OPERACIÓN PÚNICA : UNA TRAMA GENOVESA SIN FONDO

Boletin 24. Caso Punica. Del 10 al 20 de marzo 2017
Boletin 23. Caso PÚnica. Del 22 de febrero al 09 de marzo 2017
Boletin 22. Caso PÚnica. Del 01 al 21 de febrero 2017
Boletin 21. Caso Púnica. Del 01 al 31 de enero 2017
Boletin 20. Caso Púnica. Del 06 al 31 de diciembre 2016
Boletin 19. Caso Púnica. Del 01 de noviembre al 06 de diciembre 2016
Boletin 18. Caso PÚNICA. Del 21 de octubre al 01 de noviembre 2016
Boletin 17. Caso Púnica. Del 06 de septiembre al 20 de octubre 2016
Boletin 16. Caso Púnica. Del 18 de julio al 05 de septiembre 2016
Boletin 15. Caso PÚNICA. Del 22 de junio al 17 de julio 2016
Boletin 14. Caso Púnica. Del 07 al 21 de junio 2016
BOLETIN 13. CASO PÚNICA. DEL 22 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2016
Boletin 12. Caso PÚNICA. Declaraciones de Marjaliza al juez Velasco. 17.05.16
Boletin 11. Caso Púnica. Del 09 de abril al 21 de mayo 2016
Boletin 10. Caso Púnica. Del 10 de marzo al 08 de abril 2016
Boletin 09. Caso Púnica. Del 23 de febrero al 09 de marzo 2016
Boletin 08. Caso Púnica. Del11 AL 22 DE FEBRERO 2016
Boletin 07. Caso Púnica. Del 14 de enero al 10 de febrero 2016
Boletin 06. Caso Púnica. Del 05 de diciembre 2015 al 13 de enero 2016
Boletin 05. Caso Púnica. Del 02 de noviembre al 04 de diciembre 2015
Boletin 04. Caso Púnica. Del 11 de octubre al 02 de noviembre 2015
Boletin 03. Caso Púnica. Del 18 de septiembre al 10 de octubre 2015
Boletin 02. Caso Púnica. Del 01 al 17 septiembre 2015
Boletin 01. Caso Púnica. Agosto 2015

LAS NOTICIAS AL DÍA

LOS 72 INDICIOS QUE ACORRALAN AL PRESIDENTE DE MURCIA EN LA ‘PÚNICA’

LA CAJA B DEL PP DE MADRID, LA HIDRA DE SEIS CABEZAS

EL EXGERENTE DEL PP MADRILEÑO NIEGA LA FINANCIACIÓN ILEGAL ANTE EL JUEZ

EL FINANCIADOR DEL PP DE MADRID RECIBIÓ 18 MILLONES EN CONTRATOS

CINCO AYUNTAMIENTOS DEL PP CONTRATARON A LAS EMPRESAS INVESTIGADAS EN 'PÚNICA' QUE HICIERON LA CAMPAÑA A SUS ALCALDES

EMPRESAS INVESTIGADAS EN 'PÚNICA' HICIERON LA CAMPAÑA DEL PP DE MADRID EN 2007 PERO LA FACTURA OFICIAL AL PARTIDO FUE INSIGNIFICANTE

LA EMPRESA INVESTIGADA EN 'PÚNICA' POR LA FINANCIACIÓN DEL PP ADMITIÓ QUE LE HACÍA ACTOS GRATIS AL PARTIDO

GRANADOS PIDE AL JUEZ QUE LLAME A DECLARAR A ESPERANZA AGUIRRE Y AL HOMBRE FUERTE DE CIFUENTES

CARTA DESDE LA PRISIÓN DE ESTREMERA. GRANADOS A ESPERANZA: “TÚ MANDABAS EN TODO, NO ENTIENDO QUE NO DESMIENTAS LA CAJA B”

GRANADOS DA AL JUEZ UN LISTADO DE EMPRESAS PARA QUE LAS INVESTIGUE

VALDEMORO. LOS SEIS PASOS PARA AMAÑAR UNA ADJUDICACIÓN DE 61 MILLONES

VELASCO HA RECHAZADO EL PUESTO EN LA UE PORQUE LE PROHIBÍAN SEGUIR COBRANDO 50.000€ POR DAR CHARLAS

EL JUEZ HALLA PAPELES SECRETOS CON TODA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID

EL JUEZ REACTIVA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAJA B DEL PP DE AGUIRRE A TRAVÉS DE FUNDESCAM

EL JUEZ DE 'PÚNICA' PREGUNTA POR CIFUENTES A UN EMPRESARIO QUE HIZO DONACIONES A UNA FUNDACIÓN DEL PP

LA UCO INVESTIGA EL PLAN DE HOSPITALES DE ESPERANZA AGUIRRE EN EL ‘CASO PÚNICA’

LA UCO ACUDIÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LLEVARSE LOS EXPEDIENTES DEL PROYECTO ESTRELLA DE IGNACIO GONZÁLEZ POR SU VINCULACIÓN CON LA CAJA B DEL PP

LOS 12 MARIACHIS DE LA CAMPAÑA DE RAJOY QUE SE PAGARON CON DINERO PÚBLICO

CIFUENTES PRESIDIÓ LA MESA QUE ADJUDICÓ EL CONTRATO DE LA ASAMBLEA CON ARTURO EN 2011

UN CABECILLA DE PÚNICA PIDE EL MISMO TRATO JUDICIAL QUE EL EXONERADO PRESIDENTE DE MURCIA

LA ACUSACIÓN POPULAR DE PÚNICA DA UNA LECCIÓN DE DERECHO A LA FISCALÍA

EL JUEZ DE PÚNICA USA SENTENCIAS DEL FISCAL GENERAL CONTRA EL PRESIDENTE DE MURCIA

PS TALAMINO. GRANADOS QUIERE QUE EDUARDO INDA TESTIFIQUE EN SU FAVOR

EL JUEZ DE LA PÚNICA PIDE A LA UCO INVESTIGAR VÍNCULOS DE MADRI+D CON LA TRAMA

EL JUEZ VELASCO ESTRECHA EL CERCO EN TORNO AL PRESIDENTE DE MURCIA EN 'PÚNICA' PESE A LAS TRABAS DE LA FISCALÍA

CATALÁ ADMITE QUE EL PRESIDENTE DE MURCIA ACCEDIÓ A INFORMACIÓN RESERVADA DE LA FISCALÍA GENERAL EN EL CASO PÚNICA

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO: «NO HE RECIBIDO PRESIONES PARA NO ACUSAR A SÁNCHEZ»

ANTICORRUPCIÓN ENVÍA DOS INFORMES OPUESTOS SOBRE 'PÚNICA': EL DE LA JEFA EXIME AL PRESIDENTE DE MURCIA Y EL DE LAS FISCALES DEL CASO LO INCRIMINA

EL PRESIDENTE DE MURCIA SUPO ANTES QUE LAS FISCALES DE 'PÚNICA' QUE LA CADENA DE MANDO DEL TS SE OPONÍA EN BLOQUE A INVESTIGARLE

LA FISCALÍA GENERAL IMPUSO NO ACUSAR AL PRESIDENTE DE MURCIA

EL JUEZ QUIERE INVESTIGAR A SÁNCHEZ POR COHECHO, FRAUDE Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN EN 'PÚNICA'

PS1 TALAMINO. ANTICORRUPCIÓN PIDE TRES AÑOS DE CÁRCEL PARA GRANADOS POR EL CHIVATAZO DE LA PÚNICA

VELASCO DEJA EN PRISIÓN A GRANADOS ALEGANDO QUE SUS SUPUESTOS TESTAFERROS ESCONDEN MILLONES DE EUROS

EL 'FALCON CREST' DE GRANADOS EN ÁVILA: 84 HECTÁREAS, 24 CABALLOS Y SEIS 'QUADS'

LA PREVISIBLE IMPUTACIÓN DEL ALCALDE DE BRUNETE QUE HACE TEMBLAR A LA FISCALÍA

LA PÚNICA DESVIÓ DINERO PÚBLICO A MÍTINES DEL PP CON FACTURAS FALSAS DE 'WC PORTÁTILES'

EL GOBIERNO TIENDE UN PUENTE DE PLATA PARA SACAR DE LA AUDIENCIA AL JUEZ DE PÚNICA

LOS 9 MÍTINES Y 194.467 EUROS QUE ACORRALAN A GÉNOVA 13 EN EL 'CASO PÚNICA'

LA PÚNICA AGASAJÓ A GRANADOS CON CUATRO FIESTAS 'GRATIS TOTAL' VALORADAS EN 37.234 EUROS

LA UCO ACUSA DE FRAUDE Y COHECHO AL 'SHERIFF DE BRUNETE', OTRO ALCALDE DEL PP EN PÚNICA

EL JUEZ VELASCO PIDE SER TRASLADADO Y DEJAR YA LA INSTRUCCIÓN DE LA 'PÚNICA'

EL PP PAGÓ CON DINERO PÚBLICO A LA PÚNICA MÍTINES DE LAS CAMPAÑAS DE AGUIRRE Y RAJOY

GRANADOS DICE QUE MARHUENDA LE PIDIÓ AYUDA PARA ENCONTRAR “UN CHOLLO” EN VALDEMORO Y EL PERIODISTA LO NIEGA

LA ACUSACIÓN POPULAR PIDE 6 AÑOS DE CÁRCEL PARA GRANADOS POR EL 'CHIVATAZO' DE LA PÚNICA

LAS 'PERLAS' DE GRANADOS ANTE EL JUEZ: "ME HE PORTADO FRANCAMENTE BIEN CON MI PUEBLO"

EL PP DE AGUIRRE INTENTA 'COLARSE' EN EL SUMARIO DE PÚNICA PARA ACCEDER "A TODO LO ACTUADO"

NOTAS INÉDITAS DESTAPAN NUEVOS VÍNCULOS DE PÚNICA CON RITA BARBERÁ Y CASTELLÓN

LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA OTRA CAJA B DEL PP DE MADRID QUE FUNCIONÓ ENTRE 2010 Y 2014

LA JUSTICIA ALARGA, UNA VEZ MÁS, EL SECRETO SOBRE LA SUPUESTA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP DE MADRID

LA UCO DESCUBRE UNA TRAMA DE DOBLE FACTURACIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS DE PÚNICA

EL REGATEO DE UN DIPUTADO DEL PP CON PÚNICA: "SOY DE LETRAS PERO ME DEFIENDO CON LOS NÚMEROS"

LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA OTRA CAJA B DEL PP DE MADRID QUE FUNCIONÓ ENTRE 2010 Y 2014

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LA MUJER DE IGNACIO GONZÁLEZ FACTURA 11.296€ A LA JUSTICIA POR SUBASTAR 75 JOYAS DE PÚNICA

EL CGPJ QUITA EL REFUERZO AL JUEZ ELOY VELASCO, QUE INVESTIGA LA TRAMA PÚNICA

PÚNICA COMIENZA A HACER SOMBRA A GÜRTEL: 150 IMPUTADOS, 390 TESTIGOS, 200 TOMOS...

EL CNI PAGÓ A UN IMPUTADO DE LA PÚNICA PARA QUE SE INFILTRARA EN FOROS INDEPENDENTISTAS

UN ACUSADO EN PÚNICA REVELA 12 LLAMADAS CON EL CNI PARA TRABAJOS CONTRA LA INDEPENDENCIA

"POR QUÉ DECIDÍ COLABORAR CON LA JUSTICIA": MARJALIZA EXPLICA SU ARREPENTIMIENTO


 LOS 72 INDICIOS QUE ACORRALAN AL PRESIDENTE DE MURCIA EN LA ‘PÚNICA’

El sumario sobre la trama de corrupción acumula decenas de correos electrónicos, llamadas, mensajes de móvil, documentos y tres declaraciones que salpican a Pedro Antonio Sánchez

El 'caso Auditorio' por el que tuvo que declarar como investigado este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia no es el único frente judicial al que pende sobre el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Pese a la polémica decisión de la Fiscalía Anticorrupción de no apoyar al juez Eloy Velasco en su iniciativa de remitir parte del sumario del ‘caso Púnica’ a los órganos judicial de la región autónoma para que sean ellos los que investiguen al político en su condición de aforado, la causa de corrupción recoge numerosos indicios de la supuesta implicación del jefe del Ejecutivo de esta comunidad en la trama. Son trece correos electrónicos, una docena de llamadas de teléfonos, 35 mensajes de móvil, seis documentos digitales y tres en formato papel que sustentan las sospechas contra él y que se detallan en dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Trece correos electrónicos. El primer correo electrónico que destacan los informes del Instituto armado sobre los supuestos tratos de la trama Púnica con Pedro Antonio Sánchez y su entorno tiene fecha del 11 de junio de 2014. Es un “recordatorio” de la reunión que ese día supuestamente mantuvieron el político y el experto informático de la trama, Alejandro de Pedro, y que fue localizado en el ordenador que este último tenía en su casa. El último es del 24 de octubre de ese mismo año, sólo tres días antes de que se produzcan las primeras detenciones de la ‘Operación Púnica’, entre ellas la del propio De pedro. Éste último también era un “recordatorio”, en ese caso de un encuentro que mantuvo el presunto integrante de la trama con un miembro de la Consejería de Educación de Murcia, que entonces encabezaba el hoy presidente de Murcia. Entre medias, una decena de mensajes más, algunos entre De Pedro y un asesor de Pedro Antonio Sánchez llamado David Conesa Ferrer, actualmente imputado en la causa. En uno de ellos, fechado el 20 de octubre, éste último destaca al experto informático que “el consejero tiene mucho interés en que nos veamos para empezar”.

Doce llamadas de teléfono. Una docena de comunicaciones intervenidas a Alejandro de Pedro y su socio, el que fuera alcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, son consideradas clave por la Guardia Civil. Muchas son conversaciones entre ambos en las que comentan detalles de sus tratos con autoridades de Murcia y, en concreto, con Pedro Antonio Sánchez. En una de ellas, del 17 de octubre de 2014, el experto informático se muestra impaciente por la falta de respuesta del político a sus propuestas "Oye, si hablas con Pilar [Barreiro, entonces alcaldesa de Cartagena y diputada, y hoy senadora del PP] dile que le he mandado tres mensajes al Pedro Antonio éste, tanta prisa y tanta hostia". También las hay con sus empleados para reclamarles modificaciones sobre las propuestas que van a hacer al hoy presidente murciano o en las que les informa de sus gestiones y encuentros.

35 mensajes de móvil. Los informes de la Guardia Civil destacan la existencia de dos cadenas de mensajes comprometedores. Por un lado, los 24 whatsapp que intercambian De Pedro con David Conesa, miembro del equipo de Pedro Antonio Sánchez, entre el 21 de octubre y el 25 del mismo mes. Buena parte de ellos se centran en concretar sendas citas en Madrid y Murcia. La segunda, son las comunicaciones vía imessages entre el conseguidor y el propio político del PP. Son once y se desarrollan entre el 21 y el 23 de septiembre. En ellas se ve el interés del candidato por reunirse con "Alex". Finalmente lo hicieron para desayunar en un bar cercano al hotel donde se alojaba el político durante una de sus estancias en la capital.

Seis documentos digitales. En uno de los ordenadores intervenidos durante el registro de la sede de las empresas de Alejandro de Pedro apareció un "informe de percepción inicial" con el nombre de Pedro Antonio Sánchez en la portada. En el mismo se examinaba la presencia del político en Facebook, Twitter, Youtube y los buscadores, así como una serie de "recomendaciones para mejorar su imagen y marca personal. El documento incluía un gráfico que destacaba que el 70% de las informaciones que aparecían en Internet sobre él fueran "negativas", sobre todo por los diferentes procesos judiciales en los que se había visto envuelto desde su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras. Entre ellos, el ‘caso Auditorio’. En otro equipo informático, en este caso el que se encontró en casa del experto informático, apareció el segundo de estos documentos: un "informe preventa" en el que se dejaba constancia de una reunión que el 11 de junio de 2014 habían celebrado en Madrid el político y De Pedro junto a la entonces alcaldesa Pilar Barreiro. En el mismo se señalaba dicho informe no gustó al "cliente", que incluso detectó fallos. No sería el último de las mismas características. De hecho, se encontraron otros cuatro. El último una propuesta como proyecto “vendido” que fijaba el precio de los servicios en 4.600 euros al mes más IVA.

Tres documentos en papel. Son los últimos incorporados a la causa y, de hecho, no figuran en el informe que la UCO entregó en la Audiencia Nacional en mayo de 2016, sino en uno más reciente. En concreto, del pasado 22 de noviembre. En el mismo se califican a dichos documentos de "nuevos hallazgos" que en opinión de los autores "amplían y corroboran" los indicios sobre las supuestas irregularidades cometidas. Se trata de tres anotaciones manuscritas localizadas en "los puestos de trabajo" de otros tantos empleados del experto informático de la trama. Pese a que todas ellas fueron intervenidas durante los registros de octubre de 2014 en la sede en Valencia de las empresas de este último, ha sido en estos últimos meses cuando las han podido encajar en las pesquisas.

Tres Declaraciones. Todas ellas son de la misma persona, Francisco Javier Bueno, un empleado de Alejandro de Pedro que ejercía de comercial de sus empresas y que, por ello, acompañaba al experto informático en sus encuentros con los clientes. La primera la realizó como testigo poco después de las detenciones de octubre de 2014. Las dos siguientes, ya como investigados. Una, ante la Guardia Civil, en abril de 2016. La última, ante el juez Eloy Velasco el 5 de octubre pasado. En todas ellas, este trabajador de Madiva Editorial SL ha mostrado su disposición a colaborar. Así su testimonio ha servido para confirmar la reunión que De Pedro mantuvo el 22 de septiembre de 2014 en el Hotel Las Artes de Madrid Pedro Antonio Sánchez y la hoy senadora Pilar Barreiro. Su testimonio también ha servido a los investigadores para confirmar otro encuentro, este del 24 de octubre en la sede la Consejería de Educación entre De Pedro, el responsable de redes sociales del entonces consejero de Educación , y en el que se supuestamente se cerró definitivamente el acuerdo. El trabajador aseguró que ese día les comunicaron que el actual presidente murciano había dado su "Ok" a los trabajos de reputación online.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/07/actualidad/1488879047_012387.html

 LA CAJA B DEL PP DE MADRID, LA HIDRA DE SEIS CABEZAS

La investigación del juez Velasco saca a la luz las diversas vías del partido para lograr fondos a través de la trama

La decisión del juez Eloy Velasco de requerir diversa documentación a la Comunidad de Madrid y tomar declaración como imputados dentro del caso Púnica a dos antiguos altos cargos del PP de Madrid de la etapa de Esperanza Aguirre y a varios empresarios ha sacado a la luz dos nuevas vías de financiación supuestamente irregular de los populares: Fundescam y el cobro de mordidas a través de contratos de publicidad por actos de inauguración de obras públicas. Son las dos últimas cabezas de una hidra, la de la supuesta caja b de la formación, que ya había mostrado durante los tres años de investigación otras cuatro de sus caras.

La reputación on line. Es la partida de supuesta financiación irregular menos cuantiosa, apenas varios cientos de miles de euros, pero es la que más repercusión política ha generado. Políticos del PP de toda España desviaron supuestamente fondos públicos a las empresas del experto informático Alejandro de Pedro para que este promocionara su imagen política en Internet. Uno de ellos, Marcos Martínez Barazón, que fuera presidente de la Diputación de León, ya ha sido procesado por ello. Otros, como el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, y su compañero en el Ejecutivo, Lucía Figar, están imputadas, como también el que fuera consejero de Industria de Murcia, Juan Carlos Ruiz. En esta región, el presidente, Pedro Antonio Sánchez, y la hoy senadora Pilar Barreiro, están pendiente de que el juez Velasco decida si envía sendas exposiciones razonadas para que los investigue el Tribunal Superior y el Supremo. Además, la Guardia Civil mantiene abiertas pesquisas en otros municipios, como Castellón y Gandía (Valencia). En este último, un informe de la UCO señala al que fuera su alcalde, Arturo Torró, y al parlamentario regional Víctor Soler.

Los maletines. También ha salido a la luz uno de los métodos tradicionales de financiación ilegal: el pago en metálico de comisiones. Una agenda del exconsejero y ex número dos del PP madrileño Francisco Granados reveló que este entregó supuestamente al partido dos millones de euros procedentes del empresario Javier López Madrid, miembro del consejo de administración de la constructora OHL y yerno del anterior presidente de esta empresa Juan Miguel Villar Mir. Los investigadores -y el juez Velasco con ellos- consideran que existen otras empresas financiadoras. De hecho, en el auto dictado en noviembre de 2015 para poner en libertad bajo fianza a Ignacio Palacios, mano derecha de Granados y señalado como su supuesto testaferro, el magistrado ya apuntaba a la presunta entrega de dinero en efectivo por parte de mercantiles. En aquel escrito, se destacaba el papel “clave” de este colaborador del exdirigente popular “mediante la recepción de cantidades en metálico entregadas por empresarios”.

Fiestas e inauguraciones. Waiter Music SL acaparó durante años contratos municipales para organizar festejos en una veintena de localidades de Madrid gobernados por los populares. Todo ello, según la Guardia Civil, gracias a la estrecha relación entre su propietario, José Luis Huerta, y Granados. En un reciente informe de la UCO se destaca que el primero consiguió “entre los años 2006 y 2010 contratos con ayuntamientos gobernados por el PP por valor de 19.214.514,56 euros”.. A cambio, la Guardia Civil considera que Huerta obsequió con la organización de diversos “eventos de carácter personal” a Granados y a otros cargos públicos, pero también al propio PP, cuyo coste luego era cargado a las arcas públicas mediante el inflado de las facturas por la organización de fiestas patronales y conciertos. Solo en Valdemoro, la UCO estima que se desviaron cerca de 200.000 euros del erario para sufragar mítines y actos del PP.

Waiter Music también organizó los festejos que acompañaron la inauguración en 2007 de dos grandes obras de ampliación de la red del Metro de la Comunidad de Madrid. En este caso, fueron las constructoras que recibieron las adjudicaciones las que se encargaron de contratar a la empresa de la trama, pero el juez Velasco sospecha que lo hicieron por indicación expresa de Granados.

Encuestas políticas. La investigación sobre los supuestos amaños de contratos a favor de la sociedad Cofely, filial del gigante energético francés GDF Suez, ha revelado que en ocasiones la mordida no era en efectivo sino mediante la elaboración de encuestas electorales. Los beneficiarios eran alcaldes, en su mayoría del PP, aunque también los había de otros partidos, como el socialista de Parla (Madrid), José María Fraile. Las empresas que aspiraban a conseguir una adjudicación, encargaban a la consultora TNS, uno de cuyos directivos está imputado, un sondeo de intención de votos que se camuflaba como estudio socioeconómico. El partido se ahorraba así el coste del mismo. Los investigadores han encontrado indicios de que esta práctica se realizó entre 2005 y 2014. Las primeras estimaciones cifran en más de 400.000 euros el coste real de estos trabajos.

Fundescam. No es la primera vez que esta fundación del PP de Madrid aparece salpicada por la corrupción. Ya ocurrió en el caso Gürtel. Entonces, el juez Antonio Pedreira archivó las pesquisas al considerar que los posibles delitos cometidos a través de ella estaban prescritos. Ahora, su colega Velasco ha reactivado esta línea de investigación que convierte las donaciones de empresarios a esta fundación creada por el PP durante los años en que Esperanza Aguirre presidió la Comunidad de Madrid en una de las más prometedoras de las pesquisas. La misma surgió tras encontrarse durante los registros de la sede de los populares y en el domicilio del que fuera su tesorero, Beltrán Gutiérrez, documentación que relacionan las aportaciones realizadas por algunos empresarios con la posterior adjudicación de contratos públicos. Uno de ellos es el presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, quien logró contratos públicos para su empresa de restauración en organismos públicos. El pasado miércoles fue citado a declarar a la Audiencia Nacional.

Actos publicitarios. Las sospechas se centran en las sociedades Over Marketing, Traci Comunicación y Link América, todas ellas de empresario argentino Daniel Mercado. En concreto, en los contratos firmados con ellas por las consejerías de Sanidad y Transportes, la Dirección General de Justicia y la antigua empresa pública del suelo Arpegio, los órganos de la Comunidad de Madrid a los que ha acudido en los últimos días la UCO para reclamar facturas. Los investigadores han constatado que estas sociedades acapararon adjudicaciones para organizar primeras piedras y cortes de cinta en los que se invertía el 1% del presupuesto de la obra y de la que supuestamente se desviaba una parte para la supuesta caja B del PP madrileño.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/13/actualidad/1489391334_296570.html

EL EXGERENTE DEL PP MADRILEÑO NIEGA LA FINANCIACIÓN ILEGAL ANTE EL JUEZ

El magistrado Velasco deja a Beltrán Gutiérrez en libertad sin medidas cautelares tras tres horas de declaración

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dejado este lunes en libertad sin medidas cautelares al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, imputado en la pieza separada del caso Púnica sobre la financiación ilegal del partido en esta comunidad. Fuentes jurídicas han informado que Gutiérrez ha negado cualquier tipo de irregularidad en la financiación del PP autonómico durante la etapa en que Esperanza Aguirre fue presidenta regional.

Gutiérrez ha declarado durante unas tres horas y ha respondido a todas las preguntas de todas las partes, según las mismas fuentes. El exgerente ha salido del edificio judicial sin ser visto alrededor de las 13.25. La investigación de la 14ª pieza del caso Púnica permanece bajo secreto sumarial.

La presunta implicación de Beltrán Gutiérrez en el caso Púnica arranca con unas notas manuscritas encontradas en una agenda intervenida a Francisco Granados. Los investigadores -y con ellos, el juez Eloy Velasco- sospechan que las mismas reflejan la supuesta entrega de dinero en metálico por parte de empresarios a una caja B del PP de Madrid a cambio de adjudicaciones. Dichas notas, en las que figuraban diversas cifras e iniciales, pudieron ser interpretadas gracias al constructor David Marjaliza, que lleva desde el verano de 2015 colaborando con la Justicia. En las mismas aparecían las iniciales ‘BG’, que el que fuera socio de Granados relacionó con el extesorero de los populares de Madrid, junto a las de ‘JLM’, referidas presuntamente al empresario Javier López Madrid.

Según dichas anotaciones, ambos estaban ligados a la entrega de 2 millones de dinero, parte de los cuales supuestamente se embolsó el que fuera secretario general del PP de Madrid, mientras el resto nutrió una contabilidad paralela de la formación. Una interpretación que Beltrán Gutiérrez negó cuando fue llamado a declarar, primero, por la Guardia Civil y, más adelante, por el propio magistrado a comienzos del año pasado. Para entonces, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) ya habían registrado su despacho en la sede del partido así como su domicilio, donde se localizaron diversos equipos informáticos y dispositivos de memoria cuyo contenido es el que ha provocado las diligencias ordenadas por el magistrado las últimas semanas.

Entre ellas estaban, precisamente, su toma de declaración -que tuvo que ser retrasada el jueves hasta hoy por la imposibilidad de su abogado de asistirla a la misma-, la del que fue consejero de Transportes y presidente de la Asamblea de Madrid, Ignacio Echeverría, y la del empresario Arturo Fernández. La UCO también se personó en las sedes de varias consejerías y de la empresa pública del suelo Arpegio para requerir documentación sobre los contratos de las mismas con empresas de publicidad, ante la sospecha que parte del 1% de las adjudicaciones que se debía dedicar a publicitar las obras acababa supuestamente desviado a la caja B de la formación.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/13/actualidad/1489392798_557351.html

EL FINANCIADOR DEL PP DE MADRID RECIBIÓ 18 MILLONES EN CONTRATOS

La Guardia Civil investiga si Over Marketing desvió al partido dinero de adjudicaciones de publicidad de ayuntamientos, Comunidad y empresas

Durante los primeros cinco años de Gobierno de Esperanza Aguirre, la Comunidad de Madrid fue un negocio de lo más lucrativo para Daniel Mercado, el publicista que competía con la trama Gürtel. Las denominadas «operaciones con terceros» que constan en las bases de datos de la Agencia Tributaria de algunas de sus empresas le dejaron al menos 18,5 millones de euros en ventas de servicios de publicidad y marketing al Gobierno de Aguirre y a alcaldes del entorno más próximo a la ex presidenta. Estos cálculos con el listado completo de clientes dejan cortas todas las cifras conocidas hasta ahora. Se trata de operaciones que muestran cómo la Comunidad, a través de sus múltiples (y desconocidas) agencias, institutos, fundaciones y empresas públicas, otorgaba cada año millones a este empresario. La Guardia Civil investiga si parte del dinero acabó en el PP.

Las operaciones con terceros de cuatro empresas de Daniel Mercado, a las que ha tenido acceso EL MUNDO, y que obran en poder de la Fiscalía Anticorrupción, demuestran cómo la Comunidad de Madrid concedía con especial fijación contratos a su sociedad Over Marketing, ahora bajo la lupa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), de Anticorrupción y de la Audiencia Nacional en el caso Púnica.

Contratos Daniel Mercado

Esta empresa publicitaria es sospechosa de ocultar una presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Hay que recordar que este empresario ya declaró ante un juez en 2012 que los contratos públicos en Baleares, Madrid, Castilla y León y Valencia se amañaban, que hacían regalos a políticos de la órbita del PP y que en Madrid era Alberto López Viejo (imputado en Gürtel) uno de los que daba las órdenes de que se le contratara.

La suma de facturaciones de sus empresas Over Marketing, Traci Comunicación, Abanico de Comunicación y Marketing y Link America ronda los 18,5 millones de euros entre 2003 y 2008. A grandes rasgos, se puede desglosar de esta manera cómo los políticos del PP de Madrid repartían sus inversiones siempre con este publicista argentino:

Los alcaldes Bartolomé González y Esteban Parro pagaban cada año

COMUNIDAD DE MADRID. Cada año, el Gobierno regional, como entidad propia, gastaba cientos de miles de euros con este publicista. Sólo con Over Marketing: 384.353 euros en 2004, 571.610 en 2005 y 1.455.799 en 2006. Es decir, en apenas tres años, la Comunidad pasó a gastarse el triple de lo que invertía a principios de la legislatura.

Excepto en 2003, año de la llegada de Aguirre al poder en Madrid, que la inversión fue de sólo 4.379 euros, todos los demás años no bajó de 100.000. Es destacable además que el mismo organismo contrataba con las distintas sociedades del empresario. Aparte de a Over, la Comunidad pagó a las otras tres empresas escrutadas por este diario todos los años, y en casos como el de Link America, fue su mejor cliente durante toda la legislatura.

ORGANISMOS DE LA COMUNIDAD. Fundaciones, institutos, agencias y empresas públicas han invertido la mayor parte del dinero en estas empresas de publicidad. No faltan las ya sospechosas Campus de la Justicia, Arpegio o Fundescam. Ni tampoco Mintra (que construyó el Metro de Madrid) o el Imade (Instituto Madrileño de Desarrollo), al que la Cámara de Cuentas ya acusó tras una fiscalización de no respetar los principios de concurrencia en los concursos públicos y de haber aumentado su gasto en publicidad un 706% de 2005 a 2006.

También figuran ventas a la Agencia Regional para la Inmigración, la Agencia Madrileña para la Emigración, el 112, la Academia de Policía Local, el Servicio Madrileño de Salud, el Servicio de Publicaciones Oficiales, la Sociedad Pública Turismo Madrid, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario (Imidra) o Gedesma (empresa pública de gestión de residuos, a la que también investiga la UCO).

Hay abonos de más de 15 instituciones dependientes de la Comunidad de Madrid

AYUNTAMIENTOS AGUIRRISTAS. Hay tres corporaciones locales madrileñas que no fallaron ni un solo año a su cita con el empresario de la publicidad: Móstoles, Alcalá de Henares y Humanes de Madrid. En 2003, Móstoles, tradicional feudo socialista, pasó a manos del popular Esteban Parro, que se convirtió para Aguirre en la punta de lanza del asalto del PP al llamado cinturón rojo madrileño, las ciudades del sur de la región que tradicionalmente gobernaba el PSOE.

Móstoles pagó 483.000 euros a Over en 2005 y 740.000 a Traci Comunicación en 2008, entre otras muchas sumas de cientos de miles de euros. Además, es llamativo cómo junto al Ayuntamiento mostoleño pagaba cada año su llamada Empresa Municipal de Promoción Económica de Móstoles, que abonó al menos 100.000 euros anuales, repartidos entre las diferentes sociedades de Daniel Mercado. Lo mismo hacía el Instituto Municipal del Suelo de Móstoles, que pagó varios años a Over Marketing. Y su fundación para celebrar el bicentenario del alzamiento contra los franceses pagó 155.000 euros.

Tampoco fue infiel con las empresas de publicidad Bartolomé González, uno de los más entregados escuderos de Esperanza Aguirre, hombre fuerte dentro del PP regional hasta su reciente caída en desgracia, cuando diferentes casos salpicaron su gestión en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares -entre ellos, la contratación con empresas de Púnica o la investigación de la Policía Nacional a familiares suyos por cobrar dinero municipal-. Cada año, su Gobierno municipal, o su Empresa Municipal de Promoción de Alcalá, o el PP de Alcalá, o el Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo, pagaban a todas las empresas de Mercado decenas de miles de euros. Por ejemplo, sólo en 2007: 70.000 a Over, 12.000 a Abanico de Comunicación, 21.000 a Link America y 12.000 a Traci Comunicación.

Humanes, peculiar porque su alcalde popular, José Antonio Sánchez, llegó al poder con el apoyo del PSOE, metió la desorbitada suma de 50.000 euros en 2004 en las empresas de Mercado. Ingente suma para Humanes, que tiene poco presupuesto y esos años no superaba los 15.000 habitantes.

Hay muchos otros ayuntamientos que pagaron, como Alcobendas, Galapagar, San Sebastián de los Reyes o Aranjuez (este último en manos del PSOE durante esos años). De todos, el que más pagó, aunque sólo en 2003, fue el de Madrid (casi 900.000 euros), que ese año cambió el Gobierno de Álvarez del Manzano a Ruiz-Gallardón. Su empresa Madrid 2012 para la promoción de los Juegos Olímpicos pagó también más de 70.000 euros.

AYUNTAMIENTOS 'GÜRTEL'. También pagó el Ayuntamiento popular de Majadahonda, donde estaba Guillermo Ortega, uno de los preferidos de Aguirre hasta que le imputaron en Gürtel. Y pagó Pozuelo de Alarcón, con el ex marido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, también en Gürtel, y la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda Boadilla, del también miembro de la trama de Francisco Correa Arturo González Panero, El Albondiguilla.

HOSPITALES. Estos pasados días se ha publicado cómo la UCO investiga si el 1% que obligatoriamente se destinaba a publicidad en los grandes contratos públicos madrileños se gastó adecuadamente o una parte fue a parar a las arcas del PP. Los hospitales de Parla, del Noreste, de Valdemoro, del Norte, del Sureste, del Tajo, de la Paz, de Móstoles, de Majadahonda y de El Escorial destinaron grandes partidas a publicidad en las empresas de Daniel Mercado. La UCO pidió los contratos de esos hospitales la semana pasada. Los gastos varían mucho de un año a otro, de los casi 530.000 euros del hospital de Majadahonda en 2006 a las cuatro empresas de Mercado, a los sólo 20.000 de La Paz en 2007.

http://www.elmundo.es/espana/2017/03/16/58c9b4dbe2704ea70e8b4633.html

CINCO AYUNTAMIENTOS DEL PP CONTRATARON A LAS EMPRESAS INVESTIGADAS EN 'PÚNICA' QUE HICIERON LA CAMPAÑA A SUS ALCALDES

La UCO requisa los contratos que por más de cuatro millones otorgó Móstoles a Over y sus empresas satélite bajo el mandato de Esteban Parro, cuya carrera hacia la reelección en 2007 preparó ese grupo

Tres de los alcaldes cuyos consistorios contrataron al mismo grupo del que recibieron impulso electoral mantienen un escaño en la Asamblea de Madrid

Cinco ayuntamientos madrileños del PP contrataron con dinero público a las mismas empresas que en 2007 diseñaron la campaña de sus candidatos municipales y cuyas adjudicaciones públicas acaba de reclamar el juez que investiga la Operación Púnica a la Comunidad de Madrid. Sobre los contratos otorgados por esos ayuntamientos también ha puesto el juez Eloy Velasco la lupa: la Guardia Civil ya ha requisado todos los contratos que otorgó el ayuntamiento de Móstoles al grupo Over bajo los mandatos del conservador Esteban Parro antes y después de que ese mismo entramado condujera su carrera hacia la reelección en 2007.

Solo del Ayuntamiento de Móstoles, ahora gobernado por los socialistas e Izquierda Unida, Over y sus filiales obtuvieron más de cuatro millones por contratos durante los mandatos del PP entre 2004 y 2011. Los datos de facturación recabados por infoLibre proceden de las declaraciones de ingresos y pagos -el llamado Modelo 347- presentadas cada año ante Hacienda por Over y sus empresas satélite. Los cinco municipios del PP que adjudicaron contratos a Over antes, durante y/o después de que el grupo hiciera la campaña municipal de sus alcaldes o aspirantes en 2007 reportaron en total al grupo 4,66 millones de euros.

Como publicó este martes infoLibre, el grupo Over Marketing les hizo la campaña municipal de 2007 a no menos de 12 candidatos del PP madrileño. Y lo hizo con un enorme despliegue de medios del que dejó constancia en un dossier que la Policía terminó encontrando en su sede durante los registros del caso Palma Arena. Over, que solo en el bienio 2006-2007 consiguió más de seis millones de euros en contratos del Gobierno de Esperanza Aguirre, no le facturó a su partido un solo euro en 2007. Solo en 2004 consta una "venta" de 9.871 al PP. Y otra de 55.416 euros en 2006.

Sí lo hicieron sus filiales. Pero las cantidades facturadas al PP en toda España -el formulario anual de declaración de ingresos y pagos solo ofrece cifras estatales- por Traci Comunicación, Link América y Abanico Comunicación resultan tan insignificantes que podrían calificarse de simbólicas: 57.625 en 2007, de los cuales más de la mitad se correspondían con facturas giradas al PP balear, como constató la investigación de esa pieza del caso Palma Arena que ahora se encuentra pendiente de juicio.

El PP madrileño solo anotó en su contabilidad oficial un pago de 10.440 euros a una de las filiales de Over, la empresa Traci Comunicación SL. ¿Fue eso todo lo que cobró el grupo Over? ¿Y si por hacerles la campaña a 12 candidatos madrileños cobró mucho más, quién pagó? Esas preguntas siguen sin respuesta. En Baleres, Anticorrupción sostiene que los trabajos reales que Over Marketing y sus satélites hicieron para el PP en las campañas de 2007 costaron más de 212.000 euros, lo que equivale a casi ocho veces lo que declararon oficialmente.

El de Móstoles no fue un caso único. Los ayuntamientos de Alcobendas, Majadahonda, Alcalá de Henares y San Lorenzo de El Escorial también otorgaron al grupo Over contratos públicos antes, durante y/o después de que el equipo que capitaneaba el empresario Daniel Mercado se embarcase con el PP madrileño en la carrera hacia las municipales de 2007 con una campaña que incluyó el lanzamiento de vídeos, inserciones publicitarias, puesta en circulación de furgonetas electorales, edición de folletos y programas y montaje de actos.

En 2012, Mercado declaró ante el juez del caso Palma Arena, José Castro, que, además de en Baleares, también en Madrid había conseguido contratos amañados. Su grupo había conseguido algo más: hacer doblete institucional y partidario con el PP de Madrid. Si entre los contratos de la Comunidad de Madrid y los de los Ayuntamientos ingresó no menos de 14 millones entre 2004 y 2011, Mercado apenas hizo negocio con su facturación oficial a la organización que entonces presidía Esperanza Aguirre: la contabilidad regional del partido solo refleja un pago de 10.440 euros a Traci Comunicación SL. El PP, a cuyos portavoces comunicó este diario el lunes por la mañana el contenido de la información a la que había tenido acceso, sigue sin pronunciarse.

Campañas institucionales, campaña partidaria

Bajo la batuta de Bartolomé González, alcalde hasta 2012, las cuatro sociedades del grupo de Mercado -Over, Traci Comunicación, Link América y Abanico de Comunicación- se hicieron con contratos de Alcalá de Henares por 361.434 euros entre 2004 y 2008.

En Alcobendas, donde Ignacio García de Vinuesa estrenó alcaldía en 2007, ocurrió lo mismo que en Alcalá. Las filiales de Over denominadas Traci Comunicación y Link América consiguieron 19.082 euros entre 2007 y 2008.

En Majadahonda, donde Narciso de Foxá tomó el bastón de mando en 2005 tras la caída en desgracia de su antecesor Guillermo Ortega, ahora procesado en Gürtel, el consistorio contrató por primera vez a Over ese mismo año de 2005. Luego adjudicó servicios a Traci y luego a Link América. Entre las tres facturaron al municipio 52.865 euros entre 2005 y 2007.

San Lorenzo de El Escorial ofrece las cifras más modestas. Allí, José Luis Fernández, revalidó la alcaldía en 2007 tras la campaña que, según el propio dossier elaborado por la compañía, le diseñó Over Marketing con apartado incluido de "investigación electoral y conclusiones estratégicas". Ese mismo año, Traci Comunicación le facturó al consistorio escurialense 6.380 euros.

Una sexta localidad madrileña, la de Humanes, se cuenta también en la lista de aquellas en las que concurre la doble circunstancia de haber otorgado contratos públicos al grupo Over y haber preparado la campaña del candidato del PP en 2007. Pero en Humanes hubo una moción de censura en 2004 que desalojó de la alcaldía al conservador José Antonio Sánchez, quien en 2007 repitió como candidato. Y este diario ignora si los 48.957 euros facturados en total en 2004 por Over y sus filiales Traci Comunicación, Link América y Abanico de Comunicación al Ayuntamiento de Humanes se corresponden con contratos adjudicados antes o después de que un tránsfuga diera un golpe de mano agosto de ese año.

Hoy, tres de los alcaldes que utilizaron los servicios de Over y sus satélites Traci Comunicación, Link América y Abanico de Comunicación en la doble vertiente institucional y partidaria mantienen un escaño en la Asamblea de Madrid: Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas; José Luis Fernández, regidor de San Lorenzo de El Escorial.

El tercero es Bartolomé González, exalcalde de Alcalá de Henares y sobre quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya señaló en 2016 como involucrado en los manejos de la trama Púnica, sospecha que a día de hoy no se ha traducido en una solicitud formal de imputación por parte del juez Eloy Velasco. Como diputado autonómico, González goza de aforamiento ante el Tribunal Superior de Madrid (TSJM). Es decir, ningún otro juez puede investigarle.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/15/cinco_ayuntamientos_del_contrataron_las_empresas_investigadas_punica_que_hicieron_campana_sus_alcaldes_62513_1012.html

EMPRESAS INVESTIGADAS EN 'PÚNICA' HICIERON LA CAMPAÑA DEL PP DE MADRID EN 2007 PERO LA FACTURA OFICIAL AL PARTIDO FUE INSIGNIFICANTE

Documentos de Over Marketing SL a los que ha tenido acceso infoLibre constatan que el grupo que lideraba Daniel Mercado participó intensamente en la campaña municipal de una docena de candidatos madrileños

La contabilidad oficial del partido solo anotó 10.440 euros por prestación de servicios y lo hizo a nombre de una de las empresas satélite del grupo: Traci Comunicación

Over Marketing y Comunicación SL, cabecera de un grupo de empresas de publicidad a las que el Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó más de seis millones solo en el bienio 2006-2007 y cuyos contratos acaba de reclamar el juez que investiga la financiación del PP en el seno de la Operación Púnica, proveyó de múltiples servicios a no menos de 12 candidatos de la formación en Madrid durante la campaña para las elecciones municipales de ese último año. Así consta en un dossier elaborado por la propia Over Marketing y al que infoLibre ha tenido acceso.

Pese a que el contenido del dossier resulta inequívoco sobre su intensa relación con el PP madrileño durante la campaña de 2007, Over Marketing no declaró a Hacienda haber facturado ni un solo euro al partido. Sí lo hicieron tres de sus empresas satélite, que igualmente habían conseguido contratos públicos del Ejecutivo madrileño aunque de menor cuantía que los asignados a Over. Pero la cifra total anotada por esas tres compañías en 2007 en concepto de facturación dirigida al PP como persona jurídica global –es decir, sin distinción de para qué organización territorial se había realizado el trabajo– se limitó a 57.625 euros, y así lo certifican documentos oficiales de Hacienda a los que ha accedido infoLibre. De esa cantidad, sólo 10.440 euros constan en la contabilidad oficial del PP madrileño.

Las tres compañías que emitieron facturas contra el PP se denominaban Traci Comunicación SL, Link América SL y Abanico de Comunicación SL. Al igual que Over, todas ellas eran propiedad del arrepentido Daniel Mercado, quien en 2012 confesó ante el juez José Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach que no solo en Baleares sino también en Madrid había obtenido contratos públicos amañados para su grupo. El exconsejero Alberto López Viejo, uno de los principales procesados en el juicio sobre Gürtel que desde octubre celebra la Audiencia Nacional, era la figura clave en esos amaños, declaró Mercado. La operativa de ambas tramas marcha así, al menos aparentemente, en paralelo.

