OPERACIÓN PÚNICA : UNA TRAMA GENOVESA SIN FONDO

Boletin 26. Caso Púnica. Del 01 de abril al 12 de mayo 2017
MÁS BOLETINES ANTERIORES PINCHA AQUÍ

LAS NOTICIAS AL DÍA

EL JUEZ DE PÚNICA INVESTIGA SI EL PP DE AGUIRRE SE FINANCIÓ CON 972 CURSOS PARA PARADOS

VELASCO CITA COMO INVESTIGADO A DANIEL MERCADO, UNO DE LOS FINANCIADORES DEL PP

PÚNICA DESTAPA EL USO DE DINERO B Y FONDOS PÚBLICOS EN TRES CAMPAÑAS ELECTORALES DEL PP

EL PP FINANCIÓ CON DINERO DE PÚNICA LA CAMPAÑA ELECTORAL DE RAJOY EN 2008

GRANADOS PIDE SALIR DE PRISIÓN PARA CUIDAR A SUS HIJAS "EN SU MODESTA CASA HIPOTECADA"

VELASCO PREGUNTA A ANTICORRUPCIÓN SI CIERRA LA INSTRUCCIÓN DE PÚNICA TRAS LEVANTAR EL SECRETO DE LA CAJA B

VELASCO LEVANTA EL SECRETO DE SUMARIO EN PÚNICA SOBRE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID

EL HOMBRE FUERTE DE AGUIRRE METIÓ EN EL “CÁNTARO” 600.000 EUROS

LOS SMS EN CLAVE DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP: “¿TIENE AGUA EL CÁNTARO?" "YA SE ESCUCHA EL RUMOR DEL AGUA”

EL PP DE MADRID USÓ EN LA CAMPAÑA DE 2011 EMPRESAS PANTALLA QUE YA FIGURAN EN LOS PAPELES DE 2007 INCAUTADOS A SU EXGERENTE

EL JUEZ DE PÚNICA REVISA FACTURAS QUE SUMAN 16 MILLONES POR LA CAJA B DEL PP

LOS ÚLTIMOS INFORMES DEL ‘CASO PÚNICA’ AMENAZAN A SEIS CARGOS PÚBLICOS DEL PP

LA AGENDA DE GRANADOS PRUEBA QUE EN 2010 HIZO SEGUIMIENTO DIRECTO DE UN CONTRATO AMAÑADO PARA UNA EMPRESA DONANTE DEL PP

LA AUDIENCIA NACIONAL ENVÍA A MURCIA 41 INDICIOS DE DELITO CONTRA EL PRESIDENTE AUTONÓMICO

CUATRO FACTURAS FALSAS ACORRALAN A UNA SENADORA DEL PP EN EL ‘CASO PÚNICA’

DOCUMENTOS MANUSCRITOS DEL GERENTE DE AGUIRRE CONTIENEN APUNTES DE LA PRESUNTA CAJA B DE LA CAMPAÑA DE 2007

ALEJANDRO DE PEDRO: EL LAZARILLO 2.0 QUE CAUTIVÓ AL PP, EL REAL MADRID Y GRANDES FIRMAS DEL IBEX

LAS ESTRECHAS RELACIONES DEL CONSEGUIDOR DE LA TRAMA PÚNICA CON LOS DIRIGENTES DEL PP VALENCIANO DE AYER Y DE HOY

EL JUEZ ELOY VELASCO DEJARÁ LA INSTRUCCIÓN DEL 'CASO PÚNICA' EN JUNIO

LAS PRUEBAS DOCUMENTALES DEL "PLAN CRIMINAL" DE PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

LAS GRABACIONES DESCLASIFICADAS QUE IMPLICAN A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

LA GUARDIA CIVIL TIENE CERCADO EN PÚNICA AL PRESIDENTE DE MURCIA POR “DELITOS DE FRAUDE”

DOCUMENTOS MANUSCRITOS DEL GERENTE DE AGUIRRE CONTIENEN APUNTES DE LA PRESUNTA CAJA B DE LA CAMPAÑA DE 2007

NUEVE (PRESUNTAS) VÍAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PARTIDO POPULAR DE MADRID

GÉNOVA AYUDÓ A BLANQUEAR LA FINANCIACIÓN DEL PP DE MADRID

LA CAJA B DEL PP DE MADRID AFLORA EN EL PAGO EN EFECTIVO DE UN MITIN DE AGUIRRE

EL PP DE MADRID REGÓ CON DINERO PÚBLICO LAS AGENCIAS QUE HICIERON SU CAMPAÑA B DE 2007

NUEVOS PAPELES REVELAN QUE AGUIRRE FUE REELEGIDA EN 2007 CON 3 MILLONES EN NEGRO

LA PATRONAL MADRILEÑA INVESTIGA SI FINANCIÓ CAMPAÑAS DEL PP EN 2007

LOS PAPELES DEL GERENTE DE AGUIRRE INCLUYEN A UNA EMPRESA QUE LOGRÓ 1,3 MILLONES POR "EVALUAR" OFERTAS DE PUBLICIDAD OFICIAL

EL JUEZ ACUSA AL PP DE PAGAR CON BILLETES "DE PROCEDENCIA OPACA" SUS ACTOS DE CAMPAÑA

EL JUEZ ACUSA AL PP EN UN AUTO SECRETO DE PAGAR EN B LAS CAMPAÑAS DE 2007, 2008 Y 2011

TRES SUMARIOS APUNTAN A LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE CUATRO CAMPAÑAS DE AGUIRRE ENTRE 2003 Y 2011

EL 'CASO PÚNICA' DESVELA QUE EL EXDUEÑO DE ELOSÚA FUE SORPRENDIDO CON 200.000 EUROS EN EFECTIVO EN LA FRONTERA FRANCO-SUIZA

LOS AUDIOS DE LA ‘PÚNICA’ QUE SALPICAN A COSPEDAL Y SU ENTORNO

EL CONSEGUIDOR DE LA PÚNICA MONTÓ UN FALSO DIARIO DIGITAL AL SERVICIO DE FLORENTINO PÉREZ Y EL REAL MADRID

EL JUEZ VELASCO INVESTIGARÁ A LAS EMPRESAS SEÑALADAS POR GRANADOS

EL JUEZ DE PÚNICA RECHAZA INTERROGAR COMO TESTIGO A ESPERANZA AGUIRRE POR "INNECESARIO"

LOS 72 INDICIOS QUE ACORRALAN AL PRESIDENTE DE MURCIA EN LA ‘PÚNICA’

LA CAJA B DEL PP DE MADRID, LA HIDRA DE SEIS CABEZAS

EL EXGERENTE DEL PP MADRILEÑO NIEGA LA FINANCIACIÓN ILEGAL ANTE EL JUEZ

EL FINANCIADOR DEL PP DE MADRID RECIBIÓ 18 MILLONES EN CONTRATOS

CINCO AYUNTAMIENTOS DEL PP CONTRATARON A LAS EMPRESAS INVESTIGADAS EN 'PÚNICA' QUE HICIERON LA CAMPAÑA A SUS ALCALDES

EMPRESAS INVESTIGADAS EN 'PÚNICA' HICIERON LA CAMPAÑA DEL PP DE MADRID EN 2007 PERO LA FACTURA OFICIAL AL PARTIDO FUE INSIGNIFICANTE

LA EMPRESA INVESTIGADA EN 'PÚNICA' POR LA FINANCIACIÓN DEL PP ADMITIÓ QUE LE HACÍA ACTOS GRATIS AL PARTIDO

GRANADOS PIDE AL JUEZ QUE LLAME A DECLARAR A ESPERANZA AGUIRRE Y AL HOMBRE FUERTE DE CIFUENTES

CARTA DESDE LA PRISIÓN DE ESTREMERA. GRANADOS A ESPERANZA: “TÚ MANDABAS EN TODO, NO ENTIENDO QUE NO DESMIENTAS LA CAJA B”

GRANADOS DA AL JUEZ UN LISTADO DE EMPRESAS PARA QUE LAS INVESTIGUE

VALDEMORO. LOS SEIS PASOS PARA AMAÑAR UNA ADJUDICACIÓN DE 61 MILLONES

VELASCO HA RECHAZADO EL PUESTO EN LA UE PORQUE LE PROHIBÍAN SEGUIR COBRANDO 50.000€ POR DAR CHARLAS

EL JUEZ HALLA PAPELES SECRETOS CON TODA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID

EL JUEZ REACTIVA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAJA B DEL PP DE AGUIRRE A TRAVÉS DE FUNDESCAM

EL JUEZ DE 'PÚNICA' PREGUNTA POR CIFUENTES A UN EMPRESARIO QUE HIZO DONACIONES A UNA FUNDACIÓN DEL PP

LA UCO INVESTIGA EL PLAN DE HOSPITALES DE ESPERANZA AGUIRRE EN EL ‘CASO PÚNICA’

LA UCO ACUDIÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LLEVARSE LOS EXPEDIENTES DEL PROYECTO ESTRELLA DE IGNACIO GONZÁLEZ POR SU VINCULACIÓN CON LA CAJA B DEL PP

LOS 12 MARIACHIS DE LA CAMPAÑA DE RAJOY QUE SE PAGARON CON DINERO PÚBLICO

CIFUENTES PRESIDIÓ LA MESA QUE ADJUDICÓ EL CONTRATO DE LA ASAMBLEA CON ARTURO EN 2011

UN CABECILLA DE PÚNICA PIDE EL MISMO TRATO JUDICIAL QUE EL EXONERADO PRESIDENTE DE MURCIA

LA ACUSACIÓN POPULAR DE PÚNICA DA UNA LECCIÓN DE DERECHO A LA FISCALÍA

EL JUEZ DE PÚNICA USA SENTENCIAS DEL FISCAL GENERAL CONTRA EL PRESIDENTE DE MURCIA

PS TALAMINO. GRANADOS QUIERE QUE EDUARDO INDA TESTIFIQUE EN SU FAVOR

EL JUEZ DE LA PÚNICA PIDE A LA UCO INVESTIGAR VÍNCULOS DE MADRI+D CON LA TRAMA

EL JUEZ VELASCO ESTRECHA EL CERCO EN TORNO AL PRESIDENTE DE MURCIA EN 'PÚNICA' PESE A LAS TRABAS DE LA FISCALÍA

CATALÁ ADMITE QUE EL PRESIDENTE DE MURCIA ACCEDIÓ A INFORMACIÓN RESERVADA DE LA FISCALÍA GENERAL EN EL CASO PÚNICA

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO: «NO HE RECIBIDO PRESIONES PARA NO ACUSAR A SÁNCHEZ»

ANTICORRUPCIÓN ENVÍA DOS INFORMES OPUESTOS SOBRE 'PÚNICA': EL DE LA JEFA EXIME AL PRESIDENTE DE MURCIA Y EL DE LAS FISCALES DEL CASO LO INCRIMINA

EL PRESIDENTE DE MURCIA SUPO ANTES QUE LAS FISCALES DE 'PÚNICA' QUE LA CADENA DE MANDO DEL TS SE OPONÍA EN BLOQUE A INVESTIGARLE

LA FISCALÍA GENERAL IMPUSO NO ACUSAR AL PRESIDENTE DE MURCIA

EL JUEZ QUIERE INVESTIGAR A SÁNCHEZ POR COHECHO, FRAUDE Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN EN 'PÚNICA'

PS1 TALAMINO. ANTICORRUPCIÓN PIDE TRES AÑOS DE CÁRCEL PARA GRANADOS POR EL CHIVATAZO DE LA PÚNICA

VELASCO DEJA EN PRISIÓN A GRANADOS ALEGANDO QUE SUS SUPUESTOS TESTAFERROS ESCONDEN MILLONES DE EUROS

EL 'FALCON CREST' DE GRANADOS EN ÁVILA: 84 HECTÁREAS, 24 CABALLOS Y SEIS 'QUADS'

LA PREVISIBLE IMPUTACIÓN DEL ALCALDE DE BRUNETE QUE HACE TEMBLAR A LA FISCALÍA

LA PÚNICA DESVIÓ DINERO PÚBLICO A MÍTINES DEL PP CON FACTURAS FALSAS DE 'WC PORTÁTILES'

EL GOBIERNO TIENDE UN PUENTE DE PLATA PARA SACAR DE LA AUDIENCIA AL JUEZ DE PÚNICA

LOS 9 MÍTINES Y 194.467 EUROS QUE ACORRALAN A GÉNOVA 13 EN EL 'CASO PÚNICA'

LA PÚNICA AGASAJÓ A GRANADOS CON CUATRO FIESTAS 'GRATIS TOTAL' VALORADAS EN 37.234 EUROS

LA UCO ACUSA DE FRAUDE Y COHECHO AL 'SHERIFF DE BRUNETE', OTRO ALCALDE DEL PP EN PÚNICA

EL JUEZ VELASCO PIDE SER TRASLADADO Y DEJAR YA LA INSTRUCCIÓN DE LA 'PÚNICA'

EL PP PAGÓ CON DINERO PÚBLICO A LA PÚNICA MÍTINES DE LAS CAMPAÑAS DE AGUIRRE Y RAJOY

GRANADOS DICE QUE MARHUENDA LE PIDIÓ AYUDA PARA ENCONTRAR “UN CHOLLO” EN VALDEMORO Y EL PERIODISTA LO NIEGA

LA ACUSACIÓN POPULAR PIDE 6 AÑOS DE CÁRCEL PARA GRANADOS POR EL 'CHIVATAZO' DE LA PÚNICA

LAS 'PERLAS' DE GRANADOS ANTE EL JUEZ: "ME HE PORTADO FRANCAMENTE BIEN CON MI PUEBLO"

EL PP DE AGUIRRE INTENTA 'COLARSE' EN EL SUMARIO DE PÚNICA PARA ACCEDER "A TODO LO ACTUADO"

NOTAS INÉDITAS DESTAPAN NUEVOS VÍNCULOS DE PÚNICA CON RITA BARBERÁ Y CASTELLÓN

LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA OTRA CAJA B DEL PP DE MADRID QUE FUNCIONÓ ENTRE 2010 Y 2014

LA JUSTICIA ALARGA, UNA VEZ MÁS, EL SECRETO SOBRE LA SUPUESTA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP DE MADRID

LA UCO DESCUBRE UNA TRAMA DE DOBLE FACTURACIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS DE PÚNICA

EL REGATEO DE UN DIPUTADO DEL PP CON PÚNICA: "SOY DE LETRAS PERO ME DEFIENDO CON LOS NÚMEROS"

LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA OTRA CAJA B DEL PP DE MADRID QUE FUNCIONÓ ENTRE 2010 Y 2014

LA JUSTICIA ALARGA, UNA VEZ MÁS, EL SECRETO SOBRE LA SUPUESTA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP DE MADRID

LA UCO DESCUBRE UNA TRAMA DE DOBLE FACTURACIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS DE PÚNICA

EL REGATEO DE UN DIPUTADO DEL PP CON PÚNICA: "SOY DE LETRAS PERO ME DEFIENDO CON LOS NÚMEROS"

LA MUJER DE IGNACIO GONZÁLEZ FACTURA 11.296€ A LA JUSTICIA POR SUBASTAR 75 JOYAS DE PÚNICA

EL CGPJ QUITA EL REFUERZO AL JUEZ ELOY VELASCO, QUE INVESTIGA LA TRAMA PÚNICA

PÚNICA COMIENZA A HACER SOMBRA A GÜRTEL: 150 IMPUTADOS, 390 TESTIGOS, 200 TOMOS...

EL CNI PAGÓ A UN IMPUTADO DE LA PÚNICA PARA QUE SE INFILTRARA EN FOROS INDEPENDENTISTAS

UN ACUSADO EN PÚNICA REVELA 12 LLAMADAS CON EL CNI PARA TRABAJOS CONTRA LA INDEPENDENCIA

"POR QUÉ DECIDÍ COLABORAR CON LA JUSTICIA": MARJALIZA EXPLICA SU ARREPENTIMIENTO


EL JUEZ DE PÚNICA INVESTIGA SI EL PP DE AGUIRRE SE FINANCIÓ CON 972 CURSOS PARA PARADOS

La Guardia Civil intervino en la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid los expedientes de contratación para impartirlos en 2007 y 2008

La investigación del titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Eloy Velasco, sobre la supuesta financiación irregular del PP de Madrid alcanza también a los cursos que el Ejecutivo regional que presidía Esperanza Aguirre impartía con cargo al erario para facilitar la colocación laboral de los parados madrileños. Un documento judicial sobre la pieza del sumario de Púnica en el que se investiga la existencia de una caja b del partido revela que el magistrado requirió recientemente a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda la documentación "original" relativa al expediente de contratación para la "organización e impartición" de 972 cursos de formación profesional ocupacional durante 2007 y 2008, años de dos de las campañas electorales bajo sospecha de haberse financiado con fondos públicos. La consejería remitió a la Audiencia Nacional más de mil folios que ocupan cerca de tres tomos de la causa cuyo secreto ha levantado recientemente el magistrado.

La investigación sobre dichos cursos se añade a otras líneas de investigación abiertas por el juez Velasco después de que el empresario David Marjaliza, socio y amigo de Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama, desvelase quién se encontraba detrás de unas siglas aparecidas en un cuaderno manuscrito del político y explicase que las cifras que figuraban junto a las mismas correspondían a supuestas entregas de comisiones ilegales. Desde entonces, el magistrado ha requerido numerosa documentación a organismos públicos sobre adjudicaciones de contratos o la entrega de subvenciones públicas a la fundación del PP Fundescam, una de las supuestas vías de financiación irregular de los populares. Sobre ésta, el juez ha solicitado en los últimos meses abundante información al registro de fundaciones de la Comunidad de Madrid referida a los años 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2014.

El documento judicial también detalla que los investigadores están analizando las contrataciones de los servicios de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años, 2009, 2011 y 2013, y que ganó la empresa Grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández, quien ya ha declarado en la Audiencia Nacional por estos hechos. También está bajo sospecha el expediente de contratación del servicio de cafetería de la Consejería de Presidencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, situada en el número 4 de la calle Carretas, de Madrid, junto a la Puerta del Sol.

Además, Velasco ha extendido la investigación a nuevos ayuntamientos de la Comunidad. Entre ellos, el de Pozuelo de Alarcón, quien ya se vio salpicado en el caso Gürtel precisamente por la supuesta financiación irregular de actos electorales del que fuera su alcalde, Jesús Sepúlveda. Ahora, el juez Velasco ha pedido a este consistorio los expedientes de contratación con las empresas Back RVS Producciones Culturales SL, Digital Plane SL y Croma 21 SL. Estas tres sociedades también están siendo investigadas por sus contrataciones con el Ayuntamiento de Madrid en las etapas de Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella.Las dos primeras mercantiles tienen entre sus clientes al propio PP. Back RVS figura, incluso, como donante del partido en 2002. Ello le valió entonces un reproche de la Cámara de Cuentas ya que aquel año ya era proveedor de los populares y del ayuntamiento de la capital.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/11/actualidad/1494479681_891686.html

VELASCO CITA COMO INVESTIGADO A DANIEL MERCADO, UNO DE LOS FINANCIADORES DEL PP

Daniel Mercado, empresario argentino dueño de Over Marketing, ya incriminó al balear Jaume Matas por la trama de financiación ilegal del PP.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado a declarar en calidad de investigado a Daniel Horacio Mercado, en la pieza que se investiga la financiación ilegal del Partido Popular en el 'caso Púnica'. Su empresa, Over Marketing, figura entre los papeles incautados al gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, aparece como una de las financiadoras del partido, de manera oculta al Tribunal de Cuentas.

En una providencia a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Velasco cita al empresario argentino para el próximo día 29 en calidad de investigado. Mercado ya reconoció ante la Justicia balear haber recibido contratos públicos amañados, en la era de Jaume Matas, a cambio de financiar al partido. Ahora, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le sitúa como uno de los principales beneficiados por los servicios de publicidad pagados con cargo a los hospitales madrileños construidos durante la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ya en Baleares, reconoció ante el juez del caso Palma Arena, José Castro, y la Fiscalía Anticorrupción haber hecho “facturas falsas” para los Gobiernos de Madrid y Castilla y León. Entre la documentación encontrada en el domicilio del exgerente del PP de Madrid y hombre de confianza de Aguirre, Beltrán Gutiérrez, tras el registro realizado hace un año, apareció un documento que ahora ha sido analizado por la Guardia Civil. En éste se ve cómo una sociedad Sintra, habría recibido de Over Marketing 200.000 euros.

La tesis de los investigadores, tal y como ya ha desvelado este diario, es que Sintra hacía de empresa interpuesta para el PP, desde la cual se canalizaban los pagos de los financiadores del partido, quien asumirían el pago de los proveedores del PP para las campañas electorales, y ocultarlo así al Tribunal de Cuentas. Es decir, Over Marketing, adjudicataria de publicidad de la comunidad de Madrid, habría pagado parte de la campaña del PP a través de Sintra.

El pasado mes de febrero, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, decretó la apertura de juicio oral contra el expresidente del Gobierno balear, Jaume Matas y el exconseller de Interior y exsecretario general del PP, José María Rodríguez por una pieza del llamado 'caso Over' en el que también será juzgado Daniel Mercado como propietario de Over Marketing.

Se investiga el desvío de fondos públicos para sufragar los gastos de las campañas electorales del PP balear de los años 2003 y 2007. Se les acusad de fraude a la administración en concurso medial con malversación, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

http://www.elespanol.com/espana/20170510/214978920_0.html

PÚNICA DESTAPA EL USO DE DINERO B Y FONDOS PÚBLICOS EN TRES CAMPAÑAS ELECTORALES DEL PP

La pieza del sumario cuyo secreto se levanta ahora sitúa el acto de fin de campaña de las autonómicas de 2007 como el paradigma de las supuestas irregularidades

La pieza del sumario del caso Púnica que investiga la supuesta financiación irregular del PP de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre, y cuyo secreto se levanta ahora, ha aflorado el presunto desvío de fondos públicos y la utilización de dinero procedente de una caja b de la formación para el pago de una parte importante de los gastos electorales de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y 2011, y de las generales de 2008, en las que Mariano Rajoy repetía por segunda vez como cabeza de cartel de los populares.

Fuentes cercanas a la investigación destacan que el mitin que la formación celebró hace diez años como final de campaña de los comicios locales y regionales es el paradigma de buena parte de estas irregularidades. Según han revelado las pesquisas, en el mismo hubo pagos con dinero "de procedencia desconocida" y se abonaron a proveedores con cargo a los presupuestos de Administraciones públicas controladas entonces por el PP. El 'pendrive' localizado hace ahora un año en casa del que fuera gerente regional del partido, Beltrán Gutiérrez, desveló que en aquellos años la formación contó en su supuesta caja b con cinco millones de euros. De ellos, tres millones fueron presuntamente destinados a financiar la campaña que incluyó aquel acto electoral, mientras que para las generales de 2008 y las de 2011 se emplearon un millón de euros en cada una.

En el mitín de 2007, celebrado en el Palacio de Deportes de Madrid la noche del 25 de mayo con la presencia de los principales dirigentes de la formación, entre ellos Rajoy, Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, estos dos últimos como candidatos al gobierno regional y la alcaldía de la capital respectivamente, las primeras irregularidades detectadas se refieren a la contratación de las actuaciones musicales de los grupos Iguana Tango y Azúcar Moreno para amenizar el acto antes de los discursos. Waiter Music SL, una empresa investigada en el caso Púnica por la sospechosa elevada cifra de contratos públicos que obtuvo durante años de la Comunidad de Madrid y de ayuntamientos de la región, fue la encargada de ello. De hecho, es del análisis de la documentación intervenida en octubre de 2014 en la sede de esta mercantil donde surgen los primeros indicios de financiación irregular del acto electoral. Así, una secuencia de correos electrónicos cruzados por empleados de la compañía y dirigentes del PP regional tres días antes de que se celebrara, reveló la existencia de un contrato "donde se acuerdan las cláusulas para la actuación [...] de una duración aproximada de 90 minutos" por un valor de 20.000 euros.

Sin embargo, otro email fechado dos meses más tarde revelaba la supuesta falsedad de dicha cifra. En el mismo, el propietario de Waiter Music SL, José Luis Huerta, aseguraba a Guillermo Mayoral, dirigente regional del PP y actual gerente del partido en sustitución del imputado Beltrán Gutiérrez, que dicha cifra había sido, en realidad, el triple. En los mismo el empresario pedía que se le indicase "lo antes posible cómo facturo esto y la formas de cobro", para a continuación detallar las diferentes partidas que elevaban la factura hasta los 48.600 euros más IVA. En total, 60.000 euros. El empresario destacaba que "les hicimos un contrato por 20.000 euros, IVA incluido, aún sabiendo ambas partes que ascendía a una cantidad mayor, como te explico anteriormente".

Las pesquisas apuntan a que finalmente el PP ni siquiera pagó la cantidad reflejada en el contrato y hay indicios de que los 60.000 euros iban a cargarse mediante distintos mecanismos a las arcas de los ayuntamiento de Pinto y Valdemoro, gobernados entonces por el PP. De hecho, la Guardia Civil ha constatado tras analizar las declaraciones de ingreso y pagos realizados por Waiter Music ante la Agencia Tributaria que entre los años 2006 y 2013 no figura ninguna actividad comercial entre esta mercantil y el partido que "pudiera estar relacionada" con este mitin. Por ello, los agentes concluyen que se utilizaron "recursos económicos municipales para sufragar actos electorales del Partido Popular de la Comunidad de Madrid que no fueron declarados como gastos de campaña" en aquel 2007 y en las elecciones posteriores de 2008 y 2011.

De hecho, irregulares similares han sido detectadas en los mítines de estos dos últimos comicios. Como ejemplo del primero, las pesquisas sitúan el mitín que el PP celebró en el Pabellón Juan España de Valdemoro el 1 de marzo de 2008 con motivo de las generales de aquel año. La UCO ha podido constatar que parte de aquel acto fue financiado con cargo a los fondos públicos del consistorio de este municipio madrileño. En concreto, los 4.200 euros más IVA que costó la actuación de un grupo de 12 mariachis que recibieron con el 'Cielito lindo' y 'Sigo siendo el rey' a Aguirre, al número dos de la lista al Congreso por Madrid, el empresario Manuel Pizarro, y al expresidente José María Aznar. La empresa que contrató dicha actuación cobró dicha factura de la partida destinada a la celebración de las Fiestas Patronales de Septiembre de 2009 de Valdemoro, que el equipo de gobierno municipal le adjudicó. La Guardia Civil estima que de los 150.000 euros que salieron de arcas públicas para costear dichas celebraciones locales, cerca de un tercio se desviaron a actos del partido. Los agentes también investigan los pagos por la organización de las inauguraciones de grandes obras de la Comunidad.Otra parte importante de los fondos presuntamente irregulares utilizados en el pago son los que los informes iniciales de la UCO describían como "de procedencia desconocida".

Las investigaciones de los últimos años han revelado el verdadero e irregular origen de los mismos, así como los diferentes mecanismos utilizados para hacer frente con ellos a gastos electorales del PP de manera opaca. Así, la principal vía de entrada eran las donaciones supuestamente realizadas por empresarios -algunos de ellos imputados ya en la causa como Javier López Madrid y Arturo Fernández- a cambio de la adjudicación de contratos públicos. La investigación ha destapado que, en ocasiones, dichos pagos se hacían en maletines con dinero en efectivo y, en otras, con aportaciones de capital a la fundación Fundescam.En otras, dichos pagos se realizaban 'en diferido' haciéndose cargo la compañía donante de los pagos que el PP tenía comprometidos con firmas que le daban diferentes servicios durante la campaña. Para ocultar aún más todo ello, en buena parte de los mismos se utilizaban empresas interpuestas para dificultar el rastreo del origen de los fondos.

Nueve de estas mercantiles han salido ahora a la luz en la Operación Lezo. En esta estrategia, las pesquisas han puesto de manifiesto el papel protagonista que jugaron en algunas de estas irregularidades las sociedades Over Marketing, Traci Comunicación y Link América, todas ellas de empresario argentino Daniel Mercado. Éstas firmaron multitud de contratos con las consejerías de Sanidad y Transportes, la Dirección General de Justicia y la antigua empresa pública del suelo Arpegio, para organizar actos de colocación de primeras piedras y cortes de cinta en los que se invertía el 1% del presupuesto de la obra. Recientemente el juez Velasco reclamó a Arpegio facturas que suman 16,5 millones de euros del Plan Prisma en estos conceptos para analizarlas. La sospechas apuntan a que parte de estos fondos pudieron desviarse a la supuesta caja b del PP madrileño para el pago de costosos actos electorales con los el partido entonces liderado por Esperanza Aguirre exhibía músculo político como en el mitín de fin de campaña de las elecciones de 2007.

http://politica.elpais.com/politica/2017/05/10/actualidad/1494427354_398074.html

EL PP FINANCIÓ CON DINERO DE PÚNICA LA CAMPAÑA ELECTORAL DE RAJOY EN 2008

El juez de la AN Eloy Velasco halla indicios de que el PP de Madrid financió de forma irregular a su hermano mayor nacional en las segundas generales del actual presidente del Gobierno

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha hallado indicios de que el Partido Popular de Madrid aportó fondos de origen ilícito a su hermano mayor nacional para financiar la campaña de las elecciones generales de 2008, las segundas en las que Mariano Rajoy se presentó como cabeza de lista del PP. El magistrado, que acaba de levantar el secreto en la pieza separada del caso Púnica en la que investiga las finanzas de la formación regional, ha remitido la documentación que apuntala estas sospechas a su compañero José de la Mata, encargado de investigar la presunta caja B de Génova en la llamada causa de los 'papeles de Bárcenas'.

Según apuntan a El Confidencial fuentes cercanas al caso, la contribución que hizo el PP madrileño para costear los gastos de esos comicios, celebrados durante la etapa de Esperanza Aguirre, se acercó al millón de euros. Solo 'una ayuda' si se compara con la cuantía de la entrada de dinero negro que se destinó a las municipales de 2007 y 2011, las otras dos campañas bajo sospecha en esta parte de la investigación del entramado que presuntamente dirigía Francisco Granados. "Les echaron una mano en aquellos comicios", señalan las fuentes consultadas.

La pieza separada de Púnica sobre la financiación irregular de los populares se centra en la actividad desplegada por el gerente del partido regional, Beltrán Gutiérrez, receptor de millones de euros en negro que destinó a tres procesos electorales. La mayor contribución se destinó a las elecciones de 2007. También existen pruebas que sustentan una financiación en B durante las autonómicas de 2003, pero el juez Velasco ha descartado investigar esta parte debido al tiempo transcurrido desde entonces y a que los presuntos delitos cometidos estarían prescritos.
Las sospechas se basan en anotaciones manuscritas del propio Gutiérrez y en la abundante documentación que se le incautó en varias tandas de registros. Como ya reveló El Confidencial, apuntan a que el encargado de las finanzas de la formación manejó “una contabilidad B de gastos electorales” que le habría permitido superar de forma sistemática “los límites de gasto electoral” sin que saltaran las alarmas en los órganos de fiscalización. Los fondos salieron del desvío de subvenciones de la Administración, así como del cobro de donaciones ilegales a cambio de “contratos públicos”. Estas donaciones no declaradas se camuflaban mediante pagos directos a las empresas que contrataba el PP para sus campañas.

Al menos tres empresas participaron de forma continuada —a lo largo de varios años— en esta dinámica ilegal, según ha podido saber este diario. El foco se sitúa sobre el grupo de publicidad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado, que ya admitió en 2012 haber utilizado esta fórmula para colaborar en la financiación ilegal del PP de Islas Baleares, y en concreto en una de sus empresas, Over Marketing. Los investigadores sospechan que recibió millones de euros en adjudicaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid para campañas de publicidad y 'marketing'. Parte de esos fondos públicos habrían sido desviados, según Velasco, para costear las campañas.
.
También forma parte del trío la agencia Carat, a la que el PP de Madrid adjudicó su publicidad exterior; por último, una sociedad del empresario Óscar Sánchez Moyano, Sintra Consultores, que, según la documentación incautada, canalizó al menos 600.000 euros en las elecciones de municipales y autonómicas de 2007. Entre las carpetas que ocultaba Gutiérrez en su casa, los investigadores localizaron varios folios manuscritos con un plan de medios que identificaba el origen real del dinero que manejó la formación en esos comicios. El exgerente anotó que el capítulo de publicidad exterior requería un gasto de “1,5”, en referencia a 1,5 millones de euros. Por su parte, para publicidad en “prensa radio”, el partido destinaría “0,9”, 900.000 euros. Esta última partida terminó ascendiendo a 1,1 millones de euros. Y, finalmente, la “campaña de medios exteriores” supondría una inversión de otros “0,6”, 600.000 euros.

Tres responsables políticos

Según el juez, en el desvío de las ayudas públicas habrían tenido un papel destacado tres dirigentes del partido. Además del primero y evidente, el ex secretario general de la formación y presunto cerebro de Púnica Francisco Granados y el exgerente Beltrán Gutiérrez, el magistrado también da importancia al papel del exconsejero de Transportes José Ignacio Echevarría, con responsabilidades en la tesorería y gerencia del partido en Madrid.

Además, investiga la cooperación en la entrada de fondos ilegales de una entidad satélite, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, más conocida por su acrónimo Fundescam. Empresarios y adjudicatarios públicos realizaban donaciones a Fundescam con la excusa de apoyar su supuesta actividad cultural y formativa. Pero el dinero era luego desviado mediante facturas falsas a la caja B del PP de Madrid y se destinaba a actos de campaña.

La Fiscalía Anticorrupción ya advirtió en 2010 dentro del caso Gürtel de que la formación había utilizado ese método para concurrir a elecciones de 2003 y 2004. Es un sistema idéntico al que presuntamente usó CDC para ocultar sus donaciones ilegales a través de tres fundaciones: Trias Fargas, CatDem y Fórum. Asimismo, en el caso Filesa, el PSOE también se aprovechó de mercantiles satélite para triangular donaciones de empresarios que terminaron engrosando su contabilidad paralela.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-10/punica-audiencia-nacional-financiacion-irregular_1379944/

GRANADOS PIDE SALIR DE PRISIÓN PARA CUIDAR A SUS HIJAS "EN SU MODESTA CASA HIPOTECADA"

En un nuevo escrito, suplica, más que pide, quedar libre, y defiende que debe salir para hacerse cargo de sus dos hijas adolescentes que viven "en una modesta casa hipotecada"

El presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, ha vuelto a solicitar al juez Eloy Velasco su excarcelación, cuando se cumplen tres años y medio desde que fuera enviado a prisión. En un nuevo escrito, suplica, más que pide, quedar libre, y defiende que debe salir para hacerse cargo de sus dos hijas adolescentes que viven "en una modesta casa hipotecada" donde se ven obligadas a compartir habitación. El número de peticiones de este tipo cursadas por el preso más famoso de la red de corrupción se acerca ya a la decena.

El escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, defiende que no existe riesgo alguno de que el que fuera hombre fuerte de Esperanza Aguirre destruya pruebas o influya en otros imputados por la trama Púnica. "Es español, reside en España donde vive con su mujer y dos hijas adolescentes, que precisan de la presencia de su padre, en una modesta casa hipotecada", destaca.

También pone de manifiesto que la vivienda ha estado a punto de ser embargada y solo una reciente autorización del Juzgado ha permitido cancelar, con cargo a las cuentas bloqueadas, las letras pendientes salvando la propiedad. En la casa, situada en el mismo pueblo donde siempre ha residido, Valdemoro, "las niñas comparten dormitorio" cerca de su abuela, la "anciana madre" de Granados. "Desde que su hijo ingreso en prisión, únicamente sale a la calle para ir a visitarle", destaca también el escrito.

El 'Falcon Crest' de Granados en Ávila: 84 hectáreas, 24 caballos y seis 'quads'

La Guardia Civil acusa a Francisco Granados de cohecho y blanqueo de capitales por haber disfrutado durante una década de una finca de Ávila que le regalaron constructores

"Carece de otras fuentes de ingreso que no sean las del trabajo de su mujer, ingresos estos últimos reducidos a una ridícula cantidad como consecuencia de la publicidad del presente procedimiento", se queja el que fuera secretario general del PP de Madrid. También lamenta "el trato claramente discriminatorio" que sufre en relación con tantos otros investigados e incluso "condenados en situación de libertad", dice en clara referencia a casos como Nòos o el de las tarjetas 'black'.

En el más absoluto "olvido y abandono"

El escrito, plagado de reproches, también recrimina la falta de sustento que en su opinión tiene su supuesta tenencia de un patrimonio oculto. "¿Qué se ha hecho en los últimos meses, incluso en el último año, en orden a acreditar tales extremos? Pues nada de nada", dice, y agrega: "Granados se encuentra en una situación de absoluto olvido y abandono".

La Guardia Civil investiga otra caja B del PP de Madrid que funcionó entre 2010 y 2014

La UCO rastrea la contabilidad de la fundación Fundescam tras descubrir que el Partido Popular de Madrid la habría utilizado para financiarse ilegalmente incluso después de que estallara Gürtel

Niega disponer de fondos escondidos y se desvincula de las más de 190 sociedades que —dice— forman el entramado empresarial de David Marjaliza. Granados intenta cargar a su antiguo socio y amigo con el peso de las irregularidades investigadas y destaca que nada tiene que ver con las "ilícitas maniobras" del empresario. "De las más de 5.000 llamadas intervenidas a Marjaliza durante casi cinco meses, únicamente 30 fueron con Granados, la gran mayoría de 'contenido social' y ninguna de ellas relacionadas con operaciones, negocios, contratos públicos o supuestas maniobras ilícitas", destaca su abogado, que tacha la confesión de este coimputado de "disparatada e incongruente".

También rechaza Granados contar en la actualidad con influencias o capacidad de presión. No cuenta con "NINGUNA" capacidad ni poder para ello, destaca en mayúsculas mientras clama ante la injusticia que a sus ojos supone llevar en prisión "¡¡¡¡TRES AÑOS!!!!" cuando la ley permite mantener en estos casos la prisión provisional solo seis meses.
"No existe causa que justifique el mantenimiento de prisión durante tan dilatado periodo de tiempo, más de 30 meses, con los enormes perjuicios que de dicha situación se derivan no solo para el interesado sino también para su familia", concluye el escrito.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-05-08/francisco-granados-audiencia-nacional-punica-eloy-velasco_1379236/

VELASCO PREGUNTA A ANTICORRUPCIÓN SI CIERRA LA INSTRUCCIÓN DE PÚNICA TRAS LEVANTAR EL SECRETO DE LA CAJA B

El juez de la Audiencia Nacional ha dictado una providencia donde pregunta al Ministerio Fiscal si se debe prorrogar de nuevo la instrucción del caso Púnica, declarada causa compleja, y si considera conveniente practicar más diligencias en este procedimiento. El plazo legal para investigar esta trama de corrupción expira el próximo día 15.

El próximo 15 de mayo expira el plazo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para que la Audiencia Nacional pueda continuar investigando uno de los mayores casos de corrupción que tenido lugar en nuestro país en los últimos años. Se trata de la trama Púnica que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia, el magistrado Eloy Velasco.

Por esta razón, el instructor ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, donde pregunta al Ministerio Fiscal si considera necesario prorrogar esta instrucción o, por el contrario, se debe cerrar ya. El artículo 324 de la LeCrim establece que si la instrucción de una causa es declarada compleja "el plazo de duración de la instrucción será de dieciocho meses, que el instructor de la causa podrá prorrogar por igual plazo o uno inferior a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las parte".

En la providencia, el juez Velasco solicita a las fiscales Anticorrupción, María Teresa Gálvez y Carmen García Cerda, que les informe sobre si, en primer lugar, solicitan la práctica de nuevas diligencias y cuáles son; en segundo lugar, sobre si concurre alguna razón que justifique la prórroga de la duración de la fase de instrucción; y, por último, sobre qué fecha aproximada estiman que sería el límite hasta el que prorrogarla.

Levanta el secreto de la Caja B
La instrucción de la trama Púnica arrancó en la Audiencia Nacional en 2014. Desde octubre de ese año, el ex consejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, se encuentra en prisión preventiva acusado de la comisión de varios delitos de corrupción como blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, etc. Dada la magnitud de las pesquisas de esta macrocausa, en septiembre de 2015 el magistrado decidió trocear la misma en catorce piezas separadas para agilizar la instrucción.

Este viernes, el juez levantó el secreto de la pieza separada número 14. En ella, Velasco y las fiscales investigan la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid. Están imputados en dicha pieza, el ex gerente del PP madrileño, Beltrán Guitérrez, y el ex tesorero de la formación regional José Ignacio Echeverría. Los investigadores han apuntado ya a que Granados actuaba como "recaudador" para nutrir la supuesta Caja B de su partido.

Por su parte, el juez ya ha dado por finalizada la investigación de las piezas 1, 2 y 3 de esta causa. En la primera de ellas se investiga el chivatazo policial que recibió Granados antes de ser detenido; en la dos, a la trama leonesa de Púnica, y, la tercera, versa sobre cómo operaba esta red de corrupción en la región de Murcia. Estas tres piezas separadas están pendientes de ser enjuiciadas en estos momentos por la Audiencia Nacional.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/velasco-pregunta-anticorrupcion-cierra-instruccion-punica-levantar-secreto-caja-b-pp_0_1023498284.html

VELASCO LEVANTA EL SECRETO DE SUMARIO EN PÚNICA SOBRE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID

El titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha levantado el secreto de sumario sobre la pieza nº 14 de la trama Púnica donde se investiga la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.

Según asegura Velasco en el auto emitido este viernes, al que ha tenido acceso OKDIARIO, “a la vista del contenido de la documentación recibida por CEIM Confederación Empresarial de Madrid –CEOE y del informe favorable del Ministerio Fiscal, se acuerda el levantamiento del secreto de la presente pieza separada nº 14, compuesta de 56 tomos, relativa a Hechos relativos a Beltrán Gutiérrez (ex gerente del PP de Madrid) y Francisco Javier López Madrid (consejero de OHL), procediéndose a su desglose e incorporación a la causa principal”.

“Una vez escaneado y foliado”, continúa el auto, “el contenido de dicha pieza, se dará traslado a las partes. En diligencia aparte se indicará en qué pieza se incorpora cada uno de los particulares. Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio fiscal y del resto de partes personadas”.

El año pasado, los agentes de la UCO de la Guardia Civil registraban los domicilios y despachos de López Madrid y Gutiérrez, y hallaron diversa documentación sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid que afectaría a la patronal madrileña CEIM.

El magistrado toma esta decisión en plena ‘Operación Lezo’, que llevaba a la detención del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y del propio López Madrid. El empresario eludía el ingreso en prisión tras hacer efectiva al fianza de 100.000 euros impuesta por el juez. En esta operación, se investiga López Madrid pagó presuntamente una comisión de 1,4 millones de euros a través de OHL a González, por la concesión del tren al municipio madrileño de Navalcarnero.

Precisamente, Velasco emitía en las últimas horas otro auto en el que afirmaba que “visto el estado de las presentes actuaciones y estando próximo a expirar el plazo previsto” en la Ley para la instrucción de la presente causa, “se acuerda dar traslado al Ministerio Fiscal y demás partes personadas a fin de que antes del próximo 15 de mayo manifiesten si solicitan la práctica de nuevas diligencias y cuáles”.

Sobre la posibilidad de continuar la investigación, el titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional preguntaba “si concurre alguna razón que justifique la prórroga de la duración de la fase de instrucción” y “qué fecha aproximada estiman que sería el límite hasta el que prorrogarla”.

Las fuentes del caso consultadas por este diario indican que el hecho de que Velasco decrete el levantamiento del secreto de sumario sobre la pieza nº 14 de la Púnica sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid “no significa que se vaya a cerrar la instrucción de la causa”.

La investigación de esta trama corrupta se inició en febrero de 2014 y en octubre de ese año estallaba el caso con la detención del ex dirigente popular, Francisco Granados. Desde entonces, el ex consejero madrileño permanece en prisión, es decir, 32 meses encarcelado.

El magistrado toma esta decisión mientras “está en el aire” su continuidad en el Juzgado de Instrucción nº 6. Velasco se habría postulado para ocupar una de las plazas de la futura Sala de Apelación de la Audiencia Nacional que quedará constituida en las próximas semanas. La ‘Operación Lezo’ y el cierre de la Púnica podrían ser las últimas muescas en el revólver de Velasco antes de abandonar el juzgado.

https://okdiario.com/investigacion/2017/05/05/velasco-levanta-secreto-sumario-punica-financiacion-ilegal-del-pp-madrid-967569

EL HOMBRE FUERTE DE AGUIRRE METIÓ EN EL “CÁNTARO” 600.000 EUROS

El PP usó a la firma Sintra para pagar a proveedores de campaña y ocultarlo al Tribunal de Cuentas.

“No puedes estar sediento con lo que ha llovido”. Con esta frase, quien fuera gerente del Partido Popular madrileño y hombre fuerte de Esperanza Aguirre, Beltrán Gutiérrez, pedía un poco de tiempo a Óscar Sánchez Moyano para pagarle lo que le debía. Este empresario ofrecía -según la tesis de la Audiencia Nacional- sus empresas para pagar a los proveedores reales del PP de sus campañas políticas. Una de sus sociedades, Sintra, cobró 600.000 euros directamente del Partido Popular. Los investigadores consideran que el dinero sirvió para sufragar ilegalmente la campaña del partido durante las elecciones regionales de 2007.

En la documentación obrante en la pieza separada del caso Púnica sobre la financiación ilegal del PP madrileño, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, aparece cómo el PP de Madrid pagó a Sintra esa cantidad a través de dos cheques y una transferencia. Ese dinero, que no salió de la cuenta oficial para la campaña de 2007, sirvió para que desde la sociedad de Sánchez Moyano se pagara a los proveedores del PP sin que constara así oficialmente en el Tribunal de Cuenta.
.
En la operativa gestionada por Beltrán Gutiérrez, investigado en la causa, el PP contrató por 517.168 euros a Sintra (599.915 con IVA) por trabajos ajenos a la campaña. Después, ese dinero era pagado por Sintra a las empresas que realmente hacían los trabajos para la campaña, o incluso todavía se utilizaba otra sociedad interpuesta antes de llegar al trabajador real.

La Guardia Civil llega a esta conclusión después de analizar una serie de documentos intervenidos en el registro de Gutiérrez hace un año ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Este contrato se compara con otro documento con el encabezamiento “Campaña PP” -presuntamente elaborado 'por el propio Gutiérrez- y en el que se puede ver como el PP hace tres pagos por la suma exactamente igual que el contrato anterior con Sintra, 517.168 euros. Esto demuestra, para la Guardia Civil, que “el PP de Madrid habría sufragado gastos electorales desde la cuenta corriente de funcionamiento del partido al margen de la cuenta corriente de la campaña electoral con el objeto de sustraerlos del control de la Cámara de Cuentas”.

La normativa que regula los comicios electorales establece que debe crearse 'ad hoc' para cada uno de ellos una cuenta corriente en la que se centralicen tanto los ingresos como los gastos concernientes a la campaña, distinguiendo este tipo de gastos de los de funcionamiento ordinario. Estos documentos demostrarían que esta normativa fue incumplida en diversas campañas electorales.

Pagos del gerente al intermediario

Estos documentos son relativos a la campaña de 2007 pero los mensajes de texto entre Beltrán Gutiérrez y Óscar Sánchez Moyano, revelados por EL ESPAÑOL, en los que hablan de pagos del gerente al empresario, con jerga como “¿tiene agua el cántaro?”, del año 2010 para la campaña electoral para las elecciones autonómicas de 2011.

En el segundo documento con el encabezamiento “Campaña PP” se identifica como cliente al partido, el cual debería de abonar en tres pagos una cantidad exactamente coincidente con la que aparece reflejada en el borrador del contrato con Sintra, ajeno a la campaña. En el mismo papel aparece otra tabla de “proveedores”, en la que se identifican conceptos, empresa e importes. Muchos de los cuales “coinciden exactamente en cuanto a importes y proveedores con el modelo 347 de la Agencia Tributaria (declaración de proveedores e ingresos recibidos de más de 3.000 euros de una empresa) de Sintra Consultores S.L., referido a las compras efectuadas en el año 2007.

El PP utilizó sociedades interpuestas

Todo esto demostraría, para los investigadores, que el PP ha utilizado a Sintra como una sociedad interpuesta para la facturación de actos de campaña electoral.

Un tercer documento avalaría la tesis de la Guardia Civil:

El 0,6 al lado de Sintra, coincidiría, según los investigadores, con los 600.000 euros pagados por el PP a esta sociedad para ocultar sus gastos de campaña. El 0,2 Over y 0,2 + 0,2 Carat “podría corresponderse al origen de esos fondos”, es decir los financiadores reales del PP, que sería Over Marketing y Carat España.

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170509/214728531_0.html

LOS SMS EN CLAVE DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP: “¿TIENE AGUA EL CÁNTARO?" "YA SE ESCUCHA EL RUMOR DEL AGUA”

El gerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez, y el conseguidor hablaban como “organizaciones criminales”, según la UCO.

“Querido mío, ¿tiene agua el cántaro? Mis obligaciones me aprietan”. Con este mensaje, uno de los hombres utilizados por el Partido Popular para vehicular los pagos de las campañas del PP de manera irregular, y ajenos al Tribunal de Cuentas, pedía dinero al gerente del partido madrileño, Beltrán Gutiérrez, uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre cuando presidía la Comunidad de Madrid.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a una conversación que consta en la pieza sobre la financiación ilegal del PP en el sumario del caso Púnica y que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco levantó el secreto de sumario este pasado viernes. La primera pregunta la hace, vía mensaje, Óscar Sánchez Moyano, propietario de un conjunto de empresas a través de la cual se habrían pagado gastos de campaña.

“Ya se puede escuchar el rumor del agua. Espero que en esta semanilla”, le contesta Gutiérrez. Estos mensajes están fechados el 30 de noviembre de 2010, fechas en las que ya se estaba preparando la campaña electoral de 2011 para las elecciones municipales y autonómicas de Madrid, y en las que Esperanza Aguirre fue reelegida presidenta madrileña. Para la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en esos mensajes se estaría hablando de entregas de dinero por Beltrán Gutiérrez al empresario.

SOCIEDADES INTERPUESTAS PARA PAGOS AL PP

El modus operandi entre Sánchez Moyano y el PP era el siguiente. Este empresario disponía de una serie de empresas que recibía a través de trabajos ficticios dinero de los pagadores reales del PP, como es por ejemplo el caso de Indra, adjudicatoria de contratos públicos por la Comunidad de Madrid. Indra hace una serie de pagos a empresas de Moyano, éste a su vez hace pagos por el mismo importe a otras sociedades, y estas últimas son las que pagan los trabajos reales realizados para la campaña del PP madrileño.

De esta manera, en esos pagos, el PP queda ajeno a cualquier pago de esos trabajos, y por tanto no los tiene que justificar ante el Tribunal de Cuentas. Para el pago de proveedores en campaña, cada partido tiene que abrir una cuenta específica de campaña para que puedan ser controlados los pagos y que no superen el límite legal establecido. Así que por un lado el PP hacía los pagos oficiales y por otro lado, utilizaría el anterior modus operandi para articular los pagos ajenos a esa contabilidad, y que demostraría la financiación ilegal del partido.

Durante el registro realizado por la UCO en el domicilio de Beltrán Gutiérrez hace un año, se le incautó documentación y un 'pendrive', tal y como adelantó este diario. Entre los papeles manuscritos, Gutiérrez dejó plasmado el pago con dinero b de parte de la campaña, y entre sus apuntes ya aparecían las empresas del empresario con quien se intercambió estos mensajes.

"LA SEQUÍA ES IMPORTANTE"

Según los investigadores encargados del caso, a cambio de hacer esta operativa, el PP pagaría por sus servicios a Sánchez Moyano. Dos días después de esa primera conversación, el empresario vuelve a contactar con Beltrán Gutiérrez -investigado en esta pieza- y le recuerda:

O.S.M: ¿Llueve? Porque la sequía es importante a día de hoy.

B.G: Ven a por el agua.

O.S.M: Voy!!!

B.G: Me puedes mandar a alguien.

O.S.M: Ya ha salido para allá jajajajajajaja

"NO PUEDES ESTAR SEDIENTO CON LO QUE HA LLOVIDO"

Esa conversación se produjo el 2 de noviembre de aquel año. Tan sólo 11 días después volvían a sacar el asunto:

O.S.M: Querido mañana podemos vernos en el Universal? Ya sabes que además de nuestras cosas, tenemos que hablar de aguas minerales.

B.G: No puedes estar sediento. Con lo que ha llovido. Mañana imposible, pasado.

O.S.M: Leído ottia!! Lo mismo me decía mi yaya cuando me daba la paga y me lo gastaba! Se pensaba que los cromos valían a real!!! Ok, desayuno el miércoles. Ab!!

B.G: Tanto cromo te ha perdido. Hasta el miércoles.

"HABLO CON BORJA Y PACO"

El mismo miércoles 15 de diciembre por la tarde, después de la cita que habían pactado, Sánchez Moyano vuelve a escribir al entonces gerente del PP de Madrid:

O.S.M: No te olvides de mi pls (please -en inglés; por favor-)

B.G: Te tengo muy presente. He hablado de ello con Borja y me falta con Paco. Mañana.

El análisis de la Guardia Civil es que en esa conversación se estaba hablando de dinero. Y es más, con la expresión “no puedes estar sediento con lo que ha llovido”, hace indicar que además significa que la cantidad monetaria es importante. Para los investigadores, el uso de este lenguaje es propio de “organizaciones criminales” como medidas de seguridad para evitar para, en caso de tener el teléfono intervenido, no se pueda sabe de qué hablan.

En el último mensaje, después de que el empresario parece le esté volviendo a pedir dinero, el gerente del PP en aquel entonces le contesta que ha hablado con Borja y que tiene que hablar con Paco, dando a entender, para los investigadores, que estas personas deberían dar su visto bueno a la operación solicitada.

Para la UCO, las personas de Borja y Paco “podrían corresponderse” con Borja Sarasola yPaco Granados, respectivamente. La actividad de gerente del partido, según los propios estatutos de la formación, está controlada por el secretario general, que en aquel entonces era Francisco Granados, en prisión por el caso Púnica desde octubre de 2014. Resulta que después ese puesto pasó a ocuparlo Ignacio González, que se encuentra en prisión desde el pasado 20 de abril, en el marco de la Operación Lezo y en el que también se investiga, entre otras cosas, la financiación ilegal del partido regional.

Por su parte, Sarasola fue diputado de la Asamblea de Madrid desde 2003 a 2015, cuando dejó la carrera política para irse a un despacho de abogados. Previamente, fue consejero de Medio Ambiente en la época de Ignacio González.

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170507/214228756_0.html

EL PP DE MADRID USÓ EN LA CAMPAÑA DE 2011 EMPRESAS PANTALLA QUE YA FIGURAN EN LOS PAPELES DE 2007 INCAUTADOS A SU EXGERENTE

Dos sociedades de los manuscritos de Beltrán Gutiérrez aparecen en la lista de mercantiles a las que Indra pagó 700.000 euros en 2011 por facturas que, según el juez Velasco, escondían trabajos para el partido

Swat, que en 2006 recibió de la Comunidad de Madrid 1,3 millones para “evaluar” la estrategia de comunicación de un organismo público, y Sintra Consultores se repiten en 2007 y 2011

Los avances en la Operación Lezo han destapado que, para obtener financiación opaca, el PP de Madrid utilizó presuntamente en las elecciones de 2011 empresas de las que ya se había valido en 2007.

Desde el estallido del caso Gürtel en febrero de 2009, estuvo sobre la mesa la supuesta financiación ilegal del PP a través de varias vías: donaciones a la fundación Fundescam; gastos partidarios abonados a las empresas de la trama con fondos de distintas administraciones; y facturas electorales asumidas, también en 2007 y 2008, por adjudicatarias de contratos públicos, una operativa que han terminado confesando nueve empresarios valencianos.

Pero nada de eso, ni el terremoto provocado por los arrestos y las tempranas imputaciones de cargos públicos en el caso Gürtel ni la posterior constatación de que distintos empresarios habían sufragado gastos del partido mediante facturas falsas, torció las rutinas del PP de Madrid. Un ejemplo: el nombre de las empresas Sintra y Swat ya salió a la luz hace un mes a través de los papeles incautados a quien en 2007 era gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez. Ahora, ambas aparecen de nuevo en el auto donde el juez Eloy Velasco señala a nueve mercantiles –"entramados de empresas pantalla", dice la resolución– como receptoras de casi 700.000 euros pagados por Indra en 2011 para sufragar gastos camuflados del PP.

Dos vías de financiación ilegal

Las indagaciones sobre la –presunta– financiación ilegal del PP madrileño certifican la utilización de distintas vías. En lo que concierne a estas empresas, la formación conservadora habría utilizado dos. La primera, esta: adjudicatarios públicos –en este caso, Indra, una firma habitual en los contratos de la Agencia de Informática, ICM- asumían gastos electorales del partido aceptando facturas falsas como si estas se correspondieran con trabajos de publicidad o similar efectuados para la compañía pagadora. La segunda habría consistido en satisfacer parte del coste de las campañas electorales otorgando contratos públicos a las firmas que habían realizado las campañas: así lo admitió el propietario de Over Marketing, una de las firmas investigadas en la pieza sobre financiación del PP que Velasco instruye en el marco de la Operación Púnica.

Cinco de las nueve compañías están vinculadas al mismo empresario que capitanea Sintra Consultores SL. Otras tres, al que dirige Swat. La última es Strat Map. Los tres empresarios figuran entre las 58 personas cuyas propiedades ha ordenado averiguar el juez Velasco en previsión de eventuales embargos preventivos. Tanto el máximo responsable de Sintra Consultores, Óscar Sánchez, como el de Swat, Juan Miguel Madoz, rehúsan ofrecer su versión sobre lo sucedido bajo el argumento de que el juez les ha prohibido hablar de aquello que está bajo investigación. El tercer empresario, José Miguel Alonso, que también estuvo vinculado a Swat, no pudo ser localizado.

De las nueve sociedades que Velasco incluye en su resolución judicial como destinatarias de los pagos de Indra bajo sospecha, cuatro facturaron al partido entre 2007 y 2011, según la contabilidad oficial del PP. Sintra Consultores SL declaró trabajos para la formación conservadora en 2007, año de elecciones autonómicas y municipales, por 599.915 euros. Otra de las sociedades del mismo grupo, Troyano Marketing y Diseño SL, contabilizó 200.069 euros en 2011 por sus servicios al PP. Y una tercera pieza de la misma constelación societaria, Braveheart Management SL, facturó a la formación conservadora 81.200 euros en 2008.

Una de las empresas de la lista ya suscitó las sospechas de la oposición un año antes de las elecciones de 2011: Swat SL, a la que el Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó un contrato de nada menos que 1,3 millones en 2006 para “evaluar” la estrategia de comunicación del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade). En 2009, y según los documentos incorporados por Hacienda al sumario Gürtel, Swat facturó 61.245 euros al PP. Y 21.240 al siguiente año.

Los manuscritos incautados por la Guardia Civil en el domicilio del exgerente del PP plasma lo que los investigadores consideran un reparto de los costes reales de las campañas de 2007, cuando se celebraron autonómicas y municipales.

Según esos manuscritos, Over Marketing habría recibido del PP 1,03 millones de euros, Carat –durante años ligada al exportavoz del Gobierno de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, que en 2007 ya no dirigía la compañía- se hizo con 1,5 millones y Sintra con 600.000 euros.

¿Y dónde aparece Swat? Su nombre no se menciona en los papeles de Beltrán Gutiérrez pero fue a su fax a donde se enviaron desde la sede del PP dos hojas mecanografiadas que detallan gastos electorales por 441.425,45 euros.

El sumario de la Operación Púnica muestra cómo un empresario declaró en 2015 ante el juez Velasco que su compañía, dedicada a la investigación demoscópica, Demométrica, había hecho en 2008 y 2009 un sondeo en cuatro oleadas sobre la valoración de los distintos líderes políticos de la Comunidad de Madrid y por el que Swat le pagó 36.598 euros. Braveheart Management desembolsó otra cantidad idéntica. Uno de los directivos de Demométrica aseguró al aportar sendas facturas que le habían dicho que Braveheart “era una empresa del mismo grupo” que Swat.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/31/la_operacion_lezo_revela_que_madrid_uso_mismo_circuito_financiacion_2011_que_2007_64581_1012.html

EL JUEZ DE PÚNICA REVISA FACTURAS QUE SUMAN 16 MILLONES POR LA CAJA B DEL PP

La pieza secreta sobre la presunta financiación irregular del PP madrileño corresponde a la etapa de Francisco Granados como secretario regional

El juez Eloy Velasco, que investiga el caso Púnica, ha reclamado a la Comunidad de Madrid toda la documentación sobre los gastos de 16,5 millones de euros del plan de inversiones Prisma 2006-2007 para incorporarlos a la pieza secreta en la que investiga la presunta financiación irregular del PP madrileño en la etapa de Francisco Granados como secretario regional. La relación de gastos incluye desde la colocación de primeras piedras de obras al pago de consultorías.

La reciente Operación Lezo no ha impedido que el titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Eloy Velasco, haya seguido trabajando en el otro gran sumario que acorrala al PP de Esperanza Aguirre por su presunta financiación irregular: el caso Púnica.La semana pasada, el magistrado ordenó a la Comunidad de Madrid que remitiera a la Audiencia Nacional toda la información que tuviera sobre los 16,5 millones de euros que se gastó el Ejecutivo regional para promocionar el Plan Regional de Inversiones de Madrid (conocido como Prisma) durante los años 2006 y 2007, etapa en la que el presunto cabecilla de la trama, Francisco Granados, controlaba como consejero de Presidencia la millonaria partida dedicado a dicho plan.

Velasco quiere conocer los expedientes de contratación, las memorias y los certificados de ejecución de los trabajos, según confirman a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación. Toda la documentación se ha incorporado a la única pieza del sumario que aún permanece bajo secreto, la referida a la supuesta caja b del partido, y en la que están imputados, entre otros, el que fuera gerente del partido en Madrid, Beltrán Gutiérrez, el exconsejero de Transportes José Ignacio Echeverría, y el empresario Javier López Madrid, también investigado en la Operación Lezo.

Gastos sin justificar

Los gastos ahora bajo sospecha en el caso Púnica fueron remitidos en 2010 por la empresa pública del suelo, Arpegio Áreas de Promoción Empresarial SA, ya investigada por otros gastos dentro del sumario, a la Comunidad de Madrid para que esta se hiciera cargo de la abultada partida. Sin embargo, la Intervención del Ejecutivo regional se negó en 2015, ya con Cristina Cifuentes en la presidencia, a validarla, al considerar que buena parte de los gastos que incluían no estaban convenientemente justificados.

La partida ha sido en los últimos meses objeto de debate en la Asamblea de Madrid por los conceptos e importe de gran parte de los trabajos reflejados en ella. Así, 5,9 de los 16,5 millones fueron destinados a “consultorías y asistencias para la tramitación de licitaciones”, y ahí se incluyeron los sueldos de una veintena de trabajadores contratados para llevar a cabo el plan de inversiones.

La siguiente gran partida es la destinada a actos de propaganda de las obras. Las facturas que el juez Velasco quiere investigar suman 3,3 millones en este concepto, que incluye los actos de colocación de primeras piedras. Hay, por ejemplo, una factura de 28.232 euros para la primera piedra de la comisaría de policía de Alcalá de Henares con la presencia de Esperanza Aguirre; otra por 29.000 euros para un acto similar con la residencia de mayores de Navas del Rey; y 35.000 euros más para dar publicidad a una obra del Plan Prisma en Serranillos del Valle. En total, solo en este tipo de celebraciones la Comunidad gastó 782.000 euros.

Más elevada es la partida dedicada a dar a conocer las obras: 2,5 millones en “campaña publicitaria instituciones”. En ella se incluyen 852.000 euros por la realización de un “vídeo estereoscópico en tres dimensiones” y los 500.000 euros gastados en la creación y mantenimiento de una web. También 28.072 euros invertidos en traer urgentemente desde China en avión 10.000 paraguas y bolígrafos de propaganda.

Junto a todo ello, otros gastos como 65.000 euros en teléfono, otros 78.000 en “útiles y herramientas de escritorio”, 96.027 en “supermercados, suministros higiénicos, farmacia, consumibles informáticos y bebidas (agua y café)” y 289.000 en el alquiler de plazas de garaje para empleados y el arrendamiento de oficinas.

No es la primera vez que Arpegio y algunas de estas partidas aparecen en el sumario de Púnica. En julio de 2016, Velasco ya reclamó a la Comunidad de Madrid que le entregase de manera “urgente e inmediata” toda la información del periodo 2006-2011 referido a 22 consorcios urbanísticos y un sinfín de contratos de obras públicas del Plan Prisma. Entre ellos, los adjudicados por 9,8 millones a la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos SA (Dusa).

