NOTICIAS ZAPLANA &
CAMPS
2004
1. UN DIPUTADO NACIONAL DEL PP PRESIONÓ EN AGRICULTURA A FAVOR DEL EX SOCIO DE FABRA (07/01/04)
2. EL PRESIDENTE DEL PP DE CASTELLÓN TRATÓ CON DOS MINISTROS SOBRE NEGOCIOS DE SU ESPOSA (16/01/04)
3. EL MINISTRO EDUARDO ZAPLANA AUMENTA MÁS DEL DOBLE EL GASTO DE PUBLICIDAD EN VÍSPERAS ELECTORALES (21/01/04)
4. LA JUNTA ELECTORAL OBLIGA AL GOBIERNO A SUSPENDER SUS CAMPAÑAS EN PERIODO ELECTORAL (21/01/04)
5. EL PP INCUMPLE SU CÓDIGO ÉTICO EN EL CASO DE FABRA Y DEL ALCALDE GALLEGO CONDENADO (24/01/04)
6. EL FISCAL MANTIENE QUE EL DINERO QUE SE QUEDÓ CARTAGENA ERA PÚBLICO (26/01/04)
7. ZAPLANA TIENE TRABAJANDO COMO ASESORA DE PRENSA DESDE HACE MESES A UNA PERSONA QUE COBRA EL PARO (08/02/04)
8. Zaplana ocultó el contrato real de Julio Iglesias por mil millones de pesetas sin impuestos (27/02/04)
9. ZAPLANA ADMITE UN SEGUNDO CONTRATO A JULIO IGLESIAS POR SERVICIOS QUE IBA A PRESTAR (01/03/04)
10. FRACTURA GRAVE EN EL PP VALENCIANO (25/04/04)
11. ARRECIA EL CRUCE DE REPROCHES EN EL PP VALENCIANO POR LA CRISIS DE TERRA MÍTICA (22/05/04)
12. EL FISCAL DEL 'CASO FABRA' APLAUDE LA PERSONACIÓN DE ANTICORRUPCIÓN, PESE A QUE ÉL NO LA RECLAMÓ (26/06/04)
13. EL PP SE NIEGA A QUE LOS CARGOS PÚBLICOS REVELEN SUS BIENES (29/06/04)
14. CANAL 9 HA GASTADO 106 MILLONES € EN ESPACIOS DE PRODUCTORAS AFINES AL PP (05/07/04)
15. LOS TÉCNICOS CIFRAN EN 22,8 MILLONES LAS PLUSVALÍAS DE LOS SOLARES QUE COMPRÓ UNA FIRMA DE FAMILIARES DE ZAPLANA (05/07/04)
16. RAJOY NIEGA QUE EXISTA EN EL PP VALENCIANO UNA VERDADERA CRISIS (11/08/04)
17. COTINO Y DOMÍNGUEZ VENDEN A UN CONSTRUCTOR UN SOLAR QUE COMPRARON A PUNTO DE EXPROPIARLO (15/09/04)
18. LA FISCALÍA RECHAZA EL INDULTO A CARTAGENA (23/09/04)
19. CIEGSA ADJUDICÓ COLEGIOS POR ENCIMA DEL PRECIO DE LICITACIÓN A UN SOCIO DE FAMILIARES DE ZAPLANA (23/09/04)
20. RAJOY SE ESTRENA CON UNA GUERRA INTERNA EN EL PP VALENCIANA (10/10/04)
21. LA ELECCIÓN DE COMPROMISARIOS DESATA UN CRUCE DE DENUNCIAS DE COMPRA DE VOTOS (22/10/04)
22. FABRA NO ENCONTRARÁ OPOSICIÓN PARA SEGUIR GOBERNANDO EL PP PROVINCIAL (04/11/04)
23. Blasco prepara una ley de promoción del golf que le da plenos poderes para autorizar URBANIZACIONES (07/11/04)
24. EL PP VALENCIANO SE DIVIDE EN DOS EN VÍSPERAS DEL CONGRESO REGIONAL (18/11/04)
25. PARTIDARIOS DE ZAPLANA Y DE CAMPS LLEGAN A LAS MANOS EN UNA VOTACIÓN INTERNA EN ELCHE (23/11/04)
26. EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN CALIFICA DE EXTENSAS Y LETALES LAS INDAGACIONES DEL 'CASO FABRA' (27/11/04)
27. FABRA GASTA CERCA DE 400.000 € DE LA DIPUTACIÓN SIN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN NI PRESUPUESTO (01/12/04)
28. EL RELOJ DE ZAPLANA CAUSA SENSACIÓN (15/12/04)
1. UN DIPUTADO NACIONAL DEL PP PRESIONÓ EN AGRICULTURA A FAVOR DEL EX SOCIO
DE FABRA (07/01/04)
El Ministerio de Agricultura abrió en 2002 una investigación interna, de la que se encargaron dos miembros de la Inspección General de Servicios, para determinar si había algún problema especial con las peticiones de autorización para venta de productos fitosanitarios de la empresa Artemis 2000, propiedad de la esposa del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, del PP, y de la del empresario Vicente Vilar. La investigación se abrió a raíz de las presiones del diputado nacional del PP, Miguel Prim, que se dirigió al ministro Miguel Arias Cañete, según denunció Vilar y no desmintió el parlamentario. Un portavoz del ministerio de Agricultura reconoce que hubo una investigación sobre los retrasos en la concesión de autorizaciones para vender productos fitosanitarios ante las reiteradas quejas de Vilar, propietario de Naranjax, la empresa fabricante de los productos fitosanitarios, y ex administrador de Artemis 2000, la sociedad que solicitaba las autorizaciones y en cuyo consejo de administración figuran aún su mujer junto a la esposa de Fabra.
