NOTICIAS DE LOS GENOVESES VALENCIANOS
2007
ÍNDICE
1. EL FISCAL INVESTIGA LA RELACIONES ENTRE LAS TRAMAS DE FACTURAS FALSAS DE TERRA MÍTICA (04/01/07)
2. LOS ZAPLANISTAS TRASLADAN SU PULSO CON LOS CAMPISTAS AL CONSEJO DE LA CAM (04/01/07)
3. EL JUEZ IMPUTA AL ALCALDE DE ORIHUELA POR EL CASO DE LAS FACTURAS FALSAS (05/01/07)
4. EL ALCALDE DE VILA-REAL (PP) FIRMA RESOLUCIONES PESE A SU INHABILITACIÓN (10/01/07)
5. LA FIRMA QUE VENDIÓ LA FINCA AL ALCALDE DE TORREVIEJA (PP) EXIGE 41 MILLONES AL CONSISTORIO (11/01/07)
6. FAMILIARES DEL RESPONSABLE DE URBANISMO MULTIPLICAN POR 10 SU INVERSIÓN EN UNOS TERRENOS (14/01/07)
7. EL FISCAL PIDE AL JUEZ QUE INVESTIGUE LAS CASAS QUE OCUPAN LOS HIJOS DE DÍAZ ALPERI (16/01/07)
8. EL ALCALDE DE VILA-REAL DIMITE 50 DÍAS DESPUÉS DE SER CONDENADO POR PREVARICACIÓN (16/01/07)
9. ARCHIVADA LA QUERELLA DE ZAPLANA CONTRA LOS DIPUTADOS QUE LE IMPLICARON EN EL PRESUNTO COBRO DE COMISIONES (17/01/07)
10. LA RUEDA DE PRENSA MÁS CARA DEL MUNDO (19/01/07)
11. EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN (PP), EL INEFABLE FABRA, PASA FACTURA A CAMPS (21/01/07)
12. EL ALCALDE DE BURRIANA (PP) NIEGA TENER CUENTAS EN ANDORRA Y NO SABE SI SU ESPOSA POSEE ALGUNA (25/01/07)
13. MEDINA ADJUDICA EN LA COSTA DE ORIHUELA (PP) 1.000 VIVIENDAS A UN PROMOTOR AFÍN AL PP (26/01/07)
14. EL CONSELL SIGUE SIN RENDIR CUENTAS MEDIO AÑO DESPUÉS DE LA VISITA DEL PAPA (29/01/07)
15. LA AUDIENCIA RESUELVE QUE EL "CASO IVEX" NO HA PRESCRITO (02/02/07)
16. EL EX MINISTRO DEL PP JUAN COSTA DECLARA "NO RECORDAR" SU REUNIÓN CON FABRA (03/02/07)
17. EL ALCALDE DE ALMORADÍ (PP) ACHACA LA DELINCUENCIA A LA INMIGRACIÓN (07/02/07)
18. UNA SOCIEDAD DE LA GENERALITAT PAGÓ LOS SOBRECOSTES ILEGALES DE TERRA MÍTICA (09/02/07)
19. EL CONTRATISTA VINCULADO A ZAPLANA CENTRA LA INVESTIGACIÓN (09/02/07)
20. LA CONSEJERA DE PARTICIPACIÓN RECUERDA QUE CAMPS Y RAMBLA CONOCÍAN "EL DÍA A DÍA" DE TERRA MÍTICA (15/02/07)
21. LA CONSEJERA DE PARTICIPACIÓN RECUERDA QUE CAMPS Y RAMBLA CONOCÍAN "EL DÍA A DÍA" DE TERRA MÍTICA (15/02/07)
22. LOS HIJOS DEL EDIL DE URBANISMO DE ALTEA VENDEN PISOS DE UNA PROMOCIÓN A LA QUE DIO LUZ VERDE (16/02/07)
23. ALTEA VENDE Y DESPUÉS RECOMPRA UNA FINCA A UNA FUNDACIÓN PRÓXIMA AL PP (19/02/07)
24. LOS RECTORES SE QUEJAN AL CONSELL POR EL TRATO A FAVOR DE LA FACULTAD CATÓLICA DE MEDICINA (22/02/07)
25. EL SUPREMO PONE FIN AL INTENTO DEL PP DE PRIVATIZAR LA TELEVISIÓN PÚBLICA VALENCIANA (20/02/07)
26. PIDEN AL PP MEDIDAS URGENTES ANTE LOS EMPADRONAMIENTOS "FRAUDULENTOS" EN CASTELLÓN (20/02/07)
27. ALPERI PAGA 32.770 EUROS PARA PRESCINDIR DEL RESPONSABLE DE REVISAR EL PGOU DE ALICANTE (20/02/07)
28. LOS ZAPLANISTAS LUCHAN POR SOBREVIVIR (22/02/07)
29. CAMPS DESCALIFICA A LOS EURODIPUTADOS QUE INSPECCIONARÁN EL URBANISMO VALENCIANO (23/02/07)
30. LLEVAN AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO LA ALTERACIÓN DEL CENSO EN CASTELLÓN (24/02/07)
31. EL CONSELL NIEGA INFORMACIÓN Y EXPEDIENTES SOBRE SUBVENCIONES A ENTIDADES AFINES AL PP (26/02/07)
32. RIPOLL DICE QUE SUS DISCULPAS IBAN DIRIGIDAS A LOS AFILIADOS DEL PARTIDO POPULAR Y NO A CAMPS O ALPERI (27/02/07)
33. ABUSOS URBANÍSTICOS JUSTIFICA EL VIAJE DE LOS EUROPARLAMENTARIOS EN EL ALUVIÓN DE QUEJAS (28/02/08)
34 DIPUTADOS DEL PP COBRAN EN UN DÍA MÁS DE 1.100 € (28/02/07)
35. TERRA MÍTICA. "OCULTABAN FACTURAS EN UN CAJÓN BAJO LLAVE"(02/03/07)
36. LOS CENSOS 'HINCHADOS' SON CLAVES PARA EL FUTURO DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN (03/03/07)
37. LA JUEZ IMPUTA AL ALCALDE DE RIBA-ROJA Y A UN EMPRESARIO POR DELITO DE COHECHO (07/03/07)
38. EL CONSELL ADJUDICÓ EL HOSPITAL DE LLÍRIA AL MISMO EMPRESARIO AL QUE OTORGÓ 13 LICENCIAS DE TV DIGITAL (07/03/07)
39. EL FISCAL DE CASTELLÓN DESTACA LA PROLIFERACIÓN DE DENUNCIAS URBANÍSTICAS 10.03.07
40. UNA EDIL DEL PP DE BURRIANA DEJA EL CARGO POR LA ACTITUD "CACIQUIL" DE LA DIRECCIÓN 10.03.07
41. EL ALCALDE DE ORIHUELA NOMBRA A UN MAGISTRADO CABALLERO CUBIERTO (15/03/07)
42. ANTICORRUPCIÓN PIDE A HACIENDA LOS DATOS DEL PATRIMONIO DEL ALCALDE DE TORREVIEJA (16/03/07)
43. UN CONCEJAL DEL PP COMPRA SUELO UN AÑO ANTES DE ANUNCIARSE SU RECALIFICACIÓN (08/03/07)
44. LA EDIL DE HACIENDA DE ORIHUELA IGNORA EL 'AGUJERO' DE 10 MILLONES (08/03/07)
45. EL ALCALDE DE BENIDORM (PP) VOTÓ EN UN PAI EN EL QUE TIENE INTERESES (19/03/07)
46.. EL EX INTERVENTOR DE ORIHUELA ASEGURA QUE AVISÓ A UNA CONCEJALA DEL PP DE POSIBLES ANOMALÍAS (22/03/07)
47. CAMPS CONCEDE LA FACULTAD DE MEDICINA A LA CATÓLICA EN CONTRA DE LOS RECTORES (17/03/07)
48. RAMBLA JUSTIFICA LA FACULTAD CATÓLICA DE MEDICINA PORQUE "NO CUESTA DINERO" (24/03/07)
49. LOS RESPONSABLES DEL URBANISMO DE ALTEA TIENEN NEGOCIOS EN PROYECTOS QUE AUTORIZAN (26/03/07)
50. LOS EURODIPUTADOS CONSTATAN UNA FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA PARA LUCHAR CONTRA LOS ABUSOS URBANÍSTICOS (28/03/07)
51. BLASCO SE RESERVA PARA PUBLICIDAD EL EQUIVALENTE AL COSTE DE DOS CENTROS DE SALUD (28/03/07)
52. EL PP TACHA DE "PANFLETO" EL INFORME DE LOS EURODIPUTADOS (29/03/07)
53. LOS DISPENDIOS DE EDUARDO ZAPLANA (01/04/07)
54. LA TESORERÍA GENERAL CONCLUYE QUE 13 FIRMAS FALSAS COBRARON A TERRA MÍTICA (03/04/07)
55. CARGOS DEL PP DE CASTELLÓN BAJO EL RETRATO DE FRANCO (05/04/07)
56. LOS SOCIALISTAS DENUNCIAN UN DOCUMENTO DEL PP QUE INSTA A CANAL 9 A "HACER RUIDO" CONTRA LA OPOSICIÓN (08/04/07)
57. FABRA IRÁ EN LA LISTA DE CASTELLÓ PESE A LAS IMPUTACIONES (11/04/07)
58. UNA EX EDIL DEL PP ACUSA AL PARTIDO DE PLEGARSE AL INTERÉS DE LOS PROMOTORES (12/04/07)
59. RAJOY INTERVIENE PARA EVITAR QUE LA PUGNA POR LA LISTAS ENTRE CAMPS Y RIPOLL ROMPA EL PP (13/04/07)
60. EL ALCALDE DE BENIDORM GASTA 165.00 € AL AÑO EN ASESORES SIN COMPETENCIAS NI DESPACHO (16/04/07)
61. CAMPS BARRE A LOS ZAPLANISTAS, PREMIA A SUS AFINES Y PACTA CON FABRA EN CASTELLÓ (17/04/07)
62. CAMPS RELEGA AL DIPUTADO QUE REVELÓ SU HOMOSEXUALIDAD (17/04/07)
63. ALPERI ADJUDICA A ORTIZ EL ESTADIO DEL RICO PÉREZ POR 7,8 MILLONES (17/04/07)
64. ZAPLANA LANZA UN AVISO A CAMPS Y DE ESPAÑA INSINÚA QUE EN POLÍTICA EL ENEMIGO ESTÁ EN CASA (18/04/07)
65. LA FISCALÍA INVESTIGA CENSOS INFLADOS EN PUEBLOS DE CASTELLÓN CLAVES PARA LA REELECCIÓN DE FABRA (19/04/07)
66. EL CONSELL DA VÍA LIBRE AL 'PELOTAZO' DE MESTALLA Y A 11.459 PISOS EN CATARROJA (21/04/07)
67. CAOS URBANÍSTICO Y ALCALDE IMPUTADO EN EL PARADIGMA DE CIUDAD SOSTENIBLE DE CAMPS (25/04/07)
68. EL PP LOGRA VETAR UN VÍDEO CRÍTICO CON EL GOBIERNO VALENCIANO (27/04/07)
69. EL PP BLOQUEARÁ CASOS DE CORRUPCIÓN AL HACER PARLAMENTARIOS A DOS IMPUTADOS (29/04/07)
70. DENUNCIA DE IRREGULARIDES EN LA CONTRATA DE BASURA DE TORREVIEJA (30/04/07)
71. LA FISCALÍA ABRE DILIGENCIAS SOBRE EL CENSO INFLADO DE DOS AGUAS (03/05/07)
72. EL SUPREMO CONDENA A BARBERÁ POR NO DESTINAR A VPO UNA VENTA DE SUELO (03/05/07)
73. UNA EDIL DEL PP DE ARGELITA DICE QUE PRESENTARON 31 ALTAS AL PADRÓN PARA GANAR LA ALCALDÍA (04/05/07)
74. UN AMIGO DEL ALCALDE DE L'ALFÀS COMPRÓ SUELO EN PARALELO AL TRÁMITE DEL PGOU (04/05/07)
75. ARRESTADO UN JOVEN AL QUE DENUNCIÓ EL ALCALDE DE CALP POR CRITICARLO EN UNA WEB (05/05/07)
76. TRÁNSFUGAS CON URBANISMO AL FONDO (06/05/07)
77. EL CONSELL DA 448.000 € A LA FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA, VINCULADA AL PP (08/05/07)
78. FABRA TACHA DE "PAYASADA" LA DENUNCIA DE LOS CENSOS Y UN EDIL LE LLAMA "CHORIZO" (10/05/07)
79. EL PATRÓN DE LA F-1 VINCULA EL GRAN PREMIO DE VALENCIA A LA VICTORIA ELECTORAL DEL PP (11/05/07)
80. EL YERNO DE AZNAR, EN LOS BOXES DEL AUTOMOVILISMO (11/05/07)
81. RAJOY AVALA EL CHANTAJE DE LA FÓRMULA 1 EN VALENCIA (12/05/07)
82. LA JUEZ AUTORIZA QUE SE INVESTIGUEN CUENTAS Y CAJAS DE SEGURIDAD DE FABRA Y SU FAMILIA (17/05/07)
83. EL LÍDER DEL PP EN CASTELLÓN, IMPUTADO POR DELITO FISCAL, CUADRUPLICA SU PATRIMONIO EN CINCO AÑOS
84. CASTELLÓ AVALA EL EMPADRONAMIENTO DE 117 RUMANOS CON DERECHO A VOTO EN CÁRITAS (17/05/07)
85. LAS EMPRESAS DEL CUÑADO DE UN EDIL DE CALP LOGRARON SUBCONTRATAS POR SEIS MILLONES (17/05/07)
86. FABRA COBRÓ 841.000 € POR ASESORAR A EMPRESAS SIENDO PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN (19/05/07)
87. EL 'NÚMERO DOS' DE FABRA ACAPARA FINCAS SIN REGISTRAR QUE LE DONARON VECINOS DEL PUEBLO EN EL QUE GOBIERNA (22/05/07)
88. EL ALCALDE DE VALL D'ALBA VENDIÓ POR MÁS DE 150.000 € UNA FINCA DONADA (21/05/07)
89. UN JUEZ ANULA UN PAI EN XIXONA CON 5.500 CASAS POR SER CONTRARIO AL INTERÉS GENERAL (24/05/07)
90. FABRA GASTÓ EN 2004 EL DOBLE EN PAGAR PRÉSTAMOS DE LO QUE INGRESÓ (24/05/07)
91. LA VICTORIA EN TRES PUEBLOS DE CASTELLÓ CON CENSOS INFLADOS SE DECIDIÓ POR ESCASO MARGEN (30/05/07)
92. UNA JUEZ CONDENA AL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE POR TRATO DE FAVOR A ORTIZ EN UNA CONTRATA (06/06/07)
93. TORREVIEJA APRUEBA 1,2 MILLONES EN FACTURAS FUERA DEL PRESUPUESTO (06/06/07)
94. EL EDIL ENCARCELADO POR CORRUPCIÓN DEJA EN EVIDENCIA AL PP AL NO RENUNCIAR AL CARGO (07/06/07)
95. EL ALCALDE DE LA VILA RECONOCE QUE HA EJERCIDO DE MÉDICO SIN TÍTULO Y DIMITE (08/06/07)
96. EL ALCALDE SALIENTE DE ORIHUELA TRATA DE APROBAR PAGOS PENDIENTES A FENOLL ANTES DE MARCHARSE (08/06/07)
97. DETENIDO POR EXTORSIÓN UN INDUSTRIAL DE ALICANTE AFÍN AL PP (31/05/07)
98. EL JUEZ IMPUTA A FENOLL, SU HIJO Y EL EDIL DEL PP UN POSIBLE DELITO ELECTORAL (11/06/07)
99. EL TSJ ANULA EL PLAN GENERAL FORESTAL EN EL QUE SE APOYAN DECENAS DE PLANES URBANÍSTICOS (11/06/07)
100. EL AUDITORIO DE MÉXICO AVALA CON DOCUMENTOS QUE EL IVEX PAGÓ 1,8 MILLONES EN
101. TABARES VIVE Y TRABAJA EN TOKIO MIENTRAS LA POLICÍA LE BUSCA PARA QUE INGRESE EN PRISIÓN (14/06/07)
102. EL ALCALDE DE LA VILA INCURRIÓ EN FALTA AL ATRIBUIRSE EL TÍTULO DE MÉDICO (14/06/07)
103. CRISIS EN SANIDAD AL NEGARSE UN DIRECTOR GENERAL A AVALAR CONCURSOS DE BLASCO (17/06/07)
104. VÍCTIMAS DEL METRO PIDEN QUE EL CONSELL RESPONDA DE UN DELITO CONTRA LA SEGURIDAD (18/06/07)
105. EL EX ALCALDE DE LA VILA ADMITE AL FISCAL QUE NO ES MÉDICO (19/06/07)
106. UN EMPRESARIO ADMITE AL JUEZ QUE FACTURAS DE SU EMPRESA EN TERRA MÍTICA SON
107. EL JUEZ TRAMITA EL ENVÍO AL TSJ DEL 'CASO ALPERI' POR TRATO DE FAVOR A ORTIZ (20/06/07)
108. LA ESPOSA DEL EX ALCALDE DE BURRIANA TIENE CUENTAS EN ANDORRA (20/06/07)
109. EL SUPREMO AFIRMA QUE EL ALCALDE DE VILA-REAL NO MERECE EL INDULTO (26/06/07)
110. LA POLICÍA COPIA LAS CINTAS QUE IMPLICAN A ZAPLANA EN COBRO DE COMISIONES (27/06/07)
111. GREENPEACE DENUNCIA LOS PLANES PARA EDIFICAR 466.000 VIVIENDAS EN EL LITORAL VALENCIANO (27/06/07)
112. LA PENÚLTIMA ADVERTENCIA DE BRUSELAS (27/06/07)
113. UNA IGLESIA PARA 'LOS MÁRTIRES DEL 36'(02/07/07)
114. EL POPULAR COTINO REDUCE EN VALENCIA LAS AYUDAS A LOS ENFERMOS MENTALES (05/07/07)
115. LA ALCALDESA DE ORIHUELA COBRARÁ 60.000 € Y TENDRÁ 20 ASESORES (05/07/07)
116. UN EX EDIL DE LA VILA DECLARA QUE FUE EL PARTIDO EL QUE LES DIJO QUE LLORCA ERA MÉDICO (05/07/07)
117. EL EX ALCALDE MURO ACEPTA UNA MULTA DE 600 € POR PREVARICACIÓN (05/07/07)
118. LA FISCALÍA PIDE LA LOCALIZACIÓN DE TABARES Y MÁS DATOS A MÉXICO SOBRE EL 'CASO IVEX' (07/07/07)
119. CALP AFRONTA UNA DEUDA DE 60 MILLONES TRAS 12 AÑOS CON EL PP (10/07/07)
120. EL PP RECHAZA DE NUEVO HACER PÚBLICOS LOS BIENES DE LOS DIPUTADOS (12/07/07)
121. UN EDIL DEL PP IMPUTADO POR EXTORSIÓN NO ASUME EL CARGO (12/07/07)
122. CAMPS Y SU GOBIERNO ARROPAN A FABRA EN SU TOMA DE POSESIÓN EN LA DIPUTACIÓN (13/07/07)
123. RIPOLL LLEGA A LA DIPUTACIÓN ARROPADO POR ZAPLANA Y PIDE LA "COMPAÑÍA" DE
124. EL PP VALENCIANO HACE SENADORA TERRITORIAL A UNA DE LAS HIJAS DE FABRA (17/07/07)
125. EL CONSTITUCIONAL RECHAZA EL RECURSO DE VALENCIA CONTRA EL ESTATUTO ANDALUZ (17/07/07)
126. RUS PROPONE "CORTAR LA MANO" A QUIEN LA META EN LA CAJA (17/07/07)
127. ANDREA FABRA: LA FAMILIA Y UNA MÁS (18/07/07)
128. INSTRUCCIÓN JUDICIAL EN VÍA MUERTA CON IMPUTADOS DEL PP (25/07/07)
129. IMPUTADAS OTRAS DOS EX ALTOS CARGOS DEL PP POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN EL 'CASO FABRA' (25/07/07)
130. EL PP MANTIENE EN EL GOBIERNO VALENCIANO A UN FUGITIVO DE LA LEY (26/07/07)
131. EL LÍDER EN CASTELLÓN DE LAS JUVENTUDES DEL PP ARREMETE CONTRA FABRA Y DIMITE (27/07/07)
132. CALP HARÁ UNA AUDITORÍA PARA ESCLARECER LA DEUDA DE 60 MILLONES (28/07/07)
133. CAMPS PONE TRABAS A LA DESALADORA DE TORREVIEJA TRAS PERDER EN EL CONSTITUCIONAL (29/07/07)
134. "HAY 40 MILLONES DE EUROS EN OBRAS QUE NO CORRESPONDEN A NINGÚN CONTRATO" (03/08/07)
135. TERRA MÍTICA, UN PARQUE DE ATRACCIONES ENTRE LA RUINA ECONÓMICA Y LAS SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN (03/08/07)
136. JULIO IGLESIAS COBRÓ DOS VECES EL CONCIERTO DEL IVEX EN MÉXICO (08/08/07)
137. LA POLICÍA DETIENE EN PARÍS A LAGIER, UNO DE LOS CONDENADOS POR EL CASO IVEX (10/08/07)
138. EL ALCALDE DE TORREVIEJA ADJUDICA POR DECRETO TRES OBRAS A LA FIRMA QUE LE COMPRÓ UNA FINCA (10/08/07)
139. EL TSJ DECLARA ILEGALES LAS OBRAS DEL NUEVO EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CALP (25/08/07)
140. EL CONSELL RECURRE LA LEY DEL SUELO EN SINTONÍA CON ESPERANZA AGUIRRE Y EL PP (01/09/07)
141. COMUNIDAD VALENCIANA LA SECRETARIA DE VILAR DICE QUE EL CHÓFER DE FABRA RECOGÍA "SOBRES" (06/09/07)
142. IMPUTADOS POR PREVARICACIÓN SEIS EDILES Y EL DUEÑO DE MARINA D'OR (09/09/07)
143. ZAPLANA SE CONVIERTE EN UN "PROBLEMA" PARA RAJOY AL NEGARSE CAMPS A QUE
144. LA CAÍDA DE CARGOS ZAPLANISTAS OBLIGA A RIPOLL A DARLES COBIJO EN LA DIPUTACIÓN (10/09/07)
145. EL EX ALCALDE DE LA VILA JOIOSA GASTÓ 9.500 EUROS EN REGALOS NUEVE DÍAS ANTES
146. MALUENDA Y CASTELLANO VIAJARON A SUECIA A VER AL VALENCIA CF EN 2004 PAGADOS
147. EL CONSELL DEFENDIÓ CON AZNAR QUE NO HACÍA FALTA LA TRANSFERENCIA DE CERCANÍAS SINO MEJORAR EL TREN (18/09/07)
148. ABOGACÍA DEL ESTADO CALCULA EN 4,5 MILLONES DE EUROS EL DINERO DEFRAUDADO A HACIENDA EN EL 'CASO TERRAMÍTICA' (19/09/07)
149. EL PP APRUEBA 2.500 CASAS EN ORIHUELA PENDIENTES DE LA DESALADORA QUE BOICOTEA (19/09/07)
150. EL JUEZ DEL CASO DE LOS APARCAMIENTOS EN EL QUE ESTÁ IMPUTADO ALPERI VE INDICIOS DE DELITO (20/09/07)
151. EL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA... ¡DEL PP Y SIN BANDERA! (21/09/07)
152. BENIDORM ADJUDICA LA ZONA AZUL A UNA EMPRESA DE UN EX EDIL DEL PP (21/09/07)
153. UN IMPUTADO POR EXTORSIÓN Y EN LIBERTAD BAJO FIANZA ASUME SU ACTA DE CONCEJAL DEL PP EN ALBATERA (21/09/07)
154. LOS MILLONARIOS CHÓFERES DEL PP VALENCIANO (30/09/07)
155. EL EX ALCALDE DE GUADALEST SE LLEVABA A SU CASA INGRESOS PÚBLICOS (02/10/07)
156. EL ALCALDE DE SAN MIGUEL, IMPUTADO POR UN CONVENIO URBANÍSTICO (07/10/07)
157. LA PUGNA POR LOS CARGOS INSTITUCIONALES CENTRA LA POLÉMICA EN NUEVAS GENERACIONES DE VALENCIA (08/10/07)
158. EL PP DE CALP CONDONÓ 269.000 EUROS AL PROMOTOR DE UN POLÍGONO INDUSTRIAL (08/10/07)
159. BARBERÁ COLOCA CONSIGNAS DEL PP EN SU ARTÍCULO INSTITUCIONAL (09/10/07)
160. NUEVO RAPAPOLVO A TORREVIEJA POR EFECTUAR PAGOS IRREGULARES (09/10/07)
161. JACARILLA MULTIPLICARÁ SU POBLACIÓN POR 15 CON EL VISTO BUENO DE LA GENERALITAT (11/10/07)
162. LA EX CONSEJERA DE COOPERACIÓN DICE QUE CAMPS NO LE INFORMÓ DEL CAMBIO DE LAS PARTIDAS DE LAS ONG (12/10/07)
163. EL CONCEJAL DE HACIENDA DE CASTELLÓN (PP) CULPA A LA INMIGRACIÓN DE LAS SUBIDAS DE HASTA EL 12% EN CINCO TRIBUTOS MUNICIPALES (16/10/07)
164. EL AYUNTAMIENTO PEPERO DE CASTELLÓN GASTA MÁS DE 600.000 EUROS ANUALES EN EL SUELDO DE ASESORES "A DEDO" (17/10/07)
165. ALPERI CONFIRMA LA SUBIDA DEL IBI EN UN 4,48% Y DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN EN UN 15% EN ALICANTE (17/10/07)
166. BENIDORM SUBE LOS IMPUESTOS Y ELABORA UN PLAN PARA EVITAR LA QUIEBRA ECONÓMICA (19/10/07)
167. EL TSJ ASUME LA INVESTIGACIÓN A ALPERI POR PREVARICACIÓN (20/10/07)
168. CUATRO AÑOS EN EL CARGO CON LA CORRUPCIÓN EN LOS TALONES (20/10/07)
169. DEL PICAROL AL CLUB DE TENIS VALENCIA (21/10/07)
170. LA FUNDACIÓN DEL VIAJE DEL PAPA NO HA REGISTRADO SUS CUENTAS (22/10/07)
171. EL PP DE CASTELLÓN SOMETERÁ A LA APROBACIÓN DEL PLENO EL PAGO DE 3 MILLONES EN FACTURAS SIN CONTRATO (25/10/07)
172. BIENESTAR SOCIAL GASTA EN PUBLICIDAD LA MITAD DEL DINERO PARA INSERCIÓN SOCIAL (26/10/07)
173. EL CONSELL IMPIDE A 3 DIPUTADOS DEL PSPV ENTRAR EN EL PALAU DE LES ARTS (03/11/07)
174. LA SÍNDICA ABRE UNA INVESTIGACIÓN AL CONSELL SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE LA DEPENDENCIA (06/11/07)
175. EL EX MINISTRO POSADA RECONOCE QUE JUAN COSTA ASISTIÓ A LA REUNIÓN SOBRE NARANJAX (07/11/07)
176. LA GENERALITAT MARGINA AL ZAPLANISTA RIPOLL EN EL REPARTO DE SUBVENCIONES A DIPUTACIONES (07/11/07)
177. EL 78% DE LOS ASESORES DE FABRA SON CARGOS POLÍTICOS Y FAMILIARES (09/11/07)
178. LA SÉPTIMA JUEZ DEL 'CASO FABRA' PIDE EL TRASLADO(10/11/07)
179. CELIA VILLALOBOS ADMITE ANTE LA JUEZ QUE FABRA SE INTERESABA POR LA LENTITUD DE LOS PERMISOS (10/11/07)
180. EL PP DESCALIFICA A BERNAT SORIA POR "ANDALUZ QUE HABLA CATALÁN" (11/11/07)
181. FABRA EXIGE AL JUZGADO QUE RESTRINJA LOS DATOS QUE FACILITA AL GABINETE DE PRENSA DEL TSJ (13/11/07)
182. LA GENERALITAT VALENCIANA DESVÍA 33 MILLONES DE EUROS DE FONDOS SOLIDARIOS PARA LA AMERICA’S CUP (14/11/07)
183. EL OPUS Y LA ESCUELA INFANTIL SE LLEVAN EL MISMO DINERO (14/11/07)
184. LA JUEZ CONCLUYE QUE LA SENADORA ANDREA FABRA DEBE SER INVESTIGADA POR LOS PERITOS DE HACIENDA (15/11/07)
185. EL ALCALDE DE OROPESA ADMITE HABER VIAJADO CON EL PROMOTOR DE UN PAI (16/11/07)
186. EL ALCALDE OBVIÓ EN EL PLENO DOS INFORMES CONTRA UN PLAN DE LA TRAMA URBANÍSTICA QUE DENUNCIA EL FISCAL (18/11/07)
187. ALCALDES DEL PP EN LA MARINA BAIXA SE ENFRENTAN POR EL AGUA (19/11/07)
188. LA JUEZ IMPUTA AL ALCALDE DE FANZARA POR MANIPULACIÓN DEL CENSO ELECTORAL (22/11/07)
189. RITA BARBERÁ DEJA EN "SUSPENSIÓN DE PAGOS" AL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA (23/11/07)
190. EL SOBRECOSTE DE LA GLORIETA DE ORIHUELA SE VERÁ EN EL TSJ (23/11/07)
191. CUANDO LA SANIDAD PÚBLICA ES UN NEGOCIO (24/11/07)
192. EL FISCAL INVESTIGA SI UN CARGO EDUCATIVO PREVARICÓ EN LA MATRÍCULA DE UN COLEGIO (25/11/07)
193. CAMPS PLANTA A DIGNIDADES DE LA IGLESIA TRAS UNA BRONCA PROTOCOLARIA (26/11/07)
194. TABACALERA, UN 'PELOTAZO' CON PRISAS (27/11/07)
195. EL PP SE OPONE A LAS DESALADORAS PERO ESTUDIARÁ CASO A CASO SI GANA RAJOY (28/11/07)
196. EL EX ALCALDE DE GUADALEST DECLARA POR FALSEDAD (29/11/07)
197. 600.000 EUROS PARA LA FUNDACIÓN DEL EX JEFE DE PRENSA DE AZNAR, INVESTIGADA POR HACIENDA (01/12/07)
198. BARBERÁ SE NIEGA A INVESTIGAR LA GRAVE INUNDACIÓN DEL PALAU DE LES ARTS (01/12/07)
199. EL TSJ ANULA EL REFORMADO DE LA ESTACIÓN DE BENIDORM (01/12/07)
200. EL JUEZ PIDE AL EDIL DE URBANISMO DE OROPESA ESCRITURAS DE SU PATRIMONIO (01/12/07)
201. EL FISCAL INVESTIGA LA CESIÓN DE LA GESTIÓN DE AGUA DE CABANES A MARINA D'OR (01/12/07)
202. EL PERITO RATIFICA A LA JUEZA QUE UNA BALIZA REPROGRAMADA HABRÍA EVITADO EL ACCIDENTE (04/12/07)
203. EL INTERVENTOR DE CASTELLÓ ADVIERTE QUE EL PRESUPUESTO LOCAL SUPERA EN 5 MILLONES EL LÍMITE LEGAL DE GASTOS (04/12/07)
204. VÍA LIBRE AL 'MANHATTAN' DE CULLERA CON LA OPOSICIÓN DEL GOBIERNO (06/12/07)
205. UNA EX ALTO CARGO ADMITE MANIOBRAS DE FABRA PARA LA FIRMA DE SU ESPOSA (11/12/07)
206. EL FISCAL AFIRMA QUE ALPERI FAVORECIÓ A ORTIZ POR AMISTAD (12/12/07)
207. EL EX CONSEJERO DEL PP CARTAGENA SE ENFRENTA A OTRO JUICIO, PENDIENTE DEL INDULTO (13/12/07)
208. RIPOLL SE SUBE EL SUELDO UN 37% Y ROZARÁ LOS 100.000 EUROS ANUALES (14/12/07)
209. RUS DECLARARÁ COMO IMPUTADO POR UNA EXPROPIACIÓN (14/12/07)
210. EL CONSELL CAMUFLA SUS ASESORES Y LOS TRANSFORMA EN FUNCIONARIOS (17/12/07)
211. EMPRESARIOS IRRITADOS CON CAMPS (19/12/07)
212. DEJA EL JUZGADO LA SÉPTIMA JUEZ DEL 'CASO FABRA' (19/12/07)
213. EL EX ALCALDE DE LA VILA FUE 10 AÑOS MÉDICO SÓLO CON UN CURSO APROBADO (19/12/07)
214. EL CUÑADO DEL EDIL ROSELLÓ ADMITE SER EL DUEÑO DE LA FIRMA DEL CASO AGUAS DE CALP (19/12/07)
215. EL PP APRUEBA EL PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT MENOS INVERSOR (21/12/07)
216. EL CONSELL 'ESCONDE' EN SUS CAJONES 1.224 MILLONES EN FACTURAS IMPAGADAS (22/12/07)
217. LA OPACIDAD DEL CONSELL PROVOCA OTRA PREGUNTA SOBRE LA VISITA PAPAL (26/12/07)
218. LA FISCALÍA INVESTIGA SI HAY DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LOS DERRIBOS DE LA TABACALERA (28/12/07)
1. EL FISCAL INVESTIGA LA RELACIONES ENTRE LAS TRAMAS DE FACTURAS FALSAS DE TERRA MÍTICA (04/01/07)
La Fiscalía de Valencia investiga la relación entre las supuestas tramas de facturas falsas detectadas en torno a Terra Mítica y a la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA). Así consta en el escrito que acompañó al expediente de la Agencia Tributaria sobre un posible fraude en la liquidación de los impuestos de Sociedades y del IVA de la SPTA por un importe de más de 1,5 millones de € y que la fiscalía entiende que podría llegar hasta los dos millones de €.
El fraude detectado por la Agencia Tributaria de Valencia en relación con la liquidación del impuesto del IVA del ejercicio 2001 de la SPTA está ya en manos de un juzgado de Alicante tras presentar el fiscal anticorrupción de Alicante la correspondiente denuncia. Al fiscal anticorrupción de Alicante le llegó tras ser derivado el expediente de Hacienda por su homólogo en Valencia.
Poco más de un folio resume los datos esenciales del supuesto fraude, en el que la fiscalía de Valencia apunta la implicación de una decena de firmas que ejecutaron 20 proyectos sospechosos. Ese escrito condensa la información sustancial del expediente de Hacienda, cerrado al límite de la prescripción de los posibles delitos y sin que la Fiscalía haya podido realizar diligencias más allá de la denuncia para no consumir los plazos legales establecidos.
En él se dice que "las mercantiles Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (antes Sociedad Parque Temático de Alicante); Cobra, Instalaciones y Servicios, SA; Moncobra, SA; Atil Cobra, SA; Luis Batalla, SA, y la Unión Temporal de Empresas Terra Verd, integrada por la propia Terra Verd, por Constructora, Hormigones Martínez; C3-Ingeniería de la Construcción y del Medioambiente; y Gestión y Construcción de Obra están implicadas en un presunto delito contra la Hacienda Pública referido a una devolución improcedente del IVA de 2001 por un importe de 1.566.626,37 €".
La Fiscalía de Valencia entiende que esa cantidad puede ser mayor si se confirmaran supuestas irregularidades en el impuesto de sociedades y que podría afectar a otros ejercicios. Varias de esas mercantiles han sido denunciadas en la trama de facturas falsas que investiga el Juzgado de Instrucción número tres de Valencia y que implica a 20 mercantiles, entre ellas Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, y a 32 responsables de las mismas.
Esto hizo que a pesar de la premura en la que insiste anticorrupción de Valencia que obligó a trasladar el expediente sin practicar diligencias, acordase "la obtención de copias de los antecedentes suficientes y de la documentación presentada ante esta Fiscalía relativa a la presentación irregular de una serie de facturas a la entidad Terra Mítica, por la relación que pudiera tener con las Diligencias Previas 4990/05". Estas últimas corresponden al caso Terra Mítica.
2. LOS ZAPLANISTAS TRASLADAN SU PULSO CON LOS CAMPISTAS AL CONSEJO DE LA CAM (04/01/07)
Los teléfonos echan humo. Los contactos para tratar de cerrar las candidaturas al consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) -se renuevan 11 de los 20 puestos- se han acelerado estos días y han trasladado el pulso entre campistas y zaplanistas al seno de la caja. Francisco Camps ha tomado la iniciativa en un proceso que ha reactivado las iras del sector zaplanista, que trata de no perder fuerza en la caja, y que amenaza con una lista alternativa. El choque coincide con la inminente elaboración de listas para las próximas elecciones autonómicas.
"Valencia desconoce lo que es Alicante". La frase, pronunciada por un representante del sector zaplanista alicantino, resumiría el enfrentamiento que se vive en el seno de la caja de ahorros. El presidente Camps ve en la renovación de parte de los órganos de gobierno de la entidad el momento definitivo para colocar sus piezas de cara al futuro. También para ir quitando otras. Mientras, los zaplanistas no están dispuestos a perder poder. Unos y otros muestran confianza en sus fuerzas. El sector zaplanista amenaza con presentar una lista de candidaturas alternativas al consejo de administración. Pese a ello, un consejero advierte de que el pacto es necesario antes del 17 de enero cuando se cierra el plazo de presentación de candidaturas. El proceso se produce en un momento en el que se están confeccionando las listas para los comicios municipales y autonómicos. Un enfrentamiento abierto dentro del PP podría salpicar a las decisiones que Camps tome desde Valencia.
Los dos bloques buscan la adhesión socialista. El PSPV acordó con el PP la lista que las Cortes nombraron por parte de la Generalitat para la asamblea general. El acuerdo afectaba, en segundo término, a la renovación del consejo de administración -donde tres personas serán propuestas por los socialistas- y de la comisión de control. En las conversaciones, también se decidió ampliar el número de vicepresidencias. El litigio de los populares se traduce en propuestas distintas. Modesto Crespo (presidente de Coepa), Manuel Pelaéz (Ecisa) o Ángel Martínez (por la territorial de Murcia) son algunos nombres que Camps tiene en la cartera. Antonio Alcalá (Vargas-Machua), Juan Espinar (asesor de José Joaquín Ripoll) o Armando Sala son parte de los deseos zaplanistas.
Y aunque los cargos se cerrarán entre el 18 de enero y la asamblea general del 2 de febrero, uno de los puntos de la pugna en el proceso es la decisión de Camps de que Modesto Crespo, presidente de Coepa y la feria de Alicante (IFA) asuma la presidencia territorial de Alicante y la vicepresidencia que ocupa Armando Sala. La decisión sobre Crespo no estaba pactada. Un empresario contextualiza los distintos cargos de Crespo en que éste ha "dado la cara" por Camps. Desde Coepa, sin embargo, explican que el anterior presidente, Joaquín Rocamora, no pudo formar parte del consejo de la CAM por incompatibilidades.
Crespo se situaría en la pole position en la carrera por sustituir a Vicente Sala. El presidente de la CAM, cuyo puesto de consejero se someterá a votación por el turno extraordinario de impositores, cumplirá en tres años la edad máxima que la ley permite para mantener su responsabilidad. Todo ello a pesar de que Sala estaría dispuesto a seguir. El Consell pretende, a cambio, situar a Armando Sala al frente de la comisión de control, cargo en el que perdería presencia pública.
3. EL JUEZ IMPUTA AL ALCALDE DE ORIHUELA POR EL CASO DE LAS FACTURAS FALSAS (05/01/07)
Los juzgados de Orihuela han acordado dos nuevas imputaciones al alcalde de la localidad, José Manuel Medina, del PP, derivadas de la denuncia general de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante al Consistorio por corrupción urbanística y contable. El titular del Juzgado número 3 ha citado al regidor, como imputado por los supuestos delitos de falsedad y prevaricación, relacionados con el caso de las facturas falsas presentadas a cobro por la firma Necso (adjudicataria del servicio de basuras del municipio) por un importe de 240.000 € y por el pago de un extra de 180.000 € a los operarios de esa empresa para evitar una huelga en la Navidad de 2004.
José Manuel Medina está, además, imputado en la causa principal de la denuncia de la fiscalía que investiga el uso por parte del primer edil de bienes -un Rolls Royce y un chalé- propiedad de promotores locales beneficiados con adjudicaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. Medina ya declaró en este sumario el pasado mes de agosto y admitió ante la juez, la titular del Juzgado número 4, que vivía en el chalé del promotor y que conducía el lujoso turismo del empresario.
A los pocos días de su paso por el juzgado, Medina, en la alcaldía de Orihuela desde 1996, anunció que no optaba a la reelección al cargo en los comicios municipales del próximo mes de mayo. Además del acoso judicial, en la actitud del regidor pesó la decisión del presidente regional del PP, Francisco Camps, de retirarle su apoyo.
Las dos nuevas imputaciones a Medina -el juez está pendiente de la agenda del fiscal para fijar la fecha de la comparecencia en el juzgado del alcalde- forman parte de las 15 causas en el las que el fiscal anticorrupción desglosó su denuncia general contra el Ayuntamiento. El juez ya ha interrogado por estos supuestos hechos delictivos al ex interventor de la corporación, José Manuel Espinosa. El funcionario es el testigo de cargo en la denuncia de la Fiscalía.
En su declaración ante el magistrado José Manuel Espinosa aseguró que la firma Necso presentó a cobro, basándose en un supuesto lucro cesante, tres facturas por un importe de unos 240.000 €. "Yo vi las facturas", aseveró el ex interventor. Según el funcionario, la sociedad presentó las facturas en mayo de 2002, cuando el Ayuntamiento se planteó la retirada de la adjudicación de la contrata para unificar el servicio de basuras del casco urbano y la playa.
El funcionario también declaro ante el juez que el alcalde pagó, mediante decreto, en diciembre de 2004, un extra de 180.000 € a la plantilla de Necso para evitar una huelga.
4. EL ALCALDE DE VILA-REAL (PP) FIRMA RESOLUCIONES PESE A SU INHABILITACIÓN (10/01/07)
El alcalde de Vila-real (Castellón), Manuel Vilanova (PP), condenado a 8 años de inhabilitación por prevaricación, se mantiene en su cargo. La Audiencia Provincial de Castellón, la misma que le absolvió antes de la pena del Tribunal Supremo, atendió su solicitud de suspensión de ejecución de la sentencia hasta que se resuelva su petición de indulto. La oposición ha pedido que se dictamine sobre la situación.
El alcalde sigue convocando plenos, firmando resoluciones y votando actuaciones pese a que la sentencia es firme. La apariencia de normalidad que Vilanova pretende imponer en el funcionamiento del Ayuntamiento ha provocado una situación de inseguridad jurídica. Así, PSPV, Esquerra Unida y Bloc, los tres partidos que tienen representación en el Ayuntamiento, aparte del PP, han solicitado al secretario municipal que dictamine sobre la validez de las decisiones que está tomando pese a estar condenado.
En un escrito, presentado por registro, los tres grupos solicitan al secretario que redacte un informe sobre la situación jurídica en que se encuentra el Consistorio después de la sentencia del Tribunal Supremo, y piden al secretario que explique si existe posibilidad "de acuerdo con la jurisprudencia o precedentes anteriores y atendiendo a la firmeza e imposibilidad de recurrir la sentencia, de que la inhabilitación fuera efectiva desde el mismo día en que se dictó la sentencia y, por tanto, las decisiones que se adopten pudieran ser nulas o anulables por la efectividad de la inhabilitación".
En el documento, los tres grupos han dejado además patente que el conocimiento que han tenido tanto la sentencia como la suspensión de su ejecución y la solicitud de indulto ha sido a través de los medios de comunicación, ya que el PP se ha negado a convocar una junta de portavoces para tratar la situación del alcalde.En su exposición, los concejales de la oposición (que suman 10 frente a los 11 del PP), firman su consideración de que al tratarse de una sentencia firme, "podría darse una situación de inseguridad jurídica ante la continuación del ejercicio de funciones por parte del alcalde, quien convoca los plenos, continúa dictando decretos y ejerciendo sus funciones como si nada hubiera sucedido en este Ayuntamiento".
En el escrito, los concejales incluso expresan las "dudas" que les han planteado "expertos en la materia", que se basan en el único hecho de que no hay precedentes de una situación como ésta. Aún así, añaden que dado que la sentencia es firme, "lo que hace el alcalde es pedir perdón al Gobierno", con lo que las decisiones que se tomen en los plenos que convoca, así como la validez de su voto "podrían ser recurridos por los ciudadanos que crean vulnerado algún derecho y pedir la nulidad de los actos, lo que llevaría a una inseguridad jurídica y a un aumento de la litigiosidad en este Ayuntamiento", tal como indica el escrito.
5. LA FIRMA QUE VENDIÓ LA FINCA AL ALCALDE DE TORREVIEJA (PP) EXIGE 41 MILLONES AL CONSISTORIO (11/01/07)
La familia que vendió una finca rústica al alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández, del PP, por 180.000 € y que éste revendió más tarde por 5,4 millones, reclama seis años después al Ayuntamiento 41 millones por la expropiación de un solar en el casco urbano de la población, calificado como suelo urbano, pero de uso dotacional. La propiedad ha presentado un contencioso ante el Jurado Provincial de Expropiación. Esta parte sostiene que ha transcurrido el plazo de cinco años desde la aprobación del programa urbanístico sin hacer efectiva la expropiación.
El regidor de Torrevieja compró en 2000 una finca rústica en la vecina localidad de Almoradí por 180.000 €. El vendedor fue las mercantiles Proyectos de Cañada, SL, y Giménez Cañizares, SL. Dos años más tarde, Pedro Ángel Hernández vendió la finca a una firma del grupo inmobiliario Edén por 5,4 millones de €, extremo que le reportó al primer edil una plusvalía de 5,2 millones de €.
En el momento de la venta, y en la actualidad, los vendedores poseían dos parcelas que sumaban 15.000 m2 en el centro de Torrevieja, calificadas en el plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelo urbano, aunque incluidas en una zona más amplia que el Ayuntamiento ha destinado a uso dotacional (jardines). Los propietarios de esas parcelas sostienen que el Ayuntamiento ha "ocupado" ilegalmente el suelo sin mediar un expediente de expropiación y tampoco ha desbloqueado el Programa de Actuación Urbanística previsto.
Ante esta situación, la propiedad del suelo ha presentado un contencioso ante el Jurado de Provincial de Expropiación. Los dueños de las parcelas han valorado el suelo en 41 millones de €. El Jurado Provincial dará por valida la tasación, si en el plazo de 15 días el Ayuntamiento no presenta un recurso.
Los propietarios de las parcelas basan su demanda en que ya han transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del Programa de Actuación Urbanística sin llevar a efecto la expropiación de los terrenos, "que, con arreglo a su calificación urbanística, no sean edificables por sus propietarios, ni hayan de ser objeto de cesión obligatoria".
Los dueños del suelo denuncian la situación de bloqueo de los dos solares, al no poder disponer de ellos dados su uso dotacional público al que se encuentran afectos y al no habérseles permitido edificar. "Han transcurrido casi 20 desde la entrada en vigor del PGOU de Torrevieja y la Corporación no ha sido capaz de gestionar la adquisición de los precitados solares", argumentan los dueños del suelo.
La operación inmobiliaria del alcalde es objeto de una investigación judicial tras una denuncia del grupo municipal de EU ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. Hernández Mateo ya ha comparecido ante el juez como imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
6. FAMILIARES DEL RESPONSABLE DE URBANISMO MULTIPLICAN POR 10 SU INVERSIÓN EN UNOS TERRENOS (14/01/07)
Vicente Olcina Llorca, hermano del concejal de Urbanismo e impulsor del PGOU de Orxeta, José Olcina Llorca, vendió unos terrenos calificados como no urbanizables al promotor Vicente Pastor, presidente del equipo de fútbol del Benidorm, con una "cláusula de regulación de precio" en caso de que aumentara el aprovechamiento urbanístico y fueran recalificados.
Antes de que Pastor firmara la escritura de compra, el alcalde Vicente Llinares firmó un convenio para reclasificarlos. El resultado fue que el valor de los terrenos se multiplicó por 10 en algo más de tres años. Se compraron por 500.000 € y se han vendido por 5 millones.
La finca -de 968.000 m2 - fue heredada por dos hermanas de la localidad, que la vendieron en mayo de 2003 a cuatro matrimonios (entre los que se encuentra el de Vicente Olcina y María Vicenta Lloret, que a su vez es cuñada del alcalde) por 564.951,39 €. Los terrenos fueron adquiridos el 20 de enero de 2004 por Balcón de Florida S.L., empresa de Vicente Pastor, por 2,6 millones de €, condicionando el precio de los mismos a su futura inclusión en el plan general y al aprovechamiento urbanístico que de él se obtuviera, con un incremento de 1,78 millones de € y 681.241 €, lo que incrementaría el precio total de venta hasta los 5,08 millones. Según figura en la documentación del registro de la propiedad esta revisión se producirá si "el Ayuntamiento de Orxeta aprueba el instrumento urbanístico de planeamiento que clasifique total o parcialmente las fincas objeto de la presente escritura".
La reclasificación tiene que producirse "dentro del término de los sesenta y seis meses siguientes a la fecha del otorgamiento de la escritura pública de compraventa", y concreta que la edificabilidad debe de ser "al menos, ciento noventa y tres mil metros cuadrados de techo; si la edificabilidad resultante fuera, al menos, la mitad indicada, es decir noventa y seis mil quinientos metros cuadrados de techo (...) la suma que el comprador deberá entregar será de cuatrocientos ocho mil setecientos cuarenta y cuatro €". La escritura se otorgó en Benidorm el 23 de julio de 2004 al notario de Benidorm.
El 5 de mayo de 2004 el alcalde de Orxeta, Vicente Llinares, firmó con el constructor Vicente Pastor un convenio urbanístico por el que el Ayuntamiento "asume el compromiso de impulsar el correspondiente expediente administrativo para la inclusión de 400.000 metros cuadrados de la finca descrita", con una edificabilidad de 0,20 m2/m2 de suelo. Vicente Llinares, afirmó desconocer que existiera cualquier acuerdo privado "sobre el incremento de compra entre un particular con el que no tengo nada que ver y el constructor". En cambio, admitió que "sí tengo relación con Pastor, con quien firmé un convenio que se aprobó en pleno y ha permanecido a exposición pública. No lo hemos escondido. Este convenio es legal".
Llinares se mostró tranquilo porque "tengo todas las pruebas de que cuando se incluyó esa cláusula de regularización todavía no habíamos iniciado la redacción del PGOU". El regidor indicó que fue la Generalitat la que pidió en 2003 iniciar los trámites para que cambiaran las normas subsidiarias vigentes hasta el momento por un nuevo PGOU, y fijó en esa fecha las gestiones. En la denuncia presentada por el Bloc ante el TSJ se indica que el convenio para reclasificar los terrenos se hizo cuando todavía no se había firmado la escritura pública de compraventa.
7. EL FISCAL PIDE AL JUEZ QUE INVESTIGUE LAS CASAS QUE OCUPAN LOS HIJOS DE DÍAZ ALPERI (16/01/07)
El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, ha pedido al juez que instruye el caso de los aparcamientos que investigue las casas que ocupan los tres hijos del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, en una una urbanización de la Playa de San Juan. Los hijos de Alperi disponen de tres bungalows que hasta hace tres meses eran propiedad de Viviendas del Mediterráneo Orvi S.L., empresa de la que el mayor contratista de la ciudad, el constructor Enrique Ortiz, tiene la mitad. Viviendas del Mediterráneo trasmitió las casas poco después de conocerse la imputación del alcalde y del empresario por el caso de los aparcamientos.
El fiscal Anticorrupción ha solicitado al juez que requiera mediante un oficio a Viviendas del Mediterráneo para que aclare la titularidad de los bungalows que ocupan los hijos de Alperi. Briones trata de esclarecer si los tres hijos del alcalde pagan por las casas. El fiscal preguntó a Alperi hace un mes, cuando compareció en el juzgado como imputado, si sus familiares habían disfrutado de algún bien del empresario y el alcalde se limitó a responder: "No, que yo sepa". También el abogado de José Luis Valdés, el dirigente vecinal, y ahora candidato a la Alcaldía por el nuevo partido Vecinos por Alicante, que denunció el caso en la Fiscalía, ha reclamado al juez que investigue si la empresa de la que Ortiz tiene un 50% ha alquilado las casas a los hijos de Alperi o si se las ha cedido. El letrado pide que Viviendas del Mediterráneo aporte los contratos de cesión o alquiler y que acredite su titularidad mediante las escrituras y recibos del IBI.. La acción popular ejercida por José Luis Valdés ha instado a que se requiera a la comunidad de propietarios a que informe sobre quién paga los recibos y si los hijos de Alperi viven en los bungalows. El abogado de Valdés también quiere información del Registro de la Propiedad, el catastro, el padrón, Aguas Municipalizadas e Iberdrola, y que la Policía Local certifique qué personas residen en las viviendas.
El juez que investiga las presuntas irregularidades en las mejoras concedidas a Ortiz tras la adjudicación de tres aparcamientos ya ha tomado declaración como imputados al constructor, al alcalde, a los ediles Sonia Castedo y Luis Concepción, y al técnico Antonio Escobedo. El magistrado también ha interrogado, como testigos, a los técnicos que informaron en contra de modificar la concesión. El abogado de Valdés ha pedido al juez que vuelvan a declarar los técnicos Lázaro López y José María Simón para que aclaren una serie de contradicciones con la edil de Urbanismo en la tramitación del expediente. El letrado también ha solicitado información sobre la vida laboral del marido de Sonia Castedo para comprobar su relación con Ortiz.
8. EL ALCALDE DE VILA-REAL DIMITE 50 DÍAS DESPUÉS DE SER CONDENADO POR PREVARICACIÓN (16/01/07)
El alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, del PP, dimitió ante el pleno municipal, 50 días después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó a un año y medio de prisión y ocho años de inhabilitación por prevaricación. Vilanova dijo que abandona el cargo por la "presión" que los grupos de la oposición han ejercido sobre su persona y sobre el PP y no como acatamiento de la sentencia del tribunal. El Supremo ha establecido que el regidor "se situó del lado de una industria contaminante en contra de los intereses de los ciudadanos, sabiendo a ciencia cierta que vulneraba la legalidad que regula la emisión de ruidos". Según la sentencia, el alcalde de Vila-real, demostró una "reiterada conducta de pasividad y desprecio hacia los intereses de sus ciudadanos, haciendo oídos sordos a la situación que sufrían y permitiendo la actuación de la industria, a sabiendas de que actuaba contra las disposiciones legales".
Aún así, Manuel Vilanova insistió en su consideración de que el fallo es "injusto" ya que, según dijo, "los hechos se ciernen sobre un expediente administrativo abierto y resuelto" que, en cualquier caso, fue denunciado por la vía penal por los vecinos afectados. Vilanova añadió: "No quiero dar la falsa imagen de político aferrado a su cargo contra viento y marea". En una conferencia de prensa junto al presidente provincial del PP, Carlos Fabra, añadió que el mismo día que conoció la condena puso su cargo a disposición del partido, "cumpliendo así el código deontológico".
Sin embargo, la voluntad de renunciar a la alcaldía no fue aceptada por el PP. Vilanova, que ha pedido el indulto, no podrá repetir como candidato y su partido, tras resistirse a ello, ha optado por aceptar su salida de la política para dar paso al recién nombrado candidato, Juan José Rubert, que ahora será alcalde pese a que en las anteriores elecciones ocupaba el número seis en la lista. De hecho, Vilanova desveló que iba a abandonar el cargo la pasada semana y que Fabra le pidió que lo retrasara hasta para no eclipsar el acto de presentación de candidatos que el PP organizó el fin de semana en Vila-real.
Rubert acompañó al todavía alcalde en su anuncio de dimisión, al igual que ha hecho en los últimos días en todo tipo de actos más. Junto a Vilanova se encontraba también el líder del PP en Castellón, Carlos Fabra, imputado por varios delitos relacionados con el tráfico de influencias. Fabra sólo tomó la palabra cuando fue preguntado y dijo: "Siempre he estado a su lado y seguiré estándolo, puesto que ha sido un lujo tener a un alcalde como él en el PP". El líder popular destacó el apoyo que el condenado ha tenido de su partido, tanto en lo que respecta a la dirección provincial como a la dirección regional, que encabeza el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Dirigentes de la oposición, tanto socialistas como de Esquerra Unida y del Bloc Nacionalista Valencià, han descrito la insistencia del alcalde en seguir en la vida política como un "adelanto" de lo que prevé hacer Fabra pese a todas sus imputaciones. Para el hasta alcalde, la demora en su renuncia ha estado motivada en la "responsabilidad política y personal". Vilanova alegó que "ante el desconcierto producido por la sentencia a todos los niveles, ya que no existen precedentes que la hagan equiparable a ninguna otra sentencia por los hechos encausados, debía actuar con responsabilidad y con el asesoramiento legal necesario, y sin precipitaciones". La oposición no ha dejado de exigir su dimisión.
9. ARCHIVADA LA QUERELLA DE ZAPLANA CONTRA LOS DIPUTADOS QUE LE IMPLICARON EN EL PRESUNTO COBRO DE COMISIONES (17/01/07)
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitad Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso del portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, contra el archivo de una querella que formuló contra dos diputados socialistas por un supuesto delito contra el honor. Zaplana basó su acusación en unas grabaciones que los diputados hicieron a dos empresarios del parque temático Terra Mítica que relacionaban al portavoz popular con el cobro de comisiones por trabajos no realizados en el parque.
En un auto hecho público , la Sala de lo Civil y lo Penal rechaza que se haya vulnerado el derecho al honor de Zaplana y considera que la cancelación de la querella dictada por el TSJCV fue "motivada y razonada", ya que la conducta de los dos diputados socialistas no constituye delito alguno, lo que supone un nuevo revés judicial para el dirigente del PP en el caso Terra Mítica. Los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa grabaron unas conversaciones con los empresarios Antonio Moreno y José Herrero que posteriormente utilizaron para denunciar a la Fiscalía la supuesta relación del ex presidente de la Generalitat Valenciana con el cobro de comisiones ilegales durante la construcción del parque temático Terra Mítica en Benidorm.
El portavoz del PP recurrió la denuncia y señaló que la causa se había archivado "sin agotar la investigación", lo que le dejaba en una "situación de indefensión" que vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva. Según Zaplana, la "verdadera intención de los querellados" era "difamar gravemente" su imagen pública, y su prestigio mediante acusaciones falsas, por lo que se querelló contra Such y Camarasa el pasado mes de diciembre. El TSJCV ha desestimado esta denuncia de Zaplana por considerar que la denuncia de los diputados "en principio, no puede ser constitutivo de delito de calumnia, salvo que se acredite que su intención no fue la de denunciar". Según el auto, "no consta" que los socialistas "conocieran la falsedad de la denuncia", por lo que su actitud no presenta ningún indicio delictivo.
10. LA RUEDA DE PRENSA MÁS CARA DEL MUNDO (19/01/07)
El IVEX gastó 6.000 € en convocar a los medios en Tokio en 1998. Las fotos que se repartieron a los periodistas de Zaplana, Julio Iglesias y el conseller Such costaron 1.330 €. El entonces presidente Eduardo Zaplana, el ex conseller Diego Such y Julio Iglesias generaron al IVEX los mismos gastos por pasear en coches de lujo alquilados al servicio de limusinas del Hotel Okura de Tokio que por sentarse en una mesa ante los periodistas. La convocatoria de la rueda de prensa costó 6.000 €. Las invitaciones al recital del cantante (marzo de 1998) salieron también por un pico: 16.150 €
Elaborar un "listado de periodistas", "introducir en el sobre" las invitaciones, acometer el "envío" de las mismas, "reconfirmar la asistencia" de los profesionales de la información y "confirmar los artículos" (esto es, elaborar el clásico resumen o recull de prensa), es poca cosa en España, pero, por lo que parece, tiene sus complicaciones en Japón. Tanto que, en marzo de 1998, el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) pagó 6.000 € (776.729 yenes) por convocar una rueda de prensa que requirió de todas estas pequeñas pero complicadas tareas que desglosó como conceptos de mano de obra en la factura.
Claro que la empresa local que la organizó, la firma Nikkeisha, también
incluyó en el coste total la materia prima que utilizó. A saber: los sellos
con los que franqueó las cartas remitidas a los periodistas y las 80
fotografías que repartió a los redactores que asistieron. Un sello cuesta
hoy en Japón unos 30 céntimos de euro. El IVEX pagó 780 € por los sellos
(107.270 yenes). Claro que eso era en marzo de 1998. Desde entonces, puede
que la caída del precio del sello haya sido tan espectacular como la de las
acciones de Terra. O eso, o la organización del acto convocó a unos 2.500
periodistas. Más o menos a todos los del sudeste asiático.
Las fotografías que se repartieron tampoco fueron baratas. La empresa Sakata Inx facturó 1.330 € (183.750 yenes) por imprimir los retratos de Eduardo Zaplana, del conseller Diego Such y del cantante Julio Iglesias que se repartieron a la prensa. El formato no era tamaño puerta de armario de cocina, sino mucho más modesto. Las fotos del presidente medían 95x90 milímetros y las del conseller Such y Julio Iglesias eran pelín más holgadas, de 105x90 milímetros.
La inmensa mayoría de quienes asistieron a la conferencia de prensa eran periodistas valencianos que no necesitaban las fotos, sin contar que la Agencia Efe estaba acreditada y, en todo caso, la misión comercial a Tokio (la segunda cita del programa incluido en el contrato con Julio Iglesias), contrató a una fotógrafa nipona para que inmortalizara a los políticos valencianos y al artista. Se llamaba, la fotógrafa, Chigusa Uchiyama. Chigusa cobró 56.770 yenes (poco más de 400 €) por la jornada -el 25 de marzo- en la que siguió, cámara en mano, en su visita al Big Sight de Tokio, donde se celebró la feria Expoconsumo. El certamen contó con la participación de 154 expositores de la Comunitat Valenciana
11. EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN (PP), EL INEFABLE FABRA, PASA FACTURA A CAMPS (21/01/07)
Camps le ganó en 2004 a Zaplana el control del PP de la Comunidad Valenciana gracias al apoyo del presidente provincial de Castellón, Carlos Fabra. En un territorio con tres provincias, quien controla dos logra imponerse, aunque quien controla una puede crear muchos problemas. En este contexto, la necesidad de contar orgánicamente con el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, para incrementar paulatinamente sus apoyos en el seno de la organización ha condicionado la posición de Camps frente al fenómeno de la corrupción.
Fabra fue el primer alto cargo del PP imputado -por varios delitos contra la Administración pública- con Camps como presidente de la Generalitat. Sin embargo, Fabra utilizó desde el primer momento su fortaleza orgánica para mantenerse al frente de la Diputación y del PP provincial y lograr el apoyo público de Camps en sus pretensiones políticas. El ejemplo se ha extendido como la pólvora entre los cargos del PP valenciano, que esgrimen el caso Fabra para seguir al frente de sus puestos. Así, el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina; el de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo; el de Alicante, Luis Díaz Alperi; y el de Riba-roja del Turia, Francisco Tarazona, todos ellos imputados por delitos, han seguido en sus puestos. Y todos salvo el de Orihuela repetirán en mayo como candidatos. El viernes, el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, confirmó que Carlos Fabra repetirá en la candidatura municipal del PP.
12. EL ALCALDE DE BURRIANA (PP) NIEGA TENER CUENTAS EN ANDORRA Y NO SABE SI SU ESPOSA POSEE ALGUNA (25/01/07)
El alcalde de Burriana, Alfonso Ferrada, del PP, contestó con un "no tengo ni idea" a la pregunta de si su esposa o su suegro tienen cuentas bancarias en Andorra. El alcalde sólo afirmó con rotundidad que no existe ninguna cuenta a su nombre. La querella presentada por el PSPV local contra Alfonso Ferrada por los presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias y cohecho, entre otros, incluye una lista de diligencias solicitadas por la acusación. Entre ellas, se reclama que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria investigue la existencia de cuentas en el Principado de Andorra a nombre del querellado, de su esposa o del padre de ésta.
La querella señala que una de las entidades en las que podrían existir cuentas abiertas a nombre del alcalde popular o de sus familiares es Banca Privada d'Andorra (Andbanc). El escrito solicita que, en el caso de existir, "informe de los movimientos y saldos habidos en dichas cuentas desde el año 2002 hasta la actualidad". Ferrada aseguró que él no es titular de ninguna cuenta en este paraíso fiscal. Sin embargo dijo desconocer si su esposa o su suegro son titulares de alguna cuenta en Andorra.
La querella presentada por la ejecutiva local del PSPV de Burriana arranca con la tramitación y aprobación del PAI Pedrera Port, las negociaciones que, según el texto, mantuvieron el alcalde con la empresa que resultó adjudicataria y las irregularidades detectadas en el procedimiento hasta su aprobación. Por ello la denuncia acusa a Ferrada de un delito de prevaricación. Acusa también al político del PP de un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos ya que, según los socialistas, "ocultó" la existencia de una propuesta urbanística anterior y de un informe sobre la afección de zonas húmedas. "Si tales actuaciones se hubieren realizado, además, mediando dádiva o presente -como quedará acreditado en la fase de diligencias- estaríamos ante un delito de cohecho".
Las acusaciones formuladas en la querella sobre Ferrada y sobre el concejal de Urbanismo Javier Perelló, se refieren a actuaciones y decisiones urbanísticas. Sin embargo, la denuncia incluye también como imputado al concejal de Fiestas burrianense, Pedro Luis Sancerni, por un presunto delito de malversación y relata los "sucesivos encargos" efectuados a la empresa del hijo del propio edil popular así como a su cuñado. Respecto al hijo, el escrito presentado ante el juzgado de Vila-real apunta pagos por un valor de 27.000 €, mientras que los "encargos" al cuñado de Sancerni se elevan a otros 10.000 €.
13. MEDINA ADJUDICA EN LA COSTA DE ORIHUELA (PP) 1.000 VIVIENDAS A UN PROMOTOR AFÍN AL PP (26/01/07)
El Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP, ha culminado el expediente para la urbanización del último tramo de la costa aún a salvo de las edificaciones, la cala de la Mosca. El programa prevé 1.000 viviendas e incluye un puerto deportivo, pendiente de su autorización por la Dirección General de Costa. El proyecto será adjudicado al contratista Esteban Gomendio, miembro del consejo de la TV local Canal 34, afín al PP. El promotor también es socio del empresario Joaquín Grau Pomares, propietario del chalé y del Rolls que usa el alcalde, José Manuel Medina.
El programa urbanístico que se pretende ejecutar en la playa de Orihuela, a la altura de la cala de la Mosca, será llevado al pleno de la corporación para su aprobación provisional. El plan ocupará un total de 462.000 m2, de los cuales 260.000 serán edificables para levantar 1.000 viviendas. La iniciativa incluye un puerto deportivo y pese a que el proyecto aún no ha sido autorizado por la Dirección General de Costas, el promotor recoge la instalación en los folletos publicitarios para promocionar la futura urbanización.
El programa urbanístico será adjudicado a la Agrupación de Interés Urbanístico Grupo Gomendio, del empresario Esteban Gomendio López de Asiain. Este promotor integra el consejo de administración de la TV local Canal 34, medio de comunicación afín al PP. Gomendio López es, además, socio del promotor Joaquín Grau Pomares. Este empresario es el propietario de un chalé en la costa de Orihuela en el que vive, en régimen de alquiler, el alcalde Orihuela y también del Rolls Royce que usa el regidor.
El uso de esos bienes por parte de Medina es la espina dorsal de la denuncia del Fiscal anticorrupción de Alicante contra el Consistorio oriolano. La imputación del alcalde en esa causa le abocó el pasado mes de septiembre a renunciar a la reelección en el cargo en los comicios municipales del próximo mes de mayo.
La oposición califica la iniciativa de "aberración porque supone urbanizar el último tramo virgen el litoral oriolano, sin que haya demanda para nuevas viviendas", en palabras del edil de los Verdes, Monserrate Guillén. Mientras, el concejal Francisco García Ortuño, apunta hacia un "pelotazo urbanístico", "ya que son claras las relaciones entre el promotor Gomendio y el PP". "El plan estaba paralizado desde 2002 y precisamente se reactiva unos meses después de que el alcalde anuncie que no opta a la reelección por sus imputaciones judiciales", añade García Ortuño.
Por su parte, la concejal de Urbanismo, Eva Ortiz, rechazó las acusaciones de la oposición y defendió la legalidad del programa urbanístico. "Es un proyecto incluido en Plan General de Ordenación urbana desde 1998, y se trata de la segunda fase de un sector, cuya primera fase ya está ejecutada", afirmó la edil. "No es cierto que el proyecto haya estado paralizado y, ahora, se haya retomado. La propuesta entró en el Ayuntamiento en 2003 y no se le ha dado el visto bueno hasta que no hemos contado con todos los informes favorables de los técnicos, tanto del Ayuntamiento como de otras administraciones", añadió. La edil evitó pronunciarse sobre el proyecto de puerto deportivo que el promotor incluye en el programa. "No es una competencia municipal, hasta el punto que hemos obligado al urbanizador a que elimine cualquier referencia a ese proyecto [el puerto deportivo] en la propuesta que ha presentado al Ayuntamiento", añadió.
14. EL CONSELL SIGUE SIN RENDIR CUENTAS MEDIO AÑO DESPUÉS DE LA VISITA DEL PAPA (29/01/07)
Al acabar el viaje [de Benedicto XVI a Valencia] "se dará cuenta hasta del último euro", prometió el pasado mayo el vicepresidente del Consell, Víctor Campos. Seis meses después de que Valencia acogiera el V Encuentro Mundial de las Familias y fuera escenario de la visita del Papa, el Consell sigue sin explicar cuánto costó el fasto a las arcas públicas. Ni la promesa del vicepresidente Campos ni las exigencias de los partidos de la oposición han surtido efecto. Los socialistas, que han hecho una estimación, calculan que el evento pudo costar unos 60 millones de €.
La Generalitat no ha rendido cuentas. Ni lo hizo cuando la estaba preparando ni tampoco medio año después de la visita del Papa. La promesa del vicepresidente del Consell, Víctor Campos, a finales de mayo, un mes y pico antes de la celebración del Encuentro Mundial de las Familias. Interpelada una y otra vez la Generalitat por los periodistas acerca de este gasto, portavoces del Consell se han escudado en que debe ser el patronato organizador -que integran el Arzobispado de Valencia y las tres Administraciones gobernadas por el PP-, el que ofrezca los datos. "Debería de poderse saber, pero tiene que ser la fundación organizadora quien recopile los costes de las distintas Administraciones y lo haga público" explicaba el pasado noviembre el consejero de Relaciones Institucionales, Vicente Rambla.
Los grupos de la oposición insisten en que se rinda cuentas y por ello presentaron en su día una batería de preguntas en las Cortes Valencianas para conocer la cuantía del gasto. Sólo algunos departamentos respondieron a este requerimiento, como la Consejería de Sanidad, que cifró en 214.000 € su gasto en la visita papal.
La falta de explicaciones del Consell ha llevado a los socialistas a hacer sus propios cálculos. Y, en una primera estimación, calculan que la visita de Benedicto XVI habría costado unos 60 millones de €. Según el Grupo Socialista en las Cortes, el cierre al público de l"Hemisfèric y del Museo Príncipe Felipe a raíz de la visita del Pontífice costó a la Ciudad de las Artes y las Ciencias más de 900.000 €.
El PSPV, que ha realizado los cálculos tomando datos del informe de la Sindicatura de Comptes de 2005, considera que los 9 días en que permanecieron cerradas ambas instalaciones se dejó de ingresar algo más de 700.000 €, cantidad a la que se sumarían otros 198.000 por los gastos "improductivos" de personal.
La secretaria general del PP, Adela Pedrosa, respondía a los socialistas. "Con el quinto Encuentro Mundial de las Familias, la Comunidad demostró su gran capacidad para ser la alfombra roja y la plataforma desde la que mirar al mundo", dijo, tras asegurar que la capital recibió en esas fechas 1,3 millones de turistas. Esa cifra es muy superior a los 200.000 o 300.00 asistentes que se registraron en realidad, una concurrencia muy por debajo de las previsiones que tenía el Consell..
15. LA AUDIENCIA RESUELVE QUE EL "CASO IVEX" NO HA PRESCRITO (02/02/07)
La Audiencia de Valencia ha puesto fin al debate sobre la posible prescripción del delito fiscal que se investiga en el caso del Instituto Valenciano de la Exportación respecto del pago a Julio Iglesias y ha dictado un auto por el que deja claro que no ha prescrito. La Audiencia responde así a un recurso presentado por el abogado del ex director general e imputado en esta causa, José María Tabares. Desde el mismo momento en que el PSPV presentó la querella contra el consejo de administración del Ivex, Eduardo Zaplana y José María Tabares estuvo en discusión la posible prescripción del delito fiscal del que se les acusaba. La Audiencia ha dejado claro en un auto notificado el día 30 de enero que no, que ese delito no ha prescrito.
La querella se presentó en enero de 2005. En ella, se denunciaba la posible comisión de un delito fiscal, de falsificación documental, de malversación y de tráfico de influencias. Todos ellos en relación con hechos -las liquidaciones de tributos- de los años 1998 y 1999, es decir, presentados en 1999 y en 2000. El delito fiscal tiene una prescripción de cinco años. Por tanto, cabía la posibilidad de entender que efectivamente estaban prescritos y por ello el abogado de Tabares presentó recurso.
La sala ha dado una explicación doble. De una parte sobre la paralización del tiempo hacia la prescripción cuando se presenta la querella, y no cuando es admitida a trámite. Es decir, desde el momento en que se denuncia, el proceso hacia la prescripción se paraliza. Dice la sala que de no ser así caería la responsabilidad sobre los tribunales y estos responderían en función de su carga de trabajo.
El segundo argumento tiene que ver con el delito estricto. Es cierto que los pagos, ilegales o no, se realizaron en los años 1998 y 1999. Pero las autoliquidaciones tributarias son de 1999 y 2000. La sala considera que el plazo empieza a contar desde el momento en que se produce el último vencimiento legalmente establecido para hacer la declaración sobre ese ejercicio. Por tanto, concluye que no se da ninguno de los supuesto que avalaría la prescripción sino que el caso sigue vivo.
Más aún. El núcleo estaba en el delito fiscal. Es la base para todos los demás. El Juzgado de Instrucción 19, que lleva el asunto, ha cerrado además la investigación sobre él. La sala recuerda en el fallo que el ministerio fiscal incluye en su informe otros delitos a investigar, "los de malversación y falsedad documental para los que los plazos de prescripción señalados en el artículo 131 del Código Penal serían de diez años".
16. EL EX MINISTRO DEL PP JUAN COSTA DECLARA "NO RECORDAR" SU REUNIÓN CON FABRA (03/02/07)
El ex ministro de Ciencia y Tecnología por el PP Juan Costa ha declarado hoy como testigo ante el juzgado de Instrucción número 1 de Nules que investiga al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por supuestos delitos contra la Administración Pública.
Costa ha manifestado que no recuerda nada de la supuesta reunión que mantuvo con el propio Fabra y con el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posada, según ha informado uno de los abogados asistentes.
El ex ministro de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Aznar, no ha recordado siquiera si existió tal reunión con Fabra y Posada ni si visitó el Ministerio de Agricultura con aquél, extremo que confirmó el propio Posada. Según explicaron desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJC), la declaración de Costa versó sobre el contenido de dicha reunión, mantenida en 1999, y en la que se habló, supuestamente, sobre las licencias de productos fitosanitarios de la empresa Naranjax, propiedad del empresario castellonense Vicente Vilar. Costa finalmente ha debido personarse en las dependencias judiciales, ya que no pudo acogerse al derecho de testificar por escrito al que sí se acogieron los ex ministros de Agricultura, Jesús Posada y Miguel Arias Cañete, y la ex ministra de Sanidad, Celia Villalobos. La comparecencia de Costa, al igual que la de los otros tres ex ministros, fue decretada por la Audiencia Provincial de Castellón que estimó el recurso presentado por la Unión de Consumidores.
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, está siendo investigado por supuestos delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal. Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999, una investigación que la jueza del número 1 de Nules sumó a la causa abierta en 2003 referente a una supuesta falsificación en documentos y permisos para productos los fitosanitarios. La denuncia que originó estas diligencias fue presentada por el empresario Vicente Vilar ante el Ministerio de Agricultura, que la remitió a Fiscalía Anticorrupción y recayó sobre el citado juzgado, que imputó al empresario, a su ex esposa Montserrat Vives, a Fabra y a su cónyuge, Amparo Fernández.
17. EL ALCALDE DE ALMORADÍ (PP) ACHACA LA DELINCUENCIA A LA INMIGRACIÓN (07/02/07)
El alcalde de Almoradí, Antonio Ángel Hurtado (PP), aseguró en la comisión de Seguridad Ciudadana que entre el 75% y el 80% de los delitos en su localidad son cometidos por inmigrantes y los que están generando "alta alarma social", que son los robos en viviendas con sus moradores dentro o los atracos a comercios, los realizan "bandas organizadas que de países del Este y del Magreb". En la tercera sesión de comparecencias, el edil del PP aseveró que no hace de la inmigración la "bestia negra" pero advirtió que los extranjeros han aportado cosas "muy buenas" pero no toda la gente que ha venido es "buena".
En este punto, censuró la política de inmigración del Gobierno central, que describió así: "El tablacho abierto y aquí pasa todo dios; por el Estrecho con pateras, por la Junquera y por todos sitios" . Hurtado, al igual que el otro alcalde popular que compareció, el primer edil de la Vall d'Albaida, Juan José Beneyto, reclamó al Gobierno central más medios contra la delincuencia y sostuvo que la Policía Local ha tenido que suplir estas carencias. Pero fue la intervención de Beneyto la que dejó estupefacta a la oposición. El alcalde manifestó que sus vecinos y los de poblaciones limítrofes están "viviendo una situación de terror", de la que culpó a Zapatero. Joan Antoni Oltra, de EU, y Antoni Such, del PSPV, lo acusaron de ofrecer una visión "apocalíptica" de su pueblo por plegarse a la estrategia del PP. Y Such le sacó las colores al recordarle que en febrero de 2004 el PP rechazó una moción local en la que se pedía más policías alegando que no había problemas de delincuencia.
Las intervenciones políticas tuvieron su contraste con la de el presidente de la patronal hotelera de Benidorm, Pere Joan Devesa, quien subrayó que los turistas perciben a la Comunitat como un destino "seguro" y defendió que generar "alarma, cuando los fríos datos no son escalofriantes, no es bueno". "Tenemos un muy buen nivel de seguridad", aseveró . El presidente de la Asociación de Vecinos Colaborando Orihuela Costa, Christopher Poole, que intervino en inglés, lo que obligó a utilizar intérprete, defendió las patrullas ciudadanas.
18. UNA SOCIEDAD DE LA GENERALITAT PAGÓ LOS SOBRECOSTES ILEGALES DE TERRA MÍTICA (09/02/07)
La magnitud de los sobrecostes en Terra Mítica de Benidorm por obras nunca realizadas obligó a varios contratistas a devolver dinero al parque impulsado por la Generalitat Valenciana para evitar el escándalo. Un nuevo informe de la Agencia Tributaria señala que tres de los contratistas devolvieron a Terra Mítica más de 4,5 millones de € por conceptos como "error en las mediciones y falta de calidad de la obra". Los contratistas recuperaron el dinero devuelto a través, supuestamente, de una empresa pública, Parque Temático de Alicante, 100% de la Generalitat, según un informe de la Agencia Tributaria.