Entonces el magistrado ya apuntaba la sospecha de que todos estos contratos se licitaron de manera supuestamente irregular “bajo la esfera de dominio de Francisco Granados”, unas veces “en persona” y otras “por delegación”. El empresario David Marjaliza señaló en su confesión a Jaime González Taboada, entonces vinculado a Arpegio y hoy consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cristina Cifuentes, de cobrar comisiones por estas obras. Taboada siempre lo ha negado.

En el sumario también se investiga a la Fundación de la empresa pública por la financiación con más de 300.000 euros de un concierto organizado por Waiter Music, una empresa de la trama.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/23/actualidad/1492968594_789226.html

LOS ÚLTIMOS INFORMES DEL ‘CASO PÚNICA’ AMENAZAN A SEIS CARGOS PÚBLICOS DEL PP

Tras actuar contra Pedro Antonio Sánchez, el juez Velasco debe decidir sobre varias imputaciones

Pedro Antonio Sánchez no ha sido el primer cargo público salpicado por el 'caso Púnica' ni será el último. Antes que él ya tuvieron que dejar su puesto concejales, alcaldes, parlamentarios regionales y consejeros de gobiernos autónomos. Los últimos informes de la Guardia Civil sobre las supuestas irregularidades apuntan a que la lista seguirá creciendo. Varios documentos policiales incorporados en los últimos meses al sumario señalan como presuntos autores de delitos a una senadora, a un diputado autonómico valenciano, a otro de la Asamblea de Madrid, a un alcalde de esta última comunidad y a dos concejales.

Una de ellas es la senadora Pilar Barreiro, cuya condición de aforada obligará al magistrado de la Audiencia Nacional a seguir el trámite judicial que acaba de realizar para el ya expresidente de Murcia: elaborar una exposición razonada para que, en este caso, sea el Tribunal Supremo quien la investigue. Incluida en la misma pieza separada del sumario que ha puesto contra las cuerdas a Pedro Antonio Sánchez, fuentes jurídicas apuntan a que este hecho se producirá “en breve”. En uno de sus últimos autos, el juez Velasco la considera autora de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por el supuesto desvío de fondos públicos cuando era alcaldesa de Cartagena para pagar a la trama una campaña personal de reputación ‘online’. La Fiscalía Anticorrupción detallaba en un reciente informe decenas de “sólidos indicios” contra ella, entre ellos cuatro facturas supuestamente manipuladas para justificar el pago de 4.840 euros.

También los trabajos para limpiar la imagen en Internet de un político son lo que acorrala a Víctor Soler, parlamentario del PP en las Corts valencianas. En su caso, el beneficiado era el entonces alcalde de Gandía, el popular Arturo Torró, quien dimitió tras saltar a la luz su presunta relación con la red de corrupción. Soler, sin embargo, conserva su cargo de concejal en esta localidad valenciana y su escaño en la cámara regional pese a que un informe de la Guardia Civil del pasado 17 de noviembre le señala como presunto autor de fraude, cohecho y malversación de caudales públicos. Los investigadores le consideran "el interlocutor directo” con el experto informático Alejandro de Pedro “en la determinación de los trabajos reputaciones a realizar [para Torró] y la manera de sufragarlos".

El informe policial destaca que estos servicios fueron facturados con cargo a las arcas municipales "como presuntos trabajos de posicionamiento 'online' del Ayuntamiento de manera continuada durante 15 meses", pero que en 2013 surgió "una discrepancia" con De Pedro que hizo que este dejara de recibir dinero y, en consecuencia, decidiera dejar de trabajar para el regidor. Soler fue quien buscó "una fórmula de pago" que supuestamente incluyó que un constructor se hiciera cargo de la deuda por "los trabajos pasados y futuros" del entonces alcalde de Gandía.

También parlamentario regional, aunque en la Asamblea de Madrid, es Bartolomé González, exalcalde de Alcalá de Henares. Es precisamente por su gestión al frente de este consistorio por lo que este político, considerado muy cercano a Esperanza Aguirre, figura citado en un informe de la UCO incorporado al sumario del caso Púnica en septiembre. En concreto, por su presunta participación en el supuesto amaño para adjudicar un contrato millonario de eficiencia energética a la empresa Cofely. El documento policial destaca que el constructor David Marjaliza aseguró en su confesión ante el juez Velasco que se había acordado el pago de 60.000 euros a Bartolomé González, aunque no recordaba si se le llegó a pagar. Los agentes han localizado una factura falsa por esta cantidad supuestamente destinada a generar dinero negro con el que abonar la mordida, además de un correo electrónico enviado por uno de los implicados de la trama en el que se cita al “alcalde Bartolomé”. Este contrato también afecta a un concejal del PP en este Ayuntamiento, Marcelo Isoldi, al que la Guardia Civil relaciona con la misma adjudicación a dedo.

Los dos últimos cargos públicos señalados por informes de la UCO pertenecen al actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Brunete (Madrid). Se trata del alcalde, Borja Gutiérrez, y de la concejal Ana Cristina Gil. Ambos ya han declarado ante la Guardia Civil. El primero, como presunto autor de los delitos de fraude y cohecho. Su compañera, por fraude. Los investigadores les relacionan con el supuesto amaño frustrado de un contrato de eficiencia energética de 8,9 millones de euros en este municipio de 10.000 habitantes. En su confesión, Marjaliza aseguró que la trama iba a pagar a cambio una encuesta electoral valorada en 8.000 euros más IVA que se pensaba camuflar como un estudio de gestión energética. Las pesquisas posteriores revelaron que la Púnica también iba a correr con el coste de unos conciertos de las fiestas patronales. El informe policial, fechado el 14 de diciembre, implica en estos hechos a otras nueve personas, la mayoría directivos de Cofely.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/07/actualidad/1491592059_605089.html

LA AGENDA DE GRANADOS PRUEBA QUE EN 2010 HIZO SEGUIMIENTO DIRECTO DE UN CONTRATO AMAÑADO PARA UNA EMPRESA DONANTE DEL PP

El ex secretario general del PP madrileño trazó un relato exhaustivo de las peticiones de Hispánica para prorrogar sin penalizaciones el plazo de construcción de la Ciudad del Deporte en Boadilla

La obra figura entre las que sustentan la acusación en esa pieza separada del 'caso Gürtel', pendiente de juicio y donde el PP figura como presunto beneficiario económico de los manejos de la trama y sus cómplices

Las anotaciones manuscritas de la agenda secreta de Francisco Granados, incautada en su domicilio durante los registros de la Operación Púnica y a la que infoLibre ha tenido acceso, confirman que el antiguo número dos del PP madrileño hizo en el otoño de 2010 un seguimiento personal y directo de las vicisitudes del proceso de construcción de la llamada Ciudad del Deporte en el municipio de Boadilla. La obra había sido adjudicada en diciembre de 2007 a Constructora Hispánica, una de las empresas cuyas -presuntas- donaciones al PP quedaron reflejadas en los papeles de Bárcenas y cuyo antiguo propietario, Alfonso García Pozuelo, confesó en octubre haber entregado dinero a Francisco Correa "para organismos centrales". Aquel macroproyecto -se otorgó por 29,6 millones- constituye hoy uno de los ejes centrales de la acusación en una de las piezas separadas del caso Gürtel pendientes de juicio: la de Boadilla, donde el PP se arriesga a ser declarado beneficiario económico -partícipe a título lucrativo- de los manejos de la trama. Pese a su confesión en el primer juicio del caso que celebra la Audiencia Nacional, el de la llamada Época I, hace dos semanas García Pozuelo se ha negado a prestar declaración en la reabierta instrucción sobre la supuesta caja B del PP y los papeles de su extesorero.

Es una incógnita por qué Granados se tomó interés en los problemas de Hispánica y dedicó dos páginas de su agenda a narrar lo sucedido y consignar en estilo aprobatorio los argumentos de la empresa para obtener una prórroga de 13 meses en el plazo de ejecución de la Ciudad del Deporte sin que ello le costara el pago de penalizaciones. Pero las dos páginas que dedica al asunto crean de nuevo una zona de confluencia entre dos casos oficialmente ajenos el uno al otro: Púnica y Gürtel. La existencia de un área de intersección que conecta conjuntos en teoría diferentes ya afloró con los papeles intervenidos al exgerente del PP madrileño en los registros de Púnica: son esos papeles los que devuelven al primer plano la fundación Fundescam, cuyo papel en la financiación de las campañas de Esperanza Aguirre de 2003 fue investigado en Gürtel y finalmente relegado por prescripción. La decisión del juez instructor de Púnica, Eloy Velasco, de reclamar a la Comunidad de Madrid los contratos adjudicados al grupo de publicidad Over Marketing y sus empresas satélite establece a su vez un nexo con una de las piezas del caso Palma Arena, aquella donde el propietario de Over ya declaró en 2012 haber recibido contratos amañados también en la Comunidad de Madrid. El empresario admitió que había realizado actos gratis para el PP.

"Motivos ajenos al contratista"

A la prórroga sin contrapartidas para Constructora Hispánica, aprobada en noviembre de 2009 y "que acaba en dic. de este año" –escribió Granados en referencia a aquel 2010 que enfilaba ya su fin– se habían opuesto los altos funcionarios de Boadilla.

Y también de ese extremo dejó constancia el político, encarcelado desde octubre de 2014 por su -supuesto- liderazgo en la trama corrupta conocida como Púnica: "El secretario se niega a la prórroga", anotó el antiguo consejero del Gobierno madrileño para, a renglón seguido, hacer un apunte en sentido contrario: "Los técnicos de obras han informado a favor de la prórroga x motivos ajenos al contratista".

La narración de Granados coincide casi al milímetro, y salvo algún error como el del precio de adjudicación –la cifró en 26 millones en lugar de en 29,6–, con lo que realmente ocurrió: una técnica de Administración General había emitido un informe jurídico que refutaba los argumentos de Hispánica para ganar 13 meses de tiempo gratis. En el polo opuesto, la empresa de García Pozuelo había esgrimido un argumento que Granados, a quien aquella obra no concernía en absoluto desde el punto de vista institucional, recogió luego con fidelidad en su agenda: "Los desvíos de servicios se han retrasado x Iberdrola y Canal de Isabel II".

Reproducido por la Intervención General del Estado (IGAE) en su extenso dictamen sobre los desmanes del Ayuntamiento de Boadilla en materia de contratación, el informe jurídico de la técnica de Administración General del Estado recibió la conformidad de la vicesecretaria general del consistorio de Boadilla. Pero, capitaneado por Arturo González Panero, El Albondiguilla, el equipo local de gobierno del PP atendió la solicitud de Hispánica.

Lo cierto es que quien en 2010 se sentaba a la derecha de Esperanza Aguirre en el panel de mando del PP madrileño trazó un detalladísimo relato del asunto. Mencionó, incluso, la vertiente judicial de la Ciudad del Deporte: "El tema de esta adjudicación está en Gürtel (por comisión de 750' € a Tomás Martín Morales)", se lee en la página 12 de la agenda. "La informó un técnico eventual. Se llevó el expediente la policía", apostilló el dueño del cuaderno.

Fechado el 29 de junio de 2016, el auto de apertura de juicio de la pieza de Boadilla atribuye a Martín Morales, que había sido director general de Gestión Urbanística de la localidad, el cobro de 150.000 euros de comisiones por las obras adjudicadas a Hispánica en 2007. ¿Se equivocó Granados? No se sabe. De aquella remesa de comisiones atribuidas a Hispánica por las obras de 2007, sostiene la resolución judicial, el PP no recibió nada.

Por las obras encargadas a la constructora de Alfonso García Pozuelo en 2003, el PP había obtenido 30.050 euros, sostiene el auto del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. El auto incluye un apartado titulado así: "Los beneficios del Partido Popular". El texto arranca del siguiente modo: "El PP se benefició de algunas de estas operaciones consiguiendo que las empresas de la organización abonaran los costes de distintos actos políticos organizados por y para el Partido". En total, y siempre según el auto de apertura de juicio, 175.000 euros de origen ilegal se utilizaron en beneficio del PP, al que la resolución judicial no atribuye ningún delito. La reforma del Código Penal que incorporó el delito de financiación ilegal no entró en vigor hasta 2015, en la recta final del primer Gobierno de Mariano Rajoy.

Otro auto judicial, este dictado en marzo de 2015 por el juez Pablo Ruz en la pieza de los papeles de Bárcenas antes de traspasar el caso a De la Mata como su sucesor en el Juzgado Central 5, cuantificó en 258.161 euros lo que Alfonso García Pozuelo habría donado al PP entre 1998 y 2006. Como los otros empresarios que según Bárcenas aportaron fondos al PP, el que era dueño de Hispánica -finalmente vendió la compañía- se libró de aparecer en la lista de procesados de los papeles porque tanto Anticorrupción como el juez sostuvieron que en ningún caso era posible vincular las hipotéticas donaciones con la adjudicación de contratos públicos.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/05/la_agenda_granados_prueba_que_2010_hizo_seguimiento_directo_contrato_amanado_para_una_empresa_donante_del_pp_63422_1012.html

LA AUDIENCIA NACIONAL ENVÍA A MURCIA 41 INDICIOS DE DELITO CONTRA EL PRESIDENTE AUTONÓMICO

Conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil, SMS, documentos incautados a la trama e incluso datos de localización telefónica acorralan a Pedro Antonio Sánchez

El juez Eloy Velasco detalla las evidencias una a una en el escrito donde pide al TSJ murciano que investigue al político por cohecho, fraude y revelación de información reservada

Conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil, SMS, correos electrónicos, documentos incautados a la trama e incluso datos de localización telefónica. Numerados, fechados y desmenuzados en 41 puntos, los indicios fácticos de delito reunidos por el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, amenazan desde este lunes al presidente de Murcia con una segunda imputación, adicional a la que ya pesa sobre él por el llamado caso Auditorio. En la resolución, que coloca a Sánchez en el disparadero en vísperas de la moción de censura anunciada por los socialistas, el juez de la Audiencia Nacional pide al Tribunal Superior de Murcia (TSJM) que investigue al político por los presuntos delitos de cohecho (soborno), fraude a la Administración y revelación de información reservada.

Apoyándose en los hechos plasmados en esos 41 indicios, Velasco concluye que el presidente murciano no solo se concertó (fraude a la Administración) con la trama para adjudicarle un contrato público destinado a la realización de trabajos reputacionales "de carácter privado" (cohecho) sino que le facilitó información de la Consejería a cuyo frente estaba, la de Educación, "que no podía ser conocida" por sus destinatarios (revelación de información reservada). Según él juez, Sánchez sabía que aquello quedaba extramuros de la labor institucional e implicaba pagar con fondos públicos un trabajo de limpieza de imagen personal. "Él era consciente", escribe el magistrado.

El juez esgrime los 41 indicios mencionados así como la declaración de dos investigados en la causa como constatación de que solo el estallido de la Operación Púnica, el 27 de octubre de 2014, impidió que la Administración autonómica pagase "3.000 pavos" mensuales a la trama por "mejorar y limpiar" la "estima particular" del hoy presidente y entonces consejero de Educación de Murcia antes de las elecciones autonómicas de 2015.

Sánchez, sostiene Velasco, buscaba "conjurar" así el riesgo que las noticias "vinculadas a aspectos de corrupción urbanística" ya representaban entonces para su ascenso político. El magistrado remarca cómo "prueba del concierto de voluntades fueron las al menos cuatro reuniones presenciales" a las que asistió Pedro Antonio Sánchez, en algunos casos de forma "cuasi clandestina" y fuera de las instalaciones oficiales de la Consejería de Educación. La secuencia de indicios aportados por el juez al TSJM se abre precisamente con la referencia a un correo electrónico incautado en el domicilio de Alejandro de Pedro y que constituye un "recordatorio" de la reunión que mantuvo el 11 de junio de 2014 "entre las 16.30 y las 17.30" con Pedro Antonio Sánchez.

Bajo el argumento de que ni se produjo daño para las arcas públicas ni "puede establecerse" que el hoy presidente murciano llegara a concertarse con la trama -lo que constituiría el delito de fraude a la Administración- para que lavase su imagen privada a cambio de fondos públicos, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenó en febrero a Anticorrupción oponerse a la imputación de Pedro Antonio Sánchez. Pero Velasco no solo ha decidido seguir adelante sino que la exposición razonada que dirige al TSJM invoca en apoyo de sus tesis una sentencia de la que fue ponente el mismo José Manuel Maza cuando ocupaba una plaza de magistrado en el Tribunal Supremo.

Datada en 2014, esa es la sentencia del llamado caso Can Domenge [pincha aquí para leerla], que condenó en firme a la expresidenta del Parlamento balear, Maria Antonia Munar y a otros cuatro acusados. En esa resolución, Maza adujo que el delito de revelación de información reservada, presente en aquella causa al igual que el de fraude a la Administración, quedaba fuera de toda duda. ¿Por qué? Porque los beneficiados por la venta a bajo precio de un suelo público habían tenido acceso, para empezar, a "la ya inicial comunicación de que se pretendía enajenar la finca". Y, para continuar, se le fueron trasladando "informaciones concernientes a las iniciativas, criterios, presupuestos y orientaciones que se estaba dispuesto a admitir, introducir, aportar, rechazar o rectificar".

La analogía entre las peripecias de Munar y sus cómplices con lo sucedido en Murcia queda reflejada en parte de los 41 indicios que recoge Velasco, quien subraya que el delito de fraude "se consuma con el mero acuerdo o concertación con un interesado en algún contrato público" incluso si dicho contrato no llega materializarse.

El relato que traza el juez para documentar los indicios de delito incluye desde la transcripción de conversaciones cazadas por la Guardia Civil y que demuestran los avatares de la negociación con Pedro Antonio Sánchez y los suyos sobre el plan de limpieza de imagen hasta los datos de localización por repetidor del teléfono de Alejandro de Pedro, el gran experto de la trama Púnica en "reputación online", y que demuestran que el 24 de octubre de 2014 estaba donde le había dicho previamente a uno de sus empleados que iba a estar ese día: en la Consejería de Educación reunido con Pedro Antonio Sánchez.

"A este hay que limpiarle la reputación"

Frente al argumento exculpatorio utilizado por Anticorrupción y según el cual las investigaciones "entrañan dificultades de deslinde de la publicidad institucional de la reputacional", Velasco no alberga dudas: Sánchez, mantiene el juez, se concertó con Alejandro de Pedro y su equipo para le limpiaran su imagen "y así poder presentarse a aspirante a presidir el Gobierno autonómico, como finalmente consiguió". Pero nada de eso "lo sufragó con su dinero particular ni lo hizo personal al servicio de su cargo público de su gabinete de prensa, pues no está entre sus labores acondicionar la imagen privada de la persona". "Y él era consciente", apostilla aquí Velasco en alusión directa al presidente murciano.

El juez cita, uno a uno, el contenido de 13 correos electrónicos. Y transcribe la parte sustancial de los diálogos sostenidos por De Pedro y su socio, José Antonio Alonso, a lo largo de seis llamadas. En una de ellas, y en referencia a Pedro Antonio Sánchez, el socio de Alejandro de Pedro habla sin tapujos sobre el carácter personal y no institucional del trabajo que planean desarrollar: "A éste hay que limpiarle la reputación, este pura y dura reputación".

En la panoplia de indicios desplegada por Velasco ocupan una posición destacada y extensa los 11 imessage (una variante de los SMS) cruzados entre el 21 de septiembre de 2014 y el 23 de ese mismo mes por Pedro Antonio Sánchez y Alejandro de Pedro. De esos 11 mensajes, reproducidos de manera íntegra en la exposición razonada, "se desprende un interés del político por reunirse con Álex [Alejandro de Pedro], cosa que finalmente culminaron en un bar cercano al hotel donde se alojaba este en su visita a Madrid".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/04/la_audiencia_nacional_envia_murcia_indicios_delito_contra_presidente_autonomico_63365_1012.html

CUATRO FACTURAS FALSAS ACORRALAN A UNA SENADORA DEL PP EN EL ‘CASO PÚNICA’

La Fiscalía Anticorrupción incorpora al sumario nuevos informes contra Pilar Barreiro

"Datos objetivos", "sólidos indicios", "evidencias"… La Fiscalía Anticorrupción ha incorporado al sumario del caso Púnica dos anexos al informe con el que el pasado 13 de febrero pidió al juez Eloy Velasco que remitiese al Tribunal Supremo la causa contra Pilar Barreiro, senadora del PP, por el presunto desvío de fondos públicos para pagar a la trama trabajos de reputación online personales. Son 31 folios, desconocidos hasta ahora, en los que se enumeran los correos electrónicos, llamadas de teléfono, mensajes y documentos intervenidos a diferentes implicados y que sustentan la acusación contra la parlamentaria por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada.

Entre estas "evidencias" destacan cuatro facturas que Anticorrupción tilda de falsas y que supuestamente fueron manipuladas por la entonces alcaldesa de Cartagena (Murcia) y sus colaboradores para justificar la utilización de 4.840 euros de dinero de las arcas municipales para sufragar las actividades del experto informático de la red, Alejandro de Pedro, con la que pretendía lavar su imagen en Internet, afectada entonces por las noticias sobre el caso de corrupción Nova Cartago. Barreiro ha declinado a través del servicio de prensa del PP en el Senado dar a EL PAÍS su versión sobre dichas acusaciones.

El primer indicio sobre la supuesta "falsedad" de esos documentos mercantiles que recoge el documento de la Fiscalía es la conversación a través de mensajes de Whatsapp que mantuvieron el 27 de mayo de 2014 De Pedro, y un asesor de Pilar Barreiro en el consistorio, Francisco Ferreño. En ella, este recriminaba al primero que las empresas que realizaban los trabajos de reputación para la alcaldesa hubieran remitido las facturas con el concepto de "mantenimiento web". "Como sabes, quedamos en que nos facturabais por mes de publicidad".

Las pesquisas permitieron comprobar posteriormente que dichas facturas ya modificadas fueron remitidas a partir del mes siguiente desde un correo electrónico de las empresas del experto informático a la jefa de la secretaría particular de Pilar Barreiro en el Ayuntamiento, María del Mar Conesa, también imputada en el caso Púnica.

El anexo de Anticorrupción destaca que con estos datos se hizo un requerimiento judicial al Consistorio de Cartagena para que entregara toda la documentación del expediente con el que supuestamente se camufló el desvío de fondos como abonos por banners de publicidad en la red de periódicos digitales de Alejandro de Pedro para promocionar las "Fiestas de cartagineses y romanos" y la exposición sobre el "Tesoro de la Mercedes". La documentación que remitió el Ayuntamiento es calificada por la fiscalía en su escrito de "escueta" ya que se redujo a las cuatro facturas (tres de ellas de 968 euros y la última de 1.936 euros), distintos impresos de "propuestas de gastos", anotaciones contables electrónicas y capturas de pantalla de las inserciones publicitarias. No apareció ningún contrato.

En este punto, Fiscalía destaca las supuestas irregularidades detectadas precisamente en las facturas y, sobre todo, en la fecha que plasman los sellos de registro de entrada de dichos documentos en el Ayuntamiento. El primero es del 28 de octubre de 2014, solo un día después de que la Guardia Civil detuviera en la primera fase de la Operación Púnica a Alejandro de Pedro y a su socio, el exalcalde socialista José Antonio Alonso Conesa, estrechamente relacionado con la propia Pilar Barreiro. Los otros sellos son del 12 de diciembre de ese mismo año y del 27 de enero de 2015.

Para Anticorrupción, este detalle evidencia que fueron registradas en el Consistorio cuando este ya había efectuado el pago. Así, sobre la última factura, el documento de Fiscalía destaca que estaba fechada en junio de 2014, pero que no entró en el ayuntamiento hasta más de seis meses después, en enero de 2015. "Consta también en la misma factura otro sello de aprobación del gasto, de 30 de diciembre de 2014, que difícilmente pudo realizarse en dicha fecha, al ser la fecha anterior a la entrada en el Registro del Consistorio, lo que plantea serias dudas sobre la veracidad de las fechas o sobre el procedimiento de entrada y tramitación", recoge textualmente.

De todo ello, la Fiscalía hace responsable directa a la propia Pilar Barreiro, a la que considera máximo responsable de dar el visto bueno al pago. En este sentido, destaca que el Ayuntamiento de Cartagena remitió a la Audiencia Nacional la relación contable que acredita que fue la alcaldesa la que "autorizó" el abono de las facturas presentadas por las empresas de Alejandro de Pedro "consumando el desvío mensual de fondos públicos planificado". Como muestra de ello, reproduce el documento informático aportado por el propio consistorio que así lo acredita.

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/02/actualidad/1491147244_793179.html

DOCUMENTOS MANUSCRITOS DEL GERENTE DE AGUIRRE CONTIENEN APUNTES DE LA PRESUNTA CAJA B DE LA CAMPAÑA DE 2007

Tres documentos manuscritos de Beltrán Gutiérrez, a los que ha tenido acceso infoLibre, indican que el partido destinó 1,5 millones a publicidad exterior y 1,03 millones a prensa y radio en las autonómicas de 2007

Sin embargo, el PP declaró a la Cámara de Cuentas que había destinado 265.002 euros al primer concepto y 550.000 al segundo. Es decir, 1,71 millones menos de lo presuntamente gastado

Un millón de euros lo habría aportado, según los papeles del gerente, la patronal madrileña CEIM

Tres documentos manuscritos del entonces gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, a los que ha tenido acceso infoLibre y que figuran en el sumario de la Púnica, indican que el partido destinó 1,5 millones de euros a publicidad exterior y 1,03 millones a prensa y radio en la campaña de las autonómicas de 2007. En total, 2,53 millones. Sin embargo, el PP declaró a la Cámara de Cuentas que había gastado 265.002 euros por el primer concepto y 550.000 por el segundo. Es decir, declaró 1,71 millones menos de lo presuntamente gastado.

En los papeles del gerente del PP que entonces presidía Esperanza Aguirre también se hace referencia a los supuestos financiadores de los gastos publicitarios. Así, los documentos manuscritos incluyen varias referencias a "Diego de León", lo que según los investigadores supone una alusión a la patronal madrileña CEIM, cuya sede está situada en la calle del mismo nombre. En el mismo documento aparece el apunte: "Jueves 10:00 CEIM", lo que parece ser una cita con la organización entonces encabezada por el empresario Arturo Fernández, que junto al propio Beltrán Gutiérrez está imputado en la Púnica por la financiación ilegal del PP madrileño.

En total, siempre según los documentos manuscritos, la patronal madrileña habría aportado un millón de euros para los gastos publicitarios de la campaña electoral de 2007.

El resto del dinero procedería de la "CAM", siglas con las que se conoce a la Comunidad Autonómica de Madrid y que también identificaban a la Caja de Ahorros de Madrid (ahora Bankia), origen de otro millón de euros. Mientras que el PP sólo habría puesto 400.000 euros. Hay otros 130.000 euros cuya procedencia no aparece identificada con claridad en los papeles del gerente de Aguirre.

Documento manuscrito 2: el origen del dinero. Documento manuscrito 2: el origen del dinero.

Registro de la vivienda

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que registraron el 11 de febrero de 2016 la vivienda del Beltrán Gutiérrez Moliner requisaron, entre otra abundante documentación, tres folios manuscritos que apuntan a que el PP madrileño superó con creces sus límites de gasto de la campaña electoral de 2007.

En concreto, uno de los papeles incluye los apuntes "Prensa y Radio: 0,9+ 0,13" y "Exterior 1,5", en una supuesta alusión a los gastos publicitarios en la campaña, en concreto a los asignados a los medios de comunicación y a la publicidad de calle, lo que supondría en total 2,53 millones de euros. Esta cifra es muy superior a los 265.002 euros en publicidad exterior y a los 550.000 euros que el PP justificó ante la Cámara de Cuentas, según el informe de fiscalización de este órgano.

En total, y de forma oficial, el PP especificó a la Cámara de Cuentas que en la campaña de 2007 hizo un gasto de 2.664.052 euros, siendo el límite fijado por ley de 2.763.764 euros. Sin embargo, los documentos interceptados por los agentes indican que solo en los conceptos de publicidad en medios de comunicación y en las calles la formación liderada por Aguirre se habría gastado los 2,53 millones que registró de forma manuscrita el entonces gerente Beltrán Gutiérrez.

Los gastos realizados por el PP al margen de la fiscalización de la Cámara de Cuentas madrileña se canalizaron a través de dos empresas adjudicatarias de contratos de la Comunidad de Madrid, entonces presidida por Esperanza Aguirre.

En concreto se trata de las compañías Carat España y Over Marketing, cuyos directivos más conocidos eran entonces el ex portavoz del Gobierno de José María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, y el ciudadano argentino Daniel Mercado, respectivamente.

En total, Over Marketing habría recibido del PP, siempre según los manuscritos, 1,03 millones de euros, mientras que Carat se hizo con 1,5 millones de euros, según consta en la documentación requisada.

La "CAM"

De acuerdo con los papeles, de los 1,5 millones de euros que se gestionaron a través de la agencia Carat, un millón procedía de la "CAM", siglas que podrían identificar a la Comunidad Autónoma de Madrid o a la Caja de Ahorros de Madrid (la entidad financiera en el origen de la actual Bankia).

En el sumario de la Púnica se investiga, entre otras cuestiones, si el Ejecutivo de Aguirre abonó dinero al informático Alejandro de Pedro a cargo de empresas concesionarias de la Comunidad de Madrid, como es el caso de la tecnológica Indra: "Esto se ha hecho toda la vida y nunca ha pasado nada", llegó a asegurar en este sentido el exconsejero Salvador Victoria, imputado en la trama.

Por su parte, Daniel Mercado, dueño de Over Marketing, ya ha colaborado con la justicia en piezas derivadas del caso Palma Arena. Mercado declaró en 2012 que, además del Govern balear, también el de Esperanza Aguirre le benefició con contratos amañados. El empresario puso sobre la mesa el nombre del exconsejero madrileño Alberto López Viejo, que desde octubre se sienta en el banquillo del proceso Gürtel y que, según el dueño de Over Marketing era quien igualmente manejaba los hilos de todos los contratos que recaían en sus empresas.

Las empresas del grupo Over Marketing recibieron 9,85 millones de euros en adjudicaciones públicas del Gobierno de Esperanza Aguirre entre 2004 y 2008, tal y como desveló infoLibre. Por su parte, la firma Carat España recibió sólo en 2006, un año antes de la cita electoral de 2007, un total de 42 millones de euros en contratos licitados por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre.

Acciona, Grupo Ortiz y Publibús

Además, entre los papeles requisados al gerente del PP madrileño, apareció otro documento que redunda en la posible financiación ilegal de la formación política presidida por Esperanza Aguirre. El folio especifica que un total de 860.135 euros de la campaña electoral de 2007 de la expresidenta madrileña habrían sido facturados a empresas.

En concreto, se habrían facturado a Acciona 300.000 euros; a Grupo Ortiz, 150.135 euros, y a Publibús, 300.000 euros. Siempre según este documento, quedarían pendientes de facturar otros 110.000 euros para llegar a una cantidad de 860.135 euros marcada como objetivo.

Agenda de Granados

Asimismo, en la página 119 de la agenda del exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados aparecen los supuestos pagos realizados por el empresario Javier López Madrid, el yerno de Miguel Ángel Villar Mir, dueño de OHL, de 1.460.000 euros a Beltrán Gutiérrez.

Los apuntes reflejan, en concreto, cuatro abonos de 400.000 euros, uno de 300.000, uno de 100.000 y otro de 60.000 presuntamente efectuados por el empresario Javier López Madrid con una regularidad casi mensual.

Las entregas de dinero del empresario quedan reflejadas en el cuaderno con las siglas JLM. Además, el instructor también ha centrado su atención en la financiación del PP madrileño mediante la Fundación para el Desarrollo Económico de la Comunidad de Madrid (Fundescam).

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/30/documentos_manuscritos_del_gerente_aguirre_apuntan_financiacion_del_traves_adjudicatarias_contratos_comunidad_63170_1012.html

ALEJANDRO DE PEDRO: EL LAZARILLO 2.0 QUE CAUTIVÓ AL PP, EL REAL MADRID Y GRANDES FIRMAS DEL IBEX

Imputado por siete delitos distintos, el conseguidor de la Púnica hizo sus primeros negocios de la mano del PP valenciano y de Francisco Granados

El supuesto experto en reputación on line tejió una red de contactos que le permitieron ganar como clientes a Telefónica, el Real Madrid o Mediaset

Quienes le trataron dudan de sus supuestas habilidades para el marketing en Internet y atribuyen su éxito a las amistades políticas y empresariales

"Me encanta la tecnología, Internet y las comunicaciones. Son mi hobby y mi trabajo. Pongo mi pasión y mis conocimientos al servicio de clientes particulares, empresas y administraciones". Así se se presenta Alejandro de Pedro Llorca en su página web, alejandrodepedro.es, en la que ha colgado dos certificados médicos para probar las secuelas psicológicas que le produjeron los 56 días que pasó en la prisión de Extremera y los meses posteriores de titulares que le señalan como conseguidor de la trama Púnica, una red corrupta que logró contratos por 250 millones de euros en distintas administraciones y que acumula más de medio centenar de imputados.

Quienes trataron a De Pedro lo retratan como un personaje clásico de la novela picaresca, ávido de contactos y con olfato para los negocios, más que como un peligroso delincuente, y niegan que tuviera capacidad para urdir una red mafiosa. Su habilidad para relacionarse le llevó a firmar contratos con Mediaset, el Real Madrid de Florentino Pérez, e importantes firmas del IBEX como Sacyr o Bankia. Incluso Telefónica, una de las principales compañías tecnológicas del país, llegó a recurrir a sus servicios de reputación en Internet. El PP en Madrid, Valencia y Murcia también confió en sus supuestos conocimientos.

El problema resultó que los trabajos de partido lo acabaron pagando administraciones públicas. Por eso está acusado de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsificación documental, utilización de información confidencial y fraude. Las conversaciones captadas por la Guardia Civil le han pillado falsificando concursos públicos con un instituto público del Gobierno murciano. Y fabricando noticias en un falso medio de comunicación al servicio de Florentino Pérez, que llegó a pagarle 300.000 euros por montar una web de noticias sobre el club. Al servicio de Esperanza Aguirre urdió campañas en Internet para desprestigiar a la Marea Verde de profesores que protestaba contra los recortes.

De Pedro llegó a tener en nómina a 26 trabajadores y facturaba a las administraciones públicas a través de dos sociedades, Madiva y Eico. Para su plantilla contrataba informáticos y recién licenciados en Periodismo, a los que pagaba unos 1.000 euros mensuales, para poner en marcha falsos diarios en Internet a disposición de sus clientes. A media docena de ayuntamientos de Madrid les facturó más de 15.000 euros por cabeza a cambio de unos manuales muy básicos para moverse en las redes sociales. El documento fue el mismo para todos, solo cambiaba la portada: nociones para principiantes en el uso de Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Flickr, Slideshare y para blogs en Internet.

Uno de esos alcaldes del PP recuerda cómo fue Francisco Granados, el exsecretario general del PP madrileño, el que lo introdujo en el partido poco antes de las elecciones de 2011. "Nos dijeron que nos iban a ayudar. Él fue montando pequeños diarios digitales en nuestros municipios y cuando llegó la campaña alguno ya tenía miles de lectores. Ahí se ofrecía a meter noticias que nos beneficiaban y también para perjudicar al resto de partidos".

Aunque De Pedro se presentase como un vanguardista empresario capaz de dar la vuelta a crisis de reputación en la Red y prácticamente de hacer magia en Internet, sus procedimientos eran bastante rudimentarios. Creaba noticias falsas en sus diarios digitales que luego trataba de amplificar con cuentas de miles de seguidores en las redes sociales. Llegó a manejar 45.000 usuarios en Twitter, según él, todos reales. Un empleado suyo asegura a eldiario.es que llegó a cobrar 6.000 euros a distintas administraciones por fabricar trending topics.

Los efectos que lograban sus campañas eran más bien discretos. Pese a las instrucciones que recibió de la Comunidad de Madrid para contrarrestar las informaciones sobre el ático de su expresidente Ignacio González o sobre el cheque guardería de Lucía Figar, la red de De Pedro apenas pudo hacer nada por contener el escándalo.

"Yo me reuní con él, tenía mucho interés en conocer su método. Pensaba que tenía un algoritmo para optimizar los posicionamientos en Internet y cuando me comentó lo que hacía, vi que era un chiringuito", cuenta un ingeniero en telecomunicaciones que se sentó varias veces a la mesa con él.

Porque el secreto de De Pedro no estaba tanto en sus conocimientos técnicos como en su habilidad para tejer contactos. Creó en la Comunidad Valenciana la web del todopoderoso Juan Cotino, con el que compartió paellas y actos variados, y a partir de ahí aprovechó para introducirse en la vida orgánica del PP. Por si acaso, también se asoció con un exalcalde socialista de Cartagena. Su listado de llamadas, incorporado al sumario, incluye conversaciones con Florentino Pérez, Isabel Gallego, la jefa de campaña de Esperanza Aguirre, también imputada en este caso, con el exministro Eduardo Zaplana y con directivos de las principales empresas del país.

Fue el presidente del Real Madrid, en su declaración como testigo en el sumario Púnica, el que desveló ante el juez Eloy Velasco uno de los misterios del IBEX. “Una persona que se llama Donato González es el que nos lo recomendó. Trabaja en un banco importante y tiene relaciones con ACS”. Donato González era un importante ejecutivo de Société Générale, el banco que rescató a Francisco Granados cuando este presentó su dimisión a raíz del escándalo de sus cuentas en Suiza.

El sumario evidencia la carrera de De Pedro y sus colaboradores por hacer más y más amistades en el mundo de la política y la empresa. Llamadas a Zaplana para fijar reuniones en la residencia de verano de los Aznar en Málaga y poder entrar así en el Ayuntamiento de Madrid que entonces gobernaba Ana Botella. Gestiones ante Florentino Pérez para conseguir entradas de fútbol que servían para invitar a directores de comunicación del IBEX a los que trataban de seducir. Cada puerta que abría De Pedro y su red servía para llamar a otra nueva en una rueda que nunca dejaba de girar. Su importante cartera de clientes animaba a otros más pequeños a confiarle su reputación.

Una periodista que acudió a una entrevista de trabajo con De Pedro sostiene que quien se dejó engañar por el empresario es porque quiso. "Se le veía venir y no parecía una persona especialmente hábil en el mundo que intentaba vender. Es difícil de creer que todas esas grandes empresas hubieran recurrido a él".

Las charlas telefónicas que transcribe la causa dibujan a un buscavidas, a un oportunista que buscaba oportunidades de negocio debajo de las piedras. "Notición. Acabo de cerrar con Florentino un supercontrato. Oeoeoeoeoeoeoe oeoeoe. Ahora soy del madrid. Jajaja. Soy un chaquetero". Así celebró su acuerdo con el presidente del Real Madrid en un mensaje telefónico enviado a Donato González, que medió entre De Pedro y Florentino Pérez. Sus trabajadoras han declarado en el juzgado que todos las instrucciones en la empresa las daba él. Y que el enfoque informativo de los medios era el que pedían los clientes. Información y propaganda a la carta al servicio de Gobiernos y grandes empresas. Con una influencia, eso sí, muy relativa, según se desprende del sumario.

La última aventura de De Pedro fue intentar convencer al juez del caso Púnica de que hasta el Centro Nacional de Inteligencia había requerido de sus servicios. Según El Confidencial, el empresario valenciano aportó 12 llamadas y 25 mensajes para probar que el CNI le había encomendado a él "contrarrestar los ataques a España en los foros independentistas".

De Pedro declaró además que parte de los 80.000 euros que la Guardia Civil incautó en su casa procedían de pagos realizados con fondos reservados por esos trabajos secretos (sic). No hay constancia de que las webs de De Pedro en Cataluña hayan logrado mitigar las ansias independentistas, ni tampoco de que el dinero hallado en su domicilio procediese de las cloacas del Estado.

"El informático que conocía a todo el mundo", como él mismo se presenta en su página web, vive sus horas más bajas. Como los que le trataron, él también niega ser el cerebro de nada. Durante un tiempo amagó con conceder entrevistas a cambio de alguna suma de dinero, pero al final solo ha hablado a través de sus abogados en el juzgado. Se presenta como víctima de una cacería y anuncia un nuevo reto: "El especialista en generar negocio en Internet y marca personal que ahora va a empezar a trabajar para reconstruir la suya".

http://m.eldiario.es/politica/Alejandro-Pedro-Florentino-PP-IBEX_0_628537503.html

LAS ESTRECHAS RELACIONES DEL CONSEGUIDOR DE LA TRAMA PÚNICA CON LOS DIRIGENTES DEL PP VALENCIANO DE AYER Y DE HOY

El imputado Alejandro de Pedro tuvo una relación fluida con Eduardo Zaplana, César Sánchez, Lola Johnson, José Císcar, Juan Cotino, Luis Santamaría, José María Chiquillo, María Carmen Contelles, José Juan Zaplana, Arturo Torró o Alberto Mendoza

Mantuvo contactos indirectos o reuniones con Alberto Fabra, Isabel Bonig, Jorge Bellver, Alfonso Bataller, Javier Moliner o Mercedes Alonso, entre otros

La figura del empresario Alejandro de Pedro, uno de los principales imputados de la trama Púnica, ha ido ganando relevancia a medida que avanzaba la investigación del juez Eloy Velasco sobre el caso. Sus relaciones con el PP en la Comunidad Valenciana sirvieron de trampolín para que su entramado de tráfico de influencias se extendiera a Madrid, Murcia, León y otros territorios. Los mensajes telefónicos que intercambió entre 2013 y 2014 revelan sus estrechas relaciones con más de una veintena de dirigentes del PP valenciano de ayer y de hoy mismo.

Confirman esos mensajes, por ejemplo, algo que ya apuntaban las grabaciones policiales entre De Pedro y David Marjaliza, cabecilla de la trama. Que el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana tuvo una vinculación más intensa que una mera tentativa no consumada de contratar la confección de una página web personal con el empresario que inundaba la red de noticias favorables al PP, creaba diarios digitales falsos, como Ahora Valencia o Ahora Gandia, y hasta publicaba supuestas entradas en la Wikipedia para vender la imagen de sus dirigentes.

La extracción de las conversaciones realizadas por Alejando de Pedro a través de messenger o whatsapp refleja una relación frecuente con Zaplana y, en general menos intensa aunque a veces más cordial, con otros dirigentes del PP, como César Sánchez, Lola Johnson, José Ciscar, Juan Cotino, Luis Santamaría, José María Chiquillo, María Carmen Contelles, José Juan Zaplana, Arturo Torró o Alberto Mendoza. En esos contactos se alude a reuniones con Esther Pastor, Jorge Bellver, Mercedes Alonso, Alfonso Bataller o Javier Moliner, así como a propuestas sobre las que debían decidir, entre otros, Alberto Fabra e Isabel Bonig.

No son los únicos dirigentes o excargos públicos del PP valenciano que intercambiaron mensajes con De Pedro (el alcalde de Alberic, Antonio Carratalà, por ejemplo, tuvo un trato intenso con él), pero sí los más significados.

Eduardo Zaplana.

Entre agosto de 2013 y mediados de 2014, hay más de una quincena de sesiones de mensajes entre De Pedro y Eduardo Zaplana, así como una gran cantidad de referencias al expresidente valenciano y exministro en otras conversaciones. "El lunes que viene está en Madrid Fabra. ¿Tú puedes?", le teclea Zaplana al ahora imputado en la Púnica a finales de octubre de 2013. Y De Pedro responde: "Sí claro aquí estoy". "Pues lo vemos aquí", dice Zaplana. "Perfecto, pues ya me dice Mitsouko [secretaria de Zaplana]. Un abrazo", zanja el otro.

En días sucesivos, De Pedro inquiere por esa reunión de alto nivel: "Hola, Eduardo. ¿Tenemos fecha con Alberto?". "Eduardo me dijo Mitsouko q tenías fecha con Fabra pero yo no la sé". Ya en marzo, el empresario informa a Zaplana: "Buenos días Eduardo, informarte q ya he estado con Esther Pastor y Lola Johson...". En aquel momento eran secretaria autonómica de Relaciones Institucionales de Presidencia de la Generalitat Valenciana, la primera, y exconsellera y coordinadora de estudios en el PP valenciano, la segunda.

"Eduardo ya me ha comentado Mitsouko, pero aunque fuera si podemos hablar x teléfono antes de q te veas con Fabra me preocupa ciertos movimientos que veo con los alcades", le escribe De Pedro en junio de 2014 a Zaplana. "El juzgado retrasa la decisión del tema de Lola Johnson hasta el 23 de julio. Abrazo", le comunica Zaplana días después. Y De Pedro responde: "Eduardo tengo un tema urgente q hablar contigo, nos puede solucionar temas Fabra. Llego hoy a Madrid a las 20h. puedes? Abrazo".

De Pedro a Zaplana en otro mensaje: "Eduardo buenas tardes. Hace dos semanas estuve reunido con Luis Santamaría, me dijo que lo mejor sería contarle todo (sic) mi estrategia y conocimiento de la comunidad directamente al presidente, crees q podríamos verlo la semana que viene q es más tranquila?" Zaplana a De Pedro: "Le llamaré el lunes a ver si puede". De Pedro a Zaplana : "Después de hablar con Santamaría lo veo más necesario, están muy perdidos y no veo compromiso. Abrazo". Luis Santamaría era entonces conseller de Justicia del gobierno de Alberto Fabra.

De Pedro vuelve a retomar el tema días después: "Eduardo ya esta hablado con esa persona pero si queremos hablar de estrategia no es la persona. Aquí o lo ven bonig y/o fabra, o me parece que es imposible, el equipo es muy flojo. A favor tenemos q todos me apoyan pero es una decisión de esos dos. Abrazo".

A partir de ahí, ya no hay más contacto directo entre los dos interlocutores. Los mensajes del teléfono de De Pedro, sin embargo, están llenos de referencias a su estrecha relación personal con Zaplana... que le habría presentado incluso a José María Aznar. "Pues igual voy la semana del 20, he quedado con tu amigo david, con Zaplana y los Aznar para cenar", teclea en agosto de 2013. "Mañana estaré por estepona hasta el domingo, he quedado con zaplana me quiere presentar a jose Maria Aznar".

José Císcar

El 10 de abril de 2014, Alejandro de Pedro envía un mensaje a José Ciscar, entonces vicepresidente de la Generalitat Valenciana y hoy presidente provincial del PP en Alicante. "Buenos días, Pepe, soy Alejandro. Espero q estés bien. Una cosita, no sé si andas por Valencia y tienes 5m para verme y comentarte una cosa. He estado con Lola Johnson sobre lo mío y quería comentarlo. Abrazo". Ciscar les responde escuetamente: "Estoy en Alicante". De Pedro insiste: "OK y mañana estás por Valencia?". A lo que Ciscar contesta: "Mañana no puedo". Pese a la insistencia de De Pedro, ya no hay más respuestas.

Sin embargo, el conseeguidor de la Púnica revela una relación anterior más fluida con Ciscar en otro momento. "Yo le puse hace dos años una comida al presidente con Paolo Basile en mediaset (me lo pidió Pepe Ciscar)", le cuenta a Lola Johnson solo cuatro días después.

Su colaboración con el PP en Alicante había encontrado algunos obstáculos que no queda claro si se habían superado. En septiembre de 2013 De Pedro se quejaba a Raúl Dalmau, delfín de Ciscar: "Una cosita, me ha llegado a mis oídos de q 'no soy de fiar' para el partido de 'alicante' y especifico alicante porque sigo trabajando en la nacional y otras dos comunidades. A esto se le suma para apoyar los comentarios que se hacen sobre mí q Benissa cancela el contrato repentinamente. Bien, sobre esto dos cosas, una mientras se averigua quien ha dicho eso a Antonio no le voy a pagar lo que se le debe, bastante he palmado ya y segundo en cuanto vuelva me gustaría dejar este tema zanjado, quiero saber si soy de confianza, si la relación con el PP alicante está rota saberlo para tomar la decisión que mejor se adecue a mi empresa". Y añadía: "Espero entiendas mi malestar con esto".

Dalmau le respondió: "Yo desconozco quien ha dicho eso. Xa mi alejandro de pedro es afin y ni idea de q se haya roto la relacion con pp alicante. Todo eso pese a q si es verdad q los periodicos no van como deseamos, xo nada q no se pueda solucionar creo". De Pedro replicó: "Tenéis un alcalde q larga un huevo, su discrepcion (sic) brilla por su ausencia y según el se le ha dado orden de q no trabaje conmigo. A mi vuelta me gustaría aclarar esto y pongamos la cartas sobre la mesa. Los diarios van como un tiro, aumentan de seguidores y de visitas otra cosa es q el partido no lo vea (ahora no me preocupa) pero de verdad no admito que se me diga justo a mi que no soy de fiar. Pienso llegar al final de este asunto. Disculpa q te suelte el rollo a ti pero es con quien más confianza tengo". Dalmau busca tranquilizarlo: "Tu cuando vuelvas llamame. Xq ahí hay mucha mentira. Hablamos".

César Sánchez, presidente de la Diputación de Alicante.

De Pedro mantenía buena sitonía con otros dirigentes del PP alicantino. Entre ellos el actual presidente de la Diputación, el alcalde de Calp, César Sánchez. El 29 de noviembre de 2013, le envía un mensaje al conseguidor de la Púnica: "A tu vuelta llámame. Y nos vemos". De Pedro responde: "Claro, vuelvo la semana del 16".

Meses más tarde, el 26 de abril de 2014, De Pedro le escribe: "César q tal tío? Espero q bien. Una cosita esta tarde estaré por Benissa voy con antonio el alcalde de alberic que esta en mi casa de oliva comiendo. Te vemos o vas liado? Quería comentarte el tema de los diarios digitales ya he hablado con Lola y tengo luz verde. Abrazo". César Sánchez, que era también diputado autonómico en aquel momento, le responde: "Alejandro estoy a tope a ver si te puedo ver esta semana".

José Juan Zaplana

Hay otro Zaplana en la lista de contactos de De Pedro. Se trata del diputado alicantino en las Corts Valencianes José Juan Zaplana, con quien De Pedro muestra gran camaradería y le pregunta si es del Madrid. "Soy!!!", responde el político del PP, lo que propicia de su interlocutor presuma de su relaciones con "Florentino". "Es bien amigo mío", le dice.

José María Chiquillo

El senador del PP José María Chiquillo también revela una familiaridad absoluta con De Pedro. En junio de 2014 le envía un recorte de prensa y el imputado de Púnica le responde "Muuu guapo". Chiquillo le recorta un párrafo de la prensa: "Corbata y pañuelo VERDE para la proclamación de Felipe VI. Un grupo de parlamentarios del PP, entre los que destaca activamente el senador valenciano José María Chiquillo, Pedro Agramunt y los diputados I. Pastor y Rubén Moreno, han puesto en marcha una campaña para que el día de la proclamación de Felipe VI el VERDE esté presente en el hemiciclo. V-E.R.D.E. Viva El Rey de España". De Pedro responde: "Mucha suerte amigo".

Lola Johnson

Exdirectora de Canal 9, exconsellera y exportavoz de los gobiernos de Francisco Camps y Alberto Fabra, Lola Johnson se había retirado a un cargo en el PP de la Comunidad Valenciana tras su imputación en el caso de la empresa Valmor, que funcionó como pantalla en la organización de la Fórmula 1 en Valencia. Johnson hizo de interlocutora del miembro de la Púnica, como revelan los mensajes.

"Lola el 24 estoy con la alcaldesa de Elche para ver si monto un diario allí, si me ayudas...", le escribe de Pedro en abril de 2014. La alcaldesa popular de Elche era Mercedes Alonso. Lola Johnson le responde: "Hola Alejandro!!! Hoy veo a la alcaldesa d Elche, le hablaré d la idoneidad dl diario digital!!!". "Jejeje", teclea De Pedro, que unos días después le informa: "Lola buenos días. Ayer en Elche muy bien, creo q montaremos el diario con objetivo de captar 100.000 usuarios hasta final de legislatura. Pudiste hablar con Castellón? Cuídate, un abrazo".

"Buenos días Lola, informarte que Toño de alberic también está cerrado. Me gusta este porque está en zona conflictiva. Suerte por Castellón", le teclea un par de días más tarde. Y al día siguiente: "casualidades de la vida, tengo sentado a mi derecha en el ave al alcalde de Castellón, le digo algo del diario?". "El alcalde de Castellón un encanto", acaba diciendo. Se refería a Alfonso Bataller, regidor entonces de la capital de La Plana por el PP.

Pero el contacto de De Pedro con Lola Johnson llegaba a lo más alto, al mismísimo presidente de la Generalitat. Así, el 30 de abril de 2014 le escribe: "Lola una pequeña recomendación si me permites. Alguien en el ppcv debería de escuchar en internet la palabra 'Alberto Fabra' y en todas las noticias que salgan positivas hacer comentarios en las mismas. He detectado q la oposición sobre las positivas están dando cera, el ejemplo lo tienes en una noticia q he puesto yo hoy en el Facebook http://www.ahoravalencia.es/fabra-descenso-paro/128838". Lola Johnson le contesta: "Descansa un poco q no paras".

Alfonso Bataller y Javier Moliner

El exalcalde de Castellón y el todavía presidente de la Diputación de Castellón por el PP, Alfonso Bataller y Javier Moliner, respectivamente, se reunieron con De Pedro, a juzgar por el contenido de los mensajes. Aunque no establecen contacto telefónico, las alusiones en otras conversaciones así lo indican.

En un mensaje de octubre de 2014 a "Paloma Ayuntamiento de Castellón" le dice De Pedro: "Andres ayala portavoz de infraestructuras en el congreso ya ha hablado con el presidente de adif para que le de cita". Y añade: "le llame de su parte y listo". Su interlocutora responde: "Muchas gracias. Disculpa el otro día q no me pude despedir de ti. Cuando salí te habías ido. Gracias por todo".

"Alejandro tienes cerrada cita con J. Moliner el lunes 27 a las 13 horas en Diputación. Un abrazo", le comunica a De Pedro ese mismo mes de octubre Juan José Pérez Macián, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Castellón.

Luis Santamaría, presidente de la gestora del PP de València

Conseller de Gobernación y Justicia en el último gobierno de Alberto Fabra, Luis Santamaría es hoy presidente de la gestora del PP de la ciudad de Valencia, cargo al que llegó tras el desmantelamiento de la organización por la imputación de todo el grupo popular en el Ayutamiento en la operación Taula. Santamaría era uno de los dirigentes con línea abierta con De Pedro.

"Luis q tal tío? Andarás liado q te cagas madre mía, aún no me lo creo, como me alegro macho, de todo corazón, mira que es lo único bueno que he visto en fabra que haga", le escribe De Pedro en junio de 2014 en alusión a su nombramiento". "Jajaja", responde Santamaría, a quien el conseguidor adopta como un interlocutor con el presidente. "Hola luis q tal? Pudiste ver el tema con el presi? Yo voy a hacer lo q te dije, si te parece", le escribe un día de septiembre.

"Yo estoy un tanto a expensas de que se nombre comité de campaña para acelerar las cosas y arrancar definitivamente. Ahora estamos en una especie de impass raro", le explica Santamaría a De Pedro unos días después. "Lo digo porque no sabemos los recusos con los que vamos a contar entre otras cosas. Me dijo guillem q ibas a sentarte con torró [probalemente José Luis Torró, secretario autonómico de Comunicación] y a mi me parece muy acertado". De Pedro le responde: "Se que esta el tema por cerrar pero yo quiero ver si cerrando una estrategia los 3 y luego validando con torro, me sentaba con el presi. De esta forma el presi preguntará y estará ya todo mas o menos ok. Del tema del dinero ya me encargo yo bien con torro o bien presi. Así vimos guillem y yo que sería la mejor forma".

Juan Cotino

"Juan un favor, tu me podrías ayudar a ver con quien tengo que hablar para intentar bautizar a mi hija en la capilla de la virgen de los desamparados?", pregunta De Pedro en septiembre de 2013 a Juan Cotino, entonces todavía presidente de las Corts Valencianes (dimitiría al año siguiente). Cotino le responde: "Tengo al lado al párroco de San Nicolas que es una iglesia preciosa. En la basílica no bautizan". "Ah no lo sabía pero perfecto, lo hablamos el viernes. Abrazo".

En otro momento, a mediados de noviembre, De Pedro vuelve al tema religioso. "...a mi hermana le han detectado una enfermedad degenerativa en el sistema nervioso, una enfermedad rara donde se puede quedar paralizada, sólo quería pedirte cuando puedas rezar por ella". Cotino responde: "A partir de hoy la encomendaré todos los días en Misa".

La relación entre ambos también deja lugar a temas más prosaicos. "Una pregunta que tal con Lola yonson (sic)? Cómo podría verla? Me interesa mostrarle todos los diarios", inquiere De Pedro en enero de 2014. Y Cotino le dice: "Ya se lo dire y le llamas".

Arturo Torró

El entonces alcalde de Gandia, Arturo Torró, señaló en 2016 al declarar ante el juez Eloy Velasco, a su número dos, el actual diputado Víctor Soler como negociador con Alejandro de Pedro para los pagos por la maniobras de la Púnica en la ciudad. Sin embargo, Torró conocía personalmente a De Pedro, como revelan los mensajes.

"Buenos días Arturo", le dice este último a Torró por whatsapp el 18 de noviembre de 2013. "Soy Alejandro. Una cosa tienes un email personal donde pueda escribirte?". Y Torró se lo da. "Como tienes el 04 de abril para tomar algo y hablar de la campaña? Me urge que lo veamos juntos. Antes no puedo estoy en Guatemala. Abrazo", le escribe el conseguidor de la Púnica el 25 de marzo del año siguiente.

Alberto Mendoza

Entre los concejales del PP de Valencia imputados en el caso Taula está Alberto Mendoza. Integrante del equipo de la fallecida exalcaldesa Rita Barberá, Mendoza tenía una más que cordial relación con De Pedro, que el 5 de julio de 2013 le pregunta: "Buenos días Tito me dijiste q te recordara lo de la cuota mensual del diario. Pudiste ver algo? Mi gente ya se presentó en el Ayto como me pediste".

"Pudiste hablar con Cristóbal [seguramente Cristóbal Grau, otro concejal] del tema del diario?", le pregunta en noviembre. "No", contesta Mendoza. "Y qué hago con diario-ayuntamiento? Me olvido?". "Nooo", responde el edil. "Hemos sido el diario con mas seguidores valencianos y el que más viralidad produce, doblando al Levante", insiste De Pedro. "Tu amigo julio ni puto caso y eso que hablé con Miguel y este con julio, nada. Arturo pasa de todo así que mira el panorama".

En enero tienen ambos una conversación para ver de quedar y de Pedro suelta: "ya intentamos vernos tengo el miércoles q reunirme con tu jefe en valencia a primera hora". Mendoza se extraña: "Yo no tengo jefe, tengo jefa". "Bueno el otro ya me entiendes". "Quien es el otro? Miquel?". "Fabra. Poco hablas con él". "Jejej".

En febrero vuelve a surgir la relación con el Ayuntamiento: "Dime que hago tío, julio no dice nada y necesito tirar a un lado o a otro. Por cierto hemos creado www.fallasenvalencia.com para captar más valencianos, 5.000 en una semana". Mendoza le indica: "Llámalo mañana y me dices como has quedado".

Jorge Bellver

El diputado autonómico del PP Jorge Bellver surge en las conversaciones por whatsapp que Alejandro de Pedro mantiene con el alcalde de Alberic (lo sigue siendo al frente de una lista independiente), Antonio Carratalá, con toda la contundencia. "Ayer estuve con Mari Carmen Contelles, Jorge Bellver para el tema de campaña", asegura De Pedro el 22 de julio de 2014. No hay, sin embargo, más referencias ni relación directa telefónica.

Mari Carmen Contelles

Un caso distinto es el de Mari Carmen Contelles, exalcaldesa de La Pobla de Vallbona y actual portavoz del PP en la Diputación de Valencia. "Buenos días Mari Carmen pudiste hablar sobre el tema con Bonig?", le pregunta De Pedro el 29 de julio de 2014. Y ella responde: "Buenos días, tengo pendiente cerrar una reunión, te aviso".

"Este verano estuve con Luis Santamaría es amiguete mío y le encanto el tema pero me dice q esto es una decisión de la secretaria general, q él apoyara la iniciativa. Pudiste hablar con ella?", pregunta el imputado en la Púnica a Contelles en septiembre, refiriéndose a Isabel Bonig. "Sí... te llamo", contesta. Días después, el 8 de septiembre de 2014, De Pedro parece haber avanzado en sus propósitos. "Mari Carmen buenos días, he hablado con Alberto el de bonill (sic) y me ha dicho que hablaste con Luis Torró para ver si me podía recibir. ¿Contacto con él?".

La exalcaldesa de la Vall d'Uixó y exconsellera de Infraestructuras fue nombrada coordinadora general del PP de la Comunidad Valenciana en 2014 y pasó a ocupar la presidencia cuando dimitió Alberto Fabra. No figura relación directa alguna de la actual líder del PP valenciano con Alejandro de Pedro, pero su nombre es citado en diversas ocasiones como el de la persona que ha de tomar decisiones sobre lo que propone el conseguidor de la Púnica.

Una de esas referencias no alude a campañas de venta del PP en internet o a la financiación de diarios digitales fantasma, sino a otro asunto. "Los colegios que te he pasado dependen de la Consejería de Infraestruturas no de educación. Por lo tanto es Isabel Bonig quien decide", teclea De Pedro a José Antonio Alonso, exalcalde de Cartagena, detenido e imputado en el caso Púnica a quien el cerebro de la trama, David Marjaliza, ha apuntado como comisionista del grupo. El propio Marjaliza ha confesado que intentaron exportar a Calp y a Elche el procedimiento para hacerse con suelo público para construir colegios privados del que se aprovecharon en Madrid, pero que la Administración valenciana anuló la operación al estallar el caso.

Alberto Fabra

Con el expresidente de la Generalitat, Alberto Fabra, hoy senador por representación autonómica, ocurre algo parecido. Su nombre es muy citado y todo apunta a que pudo llegar a reunirse con De Pedro, pero no hay contacto directo entre ambos en los mensajes extraídos del teléfono móvil del miembro de la trama Púnica.

De Pedro, que parece muy interesado en llegar a Fabra, confía en que Eduardo Zaplana le haga de intermediario. Y en una de esas peticiones, el 24 de octubre de 2013, suelta esto: "Disculpa Eduardo con Fabra hay alguna novedad? Creo q te dije q fue cliente mío cuando era alcalde de Castellón. Abrazo".

http://m.eldiario.es/cv/trama_Punica-PP_valenciano-politica-corrupcion_0_628537239.html

EL JUEZ ELOY VELASCO DEJARÁ LA INSTRUCCIÓN DEL 'CASO PÚNICA' EN JUNIO

El juez ha solicitado la plaza de nueva creación en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional que comenzará a funcionar el 1 de junio

El caso Púnica, una de las mayores tramas de corrupción de España, pende de un hilo. El hasta ahora magistrado instructor dejará el caso en junio pues ha solicitado una plaza en otro juzgado que, de facto, ya es suya al ser uno de los dos únicos jueces con especialidad.

Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia, el juez del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ya ha solicitado el concurso a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, una sala de nueva creación que comenzará a funcionar el 1 de junio.

Tal y como ya informó este periódico, Velasco tenía la firme intención de abandonar el juzgado y, por ende, el caso Púnica pese a encontrarse a mitad de la instrucción.

Dentro de las posibilidades de su más que segura salida había dos opciones. La primera, y preferida por el Gobierno de Mariano Rajoy, era posibilidad de una comisión de servicios especiales en el extranjero que les permitiera dar ‘a dedo’ la plaza a otro juez en comisión de servicio, pero no ha sido posible y, como ya adelantó Valencia Plaza, Velasco ha optado por solicitar la sala de nueva creación.

La salida de Velasco va a suponer dos cosas. Por un lado, un retraso de meses en una de las causas más complejas abiertas hasta la fecha ya que, si no cambia la situación, se producirá unas dilaciones indebidas en la instrucción que llevarán, como poco, a una obligatoria reducción en las posibles futuras penas. Y por otro, un revés importante para aquellos que querían imponer ‘un juez de la cuerda’.

El problema con la petición del nuevo destino es que la plaza de Velasco tiene que salir a concurso y, si no se ‘trampea’ la situación creando algún tipo de comisión temporal, el magistrado que entre lo hará por escalafón, algo que es incontrolable para todos los interesados en imponer un juez afín en un Central de Instrucción.

Dejar de dar cursos mermaría sus ingresos en 50.000 euros anuales

El motivo por el que Velasco ha decidido concursar y no escoger la plaza de internacional ha sido, según las mismas fuentes, económico. 50.000 euros es lo que el magistrado perdería anualmente por dejar de dar cursos y eso ha sido lo que ha inclinado la balanza a favor de una salida y no la otra.