La investigación determinó que, efectivamente, la tramitación estaba retrasada, pero concluyó que el mismo problema afectaba al resto de peticiones de autorización de productos fitosanitarios. Al ministerio se dirigen para estos trámites más de 200 empresas al año, ya que estas licencias suponen un buen negocio para quien las logra. El portavoz de Agricultura señaló que el motivo del retraso era el elevado número de expedientes que tienen que atender los funcionarios y al necesario trámite de este proceso en el ministerio de Sanidad. Agricultura no le concede ninguna importancia al hecho de que se investigara este caso en particular, y no otros, y dice que es frecuente atender a las quejas de los ciudadanos con una inspección.
2. EL PRESIDENTE DEL PP DE CASTELLÓN TRATÓ CON DOS MINISTROS SOBRE NEGOCIOS DE SU ESPOSA (16/01/04)
Las gestiones de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y del PP en esa provincia, en favor de los productos fitosanitarios que comercializaba una empresa de su mujer y fabricaba el empresario Vicente Vilar, no sólo se tradujeron en respuestas escritas oficiales. Fabra logró tratar el supuesto atasco para autorizar dichos productos en sendas reuniones con los entonces ministros Jesús Posada (Agricultura) y Celia Villalobos (Sanidad). Asistentes oficiales a ambas reuniones sostienen que no logró tratos de favor. Vilar afirma que del encuentro con Agricultura sí sacó provecho.
Carlos Fabra, cuya honorabilidad apoyan el presidente valenciano, Francisco Camps, y el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, logró reunir en el Ministerio de Agricultura una minicumbre en septiembre de 1999 para supuestamente intentar desatascar la tramitación de la autorización para comercializar un producto fitosanitario de Vicente Vilar, empresario que le ha denunciado por el cobro de comisiones a cambio de gestiones políticas en apoyo de sus negocios. La reunión se produjo con la presencia del entonces titular de Agricultura, Jesús Posada; el diputado del PP Juan José Ortiz, el entonces secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, y el propio Fabra, que fue el que "llevó la voz cantante", según el ex ministro.
La reunión, según Vilar, giró en torno a un producto, el Abac, un insecticida que quería sacar al mercado su empresa Naranjax. Vilar había pedido permiso a Agricultura en mayo de 1996, para lo cual había presentado documentación analítica y técnica del producto. Dos años más tarde, el 11 de mayo de 1998, Vilar comunica a Agricultura que entendía que podía comercializar ya su producto ante la falta de respuesta oficial.
Sin embargo, el 30 de mayo de 1998, el entonces subdirector general de Sanidad Vegetal, Ramón Vázquez Hombrados, le aclaró que el silencio administrativo no debía entenderlo como luz verde. Todo lo contrario. Este alto funcionario le anunció que habían surgido "dudas" sobre su producto que requerían la aclaración por parte de organismos externos. Entretanto, dejó claro que la tramitación quedaba interrumpida.
En ese contexto de bloqueo se inscribió la reunión que logra Fabra en el Ministerio de Agricultura. Posada lo recuerda así: "Vino Carlos Fabra a verme. De eso me acuerdo perfectamente. Y lo recibí. Igual que recibiría a cualquier presidente de diputación o concejal que me lo pidiera. Lo recibiría y con inmediatez. Sí creo que venía algún diputado. Puede ser que fueran Ortiz y Costa. Pero no lo puedo asegurar. Lo que no puedo acordarme es de qué hablamos. Habría alguien de mi gabinete que cogería los papeles que éste traería. Y tomaríamos nota de lo que él pedía. E inmediatamente, la petición suya, como la de cualquier otro, fue mandada a los servicios para ver qué pasaba, siempre que no fuera una cosa que me afectara directamente como ministro, que no era el caso, si no, lo recordaría. Así, lo pasé a los servicios y harían lo que se tuvieran que hacer", resume Posada sobre su gestión. ¿El producto tratado fue el Abac? "Puede que fuera ése el producto, ahora que lo dices. Si me dijo 'hay un producto que no sale y está en los servicios', yo diría 'que se revise lo que ha ocurrido y si tiene que salir, que salga". "¿Presión? No. Cualquiera podía llegar a mí, hombre si era un ciudadano cualquiera le recibía un miembro de mi gabinete. Pero si era alguien elegido, un diputado o un senador, un presidente de Diputación, pues hombre yo tomaba nota y decía que se haga lo que se tenga que hacer". Posada recuerda que la cita la pidió el propio Fabra.
Juan Costa, entonces diputado por Castellón y secretario de Estado de Hacienda, sí recuerda que mantuvo una reunión en Agricultura con Fabra y con Posada, pero fija un contenido oficial distinto. "Tuvo una reunión oficial para tratar de que Agricultura implantara un puesto de control sanitario en el puerto de Castellón para que se pudiera exportar productos vegetales, sobre todo cítricos. Y salió fenomenal, porque a raíz de esas gestiones se consiguió", señalan portavoces del ministro de Ciencia y Tecnología.