El informe de la Agencia Tributaria es consecuencia de cuatro denuncias anónimas (tres de ellas por duplicado) remitidas por correo a Hacienda. Las denuncias incluyen fotocopias de facturas y otros documentos contables referidos a los contratos firmados por Terra Mítica con Cobra Instalaciones, Moncobra y Atil Cobra, todas ellas pertenecientes al grupo empresarial ACS.
Además se denuncian también graves irregularidades, aunque sin aportar documentación, por parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Terra Verd -integrada por Luis Batalla SA, Hormigones Martínez SA y C-3, la ingeniería de Vicente Conesa, empreario imputado en la trama de facturas falsas de Terra Mítica-. Hacienda, tras haber requerido nueva documentación al parque temático, considera procedente la remisión de la denuncia a la Fiscalía al entender que han existido irregularidades.
La Agencia Tributaria constata que Terra Mítica realizó dos contratos con Atil Cobra. El primero de ellos tuvo una desviación del 72,4% y el segundo del 53%. A raíz de la reclamación del parque de atracciones por las desmesuradas desviaciones, Atil Cobra realizó un abono de 720.000 € (120 millones de pesetas) más IVA tras reconocer "la existencia de errores en las mediciones" en una instalación de depósitos de agua e instalaciones mecánicas. Este desembolso al parque de atracciones -que viene a coincidir con el importe de las desviaciones- se realizo antes incluso de que Atil Cobra hubiese cobrado las facturas presentadas, según constata Hacienda, y con un número de identificación fiscal que no era el suyo, sino el de la Sociedad Parque Temático de Alicante, empresa 100% de la Generalitat valenciana, que a su vez también es accionista del parque de atracciones. Además, pese al requerimiento de la Agencia Tributaria, Terra Mítica "no puede concretar" a qué facturas abonadas a Atil Cobra se referían los abonos.
Cobra Instalaciones y Servicios utilizó el mismo sistema. Primero fue contratada por Terra Mítica para instalar una montaña rusa de madera. Acto seguido se firmó un segundo contrato para modificar la atracción, al que siguió un tercero para reforzar la estructura de la montaña rusa. Finalmente, Cobra Instalaciones facturó otro monto millonario por "trabajos adicionales y administración" relacionados con el montaje de la montaña rusa.
A principios de 2001, y sin haber cobrado todavía por la montaña rusa de madera, Cobra Instalaciones abonó a Terra Mítica 850.000 €. También por "error en medición y falta de calidad de obra". También, según la denuncia, con el NIF de la empresa pública de la Generalitat. Hacienda considera verosimil la explicación del anónimo: "Según el denunciante, las críticas de los propios consejeros por los sobrecostes en el parque impulsaron a traspasar parte de los costes a la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA) mediante la realización de varios contratos que justificaron esos pagos". En esas fechas, la directora general de Sociedad Parque Temático de Alicante era Gema Amor, persona de confianza de Eduardo Zaplana y actual consejera en el Gobierno valenciano.
Sin embargo, la que mayor reembolso realiza a Terra Mítica, sin haber cobrado el total de las facturas presentadas, es Moncobra SA. Casi tres millones de € abonados a Terra Mítica por conceptos como "error de cálculo". Moncobra llega a facturar a Terra Mítica por asesorar al parque en el montaje de atracciones, cuando ya esta empresa ya había cobrado anterior por este servicio. Los abonos de las contratistas a Terra Mítica se producen en el primer trimestre de 2001 por trabajos realizados, fundamentalmente, en el 2000.
La Agencia Tributaria destaca también la similitud de los abonos de las empresas del grupo Cobra con los de la UTE Terra Verd, en la que figura una firma C-3 de Vicente Conesa. Este empresario es mencionado -en una grabación realizada por un diputado socialista- por José Herrero, imputado en la trama de facturas falsas de Terra Mítica, como la persona que cobraba comisiones ilegales con el conocimiento de Zaplana.
19. EL CONTRATISTA VINCULADO A ZAPLANA CENTRA LA INVESTIGACIÓN (09/02/07)
Vicente Conesa es un imputado clave en la causa abierta por las facturas falsas en Terra Mítica. Conocido de Eduardo Zaplana desde que este último fue alcalde de Benidorm, su nombre aparece en las grabaciones que dos diputados socialistas del Parlamento valenciano realizaron a otros imputados en el caso. En esas grabaciones se señala a Conesa como la persona que cobraba comisiones ilegales de los trabajos relacionados con el parque de atracciones de Benidorm y que las trasladaba a Eduardo Zaplana.
Esas grabaciones llevaron a Zaplana a interponer una querella contra los dos diputados que fue desestimada. Fruto de esa querella, hay abierta otra investigación para esclarecer el contenido de las grabaciones. Conesa vuelve a ser, en la nueva documentación en poder del juez, un personaje clave en el proceso de licitación y ejecución de obras en Terra Mítica. El último informe de Hacienda, que explica cómo proveedores de Terra Mítica derivaron a la empresa pública SPTA sobrecostes del parque, también le dedica atención. Señala cómo Conesa llegó a ostentar la dirección facultativa del parque y cómo un mes después de ello facturó un proyecto de jardinería y riego desde su propia empresa. El contrato para sustentar esa factura se firmó después. Para ello, incluyó dos de sus empresas en la terna que obliga la ley a tener en consideración. El contrato llevó la firma de uno de sus socios.
Las supuestas irregularidades alrededor de Conesa no acaban ahí. La confusión sobre quién fue realmente responsable de las obras de jardinería hizo que la Fiscalía preguntara a Terra Mítica sobre ello a través del juzgado que lleva el caso. Sin embargo, dejó claro que el proyecto básico corrió a cargo de las firmas Global Idom y Tencnopaisajes Consulting. La ejecución de ese proyecto tuvo cuatro fases. Las dos primeras son también de Global Idom. Sobre las dos últimas no puede indicar responsable.
Terra Mítica ofreció una información adicional. Conesa fue "director de encargo" en la fase de ejecución de las obras de jardinería y esa responsabilidad que depositó en él el parque la hizo coincidir con su participación en varias empresas (C3 Ingeniería de la Construcción y del Medio Ambiente, y la Unión Temporal de Empresas Terra Verd) que optaban a la licitación de los proyectos. La gerencia de jardinería que ostentaba para el parque le daba poderes para visar la calidad de las obras. "Acompañamos copia de algunos planos en los que figuran varias iniciales, entre ellas, como director de encargo, las de V. C. F.", explicó Terra Mítica al juzgado. Esas iniciales coinciden con las de Vicente Conesa Fernández-Vitoria.
El diputado autonómico del PSPV-PSOE José Camarasa exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que "ordene una investigación exhaustiva" para aclarar los pagos injustificados de Terra Mítica que, de confirmarse, "comprometerían gravemente al Consell".
20. LA CONSEJERA DE PARTICIPACIÓN RECUERDA QUE CAMPS Y RAMBLA CONOCÍAN "EL DÍA A DÍA" DE TERRA MÍTICA (15/02/07)
La consejera de Participación, Gema Amor, y ex directora general de la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA) en la etapa investigada por Hacienda en relación con los sobrecostes y obras no hechas en Terra Mítica, no está dispuesta a convertirse en una paria dentro del Consell. Amor aseguró que el resto de consejeros, así como Gerardo Camps, Vicente Rambla y Miguel Navarro "conocían el día a día de la gestión" realizada en relación con Terra Mítica. Amor dijo que sólo puede deberse a "interpretaciones malintencionadas" que alguien piense que el consejero de Economía no quiso defenderla al ser interpelado por los escándalos del parque de atracciones.
El consejero de Economía, Gerardo Camps, manifestó que si se produjo alguna situación irregular durante los ejercicios 2000 y 2001 en Terra Mítica "ni era conocida, ni asumida, ni consentida por la comisión ejecutiva, el consejo de administración o la junta de accionistas". Camps evitó respaldar la gestión de Amor como directora general de la SPTA, hoy denominada Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y presidida por el propio consejero de Economía.
"Decir que el consejero de Economía recurrió a las evasivas para no respaldar la gestión relacionada con Terra Mítica sólo puede responder a malintencionadas interpretaciones", prosiguió Amor, "tanto Gerardo Camps, como Vicente Rambla [consejero de Economía en la etapa investigada por la Agencia Tributaria] conocían el día a día de la gestión, como Miguel Navarro [ex director general de Terra Mítica, imputado en el sumario que investigada el juzgado número 3 de Valencia en relación con la trama de facturas falsas]".
La consejera de Participación ya manifestó el pasado 29 de diciembre que el propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "conoce perfectamente" la gestión hecha en la SPTA. Unas manifestaciones que provocaron que Camps rompiese su mutismo sobre el escándalo de Terra Mítica y la SPTA y saliese en defensa de la gestión realizada en torno al parque de atracciones de Benidorm.
En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) informó de que el juzgado de instrucción número 18 será el encargado de incoar las diligencias previas de la querella por injurias y calumnias presentada por el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, contra los empresarios José Herrero y Antonio Moreno Carpio, ambos imputados en el caso Terra Mítica. La designación del juzgado se produce después de que el TSJ acordase el sobreseimiento de la querella contra los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa, contra los que también se dirigía inicialmente la querella de Zaplana. Los parlamentarios grabaron unas conversaciones con los dos empresarios imputados. Uno de ellos relacionaba a Zaplana con un supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de recibir contratas del parque de Benidorm.
Estas grabaciones forman parte igualmente del sumario que instruye el juzgado número 3 de Valencia que investiga la trama de facturas falsas de Terra Mítica y la participación de la SPTA en el pago de sobrecostes ilegales en el parque y su entorno. Dos casos unificados después de que el juez instructor de Alicante se inhibiese en favor del de Valencia en la investigación abierta por supuestos delitos de fraude fiscal, falsedad documental y malversación de caudales públicos en la empresa de la Generalitat al considerar que es parte de la misma causa. La SPTA no sólo asumió obras del entorno del parque, sino que como socio de Terra Mítica compartía miembros en los órganos de gobierno de ambas sociedades.
21. LA CONSEJERA DE PARTICIPACIÓN RECUERDA QUE CAMPS Y RAMBLA CONOCÍAN "EL DÍA A DÍA" DE TERRA MÍTICA (15/02/07)
La consejera de Participación, Gema Amor, y ex directora general de la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA) en la etapa investigada por Hacienda en relación con los sobrecostes y obras no hechas en Terra Mítica, no está dispuesta a convertirse en una paria dentro del Consell.
Amor aseguró que el resto de consejeros, así como Gerardo Camps, Vicente Rambla y Miguel Navarro "conocían el día a día de la gestión" realizada en relación con Terra Mítica. Amor dijo que sólo puede deberse a "interpretaciones malintencionadas" que alguien piense que el consejero de Economía no quiso defenderla al ser interpelado por los escándalos del parque de atracciones.
El consejero de Economía, Gerardo Camps, manifestó que si se produjo alguna situación irregular durante los ejercicios 2000 y 2001 en Terra Mítica "ni era conocida, ni asumida, ni consentida por la comisión ejecutiva, el consejo de administración o la junta de accionistas". Camps evitó respaldar la gestión de Amor como directora general de la SPTA, hoy denominada Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y presidida por el propio consejero de Economía.
"Decir que el consejero de Economía recurrió a las evasivas para no respaldar la gestión relacionada con Terra Mítica sólo puede responder a malintencionadas interpretaciones", prosiguió Amor, "tanto Gerardo Camps, como Vicente Rambla [consejero de Economía en la etapa investigada por la Agencia Tributaria] conocían el día a día de la gestión, como Miguel Navarro [ex director general de Terra Mítica, imputado en el sumario que investigada el juzgado número 3 de Valencia en relación con la trama de facturas falsas]".
La consejera de Participación ya manifestó el pasado 29 de diciembre que el propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "conoce perfectamente" la gestión hecha en la SPTA. Unas manifestaciones que provocaron que Camps rompiese su mutismo sobre el escándalo de Terra Mítica y la SPTA y saliese en defensa de la gestión realizada en torno al parque de atracciones de Benidorm.
En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) informó de que el juzgado de instrucción número 18 será el encargado de incoar las diligencias previas de la querella por injurias y calumnias presentada por el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, contra los empresarios José Herrero y Antonio Moreno Carpio, ambos imputados en el caso Terra Mítica. La designación del juzgado se produce después de que el TSJ acordase el sobreseimiento de la querella contra los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa, contra los que también se dirigía inicialmente la querella de Zaplana. Los parlamentarios grabaron unas conversaciones con los dos empresarios imputados. Uno de ellos relacionaba a Zaplana con un supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de recibir contratas del parque de Benidorm.
Estas grabaciones forman parte igualmente del sumario que instruye el juzgado número 3 de Valencia que investiga la trama de facturas falsas de Terra Mítica y la participación de la SPTA en el pago de sobrecostes ilegales en el parque y su entorno. Dos casos unificados después de que el juez instructor de Alicante se inhibiese en favor del de Valencia en la investigación abierta por supuestos delitos de fraude fiscal, falsedad documental y malversación de caudales públicos en la empresa de la Generalitat al considerar que es parte de la misma causa. La SPTA no sólo asumió obras del entorno del parque, sino que como socio de Terra Mítica compartía miembros en los órganos de gobierno de ambas sociedades.
22. LOS HIJOS DEL EDIL DE URBANISMO DE ALTEA VENDEN PISOS DE UNA PROMOCIÓN A LA QUE DIO LUZ VERDE (16/02/07)
La empresa familiar del concejal de Urbanismo de Altea, Jacinto Mulet, la inmobiliaria Costamed, ha puesto a la venta en exclusiva la promoción del residencial Mascarat 57, un complejo residencial de 57 apartamentos. Mulet propuso a la comisión de Urbanismo la aprobación de la urbanización en esta zona de acantilado sobre la bahía de Altea, una de las zonas más castigadas por la presión urbanística de todo el litoral valenciano según los ecologistas, situada muy cerca del Puerto Deportivo Luis Campomanes.
Mulet defendió en comisión de Urbanismo el proyecto desarrollado por Geuber Promoción, que tras lograr los votos favorables del PP obtuvo la licencia del Ayuntamiento el 20 de abril de 2005. Un mes antes, el 14 de marzo de 2005, ya se había constituido la empresa encargada de comercializarlo, Mascarat Gestión SL, con un capital social de 3.006 euros, con dos socios, Salvador Mulet Llorens, hijo del concejal de Urbanismo, y Manuel Lencero Valle, hijo de otro conocido constructor de la zona con varios desarrollos urbanísticos en marcha. El domicilio social de Mascarat Gestión es la avenida Jaume 1, 17, el mismo que la inmobiliaria Costamed Invest S.L., la primera de las sociedades dedicadas a la "adquisición, promoción, explotación, arrendamiento y venta de inmuebles rústicos o urbanos" adquiridas por los hermanos Mulet.
El grupo municipal del Bloc ha denunciado en numerosas ocasiones "la falta de transparencia" y "los intereses urbanísticos del regidor". De hecho, la portavoz del Bloc, Paca Sevila, señaló el "desmesurado crecimiento de los negocios inmobiliarios de los hijos de Mulet, sin experiencia en el sector hasta hace muy poco tiempo". Jacinto Mulet es el número 2 del Gobierno que preside Miguel Ortiz, y ostenta la delegación de Urbanismo desde 1995.
Tras las elecciones locales de 2003 los hijos de Mulet se acercaron al negocio inmobiliario creando Costamed Invest SL, a la que se añadió a los pocos meses Costamed Asesores SL y varias firmas más con un mismo fin, como el asesoramiento y la gestión relacionada con la redacción de programas de actuación integrada, planes parciales o reparcelaciones. Las oficinas del holding familiar, asentadas principalmente en Altea, han ido creciendo por toda la comarca de la Marina Baixa. Mascarat Gestión SL ha sido la última en incorporarse al grupo.
23. ALTEA VENDE Y DESPUÉS RECOMPRA UNA FINCA A UNA FUNDACIÓN PRÓXIMA AL PP (19/02/07)
El Ayuntamiento de Altea, con mayoría absoluta del PP, ha aprobado ayudas por más de 1,2 millones a la Fundación Ciencias Sociales y Mundo Mediterráneo, entre cuyos dirigentes hay miembros de la FAES (fundación presidida por José María Aznar). El primer edil alteano, el zaplanista Miguel Ortiz, ha sido uno de los principales defensores de esta entidad "sin ánimo de lucro". Entre las ayudas entregadas por el Consistorio figura una de 600.000 euros en 2002 para adquirir una finca de 1,2 millones de euros y que tres años después ha recomprado por 1,8 millones.
Los orígenes de la fundación se sitúan en 1996, con la llegada de Ortiz a la alcaldía, pero hasta tres años después no aprobó sus estatutos. En junio de 2002 y con los votos del PP se aprobó el convenio por el que el Ayuntamiento pagaba a la fundación 600.000 euros para comprar la finca Santa Bárbara, que costaba 1,2 millones. La aportación se repartía en 10 años, a razón de 60.000 euros por año. El objetivo era convertir el emplazamiento en sede de sus actividades, y el convenio incluía el regalo a la ciudad de la ermita ubicada en la parcela, la cesión de las instalaciones para actividades municipales y el nombramiento del alcalde como copresidente de la misma. Según el Bloc, con los 60.000 euros anuales del Consistorio iba amortizando el crédito y "realizaba alguna actividad para cubrir el expediente".
Tres años después la fundación vendió la finca al Consistorio por 1,8 millones, 600.000 euros más de lo que le costó. El presidente de la fundación era el propio alcalde. Y en lugar de ser el Consistorio quien pidió el crédito fue la Empresa Pública Municipal la que negoció con Caixaltea (presidida por Jaime Sellés, concejal de Presidencia y persona de confianza del alcalde) la concesión de 2,16 millones, es decir, 360.000 euros más caro a través de un préstamo a 25 años y con cuotas de amortización de 10.200 euros al mes.
Los beneficios de la Fundación no quedan ahí. Después de comprar la finca, el alcalde renovó el convenio de 600.000 euros para que siguiera percibiendo 60.000 euros al año durante una década como subvención a las actividades. La portavoz del Bloc, Paca Sevila, calificó de "escandalosa" la situación y del "negocio redondo" de la fundación, ya que para justificar la subvención recibida "en lugar de presentar una memoria y facturas de actividades presenta como justificante la compra de un piso y dos plazas de garaje". El Bloc se pregunta si se trata de una fórmula de financiamiento ilegal del PP o de simple corrupción. Ante las denuncias formuladas, el patronazgo envió a este periódico un dossier en el que se desglosan las siete actividades previstas para 2007, por las que ha recibido 60.000 euros.
24. LOS RECTORES SE QUEJAN AL CONSELL POR EL TRATO A FAVOR DE LA FACULTAD CATÓLICA DE MEDICINA (22/02/07)
Los rectores de las universidades valencianas, de las públicas y también el de la privada Cardenal Herrera-CEU, mostraron su "queja" al Consell porque consideran "discriminatorio" el procedimiento que ha seguido al "aceptar estudiar" el proyecto de creación de una Facultad de Medicina en la Universidad Católica San Vicente Mártir.
El rector de la Universitat de València Francisco Tomás, quien actuó de portavoz de sus compañeros en el cargo en la red pública al concluir el Consejo Valenciano de Universidades en el que se trató el informe de creación de dicho centro, señaló que la Conselleria de Empresa Universidad y Ciencia está dando un "trato a favor y diferencial" hacia la institución académica del Arzobispado porque "existe un decreto del Gobierno del Estado que deja en suspenso y no permite a nadie el procedimiento de nuevas titulaciones ni de planes de estudios a la espera de concluir el proceso de la Convergencia Europea. Se ha aceptado un expediente que a nosotros se nos dijo que ni se nos ocurriera. Mientras, hemos hecho honor a la disposición de la dirección general de Universidades de posponer la petición de nuevas titulaciones" .
En similares términos se pronunció el rector de la Cardenal Herrera-CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, quien afirmó haber sentido "sorpresa y perplejidad" cuando leyó hace unos días en el orden del día del pleno del consejo el punto sobre la futura facultad. "Todas las universidades de la Comunitat Valenciana tenemos una respuesta a las peticiones que hicimos de títulos hace un par de años en la que se nos dice que el trámite estaba cerrado" recordó. Bullón de Mendoza resaltó que "no se entiende que el mismo director general, del que tengo escrita una carta hace dos años en la que dice que se paran los trámites para poner en marcha títulos, de repente presenta un informe de nuevos títulos" .
Los rectores han pedido en la reunión, a la que no asistió el conseller Justo Nieto aunque sí su equipo, que "cualquier petición de de implantación de estudios de cualquier universidad del sistema valenciano debería ser considerada en la programación global y no como tratos individuales" explicó Tomás.
25. EL SUPREMO PONE FIN AL INTENTO DEL PP DE PRIVATIZAR LA TELEVISIÓN PÚBLICA VALENCIANA (20/02/07)
El Tribunal Supremo ha zanjado el intento del entonces presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana de privatizar parcialmente la gestión de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). El Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por el ente público en 2005 después de que los tribunales ordinarios declarasen nulos los concursos para privatizar la edición de los informativos, el suministro de contenidos y la venta de publicidad. Glòria Marcos, coordinadora general de EUPV, dijo , tras hacer pública la sentencia, que la pretensión de RTVV no tenía soporte legal.
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado en 2005 por Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) contra la decisión de los tribunales ordinarios de anular los concursos para privatizar una parte de la gestión de Canal 9. La decisión del Supremo, subrayó Glòria Marcos, acaba con la pretensión del entonces Gobierno valenciano, que presidía Eduardo Zaplana, de "acometer una privatización encubierta y progresiva" del canal autonómico.
El Supremo basa su rechazo, explicaron los abogados Enric Bataller y Javier Trives, en que el ente RTVV es "un simple gestor del servicio público de televisión, pero no puede considerarse como una Administración que tenga confiada la interpretación y defensa de los intereses generales". Además, el tribunal argumenta que no existe motivo que justifique una casación en interés de ley -como argumentó RTVV en su recurso- porque el ente se limitó a invocar "la idea genérica y no demostrada de que la gestión privatizada de un servicio supone una mejoría del mismo respecto a la gestión directa pública". La privatización de Canal 9 -promovida por el gobierno de Zaplana y que el ahora presidente de la Generalitat, Francisco Camps, congeló a la vista de los recursos judiciales presentados contra el proceso- la acordó el consejo de administración del ente en marzo de 2003.
Concretamente, el consejo decidió ceder a la empresa privada por periodos de cinco años renovables la edición de los informativos, el suministro de los contenidos audiovisuales y la venta de espacios publicitarios de Canal 9.
EUPV recurrió junto a otras formaciones políticas y organizaciones sindicales -se presentaron hasta seis recursos- la decisión del consejo y la convocatoria de concursos para privatizar la gestión. Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo primero, y luego el Tribunal Superior de Justicia valenciano decretaron la paralización cautelar de los concursos y más tarde su nulidad. También invalidaron el acuerdo del consejo de 2003. "EU entendía", agregó la coordinadora, "que los votos del PP [mayoría en el consejo] no podían imponer una resolución contraria a la legalidad y que vaciaba de contenido sus funciones".
Marcos reclamó al Gobierno valenciano y a RTVV que reconozcan que estaban incumpliendo la ley cuando intentaron privatizar la televisión autonómica. "La pretensión de RTVV convertía en papel mojado la posibilidad efectiva del consejo de control social", apostilló la coordinadora general. La actual candidata a la presidencia de la Generalitat por Compromís pel País Valencià defendió una nueva forma de dirigir RTVV, "con un plan de viabilidad, la utilización mayoritaria del valenciano, la recuperación de la producción propia y un consejo de administración con plenas competencias".
26. PIDEN AL PP MEDIDAS URGENTES ANTE LOS EMPADRONAMIENTOS "FRAUDULENTOS" EN CASTELLÓN (20/02/07)
La candidata autonómica de EU por Castellón Marina Albiol exigió a la dirección del PP valenciano que aplicara "medidas urgentes" contra los empadronamientos "masivos y fraudulentos" en el domicilio del alcalde de la localidad castellonense de Cabanes, Artemio Siurana, y de familiares suyos "con el fin de alterar los resultados electorales". "En caso de no actuar -dijo-, se demostrará que detrás de esta actuación delictiva hay una trama organizada por el PP provincial".
En total hay 39 inscripciones sospechosas en el municipio. Según las pruebas documentales presentadas por EU -que ha denunciado los hechos a la Oficina del Censo y la Junta Electoral-, entre diciembre de 2006 y enero de 2007, Siurana, tres sobrinos suyos y varios militantes del PP empadronaron a estos 39 nuevos vecinos en sus domicilios, justo antes del cierre del censo electoral. Todos ellos eran mayores de edad y por tanto, con derecho a participar en los próximos comicios municipales y autonómicos del 27 de mayo. Tras la denuncia, el alcalde negó cualquier tipo de fraude y justificó que el censo electoral de Cabanes "varía mucho de un mes a otro". Según él, todo forma parte de una campaña de EU contra el PP.
Sin embargo, los documentos presentados por EU no dan lugar a ninguna
interpretación subjetiva. Marina Albiol exige al PP que no mire para otro
lado ni busque "excusas absurdas". Albiol lamentó que el caso de Cabanes
podría ser sólo "la punta del iceberg de toda la trama organizada por el PP
para mantener alcaldías estratégicas y el control de la Diputación
Provincial". Asimismo recordó que Siurana era un hombre colocado en el
municipio por el presidente de la Diputación de Castellón.
Estas prácticas "recuerdan demasiado al caciquismo que toda la vida han practicado los "Fabra", y consideró que este caso "es alimentado y creado desde la Diputación" de Castellón. "El propio Carlos Fabra colocó a una persona como Siurana, sin ningún tipo de preparación como diputado provincial, por un interés claro de tener controlado un municipio donde se juegan muchos intereses, sobre todo, alrededor de los grandes PAIs Mundo Ilusión y Torre la Sal", concluyó.
27. ALPERI PAGA 32.770 EUROS PARA PRESCINDIR DEL RESPONSABLE DE REVISAR EL PGOU DE ALICANTE (20/02/07)
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante rompió el contrato firmado por el arquitecto Lluís Cantallops para revisar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y por cuya rescisión deberá abonar a su empresa Segesta, SA, un total de 32.770 euros. El alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, despidió al equipo del arquitecto catalán en febrero del año pasado tras las críticas que formuló al Plan Rabassa y por pretender erradicar el llamado urbanismo del promotor. Cantallops advirtió de que la ejecución del Plan Rabassa, que contempla 15.000 viviendas sobre 1,4 millones de m2 en una misma área, "rompe el equilibrio" urbano. Tras su despido los arquitectos José Vicente Jornet y Francisco Picó asumieron la labor de revisar el PGOU de Alicante.
El portavoz del gobierno municipal, Pedro Romero, quiso desvincular en todo momento el despido de Cantallops de su oposición al Plan Rabassa, y relacionó la rescisión del contrato con la demora de sus trabajos. "A su ritmo el PGOU de 1987 tendría que estar prorrogado hasta el 2025", calculó Romero, quien dijo que la empresa tenía pendientes trabajos por entregar por valor de 270.000 euros años.
El edil admitió: "Si yo fuera alcalde hubiera cerrado el acuerdo mucho antes, porque siete u ocho años para llegar donde hemos llegado...". El regidor popular dijo además que si se hubiera tenido que esperar a la finalización del PGOU para tramitar el Plan Rabassa "los pisos que se van a hacer ahí para beneficiar a 14.000 o 15.000 alicantinos no habrían sido para ellos, sino para sus nietos".
28. LOS ZAPLANISTAS LUCHAN POR SOBREVIVIR (22/02/07)
El Partido Popular afronta su situación interna la próximas semanas con el ajuste final de sus candidaturas municipales y autonómicas. El presidente regional, Francisco Camps, tiene previsto apurar los plazos de la candidatura a las Corts Valencianes, consciente de que la demanda supera ampliamente la oferta disponible y con el deseo de evitar que los damnificados por la renovación apenas tengan tiempo de interferir en el último tramo de la carrera electoral hacia el 27 de mayo.
La estrategia de Camps no tiene solo como destino cauterizar posibles desplantes por parte del sector afín al portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana. También busca evitar que las familias campsistas de Valencia vean frustradas sus expectativas y dejen de implicarse en las semanas inmediatas de precampaña. El planteamiento no deja de tener detractores y en algunos ámbitos del PP se sostiene que el aplazamiento de la decisión sobre la lista autonómica -el PSPV cerró la suya el pasado sábado- genera demasiada inquietud en las filas populares y muchos nervios en algunos. En cualquier caso, la percepción de los observadores en el PP es que la batalla de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que se ha saldado a favor de Camps, ha debilitado mucho tanto a Zaplana como a sus seguidores. El propio portavoz del PP en el Congreso parece haber asumido un papel muy secundario en la dirección nacional. Aunque participa en los maitines con el presidente nacional Mariano Rajoy, distintas fuentes coinciden en señalar que el líder popular ha dado "manos libres" a Camps para cerrar la candidatura autonómica.
Con el discurso oficial de que la mayoría absoluta no parece correr peligro, no se descarta que Camps sitúe a algunas personas en puestos sufridores con la intención de hacer correr la lista cuando haya que formar Gobierno. Los casi cuatro años de legislatura han estado caracterizados por una pugna abierta por el control interno de todos los resortes del poder en la que Camps ha salido victorioso. Los zaplanistas se han atrincherado en Alicante, bajo el paraguas de la estructura provincial y la diputación que preside José Joaquín Ripoll, y aspiran a hacer valer su peso territorial para mantener una cierta cuota en las instituciones.
Rajoy dio su respaldo a Camps, pero reclamó a los populares valencianos "inteligencia" a la hora de abordar las candidaturas. Una palabra que tanto zaplanistas como campsistas emplean ahora para dar pistas sobre la candidatura a las Corts. El PP se juega su propia continuidad en el poder.
29. CAMPS DESCALIFICA A LOS EURODIPUTADOS QUE INSPECCIONARÁN EL URBANISMO VALENCIANO (23/02/07)
El presidente del Consell, Francisco Camps, arremetió contra la delegación de eurodiputados que se desplazará a finales de este mes a la Comunitat para ver con sus propios ojos los efectos del urbanismo abusivo que han denunciado numerosos ciudadanos europeos. Acusó a la misión parlamentaria de " partidista " y denunció que su objetivo es " entrometerse " en la precampaña de las elecciones del 27 de mayo. Recordó que está formada "en su mayoría" por eurodiputados socialistas, con lo que " lo que pretende es exclusivamente ayudar a sus correligionarios en nuestro país ".
Camps hizo estas calificaciones al término de la reunión que mantuvo junto al presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, con el nuevo presidente del Parlamento Europeo, el democratacristiano alemán Hans Gert Poettering, que sustituyó al socialista Josep Borrell. Aunque la conversación se centró en los cítricos, Camps admitió que también " comentó " con Poettering la tercera visita de los eurodiputados a la Comunitat, del 28 de febrero al 3 de marzo próximos. La mesa de la Eurocámara -formada por representantes de todos los grupos políticos- dio el visto bueno hace unas semanas al envío de una misión que visitará al menos 12 localidades valencianas, además de la Comunidad de Madrid y Almería.
El presidente valenciano afirmó que "todos somos conscientes en el Parlamento Europeo y en toda España que se trata de una visita partidista que pretende distorsionar el legítimo debate electoral en nuestro país ". Añadió que los eurodiputados -entre los que también se encuentra el conservador nacionalista polaco Marci Libicki-" son conscientes de que no llevan una tarjeta de presentación europea, sino de presentación pura y estrictamente partidista ". Afirmó que " casi todos ellos proceden de partidos socialistas (europeos) o coaligados " y apuntó que " van a comunidades autónomas gobernadas por el PP" o a ayuntamientos regidos por este partido.
Además de los procedimientos que abrió y mantiene abiertos la Comisión Europea contra las sucesivas leyes urbanísticas valencianas, el Parlamento Europeo también ha mantenido una posición muy activa a este respecto, como muestra la aprobación, en diciembre de 2005, del demoledor informe Fourtou sobre la LRAU. Sin embargo, Camps trasladó al nuevo presidente de la Eurocámara "la inquietud que nos produce ver cómo hay eurodiputados que con dinero público van a nuestro país a entrometerse en el debate estrictamente electoral ". Recordó que ésta será la tercera visita y dio a entender que esta vez no tiene la intención de reunirse con ellos, recordando que ya lo hizo otras veces y que "no ha servido ".
30. LLEVAN AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO LA ALTERACIÓN DEL CENSO EN CASTELLÓN (24/02/07)
La diputada recordó el hecho de "que los concejales del PP de Argelita apunten directamente a la dirección provincial del PP como responsable e inductor de esta actuación delictiva, ata todos los hilos que pudieran estar sueltos, pues quien parece estar detrás de toda la manipulación ilegal de los censos es Carlos Fabra". Y añadió: "Estamos ante un caso de extrema gravedad, ya que el PP está atacando directamente, por la vía golpista, los pilares fundamentales de juego democrático al intentar, por medio de ilegalidades, hacerse con el poder en contra de la voluntad popular". Un argumento que sustentó con los hechos conocidos al respecto: "Tenemos demasiados datos que apuntan hacia una trama organizada, donde el caso del alcalde de Cabanes, Artemio Siurana, y el de Argelita pueden ser sólo los primeros en salir a la luz pública". Además, añadió, que "la falta de reacción de la dirección y el silencio sepulcral del PP provincial al respecto es una prueba más de cómo no se trata de hechos locales, sino extensibles a muchos otros lugares".
En su escrito al Fiscal del Estado, Navarro informa de que "en la provincia de Castellón se vienen incrementado las sospechas fundadas sobre una trama organizada desde la dirección provincial del PP de manipular los censos electorales de pequeñas localidades con la intención de variar los resultados en las próximas elecciones municipales, asegurándose así el control de pueblos estratégicos en albergar proyectos urbanísticos polémicos o aferrar de esta manera el control de la Diputación de Castellón".
La diputada añade que "se dan aumentos altamente sospechosos en los padrones municipales, orquestados siempre por gente directamente relacionada con el PP". Por esta razón, Navarro pide la intervención de la Fiscalía General del Estado "para investigar todos aquellos censos sospechosos de haber sido manipulados en la demarcación provincial de Castellón, teniendo en cuenta que estas actuaciones podrían ser constitutivas de un delito", ya que, añade, la intervención de los denunciados, en su condición de alcaldes y concejales, "podría constituir un delito de prevaricación y de cooperación necesaria por haber permitido y obviado sus obligaciones de comprobar la residencia en la población de los nuevos empadronados".
31. EL CONSELL NIEGA INFORMACIÓN Y EXPEDIENTES SOBRE SUBVENCIONES A ENTIDADES AFINES AL PP (26/02/07)
Los 4,2 millon es de € que el Consell ha otorgado en
subvenciones a colectivos vinculados a la Federación de Asociaciones de
Vecinos de la Comunitat Valenciana (Favcova) y a la Fundación Central
Ciudadana no son las únicas ayudas concedidas con dinero público de la
Generalitat a este conglomerado de entidades afines al PP, en el período
2003-2006, correspondiente al mandato del presidente Francisco Camps.
La citada cantidad, de la que dio cumplida información este diario,
corresponde a un total de 56 ayudas concedidas por diversas consellerias y
las diputaciones de Alicante y Castelló, pero la falta de transparencia de
la Generalitat no permite conocer el total de los fondos recibidos por estas
asociaciones cuyos dirigentes han impulsado y hasta ocupan cargos de
responsabilidad en el Partido Social Demócrata (PSD), formación creada a
partir de la cobertura del movimiento vecinal y ciudadano y de diversos
colectivos y personas expulsadas o disidentes del PSPV.
El diputado socialista en las Corts Antonio Torres ha preguntado por medio centenar de posibles partidas de subvención. Y lleva hasta ocho meses esperando respuesta del conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, a la solicitud de información sobre si Central Ciudadana se llevó dinero público de su departamento en los años 2003, 2004 y 2006 (demanda de datos formulada el pasado 28 de junio) o acerca de la posible inyección de fondos a Favcova en 2004, 2005 y 2006 (pregunta del 26 de junio).
Gerardo Camps también ha ofrecido de momento el silencio como única contestación, explicó Torres, ante la solicitud de documentación, formulada el 3 de julio, sobre otras ayudas también a la federación vecinal, de la que son directivos Carlos Ruiz, Fernando Piera y Ana María Rodríguez. El parlamentario socialista explicó a este diario que ha pedido ya amparo al presidente de las Corts, Julio de España. De los 435.517 € con los que Economía financió a esa fundación dio cuenta el titular de ese departamento en respuesta escrita a la socialista Josefa Andrés. En esa misma contestación, Gerardo Camps justificaba el destino de 4.000 €, que serían para gastos de funcionamiento de la entidad subvencionada.
De los 431.000 restantes no se concretaba si iban destinados a fomento del empleo, a cursos de formación o para el sostenimiento de otro tipo de actividades. Las conselleras de Bienestar Social, Alicia de Miguel, y de Cooperación, Gema Amor, tampoco se han explayado demasiado en sus explicaciones en las Corts. Más bien lo contrario. De Miguel ha negado a Antonio Torres el acceso al expediente de justificación de las ayudas concedidas por Bienestar Social a Favcova, pese a que se tiene constancia, por el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) de una partida de 47.336 € concedida en la anualidad de 2005.
32. RIPOLL DICE QUE SUS DISCULPAS IBAN DIRIGIDAS A LOS AFILIADOS DEL PARTIDO POPULAR Y NO A CAMPS O ALPERI (27/02/07)
Ni José Joaquín Ripoll pidió perdón, ni el presidente Francisco Camps ni el alcalde Luis Díaz Alperi pusieron la otra mejilla. Esa es la versión que todos los sectores del PP dieron después del acto de proclamación del candidato popular a la reelección del pasado sábado en el que Ripoll sorprendió a propios y extraños iniciando su discurso con una petición de disculpas "por los errores cometidos". El líder de los populares alicantinos y cabeza visible de los zaplanistas evidenció, que al implorar perdón únicamente tenía como objetivo ensalzar a los militantes del PP y, en ningún caso claudicar frente a Camps y el alcalde a las puertas de la elaboración de las candidaturas.
En este sentido, el máximo responsable de los populares alicantinos y líder de los zaplanistas insistió en que "yo lo que dije es que si alguna vez, yo había tomado una decisión -en referencia a los militantes- que alguno no hubiera entendido o que pudiera entender equivocada que perdonaran porque siempre, evidentemente, lo había hecho por el bien del partido. Pero de ahí a decir que yo haya pedido perdón a no se sabe quién o no se sabe a cuento de qué...". No se trataba -insistió Ripoll, que evitó hacer más declaraciones- de "pedir perdón a nadie sino de resaltar el valor y la fortaleza de los militantes".
33. ABUSOS URBANÍSTICOS JUSTIFICA EL VIAJE DE LOS EUROPARLAMENTARIOS EN EL ALUVIÓN DE QUEJAS (28/02/08)
La asociación Abusos Urbanísticos No rechazó el aluvión de críticas vertidas por el Consell y los empresarios valencianos a la visita de la Delegación del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo a Alicante para inspeccionar el urbanismo de la zona. Para esta entidad pionera en la denuncia de abusos urbanísticos cometidos al amparo de la extinta LRAU el viaje de la delegación de la UE está plenamente justificado para verificar "de primera mano" las miles de quejas de los ciudadanos en materia urbanística.
Un comunicado oficial de esta plataforma, surgida en 2004 en la Marina Alta, resalta el derecho de los ciudadanos (españoles y extranjeros) supuestamente perjudicados por iniciativas urbanísticas "a su defensa por las instituciones europeas". El colectivo también rechaza el argumento lanzado desde el Consell de que se está gastando dinero público para el viaje. "Natural que empleen dinero público, tan público como el utilizado por el presidente del Consell, Francisco Camps, cuando pronto se largó a Bruselas para exponer a Herr Poettering, presidente del Parlamento europeo sus lemas de campaña, o el que ha financiado el viaje de la jefa de gabinete de la Consejería de Territorio y Vivienda a Bruselas para reducir al máximo posible las reuniones de esta delegación con los ciudadanos que denuncian prácticas abusivas", dice el nota.
"No podemos aceptar", concluye el comunicado, "que la defensa de los derechos humanos y cívicos de los ciudadanos de esta comunidad, el derecho a la propiedad, al medio ambiente, a la calidad de vida, a la salud, al paisaje y tantos otros se califiquen por parte de de quien no está legitimado para hacerlo como intromisión en debate estrictamente electoral".
34 DIPUTADOS DEL PP COBRAN EN UN DÍA MÁS DE 1.100 € (28/02/07)
Miguel Ángel Mulet, Rubén Ibáñez, Adelino Santamaría y Manuel Ferreres, todos ellos del PP, se embolsaron más de 1.100 €, cada uno, por las poco más de cinco horas durante las que participaron en diversas comisiones y en el pleno de la Diputación de Castellón. Ninguno de los cuatro tiene dedicación exclusiva por lo que, además, cobran de otras instituciones. Sin embargo, el día de fue especialmente fructífero. Mulet tiene delegadas las competencias de Cultura pero, además de asistir a la comisión (reunión) en la que se analizan y debaten temas de su departamento, asistió a las comisiones de Cooperación, Hacienda y Personal. Por su asistencia cobra 160 € por cada una. En realidad, él es únicamente titular en dos de estas comisiones.
Sin embargo, diputados que cuentan con dedicación exclusiva y, por tanto, tienen el sueldo asegurado, excusan su asistencia y delegan su puesto en un sustituto que es Miguel Ángel Mulet. Así, en el caso del día de , el diputado y concejal del Ayuntamiento de Castellón cobró por acudir a las cuatro reuniones que se celebraron ente las 9.30 y las 12.00 horas. A mediodía, el diputado participó también en la junta de gobierno, el órgano de gobierno de la Diputación provincial, formado por los diputados del PP y por cuya asistencia, que normalmente no sobrepasa la media hora, cobra alrededor de 200 €. Por la tarde, Mulet también acudió al pleno de la institución provincial y sumó 300 € a la "caja" que ya había hecho durante la mañana.
En el caso de Rubén Ibáñez, la suma es la misma. Tiene la delegación de las competencias de Personal y es titular de dos comisiones aunque, de forma más que habitual, asiste a entre tres y cuatro cada semana en calidad de "sustituto" de otros diputados. Asimismo, participa en la junta de gobierno, que también se celebra todas las semanas, y asiste a los plenos que, de forma ordinaria, se celebran cada mes. Manuel Ferreres y Adelino Santamaría, alcaldes de Sant Mateu y Borriol, respectivamente, se embolsaron la misma cantidad. Y eso que la suma hubiera sido de 160 € más en el caso de que se hubiera celebrado la quinta comisión, la de Medio Ambiente, a la que los 4 también asisten de manera regular.
Su jornada laboral en la Diputación acabó poco antes de las 20.00, apenas dos horas después de que se iniciara el pleno en el que, habitualmente, sólo votan. En el mismo pleno, el PP aprobó una modificación de crédito de más de 3 millones de € para el pago, entre otras cosas, de diversas subvenciones a asociaciones culturales y festivas. El "bou per la vila" de Castellón, el carnaval de Vinaròs, la "colla del Rei barbut" o la "colla Bacalao", son algunos de los entes a los que se asignó un total de 243.000 €.
35. TERRA MÍTICA. "OCULTABAN FACTURAS EN UN CAJÓN BAJO LLAVE"(02/03/07)
"Miguel Navarro y Justo Valverde intentaron ocultar el coste real de construcción del parque a finales de 2000. Con este objetivo, los mencionados señores ocultaban facturas en un cajón bajo llave". Esta es una de las revelaciones que contiene una de las tres denuncias anónimas que recibió la Agencia Tributaria a finales del año pasado sobre irregularidades en el parque Terra Mítica relacionadas con la empresa pública Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA), ahora Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana.
Miguel Navarro era director general de Terra Mítica, y desde hace varios años es asesor de la empresa pública que gestiona la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, y Justo Valverde, ex cuñado de Eduardo Zaplana, era entonces director financiero de Terra Mítica. El denunciante apunta que "el objetivo era convencer a todas las empresas constructoras a realizar la misma operación. No todas aceptaron".
El denunciante anónimo alertó a la Agencia Tributaria de la existencia de facturas falsas y de sobrecostes ilegales, información que sirvió para abrir un procedimiento judicial nuevo sobre irregularidades en la empresa de la Generalitat valenciana y sumar documentación a la investigación judicial que ya se ocupa desde 2005 del supuesto fraude que implica a Terra Mítica. Según la denuncia, los sobrecostes alcanzaron un nivel que provocó las críticas de los propios consejeros del parque. Ante esa situación, se articuló un sistema que disimulaba el pago de esos sobrecostes. La denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, es la más documentada de las tres que recibió Hacienda en un periodo de pocas semanas. No sólo explica lo que supuestamente ocurría en la construcción del parque de atracciones de Benidorm sino que ofrece gráficos y organigramas sobre cómo funcionaba la trama de empresas. Incluso, en algún momento, establece una relación de "personas clave" en el caso, entre las que incluye, además de Navarro y Valverde, a José María Arraiz, director técnico de la SPTA; a Gema Amor, entonces presidenta de esa empresa y hoy consejera del Gobierno valenciano, y al empresario Vicente Conesa, a quien se considera una figura central en la trama de Terra Mítica.
La Agencia Tributaria comprobó los datos revelados en la información anónima y desentrañó un mecanismo de pago de sobrecostes ilegales a través de la sociedad Parque Temático. Es decir, las cantidades cobradas ilegalmente, que superaban los 8,5 millones €, no habrían sido pagadas por la propia Terra Mítica, en cuyo accionariado hay presencia pública y privada, sino por la empresa que promovió el parque de atracciones, propiedad al cien por cien de la Generalitat valenciana.
La documentación remitida junto a las denuncias anónimas fue la base del procedimiento que el pasado enero inició el Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante por delito fiscal, falsificación documental y malversación de fondos en la Sociedad Parque Temático. El juez, tras estudiar los documentos, decidió inhibirse en favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, el que investiga la causa que implica directamente a Terra Mítica.
El denunciante anónimo llama la atención en sus esquemas sobre las empresas del Grupo Cobra, pertenecientes a ACS, y sobre la Unión Temporal de Empresas (UTE) Terra Verd, participada por Hormigones Martínez, Lubasa, C3 Ingeniería de la Construcción y Gestión y Control.
36. LOS CENSOS 'HINCHADOS' SON CLAVES PARA EL FUTURO DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN (03/03/07)
El Instituto Nacional de Estadística ha enviado requerimientos a seis ayuntamientos de la provincia de Castellón para que certifiquen si han hecho las comprobaciones necesarias a fin de determinar que las altas en el censo detectadas en los últimos meses corresponden a personas que viven realmente en los domicilios que señalan. La incorporación masiva de empadronados se localiza en municipios en los que los resultados electorales son muy ajustados o que, de una u otra forma, resultan claves para determinar la mayoría en la Diputación provincial que preside Carlos Fabra.
El caso de Cabanes ha sido el más escandaloso ya que las solicitudes de altas sitúan en el domicilio del alcalde, Artemio Siurana (PP), de familiares suyos y de otros dirigentes del PP el lugar de empadronamiento de los nuevos 40 vecinos. Tanto este municipio como Vall d'Alba, donde se han registrado altas de padrón de 125 personas en tres meses, pertenecen al partido judicial de Castellón. En las últimas elecciones municipales, los 17.000 votos de diferencia a favor del PP fueron determinantes para alcanzar los diputados provinciales. Pero esta distancia se redujo a 1.000 en las últimas elecciones generales. Y desde entonces en Vila-real el anterior alcalde del PP fue condenado por prevaricación, y en Burriana, también con alcalde del PP, las polémicas urbanísticas han obligado al actual alcalde a renunciar a la reelección. De mantenerse esta tendencia, los populares deberían arrancar más de cien en votos en, por ejemplo, Vall d'Alba (PP), para compensar las posibles restas de Burriana y Vila-real.
Los más de 50 empadronados en un pequeño municipio de Els Ports como la Pobla de Benifassà (PP), de apenas 250 votantes, también puede resultar decisivo para la elección del diputado que corresponde a la comarca de Els Ports y que, tras las anteriores elecciones, correspondió al PSPV. El diputado provincial correspondió a los socialistas por una diferencia de apenas 200 votos, con lo que cualquier alteración en los censos también podría suponer el cambio de signo político del diputado.
El INE también ha remitido un requerimiento al Ayuntamiento de Salzadella (PP) por el empadronamiento de 33 nuevos votantes. Este municipio pertenece al partido judicial de Sant Mateu que tiene designado un diputado y que, en las anteriores elecciones recayó en el PP. Sin embargo, también aquí la diferencia de votos es mínima ya que se limita a 400 votos que el PSPV cree poder arrancar dado el desgaste del PP por la instalación de vertederos anunciados para la zona. Algo más amplia, aunque no mucho más, fue la diferencia de votos que los populares obtuvieron en el partido judicial de Viver para designar a su diputado provincial. Ahora, uno de los municipios de la circunscripción, Montanejos (PP), también ha variado, al alza, su censo.
Por último, el INE ha mandado requerimiento para justificar el empadronamiento masivo en Fanzara (PP), perteneciente al partido judicial de Nules que tiene designada la elección de seis diputados. En las pasadas elecciones, PSPV y PP se repartieron, por igual, los puestos de diputados.
El caso de Argelita (PSPV) es el de mayor alteración ya que con apenas 100 votantes, el ayuntamiento recibió solicitudes de alta en el padrón de otras 31 personas, cuya participación podría decantar los resultados electorales en uno u otro sentido ya que en las anteriores municipales a diferencia de votos entre el PSPV y el PP fue de 33 votos. El alcalde socialista ha señalado a dos concejales del PP de la localidad como presuntos autores de lo que, de momento, sólo es un intento de alteración del censo. El engorde del padrón se ha quedado en intento.
37. LA JUEZ IMPUTA AL ALCALDE DE RIBA-ROJA Y A UN EMPRESARIO POR DELITO DE COHECHO (07/03/07)
Francisco Tarazona, alcalde de Riba-roja, declaró en un juzgado de Llíria como imputado por un delito de cohecho en relación con el supuesto cobro de cantidades millonarias camufladas como donativos que suponían un pasaporte para la adjudicación de obras. La denuncia la presentó el empresario Vicente Pérez Saura, administrador de Ribalge SL, quien aseguró haber entregado 120.000 € para conseguir la adjudicación de un PAI. Pérez Saura dijo que el alcalde le reclamó 7,8 millones para otros proyectos. La juez también ha imputado al empresario. Tarazona lo niega todo.
El alcalde de Riba-roja acudió al Juzgado de Instrucción número tres de Llíria acompañado de familiares, colaboradores y su abogada. Nada más entrar en el despacho judicial anunció que no respondería ni a la juez ni a la acusación. Lo hizo sólo a su letrada. Negó cualquier acusación de cohecho, aseguró que las donaciones de Pérez Saura y otros empresarios fueron siempre voluntarias, que el Ayuntamiento las destinó a proyectos locales, que nunca ha visto ese dinero ni se ha quedado con un céntimo, y que es víctima de una "persecución política" porque "este señor ya me dijo que quería quitarme del sillón del Ayuntamiento". A la juez le aportó el texto aprobado el pasado lunes por la noche en el pleno del consistorio en el que recoge una sucesión de los hechos bajo sospecha y en la que todo aparenta legalidad.
La donación a una Administración no es delito. Sin ser común, dicen fuentes de la fiscalía, no es corriente. Sin embargo, en este caso, y según fuentes de la investigación, existen indicios sólidos de irregularidad. Tarazona insiste en que nunca ha condicionado la adjudicación de obras a donativo alguno. Vicente Pérez Saura asegura que obtuvo la licencia del PAI de Gallipont en 2002 gracias al compromiso de una donación de 120.350 €. Cantidad que efectivamente fue ingresada en una cuenta del Rural Caja a nombre del ayuntamiento y que fue distribuida, según el interventor de la corporación, del siguiente modo: 12.000 € para la Sociedad Musical; 12.000 para el club de fútbol; 9.000 para la Cena del Cristo; y 87.350 € para ingreso en Caja. Esta última cifra se contabilizó en la partida presupuestaria de ingresos bajo el epígrafe: Aportación Económica de Agentes Urbanizadores para fines de interés local. Y su destino fue, según el interventor del Ayuntamiento: alumbrado público de urbanizaciones; asfaltado de vías y obras; y acondicionamiento del centro de información juvenil.
El empresario, que presentó la denuncia el pasado verano y era el propietario de la mayoría de las parcelas afectadas por el PAI de Gallipont -y según el alcalde de Riba-roja el único que podía lograr la adjudicación porque su oferta fue la mejor-, niega las explicaciones del primer edil. El administrador de la mercantil Ribalge SL, también imputado por cohecho y que declaró la pasada semana por estos hechos, mantiene que está documentada la relación directa entre sus pagos bajo la forma de donaciones y la adjudicación, que esa es pauta de comportamiento, que no es la única víctima y que desde que se negó a entregar más aportaciones tiene paralizadas todas las obras. El empresario mantiene que era preceptivo comprometerse a realizar las aportaciones para poder obtener alguna licencia.
38. EL CONSELL ADJUDICÓ EL HOSPITAL DE LLÍRIA AL MISMO EMPRESARIO AL QUE OTORGÓ 13 LICENCIAS DE TV DIGITAL (07/03/07)
Ladrillo, comunicación y política. El empresario José Luis Ulibarri ha hecho de este cóctel el eje de sus negocios en Castilla y León y va camino de consolidarlo también en la Comunitat Valenciana a la sombra de la Administración autonómica que dirige Francisco Camps. La Conselleria de Sanidad resolvió el pasado mes de enero adjudicar el contrato de construcción del nuevo hospital de Llíria a una UTE compuesta por las mercantiles Ocide Construcción y Begar Construcciones y Contratas. El concurso se resolvió por un importe de adjudicación de 25,5 millones € frente a los 27,6 millones con los que se licitó por parte del departamento que dirige Rafael Blasco.
Begar Construcciones y Contratas está participada casi en su totalidad por
la matriz Begar SA, de la que es presidente Ulibarri, y que tiene su sede en
la calle Ave María de la localidad leonesa de Ponferrada. El Grupo Begar
extiende su actividad al sector de la construcción y de la obra pública pero
ha irrumpido con fuerza en el ámbito de la comunicación en la autonomía que
gobierna el popular Juan Vicente Herrera.
En la Comunitat Valenciana Begar es accionista al 100% de Producciones Audiovisuales Digitales Alicante SL, la mercantil a través de la cual participa en Mediamed Comunicación Digital. Esta empresa, presidida por el propio Ulibarri, tiene como accionistas a inversores y empresarios valencianos. Muchos de ellos gestionaban emisoras de televisión local ilegales y fueron conminados a ceder el 51% de su negocio a Mediamed para poder seguir en antena antes de que la empresa resultase adjudicataria de 13 licencias de televisión digital terrestre (TDT) por parte de Presidencia de la Generalitat. La multitud de accionistas sobre el papel fue uno de los elementos que permitió a la Administración de Camps presentar el reparto del pastel de la TDT como plural, si bien Ulibarri es quien controla el consorcio de televisiones locales.
Mediamed presentó la semana pasada Tele 7, su cadena de emisoras de
televisión digital, en un acto que cerró el jefe del Consell, Francisco
Camps, y que contó con la presencia del portavoz del Ejecutivo, Vicente
Rambla, el conseller de Sanidad, Rafael Blasco, la de Bienestar Social,
Alicia de Miguel o el de Territorio, Esteban González Pons. Éste último
ejercía de portavoz del Consell cuando se concedieron las licencias de TDT y
se le considera muñidor por encargo de Camps de la resolución del concurso.
Durante el acto de puesta de largo, Camps hizo gala de su amistad con la
directora de la cadena, Lourdes Reyna.
Ulibarri, por su parte, es conocido por las excelentes relaciones que mantiene con el sector democristiano del Partido Popular, al que da cobertura a través del diario electrónico que preside, El Semanal Digital, dirigido por Antonio Martín Beaumont.
El empresario constructor con base en Castilla y León mantiene vínculos con el ex ministro de Justicia, José María Michavila, hermano de la jefa de gabinete de Camps, Ana Michavila, y con el secretario general del PP, Ángel Acebes.
39. EL FISCAL DE CASTELLÓN DESTACA LA PROLIFERACIÓN DE DENUNCIAS URBANÍSTICAS 10.03.07
El fiscal jefe de la Audiencia de Castellón, Javier Arias, destacó la proliferación de denuncias respecto a presuntos delitos urbanísticos en la provincia. Arias trató de restarle importancia a este tipo de acciones y señaló que "muchos" de estos casos se limitan a cuestiones que "son puramente administrativos y no penales". El fiscal jefe se refirió también a las denuncias presentadas por un "presunto fraude electoral" ante la posible manipulación de censos, en municipios como Cabanes, pero mantuvo que "estos casos pasan siempre en periodo electorales, donde se suelen producir una serie de anomalías que cabrean al partido contrario y les lleva a presentar denuncias, unas veces ante la Junta Electoral Provincial y otras veces ante la Fiscalía". "Procede investigarlos, al igual que cualquier otra figura delictiva, y si vemos que hay delito, pues lo perseguimos, y si no, la Junta Electoral puede anular esas incorporaciones de ciudadanos a pueblos de manera anómala", añadió.
Javier Arias presentó la memoria de la Fiscalía correspondiente al pasado año que refleja que la provincia de Castellón registró durante 2006 un total de 14.857 delitos, lo que supone un descenso del 3,49% respecto a 2005, mientras que las faltas disminuyeron un poco más del 4%. Del conjunto de delitos, el 73,6% fueron contra el patrimonio, mientras que los delitos por lesiones se redujeron en un 15,3%.
40. UNA EDIL DEL PP DE BURRIANA DEJA EL CARGO POR LA ACTITUD "CACIQUIL" DE LA DIRECCIÓN 10.03.07
La concejal del PP en el Ayuntamiento de Burriana Mariola Aguilera presentó su dimisión "irrevocable" como edil y solicitó su baja como afiliada ante la "manera déspota y caciquil" del alcalde y presidente local, Alfonso Ferrada, que, según dijo, "ha coartado la libertad de expresión". Aguilera presentó sendos escritos en el registro del consistorio y en el PP, después de más de un año de exponer sus diferencias con las decisiones adoptadas por el equipo de gobierno que, en el plano del urbanismo, se han tomado "desde el capricho, desde la relación amistosa, a la trágala, con gran confusión y oscurantismo". "Nos hemos ganado a pulso la fama de marrulleros, de confusos y de no ser transparentes ni claros".
Las polémicas decisiones urbanísticas adoptadas por el PP local llevaron al PSPV a presentar una querella, entre otras cosas, por prevaricación. La hasta ahora concejal no quiso entrar a valorar la denuncia pero aseguró que "si me llaman a declarar, iré y contestaré a todo lo que me pregunten". El PP optó por anunciar que el alcalde no repetiría como candidato a la alcaldía pero Aguilera sostiene que, tras las últimas reuniones con su grupo y después de una conversación con el candidato y actual concejal, José Ramón Calpe, "he llegado a la conclusión de que va a seguir el servilismo al alcalde y de que son [en referencia a Ferrada y a Calpe] los mismo perros con distintos collares". Además, la ya ex concejal advierte de que las polémicas decisiones adoptadas por el PP en el municipio va a provocar que "muchos electores que votaron al PP, ahora estén replanteando su voto".
Aguilera quiso dejar claro que se va del ayuntamiento y del PP porque lo suyo "no es el transfuguismo" y, ante una situación que calificó de "insostenible", dijo no querer renunciar a sus "convicciones de mujer de centro, moderada, transparente y dialogante". Así, mantuvo: "Lamentablemente, creo que estos postulados no son asumibles por aquellos que gobiernan este municipio y dirigen el PP de Burriana". Además, aseguró que la actitud de "servicio permanente al pueblo y a sus intereses no eran en absoluto algo que compartieran ni el responsable del Gobierno, ni la mayoría de los compañeros".
41. EL ALCALDE DE ORIHUELA NOMBRA A UN MAGISTRADO CABALLERO CUBIERTO (15/03/07)
El alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, imputado por corrupción, ha propuesto al magistrado Julio Calvet Botella, para el cargo de Caballero Cubierto, máximo exponente de la Semana Santa oriolana. El nombramiento fue ratificado por el pleno de la corporación celebrado el martes, con los votos a favor del Grupo Popular, del Centro Liberal y del concejal del PSPV, Antonio García. Los tres ediles ex socialistas se abstuvieron, y el edil de Los Verdes, Monserrate Guillén, abandonó la sesión al debatirse ese punto.
El magistrado Calvet, natural de Orihuela, preside desde diciembre de 2006 la sección 9ª de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche. Esta sala es la que por razones de ámbito territorial ve los recursos de apelación que se planteen a cualquier resolución o sentencia de los juzgados de la demarcación de Orihuela. El magistrado fue juez de primera instancia en Orihuela y de lo Social en Alicante. El cargo de Caballero Cubierto es el más relevante de la procesión del Santo Entierro y, además, goza del privilegio de ser la única persona que puede cruzar la catedral sin descubrirse.
El concejal Francisco García Ortuño ha cuestionado la elección del alcalde: "Medina elige a un magistrado en el peor momento, dada su actual situación jurídica, con 16 causas abiertas en los juzgados por supuestos casos de corrupción, y tres imputaciones ya en firme", explicó. "Además, se trata de un magistrado nítidamente conservador", añadió.
La secretaria general del PSPV de Orihuela y candidata a la alcaldía, Antonia Moreno, pese a reconocer los méritos de Calvet también cuestionó la decisión de Medina: "Más por estética que por ética", puntualizó. En el mismo sentido se ha pronunciado el ex edil del Centro Liberal, Enrique Luca, quien resaltó la "inoportunidad" del nombramiento debido a los "procesos judiciales en los que está inmerso el alcalde".
42. ANTICORRUPCIÓN PIDE A HACIENDA LOS DATOS DEL PATRIMONIO DEL ALCALDE DE TORREVIEJA (16/03/07)
La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha solicitado a la Agencia Tributaria un informe sobre el patrimonio del alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP. La iniciativa del ministerio público se enmarca en la investigación judicial abierta al primer edil por la millonaria plusvalía de 5,2 millones de euros que le reportó la compra-venta de una finca rústica. El regidor, imputado ya en esa causa, declaró , junto a otros dos ediles de su equipo de gobierno, en otro sumario, por pagos ilegales de 15 millones de euros.
Pedro Ángel Hernández Mateo, en la alcaldía de Torrevieja desde 1987, acudió al juzgado en calidad de imputado por segunda vez en el espacio de año y medio. El regidor y otros dos concejales de su equipo de gobierno (Pascual Ortiz, responsable del área de Hacienda, y José Antonio Sánchez) comparecieron ante la titular del Juzgado número 2 por un supuesto delito de prevaricación derivado del pago de 15 millones de euros sin consignación presupuestaria.
El 28 de octubre de 2005 el primer edil torrevejense declaró, también como acusado, ante el titular del juzgado número 4 por los delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información. El juez investiga la plusvalía de 5,2 millones de euros que le reportó la compra-venta de una finca en el término de Almoradí. El alcalde compró la finca -18 hectáreas de suelo rústico- en 2000 por 180.000 euros, y dos años más tarde la vendió por 5,4 millones de euros. Hernández Mateo realizó la compra-venta inmobiliaria con la promotora Edén del Mar, beneficiada con adjudicaciones del Consistorio, antes durante y después de la operación.
La acusación pública, que ejerce el fiscal anticorrupción de Alicante, acaba de solicitar al juez instructor la práctica de nuevas pruebas tendentes a verificar el patrimonio del alcalde. Entre ellas, destaca un informe de la Agencia Tributaria, según han confirmado fuentes del caso.
Mientras, la comparecencia de del alcalde y los ediles de Hacienda y Contratación en el juzgado está motivada por una querella presentada por el grupo municipal del PSPV. Los socialistas sostienen que el Ayuntamiento ha abonado desde 2000 más de 15 millones de euros mediante el procedimiento de reconocimientos extrajudiciales de crédito. Según los querellantes, los pagos se efectuaron sin consignación presupuestaria y con los informes en contra de la Secretaría e Intervención municipal. Entre las empresas beneficiadas por esos pagos se encuentra una firma de seguridad privada, cuyo propietario es el actual concejal de Infraestructuras, Eduardo Gil-Rebollo.
El alcalde y los ediles evitaron hacer declaraciones a su salida del juzgado. No obstante, en una posterior rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento, el regidor defendió la legalidad de las operaciones contables y subrayó que había actuado con "total honestidad".
43. UN CONCEJAL DEL PP COMPRA SUELO UN AÑO ANTES DE ANUNCIARSE SU RECALIFICACIÓN (08/03/07)
El concejal de Mercados de Manises, José Tamarit, del PP, compró en mayo de 2004, según el Registro de la Propiedad de Benaguasil, varias parcelas de terreno en la partida del Quint, en Riba-roja del Túria, localidad gobernada también por el PP, concretamente por Francisco Tarazona. La operación aparece registrada el 3 de mayo de 2004, casi un año antes de que el Programa de Actuación Integrada (PAI) Masía de Traver II -donde se localizan los terrenos adquiridos por Tamarit y su esposa-, saliera a información pública, según consta en el Diari Oficial de la Generalitat Valencia (DOGV). Tamarit compra 1.440 m2. Cuando el concejal del PP los adquiere, estos tienen la calificación de suelo no urbanizable, concretamente agrícola protegido. Según fuentes del sector inmobiliario, el valor entonces era de unos 12.000 € la hanegada aproximadamente, mientras que en la actualidad el precio estimado podría rondar los 72.000 €.
El concejal de Mercados del Ayuntamiento de Manises adquirió además una parcela de otros 1.500 m2 en mayo de 2006 y otra de 2.115 metros, en la partida de la Llobatera, en la zona de afección del PAI El Penyot, que promueve el grupo Llanera, y que fue publicado en el DOGV. Tamarit hace una tercera compra en la localidad de Riba-roja en mayo de 2004, según la nota registral. Son cerca de 3.900 m2 en la zona de El Seminar, situada igualmente en el área de influencia del PAI de Cementeri. El concejal de Manises tiene varias empresas, pero desde el 21 de julio del año pasado pertenece al consejo de administración de la S.L. Valira Inversiones, una sociedad con sede en Madrid que tiene por objeto social la adquisición, parcelación, urbanización, promoción, venta y arrendamiento de terrenos y propiedades inmobiliarias de cualquier clase. El edil consta como administrador mancomunado.
A preguntas de este diario, Tamarit explicó que el terreno en la partida del Quint lo dedica al cultivo de verduras. "A mí nadie me ha dicho ni media palabra de que ahí va un PAI", dijo anoche el edil. En cuanto a la compra en la Llobatera, Tamarit asegura que ha comprado una parcela al lado de donde tiene el chalé. "Ahora hay naranjos", precisó. Del terreno adquirido en El Seminar, el edil dice que es un trozo de monte, que utiliza para cazar. Acerca de su participación en la sociedad Valira Inversiones, el concejal reconoció que entró en el verano de 2006 y que se salió en septiembre porque "queríamos hacer unas cosas que al final no salieron", reconoció.
44. LA EDIL DE HACIENDA DE ORIHUELA IGNORA EL 'AGUJERO' DE 10 MILLONES (08/03/07)
La concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Orihuela, Paz Chazarra, del PP, eludió ante el juez responsabilidad alguna en el agujero de 10 millones de € registrado en la contabilidad municipal. Mientras, los portavoces de la oposición ratificaron la denuncia sobre ilegalidades en el proyecto de restauración del casco histórico de la ciudad. Según el fiscal, "hubo desfases de las valoraciones" en las casas rehabilitadas.
La titular del Juzgado número 5 de Orihuela, Natividad Navarro, inició la investigación de tres de las 15 causas en las que la Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha desglosado su denuncia contra el Consistorio por irregularidades contables y urbanísticas. Los tres sumarios hacen referencia a la restauración del casco histórico, el derribo de la casa del Inquisidor y un agujero de 10 millones de € descubierto en la contabilidad municipal.
En relación con el tercer sumario, la juez tomó declaración, también como testigos, a la concejal de Hacienda y al jefe de Gestión Tributaria del Ayuntamiento, Manuel Pons. El supuesto agujero de 10 millones de € está recogido en un informe elaborado por el funcionario. La edil declinó cualquier responsabilidad ya achacó el desfase contable "a la dejadez del departamento de Intervención durante muchos años", precisó.
Por las dos primeras causas, la magistrada interrogó, en calidad de testigos, a los concejales Monserrate Guillén, portavoz de los Verdes, y Francisco García Ortuño. Este último ratificó su denuncia sobre supuestas ilegalidades en la oficina para la restauración del casco histórico. Dirigida por el urbanista y abogado José Vicente Escudero. Los trabajos, financiados por la Generalitat, se desarrollaron entre 1995 y 2003. El presupuesto del proyecto fue de 10,8 millones de €. "Fue un gran fraude impulsado por el ex consejero de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, y con visto bueno del alcalde Medina, cuyo fin fue dilapidar las subvenciones públicas", declaró García Ortuño. El edil ratificó en su denuncia de la existencia de mandamiento de pago por 300.506 € no justificado. El pago fue aprobado por la comisión de gobierno el 15 de abril de 1997.
45. EL ALCALDE DE BENIDORM (PP) VOTÓ EN UN PAI EN EL QUE TIENE INTERESES (19/03/07)
El alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, del PP, permitió con su voto favorable la construcción de una promoción de viviendas en las que tenía intereses. El primer edil benidormense es accionista de la mercantil Vacanza 2000 SL, perteneciente al grupo Mayve, desde abril del año 2000. En todos los trámites municipales para la aprobación de la promoción el primer edil se ha ausentado de las votaciones, con la excepción de, al menos, dos juntas de Gobierno celebradas el 6 de marzo y el 11 de diciembre de 2006, cuando participó en la decisión que afectaba a este grupo empresarial. En ambas sesiones y según figura al acta, Pérez Fenoll presidió como alcalde las reuniones y no se ausentó. La primera aprobó el otorgamiento de las cédulas de habitabilidad, y la segunda la licencia de apertura del garaje comunitario.
Casualmente mientras en la comisión informativa previa a la junta de Gobierno del 6 de marzo Pérez Fenoll se ausentó, después permitió con su voto que se otorgaran las cédulas, según la documentación municipal. El complejo cuenta con 245 viviendas, 245 garajes, 50 trasteros y 2 locales, y está compuesto por las torres Capri y San Remo, en la avenida Montecarlo, a 250 metros de la playa de Levante.
El valor en el mercado de todo el complejo según reconoce el propio grupo es de 25,3 millones de €. La adjudicación de la unidad de ejecución número 4 del PGOU de Benidorm estuvo rodeada de polémica, ya que la zona de Serra Gelada en la que se encuentra estaba suspendida de aprobación en el Plan General de Benidorm de 1990 y fue necesario un pronunciamiento de la consejería de Medio Ambiente.
Manuel Pérez Fenoll rechazó que se le catalogara como "promotor", aunque reconoció que participaba con el 2,5% en esta promoción. Todos sus compañeros conocen su interés, puesto que casi siempre se ha ausentado de la toma de decisiones. El grupo Mayve está conformado por dieciséis empresas dedicadas a la promoción, construcción, hostelería y turismo, con un capital de 873.872 €. Sus principales socios son Antonio Magraner y Tomás Velasco. Magraner es notario de Benidorm y hasta fecha reciente era consejero de la CAM a propuesta de Eduardo Zaplana. La participación reconocida por Fenoll en el grupo Mayve no figura en el registro mercantil. El alcalde de Benidorm, médico odontólogo, figura como administrador solidario de la sociedad limitada Fenoll Soriano, compartida con su mujer, María del Carmen Zaragoza Soriano y su hija Esperanza Pérez Zaragoza. La empresa se constituyó el 14 de abril del 2000 con un capital de 72.124 €, y está dedicada a "actividades de prestación médica dental y sanitaria", así como a "gestionar clínicas dentales". El 24 de octubre de 2006 la sociedad amplió por ocho su capital inicial hasta alcanzar los con 564.616 €.
46.. EL EX INTERVENTOR DE ORIHUELA ASEGURA QUE AVISÓ A UNA CONCEJALA DEL PP DE POSIBLES ANOMALÍAS (22/03/07)
El ex interventor del Ayuntamiento de Orihuela José Manuel Espinosa afirmó que la concejal de Urbanismo, Eva Ortiz (PP), fue avisada de las presuntas "irregularidades administrativas" por la emisión de tres facturas del consistorio de unos 12.000 € cada una. Espinosa declaró como testigo en el juzgado de instrucción número 2 de Orihuela en relación con esta causa, una de las dieciséis abiertas que investiga el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, sobre supuestas anomalías contables y urbanísticas en el ayuntamiento. También declararon como testigos el portavoz socialista expulsado del PSPV, Francisco García Ortuño, y el de Los Verdes, Monserrate Guillén.
Las facturas fueron emitidas por la realización de supuestos vuelos
fotogramétricos sobre tres pedanías del término oriolano. Se pretendía que
los planos sirvieran para la revisión del PGOU, trabajos solicitados, al
parecer, por el secretario municipal, Alfonso Martínez. El ex interventor
comentó que las facturas llevaban la firma de la edil de Urbanismo y que
ésta fue avisada de la existencia de "ciertas irregularidades
administrativas" en relación con ellas, que debían ser resueltas. Según
Espinosa, la concejal le respondió que no se preocupara porque ella hablaría
con el secretario municipal para que se subsanaran esas presuntas
irregularidades. "Ya no supe más de las facturas y hasta que me fui no
fueron pagadas". Guillén aseguró que no vio "ninguna factura" y que fue el
ex interventor municipal quien dijo que existían y que estaban firmadas por
la edil de Urbanismo. "Desconozco si las facturas fueron pagadas", aunque su
emisión podría vulnerar la ley de contratos, porque es "una ilegalidad
fraccionarlas para no tener que sacar" el servicio a concurso, indicó.
47. CAMPS CONCEDE LA FACULTAD DE MEDICINA A LA CATÓLICA EN CONTRA DE LOS RECTORES (17/03/07)
Por sorpresa, a dos meses de los comicios autonómicos y contra la opinión de los rectores, el Consell autorizó la nueva facultad de Medicina en la Universidad Católica de Valencia, propiedad del Arzobispado. Los rectores expresaron su "sorpresa y malestar" por la decisión que se adoptó sin el preceptivo informe del Consejo de Coordinación Universitaria y sin que, tal y cómo se había comprometido el consejero, Justo Nieto, se hubiera reunido la mesa de titulaciones. El Consell justificó la medida por la "necesidad de especialistas sanitarios".
Con Valencia y Castellón sumergidas en sus fiestas mayores, y a tan sólo dos meses de las elecciones autonómicas, el pleno del Consell, que preside Francisco Camps, del PP, se reunió en Alicante y autorizó a la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, propiedad del Arzobispado, la creación de una facultad de Medicina. El nuevo centro impartirá además las licenciaturas de Odontología y las diplomaturas de Fisioterapia y Podología.
El consejero portavoz, Vicente Rambla, que minimizó durante su comparecencia esta resolución que apenas citó, se vio obligado al ser preguntado sobre el malestar que esta decisión había causado entre los rectores a contestar diciendo que "no ha sido fuertemente contestada por todos". Rambla argumentó esta decisión en la "necesidad de especialistas sanitarios que existe" y recriminó la actitud de los gestores universitarios ya que "se hace difícil explicar a nuestros jóvenes que queremos recortar la oferta educativa".
Pero el rechazo de los rectores ha sido y es casi unánime. En el rectorado de la Universitat de València el acuerdo del Consell de fue acogido con "un profundo malestar y gran sorpresa", al tiempo que criticaron que el Consejo Interuniversitario no fuera informado de esta decisión. El rector de la Universidad, Miguel Hernández de Elche, Jesús Rodríguez Marín, consideró que "no es el momento oportuno para proponer nuevas enseñanzas cuya implantación no será posible por estar pendientes de la inminente configuración de los nuevos títulos adaptados a la LOU". Para el recién elegido rector de la Miguel Hernández, en cuyo campus de Sant Joan d'Alacant se encuentra una de las facultades de Medicina más prestigiosas de España, "el procedimiento adoptado por la consejería para la creación de este nuevo centro y de las nuevas enseñanzas no ha sido apropiado, especialmente en las formas". Más contundente se expresó el rector de Alicante, Ignacio Jiménez Raneda, se sintió "profundamente engañado" por los representantes de la Generalitat que en la última reunión de la Mesa que estudia la demanda de nuevas titulaciones se comprometieron a que antes de la autorización del Consell se volverían a reunir. "Nos podíamos imaginar que al final se iba a aprobar, pero no de esta manera", dijo Raneda.
Todos los rectores valencianos, excepto Juan Juliá, de la Universidad Politécnica de Valencia, e incluyendo a Alfonso Bullón, de la privada Cardenal Herrera CEU, propiedad de la conservadora Asociación Española de Propagandistas, una de las grandes damnificadas por la operación, manifestaron su oposición frontal a la creación de la facultad desde el inicio por dos motivos: por un lado el proceso de reforma de títulos que se está fraguando en el Estado, pero además hay otro indicador que desaconseja ampliar el mapa de titulaciones como es la caída de la matriculación de alumnos en la mayoría de universidades. "Ya se han duplicado bastantes carreras, deberían haber aprendido la lección", comentó un rector.
Sin embargo, en el seno de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir su rector, José Alfredo Peris, expresó en un comunicado su "enorme satisfacción y gratitud" por el acuerdo del Consell. Peris se comprometió a "responder con diligencia, entusiasmo, y cuanto antes" a este acuerdo de la Generalitat que permitirá "ser importadores y exportadores de universitarios, con lo que se fomentará la solidaridad mucho más allá de nuestras fronteras", afirmó. El rector tildó de "estupenda" esta noticia fruto de una convocatoria del arzobispo de Valencia, monseñor Agustín García-Gasco, a "los católicos para que vayan haciendo proyectos para el bien de la sociedad".
48. RAMBLA JUSTIFICA LA FACULTAD CATÓLICA DE MEDICINA PORQUE "NO CUESTA DINERO" (24/03/07)
El Consell justificó la autorización para implantar una facultad de Medicina en la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia porque a la Generalitat "no le cuesta dinero". El portavoz del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, argumentó que según su información la Universidad Jaume I de Castellón no ha solicitado una facultad de Medicina. Solicitud que no se ha producido formalmente ya que la propia Generalitat remitió hace dos años una carta a los rectores que les instaba a no pedir nuevas carreras hasta haberse realizado la adaptación al sistema universitario europeo.
El portavoz del Gobierno valenciano aseguró desconocer si la autorización al arzobispado de Valencia para impartir en su Universidad los estudios de Medicina se había producido "con mucha o poca celeridad", aunque apuntó que "desde hace tiempo se habla" de la citada facultad. "El proceso de autorización habrá durado lo que tenía que durar para que se cumplieran los trámites", indicó Rambla.
"Hay una Universidad que está en disposición de ofrecer estos estudios, algo que no cuesta dinero a la Generalitat, hay estudiantes que quieren cursar esta carrera y una demanda en nuestra sociedad de profesionales de la Medicina", prosiguió Rambla, "parece razonable que esta facultad exista".
El consejero instó a que "si hay más universidades con voluntad de ofrecer esta facultad de Medicina, que se ponga encima de la mesa, que se estudie e imagino que no tiene que haber problemas especiales para que puedan ofrecerse". Rambla recalcó que "criticar por criticar o decir que no por decir que no, no es suficiente".