A todo ello hay que sumar el varapalo que se llevó Eloy Velasco, muy afín al sector conservador pues fue secretario autonómico de Justicia del PP con Eduardo Zaplana en la Comunitat Valenciana, cuando solicitó una plaza de magistrado en el Tribunal Supremo y le fue denegada.

Desde el Gobierno y desde el Consejo General del Poder Judicial le dijeron que “nunca había puesto una sentencia (está en un instrucción), y que al Supremo no se llega sin poner sentencias”.

López y Guevara

Junto a Eloy Velasco, el resto de la sala la formará el magistrado Félix Alfonso Guevara, uno de los magistrado más garantistas y con más mal genio de la Audiencia Nacional y el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial y ex magistrado del Tribunal Constitucional, Enrique López.

La nueva sala será única: Velasco junto al juez que juzgó a Txapote o Lola Flores y, a su lado, Enrique López, tan vinculado al PP que fue recusado como magistrado del caso Gürtel por su “más que cercana sintonía” con el partido de Mariano Rajoy. Sus cursos, cobrando, para FAES nunca han pasado desapercibidos.

http://valenciaplaza.com/el-juez-eloy-velasco-dejara-la-instruccion-del-caso-punica-en-junio

LAS PRUEBAS DOCUMENTALES DEL "PLAN CRIMINAL" DE PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

La Cadena SER accede a los documentos probatorios del trabajo desarrollado por la trama para la reputación personal del hoy presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y las negociaciones mantenidas para lavar su imagen con dinero público La Púnica incluso redactó una propuesta de facturación para ser firmada por el interesado. Junto a los testimonios judiciales, conversaciones y mensajes telefónicos, son las pruebas que han llevado a afirmar a las fiscales del caso que Sánchez concibió “un plan criminal” para delinquir

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, siempre ha negado que pactara o acordara contrato alguno con el conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, para limpiar su imagen personal en las redes sociales. Pero hay numerosas pruebas en su contra. Tanto las conversaciones telefónicas grabadas entre los responsables de la trama, como los correos electrónicos, sms y whatsapp que implican de forma directa a Sánchez, o el testimonio ante el juez del director comercial de una de las empresas del entramado, Javier Bueno, quien reconoce reuniones y el acuerdo para pagar los trabajos con cargo a la Consejería de Educación que dirigía el hoy presidente murciano.

Además, la Guardia Civil incautó en los registros practicados a la Púnica numerosos documentos hasta ahora inéditos, parte de los cuales ofrece hoy la SER, que prueban que el entramado realizó trabajos para Pedro Antonio Sánchez.

La Púnica trabajó al menos un mes para Pedro Antonio Sánchez

Son informes de propuesta de reputación para el presidente de Murcia, e informes de percepción, que supusieron una considerable labor para las empresas de Alejandro de Pedro, pues ya analizaron al menos durante un mes un total de 938 mensajes de Twitter; e informaron sobre su situación en otras redes sociales como Facebook o Youtube, donde destacaron la existencia de más de 300.000 referencias y 38.000 vídeos respectivamente.

El conseguidor llegó a la conclusión en su informe de que no existía una estrategia de reputación y propuso la creación de sus periódicos digitales, para posicionar en internet sus noticias positivas relativas al presidente por delante de las negativas, y mejorar así su imagen.

El presidente de Murcia insistió en contactar con la Púnica

Los correos electrónicos de su responsable de prensa y los mensajes enviados por el propio Pedro Antonio Sánchez, prueban el interés del presidente murciano por contactar con el conseguidor de la Púnica para limpiar su imagen personal en la red, a partir de septiembre de 2014. Es Sánchez y su gabinete, y no el conseguidor, quienes insisten en la cita con la Púnica para cerrar el acuerdo.

Pruebas de que iba a pagarse con dinero público

Además, entre la documentación intervenida consta el análisis redactado por Alejandro de Pedro tras la reunión mantenida el 24 de octubre con Sánchez en la Consejería de Educación de Murcia. En ese documento el conseguidor expone que han acordado la creación de una “página estática” para “Pedro A. Sánchez”, que empiezan el “1 de noviembre” y también anota como “concepto” el capítulo “Formación”.

Para la Guardia Civil, que suma el interrogatorio a los responsables y el análisis de las escuchas para llegar a su conclusión, esto es indicativo de que la factura iba a girarse al apartado “Formación” de la Consejería de Educación. Iba a pagarse la imagen personal de Pedro Antonio Sánchez con dinero público.

La Púnica incluso redactó una propuesta de factura

Las conversaciones estaban tan avanzadas que la Púnica llegó a redactar una propuesta de factura por la reputación personal de Sánchez, de un total de 32.000 euros sin IVA, a razón de 4.600 euros al mes, que incluía diversos apartados. Entre ellos la contratación de un periodista que redactase noticias beneficiosas para el presidente de Murcia, estrategia, auditoría, servicios de posicionamiento e informes mensuales.

Hoja de pedido de servicios con la estrategia de reputación online
Esa propuesta de facturación estaba lista y preparada para ser firmada por el cliente. Si no llegó a ser rubricada, según los investigadores, fue porque solo tres días después de la reunión con el presidente en la Consejería de Educación, se produjo la intervención judicial y las detenciones.

Informe preventa con cargo a la Consejería de Educación
Con todo, para las fiscales del caso, Carmen García y Teresa Gálvez, tanto Pedro Antonio Sánchez como la senadora del PP, Pilar Barreiro, concibieron “un plan criminal” para delinquir, y fueron apartadas porque pretendían solicitar su imputación.

http://cadenaser.com/m/ser/2017/03/28/tribunales/1490733923_693491.html

LAS GRABACIONES DESCLASIFICADAS QUE IMPLICAN A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ

La SER accede a la grabación de las conversaciones telefónicas entre los implicados en la Púnica, que corroboran el pacto alcanzado entre la trama y el hoy presidente de Murcia, para lavar su imagen. “¡Murcia a tope!” exclama entre carcajadas uno de los imputados tras el acuerdo por “3.000 pavos al mes” a pagar con dinero público, que iban a servir para limpiar la imagen personal de Pedro Antonio Sánchez en redes sociales. El juez Velasco atribuye a Sánchez los delitos de cohecho, fraude a la Administración y revelación de información reservada

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que instruye el 'caso Púnica', ha desclasificado las grabaciones entre los implicados de la trama, relativas a los delitos investigados supuestamente cometidos en la comunidad autónoma de Murcia. Los sonidos de aquellas conversaciones, se escuchan ahora por primera vez.

Las grabaciones entre el conseguidor Alejandro de Pedro, su socio José Antonio Alonso Conesa, los empleados de ambos y técnicos y jefes de gabinete de distintas consejerías en Murcia, corroboran la existencia de cuatro reuniones en las que participó el entonces consejero de Educación y hoy presidente, Pedro Antonio Sánchez, entre el 11 de junio de 2014 y el 21 de octubre de ese mismo año, y el interés de Sánchez por alcanzar un acuerdo para lavar su imagen en las redes sociales, porque aspiraba a la presidencia regional. Además de estas grabaciones, hay otras pruebas en la causa que implican al presidente murciano como mensajes SMS, whatsapps y el testimonio del director comercial de Eico, la empresa de Alejandro de Pedro, que confirman el pacto.

Una de aquellas reuniones tuvo lugar en la consejería de Educación de Murcia que Pedro Antonio Sánchez dirigía, y las otras tres en Madrid, en hoteles como el Palace o Las Letras. En este último tuvo lugar el cónclave del 21 de octubre, el definitivo en el que fue cerrado el contrato con el presidente murciano y la senadora Pilar Barreiro, según relata el conseguidor Alejandro de Pedro a uno de sus colaboradores.

Según comunica Alejandro de Pedro a otra de sus trabajadoras, el contrato tenía que ser de 3.000 euros al mes, entre octubre de 2014 y mayo de 2015, cuando tuvieran lugar las elecciones.

A esos 3.000 euros sumarían otros 1.000 netos para un periodista que elaborase noticias beneficiosas para Pedro Antonio Sánchez desde el periódico digital murciano que el conseguidor de la Púnica creó como herramienta para promocionar a sus clientes. La trama también tenía mucho interés en Sánchez. El imputado José Antonio Alonso cuenta a su socio De Pedro que necesitaban ese contrato "como el agua".

Según las conversaciones intervenidas, estaba previsto que la Consejería de Educación de Pedro Antonio Sánchez pagase con dinero público la reputación personal y privada del propio Sánchez, y también parte del contrato de Pilar Barreiro.

La justicia frustró la contratación pero sigue siendo delito

Al final, la trama no llegó a ejecutar los trabajos porque el 27 de octubre de 2014, solo seis días después de alcanzar el acuerdo, estalló la operación y el juez Velasco ordenó las detenciones. Aun así, el magistrado acusa a Pedro Antonio Sánchez de delinquir porque según el código penal, no es necesario haber consumado el cohecho y el fraude a la administración para ser considerados delitos. Tanto el artículo 420 del código penal relativo al cohecho, como el 436 sobre el fraude a la administración, establecen desde 2010 que se trata de delitos tendenciales. Que pueden ser atribuidos con la mera existencia de un plan o concertación para delinquir, aunque se hayan visto frustrados. Y existe numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo que confirma esta postura. Entre ellas, sentencias en las que actuaban como ponentes magistrados considerados conservadores como Pablo Llarena, o de José Manuel Maza, recientemente designado Fiscal General del Estado.

El juez pedirá imputar a Sánchez pese a la Fiscalía

Sin embargo, Maza no es partidario ahora de imputar a Pedro Antonio Sánchez. Se da la circunstancia de que reunió a los fiscales de Sala del Supremo para tomar su decisión, pero no a las fiscales Anticorrupción del caso, Carmen García y Teresa Gálvez, que nunca han sido llamadas para informar al respecto. En su lugar, fue la teniente fiscal Anticorrupción, Belén Suárez, quien libró a Sánchez de la acusación en un escrito despachado en 12 líneas.

A pesar de la negativa de la Fiscalía, el juez Eloy Velasco tiene intención de elevar la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, para pedir la imputación de Pedro Antonio Sánchez por su vinculación con la 'trama Púnica'.

Ignacio González, Lucía Figar y cómo amañar un contrato en Murcia

Las conversaciones grabadas por los agentes de la Guardia Civil sobre Murcia también recogen algunas de las acciones de la trama en otras comunidades como Madrid o Castilla y León.

Alejandro de Pedro habla del contrato de reputación personal del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

De reuniones con el exconsejero Salvador Victoria o la jefa de prensa de Esperanza Aguirre, Isabel Gallego, y de los dos contratos por un total de 400.000 euros, para la reputación personal de la exconsejera de Educación, Lucía Figar, también imputada en la causa.

Las grabaciones también revelan métodos para amañar contratos. Es Jesús Galindo, el imputado secretario general del Instituto de Turismo en Murcia, quien pacta con Alejandro de Pedro un supuesto concurso público al que se presentarán tres empresas. Y las tres, son de la Púnica.

Las conversaciones revelan además cómo la trama tiraba de sus contactos en el PP para promocionar a sus clientes en el partido, como el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, o el también imputado exconsejero murciano de Turismo, Juan Carlos Ruiz.

http://cadenaser.com/ser/2017/03/26/tribunales/1490542512_466644.html?int=masinfo

LA GUARDIA CIVIL TIENE CERCADO EN PÚNICA AL PRESIDENTE DE MURCIA POR “DELITOS DE FRAUDE”

ELPLURAL.COM accede al sumario de la pieza separada, donde están los pinchazos y los mensajes que acorralan a Pedro Antonio Sánchez

ELPLURAL.COM ha tenido acceso a la Pieza Separada 3 de Púnica que se centra en la investigación de las operaciones de la supuesta trama en la Región de Murcia y sus negocios con destacados dirigentes del Partido Popular, con especial relevancia en aquellos que afectan al actual presidente regional, Pedro Antonio Sánchez.

La documentación incluye numerosos pinchazos telefónicos a los cabecillas de la trama y a los entornos de los dirigentes, así como documentación digital, correos electrónicos y mensajes de teléfono móvil. Todo este material ha sido puesto en orden en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el que acusan a Pedro Antonio Sánchez y su jefe de gabinete, David Conesa, de “supuestos delitos de fraude en la contratación pública” por adjudicar a la trama y con dinero público trabajos de reputación a favor del ahora presidente de Murcia.

Además de Sánchez y su jefe de gabinete, la red está formada por otros tres nodos de especial relevancia que protagonizan las llamadas y los mensajes intervenidos: Pilar Barreiro, entonces alcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP; Alejandro de Pedro, cabecilla de la trama y considerado el conseguidor; y el exalcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa, que habría ayudado a De Pedro a conseguir contactos en la región.

La guerra de poder interna en el Partido Popular de Murcia, con dos consejeros que aspiraban a suceder a Ramón Luis Valcárcel al frente de la formación y a presidir el Gobierno autonómico es el marco en el que se movía la trama. Púnica ya trabajaba para el consejero de Industria, Juan Carlos Ruiz. Pero su rival, Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación, se interesó por los servicios de De Pedro cuando su reputación empezó a caer debido a que se le acumulaban las imputaciones por corrupción.

A través del contacto de la alcaldesa de Cartagena, la trama empezó a mantener relación con Sánchez y cerraron un par de reuniones, como puede confirmarse en las grabaciones intervenidas por la Guardia Civil. De hecho, como se refleja en las pruebas, lo acordado fue que los servicios de reputación a Pedro Antonio Sánchez ascendieran a 4.600 euros al mes, que se pagarían con fondos públicos de la Consejería, camuflados como “formación”, y que también servirían de pago para los trabajos realizados a favor de la alcaldesa Pilar Barreiro.

Este extremo queda comprobado en dos pinchazos. Uno es una llamada entre De Pedro y Alonso, en el que el segundo le pide que le diga al jefe de Gabinete de Barreiro, Paco Farreño que “como vamos a conseguir lo otro, lo del precio lo ajustaremos como queramos”. “Lo otro”, según la Guardia Civil, es el contrato con Sánchez que servirá para pagar el de Barreiro. La otra llamada intervenida es al propio Farreño, en el que le pide a De Pedro que ponga en marcha los trabajos porque en “los detalles de la facturación nos van a echar una mano”.

Por último, otro aspecto que acorrala a Sánchez son sus reuniones con De Pedro, que quedan reflejadas en varias llamadas y que prueban que los trabajos estaban ya en marcha y fueron interrumpidos por la detención de los implicados.

Todo arranca el 18 de septiembre de 2014, con una llamada en la que Alonso conmina a hablar con Sánchez, que le mande “un wassap y le dices ‘que me dijo [Pilar] que querías hablar conmigo, estoy a tu disposición en este teléfono”.

Los contactos fructifican y el 23 de septiembre se celebra una reunión entre De Pedro y Sánchez en una cafetería cerca del Congreso de los Diputados. Un día antes, Alonso llama a De Pedro y le dice que, aparte de los trabajos de reputación, le intente sacar más dinero con ejemplos de lo que están haciendo: “Le cuentas alguna cosa de las que estás haciendo con [Lucía] Figar”, la entonces consejera de Educación de la Comunidad de Madrid.

Tras esta reunión, De Pedro llama a una trabajadora de su empresa para informarle que se ha reunido con Pedro Antonio Sánchez. Y le pide que le prepare una oferta para “ponerle 3.000 pavos” al mes, más otros 1.000 “pavos” para contratar a un periodista que redacte noticias positivas sobre él. Al final, el presupuesto se eleva a 4.600 euros, sumando cerca de 24.000 euros de fondos públicos desde octubre hasta mayo de 2015. “Llama la atención que los servicios que se van a prestar hasta el mes de mayo de 2015, (fecha 24/05/2015) en la que se celebran los comicios locales y regionales de 2015”, señala la Guardia Civil en su informe.

La siguiente reunión se celebra el 21 de octubre de 2014 en el hotel Las Letras. De Pedro está esperando para la cita y llama a Alonso para contárselo, quien le anima: “Sácale el contrato a Pedro Antonio, que lo necesitamos como el agua”.

El día siguiente de la reunión, por la mañana, De Pedro llama a otro miembro de la empresa y posterior arrepentido, Francisco Javier Bueno, para contarle la buena noticia: “Hemos cerrado lo de la reputación de Pilar Barreiro y la de Pedro Antonio, el consejero de Educación”. Lo que su interlocutor celebra entre risas diciendo: “¡Murcia a tope!”. De Pedro le da orden “de que lo metan ya en facturación para el mes de noviembre”.

El 24 de octubre, tres días después de la reunión, De Pedro vuelve a hablar con Bueno. Ambos están en Murcia, a punto de entrar a reunirse con el jefe de gabinete de Pedro Antonio Sánchez, pero Bueno está esperando en la misma Consejería mientras De Pedro se apura para no llegar tarde a la reunión.

Tres días después, De Pedro era detenido dentro de la Operación Púnica.

http://www.elplural.com/politica/2017/03/26/la-guardia-civil-tiene-cercado-en-punica-al-presidente-de-murcia-por-delitos-de

DOCUMENTOS MANUSCRITOS DEL GERENTE DE AGUIRRE CONTIENEN APUNTES DE LA PRESUNTA CAJA B DE LA CAMPAÑA DE 2007

Tres documentos manuscritos de Beltrán Gutiérrez, a los que ha tenido acceso infoLibre, indican que el partido destinó 1,5 millones a publicidad exterior y 1,03 millones a prensa y radio en las autonómicas de 2007

Sin embargo, el PP declaró a la Cámara de Cuentas que había destinado 265.002 euros al primer concepto y 550.000 al segundo. Es decir, 1,71 millones menos de lo presuntamente gastado

Un millón de euros lo habría aportado, según los papeles del gerente, la patronal madrileña CEIM

Tres documentos manuscritos del entonces gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, a los que ha tenido acceso infoLibre y que figuran en el sumario de la Púnica, indican que el partido destinó 1,5 millones de euros a publicidad exterior y 1,03 millones a prensa y radio en la campaña de las autonómicas de 2007. En total, 2,53 millones. Sin embargo, el PP declaró a la Cámara de Cuentas que había gastado 265.002 euros por el primer concepto y 550.000 por el segundo. Es decir, declaró 1,71 millones menos de lo presuntamente gastado.

En los papeles del gerente del PP que entonces presidía Esperanza Aguirre también se hace referencia a los supuestos financiadores de los gastos publicitarios. Así, los documentos manuscritos incluyen varias referencias a "Diego de León", lo que según los investigadores supone una alusión a la patronal madrileña CEIM, cuya sede está situada en la calle del mismo nombre. En el mismo documento aparece el apunte: "Jueves 10:00 CEIM", lo que parece ser una cita con la organización entonces encabezada por el empresario Arturo Fernández, que junto al propio Beltrán Gutiérrez está imputado en la Púnica por la financiación ilegal del PP madrileño.

En total, siempre según los documentos manuscritos, la patronal madrileña habría aportado un millón de euros para los gastos publicitarios de la campaña electoral de 2007.

El resto del dinero procedería de la "CAM", siglas con las que se conoce a la Comunidad Autonómica de Madrid y que también identificaban a la Caja de Ahorros de Madrid (ahora Bankia), origen de otro millón de euros. Mientras que el PP sólo habría puesto 400.000 euros. Hay otros 130.000 euros cuya procedencia no aparece identificada con claridad en los papeles del gerente de Aguirre.

Documento manuscrito 2: el origen del dinero. Documento manuscrito 2: el origen del dinero.

Registro de la vivienda

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que registraron el 11 de febrero de 2016 la vivienda del Beltrán Gutiérrez Moliner requisaron, entre otra abundante documentación, tres folios manuscritos que apuntan a que el PP madrileño superó con creces sus límites de gasto de la campaña electoral de 2007.

En concreto, uno de los papeles incluye los apuntes "Prensa y Radio: 0,9+ 0,13" y "Exterior 1,5", en una supuesta alusión a los gastos publicitarios en la campaña, en concreto a los asignados a los medios de comunicación y a la publicidad de calle, lo que supondría en total 2,53 millones de euros. Esta cifra es muy superior a los 265.002 euros en publicidad exterior y a los 550.000 euros que el PP justificó ante la Cámara de Cuentas, según el informe de fiscalización de este órgano.

En total, y de forma oficial, el PP especificó a la Cámara de Cuentas que en la campaña de 2007 hizo un gasto de 2.664.052 euros, siendo el límite fijado por ley de 2.763.764 euros. Sin embargo, los documentos interceptados por los agentes indican que solo en los conceptos de publicidad en medios de comunicación y en las calles la formación liderada por Aguirre se habría gastado los 2,53 millones que registró de forma manuscrita el entonces gerente Beltrán Gutiérrez.

Los gastos realizados por el PP al margen de la fiscalización de la Cámara de Cuentas madrileña se canalizaron a través de dos empresas adjudicatarias de contratos de la Comunidad de Madrid, entonces presidida por Esperanza Aguirre.

En concreto se trata de las compañías Carat España y Over Marketing, cuyos directivos más conocidos eran entonces el ex portavoz del Gobierno de José María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, y el ciudadano argentino Daniel Mercado, respectivamente.

En total, Over Marketing habría recibido del PP, siempre según los manuscritos, 1,03 millones de euros, mientras que Carat se hizo con 1,5 millones de euros, según consta en la documentación requisada.

La "CAM"

De acuerdo con los papeles, de los 1,5 millones de euros que se gestionaron a través de la agencia Carat, un millón procedía de la "CAM", siglas que podrían identificar a la Comunidad Autónoma de Madrid o a la Caja de Ahorros de Madrid (la entidad financiera en el origen de la actual Bankia).

En el sumario de la Púnica se investiga, entre otras cuestiones, si el Ejecutivo de Aguirre abonó dinero al informático Alejandro de Pedro a cargo de empresas concesionarias de la Comunidad de Madrid, como es el caso de la tecnológica Indra: "Esto se ha hecho toda la vida y nunca ha pasado nada", llegó a asegurar en este sentido el exconsejero Salvador Victoria, imputado en la trama.

Por su parte, Daniel Mercado, dueño de Over Marketing, ya ha colaborado con la justicia en piezas derivadas del caso Palma Arena. Mercado declaró en 2012 que, además del Govern balear, también el de Esperanza Aguirre le benefició con contratos amañados. El empresario puso sobre la mesa el nombre del exconsejero madrileño Alberto López Viejo, que desde octubre se sienta en el banquillo del proceso Gürtel y que, según el dueño de Over Marketing era quien igualmente manejaba los hilos de todos los contratos que recaían en sus empresas.

Las empresas del grupo Over Marketing recibieron 9,85 millones de euros en adjudicaciones públicas del Gobierno de Esperanza Aguirre entre 2004 y 2008, tal y como desveló infoLibre. Por su parte, la firma Carat España recibió sólo en 2006, un año antes de la cita electoral de 2007, un total de 42 millones de euros en contratos licitados por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre.

Acciona, Grupo Ortiz y Publibús

Además, entre los papeles requisados al gerente del PP madrileño, apareció otro documento que redunda en la posible financiación ilegal de la formación política presidida por Esperanza Aguirre. El folio especifica que un total de 860.135 euros de la campaña electoral de 2007 de la expresidenta madrileña habrían sido facturados a empresas.

En concreto, se habrían facturado a Acciona 300.000 euros; a Grupo Ortiz, 150.135 euros, y a Publibús, 300.000 euros. Siempre según este documento, quedarían pendientes de facturar otros 110.000 euros para llegar a una cantidad de 860.135 euros marcada como objetivo.

Agenda de Granados

Asimismo, en la página 119 de la agenda del exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados aparecen los supuestos pagos realizados por el empresario Javier López Madrid, el yerno de Miguel Ángel Villar Mir, dueño de OHL, de 1.460.000 euros a Beltrán Gutiérrez.

Los apuntes reflejan, en concreto, cuatro abonos de 400.000 euros, uno de 300.000, uno de 100.000 y otro de 60.000 presuntamente efectuados por el empresario Javier López Madrid con una regularidad casi mensual.

Las entregas de dinero del empresario quedan reflejadas en el cuaderno con las siglas JLM. Además, el instructor también ha centrado su atención en la financiación del PP madrileño mediante la Fundación para el Desarrollo Económico de la Comunidad de Madrid (Fundescam).

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/30/documentos_manuscritos_del_gerente_aguirre_apuntan_financiacion_del_traves_adjudicatarias_contratos_comunidad_63170_1012.html

NUEVE (PRESUNTAS) VÍAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PARTIDO POPULAR DE MADRID

El juez Eloy Velasco sostiene que los cabecillas de Púnica aplicaron todas las irregularidades al alcance de su imaginación para dopar las campañas electorales del PP madrileño

El caso Púnica está todavía en fase de instrucción, pero los datos que ya tiene en su poder el juez Eloy Velasco son suficientes para publicar el manual sobre corrupción política más exhaustivo que haya salido nunca de una imprenta. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acumulado indicios que acusan al PP de Madrid de haber utilizado al menos nueve vías de financiación ilegal para superar de forma “sistemática los límites de gasto electoral” sin ser detectado por los órganos de fiscalización. La mayoría de las trampas habían aparecido en otros escándalos, como el caso Filesa —que afectó al PSOE—, el caso del 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y los casos Palma Arena y Gürtel del propio Partido Popular, por ejemplo. Pero es difícil encontrar un precedente en el que hayan coexistido tantas fórmulas de financiación ilegal durante un periodo tan largo de tiempo. El PP va camino de batir todos los récords en el caso Púnica.

El PP carga contra la comisión de investigación sobre su supuesta financiación irregular

1. Donaciones de empresarios al cerebro de la trama. El presunto cabecilla de Púnica, Francisco Granados, anotó en una agenda supuestas donaciones de empresarios al PP de Madrid que él mismo se encargaba de recoger y luego entregaba al tesorero de la formación, Beltrán Gutiérrez. Según los investigadores, las aportaciones se habrían producido entre 2011 y 2014. Suman un total de 2.060.000 euros, de los que 1,6 millones habrían sido entregados por una sola empresa, OHL. Extremo este que ha sido desmentido por la constructora. El sistema sería idéntico al descubierto en los papeles de Bárcenas.

2. Donaciones a la fundación del partido. Es uno de los últimos mecanismos detectados en Púnica. Informes de la UCO han constatado, como reveló El Confidencial, que el partido se financió a través de una entidad satélite, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, más conocida por su acrónimo Fundescam. Empresarios y adjudicatarios públicos realizaban donaciones a Fundescam con la excusa de apoyar su supuesta actividad cultural y formativa. Pero el dinero era luego desviado mediante facturas falsas a la caja B del PP de Madrid y se destinaba a actos de campaña. La Fiscalía Anticorrupción ya advirtió en 2010 dentro del caso Gürtel de que la formación había utilizado ese método para concurrir a elecciones de 2003 y 2004. Es un sistema idéntico al que presuntamente usó CDC para ocultar sus donaciones ilegales a través de tres fundaciones: Trias Fargas, CatDem y Fórum. Asimismo, en el caso Filesa, el PSOE también se aprovechó de mercantiles satélite para triangular donaciones de empresarios que terminaron engrosando su contabilidad paralela.

3. Subvenciones públicas. Por el circuito de Fundescam también pasaron fondos públicos. Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado han acreditado que la Comunidad de Madrid, controlada por el propio PP, concedió año tras año subvenciones a esa entidad para apoyar sus proyectos. En el año 2012, por ejemplo, recibió 127.850 euros para difundir “el conocimiento del sistema democrático y la realidad política y sociocultural de la Comunidad de Madrid”. Pero la UCO sostiene que gran parte de las subvenciones que se llevó Fundescam fue desviada a la contabilidad paralela del PP utilizando nuevamente una “facturación por conceptos mercantiles falsos”. En ningún gran caso de corrupción se había utilizado hasta ahora este sistema.

4. Pago de facturas de campaña. Donantes del PP también ayudaron al partido corriendo directamente con sus gastos electorales. El juez Velasco sostiene que las firmas de publicidad y 'marketing' que eligió la formación para diseñar y ejecutar sus actos facturaron parte de esos servicios a empresas y adjudicatarios públicos del entorno de la formación. Los trabajos fueron realizados para el PP, pero los pagaron otros. El foco se sitúa sobre el grupo de publicidad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado, que ya admitió en 2012 haber utilizado esta fórmula para colaborar en la financiación ilegal del PP de Islas Baleares.

5. Partidas de infraestructuras para gastos electorales. Otra de las últimas vías de financiación ilegal descubiertas también se habría alimentado de fondos públicos. La UCO investiga las partidas reservadas a publicidad que el Gobierno madrileño habría incluido al menos desde 2007 en todas las adjudicaciones que licitó. Las empresas que se imponían en los concursos tenían la obligación de gastar en torno a un 1% del importe total del contrato a publicitar el proyecto. El instructor de Púnica sostiene en documentos publicados por este diario que el PP de Madrid aprovechó esas partidas para obligar a los licitadores a dedicar parte de ese 1% a pagar sus gastos de campaña. El sistema también fue utilizado por el PP balear de Jaume Matas. La Guardia Civil analiza cuatro concursos de carreteras en los que se impuso Dragados (ACS); los proyectos de Ciudad y el Campus de la Justicia, y expedientes del plan para la construcción de nuevos hospitales y centros de salud, entre otros.

6. Transferencias desde la cuenta ordinaria. La Ley de Financiación de Partidos Políticos obliga a las formaciones a centralizar en una sola cuenta bancaria los cobros y pagos de las campañas electorales. Debe ser un depósito diferente al utilizado para los gastos de funcionamiento ordinario. Sin embargo, las averiguaciones de la Guardia Civil habrían permitido probar, según el juez, que el PP de Madrid usó cuentas diferentes a la electoral para abonar servicios de campaña. A esas otras cuentas había llegado previamente dinero entregado por los diputados del partido en la Asamblea regional de Madrid. Es la maniobra de financiación ilegal menos sofisticada que se haya aplicado nunca, pero demuestra que en la primera planta de Génova ni siquiera se respetaban las formas.

7. Dinero en efectivo de origen opaco. El PP también manejaba billetes de “procedencia desconocida” con los que habría sufragado sus campañas. Se trata de una vía que puede estar relacionada, según el juez, con las donaciones de empresarios que anotó Granados en su agenda. Pero la UCO no ha logrado aún averiguar de dónde sacó exactamente el partido esos fondos, abriendo así la puerta a la aparición en el futuro de una estrategia de financiación irregular diferente a las nueve detectadas por el momento. El manejo de fondos en efectivo no supone ninguna novedad. Es casi un denominador común de todos los de corrupción, pero en Púnica no había quedado reflejado en el sumario hasta ahora.

8. Presupuesto de fiestas populares. Un informe de la UCO del pasado 14 de diciembre desveló que el Ayuntamiento de Valdemoro, controlado por el PP, dedicó parte de su presupuesto para festejos a costear actos de la misma formación en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008. Todos los trabajos los hizo la misma empresa, Waiter Music. El consistorio de Valdemoro la contrató para celebrar sus fiestas patronales, pero pagó un suplemento a esa mercantil para ocultar por esa vía el abono de facturas que debían haber sido sufragadas por el PP regional. El mecanismo estuvo funcionando al menos entre 2006 y 2010. El método es similar al que utilizaron los alcaldes corruptos del PP en el caso Gürtel. Concedían contratos con sobrecostes al grupo de empresas de Francisco Correa y luego este utilizaba los excedentes para organizar actos de Génova.

9. Encuestas políticas. Los investigadores han reconstruido otra fórmula de financiación ilegal novedosa. La empresa de eficiencia energética Cofely logró contratos millonarios en ayuntamientos de toda España ofreciendo a alcaldes y concejales, entre otros presuntos cohechos, sondeos sobre su gestión en sus respectivos municipios. Supuestamente, las encuestas iban a abordar asuntos relacionados con la energía y cuestiones medioambientales, pero las preguntas se centraban siempre de manera intencionada en la labor de las corporaciones locales para que los partidos pudieran utilizar los resultados de las encuestas con fines electorales.

Nota de redacción: OHL se ha puesto en contacto con este diario para afirmar que “es rotundamente falso, y en consecuencia, negamos por completo, que OHL haya entregado al Partido Popular de Madrid (ni a ninguna otra formación política) cantidad de dinero alguna para su supuesta financiación ilícita. En consecuencia, OHL, niega, de forma tajante, que se haya hecho entrega al Sr. Granados de la suma a la que se refiere esta información.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-29/el-pp-de-madrid-recibio-750-000-euros-en-b-para-la-campana-de-2007_1357385/

GÉNOVA AYUDÓ A BLANQUEAR LA FINANCIACIÓN DEL PP DE MADRID

Bárcenas anotó de su puño y letra que el 3/3/2004 recibió en...

Bárcenas anotó de su puño y letra que el 3/3/2004 recibió en efectivo 50.000 euros en negro para las campañas de Madrid. Este dinero fue ingresado en la cuenta nacional del partido y transferido a la regional. El presidente del PP de Madrid en ese momento era Pío García Escudero, máximo responsable, por lo tanto, de las finanzas del partido en Madrid en ese momento. Días después tuvieron lugar las Elecciones Generales (en ese ejercicio no hubo autonómicas). Esperanza Aguirre le sucedería al frente del partido en noviembre de 2004. EL MUNDO

Sus tesoreros recibían y pedían los grandes donativos y los blanqueaban

Fernández: "Dábamos dinero a la fundación del PP para quedar bien con el establishment"

Documentos de Púnica revelan financiación ilegal en el PP de Madrid

Génova colaboró con la financiación irregular de las campañas electorales del PP de Madrid. La Tesorería Nacional del partido se puso de acuerdo con los responsables regionales para diseñar una operativa fraudulenta con la que blanquear dinero negro para los actos de la formación encabezada por Esperanza Aguirre y burlar así los controles legales establecidos.

En el marco de esta estrategia, la dirección del partido mantuvo además reuniones con Ceim (Confederación Empresarial Madrileña) para que intercediera ante sus afiliados con el objetivo de que inyectasen dinero en Fundescam, la fundación que utilizó el PP madrileño para financiarse ilegalmente.

EL MUNDO ha tenido acceso a documentación de los ex responsables de las finanzas del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, que revelan las diferentes estrategias diseñadas desde Génova para camuflar las donaciones en efectivo ante el Tribunal de Cuentas y esquivar los límites legales. Estas estratagemas vinculan directamente a Génova con una trama que está siendo investigada ahora por la Audiencia Nacional en la denominada operación Púnica.

La dirección del PP pidió a Ceim que ayudara dando dinero a Fundescam

La práctica más importante que acordaron desarrollar conjuntamente los responsables del PP nacional y madrileño consistía en que buena parte de los donativos en metálico aportados por los empresarios para las campañas madrileñas fueran entregados en mano en la Tesorería Nacional del partido.

De esta forma, se instruyó a los grandes donantes para que pasaran por la ventanilla de Lapuerta y Bárcenas a la hora de realizar las entregas en lugar de por la del ex gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez. Tras seguir estas indicaciones y ya con el dinero en manos de la Tesorería Nacional del partido, se procedía a urdir una estrategia que perseguía no llamar la atención en la cuenta corriente de donativos de la regional de Madrid. Así, el dinero en metálico se ingresaba por parte de los tesoreros nacionales en la cuenta corriente nacional de donativos a pesar de que su destino eran los comicios autonómicos y municipales madrileños y, en ningún caso, los actos nacionales. Justificante del ingreso de uno de los presuntos donativos ilegales al PP de Madrid en la cuenta nacional del partido. |EL MUNDO

Una vez allí, estos fondos eran transferidos por vía bancaria a la cuenta corriente de funcionamiento del partido en la capital de España. Mediante este subterfugio se aparentaba falsamente que la formación madrileña se nutría de aportaciones del partido nacional y se disimulaba su procedencia. También se evitaba que la cuenta regional recibiera cantidades muy importantes en campaña que contrastaban con las recibidas habitualmente. Se vulneraban así los límites de 60.000 euros por donante y año y la imposibilidad de hacer donaciones a quienes obtenían licitaciones de administraciones públicas.

Sirva de ejemplo que el 4 de marzo de 2004 los responsables de las finanzas nacionales, Bárcenas y Lapuerta, transfirieron 50.000 euros desde una cuenta de funcionamiento del partido a nivel nacional a la cuenta corriente de funcionamiento del PP de Madrid. Transferencia desde la cuenta nacional del PP a la cuenta de funcionamiento regional del partido. | EL MUNDO

Junto a uno los extractos de estas operaciones, Bárcenas anotó de su puño y letra que el dinero les había sido entregado en mano y señaló a José Manuel Fernández Norniella (ex presidente de las Cámaras de Comercio). Resaltó que esos «50.000 euros en efectivo» habían sido «transferidos a Madrid c/c funcionamiento».

La sede central metía en su cuenta dinero negro y la transfería a Madrid

Sin embargo, Génova no sólo tejió este sistema, sino que recurrió a su propio personal para ingresar en pequeñas cantidades el dinero en efectivo de los empresarios en la cuenta de donativos regional en lo que se conoce popularmente como pitufeo. Asimismo, corría a cargo de empleados de la sede central del partido el ingreso de efectivo o de cheques fraccionados en Fundescam, también con el objetivo de sufragar los actos electorales. En relación con esta última operativa, Bárcenas reflejó en sus anotaciones que «Esther», en referencia a la empresaria Esther Koplowitz, le había entregado «73.000 euros» que fueron fraccionados en cheques de importes menores e ingresados en la fundación controlada por el PP madrileño. La coordinación entre el PP nacional y regional en materia de financiación irregular de las campañas se tradujo, además, en otra serie de gestiones. Concretamente, en la interlocución por parte de la Tesorería Nacional del PP con organismos como Ceim (Confederación Empresarial de Madrid) para que sus afiliados donaran a Fundescam para pagar las campañas populares. Especialmente intensas fueron estas gestiones al repetirse las elecciones de 2003 tras el célebre tamayazo

http://www.elmundo.es/espana/2017/03/25/58d57fd7e2704e39418b45ab.html

LA CAJA B DEL PP DE MADRID AFLORA EN EL PAGO EN EFECTIVO DE UN MITIN DE AGUIRRE

Un informe de la UCO incorporado al 'caso Púnica' revela que los populares abonaron 20.470 euros de "procedencia desconocida" por un acto de las elecciones de 2007

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Púnica destapa el supuesto pago en efectivo por parte del PP de sendos actos del partido en 2006 y 2007 con fondos de "procedencia desconocida". Uno de ellos, el mitin que el 12 de mayo de ese último año celebraron los populares en Valdemoro (Madrid) con motivo de las elecciones autonómicas y municipales, y en el que participaron la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; su vicepresidente, Ignacio González, y el ahora señalado como presunto cabecilla de la trama, Francisco Granados. El documento cifra en 20.470 euros el dinero en metálico de origen dudoso utilizado por la formación para pagar a Waiter Music SL, la empresa que organizó ambos eventos y cuyo propietario, José Luis Huerta, está imputado.

Los agentes llegan a esta conclusión tras localizar en los ordenadores intervenidos en la sede de esta mercantil especializada en festejos populares y que recibió cerca de 14 millones de euros en adjudicaciones de ayuntamientos gobernados por el PP diversos documentos contables en los que se detallaba el coste de dicho mitin y de una fiesta de la formación en la misma localidad celebrada en 2006, así como la forma de pago de ambos. El primero estaba valorado en 17.000 euros e incluyó la contratación del grupo 'Ecos de las Marismas', la adquisición de "8.000 botellas de agua con camión frigorífico", la actuación de "patinadores" y la compra de "15 tableros y 14 sillas para campaña". El segundo fue valorado en 12.540 euros, pero la mercantil hizo un descuento del 50% al PP y sólo le facturó 6.270 euros.

En otro documento intervenido, los responsables de Waiter Music detallan la forma de facturar los 23.270 euros de ambos actos. "Esto se cobra así", se recoge textualmente antes de pormenorizar que los 2.800 de las sillas y tableros se camuflaron en sendas facturas emitidas por la propia mercantil y otra del mismo empresario, Saranais SL, que la UCO tilda de "manifiestamente falsas" y que fueron cargadas al presupuesto de las fiestas patronales que el Ayuntamiento de Valdemoro organizó aquel año. Los restantes 20.470 euros fueron abonados en "efectivo" por el PP, según dicha anotación.

Tras este descubrimiento, la UCO examinó los datos aportados tanto por Waiter Music como por el PP a la Agencia Tributaria sin encontrar "ninguna actividad" entre ambas "que pudiera estar relacionada con el pago del evento señalado". Por ello, los agentes concluyen que los 17.000 euros que costó el mitin de Aguirre "habrían sido liquidados en parte utilizando 2.800 euros de dinero público pagado por el Ayuntamiento de Valdemoro” y el resto “se habría pagado en efectivo desconociendo la procedencia de esta cantidad".

Por todo ello, la Guardia Civil considera que se cometió un posible delito electoral al haber utilizado el PP fondos "que no fueron declarados como gastos de campaña". No obstante, el informe de la UCO admite que dicha infracción penal estaría prescrita dado el tiempo transcurrido, diez años. De la misma, los agentes hacen responsable al entonces gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, ya imputado en la causa dentro de la pieza secreta en la que se investiga, precisamente, la supuesta financiación irregular del partido.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/21/actualidad/1490121745_520364.html

EL PP DE MADRID REGÓ CON DINERO PÚBLICO LAS AGENCIAS QUE HICIERON SU CAMPAÑA B DE 2007

El Gobierno de Aguirre concedió millones de euros en contratos públicos a las dos empresas de publicidad que aparecen en los papeles de Beltrán Gutiérrez sobre la caja B del PP madrileño

Miguel Ángel Rodríguez aterrizó en la presidencia de la central de compra de medios Carat España en 1998 tras dos años como portavoz del primer Gobierno de José María Aznar. Abandonó la compañía en enero de 2006 pero, para entonces, Carat ya se había convertido en uno de los adjudicatarios predilectos de los gobiernos populares de la Comunidad de Madrid. También del propio PP regional. Documentos encontrados por la Guardia Civil en la casa del entonces gerente del partido, Beltrán Gutiérrez, revelan que Carat ejecutó su campaña de 2007 y que al menos un millón del presupuesto que manejó la agencia en esos comicios salió de tres letras, "CAM", el acrónimo más utilizado para referirse a la Comunidad de Madrid. Gutiérrez lo anotó junto al nombre de la agencia.

¿De dónde salió exactamente ese dinero? Eso es lo que tratan de determinar los expertos en delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) y el instructor del caso Púnica, el juez Eloy Velasco, que investigan en secreto la caja B del PP madrileño desde hace dos años. Documentos como los encontrados en la vivienda de Beltrán Gutiérrez ya han llevado al juez a sostener, por lo pronto, que hay numerosos indicios de que la formación que lideraba Esperanza Aguirre se presentó a las elecciones de 2007, 2008 y 2011 superando los límites legales de gasto, como adelantó El Confidencial.

Según fuentes cercanas al caso preguntadas por este diario, el juez considera que ese millón de euros utilizado por Carat para la compra de espacios “de publicidad exterior” fue desviado de las adjudicaciones millonarias que recibió esa misma compañía de organismos públicos controlados por el propio beneficiario de la campaña: el PP de Madrid. Los ejemplos son numerosos. En abril de 2006, Metro de Madrid, dependiente de la comunidad, otorgó a Carat un megacontrato de 23,6 millones de euros, la cantidad más elevada que el suburbano había dedicado nunca a publicidad.

Ese mismo año, a solo 12 meses de las elecciones de 2007, Carat también recibió otro megacontrato de un organismo tutelado por el Ejecutivo de Aguirre. En concreto, el 31 de marzo de 2006, el BOE publicó la victoria de la central de medios en un concurso del Canal de Isabel II para desarrollar su publicidad por 9,86 millones, cinco veces el importe licitado para ese cometido en el ejercicio anterior. Y en 2007, el ente público del agua volvió a licitar otro contrato de 'marketing' por importe de 19,7 millones y una duración de dos años. La empresa que se lo llevó fue, nuevamente, Carat España. La licitación fue prorrogada y duró finalmente tres ejercicios.

Otras entidades también regaron con millones la cuenta de resultados de Carat antes de las elecciones bajo sospecha. El 27 de noviembre de 2006, por ejemplo, la Consejería de Empleo y Mujer entregó otros tres millones a la agencia para un plan de “prevención de la violencia de género y servicio de información telefónica para mujeres víctimas de violencia de género”. El juez Velasco mantiene que una parte de esa lluvia de millones públicos, al menos 56 millones de euros antes de los comicios de 2007, terminó en la caja B que presuntamente administraba Beltrán Gutiérrez. El desvío de los fondos se habría camuflado mediante facturas por conceptos mercantiles falsos.

La mecánica se habría repetido con al menos una segunda firma de publicidad que también participó en la campaña de Aguirre de 2007, Over Marketing, y que aparece igualmente en los documentos manuscritos por el exgerente del partido. El caso de Over era más conocido. Hace tres semanas, la UCO lanzó un nuevo operativo en Púnica para requerir precisamente los expedientes de todas las adjudicaciones concedidas por la Comunidad de Madrid a esa agencia, propiedad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado. Los agentes sospechan, al igual que en el caso de Carat, que una parte de los contratos que se llevó fueron instrumentalizados para dopar la financiación del PP en sucesivas elecciones. Los papeles del domicilio de Beltrán Gutiérrez reflejan que, al menos en 2007, Over Marketing habría realizado acciones para el partido por importe de 1,1 millones de euros en negro. Y Horacio Mercado ya reconoció en 2012 en un juzgado de Baleares haber hecho exactamente lo mismo para inyectar dinero negro el PP de las islas que presidía Jaume Matas.

En total, como publicó El Confidencial este jueves, Aguirre fue reelegida en 2007 tras destinar presuntamente a su campaña 5,7 millones de euros, más del doble de los 2,6 millones que comunicó a la Cámara de Cuentas autonómica. Esos 3,1 millones en B de diferencia salieron presuntamente de las adjudicaciones otorgadas a las agencias, pero también de donaciones de empresarios y subvenciones públicas que fueron canalizadas a través de Fundescam, la fundación sin ánimo de lucro de los populares madrileños. El juez Velasco apunta asimismo a dinero “en efectivo de procedencia desconocida”. Por su parte, el dinero de los empresarios venía supuestamente de otro nombre clave, “Diego León”, el nombre de la calle en la que tiene su sede la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

En opinión de Francisco Montiel, miembro de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que lidera la acusación popular en Púnica, “aunque falta conocer los informes de la Guardia Civil, todo apunta a que se están cerrando varios círculos al mismo tiempo”. “Por un lado”, sostiene Montiel, “está la financiación ilegal del PP de los papeles de Bárcenas, que está conectada con estos nuevos documentos. Además, por otro lado, también han aparecido vinculaciones con Fundescam, que ya fue investigada en Gürtel en una pieza separada, aunque luego se sobreseyó al concluir que los posibles delitos habrían prescrito. Si se demuestra ahora que Fundescam siguió siendo utilizada por el PP, estaríamos ante un delito continuado de falsedad y de cohecho y podría volver a investigarse todo”, apunta este letrado. “Se está conectando todo, incluso casos de financiación del PP de otros puntos de España que se habían investigado por separado. Parece que todo respondía a un plan conjunto”.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-31/financiacion-ilegal-pp-madrid-dinero-publico-agencias-campana-2007_1358436/

NUEVOS PAPELES REVELAN QUE AGUIRRE FUE REELEGIDA EN 2007 CON 3 MILLONES EN NEGRO

La Guardia Civil encontró en la casa del exgerente del PP de Madrid un esquema de la campaña de 2007 que revela que el partido dobló presuntamente los límites de gasto electoral con fondos opacos

El Partido Popular de Madrid concurrió presuntamente a las elecciones autonómicas de 2007 con un presupuesto de 5,7 millones de euros, más del doble de los 2,6 millones que declaró de forma oficial a la Cámara de Cuentas. El excedente habría salido de donaciones directas de empresarios, pagos de la Administración pública y actos de campaña facturados con conceptos mercantiles falsos. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraron las pruebas de esas supuestas irregularidades en febrero de 2016, cuando registraron el domicilio del gerente del partido en aquellos años, Beltrán Gutiérrez, en el marco de la pieza separada del caso Púnica en la que el juez Eloy Velasco disecciona la presunta caja B de los populares madrileños.

Entre las carpetas de documentación que ocultaba Gutiérrez en su casa, los investigadores localizaron varios folios manuscritos con un plan de medios para las elecciones de 2007 que identificaba el origen real del dinero que manejó la formación en esos comicios. Y su procedencia no fue precisamente legal. El exgerente anotó que el capítulo de publicidad exterior requería un gasto de “1,5”, en referencia a 1,5 millones de euros. Por su parte, para publicidad en “prensa radio”, el partido destinaría “0,9”, 900.000 euros. Esta última partida terminó ascendiendo a 1,1 millones de euros. Y, finalmente, la “campaña de medios exteriores” supondría una inversión de otros “0,6”, 600.000 euros.

Pero lo verdaderamente relevante son los nombres que aparecen junto a esas cantidades. En otro folio, Beltrán Gutiérrez precisó que los 900.000 euros para la publicidad en “prensa radio” saldrían en su mayor parte de “Diego León”, un código en clave que alude, según empresarios cercanos al PP consultados por El Confidencial, a la calle de Diego de León, la misma en la que tiene su sede la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), la filial autonómica de CEOE que lideraba el empresario de la hostelería Arturo Fernández, imputado ya en la pieza de Púnica sobre la caja B del PP.

Según dejó escrito Gutiérrez, el partido solo puso 200.000 euros para la publicidad en “prensa radio”. Los otros 700.000 euros salieron de donaciones de “Diego León”. Estas mismas dos palabras vuelven a aparecer junto a otra aportación de 300.000 euros que presuntamente sirvió para sufragar los 1,5 millones que el partido destinó a publicidad exterior. El resto del dinero para ese capítulo de la campaña salió en su mayoría de un gran donante al que Gutiérrez identificó con tres mayúsculas: CAM. Se trata del acrónimo que se utiliza habitualmente para referirse a la Comunidad de Madrid. El exgerente del PP regional anotó las tres letras junto a un “1”, es decir, un millón de euros. Los otros 200.000 que completaron el capítulo de publicidad exterior los puso nuevamente el PP de Madrid. El documento no aclara de dónde salió exactamente el dinero.

Asimismo, Gutiérrez dejó constancia de las agencias de publicidad que desarrollaron cada segmento de la campaña. Sus nombres también han servido para avanzar en las indagaciones. De los folios se desprende que el PP de Madrid adjudicó su publicidad exterior a la agencia Carat, la central de compra de medios que fichó como presidente a Miguel Ángel Rodríguez, el primer secretario de Estado de Comunicación de José María Aznar, justo después de que abandonara ese puesto en 1998. Rodríguez dejó la empresa solo unos meses antes de las autonómicas de 2007.

Por su parte, la campaña de “prensa radio” terminó en manos de Over Marketing, la firma de publicidad en la que se han centrado las últimas diligencias ordenadas por Velasco. El juez de Púnica sostiene que esa mercantil formaba parte de un grupo capitaneado por el empresario argentino Daniel Horacio Mercado, que recibió millones de euros en adjudicaciones del Gobierno de la Comunidad de Madrid para campañas de publicidad y 'marketing'. Parte de esos fondos públicos habrían sido desviados, según Velasco, para costear las campañas del PP, entre ellas la de 2007. La maniobra se ocultaba mediante facturas por conceptos falsos.

En otro documento hallado en el domicilio de Gutiérrez, avanzado por 'El Mundo', el exgerente reflejó gastos de campaña por valor de 750.135 euros que presuntamente fueron abonados por tres empresas: Acciona (300.000 euros), Grupo Ortiz (150.135 euros) y Publibus (300.000 euros). El dirigente resumió en una última hoja la distribución de todos los gastos y quién los asumió. En total, el plan de medios de 2007 financiado presuntamente con dinero negro alcanzó los 3,1 millones de euros, una cantidad que supera incluso los 2,6 millones que declaró el PP de Madrid a la Cámara de Cuentas.

Así son las joyas y antigüedades de los Bárcenas

La Guardia Civil encontró en la casa del extesorero del PP de Madrid numerosos documentos de su amigo Luis Bárcenas, el tesorero del PP nacional imputado

Supuestamente, según manifestaron los populares, esos 2,6 millones salieron de operaciones de endeudamiento y anticipos de la Administración que fueron debidamente justificados. Pero el caso Púnica ha revelado que la candidatura de Esperanza Aguirre contó presuntamente con hasta 5,7 millones de euros gracias a las vías de financiación alternativas que gestionó el supuesto responsable de su contabilidad paralela.

Una vez publicada esta información, el presidente de CEIM-CEOE, Juan Pablo Lázaro, ha ordenado este jueves realizar una investigación interna, que incluye una auditoría externa, para aclarar si la patronal madrileña financió la campaña del PP de Madrid en 2007. En el caso de que dicha investigación interna arroje cualquier irregularidad, CEIM la trasladará "con total transparencia" al juzgado instructor que está instruyendo el caso "en el ánimo de colaborar, en todo momento, con el esclarecimiento de los hechos".

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-29/nuevos-papeles-revelan-aguirre-reelegida-elecciones-2007-dinero-negro_1357820/

LA PATRONAL MADRILEÑA INVESTIGA SI FINANCIÓ CAMPAÑAS DEL PP EN 2007

El presidente de Ceim, Juan Pablo Lázaro, ha ordenado una investigación interna y una auditoría externa

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, Juan Pablo Lázaro, ha ordenado una investigación interna y una auditoría externa para aclarar si la patronal madrileña destinó fondos a financiar campañas del Partido Popular en 2007.

La patronal reacciona así a una información del diario El Mundo que asegura que documentación manuscrita hallada por la Guardia Civil en el domicilio del exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez muestra esos pagos con la anotación "Diego León", el nombre de la calle madrileña en la que Ceim tiene su sede.

Junto a la "minuciosa investigación interna", Ceim hará una auditoría externa de "los supuestos pagos realizados a terceros durante el periodo publicado".

Arturo Fernández, que aquel año era miembro de la junta directiva de la patronal madrileña, que dirigía Gerardo Díaz Ferrán, ha defendido este jueves la gestión "transparente" de la organización, que según él, cumplió con los "cánones ortodoxos" establecidos para ello, informa Europa Press.

De hallar cualquier "irregularidad", la patronal la trasladará "con total transparencia" al tribunal que investiga la "supuesta" financiación ilegal del Partido Popular, asegura la Confederación Empresarial en un comunicado difundido hoy.

Ceim desarrollará "las acciones oportunas para defender sus intereses legítimos frente a quienes puedan haber tomado decisiones presuntamente irregulares", añade la nota de prensa.

El juez de la Audiencia Eloy Velasco investiga la posible financiación irregular del PP madrileño en una pieza del caso Púnica, la única secreta de esta investigación, y ante él ha comparecido en dos ocasiones el exgerente del PP Beltrán Gutiérrez, que ha negado que la existencia de fondos ilegales.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/30/actualidad/1490870255_465700.html

LOS PAPELES DEL GERENTE DE AGUIRRE INCLUYEN A UNA EMPRESA QUE LOGRÓ 1,3 MILLONES POR "EVALUAR" OFERTAS DE PUBLICIDAD OFICIAL

Un fax con gastos electorales "pendientes" por 441.425 euros fue enviado desde la sede del partido a la empresa Swat en noviembre de 2007

La empresa se había encargado de puntuar los méritos de quienes un año antes optaron a gestionar dos campañas institucionales millonarias de las que no quedó rastro y que la oposición denunció en el 'caso Gürtel'

Los documentos sobre la campaña electoral de 2007 incautados en casa del hoy exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, durante uno de los registros de la Operación Púnica incluyen dos hojas mecanografiadas que detallan gastos electorales por 441.425,45 euros y que fueron enviadas desde la sede regional del partido a un fax el 1 de octubre de 2007. El justificante de transmisiones no precisa a quién pertenecía. Pero el número que aparece en ambas hojas se corresponde con el del fax que en aquella época utilizada la empresa Swat SL, que en 2006 había recibido de la Comunidad de Madrid un contrato de 1,3 millones de euros para "evaluar" la estrategia de comunicación del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), un organismo autonómico que el Gobierno de Esperanza Aguirre clausuró por sorpresa en enero de 2011.

infoLibre contactó este jueves con el administrador de Swat. El empresario, a quien este diario comunicó los datos que obran en su poder -la pertenencia del citado fax a Swat en 2006 consta en la base de datos de contratos públicos de la Unión Europea-, declinó responder las preguntas formuladas. Ha prestado ya declaración en el caso Púnica y desde entonces -adujo- tiene prohibido taxativamente por el juez abordar el asunto con nadie. En el verano de 2015, el administrador de Swat ya declaró como testigo ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El acta confirma que admitió haber dado servicios al Canal de Isabel II pero también que negó de forma tajante cualquier otro trabajo para la Comunidad de Madrid. El contrato de 1,2 millones con el Imade no figura en esa declaración.

En 2007, el balance nacional consolidado del PP anotó 815.515 euros como cantidad facturada por Swat al partido en su conjunto. Pero la contabilidad regional del PP madrileño no refleja ni un euro abonado o adeudado a esa mercantil a lo largo de aquel ejercicio. Por qué Beltrán Gutiérrez le envió el 1 de noviembre de 2007 un fax a Swat con distintos conceptos y costes parciales que suman un "total pendiente" de 441.425,45 euros es aún una incógnita.

Campañas sin rastro

Como "consultora" del Imade, el único trabajo conocido que desarrolló Swat fue el de puntuar en el segundo semestre de 2006 los méritos de las compañías aspirantes a gestionar sendos contratos igualmente millonarios (1,25 millones y dos millones, respectivamente) licitados por ese organismo público. El primero de esos dos contratos se refería a "una campaña de publicidad (sin inserción en medios)" sobre "la importancia del Desarrollo Económico Equilibrado"; el segundo iba vinculado a una campaña destinada a subrayar la relevancia de las pymes y los autónomos. De ninguna de esas dos campañas quedó rastro. Y así lo hizo constar la entonces diputada regional de IU Reyes Montiel en la denuncia que el 22 de abril de 2010 elevó al fiscal general del Estado. La denuncia quedó incorporada al sumario Gürtel. Pero sin consecuencias.

¿Y quiénes fueron los beneficidos por la puntuación que Swat hizo de sus ofertas? De la primera campaña, la empresa MQM, que había ostentado la condición de proveedora de firmas del grupo de Francisco Correa. La ejecución de la segunda campaña recayó en Over Marketing. Investigada por el juez Eloy Velasco dentro de la pieza abierta en Púnica sobre financiación del PP y que se mantiene bajo secreto de sumario, Over Marketing es una de las firmas que aparecen en los manuscritos donde el gerente regional del PP en la etapa de Aguirre reflejó lo que posee todos los visos de un reparto de costes electorales endosados a grandes adjudicatarios de contratos públicos. Como publicó infoLibre, Over Marketing y sus tres empresas satélite cobraron casi 10 millones de euros de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre.

Su propietario, Daniel Mercado, admitió en 2012 durante la instrucción del caso Palma Arena que había obtenido contratos amañados no solo en Baleares sino también en Madrid. Mercado remarcó que nunca había pagado comisiones. Y que el beneficiado por esa operativa había sido el PP: Over Marketing y sus empresas satélite -aseguró entonces- habían realizado para el PP actos gratis. El acta de su declaración resulta elocuente: “Que quizás el beneficio que pudieran obtener las personas que le contratasen es que no les facturasen las totalidades de los costes de las dos campañas electorales del PP del año 2003 y 2007”.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/31/los_papeles_del_gerente_aguirre_incluyen_una_empresa_que_logro_millones_por_evaluar_ofertas_publicidad_oficial_63235_1012.html

EL JUEZ ACUSA AL PP DE PAGAR CON BILLETES "DE PROCEDENCIA OPACA" SUS ACTOS DE CAMPAÑA

Informes de la Guardia Civil revelan nuevas vías de financiación ilegal del PP de Madrid que incluyen el pago de campañas con fondos entregados por diputados de la Asamblea regional

Los avances en la investigación sobre la presunta caja B del PP de Madrid han arrojado conclusiones demoledoras para el partido. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto un aluvión de evidencias que demostraría, por primera vez, que Génova habría estado utilizando “dinero en efectivo de procedencia opaca”, fuera de todo control, para pagar actos de campaña. Para rebasar de forma “sistemática los límites de gasto electoral” sin ser descubierto, el partido recurrió a “la articulación y empleo de una red de empresas” que facilitó “la materialización y ocultación de los gastos electorales no declarados”. En esa estrategia, empleó incluso dinero de sus diputados en la Asamblea de Madrid. Las acusaciones se desprenden de nuevos informes de la UCO incorporados a la pieza secreta que instruye el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, sobre la contabilidad paralela del PP regional.

Como adelantó El Confidencial este martes, los expertos en delitos económicos del Instituto Armado sostienen que esas “irregularidades, muchas de ellas con relevancia penal”, habrían permitido a la formación concurrir en condiciones ventajosas a al menos tres citas electorales: las municipales y autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008. El dinero opaco que manejó el partido en esos comicios salió presuntamente de donaciones ilegales de empresarios y de subvenciones públicas concedidas por gobiernos de la Comunidad de Madrid del propio PP. Los fondos llegaban a una entidad sin ánimo de lucro, Fundescam, y luego eran desviados mediante “facturas por conceptos mercantiles falsos” a las cuentas del partido.

Pero la trama que supuestamente lideraban el exsecretario general del partido y cerebro de Púnica, Francisco Granados, y el exgerente de la formación Beltrán Gutiérrez, también utilizó otras vías para aumentar su capacidad de gasto. En un auto de la pieza secreta al que ha tenido acceso este diario, el juez Velasco detalla que “se ha detectado (…) la participación reiterada en el tiempo de un núcleo empresarial que ha formado parte integral de la estrategia del Partido Popular en este ámbito y que lo ha hecho posible”, blanqueando los billetes que circulaban por la primera planta de Génova.

Esas empresas a las que se refiere el magistrado no realizaron aportaciones económicas, como hicieron otras mercantiles, en su mayoría, constructoras y adjudicatarias públicas. En este caso, el juez habla de un grupo integrado por proveedores de publicidad y marketing que trabajaron para la formación colaborando abiertamente en su fraude. Así, según Velasco, “en el marco de su colaboración con el Partido Popular regional, [estas empresas] habrían sido receptoras de dinero en efectivo de procedencia opaca, habrían falseado facturas con el propósito de ocultar la prestación de servicios de campaña y habrían actuado de intermediarios para eludir que el Partido Popular figurara como destinatario y pagador de los servicios de campaña prestados por terceras empresas”.

Según fuentes cercanas al caso consultadas por El Confidencial, en esa mecánica de ocultación habría participado el grupo de publicidad de Daniel Horacio Mercado, un empresario que precisamente acaba de ser procesado por la presunta financiación ilegal del PP de Islas Baleares. Mercado ya admitió en 2012 que desvió fondos de adjudicaciones públicas del Gobierno de Jaume Matas para sufragar las campañas del propio dirigente popular. También recogió dinero de empresarios que pagaron en negro otros actos del partido.

Aguirre dice que Fundescam no costeó ninguna campaña del PP de Madrid

Esas mismas prácticas y con el mismo intermediario son la que ha detectado ahora la Guardia Civil en el PP de Madrid dentro del caso Púnica. El juez Velasco ordenó hace dos semanas una nueva batería de diligencias para analizar todos los contratos de publicidad que concedió la administración madrileña a Mercado y, también, las partidas que se llevó de adjudicatarios públicos para promocionar infraestructuras aprobadas por ejecutivos regionales.

Este diario ya publicó que, entre esos contratos bajo sospecha, están las adjudicaciones de la Ciudad de la Justicia y el proyecto anterior Campus de la Justicia; cuatro carreteras construidas por Dragados (ACS) entre 2007 y 2011; un contrato de 919.183 euros de la empresa pública Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente; y una adjudicación de 2 millones de euros de la Consejería de Economía, entre otras licitaciones. Los investigadores sostienen que esos proyectos sirvieron para detraer fondos públicos con los que se pagaron los trabajos realizados para el PP por las mercantiles del empresario argentino (Over Marketing y Comunicación SL, Traci Comunicación SL, Link América SL y Abanico de Comunicación y Marketing SL).

EL JUEZ ACUSA AL PP EN UN AUTO SECRETO DE PAGAR EN B LAS CAMPAÑAS DE 2007, 2008 Y 2011

El juez acusa al PP en un auto secreto de pagar en B las campañas de 2007, 2008 y 2011

La Guardia Civil ha acreditado que el PP de Madrid utilizó la fundación Fundescam para captar subvenciones públicas que luego desvió al partido con facturas falsas para pagar gastos electorales

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto que el Partido Popular de Madrid manejó “una contabilidad B de gastos electorales” en los comicios autonómicos y municipales de 2007 y 2011 y en los generales de 2008 que le habría permitido superar de forma sistemática “los límites de gasto electoral” sin que saltaran las alarmas en los órganos de fiscalización. El dinero entró por la puerta de atrás de Génova mediante el desvío de subvenciones de la Administración y el cobro de donaciones ilegales a cambio de “contratos públicos”. La acusación figura en nuevos informes de la UCO incorporados a la pieza secreta que instruye el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, centrada en la presunta financiación ilegal del PP madrileño.