Ahora, el juez instructor de Púnica, Eloy Velasco, intenta encontrar respuesta a una de las grandes incógnitas planteadas tras el hallazgo de documentos comprometedores en el domicilio del anterior gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, que este lunes declaró de nuevo en la Audiencia Nacional. Esa incógnita es la de si el PP pagó servicios electorales bien con dinero de las administraciones, bien con cantidades abonadas mediante facturas falsas por grandes adjudicatarios de contratos públicos.

10.440 euros, el único rastro en la contabilidad del PP madrileño

De los 68.065 euros notificados a Hacienda por las tres filiales de Over durante el bienio 2006-2007 en concepto de trabajos para el PP, solo hay rastro de 10.440 en la contabilidad oficial del PP madrileño.

La organización que entonces presidía Esperanza Aguirre los anotó en 2006 como facturados por Traci Comunicación SL y los mantuvo en la casilla del “haber” hasta que en 2008 se incorporaron a la del “debe”, lo que apunta a que fue entonces cuando la deuda quedó saldada.

Así figura en el balance remitido cada ejercicio al Tribunal de Cuentas por la dirección nacional del partido y que incluye las cuentas de las diferentes organizaciones territoriales. La cifra contabilizada por el PP madrileño se corresponde al milímetro con la total que ese mismo ejercicio de 2006 declaró Traci a Hacienda en concepto de servicios prestados al PP en su conjunto.

Como todos los partidos, el PP posee un solo Código de Identificación Fiscal (CIF). Ese factor explica que el Modelo 347 –el formulario que refleja el volumen total de facturación endosado a un mismo cliente siempre que el importe supere los 3.000 euros anuales– no permita saber qué organizaciones territoriales del PP contrajeron el compromiso de pagar aquellos 57.625 euros.

Pero la investigación abierta en Palma por el amaño de contratos a favor de Over Marketing y su participación en los manejos de financiación del partido, entonces bajo la batuta de Jaume Matas, ya ha confirmado un dato esencial: que de todo lo facturado al PP por el conglomerado Over en el bienio 2006-2007 (123.481 euros), 35.000 euros se corresponden con facturas emitidas contra el partido en el archipiélago por la campaña de 2007.

Una deuda más que exigua

Lo anterior significa que, incluso si los conservadores solo hubiesen encargado sus campañas a Over y sus filiales en Baleares y Madrid –y no fue así, dado que tuvo presencia en otras cuatro comunidades–, el partido que dirigía Esperanza Aguirre habría podido computar en esos dos años 88.000 euros en calidad de deudas contraídas con el grupo de Daniel Mercado. Según Over Marketing, la empresa asignó a la campaña de 2007 nada menos que 49 personas.

En principio, las deudas asumidas con Over y/o sus filiales por el PP madrileño habrían sido las generadas por los trabajos para impulsar las campañas de 12 aspirantes a otras tantas alcaldías de la Comunidad. Entre esos candidatos figuraban quienes pretendían revalidar o conseguir el bastón de mando en municipios políticamente relevantes como Móstoles, Alcalá de Henares, Leganés, Alcobendas, Alcorcón, Majadahonda y Pinto.

infoLibre explicó este lunes por la mañana el contenido de los datos que obran en su poder a los portavoces oficiales de Esperanza Aguirre, ahora líder municipal del PP en Madrid; a los de la ya virtual jefa del partido en la Comunidad, la presidenta Cristina Cifuentes; y a los portavoces de la dirección nacional. Ninguna de las partes accedió a pronunciarse. Los portavoces de Génova dijeron no estar en condiciones de verificar los datos este mismo lunes y aconsejeron trasladar la consulta al PP madrileño; el equipo de Aguirre, que dirigía el Gobierno autonómico y la organización regional del partido en el momento de los hechos, remitió a la actual organización del PP; y el de Cifuentes, que acaba de desembarcar en la jefatura del PP madrileño, anunció que intentará contrastar los datos aunque sin prometer fecha.

De los vídeos de Aguirre a las “pepenetas” de campaña

Que la participación de Over Marketing y/o sus filiales de facto en la campaña del PP madrileño de 2007 fue intensa lo acredita un dossier elaborado por la propia compañía y que la Policía encontró en su sede durante los registros del caso Palma Arena. Bajo el título “Over MCW. Memoria de trabajos realizados elecciones autonómicas y municipales 2007”, el dossier detalla cuántos vídeos, folletos, postales electorales, montaje de actos e incluso puesta en circulación de furgonetas de campaña –las pepenetas– realizó el grupo para el PP madrileño y para otras organizaciones territoriales.

El extenso apartado relativo a Madrid, cuyas páginas reproduce ahora infoLibre, se abre con varios fotogramas del “vídeo de apoyo a los candidatos municipales”. Y quien aparece en esos fotogramas es Esperanza Aguirre.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/14/empresas_investigadas_punica_hicieron_campana_del_madrid_2007_pero_facturaron_una_cantidad_insignificante_62465_1012.html

LA EMPRESA INVESTIGADA EN 'PÚNICA' POR LA FINANCIACIÓN DEL PP ADMITIÓ QUE LE HACÍA ACTOS GRATIS AL PARTIDO

El dueño de Over Marketing declaró que no pagaba comisión a quienes le daban contratos amañados, pero que “quizá el beneficio que pudieran obtener” era que “no les facturasen las totalidades" de las campañas

El grupo Over hizo en 2007 las campañas de candidatos a alcaldes de Madrid, Baleares, Galicia, Castilla y León, Valencia y Murcia, además de la de Floriano en Extremadura

Solo declaró haber facturado al PP aquel año 57.625 euros

Daniel Mercado, dueño del grupo Over Marketing y cuyos contratos de publicidad con la Comunidad de Madrid –9,8 millones entre 2004 y 2008, como adelantó infoLibre– investiga el juez del caso Púnica en la pieza secreta sobre financiación del PP, admitió en 2012 ante la Fiscalía Anticorrupción que había cubierto actos del PP por los que no cobró “absolutamente nada”. Así consta en una de sus declaraciones por el caso Palma Arena, donde afloraron los primeros indicios de financiación ilegal vinculados a su grupo, los del PP balear. Fuentes jurídicas aseguran que las declaraciones prestadas por Mercado en esa causa ya están en manos del juez instructor de Púnica, Eloy Velasco.

Daniel Mercado, que durante años manejó las riendas de Over, Traci Comunicación, Abanico Comunicación y Link América, respondió en esos términos durante uno de los interrogatorios en una de las piezas del caso Palma Arena cuya apertura de juicio acaba de dictar el juez José Castro. Tras relatar que no solo en Baleares sino también en la Comunidad de Madrid había obtenido contratos amañados con intervención directa del exconsejero Alberto López Viejo, ahora procesado en Gürtel, el fiscal Pedro Horrach preguntó al empresario qué beneficio tenían a título personal quienes le contrataban irregularmente. El empresario respondió que nunca había pagado comisión alguna. Pero añadió lo siguiente: “Que quizás el beneficio que pudieran obtener las personas que le contratasen es que no les facturasen las totalidades de los costes de las dos campañas electorales del PP del año 2003 y 2007”. Y prosiguió así: "Que aparte de las campañas electorales Over ha cubierto actos a los que han acudido líderes del PP por los que no ha cobrado absolutamente nada, por lo que entiende el declarante el beneficio lo ha obtenido el Partido Popular".

Durante varios años, Over envió obsequios navideños a políticos de las administraciones del PP con las que mantenía contratos. Entre ellos figuraba el entonces vicepresidente de Madrid, Ignacio González. Entre 2003 y 2007, González, que luego sucedió a Aguirre en la presidencia de la Comunidad y ahora está retirado de la política, recibió regalos como "billeteras y llaveros de Loewe", y así lo admitió en noviembre de 2012 una portavoz del dirigente madrileño.

Una campaña extensa y muy barata

Como publicó el martes infoLibre, el grupo Over, al que también pertenecían otras tres empresas satélite, hizo en 2007 la campaña de 12 candidatos municipales del PP madrileño. Pero, como servicios prestados por el grupo, la contabilidad oficial del PP madrileño solo anotó ese año 10.440 euros. Lo hizo junto al nombre de una de las filiales de Over, Traci Comunicación SL. Esa cifra ya aparecía en el balance del PP madrileño correspondiente a 2006. Y se mantuvo hasta 2008.

En 2007, las cuatro empresas del grupo –Over, Traci Comunicación, Link América y Abanico de Comunicación– notificaron a Hacienda que habían facturado al PP por servicios prestados en toda España 57.625 euros.

En mayo de ese año se celebraron elecciones municipales en todo el país y autonómicas en la mayoría de las comunidades. De su actuación en esas campañas Over dejó tras sí un dossier que la Policía terminó encontrando en su sede. Es esa memoria la que constata que, además de la campaña para el PP de Madrid y la del PP balear, el grupo impulsó en 2007 la carrera municipal de otros candidatos locales del partido en Galicia, Castilla y León, Valencia y Murcia así como la de Carlos Floriano hacia la Presidencia de la Junta de Extremadura. Portavoces oficiales de la dirección nacional del PP aseguraron que Floriano conoció en algún acto del partido al dueño de Over y que a partir de ahí se inició su colaboración para la campaña autonómica.

La memoria de trabajos electorales desarrollados por Over para el PP en 2007 detalla qué candidatos locales, además de los madrileños sobre los que ya informó este diario el miércoles, contaron con el apoyo de la trama societaria que dirigía Mercado.

En Galicia, Carlos Negreira, alcalde de A Coruña entre 2011 y 2015; Telmo Martín, que optaba al bastón de mando de Sanxenxo (Pontevedra), el ourensano Enrique Nóvoa, Juan Juncal, que en 2007 no logró revalidar la alcaldía de Ferrol, y Joaquín García Díez, que había sido alcalde de Lugo.

En Castilla y León, Valencia y Murcia, Over hizo campaña por “candidatos que partían de situaciones específicamente complejas”, dice el dossier. Fueron las castellanoleonesas Celinda Sánchez (Palencia) y Beatriz Escudero (Segovia), ninguna de las cuales logró imponerse al PSOE; los valencianos Ana Kringe (Denia), que perdió en las urnas pero se hizo finalmente con la alcaldía gracias a un tránsfuga, y Manuel Pérez, que sí obtuvo la mayoría en Benidorm. En Murcia, Over hizo campaña por Juan Miguel Benedito (Yecla) y Pedro Chico (Bullas).

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/17/la_empresa_investigada_punica_por_financiacion_del_admitio_que_hacia_actos_gratis_partido_62653_1012.html

GRANADOS PIDE AL JUEZ QUE LLAME A DECLARAR A ESPERANZA AGUIRRE Y AL HOMBRE FUERTE DE CIFUENTES

El exconsejero da un paso más en su estrategia para repartir culpas y se presenta como “colaborador de la Justicia”

Francisco Granados va un paso más allá y, tras su carta dedicada a Esperanza Aguirre y su solicitud de que se investiguen hasta siete empresas y sus vínculos con Valdemoro y las adjudicaciones de vivienda pública de Arpegio, acaba de presentar un escrito dirigido al juez del caso Púnica, Eloy Velasco. En dicho documento, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, le pide que llame a declarar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, al actual hombre fuerte de Cristina Cifuentes y varias decenas de dirigentes del Partido Popular, entre los que se encuentran varios exconsejeros de su etapa en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El documento, del que se había rumoreado su existencia pero que no ha sido registrado hasta este miércoles, tiene algunas curiosidades. La abogada de Granados arranca diciendo “que el pasado día 21 de los corrientes tuvo lugar la primera declaración voluntaria de mi mandante”. Granados declaró ante el juez antes de Navidades, el 21 de diciembre, pero el documento lleva firma del 15 de marzo, por lo que habría estado preparado desde hace meses.

La oportunidad de presentarlo ahora, justo después de que se diera a conocer su carta a Esperanza Aguirre y a las puertas del Congreso regional del PP de Madrid no parece pues casual. Sobre todo teniendo en cuenta que llama a declarar a uno de los hombres fuertes de Cifuentes, Jaime González Taboada.

El texto sigue con la autoproclamación de que Granados –y su abogada- son “colaboradores de la Justicia” y declaran su “propósito de que se puedan llegar a conocer todos los datos referentes a los hechos investigados”.

Por ello, pide que se llame a declarar a Esperanza Aguirre para que “explique el papel” de Granados en su Gobierno y “qué influencia pudo ejercer sobre la gestión de otros consejeros”, así como su papel en las adjudicaciones de colegios públicos y en el PGOU de Valdemoro. Y requiere a la lideresa para que aclare “si los altos cargos de su Consejería lo fueron por decisión suya, en calidad de Presidenta, por ser de su confianza”.

También, como decimos, pide la comparecencia de Jaime González de Taboada, actual número tres de Cristina Cifuentes como consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y a quien el socio de Granados, David Marjaliza, acusó de “mangonear” en el Plan Prisma para llevarse mordidas. Granados le cita para que “desmienta” dichas acusaciones y “manifieste si conoce de la existencia de pagos de comisiones referidas”.

Además, le reclama como presidente de Nuevo Arpegio para que manifieste “si le consta que dicha mercantil colabora con la Justicia o si, por el contrario, pone trabas como al parecer viene sosteniendo el Ministerio Público; e indique si le consta que algún empleado de Nuevo Arpegio le ha manifestado temor a sufrir represalias o presiones para no colaborar con la Justicia”.

Además, Granados ha pedido que declaren Mariano Zabía, Beatriz María Elorriaga y Ana Isabel Mariño, todos exconsejeros de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para que aclaren el funcionamiento de Arpegio y se comparen sus actuaciones con las que realizó él al frente de esta empresa pública. Y solicita citar a Santiago Fisas, exconsejero de Cultura, para que aclare “si fue él quien se encargó de patrocinar el evento titulado “TheNight of theProms” y si el Sr. Granados tuvo algún tipo de participación o relación con dicho evento”.

Además, Granados ha exigido que declare Pedro Castro, exalcalde socialista de Getafe, y a su exconcejal de Urbanismo para que “informen acerca de si ellos dos se encargaron de negociar el consorcio “Los Molinos-Buenavista” con la Consejería de Urbanismo y Don Ignacio González”.

Pero Granados también tiene hueco para dirigentes municipales de su partido. Pide que declare Juan Soler, exalcalde del PP en Getafe, imputado en el caso del Teatro, para “que manifieste si en el curso de su mandato como Alcalde del municipio de Getafe recibió alguna comisión del Sr. David Marjaliza”.

Y al exalcalde de Alcalá de Henares y hombre de confianza de Esperanza Aguirre, Bartolomé Giménez para “que aclare si es cierto que recibió 60.000€ del Sr. Marjaliza, en el curso de su mandato”.

http://www.elplural.com/politica/2017/03/15/granados-pide-al-juez-que-llame-declarar-esperanza-aguirre-y-al-hombre-fuerte-de

CARTA DESDE LA PRISIÓN DE ESTREMERA. GRANADOS A ESPERANZA: “TÚ MANDABAS EN TODO, NO ENTIENDO QUE NO DESMIENTAS LA CAJA B”

OKDIARIO publica en exclusiva una carta escrita por Francisco Granados desde la cárcel madrileña de Estremera dirigida a Esperanza Aguirre en la que le pide que desmienta públicamente que existiera “financiación ilegal del PP de Madrid” en el marco de la trama Púnica.

La misiva, escrita de puño y letra por Granados en 6 folios, color verde Esperanza, tiene fecha 13 de marzo y comienza así: “Querida Esperanza. Te escribo, después de dos años y medio en prisión preventiva, para trasladarte algunas reflexiones sobre la llamada, con fines exclusivamente mediáticos, ‘Operación Púnica’ y tu reacción ante todo lo que está pasando”.

“Sabes que, con mis defectos, siempre he dado lo mejor de mí mismo por Madrid y por los principios y valores que compartimos. Y, aunque después de tanta basura como se ha esparcido suene increíble, te aseguro que jamás he ‘metido la mano en la caja’ y que soy inocente. Y, como me conoces bien sabes que lo voy a pelear hasta el final”. A continuación, añade rotundo: “‘Ningún ataque sin respuesta’, ¿te acuerdas?”.

“Pero no me he decidido a escribirte por esto, sino por tu reacción, o, mejor dicho, tú no reacción ante las acusaciones de ‘financiación ilegal’ del PP de Madrid. Esa no es la forma de actuar de la Esperanza que los afiliados del PP de Madrid conocen”.

Después recuerda como hace dos años y medio registraron su casa y se llevaron una libreta muy antigua en la que apuntaba ideas para no olvidarse. “Ahí había unas notas sobre actos del PP que hicimos en las Juntas Locales de Madrid. Recordarás que casi todas eran en las sedes a las que a veces ibas tú, y otras yo u otros cargos del partido o del gobierno”.

“Yo anoté como tantas veces, el nº de asistentes previsto, quién se encargaba de movilizar a los afiliados, y cosas así. Pues bien, la interpretación absurda de esas notas, que no dicen nada más, que no reflejan dinero ni nada por el estilo, llevaron al registro de la sede del PP de Madrid hace ya un año y a la imputación de nuestro gerente regional (Beltrán Gutiérrez)”.

A continuación, afirma tajante: “Tú decidiste entonces dimitir. Según explicaste, habías cometido un error ‘in vigilando’!!! ¿Significaba eso que admitías que, contigo de Presidenta pudo haber financiación ilegal irregular, pero que, en todo caso tú no te enteraste? Quiero pensar que no, pero el hecho es que nunca lo has aclarado y que esa duda ha quedado en el ambiente”.

“Una de tus frases preferidas eras ‘Todo se puede delegar menos la supervisión'”

“Una de tus frases preferidas”, prosigue, “que tantas veces has repetido como consejo es: ‘Todo se puede delegar menos la supervisión’. Y todos los que hemos trabajado contigo sabemos que siempre has actuado así. Absolutamente nada, ni el en el Partido, ni en el Gobierno, se ha hecho jamás sin que tú lo ordenaras o, al menos, dieras el visto bueno. Todo el que ha estado a tus ordenes lo sabe. Más aún, era más que habitual que tú despacharas con cargos intermedios del Gobierno para tomar decisiones ‘puenteando’ a sus jefes orgánicos”, sentencia Granados.

“Por eso”, matiza, “me sorprendió tanto lo de falta ‘in vigilando’ en vez de proclamar la verdad, que bajo tu mandato la financiación del PP siempre se ha ajustado a la Ley”. El ex dirigente popular asegura creer en “la honestidad” del gerente, el tesorero, el contable y de “todos los que se han encargado de esos asuntos en el PP de Madrid”.

“Ha pasado más de un año desde el registro de la sede y tu dimisión y nadie ha pedido TRANSPARENCIA en las actuaciones. No es aceptable que en Democracia, en un Estado de Derecho, la policía registre la sede del principal partido del país, se cree una crisis política en Madrid sin precedentes, y se extienda un manto de duda de este calibre, y nadie pida, y nadie dé, ninguna explicación de en base a qué hechos objetivos se tomado esa decisión”.

“La financiación ilegal del PP de Madrid es una enorme falsedad”

Granados destaca que las últimas informaciones sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid son una “enorme FALSEDAD. Sencillamente es mentira, los madrileños en general y los afiliados al PP en particular necesitan que tú se lo digas. Necesitan que tú exijas públicamente ‘luz y taquígrafos’. Que se diga quién, cuándo, cuánto y cómo se desviado ese dinero y que pruebas hay. Yo estoy muy tranquilo, porque sé que eso no se ha hecho, que ni los consejeros de esas áreas, ni los funcionarios, ni los empresarios, ni las personas del partido han cometido ninguna irregularidad”.

Después hace referencia a la instrucción del juez Eloy Velasco en la trama Púnica: “Creo que alguien debería decir de una vez que las causas generales, las investigaciones prospectivas y cuatro años de secreto de sumario son incompatibles con la Constitución Española. Yo llevo sometido a una causa general sobre mi vida cuatro años, pero ahora también la está sufriendo el PP y tus años al frente del Gobierno de la CAM”.

Finalmente, Granados se despide de Esperanza Aguirre: “Estoy seguro de que en defensa de tus principios y valores, y sobre todo, porque se lo debes a los millones de ciudadanos que confían en ti, harás lo que más convenga para que se aclare la verdad y se haga Justicia. Un beso, Paco G.”.

https://okdiario.com/investigacion/2017/03/15/granados-esperanza-mandabas-no-entiendo-no-desmientas-caja-b-827391

GRANADOS DA AL JUEZ UN LISTADO DE EMPRESAS PARA QUE LAS INVESTIGUE

Desde prisión, el exconsejero apunta a las adjudicaciones de Vivienda en Valdemoro y a los polígonos industriales

La actividad frenética de Francisco Granados en la cárcel de Estremera no se limita a la escritura de cartas a sus amigos y enemigos, ni a sus peticiones de que vaya a declarar Esperanza Aguirre o Eduardo Inda. El considerado cabecilla de la trama Púnica, dentro de su estrategia de mostrarse como colaborador de la Justicia, ha remitido también al juez del caso, Eloy Velasco, un nuevo escrito en el que, sin entrar en muchos detalles, le reclama que investigue las adjudicaciones de vivienda a siete empresas, así como las propiedades de dichas sociedades en Valdemoro.

Francisco Granados, cuya extensa biografía se puede consultar en nuestra web colaboradora Los Genoveses, arranca su escrito recordando su “actitud de colaboración con el Juzgado” para reclamar varias “diligencias de pruebas”.

La primera de ellas es que se dirija a la entidad Arpegio, fundación presidida por Granados y que está investigada en la Púnica por ser un instrumento “para hacer favores” con dinero público, según confesó Elisa de la Nuez, la persona contratado por Esperanza Aguirre para “poner orden” tras el paso de Granados.

El exconsejero de Aguirre reclama que Arpegio emita “un informe” sobre “las adjudicaciones de vivienda realizadas en el periodo 2001 a 2004” a siete empresas: Himalaya S.L., Hilday S.L., Tuvalu S.L., Servicios Logísticos Inmobiliarios S.L, Servicios Patrimoniales Obras y Vías S.L., TPC S.L. y Obras y Vías S.A.

Además, requiere que se dirija al Ayuntamiento de Valdemoro, que gobernó durante cuatro años, para que consiga una “relación completa de los propietarios” de varios sectores de polígonos industriales de la localidad cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana local, en 2004, justo cuando él dejó la Alcaldía.

Dentro de esta petición, también reclama un “listado completo de las adjudicaciones del suelo público y de servicios públicos realizados en el periodo 1999 a 2003, en concreto el periodo en el que fue alcalde.

Finalmente, solicita al juez que pida al registrador de la Propiedad de Valdemoro “las propiedades que, durante los años 2001, 2002, 2003 y 2004” tuvieron las misma siete empresas que citaba anteriormente.

Cartas desde prisión

En los últimos tiempos, Granados ha demostrado que, quizás por el tiempo libre del que disfruta en prisión, es un prolífico escritor. Además de los continuos escritos que manda al juzgado, -ora para presentarse como colaborador de la Justicia, ora para solicitar declaraciones sorpresa en las que nunca acaba de tirar de la manta-, también se ha destacado por sus cartas.

Este miércoles se ha conocido la que ha enviado a su antigua mentora, Esperanza Aguirre, que ahora le considera alguien que le “ha salido rana”. Él mismo lo recuerda en la misiva que se extiende por seis folios llenos de halagos y nostalgia por todo lo que “hemos trabajado, reído, llorado y compartido mil confidencias”.

Pero, sin embargo, entre tanta línea, esconde un misil a su línea de flotación, recordándole que su defensa de que falló “in vigilando” no se sostiene pues la filosofía de Aguirre era “todo se puede delegar menos la supervisión”. Y subraya que “absolutamente nada, ni en el PP ni en el Gobierno, se ha hecho jamás sin que tú lo ordenaras”, hasta el punto de reunirse con las decenas de cargos intermedios –“todos habían sido nombrados por ti”- incluso “puenteando a sus jefes orgánicos”.

La otra carta famosa fue la que dirigió al director de La Razón, Francisco Marhuenda, después de que éste insinuara que Granados era “un paleto de Valdemoro”. En esa carta, Granados insinúa que Marhuenda tiene una nave en un polígono de la localidad porque acudió “a este paleto de Valdemoro para que te pusiera en contacto con el alcalde (también imputado) a ver si te encontraba algún chollo”. Y le pregunta “¿puedes explicar por qué te aprovechaste de tus contactos políticos para fines espurios? ¿cuánto te ahorraste? ¿pagaste comisión o mordida a alguien?”.

http://www.elplural.com/politica/2017/03/15/granados-da-al-juez-un-listado-de-empresas-para-que-las-investigue

VALDEMORO. LOS SEIS PASOS PARA AMAÑAR UNA ADJUDICACIÓN DE 61 MILLONES

Un informe de la UCO recién incorporado al sumario del 'caso Púnica' detalla los pasos que siguió la trama para hacerse con un contrato del Ayuntamiento de Valdemoro

Llamadas de teléfonos, correos electrónicos, reuniones, facturas falsas, dinero negro para pagar sobornos y más de un año de gestiones en la sombra. El último informe entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, dentro del caso Púnica detalla de manera pormenorizada todos los pasos que la trama siguió para amañar la adjudicación de un contrato de eficiencia energética de 60,8 millones de euros en el Ayuntamiento de Valdemoro. El documento policial destaca que para ello hizo falta la presunta participación y connivencia de, al menos, 21 personas, entre empresarios y funcionarios públicos. La Guardia Civil destaca que fue el mismo mecanismo que la red utilizó en otros consistorios de la Comunidad de Madrid para hacerse de modo irregular con concursos.

1. Acceso privilegiado a datos. En octubre de 2012, 14 meses antes de que se firmara el contrato de eficiencia energética en el Ayuntamiento de Valdemoro y la filial española de Cofely-GDF Suez, dos de los principales implicados en la trama intercambiaron el primer correo electrónico presuntamente dirigido a amañar este concurso. Pedro García, directivo de la compañía y señalado por la investigación como uno de los supuestos muñidores de las irregularidades, cruzaba en aquellas fechas varios mensajes con el constructor David Marjaliza, socio de Francisco Granados y ahora colaborador de la Justicia, en los que este último facilitaba al primero "los datos de facturación del Ayuntamiento de Valdemoro” que iban a servir para elaborar de manera irregular los pliegos para decidir la adjudicación. Entre esa información, el informe de la UCO destaca que figuraban las claves de acceso que se utilizaban en el Consistorio para consultar las facturas de consumo de energía de los diferentes edificios municipales, conocer el número total de contadores o saber cuántas farolas había en la localidad. Unos datos clave para preparar la oferta de un concurso que aún tardaría meses en hacerse público.

2. Manipulación de la consultoría previa. La investigación ha permitido determinar que Cofely envió toda esa información recabada gracias a "funcionarios y responsables de dicho Ayuntamiento" a una tercera sociedad, en este caso Consultoría Lumínica, para que esta elaborase para el consistorio la obligatoria auditoria previa y que ésta fuera, además, a medida de los intereses de la multinacional. La UCO considera que esta sociedad era, en realidad, un tentáculo de Cofely, con la que colaboraba desde hacía tiempo y que por este trabajo supuestamente recibió 8.000 euros. Eso sí, para difuminar dicha dependencia, los cobró utilizando empresas interpuestas. En este caso, Ruta Energética, del constructor David Marjaliza. Este adelantaba en primera instancia el dinero para posteriormente emitir facturas falsas a Cofely por la realización de trabajos inexistentes para recuperar dichos fondos y, además, cobrar su comisión por su labor de intermediario con el Ayuntamiento, donde los agentes destacan que el hoy arrepentido tenía gran “influencia”.

3. Pliegos a medida. En noviembre de 2012, nueve meses antes de que se anunciase el concurso, el directivo de Cofely Pedro García envió a Marjaliza borradores de los pliegos y los anexos que debía publicar el Ayuntamiento de Valdemoro para convocar el concurso. Era el inicio de una cadena de mensajes que, según la UCO, ponía de manifiesto que en la confección de dicha documentación técnica estaban trabajando empleados de la multinacional junto a varios técnicos y cargos de confianza del propio consistorio, que en algunos momentos llegan a prescindir de la intermediación de García y Marjaliza para tratar directamente entre ellos cuestiones concretas de los pliegos. Las investigaciones han revelado al menos dos "reuniones físicas" entre un funcionario del Ayuntamiento y trabajadores de Cofely varios meses antes de que se convocase el concurso para la elaboración de dicha documentación técnica.

4. Minusvalorar la oferta económica. Esos correos electrónicos y reuniones se tradujeron en una coincidencia casi total “en formato y contenido” entre los pliegos que finalmente publicó el equipo de gobierno de Valdemoro, entonces encabezado por el popular Jose Carlos Boza Lechuga, hoy imputado, y los que había remitido Cofely. En este punto, el informe de la Guardia Civil destaca que "el hecho de que una empresa participe en la confección de unos pliegos para más adelante participar en la licitación del concurso está expresamente prohibido". Con ello, la multinacional consiguió incluir en los mismos una fórmula entre los criterios objetivos de adjudicación que a la hora de decidir el ganador del concurso restaba de manera significativa importancia al precio de la oferta económica para, de este modo, aunque la de Cofely fuese la más cara, seguir siendo la ganadora. Una maniobra que, según destaca el informe, la trama también utilizó supuestamente en municipios como Parla, Serranillos del Valle, Collados Villaba y Almendralejo, entre otros.

5. Evitar a los interventores municipales. El análisis policial de la documentación también ha revelado que los pliegos presuntamente elaborados por la trama y posteriormente utilizados por el Ayuntamiento contenían otras irregularidades con el supuesto objetivo de eludir el control de los interventores municipales. Así, el informe de la UCO destaca que se incluyeron de manera intencionada en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) algunas cláusulas sobre revisión de precios, subrogación de personas, criterios de adjudicación y solvencia económica que debían haber figurado en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones (PCAP). De este modo, la trama evitaba que las mismas fuesen sometidas al escrutinio de los interventores del Ayuntamiento, que hubieran puesto serias objeciones al concurso. Uno de ellos era el criterio de solvencia, que figuraba definido en el PPT con "unos requisitos difíciles de cumplir para otras empresas del sector diferentes a Cofely". Una manera de evitar la competencia, en opinión de los investigadores.

6. Desviar dinero municipal para sobornos. La Guardia Civil pone especial énfasis en la cláusula del pliego que permitía a la empresa adjudicataria destinar el 2% del importe de la licitación a contratar todos los años una auditoría de su elección para fiscalizar el cumplimiento del contrato. Según la investigación, "Cofely se valió de esta oportunidad" para contratar a una empresa de Marjaliza que no realizaba servicio alguno -la auditoría la iban a elaborar los propios trabajadores de la multinacional- y que "servía únicamente para generar facturación instrumental que se utilizaría para hacer frente a otros pagos". ¿Cuáles? La UCO concluye que para los "cohechos" a los funcionarios y cargos públicos que colaboraban en el amaño y para abonar al constructor el dinero que éste había adelantado durante todo el proceso, además de su supuesta comisión. De este modo, cada ejercicio se iban a desviar 130.000 euros del erario con tal fin. El contrato tenía una duración de 15 años.

Finalmente, en agosto de 2013, el Ayuntamiento de Valdemoro hizo público el concurso. En diciembre de ese año, el alcalde José Carlos Boza Lechuga firmaba el contrato con Cofely, la única empresa que se presentó al mismo. Era el punto final de todo un proceso repleto de supuestas irregularidades en el que la Guardia Civil asegura que se cometieron hasta seis delitos: cohecho, fraude, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, revelación de secretos y malversación. Una larga lista de la que hace responsable a doce cargos públicos y funcionarios del consistorio, entre ellos el entonces regidor, Boza Lechuga; a cinco directivos de la multinacional, y a cuatro empresarios, incluido David Marjaliza. Todo por un contrato de 60,8 millones de euros, el segundo de importe más elevado supuestamente amañado por la Púnica.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/13/actualidad/1489418866_942289.html

VELASCO HA RECHAZADO EL PUESTO EN LA UE PORQUE LE PROHIBÍAN SEGUIR COBRANDO 50.000€ POR DAR CHARLAS

El juez Eloy Velasco ha rechazado convertirse en el coordinador de la Unión Europea para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en Latinoamérica porque en ese cargo vería sensiblemente reducidos sus ingresos, según las fuentes consultadas por OKDIARIO.

En la actualidad, Velasco percibe un sueldo que ronda los 80.000 euros brutos anuales como titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

A estos ingresos suma cerca de 50.000 euros anuales más por sus actividades privadas como profesor y conferenciante, dado que tiene concedida la compatibilidad por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Profesor del ESADE sobre ciberseguridad

Durante el pasado curso, Eloy Velasco dirigió un programa de innovación sobre ciberseguridad en un Máster de Coaching Ejecutivo impartido por el ESADE, una de las más prestigiosas escuelas privadas de negocios. De hecho, Velasco es uno de los mayores expertos españoles en ciberdelincuencia.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, Velasco percibiría un sueldo que ronda los 100.000 euros anuales si hubiera aceptado el puesto de coordinador de la UE contra el crimen organizado. Desempeñaría esta labor en Madrid, aunque tendría que viajar con frecuencia a distintos países de América Latina.

Se trata de una plaza en servicios especiales, lo que le permitiría regresar a su puesto de magistrado en la Audiencia Nacional una vez concluido el plazo de cuatro años.
Ha rechazado el puesto de la UE

Pero con una diferencia: es un puesto con dedicación exclusiva, por lo que la Unión Europea no le permitiría seguir desempeñando sus actividades privadas como profesor y conferenciante. Una actividad que le reporta cerca de 50.000 euros brutos al año, señalan las mismas fuentes.

Este sería el motivo por el que Eloy Velasco ha renunciado finalmente al puesto ofertado por la Unión Europea, pese a que su candidatura contaba con todas las bendiciones del CGPJ.

Como ha informado OKDIARIO, Velasco formaba parte de la terna elaborada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para ocupar dicho puesto en la Unión Europea. Los otros dos aspirante mejor colocados son el juez de vigilancia penitenciaria de Córdoba Luis de Arcos y el magistrado Manuel Olmedo.

Como titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Velasco instruye actualmente el caso Púnica sobre presunta financiación ilegal del PP.

https://okdiario.com/investigacion/2017/03/16/eloy-velasco-cobra-80-000-euros-como-magistrado-otros-50-000-dar-conferencias-831118

EL JUEZ HALLA PAPELES SECRETOS CON TODA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID

Velasco cita de nuevo en la Audiencia al exgerente del partido Beltrán Gutiérrez tras intervenirle una explosiva documentación confidencial en el marco de Púnica

La pieza que aún mantiene secreta el juez Eloy Velasco en el marco de la Operación Púnica contiene profusas pruebas que presuntamente acreditan la financiación ilegal del PP de Madrid desde 2004 y que salpica a gran parte de la anterior cúpula del partido, según fuentes jurídicas. Se trata de documentación confidencial requisada por el juez en casa del exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez y que destapa la caja B con la que los populares madrileños han sufragado en los últimos lustros campañas electorales y actos del partido. Y, según se desprende de las pesquisas, lo han hecho, entre otros canales delictivos, a través de Fundescam, la fundación que creó el PP en época de la expresidenta Esperanza Aguirre y que se ha nutrido de fuertes sumas de dinero pagadas por empresarios afines a cambio supuestamente de contratas públicas.

El juez Velasco ha reactivado en los últimos días la investigación sobre la caja b del PP madrileño, la única de las 14 piezas separadas del caso Púnica que permanece bajo secreto sumarial. Durante la mañana de este miércoles, el juez ha citado a declarar como investigados -imputados- a Beltrán Gutiérrez, a José Ignacio Echeverría, exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y extesorero del PP madrileño y a Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña CEIM. Los tres han salido de la Audiencia sin hacer declaraciones. Fuentes jurídicas han aclarado que el exgerente del PP regional no ha llegado a declarar porque su abogado llegó tarde a la citación y volverá a ser convocado el lunes próximo.

Fuentes de la investigación han señalado que los tres "han respondido a todas las preguntas" y que lo han hecho de forma "profusa y contundente". Las mismas fuentes han señalado de las pruebas documentales recabadas y de las declaraciones de este miércoles "se derivarán más citaciones".

Fuentes jurídicas han informado este miércoles que el juez Velasco ordenó ayer registros en diversos domicilios particulares y de empresas. También envió a agentes de la Guardia Civil a diferentes sedes, entre ellas las de la Consejerías de Sanidad y Transportes de la Comunidad de Madrid y de la sociedad autonómica de suelo Arpegio, para requerir información.

El juez Velasco ha dictado un contundente auto en el que describe la financiación ilegal del PP madrileño y en el que vuelve a citar en su despacho al exgerente Beltrán Gutiérrez para interrogarle sobre algunos flecos que le faltan para terminar de encajar algunas piezas sueltas. Las pesquisas implican presuntamente al exconsejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aguirre, Francisco Granados, encarcelado desde finales de octubre de 2014 por su condición de cabecilla de la trama Púnica. Y también salpican al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, entre otros altos cargos del PP de los últimos 16 años. Otros implicados en esta financiación ilegal ocupan ahora puestos de responsabilidad en la Comunidad de Madrid, que preside Cristina Cifuentes.

Las donaciones de empresarios a Fundescam han acabado con los años conectando los dos casos más graves de corrupción política que han sacudido España desde la transición: Gürtel y Púnica. El juez instructor de Gürtel, Antonio Pedreira, investigó en 2010 Fundescam y, según un informe policial de entonces elaborado por la UDEF, esta fundación recaudó de empresarios afines, solo en 2003, unos 900.000 euros. Entre los donantes, con hasta 300.000 euros, estaba el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, posteriormente encarcelado por delitos de alzamiento de bienes en su extinto grupo industrial Marsans.

Con parte de ese dinero el PP regional financió actos y campañas electorales en los años 2003 y 2004. Pero Pedreira acabó archivando esta parte del sumario al entender que los delitos habían prescrito. Púnica ha vuelto a destapar Fundescam y en esta ocasión el juez Velasco ha detectado que la financiación a través de esta fundación se ha mantenido hasta casi 2011, con lo que los supuestos delitos serían continuados y, por tanto, no prescritos.

El juez envió a la Guardia Civil al registro de asociaciones, a la sede del PP regional, al despacho del gerente y a varios departamentos de la Comunidad en busca de pruebas con las que hilvanar, y en gran parte lo ha conseguido, que las sumas de dinero que aparecen en los papeles secretos del gerente tienen relación con Fundescam y con otras aportaciones ilegales recibidas por el PP madrileño. El juez sospecha que las entregas de dinero fueron onerosas y a cambio de contratas y adjudicaciones públicas.

El expresidente de la CEIM, la patronal de Madrid, Arturo Fernández, es uno de los empresarios, ahora en pleno declive, investigados en la pieza número 14 de Púnica. Su grupo de hostelería Cantoblanco recibió lucrativas adjudicaciones de la Asamblea de Madrid y de otras administraciones gobernadas por los populares. El juez también ha pedido información sobre contratas al Ayuntamiento de Madrid de las épocas en fue gobernado por los exalcaldes Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, según las citadas fuentes.

El expresidente Ignacio González mantuvo en nómina en el partido a Beltrán Gutiérrez incluso después de que este tuviera que dimitir como gerente por su implicación en el caso de las tarjetas black, de las que se gastó 58.000 euros. El PP de Cifuentes le pagó 120.000 euros y Gutiérrez finalmente abandonó el despacho que le había asignado González en Génova tras el escándalo de las tarjetas.

No es la primera vez que Gutiérrez es citado por el juez. Ya compareció el 3 de marzo de 2016. El detonante entonces fue una agenda intervenida a Granados en la que figuran, junto a entregas de casi dos millones de euros, las iniciales de “BG”, presumiblemente referidas a Beltrán Gutiérrez, y las de “JLM”, en alusión a Javier López Madrid, yerno del dueño de la constructora OHL. David Marjaliza, exsocio arrepentido de Granados, ayudó al juez a identificar las citadas iniciales.

El nombre de Beltrán Gutiérrez, a quien Velasco atribuye en Púnica delitos de cohecho y falsedad, también salió a relucir en Gürtel al estar detrás de facturaciones del PP a la empresa de Francisco Correa Special Event que a la postre fueron abonadas por Fundescam. En Gürtel, fue también documentación secreta intervenida al contable de la red en su casa la que puso al descubierto los amaños y comisiones pagadas a altos cargos del PP nacional. El contable de Gürtel volcó la caja B de las empresas en un pendrive. Lo ocultaba en la mano, cerrada, cuando la policía se lo intervino. "El puto pendrive", como lo definió airado Francisco Correa al enterarse, una vez detenido, de su existencia y de su contenido.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/08/actualidad/1488968705_893334.html

EL JUEZ REACTIVA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAJA B DEL PP DE AGUIRRE A TRAVÉS DE FUNDESCAM

El instructor centra su atención en Fundescam y preguntado al expresidente de la patronal madrileña sobre 60.000 euros que donó en 2007

Eloy Velasco investiga el supuesto pago del 1% en publicidad en la construcción de seis hospitales o en la Ciudad de la Justicia lanzada por la expresidenta en 2005

El juez que instruye en la Audiencia Nacional la pieza separada de Púnica sobre la financiación ilegal del PP madrileño, Eloy Velasco, ha reactivado su investigación con el registro de varias empresas y viviendas y con requerimientos de documentación en varios organismos oficiales de la Comunidad de Madrid, en concreto las consejerías de Sanidad, Transportes y Urbanismo, la Fundación Arpegio, la dirección de Justicia madrileña e incluso Presidencia.

El objetivo, indagar en grandes iniciativas de la última etapa de Aguirre como el plan de infraestructuras sanitarias del periodo 2004 a 2007 –que incluía el desarrollo de seis hospitales– o la Ciudad de la Justicia lanzada por la presidenta en el 2005 y que, tras quedar paralizada por la crisis, fue recuperada en 2014 por su sucesor en el cargo, Ignacio González. En concreto, el magistrado está analizando el supuesto pago de un 1% del total de las concesiones en conceptos de publicidad. El instructor también ha centrado su atención en la financiación del PP madrileño mediante la Fundación para el Desarrollo Económico de la Comunidad de Madrid (Fundescam).

Velasco ha ordenado estas diligencias después de que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraran documentación importante en el registro que realizaron por orden judicial hace un año en la vivienda y en el despacho del exgerente regional del PP de Esperanza Aguirre, Beltrán Gutiérrez, que estaría vinculada con la presunta financiación irregular de la formación conservadora en la Comunidad de Madrid.

infoLibre cuenta con un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef-Bla) de la Policía Judicial, de 30 de julio de 2010, en el que se analiza "el sistema de financiación de los actos electorales del Partido Popular de Madrid a través de Fundescam". Y los agentes citan en el mencionado informe el nombre del exgerente del PP madrileño, imputado en Púnica, Beltrán Gutiérrez, como "el interlocutor de la organización" de Correa "con el Partido Popular regional para el desarrollo de la campaña".

El gerente de Aguirre

Asimismo, el informe de la Udef resalta que en los archivos de la trama aparece el nombre de Beltrán Gutiérrez como la persona a nombre del cual se "anota el conjunto de actos realizados en la Comunidad de Madrid en los que ha intervenido Esperanza Aguirre, tanto relativos a la precampaña como a la campaña electoral".

Precisamente, el magistrado ha llamado a declarar este miércoles, por segunda vez como imputado, a Beltrán Gutiérrez, que ha sido condenado de forma reciente a ocho meses de cárcel en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid.

Pero también el juez ha citado como investigados al exconsejero de Industria y expresidente de la Asamblea madrileña José Ignacio Echeverría, cuya vivienda habría sido registrada el martes por la noche, y al expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández, también condenado a seis meses de prisión por las black.

Según fuentes del caso, el instructor ha interpelado a Arturo Fernández por sus relaciones con la expresidenta Esperanza Aguirre, a la que le une una larga amistad, al mismo tiempo que se interesó por los al menos 60.000 euros que donó a Fundescam en 2007 poco antes de las elecciones autonómicas a través de la Fundación Arturo Fernández.

Contrato para Fernández en la Asamblea

Velasco también centró su interrogatorio en el contrato que ese mismo año 2007 obtuvo de la Asamblea de Madrid para gestionar el bar de la Cámara autonómica, donde la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes era vicepresidenta.

El año 2007, año en el que se celebraron las elecciones autonómicas que ganó Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, fue muy positivo para esta fundación ligada a la formación política conservadora, porque según sus cuentas, adelantadas por Público, obtuvo 741.561 euros de donaciones privadas y de patrocinios de la Fundación Caja Madrid, presidida por Miguel Blesa, también condenado a seis años de cárcel por las tarjetas black.

Los ingresos de Fundescam, siempre según la información de Público, se disparaban en años electorales. Como por ejemplo el primero de Aguirre como candidata, 2003, en el que esta fundación que fue presidida por Pío García-Escudero y Gádor Ongil, y en la que Francisco Granados también ejerció de vicepresidente, con 938.210 euros. En el año de las elecciones generales de 2004 los ingresos de Fundescam fueron de 553.520 euros. En total la Caja Madrid de Blesa aportó 1,3 millones a Fundescam.

La investigación sobre la financiación ilegal del PP madrileño mediante Fundescam formó parte del caso Gürtel, aunque el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, ya fallecido, archivó la misma al considerar que los presuntos delitos cometidos habían prescrito.

