www.losgenoveses.net . Noticias Zaplana & Camps 2006

1. El TSJ ratifica la nulidad del contrato del ex chófer de Zaplana (05/01/06)

3. EL JUEZ RECHAZA EL ARCHIVO DE LA DENUNCIA AL ALCALDE DE TORREVIEJA POR SU MILLONARIA PLUSVALÍA INMOBILIARIA (12/01/06)

4. TABARES ADMITE QUE HABÍA “UN ANEXO AL CONTRATO A” DEL IVEX CON JULIO IGLESIAS (12/01/06)

5. TENSIÓN EN EL PP DE BENIDORM: BARCELÓ ACUSA A AMOR DE USAR MEDIOS INSTITUCIONALES PARA PROMOCIONAR SU CANDIDATURA (13/01/06)

6. ZAPLANA DIO CONTRATOS MILLONARIOS A LA EMPRESA DE UN LÍDER FASCISTA (16/01/06)

7. UNA JUEZ PARALIZA ANTE LA PASIVIDAD MUNICIPAL UNA OBRA EN CASTELLÓN DIRIGIDA POR LA ESPOSA DEL ALCALDE DEL PP (17/01/06)

8. MARQUINA DECLARA ANTE EL JUEZ QUE EL IVEX LE ORDENÓ EL “MARRÓN” DE FALSIFICAR UNA FACTURA DE 325.000 DÓLARES (18/01/06)

9. TURISMO ADJUDICA DE NUEVO EL “STAND” DE FITUR A LA EMPRESA QUE ORGANIZA LOS ACTOS DEL PP (20/01/06)

10. ZAPLANA MOLESTO POR EL TRATO QUE LE DISPENSA EL GOBIERNO VALENCIANO (20/01/06)

12. TABARES DECLARA AL JUEZ QUE FIRMÓ EL CONTRATO DE 6 MILLONES CON JULIO IGLESIAS POR ORDEN DE ZAPLANA (20/01/06)

13. UNA EX ALTO CARGO DEL PP ACUSA ANTE EL JUEZ DE ACOSO MORAL A OTRA (21/01/06)

14. ZAPLANA (SOY UN TRUHÁN, SOY UN SEÑOR) ORDENÓ FIRMAR EL CONTRATO CON JULIO IGLESIAS (23/01/06)

15. LOS DIRECTORES TÉCNICO Y FINANCIERO DE TERRA MÍTICA DICEN QUE CUMPLÍAN ÓRDENES DE NAVARRO Y VALVERDE (25/01/06)

16. ZAPLANA, RUMBOSO Y CON DINERO AJENO, DIO BARRA LIBRE EN LA CENA DEL RECITAL DE JULIO IGLESIAS QUE COSTÓ CASI EL DOBLE QUE PRODUCIRLO (26/01/06)

17. PESE A SUS PROBLEMAS JUDICIALES CAMPS APOYA A FABRA Y AFIRMA QUE ESTÁ EN PLENAS FACULTADES FÍSICAS Y MENTALES PARA SEGUIR (27/01/06)

19. UN CONSTRUCTOR CERCANO AL ALCALDE DEL PP OPTA A LA CONTRATA DE BASURAS DE ORIHUELA PESE A CARECER DE EXPERIENCIA (21/01/06)

20. EL CUÑADO DE ZAPLANA EJERCÍA UN DOBLE CONTROL SOBRE LAS CONTRATAS EN TERRA MÍTICA (29/01/06)

21. LA JUEZ CITA A DECLARAR COMO IMPUTADOS EN EL CASO FABRA A TRES EX ALTOS CARGOS DEL PP (01/02/06)

22. LA MUJER DEL EX ALCALDE DE CASTELLÓN, BENEFICIADA POR UNA RECALIFICIÓN DE TERRENOS (01/02/06)

23. MIDWAY FACTURÓ AL IVEX POR EL RECITAL DE MÉXICO 15 VECES MÁS DE LO QUE COSTÓ EL DE ORLANDO (01/02/06)

24. JULIO IGLESIAS Y FAMILIARES DE ALTOS CARGOS DEL PP SACAN PARTIDO DEL LADRILLO (03/02/06)

25. UN IMPUTADO DEL CASO FABRA ADMITE QUE FALSIFICABA CUÑOS PARA OBTENER LICENCIAS (04/02/06)

26. UNA FIRMA COBRÓ 137.000 $ AL IVEX POR MONTAR EL RECITAL DE MOSCÚ Y OTRA 1 MILLÓN POR “ORGANIZARLO”(07/02/06)

27. LA AUDIENCIA VINCULA EL SUPUESTO FRAUDE FISCAL DE FABRA A LA INVESTIGACIÓN DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS (09-02-06)

28. UN CASO DE MOBBING, ÚLTIMO EPISODIO DE LA DIVISIÓN EN EL PP VALENCIANO (09/02/06)

29. IMPLICAN A ACEBES EN LA MANIPULACIÓN DE LOS CENSOS ELECTORALES DE ELCHE (11/02/06)

30. EL IVVSA VENDIÓ UN INMUEBLE POR ALGO MÁS DE UN TERCIO DEL PRECIO EN QUE LO VALORÓ (12/02/06)

31. DENUNCIAN QUE CIEGSA CONTRATA ARQUITECTOS QUE SON FAMILIA DE CARGOS DEL PP (15/02/06)

32. DIVISIÓN EN EL PP. LOS ZAPLANISTAS EXHIBEN SU FUERZA EN ALICANTE PARA OBLIGAR A CAMPS A NEGOCIAR LAS CANDIDATURAS (18/02/06)

33. EL PP INTENTA CONVENCER A CARLOS FABRA PARA QUE NO REPITA EN LA CANDIDATURA DE CASTELLÓN (19/02/06)

34. HACIENDA RECLAMA A TERRA MÍTICA LOS CRÉDITOS IMPAGADOS QUE LE DIO EL GOBIERNO DE AZNAR (19/02/06)

35. UNA MULTINACIONAL DEMANDA A UNA DE LAS EMPRESAS INVESTIGADAS POR EL CASO FABRA (20/02/06)

36. ALGÚN INTERÉS TENDRÁN. ASTARLOA (PP) CONSIDERA “ESTUPENDA” LA PROPUESTA DE ALCALDES DEL PP DE CONTRATAR SEGURIDAD PRIVADA (21/02/06)

37. EL FISCAL PIDE AL JUEZ QUE INVESTIGUE LAS CUENTAS DEL ALCALDE DE TORREVIEJA (PP) (22/02/06)

38. ALGO HUELE A PODRIDO EN LOS JUZGADOS DE CASTELLÓN: EL TERCER FISCAL Y LA SÉPTIMA JUEZA QUE INTERVIENEN EN EL 'CASO FABRA' VAN. (23/02/06)

39. EL FRAUDE FISCAL DEL “LÍDER DEL PP EN CASTELLÓN” SE ETERNIZA EN EL JUZGADO (25/02/06)

40. RIPOLL ELOGIA A AZNAR Y NINGUNEA A RAJOY AL PROCLAMAR QUE CON ÉL DE CANDIDATO EL PP SEGUIRÍA EN EL GOBIERNO (01/03/06)

41. ORTUÑO ACUSA A RIPOLL DE RETRASAR EL JUICIO POR LA PELEA DEL PP DE ELCHE (02/03/06)

42. EL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA PAGÓ 3,3 MILLONES DE MÁS POR UNA OBRA, SEGÚN UN INFORME (04/03/06)

43. LOS DUEÑOS DE UN SOLAR EN TORREVIEJA ACUSAN AL ALCALDE DE BENEFICIAR A UNA PROMOTORA (06/03/06)

44. RURALCAJA APORTA AL JUZGADO EXTRACTOS DE UN PAGO DE 150.000 € QUE VILAR ASEGURA QUE ENTREGÓ A FABRA (07/03/06)

46. TENSIONES EN EL PP. ZAPLANA REIVINDICA SU GESTIÓN EN UN LIBRO Y ADVIERTE A CAMPS QUE PARA GANAR HAY QUE CONTAR CON TODOS (10/03/06)

47. UN AYUNTAMIENTO DEL PP INCLUYE UN INSULTO A ZAPATERO EN UN TEST (10/03/06)

48. UN EX ALTO CARGO ADMITE QUE FABRA MEDIÓ A FAVOR DE UNA EMPRESA PRIVADA (11/03/06)

49. EL ALCALDE DE TORREVIEJA (PP) RECALIFICÓ SUELO AL GRUPO QUE LE COMPRÓ FINCAS (12/03/06)

50. LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CASTELLÓN ORDENA QUE DECLAREN CUATRO EX MINISTROS DE AZNAR (14/3/06)

51. EL FISCAL ACUSA DE CORRUPCIÓN AL ALCALDE DE ORIHUELA Y A CINCO CONCEJALES, TODOS DEL PP (14/03/06)

53. LA AUDIENCIA ORDENA QUE SE INVESTIGUE SI FABRA PUSO COMO TESTAFERROS A SU ESPOSA Y A SUS HIJOS (15/03/06)

57. MEDINA: “LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL PP ME SOMETE A PERSECUCIÓN” (19/03/06)

58. EL PRIMER EDIL DE TORREVIEJA (PP) CONTRATA CON UNA FIRMA DEL HERMANO DE UN EDIL (21/03/06)

59. AL QUE REPARTE LE TOCA LA MEJOR PARTE: UN ALTO CARGO DEL PP COMPRA UNA FINCA JUNTO A UN FUTURO CAMPO DE GOLF EN ALCOI (22/03/06)

60. MEDINA: EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN INVESTIGARÁ EL SUPUESTO SOBORNO POR LA CONTRATA DE BASURAS DE ORIHUELA (PP) (24/03/06)

61. EL ALCALDE DE CREVILLENT (PP) PRETENDE FOTOGRAFIAR A TODOS LOS INMIGRANTES (24/03/06)

62. DOS CONCEJALES DEL PP UTILIZAN AL ÚNICO POLICÍA LOCAL DE GUARDIA COMO CHÓFER EN EL MUNICIPIO DE SIETE AGUAS (25/03/06)

63. EL CONCEJAL DE URBANISMO DE OROPESA PAGÓ PARTE DE UNA PARCELA CON DINERO NEGRO (28/03/06)

64. LA JUEZ ADMITE LA DENUNCIA DEL 'CASO ORIHUELA' Y PIDE AL FISCAL QUE PROPONGA LAS PRUEBAS A PRACTICAR (29/03/06)

65. EL PP RECHAZA LA INVESTIGACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL EX PRESIDENTE ZAPLANA (30/03/06)

66. EL ALCALDE DE ORIHUELA MANUEL MEDINA (PP) SE DEMUESTRA QUE ESTÁ IMPLICADO EN LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA (31/03/06)

67. UN EDIL DEL PP DE CASTELLÓN ASUME QUE PROMOTORAS Y TÉCNICOS INTERCAMBIAN INFORMACIÓN PRIVILEGIADA (31/03/06)

69. UNA PROMOTORA RUMBOSA, REGALÓ JOYAS A LAS MUJERES DE LOS EDILES DE ORIHUELA (02/04/06)

70. EL ALCALDE DE DOLORES (PP) COMPRÓ CINCO PARCELAS EN LA HUERTA ONCE MESES ANTES DE RECALIFICAR EL SUELO (02/04/06)

71. EL AYUNTAMIENTO DE LA VILA (PP) PAGA POR UN SOLAR OCHO VECES MÁS DE LO QUE COSTÓ TRES MESES ANTES (03/04/06)

72. EL ALCALDE DE TORREVIEJA (PP) TIENE EN SU CUENTA BANCARIA 512.000 € INGRESADOS AL MARGEN DE SU SUELDO (05/04/06)

73. BRUSELAS EXPEDIENTA A ESPAÑA POR LA NUEVA LEY URBANÍSTICA DE ESTA COMUNIDAD (05/04/06)

74. EL SÍNDIC DICE QUE “NO ESTARÍA PASANDO LO QUE ESTÁ PASANDO” EN URBANISMO SI LE HUBIERAN HECHO CASO (05/04/06)

75. EL FISCAL PIDE QUE DECLARE COMO IMPUTADO EL EDIL DEL PP JUAN ROSELLÓ POR EL 'CASO AGUAS DE CALP' (09/04/06)

76. EL ALCALDE DEL PP DE NOVELDA APARTA DE LA GESTIÓN A LOS EDILES ZAPLANISTAS (11/04/06)

77. EL GOBIERNO SUSPENDE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA DE LA ESPOSA DE FABRA (12/04/06)

79. LOS HIJOS DE FABRA RECURREN LA INVESTIGACIÓN DE SU PATRIMONIO (18/04/06)

80. EL ALCALDE DE ORIHUELA VULNERÓ LA LEY DE CONTRATOS AL ADJUDICAR EL INFORME EXTERNO SOBRE LA CONTRATA DE BASURA (22/04/06)

81. LA CONSEJERA DE MIGUEL ACUSA A LOS SOCIALISTAS DE RENTABILIZAR LOS MUERTOS, QUE "LES SALIÓ BIEN EL 11-M" (27/04/06)

82. TENSIONES PEPERAS, ORTUÑO RELACIONA SU EXPULSIÓN CAUTELAR DEL PP CON SU DENUNCIA A RIPOLL (27/04/06)

83. EL PP CONDONÓ 280.000 € A UNA EMPRESA DE CASTELLÓN BASÁNDOSE EN UN DOCUMENTO FALSO (27/04/06)

85. LA JUSTICIA NO EXIME DE DECLARAR A CUATRO EX MINISTROS DE AZNAR, Y PERMITE INVESTIGAR EL PATRIMONIO DE SUS HIJOS (28/04/06)

86. UN 33% DE LA FRANJA COSTERA VALENCIANA ESTÁ URBANIZADA, según un informe de Greenpeace (01/05/06)

87. EL FISCAL DESGLOSA EN 15 CAUSAS LA DENUNCIA POR CORRUPCIÓN EN ORIHUELA, GOBERNADA POR EL PP (03/05/06)

88. CUATRO EX MINISTROS DEL PP DECLARARÁN EL DÍA 26 COMO TESTIGOS DEL CASO FABRA (03/05/06)

89. ZAPLANA DESAFÍA AL CONSELL E INTENTA MARCAR LAS CONDICIONES DE VENTA DE SUELO DE TERRA MÍTICA (03/05/06)

90. LA JUEZ RATIFICA QUE FABRA NO ESTÉ PRESENTE EN LA DESIGNACIÓN DE LOS INSPECTORES DE HACIENDA (05/05/06)

91. EL ALCALDE DE ORIHUELA (PP), PAGÓ EL AUDI QUE USABA ‘DE GORRA’ TRAS INTERVENIR EL FISCAL (06/05/06)

92. EL JUEZ INVESTIGA AL ALCALDE DE TORREVIEJA POR PAGOS ILEGALES (08/05/06)

93. RUS DICE QUE NADIE DESEA QUE LOS ZAPLANISTAS DEJEN EL PP, PERO “SI QUIEREN, QUE SE VAYAN” (08/05/06)

94. EL PP ENCARGA A FABRA, QUE PESE A LOS ESCÁNDALOS REPETIRÁ Y A ALPERI, OTRO QUE TAL BAILA, UNA PONENCIA CONJUNTA EN EL ACTO DE LA PROCLAMACIÓN DE CAMPS (10/05/06)

95. EL ASESOR DE UN CONCEJAL Y LA HIJA DEL ALCALDE (PP), OF COURSE, GANAN UNA OPOSICIÓN MUNICIPAL EN ALICANTE (12/05/06)

96. DOS EMPRESARIOS IMPLICADOS EN EL 'CASO TERRA MÍTICA' DENUNCIAN QUE ZAPLANA COBRÓ COMISIONES (12/05/06)

97. LOS CUATRO ‘MAGNÍFICOS’ EX MINISTROS DE AZNAR CITADOS POR LA JUEZ, EVITAN DECLARAR POR EL CASO FABRA (12/05/06)

98. LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL PP EVITA IMPLICARSE EN LA DEFENSA DE ZAPLANA TRAS LA DENUNCIA SOCIALISTA (14/05/06)

99. El juzgado descubre otro abono en una cuenta del alcalde de Torrevieja (PP) de 228.384 € (14/05/06)

100. LOS HIJOS DE FABRA DEBEN DAR CUENTAS DE SU PATRIMONIO ENTRE 1999 Y 2004 (16/05/06)

101. EL 80% DE LOS NUEVOS FUNCIONARIOS EN BENIDORM ESTÁ VINCULADO AL PP (16/05/06)

102. EL ALCALDE DE TORREVIEJA (PP) COMPRÓ UNA FINCA Y VENDIÓ OTRA EN UN DÍA A LA MISMA PROMOTORA (17/05/06)

103. EL FISCAL INICIA LAS ACTUACIONES POR EL 'CASO TERRA MÍTICA' (17/05/06)

104. EL FISCAL DEL 'CASO ORIHUELA' IMPUTA LOS HECHOS AL ALCALDE DEL PP Y A LA JUNTA DE GOBIERNO (18/05/06)

105. EL PP DECIDE SUSPENDER DE MILITANCIA AL ALCALDE DE ORIHUELA TRAS SU IMPUTACIÓN POR CORRUPCIÓN (19/05/06)

106. UNA TRAMA EMPRESARIAL SE REPARTIÓ 10 MILLONES DE TERRA MÍTICA POR OBRAS NUNCA HECHAS (19/05/069

107. TRES EMPRESARIOS ACUMULARON OCHO MILLONES DE EN FACTURAS FALSAS DE TERRA MÍTICA (20/05/06)

108. EL ALCALDE DE TORREVIEJA Y DOS EDILES, IMPUTADOS POR PAGOS ILEGALES (20/05/06)

109. CAMPS RECHAZA INVESTIGAR EL FRAUDE MILLONARIO EN TERRA MÍTICA (23/05/06)

111. LA POLICÍA COMPRUEBA QUE EL ALCALDE DE ORIHUELA USA BIENES DE EMPRESARIOS (24/05/06)

112. EL PP NO DESCARTA QUE TERRA MÍTICA PAGARA OBRAS SIN EJECUTAR (24/05/06)

113. ECONOMÍA NIEGA DE NUEVO OFRECER LOS GASTOS DE LAS 'VISA' DE ALTOS CARGOS QUE PROMETIÓ DAR (24/05/06)

114. APLAZADO EL 'CASO FABRA' AL PEDIR CUATRO EX MINISTROS DEL PP DECLARAR POR ESCRITO (25/05/06)

115. LA QUERELLA DE ZAPLANA POR TERRA MÍTICA COMPETE AL TRIBUNAL SUPREMO (27/05/06)

116. ZAPLANA NO HABLÓ EN LA CONVENCIÓN QUE ACLAMÓ A CAMPS COMO CANDIDATO PORQUE RAJOY NO QUISO (01/06/06)

117. EL JUICIO POR LA PELEA DEL PP DE ELCHE SUFRE UN NUEVO RETRASO (01/06/06)

119. LOS IMPUTADOS DE TERRA MÍTICA SE NIEGAN A DECLARAR ANTE EL JUEZ (02/06/06)

120. EL JUEZ SE DESDICE Y ADMITE INVESTIGAR EL DELITO DE FALSEDAD EN EL 'CASO TERRA MÍTICA' (04/06/06)

121. DOS IMPUTADOS EN EL 'CASO TERRA MÍTICA' DAN AL JUEZ DETALLES DE LA TRAMA DE FACTURAS (07/06/06)

122. EL ALCALDE DE TORREVIEJA RECALIFICÓ SUELO PROTEGIDO AL PROMOTOR QUE LE COMPRÓ LA FINCA (07/06/06)

123. LA AUDIENCIA DE CASTELLÓN ABRE LA POSIBILIDAD DE IMPUTAR A FABRA UN DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA (08/06/06)

124. EL FISCAL ARCHIVA LA DENUNCIA DEL PP SOBRE LAS GRABACIONES DE TERRA MÍTICA (09/06/06)

125. EL FISCAL DEL 'CASO FABRA' TUVO CARGOS DE CONFIANZA CON DOS MINISTROS DEL PP (09/06/06)

126. LA JUEZ CITA COMO IMPUTADO A UN ALTO CARGO DE AGRICULTURA POR EL CASO FABRA (10/06/06)

127. EL PP DE ALICANTE APRUEBA LAS 15.000 CASAS DE RABASSA EN MEDIO DE UNA BRONCA VECINAL (10/06/06)

128. EL APOYO A LOS HOMOSEXUALES REPRESALIADOS POR FRANCO PROVOCA UNA BRONCA A GRITOS EN LA REUNIÓN DEL PP (14/06/06)

129. EL FISCAL NO VE DELITO EN LAS GRABACIONES POR TERRA MÍTICA NI EN SU USO POSTERIOR (14/06/06)

130. LA DIFUSIÓN DE UNA GRABACIÓN REAVIVA LA CRISIS INTERNA DEL PP DE BENIDORM (15/06/06)

131. FONT DE MORA DICE QUE SI MANDARA EU SEÑALARÍA AL QUE NO USARA EL VALENCIANO, COMO LOS NAZIS A LOS JUDÍOS (16/06/06)

132. Zaplanistas y campistas acentúan su pugna por el control de las listas (20/06/06)

134. UN EDIL DEL PP DE BURRIANA VE ÉTICO ADJUDICAR SERVICIOS A SU HIJO (20/06/06)

135. El policía que multó el coche del alcalde de Vila-real afronta un año sin sueldo (21/06/06)

136. TORREVIEJA SIGUE CONTRATANDO CON LA EMPRESA DEL HERMANO DE UN EDIL (22/06/06)

137. ELS POBLETS (PP) DECIDE RECLASIFICAR 9.000 METROS AL DÍA SIGUIENTE DE VENDERLOS UN DIRECTOR GENERAL (24/06/06)

139. La adjudicataria de tres PAI en Riba-roja pugna por otro en el que la familia del alcalde tiene suelo (26/06/06)

140. UN TERCER IMPUTADO ADMITE SER TESTAFERRO EN EL 'CASO TERRA MÍTICA' (26/06/06)

141. LOS SINDICATOS DENUNCIAN DESDE 2000 LA FALTA DE SEGURIDAD EN EL METRO DE VALENCIA (08/07/06)

142. La Fiscalía cree que hay suficientes elementos ya para procesar a Fabra (08/07/06)

143. ANTICORRUPCIÓN PIDE EL ARRESTO DE UN EX ALTO CARGO POR NO DECLARAR EN EL 'CASO FABRA' (08/07/06)

144. TENSIONES POPULARES. LOS ZAPLANISTAS ABREN LA PUGNA POR LA ALCALDÍA DE ALICANTE (11/07/06)

145. EL FISCAL PIDE AL SUPREMO QUE NO ADMITA LA QUERELLA DE ZAPLANA POR EL 'CASO TERRA MÍTICA' (14/07/06)

146. EL PP CREE LEGAL EL AUDITORIO DE CASTELLÓN, PESE A LA SENTENCIA DEL SUPREMO (14/07/06)

147. EL CONSELL TODAVÍA NO SABE CUÁNTO SE HA GASTADO EN LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA (15/07/06)

148. LADRILLO CONECTION. EL PADRE DE UNA CONCEJAL DEL PP MEDIA EN UNA COMPRA DE SUELO MUNICIPAL EN LA VILA (17/07/06)

149. LADRILLO CONECTION. González Pons ficha como asesora a la hija del promotor inmobiliario Enrique Roig (18/07/06)

150. EXIGEN QUE ZAPLANA COMPAREZCA PARA ACLARAR EL “DESVÍO” DE FONDOS DE FERROCARRILS (20/07/06)

151. TENSIONES POPULARES. CAMPS DECLINA ASISTIR A LA CENA DEL PP DE ALICANTE EN TERRA MÍTICA (20/07/06)

152. LADRILLO CONECTION. EL PP DE LA VILA APRUEBA EL PLAN URBANÍSTICO ANULADO POR EL TSJ SIN ADAPTARLO A LA LUV (21/07/06)

153. EL PP REDUCE A CINCO DÍAS LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DEL METRO DE VALENCIA (21/07/06)

155. EL PP VETA A TÉCNICOS DE OTRAS REDES DE METRO PARA LA INVESTIGACIÓN DE SÓLO CINCO DÍAS DEL ACCIDENTE DE VALENCIA (25/07/06)

156. UN SENADOR DEL PP CRITICA A LA PROTEGIDA DE ZAPLANA, PRESIDENTA DEL PP DE BENIDORM (26/07/06)

157. UN DIRECTIVO DE RENFE VETADO POR EL PP DICE QUE EL ACCIDENTE SE HABRÍA EVITADO CON UNA BALIZA (26/07/06)

158. CAMPS ARROPARÁ DE NUEVO A FABRA Y EVITA LA CENA DEL PP DE VALENCIA (27/07/06)

159. HOTELES DE BENIDORM SUPERAN EL VOLUMEN EDIFICABLE CON PERMISO DE LA GENERALITAT (04/08/06)

161. ZAPLANA ha disfrutado del yate de UN IMPORTANTE empresario. Ser SU amigo PARECE QUE ES UN negocio Perfecto, PARA LOS PROMOTORES INMOBILIARIOS (05/08/06)

162. EL PP CIERRA LA COMISIÓN SIN ADMITIR NINGÚN FALLO EN EL ACCIDENTE DEL METRO DE VALENCIA, ANTE LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS (05/08/06)

163. EL JUEZ SE BASA EN LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA PARA ABSOLVER A LOS IMPLICADOS EN LA PELEA DEL PP DE ELCHE (06/08/06)

164. GRAVES INCIDENTES EN LA LECTURA DEL PREGÓN DE ZAPLANA EN ALICANTE (10/08/06)

165. ZAPLANA ELEVA LA TENSIÓN CON CAMPS AL OPTAR EN GANDIA POR UN CANDIDATO (11/08/06)

166. CRÍTICAS A UNA EDIL DE VALENCIA (PP) POR CULPAR A LOS EXTRANJEROS DE LA BASURA EN LA CALLE (12/08/06)

167. EL FISCAL ACUSA AL ALCALDE DE ALICANTE Y DOS EDILES DEL PP DE TRATO DE FAVOR A UN PROMOTOR (22/08/06)

168. LA GUARDIA CIVIL IMPLICA A DOS EDILES DEL PP EN LAS TORTURAS A DETENIDOS EN TORREVIEJA (25/08/06)

169. EL ALCALDE DE ORIHUELA (PP) ADMITE A LA JUEZ QUE USA BIENES DE CONSTRUCTORES (30/08/06)

170. CAMPS ABRE EL CURSO POLÍTICO RODEADO DE CARGOS DEL PP IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN (31/08/06)

171. FABRA REPRENDE AL ALCALDE DE BURRIANA POR SU GESTIÓN EN MATERIA URBANÍSTICA (01/09/06)

172. CAMPS DEFIENDE LA “HONESTIDAD” DE LOS CARGOS DEL PP ANTE LAS ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN (03/09/06)

173. El Supremo obliga a Alperi a convocar un pleno extraordinario sobre el desfalco en Mercalicante (03/09/06)

174. RUS AFIRMA QUE “NO CABEN TODOS” LOS INMIGRANTES EN ESPAÑA (03/09/06)

175. LOS ZAPLANISTAS ADVIERTEN A CAMPS QUE SÓLO GANARÁ EN 2007 SI PACIFICA EL PARTIDO (04/09/06)

177. MEDINA SUSPENDE EL PLENO PARA ELUDIR LAS PREGUNTAS DE LOS EDILES SOBRE SU DECLARACIÓN JUDICIAL POR CORRUPCIÓN (06/09/06)

178. EL JUEZ ADMITE QUE SE INVESTIGUE EL BORRADO DE ARCHIVOS DEL CASO FABRA EN MONCLOA (08/09/06)

179. EL ALCALDE DE ORIHUELA, DEL PP, IMPLICADO EN MÁS IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS (09/09/06)

180. TENSIONES POPULARES. RIPOLL HA RESCATADO A CASI 50 ALTOS CARGOS “VÍCTIMAS” DE LA CRISIS INTERNA DEL PP (10/09/06)

181. Un informe del Síndic advierte del deterioro de la oferta sociosanitaria de los hospitales DE LA GENERALITAT VALENCIANA (11/09/06)

182. El ex delegado del IVEX da al fiscal documentos que revelan una facturación falsa por el recital de México (12/09/06)

183. ORIHUELA CONTRATA A UNA FIRMA QUE EMPLEA A UN EDIL DEL PP Y A TRES FAMILIARES DE FUNCIONARIOS (13/09/06)

184. LA EMPRESA DE AGUA DE TORREVIEJA (PP) EMPLEA A FAMILIARES DE EDILES Y DEL CHÓFER DEL ALCALDE (14/09/06)

185. CAMPS ASUME INDEMNIZACIONES COMO LAS DE BIESCAS PARA FRENAR LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DEL ACCIDENTE DEL METRO (16/09/06)

186. EL EX DELEGADO DEL IVEX EN MÉXICO DICE QUE TABARES LO CONSULTÓ TODO CON PRESIDENCIA (16/09/06)

187. MEDINA DICE AHORA QUE PAGÓ 24.000 EUROS POR LA OPCIÓN DE COMPRA DEL CHALÉ (18/09/06)

188. EL EX INTERVENTOR DECLARA QUE MEDINA PAGÓ 3,5 MILLONES DE MÁS POR UNA OBRA (18/09/06)

189. TENSIONES POPULARES: LA PUGNA POR ALICANTE COMPROMETE A RAJOY EN PLENO DEBATE INTERNO DEL PP NACIONAL (19/09/6)

190. CASTELLÓN PATROCINA UN PROGRAMA CON CHICAS DE UN CLUB DE ALTERNE (19/09/06)

191. ABREN DILIGENCIAS CONTRA ALPERI POR SUPUESTO TRATO DE FAVOR A ENRIQUE ORTIZ (22/09/06)

192. LOS VERDES DENUNCIAN AL ALCALDE DE TORREVIEJA Y VARIOS EDILES POR OBRAS ILEGALES (22/09/06)

193. EL JEFE DE LA POLICÍA DE TORREVIEJA, NOMBRADO POR EL PP, Y UN CAPITÁN DE LA GUARDIA CIVIL, IMPUTADOS POR AMAÑAR UNA OPOSICIÓN (23/09/06)

194. EL ALCALDE DE ORIHUELA (PP), ACUSADO DE CORRUPCIÓN, NO OPTARÁ AL CARGO (23/09/06)

195. DESAPARECE EL LIBRO DE AVERÍAS DEL METRO DE VALENCIA EN EL QUE MURIERON 43 PERSONAS (26/09/2006)

196. EL JUEZ IMPUTA AL ALCALDE Y DOS EDILES DEL PP DE ALICANTE POR PREVARICACIÓN (26/09/06)

197. LAS TORTURAS EN TORREVIEJA, GOBERNADO POR EL PP IMPLICAN A MIEMBROS DEL PP DEL AYUNTAMIENTO DE ESTA LOCALIDAD (27/09/06)

198. CAMPS RECLAMA EL VOTO PARA EL PP EN UN ACTO INSTITUCIONAL DESDE LA GENERALITAT (28/09/06)

199. LA RECALIFICACIÓN MASIVA DE SUELO EN LA COSTA DE CASTELLÓN ABRE UNA CRISIS EN EL PP (28/09/06)

200.¿CORRUPCIÓN QUE CORRUPCIÓN? RAJOY JUSTIFICA LA PASIVIDAD DE CAMPS ANTE LAS MUCHAS IRREGULARIDADES EN LAS FILAS DEL PP (30/09/06)

202. UN EX ALTO CARGO DE AGRICULTURA DECLARA QUE DIRIGENTES DEL PP TENÍAN INTERÉS EN NARANJAX (03/10/06)

203. EL PP HACIENDO GALA DE GRAN TRANSPARENCIA: RECHAZA HACER PÚBLICA LA RENTA Y BIENES DE LOS POLÍTICOS (07/10/06)

204. LA GENERALITAT DIO 435.517 € EN 2005 A UNA PLATAFORMA VECINAL AFÍN AL CONSELL DEL PP (09/10/06)

205. El juez cita al ex director financiero del Ivex como imputado (09/10/06)

206. EL PADRE DE LA PRESIDENTA DEL PP EN ORIHUELA CONSTRUYÓ UNA CASA ILEGAL EN SUELO NO URBANIZABLE (12/10/06)

207. LA DIMISIÓN DEL ALCALDE DEL PP ABRE UNA NUEVA CRISIS EN EL AYUNTAMIENTO DE XERESA (12/10/06)

208. UNA URBANIZACIÓN DE CHALÉS APROBADA EN BENIATJAR REVALORIZA SUELO DE UN CONCEJAL DEL PP (13/10/06)

210. BRUSELAS CERTIFICA QUE LA LEY URBANÍSTICA DEL CONSELL INCUMPLE LA DIRECTIVA SOBRE CONTRATOS (13/10/06)

211. EL CONSELL ARREMETE CONTRA EL GOBIERNO Y AMENAZA A BRUSELAS POR EL URBANISMO (14/10/06)

212. EL PP USA LOS NOMBRES DE UN JUEZ Y UN FISCAL JUBILADOS PARA CRITICAR A LA FISCALÍA (15/10/06)

213. EL CONSELL OCULTA A LAS CORTS ENCUESTAS EN LAS QUE PREGUNTA INDIRECTAMENTE SOBRE EL VOTO (18/10/06)

214. FAMILIARES DEL ALCALDE (PP) ESPECULAN CON EN EL PAI DE PORXINOS (19/10/06)

215. EL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN GOBERNADO POR EL PP AHORRÓ A LUBASA 775.856 € EN IMPUESTOS (20/10/06)

216. EL CENTRO-DERECHA DE ORIHUELA AGUDIZA SU CRISIS POR LA CORRUPCIÓN (21/10/06)

218. ALCALDES VALENCIANOS PLANEAN URBANIZAR CASI 200 MILLONES DE M² (26/10/06)

221. CASO FABRA. EL JUZGADO INVESTIGA SI CARLOS FABRA TIENE CUENTAS BANCARIAS ABIERTAS EN EL EXTRANJERO (26/10/06)

222. CASO FABRA. LA JUSTICIA BUSCA DESDE HACE SEIS MESES A ALFREDO TIMERMANS, ÚLTIMO SECRETARIO DE COMUNICACIÓN DE AZNAR (27/10/06)

223. EL PP APOYA UNA OPERACIÓN URBANÍSTICA QUE PERMITE GANAR 100 MILLONES AL VALENCIA CF (27/10/06)

224. LA SANCIÓN POR SOBREEDIFICAR 11 PLANTAS DE MÁS EN EL HOTEL ATRIUM SE REBAJA AL MÍNIMO (29/12/06)

225. EL AYUNTAMIENTO DE LA VILA DEJA QUE CADUQUE EL EXPEDIENTE SANCIONADOR AL CONSTRUCTOR Y AL ARQUITECTO (29/12/06)

226. LA FISCALÍA INVESTIGA AL AYUNTAMIENTO DE ROCAFORT POR IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS (30/12/06)

227. EL PP IMPONE QUE SE TRAMITE EL PLAN DEL ESTADIO DEL VALENCIA CF (30/12/06)

228. BENIDORM 'PERDONÓ' 222 MILLONES DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO (31/10/06)

229. ZAPLANA IMPONE NOMBRES EN LA LISTA MUNICIPAL DEL PP DE BENIDORM (31/10/06)

230. UN PROMOTOR ADVIERTE QUE OROPESA HABRÁ DE PAGAR 118 MILLONES SI NO LE DEJA EDIFICAR (31/10/06)

231. CULLERA HARÁ UN 'MANHATTAN' DE 35 TORRES PESE A INFORMES CONTRARIOS DEL GOBIERNO (01/11/06)

232. SOLER ARRASTRA AL VALENCIA A UNA BATALLA POLÍTICA PARA SALVAR EL 'PELOTAZO' URBANÍSTICO (01/11/06)

233. UN JUEZ ANULA LA LICENCIA DEL ALCALDE DE ALICANTE (PP) PARA UN CAMPO DE GOLF (01/11/06)

234. LOS TÉCNICOS DETECTAN IRREGULARIDADES EN EL PAI DONDE TIENE LA PARCELA UN EDIL DEL PP DE BURRIANA (03/11/06)

235. LA JUEZ VE INDICIOS DE PREVARICACIÓN EN LAS AUTORIZACIONES DEL AEROPUERTO DE CASTELLÓ (04/11/06)

236. EL IMPULSOR DEL 'MANHATTAN' DE CULLERA ASESORÓ A LOS DUEÑOS DEL SUELO (07/11/06)

237. ORDENAN EL INGRESO EN PRISIÓN DEL EX DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN (07/11/06)

238. RAJOY RESPALDA SIN MATICES A CAMPS EN SU GESTIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS DEL PP (07/11/06)

239. EL PP VALENCIANO REÚNE EL MAYOR NÚMERO DE ALTOS CARGOS IMPUTADOS (09/11/06)

240. La Vila (PP) adjudicó 15 de los 37 planes del PGOU a firmas vinculadas con el PP (09/11/06)

241. EL FISCAL PIDE TRES AÑOS DE CÁRCEL A UN EX CONSEJERO DE ZAPLANA POR DELITO FISCAL (09/11/06)

242. EL PP RECHAZA DE NUEVO QUE LOS ALTOS CARGOS HAGAN PÚBLICO SU PATRIMONIO (10/11/06)

244. UN TRIBUNAL CUESTIONA LA POLÍTICA URBANÍSTICA VALENCIANA AL PARALIZAR UN PLAN DE 1.500 CASAS EN PARCENT (11/11/06)

245. HACIENDA SOSPECHA QUE LAS FACTURAS QUE EL IVEX PAGÓ POR DOS CONCIERTOS ERAN FALSAS (12/01/06)

246. EL GERENTE DE LA FUNDACIÓN AGUA Y PROGRESO TAMBIÉN ES MILITANTE DEL PP (12/01/06)

247. EL NUEVO PARQUE DEL TURIA EVITA PROTEGER SUELO DE CARGOS DEL PP (15/11/06)

248. EL ALCALDE DE LLÍRIA (PP) TIENE UNA CASA ILEGAL SOBRE SUELO PROTEGIDO DE SU MUNICIPIO (15/11/06)

249. EL PP DE BURRIANA AMONESTA A UNA EDIL POR CRITICAR LA GESTIÓN URBANÍSTICA (15/11/06)

251. LA VILA TRAMITA TRES PAI ANULADOS POR EL TSJ A PROMOTORES VINCULADOS CON EL PP (17/11/06)

252. LOS CAMPSISTAS AVISAN A LOS ZAPLANISTAS QUE PASARÁN FACTURA (17/11/06)

253. LA VILA TRAMITA TRES PAI ANULADOS POR EL TSJ A PROMOTORES VINCULADOS CON EL PP (17/11/06)

254. LA CUENTA DE BAHAMAS HIZO DE PUENTE PARA DESVIAR EL DINERO DEL IVEX AL BENEFICIARIO REAL (21/11/06)

255. COMIENZA EL TRÁMITE PARA CONSTRUIR EN TERRENO RECALIFICADO AL VILLARREAL (21/11/06)

256. EL ALCALDE DE RIBA-ROJA Y SUS DOS SOBRINOS DEBERÁN DECLARAR ACUSADOS DE VARIOS DELITOS URBANÍSTICOS (21/11/06)

257. EL TS RATIFICA LA CONDENA DE 6 AÑOS DE CÁRCEL AL EX ALCALDE DE PEGO (PP) POR DELITO ECOLÓGICO (21/11/06)

258. LA OPOSICIÓN PIDE AL PP DE BOCAIRENT QUE DESTITUYA AL TENIENTE DE ALCALDE CONDENADO POR CONDUCIR EBRIO (22/11/06)

259. EL TSJ ADMITE LA QUERELLA DE ZAPLANA POR INJURIAS POR EL CASO TERRA MÍTICA (22/11/06)

260. EL LÍDER DEL PP DE CASTELLÓN NO LOGRA RECUSAR AL PERITO QUE ANALIZARÁ SUS BIENES PARA INVESTIGAR SI COMETIÓ COHECHO (22/11/06)

262. LA CE AMENAZA CON UNA NUEVA INSPECCIÓN DE EURODIPUTADOS POR LAS DENUNCIAS URBANÍSTICAS (25/11/06)

263. EL SUPREMO CONDENA A PRISIÓN E INHABILITA AL ALCALDE DE VILA-REAL POR PASIVIDAD ANTE EL RUIDO (25/11/06)

264. LA CÚPULA DEL PP APOYA AL ALCALDE DE VILA-REAL, CONDENADO POR PREVARICACIÓN (25/11/06)

265. EL PP, APOYÁNDOSE EN DOS TRÁNSFUGAS, PRESENTA UNA MOCIÓN DE CENSURA A UN ALCALDE QUE ACABA DE RECHAZAR UN PAI (27/11/06)

266. La Audiencia Provincial de Castellón responsabiliza al fiscal del caso Fabra de retrasos en el proceso (30/11/06)

267. EL ALCALDE DE BENIDORM (PP) VA EN COCHE OFICIAL A LAS CORTES Y COBRA DIETAS POR TRANSPORTE (01/12/06)

268. EL ALCALDE DE RIBA-ROJA JUSTIFICA INTERESES FAMILIARES EN UN 'PELOTAZO' (01/12/06)

269. CAMPS ENCARA LAS LISTAS DEL PP LASTRADO POR LA CORRUPCIÓN Y LA RESISTENCIA ZAPLANISTA (04/12/06)

270. EL JUEZ RECLAMA AL IVEX TODA LA INFORMACIÓN SOBRE SUS CONTRATOS CON JULIO IGLESIAS (04/12/06)

273. LA SOBRINA DEL ALCALDE Y CONCEJAL (PP) DECLARA QUE EL CONSELL LE PERMITÍA APOYAR PORXINOS AUNQUE SU FAMILIA TUVIERA TERRENOS (05/12/06)

274. UN CONCEJAL ATRIBUYE AL ALCALDE DE ALICANTE (PP) EL CAMBIO DE TÉCNICOS EN EL SUPUESTO FAVOR A ORTIZ (05/12/06)

275. EL PP ARREBATA AL PSOE UNA ALCALDÍA DE ALICANTE CON APOYO DE TRÁNSFUGAS (12/12/06)

277. EL PP DESIGNA CABEZA DE LISTA EN RIBA-ROJA AL ALCALDE IMPUTADO (13/12/06)

278. EL PP DE SANTA POLA APRUEBA UN NUEVO PGOU QUE PREVÉ 5.000 VIVIENDAS Y TRIPLICARÁ EL CENSO (15/12/06)

279. DÍAZ ALPERI ADMITE QUE SU RELACIÓN CON ORTIZ ERA MÁS ESTRECHA QUE LA QUE RECONOCIÓ EL PROMOTOR (16/12/06)

280. "SOMOS RICOS DE ANTES" DE PORXINOS, DICE LA ESPOSA DEL ALCALDE DE RIBA-ROJA (18/12/06)

281. LA JUEZA DESESTIMA EL RECURSO DE CARLOS FABRA Y HACIENDA INVESTIGA UN CENTENAR DE CUENTAS (18/12/06)

282. UNA JUEZ CONDENA AL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA A DEJAR QUE SE EXCAVEN LAS FOSAS DEL FRANQUISMO (19/12/06)

283. EL PRESIDENTE DE LAS CORTES VALENCIANAS DESPRECIA Y LANZA AL SUELO el auto judicial que exculpa a dos socialistas (19/12/06)

284. EL ALCALDE DE BURRIANA (PP) RENUNCIA A SER CANDIDATO TRAS LAS POLÉMICAS URBANÍSTICAS (20/12/06)

285. LOS PARTIDOS ENVÍAN A ANTICORRUPCIÓN EL CASO DE TRANSFUGUISMO EN PILAR DE LA HORADADA (20/12/06)

286. QUE NO NOS FALTE DE ’NA’. EL IVEX GASTÓ 153 € POR CUBIERTO EN LA CENA PARA 1.000 INVITADOS AL RECITAL DE JULIO IGLESIAS EN TOKIO (22/12/06)

287. EL JUEZ RECLAMA MÁS DOCUMENTACIÓN PARA ESCLARECER LA TRAMA URBANÍSTICA DE NÀQUERA (24/12/06)

288. LA TRAMA DE TERRA MÍTICA SE EXTIENDE A UNA EMPRESA DE LA GENERALITAT (27/12/26)

290. MUT AMENAZA A CAMPS CON UNA REBELIÓN EN GANDIA TRAS SER APARTADO DE LA LISTA (28/12/06)

291. EL PRESIDENTE POPULAR, SR. CAMPS, RENUNCIA A INVESTIGAR EL NUEVO FRAUDE LIGADO A TERRA MÍTICA (28/12/26)

292. ALZIRA RECALIFICA CINCO MILLONES DE M² PARA DUPLICAR SU POBLACIÓN (30/12/06)

1. El TSJ ratifica la nulidad del contrato del ex chófer de ZaplanA (05/01/06)

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha confirmado la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo de Valencia que declaró nulo el contrato que la Agencia Valenciana de Turismo realizó al ex chófer del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, en la residencia de invitados ilustres que la Generalitat tiene en Calp. Salvador Gil y su esposa, que también fue fichada para trabajar en el Casal d'Ifach, deberán abandonar sus puestos, pero no tendrán que devolver parte de lo cobrado desde que fueron contratados a finales de 1999 tal como pretendía la Federación de Servicios Públicos de la UGT.

El sindicato mantenía que dado que Gil y su mujer habían ocupado puestos para los que se requería una titulación superior a la que ellos poseen deberían devolver a las arcas autonómicas las retribuciones que cobraron por encima de su capacidad profesional. El alto tribunal desestima el recurso de la FSP-UGT ya que considera que de estimarse “se produciría un supuesto de enriquecimiento injusto en favor de la Agencia Valenciana de Turismo que habría sido destinataria de los servicios de Salvador Gil y su mujer sin abonarles retribución alguna”. Para el tribunal “prestado el servicio surge el derecho a percibir en su integridad las retribuciones establecidas para éstos”.

Sin embargo, el TSJ es claro a la hora de considerar contrario a derecho la contratación del que fue chófer y asesor del portavoz del PP en el Congreso. Así pues, sin entrar en la cuestión de sí reúnen o no los requisitos de titulación exigidos para el puesto -el chófer ocupaba un puesto de titulado superior cuando solo tenía el graduado escolar- el tribunal considera que no se respetó la ley de la Función Pública ya que no hubo convocatoria pública alguna para cubrir los puestos de trabajo sino que la contratación se hizo directamente. Al vulnerarse el principio de publicidad se impidió la aplicación del resto, dice el fallo

Los principales empresarios valencianos tienen dos alternativas: asistir al acto de clausura de unas jornadas sobre infraestructuras presidido por Francisco Camps o estar presentes en una conferencia del presidente del Gobierno. Desde el PSPV se acusa al PP de boicotear el acto de Zapatero haciéndolo coincidir con la cita de los populares valencianos.

El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha "contraprogramado" la visita a la Comunidad Valenciana de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue el pasado 17 de diciembre cuando en Consell anunció la convocatoria de su propio congreso sobre infraestructuras para este fin de semana, haciéndolo coincidir con la conferencia política de los socialistas valencianos a la que asistirá el presidente del Gobierno.

La Generalitat valenciana se ha movilizado para asegurarse el triunfo de Camps ante los empresarios y está llamando a los empresarios para recordarles la cita del domingo. Desde el PSPV se asegura que ellos por su parte han invitado a un total de 150 empresarios.

Los que asistan al acto de Camps, no podrán estar en la intervención del presidente del Gobierno. El acto de los populares, al que también asistirá el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, es a las 13 horas en el Palacio de Exposición de Valencia. Justo una hora antes, José Luis Rodríguez Zapatero habrá clausurado la conferencia del PSPV en el Palacio de Congresos. La lejanía física entre ambos puntos obliga a los empresarios a tener que elegir.

3. EL JUEZ RECHAZA EL ARCHIVO DE LA DENUNCIA AL ALCALDE DE TORREVIEJA POR SU MILLONARIA PLUSVALÍA INMOBILIARIA (12/01/06)

4. TABARES ADMITE QUE HABÍA “UN ANEXO AL CONTRATO A” DEL IVEX CON JULIO IGLESIAS (12/01/06)

El ex director general del Instituto Valenciano de la Exportación, José María Tabares, explicó a la salida de los juzgados en Sevilla que en el contrato de Julio Iglesias con la Generalitat “se formalizaron dos documentos: un contrato y una declaración, algo muy habitual en materia de contratación”. Con estas palabras, José María Tabares manifestó lo que no pudo declarar en el juzgado como imputado por un delito fiscal en el caso que se investiga sobre el pago al cantante a una cuenta en las Bahamas entre 1997 y 1999. El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, tenía previsto tomar declaración por exhorto del Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia al entonces director general del IVEX, pero problemas de overbooking con la línea de Iberia obligaron a suspender la declaración judicial y a aplazarla hasta el próximo lunes, ante la imposibilidad de que la abogada que representa a la acusación popular en este caso llegara a tiempo a los juzgados. Al parecer, según explicó José María Tabares, “hay un trato formalizado en una declaración de intenciones, que luego se concreta mediante un contrato en una serie de obligaciones que se asumen y que se seguirán formalizando en las consiguientes facturas”. Se trata de un procedimiento “muy habitual” en contratación. añade que uno de ellos es el “contrato que se ha dado en llamar A y el otro un anexo del primero”. Ocho diputados socialistas presentaron hace un año una querella ante los tribunales contra Eduardo Zaplana, Julio Iglesias y otros responsables políticos de la época por varios delitos en la contratación del cantante como imagen de la Comunidad Valenciana en el extranjero a través del IVEX, al considerar que existía un contrato A declarado en las Cortes por una cantidad y un contrato B que es lo que en realidad se había abonado al artista en paraísos fiscales y sin pasar por el control parlamentario. Ese contrato B, cuya existencia admite ahora Tabares, elevaba de 375 a 990 millones de pesetas libres de impuestos la remuneración del artista. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia acabó estimando esta querella, inicialmente sólo contra José María Tabares como imputado y solamente por un delito fiscal en referencia a los pagos hechos en divisas a las cuentas vinculadas a Julio Iglesias en paraísos fiscales.

José María Tabares manifestó, a la salida del juzgado, que “el éxito o el fracaso del contrato de la Generalitat con Julio Iglesias no es un tema de responsabilidad contable sino política que deber valorarse en las urnas por el contribuyente”. El ex director del IVEX reside en Sevilla desde que fue destituido en 1999 por los avales a un empresario belga en un contrato con Ford, caso por el que fue condenado el año pasado a cinco años de cárcel por un delito de estafa y cuya sentencia está recurrida ante el Supremo. Tabares dijo sentirse como un “chivo expiatorio de todo” y añadió que “todo ello viene dirigido de arriba. Es algo premeditado con el objeto de eludir responsabilidades”. Respecto de la imputación de los querellantes en el sentido de que se habrían realizado pagos en dinero negro, Tabares fue tajante al afirmar: “Todo lo que se ha pagado está documentado en facturas. Nunca se ha pagado nada en negro, porque yo fui muy estricto en este sentido”. Añadió que “todos los pagos han estado visados y supervisados por arriba y por abajo”, y señaló al ex conseller de Industria, Diego Such; al director financiero y el vicepresidente del IVEX de entonces, Joaquín Barber y Joaquín Berenguer, y al subsecretario deIndustria, José Antonio Manteca.

Por último, afirmó que respecto al tema del delito fiscal, que podría haber prescrito según la jurisprudencia del Supremo más reciente, “no siempre que se hace un pago en divisas significa que deba tener una correspondiente retención fiscal”. Al parecer, según la querella, la Generalitat realizó los pagos a través del IVEX al cantante Julio Iglesias en un paraíso fiscal, las islas Bahamas, y sin la correspondiente retención para la Hacienda Pública. Este es el único delito por el que el juez ha abierto la investigación.

5. TENSIÓN EN EL PP DE BENIDORM: BARCELÓ ACUSA A AMOR DE USAR MEDIOS INSTITUCIONALES PARA PROMOCIONAR SU CANDIDATURA (13/01/06)

Ángela Barceló denunció la utilización de “malas artes” en la carrera por la presidencia del PP de Benidorm, en la que la concejala benidormense y cuñada de Eduardo Zaplana se enfrenta a la consellera de Cooperación y significada zaplanista, Gema Amor. Barceló, que ha pedido a la ejecutiva local del partido que abra una investigación, dirigió su acusación directamente a algunos concejales y diputados de Alicante que, según declaró en rueda de prensa, están haciendo uso de “medios institucionale” para apoyar a la candidatura de Amor y para “presionar a los militantes a que no acudieran a los actos convocados por la concejala benidormense”.

El de Benidorm es uno de los feudos más fuertes del PP en la Comunidad Valenciana debido a su amplia militancia y la pugna por hacerse con la presidencia local, que se dirimirá el próximo 9 de febrero, ha despertado una gran expectación. No en vano en ella se enfrentan dos benidormenses muy próximas al ex presidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana: de un lado, su cuñada e hija del senador Miquel Barceló, y del otro, la consellera de Cooperación y Participación, Gema Amor, que presume abiertamente de su amistad con el ex ministro. Las diferencias entre ambas candidatas se han hecho patentes desde el primer día de esta carrera electoral en la que se han cruzado diversos reproches. El último de boca de Barceló, que acusa a Amor de utilizar recursos públicos en su campaña y reclama juego “limpio”: “Igual que a mí me han prohibido usar los logotipos del Partido Popular y su sintonía, que hagan lo mismo con los que están utilizando medios públicos para coaccionar a los militantes”, exigió.

Barceló se refirió igualmente a las fichas de los nuevos militantes que se están integrando en el partido. De las 58 que ella avaló entre septiembre y finales de noviembre 58, 20 no fueron admitidas por el comité provincial, “sin saber exactamente las razones”, dijo. Por otra parte, preguntada por la posibilidad de llegar a una acuerdo para presentar una candidatura única, Barceló lo rechazó de plano: “Ni la he pedido, ni voy a formar parte de ella porque no me voy a integrar en una candidatura que utiliza medios que, desde mi punto de vista, no son los más adecuados”, aseguró. Además, insinuó que esta llamada “tercera vía” -la de la lista única y consensuada- responde a que algunos “ahora creen que no han elegido bien a su candidato”.

6. ZAPLANA DIO CONTRATOS MILLONARIOS A LA EMPRESA DE UN LÍDER FASCISTA (16/01/06)

La empresa “Levantina de Seguridad, S.A.”, propiedad del fundador del partido fascista, Plataforma España 2000, José Luis Roberto Navarro, recibió entre 1999 y 2004 la adjudicación de contratos por parte de la Generalitat Valenciana por un valor de casi 6 millones de € (1.000 millones de pesetas). Además de poseer esta compañía de seguridad privada y otros negocios, este destacado líder ultraderechista preside la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA). Otra de sus actividades es la promoción de combates de “Valetudo”, una modalidad extrema de artes marciales en la que puede golpearse al contrario en cualquier parte de su cuerpo, sin más límite que la pérdida de la consciencia o la rendición del oponente.

La Generalitat Valenciana adjudicó, al menos, 18 contratos distintos a “Levantina de Seguridad, S.A.”, entre enero de 1999 y junio de 2004. En la práctica totalidad de los casos, para actividades de vigilancia en diversos centros públicos gestionados por la Administración Autonómica. La Consellería de Cultura, Educación y Deporte, la de Sanidad, la de Bienestar Social, la de Agricultura, Pesca y Alimentación, o la de Justicia y Administraciones Públicas, se encuentran entre las entidades adjudicatarias. Se da la circunstancia de que, sobre las actuaciones del personal de esta empresa de seguridad privada pesan un sinfín de denuncias por extralimitaciones, abusos y agresiones.

Durante la presidencia de Eduardo Zaplana se adjudicaron no menos de diez de estos contratos a la compañía propiedad del dirigente ultraderechista. La primera de la que existe constancia documental data del 15 de enero de 1999, aunque no se especifica el importe. Ya, el 9 de febrero de 1999 consta la adjudicación por un importe de 150.350 € de la vigilancia en las dependencias del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. El 23 de octubre de 2000, el contrato tenía un importe de 88.502,39 € por la vigilancia del Museo de Valltorta. El 10 de abril de 2001, la adjudicación de la vigilancia y seguridad de los edificios del Complejo L’Eliana fue valorada en 115.163,53 €. Además, en este caso, la oferta realizada por la empresa coincidió al céntimo exacto con la cantidad establecida en las bases de licitación –siempre resulta inferior la cantidad ofertada por las compañías-. Apenas un mes después, el 14 de mayo de 2001, Levantina S.A. recibía otro contrato por importe de 141.138,92 € por la seguridad en las instalaciones del Servicio de Desarrollo Tecnológico Agrario de Moncada. A finales del mismo mes, el día 31, se concedía a la empresa de José Luis Roberto otro contrato, por importe de 631.062,71 € para la custodia de los centros educativos de Cheste y de La Misericordia.

El 30 de enero de 2002, Levantina de Seguridad conseguía otros 194.697,87 € del erario público por los servicios de seguridad para el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. Ocho días más tarde, el 7 de febrero, la Consellería de Bienestar Social ofrecía otro protocolo por 93.884,93 €.

La marcha de Eduardo Zaplana al Ministerio de Trabajo no interrumpió las fluidas relaciones entre la Administración autonómica y el líder de la extrema derecha valenciana. En noviembre de 2002, la empresa de José Luis Roberto volvió a suscribir otros tres contratos con la Generalitat –dos de ellos, el mismo día- , por un total de 296.014 €. Nada más comenzar 2003, el 21 de enero, Levantina S.A. recibía el premio gordo: un contrato por 2.375.392 € por vigilancia y seguridad en centros de la Consellería de Sanidad. Ese mismo año se suscribieron otras tres contrataciones por un importe de 1.030.398 €.

Únicamente consta un contrato suscrito en 2004. Levantina de Seguridad recibía 262.800 € por la vigilancia del Teatro Romano de Sagunto. Era el 8 de junio. Desde entonces no existe documentación que acredite contratos entre ambas partes. Pero, puede que no sea casual. Justo en el mes de junio de 2004 se celebró la célebre velada de Valetudo en la valenciana localidad de Mislata que fue retratada en un programa televisivo en enero de 2005.. Puede que a los responsables de la Generalitat no les escandalizase mantener relaciones comerciales con el presidente de los empresarios de la prostitución en España. A lo mejor tampoco importaba mucho su destacada militancia fascista. Pero, tal vez, la promoción de la violencia extrema debió ser considerada excesiva por “alguien”.

7. UNA JUEZ PARALIZA ANTE LA PASIVIDAD MUNICIPAL UNA OBRA EN CASTELLÓN DIRIGIDA POR LA ESPOSA DEL ALCALDE DEL PP (17/01/06)

Ante la pasividad del Ayuntamiento, los vecinos de un céntrico edificio de Castellón tuvieron que recurrir al juzgado para que paralizara las obras de un inmueble próximo después de haber denunciado a los servicios municipales toda una serie de desperfectos que los trabajos de construcción estaban causando en sus viviendas, como grietas, desplome de escayolas y hasta desplazamiento de algunos tabiques. Como consecuencia, una juez paralizó la ejecución del edificio supuestamente responsable de los daños. La directora de esa obra es la esposa del alcalde, Alberto Fabra, del PP.

Tras seis meses de quejas, reclamaciones y del envío de informes al Ayuntamiento, los vecinos de un céntrico inmueble de la plaza de Santa Clara, en Castellón, lograron la paralización de unas obras en la calle Mayor que, según sus denuncias, han provocado grietas en las paredes, el desplome de escayolas en el techo y el desplazamiento de tabiques. La paralización fue dictada, el pasado mes de noviembre, por una juez, después de que el Ayuntamiento de la capital de La Plana hiciera caso omiso a la solicitud de suspensión requerida por los vecinos, cuando la dirección de la obra es responsabilidad de Cristina Fortanet, esposa del alcalde, Alberto Fabra.

La paralización cautelar, debido a los daños que presenta el edificio, ha sido levantada después de que la promotora de la obra haya depositado una fianza correspondiente a la reparación total de los daños. Aún así, la demanda presentada por los vecinos contra los propietarios del solar se mantiene y mañana será objeto de juicio en el juzgado de primera instancia número 3 de Castellón. De momento, los afectados no se han planteado acciones contra el Ayuntamiento por no haber accedido a la paralización de los trabajos. Los primeros escritos de queja se remontan al mes de mayo de 2005, cuando, a través del administrador de la finca, los vecinos hicieron llegar al Ayuntamiento un primer informe, en el que se reflejaba la existencia de "grietas de dimensiones considerables" en la fachada, tabiques desplazados, fisuras verticales, falsos techos afectados y movimientos "excesivos".

En el mismo escrito exponían su preocupación, sobre todo, por una grieta cuyo tamaño iba "en aumento" y que, en su opinión, podía causar a algún desplome, "lo que también pudiera dar lugar a accidentes personales por la imprevisión de este asunto".

Entre las viviendas de estos vecinos y el solar donde se ejecutan las obras existe una edificación, de escasas dimensiones, que sólo estaba ocupada en su planta baja y que fue desalojada, tras la alerta, por orden de los técnicos municipales, quienes, en respuesta al escrito de mayo, ordenaron la evacuación y admitieron que el edificio se había "movido". En este escrito, los técnicos recomendaba que se tomaran las medidas y precauciones oportunas "incluso paralizando cualquiera de los trabajos junto a la medianera". Sin embargo, las obras no se paralizaron, pese al consejo de los técnicos.

Las alegaciones que presentó la dirección de la obra, que corresponde a la esposa del alcalde, se centraron en que las grietas y fisuras eran antiguas, por lo que reclamó que se realizaran testigos (placas de yeso fechadas cuya rotura atestigua nuevos movimientos) "antes de adoptar medidas de seguridad extraordinarias". Estos testigos demostraron que el inmueble continuaba moviéndose, tal como reflejaron los técnicos municipales hasta en seis informes realizados durante julio y agosto. En todos ellos emplazaban a la dirección de la obra a "adoptar las medidas relativas al modo y forma en que se ejecuten las obras para evitar deterioros en edificios vecinos y garantizar la seguridad de los operarios que trabajan en la misma".

Finalmente, en septiembre, los vecinos solicitaron "el cese inmediato" de las obras. Su petición no fue escuchada y, dos meses después, decidieron interponer la demanda que acabaría por desembocar, por vía judicial, en la suspensión de la obra. El último informe de los técnicos municipales, realizado en septiembre a raíz de la solicitud de cese, reflejaba que los testigos "han abierto progresivamente, con mayor desplazamiento en los situados en la parte superior del edificio" y que, en cualquier caso, "se han adoptado las medidas adecuadas para salvaguardar la seguridad de las personas y bienes en la vía pública, así como la relativa a la seguridad de los ocupantes del inmueble desalojado".

El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, declinó hacer ningún tipo de comentario sobre lo ocurrido ni sobre la posible influencia del hecho de que sea su esposa la que dirige la obra sobre la decisión del Ayuntamiento de no paralizarla.

8. MARQUINA DECLARA ANTE EL JUEZ QUE EL IVEX LE ORDENÓ EL “MARRÓN” DE FALSIFICAR UNA FACTURA DE 325.000 DÓLARES (18/01/06)

El ex delegado del IVEX en Miami, José Marquina, ratificó al alza ante el juez sus revelaciones en la entrevista. Explicó que los ex directivos del IVEX José María Tabares y Faustino Salcedo le ordenaron emitir una factura falsa por 325.000 dólares como gastos del concierto de Julio Iglesias en Orlando y el dinero se derivó a una firma del artista en Bahamas. Aportó justificantes que prueban que el recital costó 207.296.

El contrato “b” por el que se elevó el caché de Julio Iglesias por promocionar a la Comunidad Valenciana de los 375 millones de pesetas oficiales a 990 millones libres de impuestos hibernó cinco años debajo de la alfombra del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX). Alguien lo desempolvó y se publicó. La partitura de la operación Julio Iglesias se escribió un 29 de diciembre de 1997 y las facturas que han ido apareciendo estos años con silencio nervioso del Consell indicaban que esa música se interpretó. Marquina ratificó punto por punto ante el titular del juzgado de instrucción número 19 de Valencia todo lo que declaró en la entrevista concedida, el pasado 13 de noviembre, en exclusiva a Levante-EMV y un poco más. Durante las más de dos horas de testimonio, explicó al juez Luis Carlos Presencia Rubio que el ex director del IVEX José María Tabares y el entonces responsable de comercio exterior Faustino Salcedo -hoy delegado en Miami- le ordenaron emitir una factura falsa de 325.000 dólares por supuestos gastos generados por el recital que el cantante dio en Orlando la noche del 23 de abril de 1998 en el marco de la misión comercial e institucional del IVEX a la Florida. Le cargaron a él el “marrón”, llegó a comentar de forma elocuente. Marquina sentenció que no se quedó con un solo dólar, pese a que le enviaron desde la sede central del Instituto en la Plaza de América un cheque por esa cantidad a nombre de Strategies & Solutions (su empresa) para que lo cobrara en la sede del Banco Exterior de España (BEX) en Miami. Tal cual llegó lo endosó, por órdenes de los directivos de Valencia y según la versión del ex delegado en Miami, a favor de International Concerts, para que ingresara el dinero en la cuenta numerada y secreta WA356115.000 que esta firma vinculada a Julio Iglesias tenía abierta en la sucursal de UBS en Nassau (Bahamas). Al ser endosado el cheque -firmado para que un tercero lo hiciese efectivo- el dinero no llegó a ingresarse en la cuenta de la firma de Marquina. El BEX aplicó una comisión de 65 dólares y los 324.935 restantes volaron hacia las cercanas Islas Bahamas, situadas a 40 minutos en avión de Miami. ¿Y cómo sabe el ex representante del IVEX en Florida que los 325.000 dólares que él facturó y que acabaron en manos de International Concerts no podían responder a costes reales del concierto de Julio Iglesias? La cuestión fue planteada por el juez en el interrogatorio. Y Marquina se reiteró en que ese cheque respondía a servicios no prestados porque los gastos reales los sabía él. Entonces puso sobre la mesa un tocho de justificantes de los costes soportados por la organización del recital de Orlando. El total ascendía a 207.926 dólares con 21 centavos. El ex delegado en Miami lo sabe porque él mismo fue quien organizó el sarao y fue pagando los diferentes conceptos a cuenta de la provisión de fondos que le remitió el IVEX. Posteriormente, envió la liquidación de los gastos para aclarar las cuentas.

9. TURISMO ADJUDICA DE NUEVO EL “STAND” DE FITUR A LA EMPRESA QUE ORGANIZA LOS ACTOS DEL PP (20/01/06)

La Agencia Valenciana de Turismo (AVT) ha adjudicado un año más a la empresa Orange Market el montaje del stand que la Comunidad Valenciana lucirá en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, que abre sus puertas el próximo 25 de enero. La firma, que dirige en Valencia Álvaro Pérez Alonso, ha realizado varios trabajos para el PP. Orange Market fue fundada por Pablo Crespo, presidente de Special Events, empresa que tiene como máximo accionista a Windrate Ltd., firma administrada por otras empresas con domicilio en paraísos fiscales. Orange Market fue la encargada de la instalación del stand de la Comunidad Valenciana en la edición de Fitur del 2005, unos trabajos por los que facturó 930.000 €. Este año repite encargo, tras resultar ganadora del concurso público que la Conselleria de Turismo convocó a través del DOGV el pasado 22 de septiembre. Fuentes de la conselleria confirmaron que la adjudicación ha recaído en Orange Market, que presentó una oferta valorada en más de 1 millón €. El presupuesto es superior al del año pasado porque el stand no sólo servirá para la Feria de Madrid, sino también para las de Bilbao, Cataluña, Valladolid y Valencia. Las mismas fuentes precisaron que al concurso sólo presentaron oferta dos empresas. La oferta económica de Orange Market fue ligeramente superior a la ofrecida por la otra firma (unos 4.000 €), pero tras un informe técnico se optó por la propuesta de Orange porque aportaba mejoras. En concreto, según las citadas fuentes, Orange Market ofreció un diseño más vanguardista y la posibilidad de adaptar el stand a las ferias del resto de ciudades, mientras que la oferta de la otra empresa contemplaba el mismo stand para todos los eventos. La conselleria justificó también la adjudicación en el hecho de que Orange aportará la seguridad privada las 24 horas, así como más ordenadores. Orange Market ha suscrito contratos con otras áreas de la Administración, como Presidencia o Territorio. Su último trabajo conocido para el PP fue la cena de inicio de curso político en el Puig.

10. ZAPLANA MOLESTO POR EL TRATO QUE LE DISPENSA EL GOBIERNO VALENCIANO (20/01/06)

El ex presidente de la Generalitat y actual portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, es de los pocos dirigentes populares valencianos que aún no había confirmado su presencia en el macro-mitin que el PPCV ha preparado a Mariano Rajoy mañana en la Feria de Valencia. Zaplana, según fuentes de su entorno, tiene motivos para estar molesto por el trato que le dispensa la actual dirección del partido en la Comunidad Valenciana. Los organizadores del acto no han previsto que el cabeza de lista por Valencia en las últimas elecciones generales intervenga, aunque sea con un simple saluda. El vicesecretario del PPCV, Ricardo Costa, alegó que Madrid tomó la decisión sobre los parlamentos. Aunque algunos cargos indicaban que Zaplana no acudiría, la organización le ha reservado a una silla, lógicamente en un lugar destacado. junto a Soraya Saénz de Santamaría, protagonista del Estatuto valenciano, y Bernardo de Castro. Zaplana ofreció el lunes en Madrid una conferencia a la que acudió Rajoy, la plana mayor del PP y los consellers valencianos Alicia de Miguel y Miguel Peralta. En ese encuentro, Rajoy alabó la gestión de Zaplana e ironizó con su gran dedicación: “Muchas veces es excesivo, pero es mejor eso que lo contrario”.

Las batallas internas del Partido Popular en Benidorm, a raíz de la próxima elección a la agrupación local del 9 de febrero, no cesan. El senador del PP Miguel Barceló, suegro de Eduardo Zaplana y padre de una de las candidatas, Ángela Barceló está preparando un informe para la dirección del partido, donde critica las maniobras de los zaplanistas. Mientras, el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, ha decidido apoyar a Barceló, para oponerse a Zaplana. Ello ha motivado que Miguel Barceló, senador del PP, explica en su informe que existen actuaciones en el proceso de elección interna que “rompen con el principio de neutralidad”, en defensa de su hija, la candidata Ángela Barceló, (hermana de la mujer de Zaplana). Y alerta a la dirección nacional del PP del uso de fondos y medios públicos en este proceso, una malversación de fondos, que daña la imagen que transmite el partido a los ciudadanos.

Con este paso, Miguel Barceló se opone directamente a Eduardo Zaplana que defiende a la otra candidata, Gema Amor. Barceló ya mostró sus desavenencias al grupo zaplanista en noviembre, en una entrevista concedida a la publicación Noticias Benidorm, donde arremetía duramente contra Joaquín Ripoll, el presidente provincial del PP, máximo representante de Zaplana en la Comunidad Valenciana. Pero ahora ha dado un paso más.

Como también lo ha hecho Francisco Camps, presidente de la Comundad. Camps ha decidido apoyar a la candidata Ángela Barceló y así ganar adeptos en el principal feudo del zaplanismo que es Benidorm. Recordemos que Zaplana había sido alcalde de esta ciudad de 1991 a 1994 y aunque ahora sus tareas políticas son a escala nacional, no ha dejado nunca de controlar los movimientos políticos en la zona.

El apoyo de Camps ha venido a través de la dirección regional del PP, que ha autorizado Ángela Barceló, que es concejala del ayuntamiento de Benidorm, a utilizar los símbolos del partido en los mítines de su campaña. Esta decisión es fruto de una polémica –una más- suscitada por la denuncia de su contrincante, Gema Amor, que la acusaba de uso indebido de emblemas del partido, como el himno o las siglas. Para Ángela Barceló, el apoyo de Camps es muy significativo pues hasta ahora contaba con poco respaldo de pesos pesados del PP, aunque sí de parte importante de las bases. La mayor parte de la dirección provincial del PP apoya a Gema Amor, actual consejera de Cooperación y Participación.

12. TABARES DECLARA AL JUEZ QUE FIRMÓ EL CONTRATO DE 6 MILLONES CON JULIO IGLESIAS POR ORDEN DE ZAPLANA (20/01/06)

Alguien está mintiendo y la trola está tasada, como mínimo, en 615 millones de pesetas, casi 3,7 millones €. Es la diferencia entre el contrato oficial que el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) firmó con Julio Iglesias por valor de 375 millones de pesetas y el anexo que se ocultó a las Cortes y a la opinión pública, que corregía al alza los emolumentos hasta 990 millones de pesetas, el equivalente a 5.950.019 €. El 15 de junio de 2001 el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, se lavó las manos sobre este asunto en tribuna parlamentaria y descargó toda la responsabilidad de la ejecución de los pagos en el ex director del organismo público de exportación José María Tabares. Al mes siguiente, el conseller Fernando Castelló hizo lo propio. Y el pasado lunes Tabares dijo la suya ante el titular del juzgado de instrucción 14 de Sevilla, que le tomó declaración a petición del juez Luis Carlos Presencia Rubio, quien investiga presunta malversación de fondos, falsedad documental y delito fiscal en el contrato del cantante. José María Tabares planteó toda su línea argumental desde el supuesto de que ni en el contrato ni en su ejecución se cometió ninguna ilegalidad ni irregularidad; pero por si acaso y como nunca se sabe como acaban estos asuntos, reiteró tantas veces como pudo la obediencia debida y adornó su declaración con “se me dijo” a granel. En un momento de su comparecencia como imputado, sentenció que si firmó el contrato con todos sus anexos fue “por orden” de sus “superiores”, y citó al entonces conseller de Industria, Diego Such, y al presidente “Don Eduardo Zaplana”, según el acta de la declaración judicial. “Del señor Presidente” dijo haber recibido las “instrucciones verbales” para estampar su rúbrica junto a la de Julio Iglesias de la Cueva en el acuerdo por el que el artista se comprometía a realizar media docena de actuaciones por cuenta del IVEX. Zaplana fue la estrella del testimonio que prestó Tabares en el juzgado de Sevilla, pero no el único protagonista. El ex director del IVEX también recibió “verbalmente” consignas del jefe del gabinete de Presidencia, puesto que ocupaba Juan Francisco García. José María Tabares Domínguez fue nombrado director del IVEX a mediados del mes de julio de 1997. A ese dato se agarró como una lapa para desentenderse de la negociación del fichaje de quien fue telonero de los mítines de José María Aznar en la campaña de las generales de 1996.

Tabares asegura que es un ignorante absoluto sobre la “génesis” del contrato porque él “ni siquiera era director general cuando se gestó la idea”. Supone que la propiedad intelectual del fichaje de Julio Iglesias como embajador comercial sería de los “cargos correspondientes de la Generalitat”. Durante el interrogatorio salió la carta que el dia de Sant Jaume de 1997, en plena negociación, remitió el representante de Julio Iglesias, Luis Fernando Esteban, a Zaplana, documento que se reproduce en la página siguiente. En la misiva el hombre de confianza del cantante indicaba al presidente que ya se había reunido con Tabares y con “José Uncio” -entonces director general del Instituto Valenciano de Finanzas(IVF)- para tratar sobre el “convenio” con la Generalitat. Esteban envió a Zaplana una propuesta de contrato con la “remuneración global” que “me indicastes” (sic).El precontrato fijaba una “contraprestación” para Julio Iglesias “por sus servicios” de 990 millones: “165 millones de pesetas por cada feria o visita institucional (165x6=990)”.

El imputado Tabares aseguró que se enteró de la carta cuando le llegó la documentación de la querella. Admite que estuvo en la reunión (no concreta si como director o todavía como responsable de comercio exterior, pues fue ascendido en esos días) con Luis Fernando Esteban y con José Manuel Uncio, pero niega que en ese encuentro se abordaran las “condiciones y términos económicos del contrato”. El motivo del encuentro era “determinar las acciones” que se iban a acometer en el exterior. Esto es, fijar el calendario de recitales. ¿Y que pintaba el máximo responsable del Instituto de Finanzas, el banco de la Generalitat, si el repertorio de esa reunión era estrictamente artístico y comercial? Tabares no lo aclaró. El querellante PSPV ya pidió al juez que llame a Uncio como imputado por si tiene idea del asunto.

13. UNA EX ALTO CARGO DEL PP ACUSA ANTE EL JUEZ DE ACOSO MORAL A OTRA, 21/01/06

Dos altos cargos nombradas por el PP se vieron ante los tribunales. La ex directora de la Fundación Valenciana de la Calidad, dependiente de la Consejería de Universidad y Empresa, Carolina Sánchez, demandó a Carmen Martorell, presidenta de esa fundación, por acoso moral y despido nulo. Según Sánchez, Carmen Martorell vació de poder su cargo y minimizó sus responsabilidades ante los empleados.

A las puertas del Juzgado de Lo Social número 13 de Valencia se encontraron varios altos cargos del PP. De una parte, Carolina Sánchez, directora de la Fundación Valenciana de la Calidad entre enero de 2000 y octubre pasado, y su marido, José Antonio Manteca, ex secretario del consejo de administración del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), y ex responsable de Empresa de la Generalitat, cargo del que fue cesado el 22 de enero de 2005. De otra parte, Carmen Martorell, la demandada, ex directora general de Universidad y ex secretaria general de Medio Ambiente. Es la presidenta de la Fundación desde junio pasado, designada por el consejero de Empresa, Justo Nieto.

La letrada de la Fundación, creada cuando Manteca estaba en la Consejería, explicó que se prescindió de la que fue directora atendiendo a los requisitos del contrato de alta dirección. Descartó que tuviera que ver con su situación de embarazada (lo estaba de tres meses y de baja cuando fue cesada) ni que se hubiera vaciado de poder el puesto de directora o que Martorell hubiera descalificado su trabajo o sus capacidades.

El letrado de Carolina Sánchez, por contra, dijo al juez que cuando Martorell fue nombrada, en junio, anunció una reestructuración que no comunicó a la directora, que cuando en septiembre la demandante gira una carta al vicepresidente del patronato relatando lo que consideraba una situación de menosprecio de su trabajo y anulación progresiva de sus funciones, le fue contestado que no era así. Más aún, dijo el letrado, se le respondió que sus poderes se mantenían, aunque mancomunados, y que sólo residiría de forma exclusiva en la presidencia de la Fundación la representación. Y dos semanas después, cuando Sánchez estaba de baja, se le comunica su cese por reestructuración. El letrado considera que todo fue una estrategia que pasó por el desgaste con el que pretendían que su cliente abandonara.

14. ZAPLANA (SOY UN TRUHÁN, SOY UN SEÑOR) ORDENÓ FIRMAR EL CONTRATO CON JULIO IGLESIAS (23/01/06)

El ex director del IVEX, José María Tabares, ha declarado ante el juez que firmó en contrato con Julio Iglesias por orden del conseller Diego Such y del ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. Estas acusaciones se producen días después de que el portavoz popular en el Congreso, asegurara que los escándalos del IVEX y Terra Mítica afectaban a particulares -"que no conozco", dijo- y no a la Generalitat.

Al complejo entramado en que se está convirtiendo el caso IVEX y los contratos con el cantante Julio Iglesias han venido a sumarse las declaraciones ante el juez del ex director del mencionado organismo, José María Tabares. Durante su comparecencia como imputado, éste señaló que si firmó el contrato con Julio Iglesias con todos sus anexos fue "por orden de sus "superiores". En este momento fue cuando citó al entonces conseller de Industria, Diego Such, y al presidente "Don Eduardo Zaplana".

Según se ha informado Tabares aseguró haber recibido del actual portavoz popular en el Congreso "instrucciones verbales" para estampar su firma junto a la de Julio Iglesias de la Cueva en el acuerdo por el que el artista se comprometía a realizar media docena de actuaciones por cuenta del IVEX. Como se recordará, existen más de 3,5 millones € de diferencia entre el contrato oficial que entre Iglesias y el IVEX y el anexo que se ocultó a las Cortes y a la opinión pública que elevaba la cantidad a cerca de 6 millones €. Con estas declaraciones, Tabares devuelve la pelota a Zaplana. Así, en junio de 2001, cuando Zaplana era presidente de la Generalitat, trasladó la responsabilidad sobre los pagos al ex director del IVEX.

15. LOS DIRECTORES TÉCNICO Y FINANCIERO DE TERRA MÍTICA DICEN QUE CUMPLÍAN ÓRDENES DE NAVARRO Y VALVERDE 25/01/06

El titular del juzgado de instrucción número 3 de Valencia les tomó declaración como imputados, junto a otros tres empresarios, tras la denuncia presentada ante la Fiscalía por la Agencia Tributaria, de una “trama de empresas” en la que se encuentra Terra Mítica, que emitieron facturas falsas para defraudar el IVA y el IRPF de los ejercicios 2000 y 2001 durante la construcción del parque temático. Por espacio de tres horas y media, el director técnico de Terra Mítica, Antonio Rincón, explicó ante el juez el organigrama y la funciones de la sociedad. Rincón declaró que no era legal representante de Terra Mítica, sino que era “un técnico sin ninguna capacidad de decisión”, un ingeniero externo que había terminado las Hoces del Cabriel, que llegó al año y medio de comenzarse las obras para “poner orden y terminarlas en un año”.

La comparecencia de Antonio Rincón como imputado se produce tras las declaraciones de otros imputados en diciembre pasado, entre ellas, la del ex presidente del Consejo de Administración de Terra Mítica, Luis Esteban. Éste declaró que la responsabilidad sobre contratación dependía del departamento de contrataciones, Justo Valverde; del director técnico, Antonio Rincón, y del director financiero, Miguel Izquierdo. Rincón llegó a ocuparse de la dirección técnica de Terra Mítica cuando se la quitaron a ACS, para coordinar a las más de 250 empresas y más de 2.000 trabajadores que había en ese momento en el parque. Era abril del 99 y la inauguración se produciría en el verano de 2000.

El director técnico pertenecía al organigrama de la dirección general, pero “sin poderes ni atribuciones para contratar, porque la obra ya estaba contratada”, declaró ante el juez Rincón explicando el itinerario de las facturas. El proceso a seguir era que, al pie de cada factura, figuraba el cuño de la gerencia de jardines -que es lo que se investiga-, que era la que supervisaba sobre el terreno si las unidades de obra se habían ejecutado correctamente dando su conformidad. La gerencia pasaba la factura con su sello a contratación, que era Justo Valverde y éste ponía el cajetín de salida y la fecha verificando el gasto aprobado.

A continuación se pasaba al director técnico, Antonio Rincón, quien veía que estaba aprobada por la gerencia correspondiente y por la dirección de contratación, y con ambas conformidades, firmaba dando el visado de la factura. Su secretaria tomaba notas para reflejarlo en el “planning” de la obra. Su labor era coordinar las empresas y la logística. Pero la buena o mala ejecución eran de Bovis y el resto de empresas de la gerencia de construcción. Rincón pasaba la factura a contratación de nuevo -ya que hacía el camino de ida y vuelta-, que era Justo Valverde, y éste controlaba si el gasto correspondiente estaba aprobado. Entonces, la pasaba a Miguel Izquierdo, el director económico y financiero, para que se pagaran emitiendo pagarés. Ello se hacía mediante un programa de ordenador que estaba “perimetrizado” y, al figurar como aprobado el gasto, salía automáticamente el pagaré y se pasaba a Miguel Navarro para su firma, porque el director general tenía firma mancomunada con Miguel Izquierdo.

Durante su declaración, Antonio Rincón también explicó el funcionamiento de la obra. Las necesidades de la obra las proponía la dirección facultativa (Global-Idon) en las reuniones de contratación, y con carácter semanal se pasaban a Justo Valverde las propuestas de contratación. De aquí, se pasaban a la comisión ejecutiva, que era la que lo aprobaba , y lo firmaba Miguel Navarro, que era quien decidía finalmente aprobar o no el gasto.

El otro imputado, Miguel Izquierdo, que era el director financiero, declaró que tampoco tenía pues ningún poder decisorio porque venía aprobado todo por gerencia de obra y por contratación. Sólo firmaba para emitir el pagaré, que terminaba en poder de Miguel Navarro.

16. ZAPLANA, RUMBOSO Y CON DINERO AJENO, DIO BARRA LIBRE EN LA CENA DEL RECITAL DE JULIO IGLESIAS QUE COSTÓ CASI EL DOBLE QUE PRODUCIRLO (26/01/06)

El Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) gastó mucho más en todo el boato que se generó en torno al calendario de actuaciones de Julio Iglesias en 1998 para la promoción exterior de la Comunidad Valenciana que en la organización de los conciertos. Cuestión distinta son las facturas que se pagaron por ese concepto, que ahora están siendo investigadas por un juez de Valencia por si se hubiese producido malversación de fondos, falsedad documental y delito fiscal en el pago de al menos 615 millones de pesetas al cantante (la diferencia entre el contrato oficial de 375 y el “b” de 990 libres de impuestos) camuflados como gastos de organización. Buena muestra de que la producción de los recitales no costó tanto como se quiere hacer creer es el concierto que ofreció en Orlando, el 23 de abril de 1998 y que constituyó uno de los platos fuertes de la misión comercial e institucional organizada por el IVEX.

El aperitivo del concierto que se ofreció para 950 personas en el auditorio del Hotel Peabody lo constituyó una cena que tuvo como comensales VIP a los consellers Diego Such y José Luis Olivas, además de al director del IVEX, José María Tabares, al jefe de gabinete de Presidencia, Juan Francisco García, y a una amplia representación empresarial y de instituciones económicas. Tras la cena, Eduardo Zaplana, con la generosidad que le caracteriza, ordenó a Tabares que invitara a los comensales en nombre de todos los valencianos. Con cargo a la tarjeta de crédito infinito se abonaron los 87.450 dólares que costó el convite, según contó este diario. Una cantidad superior en un 72% al gasto ocasionado por la producción del concierto, que se situó, según facturas a las que ha tenido acceso este diario, en 50.645 dólares. Con ese dinero se pagó el montaje del espectacular escenario diseñado expresamente para la ocasión, además del alquiler de los equipos de luces y sonido y de todos los instrumentos de los músicos que acompañaron al que fue telonero de los mítines de José María Aznar en la campaña electoral de las generales de 1996. La empresa local Garrett Sound and Lighting percibió 24.177 dólares por el alquiler de los equipos de luces y sonido, mientras que Instrumental Rental & Cartage (IRC) pasó una factura de 12.078 dólares al entonces delegado del IVEX en Miami, José Marquina, quien trabajaba con una provisión de fondos que le hizo el Instituto para costear los preparativos de la misión a Florida, recital incluido.

Downtown Sound of Orlando cobró 3.795 dólares por sus servicios profesionales y Caribinier International otros 10.594 dólares por toda la mano de obra de los profesionales que trabajaron en el montaje del recital. Ese total de 50.645 dólares es la cuarta parte de los 207.296 que costó toda la misión comercial. De las cuentas del IVEX salió muchísimo más dinero, pero esa es otra historia.

17. PESE A SUS PROBLEMAS JUDICIALES CAMPS APOYA A FABRA Y AFIRMA QUE ESTÁ EN PLENAS FACULTADES FÍSICAS Y MENTALES PARA SEGUIR (27/01/06)

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aseguró , preguntado por si el presidente de la Diputación de Castelló y del PP provincial, Carlos Fabra, será candidato en las próximas elecciones, que está en “plenas facultades físicas y mentales para seguir”. Camps se refirió de este modo, en rueda de prensa en el stand de la Comunidad Valenciana en la XXVI de Fitur 2006, a las declaraciones que realizó Fabra en las que dijo que no tiene ninguna razón para no volverse a presentar, lo que el jefe del Consell consideró una buena noticia porque es “el presidente más querido, más votado y más apoyado de la historia de la provincia de Castellón”. En su opinión, esto significa que está en “plenas facultades para seguir apostando en un reto tan bonito como el de hacer de Castellón una provincia muy potente”.

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pedirá más explicaciones al presidente del Consell, Francisco Camps, sobre las correcciones que la Generalitat se comprometió a hacer en su política urbanística después de que el Informe Fourtou, aprobado por el Pleno, denunciase los abusos cometidos en aplicación del la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU). Todos los grupos políticos se mostraron de acuerdo a la propuesta que hizo en este sentido el representante de Los Verdes en la comisión de Peticiones, David Hammerstein, en la breve discusión que mantuvieron sobre la solicitud que hizo Camps en diciembre para comparecer ante el Pleno del Parlamento. Por ahora no hay una decisión en firme sobre si el presidente del Consell será invitado a ir a Bruselas para dar su versión del Informe Fourtou, algo que, en todo caso, se producirá ante la comisión parlamentaria de Peticiones y no ante el plenario, debido a que Camps no tiene rango de jefe de Estado. Hasta entonces, Hammerstein dijo que la opinión de los grupos es que comparezca, pero aportando más información. “Se le piden explicaciones, no sólo que venga para hablar de las bondades del urbanismo” en la Comunidad, explicó el eurodiputado ecologista.

La comisión de Peticiones debería haber tomado una decisión firme sobre la visita de Camps en una reunión en la que al final no hubo tiempo de discutir este punto. Por ello, la decisión definitiva se tomará en febrero, a pesar de que los grupos mostraron de manera informal su acuerdo con la comparecencia del presidente. Así, la comisión de Peticiones será la encargada de examinar la solicitud que hizo Camps en diciembre al presidente de la Eurocámara, Josep Borrell, días después de que el Pleno aprobara con 550 votos a favor el informe que evidenciaba los abusos urbanísticos cometidos en aplicación de la LRAU. En una carta de 19 de diciembre, Camps se dirigió a Borrell para comunicarle su petición de comparecer “para desmontar las malas intenciones que hayan podido suscitarse de nuestra política urbanística”.

19. UN CONSTRUCTOR CERCANO AL ALCALDE DEL PP OPTA A LA CONTRATA DE BASURAS DE ORIHUELA PESE A CARECER DE EXPERIENCIA (21/01/06)

El constructor de Orihuela Domingo Alcocer, que ha obtenido diversas y polémicas adjudicaciones del alcalde de esa ciudad, el popular José Manuel Medina, se ha aliado con el Grupo Cotino, de la familia del consejero de Agricultura, Juan Cotino, para optar a la contrata de recogida de basuras y limpieza del extenso y disperso municipio de Orihuela. Doalco, la empresa de Alcocer, está especializada en la rehabilitación de edificios históricos. Pese a ello competirá con otras empresas como ACS; Sacyr, a través de su filial Sufy, Ingeniería Urbana (Grupo Ortiz e Hijos) y Consull, mercantil del empresario afín al PP Ángel Fenoll que en la actualidad presta el servicio sólo en la zona costera del municipio.

El contrato, por 25 años, está enfrentando a los dos sectores del PP oriolano. La presidenta del PP local, la diputada Mónica Lorente, que tiene mayoría en el grupo de gobierno, mantiene muy buenas relaciones con Fenoll, empresario enemistado con el alcalde Medina. Hasta ahora, el servicio de recogida de basuras de Orihuela lo realizan dos empresas: la firma Necso en el área del casco urbano (la mercantil se hizo con la contrata en 1989); y una empresa del industrial Fenoll, en la costa. Fenoll, empresario también ligado al PP, explota el servicio, sin mediar adjudicación formal, también desde 1989.

El alcalde justifica la nueva contrata de basuras en la "necesidad" de unificar el servicio tanto en la costa como en el casco urbano. La mercantil Necso y el empresario Fenoll entienden que el alcalde Medina pretende adjudicar el servicio a otro grupo y han presentado alegaciones. Igualmente, Necso y Fenoll reclaman a la corporación más de seis millones de € en concepto de indemnización por impagos de servicios prestados.

20. EL CUÑADO DE ZAPLANA EJERCÍA UN DOBLE CONTROL SOBRE LAS CONTRATAS EN TERRA MÍTICA (29/01/06)

Las pruebas documentales aportadas al juzgado que investiga la causa de Terra Mítica -en la que hay 16 empresas, incluidas el parque temático, y 30 imputados por un delito fiscal en el ejercicio 2000 y 2001-, señalan al entonces cuñado de Eduardo Zaplana, Justo Valverde, como doble responsable del modelo de contratación seguido en la construcción del complejo de ocio de Benidorm. Así, las facturas que investigó Hacienda y que denunció ante la Fiscalía, pasarían dos veces por su visado y terminarían en la dirección general para que Miguel Navarro “liberara el gasto”, esto es, aprobara la partida con su firma. Uno de los escasos documentos aportados por las partes en esta causa al titular del juzgado de instrucción número 3 -a excepción de la extensa documentación aportada por la Agencia Estatal Tributaria- consiste en el dossier de trabajo interno elaborado por el director de división de Contrataciones y Servicios Generales, Justo Valverde, en noviembre de 1999, según la firma que consta al pie. Se trata de la elaboración de forma detallada de la operativa del parque en cuanto a contrataciones de servicios y materiales, durante el proceso de construcción. Bajo el nombre de “Procedimiento Operativo para la Realización de Solicitudes de Pedidos”, Valverde elaboró un sistema de contrataciones con empresas sobre el que ejercía un control directo, con un doble visado. Cada factura estaba sellada por la gerencia correspondiente, la firma de Valverde como director de contrataciones, la de los directores técnico y financiero, Antonio Rincón y Miguel Izquierdo, y la del director general, Miguel Navarro, que liberaba el pago de la factura con su aprobación. Antes y después de pasar por la dirección técnica, las facturas hacían un camino de ida y vuelta a la dirección de contratación, es decir, a Justo Valverde. La firma de Navarro era la que aprobaba el pago de las contrataciones que pasaban por estas tres divisiones. Ello impedía tomar cualquier decisión sobre el pago a los directores de estas tres divisiones, como por ejemplo Antonio Rincón, según declaró el pasado martes ante el juez, “ya que la propia operativa del sistema exigía un último control”. La Fiscalía investiga una “trama de empresas” que podrían haber duplicado facturas o emitido algunas por servicios no realizados. Es por ello que, durante la comparecencia de Izquierdo, la fiscal le preguntó si “¿no vio que había facturas que no coincidían?”. El director financiero respondió: “Yo pedía los contratos, pero a mí no me los quisieron dar nunca”. Izquierdo fue despedido poco después de la inauguración del parque, en el verano de 2000.

21. LA JUEZ CITA A DECLARAR COMO IMPUTADOS EN EL CASO FABRA A TRES EX ALTOS CARGOS DEL PP (01/02/06)

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules ha citado a declarar como imputados en el caso Fabra al ex senador del PP Miguel Prim, al anterior director general de Agricultura, Rafael Milán, y a Rubén Moreno, ex secretario general de Gestión Sanitaria. La titular del juzgado les tomará declaración a los tres el próximo día 3 de marzo, a las once de la mañana. El juzgado ordena además que se notifique a la Policía Local de Castelló para que informe sobre el fallecimiento de otro de los imputados en la causa: el ex subdelegado del Gobierno, Vicente Sánchez Peral. La actuación judicial se produce en el curso de la investigación que abrió este juzgado de oficio y que ha llevado a los tribunales, como imputado en uno varios delitos contra la Administración Pública, al presidente de la Diputación Provincial de Castelló, Carlos Fabra.