El rector de la Universidad Jaume I de Castellón, Francisco Toledo, expresó su perplejidad por las declaraciones de Rambla. "En primer lugar porque todas las universidades recibimos hace dos años una carta firmada por el director general de Universidades en la que se nos ordenaba no solicitar nuevas titulaciones hasta que no acabara el proceso de armonización europea. Y todas lo habíamos cumplido hasta que se presentó por sorpresa la petición de la Universidad Católica".
En segundo lugar, siguió Toledo, porque durante una reunión con Rambla, cuando éste era consejero de Sanidad, el presidente y el director de la Escuela de Enfermería de Castellón (adscrita a la Diputación) se le planteó la conveniencia de crear una facultad de Ciencias de la Salud adscrita a la Jaume I. "Y Rambla mostró su disposición a que se creara", sentenció Toledo. La reunión se produjo por el interés de la Escuela de Enfermería de adscribirse a la Universidad de Castellón. Para llevar ese proyecto a cabo, argumento Toledo, era necesario crear una infraestructura más amplia (la facultad de Ciencias de la Salud) que, a medio plazo, podría comprender la carrera de Medicina.
El Colegio de Podólogos de la Comunidad Valenciana criticó la decisión del Consell de autorizar los estudios de Podología en la Universidad Católica. Este Colegio criticó a la Generalitat por no haber tenido en cuenta la opinión oficial de los podólogos y alertó de que un incremento en el número de titulados creará problemas en la profesión si no se toman medidas para garantizar la salida de los estudiantes.
En este contexto, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aprovechó un acto en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias para anunciar que cederá a un regante el puesto que ocupa el consejero de Agricultura en el Consejo Nacional del Agua. Camps criticó la iniciativa del Gobierno central de dar mayores competencias a las comunidades autónomas porque rebaja el peso de los regantes. El jefe del Consell no indicó cómo se elegiría al regante que representaría a la Generalitat.
El Consell también aprobó una subvención de 600.000 € a la Fundación Jaume II el Just para la realización de varias exposiciones y otra de 495.000 € de ayuda a las víctimas valencianas del terrorismo. El Ejecutivo valenciano también aprobó un plan estratégico para el sector pesquero valenciano
49. LOS RESPONSABLES DEL URBANISMO DE ALTEA TIENEN NEGOCIOS EN PROYECTOS QUE AUTORIZAN (26/03/07)
El jefe del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Altea desde 1993, Ángel Pérez Iñesta, está vinculado a varias sociedades dedicadas a la compra, venta, promoción, construcción, urbanización, explotación y rehabilitación de fincas urbanas, industriales y terrenos con sede en Altea. Además el técnico realiza proyectos y asesora a empresas que operan en Altea desde su despacho en Sant Joan d'Alacant, donde ejerce como abogado. Pérez Iñesta es uno de los redactores del plan parcial Puentes del Algar (5.775 viviendas y campo de golf de 18 hoyos).
La cúpula del departamento municipal de Urbanismo en Altea (Ayuntamiento gobernando por el PP con mayoría absoluta) comparte despacho privado en la localidad de Sant Joan d'Alacant, desde donde desarrollan proyectos y convenios urbanísticos de los que después tienen que informar jurídicamente y técnicamente. El equipo está conformado por el propio Pérez Iñesta, Ana Beltri, arquitecta municipal, y Alfonso Rodríguez, arquitecto técnico en contrato de prestación de servicios, aunque con ellos colaboran numerosos abogados y arquitectos vinculados a otros consistorios y empresas. Los dos primeros son socios en la sociedad Ciudades y Programas S.L. dedicada a prestar servicios de arquitectura, urbanismo y derecho.
El abogado Pérez Iñesta es uno de los redactores del plan parcial Puentes del Algar (5.775 viviendas, campo de golf de 18 hoyos, cuatro zonas hoteleras y 20.000 nuevos habitantes) de la mercantil Altea Futura, perteneciente al grupo Ballester. El gerente de Altea Futura y Edificaciones Calpe hasta 2005 era José María Comín, socio de Pérez Iñesta en todos sus negocios radicados en Altea, en empresas como Medinvest Consult SL, Euro Home SL y Mediterránea Blue Gate SL, dedicadas a la promoción inmobiliaria con una oficina abierta en Altea.
Pese al interés manifiesto de su socio, el jefe de Urbanismo ha sustentado con sus informes toda la tramitación de este PAI. El Grupo Ballester, al que ha estado vinculado el socio de Pérez Iñesta como gerente y consejero, es el principal promotor de Altea, con varios planes parciales que suman decenas de miles de viviendas que han requerido de la aprobación municipal.
Pérez ocupa una plaza en régimen de dedicación exclusiva y en 2002 consiguió la compatibilidad con la creación de la Empresa Pública Municipal, una "barrera creada por el PP contra la transparencia para tapar el agujero económico", según argumenta la portavoz del Grupo Municipal del Bloc, Paca Sevila.
Un juzgado de Alicante que investigaba una denuncia entre promotoras que operan en Altea ordenó en 2002 la incautación del disco duro del ordenador particular de Pérez Iñesta en su despacho de San Juan como prueba en una denuncia de un promotor por una supuesta apropiación de suelo.
El documento, al que tuvo acceso la formación del Bloc por personarse como acusación particular y que no había hecho público, contiene centenares de documentos sobre el planeamiento urbanístico de la ciudad costera. En aquel momento la cúpula del departamento de Urbanismo estuvo imputada en este proceso por el que la promotora Panorama SA acusaba a Arijan La Nucia de apropiarse de 27.000 m2 en el plan parcial Ulisa III. Esta mercantil estaba defendida por una persona del bufete de Pérez Iñesta. Antes de conocerse la resolución judicial ambas empresas llegaron a un acuerdo, extremo que llevó al juzgado a decretar el archivo de la denuncia.
50. LOS EURODIPUTADOS CONSTATAN UNA FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA PARA LUCHAR CONTRA LOS ABUSOS URBANÍSTICOS (28/03/07)
Los eurodiputados que visitaron a principios de marzo la Comunitat denunciaron que las autoridades valencianas no tienen "voluntad política" para solucionar los abusos relativos con el urbanismo. Asimismo, constataron que éstos persisten a pesar de que el Consell se comprometió a poner en práctica las recomendaciones del Informe Fourtou que adoptó la Eurocámara en diciembre de 2005.
El presidente de la comisión de Peticiones, el conservador polaco Marcin Libicki, y uno de sus vicepresidentes, el socialista británico Michael Cashman, presentaron su informe con las observaciones que les merecieron sus reuniones con las autoridades y denunciantes de la Comunitat Valenciana, Madrid y Almería, en la misión a España que realizaron entre el 27 de febrero y el 3 de marzo.
El informe alerta de los abusos que se dan en toda España pero la Comunitat Valenciana se cita repetidamente como ejemplo de las peores prácticas o de aquellas que aún perduran. Aunque el informe no se pudo discutir por problemas de traducción, Cashman se refirió a una de las ideas que emanan del documento, relativa a "la gran diferencia entre la manera en que se nos recibió en Valencia y lo que vimos en Madrid" . "A (el conseller de Territorio, Esteban González) Pons le hicimos preguntas directas que se quedaron sin respuesta , se nos dijo que las peticiones son ficticias, que ni existen en la realidad ", añadió Cashman, que dijo haber vuelto a Bruselas con "la impresión de que había una total desatención de estos problemas y no existía voluntad política para buscar soluciones" .
El informe recuerda las recomendaciones del Informe Fourtou a favor de la definición y reconocimiento del "interés público" en la ley del suelo, un "criterio para calcular las compensaciones" a los afectados por expropiaciones o la "revisión de las bases" de los contratos públicos. Recuerda también que estas competencias caían bajo "la responsabilidad de las autoridades del Gobierno regional valenciano" . Sin embargo, más de un año después, el informe critica que "la urbanización continúa imbatible en Valencia con nuevos proyectos que se aceleraron para beneficiarse de las ventajas de la vieja ley (LRAU) antes de que entrase en vigor la nueva en febrero de 2006" , en alusión a la LUV, también expedientada por la Comisión Europea.
Casham y Libicki conformaron la tercera delegación de la Eurocámara que
estudió el urbanismo en la Comunitat y que, según el informe, tuvo una
"considerable justificación. No sólo hay un procedimiento de infracción en
camino, sino que hay nuevas peticiones" que se incrementaron este mismo mes,
con 60 nuevas denuncias presentadas ante los diputados en su visita a las
localidades valencianas.
De sus entrevistas con afectados y autoridades, los eurodiputados
concluyeron que "de los 540 municipios que hay en la Región Valenciana,
parece que entre el 25 y el 20%, concentrados esencialmente en la costa, han
experimentado serios problemas resultado de un urbanismo extensivo, muchos
de ellos con denuncias de corrupción en los últimos años" . Añaden que "un
número considerable de los casos documentados en los ayuntamientos revelan
planes urbanísticos que no emanan de necesidades de crecimiento poblacional
y turístico, sino por su avaricia y codicia" . Hablan también de "ambiciones
de alcaldes atraídos por los cantos de sirena de los constructores" y de
"ayuntamientos despiadados que aprueban a sabiendas nuevas construcciones en
terreno no urbanizable".
Por el contrario, afirman en su informe que Pons "se negó a reconocer que
haya problemas con el urbanismo y, si los hubiera, mantuvo que deberían
resolverse en los tribunales" . El informe afirma que "en comparación con
visitas previas, parece más claro que nunca que la ley del suelo se han
inventado o al menos se ha interpretado en primer lugar teniendo en cuenta
en interés de los promotores y urbanizadores y no con los derechos legítimos
de los propietarios individuales o del entorno social o medioambiental".
Por último, Libicki y Cashman hacen una mención especial a la actitud
"arrogante" del conseller de Territorio, Esteban González Pons. El documento
denuncia los "ataques" de que fueron objeto por parte de "eurodiputados y
representantes de la comunidad empresarial" y critica las condiciones en que
se dio la reunión con González Pons, de manera que fue "más en confrontación
que constructiva" . Así, denunciaron un cambió de escenario "en el último
momento" de una reunión en la que finalmente el conseller se presentó
"flanqueado por promotores urbanísticos y agentes de viajes, que criticaron
la visita y defendieron la ley de suelo valenciana y las actividades de la
construcción".
51. BLASCO SE RESERVA PARA PUBLICIDAD EL EQUIVALENTE AL COSTE DE DOS CENTROS DE SALUD (28/03/07)
El consejero de Sanidad, Rafael Blasco, tiene previsto gastar 3,3 millones de € para vender los logros de su departamento los logros de su departamento de cara a las elecciones. Esta suma equivale al coste de dos centros de salud de tipo medio, similares a las decenas cuya construcción tiene pendiente la consejería. El mayor desembolso corresponde a los 2 millones del "plan de medios para informar de los servicios de la consejería" (1,2 de ellos para este año) seguido por el medio millón que costó instalar el gran panel electrónico situado en la entrada norte de la ciudad de Valencia ya retirado.
La publicidad y sus afines tienen diferentes modalidades a la hora de publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana cuando la Consejería de Sanidad es la adjudicataria. Puede ser un concurso sobre un "servicio de creatividad, producción y elaboración del plan de medios para informar al ciudadano de los servicios" de este departamento, como el que salió publicado en noviembre del año pasado bajo la fórmula de la adjudicación urgente, una modalidad censurada por el Síndic de Comtes. En principio la suma es de 236.000 €. Por esta cantidad la empresa tendrá que diseñar la campaña de comunicación "más eficaz para la creatividad propuesta y la estrategia planteada", como indica el pliego de condiciones del contrato. En este documento se indica también la suma total a distribuir en el llamado Plan de Medios: 601.012 € para 2006 y 1,202 millones para 2007.
La empresa concesionaria de este concurso fue Cimater Servicios, una firma sin aparente experiencia en el ámbito de la comunicación ya que se dedica a gestionar guarderías municipales en Alzira -localidad en la que la familia del consejero está firmemente enraizada- y Benicàssim. En enero de 2006 esta compañía obtuvo también la gestión del servicio del hospital General de Valencia, cuyo gerente es Sergio Blasco, sobrino del consejero.
52. EL PP TACHA DE "PANFLETO" EL INFORME DE LOS EURODIPUTADOS (29/03/07)
El vicesecretario regional del PP, Ricardo Costa, tachó de "panfleto político" el último informe realizado por los eurodiputados sobre el urbanismo valenciano. "Denominar informe a un documento lleno de gazapos que han realizado políticos de izquierda contra la Comunidad Valenciana es exagerado", sentenció Costa, que añadió que "no es un informe técnico, sino político".
Para la dirección regional del Partido Popular, los socialistas están detrás del informe elaborado por los europarlamentarios -en el que achaca a la codicia de algunos ayuntamientos la aprobación de planes urbanísticos desmesurados-, que pone en duda el sector turístico y ataca a empresarios y municipios, según el parecer de los populares.
"Atacan incluso al Valencia CF, que es un símbolo para los valencianos", dijo Costa, supuestamente en relación con el pelotazo urbanístico del club en Riba-roja del Turia.
Costa compareció para publicitar los mítines del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, que celebró una comida-mitin en Elche y lanzará su alocución en Feria Valencia. Costa dejó entrever que el PP de la Comunidad Valenciana no teme que la mala valoración de Rajoy lastre la campaña de Camps.
53. LOS DISPENDIOS DE EDUARDO ZAPLANA (01/04/07)
Cuando Eduardo Zaplana tomó posesión de la presidencia de la Generalitat en 1995 se encontró con lo que podía describirse como un museo de la austeridad, pues tal era la cualidad más notable que venía caracterizando a los titulares de ese poder desde que fue restablecido. Pero con el nuevo inquilino del Palau se acabaron las estrecheces y pronto se constató un nuevo estilo a cuya luz pudo pensarse que todos sus predecesores en el cargo habían pecado de pobreza de espíritu, incluso de cicatería. Las novedades se percibieron pronto en todo los órdenes, desde el fondo de ropero del presidente a la ubicuidad que exhibió a lo largo y ancho del país, por no mencionar las aventuras míticas con que gravó por varios decenios más el erario, aunque ésta es otra historia.
Parece evidente que ya en esos años de poderío autonómico se maceró el gusto por el jet o el helicóptero privado a cargo de los dineros públicos, que era el único modo de comparecer en distintos y lejanos escenarios a lo largo de una jornada. A la clientela y cohorte zaplanista siempre le deslumbró esta movilidad más propia de un ejecutivo multinacional que de un gestor político periférico en una comunidad que únicamente el discurso hiperbólico de la derecha reputa sobrada de recursos. No obstante, al ex presidente se le debe reconocer la habilidad que tuvo para proyectar una imagen dinámica y desahogada que parecía sacudir el apocamiento de sus antecesores.
Una imagen que acaba de capotar esta semana a raíz de las informaciones publicadas en estas páginas acerca de los viajes aéreos contratados mientras nuestro ex molt honorable dirigió el Ministerio de Trabajo. Los datos, esto es, los vuelos, coste y destinos, se conocen en sus pormenores y sólo habría que añadir aquí, por mor de la precisión, que ya en 2004 el diputado socialista valenciano José Camarasa pidió luz y taquígrafos para saber quién pagaba el desplazamiento efectuado a Valencia por el ministro para asistir a la presentación de las candidaturas del PP y que fue efectuado por una firma con la que la Generalitat tenía suscrito un contrato de 37,5 millones de €. Ignoramos si hubo respuesta para este episodio, uno más de los muchos en que según la diputada de EU, Isaura Navarro, se confunde lo público con lo privado.
No habría de chocarnos, pues, que al portavoz popular se le haya motejado de "Zaplanavión" debido al espectacular uso de este transporte, ni tampoco que prospere el alias de "Dispendioso" como ya se le describe a propósito de las mencionadas informaciones sobre la administración o despilfarro de la partida de gastos protocolarios. A este respecto parece oportuno anotar varias puntualizaciones. Mediante la primera hemos de anotar la exigente selección -no exenta de coentor en algunos casos- de primeras marcas y artículos por parte del ministro para obsequiar a terceros a cargo de nuestros dineros. La segunda, la mezquindad que revelan algunos recibos, como es el reintegro del óbolo donado a mesas petitorias. La tercera, que en un país con moral pública, el político meramente sospechoso de este despilfarro ya estaría, siquiera provisionalmente, en el ostracismo o camino de chirona. La cuarta, que resultaría aleccionador, aunque en modo alguno eximente, la divulgación de cómo demonios consume cada ministro sus respectivos fondos de libre disposición. Y, por último, que sería prodigioso a la par que deprimente ver levantar políticamente cabeza al portavoz popular.
Sin embargo, no hemos de soslayar tal posibilidad, por más que sobre la cabeza del ex presidente graviten otros riesgos, como el interminable culebrón de los pagos a Julio Iglesias, o las cuitas de los empresarios de Benidorm, Antonio Moreno y Julio Herrero, que le involucran en la presunta percepción de comisiones. Eso, sin desestimar otros expedientes, pues parece obvio que no solo la oposición considera al portavoz el eslabón más débil de la tríada que gobierna el PP, sino que en ello coinciden sectores de su propio partido, el llamado fuego amigo. En todo caso, por mal que le anden las cosas, siempre le quedará Alicante, su leal e irreductible zaplanato bien dotado de aeropuerto para despegar de nuevo.
54. LA TESORERÍA GENERAL CONCLUYE QUE 13 FIRMAS FALSAS COBRARON A TERRA MÍTICA (03/04/07)
Un informe de la Tesorería General de la Seguridad Social confirma al juez que 13 empresas denunciadas en el caso Terra Mítica eran falsas. Ese informe, pedido por la Fiscalía, suscribe la información que previamente había aportado la policía. La Tesorería constata así que 13 de las 20 sociedades implicadas supuestamente en la trama de facturas falsas, entre ellas el propio parque de atracciones de Benidorm, impulsado desde la Generalitat por el entonces presidente, Eduardo Zaplana, no tuvieron actividad real. Dichas sociedades se dieron de alta, no tuvieron trabajadores y no tuvieron actividad.
La policía judicial ya había hecho una investigación sobre una decena de empresas. Puerta a puerta inspeccionó las direcciones que aparecían en el Registro Mercantil. Y una a una comprobó que nunca habían estado en la dirección referida, o si lo habían estado nunca habían realizado una actividad que pudiera justificar cobros a Terra Mítica.
Para completar esa información, la fiscal adscrita a la investigación que dirige el Juzgado de Instrucción número tres de Valencia solicitó un informe a la Tesorería General de la Seguridad Social. La respuesta es concluyente: 13 compañías que facturaron a Terra Mítica por trabajos relacionados con la jardinería y la construcción de los accesos al parque temático de Benidorm no existen. El mismo informe recoge que ninguna de ellas ha tenido trabajador alguno contratado.
Las 13 empresas forman parte a distinto nivel de la trama de facturas falsas que sirvió supuestamente para cometer el delito fiscal que denunció la Agencia Tributaria a mediados de 2005. La mayoría de ellas pertenecen al escalón más bajo de la sucesión de niveles que llevaban las facturas de empresas muy pequeñas hasta la contabilidad de Terra Mítica.
Trabajos Auxiliares, Gribal, Herrero Mantenimiento, Prexing Botanics, Mecanizados de Levante, Altos del Carrichal, Remel 2000, Desarrollo Gran Vía, Red Moreno, Nou Milleni, Construcciones y Reformas Valcoe, Les Simetes de Partegas y Ximo Dual facturaron a Terra Mítica durante los ejercicios 2000 y 2001.
Dos de esas empresas se habían dado de baja años antes de los ejercicios investigados: Gribal, cuya actividad declarada era "restaurantes", consta dada de baja en el Registro Mercantil en 1997; y Herrero Mantenimiento, dedicada supuestamente a trabajos de construcción, en 1992. Sin embargo, las 13 empresas facturaron a Terra Mítica. Gribal, por ejemplo, fue denunciada por un fraude en el Impuesto de Sociedades de 216.843,32 €; Altos del Carrichal, también por fraude en el Impuesto de Sociedades, de 143.904,68 €. La mayoría de las 13 firmas fueron denunciadas por fraude fiscal por cantidades que oscilan entre los 150.000 y los 225.000 €.
El informe de la Tesorería General de la Seguridad Social avala una de las sospechas sobre las prácticas de la trama que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado denunciaron desde que se abriera la causa: la existencia de empresas fantasma, sociedades creadas expresamente para generar facturas que pagó Terra Mítica por trabajos no realizados y que sirvieron para beneficiarse ilegalmente de deducciones de IVA que no les correspondían y para reducir las cuotas del Impuesto de Sociedades. Por estos hechos, el juez mantiene imputados por delito fiscal, falsificación de documento mercantil, estafa y alteración contable a 32 personas, entre ellas varios ex directivos del parque proyectado por Eduardo Zaplana en su etapa de presidente de la Generalitat Valenciana.
Todos los imputados han declarado ya ante el juzgado. Los administradores de esas 13 empresas que ahora la Seguridad Social constata que no han tenido actividad ni trabajadores, y que en su mayoría cesaron en el Registro Mercantil tras la construcción del parque en 2000, no reconocieron la situación de inactividad.
Sólo dos de los imputados explicaron su papel de administradores como papel mojado. A Pedro Belén, durante muchos años camarero en Paterna, cerca de Valencia, le ofrecieron ser gerente de una empresa de construcción. Después de meses sin trabajar, herido en un accidente de tráfico, le estaba resultando muy difícil encontrar quién lo contratara. En 2000, un amigo suyo le puso en contacto con una tercera persona que sólo le pedía que fuera al notario y firmara unos papeles para convertirle en gerente de una compañía: Ximo Dual. Nunca más volvió a saber nada de la empresa, hasta que Hacienda en 2004 le requirió a propósito de pagos pendientes. En su testimonio dejó claro que era un hombre de paja. Ximo Dual no tuvo nunca trabajadores dados de alta. Su baja está fechada por la Tesorería General de la Seguridad Social en octubre de 2002.
Los datos del informe emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social confirman a las acusaciones en la tesis de una trama orquestada para estafar a Hacienda a través de la construcción del parque Terra Mítica, que incluiría el cobro de comisiones ilegales.
55. CARGOS DEL PP DE CASTELLÓN BAJO EL RETRATO DE FRANCO (05/04/07)
Aunque la motivación de la cena no fue otra que una reunión de un grupo de socios de una entidad gastronómica, la velada se desarrolló con un cuadro de Franco presidiendo la mesa. El 20 de noviembre de 2003, según indica la fecha de las imágenes a las que ha tenido acceso este ico, un grupo de castellonenses se reunió en el local de una conocida colla de la capital de La Plana, alrededor de una mesa presidida por un cuadro del general Franco. El 20-N es precisamente el día en que se conmemora su fallecimiento.
Entre los asistentes a aquella cena, y como puede comprobarse en las fotografías, se encontraban el actual director ejecutivo de la sociedad pública Castelló Cultural, Vicente Farnós (en primer plano de la imagen reproducida arriba); el gerente de la fundación Aproa (dependiente de la Autoridad Portuaria de Castellón), Manuel Ramos; el jefe de prensa de la Autoridad Portuaria, Jesús Postigo; el delegado en Castellón de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) y cuñado de Carlos Fabra, presidente de la Diputación, Jorge Fernández (quinto por la izquierda), así como el actual gerente de la Ciudad de la Justicia de Castellón, Juan Manzano. Entre los comensales había también destacados directivos de compañías y bancos, empresarios, notarios, abogados e incluso algún miembro de las fuerzas de seguridad del Estado. En el transcurso de la reunión nadie solicitó que se descolgara el cuadro con la efigie del dictador.
56. LOS SOCIALISTAS DENUNCIAN UN DOCUMENTO DEL PP QUE INSTA A CANAL 9 A "HACER RUIDO" CONTRA LA OPOSICIÓN (08/04/07)
El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes, Andrés Perelló, anunció que el PSPV-PSOE denunciará al director general de Ràdio Televisión Valenciana (RTVV), Pedro García, porque Canal 9 "actúa como un instrumento al servicio de la precampaña y la campaña electoral del PP". Perelló aseguró conocer unos documentos del PP en los que se alude a la intención de "utilizar" Canal 9 para "hacer ruido" con el objetivo de "interferir en el mensaje del adversario". Por ello, el diputado socialista explicó que su grupo ha preparado una carta que remitirá al responsable de la televisión pública valenciana. En ella, se emplaza a Pedro García a que Canal 9 "dé la posibilidad" a los valencianos de asistir a un "cara a cara" entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al candidato del PSPV, Joan Ignasi Pla. Asimismo, manifestó que García "forma parte de la estrategia del PP de manera indecente" y recordó que el sueldo que cobra -"más alto" que el del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero- "lo pagamos todos los valencianos".
Por otro lado, señaló que desde el PSPV ya eran conocedores de que la precampaña y la campaña electoral "estaban pervertidas desde el principio". En este sentido, subrayó que algunas de las causas que han provocado esta situación son "los excesos del PP", así como "los temores de Camps, de que el debate y la opinión fluyan". Camps "es débil y no resiste la crítica ni el debate", dijo Perelló, quien señaló que la televisión pública tiene que ser "objetiva y veraz". Perelló dijo que Canal 9 "está haciendo un escándalo", y que los responsables del PP "han demostrado una falta de respeto y han perdido los pocos escrúpulos que tenían si es que algunas vez los tuvieron".
57. FABRA IRÁ EN LA LISTA DE CASTELLÓ PESE A LAS IMPUTACIONES (11/04/07)
El alcalde de Castelló y candidato del PP a revalidar el cargo, Alberto Fabra, hizo pública la candidatura municipal en la que el presidente provincial y de la diputación, Carlos Fabra, ocupa el tercer puesto. Fabra, imputado por varios delitos contra la administración, logra así su objetivo de garantizarse el puesto de concejal para repetir como presidente de la corporación provincial de Castelló. El cabeza de lista y alcalde, Alberto Fabra, manifestó que antes de la reunión mantenida por la Junta Local, le había facilitado la candidatura al presidente provincial del PP, Carlos Fabra, "para disgusto de algunas personas que van pregonando que Fabra interviene y obliga a poner a ciertas personas en la candidatura". Según dijo, "esto es lo que nos diferencia de otros partidos, es decir, que lo que hay es comunicación, diálogo y confianza porque sabemos que vamos a poner a las mejores personas para seguir trabajando por Castellón".
58. UNA EX EDIL DEL PP ACUSA AL PARTIDO DE PLEGARSE AL INTERÉS DE LOS PROMOTORES (12/04/07)
La que hasta el pasado martes fue número dos del gobierno local del PP en L'Alfàs del Pi, Isabel Davó, criticó duramente la política urbanística de los populares en este municipio de La Marina Baixa: "El término municipal crece anárquicamente según el deseo de los constructores, con zonas aisladas dispersas y sin planificación. No me parece bien que cualquier constructor venga aquí y nos diga lo que tenemos que hacer". Davó dimitió como primer teniente de alcalde, portavoz municipal y edil de Playas y Responsabilidad Patrimonial, a la vez que se dio de baja del PP.
En el fondo de sus motivos se encuentra la gestión económica -el alcalde le retiró hace casi dos años la concejalía de Hacienda- y la urbanística. Hace pocos meses votó en contra de la aprobación de dos plantes de actuación integrada que sumaban 2.200 viviendas, y que al final contaron con el apoyo de su partido y del PSPV. De hecho, la dirección comarcal de los socialistas anunció la apertura de un expediente contra sus concejales. "En la legislatura anterior ya se aprobaron PAI para desbloquear terrenos que garantizaran el desarrollo del sector de la construcción. El gran objetivo para esta legislatura era elaborar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Costó mucho, pero conseguimos ponerlo en marcha y a partir de ese momento entiendo que no es necesario aprobar más PAI", denunció.
La ex edil, cuyo hermano fue alcalde en la anterior legislatura, considera que los proyectos urbanísticos se han presentado "sin ton ni son", en paralelo a la tramitación del PGOU. El alcalde suspendió el documento urbanístico en septiembre al trascender filtraciones y la compra de terrenos que se iban a reclasificar.
Davó confirmó que varias formaciones políticas se han dirigido a ella para ofrecerle sus siglas, pero todavía no ha tomado una decisión. Davó apuntó que "hubiera podido presentar batalla al PP desde los primeros días, pero he estado luchando muchos años por el partido. Las siglas y los militantes son una cosa; y otra, la ejecutiva y la cúpula. Y no quiero dañarlos".
59. RAJOY INTERVIENE PARA EVITAR QUE LA PUGNA POR LA LISTAS ENTRE CAMPS Y RIPOLL ROMPA EL PP (13/04/07)
La cuerda ha terminado por romperse. A mes y medio de las elecciones el Partido Popular en la Comunitat Valenciana está punto de saltar por los aires. La incapacidad del jefe del Consell y presidente regional, Francisco Camps, y el presidente provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, para alcanzar un acuerdo que contentara a todos hizo estallar el proceso de listas que debía haberse cerrado obligó a Génova a intervenir.
La crisis se desató por la mañana cuando el comité electoral provincial de
Alicante decidió elevar a Madrid una lista local copada por zaplanistas, sin
el consenso del alcalde y cabeza de cartel, el campsista Luis Díaz Alperi.
El órdago en toda regla se producía después de que la noche anterior Camps
sólo garantizara a Ripoll en una reunión en el Palau la continuidad de Gema
Amor y Miguel Peralta por su condición de consellers. Ellos serían los
únicos zaplanistas de Alicante de una candidatura en la que quedaría
excluido incluso el presidente de las Corts, Julio de España. Otro de los
detonantes del desafío lanzado por los zaplanistas fue el aviso que, según
fuentes populares, le lanzó Camps a Ripoll para que elaborase una lista
local con personas afines a Alperi y con cabida sólo para dos zaplanistas,
uno de ellos el propio Ripoll. La misma mañana del miércoles Camps había
mantenido un encuentro con Alperi en el Palau.
La percepción de que Camps iba a ejercer al máximo sus competencias como presidente regional en la candidatura autonómica llevó a los zaplanistas a hacer lo propio en el comité provincial, órgano competente para completar el cartel del Alperi. La composición de la lista de Alicane disparó las alarmas entre los campsistas. Además de Macarena Montesinos (que no deseaba Alperi) figuran Carlos Mazón, Juan Seva, Rosa Cremades o Pedro Romero. Quedaban excluidos la primera teniente de alcalde, Sonia Castedo (que el primer edil proponía como número dos) o María Teresa Revenga.
Destacados campsista consideraban completamente inasumible la lista de Alicante y confiaban en que Madrid modificase sustancialmente su composición. El propio Ripoll reconoció que "algunas personas" de la lista "no van a gustar" a Díaz Alperi. También admitió que la propuesta podía ser cambiada por Madrid. El propio presidente provincial insinuaba como la candidatura autonómica y local formaban parte del mismo paquete negociador. "Si esa lista, que se pueda modificar genera mayores consenso, bienvenida, sea". Desde primera hora de la mañana esperaban en la sede del PP de Valencia los miembros del comité electoral regional, que debía cumplir el trámite de aprobar la lista autonómica hecha por Camps y elevarla al comité nacional que preside Javier Arenas. Finalmente, fuentes de la dirección de PP anunciaron un aplazamiento de 24 horas alegando el "atasco" de trámites en Madrid. Además de la Comunitat Valenciana, Génova dejó para hoy las ratificaciones de Cataluña, Baleares, Canarias y Castilla y León. Camps optó por retener la lista y esperar a hoy para entregarla al comité regional y enviarla directamente a Madrid para su aprobación sin dar margen de maniobra.
60. EL ALCALDE DE BENIDORM GASTA 165.00 € AL AÑO EN ASESORES SIN COMPETENCIAS NI DESPACHO (16/04/07)
El alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, mantiene como personal de confianza al staff de su predecesor en el cargo, el fallecido Vicente Pérez Devesa, y les continúa pagando pese a haberles retirado todas sus competencias y haberlas trasladado a otros funcionarios. La delicada situación interna del PP ha obligado al primer edil a mantener el sueldo para frenar el boicoteo promovido desde el sector crítico.
Entre los asesores que cobran sin trabajar figura el ex concejal de Cultura José Amor, padre de la consejera de Cooperación y presidenta del PP local. También están otros ex ediles procedentes del antiguo partido independiente de Pérez Devesa que terminaron integrando el PP, como Enrique Escandell, Manuel Orts, Juan Agulló o Ramón Galiana. Amor tiene el cargo de Coordinador del Festival de la Canción y Grandes Espectáculos y Plaza de Toros. Escandell es director del gabinete de protocolo; Orts figura como coordinador de Cementerios; Agulló es director de relaciones públicas; y Galiana, coordinador de servicios técnicos. Cada uno de ellos percibe 2.015 € netos en catorce pagas anuales, pero no tienen despacho y sus visitas al Ayuntamiento son esporádicas y testimoniales, según fuentes consistoriales.
En algunos casos disfrutan de privilegios como teléfono móvil y dietas. Sus edades oscilan entre los 63 y los 77 años y son empresarios con ocupaciones ajenas al Consistorio. Entre los ex ediles sin tarea alguna figura, 16 años después de la moción de censura, la tránsfuga socialista Maruja Sánchez, que permitió en 1991 a Eduardo Zaplana ser alcalde y lanzar su carrera política, aunque su sueldo, por no hacer nada, es menor, 1.650 €/mes. Sólo en sueldos el Consistorio ha gastado en estos 6 ediles 165.000 € en 2006.
Una de las personas que figura como trabajador del Consistorio benidormense es Rafael Pastor Lillo, cuñado del consejero José Ramón García Antón y hermano de la alcaldesa de Sant Vicent del Raspeig, María Luisa Pastor. El despacho número 5 que tiene en el área económica del Consistorio está cerrado. Es funcionario del grupo B, y cobra 3.069,28 € al mes en 14 pagas mensuales. Pastor Lillo trabaja para la empresa Consultores Asociados Ingeniería y Urbanismo, SL, de la que formó parte García Antón.
61. CAMPS BARRE A LOS ZAPLANISTAS, PREMIA A SUS AFINES Y PACTA CON FABRA EN CASTELLÓ (17/04/07)
El Partido Popular de la Comunitat Valenciana dio a conocer finalmente sus candidaturas para las elecciones autonómicas del 27 de mayo. El jefe el Consell, Francisco Camps, con el aval del comité electoral nacional, ha acometido una importante renovación en las listas en la que salen perjudicados básicamente los seguidores del portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana. Camps sólo ha situado en puestos de salida a los consellers Alicia de Miguel (Valencia), Miguel Peralta y Gema Amor (Alicante).
La purga, tal como se prevía, ha sido importante. Salen de las Corts Juan Manuel Cabot, Fernando Modrego, Manuel Gómez o Juan Seva por Alicante, Sandra Climent y Estefanía Martínez (familia de Zaplana) por Valencia y Elvira Suanzes por Castelló. Felipe del Baño ocupa el puesto 29 en la lista por Valencia. Sólo accederá a la Cámara autonómica si el PP gana las elecciones y algunos diputados abandonan el acta para ocupar cargos en un nuevo gobierno. Pero la ausencia más significativa de entre los zaplanistas es la del presidente de las Corts, Julio de España, que no ocupa ningún puesto en la candidatura. Camps le ha ofrecido un puesto de senador territorial. El malestar en el seno del zaplanismo era palpable , tras ver cómo quedaban laminados de las listas.
Todo lo contrario ha ocurrido con ex zaplanistas que han derivado hacia el
campsismo. El portavoz del PP en la Cámara, Serafín Castellano, sigue.
Además sitúa en puestos de salida a Asunción Quinzá y en la frontera (21) a
Verónica Marco. También tiene plaza casi asegurada Eduardo Ovejero (20).
También el presidente de la diputación de Valencia Fernando Giner ocupará
plaza de salida.
Soprendente ha sido la incluisión de la directora del IVEX, Maritina
Hernández, hija del ex presidente de la Asociación Valenciana de
Agricultores (AVA), Vicente Hernández. Fuentes populares aputaban a la
inclusión de Herández como un gesto al colectivo de agricultores. Otras
fuentes del partido destacaban también su presencia como signo de confianza
de Camps por su labor en el IVEX, sobre todo en el seno de la polémica
judicial de los pagos en paraísos fiscales a Julio Iglesias.
El conseller de Economía, Gerardo Camps, será finalmente el cabeza de la
lista de Alicante, en la que Adela Pedrosa irá de números dos y el
zaplanista Peralta, secretario provincial, de tres. La inclusión de Peralta
en un puesto adelantado fue explicada por fuentes campsistas como un
reconocimiento a su labor "negociadora" y a haber puesto "paños calientes".
En Castelló, Camps ha conseguido situar candidatos de su confianza en una
lista que sigue copada por personas cercanas al presidente de la diputación,
Carlos Fabra y al vicepresidente del Consell y secretario provincial, Víctor
Campos. El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, será número uno
por la circunscripción y Soledad Linares irá de dos. La presencia del
vicesecretario reginal del PPCV Ricardo Costa como número tres refleja su
creciente peso orgánico. Lo mismo ocurre con Vicente Rambla, que pasa a
ocupar el cuarto puesto. La intención inicial de Camps de colocar a Rambla
como número uno se ha revelado imposible por su condición de coordinador de
campaña. Pero esa posibilidad también había generado recelos en Fabra, que
ha batallado para que la lista esté conformada por personas de su confianza.
No obstante, Camps ha situado a su jefa de gabinete
62. CAMPS RELEGA AL DIPUTADO QUE REVELÓ SU HOMOSEXUALIDAD (17/04/07)
Felipe del Baño, diputado zaplanista y el el primer parlamentario del PP en España que reveló su condición de homosexual, no tiene asegurada la continuidad en las Corts Valencianes. El presidente regional y jefe del Consell, Francisco Camps, lo ha situado en el puesto 29, muy lejos de los lugares probables de salida, incluso en el mejor de los escenarios barajados por los populares, que son 22 o 23 diputados. En 2003, los populares obtuvieron 19 escaños por Valencia y De Baño fue diputado al correr la lista, ya que ocupaba el puesto 22. Preguntado sobre la decisión de retrasar a Del Baño, el presidente del comité electoral Pedro Agramunt se mostró convencido de que "estará en las Corts", siempre en el caso de que el PP revalide mayoría absoluta.
63. ALPERI ADJUDICA A ORTIZ EL ESTADIO DEL RICO PÉREZ POR 7,8 MILLONES (17/04/07)
El gobierno local de Alicante adjudicó el estadio José Rico Pérez al Hércules CF, a través de la empresa Aligestión Integral, SL, por 7,8 millones €, según informó el portavoz municipal, Pedro Romero. La mesa de contratación del Consistorio dio el visto bueno a la propuesta presentada por el club para comprar la instalación, la única que concurrió a la subasta para la enajenación de la finca de propiedad municipal. La Junta de Gobierno Local ha declarado válido el procedimiento y ha adjudicado el contrato de compraventa a Aligestión Integral, SL, máxima accionista de la entidad deportiva.
El Hércules deberá pagar algo más de 7,8 millones por el estadio y tendrá que invertir un mínimo de 4,2 millones en su rehabilitación. Además, por este contrato la mercantil se compromete a dedicar el estadio a la celebración de todos los partidos de fútbol que el Hércules C. F. desee disputar durante un plazo de 25 años.
64. ZAPLANA LANZA UN AVISO A CAMPS Y DE ESPAÑA INSINÚA QUE EN POLÍTICA EL ENEMIGO ESTÁ EN CASA (18/04/07)
Desolación total zaplanista, aunque cargada de avisos para navegantes. El zaplanismo no ocultó su malestar ante su exclusión de las listas para los comicios autonómicos del 27-M, aunque midiendo las palabras, a la espera de decidir la estrategia, lo más probable, esperar al día después de las elecciones. El primero en expresar su contrariedad fue el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana. Preguntado en la Cámara Baja, mostró un tono desafiante y retador, aunque formalmente correcto. "Confío en que no se hayan equivocado los responsables de la decisión", dijo, "por el bien del partido y de la Comunitat Valenciana". En un claro mensaje al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a quien no citó, aseguró: "Les mentiría si no dijera que lamento que tanta gente con tantos méritos no esté en puestos importantes. Gente que conozco bien, porque he trabajado allí tantos años y han formado parte de un proyecto de éxito". Atribuyó de forma irónica lo sucedido a "nuevos tiempos" y la toma de decisiones "a quien corresponde. Confío en el no error cometido".
El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró que "la inmensa mayoría de la gente está muy contenta". Añadió que si alguien no está contento trabajará para que lo esté. Al ser preguntado si iba todo bien, respondió: "Estupendamente. Gracias", lo que provocó risas entre los asistentes y, de nuevo fue preguntado si todos estaban contentos en el PP, a lo que Rajoy espetó: "Mire, yo no conozco a todos, coño".
En Valencia, el presidente de las Corts y uno de los grandes excluidos, Julio de España, aprovechó también la pregunta de un periodista para reconocer que se siente "desplazado", algo que es "triste", y añadir: "Probablemente no se me ha tratado bien". De España, muy afectado, vino a decir que aguantará el tipo institucional hasta el final, de forma que sus manifestaciones, si se producen, serán " el 28 o el 29 de mayo". Como hace 20 años, sigue pensando que "la opción más útil de momento es el PP", por lo que va a "trabajar" para que los populares ganen las elecciones. E hizo una proclama contundente: "Si lo que ha ocurrido ha sido por mi amistad con Zaplana, me siento orgulloso de lo que ha ocurrido".
Luego recurrió a dos "anécdotas" para lanzar sendos mensajes. Una, la que protagonizó Winston Churchill, cuando llegó por primera vez al Parlamento británico y comentó a un compañero de escaño que los laboristas, enfrente, eran "los enemigos". "No, aquellos son los adversarios, los enemigos los tienes detrás en tus escaños", le contestó el correligionario. Una lección política que hizo suya. La otra anécdota es del "guerrillero cántabro Corcontas".
65. LA FISCALÍA INVESTIGA CENSOS INFLADOS EN PUEBLOS DE CASTELLÓN CLAVES PARA LA REELECCIÓN DE FABRA (19/04/07)
El Instituto Nacional de Estadística (INE) investiga empadronamientos masivos en una decena de municipios de Castellón gobernados por el PP. Las irregularidades ya han sido remitidas a la fiscalía, que ha abierto diligencias para precisar si existe o no fraude electoral. Son, en su mayoría, pueblos con menos de 1.000 habitantes donde pocos votos pueden variar el signo del gobierno local. Algunos de estos municipios están ubicados en partidos judiciales clave para determinar si el popular Carlos Fabra, imputado por varios delitos, sigue presidiendo la Diputación Provincial.
Fabra obtendrá, seguro, su plaza de concejal, imprescindible para ser diputado provincial, ya que figura como número 3 en la candidatura de Castellón. El PSPV-PSOE considera que los empadronamientos masivos forman parte de una "trama urdida" por la dirección provincial del PP, liderada por el propio Fabra.
La Diputación de Castellón está compuesta por 27 diputados de los que 15 corresponden al PP, 11 al PSPV y dos al Bloc Nacionalista Valencià. El reparto de hasta 22 de ellos está más o menos definido. Sin embargo, otros cinco diputados están "en el aire" y su designación, para uno u otro partido, dependerá de resultados que se prevén muy ajustados en sus partidos judiciales correspondientes.
Los socialistas han presentado denuncias por empadronamientos masivos en ocho municipios, mientras que Esquerra Unida del País Valencià lo ha hecho en un noveno y el Bloc en el décimo. El PP no ha presentado ninguna denuncia. Según los datos del INE sobre los censos de españoles, existen al menos otros dos municipios en los que el incremento en el número de electores ha sido del 8,5% y de más del 10% en los últimos seis meses, con la inclusión de alrededor de medio centenar de nuevos votantes en poblaciones con censos de menos de 555 personas. Sin embargo, el PSPV sólo ha podido "alertar" al INE de estos aumentos ya que el PP se niega a facilitar los padrones municipales, acogiéndose a la Ley de Protección de Datos.
Tras la presentación de las denuncias, el INE ha reclamado a los consistorios que certifiquen si han realizado las comprobaciones necesarias a fin de determinar que las altas en el padrón municipal formuladas en los últimos meses corresponden a personas que viven realmente en los domicilios señalados
En Vall d'Alba, población de la que es alcalde el también vicepresidente de la Diputación de Castellón Francisco Martínez, se incorporaron al censo en los tres últimos meses de 2006 medio centenar de personas, mientras que en los dos últimos meses lo han hecho otros 80 españoles más, en un municipio en el que votan menos de 2.000 personas. El caso de Fanzara es aún más evidente ya que prácticamente ha duplicado el censo de electores. El municipio, con una población en 2006 de 280 personas, de las que 245 tenían derecho a voto, se ha pasado a los 402 que figuran en el último censo de españoles cerrado.
El INE solicita la información a los ayuntamientos y, posteriormente, ratifica, con sus propios técnicos, que los datos facilitados en la solicitud de altas del padrón son verídicos. En el caso de Cabanes (2.700 habitantes), la denuncia no sólo fue presentada ante el INE sino también ante la fiscalía, ya que los domicilios de algunos de los "nuevos vecinos" se corresponden con los del alcalde del PP, Artemio Siurana, familiares suyos y otos dirigentes locales. La fiscalía ha abierto diligencias penales sobre este caso. La última denuncia corresponde a Sant Jordi, municipio presidido por otro de los vicepresidente de la Diputación, Luis Tena. En un pueblo de apenas 700 habitantes han aparecido 250 nuevos votantes desde 2004, de los que 185 son inmigrantes. En pleno proceso de investigación se encuentran también Argelita, Pobla de Benifassà, Santa Magdalena, Sant Rafael del Riu, Montanejos o El Toro.
66.
El Consell da vía libre al 'pelotazo' de Mestalla y a 11.459 pisos en Catarroja (21/04/07)De una tacada. La Consejería de Territorio y Vivienda aprobó en una misma sesión el pelotazo de Mestalla, que permitirá al club que dirige Juan Soler construir viviendas y comercios en el solar del viejo estadio, y el proyecto de Nou Mil.leni en Catarroja, con 11.459 nuevos pisos. De la mano del PP, el Valencia CF culmina así la recalificación del suelo de Mestalla, y sólo queda pendiente de que la consejería dé el visto bueno al uso del terreno de Cortes Valencianas para el nuevo estadio. Territorio ha pisado el acelerador y esta semana ha aprobado casi 22.000 viviendas. Tras una etapa de parón en la aprobación de grandes programas de actuación integrada (PAI) y marcada por un nuevo informe contra la vorágine urbanística de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la consejería ha cambiado el ritmo de cara a las elecciones y ha convocado dos comisiones territoriales en una semana, en las que ha dado vía libre a dos macroproyectos en Catarroja y Manises, y al polémico plan de Mestalla.
Ni dos meses han transcurrido desde que la alcaldesa, Rita Barberá, expresara su "felicitación a todos los valencianos y valencianistas" por la aprobación en el pleno de la doble operación del Valencia CF. El PP zanjó en febrero con su mayoría una larga polémica en la que la oposición -socialistas y EU-L'Entesa- y entidades vecinales denunciaron por excesiva la edificabilidad concedida al club en Mestalla y criticaron que el Ayuntamiento privatice un solar público en la avenida de las Cortes Valencianas, donde el club levantará su nuevo estadio. Los vecinos afectados denunciaron que la operación favorece intereses privados. Con la edificabilidad conseguida, la entidad ingresará al menos 300 millones de euros.
La doble recalificación urbanística dio el salto decisivo en la comisión territorial de Urbanismo de la consejería, que dio vía libre al cambio de uso del suelo de Mestalla de deportivo a residencial, en una tramitación de sólo dos meses, sin apenas cambios sobre el proyecto aprobado por el gobierno local del PP y avalado por el consejero, Esteban González Pons. La recalificación, que introduce casi 5.000 m2 de terciario, se justifica, según la consejería, "por la imposibilidad material y jurídica" de mantener la instalación en ese lugar. El club está a un paso de colocar la primera piedra del nuevo campo, a falta que una nueva comisión de Urbanismo apruebe dejar en manos de la entidad deportiva el suelo de Cortes Valencianas, ahora municipal, a cambio de una permuta para compensar la pérdida de patrimonio público.
La subdelegación del Gobierno también estudiará si recurre el plan, ya que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) emitió un informe negativo sobre la disponibilidad de agua. La consejería destacó que el Ministerio de Fomento no ha puesto objeciones al cambio de uso en Mestalla, que en su opinión no necesita dictamen sobre la reserva de agua porque está en suelo urbano. El subdelegado, Luis Felipe Martínez, criticó las "prisas" de la consejería por aprobar PAI, ya que también dio el visto bueno a Nou Mil.leni en Catarroja, con 11.459 pisos, de ellos un 51,5% de protección oficial. Y de nuevo con un voto negativo de la CHJ porque no está garantizada el agua, además de objeciones de Fomento por los problemas de acceso a esta nueva ciudad en la que vivirán 36.000 personas -Catarroja tiene 23.900 habitantes-.
Martínez prevé recurrir este PAI en cuanto analice el expediente de aprobación definitiva, al igual que el de Gran Manises, con 9.400 pisos e informes negativos de la CHJ, de Fomento y de Aviación Civil. Manises, con 28.900 vecinos, casi doblará la población. Las obras del PAI dependen, no obstante, de varios informes para subsanar deficiencias que son vinculantes, por lo que el proyecto tiene un apoyo condicionado.
67. CAOS URBANÍSTICO Y ALCALDE IMPUTADO EN EL PARADIGMA DE CIUDAD SOSTENIBLE DE CAMPS (25/04/07)
Crecimiento urbano horizontal a golpe de modificaciones puntuales del planteamiento -100 en 20 años- que ha agotado el suelo, desajuste entre la capacidad de los servicios y la demanda y altas tasas de criminalidad a consecuencia, según jueces y policías, de la caótica trama urbana, conforman los rasgos distintivos de Torrevieja. La guinda a esta postal urbana, la pone su alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, imputado por especulación, al obtener una plusvalía de 5,2 millones € con la compra de una finca.
El presidente del Consell, Francisco Camps, dulcificó esa foto fija de Torrevieja y elevó al municipio a la categoría de "modelo de sostenibilidad".
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torrevieja esta vigente desde 1984. Desde entonces ha sufrido más de un centenar de modificaciones puntuales para dar cabida a otras tantas iniciativas urbanísticas, "la mayoría mediante negociaciones privadas entre el alcalde y los promotores para recalificar fincas rústicas", precisa Dolón.
El desajuste entre la capacidad de los servicios y la demanda debido al constante y acelerado crecimiento de la ciudad -96.000 habitantes, y un parque de 160.000 viviendas- queda reflejado en la depuradora que en época estival no puede tratar los volúmenes de agua que recibe. La población tampoco dispone de una red de evacuación de aguas pluviales.
Los cortes en servicio de agua son constantes, mientras los vecinos denuncian el baldeo de calles con agua potable y el Ayuntamiento se opone a la planta desaladora. El tráfico rodado -saturación de la N-332 y falta de aparcamientos- y la contaminación acústica derivada de la actividad de los locales de ocio son otras carencias del municipio.Y, por último, el caótico modelo urbano, ha convertido al municipio en el refugio perfecto para las mafias, que entre 1999 y 2003 elevó los índices de criminalidad y llevó a los vecinos a organizar patrullas nocturnas para combatir la oleada de asaltos a casas. "El modelo de urbanismo de Torrevieja es del promotor y la especulación, supermasificado, desintegrado y privatizado", resume Honorio Fernández, presidente de la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo.
68. EL PP LOGRA VETAR UN VÍDEO CRÍTICO CON EL GOBIERNO VALENCIANO (27/04/07)
La Junta Electoral de la Comunidad Valenciana amplió , a instancias del PP, las limitaciones que el miércoles estableció para la difusión del vídeo Ja en tenim prou (Ya tenemos bastante), cuya proyección prohibió en ayuntamientos y entes dependientes de éstos, además de la Universitad de Valencia. Así, el filme, crítico con la gestión del PP, tampoco se podrá ver en otras universidades ni instituciones dependientes de la Generalitat, que la Junta no incluyó el miércoles.
La decisión del organismo que vela por la limpieza de las elecciones causó consternación en medios políticos de la oposición y universitarios, cuyos portavoces hablaban de censura y contraponían esa medida con la impunidad con la que el Gobierno valenciano de Francisco Camps (PP) utiliza la televisión pública Canal 9 para emitir mensajes a su favor y silenciar a la oposición.
Posteriormente, el PP pidió a la Junta Electoral que hiciera extensiva la prohibición de difundir la película a las universidades de Alicante, de Castellón y Politécnica de Valencia, así como a las dependencias de organismos vinculados a la Generalitat. Y la Junta le dio la razón, aunque olvidó hacer mención expresa a la Universidad Politécnica.
Los partidos de la oposición pidieron la nulidad de esta segunda resolución, por considerar que no era una ampliación de la del día anterior, sino una nueva, lo que les daba derecho a un plazo de alegaciones.
Ja en tenim prou es un colectivo en el que participan profesionales del sector audiovisual, miembros de movimientos sociales y un nutrido número de artistas, activistas y asociaciones culturales cuyo objetivo es "promover el voto progresista para desalojar al PP de las instituciones".
Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal de Justicia valenciano y de la Junta Electoral valenciana, rehusó hacer declaraciones. A través de su gabinete, De la Rúa precisó que la Universitad de Valencia es una institución pública, como los colegios y otras dependencias, y que desde este punto de vista deben ser contemplados. Las mismas fuentes indicaron que es importante distinguir entre fuerzas políticas que sí pueden, según la Ley Electoral, hacer campaña, y organizaciones ciudadanas que no tienen reconocido ese derecho. En cualquier caso, la decisión de la Junta a instancias del PP no hizo más que reafirmar a los impulsores de la iniciativa en la necesidad de llevarla adelante. Una decisión que puede provocar el efecto contrario al buscado; algo de eso se pudo apreciar por la tarde en la Societat Coral El Micalet, donde se proyectó la película entre gran expectación del público, informa Ignacio Zafra.
69. EL PP BLOQUEARÁ CASOS DE CORRUPCIÓN AL HACER PARLAMENTARIOS A DOS IMPUTADOS (29/04/07)
La inclusión en las candidaturas del PP para las Cortes valencianas en puestos de salida de dos imputados en casos de corrupción, los actuales alcaldes de Alicante y de Torrevieja, Luis Díaz Alperi y Pedro Hernández Mateo, bloqueará las investigaciones en curso ya que su condición de aforados obligará a trasladar los sumarios al Tribunal Superio de Justicia. La complejidad de los casos supondrá, de hecho, un retraso de consideración en la instrucción de los procedimientos en los que se ven inmersos, relativos a posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
El acta de diputado es más que la representación autonómica. Con ella se obtiene la condición de aforado. Y esa situación afecta procesalmente y no de manera residual. Los aforados tienen que ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El PP ha colocado en su lista autonómica por Alicante a dos responsables políticos implicados en casos de relevancia y con una complicación importante en su instrucción: Luis Días Alperi y Pedro Hernández Mateo. El primero va como número cuatro; el hasta ahora alcalde de Torrevieja, en el puesto número 13. Si el PP repitiera resultados en la provincia de Alicante, o no sufriera en el número de votos una lesión significativa, ambos pasarían a ocupar sillón en las Cortes valencianas. Los asuntos judiciales en los que están imputados pasarían a la sala de Lo Civil y Penal del TSJ. La obligada inhibición de los juzgados de instrucción haría que el nuevo tribunal tuviera que dedicar un tiempo considerable a conocer los detalles de causas voluminosas. Fuentes jurídicas consultadas entienden además que la inhibición difícilmente podría ser rechazada dado que las investigaciones han prosperado lo suficiente como para que el TSJ admita la condición de imputados. Así las cosas, los asuntos se retrasarían notablemente y sus implicados tendrían, cuando menos, un tiempo mayor hasta el momento de enfrentarse a un juicio.
Los asuntos en los que están ambos implicados no son menores. Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante, está doblemente imputado: por el supuesto desfalco de seis millones de € en la firma Mercalicante y por un presunto trato de favor a un contratista en la adjudicación de tres aparcamientos en la ciudad. Los delitos son complejos, las diligencias practicadas numerosas, los indicios muchos, la obtención de pruebas difícil por la complejidad de esa actividad delictiva, pero quienes dirigen la instrucción y mantienen las acusaciones públicas ya conocen los detalles.
Hernández Mateo está imputado por tráfico de influencias y uso privilegiado de información derivados de la compraventa de una finca que le reportó una plusvalía de 5,2 millones de €. Ambos procedimientos se verán seriamente afectados en los tiempos de tramitación sólo por el hecho de que estos dos políticos imputados se conviertan en parlamentarios. Y el PP lo sabe.
En el terreno de las hipótesis, otro de los casos que se baraja es el de Gema Amor, consejera de Cooperación y candidata en los puestos de cabeza de la lista de Alicante. Aunque no está en este momento imputada, Gema Amor fue responsable de la Sociedad Parque Temático de Alicante (ahora Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana), empresa sobre la que hay abierta una investigación en Alicante por la trama de facturas falsas en Terra Mítica. Hay otros incluidos en listas del PP que están imputados, como el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Pero al no optar a la plaza de diputado, las causas seguirán su curso, como hasta ahora.
70. DENUNCIA DE IRREGULARIDES EN LA CONTRATA DE BASURA DE TORREVIEJA (30/04/07)
El informe encargado por el Ayuntamiento de Torrevieja para fijar qué empresa era adjudicataria del servicio municipal de limpieza fue elaborado por un despacho jurídico que habitualmente trabaja para la mercantil que resultó ganadora del concurso, según han denunciado Los Verdes. Ante este hecho, han presentado una denuncia en el Juzgado Decano de Instrucción de Torrevieja por posible delito de prevaricación contra el alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP. A través de un escrito, Los Verdes recuerdan que el mandatario municipal propuso encargar "informes externos tanto jurídicos como económicos, a fin de aclarar la decisión a tomar" con respecto a la adjudicación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Esta decisión fue adoptada después de que los técnicos municipales consideraran que las tres ofertas recibidas (Necso, Urbaser e Inusa Ingeniería Urbana) no "cumplían los requisitos mínimos, especialmente en materia de instalaciones".
La denuncia recoge que el informe jurídico encargado por el Consistorio para resolver el concurso tiene como conclusión que "no existe inconveniente jurídico" para que el Ayuntamiento adjudique a la mencionada empresa el concurso, en referencia a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de las mercantiles Necso-Grupo Generala.
A juicio del concejal de Los Verdes, José Manuel Dolón, quien suscribe la denuncia, el citado informe "se puede considerar una defensa o panegírico de las posiciones" de la citada UTE. En este sentido, añade que uno de los letrados autor del informe es "abogado habitual" del Grupo Acciona, al tiempo que recuerda que la mercantil Necso-Entrecanales pertenece a este grupo de empresas, y que el vicepresidente del Grupo Acciona es presidente de Necso. Asimismo, la denuncia señala textualmente que "antes, durante y después de la realización del citado informe" el abogado "estaba defendiendo causas contencioso-administrativas para el Grupo Acciona ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional".
71. LA FISCALÍA ABRE DILIGENCIAS SOBRE EL CENSO INFLADO DE DOS AGUAS (03/05/07)
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha abierto diligencias de investigación para aclarar un "empadronamiento masivo sospechoso" que se ha producido, según el PSPV, en Dos Aguas desde octubre de 2006, por si los hechos pueden ser constitutivos de delito. El PSPV denunció el pasado abril que desde octubre de 2006 se han producido 124 nuevas incorporaciones al censo electoral de Dos Aguas, 99 de ellas desde el pasado febrero. Según los socialistas, el censo cerrado de Dos Aguas el 1 de marzo de 2005 era de 380 vecinos, en tanto que a 1 de marzo de 2007, fecha límite que permite participar en las próximas elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo, es de 509 vecinos -"y ello a pesar de haberse producido 21 bajas en estos dos años"-, lo que supone una variación en 2 años de 129 vecinos.
Los momentos "más significativos" en el empadronamiento de esta localidad se produjeron en octubre de 2006 -con 14 nuevos censados-, enero de 2007 -con 11 empadronamientos- y especialmente en febrero pasado, "con la sospechosa cifra de 99 nuevos empadronamientos", indicaron las mismas fuentes. El Ayuntamiento no ha publicado las modificaciones del padrón, a pesar de que tiene la obligación de hacerlo mensualmente cada vez que se produce un cambio.
72. EL SUPREMO CONDENA A BARBERÁ POR NO DESTINAR A VPO UNA VENTA DE SUELO (03/05/07)
El pasado sábado la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, prometía la construcción de 18.000 viviendas de protección oficial (VPO) durante los próximas 4 años. se supo que una sentencia del Tribunal Supremo condenaba al Ayuntamiento de Valencia por gastar 14 millones de € obtenidos con la venta de suelo municipal en 2000 en equipamientos, en lugar de invertir el dinero en viviendas protegidas o comprar suelo para el patrimonio municipal, como obliga la ley. Alicante y Calpe, también gobernados por el PP, ya fueron condenados por el mismo motivo.
La sentencia, publicada el pasado 27 de marzo, recuerda al Ayuntamiento de Valencia que en octubre de 2000 rechazó una moción del PSPV que alertaba de la ilegalidad de la subasta pública. La oposición denunció que la venta debía ser comunicada a la Generalitat y que al formar parte la parcela del Patrimonio Municipal del Suelo debía dedicarse exclusivamente a viviendas protegidas (VPO). El gobierno municipal rechazó aquella moción y siguió adelante con la subasta. El PSPV acudió al Tribunal Superior de Justicia, que le dio la razón en 2003. El equipo de la alcaldesa, Rita Barberá, recurrió al Tribunal Supremo, que tres años después condena definitivamente al Consistorio.
Una empresa del Grupo Lubasa, Construcciones Lidon, pagó por la parcela 14 millones de €, el doble del precio de salida de la subasta pública. Sobre el suelo edificó más de 150 viviendas que fueron vendidas a particulares que, en ningún momento conocían el origen supuestamente ilegal de la operación. "¿Qué pasa ahora con los propietarios?", reprochó Rafael Rubio, portavoz municipal del PSPV, al equipo de Barberá. Para evitar el daño a los compradores, el Ayuntamiento tendrá que reparar con una partida presupuestaria el dinero que no dedicó a vivienda protegida. Alfonso Grau, concejal responsable de la operación, descartó una ampliación presupuestaria. "Esa misma cantidad se repondrá también mediante los fines que establece el fallo judicial", aseguró Grau, que no explicó cómo lo hará.
Para Rubio, el elevado precio pagado en la subasta supuso una subida del coste de la vivienda en la zona. Un problema al que Barberá no puso freno con la construcción de VPO, puesto que el dinero obtenido fue dedicado a equipamientos públicos, como reconoció el propio Grau. El Ayuntamiento de Valencia ha recaudado, en los últimos cuatro años, 70 millones de € de la venta de suelo municipal. "Sólo han dedicado un pequeño porcentaje a la construcción de VPO", señaló Rubio. "Prometieron 9.000 viviendas protegidas y sólo han licitado 1.100", criticó. A pesar de ello, Rita Barberá prometió el pasado sábado 18.000 nuevos pisos de protección oficial.
El desvío del dinero que la ley exige que se destine a VPO a gastos municipales corrientes por parte de corporaciones municipales dirigidas por el Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha sido condenado en otras ocasiones por la justicia.
73. UNA EDIL DEL PP DE ARGELITA DICE QUE PRESENTARON 31 ALTAS AL PADRÓN PARA GANAR LA ALCALDÍA (04/05/07)
La concejal del PP de Argelita, Avelina Chiva, imputada por un presunto delito electoral sostuvo en la Ser que las 31 peticiones de altas en el censo que ella y su compañero Pascual Ibáñez presentaron las habían recibido desde la dirección del partido en Castelló y con intención obtener un cambio al frente de la alcaldía. "Estamos hartos, a ver si doblamos el pastel" y admitió que eran personas afines al partido. Como también declaró Ibáñez a Levante de Castelló el 22 de febrero, mantiene que todo "es normal y pasa en otros pueblos, como Fanzara".
La concejal manifestó en el pleno del 15 de febrero pasado que la
documentación la habían preparado en la Administración, en referencia a la
dirección provincial del Partido Popular. Los dos están imputados por la
juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Nules por un presunto
delito electoral, como también avanzó este periódico. Asimismo, el
presidente del PP, Carlos Fabra, afirmaba el día 24 de febrero en Segorbe
que este caso "sólo le interesa a Levante de Castelló ". Las 31 altas
presentadas por los populares, algunas de las cuales llegaron por correo
certificado, podrían decidir el gobierno del municipio, al representar el 35
por ciento sobre un censo electoral de 100 personas.
Por otro lado, la Junta Electoral de zona de Castelló ordenó la repetición del pleno de ante del Ayuntamiento de Fanzara en el que se sortearon el presidente y vocales de la mesa electoral.
Al atender la denuncia del PSPV sobre las irregularidades registradas admite que el alcalde popular José Centelles infringió el artículo 26.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) "al no haber sido designados" los miembros de la mesa por sorteo. Un sorteo que deberá repetirse en 24 horas. Cabe recordar que los vecinos asistentes denunciaron que el alcalde quería designar a dedo, ofreciendo él mismo un número, al presidente de la mesa, que resultó ser un desconocido para los asistentes que firmaron una declaración jurada que entregaron a la Junta.
Concejales de fuerzas progresistas y colectivos cívicos de varios municipios
del interior de Castelló mostraron su preocupación por la lentitud de la
fiscalía en resolver las denuncias por intento de inflar los censos
electorales en localidades como Sant Jordi, la Vall d'Alba, Cabanes, la
Salzadella, Sant Rafael del Ríu, Santa Magdalena, Fanzara, Argelita o la
Pobla de Benifassà.
74. UN AMIGO DEL ALCALDE DE L'ALFÀS COMPRÓ SUELO EN PARALELO AL TRÁMITE DEL PGOU (04/05/07)
El alcalde de L'Alfàs del Pi, Gabriel Such, del PP, anunció el pasado 26 de noviembre la suspensión de los trámites para la redacción del PGOU del municipio tras las denuncias de la oposición sobre filtraciones y la compra masiva de terrenos "mapa en mano", algo prohibido al tratarse de un documento privado. Este periódico ha podido saber que entre los beneficiados por las reclasificaciones figuran personas del entorno inmediato del primer edil, como su amigo David Sellés Algado.
El nuevo PGOU era uno de los principales proyectos de Such en la actual legislatura, y en mayo de 2005 se contrataron los trabajos de revisión a la mercantil UTE Albur. Según la información que figura en el registro de la propiedad, David Sellés adquirió poco antes una finca de 15.272 metros en la Foia Malaya, un terreno calificado como no urbanizable, pero que en los trámites posteriores impulsados en el Ayuntamiento por el alcalde pasarían a ser urbanizables. De hecho, la hipoteca está realizada por valor de 1.298.006,44 €, es decir, Sellés pagó a unos 100 € el metro cuadrado en una zona de huerto de naranjos que hasta entonces tenía un valor cinco veces menor, según fuentes del sector inmobiliario que operan en la zona. El amigo del alcalde adquirió los terrenos con la firma Jet Winner, SL, con un capital social de 300.510 €. Al mismo tiempo que empezaba la tramitación del PGOU en el Consistorio, David Sellés constituía junto a su padre otra empresa, denominada casualmente Foya Malaya 70, SL, dedicada a la "compraventa, alquiler, explotación, promoción y construcción de toda clase de terrenos, solares y todo género de edificaciones", con un capital social de 3.100 € y sede en Benidorm.
Sellés, campeón mundial de moto acuática, ha comprado más terrenos durante los últimos años en L'Alfàs, a través de las cuatro sociedades en las que participa, y es un asiduo a todos los actos del PP en los que participa Gabriel Such. Este periódico ha tenido acceso a los planos del concierto previo del PGOU -que según el primer edil sólo tenían él y el arquitecto municipal-, que prevén la reclasificación de un millón de m2. Del PGOU depende la construcción de 10.000 nuevas viviendas.
El portavoz de L'Entesa en el Ayuntamiento de L'Alfàs, Javier Pascual, considera "altamente sospechosa la paralización" del planeamiento realizado por el alcalde, y más "cuando él mismo reconoció públicamente que solo él y el arquitecto tenían copia de los planos". La portavoz del PSPV, Esperanza Delgado, ha criticado la actitud de Such: "Siempre he defendido que no tiene sentido paralizar el PGOU, porque el concierto previo se había trabajado entre todos los grupos políticos".
75. ARRESTADO UN JOVEN AL QUE DENUNCIÓ EL ALCALDE DE CALP POR CRITICARLO EN UNA WEB (05/05/07)
La Guardia Civil de Calp detuvo a un joven, de 20 años, denunciado por el alcalde del municipio, Javier Morató, del PP, por un supuesto delito de calumnias derivado de las críticas a la gestión del regidor en una página web. Los agentes trasladaron al arrestado ante la juez de guardia de Dénia. La magistrada tras tomarle declaración, como detenido, lo dejó en libertad sin cargos. Según el abogado del detenido, la magistrada se limitó a comunicarle que trasladaba la causa al Juzgado número 5, "aunque no acordó ninguna resolución por escrito sobre la situación del joven", puntualizó el letrado.
El joven detenido, Imanol Hidalgo, abrió hace dos semanas en Internet la página web Cambiacalpe.com. El portal incluye, entre otros contenidos, un artículo sobre una operación urbanística aprobada por el alcalde. El regidor consideró que el artículo atentaba contra su honor y puso una denuncia ante la Guardia Civil contra el promotor de la publicación por los supuestos delitos de injurias y calumnias. Según fuentes del caso, los agentes llamaron en dos ocasiones la pasada semana a Hidalgo para interrogarlo como testigo. El joven reconoció a los agentes que él era el promotor de la página, pero no el autor material de los contenidos, según ha señalado su abogado Guillem Sendra. Posteriormente los agentes volvieron a llamarlo en este caso para interrogarle como detenido. El joven acudió en el cuartel en la mañana de acompañado por su letrado. Una vez allí, según su abogado, se negó a declarar ante los guardias. Entonces, los agentes del instituto armado lo trasladaron, en calidad de detenido, ante el juzgado de guardia de Dénia.
La juez de guardia, la titular del juzgado número 6, tras interrogar al detenido lo dejó en libertad sin cargos y únicamente acordó trasladar el caso al juzgado número 5, cuyo titular deberá decidir ahora si abre o no diligencias. A la salida del juzgado, el joven manifestó que esperaba que su detención "no fuera más allá de una mera cuestión política". Hidalgo subrayó, además, el "acoso" al que tanto él como su familia se han visto sometidos desde que apareció el artículo publicado en Internet por parte de diversos ediles municipales y ha mostrado su "preocupación y su impotencia ante las medidas adoptadas ante este caso". El joven reiteró que todos los artículos publicados están extraídos de otros medios de comunicación "y así se señala en los textos", precisó.
Hidalgo publicó en la mencionada web un artículo en el que explicaba, sobre la base de documentación municipal oficial facilitada por la oposición, que la empresa Blue Ice SL, propiedad del constructor y esposo de la secretaria del PP local, Joaquín Ivars, cedió al Ayuntamiento terrenos no urbanizables por valor de un millón de € para recibir a cambio, unidades de aprovechamiento en terrenos edificables con un valor de 2,7 millones de €. Con esta operación urbanística del alcalde, el municipio perdió 1,7 millones de €, según el convenio urbanístico con la promotora de fecha 4 de junio de 2002 y la valoración económica del arquitecto municipal. Ese artículo ya ha sido retirado de la página web.
Según el abogado Guillem Sendra, "no es habitual, en la práctica legal, una detención basada en un delito de opinión", como es el caso, ya que al no implicar violencia, suelen tramitarse por la vía judicial y quedan habitualmente citados para declarar sin llegar a la detención". Otras fuentes jurídicas consultadas coinciden con el letrado en que el arresto por este tipo de delitos no "es habitual, aunque sí legal". "La detención esta más motivada si el calumniado es un cargo público en el ejercicio de sus funciones", añadieron.
76. TRÁNSFUGAS CON URBANISMO AL FONDO (06/05/07)
Los intereses del cemento están detrás de buena parte de las mociones de censura que provocan cambios de gobierno en los Ayuntamientos valencianos, propiciados en muchos casos por concejales tránsfugas que, a la postre, con su cambio de chaqueta y de voto, propician o facilitan algún negocio urbanístico. Unos 60 de los más de 500 alcaldes de municipios valencianos elegidos en las municipales de 2003 han cedido la vara de mando. Y 38 de ellos han sido víctimas de mociones de censura, 11 de las cuales prosperaron gracias a la colaboración de concejales tránsfugas. Las "fundadas sospechas" de que detrás de algunas mociones de censura pueda haber intereses urbanísticos ha justificado que la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo enviado a la Fiscalía Anticorrupción información sobre algunas de ellas.
Los casos más llamativos de mociones de censura propiciadas por tránsfugas y que dejan entrever intereses urbanísticos se han registrado en la provincia de Alicante. En El Campello, apenas año y medio después de constituirse la Corporación, el protagonista fue el edil nacionalista Vicente Rubio, que se alió con el PP. Rubio, elegido en las listas del Bloc, integró inicialmente el tripartito de El Campello como concejal de Urbanismo. Sin embargo, el 30 de octubre de 2004 apoyó una moción de censura contra la entonces alcaldesa, la socialista Marita Carratalá, que dio el gobierno local al PP. Los populares mantuvieron a Rubio al frente del área de Urbanismo. El voto de censura se produjo cuando Carratalá llevó a la Fiscalía de Alicante la gestión urbanística del Ayuntamiento en el anterior mandato, del PP. El Bloc expulsó a Rubio. Bajo su mandato al frente del área de Urbanismo se ha aprobado un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que prevé aumentar el actual censo de 23.600 habitantes de El Campello hasta los 120.000 habitantes. La gestión de Rubio también ha estado envuelta en la polémica por un presunto trato de favor a una empresa de su familia en la concesión de una licencia de obra en los locales comerciales de los bajos de inmueble. La comunidad de propietarios ha trasladado los hechos la Fiscalía Anticorrupción.
Mientras, en Pilar de la Horadada la decisión del alcalde socialista Ignacio Ramos de paralizar un PAI que preveía 5.000 nuevas viviendas motivó que dos ediles socialistas, Josefa Meroño y Juan José Ortiz, se aliaran con el PP para desbancar al regidor. El voto de censura prosperó el pasado 11 de diciembre. El nuevo equipo de gobierno, presidido por José Fidel Ros, del PP, no dio luz verde al programa urbanístico ante la amenaza de expulsión lanzada por la dirección provincial de los conservadores. Los dos tránsfugas del PSPV se integraron en el nuevo gobierno local conservando sus anteriores delegaciones.
En Castellón, el caso de Benicàssim es el más llamativo, aunque la moneda que posibilitó la moción de censura no fue un tránsfuga sino un puesto de director general. El PSPV fue la lista más votada, pero logró el mismo número de concejales que el PP, los independientes de ARB lograron tres y el Bloc y EU, uno cada uno. El PP intentó pactar con los independientes, que exigieron la alcaldía. La dirección popular accedió, pero topó con los hermanos Asín, que se negaron a dar su voto al cabeza de lista de ARB, Manuel Llorca. Uno de ellos, Javier, abandonó su puesto en el Ayuntamiento a cambio del cargo de director general de Empleo de la Generalitat, pero su hermana Mari Carmen se mantuvo en su idea, lo que posibilitó el acceso a la alcaldía del socialista Francesc Colomer. Un año después Asín fue readmitida por el PP y votó la moción de censura a favor del independiente. El urbanismo también aparece en el decorado de la moción de censura, con el plan de Benicàssim Golf como principal argumento. Un PAI de más de dos millones de m2 que el Gobierno central ha amenazado con impugnar si el Ayuntamiento lo eleva para su aprobación a la comisión de Urbanismo de la Generalitat sin el preceptivo informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre los recursos hídricos.
En Valencia, el caso más llamativo fue el de Nàquera, donde los intereses del cemento planearon sobre la moción de censura que en septiembre de 2003 encabezó el popular Ricardo Arnal contra su primo Francisco Arnal, del PSPV, que había sido elegido alcalde con el inesperado apoyo de Unión Valenciana. Pero los regionalistas cambiaron de opinión y secundaron la moción de censura. Poco después, el Ayuntamiento daba luz verde a uno de los polémicos planes urbanísticos proyectados años antes, el PAI del sector de Les Fontanelles, que prevé la construcción de 1.340 viviendas, hoteles y un campo de golf y con la urbanización de más de 1,5 millones de metros cuadrados, más de la mitad de monte público en el área de influencia de la Serra Calderona.
77. EL CONSELL DA 448.000 € A LA FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA, VINCULADA AL PP (08/05/07)
La Fundación Humanismo y Democracia, vinculada al Partido Popular y en el ojo del huracán por supuestas irregularidades en la gestión de subvenciones en comunidades como La Rioja y Navarra, también se ha beneficado de fondos públicos de la Generalitat en los últimos años. En concreto, al menos entre 2003 y 2005, el gobierno popular que preside Francisco Camps ha otorgado ayudas a esta entidad por importe de algo más de 448.000 € (alrededor de 75 millones de las antiguas pesetas). Así consta en una respuesta parlamentaria que la Conselleria de Economía y Hacienda remitió a la diputada socialista Josefa Andrés en la que la parlamentaria se interesaba por las distintas subvenciones que la Generalitat ha repartido entre entidades privadas sin ánimo de lucro.
El listado referente a los ejercicios de 2003, 2004 y 2005 recogen una serie
de pagos a la Fundación Humanismo y Democracia que suman en total los
citados 448.000 €. En concreto, en 2003, año en Camps tomó las riendas del
Ejecutivo, el Consell concedió dos subvenciones a la citada entidad; una por
valor de 33.536 €; y otra por importe de 169.738 €. Según la documentación
oficial la ayuda iría destinada, de un lado, a un proyecto denominado
Campesinos unidos; y de otro, para una iniciativa de educación básica.
En 2004, la Generalitat respaldó un proyecto sanitario (Hacienda no especifica en qué lugar) con una ayuda de 69.343 €; y en 2005 se concedieron dos subvenciones por valor de 148.206 y otra por importe de 60.777. El último pago está dirigido a financiar un convenio entre la Fundación y la Generalitat, lo que revela que la relación de la Administración valenciana y la entidad no ha sido sólo puntual. El listado oficial no incluye datos sobre las ayudas a fundaciones de 2006 y 2007.
La Fundación Humanismo y Democracia ha logrado subvenciones de numerosas comunidades autónomas, pero su gestión está bajo sospecha. En Navarra , la entidad está siendo investigada por la gestión de los fondos que aportó el gobierno foral para seis proyectos de cooperación. En tres casos, Humanismo y Democracia debe devolver más de 450.000 €. En la Rioja, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia abrió diligencias previas y solicitó informes al Gobierno autonómico y al Tribunal de Cuentas por un proyecto para formar profesionales sanitarios en la República Dominicana entre los años 2001 y 2002. Además, la entidad tuvo que devolver a la Comunidad de Madrid 240.000 € en 2006 por un proyecto de cooperación en Bolivia que nunca llegó a realizar. Pese a todo, el Gobierno de Esperanza Aguirre, siguio subvencionando la actividad de la Fundación. También el Ayuntamiento de Madrid está auditando los fondos concedidos y continúa financiando a la entidad.
Humanismo y Democracia mantiene numerosos vínculos con el PP. Su patronato está compuesto por numerosos dirigentes del PP, entre ellos la presidenta de la Asamblea de Madrid, Concepción Dancausa, persona de la máxima confianza de Esperanza Aguirre, y Rafael Rodríguez Ponga, secretario de comunicación de los populares.
La diputada Josefa Andrés exigió al Consell que aclare a la ciudadanía el destino de las ayudas, ya que, remarcó, la respuesta de la Conselleria de Hacienda no detalla qué tipo de proyectos se están financiando. Además, y dado los antecedentes en otras comunidades, la diputada pidió al Consell que examine los expedientes para tratar de comprobar que la Fundación ha gestionado los fondos de forma adecuada. Por otro lado, Andrés censuró al Ejecutivo que destine dinero a una formación tan vinculada al PP.