Sin embargo, las nuevas evidencias descubiertas por el juez Velasco apuntan a que los delitos que habrían cometido los conservadores con Fundescam llegarían hasta el año 2011, por lo que no estarían prescritos, según informa el diario El País.

El papel de Cifuentes en Fundescam

Precisamente sobre Cifuentes, el magistrado preguntó a Arturo Fernández sobre su papel en Fundescam, fundación en la que la actual jefa del Ejecutivo regional fue patrona, sin remuneración, y que centra el foco de las investigaciones. Cifuentes fue elegida patrona de la fundación por el comité ejecutivo del PP madrileño el 28 de febrero de 2005. Y cesó de este cargo el 18 de septiembre de 2008 poco antes del XIV Congreso regional de la formación conservadora madrileña.

Fuentes cercanas a la presidenta regional han enfatizado que la pertenencia de Cifuentes a la junta directiva de Fundescam era obligada dado que formaba parte del comité de dirección del partido en Madrid pero que "jamás tuvo acceso ni a los informes ni a las cuentas de esa fundación".

Sobre el contrato adjudicado a una de las empresas de Arturo Fernández para la gestión del bar de la Asamblea, las mismas fuentes han recalcado que las decisiones adoptadas por la mesa de contratación que Cifuentes presidía por delegación de la presidencia de la Cámara eran siempre "colegiadas".

El informe elaborado en 2010 por los policiales de Gürtel sobre Fundescam confirma, tras el análisis de los agentes de la documentación interceptada en un pendrive a la trama liderada por Francisco Correa, la existencia de "un sistema de facturación ad hoc de los actos electoral de 2003 y 2003 enmascarando la verdadera realidad de los conceptos y de las entidades para las que se prestó el servicio".

Además, los agentes concluyen que el mecanismo de financiación de los mencionados actos electoral es "ajeno a lo contemplado en la Ley Electoral General y en la Ley de Financiación de Partidos Políticos a través de una fundación vinculada orgánicamente al Partido Popular de Madrid (Fundecam) que recibe fondos de empresas que mediante contratos vigentes prestaban servicio o realizaban suministros u obras para administraciones públicas de la Comunidad de Madrid, y que posteriormente canaliza para financiar los actos del partido en campaña electoral".

El informe explica, además, que la organización de Correa "reporta a Luis Bárcenas", entonces gerente del PP nacional, "las facturas emitidas por Special Events a las distintas sedes regionales por los actos realizados bajo el concepto montaje actos elecciones autonómicas".

Facturas ficticias del PP

Los policías que realizan el informe constatan también que las facturas tienen "un cambio de entidad puesto que actos desarrollados por el PP de Madrid con motivo de la campaña de las elecciones autonómicas de 2003 se transforman en servicios prestados a Fundescam. Ésta práctica no sólo se observa con actos de la campaña electoral de 2003 sino también en relación a las elecciones europeas de 2004 y al Congreso Regional de 2004", completa el documento del sumario del caso Gürtel, que sostiene que mediante la elaboración de estas facturas ficticias se trata de representar una operación mercantil imitando lo que no es".

"Dichas facturas", resaltan los agentes, "responden en realidad a actos realizados con motivo de las campañas electorales locales y autonómicas de 2003, elecciones generales de 2004, elecciones al Parlamento Europeo de 2004 y al congreso regional de 2002 y 2004 para el Partido Popular de Madrid o el Partido Popular Nacional, por tanto han sido objeto de un cambio de entidad y de concepto".

Finalmente los agentes, que citan el mencionado artículo del diario Público, aseguran que los principales donantes de fondos a Fundescam eran las siguientes compañías: Transportes de Cercanías, Grupo Cantoblanco, Siemens, FCC, Unión Fenosa, Grupo Avanza, Mercurio, Promociones García Domínguez, Inmobiliaria COF, Francisco Santos, Ciuvasa, Valentín, Carlos de Bias García, Idea informática, José Antonio López Casas, Felop, Hotetur, Expacontra, Aerolíneas Baleares y Germán López Madrid.

72.000 euros de Díaz Ferrán

En el sumario de Gürtel aparece también otro documento en el que el entonces gerente de Aguirre, Beltrán Gutiérrez ingresa en 2003 en calidad de "apoderado" de Fundescam 72.000 euros de Gerardo Díaz Ferrán en nombre de la empresa Mercurio.

En la pieza sobre la financiación ilegal del PP madrileño, el juez Velasco mantiene imputados por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales, al exgerente del partido regional Beltrán Gutiérrez, y el empresario Javier López Madrid, además de al propio Granados y su socio David Marjaliza.

Según una agenda manuscrita de Granados, incluida en el sumario de la trama, el ex secretario general del PP madrileño reflejó en una de las páginas de su libreta unos pagos a Beltrán Gutiérrez 1,4 millones de euros.

Otros de los casos investigados por Velasco en relación a la presunta financiación ilegal del PP es la ampliación de líneas de Metro y su inauguración en 2007, ante las sospechas de que una de las empresas de la trama Púnica, Waiter Music, se beneficiara de la adjudicación irregular de las fiestas de inauguración de estas extensiones. Los agentes han puesto el foco en las partidas de publicidad asignadas a estos proyectos, pero también en el pago a cargo de la Comunidad de Madrid del posicionamiento on line de excargos de los Gobiernos de Aguirre e Ignacio González.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/09/el_juez_velasco_reactiva_investigacion_sobre_financiacion_ilegal_del_con_fundescam_62242_1012.html

EL JUEZ DE 'PÚNICA' PREGUNTA POR CIFUENTES A UN EMPRESARIO QUE HIZO DONACIONES A UNA FUNDACIÓN DEL PP

Eloy Velasco interroga al expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández por el dinero que trasvasó a Fundescam antes de las autonómicas de 2007 y el contrato que logró para gestionar el bar de la Asamblea regional

También han declarado como imputados el exconsejero de Industria de Esperanza Aguirre José Ignacio Echeverría y el ex gerente del Partido Popular madrileño Beltrán Gutiérrez

Las investigaciones que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco mantiene abiertas sobre la financiación del PP madrileño en el contexto de la Operación Púnica han dado hoy un salto cualitativo. Ante Velasco han declarado como imputados dos antiguos altos cargos del PP madrileño -José Ignacio Echevarría, exconsejero con Esperanza Aguirre y expresidente de la Asamblea regional, y Beltrán Gutiérrez, gerente regional del partido en la etapa de Aguirre-, así como el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández. El juez ha preguntado al empresario por sus relaciones con la expresidenta Esperanza Aguirre, a la que le une una larga amistad, pero también con la actual jefa del Ejecutivo autonómico, Cristina Cifuentes.

El interrogatorio a Fernández ha hecho que trascienda un dato que hasta ahora había pasado inadvertido: que la actual jefa del Ejecutivo regional fue vocal de la fundación Fundescam, que centra el foco de las investigaciones y cuyo papel en la presunta financiación ilegal del PP madrileño en las campañas de 2003 y 2004 ya fue destapado en 2009 p0r una investigación periodística del diario Público. El magistrado ha preguntado al exdirigente patronal madrileño por los al menos 60.000 euros que donó a Fundescam en 2007 poco antes de las elecciones autonómicas a través de la Fundación Arturo Fernández. Y por el contrato que ese mismo año obtuvo de la Asamblea de Madrid para gestionar el bar de la Cámara, donde Cifuentes ostentaba entonces el cargo de de vicepresidenta.

Fuentes cercanas a la presidenta regional han enfatizado que la pertenencia de Cifuentes a la junta directiva de Fundescam era obligada dado que formaba parte del comité de dirección del partido en Madrid pero que "jamás tuvo acceso ni a los informes ni a las cuentas de esa fundación". Sobre el contrato adjudicado a una de las empresas de Arturo Fernández para la gestión del bar de la Asamblea, las mismas fuentes han recalcado que las decisiones adoptadas por la mesa de contratación que Cifuentes presidía por delegación de la presidencia de la Cámara eran siempre "colegiadas".

Hasta ahora se sabía que Fernández había sido uno de los grandes donantes de la fundación de cabecera del PP madrileño, Fundescam, en las elecciones que en 2003, el año del tamayazo, auparon a Esperanza Aguirre a la presidencia de Madrid. Los manejos de esa fundación ya afloraron en el sumario del caso Gürtel pero Anticorrupción consideró que los presumibles delitos habían prescrito. Ahora, el hallazgo de nuevos documentos durante los registros de la Operación Púnica la han traído de nuevo al primer plano.

El juez que instruye la causa no ha decretado medidas cautelares para ninguno de los tres investigados. El magistrado ha interrogado a los imputados después de que ordenara el pasado martes el registro de empresas e incluso realizara "requerimientos inmediatos y mediatos" a departamentos de la Comunidad de Madrid, como es el caso de las Consejerías de Industria y Sanidad.

Según las mismas fuentes, los requerimientos inmediatos se realizan bajo la posibilidad de que se efectúe un registro para obtener la documentación requerida. El diario El Independiente.com, ha asegurado que el juez Velasco busca información sobre los hospitales promovidos por el Gobierno de Esperanza Aguirre.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/09/el_juez_punica_pregunta_por_cifuentes_empresario_que_hizo_donaciones_una_fundacion_del_pp_62226_1012.html

LA UCO INVESTIGA EL PLAN DE HOSPITALES DE ESPERANZA AGUIRRE EN EL ‘CASO PÚNICA’

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga uno de los proyectos estrella de Esperanza Aguirre durante su etapa como presidenta de la Comunidad de Madrid (2003-2012), el plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007, en una pieza separada del caso Púnica. Éste es el motivo que explica la presencia de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la mañana de este martes en la sede de la Consejería de Sanidad, donde se personaron para requerir documentación por orden del instructor.

Durante los años 2004-2005, siendo Manuel Lamela consejero de Sanidad y Consumo, el Ejecutivo madrileño aprobó los estudios de viabilidad para la construcción y explotación de seis hospitales públicos con los que pretendía terminar la descentralización de la asistencia sanitaria en la Comunidad y dotar de servicios de atención especializada a poblaciones con perspectivas de crecimiento alejadas de los complejos existentes hasta entonces. Bajo la fórmula de concesión de obra pública a operadores privados, el proyecto inicial buscaba levantar instalaciones hospitalarias en Móstoles, Leganés, Alcalá de Henares, Alcorcón, Fuenlabrada y Getafe, para lo que se aprobó un gasto plurianual de 2.283 millones de euros en 2005. La UCO investiga ahora el destino del 1% de esa cantidad total, es decir, 22,8 millones de euros.

Según ha podido confirmar El Independiente, los investigadores de la trama corrupta Púnica buscan ahora conocer el destino que se dio a la partida de publicidad (vídeos, documentación técnica y gráfica divulgativa, buzoneo…), una de las obligaciones que asumía la sociedad concesionaria a fin de que los ciudadanos que formaban parte de la población asistida conocieran el inicio de los servicios y cómo podían acceder a los mismos. Las fuentes consultadas dijeron que este capítulo importaba el 1% de la inversión de cada hospital y que su gestión correspondía en teoría a la empresa, si bien en la práctica se encargaba la Administración autonómica.

Agentes de la UCO se personaron este martes en la Consejería de Sanidad para retirar documentos

La decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional de abrir una pieza separada sobre esta ramificación en el marco de la investigación del caso Púnica se fundamenta en la sospecha de que parte de ese dinero podría haberse desviado a fines completamente ajenos a los descritos. Es lo que tendrán que determinar los agentes de la UCO cuando analicen la documentación requerida a la Consejería de Sanidad de Madrid con la autorización del juez Velasco.

La puesta en funcionamiento de los seis hospitales se produjo en el mes de febrero de 2008, si bien la Administración -excepto en el caso del Hospital Infanta Sofía, sito en la localidad de San Sebastián de los Reyes- inició el pago de las retribuciones en septiembre del año anterior con cargo al programa presupuestario 750 gestionado por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). La entrada en servicio de estos complejos sanitarios permitió a la Comunidad de Madrid incrementar su oferta en 1.259 camas y contar con medio centenar de quirófanos más, creando unos 4.780 empleos.

En contrapartida por la construcción y explotación de los hospitales, las empresas concesionarias percibían de la Comunidad de Madrid una retribución compuesta por una cantidad fija y otra variable, distribuida ésta en función de los servicios prestados en cada centro sanitario y actualizada cada año en función del comportamiento de la inflación. El contrato que unía a empresa privada y Administración tenía una duración de 30 años, a contar desde el día siguiente al de la formalización del contrato.

Se investiga, en concreto, el destino del dinero relativo a la partida de publicidad del 1%

Según detalla en el informe de fiscalización aprobado por acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid el 24 de septiembre de 2012, el Gobierno de Esperanza Aguirre aprobó el 23 de junio de 2005 un gasto plurianual total por importe de 2.283.301.257 euros constantes.

A la espera de que avancen las pesquisas de la UCO, la investigación correspondiente a la trama Púnica pone la lupa a uno de los principales proyectos de Esperanza Aguirre, que en su etapa al frente de la Comunidad tuvo tres consejeros de Sanidad: Manuel Lamela (2003-2007), Juan José Güemes (2007-2010) y Javier Fernández-Lasquetty (2010-2014). La presidenta dejó el Ejecutivo autonómico en septiembre de 2012; en la actualidad, es portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

El nombre de Aguirre ya figuraba en el sumario de este caso de corrupción que Eloy Velasco instruye desde junio de 2014 tras la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción y que procesalmente se ha desgajado en más de una decena de piezas separadas con el fin de agilizar su instrucción y el futuro enjuiciamiento de los hechos.

Como desveló Voz Pópuli el pasado 23 de enero, la UCO puso de manifiesto en un informe aportado al juzgado cómo la trama utilizó dos facturas con conceptos “manifiestamente falsos” para que gastos correspondientes a un mitin de Esperanza Aguirre en el año 2007 se hicieran pasar como gastos de las fiestas patronales de Valdemoro. De este municipio fue alcalde Francisco Granados, uno de los principales imputados en el caso Púnica y al que Esperanza Aguirre incorporó como consejero de Transportes e Infraestructuras cuando llegó a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en noviembre de 2003 en sustitución de Alberto Ruiz-Gallardón.

El Gobierno de Aguirre aprobó un gasto de 2.283 millones en 2005 para financiar seis hospitales

No es la primera vez que los agentes de la Guardia Civil se personan en departamentos del Gobierno madrileño a retirar documentación en el marco de Púnica, en la que se investiga la presunta financiación irregular del PP madrileño. Así, el 22 de enero de 2015 el juez Velasco ordenó a la UCO que acudiera a la Consejería de la Presidencia para que le entregaran todos los contratos sobre reputación en internet que hubiera firmado cualquier organismo de la Comunidad de Madrid con las empresas de Alejandro de Pedro Llorca y José Antonio Alonso Conesa, ambos imputados en la causa.

Los investigadores, asimismo, acudieron el pasado 27 de septiembre a la sede de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda a retirar expedientes de contratación hasta 2013. Ese mismo día también retiraron documentación de la Cámara de Cuentas de Madrid y del Registro y el Protectorado de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.

http://www.elindependiente.com/politica/2017/03/07/la-uco-investiga-el-plan-de-hospitales-de-esperanza-aguirre-en-el-caso-punica/

LA UCO ACUDIÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LLEVARSE LOS EXPEDIENTES DEL PROYECTO ESTRELLA DE IGNACIO GONZÁLEZ POR SU VINCULACIÓN CON LA CAJA B DEL PP

El juez que instruye el caso Púnica, Eloy Velasco, ha iniciado nuevas diligencias para investigar el proceso de adjudicación de la Ciudad de la Justicia de Madrid, un proyecto faraónico impulsado por el expresidente del Gobierno regional Ignacio González (2012-2015) que salió a concurso sólo unas semanas antes de las elecciones autonómicas de 2015 en las que se impuso Cristina Cifuentes. La mesa de contratación llegó a seleccionar la oferta presentada por una UTE integrada por las constructoras OHL y Acciona, que ascendía a 1.356 millones de euros. Sin embargo, González no tuvo tiempo de oficializar la licitación con su firma antes de abandonar el Gobierno y Cifuentes se ha negado luego a completar el proceso durante su mandato.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso, las pesquisas sobre la Ciudad de la Justicia se enmarcan en la pieza secreta que instruye Velasco, dentro del procedimiento de la trama Púnica, sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron este martes a la Dirección General de Justicia de la Comunidad, dependiente de la Consejería de Presidencia, para solicitar los expedientes relacionados con ese proyecto e incorporarlños a la investigación.

No es la primera vez que el caso Púnica salpica a OHL. Los agentes encontrarton en poder del presunto cerebro de la trama, el exconsejero madrileño de Presidencia y exsecretario general del PP regional Francisco Granados, una agenda con anotaciones de supuestas donaciones ilegales de empresarios que sumarían 2.060.000 euros. El grueso de esos fondos, en torno a 1,6 millones de euros, habría sido aportado por el consejero de OHL Javier López Madrid. Por esa conexión, Velasco ya imputó al directivo de la constructora y ordenó a la UCO que rastreara las adjudicaciones que recibió esa compañía de la Comunidad de Madrid durante la etapa en la que Granados fue miembro del Gobierno regional, entre 2003 y 2011. Entre esos proyectos bajo sospecha se encuentran, como reveló El Confidencial, las obras del Metro Ligero de Pozuelo de Alarcón y del tren de Cercanías a Navalcarnero.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-08/velasco-investiga-adjudicacion-ciudad-justicia-ohl-acciona_1344836/

LOS 12 MARIACHIS DE LA CAMPAÑA DE RAJOY QUE SE PAGARON CON DINERO PÚBLICO

Un informe de la UCO sobre la contabilidad de una empresa de la trama Púnica revela supuestas irregularidades en la financiación de actos electorales del PP en 2007 y 2008

Pabellón Juan España de Valdemoro. 1 de marzo de 2008. El PP celebra uno de los mítines de la campaña a las Elecciones Generales de aquel año con todo un despliegue. En el escenario, una docena de mariachis del grupo ‘Malas compañías’ entonan el ‘Cielito lindo’ y ‘Sigo siendo el rey’ mientras llegan al recinto abarrotado por más de 4.800 simpatizantes los dirigentes del partido que van a intervenir. Son Esperanza Aguirre, el ‘número dos’ de la lista al Congreso por Madrid, el empresario Manuel Pizarro, y el expresidente José María Aznar. Hoy, nueve años después de aquel acto, parte de la financiación de aquel acto está en bajo sospecha. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario de la trama Púnica detalla que una de las empresas que participó en la organización de aquel evento, Waiter Music SL, regaló al partido una pequeña parte de los gastos y presuntamente cargó a las arcas del Ayuntamiento de Valdemoro los 4.200 euros más IVA que costó la actuación del grupo de música mexicana.

Así lo recoge la documentación intervenida durante el registro realizado en octubre de 2014 en la sede de esta sociedad, especializada en la organización de festejos y a la que diferentes ayuntamientos de la Comunidad de Madrid gobernados por el PP adjudicaron contratos públicos por más de 19 millones de euros entre los años 2006 y 2010. El informe de la UCO reproduce los cuatro documentos localizados que apuntan a que el propietario de Waiter Music, el empresario José Luis Huerta Valbuena, “habría sufragado los gastos del vehículo con megafonía utilizado para el mitin del Partido Popular mientras que la actuación reseñada, llevada a cabo por ’12 Mariachis’ valorada en 4.200 euros se habría pagado con dinero público procedente de la partida destinada a la celebración de las Fiestas Patronales de Septiembre de 2009” de Valdemoro. Uno de estos es una contabilidad referida específicamente a dicho evento denominado “mitin PP alquiler coche y megafonía” en el que se desglosa el coste del alquiler del coche, megafonía y combustible, por un lado, y la actuación del grupo musical por otro. En total, todo ello estaba valorado en 4.465,40 euros más IVA.

El documento policial añade que de esa cantidad, una pequeña parte fue asumida por el propio empresario, mientras que los 4.200 euros pasaron a engrosar lo que en otro apunte contable intervenido se denomina “cuenta partido PP Valdemoro”, en el aparecían también los costes de otros dos actos organizados para la formación política en los años anteriores como “pendientes de facturar”. Los agentes recogen la sospecha que todos ellos fueron finalmente cargados al presupuesto municipal por la organización de los festejos populares de Valdemoro mediante el inflado de las facturas giradas al Ayuntamiento. También concluyen que todo ello es constitutivo de un delito electoral “en virtud de la utilización de fondos y recursos económicos en beneficio del Partido Popular de Valdemoro y de la Comunidad de Madrid y que no fueron declarados como gastos de campaña”, aunque apuntan que puede estar prescrito. El informe de UCO señala que “el administrador general único” de la candidatura de la formación en aquellos comicios fue Luis Bárcenas.

El mitin del 1 de marzo de 2008 no es, sin embargo, el único acto electoral sobre cuya financiación tienen sospechas los investigadores. De hecho, el informe de la Guardia Civil detalla otros siete eventos del PP que presuntamente también fueron pagados todo o en parte con dinero público desviado desde el Ayuntamiento de Valdemoro gracias a las adjudicaciones a Waiter Music. Entre ellos está el mitin de final de campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 celebrado en el Palacio de los Deportes de Madrid y en el que participaron Rajoy, Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón. Otro es el celebrado el 12 de mayo de aquel año en la plaza de toros de Valdemoro con la presencia de la entonces presidenta de la Comunidad y sus dos hombres de confianza entonces en el Ejecutivo regional, Francisco Granados e Ignacio González. Del este, la Guardia Civil resalta que una parte del mismo fue supuestamente abonado por el PP en efectivo con fondos de “procedencia desconocida”.

La UCO también pone bajo sospecha otros cinco actos menores organizados por el PP de Valdemoro entre los años 2005 y 2011, y de los que existen indicios de que el empresario José Huerta asumió la mitad del coste de los mismos como un 'regalo' o, en otros casos, desvió "el pago a eventos municipales posteriores". "Estos eventos -destaca el informe- no se facturaron por la mercantil al Partido Popular y permanecieron 'pendientes de facturar' durante seis años, habiéndose liquidado parte con dinero público del Ayuntamiento de Valdemoro destinado a sufragar los gastos de las Fiestas patronales de septiembre de 2009". De los 150.000 euros que el Consistorio destinó a pagar dichos festejos, la Guardia Civil apunta que más de 45.000 euros fueron destinados a “sufragar parte de la deuda que el PP de Valdemoro había contraído con Waiter Music SL”.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/08/actualidad/1488996379_182438.html

CIFUENTES PRESIDIÓ LA MESA QUE ADJUDICÓ EL CONTRATO DE LA ASAMBLEA CON ARTURO EN 2011

La investigación del caso Púnica salpica colateralmente a la presidenta regional: la UCO analiza varios contratos que el Parlamento madrileño otorgó a la empresa Cantoblanco

La investigación del caso Púnica salpica colateralmente a la presidenta regional, Cristina Cifuentes. Al menos uno de los contratos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se llevó este martes de la Asamblea de Madrid fue adjudicado por una mesa de contratación que presidía Cifuentes, que fue vicepresidenta de la Cámara madrileña entre los años 2007 y 2012, antes de dirigir la Delegación del Gobierno en Madrid. Dos agentes de la UCO se personaron en la Asamblea para solicitar documentación sobre los contratos que este organismo adjudicó al Grupo Cantoblanco, la empresa de hostelería de Arturo Fernández, exvicepresidente de la CEOE y expresidente de la patronal madrileña.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha abierto una nueva línea de investigación en la pieza 14 del sumario, que permanece secreta, y que indaga sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. La UCO encontró hace tiempo las presuntas donaciones ilegales que anotó el exconsejero Francisco Granados, el principal político imputado en la causa, en una agenda que fue localizada durante los registros que se practicaron en la primera fase del caso. Según esas anotaciones, el exsecretario general del PP de Madrid recibió entre 2011 y 2014 pagos para la formación por un total de 2.060.000 euros, de los que ingresó en la caja del partido 1.460.000 euros.

La UCO ha hallado ahora nuevos elementos que apuntan a que Arturo Fernández habría colaborado también en esa financiación ilegal del PP de Madrid a cambio de conseguir las concesiones del servicio de hostelería del Parlamento autonómico. Las pesquisas se centran en el periodo 2007-2013, durante el que el Partido Popular controló de forma ininterrumpida los órganos de decisión de la Cámara regional. Los agentes han solicitado varios contratos e información sobre el sistema de funcionamiento de las mesas de contratación de la Asamblea.

Llamadas incorporadas al sumario prueban que Granados y el resto de cabecillas de Púnica recibieron un soplo de un agente de la UCO que les alertó de que estaban siendo investigados

En julio de 2009, por ejemplo, Cantoblanco se llevó la concesión del servicio de hostelería durante el siguiente año tras presentar una oferta de 212.900 euros. Obtuvo una puntuación total de 71,59 puntos y superó al segundo licitador, Clece SA (empresa integrada en ACS), que obtuvo 57,5 puntos. En ese año, la presidenta de la Asamblea era Elvira Rodríguez, actual presidenta de la CNMV. En julio de 2011, Cantoblanco volvió a imponerse en el concurso con una propuesta de 174.960 euros. En este segundo contrato, aunque el proceso de licitación también fue iniciado bajo la presidencia de Rodríguez, la adjudicación la completó su sucesor en el cargo, José Ignacio Echeverría (que dimitió en diciembre de 2015 tras sufrir un accidente de tráfico y superar la tasa de alcoholemia permitida).
Vicepresidenta entre 2007 y 2012

En ambos procesos, el órgano de contratación del Parlamento autonómico resolvió que la compañía de Arturo Fernández había presentado la oferta más ventajosa. Según la información a la que ha tenido acceso El Confidencial, Cifuentes, como vicepresidenta primera de la Asamblea, presidió la comisión de expertos que estudió y aprobó la valoración de las ofertas presentadas en la adjudicación de 2011, el trámite final de la mesa de contratación después de que la mesa técnica analizara las ofertas de las empresas que se presentaron al concurso. Cifuentes fue vicepresidenta de la Asamblea entre 2007 y principios de 2012 y le tocó presidir varias mesas de contratación.

Fuentes cercanas a la presidenta han asegurado a este diario que las decisiones de la mesa de contratación eran colegiadas y que, tras elegir la oferta más ventajosa, la propuesta se elevaba al conjunto de la mesa de la Asamblea, en la que estaban representados todos los partidos, para que autorizara la adjudicación. Según estas fuentes, el único motivo por el que Cifuentes participó en esa mesa de contratación fue que el presidente de la Asamblea entre 2011 y 2015, José Ignacio Echeverría, delegó en la entonces vicepresidenta de la Cámara esa responsabilidad.

En 2013, Cantoblanco ganó de nuevo el contrato para 2014, pero en esa ocasión ni siquiera tuvo competidores. La oferta de 168.000 euros más IVA de Cantoblanco fue la única que llegó al final del concurso. Sin embargo, la vinculación de la Asamblea de Madrid con Cantoblanco se rompió tras esa licitación. Los problemas económicos que atravesaba el grupo hostelero llevaron a Arturo Fernández a solicitar la anulación del acuerdo en agosto de 2014, pero la compañía fue obligada a continuar al menos hasta que desembarcara un nuevo adjudicatario en 2015. El Parlamento autonómico incluso tuvo que abonar directamente a Hacienda los pagos de la concesión por las deudas que había contraído la empresa con la Agencia Tributaria. Finalmente, en enero de 2015, el grupo de restauración Cafestore se llevó el nuevo contrato para los dos siguientes años por un total de 336.000 euros más IVA.

En conversación telefónica con este diario, Arturo Fernández ha negado que exista ningún tipo de irregularidad en esos contratos y ha negado que los consiguiera gracias a donaciones al Partido Popular. "Las únicas donaciones que hice al PP las ingresé por transferencia bancaria a través de Fundescam y ya son conocidas. Nunca he hecho ninguna otra donación al partido", explica el exvicepresidente de la CEOE. Fernández también asegura que esas adjudicaciones eran deficitarias. "Me parece absurdo que alguien pueda pensar que se amañaron esos contratos. Si fueran por alguna cantidad importante, podría entenderlo, pero casi estaba en la Asamblea para quedar bien, más que por otra cosa", defiende.

http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-09-28/punica-cifuentes-arturo-fernandez-contratos-cafeteria_1266884/

UN CABECILLA DE PÚNICA PIDE EL MISMO TRATO JUDICIAL QUE EL EXONERADO PRESIDENTE DE MURCIA

De Pedro esgrime el escrito de la Fiscalía para que se archiven parte de las acusaciones contra él

La decisión de la Fiscalía General del Estado de no acusar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por sus tratos con la trama Púnica sigue ganando ‘adeptos’ entre los acusados del propio sumario. El último ha sido Alejandro de Pedro, el experto informático señalado por la investigación como uno de los presuntos cabecillas de la red de corrupción y responsable de los trabajos de reputación online a políticos que salpican al jefe del ejecutivo autonómico. De Pedro ha presentado este miércoles un recurso en el que solicita que se archiven parte de las acusaciones que pesan sobre él porque su actuación “no había perjudicado a las arcas públicas”, uno de los argumentos que defendía la Fiscalía para exonerar al presidente de Murcia. Con él, ya son cinco los investigados (actual denominación de la figura del imputado) en Púnica que han esgrimido la ‘doctrina’ defendida este miércoles en el Congreso por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para pedir que levanten las acusaciones que pesan sobre ellos.

En la pieza de León, que el juez Eloy Velasco dio por concluida a finales del año pasado, están encausados, además del propio De Pedro, el que fuera presidente de la Diputación de León por el PP, Marcos Martínez Barazón; el alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez; un interventor de la provincia, y el socio del experto informático, José Antonio Alonso Conesa, exalcalde socialista de Cartagena. De Pedro está acusado en esta parte del sumario de fraude, cohecho, aprovechamiento de información reservada, malversación de caudales públicos y prevaricación continuada por el supuesto desvío de fondos públicos para pagar los trabajos de reputación online de Martínez Barazón, y el intento de amaño de un concurso para adjudicar la explotación de dos cafeterías en una estación de esquí de la provincia. En su escrito, el experto informático niega los hechos y acusa al magistrado de la Audiencia Nacional de vulnerar sus derechos.

Así, detalla ocho alegaciones en este sentido. La última, precisamente, la “inexistencia de indicios racionales de criminalidad” en “aplicación de [la] doctrina de la Fiscalía emitida en asunto contra [el] presidente de la Comunidad de Murcia”. En este sentido, el presunto cabecilla de la trama recalca que las acusaciones contra él son “un mero juicio de inferencia hipotético carente del suficiente soporte probatorio” en el que se le atribuyen hechos “que no tienen trascendencia penal”. Por ello, insiste en “acoger la tesis expuesta por la propia Fiscalía” para mostrar contrario a investigar a Pedro Antonio Sánchez en la pieza de Murcia, en la que el propio De Pedro también está acusado, ya que considera que tampoco en León se produjo un perjuicio a las arcas públicas, uno de los argumentos de aquel escrito de Anticorrupción. El experto informático también recuerda que la Fiscalía también considera que los ilícitos de proposición y conspiración en los delitos contra la Administración Pública no aparecieron recogidos en el Código Penal hasta la reforma de 2015, después de que se produjeran los hechos.

Con el de Alejandro de Pedro ya son cinco los imputados en el caso Púnica que hacen alusión expresa en sus recursos al escrito de la Fiscalía Anticorrupción que rechaza investigar al presidente murciano. La primera fue Reyes Samper, que fuera la directora del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El pasado 20 de febrero, solo cinco días después de que se conociera el polémico escrito amparado por José Manuel Maza, presentaba un recurso en este sentido. Un día después lo hacía el que fuera consejero de Industria y Turismo del Gobierno regional, Juan Carlos Ruiz López; y 24 horas después los excargos de confianza del Ejecutivo murciano Dolores Martínez Robles y Fidel Saura.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/02/actualidad/1488457034_348177.html

LA ACUSACIÓN POPULAR DE PÚNICA DA UNA LECCIÓN DE DERECHO A LA FISCALÍA

ADADE desmonta el intento de exonerar al presidente de Murcia con jurisprudencia del Supremo y pide la imputación de Sánchez

La acusación popular de Asociación de abogados demócratas por Europa (ADADE) ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que ponen los puntos sobre las íes en toda la polémica sobre la petición de imputación para el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez que intentó bloquear la Fiscalía Anticorrupción.

En su escrito, ADADE toma tres direcciones: por un lado, dan un duro rapapolvo a la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, que se plegó a las presiones de sus superiores para intentar exonerar al presidente murciano con un escrito de 12 líneas carente de argumentos jurídicos.

Por otro lado, piden la imputación de Sánchez por fraude, cohecho y revelación de información reservada, dando su apoyo a los argumentos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que también aceptó el juez Eloy Velasco, cuando se dirigió al Parlamento murciano para certificar que el presidente está aforado, como paso previo a su imputación.

Por último, aportan variada documentación y jurisprudencia del Tribunal Supremo que prueba que hay argumentos jurídicos de sobra para imputar a Sánchez, como ya hizo ELPLURAL.COM este jueves.

En el punto cuarto de sus argumentos, ADADE se refiere al informe de la fiscal teniente, “que causa estupor a esta parte” por la “simpleza dialéctica empleada” para intentar salvar a Sánchez. Un informe cuyas “doce líneas contrastan” con la “profusión de los argumentos fácticos” que aportan las fiscales del caso Púnica, que se negaron a firmar dicha exoneración.

También que “resulta de todo punto llamativo” que el argumento de las fiscales que sí es válida para imputar a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena “no lo es respecto de Pedro Antonio Sánchez”. Además, como ya señaló ELPLURAL.COM, destacan que las fiscales del caso dejaron todas sus pruebas contra Sánchez “en el Informe del Ministerio Fiscal referido a Pilar Barreiro”.

Además, ADADE se remite a variada jurisprudencia del Tribunal Supremo, mucha de ella citada por este periódico este jueves, para demostrar que el fraude es un “delito de naturaleza netamente tendencial o de mera actividad, que viene a castigar verdaderos actos preparatorios, ya que no necesita para la consumación ni la producción del efectivo perjuicio patrimonial ni tan siquiera el desarrollo ejecutivo del fraude”, como defendía la fiscal teniente.

La lección de derecho continúa con la explicación de cómo funciona el cohecho que “es un delito de mera actividad y se consuma con la sola solicitud u ofrecimiento”. Y concluye con una explicación de lo que significaría que el famoso escrito de 12 líneas fuera tomado en consideración, sobre todo cuando la fiscal lanza la tesis de que, hasta que el artículo 445 CP fue modificado para penar conspiraciones para cometer delitos contra la Administración, no se podían perseguir un “acuerdo criminal” como el de Sánchez y Barreiro.

Sostiene que lo pretendido por el legislador al aprobar dicho artículo era despenalizar con efecto retroactivo todas aquellas conductas típicas de mera concertación para cometer delitos contra la administración pública. Ello choca frontalmente con un número significativo de sentencias de todos los Tribunales, y en especial del Tribunal Supremo, que condenan por la comisión de delitos como el fraude o el cohecho por el mero hecho de haberse acreditado el concierto para defraudar.

Por último, ADADE concluye su escrito haciendo mención a lo “notorio” de que Sánchez estuviera al tanto de las contradicciones en la Fiscalía sobre cómo proceder sobre su caso. En concreto, el informe de la Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado. Y añade, demostrando que ni siquiera ellos, que están personados, tenían esa información:

Esta parte está deseosa de conocer dicho informe y las confirmaciones de los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, puesto que sin duda arrojarían luz donde solo hay oscuridad. Pero desgraciadamente los mismos no se han hecho públicos y solo disponemos para conocer las razones de la Fiscalía de doce líneas.

http://www.elplural.com/politica/2017/02/24/la-acusacion-popular-de-punica-da-una-leccion-de-derecho-la-fiscalia

EL JUEZ DE PÚNICA USA SENTENCIAS DEL FISCAL GENERAL CONTRA EL PRESIDENTE DE MURCIA

Eloy Velasco sustenta uno de los delitos que atribuye al presidente de Murcia con una resolución dictada por el propio fiscal general

La Fiscalía General impuso no acusar al presidente de Murcia

Catalá se entrevistó con el presidente de Murcia antes de que el fiscal retirara la acusación

El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, ha esgrimido una sentencia redactada por el propio fiscal general, José Manuel Maza, para justificar la imputación de uno de los delitos que el magistrado atribuye al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. En el auto con el que el pasado viernes dio por concluida la investigación sobre la rama murciana de Púnica -a expensas de lo que pase con el aforado Sánchez y la otra aforada popular-, el juez desgrana los argumentos jurídicos por los que cree que se cometieron diversos delitos. Entre ellos, el de «revelación de informaciones reservadas». Se trata de uno de los tres que el juez y las fiscales del caso -no así la Fiscalía General- creen que pudo cometer Pedro Antonio Sánchez. Lo habría hecho «al proponer filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar». Se trataría de información transmitida por Sánchez y sus colaboradores a las empresas de la trama Púnica, que de esa forma tenían ventaja frente a la competencia.

El juez de la Audiencia Nacional considera que varios implicados -Sánchez entre ellos- cometieron ese delito al examinar las sentencias del Supremo que lo analizan. Entre ellas, una dictada por el propio Maza en 2014, cuando era magistrado de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.«La jurisprudencia entiende (ver por todas la importante STS 8/5/2014, ponente Maza Martín)...», dice el juez para extractar una sentencia del fiscal general sobre una empresa a la que se suministró información para que obtuviera una adjudicación. «La característica esencial» del delito, decía la sentencia de Maza, es «conocer aspectos que redunden en una adquisición de privilegio por parte del administrado favorecido, frente a quienes son privados de tal información, que quedan en una clara posición de desventaja».

Además de revelación de información, el juez del caso Púnica ve fraude y cohecho

El Código Penal castiga con multa e inhabilitación de hasta tres años a «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados».La mayor parte de la jurisprudencia empleada por Velasco contra la veintena de imputados se refiere al delito de fraude, que también se le imputa a Sánchez junto al de cohecho. El juez es particularmente extenso en el supuesto fraude, puesto que es el delito en el que se centró el breve escrito del Ministerio Público oponiéndose a que se abriera formalmente una investigación contra el mandatario popular. Tras repasar las sentencias del Supremo, el juez resalta que el delito de fraude es de los denominados «de mera tendencia», es decir, que para considerarse cometido basta «con que exista la concertación con el fin de defraudar». El juez y las fiscales del caso estiman que eso se ha producido. Por contra, fuentes de la Fiscalía General -tras recordar que conocen «perfectamente» la sentencias aireadas por Velasco- insisten en que no llegó a producirse ese «concierto». Resaltan que no llegó a haber aceptación por parte de Sánchez de lo que el imputado Alejandro de Pedro le proponía. Aunque sólo fuera, como sostienen el juez y las fiscales del caso, porque el estallido de la operación policial no le dio tiempo para ello. Según el juez Velasco, Sánchez se puso en contacto con empresas de la trama Púnica para mejorar su imagen en internet. Lo hizo porque quería encabezar la lista del PP en la comunidad, cosa que consiguió. Lo que más le preocupaba, según la investigación del caso, era el desgaste que podía suponer para él la posible imputación en otro presunto caso de corrupción. También esto acabó sucediendo y Sánchez ya ha sido imputado en el caso Auditorio.

http://www.elmundo.es/espana/2017/02/22/58aca024ca47414e4f8b4662.html

GRANADOS QUIERE QUE EDUARDO INDA TESTIFIQUE EN SU FAVOR

El exsecretario general del PP madrileño pretende demostrar su inocencia en el caso del chivatazo a Marjaliza

Desde hace ya varios meses, el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre y alcalde de Valdemoro, Francisco Granados, parece estar dispuesto a jugar cualquier carta para salir de prisión. En varias ocasiones ha pedido declarar haciendo creer que tiraría de la manta, para luego no hacerlo. Su última carta: pedir que los periodistas Eduardo Inda y Estaban Urreiztieta, así como otro de los supuestos cabecillas de la trama Púnica, el constructor David Marjaliza, acudan a declarar en su defensa.

Granados pretende que los tres le expliquen al juez que su versión sobre el supuesto chivatazo de un guardia civil que ayudó a poner en sobre aviso a Marjaliza y a él mismo, es la correcta. El problema es que lo que cuenta Granados que ocurrió y a lo que apuntan las investigaciones judiciales es más que antagónico.

La versión de Granados…

Según ha explicado la defensa de Granados en el escrito en el que solicitan la declaración de Inda, Urreiztieta y Marjaliza, un documento a ELPLURAL.COM ha tenido acceso, todo fue una serie de coincidencias causadas por el alcohol.

La historia comienza cuando la Sección de Apoyo Técnico Operativo de la UCO instaló una cámara de vigilancia en la entrada de las oficinas del constructor David Marjaliza, en Pinto. Es aquí donde empieza el relato de Granados: “En la madrugada del 6 de septiembre de 2014, durante la celebración de las fiestas de Valdemoro, D. Francisco José Granados Lerena, fue abordado por el referido guardia civil Sr. Rodríguez Talamino al que no conocía con anterioridad·”, cuenta la defensa en el escrito.

Pese a no saber quién era, Granados asegura que le contó que había pasado la tarde instalando un dispositivo de seguridad en Pinto ¿Por qué le diría algo así? “posiblemente por efecto de las copas”, dice.

Por casualidades de la vida, este guardia civil le había contado sólo unas horas antes lo mismo al ya ex guardia civil José Luis Caro Vinagre. Para liar aún más el rizo, resulta que Granados y Caro son amigos por lo que hablaron por teléfono “para comentar la incidencia vivida y aquel le confirmó lo que sabía”.

Es entonces cuando a Granados, según relata su defensa, se vio ahogado por la preocupación pensando que “la vigilancia pudiera estar centrada sobre su persona”, aunque le habían dicho que el dispositivo estaba implantado en Pinto, no en Valdemoro donde él vive.

El que sí tiene las oficinas en pinto, es Marjaliza, pero Granados no le llamó para avisarle, para darle el chivatazo y decirle que, posiblemente, era el objetivo de la investigación de la UCO, sino para desahogarse.

Por todo ello y entendiendo “que los hechos anteriores no son constitutivos de delito”, piden la absolución de Granados.

La versión de los investigadores…

Hasta aquí lo que cuenta Granados, una historia que ahora quiere que Inda y Marjaliza confirmen ante el juez.

Ahora bien, la justicia apunta a otra versión que pasa por que Granados alertó a su amigo Marjaliza tras recibir el chivatazo de un guardia civil de que le estaban vigilando. “Esto tiene muy mala pinta”, le dijo el exsecretario general del PP madrileño al otro principal detenido de Púnica.

El guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino le contó a Granados que la UCO iba tras él y el empresario. Acto seguido, el popular llamó a Marjaliza. Nada de fiestas en Valdemoro, ni de alcohol y encuentro fortuitos.

Ahora habrá que esperar a que el tribunal acepte las peticiones de declaración y a que Inda y el propio Marjaliza expliquen lo que saben para saber la versión definitiva.

http://www.elplural.com/politica/2017/02/22/granados-le-pide-ayuda-inda-quiere-que-testifique-en-su-favor

EL JUEZ DE LA PÚNICA PIDE A LA UCO INVESTIGAR VÍNCULOS DE MADRI+D CON LA TRAMA

La gerencia de la Fundación sigue vacante tras la salida del ‘bisoño’ fichado por Cifuentes

El juez Eloy Velasco ha solicitado remitir documentación de la Fundación pública Madri+D a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), para que investigue sus vínculos con la trama Púnica.

En una diligencia con fecha de 17 de febrero, a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, el juez pide que se remita el informe del Ministerio Fiscal y la documentación facilitada por la Fundación Madri+D a la Guardia Civil.

En un escrito anterior, de junio de 2016, el juez reclamaba a Madri+D información sobre sus contratos con la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO) en la etapa de Ignacio González como presidente de la Comunidad de Madrid y Lucía Figar como consejera de Educación.

Madri+D es una entidad de titularidad pública dedicada a la investigación científica, que depende de la Consejería de Educación. En 2014, la Fundación recibió del Gobierno Regional las competencias de evaluación y acreditación de las universidades madrileñas.

El juez pidió el expediente de contratación con la Púnica

En 2013, Madri+D contrató con la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online Reputation Management (EICO), del conseguidor de la Púnica Alejandro de Pedro, la creación de la web Studyinmadrid.es, para difundir en el extranjero de carreras universitarias que se cursan en la Comunidad de Madrid.

En su diligencia de junio de 2016, el juez pedía a Madrid+D las “normas de contratación” seguidas por la Fundación en su contrato con EICO, “medios de pago”, “presupuestos solicitados a otras sociedades” y el “expediente completo de contratación”.

En el momento de la formalización del contrato con la empresa de Alejandro de Pedro el director de la Fundación Madrid+D era Luis Sánchez Álvarez y el gerente, José de la Sota Ríus.

El exgerente, actual director ajunto

Sota Ríus fue gerente de Madri+D desde 2003 hasta que fue relevado, en noviembre de 2015, por Ignacio Javier García Gimeno, el escandaloso fichaje de Cristina Cifuentes para director general de Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid, a principios de febrero, como adelantó en exclusiva ELPLURAL.COM.

