NOTICIAS ZAPLANA &
CAMPS
2005
ÍNDICE
1. NUEVE AUSENCIAS DEL PP COLOCAN AL CONSELL AL BORDE DE LA DERROTA PARLAMENTARIA
2. FABRA SUMA YA TRECE ASESORES Y GASTA UNOS 700.000 € AL AÑO EN CARGOS DE LIBRE DESIGNACIÓN (26/01/05)
3. FABRA TIENE CONTRATADA A SU CUÑADA COMO JEFA DE SUS SECRETARIAS Y AL CUÑADO DE LA EX MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (PP) PARA LLEVARLE LA AGENDA (27/01/05)
4. FAMILIARES DE ZAPLANA Y ALEIXANDRE COBRAN SUELDO DE IMELSA SIN TRABAJAR EN LA EMPRESA (28/01/05)
5. COSTAS TRAMITA LA RECUPERACIÓN DE LA ISLA DE BENIDORM QUE GESTIONA UN FAMILIAR DE ZAPLANA (08/02/05)
6. IMPUTADOS SEIS EX ALTOS CARGOS PÚBLICOS DEL PP EN EL 'CASO FABRA' (12/02/05)
7. CUATRO DE LOS SEIS NUEVOS IMPUTADOS POR EL CASO FABRA SIGUEN OCUPANDO ALTOS CARGOS (12/02/05)
8. CAMPS RELEVARÁ A LA RESPONSABLE ZAPLANISTA DE LA OFICINA DE LA GENERALITAT EN MADRID (20/02/05)
9. PERALTA DESVELA QUE ZAPLANA USÓ AVIONES DE HELISURESTE PORQUE ESTABA EN EL CONTRATO (25/02/05)
10. UNA DIPUTADA DEL PP ENVIÓ 76 MENSAJES EL 14-M CON EL MÓVIL DE LA DIPUTACIÓN (03/03/05)
11. FABRA ADMITE ANTE LA JUEZ QUE HABLÓ CON LA MUJER DE VILAR DE “QUITARLE” ARTEMIS (07/03/05)
12. RAJOY ASEGURA QUE LA CRISIS DE LOS POPULARES VALENCIANOS ESTÁ SUPERADA (19/03/05)
13. ZAPLANA ORDENÓ QUE SU SECTOR PLANTASE A MARIANO RAJOY (28/03/05)
14. ACEBES OBVIA EL CÓDIGO ÉTICO DEL PP EN EL CASO FABRA Y ADUCE QUE TODAVÍA NO HAY SENTENCIA (30/03/05)
15. DOS SOBRINOS DE ZAPLANA COBRAN DE LA DIPUTACIÓN Y UNO SE VA EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL IVAJ (31/03/05)
16. LA JUEZ VE IMPRESCINDIBLE QUE UN PERITO DE HACIENDA EXAMINE LAS CUENTAS DE FABRA (04/04/05)
17. ANTICORRUPCIÓN PIDE UN INSPECTOR DE HACIENDA PARA INVESTIGAR LAS EMPRESAS DEL CASO FABRA (05/04/05)
18. EL JUEZ ADMITE QUE UN INSPECTOR DE HACIENDA INVESTIGUE LAS EMPRESAS DE FABRA (12/04/05)
19. EL ALCALDE DE BENIDORM QUITA LOS ASESORES AL PSPV AL VETAR QUE EL PABELLÓN DE DEPORTES MUNICIPAL SE LLAME EDUARDO ZAPLANA (12/04/05)
20. EL CÓDIGO ÉTICO DEL PP CUMPLE 12 AÑOS SIN QUE SE HAYA APLICADO EN EL CASO FABRA (24/04/05)
21. ANTICORRUPCIÓN NO DESCARTA QUE DEL CASO FABRA SE DERIVE LA IMPUTACIÓN DE UN DELITO FISCAL (08/05/05)
22. EL ENFRENTAMIENTO PÚBLICO ENTRE CONSELLERS AGUDIZA LA CRISIS DEL GOBIERNO DE CAMPS (08/05/05)
23. EL ALCALDE DE VILA-REAL SE SIENTA EN EL BANQUILLO POR PREVARICACIÓN (11/05/05)
24. LA FISCALÍA ESTUDIA SI CALIFICA LA CONDUCTA DE UNCIO COMO MALVERSACIÓN O COMO HURTO (28/05/05)
25. EL JUEZ REABRE EL CASO DE LAS AGRESIONES EN EL PP DE ELX (02/06/05)
26. FABRA RECURRE A LA AUDIENCIA PARA EVITAR QUE UN PERITO DE HACIENDA VEA SUS CUENTAS. HACIENDA DENUNCIA A FABRA POR SUPUESTO DELITO FISCAL (02/06/05)
20. ANTICORRUPCIÓN ASUME LA INVESTIGACIÓN DEL CASO DEL EX INTERVENTOR DE ORIHUELA (03/06/05)
28. UNCIO PAGÓ CON LA VISA DEL IVF JOYAS, REGALOS DE BODA Y ARTÍCULOS DE LUJO (07/06/05)
29. UN INFORME DE AGRICULTURA REVELA AMENAZAS DE LA EMPRESA POR LA QUE MEDIÓ CARLOS FABRA (10/06/05)
30. LOS TITUBEOS JUDICIALES DE FABRA (16/06/05)
31. FABRA INGRESÓ 600.000 € EN EFECTIVO EN 1999 CUYA PROCEDENCIA NO HA JUSTIFICADO (17/06/05)
32. PESE A SUS PROBLEMAS CON LA JUSTICIA, FABRA NO VE "NINGUNA RAZÓN" POR LA QUE NO DEBA PRESENTARSE A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES DE 2007 (23/06/05)
33. MALESTAR EN EL PP DE MADRID
34. EL PP EVITA APLICAR SU CÓDIGO ÉTICO A FABRA PESE A LA ÚLTIMA DENUNCIA POR DELITO FISCAL (27/06/05)
35. FABRA SE NIEGA A HABLAR DE SU CASO EN EL PLENO DE LA DIPUTACIÓN (29/06/05)
36. LA CÚPULA DEL PP SE REÚNE EN UNA CENA EN CASA DE FABRA (09/07/05)
37. EL JUZGADO QUE INSTRUYE EL 'CASO FABRA' CAMBIA DE JUEZ POR SEXTA (12/07/05)
38. FABRA AFIRMA ANTE MÁS DE UN MILLAR DE PERSONAS QUE NO DIMITIRÁ PORQUE NO HAY "NINGUNA RAZÓN" (16/07/05)
39. EL CONSELL AVALA LA CENA-HOMENAJE A FABRA ALEGANDO ERRÓNEAMENTE QUE NO ESTÁ IMPUTADO (16/07/05)
40. LOS ALCALDES DE TORREVIEJA Y BENIDORM GASTAN MÁS EN ASESORES QUE LOS DE LAS GRANDES CIUDADES (18/07/05)
41. EL PP VETA QUE CAMPS EXPLIQUE SU APOYO A FABRA EN LA DIPUTACIÓN PERMANENTE (27/07/05)
42. EL GOBIERNO DE AZNAR PARALIZÓ DURANTE DOS AÑOS LA INVESTIGACIÓN A FABRA POR PRESUNTO FRAUDE FISCAL (27/07/05)
43. GÉNOVA APUNTA A ZAPLANA COMO OBSTÁCULO AL ESTATUTO VALENCIANO (20/08/05)
44. LA FISCALÍA VE INDICIOS DE COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN LOS NEGOCIOS DE FABRA (02/09/05)
45. EL FISCAL PIDE QUE SE INVESTIGUE AL ALCALDE DE TORREVIEJA POR LA COMPRA DE UNA FINCA (02/09/05)
46. El Poder Judicial nombra la séptima juez del 'caso Fabra' (15/09/05)
47. LA FISCALÍA DE ALICANTE ABRE UNA INVESTIGACIÓN ANTE LAS SUPUESTAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN EN ORIHUELA (20/09/05)
48. ARIAS CAÑETE FUE ALERTADO EN 2000 DE QUE FABRA PROSEGUÍA SUS PRESIONES A AGRICULTURA (24/09/05)
49. CAMPS ELUDE RESPALDAR A FABRA TRAS LAS EVIDENCIAS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS (24/09/05)
50. UN JUEZ ABRE INVESTIGACIÓN POR UN PRESUNTO DELITO FISCAL EN LOS PAGOS OPACOS DEL IVEX A JULIO IGLESIAS (25/09/05)
51. EL PP DE ORIHUELA SE ROMPE Y EL ALCALDE QUEDA EN MINORÍA (27/09/05)
52. EL ALCALDE DE TORREVIEJA DEL PP ACHACA AL AUGE UBANÍSTICO SU PLUSVALÍA DE 5,2 MILLONES DE EUROS (02/10/05)
53. EL PP ACEPTA DEBATIR SI SE INVESTIGAN LOS PAGOS OCULTOS A JULIO IGLESIAS (07/10/05)
54. UN 66,5% CONSIDERA QUE CARLOS FABRA DEBE ABANDONAR LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN (10/10/05)
55. RIPOLL DESAUTORIZARÁ AL ALCALDE DE ORIHUELA (11/10/05)
56. EL ALCALDE DE ORIHUELA (PP) ADMITE QUE USA UN COCHE A NOMBRE DE UNA FIRMA DE UN PROMOTOR (11/10/05)
57. EL EX INTERVENTOR DE ORIHUELA DECLARA AL FISCAL QUE ERA EL "BLANQUEADOR" DE FACTURAS DEL ALCALDE (15/10/05)
58. LA ASESORÍA DE FABRA DECLARA PÉRDIDAS DE 25.000 € POR PRIMERA VEZ EN CINCO AÑOS (16/10/05)
59. EL ALCALDE DE ORIHUELA (PP) VIVE EN UN CHALÉ DE UN PROMOTOR AL QUE RECALIFICÓ SUELO Y USA UN VEHÍCULO QUE NO ES SUYO, AL TIEMPO QUE DECLARA QUE TIENE MUCHAS DIFICULTADES ECONÓMICAS (18/10/05)
60. LA AGENCIA TRIBUTARIA SANCIONA CON 191.000 €, AL IVEX POR IRREGULARIDAD FISCAL EN EL PAGO A JULIO IGLESIAS (20/10/05)
61. EL ALCALDE DE ORIHUELA, DEL PP, UTILIZA VEHÍCULOS DE LUJO, PROPIEDAD DE EMPRESARIOS FAVORECIDOS POR SU GESTIÓN (23/10/05)
62. EL PP RECHAZA EN LAS CORTES AUDITAR LA FUNDACIÓN QUE VENDIÓ UNA MASÍA A LA ESPOSA DE CARLOS FABRA (26/10/05)
63. CAMPS ARROPA AL ALCALDE DE TORREVIEJA 48 HORAS ANTES DE QUE DECLARE ANTE EL JUEZ (26/10/05)
64. EL CONSELL DESCARTA REVISAR EL RIESGO PARA LA SALUD DE LOS PESTICIDAS DEL CASO FABRA (27/10/05)
65. ANTICORRUPCIÓN ASUME LA INVESTIGACIÓN DEL EX CONSELLER CARTAGENA POR LAS CESIONES DE CRÉDITO (03/11/06)
66. EL TSJ ANULA UN PAI EN EL QUE MEDINA (PP) 'REGALÓ' AL PROMOTOR 29.500 METROS DE CESIONES OBLIGATORIAS (5/11/05)
67. EL GOBIERNO INVESTIGA A FABRA POR USO ELECTORAL DE CENSOS DE EXTRANJEROS (05/11/05)
68. UNA JUEZ IMPUTA A FABRA UN NUEVO DELITO POR PRESUNTA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS (06/11/05)
69. EL FISCAL INVESTIGA AL ALCALDE DE TORREVIEJA POR SUPUESTA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA (07/11/05)
70. SEGÚN GÉNOVA FABRA ESTÁ "TOCADO POLÍTICAMENTE" (08/11/05)
71. UN DIPUTADO AUTONÓMICO DEL PP POR CASTELLÓN SE FUGA CON EL ESCAÑO A UN PARTIDO 'ULTRA' (12/11/05)
72. UN EMPRESARIO IMPLICA A FABRA EN ENTREGAS DE DINERO AL CONSEJERO DE SANIDAD DE MADRID, MANUEL LAMELA (14/11/05)
73. EL IVEX HIZO FACTURAS FALSAS PARA PAGAR A JULIO IGLESIAS EN PARAÍSOS FISCALES, SEGÚN EL EX DELEGADO EN MIAMI (14/11/05)
74. EL EX ALCALDE DE CASTELLÓ ES SOCIO DE UNA EMPRESA LIGADA A LA QUE ADJUDICÓ CONTRATOS MILLONARIOS (17/11/05)
1. NUEVE AUSENCIAS DEL PP COLOCAN AL CONSELL AL BORDE DE LA DERROTA PARLAMENTARIA
El grupo popular cuenta con una amplio colchón en las Cortes de 48 diputados frente a los 41 de la oposición (35 del PSPV-PSOE y 6 de Esquerra Unida), pero la duplicidad de cargos y alguna ligereza a punto estuvieron de costarle un serio disgusto. Nueve ausencias en las filas del PP, entre ellas la del presidente, Francisco Camps, y cuatro consellers, situaron al Ejecutivo al borde de su primera derrota parlamentaria, en la votación de una propuesta socialista que reclamaba a Camps un plan para ampliar las prestaciones de dentista en favor de mayores, niños y embarazadas. La votación, a las 12.43 horas, registró un empate a 39. Una segunda votación repitió marcador, con lo que, de acuerdo con el reglamento, se suspendió la sesión 5 minutos, antes de la última y definitiva sentencia. En las filas populares cundió el nerviosismo.
El portavoz adjunto Rafael Maluenda salió disparado al pasillo para ver si se podía localizar a alguno de los ausentes. No fue así. En el hemiciclo ya se sentaban las griposas Estela Canales y Estefanía Martínez, mientras a Javier Tomás, en Fuerteventura con su familia, se le había hecho regresar el día anterior. Entre los populares se oyeron reproches hacia el presidente de la Cámara, Julio de España, por haber dejado sonar el timbre que avisa de las votaciones, lo que permitió al portavoz del PSPV, Joan Ignasi Pla, y varios parlamentarios entrar in extremis. Por fortuna para los populares, en la bancada socialista había dos huecos: El de Josefa Andrés, convaleciente, y el del portavoz adjunto y secretario de Política Institucional, Antoni Such, ofreciendo una rueda de prensa con el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Alfonso Perales. Reanudado el pleno, el panel ofreció un tercer empate a 39, con lo que la propuesta decayó.
Además de Camps, faltaba la consellera Gema Amor, quien estuvo hasta las 11.30 horas y luego se fue para acompañar al presidente en el viaje a Bruselas pretextado para no responder a las preguntas de control de la oposición. Otros tres consellers se encontraban fuera de la Comunidad en diferentes actos: Vicente Rambla (Sevilla), Alejandro Font de Mora (Madrid) y Alicia de Miguel (Nueva York). La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se ausentó del pleno para inaugurar un centro de juventud. La castellonense Marisol Linares, diana de las críticas, estaba de viaje privado por EE UU.
Joaquín Soler y María José García Herrero estaban enfermos. Pero no habían acabado aún los sustos para el PP. Quedaba otra iniciativa, de EU, y Such, en contacto por el móvil, estaba pendiente de acudir al pleno si era necesario. El popular Rafael Ferraro pidió un receso para transaccionar un texto, que el portavoz de EU, Joan Ribó, aceptó. Ahí ganó tiempo el PP. Pero el júbilo fue total cuando Ribóaceptó la transaccional, aprobada finalmente por unanimidad y que compromete al Consell a realizar un estudio de viabilidad de la ampliación de la línea 3 del metro desde Rafelbunyol, pasando por Puçol, Puerto de Sagunto hasta Sagunto.
2. FABRA SUMA YA TRECE ASESORES Y GASTA UNOS 700.000 € AL AÑO EN CARGOS DE LIBRE DESIGNACIÓN (26/01/05)
El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Castellón publicaba el pasado 11 de enero el nombramiento, con fecha del día 7, de una asesora de presidencia, lo que eleva a trece el número de asesores en nómina en la institución provincial. La nueva asesora, Amparo Marín Andrés, eleva a 26 los cargos de libre designación que, entre asesores y eventuales, ha contratado hasta ahora el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. El también líder del PP de Castellón continúa a la cabeza de los presidentes de Diputación de la Comunidad Valenciana por el volumen de asesores ya que el presidente de la Diputación de Valencia, Fernando Giner, tiene dos asesores y un jefe de gabinete, y el de Alicante, José Joaquín Ripoll, no tiene ninguno bajo la denominación de asesor, aunque cuenta con ocho personas de "apoyo" en presidencia y utiliza otros cargos para su personal de libre designación como el de "director" y "director adjunto" del área de presidencia.
El coste que el personal de libre designación de Carlos Fabra tiene para las arcas públicas se eleva a cerca de 700.000 € al año, de los que 420.000 corresponden a los 13 asesores. Según dijo el portavoz del grupo socialista en la Diputación, Enrique Navarro, esa cantidad es superior a la que la institución provincial destina al plan de infraestructuras y el plan de electrificación rural juntos, a los que, según el presupuesto para el próximo año, se destinarán 300.000 € en cada caso.
Entre los asesores y cargos de libre designación de Fabra se encuentran concejales de pequeños municipios, ex alcaldes o antiguos diputados del PP, tanto provinciales como autonómicos, que perciben cerca de 38.000 a 19.000 € al año. El elenco de puestos eventuales se ha incrementado en cada legislatura presidida por Carlos Fabra. Mientras su antecesor, el socialista Francisco Solsona, contrató a tres personas en 1995, Carlos Fabra nombró a 11 poco después de acceder a la presidencia de la Diputación, desde donde ahora ha elevado a 26 los puestos designados "a dedo". Navarro sostuvo que "los 21 puestos del presidente de la Diputación y los 5 que también tiene a cargo del grupo popular en la institución provincial son un número excesivo", y señaló que "Fabra ya ha llegado al límite", mientras recordó que éste se comprometió en el 95 a reducir el número de asesores y directores generales.
3. FABRA TIENE CONTRATADA A SU CUÑADA COMO JEFA DE SUS SECRETARIAS Y AL CUÑADO DE LA EX MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (PP) PARA LLEVARLE LA AGENDA (27/01/05)
Entre los 26 asesores y cargos eventuales que tiene contratados el presidente de la Diputación Provincial de Castellón en esta institución, con un coste para el erario público de 730.000 €, figura su cuñada y el cuñado de la ex ministra de Medio Ambiente con el PP, Elvira Rodríguez. Carlos Fabra, el presidente de la Diputación y del PP en Castellón, cuenta con un equipo de colaboradores elegidos a dedo que tienen un coste para la institución provincial superior, por ejemplo, a la aportación en infraestructuras para municipios y para el plan de electrificación rural juntos.Araceli García Payá, la cuñada de Fabra, cobra 27.573 €/año por ser la jefa de sus secretarias. Wilfred Medcalf Calderón, el cuñado de la ex ministra de Medio Ambiente, percibe 33.851 € por llevar la agenda del presidente de la Diputación. El portavoz adjunto del PSOE en la Diputación, Juli Domingo, añade que Carlos Fabra también ha contratado a la sobrina del vicepresidente Francisco Martínez, Silvia Capdevila, por casi 20.000 € al año. Domingo critica “el desprecio (de Fabra) por la función pública y por las instituciones” y su actitud de “cacique”. Para el portavoz socialista “con Fabra ha regresado el régimen de los cuñadísimos” y cree que “su modelo y su gestión están acabados y sería bueno que lo estuvieran de una vez por el bien de los ciudadanos de Castellón”
4. FAMILIARES DE ZAPLANA Y ALEIXANDRE COBRAN SUELDO DE IMELSA SIN TRABAJAR EN LA EMPRESA (28/01/05)
Ser hijo, sobrino o familiar de famoso sirve a menudo como pasaporte para lograr el empujoncito hacia el éxito, pero puede convertirse en una pesada losa porque inevitablemente la gente tiende a comparar al pariente con la muestra original.
En esa difícil tesitura podría encontrarse un sobrino del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana que aparece en el listado de 54 contratados con cargo a los presupuestos de la empresa pública Impulso Económico Local, SA., (Imelsa) pero que no desempeñan ninguna función en la sociedad. Como publicó este diario, el Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública (STA)-Intersindical Valenciana ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra el gerente y el consejo de administración de Imelsa por presunta malversación de fondos públicos y delito contable al entender el sindicato que los sueldos de esas personas se abonan con cargo a los recursos que se detraen de la partida consignada para pagar las brigadas forestales. Hugo Valverde Zaplana cobra de Imelsa y está adscrito a la Institució Alfons el Magnànim, donde, según la documentación que obra en poder de este diario, ejerce funciones de coordinador. Es titulado superior y trabaja en ese centro de estudios dependiente de la Diputación de Valencia desde el 4 de julio de 2003. Su nómina mensual supera los 3.000 €, entre el salario base (2.268,93 €), el plus del convenio (123,46) y un incentivo que en su caso se sitúa en 763,40 €. Anualmente percibe unos 44.000 €, sueldo superior, por ejemplo, al de un director general de la Generalitat. Su base de cotización salarial es de 2.647,08 € y roza el tipo máximo permitido. Hugo Valverde Zaplana es hijo de Justo Valverde y Rosa Zaplana. El primero sigue trabajando como directivo del parque temático Terra Mítica y es uno de los pocos afines al ex ministro que no ha sido obligado dejar el complejo de ocio ni está negociando su salida. Fuentes solventes aseguran que ha dado por finalizada su relación matrimonial con la hermana de Zaplana y ello ha provocado un notable distanciamiento entre los cuñados. Valverde llegó a Terra Mítica como jefe de contratación, proveniente de la SPTA, la firma pública que controla el 20,45% de las acciones del complejo. Dio el salto y se le respetaron las condiciones del contrato de alta dirección. El diputado provincial y consejero de Imelsa Vicente Aleixandre tiene a una sobrina -Amparo Aleixandre Puchades- que ejerce funciones de administrativa del diputado de Medio Ambiente. Su base de cotización no alcanza los 1.200 €.Uno de las situaciones más chocantes de la lista de “cedidos” por Imelsa a otras instituciones es la de María Jesús Aleixandre Ort, que no tiene parentesco con el diputado. Era la subdirectora de personal de Imelsa, pero cuando Giner llegó a la presidencia de la Diputación intentó prescindir de sus servicios. Según el sindicato STA, fue enviada a Delegación del Gobierno. Su sueldo lo paga Imelsa y la base de cotización es de 2.731 €, el máximo.
5. COSTAS TRAMITA LA RECUPERACIÓN DE LA ISLA DE BENIDORM QUE GESTIONA UN FAMILIAR DE ZAPLANA (08/02/05)
La Dirección General de Costas lleva dos años tramitando la recuperación de las posesiones ubicadas en los terrenos de dominio público de la isla de Benidorm. El consistorio benidormense fue requerido por Costas a través de sus servicios territoriales de Alicante el 7 de abril de 2003 para que facilitara los datos de las personas física o jurídica que están explotando el chiringuito existente en el mencionado islote, así como los embarcaderos y la línea de “golondrinas” que realiza excursiones al mismo. El requerimiento se produjo a raiz de una denuncia presentada por David de Haro, en nombre de la empresa Amar Rent S.L., sobre el monopolio existente en este servicio.
Este tema salió de nuevo a la luz pública a través de la cadena Ser, en la que destacados miembros del PSOE vinculan ahora al portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, con la familia Cervera que explota este servicio desde el año 1968.La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, confirmó que se han iniciado los trámites para recuperar la isla de Benidorm, un bien de dominio público, propiedad del Estado pero ocupado desde hace décadas por un empresario particular, sin ningún tipo de autorización administrativa del Estado. Narbona declaró que se “actuaba desde la aplicación de la ley” y que la iniciativa “no va contra ningún ciudadano con nombre y apellido”, aclarando que “desde el principio de la legislatura ha puesto en marcha 55 acciones de derribo en la costa que afectan a todo el litoral español”.La Dirección General de Costas envió un escrito al Ayuntamiento de Benidorm en el que, además de reclamar la identificación de la persona que estaba explotando dichos servicios, indicaba que los terrenos de la isla son de dominio público y que “han sido ocupados indebidamente”.
Desde este mismo organismo ya se había informado a la empresa que reclamaba la implantación de un nuevo servicio de excursiones marítimas a la isla, que tanto la ocupación del chiringuito del islote como el embarcadero situado en el Rincón de Loix, “carecen de autorización administrativa otorgada por el Servicio de Costas conforme a la legislación vigente”. Costas ya incoó expediente sancionador en el año 1990 contra la empresa que explotaba las embarcaciones turísticas con destino a la isla, “por instalar un pantalán sin autorización administrativa”.
6. IMPUTADOS SEIS EX ALTOS CARGOS PÚBLICOS DEL PP EN EL 'CASO FABRA' (12/02/05)
Tres ex altos cargos de los ministerios de Sanidad y Agricultura, una de la Generalitat Valenciana, el anterior subdelegado del Gobierno y un ex diputado del PP en el Congreso han sido imputados por la Audiencia de Castellón en el caso Fabra, en el que se investiga un supuesto delito de tráfico de influencias. En ese sumario estaban ya imputados el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y su esposa, junto al empresario que le denunció y su ex mujer. Fabra está siendo investigado por la posible comisión de uno o varios delitos contra la administración pública en un proceso en el que interviene la Fiscalía Anticorrupción. Fabra fue denunciado por el empresario Vicente Vilar, que le acusó de cobrarle millones a cambio de agilizar autorizaciones para fabricar productos fitosanitarios. Los que en el momento de los hechos denunciados (1999-2002) eran director general del Ministerio de Agricultura, Rafael Milián; directora general de Salud Pública, Dolores Flores; secretario general de Gestión Sanitaria, Rubén Moreno, ambos del del Ministerio de Sanidad; subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, y directora general de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Pilar Máñez (actualmente subsecretaria de la Consejería de Bienestar Social), además del ex diputado por Castellón en el Congreso Miguel Prim, serán llamados próximamente a declarar en calidad de imputados por la titular del juzgado número 1 de Nules, donde se instruye el caso. Con esta decisión, la Audiencia admite la petición de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE), personada como acción popular, en una providencia que anula la decisión de la juez de Nules, que había desestimado la solicitud. Con esta providencia, la Audiencia admite, parcialmente, el recurso presentado por la UCE y califica de "pertinente y necesaria" la declaración en calidad de imputados de los seis ex altos cargos del PP. Todos ellos aparecen en los documentos aportados por Vilar con los que pretende probar el supuesto tráfico de influencias propiciado por Fabra.
El auto de la Audiencia de Castellón acepta también la declaración de varios testigos. Algunos, como el chófer de Fabra o el diputado autonómico del PP Ricardo Costa, ya han prestado declaración. Entre los que la juez ha de llamar ahora se encuentran los guardaespaldas del presidente de la Diputación; el subdirector general de Promoción Agrícola, Juan José Guitián; el entonces diputado y hoy senador del PP por Castellón Juan José Ortiz y el entonces portavoz del PP en el Senado y actualmente consejero portavoz de la Generalitat Valenciana, Esteban González Pons. La Audiencia rechaza de momento que testifiquen los ex ministros de Agricultura Jesús Posada y Miguel Arias Cañete; de Sanidad Celia Villalobos, y de Ciencia y Tecnología Juan Costa, así como Alfredo Timmermans, entonces jefe de gabinete del presidente del Gobierno José María Aznar.
El caso Fabra se desató en diciembre de 2003 cuando Vicente Vilar, un fabricante de productos fitosanitarios, presentó dos querellas contra el líder del PP de Castellón, Carlos Fabra, por supuestos delitos contra la salud pública y la propiedad industrial. Los juzgados de Nules no admitieron las querellas. Sin embargo, uno de ellos abrió un procedimiento de oficio ya que dedujo la posible comisión de uno o varios delitos contra la administración pública, entre los que se encuentran los de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación.
Además, la juez imputó tanto a Fabra como a Vilar, así como a la esposa del primero, María Amparo Fernández, y a la ex mujer del segundo, Monserrat Vives. Estas dos últimas habían formado una sociedad, Artemis 2000, vinculada a la comercialización de fitosanitarios. Según Vilar, él mismo le pagaba a Fabra a través de otra empresa, Carmacas, que justificaba los pagos con facturas por la elaboración de estudios.
7. CUATRO DE LOS SEIS NUEVOS IMPUTADOS POR EL CASO FABRA SIGUEN OCUPANDO ALTOS CARGOS (12/02/05)
Cuatro de los seis nuevos imputados por el caso Fabra, siguen ocupando altos cargos en administraciones gobernadas por el PP. Tres de ellos en la Generalitat valenciana y uno en el ayuntamiento de Madrid. Este último caso es el de Dolores Flores, directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid y persona de confianza de la concejal Ana Botella.Desde el departamento de Ana Botella, del que depende la dirección de empleo, guardan silencio porque todavía no han recibido ninguna notificación y por tanto desconocen porqué se le imputa. Fuentes cercanas a Dolores Flores aseguran que ha cumplido con la Ley en todo momento durante su etapa como directora general de salud pública en el Ministerio de Sanidad.
Los otros tres imputados trabajan en la Generalitat valenciana. Una es Pilar Máñez, subsecretaria de la conserjería de bienestar social del gobierno que preside Francisco Camps. Ni la interesada ni el Ejecutivo autonómico han querido entrar a valorar la imputación de la que fuera directora de calidad Ambiental en la Generalitat Valenciana. Los otros dos son el ex subdelegado de Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, actualmente director de industria y Rubén Moreno, que se encontraba en el Ministerio de Sanidad cuando se conoció el Caso Fabra y ahora es director general de una Fundación subvencionada fundamentalmente por la Generalitat. El pasado 11 de febrero la Justicia imputó a seis ex cargos públicos del PP en el Caso Fabra, con lo que son ya 10 las personas imputadas. La Audiencia de Castellón esta investigando al presidente de la Diputación y líder del PP, Carlos Fabra, por presuntos delitos contra la Administración pública.
