 euros. Es decir, que entre 2007 y 2010, el organismo manejó un presupuesto de 7.682.000 euros. Se desconocen los ingresos que consiguió entre 2011 y 2014, el año de su liquidación. Sus responsables nunca los declararon.

La UCO trata de determinar ahora qué hizo Aguirre con esos fondos. De las memorias de actividades de la fundación se desprende que el grueso del dinero se destinó a la publicación de obras y exposiciones itinerantes sobre el levantamiento de 1808. También se organizaron conferencias, conciertos, representaciones teatrales y funciones de 'ballet'. De los 7,6 millones del presupuesto total, 832.000 euros –el 10% del total– se destinaron a la publicación de una sola obra, '1808: el dos de mayo, tres miradas'. La fundación imprimió 500.000 ejemplares. La mitad se distribuyó en centros escolares, 100.000 se repartieron con el periódico 'ABC' y otros 50.000 se repartieron en la Feria del Libro. El resto del dinero también se utilizó, sobre todo, para cubrir gastos de imprenta, para publicar obras como 'Liberales de 1808', 'Relatos después de la batalla', '1808. La memoria alargada', 'Dos de mayo: el grito de una nación', 'Más que libertador' y 'Recuerdo de un tiempo viejo', entre otras.

No todo el dinero habría tenido ese destino. Los expertos en delitos contra la Administración de la UCO sospechan que el PP de Madrid utilizó esos encargos para abonar servicios de sus campañas electorales. Un oficio de la Guardia Civil y un auto del juez Velasco, incorporados ambos al sumario del caso Púnica, revelan que la Fundación Dos de Mayo encargó la impresión de libros y la organización de actos a varias de las empresas de comunicación, publicidad y marketing utilizadas por el PP regional en las elecciones de 2007, 2008 y 2011 para sobrepasar los límites de gasto electoral de forma fraudulenta. Se trata de mercantiles que presuntamente se concertaron con el gerente del partido, Beltrán Gutiérrez, imputado también en Púnica, para rebajar en las facturas el importe real de los trabajos de campaña y para cargar los gastos de la formación a otras organizaciones satélite del PP e, incluso, a proveedores y adjudicatarios de la Comunidad de Madrid.

Rajoy se presentó a las generales de 2008 con 685.000€ en B pagados por la trama Púnica

El sumario del caso Púnica confirma que la red de Francisco Granados generó 685.000 euros no declarados para sufragar parte de los gastos del PP en las elecciones generales de 2008

La mecánica presuntamente utilizada por la primera planta de Génova con la Fundación Dos de Mayo no sería nueva. Como adelantó este diario, la instrucción del caso Púnica ha permitido descubrir que el PP regional utilizó masivamente otra organización sin ánimo de lucro creada por el propio partido, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), para desviar subvenciones públicas y donaciones ilegales de empresarios a su contabilidad.

El engaño era sencillo y fue empleado por el PP durante años. Fundescam abonaba facturas a proveedores por conceptos relacionados con sus fines estatutarios. De ese modo, demostraba a las autoridades qué había hecho con las ayudas que le habían concedido. Pero lo cierto es que esas facturas eran completamente falsas. Ocultaban trabajos efectuados para el PP por esos mismos proveedores en campañas electorales. Fundescam actuaba así como un simple intermediario. Pagaba deudas de la formación sin que el dinero tuviera que pasar ni siquiera por las cuentas de Génova. La UCO mantiene ahora que la Fundación Dos de Mayo habría sido instrumentalizada por la formación para ejecutar la misma operativa.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-21/aguirre-capto-7-6-millones-con-la-fundacion-que-investiga-la-uco-por-desviar-dinero-al-pp_1385303/

IMPUTADO EN 'PÚNICA' EL EMPRESARIO AL QUE EL GOBIERNO DE AGUIRRE ENCARGÓ GESTIONAR EL MAYOR PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

El administrador de Dusa, que no tuvo rivales en el concurso convocado en 2006 por Arpegio, reconoció en la Asamblea de Madrid que en ese momento tenía "seis o siete empleados" y "no estaba preparado"

Pese a ello, se alzó con el contrato y terminó cobrando seis millones por gestionar el mayor plan madrileño de inversiones, el Prisma, controlado por Francisco Granados

El empresario se incorporó como vicepresidente a una fundación lucrativa panameña a los tres meses de que Dusa se alzara con la adjudicación pero dice que los fondos de esa entidad eran de uno de sus clientes históricos

Adolfo Fernández, administrador de Dusa, la empresa que en 2006 se alzó con la gestión de todas las licitaciones del Prisma, un multimillonario plan de inversión pública madrileña articulado por la sociedad pública Arpegio bajo control de Francisco Granados y dotado con 600 millones, acaba de engrosar la lista de imputados de la Operación Púnica. Los indicios recabados desde el inicio del caso apuntan a que fondos del plan Prisma se desviaron para abonar gastos electorales del PP.

El empresario, que en una breve conversación telefónica con infoLibre invocó este lunes el secreto del sumario para eludir pronunciarse sobre el paso dado por el juez Eloy Velasco, compareció hace seis meses en la Asamblea de Madrid. Ante la comisión de investigación sobre la corrupción, Fernández reconoció el 18 de noviembre varios hechos: que antes de lograr el contrato para gestionar las licitaciones del plan Prisma -600 millones para infraestructuras– Dusa tenía "seis o siete empleados". Que él mismo consideraba que "no estaba preparado para afrontar" un encargo de esa magnitud. Y que como nadie más acudió al concurso se hizo con el contrato, que según su versión cumplió correctamente al contratar a una treintena de técnicos y que mediante prórrogas y ampliaciones terminó reportándole seis millones a Dusa. Gracias a ese contrato, los ingresos de la compañía se multiplicaron por diez en un año.

Fernández sostuvo en varias ocasiones que jamás conoció personalmente a Francisco Granados.

Administrador de Dusa y otras sociedades de gestión, el empresario presidió el Tribunal Económico Administrativo del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón hasta hace unas semanas. Accedió al cargo cuando la actual presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, ocupaba la alcaldía (2011-2015). Pero, según Fernández, solo después de obtener ese puesto supo que tenía vínculos personales con Adrados: "Veníamos del mismo colegio y teníamos amigos comunes". Antes -dice- no la conocía. "Dimití del tribunal económico, no me ha destituido nadie". Fue lo único que Fernández accedió a decirle a este diario tras su imputación en Púnica.

El contrato para la gestión del Plan Prisma 2006-2007 se formalizó el 31 de marzo de 2006. Tres meses después, quedó inscrita en el Registro de Panamá una fundación lucrativa bautizada como Asiak y en la que Fernández asumió el cargo de vicepresidente. En su comparecencia ante la Cámara madrileña, Fernández demoró su respuesta cuando el diputado de Podemos Miguel Ongil le preguntó si había declarado a Hacienda "la sociedad que tiene en Panamá". El Diario de Sesiones de la Asamblea transcribe así su contestación: "¿Yo, en Panamá tengo una sociedad? Yo, en Panamá, no tengo ninguna sociedad, ¡ninguna! A ver, yo no sé qué cargo puedo tener en una fundación de un cliente mío en Panamá". Más adelante, se extendió en sus explicaciones para asegurar que los fondos custodiados por esa fundación pertenecen a uno de sus clientes históricos. Y que, al no tratarse de fondos de su propiedad, no se ha visto abocado a declarar nada ante la Agencia Tributaria.

Fernández, con quien este diario mantuvo dos conversaciones en noviembre de 2016, proclamó en cambio de forma tajante que Dusa le pertenece en su totalidad.

Dusa se hizo con la adjudicación gracias a que ninguna otra empresa acudió al concurso convocado por la empresa pública Arpegio y para cuya presentación de ofertas solo hubo 15 días de plazo, como recordó la socialista Nani Moya durante su interrogatorio a Fernández en la citada comparecencia.

Un tercer diputado, César Zafra, de Ciudadanos, formuló una pregunta a la que Fernández respondió con evasivas. ¿Había prestado ya Dusa el tipo de servicios que implicaba el contrato que le adjudicó Arpegio? "Para otras empresas, sí, claro", contestó Fernández. Y Zafra le pidió entonces que le dijera "alguna". Y estas fueron las palabras que, como recoge el Diario de Sesiones, articuló Fernández: "No sé... Por ejemplo... No sé. Ahora mismo no recuerdo, porque, la verdad... Pero, vamos, yo he trabajado para el Ayuntamiento de Guadarrama. Una empresa privada, que en aquel momento... Esto era en el término municipal de Ribatejada... Era una empresa privada, que había que hacer una junta de compensación. En otras juntas de compensación... Pero, vamos..."

Un auténtico maná

Para Dusa, el contrato de Arpegio fue un auténtico maná. La compañía decuplicó sus ingresos -pasaron de los 291.351 euros de 2005 a los 3.383.858 de 2006- y disparó su beneficio neto: los 39.350 euros de 2005 se convirtieron en 234.605. Al año siguiente, 2007, cuando las prórrogas y un contrato complementario mantuvieron la gestión del Prisma en manos de Dusa, sus cuentas evolucionaron todavía mejor: computó ingresos por 4,5 millones y beneficios después de impuestos por 572.349 euros. Otorgado a dedo en diciembre de 2006 por 618.000 euros, ese "contrato complementario" no era tal, recalcó la socialista Moya, sino una adjudicación por completo novedosa cuya informe jurídico de justificación o no existe o ha desaparecido.

Solo en 2006, Arpegio pagó 800.000 euros a Over Marketing, mascarón de proa de un entramado de empresas de publicidad cuyo propietario, como desveló infoLibre, ya ha confesado que obtenía contratos amañados. No le pagaba comisión a los cargos públicos que le beneficiaban pero "quizá el beneficio que pudieran obtener" era que "no les facturasen las totalidades de las campañas". Así lo aseguró en 2012 ante la Fiscalía Anticorrupción y el juez del caso Palma Arena, José Castro, en una declaración ya incorporada al sumario de Púnica.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/23/imputado_punica_empresario_que_gobierno_aguirre_encargo_gestionar_mayor_plan_inversion_publica_65395_1012.html

EL PP DE MADRID "QUEBRÓ" CON SU CAJA B "EL PLURALISMO POLÍTICO"

Un informe de la UCO concluye que el PP compareció tan dopado “al menos” a las elecciones de 2007, 2008 y 2011, que “atentó" contra “el necesario equilibrio en la concurrencia electoral” Los agentes apuntan a Ignacio González, al extesorero José Ignacio Echeverria y al exgerente Beltrán Gutiérrez, a quien le fue incautado el pendrive clave con la caja b

Nunca antes la Guardia Civil había sido tan concluyente en un informe, sobre la caja b del Partido Popular o de cualquier otro partido. El sumario de la pieza de la financiación ilegal del PP de Madrid dentro del sumario de la Púnica, contiene un minucioso informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que los agentes no solo dan por sobradamente acreditada la “contabilidad soterrada” o “b” del partido “al menos” en las elecciones regionales de 2007 y 2011, y las generales de 2008, sino que los agentes sostienen que con ese exceso de financiación, el Partido Popular rompió las reglas del juego democrático.

En concreto, los agentes dicen que “el examen y análisis de la abundante documentación incautada en el domicilio y despacho de Beltrán Gutiérrez ha puesto de manifiesto una contabilidad b de gastos electorales que revela la superación sistemática de los límites de gasto electoral, así como numerosas irregularidades, muchas de ellas de relevancia penal, que suponen una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral y con ello un grado aceptable de pluralismo político”.

Para ello, el PP contó con “la articulación y colaboración de un entramado empresarial que servía para la puesta en práctica y enmascaramiento de los servicios de campaña” electoral.

Esa contabilidad b fue hallada en dos pendrives del exgerente Beltrán Gutiérrez, de colores pistacho y azul, que ha sido contrastada con información de la Agencia Tributaria, por los registros practicados, e información de cuentas bancarias.

Así funcionaba la caja b

Los agentes han confirmado diversas fórmulas de financiación ilegal del PP de Madrid. Sostienen que por una parte, se financiaba con la aportación de “dinero en efectivo de procedencia desconocida” desde su caja b. Además, empleaba a la fundación Fundescam para pagar a proveedores del PP mediante facturación falsa. Las fórmulas de ingreso de Fundescam para poder ejecutar los pagos era las aportaciones de empresarios; el desvío de fondos de subvenciones abonadas por la Comunidad Autónoma de Madrid, y hasta un convenio con la Fundación Caja Madrid.

El informe revela que hasta pagaron en negro a 12 mariachis para un acto de Esperanza Aguirre en Valdemoro, y cómo gran parte de los mítines de la expresidenta, se pagaron en todo o en parte con dinero b.

Los agentes concluyen que los hechos son constitutivos de delitos electorales, de malversación y falsedad documental; y los principales responsables de su comisión, a su juicio, serían el exgerente Beltrán Gutiérrez; el extesorero José Ignacio Echeverria; el exsecretario general, Francisco Granados; y el expresidente de la Comunidad de Madrid y director de campaña en 2007, Ignacio González, quien además desvió de forma fraudulenta según la UCO una subvención a Fundescam, para que acabara sufragando pagos electorales del PP de manera irregular.

http://cadenaser.com/ser/2017/05/16/tribunales/1494947614_317391.html

DIMITE EL VICECONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE TRAS LOS REGISTROS PRACTICADOS POR LA UCO EN SU DESPACHO EN EL MARCO DE 'PÚNICA'

El magistrado instructor ha ordenado el registro para obtener información relacionada con la etapa en la que ejerció como consejero delegado de Arpegio

Un total de doce personas comparecerán como investigadas a partir de junio

El viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz, ha presentado este martes su dimisión tras resultar investigado en el marco de la trama Púnica, por su etapa en Arpegio, donde fue consejero delegado. El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado este martes siete registros, entre ellos el despacho del recién dimitido viceconsejero.

Según han informado fuentes del Gobierno regional, Miguel Ángel Ruiz ha recibido este martes un auto formal de investigación dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 6, donde "no se refiere a ningún hecho derivado de sus actuales responsabilidades como viceconsejero, sino a actividades desempeñadas en los órganos de dirección de Arpegio, durante legislaturas anteriores, coincidiendo con el mandato de Esperanza Aguirre".

Las mismas fuentes han señalado que aunque el auto de investigación es completamente ajeno a la labor que desempeña actualmente en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz ha presentado esta misma mañana, de forma voluntaria, su renuncia al cargo de viceconsejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, así como de vicesecretario Territorial del PP de Madrid.

La presidenta del Gobierno regional, Cristina Cifuentes, ha aceptado la dimisión, en aplicación del Código Ético de los altos cargos del Gobierno regional, así como del Código Ético del Partido Popular de Madrid.

Hace seis meses, el exconsejero delegado de Arpegio compareció en la comisión de investigación sobre corrupción en la Asamblea de Madrid donde justificó una factura de 16,5 millones de euros en promoción que la empresa pública dedicada a la gestión del suelo y del Plan Prisma cargó a dicho plan, y que incluía, entre otras cosas, un gasto de 3,3 millones de euros en primeras piedras.

Por otro lado, aseguró que por lo que pudo observar como presidente de la Mesa de Contratación de PRISMA, desde diciembre de 2008 hasta marzo 2011, "los procedimientos se hicieron de forma transparente, no se hicieron procedimientos negociados, había o contratos menores o abiertos, en los que el pliego era 60 por ciento precio, 40 por ciento la cuestión técnica".

Por ello, indicadó que no podía afirmar lo que sostiene el juez Eloy Velasco, en relación con el control por parte del Francisco Granados en la Mesa de contratación. También aseguró desconocer si se han producido mordidas.

El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado este martes siete registros, entre ellos el despacho del recién dimitido viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid Miguel Ángel Ruiz, en el marco de la trama Púnica y en concreto de la pieza en la que se investigan presuntas irregularidades detectadas en la gestión del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y sus colaboradores con las empresas públicas Arpegio y Fundación Arpegio 2.

Según informan fuentes jurídicas, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han practicado siete registros, algunos de ellos en despachos de abogados. En lo que respecta al exviceconsejero del gobierno regional, el magistrado instructor ha ordenado el registro para obtener información relacionada con su etapa en la que ejerció como consejero delegado de la sociedad pública Áreas de Promoción Empresarial (Arpegio).

Según las mismas fuentes, un total de doce personas comparecerán como investigadas a partir de junio ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por su implicación en esta pieza número 13 de la trama que estalló en 2014 y cuenta con más de un centenar de personas imputadas por participar en presuntos contratos fraudulentos en materia de urbanismo y obras públicas.

Irregularidades en Arpegio y Prisma

El pasado mes de julio, el instructor del caso Púnica solicitó a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de Gobierno de la Comunidad de Madrid documentación relativa a los consorcios urbanísticos desarrollados por la empresa pública de gestión de suelo Arpegio y los dos Planes del Programa Regional de Inversiones y Servicios (PRISMA) que llevó a cabo la Comunidad de Madrid entre 2006 y 2010 al sospechar que dichas operaciones fueron planeadas por Granados como un sistema para obtener beneficios ilícitos.

El magistrado actuó a requerimiento de la Fiscalía, que fundó su petición en las declaraciones en las que el exsocio de Granados David Marjaliza, reveló el pago de comisiones por contratistas y promotores para acceder a las obras de los 22 consorcios urbanísticos de Arpegio y los dos planes Prisma de la Comunidad de Madrid sobre los que ahora se centra la investigación.

Los citados planes, dotados con 1.000 millones de euros según el el juez Velasco, "se llevaron a cabo bajo la espera de dominio de Francisco Granados como presidente de las Mesas de Contratación, en persona o por delegación". Su dominio sobre las decisiones de adjudicación, según Velasco "era absoluto y fue algo buscado desde el momento inicial de redacción del convenio".

El sumario de la trama también recoge un informe de la UCO del pasado año según el cual el presunto cabecilla de la Púnica y su mujer enviaron en 2006 y 2007 cestas de navidad a familiares y compañeros de trabajo por un importe de 100.000 euros y que cargaron a Arpegio durante la etapa en la que Granados ejercía como consejero de Presidencia, Justicia e Interior y presidente de Arpegio.

El informe puso de manifiesto que, aprovechando su cargo como presidente de Arpegio, Granados indicó al personal competente de la empresa pública las instrucciones oportunas para que la liquidación de las facturas de dichos regalos se hicieran con cargo a la misma, con el consiguiente perjuicio para las arcas de dicha sociedad, según el informe.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/16/el_juez_velasco_ordena_siete_registros_marco_punica_entre_ellos_despacho_del_viceconsejero_medio_ambiente_65118_1012.html

GRANADOS HABLABA DE "LIBROS" O "BOMBONES" PARA REFERIRSE A LAS DONACIONES DE DINERO NEGRO PARA EL PP

En un conversación grabada por la UCO, el cabecilla de la Púnica "hace alusión a una devolución de libros, en la llamada anterior hablan de bombones. Todo parece indicar que el intermediario habría retenido dinero", especifican los agentes de la Guardia Civil Los agentes también aluden a Julio Gutiez, administrador de la empresa Mira Detectives, que presuntamente espió al expresidente madrileño Ignacio González en su viaje a Colombia por encargo de OHL, "una empresa adjudicataria de contratos públicos"

El presunto cabecilla de la trama Púnica, el exconsejero madrileño Francisco Granados, ejerció de intermediario entre los empresarios que realizaban donaciones en negro y el Partido Popular de Esperanza Aguirre, según consta en un informe de 9 de febrero de 2016 de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que ha tenido acceso infoLibre.

En concreto, Granados realizó esa función de "intermediación" con el también excargo del PP Pedro Núñez Morgades, que fue delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid entre los años 1996-2.000. Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid anos 2.001-2006 y concejal del PP del Ayuntamiento de Las Rozas entre 2.007 y 2011.

En un conversación grabada por la UCO, Granados "hace alusión a una devolución de libros, en la llamada anterior hablan de bombones. Todo parece indicar que el intermediario habría retenido dinero que habría que entregar a un tercero, expresando su temor a que puedan pensar que ellos se han quedado el dinero", especifican los agentes de la Guardia Civil.

En el mencionado informe, la UCO también alude a Julio Gutiez, administrador de la empresa Mira Detectives, que presuntamente espió al expresidente madrileño Ignacio González en su viaje a Colombia. Según los agentes, este espionaje lo habría abonado OHL, "una empresa adjudicataria de contratos públicos".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/16/las_grabaciones_uco_destapan_las_gestiones_granados_para_cobrar_para_ha_recibido_los_libros_los_bombones_65141_1012.html

INVESTIGADAS LAS CUENTAS SUIZAS DE TRES IMPUTADOS EN PÚNICA POR PAGOS A GRANADOS

Se trata de Eduardo Larraz, consejero delegado de la empresa pública Arpegio, su esposa y el propietario de la mercantil Dusa, Adolfo Fernández

La Guardia Civil ha localizado en varias entidades financieras de Suiza cuentas abiertas a nombre de, al menos, tres imputados en el caso Púnica. Se trata Eduardo Larraz, quien fuera consejero delegado de la empresa pública Arpegio, su esposa y el propietario de la mercantil Dusa, Adolfo Fernández, adjudicataria de millonarios contratos de la Comunidad de Madrid. Dos fueron abiertas hace menos de un año. La UCO investiga si a través de ellas se realizaron pagos a Francisco Granados o le permitieron ocultar su “elevadísimo patrimonio”.

La investigación del caso Púnica vuelve a mirar hacia Suiza. La Guardia Civil ha localizado en entidades financieras del país helvético varias cuentas bancarias a nombre de Eduardo Larraz Riesgo, que fuera consejero delegado de la empresa del suelo de la Comunidad de Madrid Arpegio entre los años 2004 y 2008; su esposa, María de los Ángeles de Diego Suso, y el dueño de la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos SA (DUSA), Adolfo Fernández Mestre, contratista de la Comunidad de Madrid. Las pesquisas han permitido determinar que al menos dos de estos depósitos fueron abiertos por el matrimonio hace menos de un año en el Julius Bar & Co Ag Bahnhofstrasse de Zurich, aunque ya tenían otros en el país helvético con anterioridad.

El juez Eloy Velasco remitió una comisión rogatoria a las autoridades de Berna para recabar nuevos datos sobre “los movimientos bancarios” de ellos poco antes de abandonar el pasado jueves el Juzgado Central de Instrucción 6. Anticorrupción ha anunciado que solicitará una ampliación en los próximos días. Los tres titulares de las cuentas fueron imputados el pasado el pasado 16 de mayo, el mismo día que la Unidad Central Operativa (UCO) y la Fiscalía Anticorrupción sometían a un exhaustivo registro a la empresa pública ante la sospecha de que el “elevadísimo patrimonio” que la investigación adjudica a Francisco Granados proviene en su mayor parte de la adjudicación irregular de contratos de Arpegio.

Las sospechas sobre la empresa pública se remontan a julio del año pasado. Entonces, el juez Velasco dictó dentro del caso Púnica un auto en el que reclamaba a la Comunidad de Madrid abundante documentación de Arpegio y del plan regional de inversiones Prisma, gestionado por la empresa pública. Con aquella información, la Agencia Tributaria elaboró un informe en el que se apuntaba la posibilidad de que buena parte de la fortuna ilícita supuestamente obtenida por Granados procediera, precisamente, de estos amaños. Hacienda también descubrió la existencia “de un flujo de fondos hacia cuentas abiertas por Adolfo Fernández”, el dueño de la empresa Dusa, en Suiza.

Pago de comisiones

Con estos nuevos datos, el juez Velasco dictó el pasado 24 de mayo un auto en el que incidía en la existencia de indicios de “pago de comisiones por contratistas y promotores para acceder a las obras de los 22 consorcios urbanísticos de Arpegio y los dos planes Prismas”. Unos programas que, recalcaba, estuvieron “bajo la esfera de dominio de Francisco Granados como presidente de la Mesa de Contratación, en persona o por delegación” y en los que se manejaron fondos cercanos a los 1.000 millones de euros.

En ese auto, el magistrado autorizaba a la Guardia Civil a acudir de nuevo a la sede de Arpegio el pasado jueves para reclamar el expediente con los documentos originales de la adjudicación a Dusa, la empresa de Adolfo Fernández, el 31 de marzo de 2006 de un contrato de “consultoría y asistencia técnica para la gestión integral de las licitaciones públicas” por un valor de 4,5 millones de euros. Este contrato fue posteriormente prorrogado en cinco ocasiones. La mercantil se hizo también con otras dos adjudicaciones que elevaron a 9,8 millones de euros lo que recibió de Arpegio en la etapa de Granados.

Una empresa en las Islas Vírgenes

No es la primera vez que el nombre Eduardo Larraz se ve salpicado por un escándalo financiero con vínculos en paraísos fiscales. En 2013 salió a la luz que él y su esposa tuvieron una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas que, según un informe confidencial de 2010 de la empresa intermediaria Commonwealth Trust Limited, tuvo “un desconocido origen de los fondos”. Antiguo director de Gabinete de Celia Villalobos en el Ministerio de Sanidad, Larraz también declaró como testigo en el sumario del caso Gürtel para asegurar que a Arpegio llegaban “órdenes políticas” desde la Consejería de Deportes que encabezaba el hoy procesado Alberto López Viejo para que se pagasen determinados contratos.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/18/actualidad/1495094214_410346.html

EL SOSPECHOSO MERCEDES DE LA AMIGA DE GRANADOS

Un informe de la UCO detalla cómo un coche de 30.500 euros acabó en manos de una colaboradora del político

El último informe de la Guardia Civil en el caso Púnica que Eloy Velasco recibió en el Juzgado Central de Instrucción 6 antes de abandonarlo no trataba de financiación del PP ni de contratos públicos amañados. Es un documento policial de 11 folios en el que la Unidad Central Operativa (UCO) detalla las gestiones realizadas en los últimos meses para desentrañar el misterio de quién pago realmente un vehículo Mercedes Benz SLK200 Kompressor que desde 2006 utiliza María Victoria Cristóbal Araujo, exasesora de prensa de Esperanza Aguirre en la primera campaña de ésta a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y que con Francisco Granados en la Consejería de Presidencia encabezó la Agencia Madrileña de Emigración.