Sota Ríus dejó la gerencia en noviembre de 2015, pero no la Fundación, donde aparece como coordinador del Área de Investigación, Desarrollo e Innovación. En su cuenta en Linkedin, Sota Ríus se presenta como director adjunto de Madri+D.

Curiosamente, en la web de Madrid+D, el cargo de gerente aparece vacante, tras la salida de Ignacio Javier García Gimeno. Este diario ha confirmado con la fundación que actualmente este puesto continúa sin cubrirse.

http://www.elplural.com/politica/2017/02/21/el-juez-de-la-punica-pide-la-uco-investigar-vinculos-de-madridd-con-la-trama

EL JUEZ VELASCO ESTRECHA EL CERCO EN TORNO AL PRESIDENTE DE MURCIA EN 'PÚNICA' PESE A LAS TRABAS DE LA FISCALÍA

El magistrado resalta que un empleado de Pedro Antonio Sánchez cometió el delito de fraude porque intentó que los trabajos "particulares reputacionales on line de su consejero se sufragasen con cargo a dinero público"

El segundo delito que el instructor imputa a David Conesa Ferrer es el de revelación de información reservada, "al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia que no podía revelar"

Las acusaciones del PSOE y de Podemos del caso Auditorio recurrirán la citación como imputado de Sánchez ya que el auto le llama únicamente por el delito de prevaricación administrativa, cuando la exposición razonada de la jueza de Lorca incluye otros tres

El magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso Púnica, Eloy Velasco, estrecha el cerco en torno al presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, pese a la oposición del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y de la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez.

En un auto del pasado 17 de febrero, Velasco cierra la pieza separada de Murcia de la Púnica, e incluye entre los acusados al máximo colaborador de Pedro Antonio Sánchez en la Consejería de Educación del Gobierno de la Región de Murcia en sus actividades presuntamente delictivas: el empleado público David Conesa Ferrer.

Además, el instructor imputa dos de los tres delitos que también atribuye por los mismos hechos a su exjefe en el Gobierno murciano: fraude y revelación de información reservada. El magistrado aplica al presidente de la Región de Murcia un tercer delito de cohecho.

Velasco reclama a las partes personadas en la pieza separada de Murcia de la Púnica que presenten, en el plazo de diez días, sus escritos de acusación o defensa, como paso previo a sentar en el banquillo de los acusados a todos los implicados en las actividades delictivas de la trama liderada por Francisco Granados en la Región murciana.

David Conesa Ferrer

Entre los implicados por estas actividades se encuentra David Conesa Ferrer, del gabinete de la Consejería de Educación de Murcia, cuyo consejero era el actual presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez. Y el juez Velasco especifica los delitos que presuntamente habría cometido este empleado público. El primero el de fraude, que también implica al presidente de Murcia, al concertarse presuntamente con empresas vinculadas al informático de la red, Alejandro de Pedro, "en el amañe de contratos de formación para la Consejería de Educación de la Región de Murcia".

El auto resalta que Conesa Ferrer trató de que los trabajos "particulares reputacionales on line de su consejero se sufragasen con cargo a dinero público proveniente de futuros contratos vinculados a formación en el seno de su Consejería).

Precisamente, la imputación del delito de fraude acordada por Velasco choca de forma frontal con las intenciones de la Fiscalía General del Estado, que a través de la teniente fiscal Belén Suárez aseguró en un escrito de 13 de febrero, que consideraba improcedente elevar una exposición razonada contra Pedro Antonio Sánchez, y explicó: "Las investigaciones entrañan dificultades de deslinde de la publicidad institucional de la reputacional, a lo que se suma el hecho de que ni siquiera existen los contratos de publicidad y no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas".

Un fraude sin cuantificar

Anticorrupción justifica esta decisión también porque la cuantificación del perjuicio futuro "tampoco puede establecerse a los afectos del fraude, en la medida que sólo constan las condiciones propuestas por los responsables de las sociedades en un informe preventa y no la aceptación de las mismas por el citado aforado", en referencia al presidente murciano.

Sin embargo, Velasco incluye en el auto en el que da por finalizada la instrucción de la pieza de Murcia un apartado en el que justifica la atribución de los delitos a los investigados. Y de esta forma, el juez alude a la sentencia del Tribunal Supremo 166/2014, de 28 de enero de 2014, cuyo ponente fue el magistrado Antonio del Moral García, y que estableció: "El artículo 436 del Código Penal describe un delito de naturaleza netamente tendencia o de mera actividad, que viene a castigar verdaderos actos preparatorios, ya que no necesita para la consumación ni la producción del efectivo perjuicio patrimonial ni tan siquiera el desarrollo ejecutivo del fraude. Bastaría la simple elaboración concordada del plan criminal (concierto) o la puesta en marcha de ciertos artificios con la finalidad de llevarlo a cabo".

Por eso, el instructor establece en el auto que el fraude, "en consecuencia, es un delito de mera actividad, que se consuma con que exista la concertación con el fin de defraudar, por lo que la efectiva apropiación de caudales no pertenece a la perfección del delito y debe sancionarse en concurso medial, siendo pues, compatible con el delito de malversación".

Un segundo delito

El segundo delito que el instructor de la Púnica imputa a David Conesa Ferrer es el de revelación de información reservada, "al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y precontratativa que no podía revelar". También en este segundo caso coinciden tanto los hechos como el delito atribuido a Pedro Antonio Sánchez.

Precisamente, el propio empleado público David Conesa Ferrer reconoció en un escrito del pasado 15 de febrero dirigido al juez Velasco, que los hechos que se le atribuyen son los mismos que los del presidente murciano: "Ha tenido que ser el propio Ministerio Público, en el que en un escueto pero claro y contundente informe, destinado a un posible aforado", en referencia a Sánchez, "pero en relación a los mismos hechos, ha venido a afirmar que no existe el más mínimo indicio, no ya de la participación" el empleado público, "sino incluso de la comisión de delito alguno".

De esta forma, el representante legal del imputado David Conesa Ferrer utiliza, al igual que ya hiciera otra de las implicadas en la pieza de Murcia, la ex directora general del Instituto de Fomento de la Región de Murcia Reyes Samper el informe de la Fiscalía Anticorrupción para tratar de sortear el banquillo de los acusados.

Pero sin ningún éxito, ya que Velasco mantiene la acusación contra todos los implicados, a excepción de Pedro Antonio Sánchez y de la senadora Pilar Barreiro, que como aforados tendrán que ser investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y en el Tribunal Supremo, respectivamente.

Una posible imputación

En el auto, Velasco explica también que el actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, recurrió a la trama liderada por Francisco Granados porque "temía por las consecuencias en su estima debido a una posible imputación" en el caso Auditorio, por el que ha sido llamado a declarar como imputado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Julián Pérez Templado.

Según explica el magistrado en un auto hecho público este lunes, durante el año 2014 el presidente murciano contactó con el empresario de la red Alejandro de Pedro para valorar la posibilidad de que se le realizaran trabajos reputacionales en internet y redes sociales. Velasco explica que en aquel momento "la candidatura de la región se encontraba en disputa" lo que convertía en algo básico "un buen posicionamiento en las redes sociales" y una buena reputación.

En el caso del presidente murciano, explica el auto, se pusieron en marcha contactos entre ellos, que se intensificaron a partir del 22 de septiembre, valorando los trabajos reputaciones en 1.500 euros al mes que facturarían en 3.000 euros al mes, más los 1.600 de un periodista [4.600 con un total de 32.200 euros] y la creación de un portal de educación que daría cobertura al coste de los trabajos reputacionales, pasando finalmente una propuesta de 4.600 euros al mes en la que se cargaban e incluían los costes por los trabajos particulares, también de reputación, para Pilar Barreiro, que esta obtendría sin desembolso alguno.

El contrato se truncó

La duración de los servicios sería de 7 meses, de noviembre de 2014 a mayo de 2015, exactamente, subraya el auto, el periodo previo a la campaña electoral de ese año -en la que los dos consejeros se disputaban la Presidencia de la Región- facturándose bajo el concepto "formación". Las cantidades indicadas, explica la resolución, no se llegaron a cobrar al explotar la operación policial y judicial denominada Púnica, a finales de octubre, que la abortó.

En el citado auto, el juez Velasco ordena continuar el procedimiento contra la veintena de acusados en la pieza que investiga las actividades de la trama Púnica en Murcia. El magistrado deja fuera a los dos aforados en esta parte de la investigación -el presidente de Murcia y la senadora del PP Pilar Barreiro- a la espera de decidir si remite o no las actuaciones relativas a ambos a los tribunales competentes.

El instructor acusa entre otros al exconsejero de Turismo e Industria Juan Carlos Ruiz, el ex alcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras y dos exdirectoras generales, así como uno de los presuntos cerebros de la red, el exalcalde del PSOE de Cartagena y exdiputado José Antonio Alonso Conesa. Considera los hechos constitutivos de los delitos de cohecho, fraude, revelación de información reservada, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento y pertenencia a organización criminal.

Tres delitos en Púnica

Fue la semana pasada cuando se conoció el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el que se atribuían la posible comisión de tres delitos al actual presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, y de otros cinco a la senadora del PP Pilar Barreiro, por su relación con la trama Púnica, a través de la cual habrían pretendido adjudicar contratos desde la Consejería de Educación a una empresa que realizaría trabajos para mejorar su imagen on line.

El presidente murciano presumió públicamente de haberse enterado de que cuatro fiscales del Supremo se oponían a su imputación, o, lo que es lo mismo, se jactó de haber accedido a una información reservada de la Fiscalía General. Como estos últimos días ha venido publicando infoLibre, Pedro Antonio Sánchez no ha podido explicar un hecho anómalo que ha provocado la solicitud de dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que cargó además contra las fiscales del caso que no compartían la decisión tomada por sus superiores.

Por otra parte, las acusaciones del PSOE y de Podemos del caso Auditorio han anunciado su intención de recurrir la citación como imputado de Pedro Antonio Sánchez ya que el auto del magistrado Julián Pérez Templado le llama únicamente por el delito de prevaricación administrativa, cuando la exposición razonada de la jueza de Lorca incluye otros tres delitos: fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

En este sentido, este miércoles el actual fiscal general del Estado, José Manuel Maza, decidirá si continúa en su cargo el actual fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, que este lunes anunció a infoLibre su intención de ejercitar acciones legales contra el periodista Eduardo Inda, que en el programa de laSexta Al Rojo Vivo aseguró que la mujer del fiscal, como letrada del PSOE, fue la artífice de la querella que dio lugar al caso Auditorio, unos hechos que rechaza el funcionario público, que explica que su cónyuge abandonó cualquier actividad ligada al PSOE justo antes de que pasara a ejercer en 2006 las labores de fiscal jefe de Murcia.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/21/el_juez_velasco_estrecha_cerco_torno_presidente_murcia_punica_pese_las_trabas_fiscalia_61445_1012.html

CATALÁ ADMITE QUE EL PRESIDENTE DE MURCIA ACCEDIÓ A INFORMACIÓN RESERVADA DE LA FISCALÍA GENERAL EN EL CASO PÚNICA

Pedro Antonio Sánchez conocía un decreto del fiscal general Maza ordenando que no se le acusara cuando ni siquiera las partes personadas lo habían recibido

El ministro de Justicia resta importancia al asunto al tiempo que carga contra las fiscales del caso por hacer constar sus discrepancias con la orden del fiscal general

"Me pongo del lado de sus jefes", dice en contra de las fiscales que investigan la Púnica desde hace más de tres años, a las que deja caer que serán sancionadas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha admitido este jueves que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, conoció el decreto de la fiscalía general del Estado dando instrucciones para que no fuera acusado cuando ni siquiera está personado en la causa de Púnica y al menos dos días antes de que las acusaciones y las defensas comenzaran a tener acceso al mismo.

En ese decreto del lunes, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, daba instrucciones para que Sánchez no fuera acusado de corrupción, en contra del criterio de las dos fiscales del caso y del juez, Eloy Velasco. En la mañana del día siguiente, Sánchez decía en una emisora que cuatro fiscales del Tribunal Supremo respaldan que no se le acuse. Esa postura de los fiscales del alto tribunal aparece en el decreto de Maza.

"El fiscal general del Estado dicta un decreto que se comunica a Anticorrupción, y el presidente de Murcia al día siguiente hace referencia al documento. Ha pasado el tiempo y, me temo, las manos suficientes como para que (Sánchez) haya oído hablar del asunto", ha asegurado Catalá en una entrevista en la cadena Ser.

Hasta 24 horas después de las declaraciones del presidente de Murcia, los medios de comunicación no comenzaron a informar de las maniobras de la Fiscalía General y, por entonces, ni siquiera se conocía la participación de cuatro fiscales del Tribunal Supremo.

La naturalidad con la que Catalá se refiere a la filtración al presidente de Murcia se convierte en reproche al hablar de las fiscales del caso Púnica por dejar por escrito que discrepan de las órdenes recibidas. "La Fiscalía debe funcionar con mayor discreción. No tiene sentido que unos fiscales pongan que han discrepado con sus jefes", ha afirmado Catalá en la entrevista.

El ministro de Justicia ha intentado poner en evidencia a las fiscales Gemma García y María Teresa Gálvez asegurando que quien "tiene el problema" son ellas, que comenzaron a investigar la trama Púnica hace más de tres años. " Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", ha dicho.

Catalá ha remarcado que la Fiscalía es una organización jerárquica y que es habitual que los superiores se pronuncien cuando hay asuntos de especial relevancia y "ratifiquen o modifiquen". Por contra, ha añadido: "Que firme el escrito la fiscal jefe de Anticorrupción y no las fiscales actuantes es anómalo", ha reconocido Catalá, quien ha insistido en que eso no implica que se ordenara desde la Fiscalía del Estado no acusar a Sánchez, sino que la superior jerárquica de las fiscales del caso, de forma independiente, no sostuvo el criterio de aquellas.

Lo "anómalo" en este caso es, según el ministro, que "una discrepancia interna se haya puesto en evidencia hacia el exterior. Que se hayan negado a firmar supongo que generará una actuación dentro de la fiscalía. Pero sobre todo me extraña que se ponga en conocimiento público", ha señalado. También ha defendido que no dimita el presidente de Murcia al no estar imputado.

http://www.eldiario.es/politica/Catala-presidente-Murcia-informacion-Punica_0_613138792.html

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO: «NO HE RECIBIDO PRESIONES PARA NO ACUSAR A SÁNCHEZ»

Se muestra sorprendido por la solicitud del PSOE de que comparezca en el Congreso de los Diputados, aunque asegura que estará «encantado de hacerlo»

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado hoy que no ha recibido "ninguna presión" para no actuar contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y el expresidente de La Rioja y vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, y que esa decisión está avalada por informes técnicos.

Así lo ha declarado a los periodistas a su llegada al Centro de Estudios Jurídicos, antes de inaugurar unas jornadas sobre criminalidad informática, donde ha asegurado que estará "encantado" de dar explicaciones en el Congreso sobre este asunto.

Ha sido preguntado por la petición del PSOE de que comparezca en el Congreso de los Diputados para que explique si hay injerencias políticas detrás del informe que remitió la teniente fiscal -supuestamente por indicación suya- oponiéndose a investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por el caso Púnica.

Y también por la información publicada hoy por el diario El Mundo que apunta a su oposición a acusar al expresidente de La Rioja y vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, en un caso de supuesta prevaricación urbanística en la construcción de un chalet.

Preguntado si en esos casos ha recibido presiones, ha recalcado: "Absolutamente, absolutamente, yo no he recibido ninguna presión, pero además mi decisión está avalada por informes técnicos de varios fiscales".

"Es insensato pensar que pueda haber presiones; en absoluto, mi decisión ha sido tomada analizando los criterios de la Secretaría Técnica y compartiéndolos, viendo que eran razonables, pero la iniciativa parte de ahí", insistido.

José Manuel Maza ha asegurado además: "Si algún día recibo presiones tengo muy claro lo que tendría que hacer, pero espero no recibirlas nunca y por esto estoy en este puesto".

El fiscal general ha dicho que está "a disposición del Parlamento" y que si tiene que comparecer lo hará "encantado para aclararlo todo".

"A mí sinceramente esto me resulta sorprendente porque son dos actuaciones que están totalmente fundadas en la legalidad, avaladas por los informes de los fiscales de la Secretaría Técnica y en un caso (en referencia al de Púnica) incluso también por los fiscales del Tribunal Supremo", ha comentado.

Ha añadido que "igual que hay multitud de asuntos de corrupción todos los días en los cuales la Fiscalía está investigando y está colaborando, hay casos en los que consideramos que un ciudadano, sea político o quien sea, no tiene por qué estar sometido a un procedimiento penal".

Son casos en los que "entendemos con toda honestidad e interpretando la ley que no tienen por qué estar en esa situación y eso es lo que hemos hecho, creo que esa es la tarea de la Fiscalía", ha apostillado.

Maza no ha querido entrar en más explicaciones, aunque las daría en su momento en el Congreso de los Diputados.

"Llegado el momento, creo que es en el Congreso de los Diputados donde hay que responder lógicamente como representantes de todos nosotros y de la soberanía nacional", ha concluido el fiscal

http://www.larazon.es/espana/el-fiscal-general-del-estado-niega-presiones-para-no-investigar-al-presidente-de-murcia-GD14530475?sky=Sky-Febrero-2017#Ttt1BfEGu8IVXg3D

ANTICORRUPCIÓN ENVÍA DOS INFORMES OPUESTOS SOBRE 'PÚNICA': EL DE LA JEFA EXIME AL PRESIDENTE DE MURCIA Y EL DE LAS FISCALES DEL CASO LO INCRIMINA

La teniente fiscal argumenta en 12 líneas que no consta que Pedro Antonio Sánchez aceptase el plan para defraudar al Gobierno murciano

El relato de hechos del escrito de sus subordinadas sobre la senadora Barreiro, de 27 páginas, involucra al político en un "plan criminal" abortado a una semana de su inicio

El viraje impuesto por el fiscal general del Estado en la Operación Púnica y que ha llevado a Anticorrupción a oponerse a que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, sea imputado acaba de desencadenar una situación inédita. Sobre la mesa del juez del caso, Eloy Velasco, hay desde el lunes dos informes, a los que ha tenido acceso infoLibre, formalmente ajenos el uno al otro pero en realidad absolutamente contradictorios.

Un informe, firmado por la fiscal jefe en funciones de Anticorrupción, Belén Suárez, es el que refleja la posición del fiscal general, José Manuel Maza. Y salva en 12 líneas a Sánchez al concluir que los contratos con que la trama habría acometido la tarea de limpiar su imagen en Internet a cambio de dinero público, amén de colocarse en un terreno de difícil "deslinde" –el que separa "la publicidad institucional de la reputacional"– ni siquiera se firmaron. No hubo por tanto "perjuicio" económico. Ni tampoco delito de fraude porque –alega Suárez– no consta que la propuesta del conseguidor y gran experto en lavar la imagen de distintos políticos fuese aceptada por Pedro Antonio Sánchez.

El otro informe, de 27 páginas y suscrito por las dos fiscales asignadas al caso, Carmen García y Teresa Gálvez, se refiere oficialmente solo a la senadora del PP Pilar Barreiro, que goza de aforamiento ante el Supremo y cuya futura imputación se da por segura. Pero el relato de hechos de ese segundo informe involucra abierta y extensamente al presidente murciano en un "plan criminal" destinado a mejorar la reputación de Barreiro y Sánchez con fondos públicos y que para la Consejería que entonces -2014- dirigía Sánchez, la de Educación, habría supuesto un perjuicio contante y sonante:4.600 euros por mes durante siete meses de no ser porque la operación policial abortó la implementación de ese plan cuatro días antes de la fecha fijada para su inicio.

García y Gálvez solo ponen nombre a los delitos –prevaricación, fraude y malversación– en lo que respecta a Barreiro. Pero las conductas que describen son idénticas en el caso de la senadora y el del jefe del Gobierno murciano y número dos del PP en esa comunidad: la diferencia estriba en que el Ayuntamiento de Cartagena llegó a suscribir los contratos con Alejandro de Pedro y el Gobierno de Murcia, no.

La acusación popular que ejerce la asociación de abogados Adade pedirá al juez Velasco que mantenga su plan de elevar al Tribunal Superior de Murcia una exposición razonada -una especie de auto explicatorio dirigido a otros jueces- con los indicios incriminatorios que pesan sobre Pedro Antonio Sánchez. El abogado Francisco Montiel, de Adade, refuta los argumentos de la fiscal Belén Suárez con un ejemplo: "Es como si la Policía pilla a uno cuando todavía no le ha dado tiempo a disparar la escopeta y decimos, no, no, no hay muerto así que no hay delito".

Según las fiscales de Púnica, la senadora Barreiro, que en 2014 aún era alcaldesa de Cartagena, "se concertó" con el entonces consejero de Educación y convino con él "intermediar" con el supuesto gran conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, y su socio José Antonio Alonso "para conseguir que dicho tándem aceptase trabajar la reputación del Consejero, estigmatizada por las noticias negativas que sobre él publicaba internet". Y, también, para que De Pedro utilizase su influencia en el ámbito del PP nacional para facilitar que Sánchez se erigiese en candidato a la Presidencia del Gobierno murciano.

El siguiente párrafo del escrito contiene la primera gran bomba contra Sánchez. "El apoyo político y reputacional que ofrecieron a Pedro Antonio Sánchez permitió que todos ellos elaboraran concordadamente un nuevo plan criminal (concierto) para que el gasto personal por los trabajos de reputación y posicionamiento en buscadores realizado por la sociedad EICO [de Alejandro de Pedro] a Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez fuese sufragado con cargo a los fondos públicos del presupuesto de Educación".

La fiscal Belén Suárez aduce en su informe sobre Pedro Antonio Sánchez que no se le puede atribuir el delito de fraude -cuando un político se concierta con un tercero para adjudicarle un contrato que en sí mismo constituye un fraude a las arcas públicas- porque "ni siquiera existen los contratos de publicidad". "La cuantificación de tal eventual perjuicio futuro tampoco puede establecerse a los efectos del delito de fraude del art. 436 del Código Penal, en la medida en que sólo constan las condiciones propuestas por los responsables de las sociedades en un denominado "informe preventa" y no la aceptación de las mismas por el citado aforado".

"Además –agrega Suárez–, en cuanto se trata de hechos previos y anteriores a la reforma del Código Penal (...), que entró en vigor el 1 de julio de ese año [2015], no podría sancionarse la provocación, proposición y conspiración para cometer los delitos contra la Administración Pública, que ahora tipifica el art. 445 del Código Penal".

Las fiscales García y Gálvez, en cambio, recalcan en cambio la existencia de lo que en un momento del escrito definen también como "plan defraudador". Y aportan detalles para ilustrar la presunta participación de Pedro Antonio Sánchez en ese plan, cuya sola existencia implicaría los delitos de fraude y malversación según distintas fuentes jurídicas ajenas a la Fiscalía aun si solo fuera en grado de tentativa. "Las conversaciones telefónicas intervenidas -dice este segundo informe- han revelado que Alejandro de Pedro, José Antonio Alonso, Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez mantuvieron contactos y reuniones convocadas en hoteles de Madrid, fuera de los despachos oficiales de ambos cargos públicos, manteniendo reservados los encuentros, para fraguar un contrato negociado del que saldría perjudicada la Administración pública autonómica de Murcia".

El texto dice más: "Las llamadas telefónicas intervenidas -relatan las dos fiscales de Púnica- han puesto de manifiesto que la publicación en las redes sociales de nuevas noticias negativas del Consejero de Educación en el mes de septiembre de 2014 aceleró las prisas de Pedro Antonio Sánchez por sus trabajos y provocó la convocatoria de dos nuevos encuentros en Madrid entre Alejandro de Pedro, el Consejero de Educación y Pilar Barreiro los días 22 de septiembre y 21 de octubre de 2014, en el "Hotel Palace" y en el "Hotel de las Letras" respectivamente, evitando de nuevo la sede oficial de ambos políticos. En esa segunda reunión se cerraron las negociaciones ideadas".

La implementación del plan de limpieza de imagen de Sánchez con cargo a los fondos de la Consejería de Educación, explican las fiscales, estaba previsto para el 1 de noviembre. Pero la operación policial ordenada por el juez Eloy Velasco estalló cuatro días antes, el 27 de octubre.

Lo sucedido desde que Anticorrupción difundió el lunes una nota de prensa con la que anunciaba su negativa a la imputación del presidente autonómico del PP y una vez que el propio Pedro Antonio Sánchez desveló al día siguiente a primera hora que los cuatro fiscales jefe de lo Penal del Supremo se oponían igualmente a que se le investigase ha generado inquietud e incertidumbre en distintos ámbitos jurídicos.

Este miércoles, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García, aseguró a infoLibre que su asociación pedirá a la Fiscalía General que explique "cómo le llegó la información" a Pedro Antonio Sánchez.

También la Asociación Profesional Independiente de Fiscales emitió un comunicado en el que alerta de que "la supuesta orden dada por la Fiscalía General del Estado de no promover la investigación" a Pedro Antonio Sánchez evidencia "serias deficiencias de la actual configuración del Ministerio Fiscal para que pueda asumir la función de llevar la instrucción de las causas penales". "No alcanzamos –agrega el comunicado- a comprender (ni debe admitirse) que las órdenes, dentro de nuestra institución, sean negativas, es decir, que se nos ordene no investigar o no perseguir un posible delito"

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/16/anticorrupcion_envia_dos_informes_opuestos_sobre_punica_jefa_exime_presidente_murcia_las_fiscales_del_caso_incrimina_61246_1012.html

EL PRESIDENTE DE MURCIA SUPO ANTES QUE LAS FISCALES DE 'PÚNICA' QUE LA CADENA DE MANDO DEL TS SE OPONÍA EN BLOQUE A INVESTIGARLE

Las dos responsables de la acusación pública en el caso ignoraban que los cuatro fiscales jefe de sala del alto tribunal se habían pronunciado contra imputar a Pedro Antonio Sánchez

La portavoz del Ejecutivo murciano se escuda en una especie de secreto profesional para no desvelar cómo accedió su jefe a información secreta de la Fiscalía General del Estado

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del PP, supo antes que las dos fiscales asignadas a la Operación Púnica que la cadena de mando de la Fiscalía del Supremo –los cuatro fiscales jefe de la Sala de lo Penal– se habían pronunciado en bloque en contra de la imputación del político. Fuentes jurídicas informadas de lo sucedido reconocieron este miércoles a infoLibre que cuando Sánchez desveló el martes por la mañana en la Cadena Cope que los cuatro fiscales jefe de sala "consideran que no hay que investigar", nadie había comunicado aún ese dato a las fiscales de Púnica, María Teresa Gálvez y Carmen García. Es decir, ambas ignoraban que el respaldo a la posición del fiscal general -eximir de culpa a Sánchez, lo contrario de lo que ellas mismas mantenían que debía hacerse- había sido "unánime", por utilizar el adjetivo que emplearon este miércoles fuentes oficiales de la Fiscalía para definir el resultado de la consulta planteada por Maza. La consulta a los cuatro fiscales de sala, añadieron las fuentes oficiales, se efectuó "la semana pasada". Gálvez y García, conocidas por su actitud reacia hacia los periodistas, se mantienen fuera de foco desde el lunes. .

El martes, infoLibre preguntó a los portavoces oficiales del Gobierno murciano cómo supo Sánchez cuál era la posición de los fiscales del Supremo si se trata de un dato estrictamente reservado que en ningún caso se comunica a ningún potencial imputado, como era y sigue siendo su caso, y que no había trascendido a la opinión pública. La noche del martes, una fuente oficial del Ejecutivo regional dijo que lo había sabido "por la prensa" pero guardó un silencio sostenido cuando este diario inquirió sobre a través de qué medio de comunicación se había enterado el presidente Sánchez.

El miércoles por la mañana, infoLibre reiteró la pregunta. Los portavoces oficiales dijeron esta vez que "por medios digitales y periodistas que llamaron para comentarnos el asunto". Pero, en contra de esa versión, lo cierto es que ningún medio –ni digital ni de ninguna categoría– había publicado la noticia. Supuestamente, el Gobierno murciano habría recibido así la información a través de periodistas que teniendo una exclusiva de gran alcance jamás habrían llegado a publicarla para, en cambio, limitarse a ponerla en manos del Ejecutivo regional del PP.

A media mañana, la sospecha de que Pedro Antonio Sánchez había tenido acceso a información privilegiada, no se sabe exactamente a través de qué tipo de filtración, adquiría fuerza redoblada en la rueda de prensa ofrecida por la portavoz del Gobierno regional. En esa comparecencia, y después de que un periodista le insistiera para que explicase cómo logró Pedro Antonio Sánchez saber lo que opinaban los cuatro fiscales jefe del Supremo, la portavoz y consejera Noelia Arroyo eludió ya toda referencia a la supuesta publicación de la noticia en el desconocido "medio digital" mencionado varias veces desde el día anterior por su equipo sin aportar nunca ningún dato que permitiera identificar a dicho medio. La portavoz cambió de estrategia y pasó a invocar una especie de secreto profesional para negarse a dar explicaciones.

Al informador que había preguntado, Arroyo le espetó lo siguiente:

–¿Usted cuando publica una exclusiva cómo lo consigue?

Mientras otros presentes en la sala saludaban con risas de complacencia la inversión de papeles protagonizada por Arroyo, el periodista que había hecho la pregunta se limitó a responder con seriedad de forma escueta:

–Por fuentes oficiales, generalmente no.

Y fue aquí cuando de manera inesperada Arroyo equiparó a su jefe y jefe del Gobierno murciano con un periodista asistido por el deber y derecho de secreto profesional:

–O por filtraciones -replicó la portavoz al informador-. Y usted nunca desvela sus fuentes. El presidente hizo una entrevista y contestó lo que creyó oportuno. Ahí está la entrevista y ahí están las respuestas del presidente; desde luego el gobierno no va a hacer valoraciones de ningún tema de la justicia. Ni del juez ni de la fiscalía, ningún tema de la justicia.

Un momento después, la misma Arroyo añadía otra afirmación sorprendente:

–Él dijo lo que dijo. Y quien quiera saber lo que dijo el presidente, que escuche la entrevista. Y lo que digo es que yo desconozco, y no es una cuestión, como le he planteado al compañero periodista, que deba trascender si sabía, no sabía.... Yo sé lo que dijo el presidente y yo no valoro más allá de lo que dijo el presidente.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/16/el_presidente_murcia_supo_antes_que_las_fiscales_punica_que_cadena_mando_del_supremo_oponia_bloque_investigarle_61231_1012.html

LA FISCALÍA GENERAL IMPUSO NO ACUSAR AL PRESIDENTE DE MURCIA

La Fiscalía General del Estado ordenó no seguir adelante con la investigación al presidente de Murcia, en contra del criterio de las fiscales encargadas del caso Púnica, partidarias de reclamar la imputación de Pedro Antonio Sánchez. El informe remitido por la Fiscalía a la Audiencia Nacional oponiéndose a pedir el suplicatorio contra el dirigente popular está firmado por la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, y no por las fiscales del caso Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, que sí rubrican el de la senadora del PP Pilar Barreiro, según confirmaron fuentes jurídicas. El motivo es que las fiscales que han llevado el día a día de la investigación que afecta a Sánchez consideraban que había indicios para proceder contra él y contra la parlamentaria, según las mismas fuentes.

El dirigente del PP conocía ya el lunes que la cúpula fiscal apoyaba exonerarle

En lo que afecta a Sánchez, el criterio de las fiscales chocó con el de sus superiores. Inmediatamente después de que el juez Eloy Velasco activara los trámites para pedir su imputación, la Fiscalía que dirige José Manuel Maza informó de que se oponía a que el juez elaborase la llamada exposición razonada. Se trata del escrito en el que se reúnen los indicios de delito encontrados contra un aforado y que se remite al tribunal competente para juzgarle, de manera que éste decida si le abre una investigación. En el caso de Sánchez, sería el Tribunal Superior de Justicia de Murcia el que, si así lo acuerda finalmente el juez, debería decidir si le imputa por el uso de dinero público para reforzar su candidatura a encabezar la lista del PP en la comunidad.

El recorrido interno que el asunto ha tenido en la Fiscalía era conocido por el propio afectado. En una entrevista en la cadena Cope, Sánchez se jactó ayer de que «cuatro fiscales jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo» consideraron «que no se debe investigar». Precisamente, el Gobierno de Murcia informó, el mismo lunes, a los medios, por vía oficial, que la decisión del Ministerio Público fue «adoptada por la Secretaría Técnica de esta Fiscalía General y por los cuatro fiscales de Sala jefes de la Sección de lo Penal del Tribunal Supremo». Fuentes de la Fiscalía restan relevancia a las discrepancias entre el criterio del fiscal de un caso y lo que finalmente se decide desde la cúpula del Ministerio Público. Explican que los asuntos de trascendencia se pasan para su examen a la Secretaría Técnica, el órgano que asesora al fiscal general.

El Ministerio Fiscal no desmiente que Sánchez planeara gastar dinero público

En este caso también se envió a los fiscales de Sala del Supremo, el tribunal que se encargará en su caso de juzgar a la senadora. La Fiscalía General resalta que en ambos ámbitos hubo unanimidad a la hora de considerar que no había motivos para imputar al presidente. En su escrito, que ayer aún no se había notificado a las partes, la Fiscalía no desmiente que el presidente autonómico planeara gastar dinero público en la mejora de su imagen. Su argumento para no seguir adelante contra Sánchez es que «no llegaron a formalizarse contratos de publicidad» en su favor y que, por tanto, «no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas».El juez atribuye a Sánchez los presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada. Los habría cometido en su etapa de consejero de Educación, al amañar contratos de formación que servían para pagar con dinero público «trabajos particulares reputacionales en internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como futuro presidente de la Región de Murcia».Para ello se habría concertado con Alejandro de Pedro -uno de los principales imputados del caso Púnica-, que manejaba numerosos medios de comunicación digitales con los que obtenía buenos posicionamientos de sus clientes en internet. La decisión del juez instructor sobre el presidente murciano tiene su origen en un informe de la Guardia Civil que explica que los servicios supuestamente contratados por Sánchez «tienen que ver con la reputación» del dirigente popular «y no son prestaciones que respondan a una necesidad pública, sino al interés personal del consejero para validar su gestión, contrarrestar las noticias desfavorables a su persona y de ese modo poder progresar en su carrera política». Según los investigadores, los pagos acordados entre Sánchez y De Pedro fueron de 4.600 euros al mes durante siete meses. A la Guardia Civil le llamó la atención «que los servicios se van a prestar hasta el mes de mayo de 2015, fecha (24/05/2015) en la que se celebraron los comicios locales y regionales en 2015». En total, un acuerdo por valor de 32.200 euros. El juez considera que si los pagos no se llegaron a realizar fue porque antes estalló la operación Púnica.

http://www.elmundo.es/espana/2017/02/15/58a37ccc22601de4508b45d0.html

EL JUEZ QUIERE INVESTIGAR A SÁNCHEZ POR COHECHO, FRAUDE Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN EN 'PÚNICA'

Pide a la Asamblea que certifique que está aforado para enviar una exposición razonada al TSJ

Velasco atribuye a la senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro los mismos delitos que al presidente regional, además de los de prevaricación continuada y malversación

Cohecho, revelación de información reservada y fraude. Esos son los tres delitos que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco atribuye de forma indiciaria al presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por su presunta implicación en el 'caso Púnica'. El magistrado ha dictado un auto en el que expresa su determinación de enviar las diligencias sobre la rama murciana al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por ser el competente para enjuiciar al jefe del Ejecutivo murciano, razón por la cual ha reclamado de la Asamblea Regional que certifique que Sánchez disfruta de ese aforamiento especial.

En principio, una vez que el juez Velasco tenga en sus manos la certificación de la cámara del aforamiento, dictará una exposición razonada y remitirá el caso al TSJ con todos los indicios delictivos que en su opinión señalan a Sánchez.

Sin embargo, horas después de que se hiciera pública la decisión del instructor, la Fiscalía Anticorrupción presentó un informe ante Velasco en el que se opone a dicha elevación de dicha exposición razonada, porque considera que en el caso de Sánchez no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas, al no llegar a formalizarse los contratos.

El instructor del 'caso Púnica', que también anuncia que actuará contra la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora Pilar Barreiro, da por hecho que Pedro Antonio Sánchez quiso beneficiarse personalmente de los trabajos de reputación en internet que ofertaban dos de los supuestos líderes de esa trama, Alejandro de Pedro y el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, así como que esas tareas iban a ser sufragadas con cargo a los fondos de la Consejería de Educación. En concreto, el juez considera que Sánchez podría haber incurrido en un presunto fraude «por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amañe de contratos de formación para la Consejería de Educación tendentes a sufragar con dinero público previsto para la formación lo que eran en realidad trabajos particulares reputacionales en internet y redes sociales, para reformar su imagen de cara a su postulación como futuro presidente de la Región de Murcia»; otro supuesto delito de cohecho, por «ofertársele y prestarle servicios de carácter particular y personal de carácter reputacional 'online', a cambio de amañar futuros contratos públicos de formación en la Consejería de Educación», y un tercer delito, presuntamente de revelación de información privilegiada, por «proponer filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y precontratativa que no podía revelar».

En el caso de Barreiro, Anticorrupción considera que sí se debe elevar la investigación sobre su conducta al Tribunal Supremo por considerarla indiciariamente constitutiva de delitos de falsedad, prevaricación y malversación.

Quién es quién en el 'caso Púnica'

Pilar Barreiro Álvarez

El juez Eloy Velasco atribuye a la exalcaldesa de Cartagena en el 'caso Púnica' los presuntos delitos de fraude -«por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amañe de futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación en la Consejería de Educación»-, malversación de caudales públicos -«por sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena, en realidad, trabajos particulares como son: la creación de un diario digital y los honorarios por los trabajos de un periodista para sufragarlos-, cohecho -«se le ofertan y prestan servicios de carácter particular y personal como son: la creación de un diario digital en Cartagena y los honorarios por los trabajos de un periodista para sufragarlos, a cambio de innecesaria publicidad turística que ella adjudica en su Ayuntamiento»-, prevaricación continuada -«instrumentalizando una secuencia continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias, por las que mes tras mes, aprobó un gasto de respaldo, fraccionando con intención, un gasto irregular durante meses»- y revelación de información reservada -«al proponer filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar», según se desprende del auto del magistrado.

Juan Carlos Ruiz López

El que fuera consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación está siendo investigado por los presuntos delitos de cohecho -«se le ofertan y prestan servicios de asesoramiento y reputación 'online' particulares que se retribuyen con cargo a la realización de contratos públicos redundantes e innecesarios y por encima del precio de mercado en la Consejería que dirige»-, fraude -«concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de diversos contratos públicos, unos vinculados a la visibilidad en las redes sociales a la Región de Murcia a visitantes extranjeros de Reino Unido, del Instituto de Turismo y otro de reposicionamiento de la marca INFO del Instituto de Fomento, ambos de su Consejería, como paso previo a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal alejados del interés común, mediante la adjudicación de sendos contratos de su Consejería»- y revelación de información reservada -«al proponer filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar».

Fidel Saura Guerrero

El exjefe de Gabinete de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación está imputado por supuestos delitos de tráfico de influencias -«presionando a empleados públicos de la Consejería abusando de su cargo para conseguir encontrar la forma de poder llevar a cabo contratos públicos que remunerase en la reputación 'online' de su consejero»-, revelación de información reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar»-, y fraude -«realizar concreta actividad ejecutiva estando al tanto de la misma y de su ilicitud, tendente a la concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de diversos contratos públicos, unos vinculados a la visibilidad en las redes sociales a la Región de Murcia a visitantes extranjeros de Reino Unido, del Instituto de Turismo y otro de reposicionamiento de la marca INFO, como paso previo a permitir la distracción posterior de caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal sobre la persona de su consejero alejados del interés común mediante la adjudicación de sendos contratos de su Consejería».

Mariola Martínez Robles

La que fuera directora general de Turismo de la Región de Murcia está siendo investigada en el 'caso Púnica' por presuntos delitos de tráfico de influencias -«presionando a empleados públicos del Instituto de Turismo abusando de su cargo para conseguir encontrar la forma de poder llevar a cabo los contratos públicos que remunerasen la reputación online de su consejero»-, fraude -«realizar concreta actividad ejecutiva de concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de un contrato público vinculado a la visibilidad en las redes sociales a la Región de Murcia a visitantes extranjeros de Reino Unido, en su Instituto de Turismo, como paso previo a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal, tanto de su consejero como del alcalde de Molina de Segura, donde fue concejal, alejados del interés común, mediante la adjudicación de un contrato de su Dirección General»- y revelación de información reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar».

Reyes Samper Henarejos

La ex directora general del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) está imputada por los supuestos delitos de tráfico de influencias -«presionando a empleados públicos del INFO, abusando de su cargo para conseguir encontrar la forma de poder llevar a cabo los contratos públicos que remunerasen la reputación 'online' de su consejero»-, fraude -«realizar concreta actividad ejecutiva de concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de un contrato público vinculado al reposicionamiento de la marca INFO, como paso previo a realizar la concreta actividad ejecutiva, estando al tanto de la misma y de su ilicitud, tendente a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal de su consejero alejados del interés común, mediante la adjudicación de un contrato de su Dirección General»- y revelación de información reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar».

Jesús Norberto Galindo Sánchez

El ex secretario general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia es otro de los investigados en el 'caso Púnica'. El juez Velasco le atribuye los presuntos delitos de revelación de información reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar»- y fraude -«realizar concreta actividad ejecutiva estando al tanto de la misma y de su ilicitud, tendente a la concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de un contrato público vinculado a la visibilidad en las redes sociales a la Región de Murcia a visitantes extranjeros de Reino Unido, en su Instituto de Turismo, como paso previo a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal sobre la persona de su consejero alejados del interés común»-.

Eduardo Contreras Linares

El exalcalde de Molina de Segura está imputado en el 'caso Púnica' por supuestos delitos de fraude -concertación con los anteriores coooperando necesariamente en la materialización de la concreta ilícita actividad ejecutiva (de la que estaba al tanto y compartía), tendente a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajo de reputación digital de carácter personal, alejados del interés común, mediante la adjudicación de un contrato en la Dirección General de Turismo de la Región de Murcia»- y cohecho -«se le ofertan y prestan servicios de asesoramiento y reputación 'online' particulares que se retribuyen con cargo a la realización de contratos públicos redundantes e innecesarios y por encima del precio de mercado en la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación»-.

María del Mar Conesa Marchán

La que fuera asesora de la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro está siendo investigada por los presuntos delitos de fraude -«por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amañe de contratos de publicidad turística en el Ayuntamiento de Cartagena»-, prevaricación continuada -«instrumentalizando una secuencia continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias, por las que mes tras mes aprobó un gasto indebido, sin formalizarse ni aprobarse ningún tipo de contrato o procedimiento negociado de respaldo, fraccionando con intención un gasto irregular durante meses»- y malversación de caudales públicos -«por colaborar con la autorización y trabajos de ejecución a sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena, en realidad, trabajos particulares como son: la creación de un diario digital en esa localidad murciana y los honorarios por los trabajos de un periodista para sufragarlos»-.

David Conesa Ferrer

El actual asesor del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, que fue asesor del mismo en su etapa al frente de la Consejería de Educación, está imputado en el 'caso Púnica' por los presuntos delitos de fraude -«por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amañe de contratos de formación para la Consejería de Educación, siendo funcionario, cooperador necesario connivente en que los trabajos particulares reputacionales 'online' de su consejero se sufragasen con cargo a dinero público proveniente de futuros contratos vinculados a formación en el seno de su Consejería»- y de revelación de información reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar»-.

José Antonio Alonso Conesa

El exalcalde socialista de Cartagena y socio de Alejandro de Pedro es, según el auto del juez Velasco, «el conseguidor de contactos para iniciar y mantener los trabajos de las entidades vinculadas a De Pedro». El magistrado le imputa los presuntos delitos de fraude -«concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de diversos contratos públicos vinculados a las Consejerías de Educación e Industria, Turismo, Empresa e Innovación»-, cohecho -«ofertan y prestan servicios de asesoramiento y reputación ‘online’ particulares que les son retribuidos con cargo a la realización de inserciones publicitarias redundantes e innecesarias y por encima del precio de mercado»-, aprovechamiento de información reservada -«al recibir y usar, como persona funcionaria, información y documentación interna propia y pre contratativa pública que no se le podía revelar»-, pertenencia a organización criminal -«junto con su socio Alejando de Pedro y los empleados de ambos, de manera concertada, coordinada, estable y prolongada en el tiempo fue realizando los trabajos que necesitaban para que pudieran entrar en diversas administraciones públicas murcianas, creando la confianza suficiente en diversos cargos públicos para que, junto con ellos, llevaran a cabo la actividad delictiva que se ha descrito»-, malversación de caudales públicos -«participar como ‘extranei’ cooperador necesario en la distracción de caudales públicos para fines particulares realizando asesoramiento e influencia política o creando diario digital servido por un periodista»- y falsedad, por incorporación, en documento oficial -«simulaba y aportaba como cobertura documentos y facturas mendaces que hacía llegar a las administraciones respectivas para permitir la formalidad de la aprobación del gasto contable y su pago posterior minorando el riesgo de ser detectadas por los controles económicos oportunos».

http://www.laverdad.es/murcia/201702/13/juez-punica-pide-certificados-20170213112203.html

PS1 TALAMINO. ANTICORRUPCIÓN PIDE TRES AÑOS DE CÁRCEL PARA GRANADOS POR EL CHIVATAZO DE LA PÚNICA

El exconsejero fue alertado en septiembre de 2014 de que estaba siendo investigado

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado tres años de prisión por delitos de violación de secretos para el exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y para dos guardias civiles que en septiembre de 2014 le alertaron de que estaba siendo investigado en la Operación Púnica junto con su socio, el empresario David Marjaliza.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del caso de corrupción, ha decretado la apertura de juicio contra el expolítico y los dos miembros del instituto armado en lo que previsiblemente será la primera vista oral del macrosumario.