En este procedimiento figuran también como imputados el empresario Vicente Vilar, gerente de Naranjax, quien destapó el caso a finales del año 2003 con dos querellas contra el político del Partido Popular, a quien el empresario de Artana acusa de cobrar comisiones millonarias por influir en los ministerios en favor de los productos del grupo empresarial castellonense. Ambas querellas fueron archivadas por defecto de forma, pero el juzgado abrió una investigación de oficio y además la Unión de Consumidores de España (UCE) interpuso otra querella. En esta causa figuran también como imputados María Amparo Fernández, esposa de Fabra, y la ex mujer de Vilar, Montserrat Vives, así como otros dos altos cargos: Dolores Flores, ex directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad; y Pilar Máñez, ex directora general de Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente.

Tras varios recursos de Fabra, la Audiencia Provincial de Castelló estimó “pertinente y necesaria” la declaración en calidad de imputadas de todas las personas que aparecen en la querella interpuesta por la UCE el 2 de abril de 2004. Cabe recordar que hasta el momento en que la Audiencia intervino sólo figuraban como imputados en el caso Fabra el presidente de la diputación, su esposa, Vilar y la ex mujer de éste. Previsiblemente, la juez preguntará a Rafael Milán sobre las gestiones que los funcionarios a su cargo realizaron durante la tramitación de los productos insecticidas de la empresa Naranjax. Estas preguntas irán dirigidas también contra el ex directivo de la Conselleria de Sanidad. Por su parte, Prim explicará la existencia de varios faxes que se cruzaron al ministerio para favorecer a Naranjax SL.

22. LA MUJER DEL EX ALCALDE DE CASTELLÓN, BENEFICIADA POR UNA RECALIFICIÓN DE TERRENOS (01/02/06)

Justo un día antes de que entrara en vigor la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV), el PP de Castellón aprobó una serie de actos urbanísticos en una zona en la que la esposa del ex alcalde de la ciudad, José Luis Gimeno, tiene dos solares. La oposición denunció la operación en el salón de plenos y cuestionó que el PP priorice un sector urbanístico que incluye propiedades de la mujer del ex alcalde de Castellón. "Parece que este trámite es una huida para que quien pueda se escape de la nueva ley. ¿Y por qué se ha priorizado este sector? Pues resulta que en este sector 13 hay terrenos propiedad del anterior alcalde", aseguraron. Antes de aquella maniobra, las dos parcelas de la esposa del ex alcalde, María Nieves Serrano, tenían la calificación de no urbanizable y un coste económico que aún no se había revalorizado. Actualmente, el ex alcalde de Castellón del PP, José Luis Gimeno, compatibiliza actividades privadas y publicas. Es socio de una mercantil de la construcción, Grupo Gimeno, adjudicatario habitual del Ayuntamiento de Castellón. Paralelamente, Gimeno es también consejero de la empresa pública Gumsa, una sociedad gestora de promociones urbanísticas en Castellón. La función de esta gestora municipal es promover y gestionar el suelo con actuaciones urbanísticas en zonas poco atrayentes para las empresas privadas

23. MIDWAY FACTURÓ AL IVEX POR EL RECITAL DE MÉXICO 15 VECES MÁS DE LO QUE COSTÓ EL DE ORLANDO (01/02/06)

No hay ninguna duda de que el recital se hizo. Tampoco de que la empresa Midway International Ltd, radicada en el número 65 de Cliff Road, en Waterford (República de Irlanda), cobró al menos 814.236 $ por la producción de ese evento musical y otros 165.725 por decorar el pabellón de productos valencianos en el llamado Mes del Niño, una feria que se organizaba esos años en los grandes almacenes Palacio del Hierro.Lo que ya no está tan claro es que Midway prestara realmente esos servicios por los que facturó. La duda se desprende de las declaraciones judiciales del ex delegado del IVEX en Miami, José Marquina, y ha sido corroborada por diversas fuentes consultadas por este diario, que apuntan a que fue la mexicana Rac Producciones la que corrió con todos los gastos de organización del recital en virtud del acuerdo al que llegó con el entonces representante del organismo público en México, Vicente Sendra. El trato consistió en que Rac explotaba el negocio cobrando entrada -salvo 1.500 tickets que regalaba al IVEX para que los repartiera, que de eso se trataba- y a cambio corría con todos los gastos de organización. El total que facturó Midway por México evidencia, aun en el caso de que hubiese montado el recital, que en la política de esta empresa no entraba trasladar al cliente las ventajas tributarias de las que disfrutaba por estar radicada en un país de fiscalidad blanda. Midway era una empresa joven y sin experiencia (se creó justo antes de iniciarse la operación Julio Iglesias y se disolvió seis meses después del recital azteca) pero tenía caché. Los 824.236 $ que percibió eran 14,9 veces más de lo que costó, por los mismos conceptos, la organización del concierto que ofreció en Orlando un año antes, el 23 de abril de 1998. El evento musical, uno de los platos fuertes de la misión institucional y comercial a Florida, con motivo de la feria de cerámica Coverings, costó 54.613 $ de organización. Claro que esta última es la factura de gastos reales que el ex delegado en Miami portó al juez Luis C. Presencia, no lo que el IVEX pagó a International Concerts en Bahamas por ese concepto, ya que, según Marquina, los gastos se hincharon.

La comparación de los principales conceptos desglosados es muy reveladora. La firma Garret Sound and Lighting cobró 24.177 $ por el alquiler de los equipos de luces y sonido y Downtown Sound of Orlando otros 3.795 por la mano de obra de los técnicos del montaje. Mucho debió crecer el IPC en el año que transcurrió entre las dos actuaciones del artista, pues Midway cobró 210.700 $ por el alquiler de iluminación y sonido del espectáculo de México. En una de las facturas presentadas por la sociedad irlandesa se pasaron al cobro 82.661 $ por los billetes de avión y el alojamiento de los músicos. Así, sin más, sin decir de cuántos miembros constaba la expedición ni si, por una actuación de una noche, se alojaron una semana o un mes en el hotel. En cambio, en el caso de Orlando, se detalla el coste de hotel (3.968 $): 12 personas (músicos y técnicos) por dos noches y una noche de estancia para otras siete.En total, Midway cobró al IVEX el equivalente a 165 millones de pesetas. Justo la cantidad que se barajó como remuneración del artista, por cada uno de los seis recitales, en la negociación Generalitat-Julio Iglesias (“6x165=990 millones de pesetas”, decía un preacuerdo). Justo la cantidad por concierto que se estipuló en el contrato “b”. La operación Julio Iglesias está llena de casualidades.

24. JULIO IGLESIAS Y FAMILIARES DE ALTOS CARGOS DEL PP SACAN PARTIDO DEL LADRILLO (03/02/06)

El miedo a las trabas legales de la nueva Ley Urbanística Valenciana, que acaba de entrar en vigor, ha provocado en los últimos meses que varios ayuntamientos se apresurasen a autorizar más construcciones. Desde que se aprobó la ley, hace un mes, hasta su entrada en vigor, se han licitado 84 planes. Julio Iglesias y familiares de políticos del PP están entre los beneficiados. Asombra la urgencia de algunos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, mayoritariamente del PP, en aprobar Programas de Actuación Integrada (PAI) en el último mes.

El pasado diciembre, las actuaciones en materia inmobiliaria de la región recibieron un serio varapalo del Parlamento Europeo. Ello obligó al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, a agilizar la aprobación de una nueva ley urbanística que supusiera borrón y cuenta nueva. No deja, en todo caso, de llamar la atención que en el mes transcurrido entre su aprobación y su entrada en vigor, ciertos ayuntamientos, hayan trabajado a contrarreloj para aprobar el mayor número de urbanizaciones posible. La cifra total de planes que han logrado luz verde en un tiempo récord es de 84. Una de las pocas diferencias que la oposición ve entre la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) y la anterior es que los promotores dejan de tener facilidades a la hora de presentarse a los concursos. Hasta el miércoles, cualquier promotor estaba facultado para presentar una iniciativa inmobiliaria sobre suelo común.Muchas de estas concesiones en municipios valencianos, han nacido rodeadas de polémica, porque sus adjudicatarios son personas de relevancia pública. En bastantes casos vinculadas a altos cargos del PP.

Más de 200 vecinos de Parcent (Alicante) salieron a la calle para intentar evitar la aprobación de tres PAI. Uno de ellos, el del Barranquet, ha sido adjudicado a la sociedad Terres de l´Horta, ligada al cantante Julio Iglesias y a un familiar del concejal de urbanismo del PP, Ismael Reig. No pasa por alto que Reig votó a favor del PAI del que su hermano es el mayor propietario.Para el diputado de EU-L´Entesa, Alfred Botella, "después del caso IVEX, parece mentira que el PP no haya salido escaldado y continúa promoviendo negocios oscuros de Julio Iglesias. El conocido cantante parece haber dejado la canción por la especulación y los dobles contratos". "Parece ser que que Iglesias también llegó a un acuerdo de que en determinados ayuntamientos del PP valenciano tendría la oportunidad de entrar a construir", añadió.

Otro de los episodios más sorprendentes de esta fiebre urbanizadora es el de Benissa (Alicante), en la Marina Alta. El pasado viernes, el PP de la mencionada localidad aprobó en pleno el proyecto de la ronda norte presentado por la empresa que preside Vicente Cotino. Este empresario es hermano del conseller de Agricultura y ex director general de la Policía durante la primera legislatura de Aznar, Juan Cotino.

25. UN IMPUTADO DEL CASO FABRA ADMITE QUE FALSIFICABA CUÑOS PARA OBTENER LICENCIAS (04/02/06)

La titular del juzgado de instrucción número 2 de Nules ha imputado en la trama de los cuños falsos del caso Fabra a dos químicos magrebíes y a un comercial jubilado de Benicàssim, a quienes el empresario Vicente Vilar, gerente de Naranjax, implica en la falsificación de documentos oficiales del Ministerio de Agricultura para conseguir licencias de productos insecticidas agrícolas. Tras la jornada de en el juzgado, la lista de imputados en el caso Fabra asciende ya a 17 personas, entre empresarios, políticos del PP y profesionales de diversos sectores.

Los químicos Hamdi E.A. y Mohamed S., ex empleados de Laboratorios Ibáñez, y el pensionista Manuel M. habían sido citados a las diez y media de la mañana en el juzgado, aunque finalmente el primero de ellos no compareció, por lo que la juez podría dictar una nueva orden de localización en los próximos días. El testimonio de Hamdi puede resultar crucial para desentrañar cómo se fraguó la operación, ya que supuestamente su firma está estampada en los documentos que fueron sellados con falsos cuños de proveedores asiáticos y europeos y que Naranjax enviaba al ministerio para lograr las autorizaciones.
Fuentes judiciales aseguran que tanto los químicos magrebíes como el comercial jubilado ya figuraban como imputados cuando llegaron al juzgado, y así consta en sus correspondientes cédulas de notificación.

En la sala estuvieron el fiscal Anticorrupción Daniel Campos, el abogado de Carlos Fabra, Javier Boix, letrados de la Unión de Consumidores -personada como acusación particular- y los defensores de Vilar y de los demás imputados.

El primero en declarar fue Manuel M., quien reconoció que llegó a fabricar algunos cuños de caucho, aunque declaró que nunca supo con exactitud para qué iban a servir. Sin embargo, sí reconoció que Vilar le informó de que se utilizarían para acelerar la salida al mercado de determinados productos fitosanitarios que estaban paralizados por no cumplir la Ley de Sanidad Vegetal. Cuando la juez ordenó al auxiliar del juzgado que le mostrara una caja con decenas de tampones falsos, Manuel M. alegó que no recordaba exactamente cuáles había fabricado. A pesar de ello, el jubilado asumió que por cada cuño que realizó Vilar le pagó hasta 120 €. Para Manuel M., Vicente Vilar era la persona que dirigía personalmente la fabricación de los sellos, según explicó a la juez, por lo que exculpó a la ex mujer del empresario, Montserrat Vives, de quien dijo que apenas la veía en la fábrica de Artana.

Manuel M., que dijo estar muy afectado por su situación judicial, terminó recriminando que el gerente de Naranjax haya acudido a los juzgados para destapar el caso Fabra: “Creía que Vicente Vilar era un caballero, pero esto no está bien.”Según ha declarado Vilar en el juzgado, el presidente de la Diputación de Castelló medió ante organismos oficiales en favor de los productos de Naranjax, cuyos análisis químicos y otros documentos acreditativos fueron falsificados.

La investigación de la trama de los cuños falsos del Ministerio de Agricultura se abrió en los juzgados el pasado 8 de abril, cuando Vilar presentó ante la juez de Nules que investiga el caso Fabra centenares de sellos de caucho falsos que supuestamente sirvieron para tramitar ante el Ministerio de Agricultura las licencias de al menos una treintena de productos insecticidas . Según Vilar, Carlos Fabra estaba informado de que en Naranjax se falsificaban los documentos que servían para obtener las licencias de los productos.

26. UNA FIRMA COBRÓ 137.000 $ AL IVEX POR MONTAR EL RECITAL DE MOSCÚ Y OTRA 1 MILLÓN POR “ORGANIZARLO”(07/02/06)

Igual que existe la ley de la gravedad, hay un principio físico según el cual es imposible que en una paella para 300 el arroz pueda servirse al punto de cocción. Conocedores de esta máxima y desde la convicción personal de que por esos mundos no se puede transitar como un miserable, el ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y el entonces director del IVEX, José María Tabares, decidieron que se servirían 300 paellas, una por comensal. Fue el plato estrella de la cena que se sirvió en el Hotel President de Moscú, el broche de oro a una semana valenciana en la capital rusa, que contó con feria empresarial (con 125 participantes) y concierto de Julio Iglesias, concretamente el cuarto de los seis que ofreció en virtud del contrato que lo ligó al IVEX para promocionar la Comunidad Valenciana por esos mundos.

El gratis total fue la tónica. Cinco mil personas asistieron gratis al recital ofrecido en el Teatro del Kremlin la noche del 8 de junio. El cóctel de cortesía de la última planta de ese escenario también fue gratis. A Julio Iglesias también le salió gratis el montaje escénico de las actuaciones que ofreció, el 9 y el 10 de junio, cobrando entrada. El IVEX, una vez más, había ejercido de productor al pagar hasta el último foco del recital del día 8, el que brindaba la Generalitat a los cinco mil invitados que acudieron. El pagano de todas las alegrías fue el IVEX. Y no le salió barato. La empresa californiana International Creative Management (ICM), domiciliada en Wilshire Boulevard (Beverly Hills) facturó al IVEX al menos 137.000 $ por hasta once conceptos de organización. Entre ellos, el pago del alquiler del Teatro del Kremlin, que con los equipos de luces y sonido, costó 55.000 $. La misma ICM -una firma prestigiosa en el montaje de espectáculos y representación de artistas y personalidades mundiales, como Margaret Thatcher- cobró 22.500 $ por el vuelo chárter en los que se trasladaron a Rusia los técnicos, músicos e instrumental necesario. Estas y otras facturas se pasaron al cobro entre el 5 de junio (tres días antes del concierto) y el 14 de agosto de 1998. Los pagos se hicieron mediante transferencia a una cuenta de ICM en el Chase Manhattan Bank. Una segunda firma californiana, radicada en la población de Palo Alto (a 50 kilómetros al sur de San Francisco), denominada Reed Group pasó al cobro una factura de 156.492.400 pesetas (1.023.495 $ al cambio) por el genérico concepto “Organización del concierto”. La factura número 3160698 se registró en la contabilidad del IVEX una semana después del recital.

Se da la circunstancia de que esta empresa fue una de las encargadas de organizar la misión comercial, tarea por la que cobró unos 63 millones de pesetas. Llama la atención de que ese importe, siendo menos de la mitad de lo que percibió por supuestamente “organizar”el concierto, se desglosó en siete conceptos. Otras tres empresas participaron en el montaje de la exposición de productos valencianos en Moscú, entre ellas Publicis, que percibió 1.680.000 pesetas por la “adaptación al ruso”de los anuncios promocionales que insertó la Generalitat en los días previos a la feria.

27. LA AUDIENCIA VINCULA EL SUPUESTO FRAUDE FISCAL DE FABRA A LA INVESTIGACIÓN DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS (09-02-06)

El presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, habrá de responder, ante el mismo tribunal, por supuestos delitos contra la administración pública y por presunto fraude fiscal. La Audiencia de Castellón ha rechazado los recursos en los que se esgrimía la falta de conexión entre su presunta mediación para favorecer a una empresa de productos fitosanitarios y los ingresos, de 600.000 €, no justificados y detectados por la Agencia Tributaria. Además, el tribunal sostiene que Fabra no ha visto vulnerados sus derechos por la indefensión que argumentaba al no haber sido objeto de audiencia como prevé la nueva ley tributaria, que no es aplicable ya que la inspección fue anterior a su entrada en vigor.

La Sección Segunda de la Audiencia provincial de Castellón ha desestimado los dos recursos que el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, presentó tras la admisión de la denuncia por presunto delito fiscal remitida por la Agencia Tributaria al juzgado de Nules, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Así, el tribunal ha dictaminado que la investigación por el posible fraude se realice junto a la de los otros presuntos delitos, contra la administración pública, que se le imputan a Fabra en esta causa, entre los que se encuentra el tráfico de influencias. Tal como ya marcó la juez de Nules, la Audiencia apunta que "el presunto delito fiscal imputado deriva precisamente de ingresos patrimoniales no justificados en dinero en sus cuentas corrientes", con lo que considera "justificada la conexión establecida" para esclarecer si estos ingresos proceden del presunto tráfico de influencias que también se le imputa.

Además, la Audiencia ha rechazado el argumento de indefensión pretendido por Carlos Fabra, así como su intención de paralizar el procedimiento porque se le había privado del trámite de audiencia ya que la inspección fiscal se inició antes de que esta exigencia legal, sin carácter retroactivo, entrara en vigor.

De esta manera, el líder del PP de Castellón volverá a ser llamado a declarar como imputado por el juzgado de Nules, donde se instruye la causa, ante cuya titular dijo que no se sometería al interrogatorio por el presunto delito fiscal del que le acusa la Agencia Tributaria hasta que estos recursos no estuvieran resueltos. El principal eje de la denuncia por fraude fiscal es la falta de justificación de la procedencia de ingresos en efectivo por un valor de 600.000 € en cuentas de Fabra y su familia de los que son imputables directamente al líder del PP de Castellón, según Hacienda, un total de 300.000. Sin embargo, la Agencia Tributaria también le acusó del impago de cuotas del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por un valor de unos 150.000 euros en el ejercicio de 1999.

En el primero de los recursos resueltos por la Audiencia, Fabra se quejaba porque, a su entender, no existía conexión entre la investigación ante la posible comisión de uno o varios delitos contra la administración pública y el presunto delito fiscal del que le acusa la Agencia Tributaria. En este sentido, el tribunal hace suya la consideración de la juez que ya apuntó que la investigación estaba tratando de averiguar si Fabra, "haciendo uso de su influencia por el cargo que ostenta, medió ante las distintas autoridades para la concesión de las licencias y autorizaciones necesarias para la comercialización de productos fitosanitarios, recibiendo por ello dádivas y cantidades de dinero en efectivo".

A su vez, recoge, tal como hizo la juez, que "en la denuncia de la Agencia Tributaria se constata la existencia en las cuentas corrientes de las que es titular o cotitular el señor Fabra de numerosos ingresos en efectivo cuyo origen no se corresponde con las rentas declaradas, sin que por el contribuyente se haya justificado ese origen", y que se corresponden, por fechas, al momento "en el que presuntamente comienza su relación con el señor Vilar [el empresario que le denunció]".

28. UN CASO DE MOBBING, ÚLTIMO EPISODIO DE LA DIVISIÓN EN EL PP VALENCIANO (09/02/06)

La división en el seno del PP de la Comunidad Valenciana, entre los seguidores de Zaplana y los de Camps, ha alcanzado un nuevo cenit en Torrevieja. La baja médica por mobbing del abogado del alcalde y a la vez letrado jefe de la Diputación de Alicante, apunta a un episodio más de la lucha de poder entre el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, próximo a Camps, y el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, cercano a Zaplana. La prensa regional destapaba esta semana el asunto: el letrado jefe de la Diputación de Alicante, José Ortiz Ríos causaba baja por acoso laboral o mobbing, pero para muchos no fue una sorpresa. Ortiz llevaba varios años compatibilizando su trabajo como letrado jefe de la Diputación de Alicante con la defensa de varios asuntos judiciales del Ayuntamiento de Torrevieja. Hasta ahora a nadie parecía importarle esta duplicidad de funciones del abogado. Sin embargo, la situación cambia cuando José Ortiz comienza a ocuparse de la defensa del alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, del PP (en la foto). El regidor está acusado de haber conseguido, aparentemente, cinco millones € en plusvalías por la venta de unos terrenos. Hernández Mateo es un hombre cercano al presidente de la Comunidad, Francisco Camps.

La decisión de José Ortiz de defender al alcalde de Torrevieja no ha gustado nada al presidente de la Diputación, Joaquín Ripoll, cercano a Zaplana. La Diputación le ha pedido a Ortiz que elija entre su puesto como letrado jefe o la defensa del alcalde, Pedro Hernández Mateo. En este contexto es cuando se produce la baja por mobbing del abogado. Para el concejal de Esquerrra Unida en el ayuntamiento de Torrevieja, José Manuel Martínez Andréu, “éste es un episodio más de la lucha de poder entre zaplanistas y campistas, entre Hernández y Ripoll”. Y añade, “Podría ser el final de la carrera política del alcalde de Torrevieja”.

El Partido Socialista en la localidad alicantina coincide con este análisis. Su portavoz, Ángel Giménez, explica: “Es la punta del iceberg de la fractura del PP en la Comunidad Valenciana y más concretamente en la provincia de Alicante”. Giménez alerta además sobre las consecuencias negativas de esta disputa en los ciudadanos. El enfrentamiento entre el alcalde y el presidente de la diputación tiene como primera consecuencia, explica Giménez que: “Torrevieja no haya recibido ninguna partida presupuestaria de la Diputación, a pesar de ser un municipio que cuenta con 100.000 habitantes”.

29. IMPLICAN A ACEBES EN LA MANIPULACIÓN DE LOS CENSOS ELECTORALES DE ELCHE (11/02/06)

La reanudación del juicio de faltas por el enfrentamiento a golpes entre militantes del PP de Elche, campistas y zaplanistas, que tuvo lugar en 2004 con motivo de la elección de compromisarios para el congreso provincial, alcanzó a Génova. El ex subdelegado del Consell de la ciudad, Manuel Ortuño, implicó en la crisis al secretario general del Partido popular, Ángel Acebes. Ortuño explicó que había solicitado al juez que llamara a declarar a Ángel Acebes por la denuncia presentada sobre una posible manipulación de los censos. “Acebes tendrá que decir por qué han desaparecido y quién ha pedido la baja de 800 militantes del censo”, explicó Ortuño, que también pidió al juez que convocara al secretario provincial y conseller de Justicia y Administración Pública, Miguel Peralta.

Los hechos que se juzgan ocurrieron el 22 de noviembre de 2004 durante la asamblea para elegir a los compromisarios para el congreso del Partido Popular y que acabó con agresiones entre los militantes de ambos sectores: campistas y zaplanistas. La pelea acabó con la intervención de la policía y la incautación de las urnas.

La disputa se originó, al parecer, tras una denuncia de Ortuño sobre una presunta manipulación de los censos. Ortuño alegó que la mañana del día de las elecciones a compromisarios había un listado, y por la tarde apareció otro donde se habían incluido unos nombres y eliminado otros. El ex subdelegado del Consell de la ciudad, cercano a Francisco Camps, afirmó que fueron los concejales zaplanistas los que incluyeron en el censo a 400 personas y eliminaron a 800 para lograr que ganara la lista afín a la dirección provincial. Ahora, esta lucha entre campistas y zaplanistas, alcanza a la cúpula del PP. Ortuño implica al secretario general de Partido Popular, Ángel Acebes, en esta manipulación de censos y le pide al juez que lo llame a declarar: “Acebes tendrá que decir por qué han desapare

30. EL IVVSA VENDIÓ UN INMUEBLE POR ALGO MÁS DE UN TERCIO DEL PRECIO EN QUE LO VALORÓ (12/02/06)

El Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) se ha implicado hasta las cejas en operaciones0020urbanísticas a través de las empresas mixtas pero, como inmobiliaria, no tendría mucho porvenir. El informe de la Sindicatura de Comptes sobre la gestión de la Generalitat en el ejercicio de 2004 revela que el organismo, dependiente de la Conselleria de Territorio y Vivienda, vendió ese año un inmueble de 80,30 metros cuadrados, sito en la plaza Músico Moreno de Valencia, por algo más de la tercera parte de lo que el propio instituto había estimado que era su precio de mercado. Una situación que, según el Síndic, no está justificada en el expediente del Ivvsa.

En concreto, según la auditoría, el precio de venta fue de 21.035 €. “El citado inmueble -explica- se contabilizó con un valor de 58.000 €, que se correspondía con el valor venal del mismo”. Este valor, según las normas vigentes, “es el precio que se presume que estaría dispuesto a pagar un adquiriente eventual, teniendo en cuenta el estado y el lugar en que se encuentre dicho bien”, explica. Esto es, el valor de mercado. Añade entonces el auditor: “Entre el importe de la venta, según los datos que figuran en la escritura, y el citado valor venal por el que fue contabilizado el bien, existe una diferencia de 36.965 €, de la cual no existe justificación alguna en el expediente facilitado por el instituto”. Esto supone un 64% menos del precio en que estaba valorado.

La fiscalización informa de que el inmueble fue adquirido por una donación realizada por una empresa, como consecuencia de la obligación contraída en la oferta presentada al concurso de enajenación de las parcelas en la actuación urbanística Mas del Rosari, de Paterna.El Ivvsa no presentó alegación alguna a los reparos de la Sindicatura por esta enajenación. La anomalía había pasado inadvertida hasta ahora, pero la portavoz del Economía del PSPV en las Cortes, Cristina Moreno, la sacó a la luz. La socialista consideró el hecho muy grave. “No hay ningún sitio en Valencia donde el precio del metro cuadrado haya disminuido”, aseveró, para subrayar que se desconoce la fecha de la valoración del inmueble que consta en el Ivvsa. Otro interrogante es el procedimiento que se siguió para la venta. En este punto, Moreno recordó que el PP “cambió la ley de Patrimonio en 2003 para facilitar las ventas directas de bienes públicos”, que antes había que realizar mediante subasta. Todos estas dudas han llevado a los socialistas a anunciar una batería de iniciativas para esclarecer la operación, con preguntas orales al conseller Rafael Blasco y la posibilidad de formular una de las de urgencia ante el pleno. “El Ivvsa, cuando no se dedica a crear empresas mixtas, se ocupa en vender patrimonio público a precio irrisorio no sabemos a quién”, afirmó la parlamentaria, que lamentó que lo que debería hacer el instituto es “construir VPO y favorecer el acceso a la vivienda en la sociedad”. La auditoría pública revela que el Ivvsa adquirió mobiliario de oficina por importe de 124.292 €, “habiéndose comprobado que no existe autorización del órgano competente para realizar las citadas adquisiciones, con posterioridad a las propuestas razonadas del servicio o departamento peticionario”. El informe agrega que “tampoco se ha formalizado diligencia alguna donde se deje constancia de la idoneidad de los suministros recibidos”.

El reproche va más allá: En estas compras, el instituto “no ha formalizado contrato alguno, ni ha promovido el preceptivo expediente de contratación”. “No consta que la empresa se haya ajustado a los principios de publicidad y concurrencia”, que la ley exige a las sociedades mercantiles, según el Síndic. Para la parlamentaria del PSPV-PSOE Cristina Moreno, está claro: “Compran muebles, es de suponer que a algún amigo, sin permiso, sin contrato y sin justificar la necesidad”. “Seguro que quien gestiona así el dinero público no está buscando una VPO para vivir”, remató.

31. DENUNCIAN QUE CIEGSA CONTRATA ARQUITECTOS QUE SON FAMILIA DE CARGOS DEL PP (15/02/06)

La diputada socialista Ana Noguera denunció en el pleno de las Cortes que la empresa pública Ciegsa encargada de construir los centros escolares en la Comunidad encarga proyectos de obras a arquitectos vinculados con altos cargos del PP. En concreto, Noguera citó el caso del marido de la directora general de Inmigración, Lina Insa, y de la mujer de un alto cargo de Castelló, cuyo nombre no citó en la tribuna si bien después en los pasillos concretó que se trataba de la esposa del alcalde de Castelló, Alberto Fabra. Noguera hizo esta denuncia durante su intervención en las preguntas de control a los consellers. La parlamentaria interpeló al titular de Educación y Cultura por la negativa de la Conselleria a permitir al PSPV una nueva visita a la empresa Ciegsa para acceder a facturas e información sobre contratación. Font de Mora no negó la acusación de Noguera sobre los encargos a los citados arquitectos y calificó de “anécdotas” las denuncias que la diputada viene realizando sobre Ciegsa. Tras alegar que lo “fundamental” es que los aludidos sean “arquitectos” al margen de una relación familiar que dijo desconocer, el conseller amenazó al PSPV con un listado de funcionarios de su departamento con vínculos familiares con el PSOE. “Serían -apostilló- tres kilómetros de rollo de pergamino”.
Al margen de su denuncia sobre los contratos a personas vinculadas al PP, Noguera recordó que el secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, se comprometió ante notario a permitir al PSPV una visita a la sede tras la fallida realizada el pasado 19 de julio. Un compromiso que no se ha cumplido. Se remitió también a alguna de las anomalías recogidas en los informes de la Sindicatura de Comptes (contratos de asesoría jurídica, de publicidad con el Valencia Club de Fútbol, sobrecostes, etc) y emplazó al conseller a poner hora y día para permitir la entrada al PSPV a Ciegsa. El conseller mantuvo que la conselleria había contestado a todos los requerimientos del PSPV que se ajustaban al procedimiento y aseguró: “No tenemos miedo absolutamente a nada” Y afirmó: “comisión de investigación, pues comisión de investigación; preguntas, respuestas; lo aceptamos”.

El conseller cifró en más de cien las respuestas que desde la conselleria se han dado a la oposición sobre Ciegsa e indicó que a pesar de que los socialistas vieron expedientes “no han encontrado nada, porque no hay nada”. Font de Mora cargó contra el PSPV por hacer una oposición “tremendista y de pesadilla” y hacer de “cuatro anécdotas una categoría”.

32. DIVISIÓN EN EL PP. LOS ZAPLANISTAS EXHIBEN SU FUERZA EN ALICANTE PARA OBLIGAR A CAMPS A NEGOCIAR LAS CANDIDATURAS (18/02/06)

El sector zaplanista del PP pisó a fondo el acelerador para mostrar toda la potencia que ha acumulado durante el proceso de renovación de las juntas locales de la provincia de Alicante con el objetivo de obligar a Francisco Camps, presidente del Consell y líder regional del PP, a negociar las candidaturas electorales. En el ambiente de una cena multitudiaria presidida anoche por Eduardo Zaplana, quedó claro el mensaje de que la mayoría de este sector en Alicante pretende hacer valer su peso en la confección de las listas para los comicios autonómicos y muncipales de 2007.

José Joaquín Ripoll, lider del sector zaplanista, recuerda cada vez que puede cómo se elaboran las listas del PP: primero desde las localidades y cuando hay discrepancias la dirección provincial o regional decide. "Si alguien piensa que el presidente de un comité electoral hará una lista es que no sabe para qué sirve un comité". , ante los casi 3.000 militantes que asistieron a esta cena, volvió a remarcar este mensaje.

Antes del acto, el presidente del PP de la provincia de Alicante y de la Diputación, interpretó que la encuesta difundida el jueves por el PP regional, según la cual ese partido aumentaría su ventaja en la ciudad de Alicante, "corrobora" que se debería acometer un proceso de renovación en la candidatura a la alcaldía. El día anterior, el presidente Camps interpretó todo lo contrario: con Luis Díaz Alperi, el PP mejoraría los resultados.

Ripoll se quejó de que desconocía el sondeo revelado por el presidente de la Generalitat. "No se quién del PP ha encargado la encuesta, ya que ni la ejecutiva local ni la provincial la ha solicitado". No obstante, comentó que los resultados son "positivos". Para meter el dedo en la llaga abierta por su enfrentamiento con Díaz Alperi, Ripoll comentó que hay un dato del sondeo que le "disgusta": que la aceptación a nivel autonómico es mayor todavía que la aceptación a nivel municipal. Y siguiendo su interpretación aseveró que en el sondeo no hay ni una pregunta sobre líderes, sino una general en la que se contesta que los líderes del PP son más valorados que los socialistas.

Los zaplanistas apuestan por Julio de España o por la diputada nacional Macarena Montesinos para la alcaldía de Alicante. Julio de España asegura estar a "disposición" de presentarse como candidato del PP a la alcaldía de Alicante, en sustitución del actual titular, el campista Luis Díaz Alperi. Anoche en su discurso, De España pasó por alto esta cuestión y prefirió presentar a Zaplana como el motor impulsor de "los 10 años de más bienestar en la historia de la Comunidad Valenciana". La reciente victoria de la zaplanista Gema Amor en Benidorm ha endulzado a la dirección del PP de Alicante el mal trago de cerrar el proceso de renovación de las juntas locales sin resolver el grave conflicto de Elche, desencadenado en una votación de militantes que terminó a golpes y con las urnas intervenidas en la comisaría de policía. La agrupación de esta ciudad es la única de Alicante que no se ha renovado.

El PP de Elche dirime sus diferencias en los juzgados. Los zaplanistas incluso han reprobado al ex ministro Federico Trillo Figueroa para resolver los expedientes al ex delegado del Consell en Elche Manuel Ortuño. Y éste, en el proceso judicial por presunta manipulación del censo de militantes ilicitanos, ha pedido que declare en el juzgado el secretario general del PP, Ángel Acebes. Según Ortuño, el listado de militantes se cambió el mismo día de la votación. El juez solicitó a la dirección del partido en Madrid una copia autentificada del censo. Según Ortuño, este listado sigue siendo falso. El sector zaplanista, en cambio, sostiene que se trata del mismo listado que se llevó a la votación, documento que, a pesar de que fue triturado, se recogió en bolsas y está en poder del juez tiene como prueba. En este juicio, Ortuño ha solicitado la comparecencia Ángel Acebes.

33. EL PP INTENTA CONVENCER A CARLOS FABRA PARA QUE NO REPITA EN LA CANDIDATURA DE CASTELLÓN (19/02/06)

El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, tiene una tarea delicada entre manos. Al margen de cumplir su trabajo como máximo representante de la ciudad, su partido, el PP, le ha señalado para tratar de convencer al presidente de la Diputación, Carlos Fabra, involucrado en un escándalo de tráfico de influencias, de la "oportunidad" de que no repita en Castellón para las próximas eleccione, dentro de poco más de un año.

Carlos Fabra tenía, hasta ahora, asegurado el segundo puesto para un cargo, el de concejal, que le permitía el acceso a la Diputación. Sin embargo, el desgaste del líder del PP provincial y las investigaciones judiciales a las que está sometido, por la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración pública, un presunto delito fiscal y posible delito de falsedad, han llevado a la dirección a plantearse definitivamente la idoneidad del momento para que Carlos Fabra se retire, al menos, de la lista municipal a la capital de La Plana. El presidente del PP regional, Francisco Camps, ya ha designado incluso al sucesor de Fabra, Víctor Campos, quien, al parecer, ya habría aceptado la decisión de Camps y su vuelta a las listas municipales ocupando el número dos. Así, la última visita del presidente regional a Castellón para ver en su despacho a Alberto Fabra sirvió para escenificar el apoyo y la confianza que Camps ha depositado en éste.

Son muchas las fechas que se han barajado como límite para que el presidente de la Diputación de Castellón anuncie su retirada. Sin embargo, todas han sido sobrepasadas sin que el popular haya dejado sus puestos. Sólo la mutua de referencia en Castellón, Unión Mutuas, en la que figuraba como consejero, ha visto cómo dejaba libre su puesto aprovechando un reajuste preceptivo por ley. Sin embargo, los movimientos de Fabra sobre su entorno hacen presagiar lo que, en la capital de La Plana, se espera de un momento a otro y que en cualquier caso puede no suceder hasta la víspera de las próximas elecciones municipales. Dicen que Carlos Fabra siempre ha buscado un sitio a quien le ha sido fiel y la larga lista de cargos de libre designación asignados a la presidencia o vicepresidencias de la Diputación de Castellón, así como el nutrido grupo de cargos leales al presidente provincial del PP en el organigrama de la Generalitat lo confirman fehacientemente.

Sin embargo, fuentes del PP consideran que las últimas recolocaciones de personas afines al presidente de la Diputación de Castellón son la muestra "evidente" de que Fabra se está preparando la salida. Una salida que, además de tener como requisito la recolocación de su gente puede incluir la inclusión del propio Fabra en la candidatura municipal de alguna pequeña localidad a modo de jubilación política.

En los últimos tiempos, personas que estaban en cargos de libre designación en la Diputación han pasado a otros puestos con mayores garantías de continuidad. Este es el caso de María Fernanda Vidal, ahora secretaria autonómica de Cohesión Territorial; Vicente Farnós, director ejecutivo de Castelló Cultural; Sonia Bernat, que ha obtenido plaza en el Hospital Provincial; o Alejandra Vicente -que estaba con el vicepresidente del Consell, Víctor Campos-, que ha conseguido puesto de funcionaria tras una polémica oposición en el Instituto de Restauración. Un organismo en el que también ha logrado plaza otra de las asesoras de Fabra, Laura Peñarroya. Otra de las asesoras, Marta García Janini también ha dejado el puesto para ocupar el puesto de coordinadora de la Secretaría del vicepresidente del Consell que antes ocupaba Alejandra Vicente.

34. HACIENDA RECLAMA A TERRA MÍTICA LOS CRÉDITOS IMPAGADOS QUE LE DIO EL GOBIERNO DE AZNAR (19/02/06)

El Ministerio de Hacienda también quiere hacer cuentas con Terra Mítica. La Agencia Tributaria mantiene en plena vigencia una reclamación al parque temático de Benidorm por el impago de un préstamo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología cursó a la empresa en el año 2000, durante la legislatura en que el equipo de José María Aznar gobernó España con mayoría absoluta.

El crédito, fruto de un programa del Ejecutivo popular para hacer más competitiva la industria, ascendió a 3,2 millones de €, carecía de intereses y tuvo el aval de una entidad financiera de la Comunidad Valenciana, Ruralcaja. Dado que el dinero no se devolvió, el departamento del que entonces era titular Anna Birulés aparece como uno más de los 527 acreedores de Terra Mítica contabilizados por los interventores judiciales del complejo de Benidorm. La empresa de ocio, que cuatro años después de obtener aquel crédito entró en suspensión de pagos, no fue capaz de hacer frente a la anualidad de 2004, evaluada en 805.356,22 €.

El impago del préstamo de Birulés no suscitó la clemencia del fisco en manos de un Consejo de Ministros tutelado por el PSOE, que cada vez que puede le recuerda a Eduardo Zaplana su responsabilidad en el “nido de corrupción” que representa Terra Mítica, como lo definió en el Congreso la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

El 17 de marzo de 2005, Hacienda dictó una providencia de apremio y despachó la ejecución administrativa por no cumplir con la anualidad correspondiente. A los más de 805.000 € de principal, la Agencia añadió un recargo de apremio por otros 161.071,24. Sobre esta última circunstancia, los interventores sí han tenido compasión. Según el dictamen emitido por éstos, el recargo “es improcedente por cuanto el impago se produce por la imposibilidad legal de pagar un crédito ordinario concursal, sometido, como el resto de créditos con la misma clasificación jurídica, a la resolución final del expediente de suspensión de pagos”. Es decir, el Estado aceptará o no -como el resto de acreedores- el convenio que le plantee la empresa.

Terra Mítica obtuvo aquel dinero del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2000 al acogerse a un plan oficial de I+D. El montante se extrajo del presupuesto del citado programa ministerial, de nombre Profit. La condición de Terra Mítica como beneficiaria del crédito podía ser hasta discutible, dado que el Profit tenía como objetivo básico “el impulso de la competitividad del sector productivo”. Si el ocio, las montañas rusas y, en general, el turismo, se entienden como productivos frente a la industria, la oportunidad del crédito, entonces, fue indiscutible.

En una lista ordenada alfabéticamente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, desaparecido con la victoria de Rodríguez Zapatero en 2004, es el acreedor número 329, y el parque le adeuda 3.221.424 €.
No es la única deuda de Terra Mítica con la Administración. La mercantil debe a la Tesorería General de la Seguridad Social 736.169,78 € correspondientes a la cuota patronal de abril de 2004 y hasta el 26 de mayo de ese año. La Seguridad Social sumó un recargo de 135.160,10 € que los interventores consideran tan improcedentes como el caso citado líneas atrás. A esta reclamación se añade otra más de la Agencia Tributaria porque algunos acreedores modificaron el IVA de sus facturas tras la suspensión de pagos.

35. UNA MULTINACIONAL DEMANDA A UNA DE LAS EMPRESAS INVESTIGADAS POR EL CASO FABRA (20/02/06)

La principal multinacional de distribución de productos fitosanitarios, Syngenta Agro SA, ha presentado una demanda civil por competencia desleal contra Artemis 2000, una de las empresas que está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción por su presunta implicación en el caso Fabra. Según el empresario Vicente Vilar, gerente de Naranjax, Artemis 2000 fue creada como simple tapadera para canalizar las autorizaciones de los productos insecticidas que concedía el Ministerio de Agricultura en base a documentación falsificada.

Al frente de Artemis figuraron como socias al 50% Montserrat Vives, ex mujer del industrial, y María Amparo Fernández, esposa del presidente de la Diputación Provincial de Castelló, Carlos Fabra. La función de esta sociedad era canalizar las licencias de los productos pesticidas que se iban autorizando en los ministerios gracias a las supuestas mediaciones de Carlos Fabra, según Vilar.

El Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Castelló fijó el próximo 10 de abril como fecha para la celebración del juicio oral. Syngenta alega en su demanda que Artemis 2000 incumple la normativa fitosanitaria al comercializar el producto Zambu, un insecticida formulado a partir de otra sustancia, el fenoxicarb, que sólo pueden fabricar legalmente Naranjax SL y la propia Syngenta. La multinacional considera que existen indicios para concluir que Artemis ha estado vulnerando la ley al distribuir productos fitosanitarios fabricados por empresas no autorizadas por el Ministerio de Agricultura. Además, según la demanda de Syngenta, las sustancias sospechosas de haber eludido el control sanitario están suspendidas cautelarmente por el ministerio desde el pasado verano, por lo que el grupo empresarial apela a esta medida.

Ante tales evidencias, Syngenta -que distribuye legalmente el fenoxicarb bajo el nombre de un producto comercial que se denomina Insegar- reclama del juzgado una sentencia condenatoria para Artemis 2000, en la que se ordene la retirada del mercado del producto Zambu y el pago de una indemnización por daños y perjuicios. En el juicio del próximo 10 de abril, Syngenta tratará de demostrar la competencia desleal y la comercialización ilegal supuestamente ejercida por Artemis 2000.

36. ALGÚN INTERÉS TENDRÁN. ASTARLOA (PP) CONSIDERA “ESTUPENDA” LA PROPUESTA DE ALCALDES DEL PP DE CONTRATAR SEGURIDAD PRIVADA (21/02/06)

El secretario de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del PP, Ignacio Astarloa, avaló la propuesta del grupo de alcaldes del PP de la Costera de contratar seguridad privada en sus municipios. Astarloa, que asistió a una reunión en la sede del PP valenciano, afirmó que la idea le parece “estupenda” y que cuenta con el respaldo de la dirección nacional del PP.

Es más, indicó que su grupo planteará en el Congreso una proposición no de ley para que “allí donde no llegue el poder público lo haga la sociedad civil”. El dirigente popular admitió que es “inconcebible” que socialmente se dé este debate, pero lo justificó por el incremento de la criminalidad y la falta de medios humanos y técnicos, que consideró especialmente preocupantes en la Comunidad: “Si los responsables públicos no son capaces de garantizar la seguridad, por lo menos deberían ayudar a los ciudadanos a hacerlo, dentro de las posibilidades que la ley les concede”, matizó. La idea de contratar seguridad privada para vigilar las calles cuenta con la oposición del Gobierno central.
Astarloa, que se reunió con la plana mayor del PP valenciano, el conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Miguel Peralta, y con empresarios valencianos, dibujó una Comunidad azotada por la delincuencia. “Es el reino de gloria de los delincuentes que no se encuentran a la policía donde se la tiene que encontrar”, dijo. Acusó al Gobierno central de abandonar las políticas específicas diseñadas por el anterior Ejecutivo para la Comunidad: las políticas para el Arco Mediterráneo y para combatir las redes del crimen organizado. E hizo una acusación aún más grave al asegurar que el ministro del Interior había enviado una instrucción por escrito al delegado de Gobierno para “ocultar los datos sobre delincuencia”.
A preguntas de los periodistas, los dirigentes del PP admitieron que no es positivo crear alarma social. El presidente provincial y alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, alegó que ya está en la calle y que había callado durante año y medio. Rus advirtió a la Delegación de Gobierno que si el 1 de marzo no obtiene respuesta “tomará medidas personales”.

37. EL FISCAL PIDE AL JUEZ QUE INVESTIGUE LAS CUENTAS DEL ALCALDE DE TORREVIEJA (PP) (22/02/06)

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha solicitado al juez que investigue los movimientos bancarios del alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, desde 2000. En esa fecha, el primer edil adquirió una finca rústica en Almoradí por 180.000 € y, dos años más tarde, la revendió por 5,4 millones de €. La petición de los extractos bancarios de Hernández Mateo se incluye en la batería de nuevas pruebas que el ministerio público ha trasladado al titular del Juzgado nº 4 de Torrevieja.

La acusación pública también plantea al juez que solicite a las Cortes Valencianas un certificado de los pagos efectuados por esa institución a Hernández Mateo por su condición de diputado autonómico. El fiscal cierra el apartado de nuevas pruebas documentales con la petición de un justificante de los gastos de explotación de la mencionada finca rústica -18 hectáreas de suelo en la localidad de Almoradí-. Hernández Mateo aseguró que compró los terrenos para poner en marcha una explotación agrícola, "y criar perros". A parte, el ministerio público propone al juez instructor que tome declaración, en calidad de testigos, los representantes legales de la mercantil Eden del Mar, firma a la que el alcalde vendió la finca. Esta promotora ha sido beneficiada con adjudicaciones urbanísticas en Torrevieja antes, durante y después de la operación inmobiliaria del alcalde.

38. ALGO HUELE A PODRIDO EN LOS JUZGADOS DE CASTELLÓN: EL TERCER FISCAL Y LA SÉPTIMA JUEZA QUE INTERVIENEN EN EL 'CASO FABRA' VAN. (23/02/06)

El fiscal anticorrupción Daniel Campos, que actúa como acusación pública en el llamado caso Fabra, ha solicitado una excedencia, con lo que la investigación sobre el presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, Carlos Fabra, pasará a manos del que será el cuarto fiscal desde que se iniciara el procedimiento. En poco más de dos años, la investigación ha registrado el paso de siete jueces y tres fiscales, lo que son muchos cambios para unas diligencias cada vez más voluminosas.

Al inicio, la investigación se centró en la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración pública a la que se han sumado las pesquisas por un presunto delito fiscal. El abandono del experto para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción, que pasa al ámbito privado, se produce en las fechas previas a los interrogatorios a tres ex altos cargos del PP, imputados en la causa.

De momento, este interrogatorio que estaba fijado para el día 3 de marzo, ha pasado al día 10, cuando habrán de declarar el ex senador del PP Miguel Prim, el ex director general del Ministerio de Agricultura Rafael Milán, y el ex secretario general de Gestión Sanitaria del Ministerio de Sanidad Rubén Moreno.

Pero aquí no queda la cosa, el caso Fabra tiene aspectos que más parecen un sainete: No solo el fiscal deja el caso, también la jueza sustituta del Juzgado de Instrucción Número 2 de Nules, que instruye la trama de los cuños falsos del caso Fabra, Julia María Minués, ha sido trasladada a un juzgado de Mislata (Valencia) tras solicitar oficialmente el cambio de destino en un concurso público, según informaron fuentes de la administración de Justicia. La plaza de Mínguez ha sido cubierta provisionalmente por Clara Salazar, otra jueza sustituta que ha pasado por diferentes juzgados de Castelló y que previsiblemente podría dejar también su puesto, ya que sólo un juez titular tiene la obligación de mantenerse en un juzgado durante dos años antes de pedir el traslado. Mínguez es la primera jueza al frente del juzgado número 2 de Nules que pide abandonar la causa y se suma de esta manera a una larga lista de renuncias y bajas, siete en total, que desde finales de 2003, cuando estalló el escándalo político, se han producido en el otro juzgado nulense, el número 1.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) garantizó que este rosario de cambios constantes de jueces y fiscales no supondrá retraso alguno en la marcha de la investigación, por lo que se mantienen las declaraciones previstas para el próximo 10 de marzo de tres ex altos cargos del PP imputados en la causa.

39. EL FRAUDE FISCAL DEL “LÍDER DEL PP EN CASTELLÓN” SE ETERNIZA EN EL JUZGADO (25/02/06)

Seis jueces y tres fiscales, más el juez y el fiscal actuales, componen de momento el balance del personal que ha intervenido en el caso Fabra dos años después del inicio del proceso. Los continuos cambios han obstaculizado, en más de una ocasión, el normal procedimiento de las diligencias abiertas contra el presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, Carlos Fabra, ante la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración pública y un presunto fraude fiscal.

Dos años después de que el empresario Vicente Vilar acusara a Fabra de cobrarle "cantidades millonarias" a cambio de mediar ante la Administración, ni siquiera se ha tomado declaración a todos los imputados. Así, aún no se han celebrado los interrogatorios a cuatro ex altos cargos de Agricultura y de Sanidad y una directora general de la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat valenciana, que pueden ser determinantes para dilucidar si Fabra medió para agilizar las autorizaciones de fabricación de determinados productos fitosanitarios. En la lista de imputados sin interrogar está el ex subdelegado del Gobierno en Castellón Vicente Sánchez Peral, que ya ha fallecido. El propio fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, admitió que estos cambios pueden afectar incluso a la "eficacia de la actividad investigadora".

La última baja ha sido la del fiscal anticorrupción para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción, Daniel Campos, que ha solicitado su paso a la empresa privada tras siete meses en el cargo y cuando apenas ha cumplido cinco en el caso. Campos sigue así el camino de su predecesor, otro fiscal de Anticorrupción, Carlos Saiz, que se hizo cargo de la causa el 15 de junio de 2004, cuando, hasta el momento, había sido el fiscal jefe de la Audiencia de Castellón, Javier Arias, quien había asumido la acusación de forma voluntaria. La intervención de Arias fue cuestionada y con el cambio de Gobierno, la Fiscalía del Estado optó por asumir la causa y nombró a Saiz, quien tres meses después pidió una excedencia para ejercer la abogacía en el despacho Gómez Acebo y Pombo.

En cuanto a los jueces, las abultadas diligencias que se instruyen en el Juzgado número 1 de Nules han pasado por siete manos. En septiembre, el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) nombró a la última nueva titular, tras el paso de otras tres jueces titulares y sus tres sustitutas. Pero los cambios no acaban ahí, ya que la juez que abrió y que instruía la otra causa en la que está imputado Fabra, por un presunto delito de falsedad, en el Juzgado número 2 de Nules, también ha sido trasladada, con lo que una sustituta permanecerá a cargo del juzgado hasta que llegue una nueva titular.

La anormalidad de tanto cambio ha quedado patente con la rápida respuesta dada desde fuentes judiciales y de la fiscalía. El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Eduardo Esteban, calificó de "normal" la solicitud de su compañero y "menos normal" la "casualidad" de que los dos fiscales que han dejado anticorrupción hayan coincidido en el caso Fabra. Esteban consideró "más preocupante" el paso de siete jueces por la causa.

40. RIPOLL ELOGIA A AZNAR Y NINGUNEA A RAJOY AL PROCLAMAR QUE CON ÉL DE CANDIDATO EL PP SEGUIRÍA EN EL GOBIERNO (01/03/06)

El pleno de la Diputación volvió a evidenciar que la fractura interna del PP continúa latente. El presidente de la corporación provincial, Joaquín Ripoll, no tuvo reparos ni en elogiar la figura del ex presidente José María Aznar ni tampoco en proclamar que, de haber continuado como candidato, los populares no sólo hubieran repetido victoria electoral sino que seguirían al frente del Gobierno. La constatación de la división del partido se produjo durante la discusión de una moción, en teoría sin polémica, que contaba con el respaldo del PP y el PSPV para exigir a Zapatero que condone las multas a los pesqueros que participaron en el bloqueo de puertos durante la reciente huelga del sector. Los dos partidos respetaron el pacto, tal y como adelantó este periódico, pero, sin embargo, no rehuyeron el “cuerpo a cuerpo” en el turno de debate.

La polémica intervención de Ripoll se originó después de que el socialista Antonio Amorós culpara al anterior Gobierno central del PP del incremento de los precios del carburante, origen de las sanciones a los pesqueros. “Hay decisiones del PP que paga el PSOE”, indicó Amorós que recordó que cuando Aznar se hizo la “foto” con Bush y Blair -el “trío de las Azores”, como él mismo los definió- el entonces presidente del Gobierno “prometió” que, con la intervención militar en Irak, el barril de petroleo se cotizaría a 17 dólares. “Y está a sesenta”, se quejó el portavoz del PSPV en la Diputación.

Antes de que la corporación avalara de forma unánime la moción a favor del sector pesquero, el máximo responsable de la institución, Joaquín Ripoll, optó por poner la guinda al debate. “Ese trío de las Azores del que usted habla -en alusión a Amorós- eran cuatro”. “El presidente de Portugal lidera la Comisión Europea y Bush y Blair fueron refrendados por sus ciudadanos”, apuntó para arrancarse con un elogió al antiguo presidente del PP. “El único que no es presidente es Aznar y porque no se presentó si no lo seguiría siendo”, apuntó Ripoll.

La intervención del responsable provincial de los populares y cabeza visible del sector zaplanista cuestiona el liderazgo de Mariano Rajoy, aunque Ripoll en ningún momento lo citó, y se produce a las puertas del arranque, , de la convención nacional del PP, concebida como lucimiento del líder popular. Los partidarios del ex ministro Zaplana nunca han ocultado sus simpatías por Aznar frente a la clara defensa que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha hecho de la figura de Rajoy. La posición de Ripoll fue acogida con una salva de aplausos desde los escaños del PP, en su mayoría ocupados por afines a Zaplana, mientras el socialista Jaume Pasqual apuntaba en valenciano desde su banco: “Eso significa que Rajoy no vale”. El único que no aplaudió fue el campista y portavoz popular, César Augusto Asencio.

La sesión también sirvió para evidenciar que el PP no está dispuesto a reprobar el último acto de censura protagonizado por el Consell contra una obra de teatro del autor alcoyano Xavi Castillo, cuyo cartel anunciador incluía una caricatura de Zaplana. El citado Asencio pidió a los socialistas que retiraran la moción y que la presentaran en las Cortes en tanto que la decisión la tomó, en su día, Teatres de la Generalitat, argumento en el que también incidió el propio presidente Ripoll.

41. ORTUÑO ACUSA A RIPOLL DE RETRASAR EL JUICIO POR LA PELEA DEL PP DE ELCHE (02/03/06)

Por tercera ocasión consecutiva en los dos últimos meses, el juez suspendió el inicio de la vista oral por la pelea entre militantes del Partido Popular de Elche que se produjo el pasado 22 de noviembre de 2004, con motivo de la asamblea para elegir compromisarios para el congreso regional del partido. Dos de los testigos citados presentaron un parte médico para justificar su incomparecencia.

Es la tercera intentona fallida por celebrar este juicio. En la primera ocasión, el pasado 11 de enero, la vista se suspendió por la incomparecencia de tres de los 15 denunciados y denunciantes del proceso. De nuevo se tuvo que suspender el pasado 13 de febrero, después de que el magistrado admitiese como denunciado a José Manuel Ortuño, hijo del ex subdelegado del Consell en Elche.

Entre los 12 letrados, los 15 implicados, y los casi 40 acompañantes, todos ellos militantes del PP que cada cita acuden al juzgado, comienza ya a cundir cierto malestar por lo que supone desplazarse y destinar una mañana al juicio que a los pocos minutos de empezar se suspende. Entre las personas citadas que han acudido cada convocatoria se encuentran la diputada nacional del PP, Enriqueta Seller, el secretario de organización regional del partido, Enrique Crespo, el propio Manuel Ortuño o la concejala Rosa Campello. Entre ellos sonaba la palabra "hartazgo" por un proceso que se está alargando más de lo previsto. Sin embargo, judicialmente, la vista no puede iniciarse mientras que se justifiquen debidamente las causas de los sucesivos aplazamientos.

Ortuño dijo que una vez más, la causa de la suspensión "es culpa de la otra parte" y dijo que todo es "una maniobra orquestada", acusando de nuevo a José Joaquín Ripoll, Julio de España y Miguel Peralta, de querer "controlar Elche" y de haber manipulado los censos "para ganar en Elche haciendo trampas". Ortuño volvió a manifestar su petición de comparecencia de Ángel Acebes, secretario de organización del PP, "para que explique si tenía conocimiento de lo que pasaba en Elche". Manuel José Botella, uno de los implicados en este juicio, ex presidente del Foro Popular de Elche y afín a la dirección provincial del partido, lamentó el nuevo aplazamiento del juicio "que sólo está perjudicando al partido".

42. EL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA PAGÓ 3,3 MILLONES DE MÁS POR UNA OBRA, SEGÚN UN INFORME (04/03/06)

Un informe valorativo de las obras de la plaza de la Glorieta Gabriel Miró de Orihuela revela una sobrevaloración del coste de ejecución de 3,3 millones €. El Ayuntamiento, presidido por José Manuel Medina, del PP, adjudicó la obra a la promotora Doalco, del empresario local afín al PP Domingo Alcocer, y cuando se inauguró, en diciembre de 2002, sólo se habían aprobado certificaciones de pago por valor de 1.067.717 €, sólo un 20% del coste final que abonó el Consistorio: 5.338.069,7 €. El informe de valoración ha sido elaborado, a petición de la oposición municipal, por un ingeniero del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Alicante. El estudio, en su conclusión final dice: "A la vista de los datos aportados y efectuados los cálculos precisos, se indica que el presupuesto de ejecución material de las obras asciende a la cantidad de 2.036.396 €".

El Ayuntamiento, de acuerdo con las certificaciones de obra aprobadas, abonó un total de 5.199.703 €. El primer pagó, según consta en el departamento de Intervención y Contratación de la corporación, por valor de 98.970 € se efectuó el 29 de julio de 2002 y, el último, por un importe de 609.022 €, con la obra ya inaugurada oficialmente, el 8 de julio de 2003. Más adelante, en el presupuesto municipal del 2004, se incorporó una modificación del proyecto por un importe de 138.366 €. El proyecto, y los sucesivos modificados, fueron coordinados por el arquitecto Londoño Mateus, ajeno a la corporación -el departamento de urbanismo del Ayuntamiento contaba entonces con tres arquitectos en plantilla-.

El sobrecoste de la plaza de la Glorieta de Gabriel Miró fue uno de los supuestos casos de corrupción en el Ayuntamiento denunciados por el ex interventor, José Manuel Espinosa. El funcionario relató diversas irregularidades administrativas, como que los sucesivos reformados no eran una modificación del proyecto, sino un nuevo proyecto, extremo que hubiera precisado la paralización de las obras y proceder a una nueva licitación y, además, que los nuevos sobrecostes del proyecto carecían de consignación presupuestaria. El alcalde, según el ex interventor, iba cambiando el proyecto primitivo a su criterio y a pie de obra. La denuncia del ex interventor motivó hace meses la apertura de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. El titular del departamento, Felipe Briones, está apunto de concluir las diligencias.

43. LOS DUEÑOS DE UN SOLAR EN TORREVIEJA ACUSAN AL ALCALDE DE BENEFICIAR A UNA PROMOTORA (06/03/06)

Los propietarios afectados por un proyecto de reparcelación en Torrevieja denuncian un supuesto trato de favor del Ayuntamiento, presidido Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, a la promotora de la urbanización, ya que sostienen que la adjudicación de parcelas netas y de edificabilidad finalmente acordada mediante decreto de la alcaldía difiere de los parámetros recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con desfases en beneficio del agente urbanizador y en detrimento de los otros ocho propietarios.

El proyecto de reparcelación denunciado es el que afecta al sector 13-A-3, Casa del Peinao, aprobado por el pleno en noviembre de 2005, con el voto en contra de la oposición. El PSPV y los propietarios aseguran que un mes más tarde el alcalde, mediante un decreto, modificó el reparto de parcelas netas y edificabilidad en beneficio del agente urbanizador. El programa urbanístico lo impulsa una Unión Temporal de Empresas (UTE), de las mercantiles Grupo General de Servicios Integrales, SL, e Infraestructuras Terrestres, SA.

Las supuestas ilegalidades del proyecto se incluyen en el recurso de reposición presentado por uno de los propietarios. El documento demuestra las diferencias en el reparto de suelo neto y edificabilidad entre lo parámetros recogidos en el PGOU para ese sector y el decreto del alcalde, "cuyo resultado es un beneficio injustificado del agente urbanizador", precisa el recurso. En el caso concreto del propietario que ha instado el recurso, con una parcela inicial de 619 m², el PGOU le adjudica una parcela neta de 362 m², que el decreto de la alcaldía rebaja a los 305 m². Mientras, a la mercantil Infraestructuras Terrestres, que aporta una parcela inicial de 24.524 m², el PGOU le asigna 14.697 m² netos, que el alcalde elevó hasta los 15.064.

Idéntica desproporción se aprecia en el reparto de edificabilidad. El propietario denunciante, según el PGOU, tendría una edificabilidad de 195 metros cuadrados de techo, que el decreto del alcalde situó en 164,50; en el caso de la mercantil, la edificabilidad que le atribuye el PGOU es de 7.926, 08, pero el decreto del alcalde le asigna 8.139.

Manuel Vera, portavoz de Urbanismo del grupo socialista, asegura que el proyecto de reparcelación "es una muestra más de la práctica urbanística del alcalde, que siempre beneficia a los grandes propietarios en detrimento de los pequeños".

44. RURALCAJA APORTA AL JUZGADO EXTRACTOS DE UN PAGO DE 150.000 € QUE VILAR ASEGURA QUE ENTREGÓ A FABRA (07/03/06)

La sucursal de Ruralcaja en Artana ha enviado al Juzgado de Instrucción número 1 de Nules los dos extractos bancarios que este órgano judicial venía reclamando desde hace meses para confirmar si el empresario Vicente Vilar, propietario de Naranjax SL, dice la verdad cuando declara que realizó un pago de 150.000 € (25 millones de las antiguas pesetas) al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra. El juzgado de Nules había requerido varias veces al director de la oficina, Pascual José Silvestre, para que aportara la documentaciónnecesaria, pero el responsable de la caja de Artana siempre había pedido más tiempo para localizarla, bajo el argumento de que el cambio de nombre de la entidad -de Caja Rural a Ruralcaja- dificultaba su búsqueda. Finalmente, Silvestre ha aportado copia de los dos movimientos contables que Naranjax realizó esas fechas.

Tal y como ha declarado Vilar en sus sucesivas comparecencias en el juzgado de Nules, el primero de los documentos aportados por Ruralcaja es una copia del ingreso de un cheque por importe de 25 millones de pesetas que Naranjax realizó en su cuenta el 16 de septiembre de 1999. El segundo extracto es otra copia, en este caso del reintegro por la misma cantidad que alguien -en nombre de Naranjax- sacó de la entidad financiera al día siguiente, es decir el 17 de septiembre. El empresario mantiene que tanto el ingreso como el reintegro realizado 24 horas después obedecen a un pago que Naranjax hizo a Carlos Fabra por sus favores políticos, algo que siempre ha negado el presidente de la diputación. Una de las incógnitas que deberá desvelar el juzgado es quién rubricó el reintegro del 17 de septiembre. Según Vicente Vilar no hay duda de que la firma que aparece en el recibo es la de su ex mujer, Montserrat Vives, y por esta razón está dispuesto a solicitar a la juez una prueba pericial caligráfica que demuestre que su ex cónyuge fue la intermediaria en esta operación. “En aquellas fechas teníamos un descubierto, así que cuando fuimos a sacar el dinero el director de la Caja Rural nos propuso cancelar ese descubierto y abrir una nueva cuenta en la que irían esos 25 millones. Y así lo hicimos”, asegura el industrial.

Justo Nieto, conseller de Empresa de la Generalitat Valenciana compareció el martes en el Parlamento de esa Comunidad para informar sobre el caso Julio Iglesias. Nieto no ha querido mojarse y se ha dedicado a echar balones fuera, responsabilizando a sus predecesores y al consejo del Instituto Valenciano de la Exportación.

Nieto es consciente de que en el pago de casi mil millones de pesetas libres de impuestos a Julio Iglesias, cuando oficialmente eran 375, la existencia de un ‘contrato b’, facturas sospechosas etc. le empujaron a por ofrecer las mismas respuestas durante su comparecencia que sus predecesores.

El conseller de Empresa se centró en dos argumentos para intentar eludir cualquier tipo de responsabilidad. El primero de ellos fue consistió en insistir que la operación, ejecutada en paraísos fiscales, es “pasado” y los responsables de la misma son sus predecesores.

Su segundo argumento consistió en añadir que el cuerpo del posible delito es el tan nombrado ‘contrato b’. “Un documento que no existe, al menos en nuestra documentación”, matizó. En febrero Levante publicó este ‘contrato b’. Y añadió: “No he encontrado nada merecedor de emprender acciones”.

Nieto aprovechó también para salpicar al consejo de administración del IVEX. A continuación explicó que “no tiene base para actuar”, pero matizó que “no pone la mano en el fuego por nadie ni dedica un segundo a defender la operación Julio Iglesias”.

46. TENSIONES EN EL PP. ZAPLANA REIVINDICA SU GESTIÓN EN UN LIBRO Y ADVIERTE A CAMPS QUE PARA GANAR HAY QUE CONTAR CON TODOS (10/03/06)

El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, no defraudó las expectativas de sus incondicionales. El ex presidente de la Generalitat aprovechó su visita a Valencia para insuflar ánimos a los suyos y entrar al trapo en los conflictos que siguen abiertos con su sucesor Francisco Camps, al que no citó en ningún momento, pero al que dirigió entre líneas la mayoría de sus mensajes. Zaplana fue invitado a un almuerzo-coloquio organizado por El Mundo en un hotel de Valencia en el que pronunció una conferencia bajo el título España en la encrucijada.

En su charla hizo un repaso de los asuntos más candentes de la actualidad nacional, pero la carga de profundidad estuvo en sus comentarios sobre la política valenciana. Anunció la elaboración de un libro por profesores universitarios sobre su etapa al frente del Consell para “poner en valor” su gestión. “Al final lo que queda son los balances. ¿Los gestos y el 'marketing' son política? Si, también; pero lo que quedan son los balances y los resultados”, insistió . Acto seguido ofreció una serie de datos y cifras sobre empleo, política social, infraestructuras, etcétera, siempre referidos a la etapa 1995-2003. “¿Quieren que no ponga eso en valor?, ¿que me calle y pida disculpas?”, se preguntó, para indicar que si esta fuera la postura del Gobierno central o de la oposición lo entendería. “Ellos hacen bien, pero haríamos mal si nos dejáramos llevar”, añadió en tono de reproche a los actuales responsables del Consell por no defender su gestión.

Ya en el coloquio, retomó el asunto en respuesta a una pregunta formulada por uno de los comensales sobre las perspectivas de triunfo electoral del PP valenciano en las próximas elecciones. Fue el momento que aprovechó para advertir a Camps que debe contar con todos a la hora de confeccionar la listas. No lo dijo de forma explícita pero el mensaje era inequívoco. Empezó su contestación afirmando que pensaba que el PP no debería tener ninguna dificultad para ganar las elecciones con mayoría absoluta. Para ello, dijo, los gobernantes “tienen que hacer las cosas lo mejor posible, tener un proyecto y un programa de futuro, pero el principal aval para las promesas está en su gestión”. “La gente -añadió- te cree por lo que has sido capaz de hacer, y aquí tenemos un historial espléndido, aunque a algunos les gustaría que pidiera disculpas”.

Llegado a este punto retomó su anuncio sobre el libro e indicó que no está dedicado a su gestión, sino “a la de los equipos extraordinarios de personas que he dirigido”.”Algunos de ellos siguen con responsabilidades de gobierno; otros no. Son profesionales de un primer nivel”, manifestó. Y añadió: “El éxito no te acompañará sino cuentas con estos equipos; si no, es imposible, por lo que es fundamental ponerlos en valor”. El ex ministro aprovechó para dejar claro que no tiene en mente regresar a la política valenciana: “Yo no voy a volver más a ningún puesto de responsabilidad a la Generalitat, lo digo por si alguien albergaba dudas”.

Eso sí, a tenor de sus declaraciones, tampoco parece querer irse del todo: “Estoy -dijo- puntualmente informado de lo que ocurre en la Comunidad, algo que no es incompatible con los silencios que administro”. Y en el caso de sus silencios estuvieron dirigidos a la reforma del Estatuto valenciano, el gran logro de legislatura de Camps y la gran asignatura pendiente de su gestión en el Consell. Zaplana evitó celebrar la aprobación del texto el día anterior en el Senado.

47. UN AYUNTAMIENTO DEL PP INCLUYE UN INSULTO A ZAPATERO EN UN TEST (10/03/06)

El Ayuntamiento de Alicante, presidido por el PP, introdujo un insulto al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "zapatero bobo, eta no pacta", entre las posibles respuestas a una de las 60 preguntas de las que constó un concurso oposición para cinco plazas de bombero. El alcalde, Luis Díaz Alperi, que dijo sentirse "indignado y avergonzado" por este hecho, anunció una investigación para "depurar" responsabilidades. Los socialistas exigieron su destitución y "públicas disculpas" por parte del PP.

El examen lo confeccionó el departamento municipal de Recursos Humanos con 60 preguntas propuestas por los miembros del tribunal opositor, presidido por el concejal de Recursos Humanos, Juan Rodríguez Marín, que a su vez es senador y presidente de la Comisión de Garantías del PP valenciano. También lo integran un abogado municipal militante del PP, la técnico municipal de Recursos Humanos, un especialista en la materia, un representante de la Generalitat Valenciana y dos miembros del la Junta de Personal.

Ninguno de ellos puso objeciones a la respuesta. El Ayuntamiento sólo ha reaccionado después de que se hiciera público que uno de los aspirantes impugnó la pregunta. El opositor considera que la pregunta está bien formulada, pero sobre la respuesta, dice: "Señores, da igual el color político al que correspondan, de derechas, de izquierdas, eso me es indiferente, lo que no creo es que se deba jugar con estos temas en una oposición". "Zapateroboboetanopacta", "Tetracloroetano", "Azodi" y "Tetrafluoroetano" eran las cuatro posibles respuestas a la pregunta "¿Cuál de estas sustancias es autorreactiva?".

El alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, ha ordenado que se abra un expediente para averiguar los hechos con el fin de determinar quién ha introducido "zapateroboboetanopacta" en la prueba. Díaz Alperi evitó comparecer en público. Tampoco lo hizo Rodríguez Marín, que no ofreció su versión de lo ocurrido pese a ser requerido por los medios de comunicación. En un comunicado, el alcalde dijo sentirse "indignado y avergonzado" por lo que considera un hecho "inadmisible" y anunció sanciones para el responsable. Fuentes municipales señalaron , sin revelar el nombre del autor del insulto, que "se trata de alguien del Ayuntamiento".

48. UN EX ALTO CARGO ADMITE QUE FABRA MEDIÓ A FAVOR DE UNA EMPRESA PRIVADA (11/03/06)

El ex director general de Agricultura Rafael Milán acudió al juzgado número 1 de Nules (Castellón), en calidad de imputado, por la investigación abierta contra Carlos Fabra ante la posible comisión de uno o varios delitos contra la administración pública, entre los que se encuentra el tráfico de influencias y el cohecho. Milán admitió la autoría del escrito con el que se informó a su ministro, Miguel Arias Cañete (PP), de "las presiones políticas de los parlamentarios y del presidente de la Diputación de Castellón (Carlos Fabra) por los asuntos de Naranjax". Milán también reconoció que en la reunión que Fabra mantuvo, meses antes, con el anterior ministro de Agricultura, Jesús Posada (PP), se habló de uno de los productos para los que el grupo Naranjax había solicitado una autorización que todavía no estaba concedida.

En cualquier caso, trató de justificar el interés mostrado por Fabra y el resto de cargos públicos por el "escándalo", según dijo, que protagonizaba Vilar con sus continuas denuncias públicas sobre el retraso en la concesión de autorizaciones.

El ex director general de Agricultura admitió también la anormalidad del interés exhibido por los políticos de Castellón respecto al único fabricante de fitosanitarios de la provincia. Sin embargo, trató de argumentar las continuas peticiones, e incluso exigencias, de información sobre el estado de las autorizaciones solicitadas por Vilar con el modo de ser y actuar de éste.

La titular del juzgado número 1 también había citado para, en calidad de imputado, al ex diputado y ex senador del PP, Miguel Prim, que, tal como certifican los documentos que constan en las diligencias, preguntó en reiteradas ocasiones tanto por el grupo Naranjax como por los productos que fabricaba éste, así como por el estado de la tramitación de las autorizaciones que solicitó la empresa de las mujeres de Fabra y Vilar.

Prim no pudo negar la autoría de los escritos firmados por él mismo, pero sostuvo, en todo momento, que las gestiones no obedecieron a órdenes de Fabra sino del propio Vicente Vilar y que éstas respondían, únicamente, a su labor como representante de los ciudadanos y defensor de los intereses de los empresarios de su provincia, según dijo. De esta manera, avalaba la afirmación de Rafael Milán sobre que "en ningún momento" hubo trato de favor hacia los productos fitosanitarios de la empresa Naranjax.

49. EL ALCALDE DE TORREVIEJA (PP) RECALIFICÓ SUELO AL GRUPO QUE LE COMPRÓ FINCAS (12/03/06)

El alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, y los ediles de su gobierno, tramitaron en junio de 2000 una recalificación de suelo al grupo de empresas Eden del Mar, el mismo que un año medio después compró al alcalde una finca que le reportó una plusvalía de 5,2 millones. La Consejería de Territorio paralizó la recalificación, porque el suelo se encuentra en zona protegida de las Las Lagunas de la Mata.

El gobierno local del PP presidido por Hernández Mateo dio el visto bueno el 19 de junio de 2000 a una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) presentada por la promotora Altos del Mar, SL, del grupo Eden de Mar, para la tramitación y aprobación de un plan parcial El Limonar II y su correspondiente expediente de homologación. La recalificación salió adelante con los votos favorables del alcalde y los ediles del PP y la abstención de los concejales de la oposición. Pero poco después, la Comisión Territorial de Urbanismo paralizó la recalificación, ya que el sector, de unos 25.000 m² se encuentra en el perímetro de protección del paraje natural de Las Salinas de La Mata y en esa zona se suspendieron las licencias y los actos administrativos de urbanismo.

Según denunció el grupo municipal socialista de Torrevieja, la promotora Altos del Mar, en un escrito fechado el 23 de febrero de este año, ha pedido al alcalde que continúe la tramitación del expediente porque ha sabido que la Consejería de Territorio va a levantar la suspensión cautelar que afecta al sector. El portavoz adjunto del grupo socialista, Manuel Vera, apreció que si Altos del Mar sabe que va a levantarse la suspensión es que "tiene información privilegiada". Vera se preguntó cómo es posible que se vaya a autorizar la construcción si el suelo a recalificar está pegado a Las Lagunas. "Que sepamos nosotros, ni el sector ni Las Lagunas se han movido de su sitio en estos seis años", ironizó el edil.

El juez imputó al alcalde de Torrevieja a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante por la operación de compra-venta que le reportó una plusvalía de 5,2 millones de € en El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, observó indicios de delitos en la denuncia presentada contra Hernández Mateo por EU. El fiscal Anticorrupción solicitó a finales del mes pasado al juez que investigue los movimientos bancarios del alcalde de Torrevieja desde 2000, fecha en la que el regidor formalizó la operación de compra-venta.

El juez rechazó un escrito de la defensa del alcalde en el que solicitaba el archivo de la causa abierta al primer edil por los supuestos delitos de tráfico de influencias e información privilegiada derivados de la compra-venta. Hernández Mateo compró la finca (18 hectáreas de suelo rústicos en la vecina localidad de Almoradí) en 2000 por 180.000 € y la vendió 2 años más tarde por 5,4 millones € El alcalde de Torrevieja vendió la finca a la promotora Eden del Mar. Esta mercantil, al margen de la recalificación citada ha sido beneficiada con adjudicaciones urbanísticas en Torrevieja antes, durante y después de la operación inmobiliaria del alcalde.

50. LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CASTELLÓN ORDENA QUE DECLAREN CUATRO EX MINISTROS DE AZNAR (14/3/06)

La Audiencia Provincial de Castellón ha ordenado al Juzgado de Nules que cite a declarar a los ex ministros de Aznar Jesús Posada, Miguel Ángel Arias Cañete (Agricultura), Celia Villalobos (Sanidad) y Juan Costa (Comercio), así como al ex secretario de Estado de Comunicación, Alfredo Timermans. Se trata de los ministros con los que, en su día, se reunió Carlos Fabra para que se autorizaran los productos fitosanitarios del empresario Vicente Villar. También tendrán que prestar declaración los antiguos subdirectores generales de Sanidad Vegetal y de Promoción Agrícola del Ministerio de Agricultura, Ramón Vázquez y Juan José Guitián, respectivamente.

También la Audiencia Provincial ordena que se llame a declarar al coseller-portavoz del Gobierno valenciano, Esteban González Pons, del senador del PP por Castellón, Juan José Ortiz, de dos guardaespaldas de Fabra, del notario Carlos Pascual y del empresario José Ramón Ramírez.

Además, la Audiencia dispone que se aporte toda la documentación relativa a las empresas, propiedades, movimientos bancarios e incidencia fiscal, no sólo de Carlos Fabra sino también de su mujer e hijos, entre los años 1999 y 2004.

51. EL FISCAL ACUSA DE CORRUPCIÓN AL ALCALDE DE ORIHUELA Y A CINCO CONCEJALES, TODOS DEL PP (14/03/06)

El fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha solicitado al juez que investigue como imputados al alcalde de Orihuela, cinco concejales, cuatro promotores y los responsables de una empresa adjudicataria de la recogida de basuras. El fiscal especializado solicita que se abran diligencias por las denuncias de corrupción, relacionadas con la gestión urbanística y contable, en el Ayuntamiento que preside José Manuel Medina, del PP, al apreciar "indicios de delito" por malversación, falsedad, tráfico de influencias y prevaricación en una treintena de casos.

La delegación de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante abrió la investigación por corrupción en el Ayuntamiento oriolano en septiembre de 2005 a instancias del fiscal general de Estado. Este último ordenó la investigación tras recibir denuncias de dos particulares. Después de seis meses, Briones, con el visto bueno de la Fiscalía de Alicante, remitió las diligencias (61 folios) a los juzgados de Orihuela.

El fiscal justifica su acusación básicamente en cuatro pilares: la denuncia sobre supuestas irregularidades contables vertida por el ex interventor de la corporación, José Manuel Espinosa. El grueso de las denuncias sobre presuntas corruptelas en el Ayuntamiento de Orihuela fue realizado en febrero de 2005 por el hasta entonces interventor, José Manuel Espinosa. El funcionario fue destituido tras autoinculparse de haberse apropiado de 30.000 € de las arcas municipales. Dos días más tarde, Espinosa convocó a los portavoces de la oposición y reveló una serie de irregularidades contables de las que responsabilizó directamente al alcalde y los ediles del PP. La conversación fue grabada en dos cintas. En su comparecencia ante el fiscal, el ex interventor se ratificó en su denuncia y declaró: "He sido el blanqueador de facturas del alcalde".

Las amistosas relaciones del alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, con los promotores locales le han reportado pingües beneficios. El primer edil oriolano reside en un lujoso chalé de la costa y ocasionalmente conduce un Rolls-Royce, propiedad del promotor local Joaquín Antonio Grau Pomares. El uso es desde mediados de 2004, justo cuando el pleno de la corporación autorizó al promotor la recalificación de dos millones de m² para construir 4.500 viviendas y un campo de golf. La autorización del programa urbanístico al empresario y el uso del chalé y del coche integran la denuncia por los delitos de malversación, tráfico de influencias, falsedad y prevaricación que el fiscal anticorrup-ción de Alicante, Felipe Briones, ha remitido a los juzgados. La lista del ministerio público incluye una treintena de supuesto casos de corrupción derivados de la gestión urbanística y contable del Ayuntamiento.

En su escrito, el fiscal asegura que los denunciados, aparte del alcalde de Orihuela, son cinco concejales de su equipo de gobierno, cuatro promotores y la firma Necso. El Ayuntamiento aprobó el programa urbanístico a Grau en abril de 2004, en suelo no urbanizable y protegido. Medina autorizó el proyecto, pese a un acuerdo anterior del pleno que prohibía recalificar ese suelo. Desde esa fecha, Medina reside en un lujoso chalé, valorado en no menos de un millón de €. La vivienda, según el Registro de la Propiedad, pertenece a una firma de Grau. El alcalde asegura que reside en la casa en régimen de alquiler con opción de compra.

Igualmente, desde principios de 2004 el parque móvil de Medina, -el alcalde tiene una colección de cerca de un centenar de automóviles- se completa con un Rolls-Royce/Bentley. El coche llegó directamente desde Italia al garaje del alcalde. Con matrícula 7676-CST, según un certificado del 3 de marzo de 2004 del Colegio Oficial de Gestores de Alicante, está dado de alta en la Jefatura Provincial de Tráfico a nombre del promotor Joaquín Antonio Grau Pomares. El vehículo está valorado en 200.000 €.

Medina niega que tenga un Rolls, pero no que conduzca el del promotor. "Es una impertinencia preguntarme qué coche conduzco, tengo más de cien en mi garaje", dijo. La denuncia del fiscal, en el apartado del urbanismo, incluye dos urbanizaciones aprobadas el pasado septiembre al promotor José Antonio Rodríguez, en suelo no urbanizable y protegido. Unos meses antes, el empresario se convirtió en el socio mayoritario de la televisión local 34, emisora afín al PP. Este constructor fue el que ejecutó la urbanización de un centro de salud. Medina adjudicó, por decreto, las obras tras su ejecución, seis meses después de la apertura al público del centro.

Pero no solo es el Rolls, también José Manuel Medina ‘conduce’ un Audi A8, propiedad del también promotor Francisco Marcos Ferrer, al que recalificó suelo para un centro comercial al alegando que en la zona (la costa del municipio poblada por tres decenas de grandes comercios) "apenas existía oferta". La aprobación del proyecto al empresario, propietario de uno de los lujosos automóviles (un Audi A8 que usa Medina) integra la denuncia de la Fiscalía contra el alcalde.

La denuncia del Fiscal Anticorrupción recoge una treintena de casos de corrupción por la gestión urbanística y contable del Ayuntamiento. El ministerio público aprecia indicios de delitos por prevaricación, falsedad, tráfico de influencias, y malversación. Los denunciados, además de Medina, son cinco ediles de su equipo de gobierno y cuatro promotores.

La autorización del proyecto comercial al promotor Marcos Ferrer se produjo en el pleno del pasado 29 septiembre. La propuesta del constructor contempla la construcción de un gran centro comercial (de la cadena Carrefour o del Corte Inglés) en la partida de la Zenia, en la costa de Orihuela. El informe del empresario, con el visto bueno del Ayuntamiento, justificaba la iniciativa porque en el tramo del litoral comprendido entre Pilar de la Horadada y Torrevieja, "sólo hay dos grandes centros comerciales".

53. LA AUDIENCIA ORDENA QUE SE INVESTIGUE SI FABRA PUSO COMO TESTAFERROS A SU ESPOSA Y A SUS HIJOS (15/03/06)

La Justicia indagará el patrimonio del presidente de la Diputación Provincial de Castelló, Carlos Fabra, y en el de su esposa e hijos, al considerar la sección segunda de la Audiencia Provincial de Castelló que esta investigación es necesaria para esclarecer si se cometieron uno o más delitos de tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas en la tramitación de una larga lista de productos pesticidas agrícolas fabricados por la empresa Naranjax de Artana. En un extenso auto judicial firmado el pasado 28 de febrero, la Audiencia Provincial decide estimar la mayoría de las pruebas que la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE) solicitó en julio de 2005, al considerar los magistrados que estas diligencias pueden ser imprescindibles para el esclarecimiento del caso Fabra.

El juzgado de Instrucción Nº 1 de Nules rechazó en primera instancia esta batería de documentos y testigos pero la organización presentó un recurso ante la Audiencia, que ahora ha decidido revocar la resolución de la juez de instrucción y dar vía libre a las pruebas. El tribunal deja constancia en su auto de que no ha dejado de reflexionar y de “sopesar” a la hora de extender la investigación también a posibles testaferros del presidente de la diputación, pero finalmente llega a la conclusión de que es “inevitable” porque en este tipo de delitos “no es infrecuente que el eventual lucro obtenido trate de ocultarse en la esfera familiar”. El auto ordena al juzgado de Nules que se aporten varios documentos, como los certificados acreditativos de las cuentas anuales de Artemis 2000 SL, la empresa en la que participaron al 50% María Amparo Fernández, esposa de Fabra, y Montserrat Vives, ex mujer de Vicente Vilar, propietario de Naranjax.

La Audiencia insta además al juzgado de Nules a que pida oficio a la Tesorería de la Seguridad Social para que este organismo informe sobre los empleados dados de alta en Carmacas SL, la asesoría que el líder del PP provincial creó y a través de la cual supuestamente canalizó las comisiones millonarias que obtenía por estudios jurídicos elaborados para Naranjax. En este punto, la Audiencia cree conveniente que la Tesorería aporte los nombres de los empleados de esta empresa, así como sus periodos de contratación y el régimen laboral en el que se encontraban. El auto insta a que se aporten los certificados del Registro de la Propiedad de los inmuebles de los que sean titulares Fabra y su esposa, así como los hijos de la pareja. Otra de las líneas de investigación que se seguirá conduce al patrimonio financiero de los Fabra.

Los supuestos regalos que Vilar realizó a la familia Fabra también serán investigados, ya que la Audiencia ordena que los responsables de la sala de arte Braulio y los de las joyerías Guinot y Ricardo Caro informen sobre las ventas realizados a la familia. Entre las pruebas que se deberán realizar figura también una tasación de todas las fincas que sean titularidad de la familia.

Varios cargos públicos del Partido Popular se encuentran en la actualidad imputados por diversos cargos, la mayoría relacionados con el tráfico de influencias y el cohecho en temas de urbanismo. A pesar de que el PP tiene un código ético en el que obliga a sus cargos públicos a poner a disposición del partido sus puestos cuando son investigados por la justicia, en la práctica esa obligación no se aplica. El caso más patente es el de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, que conserva todos sus cargos y el apoyo del presidente regional, Francisco Camps. Hace 13 años, en vísperas de las elecciones de 1993, el Partido Popular presentó una serie de medidas contra el transfuguismo político y la utilización de cargos públicos para el enriquecimiento personal. El entonces presidente del PP, José María Aznar, declaró que este llamado código ético pretendía mantener "una actitud beligerante a favor de una vida pública limpia y transparente". En este código, el PP asumía el compromiso de abrir comisiones de investigación a los cargos del partido imputados y hacer públicas las conclusiones de los informes.

En la actualidad, varios cargos públicos populares se encuentran imputados por diversos motivos, entre ellos Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y principal cargo del PP denunciado ante los tribunales; José Manuel Medina, alcalde de Orihuela; Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante, y Pedro Ángel Hernández, alcalde de Torrevieja. El PP no ha abierto expediente a ninguno de estos militantes. A pesar de que el artículo 8 del código ético del PP señala que los cargos públicos deberán poner a disposición del partido sus puestos si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional pueden derivarse indicios racionales de comisión de un delito, en la práctica hace años que esto no sucede, debido a la facilidad con la que se pueden interponer querellas y denuncias contra los cargos públicos, según argumenta el PP.

Más de dos años después del estallido del caso Fabra, el procedimiento judicial se encuentra todavía en una fase inicial, en la que se está tomando declaración a imputados y testigos y se reúne la documentación pertinente para la investigación de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y un posible fraude fiscal, de los que se acusa al presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, Carlos Fabra. El caso Fabra se ha caracterizado por la participación de hasta siete jueces y cuatro fiscales. Los dos últimos, nombrados por la Fiscalía Anticorrupción, pidieron una excedencia y pasaron a trabajar en la empresa privada. Tanto Esquerra Republicana de Catalunya como Izquierda Unida han preguntado al Gobierno por este continuo cambio de jueces y fiscales, que, está adquiriendo en Castellón la categoría de escándalo.

El caso Fabra se desató en diciembre de 2003, cuando Vicente Vilar, un fabricante de productos fitosanitarios, presentó dos querellas contra Fabra por supuestos delitos contra la salud pública y la propiedad industrial. Los juzgados de Nules no admitieron las querellas. Sin embargo, uno de ellos abrió un procedimiento de oficio, ya que dedujo la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración pública, entre los que se encuentran los de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. Además, la juez imputó tanto a Fabra como a Vilar, así como a la esposa del primero, María Amparo Fernández, y a la ex mujer del segundo, Monserrat Vives. Estas dos últimas habían formado una sociedad, Artemis 2000, vinculada a la comercialización de productos fitosanitarios.

El fiscal jefe de Castellón asumió voluntariamente el caso. Posteriormente, fue la Fiscalía Anticorrupción la que decidió hacerse cargo de la representación del ministerio público, después de que se admitiese la personación de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana como acción popular. Asimismo, destaca la abundante documentación presentada por el denunciante, que también está imputado, y que implica a cuatro ex ministros del Gobierno de Aznar (los ex ministros de Agricultura Jesús Posada y Miguel Arias Cañete; la ex ministra de Sanidad Celia Villalobos y el ex ministro de Ciencia y Tecnología Juan Costa), así como a otros ex altos cargos.

Además, existe una denuncia por fraude fiscal debido a la falta de justificación de la procedencia de ingresos en efectivo por valor de 600.000 € en cuentas de Fabra y su familia, de los que son imputables directamente al líder del PP de Castellón, según Hacienda, 300.000. Sin embargo, la Agencia Tributaria también le ha acusado del impago de cuotas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por unos 150.000 € en el ejercicio de 1999.

Pese a los indicios de delito hallado por las jueces, el PP no ha puesto en práctica su código ético de reclamar a Fabra sus cargos. Muy al contrario, el presidente regional el PP, Francisco Camps, y el portavoz del partido en el Congreso, Eduardo Zaplana, han mostrado su apoyo, sin fisuras, al líder provincial, aunque el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, ha sido señalado por su partido para tratar de convencer a Carlos Fabra de la "oportunidad" de que no repita como candidato para las próximas elecciones.

El fiscal anticorrupción de Alicante, tras 6 meses de investigación, ha puesto nombres y apellidos a la trama político-empresarial en el Ayuntamiento de Orihuela, en manos del PP con mayoría absoluta desde 1987, denunciada por el ex interventor de la corporación, José Manuel Espinosa, y por la oposición. El ministerio público ha remitido al juzgado un escrito con una treintena de casos supuestamente delictivos por la gestión urbanística y contable del Consistorio. El fiscal Felipe Briones engloba las irregularidades en cuatro delitos: malversación, falsedad, tráfico de influencias y prevaricación. Los denunciados son el alcalde, cuatro concejales, tres asesores del primer edil (una de ellas concejal cuando ocurrieron los hechos), cuatro promotores y la firma Necso.

- Alcalde. El grueso de la denuncia recae sobre el alcalde, José Manuel Medina, a quien el fiscal acusa de los cuatro delitos, por recalificaciones de suelo protegido, sobrecostes de obras sin consignación presupuestaria, contratación ilegal del jefe de personal y uso de bienes (un chalé y dos lujosos turismos) propiedad de empresarios beneficiados por adjudicaciones. Medina llegó a la alcaldía en 1996 en sustitución del ex consejero de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena, que está pendiente de ingresar en prisión tras haber pedido el indulto por apropiarse de la donación de 49.000 € de unas religiosas al Ayuntamiento. Al aflorar la división interna de los populares, entre zaplanistas y campistas, el alcalde se alineó en el segundo sector, claramente más débil en Alicante. Este extremo le acarreó el pasado mes de julio la pérdida de la presidencia local del PP oriolano

- Concejales. Junto a Medina, el fiscal denuncia a los concejales responsables de Urbanismo, Personal y Hacienda, es decir, Eva Ortiz, Antonio Franco y Antonio Rodríguez Barberá, respectivamente, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación y falsedad. Rodríguez Barberá es secretario autonómico de la Consejería de Agricultura. El escrito del fiscal incluye la acusación directa del ex interventor a la también diputada autonómica Mónica Lorente.

- Asesores. La nómina de cargos públicos denunciados por el fiscal se completa con tres asesores del alcalde: Encarna Galiano, Luis Alberto Prieto Marí y José Vicente Escudero. Encarna Galiano, compañera sentimental del alcalde, fue concejal entre 1999 y 2003 y es en la actualidad asesora de infraestructuras. Según el ex interventor, dejó el cargo sin justificar mandamientos de pagos por valor de 22.000 €. Prieto Marí, familiar político del concejal Antonio Franco, fue contratado en exclusiva en diciembre de 2004 como jefe de Personal del Ayuntamiento. Prieto Marí era, además, profesor de la Consejería de Murcia a tiempo parcial, por su condición de liberado sindical. Tras trascender que cobraba dos sueldos públicos, dimitió. Escudero, está acusado del de cobró comisiones ilegales.

- Promotores. El fiscal personaliza la trama empresarial en los promotores supuestamente beneficiados por trato de favor en la recalificación de suelo. Éstos son Joaquín Antonio Grau Pomares, Francisco Marcos Ferrer, Domingo Alcocer y José Antonio Rodríguez Belmonte.

- Necso. Esta empresa es la adjudicataria de las basuras desde 1987. En 2002, según el ex interventor, se pasaron a cobro facturas falsas por un supuesto lucro cesante de 240.000 €. El 22 diciembre de 2004, el Ayuntamiento, por decreto de la alcaldía, pagó un extra de 180.000 € a los empleados de Necso para evitar una huelga.

- Canal 34. Alcocer, Marcos y José Antonio Rodríguez Belmonte, junto con otros cuatro promotores locales, coinciden en el consejo de administración de la televisión local canal 34, emisora afín al PP. En julio de 2005 Rodríguez Belmonte se convirtió en el socio mayoritario de la televisión. El gerente del canal, recientemente legalizado por el Consell, es Antonio Galiano, hermano de la asesora de Medina y ex concejal Encarna Galiano.