8. CAMPS RELEVARÁ A LA RESPONSABLE ZAPLANISTA DE LA OFICINA DE LA GENERALITAT EN MADRID (20/02/05)
La responsable de la oficina de la Generalitat en Madrid, la zaplanista Eva Amador, parece tener los días contados en su cargo. El jefe del Ejecutivo valenciano, Francisco Camps, quiere sacar mayor rendimiento político a la delegación y convertirla en una especie de plataforma desde la que defender los intereses de la Comunidad y, de paso, mejorar su presencia en la capital. Para ello, uno de los primeros pasos será prescindir de Amador y nombrar en su lugar a una persona de su confianza que conozca a fondo los entresijos de la política valenciana. Por lo pronto, el vicepresidente del Consell, Víctor Campos, a quien Camps ha encargado estas gestiones, anunció en un comunicado de prensa una modificación de “la estructura técnica y política” de la oficina del Consell en Madrid con el objetivo de “fortalecerla y convertirla en referente de la defensa de los intereses valencianos ante las instituciones nacionales”. “Queremos que sea el nuevo modelo de referencia de la Generalitat en Madrid. Vamos a convertirla en el eje de la política y la defensa de los intereses valencianos frente al Gobierno central”. Fuentes del Consell consultadas por este diario precisaron que la reorganización, al margen del relevo de Amador, podría llevar aparejado una ampliación de la cúpula directiva de la oficina. En cualquier caso, el presidente busca para dirigir la delegación una persona “de peso” que sea capaz de poner en práctica su proyecto. La gestión de Amador no parece que sea del agrado de Camps que considera que la delegación está desaprovechada. De hecho, funciona casi como registro. Zaplana situó a Amador al frente de la oficina en abril de 2000. La ex diputada popular en el Congreso mantenía buenas relaciones con el entonces ministro de Fomento, Álvarez Cascos. Campos avanzó que el Consell pretende que además de como lobby ante el Gobierno central, la oficina debe servir como “polo de atracción de inversiones para la Comunidad”. Añadió que se dará cabida y voz a la sociedad civil, a los ayuntamientos y al empresariado para que sus reclamaciones “tengan un altavoz”. El vicepresidente matizó que la defensa de los intereses valencianos se hará en positivo porque “queremos tender puentes y buscar encuentros” con el Gobierno central.
9. PERALTA DESVELA QUE ZAPLANA USÓ AVIONES DE HELISURESTE PORQUE ESTABA EN EL CONTRATO (25/02/05)
El conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Miguel Peralta, dijo que si el ex presidente del Consell Eduardo Zaplana usó medios aéreos contratados por la Generalitat es “porque así estaba permitido en el pliego de condiciones y porque así se podía hacer con absoluta tranquilidad”. Peralta compareció ante la comisión de Gobernación y Administración Local de las Cortes Valencianas para informar, a petición del PSPV, de las contrataciones y condiciones técnicas de las brigadas y bases aéreas de los helicópteros y aviones de extinción de incendios, emergencias y urgencias sanitarias.
La oposición denunció la utilización de esos medios aéreos (helicópteros y aviones ligeros) por personalidades del PP para ir a “cenas o a mítines”, y el PSPV aseguró que tiene constancia de que Zaplana los usó al menos en dos ocasiones como presidente del Consell, en una como ministro y en una como portavoz de la oposición, y “ha circulado con los helicópteros indistintamente por toda la Comunidad”. El conseller destacó que si Zaplana utilizó alguna vez un medio aéreo “lo hizo para su trabajo” como presidente de la Generalitat. Lo cierto es que Eduardo Zaplana, actual portavoz popular en el Congreso, utilizó en numerosas ocasiones un avión privado de Helisureste -compañía contratada desde 1997 por la Generalitat Valenciana para extinción de incendios, urgencias sanitarias y protección civil- para realizar vuelos de todo tipo, muchos de ellos no requeridos estrictamente por su trabajo. Los utilizó, incluso, después de abandonar su cargo al frente del Consell para ser ministro de Aznar.
Este periódico se ha hecho eco de algunos de estos viajes sin que nadie de la Administración autonómica o central lo haya desmentido. Por ejemplo, en el año 2000, siendo presidente de la Generalitat, viajó a Mónaco para felicitar al piloto valenciano Luis Climent por su victoria en el rally del principado. En abril de ese mismo año también usó uno de estos aviones para acompañar al Valencia a Italia en su enfrentamiento de cuartos de final de liga de campeones contra el Lazio. Y ya siendo ministro, el 17 de febrero de 2004, tomó un jet para desplazarse desde Torrejón a Valencia y Castelló y asistir a la proclamación de candidatos. La comparecencia del conseller Peralta sólo ha servido, pues, para conocer que esos vuelos estaban incluidos en el contrato con Helisureste, un contrato largo y millonario que teóricamente sólo incluía la extinción de incendios y las emergencias.
10. UNA DIPUTADA DEL PP ENVIÓ 76 MENSAJES EL 14-M CON EL MÓVIL DE LA DIPUTACIÓN (03/03/05)
La diputada provincial del PP y alcaldesa de Carcaixent Dolores Botella envió cerca de ochenta mensajes a través del móvil que la Diputación facilita a sus miembros y cuya factura corre a cargo del erario público. El 15 de marzo de 2004, al menos uno de los SMS contenía consignas para votar al Partido Popular y en él se denunciaba “el golpe de Estado de la izquierda”. El mensaje rezaba lo siguiente: “Ante el golpe de Estado que la izquierda ha dado esta noche con el tanque de la Ser vota al PP, pásalo a otro teléfono. La diputada, que, si bien no negó la evidencia, indicó que simplemente había hablado de este asunto con un amigo. Botella no quiso responder sobre si había mandado el mensaje a iniciativa propia o por indicación del la dirección del PP en la Diputación.
Fuentes consultadas en ese momento mantenían que desde la corporación que preside Fernando Giner se había dado instrucciones en este sentido. Sea como fuere, Botella envió a través de su móvil 76 mensajes desde las 0 horas de la madrugada del 14 de marzo y hasta prácticamente las 15 horas de la tarde del día de la votación. La noche del día 13 cientos de jóvenes se concentraron ante las puertas de las sedes del PP en toda España para protestar por lo que consideraban la “manipulación informativa” del Gobierno de Aznar sobre los atentados del 11-M.
11. FABRA ADMITE ANTE LA JUEZ QUE HABLÓ CON LA MUJER DE VILAR DE “QUITARLE” ARTEMIS (07/03/05)
El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, reconoció dos veces ante la juez que mantuvo conversaciones con Montserrat Vives para “quitarle” la administración única de Artemis 2000 al empresario Vicente Vilar, ex marido de Vives.Fabra y su esposa, María Amparo Fernández, comparecieron como testigos en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Castelló, que investiga la denuncia por violación de Montserrat Vives contra Vilar, el industrial que acusa al presidente de la diputación de cobrar comisiones millonarias a cambio de sus gestiones en organismos oficiales. Montserrat Vives mantiene en su denuncia que Vilar la violó brutalmente durante cuatro horas el día 12 de abril de 2002 y que después pidió ayuda a la familia Fabra, que la acogió en su casa y le facilitó “3.000 € y una Visa con un límite de 50.000 pesetas”, según dijo ante la juez el líder provincial del PP. En un párrafo de su declaración, Carlos Fabra relata cómo fueron las horas en las que Vives estuvo amparada por la familia del presidente de la diputación. Según el político castellonense, el día 13, apenas unas horas después de la supuesta violación de Vives, habló con ella de un “tema empresarial”, concretamente sobre Artemis 2000, la firma de la que eran socias al cincuenta por ciento la mujer de Fabra y la propia Vives. Ante la juez, el líder provincial del PP reconoció que habló con la ex mujer de Vilar sobre la “conveniencia de quitarle al señor Vilar” la administración única de Artemis 2000. Fabra admite además que la Policía Judicial de la Guardia Civil tomó declaración a Vives en el propio domicilio del político castellonense y que mientras tanto él estaba en la terraza con uno de sus escoltas que, aunque se encontraba fuera de servicio, había trasladado a Vives al domicilio a petición del líder del PP. Según el líder popular, Artemis 2000 “no tenía ningún valor”, por lo que su esposa vendió su participación por 250.000 pesetas.
12. RAJOY ASEGURA QUE LA CRISIS DE LOS POPULARES VALENCIANOS ESTÁ SUPERADA (19/03/05)
El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, aseguró en Valencia que la crisis de los populares valencianos está superada. Durante una jornada festiva, en la que estuvo acompañado por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el líder nacional del PP aseguró que sus correligionarios en la Comunidad Valenciana lo están haciendo bien y se mostró "muy satisfecho" de la situación.
Rajoy mostró su satisfacción por el trato que le dispensan en Valencia Camps y Barberá y respondió a los halagos reiterando la promesa de que ejecutará el trasvase del Ebro si es elegido presidente del Gobierno. El dirigente popular volvió a reiterar que lo que ha hecho el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al derogar el trasvase es "una enorme tropelía". Según el dirigente del Partido Popular, el Gobierno socialista sólo ha generado en la Comunidad Valenciana "tres o cuatro conflictos absolutamente gratuitos", de los que citó el "lío" creado con el valenciano y el catalán y la "ocurrencia" del presidente del Consejo de Estado al afirmar que Cataluña "es una comunidad que se extiende por otras comunidades autónomas".
El PP reforzó su discurso en defensa del trasvase con un acto en la sede del PP protagonizado por el consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, y la diputada en el Congreso María Ángeles Ramón-Llin, quien insistió en que "ningún informe ha logrado constatar la inviabilidad del Plan Hidrológico Nacional", en referencia al rechazo mayoritario que sufrió el jueves en el Congreso de los Diputados la enmienda presentada por el PP a la totalidad de la ley que modifica el PHN y deroga el trasvase del Ebro.
El consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, insistió en la postura "radicalmente opuesta" del Consell respecto del programa AGUA que desarrolla el Ministerio de Medio Ambiente, aunque matizó que la Generalitat valenciana primará el apoyo a cualquier iniciativa que contribuya a mejorar el suministro en la Comunidad Valenciana por encima de los debates políticos.
Mariano Rajoy evitó pronunciarse sobre la situación judicial del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. El líder popular afirmó que no conoce ni sabe cómo está la causa abierta en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Nules, en la que está imputado el presidente Fabra, por uno o varios delitos contra la Administración pública. Un proceso que ha colocado en situación de imputado a otras personas, entre las que figura algún alto cargo del Generalitat. El presidente nacional del PP argumentó que ignoraba si el PSPV le había pedido una explicación pública sobre el caso Fabra. "Si me la ha pedido no me han escrito ninguna carta ni me han dicho nada, ni sé cómo está ese tema", dijo Rajoy, que añadió que si el caso Fabra "continúa, pues qué quiere que le diga, es que no me lo conozco".
En sus declaraciones, Mariano Rajoy también se pronunció sobre la posibilidad de que Batasuna se pueda presentar a las elecciones autonómicas vascas mediante candidaturas encubiertas. "Dejar que se presente Batasuna sería dar un paso atrás en la lucha contra el terrorismo", sentenció el dirigente del PP, Mariano Rajoy.
13. ZAPLANA ORDENÓ QUE SU SECTOR PLANTASE A MARIANO RAJOY (28/03/05)
La pólvora y el fuego no fueron elementos exclusivamente festeros durante estas Fallas de 2005. Y es que a los ánimos encendidos de las fiestas más importantes de la Comunidad Valenciana se sumaron gestos hostiles que caldearon, hasta la incandescencia, el ambiente en el PP valenciano. La ya triste habitual "hoguera de las vanidades" que protagoniza el sector del ex (ex presidente de la Generalitat y ex ministro) ha vuelto a dar un giro de tuerca al complicado equilibrio por el que se sostiene el PPCV. Fuentes muy cercanas al entorno de Eduardo Zaplana han confirmado que fue el ex ministro quien dio la orden de "plantar" al presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, durante su visita a las Fallas el pasado 18 de marzo. La estrategia de Zaplana perseguía demostrarle a Rajoy que Francisco Camps no "es un tipo simpático" en Valencia y poner así en duda el liderazgo de éste. Nada mejor para sostener esta tesis que evidenciar que ni tan siquiera los miembros de su Gobierno arropan al presidente en actos tan importantes como la visita de su líder nacional. Así, Zaplana ordenó a los consellers de su cuerda que no asistieran a ninguno de los actos falleros a los que acudiera Rajoy. La tajante orden fue acatada al unísono por los tres miembros del Consell del sector "zaplanista": Alicia de Miguel (Bienestar Social), Gema Amor (Cooperación) y Miguel Peralta (Justicia).
Para rematar la faena se sumó a la "fiesta del plante" –que no de la plantà– el de siempre y más destacado anticampista: el presidente de las Cortes Valencianas, Julio de España. De España, como es normal en él, fue más allá y extendió el vacío a los mismísimos Príncipes de Asturias, que también se acercaron a Valencia a disfrutar de una de las mascletàs. Todos ellos, consellers y presidente de las Cortes, justificaron su ausencia con una simple frase: no fuimos convocados.
Sin embargo todo parece indicar que la estrategia de acoso y derribo –tejida escrupulosamente por el zaplanismo– contra el presidente Camps parece en esta ocasión haberse torcido y haber provocado un efecto boomerang. Desde Génova han asegurado que no ha sentado nada bien este nuevo enfrentamiento. El propio Rajoy, al parecer, pidió explicaciones a su portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, quien tampoco se dejó ver por Valencia. Lo cierto es que Génova ya no está dispuesta a soportar mucho tiempo más los desplantes a Francisco Camps ni a Mariano Rajoy y cada vez toman más fuerza los rumores que señalan a Eduardo Zaplana como uno de los responsables de la creación de una corriente crítica contra la actual dirección en el seno del PP.
14. ACEBES OBVIA EL CÓDIGO ÉTICO DEL PP EN EL CASO FABRA Y ADUCE QUE TODAVÍA NO HAY SENTENCIA (30/03/05)
Acebes pasó auténticos apuros para justificar ante la prensa la contundencia con la que el partido exige explicaciones al PSOE por”casos de corrupción” mientras se abstiene de censurar las actuaciones del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, envuelto en un escándalo político judicial a raiz de la denuncia de un empresario que lo acusó de cobrar comisiones a cambio de favores. Acebes mantuvo que el caso Fabra es “claramente diferente” al que ha salpicado recientemente a los socialistas en el Ayuntamiento de Sevilla por la existencia de facturas falsas ya que en el primero “niega la acusación” y el segundo “está acreditado y reconocido”.
A preguntas de los periodistas, el número dos del PP no aclaró porque el partido se ha saltado su propio código ético que establece que la mera imputación de un cargo público en un caso judicial es suficiente para apartarle del puesto y adujo que sobre Fabra, imputado por varios delitos contra la Administración Pública, no se pueden determinar responsabilidades “mientras no conozcamos cuál es la resolución de la Justicia”. “Carlos Fabra goza de la presunción de inocencia”, señaló.
El caso Fabra se ha convertido en un auténtica patata caliente para el Partido Popular cuya dirección nacional ha tratado de evitar un respaldo explícito al presidente provincial del partido en Castelló. El propio presidente del PP, Mariano Rajoy, eludió el asunto en su reciente visita a Valencia en fallas al indicar que no estaba al corriente de las últimas novedades del proceso judicial. Acebes evitó también una defensa cerrada a Fabra, pero tuvo dificultades para sortear las preguntas en la rueda de prensa convocada por el partido antes de la reunión del comité regional. En privado, algunos responsables del PP, consideraban que había sido un error estratégico incidir en estos temas en Valencia cuando, además del caso Fabra, colean otros asuntos como la condena al ex conseller de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, el caso Merca Alicante, que salpica al alcalde Díaz Alperi y las plusvalías obtenidas por el alcalde de Torrevieja por la compraventa de terrenos.
Acebes insistió en que el PP “no aplica un doble rasero” con sus cargos y militantes al tiempo que descartó que la dirección se plantee el relevo de Fabra al frente del partido en Castelló. Recalcó que “los militantes han decidido de manera soberana cuáles son sus direcciones y quienes los presiden” por lo que la dirección “ni menos que nadie el secretario general, puede rectificar ni llevarles la contraria”.
Por otro lado, dijo desconocer la operación de compra-venta de solares del alcalde de Torrevieja, Pedro Hernádez Mateo. Preguntado por este caso, el presidente regional del PP, Francisco Camps, evitó responder si había pedido explicaciones al alcalde y aseguró que sabía de los hechos a través “de lo que he leído en los medios de comunicación”. Y añadió: “Creo que nadie puede decir que se pueda delimitar en estos términos lo que dicen que ha ocurrido”.
15. DOS SOBRINOS DE ZAPLANA COBRAN DE LA DIPUTACIÓN Y UNO SE VA EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL IVAJ (31/03/05)
Que la Diputación de Valencia, al menos en su cúpula presidencial, es políticamente uno de los pocos reductos zaplanistas se sabía. La novedad es que el zaplanismo de esa institución es incluso genético. Hasta dos sobrinos del ex presidente cobran nómina con cargo a los presupuestos de la corporación provincial. Hugo Valverde Zaplana está adscrito a la Institució Alfons el Magnànim y cobra de la empresa pública provincial Imelsa. No es el único familiar del ex ministro. Un hijo de su hermana Carmen, Eduardo Gordo Zaplana, es funcionario de la Diputación, donde tiene plaza como técnico medio de cultura, puesto catalogado en el grupo b.
La delegada de personal y portavoz de la dirección regional del PP, la campsista Sagrario Sánchez, ha autorizado por decreto que Eduardo Gordo se traslade en comisión de servicios al IVAJ, otro feudo zaplanista, para ejercer como técnico medio en actividades turísticas. La solicitud de la comisión de servicios la firmó Miguel Crespo, director general de Administración Autonómica y persona también afín al ex presidente de la Generalitat. En el mismo capítulo de personal y familiares de famosos políticos, el presidente provincial, Fernando Giner, ha resuelto conceder una gratificación de 1.557 € a la sobrina del ex ministro Federico Trillo por actividades extra como empleada del área de cultura.
16. LA JUEZ VE IMPRESCINDIBLE QUE UN PERITO DE HACIENDA EXAMINE LAS CUENTAS DE FABRA (04/04/05)
Un inspector de Hacienda fiscalizará las cuentas del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, después de que el Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules haya rechazado el recurso que presentó el líder provincial del PP para evitar el nombramiento a tal efecto de un perito entre los técnicos de la Agencia Tributaria. De esta manera, la Fiscalía Anticorrupción ve atendida su demanda para conocer toda la trama financiera del caso Fabra. La juez dictó una providencia el pasado 7 de abril en la que acordó el nombramiento de un perito con la cualificación de inspector de Hacienda en los términos que había solicitado Carlos Sáiz, fiscal anticorrupción asignado al caso. Saiz pidió que el técnico que examine las cuentas de Carlos Fabra y de su empresa, Carmacas SL., sea un inspector de Hacienda de los adscritos a la Fiscalía para la represión de los delitos económicos.Fabra reaccionó contra la petición del fiscal al presentar un recurso de reforma, que ahora desestima la juez de Nules. En su recurso Fabra alega que el nombramiento de un inspector de Hacienda contraviene lo dispuesto en los artículos 456 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin que en ningún momento el juzgado haga constar “el fundamento y la relación de la diligencia con los hechos objeto del presente procedimiento”. Según refleja en su auto la juez que instruye el caso, las pretensiones de Fabra no pueden ser acogidas, ya que la designación de un perito técnico en la materia “deviene necesaria e imprescindible en atención a la naturaleza de los hechos por los que se instruyen las presentes diligencias contra la Administración Pública”.
17. ANTICORRUPCIÓN PIDE UN INSPECTOR DE HACIENDA PARA INVESTIGAR LAS EMPRESAS DEL CASO FABRA (05/04/05)
El fiscal Anticorrupción Carlos Saiz solicita a la juez que el inspector sea elegido entre los destinados a la Unidad de Apoyo a la Agencia Tributaria en la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Relacionados con la Corrupción, creada en el año 1995 en virtud de un convenio de colaboración entre los ministerios de Justicia y Economía y Hacienda y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
El fiscal anticorrupción propone al Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules que nombre al perito a fin de que examine los libros contables, las cuentas bancarias, las declaraciones fiscales y otros documentos de Carmacas S.L., Artemis 2000, Naranjax y Laboratorios Ibáñez. Saiz pretende que el inspector de Hacienda estudie a fondo los movimientos contables y las operaciones financieras efectuados entre todas las empresas involucradas en el caso.
Anticorrupción pretende que el inspector de la Unidad de Apoyo a la Agencia Tributaria valore también la repercusión fiscal de dichas operaciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de sus socios en los ejercicios 1999 a 2004. El empresario Vicente Vilar, propietario de Naranjax, acusa al presidente de la diputación de cobrar comisiones millonarias por influir en organismos oficiales para lograr los permisos de comercialización de productos fitosanitarios. Naranjax es la firma de Vilar que fabricaba los insecticidas y que según el industrial abonaba las comisiones al presidente castellonense.
Carmacas S.L. es la asesoría del líder provincial del PP que ingresaba los supuestos pagos. Fabra, en su declaración como imputado ante la juez, reconoció que recibía pagos de Vilar, pero siempre en concepto de honorarios profesionales por la elaboración de informes de asesoramiento técnico-laboral. Vilar siempre ha negado la existencia de tales informes y declaró en su turno de comparecencias que simplemente inyectaba las comisiones en las cuentas de Fabra porque le ayudaba a gestionar los permisos en el Ministerio de Agricultura.
Artemis 2000 es la firma que fue gestionada al 50% por la ex mujer de Vilar, Montserrat Vives, y la esposa de Fabra, María Amparo Fernández. Ambas figuran también como imputadas en Nules.
Por último, Laboratorios Ibáñez es la firma de Montserrat Vives que, según Vicente Vilar, falsificaba la documentación y las analíticas de los productos que después se tramitaban ante los ministerios de Agricultura y Sanidad.
Por otro lado, en este mismo caso, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules ha aplazado las declaraciones de cuatro empresarios que tenían que declarar como imputados en el “caso Fabra” el próximo martes. Los industriales llamados a declarar por la juez Fernanda Lorite son los cuatro administradores de las empresas mercantiles Grupo Serrano Ninerola S. L. y Construcciones Serrano S. A., accionistas de la mercantil Fertilizantes e Insecticidas S. A. (Ferinsa).
Se trata de Pascual Serrano Llácer, Amparo Serrano Llácer, Agustín Falcó Miret y Rosa María Serrano Llácer. Sin embargo, la juez aplaza la ronda de declaraciones del martes hasta el 29 de abril “al no haberse realizado en legal forma la citación de los imputados”. La titular del juzgado considera necesario tomar declaración a los cuatro empresarios al salir a relucir sus nombres en la querella que Vicente Vilar, propietario de Naranjax, interpuso contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, a finales del año 2003.
Esta es una de las últimas gestiones que realizará la juez Lorite al frente del Juzgado de Nules, ya que será trasladada a la Audiencia Provincial de Castelló en virtud de su ascenso forzoso a la categoría de magistrado. El traslado de Lorite no es inminente y con toda probabilidad será la actual juez titular la que tome declaración a los nuevos testigos
De esta manera, un cuarto juez tendrá que hacerse cargo de la causa, lo que podría provocar un nuevo retraso en el desarrollo del procedimiento, que se abrió a finales del año 2003 al interponer Vicente Vilar dos querellas contra Fabra que fueron archivadas, aunque la primera titular del Juzgado de Nules, Isabel Belinchón, decidió seguir con la investigación de oficio y cursar las querellas como denuncias. Belinchón también fue trasladada a un juzgado de Teruel por los mismos motivos y fue relevada por la juez sustituta Carmen Albert, que se mantuvo en la plaza durante un corto período de tiempo.
18. EL ALCALDE DE BENIDORM QUITA LOS ASESORES AL PSPV AL VETAR QUE EL PABELLÓN DE DEPORTES MUNICIPAL SE LLAME EDUARDO ZAPLANA (12/04/05)
El alcalde de Benidorm, Vicente Pérez Devesa, amenazó a los concejales del grupo socialista en la Corporación municipal con suprimirles los cargos de confianza -seis asesores a los que el primer edil denominó funcionarios de confianza- si el PSOE vota contra la decisión del grupo de gobierno de bautizar al nuevo pabellón de deportes de la ciudad con el nombre de Eduardo Zaplana, en homenaje al ex alcalde y portavoz del PP en el Congreso. Pérez Devesa lanzó la amenaza durante una reflexión en el marco de la feria internacional del turismo de la Comunidad Valenciana donde acusó a los ediles socialistas “de estar asilvestrados. No respetan lo que cumplen y a lo que se comprometen y lo saben muy bien. Nadie les pide que voten a favor pero si insisten en votar no se encontrarán con la sorpresa de quedarse sin asesores, así de claro”. El nombre de la nueva instalación provocó un tenso pleno municipal en el que el alcalde arremetió con dureza contra el portavoz del PSPV, Agustín Navarro, al que llamó "mentiroso compulsivo, embustero, cobarde e incumplidor de acuerdos". La polémica terminó en los juzgados, donde el PSPV presentó una denuncia contra el alcalde por un presunto delito de coacciones y amenazas, por unas declaraciones de Pérez Devesa en las que, "coaccionaba a los miembros del PSOE con hacerles perder seis asesores en virtud de unos acuerdos anteriores si votaban en contra de que el pabellón de deportes llevara el nombre de Zaplana". "Aunque nos quiten las cuatro paredes no nos pensamos vender, y mucho menos por Zaplana", aseguró el portavoz socialista, que enmarcó esta amenaza en una campaña diseñada de descrédito y fruto del "nerviosismo del alcalde debido a su permanente ocultismo en la gestión". Navarro consideró que el alcalde de Benidorm "cree que vive en una república bananera". Al final, el PP retiró la propuesta, rechazó la moción socialista que planteaba el nombre de Villa de Benidorm, y aprobó en solitario la designación de Palau Municipal d'Esports l'Illa de Benidorm. Pero, el alcalde de Benidorm, Vicente Pérez Devesa, cumplió su amenaza de cesar al personal de apoyo del grupo en la oposición si el PSPV no apoyaba su propuesta para que el palacio de los deportes llevara el nombre de Eduardo Zaplana. Así, notificó a cada uno de los seis funcionarios de apoyo del grupo municipal del PSPV-PSOE, contratados como cargos de confianza, su cese fulminante. Además, el alcalde dejó sin servicio los tres teléfonos móviles que disponía la oposición con cargo al Ayuntamiento y posteriormente les fueron retiradas las terminales.En el decreto de cese de los seis militantes socialistas como funcionarios de apoyo, Pérez Devesa, señala que “las circunstancias que motivaron el nombramiento” de esos funcionarios “han variado en la actualidad por las actuaciones demostradas” por el portavoz del grupo socialista Agustín Navarro, quien propuso en su día la designación de los citados asesores. Agrega el decreto que la Alcaldía “no puede mantener ya actitud de confianza hacia Navarro”. La resolución dispone la destitución del puesto de trabajo “con efectos económico-administrativos”.
El portavoz socialista, Agustín Navarro, leyó un comunicado en el que acusaba a Pérez Devesa, “con la complicidad y consentimiento de los concejales del PP”, de dejar “a seis familias en la calle, por el simple hecho de que el grupo socialista no se ha plegado a sus intereses” y acusó a la primera autoridad municipal de que “hoy se ha vuelto a poner el "frac" con el que hace años visitó al "generalísimo" Franco, y como el más grande de los dictadores ha jugado con el pan de unas personas”. En este sentido, el portavoz socialista, Agustín Navarro, denunció la existencia de “una operación de gran calado, para desmantelar a la oposición municipal”, asegurando que al alcalde “no le gusta el tipo de oposición que esta recibiendo, y eso es señal de que los estamos haciendo bien”, señaló.
Las represalias contra el grupo de la oposición por el incumplimiento del pacto, denunciado por el alcalde en el pleno en el que se iba a dar nombra al pabellón deportivo, se ampliarán en otro pleno. Según anunció la primera autoridad municipal a los medios informativos, en la sesión se modificarán las retribuciones de los concejales socialistas para recortarlas sensiblemente.
Pérez Devesa avanzó que las dedicaciones exclusivas que tiene tres ediles PSPV-PSOE no desaparecerán, aunque se fijarán otros salarios, que pasarán de los aproximadamente 1.900 € mensuales que cobra ahora el portavoz socialista a 513 €. Del mismo modo, la asistencia a plenos quedará establecida en 24 € para los ediles de la oposición, mientras que las gratificaciones por acudir a comisiones informativas se fijará en 26 €. Actualmente cobran 240,4 € por asistencia a pleno y 90,1 por asistencia a comisiones.
Pero aquí no queda la cosa, se sabe que en el próximo pleno, el alcalde, Vicente Pérez Devesa, del PP, mientras castiga a la oposición propondrá, por el contrario, al pleno aumentar las indemnizaciones a los concejales de su grupo por asistir a las comisiones de gobierno, y recortar las asignaciones por participar en las sesiones plenarias y en el resto de comisiones informativas.
El alcalde aseguró que no se "arrepiente" por la decisión adoptada de cesar a los 6 funcionarios de apoyo del grupo socialista y de recortar los sueldos e indemnizaciones a los concejales de la oposición, y emplazó al PSOE a "mover ficha" para llegar a un entendimiento.
19. EL JUEZ ADMITE QUE UN INSPECTOR DE HACIENDA INVESTIGUE LAS EMPRESAS DE FABRA (12/04/05)
La juez de Nules ha aceptado la propuesta del fiscal Anticorrupción, Carlos Sáiz, y un inspector de Hacienda investigará las cuentas de las sociedades del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, imputado por delitos contra la Administración, pese a que éste se opuso inicialmente en un escrito del pasado 30 de marzo.