En el auto, el juez Velasco relata que a principios de septiembre de 2014, el guardia José Manuel Rodríguez Talamino, que trabajaba en la sección de apoyo técnico de la Unidad contra el Crimen Organizado (UCO), encargada de la colocación de cámaras de vigilancia y balizas de seguimiento a delincuentes, recibió el encargo de instalar una cámara en un vehículo camuflado que iba a ser instalado frente a las oficinas de Marjaliza, situadas en el edificio Éboli, de Pinto.

El agente averiguó que la operación para la que estaba colaborando investigaba al constructor amigo de Granados. Según el juez Velasco, Talamino alertó a su amigo José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excedencia que desempeñó cargos de confianza en la Comunidad de Madrid de la mano del expolítico. El 5 de septiembre por la noche, Talamino, durante las fiestas patronales de Valdemoro, avisó a Caro Vinagre de los seguimientos. Al día siguiente, el miembro de la UCO buscó en las fiestas a Granados y le advirtió de que sus compañeros habían puesto un dispositivo de seguimiento a su amigo Marjaliza.

El 7 de septiembre, Talamino aportó nueva información al político: le desveló que el grupo que investigaba al constructor era el de delitos contra la Administración, lo que daba a entender que se trataba de un delito de corrupción. Y el 13 de septiembre de madrugada, ambos guardias se reunieron con Granados en el domicilio de este, momento en el que Talamino informó al político de los avances en la investigación.

La divulgación de la información reservada por parte de Rodríguez Talamino “obstaculizó y entorpeció gravemente el curso de la investigación” de la UCO en el caso Púnica. Este chivatazo, según el juez, “menoscabó la prestación del servicio público” de la Guardia Civil y causó “un importante daño a la causa pública”.

http://politica.elpais.com/politica/2017/02/14/actualidad/1487073688_164228.html

VELASCO DEJA EN PRISIÓN A GRANADOS ALEGANDO QUE SUS SUPUESTOS TESTAFERROS ESCONDEN MILLONES DE EUROS

La investigación de la trama Púnica se ha convertido en una huída hacia delante que podría tener fecha de caducidad si se confirma el traslado del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional para desarrollar un proyecto europeo en latinoamérica.

Mientras tanto, el titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia ha negado una vez más, y van cerca de una decena, la libertad provisional para Francisco Granados tras casi 28 meses en prisión preventiva.

El pasado mes de enero, la defensa del ex dirigente del PP presentaba un escrito en la Audiencia proponiendo al magistrado un poder notarial que le permitiera investigar cualquier cuenta bancaria de Granados en los bancos y entidades de crédito de todo el mundo, incluyendo los paraísos fiscales.

Este escrito oficial sustituiría a las denominadas comisiones rogatorias, que son auxilios judiciales remitidos a países del extranjero con el objetivo de investigar y completar la instrucción de un caso. Dichas comisiones rogatorias retrasan frecuentemente los procesos judiciales, ya que hasta que son recibidas, aceptadas y contestadas por los países receptores pueden pasar meses e incluso años.

Según ha podido saber OKDIARIO, Velasco ha rechazado hace pocos días este poder notarial y mantiene en prisión a Granados alegando que esconde su fortuna millonaria a través de “testaferros” en el extranjero.

Esta aseveración del magistrado, sin embargo, no se sostiene aportando ningún dato concreto que demuestre la existencia de estos supuestos testaferros, ni la presunta fortuna millonaria amasada a través de hipotéticos pelotazos urbanísticos en Valdemoro, fundamentados en informes policiales plagados de errores, tal y como ha desvelado este diario.

Las fiscales anticorrupción de Púnica ya negaron hace pocos meses la libertad al ex consejero madrileño asegurando que ocultaba 700 millones de euros fuera de España, otra hipótesis que mantenían las representantes del Ministerio Público sin presentar prueba alguna.

Hace pocos días, los letrados del ex dirigente del PP dejaron la puerta abierta a presentar un posible recurso ante el Tribunal Constitucional si Velasco mantenía en prisión provisional a Granados sin comunicarle los hechos concretos para fundamentar su decisión.

El patinazo de Velasco en Murcia

Paradojicamente, la propia Fiscalía Anticorrupción desautorizaba ayer al juez Velasco en su intención de imputar en Púnica al actual presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

El magistrado acusaba a Sánchez por supuestamente “concertarse con empresas del experto informático, Alejandro de Pedro, para amañar contratos de formación en la Consejería de Educación con el fin mejorar su reputación para postularse a presidente de la región”.

El Ministerio Público emitía un comunicado para aclarar que no investigarán al presidente popular murciano al entender que “no llegaron a formalizarse contratos de publicidad” con el informático y por tanto, “no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas”.

Por el contrario, Anticorrupción sí entiende que la participación en los mismo hechos de la senadora popular Pilar Barreiro, “aparece sustentada en diversos indicios que, sin adelantar su suficiencia probatoria, sí merecen ser investigados”.

A Barreiro, Velasco le atribuye presuntos delitos de fraude, malversación, cohecho, prevaricación y revelación de información reservada por igualmente concertarse con empresas de De Pedro para “amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación”.

También por presuntamente sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital en esa ciudad para que emitiera noticias positivas sobre su persona y los honorarios de un periodista.

https://okdiario.com/investigacion/2017/02/15/velasco-deja-prision-granados-alegando-supuestos-testaferros-esconden-millones-euros-751101

EL 'FALCON CREST' DE GRANADOS EN ÁVILA: 84 HECTÁREAS, 24 CABALLOS Y SEIS 'QUADS'

La Guardia Civil acusa a Francisco Granados de cohecho y blanqueo de capitales por haber disfrutado durante una década de una finca de Ávila que le regalaron constructores

La Guardia Civil ha aportado al instructor del caso Púnica, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, nuevos indicios de corrupción contra Francisco Granados que lo dejan aún más cerca de una hipotética condena. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado acusa al exconsejero de Presidencia y exsecretario general del PP de Madrid de haber disfrutado desde 2004 hasta su ingreso en prisión en 2014 de una finca de 842.881 metros cuadrados con mansión, caballerizas, tentadero, piscina e incluso un embalse, que estaba a nombre de dos constructores a los que presuntamente favoreció con recalificaciones y convenios urbanísticos.

El informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, concluye que la finca es presuntamente una de las contraprestaciones que recibió Granados de esos empresarios y, por ello, sostiene que los hechos descubiertos serían constitutivos de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales. En un primer momento, el exdirigente popular no tenía una participación directa en la propiedad de los terrenos. Sin embargo, en 2005 efectuó un movimiento societario con testaferros y firmas instrumentales para quedarse con el 50% de la finca, ubicada en el paraje de Fuentenebro del término municipal de Higuera de las Dueñas (Ávila), a solo hora y media de los despachos del Gobierno de la Comunidad de Madrid que ocupó entre 2003 y 2011.

Los agentes han acreditado que Granados se alojaba en ella con regularidad y que incluso acudía allí con su familia y también con amigas cercanas. En noviembre de 2015, realizaron un registro de la propiedad. Encontraron 24 caballos de competición de pura raza española, 19 escopetas de caza, seis vehículos 'quad' de las marcas Kymco y Polaris, un coche Ford Ranger, una furgoneta Renault Kangoo y una máquina excavadora sin matricular. Además de las 84 hectáreas de terreno, en su mayoría pastos y monte bajo, el complejo disponía de una vivienda principal de dos plantas y sótano con 1.400 metros cuadrados, otra vivienda para los encargados del mantenimiento de 102 metros cuadrados, más de 100 metros de almacén y una piscina exterior con vestuarios. También contaba con un embalse para las aguas de lluvia, un cebadero, un palomar, cuadras para los caballos y un tentadero en el centro de las instalaciones.

Granados la visitó por última vez solo unos días antes de ser detenido por su implicación en Púnica el 27 de octubre de 2014. El presunto cerebro de la trama ha sostenido desde el principio que, en realidad, solo acudía ocasionalmente a Fuentenebro invitado por los constructores. Sin embargo, los investigadores recuerdan que se interceptaron llamadas telefónicas en las que reconocía que era copropietario de la finca. Otros indicios avalan esa acusación, como las numerosas fotografías encontradas en su vivienda que prueban que visitaba las instalaciones de forma recurrente, hojas de cálculo en las que aparece como responsable de parte de los gastos de la finca y las conexiones del esquema societario de Higuera de las Dueñas con otras operaciones en las que también estuvo presuntamente involucrado.

La UCO detalla que la finca fue adquirida en 2004 por los constructores Ramiro Cid y David Marjaliza a través de la sociedad Tuvalu Gestión SL, tras pagar a partes iguales a sus antiguos propietarios un total de 1.022.710 euros. Cid y Marjaliza están imputados en Púnica por haberse enriquecido presuntamente con la ayuda de Granados y otros políticos. Entre ellos, José Miguel Moreno Torres, que se convirtió en alcalde de Valdemoro en 2003 cuando Granados dejó ese cargo para ser consejero de Transportes. Moreno Torres también habría disfrutado de la finca de Higuera de las Dueñas desde el primer momento, según el informe al que ha tenido acceso El Confidencial.

Las circunstancias cambiaron en 2005. Marjaliza decidió separarse de Cid y le vendió su 50% de la finca. La operación se materializó con el pago de 1,3 millones de euros por esa mitad. Los investigadores sostienen que Granados aprovechó ese momento para entrar en el accionariado de Tuvalu Gestión SL, dueño de Fuentenebro, quedándose con un simbólico 2% de las participaciones de la mercantil y, por tanto, de la finca. Para ocultar esa vinculación, el político del PP utilizó a María José Marijuán, la mujer de su jefe de gabinete, Ignacio Palacios. Así, el 2% de las viviendas y terrenos pasó a ser propiedad, supuestamente, de la mercantil Ayjopen Consulting SL, una empresa administrada por Marijuán. Pero las pesquisas ya han acreditado que Granados era el auténtico dueño de Ayjopen y que su participación en Fuentenebro no fue del 2%, sino del 50%. Es decir, que con esa operación pasó a controlar activos por valor de 1,3 millones de euros, el precio en el que ya estaba tasada la mitad de la finca.

“Como ha quedado evidenciado a lo largo de la investigación”, recoge el informe, “el 'modus operandi' que ha utilizado siempre Francisco Granados para ocultar su verdadero patrimonio obtenido por supuestas comisiones ilegales era a través de personas físicas/jurídicas interpuestas. En el caso de la finca Fuentenebro, Francisco Granados quería disfrazar también el vínculo que le relacionaba con la misma, dando apariencia de ser simplemente un huésped invitado por Ramiro Cid y no como copropietario”. En opinión de los investigadores, el 2% (50% real) que pasó a controlar Ayjopen Consulting en Fuentenebro sería una remuneración que consiguió el exconsejero del PP por beneficiar a las sociedades de los constructores, “por lo que se le considera presunto autor de un delito de cohecho y otro de blanqueo de capitales”.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-02-08/granados-finca-avila-caballos-escopetas-quads_1328119/

LA PREVISIBLE IMPUTACIÓN DEL ALCALDE DE BRUNETE QUE HACE TEMBLAR A LA FISCALÍA

El paralelismo con el caso del presidente de Murcia, ambos pillados 'con las manos en la masa', pondrá la mira en el trato de favor del Ministerio Público con los políticos del PP

Brunete, un municipio de poco más de 10.000 habitantes al Oeste de Madrid, no está hermanado con ninguna ciudad extranjera, aunque, sin salir de España, podría vincularse con Murcia. Una unión basada en el caso Púnica, que pone a un nivel similar al alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, y al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y que puede poner en entredicho la supuesta imparcialidad de la Fiscalía General del Estado.

Este lunes, justo después del Congreso Nacional del Partido Popular, se conocía el escrito del juez Eloy Velasco, firmado el viernes, que pedía el certificado de aforamiento del presidente murciano, como paso previo para pedir su imputación. El razonamiento de este paso es que “sin la presencia ni el conocimiento de empleados públicos, y sí con el de eventuales de confianza”, se procedió a realizar el contrato con Alejandro de Pedro, cabecilla de la Púnica.

El contrato, en el último momento, no se llegó a realizar, gracias al estallido de la Operación Púnica, que fue precipitado, en parte, por el presunto chivatazo de un agente de la Guardia Civil a Francisco Granados. Y esto ha servido tanto a Sánchez como a la Fiscalía Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia, para defender su inocencia.

El presidente murciano ha repetido que “nunca se firmó, nunca se acordó, nunca se pactó ni se encargó, nunca se pagó, nunca se aceptó un presupuesto, nunca se pidió una oferta”. Algo que se puede esperar de quien está acusado de tres delitos, pero que sorprende en la Fiscalía Anticorrupción. Porque después de conocerse el escrito del juez, el Ministerio Fiscal sacó otro informe alegando que “no llegaron a formalizarse contratos de publicidad y no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas”.

Un argumento que pasa por alto la calificación legal de “grado de tentativa” o, visto de una manera más profana, implicaría que a un ladrón de bancos le pillasen con la pistola en la mano, pero sin coger el botín, y saliese impune porque no ha llegado a vaciar la caja fuerte.

Pues esta posición de la Fiscalía y el criterio judicial pueden estar en entredicho cuando nos trasladamos a Brunete. A mediados de diciembre, la Unidad Operativa Central de la Guardia Civil envió al juez Velasco un informe detallado de 68 páginas, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, en el que narran todos los trámites de la trama Púnica para que la empresa Cofely sacase partido de las arcas de Brunete. El trato estaba cerrado, como se prueba a través de las llamadas telefónicas intervenidas, y todo apuntaba a "que el alcalde de la localidad participa activamente en la concertación”. Incluso hay en el informe una fotografía del directivo de Cofely Pedro García saliendo del Ayuntamiento de Brunete.

La adjudicación, que estaba programada para aprobarse en la comisión municipal del 29 de octubre de 2014, se abortó deprisa y corriendo cuando se conocieron las detenciones de la Operación Púnica, que empezaron el 27 de octubre. Se borró del orden del día y José Gil Granizo, secretario general del PP de Brunete y padre de la concejala Cristina Gil, ambos implicados por la Guardia Civil, llamó corriendo a Pedro García, quien no respondió por estar ya detenido.

Mientras, su hija, la concejala del PP Cristina Gil, fue la que encargó a un técnico municipal un informe “que corría mucha prisa” y que debía estar listo en menos de un día para poder justificar la retirada de la adjudicación a Cofely del orden del día.

Es decir, no se llegó a dar el contrato a Cofely por los pelos y gracias, o por culpa, de las detenciones de la Púnica. Sin embargo, la Guardia Civil imputó al alcalde de Brunete para tomarle declaración, algo que no puede hacer el cuerpo armado con el presidente de Murcia por estar imputado. Un privilegio con el que no cuenta el regidor del PP y que, siguiendo la lógica de lo ocurrido en Murcia, le debería llevar ahora a ser imputado por el juez Velasco. Lo que está por ver es si la Fiscalía saldrá también a defender a Borja Gutiérrez con el argumento de que no llegaron a robar, pese a tener la pistola en la mano. Pero quizás este regidor madrileño tampoco cuente con el privilegio de tener a la Fiscalía cubriéndole las espaldas. El por qué a uno sí y a otro no, si se da el caso, puede dar para otra historia.

http://www.elplural.com/politica/2017/02/14/la-previsible-imputacion-del-alcalde-de-brunete-que-hace-temblar-la-fiscalia

LA PÚNICA DESVIÓ DINERO PÚBLICO A MÍTINES DEL PP CON FACTURAS FALSAS DE 'WC PORTÁTILES'

El informe de la Guardia Civil que confirma la supuesta financiación irregular de actos electorales de Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy destaca dos cargos "manifiestamente falsos" girados por la trama al Ayuntamiento de Valdemoro con dicho fin y en cuyo concepto se recogía la instalación de retretes provisionales durante las fiestas patronales.

Cualquier concepto le servía a la trama Púnica para falsificar una factura. Incluso, la instalación de 'wc portátiles'. El reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que destapa el supuesto desvío de fondos públicos para financiar actos electorales del PP en la Comunidad de Madrid revela la existencia de dos facturas con dicho concepto "manifiestamente falsas" utilizadas por la trama para que parte de los gastos de un mitin de Esperanza Aguirre de 2007 fueran cargados al presupuesto de las fiestas patronales del Ayuntamiento de Valdemoro. Detrás de todo ello está presuntamente el empresario José Luis Huerta Valbuena, propietario, entre otras, de la sociedad Waiter Music SL, quien gracias a su estrecha relación con el entonces secretario general de los 'populares' madrileños, Francisco Granados, se hizo con adjudicaciones por valor de más de 19 millones de euros en administraciones controladas por este partido.

La UCO concluye que la trama desvió parte de los 17.321 euros cobrados al Ayuntamiento de Valdemoro por instalar los sanitarios a un mitin electoral de Aguirre en esta localidad

El informe de la Guardia Civil destaca dos facturas en estos supuestos amaños. En concreto las números 15/07 y 92/07. La primera fue emitida por la mercantil Saranais SL, "sociedad que emplea Huerta Valbuena para diversificar la facturación con los Ayuntamientos entre varias empresas o para conformar concurrencias ficticias" en concursos públicos. Su importe, 6.533,12 euros, IVA incluido. En ella se recoge como concepto "14 químicos con transporte, limpieza diaria y recogida en recinto ferial. La segunda es de Waiter Music SL por un valor de 10.788 euros, también con impuestos. En la misma se puede leer que es por el "alquiler y retirada de 2 cabinas sanitarias con duchas en Matadero". Ambas fueron enviadas al Ayuntamiento de Valdemoro como parte de los supuestos trabajos que ambas firmas de José Luis Huerta habían realizado para el consistorio con motivo de las fiestas patronales de septiembre de 2007.

Sin embargo, el documento policial destaca que ambas son "manifiestamente falsas" y que una parte del dinero que fue abonada por el municipio madrileño por ellas se utilizó a "evento Partido Popular en plaza de toros campaña mayo de 2007" celebrado en Valdemoro el día 12 de aquel mes con motivo de los comicios locales y autonómicos y que contó con la presencia de Esperanza Aguirre y sus entonces 'números 2 y 3' el Ejecutivo regional, Ignacio González y Francisco Granados. La UCO señala que de aquellos 17.321 euros se desviaron al acto político 2.800 euros, mientras que el resto del dinero se utilizó también irregularmente para el pago de extras de las fiestas que ese mismo mes de mayo se habían celebrado en la localidad y cuyo concurso había sido adjudicado a la empresa de José Luis Huerta con precios artificialmente bajos.

Botellines de agua y patinadores
Sin embargo, el desvío de ese dinero de las facturas por 'wc' portátiles no es la única irregularidad detectada en la financiación de dicho mitin de Aguirre. El informe de la Guardia Civil detalla que para el mismo se contrató la actuación musical del grupo 'Ecos de las Marismas' por 7.600 euros, además de adquirir "8.000 botellines de agua con camión frigorífico" (3.600 euros), "patinadores" (3.000 euros) y "15 tableros y 14 sillas para campaña" (2.800 euros). En total, 17.000 euros, según se recoge en un documento intervenido en el ordenador que en la sede de Waiter Music SL utilizaba la esposa de JoséLuis Huerta. En el mismo documento interno de la compañía de la trama se detallaba el importe de otro acto del PP, una fiesta del 2006, por un total de 12.540 euros, aunque de dicha cifra el 50% fue "regalado" por el propio empresario. En total, el PP debería haber abonado 23.270 euros a la Púnica por ambos actos.

La Guardia Civil califica como de "procedencia desconocida" los más de 20.000 euros que el PP pagó en efectivo por el mitín de Aguirre y otro acto del PP

Sin embargo, tras dicha cantidad, figura la anotación "esto se cobra así" y referencia a los 2.800 euros detraídos de las facturas de los 'wc portátiles', junto a la afirmación de que los 20.470 euros restantes fueron abonados por el propio PP "en efectivo". En este punto, la UCO destaca el origen sospechoso de esta última cantidad ya que es de "procedencia desconocida". Una afirmación que sustenta en el análisis que sus agentes han hecho de la documentación aportada por la Agencia Tributaria sobre las declaraciones de ingresos y gastos en el año 2007 de la empresa Waiter Music SL y en la que no aparece ninguna "actividad" entre esta mercantil y el PP "que pudiera estar relacionada con el pago" del mitin del 12 de mayo de 2007 en la plaza de toros de Valdemoro. "Además -continúa el documento- en la documentación intervenida en Waiter Music SL no se observa facturación hacia el Partido Popular por los eventos relacionados".

Por todo ello, el documento policial concluye que José Luis Huerta "habría organizado" dicho acto electoral que tuvo "la participación y asistencia de los dirigentes del Partido Popular de Madrid" y que tuvo un coste de 17.000 euros. La UCO continúa destacando que "parte" de esta cantidad, en concreto 2.800 euros, se abonó con "dinero público pagado por el Ayuntamiento de Valdemoro mediante dos facturas manifiestamente falsas", las de los 'wc portátiles', mientras que el resto se pagó "en efectivo desconociendo la procedencia de esta cantidad", en clara referencia a una supuesta 'caja B' en la formación. Por estos hechos, la Guardia Civil señala la posible existencia de varios delitos, entre ellos uno electoral, del que hace presunto responsable al que entonces, 2007, era gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez Moliner, ya imputado en la causa dentro de la pieza secreta que investiga, precisamente, la supuesta financiación irregular del partido. Eso sí, los agentes apuntan que tal vez dicho delito ya haya prescrito dado el tiempo transcurrido.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Punica-PP-facturas-WC-portatiles_0_992900862.html

EL GOBIERNO TIENDE UN PUENTE DE PLATA PARA SACAR DE LA AUDIENCIA AL JUEZ DE PÚNICA

Eloy Velasco opta a un proyecto europeo para Latinoamérica y Justicia valora su candidatura, aunque el CGPJ no le propuso.

El juez que investiga en una pieza secreta la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid, que tiene en su punto de mira a alcaldes del partido, a diputados regionales y a empresarios como Javier López Madrid, del grupo Villar Mir, puede tener los días contados al frente de estas diligencias. Eloy Velasco ha solicitado el puesto de coordinador de un novedoso programa de cuatro años de duración que ha proyectado la Unión Europea para Latinoamérica. Se trata de un cargo de cobertura discrecional por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia.

Fuentes del Departamento que dirige Rafael Catalá confirman que Justicia está valorando con mucho interés la candidatura de Velasco que, de ser designado, dejaría el Juzgado Central de Instrucción del que es titular en la Audiencia Nacional y quedaría en situación de servicios especiales, un ventajoso estatus administrativo que da derecho a la reserva de plaza y permite seguir computando antigüedad en la carrera judicial.

No fue, sin embargo, Velasco el candidato que, a juicio del Consejo General del Poder Judicial, presentó el mejor curriculum para el puesto. Tras recibir la comunicación del Ministerio de Justicia sobre la existencia de este programa y la necesidad de cubrir el puesto de coordinador, el CGPJ informó a la carrera judicial y recibió seis candidaturas de magistrados.

El servicio de relaciones internacionales del CGPJ elaboró una terna integrada por Luis Arcos, Manuel Olmedo y Eloy Velasco. La Comisión Permanente propuso al Ministerio al primero de ellos. "Hicimos la propuesta que creímos más idónea", señalan fuentes de la Comisión. "Arcos tiene, a nuestro parecer, el mejor perfil para ese cometido porque tiene muchísima experiencia en proyectos en Iberoamérica en el ámbito de justicia".

En el Ministerio, donde no gustó que el órgano de gobierno de los jueces hiciera una pre-selección para un cargo cuya designación compete en exclusiva al Gobierno, decidieron pedir al CGPJ el envío de los currículos de todos los aspirantes, que efectivamente fueron remitidos a San Bernardo.

El cargo tiene también 'novios' en la Fiscalía, donde existen quejas por la, a su parecer, postergación de fiscales en puestos de representación institucional internacional. Las plazas de enlace en el extranjero están copadas por jueces (varios de ellos procedentes precisamente de la Audiencia Nacional) y el Ministerio Público sólo tiene un representante en Eurojust a través de Francisco Jiménez Villarejo.

Es intención de la Fiscalía presentar a algún candidato al programa de la UE en Latinoamérica, un ambicioso proyecto focalizado en tres áreas: fortalecimiento del Estado de Derecho, Policía y prisiones. España y Francia se encargarán de forma conjunta de la primera de esas áreas, por lo que el coordinador español, cuyo centro de trabajo estará principalmente en Madrid, tendrá que desplazarse con frecuencia a París y a Iberoamérica.

El proyecto persigue la mejora de la cooperación entre jueces, policías y administración penitenciaria para fortalecer los mecanismos de lucha contra el crimen transnacional organizado. En él está implicada, además de la Unión Europea, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac)

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170207/191981789_0.html

LOS 9 MÍTINES Y 194.467 EUROS QUE ACORRALAN A GÉNOVA 13 EN EL 'CASO PÚNICA'

El informe de la UCO sobre las supuestas irregularidades en la contratación de festejos en el Ayuntamiento de Valdemoro va mucho más allá de un simple fraude de ámbito municipal. El documento policial también revela que el PP se 'ahorró' una importante cantidad de dinero en la organización de actos electorales de manera similar a como ocurrió en el 'caso Gürtel' y que le ha llevado al banquillo de los acusados como "partícipe a título lucrativo".

El 25 de mayo de 2007, un Palacio de los Deportes de Madrid abarrotado vivía el preludio de un nuevo triunfo electoral del PP en su bastión de Madrid. Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón unían sus manos y las elevaban mientras miles de militantes del PP les jaleaban y movían banderas del partido. Era el mitin de final de campaña de los comicios municipales y autonómicos de aquel año, en los que los 'populares' volverían a repetir sus mayorías absolutas en el Ayuntamiento de la capital y en la Asamblea de Madrid. Era, por tanto, el prólogo de una fiesta anunciada. Sin embargo, más de nueve años después esa fiesta puede tener un regusto amargo para sus protagonistas. La culpa la tiene el informe número 2016-005605-0000290 que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregaba el pasado 15 de diciembre al juez Eloy Velasco dentro del 'caso Púnica' sobre las supuestas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Valdemoro en la adjudicación de contratos a la sociedad Waiter Music SL, propiedad de José Luis Huerta Valbuena, un empresario amigo de Francisco Granados. Dicho documento policial, de 156 folios de extensión más varios tomos de documentación como anexos, revelaba que de aquellos 'pufos' habían salido de una manera u otra 194.467 euros para financiar hasta nueve actos del partido, entre ellos aquel triunfal mitin de Rajoy, Aguirre y Gallardón de 2007. La sombra de la figura de "partícipe a título lucrativo", la misma que ha llevado al PP al banquillo de los acusados en el juicio por la primera etapa del 'caso Gürtel', vuelve a sobrevolar sobre Génova 13.

Sólo en Valdemoro, el PP se 'ahorró' gracias a la Púnica cerca de 195.000 euros, más que con la 'Gürtel' en Pozuelo de Alarcón (111.000 euros) o Majadahonda (125.000 euros)

De hecho, la cantidad presuntamente desviada en Valdemoro para el pago de actos de partido es superior a la que, por ejemplo, se 'desvió' en Pozuelo de Alarcón en sus tratos con la trama de Francisco Correa. O en Majadahonda. En el municipio que entonces gobernaba el hoy procesado Jesús Sepúlveda, la red de 'Don Vito' le 'ahorró' al PP 11.864 euros, según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción. En la Majadahonda del también acusado Guillermo Ortega fueron otros 125.000. En Púnica, este primer informe se ha acerca a los 195.000 euros... y aún resta numerosos municipios que contrataron con la empresa bajo sospecha, Waiter Music, que de la mano del entonces todopoderoso Granados, llegó a facturar a administraciones gobernadas por los populares más de 19 millones de euros. La UCO, por tanto, aún tiene que entregar nuevos informes relacionados con estos consistorios en los que, según señalan fuentes cercanas a la investigación, van a salir a la luz otros actos electorales supuestamente sufragados por la trama mediante el presunto desvío de fondos públicos.

De los nueve detectados en Valdemoro, el mitín del 25 de mayo en el Palacio de los Deportes de Madrid es, tanto en cuantía económica como en relevancia política, el más importante. Valorado en 60.000 euros, las supuestas irregularidades comenzaron en la propia firma del contrato entre la empresa Waiter Music y los dirigentes del partido por la actuaciones musicales que debían amenizar a los asistentes antes de que comenzaran los discursos de los candidatos y del líder del partido. Así, el documento policial recoge 'emails' intercambiados entre el empresario José Luis Huerta y dos personas de la confianza de Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama, en el que se puede leer que se firmó por 20.000 euros, aunque "sabiendo ambas partes que ascendía a una cantidad mayor". En concreto, el triple. El informe de la UCO destaca que dichos emails se unen a otros documentos localizados en la sede de Waiter Music SL durante los registros del 27 de octubre de 2014, cuando se produjeron las primeras detenciones de la 'Operación Púnica'. En los mismos se hace referencia a dicho mitin como uno de los actos organizados "pendiente de facturar". El documento policial añade que José Luis Huerta terminó dividiendo "la cantidad del coste del evento en dos partes iguales al 50% y le imputaba cada una [de] sus mitades al Partido Popular de Pinto y [de] Valdemoro". Otros dos documento ahondan en dicha maniobra.

Sin rastro en la AEAT

La UCO destaca que también ha analizado la documentación aportada por la Agencia Tirbutaria con los ingresos y pagos realizados por Waiter Music entre los años 2006 y 2013 sin que figure ninguna "actividad" comercial entre la mercantil de José Luis Huerta y el PP que "pudiera estar relacionada" con este mitin. Por estas irregularidades, el informe de la Guardia Civil señala al exgerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, ya imputado en la causa por otros hechos, como presunto responsable de "varios supuestos delitos electorales" al ser en aquella campaña el "administrador electoral" del partido. Los investigadores consideran que se utilizaron "recursos económicos municipales para sufragar actos electorales del Partido Popular de la Comunidad de Madrid que no fueron declarados como gastos de campaña y, por consiguiente, no fueron declarados en las cuentas presentadas [por la formación] de la campaña de 2007", en vulneración de la Ley Orgánica del Regimen Electoral General". Una infracción penal que, según destaca el informe, estaría ya prescrita, no así los otros posible delitos de corrupción detectados en las pesquisas.

El informe de la UCO apunta a la existencia de una 'caja B' del PP de Madrid con dinero "en efectivo" y de "procedencia desconocida" con el que se pagaron diversos actos

De los otros ocho actos del PP bajo sospecha, destaca otro mitin, aunque en este caso no tanto por la cuantía del dinero que supuestamente se ahorró el PP (2.800 euros), sino por los participantes. Fue de nuevo en el campaña a las municipales y autonómicas de 2007. En concreto, el que se celebró el 12 de mayo de aquel año en la plaza de toros de Valdemoro con la presencia de Aguirre y sus dos hombres de confianza entonces en el Ejecutivo regional, Francisco Granados e Ignacio González. La investigación ha revelado que Waiter Music, que organizó dicho acto electoral, cargó dos facturas "manifiestamente falsas" al Ayuntamiento de la localidad por la instalación de 'wc portátiles' en las fiestas patronales de septiembre de ese año que sirvieron para desviar presuntamente algo más de 17.000 euros de los que , finalmente, 2.800 euros sirvieron para pagar parte de los gastos de aquel mitín de Aguirre, según revelan documento internos de la empresa intervenidos.

De hecho, estos apunten contables señalan también que no fue la única irregularidad financiera en dicho acto, ya que el informe policial pone de manifiesto que el resto del coste del mismo y el de otro acto de 2006, en total 20.470 euros, fueron finalmente abonados por el propio PP en efectivo con fondos de "procedencia desconocida", en una clara referencia a la supuesta existencia de una caja 'B' de los 'populares' en Madrid. Una afirmación que sustenta en el análisis que sus agentes han hecho de la documentación aportada por la Agencia Tributaria sobre las declaraciones de ingresos y gastos en el año 2007 de la empresa Waiter Music SL y en la que no aparece ninguna "actividad" entre esta mercantil y el PP "que pudiera estar relacionada con el pago" de este mitin del 12 de mayo de 2007 en la plaza de toros de Valdemoro.

"Un vehículo con megafonía"
También está bajo sospecha un acto celebrado en Valdemoro el 1 de marzo de 2008 con motivo de las Elecciones Generales de aquel año en las que Rajoy repitió como cabeza de lista del PP sin éxito. Sobre éste, el informe de la Guardia Civil destaca que Waiter Music SL organizó un mitin en este localidad madrileña que incluía "una actuación musical" y "un vehículo con megafonía". Este acto electoral tuvo un coste para la empresa de festejos de 5.179 euros, según los documentos intervenidos al propio empresario, en los que también se refleja la existencia de 4.200 euros "pendiente de facturar". "Este apunte -se continúa leyendo en el documentos policial- se localiza en multitud de documentos vinculados a la cuenta pendiente entre Waiter Music SL y el Ayuntamiento de Valdemoro, y que finalmente fue liquidado en parte con dinero público destinado al pago de las fiestas patronales de Valdemoro de septiembre de 2009".

La Guardia Civil concluye que Waiter Music destinó a sufragar actos del PP 45.000 euros de los 150.000 que cobró del Ayuntamiento de Valdemoro por organizar unas fiestas patronales

El informe de la UCO también pone bajo sospecha otros cinco actos menores organizados por el PP de Valdemoro entre los años 2005 y 2011 en los que existen indicios de que José Huerta asumió la mitad del coste de los mismos como un 'regalo' o, en otros casos, desvió "el pago a eventos municipales posteriores". "Estos eventos -se lee en el informe- no se facturaron por la mercantil al Partido Popular y permanecieron 'pendientes de facturar' durante seis años, habiéndose liquidado parte con dinero público del Ayuntamiento de Valdemoro destinado a sufragar los gastos de las Fiestas patronales de septiembre de 2009". Por éstas, el Consistorio pagó 150.000 euros, de los cuales algo más de 45.000 euros fueron destinados a "sufragar parte de la deuda que el PP de Valdemoro había contraído con Waiter Music SL", añade el texto.

El primero de estos actos del partido es una fiesta del año 2005, cuyo coste ascendió a 32.260 euros. De esta cantidad, la documentación intervenida apunta que Huerta 'perdonó' al partido 17.260 euros, pero que quedó pendiente el cobro de otros 17.400 euros. Al año siguiente ocurre algo similar con la fiesta celebrada en 2006. Valorada en 12.540 euros, el empresario 'regaló' el 50% del coste del evento y quedó para facturar 6.270 euros. El 22 de junio de 2007 tiene lugar una nueva fiesta de la formación en Valdemoro. Su precio, 15.500 euros, de los que de nuevo Waiter Music SL asumió la mitad y dejó para abonar 7.750 euros. Un mecanismo que se repitió al año siguiente en un evento celebrado el 24 de mayo, en la que se invirtieron 32.513 euros. La sociedad bajo sospecha también organizó para los 'populares' de Valdemoro un desayuno el 17 de marzo de 2010 valorado en 18.760 euros, y un acto el 14 de mayo de 2011, que costó cerca de 22.000 euros. De esta última cantidad, la empresa cobró a cuenta 10.000 euros y se encontraban pendiente de pago otros 11.915 euros. En total, entre los nueve actos, el PP se ahorró 194.467 euros sólo en Valdemoro, más que en Pozuelo de Alarcón o Majadahona con la Gürtel y por los que ahora está sentado como "partícipe a título lucrativo" en el banquillo de los acusados. Un horizonte que ahora se dibuja también para Génova 13 en el 'caso Púnica'.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/mitines-euros-salpican-PP-Punica_0_994100953.html

LA PÚNICA AGASAJÓ A GRANADOS CON CUATRO FIESTAS 'GRATIS TOTAL' VALORADAS EN 37.234 EUROS

El reciente informe de la UCO que detalla la supuesta adjudicación irregular de numerosos contratos del Ayuntamiento de Valdemoro a Waiter Music SL desvela que esta emoresa organizó para el político eventos familiares sin coste alguno. También le hizo regalos por valor de 1.869 euros.

Toboganes piratas, castillos hinchables de los pitufos, caretas personalizadas, orquestas de salsa, catering... La trama Púnica no agasajó a Francisco Granados con una única fiesta 'gratis total', como se conoció al inicio de la investigación, sino que en realidad fueron cuatro.

Así aparece recogido en un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las supuestas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento de Valdemoro para la adjudicación de contratos a Waiter Music SL, propiedad del empresario José Luis Huerta Valbuena, amigo del político y también imputado en la causa. Los agentes destacan que Huerta presuntamente corrió con los gastos de estos eventos para "congraciarse" con el que fuera secretario general del PP de Madrid y conseguir que mediante su influencia contratos públicos en Administraciones gobernadas por los 'populares'.

El documento policial cifra exactamente en 37.234,28 euros el coste total de estas fiestas, a los que suma otros 1.869 euros en regalos navideños. Todo ello destinado a "gozar de la buena disposición del consejero y secretario regional del PP". Una cifra humilde si se tiene en cuenta que entre 2006 y 2010 esta firma se hizo con adjudicaciones por valor de 19,2 millones en ayuntamientos gobernados por el PP. Por todo ello, los agentes consideran a Granados autor de varios delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Sólo la fiesta de junio de 2006 costó 18.453 euros e incluyó un 'catering' de más de 9.000 euros, así como el alquiler de equipos de sonido, 'wc portátiles' y "servicios de fiesta"

El informe de la UCO, al que ha tenido acceso Vozpópuli, detalla que la primera de esas fiestas 'gratis total' fue la más costosa: una "cena" celebrada el 23 de junio de 2006 que costó 18.453 euros, según consta en diversos apuntes contables intervenidos en la sede de Waiter Music SL. El primero de estos documentos es uno denominado "pendiente de facturar en Valdemoro" que contiene un listado de eventos vinculados al consistorio de esta localidad. El último de la lista es, precisamente, el que hace referencia al político hoy encarcelado.

También aparecen referencias en otro apunte contable denominado "facturas 2006 Waiter" en el que que figura un listado de los cargos emitidos por otras mercantiles a la sociedad de la trama. Entre ellos figuran cinco relacionados con la referencia "cena Granados" y con fechas que van del 23 al 27 de junio. Así, aparece un factura de 9.306 euros por "catering" del Restaurante Casa Pablo; otros 5.220 euros por "generadores y sonido" para aquel acto "y día después"; otros 1.020 euros por la instalación de 'wc portátiles'; 1.050 euros más por "servicio de fiesta", y, finalmente, 1.856 euros por "instalación". En total, los 18.453 euros.

La UCO destaca en su informe que ha "analizado y revisado" la facturación de Waiter Music SL y otra de las empresas de José Luis Huerta, Saranais SL, y "no se observa factura alguna emitida por estas sociedades a Francisco Granados y María Nieves Alarcón [su mujer y también imputada en la causa] relacionadas con el evento citado".

Los agentes también recalcan que en los registros internos del dinero en efectivo que se manejaba en la compañía de festejos tampoco "se observa pago en efectivo realizado por el matrimonio" respecto a dicha "cena". Por ello, el documento policial concluye que la misma no se facturó al político ni hay constancia de que el ex secretario general del PP madrileño hiciera "pago alguno por la cuantía expuesta o aproximada", lo que explica en su opinión que dicha cantidad figurase en la lista de "pendiente de facturar en Valdemoro".

Dos fiestas en tres meses
La segunda fiesta 'gratis total' es la de enero de 2008 por el cumpleaños del político, la primera que salió a la luz pública. Ésta terminó teniendo un coste de 9.166,98 euros y contaba con su propia y detallada hoja de costes en la contabilidad interna de Waiter Music SL. En la misma se refleja el gasto de 324 euros en caretas, otros 510 euros en camisetas del Atlético de Madrid (club de fútbol del que Granados se manifiesta seguidor); 4.012 euros por la cena en el Restaurante Chirón; 1.000 euros más por utilizar el local de éste para celebrar la fiesta posterior; 1.300 euros por la actuación de la Orquesta 'Sabor Sabor'; 1.320 euros más por una tuna, y 700 euros por el escenario. Según la declaración de uno de los empleados de la empresa de José Luis Huerta, el hecho de que la cifra de los 9.166 euros figurase con signo negativo en dicha anotación contable significaba que "no se ha cobrado y se ha perdido esa cantidad, que las pérdidas las asume Waiter".

Granados también figura en la contabilidad interna de Waiter Music como receptor en 2007 y 2008 de regalos navideños valorados en 1.869 euros

Una conclusión que los agentes confirman tras volver a analizar las cuentas de esta compañía y de Saranais SL y no detectar ningún cargo emitido por estas sociedades a Granados. El informe incluye también unas fotografías del evento, en el que se ve a Granados y a otros invitados juntos a los miembros de una tuna y el uso de caretas por parte de varios presentes, todo ello en las instalaciones del restaurante Chirón, "coincidiendo con los conceptos" que aparecen en el documento contable de Waiter Music. El documento policial añade que tras analizar los "metadatos" de dichas imágenes se constata que las mismas fueron tomadas el 21 de enero de 2008 entre las once y las doce de la noche.

Sólo unos meses después tuvo lugar la tercera fiesta bajo sospecha. Fue el 12 de marzo de 2008 y con el Restaurante Chirón también como escenario. Así lo deducen los investigadores de un documento contable encontrado en la empresa de José Luis Huerta con el encabezamiento "cuenta con Paco Granados" en el que se detalla la relación de gastos soportados por Waiter Music en la fiesta de cumpleaños de enero y al que se ha incorporado uno más denominado "fiesta Chirón" por un importe de 1.000 euros. La UCO no ha localizado más datos sobre ella.

Ocio infantil y otros regalos
La última fiesta 'gratis total' se celebró los días 30 y 29 de mayo de 2010. La Guardia Civil tiene conocimiento de ella tras encontrar un documento digital en el que figuran sendas anotaciones de esos días con referencias a la mercantil 'Ocio Infantil y Juvenil Trampolín' y el nombre de "Nieves Alarcón Castellanos", la mujer de Granados. Sus importes: 5.664 y 2.950 euros. En total, 8.614 euros. La UCO decidió investigar dichos apuntes y solicitó a esta compañía las facturas de dicho evento, además de analizar si en sus cuentas bancarias y en su declaración a la Agencia Tributaria de pagos recibidos aquel año figuraban dichas cantidades. En los depósitos de la compañía no aparecieron movimientos por las mismas, pero sí en los impresos que presentó ante Hacienda, en los que figuraban vinculados al nombre de la esposa del político.

En otro de los eventos las facturas aparecen emitidas a nombre de la mujer del político, pero un testigo asegura que en realidad las pagó en efectivo el empresario

Pese a ello, los agentes llamaron a declarar al apoderado de Ocio Infantil y Juvenil Trampolín, Francisco I.L., quien confirmó que su empresa montó dicha fiesta en una finca de Granados, pero añadió que el importe de la misma fue abonada en efectivo no por el político y su mujer, sino por José Luis Huerta. Fue éste, añadió, quien "dio instrucciones para que se emitieran las facturas a nombre de Nieves Alarcón" y se enviaran directamente a la sede de Waiter Music. La propia mujer de Granados fue interrogada por el juez Eloy Velasco el 29 de enero de 2015 por dichas facturas. Entonces se limitó a decir que no recordaba el evento, "que no le suena y que lo tendría que mirar", recalca el reciente informe de la UCO.

El documento policial también recoge otras dádivas supuestamente entregados por el empresario a Granados. En concreto, regalos. Así, la Guardia Civil ha localizado dos listados con presentes enviados en las Navidades de 2007 y 2008 a "personas vinculadas a distintas administraciones públicas donde Huerta Valbuena era adjudicatario".

En ambas relaciones aparece "Paco Comunidad", que los agentes identifican sin género de dudas como Francisco Granados. En concreto, en el primero de esos años el político recibió supuestamente un "reloj y pluma" de la marca Montblanc valorados en 1.000 euros. Al siguiente, fue un "bolso" de La Martina cuyo coste fue de 869 euros. "Estas dádivas estarían orientadas a congraciarse con los funcionarios y cargos públicos que pudieran intervenir en la contratación y facturación" con sus empresas, señala la Guardia Civil.

Sólo una pagada
El informe de la UCO también recoge una quinta fiesta, celebrada en este caso el 31 de enero de 2014, nueve meses antes de las detenciones. En este caso se trata de una factura emitida a nombre de "Nieves Alarcón fiesta" por un importe de 2.662 euros y con fecha de emisión del 14 de febrero de ese año. El documento policial detalla que ésta fue abonada catorce días después mediante transferencia, según la documentación que ha aportado a la causa el propio empresario. "Se trata del único pago realizado por Paco Granados en relación con los eventos organizados por Waiter Music SL", destacan los investigadores, que recalcan que José Luis Huerta nunca tuvo intención de cobrar el resto de las fiestas.