Según sostiene el magistrado en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, en el núcleo de la trama se sitúa la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, más conocida por su acrónimo Fundescam. Como ya adelantó este diario el pasado enero, los expertos en delitos económicos del Instituto Armado han concluido que esta entidad sin ánimo de lucro creada por el PP regional en el año 2000 con el supuesto objetivo de promover acciones formativas y culturales fue empleada de forma masiva, en realidad, para triangular operaciones de su contabilidad paralela. El juez considera acreditado que permitió al partido “vehicular los fondos destinados a gastos electorales y actuar de pantalla de cobertura de la verdadera naturaleza y destinatario de los servicios de campaña”.

Por Fundescam habrían pasado los donativos opacos de constructores y empresarios pero también ayudas públicas concedidas por los gobiernos madrileños del propio Partido Popular, una nueva vía de financiación ilegal que había pasado desapercibida hasta ahora. La mecánica era sencilla y permitía al PP controlar todo el proceso. Primero, los gobiernos autonómicos de Esperanza Aguirre concedían fondos a Fundescam para apoyar falsos programas sociales y educativos. Posteriormente, el dinero era transferido a Génova mediante “facturación por conceptos mercantiles que enmascaraban gastos electorales del Partido Popular de Madrid”. Y, por último, los fondos permitían a la formación partir con ventaja en los comicios para conservar el control de las instituciones y, de ese modo, poner en marcha otra vez la rueda del fraude para financiar futuras campañas.

La resolución de Velasco precisa que esta práctica ha sido detectada al menos en tres elecciones que se celebraron en un periodo de cuatro años. Los hechos se atribuyen al PP de Madrid pero se da la paradoja de que, en las generales de 2008, el verdadero beneficiado por el engaño fue el PP nacional, que celebró numerosos actos de campaña en la Comunidad de Madrid. En varios de ellos, participó el propio Mariano Rajoy.

Granados, Gutiérrez y Echevarría

Según el juez, en el desvío de las ayudas públicas habrían tenido un papel destacado tres dirigentes del partido: el ex secretario general de la formación y presunto cerebro de Púnica Francisco Granados; el exgerente Beltrán Gutiérrez; y el exconsejero de Transportes José Ignacio Echevarría, que durante una temporada hizo las funciones de tesorero de la fundación. El auto asegura que los tres, “como miembros del Patronato de Fundescam, habrían sido los que presentaron dichas facturas falsas al objeto de justificar el destino de los fondos recibidos con el propósito declarado de la subvención”.

Granados está imputado desde que estalló Púnica en octubre de 2014, mientras que Gutiérrez fue detenido en febrero de 2016. Por su parte, Echevarría se había mantenido al margen del caso hasta hace sólo dos semanas. El juez Velasco lo citó como imputado para que aclarara su papel en el movimiento de fondos. Echevarría, que empezó la legislatura como diputado en la Asamblea de Madrid, tuvo que dejar su escaño después de que tuviera un accidente de tráfico superando la tasa de alcohol permitida.

La UCO también ha confirmado que el PP de Madrid utilizó Fundescam para canalizar donaciones ilegales de empresarios que luego terminaron en la caja B del partido. La acusación no es nueva. La Fiscalía Anticorrupción ya concluyó en 2010, dentro de las investigaciones sobre el caso Gürtel, que los populares utilizaron esa entidad satélite para captar aportaciones no declaradas que luego desviaron a las campañas de las dos elecciones autonómicas de 2003, conocidas como las del 'tamayazo'. Sin embargo, el Ministerio Público desistió de perseguir los dos posibles delitos electorales al considerar que ya habían prescrito.
 

Donaciones de empresarios hasta 2011

La Guardia Civil ha descubierto ahora en Púnica que Fundescam siguió recibiendo dinero de empresarios al menos hasta 2011, sólo tres años antes de que comenzara esta causa. Pero los agentes han ido incluso más allá en sus últimos informes. Según la resolución de Velasco, se ha podido certificar la existencia de “múltiples irregularidades penalmente relevantes” en concursos públicos que habrían sido manipulados por dirigentes del partido para premiar a las mercantiles que daban dinero para sus campañas electorales. Es decir, que las entregas ilegales de fondos al PP tuvieron una correspondencia directa en adjudicaciones, un vínculo que permite al juez cerrar el círculo del cohecho.

En el trienio 2005-2007, Fundescam recibió de la Comunidad de Madrid subvenciones por valor de 536.096 euros, según una información del diario Público. Todas las ayudas estaban firmadas por Ignacio González, entonces vicepresidente del Ejecutivo autonómico. González fue patrono de la fundación entre el 28 de febrero de 2005 y el 12 de junio de 2008. Es imposible encontrar en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) la concesión de estas subvenciones, ya que no se publicitaron.

Aguirre dice que Fundescam no costeó ninguna campaña del PP de Madrid

Hay más datos en el Tribunal de Cuentas, que fiscaliza las cuentas de fundaciones vinculadas a los partidos políticos. En 2008, Fundescam recibió 150.000 euros en donaciones, la misma cantidad que en 2009 y 2010. La cifra bajó a 75.000 euros en 2011. Pero el Tribunal de Cuentas no distingue en su labor de control entre donaciones públicas y privadas. En 2012 el BOCM sí recoge una ayuda de Vicepresidencia (seguía Ignacio González en el cargo) de 128.000 euros.

Esperanza Aguirre anunció en 2010 el cierre inmediato de Fundescam cuando trascendió el vínculo de la entidad con el caso Gürtel. Dejó la presidencia de la fundación y colocó al frente a una dirigente de su confianza, Gádor Ongil, exconsejera de Familia y Asuntos Sociales, para que la liquidara. Sin embargo, como informó El Confidencial, la fundación ha estado operativa al menos hasta 2015. De hecho, el pasado enero todavía no se había comunicado oficialmente su disolución.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-21/juez-acusa-pp-madrid-auto-secretofinanciacion-ilegal-2007-2008-2011_1349586/


TRES SUMARIOS APUNTAN A LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE CUATRO CAMPAÑAS DE AGUIRRE ENTRE 2003 Y 2011

La investigación sobre la financiación de sus actos electorales en 2007 señala de nuevo a la patronal madrileña, que ya le ayudó en 2003 a través de Fundescam

Firmas implicadas en Gürtel realizaron trabajos para el partido mientras el Gobierno de Aguirre le pagaba por campañas fantasma de las que no hay constancia

El sumario de Púnica desvela que la firma que hacía encuestas para el PP hasta 2014 cobraba a través de empresas públicas y subcontratas de la Comunidad

Tres sumarios conducen a la financiación del Partido Popular en Madrid. Durante la presidencia de Esperanza Aguirre (2004-2016) al frente del partido, desde Fundescam a Púnica, pasando por Gürtel... todos los escándalos de corrupción salpican a empresas que trabajaban para el PP regional o el Gobierno madrileño. A veces para ambas y al mismo tiempo.

La última pieza separada abierta por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tirando del ovillo de Púnica indaga sobre la documentación incautada por la Guardia Civil a Beltrán Gutiérrez, el hombre de las cuentas en la sede del PP madrileño que ya fue condenado en el escándalo de las tarjetas black e imputado ahora en esta rama del sumario. Los investigadores siguen el rastro del dinero de la campaña de las autonómicas de 2007, en las que Aguirre resultó reelegida presidenta regional, y han encontrado apuntes sospechosos del puño y letra de Gutiérrez.

En el cuaderno del exgerente figuran garabateados los nombres de Carat, la comercializadora de publicidad del exportavoz del Gobierno de Aznar Miguel Ángel Rodríguez -que facturó entre 2006 y 2008 más de 50 millones a la Comunidad de Madrid y sus empresas públicas-, Over Marketing, otro de los proveedores habituales del PP y del Gobierno regional, y la firma Sintra, junto a sus supuestas aportaciones económicas al partido.

Según esas anotaciones de Beltrán Gutierrez en las cuentas del PP regional, el dinero pagado a Carat en 2007 (1,5 millones de euros) salió del Gobierno regional (un millón), 0,2 (200.000 euros) del PP y 0,3 (los 300.000 restantes) están atribuidos a "Diego de León", calle donde se ubica la sede de la patronal madrileña.

"Diego de León" vuelve a salir en la caligrafía del exgerente como responsable de aportar 700.000 euros a la contabilidad del PP ese mismo año 2007, en que se celebraron municipales y autonómicas para pagar a Over Marketing, una empresa de publicidad cuyo propietario, Daniel Mercado, está imputado en varios casos de corrupción por amañar contratos en instituciones gobernadas por el PP.

El apunte "Diego de León", sobre el que todavía se está investigando, es clave porque se trata de determinar si las prácticas detectadas en Fundescam, la fundación del PP que sirvió para camuflar las entregas ilegales de empresarios que recibían contratos de instituciones en manos del partido, siguieron todos estos años.

De Fundescam salieron los fondos para sufragar las dos campañas de 2003: la primera que dejó a Aguirre fuera del Gobierno hasta que dos tránsfugas del PSOE evitaron votar con su partido; y la segunda, tras el 'tamayazo' que la aupó al poder. En los tribunales todo acabó en nada porque los delitos estaban prescritos. Los investigadores de Púnica creen ahora que se pueden haber dado delitos continuados en el tiempo que interrumpan ese plazo de prescripción.

Con los conciertos en las fiestas locales

Otros tomos del mismo sumario Púnica se explayan sobre las andanzas de la sociedad organizadora de eventos musicales Waiter Music, a los que decenas de ayuntamientos del PP madrileño le contrataron en los últimos años las orquestas para las fiestas de distintas localidades madrileñas, siguiendo instrucciones del que fue el secretario general del partido y mano derecha de Aguirre, Francisco Granados, el cabecilla de la trama.

Waiter Music se ocupó a la vez de varios mítines electorales de Aguirre en 2007 y 2011, incluidos actos en los que intervino el dúo musical Azúcar Moreno, Iguana Tango y hasta una banda de mariachis. Los investigadores sospechan que los contratos institucionales sirvieron para rebajar la factura en los mítines del PP, cuyos presupuestos de campaña no cuadran con los números remitidos a la Cámara de Cuentas.

Entre las sospechosas habituales, presentes en los sumarios Gürtel y Púnica, figura una tercera consultora de publicidad, la firma Swat, organizadora de campañas del PP en distintos lugares de España y proveedor habitual del Gobierno de Aguirre. Según los informes de la Guardia Civil en poder de Eloy Velasco, y tal y como han refrendado varios testigos en la Audiencia Nacional, Swat fue una de las empresas a las que la multinacional Indra -una potente subcontrata del Gobierno regional- debía abonar una factura de 20.000 euros siguiendo órdenes del entonces consejero de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria.

Entre los cargos que el PP había hecho a Swat figuraba la contratación de los sondeos de opinión que la empresa Demométrica entregó durante 2014 al partido de Esperanza Aguirre.

'Made in Madrid', campaña fantasma

Los lazos entre Swat y el aguirrismo también vienen de muy atrás y aparecen en otras causas. La consultora publicitaria cobró en 2006 un total de 1,3 millones de euros por valorar las ofertas de dos polémicas campañas convocada por organismos adscritos al Gobierno regional.

La adjudicataria del primer concurso ideado para promocionar "el desarrollo económico" de la región, MQM, ingresó 1,25 millones de euros supuestamente a cambio de distribuir material promocional con el logo de Made in Madrid. No hay ninguna evidencia de que se realizase. Y eso que su plan de comunicación incluía el reparto de 100.000 bolígrafos, entre otras actuaciones.

La segunda acción publicitaria, que tampoco dejó rastro, reportó dos millones a Over Market, la firma que ahora aparece de nuevo en los papeles de Beltrán Gutiérrez. El diario Público desveló en 2011 que ninguna de las dos acciones se llevó a cabo. Y de paso recordó que las tres firmas implicadas, que se embolsaron 4,5 millones de euros por publicidad inexistente, aparecían también en la trama Gürtel creando sociedades pantalla para camuflar adjudicaciones propuestas por Francisco Correa en municipios como Majadahonda.

Preguntada sobre las últimas revelaciones judiciales, Aguirre se desvinculó este viernes de las actuaciones que investiga la Audiencia Nacional y defendió que si alguien ha cometido alguna ilegalidad que lo pague. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid no ha sido citada a declarar en Púnica pero sí lo hará como testigo en el juicio de Gürtel. La petición de su antiguo colaborador Francisco Granados a Eloy Velasco para que aclare sus responsabilidades en determinados contratos de la trama Púnica fue desestimada por el magistrado.

http://m.eldiario.es/politica/Esperanza-Aguirre-campanas-electorales-sospecha_0_628187645.html

EL 'CASO PÚNICA' DESVELA QUE EL EXDUEÑO DE ELOSÚA FUE SORPRENDIDO CON 200.000 EUROS EN EFECTIVO EN LA FRONTERA FRANCO-SUIZA

El empresario fue interceptado en 2011 en la aduana francesa de Saint Julien en Genevois con 200 billetes de 500 euros, 300 billetes de 200 euros, 300 billetes de 100 euros y 200 billetes de 50 euros

El exdueño de la empresa de aceites leonesa sostiene que las cuentas en bancos suizos de la familia Elosúa se remontan "a varias décadas" y que están "totalmente regularizadas y declaradas a la Agencia Tributaria"

La investigación del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, de la pieza secreta de la Púnica sobre la financiación ilegal del PP de Esperanza Aguirre ha desvelado que el exdueño de la marca de aceite Elosúa Marcelino Elosúa de Juan fue sorprendido con 200.000 euros en efectivo en la frontera suiza con Francia, según un escrito del letrado del empresario a la que ha tenido acceso infoLibre.

Este empresario, siempre según el escrito de la defensa del mismo, declaró como investigado en la Audiencia Nacional en relación con la financiación ilegal del PP madrileño. Precisamente este miércoles se ha conocido que tres documentos manuscritos del exgerente de la formación política conservadora en Madrid Beltrán Gutiérrez, y que figuran en el sumario de la Púnica, indican que el partido destinó 1,5 millones a publicidad exterior y 1,03 millones a prensa y radio en la campaña de las autonómicas de 2007.

Sin embargo, el PP declaró a la Cámara de Cuentas que había gastado 265.002 euros por el primer concepto y 550.000 por el segundo. Es decir, declaró 1,71 millones menos de lo presuntamente gastado.

200 billetes de 500 euros

Los hechos conocidos en relación al exdueño de Elosúa y expresidente de Aceites Carbonell se remontan a 2011, año en el que Marcelino Elosúa de Juan, fundador de la firma LID Editorial Empresarial, S.L, fue interceptado en la aduana de la ciudad francesa de Saint Julien en Genevois, tras abandonar Suiza con 200 billetes de 500 euros, 300 billetes de 200 euros, 300 billetes de 100 euros y 200 billetes de 50 euros; en total 200.000 euros.

"El dinero consignado en la frontera francesa, no en la suiza, no procedía de España, sino de una cuenta en el banco suizo Julius Baer. La consignación la realizó la policía francesa de aduanas tras pasar nuestro defendido la frontera desde Suiza hacia Francia. Las autoridades francesas consideraron que se trataba de una simple infracción administrativa e impusieron al señor Elosúa una multa del 5% de la cantidad incautada (10.000 euros), devolviéndole el resto (190.000 euros) por medio de una transferencia bancaria", especifica el representante legal del investigado, en un intento de desvincular ese dinero con la pieza separada de Púnica sobre la financiación irregular del PP madrileño.

La multa de 10.000 euros, tal y como reconoce el escrito del empresario enviado al juez Eloy Velasco, se produjo por incumplir la obligación de declarar los fondos introducidos en Francia desde un país no miembro de la Unión Europea, como es el caso de la Confederación Helvética.

Asimismo, el exdueño de la empresa de aceites leonesa sostiene que las cuentas en bancos suizos de la familia Elosúa se remontan "a varias décadas y no han tenido ingresos (ni en efectivo ni de ninguna otra forma) desde hace más de diez años".

Registro de LID Editorial Empresarial

Este empresario asegura que las mencionadas cuentas están "totalmente regularizadas y declaradas a la Agencia Tributaria española". Además, asegura que los agentes de la UCO comprobaron durante el registro de la sede de LID Editorial Empresarial todos los modelos de declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero "debidamente presentados y se llevaron copia de ellos".

El escrito pone de manifiesto que al final de la declaración de Marcelino Elosúa de Juan el juez le preguntó por el incidente de la frontera suiza, cuando la Policía consignó los 200.000 euros que tenía en efectivo: "En la entrada y registro en la sede de LID Editorial Empresarial, S.L. los agentes de la UCO habían intervenido una documentación sobre unas cuentas bancarias en Suiza alegando que eran relevantes para la investigación (pese a que se trataba de documentación personal de Marcelino Elosúa y no de LID Editorial Empresarial)", interpreta el letrado.

"La hipótesis con la que trabajaba la UCO, y que a su entender justificaba la intervención de los documentos sobre estas cuentas, era que el señor Elosúa había llevado 200.000 euros en efectivo desde España a Suiza para ingresarlos en un banco de ese país. Como ya anticipamos en la declaración judicial, esta interpretación de la UCO es un error", completa la defensa del empresario investigado.

Y para justificar este supuesto error de los agentes de la Guardia Civil, el letrado incorpora un extracto bancario de dos reintegros, por importes de 150.000 y 50.000 euros, realizados en dos cuentas del banco Julius Baer, de Lausana, el 18 de agosto de 2011.

La fundación de Vargas Llosa

Marcelino Elosúa de Juan, que está imputado en la pieza de la financiación ilegal del PP madrileño, es integrante del Consejo Empresario Asesor de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) presidida por el Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Según la página web de la editorial, fue el propio escritor peruano el que invitó a Marcelino Elosúa a formar parte de la fundación "cuyos objetivos son la defensa y promoción de los principios de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho".

En el Consejo Empresario de la FIL, que tiene 45 miembros, están además de Marcelino Elosúa los españoles Juan Félix Huarte, Ignacio Eyries y Juan Villar-Mir de Fuentes. La Fundación Internacional para la Libertad, cuya sede está situada en la ciudad argentina de Rosario, fue registrada el 4 de febrero por el exdiputado del PP y exjefe de prensa de José María Aznar en Castilla y León Pablo Izquierdo Juárez, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 10 de marzo de 2004.

Pablo Izquierdo Juárez es presidente de la Fundación Iberoamérica Europa, que según la Cadena Ser en los ocho años de Gobierno del PP recibió más de 20 millones de euros en ayudas públicas. Tanto la fundación de Izquierdo Juárez como la FAES de Aznar están asociadas a la de Vargas Llosa.

La Fundación Iberoamérica Europa fue la adjudicataria del contrato de gestión de dos centros dedicados a la población rumana en las localidades madrileñas de Coslada y Alcalá de Henares. Entre las entidades asociadas a la Fundación Internacional para la Libertad se incluye Freemarket, cuyo presidente es el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós.

Según la revista Tiempo, LID Editorial, el sello fundado por el leonés Marcelino Elosúa y que dirige Jeanne Bracken ha publicado un volumen titulado Ideas en libertad en el que 80 personas han escrito textos dedicados al autor hispanoperuano.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/31/el_caso_punica_desvela_que_exdueno_elosua_fue_sorprendido_con_200_000_euros_efectivo_frontera_suiza_63229_1012.html

 LOS AUDIOS DE LA ‘PÚNICA’ QUE SALPICAN A COSPEDAL Y SU ENTORNO

De Pedro reconoce haber tenido una reunión con la número dos del PP y los cabecillas presumen de proyectos con el anterior Gobierno de Castilla-La Mancha y la alcaldesa de Ciudad Real

Dentro del sumario de la Pieza Separada de la Púnica, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, hay multitud de menciones intrigantes a relevantes dirigentes del Partido Popular. Muchas de ellas han quedado eclipsadas por el maremoto murciano que afecta al todavía presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez. En concreto, hablamos de las que afectan a María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, secretaria general del PP y presidenta del PP de Castilla-La Mancha y a dirigentes de su confianza.

La primera de esas menciones, que versa en completo sobre Cospedal, está incluida en la larga conversación que mantuvo Alejandro de Pedro con José Fidel Saura, jefe de gabinete del consejero Juan Carlos Ruiz, sobre las luchas de poder dentro del PP de Murcia.

Saura comenta que están preparando una reunión en Moncloa para “pastelear” y que su jefe, el entonces consejero de Industria, tome ventaja para presidir el PP de Murcia y la Comunidad Autónoma, frente a Pedro Antonio Sánchez, en ese momento consejero de Educación y aspirante al mismo ascenso.

Es entonces cuando De Pedro le lee a Saura el correo electrónico que le ha enviado a María Dolores de Cospedal, en el que le vende la figura de Juan Carlos Ruiz:

“Existe un consejero joven, que viene de ser portavoz en la Asamblea regional y es querido en el partido. El otro consejero de Educación tiene una imputación, es igualmente joven, pero con el problema que ya te comento”. De Pedro, en el correo que lee, insiste en dos ocasiones en los “casos de corrupción” y “la situación que generan en la opinión pública”. “Eso iba para tu amigo de…”, subraya el conseguidor de la Púnica, una mención sutil a Pedro Antonio Sánchez que celebra Saura: “Sí, sí, el otro…”

En el encabezado de su correo a Cospedal, De Pedro deja caer que ya se había visto con Cospedal: “Querida amiga, desde la última vez que nos vimos hasta hoy nuestra empresa ha crecido…”. Y, a juzgar de lo que dice De Pedro, no iba a ser la última reunión: “Me ha contestado su jefa de gabinete, que ya lo ha leído y me va a dar cita”.

No es la única grabación que afecta a Cospedal y su entorno. El 22 de septiembre de 2014, De Pedro habla con José Antonio Alonso Conesa -exalcalde socialista de Cartagena e implicado en la trama-, haciendo los preparativos del día siguiente para reunirse con Pedro Antonio Sánchez. Hablan sobre qué hacer con el coche de empresa, porque Alonso tiene que viajar al día siguiente a Toledo para reunirse con Leandro Esteban, consejero de Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha.

“Yo a las 12 tengo que estar en Toledo, porque me pidió la alcaldesa de Tarancón, que le hiciera un favor con… que me lo pidió ella, que es para el consejero de Presidencia de Castilla-La Mancha. Y voy a las 12 nada más que para eso, para ver a este hombre, a Leandro, y me vuelvo”.

Horas después, Alonso vuelve a hablar con De Pedro para decirle que la reunión se ha cancelado finalmente.

En esa misma conversación, Alonso vuelve a apuntar a otra persona fiel a Cospedal. Se trata de la que fuera alcaldesa de Ciudad Real durante ocho años, Rosa Romero, y quien en la actualidad ejerce como vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados.

"Se me olvidó decirte que habló Pilar [Barreiro] con la alcaldesa de Ciudad Real y le dijo: “Pero si mi jefe de gabinete quedó muy contento. No entiendo como no haya contestado. Te lo digo porque voy a llamar al Javi, a Bueno [Francisco Javier Bueno] para decirle: “Oye, llámate al pavo éste y usa esta conversación”.

A lo que De Pedro contesta que “se ve que la tía esta da prioridades a otras cosas”. Alonso le replica que en Ciudad Real “es más complicado para nosotros porque ahí no tenemos nada montado”. Pero De Pedro le contradice: “Sí, sí, ya lo tenemos. Ahí tenemos el de Ciudad Real montado y ya tiene dos años. Lo que pasa es que no lo alimentamos, pero tiene 6 o 7.000 tíos”.

http://www.elplural.com/politica/2017/03/27/los-audios-de-la-punica-que-salpican-cospedal-y-su-entorno

EL CONSEGUIDOR DE LA PÚNICA MONTÓ UN FALSO DIARIO DIGITAL AL SERVICIO DE FLORENTINO PÉREZ Y EL REAL MADRID

Alejandro de Pedro creó diariobernabeu.com con el dinero del contrato de reputación en redes sociales que su empresa firmó con el Real Madrid

El propio Florentino Pérez daba en ocasiones instrucciones sobre los contenidos de ese diario a De Pedro a través de mensajes SMS que aparecen en el sumario de la Púnica

El falso medio de comunicación se usó también para presionar al entrenador con las alineaciones, para intentar acallar noticias negativas o para criticar a los árbitros y a rivales como Ramón Calderón

"Notición. Acabo de cerrar con Florentino un supercontrato. Oeoeoeoeoeoeoe oeoeoe. Ahora soy del madrid. Jajaja. Soy un chaquetero". Así celebró Alejandro de Pedro, uno de los principales imputados de la trama Púnica, el acuerdo al que llegó en septiembre de 2013 con el Real Madrid.

El mensaje se lo mandaba a su mediador con Florentino Pérez, Donato González, responsable de Société Générale en España, y la euforia de De Pedro estaba justificada. Era un contrato por 300.000 euros por un año para mejorar la reputación en redes sociales del Real Madrid en España y otros países.

La campaña en redes sociales organizada por De Pedro tenía como base central una página web, diariobernabeu.com. El método era similar al que De Pedro aplicó con otras campañas en redes que vendía a empresas y políticos, y que solían incluir un medio digital, en apariencia independiente, donde se publicaban noticias favorables al cliente que después se movían en redes sociales a través de cuentas falsas para influir en el debate público y aminorar el impacto de las noticias negativas.

Hoy diariobernabeu.com ya no está en funcionamiento y su cuenta de Twitter hace meses que no se actualiza. Se presentaba como un "periódico digital con todas las noticias del Real Madrid", pero tanto en las redes como en su propia web –accesible parcialmente a través de Archive.org– omitía que quien realmente pagaba ese supuesto medio de comunicación era el propio club, a través del contrato con la empresa de Alejandro De Pedro, EICO.

El equipo de comunicación del Real Madrid y, en ocasiones, el propio Florentino Pérez, daban indicaciones directas a De Pedro sobre los contenidos que tenían que aparecer en esa web. La relación entre De Pedro y el presidente del Real Madrid está acreditada por los numerosos mensajes SMS y llamadas telefónicas que figuran en el sumario judicial de la trama Púnica, a los que ha tenido acceso eldiario.es.

El Diario Bernabéu no solo servía para mejorar la reputación en redes del Real Madrid o contar noticias sobre el club. También para lanzar campañas contra los árbitros y contra rivales de Florentino Pérez, como el expresidente del club Ramón Calderón. O incluso para presionar al entrenador con la alineación.

"Presi, lo sacan ahora y te lo envío"

Gareth Bale fue contratado en el último suspiro del mercado de fichajes el 31 de agosto de 2013. El Real Madrid se comprometió entonces a pagar una cifra récord: 99 millones de euros.

Pero, cosas del fútbol, el fichaje se demoró más de lo previsto; el galés se incorporó tarde a los entrenamientos y el entrenador, Carlo Ancelotti, no terminaba de alinear de inicio a Bale tanto como se esperaba por el precio pactado por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

"Presi, lo sacan ahora y te lo envío", avisaba De Pedro a Florentino Pérez a las diez de la noche el 16 de enero de 2014 en relación con una publicación en diariobernabeu.com escrita para reclamar la titularidad de Bale: "Además, mañana en la rueda de prensa preguntarán por esto al entrenador".

A las 7:51 del día siguiente, De Pedro vuelve a escribir al presidente del Real Madrid: "Buenos diass presi, hemos sacado dos artíulos, hoy se mueven en redes sociales http://www.diariobernabeu.com/bale-reclama-su- sitio/1258 y este dirigido al entrenador http://www.diariobernabeu.com/ancelotti-pon-bale/1254". Y a las pocas horas, otro mensaje más de De Pedro a Florentino Pérez: "Hace un rato q se cambiaron como pediste. Un abrazo".

Ambos artículos no están ya disponibles en la web, pero tanto la dirección como el mensaje "dirigido al entrenador" quedan aún más claros pocas horas después. Esa misma mañana, en la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, los servicios de prensa del Real Madrid daban la palabra al periodista Javier Iglesias, director de diariobernabeu.com, para preguntar por las suplencias del galés, tal y como había avisado De Pedro a Florentino Pérez: "¿Es un lujo excesivo que Gareth Bale no sea titular en todos los partidos como ocurre con Cristiano Ronaldo?" Este es el vídeo con la pregunta de Javier Iglesias y la contestación del entrenador:

Tras la pregunta de Javier Iglesias, Alejandro de Pedro envió por SMS el vídeo a Florentino Pérez. "Presi esta mañana se ha preguntado al entrenador como te dije", escribía De Pedro con un enlace al vídeo en Youtube. "Bien", respondía Pérez.

diariobernabeu.com no sólo presionaba al entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti. También a los árbitros tras un clásico en el que cayó el Madrid 3-4 frente al F.C. Barcelona. "Buenas noches presi, estamos a tope con el tema del arbitraje, sobre todo sacando imágenes del pisotón en la cabeza de Busquets a Pepe", informaba De Pedro en marzo de 2014.

Envió un mensaje similar a Antonio Galeano, responsable de comunicación del Real Madrid: "Buenas noches Antonio, estamos a tope con el arbitraje si tenéis algo interesante me lo envías. Gracias y un abrazo".

Al día siguiente, De Pedro envía a Pérez y Galeano el siguiente mensaje: "El Real Madrid acostumbrado a jugar con diez contra el Barça http://www.diariobernabeu.com/real-madrid-expulsiones-barcelona-diez- jugadores/4170".

Galeano responde: "Magnífico trabajo. Abrazo". Y añade en su comunicación con Pérez: "Hemos hecho dos mas, por indicación de Antonio [Galeano], http://www.diariobernabeu.com/real-madrid-perjudicado-arbitros-liga/4169 Y la tercera, Undiano es reincidente y talismán para el Barsa http://www.diariobernabeu.com/undiano-mallenco-barcelona/4182". Se refiere a Alberto Undiano, uno de los árbitros de Primera División.

Pero no solo Galeano daba instrucciones directas a De Pedro. También lo hacía en algunas ocasiones el propio Florentino Pérez, como se ve en este mensaje de julio de 2014: "Alex, no pongáis en el diario Bernabéu que media Europa está detrás de Isco porque aparte de que no es verdad nos va a terminar creando problemas". Y De Pedro le responde: "Vale, ahora mismo lo quitan. De todas formas presi echo en falta más q nos digan q interesa poner y q no, superamos ya los 2 millones de visitas así q lo q se pone tiene su repercusión en los madridistas". A este mensaje de De Pedro, Florentino no respondió.

La de Isco no es la única corrección que hace Florentino Pérez a De Pedro. En septiembre de 2014, le dice: "Pones muchas cosas de Di María".

Hacía un mes que había firmado su traspaso al Manchester United. De Pedro le responde: "Puede ser se lo diré pero es q el tío trae mucho tráfico. Por cierto hoy el as criticaba la decisión q habéis tomado con la cantera, se ha sacado esto http://www.diariobernabeu.com/cantera-real-madrid-remodelacion/13379".

De Pedro también publicaba artículos contra el expresidente madridista Ramón Calderón, rival de Florentino Pérez, como este que le mandó a Antonio Galeano en abril de 2014: "http://www.diario-bernabeu.com/tapese-un-poquito-senor-ramon-calderon/4857".

En alguno de los mensajes, el propio Florentino duda de la eficacia de la estrategia de redes sociales diseñada por De Pedro: "Vale para algo lo de el diariobernabeu. Todo el mundo sabe que es un diario de la casa", le escribe por SMS.

Según declaró Florentino Pérez hace unos meses ante la Audiencia Nacional, donde fue citado como testigo por este contrato con De Pedro, el Real Madrid decidió romper con la empresa para cerrar un acuerdo mucho más ambicioso con Microsoft, que desarrolló un herramienta de software a medida para gestionar las redes sociales del club.

En el interrogatorio, el fiscal le preguntó en varias ocasiones por el Diario Bernabéu. En su declaración, cuyo audio desveló El Confidencial, Florentino Pérez aseguró que esa web la montó De Pedro desde su empresa "para tener más contacto con este mundo de los seguidores" en redes sociales. "El diario es un tema menor" (...), "es uno de los miles que hay sobre el Real Madrid". También aseguró que ese diario no lo pagaba el club, sino que corría a cargo de Alejandro De Pedro, y que no conocía de nada a su director, Javier Iglesias.

Ante la Audiencia Nacional, como testigo, Perez se mostró también arrepentido de su contrato con Alejandro de Pedro y "la fatalidad de que una persona que nos presentan como experto resulta que después está implicado en una cosa que mancha el nombre del Madrid".

Javier Iglesias, el periodista que dirigía Diario Bernabéu, hoy trabaja como coordinador de Diario Madridista, una sección dedicada al Real Madrid dentro de OK Diario, el digital de Eduardo Inda. Iglesias también fue interrogado por la Audiencia Nacional como testigo de la Operación Púnica. Ante el fiscal, según publicó El Confidencial, Iglesias admitió que ese medio tenía como único cliente al propio club. “Hay un cliente que es el Real Madrid, y nos pedían que hiciéramos determinadas cosas como contrarrestar una campaña contra un jugador publicada en otros medios”.

http://m.eldiario.es/politica/conseguidor-Punica-falso-diario-digital-servicio-Florentino-Perez-Real-Madrid_0_627138361.html

EL JUEZ VELASCO INVESTIGARÁ A LAS EMPRESAS SEÑALADAS POR GRANADOS

Esperanza Aguirre, "de momento", se libra de tener que testificar, como pidió el cabecilla de la ‘Púnica’

El juez Eloy Velasco, encargado de la instrucción de la conocida trama Púnica, ha aceptado este martes investigar a las empresas señaladas por Francisco Granados como adjudicatarias de la construcción de viviendas entre 2001 y 2004.

En el auto al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, el juez de la Audiencia Nacional accede “a la práctica de la documental solicitada” por el abogado de Granados y reclamará a Arpegio, fundación presidida por Granados y que está investigada en la Púnica por ser un instrumento “para hacer favores” con dinero público, un informe sobre “las adjudicaciones de vivienda realizadas en el periodo 2001 a 2004” a siete empresas: Himalaya S.L., Hilday S.L., Tuvalu S.L., Servicios Logísticos Inmobiliarios S.L, Servicios Patrimoniales Obras y Vías S.L., TPC S.L. y Obras y Vías S.A.

Además, la investigación que dirige Velasco se dirigirá al Ayuntamiento de Valdemoro, que gobernó Granados durante cuatro años, para que consiga una “relación completa de los propietarios” de varios sectores de polígonos industriales de la localidad cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana local, en 2004, justo cuando él dejó la Alcaldía.

Por último, se acepta la reclamación de un “listado completo de las adjudicaciones del suelo público y de servicios públicos realizados en el periodo 1999 a 2003” en la localidad madrileña, en concreto el periodo en el que fue alcalde, y solicitar al registro de Valdemoro “las propiedades que, durante los años 2001, 2002, 2003 y 2004” tuvieron las misma siete empresas.

Rechaza las declaraciones

Las peticiones de Granados que no acepta Velasco son las comparecencias que había reclamado dentro de la investigación, entre ellas la más llamativa la de su exjefa, Esperanza Aguirre, a la cual Granados escribió una carta la semana pasada donde le recordaba que “prácticamente todo lo que sé de política lo aprendí de ti”.

El juez de la Audiencia Nacional explica en su respuesta al supuesto cabecilla de la trama Púnica que, “de momento”, no procede acordarlas dada la gran cantidad de declaraciones solicitadas, ya que las considera “innecesarias en este momento procesal”. Velasco sí que abre la puerta a que las mismas comparecencias se puedan solicitar “en la fase de juicio oral”.

Granados, el colaborador

Tanto las diligencias documentales como las testificales se enmarcan dentro de la estrategia de Francisco Granados para mostrarse como colaborador de la justicia, declarando en ellas su “propósito de que se puedan llegar a conocer todos los datos referentes a los hechos investigados”.

Por ello, el exconsejero de la Comunidad de Madrid pidió que se llamase a declarar a Esperanza Aguirre para que “explique el papel” de Granados en su Gobierno y “qué influencia pudo ejercer sobre la gestión de otros consejeros”, así como su papel en las adjudicaciones de colegios públicos y en el PGOU de Valdemoro.

Entre otros, el supuesto cabecilla de la Púnica también pidió la comparecencia de Jaime González de Taboada, actual número tres de Cristina Cifuentes como consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y a quien el socio de Granados, David Marjaliza, acusó de “mangonear” en el Plan Prisma para llevarse mordidas. Granados le quiso citar para que “desmienta” dichas acusaciones y “manifieste si conoce de la existencia de pagos de comisiones referidas”.

http://www.elplural.com/politica/2017/03/21/el-juez-velasco-investigara-las-empresas-senaladas-por-granados

EL JUEZ DE PÚNICA RECHAZA INTERROGAR COMO TESTIGO A ESPERANZA AGUIRRE POR "INNECESARIO"

Francisco Granados había solicitado la declaración de la expresidenta de la Comunidad de Madrid y otros 24 ex altos cargos para que aclarasen cuál era su poder real dentro del Ejecutivo autónomo

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha decidido rechazar la petición del presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, para que comparezcan como testigos 25 ex altos cargos de la Comunidad de Madrid, entre ellos Esperanza Aguirre. En una providencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado argumenta su decisión en "la gran cantidad de declaraciones solicitadas, innecesarias muchas en este momento procesal". Velasco invita al que fuera secretario general del PP madrileño y hoy único encarcelado por la red de corrupción, a "solicitarlas en la fase del juicio oral".

La decisión del juez tiene fecha del pasado 17 de marzo, sólo dos días después de que Granados presentara un escrito para solicitar una batería de diligencias en el caso Púnica, entre las que se incluía las 25 testificales. En el mismo, el político hoy encarcelado asegura que la declaración de Aguirre era “necesaria” para que ésta explicase qué papel jugaba él en los Ejecutivos regionales cuando fue integrante del mismo y “qué influencia pudo ejercer sobre la gestión de otros consejeros”. El presunto cabecilla de la trama también quería que la expresidenta madrileña detallase qué participación pudo tener él en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Valdemoro, en los conciertos de colegios “y en cualesquiera otros asuntos urbanísticos” ahora bajo sospecha.

Junto a Aguirre, Granados pedía que también se citase como testigo a Jaime González Taboada, actual consejero del Ejecutivo de Cristina Cifuentes, y que durante la etapa de Aguirre ocupó el cargo de director general de Administración Local y presidente del Consejo de Administración de Arpegio, la empresa pública del suelo investigada en el caso Púnica. Su nombre apareció en la declaración del arrepentido David Marjaliza como supuesto receptor de mordidas por la adjudicación de obras del Plan Prisma. En este caso, el ex secretario general del PP madrileño quería, precisamente, que Taboada “desmienta” aquellas acusacioneslas declaraciones del constructor David Marjaliza. Además, quería que detallase si conocía la existencia de pagos al propio Granados y si tenía constancia de que algún empleado de la sociedad pública Arpegio había manifestado "temor a sufrir represalias o presiones para no colaborar con la Justicia”.

En la lista de testigos propuestos por el presunto cabecilla de la trama, y ahora rechazada por el juez Velasco, se encontraban también dos diputados actuales del PP en la Asamblea de Madrid, el también senador Juan Soler y Bartolomé González, quien fuera alcalde de Alcalá de Henares y una de las personas de la máxima confianza de Aguirre. Granados quiere que ambos sean interrogados por las acusaciones que lanzó contra ellos Marjaliza durante su confesión, cuando los señaló como supuestos receptores de sobornos a cambio del amaño de contratos públicos. También solicitaba las comparecencias de los exconsejeros Mariano Zabia Lasala, Beatriz María Elorriaga, Ana Isabel Mariño y Santiago Fisas, del exalcalde socialista de Getafe Pedro Castro, de siete concejales del Ayuntamiento de Valdemoro y de varios altos cargos de la Comunidad ligados a Arpegio y al Plan Prisma.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/21/actualidad/1490094841_112524.html

 LOS 72 INDICIOS QUE ACORRALAN AL PRESIDENTE DE MURCIA EN LA ‘PÚNICA’

El sumario sobre la trama de corrupción acumula decenas de correos electrónicos, llamadas, mensajes de móvil, documentos y tres declaraciones que salpican a Pedro Antonio Sánchez

El 'caso Auditorio' por el que tuvo que declarar como investigado este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia no es el único frente judicial al que pende sobre el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Pese a la polémica decisión de la Fiscalía Anticorrupción de no apoyar al juez Eloy Velasco en su iniciativa de remitir parte del sumario del ‘caso Púnica’ a los órganos judicial de la región autónoma para que sean ellos los que investiguen al político en su condición de aforado, la causa de corrupción recoge numerosos indicios de la supuesta implicación del jefe del Ejecutivo de esta comunidad en la trama. Son trece correos electrónicos, una docena de llamadas de teléfonos, 35 mensajes de móvil, seis documentos digitales y tres en formato papel que sustentan las sospechas contra él y que se detallan en dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Trece correos electrónicos. El primer correo electrónico que destacan los informes del Instituto armado sobre los supuestos tratos de la trama Púnica con Pedro Antonio Sánchez y su entorno tiene fecha del 11 de junio de 2014. Es un “recordatorio” de la reunión que ese día supuestamente mantuvieron el político y el experto informático de la trama, Alejandro de Pedro, y que fue localizado en el ordenador que este último tenía en su casa. El último es del 24 de octubre de ese mismo año, sólo tres días antes de que se produzcan las primeras detenciones de la ‘Operación Púnica’, entre ellas la del propio De pedro. Éste último también era un “recordatorio”, en ese caso de un encuentro que mantuvo el presunto integrante de la trama con un miembro de la Consejería de Educación de Murcia, que entonces encabezaba el hoy presidente de Murcia. Entre medias, una decena de mensajes más, algunos entre De Pedro y un asesor de Pedro Antonio Sánchez llamado David Conesa Ferrer, actualmente imputado en la causa. En uno de ellos, fechado el 20 de octubre, éste último destaca al experto informático que “el consejero tiene mucho interés en que nos veamos para empezar”.

Doce llamadas de teléfono. Una docena de comunicaciones intervenidas a Alejandro de Pedro y su socio, el que fuera alcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa, son consideradas clave por la Guardia Civil. Muchas son conversaciones entre ambos en las que comentan detalles de sus tratos con autoridades de Murcia y, en concreto, con Pedro Antonio Sánchez. En una de ellas, del 17 de octubre de 2014, el experto informático se muestra impaciente por la falta de respuesta del político a sus propuestas "Oye, si hablas con Pilar [Barreiro, entonces alcaldesa de Cartagena y diputada, y hoy senadora del PP] dile que le he mandado tres mensajes al Pedro Antonio éste, tanta prisa y tanta hostia". También las hay con sus empleados para reclamarles modificaciones sobre las propuestas que van a hacer al hoy presidente murciano o en las que les informa de sus gestiones y encuentros.

35 mensajes de móvil. Los informes de la Guardia Civil destacan la existencia de dos cadenas de mensajes comprometedores. Por un lado, los 24 whatsapp que intercambian De Pedro con David Conesa, miembro del equipo de Pedro Antonio Sánchez, entre el 21 de octubre y el 25 del mismo mes. Buena parte de ellos se centran en concretar sendas citas en Madrid y Murcia. La segunda, son las comunicaciones vía imessages entre el conseguidor y el propio político del PP. Son once y se desarrollan entre el 21 y el 23 de septiembre. En ellas se ve el interés del candidato por reunirse con "Alex". Finalmente lo hicieron para desayunar en un bar cercano al hotel donde se alojaba el político durante una de sus estancias en la capital.

Seis documentos digitales. En uno de los ordenadores intervenidos durante el registro de la sede de las empresas de Alejandro de Pedro apareció un "informe de percepción inicial" con el nombre de Pedro Antonio Sánchez en la portada. En el mismo se examinaba la presencia del político en Facebook, Twitter, Youtube y los buscadores, así como una serie de "recomendaciones para mejorar su imagen y marca personal. El documento incluía un gráfico que destacaba que el 70% de las informaciones que aparecían en Internet sobre él fueran "negativas", sobre todo por los diferentes procesos judiciales en los que se había visto envuelto desde su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras. Entre ellos, el ‘caso Auditorio’. En otro equipo informático, en este caso el que se encontró en casa del experto informático, apareció el segundo de estos documentos: un "informe preventa" en el que se dejaba constancia de una reunión que el 11 de junio de 2014 habían celebrado en Madrid el político y De Pedro junto a la entonces alcaldesa Pilar Barreiro. En el mismo se señalaba dicho informe no gustó al "cliente", que incluso detectó fallos. No sería el último de las mismas características. De hecho, se encontraron otros cuatro. El último una propuesta como proyecto “vendido” que fijaba el precio de los servicios en 4.600 euros al mes más IVA.

Tres documentos en papel. Son los últimos incorporados a la causa y, de hecho, no figuran en el informe que la UCO entregó en la Audiencia Nacional en mayo de 2016, sino en uno más reciente. En concreto, del pasado 22 de noviembre. En el mismo se califican a dichos documentos de "nuevos hallazgos" que en opinión de los autores "amplían y corroboran" los indicios sobre las supuestas irregularidades cometidas. Se trata de tres anotaciones manuscritas localizadas en "los puestos de trabajo" de otros tantos empleados del experto informático de la trama. Pese a que todas ellas fueron intervenidas durante los registros de octubre de 2014 en la sede en Valencia de las empresas de este último, ha sido en estos últimos meses cuando las han podido encajar en las pesquisas.

Tres Declaraciones. Todas ellas son de la misma persona, Francisco Javier Bueno, un empleado de Alejandro de Pedro que ejercía de comercial de sus empresas y que, por ello, acompañaba al experto informático en sus encuentros con los clientes. La primera la realizó como testigo poco después de las detenciones de octubre de 2014. Las dos siguientes, ya como investigados. Una, ante la Guardia Civil, en abril de 2016. La última, ante el juez Eloy Velasco el 5 de octubre pasado. En todas ellas, este trabajador de Madiva Editorial SL ha mostrado su disposición a colaborar. Así su testimonio ha servido para confirmar la reunión que De Pedro mantuvo el 22 de septiembre de 2014 en el Hotel Las Artes de Madrid Pedro Antonio Sánchez y la hoy senadora Pilar Barreiro. Su testimonio también ha servido a los investigadores para confirmar otro encuentro, este del 24 de octubre en la sede la Consejería de Educación entre De Pedro, el responsable de redes sociales del entonces consejero de Educación , y en el que se supuestamente se cerró definitivamente el acuerdo. El trabajador aseguró que ese día les comunicaron que el actual presidente murciano había dado su "Ok" a los trabajos de reputación online.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/07/actualidad/1488879047_012387.html

 LA CAJA B DEL PP DE MADRID, LA HIDRA DE SEIS CABEZAS

La investigación del juez Velasco saca a la luz las diversas vías del partido para lograr fondos a través de la trama

La decisión del juez Eloy Velasco de requerir diversa documentación a la Comunidad de Madrid y tomar declaración como imputados dentro del caso Púnica a dos antiguos altos cargos del PP de Madrid de la etapa de Esperanza Aguirre y a varios empresarios ha sacado a la luz dos nuevas vías de financiación supuestamente irregular de los populares: Fundescam y el cobro de mordidas a través de contratos de publicidad por actos de inauguración de obras públicas. Son las dos últimas cabezas de una hidra, la de la supuesta caja b de la formación, que ya había mostrado durante los tres años de investigación otras cuatro de sus caras.

La reputación on line. Es la partida de supuesta financiación irregular menos cuantiosa, apenas varios cientos de miles de euros, pero es la que más repercusión política ha generado. Políticos del PP de toda España desviaron supuestamente fondos públicos a las empresas del experto informático Alejandro de Pedro para que este promocionara su imagen política en Internet. Uno de ellos, Marcos Martínez Barazón, que fuera presidente de la Diputación de León, ya ha sido procesado por ello. Otros, como el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, y su compañero en el Ejecutivo, Lucía Figar, están imputadas, como también el que fuera consejero de Industria de Murcia, Juan Carlos Ruiz. En esta región, el presidente, Pedro Antonio Sánchez, y la hoy senadora Pilar Barreiro, están pendiente de que el juez Velasco decida si envía sendas exposiciones razonadas para que los investigue el Tribunal Superior y el Supremo. Además, la Guardia Civil mantiene abiertas pesquisas en otros municipios, como Castellón y Gandía (Valencia). En este último, un informe de la UCO señala al que fuera su alcalde, Arturo Torró, y al parlamentario regional Víctor Soler.

Los maletines. También ha salido a la luz uno de los métodos tradicionales de financiación ilegal: el pago en metálico de comisiones. Una agenda del exconsejero y ex número dos del PP madrileño Francisco Granados reveló que este entregó supuestamente al partido dos millones de euros procedentes del empresario Javier López Madrid, miembro del consejo de administración de la constructora OHL y yerno del anterior presidente de esta empresa Juan Miguel Villar Mir. Los investigadores -y el juez Velasco con ellos- consideran que existen otras empresas financiadoras. De hecho, en el auto dictado en noviembre de 2015 para poner en libertad bajo fianza a Ignacio Palacios, mano derecha de Granados y señalado como su supuesto testaferro, el magistrado ya apuntaba a la presunta entrega de dinero en efectivo por parte de mercantiles. En aquel escrito, se destacaba el papel “clave” de este colaborador del exdirigente popular “mediante la recepción de cantidades en metálico entregadas por empresarios”.

Fiestas e inauguraciones. Waiter Music SL acaparó durante años contratos municipales para organizar festejos en una veintena de localidades de Madrid gobernados por los populares. Todo ello, según la Guardia Civil, gracias a la estrecha relación entre su propietario, José Luis Huerta, y Granados. En un reciente informe de la UCO se destaca que el primero consiguió “entre los años 2006 y 2010 contratos con ayuntamientos gobernados por el PP por valor de 19.214.514,56 euros”.. A cambio, la Guardia Civil considera que Huerta obsequió con la organización de diversos “eventos de carácter personal” a Granados y a otros cargos públicos, pero también al propio PP, cuyo coste luego era cargado a las arcas públicas mediante el inflado de las facturas por la organización de fiestas patronales y conciertos. Solo en Valdemoro, la UCO estima que se desviaron cerca de 200.000 euros del erario para sufragar mítines y actos del PP.

Waiter Music también organizó los festejos que acompañaron la inauguración en 2007 de dos grandes obras de ampliación de la red del Metro de la Comunidad de Madrid. En este caso, fueron las constructoras que recibieron las adjudicaciones las que se encargaron de contratar a la empresa de la trama, pero el juez Velasco sospecha que lo hicieron por indicación expresa de Granados.

Encuestas políticas. La investigación sobre los supuestos amaños de contratos a favor de la sociedad Cofely, filial del gigante energético francés GDF Suez, ha revelado que en ocasiones la mordida no era en efectivo sino mediante la elaboración de encuestas electorales. Los beneficiarios eran alcaldes, en su mayoría del PP, aunque también los había de otros partidos, como el socialista de Parla (Madrid), José María Fraile. Las empresas que aspiraban a conseguir una adjudicación, encargaban a la consultora TNS, uno de cuyos directivos está imputado, un sondeo de intención de votos que se camuflaba como estudio socioeconómico. El partido se ahorraba así el coste del mismo. Los investigadores han encontrado indicios de que esta práctica se realizó entre 2005 y 2014. Las primeras estimaciones cifran en más de 400.000 euros el coste real de estos trabajos.

Fundescam. No es la primera vez que esta fundación del PP de Madrid aparece salpicada por la corrupción. Ya ocurrió en el caso Gürtel. Entonces, el juez Antonio Pedreira archivó las pesquisas al considerar que los posibles delitos cometidos a través de ella estaban prescritos. Ahora, su colega Velasco ha reactivado esta línea de investigación que convierte las donaciones de empresarios a esta fundación creada por el PP durante los años en que Esperanza Aguirre presidió la Comunidad de Madrid en una de las más prometedoras de las pesquisas. La misma surgió tras encontrarse durante los registros de la sede de los populares y en el domicilio del que fuera su tesorero, Beltrán Gutiérrez, documentación que relacionan las aportaciones realizadas por algunos empresarios con la posterior adjudicación de contratos públicos. Uno de ellos es el presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, quien logró contratos públicos para su empresa de restauración en organismos públicos. El pasado miércoles fue citado a declarar a la Audiencia Nacional.

Actos publicitarios. Las sospechas se centran en las sociedades Over Marketing, Traci Comunicación y Link América, todas ellas de empresario argentino Daniel Mercado. En concreto, en los contratos firmados con ellas por las consejerías de Sanidad y Transportes, la Dirección General de Justicia y la antigua empresa pública del suelo Arpegio, los órganos de la Comunidad de Madrid a los que ha acudido en los últimos días la UCO para reclamar facturas. Los investigadores han constatado que estas sociedades acapararon adjudicaciones para organizar primeras piedras y cortes de cinta en los que se invertía el 1% del presupuesto de la obra y de la que supuestamente se desviaba una parte para la supuesta caja B del PP madrileño.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/13/actualidad/1489391334_296570.html

EL EXGERENTE DEL PP MADRILEÑO NIEGA LA FINANCIACIÓN ILEGAL ANTE EL JUEZ

El magistrado Velasco deja a Beltrán Gutiérrez en libertad sin medidas cautelares tras tres horas de declaración

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dejado este lunes en libertad sin medidas cautelares al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, imputado en la pieza separada del caso Púnica sobre la financiación ilegal del partido en esta comunidad. Fuentes jurídicas han informado que Gutiérrez ha negado cualquier tipo de irregularidad en la financiación del PP autonómico durante la etapa en que Esperanza Aguirre fue presidenta regional.

Gutiérrez ha declarado durante unas tres horas y ha respondido a todas las preguntas de todas las partes, según las mismas fuentes. El exgerente ha salido del edificio judicial sin ser visto alrededor de las 13.25. La investigación de la 14ª pieza del caso Púnica permanece bajo secreto sumarial.

La presunta implicación de Beltrán Gutiérrez en el caso Púnica arranca con unas notas manuscritas encontradas en una agenda intervenida a Francisco Granados. Los investigadores -y con ellos, el juez Eloy Velasco- sospechan que las mismas reflejan la supuesta entrega de dinero en metálico por parte de empresarios a una caja B del PP de Madrid a cambio de adjudicaciones. Dichas notas, en las que figuraban diversas cifras e iniciales, pudieron ser interpretadas gracias al constructor David Marjaliza, que lleva desde el verano de 2015 colaborando con la Justicia. En las mismas aparecían las iniciales ‘BG’, que el que fuera socio de Granados relacionó con el extesorero de los populares de Madrid, junto a las de ‘JLM’, referidas presuntamente al empresario Javier López Madrid.

Según dichas anotaciones, ambos estaban ligados a la entrega de 2 millones de dinero, parte de los cuales supuestamente se embolsó el que fuera secretario general del PP de Madrid, mientras el resto nutrió una contabilidad paralela de la formación. Una interpretación que Beltrán Gutiérrez negó cuando fue llamado a declarar, primero, por la Guardia Civil y, más adelante, por el propio magistrado a comienzos del año pasado. Para entonces, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) ya habían registrado su despacho en la sede del partido así como su domicilio, donde se localizaron diversos equipos informáticos y dispositivos de memoria cuyo contenido es el que ha provocado las diligencias ordenadas por el magistrado las últimas semanas.

Entre ellas estaban, precisamente, su toma de declaración -que tuvo que ser retrasada el jueves hasta hoy por la imposibilidad de su abogado de asistirla a la misma-, la del que fue consejero de Transportes y presidente de la Asamblea de Madrid, Ignacio Echeverría, y la del empresario Arturo Fernández. La UCO también se personó en las sedes de varias consejerías y de la empresa pública del suelo Arpegio para requerir documentación sobre los contratos de las mismas con empresas de publicidad, ante la sospecha que parte del 1% de las adjudicaciones que se debía dedicar a publicitar las obras acababa supuestamente desviado a la caja B de la formación.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/13/actualidad/1489392798_557351.html

EL FINANCIADOR DEL PP DE MADRID RECIBIÓ 18 MILLONES EN CONTRATOS

La Guardia Civil investiga si Over Marketing desvió al partido dinero de adjudicaciones de publicidad de ayuntamientos, Comunidad y empresas

Durante los primeros cinco años de Gobierno de Esperanza Aguirre, la Comunidad de Madrid fue un negocio de lo más lucrativo para Daniel Mercado, el publicista que competía con la trama Gürtel. Las denominadas «operaciones con terceros» que constan en las bases de datos de la Agencia Tributaria de algunas de sus empresas le dejaron al menos 18,5 millones de euros en ventas de servicios de publicidad y marketing al Gobierno de Aguirre y a alcaldes del entorno más próximo a la ex presidenta. Estos cálculos con el listado completo de clientes dejan cortas todas las cifras conocidas hasta ahora. Se trata de operaciones que muestran cómo la Comunidad, a través de sus múltiples (y desconocidas) agencias, institutos, fundaciones y empresas públicas, otorgaba cada año millones a este empresario. La Guardia Civil investiga si parte del dinero acabó en el PP.

Las operaciones con terceros de cuatro empresas de Daniel Mercado, a las que ha tenido acceso EL MUNDO, y que obran en poder de la Fiscalía Anticorrupción, demuestran cómo la Comunidad de Madrid concedía con especial fijación contratos a su sociedad Over Marketing, ahora bajo la lupa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), de Anticorrupción y de la Audiencia Nacional en el caso Púnica.

Contratos Daniel Mercado

Esta empresa publicitaria es sospechosa de ocultar una presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Hay que recordar que este empresario ya declaró ante un juez en 2012 que los contratos públicos en Baleares, Madrid, Castilla y León y Valencia se amañaban, que hacían regalos a políticos de la órbita del PP y que en Madrid era Alberto López Viejo (imputado en Gürtel) uno de los que daba las órdenes de que se le contratara.

La suma de facturaciones de sus empresas Over Marketing, Traci Comunicación, Abanico de Comunicación y Marketing y Link America ronda los 18,5 millones de euros entre 2003 y 2008. A grandes rasgos, se puede desglosar de esta manera cómo los políticos del PP de Madrid repartían sus inversiones siempre con este publicista argentino:

Los alcaldes Bartolomé González y Esteban Parro pagaban cada año

COMUNIDAD DE MADRID. Cada año, el Gobierno regional, como entidad propia, gastaba cientos de miles de euros con este publicista. Sólo con Over Marketing: 384.353 euros en 2004, 571.610 en 2005 y 1.455.799 en 2006. Es decir, en apenas tres años, la Comunidad pasó a gastarse el triple de lo que invertía a principios de la legislatura.

Excepto en 2003, año de la llegada de Aguirre al poder en Madrid, que la inversión fue de sólo 4.379 euros, todos los demás años no bajó de 100.000. Es destacable además que el mismo organismo contrataba con las distintas sociedades del empresario. Aparte de a Over, la Comunidad pagó a las otras tres empresas escrutadas por este diario todos los años, y en casos como el de Link America, fue su mejor cliente durante toda la legislatura.

ORGANISMOS DE LA COMUNIDAD. Fundaciones, institutos, agencias y empresas públicas han invertido la mayor parte del dinero en estas empresas de publicidad. No faltan las ya sospechosas Campus de la Justicia, Arpegio o Fundescam. Ni tampoco Mintra (que construyó el Metro de Madrid) o el Imade (Instituto Madrileño de Desarrollo), al que la Cámara de Cuentas ya acusó tras una fiscalización de no respetar los principios de concurrencia en los concursos públicos y de haber aumentado su gasto en publicidad un 706% de 2005 a 2006.

También figuran ventas a la Agencia Regional para la Inmigración, la Agencia Madrileña para la Emigración, el 112, la Academia de Policía Local, el Servicio Madrileño de Salud, el Servicio de Publicaciones Oficiales, la Sociedad Pública Turismo Madrid, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario (Imidra) o Gedesma (empresa pública de gestión de residuos, a la que también investiga la UCO).

Hay abonos de más de 15 instituciones dependientes de la Comunidad de Madrid

AYUNTAMIENTOS AGUIRRISTAS. Hay tres corporaciones locales madrileñas que no fallaron ni un solo año a su cita con el empresario de la publicidad: Móstoles, Alcalá de Henares y Humanes de Madrid. En 2003, Móstoles, tradicional feudo socialista, pasó a manos del popular Esteban Parro, que se convirtió para Aguirre en la punta de lanza del asalto del PP al llamado cinturón rojo madrileño, las ciudades del sur de la región que tradicionalmente gobernaba el PSOE.

Móstoles pagó 483.000 euros a Over en 2005 y 740.000 a Traci Comunicación en 2008, entre otras muchas sumas de cientos de miles de euros. Además, es llamativo cómo junto al Ayuntamiento mostoleño pagaba cada año su llamada Empresa Municipal de Promoción Económica de Móstoles, que abonó al menos 100.000 euros anuales, repartidos entre las diferentes sociedades de Daniel Mercado. Lo mismo hacía el Instituto Municipal del Suelo de Móstoles, que pagó varios años a Over Marketing. Y su fundación para celebrar el bicentenario del alzamiento contra los franceses pagó 155.000 euros.

Tampoco fue infiel con las empresas de publicidad Bartolomé González, uno de los más entregados escuderos de Esperanza Aguirre, hombre fuerte dentro del PP regional hasta su reciente caída en desgracia, cuando diferentes casos salpicaron su gestión en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares -entre ellos, la contratación con empresas de Púnica o la investigación de la Policía Nacional a familiares suyos por cobrar dinero municipal-. Cada año, su Gobierno municipal, o su Empresa Municipal de Promoción de Alcalá, o el PP de Alcalá, o el Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo, pagaban a todas las empresas de Mercado decenas de miles de euros. Por ejemplo, sólo en 2007: 70.000 a Over, 12.000 a Abanico de Comunicación, 21.000 a Link America y 12.000 a Traci Comunicación.

Humanes, peculiar porque su alcalde popular, José Antonio Sánchez, llegó al poder con el apoyo del PSOE, metió la desorbitada suma de 50.000 euros en 2004 en las empresas de Mercado. Ingente suma para Humanes, que tiene poco presupuesto y esos años no superaba los 15.000 habitantes.

Hay muchos otros ayuntamientos que pagaron, como Alcobendas, Galapagar, San Sebastián de los Reyes o Aranjuez (este último en manos del PSOE durante esos años). De todos, el que más pagó, aunque sólo en 2003, fue el de Madrid (casi 900.000 euros), que ese año cambió el Gobierno de Álvarez del Manzano a Ruiz-Gallardón. Su empresa Madrid 2012 para la promoción de los Juegos Olímpicos pagó también más de 70.000 euros.

AYUNTAMIENTOS 'GÜRTEL'. También pagó el Ayuntamiento popular de Majadahonda, donde estaba Guillermo Ortega, uno de los preferidos de Aguirre hasta que le imputaron en Gürtel. Y pagó Pozuelo de Alarcón, con el ex marido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, también en Gürtel, y la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda Boadilla, del también miembro de la trama de Francisco Correa Arturo González Panero, El Albondiguilla.

HOSPITALES. Estos pasados días se ha publicado cómo la UCO investiga si el 1% que obligatoriamente se destinaba a publicidad en los grandes contratos públicos madrileños se gastó adecuadamente o una parte fue a parar a las arcas del PP. Los hospitales de Parla, del Noreste, de Valdemoro, del Norte, del Sureste, del Tajo, de la Paz, de Móstoles, de Majadahonda y de El Escorial destinaron grandes partidas a publicidad en las empresas de Daniel Mercado. La UCO pidió los contratos de esos hospitales la semana pasada. Los gastos varían mucho de un año a otro, de los casi 530.000 euros del hospital de Majadahonda en 2006 a las cuatro empresas de Mercado, a los sólo 20.000 de La Paz en 2007.

http://www.elmundo.es/espana/2017/03/16/58c9b4dbe2704ea70e8b4633.html

CINCO AYUNTAMIENTOS DEL PP CONTRATARON A LAS EMPRESAS INVESTIGADAS EN 'PÚNICA' QUE HICIERON LA CAMPAÑA A SUS ALCALDES

La UCO requisa los contratos que por más de cuatro millones otorgó Móstoles a Over y sus empresas satélite bajo el mandato de Esteban Parro, cuya carrera hacia la reelección en 2007 preparó ese grupo

Tres de los alcaldes cuyos consistorios contrataron al mismo grupo del que recibieron impulso electoral mantienen un escaño en la Asamblea de Madrid

Cinco ayuntamientos madrileños del PP contrataron con dinero público a las mismas empresas que en 2007 diseñaron la campaña de sus candidatos municipales y cuyas adjudicaciones públicas acaba de reclamar el juez que investiga la Operación Púnica a la Comunidad de Madrid. Sobre los contratos otorgados por esos ayuntamientos también ha puesto el juez Eloy Velasco la lupa: la Guardia Civil ya ha requisado todos los contratos que otorgó el ayuntamiento de Móstoles al grupo Over bajo los mandatos del conservador Esteban Parro antes y después de que ese mismo entramado condujera su carrera hacia la reelección en 2007.