El informe, fechado el 8 de mayo, concluye que los 30.500 euros que costaba el vehículo no salieron de las cuentas bancarias de su actual propietaria, sino que presuntamente los pagó un empresario de Valdemoro, Ramiro Cid, ya imputado en la causa. La Guardia Civil concluye que el automóvil fue una "contraprestación" más del constructor a Granados por sus supuestos favores urbanísticos. Éste había hecho que el coche fuera puesto a nombre de ella, a la que la Guardia Civil califica de "persona de su confianza". EL PAÍS se puso en contacto telefónico con María Victoria Cristóbal para recoger su versión, pero rechazó hacer declaraciones. Hasta la fecha no ha sido llamada a declarar por el juez.

Las sospechas sobre el vehículo se remontan al 27 de octubre de 2014, pocos días después de las primeras detenciones de Púnica. Ese día, la UCO registró la sede en Madrid de la empresa Obras y Vías SA, propiedad de Cid. Entre la documentación intervenida, había cuatro tablas en las que aparecían listados de vehículos con indicación de la sociedad a la que supuestamente pertenecía cada uno y los usuarios. El Mercedes figuraba en todos a nombre de la constructora y con "Victoria" o "Viki" como conductora.

Sobre el piso, la UCO destaca que la que la colaborada del político adquirió en julio de 2008 una vivienda con plaza de garaje en la calle Argensola, de Madrid, por 400.000 euros a Vicfidem Proyectos SL, otra sociedad de Ramiro Cid. Sin embargo, en este último informe entregado al juez Velasco no ahonda en las circunstancias de dicha adquisición.

Los agentes iniciaron un rastreo sobre el origen del automóvil. Así, constataron que fue importado desde Alemania a finales de 2005 por Car Valdemoro SL, empresa también vinculada a Cid, y que fue puesto en mayo de 2006 a nombre de María Victoria Cristóbal. Todo ello, supuestamente tras abonar 30.500 euros, según una factura. Sin embargo, el análisis que los agentes hicieron de las declaraciones del concesionario al fisco reveló que dicha cantidad nunca entró en sus cuentas y que sólo aparecía un ingreso de 5.400 euros supuestamente realizado por la colaboradora de Granados.

Sin rastro de los pagos

El rastreo que la UCO hizo después de las cuentas bancarias de ésta confirmó las sospechas. "No se localizó ningún movimiento que coincida o se aproxime, tanto en la cantidad como en fecha, con la factura de compra del vehículo emitida por Car Valdemoro (30.500 euros) así como tampoco con los 5.400 euros", destaca el informe. A ello añade un dato: el teléfono de contacto que aparecía en la póliza de seguro hasta 2011 —cinco años después de que la exasesora de Granados lo comenzara a conducir— era de una de las sociedades del Ramiro Cid.

La UCO recuerda que una mecánica similar a la detectada en este caso se produjo con otro vehículo: un Mini Cooper que utilizaba la mujer de Granados, María Nieves Alarcón, también imputada, y que fue destruido en el garaje de la pareja por un incendio provocado. Este automóvil también mereció un informe de la Guardia Civil que concluyó que era una "dádiva" del mismo constructor y que se intentó camuflar con "facturación falsa".

Faes, Aznar y el piso de 400.000 euros

La Guardia Civil destaca en su informe como un indicio más del sospechoso origen del Mercedes de la colaborada de Granados una conversación telefónica mantenida por ambos el 2 de julio de 2014, cuatro meses antes de la detención del primero. En la misma, además de constatarse la estrecha relación entre ellos, se hablaba de un "piso" y un "coche" supuestamente regalados a ella por Granados. María Victoria Cristóbal se quejaba de que el expresidente José María Aznar la quería echar de la fundación FAES, donde ella colaboraba, por temor a que saliera un escándalo "muy gordo de ella" en referencia a estos supuestos regalos.


http://politica.elpais.com/politica/2017/05/27/actualidad/1495913159_687027.html

EL JUEZ DE PÚNICA INVESTIGA SI EL PP DE AGUIRRE SE FINANCIÓ CON 972 CURSOS PARA PARADOS

La Guardia Civil intervino en la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid los expedientes de contratación para impartirlos en 2007 y 2008

La investigación del titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Eloy Velasco, sobre la supuesta financiación irregular del PP de Madrid alcanza también a los cursos que el Ejecutivo regional que presidía Esperanza Aguirre impartía con cargo al erario para facilitar la colocación laboral de los parados madrileños. Un documento judicial sobre la pieza del sumario de Púnica en el que se investiga la existencia de una caja b del partido revela que el magistrado requirió recientemente a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda la documentación "original" relativa al expediente de contratación para la "organización e impartición" de 972 cursos de formación profesional ocupacional durante 2007 y 2008, años de dos de las campañas electorales bajo sospecha de haberse financiado con fondos públicos. La consejería remitió a la Audiencia Nacional más de mil folios que ocupan cerca de tres tomos de la causa cuyo secreto ha levantado recientemente el magistrado.

La investigación sobre dichos cursos se añade a otras líneas de investigación abiertas por el juez Velasco después de que el empresario David Marjaliza, socio y amigo de Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama, desvelase quién se encontraba detrás de unas siglas aparecidas en un cuaderno manuscrito del político y explicase que las cifras que figuraban junto a las mismas correspondían a supuestas entregas de comisiones ilegales. Desde entonces, el magistrado ha requerido numerosa documentación a organismos públicos sobre adjudicaciones de contratos o la entrega de subvenciones públicas a la fundación del PP Fundescam, una de las supuestas vías de financiación irregular de los populares. Sobre ésta, el juez ha solicitado en los últimos meses abundante información al registro de fundaciones de la Comunidad de Madrid referida a los años 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2014.

El documento judicial también detalla que los investigadores están analizando las contrataciones de los servicios de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años, 2009, 2011 y 2013, y que ganó la empresa Grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, quien ya ha declarado en la Audiencia Nacional por estos hechos. También está bajo sospecha el expediente de contratación del servicio de cafetería de la Consejería de Presidencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, situada en el número 4 de la calle Carretas, de Madrid, junto a la Puerta del Sol.

Además, Velasco ha extendido la investigación a nuevos ayuntamientos de la Comunidad. Entre ellos, el de Pozuelo de Alarcón, quien ya se vio salpicado en el caso Gürtel precisamente por la supuesta financiación irregular de actos electorales del que fuera su alcalde, Jesús Sepúlveda. Ahora, el juez Velasco ha pedido a este consistorio los expedientes de contratación con las empresas Back RVS Producciones Culturales SL, Digital Plane SL y Croma 21 SL. Estas tres sociedades también están siendo investigadas por sus contrataciones con el Ayuntamiento de Madrid en las etapas de Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella.Las dos primeras mercantiles tienen entre sus clientes al propio PP. Back RVS figura, incluso, como donante del partido en 2002. Ello le valió entonces un reproche de la Cámara de Cuentas ya que aquel año ya era proveedor de los populares y del ayuntamiento de la capital.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/11/actualidad/1494479681_891686.html

VELASCO CITA COMO INVESTIGADO A DANIEL MERCADO, UNO DE LOS FINANCIADORES DEL PP

Daniel Mercado, empresario argentino dueño de Over Marketing, ya incriminó al balear Jaume Matas por la trama de financiación ilegal del PP.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado a declarar en calidad de investigado a Daniel Horacio Mercado, en la pieza que se investiga la financiación ilegal del Partido Popular en el 'caso Púnica'. Su empresa, Over Marketing, figura entre los papeles incautados al gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, aparece como una de las financiadoras del partido, de manera oculta al Tribunal de Cuentas.

En una providencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Velasco cita al empresario argentino para el próximo día 29 en calidad de investigado. Mercado ya reconoció ante la Justicia balear haber recibido contratos públicos amañados, en la era de Jaume Matas, a cambio de financiar al partido. Ahora, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le sitúa como uno de los principales beneficiados por los servicios de publicidad pagados con cargo a los hospitales madrileños construidos durante la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ya en Baleares, reconoció ante el juez del caso Palma Arena, José Castro, y la Fiscalía Anticorrupción haber hecho “facturas falsas” para los Gobiernos de Madrid y Castilla y León. Entre la documentación encontrada en el domicilio del exgerente del PP de Madrid y hombre de confianza de Aguirre, Beltrán Gutiérrez, tras el registro realizado hace un año, apareció un documento que ahora ha sido analizado por la Guardia Civil. En éste se ve cómo una sociedad Sintra, habría recibido de Over Marketing 200.000 euros.

La tesis de los investigadores, tal y como ya ha desvelado este diario, es que Sintra hacía de empresa interpuesta para el PP, desde la cual se canalizaban los pagos de los financiadores del partido, quien asumirían el pago de los proveedores del PP para las campañas electorales, y ocultarlo así al Tribunal de Cuentas. Es decir, Over Marketing, adjudicataria de publicidad de la comunidad de Madrid, habría pagado parte de la campaña del PP a través de Sintra.

El pasado mes de febrero, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, decretó la apertura de juicio oral contra el expresidente del Gobierno balear, Jaume Matas y el exconseller de Interior y exsecretario general del PP, José María Rodríguez por una pieza del llamado 'caso Over' en el que también será juzgado Daniel Mercado como propietario de Over Marketing.

Se investiga el desvío de fondos públicos para sufragar los gastos de las campañas electorales del PP balear de los años 2003 y 2007. Se les acusad de fraude a la administración en concurso medial con malversación, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

http://www.elespanol.com/espana/20170510/214978920_0.html

PÚNICA DESTAPA EL USO DE DINERO B Y FONDOS PÚBLICOS EN TRES CAMPAÑAS ELECTORALES DEL PP

La pieza del sumario cuyo secreto se levanta ahora sitúa el acto de fin de campaña de las autonómicas de 2007 como el paradigma de las supuestas irregularidades

La pieza del sumario del caso Púnica que investiga la supuesta financiación irregular del PP de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre, y cuyo secreto se levanta ahora, ha aflorado el presunto desvío de fondos públicos y la utilización de dinero procedente de una caja b de la formación para el pago de una parte importante de los gastos electorales de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y 2011, y de las generales de 2008, en las que Mariano Rajoy repetía por segunda vez como cabeza de cartel de los populares.

Fuentes cercanas a la investigación destacan que el mitin que la formación celebró hace diez años como final de campaña de los comicios locales y regionales es el paradigma de buena parte de estas irregularidades. Según han revelado las pesquisas, en el mismo hubo pagos con dinero "de procedencia desconocida" y se abonaron a proveedores con cargo a los presupuestos de Administraciones públicas controladas entonces por el PP. El 'pendrive' localizado hace ahora un año en casa del que fuera gerente regional del partido, Beltrán Gutiérrez, desveló que en aquellos años la formación contó en su supuesta caja b con cinco millones de euros. De ellos, tres millones fueron presuntamente destinados a financiar la campaña que incluyó aquel acto electoral, mientras que para las generales de 2008 y las de 2011 se emplearon un millón de euros en cada una.

En el mitín de 2007, celebrado en el Palacio de Deportes de Madrid la noche del 25 de mayo con la presencia de los principales dirigentes de la formación, entre ellos Rajoy, Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, estos dos últimos como candidatos al gobierno regional y la alcaldía de la capital respectivamente, las primeras irregularidades detectadas se refieren a la contratación de las actuaciones musicales de los grupos Iguana Tango y Azúcar Moreno para amenizar el acto antes de los discursos. Waiter Music SL, una empresa investigada en el caso Púnica por la sospechosa elevada cifra de contratos públicos que obtuvo durante años de la Comunidad de Madrid y de ayuntamientos de la región, fue la encargada de ello. De hecho, es del análisis de la documentación intervenida en octubre de 2014 en la sede de esta mercantil donde surgen los primeros indicios de financiación irregular del acto electoral. Así, una secuencia de correos electrónicos cruzados por empleados de la compañía y dirigentes del PP regional tres días antes de que se celebrara, reveló la existencia de un contrato "donde se acuerdan las cláusulas para la actuación [...] de una duración aproximada de 90 minutos" por un valor de 20.000 euros.

Sin embargo, otro email fechado dos meses más tarde revelaba la supuesta falsedad de dicha cifra. En el mismo, el propietario de Waiter Music SL, José Luis Huerta, aseguraba a Guillermo Mayoral, dirigente regional del PP y actual gerente del partido en sustitución del imputado Beltrán Gutiérrez, que dicha cifra había sido, en realidad, el triple. En los mismo el empresario pedía que se le indicase "lo antes posible cómo facturo esto y la formas de cobro", para a continuación detallar las diferentes partidas que elevaban la factura hasta los 48.600 euros más IVA. En total, 60.000 euros. El empresario destacaba que "les hicimos un contrato por 20.000 euros, IVA incluido, aún sabiendo ambas partes que ascendía a una cantidad mayor, como te explico anteriormente".

Las pesquisas apuntan a que finalmente el PP ni siquiera pagó la cantidad reflejada en el contrato y hay indicios de que los 60.000 euros iban a cargarse mediante distintos mecanismos a las arcas de los ayuntamiento de Pinto y Valdemoro, gobernados entonces por el PP. De hecho, la Guardia Civil ha constatado tras analizar las declaraciones de ingreso y pagos realizados por Waiter Music ante la Agencia Tributaria que entre los años 2006 y 2013 no figura ninguna actividad comercial entre esta mercantil y el partido que "pudiera estar relacionada" con este mitin. Por ello, los agentes concluyen que se utilizaron "recursos económicos municipales para sufragar actos electorales del Partido Popular de la Comunidad de Madrid que no fueron declarados como gastos de campaña" en aquel 2007 y en las elecciones posteriores de 2008 y 2011.

De hecho, irregulares similares han sido detectadas en los mítines de estos dos últimos comicios. Como ejemplo del primero, las pesquisas sitúan el mitín que el PP celebró en el Pabellón Juan España de Valdemoro el 1 de marzo de 2008 con motivo de las generales de aquel año. La UCO ha podido constatar que parte de aquel acto fue financiado con cargo a los fondos públicos del consistorio de este municipio madrileño. En concreto, los 4.200 euros más IVA que costó la actuación de un grupo de 12 mariachis que recibieron con el 'Cielito lindo' y 'Sigo siendo el rey' a Aguirre, al número dos de la lista al Congreso por Madrid, el empresario Manuel Pizarro, y al expresidente José María Aznar. La empresa que contrató dicha actuación cobró dicha factura de la partida destinada a la celebración de las Fiestas Patronales de Septiembre de 2009 de Valdemoro, que el equipo de gobierno municipal le adjudicó. La Guardia Civil estima que de los 150.000 euros que salieron de arcas públicas para costear dichas celebraciones locales, cerca de un tercio se desviaron a actos del partido. Los agentes también investigan los pagos por la organización de las inauguraciones de grandes obras de la Comunidad.Otra parte importante de los fondos presuntamente irregulares utilizados en el pago son los que los informes iniciales de la UCO describían como "de procedencia desconocida".

Las investigaciones de los últimos años han revelado el verdadero e irregular origen de los mismos, así como los diferentes mecanismos utilizados para hacer frente con ellos a gastos electorales del PP de manera opaca. Así, la principal vía de entrada eran las donaciones supuestamente realizadas por empresarios -algunos de ellos imputados ya en la causa como Javier López Madrid y Arturo Fernández- a cambio de la adjudicación de contratos públicos. La investigación ha destapado que, en ocasiones, dichos pagos se hacían en maletines con dinero en efectivo y, en otras, con aportaciones de capital a la fundación Fundescam.En otras, dichos pagos se realizaban 'en diferido' haciéndose cargo la compañía donante de los pagos que el PP tenía comprometidos con firmas que le daban diferentes servicios durante la campaña. Para ocultar aún más todo ello, en buena parte de los mismos se utilizaban empresas interpuestas para dificultar el rastreo del origen de los fondos.

Nueve de estas mercantiles han salido ahora a la luz en la Operación Lezo. En esta estrategia, las pesquisas han puesto de manifiesto el papel protagonista que jugaron en algunas de estas irregularidades las sociedades Over Marketing, Traci Comunicación y Link América, todas ellas de empresario argentino Daniel Mercado. Éstas firmaron multitud de contratos con las consejerías de Sanidad y Transportes, la Dirección General de Justicia y la antigua empresa pública del suelo Arpegio, para organizar actos de colocación de primeras piedras y cortes de cinta en los que se invertía el 1% del presupuesto de la obra. Recientemente el juez Velasco reclamó a Arpegio facturas que suman 16,5 millones de euros del Plan Prisma en estos conceptos para analizarlas. La sospechas apuntan a que parte de estos fondos pudieron desviarse a la supuesta caja b del PP madrileño para el pago de costosos actos electorales con los el partido entonces liderado por Esperanza Aguirre exhibía músculo político como en el mitín de fin de campaña de las elecciones de 2007.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/10/actualidad/1494427354_398074.html

EL PP FINANCIÓ CON DINERO DE PÚNICA LA CAMPAÑA ELECTORAL DE RAJOY EN 2008

El juez de la AN Eloy Velasco halla indicios de que el PP de Madrid financió de forma irregular a su hermano mayor nacional en las segundas generales del actual presidente del Gobierno

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha hallado indicios de que el Partido Popular de Madrid aportó fondos de origen ilícito a su hermano mayor nacional para financiar la campaña de las elecciones generales de 2008, las segundas en las que Mariano Rajoy se presentó como cabeza de lista del PP. El magistrado, que acaba de levantar el secreto en la pieza separada del caso Púnica en la que investiga las finanzas de la formación regional, ha remitido la documentación que apuntala estas sospechas a su compañero José de la Mata, encargado de investigar la presunta caja B de Génova en la llamada causa de los 'papeles de Bárcenas'.

Según apuntan a El Confidencial fuentes cercanas al caso, la contribución que hizo el PP madrileño para costear los gastos de esos comicios, celebrados durante la etapa de Esperanza Aguirre, se acercó al millón de euros. Solo 'una ayuda' si se compara con la cuantía de la entrada de dinero negro que se destinó a las municipales de 2007 y 2011, las otras dos campañas bajo sospecha en esta parte de la investigación del entramado que presuntamente dirigía Francisco Granados. "Les echaron una mano en aquellos comicios", señalan las fuentes consultadas.

La pieza separada de Púnica sobre la financiación irregular de los populares se centra en la actividad desplegada por el gerente del partido regional, Beltrán Gutiérrez, receptor de millones de euros en negro que destinó a tres procesos electorales. La mayor contribución se destinó a las elecciones de 2007. También existen pruebas que sustentan una financiación en B durante las autonómicas de 2003, pero el juez Velasco ha descartado investigar esta parte debido al tiempo transcurrido desde entonces y a que los presuntos delitos cometidos estarían prescritos.
Las sospechas se basan en anotaciones manuscritas del propio Gutiérrez y en la abundante documentación que se le incautó en varias tandas de registros. Como ya reveló El Confidencial, apuntan a que el encargado de las finanzas de la formación manejó “una contabilidad B de gastos electorales” que le habría permitido superar de forma sistemática “los límites de gasto electoral” sin que saltaran las alarmas en los órganos de fiscalización. Los fondos salieron del desvío de subvenciones de la Administración, así como del cobro de donaciones ilegales a cambio de “contratos públicos”. Estas donaciones no declaradas se camuflaban mediante pagos directos a las empresas que contrataba el PP para sus campañas.

Al menos tres empresas participaron de forma continuada —a lo largo de varios años— en esta dinámica ilegal, según ha podido saber este diario. El foco se sitúa sobre el grupo de publicidad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado, que ya admitió en 2012 haber utilizado esta fórmula para colaborar en la financiación ilegal del PP de Islas Baleares, y en concreto en una de sus empresas, Over Marketing. Los investigadores sospechan que recibió millones de euros en adjudicaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid para campañas de publicidad y 'marketing'. Parte de esos fondos públicos habrían sido desviados, según Velasco, para costear las campañas.
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También forma parte del trío la agencia Carat, a la que el PP de Madrid adjudicó su publicidad exterior; por último, una sociedad del empresario Óscar Sánchez Moyano, Sintra Consultores, que, según la documentación incautada, canalizó al menos 600.000 euros en las elecciones de municipales y autonómicas de 2007. Entre las carpetas que ocultaba Gutiérrez en su casa, los investigadores localizaron varios folios manuscritos con un plan de medios que identificaba el origen real del dinero que manejó la formación en esos comicios. El exgerente anotó que el capítulo de publicidad exterior requería un gasto de “1,5”, en referencia a 1,5 millones de euros. Por su parte, para publicidad en “prensa radio”, el partido destinaría “0,9”, 900.000 euros. Esta última partida terminó ascendiendo a 1,1 millones de euros. Y, finalmente, la “campaña de medios exteriores” supondría una inversión de otros “0,6”, 600.000 euros.

Tres responsables políticos

Según el juez, en el desvío de las ayudas públicas habrían tenido un papel destacado tres dirigentes del partido. Además del primero y evidente, el ex secretario general de la formación y presunto cerebro de Púnica Francisco Granados y el exgerente Beltrán Gutiérrez, el magistrado también da importancia al papel del exconsejero de Transportes José Ignacio Echevarría, con responsabilidades en la tesorería y gerencia del partido en Madrid.

Además, investiga la cooperación en la entrada de fondos ilegales de una entidad satélite, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, más conocida por su acrónimo Fundescam. Empresarios y adjudicatarios públicos realizaban donaciones a Fundescam con la excusa de apoyar su supuesta actividad cultural y formativa. Pero el dinero era luego desviado mediante facturas falsas a la caja B del PP de Madrid y se destinaba a actos de campaña.

La Fiscalía Anticorrupción ya advirtió en 2010 dentro del caso Gürtel de que la formación había utilizado ese método para concurrir a elecciones de 2003 y 2004. Es un sistema idéntico al que presuntamente usó CDC para ocultar sus donaciones ilegales a través de tres fundaciones: Trias Fargas, CatDem y Fórum. Asimismo, en el caso Filesa, el PSOE también se aprovechó de mercantiles satélite para triangular donaciones de empresarios que terminaron engrosando su contabilidad paralela.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-10/punica-audiencia-nacional-financiacion-irregular_1379944/

GRANADOS PIDE SALIR DE PRISIÓN PARA CUIDAR A SUS HIJAS "EN SU MODESTA CASA HIPOTECADA"

En un nuevo escrito, suplica, más que pide, quedar libre, y defiende que debe salir para hacerse cargo de sus dos hijas adolescentes que viven "en una modesta casa hipotecada"

El presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, ha vuelto a solicitar al juez Eloy Velasco su excarcelación, cuando se cumplen tres años y medio desde que fuera enviado a prisión. En un nuevo escrito, suplica, más que pide, quedar libre, y defiende que debe salir para hacerse cargo de sus dos hijas adolescentes que viven "en una modesta casa hipotecada" donde se ven obligadas a compartir habitación. El número de peticiones de este tipo cursadas por el preso más famoso de la red de corrupción se acerca ya a la decena.

El escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, defiende que no existe riesgo alguno de que el que fuera hombre fuerte de Esperanza Aguirre destruya pruebas o influya en otros imputados por la trama Púnica. "Es español, reside en España donde vive con su mujer y dos hijas adolescentes, que precisan de la presencia de su padre, en una modesta casa hipotecada", destaca.

También pone de manifiesto que la vivienda ha estado a punto de ser embargada y solo una reciente autorización del Juzgado ha permitido cancelar, con cargo a las cuentas bloqueadas, las letras pendientes salvando la propiedad. En la casa, situada en el mismo pueblo donde siempre ha residido, Valdemoro, "las niñas comparten dormitorio" cerca de su abuela, la "anciana madre" de Granados. "Desde que su hijo ingreso en prisión, únicamente sale a la calle para ir a visitarle", destaca también el escrito.

El 'Falcon Crest' de Granados en Ávila: 84 hectáreas, 24 caballos y seis 'quads'

La Guardia Civil acusa a Francisco Granados de cohecho y blanqueo de capitales por haber disfrutado durante una década de una finca de Ávila que le regalaron constructores

"Carece de otras fuentes de ingreso que no sean las del trabajo de su mujer, ingresos estos últimos reducidos a una ridícula cantidad como consecuencia de la publicidad del presente procedimiento", se queja el que fuera secretario general del PP de Madrid. También lamenta "el trato claramente discriminatorio" que sufre en relación con tantos otros investigados e incluso "condenados en situación de libertad", dice en clara referencia a casos como Nòos o el de las tarjetas 'black'.

En el más absoluto "olvido y abandono"

El escrito, plagado de reproches, también recrimina la falta de sustento que en su opinión tiene su supuesta tenencia de un patrimonio oculto. "¿Qué se ha hecho en los últimos meses, incluso en el último año, en orden a acreditar tales extremos? Pues nada de nada", dice, y agrega: "Granados se encuentra en una situación de absoluto olvido y abandono".