De hecho, concluyen que con ello quería ganar "la buena disposición" del político, que en aquellos años era el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, además del 'número 2' del PP madrileño. Una generosidad que, según añade el informe, "le supuso conseguir entre los años 2006 y 2010 contratos con ayuntamientos gobernados por el Partido Popular por valor de 19.214.514,56 euros, fruto del clientelismo político e intercambio de favores de favores del que se benefició la mercantil investigada en la figura de su administrador, José Luis Huerta Valbuena".

Dádivas a otros políticos de Valdemoro

El informe de la UCO destaca que Francisco Granados no fue el único cargo público de Valdemoro que recibió las atenciones del empresario José Luis Huerta. Así, destaca que también sus sucesores al frente del Ayuntamiento de la localidad, los también imputados José Miguel Moreno Torres y José Carlos Bouza Lechuga, figuran como receptores de diferentes tipos de fiestas familiares 'gratis total'. Desde cumpleaños a comuniones. También aparece entre los presuntamente agasajados una concejal, María Jesús Juárez López, a quien supuestamente la sociedad de la trama le costeó en marzo y octubre de 2008 la instalación de varios hinchables y el alquiler de sillas por un total de 1.350 euros. El primero de estos políticos también aparece como receptor de regalos en las Navidades de 2007 y 2008 por un total de 1.628 euros. Además, la Guardia Civil ha localizado otros dos eventos supuestamente costeados por Huerta aunque no ha sido capaz de identificar el beneficiario de los mismo. Se trata, además, de dos gastos elevados. Uno es por 68.000 euros aparecido junto a la anotación "comunión" y una fecha, 2 de junio de 2008. El otro, una "fiesta privada" en septiembre del mismo año por 12.428 euros. La UCO se limita a apuntar que debe ser "personal vinculado al Ayuntamiento de Valdemoro".

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Punica-agasajo-Granados-fiestas-valoradas_0_993201713.html

LA UCO ACUSA DE FRAUDE Y COHECHO AL 'SHERIFF DE BRUNETE', OTRO ALCALDE DEL PP EN PÚNICA

El último informe de la Guardia Civil señala a Borja Gutiérrez, regidor del pueblo madrileño de Brunete, por haber concertado con Cofely el amaño de un contrato de eficiencia energética

El caso Púnica suma y sigue. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil implica en uno de los últimos informes que ha entregado al juez Eloy Velasco a dos cargos del Ayuntamiento de Brunete (municipio madrileño de 10.500 habitantes), entre ellos al alcalde Borja Gutiérrez Iglesias, del PP, al que acusa de los delitos de fraude y cohecho por intentar amañar un contrato de 8,4 millones de euros que se iba a adjudicar a una de las principales empresas investigadas en el caso, Cofely, la multinacional de eficiencia energética del grupo francés Engie. A cambio, la compañía gala financió "espectáculos musicales" en el pueblo y "encuestas políticas municipales" que, según la UCO, deberían haber sido pagados por el ayuntamiento (los conciertos) y por el PP de Brunete (las encuestas).

En un informe fechado el 14 de diciembre de 2016, la UCO implica a 11 personas, dos de ellas cargos del consistorio. Además del regidor, la Guardia Civil también acusa de fraude a la concejala popular María Cristina Gil Guerra. En la lista también está su padre, José Gil Granizo, secretario general del PP de Brunete e ingeniero técnico de Obras Públicas en otro ayuntamiento madrileño, el de Villanueva de la Cañada, al que se le acusa de fraude y cohecho. Desde que la Púnica se destapara en octubre de 2014, el caso se ha ido extendiendo a varias localidades madrileñas y ha salpicado a otros regidores del PP. Los dos últimos han sido los exalcaldes de Móstoles y Alcalá de Henares. El primero, Daniel Ortiz, tuvo que dejar su cargo de diputado autonómico tras ser imputado. La UCO acusa al segundo, Bartolomé González (también diputado autonómico) de recibir 60.000 euros a cambio de amañar otro contrato de Cofely. La Audiencia Nacional ultima inhibirse en el TSJM para que este impute a González, ya que es aforado.

La UCO asegura en este nuevo informe que hay "importantes elementos que indican de manera clara" que directivos y trabajadores de Cofely actuaron en connivencia con funcionarios y responsables políticos del Ayuntamiento de Brunete "para favorecer a dicha sociedad frente a otros licitadores que quedaban en una clara situación de desventaja". Es cierto que el contrato de eficiencia energética, de 8,4 millones y con una duración de 15 años, finalmente no se adjudicó, pero solo porque la UCO destapó este escándalo el 27 de octubre y detuvo a los directivos de Cofely que "urdían la adjudicación fraudulenta" en Brunete. De hecho, antes de las detenciones, Brunete ya había convocado para el día 29 la comisión municipal que iba a aprobar el expediente de contratación y los pliegos. "Una vez conocidas la actuaciones policiales, dicho punto fue sacado del orden del día", señala la UCO en el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial.

"Que no se adjudicara y por tanto no se formalizara el contrato, no es óbice para que se consuman hechos de relevancia penal", aseguran los investigadores en su informe. En este sentido, la Guardia Civil subraya que Cofely redactó y envió los pliegos administrativos y técnicos del contrato al ayuntamiento. Dos funcionarios han declarado que la edil Cristina Gil Guerra les entregó los pliegos, "algo que no es normal, ya que los pliegos los hacen los técnicos municipales y los firman los concejales de área. En el caso que nos ocupa, ni los pliegos los hacen los técnicos [los hace Cofely] ni los firman los concejales [aparecen sin firmar]". La UCO cree que permitir que Cofely redactara esos documentos "es darle una ventaja injustificada frente a otros competidores", ya que la firma francesa determinó "el presupuesto, los criterios de adjudicación y las condiciones de solvencia de los licitadores".

Dos correos con los pliegos

La UCO destaca dos correos, ambos enviados por el ya imputado Pedro García Pérez, uno de los exdirectivos de Cofely implicados en la trama. El primero es del 18 de junio de 2013, en el que García remite al alcalde Borja Gutiérrez "unos modelos de pliegos que posteriormente fueron adaptados al municipio de Brunete". En el segundo, del 6 de febrero de 2014, García envía a José Gil Granizo (secretario del PP de Brunete y padre de la concejala Cristina Gil) "unos pliegos idénticos en sus puntos esenciales a los que pretendían ser aprobados en octubre". Esos pliegos establecían que solo las empresas con un volumen de negocio igual o superior a los 150 millones de euros se podían presentar al contrato. "Desproporcionado para una licitación de 559.000 euros anuales [durante 15 ejercicios]. Buscaría restringir la concurrencia evitando que se puedan presentar otras empresas", indica la UCO.

Los investigadores también están convencidos de que las detenciones que realizaron el 27 de octubre de 2014 motivaron que se sacara de la comisión municipal que se iba a celebrar el día 29 (y que fue convocada el 24) el punto relativo a un dictamen sobre la aprobación del expediente y de los pliegos. "Según los indicios recabados, la intención inicial era que el contrato de eficiencia energética de Brunete fuera aprobado definitivamente en el pleno del 6 de noviembre", tal y como comunicó el alcalde a otro directivo de Cofely. Es llamativo que el día de las detenciones José Gil intentara contactar con Pedro García (que ya estaba detenido), y cómo su hija, la concejala, encargó un informe "que corría mucha prisa" a un técnico para que lo redactara en menos de un día, "contradiciendo uno también suyo de tan solo unos días antes, siendo utilizado para sacar del orden del día de la comisión el punto relativo a este contrato".

http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-01-25/punica-uco-alcalde-pp-brunete-borja-gutierrez_1321136/

EL JUEZ VELASCO PIDE SER TRASLADADO Y DEJAR YA LA INSTRUCCIÓN DE LA 'PÚNICA'

El magistrado de la Audiencia Nacional se ha postulado para una plaza de cooperación internacional, aunque el Poder Judicial propone a otro juez para el puesto

Eloy Velasco está muy molesto porque se ha quedado sin juez de refuerzo

En la Audiencia Nacional creen que ahora intentará lograr una plaza de la Sala de Apelación, que se pondrá pronto en marcha

El magistrado Eloy Velasco se quiere ir de su actual puesto en la Audiencia Nacional y dejar así de investigar el caso Púnica, la trama de corrupción presuntamente organizada por el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional se ha postulado para una plaza de cooperación internacional, en un programa conocido como PAcCTO, según ha podido saber infoLibre. El Poder Judicial propone, no obstante, a otro juez para el puesto.

El caso Púnica se inició en octubre de 2014 con 12 piezas separadas, pero que tras las investigaciones desarrolladas se han elevado hasta 15. Hasta el momento, Velasco ha concluido dos de estas piezas separadas: la primera referente al chivatazo que un guardia civil dio a Granados de que estaba siendo investigado, por lo que ha procesado a dos agentes y al propio exconsejero de Justicia del Gobierno de Esperanza Aguirre. Y la segunda se trata de la investigación de los amaños realizados por la trama en la Diputación de León.

Esta segunda causa se dirige contra el expresidente de la Diputación leonesa Martín Marcos Martínez, contra el alcalde de Puebla de Lillo (León), Pedro Vicente Sánchez, y contra el empresario Alejandro de Pedro, que está acusados de un delito de fraude y malversación de caudales públicos por adjudicaciones vinculadas con la estación de esquí de San Isidro y los trabajos de reputación on line.

Financiación irregular del PP madrileño

Una de las piezas con mayor repercusión es la investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular de Esperanza Aguirre, cuyo sumario permanece bajo secreto de sumario. En total, la causa supera los 200 tomos y en la misma han declarado más de 150 imputados y casi 400 testigos.

Fuentes jurídicas explican a infoLibre "el malestar" del magistrado Eloy Velasco, que desde hace varias semanas, en concreto desde antes de Navidad, no dispone de la ayuda del juez de apoyo, Alejandro Abascal, que le había otorgado el Consejo General del Poder Judicial. Este juez sólo ha permanecido en el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional seis meses, un periodo que el magistrado considera insuficiente. Además de Púnica, el juez Eloy Velasco instruye en su Juzgado los casos Acuamed, Air Europa, Banca Cívica y Ellacuría, entre otros.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalan que la decisión de no prorrogar la presencia del juez Alejandro Abascal como refuerzo de Velasco se adoptó a la luz de un informe de los Servicios de Inspección del Consejo que señalaban que la situación de este órgano ha mejorado desde que se adoptó el refuerzo en marzo de 2016.

Velasco, que fue director de Justicia del Gobierno valenciano presidido por Eduardo Zaplana (PP), desembarcó en la Audiencia Nacional procedente del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid en junio de 1998, sustituyendo al hasta entonces titular, Juan del Olmo, el magistrado que investigó la macrocausa sobre el atentado del 11-M.

Programa contra el crimen

Para cambiar de Juzgado, Velasco se ha postulado a una de las plazas de magistrado creadas en virtud del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO) desarrollado en el marco de la cooperación sobre seguridad ciudadana y Estado de Derecho y que cuenta con la participación de España, Portugal, Francia e Italia. El objetivo de este programa es "el tratamiento integral de las visiones policial, judicial y penitenciaria en la lucha contra el crimen organizado", según indicó en su día el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha propuesto a Velasco. Según confirmó a infoLibre una portavoz oficial del consejo, entre la treintena de candidatos que se postulaban para el puesto, el CGPJ ha decidido proponer al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Córdoba, Luis de Arcos Pérez, al considerar que tiene el perfil más idóneo para el cargo. La propuesta del Poder Judicial ha sorprendido en medios de la Audiencia Nacional, que destacan la importante experiencia que tiene Velasco.

La institución encargada de nombrar al magistrado es el Ministerio de Justicia, que casi con toda seguridad elegirá al magistrado Luis de Arcos Pérez para el puesto de coordinación del PAcCTO contra el crimen.

Sala de Apelación

Las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre dan por hecho que Velasco, si se confirma que no logra el puesto en el programa PAcCTO, solicitará una de las plazas que se van a habilitar en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Hasta el momento, los recursos que se presentaban por las decisiones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se interponían ante el Tribunal Supremo. Pero ahora la Audiencia Nacional pondrá en marcha la denominada Sala de Apelación, que deberá contar con varios magistrados adscritos.

En la Audiencia Nacional también creen que habrá un número importante de solicitudes para la Sala de Apelación, cuyos jueces no estarán tan expuestos mediáticamente como los que realizan las instrucciones o los que dictan sentencia en primera instancia. Las plazas, que aún no se han convocado, serán publicadas "con toda probabilidad" a lo largo del presente año.

La Sala de Apelación se creado en virtud de la modificación, en marzo de 2015, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/01/25/el_juez_velasco_pretende_abandonar_instruccion_del_caso_punica_60164_1012.html

EL PP PAGÓ CON DINERO PÚBLICO A LA PÚNICA MÍTINES DE LAS CAMPAÑAS DE AGUIRRE Y RAJOY

Un informe de la UCO sobre las supuestas irregularidades cometidas en la contratación de festejos en el Ayuntamiento de Valdemoro detalla cómo se desviaron presuntamente fondos para financiar eventos del partido de los comicios municipales y autonómicos de 2007 y de las generales de 2008. Implica en ello a Beltrán Gutiérrez, tesorero del partido de la 'lideresa' y ya imputado en la pieza secreta del sumario sobre la supuesta financiación irregular de los 'populares' madrileños, y cita a Luis Bárcenas.

Nueve actos electorales y fiestas del PP bajo sospecha. Entre ellos, dos mítines de la campaña a las municipales y autonómicas de 2007, y uno de las Generales de 2008. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, un amplio informe sobre la adjudicación supuestamente irregular por parte del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) de multitud de contratos públicos a una de las empresas del 'caso Púnica', Waiter Music SL, especializada en la organización de festejos. El documento policial concluye que parte de "los fondos municipales" que se abonaron a esta sociedad fueron presuntamente utilizados por el partido para sufragar los gastos de varios mítines de sus dirigentes.

Entre ellos, el cierre de campaña de Esperanza Aguirre de las elecciones autonómicas de 2007 celebrado en Madrid, en el que también participaron Alberto Ruiz Gallardón y Mariano Rajoy, y otro que tuvo lugar en marzo de 2008 en el municipio madrileño de apoyo a la candidatura de este último. La Guardia Civil apunta por ello a la posible comisión de varios delitos electorales por parte de Beltrán Gutiérrez Moliner, quien fuera gerente de la formación en Madrid y ya imputado en la causa precisamente por la presunta financiación irregular de los 'populares' en la región. El informe también cita a Luis Bárcenas, en su condición de "administrador general único de la candidatura del Partido Popular en las elecciones generales del año 2008".

El documento de la UCO, fechado el pasado 15 de diciembre y al que ha tenido acceso Vozpópuli, detalla a los largo de más de 150 folios la estrecha amistad entre el empresario José Luis Huerta Valbuena, propietario de Waiter Music SL, y Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama y único que permanece encarcelado por esta causa. En el informe, los agentes destacan que dicha relación permitió al primero "conseguir entre los años 2006 y 2010 contratos con ayuntamientos gobernados por el Partido Popular por valor de 19.214.514,56 euros, fruto del clientelismo político e intercambio de favores del que se benefició la mercantil investigada". A cambio, la Guardia Civil destaca que Huerta obsequió con la organización gratuita de diversos "eventos de carácter personal" al propio Granados y a otros cargos públicos, pero también del propio PP. De hecho, en uno de los apartados del informe se destaca que estos últimos "han estado 'pendiente de facturar' durante varios años y se habrían liquidado utilizando dinero público del Ayuntamiento de Valdemoro destinado a sufragar los gastos de las 'Fiestas patronales de septiembre de 2009". En concreto, habla de cinco eventos de diverso tipo y tres mítines.

Los mítines bajo sospecha son dos de la campaña de las municipales y autonómicas de 2007, entre ellos el de cierre, y uno para las generales del año siguiente

Estos últimos son los celebrados el 12 de mayo de 2007 en la Plaza de Toros de Valdemoro; el 25 de ese mismo mes en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, y que sirvió de cierre de campaña de la candidatura de Aguirre y Gallardón para las autonómicas y municipales de aquel año, y un acto celebrado en Valdemoro el 1 de marzo de 2008 con motivo de las Elecciones Generales de 2008 en la que Rajoy era el cabeza de lista del PP. Sobre éste, el informe de la Guardia Civil destaca que Waiter Music SL organizó un mitin en este localidad madrileña que incluía "una actuación musical" y "un vehículo con megafonía". Este acto electoral tuvo un coste para la empresa de festejos de 5.179 euros, según los documentos intervenidos al propio empresario, en los que también se refleja la existencia de 4.200 euros "pendiente de facturar". "Este apunte -se continúa leyendo en el documentos policial- se localiza en multitud de documentos vinculados a la cuenta pendiente entre Waiter Music SL y el Ayuntamiento de Valdemoro, y que finalmente fue liquidado en parte con dinero público destinado al pago de las fiestas patronales de Valdemoro de septiembre de 2009".

"Manifiestamente falsas"
Los otros dos mítines supuestamente cargados al erario se produjeron un año antes. El primero tuvo lugar el 12 de mayo de 2007 en la plaza de toros de Valdemoro y a él asistieron tanto la candidata 'popular', Esperanza Aguirre, como quien entonces eran sus 'números 2 y 3' en el Ejecutivo regional, Ignacio González y Francisco Granados. Costó 17.000 euros, según se desprende de un documento intervenido en el ordenador de la esposa del empresario José Luis Huerta. Sin embargo, su coste no fue asumido ni por el PP ni por la empresa, sino que fue incluido en dos facturas "manifiestamente falsas" que luego fueron cargadas al Ayuntamiento de Valdemoro. De hecho, la UCO ha localizado un documento en el que se recoge esta cifra y otros 6.270 euros supuestamente relacionados con la organización de una "Fiesta PP" en 2006 con la anotación "esto se cobra así" y, a continuación, el detalle de cómo se cargó a otras partidas. Así, los investigadores han localizado dos facturas supuestamente fraudulentas cargadas de nuevo a las fiestas patronales de la localidad de 2007 que suman 12.132 euros. Los investigadores concluyen que dicho dinero fue destinado precisamente al pago de parte de aquel mitin.

La UCO localizó en el registro de la sede de Waiter Music SL documentos sobre el pago irregular de dichos mítines con la anotación "esto se cobra así"

El tercer mitin es la gran fiesta de fin de campaña que el PP celebró en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid en la noche del 25 de mayo de 2007 con la presencia de los principales dirigentes de la formación, entre ellos Rajoy, Aguirre y Ruiz Gallardón, estos dos últimos como candidatos al gobierno regional y la alcaldía de la capital respectivamente. El acto, en cuya organización participó Waiter Music SL, incluyó un concierto de los grupos Iguana Tango y Azúcar Moreno. La Guardia Civil ha localizado en los ordenadores de la sede social de la empresa de festejos diversos correos electrónicos relacionados con el pago del mismo. Entre ellos, uno enviado tres días antes del mitín desde la cuenta del propio José Luis Huerta a la de Edelmiro Andrés Galván Villamandos, también imputado en la causa y que entonces era el jefe de Gabinete de Francisco Granados. El mismo contiene como documento adjunto el borrador del contrato que debían firmar el propio Huerta y Beltrán Gutiérrez, entonces gerente del PP madrileño. El precio que se reflejaba en el mismo por dichas actuaciones musicales era 20.000 euros.

Precio falso
No es el único. El 31 de julio de 2007, dos meses después de aquel acto, el empresario remitió un nuevo email a otro dirigente del partido, Guillermo Mayoral, actual gerente del partido en Madrid en sustitución, precisamente, de cesado Beltrán Gutiérrez. En el mismo, José Luis Huerta le solicita el cobro de diversas facturas relacionadas que suman un total de 48.600 euros sin IVA. El empresario le añade que "siguiendo indicaciones de Edelmiro (Consejería de Presidencia) les hicimos un contrato de 20.000 euros IVA incluido aun sabiendo ambas partes que ascendía a una cantidad mayor". Además de dichos correos, en aquel mismo registro la Guardia Civil también localizó otros documentos con anotaciones sobre dicho acto electoral en el que se especificaba que se encontraba "pendiente de facturar". Incluso hay uno, fechado en octubre de 2010, más de tres años después del mitin, en el que se divide la cantidad del coste del mismo en dos parte iguales "y le imputa cada una [de] sus mitades al Partido Popular de Pinto y [de] Valdemoro". En total, 60.000 euros.

El informe cita al gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, y a Luis Bárcenas por su relación con sendos delitos electorales que pueden estar prescritos

La Guardia Civil considera que todo ello pudieran ser constitutivo de dos delitos electorales "en virtud de la utilización de fondos y recursos económicos en beneficio del Partido Popular de Valdemoro y de la Comunidad de Madrid que no fueron declarados como gastos de campaña y, por consiguiente, no fueron declarados en las cuentas presentas de las campañas de 2007 y 2008". El informe de la UCO destaca que los administradores electorales de éstas fueron, respectivamente, Beltrán Gutiérrez y al entonces tesorero de PP nacional, Luis Bárcenas, aunque también apunta la posibilidad de que estén prescritos dado el tiempo transcurrido desde que se cometieron. No obstante, el documento policial incluye el nombre del primero, que se encuentra imputado en la pieza secreta del sumario en el que se investiga la financiación presuntamente irregular del PP de Madrid, en la relación de "encartados" que podrían tener "responsabilidades penales" por estos hechos.

Tres fiestas, un desayuno...
El informe de la UCO también pone bajo sospecha otros cinco actos menores organizados por el PP de Valdemoro entre los años 2005 y 2011 en los que existen indicios de que José Huerta asumió la mitad del coste de los mismos como un 'regalo' o, en otros casos, desvió "el pago a eventos municipales posteriores". "Estos eventos -se lee en el informe- no se facturaron por la mercantil al Partido Popular y permanecieron 'pendientes de facturar' durante 6 años, habiéndose liquidado parte con dinero público del Ayuntamiento de Valdemoro destinado a sufragar los gastos de las Fiestas patronales de septiembre de 2009". Por aquellas celebraciones populares, el Consistorio pagó 150.000 euros, de los cuales algo más de 45.000 euros fueron destinados a "sufragar parte de la deuda que el PP de Valdemoro había contraído con Waiter Music SL", añade el texto.

La financiación de tres fiestas, un desayuno y un evento sin concretar celebrados por el PP de Valdemoro entre 2005 y 2010 también están bajo sospecha

El primero de estos actos del partido es una fiesta del año 2005, cuyo coste ascendió a 32.260 euros. De esta cantidad, la documentación intervenida apunta que Huerta 'perdonó' al partido 17.260 euros, pero que quedó pendiente el cobro de otros 17.400 euros. Al año siguiente ocurre algo similar con la fiesta celebrada en 2006. Valorada en 12.540 euros, el empresario 'regaló' el 50% del coste del evento y quedó para facturar 6.270 euros. El 22 de junio de 2007 tiene lugar una nueva fiesta de la formación en Valdemoro. Su precio, 15.500 euros, de los que de nuevo Waiter Music SL asumió la mitad y dejó para abonar 7.750 euros. Un mecanismo que se repitió al año siguiente en un evento celebrado el 24 de mayo, en la que se invirtieron 32.513 euros. La sociedad bajo sospecha también organizó para los 'populares' de Valdemoro un desayuno el 17 de marzo de 2010 valorado en 18.760 euros, y un acto el 14 de mayo de 2011, que costó cerca de 22.000 euros. De esta última cantidad, la empresa cobró a cuenta 10.000 euros y se encontraban pendiente de pago otros 11.915 euros.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/UCO-Punica-electorales-Aguirre-Rajoy_0_992001970.html

GRANADOS DICE QUE MARHUENDA LE PIDIÓ AYUDA PARA ENCONTRAR “UN CHOLLO” EN VALDEMORO Y EL PERIODISTA LO NIEGA

El alcalde encarcelado pide al periodista que aclare si compró en condiciones económicas ventajosas, gracias a sus contactos políticos, una nave en la localidad madrileña

El director de 'La Razón' rechaza de forma tajante la acusación de Granados y asegura que compró el local a Bankinter

El exconsejero de Transportes de Madrid y ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados ha enviado desde la cárcel de Estremera una carta abierta al director de La Razón, Francisco Marhuenda, que ha publicado el Portal de Valdemoro, la localidad de la que fue alcalde entre 1999 y 2003.

En esa misiva, escrita la pasada Nochebuena, Granados, que se encuentra en prisión por el caso Púnica, responde airado a las descalificaciones que Marhuenda le lanzó en el programa de La Sexta Al Rojo Vivo emitido dos días antes. En esa tertulia el director de La Razón dijo que el ex número dos de Esperanza Aguirre “es un paleto y un hortera de Valdemoro que no sabe ni comer”. “Aguirre”, continuó, “le consideraba como al servicio”.

En una carta escrita a mano, Francisco Granados replica a Marhuenda detallando su currículo profesional y político. Para finalmente preguntarle por la nave que el periodista posee en Valdemoro. Según el exalcalde de esa localidad del sur de Madrid, cuando Marhuenda buscaba un local donde alojar su gran colección de libros, no acudió a una inmobiliaria, ni buscó en internet, sino que utilizó sus “contactos políticos”: “Acudiste a este paleto de Valdemoro para que te pusiera en contacto con el alcalde (también imputado) a ver si te encontraba algún chollo”.

Granados dice que el periodista habló con el regidor municipal, con el concejal de Urbanismo y con los técnicos del Ayuntamiento. Y a continuación le pregunta: “¿Puedes explicar por qué te aprovechaste de tus contactos políticos para fines espurios? ¿Por qué no hiciste como todo el mundo? ¿Cuánto te ahorraste? ¿Pagaste comisión o mordida a alguien? ¿Cómo explicas que te beneficiaras económicamente gracias a tu relación con los, según tú, corruptos, pelotas, horteras y sinvergüenzas de la Púnica?”.

Me ofreció él su ayuda

Por su parte, el director de La Razón ha negado a infoLibre que le pidiera a Granados intermediación alguna para comprar la nave, una acusación que considera “disparatada”. Por el contrario, Marhuenda asegura que fue el exalcalde de Valdemoro quien, en una comida con él y más personas, le ofreció “buscar alguna oportunidad” en su pueblo. “Le contesté que, en todo caso, tenía que ser dentro de la legalidad. Pero aquella conversación quedó en nada”, apunta.


Finalmente, el periodista compró a Bankinter la nave, que tiene 400 metros cuadrados y alberga 60.000 libros, según señala. Marhuenda también dice que se decidió finalmente por Valdemoro debido a que un catedrático de Historia amigo suyo tenía una nave en el municipio para guardar su biblioteca, y le pareció “una buena idea”. Además, niega que haya llamado “paletos” a los ciudadanos de Valdemoro, por los que siente “gran respeto”. “Era Aguirre, no yo, quien consideraba a Granados como del servicio”, zanja.

De paleto a dormir en los mejores hoteles del mundo

Granados reacciona con enojo contra la “incontinencia verbal” de Marhuenda, tras reprocharle que, en realidad, no sepa nada de su vida. Así que se la recuerda paso a paso, para terminar acusándole de “representar la vaciedad intelectual y moral más absoluta”. El exalcalde presume de ser “efectivamente, de pueblo”, de no haber tenido nunca “servicio y de que su madre “cocinaba, limpiaba y cuidaba de sus hijos”, mientras su padre se dedicaba a la agricultura. “En fin, unos paletos según tu casposa y clasista opinión”.

Después explica que estudió Económicas en la Complutense y su primer trabajo fue como analista financiero en una sociedad de valores y bolsa. “Fui elegido dos años consecutivos como mejor analista europeo del sector energético” añade Granados, quien después fue contratado como director de Análisis “en uno de los mayores bancos del mundo”.

“Cuando tú aún ho habías salido de La Rambla, yo hablaba sobre la economía y la bolsa española a inversores en Londres, París, New York o Tokio”, se jacta el ex secretario general del PP madrileño. También dice haber sido director de banca de inversión, miembro de comités internacionales de inversión y de consejos de administración de empresas internacionales. “He ganado dinero, recorrido kilómetros de avión y casi vivido en los mejores hoteles del mundo, en los que, por cierto, nunca me dijeron que no supiera comer como tú aseguras”, recrimina de nuevo a Marhuenda.

También recuerda su paso por la política: “Como soy un paleto, lo dejé todo para ser alcalde de mi pueblo, Valdemoro”, comienza. Luego alardea de haber conseguido allí dos mayorías absolutas “gracias al voto ignorante de esos ciudadanos que tú consideras de tercera por no vivir en La Moraleja, La Finca o el barrio de Salamanca”. Y de que, gracias a él, el sur de Madrid “nunca más se llamó el cinturón rojo”. Valdemoro, destaca, “es uno de los pueblos con mayor calidad de vida de Madrid, con buenos colegios, bien urbanizado, zonas verdes y un hospital estupendo”.

Granados no se olvida de mencionar que fue consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y secretario general del PP regional “gracias a [Esperanza] Aguirre”. En resumen, llegó “a la política después de una exitosa carrera profesional”. “Aunque te sorprenda, ya sabía comer, vestir ¡y hasta idiomas!”.

Marhuenda, de familia bien y colegio privado

Al origen humilde y brillante historial descritos, Francisco Granados contrapone el “nada destacable” currículo de Marhuenda, a quien retrata como perteneciente a “una familia bien de Barcelona”, residente en un barrio acomodado, “con nai y servicio”, y alumno de “los mejores colegios privados”. Según dice en la carta, el currículo del periodista se reduce a un “inédito paso por el parlamentarismo” [fue diputado del Parlamento catalán por el PP durante seis meses] y su trabajo en el gabinete de Mariano Rajoy. Además de dirigir “un periódico de extraordinarios profesionales del que nunca, a las 12 de la noche”, sabe “qué portada lleva al día siguiente”.

Francisco Granados termina su diatriba con una posdata envenenada: “Como eres un gran intelectual, seguro que conoces la cita parlamentaria ‘Deje su señoría de decir mentiras sobre mí y yo dejaré de decir verdades sobre usted”.

http://www.infolibre.es/noticias/medios/2017/01/18/granados_dice_que_marhuenda_pidio_ayuda_para_encontrar_chollo_valdemoro_59921_1027.html

LA ACUSACIÓN POPULAR PIDE 6 AÑOS DE CÁRCEL PARA GRANADOS POR EL 'CHIVATAZO' DE LA PÚNICA

La acusación popular, ejercida por la asociación ADADE, entrega su escrito de acusación para la pieza que investiga el presunto 'chivatazo' de un Guardia Civil al ex secretario general del PP de Madrid. El político está acusado en esta parte del sumario de un delito de "aprovechamiento del delito revelado". Junto a él se sentarán dos agentes del Instituto armado para los que piden 3 años de prisión.

Primera petición de pena de cárcel para Francisco Granados en el caso Púnica. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en la causa, ha entregado este lunes su escrito de acusación en la pieza del sumario que investiga el 'chivatazo' que presuntamente dio una agente de la Guardia Civil al ex secretario general del PP de Madrid y que puso en peligro toda la operación. En él, se considera al político responsable de un delito de aprovechamiento de revelación de secreto, penado con hasta seis años de prisión. Esa es, de hecho, la petición que hace la acusación popular. Para los otros dos encausados por estos hechos, el miembro de la Unidad Central Operativa (UCO) que supuestamente dio los datos, José Manuel Rodríguez Talamino, y el guardia civil en excedencia José Luis Caro Vinagre, la solicitud es de tres años de cárcel para cada uno de ellos.

ADADE pide para Granados la máxima pena recogida en Código Penal para el delito de "aprovechamiento de revelación de secreto"

El escrito de ADADE, de once folios de extensión y al que ha tenido acceso Vozpópuli, detalla que el 6 de septiembre de 2014, solo un día después de que se instalase una cámara de vigilancia frente al edificio de la localidad de Pinto donde el constructor David Marjaliza, tenía las oficinas de su entramado empresarial, se interceptaron diferentes llamadas que apuntaban a que alguien de esta unidad policial había alertado supuestamente al político de que estaba siendo investigado. A partir de ese momento, los responsables de las pesquisas detectaron que varios de los sospechosos comenzaron a intercambiar llamados con información sobre dicho aviso. A partir de ese momento, algunos de ellos "proceden a la destrucción y ocultación de pruebas, reducen sus conversaciones telefónicas que habían sido intervenidas, provocan la necesidad de distraer medios y personal [de la Guardia Civil], alterando de este modo el normal curso de la investigación y dificultando la misma, lo que provoca serios problemas para la instrucción [...] además de incrementar el coste de la misma".

Un grave incidente en el que, según detalla el escrito de acusación de ADADE, participan los dos guardias civiles y Granados. De este último detalla que "en cuanto recibe la información pone en marcha la actividad a fin de minimizar los daños que de la investigación puede derivarse". Así, "intenta recabar más información" o bien directamente del miembro de la UCO Rodríguez Talamino, o de José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excedencia con "los contactos y los conocimientos necesarios que pueden facilitar mejor el acceso a la información". Además, el que fuera número 3 del Ejeuctivo de Esperanza Aguirre también "utiliza los medios informáticos a su alcance para ampliar la información suministrada", en concreto para saber qué es la UCO y el grupo de esta unidad que le investiga.

"Todo de tipo de precauciones"
Asímismo, ADADE destaca que Granados también puso "en alerta a las personas relevantes a fin de entorpecer la investigación en curso". En concreto, hace referencia a una llamada al que entonces era su socio, el constructor David Marjaliza, "quien inmediatamernte procede a alertar" a varias personas de su confianza e intenta recabar nuevos datos. Finalmente, el escrito de acusación recalca que el ex secretario general del PP madrileño tomó "todo tipo de precauciones, notablemente minimiza información transmitida por teléfono, con el mismo objetivo de entorpecer la investigación". En este sentido, recuerda la existencia de varias de las llamadas en las que "se evita hablar claramente por teléfono y se organizan citas presenciales para abordar los temas".

La acusación particular solicita para los otros dos encausados, un agente de la UCO y un guardia civil en excedencia, 3 años de prisión para cada uno

El escrito recalca que todo ello provocó graves perjuicios a la investigación. En primer, lugar la UCO tuvo que retirar la cámara de vigilancia "lo que les priva de una valiosísima fuente de información". También "puso en alerta" tanto a Granados como "a otros investigados, quienes tomaron medidas adicionales de seguridad". También recuerda que los responsables de las pesquisas se vieron obligados a simular una operación paralela que se tradujo en un distracción de "recursos personales, económicos y materiales de la investigación en curso". Sin olvidar que "el estado de alerta de los investigados obligó a reducir los seguimientos, privando a los investigadores de información sustancial". Finalmente, ADADE destaca que incluso se estudió iniciar las detenciones inmediatamente, una medida que "finalmente fue descartada por el riesgo que suponía realizarlas en condiciones adversas".

Por todo ello, el acusación popular considera al guardia civil Rodríguez Talamino y su compañero en excedencia Caro Vinagre responsables de un delito de revelación de secreto recogido en el artículo 417 del Código Penal, por lo que pide para cada uno de ellos tres años de cárcel. En el caso de Francisco Granados, le considera autor de otro de "aprovechamiento del delito revelado", englobado en el artículo 418 y cuya pena máxima es, precisamente, la que le pide: 6 años de cárcel. También pide que los tres indemnicen de manera conjunta a la Dirección General de la Guardia Civil por el coste de la operación que hubo que montar para intentar engañar al político y el resto de investigados, y que obligó a desplazar a diversos agentes fuera de la provincia de Madrid.

El político vuelve a pedir la libertad

Menos de un mes después de que declarase de manera voluntaria ante el juez Eloy Velasco, Francisco Granados vuelve a pedir su puesta en libertad. La defensa del político ha remitido a la Audiencia Nacional un escrito de poco más de un folio en el que solicita que se le excarcele "con fianza, retirada de pasaporte y presentación semanal o incluso diaria ante el Juzgado de su domicilio en garantía de que no eludirá la acción de la Justicia". Como principal argumento para ello, el que fuera 'número 3' del Ejecutivo regional de Esperanza Aguirre se ofrece a otorgar "un poder tan amplio como en derecho sea menester a favor del Juzgado para que pueda dirigirse a cualquier entidad bancaria o financiera, en cualquier parte del mundo, y requerir la información que exista sobre el patrimonio a su nombre o al de cualquier persona jurídica de la que sea beneficiario o apoderado". En su escrito, Granados señala que con este medida quiere demostrar "cuál es su situación económica real que no es otra que la de que carece de otros bienes que no sean los que han sido intervenidos y bloqueados por el Juzgado" y que, por tanto, la decisión del magistrado de mantenerle en prisión por la sospecha de que posee "un patrimonio oculto" está injustificada.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Peticion-Granados-primer-juicio-Punica_0_990802220.html

LAS 'PERLAS' DE GRANADOS ANTE EL JUEZ: "ME HE PORTADO FRANCAMENTE BIEN CON MI PUEBLO"

El pasado 21 de diciembre, el ex consejero del PP declaró a petición propia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Eloy Velasco. Durante el interrogatorio, el político se defendió de las graves acusaciones que pesan sobre él. "No tengo ni un solo euro fuera" o "la financiación del PP de Madrid es absolutamente transparente", son sólo algunas de las frases que pronunció.

La primera declaración voluntaria de Francisco Granados ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, no aportó prácticamente novedades a la investigación. Encarcelado desde octubre de 2014 como presunto cabecilla de la trama Púnica, el que fuera secretario general del PP de Madrid utilizó su comparecencia ante el juez para defenderse de las graves acusaciones que pesan sobre él y para cargar contra el que fuera su socio, el hoy arrepentido David Marjaliza. Más que 'tirar de la manta' lo que hizo el político aquel día fue echar 'balores fuera' y negar prácticamente todo. A veces, con frases cuanto menos llamativas. Éstas son algunas de esas 'perlas'.

Durante la declaración, de tres horas de extensión, el que fuera 'número 3' del Ejecutivo regional de Esperanza Aguirre lamentó que se hubiera "mermado" su presunción de inocencia.

El magistrado tan sólo formuló dos preguntas a Granados. La primera, sobre los apuntes contables de la presunta Caja B del PP de Madrid. La segunda, sobre el dinero que habría ocultado a la Justicia española al extranjero. El investigado subrayó que no tiene fuera de España "ni un euro".

El ex consejero de la Comunidad de Madrid también negó el pasado mes de diciembre en la Audiencia Nacional que existiese financiación irregular del PP de Madrid.


Preguntado por su defensa por qué no había informado al juez del maletín con más de 900.000 euros que la Guardia Civil encontró en noviembre de 2015 en un altillo de la casa de los suegros, Granados no dudo en asegurar que porque los agentes "no me preguntaron" qué había hecho con los fondos que había repatriado de manera irregular desde Suiza.

Granados no dudó en presumir de su labor como alcalde de Valdemoro, la localidad del sur de Madrid convertida en auténtico epicentro de la trama Púnica. De hecho, no sólo negó haber cometido ninguna irregularidad, sino que incluso aseguró sentirse "orgulloso" de su gestión. "Me he portado francamente bien con mi pueblo”, llegó a decir.

El exsecretario general del PP madrileño negó de manera insistente que hubiera presionado o fuera hacerlo a ningún testigo porque no tiene poder para ello. "Cualquier persona que haya tenido un cargo público sabe que [...] cuando empieza a rumorearse que vas a ser cesado, no te mira nadie a la cara", dijo. De hecho rechazó haber "ideologizado" a ningún funcionario de la Comunidad de Madrid o haberle presionado. "No digo nada de amenazar, que no entra dentro, en fin, de mi concepto de la vida", recalcó.

Pese a la aparente firmeza de sus palabras, la declaración de Granados no convenció ni al juez Velasco ni a las representantes de la Fiscalía Anticorrupción, lo que provocó que su situación de prisión preventiva se mantuviera y pasara sus terceras Navidades en la madrileña cárcel de Estremera. Según, destacaron entonces fuentes presentes en el interrogatorio, el juez se marchó convencido de que el político se había limitado a "mentir" en cuestiones claves como el paradero de los fondos que presuntamente mantiene ocultos en el extranjero o los datos que fueron hallados en la agenda que le fue incautada y que sirvió a los investigadores para abrir la pieza secreta donde se investiga actualmente la presunta financiación irregular del Partido Popular.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Granados-Velasco-solo-euro-Espana_0_989901925.html

EL PP DE AGUIRRE INTENTA 'COLARSE' EN EL SUMARIO DE PÚNICA PARA ACCEDER "A TODO LO ACTUADO"

Una concejala 'popular' de Brunete y un dirigente del partido en esta localidad madrileña, uno de los feudos 'fieles' a la lideresa, piden personarse y tener acceso toda la causa dos días antes de que la UCO entregara un informe sobre supuestos pufos en el Ayuntamiento del 'aguirrista' Borja Gutiérrez.

Prisas por conocer el sumario del 'caso Púnica' desde dentro. Dos destacados miembros del PP de la localidad madrileña de Brunete, uno de los feudos 'fieles' a Esperanza Aguirre, han solicitado formalmente al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, que les permita personarse en la causa pese a no estar imputados en la misma. Se trata de Ana Cristina Gil Guerra, concejala de Nuevas Tecnologías en este municipio de 10.000 habitantes situado a 28 kilómetros al Oeste de la capital, y de José Gil Granizo, secretario general de la formación en el municipio. Ambos presentaron el escrito, en el que ya designaban procurador y abogado, el pasado 13 de diciembre con la petición expresa de tener acceso a una "copia de todo lo actuado".

Los dos miembros del PP de Brunete que han pedido personarse en el sumario son una concejala y el secretario general del partido en la localidad

El último informe de Púnica destapa pufos en uno de los ayuntamientos 'fieles' a Aguirre
Precisamente, dos días después era la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que entregaba un informe en la Audiencia Nacional referido a las supuestas irregularidades detectadas en los trámites del concurso para la adjudicación por parte de este consistorio de un contrato de 8,9 millones de euros a la empresa Cofely España SAU, salpicada por la trama. Portavoces de esta alcaldía han calificado a Vozpópuli la decisión de la concejala y el dirigente local del PP como "personal" y han rechazado detallar si ambos cargos del partido lo hacían como acusación o ante la sospecha de que pueden ser encausados. En una reciente providencia, el juez ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre dicha personación antes de tomar él una decisión.

Hasta la fecha no hay ningún cargo público del ayuntamiento de Brunete imputado en la causa, pero el nombre del municipio sí ha salido de manera reiterada en el sumario tanto en la confesión del constructor David Marjaliza, como en los 'pinchazos' telefónicos de algunos de los principales implicados y en diversa documentación en formato digital y en papel intervenida durante los registros. De hecho, los diferentes levantamientos del secreto de sumario ordenados por el magistrado en los últimos meses han permitido conocer las numerosas referencias que a lo largo de la investigación han ido apareciendo de esta localidad y de una adjudicación municipal fallido que supuestamente iba a ser adjudicado a Cofely.

La 'visita' de la UCO
Las pesquisas sobre esta licitación se aceleraron el pasado verano. A finales del pasado mes de agosto, agentes de la UCO acudieron a la sede del consistorio a intervenir el expediente del concurso de eficiencia energética que este pequeño consistorio tenía previsto convocar a finales de 2014 y por el que se iba a gastar 8,9 millones de euros en quince años para mejorar el alumbrado público de municipio y que, finalmente, no se llegó a licitar porque la aprobación de los pliegos que debía regirlo se suspendió justo un día después de las primeras detenciones de la 'Operación Púnica'.

En las últimas semanas, la UCO ha tomado declaración a funcionarios y cargos públicos de Brunete, entre ellos el alcalde, el 'aguirrista' Borja Gutiérrez

Tras intervenir aquella documentación el pasado verano, la Guardia Civil comenzó a llamar a declarar a funcionarios y cargos públicos del consistorio, entre ellos el propio alcalde, el 'aguirrista' Borja Gutiérrez Iglesias, según confirmaron hace unos días a Vozpópuli fuentes cercanas a éste. Tras recabar dichos testimonios, los agentes de la UCO elaboraron un informe que entró el pasado 15 de diciembre en la Audiencia Nacional mediante el oficio número 494. Curiosamente, dos días antes eran la concejala y el otro miembro del PP los que acudían a la Audiencia Nacional a presentar su escrito de personación en una decisión que desde el equipo del Gobierno municipal se ha insistido en desvincular del alcalde y del propio Ayuntamiento.

La edil que firma el escrito, Ana Cristina Gil, actual responsable del área de Nuevas Tecnologías, era teniente de alcalde con atribuciones, precisamente, en obras públicas e infraestructuras del municipio cuando se elaboró el expediente que ahora bajo sospecha. El segundo firmante del escrito es el secretario general de la formación. Ambos forman parte del Comité Ejecutivo del PP local que preside Borja Gutiérrez, hombre considerado en Génova 13 como muy próximo a Esperanza Aguirre.

Cifuentes y el PSOE
El PP ya está personado en la causa a través de una de las Administraciones que preside, en concreto de la Comunidad de Madrid que encabeza Cristina Cifuentes. Fue la propia jefa del Ejecutivo autonómico la que anunció en julio de 2015 en un acto público que su Gobierno lo iba a hacer como acusación "por razones de transparencia y para defender los intereses de los propios madrileños y de la Administración regional". La dirigente 'popular' recalcó entonces que se había adoptado esta medida a la vista de los datos que se iban conociendo tras haberse levantado el secreto del sumario y considerar que "de los presuntos delitos que se han cometido podría derivarse un perjuicio patrimonial para la Comunidad de Madrid".