Solo del Ayuntamiento de Móstoles, ahora gobernado por los socialistas e Izquierda Unida, Over y sus filiales obtuvieron más de cuatro millones por contratos durante los mandatos del PP entre 2004 y 2011. Los datos de facturación recabados por infoLibre proceden de las declaraciones de ingresos y pagos -el llamado Modelo 347- presentadas cada año ante Hacienda por Over y sus empresas satélite. Los cinco municipios del PP que adjudicaron contratos a Over antes, durante y/o después de que el grupo hiciera la campaña municipal de sus alcaldes o aspirantes en 2007 reportaron en total al grupo 4,66 millones de euros.

Como publicó este martes infoLibre, el grupo Over Marketing les hizo la campaña municipal de 2007 a no menos de 12 candidatos del PP madrileño. Y lo hizo con un enorme despliegue de medios del que dejó constancia en un dossier que la Policía terminó encontrando en su sede durante los registros del caso Palma Arena. Over, que solo en el bienio 2006-2007 consiguió más de seis millones de euros en contratos del Gobierno de Esperanza Aguirre, no le facturó a su partido un solo euro en 2007. Solo en 2004 consta una "venta" de 9.871 al PP. Y otra de 55.416 euros en 2006.

Sí lo hicieron sus filiales. Pero las cantidades facturadas al PP en toda España -el formulario anual de declaración de ingresos y pagos solo ofrece cifras estatales- por Traci Comunicación, Link América y Abanico Comunicación resultan tan insignificantes que podrían calificarse de simbólicas: 57.625 en 2007, de los cuales más de la mitad se correspondían con facturas giradas al PP balear, como constató la investigación de esa pieza del caso Palma Arena que ahora se encuentra pendiente de juicio.

El PP madrileño solo anotó en su contabilidad oficial un pago de 10.440 euros a una de las filiales de Over, la empresa Traci Comunicación SL. ¿Fue eso todo lo que cobró el grupo Over? ¿Y si por hacerles la campaña a 12 candidatos madrileños cobró mucho más, quién pagó? Esas preguntas siguen sin respuesta. En Baleres, Anticorrupción sostiene que los trabajos reales que Over Marketing y sus satélites hicieron para el PP en las campañas de 2007 costaron más de 212.000 euros, lo que equivale a casi ocho veces lo que declararon oficialmente.

El de Móstoles no fue un caso único. Los ayuntamientos de Alcobendas, Majadahonda, Alcalá de Henares y San Lorenzo de El Escorial también otorgaron al grupo Over contratos públicos antes, durante y/o después de que el equipo que capitaneaba el empresario Daniel Mercado se embarcase con el PP madrileño en la carrera hacia las municipales de 2007 con una campaña que incluyó el lanzamiento de vídeos, inserciones publicitarias, puesta en circulación de furgonetas electorales, edición de folletos y programas y montaje de actos.

En 2012, Mercado declaró ante el juez del caso Palma Arena, José Castro, que, además de en Baleares, también en Madrid había conseguido contratos amañados. Su grupo había conseguido algo más: hacer doblete institucional y partidario con el PP de Madrid. Si entre los contratos de la Comunidad de Madrid y los de los Ayuntamientos ingresó no menos de 14 millones entre 2004 y 2011, Mercado apenas hizo negocio con su facturación oficial a la organización que entonces presidía Esperanza Aguirre: la contabilidad regional del partido solo refleja un pago de 10.440 euros a Traci Comunicación SL. El PP, a cuyos portavoces comunicó este diario el lunes por la mañana el contenido de la información a la que había tenido acceso, sigue sin pronunciarse.

Campañas institucionales, campaña partidaria

Bajo la batuta de Bartolomé González, alcalde hasta 2012, las cuatro sociedades del grupo de Mercado -Over, Traci Comunicación, Link América y Abanico de Comunicación- se hicieron con contratos de Alcalá de Henares por 361.434 euros entre 2004 y 2008.

En Alcobendas, donde Ignacio García de Vinuesa estrenó alcaldía en 2007, ocurrió lo mismo que en Alcalá. Las filiales de Over denominadas Traci Comunicación y Link América consiguieron 19.082 euros entre 2007 y 2008.

En Majadahonda, donde Narciso de Foxá tomó el bastón de mando en 2005 tras la caída en desgracia de su antecesor Guillermo Ortega, ahora procesado en Gürtel, el consistorio contrató por primera vez a Over ese mismo año de 2005. Luego adjudicó servicios a Traci y luego a Link América. Entre las tres facturaron al municipio 52.865 euros entre 2005 y 2007.

San Lorenzo de El Escorial ofrece las cifras más modestas. Allí, José Luis Fernández, revalidó la alcaldía en 2007 tras la campaña que, según el propio dossier elaborado por la compañía, le diseñó Over Marketing con apartado incluido de "investigación electoral y conclusiones estratégicas". Ese mismo año, Traci Comunicación le facturó al consistorio escurialense 6.380 euros.

Una sexta localidad madrileña, la de Humanes, se cuenta también en la lista de aquellas en las que concurre la doble circunstancia de haber otorgado contratos públicos al grupo Over y haber preparado la campaña del candidato del PP en 2007. Pero en Humanes hubo una moción de censura en 2004 que desalojó de la alcaldía al conservador José Antonio Sánchez, quien en 2007 repitió como candidato. Y este diario ignora si los 48.957 euros facturados en total en 2004 por Over y sus filiales Traci Comunicación, Link América y Abanico de Comunicación al Ayuntamiento de Humanes se corresponden con contratos adjudicados antes o después de que un tránsfuga diera un golpe de mano agosto de ese año.

Hoy, tres de los alcaldes que utilizaron los servicios de Over y sus satélites Traci Comunicación, Link América y Abanico de Comunicación en la doble vertiente institucional y partidaria mantienen un escaño en la Asamblea de Madrid: Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas; José Luis Fernández, regidor de San Lorenzo de El Escorial.

El tercero es Bartolomé González, exalcalde de Alcalá de Henares y sobre quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya señaló en 2016 como involucrado en los manejos de la trama Púnica, sospecha que a día de hoy no se ha traducido en una solicitud formal de imputación por parte del juez Eloy Velasco. Como diputado autonómico, González goza de aforamiento ante el Tribunal Superior de Madrid (TSJM). Es decir, ningún otro juez puede investigarle.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/15/cinco_ayuntamientos_del_contrataron_las_empresas_investigadas_punica_que_hicieron_campana_sus_alcaldes_62513_1012.html

EMPRESAS INVESTIGADAS EN 'PÚNICA' HICIERON LA CAMPAÑA DEL PP DE MADRID EN 2007 PERO LA FACTURA OFICIAL AL PARTIDO FUE INSIGNIFICANTE

Documentos de Over Marketing SL a los que ha tenido acceso infoLibre constatan que el grupo que lideraba Daniel Mercado participó intensamente en la campaña municipal de una docena de candidatos madrileños

La contabilidad oficial del partido solo anotó 10.440 euros por prestación de servicios y lo hizo a nombre de una de las empresas satélite del grupo: Traci Comunicación

Over Marketing y Comunicación SL, cabecera de un grupo de empresas de publicidad a las que el Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó más de seis millones solo en el bienio 2006-2007 y cuyos contratos acaba de reclamar el juez que investiga la financiación del PP en el seno de la Operación Púnica, proveyó de múltiples servicios a no menos de 12 candidatos de la formación en Madrid durante la campaña para las elecciones municipales de ese último año. Así consta en un dossier elaborado por la propia Over Marketing y al que infoLibre ha tenido acceso.

Pese a que el contenido del dossier resulta inequívoco sobre su intensa relación con el PP madrileño durante la campaña de 2007, Over Marketing no declaró a Hacienda haber facturado ni un solo euro al partido. Sí lo hicieron tres de sus empresas satélite, que igualmente habían conseguido contratos públicos del Ejecutivo madrileño aunque de menor cuantía que los asignados a Over. Pero la cifra total anotada por esas tres compañías en 2007 en concepto de facturación dirigida al PP como persona jurídica global –es decir, sin distinción de para qué organización territorial se había realizado el trabajo– se limitó a 57.625 euros, y así lo certifican documentos oficiales de Hacienda a los que ha accedido infoLibre. De esa cantidad, sólo 10.440 euros constan en la contabilidad oficial del PP madrileño.

Las tres compañías que emitieron facturas contra el PP se denominaban Traci Comunicación SL, Link América SL y Abanico de Comunicación SL. Al igual que Over, todas ellas eran propiedad del arrepentido Daniel Mercado, quien en 2012 confesó ante el juez José Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach que no solo en Baleares sino también en Madrid había obtenido contratos públicos amañados para su grupo. El exconsejero Alberto López Viejo, uno de los principales procesados en el juicio sobre Gürtel que desde octubre celebra la Audiencia Nacional, era la figura clave en esos amaños, declaró Mercado. La operativa de ambas tramas marcha así, al menos aparentemente, en paralelo.

Ahora, el juez instructor de Púnica, Eloy Velasco, intenta encontrar respuesta a una de las grandes incógnitas planteadas tras el hallazgo de documentos comprometedores en el domicilio del anterior gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, que este lunes declaró de nuevo en la Audiencia Nacional. Esa incógnita es la de si el PP pagó servicios electorales bien con dinero de las administraciones, bien con cantidades abonadas mediante facturas falsas por grandes adjudicatarios de contratos públicos.

10.440 euros, el único rastro en la contabilidad del PP madrileño

De los 68.065 euros notificados a Hacienda por las tres filiales de Over durante el bienio 2006-2007 en concepto de trabajos para el PP, solo hay rastro de 10.440 en la contabilidad oficial del PP madrileño.

La organización que entonces presidía Esperanza Aguirre los anotó en 2006 como facturados por Traci Comunicación SL y los mantuvo en la casilla del “haber” hasta que en 2008 se incorporaron a la del “debe”, lo que apunta a que fue entonces cuando la deuda quedó saldada.

Así figura en el balance remitido cada ejercicio al Tribunal de Cuentas por la dirección nacional del partido y que incluye las cuentas de las diferentes organizaciones territoriales. La cifra contabilizada por el PP madrileño se corresponde al milímetro con la total que ese mismo ejercicio de 2006 declaró Traci a Hacienda en concepto de servicios prestados al PP en su conjunto.

Como todos los partidos, el PP posee un solo Código de Identificación Fiscal (CIF). Ese factor explica que el Modelo 347 –el formulario que refleja el volumen total de facturación endosado a un mismo cliente siempre que el importe supere los 3.000 euros anuales– no permita saber qué organizaciones territoriales del PP contrajeron el compromiso de pagar aquellos 57.625 euros.

Pero la investigación abierta en Palma por el amaño de contratos a favor de Over Marketing y su participación en los manejos de financiación del partido, entonces bajo la batuta de Jaume Matas, ya ha confirmado un dato esencial: que de todo lo facturado al PP por el conglomerado Over en el bienio 2006-2007 (123.481 euros), 35.000 euros se corresponden con facturas emitidas contra el partido en el archipiélago por la campaña de 2007.

Una deuda más que exigua

Lo anterior significa que, incluso si los conservadores solo hubiesen encargado sus campañas a Over y sus filiales en Baleares y Madrid –y no fue así, dado que tuvo presencia en otras cuatro comunidades–, el partido que dirigía Esperanza Aguirre habría podido computar en esos dos años 88.000 euros en calidad de deudas contraídas con el grupo de Daniel Mercado. Según Over Marketing, la empresa asignó a la campaña de 2007 nada menos que 49 personas.

En principio, las deudas asumidas con Over y/o sus filiales por el PP madrileño habrían sido las generadas por los trabajos para impulsar las campañas de 12 aspirantes a otras tantas alcaldías de la Comunidad. Entre esos candidatos figuraban quienes pretendían revalidar o conseguir el bastón de mando en municipios políticamente relevantes como Móstoles, Alcalá de Henares, Leganés, Alcobendas, Alcorcón, Majadahonda y Pinto.

infoLibre explicó este lunes por la mañana el contenido de los datos que obran en su poder a los portavoces oficiales de Esperanza Aguirre, ahora líder municipal del PP en Madrid; a los de la ya virtual jefa del partido en la Comunidad, la presidenta Cristina Cifuentes; y a los portavoces de la dirección nacional. Ninguna de las partes accedió a pronunciarse. Los portavoces de Génova dijeron no estar en condiciones de verificar los datos este mismo lunes y aconsejeron trasladar la consulta al PP madrileño; el equipo de Aguirre, que dirigía el Gobierno autonómico y la organización regional del partido en el momento de los hechos, remitió a la actual organización del PP; y el de Cifuentes, que acaba de desembarcar en la jefatura del PP madrileño, anunció que intentará contrastar los datos aunque sin prometer fecha.

De los vídeos de Aguirre a las “pepenetas” de campaña

Que la participación de Over Marketing y/o sus filiales de facto en la campaña del PP madrileño de 2007 fue intensa lo acredita un dossier elaborado por la propia compañía y que la Policía encontró en su sede durante los registros del caso Palma Arena. Bajo el título “Over MCW. Memoria de trabajos realizados elecciones autonómicas y municipales 2007”, el dossier detalla cuántos vídeos, folletos, postales electorales, montaje de actos e incluso puesta en circulación de furgonetas de campaña –las pepenetas– realizó el grupo para el PP madrileño y para otras organizaciones territoriales.

El extenso apartado relativo a Madrid, cuyas páginas reproduce ahora infoLibre, se abre con varios fotogramas del “vídeo de apoyo a los candidatos municipales”. Y quien aparece en esos fotogramas es Esperanza Aguirre.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/14/empresas_investigadas_punica_hicieron_campana_del_madrid_2007_pero_facturaron_una_cantidad_insignificante_62465_1012.html

LA EMPRESA INVESTIGADA EN 'PÚNICA' POR LA FINANCIACIÓN DEL PP ADMITIÓ QUE LE HACÍA ACTOS GRATIS AL PARTIDO

El dueño de Over Marketing declaró que no pagaba comisión a quienes le daban contratos amañados, pero que “quizá el beneficio que pudieran obtener” era que “no les facturasen las totalidades" de las campañas

El grupo Over hizo en 2007 las campañas de candidatos a alcaldes de Madrid, Baleares, Galicia, Castilla y León, Valencia y Murcia, además de la de Floriano en Extremadura

Solo declaró haber facturado al PP aquel año 57.625 euros

Daniel Mercado, dueño del grupo Over Marketing y cuyos contratos de publicidad con la Comunidad de Madrid –9,8 millones entre 2004 y 2008, como adelantó infoLibre– investiga el juez del caso Púnica en la pieza secreta sobre financiación del PP, admitió en 2012 ante la Fiscalía Anticorrupción que había cubierto actos del PP por los que no cobró “absolutamente nada”. Así consta en una de sus declaraciones por el caso Palma Arena, donde afloraron los primeros indicios de financiación ilegal vinculados a su grupo, los del PP balear. Fuentes jurídicas aseguran que las declaraciones prestadas por Mercado en esa causa ya están en manos del juez instructor de Púnica, Eloy Velasco.

Daniel Mercado, que durante años manejó las riendas de Over, Traci Comunicación, Abanico Comunicación y Link América, respondió en esos términos durante uno de los interrogatorios en una de las piezas del caso Palma Arena cuya apertura de juicio acaba de dictar el juez José Castro. Tras relatar que no solo en Baleares sino también en la Comunidad de Madrid había obtenido contratos amañados con intervención directa del exconsejero Alberto López Viejo, ahora procesado en Gürtel, el fiscal Pedro Horrach preguntó al empresario qué beneficio tenían a título personal quienes le contrataban irregularmente. El empresario respondió que nunca había pagado comisión alguna. Pero añadió lo siguiente: “Que quizás el beneficio que pudieran obtener las personas que le contratasen es que no les facturasen las totalidades de los costes de las dos campañas electorales del PP del año 2003 y 2007”. Y prosiguió así: "Que aparte de las campañas electorales Over ha cubierto actos a los que han acudido líderes del PP por los que no ha cobrado absolutamente nada, por lo que entiende el declarante el beneficio lo ha obtenido el Partido Popular".

Durante varios años, Over envió obsequios navideños a políticos de las administraciones del PP con las que mantenía contratos. Entre ellos figuraba el entonces vicepresidente de Madrid, Ignacio González. Entre 2003 y 2007, González, que luego sucedió a Aguirre en la presidencia de la Comunidad y ahora está retirado de la política, recibió regalos como "billeteras y llaveros de Loewe", y así lo admitió en noviembre de 2012 una portavoz del dirigente madrileño.

Una campaña extensa y muy barata

Como publicó el martes infoLibre, el grupo Over, al que también pertenecían otras tres empresas satélite, hizo en 2007 la campaña de 12 candidatos municipales del PP madrileño. Pero, como servicios prestados por el grupo, la contabilidad oficial del PP madrileño solo anotó ese año 10.440 euros. Lo hizo junto al nombre de una de las filiales de Over, Traci Comunicación SL. Esa cifra ya aparecía en el balance del PP madrileño correspondiente a 2006. Y se mantuvo hasta 2008.

En 2007, las cuatro empresas del grupo –Over, Traci Comunicación, Link América y Abanico de Comunicación– notificaron a Hacienda que habían facturado al PP por servicios prestados en toda España 57.625 euros.

En mayo de ese año se celebraron elecciones municipales en todo el país y autonómicas en la mayoría de las comunidades. De su actuación en esas campañas Over dejó tras sí un dossier que la Policía terminó encontrando en su sede. Es esa memoria la que constata que, además de la campaña para el PP de Madrid y la del PP balear, el grupo impulsó en 2007 la carrera municipal de otros candidatos locales del partido en Galicia, Castilla y León, Valencia y Murcia así como la de Carlos Floriano hacia la Presidencia de la Junta de Extremadura. Portavoces oficiales de la dirección nacional del PP aseguraron que Floriano conoció en algún acto del partido al dueño de Over y que a partir de ahí se inició su colaboración para la campaña autonómica.

La memoria de trabajos electorales desarrollados por Over para el PP en 2007 detalla qué candidatos locales, además de los madrileños sobre los que ya informó este diario el miércoles, contaron con el apoyo de la trama societaria que dirigía Mercado.

En Galicia, Carlos Negreira, alcalde de A Coruña entre 2011 y 2015; Telmo Martín, que optaba al bastón de mando de Sanxenxo (Pontevedra), el ourensano Enrique Nóvoa, Juan Juncal, que en 2007 no logró revalidar la alcaldía de Ferrol, y Joaquín García Díez, que había sido alcalde de Lugo.

En Castilla y León, Valencia y Murcia, Over hizo campaña por “candidatos que partían de situaciones específicamente complejas”, dice el dossier. Fueron las castellanoleonesas Celinda Sánchez (Palencia) y Beatriz Escudero (Segovia), ninguna de las cuales logró imponerse al PSOE; los valencianos Ana Kringe (Denia), que perdió en las urnas pero se hizo finalmente con la alcaldía gracias a un tránsfuga, y Manuel Pérez, que sí obtuvo la mayoría en Benidorm. En Murcia, Over hizo campaña por Juan Miguel Benedito (Yecla) y Pedro Chico (Bullas).

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/17/la_empresa_investigada_punica_por_financiacion_del_admitio_que_hacia_actos_gratis_partido_62653_1012.html

GRANADOS PIDE AL JUEZ QUE LLAME A DECLARAR A ESPERANZA AGUIRRE Y AL HOMBRE FUERTE DE CIFUENTES

El exconsejero da un paso más en su estrategia para repartir culpas y se presenta como “colaborador de la Justicia”

Francisco Granados va un paso más allá y, tras su carta dedicada a Esperanza Aguirre y su solicitud de que se investiguen hasta siete empresas y sus vínculos con Valdemoro y las adjudicaciones de vivienda pública de Arpegio, acaba de presentar un escrito dirigido al juez del caso Púnica, Eloy Velasco. En dicho documento, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, le pide que llame a declarar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, al actual hombre fuerte de Cristina Cifuentes y varias decenas de dirigentes del Partido Popular, entre los que se encuentran varios exconsejeros de su etapa en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El documento, del que se había rumoreado su existencia pero que no ha sido registrado hasta este miércoles, tiene algunas curiosidades. La abogada de Granados arranca diciendo “que el pasado día 21 de los corrientes tuvo lugar la primera declaración voluntaria de mi mandante”. Granados declaró ante el juez antes de Navidades, el 21 de diciembre, pero el documento lleva firma del 15 de marzo, por lo que habría estado preparado desde hace meses.

La oportunidad de presentarlo ahora, justo después de que se diera a conocer su carta a Esperanza Aguirre y a las puertas del Congreso regional del PP de Madrid no parece pues casual. Sobre todo teniendo en cuenta que llama a declarar a uno de los hombres fuertes de Cifuentes, Jaime González Taboada.

El texto sigue con la autoproclamación de que Granados –y su abogada- son “colaboradores de la Justicia” y declaran su “propósito de que se puedan llegar a conocer todos los datos referentes a los hechos investigados”.

Por ello, pide que se llame a declarar a Esperanza Aguirre para que “explique el papel” de Granados en su Gobierno y “qué influencia pudo ejercer sobre la gestión de otros consejeros”, así como su papel en las adjudicaciones de colegios públicos y en el PGOU de Valdemoro. Y requiere a la lideresa para que aclare “si los altos cargos de su Consejería lo fueron por decisión suya, en calidad de Presidenta, por ser de su confianza”.

También, como decimos, pide la comparecencia de Jaime González de Taboada, actual número tres de Cristina Cifuentes como consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y a quien el socio de Granados, David Marjaliza, acusó de “mangonear” en el Plan Prisma para llevarse mordidas. Granados le cita para que “desmienta” dichas acusaciones y “manifieste si conoce de la existencia de pagos de comisiones referidas”.

Además, le reclama como presidente de Nuevo Arpegio para que manifieste “si le consta que dicha mercantil colabora con la Justicia o si, por el contrario, pone trabas como al parecer viene sosteniendo el Ministerio Público; e indique si le consta que algún empleado de Nuevo Arpegio le ha manifestado temor a sufrir represalias o presiones para no colaborar con la Justicia”.

Además, Granados ha pedido que declaren Mariano Zabía, Beatriz María Elorriaga y Ana Isabel Mariño, todos exconsejeros de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para que aclaren el funcionamiento de Arpegio y se comparen sus actuaciones con las que realizó él al frente de esta empresa pública. Y solicita citar a Santiago Fisas, exconsejero de Cultura, para que aclare “si fue él quien se encargó de patrocinar el evento titulado “TheNight of theProms” y si el Sr. Granados tuvo algún tipo de participación o relación con dicho evento”.

Además, Granados ha exigido que declare Pedro Castro, exalcalde socialista de Getafe, y a su exconcejal de Urbanismo para que “informen acerca de si ellos dos se encargaron de negociar el consorcio “Los Molinos-Buenavista” con la Consejería de Urbanismo y Don Ignacio González”.

Pero Granados también tiene hueco para dirigentes municipales de su partido. Pide que declare Juan Soler, exalcalde del PP en Getafe, imputado en el caso del Teatro, para “que manifieste si en el curso de su mandato como Alcalde del municipio de Getafe recibió alguna comisión del Sr. David Marjaliza”.

Y al exalcalde de Alcalá de Henares y hombre de confianza de Esperanza Aguirre, Bartolomé Giménez para “que aclare si es cierto que recibió 60.000€ del Sr. Marjaliza, en el curso de su mandato”.

http://www.elplural.com/politica/2017/03/15/granados-pide-al-juez-que-llame-declarar-esperanza-aguirre-y-al-hombre-fuerte-de

CARTA DESDE LA PRISIÓN DE ESTREMERA. GRANADOS A ESPERANZA: “TÚ MANDABAS EN TODO, NO ENTIENDO QUE NO DESMIENTAS LA CAJA B”

OKDIARIO publica en exclusiva una carta escrita por Francisco Granados desde la cárcel madrileña de Estremera dirigida a Esperanza Aguirre en la que le pide que desmienta públicamente que existiera “financiación ilegal del PP de Madrid” en el marco de la trama Púnica.

La misiva, escrita de puño y letra por Granados en 6 folios, color verde Esperanza, tiene fecha 13 de marzo y comienza así: “Querida Esperanza. Te escribo, después de dos años y medio en prisión preventiva, para trasladarte algunas reflexiones sobre la llamada, con fines exclusivamente mediáticos, ‘Operación Púnica’ y tu reacción ante todo lo que está pasando”.

“Sabes que, con mis defectos, siempre he dado lo mejor de mí mismo por Madrid y por los principios y valores que compartimos. Y, aunque después de tanta basura como se ha esparcido suene increíble, te aseguro que jamás he ‘metido la mano en la caja’ y que soy inocente. Y, como me conoces bien sabes que lo voy a pelear hasta el final”. A continuación, añade rotundo: “‘Ningún ataque sin respuesta’, ¿te acuerdas?”.

“Pero no me he decidido a escribirte por esto, sino por tu reacción, o, mejor dicho, tú no reacción ante las acusaciones de ‘financiación ilegal’ del PP de Madrid. Esa no es la forma de actuar de la Esperanza que los afiliados del PP de Madrid conocen”.

Después recuerda como hace dos años y medio registraron su casa y se llevaron una libreta muy antigua en la que apuntaba ideas para no olvidarse. “Ahí había unas notas sobre actos del PP que hicimos en las Juntas Locales de Madrid. Recordarás que casi todas eran en las sedes a las que a veces ibas tú, y otras yo u otros cargos del partido o del gobierno”.

“Yo anoté como tantas veces, el nº de asistentes previsto, quién se encargaba de movilizar a los afiliados, y cosas así. Pues bien, la interpretación absurda de esas notas, que no dicen nada más, que no reflejan dinero ni nada por el estilo, llevaron al registro de la sede del PP de Madrid hace ya un año y a la imputación de nuestro gerente regional (Beltrán Gutiérrez)”.

A continuación, afirma tajante: “Tú decidiste entonces dimitir. Según explicaste, habías cometido un error ‘in vigilando’!!! ¿Significaba eso que admitías que, contigo de Presidenta pudo haber financiación ilegal irregular, pero que, en todo caso tú no te enteraste? Quiero pensar que no, pero el hecho es que nunca lo has aclarado y que esa duda ha quedado en el ambiente”.

“Una de tus frases preferidas eras ‘Todo se puede delegar menos la supervisión'”

“Una de tus frases preferidas”, prosigue, “que tantas veces has repetido como consejo es: ‘Todo se puede delegar menos la supervisión’. Y todos los que hemos trabajado contigo sabemos que siempre has actuado así. Absolutamente nada, ni el en el Partido, ni en el Gobierno, se ha hecho jamás sin que tú lo ordenaras o, al menos, dieras el visto bueno. Todo el que ha estado a tus ordenes lo sabe. Más aún, era más que habitual que tú despacharas con cargos intermedios del Gobierno para tomar decisiones ‘puenteando’ a sus jefes orgánicos”, sentencia Granados.

“Por eso”, matiza, “me sorprendió tanto lo de falta ‘in vigilando’ en vez de proclamar la verdad, que bajo tu mandato la financiación del PP siempre se ha ajustado a la Ley”. El ex dirigente popular asegura creer en “la honestidad” del gerente, el tesorero, el contable y de “todos los que se han encargado de esos asuntos en el PP de Madrid”.

“Ha pasado más de un año desde el registro de la sede y tu dimisión y nadie ha pedido TRANSPARENCIA en las actuaciones. No es aceptable que en Democracia, en un Estado de Derecho, la policía registre la sede del principal partido del país, se cree una crisis política en Madrid sin precedentes, y se extienda un manto de duda de este calibre, y nadie pida, y nadie dé, ninguna explicación de en base a qué hechos objetivos se tomado esa decisión”.

“La financiación ilegal del PP de Madrid es una enorme falsedad”

Granados destaca que las últimas informaciones sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid son una “enorme FALSEDAD. Sencillamente es mentira, los madrileños en general y los afiliados al PP en particular necesitan que tú se lo digas. Necesitan que tú exijas públicamente ‘luz y taquígrafos’. Que se diga quién, cuándo, cuánto y cómo se desviado ese dinero y que pruebas hay. Yo estoy muy tranquilo, porque sé que eso no se ha hecho, que ni los consejeros de esas áreas, ni los funcionarios, ni los empresarios, ni las personas del partido han cometido ninguna irregularidad”.

Después hace referencia a la instrucción del juez Eloy Velasco en la trama Púnica: “Creo que alguien debería decir de una vez que las causas generales, las investigaciones prospectivas y cuatro años de secreto de sumario son incompatibles con la Constitución Española. Yo llevo sometido a una causa general sobre mi vida cuatro años, pero ahora también la está sufriendo el PP y tus años al frente del Gobierno de la CAM”.

Finalmente, Granados se despide de Esperanza Aguirre: “Estoy seguro de que en defensa de tus principios y valores, y sobre todo, porque se lo debes a los millones de ciudadanos que confían en ti, harás lo que más convenga para que se aclare la verdad y se haga Justicia. Un beso, Paco G.”.

https://okdiario.com/investigacion/2017/03/15/granados-esperanza-mandabas-no-entiendo-no-desmientas-caja-b-827391

GRANADOS DA AL JUEZ UN LISTADO DE EMPRESAS PARA QUE LAS INVESTIGUE

Desde prisión, el exconsejero apunta a las adjudicaciones de Vivienda en Valdemoro y a los polígonos industriales

La actividad frenética de Francisco Granados en la cárcel de Estremera no se limita a la escritura de cartas a sus amigos y enemigos, ni a sus peticiones de que vaya a declarar Esperanza Aguirre o Eduardo Inda. El considerado cabecilla de la trama Púnica, dentro de su estrategia de mostrarse como colaborador de la Justicia, ha remitido también al juez del caso, Eloy Velasco, un nuevo escrito en el que, sin entrar en muchos detalles, le reclama que investigue las adjudicaciones de vivienda a siete empresas, así como las propiedades de dichas sociedades en Valdemoro.

Francisco Granados, cuya extensa biografía se puede consultar en nuestra web colaboradora Los Genoveses, arranca su escrito recordando su “actitud de colaboración con el Juzgado” para reclamar varias “diligencias de pruebas”.

La primera de ellas es que se dirija a la entidad Arpegio, fundación presidida por Granados y que está investigada en la Púnica por ser un instrumento “para hacer favores” con dinero público, según confesó Elisa de la Nuez, la persona contratado por Esperanza Aguirre para “poner orden” tras el paso de Granados.

El exconsejero de Aguirre reclama que Arpegio emita “un informe” sobre “las adjudicaciones de vivienda realizadas en el periodo 2001 a 2004” a siete empresas: Himalaya S.L., Hilday S.L., Tuvalu S.L., Servicios Logísticos Inmobiliarios S.L, Servicios Patrimoniales Obras y Vías S.L., TPC S.L. y Obras y Vías S.A.

Además, requiere que se dirija al Ayuntamiento de Valdemoro, que gobernó durante cuatro años, para que consiga una “relación completa de los propietarios” de varios sectores de polígonos industriales de la localidad cuando se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana local, en 2004, justo cuando él dejó la Alcaldía.

Dentro de esta petición, también reclama un “listado completo de las adjudicaciones del suelo público y de servicios públicos realizados en el periodo 1999 a 2003, en concreto el periodo en el que fue alcalde.

Finalmente, solicita al juez que pida al registrador de la Propiedad de Valdemoro “las propiedades que, durante los años 2001, 2002, 2003 y 2004” tuvieron las misma siete empresas que citaba anteriormente.

Cartas desde prisión

En los últimos tiempos, Granados ha demostrado que, quizás por el tiempo libre del que disfruta en prisión, es un prolífico escritor. Además de los continuos escritos que manda al juzgado, -ora para presentarse como colaborador de la Justicia, ora para solicitar declaraciones sorpresa en las que nunca acaba de tirar de la manta-, también se ha destacado por sus cartas.

Este miércoles se ha conocido la que ha enviado a su antigua mentora, Esperanza Aguirre, que ahora le considera alguien que le “ha salido rana”. Él mismo lo recuerda en la misiva que se extiende por seis folios llenos de halagos y nostalgia por todo lo que “hemos trabajado, reído, llorado y compartido mil confidencias”.

Pero, sin embargo, entre tanta línea, esconde un misil a su línea de flotación, recordándole que su defensa de que falló “in vigilando” no se sostiene pues la filosofía de Aguirre era “todo se puede delegar menos la supervisión”. Y subraya que “absolutamente nada, ni en el PP ni en el Gobierno, se ha hecho jamás sin que tú lo ordenaras”, hasta el punto de reunirse con las decenas de cargos intermedios –“todos habían sido nombrados por ti”- incluso “puenteando a sus jefes orgánicos”.

La otra carta famosa fue la que dirigió al director de La Razón, Francisco Marhuenda, después de que éste insinuara que Granados era “un paleto de Valdemoro”. En esa carta, Granados insinúa que Marhuenda tiene una nave en un polígono de la localidad porque acudió “a este paleto de Valdemoro para que te pusiera en contacto con el alcalde (también imputado) a ver si te encontraba algún chollo”. Y le pregunta “¿puedes explicar por qué te aprovechaste de tus contactos políticos para fines espurios? ¿cuánto te ahorraste? ¿pagaste comisión o mordida a alguien?”.

http://www.elplural.com/politica/2017/03/15/granados-da-al-juez-un-listado-de-empresas-para-que-las-investigue

VALDEMORO. LOS SEIS PASOS PARA AMAÑAR UNA ADJUDICACIÓN DE 61 MILLONES

Un informe de la UCO recién incorporado al sumario del 'caso Púnica' detalla los pasos que siguió la trama para hacerse con un contrato del Ayuntamiento de Valdemoro

Llamadas de teléfonos, correos electrónicos, reuniones, facturas falsas, dinero negro para pagar sobornos y más de un año de gestiones en la sombra. El último informe entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, dentro del caso Púnica detalla de manera pormenorizada todos los pasos que la trama siguió para amañar la adjudicación de un contrato de eficiencia energética de 60,8 millones de euros en el Ayuntamiento de Valdemoro. El documento policial destaca que para ello hizo falta la presunta participación y connivencia de, al menos, 21 personas, entre empresarios y funcionarios públicos. La Guardia Civil destaca que fue el mismo mecanismo que la red utilizó en otros consistorios de la Comunidad de Madrid para hacerse de modo irregular con concursos.

1. Acceso privilegiado a datos. En octubre de 2012, 14 meses antes de que se firmara el contrato de eficiencia energética en el Ayuntamiento de Valdemoro y la filial española de Cofely-GDF Suez, dos de los principales implicados en la trama intercambiaron el primer correo electrónico presuntamente dirigido a amañar este concurso. Pedro García, directivo de la compañía y señalado por la investigación como uno de los supuestos muñidores de las irregularidades, cruzaba en aquellas fechas varios mensajes con el constructor David Marjaliza, socio de Francisco Granados y ahora colaborador de la Justicia, en los que este último facilitaba al primero "los datos de facturación del Ayuntamiento de Valdemoro” que iban a servir para elaborar de manera irregular los pliegos para decidir la adjudicación. Entre esa información, el informe de la UCO destaca que figuraban las claves de acceso que se utilizaban en el Consistorio para consultar las facturas de consumo de energía de los diferentes edificios municipales, conocer el número total de contadores o saber cuántas farolas había en la localidad. Unos datos clave para preparar la oferta de un concurso que aún tardaría meses en hacerse público.

2. Manipulación de la consultoría previa. La investigación ha permitido determinar que Cofely envió toda esa información recabada gracias a "funcionarios y responsables de dicho Ayuntamiento" a una tercera sociedad, en este caso Consultoría Lumínica, para que esta elaborase para el consistorio la obligatoria auditoria previa y que ésta fuera, además, a medida de los intereses de la multinacional. La UCO considera que esta sociedad era, en realidad, un tentáculo de Cofely, con la que colaboraba desde hacía tiempo y que por este trabajo supuestamente recibió 8.000 euros. Eso sí, para difuminar dicha dependencia, los cobró utilizando empresas interpuestas. En este caso, Ruta Energética, del constructor David Marjaliza. Este adelantaba en primera instancia el dinero para posteriormente emitir facturas falsas a Cofely por la realización de trabajos inexistentes para recuperar dichos fondos y, además, cobrar su comisión por su labor de intermediario con el Ayuntamiento, donde los agentes destacan que el hoy arrepentido tenía gran “influencia”.

3. Pliegos a medida. En noviembre de 2012, nueve meses antes de que se anunciase el concurso, el directivo de Cofely Pedro García envió a Marjaliza borradores de los pliegos y los anexos que debía publicar el Ayuntamiento de Valdemoro para convocar el concurso. Era el inicio de una cadena de mensajes que, según la UCO, ponía de manifiesto que en la confección de dicha documentación técnica estaban trabajando empleados de la multinacional junto a varios técnicos y cargos de confianza del propio consistorio, que en algunos momentos llegan a prescindir de la intermediación de García y Marjaliza para tratar directamente entre ellos cuestiones concretas de los pliegos. Las investigaciones han revelado al menos dos "reuniones físicas" entre un funcionario del Ayuntamiento y trabajadores de Cofely varios meses antes de que se convocase el concurso para la elaboración de dicha documentación técnica.

4. Minusvalorar la oferta económica. Esos correos electrónicos y reuniones se tradujeron en una coincidencia casi total “en formato y contenido” entre los pliegos que finalmente publicó el equipo de gobierno de Valdemoro, entonces encabezado por el popular Jose Carlos Boza Lechuga, hoy imputado, y los que había remitido Cofely. En este punto, el informe de la Guardia Civil destaca que "el hecho de que una empresa participe en la confección de unos pliegos para más adelante participar en la licitación del concurso está expresamente prohibido". Con ello, la multinacional consiguió incluir en los mismos una fórmula entre los criterios objetivos de adjudicación que a la hora de decidir el ganador del concurso restaba de manera significativa importancia al precio de la oferta económica para, de este modo, aunque la de Cofely fuese la más cara, seguir siendo la ganadora. Una maniobra que, según destaca el informe, la trama también utilizó supuestamente en municipios como Parla, Serranillos del Valle, Collados Villaba y Almendralejo, entre otros.

5. Evitar a los interventores municipales. El análisis policial de la documentación también ha revelado que los pliegos presuntamente elaborados por la trama y posteriormente utilizados por el Ayuntamiento contenían otras irregularidades con el supuesto objetivo de eludir el control de los interventores municipales. Así, el informe de la UCO destaca que se incluyeron de manera intencionada en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) algunas cláusulas sobre revisión de precios, subrogación de personas, criterios de adjudicación y solvencia económica que debían haber figurado en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones (PCAP). De este modo, la trama evitaba que las mismas fuesen sometidas al escrutinio de los interventores del Ayuntamiento, que hubieran puesto serias objeciones al concurso. Uno de ellos era el criterio de solvencia, que figuraba definido en el PPT con "unos requisitos difíciles de cumplir para otras empresas del sector diferentes a Cofely". Una manera de evitar la competencia, en opinión de los investigadores.

6. Desviar dinero municipal para sobornos. La Guardia Civil pone especial énfasis en la cláusula del pliego que permitía a la empresa adjudicataria destinar el 2% del importe de la licitación a contratar todos los años una auditoría de su elección para fiscalizar el cumplimiento del contrato. Según la investigación, "Cofely se valió de esta oportunidad" para contratar a una empresa de Marjaliza que no realizaba servicio alguno -la auditoría la iban a elaborar los propios trabajadores de la multinacional- y que "servía únicamente para generar facturación instrumental que se utilizaría para hacer frente a otros pagos". ¿Cuáles? La UCO concluye que para los "cohechos" a los funcionarios y cargos públicos que colaboraban en el amaño y para abonar al constructor el dinero que éste había adelantado durante todo el proceso, además de su supuesta comisión. De este modo, cada ejercicio se iban a desviar 130.000 euros del erario con tal fin. El contrato tenía una duración de 15 años.

Finalmente, en agosto de 2013, el Ayuntamiento de Valdemoro hizo público el concurso. En diciembre de ese año, el alcalde José Carlos Boza Lechuga firmaba el contrato con Cofely, la única empresa que se presentó al mismo. Era el punto final de todo un proceso repleto de supuestas irregularidades en el que la Guardia Civil asegura que se cometieron hasta seis delitos: cohecho, fraude, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, revelación de secretos y malversación. Una larga lista de la que hace responsable a doce cargos públicos y funcionarios del consistorio, entre ellos el entonces regidor, Boza Lechuga; a cinco directivos de la multinacional, y a cuatro empresarios, incluido David Marjaliza. Todo por un contrato de 60,8 millones de euros, el segundo de importe más elevado supuestamente amañado por la Púnica.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/13/actualidad/1489418866_942289.html

VELASCO HA RECHAZADO EL PUESTO EN LA UE PORQUE LE PROHIBÍAN SEGUIR COBRANDO 50.000€ POR DAR CHARLAS

El juez Eloy Velasco ha rechazado convertirse en el coordinador de la Unión Europea para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en Latinoamérica porque en ese cargo vería sensiblemente reducidos sus ingresos, según las fuentes consultadas por OKDIARIO.

En la actualidad, Velasco percibe un sueldo que ronda los 80.000 euros brutos anuales como titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

A estos ingresos suma cerca de 50.000 euros anuales más por sus actividades privadas como profesor y conferenciante, dado que tiene concedida la compatibilidad por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Profesor del ESADE sobre ciberseguridad

Durante el pasado curso, Eloy Velasco dirigió un programa de innovación sobre ciberseguridad en un Máster de Coaching Ejecutivo impartido por el ESADE, una de las más prestigiosas escuelas privadas de negocios. De hecho, Velasco es uno de los mayores expertos españoles en ciberdelincuencia.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, Velasco percibiría un sueldo que ronda los 100.000 euros anuales si hubiera aceptado el puesto de coordinador de la UE contra el crimen organizado. Desempeñaría esta labor en Madrid, aunque tendría que viajar con frecuencia a distintos países de América Latina.

Se trata de una plaza en servicios especiales, lo que le permitiría regresar a su puesto de magistrado en la Audiencia Nacional una vez concluido el plazo de cuatro años.
Ha rechazado el puesto de la UE

Pero con una diferencia: es un puesto con dedicación exclusiva, por lo que la Unión Europea no le permitiría seguir desempeñando sus actividades privadas como profesor y conferenciante. Una actividad que le reporta cerca de 50.000 euros brutos al año, señalan las mismas fuentes.

Este sería el motivo por el que Eloy Velasco ha renunciado finalmente al puesto ofertado por la Unión Europea, pese a que su candidatura contaba con todas las bendiciones del CGPJ.

Como ha informado OKDIARIO, Velasco formaba parte de la terna elaborada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para ocupar dicho puesto en la Unión Europea. Los otros dos aspirante mejor colocados son el juez de vigilancia penitenciaria de Córdoba Luis de Arcos y el magistrado Manuel Olmedo.

Como titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Velasco instruye actualmente el caso Púnica sobre presunta financiación ilegal del PP.

https://okdiario.com/investigacion/2017/03/16/eloy-velasco-cobra-80-000-euros-como-magistrado-otros-50-000-dar-conferencias-831118

EL JUEZ HALLA PAPELES SECRETOS CON TODA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE MADRID

Velasco cita de nuevo en la Audiencia al exgerente del partido Beltrán Gutiérrez tras intervenirle una explosiva documentación confidencial en el marco de Púnica

La pieza que aún mantiene secreta el juez Eloy Velasco en el marco de la Operación Púnica contiene profusas pruebas que presuntamente acreditan la financiación ilegal del PP de Madrid desde 2004 y que salpica a gran parte de la anterior cúpula del partido, según fuentes jurídicas. Se trata de documentación confidencial requisada por el juez en casa del exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez y que destapa la caja B con la que los populares madrileños han sufragado en los últimos lustros campañas electorales y actos del partido. Y, según se desprende de las pesquisas, lo han hecho, entre otros canales delictivos, a través de Fundescam, la fundación que creó el PP en época de la expresidenta Esperanza Aguirre y que se ha nutrido de fuertes sumas de dinero pagadas por empresarios afines a cambio supuestamente de contratas públicas.

El juez Velasco ha reactivado en los últimos días la investigación sobre la caja b del PP madrileño, la única de las 14 piezas separadas del caso Púnica que permanece bajo secreto sumarial. Durante la mañana de este miércoles, el juez ha citado a declarar como investigados -imputados- a Beltrán Gutiérrez, a José Ignacio Echeverría, exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y extesorero del PP madrileño y a Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña CEIM. Los tres han salido de la Audiencia sin hacer declaraciones. Fuentes jurídicas han aclarado que el exgerente del PP regional no ha llegado a declarar porque su abogado llegó tarde a la citación y volverá a ser convocado el lunes próximo.

Fuentes de la investigación han señalado que los tres "han respondido a todas las preguntas" y que lo han hecho de forma "profusa y contundente". Las mismas fuentes han señalado de las pruebas documentales recabadas y de las declaraciones de este miércoles "se derivarán más citaciones".

Fuentes jurídicas han informado este miércoles que el juez Velasco ordenó ayer registros en diversos domicilios particulares y de empresas. También envió a agentes de la Guardia Civil a diferentes sedes, entre ellas las de la Consejerías de Sanidad y Transportes de la Comunidad de Madrid y de la sociedad autonómica de suelo Arpegio, para requerir información.

El juez Velasco ha dictado un contundente auto en el que describe la financiación ilegal del PP madrileño y en el que vuelve a citar en su despacho al exgerente Beltrán Gutiérrez para interrogarle sobre algunos flecos que le faltan para terminar de encajar algunas piezas sueltas. Las pesquisas implican presuntamente al exconsejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aguirre, Francisco Granados, encarcelado desde finales de octubre de 2014 por su condición de cabecilla de la trama Púnica. Y también salpican al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, entre otros altos cargos del PP de los últimos 16 años. Otros implicados en esta financiación ilegal ocupan ahora puestos de responsabilidad en la Comunidad de Madrid, que preside Cristina Cifuentes.

Las donaciones de empresarios a Fundescam han acabado con los años conectando los dos casos más graves de corrupción política que han sacudido España desde la transición: Gürtel y Púnica. El juez instructor de Gürtel, Antonio Pedreira, investigó en 2010 Fundescam y, según un informe policial de entonces elaborado por la UDEF, esta fundación recaudó de empresarios afines, solo en 2003, unos 900.000 euros. Entre los donantes, con hasta 300.000 euros, estaba el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, posteriormente encarcelado por delitos de alzamiento de bienes en su extinto grupo industrial Marsans.

Con parte de ese dinero el PP regional financió actos y campañas electorales en los años 2003 y 2004. Pero Pedreira acabó archivando esta parte del sumario al entender que los delitos habían prescrito. Púnica ha vuelto a destapar Fundescam y en esta ocasión el juez Velasco ha detectado que la financiación a través de esta fundación se ha mantenido hasta casi 2011, con lo que los supuestos delitos serían continuados y, por tanto, no prescritos.

El juez envió a la Guardia Civil al registro de asociaciones, a la sede del PP regional, al despacho del gerente y a varios departamentos de la Comunidad en busca de pruebas con las que hilvanar, y en gran parte lo ha conseguido, que las sumas de dinero que aparecen en los papeles secretos del gerente tienen relación con Fundescam y con otras aportaciones ilegales recibidas por el PP madrileño. El juez sospecha que las entregas de dinero fueron onerosas y a cambio de contratas y adjudicaciones públicas.

El expresidente de la CEIM, la patronal de Madrid, Arturo Fernández, es uno de los empresarios, ahora en pleno declive, investigados en la pieza número 14 de Púnica. Su grupo de hostelería Cantoblanco recibió lucrativas adjudicaciones de la Asamblea de Madrid y de otras administraciones gobernadas por los populares. El juez también ha pedido información sobre contratas al Ayuntamiento de Madrid de las épocas en fue gobernado por los exalcaldes Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, según las citadas fuentes.

El expresidente Ignacio González mantuvo en nómina en el partido a Beltrán Gutiérrez incluso después de que este tuviera que dimitir como gerente por su implicación en el caso de las tarjetas black, de las que se gastó 58.000 euros. El PP de Cifuentes le pagó 120.000 euros y Gutiérrez finalmente abandonó el despacho que le había asignado González en Génova tras el escándalo de las tarjetas.

No es la primera vez que Gutiérrez es citado por el juez. Ya compareció el 3 de marzo de 2016. El detonante entonces fue una agenda intervenida a Granados en la que figuran, junto a entregas de casi dos millones de euros, las iniciales de “BG”, presumiblemente referidas a Beltrán Gutiérrez, y las de “JLM”, en alusión a Javier López Madrid, yerno del dueño de la constructora OHL. David Marjaliza, exsocio arrepentido de Granados, ayudó al juez a identificar las citadas iniciales.

El nombre de Beltrán Gutiérrez, a quien Velasco atribuye en Púnica delitos de cohecho y falsedad, también salió a relucir en Gürtel al estar detrás de facturaciones del PP a la empresa de Francisco Correa Special Event que a la postre fueron abonadas por Fundescam. En Gürtel, fue también documentación secreta intervenida al contable de la red en su casa la que puso al descubierto los amaños y comisiones pagadas a altos cargos del PP nacional. El contable de Gürtel volcó la caja B de las empresas en un pendrive. Lo ocultaba en la mano, cerrada, cuando la policía se lo intervino. "El puto pendrive", como lo definió airado Francisco Correa al enterarse, una vez detenido, de su existencia y de su contenido.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/08/actualidad/1488968705_893334.html

EL JUEZ REACTIVA LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAJA B DEL PP DE AGUIRRE A TRAVÉS DE FUNDESCAM

El instructor centra su atención en Fundescam y preguntado al expresidente de la patronal madrileña sobre 60.000 euros que donó en 2007

Eloy Velasco investiga el supuesto pago del 1% en publicidad en la construcción de seis hospitales o en la Ciudad de la Justicia lanzada por la expresidenta en 2005

El juez que instruye en la Audiencia Nacional la pieza separada de Púnica sobre la financiación ilegal del PP madrileño, Eloy Velasco, ha reactivado su investigación con el registro de varias empresas y viviendas y con requerimientos de documentación en varios organismos oficiales de la Comunidad de Madrid, en concreto las consejerías de Sanidad, Transportes y Urbanismo, la Fundación Arpegio, la dirección de Justicia madrileña e incluso Presidencia.

El objetivo, indagar en grandes iniciativas de la última etapa de Aguirre como el plan de infraestructuras sanitarias del periodo 2004 a 2007 –que incluía el desarrollo de seis hospitales– o la Ciudad de la Justicia lanzada por la presidenta en el 2005 y que, tras quedar paralizada por la crisis, fue recuperada en 2014 por su sucesor en el cargo, Ignacio González. En concreto, el magistrado está analizando el supuesto pago de un 1% del total de las concesiones en conceptos de publicidad. El instructor también ha centrado su atención en la financiación del PP madrileño mediante la Fundación para el Desarrollo Económico de la Comunidad de Madrid (Fundescam).

Velasco ha ordenado estas diligencias después de que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraran documentación importante en el registro que realizaron por orden judicial hace un año en la vivienda y en el despacho del exgerente regional del PP de Esperanza Aguirre, Beltrán Gutiérrez, que estaría vinculada con la presunta financiación irregular de la formación conservadora en la Comunidad de Madrid.

infoLibre cuenta con un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef-Bla) de la Policía Judicial, de 30 de julio de 2010, en el que se analiza "el sistema de financiación de los actos electorales del Partido Popular de Madrid a través de Fundescam". Y los agentes citan en el mencionado informe el nombre del exgerente del PP madrileño, imputado en Púnica, Beltrán Gutiérrez, como "el interlocutor de la organización" de Correa "con el Partido Popular regional para el desarrollo de la campaña".

El gerente de Aguirre

Asimismo, el informe de la Udef resalta que en los archivos de la trama aparece el nombre de Beltrán Gutiérrez como la persona a nombre del cual se "anota el conjunto de actos realizados en la Comunidad de Madrid en los que ha intervenido Esperanza Aguirre, tanto relativos a la precampaña como a la campaña electoral".

Precisamente, el magistrado ha llamado a declarar este miércoles, por segunda vez como imputado, a Beltrán Gutiérrez, que ha sido condenado de forma reciente a ocho meses de cárcel en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid.

Pero también el juez ha citado como investigados al exconsejero de Industria y expresidente de la Asamblea madrileña José Ignacio Echeverría, cuya vivienda habría sido registrada el martes por la noche, y al expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández, también condenado a seis meses de prisión por las black.

Según fuentes del caso, el instructor ha interpelado a Arturo Fernández por sus relaciones con la expresidenta Esperanza Aguirre, a la que le une una larga amistad, al mismo tiempo que se interesó por los al menos 60.000 euros que donó a Fundescam en 2007 poco antes de las elecciones autonómicas a través de la Fundación Arturo Fernández.

Contrato para Fernández en la Asamblea

Velasco también centró su interrogatorio en el contrato que ese mismo año 2007 obtuvo de la Asamblea de Madrid para gestionar el bar de la Cámara autonómica, donde la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes era vicepresidenta.

El año 2007, año en el que se celebraron las elecciones autonómicas que ganó Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, fue muy positivo para esta fundación ligada a la formación política conservadora, porque según sus cuentas, adelantadas por Público, obtuvo 741.561 euros de donaciones privadas y de patrocinios de la Fundación Caja Madrid, presidida por Miguel Blesa, también condenado a seis años de cárcel por las tarjetas black.

Los ingresos de Fundescam, siempre según la información de Público, se disparaban en años electorales. Como por ejemplo el primero de Aguirre como candidata, 2003, en el que esta fundación que fue presidida por Pío García-Escudero y Gádor Ongil, y en la que Francisco Granados también ejerció de vicepresidente, con 938.210 euros. En el año de las elecciones generales de 2004 los ingresos de Fundescam fueron de 553.520 euros. En total la Caja Madrid de Blesa aportó 1,3 millones a Fundescam.

La investigación sobre la financiación ilegal del PP madrileño mediante Fundescam formó parte del caso Gürtel, aunque el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, ya fallecido, archivó la misma al considerar que los presuntos delitos cometidos habían prescrito.

Sin embargo, las nuevas evidencias descubiertas por el juez Velasco apuntan a que los delitos que habrían cometido los conservadores con Fundescam llegarían hasta el año 2011, por lo que no estarían prescritos, según informa el diario El País.

El papel de Cifuentes en Fundescam

Precisamente sobre Cifuentes, el magistrado preguntó a Arturo Fernández sobre su papel en Fundescam, fundación en la que la actual jefa del Ejecutivo regional fue patrona, sin remuneración, y que centra el foco de las investigaciones. Cifuentes fue elegida patrona de la fundación por el comité ejecutivo del PP madrileño el 28 de febrero de 2005. Y cesó de este cargo el 18 de septiembre de 2008 poco antes del XIV Congreso regional de la formación conservadora madrileña.

Fuentes cercanas a la presidenta regional han enfatizado que la pertenencia de Cifuentes a la junta directiva de Fundescam era obligada dado que formaba parte del comité de dirección del partido en Madrid pero que "jamás tuvo acceso ni a los informes ni a las cuentas de esa fundación".

Sobre el contrato adjudicado a una de las empresas de Arturo Fernández para la gestión del bar de la Asamblea, las mismas fuentes han recalcado que las decisiones adoptadas por la mesa de contratación que Cifuentes presidía por delegación de la presidencia de la Cámara eran siempre "colegiadas".

El informe elaborado en 2010 por los policiales de Gürtel sobre Fundescam confirma, tras el análisis de los agentes de la documentación interceptada en un pendrive a la trama liderada por Francisco Correa, la existencia de "un sistema de facturación ad hoc de los actos electoral de 2003 y 2003 enmascarando la verdadera realidad de los conceptos y de las entidades para las que se prestó el servicio".

Además, los agentes concluyen que el mecanismo de financiación de los mencionados actos electoral es "ajeno a lo contemplado en la Ley Electoral General y en la Ley de Financiación de Partidos Políticos a través de una fundación vinculada orgánicamente al Partido Popular de Madrid (Fundecam) que recibe fondos de empresas que mediante contratos vigentes prestaban servicio o realizaban suministros u obras para administraciones públicas de la Comunidad de Madrid, y que posteriormente canaliza para financiar los actos del partido en campaña electoral".

El informe explica, además, que la organización de Correa "reporta a Luis Bárcenas", entonces gerente del PP nacional, "las facturas emitidas por Special Events a las distintas sedes regionales por los actos realizados bajo el concepto montaje actos elecciones autonómicas".

Facturas ficticias del PP

Los policías que realizan el informe constatan también que las facturas tienen "un cambio de entidad puesto que actos desarrollados por el PP de Madrid con motivo de la campaña de las elecciones autonómicas de 2003 se transforman en servicios prestados a Fundescam. Ésta práctica no sólo se observa con actos de la campaña electoral de 2003 sino también en relación a las elecciones europeas de 2004 y al Congreso Regional de 2004", completa el documento del sumario del caso Gürtel, que sostiene que mediante la elaboración de estas facturas ficticias se trata de representar una operación mercantil imitando lo que no es".

"Dichas facturas", resaltan los agentes, "responden en realidad a actos realizados con motivo de las campañas electorales locales y autonómicas de 2003, elecciones generales de 2004, elecciones al Parlamento Europeo de 2004 y al congreso regional de 2002 y 2004 para el Partido Popular de Madrid o el Partido Popular Nacional, por tanto han sido objeto de un cambio de entidad y de concepto".

Finalmente los agentes, que citan el mencionado artículo del diario Público, aseguran que los principales donantes de fondos a Fundescam eran las siguientes compañías: Transportes de Cercanías, Grupo Cantoblanco, Siemens, FCC, Unión Fenosa, Grupo Avanza, Mercurio, Promociones García Domínguez, Inmobiliaria COF, Francisco Santos, Ciuvasa, Valentín, Carlos de Bias García, Idea informática, José Antonio López Casas, Felop, Hotetur, Expacontra, Aerolíneas Baleares y Germán López Madrid.

72.000 euros de Díaz Ferrán

En el sumario de Gürtel aparece también otro documento en el que el entonces gerente de Aguirre, Beltrán Gutiérrez ingresa en 2003 en calidad de "apoderado" de Fundescam 72.000 euros de Gerardo Díaz Ferrán en nombre de la empresa Mercurio.

En la pieza sobre la financiación ilegal del PP madrileño, el juez Velasco mantiene imputados por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales, al exgerente del partido regional Beltrán Gutiérrez, y el empresario Javier López Madrid, además de al propio Granados y su socio David Marjaliza.

Según una agenda manuscrita de Granados, incluida en el sumario de la trama, el ex secretario general del PP madrileño reflejó en una de las páginas de su libreta unos pagos a Beltrán Gutiérrez 1,4 millones de euros.

Otros de los casos investigados por Velasco en relación a la presunta financiación ilegal del PP es la ampliación de líneas de Metro y su inauguración en 2007, ante las sospechas de que una de las empresas de la trama Púnica, Waiter Music, se beneficiara de la adjudicación irregular de las fiestas de inauguración de estas extensiones. Los agentes han puesto el foco en las partidas de publicidad asignadas a estos proyectos, pero también en el pago a cargo de la Comunidad de Madrid del posicionamiento on line de excargos de los Gobiernos de Aguirre e Ignacio González.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/09/el_juez_velasco_reactiva_investigacion_sobre_financiacion_ilegal_del_con_fundescam_62242_1012.html

EL JUEZ DE 'PÚNICA' PREGUNTA POR CIFUENTES A UN EMPRESARIO QUE HIZO DONACIONES A UNA FUNDACIÓN DEL PP

Eloy Velasco interroga al expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández por el dinero que trasvasó a Fundescam antes de las autonómicas de 2007 y el contrato que logró para gestionar el bar de la Asamblea regional

También han declarado como imputados el exconsejero de Industria de Esperanza Aguirre José Ignacio Echeverría y el ex gerente del Partido Popular madrileño Beltrán Gutiérrez

Las investigaciones que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco mantiene abiertas sobre la financiación del PP madrileño en el contexto de la Operación Púnica han dado hoy un salto cualitativo. Ante Velasco han declarado como imputados dos antiguos altos cargos del PP madrileño -José Ignacio Echevarría, exconsejero con Esperanza Aguirre y expresidente de la Asamblea regional, y Beltrán Gutiérrez, gerente regional del partido en la etapa de Aguirre-, así como el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández. El juez ha preguntado al empresario por sus relaciones con la expresidenta Esperanza Aguirre, a la que le une una larga amistad, pero también con la actual jefa del Ejecutivo autonómico, Cristina Cifuentes.

El interrogatorio a Fernández ha hecho que trascienda un dato que hasta ahora había pasado inadvertido: que la actual jefa del Ejecutivo regional fue vocal de la fundación Fundescam, que centra el foco de las investigaciones y cuyo papel en la presunta financiación ilegal del PP madrileño en las campañas de 2003 y 2004 ya fue destapado en 2009 p0r una investigación periodística del diario Público. El magistrado ha preguntado al exdirigente patronal madrileño por los al menos 60.000 euros que donó a Fundescam en 2007 poco antes de las elecciones autonómicas a través de la Fundación Arturo Fernández. Y por el contrato que ese mismo año obtuvo de la Asamblea de Madrid para gestionar el bar de la Cámara, donde Cifuentes ostentaba entonces el cargo de de vicepresidenta.

Fuentes cercanas a la presidenta regional han enfatizado que la pertenencia de Cifuentes a la junta directiva de Fundescam era obligada dado que formaba parte del comité de dirección del partido en Madrid pero que "jamás tuvo acceso ni a los informes ni a las cuentas de esa fundación". Sobre el contrato adjudicado a una de las empresas de Arturo Fernández para la gestión del bar de la Asamblea, las mismas fuentes han recalcado que las decisiones adoptadas por la mesa de contratación que Cifuentes presidía por delegación de la presidencia de la Cámara eran siempre "colegiadas".

Hasta ahora se sabía que Fernández había sido uno de los grandes donantes de la fundación de cabecera del PP madrileño, Fundescam, en las elecciones que en 2003, el año del tamayazo, auparon a Esperanza Aguirre a la presidencia de Madrid. Los manejos de esa fundación ya afloraron en el sumario del caso Gürtel pero Anticorrupción consideró que los presumibles delitos habían prescrito. Ahora, el hallazgo de nuevos documentos durante los registros de la Operación Púnica la han traído de nuevo al primer plano.

El juez que instruye la causa no ha decretado medidas cautelares para ninguno de los tres investigados. El magistrado ha interrogado a los imputados después de que ordenara el pasado martes el registro de empresas e incluso realizara "requerimientos inmediatos y mediatos" a departamentos de la Comunidad de Madrid, como es el caso de las Consejerías de Industria y Sanidad.

Según las mismas fuentes, los requerimientos inmediatos se realizan bajo la posibilidad de que se efectúe un registro para obtener la documentación requerida. El diario El Independiente.com, ha asegurado que el juez Velasco busca información sobre los hospitales promovidos por el Gobierno de Esperanza Aguirre.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/09/el_juez_punica_pregunta_por_cifuentes_empresario_que_hizo_donaciones_una_fundacion_del_pp_62226_1012.html

LA UCO INVESTIGA EL PLAN DE HOSPITALES DE ESPERANZA AGUIRRE EN EL ‘CASO PÚNICA’

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga uno de los proyectos estrella de Esperanza Aguirre durante su etapa como presidenta de la Comunidad de Madrid (2003-2012), el plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007, en una pieza separada del caso Púnica. Éste es el motivo que explica la presencia de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la mañana de este martes en la sede de la Consejería de Sanidad, donde se personaron para requerir documentación por orden del instructor.

Durante los años 2004-2005, siendo Manuel Lamela consejero de Sanidad y Consumo, el Ejecutivo madrileño aprobó los estudios de viabilidad para la construcción y explotación de seis hospitales públicos con los que pretendía terminar la descentralización de la asistencia sanitaria en la Comunidad y dotar de servicios de atención especializada a poblaciones con perspectivas de crecimiento alejadas de los complejos existentes hasta entonces. Bajo la fórmula de concesión de obra pública a operadores privados, el proyecto inicial buscaba levantar instalaciones hospitalarias en Móstoles, Leganés, Alcalá de Henares, Alcorcón, Fuenlabrada y Getafe, para lo que se aprobó un gasto plurianual de 2.283 millones de euros en 2005. La UCO investiga ahora el destino del 1% de esa cantidad total, es decir, 22,8 millones de euros.