La Guardia Civil investiga otra caja B del PP de Madrid que funcionó entre 2010 y 2014

La UCO rastrea la contabilidad de la fundación Fundescam tras descubrir que el Partido Popular de Madrid la habría utilizado para financiarse ilegalmente incluso después de que estallara Gürtel

Niega disponer de fondos escondidos y se desvincula de las más de 190 sociedades que —dice— forman el entramado empresarial de David Marjaliza. Granados intenta cargar a su antiguo socio y amigo con el peso de las irregularidades investigadas y destaca que nada tiene que ver con las "ilícitas maniobras" del empresario. "De las más de 5.000 llamadas intervenidas a Marjaliza durante casi cinco meses, únicamente 30 fueron con Granados, la gran mayoría de 'contenido social' y ninguna de ellas relacionadas con operaciones, negocios, contratos públicos o supuestas maniobras ilícitas", destaca su abogado, que tacha la confesión de este coimputado de "disparatada e incongruente".

También rechaza Granados contar en la actualidad con influencias o capacidad de presión. No cuenta con "NINGUNA" capacidad ni poder para ello, destaca en mayúsculas mientras clama ante la injusticia que a sus ojos supone llevar en prisión "¡¡¡¡TRES AÑOS!!!!" cuando la ley permite mantener en estos casos la prisión provisional solo seis meses.
"No existe causa que justifique el mantenimiento de prisión durante tan dilatado periodo de tiempo, más de 30 meses, con los enormes perjuicios que de dicha situación se derivan no solo para el interesado sino también para su familia", concluye el escrito.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-08/francisco-granados-audiencia-nacional-punica-eloy-velasco_1379236/

VELASCO PREGUNTA A ANTICORRUPCIÓN SI CIERRA LA INSTRUCCIÓN DE PÚNICA TRAS LEVANTAR EL SECRETO DE LA CAJA B

El juez de la Audiencia Nacional ha dictado una providencia donde pregunta al Ministerio Fiscal si se debe prorrogar de nuevo la instrucción del caso Púnica, declarada causa compleja, y si considera conveniente practicar más diligencias en este procedimiento. El plazo legal para investigar esta trama de corrupción expira el próximo día 15.

El próximo 15 de mayo expira el plazo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para que la Audiencia Nacional pueda continuar investigando uno de los mayores casos de corrupción que tenido lugar en nuestro país en los últimos años. Se trata de la trama Púnica que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia, el magistrado Eloy Velasco.

Por esta razón, el instructor ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, donde pregunta al Ministerio Fiscal si considera necesario prorrogar esta instrucción o, por el contrario, se debe cerrar ya. El artículo 324 de la LeCrim establece que si la instrucción de una causa es declarada compleja "el plazo de duración de la instrucción será de dieciocho meses, que el instructor de la causa podrá prorrogar por igual plazo o uno inferior a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las parte".

En la providencia, el juez Velasco solicita a las fiscales Anticorrupción, María Teresa Gálvez y Carmen García Cerda, que les informe sobre si, en primer lugar, solicitan la práctica de nuevas diligencias y cuáles son; en segundo lugar, sobre si concurre alguna razón que justifique la prórroga de la duración de la fase de instrucción; y, por último, sobre qué fecha aproximada estiman que sería el límite hasta el que prorrogarla.

Levanta el secreto de la Caja B
La instrucción de la trama Púnica arrancó en la Audiencia Nacional en 2014. Desde octubre de ese año, el ex consejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, se encuentra en prisión preventiva acusado de la comisión de varios delitos de corrupción como blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, etc. Dada la magnitud de las pesquisas de esta macrocausa, en septiembre de 2015 el magistrado decidió trocear la misma en catorce piezas separadas para agilizar la instrucción.

Este viernes, el juez levantó el secreto de la pieza separada número 14. En ella, Velasco y las fiscales investigan la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid. Están imputados en dicha pieza, el ex gerente del PP madrileño, Beltrán Guitérrez, y el ex tesorero de la formación regional José Ignacio Echeverría. Los investigadores han apuntado ya a que Granados actuaba como "recaudador" para nutrir la supuesta Caja B de su partido.

Por su parte, el juez ya ha dado por finalizada la investigación de las piezas 1, 2 y 3 de esta causa. En la primera de ellas se investiga el chivatazo policial que recibió Granados antes de ser detenido; en la dos, a la trama leonesa de Púnica, y, la tercera, versa sobre cómo operaba esta red de corrupción en la región de Murcia. Estas tres piezas separadas están pendientes de ser enjuiciadas en estos momentos por la Audiencia Nacional.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/velasco-pregunta-anticorrupcion-cierra-instruccion-punica-levantar-secreto-caja-b-pp_0_1023498284.html

VELASCO LEVANTA EL SECRETO DE SUMARIO EN PÚNICA SOBRE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID

El titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha levantado el secreto de sumario sobre la pieza nº 14 de la trama Púnica donde se investiga la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.

Según asegura Velasco en el auto emitido este viernes, al que ha tenido acceso OKDIARIO, “a la vista del contenido de la documentación recibida por CEIM Confederación Empresarial de Madrid –CEOE y del informe favorable del Ministerio Fiscal, se acuerda el levantamiento del secreto de la presente pieza separada nº 14, compuesta de 56 tomos, relativa a Hechos relativos a Beltrán Gutiérrez (ex gerente del PP de Madrid) y Francisco Javier López Madrid (consejero de OHL), procediéndose a su desglose e incorporación a la causa principal”.

“Una vez escaneado y foliado”, continúa el auto, “el contenido de dicha pieza, se dará traslado a las partes. En diligencia aparte se indicará en qué pieza se incorpora cada uno de los particulares. Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio fiscal y del resto de partes personadas”.

El año pasado, los agentes de la UCO de la Guardia Civil registraban los domicilios y despachos de López Madrid y Gutiérrez, y hallaron diversa documentación sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid que afectaría a la patronal madrileña CEIM.

El magistrado toma esta decisión en plena ‘Operación Lezo’, que llevaba a la detención del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y del propio López Madrid. El empresario eludía el ingreso en prisión tras hacer efectiva al fianza de 100.000 euros impuesta por el juez. En esta operación, se investiga López Madrid pagó presuntamente una comisión de 1,4 millones de euros a través de OHL a González, por la concesión del tren al municipio madrileño de Navalcarnero.

Precisamente, Velasco emitía en las últimas horas otro auto en el que afirmaba que “visto el estado de las presentes actuaciones y estando próximo a expirar el plazo previsto” en la Ley para la instrucción de la presente causa, “se acuerda dar traslado al Ministerio Fiscal y demás partes personadas a fin de que antes del próximo 15 de mayo manifiesten si solicitan la práctica de nuevas diligencias y cuáles”.

Sobre la posibilidad de continuar la investigación, el titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional preguntaba “si concurre alguna razón que justifique la prórroga de la duración de la fase de instrucción” y “qué fecha aproximada estiman que sería el límite hasta el que prorrogarla”.

Las fuentes del caso consultadas por este diario indican que el hecho de que Velasco decrete el levantamiento del secreto de sumario sobre la pieza nº 14 de la Púnica sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid “no significa que se vaya a cerrar la instrucción de la causa”.

La investigación de esta trama corrupta se inició en febrero de 2014 y en octubre de ese año estallaba el caso con la detención del ex dirigente popular, Francisco Granados. Desde entonces, el ex consejero madrileño permanece en prisión, es decir, 32 meses encarcelado.

El magistrado toma esta decisión mientras “está en el aire” su continuidad en el Juzgado de Instrucción nº 6. Velasco se habría postulado para ocupar una de las plazas de la futura Sala de Apelación de la Audiencia Nacional que quedará constituida en las próximas semanas. La ‘Operación Lezo’ y el cierre de la Púnica podrían ser las últimas muescas en el revólver de Velasco antes de abandonar el juzgado.

https://okdiario.com/investigacion/2017/05/05/velasco-levanta-secreto-sumario-punica-financiacion-ilegal-del-pp-madrid-967569

EL HOMBRE FUERTE DE AGUIRRE METIÓ EN EL “CÁNTARO” 600.000 EUROS

El PP usó a la firma Sintra para pagar a proveedores de campaña y ocultarlo al Tribunal de Cuentas.

“No puedes estar sediento con lo que ha llovido”. Con esta frase, quien fuera gerente del Partido Popular madrileño y hombre fuerte de Esperanza Aguirre, Beltrán Gutiérrez, pedía un poco de tiempo a Óscar Sánchez Moyano para pagarle lo que le debía. Este empresario ofrecía -según la tesis de la Audiencia Nacional- sus empresas para pagar a los proveedores reales del PP de sus campañas políticas. Una de sus sociedades, Sintra, cobró 600.000 euros directamente del Partido Popular. Los investigadores consideran que el dinero sirvió para sufragar ilegalmente la campaña del partido durante las elecciones regionales de 2007.

En la documentación obrante en la pieza separada del caso Púnica sobre la financiación ilegal del PP madrileño, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, aparece cómo el PP de Madrid pagó a Sintra esa cantidad a través de dos cheques y una transferencia. Ese dinero, que no salió de la cuenta oficial para la campaña de 2007, sirvió para que desde la sociedad de Sánchez Moyano se pagara a los proveedores del PP sin que constara así oficialmente en el Tribunal de Cuenta.
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En la operativa gestionada por Beltrán Gutiérrez, investigado en la causa, el PP contrató por 517.168 euros a Sintra (599.915 con IVA) por trabajos ajenos a la campaña. Después, ese dinero era pagado por Sintra a las empresas que realmente hacían los trabajos para la campaña, o incluso todavía se utilizaba otra sociedad interpuesta antes de llegar al trabajador real.

La Guardia Civil llega a esta conclusión después de analizar una serie de documentos intervenidos en el registro de Gutiérrez hace un año ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Este contrato se compara con otro documento con el encabezamiento “Campaña PP” -presuntamente elaborado 'por el propio Gutiérrez- y en el que se puede ver como el PP hace tres pagos por la suma exactamente igual que el contrato anterior con Sintra, 517.168 euros. Esto demuestra, para la Guardia Civil, que “el PP de Madrid habría sufragado gastos electorales desde la cuenta corriente de funcionamiento del partido al margen de la cuenta corriente de la campaña electoral con el objeto de sustraerlos del control de la Cámara de Cuentas”.

La normativa que regula los comicios electorales establece que debe crearse 'ad hoc' para cada uno de ellos una cuenta corriente en la que se centralicen tanto los ingresos como los gastos concernientes a la campaña, distinguiendo este tipo de gastos de los de funcionamiento ordinario. Estos documentos demostrarían que esta normativa fue incumplida en diversas campañas electorales.

Pagos del gerente al intermediario

Estos documentos son relativos a la campaña de 2007 pero los mensajes de texto entre Beltrán Gutiérrez y Óscar Sánchez Moyano, revelados por EL ESPAÑOL, en los que hablan de pagos del gerente al empresario, con jerga como “¿tiene agua el cántaro?”, del año 2010 para la campaña electoral para las elecciones autonómicas de 2011.

En el segundo documento con el encabezamiento “Campaña PP” se identifica como cliente al partido, el cual debería de abonar en tres pagos una cantidad exactamente coincidente con la que aparece reflejada en el borrador del contrato con Sintra, ajeno a la campaña. En el mismo papel aparece otra tabla de “proveedores”, en la que se identifican conceptos, empresa e importes. Muchos de los cuales “coinciden exactamente en cuanto a importes y proveedores con el modelo 347 de la Agencia Tributaria (declaración de proveedores e ingresos recibidos de más de 3.000 euros de una empresa) de Sintra Consultores S.L., referido a las compras efectuadas en el año 2007.

El PP utilizó sociedades interpuestas

Todo esto demostraría, para los investigadores, que el PP ha utilizado a Sintra como una sociedad interpuesta para la facturación de actos de campaña electoral.

Un tercer documento avalaría la tesis de la Guardia Civil:

El 0,6 al lado de Sintra, coincidiría, según los investigadores, con los 600.000 euros pagados por el PP a esta sociedad para ocultar sus gastos de campaña. El 0,2 Over y 0,2 + 0,2 Carat “podría corresponderse al origen de esos fondos”, es decir los financiadores reales del PP, que sería Over Marketing y Carat España.

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170509/214728531_0.html

LOS SMS EN CLAVE DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP: “¿TIENE AGUA EL CÁNTARO?" "YA SE ESCUCHA EL RUMOR DEL AGUA”

El gerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez, y el conseguidor hablaban como “organizaciones criminales”, según la UCO.

“Querido mío, ¿tiene agua el cántaro? Mis obligaciones me aprietan”. Con este mensaje, uno de los hombres utilizados por el Partido Popular para vehicular los pagos de las campañas del PP de manera irregular, y ajenos al Tribunal de Cuentas, pedía dinero al gerente del partido madrileño, Beltrán Gutiérrez, uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre cuando presidía la Comunidad de Madrid.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a una conversación que consta en la pieza sobre la financiación ilegal del PP en el sumario del caso Púnica y que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco levantó el secreto de sumario este pasado viernes. La primera pregunta la hace, vía mensaje, Óscar Sánchez Moyano, propietario de un conjunto de empresas a través de la cual se habrían pagado gastos de campaña.

“Ya se puede escuchar el rumor del agua. Espero que en esta semanilla”, le contesta Gutiérrez. Estos mensajes están fechados el 30 de noviembre de 2010, fechas en las que ya se estaba preparando la campaña electoral de 2011 para las elecciones municipales y autonómicas de Madrid, y en las que Esperanza Aguirre fue reelegida presidenta madrileña. Para la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en esos mensajes se estaría hablando de entregas de dinero por Beltrán Gutiérrez al empresario.

SOCIEDADES INTERPUESTAS PARA PAGOS AL PP

El modus operandi entre Sánchez Moyano y el PP era el siguiente. Este empresario disponía de una serie de empresas que recibía a través de trabajos ficticios dinero de los pagadores reales del PP, como es por ejemplo el caso de Indra, adjudicatoria de contratos públicos por la Comunidad de Madrid. Indra hace una serie de pagos a empresas de Moyano, éste a su vez hace pagos por el mismo importe a otras sociedades, y estas últimas son las que pagan los trabajos reales realizados para la campaña del PP madrileño.

De esta manera, en esos pagos, el PP queda ajeno a cualquier pago de esos trabajos, y por tanto no los tiene que justificar ante el Tribunal de Cuentas. Para el pago de proveedores en campaña, cada partido tiene que abrir una cuenta específica de campaña para que puedan ser controlados los pagos y que no superen el límite legal establecido. Así que por un lado el PP hacía los pagos oficiales y por otro lado, utilizaría el anterior modus operandi para articular los pagos ajenos a esa contabilidad, y que demostraría la financiación ilegal del partido.

Durante el registro realizado por la UCO en el domicilio de Beltrán Gutiérrez hace un año, se le incautó documentación y un 'pendrive', tal y como adelantó este diario. Entre los papeles manuscritos, Gutiérrez dejó plasmado el pago con dinero b de parte de la campaña, y entre sus apuntes ya aparecían las empresas del empresario con quien se intercambió estos mensajes.

"LA SEQUÍA ES IMPORTANTE"

Según los investigadores encargados del caso, a cambio de hacer esta operativa, el PP pagaría por sus servicios a Sánchez Moyano. Dos días después de esa primera conversación, el empresario vuelve a contactar con Beltrán Gutiérrez -investigado en esta pieza- y le recuerda:

O.S.M: ¿Llueve? Porque la sequía es importante a día de hoy.

B.G: Ven a por el agua.

O.S.M: Voy!!!

B.G: Me puedes mandar a alguien.

O.S.M: Ya ha salido para allá jajajajajajaja

"NO PUEDES ESTAR SEDIENTO CON LO QUE HA LLOVIDO"

Esa conversación se produjo el 2 de noviembre de aquel año. Tan sólo 11 días después volvían a sacar el asunto:

O.S.M: Querido mañana podemos vernos en el Universal? Ya sabes que además de nuestras cosas, tenemos que hablar de aguas minerales.

B.G: No puedes estar sediento. Con lo que ha llovido. Mañana imposible, pasado.

O.S.M: Leído ottia!! Lo mismo me decía mi yaya cuando me daba la paga y me lo gastaba! Se pensaba que los cromos valían a real!!! Ok, desayuno el miércoles. Ab!!

B.G: Tanto cromo te ha perdido. Hasta el miércoles.

"HABLO CON BORJA Y PACO"

El mismo miércoles 15 de diciembre por la tarde, después de la cita que habían pactado, Sánchez Moyano vuelve a escribir al entonces gerente del PP de Madrid:

O.S.M: No te olvides de mi pls (please -en inglés; por favor-)

B.G: Te tengo muy presente. He hablado de ello con Borja y me falta con Paco. Mañana.

El análisis de la Guardia Civil es que en esa conversación se estaba hablando de dinero. Y es más, con la expresión “no puedes estar sediento con lo que ha llovido”, hace indicar que además significa que la cantidad monetaria es importante. Para los investigadores, el uso de este lenguaje es propio de “organizaciones criminales” como medidas de seguridad para evitar para, en caso de tener el teléfono intervenido, no se pueda sabe de qué hablan.

En el último mensaje, después de que el empresario parece le esté volviendo a pedir dinero, el gerente del PP en aquel entonces le contesta que ha hablado con Borja y que tiene que hablar con Paco, dando a entender, para los investigadores, que estas personas deberían dar su visto bueno a la operación solicitada.

Para la UCO, las personas de Borja y Paco “podrían corresponderse” con Borja Sarasola yPaco Granados, respectivamente. La actividad de gerente del partido, según los propios estatutos de la formación, está controlada por el secretario general, que en aquel entonces era Francisco Granados, en prisión por el caso Púnica desde octubre de 2014. Resulta que después ese puesto pasó a ocuparlo Ignacio González, que se encuentra en prisión desde el pasado 20 de abril, en el marco de la Operación Lezo y en el que también se investiga, entre otras cosas, la financiación ilegal del partido regional.

Por su parte, Sarasola fue diputado de la Asamblea de Madrid desde 2003 a 2015, cuando dejó la carrera política para irse a un despacho de abogados. Previamente, fue consejero de Medio Ambiente en la época de Ignacio González.

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170507/214228756_0.html

EL PP DE MADRID USÓ EN LA CAMPAÑA DE 2011 EMPRESAS PANTALLA QUE YA FIGURAN EN LOS PAPELES DE 2007 INCAUTADOS A SU EXGERENTE

Dos sociedades de los manuscritos de Beltrán Gutiérrez aparecen en la lista de mercantiles a las que Indra pagó 700.000 euros en 2011 por facturas que, según el juez Velasco, escondían trabajos para el partido

Swat, que en 2006 recibió de la Comunidad de Madrid 1,3 millones para “evaluar” la estrategia de comunicación de un organismo público, y Sintra Consultores se repiten en 2007 y 2011

Los avances en la Operación Lezo han destapado que, para obtener financiación opaca, el PP de Madrid utilizó presuntamente en las elecciones de 2011 empresas de las que ya se había valido en 2007.

Desde el estallido del caso Gürtel en febrero de 2009, estuvo sobre la mesa la supuesta financiación ilegal del PP a través de varias vías: donaciones a la fundación Fundescam; gastos partidarios abonados a las empresas de la trama con fondos de distintas administraciones; y facturas electorales asumidas, también en 2007 y 2008, por adjudicatarias de contratos públicos, una operativa que han terminado confesando nueve empresarios valencianos.

Pero nada de eso, ni el terremoto provocado por los arrestos y las tempranas imputaciones de cargos públicos en el caso Gürtel ni la posterior constatación de que distintos empresarios habían sufragado gastos del partido mediante facturas falsas, torció las rutinas del PP de Madrid. Un ejemplo: el nombre de las empresas Sintra y Swat ya salió a la luz hace un mes a través de los papeles incautados a quien en 2007 era gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez. Ahora, ambas aparecen de nuevo en el auto donde el juez Eloy Velasco señala a nueve mercantiles –"entramados de empresas pantalla", dice la resolución– como receptoras de casi 700.000 euros pagados por Indra en 2011 para sufragar gastos camuflados del PP.

Dos vías de financiación ilegal

Las indagaciones sobre la –presunta– financiación ilegal del PP madrileño certifican la utilización de distintas vías. En lo que concierne a estas empresas, la formación conservadora habría utilizado dos. La primera, esta: adjudicatarios públicos –en este caso, Indra, una firma habitual en los contratos de la Agencia de Informática, ICM- asumían gastos electorales del partido aceptando facturas falsas como si estas se correspondieran con trabajos de publicidad o similar efectuados para la compañía pagadora. La segunda habría consistido en satisfacer parte del coste de las campañas electorales otorgando contratos públicos a las firmas que habían realizado las campañas: así lo admitió el propietario de Over Marketing, una de las firmas investigadas en la pieza sobre financiación del PP que Velasco instruye en el marco de la Operación Púnica.

Cinco de las nueve compañías están vinculadas al mismo empresario que capitanea Sintra Consultores SL. Otras tres, al que dirige Swat. La última es Strat Map. Los tres empresarios figuran entre las 58 personas cuyas propiedades ha ordenado averiguar el juez Velasco en previsión de eventuales embargos preventivos. Tanto el máximo responsable de Sintra Consultores, Óscar Sánchez, como el de Swat, Juan Miguel Madoz, rehúsan ofrecer su versión sobre lo sucedido bajo el argumento de que el juez les ha prohibido hablar de aquello que está bajo investigación. El tercer empresario, José Miguel Alonso, que también estuvo vinculado a Swat, no pudo ser localizado.

De las nueve sociedades que Velasco incluye en su resolución judicial como destinatarias de los pagos de Indra bajo sospecha, cuatro facturaron al partido entre 2007 y 2011, según la contabilidad oficial del PP. Sintra Consultores SL declaró trabajos para la formación conservadora en 2007, año de elecciones autonómicas y municipales, por 599.915 euros. Otra de las sociedades del mismo grupo, Troyano Marketing y Diseño SL, contabilizó 200.069 euros en 2011 por sus servicios al PP. Y una tercera pieza de la misma constelación societaria, Braveheart Management SL, facturó a la formación conservadora 81.200 euros en 2008.

Una de las empresas de la lista ya suscitó las sospechas de la oposición un año antes de las elecciones de 2011: Swat SL, a la que el Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó un contrato de nada menos que 1,3 millones en 2006 para “evaluar” la estrategia de comunicación del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade). En 2009, y según los documentos incorporados por Hacienda al sumario Gürtel, Swat facturó 61.245 euros al PP. Y 21.240 al siguiente año.

Los manuscritos incautados por la Guardia Civil en el domicilio del exgerente del PP plasma lo que los investigadores consideran un reparto de los costes reales de las campañas de 2007, cuando se celebraron autonómicas y municipales.

Según esos manuscritos, Over Marketing habría recibido del PP 1,03 millones de euros, Carat –durante años ligada al exportavoz del Gobierno de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, que en 2007 ya no dirigía la compañía- se hizo con 1,5 millones y Sintra con 600.000 euros.

¿Y dónde aparece Swat? Su nombre no se menciona en los papeles de Beltrán Gutiérrez pero fue a su fax a donde se enviaron desde la sede del PP dos hojas mecanografiadas que detallan gastos electorales por 441.425,45 euros.

El sumario de la Operación Púnica muestra cómo un empresario declaró en 2015 ante el juez Velasco que su compañía, dedicada a la investigación demoscópica, Demométrica, había hecho en 2008 y 2009 un sondeo en cuatro oleadas sobre la valoración de los distintos líderes políticos de la Comunidad de Madrid y por el que Swat le pagó 36.598 euros. Braveheart Management desembolsó otra cantidad idéntica. Uno de los directivos de Demométrica aseguró al aportar sendas facturas que le habían dicho que Braveheart “era una empresa del mismo grupo” que Swat.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/31/la_operacion_lezo_revela_que_madrid_uso_mismo_circuito_financiacion_2011_que_2007_64581_1012.html

EL JUEZ DE PÚNICA REVISA FACTURAS QUE SUMAN 16 MILLONES POR LA CAJA B DEL PP

La pieza secreta sobre la presunta financiación irregular del PP madrileño corresponde a la etapa de Francisco Granados como secretario regional

El juez Eloy Velasco, que investiga el caso Púnica, ha reclamado a la Comunidad de Madrid toda la documentación sobre los gastos de 16,5 millones de euros del plan de inversiones Prisma 2006-2007 para incorporarlos a la pieza secreta en la que investiga la presunta financiación irregular del PP madrileño en la etapa de Francisco Granados como secretario regional. La relación de gastos incluye desde la colocación de primeras piedras de obras al pago de consultorías.

La reciente Operación Lezo no ha impedido que el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Eloy Velasco, haya seguido trabajando en el otro gran sumario que acorrala al PP de Esperanza Aguirre por su presunta financiación irregular: el caso Púnica.La semana pasada, el magistrado ordenó a la Comunidad de Madrid que remitiera a la Audiencia Nacional toda la información que tuviera sobre los 16,5 millones de euros que se gastó el Ejecutivo regional para promocionar el Plan Regional de Inversiones de Madrid (conocido como Prisma) durante los años 2006 y 2007, etapa en la que el presunto cabecilla de la trama, Francisco Granados, controlaba como consejero de Presidencia la millonaria partida dedicado a dicho plan.

Velasco quiere conocer los expedientes de contratación, las memorias y los certificados de ejecución de los trabajos, según confirman a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación. Toda la documentación se ha incorporado a la única pieza del sumario que aún permanece bajo secreto, la referida a la supuesta caja b del partido, y en la que están imputados, entre otros, el que fuera gerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez, el exconsejero de Transportes José Ignacio Echeverría, y el empresario Javier López Madrid, también investigado en la Operación Lezo.