El Ejecutivo de Cifuentes consiguió personarse como acusación tras recurrir la decisión del juez que le obligaba a ir de la mano de una asociación que acorraló al PP en Gürtel

En un primer momento, el juez Velasco la obligó a hacerlo bajo la dirección letrada de la primera acusación que fue admitida. En concreto, la de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), célebre por haber sido precisamente el azote del PP en los dos grandes sumarios instruidos en la Audiencia Nacional que salpican el partido: Gürtel y los 'papeles de Bárcenas'. El equipo jurídico de Cifuentes no se resignó y presentó un recurso a esta decisión. Finalmente la Justicia le dio la razón y hoy actúa en la causa de modo independiente. Ello no fue, sin embargo, impedimento para que el juez Velasco le echara en cara poco después la lentitud con la que algunos de los organismos que depende de ella a la hora actuaban para remitirle la documentación que les estaba reclamando para avanzar en la investigación.

No ha tenido tanto suerte el PSOE, que batalla desde hace diez meses en los tribunales para poder ejercer también la acusación popular en el 'caso Púnica' con voz propia. El 15 de febrero de 2016, cuando la causa llevaba ya cerca de año y medio abierta, presentó un escrito con dicho fin. El pasado 26 de agosto el magistrado lo admitía, aunque con la condición de que lo hicieran bajo la dirección letrada de ADADE, a la que el magistrado había conferido "el liderazgo del ejercicio de la acción popular" en junio de 2015. Sólo unos días después, el 5 de septiembre, el PSOE presentaba un recurso de reforma contra dicha decisión, que el magistrado rechazaba dos semanas después con un auto en el que justificaba su decisión para evitar "dilaciones indebidas" de la instrucción de la causa por culpa de la proliferación de acusaciones. Éste fue recurrido por los socialistas en apelación a comienzos de octubre. La Audiencia Nacional aún no lo ha resuelto.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/PP-Esperanza-Aguirre-sumario-Punica_0_985702242.html

NOTAS INÉDITAS DESTAPAN NUEVOS VÍNCULOS DE PÚNICA CON RITA BARBERÁ Y CASTELLÓN

La UCO localiza en el cuaderno de una empleada del experto informático De Pedro referencias a "informes comunicación positiva" de la fallecida exalcaldesa de Valencia y de la ciudad levantina. Supuestamente fueron utilizados para captar como cliente al actual presidente de Murcia, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez.

Los exhaustivos análisis que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado en los últimos meses de la abundante documentación intervenida durante los registros de la 'Operación Púnica' han sacado a la luz la existencia de notas manuscritas hasta ahora inéditas que apuntalan los indicios sobre la existencia de vínculos entre la trama de corrupción y la que fuera alcaldesa de Valencia, la fallecida Rita Barberá, y la ciudad de Castellón. Se trata, en concreto, de un cuaderno localizado en la sede de las empresas del experto en reputación 'online' Alejandro de Pedro en el que una de sus empleadas anotaba los pasos que daban para captar a político como nuevos clientes. En dicha libreta figura el nombre de la localidad levantina y de Cartagena, además del nombre y apellido de la dirigente del PP justo debajo de la frase "ver informes comunicación positiva". Todo ello junto a anotaciones referidas a la entonces regidora de la ciudad murciana, la hoy senadora 'popular' Pilar Barreiro, y al actual presidente de esta comunidad, su correligionario Pedro Antonio Sánchez, para los que la red de corrupción estaba a punto de comenzar a trabajar. De hecho, dicha anotación se ha incorporado a un reciente informe del Instituto armado sobre los tratos de estos dos últimos con la trama al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Las anotaciones sobre la exalcaldesa de Valencia han aparecido en un cuaderno localizado en la sede de las empresas del experto informático Alejandro de Pedro

Dicho cuaderno fue localizado por la Guardia Civil en el registro que sus agentes hicieron en octubre de 2014, a la vez que las primeras detenciones, en la sede que tenían en el número 1 de la calle Marqués de Sotelo, de Valencia, EICO Reputation Management SL y Madiva Editorial y Publicidad SL, las dos sociedades de De Pedro dedicadas a mejorar la imagen en Internet de políticos y empresas. En concreto, fue intervenido en el puesto de trabajo de Sara Gargallo, una de las empleadas del 'gurú' informático que ha sido imputada dentro de la investigación sobre las andanzas de la trama en la Región de Murcia. Se trata de una libreta de anillas con una de sus hojas encabezada por la palabra "tareas" en mayúscula. A partir de ahí figuran varias anotaciones de enigmático significado como "textos info" y "textos buceo", junto a otras que apuntan a trabajos de reputación 'online'. Así, aparece la frase "acabar SEO Castellón", en clara referencia a supuestos trabajos para optimizar contenidos en páginas web de manera que sean más fácilmente localizados por los buscadores de Internet. No es la única alusión a esta ciudad en dicho documento. También figura como "ejemplo" de los "informes comunicación positiva" que supuestamente elaboraba el experto informático.

La referencia a esta capital levantina no es nueva dentro del sumario de Púnica. De hecho, en junio de 2015 la Guardia Civil acudió a la sede del Ayuntamiento a intervenir documentación sobre supuestos contratos municipales con empresas de la Púnica. Poco después sus agentes tomaban declaración como investigado no detenido al entonces alcalde en funciones, el 'popular' Alfonso Bataller, quien poco después dejaba su acta de concejal y se retiraba de la primera línea política. Sin embargo, desde entonces no se habían tenido nuevas referencias a dicha línea de investigación y, de hecho, fuentes del grupo del PP en el consistorio, ahora en la oposición, mostraban recientemente a Vozpópuli su convencimiento de que el juez Eloy Velasco había retirado la imputación al exregidor "al no hallar indicios de delitos penales". Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación consultadas en los últimos días por este diario aseguran que las pesquisas sobre la relación de la trama con el anterior equipo de gobierno municipal del PP no están, ni mucho menos, cerradas, y que aún está pendiente de elaborar un informe policial sobre las mismas para presentarlo al magistrado.

Una columna con tres nombres
Tras esa anotación sobre el "SEO Castellón", el manuscrito hace referencia a dos fechas, el 1 de noviembre y el 31 de mayo, y figuran los nombres de dos políticos. En concreto, la actual senadora Pilar Barreiro y el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, con claras alusiones a supuestos trabajos de reputación 'online' como la expresión "reput", junto a la anotación temporal "7 meses" y la cifra de "24.700 euros". Justo debajo aparece la frase "ver informes de comunicación positiva" y una columna con las palabras "Cartagena", "Rita Barberá" y "Castellón" en este orden precedidas de las letras "Ej", supuestamente "ejemplo". Una flecha que sale de dicha columna señala a "1 mes". Según fuentes cercanas a la investigación, dichas anotaciones apuntan a que la Púnica pudo haber hechos labores para mejorar la imagen de la política ya fallecida y de los alcaldes de las otras dos localidades. De hecho, en el caso del municipio murciano, ya hay varios informes de la UCO que apuntan a que así fue y que supuestamente se pagaron con el desvío de fondos públicos. De hecho, cuando se produjeron las primeras detenciones en octubre de 2014 estaba a punto de iniciarse otra campaña con vistas a las elecciones locales del año siguiente.

Tres miembros del equipo municipal de Barberá ya fueron interrogados hace meses por los supuestos trabajos de reputación 'online' hechos por la trama para ella

En el caso de Rita Bárbera también hay referencias anteriores en el sumario. Así, la Guardia Civil interrogó en junio de 2015 a tres miembros de su equipo de Gobierno sobre los supuestos tratos con la trama con el equipo de la entonces ya alcaldesa en funciones. En concreto, fueron el concejal del Ayuntamiento de Valencia, Alberto Mendoza; el ex jefe de prensa del Consistorio, Julio Valero, y el diputado del PP en las Cortes Valencianas y exconcejal de Seguridad de Barberá, Miquel Domínguez. Todos ellos tuvieron que responder a varias preguntas para saber si el 'gurú' informático Alejandro de Pedro se encargaba de mejorar la imagen de la exregidora en la red: "¿Es Rita Barberá clienta de Alejandro de Pedro a efectos de reputación?", "¿el Ayuntamiento de Valencia asume el coste de trabajos de mejora de reputación 'online' de algún miembro de la corporación municipal?", "¿sabe si Alejandro de Pedro gestiona la reputación online de Rita Barberá?", fueron algunas de las cuestiones que les plantearon.

"Presionar entreveladamente"
Todos ellos negaron tener constancia de dichos trabajos, aunque uno de ellos, el exconcejal Domínguez explicó que el experto informático "llegó a presionar entreveladamente para que le adjudicaran el contrato alegando que a su competencia le habían adjudicado contratos similares", en referencia al que cerró el Consistorio con una de sus empresas, Madiva Editorial y Publicidad SL, para publicitar la ciudad de Valencia por importe de 13.068 euros. El otro edil, Alberto Mendoza, sostuvo que tuvo conocimiento de ese contrato "después de la detención de Alejandro de Pedro, que en ese momento supo que era para inserción de publicidad institucional del Ayuntamiento en algún diario digital". Por su parte, el periodista Julio Valero añadió que en el año 2013 el presunto miembro de la trama ofertó una propuesta de publicidad al Ayuntamiento de Valencia que no fue valorada positivamente porque "en esos momentos no se consideraban rentables". Luego añadió que a finales de ese año presentó otra y que ésa comenzó a ejecutarse "aproximadamente" en junio de 2014.

Una empleada de De Pedro admitió ante el juez que hicieron numerosos trabajos de "posicionamiento en web" para políticos, y citó erntre ellos a la fallecida senadora

Una empleada de De Pedro también imputada en la causa, María José Gutiérrez, también citó en su primera declaración ante el juez, entonces como testigo, a Rita Barberá. Esta trabajadora, cuyo puesto en las empresas del 'gurú' informático era precisamente el de "jefa del departamento de posicionamiento en web" aseguró al magistrado que desde que se incorporó a la empresa en 2012 realizó numerosos trabajos para instituciones públicas y, sobre todo, para los políticos que ocupaban sus cargos. Así, junto a los nombre del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, de su consejera de Educación, Lucía Figar; de la presidenta de la Diputación de León asesinada a tiros en mayo de 2014, Isabel Carrasco; y de varios alcaldes, como Ana Botella y el regidor de Gandía, Arturo Torró; esta mujer citó expresamente a Rita Barberá como una de las clientes. De hecho,en junio de 2015 el juez Eloy Velasco ordenó a la UCO personarse en una decena de ayuntamientos en busca de documentación relacionada, precisamente, con contratos con empresas de la trama. Entre ellos estaba el de Valencia. Ahora, las notas manuscritas apuntalan esa línea de investigación.

La 'pista púnica' de la contabilidad de Taula

La supuesta relación del Rita Barberá con la Púnica no se reduce, curiosamente, a los indicios recopilados en el sumario que instruye en la Audiencia Nacional el juez Velasco, sino que también alcanza a otra causa célebre: la llamada 'Operación Taula'. La contabilidad del grupo municipal del PP valenciano, incautada por la UCO en busca de indicios de supuesta financiación irregular de la formación, reveló pagos de los 'populares' a una empresa relacionada con Alejandro de Pedro. Se trataba, en concreto, de la mercantil Demini, que figuraba en dichos apuntes contables manuscritos en relación con el asunto "web Rita". Dichos libros contables fueron intervenidos en poder de María del Carmen García Fuster, mano derecha de la ex alcaldesa, y en los mismos también se reflejaban los pagos del supuesto 'pitufeo' que llevaron al magistrado de Valencia Víctor Gómez a imputar a todo el grupo municipal del PP por blanqueo de capitales y, más adelante, al Tribunal Supremo a actuar contra la propia Rita Barberá en su condición de aforada.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Notas-Punica-Barbera-Ayuntamiento-Castellon_0_989301993.html

LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA OTRA CAJA B DEL PP DE MADRID QUE FUNCIONÓ ENTRE 2010 Y 2014

La UCO rastrea la contabilidad de la fundación Fundescam tras descubrir que el Partido Popular de Madrid la habría utilizado para financiarse ilegalmente incluso después de que estallara Gürtel

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha abierto otra línea de investigación sobre la presunta entrada ilegal de fondos en el Partido Popular de Madrid a través de la trama Púnica, la red corrupta desarticulada en octubre de 2014 que supuestamente lideraban Francisco Granados y David Marjaliza. Según fuentes cercanas al caso, los agentes asignados a este procedimiento han requisado las cuentas presentadas entre 2010 y 2014 por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, más conocida por su acrónimo Fundescam, ante los indicios que apuntan a que la entidad fue empleada por el PP de Esperanza Aguirre para canalizar el cobro de donaciones opacas al partido.

El análisis de las cuentas se está realizando en secreto dentro de la pieza separada de Púnica que abrió el instructor del caso, el juez Eloy Velasco, para rastrear las presuntas comisiones ilegales que Granados habría entregado a la formación de la que llegó a ser secretario general. En una agenda encontrada en su vivienda aparecieron supuestas aportaciones a la caja B del PP madrileño por valor de 2.060.000 euros, la mayoría presuntamente entregadas por la constructora OHL a través de su consejero Javier López Madrid, imputado también en la causa.

Esa pista condujo el pasado febrero hasta Beltrán Gutiérrez, gerente del partido hasta 2014, tras descubrirse que era la persona que supuestamente recibía y gestionaba las donaciones B que captaba Granados. Sin embargo, según fuentes cercanas al caso consultadas por El Confidencial, en el ordenador y en los documentos encontrados en el despacho y la vivienda de Gutiérrez han aparecido nuevas pruebas que han terminado encaminando a los agentes de la UCO hasta Fundescam, en la que el gerente también ejerció como apoderado. El foco se centra en la actividad de ese organismo desde el inicio de esta década.

Pagos con facturas falsas

La entidad fue creada en 2000 por el PP autonómico con la supuesta intención de contribuir al desarrollo de la sociedad madrileña con acciones formativas y foros de debate. Sin embargo, en 2009, con el estallido del caso Gürtel, se descubrió que Fundescam había estado abonando facturas falsas a las empresas de la trama de Francisco Correa para ocultar la organización de actos electorales del PP, en paralelo a los que oficialmente costeaba el partido. Los fondos que acabaron en manos de Gürtel salieron de empresarios del entorno del PP madrileño. Solo un año más tarde, en 2010, la Fiscalía Anticorrupción consideró acreditado que el partido había financiado ilegalmente las campañas electorales de 2003 y 2004, entre ellas, la del tamayazo. Sin embargo, el Ministerio Público sostuvo que un hipotético delito electoral ya estaría prescrito en ese momento y el caso Fundescam acabó en una cuneta de Gürtel.

Los investigadores de la UCO no solo consideran ahora que hay indicios de delitos como blanqueo de capitales que no prescriben hasta los 10 años y, por tanto, aún podrían ser perseguidos penalmente. También han descubierto que Fundescam habría seguido operando como caja B de la formación después de que estallara Gürtel, según revelan fuentes próximas a las pesquisas. El propio Granados se habría encargado, con la ayuda de Beltrán Gutiérrez, de que las donaciones ilegales que entregaban contratistas de la Administración madrileña llegaran al partido a través de esa entidad sin ánimo de lucro para sortear los controles de los órganos de fiscalización.

Según ha podido saber este diario, la investigación afecta en concreto a las cuentas de Fundescam del periodo 2010-2014. Las de este último año fueron presentadas en 2016, y las del ejercicio 2013, en 2015. Los agentes también han requisado, por orden del juez Eloy Velasco, los estatutos y el registro de actos celebrados por la entidad desde su constitución. Las actuaciones se mantienen en secreto. Es la única pieza de Púnica a la que no tienen acceso los acusados ni las defensas.

Disolución en diferido

Cuando se conoció la vinculación de Fundescam con Gürtel en 2009, Esperanza Aguirre renunció a su cargo en el patronato de la entidad y puso al frente un equipo gestor, liderado por la diputada del PP en la Asamblea de Madrid y exconsejera autonómica Gádor Ongil, que debía tener como único objetivo disolver la entidad. Pero la fundación continuó actuando al menos durante los cinco años siguientes. De hecho, aunque el patronato inició los trámites legales para liquidarla en 2015, oficialmente permanece activa.

Aguirre dice que Fundescam no costeó ninguna campaña del PP de Madrid

Las pesquisas sobre Fundescam ya provocaron que agentes de la UCO se llevaran el pasado septiembre los contratos concedidos por la Asamblea de Madrid al grupo de restauración Arturo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal madrileña CEIM y exvicepresidente de la nacional CEOE Arturo Fernández. Como reveló este diario, los encargados del caso sospechan que esas concesiones, del periodo 2007-2012, están relacionadas con las donaciones que el empresario hizo a Fundescam. En concreto, como él mismo reconoció en conversación telefónica a este diario, aportó un total de 57.030 euros entre 2003 y 2004 que habrían servido para costear campañas de Aguirre. Las pesquisas ya afectan ahora a un periodo mucho más reciente y a otros empresarios.

Bucear en la hemeroteca sólo agrava las sospechas sobre las irregularidades. Cuando saltaron las noticias que vinculaban a Fundescam con Gürtel, el dirigente del PP que salió en defensa de las cuentas del partido fue precisamente Granados, que está a punto de cumplir dos años y medio en prisión. El entonces secretario general declaró que él mismo había comprobado personalmente que las contabilidades de la fundación y del partido eran correctas y acusó de mentir a quién se atreviera a afirmar lo contrario.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-01-09/la-guardia-civil-investiga-otra-caja-b-del-pp-de-madrid-entre-2010-y-2014_1313439/

LA JUSTICIA ALARGA, UNA VEZ MÁS, EL SECRETO SOBRE LA SUPUESTA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP DE MADRID

El juez Eloy Velasco suma un mes más al secreto del sumario de esta pieza separada de la Púnica por miedo a la manipulación de pruebas

Con el paso del tiempo, son muchos ya los datos que sabemos y que nos ayudan a entender cómo funcionaba la trama Púnica en Madrid. Detalles con los que se puede ir relacionando a muchos ayuntamientos del PP en Madrid con empresas, comisiones, adjudicaciones y demás acciones que fueron dando forma a uno de los casos de corrupción más amplios de este país.

Sin embargo, hay una pieza separada sobre la que todavía poco se conoce: la que investiga las supuestas irregularidades en la financiación del PP de Madrid en relación a esta trama. ¿Por qué? Pues porque desde su creación, esta pieza separada ha estado sometida a un secreto de sumario que se ha ido prologando y renovando.

Cada vez que el secreto vencía, la expectación por conocer lo que se había descubierto en relación a una supuesta financiación irregular del Partido Popular en Madrid era máxima. Pero la Justicia ha ido renovando este secreto mes a mes y lo ha vuelto hacer. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha decidido ampliar un mes más este secreto que, en un principio, iba a cumplir el próximo siete de enero.

El próximo sábado se podrían haber esclarecido muchas cosas, pero el juez ha decidido imponer el secreto “un mes más entendiendo que tal medida sigue siendo necesaria para garantizar la eficiencia de la investigación así como la destrucción de pruebas”.

Tanto el pasado 5 de febrero de 2016 como el 13 de mayo del mismo año, la Justicia decidió levantar el secreto sobre parte de lo instruido dentro de esta trama Púnica. Según explican en el auto por el que ahora se renueva el secreto, en estas dos ocasiones anteriores se entendió que los riesgos de que se destruyesen pruebas o se entorpeciese el resto de la investigación habían disminuido.

Sin embargo, ahora y sobre esta pieza separada, el juez Velasco ve nuevos riesgos. La ampliación del secreto “es esencial para poder asegurar la investigación de los hechos” dice en el auto y añade que se han abierto nuevas vías de investigación que necesitan la protección del secreto para poder esclarecer si en el PP de Madrid hubo irregularidades en su financiación usando la trama Púnica.

Sólo manteniendo en secreto los detalles, asegura el juez, se podrán conseguir “más elementos probatorios”.

http://www.elplural.com/politica/2017/01/04/la-justicia-alarga-una-vez-mas-el-secreto-sobre-la-supuesta-financiacion

LA UCO DESCUBRE UNA TRAMA DE DOBLE FACTURACIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS DE PÚNICA

Investiga el presunto pago de 536.597 euros en facturas duplicadas en 12 consistorios de Madrid y Toledo gracias a cabalgatas y fiestas patronales.

La UCO de la Guardia Civil investiga doce ayuntamientos de la Comunidad de Madrid por participar en una trama de facturas duplicadas que logró detraer presuntamente 536.597 euros de las arcas públicas. Según los informes del caso, incluido en una pieza separada de la operación Púnica, los ayuntamientos de Pinto, Getafe, Moraleja de Enmedio, Valdemoro, Chinchón, Algete, Torrejón de Velasco, Arroyomolinos, Humanes, Añover de Tajo (Toledo), Coslada, Cienpozuelos y San Sebastián de los Reyes abonaron por duplicado facturas en los festejos y actos organizados por la firma Waiter Music y varios de sus proveedores.

Según los informes del Grupo de Delitos Contra la Administración de la UCO de la Guardia Civil, el método utilizado era sencillo: por un lado, la empresa Waiter Music facturaba a los ayuntamientos madrileños por organizar actos como las fiestas patronales o las cabalgatas de reyes. Después, uno de sus proveedores (hay otras cuatro empresas investigadas) facturaba de nuevo al consistorio, pero esta vez solo por una cuantía parcial y en apariencia, distinta: conceptos como el alquiler de una carroza o el gasto en la megafonía para un desfile.

Los responsables de estas empresas han sido calificados ya como investigados por el juez Eloy Velasco, que ha ordenado analizar tanto la contabilidad municipal como la de sus compañías. En sus declaraciones ante la UCO, los empresarios afectados reconocen que parte de las facturas se entregaban directamente a Waiter Music, que era la encargaba de hacerlas llegar después a los ayuntamientos. Y que en todo momento consideraron que la operativa era legal.

La trama se centra en la empresa Waiter Music, una de las principales investigadas en la trama Púnica por abonar mordidas a Francisco Granados a cambio de contratos públicos. La empresa era la encargada, por ejemplo, de abonar las actuaciones y los grupos de música que amenizaban los cumpleaños del ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid en su finca de Valdemoro.

"Acepté para no cerrarme las puertas"

Por el momento, no hay funcionarios municipales imputados en esta pieza, aunque parece poco probable que si las facturas eran en realidad duplicadas, pasaran todos los controles de fiscalización municipales sin que nadie hiciera la más mínima pregunta, hasta abonar más de medio millón de euros.

Ante los agentes de la UCO, los empresarios investigados reconocen el uso de este tipo de facturas, giradas después contra la contabilidad de Waiter Music, y argumentan que sirvieron para saldar deudas anteriormente contraídas con ellos por esta mercantil, a la que prestaban servicios en la organización de sus eventos.

Pero no todos han dado la misma versión. El empresario José Martínez Manzanares, uno de los proveedores de Waiter Music, reconoció en su comparecencia del 26 de octubre ante la UCO haber remitido una factura al Ayuntamiento de Valdemoro por valor de 9.860 euros. Una factura por trabajos que nunca se produjeron. "Un día recibí una llamada de José Luis Huerta y me dijo textualmente que tenía problemas administrativos para poder cobrar la factura de la cabalgata de reyes de 2009 y me pidió el favor de que si podía facturar por Waiter al Ayuntamiento de Valdemoro", explica el empresario. "Acepté por amistad y por no cerrarme la puerta a posibles trabajos que pudiera tener", matiza Martínez, que entregtó la documentación a los agentes de forma voluntaria.

Sin embargo, el grueso de las facturas (hasta 298.597 euros según el sumario del caso) corresponden a otro proveedor, una empresa llamada Friend's Group Técnicas de Espectáculo. La Guardia Civil investiga 18 facturas de esta empresa en seis ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Tal y como informó EL ESPAÑOL, esta compañía fue la responsable de instalar más de 8.500 euros en atracciones, carpas y castillos hinchables para una de las fiestas que Francisco Granados organizó en 2009 en su finca a las afueras de Valdemoro.

En su declaración ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el empresario Francisco Illana asegura no recordar el motivo por el que Waiter Music le factura un importe exactamente igual al que ellos cobraron del Ayuntamiento de Valdemoro. La falta de memoria sirve también como argumento para no explicar los trabajos reales a los que responden estas facturas. En esa misma comparecencia, Illana reconoce a los agentes que las facturas a nombre de Nieves Alarcón fueron abonadas en realidad y en efectivo por el principal responsable de Waiter Music.

http://www.elespanol.com/espana/politica/20170102/182982156_0.html

EL REGATEO DE UN DIPUTADO DEL PP CON PÚNICA: "SOY DE LETRAS PERO ME DEFIENDO CON LOS NÚMEROS"

El informe de la UCO que atribuye al miembro de las Corts valencianas Victor Soler tres delitos incorpora como anexos el intenso cruce de 'emails' y mensajes de 'wasaps' entre éste y el 'gurú' informático de la trama sobre el pago de los trabajos para el entonces alcalde de Gandía, el también 'popular' Arturo Torró.

Setenta mensajes de 'wasaps' enviados por él al señalado como 'gurú' informático de la Púnica, Alejandro de Pedro, y 108 de éste en respuesta. Además, un buen puñado de correos electrónicos. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil adelantado por Vozpópuli sobre las 'andanzas' de la trama en Gandía (Valencia) que atribuía al actual parlamentario del PP en las Corts valencianas Víctor Soler la presunta comisión de los delitos de fraude, cohecho y malversación de caudales públicos recoge el intenso intercambio de mensajes este este diputado autonómico y uno de los principales implicados en el sumario que instruye el juez Eloy Velasco. Buena parte de dichos mensajes se centran en las discrepancias que tenían uno y otro sobre la cantidad mensual a pagar por los trabajos de reputación 'online' que De Pedro realizaba para el entonces alcalde de esta localidad, Arturo Torró, y que se sospecha eran abonados con fondos públicos. Tras imponer sus cifras, Soler bromeaba con el experto informático: "Jaja soy de letras pero algo me defiendo con los números. Quedamos así, tío, un abrazo!". Era el 2 de octubre de 2014. Tres semanas después se producían las primera detenciones de la 'Operación Púnica', entre ellas la de Alejandro de Pedro. Ahora, 26 meses más tarde, aquellos 'wasaps' y 'emails' tienen contra las cuerdas al aforado valenciano.

Víctor Soler y Alejandro de Pedro intercambiaron un total de 178 mensajes de 'wasap' y varios 'emails' en los que se tratan de "amigo", "tío" y "coleguita"

El cruce de mensajes muestra, de hecho, una estrecha relación entre este último y el 'gurú' informático, lo que les lleva a referirse uno a otro como "amigo" y los coloquiales "tío" y "coleguita". Así, el anexo número 16 del informe, que recoge los 178 mensajes de 'wasaps' que Víctor Soler intercambió con Alejandro de Pedro entre julio de 2013 y octubre de 2014, se inicia con una favor que le pide este último al primero para que le consiga entradas para los conciertos que aquel verano organizaba el Ayuntamiento de Gandía, donde el político era concejal y mano derecha del alcalde Torró. También hay mensajes con felicitaciones navideñas, incluido alguno con bromas sobre "el intérprete del funeral de Mandela". Pero, sobre todo, hay cruce de mensajes sobre los tratos para el pago de los supuestos trabajos de reputación 'online' para el primer edil. Algunos de ellos sirven para concretar encuentros en un bar o en la propia sede del consistorio de la localidad valenciana. Por ello, el informe de la Guardia Civil concluye que Soler no es solo "conocedor" de las supuestas irregularidades cometidas para pagar a la trama la mejora de la imagen del regidor, sino también "el interlocutor directo de Alejandro de Pedro en la determinación de los trabajos reputacionales a realizar y la manera de sufragarlos". Eso sí, "con el visto bueno del alcalde Arturo Torró, beneficiario de los servicios reputacionales", recalca el documento policial.

En el anexo en el que se recogen todos los 'wasaps', los agentes de la UCO destacan de modo gráfico 29 de ellos al considerarlos que incluyen "aspectos que se resultan fundamentales para la investigación". Así, se ponen énfasis en uno del remitido por Alejandro de Pedro a Víctor Soler el 17 de junio de 2014 en el que el primero le asegura que Torró le había llamado el día antes y, por ello, le urgía al hoy diputado autonómico a "vernos un rato el jueves tarde". La Guardia Civil también da importancia a otro intercambiado casi un mes más tarde en el que el político insta al experto informático a "venir algún día de la semana que viene por Gandía y cerramos el tema". De Pedro le responde con un "bien tío [...], pues dime cuando te viene mejor así cerramos todo [...]." El informe también pone énfasis en el cruce de mensajes que el 20 de agosto de ese mismo año se enviaron mutuamente a cuenta del malestar que había causado a Arturo Torró y su equipo las noticias contrarias a su gestión que estaba publicando el diario local digital que poseía Alejandro de Pedro, precisamente, para posicionar bien las noticias positivas del alcalde. "No interesa seguir así porque el diario nos da mucha caña", le espeta poco después de las siete de la tarde el concejal 'popular", una impresión que comparte De Pedro. En lo que no están de acuerdo es en que, como le propone Soler, el medio pase a ser gestionado por "nosotros" y "con personas de confianza". "Olvídate, eso es imposible. El diario lo uso para otras cosas" es la negativa del experto informático, que da como solución un mayor control por su parte de los contenidos: "Ok, a partir del lunes la superviso yo, estate tranquilo, verás como no vuelve a poner nada y ante la duda que pregunte y yo te lo traslado".

"¿Dónde tengo que facturar?"
La UCO destaca otros dos intercambios de mensajes, ambos referidos al pago de los trabajos de reputación, incluida una supuesta deuda del consistorio con la trama. "Buenas amigo, una cosita donde tengo que facturar? O con quién hablo para no molestarte?", le pregunta De Pedro a Víctor Soler el 8 de septiembre de 2014. Tras un intercambio de mensajes con los nombres de pila de diversas trabajadoras del Ayuntamiento, el hoy diputado regional le pide un poco de paciencia en dos mensajes. "Déjame preguntar y te digo algo", le dice ese mismo día para 48 horas más tarde, pedirle un poco más de tiempo con un "Alejandro, no me he olvidado de lo tuyo, estamos mirando unas cosas y nada más sepa algo te digo". Cinco días después, el experto informático aún pregunta a quién debe enviar las facturas: "Víctor, sabes algo?". Semana y media después el tema no se ha resuelto y el cruce de mensajes se retoma. "[...] Me sabe mal pero es que son cosas que no depende de mí y mira que insisto", le asegura el concejal al presunto integrante de la trama, quien le advierte a su vez que "la deuda acumulada es la misma por lo que sube lo que hay que facturar". Un mensaje que es respondido por el político con un "lo hablaríamos para recalcular" que no impide que su interlocutor le meta presa: "Vale, pero dile que para mi es urgente cobrar tengo mucho gasto metido más 'ivas' pagados y me ahoga el tema".

El 'gurú' informático reclamaba al político el pago de 3.067 euros al mes, sin embargo Soler consigue rebajar la factura hasta los 2.600

El 1 de octubre de 2014 vuelven a cruzar mensajes de 'wasaps' en lo que parece la confirmación de que han llegado a un acuerdo. Así, Víctor Soler le pide que "me envíes por email los datos de la empresa para facturar y la cantidad total mensual que acordamos". Hora y media después De Pedro le responde con "ya lo tienes". Ese mismo día y el siguiente, ambos intercambian varios correos electrónicos en los que discrepaban sobre el dinero a pagar para hacer frente a los supuestos trabajos de reputación 'online' y esa deuda pendiente. Así, el 'gurú' informático de la trama le había asegurado que "al tener un mes menos para facturar, la cantidad es 3.067 [euros]", una cifra que no convence al concejal: "Alejandro, a mí no me salen esos números. Me salen alrededor de 2.600 al mes según la última propuesta que acordamos. Es decir, lo que resulta de retrasar un mes y aplicar ese mes al resto". De Pedro no parece dispuesto a alargar la discusión y lo zanja con un "me fío de ti, lo que tú digas" que es respondido por Víctor Soler con un "Jaja, soy de letras pero algo me defiendo con los número. Quedamos así, tío, un abrazo!". Días después, Soler le envía un nuevo 'wasap' al experto informático para preguntarle por "el nombre de la empresa" que va a utilizar para emitir las facturas. "Madiva Editorial SL" es la respuesta del experto informático, quien antes de su detención el día 27 de ese mismo mes aún tiene tiempo para intercambiar varios mensajes más con el hoy diputado autonómico, en este caso referidos a una información publicada en el periódico regional 'Levante' y a unos comunicados del "partido" para desmentirlo y que De Pedro quiere subir en el diario digital de su propiedad para contrarrestar la imagen negativa provocada a Torró por la primera.

Por todo ello, el informe de la UCO otorga un papel relevante al hoy aforado Víctor Soler en las supuestas irregularidades, ya que esos informes de posicionamiento en Internet a favor del alcalde Arturo Torró fueron facturados al consistorio "como presuntos trabajos de posicionamiento 'online' del Ayuntamiento de manera continuada durante 15 meses" hasta que en 2013 surgió "una discrepancia entre empleados municipales y Alejandro de Pedro" que hizo que éste dejara de recibir dinero. Como consecuencia de ello, éste decidió dejar de trabajar para el regidor 'popular' hasta que el hoy diputado regional asumío un papel protagonista para desbloquear esa situación. Así, el informe destaca que "para solventar la deuda pendiente" con el 'gurú' informático y "para concertar los futuros trabajos de cara a los comicios [municipales] de 2015" el hoy diputado autonómico trató directamente con Alejandro de Pedro. También es él quien acude a su compañero de partido, Dionisio Ollero, "para buscar una fórmula de pago" con la que hacer frente a la cantidad que se debía al experto informático. Son estos tratos los que desembocaron "en que Construcciones Gomuñoz, empresa adjudicataria de obras en el Ayuntamiento de Gandía y acreedor del Consistorio" aceptase supuestamente asumir la deuda de "los trabajos pasados y los futuros de quien ostentaba el cargo de alcalde de Gandía [Arturo Torró] en aquellos momentos". Por ello, el documento policial concluye que Víctor Soler sería autor de los delitos de fraude, cohecho y malversación de caudales públicos.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/regateo-diputado-PP-Punica-defiendo_0_986601975.html

LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA OTRA CAJA B DEL PP DE MADRID QUE FUNCIONÓ ENTRE 2010 Y 2014

La UCO rastrea la contabilidad de la fundación Fundescam tras descubrir que el Partido Popular de Madrid la habría utilizado para financiarse ilegalmente incluso después de que estallara Gürtel

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha abierto otra línea de investigación sobre la presunta entrada ilegal de fondos en el Partido Popular de Madrid a través de la trama Púnica, la red corrupta desarticulada en octubre de 2014 que supuestamente lideraban Francisco Granados y David Marjaliza. Según fuentes cercanas al caso, los agentes asignados a este procedimiento han requisado las cuentas presentadas entre 2010 y 2014 por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, más conocida por su acrónimo Fundescam, ante los indicios que apuntan a que la entidad fue empleada por el PP de Esperanza Aguirre para canalizar el cobro de donaciones opacas al partido.

El análisis de las cuentas se está realizando en secreto dentro de la pieza separada de Púnica que abrió el instructor del caso, el juez Eloy Velasco, para rastrear las presuntas comisiones ilegales que Granados habría entregado a la formación de la que llegó a ser secretario general. En una agenda encontrada en su vivienda aparecieron supuestas aportaciones a la caja B del PP madrileño por valor de 2.060.000 euros, la mayoría presuntamente entregadas por la constructora OHL a través de su consejero Javier López Madrid, imputado también en la causa.

Esa pista condujo el pasado febrero hasta Beltrán Gutiérrez, gerente del partido hasta 2014, tras descubrirse que era la persona que supuestamente recibía y gestionaba las donaciones B que captaba Granados. Sin embargo, según fuentes cercanas al caso consultadas por El Confidencial, en el ordenador y en los documentos encontrados en el despacho y la vivienda de Gutiérrez han aparecido nuevas pruebas que han terminado encaminando a los agentes de la UCO hasta Fundescam, en la que el gerente también ejerció como apoderado. El foco se centra en la actividad de ese organismo desde el inicio de esta década.

Pagos con facturas falsas

La entidad fue creada en 2000 por el PP autonómico con la supuesta intención de contribuir al desarrollo de la sociedad madrileña con acciones formativas y foros de debate. Sin embargo, en 2009, con el estallido del caso Gürtel, se descubrió que Fundescam había estado abonando facturas falsas a las empresas de la trama de Francisco Correa para ocultar la organización de actos electorales del PP, en paralelo a los que oficialmente costeaba el partido. Los fondos que acabaron en manos de Gürtel salieron de empresarios del entorno del PP madrileño. Solo un año más tarde, en 2010, la Fiscalía Anticorrupción consideró acreditado que el partido había financiado ilegalmente las campañas electorales de 2003 y 2004, entre ellas, la del tamayazo. Sin embargo, el Ministerio Público sostuvo que un hipotético delito electoral ya estaría prescrito en ese momento y el caso Fundescam acabó en una cuneta de Gürtel.

Los investigadores de la UCO no solo consideran ahora que hay indicios de delitos como blanqueo de capitales que no prescriben hasta los 10 años y, por tanto, aún podrían ser perseguidos penalmente. También han descubierto que Fundescam habría seguido operando como caja B de la formación después de que estallara Gürtel, según revelan fuentes próximas a las pesquisas. El propio Granados se habría encargado, con la ayuda de Beltrán Gutiérrez, de que las donaciones ilegales que entregaban contratistas de la Administración madrileña llegaran al partido a través de esa entidad sin ánimo de lucro para sortear los controles de los órganos de fiscalización.

Según ha podido saber este diario, la investigación afecta en concreto a las cuentas de Fundescam del periodo 2010-2014. Las de este último año fueron presentadas en 2016, y las del ejercicio 2013, en 2015. Los agentes también han requisado, por orden del juez Eloy Velasco, los estatutos y el registro de actos celebrados por la entidad desde su constitución. Las actuaciones se mantienen en secreto. Es la única pieza de Púnica a la que no tienen acceso los acusados ni las defensas.

Disolución en diferido

Cuando se conoció la vinculación de Fundescam con Gürtel en 2009, Esperanza Aguirre renunció a su cargo en el patronato de la entidad y puso al frente un equipo gestor, liderado por la diputada del PP en la Asamblea de Madrid y exconsejera autonómica Gádor Ongil, que debía tener como único objetivo disolver la entidad. Pero la fundación continuó actuando al menos durante los cinco años siguientes. De hecho, aunque el patronato inició los trámites legales para liquidarla en 2015, oficialmente permanece activa.

Las pesquisas sobre Fundescam ya provocaron que agentes de la UCO se llevaran el pasado septiembre los contratos concedidos por la Asamblea de Madrid al grupo de restauración Arturo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal madrileña CEIM y exvicepresidente de la nacional CEOE Arturo Fernández. Como reveló este diario, los encargados del caso sospechan que esas concesiones, del periodo 2007-2012, están relacionadas con las donaciones que el empresario hizo a Fundescam. En concreto, como él mismo reconoció en conversación telefónica a este diario, aportó un total de 57.030 euros entre 2003 y 2004 que habrían servido para costear campañas de Aguirre. Las pesquisas ya afectan ahora a un periodo mucho más reciente y a otros empresarios.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-01-09/la-guardia-civil-investiga-otra-caja-b-del-pp-de-madrid-entre-2010-y-2014_1313439/

LA JUSTICIA ALARGA, UNA VEZ MÁS, EL SECRETO SOBRE LA SUPUESTA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP DE MADRID

El juez Eloy Velasco suma un mes más al secreto del sumario de esta pieza separada de la Púnica por miedo a la manipulación de pruebas

Con el paso del tiempo, son muchos ya los datos que sabemos y que nos ayudan a entender cómo funcionaba la trama Púnica en Madrid. Detalles con los que se puede ir relacionando a muchos ayuntamientos del PP en Madrid con empresas, comisiones, adjudicaciones y demás acciones que fueron dando forma a uno de los casos de corrupción más amplios de este país.
Sin embargo, hay una pieza separada sobre la que todavía poco se conoce: la que investiga las supuestas irregularidades en la financiación del PP de Madrid en relación a esta trama.

¿Por qué? Pues porque desde su creación, esta pieza separada ha estado sometida a un secreto de sumario que se ha ido prologando y renovando.

Cada vez que el secreto vencía, la expectación por conocer lo que se había descubierto en relación a una supuesta financiación irregular del Partido Popular en Madrid era máxima. Pero la Justicia ha ido renovando este secreto mes a mes y lo ha vuelto hacer. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha decidido ampliar un mes más este secreto que, en un principio, iba a cumplir el próximo siete de enero.

El próximo sábado se podrían haber esclarecido muchas cosas, pero el juez ha decidido imponer el secreto “un mes más entendiendo que tal medida sigue siendo necesaria para garantizar la eficiencia de la investigación así como la destrucción de pruebas”.

Tanto el pasado 5 de febrero de 2016 como el 13 de mayo del mismo año, la Justicia decidió levantar el secreto sobre parte de lo instruido dentro de esta trama Púnica. Según explican en el auto por el que ahora se renueva el secreto, en estas dos ocasiones anteriores se entendió que los riesgos de que se destruyesen pruebas o se entorpeciese el resto de la investigación habían disminuido.

Sin embargo, ahora y sobre esta pieza separada, el juez Velasco ve nuevos riesgos. La ampliación del secreto “es esencial para poder asegurar la investigación de los hechos” dice en el auto y añade que se han abierto nuevas vías de investigación que necesitan la protección del secreto para poder esclarecer si en el PP de Madrid hubo irregularidades en su financiación usando la trama Púnica.

Sólo manteniendo en secreto los detalles, asegura el juez, se podrán conseguir “más elementos probatorios”.

http://www.elplural.com/politica/2017/01/04/la-justicia-alarga-una-vez-mas-el-secreto-sobre-la-supuesta-financiacion

LA UCO DESCUBRE UNA TRAMA DE DOBLE FACTURACIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS DE PÚNICA

Investiga el presunto pago de 536.597 euros en facturas duplicadas en 12 consistorios de Madrid y Toledo gracias a cabalgatas y fiestas patronales.

La UCO de la Guardia Civil investiga doce ayuntamientos de la Comunidad de Madrid por participar en una trama de facturas duplicadas que logró detraer presuntamente 536.597 euros de las arcas públicas. Según los informes del caso, incluido en una pieza separada de la operación Púnica, los ayuntamientos de Pinto, Getafe, Moraleja de Enmedio, Valdemoro, Chinchón, Algete, Torrejón de Velasco, Arroyomolinos, Humanes, Añover de Tajo (Toledo), Coslada, Ciempozuelos y San Sebastián de los Reyes abonaron por duplicado facturas en los festejos y actos organizados por la firma Waiter Music y varios de sus proveedores.

Según los informes del Grupo de Delitos Contra la Administración de la UCO de la Guardia Civil, el método utilizado era sencillo: por un lado, la empresa Waiter Music facturaba a los ayuntamientos madrileños por organizar actos como las fiestas patronales o las cabalgatas de reyes. Después, uno de sus proveedores (hay otras cuatro empresas investigadas) facturaba de nuevo al consistorio, pero esta vez solo por una cuantía parcial y en apariencia, distinta: conceptos como el alquiler de una carroza o el gasto en la megafonía para un desfile.

Los responsables de estas empresas han sido calificados ya como investigados por el juez Eloy Velasco, que ha ordenado analizar tanto la contabilidad municipal como la de sus compañías. En sus declaraciones ante la UCO, los empresarios afectados reconocen que parte de las facturas se entregaban directamente a Waiter Music, que era la encargaba de hacerlas llegar después a los ayuntamientos. Y que en todo momento consideraron que la operativa era legal.

La trama se centra en la empresa Waiter Music, una de las principales investigadas en la trama Púnica por abonar mordidas a Francisco Granados a cambio de contratos públicos. La empresa era la encargada, por ejemplo, de abonar las actuaciones y los grupos de música que amenizaban los cumpleaños del ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid en su finca de Valdemoro.

"Acepté para no cerrarme las puertas"

Por el momento, no hay funcionarios municipales imputados en esta pieza, aunque parece poco probable que si las facturas eran en realidad duplicadas, pasaran todos los controles de fiscalización municipales sin que nadie hiciera la más mínima pregunta, hasta abonar más de medio millón de euros.

Ante los agentes de la UCO, los empresarios investigados reconocen el uso de este tipo de facturas, giradas después contra la contabilidad de Waiter Music, y argumentan que sirvieron para saldar deudas anteriormente contraídas con ellos por esta mercantil, a la que prestaban servicios en la organización de sus eventos.

Pero no todos han dado la misma versión. El empresario José Martínez Manzanares, uno de los proveedores de Waiter Music, reconoció en su comparecencia del 26 de octubre ante la UCO haber remitido una factura al Ayuntamiento de Valdemoro por valor de 9.860 euros. Una factura por trabajos que nunca se produjeron. "Un día recibí una llamada de José Luis Huerta y me dijo textualmente que tenía problemas administrativos para poder cobrar la factura de la cabalgata de reyes de 2009 y me pidió el favor de que si podía facturar por Waiter al Ayuntamiento de Valdemoro", explica el empresario. "Acepté por amistad y por no cerrarme la puerta a posibles trabajos que pudiera tener", matiza Martínez, que entregtó la documentación a los agentes de forma voluntaria.