Según ha podido confirmar El Independiente, los investigadores de la trama corrupta Púnica buscan ahora conocer el destino que se dio a la partida de publicidad (vídeos, documentación técnica y gráfica divulgativa, buzoneo…), una de las obligaciones que asumía la sociedad concesionaria a fin de que los ciudadanos que formaban parte de la población asistida conocieran el inicio de los servicios y cómo podían acceder a los mismos. Las fuentes consultadas dijeron que este capítulo importaba el 1% de la inversión de cada hospital y que su gestión correspondía en teoría a la empresa, si bien en la práctica se encargaba la Administración autonómica.

Agentes de la UCO se personaron este martes en la Consejería de Sanidad para retirar documentos

La decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional de abrir una pieza separada sobre esta ramificación en el marco de la investigación del caso Púnica se fundamenta en la sospecha de que parte de ese dinero podría haberse desviado a fines completamente ajenos a los descritos. Es lo que tendrán que determinar los agentes de la UCO cuando analicen la documentación requerida a la Consejería de Sanidad de Madrid con la autorización del juez Velasco.

La puesta en funcionamiento de los seis hospitales se produjo en el mes de febrero de 2008, si bien la Administración -excepto en el caso del Hospital Infanta Sofía, sito en la localidad de San Sebastián de los Reyes- inició el pago de las retribuciones en septiembre del año anterior con cargo al programa presupuestario 750 gestionado por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). La entrada en servicio de estos complejos sanitarios permitió a la Comunidad de Madrid incrementar su oferta en 1.259 camas y contar con medio centenar de quirófanos más, creando unos 4.780 empleos.

En contrapartida por la construcción y explotación de los hospitales, las empresas concesionarias percibían de la Comunidad de Madrid una retribución compuesta por una cantidad fija y otra variable, distribuida ésta en función de los servicios prestados en cada centro sanitario y actualizada cada año en función del comportamiento de la inflación. El contrato que unía a empresa privada y Administración tenía una duración de 30 años, a contar desde el día siguiente al de la formalización del contrato.

Se investiga, en concreto, el destino del dinero relativo a la partida de publicidad del 1%

Según detalla en el informe de fiscalización aprobado por acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid el 24 de septiembre de 2012, el Gobierno de Esperanza Aguirre aprobó el 23 de junio de 2005 un gasto plurianual total por importe de 2.283.301.257 euros constantes.

A la espera de que avancen las pesquisas de la UCO, la investigación correspondiente a la trama Púnica pone la lupa a uno de los principales proyectos de Esperanza Aguirre, que en su etapa al frente de la Comunidad tuvo tres consejeros de Sanidad: Manuel Lamela (2003-2007), Juan José Güemes (2007-2010) y Javier Fernández-Lasquetty (2010-2014). La presidenta dejó el Ejecutivo autonómico en septiembre de 2012; en la actualidad, es portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

El nombre de Aguirre ya figuraba en el sumario de este caso de corrupción que Eloy Velasco instruye desde junio de 2014 tras la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción y que procesalmente se ha desgajado en más de una decena de piezas separadas con el fin de agilizar su instrucción y el futuro enjuiciamiento de los hechos.

Como desveló Voz Pópuli el pasado 23 de enero, la UCO puso de manifiesto en un informe aportado al juzgado cómo la trama utilizó dos facturas con conceptos “manifiestamente falsos” para que gastos correspondientes a un mitin de Esperanza Aguirre en el año 2007 se hicieran pasar como gastos de las fiestas patronales de Valdemoro. De este municipio fue alcalde Francisco Granados, uno de los principales imputados en el caso Púnica y al que Esperanza Aguirre incorporó como consejero de Transportes e Infraestructuras cuando llegó a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en noviembre de 2003 en sustitución de Alberto Ruiz-Gallardón.

El Gobierno de Aguirre aprobó un gasto de 2.283 millones en 2005 para financiar seis hospitales

No es la primera vez que los agentes de la Guardia Civil se personan en departamentos del Gobierno madrileño a retirar documentación en el marco de Púnica, en la que se investiga la presunta financiación irregular del PP madrileño. Así, el 22 de enero de 2015 el juez Velasco ordenó a la UCO que acudiera a la Consejería de la Presidencia para que le entregaran todos los contratos sobre reputación en internet que hubiera firmado cualquier organismo de la Comunidad de Madrid con las empresas de Alejandro de Pedro Llorca y José Antonio Alonso Conesa, ambos imputados en la causa.

Los investigadores, asimismo, acudieron el pasado 27 de septiembre a la sede de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda a retirar expedientes de contratación hasta 2013. Ese mismo día también retiraron documentación de la Cámara de Cuentas de Madrid y del Registro y el Protectorado de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.

http://www.elindependiente.com/politica/2017/03/07/la-uco-investiga-el-plan-de-hospitales-de-esperanza-aguirre-en-el-caso-punica/

LA UCO ACUDIÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LLEVARSE LOS EXPEDIENTES DEL PROYECTO ESTRELLA DE IGNACIO GONZÁLEZ POR SU VINCULACIÓN CON LA CAJA B DEL PP

El juez que instruye el caso Púnica, Eloy Velasco, ha iniciado nuevas diligencias para investigar el proceso de adjudicación de la Ciudad de la Justicia de Madrid, un proyecto faraónico impulsado por el expresidente del Gobierno regional Ignacio González (2012-2015) que salió a concurso sólo unas semanas antes de las elecciones autonómicas de 2015 en las que se impuso Cristina Cifuentes. La mesa de contratación llegó a seleccionar la oferta presentada por una UTE integrada por las constructoras OHL y Acciona, que ascendía a 1.356 millones de euros. Sin embargo, González no tuvo tiempo de oficializar la licitación con su firma antes de abandonar el Gobierno y Cifuentes se ha negado luego a completar el proceso durante su mandato.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso, las pesquisas sobre la Ciudad de la Justicia se enmarcan en la pieza secreta que instruye Velasco, dentro del procedimiento de la trama Púnica, sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron este martes a la Dirección General de Justicia de la Comunidad, dependiente de la Consejería de Presidencia, para solicitar los expedientes relacionados con ese proyecto e incorporarlños a la investigación.

No es la primera vez que el caso Púnica salpica a OHL. Los agentes encontrarton en poder del presunto cerebro de la trama, el exconsejero madrileño de Presidencia y exsecretario general del PP regional Francisco Granados, una agenda con anotaciones de supuestas donaciones ilegales de empresarios que sumarían 2.060.000 euros. El grueso de esos fondos, en torno a 1,6 millones de euros, habría sido aportado por el consejero de OHL Javier López Madrid. Por esa conexión, Velasco ya imputó al directivo de la constructora y ordenó a la UCO que rastreara las adjudicaciones que recibió esa compañía de la Comunidad de Madrid durante la etapa en la que Granados fue miembro del Gobierno regional, entre 2003 y 2011. Entre esos proyectos bajo sospecha se encuentran, como reveló El Confidencial, las obras del Metro Ligero de Pozuelo de Alarcón y del tren de Cercanías a Navalcarnero.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-08/velasco-investiga-adjudicacion-ciudad-justicia-ohl-acciona_1344836/

LOS 12 MARIACHIS DE LA CAMPAÑA DE RAJOY QUE SE PAGARON CON DINERO PÚBLICO

Un informe de la UCO sobre la contabilidad de una empresa de la trama Púnica revela supuestas irregularidades en la financiación de actos electorales del PP en 2007 y 2008

Pabellón Juan España de Valdemoro. 1 de marzo de 2008. El PP celebra uno de los mítines de la campaña a las Elecciones Generales de aquel año con todo un despliegue. En el escenario, una docena de mariachis del grupo ‘Malas compañías’ entonan el ‘Cielito lindo’ y ‘Sigo siendo el rey’ mientras llegan al recinto abarrotado por más de 4.800 simpatizantes los dirigentes del partido que van a intervenir. Son Esperanza Aguirre, el ‘número dos’ de la lista al Congreso por Madrid, el empresario Manuel Pizarro, y el expresidente José María Aznar. Hoy, nueve años después de aquel acto, parte de la financiación de aquel acto está en bajo sospecha. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario de la trama Púnica detalla que una de las empresas que participó en la organización de aquel evento, Waiter Music SL, regaló al partido una pequeña parte de los gastos y presuntamente cargó a las arcas del Ayuntamiento de Valdemoro los 4.200 euros más IVA que costó la actuación del grupo de música mexicana.

Así lo recoge la documentación intervenida durante el registro realizado en octubre de 2014 en la sede de esta sociedad, especializada en la organización de festejos y a la que diferentes ayuntamientos de la Comunidad de Madrid gobernados por el PP adjudicaron contratos públicos por más de 19 millones de euros entre los años 2006 y 2010. El informe de la UCO reproduce los cuatro documentos localizados que apuntan a que el propietario de Waiter Music, el empresario José Luis Huerta Valbuena, “habría sufragado los gastos del vehículo con megafonía utilizado para el mitin del Partido Popular mientras que la actuación reseñada, llevada a cabo por ’12 Mariachis’ valorada en 4.200 euros se habría pagado con dinero público procedente de la partida destinada a la celebración de las Fiestas Patronales de Septiembre de 2009” de Valdemoro. Uno de estos es una contabilidad referida específicamente a dicho evento denominado “mitin PP alquiler coche y megafonía” en el que se desglosa el coste del alquiler del coche, megafonía y combustible, por un lado, y la actuación del grupo musical por otro. En total, todo ello estaba valorado en 4.465,40 euros más IVA.

El documento policial añade que de esa cantidad, una pequeña parte fue asumida por el propio empresario, mientras que los 4.200 euros pasaron a engrosar lo que en otro apunte contable intervenido se denomina “cuenta partido PP Valdemoro”, en el aparecían también los costes de otros dos actos organizados para la formación política en los años anteriores como “pendientes de facturar”. Los agentes recogen la sospecha que todos ellos fueron finalmente cargados al presupuesto municipal por la organización de los festejos populares de Valdemoro mediante el inflado de las facturas giradas al Ayuntamiento. También concluyen que todo ello es constitutivo de un delito electoral “en virtud de la utilización de fondos y recursos económicos en beneficio del Partido Popular de Valdemoro y de la Comunidad de Madrid y que no fueron declarados como gastos de campaña”, aunque apuntan que puede estar prescrito. El informe de UCO señala que “el administrador general único” de la candidatura de la formación en aquellos comicios fue Luis Bárcenas.

El mitin del 1 de marzo de 2008 no es, sin embargo, el único acto electoral sobre cuya financiación tienen sospechas los investigadores. De hecho, el informe de la Guardia Civil detalla otros siete eventos del PP que presuntamente también fueron pagados todo o en parte con dinero público desviado desde el Ayuntamiento de Valdemoro gracias a las adjudicaciones a Waiter Music. Entre ellos está el mitin de final de campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 celebrado en el Palacio de los Deportes de Madrid y en el que participaron Rajoy, Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón. Otro es el celebrado el 12 de mayo de aquel año en la plaza de toros de Valdemoro con la presencia de la entonces presidenta de la Comunidad y sus dos hombres de confianza entonces en el Ejecutivo regional, Francisco Granados e Ignacio González. Del este, la Guardia Civil resalta que una parte del mismo fue supuestamente abonado por el PP en efectivo con fondos de “procedencia desconocida”.

La UCO también pone bajo sospecha otros cinco actos menores organizados por el PP de Valdemoro entre los años 2005 y 2011, y de los que existen indicios de que el empresario José Huerta asumió la mitad del coste de los mismos como un 'regalo' o, en otros casos, desvió "el pago a eventos municipales posteriores". "Estos eventos -destaca el informe- no se facturaron por la mercantil al Partido Popular y permanecieron 'pendientes de facturar' durante seis años, habiéndose liquidado parte con dinero público del Ayuntamiento de Valdemoro destinado a sufragar los gastos de las Fiestas patronales de septiembre de 2009". De los 150.000 euros que el Consistorio destinó a pagar dichos festejos, la Guardia Civil apunta que más de 45.000 euros fueron destinados a “sufragar parte de la deuda que el PP de Valdemoro había contraído con Waiter Music SL”.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/08/actualidad/1488996379_182438.html

CIFUENTES PRESIDIÓ LA MESA QUE ADJUDICÓ EL CONTRATO DE LA ASAMBLEA CON ARTURO EN 2011

La investigación del caso Púnica salpica colateralmente a la presidenta regional: la UCO analiza varios contratos que el Parlamento madrileño otorgó a la empresa Cantoblanco

La investigación del caso Púnica salpica colateralmente a la presidenta regional, Cristina Cifuentes. Al menos uno de los contratos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se llevó este martes de la Asamblea de Madrid fue adjudicado por una mesa de contratación que presidía Cifuentes, que fue vicepresidenta de la Cámara madrileña entre los años 2007 y 2012, antes de dirigir la Delegación del Gobierno en Madrid. Dos agentes de la UCO se personaron en la Asamblea para solicitar documentación sobre los contratos que este organismo adjudicó al Grupo Cantoblanco, la empresa de hostelería de Arturo Fernández, exvicepresidente de la CEOE y expresidente de la patronal madrileña.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha abierto una nueva línea de investigación en la pieza 14 del sumario, que permanece secreta, y que indaga sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. La UCO encontró hace tiempo las presuntas donaciones ilegales que anotó el exconsejero Francisco Granados, el principal político imputado en la causa, en una agenda que fue localizada durante los registros que se practicaron en la primera fase del caso. Según esas anotaciones, el exsecretario general del PP de Madrid recibió entre 2011 y 2014 pagos para la formación por un total de 2.060.000 euros, de los que ingresó en la caja del partido 1.460.000 euros.

La UCO ha hallado ahora nuevos elementos que apuntan a que Arturo Fernández habría colaborado también en esa financiación ilegal del PP de Madrid a cambio de conseguir las concesiones del servicio de hostelería del Parlamento autonómico. Las pesquisas se centran en el periodo 2007-2013, durante el que el Partido Popular controló de forma ininterrumpida los órganos de decisión de la Cámara regional. Los agentes han solicitado varios contratos e información sobre el sistema de funcionamiento de las mesas de contratación de la Asamblea.

Llamadas incorporadas al sumario prueban que Granados y el resto de cabecillas de Púnica recibieron un soplo de un agente de la UCO que les alertó de que estaban siendo investigados

En julio de 2009, por ejemplo, Cantoblanco se llevó la concesión del servicio de hostelería durante el siguiente año tras presentar una oferta de 212.900 euros. Obtuvo una puntuación total de 71,59 puntos y superó al segundo licitador, Clece SA (empresa integrada en ACS), que obtuvo 57,5 puntos. En ese año, la presidenta de la Asamblea era Elvira Rodríguez, actual presidenta de la CNMV. En julio de 2011, Cantoblanco volvió a imponerse en el concurso con una propuesta de 174.960 euros. En este segundo contrato, aunque el proceso de licitación también fue iniciado bajo la presidencia de Rodríguez, la adjudicación la completó su sucesor en el cargo, José Ignacio Echeverría (que dimitió en diciembre de 2015 tras sufrir un accidente de tráfico y superar la tasa de alcoholemia permitida).
Vicepresidenta entre 2007 y 2012

En ambos procesos, el órgano de contratación del Parlamento autonómico resolvió que la compañía de Arturo Fernández había presentado la oferta más ventajosa. Según la información a la que ha tenido acceso El Confidencial, Cifuentes, como vicepresidenta primera de la Asamblea, presidió la comisión de expertos que estudió y aprobó la valoración de las ofertas presentadas en la adjudicación de 2011, el trámite final de la mesa de contratación después de que la mesa técnica analizara las ofertas de las empresas que se presentaron al concurso. Cifuentes fue vicepresidenta de la Asamblea entre 2007 y principios de 2012 y le tocó presidir varias mesas de contratación.

Fuentes cercanas a la presidenta han asegurado a este diario que las decisiones de la mesa de contratación eran colegiadas y que, tras elegir la oferta más ventajosa, la propuesta se elevaba al conjunto de la mesa de la Asamblea, en la que estaban representados todos los partidos, para que autorizara la adjudicación. Según estas fuentes, el único motivo por el que Cifuentes participó en esa mesa de contratación fue que el presidente de la Asamblea entre 2011 y 2015, José Ignacio Echeverría, delegó en la entonces vicepresidenta de la Cámara esa responsabilidad.

En 2013, Cantoblanco ganó de nuevo el contrato para 2014, pero en esa ocasión ni siquiera tuvo competidores. La oferta de 168.000 euros más IVA de Cantoblanco fue la única que llegó al final del concurso. Sin embargo, la vinculación de la Asamblea de Madrid con Cantoblanco se rompió tras esa licitación. Los problemas económicos que atravesaba el grupo hostelero llevaron a Arturo Fernández a solicitar la anulación del acuerdo en agosto de 2014, pero la compañía fue obligada a continuar al menos hasta que desembarcara un nuevo adjudicatario en 2015. El Parlamento autonómico incluso tuvo que abonar directamente a Hacienda los pagos de la concesión por las deudas que había contraído la empresa con la Agencia Tributaria. Finalmente, en enero de 2015, el grupo de restauración Cafestore se llevó el nuevo contrato para los dos siguientes años por un total de 336.000 euros más IVA.

En conversación telefónica con este diario, Arturo Fernández ha negado que exista ningún tipo de irregularidad en esos contratos y ha negado que los consiguiera gracias a donaciones al Partido Popular. "Las únicas donaciones que hice al PP las ingresé por transferencia bancaria a través de Fundescam y ya son conocidas. Nunca he hecho ninguna otra donación al partido", explica el exvicepresidente de la CEOE. Fernández también asegura que esas adjudicaciones eran deficitarias. "Me parece absurdo que alguien pueda pensar que se amañaron esos contratos. Si fueran por alguna cantidad importante, podría entenderlo, pero casi estaba en la Asamblea para quedar bien, más que por otra cosa", defiende.

http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-09-28/punica-cifuentes-arturo-fernandez-contratos-cafeteria_1266884/

UN CABECILLA DE PÚNICA PIDE EL MISMO TRATO JUDICIAL QUE EL EXONERADO PRESIDENTE DE MURCIA

De Pedro esgrime el escrito de la Fiscalía para que se archiven parte de las acusaciones contra él

La decisión de la Fiscalía General del Estado de no acusar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por sus tratos con la trama Púnica sigue ganando ‘adeptos’ entre los acusados del propio sumario. El último ha sido Alejandro de Pedro, el experto informático señalado por la investigación como uno de los presuntos cabecillas de la red de corrupción y responsable de los trabajos de reputación online a políticos que salpican al jefe del ejecutivo autonómico. De Pedro ha presentado este miércoles un recurso en el que solicita que se archiven parte de las acusaciones que pesan sobre él porque su actuación “no había perjudicado a las arcas públicas”, uno de los argumentos que defendía la Fiscalía para exonerar al presidente de Murcia. Con él, ya son cinco los investigados (actual denominación de la figura del imputado) en Púnica que han esgrimido la ‘doctrina’ defendida este miércoles en el Congreso por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para pedir que levanten las acusaciones que pesan sobre ellos.

En la pieza de León, que el juez Eloy Velasco dio por concluida a finales del año pasado, están encausados, además del propio De Pedro, el que fuera presidente de la Diputación de León por el PP, Marcos Martínez Barazón; el alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez; un interventor de la provincia, y el socio del experto informático, José Antonio Alonso Conesa, exalcalde socialista de Cartagena. De Pedro está acusado en esta parte del sumario de fraude, cohecho, aprovechamiento de información reservada, malversación de caudales públicos y prevaricación continuada por el supuesto desvío de fondos públicos para pagar los trabajos de reputación online de Martínez Barazón, y el intento de amaño de un concurso para adjudicar la explotación de dos cafeterías en una estación de esquí de la provincia. En su escrito, el experto informático niega los hechos y acusa al magistrado de la Audiencia Nacional de vulnerar sus derechos.

Así, detalla ocho alegaciones en este sentido. La última, precisamente, la “inexistencia de indicios racionales de criminalidad” en “aplicación de [la] doctrina de la Fiscalía emitida en asunto contra [el] presidente de la Comunidad de Murcia”. En este sentido, el presunto cabecilla de la trama recalca que las acusaciones contra él son “un mero juicio de inferencia hipotético carente del suficiente soporte probatorio” en el que se le atribuyen hechos “que no tienen trascendencia penal”. Por ello, insiste en “acoger la tesis expuesta por la propia Fiscalía” para mostrar contrario a investigar a Pedro Antonio Sánchez en la pieza de Murcia, en la que el propio De Pedro también está acusado, ya que considera que tampoco en León se produjo un perjuicio a las arcas públicas, uno de los argumentos de aquel escrito de Anticorrupción. El experto informático también recuerda que la Fiscalía también considera que los ilícitos de proposición y conspiración en los delitos contra la Administración Pública no aparecieron recogidos en el Código Penal hasta la reforma de 2015, después de que se produjeran los hechos.

Con el de Alejandro de Pedro ya son cinco los imputados en el caso Púnica que hacen alusión expresa en sus recursos al escrito de la Fiscalía Anticorrupción que rechaza investigar al presidente murciano. La primera fue Reyes Samper, que fuera la directora del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El pasado 20 de febrero, solo cinco días después de que se conociera el polémico escrito amparado por José Manuel Maza, presentaba un recurso en este sentido. Un día después lo hacía el que fuera consejero de Industria y Turismo del Gobierno regional, Juan Carlos Ruiz López; y 24 horas después los excargos de confianza del Ejecutivo murciano Dolores Martínez Robles y Fidel Saura.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/02/actualidad/1488457034_348177.html

LA ACUSACIÓN POPULAR DE PÚNICA DA UNA LECCIÓN DE DERECHO A LA FISCALÍA

ADADE desmonta el intento de exonerar al presidente de Murcia con jurisprudencia del Supremo y pide la imputación de Sánchez

La acusación popular de Asociación de abogados demócratas por Europa (ADADE) ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que ponen los puntos sobre las íes en toda la polémica sobre la petición de imputación para el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez que intentó bloquear la Fiscalía Anticorrupción.

En su escrito, ADADE toma tres direcciones: por un lado, dan un duro rapapolvo a la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, que se plegó a las presiones de sus superiores para intentar exonerar al presidente murciano con un escrito de 12 líneas carente de argumentos jurídicos.

Por otro lado, piden la imputación de Sánchez por fraude, cohecho y revelación de información reservada, dando su apoyo a los argumentos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que también aceptó el juez Eloy Velasco, cuando se dirigió al Parlamento murciano para certificar que el presidente está aforado, como paso previo a su imputación.

Por último, aportan variada documentación y jurisprudencia del Tribunal Supremo que prueba que hay argumentos jurídicos de sobra para imputar a Sánchez, como ya hizo ELPLURAL.COM este jueves.

En el punto cuarto de sus argumentos, ADADE se refiere al informe de la fiscal teniente, “que causa estupor a esta parte” por la “simpleza dialéctica empleada” para intentar salvar a Sánchez. Un informe cuyas “doce líneas contrastan” con la “profusión de los argumentos fácticos” que aportan las fiscales del caso Púnica, que se negaron a firmar dicha exoneración.

También que “resulta de todo punto llamativo” que el argumento de las fiscales que sí es válida para imputar a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena “no lo es respecto de Pedro Antonio Sánchez”. Además, como ya señaló ELPLURAL.COM, destacan que las fiscales del caso dejaron todas sus pruebas contra Sánchez “en el Informe del Ministerio Fiscal referido a Pilar Barreiro”.

Además, ADADE se remite a variada jurisprudencia del Tribunal Supremo, mucha de ella citada por este periódico este jueves, para demostrar que el fraude es un “delito de naturaleza netamente tendencial o de mera actividad, que viene a castigar verdaderos actos preparatorios, ya que no necesita para la consumación ni la producción del efectivo perjuicio patrimonial ni tan siquiera el desarrollo ejecutivo del fraude”, como defendía la fiscal teniente.

La lección de derecho continúa con la explicación de cómo funciona el cohecho que “es un delito de mera actividad y se consuma con la sola solicitud u ofrecimiento”. Y concluye con una explicación de lo que significaría que el famoso escrito de 12 líneas fuera tomado en consideración, sobre todo cuando la fiscal lanza la tesis de que, hasta que el artículo 445 CP fue modificado para penar conspiraciones para cometer delitos contra la Administración, no se podían perseguir un “acuerdo criminal” como el de Sánchez y Barreiro.

Sostiene que lo pretendido por el legislador al aprobar dicho artículo era despenalizar con efecto retroactivo todas aquellas conductas típicas de mera concertación para cometer delitos contra la administración pública. Ello choca frontalmente con un número significativo de sentencias de todos los Tribunales, y en especial del Tribunal Supremo, que condenan por la comisión de delitos como el fraude o el cohecho por el mero hecho de haberse acreditado el concierto para defraudar.

Por último, ADADE concluye su escrito haciendo mención a lo “notorio” de que Sánchez estuviera al tanto de las contradicciones en la Fiscalía sobre cómo proceder sobre su caso. En concreto, el informe de la Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado. Y añade, demostrando que ni siquiera ellos, que están personados, tenían esa información:

Esta parte está deseosa de conocer dicho informe y las confirmaciones de los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, puesto que sin duda arrojarían luz donde solo hay oscuridad. Pero desgraciadamente los mismos no se han hecho públicos y solo disponemos para conocer las razones de la Fiscalía de doce líneas.

http://www.elplural.com/politica/2017/02/24/la-acusacion-popular-de-punica-da-una-leccion-de-derecho-la-fiscalia

EL JUEZ DE PÚNICA USA SENTENCIAS DEL FISCAL GENERAL CONTRA EL PRESIDENTE DE MURCIA

Eloy Velasco sustenta uno de los delitos que atribuye al presidente de Murcia con una resolución dictada por el propio fiscal general

La Fiscalía General impuso no acusar al presidente de Murcia

Catalá se entrevistó con el presidente de Murcia antes de que el fiscal retirara la acusación

El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, ha esgrimido una sentencia redactada por el propio fiscal general, José Manuel Maza, para justificar la imputación de uno de los delitos que el magistrado atribuye al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. En el auto con el que el pasado viernes dio por concluida la investigación sobre la rama murciana de Púnica -a expensas de lo que pase con el aforado Sánchez y la otra aforada popular-, el juez desgrana los argumentos jurídicos por los que cree que se cometieron diversos delitos. Entre ellos, el de «revelación de informaciones reservadas». Se trata de uno de los tres que el juez y las fiscales del caso -no así la Fiscalía General- creen que pudo cometer Pedro Antonio Sánchez. Lo habría hecho «al proponer filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar». Se trataría de información transmitida por Sánchez y sus colaboradores a las empresas de la trama Púnica, que de esa forma tenían ventaja frente a la competencia.

El juez de la Audiencia Nacional considera que varios implicados -Sánchez entre ellos- cometieron ese delito al examinar las sentencias del Supremo que lo analizan. Entre ellas, una dictada por el propio Maza en 2014, cuando era magistrado de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.«La jurisprudencia entiende (ver por todas la importante STS 8/5/2014, ponente Maza Martín)...», dice el juez para extractar una sentencia del fiscal general sobre una empresa a la que se suministró información para que obtuviera una adjudicación. «La característica esencial» del delito, decía la sentencia de Maza, es «conocer aspectos que redunden en una adquisición de privilegio por parte del administrado favorecido, frente a quienes son privados de tal información, que quedan en una clara posición de desventaja».

Además de revelación de información, el juez del caso Púnica ve fraude y cohecho

El Código Penal castiga con multa e inhabilitación de hasta tres años a «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados».La mayor parte de la jurisprudencia empleada por Velasco contra la veintena de imputados se refiere al delito de fraude, que también se le imputa a Sánchez junto al de cohecho. El juez es particularmente extenso en el supuesto fraude, puesto que es el delito en el que se centró el breve escrito del Ministerio Público oponiéndose a que se abriera formalmente una investigación contra el mandatario popular. Tras repasar las sentencias del Supremo, el juez resalta que el delito de fraude es de los denominados «de mera tendencia», es decir, que para considerarse cometido basta «con que exista la concertación con el fin de defraudar». El juez y las fiscales del caso estiman que eso se ha producido. Por contra, fuentes de la Fiscalía General -tras recordar que conocen «perfectamente» la sentencias aireadas por Velasco- insisten en que no llegó a producirse ese «concierto». Resaltan que no llegó a haber aceptación por parte de Sánchez de lo que el imputado Alejandro de Pedro le proponía. Aunque sólo fuera, como sostienen el juez y las fiscales del caso, porque el estallido de la operación policial no le dio tiempo para ello. Según el juez Velasco, Sánchez se puso en contacto con empresas de la trama Púnica para mejorar su imagen en internet. Lo hizo porque quería encabezar la lista del PP en la comunidad, cosa que consiguió. Lo que más le preocupaba, según la investigación del caso, era el desgaste que podía suponer para él la posible imputación en otro presunto caso de corrupción. También esto acabó sucediendo y Sánchez ya ha sido imputado en el caso Auditorio.

http://www.elmundo.es/espana/2017/02/22/58aca024ca47414e4f8b4662.html

GRANADOS QUIERE QUE EDUARDO INDA TESTIFIQUE EN SU FAVOR

El exsecretario general del PP madrileño pretende demostrar su inocencia en el caso del chivatazo a Marjaliza

Desde hace ya varios meses, el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre y alcalde de Valdemoro, Francisco Granados, parece estar dispuesto a jugar cualquier carta para salir de prisión. En varias ocasiones ha pedido declarar haciendo creer que tiraría de la manta, para luego no hacerlo. Su última carta: pedir que los periodistas Eduardo Inda y Estaban Urreiztieta, así como otro de los supuestos cabecillas de la trama Púnica, el constructor David Marjaliza, acudan a declarar en su defensa.

Granados pretende que los tres le expliquen al juez que su versión sobre el supuesto chivatazo de un guardia civil que ayudó a poner en sobre aviso a Marjaliza y a él mismo, es la correcta. El problema es que lo que cuenta Granados que ocurrió y a lo que apuntan las investigaciones judiciales es más que antagónico.

La versión de Granados…

Según ha explicado la defensa de Granados en el escrito en el que solicitan la declaración de Inda, Urreiztieta y Marjaliza, un documento a ELPLURAL.COM ha tenido acceso, todo fue una serie de coincidencias causadas por el alcohol.

La historia comienza cuando la Sección de Apoyo Técnico Operativo de la UCO instaló una cámara de vigilancia en la entrada de las oficinas del constructor David Marjaliza, en Pinto. Es aquí donde empieza el relato de Granados: “En la madrugada del 6 de septiembre de 2014, durante la celebración de las fiestas de Valdemoro, D. Francisco José Granados Lerena, fue abordado por el referido guardia civil Sr. Rodríguez Talamino al que no conocía con anterioridad·”, cuenta la defensa en el escrito.

Pese a no saber quién era, Granados asegura que le contó que había pasado la tarde instalando un dispositivo de seguridad en Pinto ¿Por qué le diría algo así? “posiblemente por efecto de las copas”, dice.

Por casualidades de la vida, este guardia civil le había contado sólo unas horas antes lo mismo al ya ex guardia civil José Luis Caro Vinagre. Para liar aún más el rizo, resulta que Granados y Caro son amigos por lo que hablaron por teléfono “para comentar la incidencia vivida y aquel le confirmó lo que sabía”.

Es entonces cuando a Granados, según relata su defensa, se vio ahogado por la preocupación pensando que “la vigilancia pudiera estar centrada sobre su persona”, aunque le habían dicho que el dispositivo estaba implantado en Pinto, no en Valdemoro donde él vive.

El que sí tiene las oficinas en pinto, es Marjaliza, pero Granados no le llamó para avisarle, para darle el chivatazo y decirle que, posiblemente, era el objetivo de la investigación de la UCO, sino para desahogarse.

Por todo ello y entendiendo “que los hechos anteriores no son constitutivos de delito”, piden la absolución de Granados.

La versión de los investigadores…

Hasta aquí lo que cuenta Granados, una historia que ahora quiere que Inda y Marjaliza confirmen ante el juez.

Ahora bien, la justicia apunta a otra versión que pasa por que Granados alertó a su amigo Marjaliza tras recibir el chivatazo de un guardia civil de que le estaban vigilando. “Esto tiene muy mala pinta”, le dijo el exsecretario general del PP madrileño al otro principal detenido de Púnica.

El guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino le contó a Granados que la UCO iba tras él y el empresario. Acto seguido, el popular llamó a Marjaliza. Nada de fiestas en Valdemoro, ni de alcohol y encuentro fortuitos.

Ahora habrá que esperar a que el tribunal acepte las peticiones de declaración y a que Inda y el propio Marjaliza expliquen lo que saben para saber la versión definitiva.

http://www.elplural.com/politica/2017/02/22/granados-le-pide-ayuda-inda-quiere-que-testifique-en-su-favor

EL JUEZ DE LA PÚNICA PIDE A LA UCO INVESTIGAR VÍNCULOS DE MADRI+D CON LA TRAMA

La gerencia de la Fundación sigue vacante tras la salida del ‘bisoño’ fichado por Cifuentes

El juez Eloy Velasco ha solicitado remitir documentación de la Fundación pública Madri+D a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), para que investigue sus vínculos con la trama Púnica.

En una diligencia con fecha de 17 de febrero, a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, el juez pide que se remita el informe del Ministerio Fiscal y la documentación facilitada por la Fundación Madri+D a la Guardia Civil.

En un escrito anterior, de junio de 2016, el juez reclamaba a Madri+D información sobre sus contratos con la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO) en la etapa de Ignacio González como presidente de la Comunidad de Madrid y Lucía Figar como consejera de Educación.

Madri+D es una entidad de titularidad pública dedicada a la investigación científica, que depende de la Consejería de Educación. En 2014, la Fundación recibió del Gobierno Regional las competencias de evaluación y acreditación de las universidades madrileñas.

El juez pidió el expediente de contratación con la Púnica

En 2013, Madri+D contrató con la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online Reputation Management (EICO), del conseguidor de la Púnica Alejandro de Pedro, la creación de la web Studyinmadrid.es, para difundir en el extranjero de carreras universitarias que se cursan en la Comunidad de Madrid.

En su diligencia de junio de 2016, el juez pedía a Madrid+D las “normas de contratación” seguidas por la Fundación en su contrato con EICO, “medios de pago”, “presupuestos solicitados a otras sociedades” y el “expediente completo de contratación”.

En el momento de la formalización del contrato con la empresa de Alejandro de Pedro el director de la Fundación Madrid+D era Luis Sánchez Álvarez y el gerente, José de la Sota Ríus.

El exgerente, actual director ajunto

Sota Ríus fue gerente de Madri+D desde 2003 hasta que fue relevado, en noviembre de 2015, por Ignacio Javier García Gimeno, el escandaloso fichaje de Cristina Cifuentes para director general de Asuntos Europeos de la Comunidad de Madrid, a principios de febrero, como adelantó en exclusiva ELPLURAL.COM.

Sota Ríus dejó la gerencia en noviembre de 2015, pero no la Fundación, donde aparece como coordinador del Área de Investigación, Desarrollo e Innovación. En su cuenta en Linkedin, Sota Ríus se presenta como director adjunto de Madri+D.

Curiosamente, en la web de Madrid+D, el cargo de gerente aparece vacante, tras la salida de Ignacio Javier García Gimeno. Este diario ha confirmado con la fundación que actualmente este puesto continúa sin cubrirse.

http://www.elplural.com/politica/2017/02/21/el-juez-de-la-punica-pide-la-uco-investigar-vinculos-de-madridd-con-la-trama

EL JUEZ VELASCO ESTRECHA EL CERCO EN TORNO AL PRESIDENTE DE MURCIA EN 'PÚNICA' PESE A LAS TRABAS DE LA FISCALÍA

El magistrado resalta que un empleado de Pedro Antonio Sánchez cometió el delito de fraude porque intentó que los trabajos "particulares reputacionales on line de su consejero se sufragasen con cargo a dinero público"

El segundo delito que el instructor imputa a David Conesa Ferrer es el de revelación de información reservada, "al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia que no podía revelar"

Las acusaciones del PSOE y de Podemos del caso Auditorio recurrirán la citación como imputado de Sánchez ya que el auto le llama únicamente por el delito de prevaricación administrativa, cuando la exposición razonada de la jueza de Lorca incluye otros tres

El magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso Púnica, Eloy Velasco, estrecha el cerco en torno al presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, pese a la oposición del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y de la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez.

En un auto del pasado 17 de febrero, Velasco cierra la pieza separada de Murcia de la Púnica, e incluye entre los acusados al máximo colaborador de Pedro Antonio Sánchez en la Consejería de Educación del Gobierno de la Región de Murcia en sus actividades presuntamente delictivas: el empleado público David Conesa Ferrer.

Además, el instructor imputa dos de los tres delitos que también atribuye por los mismos hechos a su exjefe en el Gobierno murciano: fraude y revelación de información reservada. El magistrado aplica al presidente de la Región de Murcia un tercer delito de cohecho.

Velasco reclama a las partes personadas en la pieza separada de Murcia de la Púnica que presenten, en el plazo de diez días, sus escritos de acusación o defensa, como paso previo a sentar en el banquillo de los acusados a todos los implicados en las actividades delictivas de la trama liderada por Francisco Granados en la Región murciana.

David Conesa Ferrer

Entre los implicados por estas actividades se encuentra David Conesa Ferrer, del gabinete de la Consejería de Educación de Murcia, cuyo consejero era el actual presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez. Y el juez Velasco especifica los delitos que presuntamente habría cometido este empleado público. El primero el de fraude, que también implica al presidente de Murcia, al concertarse presuntamente con empresas vinculadas al informático de la red, Alejandro de Pedro, "en el amañe de contratos de formación para la Consejería de Educación de la Región de Murcia".

El auto resalta que Conesa Ferrer trató de que los trabajos "particulares reputacionales on line de su consejero se sufragasen con cargo a dinero público proveniente de futuros contratos vinculados a formación en el seno de su Consejería).

Precisamente, la imputación del delito de fraude acordada por Velasco choca de forma frontal con las intenciones de la Fiscalía General del Estado, que a través de la teniente fiscal Belén Suárez aseguró en un escrito de 13 de febrero, que consideraba improcedente elevar una exposición razonada contra Pedro Antonio Sánchez, y explicó: "Las investigaciones entrañan dificultades de deslinde de la publicidad institucional de la reputacional, a lo que se suma el hecho de que ni siquiera existen los contratos de publicidad y no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas".

Un fraude sin cuantificar

Anticorrupción justifica esta decisión también porque la cuantificación del perjuicio futuro "tampoco puede establecerse a los afectos del fraude, en la medida que sólo constan las condiciones propuestas por los responsables de las sociedades en un informe preventa y no la aceptación de las mismas por el citado aforado", en referencia al presidente murciano.

Sin embargo, Velasco incluye en el auto en el que da por finalizada la instrucción de la pieza de Murcia un apartado en el que justifica la atribución de los delitos a los investigados. Y de esta forma, el juez alude a la sentencia del Tribunal Supremo 166/2014, de 28 de enero de 2014, cuyo ponente fue el magistrado Antonio del Moral García, y que estableció: "El artículo 436 del Código Penal describe un delito de naturaleza netamente tendencia o de mera actividad, que viene a castigar verdaderos actos preparatorios, ya que no necesita para la consumación ni la producción del efectivo perjuicio patrimonial ni tan siquiera el desarrollo ejecutivo del fraude. Bastaría la simple elaboración concordada del plan criminal (concierto) o la puesta en marcha de ciertos artificios con la finalidad de llevarlo a cabo".

Por eso, el instructor establece en el auto que el fraude, "en consecuencia, es un delito de mera actividad, que se consuma con que exista la concertación con el fin de defraudar, por lo que la efectiva apropiación de caudales no pertenece a la perfección del delito y debe sancionarse en concurso medial, siendo pues, compatible con el delito de malversación".

Un segundo delito

El segundo delito que el instructor de la Púnica imputa a David Conesa Ferrer es el de revelación de información reservada, "al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y precontratativa que no podía revelar". También en este segundo caso coinciden tanto los hechos como el delito atribuido a Pedro Antonio Sánchez.

Precisamente, el propio empleado público David Conesa Ferrer reconoció en un escrito del pasado 15 de febrero dirigido al juez Velasco, que los hechos que se le atribuyen son los mismos que los del presidente murciano: "Ha tenido que ser el propio Ministerio Público, en el que en un escueto pero claro y contundente informe, destinado a un posible aforado", en referencia a Sánchez, "pero en relación a los mismos hechos, ha venido a afirmar que no existe el más mínimo indicio, no ya de la participación" el empleado público, "sino incluso de la comisión de delito alguno".

De esta forma, el representante legal del imputado David Conesa Ferrer utiliza, al igual que ya hiciera otra de las implicadas en la pieza de Murcia, la ex directora general del Instituto de Fomento de la Región de Murcia Reyes Samper el informe de la Fiscalía Anticorrupción para tratar de sortear el banquillo de los acusados.

Pero sin ningún éxito, ya que Velasco mantiene la acusación contra todos los implicados, a excepción de Pedro Antonio Sánchez y de la senadora Pilar Barreiro, que como aforados tendrán que ser investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y en el Tribunal Supremo, respectivamente.

Una posible imputación

En el auto, Velasco explica también que el actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, recurrió a la trama liderada por Francisco Granados porque "temía por las consecuencias en su estima debido a una posible imputación" en el caso Auditorio, por el que ha sido llamado a declarar como imputado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Julián Pérez Templado.

Según explica el magistrado en un auto hecho público este lunes, durante el año 2014 el presidente murciano contactó con el empresario de la red Alejandro de Pedro para valorar la posibilidad de que se le realizaran trabajos reputacionales en internet y redes sociales. Velasco explica que en aquel momento "la candidatura de la región se encontraba en disputa" lo que convertía en algo básico "un buen posicionamiento en las redes sociales" y una buena reputación.

En el caso del presidente murciano, explica el auto, se pusieron en marcha contactos entre ellos, que se intensificaron a partir del 22 de septiembre, valorando los trabajos reputaciones en 1.500 euros al mes que facturarían en 3.000 euros al mes, más los 1.600 de un periodista [4.600 con un total de 32.200 euros] y la creación de un portal de educación que daría cobertura al coste de los trabajos reputacionales, pasando finalmente una propuesta de 4.600 euros al mes en la que se cargaban e incluían los costes por los trabajos particulares, también de reputación, para Pilar Barreiro, que esta obtendría sin desembolso alguno.

El contrato se truncó

La duración de los servicios sería de 7 meses, de noviembre de 2014 a mayo de 2015, exactamente, subraya el auto, el periodo previo a la campaña electoral de ese año -en la que los dos consejeros se disputaban la Presidencia de la Región- facturándose bajo el concepto "formación". Las cantidades indicadas, explica la resolución, no se llegaron a cobrar al explotar la operación policial y judicial denominada Púnica, a finales de octubre, que la abortó.

En el citado auto, el juez Velasco ordena continuar el procedimiento contra la veintena de acusados en la pieza que investiga las actividades de la trama Púnica en Murcia. El magistrado deja fuera a los dos aforados en esta parte de la investigación -el presidente de Murcia y la senadora del PP Pilar Barreiro- a la espera de decidir si remite o no las actuaciones relativas a ambos a los tribunales competentes.

El instructor acusa entre otros al exconsejero de Turismo e Industria Juan Carlos Ruiz, el ex alcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras y dos exdirectoras generales, así como uno de los presuntos cerebros de la red, el exalcalde del PSOE de Cartagena y exdiputado José Antonio Alonso Conesa. Considera los hechos constitutivos de los delitos de cohecho, fraude, revelación de información reservada, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento y pertenencia a organización criminal.

Tres delitos en Púnica

Fue la semana pasada cuando se conoció el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el que se atribuían la posible comisión de tres delitos al actual presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, y de otros cinco a la senadora del PP Pilar Barreiro, por su relación con la trama Púnica, a través de la cual habrían pretendido adjudicar contratos desde la Consejería de Educación a una empresa que realizaría trabajos para mejorar su imagen on line.

El presidente murciano presumió públicamente de haberse enterado de que cuatro fiscales del Supremo se oponían a su imputación, o, lo que es lo mismo, se jactó de haber accedido a una información reservada de la Fiscalía General. Como estos últimos días ha venido publicando infoLibre, Pedro Antonio Sánchez no ha podido explicar un hecho anómalo que ha provocado la solicitud de dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que cargó además contra las fiscales del caso que no compartían la decisión tomada por sus superiores.

Por otra parte, las acusaciones del PSOE y de Podemos del caso Auditorio han anunciado su intención de recurrir la citación como imputado de Pedro Antonio Sánchez ya que el auto del magistrado Julián Pérez Templado le llama únicamente por el delito de prevaricación administrativa, cuando la exposición razonada de la jueza de Lorca incluye otros tres delitos: fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

En este sentido, este miércoles el actual fiscal general del Estado, José Manuel Maza, decidirá si continúa en su cargo el actual fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, que este lunes anunció a infoLibre su intención de ejercitar acciones legales contra el periodista Eduardo Inda, que en el programa de laSexta Al Rojo Vivo aseguró que la mujer del fiscal, como letrada del PSOE, fue la artífice de la querella que dio lugar al caso Auditorio, unos hechos que rechaza el funcionario público, que explica que su cónyuge abandonó cualquier actividad ligada al PSOE justo antes de que pasara a ejercer en 2006 las labores de fiscal jefe de Murcia.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/21/el_juez_velasco_estrecha_cerco_torno_presidente_murcia_punica_pese_las_trabas_fiscalia_61445_1012.html

CATALÁ ADMITE QUE EL PRESIDENTE DE MURCIA ACCEDIÓ A INFORMACIÓN RESERVADA DE LA FISCALÍA GENERAL EN EL CASO PÚNICA

Pedro Antonio Sánchez conocía un decreto del fiscal general Maza ordenando que no se le acusara cuando ni siquiera las partes personadas lo habían recibido

El ministro de Justicia resta importancia al asunto al tiempo que carga contra las fiscales del caso por hacer constar sus discrepancias con la orden del fiscal general

"Me pongo del lado de sus jefes", dice en contra de las fiscales que investigan la Púnica desde hace más de tres años, a las que deja caer que serán sancionadas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha admitido este jueves que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, conoció el decreto de la fiscalía general del Estado dando instrucciones para que no fuera acusado cuando ni siquiera está personado en la causa de Púnica y al menos dos días antes de que las acusaciones y las defensas comenzaran a tener acceso al mismo.

En ese decreto del lunes, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, daba instrucciones para que Sánchez no fuera acusado de corrupción, en contra del criterio de las dos fiscales del caso y del juez, Eloy Velasco. En la mañana del día siguiente, Sánchez decía en una emisora que cuatro fiscales del Tribunal Supremo respaldan que no se le acuse. Esa postura de los fiscales del alto tribunal aparece en el decreto de Maza.

"El fiscal general del Estado dicta un decreto que se comunica a Anticorrupción, y el presidente de Murcia al día siguiente hace referencia al documento. Ha pasado el tiempo y, me temo, las manos suficientes como para que (Sánchez) haya oído hablar del asunto", ha asegurado Catalá en una entrevista en la cadena Ser.

Hasta 24 horas después de las declaraciones del presidente de Murcia, los medios de comunicación no comenzaron a informar de las maniobras de la Fiscalía General y, por entonces, ni siquiera se conocía la participación de cuatro fiscales del Tribunal Supremo.

La naturalidad con la que Catalá se refiere a la filtración al presidente de Murcia se convierte en reproche al hablar de las fiscales del caso Púnica por dejar por escrito que discrepan de las órdenes recibidas. "La Fiscalía debe funcionar con mayor discreción. No tiene sentido que unos fiscales pongan que han discrepado con sus jefes", ha afirmado Catalá en la entrevista.

El ministro de Justicia ha intentado poner en evidencia a las fiscales Gemma García y María Teresa Gálvez asegurando que quien "tiene el problema" son ellas, que comenzaron a investigar la trama Púnica hace más de tres años. " Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", ha dicho.

Catalá ha remarcado que la Fiscalía es una organización jerárquica y que es habitual que los superiores se pronuncien cuando hay asuntos de especial relevancia y "ratifiquen o modifiquen". Por contra, ha añadido: "Que firme el escrito la fiscal jefe de Anticorrupción y no las fiscales actuantes es anómalo", ha reconocido Catalá, quien ha insistido en que eso no implica que se ordenara desde la Fiscalía del Estado no acusar a Sánchez, sino que la superior jerárquica de las fiscales del caso, de forma independiente, no sostuvo el criterio de aquellas.

Lo "anómalo" en este caso es, según el ministro, que "una discrepancia interna se haya puesto en evidencia hacia el exterior. Que se hayan negado a firmar supongo que generará una actuación dentro de la fiscalía. Pero sobre todo me extraña que se ponga en conocimiento público", ha señalado. También ha defendido que no dimita el presidente de Murcia al no estar imputado.

http://www.eldiario.es/politica/Catala-presidente-Murcia-informacion-Punica_0_613138792.html

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO: «NO HE RECIBIDO PRESIONES PARA NO ACUSAR A SÁNCHEZ»

Se muestra sorprendido por la solicitud del PSOE de que comparezca en el Congreso de los Diputados, aunque asegura que estará «encantado de hacerlo»

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado hoy que no ha recibido "ninguna presión" para no actuar contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y el expresidente de La Rioja y vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, y que esa decisión está avalada por informes técnicos.

Así lo ha declarado a los periodistas a su llegada al Centro de Estudios Jurídicos, antes de inaugurar unas jornadas sobre criminalidad informática, donde ha asegurado que estará "encantado" de dar explicaciones en el Congreso sobre este asunto.

Ha sido preguntado por la petición del PSOE de que comparezca en el Congreso de los Diputados para que explique si hay injerencias políticas detrás del informe que remitió la teniente fiscal -supuestamente por indicación suya- oponiéndose a investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por el caso Púnica.

Y también por la información publicada hoy por el diario El Mundo que apunta a su oposición a acusar al expresidente de La Rioja y vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, en un caso de supuesta prevaricación urbanística en la construcción de un chalet.

Preguntado si en esos casos ha recibido presiones, ha recalcado: "Absolutamente, absolutamente, yo no he recibido ninguna presión, pero además mi decisión está avalada por informes técnicos de varios fiscales".

"Es insensato pensar que pueda haber presiones; en absoluto, mi decisión ha sido tomada analizando los criterios de la Secretaría Técnica y compartiéndolos, viendo que eran razonables, pero la iniciativa parte de ahí", insistido.

José Manuel Maza ha asegurado además: "Si algún día recibo presiones tengo muy claro lo que tendría que hacer, pero espero no recibirlas nunca y por esto estoy en este puesto".

El fiscal general ha dicho que está "a disposición del Parlamento" y que si tiene que comparecer lo hará "encantado para aclararlo todo".

"A mí sinceramente esto me resulta sorprendente porque son dos actuaciones que están totalmente fundadas en la legalidad, avaladas por los informes de los fiscales de la Secretaría Técnica y en un caso (en referencia al de Púnica) incluso también por los fiscales del Tribunal Supremo", ha comentado.

Ha añadido que "igual que hay multitud de asuntos de corrupción todos los días en los cuales la Fiscalía está investigando y está colaborando, hay casos en los que consideramos que un ciudadano, sea político o quien sea, no tiene por qué estar sometido a un procedimiento penal".

Son casos en los que "entendemos con toda honestidad e interpretando la ley que no tienen por qué estar en esa situación y eso es lo que hemos hecho, creo que esa es la tarea de la Fiscalía", ha apostillado.

Maza no ha querido entrar en más explicaciones, aunque las daría en su momento en el Congreso de los Diputados.

"Llegado el momento, creo que es en el Congreso de los Diputados donde hay que responder lógicamente como representantes de todos nosotros y de la soberanía nacional", ha concluido el fiscal

http://www.larazon.es/espana/el-fiscal-general-del-estado-niega-presiones-para-no-investigar-al-presidente-de-murcia-GD14530475?sky=Sky-Febrero-2017#Ttt1BfEGu8IVXg3D

ANTICORRUPCIÓN ENVÍA DOS INFORMES OPUESTOS SOBRE 'PÚNICA': EL DE LA JEFA EXIME AL PRESIDENTE DE MURCIA Y EL DE LAS FISCALES DEL CASO LO INCRIMINA

La teniente fiscal argumenta en 12 líneas que no consta que Pedro Antonio Sánchez aceptase el plan para defraudar al Gobierno murciano

El relato de hechos del escrito de sus subordinadas sobre la senadora Barreiro, de 27 páginas, involucra al político en un "plan criminal" abortado a una semana de su inicio

El viraje impuesto por el fiscal general del Estado en la Operación Púnica y que ha llevado a Anticorrupción a oponerse a que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, sea imputado acaba de desencadenar una situación inédita. Sobre la mesa del juez del caso, Eloy Velasco, hay desde el lunes dos informes, a los que ha tenido acceso infoLibre, formalmente ajenos el uno al otro pero en realidad absolutamente contradictorios.

Un informe, firmado por la fiscal jefe en funciones de Anticorrupción, Belén Suárez, es el que refleja la posición del fiscal general, José Manuel Maza. Y salva en 12 líneas a Sánchez al concluir que los contratos con que la trama habría acometido la tarea de limpiar su imagen en Internet a cambio de dinero público, amén de colocarse en un terreno de difícil "deslinde" –el que separa "la publicidad institucional de la reputacional"– ni siquiera se firmaron. No hubo por tanto "perjuicio" económico. Ni tampoco delito de fraude porque –alega Suárez– no consta que la propuesta del conseguidor y gran experto en lavar la imagen de distintos políticos fuese aceptada por Pedro Antonio Sánchez.

El otro informe, de 27 páginas y suscrito por las dos fiscales asignadas al caso, Carmen García y Teresa Gálvez, se refiere oficialmente solo a la senadora del PP Pilar Barreiro, que goza de aforamiento ante el Supremo y cuya futura imputación se da por segura. Pero el relato de hechos de ese segundo informe involucra abierta y extensamente al presidente murciano en un "plan criminal" destinado a mejorar la reputación de Barreiro y Sánchez con fondos públicos y que para la Consejería que entonces -2014- dirigía Sánchez, la de Educación, habría supuesto un perjuicio contante y sonante:4.600 euros por mes durante siete meses de no ser porque la operación policial abortó la implementación de ese plan cuatro días antes de la fecha fijada para su inicio.

García y Gálvez solo ponen nombre a los delitos –prevaricación, fraude y malversación– en lo que respecta a Barreiro. Pero las conductas que describen son idénticas en el caso de la senadora y el del jefe del Gobierno murciano y número dos del PP en esa comunidad: la diferencia estriba en que el Ayuntamiento de Cartagena llegó a suscribir los contratos con Alejandro de Pedro y el Gobierno de Murcia, no.

La acusación popular que ejerce la asociación de abogados Adade pedirá al juez Velasco que mantenga su plan de elevar al Tribunal Superior de Murcia una exposición razonada -una especie de auto explicatorio dirigido a otros jueces- con los indicios incriminatorios que pesan sobre Pedro Antonio Sánchez. El abogado Francisco Montiel, de Adade, refuta los argumentos de la fiscal Belén Suárez con un ejemplo: "Es como si la Policía pilla a uno cuando todavía no le ha dado tiempo a disparar la escopeta y decimos, no, no, no hay muerto así que no hay delito".

Según las fiscales de Púnica, la senadora Barreiro, que en 2014 aún era alcaldesa de Cartagena, "se concertó" con el entonces consejero de Educación y convino con él "intermediar" con el supuesto gran conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, y su socio José Antonio Alonso "para conseguir que dicho tándem aceptase trabajar la reputación del Consejero, estigmatizada por las noticias negativas que sobre él publicaba internet". Y, también, para que De Pedro utilizase su influencia en el ámbito del PP nacional para facilitar que Sánchez se erigiese en candidato a la Presidencia del Gobierno murciano.

El siguiente párrafo del escrito contiene la primera gran bomba contra Sánchez. "El apoyo político y reputacional que ofrecieron a Pedro Antonio Sánchez permitió que todos ellos elaboraran concordadamente un nuevo plan criminal (concierto) para que el gasto personal por los trabajos de reputación y posicionamiento en buscadores realizado por la sociedad EICO [de Alejandro de Pedro] a Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez fuese sufragado con cargo a los fondos públicos del presupuesto de Educación".

La fiscal Belén Suárez aduce en su informe sobre Pedro Antonio Sánchez que no se le puede atribuir el delito de fraude -cuando un político se concierta con un tercero para adjudicarle un contrato que en sí mismo constituye un fraude a las arcas públicas- porque "ni siquiera existen los contratos de publicidad". "La cuantificación de tal eventual perjuicio futuro tampoco puede establecerse a los efectos del delito de fraude del art. 436 del Código Penal, en la medida en que sólo constan las condiciones propuestas por los responsables de las sociedades en un denominado "informe preventa" y no la aceptación de las mismas por el citado aforado".

"Además –agrega Suárez–, en cuanto se trata de hechos previos y anteriores a la reforma del Código Penal (...), que entró en vigor el 1 de julio de ese año [2015], no podría sancionarse la provocación, proposición y conspiración para cometer los delitos contra la Administración Pública, que ahora tipifica el art. 445 del Código Penal".

Las fiscales García y Gálvez, en cambio, recalcan en cambio la existencia de lo que en un momento del escrito definen también como "plan defraudador". Y aportan detalles para ilustrar la presunta participación de Pedro Antonio Sánchez en ese plan, cuya sola existencia implicaría los delitos de fraude y malversación según distintas fuentes jurídicas ajenas a la Fiscalía aun si solo fuera en grado de tentativa. "Las conversaciones telefónicas intervenidas -dice este segundo informe- han revelado que Alejandro de Pedro, José Antonio Alonso, Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez mantuvieron contactos y reuniones convocadas en hoteles de Madrid, fuera de los despachos oficiales de ambos cargos públicos, manteniendo reservados los encuentros, para fraguar un contrato negociado del que saldría perjudicada la Administración pública autonómica de Murcia".

El texto dice más: "Las llamadas telefónicas intervenidas -relatan las dos fiscales de Púnica- han puesto de manifiesto que la publicación en las redes sociales de nuevas noticias negativas del Consejero de Educación en el mes de septiembre de 2014 aceleró las prisas de Pedro Antonio Sánchez por sus trabajos y provocó la convocatoria de dos nuevos encuentros en Madrid entre Alejandro de Pedro, el Consejero de Educación y Pilar Barreiro los días 22 de septiembre y 21 de octubre de 2014, en el "Hotel Palace" y en el "Hotel de las Letras" respectivamente, evitando de nuevo la sede oficial de ambos políticos. En esa segunda reunión se cerraron las negociaciones ideadas".

La implementación del plan de limpieza de imagen de Sánchez con cargo a los fondos de la Consejería de Educación, explican las fiscales, estaba previsto para el 1 de noviembre. Pero la operación policial ordenada por el juez Eloy Velasco estalló cuatro días antes, el 27 de octubre.

Lo sucedido desde que Anticorrupción difundió el lunes una nota de prensa con la que anunciaba su negativa a la imputación del presidente autonómico del PP y una vez que el propio Pedro Antonio Sánchez desveló al día siguiente a primera hora que los cuatro fiscales jefe de lo Penal del Supremo se oponían igualmente a que se le investigase ha generado inquietud e incertidumbre en distintos ámbitos jurídicos.

Este miércoles, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García, aseguró a infoLibre que su asociación pedirá a la Fiscalía General que explique "cómo le llegó la información" a Pedro Antonio Sánchez.

También la Asociación Profesional Independiente de Fiscales emitió un comunicado en el que alerta de que "la supuesta orden dada por la Fiscalía General del Estado de no promover la investigación" a Pedro Antonio Sánchez evidencia "serias deficiencias de la actual configuración del Ministerio Fiscal para que pueda asumir la función de llevar la instrucción de las causas penales". "No alcanzamos –agrega el comunicado- a comprender (ni debe admitirse) que las órdenes, dentro de nuestra institución, sean negativas, es decir, que se nos ordene no investigar o no perseguir un posible delito"

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/16/anticorrupcion_envia_dos_informes_opuestos_sobre_punica_jefa_exime_presidente_murcia_las_fiscales_del_caso_incrimina_61246_1012.html

EL PRESIDENTE DE MURCIA SUPO ANTES QUE LAS FISCALES DE 'PÚNICA' QUE LA CADENA DE MANDO DEL TS SE OPONÍA EN BLOQUE A INVESTIGARLE

Las dos responsables de la acusación pública en el caso ignoraban que los cuatro fiscales jefe de sala del alto tribunal se habían pronunciado contra imputar a Pedro Antonio Sánchez

La portavoz del Ejecutivo murciano se escuda en una especie de secreto profesional para no desvelar cómo accedió su jefe a información secreta de la Fiscalía General del Estado

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del PP, supo antes que las dos fiscales asignadas a la Operación Púnica que la cadena de mando de la Fiscalía del Supremo –los cuatro fiscales jefe de la Sala de lo Penal– se habían pronunciado en bloque en contra de la imputación del político. Fuentes jurídicas informadas de lo sucedido reconocieron este miércoles a infoLibre que cuando Sánchez desveló el martes por la mañana en la Cadena Cope que los cuatro fiscales jefe de sala "consideran que no hay que investigar", nadie había comunicado aún ese dato a las fiscales de Púnica, María Teresa Gálvez y Carmen García. Es decir, ambas ignoraban que el respaldo a la posición del fiscal general -eximir de culpa a Sánchez, lo contrario de lo que ellas mismas mantenían que debía hacerse- había sido "unánime", por utilizar el adjetivo que emplearon este miércoles fuentes oficiales de la Fiscalía para definir el resultado de la consulta planteada por Maza. La consulta a los cuatro fiscales de sala, añadieron las fuentes oficiales, se efectuó "la semana pasada". Gálvez y García, conocidas por su actitud reacia hacia los periodistas, se mantienen fuera de foco desde el lunes. .

El martes, infoLibre preguntó a los portavoces oficiales del Gobierno murciano cómo supo Sánchez cuál era la posición de los fiscales del Supremo si se trata de un dato estrictamente reservado que en ningún caso se comunica a ningún potencial imputado, como era y sigue siendo su caso, y que no había trascendido a la opinión pública. La noche del martes, una fuente oficial del Ejecutivo regional dijo que lo había sabido "por la prensa" pero guardó un silencio sostenido cuando este diario inquirió sobre a través de qué medio de comunicación se había enterado el presidente Sánchez.

El miércoles por la mañana, infoLibre reiteró la pregunta. Los portavoces oficiales dijeron esta vez que "por medios digitales y periodistas que llamaron para comentarnos el asunto". Pero, en contra de esa versión, lo cierto es que ningún medio –ni digital ni de ninguna categoría– había publicado la noticia. Supuestamente, el Gobierno murciano habría recibido así la información a través de periodistas que teniendo una exclusiva de gran alcance jamás habrían llegado a publicarla para, en cambio, limitarse a ponerla en manos del Ejecutivo regional del PP.

A media mañana, la sospecha de que Pedro Antonio Sánchez había tenido acceso a información privilegiada, no se sabe exactamente a través de qué tipo de filtración, adquiría fuerza redoblada en la rueda de prensa ofrecida por la portavoz del Gobierno regional. En esa comparecencia, y después de que un periodista le insistiera para que explicase cómo logró Pedro Antonio Sánchez saber lo que opinaban los cuatro fiscales jefe del Supremo, la portavoz y consejera Noelia Arroyo eludió ya toda referencia a la supuesta publicación de la noticia en el desconocido "medio digital" mencionado varias veces desde el día anterior por su equipo sin aportar nunca ningún dato que permitiera identificar a dicho medio. La portavoz cambió de estrategia y pasó a invocar una especie de secreto profesional para negarse a dar explicaciones.

Al informador que había preguntado, Arroyo le espetó lo siguiente:

–¿Usted cuando publica una exclusiva cómo lo consigue?

Mientras otros presentes en la sala saludaban con risas de complacencia la inversión de papeles protagonizada por Arroyo, el periodista que había hecho la pregunta se limitó a responder con seriedad de forma escueta:

–Por fuentes oficiales, generalmente no.

Y fue aquí cuando de manera inesperada Arroyo equiparó a su jefe y jefe del Gobierno murciano con un periodista asistido por el deber y derecho de secreto profesional:

–O por filtraciones -replicó la portavoz al informador-. Y usted nunca desvela sus fuentes. El presidente hizo una entrevista y contestó lo que creyó oportuno. Ahí está la entrevista y ahí están las respuestas del presidente; desde luego el gobierno no va a hacer valoraciones de ningún tema de la justicia. Ni del juez ni de la fiscalía, ningún tema de la justicia.