Gastos sin justificar

Los gastos ahora bajo sospecha en el caso Púnica fueron remitidos en 2010 por la empresa pública del suelo, Arpegio Áreas de Promoción Empresarial SA, ya investigada por otros gastos dentro del sumario, a la Comunidad de Madrid para que esta se hiciera cargo de la abultada partida. Sin embargo, la Intervención del Ejecutivo regional se negó en 2015, ya con Cristina Cifuentes en la presidencia, a validarla, al considerar que buena parte de los gastos que incluían no estaban convenientemente justificados.

La partida ha sido en los últimos meses objeto de debate en la Asamblea de Madrid por los conceptos e importe de gran parte de los trabajos reflejados en ella. Así, 5,9 de los 16,5 millones fueron destinados a “consultorías y asistencias para la tramitación de licitaciones”, y ahí se incluyeron los sueldos de una veintena de trabajadores contratados para llevar a cabo el plan de inversiones.

La siguiente gran partida es la destinada a actos de propaganda de las obras. Las facturas que el juez Velasco quiere investigar suman 3,3 millones en este concepto, que incluye los actos de colocación de primeras piedras. Hay, por ejemplo, una factura de 28.232 euros para la primera piedra de la comisaría de policía de Alcalá de Henares con la presencia de Esperanza Aguirre; otra por 29.000 euros para un acto similar con la residencia de mayores de Navas del Rey; y 35.000 euros más para dar publicidad a una obra del Plan Prisma en Serranillos del Valle. En total, solo en este tipo de celebraciones la Comunidad gastó 782.000 euros.

Más elevada es la partida dedicada a dar a conocer las obras: 2,5 millones en “campaña publicitaria instituciones”. En ella se incluyen 852.000 euros por la realización de un “vídeo estereoscópico en tres dimensiones” y los 500.000 euros gastados en la creación y mantenimiento de una web. También 28.072 euros invertidos en traer urgentemente desde China en avión 10.000 paraguas y bolígrafos de propaganda.

Junto a todo ello, otros gastos como 65.000 euros en teléfono, otros 78.000 en “útiles y herramientas de escritorio”, 96.027 en “supermercados, suministros higiénicos, farmacia, consumibles informáticos y bebidas (agua y café)” y 289.000 en el alquiler de plazas de garaje para empleados y el arrendamiento de oficinas.

No es la primera vez que Arpegio y algunas de estas partidas aparecen en el sumario de Púnica. En julio de 2016, Velasco ya reclamó a la Comunidad de Madrid que le entregase de manera “urgente e inmediata” toda la información del periodo 2006-2011 referido a 22 consorcios urbanísticos y un sinfín de contratos de obras públicas del Plan Prisma. Entre ellos, los adjudicados por 9,8 millones a la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos SA (Dusa).

Entonces el magistrado ya apuntaba la sospecha de que todos estos contratos se licitaron de manera supuestamente irregular “bajo la esfera de dominio de Francisco Granados”, unas veces “en persona” y otras “por delegación”. El empresario David Marjaliza señaló en su confesión a Jaime González Taboada, entonces vinculado a Arpegio y hoy consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cristina Cifuentes, de cobrar comisiones por estas obras. Taboada siempre lo ha negado.

En el sumario también se investiga a la Fundación de la empresa pública por la financiación con más de 300.000 euros de un concierto organizado por Waiter Music, una empresa de la trama.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/23/actualidad/1492968594_789226.html

LOS ÚLTIMOS INFORMES DEL ‘CASO PÚNICA’ AMENAZAN A SEIS CARGOS PÚBLICOS DEL PP

Tras actuar contra Pedro Antonio Sánchez, el juez Velasco debe decidir sobre varias imputaciones

Pedro Antonio Sánchez no ha sido el primer cargo público salpicado por el 'caso Púnica' ni será el último. Antes que él ya tuvieron que dejar su puesto concejales, alcaldes, parlamentarios regionales y consejeros de gobiernos autónomos. Los últimos informes de la Guardia Civil sobre las supuestas irregularidades apuntan a que la lista seguirá creciendo. Varios documentos policiales incorporados en los últimos meses al sumario señalan como presuntos autores de delitos a una senadora, a un diputado autonómico valenciano, a otro de la Asamblea de Madrid, a un alcalde de esta última comunidad y a dos concejales.

Una de ellas es la senadora Pilar Barreiro, cuya condición de aforada obligará al magistrado de la Audiencia Nacional a seguir el trámite judicial que acaba de realizar para el ya expresidente de Murcia: elaborar una exposición razonada para que, en este caso, sea el Tribunal Supremo quien la investigue. Incluida en la misma pieza separada del sumario que ha puesto contra las cuerdas a Pedro Antonio Sánchez, fuentes jurídicas apuntan a que este hecho se producirá “en breve”. En uno de sus últimos autos, el juez Velasco la considera autora de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por el supuesto desvío de fondos públicos cuando era alcaldesa de Cartagena para pagar a la trama una campaña personal de reputación ‘online’. La Fiscalía Anticorrupción detallaba en un reciente informe decenas de “sólidos indicios” contra ella, entre ellos cuatro facturas supuestamente manipuladas para justificar el pago de 4.840 euros.

También los trabajos para limpiar la imagen en Internet de un político son lo que acorrala a Víctor Soler, parlamentario del PP en las Corts valencianas. En su caso, el beneficiado era el entonces alcalde de Gandía, el popular Arturo Torró, quien dimitió tras saltar a la luz su presunta relación con la red de corrupción. Soler, sin embargo, conserva su cargo de concejal en esta localidad valenciana y su escaño en la cámara regional pese a que un informe de la Guardia Civil del pasado 17 de noviembre le señala como presunto autor de fraude, cohecho y malversación de caudales públicos. Los investigadores le consideran "el interlocutor directo” con el experto informático Alejandro de Pedro “en la determinación de los trabajos reputaciones a realizar [para Torró] y la manera de sufragarlos".

El informe policial destaca que estos servicios fueron facturados con cargo a las arcas municipales "como presuntos trabajos de posicionamiento 'online' del Ayuntamiento de manera continuada durante 15 meses", pero que en 2013 surgió "una discrepancia" con De Pedro que hizo que este dejara de recibir dinero y, en consecuencia, decidiera dejar de trabajar para el regidor. Soler fue quien buscó "una fórmula de pago" que supuestamente incluyó que un constructor se hiciera cargo de la deuda por "los trabajos pasados y futuros" del entonces alcalde de Gandía.

También parlamentario regional, aunque en la Asamblea de Madrid, es Bartolomé González, exalcalde de Alcalá de Henares. Es precisamente por su gestión al frente de este consistorio por lo que este político, considerado muy cercano a Esperanza Aguirre, figura citado en un informe de la UCO incorporado al sumario del caso Púnica en septiembre. En concreto, por su presunta participación en el supuesto amaño para adjudicar un contrato millonario de eficiencia energética a la empresa Cofely. El documento policial destaca que el constructor David Marjaliza aseguró en su confesión ante el juez Velasco que se había acordado el pago de 60.000 euros a Bartolomé González, aunque no recordaba si se le llegó a pagar. Los agentes han localizado una factura falsa por esta cantidad supuestamente destinada a generar dinero negro con el que abonar la mordida, además de un correo electrónico enviado por uno de los implicados de la trama en el que se cita al “alcalde Bartolomé”. Este contrato también afecta a un concejal del PP en este Ayuntamiento, Marcelo Isoldi, al que la Guardia Civil relaciona con la misma adjudicación a dedo.

Los dos últimos cargos públicos señalados por informes de la UCO pertenecen al actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Brunete (Madrid). Se trata del alcalde, Borja Gutiérrez, y de la concejal Ana Cristina Gil. Ambos ya han declarado ante la Guardia Civil. El primero, como presunto autor de los delitos de fraude y cohecho. Su compañera, por fraude. Los investigadores les relacionan con el supuesto amaño frustrado de un contrato de eficiencia energética de 8,9 millones de euros en este municipio de 10.000 habitantes. En su confesión, Marjaliza aseguró que la trama iba a pagar a cambio una encuesta electoral valorada en 8.000 euros más IVA que se pensaba camuflar como un estudio de gestión energética. Las pesquisas posteriores revelaron que la Púnica también iba a correr con el coste de unos conciertos de las fiestas patronales. El informe policial, fechado el 14 de diciembre, implica en estos hechos a otras nueve personas, la mayoría directivos de Cofely.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/07/actualidad/1491592059_605089.html

LA AGENDA DE GRANADOS PRUEBA QUE EN 2010 HIZO SEGUIMIENTO DIRECTO DE UN CONTRATO AMAÑADO PARA UNA EMPRESA DONANTE DEL PP

El ex secretario general del PP madrileño trazó un relato exhaustivo de las peticiones de Hispánica para prorrogar sin penalizaciones el plazo de construcción de la Ciudad del Deporte en Boadilla

La obra figura entre las que sustentan la acusación en esa pieza separada del 'caso Gürtel', pendiente de juicio y donde el PP figura como presunto beneficiario económico de los manejos de la trama y sus cómplices

Las anotaciones manuscritas de la agenda secreta de Francisco Granados, incautada en su domicilio durante los registros de la Operación Púnica y a la que infoLibre ha tenido acceso, confirman que el antiguo número dos del PP madrileño hizo en el otoño de 2010 un seguimiento personal y directo de las vicisitudes del proceso de construcción de la llamada Ciudad del Deporte en el municipio de Boadilla. La obra había sido adjudicada en diciembre de 2007 a Constructora Hispánica, una de las empresas cuyas -presuntas- donaciones al PP quedaron reflejadas en los papeles de Bárcenas y cuyo antiguo propietario, Alfonso García Pozuelo, confesó en octubre haber entregado dinero a Francisco Correa "para organismos centrales". Aquel macroproyecto -se otorgó por 29,6 millones- constituye hoy uno de los ejes centrales de la acusación en una de las piezas separadas del caso Gürtel pendientes de juicio: la de Boadilla, donde el PP se arriesga a ser declarado beneficiario económico -partícipe a título lucrativo- de los manejos de la trama. Pese a su confesión en el primer juicio del caso que celebra la Audiencia Nacional, el de la llamada Época I, hace dos semanas García Pozuelo se ha negado a prestar declaración en la reabierta instrucción sobre la supuesta caja B del PP y los papeles de su extesorero.

Es una incógnita por qué Granados se tomó interés en los problemas de Hispánica y dedicó dos páginas de su agenda a narrar lo sucedido y consignar en estilo aprobatorio los argumentos de la empresa para obtener una prórroga de 13 meses en el plazo de ejecución de la Ciudad del Deporte sin que ello le costara el pago de penalizaciones. Pero las dos páginas que dedica al asunto crean de nuevo una zona de confluencia entre dos casos oficialmente ajenos el uno al otro: Púnica y Gürtel. La existencia de un área de intersección que conecta conjuntos en teoría diferentes ya afloró con los papeles intervenidos al exgerente del PP madrileño en los registros de Púnica: son esos papeles los que devuelven al primer plano la fundación Fundescam, cuyo papel en la financiación de las campañas de Esperanza Aguirre de 2003 fue investigado en Gürtel y finalmente relegado por prescripción. La decisión del juez instructor de Púnica, Eloy Velasco, de reclamar a la Comunidad de Madrid los contratos adjudicados al grupo de publicidad Over Marketing y sus empresas satélite establece a su vez un nexo con una de las piezas del caso Palma Arena, aquella donde el propietario de Over ya declaró en 2012 haber recibido contratos amañados también en la Comunidad de Madrid. El empresario admitió que había realizado actos gratis para el PP.

"Motivos ajenos al contratista"

A la prórroga sin contrapartidas para Constructora Hispánica, aprobada en noviembre de 2009 y "que acaba en dic. de este año" –escribió Granados en referencia a aquel 2010 que enfilaba ya su fin– se habían opuesto los altos funcionarios de Boadilla.

Y también de ese extremo dejó constancia el político, encarcelado desde octubre de 2014 por su -supuesto- liderazgo en la trama corrupta conocida como Púnica: "El secretario se niega a la prórroga", anotó el antiguo consejero del Gobierno madrileño para, a renglón seguido, hacer un apunte en sentido contrario: "Los técnicos de obras han informado a favor de la prórroga x motivos ajenos al contratista".

La narración de Granados coincide casi al milímetro, y salvo algún error como el del precio de adjudicación –la cifró en 26 millones en lugar de en 29,6–, con lo que realmente ocurrió: una técnica de Administración General había emitido un informe jurídico que refutaba los argumentos de Hispánica para ganar 13 meses de tiempo gratis. En el polo opuesto, la empresa de García Pozuelo había esgrimido un argumento que Granados, a quien aquella obra no concernía en absoluto desde el punto de vista institucional, recogió luego con fidelidad en su agenda: "Los desvíos de servicios se han retrasado x Iberdrola y Canal de Isabel II".

Reproducido por la Intervención General del Estado (IGAE) en su extenso dictamen sobre los desmanes del Ayuntamiento de Boadilla en materia de contratación, el informe jurídico de la técnica de Administración General del Estado recibió la conformidad de la vicesecretaria general del consistorio de Boadilla. Pero, capitaneado por Arturo González Panero, El Albondiguilla, el equipo local de gobierno del PP atendió la solicitud de Hispánica.

Lo cierto es que quien en 2010 se sentaba a la derecha de Esperanza Aguirre en el panel de mando del PP madrileño trazó un detalladísimo relato del asunto. Mencionó, incluso, la vertiente judicial de la Ciudad del Deporte: "El tema de esta adjudicación está en Gürtel (por comisión de 750' € a Tomás Martín Morales)", se lee en la página 12 de la agenda. "La informó un técnico eventual. Se llevó el expediente la policía", apostilló el dueño del cuaderno.

Fechado el 29 de junio de 2016, el auto de apertura de juicio de la pieza de Boadilla atribuye a Martín Morales, que había sido director general de Gestión Urbanística de la localidad, el cobro de 150.000 euros de comisiones por las obras adjudicadas a Hispánica en 2007. ¿Se equivocó Granados? No se sabe. De aquella remesa de comisiones atribuidas a Hispánica por las obras de 2007, sostiene la resolución judicial, el PP no recibió nada.

Por las obras encargadas a la constructora de Alfonso García Pozuelo en 2003, el PP había obtenido 30.050 euros, sostiene el auto del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. El auto incluye un apartado titulado así: "Los beneficios del Partido Popular". El texto arranca del siguiente modo: "El PP se benefició de algunas de estas operaciones consiguiendo que las empresas de la organización abonaran los costes de distintos actos políticos organizados por y para el Partido". En total, y siempre según el auto de apertura de juicio, 175.000 euros de origen ilegal se utilizaron en beneficio del PP, al que la resolución judicial no atribuye ningún delito. La reforma del Código Penal que incorporó el delito de financiación ilegal no entró en vigor hasta 2015, en la recta final del primer Gobierno de Mariano Rajoy.

Otro auto judicial, este dictado en marzo de 2015 por el juez Pablo Ruz en la pieza de los papeles de Bárcenas antes de traspasar el caso a De la Mata como su sucesor en el Juzgado Central 5, cuantificó en 258.161 euros lo que Alfonso García Pozuelo habría donado al PP entre 1998 y 2006. Como los otros empresarios que según Bárcenas aportaron fondos al PP, el que era dueño de Hispánica -finalmente vendió la compañía- se libró de aparecer en la lista de procesados de los papeles porque tanto Anticorrupción como el juez sostuvieron que en ningún caso era posible vincular las hipotéticas donaciones con la adjudicación de contratos públicos.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/05/la_agenda_granados_prueba_que_2010_hizo_seguimiento_directo_contrato_amanado_para_una_empresa_donante_del_pp_63422_1012.html

LA AUDIENCIA NACIONAL ENVÍA A MURCIA 41 INDICIOS DE DELITO CONTRA EL PRESIDENTE AUTONÓMICO

Conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil, SMS, documentos incautados a la trama e incluso datos de localización telefónica acorralan a Pedro Antonio Sánchez

El juez Eloy Velasco detalla las evidencias una a una en el escrito donde pide al TSJ murciano que investigue al político por cohecho, fraude y revelación de información reservada

Conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil, SMS, correos electrónicos, documentos incautados a la trama e incluso datos de localización telefónica. Numerados, fechados y desmenuzados en 41 puntos, los indicios fácticos de delito reunidos por el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, amenazan desde este lunes al presidente de Murcia con una segunda imputación, adicional a la que ya pesa sobre él por el llamado caso Auditorio. En la resolución, que coloca a Sánchez en el disparadero en vísperas de la moción de censura anunciada por los socialistas, el juez de la Audiencia Nacional pide al Tribunal Superior de Murcia (TSJM) que investigue al político por los presuntos delitos de cohecho (soborno), fraude a la Administración y revelación de información reservada.

Apoyándose en los hechos plasmados en esos 41 indicios, Velasco concluye que el presidente murciano no solo se concertó (fraude a la Administración) con la trama para adjudicarle un contrato público destinado a la realización de trabajos reputacionales "de carácter privado" (cohecho) sino que le facilitó información de la Consejería a cuyo frente estaba, la de Educación, "que no podía ser conocida" por sus destinatarios (revelación de información reservada). Según él juez, Sánchez sabía que aquello quedaba extramuros de la labor institucional e implicaba pagar con fondos públicos un trabajo de limpieza de imagen personal. "Él era consciente", escribe el magistrado.

El juez esgrime los 41 indicios mencionados así como la declaración de dos investigados en la causa como constatación de que solo el estallido de la Operación Púnica, el 27 de octubre de 2014, impidió que la Administración autonómica pagase "3.000 pavos" mensuales a la trama por "mejorar y limpiar" la "estima particular" del hoy presidente y entonces consejero de Educación de Murcia antes de las elecciones autonómicas de 2015.

Sánchez, sostiene Velasco, buscaba "conjurar" así el riesgo que las noticias "vinculadas a aspectos de corrupción urbanística" ya representaban entonces para su ascenso político. El magistrado remarca cómo "prueba del concierto de voluntades fueron las al menos cuatro reuniones presenciales" a las que asistió Pedro Antonio Sánchez, en algunos casos de forma "cuasi clandestina" y fuera de las instalaciones oficiales de la Consejería de Educación. La secuencia de indicios aportados por el juez al TSJM se abre precisamente con la referencia a un correo electrónico incautado en el domicilio de Alejandro de Pedro y que constituye un "recordatorio" de la reunión que mantuvo el 11 de junio de 2014 "entre las 16.30 y las 17.30" con Pedro Antonio Sánchez.

Bajo el argumento de que ni se produjo daño para las arcas públicas ni "puede establecerse" que el hoy presidente murciano llegara a concertarse con la trama -lo que constituiría el delito de fraude a la Administración- para que lavase su imagen privada a cambio de fondos públicos, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenó en febrero a Anticorrupción oponerse a la imputación de Pedro Antonio Sánchez. Pero Velasco no solo ha decidido seguir adelante sino que la exposición razonada que dirige al TSJM invoca en apoyo de sus tesis una sentencia de la que fue ponente el mismo José Manuel Maza cuando ocupaba una plaza de magistrado en el Tribunal Supremo.

Datada en 2014, esa es la sentencia del llamado caso Can Domenge [pincha aquí para leerla], que condenó en firme a la expresidenta del Parlamento balear, Maria Antonia Munar y a otros cuatro acusados. En esa resolución, Maza adujo que el delito de revelación de información reservada, presente en aquella causa al igual que el de fraude a la Administración, quedaba fuera de toda duda. ¿Por qué? Porque los beneficiados por la venta a bajo precio de un suelo público habían tenido acceso, para empezar, a "la ya inicial comunicación de que se pretendía enajenar la finca". Y, para continuar, se le fueron trasladando "informaciones concernientes a las iniciativas, criterios, presupuestos y orientaciones que se estaba dispuesto a admitir, introducir, aportar, rechazar o rectificar".

La analogía entre las peripecias de Munar y sus cómplices con lo sucedido en Murcia queda reflejada en parte de los 41 indicios que recoge Velasco, quien subraya que el delito de fraude "se consuma con el mero acuerdo o concertación con un interesado en algún contrato público" incluso si dicho contrato no llega materializarse.

El relato que traza el juez para documentar los indicios de delito incluye desde la transcripción de conversaciones cazadas por la Guardia Civil y que demuestran los avatares de la negociación con Pedro Antonio Sánchez y los suyos sobre el plan de limpieza de imagen hasta los datos de localización por repetidor del teléfono de Alejandro de Pedro, el gran experto de la trama Púnica en "reputación online", y que demuestran que el 24 de octubre de 2014 estaba donde le había dicho previamente a uno de sus empleados que iba a estar ese día: en la Consejería de Educación reunido con Pedro Antonio Sánchez.

"A este hay que limpiarle la reputación"

Frente al argumento exculpatorio utilizado por Anticorrupción y según el cual las investigaciones "entrañan dificultades de deslinde de la publicidad institucional de la reputacional", Velasco no alberga dudas: Sánchez, mantiene el juez, se concertó con Alejandro de Pedro y su equipo para le limpiaran su imagen "y así poder presentarse a aspirante a presidir el Gobierno autonómico, como finalmente consiguió". Pero nada de eso "lo sufragó con su dinero particular ni lo hizo personal al servicio de su cargo público de su gabinete de prensa, pues no está entre sus labores acondicionar la imagen privada de la persona". "Y él era consciente", apostilla aquí Velasco en alusión directa al presidente murciano.

El juez cita, uno a uno, el contenido de 13 correos electrónicos. Y transcribe la parte sustancial de los diálogos sostenidos por De Pedro y su socio, José Antonio Alonso, a lo largo de seis llamadas. En una de ellas, y en referencia a Pedro Antonio Sánchez, el socio de Alejandro de Pedro habla sin tapujos sobre el carácter personal y no institucional del trabajo que planean desarrollar: "A éste hay que limpiarle la reputación, este pura y dura reputación".

En la panoplia de indicios desplegada por Velasco ocupan una posición destacada y extensa los 11 imessage (una variante de los SMS) cruzados entre el 21 de septiembre de 2014 y el 23 de ese mismo mes por Pedro Antonio Sánchez y Alejandro de Pedro. De esos 11 mensajes, reproducidos de manera íntegra en la exposición razonada, "se desprende un interés del político por reunirse con Álex [Alejandro de Pedro], cosa que finalmente culminaron en un bar cercano al hotel donde se alojaba este en su visita a Madrid".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/04/la_audiencia_nacional_envia_murcia_indicios_delito_contra_presidente_autonomico_63365_1012.html

CUATRO FACTURAS FALSAS ACORRALAN A UNA SENADORA DEL PP EN EL ‘CASO PÚNICA’

La Fiscalía Anticorrupción incorpora al sumario nuevos informes contra Pilar Barreiro

"Datos objetivos", "sólidos indicios", "evidencias"… La Fiscalía Anticorrupción ha incorporado al sumario del caso Púnica dos anexos al informe con el que el pasado 13 de febrero pidió al juez Eloy Velasco que remitiese al Tribunal Supremo la causa contra Pilar Barreiro, senadora del PP, por el presunto desvío de fondos públicos para pagar a la trama trabajos de reputación online personales. Son 31 folios, desconocidos hasta ahora, en los que se enumeran los correos electrónicos, llamadas de teléfono, mensajes y documentos intervenidos a diferentes implicados y que sustentan la acusación contra la parlamentaria por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada.

Entre estas "evidencias" destacan cuatro facturas que Anticorrupción tilda de falsas y que supuestamente fueron manipuladas por la entonces alcaldesa de Cartagena (Murcia) y sus colaboradores para justificar la utilización de 4.840 euros de dinero de las arcas municipales para sufragar las actividades del experto informático de la red, Alejandro de Pedro, con la que pretendía lavar su imagen en Internet, afectada entonces por las noticias sobre el caso de corrupción Nova Cartago. Barreiro ha declinado a través del servicio de prensa del PP en el Senado dar a EL PAÍS su versión sobre dichas acusaciones.

El primer indicio sobre la supuesta "falsedad" de esos documentos mercantiles que recoge el documento de la Fiscalía es la conversación a través de mensajes de Whatsapp que mantuvieron el 27 de mayo de 2014 De Pedro, y un asesor de Pilar Barreiro en el consistorio, Francisco Ferreño. En ella, este recriminaba al primero que las empresas que realizaban los trabajos de reputación para la alcaldesa hubieran remitido las facturas con el concepto de "mantenimiento web". "Como sabes, quedamos en que nos facturabais por mes de publicidad".

Las pesquisas permitieron comprobar posteriormente que dichas facturas ya modificadas fueron remitidas a partir del mes siguiente desde un correo electrónico de las empresas del experto informático a la jefa de la secretaría particular de Pilar Barreiro en el Ayuntamiento, María del Mar Conesa, también imputada en el caso Púnica.

El anexo de Anticorrupción destaca que con estos datos se hizo un requerimiento judicial al Consistorio de Cartagena para que entregara toda la documentación del expediente con el que supuestamente se camufló el desvío de fondos como abonos por banners de publicidad en la red de periódicos digitales de Alejandro de Pedro para promocionar las "Fiestas de cartagineses y romanos" y la exposición sobre el "Tesoro de la Mercedes". La documentación que remitió el Ayuntamiento es calificada por la fiscalía en su escrito de "escueta" ya que se redujo a las cuatro facturas (tres de ellas de 968 euros y la última de 1.936 euros), distintos impresos de "propuestas de gastos", anotaciones contables electrónicas y capturas de pantalla de las inserciones publicitarias. No apareció ningún contrato.