Sin embargo, el grueso de las facturas (hasta 298.597 euros según el sumario del caso) corresponden a otro proveedor, una empresa llamada Friend's Group Técnicas de Espectáculo. La Guardia Civil investiga 18 facturas de esta empresa en seis ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Tal y como informó EL ESPAÑOL, esta compañía fue la responsable de instalar más de 8.500 euros en atracciones, carpas y castillos hinchables para una de las fiestas que Francisco Granados organizó en 2009 en su finca a las afueras de Valdemoro.

En su declaración ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el empresario Francisco Illana asegura no recordar el motivo por el que Waiter Music le factura un importe exactamente igual al que ellos cobraron del Ayuntamiento de Valdemoro. La falta de memoria sirve también como argumento para no explicar los trabajos reales a los que responden estas facturas. En esa misma comparecencia, Illana reconoce a los agentes que las facturas a nombre de Nieves Alarcón fueron abonadas en realidad y en efectivo por el principal responsable de Waiter Music.

http://www.elespanol.com/espana/politica/20170102/182982156_0.html

EL REGATEO DE UN DIPUTADO DEL PP CON PÚNICA: "SOY DE LETRAS PERO ME DEFIENDO CON LOS NÚMEROS"

El informe de la UCO que atribuye al miembro de las Corts valencianas Victor Soler tres delitos incorpora como anexos el intenso cruce de 'emails' y mensajes de 'wasaps' entre éste y el 'gurú' informático de la trama sobre el pago de los trabajos para el entonces alcalde de Gandía, el también 'popular' Arturo Torró.

Algunos de los mensajes de 'email' y 'wasap' de Víctor Soler con Alejandro de Pedro incorporados al sumario.

Setenta mensajes de 'wasaps' enviados por él al señalado como 'gurú' informático de la Púnica, Alejandro de Pedro, y 108 de éste en respuesta. Además, un buen puñado de correos electrónicos. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil adelantado por Vozpópuli sobre las 'andanzas' de la trama en Gandía (Valencia) que atribuía al actual parlamentario del PP en las Corts valencianas Víctor Soler la presunta comisión de los delitos de fraude, cohecho y malversación de caudales públicos recoge el intenso intercambio de mensajes este diputado autonómico y uno de los principales implicados en el sumario que instruye el juez Eloy Velasco.

Buena parte de dichos mensajes se centran en las discrepancias que tenían uno y otro sobre la cantidad mensual a pagar por los trabajos de reputación 'online' que De Pedro realizaba para el entonces alcalde de esta localidad, Arturo Torró, y que se sospecha eran abonados con fondos públicos. Tras imponer sus cifras, Soler bromeaba con el experto informático: "Jaja soy de letras pero algo me defiendo con los números. Quedamos así, tío, un abrazo!". Era el 2 de octubre de 2014. Tres semanas después se producían las primera detenciones de la 'Operación Púnica', entre ellas la de Alejandro de Pedro. Ahora, 26 meses más tarde, aquellos 'wasaps' y 'emails' tienen contra las cuerdas al aforado valenciano.

Víctor Soler y Alejandro de Pedro intercambiaron un total de 178 mensajes de 'wasap' y varios 'emails' en los que se tratan de "amigo", "tío" y "coleguita"

El cruce de mensajes muestra, de hecho, una estrecha relación entre este último y el 'gurú' informático, lo que les lleva a referirse uno a otro como "amigo" y los coloquiales "tío" y "coleguita". Así, el anexo número 16 del informe, que recoge los 178 mensajes de 'wasaps' que Víctor Soler intercambió con Alejandro de Pedro entre julio de 2013 y octubre de 2014, se inicia con una favor que le pide este último al primero para que le consiga entradas para los conciertos que aquel verano organizaba el Ayuntamiento de Gandía, donde el político era concejal y mano derecha del alcalde Torró. También hay mensajes con felicitaciones navideñas, incluido alguno con bromas sobre "el intérprete del funeral de Mandela". Pero, sobre todo, hay cruce de mensajes sobre los tratos para el pago de los supuestos trabajos de reputación 'online' para el primer edil. Algunos de ellos sirven para concretar encuentros en un bar o en la propia sede del consistorio de la localidad valenciana. Por ello, el informe de la Guardia Civil concluye que Soler no es solo "conocedor" de las supuestas irregularidades cometidas para pagar a la trama la mejora de la imagen del regidor, sino también "el interlocutor directo de Alejandro de Pedro en la determinación de los trabajos reputacionales a realizar y la manera de sufragarlos". Eso sí, "con el visto bueno del alcalde Arturo Torró, beneficiario de los servicios reputacionales", recalca el documento policial.

En el anexo en el que se recogen todos los 'wasaps', los agentes de la UCO destacan de modo gráfico 29 de ellos al considerarlos que incluyen "aspectos que se resultan fundamentales para la investigación". Así, se ponen énfasis en uno del remitido por Alejandro de Pedro a Víctor Soler el 17 de junio de 2014 en el que el primero le asegura que Torró le había llamado el día antes y, por ello, le urgía al hoy diputado autonómico a "vernos un rato el jueves tarde". La Guardia Civil también da importancia a otro intercambiado casi un mes más tarde en el que el político insta al experto informático a "venir algún día de la semana que viene por Gandía y cerramos el tema". De Pedro le responde con un "bien tío [...], pues dime cuando te viene mejor así cerramos todo [...]." El informe también pone énfasis en el cruce de mensajes que el 20 de agosto de ese mismo año se enviaron mutuamente a cuenta del malestar que había causado a Arturo Torró y su equipo las noticias contrarias a su gestión que estaba publicando el diario local digital que poseía Alejandro de Pedro, precisamente, para posicionar bien las noticias positivas del alcalde. "No interesa seguir así porque el diario nos da mucha caña", le espeta poco después de las siete de la tarde el concejal 'popular", una impresión que comparte De Pedro. En lo que no están de acuerdo es en que, como le propone Soler, el medio pase a ser gestionado por "nosotros" y "con personas de confianza". "Olvídate, eso es imposible. El diario lo uso para otras cosas" es la negativa del experto informático, que da como solución un mayor control por su parte de los contenidos: "Ok, a partir del lunes la superviso yo, estate tranquilo, verás como no vuelve a poner nada y ante la duda que pregunte y yo te lo traslado".

"¿Dónde tengo que facturar?"

La UCO destaca otros dos intercambios de mensajes, ambos referidos al pago de los trabajos de reputación, incluida una supuesta deuda del consistorio con la trama. "Buenas amigo, una cosita donde tengo que facturar? O con quién hablo para no molestarte?", le pregunta De Pedro a Víctor Soler el 8 de septiembre de 2014. Tras un intercambio de mensajes con los nombres de pila de diversas trabajadoras del Ayuntamiento, el hoy diputado regional le pide un poco de paciencia en dos mensajes. "Déjame preguntar y te digo algo", le dice ese mismo día para 48 horas más tarde, pedirle un poco más de tiempo con un "Alejandro, no me he olvidado de lo tuyo, estamos mirando unas cosas y nada más sepa algo te digo". Cinco días después, el experto informático aún pregunta a quién debe enviar las facturas: "Víctor, sabes algo?". Semana y media después el tema no se ha resuelto y el cruce de mensajes se retoma. "[...] Me sabe mal pero es que son cosas que no depende de mí y mira que insisto", le asegura el concejal al presunto integrante de la trama, quien le advierte a su vez que "la deuda acumulada es la misma por lo que sube lo que hay que facturar". Un mensaje que es respondido por el político con un "lo hablaríamos para recalcular" que no impide que su interlocutor le meta presa: "Vale, pero dile que para mi es urgente cobrar tengo mucho gasto metido más 'ivas' pagados y me ahoga el tema".

El 'gurú' informático reclamaba al político el pago de 3.067 euros al mes, sin embargo Soler consigue rebajar la factura hasta los 2.600

El 1 de octubre de 2014 vuelven a cruzar mensajes de 'wasaps' en lo que parece la confirmación de que han llegado a un acuerdo. Así, Víctor Soler le pide que "me envíes por email los datos de la empresa para facturar y la cantidad total mensual que acordamos". Hora y media después De Pedro le responde con "ya lo tienes". Ese mismo día y el siguiente, ambos intercambian varios correos electrónicos en los que discrepaban sobre el dinero a pagar para hacer frente a los supuestos trabajos de reputación 'online' y esa deuda pendiente. Así, el 'gurú' informático de la trama le había asegurado que "al tener un mes menos para facturar, la cantidad es 3.067 [euros]", una cifra que no convence al concejal: "Alejandro, a mí no me salen esos números. Me salen alrededor de 2.600 al mes según la última propuesta que acordamos. Es decir, lo que resulta de retrasar un mes y aplicar ese mes al resto". De Pedro no parece dispuesto a alargar la discusión y lo zanja con un "me fío de ti, lo que tú digas" que es respondido por Víctor Soler con un "Jaja, soy de letras pero algo me defiendo con los número. Quedamos así, tío, un abrazo!". Días después, Soler le envía un nuevo 'wasap' al experto informático para preguntarle por "el nombre de la empresa" que va a utilizar para emitir las facturas. "Madiva Editorial SL" es la respuesta del experto informático, quien antes de su detención el día 27 de ese mismo mes aún tiene tiempo para intercambiar varios mensajes más con el hoy diputado autonómico, en este caso referidos a una información publicada en el periódico regional 'Levante' y a unos comunicados del "partido" para desmentirlo y que De Pedro quiere subir en el diario digital de su propiedad para contrarrestar la imagen negativa provocada a Torró por la primera.

Por todo ello, el informe de la UCO otorga un papel relevante al hoy aforado Víctor Soler en las supuestas irregularidades, ya que esos informes de posicionamiento en Internet a favor del alcalde Arturo Torró fueron facturados al consistorio "como presuntos trabajos de posicionamiento 'online' del Ayuntamiento de manera continuada durante 15 meses" hasta que en 2013 surgió "una discrepancia entre empleados municipales y Alejandro de Pedro" que hizo que éste dejara de recibir dinero. Como consecuencia de ello, éste decidió dejar de trabajar para el regidor 'popular' hasta que el hoy diputado regional asumío un papel protagonista para desbloquear esa situación. Así, el informe destaca que "para solventar la deuda pendiente" con el 'gurú' informático y "para concertar los futuros trabajos de cara a los comicios [municipales] de 2015" el hoy diputado autonómico trató directamente con Alejandro de Pedro. También es él quien acude a su compañero de partido, Dionisio Ollero, "para buscar una fórmula de pago" con la que hacer frente a la cantidad que se debía al experto informático. Son estos tratos los que desembocaron "en que Construcciones Gomuñoz, empresa adjudicataria de obras en el Ayuntamiento de Gandía y acreedor del Consistorio" aceptase supuestamente asumir la deuda de "los trabajos pasados y los futuros de quien ostentaba el cargo de alcalde de Gandía [Arturo Torró] en aquellos momentos". Por ello, el documento policial concluye que Víctor Soler sería autor de los delitos de fraude, cohecho y malversación de caudales públicos.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/regateo-diputado-PP-Punica-defiendo_0_986601975.html

LA MUJER DE IGNACIO GONZÁLEZ FACTURA 11.296€ A LA JUSTICIA POR SUBASTAR 75 JOYAS DE PÚNICA

La empresa de la que es presidenta y accionista María Lourdes Cavero ha remitido a la Audiencia Nacional dos escritos en los que detalla qué objetos de valor que puso a la venta por indicación del juez Velasco ha vendido en sendas pujas. Por cada uno de ellos, cobra el 9% de comisión más IVA.

Desde un colgante con forma de flor vendido por 50 euros hasta una exclusiva estilográfica con 274 diamantes de 18.000 euros. Subastas Segre, la empresa de la que es presidenta y accionista Lourdes Cavero Mestre, la mujer del expresidente madrileño Ignacio González, ha remitido a la Audiencia Nacional en los últimos meses dos escritos en los que detalla que objetos de valor intervenidos en la 'Operación Púnica' y que salieron a la "venta anticipada" por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha conseguido vender en sendas pujas. Se trata de 75 bienes entre los que hay sortijas, pendientes, colgantes, relojes, plumas de colección e, incluso, una lupa de la marca 'Cartier'. En total, aseguran haber recaudado 103.735 euros, aunque no todo el dinero irá a las cuentas judiciales para hacer frente a las responsabilidades civiles del imputado al que se le intervinieron, el constructor David Marjaliza. En ambos escritos la casa de subastas detalla sus honorarios: el 9% del precio más el IVA. En total, 11.296 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

Relojes, joyas y estilográficas fueron intervenidas en las oficinas de Marjaliza. Hasta ahora se han recaudado con su venta más de 100.000 euros

Según dichos escritos, la primera subasta tuvo lugar entre los días 2 y 4 de febrero pasado. Ese día, la empresa de Lourdes Cavero consiguió 'colocar' 68 objetos de valor de la trama Púnica. Entre ellos había numerosas joyas, como unos 'pendientes cortos en abanico con brillantes' por la que se pagaron 600 euros y un 'colgante flor' que se quedó en 50 euros. Sin embargo, las grandes estrellas de esta puja fueron las plumas estilográficas, de las que la la Guardia Civil intervino cerca de medio centenar en las oficinas de la localidad madrileña de Pinto que el que fuera socio de Francisco Granados utilizaba como 'cuartel general' para dirigir su entramado empresarial. Entre ellas llamaba por su valor una 'Master of Urbino' dedicada al pintor italiano Rafael de la que sólo hay cuatro unidades en el mundo.

"Vemos el clip de oro macizo esqueletización 750 y adornado con Tsavorita granate verde. El emblema Montblanc está contenido en nácar. La firma del artista aparece en el anillo que rodea la tapa. Las delicadas guirnaldas movenza oro cincelado se entrelazan a lo largo del instrumento de escritura que revela esmalte rojo. Adornos florales que rodean la tapa y el cuerpo están decorados con diamantes (274 talla brillante). El plumín de oro de 18 quilates hecho a mano ve aparecer uno de los querubines alados, símbolo divino del arte raffaelliano", detalla la profusa descripción del objeto de la Púnica que salía entonces con el precio más alto a la subasta, 18.000 euros. Ese fue tambiénel importe por el que finalmente se adjudicó. Junto a ellas figuran como vendidas una 'pluma Atelier Prive Carnegie pieza única oro blanco, laca roja, rubies' subastada por 7.000 euros y una 'Montblanc edición limitada Soulmakers por 100 years oro blanco y tres diamantes', por 3.500 euros.

Una lupa 'Cartier' y 17 relojes

Junto a ellas, también fueron vendidas aquellos días una lupa de escritorio 'Cartier', que salía con un precio de 80 euros y que finalmente se vendió por 190 euros, y 17 relojes. Entre ellos, un 'IWC modelo Portuguese Chronograph Laureus Sport for Gold Fundation' que alcanzó en la puja los 4.200 euros. También hubo otro cuyo precio de 'remate' fue de 3.800 euros (un 'Franck Muller, modelo Master of Complications Taormina') y varios de 3.000 y 2.800 euros cada uno. En total, en aquella puja de febrero, Subastas Segre consiguió colocar 68 joyas de la trama por un valor total de 80.085 euros. De esa cantidad, la empresa de Lourdes Cavero se embolsó una "comisión" de 7.207,65 euros más otros 1.513,61 euros de IVA. Al final, la Justicia recibió 71.363,74 euros que se destinarán a cubrir parte de la responsabilidad civil a la que previsiblemente será condenado David Marjaliza cuando se celebre el juicio.

En la puja de febrero, la firma que preside Lourdes Cavero consiguió colocar 67 objetos de valor de la Púnica. En septiembre, otros siete

Como en aquella subasta no se enajenaron la totalidad de los objetos para los que el juez Eloy Velasco ordenó su "venta anticipada", la casa de subastas volvió a sacar a puja los restantes en la subasta que celebró entre los días 20 y 21 de septiembre pasado. Ese día sólo consiguió 'colocar' únicamente siete objetos. En concreto, una 'Pluma Great Caracters Edición limitada Alfred Hitchcock', por la que se pagaron 1.200 euros, y seis relojes. Uno de ellos era un 'Audemars Piguet modelo Royal Oak Offshore Alingui Polaris Edición Limitada' que tuvo su remate en 7.600 euros. También hubo un reloj 'Hublot' por el que se pagaron 4.700 euros y otro de la misma marca que alcanzó los 4.600. El objeto de menor valor fue, precisamente, la estilográfica en honor del cineasta británico.

En aquella segunda subasta se recaudaron finalmente 23.650 euros, de los que la firma de Lourdes Cavero se quedó 2.128.50 euros en concepto de comisión y otros 447 por IVA. Con los 21.074,51 euros que finalmente llegaron de esta partida a la Audiencia Nacional, la venta de las joyas han conseguido sumar hasta ahora 92.438 euros. No obstante, fuentes cercanas a la venta recalcan a Vozpópuli que aún queda objetos de valor que no han sido vendidos y que, posiblemente, sigan saliendo a subasta en próximas convocatorias.

Un largo proceso judicial de venta

El juez Velasco tomó la decisión de iniciar la "venta anticipada" de las 'joyas' de la Púnica justo un mes después de los arrestos de octubre de 2014. El 27 de noviembre de 2014 dictó una providencia desconocida hasta que este diario destapó su existencia en el verano de 2015 por la que ordenaba abrir una pieza separada en la causa para buscar una salida a "los relojes y plumas estilográficas intervenidos en las entradas y registros". Muchos de ellos, destacaba dicho escrito, fueron encontrados en sus "envoltorios" originales y sin abrir. El motivo esgrimido por el magistrado era que el Juzgado que dirige no disponía "de lugar adecuado para depositar los relojes, plumas, joyas y efectos intervenidos".

El septiembre de 2015, Eloy Velasco propuso que la subasta fuera realizada por la Sala Retiro, una conocida empresa madrileña, pero David Marjaliza, el empresario al que se le intervinieron, remitió un escrito en el que sugería que fuera Subastas Segre, la firma de Lourdes Cavero, la que realizara dicha venta judicial "por su prestigio en el sector". El constructor aseguraba entonces que su único objetivo con dicha propuesta era que la liquidación de "los bienes intervenidos sean efectivamente realizados (sic) por un valor justo". Finalmente, el 16 de noviembre del año pasado el magistrado aceptaba en una diligencia de ordenación que fuera la empresa de la mujer de Ignacio González la que se encargara de vender las joyas de la Púnica. En diciembre de 2015, los objetos de valor pasaron a estar en las oficinas de Subastas Segre para preparar la primera subasta, la de febrero de este año. Hoy, 26 meses después de que el juez ordenara la "venta anticipada" y las dos pujas celebradas, aún quedan relojes y estilográficas.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Ignacio-Gonzalez-factura-Justicia-Punica_0_985402213.html

EL CGPJ QUITA EL REFUERZO AL JUEZ ELOY VELASCO, QUE INVESTIGA LA TRAMA PÚNICA

Esta semana, el magistrado Alejandro Abascal –juez de adscripción territorial de Madrid- dejará de estar en comisión de servicios en la Audiencia Nacional. El instructor de Púnica se queda sin refuerzo en su juzgado.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido no prorrogar el refuerzo con el que ha contado en los últimos meses el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, que capitanea el magistrado Eloy Velasco, según ha podido saber Vozpópuli.

Los secretos de la 'inverosímil' declaración de Granados que lo mantendrá en prisión
Fuentes de este órgano explican que el motivo es que el informe elaborado por el Servicio de Inspección no ha valorado muy positivamente el refuerzo del citado juzgado debido a que el número de causas no se ha reducido como se esperaba pese a que Velasco haya contado en el último año con la ayuda del magistrado Alejandro Abascal, en comisión de servicios para agilizar la sobrecarga de trabajo del Central 6.

Sin embargo, fuentes de la Audiencia matizan que si el número de causas no se ha reducido tanto como se espera en dicho juzgado es debido a que los procedimientos judiciales que investiga el magistrado Eloy Velasco son macrocausas donde se practican decenas de diligencias, como en la trama Púnica, pero que al no darse por finalizadas no contabilizan para el Servicio de Inspección. Por ejemplo, mientras la tramitación de una orden de extradición (OED) sí contabiliza para los inspectores el tomar declaración a decenas de testigos de Púnica no. De ahí, el malestar con el que se ha recibido esta noticia en el tribunal.

Fuentes jurídicas explican que el magistrado Alejandro Abascal ha hecho una buena labor como juez de apoyo de Velasco en la Audiencia Nacional

Esta semana, el magistrado Abascal –juez de adscripción territorial de Madrid- dejará de estar en comisión de servicios en la Audiencia Nacional. El magistrado ha pasado los últimos nueve meses asumiendo todas las guardias que correspondía al Juzgado de Instrucción Número 6 e investigando las causas que, por estricto turno de reparto, recaían en dicho órgano judicial.

Fuentes jurídicas explican que ha hecho una buena labor como juez de apoyo y que, en el juzgado de Velasco, aún hay faena suficiente como para que hubiera continuado en comisión de servicios en la Audiencia algunos meses más ya que el Juzgado Central 6 se investigan, junto a la macrocausa de Púnica, Acuamed, causas de yihadismo, o procedimientos importantes como la plataforma Herrira y el frente de cárceles de ETA o los Ángeles del Infierno.

El pasado mes de marzo la Comisión Permanente del CGPJ nombró al magistrado Abascal juez de apoyo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional. Tras una comisión de servicios de seis meses, el Poder Judicial concedió una segunda comisión de tres meses al magistrado. Ahora, Alejandro Abascal, juez de adscripción territorial de Madrid, será nombrado por el Tribunal Superior de Justicia de esta autonomía para un nuevo destino.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/CGPJ-Eloy-Velasco-investiga-Punica_0_983601969.html

PÚNICA COMIENZA A HACER SOMBRA A GÜRTEL: 150 IMPUTADOS, 390 TESTIGOS, 200 TOMOS...

Sólo dos años después de las primeras detenciones, el sumario que instruye el juez Eloy Velasco alcanza cifras muy cercanas a las de la otra gran macrocausa de corrupción. La trama de Correa llegó a contabilizar 187 investigados en algunos momentos.

Todo comenzó con una comisión rogatoria enviada por las autoridades de Suiza a la Fiscalía Anticorrupción en febrero de 2014 para solicitar información sobre dos ciudadanos españoles que aparecían como titulares de cuentas con movimientos sospechosos de dinero. Eran Francisco Granados y el constructor David Marjaliza. Con aquel documento se iniciaba la 'Operación Púnica', que se convirtió en sumario en junio de ese mismo año y que el 27 de octubre siguiente, sólo nueve meses después del inicio de las pesquisas, registró las primeras detenciones. Hoy, dos años y una semana después de aquellos primeros arrestos, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, maneja una macrocausa formada por quince piezas separadas y que, por su alcance y cifras, ya hace sombra al otro gran escándalo de corrupción registrado en los últimos años en nuestro país, la Gürtel.

La investigación comenzó con una comisión rogatoria enviada por Suiza a España en febrero de 2014. Nueve meses después eran detenidas 50 personas

De hecho, en estos 24 meses, la investigación de la Guardia Civil suma ya una cifra cercana a los 150 investigados (denominación actual de imputados) y que ha hecho pasar por la Audiencia Nacional a 390 testigos. El sumario cuenta además con 200 tomos de diligencias y documentación, según confirman a Vozpópuli fuentes judiciales. Las pesquisas sobre la red de Francisco Correa llegó a alcanzar los 187 imputados entre todas sus partes, aunque al final esta cifra se ha ido reduciendo a algo más de un centenar. De ellos, 37 se sientan ahora en el banquillo de los acusados en el juicio por la primera etapa de la trama que se está celebrando.

124 empresas intervenidas

El caso Púnica ya comenzó, de hecho, con cifras de récord. Aquel día de octubre en el que eran detenidos los principales implicados de la trama, entre ellos Granados y Marjaliza, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) procedieron al arresto o imputación de 50 personas, y a intervenir 124 empresas. En aquella primera fase de la operación, que tuvo que precipitarse por el 'chivatazo' que dio un agente al ex secretario general del PP madrileño, ya aparecían alcaldes entre los implicados.

Las primeras detenciones se produjeron el 27 de octubre de 2014. Aquel día fueron arrestadas o imputadas 50 personas, e intervenidas 124 empresas

En concreto, el de Parla, el socialista José María Fraile; el de Valdemoro, el 'popular' José Carlos Boza Lechuga; el de Collado Villalba, Agustín Juárez López de Coca, también del PP; el de Serranillos del Valle, el independiente Antonio Sánchez Hernández; y los de Casarrubuelos y Torrejón de Velasco, David Rodríguez Sanz y Gonzalo Cubas Navarro. Además figuraba el entonces presidente de la Diputación de León y primer edil de la pequeña localidad de Cuadros, Marcos Martínez Barazón, así como concejales, funcionarios, empresarios, los principales directivos en España de la filial española de la multinacional Cofely-GDF Suez y familiares de los principales implicados.

Nuevas detenciones
Desde entonces, el número de investigados ha seguido creciendo. En algunos casos, con nuevas detenciones, como ocurrió con el alcalde de Moraleja de Enmedio, Carlos Estrada, y con Ignacio Palacios, que fuera la mano derecha durante años de Francisco Granados. Además, el avance de la investigación ha hecho que algunas de las personas que en las semanas posteriores a las primeras detenciones habían declarado como testigos hayan sido citados meses después como imputados. Es el caso, por ejemplo, de Pedro Vicente Sánchez, alcalde 'popular' de la localidad leonesa de Puebla de Lillo.

Algunos de los que declararon como testigos las semanas siguientes a las detenciones al final han sido imputados por el juez Velasco

En este tiempo también han pasado a engrosar esta lista algunos políticos que en el momento en que se produjo la redada de octubre ocupaban un cargo público que les convertía en aforados. Tras perder esta situación, fueron encausados. Son los casos de los ex integrantes del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria y Lucía Figar, los ex miembros del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid Mario Utrilla y José Miguel Moreno Torres; y el ex consejero del Gobierno de la Región de Murcia Juan Carlos Ruiz. El último aforado (por ahora) en esta situación ha sido el ex alcalde de Móstoles y entonces parlamentario regional en Madrid, el también 'popular' Daniel Ortiz, quien renunció a su cargo cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio luz verde a su imputación. Poco después declaraba ante el juez Velasco como investigado.

Piezas finalizadas
A él le han seguido en las últimas semanas asesores de políticos y empleados de las empresas del 'gurú' informático Alejandro de Pedro, uno de los principales implicados de la trama. Todos ellos forman parte del impulso final que el juez Velasco está dando a una de las quince piezas en las que ha dividido el sumario. En concreto, a la que investiga las 'andanzas' de la trama en la Región de Murcia y que salpica, entre otros, al mismísimo presidente del gobierno autónomo, Pedro Antonio Sánchez. De hecho, las previsiones del magistrado es finalizar la instrucción de esta pieza antes de que acabe el año . Fuentes cercanas a la investigación están convencidos que el magistrado lo hará elevando al Tribunal Superior de Justicia de Murcia una exposición razonada precisamente para que investigue al aforado jefe del Ejecutivo murciano.

Tras finalizar las piezas del 'chivatazo' y de León, el juez Velasco está a punto de culminar la que afecta a la Región de Murcia

Con ella, serían tres las piezas del sumario concluidas, después de que en los últimos meses y semanas lo haya hecho con la que investiga el 'chivatazo' que precipitó la operación y la que afecta a la Diputación de León. Por la primera van a ser procesados Francisco Granados y dos guardias civiles. Por la segunda, otras cinco personas, dos de ellos los cargos públicos del PP Martínez Barazón y Pedro Vicente Sánchez.

Dos piezas concluidas
Esa es otra de las características más llamativas del 'caso Púnica': la celeridad con la que se está concluyendo parte de la investigación. En ello ha jugado un papel importante el hecho de que desde junio de 2015 David Marjaliza, uno de los principales implicados, haya comenzado a colaborar con la Justicia. Con su ayuda y, en menor medida, con las de otros imputados, en sólo dos años el juez Velasco ha concluido en dos piezas, estáa punto de hacerlo con una tercera y una cuarta, en la que se investiga los amaños millonarios de los contratos de eficiencia energética de numerosos municipios, se encuentra muy avanzada. Quedan, no obstante, otras once piezas separadas.

El sumario de Púnica cuenta ya con 116 tomos en su pieza principal, otros 40 de documentales y medio centenar de otras cuestiones, además de los de responsabilidad civil

Algunas, como la que investiga supuestas irregularidades en el llamado Plan Prisma de inversiones de la Comunidad de Madrid, están en manos de una unidad de la Agencia Tributaria adscrita a la Fiscalía Anticorrupción. Casi todas las restantes siguen siendo investigadas por la UCO. En la actualidad, el sumario ya cuenta con 116 tomos en su pieza principal, a los que hay que sumar cerca de 40 documentales y medio centenar de otras cuestiones. En total, unos 200 tomos. Eso sin contar los de responsabilidad civil.

Los 1.000 tomos de Gürtel
Estas cifras están, sin embargo, aún muy lejos del volumen de 'papel' acumulado en la instrucción de las diferentes piezas del 'caso Gürtel', algunas de las cuales aún están en fase de instrucción. El pasado mes de mayo, la Fiscalía Anticorrupción esgrimía precisamente la existencia de más de 1.000 tomos en este sumario en el escrito con el que pedía la declaración de causa compleja de la misma. En el mismo se detallaba que 350 correspondía a la pieza principal, 47 más a diligencias pendientes, un centenar a comisiones rogatorias; 14 de documentales; 80 de información intervenida.

El sumario de Gürtel, algunas de cuyas piezas aún se están instruyendo, cuenta con más de 1.000 tomos, según destacaba un escrito de la Fiscalía

En total, casi un millón y medio de folios en siete años y medio de instrucción, según diversas estimaciones. Una cifra que seguirá aumentando en los próximos meses, aunque ya no al ritmo que registra su 'rival', el 'caso Púnica', que ya ha empezado a hacerle sombra con sus 150 imputados, 390 testigos y 200 tomos. Son los elevados números de la corrupción en España.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Punica-comienza-Gurtel-imputados-testigos_0_968903530.html

EL CNI PAGÓ A UN IMPUTADO DE LA PÚNICA PARA QUE SE INFILTRARA EN FOROS INDEPENDENTISTAS

Los servicios secretos españoles le contrataron para difundir noticias positivas sobre la sociedad y la economía españolas a través de páginas web y redes sociales

El CNI pagó a un imputado de la Púnica para que se infiltrara en foros independentistas

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), casa de los espías españoles, contrató al experto en reputación online Alejandro de Pedro -que actualmente está imputado por la trama de la operación Púnica- para que se infiltrara en foros de independentistas catalanes para mejorar la imagen en internet de los políticos españoles y de las administraciones del Estado. Así se desprende de las grabaciones de 12 llamadas y 25 mensajes de texto que el abogado de De Pedro ha pedido al juez Eloy Velasco que incluya en la causa de la Púnica.

El letrado presentó el escrito este lunes en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, según explica El Confidencial. Las llamadas y SMS fueron intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil semanas antes del 17 de octubre de 2014, fecha en la que estalló la operación Púnica.

Las conversaciones de Alejandro de Pedro con el CNI, realizadas entre julio y octubre de 2014, estarían relacionadas con sus trabajos por encargo del CNI en los meses anteriores a su detención. Los servicios de inteligencia recurrieron a De Pedro para tratar de contrarrestar los ataques a España en foros independentistas catalanes. Su misión era difundir noticias positivas sobre la sociedad y la economía españolas a través de páginas web y redes sociales. Una tarea que se prolongó durante varios meses. Su trabajo nunca fue detectado hasta que la operación Púnica se cruzó en su camino y en el del CNI.

Lo que se desconocía hasta ahora es que esta relación laboral fue registrada y documentada por la Guardia Civil. El acusado pretende utilizar esas pruebas para demostrar que los servicios que realizó para políticos e instituciones que han provocado su imputación en Púnica eran perfectamente legales y que hasta el CNI decidió contratarlo para mejorar la imagen de España en foros radicales. También alega que parte de los 80.000 euros en efectivo encontrados en su vivienda durante los registros procedía del cobro de fondos reservados por esos trabajos secretos.

https://www.google.es/amp/www.lavanguardia.com/politica/20161220/412753175477/cni-imputado-punica-independentistas-catalunya-alejandro-de-pedro.html%3Ffacet%3Damp

UN ACUSADO EN PÚNICA REVELA 12 LLAMADAS CON EL CNI PARA TRABAJOS CONTRA LA INDEPENDENCIA

El experto en reputación 'online' Alejandro de Pedro solicita al juez Eloy Velasco que se incorporen al sumario 12 llamadas y 25 SMS que se cruzó con funcionarios del CNI

El experto en reputación 'online' Alejandro de Pedro, imputado en Púnica por el presunto cobro irregular de trabajos para mejorar la imagen en internet de políticos y administraciones públicas, ha solicitado al instructor de la causa, el juez Eloy Velasco, que autorice la incorporación al sumario de 12 llamadas y 25 mensajes de texto que supuestamente se cruzó con miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Así consta en un escrito que el letrado de De Pedro presentó este mismo lunes en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia y al que ha tenido acceso El Confidencial.

Esas llamadas y SMS forman parte de las comunicaciones que le intervino la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante las semanas previas al estallido del caso, el 27 de octubre de 2014. El pasado julio, el juzgado le remitió el bruto de sus conversaciones para que valorara cuáles solicitaba eliminar por afectar a asuntos privadas y qué otras, inéditas hasta el momento, quería que se incorporaran al sumario por su supuesta trascendencia.

Se trata del segundo escrito que envía De Pedro a Velasco en relación a sus llamadas. En el primero, remitido después del verano, ya reclamó la inclusión de los contactos con el CNI, aunque no explicitó que se trataba de conversaciones con los servicios de inteligencia. Pero la Fiscalía exigió a De Pedro que identificara con claridad quiénes eran sus interlocutores antes de pronunciarse sobre su petición. De ahí este segundo escrito enviado a la Audiencia.

Su primera conversación con los servicios de inteligencia se habría producido el mismo día en que comenzó a tener el teléfono intervenido, el 1 de julio de 2014, a las 9:52. El 3, 4 y 7 de julio se limitó a cruzarse SMS. Sin embargo, hay otra supuesta llamada el 9 de julio, hasta tres el día siguiente y dos nuevas el 14 de julio. Dos días después, el 16 de julio, De Pedro se habría cruzado cinco mensajes de texto con sus enlaces en el CNI y otros nueve SMS entre el 23 y 25 de ese mismo mes. Sin embargo, el día 28 mantuvo otras dos conversaciones telefónicas, en concreto, a las 17:01 y 17:11.

Según el escrito remitido por el acusado, los contactos desaparecieron durante los primeros días de agosto. No se reanudaron hasta el día 26, con otros dos SMS, y el día 27, con una nueva llamada, a las 14:04. La comunicación se mantuvo hasta el 8 de octubre, apenas tres semanas antes de que De Pedro fuera detenido en Valencia por agentes de la UCO y conducido a Madrid para declarar ante el juez Velasco. A las 11:09 de esa jornada, habló por última vez con los servicios de inteligencia.

La propia Audiencia Nacional facilitó al imputado el contenido de esas llamadas y mensajes para que se pronunciara sobre su relevancia. La solicitud que ha presentado no aclara el motivo de las conversaciones pero estas, según ha podido saber El Confidencial, estarían relacionadas con los trabajos que De Pedro realizó por encargo del CNI en los meses anteriores a su detención.

Los servicios de inteligencia recurrieron al experto en reputación online imputado en el caso Púnica, Alejandro de Pedro Llorca, para colocar noticias positivas sobre España en entornos virtuales hostiles

Como ya desveló este diario hace un año, los servicios de inteligencia recurrieron a De Pedro para tratar de contrarrestar los ataques a España en foros independentistas catalanes y difundir noticias positivas sobre la sociedad y la economía nacionales a través de páginas web y redes sociales. Su labor se habría prolongado durante meses y se habría mantenido en la más estricta confidencialidad. De hecho, su trabajo nunca fue detectado. Pero la operación Púnica se cruzó en su camino y en el del CNI.

Lo que se desconocía hasta ahora es que esa relación laboral fue registrada y documentada por la Guardia Civil. El acusado pretende utilizar esas pruebas para demostrar que los servicios que realizó para políticos e instituciones que han provocado su imputación en Púnica eran perfectamente legales y que hasta el CNI decidió contratarlo para mejorar la imagen de España en foros radicales. También alega que parte de los 80.000 euros en efectivo encontrados en su vivienda durante los registros procedía del cobro de fondos reservados por esos trabajos secretos. Se agarra a esas llamadas y SMS para demostrarlo.

Este diario se ha puesto en contacto con De Pedro para confirmar el contenido de las comunicaciones y el motivo del escrito, pero ha rechazado realizar comentarios.

http://www.elconfidencial.com/espana/2016-12-20/caso-punica-alejandro-de-pedro-llamadas-cni-trabajos-antiindependencia-sumario_1306427/

"POR QUÉ DECIDÍ COLABORAR CON LA JUSTICIA": MARJALIZA EXPLICA SU ARREPENTIMIENTO

El constructor implicado en el caso Púnica remite a 'Vozpópuli' una carta en la que apunta por primera vez las causas que le llevaron en 2015 a dar el paso de colaborar con la Justicia. Lo hace a escasos días de que el otro cabecilla de la trama, Francisco Granados, declare de manera voluntaria ante el juez Velasco.

"Ya me han preguntado varias veces por qué, un buen día, después de pasar meses en prisión, decido hablar y colaborar con la Justicia". Así se inicia la carta de dos folios de extensión que el constructor David Marjaliza Villaseñor, uno de los cabecillas de la trama Púnica, ha remitido a Vozpópuli para explicar por primera vez desde que fue excarcelado hace ahora un año los motivos que le llevaron a convertirse en el primer gran arrepentido de la corrupción española. Y lo hace, además, cuando sólo faltan unos días para que el que fuera su socio y amigo, Francisco Granados, acuda a la Audiencia Nacional para declarar voluntariamente ante el juez Eloy Velasco tras negarse a hacerlo en los dos años que lleva en prisión.

La soledad de las horas de celda desde las nueve de la noche, un día tras otro, ofrecen la posibilidad de pensar, de mirar atrás, de ver qué es lo importante de la vida"

En la misiva, Marjaliza afirma que su decisión "no se puede centrar en una sola razón". "La soledad de las horas de celda desde las nueve de la noche, un día tras otro [estuvo en el Centro Penitenciario de Aranjuez desde su detención en octubre de 2014 hasta el 30 de diciembre de 2015], ofrecen la posibilidad de pensar, de mirar atrás, de ver qué es lo importante de la vida y, de verdad, de poder alzar la mirada e imaginar un nuevo horizonte, unas nuevas metas", asegura a continuación. De hecho, recalca que es "en ese momento" cuando entendió que "lo verdaderamente importante de la vida lo tienes delante de tus narices todos los días y no lo valoras lo suficiente: la familia, mi esposa, mi hijo... su futuro".

Son, precisamente, las referencias a su entorno las que, según la carta, le llevaron finalmente a dar en abril de 2015, durante un registro de la vivienda de sus padres en Valdemoro, el primer paso de esa colaboración con la Justicia que desembocaría en junio de aquel año en tres comparecencias ante el magistrado para prestar declaración durante horas y destapar muchos de los interrogantes de la investigación. Al fin y al cabo, asegura que su gran aspiración es que "mi hijo pueda decir que, hasta en estos momentos, se sintió orgulloso de su padre, que hizo lo que tenía que hacer". De hecho, asegura que es "de ese pensamiento" del que arranca su decisión de "hablar de mi con toda franqueza y sinceridad ante quienes tienen la obligación de investigar qué actos son lícitos o no. ¿Quién ante ese pensamiento no hubiera obrado de igual manera?", se pregunta.

"Este tipo de cosas"

Para Marjaliza, sus actuaciones delictivas, "este tipo de cosas" como las denomina en su misiva, "se comienzan arreglando así, primero con el arrepentimiento, confesando, colaborando, reparando el daño causado y asumiendo las consecuencias que de todo ello se deriven. No se puede dar más y no se puede pedir más", recalca. Consciente de que "no tendría que haber hecho cosas reprochables", también considera que "el reloj, en ésta, como en muchas ocasiones, no se puede volver atrás". Eso sí, también destaca que no todo lo que ha hecho durante su actividad profesional es delictivo. "Soy empresario desde hace treinta años y mi vida se ha sostenido en el trabajo diario, duro y constante. Algunas cosas, muy pocas, pueden ser penalmente reprochables", admite.

Este tipo de cosas se comienzan arreglando así, primero con el arrepentimiento, confesando, colaborando, reparando el daño causado y asumiendo las consecuencias que de todo ello se deriven"

Y son por ellas por las que está "dispuesto a pagar lo que la Justicia determine"."Esa es mi tranquilidad de conciencia, pagar mi deuda con la sociedad con todo lo que la Justicia tiene previsto para mí", continúa la carta, en la que también recalca que después de ello aspira "reconstruir mi vida, poder volver a mis hábitos iniciales de trabajo, tesón y esfuerzo. Eso es lo que yo sé hacer, lo que he hecho toda mi vida y para lo que, no sólo estoy dispuesto a luchar, sino que ya estoy luchando".

Agradecido al juez
En ese punto, Marjaliza detalla en su carta un episodio desconocido hasta ahora de sus comparecencias ante el juez Eloy Velasco. "Sólo unos pocos, muy pocos, conocen que un buen día, de los varios que estuve declarando, al acabar la sesión, le pedí autorización a Su Señoría para poder comentar algo que iba más allá de ofrecer datos y respuestas a las preguntas que se me hacían". El constructor asegura que el juez Velasco le dijo que "adelante" y se mostró dispuesto a abandonar la sala del juzgado "para que yo hablara con más libertad". "Le dije que no -continúa Marjaliza- que precisamente era a él a quién quería dirigirme especialmente, y que en su nombre recogiera para todos los que estaban interviniendo en las investigaciones mis palabras, que iban a ser breves pero con mucho sentimiento".

Marjaliza asegura que agradeció al juez Velasco "lo que había hecho por mi [...], había puesto coto a una espiral sin sentido en la que estaba metiendo a mi vida y de la que no era consciente"

El empresario asegura que el magistrado "se quedó sentado y me dio la palabra. Y comencé a hablar dándole las gracias por lo que había hecho por mí, porque, sin ser ese el objetivo de la investigación, lógicamente, había puesto coto a una espiral sin sentido en la que estaba metiendo a mi vida y de la que no era consciente, hasta ese momento de confesión y colaboración". Marjaliza considera que con su actuación el juez y los investigadores "habían posibilitado que pusiera en el centro de mi vida lo verdaderamente importante", en referencia a su familia. "Después de aquel día, me sentí libre", añade para, a continuación aclarar a qué libertad se refiere: "Para volver a mirar a los ojos a mi esposa y mi hijo, para volver a trabajar con mi gente creando desde la nada, con empuje, con tesón, esfuerzo, ilusión y ganas sabiendo que, cuando llegue el momento, pagaré mis deudas". La misiva finaliza reiterando esa idea de "libertad" a la que, añade, "dedico y dedicaré todas las horas mi vida". Debajo, la fecha: "Diciembre de 2016". Y su firma: David Marjaliza Villaseñor.

Un café junto a la Audiencia Nacional

David Marjaliza accedió a tomar un café en los primeros días de este otoño. Un amigo común nos había puesto en contacto. Él quería hablar conmigo. Yo estaba deseando entrevistarle. La cita fue en una cafetería de la calle Génova, muy cercana a la Audiencia Nacional, donde él acude cada quince días a cumplir el trámite de firmar en el Juzgado. La charla duró cerca de hora y media. En el transcurso de la misma, el primer gran arrepentido de la corrupción española habló, sobre todo, del futuro que se le abría más que de su pasado. Era una charla 'off the record', con mi compromiso de que nada de lo que allí estábamos comentando fuera publicado. Así lo he hecho. Marjaliza no quería -ni quiere- entrevistas formales ya que considera que lo que sea interesante para la investigación del 'caso Púnica' lo contará delante del juez Velasco y no a los periodistas. Tras escuchar sus palabras, le planteé la posibilidad de que relatase en un escrito por qué decidió aceptar colaborar con la justicia, convertirse en arrepentido. Me dijo que lo pensaría, que lo hablaría con su abogado. Desde aquel día, hemos vuelto a hablar en algunas ocasiones por teléfono y cruzado varios mensajes. En ellos, le volvía recordar mi propuesta. Ahora, meses después de aquel encuentro y cuando está a punto de cumplirse el primer año de su puesta en libertad provisional, mi correo electrónico ha recibido su misiva encabezada por un "estimado Óscar" y con alusión a aquel "café que tomamos". Aquí la reproducimos por su interés informativo. Al fin y al cabo, él es el primer gran arrepentido de la lucha contra la corrupción y, por primera vez, explica por qué lo ha hecho.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Marjaliza-convirtio-arrepentido-Quiero-sociedad_0_979402396.html

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