Estas fuentes no recuerdan que otras personas acompañaran a Fabra o al ministro, ni si se habló de otros asuntos. En todo caso, el producto fitosanitario Abac, paralizado desde 1998, logró su aprobación en octubre de 1999, apenas un mes después de la minicumbre concertada por Carlos Fabra en el Ministerio de Agricultura.
Este departamento recibió posteriormente la queja de una empresa farmacéutica que denunció cómo en el verano de 1999 el ministerio cambió de la noche a la mañana sus criterios y abandonó su política restrictiva autorizando el producto fabricado por Naranjax sin mayores comprobaciones técnicas, por lo que, en criterio de esta empresa farmacéutica, se estaba atentando contra el medio ambiente
3. EL MINISTRO EDUARDO ZAPLANA AUMENTA MÁS DEL DOBLE EL GASTO DE PUBLICIDAD EN VÍSPERAS ELECTORALES (21/01/04)
El Ministerio de Trabajo ha invadido en vísperas electorales los medios de comunicación con una campaña de publicidad sobre la imagen del departamento, cuyo lema es "Lo nuestro son las personas", y con otra sobre la revalorización de las pensiones -"Un año más cumplimos"-. El coste de estas dos campañas es de 29 millones de euros, según el B.O.E. A ese dinero hay que añadir otros 12,4 millones de euros adjudicados en distintas campañas específicas a lo largo del año. En total, 41,4 millones, más del doble (un 130%) de lo que dedicaba cada año al mismo fin su antecesor, Juan Carlos Aparicio. Los colaboradores de Aparicio indicaron que el Ministerio de Trabajo, durante su mandato, nunca gastó más de 18 millones de euros al año en gastos de publicidad institucional. La llegada de Zaplana, en julio de 2002, disparó ese gasto porque se encontró un "déficit de información al público" sobre la labor de su departamento, según aseguran colaboradores del actual Ministerio de Trabajo.
A su juicio, "el ciudadano no distinguía cuál era la obra del ministerio". El contribuyente, por ejemplo, según su análisis, sabía qué era el Imserso y también lo que hacía, pero ignoraba que su obra se incardinaba en el ministerio que dirigía Zaplana.
El ministro quiso centralizar -"rentabilizar electoralmente", según la oposición- la imagen de la gestión de cada organismo bajo su competencia. Para lograrlo, adjudicó en diciembre de 2003, a sólo tres meses de las elecciones generales, un plan global de comunicación por 22,2 millones de euros, a los que se suman las campañas previas o posteriores específicas, que elevan el gasto publicitario ministerial de Zaplana a casi 50 millones de euros desde su nombramiento (41,4 millones sólo en 2003). Trabajo argumenta que aunque haya adjudicado un contrato para el plan global de comunicación por 22,2 millones de euros, "esto no significa que tenga que gastarse todo" y que la actual oleada no habrá costado más de nueve millones. La gestación del plan global de comunicación comenzó en septiembre de 2003, cuando Trabajo convocó un concurso para la "realización, producción y ejecución del plan de Comunicación Global del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos: Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina, Instituto Nacional de Empleo, Instituto de la Mujer, Instituto de la Juventud e Instituto de Migraciones y Servicios Sociales durante los años 2003 y 2004". El macroconcurso fue adjudicado el 26 de diciembre de 2003 a la empresa Publicis. Tres días después, según la agencia, comenzaron a emitirse los primeros anuncios.
El plan global de comunicación no incluyó dos campañas de revalorización de pensiones por un monto de 7,2 millones cada una que fueron adjudicadas unos días después. Desde que se adjudicó el plan global de comunicación han aparecido, con cargo al mismo, tres campañas en los medios de comunicación. Una genérica, sobre las bondades del ministerio ("Trabajamos para crear más empleo, por garantizar las pensiones, las de hoy y las de mañana...") y dos más sobre formación profesional y los autónomos. Rafael Pola, directivo de Publicis, subraya la valentía de Trabajo al "aceptar que el spot de campaña concluya o cierre con imágenes de personas o colectivos por los que se ha hecho mucho, pero que todavía necesitan mucho más del Ministerio y de todos". Enero 2004
4. LA JUNTA ELECTORAL OBLIGA AL GOBIERNO A SUSPENDER SUS CAMPAÑAS EN PERIODO
ELECTORAL (21/01/04)
La Junta Electoral Central decide, tras una reunión de dos horas, exigir al
Ministerio de Trabajo la suspensión inmediata de sus campañas publicitarias,
tal y como habían pedido el PSOE e IU. La Junta advierte de que el periodo
electoral comenzó ya, al recogerse la convocatoria de los comicios en el BOE,
y por tanto ya no pueden publicarse campañas que realcen la gestión del
Gobierno. Sólo son válidas las que "resulten imprescindibles para la
salvaguardia del interés público", algo que éstas no hacían, según el fallo,
y que la oposición tildaba de "propaganda". El ministerio que dirige Eduardo
Zaplana anunció que acata y da por concluidas todas sus campañas
publicitarias, incluida la relativa a la revalorización de las pensiones. El
mismo día en que el BOE publicaba el real decreto de convocatoria de las
elecciones generales del 14 de marzo, un tríptico del Ministerio de Trabajo
insertado en los principales periódicos resaltaba la mejora lograda en las
prestaciones sociales por los trabajadores autónomos. Fue el dato definitivo
para la resolución de la Junta Electoral Central.