57. MEDINA: “LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL PP ME SOMETE A PERSECUCIÓN” (19/03/06)

En mitad del calvario que vive tras las denuncias de supuesta corrupción en el Ayuntamiento por parte de la Fiscalía, el alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, se revolvió contra la dirección provincial del PP, a la que acusó de perseguirlo, abandonarlo y de “echar más leña al fuego” de su ya complicada situación. En un discurso repleto de autoexculpaciones e interrogantes, Medina recaba el apoyo de la dirección regional de los populares y carga con dureza contra el ex interventor del Consistorio, José Manuel Espinosa, del que dice que ahora pretende eximirse de responsabilidad en los posibles delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad en documento público que investiga el juzgado.

“La dirección provincial del PP debe amparar a un alcalde legítimo de su partido y no echar más leña al fuego y poner más dudas sobre mi situación, que ya es de por sí complicada. Debería ayudar en lugar de echar más leña al fuego”, declaró el primer edil oriolano sobre la posibilidad de que la ejecutiva provincial instara a la regional la apertura de una comisión de investigación interna; posibilidad que mismo descartó el secretario provincial, Miguel Peralta.

Preguntado acerca de si se siente perseguido por la ejecutiva que preside José Joaquín Ripoll, Medina no tiene duda alguna: “Absolutamente perseguido. Me han expulsado de la ejecutiva provincial pese a no tener potestad para hacerlo, y no he oído en mi vida que un comité ejecutivo provincial quiera crear una comisión de investigación contra un miembro de su partido”. El alcalde oriolano fue expulsado por Ripoll de la dirección del partido el pasado 14 de octubre, pocos días después de que Medina acometiera una remodelación a fondo de las competencias de sus concejales a raíz del voto negativo de ocho de ellos a la aprobación de un proyecto urbanístico impulsado por el alcalde.

58. EL PRIMER EDIL DE TORREVIEJA (PP) CONTRATA CON UNA FIRMA DEL HERMANO DE UN EDIL (21/03/06)

El Ayuntamiento de Torrevieja, gobernado por el PP, contrata desde 2003 servicios de seguridad privada con una empresa, cuyo gerente es el hermano de Eduardo Gil Rebollo, concejal de Infraestructuras. Se denuncia que las adjudicaciones son ilegales porque se elude el obligatorio concurso público al superar los contratos el máximo previsto en la ley. Entre 2003 y 2004, el Ayuntamiento adjudicó a esa empresa trabajos por 260.000 €.

La firma de seguridad con la que contrata el Ayuntamiento de Torrevieja es la mercantil Descon Seguridad, SA, cuyo gerente es Pedro Gil Rebollo, hermano del mencionado concejal del Grupo Popular. En 2003 y antes de los comicios municipales, Eduardo Gil Rebollo era el concejal del área de Seguridad del Consistorio. Posteriormente, el edil pasó a asumir la delegación de Infraestructuras.

Entre los trabajos adjudicados a la empresa del hermano de Gil Rebollo se encuentran la seguridad del submarino de la Armada española, donado por el ex ministro de Defensa Federico Trillo al Ayuntamiento de Torrevieja. El Consistorio también ha encargado otros servicios relacionados con la vigilancia de un museo y calles con monumentos protegidos.

El Grupo Socialista municipal denuncia que todas las adjudicaciones del Ayuntamiento a la mencionada empresa privada de seguridad se han realizado por decreto del alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, y posteriormente ratificadas por el la Comisión de Gobierno de la Corporación, de la que forma parte el edil Eduardo Gil Rebollo. "Este concejal, cuando menos por ética, debería de haberse ausentado de las reuniones de la Comisión de Gobierno en las que se ratificaban las adjudicaciones a la empresa de un familiar", señaló Manuel Vera, portavoz adjunto del grupo municipal del PSPV.

59. AL QUE REPARTE LE TOCA LA MEJOR PARTE: UN ALTO CARGO DEL PP COMPRA UNA FINCA JUNTO A UN FUTURO CAMPO DE GOLF EN ALCOI (22/03/06)

Ramón Doménech Doménech, subsecretario de la Conselleria de Territorio y Vivienda, ha comprado una finca rústica de 395.000 metros cuadrados de extensión, situada a poco menos de un kilómetro de la zona del proyecto Xirillent Golf, que prevé una urbanización y un campo de golf. El dirigente autonómico compró estos terrenos (en los que va incluida una masía) por 456.000 € a un grupo de 10 entidades religiosas locales, representadas por el vicario episcopal en Alcoi, José Antonio Varela. La operación de adquisición se formalizó pocos meses antes de que se presentara el proyecto para construir en Xirillent un campo de golf, un hotel y una urbanización con 500 chalés. Hay que señalar que la viabilidad de esta obra depende, en gran manera del dictamen que haga de la misma la Conselleria de Territorio, en la que Doménech ocupa un alto cargo. El conseller Rafael Blasco expresó en diferentes ocasiones su apoyo a la iniciativa, a pesar de que cuenta con dos informes desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la falta de justificación de las reservas hídricas.

Esta finca, conocida como el Mas de Miró, fue donada en el año 2002 por un matrimonio alcoyano a un total de diez entidades religiosas de la ciudad. La propiedad estaba dividida entre las siguientes instituciones: Parroquia de San Mauro y San Francisco, Siervas de María, Parroquia de San Vicente y San Antonio, Congregación Hermanitas Ancianos, Fontilles, Arzobispado de Valencia, Casa Beneficencia Hogar Infantil. Parroquia de San Roque, Parroquia Natividad de Nuestra Señora y Fundación Mariola la Asunción.En julio de 2004, el vicario episcopal -en representación de todos los propietarios- solicita la segregación de la finca de tres parcelas de 25.000 metros cuadrados. Hay que señalar que esta solicitud viene acompañada por un proyecto redactado por una arquitecta que es hija de Ramón Doménech, el futuro comprador. Una vez aprobada esta petición, en noviembre de 2004 se efectúa la venta de la finca al subsecretario de Territorio y a su esposa, que aparece reflejada en el registro de la propiedad un año después. Simultáneamente se ceden tres parcelas segregadas a tres hijas del subsecretario. Estas parcelas aparecen valoradas en torno a los 60.000 € cada una.

Según se hace constar en el orden del día de una reunión de la Fundación Mariola la Asunción, una de las entidades beneficiarias de la operación, el precio total de la venta es de 456.000 €. Fuentes consultadas por este periódico señalan que esta cantidad está muy por debajo de los precios de mercado, que en conjunto valoran la parcela y el edificio de la masía en 1.662.000 €. Fuentes inmobiliarias indicaban que sólo el edificio de la masía estaría valorado en no menos de 240.000 €. Hay que señalar finalmente que el Mas de Miró está incluido dentro de la zona de amortiguación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del parque natural de la Sierra de Mariola. La zona tiene la declaración de suelo no urbanizable. Dos tercios de su superficie son suelo agrícola y el restante, tiene la consideración de forestal, al estar más cercano a las áreas boscosas del paraje.

60. MEDINA: EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN INVESTIGARÁ EL SUPUESTO SOBORNO POR LA CONTRATA DE BASURAS DE ORIHUELA (PP) (24/03/06)

El fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, investigará el supuesto soborno de una de las firmas aspirantes a la contrata de basuras del Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP. La denuncia está recogida en la grabación de una entrevista entre un concejal y un empresario, también aspirante a la adjudicación. Briones aseguró que asumirá el caso y lo acumulará a la denuncia que ya ha trasladado al juzgado con 30 supuestos hechos delictivos por la gestión urbanística y contable del consistorio. Los implicados en la grabación, salvo el empresario Fenoll, negaron su autenticidad.

Tras la publicación de la cinta en la prensa, el fiscal Felipe Briones, anunció que abrirá una investigación. "Con independencia de que alguna de las partes me traslade una denuncia, la Fiscalía investigará los hechos, y los acumulará al escrito ya remitido al juzgado", aseguró. El escrito incluye 30 casos de corrupción por la gestión urbanística y contable del Consistorio oriolano.

La grabación acarreó un cruce de acusaciones y anuncios de querellas protagonizados por los dos protagonista de la conversación: el empresario Ángel Fenoll y portavoz del grupo municipal del Centro Liberal, Jesús Ferrández. El industrial insistió en la "veracidad" de la grabación y anunció que trasladará los hechos a la Fiscalía General del Estado y el fiscal Anticorrupción de Alicante. "Todo lo que se puede escuchar en la cinta es cierto", dijo. Fenoll subrayó que grabó la conversación con Ferrández para demostrar "que la decisión de adjudicar la contrata Urbaser está tomada desde hace 5 meses". El industrial insistió en que su oferta "es la mejor y la más barata", con una rebaja de un millón de € al año.

Un portavoz oficial de Urbaser también se desvinculó de la denuncia. La mercantil exigió al Ayuntamiento que adopte las medidas necesarias para la "transparencia y legalidad de la adjudicación, legalidad que la empresa ha respetado en todo momento". La firma adelantó su disposición a colaborar con las investigaciones abiertas para esclarecer los hechos, "y en función de ello iniciar acciones legales".

La grabación difundida por Fenoll incluía, además, comentarios de ámbito personal del empresario Francisco Marcos Ferrer, también presente en la denuncia del fiscal anticorrupción por supuestas ilegalidades en la adjudicación de un proyecto comercial. El promotor anunció que presentará una querella por injurias contra Ferrández y Fenoll y reclamará la responsabilidad civil subsidiaria a los medios que reprodujeron ese pasaje de la cinta.

La denuncia sobre un posible soborno por parte de una las firmas aspirantes a la contrata de basuras del Ayuntamiento de Orihuela -evaluada en unos 550 millones de €-, la mercantil Urbaser, una división del grupo ACS, del empresario Florentino Pérez, está recogida en la grabación de una entrevista celebrada el 23 de febrero entre Ferrández Fenoll. El empresario difundió la grabación el miércoles, un día después de que la mesa de contratación municipal otorgara a la oferta de Urbaser la máxima puntuación. La de Fenoll quedó en tercer lugar. En la cinta, el concejal Ferrández desveló al industrial que, en una anterior conversación con representantes de una tercera firma, estos le comentaron que la empresa Urbaser estaba dispuesta a ofrecer 3 millones de € en comisiones, si se hacía con la contrata, al alcalde, otro edil del PP, Ferrández y el concejal del PSPV Isidro Hernández. Los representantes de la tercera firma aludida [San Antonio] son su presidente, José Antonio Rodríguez, y su abogado, José Vicente Escudero. Ambos están incluidos en el escrito del fiscal por supuestos hechos delictivos. El primero por un supuesto intento de soborno a concejales y el segundo por el posible cobro de comisiones de la oficina de rehabilitación del casco histórico de Orihuela, que Escudero dirigió entre 1996 y 2003.

61. EL ALCALDE DE CREVILLENT (PP) PRETENDE FOTOGRAFIAR A TODOS LOS INMIGRANTES (24/03/06)

El alcalde de Crevillent, César Asencio, del PP, quiere disponer de fotos de todas las personas que se empadronen en el municipio y además conocer los metros cuadrados disponibles en la vivienda así como el número de personas que conviven bajo el mismo techo. La medida, aunque se presenta de carácter general, pretende controlar aquellas viviendas en las que los trabajadores inmigrantes viven "hacinados".

Primero fue la polémica decisión de instalar cámaras en la calle contra la inseguridad, y ahora pretende disponer de fotografías de todas las personas que se empadronen en el municipio y establecer unas normas para que no vivan hacinados en sus casas. El alcalde de Crevillent, César Asencio, aprobó en la Junta de Gobierno de una normativa de empadronamiento por la que se exigirá la presentación de una foto para poder registrarse. La idea se presenta como "un mecanismo de mejor control de personas", según indicaron en un comunicado fuentes municipales, que precisaron que la normativa incluye también una tasación de la superficie y del número de personas que pueden habitar en una vivienda.

En la Junta de Gobierno se presentó un informe de propuesta elaborado por el secretario, a petición del alcalde, César Asencio, de una normativa que "regulará y limitará la masificación de empadronados en viviendas". Así, en una vivienda de 80 m² podrán habitar un máximo de nueve personas. La propuesta del alcalde "está basada en informes elaborados desde el gabinete municipal de servicios sociales, que han alertado sobre la existencia de viviendas habitadas por un número excesivo personas de determinados colectivos y que no son del mismo ámbito familiar", en referencia a los trabajadores inmigrantes que conviven en pisos de alquiler.

La normativa "va destinada a las personas que pretendan empadronarse en el término municipal de Crevillent, señalando como domicilio aquellas viviendas ajenas, en las que existan ya empadronadas otras personas con las cuales no tenga vínculo familiar". De este modo, la normativa "incluye una tasación de cada superficie y el número de personas ideal que podría acoger. Para una superficie de 20 metros se establece que pueden vivir 2 personas, 30 metros 3 personas, 40 metros 4, para 48 metros 6 y así sucesivamente". Otra de las propuestas es que para empadronarse "se identifiquen mediante fotografía aquellas personas que van a ocupar las viviendas, como mecanismo de mejor control". La normativa también incluye "sanciones de hasta 450 € a los titulares de viviendas que infrinjan esta norma".

La propuesta, una vez aprobada, será remitida al presidente del Instituto Nacional de Estadística para que "dé el visto bueno, puesto que la Ley de empadronamiento está regulada por el estado, aunque existe un vacío legal que no contempla los topes de habitantes por vivienda".

62. DOS CONCEJALES DEL PP UTILIZAN AL ÚNICO POLICÍA LOCAL DE GUARDIA COMO CHÓFER EN EL MUNICIPIO DE SIETE AGUAS (25/03/06)

El portavoz del grupo municipal socialista en el municipio de Siete Aguas, Eduardo Llopis, criticó que el concejal y primer teniente alcalde del Partido Popular, José María Valero, y el también concejal y segundo teniente alcalde, Miguel Gómez Calvet, del mismo partido, utilizaran como chófer para ir a Valencia al único policía local que estaba de servicio. "Coger un taxi de ida y vuelta me hubiera costado unos 70 € y no quería gastar esa cantidad sabiendo que sólo estaría fuera dos horas", aseguró el teniente de alcalde.

El portavoz socialista dijo que no es la primera vez que esto sucede y afirmó que "el PP no sólo demuestra un gran desconocimiento de las funciones del cuerpo de Policía Local sino también que le importa muy poco la seguridad del municipio". El primer teniente alcalde aseguró que mañana tiene que volver a Valencia y que se va a llevar consigo al Policía. "Parece mentira que me critiquen cuando yo sirvo al municipio de forma gratuita, ya que no cobro ni un duro por trabajar en el Ayuntamiento", aseguró indignado Valero. Hace aproximadamente un año, el edil reprochó al alcalde, Rafael Zahonero, que hubiera utilizado al jefe de la Policía Local como chófer en una visita a consejería en Valencia. "En aquella ocasión el alcalde lo justificó en la dificultad de encontrar estacionamiento en la zona de manera que si iba el policía, podía quedarse esperando en el coche", dijo Llopis.

Valero volvió a utilizar al policía como chófer para ir al Palacio de Justicia, coincidiendo con el día del mercado ambulante, lo que, a modo de ver de Llopis, "agrava" la actuación de los concejales. "Se trata de uno de los días más conflictivos de toda la semana por las complicaciones que genera en el tráfico y porque aumentan las posibilidades de que haya hurtos u otro tipo de delitos".

63. EL CONCEJAL DE URBANISMO DE OROPESA PAGÓ PARTE DE UNA PARCELA CON DINERO NEGRO (28/03/06)

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Oropesa, Tomás Fabregat (PP), adquirió en el año 2000, tres años antes de ser elegido edil, cinco parcelas en el municipio. La compra de una de ellas desencadenó el inicio de un litigio judicial sobre la titularidad de la misma, por lo que fue llamado a declarar, en calidad de testigo, en la instrucción de las diligencias abiertas por la querella que presentó un vecino que la reclamaba. En su declaración ante el juez, que tuvo lugar en julio de 2003, según consta en el acta, Fabregat dijo haber pagado parte de la finca "en dinero negro".

Según indica el documento que recoge su testimonio, este dijo que "entregó a cambio de la finca un millón de pesetas y, aparte, 500.000 en dinero negro". El edil aseguró no recordar los términos utilizados en su declaración ni por qué habló de "dinero negro" ya que ha "cumplido con Hacienda" y con sus "declaraciones patrimoniales". "Tengo la conciencia totalmente tranquila y nada tengo que ocultar", añadió.

La declaración ante el juez tuvo lugar un mes después de que Fabregat tomara posesión como concejal de Urbanismo de Oropesa, aunque hacía referencia a una operación realizada tres años antes. Entonces, en 2000, Fabregat, junto a su esposa, adquirió cinco pequeñas parcelas entre los meses de junio y septiembre, por las que desembolsó, según figura en el registro de la propiedad, algo más de 75.000 €. La superficie total de las cinco fincas asciende a 11.811 m², lo que supone que las compró a un precio medio de 6,3 €.

En octubre, entre uno y cuatro meses después de su adquisición, el ahora edil y su esposa firmaron un contrato de compraventa con Construcciones Castellón 2000, del grupo Marina d'Or, que preside Jesús Ger, por el que vendía las cinco fincas por un precio total de 567.905 €, es decir, por alrededor de 48 €/m², lo que reportó a Fabregat y a su esposa un beneficio de 492.000 €. Pese a que la operación de compraventa se efectuó en 2000, la inscripción pública de la misma no se realizó hasta mayo de 2003, un mes antes de que se celebraran las elecciones municipales en las que salió elegido el edil.

Tomás Fabregat reconoció la existencia del documento de compraventa privado con el grupo Marina d'Or, anterior a la inscripción pública. De hecho, en su declaración ante el juez también expuso que la venta se había realizado "alrededor de septiembre de 2000", aunque no pudo concretar exactamente la fecha. Ante el juez sostuvo que "creía recordar" que el contrato privado "se firmó cuatro o cinco meses después de agrupar las fincas", aunque la venta no se elevó a documento público hasta tres años después.

El edil destacó que la operación se realizó "mucho antes de que fuera concejal y cuando ni siquiera sabía que iba a serlo". Fabregat señaló que se trató de una operación realizada tras la venta de un terreno y que ahora se "arrepiente de haber vendido tan pronto, porque el negocio hubiera sido haberlo mantenido". Tal como indicó ante el juez, aprovechó la posibilidad que le otorgó una inmobiliaria para la compra de las cinco pequeñas parcelas con la opción de agruparlas. "Las fincas estaban a la venta", añadió. Además, según dijo, una vez agrupadas, "las ofreció a varios constructores" y finalmente optó por Marina d'Or.

Según el registro de la propiedad, los cónyuges recibieron parte de la cantidad estipulada en dinero, mientras que el pago de otra parte quedó aplazado hasta la transmisión de un apartamento en un edificio que entonces tenía el grupo inmobiliario en construcción. Fabregat admitió la alta rentabilidad de la operación aunque sostuvo que "el precio lo marca el mercado y esa es una zona que se ha revalorizado mucho", pese a que se trata de fincas rústicas que en el Plan General de Ordenación Urbana aparecen calificadas como "agrícola protegido".

La relación entre Fabregat y Ger no se limita a la operación de estas parcelas, sino que ambos comparten la titularidad de un local comercial en el complejo Marina d'Or. Esto no ha sido óbice para que se abstenga de participar en todas las votaciones.

64. LA JUEZ ADMITE LA DENUNCIA DEL 'CASO ORIHUELA' Y PIDE AL FISCAL QUE PROPONGA LAS PRUEBAS A PRACTICAR (29/03/06)

La titular del Juzgado nº 4 de Orihuela ha admitido la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante por 30 supuestos hechos delictivos por la gestión urbanística y contable en el Consistorio oriolano del PP. La magistrada ha comunicado su decisión al fiscal para que este presente el escrito de proposición de pruebas. Los denunciados son el alcalde, cuatro concejales, tres asesores, el secretario, cuatro promotores y la firma Necso. Mientras, la Comisión de Hacienda ha suspendido indefinidamente la nueva contrata de basuras en espera de tres informes externos. La titular del Juzgado nº 4, Lidia Mª Paloma Montaño, rechazó inicialmente la competencia del caso e impugnó el reparto del Decanato de los Juzgados de Orihuela.

El fiscal remitió el escrito el pasado día 14 y el Decanato asignó el caso a la oficina de Montaño dos días después. La magistrada consideró que la denuncia del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, era una ampliación de una causa abierta en el Juzgado número 6 sobre uno de los puntos incluidos en el escrito del ministerio público y, por tanto, que era esa oficina competente. El Decanato rechazó el recurso de la juez y mantiene que, por reparto, su oficina es la que tiene que instruir la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Acto seguido, la magistrada acordó la admisión de la misma y dio traslado de su decisión al ministerio público para que presente el escrito de proposición de pruebas. El fiscal acusa a los denunciados de los supuestos delitos de malversación, falsedad, tráfico de influencias y prevaricación. El Juzgado nº 4 es la misma oficina que instruye la causa de las primas únicas del ex consejero de Obras Públicas y ex alcalde de Orihuela, Luis Fernando Cartagena. La juez está pendiente de la decisión del fiscal anticorrupción sobre si ejerce la acusación para retomar las diligencias, inconclusas desde hace 15 años.

Por otro lado, la comisión de Hacienda acordó suspender "indefinidamente" la nueva contrata de basuras y supeditar la adjudicación a las conclusiones de tres informes externos, que la corporación solicitará a las universidades de Murcia y Alicante y a una consultora. El acuerdo de la comisión, con la ausencia del Alcalde, José Manuel Medina se produce tras el escándalo por un supuesto intento de soborno de una las firmas aspirantes a la contrata, la mercantil Urbaser, a Medina y tres concejales más. Esta empresa fue puntuada en primer lugar por la mesa municipal de contratación.

El escándalo del supuesto soborno reavivó la división interna del grupo popular, entre los afines al colectivo campista, liderados por el alcalde, y los partidarios del sector zaplanista, encabezados por la portavoz del grupo, Mónica Lorente. El alcalde era partidario de ratificar el acuerdo de la mesa de contratación en la comisión de Hacienda y, posteriormente, en el pleno. Mientras, los concejales zaplanistas se mostraban a favor de suspender la adjudicación y pedir nuevos informes externos. La contrata también acarreó la división de los altos funcionarios de la corporación, con el secretario en contra de la adjudicación a Urbaser y el interventor e ingeniero, a favor.

Tras dos reuniones frustradas, el sector zaplanista impuso su tesis en la comisión de Hacienda celebrada . A la opción de pedir informes externos antes de adjudicar la contrata se sumó el presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll. "Ha habido noticias que han enturbiado ese proceso [la adjudicación de la contrata] y para desenturbiarlo lo mejor son informes independientes externos", dijo. El supuesto ofrecimiento de pago de comisiones está recogido en dos grabaciones de sendas entrevistas entre el empresario Ángel Fenoll, que también aspira a la contrata, y el portavoz del grupo municipal del Centro Liberal, Jesús Ferrández. Éste niega la autenticidad de las grabaciones y ha iniciado acciones legales contra el industrial, que, por el contrario, defiende la veracidad de las cintas.

65. EL PP RECHAZA LA INVESTIGACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL EX PRESIDENTE ZAPLANA (30/03/06)

Tres de tres. El PP echó mano de su mayoría absoluta para rechazar en las Cortes Valencianas las propuestas de los grupos de la oposición para crear comisiones parlamentarias de investigación sobre Ciegsa, el Ivex y Terra Mítica. Tanto la empresa pública dedicada a la construcción de centros escolares como el organismo encargado del comercio exterior y el parque temático de Benidorm están bajo sospecha por presuntos asuntos de corrupción surgidos durante el gobierno del anterior presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. Quizá por eso, el Grupo Popular optó por dejar en manos de diputados zaplanistas las réplicas a los portavoces de la oposición que pidieron aclarar esos asuntos.

Los sobrecostes de los centros que construye la empresa Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA (Ciegsa), el polémico contrato del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) con el cantante Julio Iglesias y los presuntos pagos irregulares de Terra Mítica no serán objeto de investigación en las Cortes. , después de meses de insistencia de la oposición y de constantes negativas del PP, por fin el pleno de la Cámara debatió las iniciativas para crear comisiones de investigación sobre estos asuntos. Pero, como estaba previsto, el PP echó mano de su mayoría absoluta para rechazarlas.

La novedad estuvo más en la forma que en el fondo. Porque los argumentos del PP para rechazar las iniciativas fueron los esperados, esto es, negar la mayor: Ciegsa no tiene problemas, no hay ningún contrato B del Ivex con el cantante afincado en Miami, y en Terra Mítica no pasa nada, aunque está en suspensión de pagos. La sorpresa fue que la dirección del Grupo Popular encomendó la tarea de replicar a los portavoces del PSPV y de Esquerra Unida-L'Entesa que defendieron la creación de las comisiones de investigación a tres diputados del sector zaplanista. Los campistas eludieron así defender tres asuntos directamente relacionados con el anterior presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que creó Ciegsa, que ordenó el contrato del Ivex con Julio Iglesias y que hizo de Terra Mítica su proyecto emblemático. Los defendieron, respectivamente, Carmen Nácher, Elvira Suanzes y Fernando Modrego, los tres, fieles seguidores del ex presidente Zaplana.

Posteriormente, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, justificó su pasividad ante las denuncias de corrupción que afectan a altos cargos del PP por respeto a la presunción de inocencia. Camps, interpelado en la sesión de control de las Cortes por los escándalos que sacuden su partido, puso en duda la labor de la Fiscalía y acabó exigiendo explicaciones a la oposición, a la que conminó a disculparse por "manchar" la imagen de la Comunidad Valenciana. Durante la sesión, el jefe del Consell también propuso a los socialistas colaborar para reclamar un plan de seguridad al Ministerio del Interior.

Tres argumentos tiene Francisco Camps para no adoptar ninguna decisión frente a las denuncias que involucran a altos cargos del PP: la presunción de inocencia que tiene todo ciudadano hasta que no es declarado culpable; la existencia de una Administración de Justicia y la actitud de la oposición parlamentaria que presenta una relación de titulares relacionados con altos cargos del PP pero no de sus propios partidos.

66. EL ALCALDE DE ORIHUELA MANUEL MEDINA (PP) SE DEMUESTRA QUE ESTÁ IMPLICADO EN LA ADJUDICACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA (31/03/06)

Se han emitido unas grabaciones que demuestran la implicación del alcalde de Orihuela (Alicante), Manuel Merina (PP) y varios concejales de este ayuntamiento en irregularidades en la adjudicación de la concesión del servicio de limpieza, que se quería hacer a cambio del pago de comisiones ilegales.

Estas grabaciones recogen las conversaciones entre un empresario que quería conseguir el servicio de limpieza de la ciudad y un concejal del Ayuntamiento de Orihuela. En ellas, el edil pedía el pago de una cierta cantidad de dinero a cambio de la concesión del servicio de basuras.

En las grabaciones se escucha al empresario Ángel Fenol, de la empresa UTE Cosul, que también quería optar a la concesión, y el concejal Jesús Ferrández, del Centro Liberal.

En la primera de las grabaciones, el concejal Jesús Ferrández reprocha al empresario Angel Fenol (autor de las grabaciones) que hubiera grabado la conversación en la que hablan del reparto de comisiones. En la grabación a la que hace referencia Ferrández, el concejal afirma que su grupo, el alcalde, otro concejal del PP y un tránsfuga se iban a repartir casi dos millones de euros por adjudicar la contrata a Urbaser: “25 se podían quedar ellos para gestiones, 200 irían a Medina y Franco y 100 serían para Isidro y para nosotros”.

En otro momento de esta conversación, el edil del Centro Liberal reconoce que él no quiere ser alcalde y que prefiere “mangonear en la sombra”: “Yo quiero mangonear por detrás, que es lo que me gusta… yo alcalde, no. A mí eso de los discursitos me suda el capullo”.

Medina ha negado tener relación de las empresas candidatas a una contrata, que supondría 300 millones de euros en 25 años para la adjudicataria. "No quiero saber nada del señor Fenoll ni de las cintas", ha asegurado el alcalde, que no tiene intención de pedir la dimisión del concejal Ferrández.

Los miembros de la Comisión de Contratación de Hacienda del Ayuntamiento de Orihuela acordaron aplazar el dictamen de esta polémica adjudicación hasta contra con nuevos informes independientes. El escándalo en la contrata de basuras sólo es una más de las irregularidades que están salpicando al ayuntamiento de Orihuela. La justicia investiga ya hasta 30 actuaciones de este consistorio por indicios de delitos de malversación, prevaricación, falsedad y tráfico de influencias.

67. UN EDIL DEL PP DE CASTELLÓN ASUME QUE PROMOTORAS Y TÉCNICOS INTERCAMBIAN INFORMACIÓN PRIVILEGIADA (31/03/06)

El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Castellón, Miguel Ángel Mulet, se defendió de un supuesto trato de favor hacia una promotora por parte del municipio alegando que existen consultas, contactos y trabajo en común entre los técnicos municipales y los de las empresas constructoras. Mulet, que intentaba rebatir el supuesto tráfico de información privilegiada, acabó por reconocer que el intercambio de datos era una cosa normal.

El pleno del Ayuntamiento debatió la aprobación de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que incluye 51 pequeñas modificaciones. El equipo de gobierno trató de añadir otras seis (de la 52 a la 57), que no habían pasado por el preceptivo trámite de exposición pública. La oposición del secretario municipal a que se incluyeran estas modificaciones hizo que la propuesta del PP no se tuviera en consideración. En el expediente de modificación del PGOU figura que uno de los grupos constructores más importantes de la provincia había presentado una alegación a la modificación 57 que, hasta el momento, no ha sido expuesta al público. De hecho, la Junta de Gobierno Local aprobó, tal como indica el escrito, estimar parcialmente la alegación.

Ante la existencia de estos documentos, el concejal del grupo municipal socialista, Miguel Alcalde, preguntó cómo era posible que la empresa alegara a una modificación que no se conocía públicamente. La respuesta corrió a cargo del portavoz del PP, Miguel Ángel Mulet, quien justificó la existencia de dicha alegación y la información con la que supuestamente contaba la constructora alegando la existencia de contactos y consultas entre los técnicos de la oficina del plan general y los técnicos de empresas constructoras que habitualmente trabajan en la ciudad. Alcalde le advirtió de la gravedad de su afirmación sobre el intercambio de información no accesible para todo el mundo y Mulet reiteró su consideración y el carácter de "normalidad" de estos contactos.

El debate entre los portavoces de ambos partidos se produjo como consecuencia de un error. En realidad, los documentos que constatan la presentación de esa alegación a una modificación no expuesta al público contienen un fallo, ya que la alegación no se refiere al punto 57 (no expuesto), sino al punto 5 (sí expuesto) y en éste se hace referencia a un artículo numerado con el 57. Sin embargo, el error no fue detectado y el PP trató de justificar el supuesto conocimiento que la constructora tenía de las previsiones de modificación del Ayuntamiento.

El pleno aprobó además una moción conjunta en la que se insta a la administración pertinente a que agilice el proyecto de ejecución de AVE Madrid-Comunidad Valenciana, de tal forma que llegue a las tres capitales de provincia de manera simultánea. El escrito insta también a que se redacte el informe de impacto ambiental del proyecto; y que se licite y ejecute "de manera inmediata" para no perjudicar las previsiones de crecimiento y avance de la economía de la Comunidad Valenciana.

El Ayuntamiento de Orihuela gobernado por el PP desde 1987 e inmerso en una investigación judicial por la denuncia del fiscal anticorrupción, que ha enconado 30 hechos delictivos relacionados con la gestión urbanística y contable del municipio, acaba de vivir otro escándalo. La empresa Urbaser, una de las aspirantes en el concurso para el servicio de recogida de basuras del municipio (por el que Orihuela pagará a la adjudicataria 300 millones € en 25 años) habría intentado sobornar al alcalde, José Manuel Medina, del PP, y a tres concejales para intentar ganarlo, según unas cintas grabadas por un industrial a un edil.

El supuesto intento de cohecho se recoge en dos grabaciones entre el concejal Jesús Ferrández, portavoz de la formación Centro Liberal, y el industrial Ángel Fenoll, cuya empresa se presentaba al concurso. Las grabaciones fueron realizadas el 25 de octubre de 2005 y el pasado 23 de febrero. Fenoll, afín al PP, difundió la primera grabación el pasado 21 de marzo, un día después de que la mesa de contratación municipal puntuara en primer lugar a Urbaser, la empresa que supuestamente quería sobornar a los cargos públicos. La propuesta de Fenoll quedó en tercer lugar. El alcalde, del grupo de afines al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, apoyó la opción de Urbaser, mientras los concejales del PP afines a Eduardo Zaplana optaron por la oferta de Fenoll.

Fenoll explota a dedo el servicio de basura en la costa de Orihuela desde 1987 y acumula varias condenas, una por comprar votos para el PP en las municipales de 1991. En la actualidad tiene las contratas de basuras en 19 municipios de Alicante. Jesús Ferrández es en la actualidad portavoz del Centro Liberal, una escisión del PP en 1997. Entonces era concejal de Urbanismo. Por discrepancias con la política urbanística del alcalde Medina dejó el PP y con él se fueron cuatro ediles. Los supuestos intermediarios son el constructor José Antonio Rodríguez Belmonte y su representante legal, José Vicente Escudero.

Los supuestos beneficiaros del intento de cohecho son el alcalde, que llegó el cargo en 1996. Medina, alineado con el sector campistas del PP valenciano, fue desbancado de la presidencia local del partido el pasado mes de julio por la zaplanista Mónica Lorente. Sobre él recae el grueso de la denuncia del fiscal por los delitos de prevaricación, falsedad, tráfico de influencias y malversación. Antonio Franco es concejal de Personal e igualmente aparece en el escrito de Anticorrupción por la contratación en exclusiva del jefe de personal, que, a su vez, cobraba de la Consejería de Educación de Murcia. Isidro Hernández fue elegido concejal en 2003 en las listas del PP, y tiene carné del PP desde 1990, votando en las asambleas del PP.

69. UNA PROMOTORA RUMBOSA, REGALÓ JOYAS A LAS MUJERES DE LOS EDILES DE ORIHUELA (02/04/06)

Las conversaciones entre el empresario Angel Fenoll y el portavoz del Centro Liberal en el Ayuntamiento de Orihuela, Jesús Ferrández, revelan muchas más cosas que el supuesto pago de comisiones a cambio de aprobar la contratación del servicio municipal de recogida de basuras a una determinada empresa. En la grabación, que recoge la conversación que mantuvieron el empresario y el concejal el pasado 23 de febrero de 2006, Ferrández revela que la promotora San Antonio, a la que el Consistorio oriolano le aprobó en septiembre dos planes parciales para construir 6.800 casas, regaló un “collar de perlas negras valorado en 7.200 €” a la mujeres de los concejales.

Esta grabación forzó al alcalde a paralizar la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela, después de que desvelara presuntos pagos de comisiones multimillonarias al primer edil y varios concejales. El regidor liberal hace referencia en la cinta a los proyectos urbanísticos Tierra Nueva I y II, aprobados el pasado mes de septiembre con el respaldo de seis concejales del Partido Popular (José Manuel Medina, Eva Ortiz, Araceli Vilella, Paz Chazarra, Antonio Franco y Antonio Hernández), los seis del Centro Liberal y el ex socialista Isidro Hernández. Además, fue el plan parcial que originó la división en el seno del grupo municipal del PP, pues la mayoría, ocho concejales, todos ellos afines a Mónica Lorente, se negó a respaldar la iniciativa urbanística.

En la grabación, Ferrández explica a Fenoll que la cena, en la que, según el edil, la promotora concedió los regalos a las esposas de determinados concejales, se celebró en un hotel de Villajoyosa y entre los asistentes estaban “los socios de las empresa y los arquitectos”. “¿Sabes qué regalo le dieron a las mujeres? La mujeres se pensaban que aquello era fantasía...Un collar de perlas de esas negras”, expone el edil. “Estaba valorado en un millón y pico de pesetas”, recalca. Según expone: “Eran 30 mujeres, pues más de 30 millones de pesetas”. “¡Dios sabe lo que habrán costado!”, exclama ante el empresario Angel Fenoll. “¿Me quedé muerto, copón?”, dice el regidor del Centro Liberal.

El propio Ferrández cuenta que él y su esposa asistieron a la cena en la que se dieron los regalos. “Era una cena privada. Si hubiera sido una cena-espectáculo como las que organiza [la empresa] San José no hubiéramos ido”, indica. “Como era la Navidad, tuvieron el gusto de darles un detallico a las mujeres. 1.200.000 pesetas vale el collarico. Son de esas perlas negras, unas más gordas, otras más pequeñas. Son auténticas”, según dice Ferrández en la conversación del 23 de febrero.

Este pasaje de la grabación es el que sigue al revelado el pasado 22 de marzo por el propio empresario Angel Fenoll, y en el que fundamentalmente se habla del supuesto pago de comisiones al alcalde Medina, Franco y al Centro Liberal a cambio de respaldar la oferta de la empresa Urbaser en la adjudicación del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria. Actualmente, la juez ya ha admitido a trámite el escrito de Anticorrupción y ha dado traslado a su titular, Felipe Briones, para que proponga las pruebas.

70. EL ALCALDE DE DOLORES (PP) COMPRÓ CINCO PARCELAS EN LA HUERTA ONCE MESES ANTES DE RECALIFICAR EL SUELO (02/04/06)

Gabriel Gascón, alcalde de Dolores (Alicante) por el PP, adquirió cinco parcelas en zona de huerta el 29 de diciembre de 2004. Once meses después ese suelo se recalificó, fuera del PGOU, para la construcción de 2.664 viviendas y un campo de golf. El 10 de noviembre de 2005, sólo 15 días antes del pleno que recalificó el sector, Gascón vendió las fincas a un precio, en escritura, muy por debajo del que se pagaba en la zona. El PAI, promovido por el propio alcalde, se adjudicó a la empresa San José, propiedad de la familia de un miembro de la ejecutiva provincial del PP.

El alcalde y su hermano vendieron las parcelas a la empresa Rigal Inversiones Patrimoniales SL, mercantil que empezó a comprar suelo en la zona de huerta -unos 100.000 m²- un año antes de la recalificación. Rigal Inversiones es una empresa "próxima al alcalde", según el PSPV, que se pregunta cómo supo esta empresa que el suelo iba a recalificarse.

Según las escrituras públicas, el alcalde apenas ganó dinero con la operación de compra-venta. La adquisición la realizó a cinco vendedores distintos y la venta, a un solo comprador: Rigal Inversiones, por solo 47.000 €, según escritura librada por un notario de Orihuela. Por esas fechas, a quince días de la recalificación, el suelo se pagaba a unos 50 €, según han declarado varios afectados por la recalificación, cifra muy distante de los 4,8 € que recibió el alcalde por cada metro que enajenó.

Según figura en el expediente de recalificación del suelo, el padre del alcalde y los familiares de dos ediles del PP son propietarios de fincas en el sector que se recalificó. Sin embargo, tanto el alcalde como los dos concejales participaron en la votación para apoyar, en una misma sesión, la recalificación del suelo (1,6 millones de metros de huerta) y la adjudicación del PAI a la empresa San José. Uno de los concejales de la oposición, el socialista Agustín Ródenas, advirtió de que su mujer tenía suelo en el ámbito del sector y no participó en la votación para evitar la incompatibilidad.

La adjudicataria de las 2.664 casas y el campo de golf pertenece al grupo de empresas San José, de la familia de Antonio Rodríguez Murcia, concejal del PP de Orihuela alineado con el sector zaplanista y miembro de la ejecutiva provincial del PP designado directamente por su presidente, José Joaquín Ripoll. Esta promotora mantiene bloqueada por orden judicial otra urbanización en el municipio de Albatera, por haber realizado obras en un monte público.

71. EL AYUNTAMIENTO DE LA VILA (PP) PAGA POR UN SOLAR OCHO VECES MÁS DE LO QUE COSTÓ TRES MESES ANTES (03/04/06)

La empresa Gavina del Arsenal, SL ha realizado un negocio redondo con el Ayuntamiento de La Vila Joiosa. El pasado diciembre esta sociedad adquirió un solar en una zona verde por 18.000 € y sólo tres meses después llegó a un acuerdo con el Consistorio para permutar la parcela por un inmueble de titularidad municipal. El Ayuntamiento tasó su propiedad en 110.100 € y valoró la parcela de la empresa en 128.000, es decir 110.000 € más de lo que costó tres meses antes. El PP aprobó la permuta pese a las advertencias de la oposición antes del pleno.

La parcela adquirida por Gavina del Arsenal en diciembre de 2005 por 18.000 € quedó inscrita a nombre de esta sociedad en el Registro de la Propiedad de La Vila Joiosa el 20 de enero de 2006. En marzo, en una comisión informativa municipal, el concejal de Hacienda de La Vila, Isidro Cantó, llevó a dictamen una propuesta de permuta según la cual la finca de Gavina del Arsenal, de 256,6 m², se permutaría por un inmueble de titularidad municipal. El informe de tasación, firmado por la arquitecto técnico, valoró la propiedad municipal en 110.100 € a fecha de 10 de octubre de 2005 y tasó la parcela de Gavina del Arsenal en 128.000, a fecha de 10 de diciembre.

En esa comisión, los grupos de la oposición, (PSPV, Bloc e Iniciativa Independiente) preguntaron a Cantó si en el expediente de la permuta figuraba una nota del registro de la propiedad. Según declaró el portavoz municipal del Bloc, Vicent Serra, el concejal de Hacienda les aseguró que el expediente estaba completo y correcto. El asunto llegó al pleno municipal del 16 de marzo para su aprobación dentro de un paquete de propuestas de acuerdo que incluía, entre otras, la adquisición de un ascensor para un colegio. Los concejales de la oposición pidieron al secretario del Ayuntamiento de La Vila que desgajara los puntos de ese paquete, para poder votarlos por separado. El PP, con mayoría absoluta, votó a favor de la permuta y todos los ediles de la oposición, en contra.

Estos han denunciado que la operación de permuta supone un grave quebranto económico para el Ayuntamiento. Los grupos de la oposición, en un comunicado firmado por los tres portavoces aseguran que no salen de su asombro al comprobar que el valor de mercado establecido por la mercantil Gavina en el documento público de compraventa sólo alcanza los 18.000 €. La proximidad de las fechas entre la compra de la parcela por parte de la mercantil y la permuta que esta realiza con el Ayuntamiento levantó sospechas de que la empresa pueda haber tenido información privilegiada.

72. EL ALCALDE DE TORREVIEJA (PP) TIENE EN SU CUENTA BANCARIA 512.000 € INGRESADOS AL MARGEN DE SU SUELDO (05/04/06)

El grupo municipal socialista dio a conocer la totalidad del extracto de movimientos de una cuenta bancaria del alcalde del PP de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, que registró una serie de apuntes contables de abono durante 5 años con un total de 512.137 € (unos 85.212.496 de las antiguas pesetas), “al margen de sus retribuciones como diputado o alcalde”, según el portavoz socialista Ángel Giménez. Los apuntes de abonos tuvieron lugar desde 10 de enero de 2000 al 30 de diciembre de 2005, según se refleja en el extracto de movimiento de la cuenta de la CAM, que fue solicitado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Torrevieja a instancias del fiscal Anticorrupción. La petición judicial se efectuó dentro de la investigación al alcalpor supuestos delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada por las operaciones de compra-venta de las fincas en Almoradí, que adquirió por un precio de 180.000 € (30 millones de pesetas) y vendió 28 meses después por 5.409.188 € (900 millones de pesetas), a la empresa promociones Eden del Mar, con intereses urbanísticos en Torrevieja. La mayor parte de estos abonos (en una cuenta de Mateo en la CAM) se realizaron mediante 71 cheques bancarios con cantidades nunca coincidentes, así como en concepto de intereses o traspasos.

Durante el período comprendido desde enero de 2000 a abril de 2004 (cuando dejó de ser diputado), el alcalde de Torrevieja ingresó en base a su cargo electo en Valencia (domiciliado en una cuenta del Banco Central Hispano) 111.787 € (18.599.791 pesetas), según una certificación de 23 de marzo remitida por las Cortes Valencianas al Juzgado de Instrucción número cuatro de Torrevieja. A esta cifra se unió las retribuciones por asistencia a plenos y comisiones municipales. En la declaración de Hernández Mateo ante el Juzgado de instrucción numero 4 de Torrevieja el 28 de octubre del pasado año en calidad de imputado reconoció que sus únicos ingresos habían sido por su actividad política, la proveniente de los productos que “vende como fruto de la finca” y la venta familiar de una propiedad.

Ángel Giménez, tras recordar que se ha solicitado al Juzgado que determine el origen de cada ingreso y de todos sus apuntes contables señaló que “todo nos lleva a pensar que la casualidad no existe y que estos abonos desorbitados provienen de otras actividades al margen de su actividad política pero sigue sin dar explicaciones”. El portavoz socialista señaló que “confiamos que sea la única cuenta del alcalde al margen de su sueldo de político en la que exista este tipo de ingresos”. El alcalde de Torrevieja no quiso hacer declaraciones sobre los datos que de nuevo han trascendido sobre una de sus cuentas bancarias.

73. BRUSELAS EXPEDIENTA A ESPAÑA POR LA NUEVA LEY URBANÍSTICA DE ESTA COMUNIDAD (05/04/06)

Los abusos urbanísticos en el litoral valenciano llevan visos de acabar en el Tribunal de la UE, cuyo Ejecutivo formalizó un ultimátum a España en relación con la nueva legislación urbanística de la Comunidad Valenciana al considerar que no corrige los problemas que planteaba la ley anterior y sigue atentando contra las reglas europeas de contratación pública. La ley Urbanística valenciana (LUV), aprobada en diciembre en sustitución de la vieja y muy criticada ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) de la misma comunidad, "no parece remediar las posibilidades de infracción que existían" con esta última normativa. Así lo afirmó la Comisión Europea al anunciar el envío a España de una "carta de emplazamiento y dictamen motivado" en que le urge a que se explique sobre los aspectos oscuros de la ley en el plazo de dos meses, so pena de verse ante el Tribunal de Luxemburgo.

El Ejecutivo de la UE cree que la LUV no se ajusta a las normas comunitarias en materia de publicidad de licitaciones y falla asimismo en los requisitos de los documentos contractuales para las adjudicaciones de los programas de actuación integrada (PAI): unos planes que de forma reiterada se utilizaron para expropiar propiedades a precio de saldo a cientos de propietarios que no podían afrontar los exagerados gastos de urbanización que se les exigían para conservar sus casas. La Comisión ya envió en diciembre una primera carta de emplazamiento para que España corrigiera el proyecto legislativo de la LUV. Ahora, con la ley ya aprobada, Bruselas insiste en señalar irregularidades. Añade que las autoridades españolas "no han atendido a las advertencias previas y han seguido concediendo contratos en el marco de la LRAU hasta el 1 de febrero, con la consiguiente violación de las directivas sobre contratación pública".
La Comisión decidió además abrir otros dos procedimientos contra España por sendas actuaciones urbanísticas en las costas de la propia Comunidad Valenciana y de Almería: de un lado, el proyecto Las Atalayas en Peñíscola, donde las autoridades no adoptaron medidas de salvaguarda del valor ecológico del lugar - situado en una zona de la red europea Natura 2000- ni exigieron el obligado estudio de impacto ambiental antes de iniciarse las obras.

74. EL SÍNDIC DICE QUE “NO ESTARÍA PASANDO LO QUE ESTÁ PASANDO” EN URBANISMO SI LE HUBIERAN HECHO CASO (05/04/06)

El Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, se despidió del cargo con una rueda de prensa en las Cortes en la que no rehuyó ninguna pregunta. Algunas las contestó sin morderse la lengua y en otras dio respuestas sibilinas, pero en las que se hizo entender perfectamente. Del Rosal acudió al Parlamento a entregar la memoria de la institución del ejercicio 2005 y un informe sobre su gestión desde 2001. El acto, al que el presidente de las Cortes, el zaplanista Julio de España, dio cobertura institucional, se adelantó dos meses respecto al año pasado. Tenía un motivo. Su mandato expira el próximamente y el Consell que preside Camps no tiene interés alguno en renovarle en el cargo.

No sólo no han hablado con él, según admitió el propio Síndic, sino que desde Presidencia se ha lanzado ya el nombre del senador del PP Miguel Barceló como posible sustituto, un gesto que Del Rosal ha sentido como “una pequeña descortesía”. “Déjenme que termine antes de enterrarme”, comentó en un momento de la rueda de prensa, que enfrentó solo sin la presencia de sus dos adjuntos.

A cinco días de su cese automático, el Síndic que acudió a las Cortes poco tiene que ver con aquel que, en tiempos de Eduardo Zaplana, inauguró su mandato con un informe en el que cambió la metodología que se aplicaba en la Sindicatura para elaborar su lista negra de organismos hostiles para evitar que figuraran en ella ese año (2001) el Ayuntamiento de Valencia y la Conselleria de Bienestar Social. Cinco años después, Del Rosal se va dejando una lista de treinta administraciones hostiles, en las que incluye cuatro conselleries, y con seis informes especiales a sus espaldas, algunos muy críticos con la gestión pública como el de la situación de los enfermos mentales, la actividad urbanística o el acceso a la vivienda. Este último provocó una reacción sin precedentes de la Conselleria de Territorio y Vivienda, con ataques directos a la institución. Del Rosal lo redujo a “declaraciones destempladas que no sentí como presión”. Y si se hubieran cumplido a lo mejor no estaría pasando lo que está pasando”.

Del Rosal recordó que todavía está firmando resoluciones en el mismo sentido, en las que pide transparencia, aplicación de la ley de contratos públicos y respeto a los ciudadanos. Más tarde volvió sobre el asunto e incluso se refirió a “ayuntamientos que ahora están en el candelero” que “precisamente son de los que menos se puede decir” que respetan a la Sindicatura, en referencia entre otros a Orihuela, un fijo en la lista negra en los últimos años. Del Rosal recordó que la responsabilidad “primordial” en materia urbanística es de los municipios, pero resaltó que a la Conselleria de Territorio se le reprocha su “inactividad” por “no ejercitar competencias subsidiarias”.

75. EL FISCAL PIDE QUE DECLARE COMO IMPUTADO EL EDIL DEL PP JUAN ROSELLÓ POR EL 'CASO AGUAS DE CALP' (09/04/06)

La fiscalía ha recurrido el auto de sobreseimiento del Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia, que investiga la subcontratación de las obras de renovación de la red de agua de Calp, al considerar que existen indicios de posibles delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios. El fiscal solicita que declaren como imputados los consejeros delegados de Aguas de Calp Juan Roselló, edil del Partido Popular en esta localidad, y Francisco Zorrilla, como responsables de la subcontratación de las obras de mejora de la red de abastecimiento de agua a la sociedad Obras Hidráulicas de (OHL), según fuentes del caso.

El ministerio fiscal no ve clara la adjudicación sin mediar concurso público de las obras de renovación de la red de agua potable de Calp. El Ayuntamiento, que el PP gobierna por mayoría, adjudicó el proyecto a la sociedad concesionaria del servicio, Aguas de Calp, en 2004. Dos meses después esta empresa mixta subcontrató los trabajos con Obras Hidráulicas de (OHL), sociedad sin experiencia en el ramo y que hasta unas semanas antes de hacerse con la obra se dedicaba al reparto de publicidad bajo el nombre de Buzoneo IRD, SL. Esta empresa, con un solo empleado, un capital social de 3.000 euros, y domicilio social en un local cerrado, varió su denominación social un mes después del contrato de subcontratación. Pero la cadena no paró ahí. OHL traspasó a su vez la mejora de la red de agua a otra empresa, Montubo Obra Civil, SL, creada en marzo de 2004 y también sin experiencia en obras hidráulicas.

Por todos estos hechos, la Fiscalía ha pedido que el caso no se sobresea y se practiquen nuevas diligencias. El fiscal ha solicitado al juzgado que declaren en calidad de imputados los consejeros delegados de Aguas de Calp, Juan Roselló, concejal del PP en la localidad, y Francisco Zorrilla, que fueron quienes rubricaron la subcontratación de las obras con OHL, para que expliquen qué criterios siguieron para subcontratar las obras a una empresa sin experiencia previa.

Con este argumento bajo el brazo, la Unión de Consumidores de Alicante (UCE) acaba de presentar una querella contra Juan Roselló y varios empresarios supuestamente implicados en el caso. La organización de consumidores rechaza que este sobrecoste tenga que ser sufragado por los vecinos de Calp, que verán cargados sus recibos del agua con una subida de la tarifa de 0,12 euros por consumo del metro cúbico y 4,52 euros por contador y trimestre, si la Comisión de Precios de la Consejería de Empresa, que dirige Justo Nieto, lo autoriza.

El juzgado de Dénia abrió la investigación sobre la adjudicación de las obras a instancias de una comisión de investigación formada por los partidos de la oposición en el Consistorio calpino (PSPV, PSI y el Bloc), de la que el PP, que gobierna Calp con mayoría absoluta, se autoexcluyó. Esta comisión entregó en julio de 2005 un informe de conclusiones a la Fiscalía. La comisión apreció entonces "indicios de delito" y acusó a los populares de responsabilidad política al respaldar con sus votos la contratación de las obras.

76. EL ALCALDE DEL PP DE NOVELDA APARTA DE LA GESTIÓN A LOS EDILES ZAPLANISTAS (11/04/06)

El PP tiene un nuevo frente abierto en el municipio de Novelda, donde gobierna. Las tensiones entre los concejales que apoyan a Eduardo Zaplana y quienes se decantan por Francisco Camps alcanzaron su cénit. El alcalde de Novelda, José Rafael Sáez, del PP, anunció una remodelación del gobierno municipal y la revocación de las delegaciones que ocupaban cuatro concejales de su equipo, entre ellos el portavoz del grupo municipal y presidente local del PP, Ramón Martínez, cercano al sector liderado por Eduardo Zaplana. Martínez disputó y ganó en su día las elecciones a la presidencia del PP local contra el actual alcalde, el campista José Rafael Sáez.

En una rueda de prensa, Sáez informó de que mediante un decreto ha revocado las delegaciones que ocupaban Martínez y los también populares José Canicio, Josefina Sánchez y Nieves del Carmen García Berenguer. El alcalde fundamentó su decisión por "el mal funcionamiento de algunas concejalías" y calificó como "inadmisible" que los ediles destituidos hayan "antepuesto sus intereses políticos a los intereses de la ciudadanía". El primer edil calificó la remodelación de "necesaria" para el buen funcionamiento de un Ayuntamiento que ha visto "obstaculizada" su gestión durante los últimos meses.

Los cambios afectan a la titularidad de siete concejalías: Hacienda, Seguridad Ciudadana y Tráfico, Personal, Juventud, Cultura, Sanidad y Mujer, y Participación Ciudadana y Medios de Comunicación.

El alcalde recordó que estos cuatro concejales relegados "habían dejado en minoría al equipo de gobierno en los últimos plenos" hasta el punto de que se perdió una de las últimas votaciones. Sáez recordó que los concejales tienen la obligación de "cumplir con su responsabilidad y asistir a las sesiones plenarias". Además de estas revocaciones, el alcalde ha determinado que Ramón Martínez y Nieves del Carmen García Berenguer dejen de formar parte de la junta de gobierno local y que sean sustituidos en este órgano por Ana Belén Abad y Filo Martínez. A pesar de dejar sin competencias a cuatro ediles, Sáez dijo que el grupo municipal popular "sigue teniendo once concejales, mientras que ninguno lo quiera abandonar". La corporación de Novelda está formada por 21 concejales, 11 del PP, 8 del PSPV-PSOE y dos del Bloc.

77. EL GOBIERNO SUSPENDE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA EMPRESA DE LA ESPOSA DE FABRA (12/04/06)

El Ministerio de Agricultura ha decretado la suspensión cautelar sobre la comercialización de cualquiera de los productos fitosanitarios que hasta ahora vendía Artemis 2000, la empresa participada por la esposa del presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, y la ex esposa de Vicente Vilar, el empresario que le denunció. La suspensión se debe a la existencia de indicios fundados acerca de la manipulación de la documentación para obtener las autorizaciones de estos productos y a la imposibilidad de garantizar que su composición real se corresponde con la comercializada.

Artemis, en la que la esposa de Fabra se desvinculó de cargos orgánicos, no ha presentado las certificaciones requeridas por el Ministerio de Agricultura, que ha decidido la suspensión cautelar de la comercialización de todos los productos fitosanitarios que se encuentran a nombre de Artemis 2000, la empresa que compraron la esposa del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, y la ex esposa de Vicente Vilar, el empresario que acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Según el empresario, ambas mujeres se hicieron cargo de esta sociedad con el fin de tramitar, a través de ella, las solicitudes de autorización de productos fitosanitarios que diputados y cargos del Gobierno del PP trataban de agilizar, tal como denunció el mismo empresario y como atestiguan varios documentos.

Tanto la esposa de Fabra, María Amparo Fernández, como la ex de Vilar, Monserrat Vives, son investigadas por la posible comisión de uno o varios delitos contra la administración pública, así como por un presunto delito de falsedad.

La suspensión, decretada el pasado día 23 de febrero, se debe a que Artemis, de momento, no ha rebatido los "indicios fundados" que existen sobre la posible manipulación de la documentación presentada para la obtención de la autorización de los productos. Según fuentes del ministerio, la sociedad no ha presentado la documentación que se le ha requerido y que fue solicitada con el fin de corroborar la correspondencia entre las autorizaciones otorgadas y los productos comercializados. Así, ha prohibido, de forma cautelar, la comercialización de los productos de Artemis 2000 al no haber podido comprobar la documentación original de la sustancia activa que utilizan en su composición y que sí fue presentada en el momento en el que se solicitaron los registros de los fitosanitarios. Por ello, según las mismas fuentes, el ministerio no pueden determinar con seguridad que la composición de los productos declarada y la real sean la misma.

El Ministerio de Agricultura inició, de oficio, esta comprobación, así como la revisión de varias sustancias activas, y reclamó a las empresas titulares de los registros que presentaran la documentación original que utilizaron en su día para la obtención de las autorizaciones. Artemis 2000, sociedad de la que se desvinculó la esposa de Fabra cuando estalló el caso, no la ha presentado. La Dirección General de Agricultura halló "indicios de la existencia de falsificaciones de sellos y firmas de solicitud de autorización" y señaló como dudosos seis expedientes después de comprobar cómo sellos y firmas no concordaban con otros originales.

La decisión del ministerio apoya también la última denuncia planteada por Vilar, quien manifestó la existencia de una trama de falsificación de analíticas y documentos con el fin de aportar la documentación que la administración requería para la obtención de las autorizaciones. El empresario dijo que en su fábrica, y con el consentimiento de Fabra, se manipulaban los análisis y escritos que posteriormente se remitían a los ministerios como parte de la documentación para la obtención de registros. Por esta denuncia, el juzgado nº 2 de Nules abrió diligencias imputando tanto Fabra como su esposa, Vilar y su ex esposa.

El Consell del PP, bajo la presidencia de Francisco Camps, ha reforzado notablemente la estructura de la Iglesia católica en esta legislatura. Desde que jurara su cargo de presidente sobre la Biblia, cosa que no hicieron sus antecesores, Camps ha impulsado la creación de la Universidad Católica de Valencia; ha concedido una emisora de televisión autonómica a la Cope (Conferencia Episcopal), ha colocado el monasterio de La Valldigna como templo espiritual de los valencianos y ha multiplicado exponencialmente el dinero destinado a restaurar el patrimonio propiedad de las diócesis valencianas, hasta alcanzar el 85% del total de las subvenciones e inversiones de la Generalitat destinadas al patrimonio artístico.

La Iglesia católica ha sido una de las instituciones más beneficiadas con la llegada de Camps a la presidencia de la Generalitat. Desde la jura de su cargo en el pleno de las Cortes ante el Estatut, Els Furs y la Biblia, el presidente de la Generalitat se ha prodigado en gestos hacia la Conferencia Episcopal y sus representantes en la Comunidad Valenciana. De hecho, el Consell, a instancias de Camps, fue una de las escasas instituciones españolas que guardó tres días de duelo por la muerte de Juan Pablo II (que estuvo en Valencia en 1982), en los que paralizó toda actividad institucional.

En este contexto, Camps ha mantenido una relación privilegiada con el arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, quien ha coincidido con el PP en cuestiones como la reforma del Estatuto catalán y la unidad de España, la posición ante la reforma del sistema educativo, la defensa del trasvase del Ebro o la legalización del matrimonio homosexual.

A principios de septiembre de 2003, recién asentado en su cargo, Camps mantuvo una larga conversación con García-Gasco durante una visita a las obras de restauración de la basílica de la Virgen de los Desamparados (iniciadas en 1999). Una conversación que, probablemente, sirvió para repasar el estado del patrimonio de la Iglesia, cuya recuperación ya había decidido impulsar el Consell de Eduardo Zaplana.

Según los propios presupuestos de la Generalitat, desde el año 2002 el 85% de las subvenciones e inversiones dedicadas a la recuperación del patrimonio artístico (casi 50 millones de euros) se han destinado a las fundaciones La Luz de las Imágenes, Pere Compte, Jaume II el Just y Blasco de Alagón y a la restauración de la catedral de Castellón y de la Basílica de los Desamparados de Valencia. A estas hay que sumar otras partidas monetarias importantes implantadas por instituciones gobernadas por el PP, como la Diputación de Valencia, que desde 2004 ha destinado cientos de miles de euros a recuperar cuadros, retablos, órganos, pinturas murales y ermitorios y pequeñas iglesias repartidas por toda la provincia.

Otra de las áreas que Camps ha querido respaldar ha sido la enseñanza inspirada en valores cristianos. Razón por la que no dudó en diciembre de 2003 en inaugurar junto al arzobispo García-Gasco el primer acto organizado por la recién creada Universidad Católica de Valencia, consistente en unas jornadas tituladas Cristianos en sociedad. También la Universidad Cardenal Herrera-CEU San Pablo, que recientemente organizó el congreso internacional de víctimas del terrorismo, ha encontrado una mayor fluidez en su relación con la Generalitat y con su presidente Camps.

La concesión de licencias de televisión digital terrestre por parte de la Generalitat también ha permitido a la Administración dar un espaldarazo a la Conferencia Episcopal en su objetivo de incrementar su influencia social y aumentar los medios de comunicación de titularidad propia. Así, el pasado mes de diciembre, el Consell otorgó una de las dos licencias de televisión de ámbito autonómico a la Cope y cuatro de ámbito comarcal -en Torrent, Sagunt, Elche y Alzira- a la firma Libertad Digital, propiedad de su principal estrella radiofónica, Federico Jiménez Losantos.

El alineamiento del Consell con los obispos hizo que el vicepresidente, Víctor Campos, y el consejero de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons, acudiesen a la propia emisora para manifestarse hace pocos meses contra la no renovación de las licencias de emisión de la Cope por parte del Gobierno catalán.

79. LOS HIJOS DE FABRA RECURREN LA INVESTIGACIÓN DE SU PATRIMONIO (18/04/06)

Los hijos de Carlos Fabra, según fuentes del caso consultadas presentaron la semana pasada un recurso al auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón. Los magistrados reclamaban en dicho auto que los hijos de Fabra aportasen al juzgado de Nules "las fincas de que sean titulares", y el "conocimiento de sus cuentas y depósitos bancarios" entre los años 99 y 2004, para desvelar si se han cometido los delitos contra la administración pública y el fraude fiscal por los que está imputado el mandatario provincial.

La Audiencia ordenó al juzgado de Nules la práctica de estas diligencias porque “la utilización de testaferros”, advertía el escrito, “es práctica común en la ocultación de incrementos irregulares del patrimonio”. Además, la Audiencia Provincial apuntó que si se ha cometido un delito contra la Hacienda Pública “no resulta infrecuente ocultar el lucro obtenido en la esfera familiar”.

Los hijos de Fabra, según las mismas fuentes, consideran en su recurso que no están implicados en el proceso y que esta investigación atenta contra su intimidad, por lo que piden la nulidad del auto. El recurso de los hijos de Fabra provocará un nuevo retraso en el proceso, según advierten estas fuentes, porque en la práctica queda congelado el auto de la Audiencia. Los magistrados deberán resolver al respecto y, mientras tanto, el juzgado de Nules que investiga el caso no podrá pronunciarse sobre la práctica de las diligencias.

80. EL ALCALDE DE ORIHUELA VULNERÓ LA LEY DE CONTRATOS AL ADJUDICAR EL INFORME EXTERNO SOBRE LA CONTRATA DE BASURA (22/04/06)

El alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, vulneró la ley de contratos de las corporaciones al adjudicar un informe externo, en concreto a un profesor de la Universidad de Alicante, sobre la contrata de basura. Medina, según denunciaron los grupos de la oposición, encargó el informe "a dedo", ya que no existía un convenio previo entre ambas instituciones públicas (la Universidad de Alicante y el Consistorio), sin consignación presupuestaria y sin la aceptación por parte de la Universidad. La oposición mantiene que la adjudicación al superar los 12.000 € -el trabajo está valorado en 29.000 €- debía haberse hecho por concurso público. El documento fue coordinado por el catedrático de la Universidad de Alicante Santiago González-Varas en colaboración con cuatro ingenieros.

El alcalde optó por pedir informes externos sobre la contrata de basuras el pasado 28 de marzo a raíz del escándalo por el supuesto intento de soborno de una de las cinco firmas que han presentado ofertas. El acuerdo de encargar a la Universidad de Alicante el informe se adoptó en la comisión de gobierno del 30 de marzo. La oposición señala que Medina se limitó a dar "apariencia" de legalidad a la adjudicación. El Ayuntamiento había remitido al profesor documentación sobre el pliego de la contrata e informes de los técnicos municipales el 27 de marzo, tres días antes del acuerdo de la comisión.

El estudio fue presentado a la junta de portavoces del Ayuntamiento. El documento se limita a validar el informe del ingeniero municipal favorable a adjudicar la contrata la firma Urbaser y rechazar el del secretario, contrario a esa opción. Los portavoces de los grupos municipales, incluida la del grupo popular, Mónica Lorente, cuestionaron la "validez" del documento y acordaron reiniciar el proceso de la contrata con más informes externos.

81. LA CONSEJERA DE MIGUEL ACUSA A LOS SOCIALISTAS DE RENTABILIZAR LOS MUERTOS, QUE "LES SALIÓ BIEN EL 11-M" (27/04/06)

Una de las preguntas de control al Consell, en el pleno de las Cortes Valencianas, desembocó en una monumental bronca entre populares y socialistas que obligó a suspender la sesión 20 minutos. En respuesta a una cuestión sobre el incendio de marzo en una residencia de Massamagrell, en el que murieron cinco personas, la consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, acusó a los socialistas de "intentar rentabilizar a los muertos", algo que, según dijo acto seguido, "les salió bien en el 11-M".

Las últimas palabras de la consejera hicieron saltar de sus escaños a los socialistas, que gritaron "fuera" y la llamaron "sinvergüenza", mientras los populares aplaudían. Entre tanto, a pesar de que aún le quedaba tiempo, De Miguel dio por terminada su intervención, mientras el portavoz adjunto socialista Andrés Perelló pedía la palabra para exigirle que retirara la frase, por considerarla "lo más grave, gordo y doloroso que se ha oído en esta Cámara en los últimos 20 años". Mientras, la vicepresidenta de la Cámara, Maira Barrieras, quien, en ausencia del presidente, Julio de España, dirigía el pleno, intentaba poner orden, sin éxito, y gritaba casi tanto como los diputados de los bancos del Gobierno y del PSPV. Los socialistas le pedían que no se pusiera "nerviosa" y Barrieras precisó: "No estoy nerviosa, soy nerviosa". De Miguel tomó la palabra para asegurar: "Yo no he dicho lo que Perelló dice que he dicho". Ante la imposibilidad de controlar la situación, Barrieras decidió suspender el pleno por 10 minutos, aunque De España, que había asistido a su lado a los últimos momentos del griterío, consideró que eran necesarios 20.

82. TENSIONES PEPERAS, ORTUÑO RELACIONA SU EXPULSIÓN CAUTELAR DEL PP CON SU DENUNCIA A RIPOLL (27/04/06)

Manuel Ortuño, ex subdelegado del Consell en Elche y presidente local del PP hasta 2002, aseguró que el expediente de suspensión cautelar de militancia acordado por la dirección nacional es una "medida de presión" para que retire sus denuncias contra la dirección provincial del PP por supuesta manipulación de los censos de afiliados. Ortuño señaló que oficialmente no tiene conocimiento de la apertura del expediente disciplinario, pero que recurrirá la resolución del comité de Derechos y Garantías. "Lo que uno lleva dentro no me lo va a quitar a mí una medida cautelar infantiloide; yo no como del cargo público", dijo.

Ortuño explicó que esta medida es una forma de presionarle para que retire los procesos judiciales que tiene abiertos contra Julio de España, José Joaquín Ripoll y Miguel Peralta por presunta falsificación de los censos de militantes del PP. El partido ha abierto un expediente disciplinario a Manuel Ortuño tras el fallo judicial que le condena a una multa de 60 € por insultar a la diputada nacional del PP Enriqueta Seller, a la que según la sentencia, llamó puta en el transcurso de los altercados ocurridos en la asamblea para elegir los compromisarios al congreso provincial del PP.

Ortuño subrayó que la sentencia que le condena está recurrida en amparo al Tribunal Constitucional ya que él niega haber insultado a la diputada. Para Ortuño, "todo esto es una medida de presión para que desista de los procesos judiciales por la manipulación de los censos que podrían conllevar una condena de dos a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargo público para los procesados que el juez no tardará en decidir".

El veterano político ilicitano acusó directamente a Julio de España, que entonces era el presidente provincial del Partido Popular, a Joaquín Ripoll, como presidente de la diputación de Alicante y al consejero Peralta y afirmó que "desde Alicante nunca han querido que hubiese un partido fuerte en Elche".

83. EL PP CONDONÓ 280.000 € A UNA EMPRESA DE CASTELLÓN BASÁNDOSE EN UN DOCUMENTO FALSO (27/04/06)

El pleno del Ayuntamiento de Castellón, con los votos del PP, aprobó una exención de 280.000 € de los impuestos de instalaciones y obras a favor de la empresa Lubasa por la construcción de un aparcamiento junto al hospital General, basándose en un documento falso. La solicitud supuestamente presentada por el director del hospital en la que se justificó la exención no fue firmada, ni remitida, ni ordenada por él.

La bonificación del 95% de lo que la empresa debía pagar se aprobó ante la solicitud presentada por el director del hospital General de Castellón, que reclamaba la exención ya que la obra fue reclamada por la Consejería de Sanidad y por el propio centro hospitalario. Sin embargo, el escrito que llegó al Ayuntamiento por registro de entrada y que fue no solo incluido en el expediente sino también atendido, no fue firmado, remitido ni ordenado por el director del hospital, según confirmaron fuentes de la propia consejería. El documento "no es creíble", indicaron las mismas fuentes, que hicieron referencia a que en él no figura el sello de registro de salida de la consejería. El papel no es oficial, la firma no coincide con la del director y, de hecho, aunque en el encabezamiento figura "Ramón Jiménez Marco, director del hospital General de Castellón (Consejería de Sanitat)" como remitente, en la rúbrica figura, además de un garabato, un "PO", siglas que responden a "por orden" y que se utilizan en los casos en los que los escritos no pueden ser firmados por el cargo que los emite.

Fuentes de la Consejería de Sanidad indicaron que la solicitud de la exención "no ha salido del hospital" pero, pese a que admitió que de la misma se desprende que alguien ha actuado en nombre de la Administración autonómica, "de momento" no se va a solicitar la apertura de ninguna investigación para determinar quién falsificó el documento. El Ayuntamiento revocó la decisión de la exención del impuesto, tras el recurso planteado por el grupo municipal socialista, que se basó en que, pese a que el aparcamiento es una instalación anexa al centro hospitalario, tiene ánimo de lucro ya que todos los usuarios estarán obligados a pagar por su uso. Los técnicos dieron la razón al grupo socialista y hoy mismo el pleno enmendará su decisión. Sin embargo, la concejal del PSPV Josefina Gimeno señaló que, en su opinión, ha existido un intento de fraude que calificó de "escándalo sin precedentes".

Rafael Calvo, alcalde de la localidad castellonense de Segorbe y vinculado al PP, fue moderador de un debate en el que la extrema derecha participó. Incluso, Falange Auténtica le agradeció que tuviera la “valentía” de moderar la mesa redonda sobre José Antonio y la República y se “declararse inmune a las presiones que ha recibido”.

Antes que Calvo aceptase la invitación, seis personas con las que había contactado anteriormente la organización, Foro Digital La Espiral, declinaron participar en el debate junto al portavoz de la Ejecutiva Nacional de Falange Auténtica, Enrique Antigüedad. Entre ellos se encontraba Juan Miguel Corchado, profesor de Historia de la Universidad Jaime I.

Rafael Calvo es un independiente, vinculado al PP y elegido en sus listas. Los populares mantienen a ocho concejales en el consistorio (incluido Calvo), frente a cuatro de los socialistas y uno de los republicanos. En el debate se autodefinió como “republicano”, según comenta Juan Carlos García Moreno, secretario general de organización de Falange Auténtica (fundada hace tres años y considerada como la “Falange de izquierdas” por la extrema derecha). Calvo y el Ayuntamiento han estado unidos desde los años 80. Primero como independiente del CDS y después, a partir de 1995, de la mano del PP. Desde entonces, ha conseguido tres mayorías absolutas en Segorbe. Previo al debate, Calvo reclamó “garantías” civilizadas en el acto en el que se analizó y ensalzó la figura del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.

85. LA JUSTICIA NO EXIME DE DECLARAR A CUATRO EX MINISTROS DE AZNAR, Y PERMITE INVESTIGAR EL PATRIMONIO DE SUS HIJOS (28/04/06)

Carlos Fabra, presidente de la diputación de Castellón, recusó la decisión de la Audiencia Provincial de Castellón de citar a declarar como testigos en el caso Fabra a cuatro ex ministros del Gobierno de José María Aznar El pasado 17 de abril. El pasado miércoles la sección segunda de dicha Audiencia le comunicó que no procede su petición. Tres nuevos testigos (entre ellos Jesús Posada, Miguel Ángel Arias Cañete, Celia Villalobos y Juan Costa) tendrán que declarar sobre las supuestas mediaciones en el Ministerio de Agricultura en favor de Naranjax.

La sala segunda rechazó el incidente de nulidad con el que trató de invalidar las diligencias testificales acordadas por los magistrados en un auto de 28 de febrero por “incongruencia inexistente”. En aquella resolución, la Audiencia ordenó la declaración de 17 personas. La ex ministra de Sanidad (Villalobos) y los ex ministros de Agricultura (Arias Cañete), Administraciones Públicas (Posada) y Ciencia y Tecnología (Costa) estaban entre ellos.

En aquel auto, también se decidió investigar todo el patrimonio de Carlos Fabra, así como el de su mujer y sus hijos, al considerar que no es infrecuente que los lucros obtenidos se oculten a través de testaferros. Pues bien, los magistrados se ratificaron en que esta investigación es necesaria para averiguar si el presidente de la diputación ha obtenido ingresos millonarios no declarados desde el año 99. La Audiencia advirtió al líder provincial del PP que de su recurso puede entreverse un ánimo dilatorio. Asimismo, le recordaron que insta ahora la nulidad de la investigación cuando “no atisbó o no expuso” en su momento el “menor viso” de incongruencia. El tribunal concluyó que no está “habilitado” para plantear incidente alguno.El incidente de nulidad intentaba que la Audiencia reconsiderara su auto, recordándole que el Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules se había limitado a pronunciarse en primera instancia sólo sobre cuatro testigos solicitados por la Unión de Consumidores de España (UCE), personada como acción popular en la causa. Los abogados del político reflejaron en su escrito que el mencionado juzgado admitió finalmente sólo tres testigos de los cuatro propuestos en el recurso de reforma, entendiendo que sobre el resto no había controversia.

Además, los representantes de Fabra alegaron que las 13 pruebas testificales adicionales ya habían sido desestimadas con anterioridad por la propia sala de la Audiencia. El político castellonense se acogió a este supuesto defecto procesal para alegar que se le ha colocado en indefensión. Los abogados defensores aseguraron que “deben practicarse las diligencias que sean pertinentes, evitándose aquella vertiente que suponga más espectáculo que efectiva instrucción”.

86. UN 33% DE LA FRANJA COSTERA VALENCIANA ESTÁ URBANIZADA, según un informe de Greenpeace (01/05/06)

La Comunidad Valenciana ostenta uno de los mayores niveles nacionales de urbanización de su franja costera. En conjunto, el litoral valenciano tiene el 33% de su primer kilómetro de costa urbanizada. Alicante sobrepasa esta cifra con un 49,3%, una de las más elevadas del litoral español. Le sigue Valencia con un 28,7% y Castellón con 23,5%. Estos datos se recogen en el último informe Destrucción a toda costa, que cada año realiza la organización ecologista Greenpeace. Las playas han perdido más de dos millones de metros cúbicos de arena, según otro estudio.

El informe de la organización conservacionista pone de relieve la crítica situación del litoral valenciano, y culpa de ello a la política urbanística de la Generalitat. "La tendencia general observada en la costa es la de desclasificar suelo agrícola para llenarlo de cemento y trasladar la presión urbanística hacia el interior, una vez agotada la primera línea", señala el estudio. "Un espectáculo bochornoso que muestra los grandes intereses especulativos que priman en el litoral, donde parece que la urbanización pudiera determinar hasta la composición política de los ayuntamientos", añade el documento. Greenpeace apunta a los puertos deportivos como una de las crecientes amenazas de la franja costera; se han convertido en reclamo infalible para promotores y compradores. "Todo vale en nombre de la Copa del América", sostiene el colectivo ecologista, que ve en el acontecimiento deportivo un nuevo acicate de la presión urbanizadora costera. Los datos sobre el crecimiento de estas instalaciones náuticas así lo atestiguan. Según cifras de la Asociación de Industrias, Comercios y Servicios Náuticos, el número de puertos deportivos en el territorio valenciano asciende a 47, dato que le sitúa en el tercer lugar.

Greenpeace, en un informe elaborado en 2005 bajo el título Destrucción a Toda Costa, denuncia la "alarmante proliferación" de instalaciones portuarias (puertos deportivos y comerciales) que, según la agrupación conservacionista, han poblado este espacio de espigones, muelles y diques de abrigo "desdibujando el perfil de la costa y alterando irreversiblemente la dinámica litoral".

La Copa del América, en 2007, ha llevado a la Generalitat a ampliar casi todos los puertos deportivos. Los planes iniciales del Ayuntamiento de Valencia para su puerto, en el que se remodela la dársena para las regatas, preveían la recalificación de parte de los muelles para construir 3.860 viviendas de lujo y amarres para embarcaciones, pero la negociación con el Gobierno, con el que organiza el evento, ha reducido el tamaño de la futura marina, en la que no está prevista zona residencial. Aún así, con las obras de la dársena, Valencia ya gana nuevos amarres.

Una de las actuaciones más controvertidas es la del puerto de Xàbia. La ampliación fue rechazada inicialmente por los vecinos y por el Ayuntamiento, aunque éste luego rectificó y aprobó construir 500 amarres. El Puerto de Altea se encuentra en una situación similar.

Mientras, en Dénia los planes del Consell prevén 278 nuevos amarres privados y una nueva dársena exterior para dar cabida a otras 1.000 embarcaciones. En Gandia se construirá una nueva marina y se ampliarán de 300 a 1.100 los amarres. Y en Peñíscola se ocuparán 27 hectáreas con un nuevo puerto deportivo para 900 embarcaciones. Además, Benicàssim planea construir otro puerto deportivo a costa de la playa Voramar, y en Moncofa habrá un puerto con 672 amarres. La ocupación del litoral se ha resuelto con la urbanización masiva y descontrolada de la franja costera.

87. EL FISCAL DESGLOSA EN 15 CAUSAS LA DENUNCIA POR CORRUPCIÓN EN ORIHUELA, GOBERNADA POR EL PP (03/05/06)

El fiscal anticorrupción de Alicante ha abierto 15 causas por supuestas ilegalidades en la gestión urbanística y contable en el Ayuntamiento de Orihuela, en manos del PP desde 1987. Las denuncias de la fiscalía son el desglose de la causa principal contra el alcalde, José Manuel Medina, por supuesto cohecho y tráfico de influencias en los que habría incurrido al usar bienes (un Rolls Royce, un Audi A8 y un chalé) de promotores beneficiados por adjudicaciones.

El fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha remitido la causa principal al Juzgado número 4, cuya titular, Lidia María Paloma Montaño, admitió a trámite a finales de marzo el primer escrito del fiscal sobre el caso Orihuela, que incluía 30 supuestos hechos delictivos. El fiscal ha pedido a la magistrada que cite a declarar, como imputado, al primer edil oriolano. El Ministerio Público pretende esclarecer el uso de bienes de promotores por parte del alcalde y la adjudicación de tres planes urbanísticos. Medina, en el cargo desde 1996, dijo desconocer los motivos de la acusación.

El fiscal ha trasladado al Decanato de Orihuela las 15 causas subsidiarias de la principal para su reparto. La base de estas causas son las denuncias del ex interventor de la corporación, José Manuel Espinosa, y los portavoces de los grupos de la oposición. En las diligencias previas, Espinosa declaró: "He sido el blanqueador de facturas de Medina". El fiscal propone en todos los casos pruebas testificales y documentales para delimitar las responsabilidades penales. Briones solicita la declaración, en calidad de imputados, de un concejal más, Antonio Franco, del PP, responsable del área de Personal; el secretario de la corporación, Alfonso Ramón Martínez y su yerno Santiago Rubio Moreda; y el ex asesor de personal Luis Alberto Prieto Marín. En su primer escrito, el fiscal subrayó que otros posibles acusados son los responsables de los negociados.

88. CUATRO EX MINISTROS DEL PP DECLARARÁN EL DÍA 26 COMO TESTIGOS DEL CASO FABRA (03/05/06)

El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules ha citado a declarar el 26 de mayo, en calidad de testigos, en el llamado caso Fabra, a la ex ministra de Sanidad Celia Villalobos, a los ex titulares de Agricultura Jesús Posada y Miguel Arias Cañete y al ex ministro de Ciencia y Tecnología Juan Costa.

Está previsto que los cuatro ex ministros, pertenecientes a los Gobiernos de José María Aznar, declaren ese día a partir de las 10 de la mañana. Esta actuación judicial forma parte de la investigación abierta por este juzgado de Nules contra el presidente de la Diputación y del PP en la provincia de Castelló, Carlos Fabra, al que se imputa uno o varios delitos contra la Administración.

Las diligencias se iniciaron por una denuncia del empresario Vicente Vilar por una presunta trama para que el Ministerio de Agricultura agilizara la aprobación de productos fitosanitarios.Aunque la denuncia fue desestimada, el juzgado inició una investigación por entender que podría haber uno o varios delitos contra la Administración pública. Además de Fabra, están imputados su esposa, María Amparo Fernández; el empresario Vicente Vilar y la ex mujer de éste, Montserrat Vives.

Pero no queda aquí la cosa y sigue el goteo de altos cargos del PP que deben declarar en calidad de testigos en el llamado 'caso Fabra'. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules (Castellón) ha citado en esta ocasión al conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Generalitat Valenciana, Esteban González Pons, y al senador del PP por Castellón Juan José Ortiz. Ambos comparecerán el próximo mes de junio para ser interrogados en la causa abierta contra el presidente de la Diputación castellónense, Carlos Fabra, también presidente provincial del PP, por un presunto delito contra la Administración pública. La juez tiene también previsto llamar a declarar al que fuera secretario de Estado de Comunicación y ex jefe del Gabinete de Aznar, Alfredo Timmermans.

89. ZAPLANA DESAFÍA AL CONSELL E INTENTA MARCAR LAS CONDICIONES DE VENTA DE SUELO DE TERRA MÍTICA (03/05/06)

El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, volvió a aparecer en escena para tomar las riendas, a espaldas del Consell, de la negociación para la venta -dependiente de un permiso del Ayuntamiento de Benidorm- de los 217.000 m² de suelo que deben facilitar la salvación de Terra Mítica.

A la cita, convocada en el despacho de Alcaldía del Consistorio benidormense, acudieron, junto al ex ministro, el titular de la Diputación, Joaquín Ripoll; el presidente y el vicepresidente de la CAM, Vicente y Armando Sala; y el alcalde y el edil de Urbanismo de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll y Manuel Agüera. No estuvo nadie del Consell ni de Bancaja, los otros socios de referencia del complejo.

Los zaplanistas advirtieron de que no admitirán “pelotazos” en la operación urbanística que avaló la Generalitat con el cambio urbanístico de los terrenos y a la que Benidorm se ha opuesto hasta ahora. Parece ser que los representantes de la CAM -ni uno ni otro han ocultado nunca sus simpatías por Zaplana y Ripoll- no pusieron objeciones a lo pactado .

El encuentro, que la cúpula del sector zaplanista no sólo no ocultó sino que se encargó de amplificar, fue convocado, explicaron fuentes del PP, para tratar de desbloquear el proceso de venta de terrenos y acelerarlo tras sufrir un “parón”. Más allá de eso, Zaplana y los suyos intentan con esta jugada liderar el proceso para decidir cómo se vende el suelo. Al tiempo, por un lado, mandan un claro mensaje al presidente Camps y a su conseller y máximo responsable de los proyectos de ocio autonómicos, Gerardo Camps. “Queremos un proceso claro, limpio y sin dudas.

Y que lo controle el propio parque”, para despejar cualquier sospecha de un un supuesto pelotazo urbanístico. Los terrenos podrán albergar un hotel y 1.800 apartamentos. Fenoll fue uno de los que más insistió en esta cuestión en los cuarenta minutos que duró la reunión. Pero también, por otra parte, la presencia de Zaplana y Ripoll es un intento, en clave interna, explicaron estas mismas fuentes, de mostrar el apoyo del ex ministro al complejo frente a las críticas de los campistas por el bloqueo de Benidorm a la operación inmobiliaria y de mantener el grupo municipal del PP unido. Tras la muerte del alcalde Pérez Devesa, tres concejales, los más próximos al primer edil fallecido y encabezados por Salvador Moll, pusieran sobre la mesa desavenencias internas. De hecho, mismo, concejales populares todavía se mostraban reacios a que el consistorio conceda licencia para consumar la venta. En ese punto enmarcaron los zaplanistas la presencia del ex ministro. “Tiene buena relación con Fenoll y su presencia podía facilitar que el proceso se acabe cerrando sin fricciones internas”, apuntaron desde la cúpula de la dirección provincial del PP. El sector zaplanista justificó la ausencia del consell y de la caja valenciana porque “ahora mismo el proceso lo pilota la CAM y son ellos los que ya están negociando con Valencia la salida”.

Conforme a lo acordado, los terrenos saldrán a una primera subasta por un precio mínimo de 57 millones. Posteriormente, las tres mejores ofertas pujaran en una segunda subasta. La gran novedad radica en que, hasta aquí, el suelo iba a quedar dividido en cinco parcelas. Ahora, sin embargo, se venderá en un único paquete. Este giro sorprendió al propio parque. El trámite podría durar un mes. Todo ello quedaría pendiente de que la batalla del PP en el consistorio de Benidorm no ponga más obstáculos que dilaten el proceso. Todos evitaron declaraciones públicas y sólo Pérez Fenoll ejerció de portavoz. “A Zaplana le he convocado personalmente porque fue quien impulsó la creación de Terra Mítica. Se ha dicho que estaba poniendo pegas, pero ha estado aquí y eso demuestra su apoyo”, insistió.

90. LA JUEZ RATIFICA QUE FABRA NO ESTÉ PRESENTE EN LA DESIGNACIÓN DE LOS INSPECTORES DE HACIENDA (05/05/06)

Durante meses el presidente de la Diputación Provincial de Castelló, Carlos Fabra, ha tratado de evitar que el juzgado nombre a los peritos de Hacienda que deben investigar sus cuentas y ha solicitado a la juez con insistencia que, en el peor de los casos, pudiera estar presente si finalmente eran designados, una iniciativa que la Justicia desestimó.

Fabra ya había perdido la batalla por evitar que inspectores de Hacienda indaguen en su patrimonio, pero el último revés le ha llegado el 2 de mayo, cuando una providencia dictada por la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules, que instruye el caso Fabra, comunicó al político del PP que “no ha lugar a acceder” a su petición de estar presente en el nombramiento de los peritos. De esta forma, la juez ha confirmado el acto de designación que se celebró el pasado 16 de marzo, cuando los inspectores de la Agencia Tributaria Francisco Javier Rubio Castañera y Conrado Miguel Caviro Pérez juraron desempeñar fielmente su función en la elaboración del informe fiscal del presidente castellonense. El pasado 6 de marzo, la juez emitía una providencia por la que daba 20 días de plazo a los peritos para acudir al acto de designación. El 13 de marzo, los abogados de Carlos Fabra llevaban un escrito al juzgado de Nules en el que se oponían a esta medida y reclamaban que la juez fijara día, lugar y hora para la celebración del nombramiento de los dos inspectores que deben actuar como peritos. Otra providencia del juzgado, esta vez emitida el 15 de marzo, advertía al presidente de la Diputación Provincial de que la ley de enjuiciamiento criminal se limita a dar veinte días a los peritos para personarse en el juzgado y jurar sus cargos, y aclaraba que en ningún caso existe obligación legal alguna de que el querellado esté presente en el acto de designación. El 24 de marzo los abogados de Fabra volvieron a la carga, alegaron indefensión y reiteraron su petición de que su defendido estuviera presente en la jura de los peritos. Las partes se opusieron y el 27 de marzo una nueva providencia de la juez daba por recibida la petición de Fabra, que insistió con otro escrito más fechado el 3 de abril. La juez tomó la decisión final el martes. Destaca que de los escritos de Fabra no puede “derivarse la voluntad de recurrir la providencia de 15 de marzo” ya que no se plantearon como recurso.

91. EL ALCALDE DE ORIHUELA (PP), PAGÓ EL AUDI QUE USABA ‘DE GORRA’ TRAS INTERVENIR EL FISCAL (06/05/06)

El alcalde de Orihuela (Alicante), José Manuel Medina, del PP, pagó en metálico un Audi A-8 a un concesionario, propiedad del promotor Francisco Marcos Ferrer, beneficiado con adjudicaciones municipales, poco después de que la Fiscalía Anticorrupción de Alicante iniciara las diligencias de investigación por supuestos hechos delictivos derivados de su gestión urbanística y contable en el Consistorio oriolano. El fiscal inició la investigación el 15 de septiembre de 2005 y Medina abonó 22. 000 € por la adquisición del lujoso turismo el 17 de octubre de ese año. El alcalde disponía del vehículo desde el 11 de enero de 2005. En esa fecha, Medina entregó un coche siniestrado para el desguace (otro Audi según Medina) que el concesionario valoró en 18.000 €. El concesionario Automoción Oleza, SA, valoró el turismo que se llevó el alcalde, un Audi A-8, 3.7 V8 Quatt, matrícula 7135 CCW, en 40.0000 €.

La documentación (facturas sobre la operación de compra del turismo) se incluye en el escrito de ampliación de denuncia que trasladó a Felipe Briones, fiscal Anticorrupción de Alicante, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, Francisco García Ortuño. Éste ejerce la acusación popular, ya admitida a trámite por el juzgado, en la denuncia general del ministerio público por supuesta corrupción en Orihuela. Tanto el alcalde como el propietario del concesionario esgrimen la misma documentación para rechazar la acusación y constatar que la operación de compra del Audi A-8 fue anterior a la investigación de la Fiscalía.

El concesionario Automoción Oleza, SA, es propiedad del constructor Francisco Marcos Ferrer. El pleno del Ayuntamiento de Orihuela autorizó el pasado mes de octubre al promotor la construcción de un gran centro comercial en la costa del municipio. El proyectó acarreó la recalificación de unos 250.000 m² de suelo. El alcalde justificó la iniciativa en la ausencia de grandes centros comerciales de esas características.

La adjudicación de ese programa urbanístico, denominado Entreplayas, y el uso del Audi A-8 por parte de Medina están incluidos en la causa principal de Anticorrupción contra el alcalde por los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias, a raíz del uso por parte del primer edil de bienes propiedad de promotores beneficiados con adjudicaciones municipales. Esta denuncia se completa con otros bienes -un Rolls Royce y un chalé- que usa Medina y cuya titularidad corresponde al promotor Joaquín Grau Pomares, al que el alcalde recalificó 2 millones de m² y un tercer plan de actuación integral (PAI), de unos 800.000 m², al constructor José Antonio Rodríguez Belmonte. Los tres planes han conllevado la recalificación de suelo, a juicio del fiscal, no urbanizable y con "elevado grado de protección". Por la causa principal, el fiscal ha solicitado a la juez que cite a declarar, en calidad de imputado, a Medina.

92. EL JUEZ INVESTIGA AL ALCALDE DE TORREVIEJA POR PAGOS ILEGALES (08/05/06)

El titular del Juzgado número 4 de Torrevieja ha admitido a trámite la querella del Grupo Municipal Socialista contra el primer edil de localidad, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, y otros dos concejales más de su gobierno por un delito continuado prevaricación derivado de pagos ilegales, mediante el sistema de reconocimiento extrajudicial de crédito, sin consignación presupuestaria. Esta es la segunda causa abierta a Hernández Mateo en este mandato. La primera, en la que el alcalde ya ha declarado como imputado, está relacionada con la compra-venta de una finca que le reportó una plusvalía de 5,2 millones de €.

Inicialmente, el PSPV ha denunciado por presunta prevaricación al alcalde y a los concejales de Hacienda y de Contratación, Pascual Ortiz y José Antonio Sánchez, respectivamente. No obstante, según anunció el portavoz del Grupo Socialista, Ángel Giménez, los responsables penales, si finalmente así lo considera el juez, son todos los miembros de la comisión de gobierno en la que se adoptaron los acuerdos de pago de facturas por el sistema de reconocimiento extrajudicial de crédito. El PSPV estima que, entre 2000 y 2005, el equipo de gobierno del PP de Torrevieja ha abonado, bajo esa fórmula, facturas por 12 millones de €.

Entre esos supuestos pagos "delictivos" acordados por el alcalde se encuentran diversas facturas abonadas a una firma de seguridad propiedad del hermano del actual concejal de Infraestructuras, Eduardo Gil Rebollo, y otras al canal de televisión local afín al PP, según los denunciantes. En cuanto a la empresa de seguridad, la firma Defcom, SA, propiedad de Pedro Gil Rebollo, hermano del citado edil, aparte del supuesto trato de favor, el PSPV mantiene que las adjudicaciones son ilegales porque se elude el obligatorio concurso público previsto en la ley. En los ejercicios de 2003 y 2004, el Ayuntamiento adjudicó, siempre por decretos de la alcaldía luego ratificados por la comisión de gobierno, a la mencionada firma de seguridad privada trabajos por valor de 260.000 €.

El juez que ha admitido la querella del PSPV contra Hernández Mateo por supuesta prevaricación es el mismo magistrado que instruye la causa abierta al primer edil torrevejense por supuesto tráfico de influencias y uso privilegiado de información derivado de la compra-venta de una finca rústica en Almoradí. La causa se abrió a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que apreció indicios de delito en una denuncia presentada por el Grupo Municipal de EU.