78. FABRA TACHA DE "PAYASADA" LA DENUNCIA DE LOS CENSOS Y UN EDIL LE LLAMA "CHORIZO" (10/05/07)
El candidato del PSPV a la alcaldía de Fanzara, Roberto Salisa, contestó al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, quien dijo que las denuncias por la manipulación de censos son una "payasada de tamaño natural" montada por el PSPV, EU y el Bloc. Para los socialistas "es más honesta la profesión de payaso que la de chorizo", espetó Salisa, cuya denuncia ha sido trasladada por el Instituto Nacional de Estadística a la fiscalía ante la existencia de indicios de manipulación del censo electoral. Algunos de los cerca de un centenar de "nuevos vecinos" de este pequeño pueblo del interior castellonense han "escogido" como domicilios casas abandonadas e inhabitables.
El edil socialista, uno de los que ha reclamado soluciones inmediatas, criticó que "por denunciar las actuaciones antidemocráticas perpetradas por el PP e impulsadas por Carlos Fabra, este señor nos califica de payasos". Y respondió que, a su juicio, ser "chorizo" es "hurtar la voluntad de un pueblo hinchando ficticiamente su censo electoral con gente de fuera, empadronada en solares o casas en ruinas". "Eso no es una payasada, es una chorizada", señaló Roberto Salisa.
El socialista hizo referencia a las imputaciones de Fabra por las que está siendo investigado por varios presuntos delitos contra la administración pública y un posible fraude fiscal e indicó que el presidente del PP de Castellón "sabe de chorizadas, tal y como se sustancia en el Juzgado de Nules", que instruye las diligencias del caso. En opinión de Salisa, con sus insultos, Fabra ofende a la Junta Electoral y a los fiscales, ya que "este señor no está acostumbrado a la democracia y no la respeta". Según dijo, el dirigente popular despliega "una actitud permanente caciquil con los pueblos pequeños".
Después de que una concejal del PP en uno de los municipios investigados admitiera que los empadronamientos masivos no respondían a una iniciativa propia sino ordenada "por los que mandan", Fabra admitió por primera vez, la posibilidad de que exista "algún empadronamiento de algún alcalde o de algún candidato que quiera sacar algún voto más".
79. EL PATRÓN DE LA F-1 VINCULA EL GRAN PREMIO DE VALENCIA A LA VICTORIA ELECTORAL DEL PP (11/05/07)
El patrón de la fórmula 1, el británico Bernie Ecclestone, reventó la campaña electoral en Valencia. Ecclestone, en un acto convocado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, condicionó la celebración de un gran premio de F-1 en Valencia a la victoria electoral de los populares Francisco Camps y Rita Barberá. Camps, lejos de corregir al empresario británico, agradeció a Ecclestone que le dijera esas "cosas tan preciosas" y se comprometió a esforzarse en ganar las elecciones. Los socialistas reaccionaron al escándalo y tanto Joan Ignasi Pla como Carmen Alborch lo tacharon de "chantaje intolerable".
Bernie Ecclestone no tuvo ningún reparo en poner la fórmula 1 al servicio de los intereses electorales del PP, tras dos años de relaciones con Francisco Camps y Rita Barberá, en las que ha jugado un importante papel Alejandro Agag, yerno del ex presidente José María Aznar. Inicialmente, Ecclestone debía comparecer junto a Camps y Barberá para anunciar que Valencia entrará a partir de 2008 en el circo de la F-1 con un circuito urbano cuyo trazado recorrería la recuperada dársena del puerto y los nuevos barrios próximos a la Ciudad de las Artes de Valencia.
La sorpresa, sin embargo, saltó cuando Ecclestone tomó la palabra en una sala atestada de medios de comunicación y afirmó: "Hace dos años conocí a Camps y me enamoré de él, y luego conocí a la alcaldesa y me enamoré de ella. Nadie podría hacer mejor este trabajo por la fórmula 1". Y prosiguió: "Conmigo no van los nombres de las grandes ciudades, creo en las personas. Creo en las personas y siento comunicarles que, aunque el contrato está perfecto, no se firmará hasta después de las elecciones".
Acto seguido tomó la palabra Camps en un escenario del que tan sólo 20 minutos antes se habían tenido que retirar los logotipos de la Generalitat por orden de la Junta Electoral. "Gracias a Bernie Ecclestone por la confianza y el cariño que me ha mostrado todos estos años, por decir estas cosas tan preciosas, como es vincular el gran premio de F-1 a que yo continúe siendo presidente de la Generalitat", continuó Camps. "Yo le puedo asegurar que en los próximos días voy a intentar con mi esfuerzo ganar estas elecciones".
El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, defendió, desde Melilla, la decisión de Ecclestone de condicionar el circuito de carreras a la victoria autonómica y municipal del PP. "El dueño de la fórmula 1 hace los convenios que le parece bien e impone sus condiciones, y ahí no voy a entrar", sentenció Rajoy.
Los gobiernos de Camps y Barberá trabajan desde hace dos años para garantizarse la celebración del gran premio de fórmula 1 que se celebrará en Valencia con el nombre de Gran Premio de Europa -el de España ya se celebra en el circuito catalán de Montmeló-. La paradoja está en que el esfuerzo empleado por las Administaciones públicas otorgará los mayores beneficios a un grupo de empresas privadas. El acuerdo que Ecclestone prevé firmar si el PP valenciano revalida su poder no es con la Generalitat, que dispone del prestigioso circuito de Cheste, a tan sólo 20 kilómetros de Valencia. El contrato será entre la empresa de Ecclestone (Formula One Administration) y la firma Valmor Sport (que preside el propietario de Pamesa, Fernando Roig y en la que participan también el ex piloto Jorge Martínez Aspar y Bancaja, la entidad de ahorros que preside el ex presidente de la Generalitat con el PP José Luis Olivas).
Valmor Sport es, supuestamente, la que asume el pago de un canon que rondará los 26 millones de € anuales a cambio de explotar una parte de los derechos del circuito y la carrera que se celebraría en Valencia durante los próximos siete años (de 2008 a 2015). Pero la inversión principal ha corrido a cargo de las Administraciones gobernadas por el PP. La Generalitat encargó en marzo a la empresa pública Ente Gestor de la Red de Transportes y Puertos "el desarrollo de los equipamientos necesarios para el ámbito de un circuito urbano de automovilismo". Se trata de una empresa pública creada por Camps en 2003 para solucionar el colapso económico y funcional de la red de metro de Valencia.
La exigencia del magnate británico provocó la reacción de los socialistas valencianos y el resto de partidos de la oposición. El PSOE presentó un recurso ante la Junta Electoral.
80. EL YERNO DE AZNAR, EN LOS BOXES DEL AUTOMOVILISMO (11/05/07)
Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar, ha sido una de las figuras que han marcado la relación entre Francisco Camps y Bernie Ecclestone durante las negociaciones destinadas a lograr que Valencia fuese sede de una de las carreras del circuito de la Fórmula 1. La mediación de Agag se daba por hecha y fuentes de la Generalitat valenciana han reconocido que se ha hablado con el yerno de Aznar en relación con la pretensión de que Valencia acogiese un circuito urbano de F-1.
Tan normalizado estaba el asunto que el ex secretario autonómico de Deportes y candidato del PP, David Serra, reconoció sus conversaciones con Agag sobre el asunto. Aunque luego, llamó para desmentirse a sí mismo. Pero fue el ex piloto valenciano Adrián Campos y presidente de la segunda división automovilística se atribuyó el mérito de haber presentado a Bernie Ecclestone al presidente de la Generalitat.
También colaboradores de Alejandro Agag negaron que éste hubiera tenido participación alguna en la operación. Estas personas aseguraron que Ecclestone nunca preguntó a Agag por Valencia ni Agag hizo gestión alguna con el Gobierno de la Generalitat valenciana en relación con la celebración de una prueba del campeonato del mundo de fórmula 1 en esa comunidad.
Sin embargo, fuentes del PP dan por hecho que el "cariño" y la "confianza" entre Camps y Ecclestone es difícil de entender sin la mediación de Agag, que cuenta con intereses en la gestión de los derechos de televisión en España de la F-1 y otros negocios relacionados con las carreras automovilísticas. El yerno de Aznar ya conocía desde su etapa del clan de Becerril en el PP a Francisco Camps y, sobre todo, al actual consejero de Economía, Gerardo Camps. En los dos últimos años, Ecclestone y Camps se han reunido varias veces en Londres y en Valencia.
81. RAJOY AVALA EL CHANTAJE DE LA FÓRMULA 1 EN VALENCIA (12/05/07)
Mariano Rajoy avaló sin ningún tipo de matización, crítica o consideración la posición del valenciano Francisco Camps, quien aceptó encantado la idea de que la fórmula 1 vaya a Valencia sólo si él gana las elecciones. Rajoy refrendó, orgulloso, esta especie de chantaje electoral: "Hay partidos que dan credibilidad y otros que no lo hacen. Si el jefe de la fórmula 1 dice que tiene confianza en una persona y en un partido, es algo de lo que debemos enorgullecernos, pero si dice que no la tiene en otros partidos, es algo que debe mover a algunos a la reflexión". Rajoy habló antes de que Ecclestone aclarara, abrumado por las críticas recibidas, que la prueba puede ir a Valencia gane quien gane.
El mitin que ofreció Rajoy en Valladolid, con unas 4.000 personas, contó con la presencia del oscuro eurodiputado abulense Agustín Díaz de Mera, colocado en un discreto segundo plano. Acompañado, por tanto, del ex director de la policía de Acebes, que ha protagonizado un enorme ridículo al asegurar la existencia de un informe que relacionaba ETA con el 11-M y que ha sido desmentido por sus ex compañeros, Rajoy se ofreció como una alternativa de "estabilidad" y "confianza" al actual Gobierno.
82. LA JUEZ AUTORIZA QUE SE INVESTIGUEN CUENTAS Y CAJAS DE SEGURIDAD DE FABRA Y SU FAMILIA (17/05/07)
La titular del Juzgado número 1 de Nules (Castellón) ha autorizado a los peritos a que investiguen todas las cuentas bancarias en las que el presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP provincial, Carlos Fabra, aparezca como titular, autorizado o apoderado entre 1999 y 2004. La investigación se amplía, como admitió la Audiencia Provincial, a toda la familia del imputado por tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y un posible fraude fiscal. La instructora del llamado caso Fabra ha extendido la investigación a las tarjetas de crédito y cajas de seguridad.
Los inspectores peritos que se hicieron cargo de la investigación del caso después de la denuncia de la Agencia Tributaria por fraude fiscal solicitaron a la juez el acceso tanto a la documentación de la que dispusiera Hacienda como a los extractos de las cuentas bancarias privadas. Sin embargo, en un primer momento, la juez sólo autorizó el acceso a la información que se encontraba en los archivos públicos. Ésta, que concentra la documentación fiscal de Fabra, su familia y sus empresas, ya fue remitida al juzgado.
Sin embargo, las partes aún no han tenido acceso a ella. En el auto de , la juez anuncia que toda la documentación se encuentra ya a su disposición en la secretaría del juzgado pero que "deberán ser las partes las que comparezcan con los medios técnicos que consideren convenientes para obtener las copias, debido a la sobrecarga de trabajo que sufre la oficina judicial y a lo voluminoso de esta documentación", según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. A esta documentación se adjuntará la que remitan los bancos, después de la autorización para que los inspectores accedan también a los movimientos en las cuentas de las seis personas (cuatro hijos y el matrimonio) que conforman la familia Fabra-Fernández.
La sección segunda de la Audiencia señaló hace un año que, tras "sopesar la incidencia que el alcance de la investigación ha de tener en el ámbito patrimonial de los hijos (...) nos encontramos ante delitos por cuya naturaleza y características no es infrecuente que el eventual lucro obtenido trate de ocultarse en la esfera familiar, por lo que la diligencia en los términos en que ha sido acordada se hace absolutamente inevitable". Con esta decisión la Audiencia permitía que la investigación, que entonces se limitaba a Fabra, se extendiera a toda su familia y además abarcara el período entre los años 1999 y 2004.
Tras varios meses sin interrogatorios, la juez parece haber retomado la ejecución de estas pruebas. Hace un año, el día anterior a la fecha fijada para la declaración de cuatro ex ministros del Gobierno de José María Aznar en calidad de testigos, tres de ellos, Celia Villalobos, Miguel Arias Cañete y Jesús Posada, solicitaron realizar el trámite por escrito, privilegio que les otorga su condición de haber sido miembros del Gobierno. Todos ellos debían contestar a cuestiones relacionadas con las gestiones realizadas por Fabra ante los ministerios de Sanidad y Agricultura donde, según la acusación, el líder del PP trataba de que se agilizasen las autorizaciones de fabricación de productos fitosanitarios a cambio de "cantidades millonarias" procedentes de los fabricantes.
La petición de Villalobos, Arias Cañete y Posada fue aceptada por la juez, con lo que las partes redactaron sus preguntas para que éstos contestaran por escrito. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando el juzgado ha dictado un auto por el que ordena la remisión a Madrid de las preguntas. Mientras, sólo el cuarto ex ministro que aparece en las diligencias, Juan Costa, ha acudido al juzgado donde dijo no recordar nada, pese a que participó en una de las reuniones en las que se habló de productos concretos.
La juez del número 1 de Nules notificó también la suspensión de la declaración, pde Alfredo Timmerman, ex jefe de gabinete de José María Aznar, ante la imposibilidad de encontrarlo. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el exhorto enviado a los juzgados de Madrid para la citación del testigo en el domicilio facilitado por la policía indica que Timmerman "no reside en dicha dirección desde hace dos años, por lo cual ha sido imposible realizar la citación".
83. EL LÍDER DEL PP EN CASTELLÓN, IMPUTADO POR DELITO FISCAL, CUADRUPLICA SU PATRIMONIO EN CINCO AÑOS
El líder del PP en Castellón, Carlos Fabra, cerró su ejercicio fiscal en 1999 con un patrimonio cuyo valor catastral era de poco más de 150.000 €. En 2004, ese valor se había cuadruplicado y ascendía hasta 646.440 €, según consta en la documentación remitida por los peritos al Juzgado número 1 de Nules, donde se investiga al presidente de la Diputación de Castellón por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y un posible fraude fiscal. La documentación, que abarca más de 2.500 folios, incluye también los datos relativos a sus declaraciones de renta que, en todos y cada uno de los cinco años, le salieron a devolver, en cantidades que oscilan entre los 1.600 y los 4.200 €.
El origen de la investigación a Carlos Fabra es la denuncia de un empresario, Vicente Vilar, que le acusó de cobrarle "cantidades millonarias" por mediar ante la Administración para tratar de agilizar autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. El juzgado abrió el caso de oficio ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública. Poco después, la Agencia Tributaria presentó otra denuncia por un posible fraude fiscal por las irregularidades detectadas en la declaración de la renta de 1999. La posible vinculación entre el tráfico de influencias y el delito fiscal llevó al juzgado a unir las investigaciones y a ampliarlas a cinco ejercicios fiscales, tal como solicitaron la acusación popular, representada por la Unión de Consumidores (UCE) y la fiscalía anticorrupción, que se hizo cargo del caso.
Pese a que la investigación se inició hace más de tres años, los continuos cambios de fiscal y de juez, así como los recursos presentados por el propio Fabra contra todas las decisiones judiciales, han provocado que aún no se haya determinado la apertura del juicio oral. Tras todo este tiempo "bajo sospecha", Carlos Fabra anunció su decisión de volver a presentarse como número tres en la lista del PP de Castellón, puesto que puede permitirle revalidar su puesto en la presidencia de la Diputación castellonense, en el caso de que los populares obtengan el mayor número de diputados en la provincia.
El valor catastral de los bienes nada tiene que ver con el valor real de los inmuebles aunque, en este caso, sí sirve de referencia para revelar la magnitud de un índice de incremento patrimonial. Castellón no registró en esos cinco años ninguna revisión catastral que justificara el incremento del valor de los bienes que el líder del PP ya tenía en 1999. La variación se fundamenta, además, en la adquisición de inmuebles que, en algunos casos, Fabra compró como bien ganancial.
Fabra siempre ha negado la existencia de un injustificado incremento patrimonial. De hecho, poco después de que estallara el conocido como caso Fabra, él mismo facilitó una lista de sus bienes, aunque no aportó el valor de los mismos y simplemente argumentó las variaciones en su capacidad de endeudamiento. De hecho, en la documentación que obra en el juzgado aparecen datos relativos a sus deudas que, por ejemplo, de 2002 a 2003 se incrementaron en cerca de 300.000 € cuando ésta ya eran de más de 600.000.
Es decir, Fabra debía a los bancos más de 900.000 € cuando sus rendimientos de trabajo se limitaban a poco más de 88.000 €.
En la documentación que ahora han remitido los peritos al juzgado aparecen los datos relativos a su patrimonio. Carlos Fabra acabó el ejercicio fiscal de 1999 con cinco parcelas en la urbanización La Coma, de Castellón, un inmueble en el pequeño municipio de Culla y dos viviendas, una de ellas en Castellón y, la otra, en el municipio castellonense de Forcall, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. El valor catastral de este patrimonio era de poco más de 150.000 €, aunque sólo una de las viviendas, la de Castellón, ya estaba valorada en 126.000 €.
En 2004, según la información que consta en los archivos públicos, la misma vivienda de Castellón había incrementado su valor en apenas 10.000 €. El resto de bienes, hasta alcanzar los más de 660.000, corresponden a una casa en la urbanización Les Platgetes, en Oropesa, un piso en la Plaza de Las Salesas, en Madrid, la casa de Culla y otra vivienda que heredó de su madre, también en Castellón.
La diferencia entre el valor catastral y el valor de adquisición de los bienes queda patente en la misma documentación donde figuran, entre otras, las dos cantidades relativas al piso de Madrid. Mientras que el valor catastral del mismo se sitúa en los 170.000, el valor de la compra se fijó en 901.000 €.
El sueldo y los rendimientos de trabajo de Carlos Fabra no son escasos pero chocan con la rentabilidad que de ellos obtiene, tal como refleja el incremento patrimonial. Además, tal como señalan los documentos, las declaraciones presentadas entre 1999 y 2004 le salieron a devolver. Según la documentación de "trascendencia tributaria" obtenida por los peritos en las bases de datos de contribuyentes, el presidente de la Diputación de Castellón obtuvo en 1999 retribuciones por un total de 73.136 €. Por este ejercicio fiscal, Hacienda le devolvió 2.783 € que, según su declaración, correspondían a la cuota diferencial. En 2000, sus rendimientos de trabajo alcanzaron los 78.618 € y la cuota diferencial se fijó en 1.611 €. Al año siguiente, Carlos Fabra apenas aumentó sus rendimientos de trabajo en 1.000 € y su declaración exhibe que la cantidad a devolver fue de 2.246 €. En la mayoría de los casos, Fabra no percibió estas cantidades sino que las compensó con el pago que debía efectuar su esposa, a la que la declaración sí le salía positiva.
Los ingresos por trabajo obtenidos en 2002 aumentaron hasta 83.636 €, mientras que éste fue el año, de los cinco investigados, que más dinero le salió a devolver ya que la cantidad se fijó en 4.230 €. Algo menos, 3.109 €, fue lo que percibió en 2003 después de declarar unos rendimientos de trabajo de más de 88.000 €, mientras que en 2004 percibió 3.286 de devolución de Hacienda con unos ingresos declarados de 91.304 €.
La declaración correspondiente al ejercicio fiscal 2004 también incluye otro tipo de ingreso, según señala la documentación, procedente de Loterías y Apuestas del Estado. Carlos Fabra obtuvo, entre septiembre y noviembre de este año, dos premios que alcanzaron un total de 16.261 €.
84. CASTELLÓ AVALA EL EMPADRONAMIENTO DE 117 RUMANOS CON DERECHO A VOTO EN CÁRITAS (17/05/07)
El Ayuntamiento de Castelló, gobernado por el Partido Popular, ha permitido el empadronamiento en la sede castellonense de Cáritas Diocesana (perteneciente al Obispado) de 117 rumanos que han utilizado esta misma dirección para solicitar el derecho a voto en las elecciones municipales del 27 de mayo, según datos a los que ha accedido este diario. Dicha situación implica que, gracias a un empadronamiento masivo en un único domicilio y al visto bueno del Gobierno local, más de un centenar de personas que no residen realmente en dicho edificio han sido inscritos en el censo electoral de la capital de la Plana.
Las condiciones de la sede de Cáritas Diocesana, que únicamente es un centro de asesoramiento sin ningún tipo de residencia o viviendas, imposibilita que los 117 votantes mencionados residan realmente en dicha dirección. Además, al margen de este empadronamiento, se desconoce si existe algún documento que demuestre la residencia de estas personas en Castelló.
La salida a la luz pública de esta circunstancia abre un capítulo más de dos polémicas que han copado de forma paralela la actualidad de las últimas semanas: la supuesta carrera por la obtención del voto rumano y las denuncias atribuidas al PP por el supuesto empadronamiento de habitantes ficticios en el censo electoral de varias localidades de Castelló. La gravedad de las supuestas alteraciones del censo electoral y una posible adulteración de los comicios municipales de mayo ha motivado que algunos de estos casos hayan sido incluso llevados ante la Fiscalía. Los empadronamientos constituyen un requisito ineludible para el acceso al derecho a voto y, en el caso de la capital de la Plana, el gobierno del Partido Popular dirigido por Alberto Fabra es el responsable de certificar la veracidad de las inscripciones.
De hecho, las autoridades municipales son responsables de ejercer el control del padrón de cara a impedir posibles malversaciones en el listado de ciudadanos castellonenses. Sin embargo, a fecha de hoy, el gobierno local no ha cuestionado la validez del empadronamiento según el cual 117 personas de nacionalidad rumana convivirían en la misma dirección.
85. LAS EMPRESAS DEL CUÑADO DE UN EDIL DE CALP LOGRARON SUBCONTRATAS POR SEIS MILLONES (17/05/07)
El empresario Francisco Artacho Tellado, cuñado del concejal de Aguas de Calp, Juan Roselló, del PP, se ha hecho con subcontratas para trabajos relacionados con obras de la red de agua potable en la provincia de Alicante por valor de seis millones de €.
Artacho y el concejal Roselló están imputados en el sumario abierto por el Juzgado número 2 de Dénia para esclarecer un supuesto sobrecoste en las obras de renovación de la red de agua de Calp. El proyecto fue adjudicado inicialmente a Aguas Calp, pero está firma lo subcontrató a la empresa Obras Hidráulicas de Levante, SL, propiedad de familiar del concejal. Los trabajos fueron adjudicados por 4 millones de €, pero un informe de la Universidad Politécnica tasó el valor real de las obras en 1,7 millones.
Francisco Artacho Tellado ha levantado en los últimos años un auténtico holding empresarial, integrado por al menos cinco firmas, todas vinculadas con trabajos del ciclo hídrico en la provincia de Alicante. Según un informe del Grupo Municipal Socialista de Calp, sobre la base de datos recabados en el Registro Mercantil, Francisco Artacho es administrados único de las siguientes mercantiles: Ingexpla, proyectos Manufacturas y Mantenimiento del Agua, SL, (Promagua) Monisara, SL, Artacho Roselló, SL, Fran y Willy, SL, e Instituto para la calidad de vida SL.
Mediante la firma Promagua, Artacho se hizo en 2006 con la subcontrata, por más de 2 millones de €, para el mantenimiento de la planta potabilizadora del municipio Ondara, gobernado por el PP. Esos trabajos fueron adjudicados primero a Aguas de Valencia, SA, empresa que también participa en el accionariado de Aguas de Calp.
En el caso de la sociedad Obras Hidráulicas de Levante, SL, el Registro Civil no contiene ningún dato que la vincule con Francisco Artacho. No obstante, el administrador de la empresa, Jesús Lara Santamaría, declaró ante el juez que su auténtico dueño es Francisco Artacho. La declaración de Lara Santamaría motivó la imputación de Artacho. Obras Hidráulicas de Levante, según el Registro Mercantil, hasta días antes de hacerse con la subcontrata de la red de agua de Calp se dedicaba al buzoneo de publicidad.
86. FABRA COBRÓ 841.000 € POR ASESORAR A EMPRESAS SIENDO PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN (19/05/07)
Carlos Fabra cobró entre 2000 y 2004 un total de 841.021 € por asesorar a siete empresas mientras era presidente de la Diputación de Castellón, según se desprende de la documentación que obra en poder del Juzgado número 1 de Nules, en el que se investiga al líder del PP castellonense y jefe de la corporación provincial por supuestos delitos de tráfico de influencias y fraude fiscal. Esa cantidad, que supera con creces los ingresos recogidos en sus declaraciones individuales a Hacienda, fue recaudada a través de la empresa Carmacas, SL, de la que era administrador único hasta que en 2004 le sustituyó una de sus hijas, Claudia Fabra Fernández.
Según Vicente Vilar, el empresario que denunció haber pagado a Fabra comisiones millonarias por sus gestiones políticas para agilizar la aprobación de productos fitosanitarios que él fabricaba, una parte del dinero fue ingresado a través de Carmacas, la firma de asesoría de la que era titular el político castellonense. En la documentación de Hacienda, en efecto, figuran ingresos de Naranjax, SL por valor de 107.707 € en dos pagos de 24.046 € en 2000 y de 83.660 en 2001, así como 55.773 € en 2000 procedentes de Comercial de Industrias Químicas Arcavi, SL. Ambas sociedades son propiedad de Vilar. Por otra parte, Artemis, 2000, SL, una empresa de la que eran accionistas al 50% las esposas de Fabra y Vilar, María Amparo Fernández y Montserrat Vives, respectivamente, pagó a la asesoría del dirigente del PP de Castellón 83.660 € en 2003.
Además de esas dos firmas, en la contabilidad de Carmacas, cuya sede social estaba situada en el propio domicilio de Carlos Fabra en Castellón, hay ingresos de 209.152 € entre 2000 y 2003 procedentes de Cottocer, SL, firma vinculada al empresario de la conocida industria cerámica Pamesa, Fernando Roig; de 316.183 € entre los años 2000 y 2004 de la Unión de Mutuas, en la que Fabra era consejero; de 60.101 € correspondientes a Libel XXI, SL, una empresa vinculada a María José Arquimbau y Francisco Molina, cuya firma Viveros Azahar Jardinería y Riegos, SA, es beneficiaria de concesiones de parques y jardines en la ciudad de Castellón, y de 8.441 € en los años 2001 y 2003 procedentes del Despacho Tirado y Asociados, del vicepresidente de Bancaja Antonio Tirado.
La asesoría de Fabra, a la que Hacienda llegó a devolver 7.772 € en el ejercicio de 2002 porque la declaración del impuesto de sociedades resultó negativa, dedicó la mayor parte de sus beneficios a una compra inmobiliaria en Madrid y al pago de diversos préstamos. Así, entre 2001 y 2003, Carmacas desembolsó un total de 739.545 € a Urbanizadora Somosaguas (el pago de 2003 fue especialmente voluminoso: 530.543 € en un solo ejercicio). Una hija de Fabra, Andrea, tiene residencia en Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid. Otra residencia de la familia Fabra en la capital madrileña, en la plaza de las Salesas, costó más de 900.000 € en esos años. La sociedad Carmacas pagó 33.764 € en 2000, 10.037 en 2001 y 9.200 en 2002 a Santander Consumer, así como 22.198 en cada uno de los años entre 2002 y 2004 a Bancaja. Ambas líneas de gasto corresponden a liquidaciones de préstamos bancarios.
La sociedad de Carlos Fabra, de otro lado, satisfizo retribuciones salariales a varios miembros de su familia. Borja Fabra Fernández cobró 2.604 € en 2000, 21.636 en 2001, 28.608 en 2002, 32.424 en 2003 y 32.424 en 2004 de la empresa de su padre. Su hermano Carlos Fabra Fernández cobró 1.974 € en 2001, 14.350 en 2002, 16.506 en 2003 y 6.091 en 2004. Ese último año, la propia esposa del dirigente castellonense del PP, María Amparo Fernández, recibió una retribución de 10.362 €.
La descoordinación y la lentitud en las investigaciones del llamado caso Fabra, que ha cambiado siete veces de jueces y fiscales, quedan de nuevo patentes en la documentación remitida por los peritos judiciales. Entre los 2.549 folios que recogen la información de "trascendencia tributaria" no se ha incluido la referente a uno de los cuatro hijos de Fabra. Concretamente, falta la de Andrea, casada con el consejero de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes. El olvido podría retrasar el informe pericial definitivo.
87. EL 'NÚMERO DOS' DE FABRA ACAPARA FINCAS SIN REGISTRAR QUE LE DONARON VECINOS DEL PUEBLO EN EL QUE GOBIERNA (22/05/07)
El 'número dos' de Fabra acapara fincas sin registrar que le donaron vecinos del pueblo en el que gobierna
Francisco Martínez, vicepresidente de la Diputación de Castellón por el PP y mano derecha de Carlos Fabra, ha incrementado su patrimonio con terrenos que no estaban inscritos en el registro de la propiedad. Un total de 13 de las 16 fincas que actualmente posee en el término municipal del que es alcalde, Vall d'Alba, le han sido entregadas como donación.
De ellas, 11 le fueron regaladas por particulares mediante un curioso mecanismo: dos funcionarios municipales reconocían a los supuestos propietarios legítimos de los terrenos sin escriturar y estos se los donaban a continuación al primer edil. El vicepresidente de la Diputación de Castellón ya ha obtenido beneficios de uno de esos terrenos que le salieron gratis, puesto que lo vendió por más de 150.000 €. Por otra parte, Martínez ha promovido y aprobado desde el ayuntamiento la recalificación de algunas sus nuevas posesiones.
Llegó a la alcaldía de Vall d'Alba, que pretende revalidar el próximo 27 de mayo, en 1991 y cinco años después comenzó a formar parte del equipo de Carlos Fabra, de quien es uno de los hombres fuertes. Vall d'Alba es un municipio de unos 3.000 habitantes cuyo censo está siendo investigado por la fiscalía después de que se detectara un incremento masivo de votantes que el propio ayuntamiento no pudo justificar. Además, mismo, el PSOE denunció que en Sant Jordi, la localidad que preside otro de los vicepresidentes de la Diputación de Castellón, Luis Tena, están empadronadas hasta 18 personas en domicilios del propio alcalde y de otros dirigentes del PP.
De los 380.000 m2 que componen el patrimonio del alcalde de Vall d'Alba, 225.000 le han salido gratis. Sus padres le donaron 45.000 metros y el resto procede de los regalos de particulares. Martínez ha comprado otros terrenos rústicos que, desde el ayuntamiento, ha recalificado al menos en dos ocasiones. En uno de los casos, la parcela ha pasado a formar parte del área donde una de las más importantes empresas de Castellón construirá una urbanización con campo de golf. Asimismo, el dirigente del PP compró, junto a un pequeño promotor, otra parcela que se ha convertido en edificable.
Francisco Martínez ha hecho suya, junto a su madre y en los últimos seis años, una superficie similar a la de 47 campos de fútbol. La mayoría del suelo está en el mismo municipio del que es alcalde, mientras que una pequeña porción pertenece al cercano Borriol. En total son 380.000 m2, en su mayoría rústicos, por los que ha desembolsado alrededor de 500.000 €, muy poco para los precios de la zona porque en su mayor parte no tuvo que pagar las adquisiciones. De hecho, sólo en una de las fincas que sí pagó abonó 285.733 €.
Para hacer efectivas las donaciones, Martínez recurrió a un sistema especial que prevé la ley. De las doce fincas donadas al alcalde, sólo dos figuraban en el Registro de la Propiedad. El artículo 205 de la Ley Hipotecaria permite inscribir bienes no registrados siempre que existan testigos que "acrediten de modo fehaciente haber adquirido el derecho con anterioridad". Así, hasta en una decena de ocasiones, fueron las mismas dos personas las que acudieron al notario: dos funcionarios del Ayuntamiento de Vall d'Alba que preside Martínez.
El número dos de Fabra justificó la acumulación de patrimonio apelando a la legalidad. Según dijo, todas las donaciones son "legales y están declaradas". Martínez añadió: "Cualquier ciudadano puede recibir una donación de sus padres o de su familia y no existe ninguna ilegalidad".
El vicepresidente de la Diputación recibió, de una misma persona, hasta siete fincas, de las que sólo había inscritas dos. Así, las inscripciones en el registro de la propiedad se realizaron con los dos funcionarios del consistorio como testigos, salvo en un caso en que la acreditación consistió en una certificación del propio Ayuntamiento expedida cuatro meses antes de la donación. La misma persona donó otra parte de su patrimonio al Ayuntamiento para un proyecto de construcción de viviendas tuteladas. Poco después, Martínez auspició que el ayuntamiento dedicará una plaza a la familia de la "donante".
De las otras cinco fincas regaladas a Martínez, una procede de su propio padre, que tampoco la tenía inscrita en el registro por lo que, de nuevo, hubo que recurrir a los dos funcionarios del ayuntamiento como testigos. Es una finca de más de 20.000 m2, tasada en 4.808 €. Las 4 fincas restantes que recibió como regalo, de más de 38.000 m2, proceden de cuatro titulares diferentes, todas ellas están en la misma partida, Bornell, y tienen un valor, según el registro, de 11.000 €. Los padres del vicepresidente de la Diputación de Castellón adquirieron además otras siete fincas, que sí pagaron y que inscribieron a su nombre.
88. EL ALCALDE DE VALL D'ALBA VENDIÓ POR MÁS DE 150.000 € UNA FINCA DONADA (21/05/07)
El alcalde popular de Vall d'Alba, Francisco Martínez, vendió por más de 150.000 € una de las 12 fincas inscritas a su nombre gracias a que le fueron donadas por diversos particulares. El también vicepresidente de la Diputación de Castellón, mano derecha del titular de la Corporación provincial, Carlos Fabra, es propietario de 12 fincas, que suman un total de 180.000 m2, que le fueron donadas por particulares. El Ayuntamiento de Vall d'Alba ha recalificado al menos dos de las parcelas con las que el alcalde ha engrosado su patrimonio.
El primer edil comparte otra parcela con un pequeño promotor de la zona Francisco Martínez, alcalde de Vall d'Alba (Castellón), del Partido Popular, y vicepresidente de la Diputación de Castellón, obtuvo 151.170 € por la venta una finca que había recibido previamente como donación por parte de un particular. El terreno, de más de 16.000 m2, se encuentra en la partida la Basa de la misma localidad que preside Martínez y, según la documentación del registro de la propiedad, fue inscrito a su nombre en el año 2002. Tres años después, Martínez vendió el suelo a una de las empresas del constructor Grupo Lubasa por más de 150.000 € cuando, según el mismo registro, el valor de la donación que él recibió años antes era de 1.202 €. Sin embargo, poco después, el suelo incluso ha sufrido una revalorización ya que la sociedad Obras y Negocios se la vendió a su vez a otra empresa del grupo Lubasa por 391.954 €.
La donación de la finca se realizó con el mismo método con el que Francisco Martínez ha recibido otra docena de fincas donadas por particulares y al margen de las que le han "traspasado" sus padres. Este sistema está regulado por la Ley Hipotecaria y se refiere a la posibilidad de inscribir una finca que no está incluida en el registro de la propiedad cuando quien dice ser el titular de la misma se presente con dos testigos que así lo atestigüen. Como en casos anteriores, dos funcionarios del Ayuntamiento de Vall d'Alba, que gobierna el propio Martínez, confirmaron la titularidad del vecino sobre la finca para, a continuación, cedérsela al alcalde del municipio. Éste tuvo que realizar una inscripción aclaratoria en el registro antes de vender la finca y ante la equivocación sobre la porción de suelo que formaba parte de la donación. Al día siguiente de inscribir la rectificación, Francisco Martínez vendió el terreno a Lubasa, tal como figura y así fue recogido en el mismo registro de la propiedad. Además, tras la primera operación de compraventa, el suelo sufrió otro cambio de titularidad ya que la empresa del grupo Lubasa se la vendió a una segunda firma del grupo, Construcciones Lidón.
Por otra parte, una de las tres fincas que están inscritas a nombre de Francisco Martínez previo pago de su valor (el resto, hasta 15, son donadas) no está inscrita únicamente a su nombre. El vicepresidente de la Diputación de Castellón comparte la titularidad del terreno con un pequeño promotor de la zona. El terreno, de poco más de 8.500 m2, fue adquirido, según el registro de la propiedad, por 285.000 €. Este promotor también figura como actual propietario de otras dos fincas que pertenecían a los padres de Martínez, que cedieron a su hijo, al menos, otras siete propiedades rústicas, en algunos casos, el mismo día de su adquisición. Y en algunos casos echaron mano también del artículo 205 de la Ley Hipotecaria, que permite inscribir bienes no registrados siempre que existan testigos que "acrediten de modo fehaciente haber adquirido el derecho con anterioridad".
89. UN JUEZ ANULA UN PAI EN XIXONA CON 5.500 CASAS POR SER CONTRARIO AL INTERÉS GENERAL (24/05/07)
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha declarado nulo el convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de Xixona, gobernado por el PP, y un promotor para desarrollar un PAI que ocupa siete millones de m2 y prevé 5.500 casas. En la sentencia, el magistrado resalta que la iniciativa urbanística no responde "al interés público". La resolución judicial se produce a raíz de un recurso del PSPV. Mientras, el Tribunal Superior de Justicia ha suspendido definitivamente el PAI de la Serreta, en plena huerta del término de La Nucia.
El magistrado estima de esta forma el recurso interpuesto por el Grupo Municipal Socialista contra el acuerdo de la junta local de gobierno del 22 de noviembre de 2005 mediante el cual se aprobó un convenio urbanístico entre el Consistorio y la mercantil Construcciones Valencia Constitución, SL, para desarrollar el PAI denominado Sector Residencial Golf Xixona, al sur del término del municipio. El programa urbanístico ocupa siete millones de m2 y prevé un campo de gol y 5.500 nuevas viviendas, extremo que duplicaría el censo actual de la localidad (7.500 habitantes). La iniciativa estaba incluida en la propuesta de concierto previo del Ayuntamiento para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), documento ya validado por el Consell.
En el recurso, los socialistas aseguraban que el convenio constituía un fraude de ley, no se ajustaba a la normativa reguladora de los contratos de las administraciones públicas por ser "irrelevante o perjudicial" para el interés público. Este último aspecto es asumido por el juez en la sentencia, que textualmente dice: "La causa del convenio es el interés del aspirante a urbanizador en la ampliación del sector a la mencionada superficie de terrenos. Causa que, habida cuenta su carácter marcadamente privado, encuentra difícil encaje en los intereses públicos que han de satisfacerse mediante los convenios en general, y los urbanísticos en particular".
El Grupo Municipal Socialista asegura que la sentencia no sólo anula el PAI sino que, además invalida el concierto previo para la elaboración del nuevo PGOU de la localidad. Mientras, Eugenio Burriel, secretario de Urbanismo y Vivienda de la ejecutiva del PSPV, considera que la anulación de ese PAI "deja nuevamente en evidencia la política del PP, que persigue el interés de unos pocos y no el de todos los valencianos". Burriel subraya q ue el convenio anulado "contaba con el beneplácito del Consell, que hace poco ha dado el visto bueno al concierto previo que incluye este descomunal PAI".
90. FABRA GASTÓ EN 2004 EL DOBLE EN PAGAR PRÉSTAMOS DE LO QUE INGRESÓ (24/05/07)
Carlos Fabra y su esposa gastaron en 2004 el doble en amortizar préstamos de lo que declararon a Hacienda haber ingresado. El presidente de la Diputación de Castellón pagó un total de 131.000 € como amortización de dos créditos hipotecarios que tenía vigentes. Sin embargo, según la documentación fiscal que obra en poder del juzgado de instrucción número 1 de Nules, que instruye el llamado caso Fabra, sus ingresos declarados ascendieron a 100.621 €, teniendo en cuenta su sueldo como cargo público y los valores que entonces poseía y de los que extraía rendimientos.
El mismo año, su esposa, Amparo Fernández, hizo frente también al pago de su parte proporcional de dos créditos hipotecarios, de los que amortizó 225.631 €. Fernández declaró ese ejercicio un total de 84.608 € de ingresos, procedentes de sus retribuciones y del rendimiento de otros bienes. Fabra y su esposa amortizaron en total más de 355.000 € en préstamos durante un año en el que sólo declararon haber ganado 185.229.
El juzgado investiga las cuentas que Fabra declaró a Hacienda, así como las de todos los miembros de su familia después de que la Agencia Tributaria presentara denuncia por presunto fraude fiscal en el ejercicio de 1999. Ese año, además, Fabra ingresó, en pequeñas cantidades y en distintas cuentas, cerca de 600.000 € de los que aún no ha justificado la procedencia, ya que se acogió a su derecho a no declarar ante la juez. La investigación fiscal se ha unido a la iniciada por la posible comisión de delitos de tráfico de influencias y cohecho, después de que un empresario le acusara de cobrar "cantidades millonarias" por mediar ante la Administración para tratar de agilizar licencias de productos fitosanitarios.
91. LA VICTORIA EN TRES PUEBLOS DE CASTELLÓ CON CENSOS INFLADOS SE DECIDIÓ POR ESCASO MARGEN (30/05/07)
Los casos de supuestos censos inflados pueden haber tenido una importante incidencia en el resultado electoral de algunas localidades castellonenses en las que la delgada frontera entre la victoria de los populares y la derrota socialista se ha traducido en un puñado de votos. En Fanzara la diferencia entre el PP y el PSPV ha sido de 13 papeletas, que finalmente han caído de lado de los populares. En ese municipio se han registrado 107 casos relacionados con alteraciones o manipulaciones en el padrón municipal, un dato que podría haber decantado la balanza de uno u otro lado. Según datos del Ministerio del Interior, en Fanzara el PP ha logrado 193 votos frente a 180 del PSPV-PSOE.
También en Salzadella los censos inflados han podido afectar al resultado final de los comicios - en su día la oposición de la Plataforma Antivertedero aireó hasta 33 supuestos casos - . Las denuncias pueden no tener trascendencia después de que Junts Per Salzadella haya ganado las elecciones por un ajustado margen de 46 votos. En Sant Jordi, las irregularidades que afectan a 250 censados, caso de demostrarse, han podido tener una incidencia directa en los comicios. Los 482 votos del PP y los 110 del PSPV arrojan un margen que podría equilibrarse de ser ciertos los casos investigados.
El balance final en Santa Magdalena de Pulpis, otra de las localidades afectadas por los escándalos de la campaña, arroja un resultado positivo, pero estrecho, para el PSPV-PSOE: 321 votos frente a 293. En su día, las denuncias contra los populares se centraron en 60 supuestos censos que podrían haber sido adulterados. En el resto de localidades bajo sospecha no parece que el crecimiento inexplicable de censos electorales pueda pasar factura. En Cabanes las denuncias de supuestas irregularidades en los censos se refieren a 30 casos, que difícilmente pueden haber afectado a la rotunda victoria del PP sobre el PSPV (1.011 votos para los populares por 539 de los socialistas, es decir un margen de 472 papeletas). Tampoco en Vall d'Alba las denuncias pueden alterar el resultado final: la diferencia de 689 votos para los populares queda lejos del más del centenar de supuestos casos de censos inflados. En Argelita el PP ha ganado las elecciones por 11 votos mientras que las denuncias hablan de 31 supuestos empadronamientos al margen del procedimiento, si bien es cierto que la mayoría de las personas afectadas finalmente no han podido ejercer su derecho al voto.
El posible hinchamiento del censo de Beniparrell -denunciado por los independientes en la precampaña- no ha tenido consecuencias en el resultado electoral. Según las denuncias realizadas ante la Junta Electoral, la formación responsable del empadronamiento ficticio de personas es Esquerra Unida y se da la circunstancia que este partido ha dejado de ser, por primera vez en su historia, el partido más votado de Beniparrell. Según ha podido saber este diario, las personas censadas, presuntamente, de manera irregular fueron a votar el domingo pero ni así EU pudo mantener los cuatro concejales con los que contaba.
José Ramón Grao (UV), volverá a gobernar con mayoría absoluta en Dos Aguas tras conseguir el 51,70% de los votos y 4 ediles. Sobre Grao pesan sendas denuncias a la Fiscalía del TSJ por engordar el censo con personas de otras poblaciones que en los últimos meses supuestamente ha ido empadronando. En las últimas municipales votaron en la población 549 personas -una participación del 92,66%-, mientras que en los comicios de 2003 votaron 476.En Zarra donde también se ha presentado una denuncia contra el alcalde, Juan José Rubio, por los mismos motivos, votaron un total de 415 personas -un 91,53% del ceso- frente a las 384 personas que lo hicieron en 2003.
92. UNA JUEZ CONDENA AL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE POR TRATO DE FAVOR A ORTIZ EN UNA CONTRATA (06/06/07)
El Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Alicante dictó una sentencia el pasado 16 de abril en la que condena al Ayuntamiento de Alicante, que preside el alcalde del PP, Luis Díaz Alperi, a abonar a una empresa el beneficio que dejó de ganar después de que el Consistorio concediera de forma "injusta" un contrato a Enrique Ortiz. El contrato en cuestión adjudicaba el servicio de la limpieza y mantenimiento del Cementerio, así como la ejecución de las actividades funerarias por un importe de 765.000 € para dos años, y recibió luz verde en la Junta Local del Ayuntamiento de Alicante el 11 de abril de 2005, según informó el periódico La Verdad.
A dicho concurso se presentó Enrique Ortiz y una UTE formada por Secopsa Servicios y Contratas Prieto. La concejal socialista, Antonia Graells, en aquella ocasión denunció "irregularidades" en los criterios de baremación, ya que no se otorgó a la oferta más económica, según recordó la edil.
La juez, en la sentencia, se muestra muy crítica con la actuación del jefe del área de Servicios y Mantenimientos del Ayuntamiento, Pablo Suárez y de sus colaboradores. "Es sorprendente el empeño del técnico municipal en desacreditar la oferta de Prieto", menciona en la sentencia la juez, que también asegura que "da la impresión de que el resto de las puntuaciones exageradamente bajas concedidas a Prieto (...) son evidentemente tendenciosas con el objeto de favorecer a Ortiz, desde el momento en que en ningún momento lo justifica con todo detalle".
La magistrada estima la demanda interpuesta por una de las mercantiles perjudicada en el concurso y considera que perdió el contrato porque el informe municipal "incidió en arbitrariedad, desviación de poder y violación de los principios de objetividad, igualdad y libre concurrencia que deberían haber regido la licitación". La sentencia condena al Ayuntamiento de Alicante a abonar a las dos empresas que optaban conjuntamente al contrato el beneficio que han dejado de percibir, cuantificado en un 6% correspondiente al beneficio industrial de todas las certificaciones facturadas por la mercantil de Enrique Ortiz por los trabajos realizados en la ejecución del contrato.
La sentencia fue comunicada al Ayuntamiento de Alicante el pasado 24 de abril y éste puede presentar un recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Ningún responsable municipal del PP quiso valorar la sentencia.
La sentencia vuelve a poner de actualidad el presunto trato de favor del alcalde de Alicante hacia el empresario Enrique Ortiz, imputado junto al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, en el proceso judicial sobre el sobrecoste en la construcción de dos aparcamientos en Alicante. Enrique Ortiz planea también ejecutar el mayor plan urbanístico en Alicante al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que es el Plan Rabassa, con la construcción de 15.000 viviendas sobre una parcela de 1.200.000 m2.
93. TORREVIEJA APRUEBA 1,2 MILLONES EN FACTURAS FUERA DEL PRESUPUESTO (06/06/07)
El Instituto Municipal de Cultura de Torrevieja aprobó facturas por 1.185.531,51€ a través de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, según confirmó el portavoz de Los Verdes, José Manuel Dolón. Son cerca de medio millar de facturas del último semestre de 2006 autorizadas fuera del presupuesto. "Es una forma habitual de gestionar", dijo Dolón que recordó cómo los pagos extraordinarios han llegado al juzgado por la adjudicación de la construcción de dos centros escolares cuyo coste final excedió en un 90% el precio de la adjudicación. La denuncia fue archivada.
El concejal de Esquerra Unida, José Manuel Martínez, acusó al PP de "dilapidar el presupuesto en pagos irregulares contraídos sin ajustarse a la legalidad". Opinó que el PP "sigue sacando de los cajones facturas de gastos contraídos de manera ilícita" sin ajustarse, dijo, a la Ley de Contratos de las AA.PP. Por ello, estimó que se podría tratar de "malversación de fondos públicos". Martínez Andreu puso como ejemplo los pagos realizados en junio de 2006, cuando se abonaron facturas que sobrepasaron los 900.000 €, como por ejemplo 96.802 por el alquiler de sillas, 78.300 por el servicio de sonido y 35.000 en seguridad privada.
94. EL EDIL ENCARCELADO POR CORRUPCIÓN DEJA EN EVIDENCIA AL PP AL NO RENUNCIAR AL CARGO (07/06/07)
Javier Bru, número dos del empresario Ángel Fenoll y, a su vez, concejal electo del PP en Albatera, encarcelado en el marco de la operación judicial contra la corrupción en La Vega Baja, no renunciará al cargo, según confirmó su letrado, después de presentar un recurso solicitando su libertad bajo fianza. El presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, en contra de su opinión inicial favorable a la renuncia del edil, eludió comentar la decisión del Bru, "porque el caso está bajo secreto del sumario y desconocemos de qué se le acusa".
Javier Bru es gerente de la sociedad Colsur, SA, empresa matriz del grupo del industrial Ángel Fenoll. Bru fue elegido concejal en la localidad de Albatera, como número 9 de la candidatura del PP, en las elecciones municipales del pasado día 27 de mayo. Mariano Bo, abogado del gerente, aseguró que éste no renunciará al cargo de concejal, "porque sería reconocer su culpabilidad", precisó. "Bru no tiene conciencia de haber cometido ningún hecho ilícitico ni en el plano penal ni moral", explicó el letrado.
El presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, eludió comentar la decisión del Bru de mantener el acta de concejal. "El caso está bajo secreto del sumario y, por tanto, desconocemos de qué se le acusa", aseveró. Este comentario de Ripoll difiere de su opinión inicial expresada el día del arresto de Bru, el pasado 31 de mayo, cuando el máximo dirigente de los conservadores alicantinos se mostró a favor de la renuncia de Bru al acta de concejal.
El letrado de Bru justificó la petición de libertad bajo fianza para su cliente en el hecho de que "no existe alarma social". "No es un peligro para la sociedad y mi cliente no se va a fugar de la justicia". El abogado negó que Bru sea la "mano derecha de Fenoll" y aseguró que es "un trabajador más de la empresa".
Tres días después de obtener el acta de concejal, Bru, junto al empresario Fenoll, tres familiares más de éste y un detective privado, fueron arrestados en el marco de la operación policial contra la corrupción en La Vega Baja. La investigación, que dirige la titular del Juzgado número 3 de Orihuela, la magistrada Nuria Soler, se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que apreció delitos de extorsión, cohecho y tráfico de influencias en un supuesto intento de soborno, recogido en una grabación, por la contrata de basura de Orihuela.
La cinta reproduce una conversación entre el empresario Fenoll y el portavoz del Centro Liberal en el Ayuntamiento de Orihuela, Jesús Ferrández. En un momento del encuentro, el concejal revela al industrial que una firma aspirante a la contrata, la mercantil Urbaser, ha ofrecido supuestos pagos ilegales a concejales por concesión del servicio. Aparte del supuesto soborno, la juez también investiga un posible cohecho por el contrato del plan zonal de residuos sólidos de La Vega Baja, que tiene que adjudicar la Diputación de Alicante, y supuestas ayudas del industrial Fenoll para la campaña de los partidos políticos.
Durante la operación policial que concluyó con los seis arrestos, los agentes de la brigada de delitos económicos de Alicante también se incautaron de más grabaciones comprometidas realizadas por Fenoll a otros políticos y empresarios. La juez del caso está a la espera de conocer con detenimiento el contenido de esas grabaciones para ordenar una segunda fase de la operación para desentrañar la trama de corrupción político-empresarial en la comarca de La Vega Baja.
95. EL ALCALDE DE LA VILA RECONOCE QUE HA EJERCIDO DE MÉDICO SIN TÍTULO Y DIMITE (08/06/07)
El alcalde de La Vila Joiosa, José Miguel Llorca Senabre, del PP, reconoció que ha ejercido como médico sin titulación oficial y sin estar colegiado y presentó su dimisión. El ex regidor comunicó su renuncia al cargo mediante una nota oficial remitida a los medios de comunicación que textualmente dice: "Me desnudó ante vosotros. Es cierto que mi situación personal me impidió completar los estudios de Medicina", Llorca ha ocultado su condición de falso médico tanto a la ciudadanía como al PP desde 1999 cuando ganó la alcaldía con mayoría absoluta.
No pudo aguantar la presión y ante la evidencia al alcalde de La Vila Joiosa arrojó la toalla y anunció anoche que renunciaba al acta de concejal electo obtenida el pasado 27 de mayo. En el escrito de dimisión el primer edil en funciones asegura: "Fue un gran error [no acabar la carrera y ocultarlo] por el que ahora asumo mi responsabilidad. Quien de vosotros tenga la capacidad de perdonar que me perdone, y quien no que me disculpe". La dimisión de Llorca se gestó a lo largo de la jornada de cuando le fue imposible demostrar a la dirección regional del PP y a sus compañeros que sí tenía la titulación oficial para ejercer de galeno. Ante la evidencia y presionado por la dirección regional del PP, Llorca hizo efectiva su dimisión al final de una reunión de militantes del PP de la que se ausentó y delegó en el secretario local, Jerónimo Lloret, la lectura del comunicado.
El alcalde de La Vila ha ocultado esta falso dato de su currículo profesional durante toda su vida. Antes de 1998, cuando empezó a pasar consulta en la clínica La Creueta, de la que era presidente, todos pensaban que era licenciado en Medicina. Durante dos años adquirió fama y prestigio en la localidad como un galeno "eficaz y atento", en palabras de sus pacientes. Llorca se valió de la actividad profesional como trampolín para lanzarse a la política, de hecho, en 1999 fue elegido alcalde con mayoría absoluta. Todos sus electores y compañeros de corporación estaban convencidos de que tenían un médico en la alcaldía. Al acceder al cargo de primer edil, Llorca dejó la práctica de la medicina, pero no así la titularidad de la clínica La Creueta, de la que se desvinculó definitivamente en 2003.
Pese al masivo y colectivo engaño en su despedida Llorca no tuvo pudor y arremetió contra los sectores ciudadanos y medios de comunicación que en su opinión le han criticado sin fundamento: "No ha sido un camino de rosas. Al contrario. Las zancadillas han sido constantes y cada logro ha sido lamentablemente acompañado de una persecución implacable y a la vez despreciable. Me han perseguido en los juzgados a través de querellas y denuncias falaces, repletas de injurias, calumnias y mentiras. Y es una persecución tan cruel que incluso ahora invade mi personal", se lamenta Llorca en su nota de despedida.
El alcalde dimisionario además de ejercer la medicina sin titulación tampoco estaba dado de alta en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante. Su presidente, Ricardo Ferré, expresó su sorpresa por esta situación. Ferré desveló que Llorca hace unos días le llamó para pedirle una cita personal y explicar su situación "pero nunca vino a verme". El presidente del Colegio tras consultar con los servicios jurídicos señaló que no hay denuncia alguna y el supuesto delito de intrusismo profesional ha prescrito al haber ocurrido hace más tres años.
Sin embargo, la ambición política y de poder de Llorca Senabre eran insaciables. En estas elecciones figura en el puesto 22 de la lista autonómica del PP por Alicante y podría ocupar un escaño en las Cortes tras el nombramiento del nuevo Consell y de los directores generales que provocará un avance en la lista. Durante toda la jornada de las presiones fueron constantes, y las fuertes llegaron desde la dirección regional del PP en Valencia, con Francisco Camps a la cabeza. Algunos de los colaboradores más próximos a Llorca llegaron a comentar que el propio presidente regional del PP le había exigido su renuncia.
La férrea decisión de los campistas de hacer dimitir al alcalde contrastó con la tibieza expresada durante toda la jornada, y en los últimos días, por el presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, del sector zaplanista. La primera ausencia destacada del alcalde fue no acudir a una comida en Finestrat con Ripoll y sus compañeros de la comarca. "Habíamos quedado en que íbamos a recogerle, pero a última hora me ha llamado y ha dicho que no podía venir", admitió el propio Ripoll, que en esos momentos minimizó la polémica y recordó que "a Llorca no le votan por médico. Son cuestiones que están al margen de la política. Mi ilusión es que vuelva a ser alcalde el día 16", añadió.
Personas de su más estricta confianza explicaron que el primer edil estaba desolado ante las acusaciones. Sobre esta situación en su comunicado el alcalde atribuyó "el cruel y desaforado ataque a mi vida personal" en un intento de excluirlo de los pactos para conformar nuevo gobierno municipal. "Me han querido excluir del diálogo", precisó sin concretar las personas que le habían marginado. Llorca sigue, de momento, como presidente local del PP, no obstante, su partido se reunirá en breve para analizar la militancia de Llorca.
96. EL ALCALDE SALIENTE DE ORIHUELA TRATA DE APROBAR PAGOS PENDIENTES A FENOLL ANTES DE MARCHARSE (08/06/07)
La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Orihuela "dio cuenta" de facturas pendientes por valor de más de un millón de € que deberán abonarse ya por el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito en el próximo mandato. Entre los abonos figuran servicios cuyo coste reclama la empresa Colsur. El gerente de esta mercantil, Ángel Fenoll, ingresó en prisión provisional el pasado sábado, en el marco de la Operación Brugal. No ha trascendido el importe de los trabajos que se le adeudan a Colsur-Proambiente sobre el total de esa suma. La intención de la Alcaldía a la hora de trasladar este asunto a la junta de gobierno es que "quedara" alguna "constancia oficial" de la existencia de ese expediente en la contabilidad municipal antes de irse.
La mayoría de los reconocimientos extrajudiciales de crédito tienen esa condición en la contabilidad municipal por dos razones fundamentales. Porque son gastos que no corresponden a la anualidad presupuestaria de 2006 o porque incumplen la ley de contratos, aunque deben abonarse porque los servicios se han prestado. Entre los trabajos pendientes se encuentran sobre todo expedientes anteriores a 2003, pero también de 2004 y 2005 con servicios que no cumplen el "principio de anualidad, o la ley de contratos o ambas cosas" a las que se da finalmente el visto bueno con reparos. Medina intentó sin éxito el pasado jueves convocar una reunión de grupo municipal del PP para aprobar este reconocimiento extrajudicial a través de una comisión de Hacienda e incluso la convocatoria de un pleno anterior a la constitución de la nueva Corporación.
El secretario local del PP, Antonio Lidón, rechazó la iniciativa de Medina alegando que Lorente no estaba en Orihuela. Fuentes municipales indicaron que este expediente ha estado en varias ocasiones en la agenda de asuntos pendientes.
97. DETENIDO POR EXTORSIÓN UN INDUSTRIAL DE ALICANTE AFÍN AL PP (31/05/07)
La policía arrestó en Orihuela al industrial Ángel Fenoll, afín al PP, por un supuesto delito de extorsión. El empresario, junto a otras cinco personas -entre ellas un edil electo del PP- también detenidas, grababa reuniones con sus víctimas, políticos locales, para luego chantajearlas. La última grabación en ese sentido fue un supuesto soborno por la contrata de la basura del municipio, que motivó una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante.
La operación policial, coordinada por la magistrada del caso, la titular del Juzgado número 3 de Orihuela, se desarrolló en la mañana de en la localidad de Orihuela, donde radica la sede social de la mercantil del empresario Ángel Fenol, la firma Colsur, SL. También se realizaron inspecciones en las instalaciones de un vertedero que el industrial Fenoll explota en la pedanía del mismo municipio de La Murada. Previamente, los agentes arrestaron en su domicilio particular, en la localidad de Albatera, a Javier Bru, gerente de la firma Colsur. Bru acaba de ser elegido concejal en este municipio de la Vega Baja integrado en la candidatura del PP, donde ocupaba el número nueve.
Al filo del mediodía, la policía detuvo también en su domicilio, un chalé del pedáneo oriolano de La Aparecida, al industrial Ángel Fenoll y su hijo, socio en su actividad empresarial, Antonio Ángel Fenoll. Los tres detenidos fueron trasladados a las dependencias de la Comisaría Central de Alicante, donde al cierre de esta edición permanecían a la espera de pasar a disposición judicial. José Luis Zambudio, abogado del empresario, confirmó los arrestos, aunque declinó comentar el motivo de las detenciones. "La policía no me ha dejado hablar con ellos [Fenoll, su hijo y Bru]", dijo. "Tampoco sé a qué tipo de diligencias obedecen estas detenciones", añadió.
Aparte de estas detenciones, la policía arrestó a otras tres personas, entre ellas el detective privado que colaboraba con Fenoll en la grabación (en cintas DVD) de las reuniones con los políticos, cuya identidad no ha trascendido. Los agentes practicaron sendos registros en las oficinas de la sede social de la mercantil Colsur, SL, ubicada en el casco urbano de Orihuela, así como en las oficinas que el empresario tiene en la planta de recogida de basuras, de la pedanía de La Murada. La policía se incautó de documentación, así como de diverso material informático de los ordenadores de la empresa.
La titular del Juzgado número 3 de Orihuela abrió a principios de este mes diligencias para esclarecer un supuesto intento de soborno a concejales del Ayuntamiento por parte de una de las empresas aspirantes a la nueva contrata de la basura del municipio. El supuesto soborno está recogido en una conversación, grabada en DVD, entre Fenoll y el concejal del Centro Liberal, Jesús Ferrández. La investigación responde a una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante que aprecia un posible delito de cohecho en el contenido de cinta.
El departamento del ministerio fiscal que dirige Felipe Briones remitió los hechos al juzgado tras archivar primero una denuncia por supuestas injurias y calumnias del edil contra el empresario. La juez, tras tomar declaración a los dos protagonistas de la grabación, decretó el secreto del sumario de las actuaciones.
La mencionada grabación recoge sendas conversaciones, celebradas el 25 de octubre de 2005 y el 23 de febrero de 2006, entre el empresario y el político. En un pasaje de la charla, el concejal confiesa al industrial que una de las mercantiles aspirantes al concurso, la firma Urbaser, está dispuesta a ofrecer tres millones de euros en pago de comisiones por la adjudicación. El reparto de dinero sería así: dos millones para el alcalde, José Manuel Medina, del PP, y el concejal Antonio Franco, del mismo partido, y uno para Ferrández y el edil del PSPV Isidro Hernández. Éste dimitió un mes después de trascender a la opinión pública el supuesto soborno.
En la cinta, el concejal Fernández asegura que conoció la oferta de Urbaser en una anterior conversación con el constructor José Antonio Rodríguez Belmonte, propietario, entre otras, de la constructora San Antonio, y su abogado José Vicente Escudero.
Fenoll, que también aspiraba a la contrata, difundió la grabación el 21 de marzo de 2006 justo un día después de que la mesa de contratación del Consistorio iniciara los trámites para la adjudicación. Los técnicos puntuaron en primer lugar la oferta de Urbaser y la de Fenoll en tercera posición.
El último proceso judicial al que se enfrentó Fenoll fue por simular un siniestro laboral en una de sus empresas para cobrar el seguro. El industrial fue absuelto, pero el tribunal condenó a su hijo a 21 meses de cárcel por esos hechos.
98. EL JUEZ IMPUTA A FENOLL, SU HIJO Y EL EDIL DEL PP UN POSIBLE DELITO ELECTORAL (11/06/07)
La juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, Nuria Soler, incluye entre los cargos imputados a los tres encarcelados provisionalmente en el marco de la Operación Brugal (el empresario Ángel Fenoll, su hijo y un edil electo del PP de Albatera) un presunto delito electoral, según indicaron fuentes cercanas al caso. Entre las presuntas irregularidades investigadas se encontrarían la financiación por parte del empresario a partidos políticos y la compra de votos.
Según aseguraron las citadas fuentes, los tres encarcelados tras la investigación abierta por los juzgados oriolanos y propiciada por la Fiscalía Anticorrupción fueron preguntados por el fiscal Felipe Briones en las dependencias del Palacio de Justicia oriolano por "ayudas"a partidos políticos. La juez que investiga el asunto imputó al empresario, su hijo y el edil electo del PP un presunto delito electoral, además de los de amenazas, extorsión, tráfico de influencias y cohecho.
Ángel Fenoll es un empresario que la oposición municipal ha vinculado al PP. El mismo Fenoll estuvo celebrando el pasado 27 de mayo en las dependencias de la sede del PP el triunfo de la alcaldesa, Mónica Lorente. A los actos celebrados por el PP de Orihuela han acudido en numerosas ocasiones tanto familiares de Fenoll como el edil electo del PP de Albatera, Javier Bru, a quien se le pudo ver durante la inauguración de la nueva sede del PP de Orihuela.
Hace nueve días que la juez del Juzgado número 3 de Orihuela decretó el ingreso en prisión para Fenoll, su hijo y su gerente y edil electo por Albatera. Éste último no renunciará a tomar posesión de su acta de concejal, según su abogado, Mariano Bo. En su momento, las defensas alegaron que no había pruebas para la encarcelación. Recientemente, los letrados de los encarcelados han solicitado la puesta en libertad de sus clientes así como el levantamiento del secreto de sumario.
Antes de la comparencia de estos tres arrestados, la juez tomó declaración al hermano de Fenoll, un hijo de éste y al detective privado que colaboró con el industrial para grabar reuniones con otros empresarios y políticos locales. Fruto de una de esas grabaciones, en las que Fenoll habla con edil de CL, Jesús Ferrández, que le transmite un supuesto amaño para adjudicar la contrata de basuras de Orihuela a la empresa Urbaser a través de comisiones a cargos públicos, surge la investigación por parte de Anticorrupción. La juez decretó para estos tres detenidos la libertad provisional previo pago de fianzas de 30.000, 15.000 y 6.000 €, respectivamente.
99. EL TSJ ANULA EL PLAN GENERAL FORESTAL EN EL QUE SE APOYAN DECENAS DE PLANES URBANÍSTICOS (11/06/07)
EL Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha declarado nulo por ser "contrario a derecho"el Plan General de Ordenación Forestal aprobado en 2004 por la Generalitat Valenciana lo que obligaría a revisar todos los instrumentos urbanísticos aprobados con posterioridad a la entrada en vigor de esta norma y que estén apoyados en todo o en parte en alguna de sus disposiciones.
La sentencia es firme -tan solo cabía un recurso de casación que no fue presentado en su momento por la Generalitat- y aplicable desde el 26 de enero de 2007, cuando se dictó, aunque la conselleria de Territorio y Vivienda ha ocultado su contenido, ha permitido que los ayuntamientos y promotores siguieran presentando planes afectados por el Plan General de Ordenación Forestal (PGORF) e incluso aprobó una nueva normativa, el decreto 66/2007 de 27 de abril por el que se desarrolla el Registro de Terrenos Forestales Incendiados de la Comunitat Valenciana, que remite, para delimitar qué es "terreno forestal"al PGORF, que para entonces ya estaba declarado "contrario a derecho». La sentencia supone que cualquier inclusión en el registro de una zona incendiada sería también, si se recurre, "contraria a derecho"en cuanto que se basa en una delimitación del suelo forestal que también lo es desde el momento en que la decisión judicial anula el decreto 106/2004.
La sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana aceptó el recurso presentado por Jorge P. G. solicitando la anulación del decreto por carecer del "preceptivo informe del Consejo Forestal de la Comunidad Valenciana, así como del trámite de información pública a las Entidades Locales y al resto de las Administraciones Públicas afectadas..."Además, alegaba que el decreto omitió "el trámite de evaluación medioambiental"previsto en la ley valenciana.
Sobre el fondo del asunto, el demandante argumentaba que las "imprecisiones"del contenido normativo del PGORF "generan inseguridad jurídica proscrita por el artículo 9 de la Constitución Española». A la Sala del TSJ le ha bastado con analizar la primera parte del recurso para declarar nulo el decreto ya que considera que la omisión del preceptivo informe legal "determina... la nulidad de la aprobación de esta norma reglamentaria, de conformidad con la reiterada doctrina jurisprudencial..."
La Sala explica en sus razonamientos que las competencias para emitir un informe previo en materia forestal asignadas al Consejo Forestal de la Comunitat Valenciana en la ley 3/1993 fueron transferidas al Consejo Asesor de Participación de Medio Ambiente (CAPMA) por una ley, la de acompañamiento a los presupuestos, aprobada en 2003 por el Consell.
Víctor Navarro, uno de los portavoces de Acció Ecologista-Agró y representante de esta organización en el CAPMA, recordaba que en marzo de 2004 el entonces conseller de Territorio y Urbanismo, Rafael Blasco, decidió excluir del órgano asesor a Ecologistas en Acción y a Acció Ecologista-Agró, las dos voces más díscolas con las normativas que dictaba en materia de medio ambiente y los sustituyó por dos organizaciones de ámbito nacional: Seo/Birdlife y WWF/Adena.
100. EL AUDITORIO DE MÉXICO AVALA CON DOCUMENTOS QUE EL IVEX PAGÓ 1,8 MILLONES EN FACTURAS FALSAS (13/06/07)
La Agencia Tributaria no consintió que el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) se desgravara fiscalmente los 980.321 dólares que abonó en nueve cheques a la empresa irlandesa Midway International en concepto de gastos de organización del recital que Julio Iglesias ofreció en México el 10 de abril de 1999, dentro de la gira presuntamente promocional de los productos valencianos en el exterior. Tres meses después del concierto, Midway transfirió otros 822.113 dólares cobrados al IVEX desde el Arab Bank de Valencia a una cuenta secreta de Bahamas. Hacienda expresó sus dudas respecto a que las "empresas extranjeras"que cobraron por México y Shangai "hayan realizado los servicios facturados". "En ningún caso ha sido acreditado", remató la Agencia Tributaria antes de sancionar de 191.457 € al organismo público. En total, el IVEX pagó 1.802.434 dólares, unos 300 millones de pesetas de la época, que actualmente son 1,8 millones de €.
Las dudas de Hacienda las despejó el ex delegado del IVEX en México, Vicente Sendra, quien, primero ante el fiscal y después ante el juez Luis Carlos Presencia Rubio (que investiga la ejecución del contrato B del IVEX con Julio Iglesias que elevó el caché de 375 a 990 millones de pesetas libres de impuestos) demostró con papeles que Midway no participó en el evento. "No sé ni quién, ni qué es Midway porque no tenía nada que ver con el recital de México», declaró Sendra.
El montaje del concierto corrió por cuenta de Rac Producciones, empresa mexicana cuyo apoderado, Carlos Santos Pérez, presentó ante notario 23 documentos, entre ellos un par de contratos, que certificaban que Rac asumió los costes de organización a cambio de quedarse con los derechos del cantante y los ingresos de taquilla. La productora regaló 300 entradas al IVEX para atender compromisos de la misión comercial y libró un cheque de 800.000 pesos a la ONG Fundación México Unido.
Fueron las dos condiciones impuestas por Sendra. Todos esos documentos fueron entregados por éste último al fiscal para evitar cualquier duda sobre su comportamiento y el de Santos. Ninguno de los dos sabía que a miles de kilómetros una empresa llamada Midway cobró por los mismos conceptos. Vistos los fundados indicios de que la facturación de la firma irlandesa fue enteramente falsa desde el primer dólar, el juez pidió una comisión rogatoria para obtener la declaración del único actor que podía cerrar el círculo: el Auditorio Nacional de México. Su representante legal, Luis Norberto Cacho Pérez, compareció el pasado 27 de enero ante el representante de la Administración azteca, Enrique A. Vargas, para avalar que efectivamente fue Rac Producciones la que rubricó con la empresa que gestiona el Auditorio -el Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional (FUAAN)- un contrato, el 10 de marzo de 1999, por el que Rac abonaba como alquiler del recinto 87.000 pesos ( 8.700 dólares al cambio de entonces) o el 12% de los ingresos brutos de taquilla, la cantidad que resultara más alta. Además, se estableció el pago de 43.500 pesos (4.350 dólares) por cada una de las dos sesiones en las que quedaba inutilizable el Auditorio, el día del montaje y el de recoger los trastos del espectáculo Julio Iglesias en Concierto.
El titular del juzgado de instrucción 19 de Valencia quiso ratificar que el IVEX se desentendió de la organización al ceder a Rac los derechos del artista a cambio de no asumir ningún gasto de organización. Por ello envió una batería de nueve preguntas a modo de interrogatorio como testigo al representante del Auditorio Nacional. "¿Conoce usted el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) ". "Desconozco totalmente a dicho instituto". Luis Norberto Cacho fue así de tajante por dos veces en la declaración jurada.
Entonces, "¿Cuál fue la participación del IVEX en el evento musical ". "En nuestros archivos no aparece ninguna participación", dijo el representante del Auditorio, quien añadió que tampoco conocía a nadie del organismo público.
El representante del Auditorio Nacional aportó, además de copia del contrato rubricado por Pedro Baranda (por FUAAN) y Carlos Santos (en nombre de Rac), la liquidación de las cuentas del evento y la escritura de constitución de Rac. Toda esta documentación ha sido aportada al Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia.
101. TABARES VIVE Y TRABAJA EN TOKIO MIENTRAS LA POLICÍA LE BUSCA PARA QUE INGRESE EN PRISIÓN (14/06/07)
Mientras la policía le busca para que ingrese en prisión tras ser condenado por un delito de estafa , el ex director general del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), José María Tabares, vive y trabaja en Tokio (Japón), donde se encuentra desde antes de que la Audiencia Provincial de Valencia dictara una orden de busca y detención, hace ya seis meses. Respecto de su compañero en el banquillo de los acusados, el empresario francés, Jean Luc Lagier, su nombre figura como agente inmobiliario en la Costa Azul francesa, aunque no está confirmado que se trate de la misma persona.
Ambos fueron condenados a cinco años de cárcel por la Audiencia de Valencia -sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo-, por un delito de estafa. La Generalitat interpuso una querella por la desaparición de 10 millones de € de las arcas públicas a través de avales bancarios, para financiar una operación comercial con Túnez que permitiera a la multinacional Ford exportar coches al norte de África. No obstante, siguen sin cumplir esta condena, que ha sido recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional.
Durante este tiempo, José María Tabares ha estado ejerciendo su profesión en Japón y otros países del Lejano Oriente, como Corea, haciendo de mediador en relaciones comerciales internacionales. Es precisamente en la capital nipona donde tiene fijada su residencia provisional. Hay que recordar que fue allí donde se encontraba cuando en el otoño de 1999 fue cesado por el IVEX y la nueva dirección interpuso una querella contra él tras las reclamaciones bancarias que iban llegando a los juzgados.
Respecto a Jean Luc Lagier, su nombre aparece en el listado del Sindicato Nacional de Profesionales Inmobiliarios francés, donde consta que hay una empresa de la que una persona con este nombre es su agente. La inmobiliaria tiene dos delegaciones, una en Cannes y otra en Niza, y se dedica a la venta y alquiler de casas y apartamentos. Falta por confirmar que se trate de la misma persona.
El pasado mes de noviembre, la Audiencia de Valencia ordenó el ingreso inmediato en prisión de José María Tabares y de Jean Luc Lagier, después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena. Ya entonces, se encontraba en paradero desconocido ya que nunca recogió la notificación. Dos meses después, en enero de 2007, el presidente de este tribunal ordenaba que se expediese orden de busca y captura a la Dirección General de la Seguridad del Estado y de la Guardia Civil, órgano dependiente del Ministerio del Interior.
102. EL ALCALDE DE LA VILA INCURRIÓ EN FALTA AL ATRIBUIRSE EL TÍTULO DE MÉDICO (14/06/07)
El alcalde de La Vila Joiosa durante los últimos ocho años, José Miguel Llorca Senabre, del PP, habría vulnerando varios artículos del Código Penal al ejercer de médico sin título académico ni estar colegiado, según han confirmado a este periódico fuentes del caso. Tras reconocer el propio regidor esos hechos, la Fiscalía de Alicante abrió diligencia de oficio por un supuesto delito de intrusismo.
Según esas fuentes, además del presunto delito de intrusismo laboral por ejercer de médico sin serlo, Llorca ha incurrido ya en una falta por atribuirse un título que no posee, extremo recogido en el artículo 637 del Codigo Penal, que textualmente dice: "El que usare públicamente o indebidamente el uniforme, traje, insignia o condecoración oficiales, o se atribuyere públicamente la cualidad de profesional amparado por un título académico que no posee será castigado con la pena de localización permanente de dos a diez días o una multa de 10 a 30 días".
La Fiscalía ha abierto diligencias al apreciar indicios de delito en la conducta del regidor, y le ha citado a declarar el próximo lunes en la Audiencia de Alicante por un presunto delito de intrusismo al ejercer de médico sin haber realizado los estudios. El Código Penal establece condenas de hasta dos años de cárcel para el que ejerza como médico sin título y que además se publicite, como ha realizado Llorca a través de la web chemialcalde.com. El Colegio de Médicos renunció a pedir una investigación alegando que el presunto delito habría prescrito, ya que Llorca ejerció en el Centro Médico La Creueta desde 1998 a 1999. El alcalde sin embargo ha realizado asistencias durante todos los años en los que ha estado al frente del gobierno municipal, la última de ellas en un partido de rugby que presenció en plena campaña electoral.
Llorca renunció el pasado jueves a tomar posesión del acta de concejal en la nueva corporación y reconoció que no había finalizado sus estudios, lo que achacó a un "error de juventud". El regidor realizó su último acto público el martes 5 de junio, cuando este periódico publicó que no figuraba en el Colegio de Médicos ni había pagado las tasas por el título, lo que desencadenó los acontecimientos. Desde entonces ha desaparecido de la escena pública y ha delegado sus funciones en la primer teniente de alcalde, Loli Such.
103. CRISIS EN SANIDAD AL NEGARSE UN DIRECTOR GENERAL A AVALAR CONCURSOS DE BLASCO (17/06/07)
La crisis ha estallado definitivamente en la Consejería de Sanidad. El enfrentamiento soterrado entre su responsable, Rafael Blasco, y los principales altos cargos, ligados a su antecesor, Vicente Rambla, ha salido a la luz al negarse el director general de Recursos Económicos, Eloy Jiménez, a avalar con su firma tres concursos valorados en cinco millones de €, como ha comunicado a su entorno. Eloy Jiménez es hermano del anterior responsable del departamento de informática, Alfonso Jiménez, que salió de Sanidad tras un enfrentamiento con Blasco por el mismo motivo.
Los tres concursos fueron licitados por el responsable de Sanidad en funciones, Rafael Blasco, al límite de su mandato. No sólo se aceleró su convocatoria, sino también su tramitación y su resolución, que se produjo el viernes pese a los intentos de la Dirección General de Recuros Económicos de alargar el plazo. Ese mismo día, su responsable, Eloy Jiménez, comunicó a su entorno su negativa a ratificar con su firma las empresas seleccionadas. Y ello pese a las presiones recibidas desde las más altas instancias de la consejería.
La historia se repite ocho meses más tarde con protagonistas similares y un mismo trasfondo: la tensión entre Blasco y el equipo que heredó de Vicente Rambla, uno de cuyos más estrechos colaboradores fue Eloy Jiménez. Entonces fue precisamente el hermano de Eloy, Alfonso, quien chocó con el consejero de Sanidad. Era responsable del departamento de informática de la consejería y se plantó para hacer valer los informes de sus técnicos frente a los deseos de la dirección de Sanidad a la hora de adjudicar un suculento contrato de tres millones de €. En pleno enfrentamiento, Alfonso Jiménez presentó su dimisión, que quedó aplazada ante las presiones que recibió para no evidenciar en público la fractura existente en la consejería. Finalmente, salió de Sanidad en enero y Blasco situó en su lugar para recuperar el departamento de informática a Marc Llinares, un técnico de sistemas de la Consejería de Territorio y Vivienda, cuya dirección ocupó el propio consejero de Sanidad hasta mayo, antes de recalar en Sanidad. Llinares había estado antes al frente de informática en Salud Pública.