La Junta entiende que el periodo electoral empezó ya, y razona: "Visto que las campañas objeto de las reclamaciones han continuado publicándose en el día de hoy, en que se inicia el periodo electoral, acuerdo trasladar al Ministerio de Trabajo que deberá suspenderse hasta la terminación del proceso electoral la publicación y realización de las campañas objeto de las reclamaciones". La Junta recuerda una resolución del 13 de septiembre de 1999, en la que se dice claramente: "No puede realizarse por los poderes públicos ninguna campaña durante el periodo electoral, esto es, desde la convocatoria de las elecciones hasta el mismo día de la votación, (...) salvo las que puedan resultar imprescindibles para la salvaguardia del interés público".
El encarte sobre los autónomos, repleto de frases del estilo de "hemos mejorado mucho", se difundió y no estaba previsto difundirlo en nuevas fechas. En cambio, la campaña de las pensiones sí iba a continuar algunos días más. Zaplana optó anoche por suspenderla, aun sin tener claro si la resolución de la Junta se refiere también a ella.
En las pasadas elecciones municipales, Eduardo Zaplana ya recibió una reprobación de la Junta Electoral Central, que suspendió hasta después de los comicios la distribución de una carta del ministro en la que exponía los logros del Gobierno. Enero 2004
5. EL PP INCUMPLE SU CÓDIGO ÉTICO EN EL CASO DE FABRA Y DEL ALCALDE GALLEGO CONDENADO (24/01/04)
La dirección del PP ha incumplido su propio código ético en los casos de la mediación de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, a favor de negocios familiares, y de Jesús Ares, alcalde de Toques (A Coruña), condenado por abusar de una menor. Dicho código exige el cese del cargo al que se abra una investigación judicial, como ha ocurrido en los dos casos. La colisión del código con el proceder ya acreditado de ambos altos cargos del Partido Popular, con responsabilidades públicas, se resume en los siguientes puntos.
- Dimisión al ser investigado. Los cargos públicos del PP están obligados a "comunicar a la dirección del PP y a poner a su disposición el puesto público que desempeñaran si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional pueden observarse indicios racionales de la comisión de un delito". La juez de Nules, Castellón, que recibió una denuncia del empresario Vicente Vilar contra Fabra por supuestos pagos a cambios de favores políticos, tras archivarla por defectos de forma, abrió de oficio diligencias para aclarar si "existen uno o varios" delitos contra la Administración pública. Este tipo delictivo incluye la figura del tráfico de influencias. Asimismo, remitió a la fiscalía los hechos denunciados perseguibles de oficio. Por tanto, existen dos investigaciones vivas sobre Fabra. Este punto es reinterpretado de la siguiente manera, según explica Rafael Hernando, portavoz del PP: "Últimamente esperamos a las sentencias, salvo que se trate de un delito flagrante. En este caso, la gente de Valencia lo que nos ha dicho es que era más una cosa intencionada que real, más propia del debate político que una evidencia real de tráfico de influencias".
Hernando detalla cuál es la nueva lectura del término "indicios racionales" del código ético interno. "¿Hay indicios racionales? Lo que hay son indicios que llevan a la apertura de una investigación por un juez que tiene que investigar el caso. ¿Cuándo se confirman esos indicios? Cuando se confirman por una sentencia. Eso es lo que nosotros hemos interpretado con el desarrollo de la norma del código ético. ¿Por qué? Pues por la experiencia. Tuvimos casos de estos en 1999 cuando estábamos haciendo las listas. Y les quitamos de las listas. Resultaron denuncias infundadas. Les destrozamos la vida política y personalmente". Conclusión: "Hemos interpretado la norma. Salvo que haya algo descarado, esperamos a la resolución del sumario porque no tenemos los medios que tiene el sistema judicial para garantizar los derechos ni para investigar". En el caso de alcalde de Toques (A Coruña), Jesús Ares, condenado por abusos a una menor, el PP aplica desde su código interno, le ha suspendido cautelarmente.
- Investigación interna. "El PP asume el compromiso de abrir en cualquiera de estos casos una comisión de investigación interna que esclarezca los hechos y que, a su vista, hará públicas las conclusiones de su informe, así como las sanciones que de ello puedan derivarse en aplicación del reglamento de conflictos y disciplina", reza el código. "En Valencia, le investigaron y le estuvieron pidiendo datos de lo que había en ese asunto. Y nos dijeron que, en principio, no había nada. Era una cuestión que tenía que ver con una venganza", explica Hernando.
- Expulsión por beneficiarse. "Constituirá motivo de expulsión inmediata del partido, sin perjuicio de las responsabilidades de otra índole que pudieran deducirse, la utilización del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o para terceros", proclama el código.