El ministerio público pidió a la juez de Nules que nombrara como perito a un inspector de Hacienda para investigar las cuentas, libros contables y declaraciones de impuestos del entramado empresarial implicado en el “caso Fabra”: Carmacas S.L. -la consultoría del presidente de la diputación-, Artemis 2000 -de la que era socia al 50% María Amparo Fernández, esposa del político castellonense-, Naranjax y Laboratorios Ibáñez.
A finales de marzo, los abogados de Fabra iniciaron una batalla judicial para evitar que el juzgado nombrara al perito propuesto por Anticorrupción. El argumento que esgrime Fabra para rechazar al funcionario público de Hacienda es que puede estar “contaminado en su doble condición”.
20. EL CÓDIGO ÉTICO DEL PP CUMPLE 12 AÑOS SIN QUE SE HAYA APLICADO EN EL CASO FABRA (24/04/05)
Se han cumplido 12 años desde que José María Aznar presentara el Código Ético del Partido Popular, un compendio de directrices para evitar casos de corrupción entre sus cargos institucionales. El partido exigía así a sus militantes un “compromiso ético” basado en los principios de “lealtad, dedicación, transparencia y responsabilidad”, y establecía normas para prevenir o detener las actuaciones sospechosas de corrupción.
Estas normas siguen aún pendientes de aplicación en el “caso Fabra”, que, a falta de que la justicia determine la verdad o falsedad de las acusaciones, requeriría la activación de los mecanismos internos del Partido Popular proclamados en su Código Ético.
El texto, elaborado en 1993 por Alberto Ruiz Gallardón y Federico Trillo, era explícito respecto a posibles asuntos como los que ahora afectan al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra. El Código se refiere expresamente al caso de que “de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito”.
Las medidas internas que el texto contempla ante “la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional” son dos. Por un lado, los cargos públicos implicados deberán “comunicar a la Dirección del Partido Popular y poner a su disposición el puesto público que desempeñaran”. Una situación que ahora no se ha cumplido, si se atiende a las declaraciones que el secretario general del partido, Mariano Rajoy, efectuó el pasado mes de marzo, cuando aseguró que si el “caso Fabra” “continúa, pues qué quiere que le diga, no me lo conozco”.
Por otra parte, “el PP asume el compromiso de abrir en cualquiera de estos casos una comisión de investigación interna que esclarezca los hechos”, algo que aún no se ha emprendido. A la ignorancia sobre el tema manifestada por Rajoy se suma la defensa repetida de la figura de Carlos Fabra por parte del responsable autonómico del PP, Francisco Camps. Sin embargo, el texto de Gallardón y Trillo iba aún más lejos y establecía que la comisión, “a su vista, hará públicas las conclusiones de su informe, así como las sanciones que de ello puedan derivarse en aplicación del Reglamento de Conflictos y Disciplina”.
Al igual que no ha trascendido que esto haya sido aplicado, el partido tampoco ha ejercido otro derecho recogido en el texto, que obliga al cargo a hacer pública una declaración notarial de bienes y actividades si “ha sido puesta en entredicho la integridad de su conducta”.
Otro artículo del Código Ético del PP debería repercutir también sobre el “caso Fabra”. La guía imponía a los cargos públicos “el compromiso de no dedicarse por sí ni por persona interpuesta a actividades de gestión, asesoramiento o mediación que puedan tener la más mínima relación con el objeto de las competencias que por su cargo le están encomendadas”.
21. ANTICORRUPCIÓN NO DESCARTA QUE DEL CASO FABRA SE DERIVE LA IMPUTACIÓN DE UN DELITO FISCAL (08/05/05)
La Fiscalía Anticorrupción no descarta que de la investigación de las diversas sociedades mercantiles implicadas en el denominado caso Fabra derive la existencia de un delito contra la Hacienda pública para los imputados en la causa. El fiscal Carlos Saiz así lo expresa en la comunicación dirigida el pasado 22 de abril al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules, que sigue el procedimiento por “uno o varios” delitos contra la Administración.
Entre los imputados están el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y el empresario químico Vicente Vilar, cuya denuncia fue el origen de la investigación judicial. Saiz impugnó mediante este escrito el recurso presentado por la defensa de Fabra para tratar de impedir que el juzgado nombrara a un inspector de Hacienda, en calidad de perito, para analizar la contabilidad de las empresas que presuntamente habrían participado en una trama política para lograr trato de favor del Gobierno en la concesión de licencias para productos fitosanitarios. La Fiscalía para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción así lo había solicitado a principios de ese mes.
El objetivo perseguido con esta medida era el de obtener un informe sobre los movimientos y operaciones financieras cursadas por las empresas involucradas, en el que se cuantificara, además, el volumen de sus ingresos y activos patrimoniales. En el ámbito fiscal, se insistía en al necesidad de investigar las posibles anomalías existentes en el pago del impuesto sobre sociedades, IVA e IRPF entre los ejercicios 1999 y 2004. Alguno de los presuntos delitos fiscales incluso podría haber prescrito.Entre las empresas implicadas se encontraría Carmacas, SL, la asesoría laboral de la que el líder provincial del PP ha sido administrador único entre 2000 y 2004. El perito también debería analizar los libros contables, las cuentas bancarias, las declaraciones fiscales y otros documentos de la empresa Naranjax, la fabricante de los productos insecticidas para el campo; Laboratorios Ibáñez, la firma de Vives que, según la denuncia, falsificaba la documentación y las analíticas de los productos que después se tramitaban ante los ministerios; y Artemis 2000, constituida por la mujer de Fabra, María Amparo Fernández, y la ex mujer de Vilar, para gestionar las licencias.
Fernández y Vives también están imputadas. El ministerio fiscal justifica la necesidad del nombramiento del perito, que aún no ha sido aprobado por el juzgado, ante la imputación de los delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, todos ellos de marcado contenido económico. En ese sentido, solicitaba que el nombramiento del inspector de Hacienda se hiciera entre los adscritos a la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria en la Fiscalía Anticorrupción. “Más que una posibilidad, constituye una necesidad para el esclarecimiento de los hechos”, mantiene Saiz. El fiscal Anticorrupción asegura que “las pruebas practicadas durante la instrucción se han centrado, precisamente, en la comprobación de las entregas de dinero denunciadas por el querellante, Vicente Vilar, y los flujos económicos entre las empresas vinculadas a éste y las relacionadas con la familia Fabra”. El recurso de Fabra contra el nombramiento del inspector se sustentaba en la tesis de que un profesional relacionado con Anticorrupción podría estar “contaminado” y proponía que se nombrara a un auditor censor jurado de cuentas. La fiscalía ha considerado que el recurso está infundado.
22. EL ENFRENTAMIENTO PÚBLICO ENTRE CONSELLERS AGUDIZA LA CRISIS DEL GOBIERNO DE CAMPS (08/05/05)
En la víspera de la conmemoración de los dos años de Gobierno de Camps, el Consell ofreció una imagen de división y ruptura. La crisis abierta durante el pleno del Consell se agudizó con las declaraciones de los tres consellers zaplanistas que reprocharon a su compañero Rafael Blasco sus críticas públicas a su colega Gema Amor y a otros que, según él ,”no están a la altura”. El titular de Territorio se ratificó en sus palabras y añadió que lo que él piensa es un clamor.
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, optó por hacer oídos sordos a la crisis desatada en el Consell a raíz de que se filtrara a los medios de comunicación que la consellera de Cooperación, Gema Amor, había pedido explicaciones a su colega la titular de Turismo, Milagrosa Martínez, por el recorte de ayudas a municipios de Alicante.
Lejos de aplacarse, la polémica se agrandó durante el fin de semana para desembocar en una crisis institucional sin paliativos en la que varios consellers se enfrentaron entre sí a través de los medios de comunicación. El jefe del Consell, sin embargo, recurrió al silencio y comunicó a los periodistas que por la mañana hacían guardia en un acto en Palau de la Generalitat que no tenía previsto hacer declaraciones al respecto.
Mientras tanto, los consellers afines al portavoz del PP en el Congreso Alicia de Miguel y Miguel Peralta salían en defensa de Amor y contestaban al titular de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, quien el domingo abrió la caja de los truenos al afirmar en una entrevista pública que “Camps ha dado margen de libertad y maniobra a sus consellers (...) y algunos no están a la altura”. Blasco añadía que algunas intervenciones -en referencia a la protagonizada por Amor en el pleno- “son patéticas y tienen poca justificación”. La propia Amor respondió a su colega al manifestar que “actitudes como trasladar el debate a los medios de comunicación, utilizando las palabras emitidas estos días por algún compañero mío, me parecen patéticas y es de no estar a la altura”. La consellera dijo asistir “atónita al debate mediático generado por algún compañero y por la intoxicación interesada desde algunos de ellos”. La titular de Cooperación opinó que esos debates deben plantearse en los foros internos y no en los medios de comunicación. Y recordó que los miembros del Consell “estamos sometidos a un juramento de guardar secreto de las deliberaciones de lo tratado en el pleno”.
En diferentes actos públicos, y tras ser preguntados por los medios de comunicación, la consellera de Bienestar Social y el titular de Justicia y Administraciones Públicas arroparon a la consellera y cuestionaron a Blasco. “No ofende quien quiere, sino quien puede”, dijo De Miguel al ser preguntada por las declaraciones de Blasco.
También medió en la polémica el presidente de las Cortes Valencianas, Julio de España. Según dijo, “entiende” las críticas que ha recibido la consellera de Turismo por la consellera Amor y algunos alcaldes. “Cuando se cambian las políticas de Gobierno -apuntó en alusión al recorte de las ayudas turísticas- hay que hacer reflexiones serenas y razonables ante los ciudadanos y ante las personas que ocupamos escaños políticos”, manifestó. Por su parte, el presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, rehusó hacer declaraciones y se limitó a mostrar su descontento por la crisis abierta.
Ante esta situación, el diputado del grupo parlamentario popular en las Cortes Felipe del Baño ha tildado de “lamentable” el “circo mediático” en el que “estamos convirtiendo” el PP de la Comunidad Valenciana desde hace algunos tiempos, por lo que reclamó la “lealtad de todos” y que se respeten opiniones para favorecer el proyecto del PP. El diputado zaplanista sale así en apoyo de la consellera Gema Amor criticada por su cuestionamiento, en línea con algunos alcaldes próximos a Zaplana, de la gestión de su compañera de Turismo Milagrosa Martínez durante la última reunión del Consell.
Del Baño considera “insólito” que, dentro del debate y la libertad individual, “se reprochen opiniones que se originan dentro de los órganos del partido o incluso los que se abren dentro de las reuniones del Gobierno” porque, defendió, “justamente la esencia de estas reuniones es precisamente realizar aportaciones que puedan beneficiar a todos los ciudadanos”.
“Es lógico que cualquier miembro de un Gobierno, en este caso la consellera de Cooperación, Gema Amor, en un ejercicio de responsabilidad plantee en las reuniones del Ejecutivo cuestiones que nos afectan a todos los valencianos. A su juicio, “negar esta posibilidad, nos llevaría a cuestionar incluso la propia esencia y el origen democrático de dichas reuniones”. Del Baño recordó que recientemente otro conseller, Rafael Blasco, también cuestionaba la labor de otros consellers sin que se censuraran esas afirmaciones que, a su juicio, fueron “desafortunadas”. Por otro lado, el portavoz del Consell Territorial del PSPV-PSOE en Alicante, Carlos González, calificó como “bochornoso espectáculo” las diferencias mostradas en las últimas fechas en el PP entre “los partidarios de Camps y de Zaplana a cuenta de la gestión turística”. González señaló que “las contradicciones y los enfrentamientos de los últimos días, entre la consellera Milagrosa Martínez y los alcaldes partidarios de Zaplana sólo causan estupor y desazón entre los empresarios y profesionales del sector”.Pero el cruce de acusaciones se mantuvo, y el diputado del grupo popular en las Cortes Valencianas y secretario ejecutivo de Libertades Públicas y Justicia del PPCV, el zaplanista Manuel Gómez, acusó al conseller Rafael Blasco de intentar desviar la atención de su gestión, que, apostilló, está en una “situación delicada”. Gómez lamentó “profundamente” las declaraciones del conseller de Territorio y Vivienda publicadas el pasado domingo y, a este respecto, aseguró que con actitud “pretende desviar la atención de su gestión” y además no sabe “respetar la libertad en los propios órganos de Gobierno”.
Por su parte, Rafael Blasco, al ser preguntado por las declaraciones de otros miembros del Gobierno autonómico de Camps en relación con sus afirmaciones del domingo, dijo que se ratificaba en ellas y que no pensaba hacer valoración alguna sobre las opiniones de sus compañeros de Consell.
El conseller había manifestado que el presidente Francisco Camps ha dado margen de maniobra a sus consellers y algunos de entre ellos no están a la altura, en lo que se entiende como una alusión a la consellera de Cooperación y Participación, Gema Amor. Blasco dijo además que sus afirmaciones no son sólo una opinión propia, ya que las comparten muchas personas porque en realidad “son un clamor”.
23. EL ALCALDE DE VILA-REAL SE SIENTA EN EL BANQUILLO POR PREVARICACIÓN (11/05/05)
El alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, del PP, se sienta en el banquillo acusado de un presunto delito de prevaricación y otro presunto delito ecológico. El fiscal pide para el alcalde ocho años y medio de inhabilitación, por no hacer caso a unas denuncias del ruido causado por una fábrica y solicita una pena de cuatro años y medio de cárcel para el gerente de Rocersa, Pedro Llop, como presunto autor de un delito ambiental. La acusación particular, que representa a los vecinos afectados, considera a Vilanova "colaborador necesario" del presunto delito ambiental, por lo que reclama una pena mayor a la del fiscal que incluye prisión. Después de que el juzgado de Vila-real archivara la causa, la Audiencia Provincial de Castellón consideró que existían motivos suficientes para decretar la apertura del juicio oral.
Los hechos se remontan a 1995 cuando unos vecinos presentaron una denuncia contra la empresa Rocersa, cuya contaminación acústica les impedía conciliar el sueño. El matrimonio comenzó a presentar denuncias ante el Ayuntamiento de Vila-real después de varios meses de soportar el ruido procedente de la fábrica y tras detectar que procedía de un cogenerador que la fábrica cerámica había instalado junto a su factoría. Los afectados, según uno de ellos, Antonio Flich, presentaron hasta una veintena de denuncias con mediciones realizadas por los agentes de la propia Policía Local del municipio.
También aportaron los controles efectuados por técnicos de la Generalitat, que reflejaban cómo los ruidos procedentes de la fábrica superaban, en ocasiones con creces, los límites establecidos en la legislación. Además, la instalación no contaba con las preceptivas licencias del Ayuntamiento de Vila-real. Pero sus denuncias nunca fueron atendidas y jamás se resolvieron, según los denunciantes.
Tres años después, ante la desesperación que les produjo el sentirse ignorados, Antonio Flich y Concepción Capella decidieron presentar una querella ante el juzgado en la que ya acusaban al alcalde de un presunto delito de prevaricación. El juzgado de primera Instancia nº 1 tomó declaración al alcalde y decidió sobreseer el caso después de que Manuel Vilanova se comprometiera a ordenar el cierre del cogenerador de la citada fábrica. Según explicó Flich, el cogenerador no volvió a funcionar pero a esas alturas eso ya no era suficiente. "Yo quería que se hiciera justicia porque me había sentido humillado durante muchos años, hasta el punto de tener que abandonar mi casa por no poder dormir". Por ello, el matrimonio prosiguió la causa judicial y recurrió a la Audiencia de Castellón el archivo de su denuncia.
24. LA FISCALÍA ESTUDIA SI CALIFICA LA CONDUCTA DE UNCIO COMO MALVERSACIÓN O COMO HURTO (28/05/05)
La Fiscalía de Valencia está a la espera del informe de la Sindicatura de Comptes que detectó irregularidades contables en el Institut Valencià de Finances (IVF), cuando José Manuel Uncio era su director general, para determinar si se habría cometido un delito de malversación de caudales públicos o un simple hurto. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, inició de oficio diligencias penales de investigación contra el ex director general, tras el escándalo político que se desató en las Cortes Valencianas y en los medios de comunicación.
Según fuentes de la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Valencia, los únicos documentos solicitados hasta el momento son el informe del Síndic de Comptes, Vicente Queralt, en el que se detectan irregularidades contables en el IVF durante el ejercicio 2003, con José Manuel Uncio de director general. El síndic detectó más de 39.000 € en atenciones sociales de los que no constaban las facturas o justificantes y de los que 36.000 correspondían a la tarjeta Visa que utilizaba José Manuel Uncio. Según la Fiscalía, el uso que se haya hecho de esa tarjeta y su adjudicación determinará el que, de hallar indicios de criminalidad contra José Manuel Uncio, se le pueda acusar de un delito de malversación de caudales públicos o de un delito de hurto común, “aunque se ha precalificado como malversación”.
En el primer caso, se trataría del uso fraudulento o indebido de la tarjeta Visa “en el ejercicio de su cargo”, como director general del IVF. Pero en el caso de que dispusiera de ella “para fines particulares” y se le hubiese adjudicado personalmente, no como cargo público, se trataría de un hurto, explicaron las mismas fuentes.
Por otra parte, la Fiscalía también ha solicitado otros informes sobre el caso, como las intervenciones parlamentarias y la información publicada en prensa, para poder concretar los hechos.
25. EL JUEZ REABRE EL CASO DE LAS AGRESIONES EN EL PP DE ELX (02/06/05)
El caso de las agresiones y supuesta falsificación de censos para la elección de compromisarios del PP en Elx el pasado 22 de noviembre sigue abierto. El Juzgado de Instrucción número 3 de esa ciudad dictó el pasado martes una resolución por la que ordena que se practiquen las diligencias para esclarecer las lesiones y amenazas denunciadas, por si fueran constitutivas de responsabilidades penales, así como la supuesta falsedad documental en relación con la adulteración de los censos de afiliados al partido con derecho a voto en el proceso. Esta resolución judicial viene a estimar el recurso presentado por los compromisarios del sector campista ilicitano que lidera el subdelegado del Consell, Manuel Ortuño, contra la providencia del pasado 30 de noviembre en la que se denegaba la práctica de las diligencias porque, debido a los graves incidentes registrados durante el tumulto, la asamblea de elección de compromisarios para el XI Congreso Provincial del PP no llegó a celebrarse. El cambio de criterio en la misma sede judicial está relacionado con el relevo de su titular. Así, la denegación inicial de las diligencias fue una decisión del juez Gordiano Casas, quien fue sustituido por Francisco Sanchis Osuna. Este último, y tras ponerlo en conocimiento del fiscal, ha estimado el recurso de reforma interpuesto por los campsistas ilicitanos. Lo más sorprendente es la citación como imputado respecto a la segunda causa de Antonio María Aragonés y, especialmente, la instrucción que el juez da a la comisaría de policía de Elche para que lo localice por no constar “el paradero del mismo”. Antonio María Aragonés -diputado en el Congreso por Alicante entre 1996 y 2000, ex responsable de la gestión de los edificios PROP de la Generalitat y hasta ahora gerente del Instituto para la Acreditación de Prácticas Sanitarias de la conselleria- fue el enviado de la dirección provincial del partido para llevar a Elx en la misma tarde de la votación el censo oficial por el que se iba a regir la elección. En las alegaciones presentadas por los campsistas, y aceptadas por el juez, se refleja que el censo aportado por Aragonés, “sellado por la dirección provincial del partido y facilitado por la comisión organizadora del XI Congreso Provincial, era diferente al exhibido en la misma mañana en la sede del partido y la gestora local, apareciendo en dicha relación unas 400 personas más de las que aparecían en el exhibido por la mañana”.
26. FABRA RECURRE A LA AUDIENCIA PARA EVITAR QUE UN PERITO DE HACIENDA VEA SUS CUENTAS. HACIENDA DENUNCIA A FABRA POR SUPUESTO DELITO FISCAL (02/06/05)
El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, ha solicitado a la Audiencia Provincial que deje sin efecto el auto del Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules que autoriza el nombramiento de un perito de Hacienda para auditar las cuentas de las empresas vinculadas al caso Fabra, entre ellas las de Carmacas SL., la asesoría dirigida por el líder provincial del PP. El fiscal anticorrupción, Carlos Sáiz, solicitó en marzo al juzgado de Nules que nombrara un perito -del cuerpo de inspectores de la Agencia Tributaria- con el fin de determinar los movimientos contables de las empresas investigadas y su repercusión en varios impuestos. El juzgado admitió la propuesta. Los abogados que defienden al presidente de la diputación reaccionaron con un recurso y reclamaron que la investigación de las sociedades la llevara un auditor censor de cuentas. El juzgado de Nules volvió a desestimar esta solicitud. Los abogados volvieron a insistir con otro recurso, esta vez de reforma. El juzgado tampoco tuvo en consideración estas alegaciones. Ahora, el líder del PP en Castelló recurre ante la Audiencia.Posteriormente, la Agencia Tributaria ha presentado una denuncia ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra el presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP provincial, Carlos Fabra, ante la posible comisión de un presunto delito fiscal. La denuncia supuestamente se basa en la declaración de Hacienda correspondiente al año 1999, en la que el dirigente del PP no habría presentado cuotas correspondientes al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por valor de más de 150.000 euros.
La inspección de Hacienda ha detectado un incremento patrimonial que no se corresponde con los datos de los ingresos declarados por Fabra por el desarrollo de actividades profesionales, según varias fuentes consultadas que apuntaron que la denuncia corresponde al presunto fraude cometido durante un año en concreto, por lo que no se descarta que la inspección investigue las declaraciones posteriores a 1999. La denuncia, que sólo afecta a un ejercicio fiscal, se precipitó ante el temor de los inspectores de que el supuesto delito pudiese prescribir el próximo julio al haber transcurrido ya más de cinco años desde la presentación de la declaración de la renta. El delito fiscal está tipificado en el artículo 305 del Código Penal y su comisión conlleva penas de privación de libertad de entre uno y cuatro años. La cantidad estipulada como mínima para considerar que las irregularidades cometidas son un delito y no una falta se sitúa en algo más de 90.000 euros, montante no ingresado que, según las fuentes consultadas, Carlos Fabra supera. El Código Penal no especifica que la comisión de un delito contra la Hacienda Pública suponga la inhabilitación del defraudador para ocupar cargos públicos y sí marca la sanción a abonar que multiplica por seis la cantidad defraudada. El propio delegado de la Agencia Tributaria de la Comunidad Valenciana, Inocencio Altozano, fue quien presentó la denuncia ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, después de que la Inspección investigara la declaración presentada a Hacienda y encontrara los suficientes indicios como para considerar necesaria la presentación de una denuncia por supuesto delito fiscal.
Según fuentes de la fiscalía, el escrito ha sido trasladado al juzgado de instrucción número 1 de Nules tras recabar instrucciones del fiscal Anticorrupción que, además, está investigando a Fabra por uno o varios delitos contra la Administración Pública, y tras considerar que existe una relación entre el contenido de la misma y la investigación que realiza dicho órgano judicial.
La investigación fiscal al presidente del PP en la provincia de Castellón se inició de oficio hace unos meses. Diversas fuentes consultadas han indicado que la inspección de Hacienda no precisa denuncia alguna para realizar este tipo de investigaciones, con lo que comenzó su trabajo al margen de las averiguaciones que se están llevando a cabo en el juzgado de Nules y de las diligencias solicitadas ante dicho órgano por la acusación particular y por el ministerio público. De hecho, el fiscal Anticorrupción solicitó, como prueba pericial, que un inspector de Hacienda analizara las cuentas de las empresas implicadas en el sumario por los presuntos delitos contra la Administración pública, pero esta prueba aún no ha sido admitida. Por su parte, la acusación particular, representada por la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, reclamó que la investigación demandada por el fiscal se ampliara a todas las cuentas particulares de Fabra así como a su patrimonio y al de su familia y que se realizara a través del Banco de España.
En cualquier caso, esta prueba pericial no se ha iniciado, de momento, ya que la juez titular de Nules no se pronunciado al respecto y, además, está recurrida por el letrado del propio presidente del PP provincial. El juzgado de Nules habrá de determinar ahora si se hace cargo también del presunto delito fiscal y lo acumula en la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castellón o si se inhibe y devuelve la denuncia a la fiscalía para que ésta lo remita al decanato y entre en el reparto habitual.
Fabra no quiso realizar ningún tipo de declaración sobre esta nueva acusación. Nadie en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, ni en el partido en Castellón, quiso entrar a valorar la nueva denuncia contra el presidente provincial del PP. Se escudaron en la falta de información sobre su contenido.
27. ANTICORRUPCIÓN ASUME LA INVESTIGACIÓN DEL CASO DEL EX INTERVENTOR DE ORIHUELA (03/06/05)
El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, dirigirá la investigación del caso del ex interventor de Orihuela, José Manuel Espinosa. Briones representó a la acusación pública en la declaración del funcionario en el Juzgado número 5 de Orihuela. Espinosa ratificó ante la juez que se apropió 30.000 euros de fondos públicos. El ex interventor eludió las preguntas sobre su posterior denuncia de supuestos fraudes contables en el Ayuntamiento.
Fuentes de la Fiscalía de Alicante confirmaron que la presencia del fiscal Anticorrupción en la declaración del ex interventor por su autoinculpación de apropiación de fondos de las arcas públicas no "fue accidental", sino un primer paso para asumir la investigación de ese extremo particular y la posterior denuncia del funcionario sobre supuestos fraudes contables en la gestión del Ayuntamiento de Orihuela, que preside desde 1996 José Manuel Medina, del PP.
José Manuel Espinosa fue destituido como interventor del Ayuntamiento de Orihuela el pasado 22 de febrero. Dos días antes el funcionario había confesado en una Comisaría de Zaragoza que se apropió de unos 30.000 euros de los fondos públicos. Tras la destitución, el Ayuntamiento presentó una denuncia en los Juzgados de Orihuela.
Después de varios aplazamientos, finalmente Espinosa compareció ante la magistrada que instruye la causa. El funcionario declaró por espacio de una hora y admitió que se apropió, "por error", de unos 30.000 euros. "Me he ratificado en la declaración que hice en su día en Zaragoza y no he salido de ese círculo gramatical", manifestó Espinosa a los periodistas a la salida del juzgado.
José Manuel Espinosa declaró que la forma que utilizó para apropiarse de esas cantidades fue mediante simulación de facturas a cargo de las empresas Kimired y Construcciones Llordys.
Espinosa evitó contestar a las preguntas relacionadas con su denuncia sobre supuestas irregularidades en la gestión del área económica del Ayuntamiento oriolano. Tras su destitución, el ex interventor mantuvo una entrevista con los portavoces de los tres grupos de la oposición (PSPV, Centro Liberal y Esquerra Verde). Durante el encuentro, grabado en sendas cintas por dos de los asistentes, Espinosa desveló supuestos fraudes contables de los que responsabilizó al equipo de gobierno del PP.
Entre las supuestas irregularidades, Espinosa destacó el pago de facturas falsas, modificados de obras sin consignación presupuestaria, el cese de una concejal sin haber presentado los justificantes de adelantos de caja, así como el no ingreso en caja de las recaudaciones de los conciertos organizados por el Ayuntamiento por otra concejal. En su denuncia, Espinosa también llegó a implicar al secretario de la Corporación, a quién acusó de adjudicar a dedo a una empresa de un familiar los trabajos previos para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La denuncia del ex interventor ha sido también recogida por su sucesor en el cargo, Manuel Pons. Un informe presentado por éste en el último pleno de la corporación recoge entre otras supuestas irregularidades "pagos en los que no consta en los archivos municipales el más mínimo rastro de factura o soporte documental de la contraprestación".
28. UNCIO PAGÓ CON LA VISA DEL IVF JOYAS, REGALOS DE BODA Y ARTÍCULOS DE LUJO (07/06/05)
El ex director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), José Manuel Uncio, pagó con la Visa que tenía asignada en este organismo público joyas, regalos o cargos en metálico para listas de boda y compras en tiendas de lujo durante el año 2003, según denunció la portavoz socialista de Economía, Cristina Moreno. Tras revisar la documentación en la sede de la institución, la diputada del PSPV se mostró “escandalizada” con lo que había visto y advirtió que, aunque aún debe estudiarla, “habrá que emprender alguna acción judicial porque es un escándalo que con dinero de todos se pague alguien los gastos de las bodas”.
El PSPV había pedido la documentación que acredita el gasto de la tarjeta de crédito del director del IVF del año 2003, a raíz del último informe de la Sindicatura de Comptes, que recogía 39.646 euros correspondientes a gastos por atenciones sociales, de los que “no constan las facturas o recibos acreditativos”. El informe añadía que, de estos, había determinados gastos satisfechos con tarjeta de crédito por un importe de 6.794 euros, que eran “difícilmente imputables a la actividad propia del Instituto” y de los que se requería su “regularización”, es decir, la reposición. Moreno aseguró que son “muchos más” los miles de euros cargados en la Visa que utilizaba Uncio que no están justificados, y comentó que “la única documentación” que en muchos casos le habían facilitado era “el ticket de la tarjeta Visa”, por lo que “no se sabe el motivo de los gastos”.
La diputada socialista concretó que de esos más de 39.000 euros en atenciones sociales que el informe de la Sindicatura consideraba no justificados “hay cargados en la Visa unos 36.000 euros”. En algunos casos, la justificación estaba escrita por detrás del ticket de la Visa “a mano” en una nota en la que se leía “regalo institucional” y, en otros casos, “en post it amarillos escrito a mano se leía 'gastos sociales'“. La parlamentaria, quien indicó que las tarjetas de otros altos cargos habían sido descartadas por tener “gastos normales”, dijo haberse encontrado con la “desagradable sorpresa” de que Uncio “no pensaba que fuera necesario justificar ninguno de sus gastos”, y añadió que “habrá que pensar que no es casualidad” que cargos públicos que hacen “estos dispendios” sean contratados por empresas privadas al dejar la Administración.