Ahora, ha vuelto a saltar la polémica -en un escalón sustancialmente superior- por el mismo motivo: la adjudicación de contratos. En este caso, la contratación beneficia a la unión temporal de empresas formada por Dimensión Informática y Desarrollos Documentales en el concurso 677/2007 relativo a un sistema informático de muestras biológicas para el Centro Superior de Salud Pública y dotado de 2,4 millones de €. Dimensión Informática en solitario ha obtenido el 678/2007 para otro soporte del mismo centro (1,8 millones) e Ingeniería de Software y Consulting en el 679/ 2007 para una página web sobre nutrición de 0,85 millones.
Tanto Desarrollos Documentales como Ingeniería de Software y Consulting son viejas conocidas en Salud Pública. Ambas han obtenido más de 150 contratos menores -sin publicidad, hasta 12.000 €- entre 2003 y 2007 en esta dirección general. Las reticencias ante la valoración técnica de las propuestas de las empresas (que estaban entre las ofertas económicas más desventajosas para la consejería) han llevado a Eloy Jiménez, encargado habitual de la firma por delegación, a no avalar esta selección. Una decisión que se produce cuando se disparan las quinielas sobre el destino que Francisco Camps tiene pensado para Rafael Blasco. Especialmente después de la sorpresa de los primeros movimientos en la presidencia de la Mesa de las Cortes o la portavocía del Grupo Popular.
104. VÍCTIMAS DEL METRO PIDEN QUE EL CONSELL RESPONDA DE UN DELITO CONTRA LA SEGURIDAD (18/06/07)
Familias de las víctimas que se opusieron al cierre en falso de la investigación sobre el accidente del metro en Valencia plantean una nueva batalla. No les basta la reapertura del caso decidida por la juez porque entienden que estrangula vías de investigación sobre la falta de medidas de seguridad ante un riesgo previsible y sobre la responsabilidad que se deriva de ello. Por tanto, recurrirán para que se practiquen pruebas encaminadas a probar que el Consell, a través de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, es responsable de un delito contra la seguridad de los trabajadores.
Doce familias de víctimas del accidente de la línea 1 del metro de Valencia, ocurrido el 3 de julio de 2006 en la estación de Jesús, no se conforman con la reapertura del caso dictada por la juez que instruye el caso, Nieves Molina. Para ellas, reabrir el caso bajo la premisa de que el único responsable fue el maquinista, aunque la existencia de una baliza de frenado hubiese evitado el siniestro, como reconoce la juez, no es suficiente. Coinciden con ella en que el riesgo era previsible, pero opinan que son responsables quienes no adoptaron la decisión de colocar una baliza que limitase la velocidad a la entrada de la curva donde se produjo el descarrilamiento, en el que murieron 43 personas y 47 quedaron heridas. Esa responsabilidad sería de la empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y, por tanto, del Consell, por un delito contra la seguridad de los trabajadores con efecto sobre los pasajeros del metro.
Así se lo van a defender ante la magistrada en sendos recursos. La juez dice en el auto que la baliza que limita la velocidad no fue considerada una medida de seguridad esencial por la Administración, ni cuando se creó la línea en 1988 ni en años sucesivos. Las familias de las víctimas consideran que el hecho de que no existiera esa medida cuando se creó la línea no exime de la obligación de incorporarla para minimizar riesgos objetivos cuando éstos se conocen. Las balizas de frenado automático no se instalaron, a pesar de las advertencias en actas del comité de seguridad que constan en la documentación de FGV.
La magistrada llega a sugerir que podrían ser responsables todos los que han tenido un papel en la gerencia de ese servicio público. Las acusaciones particulares no entienden cuál es el problema que se deriva de ello. Vicente Baeza, uno de los letrados, dijo : "Si son responsables, que se depure penalmente esa responsabilidad en los que no haya prescrito". Según el propio Baeza y Manuel Mata, también abogado personado en la causa, podría existir un delito contra la seguridad de los trabajadores porque es obvio que en el caso de la conducción de la línea 1 en el punto del accidente no se daban las medidas adecuadas. El maquinista asumía un riesgo al no tener alternativa para frenar si no era mediante su propia acción. Y ese riesgo existía para el maquinista, que falleció, y para los demás. El conductor no es el único sujeto pasivo, como cree la juez, según las acusaciones. Ponen ejemplos. ¿Qué ocurre si un autobús tiene un accidente porque los frenos que lleva no son los adecuados y los pasajeros resultan heridos? Esos pasajeros son víctimas de un delito contra la seguridad de los trabajadores, como los viandantes a los que les cae un obrero accidentado por un mal anclaje de un andamio. Por ello, las víctimas pretenden que se depuren responsabilidades penales en FGV y la consejería, que no destinaron el dinero para que la línea contara con la seguridad suficiente. De hecho, la baliza se colocó después del siniestro.
La responsabilidad penal, de todas maneras, es difícil de establecer. En el caso del cámping de Biescas (Huesca), donde murieron 87 personas a causa de una avalancha en agosto de 1996, la Audiencia Nacional acabó estableciendo, sólo por la vía civil, la responsabilidad de la Administración por mal funcionamiento de un servicio público, al no haber tenido en cuenta un riesgo cierto de un fenómeno imprevisible.
105. EL EX ALCALDE DE LA VILA ADMITE AL FISCAL QUE NO ES MÉDICO (19/06/07)
El ex alcalde de La Vila Joiosa, José Miguel Llorca, del PP, reconoció al fiscal que entre 1993 y 1999 ejerció como médico sin tener el título. El ex regidor compareció ante el fiscal Ramón Siles, que investiga si Llorca cometió un delito de intrusismo profesional. El representante del ministerio público señaló que ese supuesto delito podría haber prescrito y limitó su responsabilidad a una falta. Llorca ha dimitió también como presidente local del PP.
José Miguel Llorca, alcalde de La Vila en los dos últimos mandatos con mayoría absoluta, compareció , en calidad imputado, ante el fiscal Ramón Siles, que abrió una investigación de oficio tras reconocer el ex regidor que había trabajado de médico sin título y sin estar colegiado. Estos hechos llevaron a Llorca a renunciar también a su acta de concejal electo. Junto al ex primer edil, el fiscal interrogó, aunque en calidad de testigos, a Pedro Ruiz y Pedro Lloret, responsables de la clínica La Creueta donde Llorca trabajó como falso galeno entre 1993 y 1999.
El fiscal Siles señaló que el ex alcalde admitió "punto por punto" todos los extremos recogidos en los medios de comunicación. En su descargo, el ex regidor adujo "problemas familiares" como el motivo que le impidió acabar la carrera y, al mismo, tiempo ejercer de médico. No obstante, Llorca remarcó que dejó que trabajar como galeno nada más llegar a la alcaldía, en 1999, y exculpó a los dos socios de la clínica de cualquier responsabilidad.
Por su parte, los dos médicos de la clínica también admitieron ante el fiscal que Llorca trabajó como médico en el centro y qué este les dijo que poseía la titulación.
El fiscal señaló que de "las diligencias practicadas" no está acreditado que el ex alcalde haya incurrido en el supuesto delito de intrusismo profesional. De esta forma, la responsabilidad de Llorca se limitaría a una falta recogida en el artículo 637 del Código Penal por "atribuirse la cualidad profesional amparado por un título académico que no posee". El acusador público subrayó que, en su opinión, el caso está "suficientemente instruido" y que no recabará nuevas pruebas.
Por otra parte, el pasado viernes por la tarde y por primera vez después de la crisis, José Miguel Llorca compareció ante la junta local del PP de La Vila, de la que son miembros natos todos los concejales. Allí, horas antes de que el partido pasara a la oposición municipal, repitió los mismos argumentos que esgrimió en la carta de dimisión, calificando de "error de juventud" atribuirse la profesión de médico, y presentó oficialmente su dimisión como presidente local.
106. UN EMPRESARIO ADMITE AL JUEZ QUE FACTURAS DE SU EMPRESA EN TERRA MÍTICA SON FALSAS (19/06/07)
Gribal, SA, forma parte de la trama de Terra Mítica. Carlos Biosca la creó para construir un edificio en Tavernes Blanques (Valencia) y no tuvo actividad, ni empleados. Biosca explicó ante el juez que la vendió a finales de 2000 y negó haber ejecutado ninguno de los trabajos en Terra Mítica por los que posteriormente Gribal emitió facturas. La firma, cuyo domicilio social, en realidad, como constató la policía, era la vivienda de una familia, llegó a falsificar facturas de trabajos nunca realizados en los aeropuertos de Barajas y Menorca, con los que hizo creíble su actividad.
El fundador de Gribal y administrador único hasta finales de 2000 negó haber girado ninguna de las facturas que se le exhibieron, según las cuales su empresa ejecutó trabajos en Terra Mítica en los últimos meses de ese año. Biosca fue claro en su declaración de ante el Juzgado de Instrucción número tres de Valencia, que investiga el fraude a través de facturas falsas de 20 sociedades en torno a la construcción de Terra Mítica, el parque temático de Benidorm que impulsó el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, en su época de presidente de la Generalitat. No sólo las facturas son falsas, explicó Biosca, sino que también lo son los trabajos a los que se refieren.
Biosca había pasado por el juzgado semanas atrás para exponer que se le citaba por unos hechos en los que no tenía nada que ver porque había vendido el 29 de diciembre de 2000 las acciones de la firma a José Luis Rubio (empresario vinculado a varias de las empresas denunciadas). El juzgado trasladó esa circunstancia al fiscal, pero aún así la declaración se consideró adecuada. Y se demostró por qué. Biosca dijo en la sala que constituyó la empresa para ejecutar una construcción en una parcela de Tavernes Blanques. Admitió que la firma nunca tuvo actividad (en el registro mercantil, Gribal aparece como dada de baja en 1997 y dedicada a la restauración). Y añadió que vendió la empresa a José Luis Rubio.
La fiscal le exhibió a Biosca facturas fechadas en la época en la que él era todavía administrador único. Esas facturas estaban giradas a AST Ingenieros y a Valcoe. Y a su vez, figuran pagarés de esas firmas para responder de los importes, que en algún caso superan los 90.000 €. Biosca no reconoció ni una sola de esas facturas. Repitió en varias ocasiones que no hizo trabajo alguno para Terra Mítica, que no hizo trabajos para AST Ingenieros ni para Valcoe (ambas empresas están implicadas en la trama), que nunca realizó obra alguna en el aeropuerto de Barajas ni en el de Menorca. En un momento de la declaración, y ante la insistencia de la fiscal, llegó a exclamar: "¡Pues sí que me he ido lejos!". Tanto AST Ingenieros como Valcoe usaron esas facturas para incluirlas en sus contabilidades como gastos y, por tanto, deducirse IVA y pagar menos impuesto de sociedades. Pero es más, esa falsa actividad de Gribal, que era en realidad incapaz de abordar trabajo alguno, servía para avalar una experiencia al subcontratarse en las obras de Terra Mítica.
La fiscal le mostró a Biosca facturas de octubre, noviembre y diciembre de 2000. Ese periodo está bajo sospecha. Y Biosca no reconoció ni uno solo de los trabajos que esas facturas recogen. Gribal siguió facturando. Pero ya estaba en manos de José Luis Rubio. Biosca dijo desconocer absolutamente qué fue de la empresa después de deshacerse de ella a finales de 2000.
José Luis Rubio y Vicente Conesa, este último de forma significada, son piezas clave en la arquitectura de la trama de fraude alrededor de Terra Mítica, según se desprende de la información que recoge el sumario y según apuntan fuentes del caso. Un ejemplo del papel de Conesa, quien ya fuera investigado en 1995 por supuestas adjudicaciones irregulares en el Ayuntamiento de Benidorm cuando el alcalde era Zaplana, lo dio el representante de la firma Delta Agrícola, que declaró también en el juzgado. Nadie duda de las obras que hizo esta firma. Está comprobado que las ejecutó y las cobró. ¿Pero las cobró alguien dos veces? Delta Agrícola era propiedad, en parte, de Vicente Conesa, quien a su vez estaba en la Unión Temporal de Empresas (UTE) Terra Verd, que subcontrató a Delta Agrícola para hacer obras exteriores de las dependencias de Terra Mítica y de la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA), ahora Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, empresa cien por cien pública. El representante legal de Delta Agrícola, Joaquín Sebastián, reconoció el papel de Conesa y su firma en varios documentos de una misma operación en los que este último era administrador de una parte, adjudicador de otra y gerente de otra.
107. EL JUEZ TRAMITA EL ENVÍO AL TSJ DEL 'CASO ALPERI' POR TRATO DE FAVOR A ORTIZ (20/06/07)
El aforamiento del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, a raíz de su elección como diputado autonómico ha acarreado su primera consecuencia en el plano jurídico. El juez que investiga un supuesto trato de favor del regidor al contratista Enrique Ortiz ha iniciado el trámite para enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Alperi está además imputado en el desfalco de Mercalicante, caso que también irá al TSJ. La causa al alcalde de Torrevieja y diputado regional, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, por la venta de una finca correrá la misma suerte judicial.
El titular del Juzgado número 8 de Alicante, que dirige la investigación por la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos del Ayuntamiento al promotor Enrique Ortiz ha solicitado a las Cortes Valencianas que emita un certificado oficial sobre la condición de diputado autonómico del regidor, según confirmaron fuentes oficiales del TSJ.
La inhibición del juez en favor del TSJ supone el inicio de la instrucción del sumario, cuyas diligencias comenzaron en septiembre de 2006 a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. El ministerio público apreció los supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, entre otros, en el modificado al alza del contrato inicial de los tres aparcamientos. Aparte del alcalde, hay otros cinco imputados, entre ellos, dos ediles más del PP, un funcionario, el empresario Enrique Ortiz y el jefe de división del grupo de empresas del promotor.
El juez instructor ya había tomado declaración a los seis, a los testigos propuestos por las partes y practicado diversas pruebas periciales.
Aparte de esa causa, Díaz Alperi también está imputado en el sumario por el supuesto desfalco de seis millones de € descubierto en la contabilidad de la empresa pública Mercalicante, presidida por el regidor. La instrucción de esta causa, que dirige la titular del Juzgado número 1 de Alicante, Cristina Costa, se prolonga ya por espacio de cinco años. Este sumario, igualmente debido a la condición de diputado autonómico del imputado Luis Díaz Alperi también deberá remitirse al TSJ. No obstante ni de oficio ni a instancia de parte se ha producido ninguna incitativa para iniciar la inhibición en favor del TSJ, según informaron las mismas fuentes. La acusación pública en este caso la ejerce también el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.
Otro cargo público del PP imputado, cuya causa correrá la misma suerte judicial que la de Luis Díaz Alperi es el del alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, también elegido diputado autonómico. El regidor de Torrevieja está imputado por un supuesto delito de uso privilegiado de información y tráfico de influencias derivado de la compraventa de una finca rústica que en el espacio de dos años le reportó una plusvalía de 5,3 millones de €.
Por otro lado, la Fiscalía de la Audiencia de Alicante ha acordado el archivo de la denuncia presentada por el partido Vecinos por Alicante contra el alcalde Díaz Alperi por supuesta revelación de secretos derivada de dejar en manos de dos arquitectos, sin contrato y ajenos la Corporación, los trabajos para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El fiscal-jefe, José Antonio Romero, señaló que "no hay indicios de delitos, ya que esos técnicos no han tenido acceso a ningún dato que no fuera de dominio público", precisó. Díaz Alperi tomó esta decisión tras despedir al redactor inicial del plan, el arquitecto Lluís Cantallops.
La Fiscalía de Alicante también ha archivado la denuncia del ex alcalde socialista de Catral, José Manuel Rodríguez, contra el Consell por supuesta apropiación de información para justificar la intervención del PGOU del municipio.
108. LA ESPOSA DEL EX ALCALDE DE BURRIANA TIENE CUENTAS EN ANDORRA (20/06/07)
El ex alcalde de Burriana y actual secretario de Política Económica y Empleo del PP en la Comunidad Valenciana, Alfonso Ferrada, admitió ante el juez que su esposa y su suegro poseen cuentas bancarias en Andorra. Ferrada justificó la actividad bancaria alegando que posee propiedades en aquel paraíso fiscal. El dirigente del PP acudió al juzgado número 1 de Vila-real para declarar como imputado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho, contra los recursos naturales y contra la ordenación del territorio tras la aprobación de un polémico Programa de Actuación Integrada (PAI). La querella acusa también al popular de los presuntos delitos de tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos y negociaciones y actividades prohibidas.
Ferrada hubo de responder al interrogatorio al que le sometió, entre otros, la acusación particular tras la denuncia presentada por el PSPV en la que también se señalaba como presunto autor de estos delitos al ex concejal de Urbanismo y miembro de la actual corporación Javier Perelló.
En su declaración, según fuentes del caso, el dirigente popular admitió conocer y haber mantenido contactos con el empresario que finalmente resultó adjudicatario de este PAI, incluso antes de que la propuesta de urbanización saliera a exposición pública. Este hecho ya fue denunciado no sólo por los socialistas en el Ayuntamiento de Burriana sino también por el empresario que resultó perjudicado por esta adjudicación. Ferrada no precisó a cuándo se remonta su relación con este empresario ni el origen de la misma.
Según el texto de la querella, el PP mantuvo sin tramitar, durante un año, un programa presentado por una constructora local. Al mismo tiempo, tres mercantiles comenzaron a adquirir terrenos en la misma zona que posteriormente fue recalificada para lo que, a entender de los querellantes, dispusieron "sin lugar a dudas de información privilegiada". Finalmente, la sociedad del empresario que también ha sido denunciado, presentó su propuesta y resultó adjudicatario con "graves irregularidades en la tramitación" y en un "tiempo récord". Pese a que los técnicos municipales expresaban reservas, Ferrada optó por contratar un informe jurídico externo que avalara su decisión de adjudicar el programa a la propuesta de Carlos Esteve.
En un receso de su comparecencia en el juzgado, que se prolongó durante más de cuatro horas, el ex alcalde de Burriana declaró su "inocencia" ante los medios de comunicación y adujo que "tenía ganas de que llegase el día de para colaborar con la Justicia y, así, aclarar todo lo que tiene que ver con la querella".
109. EL SUPREMO AFIRMA QUE EL ALCALDE DE VILA-REAL NO MERECE EL INDULTO (26/06/07)
El Tribunal Supremo ha emitido informe desfavorable al indulto del ex alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, del Partido Popular, condenado en firme a año y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación para cargo público, porque "su conducta posterior a la sentencia no da muestras de reconocer que su actuación supuso una infracción de la legalidad". Vilanova fue condenado por su "reiterada conducta de pasividad y desprecio hacia los intereses de sus ciudadanos" y por hacer oídos sordos a las denuncias contra el ruido del generador de una fábrica de cerámica.
Los vecinos que denunciaron el ruido se han opuesto al indulto porque Vilanova "permitió de manera continuada y consciente" su sufrimiento durante años y cuando acudieron a él "tuvo actitudes de desprecio, desinterés y prepotencia". Según los afectados, cuando Vilanova accedió a la alcaldía dijo que iba a terminar con el ruido del generador -que era ilegal y carecía de permisos- y sin embargo, no lo cerró hasta que tuvo que declarar ante el juez.
110. LA POLICÍA COPIA LAS CINTAS QUE IMPLICAN A ZAPLANA EN COBRO DE COMISIONES (27/06/07)
Las cintas que supuestamente recogen manifestaciones de los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Herrero, ambos imputados en la causa de facturas falsas que implica a Terra Mítica, no han podido ser pulidas por el servicio pericial al que fueron enviadas. Por tanto, especialmente una de ellas, es prácticamente irreproducible después de haber pasado por modernos sistemas de recuperación de grabaciones. El juez que instruye la causa que se derivó de la denuncia que interpuso Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso, contra ambos empresarios y contra los diputados socialistas que realizaron las grabaciones, Antoni Such y José Camarasa -contra estos últimos el caso quedó cerrado en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)-, estudia ahora que sea la policía quien realice una transcripción del contenido de las mismas. Hasta ahora, tanto en la Fiscalía inicialmente como en el TSJ se manejó una transcripción aportada por los dos diputados socialistas, transcripción que ha sido constantemente puesta en cuestión por los denunciados. Por ello, el juez pretende determinar si se produjo o no un delito de injuria o calumnia grave contra Zaplana por implicarle en el cobro de comisiones durante la construcción del parque Terra Mítica a través del empresario Vicente Conesa, también imputado en el caso Terra Mítica y ya investigado en 1995 por supuestas irregularidades en la concesión de varios proyectos del Ayuntamiento de Benidorm cuando era alcalde Eduardo Zaplana.
111. GREENPEACE DENUNCIA LOS PLANES PARA EDIFICAR 466.000 VIVIENDAS EN EL LITORAL VALENCIANO (27/06/07)
La organización ecologista Greenpeace situó en la picota al urbanismo valenciano en su informe anual "Destrucción a toda Costa" correspondiente a 2007 en el que subraya mediante un aluvión de cifras que solo este año y a pesar de la crisis inmobiliaria se han presentado proyectos urbanísticos para construir 466.685 viviendas en localidades turísticas.
Greenpeace sostiene, tras cruzar los datos aportados por distintas asociaciones, instituciones públicas y medios de comunicación, que los proyectos de urbanización en la Comunitat Valenciana se cuentan "por miles, arrojando este año una cifra de 466.685 viviendas incluidas en los planes urbanísticos de las localidades costeras a construir en los próximos años" y recuerda que justo antes de la celebración de las pasadas elecciones, la conselleria de Territorio dio luz verde a 200 Programas de Actuación Integrada (PAIs).
Los ecologistas destacan las previsiones urbanísticas de localidades como Torreblanca donde se preven 46.000 viviendas sobre una población actual de 5.650 personas (2.320%), las 47.800 viviendas previstas en Orpesa, capaces de soportar un incremento poblacional del 1.860% o las 38.680 viviendas previstas en Guardamar del Segura que suponen un aumento de población del 826%.
Greenpeace cita en su informe la investigación que está realizando el Parlamento Europeo y la decisión, ya anunciada , de la Comisión Europea de recurrir la Ley Urbanística Valenciana ante el Tribunal de Justicia Europeo.
En el terreno doméstico, los ecologistas afirman que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana "estudia cerca de 800 causas judiciales relacionadas con delitos urbanísticos y de ordenación del territorio y ha paralizado ya cautelarmente tres Programas de Actuación Integrada (PAIs).
Sin embargo, la "fiebre" sigue y el subdelegado del Gobierno, Luis Felipe Martínez, confirmaba que tras la celebración de las elecciones municipales y autonómicas, la Abogacía del Estado había presentado 8 nuevos recursos contra planes urbanísticos aprobados por la Generalitat en los que no está acreditada la disponibilidad de recursos hídricos.
Según Greenpeace, en el litoral valenciano existen al menos 33.175 viviendas ilegales de las que 25.000 están en Orihuela. La Fiscalía del TSJ investigó el año pasado 43 denuncias relacionadas con la ordenación del territorio y se incoaron diligencias sobre 37.
Según el informe ecologista, nueve municipios costeros de Castelló incumplen la Directiva Europea de epuración de aguas residuales. Además, Greenpeace dedica un apartado especial a los puertos deportivos y a las infraestructuras que alteran la dinámica del litoral, que agravan las consecuencias que tendrá el cambio climático en la Comunitat, donde se espera una regresión de la costa de hasta 100 metros en algunos puntos.
Como conclusión, Greenpeace recuerda que el informe del observatorio de la sostenibilidad de España destaca que la Comunitat Valenciana "lidera el desarrollo insostenible" de España por el mal uso que hace de su litoral.
112. LA PENÚLTIMA ADVERTENCIA DE BRUSELAS (27/06/07)
El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, cree que el proyecto urbanístico PAU 21 de Orihuela (Alicante), que prevé construir un campo de golf y 2.200 viviendas junto al espacio protegido de la Sierra de Escalona, podría vulnerar la legislación medioambiental comunitaria y pedirá a las autoridades españolas competentes más información sobre el caso, según señala en una respuesta escrita al eurodiputado verde David Hammerstein.
Dimas subraya que el paraje Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor ha sido declarado lugar de interés comunitario (LIC) y cubre una zona importante de aves (IBA). Por tanto, indica que "si es probable que la actividad urbanística tenga un impacto negativo en los valores naturales que la llevaron a ser declarada LIC, deberán respetarse los procedimientos de protección y evaluación"que establece la normativa comunitaria.
El comisario de Medio Ambiente recuerda que el Ejecutivo comunitario ya ha llevado a la Comunidad Valenciana y otras regiones españolas ante el Tribunal de Luxemburgo por no haber designado un número suficiente de zonas de especial protección (ZEPA). Por ello, aunque la Sierra de Escalona no haya sido declarada ZEPA, Bruselas considera que las autoridades competentes están igualmente obligadas a "tomar las medidas adecuadas para evitar la contaminación o el deterioro de los hábitats, así como cualquier perturbación que pudiera afectar a las aves".
113. UNA IGLESIA PARA 'LOS MÁRTIRES DEL 36'(02/07/07)
El 11 de marzo de 2001 Juan Pablo II beatificó a 226 valencianos muertos en la guerra civil "por el odio a la fe", entre los que había sacerdotes, religiosos y seglares. Fue uno de los mayores actos de beatificación celebrado en la plaza de San Pedro de Roma y tuvo su origen en las causas iniciadas por el arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, considerado por los sectores menos integristas de la Iglesia valenciana como un hombre "con una cierta mentalidad nacionalcatolicista". Además, la diócesis de Valencia instruye la causa de canonización de otros 250 mártires, cuyo proceso abrió el arzobispo en junio de 2004.
Para honrar su memoria, y la de todos aquellos que murieron "en la misma persecución religiosa y fueron beatificados con anterioridad", el arzobispado construye un templo designado como Parroquia Santuario de los Beatos Mártires Valencianos y que, gracias al Ayuntamiento de Valencia, se ubica en una de las zonas con mayor proyección de la ciudad. Se trata de una de las antiguas naves de hormigón de la industria química Cross, en la avenida de Francia, que junto a otros solares destinados a uso escolar, le fue cedida al arzobispado por el Ayuntamiento presidido por Rita Barberá, del PP, a cambio del solar arqueológico de la plaza de L'Almoina, sobre el que se fundó la ciudad.
Este templo de 3.233 m2, cuya primera fase de obras se encuentra a punto de concluir, contará con una torre campanario de 28 metros de altura y revestirá su cubierta con trencadís, un mosaico de azulejos similar al de los edificios de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, de Santiago Calatrava. Esta opción estética de los autores del proyecto, Vicente Ordura y Jaime Aloy, unida al hecho de que la parroquia se encuentra en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y que la estructura de la nave de la Cross guarda una cierta familiaridad con las formas de Calatrava, convierte visualmente al templo en un apéndice del complejo turístico. Las similitudes han despertado inquietud en algunos sectores de la ciudad, a los que no se les escapa una estrategia que recuerda a la del general Francisco Franco, que situó el Valle de los Caídos en la ruta de El Escorial para convertirlo en un mismo paquete turístico.
La nave de Cross se encuentra además en la zona de expansión de Valencia, el nuevo barrio del Grau, por el que transcurrirá el circuito urbano de Fórmula 1 de Bernie Ecclestone y cuyo planeamiento urbanístico será diseñado por los estudios de los arquitectos Jean Nouvel y Volkwin Marg (GPM). La zona cuenta con una superficie de unos 370.000 m2. Unirá la ciudad con la fachada litoral, la dársena y el paseo marítimo.
Las facilidades concedidas por el Ayuntamiento de Valencia al proyecto de honrar la memoria de los muertos en el bando nacional chocan con los impedimentos que el Consistorio ha puesto para parar las obras de construcción de nichos sobre una fosa común del cementerio de Valencia en la que, según el Fòrum per la Memòria Històrica del País Valencià, hay enterrados cientos de personas que fueron ejecutadas tras la guerra civil. Las obras sobre la fosa común fueron paralizadas cautelarmente por un juzgado, que finalmente dio la razón a esta asociación. El Ayuntamiento, por ahora, ha abandonado la intención de construir los nichos.
La parroquia santuario impulsada por García-Gasco, que dejará el cargo en breve por la jubilación, dispondrá de una capilla para culto diario y dispondrá de un aforo para 847 personas sentadas y será presidido por una imagen de San Vicente Mártir y otra de la Virgen de los Desamparados, junto con una reproducción de la medalla conmemorativa de la beatificación de los mártires en 2001.
114. EL POPULAR COTINO REDUCE EN VALENCIA LAS AYUDAS A LOS ENFERMOS MENTALES (05/07/07)
El conseller de Bienestar Social de la Generalitat valenciana, Juan Cotino, ha reducido a nueve meses, de enero a septiembre, las prestaciones económicas que sirven para que los familiares de los enfermos mentales crónicos costeen residencias privadas para atenderlos. Algunas páginas web resaltan la ironía de que un católico fervoroso y miembro numerario del Opus Dei como Cotino pretenda dejar a los enfermos mentales "a la buena de Dios".
La partida presupuestaria de la Comunidad Valenciana para las prestaciones económicas individuales (PEI) a enfermos mentales crónicos, sufragadas con dinero regional y también por el Gobierno Central. Tras el nuevo recorte de Cotino, que ha limitado las ayudas a los nueve primeros meses del año, empresarios de centros de asistencia esperan que finalmente ocurra igual que con Alicia Miguel y se acabe rectificando. En cualquier caso, estos empresarios denuncian que se genera inquietud entre las familias de los residentes y que quizá los últimos meses del año sí les dejen definitivamente abandonados.
Cotino, miembro numerario del Opus Dei, ya trabajó en la Generalitat presidida por Zaplana y volvió como consejero con Camps tras un breve paso por el Gobierno Central en los años de Aznar. Con Mayor Oreja como ministro de Interior. fue director de la Policía, cargo en el que precedió a Díaz de Mera y donde se ganó los recelos de buena parte del cuerpo. por lo que consideraban un deficiente plan anunciado a bombo y platillo: la Policía de Proximidad. La web Confidencial7D resalta la paradoja de que un numerario del Opus Dei deje a los enfermos mentales "a la buena de Dios".
115. LA ALCALDESA DE ORIHUELA COBRARÁ 60.000 € Y TENDRÁ 20 ASESORES (05/07/07)
Mónica Lorente, alcaldesa de Orihuela, del PP, cobrará 60.000 € brutos al año y, además, tendrá 20 asesores, ocho más que en el anterior mandato, cuyos sueldos oscilarán entre los 27.000 y 47.000 anuales. La regidora sacó adelante en el pleno de la corporación la propuesta de retribuciones de los concejales y reparto de las dedicaciones exclusivas para el mandato que acaba de comenzar merced a la mayoría absoluta del Grupo Municipal Popular. Los tres grupos de la oposición (PSPV, Los Verdes y Centro Liberal Renovador) votaron en contra.
Respecto al cuadro de asesores, la primer edil también rechazó las críticas de la oposición: "Las 20 plazas eventuales son una previsión para todo el mandato. No se han cubierto de golpe, y tampoco quiere decir que los vayamos a hacer", argumentó. "Toda esta remodelación se emarca en el nuevo impulso que queremos dar a la gestión municipal y al amparo de la ley de grandes ciudades", añadió.
Por otro lado, la alcaldesa ha aparcado hasta después del verano la adjudicación de la nueva contrata de la basura del municipio. La concesión está paralizada desde marzo de 2006 cuando uno de los aspirantes, el industrial Ángel Fenoll, desveló una grabación que recogía un supuesto soborno de otro grupo que también presentó una oferta, la mercantil Urbaser. El escándalo por el supuesto pago de comisiones ilegales también acarreó una división en el seno del grupo popular, entre los ediles afines al entonces alcalde, José Manuel Medina, y el grupo liderado por Lorente.
"Después de verano convocaré una junta de portavoces para retomar esta cuestión [la contrata de la basura]. Mi objetivo es que la decisión que adoptemos cuente con el respaldo de todos los grupos de la corporación", explicó la alcaldesa. La regidora subrayó que el proceso de adjudicación se retomará sobre la base del último informe emitido por la Universidad Politécnica de Valencia.
116. UN EX EDIL DE LA VILA DECLARA QUE FUE EL PARTIDO EL QUE LES DIJO QUE LLORCA ERA MÉDICO (05/07/07)
El ex concejal de Comunicación del Ayuntamiento de la Vila Joiosa Marcos Santapau y el ex jefe de gabinete de prensa Ignacio Martínez declararon como testigos ante la Fiscalía en la causa abierta contra el ex alcalde José Miguel Llorca por un presunto delito de intrusismo profesional. La investigación se inició después de que Llorca afirmara públicamente que ejerció la medicina sin tener título.
Santapau y Martínez fueron citados a declarar después de que el gerente de la empresa que realizó la página web del PP de la Vila, Miguel Lloret, asegurara que fue el propio partido quien le proporcionó toda la información relativa a Llorca -una biografía y un vídeo-, en la que se precisaba que era médico. En su comparecencia, Santapau y Martínez ratificaron que trasladaron a la citada empresa la información que "era pública" y que "se tenía en el partido" sobre el entonces alcalde, y aseguraron desconocer que Llorca no fuera médico, informaron fuentes judiciales.
117. EL EX ALCALDE MURO ACEPTA UNA MULTA DE 600 € POR PREVARICACIÓN (05/07/07)
Fernando Torregrosa Alcaraz, ex alcalde de Muro de Alcoi, del PP, aceptó una multa de 600 € por un delito de prevaricación derivado de la concesión de una licencia de obras, en las que se registró un accidente que costó la vida a una persona. Por estos hechos, ocurridos en marzo de 1993, estaban también procesados tres ediles de la comisión de gobierno, el arquitecto que redactó el proyecto, José Gosálvez, y el constructor, Juan Bustos.
El reconocimiento de las imputaciones por parte de los acusados, una vez que el fiscal rebajó su petición inicial de penas, abortó la celebración de la vista oral prevista en la sección 2ª de la Audiencia de Alicante. Para el ex regidor, el fiscal solicitaba 8 años de inhabilitación. El ministerio público pedía idéntica pena para los tres concejales, aunque retiró la acusación. En el caso del arquitecto y del constructor, para los que solicitaba dos años de prisión y 4 de inhabilitación, el fiscal rebajó las penas a tres meses de prisión sustituibles por una multa. El fiscal justificó la rebaja de las penas por la atenuante de "dilación indebida", ya que la celebración de la vista oral se ha demorado por espacio de 14 años.
A la salida de la sala de vista, ninguno de los procesados accedió a hacer declaraciones. "No sé lo que ha pasado ni lo que se ha pactado. Estoy nervioso, y de eso [del accidente de la obra] hace ya muchos años", declaró el ex alcalde Torregrosa. No obstante, la conformidad de los procesados se limitó al ámbito penal, no así a la responsabilidad civil, extremo que el tribunal dirimirá en la jornada de hoy. El fiscal pide una indemnización de 150.000 € para los familiares de la víctima, cantidad que deben abonar solidariamente el arquitecto y el promotor.
Según el relato de los hechos del fiscal, el 26 de enero de 1993 el promotor presentó en el Ayuntamiento de Muro una solicitud de licencia municipal de obras de reforma parcial en la que se describía el proyecto como "reparación de cubierta incluyendo desescombrado". Un mes más tarde, el aparejador municipal emitió un informe desfavorable a la concesión del permiso porque el expediente carecía del preceptivo proyecto técnico. "Sin embargo, al resolver la petición, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Muro, integrada por el alcalde Fernando Torregrosa, y los concejales Carmen Prats, Luis Miguel Torregrosa y Constantino Seguí, acordó por unanimidad conceder la licencia, pese a que todos eran conocedores de que tal licencia no podía ser concedida, por el carácter de la obra a que se refería, era necesaria la presentación de un proyecto técnico", explica el fiscal.
Al poco de comenzar los trabajos, como consecuencia del derribo parcial de un muro, cedió un forjado de dos alturas y mató a una persona, el propietario de una tienda ubicada en la planta baja del inmueble.
118. LA FISCALÍA PIDE LA LOCALIZACIÓN DE TABARES Y MÁS DATOS A MÉXICO SOBRE EL 'CASO IVEX' (07/07/07)
La Fiscalía de Valencia ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 18 una nueva comisión rogatoria a México. La representación pública quiere que esa comisión se dirija expresamente a que el representante del Auditorio Nacional, Luis Norberto Cacho Pérez, aporte el contrato de uso del auditorio en cuestión. Además, la Fiscalía quiere que se le exhiba la documentación existente sobre la celebración del cocierto del Julio Iglesias, en el marco del acuerdo suscrito con el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) y que indique si los conceptos que en ellos figuran obedecen a pagos efectuados por la empresa Rac Producciones al auditorio.
La fiscalía solicita además que se tome testimonio a Rafael Santos Pérez, representante de Rac Producciones, respecto a los contratos elaborados por esta sociedad con el Ivex y con la Fundación México Unido. El ministerio público quiere que la mercantil International Concert justifique la realidad de los contratos y la efectiva ejecución de los mismos.
El fiscal adscrito al caso Ivex solicita igualmente que el representante legal de José María Tabares, director del Ivex cuando se alcanzó el acuerdo con el cantante y cuyas operaciones están bajo sospecha e imputado en la causa, facilite su domicilio. En caso de no ser así, dice el fiscal, corresponde que se oficie su localización y detención inmediata. Tabares ya fue condenado a cinco años de prisión por un delito de estafa por la sección quinta de la Audiencia de Valencia por operaciones irregulares en las que usó la institución. La Audiencia dictó ya hace meses su inmediato ingreso en prisión. La notificación no le ha podido ser entregada porque Tabares no está en su domicilio.
En el mismo escrito, el fiscal solicita que de forma inmediata se designe un perito auditor con el objetivo de que realice un informe sobre si las facturas abonadas por el Ivex respecto a actuaciones del cantante Julio Iglesias, corresponden a servicios efectivamente prestados. Y, de forma especial, la fiscalía se refiere a los eventos de México. Del mismo modo, el ministerio público quiere que el perito auditor acredite cómo se pagó ese evento, si se pagó, como se contabilizó y si la forma de hacerlo corresponde a los criterios exigidos por la normativa contable a un organismo de la naturaleza del Ivex.
El fiscal deja claro que conoce los tiempos que supone la comisión rogatoria, de hecho, la última ha tenido paralizado el asunto casi diez meses, de manera que en esta ocasión considera que el nombramiento del perito auditor y las responsabilidades que se le asignen respecto a la documentación de la que se dispone es independiente del resultado de la comisión rogatoria. En todo caso, del resultado de la misma se puede añadir la exploración de nuevos documentos o en su caso requerir aquellos de los que no se disponen para que se examinen.
119. CALP AFRONTA UNA DEUDA DE 60 MILLONES TRAS 12 AÑOS CON EL PP (10/07/07)
El paso del PP por la alcaldía de Calp (12 años en el gobierno local con mayoría absoluta) ha dejado tiritando a las arcas municipales. El nuevo equipo de gobierno, que lidera el socialista Luis Serna, asegura que la deuda actual del Ayuntamiento es de 60 millones de €. A ese dato oficial, los funcionarios añaden una cantidad indeterminada derivada de facturas sin expediente, aparcadas en la nevera. El anterior gobierno del Ayuntamiento de Calp, presidido por Javier Morató, del PP, ha dejado un endeudamiento que alcanza los 60 millones de €. Y ello sin contar diversas operaciones económicas y facturas presentadas a cobro que para los funcionarios están en la nevera, es decir, sin que consten en los expedientes y sin contrato ni referencia alguna.
El ex regidor Morató dejó el cargo sin presentar la liquidación presupuestaria del 2006 en marzo, como marca la ley. El documento ha sido tramitado este mes de julio por la nueva Corporación y cierra el ejercicio con un saldo negativo de tres millones de €. El déficit presupuestario ha sido una tendencia que ha arrastrado anualmente el gobierno del PP. Todos los ejercicios se han cerrado con pérdidas económicas. A este desequilibrio presupuestario se suman las cinco sentencias que acumulaba Morató del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dos de ellas recurridas, por vender durante estos últimos años suelo municipal, incurriendo en un delito urbanístico al utilizar el dinero de las ventas en diversas inversiones, y no en la financiación de Viviendas de Protección Oficial (VPO), como marca la ley.
La Subdelegación de Gobierno ha impugnado en total 40 partidas de los presupuestos de Morató que sumaban 7,5 millones de €, cuyo dinero no ha sido destinado a financiar estas viviendas, sino a gastos del equipo de gobierno, entre los que se encuentran muebles de despachos y oficinas, mobiliario urbano y equipos de aire acondicionado, entre otros.
La anterior oposición municipal, hoy en el gobierno local, denunció en varias ocasiones la política de elaborar unos presupuestos "inflados", esto es, calculando lo que se quiere gastar sin tener en cuenta los ingresos que se debían recibir en el Ayuntamiento.
El PP llegó a presentar en los tres presupuestos de 2004 a 2006 el mismo ingreso como previsión por un desarrollo urbanístico, el que se esperaba del Plan Parcial de Las Salinas, con lo que estos presupuestos se elaboraron teniendo en cuenta un ingreso "ficticio", y, por tanto, un gasto que no era respaldado por ninguna entrada económica. El gobierno popular emprendió durante los pasados meses de marzo y abril una intensa campaña institucional promocionando la gestión de los últimos cuatro años. Así, cargados a una partida de protocolo se sufragaron los gastos de diversas publicaciones que promocionaban la gestión del alcalde y varias inauguraciones que se habían llevado a cabo durante el mandato.
Dicha partida, que inició su ejercicio este año superando los 140.000 €, fue modificada en marzo con una ampliación de más de 180.000 €, superando así los 300.000 €. Sin embargo, tras las elecciones, la partida presenta un saldo negativo de 3.000 €, ya que, en cinco meses, el PP gastó todo el presupuesto.
El despilfarro del gobierno popular ha sido patente en diversas inversiones que se han efectuado, como la rehabilitación de la casa consistorial, cuya partida económica inicial era de 300.000 € y acabó en más de dos millones.
120. EL PP RECHAZA DE NUEVO HACER PÚBLICOS LOS BIENES DE LOS DIPUTADOS (12/07/07)
La Comisión del Estatuto del Diputado de las Cortes Valencianas rechazó, con los votos del PP, la propuesta del Grupo Socialista de que se hagan públicas las declaraciones de bienes de sus 38 diputados. La comisión, que se reunió para tramitar las declaraciones de bienes y actividades de los diputados, analizó un escrito firmado por todos los parlamentarios socialistas por el que se autoriza a la Cámara a facilitar el acceso público a sus bienes patrimoniales. Estos constan en el registro de intereses de la Cámara, que depende de la presidencia de la institución y que custodia el letrado mayor.
El PP rechazó la petición socialista por considerar que contraviene la legalidad -el Reglamento de las Cortes establece que las declaraciones de bienes tienen carácter reservado y que sólo son públicas las declaraciones de actividades-, el mismo argumento empleado la pasada legislatura para rechazar una petición de la oposición en el mismo sentido.
121. UN EDIL DEL PP IMPUTADO POR EXTORSIÓN NO ASUME EL CARGO (12/07/07)
Ni renuncia, ni tiene competencias municipales. El concejal electo del PP en Albatera Javier Bru, imputado por supuesta extorsión y en libertad bajo fianza de 60.000 €, no acudió al primer pleno municipal en el que se repartieron las competencias de las distintas concejalías. El concejal electo no tiene previsto renunciar, por el momento, y asumirá el cargo tras el verano, según fuentes de su entorno.
Javier Bru, que salió de la cárcel de Fontcalent el pasado día 28 de junio junto al empresario Ángel Fenoll y su hijo, se dejó ver por las inmediaciones del Ayuntamiento de Albatera (La Vega Baja) de donde es concejal electo del PP, pero no subió al salón de plenos para asumir sus competencias y echó a correr cuando vio a la prensa. El alcalde, Federico Berná, del PP, evitó durante la sesión plenaria cualquier referencia a la situación creada. El PP queda en minoría hasta que Bru renuncie al acta de concejal, extremo bastante poco probable, o asuma el cargo una vez se resuelva la causa judicial pendiente. Fuentes próximas al número dos de Fenoll indicaron que tiene previsto "después del verano" asumir el cargo en el Ayuntamiento. El alcalde declaró: "No sabemos cuánto tiempo se dilatará esta situación, el acta es personal e intransferible".
El PP obtuvo en las elecciones 9 concejales, con lo que arrebató la alcaldía al PSPV que sacó 7, y Coalición Valenciana obtuvo un edil. Ahora oposición y gobierno están empatados numéricamente por lo que el alcalde deberá hacer valer su voto de calidad en los plenos para poder sacar adelante sus propuestas si topa con el rechazo de toda la oposición. El portavoz socialista y ex alcalde, Francisco García Gelardo, tildó de "rocambolesca y estrambótica" la situación del equipo de Gobierno. "Un concejal imputado, que no dimite y tampoco asume su cargo", se lamentó tras el pleno el portavoz socialista.
Javier Bru, encarcelado en el marco de una operación contra la corrupción el La Vega Baja, es gerente de la sociedad Colsur SA, empresa matriz del grupo industrial de Ángel Fenoll. La investigación del juzgado número 3 de Orihuela se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que apreció delitos de extorsión, cohecho y tráfico de influencias en un supuesto intento de soborno recogido en una grabación por la contrata de basura.
122. CAMPS Y SU GOBIERNO ARROPAN A FABRA EN SU TOMA DE POSESIÓN EN LA DIPUTACIÓN (13/07/07)
Con la intención de disipar cualquier duda, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, escenificó su apoyo a Carlos Fabra en la toma de posesión como presidente de la Diputación de Castellón por cuarto mandato consecutivo. Camps se hizo acompañar de seis consejeros y la presidenta de las Cortes en la constitución de la Corporación provincial, que se había retrasado por los recursos por supuesto fraude en los censos electorales. El portavoz socialista, Francesc Colomer, recordó que los cargos de la Diputación son de elección indirecta y pidió prudencia a Fabra.
"El 27 de mayo no había urnas para los diputados provinciales", dijo Colomer. En una intervención que no tuvo contestación por parte de Fabra, el recién elegido portavoz socialista en la diputación quiso empezar su intervención reconociendo "la victoria política de nuestro adversario" y felicitando al reelegido presidente pero advirtiéndole de que tenga presente que "ésta no es la sede del PP", tal como dijo, sino de "todos los ayuntamientos".
Colomer inicio su andadura con una diplomática pero dura crítica a las "formas" e hizo referencia, aunque no explícita, a métodos caciquiles. Así, expuso su idea de institución provincial como "ayuntamiento de ayuntamientos" y "razón de ser de los municipios pero no para controlarlos y fiscalizarlos, como en el siglo XIX, sino para cooperar y compartir".
La intervención de Colomer no hizo variar el discurso de Fabra que consistió en una retahíla de proyectos ejecutados y por ejecutar. También indicó que la Diputación tiene que reclamar inversiones que apoyen el progreso de la provincia" y mencionó obras como el aeropuerto, los accesos al Puerto, la carretera Castellón-Benicàssim, la autovía Sagunto-Somport y otras infraestructuras. Además, hizo referencia a los resultados electorales en los que "los ciudadanos han hablado alto y claro" y han otorgado al PP un diputado provincial más de los obtenidos en la anterior legislatura. Con este argumentó indicó que "se aplicará el programa del PP" y únicamente habló de las formas en una reflexión final en la que sostuvo la necesidad de "recuperar el prestigio de la clase política, haciendo un ejercicio de autocrítica, pues los discursos de rencor y sectarios son del pasado".
123. RIPOLL LLEGA A LA DIPUTACIÓN ARROPADO POR ZAPLANA Y PIDE LA "COMPAÑÍA" DE CAMPS (15/07/07)
Eduardo Zaplana regresó a sus orígenes, encandiló a sus incondicionales y saludó discretamente al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El acto de toma de posesión de José Joaquín Ripoll como presidente de la Diputación de Alicante unió a las dos facciones del PP enfrentadas. Los zaplanistas se veían pletóricos y los campistas, más discretos. Ripoll, representante del sector zaplanista en Alicante, pidió "la compañía" de Camps y de la Generalitat en este nuevo mandato y abogó por la "intermunicipalidad" y el trabajo en red para seguir avanzando.
Desde el mitin en Altea, en plena campaña electoral, Zaplana no había regresado a Alicante y desde mucho antes tampoco había coincidido con el actual presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Los dos mandatarios del PP apenas cruzaron palabra alguna en público, tan sólo un discreto saludo al entrar al salón de plenos y poco más. Camps, que se trajo de Valencia a la nueva presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, y a dos de sus consejeros, los alicantinos Mario Flores y José Ramón García Antón, se fue pronto, nada más terminar el acto institucional y evitó quedarse al ágape.
Sin embargo, a Zaplana se le veía pletórico y cómodo, casi como en casa. Todo eran abrazos, besos y la misma frase: "Cuanto tiempo, que alegría verte por aquí". El actual portavoz del PP en el Congreso de los Diputados estuvo arropado por algunos de sus fieles incondicionales, que han sido defenestrados por el campismo en las pasadas elecciones. Con él estuvieron los ex consejeros Miguel Peralta y Gema Amor, así cómo Juanma Cabot, Macarena Montesinos, Carlos Mazón o Pedro Romero. La familia zaplanista volvía a estar junta.
Y mientras tanto, el nuevo presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, no daba abasto para atender a los suyos y quedar bien con los otros y con las numerosas autoridades que acudieron a su toma de posesión. Arropado por varios alcaldes de la provincia, José Joaquín Ripoll, del PP, fue elegido presidente por 18 votos a favor y 13 en contra, que apoyaron al candidato socialista, Roque Moreno. Ripoll insistió mucho durante su discurso en defender la importancia que tienen para él las Diputaciones como "órganos imprescindibles en el proceso descentralizador desde la comunidad autónoma hacia los Ayuntamientos" y "garantes de la autonomía local". Por eso, el mandatario del PP, que afronta su segundo mandato, defiende una Diputación "intermunicipal" que trabaje en un sistema de "red de redes" para mejorar los servicios que presta los Ayuntamientos.
124. EL PP VALENCIANO HACE SENADORA TERRITORIAL A UNA DE LAS HIJAS DE FABRA (17/07/07)
El PP valenciano, que lidera Francisco Camps, ha incluido en la lista de senadores de designación autonómica (que se elegirán en el Parlamento regional) a Andrea Fabra, de 34 años, hija mayor de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón e imputado por supuestos delitos de tráfico de influencias. Además, Carlos Fabra se aumentó un 10% el sueldo (hasta los 92.400 euros) y sumó 10 asesores más a los 23 que ya tenía.
El Comité Electoral Regional del PP designó a una de las hijas del presidente de la Diputación de Castellón para ocupar uno de los puestos de senador de designación territorial que se han de votar en las Cortes Valencianas. Sin haber ocupado cargo institucional alguno y sin pasar por un proceso electoral -ya que la propuesta es de libre designación-, Carlos Fabra coloca a la que, sin duda, es una de sus personas de confianza y para la que ya trató de lograr un puesto en las elecciones generales de 2004.
Entonces, tanto su propio partido como el peso de las imputaciones por las que está siendo investigado el líder del PP de Castellón (tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal) impidieron que colocara a una de sus hijas.
Sin embargo ahora, pese a que el único cargo que ha ocupado Andrea Fabra es el de vocal del comité ejecutivo provincial que preside su propio padre, el PP no ha puesto ningún impedimento a que la propuesta sea elevada a las Cortes Valencianas y la hija de Fabra ocupe el puesto durante cuatro años. Junto a ella, se votará a otros dos candidatos populares, el ex presidente de las Cortes Valencianas Julio de España y el ex diputado Juan Antonio Rodríguez Marín, y a los socialistas Joan Lerma, ex presidente de la Generalitat, y Andrés Perelló, hasta ahora diputado autonómico.
Ricardo Costa, secretario regional del PP de la Comunidad Valenciana y hermano del recién elegido director del programa electoral del PP, Juan Costa, justificó la designación de Andrea Fabra, de la que destacó que lleva años militando en el partido, pertenece a sus órganos de representación y tiene "todos los derechos y todas las cualidades" para acceder a este cargo. Fabra tiene cuatro hijos, dos varones y dos mujeres.
Costa sostuvo que los senadores territoriales constituyen un "nuevo activo" para el partido y que trasladarán a la Cámara alta "la voz de todos los valencianos", ya que conocen "milimétricamente" las necesidades de la Comunidad Valenciana y las exigencias que hay que plantear al Gobierno central. Andrea Fabra reside en Madrid desde hace años, pues está casada con el consejero de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes. Durante unos años ha formado parte de la Fundación Telefónica a las órdenes de Arturo Moreno.
La hija de Carlos Fabra tampoco se ha visto exenta de la investigación del caso que afecta a su padre, ya que la Audiencia de Castellón aceptó la investigación de su patrimonio y cuentas, al igual que el de sus tres hermanos y su madre, que también está imputada en el mismo procedimiento judicial. Sin embargo, pese a que los datos fiscales de la familia del líder del PP de Castellón entre 1999 y 2004 ya han llegado al juzgado, la abultada documentación no incluye ninguna información relativa a Andrea Fabra. Lo que sí figura en las diligencias es que la futura senadora es titular de una parte de la empresa de su padre, Carmacas, a través de la que, según el empresario que denunció a Fabra, se realizaban los pagos por los "favores políticos" de los que le acusa. También figura Andrea Fabra como propietaria de un chalé en Pozuelo de Alarcón y copropietaria de otro chalé en Les Platgetes de Bellver (Oropesa).
Mientras tanto, el primer pleno de la Diputación de Castellón aprobó la subida de sueldo de su presidente, Carlos Fabra, que pasará a cobrar 92.400 euros en catorce pagas, lo que supone un incremento del 10% respecto al sueldo que percibía durante el anterior mandato. Sus vicepresidentes, que han pasado de cuatro a seis, cobrarán 69.300 euros (lo que supone un incremento de 10.000 euros). Tal como ocurre desde que llegó a la presidencia de la Diputación, y pese a su generosa remuneración, Fabra no tiene dedicación exclusiva.
Además, el pleno de la Diputación castellonense aprobó el nuevo elenco de cargos de libre designación que, en el caso del PP, asciende de 23 a 33 personas. Junto a los tres asesores designados por el PSPV y el correspondiente a Bloc Nacionalista Valencià, ambos en la oposición, el conjunto de asesores costará a las arcas públicas cerca de 1,2 millones de euros anuales.
125. EL CONSTITUCIONAL RECHAZA EL RECURSO DE VALENCIA CONTRA EL ESTATUTO ANDALUZ (17/07/07)
El Pleno del Tribunal Constitucional ha calificado de "extravagante" el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat Valenciana contra una de las disposiciones del nuevo Estatuto de Andalucía y decidido no admitirlo a trámite. En concreto, el recurso de la Generalitat se centraba sobre el sistema de financiación del Estatuto andaluz, que vincula la inversión estatal en Andalucía "al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un periodo de siete años". El Estatuto andaluz fue aprobado en el Congreso con los votos, entre otros, de los diputados del PP.
El Constitucional considera que el recurso presentado por la Generalitat valenciana, presidida por Francisco Camps (PP), es "extravagante", ya que "no se cuestiona la inconstitucionalidad del precepto recurrido [la disposición adicional tercera], sino su incongruencia" respecto al Estatuto catalán, que vincula las inversiones estatales en la comunidad al peso del Producto Interior Bruto catalán con respecto al PIB nacional, en vez de vincularlas a la población. Añade el Constitucional que lo que se reclama de él es "que salve la indicada incongruencia entre ambos preceptos estatutarios a través de su labor interpretativa", lo cual es "ajeno" a la jurisdicción del Alto Tribunal. Lo que se trata de lograr, dice el TC, es "otra interpretación, esta vez de inconstitucionalidad, de un precepto diferente de otro Estatuto de Autonomía que ya fue recurrido en tiempo y forma".
El Gobierno valenciano presentó el pasado 19 de junio su recurso contra el Estatuto andaluz, después de recibir un informe favorable del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que entendía, como el Ejecutivo de la Generalitat, que el sistema de financiación del nuevo Estatuto andaluz vulnera la Constitución. En concreto, se presentó contra el apartado segundo de la Disposición adicional tercera del Estatuto, que dice que "la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un periodo de siete años".
Valencia teme que ese tipo de financiación ligada al número de habitantes le perjudique a la hora de recibir dinero del Estado, por lo que el Gobierno de la Generalitat, presidido por Francisco Camps (PP), decidió recurrir ante el TC, pese a que el Estatuto andaluz fue aprobado en el Parlamento de Sevilla tras un acuerdo entre PP y PSOE y después, en las Cortes Generales recibió el apoyo de una amplísima mayoría de los diputados, entre ellos los del PP.
126. RUS PROPONE "CORTAR LA MANO" A QUIEN LA META EN LA CAJA (17/07/07)
Alfonso Rus, nuevo presidente de la Diputación de Valencia en sustitución de Fernando Giner, del PP, se mostró partidario , en el discurso de su toma de posesión, de "cortar la mano" a los políticos que la metan en la caja. Rus manifestó su voluntad de "escuchar a la gente" y de salir a la calle para atender las necesidades de los ciudadanos. El portavoz socialista, Rafael Rubio, pidió que se acabe con "el paternalismo y el clientelismo político" y que se reduzcan "las concesiones graciables y la discrecionalidad".
La constitución de la Diputación de Valencia reunió en el Palau de la Batlia a la plana mayor del PP, con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a la cabeza. El presidente provincial del partido en Valencia, Alfonso Rus, fue elegido nuevo presidente en sustitución de Fernando Giner. Después de su elección y de las intervenciones de los portavoces de los grupos, Rus dejó de lado los folios que tenía preparados para su primer parlamento e improvisó un discurso en el que dio rienda suelta a su peculiar populismo.
Rus manifestó su voluntad de "escuchar a la gente" y "pasear" por las calles para atender las necesidades de los ciudadanos e invitó a los diputados a que "trabajen, se esfuercen, debatan y lleguen a acuerdos", pero, "sobre todo, que escuchen a la gente" para "crear ilusión". Como quiera que el portavoz del PSPV, Rafael Rubio, había garantizado que hará una oposición "educada, leal y constructiva", fundamentada en el "debate sosegado y la discrepancia serena" con el objetivo de llegar al consenso, la forma de decisión del político que el socialista consideró "más noble", Rus pidió una oposición "leal, enérgica y educada", en lugar de la "virulencia tremenda" y las "malas formas" que, en su opinión, han mostrado los socialistas en la campaña electoral para "ganar por ganar". El nuevo presidente hizo profesión de fe de la honestidad de los políticos y propuso "cortar la mano" a aquellos que la metan en la caja, "como Jomeini".
Rafael Rubio pidió que se abandone "el paternalismo y el clientelismo político que ha presidido la acción de la Diputación durante la mayor parte de su ya larga historia" y emplazó a que se reduzcan "las concesiones graciables y la discrecionalidad" en la Corporación. También planteó afrontar "el problema de los recursos económicos". Para ello, según consideró, se deben desarrollar la ley de Régimen Local y el Fondo de Cooperación Municipal, recogidos en el Estatut d'Autonomia, y convertir a las Diputaciones en una "administración indirecta".
Al igual que Rus, el portavoz del PP, Vicente Ferrer, se deshizo en elogios hacia el presidente de la Generalitat y afirmó que la Diputación "debe unirse con entusiasmo" al proyecto que "lideran Camps y el PP".
127. ANDREA FABRA: LA FAMILIA Y UNA MÁS (18/07/07)
Un siglo separa el fallecimiento de Victorino Fabra Gil, el agüelo Pantorrilles , del nombramiento de Andrea Fabra Fernández como senadora. En estos más de cien años, el apellido Fabra ha marcado la vida política castellonense y ha dado origen a una estirpe que ya tiene heredera. La hija mayor del actual presidente de la diputación es la octava en la línea sucesoria y garantiza la supervivencia del fabrismo.
El pleno de les Corts Valencianes aprobó la designación de Andrea Fabra como senadora territorial por el PP. La mayor de los cuatro vástagos del líder provincial - casada con el consejero de Sanidad la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes - ya estuvo a punto de dar el salto a la arena política en 2004 como número dos del PP de Castelló al Congreso. Sin embargo, el escándalo judicial de su padre, que se encontraba por aquel entonces en un punto álgido, truncó sus expectativas.
Casi cuatro años después, con el caso Fabra congelado en los juzgados de Nules y tras la apabullante victoria del PP en las pasadas elecciones, el líder provincial del PP tiene las manos libres para cumplir lo que prometió a su hija: un escaño en las Cortes Generales Carlos Fabra no sólo se ha limitado a situar a su hija en el Senado. También ha colocado a su hermano, José Alberto Fabra, en el Ayuntamiento de la capital para que lleve las relaciones institucionales, lo que denota el poder omnímodo del mandatario provincial. Nadie se sorprende ni rechista en las filas populares, acostumbradas a que el presidente haga y deshaga a su antojo. "Es el tributo que hemos de pagar por un liderazgo tan fuerte", afirma un destacado dirigente que prefiere guardar el anonimato.
Los reproches por la designación de Andrea Fabra como senadora sólo vienen de los adversarios políticos, que recuerdan la triple imputación judicial del presidente de la diputación. El secretario general del PP, Ángel Acebes, tildó de "exageradas" las críticas. "Son ganas de meterse con el PP y no me cabe duda de quién proviene, del Partido Socialista. Esto lo vamos a vivir durante toda la campaña", aseguró Acebes durante su visita a la agrupación de Girona.
En el ocaso de su carrera política, Carlos Fabra ya tiene quien prolongue la vida política de una saga familiar que hunde sus raíces en el siglo XIX. El fundador fue el ya mencionado Victorino Fabra Gil, oriundo de Llucena y conocido con el mote de agüelo Pantorrilles por vestir con calzón corto. De origen liberal, combatió a los carlistas de Cabrera y, tras fichar por la Unión Liberal de O'Donnell, se convirtió en presidente de la diputación de Castelló y paradigma del caciquismo decimonónico. Le sucedieron sus sobrinos Victorino, Hipólito y Plácido y luego Luis Fabra Sanz, Carlos Fabra Andrés y, por último, Carlos Fabra Carreras, quien es presidente de manera ininterrumpida desde 1995.
Y como no hay siete sin ocho, la hija de este último recoge el testigo, aunque, al contrario que sus predecesores, no centrará su carrera política en Castelló sino en Madrid, donde reside.
128. INSTRUCCIÓN JUDICIAL EN VÍA MUERTA CON IMPUTADOS DEL PP (25/07/07)
Los juzgados de Alicante acaparan siete de las investigaciones judiciales más llamativas de la Comunidad Valenciana con el transfondo de la corrupción como hilo conductor. Una característica común a este ramillete de sumarios estrella es el parón en las diligencias tras el arreón inicial a consecuencia del impacto mediático. El cansino tiempo procesal se repite en cada una de las causas, desde la primera y más voluminosa -la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra el Consistorio de Orihuela por 16 casos de corrupción urbanística y contable- hasta la más reciente y directamente relacionada con el Ayuntamiento oriolano, el supuesto soborno por la contrata de la basura, pasando por el sumario por un caso similar en la contrata de basura de Xàbia.
Fuentes judiciales consultadas achacan la fatigosa instrucción de las causas en las que están implicados cargos públicos, además de a la inercia de la burocracia judicial, a los potentes recursos de los encausados, respaldados por experimentados despachos de abogados capaces de exprimir al máximo los vericuetos del procedimiento a base de recursos que dilatan sine díe los procesos. El supuesto desfalco de seis millones de euros en Mercalicante, en el que está imputado el alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, es uno de los paradigmas de esta situación: cinco años después, el sumario está abierto. Y la recién adquirida condición de aforado del regidor amenaza con devolverlo al punto de partida. La causa, por imperativo legal, tiene que pasar a la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Comunidad Valenciana. Otro lugar común a los sumarios con cargos públicos procesados ha sido con frecuencia la celebración de la vista oral décadas después de cometerse los hechos. Llegado ese momento, los acusados suelen conformarse, al rebajar el ministerio fiscal la pena por "dilación indebida". Ejemplos de este tipo de resoluciones hay varios. El último el del ex alcalde de Muro de Alcoi, José Gosálvez, del PP, que hace unas semanas cerró su procesamiento por prevaricación a cambio de una multa de 600 euros.
- 16 causas y sólo tres imputados. El 14 de marzo de 2006 el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, presentó una denuncia general contra el Consistorio de Orihuela por supuestos delitos de corrupción derivados de la gestión urbanística y contable. Un mes después, el ministerio público desglosó la acusación en una causa principal contra el ex alcalde, José Manuel Medina, del PP, y 15 secundarias. Un año y dos meses después, en la causa principal sólo ha declarado (septiembre de 2006) como imputado el ex regidor. Medina admitió parcialmente la acusación, es decir, que usó bienes (un Rolls Royce y un chalé) propiedad de un promotor beneficiado con adjudicaciones urbanísticas municipales. No se ha practicado ninguna prueba testifical ni documental nueva, aparte de reclamar al Consistorio la documentación sobre el plan general urbano. En las 15 causas secundarias, sólo ha habido declaraciones de imputados en una de ellas. Ningún imputado más en el resto de 14 sumarios, donde los jueces se han limitado a pruebas testificales preliminares, es decir, el interrogatorio a los portavoces de la oposición, y del ex interventor de la Corporación, José Manuel Espinosa, testigo de cargo del fiscal.
- Extorsiones de ida y vuelta. El segundo sumario que afecta de pleno al Ayuntamiento de Orihuela está relacionado con el supuesto soborno por la contrata de basura del municipio recogido en una conversación grabada entre el industrial afín al PP Ángel Fenoll y el ex concejal del Centro Liberal, Jesús Ferrández. El industrial difundió la grabación el 21 de marzo de 2006. Inicialmente, el concejal presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción de Alicante por supuestas injurias. La Fiscalía archivó esa denuncia y abrió otra investigación, en este caso por los supuestos delitos de extorsión, cohecho y tráfico de influencias. El ministerio público trasladó su escrito al juzgado el pasado mes de abril. La juez encargada de la investigación, la magistrada Nuria Soler, titular del juzgado número 3 de Orihuela, decretó el secreto del sumario. El 28 de mayo acordó las primeras diligencias: la detención del industrial Fenoll y cinco personas más de su clan empresarial por supuesta extorsión. Entre los detenidos estaba su gerente, y a su vez, edil electo del PP en Albatera, Javier Bru. El 2 de junio ordenó el ingreso en prisión de tres de los arrestados (Fenoll, Bru y el hijo del empresario). El 29 de ese mismo mes accedió a su excarcelamiento (medida que había rechazado una semana antes alegando posible obstrucción a la justicia y destrucción de pruebas) mediante el pago de una fianza. La magistrada mantiene secretas las diligencias y sólo ha trascendió la práctica de una nueva prueba: la petición al Ayuntamiento de la declaración de bienes del ex edil Ferrández.
- Soborno de Xàbia. La instrucción por un supuesto soborno por la contrata de la basura de Xàbia de la constructora FCC denunciado por el PSPV a mediados de diciembre de 2006 sigue estancada medio año después. La juez del caso, la titular del juez del Juzgado número 4 de Dénia, se ha limitado a tomar declaración el pasado mes de marzo, como imputados, a dos directivos de la mercantil, y tres semanas después al ex concejal socialista Pascual Codina, en calidad de testigo. El segundo testigo del supuesto intento de pago de comisiones ilegales (también grabado en DVD), el ex asesor del grupo socialista José Luis Sánchez Mantilla, todavía no ha sido interrogado por la juez. La magistrada no ha acordado ninguna diligencia sobre una segunda denuncia de los socialistas que afecta a la otra empresa aspirante a la contrata, la firma Cespa. El estado de la investigación es una incógnita, dado que la juez y el secretario están ahora de vacaciones, según han señalado fuentes del Tribunal Superior de Justicia.
- Caso Catral. La investigación por la masiva construcción de casas en plena huerta del término de Catral, en suelo no urbanizable y sin licencia de obras, presenta idénticos síntomas de parálisis que los tres casos anteriores. La juez del caso, Natividad Navarro, titular del juzgado número 5 de Orihuela, archivó primero una denuncia presentada en agosto de 2004 por la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU). A raíz de la polémica suscitada por la intervención de las normas urbanísticas del municipio por parte del Consell, la magistrada reabrió el sumario a principios del pasado mes de enero. Desde entonces, la juez se ha limitado a tomar declaración a principios de febrero como imputados al ex alcalde, José Manuel Rodríguez Leal, y dos empresarios. La magistrada instructora no se ha pronunciado todavía sobre la nueva batería de pruebas propuesta por la acusación particular que ejerce el colectivo AECU, que demanda la imputación de los cuatro ediles de la comisión de gobierno y nuevos constructores, entre ellos familiares directos del ex regidor.
- Multimillonaria plusvalía en el limbo. Pedro Ángel Mateo, alcalde de Torrevieja, del PP, compró una finca rústica en 2000 por 180.000 euros y la vendió dos años más tarde por 5,4 millones. A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el juzgado número 4 de Torrevieja inició una investigación por un supuesto delito de tráfico de influencias y uso privilegiado de información. El regidor declaró como imputado el 28 de octubre de 2005. Desde esa fecha está pendiente la práctica de la prueba testifical que propone la acusación particular, entre otros, el promotor que vendió y compró la finca al alcalde. Este caso sufrirá un parón añadido al tener que pasar al TSJ porque el alcalde es diputado autonómico.
129. IMPUTADAS OTRAS DOS EX ALTOS CARGOS DEL PP POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN EL 'CASO FABRA' (25/07/07)
La ex directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad Dolores Flores y la ex directora general de Calidad Ambiental de la Generalitat valenciana Pilar Máñez deberán declarar como imputadas por un presunto delito de tráfico de influencias ante el Juzgado de Nules que instruye las diligencias del llamado caso Fabra. Ambas habrán de aclarar si realizaron alguna gestión para autorizar productos fitosanitarios que fabricaba Vicente Vilar, el empresario que acusó al presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, de cobrarle a cambio de favores políticos.
Sus interrogatorios como imputadas ya habían sido aceptados por la Audiencia pero sólo con la acusación de su presunta responsabilidad en un delito contra la salud pública, dada la repercusión que los fitosanitarios otorgados de forma irregular podrían tener en la agricultura. Sin embargo, la acusación particular, que está representada por la Unión de Consumidores y Usuarios (UCE), alegó que su participación fue crucial y que de la actuación de ambas se podían derivar conductas relativas a delitos contra la Administración publica, entre los que se halla el tráfico de influencias. La titular del Juzgado número 1 de Nules rechazó la petición de la UCE, que finalmente la Audiencia de Castellón ha admitido.
Dolores Flores era directora general de Salud Pública en la época en que Celia Villalobos desempeñó la cartera ministerial dentro del Gobierno de José María Aznar. Las autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios que, supuestamente, Carlos Fabra trataba de agilizar tenían que pasar, en primer lugar, por el examen del Ministerio de Sanidad. En julio de 2002, la directora general remitió un escrito al presidente de la Diputación de Castellón en el que le "detallaba" los nombres de los productos que ya habían logrado la autorización de Sanidad y que iban a ser remitidos al Ministerio de Agricultura para la aprobación definitiva. Entre los que enumeraba, se encontraban las sustancias para las que el empresario Vicente Vilar esperaba respuesta.
Flores, cuyo fax fue aportado por el propio Vilar al juzgado, explicitaba en el escrito: "En unos días espero que pueda salir la mayoría". Y se despedía con "un abrazo". La propia ex directora general de Salud Pública reconoció que la firma era la suya. Cuando Vicente Vilar implicó a Dolores Flores en el llamado caso Fabra se refirió a ella como "amiga de Ana Botella", a la que el propio Fabra conocía por sus veraneos en Les Platgetes (Oropesa). Flores ocupa actualmente la Dirección General de la Infancia en el Ayuntamiento de Madrid.
En el caso de Pilar Máñez, su participación se remonta a la época en la que desempeñaba la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat valenciana. Según Vicente Vilar, su empresa Naranjax trataba de obtener una autorización como firma gestora de residuos para el tratamiento de pieles y su conversión en abono.
La solicitud se remontaba a 1999, pero la Consejería de Medio Ambiente estuvo durante años poniendo trabas y exigiendo documentación a la empresa hasta que, en enero de 2002, la directora general recibió al propio empresario, acompañado de Carlos Fabra. Dos días antes de la reunión, Vilar remitió a Fabra el informe redactado por sus técnicos y el nombre del técnico de la Dirección General que supervisaba el expediente. El líder del PP de Castellón reconoció ante el juzgado haber asistido a la reunión. Un mes después, la Generalitat valenciana concedió la resolución favorable para la gestión de residuos.
La imputación de las dos ex altos cargos del PP se suma a la del ex director general del Ministerio de Agricultura Rafael Milián, el secretario general de Gestión Sanitaria, Rubén Moreno, el ex subdelegado del Gobierno en Castellón Vicente Sánchez Peral, así como el ex diputado por Castellón en el Congreso Miguel Prim.
130. EL PP MANTIENE EN EL GOBIERNO VALENCIANO A UN FUGITIVO DE LA LEY (26/07/07)
Este es Emilio Barberá. En marzo de 2006 fue nombrado por el Gobierno regional de la Comunidad Valenciana, en manos del PP, responsable de Universidades de la región, después de que, allá por el año 91, hubiera tenido que dimitir como rector de la Universidad del País Vasco (UPV) y al poco verse obligado a salir de España huyendo de la justicia, que lo perseguía por delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos. Nadie parece preocuparse por este pájaro que aún vuela en libertad, al amparo de la mayoría absoluta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana.
Emilio Barberá fue rector de la Universidad del País Vasco entre 1985 y 1991, donde, supuestamente, se habrían producido sus primeras actuaciones en contra de la ley. Según describió el periodista Javier Ortiz en su página web, en aquellos años, entre otras lindezas, el rector organizó "desde viajes en pandilla a Nueva York en los que se pagaba todo, hasta la adquisición de cámaras de vídeo, con las tarjetas Visa del Rectorado, hasta renovaciones constantes del césped del campus (que, tratándose de Vizcaya, es fácil comprender que se secaba un mes sí y otro también", ironizó el periodista)
Precisamente, Ortiz, en 1991 y como "enviado imperial" -como él mismo se denominó cuando Pedro J. lo envió al País Vasco- del diario El Mundo en sus comienzos, destapó los escándalos de corrupción y otros delitos que impunemente había cometido Barberá en su cargo de la universidad pública. El entonces rector intentó sobornar por teléfono a Ortiz para que éste dejara de airear el tema, pero el viejo periodista grabó aquella conversación y al día siguiente la publicó. Tras el descubrimiento de estas informaciones, los estudiantes se movilizaron y empezaron a acudir a clase con camisetas en las que se exigía la dimisión de Barberá, la justicia hizo su trabajo y el Tribunal de Cuentas se puso a investigar el tema.
Emilio Barberá dimitió de su cargo como rector el 3 de septiembre de 1991 y
poco después se vio obligado a salir del país ante el acoso de la ley. Pero
no se fue con las manos vacías. Según publicó El País en una
información el 9 de marzo de 2006, dos días después de presentar su
dimisión, el rector en funciones de la Universidad del País Vasco,
vicerrector del equipo de Barberá, firmó una resolución injustificada por la
que se le reconocía a éste una "licencia retribuida de un año", es decir,
que se le pagó alrededor de 35.000 euros que equivalían a un año de su
sueldo.
Un colectivo de 101 representantes de todos los estamentos de la UPV se
constituyó como acusación particular presentando una querella criminal
contra Barberá por las irregularidades detectadas durante su gestión tal y
como cuenta El Mundo en una noticia del 25 de enero de 1995. El Tribunal
Supremo les dio la razón en 1999 y obligó a Barberá a devolver el cobro
ilegal de los 35.000 euros. Sin embargo, éste estaba en paradero desconocido
y en su nombre acudieron al juzgado el procurador Xavier Núñez Irueta y el
abogado José Antonio Esteban.
Según Javier Ortiz, este sospechoso ex rector se afincó en Canadá hasta que,
en marzo de 2006, el Gobierno Regional de la Comunidad Valenciana, donde el
Partido Popular tiene la mayoría absoluta y obviando su más que turbio
pasado, lo nombró Responsable de Universidades de la comunidad. El Consell
destacó entonces la trayectoria de Barberá por tener "40 patentes
internacionales" y por ser cofundador de diversas empresas de
investigación.
Casi nadie se echó las manos a la cabeza cuando el Consell anunció este
nombramiento y aún Barberá sigue impune, ocupando un cargo público después
de haberse aprovechado durante 6 años del dinero de todos los españoles.
Ante esto, el propio periodista Javier Ortiz, se escandaliza en un post que
colgó en su blog el 15 de julio de 2007y pregunta retóricamente: "¿A qué
narices se dedica el Partit Socialista del País Valencià? ¿E Izquierda
Unida, y San Pito Pato? ¡Un individuo que tuvo que salir huyendo de la
Universidad Vasca perseguido por un reguero de corrupción, encargado de los
asuntos universitarios de la Comunidad Valenciana, y nadie dice nada!".
131. EL LÍDER EN CASTELLÓN DE LAS JUVENTUDES DEL PP ARREMETE CONTRA FABRA Y DIMITE (27/07/07)
El presidente provincial de Nuevas Generaciones (NNGG) en Castellón, Mariano Sardina, ha presentado su dimisión por desavenencias con el presidente provincial, Carlos Fabra, según confirmaron fuentes del PP. La presidenta regional del colectivo juvenil del PP en la Comunidad Valenciana, Verónica Marcos, aseguró no tener constancia de la dimisión, después de que se conociera que Sardina había criticado duramente las formas empleadas por Carlos Fabra desde la dirección del PP en Castellón, que calificó de "dictadura".
"Se ha convertido en un partido de pensamiento único, aunque por detrás, nunca a la cara, hay mucha gente descontenta", declaró Sardina. "Todo está demasiado jerarquizado y no hay libertad de expresión", añadió. Sin embargo, estuvo todo el día "desaparecido" y no atendió llamadas.
Han tenido que ser los jóvenes del PP, y su cabeza más visible, el presidente de NNGG, quienes se hayan atrevido a desafiar el férreo "poder" que Carlos Fabra ostenta sobre el partido en la provincia. A desafiar y a reconocer que en la ciudad de Castellón "los resultados no fueron todo lo buenos que se esperaban, aunque nadie se atreve a decir que el caso Fabra ha perjudicado", indicó. Las fuentes consultadas aseguran que el desencuentro entre Sardina y Fabra viene de lejos y que, entre otras cosas, la postura de Carlos Fabra en relación con la Universidad Jaume I y sus dirigentes fue uno de los temas que enfrentó a ambos. "La mala relación se agudizó con la confección de las listas", indicaron las mismas fuentes.
Así, la crítica de Sardina, quien además estuvo vinculado al sector zaplanista, llega en un momento en el que su postura es achacable a una "rabieta" al haber sido excluido de las listas autonómicas en las que sí aparecía en 2003. De hecho ésta fue la argumentación de algunos miembros del PP castellonense que, sin conocer la dimisión, sí admitieron estar al tanto del descontento en NNGG tras la publicación de los nombres que ocupaban las candidaturas.