Un amplio listado de ministros, ex ministros y altos cargos han reconocido que Fabra directamente, o indirectamente a través de diputados amigos o subordinados, realizó gestiones o cerró reuniones para tratar de productos fitosanitarios que en unos casos estaban registrados por la empresa de su mujer y en otros comercializaba la empresa que le pagaba por supuestos informes. "Tenemos que saber si ha habido una mediación que suponga tráfico de influencias o es lo típico de que un sector te pide que intentes que les quiten el IVA. Lo que hay que demostrar es que ha cobrado por esas gestiones". En todo caso, "es un tema que está en la dirección regional. Hemos pedido que nos hagan un informe y lo estarán haciendo. Es frecuente hacer gestiones por empresarios. Hay una línea sinuosa que se cruza cuando cobras por ello. Y eso no está demostrado", concluye Hernando. Enero 2004
6. EL FISCAL MANTIENE QUE EL DINERO QUE SE QUEDÓ CARTAGENA ERA PÚBLICO (26/01/04)
El fiscal del Tribunal Supremo sostuvo que el dinero de las monjas carmelitas de Orihuela que se apropió en 1993 Luis Fernando Cartagena, ex consejero de Zaplana y ex alcalde de la ciudad, tenía «un carácter público», por lo que considera ajustada a derecho la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que lo condenó en 2002 por malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. El fiscal se pronunció en ese sentido durante la vista del recurso de casación presentado por Cartagena ante el Supremo, celebrada ante un tribunal formado por tres magistrados y presidido por Luis Román Puerta, presidente de la sala de lo Penal de esta instancia judicial. En la sentencia se considera probado que Cartagena se apropió en 1993, siendo alcalde de Orihuela y diputado del PP, de más de 8 millones de pesetas que le entregaron las monjas de la Comunidad de las Hermanas de la Beatísima Virgen del Monte Carmelo tras cerrar el hospital municipal San Juan de Dios que gestionaban.
Las religiosas le dieron el dinero para que fuese invertido en obras sociales del ayuntamiento, un destino que no quedó probado según la sentencia. En ella, en cambio, se afirma que «lo hizo suyo con intención de beneficio propio». Unos recibos de justificación de obras en un barrio marginal de la ciudad, aportados por un empresario local, su amigo Ángel Fenoll, fueron considerados falsos. El abogado de Cartagena, Vicente Boix, solicitó su absolución. La sentencia lo condenó a cuatro años de prisión, seis de inhabilitación para cargo público y una fuerte indemnización económica como autor de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. Boix alegó que el dinero donado por «la hermana Bernardina no tuvo nunca un origen o destino que lo puedan definir como público». Según él, «el dinero entregado era negro, por decirlo así, procedente de familiares de los asilados, por lo que no pudo contabilizarse en las cuentas municipales y no llegó nunca a tener consideración de caudales públicos».
A partir de esa tesis sostuvo que no puede considerarse un caso de malversación, un delito que no prescribe como sí ocurre en los casos de apropiación indebida. Asimismo, esgrimió que Cartagena «no quiso ocultar algo tan notorio» como la entrega de 8.166.426 pesetas (49.081 euros) «hasta el punto que quedó guardado en un armario». Este abogado, al igual que el defensor de Fenoll, José Luis Zambudio, también argumentaron contra la condena por falsedad en documento mercantil. Ambos sostuvieron que las tres facturas aparecidas en 1998, consideradas «una cortada» en la sentencia, no pueden apreciarse como prueba de cargo. Ambas defensas alegaron indefensión de los condenados por entender que tanto Cartagena como Fenoll no fueron interrogados sobre las facturas tras su aparición, circunstancia que consideraron irregular.
El fiscal del Tribunal Supremo fue breve y contundente a la hora de rechazar las tesis de os recursos. En su exposición, aportando precedentes de sentencias del alto tribunal, sostuvo el carácter público del dinero «tras su entrega a la administración pública». Con la misma concisión rechazó las alegaciones sobre los recibos: «No deja de sorprender que sea ahora, en la vista del recurso de casación, cuando se alegue esta motivación para anular la sentencia», dijo. El tribunal presidido por el magistrado Puerta decidirá ahora, en un plazo de tres o cuatro emanas, el recurso. Febrero 2004
7. ZAPLANA TIENE TRABAJANDO COMO ASESORA DE PRENSA DESDE HACE MESES A UNA PERSONA QUE COBRA EL PARO (08/02/04)
Eduardo Zaplana, ministro de Trabajo y Portavoz del Gobierno, tiene en el departamento de prensa de su ministerio a una colaboradora que no percibe sueldo y cobra, desde octubre pasado, el seguro de desempleo. La colaboradora de Zaplana -la periodista Cristina Grau, que fue jefa de prensa de la Consejería de Cultura de la Generalitat Valenciana hasta el cambio de Gobierno tras las elecciones de mayo pasado- argumenta su colaboración gratuita con Trabajo por "lealtad personal y política" con el ministro. "¿Trabajar sin cobrar es delito? Porque yo estoy trabajando sin cobrar", argumenta. Añade que, para ella, la "lealtad política está por encima de todo", que "en política se está por lealtad y no por dinero", y que no ve "qué tiene de malo echar una mano sin cobrar".