La portavoz socialista, quien señaló que sólo le habían dejado ver los recibos del año 2003, recordó algunos de los cargos de la tarjeta usada por Uncio, como pagos en joyerías por valor de 800 o 900 euros; en tiendas de lujo como Loewe; recibos de discos en El Corte Inglés; gastos de farmacia y un extracto bancario de Sebago, que no correspondía a 2003, por valor de 199 euros. Moreno precisó que había regalos en listas de boda por valor de 300, 500 o 600 euros o incluso ingresos en metálico para los contrayentes o una batería de cocina.
La auditoría concluía solicitando la regularización de estos gastos cifrados en 6.794 euros. La decisión de Uncio de reponer el dinero se produce cinco meses después de que la Sindicatura denunciara esta situación y a las 24 horas de que la diputada socialista Cristina Moreno aireara en una rueda de prensa que el ex director general del IVF había pagado con la Visa que tenía asignada joyas, regalos o cargos en metálico para listas de boda y compras en tiendas de lujo durante 2003.
Moreno expuso su denuncia después de revisar documentación contable en la sede del Instituto, una iniciativa que tenía como punto de partida el informe del Síndic. El órgano fiscalizador detectó anomalías en los gastos efectuados por atenciones sociales por importe de 39.646 euros ya que en su revisión constató que “en los expedientes no constan las facturas o recibos acreditativos de los gastos realizados”. De estos, 6.794 correspondían a gastos impropios realizados a través de la Visa. Según Moreno los gastos cargados a la Visa “son muchos más” y, en algunos casos, la única justificación está escrita en post it amarillos o a mano.
Uncio, que abandonó la vida política en enero de 2004 para pasar al sector privado, rompió su silencio y remitió por fax a los medios de comunicación un comunicado fijando su versión de los hechos. Básicamente, el ex director general del IVF defiende su proceder al frente del organismo público y justifica los gastos realizados de representación social en el hecho de que el IVF “como cualquier otra sociedad del ámbito financiero tiene que mantener un nivel de presencia equiparable a las empresas privadas, bancos y cajas de ahorro con las que se relaciona”.
Pese a ello, Uncio anuncia su intención de reponer el dinero: “Sin embargo, y sin que esto suponga ningún tipo de reconocimiento de la actitud que se me imputa, y con el fin de evitar polémicas estériles y no soportar más estas calumnias y acusaciones infundadas que no benefician a la vida pública valenciana, ingresaré de manera voluntaria la cantidad cuestionada por la señora Moreno, y evitaré así las sombras que algunos intenta plantear hacia mi gestión como director del IVF”, recoge el comunicado sin membrete ni firma. Aunque Uncio no aclara que cantidad exacta es la que pondrá de su bolsillo, fuentes próximas a su entorno precisaron que se trata de los 6.794 euros que el Síndic instó a regularizar en su informe. El Consell se limitó, a través del conseller de Economía, Gerardo Camps, a defender la labor de Uncio.
29. UN INFORME DE AGRICULTURA REVELA AMENAZAS DE LA EMPRESA POR LA QUE MEDIÓ CARLOS FABRA (10/06/05)
El ministro de Agricultura Jesús Posada (PP) recibió el 12 de julio de 1999 en su despacho al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de su mismo partido, que le reclamó autorizaciones para un producto fitosanitario que comercializaba la firma Naranjax, y a la que facturaba supuestos servicios.
Posada tenía un informe interno elaborado por funcionarios que acusaba a Naranjax de intentar "conseguir sus autorizaciones supliendo las deficiencias de las documentaciones exigibles mediante visitas a todas las autoridades del ministerio (de este Gobierno y de los anteriores)". El producto fue registrado tres meses después.
Para la cita de Posada con Fabra, el entonces director general de Agricultura, Rafael Milán, aportó al gabinete del ministro "una nota confidencial sin membrete elaborada por el subdirector general de productos fitosanitarios", el funcionario encargado del registro. En esa nota se resumían las tormentosas relaciones de Naranjax con dicha subdirección general. El informe acusaba a la empresa que avalaba Fabra de prácticas irregulares. Fabra está imputado por supuestos delitos contra la Administración y acusado de un supuesto delito fiscal (fraude de al menos 150.000 € en 1999).
El PP no le ha abierto ningún expediente y el presidente valenciano, Francisco Camps, le ha manifestado su apoyo. En el informe de Agricultura se denunciaban las prácticas de Fabra para conseguir autorizaciones en el ministerio a favor de la empresa a la que facturaba.
- Plagada de incidentes. "La empresa Naranjax de Castellón fabrica productos fitosanitarios, además de fertilizantes en Artana (Castellón). Tiene inscritas en el registro y consecuentemente autorizada su comercialización más de 40 productos técnicos y formulados. Las relaciones de esta empresa con el registro han estado plagadas de incidentes serios a partir de un determinado momento:
- En el año 1993, por la lentitud con que se autorizaban sus productos.
- En el año 1996, acusan formalmente a los funcionarios del registro de tener organizado un compló para beneficiar a las multinacionales de las que recibían pagos y prebendas.
- En 1996, se amenaza telefónicamente a funcionarios del Ministerio de Sanidad y de Agricultura.
- En el año de 1998, se pide al vicepresidente primero del Gobierno [Francisco Älvarez Cascos] y a la ministra de Agricultura [Loyola de Palacio] destituir al subdirector general de Sanidad Vegetal por las innumerables ilegalidades cometidas, además de hacer declaraciones en la prensa valenciana en el mismo sentido. Incidentes jamás producidos con ninguna de las otras 450 empresas registradas".
- Suplir defectos con visitas. "Con mucha diferencia, [Naranjax] es la empresa que ha tratado de conseguir sus autorizaciones supliendo las deficiencias de las documentaciones exigibles mediante visitas a todas las autoridades del ministerio y otras (de este Gobierno y de los anteriores). Un ex ministro de Agricultura, que en algún momento debió de ser socio de la empresa, llamó prevaricador al subdirector general de Sanidad Vegetal cuando éste le afirmó que estaba cumpliendo una orden ministerial que él mismo había firmado".
- Documentación irregular. "Independientemente de los posibles errores del registro, que en la tramitación de expedientes pudieran existir, los retrasos en las autorizaciones o las denegaciones de las autorizaciones se producen por el siguiente motivo: la documentación presentada no responde a ninguna realidad física, es inventada o corresponde a otros productos existentes en el mercado y no a los que la empresa dice sintetizar. No es concebible, por repugnar a la inteligencia, que sustancias que dice sintetizar las certifique libres de impurezas. No es verosímil que, cuando se advierten incoherencias, certifique después lo contrario. No es creíble que su capacidad de sintetizar sustancias tan distintas como antibióticos u órgano-fosforados sea posible. Ni las grandes multinacionales tienen tal versatilidad".
- Falta de respuesta clara. "Resolver las dudas antedichas no es fácil por la poca colaboración de la administración autonómica, de la que se recabó apoyo. Se ha conseguido saber que la empresa no estaba inscrita en el registro de establecimientos, ni disponía del libro oficial de movimientos, pero no se ha obtenido (después de más de dos años) respuesta clara respecto a sus capacidades de sintetizar y de si realmente sintetiza, lo que determinaría la falsedad o no de la documentación aportada".
- Productos sin autorización. "Respecto de la empresa, la opinión de las dos asociaciones de fabricantes existentes en España, Aepla y Aefisa, es muy negativa, tanto respecto a sus procedimientos fabriles como comerciales. Se sabe que comercializa productos sin autorización (el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha intervenido dos veces productos de la empresa). De la abamectina, producto en trámite de autorización, se tienen noticias que la distribuye directamente a los agricultores".
- Falta de sensibilidad. "De las conversaciones con los responsables de la empresa se puede deducir la falta de sensibilidad respecto al material manejado en cuanto a las consecuencias medioambientales. Comparan este tipo de fabricación con la de azulejos".
- Vaticinio favorable. Pese a tan demoledor informe sobre Naranjax, Milán vaticinaba lo siguiente en un informe propio que entregó al gabinete del ministro antes de su cita con Fabra: "Al haberse cambiado el registro de productos fitosanitarios a otra subdirección general y teniendo en cuenta que estamos en vías para que se apruebe la abamectina por la que tanto se interesa Naranjax, y posteriormente el resto de productos que tiene solicitados, creo que lo mejor es olvidar el pasado y centrarnos en la solución de problemas futuros".
Y por si no quedaba claro a qué obedecía tal interés, Milán añadía en otra nota: "En todo caso, sobre la solución del problema que interesa al presidente de la Diputación de Castellón, que afecta a Naranjax, se tendrá una información definitiva sobre la que adoptar una resolución después de la reunión de la comisión de Evaluación que se celebrará el 14 de julio". Tres meses después, la abamectina se autorizó.
Con anterioridad y respecto a la denuncia por presunto delito fiscal a la Hacienda Pública, el presidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps, expresó su convencimiento de que "nadie va a demostrar nada" de lo que se afirma en las denuncias contra el presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP, Carlos Fabra. Camps arropó a Fabra sólo unas horas después de difundirse que Hacienda ha denunciado al político popular por un supuesto delito fiscal, tras descubrir que ocultó 150.000 € en la declaración de 1999. "Llevamos año y medio con estas cuestiones y nadie ha demostrado nada", afirmó Camps, que recalcó: "Estoy convencido de que nadie va a demostrar nada".
La Agencia Tributaria presentó el pasado 27 de mayo la denuncia por supuesto delito fiscal ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que decidió trasladar el escrito al juzgado de instrucción número 1 de Nules (Castellón). Éste es el juzgado en el que se instruye la causa de Fabra como imputado por uno o varios presuntos delitos contra la Administración Pública.
En el PP seguimos confiando en el señor Fabra y no hay ningún cambio respecto a nuestra posición de hace dos días [antes de conocerse la existencia de la denuncia por supuesto delito fiscal]", dijo Campos, que reconoció que había hablado por teléfono con el presidente de la Diputación de Castellón. Otros cargos destacados del PP de Castellón reclamaron que se le aplique a Fabra la presunción de inocencia.
El escrito de denuncia de la Agencia Tributaria sobre el presunto delito fiscal del que se acusa a Fabra señala que las cuotas de IRPF no declaradas se refieren a actividades profesionales.Según el registro de intereses que el propio Fabra presentó ante la Diputación de Castellón ese mismo año, las actividades tanto públicas como privadas generadoras de ingresos económicos o susceptibles de generarlos eran nueve (tres públicas y seis privadas, entre las que figuran las de abogado y corredor de seguros). El escrito remitido a la fiscalía también hace referencia al incremento patrimonial detectado y que no se corresponde con los ingresos declarados. Según el acta notarial que el propio Fabra hizo pública, en 1999 sólo adquirió una parcela en una urbanización de la localidad de Borriol.
30. LOS TITUBEOS JUDICIALES DE FABRA (16/06/05)
Desde que estalló el caso Fabra a finales de 2003, el líder del PP en Castelló ha tenido que dar diferentes explicaciones en el juzgado y ante la opinión pública sobre las acusaciones de tráfico de influencias que pesan sobre él. En un primer momento, minusvaloró las imputaciones del empresario Vicente Vilar y las tachó de complot. A medida que ha avanzado la investigación, el popular se ha visto obligado a pormenorizar las gestiones que hizo en Agricultura. Y su versión no siempre ha quedado a salvo de flagrantes contradicciones.A finales del año 2003, cuando estalló el escándalo político, el caso Fabra no era más que un cotilleo de provincias que apenas tenía la más mínima repercusión en el resto del país. El empresario Vicente Vilar, quien denunciaba al presidente de Castelló, aparecía como un iluminado, un presunto delincuente, según sus enemigos del PP, alguien que quería hundir a Carlos Fabra. Pero a medida que avanzaba la investigación en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules, las acusaciones del industrial iban cuajando y la Fiscalía Anticorrupción seguía minuciosamente su rastro. El caso comenzaba a tener visos de realidad, podía ser algo serio. Y el presidente de la Diputación de Castelló tuvo que reaccionar, sacar los papeles y dar una explicación coherente que convenciera a la Justicia. Una explicación que no siempre ha quedado libre de flagrantes contradicciones. Estas son algunas de ellas:
- EL BAILE DE FECHAS. Fabra ha incurrido cuanto menos en un voluntario descuido al explicar a la juez su reunión con el ex ministro de Agricultura, Jesús Posada, en julio del año 1999. El líder del PP relató en su declaración del 3 de febrero de 2004 que esa reunión se produjo el día 19 y que sólo se trataron asuntos en interés de Castelló, nunca sobre las licencias de comercialización de productos de Naranjax como el Abac. “Creo que esa reunión fue el 19 de julio del 99”, dijo. El líder del PP se escuda en que las sustancias de Vilar se aprobaron por la Comisión de Evaluación ministerial el 14 de julio, cinco días antes de la reunión con Posada, por lo que difícilmente podría haber influido su supuesta mediación en la tramitación administrativa de los fitosanitarios. Pero, una nota interna del ministerio, filtrada a los medios de comunicación demuestra que la reunión se celebró, no el día 19 de julio, como declaró Fabra en el juzgado, sino el 12, dos días antes de la aprobación del Abac, la sustancia acaricida de Naranjax.
- CONTACTOS CON NARANJAX.”No he participado absolutamente en nada de Naranjax” (...) “A mí, Vicente Vilar, de sus temas, me contaba lo justito”. Así se defendió cuando la juez le requirió para que aclarara sus contactos con la empresa de Vilar. Una explicación que también se ha tambaleado a raíz de aparecer la nota interna del Ministerio de Agricultura. En este caso, la circular es de la Subdirección General de Medios de Producción Agrícola, donde consta la visita de Fabra a Posada: “El presidente de la Diputación de Castelló se interesa por la situación de los expedientes de registro de productos fitosanitarios de la empresa Naranjax, de la localidad castellonense de Artana, particularmente por las incidencias experimentadas por uno de estos productos cuya sustancia se denomina abamectina”.
- LA CENA DE LOS
PORTUGUESES. Otro de los puntos oscuros de la declaración de Fabra se centra
en su posible mediación en la venta de un producto de Naranjax, el Piclor, a
la empresa portuguesa Sapec, una operación que iba a generar beneficios
millonarios y que finalmente no se cerró. En su declaración de febrero de
2004, niega haber participado en una cena en la sede de Naranjax SL, a la
que supuestamente asistieron Vilar, su ex mujer Montserrat Vives, el
diputado autonómico del PP Ricardo Costa y representantes de Sapec. Sin
embargo, el empresario Ginés Márquez, de Bellreguard (Valencia), que
compareció en calidad de testigo, dio una versión bien distinta. Márquez, en
aquella época director comercial de Sapec, mantiene que la cena estaba
prevista en un principio sólo con representantes de Naranjax. En un momento
de la velada, el presidente de la Diputación entraba en la fábrica de
Artana, según Márquez, lo que provocó la “sorpresa” del director gerente del
grupo Sapec, el portugués Joao Estrela. “Mi jefe se quedó extrañado de que
un político de esa altura estuviera presente. No entendíamos por qué estaba
allí”. Un nuevo contratiempo en la defensa del líder popular.
- FACTURAS Y COMENTARIOS DE CAFÉ. Carmacas, SL, la asesoría fundada por
Fabra en el 2000, también se encuentra vigilada por la Fiscalía. Así, la
juez quiso saber cómo asesoraba Carlos Fabra a Vilar entre 1998 y 2000,
antes de crear Carmacas, y cómo facturaba los supuestos informes
jurídico-técnicos para Naranjax. “Oficialmente para el grupo de empresas del
señor Vilar no hice nada antes de constituir Carmacas pero para el señor
Vilar sí, posiblemente, como lo del polígono industrial”, respondió Fabra.
La respuesta parece no convencer a la juez, que ironiza: “¿Entonces el
asesoramiento al señor Vilar era de comentarios de café?”. Fabra contesta:
“De comentarios de café nada, preparar una visita a Bolonia no es un
comentario de café, sino que hay mucho trabajo”. “¿Y cómo cobraba, cómo se
factura o computa eso?”, insiste Belinchón. “Lo que yo he creído conveniente
según el tiempo empleado, porque el señor Vilar es muy absorbente”, responde
Fabra.
- UNA CARTA DE DOLORES FLORES. Otro párrafo de la declaración de Fabra como imputado evidencia serias dudas sobre la exactitud de su relato. La juez le pregunta sobre su relación con Dolores Flores, en aquella época directora general de Sanidad Pública del Ministerio de Sanidad, última responsable de los informes sanitarios que valoran la peligrosidad de los insecticidas. “Dolores Flores. ¿La conoce? ¿sabe quién es?, interroga la titular del juzgado. “Sé quien es porque me lo ha dicho él [se refiere a Vilar]. Yo no he hablado nunca con ella, no la he visto en mi vida”, apostilla Fabra. “¿No le ha mandado una carta a usted?”, insiste Belinchón.”No, no sé quién es”, garantiza con rotundidad el líder provincial del PP. La coartada también se resquebraja ya que existe una carta enviada por la propia Dolores Flores a la diputación. En ella confirma a Fabra que ha dado vía libre a ocho productos fitosanitarios: “En unos días espero que puedan salir la mayoría. Un abrazo”. Un fax con el membrete de la diputación se remite inmediatamente desde la corporación provincial a Vilar el 3 de julio del año 2002 y le informa de la respuesta favorable de la directora de Sanidad.
- INFORMES COPIADOS DE INTERNET. Fabra aportó a la juez varios informes jurídico técnicos que supuestamente elaboró para Naranjax para probar que había ingresado 140.000 € en concepto de honorarios. Uno de ellos es una trascripción literal de una guía sobre planes de prevención de riesgos laborales de una mutua que circulaba por Internet tras haber sido expuesta en un congreso en Galicia. Además, incluye párrafos textuales del Reglamento de los Servicio de Prevención.
- PATRIMONIO Y FISCALIDAD. El patrimonio de Carlos Fabra se ha multiplicado en los últimos años. La Agencia Tributaria ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del TSJ contra el líder del PP al encontrar un fraude al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de 150.000 €, presuntamente cometido en el ejercicio fiscal del 1999. La investigación de Hacienda ha encontrado ingresos no declarados en sus actividades profesionales e investiga ahora las declaraciones de Fabra correspondientes al período 2000-2004. El presidente aseguró que dará explicaciones en el juzgado.
Pero Fabra no solo lo ha negado ante el juzgado, también en la Diputación de Castellón que preside. “¿Ha participado usted en reuniones celebradas en Madrid en las que estaban presentes altos cargos e incluso ministros para beneficiar a las empresas Naranjax y Artemis?”. La pregunta, formulada a Carlos Fabra, por el portavoz adjunto del grupo socialista, Juli Domingo, en el pleno de la corporación de 27 de enero de 2004, tuvo una respuesta lacónica y contundente: “No”. “En las reuniones en las que ha estado presente en Madrid, con altos cargos de la Administración central para realizar gestiones varias vinculadas a la autorización de productos fitosanitarios, ¿actuaba usted en su condición de presidente de la diputación o, por el contrario, como administrador único de la firma Carmacas dedicada al asesoramiento laboral de empresas?”.
Pese a estar imputado por la posible comisión de uno o varios presuntos delitos contra la Administración Pública y acusado de un presunto delito fiscal, el presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP provincial, Carlos Fabra, sigue siendo apoyado por parte del PP-PV, y recibirá un homenaje el próximo 15 de julio en Castellón. Bajo el lema A tu lado somos muchos, los participantes pretenden mostrar su apoyo al dirigente popular castellonense, quien considera que las imputaciones y la denuncia interpuesta por la Agencia Tributaria forman parte de una campaña orquestada por el PSOE.
El propio Fabra sostuvo que es objeto de una "persecución" y advirtió a los socialistas de que "van a pagar muy caro sus abusos y sus mentiras". Así, su entorno ha querido organizar un acto que consistirá en una cena en un restaurante de la playa especializado en grandes eventos. Los asistentes habrán de abonar los 30 € del menú. Según algunos de los asistentes, ya había 200 plazas reservadas, aunque se espera la participación de un millar de personas. La cena es publicitada por una televisión local.
Fuentes de la dirección del PP aseguraron su completa desvinculación con la organización de este evento, al igual que fuentes de la Diputación de Castellón dijeron desconocer quiénes son los organizadores del homenaje y señalaron que ninguno de los diputados o vicepresidentes de la institución forman parte de la organización. Al parecer, la iniciativa ha surgido de afiliados de base impulsados por el entorno del propio presidente de la Diputación. Algunos de los populares consultados mostraron su disconformidad con el motivo y la celebración de este acto.
Mientras, Carlos Fabra, aseguró que desconocía la cena homenaje que le prepara un sector de la formación conservadora. Además, aclaró que la misma “es ajena al partido. Cuando quieran que me entere ya me lo dirán”, aunque añadió que “cuando algunos se han dedicado a vilipendiarme es normal que haya gente que me quiera felicitar por las cosas que hecho bien en estos últimos años”.
Por su parte, el presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Francisco Camps, defendió el homenaje que un sector del partido, junto con una televisión local, prepara a Carlos Fabra, e indicó que el presidente de la Diputación de Castelló, imputado por uno o varios delitos contra la Administración, es el mejor presidente que ha tenido la provincia tras sostener que es el artífice en los últimos años de la mejora del empleo, infraestructuras, comunicaciones... Su proclama se produjo el día que la titular del juzgado número 1 de Nules admitía a trámite la denuncia interpuesta por la Agencia Tributaria.
31. FABRA INGRESÓ 600.000 € EN EFECTIVO EN 1999 CUYA PROCEDENCIA NO HA JUSTIFICADO (17/06/05)
Otro de los frentes que se le abre a Fabra son sus “problemillas” con la Agencia Tributaria. El presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, registró en sus cuentas ingresos en efectivo por un importe cercano a los 600.000 € en 1999 cuya procedencia no ha justificado. Según la denuncia por presunto delito fiscal, presentada por la Agencia Tributaria, los ingresos en efectivo se realizaron en 19 cuentas bancarias en las que Fabra era titular y en otras 75 en las que figuraba como cotitular. Hacienda considera que el líder del PP demoró la entrega de documentos solicitados por la inspección para que prescribiese el posible delito.
La denuncia presentada por la Agencia Tributaria contra el presidente de la Diputación de Castellón destaca tres presuntas irregularidades. La primera es la falta de justificación de los ingresos en efectivo realizados en las 19 cuentas de las que Fabra era titular en 1999 y en las otras 75 en las que aparecía como cotitular. La segunda supuesta irregularidad, según Hacienda, está en la declaración de ingresos por el rendimiento de su actividad como abogado y agente de seguros, que no coincide con la documentación aportada por dos compañías aseguradoras. Y, la tercera, por la procedencia no justificada del dinero con el que Fabra pagó una parcela en una urbanización y que adquirió a una sociedad de la que participa y en la que su hermano figura como representante. Con los datos correspondientes al ejercicio de 1999 que el líder del PP de Castellón presentó a Hacienda, el erario público le devolvió cerca de 3.000 €. Una declaración que resultó negativa tras haber declarado cerca de 73.000 € como ingresos del ejercicio.
Sin embargo, la Agencia Tributaria sostiene que "la cuota presuntamente defraudada en el IRPF durante el ejercicio de 1999 asciende a 149.198 €" y apunta "como elemento subjetivo" que ha existido una "actitud dolosa" por parte del presidente de la Diputación de Castellón, ya que existen indicios de "haber ocultado deliberadamente en la declaración del impuesto una parte de las rentas obtenidas en el ejercicio, con la finalidad de eludir el pago de las cuotas impositivas". La denuncia insiste en que la intención del declarante ha sido la de ocultar "de forma consciente y voluntaria" la renta obtenida.
La mayor parte de la gruesa denuncia presentada por Hacienda está compuesta por los datos del cerca de un centenar de cuentas bancarias de las que Fabra era titular o cotitular en el citado ejercicio fiscal. En el análisis de las cuentas, la Agencia Tributaria ha detectado "numerosos ingresos en efectivo que ascienden a un total de 107.247.000 pesetas (644.567 €).
De este importe, el contribuyente ha explicado únicamente el origen de dos ingresos que suman 9.400.000 pesetas (56.495 €)". Así, el presidente del PP de Castellón, según Hacienda, no ha aportado la documentación necesaria para justificar cerca de 600.000 € (97,8 millones de pesetas), de los cuales "resultan imputables al contribuyente un total de 49.764.593 pesetas (299.000 €) de ingresos en efectivo en cuanto a los cuales don Carlos Fabra Carreras no ha aportado justificación ni explicación alguna".
La Agencia Tributaria también considera que el dirigente popular ha tratado de demorar la entrega de los documentos requeridos por la inspección fiscal. Esta dilación, dice la denuncia, "no puede ser aceptada ante la inminente prescripción del posible delito cuando ha tenido ocasión sobrada de proporcionar la justificación de sus ingresos". Unos ingresos entre los que se cuentan 10 operaciones diferentes por importe de 3.000 € en efectivo sobre una misma cuenta en sólo dos días de mayo, o tres aportaciones por un importe total de 13.222 € en un solo día y en la misma cuenta de la que Fabra era titular único.
Respecto a sus rendimientos como abogado y agente de seguros, Fabra presentó en su declaración un rendimiento neto negativo. Sin embargo, la denuncia revela que, de los datos aportados por dos compañías de seguros, el líder del PP de Castellón ingresó 1,7 millones de pesetas (10.217 €) que no declaró.
Sobre la adquisición de una parcela en la urbanización La Coma, en el municipio de Borriol, Hacienda hace hincapié en que, pese a haber solicitado "los medios de pago empleados en dicha operación, el representante del contribuyente no ofreció explicación alguna". El representante de Fabra en esta operación inmobiliaria fue Alejandro Lorca, que está contratado por la Diputación como asesor del presidente. En una de sus 21 comparecencias ante la inspección, en las que le reclamaron la documentación, Lorca aseguró realizar el trabajo de representante por "amistad gratuita".
Pese a este cúmulos de pruebas, el vicepresidente del Gobierno valenciano y secretario provincial del PP de Castellón, Víctor Campos, volvió a salir en defensa del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, y respecto a los datos de la denuncia de la Agencia Tributaria contra Fabra alegó desconocerlos. Campos criticó la falta de protección en los datos de la declaración de la renta del líder del PP de Castellón y su divulgación, calificando de "curioso" que se conozca el contenido de la denuncia. "Yo siempre había pensado que estas cosas tenían una cierta protección a la hora de su divulgación y que había cierta privacidad en estas cuestiones, pero parece que en este caso no es así y no sé exactamente a qué obedece", sentenció Campos, que recalcó: "No he visto la declaración o parte de la declaración de la renta de Fabra". De esta manera, Campos zanjó las preguntas sobre el contenido de la denuncia de la Agencia Tributaria.
32. PESE A SUS PROBLEMAS CON LA JUSTICIA, FABRA NO VE "NINGUNA RAZÓN" POR LA QUE NO DEBA PRESENTARSE A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES DE 2007 (23/06/05)
El presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en la provincia volvió a romper su habitual silencio para evaluar las novedades sobre las investigaciones a las que está siendo sometido por la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración Pública y por el presunto delito fiscal que le imputa la Agencia Tributaria. Carlos Fabra hizo público un comunicado en el que se limitaba a señalar que había cumplido con sus obligaciones fiscales, sin entrar en detalles respecto del contenido de la inspección de la Agencia Tributaria. Carlos Fabra, que no respondió a ninguna pregunta, señaló: "Como contribuyente, he cumplido siempre con mis obligaciones fiscales y en el ejercicio de mis responsabilidades públicas, nunca he recibido ninguna compensación distinta a la retribución oficial aprobada cada año en los Presupuestos por el Pleno de la Diputación".
El presidente de la Diputación también critica el hecho de que se haya conocido su declaración de la renta y señala: "Me reservo el derecho de ejercer acciones legales adicionales contra quienes están utilizando las instituciones del Estado para intentar ganar mediante un intolerable abuso de poder lo que no han sido capaces de ganar democráticamente en las urnas".
Pero mientras, la investigación que Hacienda mantiene abierta sobre el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, por un delito fiscal supuestamente cometido en el año 99, revela que el político del PP mantenía abiertos al menos, cuatro préstamos por un importe de 751.265 €. Según la denuncia que la Unidad de Coordinación de Delitos Contra la Hacienda Pública ha llevado a los tribunales, Fabra suscribió al menos, cuatro grandes operaciones de crédito, algunas de ellas en fechas muy cercanas y por cantidades importantes.
El 20 de agosto de 1996, el presidente popular firmó un préstamo a 12 años por importe de 510.860 €. A partir de ese momento, los contratos de préstamo rubricados por el líder del PP se van haciendo cada vez más frecuentes. El 10 de febrero de 1999, Fabra volvió a endeudarse con otra entidad financiera al firmar la concesión de otro crédito por valor de 60.101 €. Un año más tarde, el 21 de enero de 2000, hizo lo propio con un préstamo no hipotecario por importe de 72.121 €, según consta en los extractos emitidos por las entidades pagadoras. Apenas diez días después, el 31 de enero, autorizó un nuevo empréstito por importe de 108.182 €. El listado se completa con otros préstamos de menor cuantía que, a pesar de constar en los extractos bancarios, no están debidamente detallados, tal y como los inspectores le advierten en sucesivas ocasiones.
Los datos sobre el nivel de endeudamiento del líder provincial contrastan con sus ingresos en cuentas corrientes a lo largo de 1999, que alcanzaron los 643.082 €. Hacienda considera que de esa cantidad Fabra no ha podido justificar de ninguna manera 300.000 €, por lo que concluye que se trata de un incremento patrimonial que no se corresponde con los ingresos reflejados en su declaración de la renta. Además, la Agencia Tributaria llama la atención sobre el hecho de que Fabra tuviera abiertas 19 cuentas como titular y figurara como persona autorizada en otras 75.