En este punto, Fiscalía destaca las supuestas irregularidades detectadas precisamente en las facturas y, sobre todo, en la fecha que plasman los sellos de registro de entrada de dichos documentos en el Ayuntamiento. El primero es del 28 de octubre de 2014, solo un día después de que la Guardia Civil detuviera en la primera fase de la Operación Púnica a Alejandro de Pedro y a su socio, el exalcalde socialista José Antonio Alonso Conesa, estrechamente relacionado con la propia Pilar Barreiro. Los otros sellos son del 12 de diciembre de ese mismo año y del 27 de enero de 2015.

Para Anticorrupción, este detalle evidencia que fueron registradas en el Consistorio cuando este ya había efectuado el pago. Así, sobre la última factura, el documento de Fiscalía destaca que estaba fechada en junio de 2014, pero que no entró en el ayuntamiento hasta más de seis meses después, en enero de 2015. "Consta también en la misma factura otro sello de aprobación del gasto, de 30 de diciembre de 2014, que difícilmente pudo realizarse en dicha fecha, al ser la fecha anterior a la entrada en el Registro del Consistorio, lo que plantea serias dudas sobre la veracidad de las fechas o sobre el procedimiento de entrada y tramitación", recoge textualmente.

De todo ello, la Fiscalía hace responsable directa a la propia Pilar Barreiro, a la que considera máximo responsable de dar el visto bueno al pago. En este sentido, destaca que el Ayuntamiento de Cartagena remitió a la Audiencia Nacional la relación contable que acredita que fue la alcaldesa la que "autorizó" el abono de las facturas presentadas por las empresas de Alejandro de Pedro "consumando el desvío mensual de fondos públicos planificado". Como muestra de ello, reproduce el documento informático aportado por el propio consistorio que así lo acredita.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/02/actualidad/1491147244_793179.html

DOCUMENTOS MANUSCRITOS DEL GERENTE DE AGUIRRE CONTIENEN APUNTES DE LA PRESUNTA CAJA B DE LA CAMPAÑA DE 2007

Tres documentos manuscritos de Beltrán Gutiérrez, a los que ha tenido acceso infoLibre, indican que el partido destinó 1,5 millones a publicidad exterior y 1,03 millones a prensa y radio en las autonómicas de 2007

Sin embargo, el PP declaró a la Cámara de Cuentas que había destinado 265.002 euros al primer concepto y 550.000 al segundo. Es decir, 1,71 millones menos de lo presuntamente gastado

Un millón de euros lo habría aportado, según los papeles del gerente, la patronal madrileña CEIM

Tres documentos manuscritos del entonces gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, a los que ha tenido acceso infoLibre y que figuran en el sumario de la Púnica, indican que el partido destinó 1,5 millones de euros a publicidad exterior y 1,03 millones a prensa y radio en la campaña de las autonómicas de 2007. En total, 2,53 millones. Sin embargo, el PP declaró a la Cámara de Cuentas que había gastado 265.002 euros por el primer concepto y 550.000 por el segundo. Es decir, declaró 1,71 millones menos de lo presuntamente gastado.

En los papeles del gerente del PP que entonces presidía Esperanza Aguirre también se hace referencia a los supuestos financiadores de los gastos publicitarios. Así, los documentos manuscritos incluyen varias referencias a "Diego de León", lo que según los investigadores supone una alusión a la patronal madrileña CEIM, cuya sede está situada en la calle del mismo nombre. En el mismo documento aparece el apunte: "Jueves 10:00 CEIM", lo que parece ser una cita con la organización entonces encabezada por el empresario Arturo Fernández, que junto al propio Beltrán Gutiérrez está imputado en la Púnica por la financiación ilegal del PP madrileño.

En total, siempre según los documentos manuscritos, la patronal madrileña habría aportado un millón de euros para los gastos publicitarios de la campaña electoral de 2007.

El resto del dinero procedería de la "CAM", siglas con las que se conoce a la Comunidad Autonómica de Madrid y que también identificaban a la Caja de Ahorros de Madrid (ahora Bankia), origen de otro millón de euros. Mientras que el PP sólo habría puesto 400.000 euros. Hay otros 130.000 euros cuya procedencia no aparece identificada con claridad en los papeles del gerente de Aguirre.

Documento manuscrito 2: el origen del dinero. Documento manuscrito 2: el origen del dinero.

Registro de la vivienda

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que registraron el 11 de febrero de 2016 la vivienda del Beltrán Gutiérrez Moliner requisaron, entre otra abundante documentación, tres folios manuscritos que apuntan a que el PP madrileño superó con creces sus límites de gasto de la campaña electoral de 2007.

En concreto, uno de los papeles incluye los apuntes "Prensa y Radio: 0,9+ 0,13" y "Exterior 1,5", en una supuesta alusión a los gastos publicitarios en la campaña, en concreto a los asignados a los medios de comunicación y a la publicidad de calle, lo que supondría en total 2,53 millones de euros. Esta cifra es muy superior a los 265.002 euros en publicidad exterior y a los 550.000 euros que el PP justificó ante la Cámara de Cuentas, según el informe de fiscalización de este órgano.

En total, y de forma oficial, el PP especificó a la Cámara de Cuentas que en la campaña de 2007 hizo un gasto de 2.664.052 euros, siendo el límite fijado por ley de 2.763.764 euros. Sin embargo, los documentos interceptados por los agentes indican que solo en los conceptos de publicidad en medios de comunicación y en las calles la formación liderada por Aguirre se habría gastado los 2,53 millones que registró de forma manuscrita el entonces gerente Beltrán Gutiérrez.

Los gastos realizados por el PP al margen de la fiscalización de la Cámara de Cuentas madrileña se canalizaron a través de dos empresas adjudicatarias de contratos de la Comunidad de Madrid, entonces presidida por Esperanza Aguirre.

En concreto se trata de las compañías Carat España y Over Marketing, cuyos directivos más conocidos eran entonces el ex portavoz del Gobierno de José María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, y el ciudadano argentino Daniel Mercado, respectivamente.

En total, Over Marketing habría recibido del PP, siempre según los manuscritos, 1,03 millones de euros, mientras que Carat se hizo con 1,5 millones de euros, según consta en la documentación requisada.

La "CAM"

De acuerdo con los papeles, de los 1,5 millones de euros que se gestionaron a través de la agencia Carat, un millón procedía de la "CAM", siglas que podrían identificar a la Comunidad Autónoma de Madrid o a la Caja de Ahorros de Madrid (la entidad financiera en el origen de la actual Bankia).

En el sumario de la Púnica se investiga, entre otras cuestiones, si el Ejecutivo de Aguirre abonó dinero al informático Alejandro de Pedro a cargo de empresas concesionarias de la Comunidad de Madrid, como es el caso de la tecnológica Indra: "Esto se ha hecho toda la vida y nunca ha pasado nada", llegó a asegurar en este sentido el exconsejero Salvador Victoria, imputado en la trama.

Por su parte, Daniel Mercado, dueño de Over Marketing, ya ha colaborado con la justicia en piezas derivadas del caso Palma Arena. Mercado declaró en 2012 que, además del Govern balear, también el de Esperanza Aguirre le benefició con contratos amañados. El empresario puso sobre la mesa el nombre del exconsejero madrileño Alberto López Viejo, que desde octubre se sienta en el banquillo del proceso Gürtel y que, según el dueño de Over Marketing era quien igualmente manejaba los hilos de todos los contratos que recaían en sus empresas.

Las empresas del grupo Over Marketing recibieron 9,85 millones de euros en adjudicaciones públicas del Gobierno de Esperanza Aguirre entre 2004 y 2008, tal y como desveló infoLibre. Por su parte, la firma Carat España recibió sólo en 2006, un año antes de la cita electoral de 2007, un total de 42 millones de euros en contratos licitados por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre.

Acciona, Grupo Ortiz y Publibús

Además, entre los papeles requisados al gerente del PP madrileño, apareció otro documento que redunda en la posible financiación ilegal de la formación política presidida por Esperanza Aguirre. El folio especifica que un total de 860.135 euros de la campaña electoral de 2007 de la expresidenta madrileña habrían sido facturados a empresas.

En concreto, se habrían facturado a Acciona 300.000 euros; a Grupo Ortiz, 150.135 euros, y a Publibús, 300.000 euros. Siempre según este documento, quedarían pendientes de facturar otros 110.000 euros para llegar a una cantidad de 860.135 euros marcada como objetivo.

Agenda de Granados

Asimismo, en la página 119 de la agenda del exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados aparecen los supuestos pagos realizados por el empresario Javier López Madrid, el yerno de Miguel Ángel Villar Mir, dueño de OHL, de 1.460.000 euros a Beltrán Gutiérrez.

Los apuntes reflejan, en concreto, cuatro abonos de 400.000 euros, uno de 300.000, uno de 100.000 y otro de 60.000 presuntamente efectuados por el empresario Javier López Madrid con una regularidad casi mensual.

Las entregas de dinero del empresario quedan reflejadas en el cuaderno con las siglas JLM. Además, el instructor también ha centrado su atención en la financiación del PP madrileño mediante la Fundación para el Desarrollo Económico de la Comunidad de Madrid (Fundescam).

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/30/documentos_manuscritos_del_gerente_aguirre_apuntan_financiacion_del_traves_adjudicatarias_contratos_comunidad_63170_1012.html

ALEJANDRO DE PEDRO: EL LAZARILLO 2.0 QUE CAUTIVÓ AL PP, EL REAL MADRID Y GRANDES FIRMAS DEL IBEX

Imputado por siete delitos distintos, el conseguidor de la Púnica hizo sus primeros negocios de la mano del PP valenciano y de Francisco Granados

El supuesto experto en reputación on line tejió una red de contactos que le permitieron ganar como clientes a Telefónica, el Real Madrid o Mediaset

Quienes le trataron dudan de sus supuestas habilidades para el marketing en Internet y atribuyen su éxito a las amistades políticas y empresariales

"Me encanta la tecnología, Internet y las comunicaciones. Son mi hobby y mi trabajo. Pongo mi pasión y mis conocimientos al servicio de clientes particulares, empresas y administraciones". Así se se presenta Alejandro de Pedro Llorca en su página web, alejandrodepedro.es, en la que ha colgado dos certificados médicos para probar las secuelas psicológicas que le produjeron los 56 días que pasó en la prisión de Extremera y los meses posteriores de titulares que le señalan como conseguidor de la trama Púnica, una red corrupta que logró contratos por 250 millones de euros en distintas administraciones y que acumula más de medio centenar de imputados.

Quienes trataron a De Pedro lo retratan como un personaje clásico de la novela picaresca, ávido de contactos y con olfato para los negocios, más que como un peligroso delincuente, y niegan que tuviera capacidad para urdir una red mafiosa. Su habilidad para relacionarse le llevó a firmar contratos con Mediaset, el Real Madrid de Florentino Pérez, e importantes firmas del IBEX como Sacyr o Bankia. Incluso Telefónica, una de las principales compañías tecnológicas del país, llegó a recurrir a sus servicios de reputación en Internet. El PP en Madrid, Valencia y Murcia también confió en sus supuestos conocimientos.

El problema resultó que los trabajos de partido lo acabaron pagando administraciones públicas. Por eso está acusado de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsificación documental, utilización de información confidencial y fraude. Las conversaciones captadas por la Guardia Civil le han pillado falsificando concursos públicos con un instituto público del Gobierno murciano. Y fabricando noticias en un falso medio de comunicación al servicio de Florentino Pérez, que llegó a pagarle 300.000 euros por montar una web de noticias sobre el club. Al servicio de Esperanza Aguirre urdió campañas en Internet para desprestigiar a la Marea Verde de profesores que protestaba contra los recortes.

De Pedro llegó a tener en nómina a 26 trabajadores y facturaba a las administraciones públicas a través de dos sociedades, Madiva y Eico. Para su plantilla contrataba informáticos y recién licenciados en Periodismo, a los que pagaba unos 1.000 euros mensuales, para poner en marcha falsos diarios en Internet a disposición de sus clientes. A media docena de ayuntamientos de Madrid les facturó más de 15.000 euros por cabeza a cambio de unos manuales muy básicos para moverse en las redes sociales. El documento fue el mismo para todos, solo cambiaba la portada: nociones para principiantes en el uso de Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Flickr, Slideshare y para blogs en Internet.

Uno de esos alcaldes del PP recuerda cómo fue Francisco Granados, el exsecretario general del PP madrileño, el que lo introdujo en el partido poco antes de las elecciones de 2011. "Nos dijeron que nos iban a ayudar. Él fue montando pequeños diarios digitales en nuestros municipios y cuando llegó la campaña alguno ya tenía miles de lectores. Ahí se ofrecía a meter noticias que nos beneficiaban y también para perjudicar al resto de partidos".

Aunque De Pedro se presentase como un vanguardista empresario capaz de dar la vuelta a crisis de reputación en la Red y prácticamente de hacer magia en Internet, sus procedimientos eran bastante rudimentarios. Creaba noticias falsas en sus diarios digitales que luego trataba de amplificar con cuentas de miles de seguidores en las redes sociales. Llegó a manejar 45.000 usuarios en Twitter, según él, todos reales. Un empleado suyo asegura a eldiario.es que llegó a cobrar 6.000 euros a distintas administraciones por fabricar trending topics.

Los efectos que lograban sus campañas eran más bien discretos. Pese a las instrucciones que recibió de la Comunidad de Madrid para contrarrestar las informaciones sobre el ático de su expresidente Ignacio González o sobre el cheque guardería de Lucía Figar, la red de De Pedro apenas pudo hacer nada por contener el escándalo.

"Yo me reuní con él, tenía mucho interés en conocer su método. Pensaba que tenía un algoritmo para optimizar los posicionamientos en Internet y cuando me comentó lo que hacía, vi que era un chiringuito", cuenta un ingeniero en telecomunicaciones que se sentó varias veces a la mesa con él.

Porque el secreto de De Pedro no estaba tanto en sus conocimientos técnicos como en su habilidad para tejer contactos. Creó en la Comunidad Valenciana la web del todopoderoso Juan Cotino, con el que compartió paellas y actos variados, y a partir de ahí aprovechó para introducirse en la vida orgánica del PP. Por si acaso, también se asoció con un exalcalde socialista de Cartagena. Su listado de llamadas, incorporado al sumario, incluye conversaciones con Florentino Pérez, Isabel Gallego, la jefa de campaña de Esperanza Aguirre, también imputada en este caso, con el exministro Eduardo Zaplana y con directivos de las principales empresas del país.

Fue el presidente del Real Madrid, en su declaración como testigo en el sumario Púnica, el que desveló ante el juez Eloy Velasco uno de los misterios del IBEX. “Una persona que se llama Donato González es el que nos lo recomendó. Trabaja en un banco importante y tiene relaciones con ACS”. Donato González era un importante ejecutivo de Société Générale, el banco que rescató a Francisco Granados cuando este presentó su dimisión a raíz del escándalo de sus cuentas en Suiza.

El sumario evidencia la carrera de De Pedro y sus colaboradores por hacer más y más amistades en el mundo de la política y la empresa. Llamadas a Zaplana para fijar reuniones en la residencia de verano de los Aznar en Málaga y poder entrar así en el Ayuntamiento de Madrid que entonces gobernaba Ana Botella. Gestiones ante Florentino Pérez para conseguir entradas de fútbol que servían para invitar a directores de comunicación del IBEX a los que trataban de seducir. Cada puerta que abría De Pedro y su red servía para llamar a otra nueva en una rueda que nunca dejaba de girar. Su importante cartera de clientes animaba a otros más pequeños a confiarle su reputación.

Una periodista que acudió a una entrevista de trabajo con De Pedro sostiene que quien se dejó engañar por el empresario es porque quiso. "Se le veía venir y no parecía una persona especialmente hábil en el mundo que intentaba vender. Es difícil de creer que todas esas grandes empresas hubieran recurrido a él".

Las charlas telefónicas que transcribe la causa dibujan a un buscavidas, a un oportunista que buscaba oportunidades de negocio debajo de las piedras. "Notición. Acabo de cerrar con Florentino un supercontrato. Oeoeoeoeoeoeoe oeoeoe. Ahora soy del madrid. Jajaja. Soy un chaquetero". Así celebró su acuerdo con el presidente del Real Madrid en un mensaje telefónico enviado a Donato González, que medió entre De Pedro y Florentino Pérez. Sus trabajadoras han declarado en el juzgado que todos las instrucciones en la empresa las daba él. Y que el enfoque informativo de los medios era el que pedían los clientes. Información y propaganda a la carta al servicio de Gobiernos y grandes empresas. Con una influencia, eso sí, muy relativa, según se desprende del sumario.

La última aventura de De Pedro fue intentar convencer al juez del caso Púnica de que hasta el Centro Nacional de Inteligencia había requerido de sus servicios. Según El Confidencial, el empresario valenciano aportó 12 llamadas y 25 mensajes para probar que el CNI le había encomendado a él "contrarrestar los ataques a España en los foros independentistas".

De Pedro declaró además que parte de los 80.000 euros que la Guardia Civil incautó en su casa procedían de pagos realizados con fondos reservados por esos trabajos secretos (sic). No hay constancia de que las webs de De Pedro en Cataluña hayan logrado mitigar las ansias independentistas, ni tampoco de que el dinero hallado en su domicilio procediese de las cloacas del Estado.

"El informático que conocía a todo el mundo", como él mismo se presenta en su página web, vive sus horas más bajas. Como los que le trataron, él también niega ser el cerebro de nada. Durante un tiempo amagó con conceder entrevistas a cambio de alguna suma de dinero, pero al final solo ha hablado a través de sus abogados en el juzgado. Se presenta como víctima de una cacería y anuncia un nuevo reto: "El especialista en generar negocio en Internet y marca personal que ahora va a empezar a trabajar para reconstruir la suya".

http://m.eldiario.es/politica/Alejandro-Pedro-Florentino-PP-IBEX_0_628537503.html

LAS ESTRECHAS RELACIONES DEL CONSEGUIDOR DE LA TRAMA PÚNICA CON LOS DIRIGENTES DEL PP VALENCIANO DE AYER Y DE HOY

El imputado Alejandro de Pedro tuvo una relación fluida con Eduardo Zaplana, César Sánchez, Lola Johnson, José Císcar, Juan Cotino, Luis Santamaría, José María Chiquillo, María Carmen Contelles, José Juan Zaplana, Arturo Torró o Alberto Mendoza

Mantuvo contactos indirectos o reuniones con Alberto Fabra, Isabel Bonig, Jorge Bellver, Alfonso Bataller, Javier Moliner o Mercedes Alonso, entre otros

La figura del empresario Alejandro de Pedro, uno de los principales imputados de la trama Púnica, ha ido ganando relevancia a medida que avanzaba la investigación del juez Eloy Velasco sobre el caso. Sus relaciones con el PP en la Comunidad Valenciana sirvieron de trampolín para que su entramado de tráfico de influencias se extendiera a Madrid, Murcia, León y otros territorios. Los mensajes telefónicos que intercambió entre 2013 y 2014 revelan sus estrechas relaciones con más de una veintena de dirigentes del PP valenciano de ayer y de hoy mismo.

Confirman esos mensajes, por ejemplo, algo que ya apuntaban las grabaciones policiales entre De Pedro y David Marjaliza, cabecilla de la trama. Que el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana tuvo una vinculación más intensa que una mera tentativa no consumada de contratar la confección de una página web personal con el empresario que inundaba la red de noticias favorables al PP, creaba diarios digitales falsos, como Ahora Valencia o Ahora Gandia, y hasta publicaba supuestas entradas en la Wikipedia para vender la imagen de sus dirigentes.

La extracción de las conversaciones realizadas por Alejando de Pedro a través de messenger o whatsapp refleja una relación frecuente con Zaplana y, en general menos intensa aunque a veces más cordial, con otros dirigentes del PP, como César Sánchez, Lola Johnson, José Ciscar, Juan Cotino, Luis Santamaría, José María Chiquillo, María Carmen Contelles, José Juan Zaplana, Arturo Torró o Alberto Mendoza. En esos contactos se alude a reuniones con Esther Pastor, Jorge Bellver, Mercedes Alonso, Alfonso Bataller o Javier Moliner, así como a propuestas sobre las que debían decidir, entre otros, Alberto Fabra e Isabel Bonig.

No son los únicos dirigentes o excargos públicos del PP valenciano que intercambiaron mensajes con De Pedro (el alcalde de Alberic, Antonio Carratalà, por ejemplo, tuvo un trato intenso con él), pero sí los más significados.

Eduardo Zaplana.

Entre agosto de 2013 y mediados de 2014, hay más de una quincena de sesiones de mensajes entre De Pedro y Eduardo Zaplana, así como una gran cantidad de referencias al expresidente valenciano y exministro en otras conversaciones. "El lunes que viene está en Madrid Fabra. ¿Tú puedes?", le teclea Zaplana al ahora imputado en la Púnica a finales de octubre de 2013. Y De Pedro responde: "Sí claro aquí estoy". "Pues lo vemos aquí", dice Zaplana. "Perfecto, pues ya me dice Mitsouko [secretaria de Zaplana]. Un abrazo", zanja el otro.

En días sucesivos, De Pedro inquiere por esa reunión de alto nivel: "Hola, Eduardo. ¿Tenemos fecha con Alberto?". "Eduardo me dijo Mitsouko q tenías fecha con Fabra pero yo no la sé". Ya en marzo, el empresario informa a Zaplana: "Buenos días Eduardo, informarte q ya he estado con Esther Pastor y Lola Johson...". En aquel momento eran secretaria autonómica de Relaciones Institucionales de Presidencia de la Generalitat Valenciana, la primera, y exconsellera y coordinadora de estudios en el PP valenciano, la segunda.

"Eduardo ya me ha comentado Mitsouko, pero aunque fuera si podemos hablar x teléfono antes de q te veas con Fabra me preocupa ciertos movimientos que veo con los alcades", le escribe De Pedro en junio de 2014 a Zaplana. "El juzgado retrasa la decisión del tema de Lola Johnson hasta el 23 de julio. Abrazo", le comunica Zaplana días después. Y De Pedro responde: "Eduardo tengo un tema urgente q hablar contigo, nos puede solucionar temas Fabra. Llego hoy a Madrid a las 20h. puedes? Abrazo".

De Pedro a Zaplana en otro mensaje: "Eduardo buenas tardes. Hace dos semanas estuve reunido con Luis Santamaría, me dijo que lo mejor sería contarle todo (sic) mi estrategia y conocimiento de la comunidad directamente al presidente, crees q podríamos verlo la semana que viene q es más tranquila?" Zaplana a De Pedro: "Le llamaré el lunes a ver si puede". De Pedro a Zaplana : "Después de hablar con Santamaría lo veo más necesario, están muy perdidos y no veo compromiso. Abrazo". Luis Santamaría era entonces conseller de Justicia del gobierno de Alberto Fabra.

De Pedro vuelve a retomar el tema días después: "Eduardo ya esta hablado con esa persona pero si queremos hablar de estrategia no es la persona. Aquí o lo ven bonig y/o fabra, o me parece que es imposible, el equipo es muy flojo. A favor tenemos q todos me apoyan pero es una decisión de esos dos. Abrazo".

A partir de ahí, ya no hay más contacto directo entre los dos interlocutores. Los mensajes del teléfono de De Pedro, sin embargo, están llenos de referencias a su estrecha relación personal con Zaplana... que le habría presentado incluso a José María Aznar. "Pues igual voy la semana del 20, he quedado con tu amigo david, con Zaplana y los Aznar para cenar", teclea en agosto de 2013. "Mañana estaré por estepona hasta el domingo, he quedado con zaplana me quiere presentar a jose Maria Aznar".

José Císcar

El 10 de abril de 2014, Alejandro de Pedro envía un mensaje a José Ciscar, entonces vicepresidente de la Generalitat Valenciana y hoy presidente provincial del PP en Alicante. "Buenos días, Pepe, soy Alejandro. Espero q estés bien. Una cosita, no sé si andas por Valencia y tienes 5m para verme y comentarte una cosa. He estado con Lola Johnson sobre lo mío y quería comentarlo. Abrazo". Ciscar les responde escuetamente: "Estoy en Alicante". De Pedro insiste: "OK y mañana estás por Valencia?". A lo que Ciscar contesta: "Mañana no puedo". Pese a la insistencia de De Pedro, ya no hay más respuestas.

Sin embargo, el conseeguidor de la Púnica revela una relación anterior más fluida con Ciscar en otro momento. "Yo le puse hace dos años una comida al presidente con Paolo Basile en mediaset (me lo pidió Pepe Ciscar)", le cuenta a Lola Johnson solo cuatro días después.

Su colaboración con el PP en Alicante había encontrado algunos obstáculos que no queda claro si se habían superado. En septiembre de 2013 De Pedro se quejaba a Raúl Dalmau, delfín de Ciscar: "Una cosita, me ha llegado a mis oídos de q 'no soy de fiar' para el partido de 'alicante' y especifico alicante porque sigo trabajando en la nacional y otras dos comunidades. A esto se le suma para apoyar los comentarios que se hacen sobre mí q Benissa cancela el contrato repentinamente. Bien, sobre esto dos cosas, una mientras se averigua quien ha dicho eso a Antonio no le voy a pagar lo que se le debe, bastante he palmado ya y segundo en cuanto vuelva me gustaría dejar este tema zanjado, quiero saber si soy de confianza, si la relación con el PP alicante está rota saberlo para tomar la decisión que mejor se adecue a mi empresa". Y añadía: "Espero entiendas mi malestar con esto".