93. RUS DICE QUE NADIE DESEA QUE LOS ZAPLANISTAS DEJEN EL PP, PERO “SI QUIEREN, QUE SE VAYAN” (08/05/06)

El presidente provincial del Partido Popular en Valencia, Alfonso Rus, terció en la polémica que enfrenta a campsistas y zaplanistas después de que quien fuese secretario general de Presidencia en la era Zaplana, Jesús Sánchez Carrascosa, avanzase la posibilidad de que el ex ministro y ex presidente de la Generalitat abandone el PP con sus seguidores para fundar su propia formación. Preguntado por este diario, el también alcalde de Xàtiva aseguró: “Si quieren crear un partido, lo pueden crear. Siempre hemos dicho que, el que esté, de maravilla, pero el que se quiera ir, que se vaya”.

94. EL PP ENCARGA A FABRA, QUE PESE A LOS ESCÁNDALOS REPETIRÁ Y A ALPERI, OTRO QUE TAL BAILA, UNA PONENCIA CONJUNTA EN EL ACTO DE LA PROCLAMACIÓN DE CAMPS (10/05/06)

La dirección regional del PP tratará de obviar los conflictos internos y los presuntos casos de corrupción que salpican la imagen del partido en la Comunitat Valenciana en la convención municipal que servirá de plataforma para la proclamación de Francisco Camps como candidato a la Generalitat en 2007 y que contará con la presencia del líder nacional del PP, Mariano Rajoy. Los populares han confiado la dirección de una de las tres ponencias municipales que se presentarán el día 27 de mayo a la pareja formada por el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, ambos con problemas con la Justicia.

Fabra, que ya ha mostrado su intención de repetir en su cargo en la próxima legislatura, recuperará así un protagonismo dentro del partido que en los últimos tiempos había perdido. Su imputación en varias causas judiciales por delitos contra la Administración le han convertido en un político incómodo en este tipo de actos públicos, sobre todos si cuentan con la presencia del líder nacional del PP. El caso Fabra ha traspasado las fronteras de la Comunitat y la oposición lo ha utilizado en más de una ocasión para poner contra las cuerdas a los populares por no aplicar su propio código ético, que preve apartar a aquellos cargos que son imputados en causas judiciales. Por su parte, el alcalde de Alicante tiene pendiente una denuncia por un supuesto agujero contable de 6 millones € en el caso Mercalicante. La dirección regional dará también protagonismo a los otros dos presidentes de Diputación; el de Alicante, José Joaquín Ripoll; y el de Valencia, Fernando Giner. El primero hará pareja con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para presentar otro de los documentos políticos; mientras que Giner y el alcalde de Castelló, Alberto Fabra, coordinarán la tercera ponencia. Con la presencia de Giner y Ripoll, la dirección regional tratará de dar una imagen de unidad ante Rajoy, dejando a un lado la fractura interna y el pulso entre zaplanistas y campsistas a cuenta de la elaboración de las listas autonómicas y municipales.

Fuentes del partido indicaron que los documentos políticos serán elaborados por alcaldes y portavoces del PP en ayuntamientos, aunque no precisaron quienes ni los temas seleccionados que, en todo caso, versarán sobre asuntos relacionados con el municipalismo. La convención municipal se celebrará en el Palau de Congressos y se preve la asistencia de más de 1.500 personas, principalmente cargos públicos. Se preve un acto menos espectacular que el celebrado en la Feria de Valencia, pero igualmente innovador.

95. EL ASESOR DE UN CONCEJAL Y LA HIJA DEL ALCALDE (PP), OF COURSE, GANAN UNA OPOSICIÓN MUNICIPAL EN ALICANTE (12/05/06)

La hija del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, y el asesor del delegado del área de Recursos Humanos, Juan Rodríguez Marín, han ganado dos de las cinco plazas para técnico de administración general en una oposición convocada por el Consistorio. El tribunal considera aprobados con plaza, en calidad de funcionario de carrera, a Elisa Díaz González y Manuel Ángel Baltar Fitera, con la segunda y primera mejor nota final, respectivamente. Rodríguez Marín no es concejal electo, pero está en la comisión de gobierno por designación del alcalde.

La relación de las personas que, según el tribunal, han ganado las 5 plazas de técnico de administración de general estaba recogida en la página web del Ayuntamiento de Alicante. El listado lo encabeza Manuel Ángel Baltar Fitera, secretario personal del mencionado concejal de RR.HH. del Consistorio, Juan Rodríguez Marín, con una puntuación total de 23,10, seguido del Elisa Díaz González, con 22,98 puntos. Elisa es una de las dos hijas del alcalde Luis Díaz Alperi, en el cargo desde 1994 con mayoría absoluta.

El presidente de todos los tribunales municipales para los diversos concursos de oposición es, por ley, el alcalde. No obstante, este delega la competencia en alguno de los concejales de su equipo de gobierno. En el caso de oposición para cubrir las cinco plazas de técnico de la administración general, el tribunal ha estado presidido de hecho por el concejal de Seguridad, Luis Concepción.

El concurso público constó de tres pruebas. A la primera concurrieron 70 aspirantes, que tuvieron que desarrollar dos temas seleccionados por sorteo, y responder a un cuestionario relacionado con temas de formación general. Esa primera fase la superaron 28 opositores. En la segunda fase, la hija del alcalde obtuvo la segunda mejor nota, con un 8,4 sobre un total de 10; el primer puesto, fue para el asesor de Rodríguez Marín, que superó a la hija de Alperi por dos décimas. Juan Rodríguez Marín no es concejal electo, pero integra la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Alicante por designación directa del alcalde, merced a las prerrogativas que le concede la Ley de Grandes Ciudades. Rodríguez Marín es, además, senador del PP.

96. DOS EMPRESARIOS IMPLICADOS EN EL 'CASO TERRA MÍTICA' DENUNCIAN QUE ZAPLANA COBRÓ COMISIONES (12/05/06)

La Fiscalía tiene en su poder una grabación en la que los empresarios imputados por el conocido como caso Terra Mítica cuentan a un parlamentario del PSOE cómo inflaron las facturas por sus trabajos en la construcción del parque temático valenciano, multiplicando así hasta por seis su coste real. En estas cintas se menciona como implicado en el pago de comisiones ilegales al ex presidente de la comunidad y actual portavoz parlamentario del Partido Popular, Eduardo Zaplana.

La investigación de la Fiscalía se centra en la trama de facturas falsas a través de las cuales 17 empresas, entre ellas Terra Mítica, defraudaron a la hacienda pública 4,4 millones € en los ejercicios 2000 y 2001. La justicia investiga la comisión de 3 posibles delitos: falsedad documental, delito societario y delito fiscal, aunque el primero ha prescrito, según el auto emitido hace unos días por el Juzgado de Instrucción número tres de Valencia.

En las citadas grabaciones, uno de los empresarios cuenta que facturó por trabajos de jardinería en el parque unos 6.000 millones de pesetas (36 millones €), pero a su compañía sólo llegó una sexta parte. El resto, 5.000 millones de pesetas, se dedicaron a pagar comisiones, tanto en metálico como a través de ingresos en cuentas bancarias en España y en paraísos fiscales.

“Conesa se repartía la pasta con el señor Zaplana”, asegura uno de los empresarios en la cinta. Y en otro momento, insiste sobre lo mismo: “Vi como el señor Conesa metía la bolsa en el maletero [...] y dijo delante mía que el dinero se lo repartía con Zaplana, vamos, que eso lo digo yo en el juzgado”. El tal Conesa es el empresario Vicente Conesa, al que Hacienda denunció por un fraude de 2,7 millones €. Las dos sociedades de las que es gerente, según fuentes de la investigación, lograron la adjudicación de obras de construcción y ajardinamiento de Terra Mítica, que luego subcontrataron.

En la cinta, los dos empresarios calculan que, sólo por esos trabajos de jardinería y acondicionamiento del parque, se debieron pagar “entre 2.500 y 3.000 millones de pesetas en comisiones”. Además, ofrecen contar lo que saben a los medios de comunicación a cambio de dinero o de un pacto con la Fiscalía.Terra Mítica costó al erario público unos 70.000 millones de pesetas (más de 400 millones €). Ahora, con un accionariado dominado por las cajas de ahorros de la comunidad, el parque se encuentra en suspensión de pagos y con una larga lista de acreedores.

97. LOS CUATRO ‘MAGNÍFICOS’ EX MINISTROS DE AZNAR CITADOS POR LA JUEZ, EVITAN DECLARAR POR EL CASO FABRA (12/05/06)

Los 4 ex ministros de Aznar que han sido citados para prestar declaración en calidad de testigos ante el juzgado nº 1 de Nules que instruye el llamado caso Fabra no acudirán físicamente a las dependencias judiciales de la localidad de La Plana, según dijeron fuentes del PP. Los cuatro debían presentarse ante la juez el próximo día 26 de mayo.

Los ex ministros de Agricultura Jesús Posada y Miguel Arias Cañete, la ex ministra de Sanidad Celia Villalobos y el ex ministro de Industria y Comercio Juan Costa han decidido acogerse al privilegio que les concede el actual ordenamiento legal para realizar su declaración bajo el procedimiento denominado confirmación, agregaron las citadas fuentes. La actual ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) establece en el apartado de las testificaciones que los miembros de un Gobierno pueden prestar declaración como testigos con este sistema especial siempre que los contenidos de su testimonio estén relacionados con el desempeño de su responsabilidad.

Los 4 ex ministros han tomado la decisión de forma colectiva tras recibir asesoramiento legal del Partido Popular, explicaron las citadas fuentes. En la dirección del PP causó una gran preocupación el hecho de que cuatro ex ministros de diversos Gobiernos de Aznar fuesen llamados para prestar testimonio el mismo ante el juzgado que investiga el caso Fabra. “Al margen de la formalidad de acudir como testigos a petición de una de una de las partes es cierto que la imagen de cuatro ex ministros entrando en un juzgado no es positiva para el PP”. Con esta decisión, agregaron, “se evita la foto y todos cumplen con su deber de prestar declaración tras ser requeridos para ello”. El sistema de confirmación consiste en que, tras notificar los testigos al juzgado ese derecho, reciben en la dirección que señalen un cuestionario elaborado por el magistrado instructor con las aportaciones de las partes personadas en el sumario. Los 4 ex ministros redactan de forma ordenada su respuesta y la remiten firmada al juzgado.

Al margen de esta modalidad al menos tres de los cuatro testigos citados para el día 26 Posada, Arias Cañete y Villalobos, tienen, además, otra alternativa: alegar su condición de diputados en el Congreso. En este caso la LEC también prevé un tratamiento especial. Los testigos tienen derecho a que un juez, bien el propio instructor o un sustituto por vía de exhorto, les tome declaración sus correspondientes despachos en dependencias parlamentarias. Esta situación no afecta a Juan Costa, quien dimitió como diputado. Las citadas fuentes del PP explicaron que en los próximos días los cuatro ex ministros trasladarán a la titular del Juzgado número 1 de Nules su particular condición y su deseo de acogerse a ella.

98. LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL PP EVITA IMPLICARSE EN LA DEFENSA DE ZAPLANA TRAS LA DENUNCIA SOCIALISTA (14/05/06)

La dirección regional del PP, que preside Francisco Camps, ha evitado implicarse más allá de lo estrictamente necesario en la defensa de Eduardo Zaplana tras la denuncia socialista en la que se relaciona al portavoz del PP en el Congreso con el cobro de comisiones en Terra Mítica. La secretaria regional, Adela Pedrosa, eludió dar respaldo a Zaplana y se limitó a señalar que todo era "una caza de brujas". El vicesecretario Ricardo Costa emitió por la tarde un comunicado más duro exigiendo disculpas al PSOE después de que las dos consejeras zaplanistas saliesen en defensa del portavoz.

La número dos del PP valenciano, Adela Pedrosa, no quiso entrar en consideraciones sobre la denuncia socialista que implica a Zaplana con un supuesto cobro de comisiones por la adjudicación de obras en Terra Mítica. Pedrosa se limitó a señalar: "Esto es una caza de brujas. No voy a añadir nada más". "El portavoz [Zaplana] ya dijo todo lo que tenía que decir", sentenció.

Posteriormente, Zaplana tomó la sede regional del PP en Valencia para defenderse de la denuncia presentada por los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa. Denuncia en la que se aporta la grabación de una conversación con dos contratistas de Terra Mítica que vinculan a Zaplana con el cobro de comisiones. Allí llegó arropado por buena parte de sus partidarios.

El vicesecretario regional del PP, Ricardo Costa, que esperaba a Zaplana para atenderle en lo que necesitase se vio desbordado por la situación. "Ricardo, tenemos que hablar, vamos al despacho", le conminó el portavoz popular que entró con todo su séquito antes de comparecer ante los medios de comunicación minutos más tarde. La última comparecencia pública de Zaplana en la sede valenciana del PP se produjo coincidiendo con el primer aniversario del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando todos los cabezas de lista populares -el portavoz fue cabeza de lista por Valencia en 2004- ofrecieron su propia valoración política. Ya entonces se produjo un incidente al vetar Zaplana la presencia de Ricardo Costa en la rueda de prensa.

Solo las dos consejeras zaplanistas del Consell que preside Francisco Camps las que madrugaron para defender la figura del portavoz en el Congreso. La consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel y la consejera de Cooperación, Gema Amor, fueron los únicos miembros del Consell que se han pronunciado hasta ahora- obligó al vicesecretario regional del PP, Ricardo Costa, a emitir un comunicado más duro contra el PSOE y a defender explícitamente a Zaplana. En su escrito, Costa reclamó a Pla que "de forma inmediata pida disculpas a todo el PP y a Zaplana".

99. El juzgado descubre otro abono en una cuenta del alcalde de Torrevieja (PP) de 228.384 € (14/05/06)

El juzgado número 4 de Torrevieja ha descubierto una nueva cuenta bancaria del alcalde del municipio. El PSPV exige a Hernández Mateo que explique el origen del dinero, que se suma a otros ingresos bancarios de 512.137 €. Un nuevo documento en poder de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado número 4 de Torrevieja refleja que una cuenta bancaria del alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, registró unos abonos desde el 1 de enero de 1996 al 31 de diciembre de 1999 por un valor de 228.384 €.

Estos abonos se unen a los ya conocidos ingresados en la misma cuenta bancaria de la CAM entre 2000 y 2005 por un total de 512.137 € (85.212.500 pesetas) cuyo origen no ha trascendido. El alcalde de Torrevieja ha mantenido hasta el momento un total silencio sobre la procedencia del dinero asegurando que sólo dará explicaciones ante el juez en caso de que sea llamado de nuevo a declarar. Los datos económicos citados figuran en el expediente de diligencias previas número 3416/2005 en el que se imputa al alcalde de los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada por las operaciones de compra-venta de las fincas en Almoradí que adquirió por por 180.000 €, y vendió 28 meses después por 5.409.188 € a la mercantil Eden del Mar con intereses urbanísticos en Torrevieja. Esta empresa vendió a la vez a Hernández Mateo una finca en San Miguel de Salinas.

Los ingresos en la cuenta de Mateo en la CAM, mediante 89 cheques y con cantidades nunca iguales, según expuso el viernes el portavoz adjunto del PSPV-PSOE , Manuel Vera, se produjeron al margen de sus retribuciones como político -bien como alcalde o como diputado autonómico- por lo que “debe dar explicaciones ya; creo que es el momento”. Hernández Mateo declaró ante la titular del juzgado número 4 el 28 de octubre de 2005 que sus únicos ingresos desde que tomó posesión como alcalde eran por su actividad política, la proveniente de los productos que “vende como fruto de la finca” y la venta familiar de una propiedad. Vera denunció también que en la declaración jurada municipal de bienes del alcalde de Torrevieja no figuran estos abonos y cantidades, y además señala que sólo posee una sola cuenta con un saldo de unos cuatro millones de pesetas.

“Afirmo con rotundidad que no es la única cuenta del alcalde y que hay muchas, como una en La Caixa donde cobra los pagarés por la venta de la finca de Almoradí o la del antiguo banco de Crédito y Ahorro”, señaló Manolo Vera.

100. LOS HIJOS DE FABRA DEBEN DAR CUENTAS DE SU PATRIMONIO ENTRE 1999 Y 2004 (16/05/06)

"Su derecho a la intimidad queda incólume". La Audiencia de Castellón ha desestimado el recurso de los cuatro hijos del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, para que la investigación a la que están siendo sometidos sus padres no les alcanzara. Por ello habrán de dar explicaciones de sus cuentas y su patrimonio entre 1999 y 2004.

Fabra y su esposa están siendo investigados por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. El presidente del PP provincial está acusado, además, de un fraude fiscal. El auto reitera los argumentos que el tribunal esgrimió en su día ya que, cuando se trata de delitos contra la Hacienda Pública, su complejidad "determina la necesidad de práctica de diligencias que pueden afectar a un amplio círculo de personas que se relacionan con aquellos a quienes se atribuye su comisión, y en especial si son próximas a estos". Además, la Audiencia sostiene que en el caso de la familia Fabra-Fernández, el vínculo "también es empresarial o societario".

101. EL 80% DE LOS NUEVOS FUNCIONARIOS EN BENIDORM ESTÁ VINCULADO AL PP (16/05/06)

El PSPV de Benidorm reveló que el 80 % de las personas que han obtenido una de las 41 nuevas plazas de funcionario convocadas por el Ayuntamiento tienen relación directa con el PP. El portavoz socialista, Agustín Navarro, ofreció los nombres de doce personas con vinculación familiar con altos cargos entre los que figura Daniel Valverde Zaplana, sobrino del portavoz Eduardo Zaplana, que además es hijo del que fuera máximo responsable de finanzas de Terra Mítica, Justo Valverde, nuevo auxiliar administrativo en el consistorio. En el listado también figura la sobrina del actual alcalde, Manuel Pérez Fenoll, dos sobrinos de su antecesor, Vicente Pérez Devesa, y hermanos e hijos de varios concejales. El concejal de Juventud, Manuel Galiana, que ya compartía su lugar de trabajo con su esposa y su padre ha visto ahora incorporado a la casa a su hermano Manuel.

Entre los admitidos figura un concejal popular del vecino municipio de Relleu, José Luis Sellés García. La lista en poder del PSPV vincula a 35 admitidos con el PP, aunque Navarro solo hizo público el nombre de los doce casos considerados "más graves" para demostrar la "falta de ética" del PP. El líder del PSPV lamentó "la desfachatez" del Gobierno que llega a crear plazas para "maridos y esposas de cargos de confianza del partido, miembros de la ejecutiva local y familiares de militantes", en lo que calificó como "el mayor escándalo en recursos humanos vivido en democracia en Benidorm".

Agustín Navarro dijo que aunque el proceso de oposiciones se ajuste a la legalidad, y "no dudo de la capacidad de estas personas, ni de su derecho" a ocupar una plaza pública alertó de que "parece que ser familiar o militante del PP sea un plus a la hora de obtener trabajo". Las pruebas se han realizado los últimos meses con el objetivo de cubrir varias plazas en varios departamentos, y a ellas se han presentado 601 aspirantes.

Desde el Gobierno local su portavoz y concejal de Recursos Humanos, Antonio Pérez, calificó como un "contrasentido" esta denuncia. "No pueden decir que las pruebas se han desarrollado dentro de la legalidad y al mismo tiempo acusarnos de enchufismo. El tribunal es un organismo autónomo que se configura para cada selección, en el que sólo el 40% está formado por políticos", explicó. "Si no denuncian al tribunal ante la justicia quedarán en evidencia", añadió. El concejal del PP calificó de "montaje" los datos, ya que sólo se han ofrecido 12 nombres, "porque no hay más", y el proceso sigue abierto.

102. EL ALCALDE DE TORREVIEJA (PP) COMPRÓ UNA FINCA Y VENDIÓ OTRA EN UN DÍA A LA MISMA PROMOTORA (17/05/06)

El portavoz del grupo municipal del PSPV en Torrevieja, Manuel Vera, destapó, a raíz de la lectura y análisis de las correspondientes escrituras, que el mismo día que el alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, vendió una finca de Almoradí a la empresa Edén del Mar, SL, esta adquirió otra en San Miguel de Salinas al propio regidor. Además, la finca que Edén del Mar vendió al alcalde en San Miguel de Salinas fue adquirida por esta empresa "solo 18 días antes" de formalizar la operación de venta al dirigente popular.

Los socialistas consideran que "no es casual todo lo que está pasando", ya que la misma empresa fue también la que compró al alcalde la finca en Almoradí que el primer edil había adquirido por 180.000 € dos años antes. Edén del Mar pagó por estos terrenos 5,4 millones de €. "Sería ideal que el alcalde explicara de dónde y cómo obtiene estas plusvalías tan cuantiosas", dijo Vera que reiteró su petición para que Hernández Mateo haga públicas sus cuentas corrientes y datos patrimoniales.

"Es curioso que si entre las dos fincas sólo hay una separación de tres kilómetros de distancia", dijo el concejal socialista, "el alcalde venda a 4.000 pesetas de el metro cuadrado a Eden del Mar y esta empresa adquiera a 1.500 pesetas el metro". Manuel Vera ironizó e instó a Hernández Mateo a que, próximamente, aprovechando la Fiesta de los mayores que congregará a 20.000 jubilados en un acto público, explique "cómo se consigue dinero fácil en dos años, y los detalles de sus movimientos bancarios", dijo.

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, detectó hace un año "indicios de delito" en la operación de compra-venta de una finca por parte del alcalde de Torrevieja que le reportó una ganancia de 5,2 millones de €. El fiscal remitió al juzgado de Torrevieja la denuncia presentada por el grupo de Esquerra Unida (EU) contra el alcalde para que abra una investigación. En la denuncia, EU imputaba al alcalde los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho. EU presentó la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción contra Hernández Mateo, tras trascender a la opinión pública que el primer edil de Torrevieja ganó 5,2 millones en la operación de compra-venta de una finca en la vecina localidad de Almoradí.

La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha iniciado las actuaciones derivadas de la denuncia de dos diputados socialistas en las que se implica al portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, en el supuesto cobro de comisiones por las obras del parque Terra Mítica. La fiscalía ha convocado para a los diputados del PSPV-PSOE Antoni Such y José Camarasa para que ratifiquen la denuncia presentada en la que se incluyen las conversaciones grabadas con dos empresarios que involucran a Zaplana en el supuesto cobro de comisiones por las obras de Terra Mítica. Estos empresarios, Antonio Moreno y José Herrero, están incluidos en la denuncia presentada por la Agencia Tributaria por una supuesta trama de facturas falsas relacionada con el parque de atracciones de Benidorm.

Zaplana manifestó que confía en que el fiscal jefe del TSJCV, Ricard Cabedo, no le abra ninguna diligencia "por mucho que algunos estén empeñados en darles todas las vueltas que quieran y en manipular la realidad y la verdad".

En el Comité Ejecutivo Nacional del PP, el presidente Mariano Rajoy, aseguró que las acusaciones a Zaplana son "mentira" y una "cortina de humo" para evitar que se hable de los temas que perjudican al Gobierno. "Me parece que esto es de una enorme gravedad", sentenció Rajoy, que criticó a los diputados socialistas por grabar una conversación y utilizar esta como "arma arrojadiza". Todo el PP cerró filas en torno a su portavoz en el Congreso y arremetió contra el Gobierno y el PSOE, pero evitó criticar a los empresarios que involucran a Zaplana.

104. EL FISCAL DEL 'CASO ORIHUELA' IMPUTA LOS HECHOS AL ALCALDE DEL PP Y A LA JUNTA DE GOBIERNO (18/05/06)

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, en su escrito inicial del pasado 14 marzo por irregularidades en el Ayuntamiento de Orihuela derivadas de la gestión urbanística y contable del Consistorio imputa los supuestos hechos delictivos "al alcalde, a los miembros de la comisión de gobierno del Ayuntamiento, a promotores y empresarios, sin perjuicio de la procedente ampliación de responsabilidades si de la instrucción así de desprende", según recoge, en el apartado de fundamentos de derecho, el auto de la titular del Juzgado número 4 de Orihuela.

La magistrada, Lydia María Paloma Montaño, acaba de dictar el primer auto de envergadura del denominado caso Orihuela. La resolución de la juez admite la propuesta del ministerio público de desglosar la denuncia general en 16 causas. La principal va dirigida contra el alcalde, José Manuel Medina, del PP, a raíz del uso del primer edil de bienes -un chalé y dos lujosos turismos-. La instrucción de esta causa la dirigirá la magistrada Paloma Montaño, y las 15 secundarias las ha trasladado al Decanato para su reparto entre el resto de oficinas judiciales. "Las diligencias de investigación necesarias pasan por tomar declaración al denunciado José Manuel Medina Cañizares [el alcalde] como imputado en un delito relativo a la ordenación del territorio en las presentes diligencias previas", precisa el auto de la juez.

En este sumario, la juez ha aceptado la personación de los promotores Joaquín Grau Pomares -dueño del chalé y del Rolls Royce que usa el alcalde- y José Antonio Rodríguez Belmonte, adjudicatario de un ilegal, según el fiscal, plan urbanístico en la costa de Orihuela.

El auto de la magistrada relata las irregularidades a las que se refiere el ministerio fiscal en su escrito, consistentes básicamente en: "La emisión de facturas falsas, e irregularidades en contrataciones con determinadas empresas; apropiación de las recaudaciones de entradas de actuaciones artísticas; subvenciones concedidas sin justificar a la junta directiva de la asociación de Moros y Cristianos; concesiones de anticipos a cuenta a algunos concejales sin acuerdo previo del órgano competente; cambio del presupuesto en la Glorieta Gabriel Miró aumentándolo en 5 millones de euros, irregularidades en la contratación del asesor de personal por incompatibilidad manifiesta; pagos de salarios extras a una empresa no incluido en el contrato vigente; irregularidades en la compra de viviendas en el casco antiguo de Orihuela; y abusos urbanísticos".

105. EL PP DECIDE SUSPENDER DE MILITANCIA AL ALCALDE DE ORIHUELA TRAS SU IMPUTACIÓN POR CORRUPCIÓN (19/05/06)

La dirección nacional del PP ha solicitado al alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, que pida la suspensión temporal de militancia a raíz de su imputación por una juez por un supuesto delito de ordenación del territorio. En el caso de que el primer edil oriolano no acceda de manera voluntaria a la propuesta de la cúpula conservadora, será el comité nacional de garantías del partido, que preside el ex ministro Federico Trillo, el que tome una decisión.

José Manuel Medina, alineado con el bando del PP valenciano que lidera el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha expresado en reiteradas ocasiones que cuenta con el respaldo de la dirección regional del partido que preside el propio Camps. Mientras, fuentes próximas al sector contrario, los afines al actual portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados Eduardo Zaplana, expresaron su sorpresa con la iniciativa de la dirección nacional del PP de suspender de militancia al primer edil oriolano. En el supuesto de que Medina sea dado de baja del PP, será el primer cargo público de los conservadores valenciano imputado en procesos judiciales obligado a dejar la formación. El primer cargo en esa situación es el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.

El alcalde compró en 2000 tres parcelas rústicas -en total 18 hectáreas de suelo rústico- por 180.000 €. Dos años más tarde, el primer edil vendió el terreno por 5,4 millones de €. La oposición denunció que Hernández Mateo adquirió la finca a un promotor, propietario de la mercantil Edén del Mar, al que antes había adjudicado una urbanización en Torrevieja. Este promotor participó luego en un proyecto para urbanizar 19 millones de metros cuadrados en Almoradí que incluían el terreno adquirido por el alcalde.

106. UNA TRAMA EMPRESARIAL SE REPARTIÓ 10 MILLONES DE TERRA MÍTICA POR OBRAS NUNCA HECHAS (19/05/06)

Una trama de 18 empresas cobró 10 millones € de Terra Mítica, la empresa sostenida en parte con fondos públicos de la Generalitat valenciana (20%), por obras nunca hechas, informes nunca elaborados y material jamás entregado, todo ello sustentado en facturas falsas. Así lo mantiene el informe de la Agencia Tributaria, que destapa también un fraude fiscal de las empresas afectadas de 4,4 millones de euros. En ese informe se ha basado la fiscalía para denunciar a las empresas implicadas. Las revelaciones de la Agencia Tributaria figuran en la denuncia de la fiscalía presentada el pasado 12 de mayo.

En la trama denunciada por la Agencia Tributaria figuran los empresarios Antonio Moreno y José García, que en una conversación grabada por dos diputados socialistas valenciano implican a Zaplana en el supuesto cobro de comisiones. La reconstrucción hecha por la Agencia Tributaria del fraude millonario detectado en el proyecto Terra Mítica señala una trama de empresas que cobraron al menos 10 millones € por facturas falsas correspondientes a trabajos, servicios, material o mano de obra nunca entregada.

En el primer nivel de la trama se situaba un grupo de empresas que tenían "escasa actividad" o estaban "inactivas". Estas empresas mantenían una estructura insuficiente para realizar los trabajos por los que facturaban o se dedicaban a actividades distintas de las facturadas. Estas firmas, que emitían facturas falsas, o bien no declaraban ni IVA ni impuesto de sociedades, o bien hinchaban los gastos para no declarar por la mayor facturación. En el segundo nivel, otro grupo de empresas recibían estas facturas falsas y, a su vez, emitían otras facturas falsas que remitían a un tercer grupo de empresas que, a su vez, facturaban a Terra Mítica y a Excavaciones Escoto.

Terra Mítica pagaba así por trabajos nunca hechos o material no entregado en relación con obras de jardinería y riego y mantenimiento. Gran parte del dinero pagado por Terra Mítica acababa, según la investigación de la Agencia Tributaria, "mediante el sistema del endoso de pagarés", en la empresa Desarrollo Gran Vía SL. Cuando la Agencia Tributaria investigó las cuentas corrientes de esta empresa comprobó que durante los años 2000 y 2001 había ingresado 17,8 millones de euros mientras que había declarado a Hacienda una facturación de sólo 7,5 millones de euros. Cuando la Agencia Tributaria quiso investigar el destino de esos 10,3 millones de euros de diferencia se encontró con que de las cuentas corrientes de la empresa Desarrollo Gran Vía, una persona, siempre la misma, sacaba fondos en efectivo sin conocer el destino que daba a los mismos.

La Agencia Tributaria explica los 10 millones de euros de diferencia entre lo que Desarrollo Gran Vía declaraba y lo que recibía en sus cuentas corrientes en que esta empresa "actuaba como recaudador, en bastantes ocasiones, de los fondos que encubrían operaciones inexistentes, para luego, vía retiradas frecuentes en efectivo de importes elevados destinar el dinero a fines ocultos". La Agencia Tributaria mantiene en su informe que las evidencias de facturación falsa son muy numerosas.

Estas anomalías, que la Agencia Tributaria califica como delitos contra la Hacienda Pública y falsificación de documento mercantil, afectaron a las arcas de Terra Mítica, una sociedad controlada por una mayoría que formaban la Generalitat Valenciana (20%), la Caja de Ahorros del Mediterráneo (20%) y Bancaja (20%). El coste final del parque temático se disparó hasta los 370 millones de euros (100 millones más de lo previsto).

La Fiscalía de Valencia presentó su primera denuncia contra Terra Mítica a finales de noviembre de 2005, tras la investigación de la Agencia Tributaria. De la causa se hizo cargo el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia; pero la Audiencia de Valencia en febrero de este año consideró que no se había cumplido el trámite audiencia previa a algunas empresas denunciadas y anuló todo lo actuado respecto del delito fiscal, llegando a archivar todo el expediente el pasado 12 de mayo.

En la trama de empresas que defraudaban al fisco figuran relacionados el entonces cuñado de Eduardo Zaplana y director de contratación de Terra Mítica, Justo Valverde, que autorizó los pagos de trabajos que, supuestamente, no se realizaron. Terra Mítica alega que desconoce si los trabajos pagados se hicieron con trabajadores de las contratas, de subcontratas o por otro medio, pero insiste en que se hicieron.

107. TRES EMPRESARIOS ACUMULARON OCHO MILLONES DE EN FACTURAS FALSAS DE TERRA MÍTICA (20/05/06)

Los empresarios Vicente Conesa, Antonio Moreno Carpio y Francisco Escoto llegaron a acumular en sus sociedades facturas falsas por un importe superior a los ocho millones de por trabajos no realizados en Terra Mítica de Benidorm durante dos años. Así lo apunta el informe de la Agencia Tributaria que ha servido a la fiscalía de base para denunciar a 19 sociedades, incluido el parque temático participado por la Generalitat valenciana, y a dos docenas de empresarios. Según declara Moreno Carpio en una grabación, Conesa era quien cobraba las comisiones.

Las empresas Depimsa (Desarrollo de Proyectos e Instalaciones y Mantenimiento, SL) y C3 Ingeniería de la Construcción y del Medio Ambiente, propiedad del empresario Vicente Conesa y su familia, emitieron o recibieron facturas falsas con IVA durante los años 2000 y 2001 por un importe cercano a los 3,2 millones €. Las sociedades de Conesa, junto con las dirigidas por los hermanos Moreno Carpio (fundamentalmente las firmas Altos del Carrichal, SL y Gribal, SA) están en el epicentro de la trama de facturas falsas diseñada para cobrar a Terra Mítica por trabajos, fundamentalmente de jardinería, que nunca se llegaron a efectuar o cuyos importes se hincharon deliberadamente. Vicente Conesa es la persona que, según la conversación grabada por dos diputados socialistas al también empresario Antonio Moreno Carpio, recibía reembolsos de dinero procedentes de la facturación falsa y presumía de repartirse estas comisiones con el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, que entonces era presidente de la Generalitat Valenciana y principal impulsor del parque temático de Benidorm.

Vicente Conesa, según el informe de la Agencia Tributaria, está implicado "en la emisión de facturas falsas expedidas por él mismo y dirigidas a C3 Ingeniería por la presunta venta de plantas". Según el fisco, la mayoría de facturas pagadas por Terra Mítica por obras o trabajos inexistentes corresponden "mayoritariamente a obras de jardinería y riego" y a mantenimiento. Conesa, que en colaboración con sus hijos y su esposa Matilde controlaba las firmas C3 y Depimsa, era la persona que suscribía los contratos con la sociedades Altos del Carrichal, Desarrollo Gran Vía, Red Moreno y Prexint Botanics, todas ellas empresas dirigidas por Antonio Moreno Carpio y sus hermanos Francisco Javier y Felipe.

De todas las empresas controladas por los Moreno Carpio, las dos principales, Altos del Carrichal, SL y Gribal, SA llegaron a reunir en los años fiscalizados cerca de 2,7 millones € en facturas falsas. Según el informe de la Agencia Tributaria buena parte de los importes facturados como proveedores se desviaron mediante el sistema de pagarés endosados a Desarrollo Gran Vía, empresa que actuaba como recaudadora de los fondos procedentes de operaciones inexistentes. Hacienda detectó en dos años más de 10 millones € de diferencia entre lo que Desarrollo Gran Vía declaraba y lo que recibía en las diferentes cuentas corrientes. Esta empresa que actuaba de recaudadora tenía como administrador declarado a un testaferro, José A. Llopis, aunque quienes movían el dinero eran Felipe Moreno Carpio y José Luis Rubio Sánchez.

Los inspectores de la Agencia Tributaria pierden el rastro del dinero una vez se retiran en efectivo grandes cantidades de dinero tanto de las cuentas corrientes de Desarrollo Gran Vía como de Altos del Carrichal, SL. El informe, que recalca la escasa colaboración de las empresas investigadas, también reconoce la dificultad de seguir el rastro de una transferencia de los Moreno Carpio a Suiza por importe de 44.000 .

La inspección sí indica que ha podido documentar el pago realizado "sin justificación comercial alguna" por una firma de Moreno Carpio, Trabajos Auxiliares del Siglo XXI, para comprar un chalet en Moraira a nombre de Vicente Conesa.

La tercera de las firmas que mayor volumen de dinero en facturas falsas acumuló en los años investigados es Excavaciones Escoto, SL, en la que figura como administrador único Francisco Escoto. Esta empresa, situada en el nivel superior de la trama, sólo fue receptora de facturas falsas y no emisora. En dos años abonó a las sociedades de los hermanos Moreno Carpio algo más de 2,2 millones de €, aunque la inspección también apunta que facturó trabajos a Terra Mítica "artificiosamente hinchados".

108. EL ALCALDE DE TORREVIEJA Y DOS EDILES, IMPUTADOS POR PAGOS ILEGALES (20/05/06)

La juez ha imputado al alcalde de Torrevieja (Alicante), Pedro Á. Hernández Mateo, del PP, y otros dos concejales de su equipo por un delito continuado de prevaricación derivado de pagos ilegales, mediante la fórmula de reconocimiento extraordinario de crédito y sin consignación presupuestaria, por 6,5 millones €. Es la segunda causa abierta a Hernández Mateo en este mandato. La primera, en la que el alcalde ya ha declarado como imputado, está relacionada con la compraventa de una finca que le reportó una plusvalía de 5,2 millones. La imputación de la juez a Hernández Mateo y los concejales de Hacienda y Contratación, Pascual Ortiz y José Antonio Sánchez, respectivamente, es consecuencia de una denuncia presentada por el Grupo Socialista. La juez, la titular del Juzgado número 2 de Torrevieja, ha dado trasladado de la denuncia al fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, para que asuma la acusación pública. Briones ya ejerce la acusación en la causa abierta a Hernández Mateo por la compraventa de la finca.

Se estima que entre 2000 y 2005, el equipo de gobierno del PP de Torrevieja ha abonado, bajo la fórmula de pagos por el procedimiento extrajudicial de crédito, facturas por importe de 16,5 millones €. Entre esos supuestos pagos "delictivos" acordados por el alcalde se encuentran diversas facturas abonadas a una firma de seguridad propiedad del hermano del actual concejal de Infraestructuras, Eduardo Gil Rebollo, y otras al canal de televisión local afín al PP, según los denunciantes. En los ejercicios de 2003 y 2004, el Ayuntamiento adjudicó, siempre por decreto de la alcaldía luego ratificado por la comisión de gobierno, a la empresa de seguridad del hermano del edil trabajos por valor de 260.000 €.

La querella del PSPV por prevaricación fue admitida inicialmente por el titular del Juzgado número 4 de Torrevieja, que instruye la causa abierta al primer edil torrevejense por supuesto tráfico de influencias y uso privilegiado de información derivado de la compra-venta de una finca rústica en Almoradí. La causa se abrió a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. La la investigación se ha constatado que, entre los años 2000 y 2005, Hernández Mateo obtuvo unos ingresos extra de casi medio millón de €, al margen de su sueldo público como alcalde y diputado autonómico. El alcalde restó importancia a su segunda imputación judicial y aseguró que tanto él como sus dos ediles "están tranquilos".

109. CAMPS RECHAZA INVESTIGAR EL FRAUDE MILLONARIO EN TERRA MÍTICA (23/05/06)

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, eludió de nuevo cualquier compromiso de iniciar una investigación de las cuentas del parque Terra Mítica de Benidorm, donde la Agencia Tributaria ha detectado una trama de facturas falsas y un fraude fiscal de 4,4 millones de €. Camps mostró su "plena confianza en las cuentas de funcionamiento del parque temático, auditadas y fiscalizadas como corresponde". Los populares arremetieron contra los socialistas después de que un empresario imputado cambiara radicalmente la versión que ofreció a dos diputados del PSPV, ante los que implicó a Zaplana. Los socialistas insistieron en preguntar por los 102 millones de sobrecoste.

Los populares otorgaron credibilidad a Antonio Moreno Carpio, imputado por la Agencia Tributaria en el caso Terra Mítica, quien, tras haber implicado -en conversación con dos diputados socialistas- al portavoz del PP, Eduardo Zaplana, en el cobro de comisiones ilegales, se desdijo. Zaplana afirmó que llegará "hasta el final" y "con todas las consecuencias" contra todo quien haya contribuido a manchar su nombre y acusó a la dirección del PSOE y a La Moncloa de haber diseñado una campaña contra él.

La dirección del PP explicitó su respaldo a Zaplana. El secretario general, Ángel Acebes, pidió al fiscal general del Estado y al fiscal anticorrupción que intervengan para averiguar qué ofrecieron los diputados socialistas a los empresarios a cambio de implicar a Zaplana. Mariano Rajoy dio instrucciones para que se cambien dos de las preguntas que el PP hará mañana en la sesión de control al Gobierno. El PP preguntará al Gobierno si va a instar a la fiscalía a que investigue el caso. En las Cortes valencianas, Camps también tendrá que responder el jueves a Pla, que le preguntará si va a aclarar los sobrecostes de Terra Mítica.

Mientras, Pla aseguró que las manifestaciones de Moreno son "totalmente falsas" y anunció medidas legales contra él. "Todo esto es una maniobra de distracción del señor Zaplana y su entorno, que no va a impedir que lleguemos a la cuestión de fondo, es decir, qué ha pasado con los 17.000 millones de pesetas de sobrecoste de Terra Mítica", afirmó el líder socialista. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, declinó comentar las palabras del empresario, pero subrayó que en el trasfondo de la polémica subyace "el nerviosismo del PP ante la evidencia de que va a perder las elecciones de 2007".

En Valencia hay una fuerte polémica en torno al plan del Ayuntamiento, que dirige la alcaldesa Rita Barberá, del PP, de construir 1.030 nichos sobre una fosa común ajardinada, la de la sección séptima derecha del cementerio. El Fòrum per la Memòria del País Valencià, dedicado a dignificar el recuerdo de las víctimas republicanas, denunció hace un mes que los nichos se levantarían sobre los restos de fusilados y otros represaliados del franquismo, y junto a los grupos municipales de Esquerra Unida-L'Entesa y PSPV-PSOE, pidió a la alcaldesa que preservara el lugar y permitiera colocar un monumento a los muertos.

Pero el PP se ha cerrado en banda a conmemorar el 75 aniversario de la proclamación de la Segunda República, de la que Valencia fue capital durante la guerra, o a abandonar la ampliación del número de nichos. El lunes 15 de mayo, un juzgado decretó la suspensión cautelar de las obras por considerar "intereses públicos relevantes" la preservación del patrimonio histórico y la investigación para "dignificar y recuperar la memoria" en las dos zonas de la fosa que el Fòrum ha estudiado a través del registro del cementerio y en las que afirma fueron enterrados miles de represaliados en 1939 y 1940. Días después, la propia alcaldesa paró la obra en el resto de la sepultura y pidió disculpas ante la monumental bronca que provocó el hecho de que parte de la tierra extraída estaba entremezclada con restos óseos más recientes que acabaron en una cantera de Sagunto.

La polémica agita el ánimo de los que conocen bien el cementerio. Evocan a muertos de uno y otro bando. Manzanares cuenta que su abuelo hablaba de los cadáveres que llegaban de noche de los ajusticiados por el bando franquista en Paterna.

Otros trabajadores jubilados y el propio Manzanares tuvieron en sus manos fotografías ya desaparecidas de cadáveres de personas ejecutadas durante o después de la contienda y enterradas en las fosas comunes de Valencia. Además de la fosa de la discordia, testimonios de la época creen que en otras sepulturas colectivas, ya sustituidas por nichos, se perdió el rastro de víctimas del franquismo. Y en una parcela de la sección quinta derecha, sobre la que se alza una cruz de piedra y que no ha sido exhumada desde la posguerra, descansarían partidarios de ambos bandos. Aún hay quien deja allí ramos de flores.

"¿Por qué se empeñan en hacer los nichos ahora, cuando estamos investigando las fosas?", pregunta la presidenta del Fòrum, Amparo Salvador. El PP repite que los cuatro cuadros que componen la sección séptima derecha -del tamaño de un campo de fútbol- han sido reutilizados en cuatro ocasiones entre 1938 y 1995, tras las respectivas exhumaciones que la ley permite realizar cada cinco años. María Jesús Puchalt, la edil popular de cementerios, asegura que no es posible que queden restos de 1939 y 1940, entre los que figuraban, según el registro, miembros del Servicio de Investigación Militar controlado por el Partido Comunista que fueron fusilados en Paterna. Pero el movimiento de tierras deja huesos al descubierto.

Barberá pide "respeto para todos los muertos" y rechaza una investigación de posibles vestigios. El PP acusa a la oposición de querer "reabrir heridas" y ha aprobado, en solitario, un monumento a todas las víctimas sin concretar.

111. LA POLICÍA COMPRUEBA QUE EL ALCALDE DE ORIHUELA USA BIENES DE EMPRESARIOS (24/05/06)

Un informe de la Brigada de la Policía Judicial de Delitos Económicos constata que el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, disfruta de un chalé y usa un Rolls Royce propiedad de un promotor beneficiado con adjudicaciones urbanísticas municipales. El documento revela que el alcalde acabó de pagar y puso a su nombre otro turismo, en este caso un Audi A8, propiedad de otro empresario al que también adjudicó proyectos. El informe de la Policía Judicial es una de las pruebas que incluye el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, en su denuncia por hechos delictivos en la gestión urbanística y contable del Consistorio oriolano.

El fiscal ha desglosado la denuncia en 16 causas. La principal va dirigida contra el alcalde por el uso de los bienes mencionados propiedad de empresarios adjudicatarios de planes urbanísticos en suelo con "elevado índice" de protección. La juez ha acordado tomar declaración a Medina como imputado.

El informe policial señala que una vivienda adquirida por el promotor Joaquín Grau Pomares en 2004 "es utilizada como segunda residencia por José Manuel Medina". El chalé (una vivienda de dos pisos con jardín y piscina, en la costa) fue comprado por una firma del empresario a un matrimonio extranjero. La policía subraya que Medina "habría" suscrito un contrato con opción de compra a la firma del promotor, "aunque esta información no ha podido ser documentada por la naturaleza propia del contrato", precisa.

En cuanto al Rolls Royce Bentley, el informe señala que fue matriculado en España a nombre de Joaquín Grau Pomares en marzo de 2004. El promotor compró el coche, que la policía ha tasado en 45.000 €, a los mismo propietarios extranjeros del chalé. El informe subraya que en el momento de la investigación [febrero de 2006] "está estacionado normalmente en unos bajos de la calle de Campoamor de Orihuela propiedad de Medina". Sobre el Audi A8 los agentes concluyen que Medina pagó el segundo plazo (22.000 €) y lo puso a su nombre el 18 de octubre de 2005, un mes después de que el fiscal abriera la investigación del caso Orihuela. Hasta entonces el coche pertenecía al concesionario Automoción Oleza, del promotor Francisco Marcos Ferrer. Medina usa el Audi desde el 11 de enero de 2005, cuando entregó un primer pago de 18.000 a cuenta del desguace de otro vehículo.

112. EL PP NO DESCARTA QUE TERRA MÍTICA PAGARA OBRAS SIN EJECUTAR (24/05/06)

El Gobierno valenciano (PP) admitió por primera vez la posibilidad de que Terra Mítica pagara por obras no realizadas, tal como señala la Agencia Tributaria, que ha denunciado una trama de facturas falsas y fraude fiscal. Además, el consejero de Economía, Gerardo Camps, anunció que la empresa se personará en la causa en su condición de "perjudicada", pese a que es una de las denunciadas por Hacienda. Desde que se conoció la denuncia de la trama de facturas falsas y el fraude fiscal de 4,4 millones de durante las obras de Terra Mítica, el Consell que preside Francisco Camps y el PP valenciano han negado de forma sistemática la existencia de irregularidades en el parque de ocio de Benidorm, proyecto emblemático del anterior presidente de la Generalitat y ahora portavoz popular en el Congreso, Eduardo Zaplana.

Pero, el consejero de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, declaró que, "de haber alguien que desde dentro de Terra Mítica permitía que se pagaran determinados precios a trabajos no realizados, [la empresa] será la primera que dirija acciones" contra las personas responsables de ello.

Además, Camps anunció que, si se confirma "la situación que la Agencia Tributaria denuncia", el consejo de administración del parque solicitará al juez personarse en la causa, porque "Terra Mítica, en todo caso, será perjudicada". No obstante, Terra Mítica figura como denunciada en la causa abierta a raíz de la denuncia de Hacienda, lo que impide su personación. Pese a todo, el Consell y el PP valenciano siguen sin considerar necesario abrir una investigación parlamentaria sobre el caso, pese a que la Generalitat, con un 20% del capital, es, junto a las dos principales cajas de ahorros valencianas, accionista de referencia de Terra Mítica. En lugar de ello, ha cerrado filas en defensa de Zaplana, al que dos empresarios imputados en el caso Terra Mítica han implicado en la trama como perceptor de comisiones ilegales. El PP ha acusado a los diputados y al PSPV-PSOE de querer "hundir" Terra Mítica.

113. ECONOMÍA NIEGA DE NUEVO OFRECER LOS GASTOS DE LAS 'VISA' DE ALTOS CARGOS QUE PROMETIÓ DAR (24/05/06)

El consejero de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, eludió de nuevo el cumplimiento del compromiso que adquirió en septiembre pasado, cuando le prometió al socialista Andrés Perelló que le enseñaría "todos" los gastos de los altos cargos de la Generalitat con las visas oficiales. Camps ya eludió ese compromiso en una respuesta por escrito. "No hay inconveniente, solicítelo usted por el carácter reglamentario y podrá ver todos y cada uno de los gastos que se han efectuado con esas tarjetas Visa. Los verá usted y los veremos hasta donde usted quiera verlos". Así se expresaba en septiembre el consejero Camps, que intervino en el pleno después de que Perelló pidiera conocer los detalles de los gastos de las tarjetas visa de los altos cargos. El diputado socialista le tomó la palabra y le solicitó ver la documentación, esos gastos y facturas. Pero Camps le contestó el mes pasado que ya "han sido fiscalizados por la Sindicatura de Comptes".

Perelló quiso recordarle aquellas palabras y para ello puso en marcha el reproductor de DVD de su ordenador portátil con la grabación de la intervención del consejero en aquella sesión. Camps acusó a Perelló de no decir la verdad y aseguró que él cumple sus compromisos, mientras el socialista "monta numeritos". Y añadió: "Me comprometí y me sigo comprometiendo a que si usted tiene dudas, piensa que hay indicios de cualquier gasto injustificado, pagado con tarjeta de crédito o no, de cualquier alto cargo de la Generalitat, venga, lo diga y se le mostrará". Y acto seguido pasó al ataque, al afirmar que en la época socialista en la Generalitat se pagaba "con talones al portador sin cruzar".

Perelló replicó: "Usted es capaz de estar viéndose y decir que el que miente soy yo, ha sido incapaz de soportar su propia imagen. Su palabra vale menos que un euro de plástico". Y anunció que cuando pasen los "368 días" que faltan para las próximas elecciones autonómicas "no va a haber perdón, ni pacto ni discreción, se van a levantar las alfombras, se van a sacar de la oscuridad las cuentas y se van a abrir los ojos de la transparencia".

114. APLAZADO EL 'CASO FABRA' AL PEDIR CUATRO EX MINISTROS DEL PP DECLARAR POR ESCRITO (25/05/06)

El caso Fabra ha vuelto a sufrir un nuevo aplazamiento al retrasarse la comparecencia de cuatro ex ministros del PP. Tres de ellos, Celia Villalobos, Miguel Arias Cañete y Jesús Posada, han solicitado declarar por escrito acogiéndose a su condición de ex miembros del Gobierno. Fuentes del juzgado número 3 de Nules (Castellón) dan por hecho que Juan Costa también hará lo mismo. La magistrada confirmó la petición oficial por parte de los tres primeros y suspendió la comparecencia de los ex ministros, que estaba prevista para mañana.

La juez comunicó inicialmente a las partes que las causas del aplazamiento eran dos. Por una parte, el juzgado no había podido entregar la citación a Celia Villalobos y a Miguel Arias Cañete en el Congreso, pese a que ambos son diputados, mientras que en el caso de otro ex ministro, Juan Costa, la citación fue dirigida a la sede de una entidad de la que forma parte como miembro del consejo de administración, y ésta tampoco ha podido ser entregada. Más tarde, sin embargo, la magistrada recibía por fax la petición de Villalobos y Arias Cañete reclamando su derecho a declarar por escrito.

Una petición que ya había formulado con anterioridad el también ex ministro Jesús Posada. Este, al igual que los otros dos, intenta evitar su paso por el juzgado y reclama el responder a través de un cuestionario al que contestaría por escrito, con lo que evitaría su visita al juzgado y el interrogatorio directo del fiscal anticorrupción, de los abogados de la acusación y las defensas e incluso de la propia juez. En cualquier caso, la solicitud de Posada ha sido remitida al juzgado cuatro días antes de la fecha de la citación, con lo que la juez no ha tenido tiempo de notificarla a las partes y decidir sobre la forma en la que se le ha de tomar declaración sin tener que someter el procedimiento a un nuevo retraso.

Se da por hecho que Juan Costa también pedirá declarar por escrito. Los ex ministros de José María Aznar se acogen al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exime de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, "pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo" a quienes forman o han formado parte del Gobierno.

El resultado es que el interrogatorio a los cuatro, que estaba previsto para mañana, se aplaza y, con ello, el procedimiento, iniciado hace más de dos años, sufrirá una nueva demora. Este nuevo retraso se une a los sufridos por el paso de siete jueces y cuatro fiscales por la causa abierta contra Carlos Fabra.

115. LA QUERELLA DE ZAPLANA POR TERRA MÍTICA COMPETE AL TRIBUNAL SUPREMO (27/05/06)

La querella presentada por Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso, contra dos diputados autonómicos socialistas y dos empresarios imputados por la trama de facturas falsas en Terra Mítica, que lo vinculaban al cobro de comisiones ilegales en el parque temático de Benidorm en unas conversaciones grabadas por los primeros, corresponde a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Así lo estima la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano, que en una providencia establece que el delito de injurias con publicidad que Zaplana atribuye a los diputados José Camarasa y Antoni Such y a los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Herrero García, caso de haberse producido, lo habría hecho en Madrid, desde donde la cadena SER emitió la noticia sobre las grabaciones.

Una revelación que desencadenó un gran escándalo, y cuyo contenido los socialistas denunciaron al fiscal para que fuera finalmente incorporado a la investigación judicial ya en marcha sobre la trama de facturas falsas en Terra Mítica denunciada por la Agencia Tributaria.

116. ZAPLANA NO HABLÓ EN LA CONVENCIÓN QUE ACLAMÓ A CAMPS COMO CANDIDATO PORQUE RAJOY NO QUISO (01/06/06)

La sonada ausencia de Eduardo Zaplana en la clausura de la convención del PP valenciano el pasado fin de semana fue algo más que un plantón a su adversario interno, Francisco Camps. El actual portavoz del PP en el Congreso y ex presidente de la Generalitat no participó para mostrar su enfado con Mariano Rajoy, que le impidió hablar. Según el diario Levante, el presidente nacional del PP quiso evitar una nueva escena de división entre zaplanistas y campistas, una confrontación que ha saltado de la vida interna del partido, al funcionamiento de las instituciones.

La convención municipal conservadora, cerrada el domingo, sirvió para encumbrar al actual presidente de la Generalitat, Francisco Camps, como líder único del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV). Mariano Rajoy llegó a decir que se sentía “orgulloso” de Camps y que hacían falta más dirigentes como él en el resto de España. En la calle Génova temían la ruptura de ese guión preestablecido, si Zaplana se dirigía a los militantes del partido. Les aterrorizaba la idea de que los fieles al portavoz parlamentario, los zaplanistas, dieran la espalda al verdadero protagonista de ese fin de semana: Francisco Camps. Los temores de Rajoy, entonces, se tradujeron en una petición expresa a Zaplana para que se limitara a presenciar, mudo, la subida a los altares de su máximo adversario interno. Zaplana se enojó y, por eso, dio plantón al partido del que fue presidente. De todos modos, el antiguo líder del PPCV ya tuvo a alguien que hablara por él, y bien claro. El presidente de la Diputación de Alicante y zaplanista de pro, José Joaquín Ripoll, declaró que la dirección conservadora “debería haber facilitado su presencia”.Es como si el guión valenciano de Rajoy se hubiera completado sólo en parte: sirvió para reforzar el liderazgo de Camps, pero no para ocultar la guerra fratricida que se libra en el interior del PP en la Comunidad. Una batalla por el poder que en los últimos años ha ofrecido estampas de desencuentros públicos, y hasta sonrojantes, a pesar de que el Partido Popular presentara como modélica la sucesión de Zaplana por Camps, cuando el primero ocupó en 2002 el Ministerio de Trabajo, con José María Aznar.

La división interna entre zaplanistas y campistas no es un rumor o un comentario confidencial. Es un fenómeno “visible y palpable”, según el portavoz adjunto del PSOE en las Cortes Valencianas, Andrés Perelló. No obstante, fuera ya de las valoraciones de la oposición socialista, no hay más que visitar la hemeroteca para encontrar ejemplos de lucha interna partidaria aireada sin disimulo. En una ocasión, la mitad del grupo parlamentario popular en el parlamento autonómico, representada por los fieles a Zaplana, abandonó el hemiciclo cuando otro compañero de partido presentaba un plan de infraestructuras. Pero los dos bandos luchan no sólo por el control del partido, sino también por los recursos de la Generalitat. La consejera de Turismo, la campista Milagrosa Martínez, tuvo que escuchar cómo su colega Gema Amor, responsable de Cooperación, le criticaba por los escasos recursos que había destinado a algunos ayuntamientos alicantinos, en manos de zaplanistas. Y en la ciudad de Alicante, oasis campista en la provincia feudo de Zaplana, el alcalde Luis Díaz Alpieri destituyó el año pasado a dos de sus ediles, porque meses antes habían criticado públicamente la gestión del primer edil. Fuentes zaplanistas declararon oficiosamente que se trató de una “depuración en toda regla”. ¿Terminará la película como lo indica el guión de Rajoy?

117. EL JUICIO POR LA PELEA DEL PP DE ELCHE SUFRE UN NUEVO RETRASO (01/06/06)

El juicio por las agresiones e insultos entre militantes campistas y zaplanistas del PP de Elche se suspendió por cuarta vez. El juez se vio forzado a aplazar la vista debido a la hospitalización de una de las letradas de los militantes zaplanistas implicados. Los hechos se produjeron el 22 de noviembre de 2004, con motivo de la asamblea para elegir compromisarios para el congreso regional del partido.El magistrado dio un ultimátum a las partes, a las que comunicó que la nueva fecha de inicio del proceso es el 5 de julio. Si ese día se produce una nueva circunstancia que obligue al aplazamiento, de manera automática se celebrará al día siguiente y si se suspende de nuevo al otro día y así sucesivamente hasta que se logre iniciar la vista.

Tanto en el juzgado como entre los 12 letrados, los 15 implicados, y los casi 40 acompañantes, todos ellos militantes del PP que cada cita acuden al tribunal, existe gran malestar por lo que supone desplazarse y destinar una mañana al juicio que a los pocos minutos de empezar se suspende.

Entre las personas citadas que han acudido cada convocatoria se encuentran la diputada nacional del PP, Enriqueta Seller, el secretario de organización regional del partido, Enrique Crespo, el propio Manuel Ortuño o la concejal Rosa Campello. Algunos de los citados deben acudir desde Barcelona o desde Valencia. Sin embargo, según fuentes judiciales, la vista no puede iniciarse mientras que se justifiquen debidamente las causas de los sucesivos aplazamientos, como hasta ahora ha sido, ya que de lo contrario, podría darse el caso de juicio nulo, al no cumplir con todas las garantías legislativas que se prevén.

Ortuño dijo que una vez más, la causa de la suspensión "es culpa de la otra parte" y manifestó que se debe a "la voluntad rebelde de algunos personajes que están dando largas para que el juicio no se celebre". El ex subdelegado del Consell (que hace un mes fue suspendido de militancia del PP por haber sido condenado por insultar a la diputada Enriqueta Seller) explicó que estos aplazamientos a quien realmente perjudican es a las personas que resultaron lesionadas. Desde la otra parte, la concejala zaplanista Rosa Campello declaró que lo que Ortuño dice no tiene ningún sentido "porque Ortuño no es nadie ya en el partido".

Ya son dos los dirigentes del PP que han asociado en los últimos días la inmigración con el rebrote de delincuencia y crimen organizado. Al secretario general, Ángel Acebes, le ha seguido el presidente provincial del PP en Valencia, Alfonso Rus. En la convención que los conservadores valencianos celebraron el último fin de semana, Rus declaró que los españoles que inmigraron en el pasado “no iban a robar”. La Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos lamenta que su intervención fuera de las más aplaudidas.

Alfonso Rus es alcalde de la localidad de Xátiva, además de presidente del partido en la provincia de Valencia. Con esa doble condición se dirigió el pasado domingo a los participantes de la convención conservadora, que clausuró el líder nacional, Mariano Rajoy. Alfonso Rus dedicó parte de su discurso a la ola de delincuencia que han sufrido, especialmente, Cataluña y la Comunidad Valenciana y declaró que los españoles que inmigraron por necesidad “no iban a robar. Aquí viene quien quiere y la policía ni le toca. Ahora te secuestran en tu propia casa y hacen ricos al de las alarmas y al de las pistolas”, afirmó el dirigente del PP. La onda expansiva de ese discurso ha alcanzado desde el domingo a varias formaciones políticas y asociaciones de la Comunidad.

La gran ovación de los militantes a Rus también preocupa a Rumiñahui, una asociación que reúne a los inmigrantes ecuatorianos. Su presidente, Edgar Constante, señaló tras escuchar al alcalde de Xátiva, que sus palabras “pueden generar reacciones racistas en forma de agresiones porque insinúa que todos los inmigrantes venimos a robar”. Constante comparó el discurso de Rus con el del partido de ultraderecha España 2000 y no se mostró del todo sorprendido por el tono que empleó el presidente provincial del PP: “No es nada nuevo en el partido, pero ahora se está haciendo más contundente”.

Casualidad o no, en menos de una semana han sido dos altos dirigentes del PP los que han vinculado, más o menos directamente, el crimen organizado con la inmigración. Antes que Alfonso Rus, fue el secretario general de la formación a nivel nacional, Ángel Acebes, quien realizó esa asociación en la sesión de control al Gobierno, el miércoles de la semana pasada. Su aseveraciones, como en el caso del PP valenciano, han generado preocupación en las ONGs que trabajan contra el racismo y a favor de los inmigrantes.

119. LOS IMPUTADOS DE TERRA MÍTICA SE NIEGAN A DECLARAR ANTE EL JUEZ (02/06/06)

Sólo 16 de los 24 imputados en el caso Terra Mítica convocados comparecieron ante el juez por la trama de facturas falsas en Terra Mítica detectada por la Agencia Tributaria entre los años 1999 y 2001. El juez amplió los supuestos delitos de fraude, falsificación y alteración contable, al de estafa, que se deriva de las grabaciones de dos diputados socialistas a dos de los imputados.

De los cuatro hermanos Moreno Carpio, sólo se personó Francisco Javier, que figura como socio de una de las 20 firmas denunciadas. No lo hizo Antonio Moreno Carpio, protagonista de las conversaciones grabadas por dos diputados socialistas, porque no le habría llegado a tiempo la citación. Tras él, se personaron el empresario Vicente Conesa, su esposa, Matilde, y sus dos hijos, Alberto y Vicente. Conesa es una figura central en la trama, ya que sus empresas, según la Agencia Tributaria, recibían y emitían facturas falsas a Terra Mítica. El último de la jornada matinal en entrar en la sala fue Justo Valverde, ex director de compras de Terra Mítica. Valverde manifestó ante el juez: "Esto no es un juicio, es un asunto político y yo estoy aquí por las relaciones que he tenido". Se refería a su relación personal con el actual portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, de quien era cuñado cuando se produjeron los hechos.

Las comparecencias de cuatro ex altos cargos de Terra Mítica, Luis Esteban, Miguel Navarro, Miguel Izquierdo y Antonio Rincón, presidente, director general y directores técnico y de adjudicaciones, prevista para hoy, fue aplazada por la imposibilidad de uno de los letrados, Javier Boix, de acudir, ya que le coincidía con otra en el juzgado de Nules del caso Fabra. El juez añadió a las acusaciones de defraudación fiscal, falsificación de documento mercantil y alteración contable la de estafa, que se deriva del contenido de las grabaciones a dos empresarios entregadas a la fiscalía por dos diputados autonómicos socialistas. En ellas reconocen pagos de comisiones ilegales.

Antes de la serie de comparecencias, sin los letrados de las partes, el juez, la fiscal y el representante de la abogacía del Estado deliberaron sobre la conveniencia de realizar o no los interrogatorios a tenor del casi centenar de recursos pendientes de resolver y de las dificultades para trasladar los ya 40.000 folios de la causa a todas las partes. Finalmente, el juez decidió celebrar los interrogatorios.

A partir de aquel momento, uno tras otro, los imputados se acogieron a su derecho a no declarar. Francisco Escoto no compareció por estar enfermo y José Herrero García, el segundo interlocutor, con Antonio Moreno Carpio, de las cintas grabadas por los diputados socialistas, no ha podido ser localizado.

Por la tarde, comparecieron José Luis Rubio, María Julia Muñoz Mateo, Amparo Tejedor, Julio Cortés, Yolanda Muñoz Mateo, Javier Alós, Fernando Sanjuán, José María Arraiz, Alicia García y José Vicente Martín Albiñana. Todos se negaron a declarar y sus letrados esgrimieron la falta de acceso a la documentación.

120. EL JUEZ SE DESDICE Y ADMITE INVESTIGAR EL DELITO DE FALSEDAD EN EL 'CASO TERRA MÍTICA' (04/06/06)

El titular del Juzgado de Instrucción número de 3 de Valencia ha revocado una de sus resoluciones y ha dictado un auto en el que anula la prescripción del delito de falsedad en la denuncia por la trama de facturas falsas en el parque temático Terra Mítica de Benidorm. La decisión del magistrado, que contradice otra dictada el pasado mes de abril, se produce a raíz de un recurso del fiscal y ante los hechos incluidos en las nuevas denuncias acumuladas en la causa. Por estos hechos hay 31 imputados, entre otros, directivos del complejo lúdico, ahora en suspensión de pagos.

La resolución da un nuevo giro a la investigación judicial sobre la gestión del parque temático. El magistrado revoca un auto dictado el pasado mes de abril que archivó las diligencias por prescripción en lo relativo al delito de falsedad.

En el nuevo auto, el magistrado asegura: "Antes de que la resolución recurrida adquiera firmeza, ha recobrado su fuerza la doctrina que alegaban los recurrentes [el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y el abogado del Estado], en sentido de que hay delitos conexos y, dentro de ello, delitos calificados con una pena grave". "Y es posible que no haya transcurrido el plazo para la prescripción", añade.

En la base del nuevo auto del juez que dirige la investigación por la trama de facturas falsas de Terra Mítica se encuentran las nuevas denuncias acumuladas a la causa, entre ellas las formuladas por la Agencia Tributaria y la última a instancias del ministerio público. La nueva denuncia del fiscal es la derivada de unas grabaciones de una conversación entre dos empresarios y dos diputados autonómicos del PSPV. En la cinta, los empresarios, también imputados en la denuncia, aluden al cobro de comisiones ilegales por obras no realizadas en Terra Mítica que aseguran que supuestamente se repartían el empresario Vicente Conesa, también imputado, y el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana.

Además de las nuevas denuncias aportadas a las diligencias, otro motivo de la resolución del magistrado es que su primer auto de sobreseimiento, dictado el pasado mes de abril, no era firme y estaban pendientes los recursos presentados. El auto del juez se produce, asimismo, dos días después de que la mayoría de los imputados citados a declarar rechazaron el interrogatorio. Y también justo el día en que la dirección del complejo lúdico decidió personarse oficialmente en el sumario. El consejo de Terra Mítica comparece en la causa como "perjudicado" ante el supuesto de que finalmente se pruebe que el parque fue objeto de una estafa. Un portavoz oficial del parque precisó que la personación no presupone "que se acuse ni se vaya contra nadie".

121. DOS IMPUTADOS EN EL 'CASO TERRA MÍTICA' DAN AL JUEZ DETALLES DE LA TRAMA DE FACTURAS (07/06/06)

Siete de los 31 imputados en el caso Terra Mítica comparecieron ante el juez instructor. Uta Scheerbarth, médica y relacionada con la mercantil Mecanizados de Levante (una de las 20 empresas denunciadas, entre las que está Terra Mítica), y Pedro Belén Álex, que figura como gerente de Ximo Dual, SL, decidieron hablar. A las preguntas de las partes, reconocieron que participaron en la creación de las respectivas sociedades a cambio de trabajo, que fueron a firmar ante un notario y que nunca volvieron a saber de una actividad económica que creyeron que no había existido nunca.

Uta Scheerbarth, alemana, trabaja en un ambulatorio. En 1989, conoció a través de su marido, cirujano, a Emilio Muñoz (padre de Emilio Muñoz Mateo, imputado en la causa por defraudación a la Hacienda Pública de 4,4 millones que investiga el juzgado de instrucción número tres de Valencia y en el que están implicadas 20 mercantiles, entre ellas Terra Mítica). Scheerbarth accedió a participar en la creación de una mercantil, junto a la cuñada de Emilio Muñoz, porque, según fuentes del caso, entonces no tenía trabajo estable y aún no había podido homologar su título médico. En el acto de la constitución de la empresa firmó poderes en favor de Emilio Muñoz Mateo, administrador único de las sociedades Mecanizados de Levante y Mecanizados Muñoz.

Scheerbarth afirmó en la sala que nunca más supo nada de la empresa, que nunca le facilitaron el trabajo prometido y que nunca supo que en su nombre se estuviera realizando actividad alguna. Mecanizados de Levante aparece en los hechos denunciados por la fiscalía de Valencia como proveedora de Altos de Carrichal, entre las que existe un intercambio de facturas en el ejercicio 2000 que sirvieron para justificar pagos por servicios realizados a Terra Mítica por otras firmas y que no se hicieron.

Un testimonio similar fue el que ofreció a Pedro Belén Álex. Su nombre aparece en la causa porque figura como gerente de Ximo Dual, SL. Belén Álex relató ante el juez instructor que fue en 1998 cuando accedió a formar una sociedad junto a José Luis Rubio y Javier Alós, imputados también en la causa y que el jueves comparecieron ante el juez y decidieron acogerse a su derecho a no declarar. Los oficios de todos ellos les pusieron en contacto en Paterna (población del área metropolitana de Valencia). Pedro Belén había tenido un accidente y se encontraba sin empleo. En su testifical aseguró que lo único que supo desde el principio fue que figuraría como gerente, pero que entendió que quedaba desvinculado al firmar unos poderes en favor de Rubio y Alós. La firma Ximo Dual, SL, aparece en la documentación de la investigación relacionada con Gribal, SA, a través de facturas datadas en 2001 por servicios inexistentes que se repercutieron a Terra Mítica y que sirvieron para hinchar facturas y defraudar a Hacienda.

Los únicos dos imputados que han decidido responder ante el juez desvelaron parte del mecanismo de activación de sociedades que con escasa o nula actividad giraban o aceptaban facturas sobre servicios no realizados y de cuyo trasiego no tenían conocimiento quienes figuraban como administradores únicos.

El resto de imputados citados guardó silencio. Antonio Vicente Moreno Carpio hizo su aparición. Su nombre aparece en la causa como representante de la mercantil Altos del Carrichal, a la que se imputa un fraude de 143.904 €. Y es, además, el empresario que en unas grabaciones realizadas por dos diputados autonómicos socialistas afirmó que en la cadena de contrataciones para la ejecución de las obras de Terra Mítica se pagaron comisiones al también empresario Vicente Conesa, imputado igualmente en la causa, y que supuestamente le dijo que parte de ese dinero se entregaba al portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana. Pero Antonio Vicente Moreno Carpio se acogió a su derecho a no declarar. Dijo que no conocía la documentación de la que se desprenden las acusaciones.

No fue el único. Sus dos hermanos, Jesús Felipe y Juan Carlos Moreno Carpio, Emilio Muñoz Mateo y Ginés Avilés (también vinculado a Altos del Carrichal) hicieron lo mismo. El juzgado citó para los días 26 y 27 a los ex directivos del parque: Luis Esteban, Miguel Navarro, Antonio Rincón y Miguel Izquierdo. El juzgado busca aún el paradero de José Herrero García, el otro empresario que figura en las grabaciones que denuncian pago ilegal de comisiones. Y está pendiente de declarar el empresario Francisco Escoto, de Excavaciones Escoto, acusado de fraude de cerca de 800.000 €.

122. EL ALCALDE DE TORREVIEJA RECALIFICÓ SUELO PROTEGIDO AL PROMOTOR QUE LE COMPRÓ LA FINCA (07/06/06)

El alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, recalificó 90.000 m² de suelo protegido al grupo constructor Edén del Mar. La reclasificación del terreno para viviendas, en el límite del parque natural de las Lagunas, se produjo en junio de 2000, fecha en la que el alcalde compró por 180.000 € a la misma promotora una finca rústica en la vecina localidad de Almoradí. Hernández Mateo vendió dos años más tarde, también al grupo Edén del Mar, la finca por 5,4 millones €. La millonaria plusvalía es objeto de una investigación judicial. El acuerdo para la reclasificación del terreno en favor de la mercantil Altos del Mar, SL (del grupo Edén del Mar), se adoptó en la comisión de gobierno del 19 de junio de 2000. Mientras, el alcalde había formalizado la operación de compra de la finca rústica de Almoradí el 4 de junio de ese mismo año.

El expediente de homologación para la ampliación del sector 17 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) incluía la reclasificación de 90.000 m² de suelo rústico protegido como suelo urbanizable para la construcción de 460 viviendas. El expediente, aprobado provisionalmente por el pleno del Ayuntamiento merced a la mayoría absoluta del Grupo Popular, fue paralizado por la Consejería de Territorio y Vivienda.

Seis años más tarde el promotor remitió un escrito al Ayuntamiento de Torrevieja solicitando que se continúe la tramitación del mencionado expediente de homologación y se proceda a la adjudicación de la condición de agente urbanizador a la mercantil Promociones Altos del Mar. El representante de la mercantil basa su petición en la constatación, a partir de consultas realizadas con los servicios de la consejería competente en medio ambiente y ordenación del territorio, "del próximo levantamiento de la suspensión cautelar, ya que la calificación de los terrenos objeto de la modificación del planeamiento dentro del ámbito de la ampliación del sector 17 figuran en la redacción del plan de la consejería como suelos compatibles con la clasificación que se pretendía en la homologación y plan parcial presentados en su día".

La compraventa de la finca del alcalde es objeto de una investigación judicial, que dirige el Juzgado de Instrucción nº 2 de Torrevieja, a instancia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. El alcalde ya ha declarado como imputado.

123. LA AUDIENCIA DE CASTELLÓN ABRE LA POSIBILIDAD DE IMPUTAR A FABRA UN DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA (08/06/06)

La Audiencia de Castellón ha dictado un auto en el que se expresa la posibilidad de que el juzgado número 2 de Nules investigue al presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP, Carlos Fabra, por un presunto delito contra la salud pública. El dirigente popular ya está siendo investigado por posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y fraude fiscal, en una causa en el juzgado número 1 de Nules, e igualmente imputado por un presunto delito de falsedad de documentos, en otra causa abierta en el juzgado número 2 de Nules.

Estas últimas diligencias se abrieron cuando Vicente Vilar, el empresario que denunció a Fabra por cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, desveló, además, la utilización de sellos y analíticas falsificadas para la rápida obtención de licencias de productos fitosanitarios. Una vez iniciadas estas diligencias, la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE) presentó una querella tanto por el presunto delito de falsedad de los documentos, como por otro posible delito contra la salud pública, ya que se trata de pesticidas. Pese a que la juez admitió la personación de la UCE como acusación popular, no explicitó la admisión de la querella. Por ello, la UCE presentó un recurso en el que solicitaba un auto específico de admisión de la querella.

Ahora, la sección segunda de la Audiencia ha desestimado el recurso ya que entiende que no es necesario puesto que "el pronunciamiento consistente en tener por personada a la querellante conllevaba implícitamente la admisión de la querella". Aunque en esta causa, tanto Fabra como el resto de querellados solo están imputados por un presunto delito de falsedad, el auto de la Audiencia considera que no se han excluido "expresamente del objeto del proceso ninguno de los hechos expuestos" en la denuncia.

124. EL FISCAL ARCHIVA LA DENUNCIA DEL PP SOBRE LAS GRABACIONES DE TERRA MÍTICA (09/06/06)

La fiscalía de Valencia ha archivado la denuncia presentada por el Parlamento autónomo, a instancias del PP, en la que se planteaba la posibilidad de que fuesen constitutivas de delito las grabaciones de las conversaciones que los diputados socialistas José Camarasa y Antoni Such realizaron a los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Herrero, imputados en el caso Terra Mítica. La decisión de la fiscalía, que considera legales las grabaciones efectuadas por alguno de los propios interlocutores, desató un nuevo rifirrafe entre populares y socialistas, en el que participaron el propio presidente de la Generalitat, el popular Francisco Camps, y el líder de la oposición, el socialista Joan Ignasi Pla, y varios diputados.

125. EL FISCAL DEL 'CASO FABRA' TUVO CARGOS DE CONFIANZA CON DOS MINISTROS DEL PP (09/06/06)

El fiscal anticorrupción Luis Pastor, que actualmente actúa como representante del ministerio público en el llamado caso Fabra, ocupó cargos de libre designación con dos ministros del Gobierno de José María Aznar. Pastor ejerció como asesor en el Ministerio de Justicia, dirigido por José María Michavila, diputado del PP por Valencia, y también en el de Asuntos Exteriores, que entonces encabezaba Abel Matutes. Luis Pastor ejerce como fiscal en las diligencias por las que se investiga al presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP, Carlos Fabra, ante la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y negociaciones prohibidas, además de un presunto fraude fiscal.

Las pesquisas están encaminadas a aclarar si Fabra medió ante varios ministerios y si cobró por tratar de acelerar autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios durante un período que abarca desde 1999 hasta 2002. Por ello, varios altos cargos de los ministerios de Sanidad y Agricultura aparecen como imputados en la causa, mientras que están llamados a declarar cuatro ex ministros del PP (Celia Villalobos, Jesús Posada, Miguel Arias Cañete y Juan Costa), en calidad de testigos. Los cuatro han pedido eludir su paso por el juzgado y prestar declaración por escrito, a lo que el fiscal no se ha opuesto. Además, fuentes del caso han manifestado haber percibido en el fiscal una actitud menos activa que la de sus predecesores, que habían atribuido a la voluminosidad y complejidad de unas diligencias a las que se incorporó en el mes de noviembre, poco después de ser nombrado fiscal para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción.

La primera comisión de servicios especiales para el que entonces era fiscal en Móstoles (Madrid) se otorgó en 1998, cuando fue nombrado asesor técnico principal en la Oficina Técnica de Cooperación de Guatemala, que pertenece la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Esta agencia depende del ministerio de Asuntos Exteriores cuya cartera estaba en manos de Abel Matutes. Tal como publicó el BOE meses después, el decreto del paso a la situación de servicios especiales fue firmada por la entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante. Un año después, en septiembre de 1999, el BOE publicó el reingresó de Luis Pastor en la carrera fiscal y su incorporación a la plaza de la Adscripción Permanente de Móstoles de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la que era titular.

La relación del actual fiscal del caso Fabra con el Gobierno del PP se retomó en octubre de 2002, cuando pasó a ocupar otro puesto de confianza como asesor de la dirección general para la modernización de la Administración de Justicia, ocupada por Alberto Dorrego. Para ocupar dicho puesto, contó con un informe favorable del fiscal general del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y con otro de la comisión permanente del consejo fiscal. El ministerio estaba liderado entonces por José María Michavila que, además, es diputado por Valencia y guarda una estrecha relación con la provincia de Castellón. Además, una de las hermanas de Michavila, Ana, es jefa de gabinete del actual presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Ana Michavila fue elegida diputada autonómica por Castellón en las elecciones autonómicas de 2003 aunque, tras revalidar Camps la mayoría absoluta del PP, dimitió para dedicarse exclusivamente al puesto que ocupa en la actualidad. Carlos Fabra ha sido uno de los apoyos más importantes de Camps en su pugna con los zaplanistas. El nombramiento como asesor de Justicia fue por seis meses aunque se prorrogó otros tres más, con lo que Luis Pastor se mantuvo en el puesto hasta antes del verano de 2003. Meses después, estalló el caso Fabra.

126. LA JUEZ CITA COMO IMPUTADO A UN ALTO CARGO DE AGRICULTURA POR EL CASO FABRA (10/06/06)

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Nules ha citado a declarar en calidad de imputado a un alto cargo del Ministerio de Agricultura en el curso de la investigación por la trama de los sellos falsos del caso Fabra, en el que también están imputados el presidente de la diputación de Castelló, Carlos Fabra; su mujer, María Amparo Fernández; el industrial, Vicente Vilar; su ex mujer, Montserrat Vives; dos ingenieros químicos que trabajaban para Vilar; y un jubilado de Benicàssim acusado de fabricar los cuños de caucho.

Domingo Cadahía, quien fuera subdirector general de medios de producción del Ministerio de Agricultura, tendrá que declarar el próximo 7 de julio, después de que la juez justifique su decisión en la declaración de Vilar ante el juzgado, según la cual los procedimientos de justificación de analíticas de los productos fitosanitarios fueron promovidos por dicho alto cargo tras una reunión mantenida en el hotel Palace, en la que estaban presentes el mismo Cadahía, junto a Vilar y el presidente de la diputación.

Por otro lado, el portavoz del Consell, Vicente Rambla, manifestó la “necesidad de que se vayan produciendo ya los pasos judiciales oportunos” en la causa contra Fabra por uno o varios presuntos delitos contra la Administración y un supuesto delito fiscal, y que “vaya concluyendo un proceso que hasta ahora lo único que estaba aportando es una mala imagen” de la Justicia por los “permanentes cambios de jueces” y un “juicio paralelo que está afectando muy negativamente” al presidente de la diputación. Rambla se pronunció así tras ser preguntado por si el Consell pensaba que la profesionalidad del fiscal Luis Pastor Motta, encargado del caso Fabra, estaría cuestionada al saberse que ocupó cargos relacionados con el PP.

127. EL PP DE ALICANTE APRUEBA LAS 15.000 CASAS DE RABASSA EN MEDIO DE UNA BRONCA VECINAL (10/06/06)

La aprobación en el pleno del Ayuntamiento de Alicante del plan Rabassa provocó una bronca verbal entre defensores y detractores del programa. Los primeros desencadenaron los incidentes al exhibir pancartas a favor de las 9.000 viviendas protegidas del programa y con gritos de: "Rabassa sí; queremos casas"; los segundos respondieron con el lema "No a Rabassa; pelotazo urbanístico". Tras diez minutos de intercambio de gritos el alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, desalojó el salón de plenos. Luego el PP hizo valer su mayoría absoluta y aprobó el plan. La aprobación definitiva por parte del Consistorio de la iniciativa urbanística más ambiciosa de la historia de Alicante, el plan Rabassa -15.000 nuevas viviendas, de ellas 9.000 de protección oficial en la periferia norte de la ciudad- estuvo precedida por una gran bronca verbal entre partidarios de detractores del polémico plan.

El primer colectivo -un centenar de personas- acudió a primera hora de la mañana al salón de plenos, y copó los asientos reservados al público. La mayoría portaba pancartas con el lema "Rabassa, Sí, queremos casas. VPO para todos". El segundo grupo -unas 50 personas- lo integraban miembros de la extinta plataforma Contra Rabassa, ahora Iniciativas Ciudadanas. Estos llevaban una pancarta con el lema "Stop al plan Rabassa, pelotazo urbanístico". Manuel Alcaraz, portavoz de la plataforma, denunció que los agentes de la Policía Local les requisaron la pancarta en la puerta principal del Consistorio, "mientras a los representantes del otro colectivo sí se les permitió entrar con las pancartas".

Los incidentes comenzaron nada más el secretario dio lectura al punto del orden del día del plan Rabassa. Los defensores del plan -por la oferta de viviendas sociales que incluye- desplegaron sus pancartas y comenzaron gritar: "Rabassa, Sí. Queremos casas". Los representantes del colectivo opositor respondieron con gritos de "Rabassa, no, pelotazo urbanístico".

Al cabo de unos 10 minutos de bronca verbal entre los dos grupos, el alcalde ordenó a los agentes de la Policía Local el desalojo del salón de plenos, porque, a su juicio, el comportamiento del público impedía el "desarrollo de la sesión". Entre los afectados por la medida decretada por Alperi estaba el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. El dirigente de la coalición aprovechó su visita a Alicante para mostrar el rechazó de su formación al proyecto.

Tras la evacuación del salón de plenos, el PP hizo valer su mayoría absoluta para aprobar el programa que se desarrollará en una zona húmeda de la capital, las lagunas de Rabassa, y que recalificará 4,5 millones de suelo no urbanizable. El alcalde defendió la "legalidad y oportunidad" del plan. Díaz Alperi justificó la iniciativa en la necesidad de satisfacer la demanda de vivienda protegida en la ciudad y precisó que el "proyecto de recalificación se ajusta al avance de revisión del PGOU". El contingente de vivienda oficial también fue esgrimido por el promotor adjudicatario del proyecto, el constructor local, Enrique Ortiz.

128. EL APOYO A LOS HOMOSEXUALES REPRESALIADOS POR FRANCO PROVOCA UNA BRONCA A GRITOS EN LA REUNIÓN DEL PP (14/06/06)

La reunión del grupo popular previa al pleno de las Corts fue escenario de un grave enfrentamiento a gritos entre diputados del PP por el apoyo del día anterior en la comisión de Política Social a una propuesta de EU para que el Gobierno central indemnice a los homosexuales que sufrieron prisión durante el franquismo. El negociador popular fue Felipe del Baño, quien recientemente hizo pública su homosexualidad. Su compañero Rafael Ferraro se ausentó de la comisión para evitar respaldar el texto negociado con EU (del original se suprimieron las alusiones a los represaliados de la guerra civil y el franquismo) mientras Salvador Cortés supuestamente intentó sin éxito que lo sustituyeran.

Ferraro aprovechó la reunión para pedir explicaciones a Del Baño, censurar que se revise el pasado y exigir a la dirección del partido y del grupo que definan cuál es la posición ante estas propuestas. Felipe del Baño le contestó que no se trataba de ninguna revisión histórica sino de un acto de justicia con los homosexuales. Ferraro replicó que no tenía nada contra los homosexuales pero que entonces también se podrían pedir indemnizaciones para curas, monjas y personas perseguidas durante la guerra civil. Cortés intervino para acusar a Del Baño de filtrar a la prensa su supuesta actuación. La discusión acabó a gritos y el portavoz, Serafín Castellano, tuvo que intervenir para poner paz. Castellano avaló lo aprobado pero reprochó a Del Baño que no le informara. En la comisión estaban la portavoz en materia social, María José García Herrero, y la secretaria regional esta área, Marisol Linares. La polémica dividió a los diputados y, para muchos, sirvió para evidenciar la división entre un sector más conservador ligado al campsismo y otro más liberal.

129. EL FISCAL NO VE DELITO EN LAS GRABACIONES POR TERRA MÍTICA NI EN SU USO POSTERIOR (14/06/06)

Según asevera Cabedo de forma contundente, no es delito grabar conversaciones propias mantenidas con terceros. Además, resuelve que resulta “penalmente irrelevante” el uso de los despachos del Parlamento para esa finalidad. La resolución del fiscal supone un varapalo al presidente de la Cámara, Julio de España. Los representantes del PP en la Mesa, a propuesta de De España, acordaron el pasado día 23, con el voto en contra del PSPV, trasladar a Cabedo las actuaciones protagonizadas por Such y Camarasa.

Previamente, éstos habían presentado una denuncia al fiscal sobre un supuesto cobro de comisiones ilegales en el parque a partir de la grabación de sus conversaciones con los empresarios, quienes vinculaban en estas prácticas al portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana. El titular del Parlamento llevó al fiscal las “grabaciones ilegales”, como se adelantó a calificar, y la entrevista de uno de los empresarios, Antonio Moreno Carpio, en la que una semana después de la denuncia del PSPV atribuyó las grabaciones a un montaje, “por si procediera para la averiguación de presuntos hechos delictivos”.

Cabedo resalta que, según los artículos 197 a 201 del Código Penal, es delito que se grabe a alguien “ajeno por completo al que graba”. Es decir, que “el que graba a otro con el que conversa no comete delito”. Así lo establece, prosigue Cabedo, el Tribunal Constitucional en una sentencia de 29 de noviembre de 1984, cuando determina que “no constituye contravención alguna del secreto de las comunicaciones la conducta del interlocutor en la conversación que graba ésta y añade, tampoco su uso posterior, salvo que sea con los fines del artículo 7.6” de la ley orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen. El artículo se refiere a la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga, un supuesto que no afecta a los diputados del PSPV.

En la decisión, de fecha 30 de mayo y que fue hecha pública por Julio de España, el fiscal también estima que el uso del despacho de las Cortes Valencianas “con esos fines y modos es penalmente irrelevante” al no darse las exigencias que establece el artículo 434 del Código Penal, y, concluye, por tanto, que no existe delito en las actuaciones de los parlamentarios y que procede el archivo de las diligencias “sin perjuicio” de lo que resulte de las actuaciones que está llevando a cabo el juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, quien investiga el caso de las presuntas facturas falsas y estafa en Terra Mítica.

130. LA DIFUSIÓN DE UNA GRABACIÓN REAVIVA LA CRISIS INTERNA DEL PP DE BENIDORM (15/06/06)

La divulgación del contenido de una conversación entre dos empresarios por parte del ex concejal de Cultura del Ayuntamiento de Benidorm, José Amor, ha reabierto las tensiones en el PP de la población. Las emisoras locales emitieron la cinta, grabada en abril de 2004, con la que el padre de la consejera de Cooperación, Gema Amor, intenta defenderse de una supuesta campaña contra su persona por parte del gerente del grupo Prensa y Noticias, Leopoldo David Bernabeu, en relación con la organización de los Grandes Conciertos.

En la grabación, Bernabeu pide al empresario adjudicatario de los eventos musicales que intermedie ante Amor para que le adjudique "cuatro o cinco kilos" en concepto de publicidad, a lo que este no accedió. El ex concejal afirmó que tras esta negativa el editor inició una campaña de injurias. José Amor presentó una querella contra el empresario para el que pide siete meses de prisión. La emisión de las declaraciones se produce un día después de que el padre de la consejera y presidenta del PP de Benidorm convocara una rueda de prensa para pedir que el alcalde "tome medidas" ante un medio dirigido por un "chantajista, un extorsionador y un mafioso".

José Amor, cargo de confianza del anterior alcalde, Vicente Pérez Devesa, ratificado tras su muerte por su sustituto, Manuel Pérez Fenoll, compareció arropado por los tres ediles afines al ex primer edil, liderados ahora por el primer teniente de alcalde, Salvador Moll, y el hijo de Pérez Devesa. La puesta en escena fue una bomba de relojería en el seno del PP local, ya que el actual alcalde, jefe directo de José Amor, desconocía el asunto a tratar. El grupo afín a Pérez Devesa pidió al alcalde que retire la publicidad al periódico de Bernabeu, que también milita en el PP y que en las elecciones a la presidencia local respaldó la candidatura de la concejal Ángela Barceló.

Amor aseguró que los alcaldes de la comarca que salen favorecidos en los medios de Bernabeu lo hacen porque "están pagando bien". Moll fue más allá, al insinuar que "no estaba en condiciones de asegurar" si incluso el consejero de Economía, Gerardo Camps, habría sido víctima de un chantaje o había llegado a algún acuerdo económico con el empresario benidormense al concederle una licencia de televisión digital terrestre. La reacción al desafío de Amor se produjo a las pocas horas, el lunes por la noche, cuando los otros 11 concejales, zaplanistas y campistas, incluido el alcalde, se reunieron para visionar la cinta de la comparecencia del ex edil, después de varias muestras de fuerza de este sector que votó recientemente en un pleno en un sentido contrario al ordenado por Pérez Fenoll y podría pasarse al grupo mixto. Gema Amor cerró filas entorno a su padre, enfrentándose así al alcalde, con quien compite para encabezar la lista a las próximas elecciones.

131. FONT DE MORA DICE QUE SI MANDARA EU SEÑALARÍA AL QUE NO USARA EL VALENCIANO, COMO LOS NAZIS A LOS JUDÍOS (16/06/06)

Si ustedes gobernaran, pasaría como en Euskadi, que le ponen una señal al que habla castellano en el patio del colegio; acabaría pasando eso, seguro, como pasaba hace tiempo, que ponían no sé qué estrellitas amarillas". Esta frase, cuyo final se refiere a la estrella de David que los nazis obligaban a coser en su ropa a los judíos en la segunda guerra mundial, la pronunció en las Cortes el consejero de Cultura, Alejandro Font de Mora, al replicar a Ramon Cardona, de EU-L'Entesa, durante su comparecencia sobre el uso del valenciano. El diputado pidió la palabra por "alusiones ofensivas insultantes", pero el presidente, Julio de España, se la negó porque "mientras no haya insultos se tiene que respetar la libertad de expresión".

Font de Mora había comparecido para explicar el estudio sobre el conocimiento y uso del valenciano elaborado por su departamento. Y pronunció la frase en su última intervención, tras las réplicas de los portavoces de la oposición, que consideraron irreales los datos que había ofrecido y acusaron al PP de no promover el uso del valenciano. Al terminar Font de Mora, Cardona pidió la palabra por "alusiones ofensivas insultantes", pero el presidente, Julio de España, se la negó porque "mientras no haya insultos se tiene que respetar la libertad de expresión" y aseguró que habían sido "descripciones de hechos". Cardona lo consideró un insulto, porque el consejero le había equiparado con los nazis.

Los grupos de la oposición consideraron "intolerables" las palabras de Font de Mora y censuraron a De España. El secretario general del Bloc, Enric Morera, acusó al PP de "llegar a extremos inaceptables al comparar situaciones tan delicadas como la del holocausto con la situación de desamparo que muchas familias sufrimos por el escaso número de plazas en la escuela en valenciano".

132. Zaplanistas y campistas acentúan su pugna por el control de las listas (20/06/06)

Los dos sectores enfrentados del PP valenciano, zaplanistas y campistas, han intensificado su pulso por el control de las listas electores para los comicios de 2007. Los partidarios del presidente del Consell, Francisco Camps, encabezados por el vicesecretario regional, Ricardo Costa, mantienen que es el comité electoral regional, bajo su control, el órgano encargado de dar el visto bueno a las candidaturas en los municipios de más de 20.000 habitantes. En contraposición, los zaplanistas, desde su feudo alicantino, insisten en que las propuestas han de emanar de los comités electorales locales, en su poder, en el caso de la mayoría de los municipios de esa demarcación.

Al rechazo inicial del líder del zaplanismo en Alicante, el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, a la manera de elegir la composición final del comité electoral regional se ha sumado ahora la crítica de José Manuel Cabot, presidente del comité electoral provincial del PP de Alicante. Cabot recuerda a la cúpula regional de los conservadores valencianos que "sería un error relegar la opinión de los comités electorales locales", precisa en comunicado. "Todos queremos que gane el PP en el mayor número de municipios posibles y para ello hay que contar con la voz de todos, sin excluir a nadie", añade.

Cabot subraya el "esfuerzo" por la renovación de las 140 asambleas locales del PP de Alicante. "Este trabajo hace que sean los comités electorales a quienes les corresponde de pleno derecho la confección de sus listas electorales", argumenta.