Esta cantidad de cuentas contrasta, a juicio de los inspectores, con los movimientos contables del líder popular, que declaró que estaba acostumbrado a sacar elevadas cantidades para llevarlas a casa y volver a ingresarlas en el banco pasado un tiempo. Para Hacienda no resulta lógico mantener tal número de cuentas de crédito y hacer frente a descubiertos importantes mientras se dispone de fuertes sumas en el propio domicilio. Cabe destacar que la documentación bancaria presentada por el presidente de la Diputación de Castelló a la Agencia Tributaria constata la existencia de elevados ingresos de empresarios de los que el dirigente del PP no ha podido acreditar su origen.
Una parte de los cantidades coincide con las cuotas anuales de los préstamos bancarios firmados por el político del PP en las respectivas entidades bancarias. La nómina de empresarios que ha efectuado estos pagos incluye a destacados industriales del sector cerámico y a constructores.
La Inspección Regional de la Agencia Tributaria ha analizado 146 ingresos de cantidades superiores a los 600 € que suman 643.000 €. La mayor parte de los ingresos fiscalizados se concretaron mediante la fórmula de cheques al portador, de manera que no queda constancia del pagador. No obstante, en otros casos, los ingresos han especificado con exactitud el nombre de la persona que ha efectuado la entrega en cada caso.
Por otro lado, en otro de los “frentes” que tiene abierto, el empresario Vicente Vilar aseguró que el 29 de julio de 1999 pagó 180.000 € al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), cuya esposa se llevó el dinero en dos bolsas. Al día siguiente, Fabra hizo 11 ingresos en varias cuentas por 53.000 € e inició una serie de imposiciones que no ha sabido justificar ante la Agencia Tributaria. El empresario que le denunció por cobrarle a cambio de sus influencias añade que el 17 de septiembre de 1999 le pagó 150.000 €, que coinciden con otros ingresos de Fabra sin justificar.
El empresario Vicente Vilar, que presentó las denuncias contra el presidente del PP y de la Diputación en Castellón por supuesto tráfico de influencias, aseguró que existe coincidencia entre las fechas en que pagó a Carlos Fabra 330.000 € en 1999 "por sus servicios" y muchos de los ingresos bancarios efectuados por el mandatario provincial, considerados injustificados por la Agencia Tributaria. Los inspectores de Hacienda han presentado una denuncia por supuesto delito fiscal contra el dirigente político castellonense de 150.000 € por estos hechos. La denuncia ha sido admitida por el Juzgado número 1 de Nules.
Vilar afirma que el segundo pago, de 150.000 €, "para que el presidente siguiera realizando gestiones", se llevó a cabo el viernes 17 de septiembre de 1999. Según la denuncia de la Agencia Tributaria, el lunes 20, Fabra efectuó siete ingresos en efectivo cuya procedencia no ha justificado en sus cuentas del BSCH, Caixa Galicia, La Caixa y BBVA por 24.700 €, y en los 30 días siguientes llegó a ingresar casi 111.000 € más, casi siempre de forma fraccionada y con cantidades inferiores a los 5.400 € cada una.
Mientras, este caso por el que empezó a ser investigado y en el que se le imputa la comisión de uno o varios supuestos delitos contra la administración pública. Así, la titular del juzgado número 1 de Nules, plaza por la que han pasado cinco jueces desde que comenzó el llamado caso Fabra, comienza a tomar declaración, en calidad de imputados, a los cuatro administradores de las empresas mercantiles Grupo Serrano Ninerola, SL y Construcciones Serrano, SA, accionistas de la mercantil Fertilizantes e Insecticidas SA (Ferinsa). Todos ellos fueron mencionados por el empresario Vicente Vilar, quien denunció a Fabra y le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Según Vilar, el presidente de la Diputación intercedió por su grupo empresarial ante la administración con el fin de tratar de agilizar la concesión de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. El interrogatorio, que ha sido aplazado en varias ocasiones, tendrá así como protagonistas a Pascual Serrano Llacer, Amparo Serrano Llacer, Agustín Falcó Miret y Rosa María Serrano Llacer..
Por otra parte, la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial archivó la queja presentada el pasado mes de mayo por Carlos Fabra contra los tres magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón, que habían desestimado el recurso de éste para que cinco medios de comunicación dejasen de informar sobre el caso Fabra. El presidente de la Diputación presentó la queja alegando que la resolución de la Audiencia "atentaba gravemente contra su dignidad y vulneraba el principio de presunción de inocencia". La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, por unanimidad de sus miembros, aplaude el auto de la Audiencia y entiende que en él "no existe ninguna expresión ofensiva o irrespetuosa para el señor Fabra".
Además de la queja ante el Consejo General del Poder Judicial, Fabra ha recusado en dos ocasiones a dos de los tres magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón; una sala en la que han recaído los recursos presentados por el líder del PP de Castellón contra sentencias que han desestimado en primera instancia sus querellas contra los medios de comunicación. La primera de las recusaciones ya ha sido desestimada por la Sala Especial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y la segunda está aún pendiente de resolución.
33. MALESTAR EN EL PP DE MADRID
El impacto mediático del caso Fabra, que ha recobrado la tensión de los primeros momentos, allá por finales de 2003, está siendo un torpedo en la línea de flotación del PP. La dirección nacional, implicada en la reconstrucción interna tras el fiasco electoral del 14-M, se ha sentido ultrajada en un momento clave para el resurgimiento. El rédito de la confrontación política con el Gobierno central, en especial en un asunto de trascendencia y sensibilidad como el terrorismo, y la alineación con movimientos pancartistas han recortado la distancia con el PSOE a apenas 4,6 puntos. El CIS dixit.
El ovillo judicial que está enredando al presidente de la Diputación de Castelló, y del PP provincial, se había desliado en los últimos meses, coincidiendo con los retrasos de la instrucción del caso, y los sucesivos cambios, hasta contar cinco, de juez. Sin embargo, la interposición de una denuncia de la Agencia Tributaria ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha reavivado las brasas y más tras ser aceptada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de los de Nules.
El núcleo duro del PP ha abordado la crisis de Castelló en alguna de las reuniones informales celebradas a diario en la sede de Génova, 13, según ha conocido este diario de fuentes del partido. El presidente nacional, Mariano Rajoy, ha asumido la existencia de un problema local que puede tener efecto nacional, agravado por la imputación por el presunto delito fiscal, aunque parece confiar en la capacidad del presidente regional, Francisco Camps, para buscar una solución no traumática para el partido. Camps ha mantenido una defensa numantina de Fabra ante la necesidad del puntal castellonense para asentar la gobernabilidad del convulso PP valenciano. La pretensión de Rajoy ha estado sustentada en razones de oportunidad política. Esto es, el escándalo se desató en diciembre de 2003, a tres meses de las elecciones generales, y la toma de decisiones se presentaba entonces complicada. La inmediatez de las elecciones europeas, en junio, pospuso el debate interno. A partir de esa fecha se abrían los congresos del partido. En octubre, el nacional, con la elección de Rajoy como presidente. En noviembre, el regional, en plena reyerta entre zaplanistas y campsistas. En diciembre, Fabra era entronizado, por sexta vez, como presidente provincial. La maniobra política ha sido imposible.
Mientras, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, inasequible al desaliente, aseguró que no ve "ninguna razón" por la que no deba presentarse a las próximas elecciones de 2007. Según dijo el presidente de la Diputación de Castellón, la decisión será adoptada "cuando llegue el momento", pues aseguró que todavía no lo ha pensado, y dijo que son cosas "que se manifiestan internamente en un partido en un momento determinado". Fabra añadió: "Dentro de dos años tomaré una decisión". No obstante, señaló que en principio", no ve "ninguna razón" por la cual no deba volver a presentar.
En este estado y con tantos procesos abiertos, Carlos Fabra debe agradecer que algunos de sus simpatizantes le organicen una cena de desagravio. Todavía mantiene apoyos. Pero estos apoyos podrán ser espontáneos, pero no gratuitos. Las entidades organizadoras de la cena homenaje en honor del presidente de la Diputación de Castelló y del PP, Carlos Fabra, han formado parte del grueso de entidades sociales de la provincia que ha logrado cuantiosas subvenciones y ayudas de la institución provincial durante el mandato de Fabra. Las prestaciones económicas han permitido a estas asociaciones desarrollar iniciativas de carácter social que de otra manera hubieran quedado en el limbo, bien por ser minoritarias o no contar con respaldo de otras entidades.
34. EL PP EVITA APLICAR SU CÓDIGO ÉTICO A FABRA PESE A LA ÚLTIMA DENUNCIA POR DELITO FISCAL (27/06/05)
Los cargos públicos del PP "se comprometen a comunicar a la dirección del partido y a poner a su disposición el puesto público que desempeñaran si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito". En el caso del presidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP en la provincia, Carlos Fabra, los indicios racionales existentes no se deben sólo a la comisión de un presunto delito, sino de dos o más. Pese a ambas imputaciones, la dirección del PP ha optado por no reclamar su cargo a Fabra.
Aunque las líneas de investigación sobre las actividades de Fabra partieron de dos orígenes diferentes, ambos procedimientos se han acumulado en la instrucción que dirige el Juzgado número 1 de Nules, en Castellón. Una de ellas, la que analiza la acusación por la presunta comisión de uno o varios delitos contra la Administración pública, está íntimamente ligada a su actividad pública como presidente de la Diputación, ya que un empresario le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. La segunda, surgida de la denuncia por la comisión de un posible delito fiscal y la acusación de un incremento patrimonial injustificado, podría circunscribirse al plano personal. Pero la juez ha entendido que entre ambas existe una conexión.
Pese a ambas imputaciones, la dirección del PP no ha reclamado su cargo al presidente del partido en Castellón. Lo evitó en diciembre de 2003, cuando se inició el procedimiento, y lo ha eludido de nuevo este mes, pese a que la acusación ya no parte ni siquiera de un particular sino de una institución como es la Agencia Tributaria, que presentó la denuncia contra Fabra por el presunto fraude de una cuota de IRPF de 149.198 €.
No es éste el único punto que incumple el llamado caso Fabra. El código ético del PP también sostiene que la dirección del partido y sus cargos "asumen el compromiso de abrir", en el caso de existir indicios racionales de delito y, por tanto, una imputación, "una comisión de investigación interna que esclarezca los hechos y que, a su vista, hará públicas las conclusiones de su informe, así como las sanciones que de ello puedan derivarse en aplicación del Reglamento de Conflictos y Disciplina".
De momento, ni el PP de Castellón, ni el de la Comunidad Valenciana, ni la dirección nacional han iniciado investigación o expediente alguno. Bien al contrario, todos sus dirigentes se han mostrado explícitos al manifestar su apoyo a Fabra, hecho que éste ha aprovechado e incluido en los comunicados que ha leído como única respuesta a las acusaciones. Así, en su última intervención, recordó que cuenta con el apoyo de su partido, "de forma unánime", según dijo, y desde "todas las esferas", tal como sostuvo tras desvelar que había estado en Madrid.
Y es que Fabra no es únicamente un cargo que se aferre a su sillón pese a que su partido mostrara su "preferencia" teórica por separar de la actividad pública a los imputados en procesos judiciales, aun teniendo en cuenta la presunción de inocencia.
Han sido muy pocos los que han hablado, también en su defensa, siempre con la boca pequeña y antes de que, cada vez que se le requiriera, el presidente regional del PP en la Comunidad Valenciana y presidente de la Generalitat, Francisco Camps, mostrara su apoyo incondicional a quien le ayudó a mantenerse en el liderazgo de los populares valencianos. La grave crisis que sufrió el PP autonómico, centrada en la lucha de poder entre Camps y su antecesor, el actual portavoz parlamentario Eduardo Zaplana, puso a Fabra o, lo que es lo mismo, al PP de Castellón, como árbitro y poseedor de los votos necesarios para inclinar la balanza del lado de Camps, que finalmente se alzó con la presidencia regional. Para algunos, el pago de aquel favor está siendo demasiado elevado, ya que el presidente de la Generalitat valenciana une, cada vez más, su futuro al de Fabra.
En cualquier caso, "sin micrófonos" las versiones no cambian mucho, aunque las consideraciones personales llevan a más de uno a resoplar cuando es preguntado por la situación en la que queda el PP ante el incumplimiento de sus propias normas. "Mientras Camps le apoye...", aseguran. Aun así, mientras que cuando se presentó la primera denuncia contra el presidente de la Diputación Provincial de Castellón varios dirigentes sí se atrevieron a sostener que la falta de aplicación del código ético se debía a que no existía en aquel momento una imputación penal, ahora prefieren alegar que dicho compromiso no se encuentra en los estatutos del partido.
Aquel código basado en los principios de lealtad, dedicación, transparencia y responsabilidad que presentó el entonces presidente del Gobierno y presidente nacional del PP, José María Aznar, como la panacea de las medidas anticorrupción ha caído en saco roto.
35. FABRA SE NIEGA A HABLAR DE SU CASO EN EL PLENO DE LA DIPUTACIÓN (29/06/05)
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ocupó de nuevo su puesto en la sesión plenaria, tras su ausencia en el último pleno que coincidió con la denuncia de la Hacienda por supuesto delito fiscal. El pleno de se preveía de trámite y así transcurrió hasta el apartado final de ruegos y preguntas pues los diputados invirtieron en el desarrollo de la sesión un total de 12 minutos. Llegado este punto, el portavoz del Bloc, Josep María Pañella, preguntó a Fabra "si pensaba dimitir", ante "las graves imputaciones judiciales" por supuestos delitos fiscales y contra la Administración pública, "teniendo en cuenta el código ético del PP" que establece "la puesta a disposición del cargo si de la apertura de un procedimiento judicial", como es el caso, "pueden derivarse indicios racionales de comisión de un delito". A renglón seguido, el portavoz adjunto del grupo socialista, Juli Domingo, preguntó a Fabra si mantenía "sus respuestas del pleno" de febrero del 2004, "cuando negó gestión alguna" a favor de Naranjax, la firma del empresario que denunció al mandatario provincial, después de que recientemente, documentos oficiales del Ministerio de Agricultura demostrasen lo contrario.
La respuesta de Carlos Fabra, que escuchó con un semblante serio ambas preguntas, fue un "se levanta la sesión" con lo que dio por concluido el pleno sin más explicaciones.
Además, el PSPV y Esquerra Unida L'Entesa criticaron que el secretario general del PP, Ángel Acebes, defendiera a Carlos Fabra al asegurar que este partido "no tomará una decisión hasta que no se pronuncien los tribunales" en contra de su propio código ético. P
36. LA CÚPULA DEL PP SE REÚNE EN UNA CENA EN CASA DE FABRA (09/07/05)
Numerosos altos cargos del PP, con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a la cabeza se reunieron con el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en una cena privada que éste ofreció en su villa de Oropesa del Mar. Fabra, inmerso en un presunto delito fiscal del que le acusa la Agencia Tributaria por no declarar en 1999 ingresos en sus cuentas por 150.000 €, e implicado también en el presunto cobro de favores políticos por mediar en la tramitación de licencias de productos fitosanitarios, recibió a la cúpula del PP apenas tres días después de que se negara a declarar ante la juez de Nules que investiga el caso. El motivo de la reunión no trascendió.
Junto a Camps, comparecieron varios miembros destacados de su Gobierno, como el vicepresidente del Consell, Víctor Camps, el consejero de Sanidad, Vicente Rambla, o el de Cultura, Alejandro Font de Mora. Asimismo, allí acudieron otros destacados miembros del PP, como Alberto Fabra, alcalde de Castellón; Rosa María Barrieras, vicepresidenta primera de las Cortes Valencianas; Ricardo Costa, portavoz de Economía del PP en las Cortes; Jaime Mundo, diputado autonómico y alcalde de Benicarló; y Marisol Linares, secretaria de Política Social del PP. Otras personalidades que acudieron a la restringida cena fueron Vicente Sánchez Peral, ex subdelegado del Gobierno en la provincia de Castellón, y Juan José Monzonís, presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón.
El hecho de que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, acudiera a una cena con el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que se celebró en la casa de veraneo de éste no tendría nada de extraño entre dos dirigentes del PP valenciano, si no fuera porque Fabra está siendo investigado por la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración pública y otro por presunto fraude fiscal. Unos ingredientes no muy ligeros para confeccionar el menú de una velada cuya digestión política duró todo el fin de semana. La oposición ha criticado la nueva demostración de apoyo de Camps a un imputado que, en su momento, fue pieza clave en el ascenso y consolidación de Camps al frente del partido y contra los seguidores del portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana. El mismo entorno de Fabra se encargó de airear la noticia de la cena a los medios de comunicación.
Camps optó primero por quitar hierro al asunto: "Yo no malinterpreto noticias ni cenas. Se trataba de una cena como tantas tengo". Luego explicó que tiene "capacidad y posibilidad" de reunirse con compañeros suyos de partido, a lo que añadió una suerte de trabalenguas: "Los que malinterpretan son los que malinterpretan, y eso es cuestión de los que malinterpretan".
En la casa de Les Platgetes cenaron también José María Aznar, siendo presidente del Gobierno, y su esposa, Ana Botella, con el imputado presidente de la Diputación de Castellón, cuando la pareja veraneaba en el lugar. Pero de eso ya hace unos años.
Pero esta no es la única cena en la que participará el inefable Fabra. Va a recibir un homenaje en una cena que miembros de su partido y otros personajes afines a su persona tienen previsto celebrar. Pero parece ser que el local donde dicho evento se va a celebrar no tienen la licencia en regla, aunque parece que el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Castelló desoirá la denuncia realizadao por el PSPV-PSOE y autorizará la celebración de la cena homenaje al presidente de la diputación.
El portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Miguel Alcalde, reiteró que “la cita se realizará en un restaurante sin permiso y que carece del aforo suficiente para albergar a los más de 1.000 comensales anunciados”. Alcalde explicó que el Ortega Playa construyó una terraza de forma ilegal en la arena de la playa, por lo que el Ayuntamiento de Castelló le abrió un expediente sancionador en 2004 por no tener licencia y por exceso de ruidos. A pesar de ello, y de que el expediente sancionador implica tanto una multa como el cierre de la actividad -incluso el derribo -, el restaurante sigue funcionando con una licencia a nombre de un propietario anterior y que sólo es vigente para una parte del establecimiento.
Según la organización, respaldarán a Fabra, entre otros, Víctor Campos, vicepresidente del Consell; Vicente Rambla, conseller de Sanidad; el citado alcalde de Castelló, Alberto Fabra; Juan José Monzonís, presidente de la Autoridad Portuaria; José Pascual Serrano, secretario de la Pymec; Antonio Tirado, presidente de la Fundación Caja Castelló-Bancaja; Salvador Martí Huguet, presidente de la Cámara de Comercio; los empresarios Antonio Bonet, Fernando Roig y Diego Basco Basco.
Además, estará la cúpula al completo del PP en Castelló, así como la práctica totalidad de diputados provinciales, autonómicos y nacionales, al margen de los senadores nacionales.
37. EL JUZGADO QUE INSTRUYE EL 'CASO FABRA' CAMBIA DE JUEZ POR SEXTA (12/07/05)
El llamado caso Fabra vuelve, por sexta vez, a cambiar de juez. La titular del juzgado nº 1 de Nules, Marta García, ha sido trasladada tras solicitar ella misma el cambio de juzgado por motivos personales. La titular apenas llevaba 4 meses en su plaza de Nules, donde se instruyen las diligencias por las que se investiga al presidente de la Diputación de Castellón por la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración Pública y un presunto delito fiscal. García, ha sido la tercera juez titular del nº 1 de Nules desde diciembre de 2003.
Hasta la designación de un nuevo titular, el juzgado estará cubierto por un juez sustituto que, de seguir las decisiones tomadas por sus antecesores sustitutos, no tomará ninguna determinación sobre el procedimiento abierto. Así, el caso Fabra volverá a sufrir un retraso ya que la instrucción no sólo habrá de esperar al nombramiento del próximo juez titular, sino que éste habrá de estudiarse el amplio sumario del caso para aprobar o suspender las diligencias que considere necesarias. Entre otras cosas, están pendientes de declarar seis imputados en la causa, cargos técnicos y políticos. Entre las diligencias pendientes de practicar se encuentra la declaración de Carlos Fabra por el presunto delito fiscal, en el caso de que no prospere su recurso para que otro juzgado instruya la denuncia de la Agencia Tributaria.
La primera titular del juzgado fue Isabel Belinchón, que ordenó, de oficio, la apertura de la investigación a Fabra. Poco después dejó su destino al ser ascendida a magistrada. Fue reemplazada por una juez sustituta. La segunda titular, tercera juez que se hacía cargo del sumario, fue Fernanda Lorite, quien también fue ascendida y trasladada. La vacante fue cubierta por una sustituta hasta que llegó la quinta juez y tercera titular del destino, Marta García, quien apenas ha permanecido unos meses en Nules.
38. FABRA AFIRMA ANTE MÁS DE UN MILLAR DE PERSONAS QUE NO DIMITIRÁ PORQUE NO HAY "NINGUNA RAZÓN" (16/07/05)
Más de un millar de personas se reunieron en un restaurante de la playa de Castellón para rendir homenaje al presidente de la Diputación y del PP provincial, Carlos Fabra, que está siendo investigado por la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración Pública y por un presunto delito fiscal. El homenajeado les aseguró que no tiene "ninguna razón" para presentar su dimisión. El local en el que se celebró el homenaje al dirigente del PP no tiene la licencia de actividad en regla y carece del aforo suficiente para albergar al millar de comensales.
De hecho, el Ayuntamiento de Castellón inició un expediente sancionador que imponía una multa, el cierre de la actividad e incluso el derribo de parte del establecimiento, que no ha sido ejecutado. Todo ello no fue obstáculo para que en el acto de desagravio a Fabra se encontrara presente el alcalde de la capital castellonense, Alberto Fabra.
El Gobierno Valenciano estuvo representado por su vicepresidente, Víctor Campos, y el consejero de Sanidad, Vicente Rambla, ambos castellonenses y deudores a Fabra de buena parte de su carrera política. No acudió, sin embargo el presidente de la Generalitat. Francisco Camps, aunque estaba de acuerdo con la convocatoria, prefirió inaugurar un parque dedicado a los animales vecino a Terra Mítica y asistir, en Alicante, a la gala de las Artes Plásticas. Con motivos similares o con excusas por "razones personales", el resto del Gobierno Valenciano excusó su presencia.
El portavoz del Consell, Esteban González Pons, calificó de "natural" la presencia del vicepresidente y consideró "poco democrático" que se juzgue a quien "no está imputado", pese a que Fabra lo está por dos motivos.
Bajo el lema "A tu lado somos muchos" se proyectó un vídeo con imágenes de la vida política de Fabra, con el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, con Rodrigo Rato y con los ex presidentes de la Generalitat, Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, entre otros. Con testimonios de familiares y amigos, la proyección se inició con un "somos los que somos y estamos los que estamos" dicho por el propio Fabra. La intervención de su hermano, José Alberto, fue la más tajante al situar en "bastardos intereses" el origen de las acusaciones de las que es objeto el líder del PP de Castellón. "A todo cerdo le llega su San Martín", añadió su hermano.
Carlos Fabra, entre aplausos, protagonizó una breve intervención en la que afirmó no tener "ninguna razón" para no seguir al frente de la Diputación de Castellón y se manifestó objeto de un "acoso político y mediático sin precedentes". "Vuestra presencia es una manifestación de desacuerdo con esta persecución", dijo a los asistentes e "indicador de la salud democrática de este país porque respetáis la presunción de inocencia". Fabra agradeció el "respaldo" y la "valentía" a todos los asistentes.
La base del PP de Castellón estuvo ampliamente representada. Alcaldes y concejales fueron a arropar a Fabra. Numerosos militantes de base también pagaron los 30 € que costaba la cena; aunque algún sector minoritario confesó que acudía porque "hoy se señala más a quien no está, que a quien está".
39. EL CONSELL AVALA LA CENA-HOMENAJE A FABRA ALEGANDO ERRÓNEAMENTE QUE NO ESTÁ IMPUTADO (16/07/05)
El portavoz del Gobierno valenciano, Esteban González Pons, justificó la cena-homenaje de anoche al presidente de las Diputación de Castelló, Carlos Fabra, con un argumento erróneo. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell y a preguntas de los periodistas, aseveró que su compañero de partido no está imputado, cuando es sabido que sí lo está y por dos asuntos diferentes.
En enero de 2004, el líder provincial del PP fue imputado por el juzgado de Nules por uno o varios delitos contra la Administración por el presunto uso de sus influencias políticas para acelerar la tramitación de productos fitosanitarios. A esta causa se ha unido la imputación de Fabra, tan lejos como el mes pasado, por un presunto fraude fiscal en su declaración de renta de 1999, ya que supuestamente dejó de pagar al fisco 150.000 €. La duda está en la intencionalidad del lapsus del portavoz del Ejecutivo: El PP mantuvo en su día -en la anterior etapa de gobierno socialista en Madrid- que a partir de la imputación había que asumir responsabilidades políticas. Esta doctrina ha sido descartada por los populares cuando ha afectado a sus correligionarios.
“Si no se puede cenar con una persona que no está imputada, eso quiere decir que no hay presunción de inocencia”, soltó el conseller de Relaciones Institucionales para censurar a los que critican el ágape. Acto seguido, agregó: “Cuando no hay ni una imputación, interdictar a las personas es realizar un prejuicio poco democrático”. Consideró “natural” que el vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y el conseller de Sanidad, Vicente Rambla, acudieran al homenaje y tildó de “poco democrático” que se juzgue a quien “no está imputado, cuando no hay de momento más que una acusación”, insistió.Mantuvo que la presencia de dos miembros del Ejecutivo no deteriora la imagen del Consell. La semana pasada, el presidente Camps y otros altos cargos se desplazaron hasta el chalé de Fabra para cenar con el titular de la Diputación de Castelló.
González Pons no dudó en recordar que el vicepresidente de la Generalitat “ha presumido públicamente de ser amigo” de Fabra. Declinó valorar como portavoz “una cena-homenaje que tiene lugar en el ámbito del partido -los populares han sostenido que el acto era iniciativa de la sociedad civil de Castelló- y que tiene muchoque ver con la amistad y con el cariño que se le tiene a Fabra en el PP “.
40. LOS ALCALDES DE TORREVIEJA Y BENIDORM GASTAN MÁS EN ASESORES QUE LOS DE LAS GRANDES CIUDADES (18/07/05)
El número de asesores contratados por los alcaldes de Torrevieja y Benidorm, Pedro Ángel Hernández Mateo y Vicente Pérez Devesa, respectivamente, duplica a los que tienen en nómina los primeros ediles de las dos grandes urbes alicantinas, Alicante y Elche, a pesar de que estas dos últimas triplican en población a las primeras y disponen, por tanto, de más miembros en sus corporaciones.
El alcalde de Torrevieja acaba de ampliar su cupo de colaboradores y el de Orihuela ha destituido a un par de asesores por apoyar a su rival en las elecciones a la presidencia local del PP.
La profesión de asesorar a un alcalde o a un grupo político se ha convertido en un trabajo de alto riesgo en los principales ayuntamientos alicantinos. En solo tres días de la semana pasada se sucedieron estos hechos: una juez obligó al alcalde de Benidorm a readmitir a los asesores del Grupo Socialista, en la oposición, despedidos arbitrariamente como represalia política porque el PSPV se negó a que un pabellón deportivo fuera bautizado con el nombre de Eduardo Zaplana; el alcalde de Torrevieja elevó a 17 el número de asesores y destina ya 600.000 € al año a pagar sus contratos a dedo; y el de Orihuela despidió a varios asesores que, en vez de apoyarlo a él en las elecciones a la presidencia local del PP, respaldaron a una candidata del sector zaplanista, Mónica Lorente.
Los Ayuntamientos no atienden a las recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre los sueldos de los políticos (del gobierno y de la oposición) y la contratación del personal de confianza y, en muchos casos, los alcaldes abusan de las atribuciones que les confiere la ley para realizar contratos muy cuestionables.
Son muchos los ejemplos: en Orihuela, la compañera sentimental del alcalde, del PP, fue nombrada por éste coordinadora de infraestructuras con un sueldo anual de 33.657.00 €, y ocupa un despacho en el Ayuntamiento más grande que el que comparten los ediles de la oposición, que no cobran dinero público por su trabajo municipal. En Torrevieja, varios familiares de concejales han encontrado acomodo y un buen sueldo en el Ayuntamiento. También han sido contratados militantes del PP que quedaron a las puertas de conseguir el acta de concejal. La nómina de las 17 personas empleadas a dedo en Torrevieja suma ya 600.000 € anuales. Los sueldos de asesores en ese Ayuntamiento son dispares. El mejor pagado, con 41.484,96 € anuales, es un ex concejal popular, contratado como jefe de protocolo. Y mientras aumenta el gasto en personal a su servicio, el alcalde Hernández Mateo deniega sistemáticamente las dedicaciones exclusivas a la oposición de Torrevieja. La quinta ciudad valenciana por número de habitantes no tiene liberado a ningún edil de la oposición.
La arbitrariedad engorda los contrastes. Si en Torrevieja no hay liberados, en la capital alicantina todos los concejales de la oposición, 12 del PSPV y una de Esquerra Unida, cuentan con dedicación exclusiva, es decir, sueldo público, y entre ambos grupos suman una docena de asesores. Elche, una ciudad con más del doble de habitantes que Torrevieja, sólo dispone de seis asesores adscritos a la alcaldía, frente a los 17 de Torrevieja, los 23 de Benidorm o los 11 de Orihuela.
Elche, de 220.226 habitantes gobernada por el PSPV, cuenta con seis personas contratadas eventualmente como personal de confianza o asesores. Su salario medio es de 33.336 € anuales. Su Corporación tiene 27 ediles. 4 de los 12 concejales de la oposición disponen de dedicación exclusiva.