Dalmau le respondió: "Yo desconozco quien ha dicho eso. Xa mi alejandro de pedro es afin y ni idea de q se haya roto la relacion con pp alicante. Todo eso pese a q si es verdad q los periodicos no van como deseamos, xo nada q no se pueda solucionar creo". De Pedro replicó: "Tenéis un alcalde q larga un huevo, su discrepcion (sic) brilla por su ausencia y según el se le ha dado orden de q no trabaje conmigo. A mi vuelta me gustaría aclarar esto y pongamos la cartas sobre la mesa. Los diarios van como un tiro, aumentan de seguidores y de visitas otra cosa es q el partido no lo vea (ahora no me preocupa) pero de verdad no admito que se me diga justo a mi que no soy de fiar. Pienso llegar al final de este asunto. Disculpa q te suelte el rollo a ti pero es con quien más confianza tengo". Dalmau busca tranquilizarlo: "Tu cuando vuelvas llamame. Xq ahí hay mucha mentira. Hablamos".

César Sánchez, presidente de la Diputación de Alicante.

De Pedro mantenía buena sitonía con otros dirigentes del PP alicantino. Entre ellos el actual presidente de la Diputación, el alcalde de Calp, César Sánchez. El 29 de noviembre de 2013, le envía un mensaje al conseguidor de la Púnica: "A tu vuelta llámame. Y nos vemos". De Pedro responde: "Claro, vuelvo la semana del 16".

Meses más tarde, el 26 de abril de 2014, De Pedro le escribe: "César q tal tío? Espero q bien. Una cosita esta tarde estaré por Benissa voy con antonio el alcalde de alberic que esta en mi casa de oliva comiendo. Te vemos o vas liado? Quería comentarte el tema de los diarios digitales ya he hablado con Lola y tengo luz verde. Abrazo". César Sánchez, que era también diputado autonómico en aquel momento, le responde: "Alejandro estoy a tope a ver si te puedo ver esta semana".

José Juan Zaplana

Hay otro Zaplana en la lista de contactos de De Pedro. Se trata del diputado alicantino en las Corts Valencianes José Juan Zaplana, con quien De Pedro muestra gran camaradería y le pregunta si es del Madrid. "Soy!!!", responde el político del PP, lo que propicia de su interlocutor presuma de su relaciones con "Florentino". "Es bien amigo mío", le dice.

José María Chiquillo

El senador del PP José María Chiquillo también revela una familiaridad absoluta con De Pedro. En junio de 2014 le envía un recorte de prensa y el imputado de Púnica le responde "Muuu guapo". Chiquillo le recorta un párrafo de la prensa: "Corbata y pañuelo VERDE para la proclamación de Felipe VI. Un grupo de parlamentarios del PP, entre los que destaca activamente el senador valenciano José María Chiquillo, Pedro Agramunt y los diputados I. Pastor y Rubén Moreno, han puesto en marcha una campaña para que el día de la proclamación de Felipe VI el VERDE esté presente en el hemiciclo. V-E.R.D.E. Viva El Rey de España". De Pedro responde: "Mucha suerte amigo".

Lola Johnson

Exdirectora de Canal 9, exconsellera y exportavoz de los gobiernos de Francisco Camps y Alberto Fabra, Lola Johnson se había retirado a un cargo en el PP de la Comunidad Valenciana tras su imputación en el caso de la empresa Valmor, que funcionó como pantalla en la organización de la Fórmula 1 en Valencia. Johnson hizo de interlocutora del miembro de la Púnica, como revelan los mensajes.

"Lola el 24 estoy con la alcaldesa de Elche para ver si monto un diario allí, si me ayudas...", le escribe de Pedro en abril de 2014. La alcaldesa popular de Elche era Mercedes Alonso. Lola Johnson le responde: "Hola Alejandro!!! Hoy veo a la alcaldesa d Elche, le hablaré d la idoneidad dl diario digital!!!". "Jejeje", teclea De Pedro, que unos días después le informa: "Lola buenos días. Ayer en Elche muy bien, creo q montaremos el diario con objetivo de captar 100.000 usuarios hasta final de legislatura. Pudiste hablar con Castellón? Cuídate, un abrazo".

"Buenos días Lola, informarte que Toño de alberic también está cerrado. Me gusta este porque está en zona conflictiva. Suerte por Castellón", le teclea un par de días más tarde. Y al día siguiente: "casualidades de la vida, tengo sentado a mi derecha en el ave al alcalde de Castellón, le digo algo del diario?". "El alcalde de Castellón un encanto", acaba diciendo. Se refería a Alfonso Bataller, regidor entonces de la capital de La Plana por el PP.

Pero el contacto de De Pedro con Lola Johnson llegaba a lo más alto, al mismísimo presidente de la Generalitat. Así, el 30 de abril de 2014 le escribe: "Lola una pequeña recomendación si me permites. Alguien en el ppcv debería de escuchar en internet la palabra 'Alberto Fabra' y en todas las noticias que salgan positivas hacer comentarios en las mismas. He detectado q la oposición sobre las positivas están dando cera, el ejemplo lo tienes en una noticia q he puesto yo hoy en el Facebook http://www.ahoravalencia.es/fabra-descenso-paro/128838". Lola Johnson le contesta: "Descansa un poco q no paras".

Alfonso Bataller y Javier Moliner

El exalcalde de Castellón y el todavía presidente de la Diputación de Castellón por el PP, Alfonso Bataller y Javier Moliner, respectivamente, se reunieron con De Pedro, a juzgar por el contenido de los mensajes. Aunque no establecen contacto telefónico, las alusiones en otras conversaciones así lo indican.

En un mensaje de octubre de 2014 a "Paloma Ayuntamiento de Castellón" le dice De Pedro: "Andres ayala portavoz de infraestructuras en el congreso ya ha hablado con el presidente de adif para que le de cita". Y añade: "le llame de su parte y listo". Su interlocutora responde: "Muchas gracias. Disculpa el otro día q no me pude despedir de ti. Cuando salí te habías ido. Gracias por todo".

"Alejandro tienes cerrada cita con J. Moliner el lunes 27 a las 13 horas en Diputación. Un abrazo", le comunica a De Pedro ese mismo mes de octubre Juan José Pérez Macián, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón.

Luis Santamaría, presidente de la gestora del PP de València

Conseller de Gobernación y Justicia en el último gobierno de Alberto Fabra, Luis Santamaría es hoy presidente de la gestora del PP de la ciudad de Valencia, cargo al que llegó tras el desmantelamiento de la organización por la imputación de todo el grupo popular en el Ayutamiento en la operación Taula. Santamaría era uno de los dirigentes con línea abierta con De Pedro.

"Luis q tal tío? Andarás liado q te cagas madre mía, aún no me lo creo, como me alegro macho, de todo corazón, mira que es lo único bueno que he visto en fabra que haga", le escribe De Pedro en junio de 2014 en alusión a su nombramiento". "Jajaja", responde Santamaría, a quien el conseguidor adopta como un interlocutor con el presidente. "Hola luis q tal? Pudiste ver el tema con el presi? Yo voy a hacer lo q te dije, si te parece", le escribe un día de septiembre.

"Yo estoy un tanto a expensas de que se nombre comité de campaña para acelerar las cosas y arrancar definitivamente. Ahora estamos en una especie de impass raro", le explica Santamaría a De Pedro unos días después. "Lo digo porque no sabemos los recusos con los que vamos a contar entre otras cosas. Me dijo guillem q ibas a sentarte con torró [probalemente José Luis Torró, secretario autonómico de Comunicación] y a mi me parece muy acertado". De Pedro le responde: "Se que esta el tema por cerrar pero yo quiero ver si cerrando una estrategia los 3 y luego validando con torro, me sentaba con el presi. De esta forma el presi preguntará y estará ya todo mas o menos ok. Del tema del dinero ya me encargo yo bien con torro o bien presi. Así vimos guillem y yo que sería la mejor forma".

Juan Cotino

"Juan un favor, tu me podrías ayudar a ver con quien tengo que hablar para intentar bautizar a mi hija en la capilla de la virgen de los desamparados?", pregunta De Pedro en septiembre de 2013 a Juan Cotino, entonces todavía presidente de las Corts Valencianes (dimitiría al año siguiente). Cotino le responde: "Tengo al lado al párroco de San Nicolas que es una iglesia preciosa. En la basílica no bautizan". "Ah no lo sabía pero perfecto, lo hablamos el viernes. Abrazo".

En otro momento, a mediados de noviembre, De Pedro vuelve al tema religioso. "...a mi hermana le han detectado una enfermedad degenerativa en el sistema nervioso, una enfermedad rara donde se puede quedar paralizada, sólo quería pedirte cuando puedas rezar por ella". Cotino responde: "A partir de hoy la encomendaré todos los días en Misa".

La relación entre ambos también deja lugar a temas más prosaicos. "Una pregunta que tal con Lola yonson (sic)? Cómo podría verla? Me interesa mostrarle todos los diarios", inquiere De Pedro en enero de 2014. Y Cotino le dice: "Ya se lo dire y le llamas".

Arturo Torró

El entonces alcalde de Gandia, Arturo Torró, señaló en 2016 al declarar ante el juez Eloy Velasco, a su número dos, el actual diputado Víctor Soler como negociador con Alejandro de Pedro para los pagos por la maniobras de la Púnica en la ciudad. Sin embargo, Torró conocía personalmente a De Pedro, como revelan los mensajes.

"Buenos días Arturo", le dice este último a Torró por whatsapp el 18 de noviembre de 2013. "Soy Alejandro. Una cosa tienes un email personal donde pueda escribirte?". Y Torró se lo da. "Como tienes el 04 de abril para tomar algo y hablar de la campaña? Me urge que lo veamos juntos. Antes no puedo estoy en Guatemala. Abrazo", le escribe el conseguidor de la Púnica el 25 de marzo del año siguiente.

Alberto Mendoza

Entre los concejales del PP de Valencia imputados en el caso Taula está Alberto Mendoza. Integrante del equipo de la fallecida exalcaldesa Rita Barberá, Mendoza tenía una más que cordial relación con De Pedro, que el 5 de julio de 2013 le pregunta: "Buenos días Tito me dijiste q te recordara lo de la cuota mensual del diario. Pudiste ver algo? Mi gente ya se presentó en el Ayto como me pediste".

"Pudiste hablar con Cristóbal [seguramente Cristóbal Grau, otro concejal] del tema del diario?", le pregunta en noviembre. "No", contesta Mendoza. "Y qué hago con diario-ayuntamiento? Me olvido?". "Nooo", responde el edil. "Hemos sido el diario con mas seguidores valencianos y el que más viralidad produce, doblando al Levante", insiste De Pedro. "Tu amigo julio ni puto caso y eso que hablé con Miguel y este con julio, nada. Arturo pasa de todo así que mira el panorama".

En enero tienen ambos una conversación para ver de quedar y de Pedro suelta: "ya intentamos vernos tengo el miércoles q reunirme con tu jefe en valencia a primera hora". Mendoza se extraña: "Yo no tengo jefe, tengo jefa". "Bueno el otro ya me entiendes". "Quien es el otro? Miquel?". "Fabra. Poco hablas con él". "Jejej".

En febrero vuelve a surgir la relación con el Ayuntamiento: "Dime que hago tío, julio no dice nada y necesito tirar a un lado o a otro. Por cierto hemos creado www.fallasenvalencia.com para captar más valencianos, 5.000 en una semana". Mendoza le indica: "Llámalo mañana y me dices como has quedado".

Jorge Bellver

El diputado autonómico del PP Jorge Bellver surge en las conversaciones por whatsapp que Alejandro de Pedro mantiene con el alcalde de Alberic (lo sigue siendo al frente de una lista independiente), Antonio Carratalá, con toda la contundencia. "Ayer estuve con Mari Carmen Contelles, Jorge Bellver para el tema de campaña", asegura De Pedro el 22 de julio de 2014. No hay, sin embargo, más referencias ni relación directa telefónica.

Mari Carmen Contelles

Un caso distinto es el de Mari Carmen Contelles, exalcaldesa de La Pobla de Vallbona y actual portavoz del PP en la Diputación de Valencia. "Buenos días Mari Carmen pudiste hablar sobre el tema con Bonig?", le pregunta De Pedro el 29 de julio de 2014. Y ella responde: "Buenos días, tengo pendiente cerrar una reunión, te aviso".

"Este verano estuve con Luis Santamaría es amiguete mío y le encanto el tema pero me dice q esto es una decisión de la secretaria general, q él apoyara la iniciativa. Pudiste hablar con ella?", pregunta el imputado en la Púnica a Contelles en septiembre, refiriéndose a Isabel Bonig. "Sí... te llamo", contesta. Días después, el 8 de septiembre de 2014, De Pedro parece haber avanzado en sus propósitos. "Mari Carmen buenos días, he hablado con Alberto el de bonill (sic) y me ha dicho que hablaste con Luis Torró para ver si me podía recibir. ¿Contacto con él?".

La exalcaldesa de la Vall d'Uixó y exconsellera de Infraestructuras fue nombrada coordinadora general del PP de la Comunidad Valenciana en 2014 y pasó a ocupar la presidencia cuando dimitió Alberto Fabra. No figura relación directa alguna de la actual líder del PP valenciano con Alejandro de Pedro, pero su nombre es citado en diversas ocasiones como el de la persona que ha de tomar decisiones sobre lo que propone el conseguidor de la Púnica.

Una de esas referencias no alude a campañas de venta del PP en internet o a la financiación de diarios digitales fantasma, sino a otro asunto. "Los colegios que te he pasado dependen de la Consejería de Infraestruturas no de educación. Por lo tanto es Isabel Bonig quien decide", teclea De Pedro a José Antonio Alonso, exalcalde de Cartagena, detenido e imputado en el caso Púnica a quien el cerebro de la trama, David Marjaliza, ha apuntado como comisionista del grupo. El propio Marjaliza ha confesado que intentaron exportar a Calp y a Elche el procedimiento para hacerse con suelo público para construir colegios privados del que se aprovecharon en Madrid, pero que la Administración valenciana anuló la operación al estallar el caso.

Alberto Fabra

Con el expresidente de la Generalitat, Alberto Fabra, hoy senador por representación autonómica, ocurre algo parecido. Su nombre es muy citado y todo apunta a que pudo llegar a reunirse con De Pedro, pero no hay contacto directo entre ambos en los mensajes extraídos del teléfono móvil del miembro de la trama Púnica.

De Pedro, que parece muy interesado en llegar a Fabra, confía en que Eduardo Zaplana le haga de intermediario. Y en una de esas peticiones, el 24 de octubre de 2013, suelta esto: "Disculpa Eduardo con Fabra hay alguna novedad? Creo q te dije q fue cliente mío cuando era alcalde de Castellón. Abrazo".

http://m.eldiario.es/cv/trama_Punica-PP_valenciano-politica-corrupcion_0_628537239.html

EL JUEZ ELOY VELASCO DEJARÁ LA INSTRUCCIÓN DEL 'CASO PÚNICA' EN JUNIO

El juez ha solicitado la plaza de nueva creación en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional que comenzará a funcionar el 1 de junio

El caso Púnica, una de las mayores tramas de corrupción de España, pende de un hilo. El hasta ahora magistrado instructor dejará el caso en junio pues ha solicitado una plaza en otro juzgado que, de facto, ya es suya al ser uno de los dos únicos jueces con especialidad.

Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia, el juez del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ya ha solicitado el concurso a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, una sala de nueva creación que comenzará a funcionar el 1 de junio.

Tal y como ya informó este periódico, Velasco tenía la firme intención de abandonar el juzgado y, por ende, el caso Púnica pese a encontrarse a mitad de la instrucción.

Dentro de las posibilidades de su más que segura salida había dos opciones. La primera, y preferida por el Gobierno de Mariano Rajoy, era posibilidad de una comisión de servicios especiales en el extranjero que les permitiera dar ‘a dedo’ la plaza a otro juez en comisión de servicio, pero no ha sido posible y, como ya adelantó Valencia Plaza, Velasco ha optado por solicitar la sala de nueva creación.

La salida de Velasco va a suponer dos cosas. Por un lado, un retraso de meses en una de las causas más complejas abiertas hasta la fecha ya que, si no cambia la situación, se producirá unas dilaciones indebidas en la instrucción que llevarán, como poco, a una obligatoria reducción en las posibles futuras penas. Y por otro, un revés importante para aquellos que querían imponer ‘un juez de la cuerda’.

El problema con la petición del nuevo destino es que la plaza de Velasco tiene que salir a concurso y, si no se ‘trampea’ la situación creando algún tipo de comisión temporal, el magistrado que entre lo hará por escalafón, algo que es incontrolable para todos los interesados en imponer un juez afín en un Central de Instrucción.

Dejar de dar cursos mermaría sus ingresos en 50.000 euros anuales

El motivo por el que Velasco ha decidido concursar y no escoger la plaza de internacional ha sido, según las mismas fuentes, económico. 50.000 euros es lo que el magistrado perdería anualmente por dejar de dar cursos y eso ha sido lo que ha inclinado la balanza a favor de una salida y no la otra.

A todo ello hay que sumar el varapalo que se llevó Eloy Velasco, muy afín al sector conservador pues fue secretario autonómico de Justicia del PP con Eduardo Zaplana en la Comunitat Valenciana, cuando solicitó una plaza de magistrado en el Tribunal Supremo y le fue denegada.

Desde el Gobierno y desde el Consejo General del Poder Judicial le dijeron que “nunca había puesto una sentencia (está en un instrucción), y que al Supremo no se llega sin poner sentencias”.

López y Guevara

Junto a Eloy Velasco, el resto de la sala la formará el magistrado Félix Alfonso Guevara, uno de los magistrado más garantistas y con más mal genio de la Audiencia Nacional y el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial y ex magistrado del Tribunal Constitucional, Enrique López.

La nueva sala será única: Velasco junto al juez que juzgó a Txapote o Lola Flores y, a su lado, Enrique López, tan vinculado al PP que fue recusado como magistrado del caso Gürtel por su “más que cercana sintonía” con el partido de Mariano Rajoy. Sus cursos, cobrando, para FAES nunca han pasado desapercibidos.

http://valenciaplaza.com/el-juez-eloy-velasco-dejara-la-instruccion-del-caso-punica-en-junio

LAS PRUEBAS DOCUMENTALES DEL "PLAN CRIMINAL" DE PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

La Cadena SER accede a los documentos probatorios del trabajo desarrollado por la trama para la reputación personal del hoy presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y las negociaciones mantenidas para lavar su imagen con dinero público La Púnica incluso redactó una propuesta de facturación para ser firmada por el interesado. Junto a los testimonios judiciales, conversaciones y mensajes telefónicos, son las pruebas que han llevado a afirmar a las fiscales del caso que Sánchez concibió “un plan criminal” para delinquir

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, siempre ha negado que pactara o acordara contrato alguno con el conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, para limpiar su imagen personal en las redes sociales. Pero hay numerosas pruebas en su contra. Tanto las conversaciones telefónicas grabadas entre los responsables de la trama, como los correos electrónicos, sms y whatsapp que implican de forma directa a Sánchez, o el testimonio ante el juez del director comercial de una de las empresas del entramado, Javier Bueno, quien reconoce reuniones y el acuerdo para pagar los trabajos con cargo a la Consejería de Educación que dirigía el hoy presidente murciano.

Además, la Guardia Civil incautó en los registros practicados a la Púnica numerosos documentos hasta ahora inéditos, parte de los cuales ofrece hoy la SER, que prueban que el entramado realizó trabajos para Pedro Antonio Sánchez.

La Púnica trabajó al menos un mes para Pedro Antonio Sánchez

Son informes de propuesta de reputación para el presidente de Murcia, e informes de percepción, que supusieron una considerable labor para las empresas de Alejandro de Pedro, pues ya analizaron al menos durante un mes un total de 938 mensajes de Twitter; e informaron sobre su situación en otras redes sociales como Facebook o Youtube, donde destacaron la existencia de más de 300.000 referencias y 38.000 vídeos respectivamente.

El conseguidor llegó a la conclusión en su informe de que no existía una estrategia de reputación y propuso la creación de sus periódicos digitales, para posicionar en internet sus noticias positivas relativas al presidente por delante de las negativas, y mejorar así su imagen.

El presidente de Murcia insistió en contactar con la Púnica

Los correos electrónicos de su responsable de prensa y los mensajes enviados por el propio Pedro Antonio Sánchez, prueban el interés del presidente murciano por contactar con el conseguidor de la Púnica para limpiar su imagen personal en la red, a partir de septiembre de 2014. Es Sánchez y su gabinete, y no el conseguidor, quienes insisten en la cita con la Púnica para cerrar el acuerdo.

Pruebas de que iba a pagarse con dinero público

Además, entre la documentación intervenida consta el análisis redactado por Alejandro de Pedro tras la reunión mantenida el 24 de octubre con Sánchez en la Consejería de Educación de Murcia. En ese documento el conseguidor expone que han acordado la creación de una “página estática” para “Pedro A. Sánchez”, que empiezan el “1 de noviembre” y también anota como “concepto” el capítulo “Formación”.

Para la Guardia Civil, que suma el interrogatorio a los responsables y el análisis de las escuchas para llegar a su conclusión, esto es indicativo de que la factura iba a girarse al apartado “Formación” de la Consejería de Educación. Iba a pagarse la imagen personal de Pedro Antonio Sánchez con dinero público.

La Púnica incluso redactó una propuesta de factura

Las conversaciones estaban tan avanzadas que la Púnica llegó a redactar una propuesta de factura por la reputación personal de Sánchez, de un total de 32.000 euros sin IVA, a razón de 4.600 euros al mes, que incluía diversos apartados. Entre ellos la contratación de un periodista que redactase noticias beneficiosas para el presidente de Murcia, estrategia, auditoría, servicios de posicionamiento e informes mensuales.

Hoja de pedido de servicios con la estrategia de reputación online
Esa propuesta de facturación estaba lista y preparada para ser firmada por el cliente. Si no llegó a ser rubricada, según los investigadores, fue porque solo tres días después de la reunión con el presidente en la Consejería de Educación, se produjo la intervención judicial y las detenciones.

Informe preventa con cargo a la Consejería de Educación
Con todo, para las fiscales del caso, Carmen García y Teresa Gálvez, tanto Pedro Antonio Sánchez como la senadora del PP, Pilar Barreiro, concibieron “un plan criminal” para delinquir, y fueron apartadas porque pretendían solicitar su imputación.

http://cadenaser.com/m/ser/2017/03/28/tribunales/1490733923_693491.html

LAS GRABACIONES DESCLASIFICADAS QUE IMPLICAN A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

La SER accede a la grabación de las conversaciones telefónicas entre los implicados en la Púnica, que corroboran el pacto alcanzado entre la trama y el hoy presidente de Murcia, para lavar su imagen. “¡Murcia a tope!” exclama entre carcajadas uno de los imputados tras el acuerdo por “3.000 pavos al mes” a pagar con dinero público, que iban a servir para limpiar la imagen personal de Pedro Antonio Sánchez en redes sociales. El juez Velasco atribuye a Sánchez los delitos de cohecho, fraude a la Administración y revelación de información reservada

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que instruye el 'caso Púnica', ha desclasificado las grabaciones entre los implicados de la trama, relativas a los delitos investigados supuestamente cometidos en la comunidad autónoma de Murcia. Los sonidos de aquellas conversaciones, se escuchan ahora por primera vez.

Las grabaciones entre el conseguidor Alejandro de Pedro, su socio José Antonio Alonso Conesa, los empleados de ambos y técnicos y jefes de gabinete de distintas consejerías en Murcia, corroboran la existencia de cuatro reuniones en las que participó el entonces consejero de Educación y hoy presidente, Pedro Antonio Sánchez, entre el 11 de junio de 2014 y el 21 de octubre de ese mismo año, y el interés de Sánchez por alcanzar un acuerdo para lavar su imagen en las redes sociales, porque aspiraba a la presidencia regional. Además de estas grabaciones, hay otras pruebas en la causa que implican al presidente murciano como mensajes SMS, whatsapps y el testimonio del director comercial de Eico, la empresa de Alejandro de Pedro, que confirman el pacto.

Una de aquellas reuniones tuvo lugar en la consejería de Educación de Murcia que Pedro Antonio Sánchez dirigía, y las otras tres en Madrid, en hoteles como el Palace o Las Letras. En este último tuvo lugar el cónclave del 21 de octubre, el definitivo en el que fue cerrado el contrato con el presidente murciano y la senadora Pilar Barreiro, según relata el conseguidor Alejandro de Pedro a uno de sus colaboradores.

Según comunica Alejandro de Pedro a otra de sus trabajadoras, el contrato tenía que ser de 3.000 euros al mes, entre octubre de 2014 y mayo de 2015, cuando tuvieran lugar las elecciones.

A esos 3.000 euros sumarían otros 1.000 netos para un periodista que elaborase noticias beneficiosas para Pedro Antonio Sánchez desde el periódico digital murciano que el conseguidor de la Púnica creó como herramienta para promocionar a sus clientes. La trama también tenía mucho interés en Sánchez. El imputado José Antonio Alonso cuenta a su socio De Pedro que necesitaban ese contrato "como el agua".

Según las conversaciones intervenidas, estaba previsto que la Consejería de Educación de Pedro Antonio Sánchez pagase con dinero público la reputación personal y privada del propio Sánchez, y también parte del contrato de Pilar Barreiro.