Un momento después, la misma Arroyo añadía otra afirmación sorprendente:

–Él dijo lo que dijo. Y quien quiera saber lo que dijo el presidente, que escuche la entrevista. Y lo que digo es que yo desconozco, y no es una cuestión, como le he planteado al compañero periodista, que deba trascender si sabía, no sabía.... Yo sé lo que dijo el presidente y yo no valoro más allá de lo que dijo el presidente.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/16/el_presidente_murcia_supo_antes_que_las_fiscales_punica_que_cadena_mando_del_supremo_oponia_bloque_investigarle_61231_1012.html

LA FISCALÍA GENERAL IMPUSO NO ACUSAR AL PRESIDENTE DE MURCIA

La Fiscalía General del Estado ordenó no seguir adelante con la investigación al presidente de Murcia, en contra del criterio de las fiscales encargadas del caso Púnica, partidarias de reclamar la imputación de Pedro Antonio Sánchez. El informe remitido por la Fiscalía a la Audiencia Nacional oponiéndose a pedir el suplicatorio contra el dirigente popular está firmado por la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, y no por las fiscales del caso Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, que sí rubrican el de la senadora del PP Pilar Barreiro, según confirmaron fuentes jurídicas. El motivo es que las fiscales que han llevado el día a día de la investigación que afecta a Sánchez consideraban que había indicios para proceder contra él y contra la parlamentaria, según las mismas fuentes.

El dirigente del PP conocía ya el lunes que la cúpula fiscal apoyaba exonerarle

En lo que afecta a Sánchez, el criterio de las fiscales chocó con el de sus superiores. Inmediatamente después de que el juez Eloy Velasco activara los trámites para pedir su imputación, la Fiscalía que dirige José Manuel Maza informó de que se oponía a que el juez elaborase la llamada exposición razonada. Se trata del escrito en el que se reúnen los indicios de delito encontrados contra un aforado y que se remite al tribunal competente para juzgarle, de manera que éste decida si le abre una investigación. En el caso de Sánchez, sería el Tribunal Superior de Justicia de Murcia el que, si así lo acuerda finalmente el juez, debería decidir si le imputa por el uso de dinero público para reforzar su candidatura a encabezar la lista del PP en la comunidad.

El recorrido interno que el asunto ha tenido en la Fiscalía era conocido por el propio afectado. En una entrevista en la cadena Cope, Sánchez se jactó ayer de que «cuatro fiscales jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo» consideraron «que no se debe investigar». Precisamente, el Gobierno de Murcia informó, el mismo lunes, a los medios, por vía oficial, que la decisión del Ministerio Público fue «adoptada por la Secretaría Técnica de esta Fiscalía General y por los cuatro fiscales de Sala jefes de la Sección de lo Penal del Tribunal Supremo». Fuentes de la Fiscalía restan relevancia a las discrepancias entre el criterio del fiscal de un caso y lo que finalmente se decide desde la cúpula del Ministerio Público. Explican que los asuntos de trascendencia se pasan para su examen a la Secretaría Técnica, el órgano que asesora al fiscal general.

El Ministerio Fiscal no desmiente que Sánchez planeara gastar dinero público

En este caso también se envió a los fiscales de Sala del Supremo, el tribunal que se encargará en su caso de juzgar a la senadora. La Fiscalía General resalta que en ambos ámbitos hubo unanimidad a la hora de considerar que no había motivos para imputar al presidente. En su escrito, que ayer aún no se había notificado a las partes, la Fiscalía no desmiente que el presidente autonómico planeara gastar dinero público en la mejora de su imagen. Su argumento para no seguir adelante contra Sánchez es que «no llegaron a formalizarse contratos de publicidad» en su favor y que, por tanto, «no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas».El juez atribuye a Sánchez los presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada. Los habría cometido en su etapa de consejero de Educación, al amañar contratos de formación que servían para pagar con dinero público «trabajos particulares reputacionales en internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como futuro presidente de la Región de Murcia».Para ello se habría concertado con Alejandro de Pedro -uno de los principales imputados del caso Púnica-, que manejaba numerosos medios de comunicación digitales con los que obtenía buenos posicionamientos de sus clientes en internet. La decisión del juez instructor sobre el presidente murciano tiene su origen en un informe de la Guardia Civil que explica que los servicios supuestamente contratados por Sánchez «tienen que ver con la reputación» del dirigente popular «y no son prestaciones que respondan a una necesidad pública, sino al interés personal del consejero para validar su gestión, contrarrestar las noticias desfavorables a su persona y de ese modo poder progresar en su carrera política». Según los investigadores, los pagos acordados entre Sánchez y De Pedro fueron de 4.600 euros al mes durante siete meses. A la Guardia Civil le llamó la atención «que los servicios se van a prestar hasta el mes de mayo de 2015, fecha (24/05/2015) en la que se celebraron los comicios locales y regionales en 2015». En total, un acuerdo por valor de 32.200 euros. El juez considera que si los pagos no se llegaron a realizar fue porque antes estalló la operación Púnica.

http://www.elmundo.es/espana/2017/02/15/58a37ccc22601de4508b45d0.html

EL JUEZ QUIERE INVESTIGAR A SÁNCHEZ POR COHECHO, FRAUDE Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN EN 'PÚNICA'

Pide a la Asamblea que certifique que está aforado para enviar una exposición razonada al TSJ

Velasco atribuye a la senadora y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro los mismos delitos que al presidente regional, además de los de prevaricación continuada y malversación

Cohecho, revelación de información reservada y fraude. Esos son los tres delitos que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco atribuye de forma indiciaria al presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por su presunta implicación en el 'caso Púnica'. El magistrado ha dictado un auto en el que expresa su determinación de enviar las diligencias sobre la rama murciana al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, por ser el competente para enjuiciar al jefe del Ejecutivo murciano, razón por la cual ha reclamado de la Asamblea Regional que certifique que Sánchez disfruta de ese aforamiento especial.

En principio, una vez que el juez Velasco tenga en sus manos la certificación de la cámara del aforamiento, dictará una exposición razonada y remitirá el caso al TSJ con todos los indicios delictivos que en su opinión señalan a Sánchez.

Sin embargo, horas después de que se hiciera pública la decisión del instructor, la Fiscalía Anticorrupción presentó un informe ante Velasco en el que se opone a dicha elevación de dicha exposición razonada, porque considera que en el caso de Sánchez no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas, al no llegar a formalizarse los contratos.

El instructor del 'caso Púnica', que también anuncia que actuará contra la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora Pilar Barreiro, da por hecho que Pedro Antonio Sánchez quiso beneficiarse personalmente de los trabajos de reputación en internet que ofertaban dos de los supuestos líderes de esa trama, Alejandro de Pedro y el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, así como que esas tareas iban a ser sufragadas con cargo a los fondos de la Consejería de Educación. En concreto, el juez considera que Sánchez podría haber incurrido en un presunto fraude «por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amañe de contratos de formación para la Consejería de Educación tendentes a sufragar con dinero público previsto para la formación lo que eran en realidad trabajos particulares reputacionales en internet y redes sociales, para reformar su imagen de cara a su postulación como futuro presidente de la Región de Murcia»; otro supuesto delito de cohecho, por «ofertársele y prestarle servicios de carácter particular y personal de carácter reputacional 'online', a cambio de amañar futuros contratos públicos de formación en la Consejería de Educación», y un tercer delito, presuntamente de revelación de información privilegiada, por «proponer filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y precontratativa que no podía revelar».

En el caso de Barreiro, Anticorrupción considera que sí se debe elevar la investigación sobre su conducta al Tribunal Supremo por considerarla indiciariamente constitutiva de delitos de falsedad, prevaricación y malversación.

Quién es quién en el 'caso Púnica'

Pilar Barreiro Álvarez

El juez Eloy Velasco atribuye a la exalcaldesa de Cartagena en el 'caso Púnica' los presuntos delitos de fraude -«por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amañe de futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación en la Consejería de Educación»-, malversación de caudales públicos -«por sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena, en realidad, trabajos particulares como son: la creación de un diario digital y los honorarios por los trabajos de un periodista para sufragarlos-, cohecho -«se le ofertan y prestan servicios de carácter particular y personal como son: la creación de un diario digital en Cartagena y los honorarios por los trabajos de un periodista para sufragarlos, a cambio de innecesaria publicidad turística que ella adjudica en su Ayuntamiento»-, prevaricación continuada -«instrumentalizando una secuencia continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias, por las que mes tras mes, aprobó un gasto de respaldo, fraccionando con intención, un gasto irregular durante meses»- y revelación de información reservada -«al proponer filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar», según se desprende del auto del magistrado.

Juan Carlos Ruiz López

El que fuera consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación está siendo investigado por los presuntos delitos de cohecho -«se le ofertan y prestan servicios de asesoramiento y reputación 'online' particulares que se retribuyen con cargo a la realización de contratos públicos redundantes e innecesarios y por encima del precio de mercado en la Consejería que dirige»-, fraude -«concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de diversos contratos públicos, unos vinculados a la visibilidad en las redes sociales a la Región de Murcia a visitantes extranjeros de Reino Unido, del Instituto de Turismo y otro de reposicionamiento de la marca INFO del Instituto de Fomento, ambos de su Consejería, como paso previo a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal alejados del interés común, mediante la adjudicación de sendos contratos de su Consejería»- y revelación de información reservada -«al proponer filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar».

Fidel Saura Guerrero

El exjefe de Gabinete de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación está imputado por supuestos delitos de tráfico de influencias -«presionando a empleados públicos de la Consejería abusando de su cargo para conseguir encontrar la forma de poder llevar a cabo contratos públicos que remunerase en la reputación 'online' de su consejero»-, revelación de información reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar»-, y fraude -«realizar concreta actividad ejecutiva estando al tanto de la misma y de su ilicitud, tendente a la concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de diversos contratos públicos, unos vinculados a la visibilidad en las redes sociales a la Región de Murcia a visitantes extranjeros de Reino Unido, del Instituto de Turismo y otro de reposicionamiento de la marca INFO, como paso previo a permitir la distracción posterior de caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal sobre la persona de su consejero alejados del interés común mediante la adjudicación de sendos contratos de su Consejería».

Mariola Martínez Robles

La que fuera directora general de Turismo de la Región de Murcia está siendo investigada en el 'caso Púnica' por presuntos delitos de tráfico de influencias -«presionando a empleados públicos del Instituto de Turismo abusando de su cargo para conseguir encontrar la forma de poder llevar a cabo los contratos públicos que remunerasen la reputación online de su consejero»-, fraude -«realizar concreta actividad ejecutiva de concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de un contrato público vinculado a la visibilidad en las redes sociales a la Región de Murcia a visitantes extranjeros de Reino Unido, en su Instituto de Turismo, como paso previo a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal, tanto de su consejero como del alcalde de Molina de Segura, donde fue concejal, alejados del interés común, mediante la adjudicación de un contrato de su Dirección General»- y revelación de información reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar».

Reyes Samper Henarejos

La ex directora general del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) está imputada por los supuestos delitos de tráfico de influencias -«presionando a empleados públicos del INFO, abusando de su cargo para conseguir encontrar la forma de poder llevar a cabo los contratos públicos que remunerasen la reputación 'online' de su consejero»-, fraude -«realizar concreta actividad ejecutiva de concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de un contrato público vinculado al reposicionamiento de la marca INFO, como paso previo a realizar la concreta actividad ejecutiva, estando al tanto de la misma y de su ilicitud, tendente a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal de su consejero alejados del interés común, mediante la adjudicación de un contrato de su Dirección General»- y revelación de información reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar».

Jesús Norberto Galindo Sánchez

El ex secretario general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia es otro de los investigados en el 'caso Púnica'. El juez Velasco le atribuye los presuntos delitos de revelación de información reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar»- y fraude -«realizar concreta actividad ejecutiva estando al tanto de la misma y de su ilicitud, tendente a la concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de un contrato público vinculado a la visibilidad en las redes sociales a la Región de Murcia a visitantes extranjeros de Reino Unido, en su Instituto de Turismo, como paso previo a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajos de reputación digital de carácter personal sobre la persona de su consejero alejados del interés común»-.

Eduardo Contreras Linares

El exalcalde de Molina de Segura está imputado en el 'caso Púnica' por supuestos delitos de fraude -concertación con los anteriores coooperando necesariamente en la materialización de la concreta ilícita actividad ejecutiva (de la que estaba al tanto y compartía), tendente a distraer caudales públicos para fines particulares de influencia política, compensando trabajo de reputación digital de carácter personal, alejados del interés común, mediante la adjudicación de un contrato en la Dirección General de Turismo de la Región de Murcia»- y cohecho -«se le ofertan y prestan servicios de asesoramiento y reputación 'online' particulares que se retribuyen con cargo a la realización de contratos públicos redundantes e innecesarios y por encima del precio de mercado en la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación»-.

María del Mar Conesa Marchán

La que fuera asesora de la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro está siendo investigada por los presuntos delitos de fraude -«por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amañe de contratos de publicidad turística en el Ayuntamiento de Cartagena»-, prevaricación continuada -«instrumentalizando una secuencia continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias, por las que mes tras mes aprobó un gasto indebido, sin formalizarse ni aprobarse ningún tipo de contrato o procedimiento negociado de respaldo, fraccionando con intención un gasto irregular durante meses»- y malversación de caudales públicos -«por colaborar con la autorización y trabajos de ejecución a sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena, en realidad, trabajos particulares como son: la creación de un diario digital en esa localidad murciana y los honorarios por los trabajos de un periodista para sufragarlos»-.

David Conesa Ferrer

El actual asesor del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, que fue asesor del mismo en su etapa al frente de la Consejería de Educación, está imputado en el 'caso Púnica' por los presuntos delitos de fraude -«por la concertación con empresas vinculadas a Alejandro de Pedro en el amañe de contratos de formación para la Consejería de Educación, siendo funcionario, cooperador necesario connivente en que los trabajos particulares reputacionales 'online' de su consejero se sufragasen con cargo a dinero público proveniente de futuros contratos vinculados a formación en el seno de su Consejería»- y de revelación de información reservada -«al filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar»-.

José Antonio Alonso Conesa

El exalcalde socialista de Cartagena y socio de Alejandro de Pedro es, según el auto del juez Velasco, «el conseguidor de contactos para iniciar y mantener los trabajos de las entidades vinculadas a De Pedro». El magistrado le imputa los presuntos delitos de fraude -«concertación privilegiada contraria a la libre concurrencia de otras posibles ofertas en la adjudicación de diversos contratos públicos vinculados a las Consejerías de Educación e Industria, Turismo, Empresa e Innovación»-, cohecho -«ofertan y prestan servicios de asesoramiento y reputación ‘online’ particulares que les son retribuidos con cargo a la realización de inserciones publicitarias redundantes e innecesarias y por encima del precio de mercado»-, aprovechamiento de información reservada -«al recibir y usar, como persona funcionaria, información y documentación interna propia y pre contratativa pública que no se le podía revelar»-, pertenencia a organización criminal -«junto con su socio Alejando de Pedro y los empleados de ambos, de manera concertada, coordinada, estable y prolongada en el tiempo fue realizando los trabajos que necesitaban para que pudieran entrar en diversas administraciones públicas murcianas, creando la confianza suficiente en diversos cargos públicos para que, junto con ellos, llevaran a cabo la actividad delictiva que se ha descrito»-, malversación de caudales públicos -«participar como ‘extranei’ cooperador necesario en la distracción de caudales públicos para fines particulares realizando asesoramiento e influencia política o creando diario digital servido por un periodista»- y falsedad, por incorporación, en documento oficial -«simulaba y aportaba como cobertura documentos y facturas mendaces que hacía llegar a las administraciones respectivas para permitir la formalidad de la aprobación del gasto contable y su pago posterior minorando el riesgo de ser detectadas por los controles económicos oportunos».

http://www.laverdad.es/murcia/201702/13/juez-punica-pide-certificados-20170213112203.html

PS1 TALAMINO. ANTICORRUPCIÓN PIDE TRES AÑOS DE CÁRCEL PARA GRANADOS POR EL CHIVATAZO DE LA PÚNICA

El exconsejero fue alertado en septiembre de 2014 de que estaba siendo investigado

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado tres años de prisión por delitos de violación de secretos para el exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y para dos guardias civiles que en septiembre de 2014 le alertaron de que estaba siendo investigado en la Operación Púnica junto con su socio, el empresario David Marjaliza.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del caso de corrupción, ha decretado la apertura de juicio contra el expolítico y los dos miembros del instituto armado en lo que previsiblemente será la primera vista oral del macrosumario.

En el auto, el juez Velasco relata que a principios de septiembre de 2014, el guardia José Manuel Rodríguez Talamino, que trabajaba en la sección de apoyo técnico de la Unidad contra el Crimen Organizado (UCO), encargada de la colocación de cámaras de vigilancia y balizas de seguimiento a delincuentes, recibió el encargo de instalar una cámara en un vehículo camuflado que iba a ser instalado frente a las oficinas de Marjaliza, situadas en el edificio Éboli, de Pinto.

El agente averiguó que la operación para la que estaba colaborando investigaba al constructor amigo de Granados. Según el juez Velasco, Talamino alertó a su amigo José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excedencia que desempeñó cargos de confianza en la Comunidad de Madrid de la mano del expolítico. El 5 de septiembre por la noche, Talamino, durante las fiestas patronales de Valdemoro, avisó a Caro Vinagre de los seguimientos. Al día siguiente, el miembro de la UCO buscó en las fiestas a Granados y le advirtió de que sus compañeros habían puesto un dispositivo de seguimiento a su amigo Marjaliza.

El 7 de septiembre, Talamino aportó nueva información al político: le desveló que el grupo que investigaba al constructor era el de delitos contra la Administración, lo que daba a entender que se trataba de un delito de corrupción. Y el 13 de septiembre de madrugada, ambos guardias se reunieron con Granados en el domicilio de este, momento en el que Talamino informó al político de los avances en la investigación.

La divulgación de la información reservada por parte de Rodríguez Talamino “obstaculizó y entorpeció gravemente el curso de la investigación” de la UCO en el caso Púnica. Este chivatazo, según el juez, “menoscabó la prestación del servicio público” de la Guardia Civil y causó “un importante daño a la causa pública”.

http://politica.elpais.com/politica/2017/02/14/actualidad/1487073688_164228.html

VELASCO DEJA EN PRISIÓN A GRANADOS ALEGANDO QUE SUS SUPUESTOS TESTAFERROS ESCONDEN MILLONES DE EUROS

La investigación de la trama Púnica se ha convertido en una huída hacia delante que podría tener fecha de caducidad si se confirma el traslado del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional para desarrollar un proyecto europeo en latinoamérica.

Mientras tanto, el titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia ha negado una vez más, y van cerca de una decena, la libertad provisional para Francisco Granados tras casi 28 meses en prisión preventiva.

El pasado mes de enero, la defensa del ex dirigente del PP presentaba un escrito en la Audiencia proponiendo al magistrado un poder notarial que le permitiera investigar cualquier cuenta bancaria de Granados en los bancos y entidades de crédito de todo el mundo, incluyendo los paraísos fiscales.

Este escrito oficial sustituiría a las denominadas comisiones rogatorias, que son auxilios judiciales remitidos a países del extranjero con el objetivo de investigar y completar la instrucción de un caso. Dichas comisiones rogatorias retrasan frecuentemente los procesos judiciales, ya que hasta que son recibidas, aceptadas y contestadas por los países receptores pueden pasar meses e incluso años.

Según ha podido saber OKDIARIO, Velasco ha rechazado hace pocos días este poder notarial y mantiene en prisión a Granados alegando que esconde su fortuna millonaria a través de “testaferros” en el extranjero.

Esta aseveración del magistrado, sin embargo, no se sostiene aportando ningún dato concreto que demuestre la existencia de estos supuestos testaferros, ni la presunta fortuna millonaria amasada a través de hipotéticos pelotazos urbanísticos en Valdemoro, fundamentados en informes policiales plagados de errores, tal y como ha desvelado este diario.

Las fiscales anticorrupción de Púnica ya negaron hace pocos meses la libertad al ex consejero madrileño asegurando que ocultaba 700 millones de euros fuera de España, otra hipótesis que mantenían las representantes del Ministerio Público sin presentar prueba alguna.

Hace pocos días, los letrados del ex dirigente del PP dejaron la puerta abierta a presentar un posible recurso ante el Tribunal Constitucional si Velasco mantenía en prisión provisional a Granados sin comunicarle los hechos concretos para fundamentar su decisión.

El patinazo de Velasco en Murcia

Paradojicamente, la propia Fiscalía Anticorrupción desautorizaba ayer al juez Velasco en su intención de imputar en Púnica al actual presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

El magistrado acusaba a Sánchez por supuestamente “concertarse con empresas del experto informático, Alejandro de Pedro, para amañar contratos de formación en la Consejería de Educación con el fin mejorar su reputación para postularse a presidente de la región”.

El Ministerio Público emitía un comunicado para aclarar que no investigarán al presidente popular murciano al entender que “no llegaron a formalizarse contratos de publicidad” con el informático y por tanto, “no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas”.

Por el contrario, Anticorrupción sí entiende que la participación en los mismo hechos de la senadora popular Pilar Barreiro, “aparece sustentada en diversos indicios que, sin adelantar su suficiencia probatoria, sí merecen ser investigados”.

A Barreiro, Velasco le atribuye presuntos delitos de fraude, malversación, cohecho, prevaricación y revelación de información reservada por igualmente concertarse con empresas de De Pedro para “amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación”.

También por presuntamente sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital en esa ciudad para que emitiera noticias positivas sobre su persona y los honorarios de un periodista.

https://okdiario.com/investigacion/2017/02/15/velasco-deja-prision-granados-alegando-supuestos-testaferros-esconden-millones-euros-751101

EL 'FALCON CREST' DE GRANADOS EN ÁVILA: 84 HECTÁREAS, 24 CABALLOS Y SEIS 'QUADS'

La Guardia Civil acusa a Francisco Granados de cohecho y blanqueo de capitales por haber disfrutado durante una década de una finca de Ávila que le regalaron constructores

La Guardia Civil ha aportado al instructor del caso Púnica, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, nuevos indicios de corrupción contra Francisco Granados que lo dejan aún más cerca de una hipotética condena. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado acusa al exconsejero de Presidencia y exsecretario general del PP de Madrid de haber disfrutado desde 2004 hasta su ingreso en prisión en 2014 de una finca de 842.881 metros cuadrados con mansión, caballerizas, tentadero, piscina e incluso un embalse, que estaba a nombre de dos constructores a los que presuntamente favoreció con recalificaciones y convenios urbanísticos.

El informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, concluye que la finca es presuntamente una de las contraprestaciones que recibió Granados de esos empresarios y, por ello, sostiene que los hechos descubiertos serían constitutivos de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales. En un primer momento, el exdirigente popular no tenía una participación directa en la propiedad de los terrenos. Sin embargo, en 2005 efectuó un movimiento societario con testaferros y firmas instrumentales para quedarse con el 50% de la finca, ubicada en el paraje de Fuentenebro del término municipal de Higuera de las Dueñas (Ávila), a solo hora y media de los despachos del Gobierno de la Comunidad de Madrid que ocupó entre 2003 y 2011.

Los agentes han acreditado que Granados se alojaba en ella con regularidad y que incluso acudía allí con su familia y también con amigas cercanas. En noviembre de 2015, realizaron un registro de la propiedad. Encontraron 24 caballos de competición de pura raza española, 19 escopetas de caza, seis vehículos 'quad' de las marcas Kymco y Polaris, un coche Ford Ranger, una furgoneta Renault Kangoo y una máquina excavadora sin matricular. Además de las 84 hectáreas de terreno, en su mayoría pastos y monte bajo, el complejo disponía de una vivienda principal de dos plantas y sótano con 1.400 metros cuadrados, otra vivienda para los encargados del mantenimiento de 102 metros cuadrados, más de 100 metros de almacén y una piscina exterior con vestuarios. También contaba con un embalse para las aguas de lluvia, un cebadero, un palomar, cuadras para los caballos y un tentadero en el centro de las instalaciones.

Granados la visitó por última vez solo unos días antes de ser detenido por su implicación en Púnica el 27 de octubre de 2014. El presunto cerebro de la trama ha sostenido desde el principio que, en realidad, solo acudía ocasionalmente a Fuentenebro invitado por los constructores. Sin embargo, los investigadores recuerdan que se interceptaron llamadas telefónicas en las que reconocía que era copropietario de la finca. Otros indicios avalan esa acusación, como las numerosas fotografías encontradas en su vivienda que prueban que visitaba las instalaciones de forma recurrente, hojas de cálculo en las que aparece como responsable de parte de los gastos de la finca y las conexiones del esquema societario de Higuera de las Dueñas con otras operaciones en las que también estuvo presuntamente involucrado.

La UCO detalla que la finca fue adquirida en 2004 por los constructores Ramiro Cid y David Marjaliza a través de la sociedad Tuvalu Gestión SL, tras pagar a partes iguales a sus antiguos propietarios un total de 1.022.710 euros. Cid y Marjaliza están imputados en Púnica por haberse enriquecido presuntamente con la ayuda de Granados y otros políticos. Entre ellos, José Miguel Moreno Torres, que se convirtió en alcalde de Valdemoro en 2003 cuando Granados dejó ese cargo para ser consejero de Transportes. Moreno Torres también habría disfrutado de la finca de Higuera de las Dueñas desde el primer momento, según el informe al que ha tenido acceso El Confidencial.

Las circunstancias cambiaron en 2005. Marjaliza decidió separarse de Cid y le vendió su 50% de la finca. La operación se materializó con el pago de 1,3 millones de euros por esa mitad. Los investigadores sostienen que Granados aprovechó ese momento para entrar en el accionariado de Tuvalu Gestión SL, dueño de Fuentenebro, quedándose con un simbólico 2% de las participaciones de la mercantil y, por tanto, de la finca. Para ocultar esa vinculación, el político del PP utilizó a María José Marijuán, la mujer de su jefe de gabinete, Ignacio Palacios. Así, el 2% de las viviendas y terrenos pasó a ser propiedad, supuestamente, de la mercantil Ayjopen Consulting SL, una empresa administrada por Marijuán. Pero las pesquisas ya han acreditado que Granados era el auténtico dueño de Ayjopen y que su participación en Fuentenebro no fue del 2%, sino del 50%. Es decir, que con esa operación pasó a controlar activos por valor de 1,3 millones de euros, el precio en el que ya estaba tasada la mitad de la finca.

“Como ha quedado evidenciado a lo largo de la investigación”, recoge el informe, “el 'modus operandi' que ha utilizado siempre Francisco Granados para ocultar su verdadero patrimonio obtenido por supuestas comisiones ilegales era a través de personas físicas/jurídicas interpuestas. En el caso de la finca Fuentenebro, Francisco Granados quería disfrazar también el vínculo que le relacionaba con la misma, dando apariencia de ser simplemente un huésped invitado por Ramiro Cid y no como copropietario”. En opinión de los investigadores, el 2% (50% real) que pasó a controlar Ayjopen Consulting en Fuentenebro sería una remuneración que consiguió el exconsejero del PP por beneficiar a las sociedades de los constructores, “por lo que se le considera presunto autor de un delito de cohecho y otro de blanqueo de capitales”.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-02-08/granados-finca-avila-caballos-escopetas-quads_1328119/

LA PREVISIBLE IMPUTACIÓN DEL ALCALDE DE BRUNETE QUE HACE TEMBLAR A LA FISCALÍA

El paralelismo con el caso del presidente de Murcia, ambos pillados 'con las manos en la masa', pondrá la mira en el trato de favor del Ministerio Público con los políticos del PP

Brunete, un municipio de poco más de 10.000 habitantes al Oeste de Madrid, no está hermanado con ninguna ciudad extranjera, aunque, sin salir de España, podría vincularse con Murcia. Una unión basada en el caso Púnica, que pone a un nivel similar al alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, y al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y que puede poner en entredicho la supuesta imparcialidad de la Fiscalía General del Estado.

Este lunes, justo después del Congreso Nacional del Partido Popular, se conocía el escrito del juez Eloy Velasco, firmado el viernes, que pedía el certificado de aforamiento del presidente murciano, como paso previo para pedir su imputación. El razonamiento de este paso es que “sin la presencia ni el conocimiento de empleados públicos, y sí con el de eventuales de confianza”, se procedió a realizar el contrato con Alejandro de Pedro, cabecilla de la Púnica.

El contrato, en el último momento, no se llegó a realizar, gracias al estallido de la Operación Púnica, que fue precipitado, en parte, por el presunto chivatazo de un agente de la Guardia Civil a Francisco Granados. Y esto ha servido tanto a Sánchez como a la Fiscalía Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia, para defender su inocencia.

El presidente murciano ha repetido que “nunca se firmó, nunca se acordó, nunca se pactó ni se encargó, nunca se pagó, nunca se aceptó un presupuesto, nunca se pidió una oferta”. Algo que se puede esperar de quien está acusado de tres delitos, pero que sorprende en la Fiscalía Anticorrupción. Porque después de conocerse el escrito del juez, el Ministerio Fiscal sacó otro informe alegando que “no llegaron a formalizarse contratos de publicidad y no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas”.

Un argumento que pasa por alto la calificación legal de “grado de tentativa” o, visto de una manera más profana, implicaría que a un ladrón de bancos le pillasen con la pistola en la mano, pero sin coger el botín, y saliese impune porque no ha llegado a vaciar la caja fuerte.

Pues esta posición de la Fiscalía y el criterio judicial pueden estar en entredicho cuando nos trasladamos a Brunete. A mediados de diciembre, la Unidad Operativa Central de la Guardia Civil envió al juez Velasco un informe detallado de 68 páginas, al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, en el que narran todos los trámites de la trama Púnica para que la empresa Cofely sacase partido de las arcas de Brunete. El trato estaba cerrado, como se prueba a través de las llamadas telefónicas intervenidas, y todo apuntaba a "que el alcalde de la localidad participa activamente en la concertación”. Incluso hay en el informe una fotografía del directivo de Cofely Pedro García saliendo del Ayuntamiento de Brunete.

La adjudicación, que estaba programada para aprobarse en la comisión municipal del 29 de octubre de 2014, se abortó deprisa y corriendo cuando se conocieron las detenciones de la Operación Púnica, que empezaron el 27 de octubre. Se borró del orden del día y José Gil Granizo, secretario general del PP de Brunete y padre de la concejala Cristina Gil, ambos implicados por la Guardia Civil, llamó corriendo a Pedro García, quien no respondió por estar ya detenido.

Mientras, su hija, la concejala del PP Cristina Gil, fue la que encargó a un técnico municipal un informe “que corría mucha prisa” y que debía estar listo en menos de un día para poder justificar la retirada de la adjudicación a Cofely del orden del día.

Es decir, no se llegó a dar el contrato a Cofely por los pelos y gracias, o por culpa, de las detenciones de la Púnica. Sin embargo, la Guardia Civil imputó al alcalde de Brunete para tomarle declaración, algo que no puede hacer el cuerpo armado con el presidente de Murcia por estar imputado. Un privilegio con el que no cuenta el regidor del PP y que, siguiendo la lógica de lo ocurrido en Murcia, le debería llevar ahora a ser imputado por el juez Velasco. Lo que está por ver es si la Fiscalía saldrá también a defender a Borja Gutiérrez con el argumento de que no llegaron a robar, pese a tener la pistola en la mano. Pero quizás este regidor madrileño tampoco cuente con el privilegio de tener a la Fiscalía cubriéndole las espaldas. El por qué a uno sí y a otro no, si se da el caso, puede dar para otra historia.

http://www.elplural.com/politica/2017/02/14/la-previsible-imputacion-del-alcalde-de-brunete-que-hace-temblar-la-fiscalia

LA PÚNICA DESVIÓ DINERO PÚBLICO A MÍTINES DEL PP CON FACTURAS FALSAS DE 'WC PORTÁTILES'

El informe de la Guardia Civil que confirma la supuesta financiación irregular de actos electorales de Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy destaca dos cargos "manifiestamente falsos" girados por la trama al Ayuntamiento de Valdemoro con dicho fin y en cuyo concepto se recogía la instalación de retretes provisionales durante las fiestas patronales.

Cualquier concepto le servía a la trama Púnica para falsificar una factura. Incluso, la instalación de 'wc portátiles'. El reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que destapa el supuesto desvío de fondos públicos para financiar actos electorales del PP en la Comunidad de Madrid revela la existencia de dos facturas con dicho concepto "manifiestamente falsas" utilizadas por la trama para que parte de los gastos de un mitin de Esperanza Aguirre de 2007 fueran cargados al presupuesto de las fiestas patronales del Ayuntamiento de Valdemoro. Detrás de todo ello está presuntamente el empresario José Luis Huerta Valbuena, propietario, entre otras, de la sociedad Waiter Music SL, quien gracias a su estrecha relación con el entonces secretario general de los 'populares' madrileños, Francisco Granados, se hizo con adjudicaciones por valor de más de 19 millones de euros en administraciones controladas por este partido.

La UCO concluye que la trama desvió parte de los 17.321 euros cobrados al Ayuntamiento de Valdemoro por instalar los sanitarios a un mitin electoral de Aguirre en esta localidad

El informe de la Guardia Civil destaca dos facturas en estos supuestos amaños. En concreto las números 15/07 y 92/07. La primera fue emitida por la mercantil Saranais SL, "sociedad que emplea Huerta Valbuena para diversificar la facturación con los Ayuntamientos entre varias empresas o para conformar concurrencias ficticias" en concursos públicos. Su importe, 6.533,12 euros, IVA incluido. En ella se recoge como concepto "14 químicos con transporte, limpieza diaria y recogida en recinto ferial. La segunda es de Waiter Music SL por un valor de 10.788 euros, también con impuestos. En la misma se puede leer que es por el "alquiler y retirada de 2 cabinas sanitarias con duchas en Matadero". Ambas fueron enviadas al Ayuntamiento de Valdemoro como parte de los supuestos trabajos que ambas firmas de José Luis Huerta habían realizado para el consistorio con motivo de las fiestas patronales de septiembre de 2007.

Sin embargo, el documento policial destaca que ambas son "manifiestamente falsas" y que una parte del dinero que fue abonada por el municipio madrileño por ellas se utilizó a "evento Partido Popular en plaza de toros campaña mayo de 2007" celebrado en Valdemoro el día 12 de aquel mes con motivo de los comicios locales y autonómicos y que contó con la presencia de Esperanza Aguirre y sus entonces 'números 2 y 3' el Ejecutivo regional, Ignacio González y Francisco Granados. La UCO señala que de aquellos 17.321 euros se desviaron al acto político 2.800 euros, mientras que el resto del dinero se utilizó también irregularmente para el pago de extras de las fiestas que ese mismo mes de mayo se habían celebrado en la localidad y cuyo concurso había sido adjudicado a la empresa de José Luis Huerta con precios artificialmente bajos.

Botellines de agua y patinadores
Sin embargo, el desvío de ese dinero de las facturas por 'wc' portátiles no es la única irregularidad detectada en la financiación de dicho mitin de Aguirre. El informe de la Guardia Civil detalla que para el mismo se contrató la actuación musical del grupo 'Ecos de las Marismas' por 7.600 euros, además de adquirir "8.000 botellines de agua con camión frigorífico" (3.600 euros), "patinadores" (3.000 euros) y "15 tableros y 14 sillas para campaña" (2.800 euros). En total, 17.000 euros, según se recoge en un documento intervenido en el ordenador que en la sede de Waiter Music SL utilizaba la esposa de JoséLuis Huerta. En el mismo documento interno de la compañía de la trama se detallaba el importe de otro acto del PP, una fiesta del 2006, por un total de 12.540 euros, aunque de dicha cifra el 50% fue "regalado" por el propio empresario. En total, el PP debería haber abonado 23.270 euros a la Púnica por ambos actos.

La Guardia Civil califica como de "procedencia desconocida" los más de 20.000 euros que el PP pagó en efectivo por el mitín de Aguirre y otro acto del PP

Sin embargo, tras dicha cantidad, figura la anotación "esto se cobra así" y referencia a los 2.800 euros detraídos de las facturas de los 'wc portátiles', junto a la afirmación de que los 20.470 euros restantes fueron abonados por el propio PP "en efectivo". En este punto, la UCO destaca el origen sospechoso de esta última cantidad ya que es de "procedencia desconocida". Una afirmación que sustenta en el análisis que sus agentes han hecho de la documentación aportada por la Agencia Tributaria sobre las declaraciones de ingresos y gastos en el año 2007 de la empresa Waiter Music SL y en la que no aparece ninguna "actividad" entre esta mercantil y el PP "que pudiera estar relacionada con el pago" del mitin del 12 de mayo de 2007 en la plaza de toros de Valdemoro. "Además -continúa el documento- en la documentación intervenida en Waiter Music SL no se observa facturación hacia el Partido Popular por los eventos relacionados".

Por todo ello, el documento policial concluye que José Luis Huerta "habría organizado" dicho acto electoral que tuvo "la participación y asistencia de los dirigentes del Partido Popular de Madrid" y que tuvo un coste de 17.000 euros. La UCO continúa destacando que "parte" de esta cantidad, en concreto 2.800 euros, se abonó con "dinero público pagado por el Ayuntamiento de Valdemoro mediante dos facturas manifiestamente falsas", las de los 'wc portátiles', mientras que el resto se pagó "en efectivo desconociendo la procedencia de esta cantidad", en clara referencia a una supuesta 'caja B' en la formación. Por estos hechos, la Guardia Civil señala la posible existencia de varios delitos, entre ellos uno electoral, del que hace presunto responsable al que entonces, 2007, era gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez Moliner, ya imputado en la causa dentro de la pieza secreta que investiga, precisamente, la supuesta financiación irregular del partido. Eso sí, los agentes apuntan que tal vez dicho delito ya haya prescrito dado el tiempo transcurrido.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Punica-PP-facturas-WC-portatiles_0_992900862.html

EL GOBIERNO TIENDE UN PUENTE DE PLATA PARA SACAR DE LA AUDIENCIA AL JUEZ DE PÚNICA

Eloy Velasco opta a un proyecto europeo para Latinoamérica y Justicia valora su candidatura, aunque el CGPJ no le propuso.

El juez que investiga en una pieza secreta la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid, que tiene en su punto de mira a alcaldes del partido, a diputados regionales y a empresarios como Javier López Madrid, del grupo Villar Mir, puede tener los días contados al frente de estas diligencias. Eloy Velasco ha solicitado el puesto de coordinador de un novedoso programa de cuatro años de duración que ha proyectado la Unión Europea para Latinoamérica. Se trata de un cargo de cobertura discrecional por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia.

Fuentes del Departamento que dirige Rafael Catalá confirman que Justicia está valorando con mucho interés la candidatura de Velasco que, de ser designado, dejaría el Juzgado Central de Instrucción del que es titular en la Audiencia Nacional y quedaría en situación de servicios especiales, un ventajoso estatus administrativo que da derecho a la reserva de plaza y permite seguir computando antigüedad en la carrera judicial.

No fue, sin embargo, Velasco el candidato que, a juicio del Consejo General del Poder Judicial, presentó el mejor curriculum para el puesto. Tras recibir la comunicación del Ministerio de Justicia sobre la existencia de este programa y la necesidad de cubrir el puesto de coordinador, el CGPJ informó a la carrera judicial y recibió seis candidaturas de magistrados.

El servicio de relaciones internacionales del CGPJ elaboró una terna integrada por Luis Arcos, Manuel Olmedo y Eloy Velasco. La Comisión Permanente propuso al Ministerio al primero de ellos. "Hicimos la propuesta que creímos más idónea", señalan fuentes de la Comisión. "Arcos tiene, a nuestro parecer, el mejor perfil para ese cometido porque tiene muchísima experiencia en proyectos en Iberoamérica en el ámbito de justicia".

En el Ministerio, donde no gustó que el órgano de gobierno de los jueces hiciera una pre-selección para un cargo cuya designación compete en exclusiva al Gobierno, decidieron pedir al CGPJ el envío de los currículos de todos los aspirantes, que efectivamente fueron remitidos a San Bernardo.

El cargo tiene también 'novios' en la Fiscalía, donde existen quejas por la, a su parecer, postergación de fiscales en puestos de representación institucional internacional. Las plazas de enlace en el extranjero están copadas por jueces (varios de ellos procedentes precisamente de la Audiencia Nacional) y el Ministerio Público sólo tiene un representante en Eurojust a través de Francisco Jiménez Villarejo.

Es intención de la Fiscalía presentar a algún candidato al programa de la UE en Latinoamérica, un ambicioso proyecto focalizado en tres áreas: fortalecimiento del Estado de Derecho, Policía y prisiones. España y Francia se encargarán de forma conjunta de la primera de esas áreas, por lo que el coordinador español, cuyo centro de trabajo estará principalmente en Madrid, tendrá que desplazarse con frecuencia a París y a Iberoamérica.

El proyecto persigue la mejora de la cooperación entre jueces, policías y administración penitenciaria para fortalecer los mecanismos de lucha contra el crimen transnacional organizado. En él está implicada, además de la Unión Europea, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac)

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170207/191981789_0.html

LOS 9 MÍTINES Y 194.467 EUROS QUE ACORRALAN A GÉNOVA 13 EN EL 'CASO PÚNICA'

El informe de la UCO sobre las supuestas irregularidades en la contratación de festejos en el Ayuntamiento de Valdemoro va mucho más allá de un simple fraude de ámbito municipal. El documento policial también revela que el PP se 'ahorró' una importante cantidad de dinero en la organización de actos electorales de manera similar a como ocurrió en el 'caso Gürtel' y que le ha llevado al banquillo de los acusados como "partícipe a título lucrativo".

El 25 de mayo de 2007, un Palacio de los Deportes de Madrid abarrotado vivía el preludio de un nuevo triunfo electoral del PP en su bastión de Madrid. Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón unían sus manos y las elevaban mientras miles de militantes del PP les jaleaban y movían banderas del partido. Era el mitin de final de campaña de los comicios municipales y autonómicos de aquel año, en los que los 'populares' volverían a repetir sus mayorías absolutas en el Ayuntamiento de la capital y en la Asamblea de Madrid. Era, por tanto, el prólogo de una fiesta anunciada. Sin embargo, más de nueve años después esa fiesta puede tener un regusto amargo para sus protagonistas. La culpa la tiene el informe número 2016-005605-0000290 que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregaba el pasado 15 de diciembre al juez Eloy Velasco dentro del 'caso Púnica' sobre las supuestas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Valdemoro en la adjudicación de contratos a la sociedad Waiter Music SL, propiedad de José Luis Huerta Valbuena, un empresario amigo de Francisco Granados. Dicho documento policial, de 156 folios de extensión más varios tomos de documentación como anexos, revelaba que de aquellos 'pufos' habían salido de una manera u otra 194.467 euros para financiar hasta nueve actos del partido, entre ellos aquel triunfal mitin de Rajoy, Aguirre y Gallardón de 2007. La sombra de la figura de "partícipe a título lucrativo", la misma que ha llevado al PP al banquillo de los acusados en el juicio por la primera etapa del 'caso Gürtel', vuelve a sobrevolar sobre Génova 13.

Sólo en Valdemoro, el PP se 'ahorró' gracias a la Púnica cerca de 195.000 euros, más que con la 'Gürtel' en Pozuelo de Alarcón (111.000 euros) o Majadahonda (125.000 euros)

De hecho, la cantidad presuntamente desviada en Valdemoro para el pago de actos de partido es superior a la que, por ejemplo, se 'desvió' en Pozuelo de Alarcón en sus tratos con la trama de Francisco Correa. O en Majadahonda. En el municipio que entonces gobernaba el hoy procesado Jesús Sepúlveda, la red de 'Don Vito' le 'ahorró' al PP 11.864 euros, según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción. En la Majadahonda del también acusado Guillermo Ortega fueron otros 125.000. En Púnica, este primer informe se ha acerca a los 195.000 euros... y aún resta numerosos municipios que contrataron con la empresa bajo sospecha, Waiter Music, que de la mano del entonces todopoderoso Granados, llegó a facturar a administraciones gobernadas por los populares más de 19 millones de euros. La UCO, por tanto, aún tiene que entregar nuevos informes relacionados con estos consistorios en los que, según señalan fuentes cercanas a la investigación, van a salir a la luz otros actos electorales supuestamente sufragados por la trama mediante el presunto desvío de fondos públicos.

De los nueve detectados en Valdemoro, el mitín del 25 de mayo en el Palacio de los Deportes de Madrid es, tanto en cuantía económica como en relevancia política, el más importante. Valorado en 60.000 euros, las supuestas irregularidades comenzaron en la propia firma del contrato entre la empresa Waiter Music y los dirigentes del partido por la actuaciones musicales que debían amenizar a los asistentes antes de que comenzaran los discursos de los candidatos y del líder del partido. Así, el documento policial recoge 'emails' intercambiados entre el empresario José Luis Huerta y dos personas de la confianza de Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama, en el que se puede leer que se firmó por 20.000 euros, aunque "sabiendo ambas partes que ascendía a una cantidad mayor". En concreto, el triple. El informe de la UCO destaca que dichos emails se unen a otros documentos localizados en la sede de Waiter Music SL durante los registros del 27 de octubre de 2014, cuando se produjeron las primeras detenciones de la 'Operación Púnica'. En los mismos se hace referencia a dicho mitin como uno de los actos organizados "pendiente de facturar". El documento policial añade que José Luis Huerta terminó dividiendo "la cantidad del coste del evento en dos partes iguales al 50% y le imputaba cada una [de] sus mitades al Partido Popular de Pinto y [de] Valdemoro". Otros dos documento ahondan en dicha maniobra.

Sin rastro en la AEAT

La UCO destaca que también ha analizado la documentación aportada por la Agencia Tirbutaria con los ingresos y pagos realizados por Waiter Music entre los años 2006 y 2013 sin que figure ninguna "actividad" comercial entre la mercantil de José Luis Huerta y el PP que "pudiera estar relacionada" con este mitin. Por estas irregularidades, el informe de la Guardia Civil señala al exgerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, ya imputado en la causa por otros hechos, como presunto responsable de "varios supuestos delitos electorales" al ser en aquella campaña el "administrador electoral" del partido. Los investigadores consideran que se utilizaron "recursos económicos municipales para sufragar actos electorales del Partido Popular de la Comunidad de Madrid que no fueron declarados como gastos de campaña y, por consiguiente, no fueron declarados en las cuentas presentadas [por la formación] de la campaña de 2007", en vulneración de la Ley Orgánica del Regimen Electoral General". Una infracción penal que, según destaca el informe, estaría ya prescrita, no así los otros posible delitos de corrupción detectados en las pesquisas.

El informe de la UCO apunta a la existencia de una 'caja B' del PP de Madrid con dinero "en efectivo" y de "procedencia desconocida" con el que se pagaron diversos actos

De los otros ocho actos del PP bajo sospecha, destaca otro mitin, aunque en este caso no tanto por la cuantía del dinero que supuestamente se ahorró el PP (2.800 euros), sino por los participantes. Fue de nuevo en el campaña a las municipales y autonómicas de 2007. En concreto, el que se celebró el 12 de mayo de aquel año en la plaza de toros de Valdemoro con la presencia de Aguirre y sus dos hombres de confianza entonces en el Ejecutivo regional, Francisco Granados e Ignacio González. La investigación ha revelado que Waiter Music, que organizó dicho acto electoral, cargó dos facturas "manifiestamente falsas" al Ayuntamiento de la localidad por la instalación de 'wc portátiles' en las fiestas patronales de septiembre de ese año que sirvieron para desviar presuntamente algo más de 17.000 euros de los que , finalmente, 2.800 euros sirvieron para pagar parte de los gastos de aquel mitín de Aguirre, según revelan documento internos de la empresa intervenidos.

De hecho, estos apunten contables señalan también que no fue la única irregularidad financiera en dicho acto, ya que el informe policial pone de manifiesto que el resto del coste del mismo y el de otro acto de 2006, en total 20.470 euros, fueron finalmente abonados por el propio PP en efectivo con fondos de "procedencia desconocida", en una clara referencia a la supuesta existencia de una caja 'B' de los 'populares' en Madrid. Una afirmación que sustenta en el análisis que sus agentes han hecho de la documentación aportada por la Agencia Tributaria sobre las declaraciones de ingresos y gastos en el año 2007 de la empresa Waiter Music SL y en la que no aparece ninguna "actividad" entre esta mercantil y el PP "que pudiera estar relacionada con el pago" de este mitin del 12 de mayo de 2007 en la plaza de toros de Valdemoro.

"Un vehículo con megafonía"
También está bajo sospecha un acto celebrado en Valdemoro el 1 de marzo de 2008 con motivo de las Elecciones Generales de aquel año en las que Rajoy repitió como cabeza de lista del PP sin éxito. Sobre éste, el informe de la Guardia Civil destaca que Waiter Music SL organizó un mitin en este localidad madrileña que incluía "una actuación musical" y "un vehículo con megafonía". Este acto electoral tuvo un coste para la empresa de festejos de 5.179 euros, según los documentos intervenidos al propio empresario, en los que también se refleja la existencia de 4.200 euros "pendiente de facturar". "Este apunte -se continúa leyendo en el documentos policial- se localiza en multitud de documentos vinculados a la cuenta pendiente entre Waiter Music SL y el Ayuntamiento de Valdemoro, y que finalmente fue liquidado en parte con dinero público destinado al pago de las fiestas patronales de Valdemoro de septiembre de 2009".

La Guardia Civil concluye que Waiter Music destinó a sufragar actos del PP 45.000 euros de los 150.000 que cobró del Ayuntamiento de Valdemoro por organizar unas fiestas patronales

El informe de la UCO también pone bajo sospecha otros cinco actos menores organizados por el PP de Valdemoro entre los años 2005 y 2011 en los que existen indicios de que José Huerta asumió la mitad del coste de los mismos como un 'regalo' o, en otros casos, desvió "el pago a eventos municipales posteriores". "Estos eventos -se lee en el informe- no se facturaron por la mercantil al Partido Popular y permanecieron 'pendientes de facturar' durante seis años, habiéndose liquidado parte con dinero público del Ayuntamiento de Valdemoro destinado a sufragar los gastos de las Fiestas patronales de septiembre de 2009". Por éstas, el Consistorio pagó 150.000 euros, de los cuales algo más de 45.000 euros fueron destinados a "sufragar parte de la deuda que el PP de Valdemoro había contraído con Waiter Music SL", añade el texto.

El primero de estos actos del partido es una fiesta del año 2005, cuyo coste ascendió a 32.260 euros. De esta cantidad, la documentación intervenida apunta que Huerta 'perdonó' al partido 17.260 euros, pero que quedó pendiente el cobro de otros 17.400 euros. Al año siguiente ocurre algo similar con la fiesta celebrada en 2006. Valorada en 12.540 euros, el empresario 'regaló' el 50% del coste del evento y quedó para facturar 6.270 euros. El 22 de junio de 2007 tiene lugar una nueva fiesta de la formación en Valdemoro. Su precio, 15.500 euros, de los que de nuevo Waiter Music SL asumió la mitad y dejó para abonar 7.750 euros. Un mecanismo que se repitió al año siguiente en un evento celebrado el 24 de mayo, en la que se invirtieron 32.513 euros. La sociedad bajo sospecha también organizó para los 'populares' de Valdemoro un desayuno el 17 de marzo de 2010 valorado en 18.760 euros, y un acto el 14 de mayo de 2011, que costó cerca de 22.000 euros. De esta última cantidad, la empresa cobró a cuenta 10.000 euros y se encontraban pendiente de pago otros 11.915 euros. En total, entre los nueve actos, el PP se ahorró 194.467 euros sólo en Valdemoro, más que en Pozuelo de Alarcón o Majadahona con la Gürtel y por los que ahora está sentado como "partícipe a título lucrativo" en el banquillo de los acusados. Un horizonte que ahora se dibuja también para Génova 13 en el 'caso Púnica'.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/mitines-euros-salpican-PP-Punica_0_994100953.html

LA PÚNICA AGASAJÓ A GRANADOS CON CUATRO FIESTAS 'GRATIS TOTAL' VALORADAS EN 37.234 EUROS

El reciente informe de la UCO que detalla la supuesta adjudicación irregular de numerosos contratos del Ayuntamiento de Valdemoro a Waiter Music SL desvela que esta emoresa organizó para el político eventos familiares sin coste alguno. También le hizo regalos por valor de 1.869 euros.

Toboganes piratas, castillos hinchables de los pitufos, caretas personalizadas, orquestas de salsa, catering... La trama Púnica no agasajó a Francisco Granados con una única fiesta 'gratis total', como se conoció al inicio de la investigación, sino que en realidad fueron cuatro.

Así aparece recogido en un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las supuestas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento de Valdemoro para la adjudicación de contratos a Waiter Music SL, propiedad del empresario José Luis Huerta Valbuena, amigo del político y también imputado en la causa. Los agentes destacan que Huerta presuntamente corrió con los gastos de estos eventos para "congraciarse" con el que fuera secretario general del PP de Madrid y conseguir que mediante su influencia contratos públicos en Administraciones gobernadas por los 'populares'.

El documento policial cifra exactamente en 37.234,28 euros el coste total de estas fiestas, a los que suma otros 1.869 euros en regalos navideños. Todo ello destinado a "gozar de la buena disposición del consejero y secretario regional del PP". Una cifra humilde si se tiene en cuenta que entre 2006 y 2010 esta firma se hizo con adjudicaciones por valor de 19,2 millones en ayuntamientos gobernados por el PP. Por todo ello, los agentes consideran a Granados autor de varios delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Sólo la fiesta de junio de 2006 costó 18.453 euros e incluyó un 'catering' de más de 9.000 euros, así como el alquiler de equipos de sonido, 'wc portátiles' y "servicios de fiesta"

El informe de la UCO, al que ha tenido acceso Vozpópuli, detalla que la primera de esas fiestas 'gratis total' fue la más costosa: una "cena" celebrada el 23 de junio de 2006 que costó 18.453 euros, según consta en diversos apuntes contables intervenidos en la sede de Waiter Music SL. El primero de estos documentos es uno denominado "pendiente de facturar en Valdemoro" que contiene un listado de eventos vinculados al consistorio de esta localidad. El último de la lista es, precisamente, el que hace referencia al político hoy encarcelado.

También aparecen referencias en otro apunte contable denominado "facturas 2006 Waiter" en el que que figura un listado de los cargos emitidos por otras mercantiles a la sociedad de la trama. Entre ellos figuran cinco relacionados con la referencia "cena Granados" y con fechas que van del 23 al 27 de junio. Así, aparece un factura de 9.306 euros por "catering" del Restaurante Casa Pablo; otros 5.220 euros por "generadores y sonido" para aquel acto "y día después"; otros 1.020 euros por la instalación de 'wc portátiles'; 1.050 euros más por "servicio de fiesta", y, finalmente, 1.856 euros por "instalación". En total, los 18.453 euros.

La UCO destaca en su informe que ha "analizado y revisado" la facturación de Waiter Music SL y otra de las empresas de José Luis Huerta, Saranais SL, y "no se observa factura alguna emitida por estas sociedades a Francisco Granados y María Nieves Alarcón [su mujer y también imputada en la causa] relacionadas con el evento citado".

Los agentes también recalcan que en los registros internos del dinero en efectivo que se manejaba en la compañía de festejos tampoco "se observa pago en efectivo realizado por el matrimonio" respecto a dicha "cena". Por ello, el documento policial concluye que la misma no se facturó al político ni hay constancia de que el ex secretario general del PP madrileño hiciera "pago alguno por la cuantía expuesta o aproximada", lo que explica en su opinión que dicha cantidad figurase en la lista de "pendiente de facturar en Valdemoro".

Dos fiestas en tres meses
La segunda fiesta 'gratis total' es la de enero de 2008 por el cumpleaños del político, la primera que salió a la luz pública. Ésta terminó teniendo un coste de 9.166,98 euros y contaba con su propia y detallada hoja de costes en la contabilidad interna de Waiter Music SL. En la misma se refleja el gasto de 324 euros en caretas, otros 510 euros en camisetas del Atlético de Madrid (club de fútbol del que Granados se manifiesta seguidor); 4.012 euros por la cena en el Restaurante Chirón; 1.000 euros más por utilizar el local de éste para celebrar la fiesta posterior; 1.300 euros por la actuación de la Orquesta 'Sabor Sabor'; 1.320 euros más por una tuna, y 700 euros por el escenario. Según la declaración de uno de los empleados de la empresa de José Luis Huerta, el hecho de que la cifra de los 9.166 euros figurase con signo negativo en dicha anotación contable significaba que "no se ha cobrado y se ha perdido esa cantidad, que las pérdidas las asume Waiter".

Granados también figura en la contabilidad interna de Waiter Music como receptor en 2007 y 2008 de regalos navideños valorados en 1.869 euros

Una conclusión que los agentes confirman tras volver a analizar las cuentas de esta compañía y de Saranais SL y no detectar ningún cargo emitido por estas sociedades a Granados. El informe incluye también unas fotografías del evento, en el que se ve a Granados y a otros invitados juntos a los miembros de una tuna y el uso de caretas por parte de varios presentes, todo ello en las instalaciones del restaurante Chirón, "coincidiendo con los conceptos" que aparecen en el documento contable de Waiter Music. El documento policial añade que tras analizar los "metadatos" de dichas imágenes se constata que las mismas fueron tomadas el 21 de enero de 2008 entre las once y las doce de la noche.

Sólo unos meses después tuvo lugar la tercera fiesta bajo sospecha. Fue el 12 de marzo de 2008 y con el Restaurante Chirón también como escenario. Así lo deducen los investigadores de un documento contable encontrado en la empresa de José Luis Huerta con el encabezamiento "cuenta con Paco Granados" en el que se detalla la relación de gastos soportados por Waiter Music en la fiesta de cumpleaños de enero y al que se ha incorporado uno más denominado "fiesta Chirón" por un importe de 1.000 euros. La UCO no ha localizado más datos sobre ella.

Ocio infantil y otros regalos
La última fiesta 'gratis total' se celebró los días 30 y 29 de mayo de 2010. La Guardia Civil tiene conocimiento de ella tras encontrar un documento digital en el que figuran sendas anotaciones de esos días con referencias a la mercantil 'Ocio Infantil y Juvenil Trampolín' y el nombre de "Nieves Alarcón Castellanos", la mujer de Granados. Sus importes: 5.664 y 2.950 euros. En total, 8.614 euros. La UCO decidió investigar dichos apuntes y solicitó a esta compañía las facturas de dicho evento, además de analizar si en sus cuentas bancarias y en su declaración a la Agencia Tributaria de pagos recibidos aquel año figuraban dichas cantidades. En los depósitos de la compañía no aparecieron movimientos por las mismas, pero sí en los impresos que presentó ante Hacienda, en los que figuraban vinculados al nombre de la esposa del político.

En otro de los eventos las facturas aparecen emitidas a nombre de la mujer del político, pero un testigo asegura que en realidad las pagó en efectivo el empresario

Pese a ello, los agentes llamaron a declarar al apoderado de Ocio Infantil y Juvenil Trampolín, Francisco I.L., quien confirmó que su empresa montó dicha fiesta en una finca de Granados, pero añadió que el importe de la misma fue abonada en efectivo no por el político y su mujer, sino por José Luis Huerta. Fue éste, añadió, quien "dio instrucciones para que se emitieran las facturas a nombre de Nieves Alarcón" y se enviaran directamente a la sede de Waiter Music. La propia mujer de Granados fue interrogada por el juez Eloy Velasco el 29 de enero de 2015 por dichas facturas. Entonces se limitó a decir que no recordaba el evento, "que no le suena y que lo tendría que mirar", recalca el reciente informe de la UCO.

El documento policial también recoge otras dádivas supuestamente entregados por el empresario a Granados. En concreto, regalos. Así, la Guardia Civil ha localizado dos listados con presentes enviados en las Navidades de 2007 y 2008 a "personas vinculadas a distintas administraciones públicas donde Huerta Valbuena era adjudicatario".

En ambas relaciones aparece "Paco Comunidad", que los agentes identifican sin género de dudas como Francisco Granados. En concreto, en el primero de esos años el político recibió supuestamente un "reloj y pluma" de la marca Montblanc valorados en 1.000 euros. Al siguiente, fue un "bolso" de La Martina cuyo coste fue de 869 euros. "Estas dádivas estarían orientadas a congraciarse con los funcionarios y cargos públicos que pudieran intervenir en la contratación y facturación" con sus empresas, señala la Guardia Civil.

Sólo una pagada
El informe de la UCO también recoge una quinta fiesta, celebrada en este caso el 31 de enero de 2014, nueve meses antes de las detenciones. En este caso se trata de una factura emitida a nombre de "Nieves Alarcón fiesta" por un importe de 2.662 euros y con fecha de emisión del 14 de febrero de ese año. El documento policial detalla que ésta fue abonada catorce días después mediante transferencia, según la documentación que ha aportado a la causa el propio empresario. "Se trata del único pago realizado por Paco Granados en relación con los eventos organizados por Waiter Music SL", destacan los investigadores, que recalcan que José Luis Huerta nunca tuvo intención de cobrar el resto de las fiestas.

De hecho, concluyen que con ello quería ganar "la buena disposición" del político, que en aquellos años era el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, además del 'número 2' del PP madrileño. Una generosidad que, según añade el informe, "le supuso conseguir entre los años 2006 y 2010 contratos con ayuntamientos gobernados por el Partido Popular por valor de 19.214.514,56 euros, fruto del clientelismo político e intercambio de favores de favores del que se benefició la mercantil investigada en la figura de su administrador, José Luis Huerta Valbuena".

Dádivas a otros políticos de Valdemoro

El informe de la UCO destaca que Francisco Granados no fue el único cargo público de Valdemoro que recibió las atenciones del empresario José Luis Huerta. Así, destaca que también sus sucesores al frente del Ayuntamiento de la localidad, los también imputados José Miguel Moreno Torres y José Carlos Bouza Lechuga, figuran como receptores de diferentes tipos de fiestas familiares 'gratis total'. Desde cumpleaños a comuniones. También aparece entre los presuntamente agasajados una concejal, María Jesús Juárez López, a quien supuestamente la sociedad de la trama le costeó en marzo y octubre de 2008 la instalación de varios hinchables y el alquiler de sillas por un total de 1.350 euros. El primero de estos políticos también aparece como receptor de regalos en las Navidades de 2007 y 2008 por un total de 1.628 euros. Además, la Guardia Civil ha localizado otros dos eventos supuestamente costeados por Huerta aunque no ha sido capaz de identificar el beneficiario de los mismo. Se trata, además, de dos gastos elevados. Uno es por 68.000 euros aparecido junto a la anotación "comunión" y una fecha, 2 de junio de 2008. El otro, una "fiesta privada" en septiembre del mismo año por 12.428 euros. La UCO se limita a apuntar que debe ser "personal vinculado al Ayuntamiento de Valdemoro".

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Punica-agasajo-Granados-fiestas-valoradas_0_993201713.html

LA UCO ACUSA DE FRAUDE Y COHECHO AL 'SHERIFF DE BRUNETE', OTRO ALCALDE DEL PP EN PÚNICA

El último informe de la Guardia Civil señala a Borja Gutiérrez, regidor del pueblo madrileño de Brunete, por haber concertado con Cofely el amaño de un contrato de eficiencia energética

El caso Púnica suma y sigue. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil implica en uno de los últimos informes que ha entregado al juez Eloy Velasco a dos cargos del Ayuntamiento de Brunete (municipio madrileño de 10.500 habitantes), entre ellos al alcalde Borja Gutiérrez Iglesias, del PP, al que acusa de los delitos de fraude y cohecho por intentar amañar un contrato de 8,4 millones de euros que se iba a adjudicar a una de las principales empresas investigadas en el caso, Cofely, la multinacional de eficiencia energética del grupo francés Engie. A cambio, la compañía gala financió "espectáculos musicales" en el pueblo y "encuestas políticas municipales" que, según la UCO, deberían haber sido pagados por el ayuntamiento (los conciertos) y por el PP de Brunete (las encuestas).

En un informe fechado el 14 de diciembre de 2016, la UCO implica a 11 personas, dos de ellas cargos del consistorio. Además del regidor, la Guardia Civil también acusa de fraude a la concejala popular María Cristina Gil Guerra. En la lista también está su padre, José Gil Granizo, secretario general del PP de Brunete e ingeniero técnico de Obras Públicas en otro ayuntamiento madrileño, el de Villanueva de la Cañada, al que se le acusa de fraude y cohecho. Desde que la Púnica se destapara en octubre de 2014, el caso se ha ido extendiendo a varias localidades madrileñas y ha salpicado a otros regidores del PP. Los dos últimos han sido los exalcaldes de Móstoles y Alcalá de Henares. El primero, Daniel Ortiz, tuvo que dejar su cargo de diputado autonómico tras ser imputado. La UCO acusa al segundo, Bartolomé González (también diputado autonómico) de recibir 60.000 euros a cambio de amañar otro contrato de Cofely. La Audiencia Nacional ultima inhibirse en el TSJM para que este impute a González, ya que es aforado.