El alcalde de Benidorm tiene en nómina a más de una veintena de asesores. Tres ediles del PSPV, en la oposición, cobran un sueldo público, aunque muy mermado tras las represalias de Pérez Devesa por el episodio del nombre del pabellón de deportes.
Un dirigente del PP de Alicante aconseja a los ayuntamientos que a la hora de contratar al personal eventual tomen como punto de referencia los criterios de la FEMP.
41. EL PP VETA QUE CAMPS EXPLIQUE SU APOYO A FABRA EN LA DIPUTACIÓN PERMANENTE (27/07/05)
El PP rechazó en la junta de portavoces de las Cortes la petición socialista para que se convocara la Diputación Permanente -órgano que suple al pleno en periodo inhábil- con el fin de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, compareciera para ofrecer una explicación de su respaldo y el de otros miembros del Consell al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, imputado en dos causas, una sobre presuntos delitos contra la Administración por el supuesto uso de sus influencias en la legalización de productos fitosanitarios, y otra, a instancias de la Agencia Tributaria, que le reclama 150.000 € de la declaración de 1999.
El PSPV presentó esta solicitud tras el homenaje a Fabra de hace dos semanas. Días antes, Camps acudió a cenar al domicilio del líder castellonense y uno de sus principales apoyos internos. El PP vetó la petición alegando que incumple el reglamento de las Cortes, que establece que la Diputación Permanente sólo se puede convocar en “casos de alarma social o catástrofe y no para comparecencias de carácter ordinario”, explicó el portavoz adjunto popular Rafael Maluenda. Además rechazó sin más la tramitación de la comparecencia.
El portavoz adjunto socialista Antoni Such censuró que su grupo lleva dos años solicitando la Diputación Permanente y el PP ha vetado sistemáticamente cualquier reunión. Para Such, el respaldo de Camps a un imputado por posibles delitos, entre ellos, de fraude fiscal, es “éticamente reprobable” y “genera dudas entre los ciudadanos”. Además, denunció el vetó de los populares también a la petición de comparecencia del conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Miguel Peralta, para explicar “cuál es el nivel de relación del secretario autonómico de Justicia con Carlos Fabra”. Según dijo, es “muy grave” que éste cargo aparezca públicamente “sin ningún rubor” con Fabra, y se preguntó “qué pensará el juez que está juzgando este caso”.
Los populares, concluyó, censuraron también preguntas del PSPV sobre contratos de Aigüa Amarga en la Ciudad de la Luz, subvenciones del Servef y el recurso contra el veto anterior a varias preguntas sobre los contratos del Consell con Orange Market, una empresa cuyos cargos están vinculados a los responsables de Special Events, relacionada con el PP y radicada en un paraíso fiscal.
Joan Antoni Oltra, de EU-Entesa, censuró la actitud de “pleitesía y de pagar el peaje” que el PP tiene con Fabra.
42. EL GOBIERNO DE AZNAR PARALIZÓ DURANTE DOS AÑOS LA INVESTIGACIÓN A FABRA POR PRESUNTO FRAUDE FISCAL (27/07/05)
El gobierno de Aznar paralizó durante dos años la investigación por presunto fraude fiscal del presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra. La Agencia Tributaria abrió un expediente por este presunto delito en el año 2002, pero ese expediente no llegó a tramitarse. En el año 2004, tras el cambio de gobierno, se reactivó la investigación. Hacienda acusa a Carlos Fabra de defraudar más de 150.000 € (25 millones de pesetas) en su declaración de la renta de 1999.
La paralización durante dos años del expediente abierto a Carlos Fabra por presunto fraude fiscal puso en riesgo la investigación, ya que el delito podría haber prescrito. Desde que el caso se reactivó en 2004, los inspectores de la agencia tributaria se reunieron hasta en veintiuna ocasiones con los representantes legales del presidente de la diputación de Castellón. Se le pedían explicaciones sobre sus más de noventa cuentas bancarias, y sus ingresos en cheques y efectivo, que superaron los 800.000 € durante ese ejercicio fiscal de 1999.
Fabra sólo ha podido justificar dos de esos ingresos, por un valor que no alcanza los 10.000 €. Aquel año, por cierto, la declaración de la renta le salió a devolver. El pasado 5 de julio, Fabra se negó a declarar sobre este asunto ante la juez que llega el caso.
La Agencia Tributaria acaba de finalizar la inspección de la declaración de la renta de Fabra del año 2000, y va a investigar también las de los años posteriores. Los mayores incrementos patrimoniales de Fabra se produjeron precisamente a partir del año 2000.
43. GÉNOVA APUNTA A ZAPLANA COMO OBSTÁCULO AL ESTATUTO VALENCIANO (20/08/05)
El curso se anuncia intenso y arduo con dos asuntos cruciales e interrelacionados sobre la mesa: la solución del déficit sanitario y la puesta en marcha del proceso de reformas estatutarias. Respecto a esta última cuestión, señalan fuentes de la calle Génova que el presidente del PP, Mariano Rajoy, no está sabiendo sacar el provecho adecuado al pacto estatutario alcanzado por el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, con el líder de los socialistas en la región, Joan Ignasi Pla. Estas fuentes apuntan al portavoz popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, como la principal de las razones por la que desde Madrid no se haya apostado decididamente por publicitar y obtener el consiguiente rédito electoral que el acuerdo y el hecho de que la reforma valenciana haya sido la primera en realizarse. "La vía valenciana" como se la bautizó desde la Generalitat valenciana no acaba de ser un argumento que el Partido Popular haya querido expolvorear demasiado. Es evidente que, bien utilizada, la reforma valenciana hubiese podido condicionar las de todos los demás estatutos. Pero la realidad es que lo último que Zaplana desearía es ver como su heredero en la Comunidad Valenciana aumenta su prestigio nacional con el tanto que se apuntó en el ámbito autonómico al haber sabido llegar a un pacto con el PSOE para reformar una norma con 23 años de vigencia y que, como recuerdan los consultados, "el propio Eduardo Zaplana intentó reformar sin éxito".
44. LA FISCALÍA VE INDICIOS DE COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN LOS NEGOCIOS DE FABRA (02/09/05)
El fiscal Anticorrupción, Carlos Sáiz, ha observado indicios de cohecho y de tráfico de influencias en los negocios que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, mantuvo durante años con el empresario Vicente Vilar, de Artana, según se desprende de un escrito que el representante del ministerio público remitió al Juzgado de Instrucción número 1 de Nules el pasado 5 de agosto. En el documento, Sáiz rebate punto por punto la batería de recursos que Fabra ha ido presentando antes y durante las últimas semanas para defenderse de las acusaciones del industrial castellonense, que le acusa de haber cobrado a cambio de favores políticos ante el Gobierno.
El fiscal fundamenta sus últimas decisiones en el nexo de unión que, a su juicio, existe entre la denuncia que la Agencia Tributaria formuló antes del verano contra Fabra por un supuesto fraude fiscal de 300.000 € y la investigación que desde hace casi dos años instruye el Juzgado de Nules por las supuestas comisiones que el presidente de la diputación cobró a cambio de acelerar la tramitación de ciertos expedientes de Naranjax, la empresa de Vilar. Según el escrito de Sáiz, en la denuncia de Hacienda se imputa al líder provincial del PP un presunto delito fiscal derivado de “ingresos no justificados” en sus cuentas corrientes por un importe de 300.000 €.
Para el fiscal, resulta “imprescindible” investigar si existe conexión entre estos ingresos en efectivo, detectados por los inspectores, y los pagos que varios testigos, además de Vilar, aseguran haber realizado al líder del PP a cambio de sus favores y mediaciones en organismos públicos. Sáiz es explícito al recordar que distintos testigos a lo largo de la instrucción en el juzgado de Nules han declarado la existencia de pagos en efectivo para Fabra a través de las empresas de Vilar, “si bien evidentemente no tienen certeza del destinatario de dichas cantidades”. Y cita el fiscal al asesor de Naranjax José Mas, a la contable Sonia Badía y a otros empresarios que mantuvieron relaciones comerciales con Vicente Vilar, como Ginés Márquez o Manuel Domingo Ruiz. El razonamiento de Sáiz llega a la conclusión de que puede llegar a acreditarse en la investigación judicial una “vinculación” entre estas entregas de dinero y los ingresos en cuentas corrientes de Fabra, que supuestamente pudieron incrementar su patrimonio.
Por esta razón, Sáiz considera que de acreditarse todos estos indicios, la imputación de delito fiscal que ha hecho la Agencia Tributaria contra Fabra sería “conexa” a la existencia de la figura del cohecho del artículo 419 del Código Penal.
Así, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Nules, Julia Mínguez, tiene sobre su mesa un oficio de la Fiscalía Anticorrupción que la insta a abrir diligencias penales por la supuesta trama de los sellos falsos del caso Fabra, según informaron fuentes de la Administración. El escrito, remitido por Carlos Sáiz, fiscal Anticorrupción adscrito al caso, va acompañado de cuatro carpetas con una extensa y completa documentación sobre la masiva falsificación de documentos que poco antes del verano denunció en el Ministerio de Agricultura el empresario Vicente Vilar, de Naranjax. El oficio de la fiscalía entró por el registro de Nules, que por reparto dio traslado del mismo al Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad.
Según la denuncia que el industrial de Artana puso en conocimiento del Ministerio de Agricultura, el presidente de la Diputación Provincial, Carlos Fabra, estaba al corriente de la manipulación de los análisis, sellos, cuños oficiales y otros documentos que supuestamente sirvieron para engañar al Ministerio de Agricultura durante la tramitación de las licencias de comercialización de al menos 30 productos insecticidas para uso agrícola. Sin estas supuestas falsificaciones, la Administración jamás habría dado luz verde a la venta de los productos fitosanitarios, ya que tanto los ministerios de Sanidad como de Agricultura los habrían rechazado al no cumplir con los requisitos de garantía y control establecidos en la ley.
45. EL FISCAL PIDE QUE SE INVESTIGUE AL ALCALDE DE TORREVIEJA POR LA COMPRA DE UNA FINCA (02/09/05)
El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ve "indicios de delito" en la operación de compra-venta de una finca por parte del alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, del PP, que le reportó una ganancia de 5,2 millones €.
El fiscal ha remitido al juzgado de Torrevieja la denuncia presentada por el grupo municipal de Esquerra Unida (EU) contra el alcalde para que abra una investigación. En la denuncia, EU imputa al alcalde los supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho. Todo ello, tras conocerse que el primer edil de Torrevieja ganó 5,2 millones en la operación de compra-venta de una finca en la vecina localidad de Almoradí. El alcalde compró en 2000 tres parcelas rústicas -en total 18 hectáreas - por 180.000 €. Dos años más tarde, el primer edil vendió el terreno por 5,4 millones €. La oposición denunció que Hernández Mateo adquirió la finca a un promotor, propietario de la mercantil Edén del Mar, al que antes había adjudicado una urbanización en Torrevieja.
Este promotor participó luego en un proyecto para urbanizar 19 millones de m2 en Almoradí que incluían el terreno adquirido por el alcalde. En su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, EU sostiene que Hernández Mateo pudo valerse de información privilegiada y que la operación puede ocultar un supuesto pago de favores urbanísticos en el municipio: "Estando el municipio de Almoradí, con el gobierno del PP, en fase de aprobación de un nuevo PGOU que contiene la recalificación de las fincas compradas por Hernández Mateo y vendidas posteriormente sin recalificación segura, podríamos estar ante una información obtenida de forma privilegiada por parte de Hernández Mateo".
El alcalde rechazó que se valiera de información privilegiada y aseguró que compró el terreno para cultivar hortalizas y criar perros.
46. El Poder Judicial nombra la séptima juez del 'caso Fabra' (15/09/05)
El Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado a la juez Lourdes Noverques como nueva titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules (Castellón), que instruye la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por delitos contra la Administración Pública. Será así la séptima juez que se encarga del caso que se inició a finales de 2003, tras pasar por el juzgado tres jueces titulares y sus tres sustitutos. Además, son ya tres los fiscales que se han encargado de la causa desde entonces.
Según publica el Boletín Oficial del Estado, la juez era hasta ahora la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Molina de Aragón (Guadalajara). Ahora tendrá que instruir el caso contra el presidente de la Diputación de Castellón a partir de las querellas presentadas por el empresario Vicente Vilar contra Carlos Fabra. Estas querellas fueron desestimadas, aunque originaron una actuación de oficio por supuestos delitos contra la Administración Pública.
El pasado 14 de junio, la Agencia Tributaria presentó una denuncia contra Fabra por un delito fiscal supuestamente cometido en 1999, que fue admitida a trámite por el Juzgado y acumulada a las diferentes actuaciones que ya se seguían contra el presidente de la Diputación de Castellón.
47. LA FISCALÍA DE ALICANTE ABRE UNA INVESTIGACIÓN ANTE LAS SUPUESTAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN EN ORIHUELA (20/09/05)
La Fiscalía de la Audiencia de Alicante ha acordado abrir diligencias para esclarecer las denuncias sobre supuestos casos de corrupción en el Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP desde 1987. Algunas de las supuestas prácticas corruptas fueron desveladas por el ex interventor de la Corporación el pasado mes de febrero. El funcionario, aparte de irregularidades contables, acusó al equipo de gobierno del pago de facturas falsas, incrementos injustificados de obras y aportaciones a medios de comunicación afines. La investigación la coordinará el fiscal Anticorrupción.
El grueso de las denuncias sobre presuntas corruptelas en el Ayuntamiento oriolano, que preside el popular José Manuel Medina, fue realizado el pasado febrero por el hasta entonces interventor, José Manuel Espinosa. El funcionario fue destituido tras autoinculparse de haberse apropiado de 30.000 € de las arcas municipales. Dos días más tarde, Espinosa convocó a los portavoces de los tres grupos de la oposición (PSPV, Centro Liberal y Esquerra Verda) y desveló una serie de irregularidades contables de las que responsabilizó directamente a los ediles del PP. La conversación fue grabada en dos cintas. Los supuestos casos de corrupción más relevantes denunciados por Espinosa en su entrevista con la oposición fueron los siguientes:
- Necso. El Ayuntamiento de Orihuela, bajo la presidencia de Luis Fernando Cartagena, adjudicó en 1988 a esta firma el servicio de recogida de basuras en el casco urbano de la población. En el resto del término, el servicio lo explota el empresario afín al PP Ángel Fenoll. A principios de 2002, Medina planteó la posibilidad de unificar el servicio y retirar la contrata a Necso. Sobre este extremo el ex interventor dijo: "Después de los problemas de mayo [intento del Ayuntamiento de retirar la contrata], Necso presentó a cobró dos facturas falsas por lucro cesante por un importe de 40 millones de pesetas".
- Doalco. Es una de las empresas constructoras más destacadas de la comarca de la Vega Baja. Su presidente, Domingo Alcocer, integra el consejo de administración de la TV local Canal 34. Entre otros proyectos, el Ayuntamiento le ha adjudicado las obras de la Glorieta y un aparcamiento. Respecto a las obras de la Glorieta, Espinosa afirmó: "Las obras de la Glorieta pasaron de 200 a 1.000 millones de pesetas, sin consignación presupuestaria".
- Mandamientos de pagos. El ex interventor aseguró que Encarna Galiana, concejal entre 1999 y 2003 y actual asesora del alcalde, dejó el cargo sin presentar las facturas de mandamientos de pagos por valor de unos 22.000 €.
- Conciertos municipales. Espinosa desveló que la teniente alcalde, Mónica Lorente, no ingresó en caja las recaudaciones de los conciertos durante su etapa al frente de la concejalía de fiestas. "Amañaba los contratos para cuadrar las cuentas".
- Canal 34 y Portada. Dos medios de comunicación afines al PP. El director y gerente del canal es Antonio Galiano, hermano de una ex concejal del PP. Galiano es además propietario de la revista Portada. El interventor denunció: "Han recibido un montón de millones no de subvenciones, sino de publicidad directa de las concejalías".
- Aparcamientos. El Ayuntamiento de Orihuela, mediante decretos de la Alcaldía, paga ocho plazas en un aparcamiento privado, propiedad del constructor Domingo Alcocer, para uso de los jueces.
- Jefe de Personal. Medina contrató en diciembre de 2004 en exclusiva como jefe de personal a Luis Alberto Prieto Martí, profesor interino de la Consejería de Educación de Murcia desde 1998. Prieto Martí dimitió como jefe de personal del Ayuntamiento al trascender que cobraba dos sueldos públicos.
- Hermana del juez. El PSPV denunció el caso del titular del juzgado nº 3, José Manuel Galiana Serrano, que archivó dos querellas de la oposición a Medina después de que el Ayuntamiento contratara a la hermana del juez.
- Industrial afín al PP. La última denuncia sobre supuestas irregularidades en el Ayuntamiento parte del empresario afín al PP Ángel Fenoll. Éste que reclama al Ayuntamiento una deuda de 7,5 millones de € y mantiene que la actuación de Medina "raya la malversación".
48. ARIAS CAÑETE FUE ALERTADO EN 2000 DE QUE FABRA PROSEGUÍA SUS PRESIONES A AGRICULTURA (24/09/05)
La documentación remitida por el Ministerio de Agricultura al juzgado que investiga al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por un delito fiscal y otro contra la Administración no sólo evidencia las presiones en 1999 de sus allegados sobre el ministro de Agricultura Jesús Posada. El sucesor de éste, Miguel Arias Cañete, recibió un informe del director general de Agricultura, en julio de 2000, en el que le advertía: "Las presiones políticas de los parlamentarios y del presidente de la Diputación de Castellón por los asuntos de Naranjax continúan".
La nota fue enviada por el director general de Agricultura, Rafael Milán. Respondía a la orden de la jefa del gabinete del ministro Arias Cañete, Catalina de Miguel, quien le había hecho llegar un acusatorio relato de Naranjax sobre supuestas trabas que hallaba para legalizar sus productos: "Rafael, me están llamando continuamente en relación con este tema, y dentro de poco el ministro tendrá que recibir a estos señores. ¿Podrías hacerme llegar unas notas con tus observaciones al respecto".
Milán le hizo llegar dos notas. Ambas, sin firma. La primera, de 28 de junio de 2000, alertaba de que Naranjax se empeñaba en "obtener sus autorizaciones por influencias políticas, y éste es un sistema nada deseable puesto que no se podría pedir un comportamiento digno a unos funcionarios a quienes se les presionase a emitir dictámenes, firmados por ellos mismos, para favorecer a quienes tienen acceso a personalidades influyentes de la política".
Pero una "nota complementaria sobre el dossier Naranjax", elevada por Milán al ministro el 20 de julio, ya puso nombre a los políticos que asediaban a los funcionarios. El informe relataba las presiones o quejas de Vicente Vilar -dueño de Naranjax que pagó supuestos asesoramientos de Fabra en 1999, y cuyas esposas crearon la empresa Artemis 2000 para comercializarlos- sobre Agricultura bajo el mandato del ministro socialista Vicente Albero y de la ministra del PP Loyola de Palacio. Y recogía una reunión en el verano de 1996 de Vilar con el director general de Agricultura Ramón Vázquez. La cita fue "desagradable". Naranjax no aportó pruebas. Luego envió "cartas amenazantes". Posteriormente, según la nota, Vilar contactó con el jefe de gabinete de la ministra "para que se examinara el producto Abac" tanto por parte de directivos del ministerio como de la Generalitat valenciana. "Ante la tensión creada", Agricultura consideró que "la situación se podría desbloquear con un informe de la Generalitat valenciana sobre la capacidad de Naranjax para fabricar los productos en cuestión, y procedió a solicitarlo".
La inspección de la Generalitat sobre la planta de Naranjax se produjo el 12 de enero de 1999. Y se tradujo en un escrito que, según el informe elevado a Arias Cañete, "informa de la existencia de sustancias activas procedentes de China e India, para los cuales Naranjax no había solicitado el registro, lo que pudo motivar la incoación del oportuno expediente sancionador de la Generalitat valenciana, sobre lo que se carece de información". El informe agregaba que "de todas las demás incidencias, incluido el extravío de la valija entre las consellerías de Sanidad y de Agricultura también se carece de información".
La nota remitida por Milán al gabinete de Arias Cañete denunciaba el "acoso" para que "el director general de Agricultura firmase una resolución de autorización sin que se hubiese producido dicho informe preceptivo [del Ministerio de Sanidad]". Y, a renglón seguido, destapaba la caja de los truenos: "En el momento actual, las anteriores presiones políticas de los parlamentarios y del presidente de la Diputación de Castellón por los asuntos de Naranjax continúan.
Prueba de ello es que en los últimos meses el subdelegado del Gobierno en Castellón [Vicente Sánchez-Peral] ha mantenido varias entrevistas con el director general de Medios de Producción Agrícolas y con el director general de Agricultura para interesarse por la situación de nuevos expedientes de Naranjax, presentados en su nombre y en el de otras empresas". "Resulta llamativo", proseguía la nota, "que Vilar esté continuamente implicando a personas conocidas de la vida pública (el ex ministro Vicente Albero, el señor Alegre, de la plaza de toros de Castellón; el presidente de la Diputación de Castellón y los senadores de esa provincia, la entonces ministra de Agricultura) para que intercedan en la resolución de problemas que él mismo crea".
La nota concluía pidiendo ayuda a Miguel Arias Cañete frente a tal ofensiva respaldada por cargos populares sobre el funcionariado de Agricultura: "Es necesario que el ministerio, previas las comprobaciones pertinentes, les defienda de las injurias que viene vertiendo impunemente en la Prensa y ante los diputados, senadores, el propio ministro y posiblemente ante el presidente del Gobierno, aprovechando la recepción de verano que organiza el presidente de la Diputación de Castellón, como así se ha filtrado en su momento a dichos funcionarios (...) Este tipo de presiones también ha llegado hasta los funcionarios del Ministerio de Sanidad y Consumo".
49. CAMPS ELUDE RESPALDAR A FABRA TRAS LAS EVIDENCIAS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS (24/09/05)
Las fiestas veraniegas con las que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, obsequió al anterior presidente del Gobierno, José María Aznar, durante sus vacaciones en les Platgetes, preocupaban a los funcionarios del Ministerio de Agricultura que desde 1996 tenían sobre la mesa una patata caliente: tramitar los permisos fitosanitarios para un empresario de Castelló, Vicente Vilar. Este no cejaba en su empeño con el fin de lograr la aprobación de sus productos insecticidas.
Un informe que la Dirección General de Agricultura elevó en julio de 2000 al entonces ministro, Miguel Arias Cañete, en poder del Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules, da cuenta de la enorme preocupación entre los funcionarios a causa de las “amenazas” de Vilar y sus “presiones”.
En el documento, el director general de Agricultura, Rafael Milán, insta a Cañete a que “defienda” a los funcionarios “de lasinjurias que el señor Vilar viene vertiendo impunemente en la prensa y ante los diputados, senadores, el propio ministro y posiblemente ante el presidente del Gobierno [Aznar], aprovechando la recepción de verano que organiza el presidente de la Diputación de Castelló, como así se ha filtrado en su momento a dichos funcionarios”.
En su declaración como imputado,Vilar aseguró a la juez que Fabra visitó al menos una vez la Moncloa para hablar con Aznar de los productos de Naranjax. Además, Vilar y el propio Fabra visitaron otra vez La Moncloa, aunque finalmente el ex presidente del Gobierno estaba de viaje y fue el secretario de Estado de Comunicación, Alfredo Timmermans, quien salió a recibirlos, según testimonios del propio Vilar.
El informe del ministerio describe el grado de preocupación de los funcionarios: “Aunque los intermediarios de Naranjax actúan de forma correcta, los funcionarios responsables de la gestión han trabajado discretamente, dando quizás al señor Vilar por desequilibrado o por algo menos tolerable, pero en todo caso han estado sometidos a una presión continuada que excede de lo soportable”. El temor de los funcionarios se debía a que Vilar, al no conseguir que el Abac fuera aprobado, acusaba a los organismos públicos de favorecer a ciertas grandes empresas. Según el informe, Vilar había llegado a propagar el rumor de que algunos funcionarios habían cobrado 100 millones de las antiguas pesetas mientras que otra sociedad tenía como infiltrados en el ministerio a sus propios “testaferros”.
50. UN JUEZ ABRE INVESTIGACIÓN POR UN PRESUNTO DELITO FISCAL EN LOS PAGOS OPACOS DEL IVEX A JULIO IGLESIAS (25/09/05)
Siete años, ocho meses y tres semanas después de que la Generalitat presidida por Eduardo Zaplana fichó, a través del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), al galáctico Julio Iglesias para que hiciera de embajador comercial de los productos valencianos en el exterior, un juez de instrucción de Valencia ha abierto diligencias para aclarar si se cometió delito fiscal en los pagos al artista. El que había sido telonero de la campaña de Aznar percibió en virtud de un contrato “b” -oculto a la opinión pública y a las Cortes- 990 millones de pesetas. Una cantidad “neta, libre de impuestos”, según el propio documento clandestino, que era muy superior a los 375 millones que el Consell vendió como remuneración oficial. Por mor de esa cláusula de indulto fiscal, el cantante fue eximido del pago de unos 247,5 millones de pesetas.
El IVEX abonó a lo largo de 1998 y 1999 y en concepto de organización de los conciertos y certámenes feriales en el extranjero, otras cantidades millonarias al menos a dos empresas vinculadas al artista y radicadas en paraísos fiscales: International Concert (domiciliada en Islas Vírgenes Británicas) y Midway International (República de Irlanda). Los pagos se hicieron en cuentas secretas radicadas en bancos caribeños, como la oficina de UBS en Nassau (Bahamas).
El titular del juzgado de instrucción nº 19 de Valencia, Luis Carlos Presencia Rubio, ha abierto diligencias a raíz de la querella presentada ante el Tribunal Supremo en mayo de 2004 por los presuntos delitos de malversación de caudales, falsedad documental y fraude fiscal contra el cantante y los responsables políticos de una operación que apadrinó Eduardo Zaplana, según se desprendía de documentos que manejados durante la negociación. El Supremo remitió la querella a los juzgados de Valencia.
El asunto ha acabado en manos del juez Presencia Rubio, porque en su día ya inició actuaciones a raíz de otra denuncia. El magistrado, que ha trasladado la resolución al fiscal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), explica en el auto que exigirá a Bancaja que “justifique la autorización por parte del Banco de España de las emisiones” de cheques en divisas que fueron librados a favor del cantante. En su intento de aclarar la cuestión fiscal, el juez se dirigirá al delegado de la Agencia Tributaria en Valencia para que informe al juzgado sobre si “respecto a los pagos efectuados por el IVEX a la persona de Julio Iglesias se han seguido actuaciones de algún género y su resultado, así como si tales pagos fueron oportunamente liquidados ante la Agencia Tributaria”.
De igual modo, se solicitarán a la Intervención General de Economía y Hacienda de la Generalitat “las conclusiones de los informes correspondientes sobre la auditoría o examen de las cuentas presentadas por el IVEX durante 1998 y 1999”. En el auto de incoación de diligencias también se apunta que se pedirán a la Sindicatura de Cuentas los informes de los ejercicios en los que se formalizaron los pagos.
Los querellantes acudieron directamente al Tribunal Supremo por la condición de aforado que ostenta el ex presidente Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso. Inicialmente la querella se dirigía también contra Julio Iglesias, José María Tabares, el ex conseller Diego Such, el representante del artista, Luis Fernando Esteban, y los consejeros de administración del IVEX entre 1997 y 2000. La Sala Segunda del Supremo entendió que el asunto debía remitirse a Valencia y si se acreditaba la participación de Zaplana, se elevaría a Madrid. Los impulsores de la querella ampliaron la acusación al que fue director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), José Manuel Uncio, quien, en nombre de Zaplana, negoció el contrato con el representante de Julio Iglesias.
Presencia Rubio exime en principio de responsabilidad a toda la nómina de querellados, salvo a José María Tabares. La documentación aportada “evidencia la existencia de determinados pagos realizados en divisas (...) sin ningún tipo de previa liquidación o imputación a tal o cual concepto de los documentos suscritos por las partes...”. El auto señala que es el “pagador” quien debe hacer la “correspondiente retención a efectos fiscales”. El juez argumenta que como “el obligado es la entidad pagadora (...) el señor Tabares como representante de la misma” es quien tendrá que “asumir la carga que impone el dirigir un procedimiento penal contra él, con exclusión en este inicio de cualquier otra persona”. Por eso lo llama a declarar “en calidad de imputado”.
51. EL PP DE ORIHUELA SE ROMPE Y EL ALCALDE QUEDA EN MINORÍA (27/09/05)
El equipo de gobierno del PP en Orihuela se rompió en dos. El alcalde, el campista José Manuel Medina, sometió a dictamen de la comisión de Urbanismo la recalificación de 800.000 metros para construir 7.000 viviendas en la costa, pero la presidenta local del PP, Mónica Lorente, y otros tres ediles populares del sector zaplanista votaron en contra de la propuesta, al igual que los concejales socialistas y el de EU.
Los planes urbanísticos siguen causando estragos en los partidos políticos. fue el turno para el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, que sometió a la comisión de Urbanismo el proyecto de construcción de sendas urbanizaciones, Tierras Nuevas 1 y 2, con 7.000 nuevas viviendas. Estas nuevas construcciones se levantarían en la zona de la costa de Orihuela, entre Villa Martín y el paraje protegido de Sierra Escalona y se ejecutarían sobre una parcela de 800.000 metros cuadrados que en el Plan General de Ordenación Urbana vigente están contemplados como no urbanizables.
La comisión de Urbanismo sometió los dos puntos a votación y el alcalde, del PP; sólo consiguió el apoyo de tres de sus ediles y de otros tres representantes del Centro Liberal -formación surgida de una escisión del PP-, ya que Mónica Lorente, presidenta local del PP, y otros tres concejales, que a su vez son miembros de la ejecutiva local del PP, (José Antonio Aniorte, José Antonio Rodríguez y David Costa) votaron en contra, al igual que los dos representantes del PSPV-PSOE y el de Izquierda Verde (IV). El resultado final fue de seis votos a favor y siete en contra, con lo que la comisión emitió un informe desfavorable.