La justicia frustró la contratación pero sigue siendo delito

Al final, la trama no llegó a ejecutar los trabajos porque el 27 de octubre de 2014, solo seis días después de alcanzar el acuerdo, estalló la operación y el juez Velasco ordenó las detenciones. Aun así, el magistrado acusa a Pedro Antonio Sánchez de delinquir porque según el código penal, no es necesario haber consumado el cohecho y el fraude a la administración para ser considerados delitos. Tanto el artículo 420 del código penal relativo al cohecho, como el 436 sobre el fraude a la administración, establecen desde 2010 que se trata de delitos tendenciales. Que pueden ser atribuidos con la mera existencia de un plan o concertación para delinquir, aunque se hayan visto frustrados. Y existe numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo que confirma esta postura. Entre ellas, sentencias en las que actuaban como ponentes magistrados considerados conservadores como Pablo Llarena, o de José Manuel Maza, recientemente designado Fiscal General del Estado.

El juez pedirá imputar a Sánchez pese a la Fiscalía

Sin embargo, Maza no es partidario ahora de imputar a Pedro Antonio Sánchez. Se da la circunstancia de que reunió a los fiscales de Sala del Supremo para tomar su decisión, pero no a las fiscales Anticorrupción del caso, Carmen García y Teresa Gálvez, que nunca han sido llamadas para informar al respecto. En su lugar, fue la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, quien libró a Sánchez de la acusación en un escrito despachado en 12 líneas.

A pesar de la negativa de la Fiscalía, el juez Eloy Velasco tiene intención de elevar la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, para pedir la imputación de Pedro Antonio Sánchez por su vinculación con la 'trama Púnica'.

Ignacio González, Lucía Figar y cómo amañar un contrato en Murcia

Las conversaciones grabadas por los agentes de la Guardia Civil sobre Murcia también recogen algunas de las acciones de la trama en otras comunidades como Madrid o Castilla y León.

Alejandro de Pedro habla del contrato de reputación personal del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

De reuniones con el exconsejero Salvador Victoria o la jefa de prensa de Esperanza Aguirre, Isabel Gallego, y de los dos contratos por un total de 400.000 euros, para la reputación personal de la exconsejera de Educación, Lucía Figar, también imputada en la causa.

Las grabaciones también revelan métodos para amañar contratos. Es Jesús Galindo, el imputado secretario general del Instituto de Turismo en Murcia, quien pacta con Alejandro de Pedro un supuesto concurso público al que se presentarán tres empresas. Y las tres, son de la Púnica.

Las conversaciones revelan además cómo la trama tiraba de sus contactos en el PP para promocionar a sus clientes en el partido, como el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, o el también imputado exconsejero murciano de Turismo, Juan Carlos Ruiz.

http://cadenaser.com/ser/2017/03/26/tribunales/1490542512_466644.html?int=masinfo

LA GUARDIA CIVIL TIENE CERCADO EN PÚNICA AL PRESIDENTE DE MURCIA POR “DELITOS DE FRAUDE”

ELPLURAL.COM accede al sumario de la pieza separada, donde están los pinchazos y los mensajes que acorralan a Pedro Antonio Sánchez

ELPLURAL.COM ha tenido acceso a la Pieza Separada 3 de Púnica que se centra en la investigación de las operaciones de la supuesta trama en la Región de Murcia y sus negocios con destacados dirigentes del Partido Popular, con especial relevancia en aquellos que afectan al actual presidente regional, Pedro Antonio Sánchez.

La documentación incluye numerosos pinchazos telefónicos a los cabecillas de la trama y a los entornos de los dirigentes, así como documentación digital, correos electrónicos y mensajes de teléfono móvil. Todo este material ha sido puesto en orden en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que acusan a Pedro Antonio Sánchez y su jefe de gabinete, David Conesa, de “supuestos delitos de fraude en la contratación pública” por adjudicar a la trama y con dinero público trabajos de reputación a favor del ahora presidente de Murcia.

Además de Sánchez y su jefe de gabinete, la red está formada por otros tres nodos de especial relevancia que protagonizan las llamadas y los mensajes intervenidos: Pilar Barreiro, entonces alcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP; Alejandro de Pedro, cabecilla de la trama y considerado el conseguidor; y el exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa, que habría ayudado a De Pedro a conseguir contactos en la región.

La guerra de poder interna en el Partido Popular de Murcia, con dos consejeros que aspiraban a suceder a Ramón Luis Valcárcel al frente de la formación y a presidir el Gobierno autonómico es el marco en el que se movía la trama. Púnica ya trabajaba para el consejero de Industria, Juan Carlos Ruiz. Pero su rival, Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación, se interesó por los servicios de De Pedro cuando su reputación empezó a caer debido a que se le acumulaban las imputaciones por corrupción.

A través del contacto de la alcaldesa de Cartagena, la trama empezó a mantener relación con Sánchez y cerraron un par de reuniones, como puede confirmarse en las grabaciones intervenidas por la Guardia Civil. De hecho, como se refleja en las pruebas, lo acordado fue que los servicios de reputación a Pedro Antonio Sánchez ascendieran a 4.600 euros al mes, que se pagarían con fondos públicos de la Consejería, camuflados como “formación”, y que también servirían de pago para los trabajos realizados a favor de la alcaldesa Pilar Barreiro.

Este extremo queda comprobado en dos pinchazos. Uno es una llamada entre De Pedro y Alonso, en el que el segundo le pide que le diga al jefe de Gabinete de Barreiro, Paco Farreño que “como vamos a conseguir lo otro, lo del precio lo ajustaremos como queramos”. “Lo otro”, según la Guardia Civil, es el contrato con Sánchez que servirá para pagar el de Barreiro. La otra llamada intervenida es al propio Farreño, en el que le pide a De Pedro que ponga en marcha los trabajos porque en “los detalles de la facturación nos van a echar una mano”.

Por último, otro aspecto que acorrala a Sánchez son sus reuniones con De Pedro, que quedan reflejadas en varias llamadas y que prueban que los trabajos estaban ya en marcha y fueron interrumpidos por la detención de los implicados.

Todo arranca el 18 de septiembre de 2014, con una llamada en la que Alonso conmina a hablar con Sánchez, que le mande “un wassap y le dices ‘que me dijo [Pilar] que querías hablar conmigo, estoy a tu disposición en este teléfono”.

Los contactos fructifican y el 23 de septiembre se celebra una reunión entre De Pedro y Sánchez en una cafetería cerca del Congreso de los Diputados. Un día antes, Alonso llama a De Pedro y le dice que, aparte de los trabajos de reputación, le intente sacar más dinero con ejemplos de lo que están haciendo: “Le cuentas alguna cosa de las que estás haciendo con [Lucía] Figar”, la entonces consejera de Educación de la Comunidad de Madrid.

Tras esta reunión, De Pedro llama a una trabajadora de su empresa para informarle que se ha reunido con Pedro Antonio Sánchez. Y le pide que le prepare una oferta para “ponerle 3.000 pavos” al mes, más otros 1.000 “pavos” para contratar a un periodista que redacte noticias positivas sobre él. Al final, el presupuesto se eleva a 4.600 euros, sumando cerca de 24.000 euros de fondos públicos desde octubre hasta mayo de 2015. “Llama la atención que los servicios que se van a prestar hasta el mes de mayo de 2015, (fecha 24/05/2015) en la que se celebran los comicios locales y regionales de 2015”, señala la Guardia Civil en su informe.

La siguiente reunión se celebra el 21 de octubre de 2014 en el hotel Las Letras. De Pedro está esperando para la cita y llama a Alonso para contárselo, quien le anima: “Sácale el contrato a Pedro Antonio, que lo necesitamos como el agua”.

El día siguiente de la reunión, por la mañana, De Pedro llama a otro miembro de la empresa y posterior arrepentido, Francisco Javier Bueno, para contarle la buena noticia: “Hemos cerrado lo de la reputación de Pilar Barreiro y la de Pedro Antonio, el consejero de Educación”. Lo que su interlocutor celebra entre risas diciendo: “¡Murcia a tope!”. De Pedro le da orden “de que lo metan ya en facturación para el mes de noviembre”.

El 24 de octubre, tres días después de la reunión, De Pedro vuelve a hablar con Bueno. Ambos están en Murcia, a punto de entrar a reunirse con el jefe de gabinete de Pedro Antonio Sánchez, pero Bueno está esperando en la misma Consejería mientras De Pedro se apura para no llegar tarde a la reunión.

Tres días después, De Pedro era detenido dentro de la Operación Púnica.

http://www.elplural.com/politica/2017/03/26/la-guardia-civil-tiene-cercado-en-punica-al-presidente-de-murcia-por-delitos-de

DOCUMENTOS MANUSCRITOS DEL GERENTE DE AGUIRRE CONTIENEN APUNTES DE LA PRESUNTA CAJA B DE LA CAMPAÑA DE 2007

Tres documentos manuscritos de Beltrán Gutiérrez, a los que ha tenido acceso infoLibre, indican que el partido destinó 1,5 millones a publicidad exterior y 1,03 millones a prensa y radio en las autonómicas de 2007

Sin embargo, el PP declaró a la Cámara de Cuentas que había destinado 265.002 euros al primer concepto y 550.000 al segundo. Es decir, 1,71 millones menos de lo presuntamente gastado

Un millón de euros lo habría aportado, según los papeles del gerente, la patronal madrileña CEIM

Tres documentos manuscritos del entonces gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, a los que ha tenido acceso infoLibre y que figuran en el sumario de la Púnica, indican que el partido destinó 1,5 millones de euros a publicidad exterior y 1,03 millones a prensa y radio en la campaña de las autonómicas de 2007. En total, 2,53 millones. Sin embargo, el PP declaró a la Cámara de Cuentas que había gastado 265.002 euros por el primer concepto y 550.000 por el segundo. Es decir, declaró 1,71 millones menos de lo presuntamente gastado.

En los papeles del gerente del PP que entonces presidía Esperanza Aguirre también se hace referencia a los supuestos financiadores de los gastos publicitarios. Así, los documentos manuscritos incluyen varias referencias a "Diego de León", lo que según los investigadores supone una alusión a la patronal madrileña CEIM, cuya sede está situada en la calle del mismo nombre. En el mismo documento aparece el apunte: "Jueves 10:00 CEIM", lo que parece ser una cita con la organización entonces encabezada por el empresario Arturo Fernández, que junto al propio Beltrán Gutiérrez está imputado en la Púnica por la financiación ilegal del PP madrileño.

En total, siempre según los documentos manuscritos, la patronal madrileña habría aportado un millón de euros para los gastos publicitarios de la campaña electoral de 2007.

El resto del dinero procedería de la "CAM", siglas con las que se conoce a la Comunidad Autonómica de Madrid y que también identificaban a la Caja de Ahorros de Madrid (ahora Bankia), origen de otro millón de euros. Mientras que el PP sólo habría puesto 400.000 euros. Hay otros 130.000 euros cuya procedencia no aparece identificada con claridad en los papeles del gerente de Aguirre.

Documento manuscrito 2: el origen del dinero. Documento manuscrito 2: el origen del dinero.

Registro de la vivienda

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que registraron el 11 de febrero de 2016 la vivienda del Beltrán Gutiérrez Moliner requisaron, entre otra abundante documentación, tres folios manuscritos que apuntan a que el PP madrileño superó con creces sus límites de gasto de la campaña electoral de 2007.

En concreto, uno de los papeles incluye los apuntes "Prensa y Radio: 0,9+ 0,13" y "Exterior 1,5", en una supuesta alusión a los gastos publicitarios en la campaña, en concreto a los asignados a los medios de comunicación y a la publicidad de calle, lo que supondría en total 2,53 millones de euros. Esta cifra es muy superior a los 265.002 euros en publicidad exterior y a los 550.000 euros que el PP justificó ante la Cámara de Cuentas, según el informe de fiscalización de este órgano.

En total, y de forma oficial, el PP especificó a la Cámara de Cuentas que en la campaña de 2007 hizo un gasto de 2.664.052 euros, siendo el límite fijado por ley de 2.763.764 euros. Sin embargo, los documentos interceptados por los agentes indican que solo en los conceptos de publicidad en medios de comunicación y en las calles la formación liderada por Aguirre se habría gastado los 2,53 millones que registró de forma manuscrita el entonces gerente Beltrán Gutiérrez.

Los gastos realizados por el PP al margen de la fiscalización de la Cámara de Cuentas madrileña se canalizaron a través de dos empresas adjudicatarias de contratos de la Comunidad de Madrid, entonces presidida por Esperanza Aguirre.

En concreto se trata de las compañías Carat España y Over Marketing, cuyos directivos más conocidos eran entonces el ex portavoz del Gobierno de José María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, y el ciudadano argentino Daniel Mercado, respectivamente.

En total, Over Marketing habría recibido del PP, siempre según los manuscritos, 1,03 millones de euros, mientras que Carat se hizo con 1,5 millones de euros, según consta en la documentación requisada.

La "CAM"

De acuerdo con los papeles, de los 1,5 millones de euros que se gestionaron a través de la agencia Carat, un millón procedía de la "CAM", siglas que podrían identificar a la Comunidad Autónoma de Madrid o a la Caja de Ahorros de Madrid (la entidad financiera en el origen de la actual Bankia).

En el sumario de la Púnica se investiga, entre otras cuestiones, si el Ejecutivo de Aguirre abonó dinero al informático Alejandro de Pedro a cargo de empresas concesionarias de la Comunidad de Madrid, como es el caso de la tecnológica Indra: "Esto se ha hecho toda la vida y nunca ha pasado nada", llegó a asegurar en este sentido el exconsejero Salvador Victoria, imputado en la trama.

Por su parte, Daniel Mercado, dueño de Over Marketing, ya ha colaborado con la justicia en piezas derivadas del caso Palma Arena. Mercado declaró en 2012 que, además del Govern balear, también el de Esperanza Aguirre le benefició con contratos amañados. El empresario puso sobre la mesa el nombre del exconsejero madrileño Alberto López Viejo, que desde octubre se sienta en el banquillo del proceso Gürtel y que, según el dueño de Over Marketing era quien igualmente manejaba los hilos de todos los contratos que recaían en sus empresas.

Las empresas del grupo Over Marketing recibieron 9,85 millones de euros en adjudicaciones públicas del Gobierno de Esperanza Aguirre entre 2004 y 2008, tal y como desveló infoLibre. Por su parte, la firma Carat España recibió sólo en 2006, un año antes de la cita electoral de 2007, un total de 42 millones de euros en contratos licitados por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre.

Acciona, Grupo Ortiz y Publibús

Además, entre los papeles requisados al gerente del PP madrileño, apareció otro documento que redunda en la posible financiación ilegal de la formación política presidida por Esperanza Aguirre. El folio especifica que un total de 860.135 euros de la campaña electoral de 2007 de la expresidenta madrileña habrían sido facturados a empresas.

En concreto, se habrían facturado a Acciona 300.000 euros; a Grupo Ortiz, 150.135 euros, y a Publibús, 300.000 euros. Siempre según este documento, quedarían pendientes de facturar otros 110.000 euros para llegar a una cantidad de 860.135 euros marcada como objetivo.

Agenda de Granados

Asimismo, en la página 119 de la agenda del exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados aparecen los supuestos pagos realizados por el empresario Javier López Madrid, el yerno de Miguel Ángel Villar Mir, dueño de OHL, de 1.460.000 euros a Beltrán Gutiérrez.

Los apuntes reflejan, en concreto, cuatro abonos de 400.000 euros, uno de 300.000, uno de 100.000 y otro de 60.000 presuntamente efectuados por el empresario Javier López Madrid con una regularidad casi mensual.

Las entregas de dinero del empresario quedan reflejadas en el cuaderno con las siglas JLM. Además, el instructor también ha centrado su atención en la financiación del PP madrileño mediante la Fundación para el Desarrollo Económico de la Comunidad de Madrid (Fundescam).

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/30/documentos_manuscritos_del_gerente_aguirre_apuntan_financiacion_del_traves_adjudicatarias_contratos_comunidad_63170_1012.html

NUEVE (PRESUNTAS) VÍAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PARTIDO POPULAR DE MADRID

El juez Eloy Velasco sostiene que los cabecillas de Púnica aplicaron todas las irregularidades al alcance de su imaginación para dopar las campañas electorales del PP madrileño

El caso Púnica está todavía en fase de instrucción, pero los datos que ya tiene en su poder el juez Eloy Velasco son suficientes para publicar el manual sobre corrupción política más exhaustivo que haya salido nunca de una imprenta. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acumulado indicios que acusan al PP de Madrid de haber utilizado al menos nueve vías de financiación ilegal para superar de forma “sistemática los límites de gasto electoral” sin ser detectado por los órganos de fiscalización. La mayoría de las trampas habían aparecido en otros escándalos, como el caso Filesa —que afectó al PSOE—, el caso del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y los casos Palma Arena y Gürtel del propio Partido Popular, por ejemplo. Pero es difícil encontrar un precedente en el que hayan coexistido tantas fórmulas de financiación ilegal durante un periodo tan largo de tiempo. El PP va camino de batir todos los récords en el caso Púnica.

El PP carga contra la comisión de investigación sobre su supuesta financiación irregular

1. Donaciones de empresarios al cerebro de la trama. El presunto cabecilla de Púnica, Francisco Granados, anotó en una agenda supuestas donaciones de empresarios al PP de Madrid que él mismo se encargaba de recoger y luego entregaba al tesorero de la formación, Beltrán Gutiérrez. Según los investigadores, las aportaciones se habrían producido entre 2011 y 2014. Suman un total de 2.060.000 euros, de los que 1,6 millones habrían sido entregados por una sola empresa, OHL. Extremo este que ha sido desmentido por la constructora. El sistema sería idéntico al descubierto en los papeles de Bárcenas.

2. Donaciones a la fundación del partido. Es uno de los últimos mecanismos detectados en Púnica. Informes de la UCO han constatado, como reveló El Confidencial, que el partido se financió a través de una entidad satélite, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, más conocida por su acrónimo Fundescam. Empresarios y adjudicatarios públicos realizaban donaciones a Fundescam con la excusa de apoyar su supuesta actividad cultural y formativa. Pero el dinero era luego desviado mediante facturas falsas a la caja B del PP de Madrid y se destinaba a actos de campaña. La Fiscalía Anticorrupción ya advirtió en 2010 dentro del caso Gürtel de que la formación había utilizado ese método para concurrir a elecciones de 2003 y 2004. Es un sistema idéntico al que presuntamente usó CDC para ocultar sus donaciones ilegales a través de tres fundaciones: Trias Fargas, CatDem y Fórum. Asimismo, en el caso Filesa, el PSOE también se aprovechó de mercantiles satélite para triangular donaciones de empresarios que terminaron engrosando su contabilidad paralela.

3. Subvenciones públicas. Por el circuito de Fundescam también pasaron fondos públicos. Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado han acreditado que la Comunidad de Madrid, controlada por el propio PP, concedió año tras año subvenciones a esa entidad para apoyar sus proyectos. En el año 2012, por ejemplo, recibió 127.850 euros para difundir “el conocimiento del sistema democrático y la realidad política y sociocultural de la Comunidad de Madrid”. Pero la UCO sostiene que gran parte de las subvenciones que se llevó Fundescam fue desviada a la contabilidad paralela del PP utilizando nuevamente una “facturación por conceptos mercantiles falsos”. En ningún gran caso de corrupción se había utilizado hasta ahora este sistema.

4. Pago de facturas de campaña. Donantes del PP también ayudaron al partido corriendo directamente con sus gastos electorales. El juez Velasco sostiene que las firmas de publicidad y 'marketing' que eligió la formación para diseñar y ejecutar sus actos facturaron parte de esos servicios a empresas y adjudicatarios públicos del entorno de la formación. Los trabajos fueron realizados para el PP, pero los pagaron otros. El foco se sitúa sobre el grupo de publicidad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado, que ya admitió en 2012 haber utilizado esta fórmula para colaborar en la financiación ilegal del PP de Islas Baleares.

5. Partidas de infraestructuras para gastos electorales. Otra de las últimas vías de financiación ilegal descubiertas también se habría alimentado de fondos públicos. La UCO investiga las partidas reservadas a publicidad que el Gobierno madrileño habría incluido al menos desde 2007 en todas las adjudicaciones que licitó. Las empresas que se imponían en los concursos tenían la obligación de gastar en torno a un 1% del importe total del contrato a publicitar el proyecto. El instructor de Púnica sostiene en documentos publicados por este diario que el PP de Madrid aprovechó esas partidas para obligar a los licitadores a dedicar parte de ese 1% a pagar sus gastos de campaña. El sistema también fue utilizado por el PP balear de Jaume Matas. La Guardia Civil analiza cuatro concursos de carreteras en los que se impuso Dragados (ACS); los proyectos de Ciudad y el Campus de la Justicia, y expedientes del plan para la construcción de nuevos hospitales y centros de salud, entre otros.

6. Transferencias desde la cuenta ordinaria. La Ley de Financiación de Partidos Políticos obliga a las formaciones a centralizar en una sola cuenta bancaria los cobros y pagos de las campañas electorales. Debe ser un depósito diferente al utilizado para los gastos de funcionamiento ordinario. Sin embargo, las averiguaciones de la Guardia Civil habrían permitido probar, según el juez, que el PP de Madrid usó cuentas diferentes a la electoral para abonar servicios de campaña. A esas otras cuentas había llegado previamente dinero entregado por los diputados del partido en la Asamblea regional de Madrid. Es la maniobra de financiación ilegal menos sofisticada que se haya aplicado nunca, pero demuestra que en la primera planta de Génova ni siquiera se respetaban las formas.

7. Dinero en efectivo de origen opaco. El PP también manejaba billetes de “procedencia desconocida” con los que habría sufragado sus campañas. Se trata de una vía que puede estar relacionada, según el juez, con las donaciones de empresarios que anotó Granados en su agenda. Pero la UCO no ha logrado aún averiguar de dónde sacó exactamente el partido esos fondos, abriendo así la puerta a la aparición en el futuro de una estrategia de financiación irregular diferente a las nueve detectadas por el momento. El manejo de fondos en efectivo no supone ninguna novedad. Es casi un denominador común de todos los de corrupción, pero en Púnica no había quedado reflejado en el sumario hasta ahora.

8. Presupuesto de fiestas populares. Un informe de la UCO del pasado 14 de diciembre desveló que el Ayuntamiento de Valdemoro, controlado por el PP, dedicó parte de su presupuesto para festejos a costear actos de la misma formación en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008. Todos los trabajos los hizo la misma empresa, Waiter Music. El consistorio de Valdemoro la contrató para celebrar sus fiestas patronales, pero pagó un suplemento a esa mercantil para ocultar por esa vía el abono de facturas que debían haber sido sufragadas por el PP regional. El mecanismo estuvo funcionando al menos entre 2006 y 2010. El método es similar al que utilizaron los alcaldes corruptos del PP en el caso Gürtel. Concedían contratos con sobrecostes al grupo de empresas de Francisco Correa y luego este utilizaba los excedentes para organizar actos de Génova.

9. Encuestas políticas. Los investigadores han reconstruido otra fórmula de financiación ilegal novedosa. La empresa de eficiencia energética Cofely logró contratos millonarios en ayuntamientos de toda España ofreciendo a alcaldes y concejales, entre otros presuntos cohechos, sondeos sobre su gestión en sus respectivos municipios. Supuestamente, las encuestas iban a abordar asuntos relacionados con la energía y cuestiones medioambientales, pero las preguntas se centraban siempre de manera intencionada en la labor de las corporaciones locales para que los partidos pudieran utilizar los resultados de las encuestas con fines electorales.

Nota de redacción: OHL se ha puesto en contacto con este diario para afirmar que “es rotundamente falso, y en consecuencia, negamos por completo, que OHL haya entregado al Partido Popular de Madrid (ni a ninguna otra formación política) cantidad de dinero alguna para su supuesta financiación ilícita. En consecuencia, OHL, niega, de forma tajante, que se haya hecho entrega al Sr. Granados de la suma a la que se refiere esta información.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-29/el-pp-de-madrid-recibio-750-000-euros-en-b-para-la-campana-de-2007_1357385/

GÉNOVA AYUDÓ A BLANQUEAR LA FINANCIACIÓN DEL PP DE MADRID

Bárcenas anotó de su puño y letra que el 3/3/2004 recibió en...

Bárcenas anotó de su puño y letra que el 3/3/2004 recibió en efectivo 50.000 euros en negro para las campañas de Madrid. Este dinero fue ingresado en la cuenta nacional del partido y transferido a la regional. El presidente del PP de Madrid en ese momento era Pío García Escudero, máximo responsable, por lo tanto, de las finanzas del partido en Madrid en ese momento. Días después tuvieron lugar las Elecciones Generales (en ese ejercicio no hubo autonómicas). Esperanza Aguirre le sucedería al frente del partido en noviembre de 2004. EL MUNDO

Sus tesoreros recibían y pedían los grandes donativos y los blanqueaban

Fernández: "Dábamos dinero a la fundación del PP para quedar bien con el establishment"

Documentos de Púnica revelan financiación ilegal en el PP de Madrid

Génova colaboró con la financiación irregular de las campañas electorales del PP de Madrid. La Tesorería Nacional del partido se puso de acuerdo con los responsables regionales para diseñar una operativa fraudulenta con la que blanquear dinero negro para los actos de la formación encabezada por Esperanza Aguirre y burlar así los controles legales establecidos.

En el marco de esta estrategia, la dirección del partido mantuvo además reuniones con Ceim (Confederación Empresarial Madrileña) para que intercediera ante sus afiliados con el objetivo de que inyectasen dinero en Fundescam, la fundación que utilizó el PP madrileño para financiarse ilegalmente.