Grau no es militante del PP y relata que el ministro le dijo que no podía ofrecerle nada ahora, pero que "quizá podría encontrarle algo después de las elecciones" generales de marzo. Para desarrollar su función, la colaboradora utilizaba en el Ministerio de Trabajo un puesto en el gabinete de prensa, un ordenador, un correo electrónico, una extensión telefónica y un teléfono móvil. La jefa de prensa del ministerio, Elena Sánchez, asegura que facilitó esta infraestructura a la colaboradora de Zaplana a iniciativa propia, sin consultárselo al ministro y sin pensar que cometiera ninguna irregularidad.
Sánchez subraya que no había ningún tipo de relación contractual con Grau, que su tarea no estaba sujeta a horarios y que, sobre todo, acompañaba al ministro en algunos desplazamientos a la Comunidad Valenciana, donde es presidente regional del PP. Enrique Lillo, abogado de Comisiones Obreras, mantiene que esta relación de colaboración desinteresada "parece un fraude de ley". Argumenta que los trabajos desinteresados se realizan "como voluntario en una ONG o una parroquia, o como militante en un partido o sindicato, y el Ministerio de Trabajo no es una organización ideológica sino la máxima autoridad responsable del buen funcionamiento del mercado de trabajo en España".
Este abogado de CC OO matiza que la Inspección de Trabajo tendría que investigar para ver si las tareas que cumplía la colaboradora de Zaplana serían calificables como de trabajo asalariado. Y opina que si la Inspección concluye que las tareas que realiza la colaboradora de Zaplana son propias de un asalariado, el empleador "habría incumplido el deber de retribución". El ministerio hizo una consulta al Inem para indagar si tal colaboración era o no compatible con el cobro del paro. La respuesta fue que sería compatible si se considera un "trabajo por amistad, benevolencia o buena vecindad", tal como indica el artículo 1.3.d del ET. Febrero 2004
8. Zaplana ocultó el contrato real de Julio Iglesias por mil millones de pesetas sin impuestos (27/02/04)
El mismo día en que se firmó el documento oficial se rubricó una «Carta de intenciones» por la que el cantante percibiría 615 millones de pesetas, además de los 375 que se hicieron públicos. El cantante Julio Iglesias de la Cueva y el ex director del IVEX, José María Tabares, firmaron el 29 de diciembre de 1997 dos contratos. Uno, que se hizo público, establecía un pago de 375 millones de pesetas al artista por ejercer de embajador comercial de la Comunidad Valenciana. Y un segundo, escondido por el Consell a la opinión pública y a las Cortes, elevaba esa cantidad hasta los 990 millones de pesetas. Libres de impuestos. Zaplana intervino en la negociación.
El representante de Julio Iglesias remitió una carta al entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, en la que explicaba que había «trabajado en los últimos días con José Uncio [director del Instituto Valenciano de Finanzas] y José María Tabares» para cerrar el acuerdo con la Generalitat. «Estando ambas partes de acuerdo el borrador ya está finalizado», apuntaba. El segundo párrafo era revelador: «Como me indicastes (sic) la remuneración global anual de nuestra propuesta original (adjunta) se debería dividir en los diferentes conceptos que te adjunto». «Ruego lo estudies y cuando tengas un momento, nos reunimos para si estás de acuerdo tratar de cerrarlo». Ese precontrato establecía una remuneración de 990 millones de pesetas para el cantante: «165 por cada feria o visita institucional (165x6=990 millones de pesetas». El contrato que se firmó oficialmente se rebajó a 375, pero el caché se mantuvo.
Los 615 restantes se incluyeron en el anexo oculto. El entonces conseller de Industria, Diego Such, compareció radiante ante los medios de comunicación el 27 de marzo de 1998 para proclamar que el contrato firmado por el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) y el cantante Julio Iglesias para que éste promocionase los productos valencianos por el mundo era «barato». «Se ha hecho el mejor contrato del mundo y lo volvería a firmar», sentenció. Such puso un broche de oro a su intervención al invitar a la diputada de EU Gloria Marcos a «pedir perdón, si tiene dignidad». «Tras venir por la conselleria a leer el contrato, se ha dado cuenta de que ha hecho un ridículo espantoso al comprobar que ni había secretismo ni puntos negros», remató.
Gloria Marcos tuvo que visitar la conselleria para ver el contrato firmado con el cantante, tras las reiteradas negativas de Such a entregarlo a las Cortes. Grabadora en mano, la diputada leyó el documento, lo trascribió después y lo entregó a la prensa. Esa misma tarde, Such dio una copia. En esencia, aquel documento, el oficial, el único hasta hoy, establecía, en su punto tercero, que Julio Iglesias cobraría «en contraprestación por las labores de promoción de la Comunidad Valenciana la cantidad global de 375 millones de pesetas». En el capítulo sexto se determinaba que sería «responsabilidad» del cantante «la declaración y pago de todos los impuestos derivados del presente contrato». Los gastos de organización de los seis eventos en los que participaría el artista correrían por cuenta del IVEX.