Benidorm, feudo por excelencia del zaplanismo, aparece en el centro de la batalla entre los dos bandos del PP. Los populares alicantinos celebrarán a mediados de julio su comité ejecutivo en Benidorm. Después tendrá lugar la multitudinaria cena de verano, a la que se espera asista el portavoz en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, y a la que también se ha invitado a la dirección regional, a diferencia del mitin celebrado recientemente en Teulada por Camps. El sector zaplanista quiere hacer una muestra de fuerza en su principal bastión provincial, donde se ha hecho fuerte el alcalde Manuel Pérez Fenoll que pese a su amistad con Zaplana ha conseguido el apoyo de la referente campista en la zona, Angela Barceló, frente a la persona elegida por Ripoll y el propio Zaplana para liderar el partido en la ciudad, la consejera Gema Amor. El cónclave será el pistoletazo de salida para la confección de las candidaturas. Ripoll y Gema Amor insisten en que serán los comités ejecutivos de cada municipio los encargados de elaborar las listas.

Mientras, el alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, pidió al primer teniente de alcalde, Salvador Moll, líder del sector fiel al anterior alcalde, que deje de hacer oposición, ya que "lo que juramos en el pleno fue trabajar por Benidorm y no contra Benidorm",indicó

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps (PP) heredó hace tres años unas arcas autonómicas lastradas por la deuda y abocadas a someterse a los rigores de un plan de saneamiento. El presidente fue austero en los gastos, a través de una comisión de asuntos económicos. Sin embargo, ha duplicado el número de asesores contratados a través del procedimiento de libre nombramiento.

Actualmente hay 45 personas en Presidencia que están en nómina como eventuales y que no son funcionarios. La mitad, 22, están adscritos directamente al gabinete de Camps. En su mayoría, son asesores, aunque incluye también secretarios o jefes de gabinete. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del pasado día 15 da fe de este aumento de eventuales -cargos de confianza que cesan cuando lo hace el alto cargo que los nombró-.

La última relación de puestos de trabajo publicada en el DOGV, con fecha 13 de mayo de 2003, antes de la llegada de Camps a la plaza de Manises no deja lugar a dudas: había un total de 18 plazas para eventuales - diez de ellas adscritas al Gabinete del presidente-. Las relaciones de puestos de trabajo publicadas en años anteriores confirman que el mayor número de eventuales en Presidencia se ha producido durante la legislatura de Camps. En el año 2000 había 12 eventuales (10 asesores y dos secretarios). En 2002 la situación era idéntica. En 2003, el número de eventuales baja a diez (ocho asesores y dos secretarios). Ahora la cifra se dispara: 22 eventuales, de los cuales 20 son puestos de asesores y dos para los secretarios del presidente.

134. UN EDIL DEL PP DE BURRIANA VE ÉTICO ADJUDICAR SERVICIOS A SU HIJO (20/06/06)

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Burriana, Pedro Sancerni, manifestó su creencia de que no existe ningún problema "ético" en la adjudicación de servicios a la empresa de la que su hijo participa en un 50%. Sancerni se mantuvo en su posición de legalidad de los encargos y trató de justificarlos alegando que no ha habido ninguna otra empresa que haya presentado "ideas" por las que poder adjudicar los servicios. En cualquier caso, admitió que tampoco convocó concurso alguno, con el fin de recabar otras ideas.

Tal como denunciado la portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Burriana, Iolanda Porcar, el equipo de gobierno local ha adjudicado servicios, sin concurso, a la empresa Monitors.es, por un montante total de 19.167 euros. La sociedad, además, tiene su domicilio social en la dirección que corresponde al domicilio del propio edil del PP que encargó a su hijo la actuación de un mago en la Escola d'Estiu durante dos horas, por la que el Ayuntamiento pagó un total de 522 euros, y la animación de la despedida de la reina fallera infantil; las actividades de entretenimiento durante la fiesta de despedida de la reina y en el baile, y el espectáculo de la presentación de la reina fallera infantil.

135. El policía que multó el coche del alcalde de Vila-real afronta un año sin sueldo (21/06/06)

El agente de la Policía Local de Vila-real que el pasado mes de febrero multó el coche oficial del alcalde del PP, Manuel Vilanova, se enfrenta a una propuesta de sanción de un año y un día sin empleo ni sueldo.

El instructor del expediente, uno de los cuatro agentes colocados a dedo por el propio primer edil en puestos de responsabilidad en el cuerpo policial, entiende que la acción de su compañero merece este castigo al considerar que ha incurrido en una "falta de desconsideración grave" al alcalde. El primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Vila-real, Ramón Tomás, hará efectiva o desestimará la propuesta de sanción en cuanto concluya el periodo de alegaciones.

Los hechos se remontan a finales del mes de febrero, durante el acto celebrado en el Auditorio Municipal para nombrar hijo adoptivo de la ciudad al presidente del Villarreal CF, Fernando Roig. El alcalde, acompañado de su chófer y su escolta, dejó el coche oficial mal aparcado en las inmediaciones del inmueble y el agente ahora expedientado lo sancionó minutos después junto a otros vehículos que se encontraban estacionados en doble fila.

Vilanova alegó con posterioridad que el policía debía conocer el vehículo oficial y se molestó, según dijo, porque el agente no había respondido a su saludo. Así, ordenó la apertura de un expediente disciplinario que en principio debía instruir el intendente jefe de la Policía Local en Vila-real, Ángel Torres, con quien Vilanova ha mantenido un litigio por obligarle a asistir a las procesiones religiosas, que el primer edil ha perdido en los tribunales.

Torres, ante las dudas que pudieran suscitarse sobre su imparcialidad, pidió al alcalde que le retirase de la investigación y éste accedió, escogiendo como sustituto, entre una plantilla de 90 agentes, a Ramón Martínez, uno de "los cuatro policías que son afines al alcalde" según el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de la Comunidad Valenciana, y que el propio Manuel Vilanova "colocó a dedo en puestos de responsabilidad en el cuerpo policial", sostiene el sindicato.

El portavoz del sindicato en Vila-real, Cirilo Sanchís, cree que sancionar con un año y un día de empleo y sueldo al policía por multar el coche del alcalde es "exagerado y una barbaridad", y recuerda que "era de noche" y se trataba de "un vehículo camuflado que no consta en el padrón municipal". El portavoz del grupo municipal socialista, José Benlloch, asevera que Vilanova "hace el ridículo una vez más" y considera que "debió pagar la multa como cualquier ciudadano". Los miembros del equipo de Gobierno en Vila-real no quisieron comentar la propuesta de sanción

136. TORREVIEJA SIGUE CONTRATANDO CON LA EMPRESA DEL HERMANO DE UN EDIL (22/06/06)

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Torrevieja denunció que pese a la investigación del Fiscal Anticorrupción, el gobierno municipal del PP tiene previsto aprobar nuevos reconocimientos extrajudiciales de crédito por valor de 58.661 euros en beneficio de dos empresas de seguridad privada que vigilaron la pasada edición de la feria del libro. Así, el gerente de una de estas firmas beneficiarias es hermano de Eduardo Gil Rebollo, concejal de Infraestructuras. Entre el año 2003 y 2004 el Ayuntamiento de Torrevieja adjudicó a esa empresa trabajos por 260.000 euros. "Esta técnica se utiliza en casos extraordinarios, pero no como norma habitual", dijo el edil Manuel Vera, que criticó que estas adjudicaciones, sin contrato ni concurso público, beneficien a empresas regentadas por familiares de altos cargos del PP. La Junta rectora del Instituto Municipal de Cultura de Torrevieja aprobará el día 23 de junio estas facturas por valor de 58.661 euros a favor de las empresas Defcom Seguridad, SA, y Medisercon, SL, las dos vinculadas al mismo edil, según los socialistas.

137. ELS POBLETS (PP) DECIDE RECLASIFICAR 9.000 METROS AL DÍA SIGUIENTE DE VENDERLOS UN DIRECTOR GENERAL (24/06/06)

Se puede ser héroe por accidente, tropezar con la fortuna sin perseguirla y hasta conseguir que gracias a un error, a un olvido de bulto, se multiplique el valor de 13.000 m²en el municipio de Els Poblets, en La Marina Alta, que pasarán de estar catalogados como suelo rústico (“no urbanizable común”) a “urbanizable con uso terciario”. El Ayuntamiento que preside el popular Jaime Ivars Mut remitió a la Conselleria de Territorio y Vivienda el proyecto de Plan de Actuación Integrada (PAI) con el que se pretende reclasificar esos terrenos para construir una residencia privada de ancianos y viviendas de protección oficial. En el expediente que gestiona la Generalitat (el 25/06 AIA) enviado por el consistorio de La Marina para elaborar el informe de impacto ambiental preceptivo no consta la existencia de un pozo y un depósito de aguas para consumo público (abastece a Setla, Mirarrosa y Miraflor, los tres núcleos urbanos que constituyen Els Poblets), situado a escasos 20 metros del perímetro en el que se ejecuta el plan.

La omisión de estos datos tiene consecuencias jurídicas. Ley de Ordenación del Territorio (LOT) establece en su artículo 18.1.d que los planes territoriales y urbanísticos han de fijar una distancia de “protección de las captaciones de agua destinadas a consumo humano”. “Los perímetros se establecen con carácter general en 300 metros, contados desde el límite exterior del punto de captación, salvo que estudios pormenorizados justifiquen una distancia distinta a la indicada”, agrega esa norma. Por tanto, se antoja complicado que los técnicos de la conselleria avalaran, de constar el acuífero, la aprobación definitiva de la reclasificación de suelo. Un total de 9.000 de los 13.000 m² incluidos en el PAI corresponden a dos fincas rústicas que eran propiedad del director general de Pesca y Comercialización Agraria, José Ferrando, y de su hija. Se da la circunstancia de que los dos vendieron sus propiedades (de 3.100 y 6.000 m², respectivamente), en un mismo contrato privado, a Promociones y Ventas Eurodenia S. L., la empresa que construirá la citada residencia y las viviendas.

Ese documento se firmó el 13 de mayo de 2004. Al día siguiente apareció un informe técnico de dos hojas, elaborado por un ingeniero de caminos a petición del alcalde, y como respuesta a un escrito de la constructora, entregado el 12 de marzo de 2002 en el Ayuntamiento, entonces gobernado por Bloc y PSPV. En el escrito, firmado por Cecilio Rodríguez Manteca, como apoderado de la mercantil, se hacía constar el interés de la constructora en adquirir las fincas del entonces ya director general y de su hija para construir una residencia y, por tanto, se instaba al consistorio a reclasificar el suelo. El consistorio socialista no fue receptivo a la demanda. Dos anos más tarde y un día después de la citada venta, el informe pedido por el popular Ivars advertía de que los terrenos propiedad de Ferrando y de su hija, situados en la partida Buscarrons, podrían reclasificarse en principio por la vía la “declaración de interés comunitario”, pero que no era el mejor camino porque “actualmente la conselleria competente en materia de urbanismo no admite reclasificaciones de suelo hasya que el Plan General no estuviera en fase finalizada, según se vio en el Plan Parcial de Miraflor”.

El técnico concluía que “sería admisible la reclasificación previa al PGOU” si se hacía como “uso terciario de equipamiento asistencial con uso exclusivo para la residencia de la tercera edad de carácter privado sobre 8.000 metros y el resto hasta los 13.000 con uso residencial para viviendas de protección oficial”. Y recomendó que la reclasificación se hiciera a través de un “convenio firmado por el promotor y refrendado por el propietario registral del suelo”. Ese acuerdo se firmó el 2 de diciembre de 2004 y en él se hacía constar que Promociones y Ventas Eurodenia había adquirido los terrenos. También que el PAI lo gestionará directamente el ayuntamiento, que esta empresa pagará 36.000 € como gastos de urbanización y después construirá la residencia (4.000 metros en tres alturas) y las casas.

De desplante en desplante hasta el desencuentro final. Así han vivido las dos familias del PP las últimas fiestas de Fogueres antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas, que contaron con la visita del líder de una de las facciones, el portavoz popular en el Congreso, Eduardo Zaplana. Escoltado por todos los suyos -a excepción de Ripoll, que llegó tarde-, el ex presidente de la Generalitat acudió a la mascletà, pero ni él ni ninguno de sus fieles -incluidos el presidente de las Corts y tres consellers- fueron a la comida oficial que el ayuntamiento ofrece a las autoridades civiles, militares y festeras, además de a las belleas. La ausencia zaplanista “al almuerzo más importante del año para el mundo de la fiesta”, como lo definieron los campistas, puso colofón a toda una semana de vacíos mutuos en las comidas, cenas y demás cuchipandas organizadas por unos y otros con cargo al erario público.

Aunque ya no despierta entre la gente el entusiasmo de antaño, se esperaba con cierta expectación la visita a las Fogueres de Zaplana, que ha vuelto a prodigarse en las últimas semanas por Alicante. Puntual a la cita, el portavoz llegó a la plaza de los Luceros sobre las 13.30 horas para presenciar la mascletà. Como era previsible, lo hizo acompañado de sus principales partidarios con el presidente de las Corts, Julio de España, y los consellers Alicia de Miguel, Gema Amor y Miguel Peralta.

Ahora bien, en el séquito faltaba el principal referente. ¿Dónde está Ripoll?, preguntaban los periodistas momentos antes del estruendo. “Andará por ahí”, contestaba la corte zaplanista. “Estará recuperándose”, se maliciaban los campsistas. Lo cierto es que el presidente de la Diputación se reencontró con los suyos en uno de los racós anexos a la mascletà al término de la misma. La intensa agenda fogueril pasa factura.

ientras llegaba o no Ripoll, Zaplana no perdió la ocasión de volver a defender el liderazgo de aquél y de calificar de “tonterías” las especulaciones sobre el órgano competente para confeccionar las candidaturas municipales a las elecciones de 2007. “Ripoll no necesita ningún aval mío ni de nadie, ya lo tuvo en Altea [con su elección como presidente provincial del PP] y lo confirma día a día con su liderazgo en Alicante”, recalcó Zaplana de su amigo bajo un sol abrasador. “Joaquín ganó el congreso con el 90 por ciento y ahora ganaría con el 95 por ciento”, zanjó.

Quince minutos después del portavoz llegaba al recinto de la mascletà el alcalde Díaz Alperi acompañado de tres de sus concejales afectos, Sonia Castedo, Asunción Sánchez Zaplana y Andrés Llorens. El saludo fue tan correcto como breve y frío. Lejos quedan los tiempos de la efusividad para estos dos dirigentes a los que la política ha terminado por distanciar. Los demás ediles campistas, ni se acercaron al portavoz.

Preguntado por la polémica sobre las listas electorales, el alcalde tiró de manual: “¿Qué tiene que ver eso con la Fiesta? Yo estoy de fiesta y ahora lo que toca es que toda la ciudad disfrute de la cremà y mañana ascienda el Alicante”. Al menos sí coincide en algo con Zaplana: la traca final de la confección de las candidaturas no toca ahora, está por venir. El final de la última mascletà volvió a evidenciar la ya vieja estampa de la división en el PP: cada uno se fue por su lado.

139. La adjudicataria de tres PAI en Riba-roja pugna por otro en el que la familia del alcalde tiene suelo (26/06/06)

El Ayuntamiento de Riba-roja, que gobierna con mayoría absoluta Francisco Tarazona, del PP, adjudicó entre 1999 y 2004 tres PAI industriales a la sociedad Promociones Industriales Mafort. Un cuarto PAI, el del Cementeri sector 5, promovido también por una filial de Mafort, lleva un año paralizado después de que otra sociedad, Ribalge, presentara en el último minuto una segunda oferta económica 20 millones más baja que la original. Varios familiares del alcalde poseen terrenos en esta zona, según los datos de registro a los que ha tenido acceso este diario.

La sociedad Gestión de Terrenos de Riba-roja, SL, creada en mayo de 2005 y administrada por Vicente Martínez Fort, Juan Antonio Piles y Salvador Martínez Fort, presentó apenas un mes después de su constitución el PAI denominado Cementeri Sector 5 sobre una superficie de 1,2 millones de metros cuadrados no urbanizables de Riba-roja, pese a que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio sólo prevé en ese ámbito unos 200.000 metros cuadrados de suelo industrial. A punto de expirar el plazo para la presentación de alternativas, otra empresa, Ribalge, presentó una oferta económica que rebajaba en unos 20 millones de € la de los Martínez Fort. Desde entonces, la adjudicación del PAI está paralizada. En este PAI tienen propiedades la madre, uno de los sobrinos y un primo hermano del alcalde, según los datos de registro a los que ha tenido acceso este diario.

El PAI del Cementeri, situado a 500 metros de distancia del proyecto de Porxinos, donde el Valencia CF tiene previsto levantar su nueva ciudad deportiva, no es el único que ha promovido el grupo Mafort en esta localidad del Camp de Túria, que concentra una de las bolsas de suelo industrial más abundantes de la comarca. Ya en 1999, por resolución del alcalde Francisco Tarazona, el Consistorio tramitó el proyecto de reparcelación del sector NPI 3 By Pass, promovido por Promociones Industriales Mafort. Según la documentación del pleno, el Ayuntamiento de Riba-roja vendió a Mafort, sin mediación de concurso público o subasta, el 10% del aprovechamiento urbanístico que la ley otorga al municipio. Una fórmula que también ha empleado el gobierno municipal del PP cuando dio luz verde a los PAI de Porxinos y Masía de Baló.

Dos años después, de nuevo, Mafort promueve, según recoge el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el PAI de la Sargueta en el polígono industrial El Oliveral de Riba-roja. Transcurridos otros dos años, en marzo de 2004, la misma sociedad saca a información pública en el DOGV el PAI industrial Masía de San Rafael. En los tres últimos casos, la sociedad administrada por los Martínez Fort se adjudica los proyectos.

Las relaciones entre el grupo Mafort y el Ayuntamiento de Riba-roja no acaban ahí. Desde 1998 el yerno del alcalde, Bernardo Zornoza, está empleado en Mafort, según ha podido saber este diario. También trabaja para el mismo grupo Carlos Ruiz, hermano de la concejal de Educación, Cultura y Deportes de Riba-roja, María José Ruiz, así como una sobrina del alcalde y hermana de la concejal del PP en la localidad Cristina Vázquez Tarazona. Además, en el año 2001 la agencia inmobiliaria Urbana Víes -del grupo Mafort- abrió unos locales en una planta baja propiedad de una hija del alcalde. Pasado un tiempo, la agencia inmobiliaria cerró el local.

En conversación con este diario, el alcalde Francisco Tarazona confirmó con respecto al PAI del Cementeri que efectivamente está parado. "Pero no es el único, tengo tres PAI parados en el polígono industrial del Oliveral", apostilló, refiriéndose a los que todavía no cuentan con el visto bueno definitivo de la Consejería de Territorio y Vivienda. En cuanto a la oferta económica, Tarazona insistió en que el Consistorio siempre aprueba la propuesta más barata y añadió que el grupo Mafort "hace años que no trabaja en Riba-roja". "Nosotros hacemos todo conforme a la ley. Estoy muy tranquilo", agregó. El alcalde no negó, sin embargo, que familiares suyos tengan terrenos en el PAI del Cementeri, si bien precisó que vienen de herencia

140. UN TERCER IMPUTADO ADMITE SER TESTAFERRO EN EL 'CASO TERRA MÍTICA' (26/06/06)

Un imputado en la trama de facturas falsas del parque Terra Mítica declaró ante el juez que figura vinculado a una empresa implicada en la trama porque un amigo se lo pidió y le dijo que le reportaría dinero. Como ya hicieran hace tres semanas otros dos imputados, Alfonso Gómez Haro confesó, así, haber actuado de testaferro. El ex presidente y el ex director general del parque temático de Benidorm, Luis Esteban y Miguel Navarro, también declararon .

Al igual que hicieran el pasado día 6 Uta Scheerbarth, vinculada a Mecanizados de Levante, y Pedro Belén Álex, que figura como gerente de Ximo Dual SL, quienes afirmaron haber prestado su nombre a cambio de trabajo, Alfonso Gómez Haro declaró que aparece en la constitución de la empresa Les Simetes de Partegas porque un amigo se lo pidió y le dijo que la actividad de esa firma podía reportarle dinero.

Gómez Haro, que declaró ante el juzgado que investiga la trama de facturas falsas en la que están implicados Terra Mítica y otras 19 empresas, añadió que había recibido dinero en varias ocasiones como si se tratara de la actividad empresarial. Y precisó que nunca supo exactamente a qué se dedicaba la mercantil a la que prestó su nombre ni tuvo que ver con su gestión. Les Simetes de Partegas, como Mecanizados Levante, es una empresa inactiva que fue instrumentalizada para emitir facturas.

También prestaron declaración el que fue presidente del parque temático entre 2000 y 2001, Luis Esteban, y el entonces director general del complejo, Miguel Navarro. El primero negó tener conocimiento de la existencia de facturas falsas y justificó los sobrecostes del complejo por "la presión que suponía tener un día para inaugurar". El ex presidente dijo que en el consejo de administración no se discutía sobre el detalle de facturas ni contrataciones. Esteban aseguró que la posibilidad de que Terra Mítica haya pagado obras no realizadas es "prácticamente imposible".

Navarro reconoció su firma en una veintena de facturas, negó que se pagaran servicios no hechos y aseguró que nada ha sabido nunca de comisiones ilegales. El ex director explicó que entre sus funciones no estaba la de cotejar directamente pago y ejecución de obra, sino firmar los pagos cuando le eran remitidos los datos técnicos y financieros.

141. LOS SINDICATOS DENUNCIAN DESDE 2000 LA FALTA DE SEGURIDAD EN EL METRO DE VALENCIA (08/07/06)

Los sindicatos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han reclamado durante seis años mejoras de seguridad en la línea 1 del metro de Valencia, donde el día 3 de julio un descarrilamiento causó la muerte de 42 personas. UGT acreditó advertencias de la necesidad de introducir medidas de seguridad en el trazado desde 2000. Mejoras que en parte se introdujeron tras un accidente en 2005, con la instalación de algunas balizas de frenado automático. Ninguna de ellas se colocó en la curva donde ocurrió el siniestro, pese a que los maquinistas las reclamaron en puntos previos a todas las curvas.

La actitud de la Generalitat en los últimos días en relación con el accidente de metro de la semana pasada en la estación de Jesús ha levantado indignación en los representantes de los trabajadores. Los sindicatos no están dispuestos a que la responsabilidad de la tragedia recaiga sobre el maquinista que conducía el convoy, fallecido también en el accidente, ni en el Comité de Seguridad en la Circulación por no denunciar la inseguridad de la curva, como sugirió el consejero de Transporte, José Ramón García Antón, durante el debate en las Cortes Valencianas.

En rueda de prensa, UGT-PV defendió la presentación "de forma sistemática" de denuncias en materia de seguridad por parte de su sección sindical en la empresa pública y también de forma conjunta con otros sindicatos. La primera de estas peticiones acreditada data de marzo de 2000, cuando la sección sindical de UGT en FGV pidió la creación "urgente" de una comisión de investigación ante la "falta grave de seguridad en la circulación en la línea 1". En un segundo escrito, UGT y CC OO trasladaron en octubre de 2003 a la gerente de FGV, Marisa Gracia, una queja de los maquinistas de ambos sindicatos en la que piden la resolución "inmediata" de los déficit de seguridad y citan expresamente el sistema FAP, instalado en la línea 1. FGV defendió en su respuesta las "cuantiosas inversiones" realizadas y "los altos niveles de seguridad".

El punto de inflexión en reivindicaciones y concesiones se produjo tras el accidente registrado el 9 de septiembre de 2005 en Picanya, donde se vieron implicados tres trenes de la línea 1 y en el que se registraron 42 heridos, dos de ellos graves.

En una reunión extraordinaria del Comité de Seguridad del 15 de septiembre se decidió instalar una baliza previa a la señal implicada en el accidente. El acta de aquella reunión recoge que la dirección de FGV considera más versátil el sistema de frenado automático (FAP) que el ATP (más sofisticado y que ahora pretende implantar). Cinco días más tarde, el colectivo de maquinistas reunido en asamblea recordó que la dirección había anunciado la colocación de balizas antes de todas las señales situadas en curva.

El secretario general de UGT-PV, Rafael Recuenco, explicó que la última petición de reunión al consejero de Infraestructuras se hizo el 30 de marzo de este año y criticó que el accidente se haya producido sin que la reunión se haya convocado. "Sus prioridades no estaban en reunirse", criticó. El líder valenciano de UGT lamentó que no se hayan tomado todavía nuevas medidas en este trazado desde el accidente y aprovechó para reclamarlas de inmediato. Medidas que considera que deben implantarse este mismo año y no en el horizonte de 2010, como contempla el plan elaborado por FGV para modernizar la línea accidentada. En su opinión, la línea no debería estar en funcionamiento.

142. La Fiscalía cree que hay suficientes elementos ya para procesar a Fabra (08/07/06)

La Fiscalía General del Estado considera que los elementos que hasta ahora se han aportado en la instrucción del llamado caso Fabra son suficientes para procesar al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, acusado de la posible comisión de uno o varios delitos contra la administración pública y un presunto fraude fiscal. En cualquier caso, el fiscal anticorrupción, Luis Pastor, que representa al ministerio público, aún no ha solicitado a la titular del juzgado número 1 que dicte auto de procesamiento.

De hecho, aún existe un listado de pruebas aprobadas, tanto documentales como testificales, que aún no se han practicado, con lo que, según las previsiones, la instrucción podría demorarse un año más. Entre otras cosas, está pendiente el interrogatorio al propio Fabra por el presunto delito fiscal, sobre el que se negó a responder hasta que la Audiencia resolviera uno de los múltiples recursos que ha presentado en el proceso. La Audiencia determinó que debía ser la titular del número 1 la que le tomara declaración por este presunto delito, pero la juez aún no ha señalado el día en el que se llevará a cabo este interrogatorio.

También están pendientes las declaraciones de los cuatro ex ministros de José María Aznar (Juan Posada, Miguel Arias Cañete, Celia Villalobos y Juan Costa) que, de una manera u otra, se vieron implicados en las supuesta mediación de Fabra para tratar de conseguir acelerar la autorización de fabricación de productos fitosanitarios. En cualquier caso, la Fiscalía apunta que los ingresos injustificados y detectados por la Agencia Tributaria, y la participación de Carlos Fabra en encuentros en los que se trató la tramitación de fitosanitarios son suficientes para dictar el procesamiento y, en su día, iniciar un juicio oral. La instrucción se inició en 2003 cuando el empresario Vicente Vilar acusó a líder del PP en Castellón de cobrarle cantidades millonarias a cambio de mediar ante la administración central para tratar de agilizar autorizaciones de fabricación para sus productos fitosanitarios

143. ANTICORRUPCIÓN PIDE EL ARRESTO DE UN EX ALTO CARGO POR NO DECLARAR EN EL 'CASO FABRA' (08/07/06)

El fiscal anticorrupción Luis Pastor solicitó que se dicte una orden de detención contra un ex alto cargo del Ministerio de Agricultura, Domingo Cadahía, que no acudió a declarar, en calidad de imputado, al juzgado de instrucción número 2 de Nules, donde se instruye una de las causas contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.

Cadahía iba a ser interrogado por la presunta falsificación de documentos oficiales, por la que también está imputado Fabra, quien, además, es investigado por uno o varios presuntos delitos contra la Administración y un posible fraude fiscal. Según del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el fiscal también ha solicitado que se imponga una multa y se aperciba al abogado del imputado, asuntos sobre los que la juez aún no ha resuelto.

El ex subdirector general de Medios de Producción Agrícola fue una de las personas que señaló Vicente Vilar, el empresario que acusó a Carlos Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de tratar de agilizar autorizaciones de productos fitosanitarios. Cadahía, según Vilar, fue una de las personas que le asesoró y sugirió que manipulara las analíticas que se presentaban ante el ministerio para la obtención de las autorizaciones de fitosanitarios.

Según explicó, tuvieron un encuentro en el hotel Palace de Madrid, entre 1999 y 2000, cuando el subdirector ya estaba jubilado pero aún mantenía buenas relaciones con el ministerio. "Iba vestido con traje oscuro y corbata, y no llevaba maletín ni carpeta. Se mostró muy amable en todo momento", indicó Vilar. A la cita acudió también Carlos Fabra, y Cadahía, siempre según el empresario, les informó de que las analíticas aportadas por sus proveedores serían rechazadas, tras lo que sugirió "otras vías" que, según dijo, habían sido utilizadas también por otras empresas. "Y decidimos hacerlo", dijo Vilar.

Así, obtuvieron membretes, sellos y firmas de documentos originales procedentes de fabricantes asiáticos y, con esos elementos, realizaban informes analíticos falsos pero sujetos a las condiciones que exigían Agricultura y Sanidad para otorgar las autorizaciones.

La juez de Nules recibió esta semana un escrito del letrado del imputado en el que solicitaba que su cliente declarase en Madrid debido a su avanzada edad y a que tenía adquiridos compromisos ineludibles. La juez contestó al abogado reclamando los justificantes necesarios para argumentar las causas de la no comparecencia.

Sin embargo, los certificados no llegaron y el letrado sostuvo que no había recibido el escrito de la juez y que su cliente no se iba a presentar a declarar. Así, la juez aplazó la comparecencia hasta el día 21 de septiembre, a las 10.30 horas, según las mismas fuentes, mientras el fiscal reclamaba una orden de detención.

144. TENSIONES POPULARES. LOS ZAPLANISTAS ABREN LA PUGNA POR LA ALCALDÍA DE ALICANTE (11/07/06)

El sector zaplanista del PP en Alicante ha emprendido la carrera hacía las municipales. Aunque la dirección regional ha mostrado su apoyo al actual alcalde, Luis Díaz Alperi, el presidente local del PP Julio de España confesó que le gustaría ser candidato y que Alperi "lleva 12 años de desgaste". Por su lado, el presidente provincial José Joaquín Ripoll apuesta por la diputada nacional Macarena Montesinos.

El mensaje es el mismo pero sus preferencias son diferentes. Dos de los dirigentes del PP en Alicante han manifestado en las últimas horas su opinión sobre quién debe aspirar a la alcaldía de Alicante. José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación y a su vez presidente provincial del PP, confesó en una entrevista publicada en Información el domingo pasado que "después de tres mandatos, prefiero antes a Macarena Montesinos que a Alperi" y apostaba por la renovación "tres mandatos son muchos y debe haber un proyecto y equipos distintos".

En la misma línea el presidente local del PP y actual presidente de las Cortes, Julio de España, confesó en conferencia de prensa que le gustaría ser alcalde y trasladó su "apreciación personal" de que el actual alcalde ha sufrido un cierto "desgaste" tras ocupar doce años el cargo, informa Efe. "Que la tierra de nacimiento le tira a uno, pues claro, y a todos nos gustaría ser alcalde de nuestro pueblo", reconoció De España que tildó este reto como "un desafío enorme". El dirigente del PP agregó: "Que uno se siente más fuerte que Luis (Díaz Alperi) porque él lleva doce años de desgaste, pues a lo mejor, pero eso no deja de ser una apreciación personal". De España dijo sentirse "muy satisfecho" con su carrera política, al igual que "muy querido por la gente" de Alicante que, según él, suele abordarle y decirle: "Julio, te echamos de menos y te queremos en Alicante". De España se manifestó "a la entera disposición" del PP y reiteró que el "puesto más hermoso que uno puede tener es el de alcalde de su pueblo".

Sobre la posibilidad de que Díaz Alperi repita como candidato, declaró que será éste quien deberá "tomar una decisión personal" pero recordó que en último caso depende del proceso de reflexión que se dé en el comité ejecutivo local del PP, en el provincial, en el regional y, finalmente, en el nacional. "Ante el supuesto de que Alperi cumpla su ciclo político o piense que lo ha cumplido, o que en la reflexión del partido se tome esa decisión, pues habría que ver si las personas que tienen la responsabilidad de decidir piensen en mí. Aquí no se trata de que uno se presente, sino de estar a disposición del partido y esperar que piensen en tí".

145. EL FISCAL PIDE AL SUPREMO QUE NO ADMITA LA QUERELLA DE ZAPLANA POR EL 'CASO TERRA MÍTICA' (14/07/06)

La fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que no admita a trámite la querella del portavoz del PP en el Congreso y ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, contra dos diputados del PSPV-PSOE y dos empresarios por los presuntos delitos de calumnias o injurias graves con publicidad a raíz de la difusión de parte del contenido de unas conversaciones grabadas en las que se vertían comentarios sobre pagos de comisiones por parte de contratistas de obras en la construcción del parque temático de Benidorm Terra Mítica.

La fiscalía entiende que por el momento no hay elementos suficientes que acrediten la existencia de delito, por lo que reclama al Supremo que rechace la querella y la devuelva al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para que prosiga la investigación que había iniciado, según fuentes de la Fiscalía General.

Zaplana presentó una querella por presuntos delitos de calumnias o de injurias graves con publicidad, en relación a una supuesta trama de facturas falsas y cobro de comisiones ilegales a partir de las obras de construcción de Terra Mítica, en las que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana y promotor del complejo de ocio aparecería supuestamente implicado.

El Tribunal Superior estimó que debía ser el Supremo el que estudiara la querella porque la publicidad de las grabaciones de las conversaciones con empresarios que están en el origen de la investigación se realizó desde una emisora de la cadena SER en Madrid. Así, el pasado 14 de junio, el Supremo recibió el escrito del Tribunal Superior valenciano que defiende la competencia del Supremo para tramitar esta querella y que recuerda que el artículo 23 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana indica que el Tribunal Superior será competente para tramitar e investigar hechos delictivos ocurridos dentro de esa Comunidad.

La exposición motivada del Tribunal Superior se encuentra en la Sala Segunda o de lo Penal del Supremo, que debe decidir qué tribunal es el competente para analizar esta querella.

A principios del mes de mayo, dos diputados del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, Antoni Such y José Camarasa, presentaron una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que transcriben unas conversaciones con dos empresarios, que relacionan al portavoz del PP en el Congreso con el supuesto fraude de facturas que se investiga en Terra Mítica. En esas conversaciones, según la denuncia, se da a entender que Zaplana conocía que, entre 1999 y 2001, "se manipularon facturas para elevar el precio de los trabajos" en el parque, que iban destinadas al "pago de comisiones elevadas a quien repartía los contratos", y que el propio Zaplana participaba de esas comisiones.

146. EL PP CREE LEGAL EL AUDITORIO DE CASTELLÓN, PESE A LA SENTENCIA DEL SUPREMO (14/07/06)

El portavoz del grupo municipal popular, Miguel Ángel Mulet, defendió , en un comunicado, la legalidad del auditorio de Castellón, pese a que el Tribunal Supremo ni siquiera ha admitido el recurso que interpuso el ayuntamiento contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que declaraba el plan por el que fue construido como "nulo de pleno derecho".

Según la nota remitida, el PP interpretó la sentencia del TSJCV como el señalamiento de un defecto de forma subsanable ya que, según Mulet, "la Consejería de Territorio, institución que aprobó y ejecutó dicho plan, viendo que la única errata era la ausencia de este informe, prefirió anular el acuerdo y subsanar el fallo pidiendo el informe al Consejo Jurídico Consultivo quien lo emitió con resultado favorable pocos meses después". Mulet obvia en el escrito que la sentencia declarara "nula de pleno derecho" la aprobación, por parte de la Generalitat, del plan parcial que permitió construir el edificio del Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón sobre una zona verde y sostiene que "la construcción del Auditorio es totalmente legal y conforme a las ordenanzas urbanísticas".

El portavoz del grupo municipal popular también interpreta que la decisión judicial no se refiere a la ordenanza aprobada por el ayuntamiento, que permite construir edificios dotacionales en zonas verdes, cuando el fallo no valora la normativa municipal. La sentencia, tal como indica, no entra a considerar la posible vulneración de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística tras detectar la infracción de una norma de rango legal y por "vedarlo la congruencia procesal". Así, a juicio de Mulet, con el recurso interpuesto y ganado por el grupo municipal socialista, sólo se pretende "desinformar a la opinión pública".

147. EL CONSELL TODAVÍA NO SABE CUÁNTO SE HA GASTADO EN LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA (15/07/06)

El Consell todavía no sabe cuánto se ha gastado en los preparativos del Papa, aunque hasta la fecha no ha hecho ninguna aportación económica para la organización del V Encuentro Mundial de las Familias, según explicó el consejero portavoz, Vicente Rambla. El Ayuntamiento de Valencia, en cambio, cifró su aportación al evento religioso en 2,36 millones de €. Unas cuentas que desgranó la propia alcaldesa Rita Barberá y que incluyen horas extras de los funcionarios, ornamentación y otros aspectos. La Diputación todavía no ha dicho nada.

Los fastos montados con ocasión de la visita del Papa todavía no disponen de un respaldo contable definitivo. El consejero de Relaciones Institucionales y portavoz del Consell, Vicente Rambla señaló que "cuando se evalúe el coste de la visita del Papa por la Fundación del Encuentro Mundial de la Familia -que integran las tres Administraciones gobernadas por el PP y el Arzobispado de Valencia- se dará información cumplida". Rambla advirtió que hay aportaciones de empresas privadas que patrocinaron los actos y que, algunas de ellas, no quieren publicidad. El consejero fue tajante al decir: "No ha habido ninguna aportación específica de la Generalitat". Rambla argumentó que lo que sí se ha hecho es poner determinados servicios de la Generalitat al servicio de la visita papal, tal y como ocurre con otros grandes eventos.

El portavoz del Consell dio cuenta de una encuesta encargada por la Consejería de Turismo, a partir de 1.100 sondeos realizados entre los peregrinos que acudieron a Valencia para ver al Papa. Según los datos facilitados por Rambla, el grado de satisfacción de los visitantes fue del 97,8%; el 52% se desplazó en viajes organizados y el 32% pernoctó fuera de la ciudad de Valencia. La encuesta no ofrece datos sobre el gasto medio realizado ni sobre la capacidad adquisitiva de los visitantes, indicadores habituales en los sondeos del sector turístico. La consejera de Turismo afirmó el pasado mes de abril que, según sus cálculos, la visita del Papa dejaría entre 60 y 70 millones de € de gasto en la ciudad. Una cifra que parecen desmentir con rotundidad las estimaciones realizadas por los hoteleros y comerciantes. El aeropuerto de Manises registró la semana del Encuentro Mundial de Familias el mismo tráfico aéreo que en las mismas fechas del año anterior.

148. LADRILLO CONECTION. EL PADRE DE UNA CONCEJAL DEL PP MEDIA EN UNA COMPRA DE SUELO MUNICIPAL EN LA VILA (17/07/06)

La mesa de contratación del Ayuntamiento de La Vila Joiosa (La Marina Baixa) resolvió el pasado 4 de julio aceptar la oferta de la mercantil Investjonia, SL para la compra de las unidades de aprovechamiento urbanístico de titularidad municipal del Plan Parcial 33, por valor de 5,6 millones €. La empresa estuvo representada en el acto de apertura de plicas por Pedro Escrig, padre de la concejal del PP en el municipio Rosario Escrig y presidente de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos de Santa Marta.

En el acto administrativo el Ayuntamiento enajenó por el procedimiento de subasta el 10% de aprovechamiento de los planes parciales 33 y 32, tal y como se acordó con los votos del PP en el pleno municipal celebrado el 18 de mayo. El primero, con un total de 9.952 m², tuvo dos ofertas: la de Investjonia SL, del promotor Vicente Pastor Martínez, presidente del Benidorm CD, empresa representada en el acto por Escrig, que resultó ganadora; y la de la mercantil Amarres y Gestión SL, que aportaba una cantidad ligeramente menor, por lo que quedó descartada.

El segundo lote, correspondiente al plan parcial 32, de 7.009 m², tan solo recibió una oferta, la de esta última empresa, que fue la adjudicataria por 3,9 millones €. Según el PSPV, en la oposición, los suscriptores de la oferta de Amarres y Gestión SL, Jaime María Ferrer Rovira y Jaime Orquín Llinares, tienen intereses en promotoras que están desarrollando sectores urbanísticos en el municipio.

La mesa de contratación estuvo presidida por Isidro Cantó, concejal de Hacienda y compañero de partido de Rosario Escrig, concejal de Participación Ciudadana y Juventud y representante del barrio de La Cala, por delegación del alcalde, José Miguel Llorca.

Pedro Escrig es la máxima autoridad en las fiestas patronales de este municipio costero y ha sido cuestionado en varias ocasiones por la oposición por su supuesta connivencia con el equipo de gobierno en los debates sobre las celebraciones, al tomar decisiones favorables para los responsables políticos.

El gobierno municipal de La Vila Joiosa, del PP, está vendiendo el patrimonio municipal con el fin de hacer frente a la situación deficitaria de las arcas públicas y poder acometer varios proyectos emblemáticos que contenía su programa electoral. El Consistorio todavía no ha cerrado las cuentas de 2005 ni presentado los presupuestos de 2006, aunque según el PSPV se encuentra en "quiebra técnica".

La oposición ha criticado que el 10% de aprovechamiento de los planes no se dedique a construir viviendas de protección oficial, tal y como contempla la ley, y por el contrario se centre en "caprichos del alcalde" como la construcción de unas escaleras mecánicas de acceso a la playa centro. La compra del chalet de Centella, en el centro de la ciudad, o la finalización de los campos de fútbol, también se realizarán gracias a la enajenación de suelo público.

El pleno celebrado el 18 de mayo aprobó la venta de todo el suelo cedido por los dos planes parciales para financiar el auditorio municipal, cuyo coste se ha incrementado un 32% hasta alcanzar los 11,5 millones de €. En aquella ocasión tanto el PSPV como el Bloc Nacionalista Valencià, en la oposición, anunciaron la interposición de un recurso de reposición y una denuncia ante el juzgado contencioso-administrativo.

149. LADRILLO CONECTION. González Pons ficha como asesora a la hija del promotor inmobiliario Enrique Roig (18/07/06)

El conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, ha fichado como asesora a Patricia Roig Giménez, hija del promotor inmobiliario y arquitecto Enrique Roig. Patricia Roig trabajará a las ordenes directas de González Pons, ya que su puesto está adscrito al área de gabinete del conseller, en la sede de la conselleria de Valencia, tal como figura en la página web de la Generalitat Valenciana. Fuentes oficiales de la Conselleria de Territorio confirmaron el nombramiento como personal eventual de Patricia Roig, quien apenas lleva en este puesto unas semanas. Cabe recordar que González Pons dejó la portavocía del Consell para asumir las riendas del departamento de Territorio y Vivienda hace apenas dos meses como consecuencia de la remodelación llevada a cabo por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Patricia Roig mantiene una estrecha relación de amistad con el conseller. Ambos se conocen desde hace años. Arquitecta de profesión, la hija del conocido promotor inmobiliario Enrique Roig ha ocupado diversos cargos en el consejo de administración de empresas, una relación que incluye sociedades dedicadas a la promoción inmobiliaria. En algunas de estas empresas, como Euro Cordelia SL, o Enrique Roig Arquitectos SL, padre e hija han compartido distintos cargos de responsabilidad. Aunque todavía a fecha de los cargos de Patricia Roig figuran vigentes en el registro mercantil, fuentes de la Conselleria de Territorio afirmaron que la arquitecta ha renunciado por escrito y ante notario a todos sus cargos y participaciones societarias. “No mantiene ningún vínculo con empresas relacionadas con la promoción inmobiliaria”, indicaron las citadas fuentes oficiales. Las mismas fuentes añadieron que Patricia Roig también ha renunciado a los proyectos de viviendas en los que estaba trabajando.

Desde la Conselleria de Territorio se justificó la contratación en que se trata de una persona de confianza del conseller y con preparación profesional para prestar asesoramiento. En este sentido, apuntaron que el conseller necesitaba a una persona con un perfil técnico.

150. EXIGEN QUE ZAPLANA COMPAREZCA PARA ACLARAR EL “DESVÍO” DE FONDOS DE FERROCARRILS (20/07/06)

Esquerra Unida reclamará la comparecencia del ex presidente de la Generalitat y portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, en la comisión de investigación sobre el accidente de metro de Valencia que costó la vida a 43 personas, para “que explique por qué desvió recursos económicos del Estado que estaban destinados a cubrir el déficit de FGV hacia otras cuestiones que nada tenían que ver”, según avanzó el portavoz adjunto Joan Antoni Oltra. Tal como informó Levante-EMV, la Intervención General del Estado acusó al Consell presidido por Zaplana de quedarse en 2001 con los 23,7 millones que el Gobierno central le había remitido para cubrir el déficit de Ferrocarrils de la Generalitat. El Ejecutivo autonómico descontó esos fondos de la deuda que el Estado mantenía con el Consell por otras causas.Oltra recordó que “esta treta financiera que vulneraba el contrato-programa firmado entre el Gobierno central y el autonómico provocó que FGV dejara de ingresar recursos del Estado para cubrir el déficit”. Definió esta actuación como una “irresponsabilidad que ha venido ahogando las arcas de la empresa pública, que ha tenido que seguir endeudándose sin poder hacer frente a nuevas inversiones en seguridad”.EU adelantó parte de su propuesta de plan de trabajo de la comisión de investigación, que deberán presentar los grupos para su votación.

151. TENSIONES POPULARES. CAMPS DECLINA ASISTIR A LA CENA DEL PP DE ALICANTE EN TERRA MÍTICA (20/07/06)

La fractura en el PP de la Comunitat Valenciana volverá a evidenciarse el próximo sábado durante la cena con militantes que la dirección provincial de Alicante ha organizado en el parque temático de Benidorm. La presencia de la dirección regional del PP podría ser prácticamente nula. Su máximo responsable, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no tiene previsto acudir al encuentro -al que según la dirección provincial ha sido invitado- como tampoco parece probable que lo hagan los números dos y tres del PPCV, los diputados Adela Pedrosa y Ricardo Costa. Tampoco irá el líder del PP nacional, Mariano Rajoy, a quien el PP de Alicante había invitado.

152. LADRILLO CONECTION. EL PP DE LA VILA APRUEBA EL PLAN URBANÍSTICO ANULADO POR EL TSJ SIN ADAPTARLO A LA LUV (21/07/06)

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa (Marina Baixa) aprobó por mayoría absoluta, con el voto favorable del gobierno local, del PP, el Plan Parcial de Mejora 2 del Sector PP-1 Cales y Atalayes, que afecta a 5.000 viviendas ya finalizadas y habitadas en la Cala de Finestrat.

La propuesta del edil de Urbanismo, Amadeo Sánchez, es la misma que el Tribunal Superior de Justicia declaró nula de pleno derecho el pasado 27 de junio, al constatar que en el pleno de 4 de julio de 2002, cuando se aprobó, obtuvo diez votos favorables, cuando la mayoría absoluta es de once.

Los tres partidos en la oposición, (PSPV, Bloc e Iniciativa Independiente) mostraron su repulsa a la rapidez con que el PP ha querido resolver la situación. El portavoz socialista, Gaspar Lloret, calificó de "atrocidad legal" la propuesta, ya que el TSJ "ha anulado el convenio y se tiene que presentar uno totalmente nuevo y diferente con arreglo a la Ley Urbanística Valenciana" (LUV).

El PSPV subrayó la necesidad de crear viviendas de protección oficial y exigió que se redactara una propuesta que incluyera el 50% de pisos con esta catalogación. El portavoz del Bloc, Vicent Serra, pidió la apertura de una investigación por parte de Fiscalía y señaló que "algo está pasando cuando este plan parcial lleva 10 años dando vueltas". Serra recordó que el primer plan de mejora presentado ya fue anulado por el TSJ, e indicó que "los vecinos que habitan esas viviendas podrían no pagar impuestos, porque realmente no existen en el planeamiento".

El concejal de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret, recordó que el plan de mejora anulado incrementaba las alturas previstas en el Plan General y "aporta poco al interés social, en contra de lo estipulado en la LUV". Los tres partidos, que desconfían que la Consejería de Territorio frene la propuesta "por la connivencia del PP en ambas administraciones", han solicitado un informe jurídico sobre la aprobación y han anunciado la interposición de un recurso de reposición y un contencioso administrativo.

El alcalde, José Miguel Llorca Senabre, defendió el procedimiento seguido escudándose en que ha sido "bajo el criterio técnico del secretario del Ayuntamiento". "La sentencia dice que se trata de un defecto de forma que se ha subsanado", concluyó.

El plan afecta a 4.747 viviendas sobre una extensión de 1,05 millones de m², afectando a 10.681 personas, según el PGOU. Esta no es la primera irregularidad urbanística en la zona, ya que a escasos metros se encuentra el Hotel Atrium Beach, paralizado y con una orden de demolición por exceso de edificabilidad.

En la sesión plenaria se vivieron momentos de tensión, cuando los miembros de la Junta de Personal del hospital comarcal entraron en el salón para pedir al primer edil que realice las gestiones oportunas para pedir la gratuidad del aparcamiento del centro. Llorca recibió las 6.000 firmas de apoyo recogidas por los trabajadores, que junto a las de la oposición suman 11.000, y que se trasladarán a la Consejería de Sanidad. El miércoles por la tarde, la Junta de Personal reunió a unas 2.500 personas en una manifestación organizada en La Vila. El alcalde explicó que, ante la presión social, tanto Sanidad como los consistorios afectados trabajan para adquirir una parcela anexa al hospital y convertirla en aparcamiento público.

También mostró su malestar la comunidad educativa del colegio público Doctor Esquerdo. Los padres de los alumnos entregaron esquelas a los ediles anunciando la defunción del centro después de conocer que Educación trasladará a barracones a los 400 alumnos de Primaria en septiembre.

153. EL PP REDUCE A CINCO DÍAS LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DEL METRO DE VALENCIA (21/07/06)

Las diferencias entre las propuestas de plan de trabajo para la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente del metro de Valencia presentadas por los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas eran previsibles. La oposición vio confirmados sus temores al conocer el plan de trabajo del PP y comprobar que no prevé tiempo para estudiar la documentación que solicita, comprime en cuatro jornadas las comparecencias, limita a menos de 24 horas el tiempo para elaborar el dictamen y fija para el 11 de agosto el pleno para zanjar definitivamente la investigación. Un calendario que los grupos de la oposición consideran una "estafa" a los ciudadanos y una "provocación".

Los tres grupos presentaron sus propuestas de plan de trabajo en la primera reunión de la comisión de investigación tras su constitución. Allí, los grupos de la oposición vieron confirmados sus temores: al PP el asunto le quema en las manos, por lo que pretende zanjar la investigación en un tiempo récord de apenas cinco días. El lunes 24 se reúne la comisión para debatir y votar los planes de trabajo. El del PP incluye 32 solicitudes de documentación y 27 comparecencias. Estas últimas se sustanciarían los días 27, 28 y 31 de julio y el 1 de agosto, por lo que los diputados tendrán menos de 24 horas para estudiar los documentos que puedan llegar antes de que empiece el desfile de técnicos y dirigentes de la empresa Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), técnicos y expertos independientes y responsables políticos. Después prevé menos de un día para elaborar el dictamen.

Un calendario muy apretado, a juicio de los grupos de la oposición, que lo consideraron imposible de cumplir, de no ser que no se quiera investigar nada porque antes de empezar ya se tengan elaboradas las conclusiones, que es lo que creen tanto en el PSPV como en Esquerra Unida-l'Entesa. Frente a ese plan, el de los socialistas establece un plazo para la petición, recepción y estudio de la documentación y fija para el 17 de agosto el inicio de la ronda de comparecencias, que se prolongarían hasta el día 28. El 31 se votaría el dictamen en comisión y el debate en el pleno se celebraría el 6 de septiembre. EU-L'Entesa propone que la investigación acabe el 18 de agosto y que el pleno se celebre el 4 de septiembre. Frente a las 27 comparecencias que propone el PP, los socialistas quieren 23 y EU-L'Entesa 30. Los tres coinciden en algunos nombres, en especial de directivos y sindicalistas de FGV. Pero difieren significativamente tanto en responsables políticos como en expertos en materia de transporte ferroviario y seguridad.

Por lo que respecta a los primeros, el PP llama a ocho, de los que sólo el consejero de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, desempeña en la actualidad un cargo relacionado con el accidente. Porque el otro integrante del Consell al que citan los populares, Rafael Blasco, no acudiría en razón de su actual cargo de consejero de Sanidad, sino más bien porque era el titular de Obras Públicas al inaugurarse la línea 1 del metro en 1988, cuando los socialistas gobernaban en la Generalitat y en Madrid. Además, el PP cita al socialista Eugenio Burriel, sucesor de Blasco en el departamento responsable del metro, al subdelegado del Gobierno, Luis Felipe Martínez, y a los alcaldes de Torrent, Josep Bresó, y de Benaguasil, Joaquín Segarra. El PSPV incluye al actual presidente del Consell, Francisco Camps, y a Vicente Dómine, director general de Transportes de la Generalitat. Y EU-L'Entesa propone al ex presidente Eduardo Zaplana.

En el apartado de técnicos y expertos independientes es donde más difieren las propuestas. Mientras los populares sólo incluyen a catedráticos de la Universidad Politécnica de Valencia, los grupos de la oposición llaman también a profesores de otros centros valencianos y del resto de España. Llama la atención que el PP no cite a responsables de otras empresas de metro, algo que si hace EU-L'Entesa.

El PP aceptará nueve comparecientes propuestos por la oposición, porque ya ha anunciado su intención de que en total comparezcan 36 personas, nueve diarias, lo que obligaría a modificar el sistema de trabajo y los tiempos que se utilizan habitualmente en las comisiones de investigación.

De ahí que la oposición considerara "ilegal" el plan de trabajo del PP, cuyo portavoz, Serafín Castellano, defendió, sin embargo que es "serio, exhaustivo y riguroso". El socialista Andrés Perelló afirmó que el PP pretende "echar" a la oposición de la comisión, pero advirtió de que no se van a ir. "Les amenazamos con quedarnos", dijo después de considerar una "estafa" y una "provocación" el plan de trabajo de los populares. Perelló animó a la ciudadanía a manifestarse "contra estas perturbadas formas de hacer la democracia". Joan Antoni Oltra, de EU-L'Entesa, calificó la actuación del PP de "osada e insoportable" y dijo que con ella pretende "provocar a la oposición" para que abandone la comisión, pero rechazó que vayan a hacerlo y aseguró que estarán "incluso en las peores condiciones".

Militan en el mismo partido, trabajan juntos, pero cada uno organiza las cenas y los homenajes por su cuenta. Anoche el sector zaplanista del PP exhibió su fuerza en una cena multitudinaria, más de 3.000 personas según la organización, en el parque temático de Benidorm, Terra Mítica. Pero el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, también prepara un acto similar para el próximo miércoles 26 de julio. Será otra cena y en otro parque, en Aquapolis (Cullera) para animar a los suyos de cara a las próximas elecciones. El escenario elegido por los zaplanistas no fue gratuito. Terra Mítica fue impulsado y creado por Zaplana y que esta semana recibía la orden judicial del alzamiento de la suspensión de pagos. Zaplana dijo: "Espero que esta decisión sirva para dejar de meterse con el parque. Si no lo apoyan, al menos que no pongan chinitas en el camino".

Fue una reunión de viejos amigos, una cena estival para preparar el curso político que arranca en septiembre, y en el cual los populares se juegan su permanencia en el poder de las principales instituciones valencianas. A la cena, sin embargo, no acudió ni el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, ni el de la Generalitat, Francisco Camps, ni tampoco ninguno de sus fieles consejeros. El acto, organizado y promovido por el presidente provincial del PP, y a su vez presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, contó con la presencia del presidente de las Cortes Valencianas, Julio de España, y de los consejeros, Miguel Peralta y Gema Amor, entre otros. Ripoll restó importancia a las ausencias: "Si alguno no ha querido venir es cosa suya, pero están todos invitados". En septiembre los populares encararán el proceso de elaboración de las listas para las elecciones municipales y autonómicas.

Los zaplanistas, que controlan el aparato del PP en Alicante, defienden que las listas se hagan desde "abajo hacía arriba", desde la dirección provincial y que Valencia y Madrid debe "respetar" cada propuesta. Ripoll anoche advirtió de que cuando los candidatos se imponen desde fuera se pierden las elecciones. Zaplana añadió que "sería un disparate dilapidar los equipos que tiene el PP en Alicante y capitanea Ripoll".

La primera batalla se lidiará en Alicante donde Camps aboga por la continuidad de Luis Díaz Alperi pero Ripoll prefiere que sea la diputada Macarena Montesinos la aspirante a la alcaldía y que Julio de España repita en las Cortes. Una opción de la que los campistas rechazan. Mientras, Camps ha optado por actos institucionales. Esta semana se volcó en la provincia: estuvo dos veces con Alperi para anunciar proyectos e inversiones, también se fotografió en Orihuela con su alcalde, José Manuel Medina, y el viernes acudió a las fiestas de Almoradí para apoyar al alcalde, Antonio Ángel Hurtado.

155. EL PP VETA A TÉCNICOS DE OTRAS REDES DE METRO PARA LA INVESTIGACIÓN DE SÓLO CINCO DÍAS DEL ACCIDENTE DE VALENCIA (25/07/06)

La comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente del metro de Valencia del pasado 3 de julio no incluirá la comparecencia de ningún técnico de compañías de metro de otras ciudades españolas o extranjeras aparte de los dos altos cargos de Metro Madrid propuestos por el PP. Los populares, con mayoría absoluta en las Cortes Valencianas, rechazaron las propuestas de los grupos de la oposición en ese sentido. Sólo admitieron añadir cinco nombres a su propia lista de comparecencias: dos altos cargos del Consell, el jefe de bomberos de Valencia, un directivo de FGV y un experto de la Universidad Politécnica, y aceptaron 16 peticiones de documentación de la oposición.

La comisión debatió las propuestas de plan de trabajo presentadas por los grupos. Como era de esperar, triunfó la del PP. Los populares rechazaron todas las críticas relativas a sus prisas por zanjar la investigación, que, de acuerdo con su plan de trabajo, se limitará a cuatro días de comparecencias, unas horas para estudiar la documentación antes de iniciar el desfile de comparecientes y, después, apenas 20 horas para elaborar las conclusiones. Menos de cinco días en total para tratar de esclarecer las causas de un accidente que causó 43 víctimas mortales. Esas condiciones no impidieron al portavoz del PP, Serafín Castellano, calificar el plan de trabajo de "riguroso", "exhaustivo", "serio", "amplio", "ambicioso" y "potente".

El PP no modificó su calendario de cinco días y sólo aceptó incluir cinco comparecencias y 16 solicitudes de documentación no previstas en su propio plan de trabajo. A los 27 nombres que preveía el PP se sumarán el director general de Transportes, José Vicente Dómine; el director general de Interior, Luis Ibáñez; el jefe del servicio de seguridad de Metro Valencia, Arturo Roches, y el jefe de Bomberos de Valencia, Julián Rodríguez, propuestos por el PSPV-PSOE, y el director general del Centro de Ingeniería Económica (Ineco) de la Universidad Politécnica de Valencia, Antonio Monfort, propuesto por Esquerra Unida-L'Entesa.

El PP no aceptó llamar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a quien reclamaban los dos grupos de la oposición, ni al ex presidente Eduardo Zaplana, al que llamaba EU-L'Entesa. También rechazó la presencia de responsables de seguridad y técnicos de otras compañías de metro de ciudades españolas y extranjeras. Así, sólo comparecerán responsables de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia valenciano ya ha anunciado que en el momento procesal oportuno solicitará a la juez que instruye el caso que el informe pericial sobre la seguridad del metro de Valencia no lo realice la propia compañía, sino peritos de otra empresa distinta. Además, la fiscalía llamará a expertos de la Universidad de Alcalá de Henares, debido a que la Universidad Politécnica de Valencia tiene un convenio de formación con FGV. El PP sí llamará a expertos de este último centro.

Por lo que respecta a la documentación, el PP aceptó añadir, entre otras peticiones del PSPV, la de las actas de las revisiones realizadas entre 2005 y 2006 a los vagones siniestrados, el libro de itinerarios y el de contramaestre, donde constan las reparaciones y el mantenimiento. Entre las solicitudes de EU-L'Entesa, el PP aceptó pedir el informe del Ministerio de Fomento de 2000-2002 sobre siniestralidad de las redes ferroviarias autonómicas, pero rechazó solicitar los mismos informes de 2003, 2004 y 2005.

Ante las críticas por la prisa del PP para zanjar la investigación, el secretario general del PP, Ángel Acebes, aseguró que la Generalitat está actuando "con total transparencia".

156. UN SENADOR DEL PP CRITICA A LA PROTEGIDA DE ZAPLANA, PRESIDENTA DEL PP DE BENIDORM (26/07/06)

El senador del Partido Popular Miguel Barceló respondió a las declaraciones realizadas por la presidenta del PP de Benidorm y consellera de Cooperación, Gema Amor, en las que se refería a la familia Barceló, según el senador, con declaraciones “en un tono peyorativo”. Barceló se refiere a que “alguien osadamente se ha referido a clan Barceló”, expresión que ha disgustado al senador. Por ello, el popular matizó que su “familia es una composición basada en intereses insustanciales, el interés en servir a la sociedad”, afirma, y señaló que no es el “equivalente a ninguna mafia, porque no disfruta de prebendas de la administración, ni debe su posición a padrinos”, acusa el senador, en referencia a la relación política entre Zaplana y la consellera. “A mi familia no se le conocen conflictos de intereses bastardos ni problemas judiciales”, dice.

La disputa entre Amor y Barceló hay que entenderla en el contexto de la lucha intestina en el PP de Benidorm. Amor, con el apoyo de Zaplana, disputó y ganó la presidencia de su partido en la ciudad a una de las hijas de Barceló -otra está casada con el ex presidente de la Generalitat-. Además, el senador ha protagonizado en los últimos tiempos un acercamiento al sector campsista de Alicante, consiguiendo un puesto como vocal dentro del comité electoral regional, órgano que deberá conciliar todas las sensibilidades internas, pero que ha sido objeto de críticas por el sector zaplanista ya que de la cuota alicantina, este senador es el más cercano al portavoz popular en el Congreso. En cuanto a la lucha por el control del partido en Benidorm, Barceló señala que se produjo una “confrontación de dos ideas de entender el ejercicio de la política”, y que mientras una [la de su hija] se basaba en la “igualdad de trato y el servicio a la sociedad”, otra, “la que ostenta desde febrero esta responsabilidad, se amparó en padrinazgos ajenos al sentir de la mayoría”.

157. UN DIRECTIVO DE RENFE VETADO POR EL PP DICE QUE EL ACCIDENTE SE HABRÍA EVITADO CON UNA BALIZA (26/07/06)

Una de las opiniones que no se podrá escuchar en la comisión de investigación de las Corts sobre el accidente del metro porque su testimonio, solicitado por el PSPV, fue vetado por los populares, abrió , en declaraciones a Levante-EMV, numerosos interrogantes sobre la gestión del servicio ferroviario en la Generalitat. El gerente de coordinación de personal de trenes de alta velocidad-larga distancia de Renfe, Vicente Miguel Ruiz, sostuvo que una baliza instalada antes de la curva o cualquier otro sistema de señalización de los que permiten el control y la regulación de la circulación del tren habría sido “suficiente en principio” para evitar que el trágico accidente se produjera.

Con todo, quiso dejar claro que para él la seguridad debe abordarse de forma “integral”, no confiada solo a la tecnología, ya que los sistemas “también fallan”, por lo que recalcó que el “factor humano”, la preparación de los profesionales del servicio, es muy importante. Miguel, quien entre 2001 y 2004 fue jefe de producción y seguridad en líneas de cercanías de Valencia y hasta febrero pasado director de producción de Cercanías para toda España, consideró que hubo una “negligencia clara” en los responsables de seguridad de FGV por la regulación del acceso a la función de maquinista.

El conductor de la Línea 1 era una persona muy valorada pero accedió a la conducción hace seis meses tras haber superado un curso de 224 horas y 14 prácticas. En contraposición, Vicente Miguel subrayó que en Renfe “difícilmente se accede a la conducción de un tren en menos de cinco años” tras un periodo en que se trabaja de ayudante de maquinista y posteriormente se puede manejar un convoy pero siempre bajo supervisión de un profesional. “Hay hasta quien ha tardado veinte años”, resaltó. Destacó que el decreto que prepara el Ministerio de Fomento exige 1.150 horas de formación para llevar un tren.
Pese a la relevancia de este factor, el técnico de Renfe afirmó que, por ejemplo, con el sistema de señalización instalado en una línea de cercanías de Renfe en Madrid, la C5 (entre Fuenlabrada y Móstoles), utilizada más bien como un metro por la frecuencia de paso de trenes -tal como sucede con la Línea 1-, “nunca se habría producido el accidente, ya que el tren está en todo momento monitorizado y hay un control directo e inmediato de la velocidad”. Este sistema, el LZB, se implantó, recuerda, “hace ocho o diez años, al rebajarse la frecuencia de trenes a menos de seis minutos”. El Frenado Automático Puntual (FAP) que tiene la Línea 1 es una tecnología más obsoleta.

158. CAMPS ARROPARÁ DE NUEVO A FABRA Y EVITA LA CENA DEL PP DE VALENCIA (27/07/06)

Los populares valencianos acaban el curso político con las espadas en alto. Los partidarios del sector zaplanista celebraron el pasado fin de semana su cena de verano en Terra Mítica y los afines al presidente, Francisco Camps, compartieron mesa y mantel anoche en el parque Aquopolis de Cullera. Camps, en un gesto de aparente equidistancia, evitó la cena del PP de Valencia y anunció su asistencia a la "cena-mitin" en Alquerías del Niño Perdido, donde arropará al presidente de la Diputación y del PP provincial, Carlos Fabra. Las cenas provinciales de los populares se han convertido en una exhibición de fuerza de los sectores campista y zaplanista del partido de cara al próximo curso político, de preparación de las elecciones municipales y autonómicas en la primavera de 2007. Si los afines al presidente provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, y al ex presidente Eduardo Zaplana reunieron a unas 3.000 personas en Terra Mítica el pasado fin de semana, los populares valencianos, encabezados por Alfonso Rus, confiaban en congregar en Cullera a no menos de un millar de partidarios.

El presidente regional, Francisco Camps, no acudió a Alicante y después de que se diera por hecho que asistiría a la cena veraniega de Cullera, ha optado finalmente por distanciarse de esta pugna interna. El acto de anoche, en ausencia de Camps, lo dirigió el presidente provincial, Alfonso Rus, acompañado de la secretaria general, Adela Pedrosa; el vicesecretario, Ricardo Costa; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá y el presidente de la Diputación, Fernando Giner, entre otros. También estaba prevista la asistencia de varios consejeros de la Generalitat, como es el caso de Rafael Blasco, responsable de Sanidad, o Milagrosa Martínez, de Turismo, entre otros.

Ni Alicante ni Valencia, pero sí Castellón. El presidente de los populares valencianos sólo participará en la "cena-mitin" del PP castellonense en Alquerías del Niño Perdido, donde arropará una vez más al presidente de la Diputación, Carlos Fabra, inmerso en una investigación judicial por supuestos delitos contra la administración pública y fraude fiscal. El año pasado, también en julio, Camps acudió a una cena en casa de Fabra en Les Platgetes de Bellver en medio de la polémica por la actuación judicial contra el presidente provincial, y evitó días después un acto de homenaje en Castellón. Fuentes del partido indicaron que la cena en Alquerías del Niño Perdido marcará el inicio del curso electoral, como fue el caso de otros actos similares en Teulada y Riba-roja. Sin embargo, en la agenda de los populares castellonenses no figura de momento otra cena veraniega. En el acto de Cullera, y desde un escenario preparado sobre una piscina del parque acuático, los líderes del PP de Valencia animaron a la militancia a trabajar para mantener el poder institucional en las próximas elecciones.

En septiembre, los populares encaran el proceso de elaboración de las listas electorales y las primeras chispas ya han saltado en Gandia. En una reunión celebrada el pasado lunes, la ejecutiva local del PP aprobó proponer como candidato a su portavoz municipal, Fernando Mut. Fuentes de la dirección regional advirtieron de que el proceso de listas "no está abierto". Y Alfonso Rus no pudo ser más claro en su réplica al paso dado por Mut y el PP de Gandia. "Como si se postula para fallera mayor", afirmó el dirigente. La ejecutiva de los populares valencianos recordó al respecto que en las localidades de más de 20.000 habitantes la competencia para elaborar las listas será de la dirección regional, que tomará la decisión.

159. HOTELES DE BENIDORM SUPERAN EL VOLUMEN EDIFICABLE CON PERMISO DE LA GENERALITAT (04/08/06)

El portavoz del PP en el Congreso y ex alcalde de Benidorm, Eduardo Zaplana, benefició a los hoteles de esa ciudad en su etapa como presidente de la Generalitat valenciana. Zaplana otorgó en 2001 a ese municipio bonificaciones urbanísticas a través de una modificación puntual del plan general que permitió a ciertos establecimientos turísticos exceder la edificabilidad prevista hasta en un 40%. A la medida, que se denominó premio hotelero, se acogió una quincena de hoteles con el compromiso verbal de aportar a cambio al Ayuntamiento unas compensaciones en solares que no se han producido.

Cuando Zaplana, que había llegado a la alcaldía de Benidorm gracias al voto de una tránsfuga, accedió a la Generalitat, quiso dar un impulso al sector turístico con iniciativas como el parque Terra Mítica. Desde la presidencia del Gobierno valenciano planteó a los empresarios agrupados en la patronal Hosbec la necesidad de renovar la planta hotelera para crear complejos de cuatro y cinco estrellas, reconvirtiendo los que tenían dos y tres. El proyecto fue acogido de forma entusiasta por los empresarios y por su sucesor en la alcaldía, Vicente Pérez Devesa. Algunos municipios como Benidorm o las localidades vecinas de La Vila Joiosa y L'Alfàs del Pi (en aquel momento gobernadas por la izquierda) se dejaron llevar por el ímpetu constructor hotelero e introdujeron apartados en los planeamientos que entonces redactaban para permitir que estas industrias tuvieran todas las facilidades.

Ante la escalada de bonificaciones que se estaban preparando y el temor a que el urbanismo hotelero se escapara de las manos con una carrera por ver qué municipio daba más, el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, José Ramón García Antón, suspendió las modificaciones que tanto La Vila Joiosa como Benidorm habían introducido en sus planes generales de ordenación urbana (PGOU), alegando un mismo motivo: la necesidad de elaborar un estudio por parte de la consejería y de la Agencia Valenciana de Turismo que tuviera en cuenta "las diferentes coyunturas de los municipios costeros de la provincia".

"Sólo de esta manera", añadía García Antón en una resolución del 14 de julio de 1999, "se conseguirá una normativa que de forma integral aborde la problemática que el uso hotelero presenta y plantee soluciones que sean acordes con los intereses generales que todo planteamiento urbanístico debe tender a satisfacer".

Por aquel entonces, el hotel Atrium Beach de La Vila Joiosa ya disponía de una primera licencia de construcción. En L'Alfàs del Pi, el Ayuntamiento aprobaba el proyecto del hotel Kaktus Albir, que no computaba parte de sus dependencias confiando en ese premio. También en Benidorm se construían nuevos hoteles y se reformaban algunos para la nueva etapa.

Fuentes del departamento de Urbanismo explican que el anterior alcalde, Vicente Pérez Devesa, llegó a plantear en 2005 una propuesta a la actual Consejería de Territorio para que los hoteleros compraran parcelas de Serra Gelada, un paraje del municipio, y las cedieran al parque natural. Cinco años después y con los hoteles a pleno funcionamiento, el municipio no ha obtenido los beneficios prometidos.

La patronal hotelera local, que se ha caracterizado durante los últimos años por su coincidencia con las políticas del Partido Popular en la Generalitat valenciana y culpa a los municipios vecinos de Benidorm de no haberse acogido al premio hotelero en el momento en el que era posible, desconoce que tenga que ceder solares a cambio de superar el exceso de volumetría en los hoteles y considera que su obligación acabó al garantizar una amplia oferta de plazas de aparcamiento.

Personas del entorno del actual portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, y altos dirigentes de su entorno en su etapa al frente de la Generalitat Valenciana han incurrido en infracciones urbanísticas en sus hoteles y se han visto beneficiados por los incrementos de volumen en las edificaciones a través del denominado premio hotelero.

Zaplana accedió a la Generalitat en 1995 después de ser alcalde de Benidorm. Del consistorio se llevó a Valencia a dos funcionarios municipales de relevancia: el ingeniero jefe, José Ramón García Antón, y el jefe de Turismo, Roc Gregori. Ambos serían, junto al primer teniente de alcalde, Vicente Pérez Devesa, al que dejó al frente del Ayuntamiento, quienes impulsarían la modificación del planeamiento para permitir mayores construcciones. El consejero de Obras Públicas, José Ramón García Antón, firmó la resolución definitiva, que había sido asesorada por la Agencia Valenciana de Turismo, dirigida por Gregori.

Varios cargos del PP de Benidorm tienen inversiones en hoteles. El suegro de Eduardo Zaplana, el senador Miguel Barceló, es propietario del hotel Les Dunes, en primera línea de playa, al que el consistorio abrió varios expedientes por infracciones urbanísticas, como colocar estructuras metálicas con techo sobre la planta baja en una superficie de 212 m².

El marido de la consejera de Cooperación, Gema Amor, es el dueño de los hoteles Gala Placidia, SA y Dinastic. Este último se acogió a las bonificaciones del Plan General de Ordenación Urbana sin haber establecido anteriormente las compensaciones, como exige la normativa. El ex subsecretario de Turismo, Roc Gregori, está emparentado con el propietario del hotel Victoria, uno de los beneficiados con las bonificaciones. El Ayuntamiento le abrió un expediente en junio de 2001 por una infracción de 682.500 euros. El primer teniente de alcalde, Salvador Moll, y su familia poseen dos hoteles, el Deloix y el Cimbel. El primero funciona con licencia en precario al acogerse a los beneficios permitidos por Zaplana. El hotel Cimbel, en primera línea de playa, tiene dos expedientes abiertos por los que el consistorio reclama 399.180 euros. Moll amplió el salón comedor cerrando 126 m² de dominio público evaluados en 756.000 euros.

La familia del ex alcalde Vicente Pérez Devesa también tiene intereses en el sector, con varias torres de apartamentos, y el edil que le relevó tras su muerte, el pasado mes de marzo, Manuel Pérez Fenoll, tiene participaciones en otro complejo residencial de la ciudad.

161. ZAPLANA ha disfrutado del yate de UN IMPORTANTE empresario. Ser SU amigo PARECE QUE ES UN negocio Perfecto, PARA LOS PROMOTORES INMOBILIARIOS (05/08/06)

El empresario ganador del concurso del puerto de Palma de Mallorca, Perfecto Palacio, es coincidencialmente amigo del portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana. El político del PP ha disfrutado del yate Ubi Bene, propiedad del empresario, en reiteradas ocasiones. Pero no sólo Zaplana ha disfrutado del yate de Perfecto Palacio. También el ex presidente del Gobierno José María Aznar. El yate es propiedad del empresario Palacio, presidente de Servicios Técnicos Portuarios S.L, la unión temporal de empresas (UTE) que el pasado miércoles recibió de la Autoritat Portuària de Balears la concesión para gestionar 55.039 m² de explanada, 26.039 de espejo de agua y los amarres de las embarcaciones en reparación del puerto de Palma.

Perfecto acostumbra a ceder a Zaplana el timón del Ubi Bene. Así ocurrió en agosto de 2004, cuando el portavoz del PP salió a alta mar desde el puerto de Campomanes, en Altea. Siempre a la caña, estuvo acompañado de su esposa, una consellera del Gobierno de Francisco Camps y dos parejas más. La semana anterior a la travesía relatada pasó unos días sobre la cubierta del mismo yate, pero esta vez en aguas ibicencas. En agosto de 2005 el Ubi Bene cobijó a otros huéspedes no menos distinguidos. José María Aznar y Ana Botella se dejaron retratar sentados sobre el trampolín de popa.

Además testigos presenciales aseguran haber visto el verano pasado a Zaplana a bordo de un yate del polémico promotor urbanístico Francisco Hernando Contreras, más conocido como Paco el Pocero, protagonista del pelotazo urbanístico de Seseña. Fuentes del PP descartan que Zaplana estuviera en ese barco, aunque reconocieron que su portavoz parlamentario navega por Baleares en otra embarcación, probablemente la del empresario Francisco Pérez, conocido como Paco el Gasofa, propietario de varias gasolineras y presidente del PP de Benidorm hasta hace un año por designación directa de Eduardo Zaplana.

162. EL PP CIERRA LA COMISIÓN SIN ADMITIR NINGÚN FALLO EN EL ACCIDENTE DEL METRO DE VALENCIA, ANTE LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS(05/08/06)

Mala suerte. El accidente de la línea de metro de Valencia que el 3 de julio se cobró 43 vidas sólo fue eso, mala suerte. El PP ha cerrado la comisión de investigación sobre el siniestro creada en las Cortes Valencianas sin admitir ningún fallo y rechazando cualquier responsabilidad política. La comisión, marcada por las prisas y los vetos, aprobó el dictamen del PP y rechazó los de los grupos de la oposición, claramente opuestos. Según el grupo mayoritario, el accidente no era ni previsible ni evitable, y su única causa fue el exceso de velocidad del tren.

Una simple baliza de frenado -que cuesta unos 3.000 euros- colocada antes de la curva del túnel de la línea 1 habría impedido el accidente del metro de Valencia y habría salvado 43 vidas. Así lo han asegurado diversos expertos que han comparecido ante la comisión de investigación y así parece reconocerlo el Generalitat del PP, que ha anunciado la próxima instalación de balizas en la línea, incluida una en la fatídica curva. Y así lo afirmó Joan Antoni Oltra, de EU.

Pero el PP se hace el ofendido. Su portavoz, Serafín Castellano, adoptó un tono solemne y dijo que sostener que han muerto 43 personas "por no haber invertido 3.000 euros en una baliza es una irresponsabilidad y una bajeza intolerable".

Como quiera que Castellano había repetido el mensaje de que el PP ha afrontado la comisión de investigación con "rigor" y "seriedad" y que no ha vetado a nadie, mientras que la oposición no ha querido "dar carta de naturaleza" a la comisión, el socialista Andrés Perelló le replicó: "Seriedad no es poner permanentemente cara de cartón, hacerse el ofendido y carecer por completo de sentido común". Y añadió: "He conocido casos de estafadores, narcotraficantes y algún que otro criminal que se vestía de Armani con cuello blanco y eran muy serios". Los portavoces de la oposición acusaron al PP de actuar para "salvar" al presidente de la Generalitat, Francisco Camps."Ustedes tropezarán con su responsabilidad en una urna". El portavoz socialista Andrés Perelló culminó con estas palabras, dirigidas a los bancos populares, su última intervención en la comisión de investigación sobre el accidente del metro de Valencia, la más corta de la historia de las Cortes Valencianas, con apenas cinco días de duración, que ha tratado de aclarar las causas del siniestro más grave de metro en España y el cuarto en el mundo. "

El PP ha zanjado la supuesta investigación sin admitir el más mínimo error o fallo, sin reconocer ninguna responsabilidad política y acusando a los grupos de la oposición de tratar de imponer sus "ideas preconcebidas" sobre las causas del accidente. Todo ello después de haber impuesto un calendario imposible, sin tiempo para estudiar la documentación y con apenas 24 horas para elaborar el dictamen de conclusiones, y después de haber vetado, gracias a su mayoría absoluta, que comparecieran técnicos y expertos independientes propuestos por la oposición y que llegaran a la comisión relevantes documentos internos de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Y después de no haber modificado ni un ápice su "verdad oficial" sobre el accidente: este no era ni previsible ni evitable, su única causa fue el exceso de velocidad del tren y el único culpable, el maquinista, que falleció en el túnel de la línea 1, que es segura. Cuestión de "mala suerte", como dijo el consejero de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón.

El portavoz del PP, Serafín Castellano, criticó duramente a los grupos de la oposición por convertir sus propuestas de dictamen en un "ataque político y un instrumento de crítica" al PP y al Consell y aseguró que "sólo les interesa la utilización política, que dimita medio mundo, el insulto y la descalificación", por lo que "deben pedir disculpas". El dictamen del PP será debatido y votado en el pleno de las Cortes Valencianas previsto para el próximo viernes, en el que los grupos de la oposición mantendrán sus propias conclusiones como voto particular.

Todo ello, con pese a la presencia en la tribuna de invitados de las Cortes Valencianas de familiares de los fallecidos en el accidente que el 3 de julio se cobró 43 vidas en el metro de Valencia no condicionó al PP ni al Consell. Ante la indignación de los afectados que asistieron al pleno en el que se votó el dictamen de la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente, los populares mantuvieron sus conclusiones exculpatorias y reiteraron que el siniestro no era previsible ni evitable, que su única causa fue el exceso de velocidad, que el único culpable fue el maquinista y, en definitiva, que fue "mala suerte", por lo que rechazaron que exista responsabilidad política.

163. EL JUEZ SE BASA EN LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA PARA ABSOLVER A LOS IMPLICADOS EN LA PELEA DEL PP DE ELCHE (06/08/06)

La bronca entre los militantes del PP de Elche ha quedado en nada en los tribunales. Tras doce horas de juicio y cuatro suspensiones, un juzgado ilicitano ha absuelto de todos los cargos a los militantes del PP que se denunciaron entre sí por la trifulca ocurrida el 21 de noviembre de 2004 en la asamblea para elegir a compromisarios para el congreso provincial del partido. El juez hace valer la presunción de inocencia para todos los acusados y considera que no se ha podido probar, a pesar de la existencia de varios vídeos con las imágenes de la pelea, y de los numerosos testigos que comparecieron, los delitos que se imputan a unos u otros. Entre los acusados estaba el ex subdelegado del Consell en Elche, Manuel Ortuño, la diputada nacional Enriqueta Seller, el secretario de Organización regional Enrique Crespo, el miembro de la dirección provincial José Alberto Martínez o la concejala ilicitana Rosa Campello. El origen de la pelea fue la concurrencia de dos listas de compromisarios, una campista liderada por Ortuño y otra zaplanista encabezada por la entonces portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, Josefa Martín.

Unos y otros se acusaron de haber manipulado los censos de militantes para ganar las votaciones. En la sentencia, el magistrado reconoce que Enrique Crespo tenía competencias para suspender la votación, tal y como en el transcurso del juicio dijo José María Arribas, miembro de la dirección nacional del PP. De esta manera la sentencia reconoce que los campistas tenían razón al suspender la votación, en contra de las órdenes que durante toda la noche estuvo dando la dirección provincial de Alicante, afín a Zaplana, para que se siguiera votando. El tumulto acabó con las urnas requisadas por la policía.

164. GRAVES INCIDENTES EN LA LECTURA DEL PREGÓN DE ZAPLANA EN ALICANTE (10/08/06)

Varios agentes de la Agrupación Rural de Seguridad (ARS) de la Guardia Civil ha tenido que intervenir esta noche en Callosa de Segura para evitar que varios vecinos agredieran a unos 25 manifestantes que protestaban contra la elección de Eduardo Zaplana como pregonero de las fiestas locales

Los hechos ocurrieron a las 22.15 horas, cuando los manifestantes, en su mayoría jóvenes, se concentraron a las puertas del parque José Gilabert Roselló, que iba a ser inaugurado por el portavoz del PP en el Congreso, coincidiendo con el pregón de las fiestas de Moros y Cristianos de este municipio alicantino.

Aunque no les fue permitido el acceso, los manifestantes se apostaron a la entrada del parque provistos de silbatos y una pancarta en la que podía leerse "Por un pregonero callosino, por un pregonero digno", al tiempo que proferían gritos como "Sí al pregón, no a Zaplana, no al fascismo".

En esos momentos, al escuchar los pitos y las consignas, los vecinos que seguían el pregón comenzaron a abuchearles y media docena de otros vecinos salió del recinto, y se abalanzó contra los concentrados para intentar quitarles la pancarta y, en algunos casos, agredirles, lo que obligó a la Policía Local a reducirles.

Ante el cariz que adquiría el tumulto, la Guardia Civil desplegó en el lugar a unos doce agentes de la ARS, que alejaron del parque a los manifestantes hasta otra calle para evitar mayores incidentes, donde permanecieron protestando durante un cuarto de hora hasta que se disolvieron voluntariamente.

Uno de los manifestantes aseguró al término de la protesta que la Subdelegación del Gobierno en Alicante estaba informada de la misma. "Somos todos vecinos de Callosa y protestábamos porque en cuatro años que lleva de gobierno el PP en la localidad, tres de los pregoneros han sido altos cargos de este partido aunque no tenían nada que ver con el municipio y no le han aportado nada", argumentó.

"Si un día, que será pronto, Zaplana es condenado, manchará el nombre del pueblo", ha dicho este joven, quien ha rechazado facilitar su nombre. Sobre los incidentes registrados, ha declarado que los actos de "violencia" no habían partido de los manifestantes, sino que, por el contrario, se había "demostrado la actitud fascista de los que estaban dentro”

165. ZAPLANA ELEVA LA TENSIÓN CON CAMPS AL OPTAR EN GANDIA POR UN CANDIDATO (11/08/06)

La guerra de las cenas que se libra en el seno del Partido Popular valenciano tuvo anoche un nuevo episodio. El portavoz popular en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, asistió a una organizada en Gandia para respaldar la candidatura del presidente local, Fernando Mut, a las elecciones municipales del próximo año. El sector del partido afín al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por su parte, lleva meses apostando por cambiar a Mut por Arturo Torró. A pesar de ello, el vicesecretario del PP valenciano, Ricardo Costa, negó que Zaplana mantenga un pulso con los campistas en la población.

Fernando Mut estaba satisfecho por el éxito de la convocatoria. El peso pesado era Zaplana, pero a la cena del Hotel Bayrén I asistieron también el presidente de las Cortes valencianas, Julio de España; la consejera Gema Amor, una veintena de diputados autonómicos y nacionales y militantes hasta alcanzar los 500 invitados. El sector crítico del PP en Gandia, leal al presidente de la Generalitat, se limitó a señalar que si el objetivo de la cena era "crear tensión, entonces es negativa, porque perjudica al partido". La aparición pública de Zaplana en un acto tan al norte como Gandia no es un hecho habitual. El portavoz en el Congreso y ex presidente de la Generalitat tiene su feudo en Alicante, cuyos municipios han vivido los mayores enfrentamientos entre sus partidarios y los de Camps. En Elche, hace un par de años, los afiliados llegaron a las manos.

Estas cenas se interpretan como una maniobra con vistas a la confección de las listas para los comicios municipales y autonómicos del próximo año. Los campistas de Gandia alimentaron la idea de que tanto el acto de como la proclamación, unos días antes, de Mut como candidato a la alcaldía por parte de la Ejecutiva local había provocado malestar no sólo en la dirección regional, sino también en la calle Génova.

La dirección nacional del PP estableció que la designación de los candidatos debía esperar hasta septiembre. El entorno de Mut rechazó esa interpretación; "si Madrid no hubiera querido que se celebrara la cena, nosotros no la hubiéramos hecho".

Las figuras más representativas del campismo no hablaron. El vicesecretario del partido, Ricardo Costa, aseguró que la dirección regional no interpreta la cena como "un pulso", informa Rosa Biot. La opinión de los campistas es conocida. Cuando el PP presentó a Mut a la alcaldía de Gandia, el presidente provincial de Valencia, Alfonso Rus declaró: "Como si se postula para fallera mayor".

Por otra parte, el pregón dado por Zaplana en Callosa del Segura (Alicante) el miércoles acabó en un enfrentamiento entre vecinos que le apoyaban y quienes rechazaban su presencia. La Guardia Civil tuvo que intervenir.

166. CRÍTICAS A UNA EDIL DE VALENCIA (PP) POR CULPAR A LOS EXTRANJEROS DE LA BASURA EN LA CALLE (12/08/06)

La concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valencia, María Jesús Puchalt, hizo suyas en una nota municipal las declaraciones del responsable en la misma materia de la Federación de Vecinos, José Antonio Barba, en las que culpaba a los inmigrantes de la basura depositada en la calle fuera de los contenedores. Ambas actitudes han sido tachadas de "xenófobas" por diferentes asociaones. Así, tanto la Mesa d'Entitats de Solidaritat amb els Inmigrants y el Foro Alternativo de la Inmigración, en un comunicado conjuto, como la Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana se han echo eco con duras palabras de la interpretación municipal sobre la acumulación de los residuos.

"Ante las afirmaciones de tinte racista y xenófobo (...) exigimos una rectificación de las declaraciones llevadas a cabo por José Antonio Barba (...) y por parte del Ayuntamiento de Valencia por otorgales respaldo", asegura la nota de las dos asociaciones dedicadas a la integración de los inmigrantes, en la que también muestran su "rechazo a cualquier estrategia malintencionada de desviar la atención de la opinión pública ante la deficiente política municipal en la recogida de la basura".

Es más, aseguran que el cambio en la concesión de las empresas que recogen la basura ha traído consigo la disminución de personal de limpieza "creando con ello un problema laboral -menos personas trabajando- y de salud". Por ello, se lamentan de que las "consecuencias de la falta de eficiencia municipal recaigan en uno de los sectores más desfavorecidos de la población, fácil blanco de todos los problemas". Y concluyen: "A eso se le puede llamar xenofobia".

Rumiñahui, por su parte, critica que Puchalt respalde la "actitud xenófoba y racista" de Barba. "Como ya se hace costumbre en las filas del PP, sean en Valencia o en toda España, la culpa de todos los problemas que sufre la comunidad la tienen las personas de origen extranjero; si no es la inseguridad ciudadana, es el ruido, la masificación en las oficinas públicas, el deterioro sanitario, la concentración en las escuelas e, incluso, el terrorismo", asegura el colectivo en su nota. Y opina que el problema de la basura "no es un asunto de extranjeros, sino de capacidad en la gestión".

La asociación de inmigrantes exige a "la primera autoridad del Ayuntamiento de Valencia, Rita Barberá, que se manifieste públicamente sobre unas lamentables acusaciones hechas por una de sus concejalas", y que "pida disculpas a un colectivo que en su gran mayoría tiene como meta trabajar y aportar al erario público y municipal". En cuanto a Puchalt y Barba, les exigen que "se retracten de estas insidiosas manifestaciones que lo único que hace es crear conflicto entre la comunidad"

167. EL FISCAL ACUSA AL ALCALDE DE ALICANTE Y DOS EDILES DEL PP DE TRATO DE FAVOR A UN PROMOTOR (22/08/06)

La Fiscalía Anticorrupción de Alicante acusa al alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, del PP, dos ediles de su equipo de gobierno (Sonia Castedo y Luis Concepción), un técnico municipal y a la promotora Ortiz e Hijos de cinco supuestos delitos, entre ellos tráfico de influencias, en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos a la firma del empresario local Enrique Ortiz. En su escrito, que remitió al juzgado, el ministerio público concluye que la modificación de las condiciones iniciales del contrato ha causado al Ayuntamiento un quebranto económico de al menos 2.268.060 euros.

El fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, remitió al juzgado el escrito de conclusiones de las diligencias practicadas acerca de un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos al promotor local Enrique Ortiz. Briones abrió la investigación el pasado mes de febrero a raíz de una denuncia presentada en la Fiscalía por un grupo de vecinos.

En su escrito, el fiscal pide al juez que abra una investigación al considerar que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Inicialmente, los denunciados son: Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante; Sonia Castedo, concejal de Urbanismo; Luis Concepción, concejal de Seguridad Ciudadana; Antonio Escobedo Moya, jefe del departamento técnico de Tráfico y Planificación Viaria del Consistorio; y el representante legal de la empresa Ortiz e Hijos Contratista de Obras, SA.

Los trabajos de los tres aparcamientos, situados en las calles Catedrático Soler, Hermanos López Osaba y Avenida Padre, fueron adjudicados inicialmente al promotor en 2003 por un total de 14,8 millones y por un período de explotación de 40 años. Más adelante, el promotor presentó una propuesta que modificaba al alza las condiciones del contrato, tanto en el apartado del presupuesto, que elevaba hasta los 17,8 millones, como del plazo de la concesión, que aumentaba en siete años y diez meses.

Los técnicos de área de Urbanismo informaron en contra de la modificación. Ante la negativa de los funcionarios de ese departamento municipal, Díaz Alperi trasladó el expediente al negociado de Tráfico. En febrero de 2005, un técnico de ese departamento emitió un informe favorable a la modificación planteada por el empresario. Un mes más tarde, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó el cambio.

La denuncia del fiscal remitida al juzgado dice textualmente: "Ante la solicitud por la adjudicataria de la modificación del contrato suscrito con el Ayuntamiento de Alicante y su sucesiva denegación por las instancias competentes, existió un concierto previo entre el alcalde-presidente del Ayuntamiento, la concejal delegada de Urbanismo y el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes con la exclusiva intención de conferir al adjudicatario mejoras respecto al contrato inicial, para lo cual se decidió dejar sin resolver la denegación de propuestas por los técnicos, sustituir el órgano gestor y la dirección facultativa del contrato hasta entonces competentes y designar como órgano a la Concejalía de Tráfico y como director facultativo a un técnico de la misma concejalía".

El ministerio público sostiene, además, que en cumplimiento de órdenes verbales de su concejal [Luis Concepción], el nuevo director facultativo emitió un informe favorable que, "cotejado con la documentación aportada, incurre en graves contradicciones e irregularidades, falseando el presupuesto de ejecución de la contrata de obras fijado en el pleno del 17 de enero de 2003, proponiendo sin justificación alguna la rectificación de un error de cálculo y tres 'necesidades nuevas' por razones de interés público y el aumento del plazo de explotación inicialmente pactado (40 años) en 7 años y 10 meses", recoge el escrito del fiscal.

La modificación del contrato fue ratificada por la Junta de Gobierno en sendas reuniones del 14 de marzo y 4 de julio de 2005. El fiscal subraya que la junta dio luz verde al nuevo contrato reduciendo el sobrecoste, porque la cuantía final de las obras excedía en un 20% el presupuesto inicial de ejecución aprobado por el pleno. Este extremo requería un dictamen previo del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana. El fiscal sostiene que "10 meses del plazo de ampliación fueron aprobados sin justificación".

Para Briones, el quebranto económico para el Ayuntamiento, sólo en concepto de la amortización anual durante los siete años y diez meses de ampliación, es de 2.268.060,28 euros. Y, por último, el ministerio público asegura que la empresa no ejecutó la modificación aprobada en relación a la estructura perimetral del estacionamiento de la calle Hermanos López de Osaba, "beneficiándose económicamente de ello".

168. LA GUARDIA CIVIL IMPLICA A DOS EDILES DEL PP EN LAS TORTURAS A DETENIDOS EN TORREVIEJA (25/08/06)

La Guardía Civil ha ampliado la acusación en el caso de las supuestas torturas de agentes de la Policía Local de Torrevieja a detenidos a dos concejales del equipo de gobierno local, en manos del PP con mayoría absoluta. Los agentes interrogaron en la tarde de al edil de Sanidad, Hipólito Caro, y al de Seguridad y Tráfico, Pedro Valero. La investigación policial acusa al primero de falsear partes de lesiones a arrestados. La juez tomó declaración a otros dos agentes. Los seis policías locales imputados hasta ahora han sido suspendidos de sus funciones.