EL MUNDO ha tenido acceso a documentación de los ex responsables de las finanzas del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, que revelan las diferentes estrategias diseñadas desde Génova para camuflar las donaciones en efectivo ante el Tribunal de Cuentas y esquivar los límites legales. Estas estratagemas vinculan directamente a Génova con una trama que está siendo investigada ahora por la Audiencia Nacional en la denominada operación Púnica.

La dirección del PP pidió a Ceim que ayudara dando dinero a Fundescam

La práctica más importante que acordaron desarrollar conjuntamente los responsables del PP nacional y madrileño consistía en que buena parte de los donativos en metálico aportados por los empresarios para las campañas madrileñas fueran entregados en mano en la Tesorería Nacional del partido.

De esta forma, se instruyó a los grandes donantes para que pasaran por la ventanilla de Lapuerta y Bárcenas a la hora de realizar las entregas en lugar de por la del ex gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez. Tras seguir estas indicaciones y ya con el dinero en manos de la Tesorería Nacional del partido, se procedía a urdir una estrategia que perseguía no llamar la atención en la cuenta corriente de donativos de la regional de Madrid. Así, el dinero en metálico se ingresaba por parte de los tesoreros nacionales en la cuenta corriente nacional de donativos a pesar de que su destino eran los comicios autonómicos y municipales madrileños y, en ningún caso, los actos nacionales. Justificante del ingreso de uno de los presuntos donativos ilegales al PP de Madrid en la cuenta nacional del partido. |EL MUNDO

Una vez allí, estos fondos eran transferidos por vía bancaria a la cuenta corriente de funcionamiento del partido en la capital de España. Mediante este subterfugio se aparentaba falsamente que la formación madrileña se nutría de aportaciones del partido nacional y se disimulaba su procedencia. También se evitaba que la cuenta regional recibiera cantidades muy importantes en campaña que contrastaban con las recibidas habitualmente. Se vulneraban así los límites de 60.000 euros por donante y año y la imposibilidad de hacer donaciones a quienes obtenían licitaciones de administraciones públicas.

Sirva de ejemplo que el 4 de marzo de 2004 los responsables de las finanzas nacionales, Bárcenas y Lapuerta, transfirieron 50.000 euros desde una cuenta de funcionamiento del partido a nivel nacional a la cuenta corriente de funcionamiento del PP de Madrid. Transferencia desde la cuenta nacional del PP a la cuenta de funcionamiento regional del partido. | EL MUNDO

Junto a uno los extractos de estas operaciones, Bárcenas anotó de su puño y letra que el dinero les había sido entregado en mano y señaló a José Manuel Fernández Norniella (ex presidente de las Cámaras de Comercio). Resaltó que esos «50.000 euros en efectivo» habían sido «transferidos a Madrid c/c funcionamiento».

La sede central metía en su cuenta dinero negro y la transfería a Madrid

Sin embargo, Génova no sólo tejió este sistema, sino que recurrió a su propio personal para ingresar en pequeñas cantidades el dinero en efectivo de los empresarios en la cuenta de donativos regional en lo que se conoce popularmente como pitufeo. Asimismo, corría a cargo de empleados de la sede central del partido el ingreso de efectivo o de cheques fraccionados en Fundescam, también con el objetivo de sufragar los actos electorales. En relación con esta última operativa, Bárcenas reflejó en sus anotaciones que «Esther», en referencia a la empresaria Esther Koplowitz, le había entregado «73.000 euros» que fueron fraccionados en cheques de importes menores e ingresados en la fundación controlada por el PP madrileño. La coordinación entre el PP nacional y regional en materia de financiación irregular de las campañas se tradujo, además, en otra serie de gestiones. Concretamente, en la interlocución por parte de la Tesorería Nacional del PP con organismos como Ceim (Confederación Empresarial de Madrid) para que sus afiliados donaran a Fundescam para pagar las campañas populares. Especialmente intensas fueron estas gestiones al repetirse las elecciones de 2003 tras el célebre tamayazo

http://www.elmundo.es/espana/2017/03/25/58d57fd7e2704e39418b45ab.html

LA CAJA B DEL PP DE MADRID AFLORA EN EL PAGO EN EFECTIVO DE UN MITIN DE AGUIRRE

Un informe de la UCO incorporado al 'caso Púnica' revela que los populares abonaron 20.470 euros de "procedencia desconocida" por un acto de las elecciones de 2007

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Púnica destapa el supuesto pago en efectivo por parte del PP de sendos actos del partido en 2006 y 2007 con fondos de "procedencia desconocida". Uno de ellos, el mitin que el 12 de mayo de ese último año celebraron los populares en Valdemoro (Madrid) con motivo de las elecciones autonómicas y municipales, y en el que participaron la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; su vicepresidente, Ignacio González, y el ahora señalado como presunto cabecilla de la trama, Francisco Granados. El documento cifra en 20.470 euros el dinero en metálico de origen dudoso utilizado por la formación para pagar a Waiter Music SL, la empresa que organizó ambos eventos y cuyo propietario, José Luis Huerta, está imputado.

Los agentes llegan a esta conclusión tras localizar en los ordenadores intervenidos en la sede de esta mercantil especializada en festejos populares y que recibió cerca de 14 millones de euros en adjudicaciones de ayuntamientos gobernados por el PP diversos documentos contables en los que se detallaba el coste de dicho mitin y de una fiesta de la formación en la misma localidad celebrada en 2006, así como la forma de pago de ambos. El primero estaba valorado en 17.000 euros e incluyó la contratación del grupo 'Ecos de las Marismas', la adquisición de "8.000 botellas de agua con camión frigorífico", la actuación de "patinadores" y la compra de "15 tableros y 14 sillas para campaña". El segundo fue valorado en 12.540 euros, pero la mercantil hizo un descuento del 50% al PP y sólo le facturó 6.270 euros.

En otro documento intervenido, los responsables de Waiter Music detallan la forma de facturar los 23.270 euros de ambos actos. "Esto se cobra así", se recoge textualmente antes de pormenorizar que los 2.800 de las sillas y tableros se camuflaron en sendas facturas emitidas por la propia mercantil y otra del mismo empresario, Saranais SL, que la UCO tilda de "manifiestamente falsas" y que fueron cargadas al presupuesto de las fiestas patronales que el Ayuntamiento de Valdemoro organizó aquel año. Los restantes 20.470 euros fueron abonados en "efectivo" por el PP, según dicha anotación.

Tras este descubrimiento, la UCO examinó los datos aportados tanto por Waiter Music como por el PP a la Agencia Tributaria sin encontrar "ninguna actividad" entre ambas "que pudiera estar relacionada con el pago del evento señalado". Por ello, los agentes concluyen que los 17.000 euros que costó el mitin de Aguirre "habrían sido liquidados en parte utilizando 2.800 euros de dinero público pagado por el Ayuntamiento de Valdemoro” y el resto “se habría pagado en efectivo desconociendo la procedencia de esta cantidad".

Por todo ello, la Guardia Civil considera que se cometió un posible delito electoral al haber utilizado el PP fondos "que no fueron declarados como gastos de campaña". No obstante, el informe de la UCO admite que dicha infracción penal estaría prescrita dado el tiempo transcurrido, diez años. De la misma, los agentes hacen responsable al entonces gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, ya imputado en la causa dentro de la pieza secreta en la que se investiga, precisamente, la supuesta financiación irregular del partido.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/21/actualidad/1490121745_520364.html

EL PP DE MADRID REGÓ CON DINERO PÚBLICO LAS AGENCIAS QUE HICIERON SU CAMPAÑA B DE 2007

El Gobierno de Aguirre concedió millones de euros en contratos públicos a las dos empresas de publicidad que aparecen en los papeles de Beltrán Gutiérrez sobre la caja B del PP madrileño

Miguel Ángel Rodríguez aterrizó en la presidencia de la central de compra de medios Carat España en 1998 tras dos años como portavoz del primer Gobierno de José María Aznar. Abandonó la compañía en enero de 2006 pero, para entonces, Carat ya se había convertido en uno de los adjudicatarios predilectos de los gobiernos populares de la Comunidad de Madrid. También del propio PP regional. Documentos encontrados por la Guardia Civil en la casa del entonces gerente del partido, Beltrán Gutiérrez, revelan que Carat ejecutó su campaña de 2007 y que al menos un millón del presupuesto que manejó la agencia en esos comicios salió de tres letras, "CAM", el acrónimo más utilizado para referirse a la Comunidad de Madrid. Gutiérrez lo anotó junto al nombre de la agencia.

¿De dónde salió exactamente ese dinero? Eso es lo que tratan de determinar los expertos en delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) y el instructor del caso Púnica, el juez Eloy Velasco, que investigan en secreto la caja B del PP madrileño desde hace dos años. Documentos como los encontrados en la vivienda de Beltrán Gutiérrez ya han llevado al juez a sostener, por lo pronto, que hay numerosos indicios de que la formación que lideraba Esperanza Aguirre se presentó a las elecciones de 2007, 2008 y 2011 superando los límites legales de gasto, como adelantó El Confidencial.

Según fuentes cercanas al caso preguntadas por este diario, el juez considera que ese millón de euros utilizado por Carat para la compra de espacios “de publicidad exterior” fue desviado de las adjudicaciones millonarias que recibió esa misma compañía de organismos públicos controlados por el propio beneficiario de la campaña: el PP de Madrid. Los ejemplos son numerosos. En abril de 2006, Metro de Madrid, dependiente de la comunidad, otorgó a Carat un megacontrato de 23,6 millones de euros, la cantidad más elevada que el suburbano había dedicado nunca a publicidad.

Ese mismo año, a solo 12 meses de las elecciones de 2007, Carat también recibió otro megacontrato de un organismo tutelado por el Ejecutivo de Aguirre. En concreto, el 31 de marzo de 2006, el BOE publicó la victoria de la central de medios en un concurso del Canal de Isabel II para desarrollar su publicidad por 9,86 millones, cinco veces el importe licitado para ese cometido en el ejercicio anterior. Y en 2007, el ente público del agua volvió a licitar otro contrato de 'marketing' por importe de 19,7 millones y una duración de dos años. La empresa que se lo llevó fue, nuevamente, Carat España. La licitación fue prorrogada y duró finalmente tres ejercicios.

Otras entidades también regaron con millones la cuenta de resultados de Carat antes de las elecciones bajo sospecha. El 27 de noviembre de 2006, por ejemplo, la Consejería de Empleo y Mujer entregó otros tres millones a la agencia para un plan de “prevención de la violencia de género y servicio de información telefónica para mujeres víctimas de violencia de género”. El juez Velasco mantiene que una parte de esa lluvia de millones públicos, al menos 56 millones de euros antes de los comicios de 2007, terminó en la caja B que presuntamente administraba Beltrán Gutiérrez. El desvío de los fondos se habría camuflado mediante facturas por conceptos mercantiles falsos.

La mecánica se habría repetido con al menos una segunda firma de publicidad que también participó en la campaña de Aguirre de 2007, Over Marketing, y que aparece igualmente en los documentos manuscritos por el exgerente del partido. El caso de Over era más conocido. Hace tres semanas, la UCO lanzó un nuevo operativo en Púnica para requerir precisamente los expedientes de todas las adjudicaciones concedidas por la Comunidad de Madrid a esa agencia, propiedad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado. Los agentes sospechan, al igual que en el caso de Carat, que una parte de los contratos que se llevó fueron instrumentalizados para dopar la financiación del PP en sucesivas elecciones. Los papeles del domicilio de Beltrán Gutiérrez reflejan que, al menos en 2007, Over Marketing habría realizado acciones para el partido por importe de 1,1 millones de euros en negro. Y Horacio Mercado ya reconoció en 2012 en un juzgado de Baleares haber hecho exactamente lo mismo para inyectar dinero negro el PP de las islas que presidía Jaume Matas.

En total, como publicó El Confidencial este jueves, Aguirre fue reelegida en 2007 tras destinar presuntamente a su campaña 5,7 millones de euros, más del doble de los 2,6 millones que comunicó a la Cámara de Cuentas autonómica. Esos 3,1 millones en B de diferencia salieron presuntamente de las adjudicaciones otorgadas a las agencias, pero también de donaciones de empresarios y subvenciones públicas que fueron canalizadas a través de Fundescam, la fundación sin ánimo de lucro de los populares madrileños. El juez Velasco apunta asimismo a dinero “en efectivo de procedencia desconocida”. Por su parte, el dinero de los empresarios venía supuestamente de otro nombre clave, “Diego León”, el nombre de la calle en la que tiene su sede la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

En opinión de Francisco Montiel, miembro de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que lidera la acusación popular en Púnica, “aunque falta conocer los informes de la Guardia Civil, todo apunta a que se están cerrando varios círculos al mismo tiempo”. “Por un lado”, sostiene Montiel, “está la financiación ilegal del PP de los papeles de Bárcenas, que está conectada con estos nuevos documentos. Además, por otro lado, también han aparecido vinculaciones con Fundescam, que ya fue investigada en Gürtel en una pieza separada, aunque luego se sobreseyó al concluir que los posibles delitos habrían prescrito. Si se demuestra ahora que Fundescam siguió siendo utilizada por el PP, estaríamos ante un delito continuado de falsedad y de cohecho y podría volver a investigarse todo”, apunta este letrado. “Se está conectando todo, incluso casos de financiación del PP de otros puntos de España que se habían investigado por separado. Parece que todo respondía a un plan conjunto”.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-31/financiacion-ilegal-pp-madrid-dinero-publico-agencias-campana-2007_1358436/

NUEVOS PAPELES REVELAN QUE AGUIRRE FUE REELEGIDA EN 2007 CON 3 MILLONES EN NEGRO

La Guardia Civil encontró en la casa del exgerente del PP de Madrid un esquema de la campaña de 2007 que revela que el partido dobló presuntamente los límites de gasto electoral con fondos opacos

El Partido Popular de Madrid concurrió presuntamente a las elecciones autonómicas de 2007 con un presupuesto de 5,7 millones de euros, más del doble de los 2,6 millones que declaró de forma oficial a la Cámara de Cuentas. El excedente habría salido de donaciones directas de empresarios, pagos de la Administración pública y actos de campaña facturados con conceptos mercantiles falsos. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraron las pruebas de esas supuestas irregularidades en febrero de 2016, cuando registraron el domicilio del gerente del partido en aquellos años, Beltrán Gutiérrez, en el marco de la pieza separada del caso Púnica en la que el juez Eloy Velasco disecciona la presunta caja B de los populares madrileños.

Entre las carpetas de documentación que ocultaba Gutiérrez en su casa, los investigadores localizaron varios folios manuscritos con un plan de medios para las elecciones de 2007 que identificaba el origen real del dinero que manejó la formación en esos comicios. Y su procedencia no fue precisamente legal. El exgerente anotó que el capítulo de publicidad exterior requería un gasto de “1,5”, en referencia a 1,5 millones de euros. Por su parte, para publicidad en “prensa radio”, el partido destinaría “0,9”, 900.000 euros. Esta última partida terminó ascendiendo a 1,1 millones de euros. Y, finalmente, la “campaña de medios exteriores” supondría una inversión de otros “0,6”, 600.000 euros.

Pero lo verdaderamente relevante son los nombres que aparecen junto a esas cantidades. En otro folio, Beltrán Gutiérrez precisó que los 900.000 euros para la publicidad en “prensa radio” saldrían en su mayor parte de “Diego León”, un código en clave que alude, según empresarios cercanos al PP consultados por El Confidencial, a la calle de Diego de León, la misma en la que tiene su sede la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), la filial autonómica de CEOE que lideraba el empresario de la hostelería Arturo Fernández, imputado ya en la pieza de Púnica sobre la caja B del PP.

Según dejó escrito Gutiérrez, el partido solo puso 200.000 euros para la publicidad en “prensa radio”. Los otros 700.000 euros salieron de donaciones de “Diego León”. Estas mismas dos palabras vuelven a aparecer junto a otra aportación de 300.000 euros que presuntamente sirvió para sufragar los 1,5 millones que el partido destinó a publicidad exterior. El resto del dinero para ese capítulo de la campaña salió en su mayoría de un gran donante al que Gutiérrez identificó con tres mayúsculas: CAM. Se trata del acrónimo que se utiliza habitualmente para referirse a la Comunidad de Madrid. El exgerente del PP regional anotó las tres letras junto a un “1”, es decir, un millón de euros. Los otros 200.000 que completaron el capítulo de publicidad exterior los puso nuevamente el PP de Madrid. El documento no aclara de dónde salió exactamente el dinero.

Asimismo, Gutiérrez dejó constancia de las agencias de publicidad que desarrollaron cada segmento de la campaña. Sus nombres también han servido para avanzar en las indagaciones. De los folios se desprende que el PP de Madrid adjudicó su publicidad exterior a la agencia Carat, la central de compra de medios que fichó como presidente a Miguel Ángel Rodríguez, el primer secretario de Estado de Comunicación de José María Aznar, justo después de que abandonara ese puesto en 1998. Rodríguez dejó la empresa solo unos meses antes de las autonómicas de 2007.

Por su parte, la campaña de “prensa radio” terminó en manos de Over Marketing, la firma de publicidad en la que se han centrado las últimas diligencias ordenadas por Velasco. El juez de Púnica sostiene que esa mercantil formaba parte de un grupo capitaneado por el empresario argentino Daniel Horacio Mercado, que recibió millones de euros en adjudicaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid para campañas de publicidad y 'marketing'. Parte de esos fondos públicos habrían sido desviados, según Velasco, para costear las campañas del PP, entre ellas la de 2007. La maniobra se ocultaba mediante facturas por conceptos falsos.

En otro documento hallado en el domicilio de Gutiérrez, avanzado por 'El Mundo', el exgerente reflejó gastos de campaña por valor de 750.135 euros que presuntamente fueron abonados por tres empresas: Acciona (300.000 euros), Grupo Ortiz (150.135 euros) y Publibus (300.000 euros). El dirigente resumió en una última hoja la distribución de todos los gastos y quién los asumió. En total, el plan de medios de 2007 financiado presuntamente con dinero negro alcanzó los 3,1 millones de euros, una cantidad que supera incluso los 2,6 millones que declaró el PP de Madrid a la Cámara de Cuentas.

Así son las joyas y antigüedades de los Bárcenas

La Guardia Civil encontró en la casa del extesorero del PP de Madrid numerosos documentos de su amigo Luis Bárcenas, el tesorero del PP nacional imputado

Supuestamente, según manifestaron los populares, esos 2,6 millones salieron de operaciones de endeudamiento y anticipos de la Administración que fueron debidamente justificados. Pero el caso Púnica ha revelado que la candidatura de Esperanza Aguirre contó presuntamente con hasta 5,7 millones de euros gracias a las vías de financiación alternativas que gestionó el supuesto responsable de su contabilidad paralela.

Una vez publicada esta información, el presidente de CEIM-CEOE, Juan Pablo Lázaro, ha ordenado este jueves realizar una investigación interna, que incluye una auditoría externa, para aclarar si la patronal madrileña financió la campaña del PP de Madrid en 2007. En el caso de que dicha investigación interna arroje cualquier irregularidad, CEIM la trasladará "con total transparencia" al juzgado instructor que está instruyendo el caso "en el ánimo de colaborar, en todo momento, con el esclarecimiento de los hechos".

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-29/nuevos-papeles-revelan-aguirre-reelegida-elecciones-2007-dinero-negro_1357820/

LA PATRONAL MADRILEÑA INVESTIGA SI FINANCIÓ CAMPAÑAS DEL PP EN 2007

El presidente de Ceim, Juan Pablo Lázaro, ha ordenado una investigación interna y una auditoría externa

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, Juan Pablo Lázaro, ha ordenado una investigación interna y una auditoría externa para aclarar si la patronal madrileña destinó fondos a financiar campañas del Partido Popular en 2007.

La patronal reacciona así a una información del diario El Mundo que asegura que documentación manuscrita hallada por la Guardia Civil en el domicilio del exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez muestra esos pagos con la anotación "Diego León", el nombre de la calle madrileña en la que Ceim tiene su sede.

Junto a la "minuciosa investigación interna", Ceim hará una auditoría externa de "los supuestos pagos realizados a terceros durante el periodo publicado".

Arturo Fernández, que aquel año era miembro de la junta directiva de la patronal madrileña, que dirigía Gerardo Díaz Ferrán, ha defendido este jueves la gestión "transparente" de la organización, que según él, cumplió con los "cánones ortodoxos" establecidos para ello, informa Europa Press.

De hallar cualquier "irregularidad", la patronal la trasladará "con total transparencia" al tribunal que investiga la "supuesta" financiación ilegal del Partido Popular, asegura la Confederación Empresarial en un comunicado difundido hoy.

Ceim desarrollará "las acciones oportunas para defender sus intereses legítimos frente a quienes puedan haber tomado decisiones presuntamente irregulares", añade la nota de prensa.

El juez de la Audiencia Eloy Velasco investiga la posible financiación irregular del PP madrileño en una pieza del caso Púnica, la única secreta de esta investigación, y ante él ha comparecido en dos ocasiones el exgerente del PP Beltrán Gutiérrez, que ha negado que la existencia de fondos ilegales.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/30/actualidad/1490870255_465700.html

LOS PAPELES DEL GERENTE DE AGUIRRE INCLUYEN A UNA EMPRESA QUE LOGRÓ 1,3 MILLONES POR "EVALUAR" OFERTAS DE PUBLICIDAD OFICIAL

Un fax con gastos electorales "pendientes" por 441.425 euros fue enviado desde la sede del partido a la empresa Swat en noviembre de 2007

La empresa se había encargado de puntuar los méritos de quienes un año antes optaron a gestionar dos campañas institucionales millonarias de las que no quedó rastro y que la oposición denunció en el 'caso Gürtel'

Los documentos sobre la campaña electoral de 2007 incautados en casa del hoy exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, durante uno de los registros de la Operación Púnica incluyen dos hojas mecanografiadas que detallan gastos electorales por 441.425,45 euros y que fueron enviadas desde la sede regional del partido a un fax el 1 de octubre de 2007. El justificante de transmisiones no precisa a quién pertenecía. Pero el número que aparece en ambas hojas se corresponde con el del fax que en aquella época utilizada la empresa Swat SL, que en 2006 había recibido de la Comunidad de Madrid un contrato de 1,3 millones de euros para "evaluar" la estrategia de comunicación del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), un organismo autonómico que el Gobierno de Esperanza Aguirre clausuró por sorpresa en enero de 2011.

infoLibre contactó este jueves con el administrador de Swat. El empresario, a quien este diario comunicó los datos que obran en su poder -la pertenencia del citado fax a Swat en 2006 consta en la base de datos de contratos públicos de la Unión Europea-, declinó responder las preguntas formuladas. Ha prestado ya declaración en el caso Púnica y desde entonces -adujo- tiene prohibido taxativamente por el juez abordar el asunto con nadie. En el verano de 2015, el administrador de Swat ya declaró como testigo ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El acta confirma que admitió haber dado servicios al Canal de Isabel II pero también que negó de forma tajante cualquier otro trabajo para la Comunidad de Madrid. El contrato de 1,2 millones con el Imade no figura en esa declaración.

En 2007, el balance nacional consolidado del PP anotó 815.515 euros como cantidad facturada por Swat al partido en su conjunto. Pero la contabilidad regional del PP madrileño no refleja ni un euro abonado o adeudado a esa mercantil a lo largo de aquel ejercicio. Por qué Beltrán Gutiérrez le envió el 1 de noviembre de 2007 un fax a Swat con distintos conceptos y costes parciales que suman un "total pendiente" de 441.425,45 euros es aún una incógnita.

Campañas sin rastro

Como "consultora" del Imade, el único trabajo conocido que desarrolló Swat fue el de puntuar en el segundo semestre de 2006 los méritos de las compañías aspirantes a gestionar sendos contratos igualmente millonarios (1,25 millones y dos millones, respectivamente) licitados por ese organismo público. El primero de esos dos contratos se refería a "una campaña de publicidad (sin inserción en medios)" sobre "la importancia del Desarrollo Económico Equilibrado"; el segundo iba vinculado a una campaña destinada a subrayar la relevancia de las pymes y los autónomos. De ninguna de esas dos campañas quedó rastro. Y así lo hizo constar la entonces diputada regional de IU Reyes Montiel en la denuncia que el 22 de abril de 2010 elevó al fiscal general del Estado. La denuncia quedó incorporada al sumario Gürtel. Pero sin consecuencias.

¿Y quiénes fueron los beneficidos por la puntuación que Swat hizo de sus ofertas? De la primera campaña, la empresa MQM, que había ostentado la condición de proveedora de firmas del grupo de Francisco Correa. La ejecución de la segunda campaña recayó en Over Marketing. Investigada por el juez Eloy Velasco dentro de la pieza abierta en Púnica sobre financiación del PP y que se mantiene bajo secreto de sumario, Over Marketing es una de las firmas que aparecen en los manuscritos donde el gerente regional del PP en la etapa de Aguirre reflejó lo que posee todos los visos de un reparto de costes electorales endosados a grandes adjudicatarios de contratos públicos. Como publicó infoLibre, Over Marketing y sus tres empresas satélite cobraron casi 10 millones de euros de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre.

Su propietario, Daniel Mercado, admitió en 2012 durante la instrucción del caso Palma Arena que había obtenido contratos amañados no solo en Baleares sino también en Madrid. Mercado remarcó que nunca había pagado comisiones. Y que el benefic