Según el citado diario, Mariano Sardina decidió dejar su cargo "harto" de la "dictadura" de Carlos Fabra a quien ya remitió un escrito antes de que se celebraran las pasadas elecciones del 27 de mayo en la que le hacía saber su disconformidad con el proceso de elaboración de las candidaturas en las que no se respetaban los cauces para incluir a integrantes de Nuevas Generaciones. Al parecer, el líder del PP le respondió mostrando su desacuerdo con lo que Sardina formalizó su dimisión como presidente de NNGG tras las elecciones
132. CALP HARÁ UNA AUDITORÍA PARA ESCLARECER LA DEUDA DE 60 MILLONES (28/07/07)
El gobierno local de Xàbia, un tripartido liderado por el PSPV, ha anunciado la contratación de una auditoria sobre las cuentas municipales para averiguar en qué invirtió el anterior equipo, en manos del PP durante los 12 años con mayoría absoluta, los 60 millones de euros deuda que ha acumulado el Consistorio. El actual equipo de gobierno, integrado por el PSPV, BLOC y PSD, denuncia, además, la pérdida de 424.000 euros del arqueo de caja. El concejal de Presidencia, Joaquim Tur, advirtió que "únicamente podía deberse a que alguien había metido la mano".
Según los técnicos del Ayuntamiento, el dinero "ha desaparecido" de las arcas municipales, comentaba Tur, y "queremos saber dónde ha ido a parar". El PP no ha comentado la denuncia. El edil del área de Hacienda, Fernando Penella, ha matizado que "habrá deuda pero es que se han hecho muchas cosas para los vecinos de Calp".
El equipo de gobierno también echa en cara al PP la innumerable cantidad de facturas sin expediente y sin contrato que se han ocultado, y que por tanto permanecen pendientes de pago y que, según conocen los funcionarios, se encuentran "en la nevera".
El PP tampoco supo justificar el gasto en Protocolo, por lo que recibieron duras críticas del grupo de gobierno que les acusó de "despilfarro injustificado". Los populares no han dado explicaciones de las facturas que han entrado en el Ayuntamiento por un monto de hasta 80.000 euros en gastos de material o banquetes por 30.000 euros. Y el gobierno se ha mostrado indignado por "el derroche que se ha realizado del dinero público", dijo el alcalde, el socialista Luis Serna.
133. CAMPS PONE TRABAS A LA DESALADORA DE TORREVIEJA TRAS PERDER EN EL CONSTITUCIONAL (29/07/07)
El Consell que preside Francisco Camps no ceja en su empeño de frenar a toda costa la desaladora de Torrevieja. Tras el varapalo que recibió el pasado martes del Tribunal Constitucional, que confirmó la suspensión del acuerdo del Cosell que paralizó la desaladora por su supuesto impacto negativo, auto que supone avalar la legalidad y el respeto ambiental de la infraestructura, ahora la Consejería de Medio Ambiente ha rechazado la autorización de vertido de la planta. El consejero José Ramón García Antón asegura que es "una decisión responsable y no política".
La Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha rechazado la autorización de vertido solicitada por Acuamed para la desaladora de Torrevieja (Alicante), según consta en la resolución dictada contestando al recurso de alzada interpuesto por esta empresa dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, informaron ayer fuentes de la Generalitat en un comunicado. Así, la Consejería de Medio Ambiente y Agua "da contestación al argumento esgrimido por Acuamed contra la desestimación por silencio administrativo de la autorización de vertido al mar para la planta desaladora de Torrevieja", apuntaron desde el Consell.
La decisión del Consell denegando la autorización de vertido se toma apenas cuatro días después de que el Constitucional rechazara la orden de paralizar la obra por su supuesto impacto negativo. "De su puesta en marcha", asegura el alto tribunal sobre la planta, "no se derivan afecciones medioambientales de tal entidad que justifiquen su prevalencia sobre los intereses generales vinculados a la seguridad del abastecimiento". El tribunal también recordó que en la misma zona donde se construye la planta que promueve Adrián Baltanás, director general de Acuamed, el propio Consell ya ha autorizado "otras instalaciones vinculadas a la prestación de servicios a la población como un hospital, una subestación eléctrica o, incluso, una depuradora".
En este sentido, el consejero de Medio Ambiente y Agua, José Ramón García Antón, insistió en que "una vez más se demuestra que la actitud del Ministerio de Medio Ambiente en relación con la construcción de la desaladora de Torrevieja, en particular, y con todas las actuaciones del Programa Agua, en general, está basada en la improvisación y la rapidez por querer poner en marcha actuaciones que no cuentan con todos los permisos y autorizaciones que marca la legislación".
Según explicaron, la Consejería de Medio Ambiente y Agua ampara su decisión en que la competencia para otorgar la autorización de vertido y de determinar las condiciones del mismo "es de la administración autonómica". El objetivo de la consejería es "garantizar que el vertido se realice minimizando la incidencia sobre los valores ambientales de la zona, que es un Lugar de Interés Comunitario (LIC)", señaló García Antón. El consejero manifestó que "como siempre el Ministerio de Medio tiene de dos varas de medir", con respecto a los asuntos que afectan a la por un lado "argumentan razones medioambientales, que no se han demostrado para derogar el Trasvase del Ebro o modificar el Trasvase Júcar-Vinalopó y por otro, obvian las afecciones medioambientales que puede generar el vertido de la desaladora de Torrevieja a una zona que es Lugar de Interés Comunitario".
Otro de los puntos que destaca la resolución dictada por la Consejería de Medio Ambiente y Agua es que la autorización de vertido "no puede en ningún caso ser condicionada por la Declaración de Impacto Ambiental", emitida por la Administración del Estado, "como pretende Acuamed".
García Antón resaltó que "esta resolución no es arbitraria ni política sino responsable, ya que el Gobierno valenciano no puede permitir que el Ministerio de Medio Ambiente obvie las competencias autonómicas y que al problema del agua en nuestra comunidad lo único que aporte sean soluciones desmesuradas y siempre tomadas desde la unilateralidad y sin la negociación y la llegada a acuerdos con todas las partes".
134. "Hay 40 millones de euros en obras que no corresponden a ningún contrato" (03/08/07)
El norteamericano John Fitzgerald es director general del parque Terra Mítica, en Benidorm. Ocupa esa responsabilidad desde el 25 de octubre de 2001, coincidiendo con la entrada de Paramount en la gestión del complejo. Antes, entre octubre de 1998 y julio de 2000, fue director de operaciones, cuando el parque estaba en construcción. En su declaración como testigo, el 26 de septiembre de 2006, ante el juzgado de instrucción número 3 de Valencia que investiga la trama de facturas falsas en el parque temático, Fitzgerald explicó que sabía que había problemas administrativos, que se dimensionó mal el parque y que conoció el malestar de algunos consejeros por los sobrecostes. Este es un extracto de su declaración,.
Abogado del Estado. Tengo otro documento, una propuesta de gasto. Generalmente, las propuestas de gastos venían determinadas por el director de división, que normalmente era el director técnico, daba el visto bueno el director general y con esto nos íbamos al departamento financiero a pagar.
John Fitzgerald. Sí.
A. E. ¿Esto no pasaba por la comisión ejecutiva?
J. F. No.
A. E. ¿Y esto no respondía a un contrato?
J. F. No.
A.E. ¿Con esto era suficiente para que la sociedad pagara?
J. F. Creo que hay 40 millones de euros en obras que no corresponden a ningún contrato.
A. E. Y no se supone, y así se ha dicho, que el sistema de control era muy riguroso.
J. F. Si el presupuesto era de 240 millones de euros y ha costado 376 millones de euros, está claro que mucho no pasaba por los contratos originales, en particular las obras de jardinería, que no estaban incluidas en la UTE, no pasaban por la comisión ejecutiva. No me consta que ninguna de las obras de jardinería del parque pasara por la comisión ejecutiva o el consejo de administración excepto las obras de la UTE Terra Verd. Esto de Red Moreno, Altos de Carrichal e incluso las de C3 no pasaban por la comisión ejecutiva.
Sobrecostes
Fiscal. ¿A usted le consta que había un presupuesto para la construcción del parque y que el sobrecoste fue importante?
John Fitzgerald. El presupuesto original era de 240 millones de euros. Y el coste final de 376 millones de euros.
F. ¿A qué puede obedecer esa diferencia?
J. F. Es una buena pregunta.
F. Pues conteste.
J. F. Mucho tiene que ver con que si no son expertos en parques temáticos, nunca han hecho la construcción de un parque temático, han hecho bastantes errores. Por ejemplo, en la construcción de la pirámide. Cuando yo pude entrar al parque y vi las escaleras por delante de la pirámide y la decoración... He visto poner y quitar y poner y quitar hormigón cinco o seis veces, lo que supone un sobrecoste en la construcción de la pirámide.
135. TERRA MÍTICA, UN PARQUE DE ATRACCIONES ENTRE LA RUINA ECONÓMICA Y LAS SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN (03/08/07)
Terra Mítica fue un proyecto emblemático del entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. Se presupuestó en 240 millones de euros y acabó costando 376 millones y acumulando pérdidas. Entró en funcionamiento en julio de 2000
El complejo, participado en un 20% por la Generalitat, acumuló sobrecostes cercanos al 40%, según la Sindicatura de Comptes
Hacienda denunció ante la Fiscalía de Valencia a finales de 2005 al parque y otras 19 empresas por una trama de facturas falsas que habría estafado a la Agencia Tributaria varios millones de euros en 1999 y 2000, justo cuando el parque se estaba construyendo
La investigación mantiene imputados a 30 directivos de empresas, entre ellos ex responsables de Terra Mítica Unas grabaciones de dos diputados autonómicos socialistas recogen el testimonio de dos imputados que vinculan a Zaplana con el cobro de comisiones durante la construcción del parque
En mayo de 2004, Terra Mítica suspendió pagos La suspensión se levantó 26 meses después gracias a la venta de terrenos adyacentes al parque por 216 millones de euros. Los compró el promotor Luis Ortiz
136. JULIO IGLESIAS COBRÓ DOS VECES EL CONCIERTO DEL IVEX EN MÉXICO (08/08/07)
Norberto Cacho Pérez, responsable del Auditorio Nacional de México en el que se celebró el 10 de mayo de 1999 un concierto de Julio Iglesias incluido en el acuerdo de promoción con el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), ha aportado datos a la Fiscalía de Valencia que permiten concluir que el evento fue pagado dos veces: una por la empresa RAC y otra por el propio Ivex.
El fiscal ha solicitado que se amplíe la comisión rogatoria y se obtenga información más detallada del trasiego de facturas y pagos que se efectuaron en relación con el evento de Julio Iglesias. Cacho Pérez, según la información remitida desde México al juzgado que instruye el supuesto fraude en el convenio suscrito entre el Ivex y el cantante Julio Iglesias, aporta un contrato entre el Auditorio Nacional y la empresa RAC Producciones. Como contraprestación por la organización del concierto, el Auditorio recibiría "el 12% de los ingresos de la venta de los boletos o 87.000 pesos mexicanos", más el pago de los servicios especiales que el Auditorio prestara para ese evento. Una vez celebrados y descontados los gastos del Auditorio, "al arrendador se le entregaron 2.062.147 pesos". RAC, a su vez, tenía un contrato con una de las empresas de Julio Iglesias, International Concerts, para organizar el evento. En él, "se fija que Internacional se obliga a prestación del servicio de producción, consultoría y apoyo, así como la organización logística de la gira por 64.000 dólares, cantidad que consta abonada en cuenta de UBS en Nassau", según la documentación en poder del juzgado.
Pero también le consta, que el Ivex realizó pagos los días 19 y 20 de mayo de 1999 por el concierto de México, ordenados por José María Tabares (entonces director del Ivex, condenado por estafa en otro asunto cuando ostentaba idéntica responsabilidad) y Joaquín Berenguer, vicepresidente del organismo entonces. El Ivex pagó 82.666 dólares; 93.846 dólares; 117.214 dólares; 106.740 pesetas y 128.742 dólares, sucesivamente. Pero no lo hizo a International Concerts, que firmó con RAC la organización del evento, sino a Midway International, otra empresa de Iglesias con la que el Auditorio Nacional de México no tuvo relación. Según el fiscal, "el pago no aparece debidamente justificado". En la documentación aportada, aparece que RAC, además del alquiler, pagó renta de montaje, director técnico, operadores de sonido, iluminación... Pagó en total 640.000 pesos. Esa cantidad coincide con los 64.000 dólares remitidos por RAC a International Concert. Esas irregularidades sustentan la petición de la Fiscalía de una nueva comisión rogatoria que aporte facturas detalladas que de momento no han aparecido y que expliquen, por ejemplo, el pago de 100.000 dólares por el alquiler de un equipo de sonido por sólo dos días.
Los datos recibidos del Auditorio Nacional coinciden con la versión dada por Vicente Sendra, ex delegado del Ivex en México, cuando declaró ante el juez en esta causa.
137. La policía detiene en París a Lagier, uno de los condenados por el caso IveX (10/08/07)
Agentes de la policía francesa, en colaboración con el Grupo de Localización de Fugitivos de la Policía española, detuvieron el pasado 20 de julio en las inmediaciones de París al empresario Jean Luc Marie Lagier, condenado a cinco años de prisión junto al ex director del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), José María Tabares, por un delito continuado de estafa agravada con un delito de falsedad, según informaron en un comunicado fuentes de la Dirección General de Policía. Lagier, de 60 años, tenía en vigor una Orden Europea de Detención y Entrega (Oede) emitida por las autoridades judiciales españolas.
El pasado 14 de junio, este periódico ya publicó que al empresario galo se le situaba en el país vecino -al parecer regentando una inmobiliaria en la Costa Azul- y que Tabares, siete meses después de que la Audiencia Provincial de Valencia dictara la orden de busca y captura, vivía y trabajaba en Tokio. El empresario francés está condenado, junto al ex director general del IVEX, "por emitir durante 1998 una serie de letras ficticias que no obedecían a operaciones reales. Con ellas, estafaron a varios bancos e incrementaron su patrimonio personal, en perjuicio de las entidades bancarias y del IVEX, todo ello con avales ilegítimos" , recordaron las citadas fuentes.
La Generalitat interpuso una querella por la desaparición de 10 millones de euros de las arcas públicas a través de avales bancarios para financiar una operación comercial con Túnez que permitiera a la multinacional Ford, con planta en Almussafes, exportar coches al norte de África. La Generalitat inició acciones legales contra ambos, ya que no contaban con la autorización de la empresa pública para la emisión de dichos avales y la misma excedía la actividad habitual y ordinaria del Instituto. Tras el juicio, después de varios recursos formulados y una vez confirmada la sentencia dictada, los condenados recurrieron en última instancia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y aprovecharon todas estas circunstancias para eludir la acción de la Justicia, según relata la Policía. La detención del empresario se produjo cuando se encontraba en las inmediaciones de París acompañado de su esposa. En ese momento, se le intervino documentación diversa que está siendo analizada, además de tres teléfonos móviles. El detenido está a la espera de ser entregado a España en los próximos días.
138. EL ALCALDE DE TORREVIEJA ADJUDICA POR DECRETO TRES OBRAS A LA FIRMA QUE LE COMPRÓ UNA FINCA (10/08/07)
El alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, sigue adjudicando contratos a la constructora Edén del Mar, sociedad con la que gestionó la compraventa de una finca. Esta operación inmobiliaria le reportó al regidor, en el espacio de dos años, una plusvalía de 5,2 millones de euros. Hernández Mateo está imputado en el sumario abierto por estos hechos. La investigación comenzó de orden de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante tras una denuncia de EU.
El portavoz adjunto del grupo municipal de EU, José Manuel García, desveló que Hernández Mateo autorizó el pasado mes de julio tres licencias de obras mediante sendos decretos a la mercantil Edén del Mar. El regidor firmó los decretos el 3 de julio (para la construcción de un bloque de 43 viviendas en la calle Casanovas), el 6 de julio (bloque de 39 casas en la calle Calera) y el 18 de julio (bloque de 27 viviendas en calle Casanovas).
El edil de la coalición de izquierdas señala que los tres decretos de Hernández Mateo han sido una de sus primeras iniciativas en el este nuevo mandato al frente de la alcaldía con mayoría absoluta (Hernández Mateo ocupa el cargo desde 1987). El concejal de EU subraya que los decretos autorizan el comienzo de las obras "cuando dos de ellas tienen ya la estructura terminada".
El portavoz adjunto de EU considera que Hernández Mateo ha podido incurrir en incompatibilidad a la hora de autorizar los permisos. "Vamos a pedir un informe a la secretaria general del Ayuntamiento pidiendo la incompatibilidad del alcalde y la nulidad de los actos administrativos en los que haya participado junto con los gerentes de la empresa Edén del Mar o sus filiales", explica García. En opinión de EU, la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas incluye al menos cuatro disposiciones que obligan a Hernández Mateo a abstenerse de participar en expedientes relacionados con la mercantil con la que mantiene una vinculación privada.
La investigación judicial por la compraventa de la finca rústica del alcalde de Torrevieja la dirige el titular del Juzgado número 4 de la localidad. El juez ya tomó declaración al regidor, como imputado por los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información, en octubre de 2005. Desde entonces, no se ha practicado ninguna otra prueba testifical, aunque sí otras documentales para averiguar el patrimonio del regidor.
No obstante, con toda probabilidad este juzgado no concluirá la instrucción de esa causa, ya que el primer y hasta ahora único imputado, es decir, Hernández Mateo, acaba de obtener la condición de aforado al ser elegido diputado autonómico. Por imperativo legal, el sumario deberá trasladarse el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.
139. EL TSJ DECLARA ILEGALES LAS OBRAS DEL NUEVO EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CALP (25/08/07)
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha declarado ilegales, pese a que ya están finalizadas, las obras de ampliación que llevó adelante el anterior gobierno municipal del Partido Popular en el edificio del nuevo Ayuntamiento de Calp y en la piscina municipal. La sentencia denuncia que los fondos que se utilizaron para la financiación de ambas obras provenían de la venta de suelo municipal que sólo puede estar destinado a promover viviendas de protección oficial. El nuevo alcalde socialista busca fórmulas para devolver el dinero.
El TSJ emite sendas sentencias en las que desestima los dos recursos de apelación que presentó el anterior gobierno del Partido Popular en Calp, presidido por Javier Morató, y argumenta que el dinero obtenido con la venta de Patrimonio Municipal de Suelo no puede destinarse a cualquier fin, "sino al de desarrollar técnica y económicamente la expansión de las poblaciones", a través de la construcción de viviendas de protección oficial (VPO).
El gobierno del Partido Popular gastó en la pasada legislatura alrededor de 3 millones de euros en la rehabilitación del edificio consistorial y 1,7 millones de euros en la construcción de la piscina. El dinero que financió estas obras, provenía de la venta de diversas bolsas de terreno recalificadas como suelo público y que únicamente podían ser destinadas a la promoción de VPO.
Con ambos recursos desestimados, el TSJ impondrá al Ayuntamiento calpino que reponga el importe total del gasto que realizó en sufragar dichas obras, es decir, 4,7 millones de euros que sólo pueden ir destinados a viviendas de promoción pública. Pese a que las obras son ilegales, el edificio no se demolerá, aunque habrá que devolver toda la partida que supuso su coste. El ex alcalde de Calp ya acumulaba tres sentencias del TSJ, junto a estas dos, que estaban recurridas por vender en los últimos años suelo municipal, incurriendo así en un delito urbanístico, según especifica la ley.
La Subdelegación del Gobierno llegó a impugnar al Ayuntamiento popular hasta 40 partidas, que sumaban 7,5 millones de euros, cuyo dinero no ha sido destinado a financiar estas viviendas sino a gastos del equipo de gobierno entre los que se encuentran muebles de despachos y oficinas, mobiliario urbano, equipos de aire acondicionado, el acondicionamiento de la calle de la Pilota y la ampliación efectuada en el edificio consistorial, que ahora es declarada ilegal junto a las obras de la piscina.
El Tribunal Superior de Justicia confirma en las sentencias la "ilegalidad" de las obras efectuadas al estar financiadas con cargo a los fondos del suelo municipal cuya finalidad es "muy distinta" y añade que para estas obras se puede utilizar la partida de gasto corriente del Ayuntamiento.
El problema para que el actual Ayuntamiento pueda devolver el dinero es la liquidez, que ya justificaba el anterior alcalde del PP, Javier Morató. Y es que el gobierno popular de Calp ha endeudado en estos últimos años el Ayuntamiento "al límite", y sigue aumentando las deudas con las sentencias. Hasta ahora, la deuda calpina ascendía a 60 millones de euros entre deuda bancaria y derechos urbanísticos, lo que supera el 100% del endeudamiento permitido.
En el primer pleno convocado en el Ayuntamiento con la nueva dirección PSPV, Bloc y PSD, se anunció que se realizaría una auditoria al Consistorio para averiguar dónde se ha invertido tanto dinero. Según los técnicos del Ayuntamiento, el dinero de Calp "ha desaparecido" de las arcas municipales.
Sin embargo, las facturas siguen llegando. El equipo de gobierno actual denuncia la innumerable cantidad de facturas sin expediente y sin contrato que se han ocultado por parte del PP, y que por tanto permanecen pendientes de pago, y que, según conocen los funcionarios, se encuentran "en la nevera", a la espera de que se conozca el concejal que lo encargó y la partida a la que deben cargarse.
El PP no ha querido realizar comentarios al respecto y su responsable de Hacienda, Fernando Penella ya matizó en sesión plenaria que "habrá deuda pero es que se han hecho muchas cosas para Calp".
El edil nacionalista, Ximo Tur recuerda que a un mes de las elecciones el PP solicitó dos créditos por un total de 10 millones de euros, lo que "compromete actualmente mucho la sostenibilidad económica del consistorio", sentencia.
Según La Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, a un municipio como Calp, de más de 10.000 habitantes, las bolsas de suelo municipales sólo pueden ser destinadas a la promoción de VPO, según los técnicos del Ayuntamiento, el ex alcalde popular durante sus doce años de legislatura debería haber promocionado 200 viviendas, sin embargo, no se ha llevado a cabo ninguna en todo el término municipal en los últimos 14 años.
140. EL CONSELL RECURRE LA LEY DEL SUELO EN SINTONÍA CON ESPERANZA AGUIRRE Y EL PP (01/09/07)
El Consell cerró filas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y con Gabriel Elorriaga, portavoz del PP, al anunciar que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra le Ley del Suelo, en vigor desde el pasado 28 de mayo. Vicente Rambla, portavoz del Consell, explicó que la ley estatal invade competencias autonómicas porque "impone criterios de ordenación terrial, establece fórmulas de planeamiento y condiciona la política de vivienda". Rambla se limitó a explicar argumentos jurídicos sin más calificativos.
Salvador Victoria, portavoz del Gobierno autonómico de la Comuidad de Madrid, aludió el lunes pasado a "sistemas de expropiación forzosa" y "modelos de acceso a la propiedad privada de Stalin" después de presentar, el pasado lunes, un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo en vigor desde el 28 de mayo.
El PP presentó un segundo recurso el miércoles y Gabriel Elorriaga, portavoz del partido, esgrimió "el inmenso fracaso" del Gobierno socialista en materia suelo y vivienda. Rambla, tras la primera reunión del Consell después de las vacaciones de verano, fue mucho más parco. El pleno acordó interponer un recurso de inconstitucionalidad contra cuatro artículos de la Ley de Suelo. El portavoz del Consell se limitó a recordar que las competencias sobre ordenación territorial, planeamiento urbanístico y vivienda "son exclusivas de las comunidades autónomas".
A partir de ese argumentario de fondo, una nota oficial explica que el Estado excede sus competencias cuando impone a las comunidades autónomas la obligación de propiciar un uso racional del territorio y apunta conceptos como "cohesión territorial" o "ocupación del suelo eficiente"; cuando regula la "iniciativa privada en la urbanización y la construcción o edificación"; cuando establece una reserva mínima del 30% del suelo sujeto a actuación para vivienda de protección pública; o cuando establece la documentación que debe ser expuesta al público para tramitar licencias urbanísticas.
También apunta que la Comunidad Valenciana "es pionera" en materia de regulación urbanística a través de normas como la reformada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, la de Ordenación del Territorio o la nueva Ley Urbanística Valenciana. Pero evita mencionar que la LUV está pendiente de una resolución del Tribunal Europeo tras varias advertencias en torno a su aplicación de parte del Parlamento Europeo.
141. COMUNIDAD VALENCIANA LA SECRETARIA DE VILAR DICE QUE EL CHÓFER DE FABRA RECOGÍA "SOBRES" (06/09/07)
La secretaria de Vicente Vilar, el empresario que acusó al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, aseguró ante el juez que el chófer del dirigente del PP acudía a la fábrica a recoger "sobres y cajas". La empleada de Vilar hubo de declarar ante el juzgado de instrucción número 2 de Nules donde se instruyen unas diligencias en la que Fabra figura como imputado por un presunto delito de falsificación. En su declaración como testigo manifestó que tanto Carlos Fabra como su esposa, Amparo Fernández, habían acudido a la fábrica en varias ocasiones ya que, de hecho, ambos mantenían entonces una relación de amistad con Vicente Vilar.
La acusación que originó esta investigación se refiere al supuesto encargo y elaboración de cuños falsificados para tratar de autentificar documentos que posteriormente se presentaban ante la administración para tramitar las autorizaciones de fabricación de productos fitosanitarios. Según Vilar, Fabra no sólo sabía de la existencia de estos cuños falsos sino que colaboró en su elaboración. Tras esta acusación, el juzgado abrió la causa al margen de la iniciada por otro juzgado de Nules, que investiga al presidente de la Diputación de Castellón ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal en el llamado caso Fabra.
La diputada autonómica de Compromís, Marina Albiol, señaló que la afirmación de la empleada "apunta de nuevo a un uso fraudulento de recursos públicos". Albiol indicó que este nuevo testimonio "demuestra que, entre otras actividades ilícitas, también se puede tratar, sin ninguna duda, de un uso fraudulento de los recursos públicos", ya que "sólo con el testimonio de esta administrativa se demuestra cómo el presidente de la Diputación ha empleado el coche oficial para sus asuntos personales, sean éstos legales o no". Así, manifestó su confianza en que los cambios en la Fiscalía de Castellón "ayuden a dar el impulso necesario" para avanzar y concluir el caso Fabra ya que, a su juicio, "el anterior fiscal y los propios y continuos obstáculos de Fabra han hecho que la instrucción de este caso se eternice".
Sin embargo, la testigo dijo que no puede saber cuál es el contenido de las cajas y sobres que transportaba Del Campo, ya que nunca llegó a verlos. Lo que sí confirmó la empleada de Naranjax es que tanto Carlos Fabra como su esposa, María Amparo Fernández, visitaban la fábrica porque tenían una "estrecha relación de amistad" con Vilar y su mujer, Montserrat Vives.
142. IMPUTADOS POR PREVARICACIÓN SEIS EDILES Y EL DUEÑO DE MARINA D'OR (09/09/07)
El Juzgado número 2 de Castellón ha imputado a los cinco miembros del anterior equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Oropesa (Castellón), a un edil independiente, al arquitecto, la secretaria municipal y al presidente de Marina d'Or, Jesús Ger, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación urbanística. La investigación parte de una querella de afectados por un plan aprobado por el ayuntamiento en una zona de expansión del complejo residencial ya existente. La Generalitat se ha negado a tramitar el PAI "por concurrir en manifiestas causas de ilegalidad".
El plan arranca en 2005, cuando el ayuntamiento aprobó provisionalmente la urbanización de unos 350.000 m2. Hasta mayo de 2006, cuando se aprobó definitivamente, la tramitación estuvo plagada de irregularidades. La necesaria cédula de urbanización fue firmada por el director general de Ordenación Territorial, Pedro Grimalt, después de que la comisión técnica dictaminara en contra. Un informe del técnico de vías pecuarias reconoce haber recibido instrucciones del director provincial de Territorio, Jorge Traver, para que realizara su dictamen de forma poco exhaustiva. El programa precisaba del informe favorable de la dirección general de Costas, que fue negativo.
Aún así, el PAI fue aprobado con los votos a favor de los concejales del PP, incluidos el alcalde, Rafael Albert, el responsable de Urbanismo, Tomás Fabregat, y del edil expulsado del PSPV, Juan Manuel Ribes.
La acusación sobre Jesús Ger, al que se señala como presunto autor de un delito de tráfico de influencias, hace referencia a que, según los querellantes, "aprovechó su relación personal y económica con ediles y familiares para, prevaliéndose de ésta, solicitar de éstos la aprobación de un Plan Urbanístico injusto para la causa pública, hechos que en su caso integran el delito". Así, incluyen en la denuncia documentos sobre la supuesta relación mercantil del empresario con al menos dos de los ediles que participaron en la votación, entre los que se encuentra el concejal de Urbanismo, que sigue en el cargo.
Pero lejos de recurrir a la prudencia, el PP de Oropesa votó a favor de aprobar un nuevo trámite para la ejecución del PAI de Les Amplàries, que ha supuesto la imputación por prevaricación y tráfico de influencias del anterior equipo de gobierno, además del recurso presentado por la propia Generalitat Valenciana por "concurrir en el mismo manifiestas causas de ilegalidad".
Así, con los únicos votos a favor de los siete concejales del PP, el Ayuntamiento aprobó iniciar el procedimiento para la ejecución del paseo que ha de recorrer la línea de costa de los 350.000 m2 que integra el desarrollo urbanístico. Los dos concejales del grupo independiente se abstuvieron mientras que los del Bloc y el PSPV votaron en contra.
El alcalde de Oropesa, Rafael Albert, volvió a recurrir al hecho de que tanto el informe del arquitecto como el jurídico no ponen pegas al inicio de este nuevo procedimiento, pese a que en ninguno de ellos se hace referencia a la situación jurídica en la que se encuentra este programa urbanístico.
143. ZAPLANA SE CONVIERTE EN UN "PROBLEMA" PARA RAJOY AL NEGARSE CAMPS A QUE REPITA (10/09/07)
Eduardo Zaplana, portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados, lleva camino de convertirse en un problema para Mariano Rajoy, al menos en lo que respecta a su ubicación en las listas electorales del PP para los comicios generales del próximo mes de marzo. Así lo reconocen diversas fuentes cercanas al líder del partido. La dirección del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) ha trasladado "de forma expresa" a diferentes miembros de la cúpula nacional del partido su negativa a que el ex presidente de la Generalitat repita como cabeza de lista por la circunscripción de Valencia. "Rajoy es conciente de esa situación en estos momentos", agregaron las citadas fuentes.
Pese a los reiterados intentos desde el entorno de Rajoy para soslayar el
debate interno sobre las candidaturas electorales y sus protagonistas este
asunto fue motivo de amplios comentarios entre los asistentes a la reunión
de la junta directiva nacional del PP, máximo órgano entre congresos,
convocada precisamente para ratificar al propio Rajoy como candidato a la
presidencia del Gobierno. "La situación está así: no conviene a la
estrategia del partido entrar en estos momentos en debates nominales de
candidatos ya que lo importante es resaltar el protagonismo de Rajoy, pero
el momento de elaborar las candidaturas no está lejos como ha demostrado el
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.
En ese contexto y dada la situación del PP valenciano está claro que una de las incógnitas más relevante es saber dónde se colocará Zaplana", dijo un destacado dirigente del PP. Todas las fuentes consultadas subrayan el papel político desempeñado durante esta legislatura por Zaplana al margen de las criticas que su gestión genera incluso desde el propio grupo parlamentario. "No obstante, en estos momentos el nombre de Zaplana es un `marrón´ para Rajoy; o va por Madrid, donde hay dentelladas, o a ver qué circunscripción le quiere", añadió otro experimentado dirigente.
144. LA CAÍDA DE CARGOS ZAPLANISTAS OBLIGA A RIPOLL A DARLES COBIJO EN LA
DIPUTACIÓN (10/09/07)
La Diputación de Alicante ya se ha convertido, formalmente, en el último fortín del zaplanismo. A pesar de que el presidente provincial del PP y de la institución, José Joaquín Ripoll, tiene decidido, empujado por la amplia victoria electoral de Camps, dar un giro a su estrategia - algo que quedará explicitado en la próxima reunión del comité ejecutivo - y evitar enfrentamientos, la defenestración de cargos zaplanistas de las listas y los puestos institucionales que ocupaban ha obligado al citado Ripoll a dar cobijo a buena parte de los purgados en el Palacio Provincial.
Aunque la nómina de nombramientos de asesores y cargos de confianza no está todavía cerrada, lo cierto es que ex concejales como el alicantino Francisco Zaragoza, excluido de la lista de Alicante; o el benidormense Ramón Campos, uno de los peones que le restaban a Eduardo Zaplana en Benidorm han pasado muy poco tiempo sin llevar sueldo a casa. Ambos ya ocupan plaza como asesores del presidente de la Diputación. No son los únicos.
La red de gerencias creada por el PP durante sus doce años de mandato en la institución provincial está copada por los restos del zaplanismo. A los nombramientos, ya anunciados en su día, de Ana Kringe - derrotada candidata del PP en Dénia - ; José María García Rodríguez - otro ex diputado provincial de Redován enrolado en una candidatura perdedora - ; y del antiguo vicepresidente José López Garrido como responsables, respectivamente, del Patronato de Turismo, de Ciclo Hídrico y de Suma se une ahora el del ex director general del Institut Valencià de la Joventut y presidente de NNGG en Alicante, Marcos Alós, como gerente de los servicios de salud mental de la corporación provincial.
Alós, rampante zaplanista y destacado en la lucha interna del PP, tendrá que negociar a partir de la próxima semana, sin experiencia alguna en esta área, el traspaso de las competencias del psiquiátrico a la Generalitat que, en su día, encarriló la antigua diputada de ese departamento, la citada Ana Kringe. Alós tendrá que cohabitar además con el alcalde de El Campello, Juan Ramón Varó, diputado de Salud Mental y afín al sector que encabeza Francisco Camps.
Ramón Martínez Piqueres, presidente del PP en Novelda, renovará su plaza como asesor a la que accedió, en su día, en medio de la crisis de los populares en esa localidad y tras quedarse sin sueldo en el consistorio. Ahora seguirá, en esta ocasión adscrito al departamento de Fomento, después de la llegada del PSPV y del Bloc al gobierno de su localidad y de quedarse, obviamente, sin posibilidad de dedicación en el consistorio noveldense. También tendrá un sueldo de las arcas provinciales Juan Antonio Vidal, ex concejal eldense y excluido de la candidatura por Adela Pedrosa en los últimos comicios locales.
145. EL EX ALCALDE DE LA VILA JOIOSA GASTÓ 9.500 EUROS EN REGALOS NUEVE DÍAS ANTES DE LAS ELECCIONES (13/09/07)
La alcaldía de La Vila Joiosa facturó 9.442 euros en almuerzos y obsequios nueve días antes de las pasadas elecciones municipales del 27 de mayo. A pesar de que la situación económica del erario local no es nada boyante, con un déficit de unos 18 millones de euros según el actual equipo de gobierno, el ex alcalde popular José Miguel Llorca facturó para su pago por el erario local un total de 15.667 euros en atenciones protocolarias y de representación de alcaldía el pasado 18 de mayo, según el desglose de las facturas. Estas facturas no sólo llaman la atención por el hecho de presentarse ante Intervención en plena campaña electoral y pocos días antes de los comicios locales, sino por el contenido de las mismas, como es el caso de la proliferación del concepto "servicio restaurante" y " chocolates alcaldía ".
Este último apunte llega a repetirse hasta cinco veces por un total de 433 euros. Gastos en chocolate Por otra parte, hay que señalar que durante todo el año 2006, la alcaldía no alcanzó los 400 euros en gastos de protocolo por " chocolates ". Sin embargo, el 18 de mayo pasado, en plena campaña electoral, la alcaldía facturó más chocolates que en todo el año 2006. Es más, el 7 de junio, una vez ya conocido el resultado de los comicios y la posibilidad de un gobierno cuatripartito en La Vila, la alcaldía facturó 410,88 euros en concepto de pasteles.
Los almuerzos para celebrar el hermanamiento de Quesada, celebrados a
finales del pasado mes de marzo, así como las estancias de hotel generadas
por tal concepto, conforman las partidas más abultadas de gastos facturadas
nueve días antes de las elecciones municipales, con más de 11.000 euros en
facturas repartidas en tres conocidos restaurantes de la localidad.
146. MALUENDA Y CASTELLANO VIAJARON A SUECIA A VER AL VALENCIA CF EN 2004 PAGADOS POR LAS CORTS (14/09/07)
El actual conseller de Gobernación, Serafín Castellano, y el portavoz adjunto del PP en las Corts, Rafael Maluenda, viajaron en mayo de 2004 a Goteborg con cargo al presupuesto de la Cámara autonómica para ver la final de la Copa de la UEFA entre el Valencia CF y el Olympique de Marsella. Facturas que revelan gastos de hasta 2.230 euros por persona por el vuelo y una noche en un hotel de cuatro estrellas. El viaje fue autorizado por un acuerdo de la junta de portavoces.
Víctor Romero, Valencia El actual conseller de Gobernación, Serafín Castellano, y el portavoz adjunto de la Cámara autonómica, Rafael Maluenda viajaron a la ciudad sueca de Goteborg el 19 de mayo de 2004 para asistir a la final de la Copa de la UEFA con cargo al presupuesto de las Corts Valencianes, según varias facturas. El viaje incluyó una noche en el hotel Gothia Towers de categoría de cuatro estrellas a razón de 244,19 euros por persona en habitación doble de uso individual y en régimen de alojamiento y desayuno.
El viaje fue aprobado con los votos de populares y socialistas la Junta de Portavoces, que decidió organizar una "misión institucional" con motivo del partido de fútbol con representación de todos los grupos políticos. Sin embargo, algunas circunstancias modificaron los planes iniciales. El fallecimiento del diputado socialista Antonio Moreno llevó al secretario general del PSPV, Ignasi Pla, y al entonces portavoz del PP, Serafín Castellano, a organizarse un vuelo distinto al de Maluenda desde Alicante, donde asisitieron al funeral.
No ocurrió lo mismo con Castellano, quien compartió hotel con Maluenda con cargo a la Cámara autonómica, según la documentación. Se desconoce si el hoy conseller de Gobernación giró la factura de su vuelo junto a Pla a la institución pública. Quien sí voló con dinero público fue Maluenda, las facturas revelan que el coste del avión del portavoz adjunto del PP se elevó a 1.893 euros por el trayecto de ida y vuelta a Goteborg con escalas en Múnich.
El gasto del viaje de Maluenda se elevó a 2.130 euros, según las facturas emitidas por una agencia de viajes a la Cámara autonómica. Maluenda voló acompañado por el letrado de las Corts, Francisco Visiedo, después de que el letrado mayor, Lluis Aguiló, declinase la asistencia por motivos personales.
Justificó la iniciativa pagada con dinero público en que se trataba de enviar a Suecia "una representación institucional" de las Corts y que otras instituciones como la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat organizaron sus propias misiones. Ciertamente el palco VIP contó con una nutrida representación institucional, principalmente de la Generalitat. Además del jefe del Consell, Francisco Camps, estuvieron presentes el entonces conseller de Educación, Esteban González Pons, el conseller de Territorio, Rafael Blasco, y el de Economía, Gerardo Camps.
147. EL CONSELL DEFENDIÓ CON AZNAR QUE NO HACÍA FALTA LA TRANSFERENCIA DE CERCANÍAS SINO MEJORAR EL TREN (18/09/07)
La penúltima bandera del Ejecutivo de Camps para desgastar al Gobierno de Zapatero, la reivindicación de las competencias de las líneas ferroviarias de Cercanías tras el acuerdo para traspasarlas a Cataluña, contrasta con la actitud mantenida en el pasado. La portavoz del PSPV en el área de Gobernación, Mercedes Sanchordi, rescató del diario de sesiones la comparecencia en noviembre de 2002 del entonces conseller de Obras Públicas y actual titular de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, en la que éste defendió que la transferencia de Cercanías no era necesaria ni una cuestión importante, y abogó por la participación y colaboración en la gestión, ya que, subrayó lo esencial era la mejora de la calidad del servicio. En aquel momento, el inquilino en la Moncloa era José María Aznar y el titular de Fomento, Francisco Álvarez Cascos.
Lo sorprendente es que García Antón compareció en comisión, a petición del
PSPV, para responder sobre las negociaciones con Fomento después de que en
febrero de 2001 el conseller reclamara a Madrid el traspaso de las
competencias de Cercanías. Según explicó en ese debate Sanchordi, el
Ejecutivo autonómico acabó envainándose la exigencia ante la negativa de
Álvarez Cascos. Ahora, el Gobierno de Zapatero ha asegurado que hará
extensible el traspaso a las comunidades que, como la valenciana, prevean
esta competencia en su estatuto. El Consell de Camps ha reclamado el
traspaso, junto con 100 millones de euros. Ante esta actitud, la
parlamentaria del PSPV criticó la "hipocresía y deslealtad" del Consell, ya
que "modifica sus políticas y reivindicaciones en función de sus intereses
partidistas y no de los beneficios para la Comunitat".
En noviembre de 2002, García Antón argumentó que la transferencia de la titularidad de los servicios ferroviarios "es una cuestión secundaria, porque nosotros no entendemos ese objetivo de mayor responsabilidad de la Comunitat en la prestación de servicios ferroviarios como una cuestión soberanista". Desde el Consell, prosiguió, "simplemente entendemos que una mayor participación de la Generalitat podría significar una posibilidad importante para mejorar y hacer más competitivo el transporte ferroviario". El objetivo, indicó, es "mejorar el ferrocarril", y sugirió que existen "otros mecanismos de participación o de colaboración en la planificación y gestión de los servicios ferroviarios" para mejorar la calidad del servicio.
Durante su intervención, el conseller negó hasta cinco
veces, según contabiliza Sanchordi, la necesidad del traspaso. El portavoz
del PP, Rafael Maluenda, incidió en el mismo argumento: "Más importante que
conseguir las competencias con urgencia es conseguir la mejora y la calidad
del servicio. Al usuario no le preocupa si es competencia del Estado o de la
Generalitat; lo que quiere es tener un servicio eficaz".
Mercedes Sanchordi criticó que "la bandera ahora del Consell del PP antes no
lo era", y consideró que la marcha atrás en la exigencia al Ejecutivo de
Aznar "dice muy poco de un Gobierno y hace cada vez menos creíble su
presunta defensa de los intereses valencianos".
148. ABOGACÍA DEL ESTADO CALCULA EN 4,5 MILLONES DE EUROS EL DINERO DEFRAUDADO A HACIENDA EN EL 'CASO TERRAMÍTICA' (19/09/07)
la Abogacía del Estado calcula en cuatro millones y medio de euros el dinero defraudado a Hacienda. Destaca, especialmente, el presunto fraude cometido por las empresas de Vicente Conesa, empresario cercano a Eduardo Zaplana y a quien la investigación señala como cerebro del fraude.
La cifra total del dinero defraudado se reparte sobre todo en seis empresas que habrían ocultado al fisco sus obligaciones tributarias por el impuesto de sociedades y el del IVA, según fuentes del Ministerio de Justicia. La abogacía del Estado calcula el fraude en 4.564.000 euros. Estas cantidades son las que, a fecha de hoy, maneja la administración tributaria y la Fiscalía para poder reclamar su devolución cuando se produzca la apertura del juicio oral, todavía lejano.
Estas seis sociedades son: Terra Mítica Parque Temático Benidorm, Gribal, Desarrollo de Proyectos e Instalaciones, Excavaciones Escoto, C3 Ingeniería y Altos del Carrichal. Todas ellas son, desde el punto de vista penal, responsables civiles subsidiarias del fraude, mientras que sus respectivos administradores engrosan la lista de los 27 imputados que hay en la causa abierta en el juzgado de instrucción número 3 de Valencia.
Destacan fundamentalmente dos de estas empresas: desarrollo de proyectos e instalaciones y C3 Ingeniería de la Construcción dirigidas por Vicente Conesa, porque el volumen del dinero ocultado supone casi la mitad del total defraudado. Nada menos que dos millones de euros ocultados al erario público en sólo dos años.
El fraude se produjo entre los años 200 y 2001. Entre los imputados, además de Vicente Conesa, figura la cúpula directiva del parque temático: el ex presidente Luis Esteban, el que fuera director general, Miguel Navarro o Justo Valverde, antiguo jefe de compras y cuyo nombramiento fue muy criticado por su condición de cuñado de Eduardo Zaplana.
Según fuentes personadas en el caso, esta importante cifra de 4 millones y medio de euros defraudados -sólo por la construcción del parque que cuenta con un millón de metros cuadrados- se puede quedar en "nada" cuando la comparemos con la investigación abierta contra la sociedad matriz del parque, la SPTA, que gestiona 9 millones de metros cuadrados donde se ubican las instalaciones de recreo.
149. EL PP APRUEBA 2.500 CASAS EN ORIHUELA PENDIENTES DE LA DESALADORA QUE BOICOTEA (19/09/07)
Con dos informes desfavorables, uno de la Confederación Hidrográfica del Segura y otro del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVSSA), el PP en el Ayuntamiento de Orihuela aprobará hoy el proyecto de Urbanización PAU 7, que contempla la construcción de 2.500 viviendas para albergar a unos 8.000 nuevos habitantes en la costa. La falta de agua, según la Confederación del Segura, se paliaría con los recursos de la "desalinización de agua marina" de la planta que el propio PP está boicoteando en Torrevieja. Además, el IVVSA critica las pocas viviendas protegidas previstas.
Será la primera gran actuación urbanística aprobada por la nueva alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente del PP, y contará con el rechazo de todos los partidos en la oposición. El pleno extraordinario de esta mañana aprobará el expediente modificado del PAU 7, que promueve Antonio Pedrera, de la Urbanizadora Villamartín.
El proyecto salió a exposición pública en 2002, durante el mandato del anterior alcalde, José Manuel Medina, del PP, su tramitación fue lenta y el último escollo se salvó el 11 de mayo, días antes de las elecciones, cuando la comisión Territorial de Urbanismo informó favorablemente. En su resolución la consejería admite que la Confederación del Segura "condiciona" esta actuación urbanística a la disponibilidad de recursos hídricos, que llegarán de "la desalinización de agua marina con las previsiones, a corto plazo, del programa AGUA". El IVVSA también emitió un informe desfavorable en abril de 2006 que indicaba que las viviendas protegidas, (1.719 en tres sectores diferentes), "no alcanzan el número establecido en el estudio de necesidades de demanda" en cuatro años, que son 2.322 viviendas. Entre la documentación de este proyecto figura un informe de Aquagest Levante con datos sobre el agua potable que la Mancomunidad de Canales del Taibilla abastece a Orihuela que confirma el espectacular aumento de consumo en pocos años, al pasar de los 2.8 millones de metros cúbicos de agua de 1999 a los 5.5 consumidos en 2006. "El agua que pide el PP no es para el campo, es para el ladrillo", dijo la portavoz socialista en Orihuela, Antonia Moreno. Los siete concejales socialistas, los tres de los Verdes y el edil del Centro Liberal Renovador votarán en contra de este proyecto que aprobarán en solitario los 14 ediles del PP.
La portavoz socialista fundamentó su oposición en la existencia de estos dos informes desfavorables y en que "no exista ningún documento oficial que asegure que se hayan subsanado los errores". La edil también criticó la contradicción que supone "la oposición y el boicot permanente del PP a la desaladora de Torrevieja, y que ahora el mismo partido apruebe nuevas casas que requieren agua desalada". La oposición también se pregunta dónde estas las necesidades educativas y sanitarias que tendrán los 8.000 nuevos habitantes de esta zona de la costa en la que se han construido ya 50.000 viviendas.
150. EL JUEZ DEL CASO DE LOS APARCAMIENTOS EN EL QUE ESTÁ IMPUTADO ALPERI VE INDICIOS DE DELITO (20/09/07)
El magistrado que ha llevado la instrucción del denominado caso de los aparcamientos, en el que se pretende dirimir si hubo trato de favor al empresario Enrique Ortiz por parte del Ayuntamiento de Alicante tras las modificaciones introducidas en la construcción y explotación de los estacionamientos subterráneos de Catedrático Soler, Hermanos López de Osaba y Padre Esplá, parece tener claro que existen suficientes indicios de delito como para que el asunto siga vivo. Así lo hace saber el juez Gómez-Angulo en la "exposición razonada" que ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad como paso previo y preceptivo antes de trasladar el proceso a este órgano judicial, a quien compete ahora dada la condición de aforado de uno de los imputados: el alcalde de Alicante y también diputado autonómico tras las elecciones del 27-M Luis Díaz Alperi. Comparten situación procesal con Alperi Enrique Ortiz, la edil de Urbanismo, Sonia Castedo, el responsable de Tráfico y Seguridad en el anterior mandato, Luis Concepción, el técnico que informó a favor de las mejoras concedidas a Ortiz y el apoderado de empresario. Se les imputan los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.
Tras precisar que "la causa se encuentra en un avanzado estado de
instrucción", asevera el magistrado que "no pueden desestimarse de forma
razonada e inequívoca las hipótesis acusatorias sostenidas por el ministerio
fiscal y las acusaciones particulares - José Luis Valdés y EU - (...) porque
continúan existiendo tras las investigaciones practicadas varios puntos
clave, discutibles, sobre los que poder sustentar motivos bastantes de
criminalidad como para proseguir la investigación".
El magistrado realiza un pormenorizado relato de los hechos en el que no
obvia, por ejemplo, el que no se uniera al expediente de los aparcamientos
la propuesta de acuerdo redactada por el jefe del Servicio de Contratación y
Patrimonio, y dirigida al pleno del Ayuntamiento, "en la que rechazaba todas
y cada una de las modificaciones solicitadas por la adjudicataria". Y
precisa que "remitida dicha propuesta a la Gerencia de Urbanismo para la
firma por parte de la concejala de Urbanismo, Sonia Castedo, como
responsable del órgano gestor, nunca se firmó, ni se desestimó formalmente
ni quedó por ello unida al expediente".
Menciona también el juez el informe del técnico de Tráfico en el que se
estiman las modificaciones planteadas por Ortiz para matizar que "no
menciona un importante escrito del proyectista sin fecha de presentación
(...) concluye rechazando las propuestas técnicas alternativas suscitadas
por la adjudicataria para a continuación, en abierta discrepancia con aquel
primer informe técnico, estimar la necesidad de introducir mejoras en el
contrato aconsejadas, según su parecer, por el interés público".
En el escrito, Gómez-Angulo alude directamente a los argumentos del fiscal
calificando de "anómalo o excepcional" el cambio en la competencia del
contrato - de Urbanismo, cuyos técnicos eran contrarios a las
modificaciones, a Tráfico, donde al final se estimaron - , lo que "permite
sostener, dice, que fue buscado con el único propósito de sortear dichos
informes contrarios y permitir
151. EL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA... ¡DEL PP Y SIN BANDERA! (21/09/07)
El PP está centrando buena parte de su ofensiva contra el Gobierno en el debate sobre la necesidad de que en todos los ayuntamientos de España ondee la enseña nacional. Son muchos los Ayuntamientos en los que no se ve la bandera, pero no todos están gobernados por la izquierda. En Orihuela (Alicante), dirigido por los populares, la bandera no estuvo presente en las fiestas de la localidad.
El 17 de julio, la localidad alicantina de Orihuela celebra su gran fiesta: el Día del Pájaro. Una celebración que se encuadra en los populares festejos de Moros y Cristianos y que se inicia con un paseo de la Gloriosa Enseña de Oriol, una bandera que data del siglo XVI. La enseña se descuelga desde los balcones del Ayuntamiento para protagonizar el Desfile de la Reconquista, que da comienzo a las fiestas.
En un ayuntamiento gobernado por el PP desde 1986 con una amplia mayoría y
en cuyas fiestas han participado, como abanderados y como síndicos,
políticos de la cúpula popular como Francisco Camps, Eduardo Zaplana y Rita
Barberá, llama la atención que ninguno de ellos haya protestado por la
ausencia de la bandera nacional en la fachada del Ayuntamiento.
Ni este año, ni en años anteriores, la bandera española ha ondeado en
Orihuela durante sus fiestas populares. Diversas fotografías de las fiestas
así lo demuestran. Todo ello en un municipio en manos del PP, que tan
crítico es, por ejemplo, con los socialistas catalanes, ERC o el PNV por una
cuestión similar.
Parece que la enseña oriolana no es compatible con la nacional, pero esto no
parece preocupar al PP, ni en el municipio ni en la dirección nacional que
tan duramente critica a los Ayuntamientos en los que no se cumple esta
polémica ley.
152. BENIDORM ADJUDICA LA ZONA AZUL A UNA EMPRESA DE UN EX EDIL DEL PP (21/09/07)
El Ayuntamiento de Benidorm tiene previsto adjudicar por diez años los servicios de grúa y de zona azul a la empresa Park Control 2000 SL en el pleno de este mes, después de que la mesa de contratación celebrada le adjudicara la máxima puntuación de las cuatro aspirantes. El representante de esta empresa en la ciudad es Antonio Galiana, que durante los últimos años ejerció de concejal de Juventud. Galiana se desvinculó de la empresa a la que ha vuelto cuando entró en política. No obstante, los trámites para adjudicar el contrato han estado rodeados de polémica.
El PSPV criticó que el concurso se adelantara dos meses al vencimiento del contrato, en febrero, y acusó al Gobierno de "querer dejarse atada la adjudicación antes de los comicios". La resolución sin embargo se ha retrasado "por falta de informes técnicos", según la versión oficial, y por "los intereses contrapuestos de las familias del PP", según la oposición. Galiana quedó fuera de la lista electoral. Casualmente una de las mejoras propuesta por Park Control SL en su oferta para el servicio es la creación de un parque en la zona de Mercasa, lo que coincide con una de las propuestas estrellas del PP en las pasadas elecciones. La empresa se quedará con los ingresos de las 1.400 plazas de zona azul, y el servicio de grúa municipal, y a cambio está obligada a renovar toda la señalización horizontal y vertical y ejecutar varias mejoras en los parkings, quedando exento de pagar un canon al consistorio.
153. UN IMPUTADO POR EXTORSIÓN Y EN LIBERTAD BAJO FIANZA ASUME SU ACTA DE CONCEJAL DEL PP EN ALBATERA (21/09/07)
Javier Bru, imputado por el juez por supuesta extorsión y en libertad con cargos y bajo fianza de 60.000 euros, tomó posesión de su acta como concejal del PP en Albatera (Vega Baja). Y lo hizo en un pleno extraordinario, que duró apenas unos pocos minutos, y sin intervención pública alguna. El nuevo edil salió de la cárcel de Fontcalent (Alicante) el pasado 28 de junio, junto al empresario Ángel Fenoll y su hijo. Javier Bru, encarcelado en el marco de una operación contra la corrupción en la comarca, es gerente de la empresa Colsur SA, vinculada a Fenoll. La investigación del juzgado número 3 de Orihuela se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que apreció delitos de extorsión, cohecho y tráfico de influencias en un intento de soborno recogido en una grabación por la adjudicación de la contrata de basura en Orihuela.
Bru evitó acudir al pleno de julio para recoger su acta de concejal y anunció que lo haría después del verano. el nuevo edil explicó que no lo hizo antes "porque era verano, luego venían las fiestas del pueblo y quería evitar polémicas". Tras el pleno extraordinario, el portavoz socialista, Francisco García Gelardo, se preguntaba por "los extraños motivos" por los que el edil imputado no vino en julio o se espera a la próxima semana al pleno ordinario, y "se convoca una sesión extraordinaria para dar realce y fanfarria a una cuestión de puro trámite". El edil socialista recordó que por primera vez en la historia democrática de este Ayuntamiento se convoca una sesión extraodinaria para que un concejal tome posesión, "lo que demuestra el poder que ejerce Bru sobre el resto del PP", dijo Gelardo.
El PP obtuvo en las elecciones de mayo 9 ediles, con lo que arrebató la alcaldía al PSPV que tiene ahora siete, y Coalición Valenciana uno. Mientras, Javier Bru, no era concejal el alcalde, Federico Berná, estaba en minoría, empatado númericamente con la oposición.
154. LOS MILLONARIOS CHÓFERES DEL PP VALENCIANO (30/09/07)
Entre los altos cargos del PP valenciano son cada vez más quienes siguen postulados de una nueva "estética del chófer". Eduardo Zaplana y Carlos Fabra han creado escuela. La actual presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez, también es partidaria de ayudar y proteger a quien va al volante de su coche oficial: "Que a mi chófer no le falta de nada", dijo cuando dejó la alcaldía de Novelda.
De Salvador Gil, el chófer de Zaplana en su época de presidente de la Generalitat Valenciana, hay material suficiente para escribir un libro. Recibió favores, cargos públicos y emolumentos millonarios - igual que su esposa- por deseo expreso de su "jefe" Zaplana. La cosa llegó a los tribunales porque el sindicato UGT denunció el trapicheo. En el 2006, se reconoció que el nombramiento de Salvador Gil para regentar la residencia de personas ilustres ubicada en el Peñón de Ifac, en Calpe, no se había ajustado a la ley. El beneficiario, ex chófer de Zaplana, no tenía la titulación universitaria superior que exigía el puesto, ni Henriette van Krimpen, su compañera, tampoco. Tuvo la pareja que abandonar el palacete institucional, pero se quedó con los millonarios sueldos percibidos durante años. El escándalo se colgó como uno de tantos abusos del PP en el poder valenciano.
De José Salvador del Campo Marín, chófer del sátrapa del PP en Castellón,
Carlos Fabra, se acaba de saber que recogía bolsas, "con cierta
regularidad", de la empresa de Vicente Vilar. Este empresario y socio de
Fabra denunció al presidente de la diputación de Castellón por cobrar
comisiones ilegales, tras obtener del gobierno del PP - mandando Aznar -
licencias para comercializar productos fitosanitarios. Además de chófer, del
Campo Marín ha sido socio también de la esposa de Fabra, Amparo Fernández
Blanes, en una empresa de extracción de arcilla. El negocio resultó
indirectamente implicado en el caso de contaminación acústica por el que fue
condenado a penas de cárcel e inhabilitación para desempeñar cargos
públicos, el alcalde de Vila real, Manuel Vilanova, del PP, acusado de
prevaricación.
La esposa de Fabra es la propietaria del 30% del capital de la empresa de
"Explotación Minera Vanessa". Vanesa es el nombre de una de las hijas del
chófer de Fabra. Esta mercantil la fundó en 1995, José Salvador del Campo
Marín - adquiriendo en su nombre terrenos en Vila real por 29.000 euros. Se
asoció luego con una empresa minera de casta en el sector de extracción de
piedra, "Tierra Atomizada", que llegó a controlar hasta el 60% del negocio.
El dócil chófer, del Campo Marín, cuando se consolidó el negocio traspasó –
así consta en acta notarial - el 30% de su participación a Amparo Fernández
Blanes. De regalo, se quedó con un testimonial 10% de la empresa. Tierra
Atomizada es accionista de Rocersa, la empresa causante de la contaminación
acústica en Vila real que se cobró la cabeza política del alcalde, Manuel
Vilanova.
Con tal entrega y ciega fidelidad del chófer de Fabra hacia su jefe y
familia, no extrañó en la opinión pública valenciana que la misma hija,
Vanesa del Campo, apareciera en la lista de familiares de altos cargos del
PP, beneficiarios de becas millonarias para estudiar en el extranjero. Los
millones de euros salieron del Instituto Valenciano de la Exportación
(IVEX).
También es adicta a mimar con celo y extrema providencia al chófer, la
actual presidenta de les Corts (legislativo autonómico), Milagrosa Martínez,
también del PP. Le viene esta inclinación de cuando fue alcaldesa de
Novelda. ¡Que a mi chófer no le falte de nada!, dicen que dijo Milagrosa
Martínez, cuando le llamó Francisco Camps para ocuparse de la consellería de
Turismo, a finales de agosto de 2004. Juan Carlos Cremades Giner, el chófer
de Milagrosa Martínez en su etapa de alcaldesa, ha vivido a cuerpo de rey en
Novelda, aunque su jefa estuviera en Valencia de consellera. Mantuvo su
plaza de policía municipal y siguió cobrando por llevar el volante del coche
oficial del alcalde y compañero de Milagrosa Martínez. Llegó incluso a
simultanear su pluriempleo público, con negocios de "relaciones públicas",
proponiendo servicios de azafatas y modelos en una empresa ubicada en la
calle de San Fernando de Alicante.
155. EL EX ALCALDE DE GUADALEST SE LLEVABA A SU CASA INGRESOS PÚBLICOS (02/10/07)
El ex alcalde de Guadalest, Juan Bautista Balaguer, del PP, gestionaba en mano recaudación de los dos servicios más importantes de la población: el aparcamiento y la Casa de Orduña. Un informe elaborado por el actual equipo de gobierno local, presidido por la socialista Trinidad Amorós, ha descubierto un desfase entre la recaudación y el ingreso reflejado en las arcas municipales. El documento ha sido trasladado a la Sindicatura de Cuentas.
El documento concluye en que el déficit es de casi dos millones de euros, cantidad muy elevada si se tiene en cuenta que el presupuesto anual es de 400.000 euros. La principal actividad de esta localidad de 200 habitantes y muy cercana a Benidorm es el turismo, por lo que el aparcamiento municipal y la entrada a la Casa Orduña son dos fuentes de ingresos de vital importancia. Según el informe económico, no se seguía ningún tipo de control respecto a los ingresos percibidos y era el propio Balaguer el que recibía en su casa la recaudación diaria "en mano" por parte de los trabajadores sin que figurara en ningún registro.
El nuevo equipo de gobierno ha tenido que recurrir a las imprentas que emitían las entradas del aparcamiento y el museo Orduña para calcular los ingresos. De un pormenorizado estudio concluyen que, de diciembre de 2004 a mayo de 2007, el consistorio debería haber ingresado 255.000 euros, pero ingresó 92.303 euros por el estacionamiento de vehículos. En el museo, desde abril de 2004 a agosto de 2006, los ingresos municipales deberían ser de 750.000 euros, pero fueron de 504.622.
El documento analiza la "falta de coherencia" entre los ingresos de este año en julio y agosto -cuando el PSPV ha normalizado la situación del aparcamiento y el museo- con los de años anteriores. Así, en agosto de este año se han recaudado 73.694 euros por entradas a la Casa Orduña, cantidad cinco veces superior a los 14.990 de 2006, 19.033 de 2005, 18.655 de 2003 y 22.988 de 2002. El número de turistas y el precio no han variado.
El informe también revela que el ex regidor tuvo trabajando a inmigrantes ilegales y sin contrato. Los dos trabajadores del aparcamiento municipal carecían de contrato y uno de ellos "no tenía permiso de residencia y trabajo", al estar en "situación irregular".
También era costumbre efectuar pagos a personas físicas sin relación contractual con el Consistorio, unas cantidades que oscilan entre los 34.000 y los 48.000 euros por año desde 2002, según la información obtenida por los movimientos bancarios y las empresas que facturaban al Consistorio. Algunos eran "familiares directos" del alcalde, que cobraron 10.575 euros en 2002 y 9.171 en 2003. Para colmo, Balaguer, director de una oficina de Caixacallosa, libraba letras de cambio contra las cuentas del Ayuntamiento, en las que el Consistorio figura como librado y librador.
156. EL ALCALDE DE SAN MIGUEL, IMPUTADO POR UN CONVENIO URBANÍSTICO (07/10/07)
El alcalde de San Miguel de Salinas, Ángel Sáez, del PP, declara, en calidad de imputado, ante el titular del Juzgado número 3 de Torrevieja por supuestas irregularidades en la firma de un convenio urbanístico en el Ayuntamiento y la promotora VillaMartín.
El acuerdo entre el Consistorio y la mercantil incluía el adelanto de 3 millones de euros por parte del promotor al Ayuntamiento para la ejecución de unas obras de conducción de agua potable a las urbanizaciones del plan parcial Blue Lagoon a cambio de la cesión urbanística del 10% de un futuro plan parcial que la empresa tiene previsto desarrollar en el municipio. El grupo popular apoyó el acuerdo pese al informe en contra de los técnicos municipales.
El acuerdo del pleno, adoptado el pasado mes de abril, fue trasladado por la asociación de vecinos San Arcángel al juzgado por considerar que encerraba un posible trato de favor a la mercantil. Según el colectivo vecinal, la promotora del proyecto para la conducción de agua potable a la urbanización Blue Lagoon fue la urbanizadora VillaMartín, la misma firma con la que el grupo municipal del PP acordó el convenio urbanístico. El juez apreció indicio de delitos y abrió una investigación.
Por su parte, el alcalde de San Miguel de Salinas, a través de una nota oficial, descarta cualquier irregularidad en la firma del convenio. En el comunicado, el primer edil recuerda que el pleno del pasado mes de abril aprobó una moción que le autorizaba a convenir con esa promotora una serie de obras públicas. "Llevamos aquella moción al pleno para que todo el pueblo tuviera conocimiento de los pasos que dábamos para solucionar una situación irregular heredada de gobiernos anteriores, pero legalmente no es posible, por lo que aquellas negociaciones no tienen validez. Se frenaron de inmediato, y, por supuesto, no hay convenio legal ni aportaciones compensatorias de la mercantil al Ayuntamiento", señala Sáez en el comunicado.
157. LA PUGNA POR LOS CARGOS INSTITUCIONALES CENTRA LA POLÉMICA EN NUEVAS GENERACIONES DE VALENCIA (08/10/07)
El malestar de la dirección provincial de Nuevas Generaciones del PP de Valencia con su dirección regional y el propio PP (se quejan de falta de respaldo económico y apoyo a sus actos) aireado ante los medios de comunicación en un acto el pasado viernes no parece que vaya a solventarse con una llamada del partido apelando al entendimiento.
J. L. García, Valencia El malestar de la dirección provincial de Nuevas Generaciones del PP de Valencia con su dirección regional y el propio PP (se quejan de falta de respaldo económico y apoyo a sus actos) aireado ante los medios de comunicación en un acto el pasado viernes no parece que vaya a solventarse con una llamada del partido apelando al entendimiento. Como telón de fondo aparece un problema espinoso: el reparto de poder, la recompensa al trabajo con puestos de responsabilidad en la Administración. Y los cachorros populares de Valencia no están dispuestos a seguir trabajando "para que otros lleguen a última hora a sentarse en la primera fila" . "Es el momento para que el PP, de aquí a marzo -cuando se celebran las elecciones generales-, abra la puerta a gente que lleva diez años trabajando por la organización: no es un enfrentamiento, pero no vamos a parar de recordárselo" , indicaron desde la provincial. "No vamos a permitir que haya personas que se dediquen a defender sus intereses personales cuando dicen que defienden a los jóvenes del partido" añadieron en relación a los responsables regionales. Advertencia preelectoral Así las cosas, la dirección provincial de NNGG ha decidido tensar la cuerda de aquí a las elecciones del próximo mes de marzo. "Nos cuesta mucho trabajo convencer a los presidentes comarcales y movilizar a 800 jóvenes para actos de campaña para que 15 minutos antes lleguen otros dirigentes y se sienten en primera fila: cuando una persona le pide algo a su partido y ve que éste no le responde le cuesta más motivarse" , señalaron a modo de advertencia. "Esto es como un matrimonio y a nosotros nos han puesto los cuernos muchas veces" , explicaron gráficamente.
Y es que, los jóvenes del PP en Valencia echan en falta un reconociemiento a
su labor por parte del partido que se traduzca en cargos de responsabilidad.
En el último congreso nacional de NNGG, por ejemplo, la representación
valenciana dentro de la ejecutiva se incrementó de dos a siete miembros y el
sector crítico de Valencia apenas tuvo representatividad frente al mayor
papel de la actual dirección regional, con el visto bueno del partido.
158. EL PP DE CALP CONDONÓ 269.000 EUROS AL PROMOTOR DE UN POLÍGONO INDUSTRIAL (08/10/07)
El PP de Calp, en el Gobierno municipal en la pasada legislatura, perdonó al empresario al que le adjudicó la urbanización del polígono industrial Pou Roig la fianza económica que marca la ley para estos proyectos, y que superaría los 269.000 euros. En el expediente del Ayuntamiento sobre el proyecto no consta la preceptiva fianza. El promotor es el mismo que construye un hotel a seis metros del mar en Calp, cuyas obras el Ministerio de Medio Ambiente ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia que se paralicen al considerarlo ilegal.
La extinta Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), vigente en el momento de la adjudicación, marcaba en su artículo 29.8 la constitución de una fianza en los proyectos de urbanización con el fin de garantizar "que todo programa asegure el cumplimiento de sus previsiones". Según esta ley, por tanto, las promotoras Ifach mar, SL, y Cala Ifach, SL, ambas propiedad de Manuel Ferrando, debían haber formalizado un depósito por un importe del 7% del coste de la urbanización previsto para el desarrollo del polígono industrial calpino. El importe total del proyecto queda reflejado en el expediente municipal y supera los 6,5 millones de euros, por lo que la fianza que debería tener depositada el consistorio superaría los 269.000 euros o en su caso, la presentación de aval bancario. Fuentes legales subrayan que esta forma de actuación supone una "irregularidad" en el procedimiento.
El actual equipo de Gobierno, del PSPV, desconocía hasta estos días la ausencia de fianza, sobre todo porque los técnicos municipales no habían señalado ninguna irregularidad en dicho expediente. Ahora, el alcalde, Luis Serna, pretende seguir adelante con el polígono industrial, al considerarlo "imprescindible para el motor económico de Calp este proyecto", aunque intentará reiniciar el expediente debido a las numerosas deficiencias que contempla, expone Serna. Esta vez, el expediente se tramitaría conforme a la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV).
No es la primera vez que el Grupo Popular calpino desoye la ley con respecto al polígono industrial. El pasado abril, el todavía alcalde Javier Morató sacó a exposición pública un nuevo proyecto de urbanización del polígono industrial, que tenía paralizado desde hacía diez años. El proyecto que presentaba el PP ignoraba una sentencia del TSJ de 2002 contra el Consistorio en la que se indicaba que el proyecto que debía ejecutarse era otro diferente al que exponía el grupo de Gobierno. Este nuevo proyecto, que no había pasado el trámite de concurso público, corregía el trazado al que obligaba la sentencia del TSJ, según técnicos municipales. En concreto, señalan, "había viales desplazados del trazado original y diversas consideraciones que no tenían justificación para haber sido modificadas".
159. BARBERÁ COLOCA CONSIGNAS DEL PP EN SU ARTÍCULO INSTITUCIONAL (09/10/07)
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha aprovechado el artículo institucional que distribuye a los medios de comunicación cada 9 d'Octubre para hacer política de partido. En Un balance prodigioso, Barberá refleja el rechazo del PP a la política autonómica del Gobierno socialista y de reforma de algunos estatutos, y defiende la visión de España de los conservadores. Así, afirma la alcaldesa que Valencia "reivindica sus señas de identidad" al tiempo que se siente "parte de una gran nación donde la solidaridad interterritorial queda recogida" en la Constitución "como un principio que el Estado debe garantizar". "Desde Valencia defendemos el apoyo mutuo y recíproco entre los pueblos de España, el mismo que nos ha permitido -al amparo de la Constitución- disfrutar de tres décadas de progreso y del más largo periodo de estabilidad democrática", abunda Barberá.
En la línea de la denuncia constante del PP a la supuesta discriminación de Valencia y la insuficiente financiación autonómica, Barberá reclama también "el justo y adecuado equilibrio entre todos los españoles".
En su artículo, la alcaldesa centra su atención en "un año pleno de grandes éxitos" de la ciudad con la Copa del América y el fututo circuito de fórmula 1, y retoma uno de los eslóganes de sus campañas electorales al hablar de la Valencia "que se desarrolla a la medida de las presonas". Barberá asegura que la ciudad "vive uno de los mejores momentos de su historia", y recuerda también el aniversario de la riada de 1957 y la creación hace 600 años de la taula de canvis.
El portavoz del grupo socialista en la Diputación de Valencia, Rafael Rubio, lamentó que el presidente de la institución provincial, Alfonso Rus, "utilice" el 9 d'Octubre para "hacer política de partido" cuando debe ser una fecha "significativa, de unión y de fiesta para todos los valencianos".
160. NUEVO RAPAPOLVO A TORREVIEJA POR EFECTUAR PAGOS IRREGULARES (09/10/07)
El Consell, a través de la dirección general de Cohesión Territorial, ha vuelto a requerir al Ayuntamiento de Torrevieja, del PP, para que cese en el pago de facturas mediante el sistema de reconocimiento extrajudicial de crédito (sin consignación presupuestaria), porque vulnera la Ley de Contratos de la Administración y encubre adjudicaciones directas. La oposición estima que el Ayuntamiento ha abonado más de 12 millones de euros mediante esa fórmula, ya declarada nula por un tribunal de Castellón.
El segundo escrito del Consell al Ayuntamiento de Torrevieja advirtiendo de la "ilegalidad" de los pagos de facturas sin consignación presupuestaria fue remitido por el director general de Cohesión Territorial el pasado 6 de septiembre. El documento hace referencia al expediente incoado al Consistorio por los mismos hechos el pasado 8 de mayo.
En los dos casos, las comunicaciones del Consell hacen referencia a facturas aprobadas por la junta local de gobierno del Consistorio el pasado 29 de diciembre de 2006. En el escrito, la Generalitat precisa que "sólo se podrá prescindir del expediente inicial de contratación cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional". "Es evidente", añade, "que estas actuaciones no se ajuntan a las disposiciones legales vigentes, pues en realidad con estos acuerdos, se está encubriendo una adjudicación directa con ausencia total del procedimiento legalmente establecido".
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Torrevieja estima que en el anterior mandato el gobierno del PP abonó 12 millones de euros mediante esa fórmula. "El PP ha hecho de esta práctica excepcional una norma, porque la actual junta de gobierno en el presente mandato ha vuelto a recurrir a este sistema para abonar más facturas que ocasiones tienen como beneficiarios a empresas del entorno de los propios integrantes de la junta de gobierno", asegura Manuel Vera, portavoz adjunto del PSPV.
Los pagos extrajudiciales de créditos acordados por los ayuntamientos ya han sido declarados nulos en el caso del Ayuntamiento de Castellón. El titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de esa ciudad anuló el pasado e septiembre todos los pagos sin consignación presupuestaria, unos 10 millones de euros, abonados durante el ejercicio de 2005.
161. JACARILLA MULTIPLICARÁ SU POBLACIÓN POR 15 CON EL VISTO BUENO DE LA GENERALITAT (11/10/07)
Jacarilla multiplicará por 15 su censo (1.776 habitantes) con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado por la Generalitat en diciembre de 2006. El documento prevé la recalificación de 1,8 millones de m2. El dueño de uno de los sectores, el empresario Joaquín Antonio Grau Pomares, aportó 100.000 euros al Ayuntamiento, gobernado por el PP, en concepto "de cooperación" para la redacción del PGOU. Este empresario está incluido en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción al Ayuntamiento de Orihuela por irregularidades urbanísticas.
El nuevo planeamiento urbano de Jacarilla fue aprobado definitivamente por la extinta Consejería de Territorio y Vivienda en diciembre de 2006 y un mes más tarde fue recogido en el Boletín Oficial de la Provincia. El documento sustituye a las Normas Subsidiarias vigentes en el municipio desde 1993 e incluye la incorporación al proceso urbanizador de cinco nuevos sectores, que en total prevén la recalificación de 1,8 millones de m2 de suelo rústico, básicamente forestal y agrícola. Una vez consolidado todo el desarrollo urbano previsto en el nuevo PGOU, el municipio multiplicará por 15 su actual censo de población, de apenas dos millares de habitantes. El plazo de ejecución de los distintos sectores que recoge el plan es de 10 años.
Sólo uno de los cinco sectores, que el Consistorio sacó a concurso público el pasado verano, ocupará casi un millón de m2 con campo de golf incluido, a cuya sombra está previsto levantar 2.400 viviendas. Este PAI se ubica en el paraje de las Asomadas, en el límite con el término municipal de la vecina localidad de Orihuela. El suelo es propiedad de la mercantil Agrícola del Segura, SA. Esta empresa, según han confirmado fuentes municipales, firmó un convenio con el Ayuntamiento de Jacarilla para los trabajos de redacción del nuevo PGOU que incluía una aportación económica de 100.000 euros por parte de la firma al Consistorio.
Esta mercantil es también propietaria del terreno recalificado en la misma zona por el vecino Ayuntamiento de Orihuela para levantar 10.000 casas y un campo de golf. El promotor de ese PAI, el empresario Joaquín Antonio Grau Pomares, está incluido en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante contra el Consistorio oriolano por supuestas irregularidades urbanísticas y contables. Grau Pomares es también el dueño de un lujoso chalé en el que reside el ex alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, y a su vez titular del Rolls Royce que ocasionalmente conduce el ex regidor oriolano. En su declaración ante el juez como imputado por estos hechos, Medina admitió las acusaciones del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.
Para el desarrollo de los otros tres sectores previstos en el nuevo planeamiento urbano de Jacarilla, tres empresas, entre ellas la mencionada mercantil Agrícola del Segura, presentaron alternativas al Ayuntamiento el pasado verano. Estos tres PAI, que en total también suman cerca del millón de m2, prevén un parque de viviendas de 3.500 unidades para una población previsible de 11.744 nuevos habitantes.
En el apartado de recursos hídricos, el expediente que aportó el Ayuntamiento incluía un informe de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, con fecha del 22 de enero de 2004, en que garantizaba el suministro de agua a la futura población merced a un programa de desalación hasta la llegada de los recursos procedentes del trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana.
162. LA EX CONSEJERA DE COOPERACIÓN DICE QUE CAMPS NO LE INFORMÓ DEL CAMBIO DE LAS PARTIDAS DE LAS ONG (12/10/07)
La ex consejera de Cooperación Gema Amor ha responsabilizado directamente al presidente del Consell, Francisco Camps, del desvío a otros objetivos, como la Copa del América, de fondos destinados a ayudas a ONG. "No tengo conomiento de que en ningún momento se hicera un cambio de transferencias en esas partidas", asegura. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, retiró a principios del año la mitad de ayudas previstas para cooperación sin informar a la responsable del área, la ex consejera zaplanista Gema Amor, en actualidad concejal en Benidorm.
La presidenta del PP de Benidorm y concejal en el Consistorio figuraba en las listas para ser diputada por Alicante, pero su fidelidad a Eduardo Zaplana la había apartado de cualquier posibilidad para mantener su responsabilidad en el nuevo Consell de Camps. La ex consejera Gema Amor mostró su sorpresa al conocer por este periódico el cambio en la partida que afecta a 33 millones de euros comprometidos por ella con ONG: "No tengo conocimiento de que en ningún momento se hiciera un cambio o transferencia en esas partidas. Sé lo que hice y me comprometí a hacer yo, pero ya no soy miembro del Consell y no sé lo que ha sucedido con posterioridad, ni lo que hayan podido hacer mis compañeros", afirmó.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Benidorm y diputado provincial, AgustínNavarro, ha pedido explicaciones a Amor por disminuir la ayuda de la Generalitat Valenciana a las ONG cuando ella era miembro del Consell. Los socialistas critican en una moción la reducción a la mitad de la consignación para Cooperación Internacional, que según el presupuesto aprobado para 2007 era de 65,3 millones de euros, es decir, el 0,7% del total. Sin embargo, el 13 de agosto el DOCV publicó dos acuerdos tomados por el Consell el 23 de febrero y 25 de mayo, en los que se aprobaba una serie de transferencias presupuestarias entre programas de la Generalitat para 2007.
Una de las partidas más afectadas fue la de Cooperación Internacional, en la que "se suprimieron de un plumazo nada menos que 33 millones de euros", explicó Navarro. "Lo más grave es que esta cantidad, destinada a programas de defensa de derechos humanos y acciones e iniciativa social ha ido destinada a las partidas de Imagen y Promoción de la Generalitat en la Copa del América y la Volvo Ocean Race", lamentó.