El responsable de Sanidad del Ayuntamiento de Torrevieja, Hipólito Caro, acudió al cuartel de la Guardia Civil en compañía de su abogado. Tras la declaración de Caro, la Guardia Civil interrogó al edil de Seguridad, Pedro Valero, que también compareció con abogado. Tras tomarles declaración, la Guardia Civil aprecia que los concejales participaron en los hechos, por lo que acordó su puesta a disposición judicial como imputados. Hipólito Caro, médico de profesión, compagina el cargo público con su actividad laboral. Hasta hace dos meses, el edil era el responsable de un centro de salud y, recientemente, ha sido designado por la Generalitat valenciana director del Área de Salud 22, que engloba a Torrevieja y seis poblaciones vecinas. Pese a no tener la exclusividad, Caro percibe 2.000 €/mes por el cargo. La investigación policial considera que Caro, como director del centro de salud, "amañó" partes de lesiones de arrestados por la Policía Local, entre ellos, un inmigrante centroamericano que fue herido en su detención por los agentes. El responsable de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Pedro Valero, goza de dedicación exclusiva, con un sueldo de 2.790 €/mes. Valero ha habilitado su despacho oficial en las dependencias de la Policía Local.

La juez que dirige la investigación, la magistrada Juana López, tomó declaración, como denunciados, a dos nuevos agentes. En total, son ya seis los policías locales imputados en la causa. El fiscal ha pedido prisión para los seis agentes, pero la juez no lo ha aceptado, los ha dejado en libertad con cargos y los ha suspendido de sus funciones. La juez instructora seguirá en los próximos días interrogando a nuevos agentes, hasta un total de 14.

La espoleta que encendió la alarma se activó el pasado año. En una persecución policial, un delincuente fue abatido a tiros en el municipio murciano de Cieza cuando circulaba en un turismo con otros dos malhechores. Éstos lograron burlar el control policial y huyeron. Sin embargo, los fugados fueron arrestados por agentes de la Policía Local en Torrevieja. En su declaración ante la juez, los apresados denunciaron malos tratos por parte de la Policía Local.

Este episodio, sumado a la existencia de múltiples denuncias anteriores por agresión a otros detenidos, que nunca llegaron a prosperar judicialmente por falta de pruebas, llevó a la juez decana, Juana López, a ordenar la apertura de una investigación. En paralelo, la Dirección General de la Guardia Civil acordó el envió a Torrevieja de un destacamento de Policía Judicial para investigar en exclusiva las supuestas ilegalidades cometidas por la Policía Local.

El último caso de maltrato a un detenido se destapó en junio, cuando un ciudadano guatemalteco sufrió la rotura de tres costillas, hundimiento de los pómulos y la extirpación del bazo a causa, presuntamente, de una paliza.

Fuentes judiciales corroboran que dos de los imputados, dos hermanos del jefe de la Policía Local, Alejandro Morer, han protagonizado otros episodios de agresiones a detenidos. se presentó a las puertas del juzgado un hombre, Manuel Ferrandis, que mostró fotos en las que aparece con signos de violencia, provocados, según él, por la Policía Local de Torrevieja. Morer presentó su dismisión al alcalde, Pedro Ángel Mateo, que no la aceptó por considerar que el asunto no es de "gravedad". El primer edil [imputado por la Fiscalía Anticorrupción por una millonaria plusvalía en la compraventa de una finca] dijo no entender el "alboroto que se ha montado".

169. EL ALCALDE DE ORIHUELA (PP) ADMITE A LA JUEZ QUE USA BIENES DE CONSTRUCTORES (30/08/06)

El alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, admitió ante la juez que usa bienes propiedad de un promotor adjudicatario de programas urbanísticos. El regidor declaró como imputado por un delito contra la ordenación del territorio derivado de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. Medina reconoció que vive de alquiler [con contrato verbal] en un chalé y conduce un Rolls Royce del contratista. La comparecencia del primer oriolano ante la magistrada Lidia María Paloma Montaño es el inicio de la investigación por la denuncia del fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, por ilegalidades urbanísticas y contables en el Consistorio.

Briones centró su interrogatorio en el uso por parte del alcalde de bienes propiedad de promotores beneficiados con adjudicaciones de programas urbanísticos, según el fiscal, en suelo no urbanizable y protegido. El alcalde tiene un Audi A-8, que acabó de pagar después de que fiscal abriera las diligencias. Medina compró el coche en un concesionario, propiedad del promotor Francisco Marcos. Además, el regidor usa un Rolls Royce, modelo Bentley, y vive en un lujoso chalé en la costa oriolana, propiedad del promotor Joaquín Grau Pomares.

Medina vive en el chalé desde 2004, según él, en régimen de alquiler y con opción de compra. Cuando el fiscal le interrogó sobre la naturaleza de los contratos, Medina declaró: "Son verbales y abono 100.000 pesetas mensuales [600 euros] por transferencia bancaria, por el alquiler, en el que se incluyen todos los gastos, como luz, agua, etc. El plazo de la opción de compra es de cinco años, el máximo de alquiler. El precio de la opción es de entre 300.000 y 360.000 euros a día de hoy, aunque hemos acordado que se fijará en su día según el valor del mercado". El alcalde admitió que reside en la casa los fines de semanas. "Aunque tengo intención de irme a vivir allí cuando abandone la actividad política", precisó.

A la pregunta del fiscal sobre desde cuándo tiene a su disposición el Rolls Royce, el alcalde respondió: "No lo tengo a mi disposición. Sólo lo he usado en alguna ocasión [para un evento importante como una boda, en su respuesta a la juez sobre la misma cuestión]". Sobre el Audi A-8, el alcalde dijo que dispone de vehículo desde finales de 2003, y que acabó de pagarlo en octubre de 2005 .

El interrogatorio de la juez giró en torno a las adjudicaciones de planes urbanísticos del Consistorio de Orihuela. La magistrada preguntó si las actuaciones afectaban a suelo no urbanizable y protegido. "Afectan a suelo no urbanizable, pero no a suelo protegido", recalcó Medina. La magistrada inquirió al alcalde si era conocedor de que para aprobar planes urbanísticos en suelo no urbanizable es necesario modificar el Plan General de Ordenación Urbano (PGOU), y por qué no se hizo así, y optó por la fórmula del plan parcial. Medina dijo que los técnicos municipales le indicaron que tenía que hacerse así, y "no era necesario una modificación del PGOU". Tras el interrogatorio, la magistrada mantuvo la imputación a Medina y le emplazó a que en 10 días aporte el PGOU y los planos que indican qué terreno tiene la clasificación de suelo urbanizable.

170. CAMPS ABRE EL CURSO POLÍTICO RODEADO DE CARGOS DEL PP IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN (31/08/06)

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, del PP, abrió el curso político con un almuerzo en Torrevieja rodeado de alcaldes y concejales de esa formación imputados o denunciados por supuesta corrupción. Camps compartió mesa y mantel con los alcaldes de Torrevieja y Orihuela, Pedro Hernández Mateo y José Manuel Medina, investigados por delitos urbanísticos, y los ediles de Sanidad y Seguridad del primer municipio. Éstos llegaron al restaurante desde el juzgado, tras declarar como imputados por las supuestas torturas de la Policía Local.

El respaldo público de Camps a los cargos del PP inmersos en investigaciones judiciales se produjo en el marco de la tradicional comida de apertura de curso con su homólogo de Murcia, Ramón Luis Valcárcel. Al ágape le precedió un acto institucional entre ambos presidentes en San Pedro del Pinatar (Murcia), en el que reiteraron sus quejas por el abandono en que, según ellos, el Gobierno ha sumido a sus dos comunidades en materia de agua e inmigración.

En ese escenario, Camps opinó sobre los dos últimos episodios judiciales que afectan su partido. Sobre el caso de las torturas de policías de Torrevieja a arrestados se limitó a expresar su "confianza" en la Justicia. Pero sobre la imputación del alcalde de Orihuela por uso de bienes de promotores a los que adjudicó programas urbanísticos, dio un paso adelante: "Tomaré la decisión que habrá que tomar y seguro que coincide con lo que ustedes [los periodistas] piensan", aseguró.

El escenario del almuerzo fue el restaurante con vistas al mar del hotel Masa Internacional, propiedad del promotor Justo Quesada, uno de los responsables de la tremenda expansión urbanística de Torrevieja en los ochenta. Entre el centenar de invitados (alcaldes y concejales del PP del sur de Alicante y norte de Murcia) destacaron el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, imputado por un delito urbanístico; los concejales de Alicante Sonia Castedo y Luis Concepción, denunciados por la Fiscalía Anticorrupción junto al alcalde, Luis Díaz Alperi, por supuestos favores al promotor Enrique Ortiz; y los ediles de Sanidad y Seguridad del PP de Torrevieja, Hipólito Caro y Pedro Valero, imputados en el caso de las torturas a detenidos por parte de la Policía Local, en la que también están implicados 12 agentes.

Estos últimos llegaron al restaurante una hora después de salir del Palacio de Justicia de Torrevieja, donde declararon por espacio de dos horas ante la titular del juzgado de Instrucción número 2, Juana López, que los mantuvo como imputados tras su comparecencia, según fuentes judiciales. La Guardia Civil considera que Caro, médico de profesión, falseó partes médicos de agentes con la intención de alterar pruebas, según fuentes policiales.

El edil de Seguridad y Tráfico, Pedro Valero, responsable político de la Policía Local, tiene su despacho en las dependencias del cuerpo. A su salida del juzgado, el concejal aseguró que desconocía la existencia de los supuestos malos tratos de los agentes y que sólo supo de ellos a través de la prensa. "Todo se debe a un error", aseguró.

Entre concejales y policías son ya 14 los imputados que han pasado por el despacho de la juez, que investiga los presuntos delitos de lesiones, omisión del deber de denunciar delitos, falsedad documental y contra la administración pública.

171. FABRA REPRENDE AL ALCALDE DE BURRIANA POR SU GESTIÓN EN MATERIA URBANÍSTICA (01/09/06)

El presidente provincial del PP, Carlos Fabra, asestó un severa reprimenda al alcalde de Burriana, Alfonso Ferrada, por la crisis que sus actuaciones ha provocado en el seno del grupo municipal popular, que gobierna en el consistorio por mayoría, limitada a una diferencia de un concejal. Las alternativas planteadas para urbanizar los 700.000 metros cuadrados del PAI Pedrera-Port están en el trasfondo de la polémica.

El malestar que Ferrada ha creado en su grupo, entre vecinos afectados por desarrollos urbanísticos e, incluso, entre promotores y constructores, vivió una de las etapas reina en la carrera que el PP se ha marcado hasta las próximas elecciones municipales.

Ante todos los miembros del grupo popular, Fabra reprendió la actitud del alcalde que, según fuentes del partido, admitió la comisión de "algunos errores". El PP trató de cerrar filas y el protagonista central optó por el hermetismo sobre los temas tratados en la reunión del grupo municipal.

Incluso la única edil que públicamente ha manifestado su oposición a algunas de las actuaciones que Ferrada ha adoptado para el municipio, Mariola Agruilera, optó por el silencio después de haber protagonizado un acto de "desplante" a su alcalde, tras abandonar una reunión de la comisión de gobierno.

En cualquier caso, fuentes del Partido Popular indicaron que Alfonso Ferrada aceptó "revisar" uno de los programas de desarrollo urbanístico que más polémica ha desatado, como es el de Pedrera Port.

Sin embargo, el máximo responsable del municipio, siguió defendiendo su intención de contratar a uno de los técnicos que redactaron este programa como responsable de la redacción del documento de concierto previo a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.

En cualquier caso, supeditó la contratación al informe que ha de realizar la secretaría municipal sobre la compatibilidad del arquitecto ante la coincidencia como redactor de un PAI que debe de ajustarse a lo que exija el PGOU para salir adelante,

La intención de Carlos Fabra, interesado en zanjar la crisis del PP de Burriana lo más rápido posible, fue clara: los populares no pueden permitirse el lujo de ver tambalear la alcaldía de uno de los municipios más importantes de la provincia, en el que gobiernan por sólo un edil de diferencia.

Además, la pérdida de este gobierno local podría repercutir en los resultados que determinan la composición de la diputación, en cuya presidencia Fabra sigue pensando ocupar en una próxima legislatura, aunque su partido aún no ha decidido si repetirá para este puesto.

La reunión y el motivo de la misma provocó además, la respuesta de los socialistas que, por boca del portavoz adjunto del grupo socialista de la Diputación de Castellón, Juli Domingo, compararon el abandono al que el presidente del PP tiene sometidos a algunos alcaldes "que sufren las protestas e iras en algunos casos, de sus vecinos, porque no tienen agua como en Vistabella o en Culla", con la agilidad para "acudir adonde se dirimen intereses económicos como es el caso del Burriana y el enfrentamiento entre los concejales del PP por la aprobación de un Programa de Actuación Integrada junto al mar".

"Cuando hay dinero de por medio o intereses electoralistas, sí se mueven rápidamente Carlos Fabra y los dirigentes del PP", señaló Domingo.

El PAI de Pedrera-Port, que planea la urbanización de 700.000 metros cuadrados, fue planteado por el empresario Manuel Ramos, pero su tramitación estuvo paralizada durante un año hasta que se planteó una alternativa, liderada por Carlos Esteve Herrero. Ramos ha denunciado que Esteve compró grandes parcelas de la zona afectada por su proyecto a través de tres empresas diferentes durante el tiempo en que el Ayuntamiento evitó tramitar su solicitud.

172. CAMPS DEFIENDE LA “HONESTIDAD” DE LOS CARGOS DEL PP ANTE LAS ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN (03/09/06)

Hasta cuatro veces lo repitió. El presidente de la Generalitat y del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, quiso dejar bien claro a su militancia que la “honestidad” es una de las virtudes de su partido, a pesar de la delicada situación judicial en la que se encuentran varios alcaldes del PP y las acusaciones de corrupción de la oposición. En el acto de arranque de la precampaña celebrado en Ademuz, Camps insistió en que “los mejores cargos públicos y la mejor militancia” están en el PP y de ellos destacó, sobre todo, su “honradez”.

Lo hizo en su primera intervención oficial con micrófono ante los 400 comensales y lo reiteró, tres veces más y ya en mangas de camisa, antes de despedirse. A la cita acudieron algunos de los ediles que se encuentran en el ojo del huracán como el alcalde de Torrevieja, Pedro Angel Hernández Mateo, el de Alicante, Luís Díaz Alperi, y el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra.
Camps aprovechó el acto para anunciar que mañana solicitará al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una reunión “urgente” para abordar cuestiones relacionadas con la seguridad, la inmigración, la política hídrica, infraestructuras como el AVE o los aeropuertos y la financiación. “Quiero hablar de cosas muy concretas y no palabras huecas”, manifestó el jefe del Consell, para añadir que la Comunitat es “la peor financiada de toda España” en educación y sanidad y que quiere hacer llegar a Zapatero que “una parte de la nación quiere un Gobierno para toda la nación”. A su juicio, las próximas elecciones son “vitales y claves” para el futuro de la Comunitat Valenciana y de España, “porque el futuro de España pasa por la Comunitat”.

“El triunfo que nos tenemos que dar es a favor de Mariano Rajoy como futuro presidente del Gobierno”, afirmó, “eso lo saben también aquellos que no creen en España y por eso quieren parar a la Comunitat Valenciana, para parar nuestro país”, afirmó Camps, quien aseguró que esta autonomía “se merece que el PP gane estas elecciones”.

173. El Supremo obliga a Alperi a convocar un pleno extraordinario sobre el desfalco en Mercalicante (03/09/06)

El Tribunal Supremo ha dictado un auto que obliga al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, a convocar un pleno extraordinario para debatir las conclusiones de la comisión de investigación municipal sobre el desfalco de seis millones de euros descubierto en la empresa pública Mercalicante. La resolución del alto Tribunal se produce a raíz de un recurso del Ayuntamiento a una anterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que aceptó un recurso del grupo municipal socialista contra la negativa del Alperi a celebrar la sesión plenaria.

En enero de 2003, el grupo municipal del PSPV llevó al TSJ la negativa de Alperi a debatir en el pleno las conclusiones de la comisión municipal, cuyos trabajos se desarrollaron a lo largo del otoño del año anterior. El PSPV sostenía que si la creación de la comisión la acordó el pleno, sus conclusiones también debían ser ratificadas por el mismo órgano de la corporación. El TSJ falló a favor de la pretensión de los socialistas. Alperi recurrió al Supremo, que ahora ha validado la sentencia del TSJ y, además, condena al Ayuntamiento alicantino al pago de las costas.

La creación de la comisión municipal se acordó a los tres meses de conocerse el agujero contable en las cuentas de Mercalicante, en julio de 2002, correspondiente a los ejercicios de 1999, 2000 y 2001.Después de tres meses de debates e interrogatorios, cada uno de los grupos municipales (PP, PSPV y EU) presentaron su escrito de conclusiones. El documento del grupo popular, en el gobierno local con mayoría absoluta, descartó cualquier responsabilidad política en las irregularidades de la firma. Mientras, los grupos de la oposición, concluyeron que sí había responsabilidades políticas, "por acción u omisión" del alcalde, a su vez, presidente de los dos máximos órganos de control de la empresa, el consejo de administración y la comisión ejecutiva.

En paralelo a la investigación de la comisión municipal sobre Mercalicante, se activó la vía judicial a raíz de una denuncia de un vecino. El fiscal ordenó en septiembre de 2002 el arresto del hasta ahora principal imputado, el ex gerente de la empresa, José Emilio Clavero.La instrucción del caso Mercalicante, que dirige Cristina Costa, titular del Juzgado número 1 de Alicante, sigue abierta cuatro años después. La lista de imputados ha engordado hasta los 19, entre ellos, el alcalde, el concejal del PP Juan Zaragoza, y el ex edil del PP, José María Rodríguez Galant, actualmente director del complejo audiovisual de la Ciudad de la Luz.

La acusación pública en este caso la ejerce el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. Este departamento del ministerio público remitió hace dos semanas al juzgado otra denuncia contra Alperi por supuesto trato de favor al promotor Enrique Ortiz en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos. Además de Alperi y el empresario, el fiscal ha denunciado a la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, al de Tráfico, Luis Concepción, y a un funcionario municipal. Briones aprecia que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. El fiscal evaluó en 2,2 millones € el quebranto económico para el Ayuntamiento derivado de las variaciones en el contrato inicial de los aparcamientos

174. RUS AFIRMA QUE “NO CABEN TODOS” LOS INMIGRANTES EN ESPAÑA (03/09/06)

El presidente del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus, se destapó con unas declaraciones que, a buen seguro, se convertirán en nueva fuente de polémica. Apenas dos meses después de que afirmara que “el inmigrante que venga a robar que se vaya a su casa” y reiterarse luego al añadir que “si decir eso es ser xenófobo, yo lo soy”, el alcalde de Xàtiva afirmó que “aquí no caben todos (los inmigrantes), ni pueden vivir todos. Tenemos un cupo y la gente está alterada”.

Lo afirmó tras denunciar que la política de inmigración del Gobierno central es “un desastre, un caos y una barbaridad” y vincular, de nuevo, inmigración e inseguridad ciudadana. “Hay un desastre total en inmigración, en inseguridad ciudadana y nuestra poca categoría en Europa también es total”. Rus también tuvo tiempo para opinar de política exterior y defensa. “Dijeron que no enviarían tropas al extranjero tras lo de Iraq y ahora parece que el ejército no es un ejército, es una ONG. ¿Y si les pegan un tiro un palestino o un israelí, qué?”, se preguntaba el alcalde setabense. Rus también dedicó unos minutos para política de partido y los aprovechó para pedir unidad interna. “Para ganar tenemos que ir juntos. Todos somos activos, no hay ningún negativo, todos somos positivos. No nos sobra nadie”, afirmó.

175. LOS ZAPLANISTAS ADVIERTEN A CAMPS QUE SÓLO GANARÁ EN 2007 SI PACIFICA EL PARTIDO (04/09/06)

El curso político empieza movido. El anuncio de la moción de censura del PSPV marcará la reanudación de la actividad parlamentaria y ya ha revuelto las aguas del Partido Popular. Los diputados autonómicos zaplanistas descartan votar en contra de Camps, pero le advierten que deberá sentarse a negociar y pacificar el partido si quiere volver a ganar en 2007. Mientras tanto, Pla prepara un discurso centrado en los mismos argumentos que expuso en el mitin de Terra Mítica.

Los diputados que se mantienen fieles al portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, descartan abstenerse o votar a favor de la moción de censura que el PSPV presentará a principios de la segunda semana de septiembre contra el actual presidente de la Generalitat y del partido, Francisco Camps, pero no ocultan su malestar con el arrinconamiento al que se les ha sometido en los últimos años y consideran que ha llegado el momento de “ponerse a hablar”.

Cinco parlamentarios zaplanistas negaron que fueran a votar contra Camps -les va el sueldo y el futuro en ello-, pero le instaron a “sentarse a negociar”. “Lo que hay que hacer es dialogar y pactar”, aseguraron.

Los diputados afines al también ex ministro niegan que pretendan utilizar la moción de censura para presionar y forzar su continuidad en las listas, muy cuestionada en algunos casos, pero, al mismo tiempo, instan al presidente a normalizar definitivamente la situación interna de la formación. “En vez de retar a Pla a que presente la moción esta misma semana, lo que tendría que hacer Camps es pacificar el partido, si es que quiere seguir gobernando en 2007”, afirmó uno de los seguidores del actual portavoz, quien aseguró no entender “por qué Adela Pedrosa [secretaria regional del partido en la Comunitat] tiene que tener más posibilidades de repetir en Alicante que otros en las otras provincias a pesar de que no ha hecho nada para acabar con el problema de la corrupción”.

Las fuentes consultadas reconocieron que “hay gente muy enfadada después de todo el proceso de los últimos años, de ver cómo se arrinconaba a un sector de los militantes” pero, aún así, mantuvieron en todo momento que “el partido está por encima de todo”. Además, según apuntaron, “si volvemos a ganar, siempre se puede recolocar en algún organismo a los excluidos de las listas”.Todos aseguraron desconocer cualquier tipo de movimiento o iniciativa para presionar a la dirección regional. Uno de los zaplanistas consultados llegó al punto de considerar que “algo así no ocurrirá jamás” y otro afirmó que sería “una barbaridad”.”Ni se va a producir ni se está gestando. Una cosa fue el plante [diecisiete diputados zaplanistas no acudieron a las Corts cuando en julio de 2004 se presentaba el plan de inversiones] y otra muy distinta sería votar para echar al presidente de la Generalitat, que también es el líder de nuestro partido”, explicaron las mismas fuentes, quienes también recordaron que “el reglamento establece que la votación sea nominativa y a mano alzada”, lo que impide el anonimato de los posibles desertores.

Por su parte, el presidente de la dirección provincial de Valencia, Alfonso Rus, descartó que los zaplanistas puedan estar empezando a organizarse para poner en evidencia a Camps, pues “si alguien actuara así estaría suicidándose políticamente”. Además, el también alcalde de Xàtiva les lanzó un claro aviso sobre su futuro: “Quien intente algo parecido quedará marcado de por vida”.

El inspector de la Agencia Tributaria encargado de analizar la contabilidad de la trama empresarial que defraudó a la Hacienda Pública 4,4 millones de euros y cobró cerca de 10 millones a la empresa Terra Mítica (participada por la Generalitat Valenciana, que tiene el 20% de las acciones) por trabajos nunca realizados, informes nunca redactados o material nunca entregado ha detallado ante el juez todas las irregularidades descubiertas durante su investigación. En su declaración, el inspector, cuya identidad quiere mantener en el anonimato la Agencia Tributaria, señala que Terra Mítica ha cometido "dolo en cuanto que ha deducido unas facturas con conocimiento de que eran falsas y ha perjudicado a la hacienda pública".

Su relato ante el juez, del pasado 3 de julio, consta en el sumario del caso al que ha tenido acceso EL PAÍS. Para la investigación, la Agencia Tributaria contó con la colaboración de la Seguridad Social y del Servicio de Empleo de la Generalitat, para conocer el historial de las empresas implicadas, muchas de las cuales carecían de trabajadores en el momento en que facturaron los trabajos o, en algún caso, acababan de constituirse. El inspector de Hacienda también pudo acceder a la información facilitada por los bancos en los que las distintas empresas ingresaban y sacaban el dinero obtenido por su actividad irregular.

Lo que sigue es un resumen de las principales revelaciones del inspector de Hacienda al juez:

- Trabajadores inexistentes. Uno de los datos que permitieron a Hacienda saber que las facturas eran falsas fue que algunas de las empresas no tenían trabajadores para realizar los encargos. La Agencia Tributaria solicitó a la Seguridad Social la relación de trabajadores que habían participado. "Estamos ante obras, obras públicas en algunos casos, en muchos casos, donde existe una cadena de contratación de contratistas y subcontratistas (...) sería de sentido común llevar una relación de trabajadores. Se han requerido a determinadas empresas que han recibido estas facturas. Por lo general, manifestaban que no las tenían.

- Fraude en la facturación. Otro de los aspectos analizados es la propia facturación, donde Hacienda apreció "incongruencias". "Había empresas que emitían hasta tres facturas con el mismo número en el mismo año, estoy pensando en Altos del Carrichal, que tiene hasta tres veces repetida la factura 11, está en el informe 3. Una era por la obra real, porque sí tenía trabajadores contratados para la obra de unos adosados en Vinalesa. Existían trabajadores, existía la factura 11 por esos trabajos. Y luego existían otras dos facturas con el mismo número", dijo el inspector al juez.

- Anomalías en los precios. Y había "facturas cuyo orden secuencial numérico no coincidía con el orden temporal". "Había incongruencias en cuanto a precios. Los mismos trabajos, o prácticamente los mismos trabajos, que el proveedor facturaba a una de estas empresas eran posteriormente facturado por el que las recibía a su cliente a un precio que a veces hasta superaba el triple del importe.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia que investiga la trama ha tomado ya declaración a casi los 32 imputados. El próximo día 25 lo hará a 13 testigos, entre ellos, el actual director del parque, John Fitzgerald.

La declaración ante el juez del inspector de Hacienda que firmó el informe que sirvió para que la Fiscalía de Valencia presentara una denuncia y se abriera una causa para investigar la trama no deja lugar a dudas respecto a la implicación de la empresa Terra Mítica en este proceso irregular. El inspector de Hacienda tiene claro que existía una trama organizada en cuatro escalones de empresas que iban endosándose pagarés para pagar facturas creadas por las más modestas por servicios nunca prestados. Las defensas de los imputados creen que el informe es parcial y que las conclusiones no han sido comprobadas, que muchas de las obras que el representante de Hacienda dice que no se han hecho no han sido inspeccionadas sobre el terreno. Y Terra Mítica, además de negar su participación en la trama, se considera, en todo caso, víctima de una estafa. Pero el inspector de Hacienda es contundente: esa cadena de facturas la acababa pagando Terra Mítica. Esa sucesión de endosos, ese trasiego de facturas que acababa cobrando una mercantil que ni siquiera había realizado el presunto servicio, acababa en Terra Mítica en muchos casos, cuando no en otras tres sociedades situadas a su mismo nivel.

]- Testaferros. El informe que sirvió de base para denunciar a las 20 empresas y a los 32 responsables de las mismas, entre ellos cinco ex directivos de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, SA, que en su mayoría ya han declarado. Dos de los imputados han evidenciado el mecanismo de fraude: se constituían sociedades, al frente de las cuales había testaferros, cuyo objeto era servir a otras con mayor volumen de negocio para proveerlas de facturas falsas que, a su vez, servirían para estafar a Hacienda al menos 4,4 millones de euros en los ejercicios de 2000 y 2001.

177. MEDINA SUSPENDE EL PLENO PARA ELUDIR LAS PREGUNTAS DE LOS EDILES SOBRE SU DECLARACIÓN JUDICIAL POR CORRUPCIÓN (06/09/06)

El alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, imputado por la juez por usar bienes particulares de promotores beneficiados con adjudicaciones municipales, suspendió un pleno ordinario después de que un edil en la oposición sacara a colación su presunta implicación en un caso de corrupción y le sugiriera que abandonara la política municipal. Con esta suspensión se elevan a tres las sesiones plenarias interrumpidas por el primer edil oriolano antes de completar el orden del día en esta legislatura. Según la oposición, Medina, con justificaciones "peregrinas", zanja los plenos para evitar dar explicaciones en el primer foro municipal sobre los supuestos delitos en los que está imputado.

La sesión plenaria, de carácter ordinario, comenzó al filo de las once menos cuarto de la mañana. El punto principal del pleno centró la impugnación por parte de Los Verdes del presupuesto de 2006. Según esta formación, el equipo de gobierno entregó con retraso el informe de intervención de este ejercicio, documento que aborda entre otros asuntos la capacidad de endeudamiento del municipio.

A juicio de esta formación, la oposición no dispuso de tiempo suficiente para debatir los presupuestos. Por este motivo, Los Verdes plantearon su impugnación. Ésta fue rechazada con el argumento de que la formación "no está legitimada".

El debate de este asunto se extendió por espacio de una hora, en el ya habitual ambiente crispado y tenso. Tras este asunto, en el turno de ruegos y preguntas, el edil Enrique Lucas, del Centro Liberal, reprochó al alcalde su incapacidad para demostrar ante la juez su inocencia. [José Manuel Medina declaró ante la magistrada el martes 29 de agosto por un delito de ordenación del territorio. Además, el fiscal le acusa de usar bienes particulares; entre ellos un Rolls Royce y un chalé, propiedad de un contratista local]. Lucas le instó a que abandonara la política municipal y se refugiara en su familia. Se da la coincidencia de que Enrique Lucas es cuñado del primer edil.

Preguntado el alcalde por los motivos que le empujaron a levantar la sesión, dijo: "Cuando me faltan al respeto a mí y a mi familia, suspendo el pleno". José Manuel Medina, quien se apresuró a matizar que el pleno se celebró y sólo se levantó al final, agregó que lo "más prudente" en estos casos es suspender la sesión. Finalizado el pleno, la oposición expresó su malestar por la decisión de Medina ante las numerosas cuestiones que perseguían plantear.

178. EL JUEZ ADMITE QUE SE INVESTIGUE EL BORRADO DE ARCHIVOS DEL CASO FABRA EN MONCLOA (08/09/06)

El Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid ha admitido a trámite un recurso de apelación para que se investigue el supuesto borrado de archivos informáticos de la Moncloa entre los que se incluiría información vinculada al caso Fabra, según datos reflejados en el auto judicial. Esta resolución, fechada el 4 de septiembre de 2006, responde al escrito interpuesto por la Asociación para la Prevención y el Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (Apedanica), cuya querella había sido rechazada en primera instancia el pasado mes de julio. Dicho recurso de apelación incluye como una de sus alegaciones la supuesta pérdida de datos del Caso Fabra a consecuencia de un presunto borrado de archivos informáticos ordenado por altas instancias del gobierno de José María Aznar.

179. EL ALCALDE DE ORIHUELA, DEL PP, IMPLICADO EN MÁS IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS (09/09/06)

Un nuevo capítulo en el caso de irregularidades urbanísticas se ha registrado en el municipio de Orihuela, gobernado por el PP. En esta ocasión, ha sido la conselleria de Territorio y Vivienda, quien ha decidido abrir un expediente “informativo” sobre la reclasificación de unos terrenos protegidos en el paraje de Las Asomadas. La institución pública quiere comprobar si se han cumplido todas las condiciones que desde la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU) y la propia conselleria exigieron para la aprobación del proyecto urbanístico en esta zona. Actualmente José Manuel Medina, alcalde de Orihuela, del PP, es imputado por los delitos de cohecho y tráfico de influencia. Los presuntos delitos están derivados de su uso privado de bienes de promotores y de la adjudicación ilegal de tres programas urbanísticos.Estos planes de urbanismo, según la Fiscalía Anticorrupción, han sido desarrollados en zonas donde no se podían llevar a cabo, como es el caso de huertas protegidas. Además, estas adjudicaciones incluyeron recalificaciones de suelo, no justificadas para el Ministerio Público.

Precisamente, esas recalificaciones son las que van a investigar la conselleria de Territorio y Vivienda para comprobar si se cumplieron todas las condiciones exigidas para su aprobación. Entre ellas, figuraba los 373.943 metros cuadrados del paraje de Las Asomadas Norte que se debían excluir de las recalificaciones por indicaciones de la CTU, ya que es suelo No Urbanizable protegido.Sin embargo, en la práctica, el alcalde Medina ha permitido edificar en esos 373.943 m² de suelo que estaba protegido. El acuerdo aprobado en esa fecha fue posteriormente modificado a instancias de la conselleria, aunque el edicto se refiriere a la fecha de 29 de enero en la que se aprobó provisionalmente por primera vez el proyecto y en el que figuraban los 373.943 m² de suelo que fue finalmente excluido. No obstante, el alcalde asegura que acusarle de un “error” o “una tergiversación en relación al contenido del edicto solo puede ser fruto de “temeridad y mala fe”, además de “rayar en lo delictivo” y mostrar “un profundo desconocimiento de la Administración Local y sus competencias”.

180. TENSIONES POPULARES. RIPOLL HA RESCATADO A CASI 50 ALTOS CARGOS “VÍCTIMAS” DE LA CRISIS INTERNA DEL PP (10/09/06)

El fichaje del ex director general de Grandes Proyectos del Consell, el benidormense Gonzalo Morell, como asesor de Joaquín Ripoll después de ser destituido por Camps es el último de una larga lista. En tres años, el presidente de la Diputación de Alicante ha acumulado en la nómina provincial un ejército de 47 cargos de confianza, el doble de los que tenía Julio de España. Y, además, la mayoría sin una función definida en el Palacio Provincial. En el extenso listado de designados vía decreto abundan las víctimas de la guerra interna del PP, los defenestrados de las listas electorales, derrotados en las urnas, militantes clave en la batalla entre campistas y zaplanistas y hasta una letra de la factura que el PP sigue pagando por el voto tránsfuga que catapultó a Zaplana a la alcaldía de Benidorm. Dificultades orgánicas del PP que cuestan a las arcas provinciales más de 1'5 millones anuales.

Los ejemplos de este despliegue de asesores, consecuencia de la guerras internas del PP, han tenido su último episodio con Gonzalo Morell. Vinculado a Zaplana, fue destituido por Camps en septiembre de 2005. El pasado 1 de agosto se incorporó como adjunto en la oficina que la Diputación tiene en Dénia con un sueldo anual de 35.355 €. Mejor remuneración recibe Juan Espinar, 44.918 años, relevado por Camps en julio de 2004 como director territorial de Educación tras presentarse como candidato zaplanista en asambleas para elegir compromisarios a los congresos. No pasó ni 48 horas en el paro. Ripoll lo repescó como gerente de Infraestructuras. El control del PP de Albatera cuesta a la Diputación 17.863 €. Rosario Ballester abandonó hace años las filas populares para liderar una candidatura independiente. Tras la reciente reunificación del partido, Ripoll la nombró funcionaria de apoyo al PP. Entre los que perciben sueldos más altos se encuentra Josep Albert Cortés, con 44.918 €. Derrotado por segunda vez como candidato del PP en Cocentaina y apartado del escaño en la Diputación, Ripoll le fichó y, actualmente, es gerente de Arquitectura y del Marq.

La familia de importantes dirigentes zaplanistas, incluido el propio Ripoll, y la factura que todavía paga el PP por el voto tránsfuga de Benidorm tienen también presencia en la nómina de asesores adscritos a la Diputación. Pedro Martínez Carrillo es parte de la hipoteca que pagan los zaplanistas por el voto de la tránsfuga Maruja Sánchez, que catapultó la carrera política del ex ministro. Nombres como Andrés Iborra Such, Ana Guillén Pastor; Asunción Sánchez Tormo, Santiago Márquez, Antonio Sempere Campello... y así hasta 47 personas integran la lista de cargos de confianza designados por Ripoll durante este mandato.

181. Un informe del Síndic advierte del deterioro de la oferta sociosanitaria de los hospitales DE LA GENERALITAT VALENCIANA (11/09/06)

El ex Síndic de Greuges Bernando del Rosal elaboró meses antes de su salida de la institución el pasado abril un demoledor informe que radiografía el alarmante estado de los servicios sociosanitarios de la Comunidad Valenciana. Del Rosal denunció los "deficientes" recursos sociales para los pacientes convalecientes, es decir, aquellos que no precisan ingreso hospitalario pero sí una atención intermedia (servicios sociales) que limita el sufrimiento de los enfermos y aumenta su autonomía. Los ancianos, los enfermos mentales y crónicos son los colectivos más desatendidos por la Generalitat.

Entre el ingreso hospitalario y el regreso al hogar del enfermo -en ocasiones las secuelas de la patología acarrean una situación de dependencia total o parcial- existe un nivel intermedio, en el que intervienen los servicios sociales. Su actuación es primordial tanto para el enfermo como para el óptimo funcionamiento de la red sanitaria, ya que muchos hospitales alargan el ingreso de sus pacientes ante las "graves carencias" en este apartado. La "especial vulnerabilidad" del colectivo afectado (menores, ancianos, personas dependientes) llevó a Bernardo del Rosal, por entonces máximo responsable de la Sindicatura de Greuges, a "intervenir" con el fin de averiguar la calidad de la atención sociosanitaria de estas personas. A partir de un cuestionario realizado a trabajadores y usuarios que precisaron la intervención de estos servicios en 2004 y en el primer trimestre de 2005, el ex Síndic de Greuges ilustra la grave decadencia y declive de estos servicios en casi todos los hospitales valencianos. Los usuarios que precisan de esta atención son las personas dependientes, preferentemente ancianos, enfermos de cáncer, mentales y paciente con sida.

El informe del ex Síndic explica diversos casos de las clamorosas deficiencias del sistema. Tres de los centros hospitalarios más importantes de la provincia de Valencia -el Consorcio Hospital General Universitario, el Hospital Arnau de Vilanova y la Fe- son los que, paradójicamente, disponen de menos recursos de apoyo a convalecientes. En el caso, por ejemplo, del General Universitario, los pacientes "nunca" disponen del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). "En los últimos meses del año se restringe el servicio y no se atienden nuevas solicitudes", relata el estudio. Esta carencia es, según el informe, común en la mayoría de centros hospitalarios públicos valencianos. Los más perjudicados son los ancianos que, en muchos de los casos, tienen que recurrir a empresas privadas.

Otro de los obstáculos a los que se enfrenta este grupo de población es la obtención de plaza en una residencia pública. El tiempo de respuesta es de meses, permaneciendo el anciano en el hospital pese a estar en situación de alta médica con la consiguiente prolongación innecesaria del ingreso. Al final, dice el informe, a causa de "la falta de coordinación con la Consejería de Bienestar Social, el paciente se va sin los recursos sociales".

El retraso burocrático también se produce en el reconocimiento de minusvalías -requisito indispensable para la obtención de la pensión no contributiva por invalidez, la gratuidad en la prestación farmacéutica o el acceso a determinados puestos de trabajo-. La demora media en estos centros alcanza el año para la tramitación de este documento. Otro gran segmento olvidado de población son los enfermos menores de 60 años con enfermedades degenerativas. "No hay recursos para ellos dentro del sistema", dice el estudio.

Finalmente, el ex Síndic de Greuges Bernardo del Rosal recuerda en sus conclusiones a la Generalitat que la coordinación sociosanitaria es una exigencia legal.

182. El ex delegado del IVEX da al fiscal documentos que revelan una facturación falsa por el recital de México (12/09/06)

El ex delegado del IVEX en Miami, José Marquina, dio un par de vueltas de tuerca al avalar con documentos el escándalo en torno a la presunta emisión de facturas falsas para pagar bajo mano los 615 millones de pesetas comprometidos por el Consell de Eduardo Zaplana en un contrato “b” con Julio Iglesias, además de alguna supuesta comisión a quienes diseñaron la arquitectura financiera de la operación. Marquina desveló en una entrevista, y después ratificó ante el juez, que había hinchado por orden de los responsables del Instituto de la Exportación una factura por la misión comercial valenciana y el recital que el artista ofreció en Orlando un 23 de abril de 1998. La factura la emitió por 325.000 dólares y los gastos reales de aquel evento no superaron los 207.296 dólares. Si las dudosa contabilidad de la expedición del IVEX a la Florida provoca bultos como pedruscos debajo de la alfombra que tapa la firma y ejecución del contrato “b”, lo que sucedió a cuenta del concierto en el Auditorio Nacional de México -el 10 de abril de 1999- es como si una manada de dromedarios pernoctara debajo de la alfombra. Porque en México no es que se hincharan facturas, es que presuntamente se falsificaron enteras, desde el primer dolar, según se desprende de la documentación que el ex delegado en ese país, Vicente Sendra, ha entregado a la fiscalía y que el ministerio público incorporará a la causa abierta en el juzgado de instrucción 19 de Valencia, donde se investiga la presunta malversación de fondos, falsedad documental y delito fiscal por los pagos al cantante.

Se sabía, por informaciones, que el IVEX había pagado al menos 980.321 dólares a la firma Midway International Ltd (domiciliada en la República de Irlanda) por gastos de organización del concierto azteca, el sexto y último de la gira promocional de los productos valencianos. El dinero se pagó a través de nueve cheques (emitidos entre el 1 de abril y el 12 de mayo de 1999) contra la cuenta del IVEX en la oficina de Bancaja. Pero resulta que mientras se estaban formalizando estos pagos en Valencia (en la calle Pintor Sorolla, donde está la oficina de la caja de ahorros), a unos miles de kilómetros de distancia, el entonces delegado del IVEX, Vicente Sendra Aparisi, estaba convencido de que el recital le había salido gratis al organismo público que él representaba. Sendra había llegado a un acuerdo con una empresa local denominada Rac Producciones, según el cual ésta asumía todos los gastos de organización a cambio de que el IVEX le cediera los derechos de Julio Iglesias. El organismo público se ahorraba los gastos, se le daban 300 entradas para atender compromisos institucionales y empresariales y la productora mexicana explotaba comercialmente el espectáculo vendiendo las entradas para un recinto con un aforo cercano a las 10.000 personas. Las dos partes ganaban, así pues, con el trato. La cesión de los derechos de imagen del artista no se hizo directamente IVEX-Rac Producciones sino que pivotó a través de la Fundación México Unido, una ONG dedicada especialmente a la infancia. México Unido le vendió los derechos obtenidos por la generosidad del IVEX a Rac Producciones y ésta le entregó un donativo de 800.000 pesos, que fueron abonados mediante cheque, cobrado en la sucursal 739 del Bital (Banco Internacional) en México DF. El acuerdo a tres bandas fue ratificado por el propio Sendra, por el IVEX; por Carlos Santos Pérez, en representación de Rac Producciones, y por Fernando Landeros Verdugo, en nombre de la citada fundación. Ese dinero se ingresó por transferencia a la ya célebre cuenta numerada y secreta WA356115.000 de la sucursal de Union Bank Suïsse en Nassau (Bahamas) a la que fueron a parar la mayoría de los pagos que soportó el IVEX por gastos de organización de conciertos. La misma cuenta en la que se ingresó el cheque endosado por Marquina. La misma en la que desembocaron los nueve cheques de Bancaja que el organismo público pagó a la irlandesa Midway.

183. ORIHUELA CONTRATA A UNA FIRMA QUE EMPLEA A UN EDIL DEL PP Y A TRES FAMILIARES DE FUNCIONARIOS (13/09/06)

El alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, ha adjudicado a dedo trabajos de limpieza a la empresa del servicio municipal de agua, Aquagest Levante, SA. Esta firma tiene en nómina al edil de personal, Antonio Francisco Franco, a José Antonio Lidón (hijo del concejal de deportes), a Pilar Picazo, nuera del secretario municipal, y a Antonio Garví y José Antonio García, hijos del jefe de contratación e ingeniero municipal, funcionarios que validan jurídicamente los contratos del alcalde. Ni la empresa ni Medina "observan irregularidad alguna" en las adjudicaciones. La firma Aquagest Levante, SA explota el servicio municipal de agua del Ayuntamiento de Orihuela desde 1987.

En 2003, según datos facilitados por el ex interventor de la corporación oriolana José Manuel Espinosa y la oposición, el alcalde adjudicó a Aquagest a dedo cuatro contratos para servicios ajenos al objeto social de la empresa (captación, tratamiento y distribución de agua potable), entre ellos la limpieza del parque Severo Ochoa, de la Glorieta Gabriel Miró, de la plaza de la Universidad y de un antiguo depósito del agua.

Las bases para otorgar los contratos (mediante decreto de la alcaldía) fueron: "Ser concesionaria del ciclo integral del agua y, por tanto, contar con los medios técnicos y de personal especializado para el desarrollo del control de vertidos". Además, "la firma debe ser la única y tan sólo puede encomendarse el objeto a un solo empresario". No obstante, Aquagest subcontrató más adelante todos los trabajos relacionados con la limpieza con las firmas Servicios y Proyectos (Oserpro 2000) y F&P (Fructuoso y Paredes), empresas que tampoco incluyen la limpieza entre su objeto social, según consta en el Registro Mercantil. Según el ex interventor, la cesión se realizó sin cumplir los requisitos del artículo 114, texto refundido de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas, con lo que, en la práctica, no es el Ayuntamiento el que realiza las adjudicaciones de limpieza sino la firma Aquagest.

La empresa fraccionó el cobro de los trabajos en facturas mensuales de 2.200 € (antiguo depósito del agua), 10.000 € (Glorieta), 4.000 € (parque) y 1.500 € (plaza de la Universidad). Esas cantidades suponen un coste anual para el Ayuntamiento de 210.000 €. No obstante, esos servicios deberían haber sido realizados por la actual adjudicataria del servicio de recogida y basuras y limpieza, la firma Necso.

Aparte de esos cuatro contratos, el Ayuntamiento de Orihuela adjudicó a principios de año a Aquagest el servicio de mantenimiento y conservación de las fuentes e instalaciones anexas por 300.000 €. El alcalde, José Manuel Medina, declinó dar su opinión sobre las adjudicaciones a Aquagest. "Esto es una auténtica caza de brujas. No estoy dispuesto a seguir colaborando en este linchamiento público", dijo. El regidor admitió a la juez que conduce un Rolls y vive en un chalé propiedad de un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales. Mientras, el edil Franco, que trabaja como comercial de Aquagest desde hace 9 años, está denunciado en dos de las 15 causas secundarias del fiscal anticorrupción contra el Consistorio.

184. LA EMPRESA DE AGUA DE TORREVIEJA (PP) EMPLEA A FAMILIARES DE EDILES Y DEL CHÓFER DEL ALCALDE (14/09/06)

La empresa municipal que gestiona el servicio de agua en el municipio de Torrevieja, la firma Agamed, tiene en nómina a un concejal y dos familiares de otros ediles, así como a la hija del chófer del regidor, Pedro Ángel Hernández, del PP, a su vez presidente del Consejo de Administración de la sociedad. Los contratos, según fuentes de la empresa, se han realizado a dedo desde la alcaldía. Mientras, la oposición municipal anunció que llevará a la fiscalía las adjudicaciones del alcalde de Orihuela a una firma que emplea a un edil y a tres familiares de funcionarios.

Las relaciones entre el Ayuntamiento de Torrevieja, también en manos del PP, con la empresa que gestiona el servicio municipal del agua son un calco de las del Consistorio oriolano. En el caso de Torrevieja, el servicio lo explota desde 1999 una empresa mixta, la mercantil Aguas del Arco Mediterráneo, SA, (Agamed), filial de Aquagest, que tiene la concesión en Orihuela. La sociedad se constituyó en 1999 con un capital social de tres millones de €. El 74% de las acciones pertenecen a grupos privados y el 26% restante es capital público. La empresa la preside desde su constitución el alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo. El regidor está imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias derivado una millonaria plusvalía (en concreto de 5,2 millones de €) con la compra-venta de una finca rústica.

En el consejo de administración de Agamed están integrados además por cuatro ediles en representación del grupo municipal popular y uno por la oposición (PSOE, IU y Los Verdes). De acuerdo con los datos facilitados por fuentes de la empresa, Agamed tiene en nómina a Mariola Roselló, hija del chófer del alcalde, Lorena Sánchez, hija del el concejal de Contratación, e Inmaculada Hodar, hermana del primer teniente de alcalde y concejal de Deportes y Gobernación.

Además, también figuran en la nómina, aunque en la actualidad en excedencia, el concejal de Seguridad, Pedro Valero [éste edil está imputado por encubrimiento por la juez que instruye el caso de las supuestas torturas de policias locales de Torrevieja a detenidos], y Concha Torres Sáez, concejal en el mandato 1999-2003 y, en la actualidad, directora del Parque Natural de Las Lagunas de La Mata, y otro familiar (un cuñado) del concejal de Urbanismo Fernando de Cristo Gómez. "Todas las contrataciones se han realizado a dedo desde la Alcaldía. Desde 1999, no ha habido ningún concurso para la contratación de personal en Agamed", afirman esas fuentes.

A parte de las contrataciones de concejales y sus familiares en Agamed, las fuentes mencionadas aseguran que todas las adjudicaciones que el Ayuntamiento ha realizado a la mercantil ha sido a dedo. El volumen de los contratos sólo en el presente mandato asciende a casi 10 millones de €.

Por otro lado, la oposición del Ayuntamiento de Orihuela anunció que trasladará a la Fiscalía Anticorrupción las adjudicaciones a dedo por parte del alcalde, José Manuel Medina, a la empresa municipal del agua. Esta firma tiene en nómina al edil de personal, al hijo del concejal del Deportes, la nuera del secretario de la corporación y a los hijos del jefe de contratación e ingeniero municipal, que validan los contratos del alcalde. Este departamento del ministerio público ha formulado ya 16 denuncias contra el Consistorio oriolano por ilegalidades en la gestión urbanística y contable.

185. CAMPS ASUME INDEMNIZACIONES COMO LAS DE BIESCAS PARA FRENAR LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DEL ACCIDENTE DEL METRO (16/09/06)

La Generalitat valenciana está dispuesta, para frenar la investigación judicial, a asumir el pago de generosas indemnizaciones a los familiares de las víctimas del accidente del metro de Valencia que costó la vida a 43 personas el 3 de julio. El Gobierno de Francisco Camps (PP) ha propuesto a los abogados de las familias como referencia las indemnizaciones fijadas en la sentencia por la tragedia del cámping de Biescas (Huesca), que condenó al Estado y a la Diputación General de Aragón, como responsables patrimoniales de un suceso que podía haberse evitado, a pagar 180.000 euros por cada uno de los 87 fallecidos en una avalancha en 1996. La iniciativa persigue que se retiren del procedimiento judicial la docena de familiares que se han personado.

El Ejecutivo autónomo -que se ha negado a asumir responsabilidad política alguna en el accidente por la falta de seguridad en la línea 1, donde ocurrió el descarrilamiento- se apresuró a anunciar que adelantaría cantidades de 30.000 a 60.000 euros a cuenta de las indemnizaciones. El secretario autonómico de Política Institucional y abogado general de la Generalitat, José Marí, se ha puesto en contacto con letrados de los familiares personados en la investigación judicial para sugerir que el Gobierno valenciano está dispuesto a asumir indemnizaciones similares a las de Biescas.

La sentencia del caso de Biescas, de diciembre de 2005, tiene la virtud de fijar una indemnización genérica por cada fallecido y establece la responsabilidad patrimonial del Ministerio de Medio Ambiente y de la Diputación General de Aragón porque el accidente se podría haber evitado si se hubiese hecho caso de informes técnicos que desaconsejaban la ubicación del cámping. Precisamente ese es el elemento de polémica en el accidente del metro de Valencia. Mientras el PP atribuyó, en una comisión parlamentaria que duró apenas dos semanas, el siniestro al exceso de velocidad del convoy, la oposición y los sindicatos del metro han asegurado que la ausencia de un sistema de frenado automático hizo posible el accidente.

186. EL EX DELEGADO DEL IVEX EN MÉXICO DICE QUE TABARES LO CONSULTÓ TODO CON PRESIDENCIA (16/09/06)

Diez meses después de confirmar, a través de su amigo el ex delegado del IVEX en Miami, José Marquina, que algo olía a podrido en la facturación de gastos del recital de Julio Iglesias en México, Vicente Sendra Aparisi completó su recopilación de documentos sobre la organización real de ese espectáculo y la entregó, visada por notario, al fiscal del caso, José Antonio Nuño. Este diario viene publicando, desde la edición del martes 12 de septiembre, todos los papeles, entre otros la contabilidad de Rac Producciones sobre el recital. Y sententa y dos horas más tarde, Sendra confirmó, en una entrevista en la Cadena Ser, de la A a la Z todas las irregularidades en torno a la facturación presuntamente falsa por casi un millón de dólares. Del año 1999.

, Sendra, en declaraciones a este diario, fue tajante al ser preguntado sobre quién o quiénes, además del ex director del IVEX, José María Tabares, conocían el diseño de aquel montaje. Deja bien claro que Tabares nunca actuaba por su cuenta y riesgo: “Una expresión muy típica de Tabares era 'déjame que lo consulte'. Hay que decir que era un hombre muy justo en el trato con los delegados, pero no un hombre valiente; nunca tomaba decisiones propias. Siempre pedía autorizaciones; te llamaba y te decía 'Vicente esto está autorizado'“. “Una cosa de ese nivel jamás lo habría hecho Tabares por su cuenta, ni pensarlo”, agregó en alusión al concierto del Auditorio Nacional, del 10 de abril de 1999.

A la pregunta de quiénes sabían cómo se organizó el recital, ofrece una respuesta contundente: “Le puedo garantizar que Tabares y el conseller Diego Such, seguro que lo sabían. José María Tabares me dijo además, que lo propuso a Presidencia y en aquel momento, la persona que ejercía en Presidencia era Juan Francisco García, persona con la que todo el mundo hablaba”.

Toda la facturación de la irlandesa Midway International -nueve recibos que generaron otros tantos cheques emitidos por Bancaja- se hizo a espaldas del delegado en México. Por un concierto que, curiosamente, no estaba previsto en el programa inicial del acuerdo IVEX-Julio Iglesias y que se montó para compensar la ausencia del artista en la feria expocalzado de Las Vegas, de noviembre de 1998.

Tabares me llamó y me dijo si me gustaría tener una actuación de Julio Iglesias en México. Le dije que sí y yo le propuse la forma de organizarlo”, relató Sendra. Y siguió explicando: “El director lo comunicó a su entorno, lo hablaron con Luis Fernando Esteban [el representante del artista] y lo pusieron en contacto conmigo”. Desde ese mismo momento, “Tabares dejó el asunto” y ya lo llevaron el productor Carlos Santos (Rac Producciones), Vicente Sendra, el representante de Julio Iglesias y Fernando Landeros, de la Fundación México Unido, a la que se dio un donativo de 800.000 pesos mexicanos, unos 80.000 dólares, en un cheque emitido por Rac Producciones.

El jueves 19 de enero, el ex director del IVEX en los tiempos en los que se gestó, firmó y ejecutó la operación Julio Iglesias declaró, por exhorto, en el juzgado número 14 de Sevilla, ciudad en la que José María Tabares tiene su residencia. Firmante de todos y cada uno de los pagos a las empresas que facturaron por gastos de organización de los seis conciertos que Julio Iglesias ofreció por cuenta de la Generalitat, Tabares fue el primer imputado en el caso.Llegó al juzgado, se sentó y no dudó en señalar con el dedo hacia arriba.

Preguntado por si firmó el contrato del artista (un 29 de diciembre de 1997) por orden de quienes ocupaban un nivel superior en el organigrama del Consell, Tabares respondió que sí. Que el contrato, incluida la parte “b” que ampliaba de 375 a 990 millones de pesetas libres de impuestos la remuneración del cantante, lo firmó”por orden de sus superiores”. A saber: “El consejero de Industria, Comercio y Turismo, que recibiría orden de la Presidencia (...)”. Aclaró, por si el juez sevillano no estaba al corriente, que el consejero era “don Diego Such y el presidente, don Eduardo Zaplana”.

El ex director del IVEX añadió, además, que del “señor presidente” recibió “instrucciones verbales para la firma del escrito, así como también del jefe de gabinete de la Presidencia de la Generalitat [Juan Francisco García] y del consejero mencionado”, en alusión a Diego Such. El entonces jefe de gabinete d Zaplana era consejero de administración del IVEX y protector del ex director de comercio exterior Faustino Salcedo, también imputado en la causa y hoy es delegado del organismo público en Miami. Marquina acusó a Salcedo de haberle ordenado emitir facturas falsas.

187. MEDINA DICE AHORA QUE PAGÓ 24.000 EUROS POR LA OPCIÓN DE COMPRA DEL CHALÉ (18/09/06)

Las alegaciones presentadas por los abogados del alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, a la imputación de un presento delito relativo a la ordenación del territorio, por una supuesta irregularidad en las adjudicaciones urbanísticas, destaca entre sus puntos la “inexistencia de dádiva alguna a favor” de Medina. La alegación asegura ahora, con el fin de descartar cualquier ilegalidad, que Medina ejercitó la opción de compra de un chalé propiedad del empresario Joaquín Grau, beneficiario de adjudicaciones. El 5 de octubre de 2005 el primer edil transfirió 24.000 euros a Villas Bungalows El Cid SA, propiedad del empresario Grau. El pago coincide con la apertura del fiscal Anticorrupción de su investigación.

Por otro lado, la secretaria local del PSPV de Ohihuela y candidata a la alcaldía, Antonia Moreno, ha admitido que su padre tiene terrenos afectados por el trazado de la nueva autovía entre esta población y Guardamar.

188. EL EX INTERVENTOR DECLARA QUE MEDINA PAGÓ 3,5 MILLONES DE MÁS POR UNA OBRA (18/09/06)

José Manuel Espinosa, ex interventor del Ayuntamiento de Orihuela, declaró ante la juez que el alcalde, José Manuel Medina, del PP, pagó 3,5 millones de euros de más por las obras de la plaza de la Glorieta Gabriel Miró. El funcionario, testigo de cargo del fiscal anticorrupción, compareció en el Juzgado número 6, que instruye dos de las 15 denuncias secundarias de la Fiscalía contra el Consistorio Oriolano. La magistrada también interrogó, como testigos, a los portavoces del PSPV y Los Verdes, Francisco García Ortuño y Monserrate Guillén.

María Teresa Martínez Soto, titular del Juzgado número 6 de Orihuela, inició las diligencias de dos de las 15 causas secundarias de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante por ilegalidades urbanísticas y contables en el Ayuntamiento. Esta oficina instruye las denuncias relativas al sobrecoste en las obras de remodelación de la plaza de la Glorieta Gabriel Miró e irregularidades contables en el patrocinio y recaudación en taquilla de los eventos culturales, deportivos y musicales de las distintas concejalías. Al interrogatorio de los tres testigos asistió el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.

Las obras de la Glorieta Gabriel Miró las ejecutó la promotora Doalco, del empresario local afín al PP Domingo Alcocer. El Ayuntamiento, de acuerdo con las certificaciones de obras aprobadas, abonó un total de 5,3 millones de euros, cuando la adjudicación inicial fue de 1,8 millones.

El ex interventor ratificó ante la juez su primitiva declaración al fiscal anticorrupción. Espinosa subrayó que, "por indicaciones del alcalde el proyecto sufrió varios reformados que por su volumen no eran una modificación, sino un nuevo proyecto, extremo que hubiera precisado la paralización de las obras y proceder a una nueva licitación", puntualizó. "Además, los nuevos sobrecostes del proyecto carecían de consignación presupuestaria", añadió. El funcionario responsabilizó al alcalde del sobrecoste: "Iba cambiando el proyecto a su criterio y a pie de obra", dijo.

Los portavoces de los grupos municipales del PSPV y los Verdes también se ratificaron en sus iniciales declaraciones ante el fiscal. Francisco García Ortuño adjuntó además un informe valorativo que fija en 3,3 millones el sobrecoste del proyecto. El estudio elaborado por un ingeniero del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Alicante fija el presupuesto material de las obras en 2 millones de euros. García Ortuño subrayó que la promotora Doalco "contrata de forma habitual obras con el Ayuntamiento y que esas diferencias de coste se aplican a los beneficios de la empresa y estoy convencido de que también tienen como destino la aportación económica al PP".

Mientras, el edil de Los Verdes también ratificó que el sobrecoste de la Glorieta de Gabriel Miró no "estaba justificado, y que las sucesivas modificaciones encubrían una operación de maquillaje, porque tampoco el valor real de las obras es el finalmente pagado", puntualizó el concejal.

Respecto a la denuncia sobre los patrocinios e ingresos por taquillas de los diversos eventos organizados por el Ayuntamiento, el ex interventor declaró que ninguna de las firmas que aparecían como patrocinadores ingresaban luego cantidad alguna en el Ayuntamiento. "Las cantidades ingresadas por la recaudación en taquilla eran mínimas, y, además, nunca se presentaba el justificante de ingresos, sino únicamente el de gastos", declaró Espinosa. "Yo advertía repetidamente a los concejales de las diversas áreas de la ilegalidad de la práctica", añadió.

189. TENSIONES POPULARES: LA PUGNA POR ALICANTE COMPROMETE A RAJOY EN PLENO DEBATE INTERNO DEL PP NACIONAL (19/09/6)

El proceso de elaboración de candidaturas electorales en el seno de los populares valencianos no podría haber empezado peor. La iniciativa de la ejecutiva provincial de Alicante -controlada por los zaplanistas- de elevar al comité electoral nacional la propuesta de que la diputada en el Congreso Macarena Montesinos encabece la lista municipal ha traspasado ya las fronteras valencianas y se ha convertido en un conflicto con sede en la madrileña calle Génova. Los populares españoles se encuentran inmersos en pleno debate interno sobre la estrategia de oposición al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El portavoz popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, y el secretario general, Ángel Acebes, junto a sus apoyos mediáticos, han hecho del 11-M casus belli, mientras los sectores más moderados y los democristianos -también con su respaldo mediático- apuestan por una estrategia de denuncia de la gestión de Zapatero, antes que por aclarar hechos ocurridos hace ya más de dos años.

La pugna por la listas de Alicante tiene un carácter mucho más local. Los zaplanistas insisten en que Montesinos es la mejor candidata para revalidar la mayoría absoluta en la segunda capital de la Comunitat Valenciana, han desempolvado los estatutos del partido y defienden su derecho a proponer la que consideran la mejor opción electoral, para lo que piden respeto a Génova. Por su parte, el sector afín al presidente regional y jefe del Consell, Francisco Camps, sostiene que no tiene sentido cambiar el cartel cuando Luis Díaz Alperi -pese a estar imputado tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción- ha ganado en dos ocasiones por mayoría absoluta. “Génova hará lo que diga el presidente regional del partido”, afirman los campsistas, convencidos de que Madrid avalará la continuidad de Alperi. El comité electoral nacional, que preside el democristiano Javier Arenas, tiene la última palabra y deberá justificar su decisión. Pero el conflicto compromete al presidente del PP, Mariano Rajoy, pues la decisión que adopte la dirección se interpretará por la opinión pública como una elección entre Camps y Zaplana.

Y la de la candidatura municipal de Alicante es la primera de una serie de batallas por el control de las listas municipales, principalmente en la provincia de Alicante, donde los zaplanistas, liderados por el presidente provincial y de la diputación, José Joaquín Ripoll, se han hecho con el control orgánico e institucional. Los zaplanistas han anunciado su intención de proponer candidatos en las ciudades de más de 20.000 habitantes a través de las ejecutivas locales.

190. CASTELLÓN PATROCINA UN PROGRAMA CON CHICAS DE UN CLUB DE ALTERNE (19/09/06)

Primero fueron bragas. Este año, lucha de mujeres en el barro y compartir páginas y programa con un club de alterne. El Ayuntamiento de Castellón subvenciona, anualmente, la concentración de moteros Harley Davidson, que reúne a casi 7.000 personas. Este año, el patrocinio del Ayuntamiento se dejó ver como anuncio en el programa de actividades, donde también se publicitaba un club de alterne. La concentración motera programó la lucha de mujeres en el barro, anunciada en el mismo programa.

El pasado mes de junio aparecieron las facturas para justificar los 15.000 euros que se aportaron de las arcas públicas para la concentración de los moteros en 2005 y, entre otras, se encontraba la correspondiente a 1.470 euros gastados en la compra de bragas y tangas en las que se serigrafió el logotipo del club que organiza la concentración. El portavoz del Grupo Socialista municipal, Ignacio Subías, exhibió esa factura como muestra del "descontrol" en el gasto del dinero público y con la petición de que se revisaran los destinos de las subvenciones. Pero lejos de huir de la polémica, este año, el equipo de gobierno del PP ha vuelto a conceder la ayuda. Así, el logotipo del Ayuntamiento, como publicidad institucional, apareció en la programación de actos de la concentración de 2006, en la que también se anunciaba la lucha de mujeres en el barro, que se celebró, en el parque público de El Pinar.

El concejal del Bloc, Enric Nomdedéu, hizo pública la aportación del Ayuntamiento para el evento con un sutil ruego a la responsable del departamento de Igualdad del Consistorio, Marta Gallén. "Respetando, evidentemente, el derecho de una asociación privada a hacer la programación de actos que considere oportuna, entendemos que el Ayuntamiento no debería poner su logo en una publicación que cuenta con publicidad de un prostíbulo o que incluye como actividades un pseudodeporte como la lucha de mujeres en el barro". Y añadió que "rogaba" a los populares que "estén más vigilantes con esta clase de cuestiones".

La concentración se celebró el primer fin de semana de septiembre y la lucha de mujeres en el barro acaparó la atención de cientos de personas y de muchos fotógrafos. Ahora, el Ayuntamiento y la organización han hecho balance. "Se nos acusó de machistas por una actividad y creo que en esta concentración, concretamente, se ha desmitificado bastante la creencia de que el mundo de las Harleys es machista", opinó Ximo Torres, teniente de alcalde de El Grau, distrito donde se celebró el encuentro. "Lo cierto es que fueron juegos muy divertidos y en actividades como la pelea en el barro también participaron hombres", dijo Loyte Querol, vicepresidenta del club organizador.

191. ABREN DILIGENCIAS CONTRA ALPERI POR SUPUESTO TRATO DE FAVOR A ENRIQUE ORTIZ (22/09/06)

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante, Jesús Gómez Angulo, ha abierto diligencias previas por la denuncia del fiscal Anticorrupción contra el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y los ediles de Urbanismo y Tráfico, Sonia Castedo y Luis Concepción, respectivamente, por el presunto trato de favor al empresario Enrique Ortiz en la contratación de tres aparcamientos, según confirmaron fuentes del Palacio de Justicia. El magistrado ha incoado las diligencias número 4.600 y prepara la notificación de la causa a los cinco denunciados, que son el alcalde, los dos ediles, el técnico de Tráfico Antonio Escobedo y el representante legal de la mercantil Ortiz e Hijos. Según la Fiscalía, los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de fondos públicos y apropiación indebida. El fiscal Felipe Briones inició la investigación a instancias de una denuncia del dirigente vecinal José Luis Valdés por supuestas irregularidades en el contrato de adjudicación de los aparcamientos subterráneos de Padre Esplá, Catedrático Soler y Hermanos López de Osaba. Según el fiscal, las irregularidades han causado un quebranto económico a las arcas municipales estimado en 2.268.060 euros al menos. Felipe Briones advirtió en su denuncia que existió un concierto entre el alcalde y los ediles de Urbanismo y Tráfico para conferir a Ortiz mejoras respecto al contrato inicial después de que dos técnicos informaran en contra de ellas. Para ello, “se decidió dejar sin resolver la denegación de las modificaciones” y “sustituir el órgano gestor”, trasladando el expediente a la Concejalía de Tráfico. El nuevo funcionario “en cumplimiento de instrucciones verbales de su concejal emitió un informe”, “proponiendo compensaciones a Ortiz por la aparición de necesidades nuevas y circunstancias imprevistas”, según el fiscal. El portavoz adjunto del grupo socialista en el ayuntamiento, Domingo Martín, denunció “la falta de control del consistorio sobre los posibles cambios en la construcción del aparcamiento de Hermanos López de Osaba que en principio podrían vulnerar el contrato que se suscribió”.

192. LOS VERDES DENUNCIAN AL ALCALDE DE TORREVIEJA Y VARIOS EDILES POR OBRAS ILEGALES (22/09/06)

El portavoz municipal de Los Verdes (LV), José Manuel Dolón, anunció la presentación de una querella criminal contra miembros del equipo de Gobierno del PP y contra funcionarios municipales del área de Urbanismo por supuestos delitos de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos como consecuencia de “la inactividad municipal”, al permitir que la familia del concejal de Hacienda y teniente de alcalde, Pascual Ortiz, “ejecutara toda una serie de obras ilegales e incompatibles con el ordenamiento urbanístico municipal” en el edificio sito en la calle Clemente Gosálvez.

La denuncia, según el concejal Dolón, se presentará contra el alcalde de Torrevieja, Pedro Angel Hernández Mateo, contra el concejal de Urbanismo Fernando Gómez, contra el propio Pascual Ortiz y contra funcionarios del departamento de Urbanismo.

Previamente a la denuncia, Los Verdes se ha dirigido por escrito al alcalde mediante la presentación de una serie de preguntas al pleno para que se aclare públicamente los motivos que le han llevado “a no tramitar” las denuncias presentadas “por las graves irregularidades” cometidas por los promotores de las obras (Pascual Ortiz y familia), y que explique “por qué no se ha abierto expediente de disciplina urbanística alguno ante semejante ilícito urbanístico”.

193. EL JEFE DE LA POLICÍA DE TORREVIEJA, NOMBRADO POR EL PP, Y UN CAPITÁN DE LA GUARDIA CIVIL, IMPUTADOS POR AMAÑAR UNA OPOSICIÓN (23/09/06)

El caso de las torturas de la Policía Local de Torrevieja a arrestados alcanzó una nueva dimensión judicial al levantar la magistrada Juana López, titular del Juzgado número 2, el secreto del sumario. La juez ha imputado al jefe de la Policía Local, Alejandro Morer, a un agente del cuerpo, a un capitán de la Guardia Civil del puesto de Torrevieja, cuya identidad no ha trascendido, y al hijo de éste, por un delito contra la Administración pública, derivado del intento de amañar una oposición para cubrir 5 plazas de policías locales en condición de interinos estacionales. La oposición no ha llegado a celebrarse.

La imputación de esas cuatro es consecuencia de la intervención de los teléfonos de los mandos de la Policía Local para investigar un delito de narcotráfico. La magistrada López autorizó las escuchas telefónicas a raíz de la denuncia de dos individuos arrestados por un robo.

Los detenidos denunciaron que había visto "a un policía local [el inspector Manuel Antonio Vera, según consta en el sumario] con dos bolsas de cocaína". Las escuchas no dieron ningún fruto judicial en ese sentido y la juez ha archivado las diligencias respecto al delito de narcotráfico.

No obstante, la intervención de los teléfonos desveló otras prácticas ilegales. En concreto, un supuesto amaño de unas oposiciones. Según fuentes del caso, el contenido de las escuchas recoge una llamada telefónica del concejal de personal, José Sánchez, al jefe de la Policía Local. El edil solicitó al jefe que le propusiera cinco temas genéricos para la oposición para cubrir las cinco plazas de policías interinos estacionales. El jefe encomendó el trabajo a otro agente. Días después, el jefe [siempre de acuerdo al contenido de las escuchas] recibió otra llamada de un capitán de la Guardia Civil de Torrevieja interesándose por la temática de las preguntas de la oposición y sugiriendo a Morer que "echara una mano" a su hijo, que iba a presentarse al concurso.

Un tercio de la plantilla de la Policía Local de Torrevieja -170 agentes en total- son interinos, entre ellos inspectores y oficiales. El alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, ha prorrogado el contrato de ocho de ellos, pese al informe en contra de la secretaria municipal.

Estos cuatro imputados se suman a los otros 11 agentes de la Policía Local, un auxiliar de enfermería, y dos concejales del PP, los responsables de Seguridad y Sanidad, Pedro Valero e Hipólito Caro, respectivamente, por un supuesto delito de torturas a un arrestado durante un robo a la casa de un agente, el pasado 23 de junio. El denunciante, un súbdito guatemalteco, denunció cuatro días más tarde que durante el arresto [en la vía pública, según recogen la diligencias] los agentes le propinaron varios golpes que le provocaron lesiones graves.

194. EL ALCALDE DE ORIHUELA (PP), ACUSADO DE CORRUPCIÓN, NO OPTARÁ AL CARGO (23/09/06)

José Manuel Medina, alcalde de Orihuela, del PP, anunció que no optará a revalidar el cargo en los comicios municipales de mayo de 2007. La decisión del regidor, en el puesto desde 1996 y en la actualidad imputado por corrupción, se produce tras constatar que ya no cuenta con el respaldo del presidente regional del PP, Francisco Camps. Éste cuestionó su apoyo a Medina a raíz de que el alcalde admitiese ante la juez que vive en un lujoso chalé y conduce un Rolls Royce propiedad de un contratista local beneficiado con adjudicaciones urbanísticas.

El uso de bienes particulares de promotores por parte del alcalde es una de las 16 causas en las que el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha desglosado la denuncia general por otros tantos supuestos hechos delictivos derivados de la gestión urbanística y contable en el consistorio oriolano.

José Manuel Medina anunció en conferencia de prensa su decisión de no optar a la reelección, justo una jornada después de que otro juzgado iniciase las diligencias por dos de las denuncias subsidiarias del fiscal: el sobrecoste de 3,5 millones en las obras de una plaza y la ausencia de justificantes de la recaudación por taquilla de los eventos municipales. En ambos sumarios, el testigo de cargo del fiscal, el ex interventor de la corporación, José Manuel Espinosa, se ratificó en sus denuncias.

El alcalde de Orihuela justificó su renuncia a presentarse a la reelección como candidato del PP a la alcaldía en el, en su opinión, empeño del fiscal por mantener abiertas las causas judiciales, "al menos hasta el mes de mayo", puntualizó. "Va a llegar el mes de mayo con 160 causas más, porque éste [el fiscal] no va a consentir que se sobresea o archive ninguna de las denuncias", argumentó el regidor. El alcalde lamentó que el ministerio público haya recurrido el archivo de unas de las denuncias decretado por el juez el pasado julio. "Ante esta evidencia", prosiguió Medina, "y con independencia de lo que decidiera el partido, no estoy disponible para ser candidato". El alcalde subrayó que a partir de mayo se va a dedicar con todas sus posibilidades a limpiar su nombre.

Aparte del acoso judicial, Medina también ha perdido el respaldo del presidente regional del PP y jefe del Gobierno valenciano, Francisco Camps. El alcalde se había alineado con este sector interno de los populares valencianos que pugna con el colectivo zaplanista [afines al portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana] por el control de la organización.

195. DESAPARECE EL LIBRO DE AVERÍAS DEL METRO DE VALENCIA EN EL QUE MURIERON 43 PERSONAS (26/09/2006)

El libro de averías del tren del metro que descarriló el 3 de julio provocando 43 muertes ha desaparecido. La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que investiga el accidente, ha remitido una comunicación a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana donde confirma que el libro de averías que debía estar en de la máquina precintada por orden judicial "no se encuentra". El consejero de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, reconoció: "Dentro del tren no está". El consejero popular dijo que el extravío no supone "ningún problema".

El libro de averías es el diario de a bordo donde se registran todas las incidencias que tiene el convoy. Se trata de un libro apaisado, tamaño A 5 que dispone de tres juegos de hojas con la misma numeración. En él figura todo el historial de la máquina. Cuando hay una incidencia se anota en el libro y se arrancan las dos copias: una va a talleres y la otra a Administración de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), la empresa pública que gestiona el metro.

Este documento fue reclamado desde el primer momento por la oposición en la corta comisión de investigación parlamentaria celebrada en agosto en las Cortes Valencianas. Los sindicatos representados en FGV también han exigido sin éxito la documentación de la máquina. La juez ordenó a la Policía Judicial desprecintar el metro siniestrado a principios de mes y buscar el libro de averías, tras la solicitud remitida en agosto por la dirección de la empresa. Fuentes del TSJ explicaron que todo el papel que había en la unidad accidentada era "irrecuperable", pero no ofreció más detalles.

El consejero de Infraestructuras y Transportes volvió a insistir en que toda la información importante está en soporte informático, cuya copia se trasladó a las Cortes Valencianas. "Pedimos a la juez que la policía y los técnicos de FGV buscaran el libro de averías, pero dentro del tren no está, aunque si el soporte informático con la última revisión", dijo el consejero. García Antón cree que "algún partido quiere incordiar en algo que está muy claro". "Todos coincidieron en la comisión de investigación en que no había ningún problema", manifestó el consejero.

El representante de UGT en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Antonio Soler, insistió en que la empresa no ha facilitado ninguno de los libros de averías del metro siniestrado hasta la fecha. Soler manifestó: "Sólo nos facilitaron en agosto dos copias correspondientes a la aparición de unas pintadas y una transcripción con datos de ordenador referidos al mes de junio pasado". Soler explicó que el libro de averías viaja siempre en el interior de la cabina del maquinista en un hueco lateral, que a veces dispone de tapa, y que no es fácil de perder. Los sindicatos recordaron que los técnicos de FGV y la dirección accedieron al lugar del siniestro antes que la Policía Judicial y que el convoy precintado en las instalaciones de FGV quedó en un lugar de fácil acceso tapado únicamente con un plástico azul anudado con cuerdas. Trabajadores de FGV aseguraron en su día que en el convoy precintado "podía entrar cualquiera".

196. EL JUEZ IMPUTA AL ALCALDE Y DOS EDILES DEL PP DE ALICANTE POR PREVARICACIÓN (26/09/06)

El juez ha imputado al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, dos ediles de su equipo de gobierno (Sonia Castedo, de Urbanismo, y Luis Concepción, de Tráfico), un técnico municipal y a la promotora Ortiz e Hijos por cinco delitos, entre ellos prevaricación y tráfico de influencias, por la adjudicación de 3 parkings subterráneos a la mencionada sociedad, del contratista Enrique Ortiz. Ésta es la segunda imputación de Díaz Alperi, en el cargo desde 1994. El regidor está acusado en el desfalco de 6 millones € en Mercalicante.

La imputación de Díaz Alperi se produce en vísperas de su nominación como candidato a la alcaldía de la ciudad. Alperi, afín al jefe del Gobierno valenciano, Francisco Camps, restó importancia a la denuncia de la Fiscalía: "La investigación demostrará que no hay delito", dijo. El magistrado admite la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que apreció trato de favor en la adjudicación. El ministerio público considera que la modificación del contrato ha acarreado al Ayuntamiento un quebranto de 2.268.060 euros. Los trabajos de los tres aparcamientos fueron adjudicados al promotor en 2003 por 14,8 millones y por un período de explotación de 40 años.

Más adelante, el empresario presentó una propuesta que modificaba al alza las condiciones del contrato, tanto del presupuesto, que elevaba hasta los 17,8 millones, como del plazo de ejecución, que aumentaba en siete años y diez meses. Los técnicos del departamento de Urbanismo se opusieron a la modificación, extremo que llevó a Díaz Alperi a trasladar el expediente al área de Tráfico, cuyo jefe de negociado, Antonio Escobedo, avaló la propuesta. En su denuncia, el fiscal sostiene que hubo un "concierto previo entre el alcalde y los dos concejales con la exclusiva intención de conferir mejoras al adjudicatario".

El magistrado abre diligencias previas para "averiguar si la realidad de los hechos" es constitutiva de delito, según informó el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Antes de la comparecencia en el juzgado de los imputados -el alcalde ha sido citado para el próximo 15 de diciembre-, el juez interrogará a cuatro testigos. El empresario Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules del C.F, ha sido beneficiado con múltiples adjudicaciones urbanísticas por parte del Consistorio, entre ellas el plan Rabassa, el programa más ambicioso de Alicante, que prevé 15.000 viviendas.

197. LAS TORTURAS EN TORREVIEJA, GOBERNADO POR EL PP IMPLICAN A MIEMBROS DEL PP DEL AYUNTAMIENTO DE ESTA LOCALIDAD (27/09/06)

"El detenido está reventado, y en el atestado no aparece nada de resistencia". La frase forma parte de la conversación entre dos policías locales de Torrevieja (el inspector Manuel Antonio López Vera y el oficial Carlos Illán) tras el arresto de un ladrón, recogida en la grabación de las escuchas telefónicas ordenadas por la juez del caso de las torturas. Las cintas revelan otras supuestas ilegalidades, como "presiones" del inspector López Vera y otros dos agentes a tres delincuentes (dos ellos menores) para recuperar dos kilos de cocaína de un narcotraficante colombiano.La titular del juzgado número 2 de Torrevieja, acordó pasado 28 de febrero la intervención del móvil del inspector Manuel Antonio López Vera para esclarecer una denuncia por narcotráfico. Las escuchas no dieron resultado en ese terreno, y la juez ha archivado las diligencias. Las grabaciones sí revelaron otras prácticas ilegales como las supuestas torturas a un detenido y el amaño de unas oposiciones a la Policía Local.

Las conversaciones del inspector hacen referencia al arresto de un inmigrante guatemalteco el pasado 23 de junio, cuando robada en la casa de Carlos Illán, oficial de la Policía Local. El inspector habla primero con el concejal de Sanidad, Hipólito Caro, del PP, para preguntarle quién está de guardia en el centro de salud las Lomas (el edil era director del mismo).Luego, el inspector conversa con Pedro -la investigación no ha determinado si se trata del alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, o del concejal de Seguridad, Pedro Valero- . "El servicio se ha realizado bien, pero el hombre no se puede poner derecho. Lleva dos costillas rotas y no se sabe si alguna cosa más", dice el policía. El interlocutor le pregunta: "¿Le han saludado [en alusión a si le han pegado]?". Vera responde que sí: "Tiene lesiones graves, pues lo han tenido en el calabozo diez horas". El policía advierte de que en el atestado no aparece nada de resistencia y que si lleva a esa persona con esas lesiones tendrá problemas.López Vera comunica a su interlocutor que, antes ha llamado al concejal Caro, "para que el médico que reconozca al detenido le llame lo antes posible antes de hacer nada por si hay que rehacer el atestado deprisa y corriendo para que por lo menos aparezca algo sobre que el detenido ha ofrecido resistencia en descarga de los agentes".

En otra conversación entre el inspector Vera el oficial Illán, el primero insiste en el grave estado del detenido. "Esta reventado. El médico del centro de salud lo ha enviado urgente para la Vega Baja (hospital comarcal)". Y le repite que ya ha informado al edil Caro: "Estamos esperando a que traigan el parte de lesiones para rehacer las diligencias antes de entregarlas en la Guardia Civil".

En otra cinta, Vera e Ilán, mencionan que al "detenido le han hecho de todo y tiene dos costillas rotas, aunque un cuñado del segundo trabaja en el hospital, ya le ha contado a lo médicos y le dan el alta". Los agentes subrayan que "los médicos no quieren intervenir para que no haya problemas y lo van a hacer todo más liviano, así como que dos costillas rotas es perfectamente compatible con una caída". Por estos hechos, la juez ha imputado a 13 agentes, incluidos Vera e Illán, y los dos concejales.

Las diligencias por el delito de narcotráfico constatan que Vera y otros dos agentes "presionaron" a tres jóvenes detenidos por robo para averiguar el paradero de dos kilos de cocaína que reclama un narcotraficante colombiano, confidente policial.

Las escuchas recogen un intento de amaño de unas oposiciones. Por estos hechos están imputados el Jefe de la Policía Local, Alejandro Morer, el inspector Vera, un agente y un capitán de la Guardia Civil. Vera responde así a la llamada del capitán: "No te preocupes que los dos inspectores que van a estar, y luego mi jefe también, me van a pasar parte de las preguntas que van a poner, y yo se las paso a mi hijo y al tuyo".

198. CAMPS RECLAMA EL VOTO PARA EL PP EN UN ACTO INSTITUCIONAL DESDE LA GENERALITAT (28/09/06)

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aprovechó un acto institucional celebrado en el Palau de la Generalitat para reclamar el voto al PP en las próximas elecciones autonómicas. El jefe del Consell, tras reunirse con altos cargos de la Generalitat, les instó a contar "todos los días" las bondades de su gestión. "Quiero no sólo ganar las elecciones de 2007, porque ganando mi partido gana la Comunidad Valenciana. Les he pedido que consigamos el 50% de los votos. Ese es nuestro camino. Lo podemos conseguir".

Situado frente a una gran pancarta con el logotipo de la Generalitat en blanco sobre azul y rodeado de altos cargos de las consejerías de Turismo, Empresa, Economía y Agricultura, Camps realizó un nuevo discurso sin preguntas. En su intervención se arrogó de manera personal la creación de puestos de trabajo que se han generado en la Comunidad Valenciana desde que asumió la presidencia. "El compromiso inicial mío fue la creación de 145.000 puestos de trabajo y la apuesta se ha elevado hasta los 400.000 puestos de trabajo en esta legislatura", sentenció Camps, que añadió: "Esto es fruto del esfuerzo de una sociedad dinámica y de las iniciativas del gobierno autonómico". "Quiero conseguir que, como mínimo, uno de cada dos valencianos que vaya a votar ese día [el 27 de mayo de 2007] lo haga a favor del empleo, la prosperidad y el futuro de la Comunidad", afirmó el dirigente popular.

En su alocución, el también presidente regional del PP enfatizó: "Quiero el mayor esfuerzo para que el mayor número de valencianos conozca directamente qué está haciendo el gobierno que yo presido y sepa que estamos consiguiendo objetivos que parecían imposibles en otras épocas y otros momentos".

La llamada al voto para un partido desde la sede institucional del gobierno de la Generalitat realizada por Camps es una situación insólita. Habitualmente, los presidentes de gobierno distinguen entre su papel institucional -en el que representan a todos los ciudadanos- y su rol partidario -en el que de manera explicita defienden los intereses de su formación y de la militancia-.

199. LA RECALIFICACIÓN MASIVA DE SUELO EN LA COSTA DE CASTELLÓN ABRE UNA CRISIS EN EL PP (28/09/06)

El alcalde de Burriana (Castellón), Alfonso Ferrada, del PP, aprobó en enero la adjudicación del desarrollo urbanístico de 700.000 m²en una franja próxima a la costa del municipio, pese a la existencia de un informe técnico jurídico, firmado por cuatro funcionarios, contrario a dicha adjudicación. Distintas empresas inmobiliarias compraron suelo rústico hasta 6 meses antes de recalificarse los terrenos. La operación urbanística ha suscitado una crisis en el PP y ha obligado a intervenir al presidente provincial, Carlos Fabra.

El alcalde de Burriana, ciudad de 31.000 habitantes, no escondió su empeño en adjudicar el programa a Corporación Inmobiliaria Albia, SA, una empresa que hasta seis meses antes había estado adquiriendo terrenos rústicos en una zona que, con la aprobación del programa, se recalificaría como urbanizable. La compra se prolongó también a una superficie ubicada junto a la depuradora, cuyo traslado anunció el alcalde poco después.

Ferrada, quien también ostenta un cargo orgánico en el PP de la Comunidad Valenciana, desmintió la existencia de un "pelotazo" y en su día aseguró que había conocido a los socios de Corporación Inmobiliaria Albia el mismo día que presentaron su propuesta urbanística en el Ayuntamiento. En cualquier caso, la decisión del alcalde ha provocado una crisis en la que ha tenido que intervenir el presidente provincial del PP, Carlos Fabra, ya que los populares gobiernan en el municipio con una diferencia de un solo concejal y el grupo se había fragmentado de forma notoria.

Según el expediente, el valor de los terrenos a urbanizar, una vez conocida la intención del Ayuntamiento de apoyar el desarrollo aunque el suelo aún no estuviera recalificado, se multiplicó por seis.

En la Comunidad Valenciana, los promotores pueden presentar propuestas aunque el terreno no sea de su propiedad para, posteriormente, hacer una oferta a los titulares del suelo o someterles a las cargas de urbanización que, en proporción, les correspondan por el desarrollo del suelo. De hecho, mientras Corporación Inmobiliaria Albia ofrecía unos 42.000 € por hanegada (aproximadamente 830 m²), otras empresas elevaron la oferta a los propietarios del suelo hasta 192.000 € por la misma porción de terreno. Pese a ello, el PP optó por la firma que menos dinero aportaba a los titulares del suelo.

La adjudicación de la urbanización ha estado plagada de irregularidades. En cualquier caso, sobre la misma aún está pendiente el visto bueno de la Generalitat valenciana, con competencias sobre materia urbanística, que ha de aprobar definitivamente el proyecto. De momento, el PP de Burriana sólo ha podido llevar a cabo una adjudicación provisional pese a que, para ello, tuvo que acudir a un informe externo que justificara la "bondad" de la propuesta de Albia.

Sin embargo, las pegas al proyecto fueron tantas que incluso el informe encargado para justificar su aprobación condicionaba la misma a la revisión del Plan General del municipio, aún pendiente.La polémica tramitación, que ha creado un cisma dentro del grupo municipal del PP de Burriana en el que tuvo que intervenir el presidente provincial, Carlos Fabra, comenzó en septiembre de 2004 cuando un promotor, Manuel Ramos, presentó una propuesta de urbanización. Ferrada paralizó la tramitación de este proyecto y no elevó la propuesta al pleno. Mientras la iniciativa de Ramos permanecía en el olvido, otro empresario del sector, Carlos Esteve Herrero, comenzó a adquirir terrenos en el perímetro y zona aledaña a través de tres empresas: la castellonense Gruines; Cillebesa, domiciliada en Madrid; y la bilbaína Corporación Inmobiliaria Albia. Así, en julio de 2005, Albia presentó una propuesta de urbanización cuya superficie se solapaba, en su mayor parte, con la zona pretendida por el otro promotor. Seis meses después se le adjudicaba el desarrollo urbanístico.

La votación para la adjudicación del programa urbanístico de la costa de Burriana a la bilbaína Corporación Inmobiliaria Albia no estuvo exenta de polémica. El grupo popular se hubo de enfrentar a la recusación planteada por un promotor perjudicado sobre el alcalde del municipio, Alfonso Ferrada, y el responsable de Urbanismo, Javier Perelló. En el caso de Ferrada, la recusación se motivó en la "enemistad" que mantenía el alcalde con el promotor. Como argumentos para evitar la participación de Perelló en la votación esgrimió la utilización de un coche a nombre de una sociedad con intereses urbanísticos y su relación con otras firmas también relacionadas con el urbanismo. Ninguna de las dos prosperó pero fue necesario el voto de calidad de otro concejal del PP, el diputado José Ramón Calpe.Los grupos de la oposición advirtieron de la posibilidad de que se estuviera cometiendo un delito, aunque el alcalde popular se limitó a espetar que, si tenían sospechas, acudieran al juzgado.

200. ¿CORRUPCIÓN QUE CORRUPCIÓN? RAJOY JUSTIFICA LA PASIVIDAD DE CAMPS ANTE LAS MUCHAS IRREGULARIDADES EN LAS FILAS DEL PP (30/09/06)

El presidente del PP, Mariano Rajoy, justificó la pasividad del jefe del Ejecutivo valenciano, Francisco Camps, ante los casos de corrupción de altos cargos de su partido. "El señor Camps respeta el código ético del PP. Cuando algún juez diga que hay un militante que incumple la ley, actuaremos en consecuencia; pero mientras tanto tiene bastante poco sentido hacerlo", dijo. El PP mantiene como candidato al actual alcalde de Alicante, imputado por corrupción. El código ético del PP afirma que si un político del partido tiene abierta una causa en el juzgado pondrá su cargo a disposición del partido. Además, añade que el PP abrirá "una comisión de investigación interna que esclarezca los hechos y que, a su vista, hará públicas las conclusiones de su informe".

Nada de eso se hace en Valencia, donde Rajoy se reunió con los presidentes autonómicos del PP. Rajoy escenificó su respaldo a Camps, que se enfrentó a una moción de censura presentada por el PSPV.

Pero no solo eso, Rajoy puso como ejemplo de buen gobierno la Comunidad Valenciana, que está "mejor que nunca", y en la que los valencianos no tienen "nada que agradecerle" al Gobierno. Tras reunirse con Esperanza Aguirre (Madrid), Jaume Matas (Baleares) y Juan Vicente Herrera (Castilla y León) para criticar la postura del Gobierno en la inmigración, el País Vasco y la guerra accionarial en las eléctricas, Rajoy acudió a un mitin multitudinario en el Palau de les Arts de Valencia.

El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, imputado por un desfalco en Mercalicante y por el trato de favor en la concesión de tres aparcamientos a un promotor y ratificado como candidato en 2007, fue aclamado por la militancia. Su candidatura facilita las pretensiones del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado en delitos de tráfico de influencias y contra la salud pública, que confía en repetir. Además de Alperi y Fabra, el PP valenciano tiene imputados a los alcaldes de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, y Orihuela, José Manuel Medina; así como a otros cargos de la Administración valenciana por la trama de Terra Mítica.

En Castellón (168.0000 habitantes), el PP aún no ha hecho público si su presidente provincial, Carlos Fabra, seguirá como candidato en la lista municipal de la capital de La Plana. Él mismo ha dicho que hasta que la dirección no haga pública su decisión, en diciembre, no valorará esta posibilidad. Su elección como concejal es la que permite su posterior designación como diputado provincial o, como ha ocurrido en las tres últimas legislaturas, como presidente de la Diputación. Y su imputación como presunto autor de un delito de tráfico de influencias, otro de fraude fiscal y otro de falsedad, así como la repercusión pública del procedimiento judicial abierto, en el llamado caso Fabra, ha llevado a la dirección del PP a valorar el grado de erosión del dirigente y a plantear la "conveniencia" de que no repita.

Sin embargo, públicamente, Fabra ha obtenido ya el aval del vicepresidente del Gobierno valenciano y secretario general del PP de Castellón, Víctor Campos. En cualquier caso, el propio Fabra llegó a insinuar que podría presentarse como candidato en una lista del PP, pero que no tenía por qué ser la de Castellón ciudad, sino que podría ser candidato por el municipio de Oropesa. En todo caso, Fabra controlará la campaña electoral ya que, junto a Campos, será el máximo responsable de ella. La campaña, además, estará coordinada por uno de sus delfines en la diputación y, como adjunto, su hermano José Alberto Fabra.

202. UN EX ALTO CARGO DE AGRICULTURA DECLARA QUE DIRIGENTES DEL PP TENÍAN INTERÉS EN NARANJAX (03/10/06)

Un ex alto cargo del Ministerio de Agricultura que prestó declaración como testigo del caso Fabra en los juzgados de Nules confirmó que destacados dirigentes del Partido Popular de Castelló tenían “interés” en que salieran al mercado los productos fitosanitarios que fabricaba Naranjax, la empresa del industrial Vicente Vilar. José Antonio Galdeano, abogado del empresario Vicente Vilar, aseguró al término de las declaraciones que Juan José Guitián, ex subdirector general de Medios de Producción Agrícola del Ministerio de Agricultura, ha nombrado a varios políticos del PP castellonense que a finales de los años 90 hicieron gestiones por Naranjax. Según Galdeano, Guitián descartó recibir presiones directas, pero sí se refirió al interés que mostraron por los productos de Vilar el senador Miguel Prim, el ex subdelegado del Gobierno Vicente Sánchez Peral, el presidente de la Diputación Provincial de Castelló, Carlos Fabra, y Juan José Ortiz, parlamentario popular. Sobre el ex ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, el abogado dijo que no estaba seguro de si Guitián lo ha citado en su declaración o no, aunque recordó que el ex alto cargo sí ha sacado a relucir el nombre de Rafael Milán, ex director general de Agricultura. El Juzgado nº 1 de Nules instruye este sumario por delitos contra la Administración y fraude fiscal, en el que figuran como imputados Fabra, su esposa María Amparo Fernández, Vilar, la ex mujer de éste, Montserrat Vives, y al menos seis altos cargos del PP.