El informe de la comisión es preceptivo, pero no vinculante, con lo que el pleno municipal volverá a debatir esta cuestión. Si se repite la votación en el mismo sentido que en la comisión de Urbanismo, Medina quedaría en minoría y perdería. La Corporación municipal en Orihuela está formada por seis ediles del Centro Liberal, 14 del PP, de los que ocho son partidarios de Mónica Lorente (del sector zaplanista) y otros seis de Medina (campista), cuatro del PSPV y uno de Izquierda Verde.
Según fuentes municipales, el presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, se desplazó el domingo a Orihuela para hablar con el alcalde y recordarle cómo tanto el consejero de Territorio, Rafael Blasco, como la dirección regional y provincial del PP han dado instrucciones de rechazar más proyectos urbanísticos sobre terrenos no urbanizables.
52. EL ALCALDE DE TORREVIEJA DEL PP ACHACA AL AUGE UBANÍSTICO SU PLUSVALÍA DE 5,2 MILLONES DE EUROS (02/10/05)
El alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández, del PP, declaró ante la juez que su ganancia de 5,2 millones en la compra-venta de una finca en un espacio de dos años fue producto "del fenómeno [eclosión urbanística] que está ocurriendo en la Vega Baja. "Si hubiera esperado, quizás hubiera ganado más dinero, por agotamiento [del suelo] de la costa, y que ha subido por ello en muy poco tiempo", añadió Hernández en su declaración.
Hernández Mateo compareció ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrevieja, que instruye una querella del grupo de EU por los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información derivados de la operación de compra-venta de la mentada finca rústica. La magistrada abrió las diligencias a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante.
El alcalde de Torrevieja compró en 2000, según consta en el Registro de la Propiedad -en 1997, según precisó ante la juez- una finca de 18,3 hectáreas de suelo rústico por 180.000 € en la vecina localidad de Almoradí. Dos años más tarde vendió el terreno por 5,4 millones de €. Hernández Mateo compró el terreno a Domingo Jiménez. La operación incluía una permuta para urbanizar una parcela de éste en Torrevieja. La urbanizadora fue la mercantil Edén del Mar. Esta empresa compró dos años más tarde a Hernández Mateo su finca. Uno de los socios de la promotora es Carmen Cañizares Bonafós, viuda de Domingo Jiménez. La promotora ha sido adjudicataria de proyectos en Torrevieja antes, durante y después de la operación del alcalde.
El alcalde aseguró que compró la finca para "expansión y recreo". Añadió que le gustó y contactó con Domingo Jiménez y su hermano. "Era una gran oportunidad, y pagué en metálico los 30 millones de pesetas; si me hubieran pedido más hubiera pedido una hipoteca".Tras adquirir la finca de Hernández Mateo, la promotora Edén del Mar, junto a otros constructores, se sumó al proyecto para urbanizar 19 millones de m2 en Almodí, que incluían el terreno propiedad del alcalde. Este último programa urbanístico está incluido en la propuesta de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almoradí, pendiente de su autorización definitiva por parte de la Consejería de Territorio y Vivienda.
A preguntas del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, el alcalde de Torrevieja no desmintió tener conocimiento de que esas fincas [las parcelas incluidas en los 19 millones de m2] iban a ser recalificadas con el nuevo planeamiento de Almoradí. Hernández Mateo respondió al ministerio público que "lo sospechaba, pero que no había nada claro porque nadie sabe lo que va a pasar con un Plan General, que puede aprobarse o no". "Si lo hubiera sabido, hubiera esperado más", remarcó. El ministerio público concluyó su interrogatorio con preguntas relativas a otras operaciones inmobiliarias del alcalde con la mercantil Edén del Mar. Hernández Mateo precisó, que entre sus propiedades particulares, se encuentran su piso de Torrevieja, adquirido en 1978, el coche y la finca de San Miguel (ésta la adquirió tras vender la de Almoradí). Hernández Mateo añadió que sólo percibe el sueldo como alcalde de Torrevieja y los ingresos de la explotación agrícola de la finca de San Miguel de Salinas.
El primer edil de Torrevieja declaró que el precio final de venta de su finca a la mercantil Edén del Mar fue de 5,4 millones de €, de los cuales 4,8 se aplazaron a diez años. Hernández Mateo destacó que tiene conocimiento de alguna otra operación en la zona similar a la suya por el volumen final de las plusvalías generadas. "Dos señores del entorno han vendido más caro que yo", puntualizó.
Hernández Mateo reiteró que no formalizó ninguna operación de préstamo hipotecario para pagar la finca. "La pagué con mis ahorros", recalcó. El alcalde negó pagos con dinero negro ni en la compra ni en la venta. "Los precios que se recogen en las escrituras de compra y venta son los reales".
53. EL PP ACEPTA DEBATIR SI SE INVESTIGAN LOS PAGOS OCULTOS A JULIO IGLESIAS (07/10/05)
El PP de las Cortes levantó, después de cuatro años, el veto a que el pleno debata las peticiones del PSPV y de EU de creación de una comisión de investigación sobre el contrato “b” de Julio Iglesias, consistente en los pagos libres de impuestos de unos 6 millones de € a través de firmas radicadas en paraísos fiscales.
En el contrato oficial que se dio a conocer, la remuneración era de 375 millones de las antiguas pesetas, con sus correspondientes impuestos, por convertirse en la imagen exterior de la Comunidad en 1997 a través de varios eventos turísticos. Las solicitudes se tratarán como segundo punto del día del pleno del próximo 19 de octubre y serán rechazadas, ya que el PP tiene mayoría absoluta.
La decisión llega el mismo día en que a penas unas horas antes el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, había contestado a una pregunta del líder del PSPV, Joan Ignasi Pla, sobre la falta de transparencia del Consell. En mayo de 2001 la oposición pidió la creación de una comisión de investigación sobre el contrato de Julio Iglesias pero el PP, pese a tratarse de una iniciativa perfectamente reglamentaria, impidió su mero debate. La propuesta quedó hibernada y decayó al finalizar la legislatura. En ésta, en marzo de 2004, la oposición reiteró la solicitud, pero el PP censuró de nuevo el debate. Hasta año y medio después. La semana pasada, los populares alegaron para justificar el veto que el asunto esta sub iudice, ya que el PSPV presentó una denuncia en el juzgado.
Antoni Such (PSPV) y Joan Antoni Oltra (EU) se felicitaron de la decisión, que consideraron “casi increíble” después de tantos vetos, mientras Rafael Maluenda (PP) apuntó que no fue hasta cuando las peticiones se plantearon “correcta y reglamentariamente”. Such subrayó que el contrato está en los juzgados por lo que debe haber “una respuesta política por el Consell”.
El contrato del cantante como embajador en el exterior fue una apuesta personal del ex presidente Eduardo Zaplana. Los pagos bajo mano al artista en cuentas secretas de paraísos fiscales es uno de los capítulos negros de la herencia legada por Zaplana.En la sesión de control al presidente, Pla se empleó a fondo en sus críticas a Camps al que acusó en varias ocasiones de mentir y encabezar un Gobierno que tiene “las puertas cerradas y las cuentas oscuras”. Como ejemplos de falta de transparencia, mencionó la imposibilidad que tiene su grupo en conocer lo que costará “el Palau de Les Arts” o cuántos cargos públicos tienen asignadas tarjetas Visa.
54. UN 66,5% CONSIDERA QUE CARLOS FABRA DEBE ABANDONAR LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN (10/10/05)
Una amplísima mayoría de valencianos cree que el presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, debería dimitir de su puesto. Un 66,5% cree que el político popular tendría que presentar su dimisión frente un 9,7% de personas que considera que debería seguir como si no ocurriera nada. El porcentaje de los que creen que debería renunciar a sus cargos es más alto en la provincia de Alicante (74,4%), que en las de Valencia (64,8%) y Castellón (63,2%). Esta exigencia de responsabilidades políticas a Carlos Fabra, imputado por varios supuestos delitos contra la Administración e irregularidades fiscales, es mayor entre los votantes de EU (94,6%) y el PSPV (79,4%) que entre los electores populares. Aunque uno de cada dos votantes del PP (52,2%) piensa que debería dimitir tras lo sucedido.
La situación de Carlos Fabra es conocida por la mayor parte de los valencianos. Un 57,6% ha oído hablar del caso Fabra, porcentaje que en la provincia de Castellón alcanza el 87%. En Valencia casi seis de cada diez personas ha oído hablar de la situación del presidente de la Diputación de Castellón, porcentaje que en Alicante desciende hasta el 44,6%. Por espectro ideológico, son los votantes de Esquerra Unida-L'Entesa (76,8%) los que afirman haber oído hablar más del caso Fabra, seguidos de los votantes socialistas (62,9%) y los populares (57,7%).
El apoyo del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, al dirigente del PP en la provincia de Castellón también es reprobado por la mayoría de los ciudadanos, incluso entre los votantes populares. Un 51,7% ve mal que Camps apoye a Fabra, frente a un 16,3% que cree que la actuación del jefe del Consell es correcta. Entre los votantes del PP, un 31,4% rechaza el soporte que Camps ha prestado al presidente de la Diputación de Castellón y un 29,1% lo aprueba.
En la provincia de Castellón, un 46,7% rechaza la actitud del presidente de la Generalitat hacia Carlos Fabra y sólo un 20,7% la apoya. En las otras dos provincias y entre los votantes de los partidos de izquierda los porcentajes que recriminan a Camps su actitud hacia el líder del PP en Castellón son mayores. En Alicante un 55,8% ve mal este apoyo y en Valencia el 51,2%. Igual que el 93,3% de los votantes de EU y el 67,9 del PSPV.
55. RIPOLL DESAUTORIZARÁ AL ALCALDE DE ORIHUELA (11/10/05)
El terremoto político que la aprobación de dos planes urbanísticos provocó en el Ayuntamiento de Orihuela sigue registrando réplicas de considerable alcance. Ocho concejales zaplanistas del Partido Popular encabezados por la diputada autonómica y presidenta local, Mónica Lorente, votaron en contra del alcalde, José Manuel Medina, y se alinearon con tres concejales socialistas en la oposición a los proyectos. La dirección provincial del PP, que comanda el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, deberá dictar sentencia y dar y quitar razones sobre la fractura en la agrupación oriolana que amenaza con tener su repercusión en la estabilidad del grupo parlamentario.
El veredicto parece que está dictado en favor de la presidenta local, que trasladó la orden de congelar cualquier decisión sobre los planes urbanísticos hasta que se alcanzara un consenso entre todos los concejales. Ripoll y la dirección provincial considera que las directrices en ese municipio las ha de marcar la máximo responsable del partido. Por tanto, se desautorizará al alcalde Medina, aunque está por ver en qué medida se le aplicará o no un duro correctivo. La dirección regional, que en un caso similar en Elda actuó con inusitada celeridad para cortar de raíz la crisis, ahora se ha inhibido y espera que Ripoll salga tocado políticamente si no es capaz de alcanzar una solución acatada por las dos partes enfrentadas.
La semana pasada hubo un amago de pronunciamiento parlamentario en favor de Lorente como para recordar a Camps que su mayoría depende de los diputados zaplanistas. Ripoll fue quien abortó ese intento y vino a asumir que será él y la dirección provincial los que pongan orden.
56. EL ALCALDE DE ORIHUELA (PP) ADMITE QUE USA UN COCHE A NOMBRE DE UNA FIRMA DE UN PROMOTOR (11/10/05)
El vehículo particular que emplea el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, modelo Audi 8, “valorado en 92.000 €”, está a nombre de un concesionario del empresario y promotor local Francisco Marcos, según denunció la oposición, y reconoció el alcalde, José Manuel Medina. El alcalde matizó que el vehículo es de segunda mano, está pagado y aunque lo usa “desde hace un año” está realizando su transferencia estos días.
Según un certificado del Colegio Oficial de Gestores Administrativos fechado el pasado día 6, el vehículo particular que utiliza el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, está a nombre de “Automoción Oleza” y que el primer edil no emplea otro tipo de fórmulas como el renting o figuras análogas.
El grupo municipal socialista apuntó que aportará a la investigación del Ministerio Fiscal la citada certificación que demuestra que el vehículo particular de José Manuel Medina “desde que fue adquirido, hace dos años” está a nombre de “Automoción Oleza”. La misma fuente asegura que el alcalde cuenta con ese vehículo tras sufrir un accidente con un Audi 6, “en el que también resultó herido el ex alcalde Luis Fernando Cartagena, según resaltaron los medios de comunicación gallegos”. El edil socialista Francisco García añadió que este vehículo “es nuevo y de importación y el valor supera los 92.000 euros”. “Es imposible que no se haya transferido y haya sido pagado. Eso solo se lo cree un imbécil. Y si el alcalde explica que hay recibo recuerda al caso de las monjas de Luis Fernando Cartagena” aclaró. “Si Medina asegura que el coche es suyo tendremos que consultar el registro de intereses para saber si lo ha incluido”, agregó el edil del grupo municipal socialista.
Preguntado por el hecho de que el vehículo esté a nombre del citado concesionario, el aldalde José Manuel Medina dijo que “ha ido dejando” el trámite de transferirlo “por falta de tiempo para cosas particulares”. Apuntó que puede demostrar sus afirmaciones “y enseñar mis cuentas donde tenga que enseñarlas” y luego solicitará la responsabilidad de “quien lo diga”. “Si alguien cree que me han regalado el coche que lo diga, porque a lo mejor me lo regala él a mí”, aclaró el alcalde al diario.
Curiosamente, el empresario gerente del concesionario y otras empresas, Francisco Marcos, ha logrado la aprobación de actuaciones urbanísticas en el término de Orihuela en los últimos años a través de presentación de proyectos urbanísticos con luz verde del pleno, con mayoría absoluta del PP, y después aprobados definitivamente por la Generalitat, indicó la misma fuente del grupo socialista. El último de estos planes vinculados al citado empresario, aprobado inicialmente en sesión plenaria el pasado 29 de septiembre con el voto favorable de todos los ediles del equipo de gobierno fue la adjudicación provisional de una zona comercial de 200.000 m2 en Orihuela Costa.
57. EL EX INTERVENTOR DE ORIHUELA DECLARA AL FISCAL QUE ERA EL "BLANQUEADOR" DE FACTURAS DEL ALCALDE (15/10/05)
José Manuel Espinosa, ex interventor del Ayuntamiento de Orihuela, se ratificó ante el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, en su denuncia sobre supuestas corruptelas en la corporación. El funcionario responsabilizó de las irregularidades al alcalde, José Manuel Medina, del PP. "He sido el blanqueador de facturas del alcalde", afirmó al término de su comparecencia ante el fiscal. Espinosa entregó a Briones documentos sobre 15 supuestos fraudes contables desde 1988. El funcionario avanzó al fiscal que posee datos sobre nuevas irregularidades.
Espinosa compareció, en calidad de testigo, ante el fiscal Anticorrupción de Alicante. Briones citó al funcionario en el marco de las diligencias abiertas por este departamento para esclarecer las denuncias sobre supuesta corrupción en la corporación oriolana, en manos del PP con mayoría absoluta desde 1987. Briones inició la investigación a instancias del Fiscal General del Estado tras recibir este órgano superior dos denuncias de particulares sobre esa cuestión. Con anterioridad a Espinosa, el fiscal mantuvo sendos encuentros con los portavoces de los tres grupos de la oposición (PSPV, Centro Liberal y EU-EV).
José Manuel Espinosa se ratificó, punto por punto, en la denuncia sobre supuestas prácticas corruptas en la corporación que efectuó a la oposición tras ser destituido en el cargo. El alcalde destituyó a Espinosa, que ocupaba el cargo como interino desde hacía 19 años, tras autoinculparse de haberse apropiado de unos 30.000 € de las arcas públicas. Espinosa acusó al alcalde de pago de facturas por servicios no prestados, de sobrecostes de obras sin justificar, de trato de favor a medios locales afines (Canal 34 y la revista Portada) a través de publicidad de varias concejalías, además de otras irregularidades como el caso de una edil que dejó el cargo sin justificar mandamientos de pago por valor de 22.000 € y otra que no ingresó en caja las recaudaciones de los conciertos organizados por el Consistorio.
Así, el ex interventor se ratificó en esas denuncias y aportó documentación de cada uno de los casos, recogida en un informe de unos 20 folios. Espinosa hizo especial hincapié en un paquete de facturas por trabajos no autorizados o no ejecutados por un monto de 240.000 €. Esas facturas fueron presentadas por la firma Necso, que en la actualidad explota el servicio de recogida de basuras en el casco urbano.
Espinosa no eludió su responsabilidad y al término de su declaración admitió que "blanqueaba facturas que llegaban al Consistorio sin procedimiento administrativo", dijo. "Las facturas llegaban sin cauce administrativo y yo las blanqueaba para que pudieran ser aprobadas, aunque el que cometía la irregularidad era el alcalde. Medina sabía todo eso", añadió.
Por otro lado, el comité ejecutivo provincial del PP de Alicante ha decidido abrir un expediente aJosé Manuel Medina, y a otros cinco concejales populares por promover sin el apoyo del sector del partido afín a Eduardo Zaplana dos urbanizaciones para construir 7.000 viviendas fuera del Plan General de Ordenación Urbana en la costa de Orihuela y sobre suelo no urbanizable de especial protección. El presidente provincial de PP de Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll, acordó además la expulsión de ese órgano de Medina, partidario campista. Ripoll respondió de esa forma a la iniciativa de Medina de destituir a tres tenientes de alcalde, afines al sector zaplanista.
58. LA ASESORÍA DE FABRA DECLARA PÉRDIDAS DE 25.000 € POR PRIMERA VEZ EN CINCO AÑOS (16/10/05)
La asesoría laboral del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, terminó el ejercicio 2004 con unas pérdidas declaradas de 25.516 €. La cuenta de resultados de Carmacas SL, constata el declive en el que se halla inmerso el negocio que el dirigente popular creó en 2000 de forma paralela a sus actividades políticas. Los primeros ejercicios de Carmacas se saldaron con ingresos positivos durante el periodo en el que la actividad empresarial de Fabra se mantuvo en el anonimato. A partir de las revelaciones periodísticas sobre los ingresos millonarios recibidos por el presidente en su faceta de asesor laboral, la firma ha entrado en números rojos.
Los 139.432 € facturados en 2004 no han conseguido enmendar la crítica situación de Carmacas, la sociedad por la que el industrial Vicente Vilar, de Artana, ha denunciado haber canalizado pagos a Fabra por supuestas mediaciones políticas ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad. La contabilidad, presentada en el Registro Mercantil el 28 de julio, revela que la producción ha caído un 20% respecto a 2003, cuando los ingresos por explotación fueron de 170.945 €.Las pérdidas de 25.000 € de Carmacas son las primeras que se declaran desde 2000. En 2001, el primer ejercicio completo de la sociedad, los beneficios ascendieron a 51.287 €, en 2002 fueron de 17.664 y en 2003 con hasta los 4.994. Las cuentas de este último ejercicio fueron depositadas en el Registro el 9 de diciembre de 2004.
Fabra se mantuvo al frente de la sociedad hasta el 22 de junio de 2004, en calidad de administrador único. En esa fecha, traspasó la actividad a una de sus hijas, Claudia Fabra Fernández, quien también controla el 90% del accionariado. El 10% restante se lo dividen por igual sus hermanos Carlos y Borja.
Al cierre del ejercicio, Carmacas tenía unas deudas reconocidas de 295.153 a corto plazo y de 454.850 a largo plazo. En su mayor parte correspondientes a la compra de un chalet de lujo en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, valorada en más de 720.000 €. La finca figura inscrita a nombre de Carmacas, y se ha utilizado como residencia familiar de una hija de Fabra. La asesoría laboral tiene su sede social en la villa familiar de los Fabra, en las Platgetes de Bellver, Oropesa. Carmacas contrató un préstamo hipotecario con una caja de ahorros catalana para asumir la compra de la vivienda de Madrid.
La empresa también ha asumido el pago del leasing de dos vehículos, un Mercedes y un Jaguar, que el empresario Vicente Vilar -el denunciante ante la Justicia de supuestos pagos al líder del PP a cambio de favores políticos- asegura haberle regalado. Durante 2004, la empresa ha vuelto a registrar gastos de 33.000 € en el apartado de “elementos de transporte”, de los que no se dan más explicaciones. La situación crítica que declara la empresa al fin del ejercicio ha motivado que los administradores de la sociedad no hayan recibido remuneraciones. Sin embargo, la sociedad sí ha declarado gastos por más de 60.000 € en sueldos y salarios, y 18.000 en Seguridad Social. La cuenta de pérdidas y ganancias refleja, no obstante, que Carmacas no ha tenido empleados, fijos o no fijos, en los ejercicios 2003 y 2004.
59. EL ALCALDE DE ORIHUELA (PP) VIVE EN UN CHALÉ DE UN PROMOTOR AL QUE RECALIFICÓ SUELO Y USA UN VEHÍCULO QUE NO ES SUYO, AL TIEMPO QUE DECLARA QUE TIENE MUCHAS DIFICULTADES ECONÓMICAS (18/10/05)
Por todos los frentes pintan bastos para el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, ya que se ha sabido que reside desde hace dos años en un chalé de la urbanización Playa Flamenca, en la costa oriolana, propiedad de uno de los principales promotores de la Vega Baja, Joaquín Grau, a quien el pasado abril le recalificó dos millones de metros no urbanizables en la huerta para construir 5.400 viviendas y un campo de golf. Medina aseguró que reside en esa vivienda en régimen de alquiler con opción de compra. La finca, que está valorada en no menos de un millón de €, se encuentra en la calle de Gordillo, en un complejo residencial denominado Las Acacias, de la urbanización Playa Flamenca de Orihuela, que promovió Joaquín Grau. Según el Registro de la Propiedad, la vivienda está a nombre de la sociedad anónima Villas y Bungalós El Cid, de la que Grau es administrador solidario.
Según consta en el Registro Mercantil, Joaquín Antonio Grau Pomares administra en la actualidad nueve empresas: Villas don Quijote, Adecuación y Mejoras Ambientales, Desarrollos Turísticos Costa Blanca, Villas y Bungalows El Cid, Agrícola del Segura, Land Property Office, Promoción Urbana de los Terrenos, Capital Hipotecario y Residencial Playa Flamenca. Todas ellas están dedicadas a la promoción inmobiliaria en la comarca de la Vega Baja. Grau es uno de los principales promotores en la franja costera de Orihuela, donde en los últimos años se ha desarrollado un modelo de edificación masiva similar al que ha colmatado el suelo de la vecina Torrevieja.
El alcalde advirtió de que todo lo que se publique sobre este asunto va a ir directamente al juzgado. "No estoy dispuesto a destripar mi vida privada en los medios de comunicación; tengo derecho a vivir en una casa en el régimen que considere oportuno".
En medio de una gran polémica política, el alcalde adjudicó en abril a Grau dos proyectos urbanísticos, Las Asomadas Norte y Sur, con la recalificación de unos dos millones de metros para la construcción de 5.400 viviendas y un campo de golf. La controversia ha envuelto a estos proyectos desde que se presentaron el Ayuntamiento. En noviembre de 2004, Medina incluyó en el orden del día del pleno la aprobación del sector Asomadas Norte (3.500 viviendas y un campo de golf sobre 1.200 m2), pero lo retiró poco antes de comenzar la sesión.
Y por si fuera poco, además de este tema de la vivienda del alcalde de Orihuela, se une al hecho de la utilización de un coche, marca Audi-8, que está a nombre de un concesionario propiedad de un conocido promotor local. Medina salió al paso de la denuncia del grupo municipal socialista sobre el hecho de que utilice El PSOE valora el vehículo en más de 90.000 €.
El alcalde afirmó sobre este asunto: “José Manuel Medina es un ciudadano que tiene sus dificultades económicas como todo el mundo, cuando necesita comprar un vehículo, cuando necesita comprar una casa, cuando necesita vivir como cualquier ciudadano necesita ajustarse a sus necesidades económicas. Tiene que ajustarse como lo hace la mayoría de los ciudadanos.”
Medina agregó: “Si yo he comprado un vehículo en las condiciones económicas que me han permitido, y he acudido a un concesionario para un coche de segunda mano, cómo he pagado el coche y la cantidad que he pagado, sólo me interesa a mí. Yo lamento que otros ciudadanos tengan coches de más valor económico, coches de lujo, y no tengan que acudir a este tipo de operaciones a las que yo he tenido que recurrir.” “Lo compré con muchas de las dificultades que ustedes habrán tenido a la hora de hacer lo mismo. De mi economía me ocupo yo, y les aseguro que tengo muchas dificultades económicas”.
60. LA AGENCIA TRIBUTARIA SANCIONA CON 191.000 €, AL IVEX POR IRREGULARIDAD FISCAL EN EL PAGO A JULIO IGLESIAS (20/10/05)
La Agencia Tributaria ha impuesto una sanción de 191.000 € al Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) por aplicarse de forma incorrecta deducciones fiscales relacionadas con pagos efectuados en paraísos fiscales a diversas empresas en el marco del contrato firmado con el cantante Julio Iglesias para la promoción exterior de la Comunidad Valenciana. Así lo reveló en las Cortes Valencianas el portavoz adjunto del Grupo Popular Rafael Maluenda, durante el debate de dos peticiones de los grupos de la oposición para crear una comisión de investigación en torno al caso Ivex. El PP rechazó crear dicha comisión y obvió la existencia de un contrato oculto del Ivex con el cantante.
El PP sorprendió a la oposición al aceptar la inclusión en el pleno de las peticiones del PSPV y de Esquerra Unida de crear una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Ivex. El PP había rechazado una y otra vez llevar al pleno dichas iniciativas, presentadas a principios del 2004, aunque ya en la legislatura anterior la oposición reclamó, sin éxito, que se investigaran las "irregularidades" detectadas en el Ivex, las "posibles implicaciones y responsabilidades políticas que pudieran derivarse" de las mismas y que se analizara "el coste real" del contrato entre el organismo de la Generalitat y Julio Iglesias, firmado en diciembre de 1997. El contrato dado a conocer en su momento, por el que el artista se comprometía a ejercer de embajador de la Comunidad Valenciana, ascendía a 375 millones de pesetas (2.254.000 €); pero el Consell ocultó que el mismo día se firmó otro documento por valor de 615 millones (3,7 millones de €). En total casi seis millones de €, libres de impuestos.
Así, en su primer turno el portavoz adjunto Rafael Maluenda se limitó a hablar de una vertiente del caso Ivex -la referente al ex director del organismo José María Tabares y al empresario Jean Luc Lagier, condenados por los delitos de estafa y falsedad- que no era precisamente la que interesaba a la oposición -que calificó de "burla al Parlamento" la intervención del popular-, en la segunda entró en el asunto del contrato de Julio Iglesias. Y reconoció la existencia de irregularidades que salpican directamente al ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana -quien intervino de forma directa en la operación-, aunque previamente se había esforzado en alabar al actual portavoz del PP en el Congreso. Eso sí, Maluenda eludió cualquier mención al contrato B con Julio Iglesias, que el Consell ocultó -incluso al Síndic de Comptes- y cuya existencia no se confirmó hasta principios del año pasado.
Maluenda reveló que la Agencia Tributaria ha impuesto al organismo exportador una sanción de 191.000 € por considerar que no son deducibles fiscalmente los gastos abonados por el Ivex a una empresa con domicilio en Hong Kong, por importe de 146 millones de pesetas (877.000 €), a otra radicada en las Islas Vírgenes, por importe de 9,1 millones de pesetas (55.000 €), y a otra ubicada en Irlanda, por valor de 163,4 millones de pesetas (982.000 €). El diputado popular aseguró que "no hay ninguna ilegalidad", sino "sólo una duda en la interpretación" de si los gastos eran deducibles, según recoge el acta de inspección de la Agencia Tributaria, recurrida por el Consell.
Los intentos de los portavoces de la oposición para que el diputado popular explicara el contrato B del Ivex con Julio Iglesias fueron inútiles. Al final, las peticiones de creación de la comisión de investigación sobre el caso Ivex presentadas por los dos grupos de la oposición fueron rechazadas en sendas
61. EL ALCALDE DE ORIHUELA, DEL PP, UTILIZA VEHÍCULOS DE LUJO, PROPIEDAD DE EMPRESARIOS FAVORECIDOS POR SU GESTIÓN (23/10/05)
La afición del alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, que tiene por los coches caros, de lujo y de una gran cilindrada le puede causar algún que otro disgustillo: se ha sabido que conduce ocasionalmente un Rolls Royce, propiedad del promotor Joaquín Antonio Grau Pomares, al que el Ayuntamiento oriolano recalificó dos millones de m2 para construir 5.400 viviendas y un campo de golf. Medina negó que posea un Rolls, pero no que utilice el del empresario. "No tengo un Rolls, y es una impertinencia preguntarme qué coche conduzco", dijo.
El coche de la marca Rolls Royce-Bentley, matrícula 7676-CST, según un certificado del 3 de marzo de 2004 del Colegio Oficial de Gestores de Alicante, está dado de alta en la Jefatura Provincial de Tráfico a nombre de Joaquín Antonio Grau Pomares. El vehículo, de color verde y una cilindrada de 6.750 cc., se encuentra habitualmente en un garaje propiedad de Medina, según han confirmado vecinos de Orihuela. Medina conduce ocasionalmente el coche, según esos testigos. Estos vecinos aseguran que ese mismo Rolls Royce fue el coche de novia que utilizó la concejal de Hacienda, Paz Chazarra, con motivo de su boda hace un mes. Además del Rolls Royce, que usa ocasionalmente, Medina usa normalmente otro potente y lujoso auto, un Audi A8, propiedad del también constructor local Francisco Marcos.