La UCO asegura en este nuevo informe que hay "importantes elementos que indican de manera clara" que directivos y trabajadores de Cofely actuaron en connivencia con funcionarios y responsables políticos del Ayuntamiento de Brunete "para favorecer a dicha sociedad frente a otros licitadores que quedaban en una clara situación de desventaja". Es cierto que el contrato de eficiencia energética, de 8,4 millones y con una duración de 15 años, finalmente no se adjudicó, pero solo porque la UCO destapó este escándalo el 27 de octubre y detuvo a los directivos de Cofely que "urdían la adjudicación fraudulenta" en Brunete. De hecho, antes de las detenciones, Brunete ya había convocado para el día 29 la comisión municipal que iba a aprobar el expediente de contratación y los pliegos. "Una vez conocidas la actuaciones policiales, dicho punto fue sacado del orden del día", señala la UCO en el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial.

"Que no se adjudicara y por tanto no se formalizara el contrato, no es óbice para que se consuman hechos de relevancia penal", aseguran los investigadores en su informe. En este sentido, la Guardia Civil subraya que Cofely redactó y envió los pliegos administrativos y técnicos del contrato al ayuntamiento. Dos funcionarios han declarado que la edil Cristina Gil Guerra les entregó los pliegos, "algo que no es normal, ya que los pliegos los hacen los técnicos municipales y los firman los concejales de área. En el caso que nos ocupa, ni los pliegos los hacen los técnicos [los hace Cofely] ni los firman los concejales [aparecen sin firmar]". La UCO cree que permitir que Cofely redactara esos documentos "es darle una ventaja injustificada frente a otros competidores", ya que la firma francesa determinó "el presupuesto, los criterios de adjudicación y las condiciones de solvencia de los licitadores".

Dos correos con los pliegos

La UCO destaca dos correos, ambos enviados por el ya imputado Pedro García Pérez, uno de los exdirectivos de Cofely implicados en la trama. El primero es del 18 de junio de 2013, en el que García remite al alcalde Borja Gutiérrez "unos modelos de pliegos que posteriormente fueron adaptados al municipio de Brunete". En el segundo, del 6 de febrero de 2014, García envía a José Gil Granizo (secretario del PP de Brunete y padre de la concejala Cristina Gil) "unos pliegos idénticos en sus puntos esenciales a los que pretendían ser aprobados en octubre". Esos pliegos establecían que solo las empresas con un volumen de negocio igual o superior a los 150 millones de euros se podían presentar al contrato. "Desproporcionado para una licitación de 559.000 euros anuales [durante 15 ejercicios]. Buscaría restringir la concurrencia evitando que se puedan presentar otras empresas", indica la UCO.

Los investigadores también están convencidos de que las detenciones que realizaron el 27 de octubre de 2014 motivaron que se sacara de la comisión municipal que se iba a celebrar el día 29 (y que fue convocada el 24) el punto relativo a un dictamen sobre la aprobación del expediente y de los pliegos. "Según los indicios recabados, la intención inicial era que el contrato de eficiencia energética de Brunete fuera aprobado definitivamente en el pleno del 6 de noviembre", tal y como comunicó el alcalde a otro directivo de Cofely. Es llamativo que el día de las detenciones José Gil intentara contactar con Pedro García (que ya estaba detenido), y cómo su hija, la concejala, encargó un informe "que corría mucha prisa" a un técnico para que lo redactara en menos de un día, "contradiciendo uno también suyo de tan solo unos días antes, siendo utilizado para sacar del orden del día de la comisión el punto relativo a este contrato".

http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-01-25/punica-uco-alcalde-pp-brunete-borja-gutierrez_1321136/

EL JUEZ VELASCO PIDE SER TRASLADADO Y DEJAR YA LA INSTRUCCIÓN DE LA 'PÚNICA'

El magistrado de la Audiencia Nacional se ha postulado para una plaza de cooperación internacional, aunque el Poder Judicial propone a otro juez para el puesto

Eloy Velasco está muy molesto porque se ha quedado sin juez de refuerzo

En la Audiencia Nacional creen que ahora intentará lograr una plaza de la Sala de Apelación, que se pondrá pronto en marcha

El magistrado Eloy Velasco se quiere ir de su actual puesto en la Audiencia Nacional y dejar así de investigar el caso Púnica, la trama de corrupción presuntamente organizada por el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional se ha postulado para una plaza de cooperación internacional, en un programa conocido como PAcCTO, según ha podido saber infoLibre. El Poder Judicial propone, no obstante, a otro juez para el puesto.

El caso Púnica se inició en octubre de 2014 con 12 piezas separadas, pero que tras las investigaciones desarrolladas se han elevado hasta 15. Hasta el momento, Velasco ha concluido dos de estas piezas separadas: la primera referente al chivatazo que un guardia civil dio a Granados de que estaba siendo investigado, por lo que ha procesado a dos agentes y al propio exconsejero de Justicia del Gobierno de Esperanza Aguirre. Y la segunda se trata de la investigación de los amaños realizados por la trama en la Diputación de León.

Esta segunda causa se dirige contra el expresidente de la Diputación leonesa Martín Marcos Martínez, contra el alcalde de Puebla de Lillo (León), Pedro Vicente Sánchez, y contra el empresario Alejandro de Pedro, que está acusados de un delito de fraude y malversación de caudales públicos por adjudicaciones vinculadas con la estación de esquí de San Isidro y los trabajos de reputación on line.

Financiación irregular del PP madrileño

Una de las piezas con mayor repercusión es la investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular de Esperanza Aguirre, cuyo sumario permanece bajo secreto de sumario. En total, la causa supera los 200 tomos y en la misma han declarado más de 150 imputados y casi 400 testigos.

Fuentes jurídicas explican a infoLibre "el malestar" del magistrado Eloy Velasco, que desde hace varias semanas, en concreto desde antes de Navidad, no dispone de la ayuda del juez de apoyo, Alejandro Abascal, que le había otorgado el Consejo General del Poder Judicial. Este juez sólo ha permanecido en el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional seis meses, un periodo que el magistrado considera insuficiente. Además de Púnica, el juez Eloy Velasco instruye en su Juzgado los casos Acuamed, Air Europa, Banca Cívica y Ellacuría, entre otros.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalan que la decisión de no prorrogar la presencia del juez Alejandro Abascal como refuerzo de Velasco se adoptó a la luz de un informe de los Servicios de Inspección del Consejo que señalaban que la situación de este órgano ha mejorado desde que se adoptó el refuerzo en marzo de 2016.

Velasco, que fue director de Justicia del Gobierno valenciano presidido por Eduardo Zaplana (PP), desembarcó en la Audiencia Nacional procedente del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid en junio de 1998, sustituyendo al hasta entonces titular, Juan del Olmo, el magistrado que investigó la macrocausa sobre el atentado del 11-M.

Programa contra el crimen

Para cambiar de Juzgado, Velasco se ha postulado a una de las plazas de magistrado creadas en virtud del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO) desarrollado en el marco de la cooperación sobre seguridad ciudadana y Estado de Derecho y que cuenta con la participación de España, Portugal, Francia e Italia. El objetivo de este programa es "el tratamiento integral de las visiones policial, judicial y penitenciaria en la lucha contra el crimen organizado", según indicó en su día el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha propuesto a Velasco. Según confirmó a infoLibre una portavoz oficial del consejo, entre la treintena de candidatos que se postulaban para el puesto, el CGPJ ha decidido proponer al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Córdoba, Luis de Arcos Pérez, al considerar que tiene el perfil más idóneo para el cargo. La propuesta del Poder Judicial ha sorprendido en medios de la Audiencia Nacional, que destacan la importante experiencia que tiene Velasco.

La institución encargada de nombrar al magistrado es el Ministerio de Justicia, que casi con toda seguridad elegirá al magistrado Luis de Arcos Pérez para el puesto de coordinación del PAcCTO contra el crimen.

Sala de Apelación

Las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre dan por hecho que Velasco, si se confirma que no logra el puesto en el programa PAcCTO, solicitará una de las plazas que se van a habilitar en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Hasta el momento, los recursos que se presentaban por las decisiones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se interponían ante el Tribunal Supremo. Pero ahora la Audiencia Nacional pondrá en marcha la denominada Sala de Apelación, que deberá contar con varios magistrados adscritos.

En la Audiencia Nacional también creen que habrá un número importante de solicitudes para la Sala de Apelación, cuyos jueces no estarán tan expuestos mediáticamente como los que realizan las instrucciones o los que dictan sentencia en primera instancia. Las plazas, que aún no se han convocado, serán publicadas "con toda probabilidad" a lo largo del presente año.

La Sala de Apelación se creado en virtud de la modificación, en marzo de 2015, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/01/25/el_juez_velasco_pretende_abandonar_instruccion_del_caso_punica_60164_1012.html

EL PP PAGÓ CON DINERO PÚBLICO A LA PÚNICA MÍTINES DE LAS CAMPAÑAS DE AGUIRRE Y RAJOY

Un informe de la UCO sobre las supuestas irregularidades cometidas en la contratación de festejos en el Ayuntamiento de Valdemoro detalla cómo se desviaron presuntamente fondos para financiar eventos del partido de los comicios municipales y autonómicos de 2007 y de las generales de 2008. Implica en ello a Beltrán Gutiérrez, tesorero del partido de la 'lideresa' y ya imputado en la pieza secreta del sumario sobre la supuesta financiación irregular de los 'populares' madrileños, y cita a Luis Bárcenas.

Nueve actos electorales y fiestas del PP bajo sospecha. Entre ellos, dos mítines de la campaña a las municipales y autonómicas de 2007, y uno de las Generales de 2008. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, un amplio informe sobre la adjudicación supuestamente irregular por parte del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) de multitud de contratos públicos a una de las empresas del 'caso Púnica', Waiter Music SL, especializada en la organización de festejos. El documento policial concluye que parte de "los fondos municipales" que se abonaron a esta sociedad fueron presuntamente utilizados por el partido para sufragar los gastos de varios mítines de sus dirigentes.

Entre ellos, el cierre de campaña de Esperanza Aguirre de las elecciones autonómicas de 2007 celebrado en Madrid, en el que también participaron Alberto Ruiz Gallardón y Mariano Rajoy, y otro que tuvo lugar en marzo de 2008 en el municipio madrileño de apoyo a la candidatura de este último. La Guardia Civil apunta por ello a la posible comisión de varios delitos electorales por parte de Beltrán Gutiérrez Moliner, quien fuera gerente de la formación en Madrid y ya imputado en la causa precisamente por la presunta financiación irregular de los 'populares' en la región. El informe también cita a Luis Bárcenas, en su condición de "administrador general único de la candidatura del Partido Popular en las elecciones generales del año 2008".

El documento de la UCO, fechado el pasado 15 de diciembre y al que ha tenido acceso Vozpópuli, detalla a los largo de más de 150 folios la estrecha amistad entre el empresario José Luis Huerta Valbuena, propietario de Waiter Music SL, y Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama y único que permanece encarcelado por esta causa. En el informe, los agentes destacan que dicha relación permitió al primero "conseguir entre los años 2006 y 2010 contratos con ayuntamientos gobernados por el Partido Popular por valor de 19.214.514,56 euros, fruto del clientelismo político e intercambio de favores del que se benefició la mercantil investigada". A cambio, la Guardia Civil destaca que Huerta obsequió con la organización gratuita de diversos "eventos de carácter personal" al propio Granados y a otros cargos públicos, pero también del propio PP. De hecho, en uno de los apartados del informe se destaca que estos últimos "han estado 'pendiente de facturar' durante varios años y se habrían liquidado utilizando dinero público del Ayuntamiento de Valdemoro destinado a sufragar los gastos de las 'Fiestas patronales de septiembre de 2009". En concreto, habla de cinco eventos de diverso tipo y tres mítines.

Los mítines bajo sospecha son dos de la campaña de las municipales y autonómicas de 2007, entre ellos el de cierre, y uno para las generales del año siguiente

Estos últimos son los celebrados el 12 de mayo de 2007 en la Plaza de Toros de Valdemoro; el 25 de ese mismo mes en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, y que sirvió de cierre de campaña de la candidatura de Aguirre y Gallardón para las autonómicas y municipales de aquel año, y un acto celebrado en Valdemoro el 1 de marzo de 2008 con motivo de las Elecciones Generales de 2008 en la que Rajoy era el cabeza de lista del PP. Sobre éste, el informe de la Guardia Civil destaca que Waiter Music SL organizó un mitin en este localidad madrileña que incluía "una actuación musical" y "un vehículo con megafonía". Este acto electoral tuvo un coste para la empresa de festejos de 5.179 euros, según los documentos intervenidos al propio empresario, en los que también se refleja la existencia de 4.200 euros "pendiente de facturar". "Este apunte -se continúa leyendo en el documentos policial- se localiza en multitud de documentos vinculados a la cuenta pendiente entre Waiter Music SL y el Ayuntamiento de Valdemoro, y que finalmente fue liquidado en parte con dinero público destinado al pago de las fiestas patronales de Valdemoro de septiembre de 2009".

"Manifiestamente falsas"
Los otros dos mítines supuestamente cargados al erario se produjeron un año antes. El primero tuvo lugar el 12 de mayo de 2007 en la plaza de toros de Valdemoro y a él asistieron tanto la candidata 'popular', Esperanza Aguirre, como quien entonces eran sus 'números 2 y 3' en el Ejecutivo regional, Ignacio González y Francisco Granados. Costó 17.000 euros, según se desprende de un documento intervenido en el ordenador de la esposa del empresario José Luis Huerta. Sin embargo, su coste no fue asumido ni por el PP ni por la empresa, sino que fue incluido en dos facturas "manifiestamente falsas" que luego fueron cargadas al Ayuntamiento de Valdemoro. De hecho, la UCO ha localizado un documento en el que se recoge esta cifra y otros 6.270 euros supuestamente relacionados con la organización de una "Fiesta PP" en 2006 con la anotación "esto se cobra así" y, a continuación, el detalle de cómo se cargó a otras partidas. Así, los investigadores han localizado dos facturas supuestamente fraudulentas cargadas de nuevo a las fiestas patronales de la localidad de 2007 que suman 12.132 euros. Los investigadores concluyen que dicho dinero fue destinado precisamente al pago de parte de aquel mitin.

La UCO localizó en el registro de la sede de Waiter Music SL documentos sobre el pago irregular de dichos mítines con la anotación "esto se cobra así"

El tercer mitin es la gran fiesta de fin de campaña que el PP celebró en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid en la noche del 25 de mayo de 2007 con la presencia de los principales dirigentes de la formación, entre ellos Rajoy, Aguirre y Ruiz Gallardón, estos dos últimos como candidatos al gobierno regional y la alcaldía de la capital respectivamente. El acto, en cuya organización participó Waiter Music SL, incluyó un concierto de los grupos Iguana Tango y Azúcar Moreno. La Guardia Civil ha localizado en los ordenadores de la sede social de la empresa de festejos diversos correos electrónicos relacionados con el pago del mismo. Entre ellos, uno enviado tres días antes del mitín desde la cuenta del propio José Luis Huerta a la de Edelmiro Andrés Galván Villamandos, también imputado en la causa y que entonces era el jefe de Gabinete de Francisco Granados. El mismo contiene como documento adjunto el borrador del contrato que debían firmar el propio Huerta y Beltrán Gutiérrez, entonces gerente del PP madrileño. El precio que se reflejaba en el mismo por dichas actuaciones musicales era 20.000 euros.

Precio falso
No es el único. El 31 de julio de 2007, dos meses después de aquel acto, el empresario remitió un nuevo email a otro dirigente del partido, Guillermo Mayoral, actual gerente del partido en Madrid en sustitución, precisamente, de cesado Beltrán Gutiérrez. En el mismo, José Luis Huerta le solicita el cobro de diversas facturas relacionadas que suman un total de 48.600 euros sin IVA. El empresario le añade que "siguiendo indicaciones de Edelmiro (Consejería de Presidencia) les hicimos un contrato de 20.000 euros IVA incluido aun sabiendo ambas partes que ascendía a una cantidad mayor". Además de dichos correos, en aquel mismo registro la Guardia Civil también localizó otros documentos con anotaciones sobre dicho acto electoral en el que se especificaba que se encontraba "pendiente de facturar". Incluso hay uno, fechado en octubre de 2010, más de tres años después del mitin, en el que se divide la cantidad del coste del mismo en dos parte iguales "y le imputa cada una [de] sus mitades al Partido Popular de Pinto y [de] Valdemoro". En total, 60.000 euros.

El informe cita al gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, y a Luis Bárcenas por su relación con sendos delitos electorales que pueden estar prescritos

La Guardia Civil considera que todo ello pudieran ser constitutivo de dos delitos electorales "en virtud de la utilización de fondos y recursos económicos en beneficio del Partido Popular de Valdemoro y de la Comunidad de Madrid que no fueron declarados como gastos de campaña y, por consiguiente, no fueron declarados en las cuentas presentas de las campañas de 2007 y 2008". El informe de la UCO destaca que los administradores electorales de éstas fueron, respectivamente, Beltrán Gutiérrez y al entonces tesorero de PP nacional, Luis Bárcenas, aunque también apunta la posibilidad de que estén prescritos dado el tiempo transcurrido desde que se cometieron. No obstante, el documento policial incluye el nombre del primero, que se encuentra imputado en la pieza secreta del sumario en el que se investiga la financiación presuntamente irregular del PP de Madrid, en la relación de "encartados" que podrían tener "responsabilidades penales" por estos hechos.

Tres fiestas, un desayuno...
El informe de la UCO también pone bajo sospecha otros cinco actos menores organizados por el PP de Valdemoro entre los años 2005 y 2011 en los que existen indicios de que José Huerta asumió la mitad del coste de los mismos como un 'regalo' o, en otros casos, desvió "el pago a eventos municipales posteriores". "Estos eventos -se lee en el informe- no se facturaron por la mercantil al Partido Popular y permanecieron 'pendientes de facturar' durante 6 años, habiéndose liquidado parte con dinero público del Ayuntamiento de Valdemoro destinado a sufragar los gastos de las Fiestas patronales de septiembre de 2009". Por aquellas celebraciones populares, el Consistorio pagó 150.000 euros, de los cuales algo más de 45.000 euros fueron destinados a "sufragar parte de la deuda que el PP de Valdemoro había contraído con Waiter Music SL", añade el texto.

La financiación de tres fiestas, un desayuno y un evento sin concretar celebrados por el PP de Valdemoro entre 2005 y 2010 también están bajo sospecha

El primero de estos actos del partido es una fiesta del año 2005, cuyo coste ascendió a 32.260 euros. De esta cantidad, la documentación intervenida apunta que Huerta 'perdonó' al partido 17.260 euros, pero que quedó pendiente el cobro de otros 17.400 euros. Al año siguiente ocurre algo similar con la fiesta celebrada en 2006. Valorada en 12.540 euros, el empresario 'regaló' el 50% del coste del evento y quedó para facturar 6.270 euros. El 22 de junio de 2007 tiene lugar una nueva fiesta de la formación en Valdemoro. Su precio, 15.500 euros, de los que de nuevo Waiter Music SL asumió la mitad y dejó para abonar 7.750 euros. Un mecanismo que se repitió al año siguiente en un evento celebrado el 24 de mayo, en la que se invirtieron 32.513 euros. La sociedad bajo sospecha también organizó para los 'populares' de Valdemoro un desayuno el 17 de marzo de 2010 valorado en 18.760 euros, y un acto el 14 de mayo de 2011, que costó cerca de 22.000 euros. De esta última cantidad, la empresa cobró a cuenta 10.000 euros y se encontraban pendiente de pago otros 11.915 euros.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/UCO-Punica-electorales-Aguirre-Rajoy_0_992001970.html

GRANADOS DICE QUE MARHUENDA LE PIDIÓ AYUDA PARA ENCONTRAR “UN CHOLLO” EN VALDEMORO Y EL PERIODISTA LO NIEGA

El alcalde encarcelado pide al periodista que aclare si compró en condiciones económicas ventajosas, gracias a sus contactos políticos, una nave en la localidad madrileña

El director de 'La Razón' rechaza de forma tajante la acusación de Granados y asegura que compró el local a Bankinter

El exconsejero de Transportes de Madrid y ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados ha enviado desde la cárcel de Estremera una carta abierta al director de La Razón, Francisco Marhuenda, que ha publicado el Portal de Valdemoro, la localidad de la que fue alcalde entre 1999 y 2003.

En esa misiva, escrita la pasada Nochebuena, Granados, que se encuentra en prisión por el caso Púnica, responde airado a las descalificaciones que Marhuenda le lanzó en el programa de La Sexta Al Rojo Vivo emitido dos días antes. En esa tertulia el director de La Razón dijo que el ex número dos de Esperanza Aguirre “es un paleto y un hortera de Valdemoro que no sabe ni comer”. “Aguirre”, continuó, “le consideraba como al servicio”.

En una carta escrita a mano, Francisco Granados replica a Marhuenda detallando su currículo profesional y político. Para finalmente preguntarle por la nave que el periodista posee en Valdemoro. Según el exalcalde de esa localidad del sur de Madrid, cuando Marhuenda buscaba un local donde alojar su gran colección de libros, no acudió a una inmobiliaria, ni buscó en internet, sino que utilizó sus “contactos políticos”: “Acudiste a este paleto de Valdemoro para que te pusiera en contacto con el alcalde (también imputado) a ver si te encontraba algún chollo”.

Granados dice que el periodista habló con el regidor municipal, con el concejal de Urbanismo y con los técnicos del Ayuntamiento. Y a continuación le pregunta: “¿Puedes explicar por qué te aprovechaste de tus contactos políticos para fines espurios? ¿Por qué no hiciste como todo el mundo? ¿Cuánto te ahorraste? ¿Pagaste comisión o mordida a alguien? ¿Cómo explicas que te beneficiaras económicamente gracias a tu relación con los, según tú, corruptos, pelotas, horteras y sinvergüenzas de la Púnica?”.

Me ofreció él su ayuda

Por su parte, el director de La Razón ha negado a infoLibre que le pidiera a Granados intermediación alguna para comprar la nave, una acusación que considera “disparatada”. Por el contrario, Marhuenda asegura que fue el exalcalde de Valdemoro quien, en una comida con él y más personas, le ofreció “buscar alguna oportunidad” en su pueblo. “Le contesté que, en todo caso, tenía que ser dentro de la legalidad. Pero aquella conversación quedó en nada”, apunta.


Finalmente, el periodista compró a Bankinter la nave, que tiene 400 metros cuadrados y alberga 60.000 libros, según señala. Marhuenda también dice que se decidió finalmente por Valdemoro debido a que un catedrático de Historia amigo suyo tenía una nave en el municipio para guardar su biblioteca, y le pareció “una buena idea”. Además, niega que haya llamado “paletos” a los ciudadanos de Valdemoro, por los que siente “gran respeto”. “Era Aguirre, no yo, quien consideraba a Granados como del servicio”, zanja.

De paleto a dormir en los mejores hoteles del mundo

Granados reacciona con enojo contra la “incontinencia verbal” de Marhuenda, tras reprocharle que, en realidad, no sepa nada de su vida. Así que se la recuerda paso a paso, para terminar acusándole de “representar la vaciedad intelectual y moral más absoluta”. El exalcalde presume de ser “efectivamente, de pueblo”, de no haber tenido nunca “servicio y de que su madre “cocinaba, limpiaba y cuidaba de sus hijos”, mientras su padre se dedicaba a la agricultura. “En fin, unos paletos según tu casposa y clasista opinión”.

Después explica que estudió Económicas en la Complutense y su primer trabajo fue como analista financiero en una sociedad de valores y bolsa. “Fui elegido dos años consecutivos como mejor analista europeo del sector energético” añade Granados, quien después fue contratado como director de Análisis “en uno de los mayores bancos del mundo”.

“Cuando tú aún ho habías salido de La Rambla, yo hablaba sobre la economía y la bolsa española a inversores en Londres, París, New York o Tokio”, se jacta el ex secretario general del PP madrileño. También dice haber sido director de banca de inversión, miembro de comités internacionales de inversión y de consejos de administración de empresas internacionales. “He ganado dinero, recorrido kilómetros de avión y casi vivido en los mejores hoteles del mundo, en los que, por cierto, nunca me dijeron que no supiera comer como tú aseguras”, recrimina de nuevo a Marhuenda.

También recuerda su paso por la política: “Como soy un paleto, lo dejé todo para ser alcalde de mi pueblo, Valdemoro”, comienza. Luego alardea de haber conseguido allí dos mayorías absolutas “gracias al voto ignorante de esos ciudadanos que tú consideras de tercera por no vivir en La Moraleja, La Finca o el barrio de Salamanca”. Y de que, gracias a él, el sur de Madrid “nunca más se llamó el cinturón rojo”. Valdemoro, destaca, “es uno de los pueblos con mayor calidad de vida de Madrid, con buenos colegios, bien urbanizado, zonas verdes y un hospital estupendo”.

Granados no se olvida de mencionar que fue consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y secretario general del PP regional “gracias a [Esperanza] Aguirre”. En resumen, llegó “a la política después de una exitosa carrera profesional”. “Aunque te sorprenda, ya sabía comer, vestir ¡y hasta idiomas!”.

Marhuenda, de familia bien y colegio privado

Al origen humilde y brillante historial descritos, Francisco Granados contrapone el “nada destacable” currículo de Marhuenda, a quien retrata como perteneciente a “una familia bien de Barcelona”, residente en un barrio acomodado, “con nai y servicio”, y alumno de “los mejores colegios privados”. Según dice en la carta, el currículo del periodista se reduce a un “inédito paso por el parlamentarismo” [fue diputado del Parlamento catalán por el PP durante seis meses] y su trabajo en el gabinete de Mariano Rajoy. Además de dirigir “un periódico de extraordinarios profesionales del que nunca, a las 12 de la noche”, sabe “qué portada lleva al día siguiente”.

Francisco Granados termina su diatriba con una posdata envenenada: “Como eres un gran intelectual, seguro que conoces la cita parlamentaria ‘Deje su señoría de decir mentiras sobre mí y yo dejaré de decir verdades sobre usted”.

http://www.infolibre.es/noticias/medios/2017/01/18/granados_dice_que_marhuenda_pidio_ayuda_para_encontrar_chollo_valdemoro_59921_1027.html

LA ACUSACIÓN POPULAR PIDE 6 AÑOS DE CÁRCEL PARA GRANADOS POR EL 'CHIVATAZO' DE LA PÚNICA

La acusación popular, ejercida por la asociación ADADE, entrega su escrito de acusación para la pieza que investiga el presunto 'chivatazo' de un Guardia Civil al ex secretario general del PP de Madrid. El político está acusado en esta parte del sumario de un delito de "aprovechamiento del delito revelado". Junto a él se sentarán dos agentes del Instituto armado para los que piden 3 años de prisión.

Primera petición de pena de cárcel para Francisco Granados en el caso Púnica. La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en la causa, ha entregado este lunes su escrito de acusación en la pieza del sumario que investiga el 'chivatazo' que presuntamente dio una agente de la Guardia Civil al ex secretario general del PP de Madrid y que puso en peligro toda la operación. En él, se considera al político responsable de un delito de aprovechamiento de revelación de secreto, penado con hasta seis años de prisión. Esa es, de hecho, la petición que hace la acusación popular. Para los otros dos encausados por estos hechos, el miembro de la Unidad Central Operativa (UCO) que supuestamente dio los datos, José Manuel Rodríguez Talamino, y el guardia civil en excedencia José Luis Caro Vinagre, la solicitud es de tres años de cárcel para cada uno de ellos.

ADADE pide para Granados la máxima pena recogida en Código Penal para el delito de "aprovechamiento de revelación de secreto"

El escrito de ADADE, de once folios de extensión y al que ha tenido acceso Vozpópuli, detalla que el 6 de septiembre de 2014, solo un día después de que se instalase una cámara de vigilancia frente al edificio de la localidad de Pinto donde el constructor David Marjaliza, tenía las oficinas de su entramado empresarial, se interceptaron diferentes llamadas que apuntaban a que alguien de esta unidad policial había alertado supuestamente al político de que estaba siendo investigado. A partir de ese momento, los responsables de las pesquisas detectaron que varios de los sospechosos comenzaron a intercambiar llamados con información sobre dicho aviso. A partir de ese momento, algunos de ellos "proceden a la destrucción y ocultación de pruebas, reducen sus conversaciones telefónicas que habían sido intervenidas, provocan la necesidad de distraer medios y personal [de la Guardia Civil], alterando de este modo el normal curso de la investigación y dificultando la misma, lo que provoca serios problemas para la instrucción [...] además de incrementar el coste de la misma".

Un grave incidente en el que, según detalla el escrito de acusación de ADADE, participan los dos guardias civiles y Granados. De este último detalla que "en cuanto recibe la información pone en marcha la actividad a fin de minimizar los daños que de la investigación puede derivarse". Así, "intenta recabar más información" o bien directamente del miembro de la UCO Rodríguez Talamino, o de José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excedencia con "los contactos y los conocimientos necesarios que pueden facilitar mejor el acceso a la información". Además, el que fuera número 3 del Ejeuctivo de Esperanza Aguirre también "utiliza los medios informáticos a su alcance para ampliar la información suministrada", en concreto para saber qué es la UCO y el grupo de esta unidad que le investiga.

"Todo de tipo de precauciones"
Asímismo, ADADE destaca que Granados también puso "en alerta a las personas relevantes a fin de entorpecer la investigación en curso". En concreto, hace referencia a una llamada al que entonces era su socio, el constructor David Marjaliza, "quien inmediatamernte procede a alertar" a varias personas de su confianza e intenta recabar nuevos datos. Finalmente, el escrito de acusación recalca que el ex secretario general del PP madrileño tomó "todo tipo de precauciones, notablemente minimiza información transmitida por teléfono, con el mismo objetivo de entorpecer la investigación". En este sentido, recuerda la existencia de varias de las llamadas en las que "se evita hablar claramente por teléfono y se organizan citas presenciales para abordar los temas".

La acusación particular solicita para los otros dos encausados, un agente de la UCO y un guardia civil en excedencia, 3 años de prisión para cada uno

El escrito recalca que todo ello provocó graves perjuicios a la investigación. En primer, lugar la UCO tuvo que retirar la cámara de vigilancia "lo que les priva de una valiosísima fuente de información". También "puso en alerta" tanto a Granados como "a otros investigados, quienes tomaron medidas adicionales de seguridad". También recuerda que los responsables de las pesquisas se vieron obligados a simular una operación paralela que se tradujo en un distracción de "recursos personales, económicos y materiales de la investigación en curso". Sin olvidar que "el estado de alerta de los investigados obligó a reducir los seguimientos, privando a los investigadores de información sustancial". Finalmente, ADADE destaca que incluso se estudió iniciar las detenciones inmediatamente, una medida que "finalmente fue descartada por el riesgo que suponía realizarlas en condiciones adversas".

Por todo ello, el acusación popular considera al guardia civil Rodríguez Talamino y su compañero en excedencia Caro Vinagre responsables de un delito de revelación de secreto recogido en el artículo 417 del Código Penal, por lo que pide para cada uno de ellos tres años de cárcel. En el caso de Francisco Granados, le considera autor de otro de "aprovechamiento del delito revelado", englobado en el artículo 418 y cuya pena máxima es, precisamente, la que le pide: 6 años de cárcel. También pide que los tres indemnicen de manera conjunta a la Dirección General de la Guardia Civil por el coste de la operación que hubo que montar para intentar engañar al político y el resto de investigados, y que obligó a desplazar a diversos agentes fuera de la provincia de Madrid.

El político vuelve a pedir la libertad

Menos de un mes después de que declarase de manera voluntaria ante el juez Eloy Velasco, Francisco Granados vuelve a pedir su puesta en libertad. La defensa del político ha remitido a la Audiencia Nacional un escrito de poco más de un folio en el que solicita que se le excarcele "con fianza, retirada de pasaporte y presentación semanal o incluso diaria ante el Juzgado de su domicilio en garantía de que no eludirá la acción de la Justicia". Como principal argumento para ello, el que fuera 'número 3' del Ejecutivo regional de Esperanza Aguirre se ofrece a otorgar "un poder tan amplio como en derecho sea menester a favor del Juzgado para que pueda dirigirse a cualquier entidad bancaria o financiera, en cualquier parte del mundo, y requerir la información que exista sobre el patrimonio a su nombre o al de cualquier persona jurídica de la que sea beneficiario o apoderado". En su escrito, Granados señala que con este medida quiere demostrar "cuál es su situación económica real que no es otra que la de que carece de otros bienes que no sean los que han sido intervenidos y bloqueados por el Juzgado" y que, por tanto, la decisión del magistrado de mantenerle en prisión por la sospecha de que posee "un patrimonio oculto" está injustificada.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Peticion-Granados-primer-juicio-Punica_0_990802220.html

LAS 'PERLAS' DE GRANADOS ANTE EL JUEZ: "ME HE PORTADO FRANCAMENTE BIEN CON MI PUEBLO"

El pasado 21 de diciembre, el ex consejero del PP declaró a petición propia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Eloy Velasco. Durante el interrogatorio, el político se defendió de las graves acusaciones que pesan sobre él. "No tengo ni un solo euro fuera" o "la financiación del PP de Madrid es absolutamente transparente", son sólo algunas de las frases que pronunció.

La primera declaración voluntaria de Francisco Granados ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, no aportó prácticamente novedades a la investigación. Encarcelado desde octubre de 2014 como presunto cabecilla de la trama Púnica, el que fuera secretario general del PP de Madrid utilizó su comparecencia ante el juez para defenderse de las graves acusaciones que pesan sobre él y para cargar contra el que fuera su socio, el hoy arrepentido David Marjaliza. Más que 'tirar de la manta' lo que hizo el político aquel día fue echar 'balores fuera' y negar prácticamente todo. A veces, con frases cuanto menos llamativas. Éstas son algunas de esas 'perlas'.

Durante la declaración, de tres horas de extensión, el que fuera 'número 3' del Ejecutivo regional de Esperanza Aguirre lamentó que se hubiera "mermado" su presunción de inocencia.

El magistrado tan sólo formuló dos preguntas a Granados. La primera, sobre los apuntes contables de la presunta Caja B del PP de Madrid. La segunda, sobre el dinero que habría ocultado a la Justicia española al extranjero. El investigado subrayó que no tiene fuera de España "ni un euro".

El ex consejero de la Comunidad de Madrid también negó el pasado mes de diciembre en la Audiencia Nacional que existiese financiación irregular del PP de Madrid.


Preguntado por su defensa por qué no había informado al juez del maletín con más de 900.000 euros que la Guardia Civil encontró en noviembre de 2015 en un altillo de la casa de los suegros, Granados no dudo en asegurar que porque los agentes "no me preguntaron" qué había hecho con los fondos que había repatriado de manera irregular desde Suiza.

Granados no dudó en presumir de su labor como alcalde de Valdemoro, la localidad del sur de Madrid convertida en auténtico epicentro de la trama Púnica. De hecho, no sólo negó haber cometido ninguna irregularidad, sino que incluso aseguró sentirse "orgulloso" de su gestión. "Me he portado francamente bien con mi pueblo”, llegó a decir.

El exsecretario general del PP madrileño negó de manera insistente que hubiera presionado o fuera hacerlo a ningún testigo porque no tiene poder para ello. "Cualquier persona que haya tenido un cargo público sabe que [...] cuando empieza a rumorearse que vas a ser cesado, no te mira nadie a la cara", dijo. De hecho rechazó haber "ideologizado" a ningún funcionario de la Comunidad de Madrid o haberle presionado. "No digo nada de amenazar, que no entra dentro, en fin, de mi concepto de la vida", recalcó.

Pese a la aparente firmeza de sus palabras, la declaración de Granados no convenció ni al juez Velasco ni a las representantes de la Fiscalía Anticorrupción, lo que provocó que su situación de prisión preventiva se mantuviera y pasara sus terceras Navidades en la madrileña cárcel de Estremera. Según, destacaron entonces fuentes presentes en el interrogatorio, el juez se marchó convencido de que el político se había limitado a "mentir" en cuestiones claves como el paradero de los fondos que presuntamente mantiene ocultos en el extranjero o los datos que fueron hallados en la agenda que le fue incautada y que sirvió a los investigadores para abrir la pieza secreta donde se investiga actualmente la presunta financiación irregular del Partido Popular.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Granados-Velasco-solo-euro-Espana_0_989901925.html

EL PP DE AGUIRRE INTENTA 'COLARSE' EN EL SUMARIO DE PÚNICA PARA ACCEDER "A TODO LO ACTUADO"

Una concejala 'popular' de Brunete y un dirigente del partido en esta localidad madrileña, uno de los feudos 'fieles' a la lideresa, piden personarse y tener acceso toda la causa dos días antes de que la UCO entregara un informe sobre supuestos pufos en el Ayuntamiento del 'aguirrista' Borja Gutiérrez.

Prisas por conocer el sumario del 'caso Púnica' desde dentro. Dos destacados miembros del PP de la localidad madrileña de Brunete, uno de los feudos 'fieles' a Esperanza Aguirre, han solicitado formalmente al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, que les permita personarse en la causa pese a no estar imputados en la misma. Se trata de Ana Cristina Gil Guerra, concejala de Nuevas Tecnologías en este municipio de 10.000 habitantes situado a 28 kilómetros al Oeste de la capital, y de José Gil Granizo, secretario general de la formación en el municipio. Ambos presentaron el escrito, en el que ya designaban procurador y abogado, el pasado 13 de diciembre con la petición expresa de tener acceso a una "copia de todo lo actuado".

Los dos miembros del PP de Brunete que han pedido personarse en el sumario son una concejala y el secretario general del partido en la localidad

El último informe de Púnica destapa pufos en uno de los ayuntamientos 'fieles' a Aguirre
Precisamente, dos días después era la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que entregaba un informe en la Audiencia Nacional referido a las supuestas irregularidades detectadas en los trámites del concurso para la adjudicación por parte de este consistorio de un contrato de 8,9 millones de euros a la empresa Cofely España SAU, salpicada por la trama. Portavoces de esta alcaldía han calificado a Vozpópuli la decisión de la concejala y el dirigente local del PP como "personal" y han rechazado detallar si ambos cargos del partido lo hacían como acusación o ante la sospecha de que pueden ser encausados. En una reciente providencia, el juez ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre dicha personación antes de tomar él una decisión.

Hasta la fecha no hay ningún cargo público del ayuntamiento de Brunete imputado en la causa, pero el nombre del municipio sí ha salido de manera reiterada en el sumario tanto en la confesión del constructor David Marjaliza, como en los 'pinchazos' telefónicos de algunos de los principales implicados y en diversa documentación en formato digital y en papel intervenida durante los registros. De hecho, los diferentes levantamientos del secreto de sumario ordenados por el magistrado en los últimos meses han permitido conocer las numerosas referencias que a lo largo de la investigación han ido apareciendo de esta localidad y de una adjudicación municipal fallido que supuestamente iba a ser adjudicado a Cofely.

La 'visita' de la UCO
Las pesquisas sobre esta licitación se aceleraron el pasado verano. A finales del pasado mes de agosto, agentes de la UCO acudieron a la sede del consistorio a intervenir el expediente del concurso de eficiencia energética que este pequeño consistorio tenía previsto convocar a finales de 2014 y por el que se iba a gastar 8,9 millones de euros en quince años para mejorar el alumbrado público de municipio y que, finalmente, no se llegó a licitar porque la aprobación de los pliegos que debía regirlo se suspendió justo un día después de las primeras detenciones de la 'Operación Púnica'.

En las últimas semanas, la UCO ha tomado declaración a funcionarios y cargos públicos de Brunete, entre ellos el alcalde, el 'aguirrista' Borja Gutiérrez

Tras intervenir aquella documentación el pasado verano, la Guardia Civil comenzó a llamar a declarar a funcionarios y cargos públicos del consistorio, entre ellos el propio alcalde, el 'aguirrista' Borja Gutiérrez Iglesias, según confirmaron hace unos días a Vozpópuli fuentes cercanas a éste. Tras recabar dichos testimonios, los agentes de la UCO elaboraron un informe que entró el pasado 15 de diciembre en la Audiencia Nacional mediante el oficio número 494. Curiosamente, dos días antes eran la concejala y el otro miembro del PP los que acudían a la Audiencia Nacional a presentar su escrito de personación en una decisión que desde el equipo del Gobierno municipal se ha insistido en desvincular del alcalde y del propio Ayuntamiento.

La edil que firma el escrito, Ana Cristina Gil, actual responsable del área de Nuevas Tecnologías, era teniente de alcalde con atribuciones, precisamente, en obras públicas e infraestructuras del municipio cuando se elaboró el expediente que ahora bajo sospecha. El segundo firmante del escrito es el secretario general de la formación. Ambos forman parte del Comité Ejecutivo del PP local que preside Borja Gutiérrez, hombre considerado en Génova 13 como muy próximo a Esperanza Aguirre.

Cifuentes y el PSOE
El PP ya está personado en la causa a través de una de las Administraciones que preside, en concreto de la Comunidad de Madrid que encabeza Cristina Cifuentes. Fue la propia jefa del Ejecutivo autonómico la que anunció en julio de 2015 en un acto público que su Gobierno lo iba a hacer como acusación "por razones de transparencia y para defender los intereses de los propios madrileños y de la Administración regional". La dirigente 'popular' recalcó entonces que se había adoptado esta medida a la vista de los datos que se iban conociendo tras haberse levantado el secreto del sumario y considerar que "de los presuntos delitos que se han cometido podría derivarse un perjuicio patrimonial para la Comunidad de Madrid".

El Ejecutivo de Cifuentes consiguió personarse como acusación tras recurrir la decisión del juez que le obligaba a ir de la mano de una asociación que acorraló al PP en Gürtel

En un primer momento, el juez Velasco la obligó a hacerlo bajo la dirección letrada de la primera acusación que fue admitida. En concreto, la de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), célebre por haber sido precisamente el azote del PP en los dos grandes sumarios instruidos en la Audiencia Nacional que salpican el partido: Gürtel y los 'papeles de Bárcenas'. El equipo jurídico de Cifuentes no se resignó y presentó un recurso a esta decisión. Finalmente la Justicia le dio la razón y hoy actúa en la causa de modo independiente. Ello no fue, sin embargo, impedimento para que el juez Velasco le echara en cara poco después la lentitud con la que algunos de los organismos que depende de ella a la hora actuaban para remitirle la documentación que les estaba reclamando para avanzar en la investigación.

No ha tenido tanto suerte el PSOE, que batalla desde hace diez meses en los tribunales para poder ejercer también la acusación popular en el 'caso Púnica' con voz propia. El 15 de febrero de 2016, cuando la causa llevaba ya cerca de año y medio abierta, presentó un escrito con dicho fin. El pasado 26 de agosto el magistrado lo admitía, aunque con la condición de que lo hicieran bajo la dirección letrada de ADADE, a la que el magistrado había conferido "el liderazgo del ejercicio de la acción popular" en junio de 2015. Sólo unos días después, el 5 de septiembre, el PSOE presentaba un recurso de reforma contra dicha decisión, que el magistrado rechazaba dos semanas después con un auto en el que justificaba su decisión para evitar "dilaciones indebidas" de la instrucción de la causa por culpa de la proliferación de acusaciones. Éste fue recurrido por los socialistas en apelación a comienzos de octubre. La Audiencia Nacional aún no lo ha resuelto.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/PP-Esperanza-Aguirre-sumario-Punica_0_985702242.html

NOTAS INÉDITAS DESTAPAN NUEVOS VÍNCULOS DE PÚNICA CON RITA BARBERÁ Y CASTELLÓN

La UCO localiza en el cuaderno de una empleada del experto informático De Pedro referencias a "informes comunicación positiva" de la fallecida exalcaldesa de Valencia y de la ciudad levantina. Supuestamente fueron utilizados para captar como cliente al actual presidente de Murcia, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez.

Los exhaustivos análisis que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado en los últimos meses de la abundante documentación intervenida durante los registros de la 'Operación Púnica' han sacado a la luz la existencia de notas manuscritas hasta ahora inéditas que apuntalan los indicios sobre la existencia de vínculos entre la trama de corrupción y la que fuera alcaldesa de Valencia, la fallecida Rita Barberá, y la ciudad de Castellón. Se trata, en concreto, de un cuaderno localizado en la sede de las empresas del experto en reputación 'online' Alejandro de Pedro en el que una de sus empleadas anotaba los pasos que daban para captar a político como nuevos clientes. En dicha libreta figura el nombre de la localidad levantina y de Cartagena, además del nombre y apellido de la dirigente del PP justo debajo de la frase "ver informes comunicación positiva". Todo ello junto a anotaciones referidas a la entonces regidora de la ciudad murciana, la hoy senadora 'popular' Pilar Barreiro, y al actual presidente de esta comunidad, su correligionario Pedro Antonio Sánchez, para los que la red de corrupción estaba a punto de comenzar a trabajar. De hecho, dicha anotación se ha incorporado a un reciente informe del Instituto armado sobre los tratos de estos dos últimos con la trama al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Las anotaciones sobre la exalcaldesa de Valencia han aparecido en un cuaderno localizado en la sede de las empresas del experto informático Alejandro de Pedro

Dicho cuaderno fue localizado por la Guardia Civil en el registro que sus agentes hicieron en octubre de 2014, a la vez que las primeras detenciones, en la sede que tenían en el número 1 de la calle Marqués de Sotelo, de Valencia, EICO Reputation Management SL y Madiva Editorial y Publicidad SL, las dos sociedades de De Pedro dedicadas a mejorar la imagen en Internet de políticos y empresas. En concreto, fue intervenido en el puesto de trabajo de Sara Gargallo, una de las empleadas del 'gurú' informático que ha sido imputada dentro de la investigación sobre las andanzas de la trama en la Región de Murcia. Se trata de una libreta de anillas con una de sus hojas encabezada por la palabra "tareas" en mayúscula. A partir de ahí figuran varias anotaciones de enigmático significado como "textos info" y "textos buceo", junto a otras que apuntan a trabajos de reputación 'online'. Así, aparece la frase "acabar SEO Castellón", en clara referencia a supuestos trabajos para optimizar contenidos en páginas web de manera que sean más fácilmente localizados por los buscadores de Internet. No es la única alusión a esta ciudad en dicho documento. También figura como "ejemplo" de los "informes comunicación positiva" que supuestamente elaboraba el experto informático.

La referencia a esta capital levantina no es nueva dentro del sumario de Púnica. De hecho, en junio de 2015 la Guardia Civil acudió a la sede del Ayuntamiento a intervenir documentación sobre supuestos contratos municipales con empresas de la Púnica. Poco después sus agentes tomaban declaración como investigado no detenido al entonces alcalde en funciones, el 'popular' Alfonso Bataller, quien poco después dejaba su acta de concejal y se retiraba de la primera línea política. Sin embargo, desde entonces no se habían tenido nuevas referencias a dicha línea de investigación y, de hecho, fuentes del grupo del PP en el consistorio, ahora en la oposición, mostraban recientemente a Vozpópuli su convencimiento de que el juez Eloy Velasco había retirado la imputación al exregidor "al no hallar indicios de delitos penales". Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación consultadas en los últimos días por este diario aseguran que las pesquisas sobre la relación de la trama con el anterior equipo de gobierno municipal del PP no están, ni mucho menos, cerradas, y que aún está pendiente de elaborar un informe policial sobre las mismas para presentarlo al magistrado.

Una columna con tres nombres
Tras esa anotación sobre el "SEO Castellón", el manuscrito hace referencia a dos fechas, el 1 de noviembre y el 31 de mayo, y figuran los nombres de dos políticos. En concreto, la actual senadora Pilar Barreiro y el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, con claras alusiones a supuestos trabajos de reputación 'online' como la expresión "reput", junto a la anotación temporal "7 meses" y la cifra de "24.700 euros". Justo debajo aparece la frase "ver informes de comunicación positiva" y una columna con las palabras "Cartagena", "Rita Barberá" y "Castellón" en este orden precedidas de las letras "Ej", supuestamente "ejemplo". Una flecha que sale de dicha columna señala a "1 mes". Según fuentes cercanas a la investigación, dichas anotaciones apuntan a que la Púnica pudo haber hechos labores para mejorar la imagen de la política ya fallecida y de los alcaldes de las otras dos localidades. De hecho, en el caso del municipio murciano, ya hay varios informes de la UCO que apuntan a que así fue y que supuestamente se pagaron con el desvío de fondos públicos. De hecho, cuando se produjeron las primeras detenciones en octubre de 2014 estaba a punto de iniciarse otra campaña con vistas a las elecciones locales del año siguiente.

Tres miembros del equipo municipal de Barberá ya fueron interrogados hace meses por los supuestos trabajos de reputación 'online' hechos por la trama para ella

En el caso de Rita Bárbera también hay referencias anteriores en el sumario. Así, la Guardia Civil interrogó en junio de 2015 a tres miembros de su equipo de Gobierno sobre los supuestos tratos con la trama con el equipo de la entonces ya alcaldesa en funciones. En concreto, fueron el concejal del Ayuntamiento de Valencia, Alberto Mendoza; el ex jefe de prensa del Consistorio, Julio Valero, y el diputado del PP en las Cortes Valencianas y exconcejal de Seguridad de Barberá, Miquel Domínguez. Todos ellos tuvieron que responder a varias preguntas para saber si el 'gurú' informático Alejandro de Pedro se encargaba de mejorar la imagen de la exregidora en la red: "¿Es Rita Barberá clienta de Alejandro de Pedro a efectos de reputación?", "¿el Ayuntamiento de Valencia asume el coste de trabajos de mejora de reputación 'online' de algún miembro de la corporación municipal?", "¿sabe si Alejandro de Pedro gestiona la reputación online de Rita Barberá?", fueron algunas de las cuestiones que les plantearon.

"Presionar entreveladamente"
Todos ellos negaron tener constancia de dichos trabajos, aunque uno de ellos, el exconcejal Domínguez explicó que el experto informático "llegó a presionar entreveladamente para que le adjudicaran el contrato alegando que a su competencia le habían adjudicado contratos similares", en referencia al que cerró el Consistorio con una de sus empresas, Madiva Editorial y Publicidad SL, para publicitar la ciudad de Valencia por importe de 13.068 euros. El otro edil, Alberto Mendoza, sostuvo que tuvo conocimiento de ese contrato "después de la detención de Alejandro de Pedro, que en ese momento supo que era para inserción de publicidad institucional del Ayuntamiento en algún diario digital". Por su parte, el periodista Julio Valero añadió que en el año 2013 el presunto miembro de la trama ofertó una propuesta de publicidad al Ayuntamiento de Valencia que no fue valorada positivamente porque "en esos momentos no se consideraban rentables". Luego añadió que a finales de ese año presentó otra y que ésa comenzó a ejecutarse "aproximadamente" en junio de 2014.

Una empleada de De Pedro admitió ante el juez que hicieron numerosos trabajos de "posicionamiento en web" para políticos, y citó erntre ellos a la fallecida senadora

Una empleada de De Pedro también imputada en la causa, María José Gutiérrez, también citó en su primera declaración ante el juez, entonces como testigo, a Rita Barberá. Esta trabajadora, cuyo puesto en las empresas del 'gurú' informático era precisamente el de "jefa del departamento de posicionamiento en web" aseguró al magistrado que desde que se incorporó a la empresa en 2012 realizó numerosos trabajos para instituciones públicas y, sobre todo, para los políticos que ocupaban sus cargos. Así, junto a los nombre del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, de su consejera de Educación, Lucía Figar; de la presidenta de la Diputación de León asesinada a tiros en mayo de 2014, Isabel Carrasco; y de varios alcaldes, como Ana Botella y el regidor de Gandía, Arturo Torró; esta mujer citó expresamente a Rita Barberá como una de las clientes. De hecho,en junio de 2015 el juez Eloy Velasco ordenó a la UCO personarse en una decena de ayuntamientos en busca de documentación relacionada, precisamente, con contratos con empresas de la trama. Entre ellos estaba el de Valencia. Ahora, las notas manuscritas apuntalan esa línea de investigación.

La 'pista púnica' de la contabilidad de Taula

La supuesta relación del Rita Barberá con la Púnica no se reduce, curiosamente, a los indicios recopilados en el sumario que instruye en la Audiencia Nacional el juez Velasco, sino que también alcanza a otra causa célebre: la llamada 'Operación Taula'. La contabilidad del grupo municipal del PP valenciano, incautada por la UCO en busca de indicios de supuesta financiación irregular de la formación, reveló pagos de los 'populares' a una empresa relacionada con Alejandro de Pedro. Se trataba, en concreto, de la mercantil Demini, que figuraba en dichos apuntes contables manuscritos en relación con el asunto "web Rita". Dichos libros contables fueron intervenidos en poder de María del Carmen García Fuster, mano derecha de la ex alcaldesa, y en los mismos también se reflejaban los pagos del supuesto 'pitufeo' que llevaron al magistrado de Valencia Víctor Gómez a imputar a todo el grupo municipal del PP por blanqueo de capitales y, más adelante, al Tribunal Supremo a actuar contra la propia Rita Barberá en su condición de aforada.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/Notas-Punica-Barbera-Ayuntamiento-Castellon_0_989301993.html

LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA OTRA CAJA B DEL PP DE MADRID QUE FUNCIONÓ ENTRE 2010 Y 2014

La UCO rastrea la contabilidad de la fundación Fundescam tras descubrir que el Partido Popular de Madrid la habría utilizado para financiarse ilegalmente incluso después de que estallara Gürtel

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha abierto otra línea de investigación sobre la presunta entrada ilegal de fondos en el Partido Popular de Madrid a través de la trama Púnica, la red corrupta desarticulada en octubre de 2014 que supuestamente lideraban Francisco Granados y David Marjaliza. Según fuentes cercanas al caso, los agentes asignados a este procedimiento han requisado las cuentas presentadas entre 2010 y 2014 por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, más conocida por su acrónimo Fundescam, ante los indicios que apuntan a que la entidad fue empleada por el PP de Esperanza Aguirre para canalizar el cobro de donaciones opacas al partido.

El análisis de las cuentas se está realizando en secreto dentro de la pieza separada de Púnica que abrió el instructor del caso, el juez Eloy Velasco, para rastrear las presuntas comisiones ilegales que Granados habría entregado a la formación de la que llegó a ser secretario general. En una agenda encontrada en su vivienda aparecieron supuestas aportaciones a la caja B del PP madrileño por valor de 2.060.000 euros, la mayoría presuntamente entregadas por la constructora OHL a través de su consejero Javier López Madrid, imputado también en la causa.

Esa pista condujo el pasado febrero hasta Beltrán Gutiérrez, gerente del partido hasta 2014, tras descubrirse que era la persona que supuestamente recibía y gestionaba las donaciones B que captaba Granados. Sin embargo, según fuentes cercanas al caso consultadas por El Confidencial, en el ordenador y en los documentos encontrados en el despacho y la vivienda de Gutiérrez han aparecido nuevas pruebas que han terminado encaminando a los agentes de la UCO hasta Fundescam, en la que el gerente también ejerció como apoderado. El foco se centra en la actividad de ese organismo desde el inicio de esta década.

Pagos con facturas falsas

La entidad fue creada en 2000 por el PP autonómico con la supuesta intención de contribuir al desarrollo de la sociedad madrileña con acciones formativas y foros de debate. Sin embargo, en 2009, con el estallido del caso Gürtel, se descubrió que Fundescam había estado abonando facturas falsas a las empresas de la trama de Francisco Correa para ocultar la organización de actos electorales del PP, en paralelo a los que oficialmente costeaba el partido. Los fondos que acabaron en manos de Gürtel salieron de empresarios del entorno del PP madrileño. Solo un año más tarde, en 2010, la Fiscalía Anticorrupción consideró acreditado que el partido había financiado ilegalmente las campañas electorales de 2003 y 2004, entre ellas, la del tamayazo. Sin embargo, el Ministerio Público sostuvo que un hipotético delito electoral ya estaría prescrito en ese momento y el caso Fundescam acabó en una cuneta de Gürtel.

Los investigadores de la UCO no solo consideran ahora que hay indicios de delitos como blanqueo de capitales que no prescriben hasta los 10 años y, por tanto, aún podrían ser perseguidos penalmente. También han descubierto que Fundescam habría seguido operando como caja B de la formación después de que estallara Gürtel, según revelan fuentes próximas a las pesquisas. El propio Granados se habría encargado, con la ayuda de Beltrán Gutiérrez, de que las donaciones ilegales que entregaban contratistas de la Administración madrileña llegaran al partido a través de esa entidad sin ánimo de lucro para sortear los controles de los órganos de fiscalización.

Según ha podido saber este diario, la investigación afecta en concreto a las cuentas de Fundescam del periodo 2010-2014. Las de este último año fueron presentadas en 2016, y las del ejercicio 2013, en 2015. Los agentes también han requisado, por orden del juez Eloy Velasco, los estatutos y el registro de actos celebrados por la entidad desde su constitución. Las actuaciones se mantienen en secreto. Es la única pieza de Púnica a la que no tienen acceso los acusados ni las defensas.

Disolución en diferido

Cuando se conoció la vinculación de Fundescam con Gürtel en 2009, Esperanza Aguirre renunció a su cargo en el patronato de la entidad y puso al frente un equipo gestor, liderado por la diputada del PP en la Asamblea de Madrid y exconsejera autonómica Gádor Ongil, que debía tener como único objetivo disolver la entidad. Pero la fundación continuó actuando al menos durante los cinco años siguientes. De hecho, aunque el patronato inició los trámites legales para liquidarla en 2015, oficialmente permanece activa.

Aguirre dice que Fundescam no costeó ninguna campaña del PP de Madrid

Las pesquisas sobre Fundescam ya provocaron que agentes de la UCO se llevaran el pasado septiembre los contratos concedidos por la Asamblea de Madrid al grupo de restauración Arturo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal madrileña CEIM y exvicepresidente de la nacional CEOE Arturo Fernández. Como reveló este diario, los encargados del caso sospechan que esas concesiones, del periodo 2007-2012, están relacionadas con las donaciones que el empresario hizo a Fundescam. En concreto, como él mismo reconoció en conversación telefónica a este diario, aportó un total de 57.030 euros entre 2003 y 2004 que habrían servido para costear campañas de Aguirre. Las pesquisas ya afectan ahora a un periodo mucho más reciente y a otros empresarios.

Bucear en la hemeroteca sólo agrava las sospechas sobre las irregularidades. Cuando saltaron las noticias que vinculaban a Fundescam con Gürtel, el dirigente del PP que salió en defensa de las cuentas del partido fue precisamente Granados, que está a punto de cumplir dos años y medio en prisión. El entonces secretario general declaró que él mismo había comprobado personalmente que las contabilidades de la fundación y del partido eran correctas y acusó de mentir a quién se atreviera a afirmar lo contrario.

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-01-09/la-guardia-civil-investiga-otra-caja-b-del-pp-de-madrid-entre-2010-y-2014_1313439/

LA JUSTICIA ALARGA, UNA VEZ MÁS, EL SECRETO SOBRE LA SUPUESTA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP DE MADRID

El juez Eloy Velasco suma un mes más al secreto del sumario de esta pieza separada de la Púnica por miedo a la manipulación de pruebas

Con el paso del tiempo, son muchos ya los datos que sabemos y que nos ayudan a entender cómo funcionaba la trama Púnica en Madrid. Detalles con los que se puede ir relacionando a muchos ayuntamientos del PP en Madrid con empresas, comisiones, adjudicaciones y demás acciones que fueron dando forma a uno de los casos de corrupción más amplios de este país.

Sin embargo, hay una pieza separada sobre la que todavía poco se conoce: la que investiga las supuestas irregularidades en la financiación del PP de Madrid en relación a esta trama. ¿Por qué? Pues porque desde su creación, esta pieza separada ha estado sometida a un secreto de sumario que se ha ido prologando y renovando.

Cada vez que el secreto vencía, la expectación por conocer lo que se había descubierto en relación a una supuesta financiación irregular del Partido Popular en Madrid era máxima. Pero la Justicia ha ido renovando este secreto mes a mes y lo ha vuelto hacer. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha decidido ampliar un mes más este secreto que, en un principio, iba a cumplir el próximo siete de enero.

El próximo sábado se podrían haber esclarecido muchas cosas, pero el juez ha decidido imponer el secreto “un mes más entendiendo que tal medida sigue siendo necesaria para garantizar la eficiencia de la investigación así como la destrucción de pruebas”.

Tanto el pasado 5 de febrero de 2016 como el 13 de mayo del mismo año, la Justicia decidió levantar el secreto sobre parte de lo instruido dentro de esta trama Púnica. Según explican en el auto por el que ahora se renueva el secreto, en estas dos ocasiones anteriores se entendió que los riesgos de que se destruyesen pruebas o se entorpeciese el resto de la investigación habían disminuido.

Sin embargo, ahora y sobre esta pieza separada, el juez Velasco ve nuevos riesgos. La ampliación del secreto “es esencial para poder asegurar la investigación de los hechos” dice en el auto y añade que se han abierto nuevas vías de investigación que necesitan la protección del secreto para poder esclarecer si en el PP de Madrid hubo irregularidades en su financiación usando la trama Púnica.

Sólo manteniendo en secreto los detalles, asegura el juez, se podrán conseguir “más elementos probatorios”.

http://www.elplural.com/politica/2017/01/04/la-justicia-alarga-una-vez-mas-el-secreto-sobre-la-supuesta-financiacion

LA UCO DESCUBRE UNA TRAMA DE DOBLE FACTURACIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS DE PÚNICA

Investiga el presunto pago de 536.597 euros en facturas duplicadas en 12 consistorios de Madrid y Toledo gracias a cabalgatas y fiestas patronales.

La UCO de la Guardia Civil investiga doce ayuntamientos de la Comunidad de Madrid por participar en una trama de facturas duplicadas que logró detraer presuntamente 536.597 euros de las arcas públicas. Según los informes del caso, incluido en una pieza separada de la operación Púnica, los ayuntamientos de Pinto, Getafe, Moraleja de Enmedio, Valdemoro, Chinchón, Algete, Torrejón de Velasco, Arroyomolinos, Humanes, Añover de Tajo (Toledo), Coslada, Cienpozuelos y San Sebastián de los Reyes abonaron por duplicado facturas en los festejos y actos organizados por la firma Waiter Music y varios de sus proveedores.

Según los informes del Grupo de Delitos Contra la Administración de la UCO de la Guardia Civil, el método utilizado era sencillo: por un lado, la empresa Waiter Music facturaba a los ayuntamientos madrileños por organizar actos como las fiestas patronales o las cabalgatas de reyes. Después, uno de sus proveedores (hay otras cuatro empresas investigadas) facturaba de nuevo al consistorio, pero esta vez solo por una cuantía parcial y en apariencia, distinta: conceptos como el alquiler de una carroza o el gasto en la megafonía para un desfile.

Los responsables de estas empresas han sido calificados ya como investigados por el juez Eloy Velasco, que ha ordenado analizar tanto la contabilidad municipal como la de sus compañías. En sus declaraciones ante la UCO, los empresarios afectados reconocen que parte de las facturas se entregaban directamente a Waiter Music, que era la encargaba de hacerlas llegar después a los ayuntamientos. Y que en todo momento consideraron que la operativa era legal.

La trama se centra en la empresa Waiter Music, una de las principales investigadas en la trama Púnica por abonar mordidas a Francisco Granados a cambio de contratos públicos. La empresa era la encargada, por ejemplo, de abonar las actuaciones y los grupos de música que amenizaban los cumpleaños del ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid en su finca de Valdemoro.

"Acepté para no cerrarme las puertas"

Por el momento, no hay funcionarios municipales imputados en esta pieza, aunque parece poco probable que si las facturas eran en realidad duplicadas, pasaran todos los controles de fiscalización municipales sin que nadie hiciera la más mínima pregunta, hasta abonar más de medio millón de euros.

Ante los agentes de la UCO, los empresarios investigados reconocen el uso de este tipo de facturas, giradas después contra la contabilidad de Waiter Music, y argumentan que sirvieron para saldar deudas anteriormente contraídas con ellos por esta mercantil, a la que prestaban servicios en la organización de sus eventos.

Pero no todos han dado la misma versión. El empresario José Martínez Manzanares, uno de los proveedores de Waiter Music, reconoció en su comparecencia del 26 de octubre ante la UCO haber remitido una factura al Ayuntamiento de Valdemoro por valor de 9.860 euros. Una factura por trabajos que nunca se produjeron. "Un día recibí una llamada de José Luis Huerta y me dijo textualmente que tenía problemas administrativos para poder cobrar la factura de la cabalgata de reyes de 2009 y me pidió el favor de que si podía facturar por Waiter al Ayuntamiento de Valdemoro", explica el empresario. "Acepté por amistad y por no cerrarme la puerta a posibles trabajos que pudiera tener", matiza Martínez, que entregtó la documentación a los agentes de forma voluntaria.

Sin embargo, el grueso de las facturas (hasta 298.597 euros según el sumario del caso) corresponden a otro proveedor, una empresa llamada Friend's Group Técnicas de Espectáculo. La Guardia Civil investiga 18 facturas de esta empresa en seis ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Tal y como informó EL ESPAÑOL, esta compañía fue la responsable de instalar más de 8.500 euros en atracciones, carpas y castillos hinchables para una de las fiest