Los papeles que vio Marcos tenían truco. Tras estampar su rúbrica sobre el contrato exhibido públicamente, quien bautizó a Zaplana como «el campeón» y el entonces director del IVEX, José María Tabares, rubricaron un documento en el que, bajo el título «Carta de Intenciones IVEX-Julio Iglesias de la Cueva» se mejoraban las condiciones para el embajador valenciano. Un documento que siempre se escondió a la opinión pública y a las Cortes Valencianas. En él se añadía (punto segundo) una retribución de 615 millones por «participación y cesión de imagen del artista en los eventos» recogidos en el contrato (Madrid, Tokio, Orlando, Moscú, Benidorm, Las Vegas y Shangai). Se establecía también el compromiso de alcanzar «contratos específicos de prestación de servicios y cesión de imagen por cada uno de los eventos». Los emolumentos del artista «tanto por lo establecido en el contrato [375 millones de pesetas] como por lo determinado en esta carta de intenciones [615] se entienden como cantidades netas, libres de impuestos». En la cláusula sexta, las partes se reservan el derecho de «cancelar uno de los seis eventos (...) y efectuar el ajuste económico correspondiente cifrado en 165 millones de pesetas por evento».
El crack fichado por el IVEX cantó en Tokio, Orlando, Moscú y Shangai, y dio plantón en Benidorm y en Las Vegas. Pero el Consell fue generoso y convalidó la primera falta por una visita que el telonero de Aznar en la campaña de 1996 hizo a la feria valenciana en México, en septiembre de 1997, cuando se negociaba el acuerdo. Y para compensar la segunda ausencia, se programó otra visita, con recital, a México, en abril de 1999. El IVEX abonó los 375 millones oficiales en cheques nominales en divisas, emitidos desde Bancaja, y pagados en el Swiss Bank. Las partes podían «delegar» la firma de los contratos específicos para cada evento, según el contrato. Julio Iglesias podía mandatar a una «empresa controlada por él». Dos firmas ligadas al cantante (la irlandesa Midway International e International Concerts, de Islas Vírgenes Británicas) pasaron facturas al IVEX por al menos 533 millones (como publicó este diario) por gastos de organización de conciertos y por «cesión de imagen». Los domicilios sociales de estas dos firmas distaban 7.000 kilómetros, pero tenían cuenta numerada y secreta en la misma sucursal del suizo UBS en Nassau (Bahamas). El mundo es un pañuelo. Febrero 2004
9. ZAPLANA ADMITE UN SEGUNDO CONTRATO A JULIO IGLESIAS POR SERVICIOS QUE IBA A PRESTAR (01/03/04)
El ministro y portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, asumió lo que él mismo, los ex consellers de Industria, Diego Such y Fernando Castelló, y la ex consellera portavoz Alicia de Miguel, nunca han reconocido: que los 375 millones de pesetas estipulados en el contrato oficial con el cantante Julio Iglesias por promocionar los productos valencianos en el exterior durante 1998 no fueron la única cantidad que recibió el cantante. Zaplana admitió la existencia de un segundo documento, publicado por este diario, en el que se elevaba el caché del artista a 990 millones libres de impuestos.
Instantes antes de mantener una reunión con los empresarios de Asociación
Valenciana de Empresarios (AVE), Zaplana fue preguntado por el asunto:
«¿Cuánto ha cobrado Julio Iglesias?». El cabeza de lista del PP al Congreso
contestó: «Le voy a decir una cosa que es muy clara. Usted sabe que en el
contrato de Julio Iglesias había un contrato que era por el que cobraba
directamente Julio Iglesias y otro porque se pagaban lógicamente los
servicios que iba a prestar».
Zaplana no aludió a la cantidad final percibida, ni explicó por qué se ha
ocultado a las Cortes, a la opinión pública y a la Sindicatura de Cuentas
ese contrato «b», ni aclaró por qué se ha faltado a la verdad por acción u
omisión sobre la cuantía de los emolumentos del cantante. Los argumentos de
quien, siendo presidente de la Generalitat, intervino directamente en la
negociación del fichaje del artista chocan, además, frontalmente con el
contenido del contrato oficial.
Zaplana viene a insinuar con sus palabras que los 375 millones de pesetas se le pagaron al artista simplemente por cesión de imagen, por vincularse a la Comunidad Valenciana. Pero el documento firmado el 29 de diciembre de 1997, que se hizo público tras negarse el Consell reiteradas veces a entregarlo, recoge que la contraprestación de 375 millones es por «cesión de imagen y apoyo a la promoción de la Comunidad».
Y se determina, en el capítulo 1 («objeto del contrato»), en qué consisten ambos conceptos. «A través del presente contrato las partes acuerdan la celebración de una serie de actividades y actos de promoción (...) en las fechas y en diversos países del mundo y España, que se relacionan en el anexo 1». Y en ese anexo se detallan «los lugares y fechas de celebración de las acciones: Fitur-Madrid (28-1-98); Expoconsumo. Tokio (24/26 marzo 1998); International Tiles and Surfaces Exhibition. Orlando (21-24 de abril de 1998); Feria Exposición de la CV. Moscú (1ª quincena de junio de 1998); Festival de la Canción de Benidorm (junio 1998); Las Vegas Western Shoe Fair (7-10 de agosto 1998); Feria Exposición CV. Shangai (1ª quincena de octubre de 1998)».