José Manuel Medina negó tajantemente que tenga un Rolls Royce en propiedad, pero no que lo haya utilizado ocasionalmente y que desde hace un año se encuentre en su garaje. "No tengo un Rolls Royce", dijo. "En mi garaje tengo noventa coches y es una impertinencia que usted [en referencia al periodista] me pregunte qué coche conduzco. Uso el coche que me da la gana", dijo más adelante.
El alcalde de Orihuela es aficionado a la reparación de automóviles y posee un amplio parque móvil, en el que destacan utilitarios de época de los años cuarenta y cincuenta, entre ellos un Peugeot 304 del año 1947, un Seat 850 del año 70. Todos estos coches, además de un todoterreno Nissan, son propiedad de Medina, según la declaración de bienes que presentó en el Ayuntamiento al ser elegido alcalde.
En abril de 2004, el Ayuntamiento recalificó al promotor Joaquín Grau unos dos millones de m2 en la huerta, en la partida de Las Asomadas, para construir 5.400 viviendas y un campo de golf. Este constructor es también el propietario de la casa en la que reside Medina desde hace unos dos años, un chalé en la urbanización Playa Flamenca, en la costa oriolana. Según el Registro de la Propiedad, la vivienda está a nombre de la S.A. Villas y Bungalós El Cid, de la que Joaquín Grau es administrador solidario. El alcalde no observa ninguna ilegalidad y asegura que reside en ese chalé en régimen de alquiler con opción de compra.
La oposición ya ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción el caso del chalé y ha anunciado que hará lo propio con los coches. El fiscal ha abierto diligencias para esclarecer las denuncias sobre supuestos casos de corrupción en el Ayuntamiento oriolano.
62. EL PP RECHAZA EN LAS CORTES AUDITAR LA FUNDACIÓN QUE VENDIÓ UNA MASÍA A LA ESPOSA DE CARLOS FABRA (26/10/05)
El grupo Popular rechazó en las Cortes una iniciativa del grupo de Esquerra Unida-L'Entesa que reclamaba al Consell la realización de una auditoría externa de la Fundación Blasco de Alagón -participada por la Diputación de Castellón, que preside Carlos Fabra- para esclarecer la venta de la Masía del Pla de l'Arc, en La Vall d'Alba, a María Amparo Fernández Blanes, esposa del dirigente popular castellonense. Junto a esa operación de venta, la auditoría también debía analizar el encargo de la redacción de los proyectos técnicos a un hermano de Fabra.
La iniciativa pedía también la destitución de Laura Peñarroya, concejal del PP en Forcall, asesora en la Corporación provincial y gerente de la fundación, por su actuación en esas cuestiones.La finca que alberga la masía, de 800 m2, fue comprada en enero de 2003 por la esposa de Carlos Fabra por 14.512,24 €, según consta en el Registro de la Propiedad. La Fundación Blasco de Alagón compró la finca en 1998 por 12.000 € al anterior propietario. Sin embargo, el Consell aseguró en una respuesta parlamentaria que, después de invertir 9.264 € en la rehabilitación de la masía, la fundación la vendió a la esposa de Carlos Fabra por 21.496 €. Los Fabra pretendían convertir en restaurante la masía, que se encuentra a 100 metros del arco romano de Cabanes. Meses antes de la compra, la Diputación de Castellón había financiado la electrificación de la finca.
63. CAMPS ARROPA AL ALCALDE DE TORREVIEJA 48 HORAS ANTES DE QUE DECLARE ANTE EL JUEZ (26/10/05)
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps tiene previsto desplazarse a Torrevieja para visitar las obras del futuro hospital de gestión privada que se está construyendo en esta ciudad e inaugurar un Centro de Desarrollo Turístico (CDT). Ello supone un nuevo espaldarazo a su alcalde, Pedro Hernández Mateo, justo dos días antes de que declare en calidad de imputado por sus polémicas operaciones inmobiliarias. El titular del juzgado número 4 de Torrevieja ha citado el próximo viernes al alcalde popular para que dé explicaciones sobre la compraventa de terrenos en Almoradí. La citación se produce como consecuencia de la denuncia presentada por Esquerra Unida. La formación llevó a los tribunales la adquisición por Hernández Mateo de unos terrenos por valor de 180.000 € que 28 meses después vendió a la mercantil Edén del Mar por 5.409.188 €. Los denunciantes sostienen que el alcalde pudo cometer un delito de tráfico de influencias, ya que la citada empresa tiene interese urbanísticos en Torrevieja. Se da la circunstancia de que las empresas que vendieron las fincas al alcalde hicieron permutas de solares con el Ayuntamiento de Torrevieja. Además, a los pocos días de saltar a la luz el escándalo se conoció también que el Plan General Urbano de Almoradí preveía la recalificación del suelo que vendió el primer edil. La visita de Camps no estaba en principio prevista ya que el presidente iba a emprender vuelo hacia Miami por actividades relacionadas con la Copa del América. La catástrofe originada por el huracán Wilma en Florida ha aconsejado a Presidencia aplazar el viaje.
64. EL CONSELL DESCARTA REVISAR EL RIESGO PARA LA SALUD DE LOS PESTICIDAS DEL CASO FABRA (27/10/05)
El vicepresidente del Consell, Víctor Campos, rechazó que la Generalitat abra por el momento una investigación sobre las posibles falsificaciones de los productos fitosanitarios comercializados por el empresario Vicente Vilar, al que asesoraba el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, alegando que el caso está sub iudice. Los pesticidas de Naranjax están bajo sospecha y, de hecho, el ministerio de Agricultura ha abierto una investigación tras comprobar que el empresario pudo haber falsificado los cuños que acreditaban su idoneidad para ser legalizados.
Preguntado en los pasillos de las Cortes sobre si el Consell va a tomar alguna medida al respecto dado que el uso de estos productos podrían tener efectos sobre la salud pública, Campos indicó que hay que esperar a la investigación judicial. “Lo normal en un país como el nuestro en el que se supone que hay que respetar los derechos de todos” es tener la “prudencia” de esperar al resultado de la investigación judicial, manifestó el vicepresidente. “¿Qué va a adelantar más la Generalitat de lo que puedan adelantar los profesionales que están involucrados en esta investigación?”, se preguntó.
65. ANTICORRUPCIÓN ASUME LA INVESTIGACIÓN DEL EX CONSELLER CARTAGENA POR LAS CESIONES DE CRÉDITO (03/11/06)
Tras más de trece años deambulando de juzgado en juzgado, el caso Cartagena dio un nuevo vuelco al asumir las investigaciones la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero, encargó a Felipe Briones que se haga cargo del caso, en lugar de los fiscales asignados al destacamento de Orihuela, dada la importancia del mismo.
La investigación de las cesiones de crédito arranca del año 1992 tras una denuncia de la Agencia Tributaria al Banco de Santander en la que le imputaba un presunto delito fiscal por la comercialización de primas únicas que eran opacas para Hacienda. La deuda del ex conseller con el fisco, que dimitió por este caso, está cifrada en 250.000 €. La investigación la llevó la Audiencia Nacional hasta que la juez Teresa Palacios resolvió a finales de 2003 devolver la pieza separada de la implicación al ex conseller a los juzgados de la provincia. Se inició entonces un conflicto de competencias entre los juzgados de Alicante y Orihuela sobre cuál de los dos debía llevar la causa que no se resolvió hasta este año. La Audiencia resolvió que el procedimiento debía ir a Orihuela, porque es donde tiene el domicilio fiscal el ex conseller. Las fuentes judiciales consultadas señalaron que la Audiencia Nacional prácticamente ha realizado ya casi toda la instrucción, y que sólo quedan unos pocos flecos para terminarla.
De hecho, en breve la causa será remitida por el juzgado de Orihuela a la Fiscalía para que informe si solicita la apertura del juicio oral. Las mismas fuentes señalaron que es posible que en esta fase procesal no sea necesario que Cartagena tenga que ir al juzgado a declarar, salvo que la Fiscalía o alguna de las partes lo reclame. El portavoz del PSOE de Orihuela, Francisco García Ortuño, anunció que se personaría en la causa como acusación particular. Algunas fuentes apuntaron que el propio fiscal jefe había barajado la posibilidad de llevar la causa personalmente. Romero ya ejerció la acusación contra Cartagena en otro caso en el que fue condenado a 4 años de prisión por apropiación indebida. El ex conseller estaba acusado de apropiarse de 48.000 euros, cuando era alcalde de Orihuela en 1993, que le habían entregado las monjas de la Comunidad de Hermanas de la Beatísima Virgen del Monte Carmelo. La ejecución de la sentencia está en suspenso hasta que el consejo de ministros se pronuncie sobre si procede o no aprobar el indulto.
66. EL TSJ ANULA UN PAI EN EL QUE MEDINA (PP) 'REGALÓ' AL PROMOTOR 29.500 METROS DE CESIONES OBLIGATORIAS (5/11/05)
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha anulado un plan de actuación urbanística (PAI) adjudicado por el Ayuntamiento de Orihuela al promotor local Francisco Marcos. Las obras incumplen los parámetros mínimos de zonas verdes, red viaria y aparcamientos. El Audi que conduce habitualmente el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, estaba hasta el mes pasado a nombre de Marcos. El Ayuntamiento ha recurrido la sentencia al Supremo.
La renuncia gratuita y sin motivación del Ayuntamiento presidido por Medida a obtener 29.550 m2 de cesiones obligatorias acarreó, según la afectada que recurrió el acuerdo municipal, que no se cumplieran los estándares de zonas verdes, aparcamientos y red viaria en ámbito del plan urbanístico. La sentencia de la Sección Segunda del la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, de 12 de julio, estima el recurso promovido por una afectada del PAI y anula el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Orihuela de 27 de marzo de 2000, que aprobó y adjudicó un PAI dentro de una unidad de ejecución de la urbanización La Chismosa, en la franja litoral de Orihuela.
La recurrente pidió la nulidad de la actuación por haberse apropiado la mercantil Marcos y Bañuls, del promotor local Francisco Marcos, de terrenos destinados a uso dotacional público. Indirectamente ese recurso acarreó que se cuestionara una modificación puntual del Plan General, la número 40, aprobada definitivamente por el Consell. La zona afectada por el PAI anulado es una vieja urbanización ilegal en la costa oriolana. Los intentos de legalizarla por parte del Ayuntamiento quedaron sin eficacia por sentencia firme, por lo que el Ayuntamiento promovió un plan de reforma interior y adjudicó a Francisco Marcos una de las unidades de ejecución de ese plan.
67. EL GOBIERNO INVESTIGA A FABRA POR USO ELECTORAL DE CENSOS DE EXTRANJEROS (05/11/05)
El Gobierno ha abierto expediente informativo para esclarecer si el presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, o alguno de los jefes locales a los que envió el pasado septiembre una circular pidiendo el censo de inmigrantes han vulnerado la ley de régimen electoral, que prohíbe el acceso a datos personalizados del censo. Los populares de Castellón están muy interesado Rumania se adhiere a la UE. Tal como indica Fabra en la misiva, el objeto de su solicitud se centra en "la importancia que el tema de inmigración tiene en las elecciones municipales de 2007". El escrito expone la urgencia por la obtención de dichos datos y reclama solicita que se remitan a la sede provincial "antes del fin de septiembre".
El conocimiento de que Fabra ha cursado esa circular ha provocado la apertura de un expediente informativo con el fin de averiguar si se ha producido el envío de la misma, tal como anunció el subdelegado del Gobierno en Castellón, Juan María Calles. Esta investigación se ha abierto dado que la Ley Orgánica del Régimen Electoral prohíbe, expresamente, el acceso a "cualquier información particularizada sobre los datos personales contenidos en el censo electoral, a excepción de los que se soliciten por conducto judicial", tal como señala el artículo 41 de dicha norma, en el que se describe la protección de los datos censales. El subdelegado del Gobierno sostuvo que la petición formulada por Carlos Fabra supone una "posible grave irregularidad" y anunció que, en el caso de que se certifique el envío de dicha información, se solicitará por vía judicial que se adopten las medidas oportunas. En cualquier caso, la ley "perseguiría" a quienes hayan facilitado los datos y no a quien los maneje.
El incremento de la población inmigrante en Castellón ha provocado una retahíla de iniciativas promovidas por las instituciones castellonenses, gobernadas por el PP, durante los últimos meses, aunque el objetivo ha sido, prioritaria y especialmente, un colectivo: la población rumana. Esta comunidad alcanza en la provincia, aproximadamente, las 30.000 personas, de las que cerca de 18.000 están empadronados en la capital de La Plana, lo que representa más del 60% del crecimiento poblacional registrado en la ciudad en los últimos cinco años. En el caso de que Rumania se adhiera, con plenos derechos, a la UE en 2007, los rumanos tendrán derecho a ejercer su voto y tendrían en su mano la elección de alrededor de tres concejales, contando con una participación de un 50% del censo. Este dato no resulta banal para nadie.
Tanto el Ayuntamiento de Castellón como la Diputación han intensificado sus relaciones con las cinco asociaciones de inmigrantes rumanos existentes en la provincia. Por ejemplo, han enviado ayuda tras las inundaciones o han firmado convenios de colaboración. El propio alcalde, Alberto Fabra, viajó a finales del mes pasado a Rumanía para "conocer más esta sociedad", según dijo, y negó que la visita a la comarca de la que procede la mayoría de los inmigrantes censados en Castellón tuviera interés electoral.
Mientras, Fabra señaló que podía acceder al censo “cuando quiera y como quiera”. Todo ello, pese a que la Agencia Española de Protección de Datos considera ilegal la cesión de datos de inmigrantes que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, solicitó por escrito a los responsables de las juntas locales de su partido en la provincia con fines electorales. La agencia es un ente de derecho público que actúa con independencia de las administraciones públicas, con el objetivo de velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos, así como controlar su aplicación.
68. UNA JUEZ IMPUTA A FABRA UN NUEVO DELITO POR PRESUNTA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS (06/11/05)
Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en la provincia, habrá de acudir, por tercera vez, al juzgado en calidad de imputado. La nueva acusación procede de un tribunal distinto al que hasta ahora le investigaba, pero se basa en una denuncia estrechamente ligada a las anteriores imputaciones por uno o varios delitos contra la Administración pública y un presunto delito fiscal. Fabra será interrogado el día 25 por la titular del Juzgado número 2 de Nules, según un auto dictado por el juzgado, ante su posible colaboración en la comisión de un delito de falsedad. La imputación tiene su origen en una denuncia presentada por Vicente Vilar, el empresario que le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos, cuyas incriminaciones dieron lugar a la primera investigación y a la intervención de la Fiscalía Anticorrupción.
De momento, el PP, tanto la dirección nacional como la autonómica y, especialmente, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, han mostrado su apoyo al imputado y han rechazado abrirle un expediente informativo.
La denuncia a la que se enfrenta ahora Fabra se refiere a la presunta falsificación de sellos y cuños utilizados en documentos requeridos por los ministerios de Agricultura y Sanidad para la concesión de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Vilar ya acusó a Fabra de cobrarle "cantidades millonarias" por interceder ante la Administración central con el fin de agilizar la tramitación de estas autorizaciones. En las gestiones frente a los ministerios participaban otros cargos, como el ex diputado y ex senador del PP por Castellón Miguel Prim, quien también está imputado, así como tres ex altos cargos de los ministerios de Sanidad y Agricultura, una de la Generalitat Valenciana y el anterior subdelegado del Gobierno en Castellón, recientemente fallecido.
Posteriormente, el propio Vilar se autoinculpó de otro presunto delito y desveló la falsificación de sellos, tampones y documentos para dar validez a unos análisis sobre productos fitosanitarios que no reunían los requisitos de pureza que exigía el Ministerio de Agricultura. Por ello, habrá de acudir también a declarar en calidad de imputado el próximo día 11. Pero, además, el empresario sostuvo que Fabra conocía las irregularidades de esta documentación presentada para la obtención de unas autorizaciones.
Pese a que los representantes de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, acusación particular en el llamado caso Fabra, solicitaron la investigación de estas presuntas falsificaciones en la misma causa, la titular del Juzgado número 1 rechazó la petición. Sin embargo, su compañera en el Juzgado número 2 cuenta, como información anexa a la denuncia y a los sellos y tampones manipulados que presentó Vilar, con un informe de Agricultura que sostiene la existencia de "indicios razonables" de manipulación en la documentación presentada.
69. EL FISCAL INVESTIGA AL ALCALDE DE TORREVIEJA POR SUPUESTA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA (07/11/05)
Pedro Hernández Mateo, alcalde de Torrevieja, también está siendo investigado por un juzgado de esa localidad que, a instancias del fiscal, instruye una denuncia de Izquierda Unida por la compraventa de una finca que le reportó unos beneficios de 5,2 millones de €.
Las relaciones de Pedro Hernández Mateo es uno de los últimos escándalos conocidos de un periodo que abarca casi dos decenios, durante los cuales, a la sombra de los negocios inmobiliarios, se han producido diversos casos de presunta corrupción: En julio de 2000, el alcalde de Torrevieja compró 18,3 hectáreas de suelo rústico por 180.000 € en la vecina localidad de Almoradí. Dos años después, vendió el terreno por 5,4 millones. En el origen y final de la operación, según documentación aportada por Los Verdes, se encuentra la promotora Edén del Mar. Esta sociedad mercantil fue adjudicataria de diversos proyectos en Torrevieja dos años antes de que el alcalde vendiera a esa misma empresa los terrenos que había adquirido. En 2003, Edén del Mar, junto a otros promotores, se sumó a un proyecto para urbanizar 19 millones de m2 en Almoradí, que incluían el terreno de Hernández Mateo. Este último proyecto está pendiente de autorización definitiva por parte de la Consejería de Territorio y Vivienda.
70. SEGÚN GÉNOVA FABRA ESTÁ "TOCADO POLÍTICAMENTE" (08/11/05)
En Génova crece la preocupación por las causas pendientes que el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, tiene abiertas en los júzgados. "En el seno del PP valenciano se asume que se puede estar asistiendo a la etapa final de uno de los liderazgos más personalistas y rotundos del partido. Fuentes de la dirección reconocen que la situación que atraviesa Fabran es muy complicada, aunque añaden que Fabra tiene carácter de sobra como para volver a presentarse, por esa misma razón".
La sospecha de que se relacione su "renuncia" a los procesos judiciales pendientes, puede hacerle volver a la escena política. Sin embargo, la reciente decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de imputar al lider popular por la supuesta falsificación de etiquetas para la firma Naranjax "puede haber terminado de ayudar a la Dirección Nacional del PP a recomendar a Fabra la conveniencia de no presentarse.
71. UN DIPUTADO AUTONÓMICO DEL PP POR CASTELLÓN SE FUGA CON EL ESCAÑO A UN PARTIDO 'ULTRA' (12/11/05)
El PP, que gobierna la Generalitat desde 1995, registró la primera fuga de un diputado autonómico. Francisco Javier Tomás Puchol -que ocupó puesto de salida en la candidatura a Cortes Valencianas por Castellón a instancias del presidente provincial Carlos Fabra- anunció que abandona el PP. El parlamentario afirmó que abrirá el Grupo Mixto del Parlamento, donde dará voz a Coalición Valenciana, un partido ultra de reciente creación que ha aprovechado la crisis del PP para implantarse. El anuncio agitó la batalla entre campistas y zaplanistas. La fuga de Javier Tomás es la primera que registra el PP valenciano en las Cortes Valencianas desde que Eduardo Zaplana alcanzó la presidencia de la Generalitat en 1995. Camps gobierna actualmente con mayoría absoluta (48 de 89 escaños) aunque la pugna entre zaplanistas y campistas le ha costado más de un plante en el hemiciclo por parte de sus propios diputados.El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que gobierna con mayoría absoluta, recibió la noticia durante la reunión semanal del Consell. El diputado tránsfuga, a través de un comunicado, y Coalición Valenciana, a través de su página web, difundieron la renuncia del político popular a seguir bajo la disciplina del PP -en las Cortes Valencianas y en el Ayuntamiento castellonense de L'Alcora donde fue alcalde entre 1995 y 2003- y su afiliación a la formación ultra Coalición Valenciana.Todos los dirigentes del PP condenaron la decisión de Tomás, mientras el Consell sugería que la motivación del diputado había sido una cuestión monetaria. Francisco Javier Tomás Puchol no ha destacado nunca por las ideas anticatalanistas que defiende su nuevo partido. Como alcalde de L'Alcora, el ahora tránsfuga se ganó la confianza de Carlos Fabra al defender la posición de las empresas azulejeras en el agrio conflicto sobre la contaminación ambiental que esas industrias producen en la comarca. Posición que le llevó a perder la alcaldía en los comicios de 2003. El portavoz del Gobierno valenciano, Esteban González Pons, indicó que se trata de un episodio de transfuguismo que podría titularse "toma del dinero y corre". "Nos avergüenza a quienes lo propusimos y a quien lo acoge. Coalición Valenciana está presidida por un ex falangista que no ha renunciado a los principios de la Falange", indicó. González Pons aseguró que la fuga del diputado no pone en peligro la estabilidad del Ejecutivo autonómico. El presidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, manifestó su respeto por la decisión de Tomás pero indicó que "hubiera sido más decente que, como ha decidido defender otras ideas en otro partido, dejase su escaño". El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, condenó "con toda contundencia" el abandono del diputado. "Quiero dejar clarísimo que este tipo de actuaciones no puede tener la comprensión de nadie", remarcó Zaplana, que se desplazó hasta Alicante.
El anuncio del diputado castellonense de pasarse al Grupo Mixto de las Cortes reavivó las tensiones entre el seno del PP valenciano. Desde el entorno del presidente regional del PP y jefe del Gobierno valenciano se responsabilizó a los zaplanistas de haber alentado la escisión protagonizada por Tomás, mientras que en las filas zaplanistas argumentaron que sólo se trataba de una simple insidia y recordaron que la fuga se ha producido en Castellón, donde Carlos Fabra -aliado de Camps- controla el partido con mano férrea. En el PP valenciano, tanto entre los zaplanistas como entre los campistas, se daba por hecho que a la deserción protagonizada por Tomás seguirán otras, previsiblemente en la provincia de Valencia.
72. UN EMPRESARIO IMPLICA A FABRA EN ENTREGAS DE DINERO AL CONSEJERO DE SANIDAD DE MADRID, MANUEL LAMELA (14/11/05)
El empresario de Artana (Castellón) Vicente Vilar confesó en los juzgados de Nules que hizo "varias entregas de dinero al exsubsecretario del Ministerio de Agricultura, Manuel Lamela, por un total de 40 millones" de pesetas (240.000 €). Según Vilar, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, estuvo en las reuniones con Lamela, hoy consejero de Sanidad de Madrid y que negó "categóricamente" la imputación.
Vilar hizo estas revelaciones ante la titular del juzgado número 2 de Nules como imputado en el caso Naranjax, por un presunto delito de falsificación de documentos relacionados con la venta de productos fitosanitarios. Vilar aportó 43 tampones falsos y documentos, originales y copias manipuladas, utilizados hasta 2002.
Esta actuación judicial, iniciada a raíz de una denuncia del propio Vilar, es independiente de la que se sigue en el juzgado número 1 por supuestos delitos contra la administración y la salud pública, en la que también están imputados Vilar, su exmujer, Montserrat Vives, y Fabra.
Vilar explicó que él, Vives y Fabra falsificaron documentación de fabricantes chinos porque era "deficiente" para lograr la aprobación de los ministerios de Agricultura y Sanidad para comercializar productos fitosanitarios. Según Vilar, la táctica fue diseñada por Fabra y aprobada por el exsubdelegado del Gobierno, Vicente Sánchez Peral, y consistía en "una presión política constante". Para ello, Fabra y Vilar se entrevistaron con la ministra Celia Villalobos y el presidente José María Aznar.
73. EL IVEX HIZO FACTURAS FALSAS PARA PAGAR A JULIO IGLESIAS EN PARAÍSOS FISCALES, SEGÚN EL EX DELEGADO EN MIAMI (14/11/05)
El ex director del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) en Miami José Marquina ha afirmado que "determinadas oficinas" de esta institución emitieron "facturas falsas" a la sede central de Valencia y derivaron ese "dinero a paraísos fiscales", concretamente a Nassau (Bahamas), para pagar a International Concerts, empresa ligada al cantante Julio Iglesias, quien firmó un contrato de representación para promocionar la Comunidad Valenciana en el exterior a lo largo de 1998.
Marquina, que fue delegado del Ivex en Miami entre 1994 y diciembre de 2004, detalla en una entrevista algunos aspectos de esas operaciones contables. Según Marquina, "los pagos no se realizaron solamente mediante transferencias bancarias directas a paraísos fiscales, sino también a través de la emisión de facturas falsas que fueron libradas por determinadas oficinas del Ivex a Valencia". El ex director de la oficina del Ivex en Miami explica que "los gastos por actividades que otras instituciones valencianas celebraron en Florida en aquellas fechas [abril de 1998] se multiplicaron por diez. De esta manera, el Ivex en Valencia podía librar el dinero a la oficina de Miami. Inmediatamente, el dinero se enviaba a Nassau (Bahamas) a la cuenta de International Concerts", una empresa ligada al cantante Julio Iglesias.
"En contra de lo que a veces se ha dicho, la producción y montaje de muchas de las actuaciones del cantante no las pagó International Concerts y después cobró al Ivex, las pagó el propio Ivex desde Valencia a través de facturas que los proveedores emitieron a oficinas en el exterior", comenta Marquina.
El responsable de la oficina del Ivex en Miami también asegura que en septiembre del año pasado mantuvo una reunión con el entonces nuevo consejero de Empresa, Universidad y Ciencia, Justo Nieto, para detallarle "una serie de actuaciones irregulares" relativas a cuestiones de régimen interno en el seno del instituto, desde el repentino despido de ciertos profesionales hasta la falta de motivación de muchos técnicos ante la "prepotencia" que mostraban los máximos responsables políticos del organismo. Nieto, según Marquina, comentó que "estudiaría la situación", puesto que acababa de acceder a su cargo.
Lo cierto es que el Ivex decidió rescindir el contrato que mantenía con Marquina desde 1994. El responsable de la oficina de Miami recibió la notificación oficial de la rescisión de contrato apenas unas horas antes de que expirara. Marquina asegura que nadie le había anticipado la posibilidad de prescindir de sus servicios y atribuye el gesto al "mal estilo" de la actual directora de la entidad Maritina Hernández.
Marquina estuvo directamente implicado en las negociaciones entre el Ivex y Julio Iglesias. En abril de 1998, en una escala de un viaje institucional de la Generalitat a Colombia y Nicaragua, Marquina fue el guía de José María Tabares, entonces director general del Ivex, en el lugar de residencia del cantante.
Julio Iglesias ejerció como embajador de la Comunidad Valenciana a lo largo de 1998 y ofreció varios conciertos, desde México a Shanghai, vinculados a misiones comerciales del Ivex. El acuerdo se firmó en diciembre de 1997. El cantante cobró oficialmente 375 millones €, pero el coste de organización de los conciertos, utillaje y pagos a los músicos no estaban incluidos en el contrato. La Generalitat ha evitado aclarar quién corrió con esos gastos que, según declara Marquina, fueron cubiertos por el Ivex a través de la emisión de facturas falsas desde diversas oficinas en el extranjero.
74. EL EX ALCALDE DE CASTELLÓ ES SOCIO DE UNA EMPRESA LIGADA A LA QUE ADJUDICÓ CONTRATOS MILLONARIOS (17/11/05)
Los datos del registro mercantil revelan que el ex alcalde de Castelló y actual consejero delegado del ente público Castelló Cultural, José Luis Gimeno, está asociado con uno de los dirigentes del grupo empresarial adjudicatario de varios contratos millonarios del ayuntamiento y de la explotación de los auditorios y palacios de congresos de Castelló y Peñíscola (ambos competencia de Castelló Cultural). José Luis Gimeno figura desde el pasado 6 de junio como vicepresidente de la empresa constructora Playa Farnals Residencial, SA, constituida el 30 de mayo de 2005.
Entre los socios destaca uno de los empresarios del grupo Gimeno (Francisco Javier Gimeno) como consejero delegado. Asimismo, aparece Eustaquio Alemany como presidente. Al margen de la gestión completa de la red de saneamiento de aguas de Castelló, recibió la adjudicación para formar parte de la polémica sociedad mixta del nuevo cementerio privado. Sólo cuatro meses después de su renuncia, José Luis Gimeno no dudó en constituir una empresa con uno de los miembros del grupo que, además de las contrataciones municipales, había ganado en 2003 el concurso para explotar los auditorios y palacios de congresos de Castelló y Peñíscola y la cafetería del Museo de Bellas Artes. Ambos edificios dependen de la entidad pública en la cual el ex alcalde ostenta el puesto de consejero delegado (Castelló Cultural).
El vicepresidente del Consell y secretario general del Partido Popular, Víctor Campos, manifestó que el cargo de José Luis Gimeno en Castelló Cultural es “perfectamente compatible” con la vicepresidencia de una empresa privada que tiene como socio a un miembro del grupo Gimeno.Eustaquio Alemany fue el gran beneficiado de la recalificación a urbanizable de 8.500 m2 que, antes de la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), estaban calificados como zona verde y formaban parte del único gran parque de la ciudad, El Pinar del Grau.
Tras la recalificación de la zona de El Pinar del Grau, un constructor compró y explotó el suelo en el que ahora se levantan unas viviendas. El constructor, Eustaquio Alemany, ahora socio del ex alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, en la mercantil Playa Farnals Residencial, que comparten con Francisco José Gimeno, uno de los miembros del Grupo Gimeno, adjudicatario y concesionario de obras y servicios tanto de la Generalitat Valenciana como del Ayuntamiento de Castellón. Alemany compró, dos meses después de la aprobación de la recalificación según figura en la escritura de compraventa, un total de 5.831 m2 de aquella zona, por los que pagó 842.994 € según indica el mismo documento. La compra se efectuó a nombre de una empresa, Taquer, de la que el constructor era administrador único y a través de la que, un año después, presentó la solicitud de licencia de obras
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