Sobre la fecha en la que se aprobó la transferencia, en febrero y mayo, Gema Amor indicó que "tanto los asuntos de la Copa del América como Cooperación pertenecíamos a la Consejería de Presidencia, por lo que era difícil conocer exactamente el motivo de los cambios". Gema Amor explicó que la "política de Cooperación de la Generalitat durante los últimos años ha sido ejemplar, ya que fuimos la primera comunidad autónoma en comprometerse por ley a destinar el 0,7% del presupuesto al desarrollo". La ex consejera destacó que "fue una ley que se consensuó con todos los grupos y que supone una garantía para que todos los años se destine esta cantidad".
163. EL CONCEJAL DE HACIENDA DE CASTELLÓN (PP) CULPA A LA INMIGRACIÓN DE LAS SUBIDAS DE HASTA EL 12% EN CINCO TRIBUTOS MUNICIPALES (16/10/07)
El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Castelló, Juan José Pérez Macián, intentó culpar a la inmigración del aumento de cinco impuestos y tasas municipales que pretende imponer el Partido Popular con incrementos de hasta el 12% para el año 2008. Macián no tuvo ningún reparo en responsabilizar a la población extranjera de la política fiscal del alcalde, Alberto Fabra, y añadir este fenómeno a una lista de culpables en la que ya había incluido el pasado viernes al Gobierno central.
Desde su punto de vista, el incremento de la presión fiscal que sufrirán los
bolsillos de los castellonenses no supone una contradicción con el programa
electoral del Partido Popular, que en todo momento se ha presentado como
defensor de la bajada de la presión fiscal. "No, en absoluto considero que
sea contradictorio con la postura de bajar la presión fiscal, sino de la
necesidad de mejorar los servicios a los ciudadanos. Y debe ser así porque
el ayuntamiento hace frente a competencias a las que debe hacer frente sin
corresponderle" .
La decisión del gobierno de Alberto Fabra afecta a la práctica totalidad de
impuestos y tasas municipales: Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto
de Actividades Económicas (IAE), tasa de basuras, Tasa de Vehículos de
Tracción Mecánica y plusvalías. El avance de la presión fiscal (acompañado
de las nuevas altas) ha propiciado que desde el año 2000 el Ayuntamiento de
Castelló haya incrementado en más de un 200% sus ingresos por concepto de
impuestos indirectos y tasas municipales.
De cara a 2008, cada ciudadano deberá pagar una media de alrededor de 50
euros más por los conceptos del IBI, el impuesto de vehículos y la tasa de
basuras. Esta cantidad se dispara en el caso de los empresarios que deban
pagar el Impuesto de Actividades Económicas y aquellos que abonen las
plusvalías por una venta inmobiliaria.
En suma, al margen de las plusvalías y del impuesto de actividades
económicas, el Ayuntamiento de Castelló exigirá a los ciudadanos una
aportación extra de más de 8 millones de euros que incrementará en un 7,4%
el volumen de ingresos que se registró el año pasado gracias a los tributos
municipales (108 millones de euros). Además, las arcas del ayuntamiento
aumentarán sus ingresos de forma paralela gracias a las nuevas altas de
contribuyentes.
164. EL AYUNTAMIENTO PEPERO DE CASTELLÓN GASTA MÁS DE 600.000 EUROS ANUALES EN EL SUELDO DE ASESORES "A DEDO" (17/10/07)
El gobierno de Alberto Fabra alega que se ha visto obligado a imponer una subida de los tributos municipales de hasta el 12% debido a la falta de fondos para pagar el mantenimiento de la ciudad al tiempo que destina más de 600.000 euros de dinero público a pagar el sueldo de 20 asesores contratados a dedo, según datos de la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento.
Las cifras evidencian que el Gobierno del Partido Popular ha incrementado la partida destinada a asesores designados a dedo en más de 100.000 euros respecto al ejercicio 2006, al margen del ajuste del Índice de Precios al Consumo (IPC).
Entre los sueldos más elevados destaca el del nuevo jefe del gabinete de
alcaldía y hermano de Carlos Fabra, José Alberto Fabra, que fue designado de
forma discrecional y cobrará más de 50.000 euros anuales. El pequeño de los
Fabra fue incorporado después de que el PP ganara las elecciones municipales
y el complemento específico de sueldo atribuido a su cargo se mejoró
automáticamente en 1.400 euros. Subida de salario de 15.000 euros
La cifra de José Alberto Fabra queda lejos de igualar la progresión del cargo de Coordinador de Comunicación, que experimenta un incremento del complemento específico de salario de hasta 15.000 euros respecto a 2006. La persona designada percibirá más de 40.000 euros anuales a pesar de que no se le ha requerido superar concurso público u oposición alguna. No pasa desapercibido que la subida salarial del mencionado cargo supone un aumento del 60% respecto al sueldo del año anterior y el porcentaje se sitúa treinta veces por encima de la evolución prevista para el IPC.
Además, el PP ha creado nuevas plazas de confianza entre las que destaca la
de Asesor Informador al Ciudadano. Dicho puesto fue habilitado
específicamente para la ex edil Noelia Vilar, que quedó fuera de la
corporación después de que el PP perdiera al concejal número 16 en los
últimos comicios. Ahora, Vilar percibirá más de 40.000 euros y superará la
asignación que recibía cuando era concejala de Juventud y Atención al
Ciudadano. También cobrará más de 40.000 euros anuales el asesor cultural
seleccionado por el gobierno local. A pesar de que el propio nombre del
cargo indica la finalidad de promover la cultura en la ciudad, el PP sólo
exige la titulación de graduado escolar para acceder al cargo.
El crecimiento del gasto que suponen los sueldos de asesores contrasta con
las declaraciones del concejal de Hacienda, Juan José Pérez Macián, que
anunció una subida de 8 millones de euros en los tributos ante la "falta de
recursos" para pagar el mantenimiento de la ciudad. "Este es el momento más
complicado para un concejal de hacienda porque es pedir a los ciudadanos que
realicen un esfuerzo para tener mejor conservada a la ciudad, pero es
necesario". La medida se debatirá en el próximo pleno y afectará al Impuesto
de Bienes Inmuebles, la tasa de basuras, el impuesto de vehículos, el
Impuesto de Actividades Económicas y las plusvalías.
165. ALPERI CONFIRMA LA SUBIDA DEL IBI EN UN 4,48% Y DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN EN UN 15% EN ALICANTE (17/10/07)
Hace dos semanas dejó caer una propuesta inicial de subida de impuestos por la Junta de Gobierno Local de Alicante. Se lio una gorda en 24 horas que obligó al mismo alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, a matizar y apuntar que se trataba de una propuesta. Pero se confirmó todo y el alcalde anunció una subida del IBI del 4,48%, fraccionado en dos años, y un aumento del impuesto de circulación de un 15,2%, lo que reportará a las arcas municipales un ingreso de 3,5 millones de euros más al año.
Luis Díaz Alperi, acompañado por el concejal de Hacienda, Juan Zaragoza, anunció que esta subida será aprobada en el próximo pleno y aplicable a partir de 2008 y resaltó que el equipo de Gobierno lleva sin subir el IBI desde 1996 y el impuesto de circulación desde el año 2000. Así que con esta subida del IBI pretenden "actualizar ese impuesto, incluso por debajo de lo que ha subido el índice del coste de la vida en estos dos años". En este sentido, indicó que la subida será fraccionada, de modo que en 2008 "se subiría un 2,24 y en 2009 otro tanto igual" y "el próximo año pasaríamos a estar en el 0,75 y al siguiente año en el 0,77".
El regidor cree que el aumento no contradice el programa electoral del PP, ya que planteaba "contención de impuestos y no congelación". Para el alcalde, "congelación es no tocar los impuestos y contención es no producir subidas desmedidas ni crear impuestos nuevos". En esta misma línea, Díaz Alperi también explicó las bonificaciones que se aplicarán al impuesto, como a las familias numerosas, que se beneficiarán de descuentos de un 40%, 45% y 50%, en el caso de que tengan tres, cuatro o más de cinco hijos, respectivamente.
A modo de ejemplo, explicó que si una familia paga actualmente 147,4 euros por una vivienda con valor catastral de 20.000 euros, en mayo de 2008 pagará 3,40 euros más, es decir, 150,80. Igualmente, si el valor catastral del piso es de 60.000 euros, la subida será de 10 euros. En cuanto al impuesto de circulación, la subida será de un 15,22%, un aumento para el alcalde, "muy inferior a lo que ha aumentado desde que se hizo la revisión hasta ahora".
166. BENIDORM SUBE LOS IMPUESTOS Y ELABORA UN PLAN PARA EVITAR LA QUIEBRA ECONÓMICA (19/10/07)
La situación económica del Ayuntamiento de Benidorm es insostenible tras 16 años de Gobierno del PP. El concejal de Hacienda, Francisco Saval, reconoció la existencia de un "desequilibrio presupuestario" en las cuentas que ha llevado a elaborar un plan de saneamiento "al que nos obliga la Ley", apuntó. El edil aludió a los seis millones de remanente negativo de tesorería con al cierre de 2006 y las previsiones de otros cuatro millones negativos en 2007. Los socialistas de Benidorm denunciaron el despilfarro "instaurado" desde que Zaplana era alcalde.
Saval no pudo precisar la situación real de las arcas municipales, contando las deudas contraídas con las entidades financieras. Pese a ello, admitió que el Ayuntamiento debe más de un millón de euros por unas obras realizadas en 1998 y otros tres millones por intereses de demora. El portavoz del PSPV, Agustín Navarro, culpó al PP de "ocultismo" y de llevar a la "quiebra" al consistorio tras "dieciséis años de un gobierno de despilfarro instaurado cuando Zaplana era alcalde". Los socialistas consideran que "ahora se descubre cómo ha sido una práctica habitual tirar dinero público a la basura".
Navarro apunta como ejemplo el mapa sonoro y mapa verde, elaborados por Zaplana cuando era alcalde, "que costaron 30 millones de pesetas (180.000 euros) y no sirvieron para nada". También recordó un espectáculo multimedia que éste programó en la playa durante un año y consumió 70 millones (420.708 euros), o los contratos publicitarios en Antena 3 y Telecinco de aquella época, que costaron 200 millones (1,2 millones) "y sirvieron para su promoción más que para la de la ciudad".
La oposición alertó en los últimos años de la deriva de las arcas municipales por la falta de control del gasto, y PP reconoció la situación en una comparecencia exenta de autocrítica. "La gestión del PP ha sido excelente", indicó Saval, que desglosó las medidas a tomar como exhibición de valentía. "Vamos a coger el toro por los cuernos", indicó, como una "muestra de nuestra responsabilidad". Saval culpó a la "coyuntura" económica de la situación, aludiendo al ministro Pedro Solbes y a las referencias de éste a la desaceleración del mercado inmobiliario y la disminución de ingresos por licencias urbanísticas y el ICIO (impuesto de construcciones). Además, recuperó el discurso victimista sobre la condición de Benidorm de "primer municipio turístico de España" que debe proporcionar servicios a una población muy superior a la que paga impuestos.
Para salir de la situación el Consistorio subirá el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) -congelado durante 11 años y que el PP prometió mantener en su programa electoral- que pasará del 0,6% al 0,75%. "Quienes pagaban 300 euros (media en la ciudad) pagarán ahora 400", resumió Saval. El concejal argumentó que el 0,75% era la menor subida de la horquilla propuesta por los técnicos municipales, que llegaba hasta el 0,83%. El plan elaborado por el consistorio tendrá una vigencia de tres años.
167. EL TSJ ASUME LA INVESTIGACIÓN A ALPERI POR PREVARICACIÓN (20/10/07)
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se hace cargo de la investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción número ocho de Alicante por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencia, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida en la que están imputados el diputado y alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, aforado, miembros de la corporación, el constructor Enrique Ortiz y el gerente.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha asumido la investigación que se iniciara tras una denuncia presentada el 4 de noviembre de 2005 sobre presuntas irregularidades en la concesión de las licencias de construcción de varios aparcamientos subterráneos de Alicante. Así consta en un auto de fecha 11 de octubre que a lo largo de ocho folios explica las razones por las que la competencia pasa de un juzgado de instrucción al TSJ.
La denuncia presentada por José Luis Valdés Fernández aportaba 21 documentos que recogían la tramitación del expediente administrativo municipal sobre el concurso público convocado por el Pleno del Ayuntamiento de Alicante con fecha 17 de enero de 2003 para la construcción y explotación de tres estacionamientos subterráneos. El concurso inicial sufrió una modificación que supuso, a juicio del denunciante, un incremento de más del 20% y que se aprobó sin el informe del Consejo Jurídico consultivo obviando datos fundamentales. Quienes informaron negativamente a la modificación del contrato por el concesionario dejaron de tener cualquier tipo de competencia sobre el asunto. Un decreto del alcalde sustituyó a la dirección técnica y a la concejalía competente por la concejalía de Seguridad, ciudadanía, Tráfico y Transportes, que emitió el informe que permitía las modificaciones que quería el adjudicatario.
La Junta de Gobierno Local aprobó en sesiones de 14 de marzo y de 4 de julio de 2005, sin contar con un nuevo y preceptivo informe del servicio de Economía y Hacienda del consistorio, la ampliación de la concesión en siete años y medio. Resultado: la Junta de Gobierno aprobó unas obras que costaban un 20% más del presupuesto de Ejecución de Contrata aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. El quebranto económico se estima en 2.268.060,94 euros. Y la mercantil adjudicataria, Ortiz e Hijos, incumplió la modificación aprobada con relación a la estructura perimetral del estacionamiento que se ubica en la calle de Hermanos López de Osaba, beneficiándose económicamente de ello.
Tras las diligencias practicadas en el juzgado de instrucción de Alicante, se imputó a Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante, diputado autonómico y por tanto aforado; Antonio Escobedo Moya, jefe del departamento Técnico de Tráfico y Planificación viaria; Enrique Tomás Ortiz Selfa, responsable de la mercantil Ortiz e Hijos (mercantil que compró terrenos a Terra Mítica en el proceso de suspensión de pagos y se prepara para urbanizar el entorno del parque en cuatro años); Luis concepción Moscardó, concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes cuando ocurrieron los hechos; Sonia Castedo Ramos, concejal delegada de Urbanismo y miembro de la Junta de gobierno; y Santiago Bernáldez Gazapo, director gerente de la constructora.
El problema de competencia se suscitó por la imputación de un aforado. Por tanto, el juzgado de Alicante lo derivó al TSJ. La Sala de Lo Civil y Penal acepta el caso, no acepta la renuncia al aforamiento solicitada por Díaz Alperi. Por tanto, a partir de que el juzgado de Alicante remita toda la documentación que componen las diligencias, la causa continúa adelante con el magistrado José Francisco Ceres Montés como instructor.
168. CUATRO AÑOS EN EL CARGO CON LA CORRUPCIÓN EN LOS TALONES (20/10/07)
La justicia no es rápida. Y el sistema jurídico español dispone de toda una serie de recursos para garantizar los derechos y la defensa de los presuntos autores de un delito. En ocasiones, esas garantías se convierten en el arma más apropiada para dilatar y dilatar procedimientos judiciales. El abogado del líder del Partido Popular en Castellón y presidente de la Diputación Provincial, Carlos Fabra, es experto en eso, según han reconocido algunos de sus compañeros. Incluso, los que comparten defensa o acusación con él.
En diciembre de 2003, Vicente Vilar, empresario y amigo de Carlos Fabra, presentó una querella contra el presidente de la Diputación castellonense, del PP, en la que le acusaba de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. La mediación que supuestamente ejercía Fabra ante los ministerios de Sanidad y Agricultura estaba encaminada a tratar de acelerar autorizaciones para la fabricación de los productos fitosanitarios del propio Vilar. En medio de esta trama se desenvolvían dos empresas. Una del propio Carlos Fabra, llamada Carmacas, por la que el presidente del PP de Castellón cobraba importantes cantidades de dinero en concepto de asesoría de otra sociedad, denominada Artemis 2000, cuyas propietarias eran las esposas del dirigente político y el empresario de los fitosanitarios.
Un año después de la creación de Artemis 2000, Fabra tuvo unos ingresos extraordinarios en sus cuentas de 931.000 euros, aunque declaró a Hacienda que había cobrado 73.000 y consiguió 3.000 euros de devolución en la declaración de la renta. La Agencia Tributaria le abrió un expediente por un supuesto fraude fiscal de 149.000 euros por el que ahora está también imputado.
Casi cuatro años después de que se destapara el escándalo, el conocido como caso Fabra sigue en su fase inicial, con interrogatorios a testigos aún por celebrar, al margen de la práctica de múltiples pruebas que, con meses de dilación, se van aprobando. Todas ellas se incluyen en la investigación derivada de la imputación a Carlos Fabra ante la posible comisión de varios delitos contra la Administración pública (tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios) y un fraude fiscal. Además de la ralentización que ha supuesto la resolución de los recursos presentados, sobre todo por el líder del PP, el procedimiento judicial ha sufrido otras dificultades.
El caso Fabra se instruye en un juzgado "de pueblo" que habitualmente no es más que una plaza "de paso" para los jueces. Desde que empezó a tramitarse la querella presentada contra Fabra, han pasado por el juzgado de Nules hasta siete jueces distintos que se han tenido que responsabilizar de las actuaciones. En el caso de los fiscales, el procedimiento fue asumido, en un principio, por el entonces fiscal jefe de Castellón, Javier Arias, quien tuvo una sonada intervención durante el primer interrogatorio a Carlos Fabra.
Tras esas elecciones, la Fiscalía Anticorrupción apartó del caso a Arias y asumió la investigación en junio de 2004. Desde entonces, han sido cuatro los fiscales que han tenido que estudiar las cada vez más abultadas diligencias. Tantos han sido los cambios que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, llegó a reconocer en un momento que éstos podían "perturbar la marcha del proceso".
En cualquier caso, quienes se han mantenido en su sitio son los representantes de la Unión de Consumidores, los representantes de los usuarios, en consecuencia, de los ciudadanos, que apenas tres meses después de iniciarse el procedimiento solicitaron personarse en la causa. En este caso, se aceptó que lo hicieran como acción popular y no como acusación particular. Esta fórmula se utiliza porque realmente lo que ejerce la UCE no es una acusación a favor de los intereses de un particular sino la defensa de los derechos de todos y la protección de la legalidad, el servicio público y el respecto a la ley.
Así, argumentaron su legitimización para personarse en el caso abierto contra el presidente de la Diputación Provincial de Castellón alegando que entre sus fines se encuentra la defensa del consumidor y de los usuarios, también en el ámbito de las Administraciones públicas, y expusieron la posibilidad de un menguado control en la autorización de registros de productos fitosanitarios y, en consecuencia, el peligro que esto podía suponer para el consumidor. Además, arguyeron que, de probarse la alteración en el normal funcionamiento de la Administración se estaría alterando también el sistema al que son sometidos los usuarios. La Unión de Consumidores señaló que la "única intención y finalidad" era "ayudar al tribunal en las presentes diligencias de instrucción e investigación".
El caso es que la UCE ha sido durante estos años la parte más activa en la investigación del llamado caso Fabra. Entre otras cosas, solicitó los interrogatorios a los ex ministros del Gobierno de Aznar que intervinieron en alguna de las reuniones o encuentros en los que se trataron los fitosanitarios de Vilar, reclamó la intervención de peritos que estudiarán las cuentas de Carlos Fabra y logró que en una sola causa se acumulara la acusación por los supuestos delitos de tráfico de influencias y por fraude fiscal ya que, tal como indicaron, ambas pueden estar íntimamente ligadas y ser origen y consecuencia.
Los representantes de la UCE son reacios a aparecer públicamente y a expresar sus valoraciones sobre el procedimiento judicial abierto en Nules. Consideran que la acción de la organización debe limitarse únicamente a la defensa de la legalidad ante la posibilidad de que ésta se haya alterado con prácticas contrarias al derecho. Su intención es que se restaure el orden normativo y se penalice a quienes hayan podido pervertir y alterar servicios públicos.
169. DEL PICAROL AL CLUB DE TENIS VALENCIA (21/10/07)
El anterior presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, elevó a su círculo de amigos de El Picarol a la categoría de organigrama del Consell. Entre 1995 y 2003, más de la mitad de los miembros de esta peña, cuya máxima expresión colectiva consistía en alquilar un local para celebrar las fiestas de Benidorm, ocupó cargos públicos, alguno en la primera línea como Fernando Modrego, que fue consejero de Medio Ambiente. Otros, fueron subsecretarios, directores generales o cargos medios. Pero ese esplendor fue oxidado por el tiempo y los acontecimientos. Zaplana fue reemplazado por Francisco Camps, y apenas un día después de haber sido elegido presidente de la Generalitat, el 26 de mayo de 2003, ambos se reunieron en el Club de Tenis de Valencia, donde mantuvieron un almuerzo para abordar los planes de futuro. El nuevo presidente afianzaría el suyo sobre la tierra batida de ese escenario, que acabaría arruinando las expectativas del entonces ministro de Trabajo. Como aspirante a la presidencia, Camps ya había recurrido a las instalaciones de esta selecta sociedad deportiva como un santuario para encomendarse a las urnas. Lo había hecho mediante un almuerzo con varios deportistas valencianos que respaldaban su candidatura, entre los que se encontraba su amigo y preparador Rafael Blanquer.
A principios de los noventa, Camps tras entrar de lleno en la política como concejal de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia, empezó a frecuentar las instalaciones de la calle del Botánico Cabanilles. Por entonces, como ahora, acceder a la condición de socio era harto difícil: hay una larga lista de espera y, además, supone un importante desembolso económico, casi 24.000 euros por persona en la actualidad. Bien es verdad que en el club hay socios de honor, personas a las que por su relevancia se les abren las puertas y que pueden jugar al tenis, sin pagar cuota pero sin derecho a voto.
Pero Camps no accedió a la condición de socio por esta vía, sino por su matrimonio con Isabel Bas, cuya familia pertenece al club. Lo cierto es que a Camps, "hasta que no fue presidente apenas se le vio en el club", refieren varios socios. Pero el presidente no sólo aumentó su presencia en las instalaciones, en las que según éstos "ahora le guardan la pista", sino que pronto se estableció una correspondencia entre el club y la Generalitat hasta convertirse en el nuevo vivero de cargos para el Consell.
El ex secretario autonómico de Sanidad, Manuel Cervera, es socio desde hace varios años como jugador de pádel, aunque "no iba por el club". Hace unos ocho meses regresó y desde entonces su presencia se ha intensificado. El pasado 28 de junio fue nombrado consejero de Sanidad. En la misma consejería, otros dos socios del Club de Tenis Valencia, José Clérigues Belloch y Pilar Viedma Gil de Vergara ocupan las direcciones generales de Farmacia y Orden, Evaluación e Investigación Sanitaria, respectivamente. Clérigues, además, es vocal de la junta directiva. Asimismo, la actual secretaria autonómica de Cohesión Territorial, Paula Sánchez de León, pertenece al club "de toda la vida". En este caso se encuentra también Daniel Moragues, director general del Impiva y vocal de la junta directiva del club.
La frecuente presencia de socios en el Consell ha empezado incluso a provocar el efecto contrario, y algunos cargos ajenos al Club de Tenis se han acercado a la sociedad. Es el caso del responsable de la Consejería de Presidencia, el vicepresidente Vicente Rambla, que ha ingresado recientemente, no sin cierta polémica. El Club de Tenis de Valencia fue fundado en 1905 bajo el nombre de Sporting Club. Si en su inicio acogió en exclusiva a la nobleza, que era la que jugaba a un deporte tan elitista como el tenis, luego fue abriéndose a las familias adineradas y los profesionales liberales hasta reunir unos 5.000 socios. Pese a que el tenis se ha convertido en un deporte más, el acceso a nuevos socios es muy restringido, puesto que no dispone de pistas suficientes para dar satisfacción a las nuevas demandas. En este momento existe una lista de espera con más de cien peticiones para lograr el alta en la sociedad, sin embargo, Rambla, logró el ingreso "con manga ancha", según relata un socio.
Rambla se apuntó a la lista de espera en la época del anterior presidente del club, Manuel Álamo, quien le ofreció la posibilidad de jugar cuando quisiera. Un privilegio que el entonces consejero de Sanidad sólo quiso aprovechar de forma esporádica. Sin embargo, cuando Luis Gómez Artés fue elegido presidente, accedió enseguida a la condición de socio, gracias a que el club no respetó la lista de espera. El hecho ha causado malestar en varios miembros del club. Algunos socios han protestado por los privilegios que el club concede a algunos de estos socios vip, que con frecuencia reciben trato de favor a la hora de reservar pista para jugar. Algo que nunca antes había sucedido.
La clave, sin duda, está en la junta de la sociedad, presidida por el abogado Gómez Artés, que oportunamente acaba de ser nombrado secretario de la Federación de Cajas de Ahorro de la Comunidad Valenciana, y en la que Rafael Cervera, antiguo director general de operaciones de Tissat (y hermano del ex secretario de Deportes José Emilio Cervera), ocupa la vicepresidencia general. Éstos, de acuerdo con el testimonio de algunos socios, han conformado un lobby a partir de las relaciones derivadas de esta fructífera interacción con la Generalitat, y además lo ostentan "para marcar su poderío". La situación ha motivado incomodidades y varias reprobaciones verbales de socios, que consideran que el club no debe desviarse de su cometido deportivo ni solaparse con las instituciones públicas.
170. LA FUNDACIÓN DEL VIAJE DEL PAPA NO HA REGISTRADO SUS CUENTAS (22/10/07)
La Fundación de la Comunidad Valenciana del V Encuentro Mundial de la Familia, que organizó la visita del Papa Benedicto XVI en julio de 2006, sigue sin tener las cuentas claras. Transcurrido casi un año y medio desde la visita del Papa a Valencia, la fundación participada por el Arzobispado de Valencia, la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento todavía no ha depositado sus cuentas en el registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, ni ha hecho públicas las mismas.
Ello no ha sido impedimento para que el Arzobispado de Valencia, cuyo titular Agustín García-Gasco ha sido designado recientemente cardenal, haya aumentado su influencia en el seno del Gobierno valenciano, que preside Francisco Camps.
Pese a la falta de transparencia, la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, que no ha hecho públicas las cuentas ni de 2005, ni de 2006, tiene operativa su propia página web en la que lanza, consignas contra el aborto y el matrimonio homosexual -"Lo que Dios ha separado que no lo una el hombre"-.
Desde julio de 2006, el Consell que preside Camps se ha negado una y otra vez a facilitar los gastos realizados con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI. En febrero de este año, Víctor Campos, entonces vicepresidente del Consell, afirmó que la estancia del Pontífice en Valencia había supuesto un gasto para la Generalitat de 1,9 millones de euros, aunque esta cifra no incluía el presupuesto de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia. Esta cifra facilitada por Campos en su día no tiene correlación con las respuestas parlamentarias ofrecidas por el Consell al Grupo Socialista, en las que sólo reconocía haber gastado 214.000 euros de la Consejería de Sanidad en recursos humanos y materiales sanitarios; 10.417 euros en la impresión de carteles y trípticos y 9.969 euros en viajes y alojamientos de la Consejería de Participación; y 11.948 euros para realizar un estudio de demanda para analizar la asistencia y 1.566 euros para un curso de formación turística entre voluntarios pagado por la Consejería de Turismo. Cantidades que sumadas apenas superaban los 30.000 euros, lejos de los dos millones declarados después.
En sus respuestas a la oposición en las Cortes Valencianas, el Consell atribuyó a la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia el resto del gasto generado por la visita del Papa. Pero el Consell afirma, además, que en la fundación participa "únicamente como miembro" por lo que no tiene datos para responder.Los gastos de la visita del Papa a Valencia, que apenas permaneció 24 horas entre el 8 y el 9 de julio de 2006, se han convertido, así, en uno de los secretos mejor guardados por el Consell y el Arzobispado de Valencia, que no supo decir siquiera si ya había cerrado las cuentas.
A falta de transparencia, la oposición socialista mantiene que los fastos para recibir al Pontífice no bajaron de los 60 millones de euros, casi la mitad debidos al coste de la retransmisión en directo de toda la estancia papal por Canal 9-Ràdio Televisió Valenciana. Las cuentas de la vieja de la oposición incluyen partidas como los 400.000 euros gastados por Ferrocarrils de la Generalitat para preparar un terreno como aparcamiento de autobuses, los 600.000 euros que costó el altar para la misa o los 500.000 euros para acondicionar el puente de las Flores y otros ornamentos florales.
El Consell solo ha reconocido 1,9 millones aparte de lo destinado a la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia. El Ayuntamiento de Valencia, la primera de las tres instituciones públicas que ofreció una cantidad, cifró el gasto municipal en el evento en 2,36 millones de euros. Confusión a la que se añaden las estimaciones iniciales de la propia fundación, que calculaba en 20 millones de euros el coste de la visita papal.
Lo que parece demostrado es que, aunque el viaje del Pontífice sirvió para proyectar internacionalmente la imagen de Valencia, la cita papal no atrajo los 1,3 millones de turistas que esperaban los dirigentes del PP, ni ello se tardujo en un gasto de 60 o 70 millones de euros como predijo la entonces consejera de Turismo Milagrosa Martínez. Lo que sí se ha mantenido es el oscurantismo sobre el coste de los preparativos para atender a Benedicto XVI.
De hecho, si la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia carece de fiscalización exhaustiva, pese a contar entre sus patronos con tres de las principales instituciones valencianas, la Fundación la Luz de las Imágenes, con aportación mayoritaria de la Generalitat, sí está fiscalizada. En esta fundación el capital inicial está soportado por la Generalitat (30.050 euros), Televisió Valenciana (6.010), Iberdrola (3.005), Fundación Generalitat-Iberdrola (30) y el Arzobispado, que aportó seis euros. La Fundación la Luz de las Imágenes, dedicada a la restauración y exhibición del patrimonio de la Iglesia católica, contó el año pasado con un presupuesto de algo más de once millones de euros, aunque el ejercicio se cerró con una desviación de casi cinco millones. Así que inició el ejercicio actual con una deuda de casi 16,7 millones de euros.
Creada en el año 1999, con Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat, la Fundación de la Luz de las Imágenes ha restaurado más de 1.500 objetos artísticos -en su mayoría propiedad de la Iglesia- entre ellos pinturas, esculturas, piezas de orfebrería, tejidos, legajos, etc. La recuperación y puesta en valor del patrimonio eclesiástico no se ha reducido sólo a los bienes muebles, también los inmuebles se han visto beneficiados con las Administraciones del Partido Popular. Así, con cargo al presupuesto público se han restaurado catedrales, seminarios, ermitas, iglesias y conventos.
171. EL PP DE CASTELLÓN SOMETERÁ A LA APROBACIÓN DEL PLENO EL PAGO DE 3 MILLONES EN FACTURAS SIN CONTRATO (25/10/07)
El gobierno del Ayuntamiento de Castelló pretende aprobar hoy en la sesión plenaria el pago de más de 3,1 millones de euros en facturas (algunas fechadas en 2005) que carecen del contrato exigido por la ley y que no siguieron el procedimiento establecido, según datos facilitados por fuentes municipales. Dicha operación supone un nuevo capítulo del historial de pagos finalmente ejecutados por el ayuntamiento a discrección, práctica que ha centrado las críticas de la oposición durante los debates plenarios de los últimos mandatos.
Actuaciones diversas de obra civil, suministros de agua, asistencias a
gimnasio o enseres para cuarto de baño son algunos de los compromisos que
fueron adquiridos por varios concejales del equipo de gobierno al margen de
contratos o concursos públicos en las facturas que ahora se someten a
aprobación. Procedimiento ilegal El edil socialista Javier Peris advirtió
que este tipo de pagos son irregulares y que la legislación sólo permite
aprobar facturas fuera de contrato en casos de urgencias justificadas que
sean racionalmente imprevisibles. "De un presupuesto de casi 160 millones de
euros, vemos que con el tercer reconocimiento ya alcanzamos los 16 millones
de euros. Ello quiere decir que un 10% del presupuesto de 2007 ya se ha
empleado en gastos sin contrato previo" .
Peris recordó que este tipo de prácticas son contrarias a la legislación
vigente. "Estamos hablando de que es un procedimiento que sólo se puede
utilizar en caso de emergencia. Y el uso que se hace demuestra que existe un
descontrol del gasto que no es admisible" . No es la primera denuncia por el
pago de facturas irregulares. La concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de
Castelló aprobó durante 2006 el pago de más de 14,5 millones de euros en
facturas fuera de contrato y con reparos de la Intervención municipal, según
datos reflejados en las actas municipales.
Esta cifra surge como resultado de sumar los reconocimientos extrajudiciales
remitidos al pleno (10,3 millones euros) y los pagos aprobados
discrecionalmente por la Junta Local de Gobierno (4,2 millones euros), los
cuales había contabilizado y denunciado regularmente la edil socialista
Josefina Gimeno en la anterior legislatura. Una comparativa de ambas cifras
implica que un 26% del total de facturas sin contrato registradas en 2006
(4,2 millones) se ratificaron en la Junta de Local de Gobierno y a espaldas
del pleno.
172. BIENESTAR SOCIAL GASTA EN PUBLICIDAD LA MITAD DEL DINERO PARA INSERCIÓN SOCIAL (26/10/07)
La Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, SA, una entidad vinculada a la Consejería de Bienestar Social, ha convocado un concurso público para adjudicar por 1,4 millones de euros el "servicio de creatividad, producción, planificación en medios, difusión y seguimiento de información y divulgación del Sistema Valenciana de Servicios Sociales que garantice una atención equitativa de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana en situación de dependencia", es decir, una campaña de publicidad. La convocatoria se publicó el 16 de octubre. La fecha límite para presentar ofertas era el 19 de octubre. La fecha de adjudicación no se precisa, pero la campaña publicitaria coincidirá con los previos de las elecciones generales previstas en marzo de 2008.
Además, la historia se repite. En octubre de 2006, Bienestar Social convocó otro concurso para difundir y divulgar "las prestaciones sociales" que ofrece la consejería. Entonces el presupuesto era de 1,5 millones de euros. Aquella campaña se difundió en los previos de las elecciones autonómicas del mes de mayo.
El grupo mayoritario apenas entró en liza para rechazar la comparecencia de Ester Fonfría, gerente de la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat (Fundar), una entidad privada sin ánimo de lucro financiada por Bienestar Social y Bancaja y formalmente dedicada a apoyar a las ONG valencianas. CCOO ha denunciado que varios empleados de Fundar trabajan en realidad para las consejerías de Bienestar Social e Inmigración. El PP rechazó la comparecencia alegando que Fundar es "una entidad privada".
173. EL CONSELL IMPIDE A 3 DIPUTADOS DEL PSPV ENTRAR EN EL PALAU DE LES ARTS (03/11/07)
"Aquí no puede entrar cualquiera". Con estas palabras, el director general de Grandes Proyectos de la Generalitat, José Luis Villanueva, zanjó el intento de tres diputados socialistas de visitar las instalaciones del Palau de les Arts con el objeto de comprobar "los daños que ha sufrido el edificio después de las últimas inundaciones y saber qué se piensa hacer para que no vuelva a producirse", según declaró José Camarasa, diputado del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas.
Camarasa se personó en la entrada del Palau de les Arts a mediodía de , acompañado de las también diputadas Cristina Moreno y Josefa Frau. Casi inmediatamente, el responsable de seguridad del edificio les indicó que no tenía "ninguna notificación" de su visita y que sólo podían acceder al recinto si iban a sacar entradas para las representaciones operísticas. Esa excusa utilizaron los parlamentarios para llegar a la zona de taquillas, donde requirieron la presencia de "una persona responsable" que les permitiera entrar en el recinto. Al no aparecer nadie, volvieron a salir a la calle.
Allí encontraron a Villanueva, dispuesto a deshacer el entuerto. En una breve conversación con Camarasa, Moreno y Frau, rodeados de periodistas y turistas despistados, el representante del Consell señaló que la solicitud del PSPV para visitar el Palau de les Arts no se ajustaba a "los términos jurídicos constitucionales". La conversación entre ambos políticos acabó con una frase de Camarasa: "Agradecemos su talante y amabilidad, pero denunciamos que no nos han dejado entrar".
El lunes pasado, Camarasa había pedido por escrito a Gerardo Camps, vicepresidente segundo del Consell, la autorización para realizar "una visita urgente a las instalaciones del Palau de les Arts". Camps contestó dos días después denegando el permiso por no ajustarse "en su totalidad a lo dispuesto en el Reglamento de las Cortes" e instando al diputado a reformular la solicitud "a través del conducto reglamentario". No lo hicieron los socialistas, que consideran que no permitir su visita al Palau supone para el PP "negar la visita a todos los valencianos".
El Palau de les Arts sufrió daños de diversa consideración a causa de las lluvias del pasado mes de octubre. Unos desperfectos que el PSPV cifra en "10 millones de euros" y que obligaron a suspender las representaciones de la ópera 1984 y a aplazar las de Carmen, la versión de Carlos Saura de la obra de Bizet. Los socialistas, con su gesto de , pedían "transparencia" en una instalación que "es el hazmerreír de todos los circuitos de ópera del mundo". Los populares contestaron horas después, por boca del portavoz adjunto en las Cortes Antonio Clemente, arremetiendo contra Zapatero, al que criticaron su "falta de apoyo a todo lo que concierne a nuestra Comunidad".
174. LA SÍNDICA ABRE UNA INVESTIGACIÓN AL CONSELL SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE LA DEPENDENCIA (06/11/07)
La Síndica de Greuges, Emilia Caballero, ha tomado la iniciativa para poner algo de luz sobre la ley de la Dependencia, esa norma que debía ser el cuarto pilar del Estado del Bienestar y que hoy, casi un año después de su entrada en vigor, es objeto de una batalla de cifras política y no ha supuesto cambios importantes en la vida de los posibles beneficiarios, que en 2007 son los grandes dependientes (personas que necesitan ayuda constante de otra para realizar las actividades básicas).
La Sindicatura ha decidido, a la vista del tiempo transcurrido, iniciar una investigación de oficio "al objeto de conocer el grado de cumplimiento" de la ley en la Comunitat Valenciana. Con este fin, envió el pasado 26 de octubre una comunicación al vicepresidente de Bienestar Social, Juan Cotino, en la que ruega que en quince días le remita "información suficiente sobre la actividad llevada a cabo por la Administración valenciana para la implantación de la ley".
Caballero no se conforma con una petición genérica, sino que enumera una
exhaustiva lista de datos a entregar. A saber: número de solicitudes de
valoración del grado de dependencia recibidas desde el 1 de enero; cantidad
de expedientes resueltos por mes; cifra de programas individuales de
atención (PIA) elaborados; estructura administrativa creada para la
evaluación y gestión de las ayudas emanadas de la nueva norma, y número de
profesionales seleccionados para realizar los informes de valoración y los
programas de atención.
Además, la defensora del pueblo valenciana sugiere alguna crítica a la
actuación del Consell al exigir las razones por las que la Agencia
Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa) contrató a una empresa el
desarrollo y la puesta en marcha del sistema de atención de la dependencia.
La Síndica recuerda que la ley establece en su artículo 28.6 que los
servicios y la gestión de las prestaciones previstas en la norma "se
efectuarán directamente por las administraciones públicas, no pudiendo ser
objeto de delegación, contratación o concierto".
175. EL EX MINISTRO POSADA RECONOCE QUE JUAN COSTA ASISTIÓ A LA REUNIÓN SOBRE NARANJAX (07/11/07)
En un escrito enviado a la juez de Nules, Jesús Posada, ex ministro de Agricultura del gabinete de Aznar, admite que se reunió en julio de 1999 con el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y con otros altos cargos del PP para abordar el retraso en las licencias de los productos fitosanitarios de Naranjax, el grupo empresarial de Vicente Vilar, según informó la Cadena Ser citando fuentes judiciales. La declaración de Posada deja en entredicho al ex ministro de Ciencia y Tecnología Juan Costa, quien declaró a la jueza que no recordaba haber participado en una reunión sobre Naranjax.
La Audiencia Provincial de Castelló ordenó la declaración como testigos de
Posada y de otros tres ministros de los gobiernos populares - Arias Cañete,
Celia Villalobos y Juan Costa - para que dieran una explicación sobre las
supuestas gestiones que Fabra realizó ante tres ministerios en favor de la
empresa de Vilar. Tanto Posada como Cañete y Villalobos se acogieron a su
derecho a declarar por escrito a las preguntas de los abogados de las
partes, del juez y del fiscal, pero este trámite judicial ha tardado más de
un año y medio en llevarse a cabo.
En su escrito, Posada dice que no recuerda ningún otro caso de políticos que
mostraran tanto interés ante el ministerio por las autorizaciones de
productos agrícolas y reconoce que mantuvo una reunión en julio de 1999, en
su propio despacho, con Fabra, el entonces senador Miguel Prim y los
diputados populares Juan José Ortiz y Juan Costa (después ministro de
Ciencia y Tecnología). En la entrevista entre el ministro y los políticos de
Castelló también estuvieron presentes altos funcionarios de Agricultura.
Posada admite que la reunión se celebró a instancia de Juan José Ortiz y que
el objeto principal de la misma fue el Abac, el producto estrella de
Naranjax. Finalmente el ministerio aprobó esta sustancia tras un polémico
procedimiento administrativo que permitió su comercialización a Artemis
2000, la empresa que administraron las ex esposas de Vilar y Fabra. El ex
ministro mantiene en su declaración que no recuerda si Fabra se interesó por
otras empresas o productos en aquella reunión, e insiste en que es
"inhabitual" que los políticos muestren tanto interés por los retrasos en
los permisos fitosanitarios.
Según la versión de Posada, el entonces senador por Castelló Miguel Prim
introdujo en la reunión el asunto de los fitosanitarios de Naranjax. Además,
el ex ministro aclara que fue el mismo Prim quien le envió una carta en la
que le rogaba celeridad en los trámites de aprobación del Abac. Respecto a
esta misiva, Posada responde que no contestó a la misma por su carácter
"poco pertinente".
Fabra, Vilar y sus ex esposas figuran como imputados en delitos contra la
Administración Pública, así como otros seis altos cargos de los gobiernos de
Aznar, entre ellos Prim y el ex director general de Agricultura Rafael
Milán.
176. LA GENERALITAT MARGINA AL ZAPLANISTA RIPOLL EN EL REPARTO DE SUBVENCIONES A DIPUTACIONES (07/11/07)
Las fidelidades se acaban pagando. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha optado por castigar en los presupuestos autonómicos para 2008 a la Diputación de Alicante, dirigida por el zaplanista José Joaquín Ripoll, y únicamente enviará a la corporación alicantina el 4,8% del dinero consignado para las tres diputaciones de la Comunidad, poco más de 1,4 millones de euros. La cantidad contrasta con lo que se llevará Castellón, el feudo de Carlos Fabra -uno de los grandes aliados de Camps-, a la que el Consell transferirá la mitad del dinero que la Generalitat tiene previsto remitir a las tres diputaciones.
Los datos, comprobados partida a partida, son elocuentes. De forma global,
las tres corporaciones provinciales está previsto que reciban de las arcas
autonómicas un total de treinta millones de euros, de los que únicamente un
4,8% -que suponen la citada cantidad de 1,4 millones- llegarán hasta las
comarcas alicantinas. Al menos eso es lo que está consignado, a día de hoy,
negro sobre blanco. Desigual reparto por habitante La institución
provincial, concretamente, percibirá medio millón de euros para actuaciones
en la red viaria provincial, una cifra sensiblemente inferior a la de años
anteriores; otros 515.000 euros para hacer frente a la amortización y los
intereses del plan de infraestructuras culturales de 1998, un programa
inversor del que la Diputación adelantó en su momento la cuantía; 446.800
euros para el funcionamiento del Hogar Provincial; y, finalmente, 7.800
euros para colaborar en iniciativas de promoción del valenciano. Punto y
final.
Los datos por población son, si cabe, más espectaculares todavía. Mientras
la Diputación de Castellón recibirá de la Generalitat un total de 22,96
euros por habitante, la de Valencia se quedará en tan sólo 2,03 euros por
vecino y la corporación que preside Joaquín Ripoll sólo conseguirá 0'80
euros por censado. Valencia sale bien parada Quedan pendientes de reparto
otras tres líneas de ayuda -obras hídricas, mejora de instalaciones
eléctricas y campañas sobre el Estatuto- para las diputaciones, dotadas con
10,4 millones, pero que están sin territorializar. Los socialistas pusieron
el grito en el cielo. Los diputados Diego Maciá y Cristina Moreno
denunciaron el "sectarismo" de Camps que no sólo, dijeron, "castiga" a
Ripoll "sino a todos los alicantinos" .
177. EL 78% DE LOS ASESORES DE FABRA SON CARGOS POLÍTICOS Y FAMILIARES (09/11/07)
El Boletín Oficial de la Provincia publicaba el nombramiento de dos de los 32 asesores que tiene contratados la Diputación de Castellón. Su presidente, Carlos Fabra, decidió en julio ampliar el número de asesores hasta sobrepasar la treintena y ha designado como ocupantes de dos de los cargos al hijo del alcalde de Montán, Antonio Fornás, y a la hija del ex alcalde de Vinaròs, Jacinto Moliner.
Sin embargo, no son éstos los únicos dos casos en los que los seleccionados como asesores son familiares de cargos del PP. De hecho, 25 de los 32 cargos de libre designación, es decir más del 78%, están ocupados por personas vinculadas a alcaldes, concejales o diputados populares o al propio Fabra. De los 25, sólo dos corresponden al grupo A, es decir, son licenciados. El resto son principalmente, del grupo D y E, sin titulación o con graduado escolar. Esto no es óbice para que, a través del complemento específico, sus sueldos asciendan, en algunos casos, hasta los 45.000 euros.
Entre el resto de cargos de libre designación se encuentra un ex concejal de Onda, siete alcaldes de pequeños municipios, varios ex diputados y otros siete familiares de personas que han ocupado diversos puestos. La nómina de cargos de libre designación supone un gasto anual de más de un millón de euros.
178. LA SÉPTIMA JUEZ DEL 'CASO FABRA' PIDE EL TRASLADO(10/11/07)
La historia se repite. De Isabel Belinchón a Lourdes Noverques son ya siete las jueces que, hasta ahora, han participado en la instrucción del caso Fabra. Y la lista aumentará al menos en dos más. Con la solicitud de traslado voluntario de la todavía titular del juzgado de instrucción número 1 de Nules (Castellón) serán nueve los jueces que, como mínimo, tengan que ver con la causa, ya que, según el procedimiento habitual, Noverques (la séptima) tendrá un sustituto (8) hasta que se nombre al próximo titular (9). En diciembre, se cumplirán cuatro años desde el inicio de una causa -por la que han pasado también cuatro fiscales- en la que se investiga al presidente de la Diputación de Castellón y jefe del PP provincial, Carlos Fabra, por tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y fraude fiscal.
Noverques es la juez que ha permanecido más tiempo en el puesto. Cuando se hizo cargo del juzgado, en septiembre de 2005, aún había pendientes de realizar muchas diligencias que durante estos dos años se han ido practicando, sobre todo porque, tras el rechazo inicial del juzgado, finalmente han sido admitidas por la Audiencia provincial. Poco antes de la llegada de Noverques a Nules, las acusaciones a Fabra de presuntos delitos contra la administración pública se ampliaron a un posible fraude fiscal tras la denuncia de la Agencia Tributaria respecto del ejercicio de 1999. En estos dos años, ha tomado declaración a diputados, senadores y ex ministros, y ha empezado a recibir la documentación de los inspectores fiscales después de que se autorizara investigar el patrimonio de Fabra y de su familia.
La investigación está en un momento crucial ya que el juzgado recibirá en breve el informe de los peritos de Hacienda sobre los ingresos declarados por Fabra y su familia y su incremento patrimonial. El juzgado aún está pendiente de llamar a declarar de nuevo al dirigente del PP para interrogarle sobre el ingreso en efectivo de 600.000 euros en sus cuentas en pequeñas sumas.Al contrario que las dos titulares que la precedieron (las otras cuatro jueces han sido sustitutas), Noverques no se traslada por un ascenso sino que ha solicitado el traslado voluntario a otro juzgado valenciano, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia. Este traslado puede ser aprobado la próxima semana.
La primera titular del juzgado de Nules que se hizo cargo del caso, Isabel Belinchón, rechazó las querellas del empresario Vicente Vilar, en las que acusaba a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de tratar de agilizar la tramitación de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Sin embargo, Belinchón abrió una investigación de oficio ante la posible comisión de "uno o varios" delitos contra la Administración pública y protagonizó el primer interrogatorio judicial a Fabra. Poco después, fue ascendida a magistrada y trasladada a Teruel. Una juez sustituta, Carmen Albert, asumió la investigación de forma interina hasta la incorporación de María Fernanda Lorite, que procedía de Gernika. La juez vasca también ascendió a magistrada y dejó la sede de Nules para ser sustituida por Reyes Gavara, que apenas estuvo un mes. Tras ella llegó Marta García, de los juzgados de Parla (Madrid), quien apenas estuvo dos. Como sustituta, hasta la llegada de Noverques, ocupó la plaza María del Mar Julve.
179. CELIA VILLALOBOS ADMITE ANTE LA JUEZ QUE FABRA SE INTERESABA POR LA LENTITUD DE LOS PERMISOS (10/11/07)
La ex ministra de Sanidad Celia Villalobos también ha reconocido ante la juez de Nules que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, se interesaba por la lentitud con la que el Ministerio de Agricultura aprobaba los permisos de los productos fitosanitarios, entre ellos los de Naranjax, la empresa de Vicente Vilar. La versión como testigo que Villalobos ha dado a la juez que instruye el caso Fabra es similar a la que han aportado sus ex compañeros de gabinete, los ex ministros de Agricultura Jesús Posada y Arias Cañete, quienes reconocieron que Fabra les preguntaba por las autorizaciones del sector fitosanitario.
La ex ministra de Sanidad declaró por escrito acogiéndose a su derecho como
aforada. Cuando el abogado de Vilar le preguntó sobre el supuesto interés
que Fabra demostraba en los fitosanitarios, Villalobos contestó que "el
señor Fabra planteó la lentitud con que los aprobaba Agricultura, según los
técnicos de Sanidad Vegetal de dicho ministerio" . Respecto a cuál fue su
reacción tras la mediación de Fabra, Villalobos zanjó la cuestión con
contundencia: "Mi costumbre era que una vez transmitido el motivo de la
reunión y no habiendo más asuntos que tratar, daba por finalizada la misma".
La líder del PP andaluz reconoció que tras los contactos con Fabra pidió a
la Dirección General de Salud Pública un informe sobre la situación de los
productos fitosanitarios. Sobre futuros contactos en beneficio de Naranjax,
dijo que no hizo ninguna otra gestión más en este asunto y negó que su
marido, Pedro Arriola, asesor de José María Aznar, tuviera algo que ver: "Mi
marido era asesor del presidente del PP no del presidente del Gobierno" .
A preguntas de los abogados de la Unión de Consumidores de España, la ex
ministra admitió que de Vicente Vilar sabía "su nombre y que era un
empresario de su provincia que tenía problemas con la Dirección General de
Salud" . Apostilló que "el señor Fabra, como otros políticos de cualquier
partido, se interesaba por los problemas de su provincia" . Villalobos
aclaró que nunca dio instrucciones sobre Naranjax a Dolores Flores, ex
directora general de Salud Pública y Consumo, y que no llegó a recibir a
otros políticos de Castelló para tratar sobre la empresa Naranjax. Según la
versión de Vicente Vilar, Villalobos les echó a él y a Fabra de su despacho
cuando le pidieron que agilizara el trámite.
180. EL PP DESCALIFICA A BERNAT SORIA POR "ANDALUZ QUE HABLA CATALÁN" (11/11/07)
El PP llevó hasta el paroxismo el argumentario de que toda persona identificada con los socialistas no puede defender los intereses de la Comunidad Valenciana. El secretario regional del PP, Ricardo Costa, y el presidente provincial de Castellón, Carlos Fabra, convirtieron una jornada sectorial para hablar de infraestructuras en la capital de La Plana en una plataforma para cargar contra los candidatos socialistas en las próximas elecciones generales con críticas de tinte racial.
"Nadie se explica todavía por qué se ha nombrado candidato [del PSOE] por la provincia de Alicante a un andaluz que habla catalán", dijo Costa en referencia al ministro de Sanidad, Bernat Soria. El integrante del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es un prestigioso científico a nivel internacional por sus investigaciones con células madres.
Soria, nacido en Carlet en 1951, que habla valenciano y tiene sus raíces familiares en la provincia de Valencia, abandonó en verano de 2005 la Universidad Miguel Hernández de Elche cansado de las trabas del Consell para realizar sus investigaciones. Aceptó la oferta de la Junta de Andalucía para dirigir un centro mixto de investigación molecular y medicina regenerativa, cuya dirección sigue compatibilizando con su puesto de ministro de Sanidad.
181. FABRA EXIGE AL JUZGADO QUE RESTRINJA LOS DATOS QUE FACILITA AL GABINETE DE PRENSA DEL TSJ (13/11/07)
El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, ha pedido explicaciones al juzgado de Nules por las informaciones que sobre su litigio ha transmitido en los últimos meses al gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ). En un escrito remitido el pasado 18 de mayo al juzgado de Nules, Fabra lamenta que tenga que enterarse por los medios de comunicación de las resoluciones que se dictan sobre el caso que le persigue y de que en algunas ocasiones la fuente citada por los medios sea el TSJ. La ley ampara el derecho que tiene la prensa a ser informada sobre las investigaciones que se ventilan en los juzgados de instrucción.
El abogado del líder del PP, Javier Boix, muestra su firme protesta ante el
juzgado, al que pide que diga si efectivamente sus resoluciones se comunican
al TSJ, si se ofrecen a la prensa antes de notificarlas a los procuradores
y, de ser así, si se procede de igual forma en los demás casos que se
instruyen. El defensor de Carlos Fabra lamenta también que algunos medios
estén aireando los datos fiscales de su cliente y de su familia, "que por su
naturaleza afectan al secreto y a la intimidad de las personas" .
Boix considera que esta forma de actuar "pone de manifiesto la constante
quiebra" del secreto de las investigaciones judiciales y recalca el malestar
del presidente de la diputación al no haberse producido "ninguna reacción
por parte del juzgado" . La petición final de Fabra es que las resoluciones
sean notificadas con todas las garantías procesales.
A juicio de Boix, "quien haya infringido el secreto de las actuaciones y
haya cedido información secreta" puede haber cometido un delito, por lo que
pide a la juez que abra una investigación de oficio. Posteriormente, el
letrado reconoce el "buen hacer y dedicación" de la directora del gabinete
de prensa del TSJ, pero critica las "filtraciones sistemáticas" que se
producen en el caso Fabra y los "juicios paralelos" .
En respuesta a esta ofensiva de Fabra, Luis Pastor, fiscal anticorrupción
adscrito a la causa, se opuso a que se abriera una investigación judicial
interna para determinar el origen de las filtraciones y concluyó que "no
existe razón alguna para restringir la difusión de noticias" . El fiscal
recuerda que la actividad informativa de un gabinete de prensa de cualquier
TSJ es un derecho amparado por la Recomendación 2003 del Comité de Ministros
del Consejo de Europa. Este acuerdo establece que "en el contexto de
procedimientos penales de interés público las autoridades deben informar a
los medios de comunicación sobre actos esenciales en tanto no se perjudique
el secreto de las investigaciones policiales" .
Para el fiscal, lo único que puede criticarse es que las actuaciones
judiciales trasciendan a la prensa antes de ser notificadas a las partes.
Luis Pastor concluye que del escrito de Fabra se desprende la intención de
que "se vea vedada cualquier posibilidad" de difundir noticias que tengan
que ver con la causa. "Los medios deben tener acceso, en una información
suficiente, a los asuntos noticiosos" , añade el fiscal.
182. LA GENERALITAT VALENCIANA DESVÍA 33 MILLONES DE EUROS DE FONDOS SOLIDARIOS PARA LA AMERICA’S CUP (14/11/07)
e conoce la cantidad final que el gobierno valenciano –que preside el conservador Francisco Camps(PP)- ha desviado de partidas presupuestarias de "cooperación internacional" para cubrir este año gastos de la America’s Cup,: 33 millones de euros. Se ha sabido también ahora, con todo detalle, que la modificación presupuestaria se ha hecho en dos veces: el 23 de febrero, la primera, y el 25 de mayo, la segunda y última. Que ambos movimientos contables no se publicaron oficialmente hasta el 13 de agosto, cuando apareció un tardío anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV), en plena canícula. Pero el resto de la operación, "sigue siendo un auténtico enigma".
Esta es la conclusión que traslada a elplural.com la diputada autonómica socialista Ana Noguera, quien lleva la voz cantante en Les Corts (legislativo autonómico) para exigir al gobierno del PP que explique y aporte luz a estas misteriosas modificaciones presupuestarias, "que en absoluto están justificadas", según matiza. De primeras, la diputada observa que ha habido "un claro intento de engañar a la sociedad valenciana". "De lo contrario –dice- no se hubieran dado tantas y tan oscuras circunstancias en torno a este insólito caso".
Lo que más sospechas ha levantado en los socialistas valencianos en torno a este caso es que la propia consellera de Cooperación de entonces, Gema Amor, se reafirma en que ella está fuera de cualquier responsabilidad. Repite, por activa y por pasiva, que mientras estuvo al frente de la Cooperación, área que depende de Presidencia, no se le informó de cambio presupuestario alguno. Es una forma de decir que el responsable del desvío de los fondos no es otro que el presidente Francisco Camps, o en su defecto alguien de su entorno más cercano en la cúpula del poder regional.
Para entender el blindaje personal de la ahora ex consellera Amor, es preciso recordar que está ahora purgando haber sido -y seguir siendo- una pieza clave del zaplanismo, la corriente fraticida en el seno del PP valenciano que alienta Eduardo Zaplana contra su contrario, el presidente Camps, sus prietas las filas del campismo en orden de batalla. Amor ha pasado a ser diputada autonómica de a pie. También es concejal de Benidorm, pero sin presupuesto asignado, ni concejalía. Orgánicamente, ocupa la presidencia local del PP en la ciudad donde Zaplana empezó su carrera política con mando institucional, al ocupar, en 1991, la alcaldía de Benidorm por un voto tránsfuga en una moción de censura amañada.
Por ocupar la zaplanista uno de los 13 escaños municipales del PP que gobierna en mayoría el ayuntamiento de Benidorm– contra 12 del PSOE– llegó a un pleno del consistorio, hace un mes, una moción socialista. De carambola, se recriminaba a la ex consellera, Amor, haber permitido que se restaran los 33 millones de euros de solidaridad internacional, sin que ella dijera nada. Así lo explica a elplural.com el actual portavoz del PSOE en Benidorm, Agustín Navarro. En sus declaraciones reconoce que "no ha hecho caso" a su moción el PP, pero insiste en que el asunto va "a traer cola". Asegura que hay "cada vez más ayuntamientos" que piensan trasladar en respectivos plenos la misma queja. Que todos van a exigir a la Generalitat del PP que restituya los fondos. Para antes de que acabe el año, el mismo edil socialista se ha comprometido a convocar un pleno extraordinario en Benidorm, "si de aquí allá no se han recuperado los 33 millones de euros" apostilla.
Desde las filas de la oposición socialista, tras haber debatido sin éxito la reposición de fondos en Les Corts, se ven pocas vías abiertas para seguir exigiendo que se devuelvan a su sitio los recursos solidarios. La Sindicatura de Cuentas, organismo público que fiscaliza el gasto anual de las administraciones, la autonómica y las locales en la Comunidad Valenciana, recogerá en el informe del ejercicio 2007 los cambios de destinos presupuestario, "pero, entonces, será ya demasiado tarde", predice la socialista Noguera. Pocas esperanzas efectivas, y acorto plazo, deposita la misma diputada sobre la posibilidad de denunciar este asunto en los tribunales de justicia. "Como poco, pasarán tres o cuatro años, antes de tener sentencia firme", calcula.
El cambio de destino de fondos solidarios ha tenido un impacto mayor, si cabe, en la sociedad valenciana, ya que ha coincidido con la nueva ley valenciana de Cooperación, aprobada en marzo de este mismo año. Este marco legislativo obliga a las administraciones autonómicas y municipales a que destinen el 0,7% de sus presupuesto para ayudas internacionales: lucha contra la pobreza, cooperación en situaciones de emergencia o la defensa de los derechos humanos. Según echan cuentas los socialistas, el porcentaje de fondos de solidaridad se ha quedado con este último recorte millonario, por debajo del 0,2% del presupuesto, "uno de los más bajos de las autonomías españolas", aseguran.
183. EL OPUS Y LA ESCUELA INFANTIL SE LLEVAN EL MISMO DINERO (14/11/07)
La suerte está echada. Las Cortes aprobarán en breve un proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2008 que contiene líneas de la Consejería de Educación tan sorprendentes al menos como la T6645000, para ayudas al alumnado de ciclos formativos acogidos a convenios (es decir, ya concertados) por 576.980 euros para la Fundación EIFOR del Opus Dei. Una cantidad que equivale casi a la de toda la red de guarderías de Infantil. Aunque la más llamativa es la T0062000, de ayudas a Seminarios Menores diocesanos de la Iglesia Católica, con 1,74 millones.
Y así, suma y sigue. La distribución del presupuesto para educación, (Iglesia, al margen) abarca una variopinta lista de ONG como Controla Club -creada por profesionales de bares y discotecas para acabar con el botellón- a la que se destinan 12.000 euros a través de la línea T2148000, para fomento del valenciano. Aunque una ojeada a su página web permite comprobar que toda su cartelería está publicitada en castellano. Los Presupuestos de 2008 contienen además una serie de fundaciones de nuevo cuño (de las que no hay referencia pública alguna) a las que se destinan cantidades que van desde los 50.000 euros de la línea T6505000 para la Fundación Valenciana para la Investigación de Vanguardia a los nada despreciables 700.000 de la T6531000 para centros de investigación.
Roberto Romero, de la federación de enseñanza de CCOO, asegura que "mientras saltan a la vista una serie de carencias que imposibilitan el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y distorsiones como la ínfima dotación para el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas o para la formación del profesorado, sorprende que en un Estado aconfesional, la Generalitat entregue dinero para que la Iglesia católica adoctrine a nuevas generaciones de sacerdotes. Con este dinero se podría multiplicar por 18 el presupuesto de becas o por 38 el de integración del alumnado de Necesidades Educativas Especiales".
Aunque lo que peor, según Romero, es su filosofía. "¿Financiaría la Generalitat con la misma alegría una madraza salafista, o un centro de Cienciología ascendido de secta a religión?"
También le parecen "estrámbóticos" los 600.000 euros para "subvencionar parcialmente" cursos que la Fundación EIFOR del Opus imparte "especialmente" para alumnado inmigrante. "Una subvención parcial les vendrá muy bien: porque pocos pueden pagar los 1.500 euros que cobran por un curso de gruísta de 200 horas. ¿Cómo una fundación con semejante ideario, programa e infraestructuras -recomiendo ojear su web- recibe una subvención semejante a la de todas las guarderías valencianas?", pregunta Romero.
184. LA JUEZ CONCLUYE QUE LA SENADORA ANDREA FABRA DEBE SER INVESTIGADA POR LOS PERITOS DE HACIENDA (15/11/07)
La senadora por Castelló Andrea Fabra, hija del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, tendrá que someterse a la misma investigación fiscal y patrimonial que su padre después de que el Juzgado de Nules haya enmendado un error judicial que la había dejado oficialmente al margen de la causa durante casi cinco meses. De esta manera se abre la puerta a que los inspectores de Hacienda puedan referirse también a ella y a sus actividades económicas en el informe que están ultimando.
La investigación de los peritos contra Andrea Fabra se vio privada de cobertura legal, desde enero hasta junio, porque a la juez de Nules se le pasó incluir a la senadora en la lista de los familiares del presidente que debían ser investigados por expreso mandato de la Audiencia Provincial de Castelló. Este tribunal advirtió en marzo de 2006 que en asuntos como el caso Fabra "no suele ser infrecuente que el lucro obtenido se oculte en la esfera familiar".
El error judicial se consumó el pasado 23 de enero, cuando la juez de Nules, Lourdes Noverques, concedió "habilitación general" a los peritos de la Fiscalía Anticorrupción para acceder a las bases de datos de la Agencia Tributaria y recabar información fiscal y patrimonial de Carlos Fabra, su mujer María Amparo Fernández, y de los hijos del matrimonio: Borja Fabra, Claudia Fabra y Carlos Fabra Fernández. En aquella providencia, la juez incurrió en un lapsus y se olvidó de la senadora. Han tenido que pasar casi cinco meses, hasta el pasado 7 de junio, para que la titular del juzgado se diera cuenta del olvido y acordara que "procede conceder a los peritos habilitación general para acceder a las bases de datos de la Agencia Tributaria en las que conste información de trascendencia tributaria correspondiente a Andrea Fabra". El mandato se extiende también a todas las declaraciones que la hija del presidente haya presentado "por todos los conceptos tributarios" en el periodo comprendido entre 1999 y 2004.
La decisión de Noverques provocó la inmediata respuesta de Carlos Fabra, quien en el enésimo recurso de apelación elevado a la Audiencia Provincial de Castelló alegó que tal decisión supone "una lesión de su derecho fundamental a la intimidad" y de otras personas investigadas, "incluso no imputadas", refiriéndose a su hija Andrea Fabra y al resto de familiares.
El abogado de Fabra, Javier Boix, insiste además en el escrito en que la investigación de los inspectores de la Fiscalía Anticorrupción sobre los hijos de la familia Fabra supone un riesgo ante la posibilidad de que se filtren a la prensa "un buen número de datos personales e íntimos", que a su juicio no tienen nada que ver con la investigación judicial. Además, considera que la titular de Nules no ha controlado suficientemente a los dos peritos en su labor de obtención de unos datos "sumamente protegidos" por la Agencia Tributaria. El recurso está pendiente de resolución en la Audiencia Provincial y tanto el abogado del Estado (que representa los intereses del Ministerio de Hacienda) como el fiscal anticorrupción, Luis Pastor, se opusieron al mismo. El representante del Ministerio Público llega a decir en su escrito que el recurso del líder provincial del PP contra la labor de los peritos "sólo puede entenderse desde la ignorancia y el desconocimiento de las garantías, sistemas y procedimientos que regulan la obtención de datos de la Agencia Tributaria". En una providencia fechada el 26 de septiembre, Noverques hace constar que ha recibido ya la información "de trascendencia tributaria" sobre Andrea Fabra que los peritos han obtenido en los ficheros oficiales.
Ahora los inspectores están a la espera de recibir la información que los bancos deben remitir sobre el presidente de la diputación, su mujer y sus descendientes para poder realizar su informe final.
185. EL ALCALDE DE OROPESA ADMITE HABER VIAJADO CON EL PROMOTOR DE UN PAI (16/11/07)
El alcalde de Oropesa, Rafael Albert (PP), acudió a declarar ante el titular del juzgado número 2 de Castellón en la causa abierta ante la posible comisión de los posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la aprobación del PAI Les Amplàries, en la zona de expansión del complejo Marina d'Or. Albert se amparó en los informes de los técnicos municipales para defender esta aprobación, pese a que la Consejería de Territorio condicionó el programa a que la Dirección General de Costas, del Ministerio de Medio Ambiente, emitiera un informe favorable. Sin embargo, las dos ocasiones en las que Costas informó sobre el PAI fue de forma negativa.
El alcalde de Oropesa aseguró que nunca recibió ningún tipo de directriz para la aprobación de este programa, de alrededor de 350.000 metros cuadrados, y admitió haber sido invitado y haber viajado con el presidente del grupo Marina d'Or, Jesús Ger, a Londres y a China. También reconoció que su esposa posee una tienda en el complejo y precisó que se trata de un local alquilado. Rafael Albert se negó a contestar a las preguntas del abogado de la acusación que, entre otras cosas, le interrogó sobre si la tienda ha suministrado al grupo Marina d'Or en alguna ocasión. El alcalde argumentó, en todo, momento, que se basó en los informes de los técnicos municipales, que en todo momento fueron positivos, y en su consideración de que la aprobación de esta programa en la zona de expansión de Marina d'Or era lo mejor para Oropesa Tanto el alcalde como los dos técnicos municipales que también están imputados, la secretaria y el arquitecto, están asistidos por el mismo letrado que defiende al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en la causa abierta en Nules, por la que también se le investiga ante la posible comisión de un posible delito de tráfico de influencias.
En el caso de los técnicos, que en el momento de la aprobación ocupaban los puestos de forma accidental, ambos negaron, igualmente, haber recibido algún tipo de instrucción para sacar adelante el programa urbanístico. Los dos declararon ante el juez que, en su opinión, Costas se extralimitó en sus atribuciones al informar sobre el programa, pese a que reconocieron el documento remitido por la Consejería de Territorio en el que se exigía el dictamen favorable de la Dirección General de Costas. Sus informes, que sirvieron de base para sacar adelante el PAI, alegaron las mismas razones que un informe presentado por Marina d'Or en el que se concluía que la información de Costas no era vinculante.
La tramitación del PAI contó con otras "irregularidades" ya que, por ejemplo, un funcionario de la Administración sí suscribió un informe en el que, incluso, hacía referencia a las "instrucciones" remitidas por un director territorial de Territorio. Siguiendo el "mandato" de sus superiores, los técnicos informaron "de forma resumida" lo que consideraron "más trascendente, a los efectos de que para poder emitir informe favorable, en su caso, con la mayor rapidez posible".
Sobre este programa pesaba, además de la querella presentada por particulares afectados, una demanda presentada por la Generalitat valenciana contra el Ayuntamiento de Oropesa al considerar la aprobación "ilegal". Sin embargo, el departamento que dirige José Ramón García Antón decidió retirar el recurso con el mismo argumento que el esgrimido por Marina d'Or y aunque en un principio consideró que resultaba "preceptivo el informe de esta dirección general del Ministerio de Medio Ambiente, informe que tiene carácter vinculante", posteriormente consideró que no era necesario.
186. EL ALCALDE OBVIÓ EN EL PLENO DOS INFORMES CONTRA UN PLAN DE LA TRAMA URBANÍSTICA QUE DENUNCIA EL FISCAL (18/11/07)
El alcalde de Orpesa, Rafael Albert, manifestó ante un pleno del ayuntamiento ser conocedor de que habían dos informes técnicos que advertían de la ilegalidad de una de las operaciones urbanísticas de la Renegà de Orpesa que han motivado una denuncia del fiscal por supuestos delitos de prevaricación urbanística.
La Fiscalía ha presentado acusación en el juzgado contra altos cargos del Ayuntamiento de Orpesa tras encontrar indicios de delito en una denuncia presentada por el Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen), que acusa a los dos últimos alcaldes, Rafael Albert y Francisco Garrido, y a un mínimo de 9 concejales, de prevaricación urbanística y "unas ilegalidades por valor de más de 40 millones de euros" en la venta de 200.000 metros cuadrados del paraje de la Renegà.
La denuncia original remitida por Gecen a la Fiscalía refleja la supuesta venta de terrenos municipales de la Renegà a un urbanizador privado al precio de entre 6 y 24 euros euros por metro cuadrado y en contra de los informes emitidos por la Intervención en noviembre de 2003.
El colectivo ecologista acusaba de delitos de prevaricación general y prevaricación urbanística a todos los ediles de Orpesa que, con las mayorías del GIO y del PP y un edil del PSPV, han aprobado durante los dos últimos mandatos (1999-2003 y 2003-2007) los siguientes planes urbanísticos de la sierra de la Renegà: Torre Bellver, Ampliación de Torre Bellver, Torre Colomera, La Renegà, El Tossal Natural y la ampliación de El Balcó.
En este último caso, el acta del pleno del 14 de septiembre de 2004 refleja textualmente que Rafael Albert, a preguntas de un concejal, admitió que dos informes técnicos (de la interventora municipal y de la técnico de Administración General) se posicionaban en contra de la maniobra inmobiliaria por no ajustarse a derecho. "El alcalde hace uso de la palabra y manifiesta, respondiendo a la pregunta de José Manuel Ribes, que sí hay dos informes en contra, que están en el expediente y que puede verlos cuando quiera" .
Ello no motivó que el alcalde ni otros 9 concejales tuvieran reparo alguno en votar favorablemente a una adjudicación en favor de la empresa Cantavella y Tamborero (con la cual tiene vínculos familiares el edil de Urbanismo, Tomas Fabregat) a pesar de las advertencias de Intervención y de la Técnico de Administración General. Así lo recoge el acta plenaria: "Después del debate, se procede a la votación de la propuesta de acuerdo, aprobándose la misma por diez votos a favor: Rafael Albert, Tomás Fabregat, Juan M. Miralles, María Consuelo Mallach, Francisco Garrido, Fernando Juárez, María Isabel Gómez y Araceli de Moya" .
El único voto en contra fue el del edil del Bloc, Josep Lluis Romero, que además es el único concejal de la actual corporación que no ha sido acusado o imputado en ninguna causa judicial por supuestos delitos enmarcados dentro de la gestión del municipio.
Romero fue el primero en reaccionar tras la denuncia del fiscal y advirtió que Orpesa está alcanzando las mismas cotas de escándalo que Marbella. "Estamos asistiendo a una marbellización y hay que decir que ya está bien. El tiempo pone las cosas en su sitio y demuestra que el Bloc, cuando se oponía al tripartito del cemento, defendía los intereses legítimos de Orpesa. Esto marca una diferencia entre los políticos honrados y quienes tienen poca vergüenza. Me pregunto si la policía ha de sacar esposado a todo el ayuntamiento para que la gente se dé cuenta". El PP se escuda en los técnicos El edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Orpesa, Tomás Fabregat, matizó que el actual alcalde sólo aprobó uno de los planes denunciados y se escudó en los técnicos. "Es importante matizar que nuestro equipo de gobierno sólo aprobó el plan del Balcó, que supone sólo un 5% respecto al resto de planes denunciados. Y la venta del Balcó aún no está consolidada y se va a modificar. Aún así, estamos tranquilos porque hemos basado todas las decisiones en informes técnicos y la valoración de venta también".
187. ALCALDES DEL PP EN LA MARINA BAIXA SE ENFRENTAN POR EL AGUA (19/11/07)
El futuro desarrollo urbanístico de varios municipios de La Marina Baixa depende de que puedan garantizar el suministro hídrico. Sin agua, no habrá urbanizaciones. Como ejemplo está el PAI de La Serreta en La Nucia (5.000 viviendas), paralizado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tras constatar que el informe preceptivo sobre la disponibilidad de agua de la Confederación Hidrográfica del Júcar subraya la insuficiencia de recursos hídricos para la futura población.
El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquin Ripoll, explicó recientemente la intención de unir a los municipios de Relleu y Sella (ambos gobernados por el PP y situados en el interior) al Consorcio de Aguas de La Marina Baixa, que preside el dirigente popular. El objetivo, afirmó, es permitir que Relleu pueda desarrollar con garantías sus proyectos urbanísticos aprovechando el agua del acuífero de Aitana, en el subsuelo de la localidad de Sella, sin necesidad de propulsarla desde el embalse del Amadorio, más bajo y alejado. Pero Sella no quiere entrar en el consorcio.
Relleu, con unos 1.000 habitantes, multiplicará su población por 20 en una década tras recalificar tres millones de metros cuadrados, creando cinco sectores alejados entre sí en un término carente de recursos hídricos. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado provisionalmente, ha estado rodeado de polémica, al basarse en un "compromiso inversor" -según el término empleado en la memoria-, es decir, en las compras realizadas por grupos promotores.
Relleu, sin recursos hídricos propios, se nutre de un pozo situado en su término, pero unido al acuífero de la vecina localidad de Orxeta, en la cola del embalse del Amadorio. La propulsión de agua hacia las nuevas zonas urbanizadas, más elevadas, supondría un coste mayor que si ésta se recogiera desde la parte alta, en el acuífero de Aitana en Sella. De ahí el interés de Ripoll en que ambas localidades se integren en el Consorcio.
El alcalde de Sella, Vicente Mas, del PP, rechaza el ofrecimiento. "No tenemos por qué hacerlo, ya que nosotros necesitamos el agua de nuestro acuífero", señala. Mas afirma que Sella "es suficientemente solidaria al permitir que el agua sobrante vaya al embalse del Amadorio", a través del río Sella, de donde se sirven los municipios del consorcio. Tanto Orxeta como Sella tienen pendientes de desarrollo varios programas urbanísticos que, al igual que Relleu, necesitarán tener garantizado el suministro hídrico.
Sella, rica en recursos hídricos gracias a su subsuelo, mantiene también un litigio con la vecina Benimantell, situada a más altura en la otra ladera de la montaña, pero que se nutre del mismo acuífero. Sella tramita la recuperación de un trozo de barranco de su ladera de montaña, dominado por Benimantell. El Consistorio regido por Mas acusa a su vecino de "permisividad" al conceder licencia de pozos, y teme que el acuífero que comparten acabe secándose.
La disputa entre ambas localidades surgió en 1996, cuando La Marina Baixa sufrió restricciones en el suministro y el Consorcio de Aguas se propuso extraer agua de la zona interior de la comarca para llevarla al litoral. Ante la negativa de Sella las prospecciones se realizaron desde Benimantell. "Nuestras fuentes quedaron secas", señala Mas.
El Consorcio de Aguas de La Marina Baixa se creó en el año 1969 con el fin de garantizar agua a las poblaciones del litoral y al turismo.
188. LA JUEZ IMPUTA AL ALCALDE DE FANZARA POR MANIPULACIÓN DEL CENSO ELECTORAL (22/11/07)
La titular del juzgado número 1 de Nules ha citado a declarar, el 19 de diciembre, al alcalde de Fanzara, José Centelles (PP), acusado de engordar el censo electoral de este municipio castellonense. Centelles acudirá en calidad de imputado después de que la juez haya percibido indicios de un presunto delito electoral. El PSPV presentó una denuncia al comprobar que el censo de la localidad, en la que viven unos 300 vecinos, había aumentado en casi un centenar. Al cotejar nombres y domicilios de los vecinos se dieron cuenta no sólo de que los recién empadronados eran personas desconocidas en el pueblo, sino que algunos de los domicilios en los que, según los documentos presentados, habitaban, eran casas en ruinas o completamente inhabitables.
Así, los socialistas, encabezados por el concejal Roberto Salisa, presentaron una denuncia contra todos los posibles responsables de la alteración en el censo y no sólo señalaron al alcalde, sino también a los funcionarios que participaron en la tramitación y a todos aquellos que se inscribieron para emitir su voto en Fanzara y que, según los denunciantes, no residen en el municipio. De hecho, la denuncia adjuntaba el listado con todos los nombres que, según los denunciantes, pudieron cometer el presunto fraude electoral.
Tras comprobar la participación de muchos de los recién empadronados en las votaciones de las elecciones municipales del pasado 27 de mayo, los socialistas decidieron recurrir un resultado que otorgó la alcaldía al PP por una diferencia de 13 votos. Acudieron a la vía del contencioso, pero el TSJ desestimó el recurso, sin valorar el argumento de la denuncia, se declaró no competente en la investigación de un presunto fraude y autorizó la constitución del nuevo Ayuntamiento. Los socialistas acudieron a la vía penal y el juez abrió diligencias previas para investigar la posible comisión de un delito electoral. El juzgado comunicó a la fiscalía su decisión de iniciar la investigación y ahora ha llamado a declarar al alcalde como imputado.
189. RITA BARBERÁ DEJA EN "SUSPENSIÓN DE PAGOS" AL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA (23/11/07)
La alcaldesa popular de Valencia, Rita Barberá, sabe ganarse al electorado para que le voten en las urnas. Se rumorea como posible rival de la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en las generales de marzo. Pero la primera munícipe conservadora no tendría tantos votantes –dicen- si estos conocieran mínimamente cuál es la situación financiera del consistorio valenciano, "Cap i Casal".