Según el letrado, Guitián dijo que no recuerda “un solo caso, además de éste”, en el que ministros, subdirectores o senadores se hayan interesado de forma tan insistente en la aprobación de sustancias plaguicidas. Fuentes judiciales añaden que Guitián también señaló a Manuel Lamela, entonces tiempos subsecretario de Agricultura, como uno de los políticos que se interesaron por Naranjax. “Me ha llamado la atención que los políticos de aquí estaban muy preocupados por estos temas cuando hay otros asuntos por los que deberían interesarse más. Pienso que el servicio público debería ser otra cosa y creo que se les ha olvidado que un político debe estar al servicio público”, dijo Galdeano. Cuando el abogado de la Unión de Consumidores de España (UCE) le exhibió supuestos documentos comprometedores, Guitián preguntó a la jueza si tenía que responder. Al aconsejarle la instructora que era conveniente, respondió que los firmó Rafael Milán.

203. EL PP HACIENDO GALA DE GRAN TRANSPARENCIA: RECHAZA HACER PÚBLICA LA RENTA Y BIENES DE LOS POLÍTICOS (07/10/06)

El PP rechazó en la última jornada del debate de política general las propuestas del PSPV para crear un registro “público” con la renta y patrimonio de todos los altos cargos de la Generalitat, incluyendo empresas y organismos, así como estudiar la reducción de las mercantiles públicas y del número de cargos de las conselleries en un 25%. La iniciativa reclamaba la publicación en Internet de todos los contratos de alta dirección y con los proveedores de la Generalitat, y el cese del director de RTVV.

Las medidas son la punta de lanza de la “regeneración democrática” de la Comunitat que el líder del PSPV, Joan Ignasi Pla, reclamó el miércoles en la moción de censura al presidente Camps, en la que le ofreció un pacto contra la corrupción que incluía además el compromiso de los partidos de suspender de militancia a los cargos imputados y abrir investigaciones internas, un envite que Camps no asumió. El popular Ricardo Costa defendió la “honorabilidad” de los altos cargos, que dijo que ya deben declarar sus actividades y bienes en un registro (aunque omitió que el de bienes no sólo no es público sino que nunca se ha permitido ver), y acusó al PSPV de querer “teñir con un borrón negro” su imagen.

204. LA GENERALITAT DIO 435.517 € EN 2005 A UNA PLATAFORMA VECINAL AFÍN AL CONSELL DEL PP (09/10/06)

La Generalitat concedió en 2005 subvenciones por valor de 435.517 € a la Fundación Central Ciudadana, una entidad que forma parte de un entramado de organizaciones vecinales que ha ido tejiéndose al calor del Consell del Partido Popular. En concreto, el Ejecutivo valenciano realizó tres pagos a esta fundación (uno por valor de 258.910 €; otro por importe de 172.607; y un tercero por 4.000 €) entre mayo y diciembre del año pasado, según admite la Conselleria de Economía y Hacienda en una respuesta parlamentaria a la diputada socialista Josefa Andrés. El listado remitido por el Consell al grupo socialista no aclara el objetivo de los pagos, excepto el relativo a los 4.000 €, que se destina a financiar gastos corrientes de la entidad.

La Fundación Central Ciudadana se constituyó en junio de 2004 y sus fines son ambiguos: “La creación y desarrollo de respuesta e iniciativas adaptadas a las necesidades sociológicas de la sociedad contemporánea y, en particular, la lucha por la defensa de la democracia y el fomento de la solidaridad, el bienestar de los ciudadanos y la profundización de los derechos humanos”. Presidida por el dirigente vecinal Carlos Ruiz, el patronato de la entidad estaba integrado por 27 vocales. Entre ellos, Fernando Piera y Ana María Rodríguez, candidatos a la presidencia de la Generalitat y a la alcaldía de Alicante por el Partido Social Demócrata (PSD), formación, que se define como la nueva izquierda valenciana, está integrada por antiguos dirigentes socialistas descontentos tras quedarse, en muchos casos, sin cargo público.

La plataforma vecinal impulsada por Carlos Ruiz agrupa a diversas entidades, entre ellas la agrupación vecinal Favcova, Ciudadanos Mayores o Central Ciudadana. Esta última funciona en una doble vertiente como organización y como fundación. Todas giran en torno a Ruiz y sus dirigentes son prácticamente los mismos, aunque reciben por separado numerosas ayudas públicas de diferentes conselleries.

Esta plataforma en sus diferentes vertientes ha servido en muchas ocasiones a los intereses del Gobierno popular. En Favcova, el Consell de Eduardo Zaplana, halló una federación de vecinos complaciente con las políticas institucionales que acaparó la mayoría de las subvenciones oficiales en detrimento de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad (Cavecova), ésta crítica con la gestión.

Central Ciudadana, que también funciona como prestadora de servicios para la Generalitat se ha movilizado contra la política hídrica del Gobierno central. En su hoja de servicios figura también el intento de organizar, a través de la Central de Mayores, un acto para jubilados que coincidía en hora y lugar con un mitin del PP en las últimas elecciones generales.

205. El juez cita al ex director financiero del Ivex como imputado (09/10/06)

Joaquín Barber, ex director financiero del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) declarará como imputado en el juzgado que investiga las supuestas irregularidades en los pagos de la entidad al cantante Julio Iglesias, con quien suscribió un contrato de representación. Además, el juez ha requerido al Ivex a que en el plazo de 20 días aporte inexcusablemente el contrato original y los anexos. Vicente Sendra Aparisi declarará como testigo.

El juez Luis Carlos Presencia notificó un auto por el que dispone que el próximo día 3 declare como imputado el ex director financiero del Ivex, Joaquín Barber, y explique la literalidad de los compromisos alcanzados en 1997 con Julio Iglesias, las formas de pago, los importes y los conceptos. Además, el juez requiere de nuevo al Ivex para que aporte los documentos originales. El Ivex ha respondido en varias ocasiones que dicha documentación no está en sus archivos y proporcionó únicamente el Libro Mayor.

El juez advierte de que ese requerimiento se hace "sin ser atendibles las razones por la consejera delegada expuestas [...] toda vez que se trata de contabilidad del propio Ivex que fue archivada conforme sus propios recursos y en función del ejercicio criptográfico con que se confeccionó el Libro Mayor aportado, siendo imposible por ello que este Juzgado conozca los asientos en los que reside la información solicitada". El juez pide al Ivex que aporte "los justificantes de los pagos realizados con ocasión del desarrollo de aquellos compromisos respecto del ejercicio fiscal de 1998".

El magistrado pide también que se cite para el próximo 9 de noviembre a Vicente Sendra Aparisi, ex responsable de la oficina del Ivex en México, en calidad de testigo. Se procede a recibirle declaración, explica el magistrado, porque Sendra entregó en la Fiscalía una documentación avalada notarialmente que supuestamente indicaría un doble pago de un evento del cantante en México. Ese pago fue ya anunciado por José Marquina, ex director de la oficina del Ivex en Miami, en su comparecencia ante el juez. Los datos se aportaron pero aún hoy no hay documentación original sobre las transacciones económicas sospechosas. El juez pretende que Sendra aclare los documentos que tiene en su poder. Y, en consecuencia, el magistrado pide que una comisión rogatoria tome declaración al representante del Auditorio Nacional de Ciudad de México para que "manifieste con relación al evento organizado por el Ivex y en el que participó el cantante Julio Iglesias en fechas del año 1998, quién o quiénes contrataron la cesión del uso de tal inmueble y, en su caso, de quién o quiénes obtuvo la contraprestación económica".

207. LA DIMISIÓN DEL ALCALDE DEL PP ABRE UNA NUEVA CRISIS EN EL AYUNTAMIENTO DE XERESA (12/10/06)

208. UNA URBANIZACIÓN DE CHALÉS APROBADA EN BENIATJAR REVALORIZA SUELO DE UN CONCEJAL DEL PP (13/10/06)

De esa manera, todos los actos, fiestas de barrio y celebraciones múltiples son pocos para la agenda del alcalde y candidato. En jornadas, a veces, de absoluto sprint, Alberto Fabra pretende llegar a todas aquellas convocatorias en las que haya vecinos o colectivos reunidos. Ya no basta con enviar una representación del equipo de gobierno. El alcalde llega a todo.

210. BRUSELAS CERTIFICA QUE LA LEY URBANÍSTICA DEL CONSELL INCUMPLE LA DIRECTIVA SOBRE CONTRATOS (13/10/06)

La Comisión Europea considera contrario al derecho comunitario en materia de contratación varios apartados de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y fija un plazo de dos meses para que el Consell corrija las irregularidades detectadas en el citado texto legal, cuya aprobación por el gobierno valenciano pretendía sortear las denuncias y críticas europeas a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU).
La Comisión anunció oficialmente que si en dos meses no se producen los cambios que solicita, denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Bruselas asegura que la LUV “sigue infringiendo las Directivas de la UE sobre contratación pública” por lo que respecta a la figura del agente urbanizable y a la consideración de que los Programas de Actuación Integral (PAI) sí son contratos públicos, al contrario de lo que argumentaron las autoridades valencianas para no someterse a la normativa comunitaria.

Además, el dictamen comunitario cuestiona “la posición de los licitadores que solicitan a las entidades adjudicadoras el inicio del procedimiento de adjudicación de los PAI”, “el contenido de los anuncios de contratos y de los documentos de licitación”, “algunos de los criterios de adjudicación de los contratos” y “la posibilidad de introducir diversos cambios en el contrato en el momento de la adjudicación o durante su ejecución”. Bruselas insiste en cuestionar también los periodos transitorios que mantuvo la LUV para ejecutar proyectos que habían sido aprobados en virtud de las disposiciones de la LRAU.

211. EL CONSELL ARREMETE CONTRA EL GOBIERNO Y AMENAZA A BRUSELAS POR EL URBANISMO (14/10/06)

212. EL PP USA LOS NOMBRES DE UN JUEZ Y UN FISCAL JUBILADOS PARA CRITICAR A LA FISCALÍA (15/10/06)

Un fiscal y un juez jubilados se habrían prestado a formar parte del grupo que el PP valenciano ha creado para criticar a la fiscalía que dirige Ricard Cabedo, su bestia negra tras los escándalos de corrupción que salpican a varios de sus cargos públicos. Enrique Beltrán, ex fiscal jefe del TSJ, y Fernando Tintoré, ex presidente de la Audiencia de Castellón, junto a un abogado y un profesor, formarían, según comunicó el PP, una comisión que anunció hace unos días entre duros ataques a Cabedo. Sin embargo, Beltrán, predecesor de Cabedo en el cargo, desmintió horas después al PP.

El PP anunció que había encontrado dos aliados insólitos en la no menos insólita labor de presionar organizadamente desde un partido político al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Ricard Cabedo, porque la investigación de casos como los que afectan al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, a los alcaldes de Orihuela, Manuel Medina, de Alicante. Luis Díaz Alperi, y de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, y al parque Terra Mítica, inmerso en una trama de facturas falsas, ha revelado un panorama de corrupción institucional en el que se niega a asumir responsabilidades.

Cabedo, recibido por el PP con duras descalificaciones cuando el Gobierno lo nombró a principios de 2005 porque está casado con la diputada socialista Juana Serna, fue acusado hace dos semanas por el vicesecretario regional del PP valenciano, Ricardo Costa, de estar otorgando un trato desigual a los cargos públicos del PP y del PSPV. "Cabedo podría estar vulnerando los principios de imparcialidad y legalidad que, por mandato constitucional, deben presidir todas sus actuaciones", dijo Costa al anunciar que su partido crearía una comisión para analizar las actuaciones del fiscal jefe "ante la duda de que se esté respetando el estatuto del ministerio fiscal".

El ataque del partido que preside Francisco Camps, en el gobierno de la Generalitat, fue respondido con contundencia por las juntas de fiscales de Valencia y Alicante, que rechazaron "las interferencias políticas en su actuación". En un comunicado, la organización regional del PP anunció que la comisión, o grupo de expertos, estará integrada por Enrique Beltrán, ex fiscal jefe del TSJ, Fernando Tintoré, ex presidente de la Audiencia de Castellón, Benito Nemesio, abogado, y Alexandre Catalá, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de València.

Enrique Beltrán, que fue el inmediato predecesor de Cabedo en la fiscalía del TSJ -en medio permaneció un tiempo en funciones Miguel Falomir-, desmintió a las pocas horas el anuncio del PP. Beltrán explicó a Efe que el secretario autonómico de justicia, Fernando de Rosa, le propuso formar parte de un comité de expertos consultivo y que le respondió que estaba dispuesto a ser consultado por Camps pero no a integrarse en un organismo político.

Enrique Beltrán ejerció como acusador público desde 1960. A finales de 2003 se jubiló, tras 43 años de ejercicio profesional, en el que actuó en algunos casos sonados, como el sumario por el asesinato de las niñas de Alcàsser o el juicio, repetido tres veces, por las inundaciones de la presa de Tous. Beltrán fue también el fiscal del caso Naseiro, que implicó en 1990 a Eduardo Zaplana en una supuesta trama de comisiones ilegales para financiar al PP que no llegó a juzgarse porque las escuchas fueron anuladas. En aquella ocasión defendió que, en su opinión, había "indicios de cohecho", contra la postura del fiscal general. También fue el acusador público, pocos años después, en el caso Blasco, cuando fueron acusados de cohecho y corrupción el entonces consejero socialista de Obras Públicas Rafael Blasco y otras cinco personas. Todos quedaron absueltos porque se anularon las escuchas que basaban la acusación.

Por su parte, Fernando Tintoré fue nombrado juez decano de Castellón, juez de menores y presidente de la Audiencia en 1996. Tras su jubilación en julio de 2003, fue nombrado magistrado emérito y en 2004 la Generalitat lo designó secretario de la Comissió de Codificació del Dret Civil. El último juicio en el que participó fue el de Vicente Vilar, por los delitos de agresión sexual, hurto, detención ilegal, amenazas continuadas y lesiones, y se condenó al procesado. Vilar es el industrial que denunció a Carlos Fabra (líder del PP de Castellón) por cobrarle supuestamente cantidades millonarias a cambio de favores políticos.

213. EL CONSELL OCULTA A LAS CORTS ENCUESTAS EN LAS QUE PREGUNTA INDIRECTAMENTE SOBRE EL VOTO (18/10/06)

La “apuesta por la transparencia” que el Consell realizó en junio de 2005 de llevar a las Corts los sondeos encargados al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) duró lo que tardó el Ejecutivo de Francisco Camps en romper, en unos meses, el convenio con el organismo estatal. Las encuestas que hasta ese momento y durante años venía realizando el CIS para la Generalitat son ahora patrimonio exclusivo de empresas privadas y permanecen bajo llave en el Palau de la Generalitat.

El Consell cuenta con varios estudios sociológicos encargados en el último año que incluyen preguntas indirectas sobre intención de voto. Sin ir más lejos en estos momentos la empresa Sigma Dos trabaja en un sondeo en el que se plantean ocho cuestiones que permiten conocer con bastante precisión cual es la preferencia política de los encuestados. Además del recuerdo de voto, se pide a los entrevistados que se pronuncien sobre qué partido consideran más cerca de sus ideas y que escojan aquel que defiende mejor los intereses de la Comunitat. Tal como está planteado el cuestionario deviene en un instrumento válido para el Consell para pulsar la tendencia electoral a siete meses de las elecciones autonómicas. Sondeos pasados, también adjudicadas a firmas privadas, recogen de forma idéntica estas preguntas. Ninguno de ellos ha sido entregado al parlamento.

También las encuestas del CIS incluían históricamente preguntas para conocer las simpatías políticas de los valencianos. Sin embargo, ahora al romperse el convenio con el organismo este tipo de trabajos ha quedado en exclusiva en manos de firmas privadas sobre las que no recae obligación alguna de difundirlos. La ley del CIS obliga al Gobierno y por extensión a las comunidades autónomas a hacer públicas aquellas encuestas que contengan preguntas directas sobre intención de voto. Desde hace años, el Consell eliminó estas preguntas para eludir el control parlamentario. Sin embargo, en los últimos tiempos el resto de sondeos acababan siendo difundidos ya que el organismo estatal una vez transcurrido un año de la finalización del trabajo los publicaba en su web en internet.

El Gobierno de Camps ha sido reacio a entregar a la oposición estos documentos se vio sorprendido en junio de 2005 cuando el CIS colgó en internet un sondeo del año 2004 en el que por primera vez en años el PSPV aventajaba al PP en simpatía recogiendo el llamado efecto Zapatero. Para contrarrestar esta noticia, Presidencia, que en su momento no había informado de esa encuesta, difundió la referida a 2005 en la que el PP recuperaba el lugar preferente entre los encuestados. Fue en este contexto en el que el entonces portavoz del Consell, Esteban González Pons, ofreció una rueda de prensa en la que entregó sin mutilar el estudio sociológico y se comprometió solemnemente a partir de ese momento a llevar el resto de sondeos del CIS al parlamento. El conseller alegó que esta “evolución” en la actitud del Consell se fundamentaba en que “la desconfianza de los diputados, desde un punto de vista democrático no es buena”.

214. FAMILIARES DEL ALCALDE (PP) ESPECULAN CON EN EL PAI DE PORXINOS (19/10/06) (19/10/06)

Familiares del alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona Zaragoza, del PP, han adquirido suelo en la zona de expansión del plan urbanístico de Porxinos y en otros puntos antes de la aprobación de los proyectos. El grupo municipal socialista denuncia la trama de intereses en una querella contra el alcalde y sus sobrinos Cristina Vázquez Tarazona y José Vicente Tarazona Campos, ambos concejales, por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude e información privilegiada en la aprobación del plan de Porxinos del presidente del Valencia CF, Juan Soler.

"Alrededor de la gestión urbanística municipal se ha tramado una red de inmobiliarias y empresas dedicadas directa e indirectamente al urbanismo y a la compraventa de inmuebles que tiene su centro en el alcalde y se ramifica a los familiares más directos de éste", denuncian los socialistas.

Un juzgado de Llíria abrió diligencias previas para la ratificación de la denuncia, como paso previo a la admisión a trámite. La denuncia parte de la aprobación del Programa de Actuación Integrada (PAI) de Porxinos y se extiende a otras operaciones que la querella vincula a intereses familiares del alcalde.

La Consejería de Territorio aprobó en julio el PAI de Porxinos, que el propio Soler no tuvo empacho en calificar como un "pelotazo urbanístico" que permitiría enjugar las deudas millonarias del Valencia CF. La querella pide la paralización cautelar del plan y fianza de 300.000 € de los denunciados para hacer frente a posibles responsabilidades.

Durante la tramitación del PAI ya salió a la luz que la madre del alcalde Tarazona era titular de cuatro parcelas en el ámbito del PAI, lo que obligó al alcalde popular a desgajarlas de la operación. Ello no impidió que votara a favor de la aprobación del PAI, lo que a juicio de los socialistas supone una "arbitrariedad" y una prevaricación, ya que el interés personal persistía. Los terrenos cercanos a Porxinos experimentarán una revalorización y son "susceptibles" de recalificación, máxime cuando la empresa de Soler mantiene viva sobre ellos una "opción de compra", según la querella.

En una larga lista de conexiones urbanísticas -consultadas en los registros de propiedad- la denuncia asegura que en el área de influencia de Porxinos, ya en el municipio de Vilamarxant, tienen suelo el alcalde y su esposa. El matrimonio, además, es dueño de terrenos que entran en el PAI de Masía de Traver II, aún en tramitación, siempre según la querella.

La hija del alcalde habría hecho "buen uso" de información privilegiada, ya que en "en plenas negociaciones para la aprobación y adjudicación del PAI de Porxino", en julio de 2004 compró terrenos en el PAI Calvari-Riolva, a 500 metros del anterior. El PAI fue votado favorablemente por el alcalde, según fuentes socialistas. En ese mismo plan se hizo con suelo otro sobrino del alcalde en junio de 2002. Este mismo familiar también compró terreno que entra en el PAI Cementeri, de uso industrial pendiente de adjudicación. Además, en este PAI, asimismo a 500 metros de Porxinos, posee suelo un primo hermano de Tarazona, también presente en el PAI Masía de Traver II y el de El Gallipont, en tramitación, dice la querella. "La mayor parte de las adquisiciones de terrenos de los familiares se producen alrededor de la zona de máxima expansión y especulación urbanística" de Riba-roja, "esto es, el PAI de Porxinos", señala la denuncia. Unas compras de suelo que se anticipan a las operaciones urbanísticas de recalificación con las que el entorno de Tarazona logra "un lucro personal".

La denuncia menciona también otras relaciones familiares ligadas al urbanismo. Así, la esposa de José Vicente Tarazona Campos, concejal querellado y sobrino del alcalde, es administradora única de Van Tres Servicios Inmobiliarios, SL, que "ha estado realizando de forma habitual operaciones" en Riba-roja. La hermana de la otra concejal denunciada, Cristina Vázquez Tarazona, trabaja para la mercantil Mafort, SA, adjudicataria de PAI en el municipio y en la que, además, realiza trabajos de fontanería el esposo de la hija del alcalde. Una inmobiliaria del grupo llegó a abrir una agencia en un bajo propiedad de la hija de Tarazona. La querella destaca por ello la "relación directa" entre el gobierno municipal y Mafort. La mercantil pugna ahora por la adjudicación del PAI Cementeri, en el que familiares del alcalde compraron terrenos y al que otra empresa ha presentado una alternativa.

215. EL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN GOBERNADO POR EL PP AHORRÓ A LUBASA 775.856 € EN IMPUESTOS (20/10/06)

El Ayuntamiento de Castellón ahorró al grupo Lubasa un total de 775.856 €, entre 2001 y 2006, al permitirle una deducción en la liquidación del impuesto de construcciones y la tasa urbanística. Tal como se desprende de los expedientes remitidos por el propio equipo de gobierno del PP, el Ayuntamiento, tras la denunciada realizada por el grupo municipal socialista, ha decidido revisar todos los casos detectados y reclamar la cantidad al grupo. La doble vara para cobrar estos impuestos fue desvelada por los socialistas que, además alegaron un trato de favor a la empresa.

El Ayuntamiento, en boca de su concejal de Urbanismo, Javier Moliner, negó rotundamente la existencia de dicho trato de favor e, incluso, insistió en que la deducción en la liquidación no se permitía sólo a las empresas del grupo Lubasa sino también a algunas otras y llegó a nombrar a BP e Iberdrola. Sin embargo, del estudio de las liquidaciones de estos impuestos se deduce que las únicas empresas que han gozado de esta bonificación han sido las pertenecientes al citado grupo promotor y constructor. Después de comprobar que, tras la denuncia pública, el Ayuntamiento revisará todos estos pagos y reclamará a la empresa los 775.856 €, el portavoz adjunto socialista, Miguel Alcalde, mostró su satisfacción: "Nuestra ciudad va a ser un poco más justa". El concejal socialista acusó además al alcalde de "estar implicado directamente en todos los expedientes". "Alberto Fabra, o era concejal de Urbanismo o alcalde de la ciudad y máximo responsable de este atropello, en el beneficio concreto a la empresa Lubasa".

Por su parte, la responsable socialista de Hacienda, Josefina Gimeno, manifestó que de los once expedientes detectados y tramitados, "ya se han resuelto un total de nueve". Según apuntó, la constructora ha tenido un plazo para presentar alegaciones tras la apertura de los expedientes presentados por el Ayuntamiento en los que se recogían las cantidades adeudadas y que debe ingresar. Según explicó Gimeno, "tras rechazar estas alegaciones, Lubasa tiene un mes para presentar un recurso de reposición y parece ser que la empresa ha anunciado que irá a los tribunales".

216. EL CENTRO-DERECHA DE ORIHUELA AGUDIZA SU CRISIS POR LA CORRUPCIÓN (21/10/06)

Las formaciones de centro-derecha de Orihuela (PP y Centro Liberal) con representación en la corporación acentúan su división interna a raíz de investigación judicial sobre supuestos casos de corrupción en los que están implicados sus dirigentes. Enrique Lucas y Nieves Escurra, concejales del Centro Liberal [formación surgida de una escisión del Grupo Popular en 1997] dejaron este grupo y se registraron en el grupo de los no adscritos. Con la salida de estos dos ediles, el grupo de los liberales se reduce a tres concejales.

Lucas justificó su decisión y la de su compañera en las "discrepancias y criterios distintos" con el portavoz del grupo, Jesús Ferrández. "No compartimos la manera de hacer política de Ferrández, y máxime después de que el fiscal anticorrupción haya validado la autenticidad de la cinta sobre el supuesto soborno por la basura", dijo el ya ex edil del Centro Liberal. Ferrández desveló al industrial Ángel Fenoll el supuesto intento de pago de comisiones por parte de una mercantil por la adjudicación. La conversación está recogida en una grabación que la Fiscalía Anticorrupción considera auténtica.

Ferrández restó importancia al abandono de los dos concejales, "no me pilla de sorpresa porque llevan meses anunciándolo". "La baja no va a alterar mucho el trabajo del grupo y las votaciones en el Ayuntamiento", añadió.El grupo del Centro Liberal ha respaldado hasta ahora al alcalde, José Manuel Medina, del PP, imputado por corrupción, y en minoría dentro del Grupo Popular, divido entre zaplanistas y campistas.

Dos miembros del equipo del Gobierno local de La Vila Joiosa, en manos del PP, son socios de dos empresarios beneficiados con múltiples adjudicaciones urbanísticas. Los concejales de Turismo y Hacienda en el Consistorio, Marcos Zaragoza e Isidro Cantó, respectivamente, comparten una sociedad dedicada a la explotación de apartamentos y servicios de restauración con los promotores Sebastián Martínez y Andrés Planells. Zaragoza y Cantó constituyeron el 25 de abril de 2002, siendo ya concejales de la Corporación, la sociedad Vilaoci 2000, SL, una mercantil dedicada a la explotación de apartamentos y servicios de restauración, según el Registro Mercantil. Marcos Zaragoza es el presidente, e Isidro Cantó el secretario, y cuentan con dos socios: Sebastián Martínez Sánchez y Andrés Planells Ronda.

El primero es el responsable de Provilsa 2008, SL, la mercantil a la que el pleno del pasado jueves el PP, con mayoría absoluta, le adjudicó la parcela 6.1 del sector PP-18 del Plan General. Y El segundo pertenece a una de las principales familias dedicadas a la construcción en la Marina Baixa. Su padre, Andrés Planells Palao, es presidente del Villajoyosa Club de Fútbol, y tiene intereses en 13 sociedades dedicadas a la construcción con múltiples ramificaciones.

Este socio de los dos concejales populares constituyó el 30 de enero de 1995 la mercantil Prom 95, SL, junto a su padre. Esta empresa obtuvo la licencia de obras para la construcción de una promoción de nueve viviendas en la cala del Bon Nou el 1 de julio de 2004 gracias a la decisión de la junta de gobierno local. Esta sociedad, según datos del Registro Mercantil, se creó en agosto de 2004 y en ella el socio de los concejales populares no aparece junto a su padre, sino junto a José Joaquín Pastor Martínez, ambos en calidad de administradores mancomunados. Martínez es familiar del ex presidente del Alicante CF y promotor Antonio Solana, otro de los empresarios con los que el gobierno vilero, presidido por José Miguel Llorca Senabre, mantiene una gran relación. A través de la sociedad Promociones Beniardá, SL, Solana desarrolló el Plan Parcial 29, en primera línea de la playa.

Por otra parte, el padre de Planells Andrés es el secretario de la mercantil Iniciativas Urbanísticas del Mediterráneo, SL, a quien el gobierno del PP adjudicó a principios de 2002 el Plan Parcial 35, de uso industrial. Esta sociedad está presidida por el promotor Enrique Ortiz y cuenta como socios con Vicente Pérez Bolufer y Miguel Carratalá Ferrández. Ortiz posee múltiples promociones en la zona.

Planells Palao es, además, presidente de la Agrupación de Interés Urbanístico de la unidad de ejecución número 4 del PGOU, en la zona conocida como Playa-Puertos.

Algunas de las obras realizadas por los promotores vinculados empresarialmente a los concejales Marcos Zaragoza e Isidro Cantó han estado rodeadas de polémica. Este es el caso de las siete viviendas que la empresa de su socio, Bon Nou Villas, SL, construye en una cala del municipio, una zona donde se ha talado abundante vegetación. La mercantil obtuvo la licencia de obras en julio de 2004, pero una diferencia entre diferentes planos del Plan General alertó a los miembros del Grup Ecologista El Xoriguer, que denunció que las obras eran ilegales al estar en zona de servidumbre de protección. El Ministerio de Medio Ambiente exigió al Ayuntamiento de La Vila la suspensión cautelar de las obras por invasión de suelo de dominio público marítimo-terrestre mientras se realizaba un deslinde, pero el Ayuntamiento, con el apoyo de la Consejería de Territorio y Vivienda, hizo caso omiso. Las obras continúan con el beneplácito del Consistorio y la oposición de Costas y los ecologistas, que esperan una resolución judicial.

218. ALCALDES VALENCIANOS PLANEAN URBANIZAR CASI 200 MILLONES DE METROS CUADRADOS (26/10/06)

La mesa del consejero de Territorio de la Generalitat valenciana acumula solicitudes municipales para reclasificar 194,5 millones m² de suelo que actualmente están fuera de ordenación. Una superficie que equivale al doble de la que ocupa la ciudad de Barcelona, que tiene una extensión de 100 km². De los 542 ayuntamientos valencianos, 123 aspiran a recalificar de suelo rústico a urbanizable 67,2 millones de m² en la provincia de Valencia, 68 millones en la de Castellón y otros 59,3 millones en la de Alicante.

El actual responsable de Territorio del Gobierno, Esteban González Pons, asumió su responsabilidad el pasado mes de junio y apenas ha movido ficha desde entonces. La consejería sólo ha dado curso a un Plan de Actuación Integrada (PAI), el de Porxinos, que promueve Juan Soler, presidente del Valencia CF, sobre 1,6 millones de m² en el término municipal de Riba-roja, a una veintena de kilómetros de la capital. El proyecto prevé levantar una ciudad deportiva para el club de fútbol y una ciudad residencial paralela cuyos beneficios permitirían paliar la actual deuda del club, según avanzó hace meses Soler.

Plan de Porxinos al margen, fuentes de la Consejería de Territorio se muestran muy contundentes a la hora de afirmar que ni de lejos se aprobará el 50% de los 194 millones de m² que se pretenden reclasificar y limitan la luz verde al 30% o "como mucho" el 40% de los proyectos presentados.

¿Cuál es el origen de esa fiebre promotora? Rafael Blasco, predecesor de González Pons, fue el artífice en apenas 3 años de todo un nuevo cuerpo legislativo relativo al territorio, su urbanización, incluso su paisaje, que hay quien considera, sobre el papel, avanzado, incluso restrictivo. Pero sólo sobre el papel. De hecho, su gestión ha sido muy cuestionada por el Parlamento Europeo, que solicitó, a finales de 2005 una moratoria urbanística en toda la Comunidad que parara la reclasificación de terrenos rústicos y las "expropiaciones leoninas" de parcelas privadas en aras del valor superior de la correcta urbanización.

El denominado Informe Fortou atacaba la raíz de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), aprobada por las Cortes valencianas en 1994 con mayoría absoluta de los socialistas. La LRAU consagró al agente urbanizador, una figura jurídica que abría la posibilidad de promover y urbanizar suelo al margen de la propiedad y que se instituyó con la voluntad de combatir a los especuladores. Los propietarios de suelo que congelaban sus solares urbanizables mientras su valor se multiplicaba se vieron desbordados por promotores, constructores y nuevos urbanizadores. La figura fue eficaz en esta comunidad mientras se colmaron las previsiones de los planes generales de ordenación urbana que, en su inmensa mayoría, se aprobaron a lo largo de la década de los 80. Pero cuando el Gobierno de José María Aznar aprobó en 1998 una ley que declaró todo el suelo urbanizable, el agente urbanizador cobró una dimensión desconocida.

La paralela ausencia de un reglamento de gestión de la primitiva LRAU, un reglamento que ningún Gobierno del PP, que ocupa la Generalitat Valenciana desde 1995, se preocupó de desarrollar, otorgó una discrecionalidad a los gobiernos municipales sobre la gestión del suelo que abrió la espita a la depredación del territorio. "La tramitación de un PAI se puede arrastrar unos cinco años", según un técnico de la Federación de Promotores Inmobiliarios de la Comunidad Valenciana, que apunta dos espoletas de la actual explosión urbanizadora: los planes municipales de ordenación urbana se agotan y la inmensa mayoría de los PAI que plantean reclasificar terreno arrancan a partir de 1998.

Las dudas de la Unión Europea sobre la legislación valenciana, en tercer lugar, habrían precipitado la tramitación de proyectos urbanos para evitar posibles moratorias. De hecho, el pasado mes de diciembre, el anterior consejero de Territorio aseguraba tener sobre la mesa solicitudes de reclasificación de suelo para urbanizar 55 millones de m² de terreno rústico, una cantidad que se han multiplicado casi por cuatro desde entonces. El entonces consejero también aseguraba que había autorizado la transformación de rústico en urbanizable de 20,6 millones de m², la quinta parte de la ciudad de Barcelona, desde junio de 2003.

Francisco Camps sabía de sobra cuál era el talón de Aquiles de su Gobierno cuando en junio decidió colocar al frente de la Consejería de Territorio a Esteban González Pons, una persona de su más absoluta confianza, en sustitución de Rafael Blasco. El cambio era obligado. Todas las encuestas coincidían en señalar que la gestión del Gobierno valenciano en urbanismo y ordenación del territorio era, con diferencia, la peor valorada por los ciudadanos. Un sondeo del Instituto Opina en octubre de 2005 confirmaba que el 28,5% de los encuestados aseguraba que la política del Ejecutivo regional en esta área era mala, frente a un 18,5% que la consideraba buena. La percepción empeoró un año después. Para el 36% de los ciudadanos, la gestión del territorio seguía siendo mala.

La imagen tan negativa es el resultado de la suma de numerosos factores que incluyen desde presuntos casos de corrupción que afectan a los alcaldes de Orihuela y Torrevieja hasta megaproyectos urbanísticos como el plan Rabassa de Alicante, que supone la construcción de 15.000 viviendas que habitarán 45.000 personas en 10 años y que supondrá un incremento del 15% de la población.

Pero sobre todo, es el resultado de la feroz crítica del Parlamento Europeo a un modelo de crecimiento del territorio. Las quejas de 15.000 ciudadanos afectados por la aplicación de la legislación urbanística valenciana llenaron los despachos de la Eurocámara, que envió dos misiones de eurodiputados a la Comunidad Valenciana para concluir, en un informe aprobado por el pleno de la Cámara el año pasado, que la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) vulneraba los derechos de los pequeños propietarios.

El Consell de Camps intentó remediar el rapapolvo europeo con la aprobación de una nueva ley en la que aseguraba que corregiría los vicios de la anterior, pero la Ley Urbanística Valenciana (LUV) no pasó el examen. La Comisión Europea dio hace dos semanas un nuevo ultimátum a la Generalitat para que cambie la LUV y la adapte a las directivas europeas sobre contratación pública, de modo que se garanticen el control administrativo y la transparencia en la gestión urbanística. La Comisión aprovechó la ocasión para denunciar una vez más que la Generalitat permitió la presentación de nuevos programas de actuación integrada (PAI) mientras tramitaba la ley. De hecho, decenas de municipios presentaron PAI a toda prisa antes del pasado febrero, cuando entró en vigor la LUV.

El nuevo consejero de Territorio ha pedido tiempo muerto y ha paralizado, con la excepción del PAI de Porxinos, la aprobación de nuevos planes al menos hasta el mes que viene. González Pons se dice defensor de la "política sandía": verde por fuera y roja por dentro.

El periódico “The Washington Post” publicó en la portada de su edición digital y en la página 11 de la edición impresa un artículo en el que repasa la fiebre urbanística que sufre la costa mediterránea y cita la “Operación Malaya” de Marbella y las denuncias por abusos urbanísticos en la Comunitat Valenciana como ejemplos. El reportaje estuvo entre los veinte más leídos y fue la quinta noticia internacional más visitada.

El prestigioso periódico estadounidense The Washington Post publicaba en la portada de su edición digital y en la página 11 de la versión impresa un reportaje sobre “las leyes urbanísticas en la costa mediterránea” que “permiten un boom urbanístico pero atraen la corrupción”. Bajo el título, “En España, una marea de desarrollo” el prestigioso periódico norteamericano se hace del desenfrenado crecimiento urbanístico experimentado en la costa española, incluidas las ampliaciones de puertos deportivos en “zonas ambientalmente sensibles” y la proliferación de “miles de nuevas casas y habitaciones de hotel y cientos de campos de golf en zonas que están sufriendo la peor sequía de los últimos años”. El periodista recuerda la Operación Malaya, que ha supuesto “el arresto de la alcaldesa de Marbella y diez personas más” además del embargo de “más de 3.000 millones de dólares en depósitos y la congelación de 1.000 cuentas bancarias”. Pero arranca el reportaje con la historia de una pareja de belgas residentes en Benissa, Lieve de Cleippel y Hubert van Bel, afectados por un programa de actuación integrada (PAI) que les hará “perder más de la mitad de nuestra tierra, y por si eso fuera poco, encima vamos a tener que pagar 700.000 euros”.

El periodista de The Washington Post asegura que la legislación urbanística valenciana es conocida como “la ley que roba la tierra” porque “entrega el control de la propiedad a los promotores ofreciéndoles formas legales para forzar a los propietarios a renunciar a la tierra y obligarles a comprarla de nuevo”. Y recuerda las 15.000 quejas presentadas ante el comité de peticiones del Parlamento Europeo y cita declaraciones del eurodiputado Michael Cashman en las que habla de “entre 18.000 y 20.000 violaciones de derechos humanos individuales”.

The Washington Post intentó recabar la opinión del “Gobierno de Valencia” quien “pidió las preguntas sobre su legislación por escrito, pero desde entonces no han enviado ninguna respuesta”. El artículo también recoge declaraciones de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega para anunciar la nueva ley del suelo estatal que ha aprobado el Gobierno y las inversiones para recuperar zonas de costa.

También se hace eco de las declaraciones del alcalde de Benissa, quien defiende el PAI que afecta a la pareja belga, “les permitirá construir casas en sus terrenos” y defiende la legislación valenciana porque “los ayuntamientos convierten terrenos agrícolas en terrenos urbanizables”. El artículo también cita una actuación urbanística en Altea donde “se está rellenando con hormigón un acantilado entero”.

221. CASO FABRA. EL JUZGADO INVESTIGA SI CARLOS FABRA TIENE CUENTAS BANCARIAS ABIERTAS EN EL EXTRANJERO (26/10/06)

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules investiga si el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, es titular, o lo ha sido en el pasado, de cuentas bancarias en el extranjero, por lo que la Justicia española podría solicitar información contable sobre el líder popular a las autoridades de aquellos países interesados, según ha podido saber este diario en fuentes judiciales.
Desde que se abrió la causa judicial contra Fabra a finales del año 2003, 32 bancos que operan en España han remitido informes contables sobre el estado de su patrimonio, pero la investigación podría estar llegando mucho más lejos, ya que el juzgado quiere averiguar también si el presidente de la diputación ha mantenido transacciones bancarias en entidades financieras fuera de España. Esta actuación judicial está siendo impulsada por las partes personadas en la causa y por Luis Pastor, último fiscal anticorrupción asignado al caso Fabra. Tanto el ministerio público como las acusaciones particulares habrían solicitado ya diversos oficios al juzgado para que realice las gestiones internacionales en este sentido.

Los 32 bancos que ya han informado sobre los datos bancarios de Carlos Fabra son: BSCH, Banca Pueyo, ING Belgium, Deustche Bank, Banco Banif, Banco de Castilla, Barclays Bank, Banc de la Petita i Mitjana Empresa, Banco Guipuzcoano, Triodos Bank, Banco Caixa Geral, Citibank España, Altae Banco Privado, Banco Espirito Santo, ABEN AMRO, Banco Inversis Net, Privat Bank, Banco de Andalucía, Banco Pastor, MBNA Europe Bank Limited, Banco de Crédito Local, HSBC Bank, Banco Popular Español, Bankoa, Dresdner Bank, BNP Paribas, Societé Generale, Corporate & Invesmente Banking, Banco Español de Crédito y Bankinter. En algunos casos constan cuentas a nombre del líder provincial del PP, en otros los informes arrojan un saldo negativo. Fabra figura como imputado en delitos contra la Administración Pública -entre ellos los de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas- y en un supuesto fraude fiscal, al haber dejado de ingresar a la Agencia Tributaria una cuota de 300.000 € correspondiente a su declaración de la renta del año 99. Además, los inspectores de Hacienda hallaron ingresos por importe de 600.000 € en casi un centenar de cuentas bancarias en las que el político castellonense figura como titular, cotitular o persona autorizada.

222. CASO FABRA. LA JUSTICIA BUSCA DESDE HACE SEIS MESES A ALFREDO TIMERMANS, ÚLTIMO SECRETARIO DE COMUNICACIÓN DE AZNAR (27/10/06)

Novedades sobre el 'caso Fabra'. La Justicia lleva seis meses intentando localizar a Alfredo Timermans, que fuera hombre de confianza de José Mª Aznar y su último secretario de Estado de Comunicación. En el PP, con quien se puso en contacto la Policía judicial, han asegurado -literalmente- que no saben dónde está ese señor. El último informe de la Policía dirigido a los juzgados de Castellón, asegura que no han podido conseguir ninguna información que conduzca al que fuera mano derecha de Aznar. Los agentes aseguran que se trata de un “contribuyente no identificado” y que tampoco dan con él a través del Instituto Nacional de Estadística.

Pero lo más sorprendente, sin duda, es la respuesta obtenida por la Policía en la calle Génova, sede del Partido Popular: no saben dónde está Timermans y éste no figura en los archivos del partido. La acusación particular no descarta solicitar de inmediato una orden de busca y captura contra Timermans, de quien se pretende que explique por qué recibió al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en La Moncloa, y si trató con él de los negocios del todavía líder del PP en Castellón, imputado entre otros delitos por tráfico de influencias. Pero se ha comprobado, sin embargo, que el ex secretario de Estado de Aznar se encuentra en Nueva York, concretamente en el despacho de una importante empresa española para la que trabaja desde que abandonó La Moncloa.

No es el único caso, ya que los ex ministros del PP Jesús Posada, Celia Villalobos y Miguel Arias Cañete todavía no han declarado en la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en la provincia, a pesar que la Audiencia Provincial de Castellón ordenó el pasado 14 de marzo su comparecencia para que explicasen su supuesta vinculación con el caso. Los tres siguieron la misma estrategia; se acogieron a un privilegio que contempla la Ley para que los ex ministros puedan declarar desde sus despachos. Una estrategia que también ha empleado el consejero de Territorio y Vivienda valenciano, Esteban González Pons para, en su caso, obligar al juzgado de Nules a desplazarse hasta su despacho para tomarle declaración como testigo. La Justicia debe decidir ahora si estima el recurso de la acusación particular y obliga a los ex ministros a desplazarse hasta Nules.

Posada ha admitido que se reunió con Fabra por los fitosanitarios, y Villalobos que recibió en su despacho al mandatario provincial y al empresario denunciante Vicente Vilar, pero les echó. Arias Cañete ha negado que conociera a Fabra o recibiera presiones para legalizar los fitosanitarios. El ex ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, no ha podido acogerse al privilegio legal que han utilizado sus compañeros de partido porque en la época en la que se produjeron los hechos sólo era secretario de Estado de Hacienda.

Costa, que acompañó a Fabra en la reunión con Posada en la que se habló de los fitosanitarios de la empresa a nombre de la esposa del imputado, tendrá que declarar en Nules el próximo 17 de noviembre.

223. EL PP APOYA UNA OPERACIÓN URBANÍSTICA QUE PERMITE GANAR 100 MILLONES AL VALENCIA CF (27/10/06)

Soler no tendrá que esperar mucho para hacer caja: en cuanto la Generalitat apruebe definitivamente el plan de Mestalla, el promotor podrá vender al mejor postor el suelo con sus derechos de edificabilidad. El beneficio empresarial está calculado. ¿Y qué ganan los ciudadanos? Nada, aseguran vecinos que compraron sus pisos junto a un solar reservado a dotación pública que ocupará el club. De nuevo un estadio en la ciudad, más tráfico, más ruido, auguran. Además, el Ayuntamiento renuncia a un suelo público en zona urbana que será sustituido mediante parcelas por definir.

224. LA SANCIÓN POR SOBREEDIFICAR 11 PLANTAS DE MÁS EN EL HOTEL ATRIUM SE REBAJA AL MÍNIMO (29/12/06)

La sanción de 12 millones de € que el Gobierno valenciano impuso a la promotora del hotel Atrium Beach en La Vila Joiosa, una localidad turística próxima a Benidorm, por un exceso de construcción de 11 plantas, y que en su día el entonces consejero de Territorio, Rafael Blasco, calificó de "ejemplar" tiene muchas posibilidades de quedar en casi nada, en apenas 600.000 €.

La Ley Urbanística Valenciana (LUV) -que impulsó el ex consejero de Territorio Rafael Blasco antes de su salida del departamento- contempla en su artículo 242.5 la posibilidad de reducir en un 95% las sanciones impuestas en el supuesto de que se hubiera restaurado la legalidad. Justamente eso es lo que hizo el Ayuntamiento, que preside José Miguel Llorca, del PP, y que aprobó un Plan de Reforma Interior Mejorada (PRIM) para legalizar el exceso de obra del hotel.

El plan permitió a la mercantil hotel Luna, propietaria del Atrium Beach, solucionar sus problemas con una demolición parcial y testimonial del exceso de edificabilidad y la cesión de terrenos al municipio. Tal medida, según fuentes jurídicas consultadas, permite a los promotores reclamar la reducción del 95% de la sanción. El Atrium tenía previsto levantar 22 plantas con 2.000 habitaciones, cuando tenía permiso sólo para 11 plantas y 1.400 habitaciones. Tras varios decretos de paralización no fue hasta que fallecieron tres operarios cuando se hizo efectiva.

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa, gobernado por el PP, incluyó en los presupuestos de 2005 los 12 millones de € que tenía previsto ingresar con esta multa, pero la promotora recurrió el pago y el Tribunal Superior de Justicia suspendió la ejecución con el condicionante de imponer un aval por la misma cantidad de la multa. El Consistorio todavía no ha presentado las cuentas de 2005 ni ha informado de ellas al Síndic de Greuges, y funciona con presupuestos prorrogados con "total opacidad", según la oposición, que considera que el Ayuntamiento de La Vila Joiosa está en "quiebra técnica".

225. EL AYUNTAMIENTO DE LA VILA DEJA QUE CADUQUE EL EXPEDIENTE SANCIONADOR AL CONSTRUCTOR Y AL ARQUITECTO (29/12/06)

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa, gobernado con mayoría absoluta por el PP, ha dejado caducar el expediente sancionador para cobrar la multa por la infracción urbanística del hotel Atrium Beach, en primera línea de la playa de la Cala. El total de la multa asciende a 12 millones de €, que tienen que ser aportados como responsables solidarios el promotor, arquitecto y constructor. El primer expediente (el del promotor) se tramitó correctamente, pero no así los otros dos, que han caducado en dos ocasiones renunciando el Ayuntamiento a cobrarlo.

El PSPV y el Bloc han solicitado en reiteradas sesiones plenarias de información sobre los dos expedientes. El edil de Hacienda, Isidro Cantó, ha reconocido que está previsto reactivar el procedimiento, aunque ha ofrecido diferentes excusas como las vacaciones del técnico responsable. El plazo en el que se puede reactivar el expediente es de cuatro años. El expediente caduca cada seis meses.

Jorge Sotelino Vico y Jorge Trasandes Camargo fueron los técnicos directores de las obras, y se les impuso a cada uno una multa de 601.012 €, y Cifra y Encofrado S. A. el contratista, con una multa de 12 millones de €. Se ha tenido acceso a un documento firmado por el responsable de hotel Luna, Francisco García, y dirigido a Cimbra y Encofrado, de forma que sería la promotora la que se haría cargo "de los perjuicios que resulten por no haber parado las obras".

Este escrito fue una respuesta a la carta a través de la cual la constructora manifestaba en marzo de 2003 la preocupación tras la recepción de dos escritos del Ayuntamiento de La Vila en los que pedía la paralización de las obras y pedía a Atrium Beach que la "exonerara de cualquier responsabilidad" por la continuación de las mismas.

226. LA FISCALÍA INVESTIGA AL AYUNTAMIENTO DE ROCAFORT POR IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS (30/12/06)

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) investiga al Ayuntamiento de Rocafort por la presunta comisión de “un delito de prevaricación, en su modalidad de omisión, al negarse de forma reiterada, consciente y manifiesta a ejercer las funciones que le competen en materia de disciplina urbanística”, según la denuncia presentada por dos responsables locales del PSPV de Rocafort. El fiscal ha abierto diligencias previas de investigación penal e, incluso, ha instado a los denunciantes, Felipe Zayas y Pilar Núñez, a aportar más documentación “a la vista de la cantidad de irregularidades denunciadas”, petición que ya ha sido respondida.

La denuncia detalla el presunto incumplimiento del plan general de ordenación urbana (PGOU) de Rocafort por parte del ayuntamiento al consentir la construcción de más viviendas de las que permite el planeamiento en diecisiete edificios o solares ubicados en el centro histórico y en distintas áreas de la población. El gobierno de Rocafort está encabezado por Sebastián Bosch (PP) y la concejalía de Urbanismo está dirigida por la también diputada provincial Carlota Navarro. Los denunciantes calculan que sólo en seis de los casos que detallan se han construido de forma presuntamente ilegal unos 2.600 m² más de lo que permite el PGOU. “Si se tratara de viviendas de protección oficial de precio concertado, se estima que los beneficios alcanzarían los 390.000 €, como mínimo”, se señala en la denuncia.

El exceso de viviendas puede crear un déficit de equipamientos e infraestructuras (colegios, capacidad del alcantarillado, accesos, atención sanitaria) a los vecinos de Rocafort, según advierten los denunciantes. Y añaden que “los compradores, de buena fe, de los inmuebles en situación de fuera de ordenación habrán adquirido un problema de difícil solución”. Se da la circunstancia, además, que uno de los edificios demolidos para construir un local comercial y cinco viviendas, donde el PGOU sólo permite dos, es presuntamente propiedad del propio alcalde, Sebastián Bosch. En esta parcela ubicada en la calle Bonavista, el inmueble derribado ocupaba el 50% de la parcela.

227. EL PP IMPONE QUE SE TRAMITE EL PLAN DEL ESTADIO DEL VALENCIA CF (30/12/06)

228. BENIDORM 'PERDONÓ' 222 MILLONES DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO (31/10/06)

229. ZAPLANA IMPONE NOMBRES EN LA LISTA MUNICIPAL DEL PP DE BENIDORM (31/10/06)

230. UN PROMOTOR ADVIERTE QUE OROPESA HABRÁ DE PAGAR 118 MILLONES SI NO LE DEJA EDIFICAR (31/10/06)

231. CULLERA HARÁ UN 'MANHATTAN' DE 35 TORRES PESE A INFORMES CONTRARIOS DEL GOBIERNO (01/11/06)

La costa valenciana mira de reojo a Nueva York. El Ayuntamiento de Cullera, gobernado por una coalición que lidera el PP, dio luz verde anoche al plan urbanístico de la Vega, que levantará junto al mar 33 torres de viviendas de hasta 25 alturas y dos rascacielos de 40 para hoteles. La desembocadura del Júcar se convertirá en un Manhattan en el que vivirán más de 20.000 personas. El proyecto, impulsado por la Generalitat y el Consistorio, saldrá adelante con informes desfavorables de varios ministerios. El Gobierno, que ya recurrió la aprobación provisional, insistirá en parar el plan en los tribunales.

El Manhattan de Cullera, como se conoce el plan de la Vega-Puerto, ocupará 610.000 m² junto a la desembocadura del río Júcar y su desarrollo ya estaba previsto en el plan general urbano de 1995. El proyecto, sin embargo, no recibió un impulso definitivo hasta 2003, cuando el Ayuntamiento, gobernado por una coalición del Partido Popular, Unión Valenciana y el Bloc Nacionalista Valencià, firmó un acuerdo con el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa), dependiente de la Generalitat valenciana, para que colaborara en la planificación y redacción del plan urbanístico.

Bajo el impulso del Ivvsa, el plan apuesta por concentrar la edificabilidad residencial en 33 torres de hasta 25 alturas. Otras dos de 40 alturas y varios edificios menores albergarán hoteles con un total de 2.200 plazas. El proyecto incluye zonas verdes, dotaciones, un palacio de congresos y un nuevo puerto deportivo fluvial con 800 amarres.

Unas 20.000 personas se trasladarán a las cerca de 5.000 viviendas previstas -de ellas, 1.170 de protección oficial, que controla el Ivvsa-, lo que supone duplicar la población actual de Cullera, con 23.200 habitantes censados. Además, en el Consistorio se tramitan otros dos planes de similar envergadura que pretenden ocupar en la otra ribera del Júcar 10 millones de m² con 13.000 nuevas viviendas, cuatro campos de golf y otro puerto deportivo con un millar de amarres.

El plan de la Vega llegó al pleno municipal de Cullera para los últimos retoques rodeado de polémicas. Durante su tramitación, los ministerios de Medio Ambiente y Fomento han emitido informes desfavorables en relación con la falta de garantía de recursos hídricos para los nuevos vecinos y la ausencia de conexiones viarias adecuadas para canalizar el aumento previsible del tráfico en torno a Cullera. La Dirección General de Costas también ha puesto objeciones.

Sin embargo, la Consejería de Territorio y Vivienda aprobó el plan provisionalmente en noviembre del año pasado y sólo exigió que se subsanaran algunos problemas, como la conexión de la zona con la carretera N-332, que deberán costear los propietarios de la Vega -una agrupación de interés urbanístico de constructoras, entre ellas las valencianas Florazar y Blauvert, según fuentes socialistas-. Los dictámenes de los ministerios son preceptivos, pero no vinculantes, recordó entonces la Generalitat.

Pero la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, ante la acumulación de informes negativos de dos ministerios, recurrió la decisión de la Generalitat y pidió la suspensión cautelar del plan. El Tribunal Superior de Justicia valenciano no aceptó parar el proyecto mientras se sustancia el recurso contra el Manhattan de Cullera. La Delegación del Gobierno también recurrió la participación del Ivvsa en el proyecto, ya que la gestión urbanística no salió a concurso público.

En los últimos meses, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha insistido en que Cullera no justifica de dónde obtendrá el agua. Tampoco Carreteras y Costas han visto cumplidos sus requisitos. Por ello, el subdelegado en Valencia, Luis Felipe Martínez, adelantó que recurrirá también la aprobación municipal del proyecto. Por el contrario, el Gobierno local de Cullera asegura que el suministro de agua está garantizado para el plan de la Vega y "futuras demandas". El pleno aprobó anoche, con los votos del PP y de Unión Valenciana, las últimas modificaciones antes de que la Consejería lo ratifique definitivamente.

232. SOLER ARRASTRA AL VALENCIA A UNA BATALLA POLÍTICA PARA SALVAR EL 'PELOTAZO' URBANÍSTICO (01/11/06)

"La guerra empieza ", afirmó un representante del Valencia CF en clara advertencia a quienes critican el pelotazo urbanístico pergeñado por el presidente del club, el constructor Juan Soler, y las Administraciones del PP. Soler ha decidido llevar el Valencia CF a la confrontación, aún a riesgo de dividir a la afición, contra todos aquellos que critican el trato de favor que el PP ha decidido otorgar a los gestores de la sociedad anónima deportiva. Tanto el club como el PP defienden un acuerdo que permitirá sustituir el viejo campo de Mestalla por un estadio nuevo y lograr beneficios multimillonarios.

La tensión presidió el ambiente en la expedición del Valencia CF a Donetsk, Ucrania, para jugar en la Liga de Campeones. El presidente, Juan Soler, viajó arropado por los dos consejeros de su máxima confianza, Enrique Lucas y Agustín Morera, además del presidente de la Agrupación de Peñas, Jaume Part, que se hospedó en el mismo hotel del equipo, un lujoso local en el centro de esta ciudad ucrania que se dedica básicamente a la minería y que tiene un millón de habitantes. Tanto Soler como Part, que ha animado a las peñas a manifestarse en Mestalla contra el PSPV, van juntos en esta cruzada contra los socialistas valencianos, después de que éstos votaran en contra de la recalificación de los terrenos de Mestalla.

Aún así, un miembro de la dirección de la Agrupación de Peñas que no quiso identificarse por miedo a la reacción de Part, expresó su malestar: "No hay que mezclar política y deporte nunca, se han equivocado". La operación inmobiliaria auspiciada por Soler y las Administraciones gobernadas por el PP consiste, a grosso modo, en autorizar una edificabilidad tal sobre la parcela de Mestalla -propiedad del club- que permita pagar el nuevo estadio en la avenida de Cortes Valencianas y obtener unos ingresos multimillonarios. El acuerdo incluye la cesión al club de la parcela municipal en la que se ubicará el nuevo estadio, a cambio de otros solares menores aún por determinar que tendrá que aportar el Valencia CF. La directiva del club de fútbol propuso recientemente permutar, a cambio del solar donde se levantará el nuevo estadio, una parcela que ya estaba comprometida por el Ayuntamiento de Valencia con los artistas falleros para paliar la falta de espacio de sus instalaciones. Este terreno, adquirido recientemente por el Valencia CF para la operación inmobiliaria, está grafiado como huerta en el Plan General de Ordenación Urbana.

La alianza entre el presidente del Valencia y el de la Agrupación de Peñas -que con el apoyo del PP han intentado lanzar a la afición contra los socialistas por poner pegas a la operación inmobiliaria- ha empezado a generar rechazo entre amplios sectores del valencianismo.

233. UN JUEZ ANULA LA LICENCIA DEL ALCALDE DE ALICANTE (PP) PARA UN CAMPO DE GOLF (01/11/06)

Nuevo revés de los tribunales al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha emitido una sentencia que anula la licencia de obra y el permiso de apertura de un campo de golf y 204 apartamentos turísticos que se han empezado a construir en la pedanía alicantina de Bacarot. El PSPV denunció ante los tribunales lo que considera un "pelotazo" urbanístico.

La sentencia del juzgado contencioso administrativo de Alicante, declara "nulo y sin efecto" la licencia de obra y apertura del campo de golf en el Plantío y de los 204 apartamentos previstos en la partida de Bacarot en Alicante. El juzgado estima a trámite el recurso presentado por el PSPV en el Ayuntamiento de Alicante el año pasado. Los socialistas consideran que el alcalde, Luis Díaz Alperi, con este cambio de usos "autorizó un pelotazo" urbanístico que calculan que rondaría los 100 millones de €. El fallo judicial se conoce días después de que el área de Urbanismo del Ayuntamiento decidiera paralizar las obras de construcción de estos apartamentos por distintas deficiencias, y semanas después del rechazo en solitario del PP en el pleno del Ayuntamiento de la propuesta de la oposición de creación de una comisión de investigación.

La licencia inicial de obras daba cobertura para que el promotor elevara de 14.500 a 22.000 los m² de techo edificable, y fue firmada en mayo de 2005 por el gerente del área de urbanismo, en contra del criterio de otros técnicos municipales. La sentencia rechaza ahora que la autorización se ajuste a la declaración de interés comunitario, además esta se dio en 1993 para construir un hotel y un campo de golf, y el pasado año el Ayuntamiento autorizó que en vez de este hotel se edificaran más de 200 apartamentos turísticos, cuya construcción está avanzada y muchos de ellos ya están vendidos.

234. LOS TÉCNICOS DETECTAN IRREGULARIDADES EN EL PAI DONDE TIENE LA PARCELA UN EDIL DEL PP DE BURRIANA (03/11/06)

235. LA JUEZ VE INDICIOS DE PREVARICACIÓN EN LAS AUTORIZACIONES DEL AEROPUERTO DE CASTELLÓ (04/11/06)

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló ratificó la paralización de las obras del aeropuerto de Vilanova, desestimando el recurso de Aerocas, presidido por Carlos Fabra y coparticipada por el Consell y la diputación, al advertir la “posible comisión de un delito de prevaricación en las autorizaciones administrativas”, según se apunta desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad. La juez considera que “existen suficientes indicios de la comisión de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y la ordenación del territorio”. Aerocas estudia apelar ante la Audiencia Provincial de Castelló.

La magistrada ,a la vista de la documentación aportada por las partes, incluida la de la Administración pública, dice que “debe investigarse la posible comisión de un delito de prevaricación en las autoridades administrativas otorgadas”. Ante ello, considera que “procede mantener la paralización cautelar de las obras” dictada el 10 de octubre, al objeto de “prevenir la continuidad de la actividad delictiva y proteger el interés general en la conservación de los espacios protegidos por sus valores ecológico y paisajístico”, incluidos el monte público de Santa Bárbara y la cueva y ermita del mismo nombre.

La resolución de la juez parte del análisis de las alegaciones formuladas por las partes y “tras comprobar que se estaba actuando en la zona litigiosa”, lo que confirmó una inspección ocular del Seprona de la Guardia Civil que informó de que “se estaba volando el monte o paraje de Santa Bárbara, y de hecho la ermita ya no existe”. Igualmente la Dirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, organismo competente para esclarecer si el paraje de Santa Bárbara estaba incluido en la DIA, señala que “en el plano de localización del proyecto que consta en el estudio de impacto ambiental elaborado por el promotor -Aerocas- el monte está fuera de la zona de actuación”.
Con su decisión la juez rechaza las alegaciones de Aerocas en las que señalaba que no existía fiabilidad de la existencia y localización de la cueva y que la DIA afectaba a todo el proyecto constructivo, incluido el monte. Argumentos asumidos por Concesiones Aeroportuarias. El escrito con las alegaciones formuladas por Aerocas, calificando de parcial, “injusta y arbitraria” la decisión de la juez, además de señalar que estaba basada sobre “dos suposiciones o conjeturas”, que pretendía protagonismo mediático, reclamando que se dejara de hacer política en los juzgados y criticando que los jueces se hiciera eco de la denuncia de los ecologistas fueron denunciadas por éstos ante el Decano del Colegio de Abogados de Castelló. El auto de la juez hará que Aerocas se replantee mantener en la zona la maquinaria especializadas, operación que cuesta 28.000 € diarios. Un sobrecoste añadido al presupuesto del proyecto que era de 140 millones. El camino que seguirá el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial será lento y la decisión final de si se revoca la paralización puede demorarse entre 3 y 5 meses.

236. EL IMPULSOR DEL 'MANHATTAN' DE CULLERA ASESORÓ A LOS DUEÑOS DEL SUELO (07/11/06)

237. ORDENAN EL INGRESO EN PRISIÓN DEL EX DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN (07/11/06)

La Audiencia de Valencia ha enviado sendos requerimientos al ex director general del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) José María Tabares y al empresario francés Jean Luc Lagier para que ingresen en prisión en los próximos días, informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El Tribunal Supremo desestimó el pasado 29 de septiembre los recursos de casación que ambos presentaron contra la sentencia de la Audiencia Provincial que les condenó a penas de cinco años de prisión por los delitos continuados de estafa y falsedad documental.

A través de un exhorto remitido a los Juzgados de Sevilla, donde Tabares tiene fijada su residencia, la Sección Quinta de la Audiencia de Valencia le ha comunicado que debe ingresar en prisión en un plazo de tres días desde que reciba el requerimiento. También ha enviado un escrito a la dirección del letrado de Lagier, ya que el empresario reside fuera de España, en el que le insta a ingresar en prisión antes del próximo 13 de noviembre. La Audiencia de Valencia condenó en 2005 a Tabares y Lagier a 5 años de prisión por un delito continuado de estafa agravada con un delito de falsedad tras la concesión de avales públicos y a pagar una indemnización de casi 10,5 millones € al IVEX.

La sentencia señalaba que el IVEX tuvo que pagar a los bancos Fortis Bank, SCH y BBVA y ampliar capital para hacer frente a la deuda, lo que generó la pérdida de valor de las acciones suscritas por la Generalitat, de la que dependía el citado organismo, tras conceder avales para generar derechos de compensación para la compañía Ford. El tribunal consideró que ambos iniciaron en 1995 unas operaciones de compra-venta para que Ford obtuviera los citados derechos y poder exportar vehículos a Túnez, lo que provocó que a principios de 1997 el organismo público contrajera una deuda con el Arab Bank (hoy Fortis Bank) cercana a los 3,2 millones €, siempre "sin conocimiento ni autorización del consejo de administración del IVEX".

238. RAJOY RESPALDA SIN MATICES A CAMPS EN SU GESTIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS DEL PP (07/11/06)

El líder nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, finiquitó de manera contundente la polémica suscitada entre campsistas y zaplanistas a propósito de la composición del comité de campaña. Rajoy, que participó en el Congreso de la Empresa Familiar resolvió el conflicto con una respaldo inequívoco al presidente regional, Francisco Camps, y apoyó sin matices las decisiones adoptadas hasta la fecha en clave interna.

Rajoy mantuvo un breve encuentro en el Palau de la Generalitat con el jefe del Consell y posteriormente intervino en el congreso organizado por el Instituto de la Empresa Familiar. A preguntas de los periodistas sobre la exclusión de zaplanistas del comité de campaña que dirige Vicente Rambla, el líder nacional del PP se mostró tajante: “A mí lo que haga el presidente del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, y su comité ejecutivo siempre me parecerá bien”. Y añadió: “Haré siempre lo que digan ellos, que han demostrado, no a mí, sino a la sociedad valenciana que actúan con mucho sentido común y con mucho equilibrio”.”Y punto”, zanjó.La contundencia expresada por Rajoy sobre el los procesos internos de los populares se produce cuando siguen abiertos los mecanismos para designar candidatos locales y autonómicos y se renuevan los consejos de administración de Bancaja y la CAM.

El giro de Rajoy en la estrategia del PP nacional en detrimento del portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, parece beneficiar a Camps. La dirección regional se ha puesto en contacto con el secretario de Organización del PP nacional, Sebastián González, para transmitirle su malestar por el hecho de que los zaplanistas expresen públicamente sus discrepancias, la última la referida a la composición del comité de campaña. Sin embargo, al mismo tiempo ante se produjeron contactos de “alto nivel” entre la dirección regional y la provincial de Alicante. Fuentes zaplanistas sostenían que el entorno de Camps había trasladado al PP de Alicante su disposición a que exista coordinación de cara a la campaña para ganar las elecciones y que no daba por roto el protocolo de negociación cerrado en Madrid entre campsistas y zaplanistas. Fuentes zaplanistas aseguraban que “no hay ninguna duda” de que Camps tendrá disposición de negociar las candidaturas para evitar especulaciones sobre su composición-. Otras fuentes afines al portavoz del PP temen que detrás del “mal gesto” en la composición del comité de campaña exista la intención de configurar una lista autonómica sin contar con la opinión del PP de Alicante.

239. EL PP VALENCIANO REÚNE EL MAYOR NÚMERO DE ALTOS CARGOS IMPUTADOS (09/11/06)

240. La Vila (PP) adjudicó 15 de los 37 planes del PGOU a firmas vinculadas con el PP (09/11/06)

El Gobierno de La Vila Joiosa, en manos del PP con mayoría absoluta, ha adjudicado a promotores vinculados a través de distintas sociedades con tres ediles del equipo de gobierno local casi la mitad del desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). De los 37 sectores en que se dividió el planeamiento, 15 -unas 10.000 casas- están relacionados con firmas del entramado societario político-empresarial. El PGOU, vigente desde 1999, prevé 25.000 nuevas viviendas. El equipo de gobierno, que preside José Miguel Llorca, ultima desde 2004 otro planeamiento. Los concejales de Hacienda y Turismo, Isidro Cantó y Marcos Zaragoza, comparten con los promotores Sebastián Martínez y Andrés Planells Ronda la sociedad Vilaoci 2000, SL. El primero ha recibido a través de Provilsa 2008 SL la adjudicación de parte del plan parcial 18 y ha mantenido relación con las mercantiles Acalche SL y Fil SL, de la familia del ex alcalde Miguel Orts Ruiz y Jaime Orquín Llinares. Fil SL recibió la adjudicación de los sectores 16 y 27, y L'Illa de Minos, del mismo grupo, el 25 y el 17.

El segundo socio de los ediles, Andrés Planells Ronda, integra el consejo de administración de Prom 95 y Bon Nou Villas SL. La primera de las sociedades está compartida con su padre, Andrés Planells Palao, ex edil del PP, que ostenta la presidencia de la Agrupación de Interés Urbanístico de la Unidad de Ejecución Número 4. Planells Palao, a través de otra mercantil con Enrique Ortiz, Iniciativas Urbanísticas del Mediterráneo S.L., tiene adjudicado el plan parcial 35. Por otra parte, Planells Ronda tiene como socio en Bon Nou Villas SL a José Joaquín Pastor Martínez, que es familiar de Antonio Solana Yáñez, que con la empresa Birmingam Inversiones SL fue el principal beneficiado de la permuta de solar adquirido por 400.000 € y valorado por el Consistorio en seis veces más.

A los vínculos de los concejales de Hacienda y Turismo hay que sumar los de la edil de Juventud, Rosario Escrig, y su padre, Pedro Escrig, presidente de la Asociación de Moros y Cristianos Santa Marta. Escrig ha actuado como representante de Investjonia SL, empresa perteneciente a Vicente Pastor Martínez, presidente del Benidorm CD, beneficiado con el plan parcial 33. El vicepresidente de esta asociación festera y persona de la máxima confianza de Pedro Escrig y del alcalde, José Miguel Llorca Senabre, es el empresario José Jorge Mayor Tonda, titular de la Agrupación de Interés Urbanístico del plan parcial 9. Costa Mayor SL tiene como socio a Antonio Costa Aldeguer, adjudicatario del plan parcial 7. Costa comparte una sociedad, Beniapart SL con Gonzalo Ávila, intereses en otros tres planes parciales. Aparte, la mercantil Los Almendros de Alicante, a la que hasta hace poco estaba vinculado el senador del PP Miguel Barceló, consiguió que el consistorio recalificara 1,5 millones m² en la partida de L'Almisserà para construir 1.526 viviendas y un campo de golf entre La Vila y Finestrat

241. EL FISCAL PIDE TRES AÑOS DE CÁRCEL A UN EX CONSEJERO DE ZAPLANA POR DELITO FISCAL (09/11/06)

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, avaló el pelotazo del Mestalla, que permite a la directiva del Valencia CF computar la superficie de las calles adyacentes para determinar la edificabilidad de la parcela. Camps, al término de una reunión con empresarios, fue interpelado sobre si compartía la opinión de su consejero de Territorio, Esteban González Pons, partidario de dar un trato de favor al club en sus operaciones inmobiliarias. "No sé de nadie que haya dicho que no se cumple la ley", dijo Camps. El Levante UD estudia ahora pedir también la reclasificación urbanística de su campo.

El jefe del Consell manifestó que "se trata de una apuesta y una propuesta interesante que se ha estudiado a lo largo de todos estos años y que todavía se está estudiando con la tranquilidad y reflexión que corresponde". Camps defendió que el proceso de recalificación de Mestalla y la cesión de la parcela municipal en la avenida de Cortes Valencianas a cambio de otras parcelas menores es un "proceso que debe continuar conforme a la legislación". "Hay que aplicar la ley en una propuesta que se va a hacer sobre el Valencia CF que tenía, en principio, el respaldo de todo el Ayuntamiento, así como el apoyo generalizado de la sociedad valenciana", sentenció el presidente de la Generalitat. En su argumentación, el responsable del Consell y dirigente popular acusó a los socialistas de politizar la cuestión.

Los socialistas y Esquerra Unida votaron en contra, en el pleno municipal del pasado día 27, del PAI que permitirá edificar en la parcela de Mestalla. Decisión que salió adelante con los votos del PP. Los socialistas han presentado un contencioso administrativo contra el convenio firmado por la alcaldesa Rita Barberá y el presidente del Valencia, el promotor Juan Soler, que fija las bases de las operaciones inmobiliarias.

El Valencia presenta en el Museo Príncipe Felipe la maqueta del nuevo estadio y su pelotazo urbanístico ha abierto la puerta para que otras entidades deportivas valencianas reclamen el mismo trato de favor. El segundo club de la ciudad, el Levante, quiere subirse al carro y estudia solicitar a las instituciones políticas la recalificación del terreno de su estadio, el Ciutat de València, en el barrio de Orriols, para construir con los beneficios de su venta un nuevo campo en una zona cercana. La intención del club es contar con una nueva instalación para 2009, año en que celebra su centenario, y para ello piensa reclamar las mismas condiciones que el gobierno ha concedido al Valencia.

Las pretensiones urbanísticas del Levante no son nuevas, y se ha reforzado con las concesiones inmobiliarias al Valencia. El club pidió en 2002 al Ayuntamiento dividir la parcela inicial de 46.773 m², de su estadio en dos, una destinada al recinto deportivo y otra a zona terciaria, para construir en ella un complejo hotelero y una galería comercial. El Ayuntamiento contentó después sus peticiones a medias: dejó una parcela de 29.600 /m², para el campo Ciutat de València y recalificó en zona terciaria una superficie de 15.000 metros a cambio de una concesión por parte del club.

244. UN TRIBUNAL CUESTIONA LA POLÍTICA URBANÍSTICA VALENCIANA AL PARALIZAR UN PLAN DE 1.500 CASAS EN PARCENT (11/11/06)

La urbanización de millones de m² de suelo al margen de los planes generales de ordenación urbana no es compatible con un desarrollo sostenible. Así lo advierte el Tribunal Superior de Justicia valenciano en un auto sin precedentes que paraliza un plan urbanístico en Parcent, una localidad alicantina de un millar de habitantes que, con 1.496 viviendas nuevas como mínimo, triplicaría su censo de población. El tribunal afirma que una actuación de esta dimensión requiere una planificación que pondere "las necesidades integrales del municipio, y su sostenible desarrollo". La resolución judicial no sólo cuestiona el desaforado desarrollo urbanístico de la Comunidad Valenciana a golpe de programas de actuación integrada (PAI) que reclasifican millones de m² de suelo rústico. El auto critica en general, a través del ejemplo de Parcent, los crecimientos desmesurados de los municipios sin una planificación adecuada.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano suspende cautelarmente un PAI aprobado el pasado 30 de enero por el Ayuntamiento de Parcent, gobernado por el PP, y su adjudicación a la empresa Terra de L'Horta, SL. El plan prevé el desarrollo de un millón de m² y la construcción de 1.496 viviendas. El auto notificado sostiene que ordenar esa superficie con un PAI "es excesivo, ya que una actuación de tal naturaleza exigiría una instrumentación de carácter más general, donde pudieran ponderarse las necesidades integrales del municipio y su sostenible desarrollo". En esa línea, destaca que "se trata de un municipio de poco más de 1.000 habitantes y la actuación cuando menos pretende integrar una población que duplica este número".

Parcent todavía se rige por normas urbanísticas subsidiarias de principios de los años noventa, ya que su plan general de ordenación urbana (PGOU) está en redacción. El Ayuntamiento ha aprobado al margen del PGOU otros PAI y ha ignorado las protestas de la plataforma vecinal de Parcent contra un desarrollo urbanístico que elevaría a 10.000 los habitantes de este pequeño pueblo.

El tribunal, que no entra en el fondo de la cuestión, apoya la suspensión cautelar porque en la tramitación del PAI "se ha prescindido" de trámites esenciales de la normativa urbanística, y hasta un 40% de los propietarios del sector afectados no fueron avisados del proyecto, lo que comporta una clara indefensión. El Ayuntamiento, además, hizo caso omiso de un informe que encargó al Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, y que instaba a detener el PAI ante las irregularidades en su tramitación, como recoge el recurso presentado por los abogados de la organización Abusos Urbanísticos No.

Finalmente, el auto destaca que el PAI no es el instrumento adecuado para ejecutar el importante crecimiento previsto en Parcent. En la Comunidad Valenciana son decenas los municipios que han aprobado o proyectan crecimientos que multiplican su población y reclasifican suelo rústico no previsto en sus planes generales de ordenación urbana. La Comisión Europea ha dado un ultimátum a la Generalitat para que cambie la legislación urbanística, que no se ajusta a las directivas comunitarias y ha llevado a Bruselas las quejas de 15.000 afectados en situación similar a la de los vecinos de Parcent. Los PAI "han sustituido en la práctica los planes generales, que son los que marcan las directrices del desarrollo", destaca el abogado Jaume Sendra, que considera que el auto del TSJ valenciano supone "un punto y aparte" frente al "desarrollo salvaje" sin protección de los derechos de los ciudadanos y del interés general.

245. HACIENDA SOSPECHA QUE LAS FACTURAS QUE EL IVEX PAGÓ POR DOS CONCIERTOS ERAN FALSAS (12/01/06)

Algunas de las facturas que el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) pagó como gastos de organización del recital que Julio Iglesias ofreció en Shangai, en noviembre de 1998, resultaron tan sospechosas a los ojos de la delegación valenciana de la AEAT, como las que, 5 meses después, pasó al cobro Midway International por el recital de México. En los dos casos, el servicio de inspección de Hacienda no sólo no permitió al IVEX que se dedujera fiscalmente 1,9 millones de € abonados por el montaje de estos dos recitales sino que, además, fue muy explícito al subrayar sus dudas respecto a que las “empresas extranjeras” que cobraron, “hayan realizado los servicios facturados”. “En ningún caso ha sido acreditado” este extremo, indicó la delegación tributaria en el expediente abierto contra el IVEX.

Este diputado explicó de forma sorprendente en aquella intervención parlamentaria que el fisco había multado con 191.457 € al IVEX por no haber aportado los justificantes de esos gastos de promoción exterior que pretendía desgravarse, pero, la resolución del expediente va muchísimo más lejos al cuestionar abiertamente que los pagos “respondan a una operación efectivamente realizada”. Las sospechas en torno a una facturación falsa no sólo abarcan los 980.321 $ pagados directamente a la irlandesa Midway International Ltd en concepto de gastos de organización del recital que Julio Iglesias ofreció en el Auditorio Nacional el 10 de abril de 1999. Las sombras de duda alcanzan también los pagos realizados (al menos por 146.004.273 pesetas) a la firma Gold Peak Trade Services Ltd, radicada en Hong Kong, por haber prestado servicios de organización del recital de la gira promocional de Julio Iglesias con cargo al IVEX.

La investigación tributaria se produjo a partir de la revisión de los pagos realizados por el organismo público autonómico a cuenta del impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio de 1999. Los inspectores no consideraron, de entrada, suficientemente justificados los pagos a estas dos empresas radicadas en paraísos fiscales.

La facturación de Midway International por el concierto mexicano está siendo investigada por el juez Luis Carlos Presencia Rubio en la causa que se sigue por presunta malversación, falsedad documental y delito fiscal en la firma y ejecución del contrato “b” del cantante Julio Iglesias. La documentación aportada por el ex delegado del IVEX en México Vicente Sendra demuestra que la organización de aquel evento musical debería haberle salido gratis a la Generalitat porque la empresa organizadora fue la mexicana Rac Producciones, que asumió los costes de organización a cambio de explotar la taquilla, de regalar al IVEX 300 invitaciones y de no tener que pagar el caché del artista, ya sufragado por el Consell.

La comparecencia del ex delegado del IVEX en México ante el juez abrió la puerta a que tanto el fiscal del caso como el letrado del PSPV, que interpuso la querella, pidan que sea llamada a declarar la actual directora general del Instituto Valenciano de la Exportación, Maritina Hernández. Sendra reveló que a finales de 2001, la entonces adjunta a la dirección le comunicó que el recital de México no había salido gratis como pensaba el delegado en aquel país, en clara alusión a que se había pagado, siendo José María Tabares director general, paralelamente a la irlandesa Midway.

246. EL GERENTE DE LA FUNDACIÓN AGUA Y PROGRESO TAMBIÉN ES MILITANTE DEL PP (12/01/06)

El gerente de la Fundación Agua y Progreso, la entidad pública creada por el Ejecutivo valenciano para servir a la estrategia hídrica del Consell, también es militante del PP. Alberto Comos Guillem, que fue contratado como gerente de la entidad pública, en un puesto cuyo salario está asimilado al de director general, llegó incluso a formar parte de la candidatura que el Partido Popular presentó en Catarroja en las pasadas elecciones municipales de 2003. En concreto, Comos figuraba en el nº 17 de la lista municipal. Fuentes consultadas indicaron que, aunque se trataba de un puesto de no salida, Comos estaba incluso considerado como el mirlo blanco del PP para suceder al primer teniente de alcalde, Francisco Chirivella.

La afinidad de Comos con el PP también se extiende, como ha venido informando este diario, a otras personas que tienen nómina en la citada Fundación. Así, el actual vicesecretario provincial del PP, Juan José Medina, también cobra sueldo en calidad de asesor. El ex alcalde de Moncada compagina su labor en la entidad -tareas relacionadas con la publicidad y la comunicación, según el mismo explicó en su día a este diario- con el acta de edil en Moncada y sus responsabilidades en el partido.

También trabaja para la entidad la ex presidenta de la Federación de Vecinos de Valencia, Carmen Vila, afín al PP.

Desde su origen la oposición ha criticado la propia existencia de la Fundación al considerar que se trataba de un instrumento que el Consell usa de forma partidista. De hecho, la Fundación ha participado activamente en las distintas manifestaciones promovidas por el PP y el Consell en defensa del trasvase del Ebro. Así, colaboró en la manifestación celebrada el pasado 29 de junio de 2004 en Madrid. La Fundación contrató con la empresa Special Events, que en su día fue objeto de polémica por sus vínculos pasados con otra firma radicada en paraísos fiscales, los trabajos de promoción de esta acción. Así lo reconoce el Consell en una respuesta parlamentaria a la socialista Josefa Andrés.

247. EL NUEVO PARQUE DEL TURIA EVITA PROTEGER SUELO DE CARGOS DEL PP (15/11/06)

El trazado del nuevo parque natural del Turia deja fuera terrenos propiedad del alcalde de Riba-roja, del PP, y de varios de sus familiares, concejales del mismo partido. La montaña del Frare, junto a Porxinos, quedará protegida a excepción del suelo que posee la familia de Francisco Tarazona Zaragoza. Lo mismo ocurre en otros terrenos del término municipal. En algunos de ellos se han proyectado PAI.

Es el caso del programa de actuación integral conocido como Masia Traver II, que está previsto desarrollar junto al mismo río Turia. Y del llamado PAI del cementerio, una zona de relevancia ecológica en la que familiares de Tarazona han adquirido terrenos.

El PSPV de Riba-roja denunció que el proyecto del futuro parque natural -que se encuentra en fase de alegaciones y debería ser declarado como tal el 1 de enero de 2007- se preocupa de bordear las propiedades del alcalde y de sus allegados. Los socialistas consideran que las revelaciones respaldan la querella presentada por su partido contra Tarazona y varios de sus familiares por prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude e información privilegiada en la aprobación del PAI de Porxinos impulsado por el presidente del Valencia CF, Juan Soler. Antes de la operación, calificada en su día por Soler de "pelotazo", varios familiares del alcalde, entre ellos su hija y sus sobrinos, adquirieron terrenos que se revalorizaron tras la aprobación del PAI y que son susceptibles de ser recalificados.

Esa posibilidad, señala Roberto Raga, secretario general de los socialistas de Riba-roja, es la que se mantiene abierta al evitar incluirlos en el parque natural. De hacerlo, la protección provendría directamente de la Consejería de Territorio y Vivienda, y quedaría fuera del alcance del Ayuntamiento permitir su urbanización. Raga se preguntó "qué tiene que decir" al respecto el consejero Esteban González Pons.

Las denuncias de la oposición de Riba-roja no son las únicas críticas que está recibiendo el proyecto del titular de Territorio. La Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia, impulsora original de la protección de la zona, afirmó en un comunicado que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del futuro parque se ha diseñado "para favorecer el crecimiento urbano", contraviniendo la propia legislación autonómica.

248. EL ALCALDE DE LLÍRIA (PP) TIENE UNA CASA ILEGAL SOBRE SUELO PROTEGIDO DE SU MUNICIPIO (15/11/06)

El alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo, del PP, es el dueño de una de las 10.000 casas ilegales construidas en su término municipal. El edil, presidente de la mancomunidad de Camp de Turia, y uno de sus hermanos poseen dos chalés, rodeados de amplios jardines, con piscinas, levantados sobre suelo rústico, en la ladera de una montaña, a unos 5 kms. del centro de Llíria. Manuel Izquierdo reconoció ser el propietario de la casa, que sólo utiliza "en verano". Izquierdo se refería a las decenas de urbanizaciones surgidas durante las décadas de los setenta y los ochenta sobre suelo protegido, recalificado en 1994 para regularizarlas al menos parcialmente. Y que 12 años después siguen careciendo de los elementos básicos de un terreno urbanizado -red de saneamiento; asfaltado; aceras, alumbrado público...-. Si se suma este lote de viviendas al de las edificadas sobre suelo que continúa siendo rústico, el número de casas irregulares supera las 10.000, según varias fuentes.

El chalé del alcalde, en todo caso, no pertenece al primer grupo, sino al segundo. Y la posibilidad de que sea legalizada parece altamente improbable. Tampoco resulta fácil de encontrar, aunque su existencia no sea ningún secreto para la mayoría del pueblo. Para llegar hasta la casa hay que salir de Llíria en dirección noroeste, por la carretera de Alcublas, desviarse poco después y tomar luego varios caminos, algunos de los cuales han sido asfaltados. Finalmente, en una zona conocida como Pla de les Avenes, en la loma de una montaña, aparecen varias casas de campo, estructuradas en torno a lo que parece una calle. La más grande de todas es la del alcalde.

Desde el exterior de la propiedad puede verse un chalé amplio, una piscina y un jardín de grandes proporciones en el que crecen pinos y palmeras. El alcalde señaló que sólo lo visita en verano. Pero visto el número de perros que guardan su casa y las contiguas, y su vigor, queda claro que alguien se acerca regularmente a alimentarlos.

Izquierdo no quiso entrar en detalles sobre si la vivienda está conectada a alguna red de alcantarillado, aunque parece improbable; si cuenta con conexión eléctrica (cerca hay un poste de la luz), ni sobre cómo obtiene el agua. Afirmó, en todo caso, que el chalé dispone de cédula de habitabilidad. Y luego dijo: "Estoy muy orgulloso de tener un chalé"; "llevo 26 años teniendo una casa en la montaña y ahora que soy alcalde vienen a decirlo".

El término de Llíria, capital de la comarca de Camp de Turia, es uno de los más extensos de la comunidad autónomam con una superficie de 228 Km². Y resulta razonable reconocerle a Izquierdo una dificultad mayor que a otros alcaldes para contar las casas ilegales. Sobre todo si hay que empezar por la propia.

249. EL PP DE BURRIANA AMONESTA A UNA EDIL POR CRITICAR LA GESTIÓN URBANÍSTICA (15/11/06)

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Burriana, José Ramón Calpe, remitió un comunicado en el que reprende a su compañera de grupo, Mariola Aguilera, por las críticas que ésta ha vertido sobre algunos aspectos de la gestión urbanística que se está desarrollando en el municipio. La concejal del PP consideró "poco ético" que el ayuntamiento encomiende la redacción del concierto previo, el documento que fijará las bases del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al mismo técnico que redactó el PAI de Burriana más polémico -el Pedrera Port-. Un PAI cuya aprobación está supeditada a lo que marque el concierto previo encargado. Aguilera, que ha mostrado en varias ocasiones su oposición a esta decisión del alcalde, Alfonso Ferrada, recibió la reprimenda del portavoz de su grupo que le insta a que "discuta sus puntos de vista en el interior del grupo". Además, el escrito critica que la edil "se dirija a los medios de comunicación para censurar, con mayor virulencia que la propia oposición, y para poner bajo sospecha al alcalde". El portavoz municipal del PP también reclama "lealtad". El voto de Aguilera es crucial en el ayuntamiento burrianense ya que es el que otorga la mayoría al PP.

Calpe se pronunció sobre la "absoluta legalidad" del procedimiento de adjudicación de la redacción del concierto previo. El portavoz popular recordó que la aprobación de la adjudicación al redactor se dejó sobre la mesa con una suspensión que se levantó el día 13. "Durante todo el período de suspensión no se ha hecho nada, porque estaba en suspenso la ejecución y hemos sido absolutamente respetuosos", según Calpe.

250. EL EX INTERVENTOR DE ORIHUELA DECLARA QUE "VIO FACTURAS FALSAS" (15/11/06)

José Manuel Espinosa, ex interventor del Ayuntamiento de Orihuela, declaró al juez que la firma Necso (adjudicataria del servicio de basuras del municipio) presentó a cobro facturas falsas por importe de 240.000 €. El funcionario también se ratificó en su denuncia al alcalde, José Manuel Medina, del PP, por el pago de un extra de 180.000 € a los operarios de esa empresa para evitar una huelga en la Navidad de 2004.

José Manuel Espinosa compareció, como testigo, ante el titular del Juzgado nº 3 de Orihuela. Esta oficina instruye tres de las 15 causas en las que el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha desglosado su denuncia general por supuestos hechos delictivos en la gestión urbanística y contable del Consistorio oriolano. El ex interventor es el testigo de cargo en la denuncia de la Fiscalía. Uno de los casos son las supuestas facturas falsas de Necso, el pago de un extra a la plantilla de la empresa por parte del primer edil, y adjudicaciones, también mediante decreto de la alcaldía y sin contrato de trabajo, por1 millón de €.

Espinosa ratificó ante el magistrado sus denuncias anteriores, así como la declaración que realizó ante el fiscal anticorrupción durante las diligencias previas practicadas por la acusación pública. Espinosa aseguró al juez que la firma Necso presentó a cobro, basándose en un supuesto lucro cesante, tres facturas por un importe de unos 240.000. "Yo vi las facturas", aseveró al magistrado. Según el funcionario, la sociedad presentó las facturas en mayo de 2002, cuando el Ayuntamiento se planteó la retirada de la adjudicación de la contrata para unificar el servicio de recogida de basuras del casco urbano y la playa. También declaró ante el juez que el alcalde pagó, mediante decreto, en diciembre de 2004, un extra de 180.000 a la plantilla de Necso para evitar una huelga. El ex interventor sostiene que Medina ejecutó el abonó de las cantidades, pese a que los beneficiarios no guardaban ninguna relación laboral con el Consistorio, en contra del criterio de los técnicos del área de económica del Ayuntamiento.

El funcionario, por último, mantuvo la denuncia sobre las adjudicaciones de obras y servicios relacionados con el alumbrado público por parte del alcalde mediante el sistema de contratación verbal por un volumen de un millón de € durante los ejercicios de 2002 y 2003.

251. LA VILA TRAMITA TRES PAI ANULADOS POR EL TSJ A PROMOTORES VINCULADOS CON EL PP (17/11/06)

Ayuntamiento de La Vila Joiosa , con mayoría absoluta del PP, sigue los trámites ordinarios de tres planes parciales pese a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que los anulan. Estos sectores están siendo desarrollados por las empresas de los socios de los concejales del PP Isidro Cantó y Marcos Zaragoza en Vilaoci 2000, SL, y en total sumarán 1.249 viviendas al municipio.

El gobierno local, hizo valer su mayoría en el pleno y aprobó otra adjudicación (un aparcamiento subterráneo) a una firma de los socios de los ediles populares. En la actualidad permanece a exposición pública la reparcelación de la Unidad de Ejecución número 4 del Plan Parcial-14, que, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), contempla 541 viviendas. La Agrupación de Interés Urbanístico que lo ha presentado está controlada por Prom 95, formada por Andrés Planells Palao y Andrés Planells Ronda, socio de los dos concejales. Una sentencia del TSJ anuló las obras por comenzar antes de aprobar el proyecto de reparcelación. Además, condenó al Ayuntamiento a incoar un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística. Según uno de los propietarios afectados, el Gobierno del PP se limitó a abrir un expediente de disciplina urbanística sin demoler.

Por otra parte, Territorio y Vivienda condicionó el inicio de las obras del plan parcial 16 Mallaeta al cambio de la vía pecuaria, según una resolución publicada en el BOP el pasado 11 de noviembre. El Ayuntamiento ha permitido que las obras estén finalizadas y el 70% de las viviendas ocupadas. Uno de los socios de los dos ediles, Sebastián Martínez Sánchez, ha estado vinculado a la promotora L'Illa de Minos, SL, que ha desarrollado el plan con el consentimiento del Gobierno local. La Comisión Territorial de Urbanismo ya calificó de "incorrecta" la tramitación en 2002, y el TSJ anuló el plan parcial de mejora en octubre de 2004. Otra sentencia del mismo organismo anuló en mayo de 2006 el proceso por invadir el espacio protegido de las vías pecuarias. Este plan incluye 524 viviendas, que invaden además el Parque Litoral Mallaeta.

Por último, el TSJ anuló en diciembre de 2003 la reparcelación forzosa del plan parcial 29 -176 casas- propuesto por la mercantil Promociones Beniardà, SL, perteneciente al promotor Antonio Solana. Uno de sus familiares es también Sebastián Martínez Sánchez. Pocos días después de conocerse la sentencia la empresa contrató como administrador de fincas al hermano del primer edil, Jaime Llorca Entre las deficiencias que recogió el juez figura que la parcela mínima edificable planteada era de 33.213 m², es decir, todo el sector, lo que excluía a todos los propietarios con la excepción de la adjudicataria.

252. TENSIONES POPULARES. LOS CAMPSISTAS AVISAN A LOS ZAPLANISTAS QUE PASARÁN FACTURA (17/11/06)

El proceso de renovación de vocales de las asambleas generales de Bancaja, Caixa Ontinyent y la CAM tiene, de momento, para muchos un perdedor inesperado: el jefe del Consell Francisco Camps. El presidente de la Generalitat no ha logrado introducir ninguna persona de su confianza en el consejo de administración de Bancaja, y la maniobra zaplanista acordada por el presidente de la Mesa de las Corts, Julio de España y el vicepresidente Juan Manuel Cabot con los socialistas ha mermado sus opciones de tener el bastón de mando en la elección de vocales para la CAM. La zozobra de la aritmética parlamentaria ha sido clave para provocar el aplazamiento de la renovación de la entidad alicantina.

Pero es precisamente esta sensación de fragilidad parlamentaria en el grupo popular y la suma de decisiones como la adoptada por De España y el plante zaplanista del año 2004 lo que ha llenado de argumentos a quienes dentro de las filas del campsismo apuestan por aplicar el rodillo en la elaboración de la candidatura autonómica para los comicios de 2007. Afines a Camps sostenían que la lista de agravios e indisciplinas pone en evidencia la necesidad de Camps de disponer de un grupo parlamentario bajo su control la próxima legislatura.

El PP vive inmerso en pleno proceso de confección de listas electorales y destacados miembros del Consell afines a Camps interpretaban que sin una demostración de fuerza por parte del jefe del Consell se lanzará el mensaje de que los zaplanistas pueden rebelarse sin que ello conlleve consecuencias. Lo que se da casi por seguro es que De España tiene escasas posibilidades de repetir como presidente de las Corts -pese a su deseo- e incluso es posible que se quede fuera de la lista autonómica.

En el lado contrario, desde el PP de Alicante que controla José Joaquín Ripoll se hace una interpretación completamente distinta. Los zaplanistas sostienen que la legislatura de Camps ha estado marcada por un obsesivo deseo de laminar a los afines del portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, y de dejar fuera de la toma de decisiones a las estructuras del partido en Alicante. Es por esto que Ripoll lanza constantes mensajes a Camps para participar de igual a igual en la confección de candidaturas, incluidos los órganos de gobierno de la CAM. Camps nunca ha respondido a estos mensajes.

253. LA VILA TRAMITA TRES PAI ANULADOS POR EL TSJ A PROMOTORES VINCULADOS CON EL PP (17/11/06)

254. LA CUENTA DE BAHAMAS HIZO DE PUENTE PARA DESVIAR EL DINERO DEL IVEX AL BENEFICIARIO REAL (21/11/06)

La cuenta secreta WA356115.000 de la sucursal de Union Bank Suïsse (UBS) en Nassau (Bahamas) en la que el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) ingresó buena parte de los presuntos gastos por la organización de cinco conciertos que el cantante Julio Iglesias ofreció en 1998 y 1999 en la gira patrocinada por la Generalitat Valenciana fue sólo una cuenta cifrada que hizo de puente para acabar derivando el dinero al beneficiario último de los pagos. El experto en ingeniería financiera que diseñó la operación Julio Iglesias debía de ser perfecto conocedor del consejo que el nonagenario Mark Felt le regaló, ejerciendo de Garganta Profunda en el caso Watergate, al periodista del Washington Post: “Siga la pista del dinero”. Los millones de dólares pagados por el IVEX a varias empresas radicadas en paraísos fiscales por presuntos gastos de organización de los cinco conciertos que el cantante ofreció en 1998 y 1999 en la gira patrocinada por la Generalitat no dejaron precisamente un rastro nítido como el hilo de Ariadna.

Una buena parte del dinero que abonó el Instituto Valenciano de la Exportación fue a parar a la cuenta secreta WA356115.000 de la sucursal de Union Bank Suïsse en Nassau (Bahamas). Pero no fue ésta la última precaución que se tomaron para procurar toda la opacidad del mundo en la exportación de fondos públicos al Caribe. Según se ha podido saber, esa cuenta cifrada fue sólo un puente para acabar derivando el dinero al beneficiario último de los pagos. Las transferencias hicieron escala en esa cuenta y fueron a parar al bolsillo del “cliente número 14.467”, según consta en los rastros informáticos que dejaron los swifts bancarios que se ordenaron desde el Arab Bank de Valencia. En esa entidad tenían cuenta abierta tanto el IVEX como la firma irlandesa Midway International Ltd.

Es, por ahora, el último eslabón de la cadena de opacidad construida en torno a la firma y ejecución del contrato “b” del artista con la Generalitat. El propio contrato también era un misterio, puesto que oficialmente el Consell sólo desveló en su día, y tras la insistencia de la oposición, un sólo documento oficial que fijaba la remuneración del cantante en 375 millones de pesetas. La llamada Carta de Intenciones que se escondió a las Corts, a la Sindicatura de Comptes y a la opinión pública elevaba los emolumentos hasta 990 millones libres de impuestos. Las empresas que facturaron están embadurnadas de blindaje antitransparencia. Así, Midway International está radicada en Irlanda y sus administradores tienen la residencia fiscal en las Islas del Canal. Desde la cuenta de esta empresa en Arab Bank se ordenaron al menos cuatro transferencias por un total de 1,7 millones de dólares a la ya famosa cuenta caribeña.

A la WA356115.000 también fueron a parar los 325.000 dólares del cheque que el IVEX envió a nombre de Strategies and Solutions, la firma del ex delegado del Instituto en Miami, José Marquina. El talón, pagadero en la sede del Banco Exterior de aquella ciudad, fue endosado por Marquina -quien no se quedó un centavo según demostró ante el juez- a favor de International Concerts, empresa de Julio Iglesias, que lo ingresó en la citada cuenta de Bahamas. Con ese cheque se pagaba la factura por gastos de organización del recital de Orlando (23 de abril de 1998).

José Marquina denunció en el juzgado que esa factura fue hinchada y aportó la contabilidad del evento, según la cual los costes no pasaron de 207.296 dólares. A los que hay que descontar los 87.450 $ que costó la cena anterior al concierto celebrada en el Hotel Peabody y que fueron cargados a la American Express que manejaba el director del Instituto Valenciano de la Exportación, José María Tabares.
La empresa que realmente montó el recital de Julio Iglesias en México -Rac Producciones- pagó a International Concerts 64.000 $, en concepto de “producción de los ensayos” de Julio Iglesias. Y el dinero acabó en la cuenta de siempre, para saltar al bolsillo del enigmático cliente 14.467 del banco suizo UBS.

255. COMIENZA EL TRÁMITE PARA CONSTRUIR EN TERRENO RECALIFICADO AL VILLARREAL (21/11/06)

Para el edil de EU, Álvaro Escorihuela, el único que desde el principio se opuso al convenio, la permisividad del ayuntamiento sigue siendo una "aberración urbanística" porque rompe con la ordenación que prevalece en la zona. Los bloques tendrán entre 10 y 18 alturas y albergarán alrededor de un millar de viviendas en una zona donde predominan los adosados. La construcción será posible tras la recalificación aprobada por el ayuntamiento mediante un convenio firmado por el alcalde, Manuel Vilanova, del PP, y el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, por el que dos solares de alrededor de 40.000 m² pasaron de ser dotacionales a ser urbanizables. El acuerdo señalaba que las plusvalías de las recalificaciones servirían como medio de pago por el gasto que realizó el club en las obras de ampliación del estadio municipal de El Madrigal. Posteriormente, el Villarreal vendió los solares. Según Escorihuela, la recalificación fue posible gracias a un informe de la Consejería de Educación, que mantuvo que podía prescindir del suelo dotacional.

256. EL ALCALDE DE RIBA-ROJA Y SUS DOS SOBRINOS DEBERÁN DECLARAR ACUSADOS DE VARIOS DELITOS URBANÍSTICOS (21/11/06)

El alcalde del PP de Riba-roja, Francisco Tarazona, y sus dos sobrinos, también concejales del grupo popular, tendrán que declarar los próximos 28 de noviembre y 1 de diciembre ante el juez de Primera Instancia e Instrucción de Llíria como imputados por seis presuntos delitos urbanísticos, según explicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana.

Concretamente, Francisco Tarazona, José Vicente Tarazona y Cristina Vázquez Tarazona prestarán declaración por los supuestos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias, malversación y fraude, denunciados todos ellos por dos ediles del PSPV . El secretario local de los socialistas, Robert Raga, aseguró que los servicios jurídicos de su partido estudian ampliar la querella contra otros políticos del PP. Por su parte, ninguno de los tres imputados quiso hacer declaraciones sobre la decisión judicial y, según fuentes del ayuntamiento, no las harán hasta que se celebre la vista.

Así pues, el alcalde y los dos concejales tendrán que responder lo que les pregunte el juez sobre la aprobación del PAI de Porxinos, donde, según recoge la denuncia , la madre del alcalde posee cuatro parcelas que inicialmente se incluyeron en el plan urbanístico de la nueva Ciudad Deportiva del Valencia.
Otra presunta actuación irregulares la venta directa y sin subasta pública del aprovechamiento urbanístico que le corresponde al ayuntamiento en la tramitación de este y otro PAI, así como por el "lucro personal y directo" del alcalde y sus sobrinos que "utilizan el urbanismo municipal como un instrumento al servicio de sus intereses y de su lucro particular", según denuncia el PSPV.

257. EL TS RATIFICA LA CONDENA DE 6 AÑOS DE CÁRCEL AL EX ALCALDE DE PEGO (PP) POR DELITO ECOLÓGICO (21/11/06)

Sentencia histórica en Pego. La sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial de Alacant y condenó, de nuevo, al ex alcalde de Pego Carlos Pascual a 6 años de prisión y a otros tantos de inhabilitación por varios delitos como consecuencia de actuaciones realizadas en el parque natural del Marjal entre 1996 y 1998, desestimando así el recurso de casación interpuesto por los acusados. Además, el TS también condena al ex concejal de Agricultura, José Orihuel, a tres años de cárcel e inhabilitación a cargo público por la misma causa.

Así, el Alto Tribunal contempla las peticiones del Ministerio Fiscal y de la Conselleria de Territorio y, además de que Carlos Pascual y José Orihuel cumplan la condena, obliga al Ayuntamiento de Pego y a la Comunidad de Regantes como responsables civiles subsidiarios al pago de 1,2 millones € por los daños cometidos en el espacio protegido. El fallo también condena a los acusados al pago de los costes judiciales. En la sentencia hecha pública , el TS desestima los 78 motivos formulados por la defensa del ex alcalde y el ex edil de Agricultura al considerar que “los acusados conocían perfectamente la trascendencia ecológica de la zona que estaba bajo su jurisdicción y no obstante, pasando por encima de las exigencias de la Constitución, de las leyes y del deber de preservar el medio ambiente, autorizó actuaciones que dañaron y destruyeron un amplio espacio que va a ser costoso recuperar. Es evidente que se actuaba a sabiendas, es decir, con dolo y a conciencia de la injusticia y la ilegalidad de la decisión”. Éste es uno de los argumentos que esgrime el Alto Tribunal para desestimar el recurso de casación. Sin embargo, algunas de las tesis utilizadas por la defensa de los acusados y hechas públicas junto con la sentencia son, como mínimo, sorprendentes. Los acusados aseguran en su defensa que “no resulta afección alguna del bien jurídico protegido al ser compatible la declaración de parque natural con el cultivo tradicional de arroz”.

El TS contesta que “el motivo debe ser desestimado”, ya que “se destruyeron importantes comunidades vegetales y afectó a una extensión de 600 hectáreas, a todo el entorno faunístico que tiene su medio de vida en las aguas discurridas y en la vegetación arrasada; el descenso del nivel de las aguas ha sido importante con peligro para la desecación del Marjal e incluso pudiendo dar lugar a un proceso de intrusión del agua del mar que podría salinizar los acuíferos”. Además, por otra parte, la defensa aduce que “uno de los recurrentes era agricultor y el otro herrero y que se han dedicado al cultivo de arroz, ignorando que su tierra estaba dentro del Marjal y no existía prohibición expresa contra el cultivo de arroz”.

En este sentido, los magistrados del Alto Tribunal desestiman tal argumento porque “habían sido advertidos por el secretario municipal de la ilegalidad de su conducta, expresando el conocimiento del ámbito de lo punible y la intención de actuar en el sentido opuesto a la norma”. Así mismo, “los acusados ocupaban puestos de responsabilidad municipal y conocían las consecuencias de la declaración realizada sobre el espacio terrestre declarado parque natural”, apunta la sentencia.

258. LA OPOSICIÓN PIDE AL PP DE BOCAIRENT QUE DESTITUYA AL TENIENTE DE ALCALDE CONDENADO POR CONDUCIR EBRIO (22/11/06)

El PSPV y Bloc han pedido al alcalde de Bocairent, Juan Bautista Sanchis, del PP, la destitución del actual teniente de alcalde y concejal de urbanismo, Dimas González, tránsfuga socialista, ya que ha sido condenado a pagar 1.200 € y la retirada del permiso de conducir durante un año por conducir ebrio. Los hechos se remontan al 19 de noviembre de 2004 cuando Dimas González, que entonces era alcalde por el PSPV en coalición con Bloc y EU, tuvo un accidente de tráfico cuando conduciendo un coche oficial del Ayuntamiento debido a que circulaba con una tasa de consumo de alcohol triple de la permitida.

El hecho fue denunciado por el propio PP, lo que provocó que los miembros del gobierno solicitaran a González su dimisión. Ante la negativa de éste, fueron los otros concejales quienes dimitieron de sus funciones y sólo quedaron en sus puestos Dimas González y el concejal socialista José Vañó. El PP presentó una moción de censura encabezada por Juan Bautista Sanchis, que llegó a la alcaldía el 4 de marzo de 2005 gracias a la abstención de González y Vañó. Dimas González formalizó un pacto con el PP por el cual entró a formar parte del gobierno como teniente alcalde y concejal de Urbanismo, conservando el mismo sueldo.

Tras hacerse pública la condena impuesta por el juzgado de lo penal número 1 de Alicante, el PSPV ha pedido al alcalde la "expulsión inmediata de los dos concejales tránsfugas que le dieron la alcaldía para restituir la democracia en Bocairent".

259. EL TSJ ADMITE LA QUERELLA DE ZAPLANA POR INJURIAS RESPECTO AL CASO TERRA MÍTICA (22/11/06)

La Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha admitido a trámite la querella presentada por Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso, contra dos diputados autonómicos socialistas, José Camarasa y Antoni Such, y dos empresarios imputados en el caso Terra Mítica, Antonio Moreno Carpio y José Herrero, según informó el TSJ. Zaplana presentó el pasado mes de mayo la querella por injurias y calumnias graves con publicidad después de que la Cadena Ser difundiera el contenido de unas grabaciones presentadas ante la Fiscalía por los diputados socialistas en las que los empresarios vinculaban al ex presidente de la Generalitat con el cobro ilegal de comisiones a lo largo de la construcción del parque Terra Mítica. La querella fue rechazada por el Tribunal Supremo porque entendió que la competencia, a pesar de la difusión nacional de las supuestas injurias y calumnias, le correspondía al TSJ. comunicó su admisión a trámite.

La Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha admitido a trámite la querella presentada por Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso, contra dos diputados autonómicos socialistas, José Camarasa y Antoni Such, y dos empresarios imputados en el caso Terra Mítica, Antonio Moreno Carpio y José Herrero, según informó el TSJ. Zaplana presentó el pasado mes de mayo la querella por injurias y calumnias graves con publicidad después de que se difundiera el contenido de unas grabaciones presentadas ante la Fiscalía por los diputados socialistas en las que los empresarios vinculaban al ex presidente de la Generalitat con el cobro ilegal de comisiones a lo largo de la construcción del parque Terra Mítica.

La querella fue rechazada por el Tribunal Supremo porque entendió que la competencia, a pesar de la difusión nacional de las supuestas injurias y calumnias, le correspondía al TSJ. comunicó su admisión a trámite.

260. EL LÍDER DEL PP DE CASTELLÓN NO LOGRA RECUSAR AL PERITO QUE ANALIZARÁ SUS BIENES PARA INVESTIGAR SI COMETIÓ COHECHO (22/11/06)

El presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, Carlos Fabra, ha sufrido un nuevo revés judicial. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha desestimado otro de los recursos, y ya son decenas, que ha presentado. Fabra está siendo investigando ante la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración y un presunto fraude fiscal desde hace casi tres años y todavía no se han podido practicar todas las pruebas solicitadas por el fiscal anticorrupción y la acusación particular, representada por la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana.

En este caso, la Audiencia de Castellón deliberó sobre un recurso presentado en abril de 2005, antes de que la Agencia Tributaria presentara su informe sobre la posible comisión de un fraude a la Hacienda Pública por el que la fiscalía presentó denuncia. El fiscal anticorrupción había pedido la designación de un perito, con la cualificación de inspector de Hacienda, para que trabajara en la imputación que entonces pesaba contra Fabra por la posible comisión de uno o varios presuntos delitos contra la Administración Pública, indica un auto remitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El objetivo era cruzar los datos fiscales de Fabra con los indicios sobre la mediación que realizó ante los ministerios de Sanidad y Agricultura con el fin de tratar de agilizar la autorización para fabricar productos fitosanitarios de la empresa del entonces su amigo, Vicente Vilar. De esta forma, se podría empezar a dilucidar si había un delito de cohecho.

Fabra alegó contra la designación de este perito porque entonces no lo estaban investigando por fraude fiscal sino por delitos contra la Administración pública y consideraba que no tenía sentido la intervención de un inspector de Hacienda. Sin embargo, apenas un mes después de que presentara este recurso, que ahora ha resuelto la Audiencia de Castellón, sí que se formalizó la denuncia contra él por fraude fiscal, que se investiga de forma conjunta con los posibles delitos contra la Administración pública para esclarecer si los ingresos proceden de un presunto tráfico de influencias.

La Audiencia indica que las pruebas que se han practicado a lo largo de la instrucción "se han centrado en la comprobación de las entregas de dinero denunciadas por el querellante Vicente Vilar, y los flujos económicos entre las empresas vinculadas a éste y las relacionadas con la familia Fabra".

El presidente del PP provincial y de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, anunció que se presenta a las elecciones en la lista del actual alcalde de la capital, Alberto Fabra. Deshojaba así la margarita y buscaba contrarrestar el efecto Calles, opción socialista a la Alcaldía. Mientras, el director de campaña popular, Javier Moliner, aseguraba que “la época de hacer listas no es está. No vamos a hablar de ninguna ubicación, en marzo se hablará y Alberto Fabra es quién configurará la lista. Si Fabra muestra interés por ir, siendo presidente provincial, con toda seguridad va a tener posibilidades de ir en Castelló y cualquier otro municipio”. Pero dejó claro que “es pronto para hablar de ubicación en las listas”.

262. LA CE AMENAZA CON UNA NUEVA INSPECCIÓN DE EURODIPUTADOS POR LAS DENUNCIAS URBANÍSTICAS (25/11/06)

Eurodiputados populares y socialistas expresaron su preocupación por el creciente número de denuncias ciudadanas que recibe el Parlamento Europeo sobre abusos urbanísticos en la Comunitat Valenciana y lo atribuyeron a que “hay algo que no funciona”. La comisión de peticiones de la Eurocámara estudiará enviar una nueva misión de parlamentarios a Valencia, que sería ya la tercera en los últimos dos años, para analizar sobre el terreno las quejas.

La comisión de Peticiones discutió dos quejas sobre supuestos abusos urbanísticos en la zona de protección del parque natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja y sobre el desarrollo de tres urbanizaciones en la localidad alicantina de Parcent. En ambos casos se acordó dejar los expedientes abiertos a la espera de que la Comisión determine si se ha producido alguna infracción de la legislación medioambiental comunitaria.

El representante de Mercado Interior del Ejecutivo comunitario, Paulo Silva, recordó que Bruselas mantiene abierto un procedimiento de infracción contra la Ley Urbanística Valenciana (LUV) por vulnerar la legislación europea en materia de contratos públicos y que el pasado 12 de octubre envió un dictamen motivado exigiendo su modificación en un plazo de dos meses. “Estamos esperando la respuesta. Si no es satisfactoria, propondremos que se lleve el caso ante el Tribunal” de Justicia de la UE, explicó. “Esta comisión debería cambiar de nombre, en lugar de llamarse comisión de Peticiones debería llamarse comisión de Valencia”, señaló el eurodiputado británico del Partido Popular Europeo (PPE), sir Robert Atkins. “Desde que formo parte de esta comisión, Valencia ha sido tema constante en nuestro orden del día. Nunca comento lo que sucede en España en cuestiones de planificación urbanística, pero una y otra vez nos hemos visto inundados por protestas provenientes de ciudadanos de otras nacionalidades, o sea que hay algo que no funciona, y ante esas circunstancias tiene que haber algún tipo de dictamen para garantizar que las cosas empiecen a marchar”, recalcó el eurodiputado popular.

El laborista británico Michael Cashman fue el que propuso el envío de una nueva misión a la Comunitat Valenciana “ante el número creciente de peticiones que estamos recibiendo de la región de Valencia”.

El presidente de la comisión de Peticiones, Marcin Libicki, se mostró dispuesto a estudiar esta petición y a visitar Valencia en el marco de un viaje más amplio a España.

263. EL SUPREMO CONDENA A PRISIÓN E INHABILITA AL ALCALDE DE VILA-REAL POR PASIVIDAD ANTE EL RUIDO (25/11/06)

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha condenado a un año y medio de prisión y a ocho años de inhabilitación para cargo público al alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova Goterris, del PP, por su "reiterada conducta de pasividad y desprecio hacia los intereses de sus ciudadanos" y por hacer oídos sordos a una "historia interminable" de quejas y denuncias contra el ruido procedente del generador de una fábrica de cerámica en situación irregular. La sentencia es firme, y en cuanto sea ejecutada Vilanova tendrá que dejar el cargo y no podrá presentarse a las elecciones.

El alto tribunal ha impuesto a Vilanova una pena de prisión por un delito de prevaricación medioambiental y ha declinado imponerle una multa porque ésta "sería satisfecha incluso con cargo a las arcas municipales, agravando la situación de los vecinos". Pedro Tomás Llop García, propietario de la empresa de pavimentos cerámicos Rocersa, causante el ruido, ha sido condenado a dos años de prisión y 24 meses de multa en su cuantía máxima de 400 €, es decir, un total de 288.000 €. Dada la cuantía de las penas de prisión, a los condenados previsiblemente se les aplicará la remisión condicional y no tendrán que ingresar en un centro penitenciario.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Antonio Martín Pallín, recoge la "interminable serie" de denuncias contra la fábrica Rocersa por los ruidos "por encima de lo tolerable" que tanto de día como de noche mortificaron a los vecinos desde agosto de 1991 a junio de 1996. A la primera denuncia, presentada por un vecino ya fallecido, siguieron 16 más, además de un "inacabable rosario de quejas inatendidas".

Las denuncias se presentaron por vecinos a título individual, por asociaciones o uniones de vecinos y hasta por un concejal del Ayuntamiento. Dos de los afectados, Antonio Flich Ripollés y Concepción Capella Pérez, cuya vivienda distaba 650 metros de la fábrica, tras quejas y llamadas a la Policía Municipal acabaron presentado una querella por delitos contra el medio ambiente y prevaricación que se saldó con la absolución de Vilanova y de Llop por la Audiencia de Castellón, pero que ahora ha determinado su condena por el Tribunal Supremo.

Frente a las denuncias el municipio ordenó mediciones de ruidos, ampliación de informes, nuevas mediciones por empresas externas y hasta en cinco puntos distintos alrededor de la fábrica, en unas ocasiones con sonímetros de precisión y otras con aparatos "anónimos e inservibles". "Con reiteración y obstinación", señala la sentencia del Supremo.

El Supremo considera aplicable al caso una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a España por vulneración de los derechos de un ciudadano español, por la intensidad de la contaminación acústica fuera de los niveles autorizados que tuvo que soportar de noche y durante años.

Y de la lectura de esos hechos, el Supremo concluye que las decisiones del alcalde fueron "absolutamente arbitrarias y deliberadamente injustas". "Resulta incomprensible que ante la avalancha de quejas", prosigue la sentencia, "el alcalde se limite a enviar agentes de la Policía Municipal con sonímetros cuyas características no constan, pero tampoco se dice que fueran inservibles. Finalmente, el trámite se reduce, una y otra vez, a dejar el asunto sobre la mesa hasta que llegase una nueva oleada de protestas. La consecuencia sabida y buscada era el archivo, bajo la eufemística expresión 'dejar sobre la mesa' las flagrantes irregularidades que se venían denunciando".

En definitiva, "la conducta del alcalde integra una decisión, por acción y por omisión que, de forma deliberada, se sitúa al lado de la industria contaminante, en contra de los intereses de los ciudadanos, sabiendo a ciencia cierta que actuaba y vulneraba la legalidad que regulaba la emisión de ruidos. Conoció, asimismo, los informes negativos sobre emisiones ruidosas, contemplando impasible cómo se incumplían las propias decisiones sobre aislamiento".

264. LA CÚPULA DEL PP RESPALDA AL ALCALDE DE VILA-REAL, CONDENADO POR PREVARICACIÓN (25/11/06)

La cúpula del PP respaldó con su presencia en un pleno municipal al alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, condenado en firme por el Tribunal Supremo a un año y medio de prisión y ocho años de inhabilitación para cargo público por prevaricación. Vilanova, que desoyó reiteradamente las denuncias contra el ruido de una fábrica de cerámica en situación irregular, puso su cargo a disposición del presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, el pasado viernes. Fabra, con el respaldo de Francisco Camps, pidió a Vilanova que, por ahora, siga de alcalde.

Ni dimisión, ni suspensión de militancia pese a la sentencia en firme. Vilanova acudió al pleno municipal ordinario de Vila-real arropado por los principales alcaldes populares de la provincia (Castellón, Burriana, Cabanes, Almassora, etc.); el vicesecretario regional del PP, Ricardo Costa; el consejero de Educación, Alejandro Font de Mora y el presidente de la Diputación y provincial del partido, Carlos Fabra.

Carlos Fabra aseguró que no sólo lo respalda él como presidente provincial, sino toda la cúpula del PP. "[Francisco] Camps también lo respalda", prosiguió el presidente de la Diputación, "No he hablado con Rajoy, pero sí con altos cargos del PP nacional y han dejado la decisión a nuestro criterio". Fabra indicó que van "a esperar a que estén los informes de un experto" antes de aceptar la renuncia de Vilanova.

Ricardo Costa, anunció formalmente que la dirección regional no adoptará ninguna medida contra el alcalde de Vila-real. "El PP ya ha dicho claramente que apoya la figura del alcalde", dijo Costa. La dirección regional del PP ha hecho caso omiso de su propio código ético con todos los cargos imputados y había anunciado que sólo adoptaría medidas disciplinarias con sentencias condenatorias en firmes. , Costa recurrió a las evasivas para no tener que explicar por qué tampoco asumen este compromiso.

El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, calificó la sentencia del Tribunal Supremo al alcalde de Vila-real de "desproporcionada". Fabra se mostró preocupado, como alcalde, porque "todos los acuerdos que se adoptaron en Vila-real fueron por unanimidad de la Junta de Gobierno y con todos los informes favorables, con lo que mi sorpresa es que al final tenga que ser el alcalde de la ciudad el responsable". El primer munícipe de Castellón eludió valorar el hecho de que Vilanova mantuviera durante años las denuncias de los vecinos sin tramitar.

265. EL PP, APOYÁNDOSE EN DOS TRANSFUGAS, PRESENTA UNA MOCIÓN DE CENSURA A UN ALCALDE QUE ACABA DE RECHAZAR UN PAI (27/11/06)

Frenar un macroproyecto urbanístico de más de dos millones y medio de m² le puede costar el puesto de alcalde de Pilar de la Horadada (La Vega Baja) al socialista Ignacio Ramos, que lleva gobernando con mayoría absoluta tres legislaturas consecutivas. los seis concejales del PP se aliaron con dos tránsfugas del PSPV y otra concejal independiente y presentaron una moción de censura que a juicio del alcalde responde a "intereses electorales y urbanísticos", ya que dejó fuera del último pleno la construcción de 5.200 casas y un campo de golf.

La moción entró en el registro del Ayuntamiento a tan sólo seis meses para la cita con las urnas y la elección de una nueva corporación. Los seis concejales del PP, encabezados por su portavoz, José Fidel Ros, se aliaron con dos tránsfugas socialistas, la segunda teniente de alcalde y edil de Personal, Cultura, Mujer y Participación, Josefa Meroño, y concejal de Seguridad Ciudadana y Núcleos Urbanos, Juan José Ortiz, y con otra concejal del Grupo Mixto, Alicia Martín, para suscribir esta moción de censura que se debatirá en un pleno convocado para el próximo 11 de diciembre.

El portavoz del PP aunque no quiso ofrecer más detalles sobre los motivos en los que basan esta censura hasta la comparecencia de prensa prevista para hoy, admitió que habían adoptado esta medida contra el alcalde por "falta de liderazgo y de resolución en algunos expedientes".

Sin embargo, el alcalde socialista tiene claro que toda la polémica se desató cuando decidió retirar del orden del día del pleno del 24 de octubre pasado la tramitación del PAI Pinar de Lo Romero, que contempla la construcción de 5.200 viviendas y un campo de golf sobre una superficie de 2,6 millones de m² de suelo no urbanizable en la frontera con Murcia. Pilar de la Horada en la actualidad tiene una población de unos 18.000 habitantes censados. "No estaba incluido en el PGOU que aprobamos en el año 2000, no teníamos garantías para prestar servicios mínimos como luz, agua o alcantarillado y carecemos de las infraestructuras básicas" admitió el alcalde, que en aquella ocasión pidió a sus ediles que fueron "cautos y prudentes" en la ordenación del territorio. El alcalde recordó que fiscales, partidos políticos y los defensores del pueblo desaconsejan construir en terreno no urbanizable. Las empresas que presentaron el proyecto para urbanizar la zona son Metropol, con razón social en Madrid, y Peinsa 97, afincada en San Pedro del Pinatar (Murcia), en las dos mercantiles coinciden los nombres de Juan Gracia Jiménez y de Daniel Palazón.

266. La Audiencia Provincial de Castellón responsabiliza al fiscal del caso Fabra de retrasos en el proceso (30/11/06)

La Audiencia Provincial de Castellón responsabiliza al Fiscal del caso Fabra de retrasos en el proceso. La Audiencia califica de inexplicable que el Ministerio Fiscal haya tardado más de un año en pronunciarse sobre el recurso que presentó Carlos Fabra contra la designación de un inspector de hacienda para examinar los movimientos bancarios suyos y de su familia. El fiscal Luis Pastor aseguró que haber ocupado cargos de libre designación en el Gobierno de Aznar, no afecta a su independencia. En concreto, en el Ministerio de Justicia con José María Michavila. También rechaza que pueda afectar a su independencia que familiares de Fabra y Michavila compartan intereses en una sociedad de inversión

El juzgado de Nules acordó en abril de 2005 designar un inspector de hacienda para examinar las cuentas de Carlos Fabra y de su familia. El presidente de la diputación de Castellón y del PP en la provincia está acusado, entre otros delitos, de cobrar dinero a cambio de favores políticos cuando gobernaba el PP. Este acuerdo fue recurrido por los abogados de Carlos Fabra en mayo de 2005. Un recurso sobre el que se pronunciaron rápidamente las partes personadas en el proceso a excepción del Ministerio Fiscal que lo impugnó un año después. La Audiencia Provincial de Castellón que ha desestimado el recurso que interpuso Fabra califica de “inexplicable este retraso”.

267. EL ALCALDE DE BENIDORM (PP) VA EN COCHE OFICIAL A LAS CORTES Y COBRA DIETAS POR TRANSPORTE (01/12/06)

El alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, del PP, usa habitualmente el coche oficial del Ayuntamiento para sus desplazamientos a las Cortes Valencianas, pese a que cobra una dieta especifica del parlamento autonómico por ese concepto, según denunciaron los socialistas. Pérez Fenoll, que accedió a la alcaldía hace siete meses, es diputado autonómico desde 2003. El regidor reconoce que utiliza el servicio municipal como diputado, pero puntualiza: "Sólo cuando voy a resolver asuntos del Ayuntamiento". El PSPV rechaza esa versión y acusa a Pérez Fenoll de "presunta malversación de fondos públicos".

A diferencia de alcaldes de otras poblaciones que también combinan su tarea municipal con la asistencia como diputados a las Cortes Valencianas y se desplazan en transporte público o en sus vehículos personales, Pérez Fenoll utiliza el Audi propiedad del Ayuntamiento y el servicio de un funcionario contratado por el Consistorio de forma habitual. Fuentes del PSPV en las Cortes han señalado además que el diputado popular percibe 48,77 € por cada desplazamiento -realiza dos por semana-, lo que arroja un balance de 5.267 € al año.

El ascenso de Pérez Fenoll a la alcaldía el pasado mes de abril tras la muerte del anterior primer edil, Vicente Pérez Devesa, hizo que renunciara al sueldo de diputado autonómico, y a los 848 € de indemnización por ejercer su función, pero pudo continuar cobrando las dietas por desplazamiento. Las mismas fuentes aseguran que continúa percibiendo esta cantidad pese a desplazarse en el vehículo municipal, lo que según el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Benidorm, Agustín Navarro, "además de inmoral es un supuesto delito de malversación de fondos públicos".

La publicación de unas fotografías del alcalde en Valencia con el coche oficial en un periódico local para asistir a las Cortes abrieron el miércoles la polémica. "El coche oficial es para prestar servicio a los ciudadanos, no al político. Lo mismo ocurre con la gasolina y el conductor, pero en Benidorm tenemos a un alcalde que lo es sólo a tiempo parcial", afirmó Navarro en referencia a la compatibilidad que pidió Pérez Fenoll al pleno en marzo para continuar cobrando como médico odontólogo en su clínica privada.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas investiga en el Ayuntamiento el conocido como caso de los vales de gasolina, por el que funcionarios afines al PP habrían estado repostando durante años sus vehículos particulares con los tickets a cuenta del Consistorio. El repostaje se hacía en la gasolinera Zarcar, propiedad del hasta hace poco presidente local del PP, Francisco Pérez.

Por otro lado, en la comida navideña con la prensa celebrada , el primer edil de Benidorm que la adelantó al mes de noviembre con el fin de anticiparse a la reunión del comité electoral local que decidirá previsiblemente este fin de semana entre él y la consejera de Cooperación y presidenta del PP, Gema Amor, para encabezar la lista para los comicios de 2007.

Manuel Pérez Fenoll, destacado diputado del sector zaplanista en las Cortes Valencianas, se ha acercado en los últimos meses a Francisco Camps para garantizar su nombramiento y la gobernabilidad del municipio, ante la división del grupo municipal y la necesidad de contar con los ediles fieles al presidente regional para acceder al cargo.

268. EL ALCALDE DE RIBA-ROJA JUSTIFICA INTERESES FAMILIARES EN EL 'PELOTAZO' DEL VALENCIA (01/12/06)

El alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, del PP, admitió que no hay proyecto urbanístico que pueda aprobar el Ayuntamiento de esta localidad valenciana (17.000 habitantes) sin que afecte a terrenos de algún familiar suyo, pero negó irregularidades urbanísticas. El alcalde declaró como imputado ante el juez por el pelotazo de Porxinos, el plan con el que el Valencia CF se aseguró en 2005 una nueva ciudad deportiva y ganó 80 millones € al vender la edificabilidad de 2.700 viviendas.

Tarazona rechazó que en sus 11 años de mandato su entorno haya participado en operaciones especulativas con vistas a reclasificaciones urbanísticas en la zona de expansión del plan de Porxinos, como denuncia la querella de dos concejales socialistas con datos registrales de compraventas de suelo. El alcalde rechazó las imputaciones de tráfico de influencias y uso de información privilegiada, y aseguró que aprueba "todos" los proyectos con informes técnicos "favorables".

La querella también acusa a Tarazona -y a sus sobrinos y concejales José Vicente Tarazona Campos y Cristina Vázquez Tarazona- de prevaricación por votar el plan de Porxinos. El proyecto incluía parcelas de la madre del alcalde hasta días antes de la aprobación y la querella sostiene que el interés familiar del alcalde al votar el proyecto seguía vivo, ya que los terrenos se han revalorizado y la empresa del presidente del Valencia CF, Juan Soler, mantiene opciones de compra sobre el terreno.

El alcalde no ve incompatibilidad alguna y al abandonar el juzgado enfatizó que "nadie" de su familia "tiene ni un palmo de tierra" en Porxinos, aunque admitió que una allegada heredó suelo en 1995 adquirido por el club. El edil José Vicente Tarazona también negó las acusaciones ante el juez.

269. CAMPS ENCARA LAS LISTAS DEL PP LASTRADO POR LA CORRUPCIÓN Y LA RESISTENCIA ZAPLANISTA (04/12/06)

Las tensiones por la confección de las candidaturas ya se han desatado en el seno del PP valenciano, que preside Francisco Camps. El dirigente popular, aunque dispone hasta mediados de enero para decidir las listas en los municipios de más de 20.000 habitantes, ha convocado el comité regional electoral para mañana. Camps parte con dos lastres para imponer sus candidatos: el acoso judicial por la corrupción y la resistencia de los zaplanistas, especialmente notable en Alicante. El primer órdago del líder del PP ha sido el anuncio de la número dos del partido, Adela Pedrosa, como cabeza de lista en Elda.

El comité electoral regional ratificará mañana los cabezas de lista de las candidaturas populares en las ciudades valencianas con mayor población. Camps quiere aprovechar el puente festivo de la Inmaculada para difuminar el ruido que, sin lugar a dudas, se producirá con la designación de candidatos. Un proceso en el que el líder del PP pretende resituar a algunos de sus colaboradores más próximos, con el permiso del sector zaplanista, ya que la mano de José Joaquín Ripoll controla el aparato del partido en la provincia de Alicante.

En la provincia de Valencia, los populares concentran sus problemas en Gandia y otros municipios de la comarca de La Safor, como Oliva o Tavernes de la Valldigna. En este último municipio, el alcalde popular Eugenio Mifsud, envuelto también en un agria polémica urbanística, ha transmitido un cierto cansancio pero el PP cuenta con él para revalidar la mayoría actual. En Sueca también se han producido tensiones, informa Josep Blay, aunque finalmente el presidente provincial, Alfonso Rus, ha indicado que el candidato será el presidente local Carlos Ramírez. El otro aspirante del PP de Sueca Salvador Campillo, que parece estar más valorado en los sondeos internos del partido, tendrá que esperar otra oportunidad en aras de la estabilidad interna.

El grueso de las tensiones, sin embargo, se concentra en la provincia de Alicante, donde los zaplanistas intentan mantener -cada vez con más dificultades- su mayoría frente a los campistas. En esta circunscripción Camps también cuenta con el lastre judicial de sus principales apoyos, como es el caso de Alicante, Orihuela y Torrevieja.

Por lo que se refiere a la ciudad de Alicante, la designación del candidato está ya resuelta a favor del hombre de Camps, el alcalde Luis Díaz Alperi. Éste ha logrado el refrendo para intentar revalidar el cargo por cuarta vez, pese a sus imputaciones. Su máximo rival interno, Ripoll, ocupará el número dos. El resto de la candidatura está en aire.

270. EL JUEZ RECLAMA AL IVEX TODA LA INFORMACIÓN SOBRE SUS CONTRATOS CON JULIO IGLESIAS (04/12/06)

El juez encargado de investigar el ‘caso IVEX’ ha pedido más información vinculada a los contratos con el cantante Julio Iglesias que se firmaron en la etapa de Eduardo Zaplana al frente del Gobierno de Valencia. El juez que instruye el caso considera insuficiente la documentación que le ha remitido la dirección del Instituto y reclama que le aporte toda la que obre en su poder relacionada con el cantante Julio Igleasias, como facturas y contratos. El juzgado de instruccín número 19 de Valencia investiga presuntas irregularidades cometidas por el Instituto Valenciano de la Exportación en la contratación de Julio Iglesias como embajador de la Comunidad cuando Zaplana era presidente de la Generalitat y que incluía una serie de conciertos, algunos de los cuales se podían haber pagado dos veces, en paraísos fiscales y presuntamente con dinero negro.

El pleno del Ayuntamiento de La Vila Joiosa (Alicante), gobernado por el PP con mayoría absoluta, aprobó recalificar como suelo urbanizable 16 millones de metros cuadrados del término. La iniciativa, incluida en el concierto previo del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) supondrá 34.633 nuevas viviendas, que multiplicarán por seis el censo (25.000 habitantes) de este municipio de la costa alicantina. El alcalde, José Miguel Llorca Senabre, justificó la propuesta en su "ambición personal en todos los sentidos". La oposición municipal la rechazó por "monstruosa y aberrante".

El documento aprobado por el pleno de La Vila Joiosa prevé la transformación de esta ciudad del litoral alicantino. Cuando esté desarrollado el nuevo PGOU, La Vila pasará a tener 137.448 personas y tres campos de golf.

El concierto previo del nuevo PGOU prevé crear 19 nuevos planes parciales. El documento habilita 9.973.067 m²para los sectores urbanizables y 2.476.188 m²para dotaciones. En total contempla 25.671 viviendas. A esta cantidad hay que añadir 3.396.592 m²pendientes de ejecutar del anterior PGOU, aprobado en 1999, y 9.262 casas, es decir, 15.845.347 m²disponibles para construir y 34.633 viviendas.

El nuevo planeamiento agota todas las posibilidades de crecimiento del término municipal del municipio, creando zonas residenciales por encima de la circunvalación hacia la montaña, y se convertirá en el último PGOU de la historia de La Vila, ya que consume el suelo disponible en el término municipal con la aplicación de la fórmula que obliga a ceder un m² no urbanizable de especial protección por metro clasificado como urbanizable.

La oposición advirtió al PP de esta situación, así como del "disparate" que supondría para el Ayuntamiento tener que abonar 51,4 millones de € por la cuota de sostenibilidad creada con la Ley Urbanística Valenciana. "Después de este PGOU no hay futuro para La Vila, porque se consumen todas las posibilidades de crecimiento sostenible", denunció Fanny Serrano, secretaria de Organización del PSPV en la comarca de La Marina Baixa. "Hay un contencioso administrativo planteado por el Grupo Socialista ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por las irregularidades en la adjudicación de la redacción del PGOU. Lo más lógico es que el próximo Gobierno lo haga con calma y consensuadamente", indicó el portavoz del PSPV, Gaspar Lloret.

El concejal de Urbanismo, Amadeo Sánchez, defendió el proyecto y, ante la situación de déficit hídrico existente en la zona y las posibles críticas que recibirá de otras instancias administrativas, remarco que se van a construir dos desalinizadoras "para abastecer al golf y a las viviendas". "Cuando vengan a decirnos que no tenemos agua diremos: aquí está el agua, señores", apuntó. Sánchez reconoció que el nuevo PGOU no tiene nada que ver con el que está vigente, al prever una menor densidad de población para un modelo de ciudad residencial y turística diferenciada de Benidorm. "En el doble de espacio que en el anterior plan vivirá la mitad de población, 53.000 habitantes", matizó. El único concejal de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret, votó a favor de la exposición pública, aunque adelantó que "eso no quiere decir que tal y como avance la tramitación y cuando conozcamos más detalles finalmente vote en contra".

La redacción del nuevo PGOU se produce en medio del escándalo urbanístico que está suponiendo el desarrollo del anterior, aprobado hace sólo siete años y que marcaba un periodo de vigencia de entre una y dos décadas, hasta alcanzar los 53.000 habitantes. Gran parte de los 37 planes parciales del anterior documento se han adjudicado a promotores vinculados con el Partido Popular, sólo una pequeña parte se ha desarrollado y varios de los sectores han caducado por inactividad.

El polémico PAI Vall de la Mar que impulsa la entidad financiera Bancaja en el municipio de Tavernes de la Valldigna divide a más de un millar de propietarios de otros tantos minifundios, la mayoría pequeños huertos, ubicados en los cuatro millones de m² donde se proyecta este macrocomplejo urbanístico, que pretende la construcción de 4.000 viviendas, campos de golf, un parque científico-tecnológico y hasta una desalinizadora. El gobierno de Tavernes, que dirige el popular Eugenio Pérez, ha iniciado los trámites del concierto previo para la modificación del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que pretende recalificar los terrenos de "rústicos no urbanizables" a "urbanizables" y posibilitar con ello propuesta inicial de Bancaja.

El proyecto cuenta con el beneplácito de parte de los propietarios afectados por el plan, que desde hace años no sacan provecho económico a las tierras, pero también con la férrea oposición de un grupo importante de dueños de casas ilegales, construidas la mayoría a finales de los años 80 y 90, en primera línea de la costa. Se trata de unas 200 viviendas, a las que sus propietarios no están dispuestos a renunciar, y que han iniciado movilizaciones para detener las pretensiones municipales.

El concejal de Urbanismo en el Consistorio vallero, Antonio Bono, defiende que parte de estas residencias están situadas dentro de la franja de "protección de costas", casetas pequeñas "sin licencia", construidas en zona rústica no urbanizable, que empezaron como casas prefabricadas y que acabaron consolidándose como pequeños chalés. "No disponen de alcantarillado, ni de fosas sépticas, ni tienen servicio de agua, aunque sí de telefonía y de luz, ya que Telefónica e Iberdrola ha autorizado las conexiones", asegura el edil. "El Consistorio ha intentado actuar para su legalización mediante denuncias ante los juzgados y la Fiscalía, pero no han prosperado", lamenta Bono. Precisamente, la situación de "ilegalidad" de estas viviendas es uno de los argumentos que esgrime el gobierno del PP en Tavernes para defender el PAI "Vall de la Mar", que dotará la zona de servicios e infraestructuras elementales.

El proyecto tiene que resolver todavía los informes preceptivos de "impacto ambiental" y "paisajístico", y garantizar el abastecimiento de agua, su financiación y accesos. La oposición critica que el nuevo PGOU "se ha hecho con prisas" y "a espaldas de los agentes sociales".

273. LA SOBRINA DEL ALCALDE Y CONCEJAL (PP) DECLARA QUE EL CONSELL LE PERMITÍA APOYAR PORXINOS AUNQUE SU FAMILIA TUVIERA TERRENOS (05/12/06)

La concejal del PP de Riba-roja, Cristina Vázquez Tarazona, prestó declaración en el Juzgado número 5 de Llíria como imputada en una querella por prevaricación administrativa por la que también han tenido que declarar su tío, el alcalde Francisco Tarazona, y su primo, el concejal José Vicente Tarazona. Al igual que hicieron el día anterior sus familiares, a la salida del juzgado la concejal proclamó su inocencia y aseguró que las denuncias presentadas contra ella son falsas.

Durante cerca de tres horas, Vázquez Tarazona respondió a las preguntas realizadas por el juez respecto a las propiedades de su familia en los terrenos de Porxinos y en otras zonas del término. Así, la sobrina del alcalde aseguró que un informe de la Generalitat le permitía a ella y a el alcalde votar al proyecto de la Ciudad Deportiva de Valencia CF aunque en ellos se hubiesen mantenido las propiedades de su abuela, la madre del primer edil.Pero, según recordó Vázquez Tarazona, el 16 de mayo de 2005 el consistorio aprobó la exclusión de estos terrenos por petición suya y de su tío. “Así que votamos porque teníamos la obligación de votar en algo que era del interés general para los ciudadanos del municipio, como es el proyecto de Porxinos”. Respecto a la acusación del PSPV de que la empresa del presidente del Valencia CF mantiene opciones de compra sobre dichos terrenos, la edil aseguró que estos expiraron en abril de 2005, por lo que las propiedades “ni se han reclasificado ni se van a reclasificar”. También aseguró que ningún familiar de los querellados tiene terrenos dentro o cerca de Porxinos.

Según fuentes cercanas al caso, Vázquez sí reconoció que su hermana está contratada en la empresa promotora Mafort SA., que, según la denuncia presentada por el PSPV, ha sido beneficiada con la adjudicación de diversos PAI en el término municipal de Riba-roja.

274. UN CONCEJAL ATRIBUYE AL ALCALDE DE ALICANTE (PP) EL CAMBIO DE TÉCNICOS EN EL SUPUESTO FAVOR A ORTIZ (05/12/06)

Luis Concepción, concejal de Tráfico del Ayuntamiento de Alicante, del PP, declaró ante el juez que la orden de cambiar de negociado -de Urbanismo a Tráfico- el expediente para la revisión del contrato de tres aparcamientos subterráneos adjudicados al empresario Enrique Ortiz partió del alcalde, Luis Díaz Alperi. El edil dijo ignorar que los técnicos de Urbanismo rechazaron los cambios. El juez investiga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento hacia el contratista al introducir mejoras favorables al empresario en relación con la adjudicación inicial.

El edil del área de Seguridad y Tráfico, Luis Concepción, declaró como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante. El juez investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante por supuesto trato de favor del Ayuntamiento al contratista Enrique Ortiz en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos. La Fiscalía sostiene que las variaciones introducidas en la adjudicación inicial favorecen al empresario y mantiene que los hechos pueden ser constitutivos de los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Aparte de Concepción, el magistrado ha imputado al alcalde, Luis Díaz Alperi, a la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, al jefe de negociado de Tráfico, Antonio Escobedo, y a Enrique Ortiz.

Los técnicos del área de Urbanismo informaron en contra de los cambios. Alperi trasladó entonces el expediente al negociado de Tráfico, cuyo jefe de departamento avaló las modificaciones.

Luis Concepción, que compareció ante el juez por espacio de cuatro horas, corroboró al magistrado que la orden del cambio de negociado del expediente de los aparcamientos partió del alcalde. Según fuentes judiciales, el edil recibió una llamada del alcalde avisándole de la llegada a su concejalía del expediente de los aparcamientos subterráneos. "Yo me limité a pasárselo al técnico correspondiente, y desconozco los detalles de su tramitación", puntualizó. Concepción, que, según las mismas fuentes, intentó desvincularse de la tramitación del expediente, también dijo desconocer que los técnicos del negociado de Urbanismo habían informado anteriormente en contra de los cambios.

El edil del PP rechazó cualquier relación de amistad con el promotor. No obstante, sí admitió que estuvo, junto al alcalde y otro concejal del PP, a bordo del yate del contratista con motivo de una regata celebrada en la bahía de Alicante.

En su denuncia, el fiscal sostiene que los trabajos de los tres aparcamientos fueron adjudicados al promotor en 2003 por 14,8 millones de € y por un período de explotación de 40 años. Más adelante, el empresario presentó una propuesta que modificaba al alza las condiciones del contrato, tanto en el presupuesto, que se elevaba hasta los 17,8 millones, como del plazo de ejecución, que aumentaba en siete años y diez meses. En su escrito de denuncia, la acusación pública concluye que "hubo un concierto previo entre el alcalde y los dos concejales [Castedo y Concepción] con la exclusiva intención de conferir mejoras al adjudicatario". El ministerio público considera que la modificación del contrato ha acarreado al Ayuntamiento un quebranto económico de 2.268.060 €.

El fiscal anticorrupción abrió las diligencias a raíz de una denuncia presentada por José Luis Valdés, portavoz del partido político Vecinos Por Alicante.

275. EL PP ARREBATA AL PSOE UNA ALCALDÍA DE ALICANTE CON APOYO DE TRÁNSFUGAS (12/12/06)

El PP se apoyó en dos tránsfugas del PSOE para acceder a la alcaldía de Pilar de Horadada (Alicante). La elección del nuevo alcalde, José Fidel Ros, fue increpada por más de un centenar de vecinos, que siguieron la sesión a las puertas del Ayuntamiento, donde gritaron "fuera los traidores" y mostraron su apoyo al ex alcalde socialista, que ha cosechado cinco victorias electorales consecutivas. Los socialistas relacionan directamente esta moción con el proyecto de construir 5.200 viviendas sobre 2,6 millones de metros cuadrados al margen del Plan General de Ordenación Urbana.

La dirección del PP en Alicante no ha condenado que sus concejales se hayan apoyado en dos tránsfugas socialistas para aprobar la moción de censura y se ha limitado a forzar que el debate de este proyecto urbanístico se retome después de las elecciones municipales del próximo mes de mayo. El salón de plenos del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada se quedó pequeño . Sólo los periodistas pudieron seguir de cerca la sesión del debate de la moción de censura. En la calle los vecinos siguieron con entusiasmo las intervenciones de los ediles, e increparon especialmente la de la tránsfuga Josefa Meroño y las palabras del nuevo alcalde, José Fidel Ros, que tampoco fue ovacionado por sus concejales, una vez elegido.

La moción de censura prosperó gracias a los seis votos del PP, los dos tránsfugas socialistas y un concejal independiente. En contra votaron siete concejales socialistas y se abstuvo el concejal de la Agrupación Independiente de Horadada, Juan Ramón Moya.

La moción de censura tiene un trasfondo urbanístico. Las discrepancias en el seno del anterior grupo de gobierno surgieron el 24 de octubre, cuando el alcalde socialista, Ignacio Ramos, decidió retirar del orden del día del pleno la aprobación del polémico PAI de Lo Romero. Su decisión se basó en las recomendaciones de la dirección del PSPV. Según explicó, "no hay prisa y debemos esperar a conocer las consecuencias de la nueva Ley del Suelo y la reforma de la Ley Urbanística Valenciana".

El ex alcalde insistió en que aprobar la construcción de 5.200 viviendas al margen del PGOU es "una barbaridad" cuando todavía están pendientes de construir otras 8.000 nuevas viviendas en el PGOU vigente. Pilar de la Horadada es uno de los pocos municipios de La Vega Baja de Alicante en los que se ha desarrollado un urbanismo sostenible y de menor intensidad.

El 11 de noviembre, el PP presentó en el registro del Ayuntamiento una solicitud formal para forzar al alcalde a convocar un pleno extraordinario para aprobar este PAI, que se celebrará mañana. El 20 de noviembre, la tránsfuga Josefa Meroño presentó una denuncia ante la fiscalía por presunta financiación irregular del PSOE contra el alcalde y el secretario general, José Pérez. 7 días después, los seis concejales del PP, con los dos tránsfugas socialistas y un edil independiente, suscribieron la moción de censura.

En su defensa, el nuevo alcalde, José Fidel Ros, evitó hablar del espinoso PAI de Lo Romero y basó la moción en "la pérdida de confianza de los concejales con su alcalde" y en el "bloqueo" del Ayuntamiento.

El debate urbanístico que subyace a la moción de censura en Pilar de la Horadada (Alicante) no ha logrado dejar en segundo plano otra cuestión de relieve: pactar con tránsfugas para alcanzar el poder. La iniciativa, en un municipio de Alicante limítrofe con Murcia de unos 20.000 habitantes, se adopta a tan sólo cinco meses de las próximas elecciones municipales y se presenta contra un gobierno que salió fuerte de las urnas, con nueve concejales socialistas, seis del PP y dos ediles de una agrupación independiente.

Sin embargo, las direcciones regional y provincial del PP en ningún momento han cuestionado que José Fidel Ros, portavoz municipal del PP en Pilar de la Horadada (Alicante), pacte con dos concejales tránsfugas del PSOE, Josefa Meroño y Juan José Ortiz, para desbancar a un alcalde elegido por mayoría absoluta. Los altos cargos del PP han esquivado durante los últimos días a los medios de comunicación y han olvidado el contenido del pacto antitransfuguismo que sellaron con el PSOE en la anterior legislatura.

La única mediación de los dirigentes del PP en Alicante, y en concreto del presidente provincial, José Joaquín Ripoll, se centró en intentar paralizar la aprobación del proyecto urbanístico del PAI de Lo Romero y aplazar hasta después de las elecciones la construcción de 5.200 viviendas. Las ausencias de representantes de la cúpula del PP en el pleno de fueron significativas. La diputada Macarena Montesinos, responsable electoral del PP en la ejecutiva provincial, y Carlos Mazón fueron los únicos cargos orgánicos relevantes que estuvieron presentes en el debate de la moción de censura.

277. EL PP DESIGNA CABEZA DE LISTA EN RIBA-ROJA AL ALCALDE IMPUTADO (13/12/06)

El comité electoral del PP de la provincia de Valencia nombró candidato a la alcaldía de Riba-roja a Francisco Tarazona, imputado por supuestos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Tarazona está imputado, junto con otros dos ediles populares familiares suyos, por varios supuestos delitos relacionados con el proyecto urbanístico de Porxinos, donde el Valencia CF pretende ubicar su ciudad deportiva y está prevista la construcción de miles de viviendas.

La designación de un imputado como cabeza de lista municipal en los comicios de 2007 es la segunda que se produce, tras la de Luís Díaz Alperi en Alicante.

278. EL PP DE SANTA POLA APRUEBA UN NUEVO PGOU QUE PREVÉ 5.000 VIVIENDAS Y TRIPLICARÁ EL CENSO (15/12/06)

Santa Pola triplicará su población actual y alcanzará los 80.000 vecinos y duplicará la superficie urbanizable una vez esté desarrollado el nuevo PGOU que aprobó en solitario el PP, en el gobierno municipal, y que contó con la oposición del PSPV y la abstención de Units per Santa Pola (UPSP).

El nuevo PGOU que sustituye al antiguo vigente desde hace 21 años, contempla la construcción de 5.000 nuevas viviendas junto a un campo de golf. Los socialistas denuncian el urbanismo "depredador" del PP y aseguran que ni las infraestructuras ni el agua están garantizadas. Sin embargo, el alcalde, Miguel Zaragoza, del PP, defiende el urbanismo "sostenible", y admitió que aunque la propuesta urbanística permita en los próximos diez años crecer hasta alcanzar viviendas para albergar a 80.000 habitantes, "la experiencia demuestra que luego no es tan desmesurado".

El pleno se prolongó por espacio de varias horas y transcurrió en un ambiente tenso debido a las acusaciones de la oposición sobre la falta de transparencia y de consenso del PP al redactar la propuesta. El alcalde aseguró que el nuevo PGOU garantiza el desarrollo turístico de la ciudad.

La portavoz del grupo socialista, María Lafuente, criticó la construcción de un campo de golf rodeado de 5.320 viviendas y además sin tener un certificado que asegure el agua: "No nos oponemos al campo de golf que reconocemos que puede ser un atractivo turístico, pero no vemos necesario que se rodee de una macrourbanización", dijo Lafuente. También fue esta la postura del portavoz de Units Per Santa Pola, (partido escindido de Esquerra Unida

279. DÍAZ ALPERI ADMITE QUE SU RELACIÓN CON ORTIZ ERA MÁS ESTRECHA QUE LA QUE RECONOCIÓ EL PROMOTOR (16/12/06)

El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, reconoció ante el juez que investiga el presunto trato de favor en el caso de los aparcamientos, que su relación con Enrique Ortiz es más intensa de lo que admitió el empresario en el juzgado. Enrique Ortiz -adjudicatario de los aparcamientos- declaró hace dos semanas que no tiene una relación de amistad o familiaridad con el alcalde más allá que la de haber coincidido en actos institucionales. El alcalde reveló que asistió al convite del bautizo de la hija de Ortiz, que coincidió con el empresario en Ibiza, Formentera y Egipto, y que utilizó tras su victoria en las elecciones de 2003 el yate del promotor para reconocer el esfuerzo en la campaña de un grupo de jóvenes de NN.GG. llevándoselos a Tabarca. Alperi declaró al juez que el yate se lo prestó Máximo Caturla, ex presidente del Club Regatas
Hace apenas dos semanas el juez escuchó en boca del empresario que su relación con Alperi era puramente institucional por haber coincidido en determinados actos como alguna inauguración o eventos relacionados con el Hércules. Díaz Alperi señaló que el concepto de amistad es muy amplio y que él mantenía con Ortiz “unas relaciones cordiales”. El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, preguntó a Alperi si había mantenido alguna relación económica con Ortiz o sus allegados habían disfrutado de algún bien del empresario. El alcalde se limitó a responder que “yo sepa no”.

El dirigente vecinal José Luis Valdés aseguró que el empresario Enrique Ortiz “ha pagado el recibo de la luz de la vivienda de un hijo del alcalde” de Alicante, Luis Díaz Alperi, y dijo contar con pruebas de ello que aportará al juzgado que investiga las supuestas irregularidades de los aparcamientos. Según Valdés, tres hijos del primer edil viven en viviendas de la calle Fotógrafo Francisco Cano “que son o han sido propiedad de Enrique Ortiz”, e incluso en actas de reuniones de una comunidad de vecinos aparece reflejado que acuden “por delegación” de la empresa de dicho promotor Viviendas del Mediterráneo.

El también candidato del partido Vecinos por Alicante (VA), que está personado en la investigación judicial como acción popular, sostiene además que uno de los recibos de la luz de uno de los hijos del alcalde, fechado el pasado 5 de diciembre, “viene a nombre de Viviendas del Mediterráneo”. Fuentes cercanas al empresario dijeron que al menos dos hijos viven en dos viviendas de la urbanización citada por Valdés, pero de alquiler. y que los pisos ya no son del promotor.

280. "SOMOS RICOS DE ANTES" DE PORXINOS, DICE LA ESPOSA DEL ALCALDE DE RIBA-ROJA (18/12/06)

El caso Porxinos siguió su curso con las declaraciones en el juzgado de Llíria de una hija, un sobrino y un primo del alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona. Al primer edil y a dos de sus sobrinos, también concejales, se les imputan supuestos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias en la operación Porxinos, calificada en su día de "pelotazo urbanístico" por el presidente del Valencia CF, Juan Soler. La mujer del alcalde, Asunción Moreno, que acompañó a los declarantes, negó las acusaciones: "Nosotros, gracias a Dios, somos ricos de antes, no de ahora".

La querella presentada por los socialistas de Riba-roja el pasado agosto denunció una trama de intereses urbanísticos y uso de información privilegiada en torno al alcalde y su familia con el objetivo de obtener un "lucro personal". Parte de las irregularidades provendrían de la aprobación, en 2005, del PAI de Porxinos, una zona rústica donde el Valencia CF prevé levantar su nueva ciudad deportiva y miles de viviendas. Varios familiares de Francisco Tarazona, según la querella que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de Llíria, se beneficiarán de la revalorización de terrenos que poseen en otros PAI cercanos.

Los testigos que declararon rechazaron tener conocimiento de ningún delito, al igual que el alcalde y sus dos sobrinos. A estos tres se les imputa, entre otros, una supuesta prevaricación por haber votado el PAI. La madre del alcalde tenía parcelas en Porxinos, y aunque se desgajaron a última hora del proyecto, la querella dice que el interés personal no desapareció, ya que existían opciones de compra de Soler sobre unos terrenos que, además, se revalorizan. Los querellados han entregado un documento de caducidad de una de las opciones.

281. LA JUEZA DESESTIMA EL RECURSO DE CARLOS FABRA Y HACIENDA INVESTIGA UN CENTENAR DE CUENTAS (18/12/06)

Durante meses, Fabra ha mantenido un pulso con la Justicia de Castelló -mediante la interposición de constantes recursos- para tratar de evitar que peritos de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción sigan investigando sus cuentas y las de su familia, después de que hallaran un fraude de 300.000 € al fisco en su declaración de la renta de 1999. Finalmente, el líder provincial del PP ha perdido la batalla, ya que la Audiencia ha ordenado que los inspectores de la Agencia Tributaria realicen su trabajo e indaguen en el centenar de cuentas del político castellonense y su nada desdeñable patrimonio inmobiliario. De esta forma, la juez de Nules confirmaba el acto de designación que se celebró el pasado 16 de marzo, cuando los inspectores de la Agencia Tributaria juraron desempeñar fielmente su función en la elaboración del informe fiscal del presidente castellonense. Pero la pelea de Fabra por evitar la entrada de expertos de Hacienda en el caso se ha prolongado hasta finales de este año, cuando la Audiencia revocó el último de sus recursos.

Con todo, en 2006 los vientos judiciales soplaron todavía más en contra de su ex amigo, el empresario Vicente Vilar. En abril, el industrial era condenado por la Audiencia Provincial a más de doce años de prisión por violar brutalmente a su ex esposa, Montserrat Vives. Carlos Fabra y la esposa de éste, María Amparo Fernández, comparecieron como testigos durante la vista oral y se pusieron en todo momento de lado de Vives. El tribunal decidió no tener en cuenta la teoría de la conspiración del industrial, quien durante el juicio mantuvo que Vives, Fabra y Fernández se pusieron de acuerdo para arrebatarle las licencias de los productos fitosanitarios, valoradas en cientos de millones de pesetas. La fiscal se acogió al testimonio de la víctima, válido como prueba de cargo. Además, Vilar espera una sentencia por haber difundido el CD satírico La banda del tuerto, supuestamente alusivo al caso Fabra.

En las últimas semanas, la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia de Castelló han protagonizado un incidente institucional al acusarse mutuamente de la lentitud con la que se instruye el caso Fabra. Es el penúltimo episodio de un caso que seguirá dando que hablar en 2007.

282. UNA JUEZ CONDENA AL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA A DEJAR QUE SE EXCAVEN LAS FOSAS DEL FRANQUISMO (19/12/06)

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Dos de Valencia ha condenado al Ayuntamiento de Valencia a preservar dos de los cuatro cuadrantes de la fosa común de la Sección Séptima del Cementerio General, “donde fueron enterrados republicanos represaliados por el franquismo, con el fin de que se lleven a cabo las tareas de investigación y restitución de la memoria de las víctimas”, según se lee en el fallo. La sentencia, que estima parcialmente un recurso presentado por el Fòrum per la Memòria del País Valencià contra la construcción de un millar de nichos sobre dicha tumba colectiva, condena al consistorio que preside Rita Barberá a “renunciar a la edificación de nichos, edificaciones y movimientos de tierra” en ambos cuadrantes, tal y como reclamaba el Fòrum.
El auto anula y deja sin efecto, por vulneración de los derechos fundamentales al honor y a la investigación, el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valencia del pasado 28 de abril en el que la mayoría absoluta del PP denegó la paralización de las obras de la nueva trama de nichos en la fosa común solicitada por PSPV y EU. Además, condena al ayuntamiento a permitir “una investigación completa rigurosa y sometida a las exigencias legales, incluyendo actuaciones arqueológicas o forenses para poner a disposición de la sociedad y las familias los resultados a efectos de posibles ulteriores reclamaciones en relación a los derechos de las victimas”. Este punto que autoriza la excavación arqueológica supone, según la presidenta del Fòrum, Amparo Salvador, que un tribunal “autoriza por primera vez en España la investigación de las fosas comunes con represaliados del franquismo”. La magistrada relata que no puede afirmarse con seguridad, “por no constar documentalmente, que no existan restos” de las 5.039 personas enterradas en ambos cuadrantes entre el 1 de abril de 1939 y el 27 de febrero de 1940. Pese a que el equipo de Gobierno del PP y la propia Barberá han negado públicamente la existencia en la fosa de restos de personas enterradas en la posguerra, el jefe de Servicios del consistorio, José Luís Cámara, declaró en la vista que “no hay constancia documental” de que dichas personas “ya no estén allí enterradas” y que la fosa “nunca se ha vaciado toda”.

La juez también obliga al ayuntamiento a que permita “homenajear a las victimas de la represión franquista enterradas en la fosa con la colocación, una vez finalizadas las tareas de investigación, de un elemento conmemorativo”. Así pues dicho monumento debe recordar a los represaliados de la dictadura y no a todos los muertos de la Guerra Civil como aprobó en pleno la mayoría del PP.

283. EL PRESIDENTE DE LAS CORTES VALENCIANAS DESPRECIA Y LANZA AL SUELO el auto judicial que exculpa a dos socialistas (19/12/06)

El presidente de las Cortes Valencianas, Julio de España, mostró de nuevo su malestar por el auto judicial del TSJ que la semana pasada exculpó a los dos diputados socialistas contra los que el ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana se querelló por denunciar al fiscal la presunta trama de comisiones ilegales durante la construcción de Terra Mítica revelada por dos empresarios. Si horas después de conocer el auto De España ya se refirió al juez como "Jimmy el Rápido", porque dictó su resolución 24 horas después de tomar declaración a los querellados, rechazó la copia del escrito que le entregó uno de ellos, Antoni Such, desde la tribuna de oradores de las Cortes. De España lo rechazó y lo lanzó al suelo.

El pleno de las Cortes Valencianas debatía el proyecto de ley de nuevo Reglamento de la Cámara y el socialista Such, en su primer turno de defensa de enmiendas al texto, explicó que el PP no ha querido aceptar que las nuevas reglas del juego parlamentario permitan más transparencia y más facilidades de control al Gobierno. Such recordó en este punto que su grupo ha propuesto crear comisiones de investigación en las Cortes para averiguar "qué estaba pasando y dónde estaban los 17.000 millones de pesetas que un juzgado dice que faltan en Terra Mítica", sin que la mayoría del PP haya aceptado nunca.

"Al final hemos tenido que optar por que los diputados se pusieran a trabajar para intentar averiguar y hemos cumplido nuestro deber", afirmó Such, que añadió: "Nos duelen mucho las palabras del presidente de las Cortes cuando prefería que condenaran a dos diputados de estas Cortes antes que conocer la realidad [sobre Terra Mítica]". De España, a su espalda, le instó a ceñirse a la cuestión, pero Such continuó y afirmó que mientras De España trató de "incriminar" al PSPV, el auto del TSJ dice que los dos diputados actuaron "de forma correcta". En ese momento el portavoz socialista se giró y le entregó el auto a De España, pero éste no lo cogió. Such lo depositó en la mesa de la presidencia, y De España lo recogió para devolvérselo, pero, al no aceptarlo el diputado socialista, lo lanzó finamente al suelo. Y allí se quedó.

El incidente que molestó a los populares, pues consideraron que Such había utilizado la tribuna "en interés personal propio", se suma a las numerosas críticas que De España ha hecho en torno al asunto desde el primer momento. La primera, cuando los socialistas Antoni Such y José Camarasa trasladaron a la fiscalía del TSJ las grabaciones de sus conversaciones con dos empresarios que denunciaron prácticas ilegales durante la construcción de Terra Mítica consistentes en la manipulación de facturas para elevar los precios y pagar comisiones a quien repartía los contratos. Los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Herrero, imputados también en el caso Terra Mítica que investiga una trama de facturas falsas y defraudación, indicaban que Zaplana era uno de los presuntos beneficiarios de las comisiones ilegales. De España censuró a los diputados por grabar conversaciones en sus despachos de las Cortes, les comparó con traficantes de droga y trató, sin éxito, que Such y Camarasa fueran sancionados por las Cortes.

Tras el incidente en el hemiciclo, De España quiso quitarle hierro al asunto y aseguró que el auto que le había entregado Such había caído al suelo por "falta de coordinación". No obstante, las imágenes que graban las cámaras de las Cortes no dejan lugar a dudas y muestran con claridad cómo De España lanza el documento al suelo con un gesto de desprecio.

284. EL ALCALDE POPULAR DE BURRIANA RENUNCIA A SER CANDIDATO TRAS LAS ÚLTIMAS POLÉMICAS URBANÍSTICAS (20/12/06)

"Vestido" de decisión personal y "disfrazado" de interés por otros ámbitos políticos, el autonómico o el nacional, el alcalde de Burriana, Alfonso Ferrada (PP), anunció su intención de no presentarse como candidato a la alcaldía de su municipio en las próximas elecciones de mayo de 2007. Aunque Ferrada respondió con un "no" rotundo a la pregunta de si los últimos escándalos y polémicas urbanísticas han tenido que ver en su decisión, el hecho es que estos han provocado una crisis en el grupo municipal popular que ni el propio Ferrada fue capaz de obviar.

El cuestionamiento de sus decisiones comenzó con la paralización de un PAI presentado con la firma de Sotogrande, que sigue aparcado. Sin embargo, el alcalde sí mostró su empeño en aprobar el polémico PAI Pedrera Port, que sacó adelante pese a informes técnicos contrarios. A éste se unió otra cuestionada decisión como fue la de contratar a uno de los técnicos que colaboró en la elaboración de este PAI como redactor del concierto previo, documento que ha de sentar las bases que han de regir el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que condicionará la aprobación definitiva del Pedrera Port. Estos casos provocaron una crisis municipal. Una de sus concejales, Mariola Aguilera, quien anunció su oposición a las decisiones del alcalde. Esta crisis obligó a la intervención del presidente provincial del PP, Carlos Fabra, ante el hecho de que el gobierno municipal de Burriana se sostiene con un único voto de diferencia sobre la oposición y que la pérdida de votos podría hacer peligrar, aún más, la consecución de una mayoría para la el gobierno de la Diputación de Castellón que ahora ostenta Fabra. En cualquier caso, Fabra mantuvo que pese a este "repentino" cambio en Burriana, unido al "obligado" cambio en Vila-real por la condena a su alcalde por prevaricación, el PP "ganará la Diputación". Según Fabra, la decisión de Ferrada ha sido "voluntaria" y la actuación del Ayuntamiento de Burriana en materia urbanística "ha sido impecable".

Ferrada explicó que, tras 12 años de política municipal, "estoy a disposición el partido, y estaré donde el PP crea conveniente". El aún alcalde afirmó que apoyará "incondicionalmente" al candidato a la alcaldía, que será el número 2, José Ramón Calpe, "y haré todo lo posible para que los resultados se amplíen en las próximas elecciones".

285. LOS PARTIDOS ENVÍAN A ANTICORRUPCIÓN EL CASO DE TRANSFUGUISMO EN PILAR DE LA HORADADA (20/12/06)

La comisión de seguimiento del Pacto de Antifransfuguismo, integrada por todos los partidos, ha decidido enviar a la Fiscalía Anticorrupción el caso del municipio alicantino de Pilar de la Horadada, donde el PP desbancó de la alcaldía al PSOE con la ayuda de dos tránsfugas de este partido. Es la primera vez que esa comisión envía un expediente a Anticorrupción. También, por vez primera, ha remitido a su comisión de expertos independientes los casos de Santa Cruz de Tenerife y de San Cristóbal de La Laguna (Canarias) para que, ante la discrepancia entre los partidos, dictamine si ha habido transfuguismo.

La comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, presidida por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y con participación de todos los partidos políticos, pasó revista a los casos de transfuguismo detectados tras la anterior reunión, celebrada el 11 de julio. El caso considerado por unanimidad más grave es el del Ayuntamiento alicantino de Pilar de Horadada, por lo que ha ido a parar a Anticorrupción por si fuera constitutivo de delito.

El pasado 11 de diciembre, el PP se apoyó en dos tránsfugas del PSOE para desbancar al alcalde socialista Ignacio Ramos y entregar la alcaldía a José Fidel Ros, del PP. La elección del nuevo alcalde, Ros, fue increpada por más de un centenar de vecinos, que expresaron su apoyo al ex alcalde socialista, que había cosechado cinco victorias electorales sucesivas. La moción de censura prosperó gracias a los seis votos del PP, dos tránsfugas socialistas y un concejal independiente. En contra votaron siete concejales socialistas, y se abstuvo el concejal de la Agrupación Independiente de Horadada. Posteriormente, la dirección del PP abrió expedientes informativos al nuevo alcalde y a los concejales que le apoyaron.

Los socialistas relacionan directamente esta moción de censura con el proyecto de construcción de 5.200 viviendas sobre 2,6 millones de m² de terreno rústico, al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El ex alcalde insistió en que aprobar la construcción de 5.200 viviendas al margen del PGOU era una "barbaridad", cuando todavía estaban pendientes de construir otras 8.000 viviendas en el PGOU vigente. Pilar de la Horadada es uno de los pocos municipios de La Vega Baja de Alicante en los que se ha desarrollado un urbanismo sostenible y de menos intensidad.

La comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo decidió también enviar a su comisión de expertos independientes, de reciente creación y también consensuada por todos los partidos, los casos de los municipios canarios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna. Esta comisión -integrada por Miguel Herrero de Miñón, Manuel Horrillo, Cristóbal Sirera, Leopoldo Tolivar y Adolfo Barceló- tendrá que dirimir por primera vez sobre esos dos casos controvertidos ante la discrepancia entre los partidos sobre si hay o no transfuguismo.

286. QUE NO NOS FALTE DE ’NA’. EL IVEX GASTÓ 153 € POR CUBIERTO EN LA CENA PARA 1.000 INVITADOS AL RECITAL DE JULIO IGLESIAS EN TOKIO (22/12/06)

Es lo que tiene organizar comidas para grupos, ya sean despedidas de soltera, cenas de empresa o de las compañeras de clase de aerobic. Que se puede cerrar un menú a buen precio y redondeado al céntimo. El Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), por ejemplo, contrató un “menú occidental” para exactamente mil comensales a “15.000 yenes” por barba (unas 18.000 pesetas al cambio), bebida y café aparte. La factura total de la cena ascendió a 21.151.600 yenes, el equivalente a 25.453.833 pesetas (153.000 €) de hace ocho años. El ágape se celebró el 24 de marzo de 1998 en la sala Hiten del Takanawa Prince Hotel de Tokio y fue el remate perfecto para una velada mágica en el país del sol naciente, amenizada por una orquesta que tenía como vocalista a Julio Iglesias de la Cueva. El acto se organizó con motivo de la misión comercial e institucional a la feria Expoconsumo, la segunda cita del programa de siete eventos internacionales pactado por el artista y el IVEX en los contratos 8 (el oficial y el “b”) que firmaron el 29 de diciembre de 1997. El acuerdo confesable fijaba una remuneración de 375 millones para el artista, cantidad que se elevó a 990 libres de impuestos en el contrato “b”. El programa era el mismo en uno y otro.

287. EL JUEZ RECLAMA MÁS DOCUMENTACIÓN PARA ESCLARECER LA TRAMA URBANÍSTICA DE NÀQUERA (24/12/06)

El juez de Llíria encargado de investigar una presunta trama urbanística en Nàquera organizada por el anterior arquitecto técnico del Ayuntamiento, ha solicitado varios documentos para determinar el alcance de las irregularidades después de tomar declaración a los cuatro imputados en el caso. Así lo explicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana que destacaron que las pruebas documentales exigidas por el juez “son numerosas” y determinarán las futuras decisiones del juez sobre el caso.

Aunque no ha trascendido a quienes se les ha exigido esta documentación, el fiscal que denunció el caso sí que incluyó en sus diligencias que el consistorio facilitase los expedientes relativos a tres PAI adjudicados, presuntamente, por mediación del ex aparejador municipal, así como los informes urbanísticos firmados por éste entre 1999 y 2003 y la relación de todos los bienes inmuebles por los que han pagado impuestos los imputados durante el mismo periodo.

A este respecto, el alcalde de Nàquera, Ricardo Arnal, aseguró que el consistorio ya facilitó un gran número de documentos oficiales al fiscal durante la primera fase de la investigación. Las fuentes del TSJ añadieron que durante las últimas semanas ya han declarado en el Juzgado número 5 de Llíria los cuatro imputados -el arquitecto técnico Juan Carlos Piquer, su socio Juan Vicente Roig y los constructores Gil Garrido y Antonio Tatay- por los delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y uso de información privilegiada en Nàquera. También han prestado declaración varios testigos, aunque los nombres de estos últimos no han sido facilitados por las fuentes del TSJ. Por otra parte, la Fiscalía de Valencia que denunció estos hechos solicitó el pasado 30 de noviembre una prórroga de seis meses al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, para seguir investigando la trama de corrupción urbanística por la que también fue interrogado en su día el alcalde de Nàquera, Ricardo Arnal, y su equipo de gobierno.

Fue la propia Fiscalía valenciana la que inició a principios de 2006 una investigación sobre las cuentas de Nàquera en relación con determinados proyectos urbanísticos tras la denuncia presentada por el grupo municipal de Unió Valenciana.

El enredo era tal que ya en verano el fiscal solicitó a la fiscalía general una primera prorroga, y en septiembre disgregó una parte de sus diligencias para que el juez de Llíria investigase los negocios que mantuvieron el ex aparejador municipal con la constructora Gil Garrido Obras Públicas S. L. a través de la empresa Prosunaq. El fiscal sospechaba que la posición de Piquer dentro del ayuntamiento -gobernado entonces por el popular Salvador Pérez- facilitó la adjudicación de varios proyectos urbanísticos a su empresa y a la de sus socios.

288. LA TRAMA DE TERRA MÍTICA SE EXTIENDE A UNA EMPRESA DE LA GENERALITAT VALENCIANA (27/12/26)

La misma imputación y protagonistas coincidentes. La trama de Terra Mítica se extiende a una empresa de la Generalitat valenciana. La Fiscalía de Valencia trasladó al fiscal Anticorrupción de Alicante una denuncia de la Agencia Tributaria por falsificación de facturas en los ejercicios 2000 y 2001 contra la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA), una empresa a través de la cual participaba la Generalitat en el parque de Benidorm. El fraude alcanza los dos millones de euros e implica a Antonio Rincón, ex director técnico, y al empresario Vicente Conesa, ambos imputados en el caso de Terra Mítica.

La oficina territorial de la Agencia Tributaria en Valencia, tras una denuncia anónima, investigó contrarreloj un posible fraude fiscal en la SPTA, empresa creada por la Generalitat Valenciana en 1997 para la promoción de los parques temáticos en Alicante (Terra Mítica y Ciudad de la Luz) que se regía por el derecho privado pero que era, al 100%, de capital público. Las diligencias practicadas por Hacienda fueron trasladadas a modo de denuncia a la Fiscalía de Valencia. El ministerio público ha concluido su investigación al borde de la prescripción del delito fiscal, ya que se cumplió el plazo. Y en esas conclusiones preliminares, el fiscal anticorrupción de Valencia ha entendido que en los ejercicios 2000 y 2001 la SPTA incurrió en fraude fiscal en la liquidación de los impuestos de IVA y de Sociedades, en un delito de falsificación de documento mercantil, un delito societario y otro de malversación.

En ellos implica, aunque no de forma exclusiva, a Vicente Conesa, empresario imputado a su vez en la trama de facturas falsas que afecta a Terra Mítica, y a Antonio Rincón, ex director técnico del parque en la fase final de su construcción y también imputado en el caso Terra Mítica. Ambos fueron personas de confianza de Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat Valenciana en los años que ha investigado Hacienda y actual portavoz del PP en el Congreso.

El fraude denunciado por la Agencia Tributaria está referido a diversas obras realizadas como, por ejemplo, la adecuación de la montaña en la que se ubica el parque temático Terra Mítica para su construcción y los viales que dieron acceso al mismo. También se refiere a la preparación del terreno en el que se extiende el complejo de platós para rodajes cinematográficos de la Ciudad de la Luz y sus accesos.

La Agencia Tributaria ha detectado la existencia de trabajos facturados que no se realizaron en todo o en parte y cuyos precios se aprecian sobredimensionados. También ha detectado, y denunciado por tanto, la existencia de facturas por trabajos no ejecutados o imputados a mercantiles con manifiesta imposibilidad de ejecutarlos. Hacienda se ha encontrado exactamente con el mismo mecanismo por el que llevó a los tribunales la trama de facturas falsas que afecta a Terra Mítica por un fraude de 4,4 millones de euros en los ejercicios 2000 y 2001.

La Sociedad Parque Temático de Alicante fue una de las apuestas de Eduardo Zaplana. Su objetivo principal era la promoción de los parques temáticos de Alicante. La empresa era accionista de Terra Mítica, en la que llegó a controlar un 15% (el resto del capital correspondía a Bancaja, la CAM y diversos accionistas privados), y compartían el mismo presidente. En 2003, esa sociedad pasó a llamarse Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), sin que haya variado su naturaleza.

La SPTA compartió cuadro directivo con Terra Mítica. El que fuera presidente del consejo de administración del parque temático, Luis Esteban, imputado también en la trama de facturas falsas, fue presidente a su vez de la SPTA. Antonio Rincón, ex director técnico de Terra Mítica, aparece también entre los cargos directivos de la SPTA y está imputado también en el fraude que afecta al parque temático, que investiga desde hace más de un año el juzgado de Instrucción número tres de Valencia. Ambas sociedades, la SPTA y Terra Mítica, compartieron proveedores. Es el caso de Vicente Conesa, imputado en el caso Terra Mítica, a quien varios de los implicados que han declarado ante el juez señalan como el hombre clave en la ejecución de obras del parque. Ahora, la fiscalía de Valencia señala a Conesa y Rincón como primeros responsables, aunque no solos, de los delitos de falsificación documental, fraude fiscal, delito societario y malversación. Además de Rincón y Conesa, en las diligencias de la Fiscalía, aparecen Miguel Navarro, ex director de Terra Mítica, Justo Valverde, ex cuñado de Zaplana y ex director de contrataciones del parque; así como empresarios que también están imputados en el caso Terra Mítica, como Antonio Moreno Carpio.

La Fiscalía de Valencia recogió hace seis meses el expediente de Hacienda, lo ha investigado y ha remitido sus conclusiones provisionales a Anticorrupción de Alicante porque tanto la SPTA como las mercantiles relacionadas con el posible fraude tienen su sede social en esa provincia. La fiscalía de Alicante se prepara a presentar denuncia, según la Fiscalía de Valencia, contra al menos una docena de directivos y empresarios vinculados con la Sociedad Parque Temático de Alicante, entre los que Conesa y Rincón aparecen como figuras relevantes.

La denuncia a la Fiscalía Anticorrupción por falsificación de facturas en la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA) se produce año y medio después de que la Agencia Tributaria iniciara la investigación de una trama de facturas falsas en Terra Mítica por delitos muy similares. El caso Terra Mítica -actualmente en fase de instrucción en el juzgado número tres de Valencia- implica a 32 personas y a 20 sociedades mercantiles, incluida la propia del parque de atracciones. La trama, en la que se incluye a los principales ex responsables de Terra Mítica, se habría repartido entre 2000 y 2001 unos 10 millones de euros por obras nunca realizadas y material nunca entregado.

Los implicados, según los peritos de la Agencia Tributaria y los testimonios de algunos de los propios imputados, formaban parte de una red con cuatro niveles distintos. En el primer nivel, un grupo de empresas con escasa actividad o inexistentes emitían facturas falsas. Estas facturas las endosaban a un segundo grupo de empresas que a su vez volvían a emitir facturas falsas. Un tercer nivel de sociedades repetía la operación. En el cuarto nivel, el superior, dos firmas, Terra Mítica y Excavaciones Escoto, pagaban por trabajos nunca hechos. La investigación del caso Terra Mítica y sus implicaciones políticas han alcanzado al ex presidente de la Generalitat y actual portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, que fue el impulsor del parque temático de Benidorm. Un sueño que, con el tiempo, se ha convertido en una pesadilla a causa de los problemas financieros del parque y a las investigaciones judiciales.

Unas conversaciones grabadas por los diputados autonómicos socialistas Antoni Such y José Camarasa con los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Herrero, imputados en el caso Terra Mítica, involucran a Zaplana. En las conversaciones, denunciadas por los socialistas a la fiscalía, Herrero asegura que el empresario Vicente Conesa "se repartía la pasta con el señor Zaplana". Supuestamente, Conesa cobró el dinero por facilitar el negocio a los subcontratistas.

Zaplana presentó denuncia por querellas y calumnias contra los dos parlamentarios socialistas y los dos empresarios. El pasado día 12, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana exculpó a los dos diputados socialistas por entender que cumplieron con su deber, pero ordenó que se sigan investigando las afirmaciones de los empresarios Herrero y Moreno Carpio. El portavoz del PP en el Congreso no está de acuerdo con la exculpación de los diputados socialistas, entiende que indujeron a los empresarios a deteriorar su imagen, y ha presentado recurso.

290. TENSIONES POPULARES. MUT AMENAZA A CAMPS CON UNA REBELIÓN EN GANDIA TRAS SER APARTADO DE LA LISTA (28/12/06)

El PP parece condenado a vivir periódicas crisis en Gandia. La última ha estallado tras la decisión de la dirección regional del partido de nombrar candidato a la alcaldía al empresario Arturo Torró, en detrimento de Fernando Mut, presidente local de la formación. Mut ha dimitido como director general de Arquitectura de la Generalitat, pero no como presidente local del PP. Y amenaza con una rebelión. La dirección del PP "se ha saltado a la torera sus propias normas democráticas", según Mut, que criticó al presidente regional y titular del Consell, Francisco Camps, y, sobre todo, al presidente provincial, Alfonso Rus. Y consideró una "torpeza" que Camps y Ángel Acebes le pidieran "generosidad".

Fernando Mut, encuadrado en el sector zaplanista del PP, es el protagonista -probablemente a su pesar- de la última crisis del partido en Gandia. Una crisis que salpica a la dirección provincial, personificada en su presidente y alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, y que alcanza incluso a la dirección regional, con Francisco Camps a la cabeza. Porque si las crisis de otras épocas en el PP gandiense -que supusieron la defenestración, primero, del ya fallecido José Vicente Sáenz de Juano, y más tarde de Rosa Fuster- se limitaron al entorno del partido, la actual disputa contiene un ingrediente nuevo: excede el ámbito interno para afectar al Consell, porque ha supuesto la dimisión de Mut como director general de Arquitectura de la Generalitat.

Mut justificó así su decisión: "El nombramiento de otro candidato a la alcaldía de Gandia y la forma en la que se ha llevado a cabo significan que el partido tiene criterios y objetivos distintos a los míos". Y eso le impide seguir formando parte de un Consell dirigido por el mismo partido, porque se trata de un "cargo de confianza, y esa confianza se ha roto en ambas partes". A partir de ahora, dijo, se dedicará de nuevo a su profesión de arquitecto, sin descartar una continuidad en la política que, aunque no lo dijo, difícilmente podrá ser ya en las filas del PP, a pesar de que todavía es el presidente local del partido en Gandia, "pese a quien pese", dijo, aunque añadió: "No sé por cuánto tiempo".

Anunció que recurrirá a Madrid la decisión -que calificó de "inaceptable, sectaria y antidemocrática"- de la dirección regional del PP de nombrar candidato a Torró. Y no descartó presentarse con otra formación: va a "poner en marcha una serie de conversaciones con los diferentes sectores para tantear cuál es la situación" en Gandia, donde vaticinó al PP "tiempos difíciles" y una probable derrota electoral. "Una solución como la adoptada en Gandia es un fracaso y al final lo pagan los ciudadanos", dijo.

Mut consideró una "torpeza" que el martes tanto Camps como el secretario general del PP, Ángel Acebes, que visitó Valencia, le pidieran "generosidad". Una petición, dijo, que parte de "un error fundamental", el de no entender que la propia "generosidad personal" de Mut "viene de muy lejos", por haber dejado su profesión para dedicar diez años de su vida al PP, por irse con los bolsillos "más vacíos" que cuando llegó y por haber derrotado a Pepa Frau, "un mito en Gandia".

291. EL PRESIDENTE POPULAR, SR. CAMPS, RENUNCIA A INVESTIGAR EL NUEVO FRAUDE LIGADO A TERRA MÍTICA (28/12/26)

El Gobierno valenciano, presidido por el popular Francisco Camps, manifestó que no piensa investigar internamente el nuevo fraude denunciado por la Agencia Tributaria en la empresa pública Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA), vinculada a Terra Mítica. La fiscalía de Alicante remitirá en las próximas horas la denuncia al juzgado correspondiente sin efectuar diligencias complementarias.

Gerardo Camps, consejero de Economía de la Generalitat y presidente de la empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (denominación actual de la SPTA), anunció que no solicitará "ningún informe adicional" sobre la actividad y las contrataciones realizadas en los años 2000 y 2001 objeto de la denuncia. El consejero indicó que la empresa pública ya realizó en su día los informes necesarios para adjudicar las obras y se sometió a las auditorías correspondientes, razón por la cual no encargará ningún informe adicional en tanto no sea requerida la empresa pública desde instancias judiciales.

El actual responsable de la empresa de la Generalitat lamentó haber tenido conocimiento de las actuaciones de la Fiscalía por los medios de comunicación. Camps sí argumentó que la empresa de la Generalitat tiene "anunciadas por parte de la Agencia Tributaria y de la inspección nuevas visitas para seguir solicitando documentos o algún tipo de información contable" en relación con la liquidación del IVA y el impuesto de sociedades correspondientes a 2001.

La Fiscalía de Alicante remitirá en las próximas horas la denuncia al juzgado correspondiente sin pedir la realización de diligencias complementarias. En total, la Fiscalía dispone de cuatro cajas de documentos, entre los que se incluyen los informes de la Agencia Tributaria, que implican a siete grupos de empresas en un posible fraude que alcanza la cifra de 1,8 millones de euros en los ejercicios 2000 y 2001. Estas empresas participaron en cerca de dos decenas de proyectos de la SPTA, firma constituida por la Generalitat para impulsar la construcción del parque de atracciones de Benidorm, Terra Mítica.

Según fuentes judiciales, la mayor parte de las empresas investigadas están relacionadas también con el fraude de las facturas falsas del caso Terra Mítica que instruye el juzgado de instrucción número 3 de Valencia. Tanto en un caso, como en otro, distintas empresas presentaron facturas por trabajos no realizados o hincharon el coste de los mismos y defraudaron al fisco. Entre las empresas investigadas en el nuevo fraude figura la firma AST Ingenieros, que presidía José María Arraiz, quien a la vez era el responsable de la dirección técnica de las obras en la SPTA. Otra de las firmas investigadas en este fraude es la sociedad C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente del empresario Vicente Conesa. Los dos figuran como imputados en el caso Terra Mítica.

El presidente valenciano, Francisco Camps, manifestó, en la presentación de su página web como candidato en las elecciones autonómicas del próximo mayo, que el PP es "el único que puede contar todo lo que ha hecho y todo lo que hará, mientras que los otros basarán su campaña en la ocultación constante". Los socialistas le instaron a ser "coherente" con sus manifestaciones.

292. ALZIRA RECALIFICA CINCO MILLONES DE M² PARA DUPLICAR SU POBLACIÓN (30/12/06)

El gobierno de Alzira, formado por el PP y el PSI-CV, ha diseñado una capital de comarca a 10 años vista que incrementará su suelo urbanizable en 5 millones de m²y su población en un 80%, al pasar de los 42.500 habitantes actuales a 76.000. Para ello ha aprobado un documento de concierto previo al nuevo PGOU que recopila cinco programas de actuación integrada. El plan "dará una visión global del crecimiento del municipio", según la alcaldesa Elena Bastidas (PP). Para el PSPV- PSOE, se trata de un "fraude", y según el Bloc, "no cumple la ley".

La alcaldesa Bastidas aseveró que su equipo ha apostado por "un desarrollo sostenible" tras desgranar los cinco programas en los que se recalifica suelo rústico en urbanizable para zonas residenciales, comerciales e industriales. El programa de actuación integrada (PAI) más grande y que fue aprobado en el mismo pleno del jueves, suma 1,3 millones de m². Situado en la partida de La Garrofera -a unos 10 kilómetros de Alzira- acogerá 3.000 viviendas y un campo de golf. Le sigue el Parque Empresarial El Pla donde está previsto ubicar unas 250 industrias en algo más de un millón de m². En la partida de Vilella se convertirán 800.000 m², plantados antaño de cítricos, en un área comercial que conectará con la proyectada en Carcaixent junto a la avenida de la Ribera. En El Ràfol hay previstos 500.000 m² para alternar un campo de golf de 9 hoyos con una zona comercial en la misma orilla del Júcar. Completará la recalificación una finca citrícola, l'Hort de Simarro, de unos 300.000 m² situada frente al hospital de la Ribera, que se destinará a usos comerciales e industriales.

Socialistas y nacionalistas echaron en falta los tres PAI presentados al ayuntamiento en el Valle de Aigües Vives y sobre los que el gobierno local todavía no se ha pronunciado, un hecho que fue calificado de "fraude" por el portavoz del PSPV, Pedro Grande. Para el representante del Bloc, Carles Aranda, el modelo de ciudad expuesto por el PP y PSI-CV "es poco sostenible", "incumple la ley" y no define las comunicaciones ni otras infraestructuras como las educativas y sanitarias, además de no tener garantizados los recursos hídricos para atender a todas las residencias, industrias y zonas comerciales.

El proyecto de La Garrofera despertó controversia entre la asociación de vecinos que lo respalda y la nueva plataforma Salvem La Garrofera, que lo rechaza, así como la oposición municipal. Las contrapartidas de la firma promotora Quatre Carreres, perteneciente a la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, han convencido a los dirigentes vecinales y al Ayuntamiento. Entre ellas, están la donación de 1,3 millones de m² cercanos al paraje municipal Murta-Casella, la reparación de caminos rurales y la construcción de un local para la asociación y de un centro especial de empleo para discapacitados, además de 600.000 € para el ayuntamiento. La plataforma opositora dice que "no hay recursos hídricos para una población de 10.000 habitantes", y denuncia la proximidad a una fábrica de gas "contaminante y peligrosa".