Según denunció la oposición municipal socialista en vísperas del debate que está teniendo ahora lugar sobre los presupuestos de año que viene, el ayuntamiento "está en suspensión de pagos". El régimen especial financiero y contable de las entidades públicas, con un tratamiento distinto de la ley mercantil que se aplica a las empresas privadas, hace que el consistorio se mantenga en pie, aunque sus cuentas de explotación se hayan ido a pique.
El concejal del Pspv-Psoe, Juan Ferrer, ha estado rastreando minuciosamente el balance de situación municipal hasta descubrir un buen paquete de las llamadas "facturas en el fondo del cajón", pendientes de pago, desde 2006 o desde antes, por más de 21 millones de euros. Esta millonaria deuda, insiste la oposición, no está reflejada con la claridad que exige la ley, siguiendo la Instrucción de Contabilidad local. Por este posible "maquillaje contable", el edil Ferrer ha tramitado una pregunta reglamentaria en toda regla para conocer de la gestión del PP el saldo actualizado de la "cuenta 413", la que sirve para consignar reconocimientos de deuda de "gastos extraordinarios".
En cuatro ocasiones este año, Silvestre Senent -uno de los hombres de confianza de Barberá-, responsable de las finanzas en el consistorio, ha llevado expedientes al pleno de reconocimientos de obligaciones ("facturas en el cajón"), por 44 millones de euros. Esta cantidad no refleja la totalidad de la deuda de los servicios pendientes de pago que, a 31 de diciembre del año pasado, era de algo más de 65 millones de euros. La diferencia de 21 millones ha puesto en guardia al grupo socialista que sospecha, además, que no va a ser posible satisfacer el pago por falta de recursos y líneas presupuestarias subsidiarias.
Con los 832 millones de euros de deuda viva que arrastra el ayuntamiento de Valencia, está agotada su capacidad de endeudamiento. El límite estipulado por ley del 110% del presupuesto es ahora del 114% en la contabilidad consistorial, con el último balance de explotación delante de los ojos. Cerrada, pues, la vía para incrementar el crédito y sin posibilidad material de modificar los presupuestos de este año -porque el gasto está ejecutado al 85% y el resto comprometido- el balance del municipio arroja un "agujero contable" sin precedentes, comenta el socialista Ferrer, apoyándose en balances comparados desde el año 2003.
La situación de estrangulamiento contable municipal de Valencia podría paliarse –propone la oposición– con un reconocimiento formal de todas, o parte, de las deudas que mantiene la Generalitat Valenciana. El Consell (gobierno regional), que preside Francisco Camps, y la alcaldesa, Rita Barberá, "son de la misma cuerda del PP", apunta el munícipe Ferrer para descartar que esta sea una solución "realista y viable" para solucionar el déficit.
La Generalitat Valenciana de Camps acumula hasta ahora unos 154 millones de euros al "debe" para la contabilidad del consistorio de su correligionaria, Barberá, ahora en apuros para salir adelante con sus cuentas públicas. La mayoría de esta deuda la generan facturas impagas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la Generalitat, hasta 65,5 millones de euros, o del Impuesto de Construcciones y Obras (ICOs) por un total de 44 millones.
Hay, además, acuerdos de favor entre los gobiernos regional y el consistorio, encubiertos por sintonía política, en clave PP. El caso más descarado, según el PSOE, es que la Generalitat de Camps paga todavía impuestos municipales de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias a al ayuntamiento de Rita Barberá como "solar sin construir", cuando hace años que está concluida y en explotación la faraónica obra del arquitecto Santiago Calatrava.
190. EL SOBRECOSTE DE LA GLORIETA DE ORIHUELA SE VERÁ EN EL TSJ (23/11/07)
La titular del Juzgado número 6 de Orihuela, que dirige la investigación por el sobrecoste de las obras de la plaza de la Glorieta de Gabriel Miró en la capital de la comarca de La Vega Baja, ha iniciado el proceso para remitir el sumario al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dada la condición de aforado [diputado autonómico] de uno de los imputados, el ex edil del PP Andrés Ballester. Este es concejal y el resto de miembros de la comisión de gobierno que validaron las obras, entre ellos, la actual alcaldesa, Mónica Lorente, tenían que declarar ante la juez como imputados. La juez aplazó el interrogatorio al verificar la condición de aforado de Ballester.
Las obras de la Glorieta fueron adjudicadas por 1,8 millones de euros aunque el Consistorio abonó finalmente 5,3 millones. En esta causa, abierta a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, también están imputados el ex alcalde de Orihuela, José Manuel Medina y el promotor, el empresario Domingo Alcocer.
El sumario de la Glorieta Gabriel Miró de Orihuela se suma a la lista de causas abiertas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción que tendrán que ser resueltas en el TSJ por el aforamiento de imputados. Dos afectan al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP. El regidor está imputado en el sumario del supuesto trato de favor al contratista Enrique Ortiz y el supuesto desfalco de seis millones de euros en Mercalicante. El juez del primer caso ya ha remitido al TSJ el sumario; el de segundo aún no ha cerrado el trámite. El tercer caso se refiere a la compraventa de una finca por parte del alcalde Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo. Tampoco el juez ha concluido el trámite para enviar el sumario al TSJ.
191. CUANDO LA SANIDAD PÚBLICA ES UN NEGOCIO (24/11/07)
¿Es la inversión privada la mejor forma de garantizar la sanidad pública? El Gobierno de la Comunidad de Madrid (PP) estrena en Valdemoro, a 25 kilómetros al sur de la capital, el primer hospital privado de nueva construcción integrado en la sanidad pública: la Comunidad pagará la factura por la atención a 150.000 vecinos, pero su propietario es Apax Partners, un potente fondo internacional de capital riesgo.
La participación del capital privado no es nueva en la atención médica a los ciudadanos españoles, un derecho universal y gratuito reconocido en la Constitución. Los funcionarios del Estado reciben asistencia a través de Muface en clínicas privadas y casi todas las comunidades -en especial Andalucía y Cataluña- suplen los huecos en sus sistemas públicos con colaboraciones con el sector privado.
Lo que es nuevo en España es la firme apuesta hecha por dos comunidades autónomas, Valencia y Madrid, gobernadas por el PP, para desvincularse de la gestión directa de sus nuevos hospitales y entregarla a empresas privadas sometidas al rigor de los consejos de administración y a la ley del mercado. Aunque hasta ahora lo habían hecho de forma distinta en las dos comunidades. En la valenciana, la empresa privada se encarga de todo mientras que en Madrid los médicos y las enfermeras están contratados por la Administración. Pero Valdemoro ha adoptado el sistema valenciano.
La cuestión que se plantea con este modelo, en clara expansión, es si debe ser un negocio un hospital público. ¿Y qué ocurre cuando deja de serlo? ¿De dónde sale el beneficio? La referencia es La Ribera, el hospital que el Gobierno valenciano financia en Alzira desde 1999. Ésta es su radiografía.
Habitaciones individuales con vistas a campos de naranjos, bonitos neceseres con productos de higiene básica, trato amable, amplios pasillos y un edificio nuevo con tecnología punta. La Ribera tiene un marketing perfecto a primera vista, nada comparado con la austeridad de la Seguridad Social. Fue el primer hospital público de España gestionado en todos los aspectos -médico-asistencial y de servicios- por una unión de empresas privadas. Abrió en 1999 y desde entonces se ha convertido en la piedra angular del modelo sanitario del Partido Popular.
"Pero no es oro todo lo que reluce", señala el Sindicato de Médicos de Asistencia Pública, el único representante en exclusiva de facultativos del hospital. "Es un centro colapsado, con un altísimo índice de ocupación. Hay poco personal, sobreexplotado, y una presión difícil de soportar para los profesionales. Aquí se trabaja al 150%". "Y la empresa gestora sólo ha conseguido beneficios gracias a que la Generalitat llegó al rescate cuando estaban a punto de quebrar y les inyectó una buena cantidad de dinero", añade María José Mendoza, médica, portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y ex diputada socialista en las Cortes Valencianas. Porque ésta es la pregunta del millón: ¿Cómo se consigue hacer negocio de algo tan costoso como la sanidad pública?
El ex presidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana fue el impulsor del modelo privatizador de La Ribera. Buscaba, según explicó entonces, un sistema más eficiente que la gestión pública directa. Y lo hizo a través de una concesión administrativa firmada por 10 años. El trato que ofrece es el siguiente: las empresas construyen el hospital y prestan la asistencia y los servicios. Se encargan de todo y la Administración se despreocupa por completo salvo por una figura de control, el "comisionado", que nombra la Generalitat. Las empresas reciben una cantidad por cada uno de los más de 200.000 usuarios de la sanidad pública en esa área de salud (204 euros por habitante y año en ese entonces, 1999). Pueden, también, asistir y cobrar aparte a cualquier persona de otras áreas sanitarias. Y no tienen que hacer frente a gastos tan importantes como farmacia, prótesis, transporte sanitario y oxigenoterapia. Todo esto, complicado de rentabilizar, lo paga aparte la Administración pública.
La ganadora fue una unión temporal de empresas controlada por Adeslas (con el 51%), Bancaixa y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (el 45%) y las constructoras Dragados y Lubasa (con el 2% cada una). El mismo esquema que se va a seguir en el resto de las concesiones en la aseguradoras sanitarias, cajas de ahorros y constructoras. Una de ellas, en Torrevieja, ya está funcionando. Y otras tres lo harán en breve: Denia, Manises y Elx-Crevillent.
El hospital empezó a operar en 1999 y las pérdidas no se hicieron esperar: un millón € en su primer año; 900.000 en 2000, 450.000 en 2001 y 2,67 millones en 2002, según datos publicados por el diario económico Cinco Días. Más de cinco millones de euros en total. Los resultados demuestran que no era tan fácil sacar provecho económico de la sanidad pública. El dinero que pagaba la Generalitat por persona atendida no era suficiente, así que empiezan a articularse medios y modos para conseguir beneficios de otro lado. Y la clave va a estar en la "facturación por proceso" a pacientes de otras áreas de salud. En el año 2000, por ejemplo, la Generalitat pagó por la población del área 48 millones €. Y facturaron, por otros procesos, 13 millones (el 28% del total). El año siguiente ingresaron por este concepto 17 millones, el 34,4% del total.
Las empresas pagan en función de objetivos cumplidos, como que no se hagan excesivas pruebas diagnósticas o que los tiempos de estancia en el hospital de los pacientes sean cortos, por lo que algunas enfermeras se quejan de que a veces hay altas precipitadas para liberar camas y no derivar a otros hospitales -y pagarles por ello- a los pacientes del área. Si se cumplen los objetivos, y dependiendo del cargo, se pueden alcanzar, e incluso superar, los salarios de la sanidad pública.
Pero las guardias, por ejemplo, se pagan peor. Tanto, que en febrero los médicos de Alzira fueron a la huelga. "Nos pagaban menos que a los residentes que estábamos enseñando", señala Pedro Durán, del sindicato Simap. Llegaron a un acuerdo de mejora, pero todavía no ganan lo mismo que sus compañeros de hospitales públicos.
A pesar de estas críticas, el Gobierno valenciano está encantado con la experiencia de Alzira, como lo demuestra el hecho de que se haya ampliando a otras cuatro áreas de salud. "Los resultados han sido excelentes en estos años y el volumen de actividad de trabajo, magnífico", señala Eloy Jiménez. "La idea de base de privatizar la gestión no es económica, sino de fondo. Se evitan muchas inercias difíciles de controlar cuando el servicio lo gestiona la Administración con sus funcionarios. Es más barato, y se limita al 7% la tasa de rentabilidad de las empresas para que no busquen un beneficio ilimitado. Además, al no tener que gastar directamente en construir estos hospitales, podemos invertir más en otros sitios y mejorar los centros de gestión pública. Y que vayan personas de fuera del área a Alzira no es malo: demuestra que el hospital es bueno".
La actual presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, se sumó con entusiasmo a la privatización de la gestión de la sanidad pública al llegar al cargo en 2003. Ganó las elecciones con la promesa de hacer siete nuevos hospitales, que abrirán el próximo año. Poco después se añadió un octavo, el de Valdemoro. "El sector privado tiene mayores estímulos para gestionar mejor, lo que permite un ahorro de costes importante", afirma el consejero madrileño de Sanidad, Juan José Güemes.
"Pero las empresas pagan intereses mucho más altos que el público a la hora de pedir el crédito necesario para la inversión", replica Freire. "Si a eso sumamos el margen de beneficios, ¿de dónde puede salir el ahorro? Sólo de reducir los salarios de los profesionales y de ahorrar en servicios que acaban repercutiendo en la calidad".
Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 2006 concluye que "los nuevos servicios han sido en general más costosos que si se hubieran empleado los métodos tradicionales" de gestión y financiación pública. El estudio de la OMS analiza decenas de experiencias en todo el mundo, especialmente de los países con más tradición privatizadora, como el Reino Unido y Canadá. Y concluye que la iniciativa privada es más cara porque el dinero público sirve para financiar los mayores costes financieros que soportan las empresas privadas y el reparto de dividendos a accionistas. Pero la OMS introduce un tercer motivo: la ingente cantidad de recursos públicos que los Gobiernos tienen que destinar al rescate de los hospitales de gestión privada cuando quiebran.
Los nuevos hospitales de Madrid, al igual que La Ribera, tendrán confortables habitaciones individuales, más confortables aún si se comparan con las destartaladas habitaciones que aún tienen muchos hospitales públicos, y que la Administración no mejora. En cualquier caso, los expertos insisten en la necesidad de que España determine de forma clara y razonable la forma de evaluar la calidad de su sanidad pública, sea cuál sea su gestión, para poder hacer una valoración rigurosa de los modelos y decidir si debe haber colaboración público-privada y cómo debe ser.
192. EL FISCAL INVESTIGA SI UN CARGO EDUCATIVO PREVARICÓ EN LA MATRÍCULA DE UN COLEGIO (25/11/07)
La Fiscalía de Castellón ha abierto diligencias de investigación penal por un presunto delito de prevaricación cometido por Francisco Baila, actual director general de Ordenación y Centros Docentes cuando era director territorial de Educación en Castellón, cargo que dejó hace un mes. La apertura de estas diligencias se basa en una denuncia presentada por CC OO al considerar que Baila "intervino en el proceso extraordinario de matriculación de un centro concertado, evitando así el proceso legal de matriculación de la zona".
El caso concreto denunciado por CC OO se refiere a la matriculación de nueve niños en el primer curso de infantil P-3, realizada en período extraordinario y en el centro concertado de la Consolación de Castellón. La ruptura de la ratio se realizó alegando "necesidades inmediatas de escolarización del alumnado" en resoluciones firmadas por el entonces director territorial. Sin embargo, estos niños no cumplían ninguna de las dos excepciones que la ley marca para poder acudir a la matriculación extraordinaria y romper la ratio de las tres aulas de primero de infantil de las que dispone este centro. De hecho, según el sindicato, los nueve niños ya habían obtenido plaza en otros centros de la localidad, por lo que ni eran casos de alumnos no escolarizados ni acababan de llegar a la ciudad y precisaban plaza.
El colegio la Consolación dispone de 75 plazas en las aulas de P-3 y recibió 121 solicitudes para ese curso. En el período de matrícula ordinaria admitió a 25, con lo que los otros 46 fueron redistribuidos en otros centros. Sin embargo, a mediados de septiembre, en el plazo extraordinario y por orden del entonces director territorial fueron escolarizados más alumnos en La Consolación donde la ratio quedó en 28 alumnos por aula en lugar de los 25 que marca la ley.
Fuentes del sindicato afirmaron "se hizo de una forma arbitraria con la finalidad de favorecer que familias "amigas" del entonces director territorial pudieran acceder a la matrícula en un centro concertado".
193. CAMPS PLANTA A DIGNIDADES DE LA IGLESIA TRAS UNA BRONCA PROTOCOLARIA (26/11/07)
El cardenal Agustín García-Gasco estrenó su anillo de dignidad de la Iglesia en un día no todo lo perfecto que hubiera deseado. La jornada terminó definitivamente embarrada por la polémica del sábado, cuando el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, presentó una queja formal tras ser ubicado varias filas por detrás de la vicepresidenta del Gobierno; además decidió no acudir a modo de protesta a la cena-brindis en honor de los tres nuevos cardenales que el Gobierno dio en la embajada.
El embajador español ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, no se tomó nada bien el plante y arremetió con virulencia contra Camps. Vázquez calificó la ausencia de Camps de "desaire" , que responde a la "voluntad de provocar" y "dar un espectáculo" . El embajador tachó la actitud de Camps de "poco ejemplar" y una cuestión de "educación personal" . Además, le exigió que explique "el desaire que le hizo a todas las autoridades del Estado, autonómicas, locales, institucionales y a los tres cardenales, incluido el de Valencia, que acudieron a esta cena" .
Vázquez volvió a explicar, co mo ya hizo la embajada la víspera, que es el
Vaticano quien regula la ordenación de las autoridades en estos actos y que
el orden que se aplicó "fue el mismo" para las 16 delegaciones estatales que
acudieron a la ceremonia, que se corresponde con el protocolo propio del
Vaticano, una institución que "tiene a gala y orgullo mantener el mejor
protocolo del mundo" , recordó. Cabe recordar que el Consell presentó una
queja formal al considerar que se había variado la disposición de asientos
prevista el viernes. Esto es, de estar en primera fila junto a la
vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se habían
visto relegados varias filas para atrás. Un aparte con rostro serio
La polémica no quedó ahí. Según trasladaron fuentes de su entorno, el nuevo cardenal transmitió al embajador español su disgusto por el incidente protocolario ocurrido en la ceremonia de creación de purpurados del pasado sábado. Así, García-Gasco tuvo un aparte con el representante español en el Vaticano durante la recepción en la embajada ofrecida a los tres cardenales. Dialogaron con rostro serio durante más de quince minutos y el nuevo cardenal valenciano fue el último en abandonar la recepción.
194. TABACALERA, UN 'PELOTAZO' CON PRISAS (27/11/07)
El informe de la Academia de Bellas Artes de San Carlos del pasado 30 de octubre resultó un endeble obstáculo a la piqueta que comenzó a derribar parte de Tabacalera. Un complejo arquitectónico de la ciudad de Valencia que data de 1909 cuyo derribo parcial ha permitido el Ayuntamiento de Valencia, pese a que en 2002 el Gobierno instó a la Generalitat a iniciar los trámites para que fuera declarado Bien de Interés Cultural. No hubo tal interés por parte de las autoridades autonómicas ni municipales, y Valencia se ha convertido en la única ciudad española en que la antigua fábrica de tabacos carece de cualquier tipo de protección, a diferencia de lo que ocurre en Madrid, Sevilla, Málaga o San Sebastián.
No hubo prisas en proteger la Tabacalera, pero sí muchas en iniciar el derribo y abrir el camino para uno de los más grandes pelotazos urbanísticos en la capital de la Comunidad Valenciana. Un par de cifras resumen la entidad de la operación. El promotor, Guadalmedina, una empresa del grupo de Enrique Ballester, ha desembolsado 73 millones por la compra del complejo arquitectónico y la modificación de uso de industrial a residencial. A cambio, y a precio de mercado reciente, podría ingresar más de 244 millones. Una plusvalía superior a los 170. Y todo ello sin colocar un ladrillo.
Al Ayuntamiento, que preside Rita Barberá, la operación le parece de perlas y realizada desde "el máximo respeto al patrimonio, puesto que se conservan los edificios originales que fueron sede de la Exposición regional de 1909". La oposición, por boca de Carmen Alborch, cree que se trata de "un expolio del patrimonio". Y la plataforma cívica Salvem Tabacalera opina que "las plusvalías privadas se abren paso gracias al Ayuntamiento". las máquinas derribaron las dos naves laterales sobre cuyos solares se construirán 300 casas.
195. EL PP SE OPONE A LAS DESALADORAS PERO ESTUDIARÁ CASO A CASO SI GANA RAJOY (28/11/07)
La política hídrica del PP se embarra. La falta de concreción del candidato y presidente del PP, Mariano Rajoy, sobre su programa electoral ha obligado a las distintas organizaciones territoriales del partido a defender sus propios intereses regionales. Los populares valencianos, que preside Francisco Camps, anunciaron que presentarán en los Ayuntamientos en forma de moción la iniciativa parlamentaria "para recuperar el trasvase del Ebro" a la Comunidad Valenciana que hoy tiene previsto defender en el hemiciclo de las Cortes Valencianas el popular David Serra.
En este contexto, el secretario regional del PP, Ricardo Costa, arremetió contra el plan de desaladoras que ejecuta el Gobierno central en la Comunidad Valenciana por "su alto índice de contaminación medioambiental". El dirigente popular argumentó que la emisión de CO2 de las plantas desalinizadoras alcanzaría el millón y medio de toneladas al año -"sería como [las emisiones] todo el parque automovilístico autonómico"-.
"El trasvase del Ebro traerá el doble de agua con la mitad de consumo energético, la tercera parte de emisión de CO2, la mitad de precio y menor impacto ambiental que las desaladoras", dijo Costa. Sin embargo, pese al impacto ambiental denunciado, el PP no se compromete a cerrar ninguna de las desaladoras en marcha si en las elecciones generales ganase Rajoy. "Habrá que estudiar cada caso de forma concreta", dijo Costa.
Los argumentos contrapuestos también afloraron en las explicaciones del consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón. Pese a la oposición del PP al trazado del trasvase Júcar-Vinalopó que construye el Gobierno, García Antón anunció en Alicante que las obras post-trasvase que corresponden a la Generalitat "se licitarán de forma inmediata".
"Estamos preparando la documentación para sacar a licitación el post-trasvase Júcar-Vinalopó en el plazo más breve posible, espero que antes de que finalice el año", indicó el consejero que argumentó que las obras del actual trazado del trasvase son "un error total, pero para las aguas actuales y para el regadío de la zona las obras que se van a licitar tienen un sentido".
Para terminar de adobar la confusión, la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, afirmó que la promesa de Mariano Rajoy para alcanzar un gran acuerdo que permita llevar agua de las cuencas excedentarias a las deficitarias no afecta a su pretensión de poner fin la transferencia del Tajo al Segura.
"En ningún momento he oído decir a Mariano Rajoy nada del trasvase Tajo-Segura y creo que ustedes tampoco", dijo De Cospedal a los periodistas. "Lo que ha dicho literalmente el presidente de mi partido es que va a hacer una apuesta firme por un acuerdo nacional del agua. Cuando las cosas se dicen de una manera uno no tiene por qué interpretarlas". De Cospedal, que sí apoya el trasvase del Ebro, que no le afecta, añadió: "Voy a seguir pidiendo que el agua del Tajo vaya a las provincias de Ciudad Real y Albacete".
196. EL EX ALCALDE DE GUADALEST DECLARA POR FALSEDAD (29/11/07)
El ex alcalde de Guadalest, Juan Bautista Balaguer, del PP, compareció en el juzgado número 2 de La Vila Joiosa para declarar como imputado por un presunto delito de falsificación de documento público. El juez investiga el desvío de una subvención de 12.000 euros de la Diputación para arreglar un camino municipal de la Foia a una propiedad privada del ex regidor, en el término de Benimantell.
Los hechos ocurrieron el año 2000. Carles Soler, portavoz de la Asociación Ventpluix, le denunció por un presunto delito de malversación de fondos públicos. Fuentes de la acusación han explicado que Balaguer, que rechaza que se produjera el desvío, reconoció que la firma que avaló la tramitación era la suya y se escudó en los técnicos y en el edil de Agricultura -él era delegado de Urbanismo- para firmar. El primer edil ha señalado que al dedicarse a tiempo parcial tan solo iba al Consistorio por las tardes, y eran los técnicos quienes le asesoraban.
197. 600.000 EUROS PARA LA FUNDACIÓN DEL EX JEFE DE PRENSA DE AZNAR, INVESTIGADA POR HACIENDA (01/12/07)
La Generalitat valenciana ha concedido una subvención que supera los 600.000 euros a la Fundación Iberoamérica Europa (Cipie), investigada desde hace tres años por la Intervención General del Estado y, desde hace unos meses por la Oficina Antifraude de la Unión Europea. Cipie es la cuarta beneficiaria de las ayudas a fundaciones que ha distribuido la Generalitat a lo largo del año 2007. Un portavoz oficial de la Generalitat aseguró que se habían subvencionado la mitad de los proyectos presentados por esta fundación con la que vienen trabajando de "forma satisfactoria" desde hace tiempo. Este portavoz justificó que las ayudas se habían concedido siguiendo los procedimientos habituales para este tipo de entidades.
El presidente de Cipie es Pablo Izquierdo, que fuera jefe de prensa de José María Aznar. Ana Botella fue su vicepresidenta entre 1994 y 1996. Se trata de una organización no-gubernamental dedicada a la cooperación con América Latina. Se da la circunstacia de que también es una de las más beneficiadas por la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Aguirre ha dedicado sólo este año más de un millón de euros a Cipie y en 2006 la Consejería de Inmigración le otorgó ayudas de 1,6 millones de euros. La Cadena Ser reveló el pasado 15 de noviembre que el Ejecutivo de Aguirre le había otorgado 1.089.000 euros para dos proyectos de cooperación, uno en Colombia y Ecuador, y el otro en Bolivia.
198. BARBERÁ SE NIEGA A INVESTIGAR LA GRAVE INUNDACIÓN DEL PALAU DE LES ARTS (01/12/07)
El gobierno local que preside Rita Barberá ha decidido mirar hacia otro lado y desentenderse de las causas y consecuencias de la grave inundación que sufrió el Palau de les Arts a mediados del pasado octubre. El PP, con mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Valencia, rechazó en el pleno por segunda vez la petición del Grupo Socialista de que se cree una comisión de investigación sobre el asunto. Y ello a pesar de que el Consistorio no solo intervino en las licencias y demás tramitación de la obra del edificio, sino que es responsable del ajardinamiento del entorno y de la planificación del colector de aguas pluviales de ese tramo del viejo cauce, aunque lo ejecutará el Consell.
El jardín y la obra hidráulica pendiente han estado en el centro de la polémica sobre el origen del desastre que convirtió parte del Palau en una auténtica piscina -el agua cayó en cascada por escenarios y escaleras-. El arquitecto Santiago Calatrava achacó la inundación a la zona verde, situada en una cota superior al coliseo, y aseguró haber avisado del peligro de que entrara agua en la ópera. La propia Barberá rechazó la denuncia, y al igual que la Generalitat, atribuyó el suceso a las lluvias torrenciales.
, el Grupo Popular decidió no buscar más allá y rechazó la petición de "transparencia" y de investigación del concejal socialista Vicente González Móstoles. El responsable de Urbanismo, Jorge Bellver, consideró que una comisión municipal "no tiene absolutamente ningún sentido" y que, si acaso, deben pedirla los parlamentarios socialistas. La pelota del Palau, pues, acabó en el tejado de las Cortes.
Pasa a la página 2Pero tampoco la Generalitat parece dispuesta a profundizar en el suceso. El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, despachó el asunto con duras críticas a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Carmen Alborch, por difundir las imágenes que muestran la grave inundación que el Consell no ha querido enseñar.
La moción del Palau de les Arts apenas consumió un cuarto de hora del pleno local. Fue justo después de una gran trifulca por el derribo de las naves laterales de Tabacalera. Barberá y el concejal Juan Soto se enzarzaron a cuenta del turno de ruegos y preguntas, que la alcaldesa dio por cerrado. El edil, en descuerdo, insistió en hablar, y ante la negativa de Barberá a darle la palabra, sacó un ladrillo de los muros demolidos en Tabacalera y lo plantó ante la alcaldesa. La bronca estaba servida. Barberá le acusó de montar "un numerito" para los medios de comunicación y blandió un libro sobre recuperación patrimonial como arma contra las denuncias a la destrucción de las naves de la fábrica. El concejal socialista denunció después la "censura" impuesta por el PP, mientras que Alborch se dirigió por carta a Barberá para pedir que pare las obras.
Sin tanta agitación, la otra confrontación del día la protagonizaron el responsable de Hacienda, Silvestre Senent, y el concejal del PSPV-PSOE Juan Ferrer, en torno a los presupuestos de Valencia para 2008. El socialista acusó al PP de "ocultar y hurtar" datos para dificultar cualquier control sobre un presupuesto que en su opinión nace viciado por las cargas de la deuda y el gasto sin cobertura. Senent no se inmutó y aseguró que los 772 millones de euros del presupuesto permitirán a Valencia "avanzar" en servicios y equipamientos.
199. El TSJ anula el reformado de la estación de Benidorm (01/12/07)
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha anulado el modificado del proyecto de la estación de autobuses de Benidorm, que el Ayuntamiento adjudicó al contratista Enrique Ortiz. El tribunal considera que el reformado encubría un nuevo proyecto, "tramitado al margen de los procedimientos de concurrencia legalmente establecidos". El fallo del TSJ se produce a raíz de un recurso contencioso-administrativo de otra empresa aspirante al contrato, la mercantil Acintur Residencial.
El alcalde, Manuel Pérez Fenoll, del PP, no supo valorar el alcance de esta medida, si bien aseguró que por el momento la estación -abierta tan solo parcialmente por el exceso de volumen de la zona comercial- continuará funcionando.
Meses después de la adjudicación, Ortiz pidió al Consistorio una modificación del contrato, alegando que habían cambiado las circunstancias y los ingresos que preveía obtener con el servicio serían menores. El constructor aludía a las condiciones impuestas por la Dirección General de Transportes de la Generalitat, referentes a la imposibilidad de cobrar por transporte discrecional de viajeros y a llevar a cabo el sistema de check-in de facturación de equipajes desde la estación hasta el aeropuerto, con los que en un principio estaba previsto que se financiara la obra. El PP lo autorizó y abrió la puerta a nuevas áreas comerciales.
El TSJ cree que la modificación del contrato de gestión, aprobada el 28 de marzo de 2003, es "de un calado tal que impide considerar que estemos ante una mera modificación". Y afirma: "Tratamos de un contrato de concesión nuevo, por lo tanto, de una nueva adjudicación, dispuesta a partir de la otra oferta por parte de la adjudicataria del contrato original", lo que impidió "que otros interesados pudiesen presentar ofertas ante las nuevas condiciones de contratación dispuestas por el Ayuntamiento". Sobre las nuevas condiciones, el TSJ considera que debieron "ponderarse y detectarse" antes del contrato originario.
Las irregularidades en la adjudicación de la nueva estación de Benidorm también son objeto de una investigación por parte de la Fiscalía. El pasado 3 de abril el fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, José Antonio Romero, pidió información sobre el proyecto al secretario del Ayuntamiento de Benidorm, sin que todavía se conozcan las pesquisas.
200. EL JUEZ PIDE AL EDIL DE URBANISMO DE OROPESA ESCRITURAS DE SU PATRIMONIO (01/12/07)
El titular del juzgado número 2 de Castellón requirió al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oropesa, Tomás Fabregat, del PP, para que presente las escrituras de su patrimonio. La petición del juez forma parte de las diligencias que se instruyen en la investigación de un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias en la aprobación del programa urbanístico conocido como Les Amplàries, en la zona de expansión de Marina d'Or. El edil, que compareció como imputado ante el juez, admitió compartir la titularidad de un local con el propietario del grupo Marina d'Or, Jesús Ger. También reconoció que entre su patrimonio figuran otros cinco locales en este complejo y aseguró que el origen del dinero con el que adquirió todos estos inmuebles procede de una herencia y de la venta de unos terrenos.
Fabregat fue interrogado sobre unas parcelas que adquirió en 2000, tres años antes de ser elegido edil, por algo más de 75.000 euros y que meses antes de las elecciones vendió por 567.905 euros al mismo grupo Marina d'Or. Pese a que la operación de compraventa se efectuó en 2000, la inscripción pública no se realizó hasta mayo de 2003. Fabregat y su esposa recibieron parte de la cantidad estipulada en dinero, mientras que el pago de otra parte quedó aplazado hasta la transmisión de un apartamento en un edificio que entonces tenía el grupo inmobiliario en construcción. En su día, el concejal ya admitió la alta rentabilidad de la operación aunque sostuvo que "el precio lo marca el mercado y esa es una zona que se ha revalorizado mucho", pese a que se trata de fincas rústicas.
La compra de una de esas pequeñas parcelas, que fueron agrupadas para su posterior venta, desencadenó un litigio judicial sobre la titularidad, y el edil fue llamado a declarar, en calidad de testigo, en la instrucción de otras diligencias. En su declaración ante el juez, en julio de 2003, dijo haber pagado parte de la finca con dinero negro.
Pese a la vinculación del concejal con el grupo Marina d'Or, participó en la aprobación del programa de desarrollo urbanístico. Durante la tramitación, un técnico de la Generalitat admitió haber recibido "instrucciones" para minimizar las "pegas" del PAI. Además, el proyecto recibió el dictamen desfavorable de la comisión técnica de Urbanismo pero, finalmente, fue el propio director general de Urbanismo de la Generalitat valenciana, Pedro Grimalt, quien firmó la aprobación.
, en su declaración ante el juez, el concejal de Urbanismo alegó que la aprobación del PAI Les Amplàries se llevó a cabo por la existencia de los informes favorables de la secretaria y el arquitecto municipales, que también están imputados por los mismos delitos. El programa salió adelante pese a que estaba supeditado a un "informe favorable" de Costas. Aunque los dos dictámenes de este departamento fueron negativos, los técnicos optaron por considerar que la intervención de la dirección general del Ministerio de Medio Ambiente no era vinculante, tal como esgrimía un informe presentado por el propio grupo Marina d'Or.
Junto a Fabregat, el juez tomó declaración otros dos imputados, los ex concejales José Manuel Miralles y Jorge Garrido, que también votaron favorablemente para la aprobación del PAI. Ambos alegaron que ellos únicamente siguieron las directrices del grupo y justificaron su decisión en los informes favorables de los técnicos, tal como hizo el pasado día 15 el alcalde de la localidad, Rafael Albert, que también declaró ante el juez en calidad de imputado.
201. EL FISCAL INVESTIGA LA CESIÓN DE LA GESTIÓN DE AGUA DE CABANES A MARINA D'OR (01/12/07)
La Fiscalía de Castellón ha decidido abrir diligencias de investigación penal contra el Ayuntamiento de Cabanes por la cesión "ilegal" de la gestión del agua de una parte del término municipal al grupo Marina d'Or. La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por el concejal de EU en el municipio, Carlos Mulet, quien acusó al alcalde, Artemio Siurana, y al resto de concejales del grupo del PP por presuntos delitos contra la administración pública.
Según la denuncia, los concejales del PP aprobaron, "a pesar de la advertencia del secretario municipal", retirar la gestión del suministro del agua a la empresa concesionaria, Facsa, para dársela a la empresa Marina d'Or en todo el ámbito del PAI Torre la Sal de este municipio. La readjudicación del suministro de agua se produjo después de que Facsa remitiera un informe en el que advertía de que, hasta la puesta en marcha de la desaladora prevista para el municipio, no hay recursos hídricos para abastecer a la nueva urbanización. Así, el Ayuntamiento optó por "recontratar" el servicio con la propia ejecutora del programa urbanístico, el grupo Marina d'Or que, según alegó, sí dispone de recursos hídricos.
Antes del pleno, la adjudicataria del suministro de agua, Facsa, presentó un escrito en el que advertía de la "ilegalidad clara y objetiva", pese al que el PP votó a favor de quitarle la concesión y acordar firmar un convenio con Marina d'Or. Para Mulet, "cuando alguien, en función de su cargo y responsabilidad, aprueba de manera determinante una decisión injusta y arbitraria, está cometiendo un delito".
Según el concejal, "toda la precipitación vino por la intención de la empresa de escriturar con los compradores del PAI Torre la Sal en cuestión de semanas, pero como Facsa no estaba por saltase los pasos legales, la empresa optó por cometer un acto de piratería empresarial, quedándose de manera ilegal con la concesión y poder así obtener las licencias de ocupación antes de hora".
La empresa acudió a la vía administrativa para recurrir la decisión municipal, mientras que el edil de EU presentó una denuncia ante fiscalía, que ahora ha abierto una investigación ante la posible comisión de uno o varios presuntos delitos contra la administración pública.
202. EL PERITO RATIFICA A LA JUEZA QUE UNA BALIZA REPROGRAMADA HABRÍA EVITADO EL ACCIDENTE (04/12/07)
El perito ferroviario, Andrés Cortabitarte, ratificó ante la titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, que la simple "reprogramación" de una baliza que ya existía en el túnel del metro entre Plaza de España y Jesús habría evitado que el tren descarrilara en la fatídica curva a más de 80 kilómetros.
Cuarenta tres personan perdieron la vida y otras 47 resultaron heridas en aquel siniestro ocurrido hace diecisiete meses. El perito admitió por primera vez en sede judicial y a preguntas de los abogados de las familias que la simple reprogramación de la baliza 1680 (instalada a mitad camino para proteger el semáforo de entrada de la estación de Jesús y evitar que el tren entrara a más de velocidad de la permitida o con el disco en rojo) podría haber evitado que el tren cogiera la curva a más de 80 kilómetros por hora, según confirmaron varios letrados.
El reajuste de la baliza se ejecutó en septiembre de 2006, dos meses después
del accidente, y desde entonces frena a los trenes si circulan a más de 60
kilómetros por hora. Un informe anterior del mismo perito ratificó que a a
esta velocidad el tren no hubiera descarrilado en la fatídica curva. El
perito no pudo manifestarse directamente sobre si el accidente se podría
haber evitado o no porque la jueza consideró "impertinente" esta pregunta.
Sólo pudo manifestarse al respecto cuando otro letrado reformuló la pregunta
e inquirió al experto ferroviario sobre si la baliza habría evitado el
descarrilamiento.
A juicio de varios letrados consultados por este periódico, el informe y la
comparecencia del perito ratifica que "el accidente era evitable sin
necesidad de aumentar la inversión en seguridad. Ni siquiera hacía falta
adquirir nuevas balizas" y que "toda la seguridad del trayecto se dejaba en
manos del conductor".
La titular del juzgado de instrucción número 21 sólo formuló dos preguntas
al perito: a partir de qué distancias entre estaciones es habitual instalar
estas balizas y con qué finalidad se instalan. La fiscal del caso, Asunción
Calvo, no formuló ni una pregunta durante la comparecencia
Varios letrados, entre ellos el de la Generalitat intentaron que el experto
ferroviario se pronunciara sobre la instalación de balizas en otras vías
ferroviarias, sobre las condiciones de seguridad de otras líneas o de la
situación en que se encontraba la Línea del metro, pero la jueza tampoco
consideró pertinentes estas preguntas.
203. EL INTERVENTOR DE CASTELLÓ ADVIERTE QUE EL PRESUPUESTO LOCAL SUPERA EN 5 MILLONES EL LÍMITE LEGAL DE GASTOS (04/12/07)
Un informe del interventor general del Ayuntamiento de Castelló revela que el proyecto de presupuestos para 2008 incurre en un incumplimiento legal debido a que su capítulo de créditos de gasto supera en 5 millones el de ingresos.
Esta circunstancia fue denunciada por el grupo municipal socialista, que exigió al gobierno local de Alberto Fabra la retirada del proyecto presupuestario para que los desequilibrios sean corregidos antes del pleno extraordinario de diciembre en el que se aprobará el documento definitivo.
El interventor general municipal expone en su informe que el presupuesto
municipal contabiliza 153,6 millones de euros de ingresos no financieros y
eleva los capítulos de créditos de gasto no financieros a 158,7 millones de
euros.
Según la Intervención, esta diferencia de 5 millones de euros supone un
incumplimiento de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria que
desarrolla el real decreto aprobado el pasado 2 de noviembre.
Además, el mencionado informe advierte que el ayuntamiento deberá aprobar un
plan económico-financiero que restablezca el equilibrio en el plazo de tres
meses.
El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Castelló, Juan María Calles,
solicitó al Partido Popular que someta a votación del plan
económico-financiero en el mismo pleno en el que se apruebe el presupuesto.
"La ley permite hacerlo así y creemos que es mejor que el presupuesto se
apruebe junto al plan que debe equilibrarlo. Este presupuesto es un
verdadero despropósito".
Calles también destacó que los informes del interventor indican que, según
los plazos legales, el gobierno local debería haber entregado el presupuesto
al pleno el pasado 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución.
"Deberíamos haber tenido ese presupuesto desde el 15 de octubre, y ahora
sólo disponemos de cinco días para presentar nuestras enmiendas. Cinco
días... Parece que el Partido Popular tiene mucho que explicar y que también
tiene mucho que ocultar en estos presupuestos". En opinión del líder
socialista, el proyecto de presupuesto presentado por Alberto Fabra "no
resuelve los grandes problemas de Castelló y además incumple la ley, por lo
cual pedimos su retirada".
El presupuesto municipal para 2008 alcanza una cifra de 165,8 millones de
euros que se eleva a más de 171 después de añadir los presupuestos del
Patronato de Deportes, Patronato de Turismo y Patronato de Fiestas y la
Gestora Urbana Municipal (Gumsa).
La Generalitat Valenciana ha recortado en un 38% su aportación económica al
apartado de inversiones reales de la ciudad, que se congelan en una cantidad
de 23,7 millones de euros. Por lo pronto, las arcas del Consell aportan una
única transferencia de capital de 1,8 millones de euros (destinada
íntegramente al Palau de la Festa) que supone 1,1 millones de euros menos de
lo contemplado en 2007 (2,9 millones).
204. VÍA LIBRE AL 'MANHATTAN' DE CULLERA CON LA OPOSICIÓN DEL GOBIERNO (06/12/07)
Cullera tendrá su Manhattan al borde del mar. La comisión territorial de Urbanismo de la Generalitat dio el visto bueno definitivo al polémico plan de la Vega, que levantará en el litoral 33 torres de viviendas de hasta 25 alturas y otros dos rascacielos de 40 para hoteles. El proyecto contempla un máximo de 4.883 viviendas, lo que implicará duplicar la población de la localidad, de 23.200 habitantes. La macrourbanización de Cullera ocupará 610.340 m2 junto a la desembocadura del río Júcar, donde el gobierno local, del PP, prevé reclasificar otros 10 millones de metros para 15.000 pisos.
Una brutal presión urbanística sobre el litoral que sale adelante con el apoyo de la Generalitat y los votos en contra en la comisión de los ministerios de Fomento y de Medio Ambiente, que mantienen las objeciones planteadas en la tramitación. La principal, la falta de garantías de que los futuros residentes tendrán agua suficiente. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) insiste en que los recursos no están asegurados, y critica que al agua le falta calidad por el exceso de nitratos. Fomento ratifica su oposición a que se urbanice sin estar acabadas las nuevas conexiones viarias.
La Generalitat rechaza los informes negativos del Gobierno, y esgrime otros. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente explicaron que los informes municipales avalan que hay agua, y el plan ha superado las deficiencias que obligaron a aplazar la aprobación en 2005. Así, la comisión territorial dio su bendición sin apenas retoques. Sólo subrayó que no concederá licencias de ocupación de los pisos antes de que estén en servicio las variantes de Sueca y Cullera-Favara de la N-332, y los viales de conexión desde el Manhattan.La consejería aprobó el plan de forma provisional en 2005 y ya advirtió a Cullera de que los accesos viarios debían terminarse antes de que se trasladaran los residentes. En aquel momento, exigió también que se subsanaran otras deficiencias que considera solucionadas.
La variante de Sueca está en obras y la de Cullera-Favara en licitación, con lo que la consejería ve suficiente tiempo por delante para que comience a desarrollarse el plan y sólo impone que no se ocupe del Manhattan sin acabar los viales.
Para el Gobierno, que construye estas carreteras, el plan no reúne garantías con las obras por terminar. Cullera soporta un tráfico de 18.000 vehículos diarios, y con el Manhattan serán 35.000. Además, tampoco están hechos los enlaces que unirán la urbanización con las variantes estatales de la N-332. La subdelegación del Gobierno en Valencia recurrió la aprobación provisional del plan hace dos años por los informes negativos de Fomento y Medio Ambiente. También exigió correcciones Costas. Éstas se han cumplido, pero no ha sido el caso con las conexiones viarias y la garantía de agua -las concesiones de nuevos pozos están por decidir y faltan actuaciones hidráulicas complementarias-, por lo que el Ejecutivo mantendrá su recurso judicial o presentará uno nuevo si es necesario. Así lo confirmó el subdelegado, Luis Felipe Martínez, quien destacó que "las circunstancias no han cambiado" en esta fase final del proyecto. "No intervenimos por capricho, lo hacemos para procurar que se cumplan las competencias estatales y se defiendan los derechos de los futuros residentes", aseveró Martínez.
La subdelegación también recurrió la participación en el plan del Instituto Valenciano de Vivienda, que firmó un acuerdo con Cullera para redactar el proyecto. La Generalitat, que ha impulsado el Manhattan a través de esta empresa pública, resalta que el sector tendrá 1.171 viviendas sociales y amplias zonas verdes. Además, la parcela reservada para el nuevo puerto deportivo y pesquero se adjudicará a la Generalitat.
La comisión aprobó asimismo un plan de 2.023 viviendas en Moncada y de otras 3.100 (la mitad de VPO) en Sagunto.
205. UNA EX ALTO CARGO ADMITE MANIOBRAS DE FABRA PARA LA FIRMA DE SU ESPOSA (11/12/07)
La ex directora general de Sanidad durante el gobierno de Aznar, Dolores Flores, admitió en un juzgado de Nules haber informado de la tramitación de autorizaciones para los productos fitosanitarios vinculados al llamado caso Fabra, así como de que esos productos iban a tener salida "en unos días". Flores reconoció su firma en uno de los faxes que forman parte de las diligencias, en el que ella misma informa textualmente de "los nombres de las sustancias y productos que he firmado para dar salida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación". El documento respondía, tal como admitió, a una solicitud formulada por el entonces secretario general de Gestión Sanitaria del Ministerio de Sanidad, el valenciano Rubén Moreno, quien reclamó que le informara del estado de la tramitación de dichos fitosanitarios. La petición de autorización de la mayoría de esos productos había sido formulada por la empresa Artemis 2000, de la que era socia la esposa del presidente de la Diputación y líder del PP provincial, Carlos Fabra.
Dolores Flores declaró , en calidad de imputada, ante la titular del juzgado número 1 de Nules donde se instruye la causa por la que se investiga al presidente de la Diputación de Castellón por supuestos delitos contra la Administración pública y un presunto fraude fiscal. La causa está abierta desde que el empresario Vicente Vilar acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de tratar de agilizar autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Las solicitudes para dichos productos habían de obtener, primero, la aprobación del Ministerio de Sanidad para, posteriormente, ser autorizados por el de Agricultura.
La vinculación admitida por Flores ratifica que el "interés" mostrado por varios dirigentes del PP sobre los productos del empresario Vicente Vilar no se limitaba al Ministerio de Agricultura sino que también se extendió al de Sanidad. En el fax remitido por la directora general de Sanidad, ésta "detalla" en una lista las sustancias y productos para los que ya ha firmado la autorización y añade, de su puño y letra: "En unos días espero que puedan salir la mayoría". Pese a que Dolores Flores dijo ante el juez no haber enviado el documento directamente a Fabra sino a Rubén Moreno, el hecho es que el escrito llegó finalmente a manos de Vilar y, según éste, fue el propio presidente de la Diputación quien se lo hizo llegar para presentárselo como "prueba" de las gestiones que estaba llevando a cabo en favor de sus productos. Rubén Moreno ya fue interrogado ante la juez y, en aquella ocasión, el fiscal anticorrupción, Luis Pastor, no le formuló ninguna pregunta. Por ello, sólo respondió a preguntas de su abogado ante el que desmintió cualquier vinculación con el caso.
En cualquier caso, la mayoría de los nombres que incluyó Flores en su escrito se refiere a productos de la empresa Artemis 2000, creada por las entonces esposas de Vilar y Fabra, Monserrat Vives y Amparo Fernández, respectivamente. Ambas están igualmente imputadas en la causa.
206. EL FISCAL AFIRMA QUE ALPERI FAVORECIÓ A ORTIZ POR AMISTAD (12/12/07)
El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, sostiene que la "amistad personal y familiar" entre el alcalde Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, y el contratista Enrique Ortiz fue "fundamental" en el supuesto trato de favor del primero al segundo en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos. El fiscal incluye esta afirmación en el recurso de apelación contra el auto de archivo decretado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana de la causa abierta al regidor y dos ediles más de su equipo (Sonia Castedo y Luis Concepción) por prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de la obra al contratista. En el sumario también estaban imputadon el empresario y un funcionario. La causa fue derivada por el juez instructor al TSJ debido al aforamiento de Alperi, elegido diputado en mayo.
Briones basa su recurso en tres líneas argumentales: vulneración de las facultades del magistrado instructor, error en la apreciación de la prueba en el auto de archivo y desestimación de las pruebas complementarias (declaración de los concejales de la junta de gobierno y nuevo peritaje de las obras) solicitadas por el ministerio público.
En el primer apartado, el escrito del fiscal señala que el auto de sobreseimiento del magistrado instructor del TSJ "ha invadido las competencias exclusivas del órgano encargado del enjuiciamiento y fallo [la sala de lo civil y penal del TSJ] al realizar, sin contradicción alguna, una valoración de las pruebas de cargo y descargo".
En el segundo apartado, puntal del recurso, Briones se reafirma, punto por punto, en la denuncia inicial que dio origen a la investigación judicial. Para Briones, existió un "concierto previo" entre el alcalde y los concejales de Urbanismo, Sonia Castedo, y de Tráfico, Luis Concepción, para "conferir mejoras" al adjudicatario. Y, además, asegura que para sortear la oposición de los técnicos de Urbanismo a las modificaciones del contrato se trasladó el expediente al área de Tráfico, cuyo jefe sí las validó. "No consta en el Ayuntamiento de Alicante nunca antes en un asunto de tanta envergadura y de tramitación tan avanzada un cambio de esta naturaleza", puntualiza Briones en su escrito.
El fiscal concluye su escrito solicitando que se practiquen las pruebas complementarias, en su opinión "esenciales" a fin de despejar si su tesis mantenida en la instrucción es correcta.
207. EL EX CONSEJERO DEL PP CARTAGENA SE ENFRENTA A OTRO JUICIO, PENDIENTE DEL INDULTO (13/12/07)
Luis Fernando Cartagena, ex consejero de Obras Públicas de la Generalitat en la época de Zaplana y ex alcalde de Orihuela, encara el proceso por un supuesto delito fiscal pendiente de la concesión del indulto por parte del Gobierno por una condena a cuatro años por apropiarse de la donación de unas religiosas. El primer caso, conocido como el de las primas únicas, únicamente está pendiente de la decisión del juzgado instructor, el número 4 de Orihuela, del auto de apertura de juicio oral. Mientras, la Audiencia de Alicante ya advertido al ex alto cargo del PP de que si en el plazo de seis meses el Gobierno no le concede el indulto procederá a ejecutar la condena, ya ratificada por el Tribunal Supremo, y ordenará su ingreso en prisión.
Por el caso de las primas únicas, la Fiscalía Anticorrupción de Alicante solicita tres años de cárcel para Cartagena por delito fiscal. Cartagena está procesado por las primas únicas del Banco de Santander (fondos de nuda propiedad que aseguraban la opacidad fiscal). La causa de Cartagena es una de las piezas separadas, por su condición de aforado, del sumario general que se incoó en 1992. El ex alto cargo del PP suscribió las primas únicas con el entonces Banco de Santander entre 1987 y 1998. El volumen de la operación fue de dos millones de euros y la presunta deuda fiscal, de 310.000.
Aparte de este proceso, Luis Fernando Cartagena cuenta ya con una condena de cuatro años de cárcel por malversación y falsedad. La Audiencia de Alicante, cuya sentencia ratificó el Tribunal Supremo en marzo de 2004, condenó a Cartagena por apropiarse de la donación (49.000 euros) de una congregación de religiosas al Ayuntamiento de Orihuela. Tras la condena, Cartagena inició el trámite del indulto. El fiscal informó en contra. La petición está pendiente, dos años después, de la decisión del Consejo de Ministros.
208. RIPOLL SE SUBE EL SUELDO UN 37% Y ROZARÁ LOS 100.000 EUROS ANUALES (14/12/07)
El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, ingresará en breve en el selecto club de altos cargos públicos cienmileuristas. El titular de la Corporación provincial alicantina pasará a ganar un total de 99.768,50 euros, lo que supone un aumento del 37% respecto a sus actuales ingresos.
El aumento del salario de Ripoll, y también del resto de los diputados provinciales, incluidos los de la oposición, del PSPV, está recogido en el proyecto de presupuestos de la Diputación para el próximo año que aprobó el pleno. "Yo no me he subido todavía el sueldo. Antes que yo y cualquier otro diputado provincial se tiene que aprobar la reclasificación de los funcionarios", explicó Ripoll.
La nueva propuesta de salarios incluye un aumento de 12.000 euros para el sueldo el portavoz del único grupo de la oposición, el socialista Roque Moreno. El PSPV se abstuvo en la votación porque, según Roque Moreno, el Grupo Socialista desconocía que el expediente de presupuestos incluía también el planillo con la propuesta de sueldo. "Nos hemos abstenido en el proyecto de presupuestos porque se han recogido tres de nuestras enmiendas", dijo. "Estamos en contra de cualquier subida del sueldo de los diputados y haremos lo posible para que no se aplique", añadió. No obstante, Moreno no aclaró si él y el resto de diputados socialistas renunciarán al incremento si finalmente se materializa merced a la mayoría absoluta del Grupo Popular. Los socialistas sostienen que el incremento de los sueldos que pretende Ripoll "rebasa el acuerdo establecido entre todos los partidos políticos en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, firmado por el propio Ripoll el pasado mes de mayo".
La remuneración de los diputados provinciales está directamente relacionada, por un acuerdo del pleno de la Corporación, a los salarios de los altos funcionarios (secretaria general, oficiales mayores y directores de área). De esta forma, el salario de Ripoll se incrementará siempre con el de secretaria general más un 40%. El pleno del pasado 4 de octubre acordó incrementar el salario de esa funcionaria en 18.000 euros. Este dato eleva automáticamente el salario de Ripoll de los 72.0061,30 euros que cobra en la actualidad a 99.768,50 euros
209. RUS DECLARARÁ COMO IMPUTADO POR UNA EXPROPIACIÓN (14/12/07)
La juez del Juzgado de Primer Instancia e Instrucción nº 1 de Xàtiva, Susana Company, ha citado al alcalde de Xàtiva y presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, en calidad de imputado por haber ordenado la expropiación forzosa de una parcela y reiniciar las obras de reparcelación de un polígono industrial suspendida por el TSJ de la Comunidad Valenciana. Junto con Rus, ha sido citado como imputado el inspector jefe de la Policía Local de Xàtiva, que protegió la intervención en la parcela.
210. EL CONSELL CAMUFLA SUS ASESORES Y LOS TRANSFORMA EN FUNCIONARIOS (17/12/07)
Las estrictas exigencias de mérito y capacidad que requiere el acceso a la función pública han sido relajadas a través de distintas fórmulas desde que el PP controla la Generalitat. Durante 12 años largos, los sucesivos gobiernos autonómicos han incorporado personas afines a distintos puestos administrativos considerados de confianza sorteando normas básicas. Una modificación legal consagrada en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2007 introdujo una vía administrativa que permite camuflar el número de servidores públicos contratados en funciones de asesoría. Los asesores de los distintos departamentos del Consell siempre han sido contratados como personal eventual, pero la fórmula de "provisión de puestos de trabajo de naturaleza funcionarial" permite camuflar se número real y transformarlos en funcionarios de la Generalitat.
El Consell contaba con 112 asesores, calificados como personal eventual, de acuerdo con los datos de personal de los presupuestos para este año. En las cuentas de 2008 y por primera vez en la historia, ese número de asesores se reduce. Y baja a pesar de que el gobierno autonómico cuenta ahora con 14 consejerías frente a la docena del gabinete anterior. Aparentemente, impera cierta austeridad en lo relativo al nombramiento de personal eventual en el Consell que preside Francisco Camps. Pero la realidad es muy otra. El personal funcionario incorporado al servicio del Consell a través de la libre designación asciende a 386 personas de acuerdo con datos ofrecidos por Fernando de Rosa, consejero de Justicia y Administraciones Públicas en una respuesta parlamentaria por escrito remitida a la diputada socialista Josefa Andrés. Y el número crece.
El pasado 24 de septiembre, por ejemplo, la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, previamente autorizada por la dirección general de Administración Pública, publicó un anuncio de "provisión mediante nombramiento de funcionario interino de dos puestos de trabajo", uno de "coordinador asesor" y otro de "jefe de secretaría" del secretario Autonómico. En ambos casos se invoca "urgente necesidad", "carácter excepcional", "la idoneidad adecuada en razón de la especialidad de sus funciones" y otros extremos que se habían regulado en una orden de 2006 que establecía el "procedimiento abreviado de provisión de puestos vacantes".
Los requisitos para optar a la convocatoria eran "tener nacionalidad española; tener cumplidos 18 años; no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño; no hallarse inhabilitado penalmente; no haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquier empleo público". En el primer caso se requería una titulación propia de las categorías B o C de la Administración, es decir, una diplomatura o carrera técnica o un título de bachiller superior. En el segundo, de las categorías C o D, bachiller superior o graduado escolar.
El anuncio especifica que "los puestos son de libre designación, por lo que no se rige por baremo de méritos a efectos de provisión". Y añade que "la selección de los candidatos se realizará mediante entrevista", una entrevista en la que los aspirantes deben exponer en un cuarto de hora una memoria sobre su puesto de trabajo. La convocatoria es exclusiva para personal funcionario, pero de cualquier Administración. Es decir, un funcionario adscrito al grupo D de cualquier ayuntamiento de la Comunidad Valenciana podría haber optado al puesto de jefe de secretaría del secretario Autonómico de Medio Ambiente.
A finales de septiembre había 46 funcionarios de libre designación al servicio de Presidencia; 66 en Hacienda; 26 en Justicia; 45 en Infraestructuras y Transportes; 58 en Educación; siete en Sanidad; 33 en Industria; 24 en Agricultura; 49 en Medio Ambiente; seis en Turismo; 24 en Bienestar Social y dos en Gobernación, según los datos ofrecidos por De Rosa y adscritos a los 12 departamentos que tenía el Consell hasta junio pasado.
211. EMPRESARIOS IRRITADOS CON CAMPS (19/12/07)
Ha sido peor el remedio que la enfermedad. Si el presidente del Consell, Francisco Camps, quiso templar los ánimos del empresariado alicantino que se siente marginado por la falta de inversiones y contestar así a las críticas del presidente de la Cámara, Antonio Fernández Valenzuela, en la Noche de la Economía Alicantina, ha conseguido todo lo contrario. Algunos empresarios están "irritados y desconcertados" al conocer que el Consell prepara para el próximo 8 de enero una gran cumbre de la patronal sobre el futuro de las infraestructuras de Alicante que organizarán la CAM y Coepa, pero sin el protagonismo de la Cámara ni de las universidades, que serán meras invitadas.
Los empresarios consultados vincularon directamente la idea de Camps con las declaraciones de Valenzuela que, en público, pidió al presidente del Consell mayor esfuerzo inversor en Alicante. "Ha respondido a su manera, recoge el guante lanzado por Valenzuela pero elige a sus compañeros de viaje", comentaba un empresario. Fuentes próximas a la Cámara de Comercio de Alicante arremetieron contra esta iniciativa. "No puede ser que no se cuente con la Cámara, que es la que tiene los informes y los datos actualizados de las empresas", apuntaba esta fuente, que confesaba su temor sobre las consecuencias y el desenlace de este pulso. De hecho, la Cámara continúa elaborando un informe sobre la situación económica de la provincia.
La Generalitat concede así un protagonismo especial a Modesto Crespo, presidente de Coepa, y Vicente Sala, presidente de la CAM, en la organización del evento, y aparca la figura de Valenzuela. "¿A qué juega Camps en Alicante, qué necesidad tiene de provocar?", se preguntaba una fuente financiera, que comparaba a Valenzuela, que es un "referente empresarial" en Alicante, con las figuras de Crespo y Sala, que "no representan a nadie y su poder es digital", ironizaba. "Sólo quiere reforzar a los suyos", comentó otro empresario en relación con el papel que desempeñarán los dos dirigentes. Algunos empresarios no alcanzan a entender por qué el presidente de la Generalitat, una vez superada y apagada la polémica que suscitaron las palabras de Valenzuela, quiere resucitar la polémica. "Pretende dejar claro quién es quién y dar sus cifras y datos", reflexionó otro. En la Diputación de Alicante fuentes cercanas al presidente, José Joaquín Ripoll, expresaron su "sorpresa" por la iniciativa de la que se enteraron por la prensa y de la que carecen de noticias oficiales.
Luis Rodríguez, secretario de la federación del metal (Fempa) recordó que la Cámara tiene previsto un plan estratégico en el que está trabajando a "velocidad de crucero". El representante de la patronal acogió también con "sorpresa" el anuncio de Camps de celebrar esta cumbre que recoge "esas inquietudes" que han manifestado diversos sectores productivos de la provincia de Alicante que consideran "necesario y conveniente" un mayor esfuerzo inversor. Por eso tildó de "positiva" esta idea siempre y cuando "se trabaje en conjunto y en el mismo sentido, todos colaboren", defendió Rodríguez. El empresario pidió que no se excluya ni a la Cámara ni a ninguna otra institución.
Desde la patronal Coepa optaron por quitar hierro a la polémica y recordaron cómo anualmente "en el primer trimestre se celebran cumbres sectoriales", aunque admitieron que en esta ocasión se quiere dar "una mayor dimensión" ya que la Confederación de Empresarios de Alicante celebrará su 30º aniversario.
212. DEJA EL JUZGADO LA SÉPTIMA JUEZ DEL 'CASO FABRA' (19/12/07)
La séptima juez que investiga el caso Fabra ha logrado un traslado a escasos metros. Seguirá en el mismo edificio pero en otro despacho. Y con otros asuntos. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules se hará cargo el viernes del Juzgado número 4 del mismo partido judicial, un departamento de nueva creación que le ha asignado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Lourdes Noverques se convertirá, así, en la séptima juez que abandona el llamado caso Fabra, en el que se investiga al presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, Carlos Fabra, por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.
La causa se inició con la querella de un empresario, Vicente Vilar, que acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de gestiones políticas para tratar de agilizar la autorización de productos fitosanitarios. Cuando se cumplen cuatro años desde que se abrieran las diligencias, la causa ha sido instruida por siete jueces diferentes y cuatro fiscales. Actualmente, el ministerio público lo desempeña la fiscalía anticorrupción.
Noverques ha sido la juez que ha permanecido más tiempo al frente de este juzgado, al que llegó en septiembre de 2005, aunque es la única que ha protagonizado un traslado a petición propia y no por ascenso a plaza de magistrado. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el Juzgado número 4 de Nules fue uno de los destinos solicitados por la juez. Sin embargo, no pudieron precisar si fue su primera opción.
La investigación del caso Fabra será cubierta, de forma provisional, por un juez sustituto hasta que sea nombrado el próximo titular, que elevará a nueve el número de jueces por cuyas manos han pasado las diligencias previas. Será uno de estos dos el que, probablemente, reciba el informe de los peritos inspectores de Hacienda sobre el patrimonio, las cuentas y los ingresos de la familia Fabra.
Tras este dictamen, el fiscal podría solicitar la apertura de juicio oral o el archivo de la causa. En cualquier caso, aún está pendiente de llamar a declarar de nuevo al propio Fabra para interrogarle sobre ingresos en efectivo de hasta 600.000 euros en sus cuentas.
213. EL EX ALCALDE DE LA VILA FUE 10 AÑOS MÉDICO SÓLO CON UN CURSO APROBADO (19/12/07)
El ex alcalde de La Vila Joiosa José Miguel Llorca, del PP, ejerció de médico durante diez años con sólo un curso aprobado de los seis que tiene la licenciatura y otros tantos de especialidad. Llorca admitió , por boca de su abogado, los hechos, que volvió a achacar a "un error de juventud". El delito de intrusismo ha prescrito -dejó de ejercer en 1998 para pasar a la vida política- por lo que solo pudo ser juzgado por una falta por atribuirse la condición de médico sin serlo, por la que el fiscal pidió la pena máxima de 12.000 euros.
El ex alcalde delegó su defensa en su abogado, lo que evitó que las cámaras captaran su imagen sentado en el banco de los acusados. Fuentes del PP señalaron que Llorca había sufrido "un accidente doméstico" y se encontraba hospitalizado. El ministerio público utilizó como prueba en el juicio el vídeo promocional proyectado por el PP en los mítines de la última campaña electoral, en el que una voz en off afirma que Chemi -como se hacía llamar Llorca- "es médico" mientras aparece el falso galeno en unas imágenes de un despacho del Centro Médico La Creueta con instrumental típico de una consulta médica.
Hasta ahora Llorca había hablado de "varias asignaturas pendientes para finalizar la carrera" sin especificar su número, pero se supo que esas asignaturas pertenecían al segundo curso, a pesar de lo cual el ex regidor pasó consulta en el centro médico La Creueta desde 1989 hasta 1998, cuando fue elegido alcalde.
El abogado de Llorca calificó el asunto de "error gravísimo" y alabó su conducta, ya que "dimitió de alcalde y de concejal". Además, se ha visto obligado a trasladar su residencia a Madrid. testificaron sus socios en el Centro Médico la Creueta, Pedro Lloret Mayor y Pedro Luis Ruiz Soler, su brazo derecho en el gobierno municipal, el ex edil Marcos Santapau y su jefe de gabinete, Ignacio Martínez. Todos reconocieron ser amigos personales del anterior regidor pero afirmaron que se enteraron por la prensa de que no era licenciado cuando en junio pasado.
El fiscal considera que los hechos "son suficientemente graves" y están probados. El paso de José Miguel Llorca durante ocho años por un cargo público le permite hacer frente al pago de la máxima pena. El abogado defensor, en cambio, pidió la absolución para Llorca y, en caso de que se multe a su defendido, que "sea de grado mínimo".
Aunque el letrado de Llorca mantuvo que el ex regidor no se valió de su condición de falso médico para su carrera política, Llorca nunca hizo ascos a esa cualificación profesional para obtener réditos electorales. En plena campaña de las pasadas elecciones municipales dio una muestra más del engaño masivo al que sometió a sus convecinos durante 14 años: con motivo de un partido de rugby saltó al césped para atender a un jugador lesionados. Al llegar a la alcaldía dejó oficialmente la profesión, pero no aparcó su práctica ocasional. Un día atendía a un policía que sufría un desmayo; otro, a una concejal contusionada tras una caída. Casos simples como un resfriado o una jaqueca, o de más calado, como los heridos de la explosión de pólvora en las fiestas del pueblo en 2001, jalonan las incursiones de Llorca en la medicina.
214. EL CUÑADO DEL EDIL ROSELLÓ ADMITE SER EL DUEÑO DE LA FIRMA DEL CASO AGUAS DE CALP (19/12/07)
Francisco Artacho, el empresario que subcontrató las obras de renovación de la red de agua potable de Calp, reconoció ante la juez que es el socio mayoritario de la empresa: Obras Hidráulicas de Levante, SL, firma que unas semanas antes de hacerse con el contrato se dedicaba al buzoneo. El empresario también reconoció que es cuñado del concejal del PP Juan Roselló, responsable de la adjudicación. Artacho, no obstante, delegó la negociación del contrato en la persona del administrador único de la promotora, Jesús Lara Santamaría. También negó que en la adjudicación de la obra tuviera alguna influencia su cuñado Roselló. "Mi relación con él es estrictamente familiar. Nunca hablamos de contrato de la red de aguas", señaló a la magistrada, según han asegurado fuentes del caso.
Después de dos aplazamientos, el cuñado del ex concejal de Aguas Juan Roselló, del PP, compareció como imputado durante dos horas y media ante la titular del Juzgado número 2 de Dénia, que instruye el caso. La juez investiga el sobrecoste de 1,1 millón de euros en la ejecución de la obra, según un informe elaborado por la Universidad Politécnica de Valencia.
La declaración de Artacho fue "etérea y farragosa", según fuentes de la acusación particular que ejerce la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana. El empresario Artacho admitió ser el socio mayoritario de una sociedad dedicada al buzoneo días antes de hacerse con la subcontrata. Sin embargo, declinó la responsabilidad del contrato al administrador de la firma. El testimonio de Artacho contradice la versión ofrecida a la juez por Lara Santamaría. Este declaró que sólo era un "hombre de paja" de Artacho. "El verdadero dueño de la empresa es Artacho", puntualizó.
La Unión de Consumidores confía ahora en que la juez sepa extraer de la comparecencia del empresario "algo sólido entre tanto humo", y esperan al próximo paso en este proceso, la declaración de Salvador Ibarra, administrador de Montubo Obra Civil, firma que realizó la ejecución material de las obras.
Las obras de renovación de la red de agua potable en Calp fueron adjudicadas durante el anterior mandato del PP y sin mediar concurso público a la empresa mixta Aguas de Calp, que las subcontrató con Obras Hidráulicas de Levante, SL, empresa dedicada al buzoneo de publicidad hasta días antes, y que a su vez las volvió a subcontratar a Montubo Obra Civil, constituida 13 días antes de la adjudicación. Luego, Montubo Obra Civil subcontrató las obras a diversas empresas que las ejecutaron.
215. EL PP APRUEBA EL PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT MENOS INVERSOR (21/12/07)
La mayoría absoluta del PP en las Cortes apoyó el presupuesto menos alegre del Consell que preside Francisco Camps en materia de inversiones. Las inversiones reales crecen apenas un 3%, un punto por debajo de la inflación prevista, mientras que el gasto corriente y, en primer lugar, la nómina, se dispara hasta el 11%.
Ricardo Costa, portavoz del PP, recurrió al cierre del debate parlamentario a la consigna de un "presupuesto social" para camuflar la escasa capacidad de maniobra del consejero de Hacienda para distribuir el gasto.
Las áreas de Educación y Sanidad consumen tres cuartos de los 13.828 millones de euros que suma el presupuesto. Bienestar Social eleva el gasto pero su dotación no alcanza a cubrir las necesidades que supondría una correcta aplicación de la ley de dependencia. La creación de las tres nuevas consejerías de Cultura, Gobernación e Inmigración afecta de forma decisiva al alza del gasto meramente administrativo y, como colofón, el área de Infraestructuras fía a empresas públicas el grueso de las inversiones previstas.
Francisco Camps, presidente de la Generalitat, se ahorró cualquier crítica puesto que apenas acudió al pleno a última hora de la tarde de para participar en la votación final.
216. EL CONSELL 'ESCONDE' EN SUS CAJONES 1.224 MILLONES EN FACTURAS IMPAGADAS (22/12/07)
La deuda no contabilizada por el Consell, lo que vulgarmente se llama facturas pendientes de pago guardadas en los cajones, volvió a crecer durante 2006. La Sindicatura de Comptes, el órgano encargado de auditar las cuentas de la Generalitat y otras entidades públicas, entregó el informe correspondiente al ejercicio contable del año pasado.
La auditoría revela que en los cajones, casi todos de la Consejería de Sanidad, se dejaron por pagar 1.224 millones de euros, casi 95 más que en 2005. La auditoría correspondiente a este ejercicio, entregada en vísperas de las elecciones autonómicas, fue un espejismo ya que se trataba de una reducción de las deudas sumergidas insólita que no se producía desde 1986.
Las causas del incremento de los gastos, fundamentalmente en la atención sanitaria, son muchos y variados pero no cuentan con suficiente dotación presupuestaria, como volvió a poner de manifiesto la Sindicatura de Comptes. El responsable de la contabilidad del Consell, el vicepresidente económico Gerardo Camps, se apresuró a señalar que las facturas en el cajón sólo ascienden a 816 millones. Pero, en todo caso, esa cifra correspondería ya a 2007 y no a 2006. Camps argumentó que los convenios firmados por la Consejería de Sanidad y el Instituto Valenciano de Finanzas con diversos acreedores ha permitido aflorar 408 millones de euros no reconocidos para convertirlos en deuda a largo plazo.
La Sindicatura da un toque de atención al Gobierno valenciano para que reduzca el impacto de las modificaciones presupuestarias, que en 2006 ascendieron a la no despreciable cantidad de 721 millones de euros. De ellos, 453 millones correspondieron a las transferencias a Sanidad para pagar medicamentos y personal.Los ingresos registrados durante 2006 por parte de la Generalitat crecieron en un 10,4% respecto al año anterior, fundamentalmente gracias al buen comportamiento de los impuestos sobre actos jurídicos documentados. Pero también lo hizo la deuda, pese a que se dieron de baja derechos pendientes de cobro incobrables. La cantidad adeudada a finales de 2006 era de 302 millones de euros más que a principios de ese año y llegaba casi a los 7.098 millones de euros.
Pero si estos son los trazos más llamativos de la auditoría realizada a la contabilidad general de la Generalitat, las empresas públicas son las que registran las cuestiones más llamativas. Estas son las principales:
- Palau de les Arts. Las obras de este coliseo de la ópera habían costado a finales de 2006 la friolera de 442 millones de euros, incluyendo parte del equipamiento y la urbanización anexa. La obra, por la que el arquitecto Santiago Calatrava ha cobrado ya más de 45 millones de euros, se adjudicó en 1995 por 84 millones. El desbarajuste en el gasto atañe a todo el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que a finales de 2006 había supuesto un gasto en obra de 1.128 millones de euros, casi un 80% más de lo previsto. De muestra, otro botón: L'Oceanogràfic que se adjudicó por 39 millones finalmente ha costado 115.
- Canal 9. Ràdio Televisió Valenciana acabó 2006, una vez más, en situación de quiebra, según la Sindicatura de Comptes. Los números rojos ascendían a 738 millones de euros. Los auditores advierten de que mientras no se ajusten los gastos a los ingresos y el grupo RTVV no se pueda autofinanciar "el proceso de descapitalización continuado exigirá de crecientes aportaciones financieras de la Generalitat y de capitales ajenos para la continuidad de su actividad".
- Asterix y Obelix. La Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana agrupó un variopinto conjunto de proyectos, con los estudios de la Ciudad de la Luz como joya de la corona. La Sindicatura de Comptes reclama mayor claridad en los acuerdos de patrocinio para la producción de películas. Entre 2005 y 2006, esta sociedad firmó 15 contratos para patrocinar el rodaje de películas por valor de 12 millones de euros. Asterix en los Juegos Olímpicos logró una subvención de 4,7 millones, de los cuales se pagó un millón el año pasado. Su majestad Minor logró otro contrato subvención de 2,7 millones. Este grupo de empresas incluye proyectos como el aeropuerto de Castellón, Mundo Ilusión, diversos auditorios, la esfera armilar, etc. Las pérdidas conjuntas registradas fueron de casi 49 millones de euros, un 64% más que el año anterior.
- Ciegsa. La empresa de la Generalitat encargada de construir colegios e institutos no es especialmente diligente a la hora de llevar sus cuentas. La empresa pública cerró 2006 con unas pérdidas de 30 millones de euros, un 83% más que en el ejercicio anterior. Solo en salarios Ciegsa se gastó 2,5 millones de euros. Algunos de sus principales contratos, los de técnicos superiores y medios en arquitectura, se realizaron sin cumplir con los requisitos de publicidad y transparencia.
217. LA OPACIDAD DEL CONSELL PROVOCA OTRA PREGUNTA SOBRE LA VISITA PAPAL (26/12/07)
El coste de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006 sigue siendo uno de los secretos mejor guardados por el Consell, que no parece dispuesto a arrojar luz sobre la gestión del dinero público gastado en la visita pastoral de Benedicto XVI.
Sin embargo, la persistente opacidad del Consell, que preside Francisco Camps, no ha hecho mella en el parlamentario socialista José Camarasa, que por tercera vez consecutiva ha decidido interpelar al Gobierno valenciano sobre el gasto del erario público en la visita papa. Camarasa solicita también acceso a una parte de la documentación pública referida a la visita del Papa.
En la exposición de motivos, el parlamentario socialista recuerda que el 11 de agosto de 2006 formuló su primera pregunta sobre la aportación realizada por Presidencia de la Generalitat con motivo de la visita del Papa. El 26 de octubre de ese año se le respondió que los gastos habían ascendido, en ese departamento, a 10.417 euros, de los que 9.960 correspondían a los servicios prestados por la agencia de viajes de El Corte Inglés. En esa fecha, el diputado socialista -uno de los que con más tesón ejercen la labor de oposición en las Cortes Valencianas- volvió a formular una segunda pregunta en la que recordaba que "pedía conocer, expresamente, el detalle y los conceptos de los servicios realizados, así como el coste diferenciado de cada uno de ellos"
El pasado 11 de diciembre, el consejero de Presidencia, Vicente Rambla, respondió nuevamente que el desembolso de dinero público correspondió "a la organización de gastos propios que tuvieron lugar en la ciudad de Valencia con motivo de la visita" del Papa. En la respuesta no había detalle alguno de los servicios, fechas y coste.
Esta respuesta ha motivado, finalmente, la tercera pregunta del diputado Camarasa, que afronta con ironía la insistente opacidad del Consell. "Como de las dos mencionadas respuestas pudiera deducirse una actitud escapista respecto a la obligación de facilitar la información requerida por este diputado, y confiando, aún, en que la falta de respuesta por dos veces a la pregunta pudiera deberse a una deficiente comprensión de lo solicitado es por lo que, por tercera vez, formulo la pregunta". Pregunta que se acompaña de una petición de copia de la factura de la agencia de viajes. Ahora solo falta que el Consell conteste a lo que se le pregunta.
218. LA FISCALÍA INVESTIGA SI HAY DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LOS DERRIBOS DE LA TABACALERA (28/12/07)
La actuación del fiscal se produce a instancias de una demanda que presentó hace dos semanas Salvem Tabacalera, el colectivo cívico contrario al «expolio» de la fábrica, construida para la Exposición Regional 1909, que también ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo. El Tribunal Superior de Justicia denegó la suspensión cautelar del proyecto urbanístico, una decisión que en estos momentos revisa el Tribunal Supremo.
La intervención tanto del alto tribunal como del fiscal llega tarde ya que
las naves ya están demolidas. A finales de noviembre, el ayuntamiento dio la
orden de derribo de las naves laterales y traseras de la fábrica, donde la
inmobiliaria Guadalmedina -que permutó la fábrica por un edificio municipal-
podrá levantar allí 300 viviendas de renta libre.
El ministerio y la conselleria de Cultura propusieron entre 2002 y 2003 la máxima protección patrimonial para la Tabacalera. Posteriormente, un informe del entonces director general de Patrimonio, Manuel Muñoz, dio luz verde a los derribos. Precisamente, ese informe -que no está firmado por ningún técnico de la conselleria- será uno de los documentos que revisará el fiscal, que ya ha solicitado a la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura que le traslade la documentación del proyecto de la Tabacalera. El Ministerio Público, que ya ha nombrado fiscal instructor, también ha solicitado información al Ministerio de Cultura como administración competente en materia de Patrimonio.
Fuentes de la Fiscalía explicaron que se trata de un caso jurídicamente complejo porque hay un informe favorable que avala la operación. La Fiscalía investigará si se ha incurrido en un delito de prevaricación -el que se produce cuando una autoridad o funcionario dicta a sabiendas una resolución ilegal-. También podría instar al juzgado a paralizar los derribos, prácticamente consumados, aunque para hacerlo necesita una base sólida de indicios de delito. De obtenerla, el ayuntamiento gobernado por el PP, que argumenta que las naves derribadas no forman parte del conjunto original, podría verse imputado en un delito contra el patrimonio. En caso contrario, la demanda se archivaría.
El Colegio de Arquitectos y la Academia de Bellas Artes de San Carlos han defendido la protección integral del conjunto. La Dirección General de Patrimonio no respondió a las llamadas de este diario.
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