El contrato concreta hasta su cometido. En síntesis, por 375 millones, el cantante asumía el compromiso de participar en «encuentros con medios de comunicación (...), visita al lugar de exposición, feria, evento o cualquier espacio en el que tenga lugar la promoción» y «celebrar conciertos y/o cenas con asistencia de comensales en número, lugar y convocatoria a determinar». Además, prestaba su imagen para que se incorporara «al material de promoción», a los «videos promocionales», y aceptaba la «distribución a precio de coste de discos compactos musicales de Julio Iglesias». Marzo 2004
10. FRACTURA GRAVE EN EL PP VALENCIANO (25/04/04)
Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, ocupa además el cargo de presidente regional del PP en esa comunidad autónoma. Camps fue elegido por asentimiento con el aval de Mariano Rajoy y Ángel Acebes, después de que Eduardo Zaplana, ex ministro de Trabajo, renunciara al cargo. El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, que fue propuesto desde diferentes ámbitos del PP para ocupar la presidencia regional, tuvo que aceptar la secretaría general.
El relevo, sin embargo, habrá sido uno de los más accidentados que ha registrado hasta la fecha el PP, cuya dirección nacional ha tenido que mediar en el conflicto para evitar la imagen de división interna de los populares valencianos. Hace un año nadie hubiese aventurado un deterioro como el actual en las relaciones que mantenían Zaplana y Camps, que ha llevado a los seguidores del ahora portavoz parlamentario a plantear la posibilidad de presentar un candidato alternativo para evitar que el jefe del Ejecutivo valenciano se hiciese con el control de la organización. En la precampaña de las autonómicas de 2003, Francisco Camps, entonces candidato designado por el propio Zaplana a la Generalitat, no ocultaba su deseo de presidir también el PP de la Comunidad Valenciana: "Sí, eso ya está dicho por el actual presidente Zaplana, que lo dijo públicamente".
La llegada de Camps a la presidencia de la Generalitat cambió el escenario. A las pocas semanas surgieron los desencuentros entre ambos. Los partidarios de Camps se quejaban de la injerencia del partido en las tareas del gobierno y los próximos a Zaplana criticaban al Ejecutivo por no defender con suficiente vehemencia la gestión realizada por el todavía presidente regional. Decisiones como la de aparcar grandes proyectos previstos (la ampliación del IVAM, entre otros) o el reconocimiento de la existencia de una importante deuda heredada llevaron pronto a un diputado afín a Zaplana a pedir la dimisión de un consejero en una reunión del Grupo Popular en las Cortes Valencianas.
Desde ese momento, agosto de 2003, los episodios de crisis -"puntas febriles" en palabras de un parlamentario del PP- han elevado la temperatura y el grado de crispación interna de un partido que gobierna en la práctica totalidad de las instituciones valencianas con mayoría absoluta. La campaña electoral realizada para intentar que Mariano Rajoy lograse la presidencia del Gobierno en los comicios del 14 de marzo pasado acabó con el PP valenciano realizándose su propia contraprogramación. Por un lado, el cabeza de lista por Valencia, Eduardo Zaplana, con el respaldo de la organización del partido y, por otro, el presidente de la Generalitat Valenciana, con el apoyo del Gobierno, por otro.
En este ambiente, la reciente derrota electoral desbloqueó un recambio en la presidencia regional del PP que, en opinión de algunos partidarios de Camps, tenía que haberse producido antes. La sugerencia de Mariano Rajoy a su equipo de que quería dedicación plena a las responsabilidades llevó a Eduardo Zaplana a presentar el pasado 13 de abril su dimisión como presidente del PP de la Comunidad Valenciana.
Ese día ya había cargos valencianos del PP, afines al ahora portavoz en el Congreso, recogiendo avales para presentar una candidatura alternativa a la de Camps a la presidencia regional. Una actuación que, según el entorno de Zaplana, tuvo lugar como "muestra del malestar existente en la organización por la falta de un liderazgo fuerte" fruto de "la falta de integración" de Camps.
La recogida de firmas y el consiguiente cruce de reproches y actos de apoyo en favor o en contra de Camps obligaron a la dirección nacional del PP a intervenir. El secretario general adjunto, Ángel Acebes, fue claro y pidió a los dirigentes valencianos que actuasen en favor "del interés general" y respetando "los mecanismos democráticos" del partido.
Una petición que en Valencia tiene una lectura explícita: Francisco Camps será el nuevo presidente del PP en sustitución de Zaplana pero debe respetar la cuota de poder de éste para que no haya vencedores ni vencidos.
La primera parte de la premisa no deja lugar a la interpretación, pero la segunda sí. Y es aquí donde los interlocutores de uno y otro sector apuran las "conversaciones" para acabar de decidir quién sustituirá a Camps en la secretaría regional del PP, que deja vacante, y cómo se remodelará la dirección en su conjunto. Porque Camps, como asegura uno de sus colaboradores, "no quiere ser una facción del partido, quiere ser el partido".
11. ARRECIA EL CRUCE DE REPROCHES EN EL PP VALENCIANO POR LA CRISIS DE TERRA MÍTICA (22/05/04)
El cruce de reproches en el seno del PP valenciano a propósito de la suspensión de pagos del parque temático de Benidorm Terra Mítica arreció. Los partidarios del ex presidente valenciano Eduardo Zaplana, impulsor del parque, exigieron a su sucesor en el cargo, Francisco Camps, y a las dos cajas accionistas del parque -Bancaixa y CAM- que levanten la suspensión y laven la imagen de un complejo en crisis.
El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, que disputó a Francisco Camps la presidencia del partido hace unas semanas, anunció que pedirá una reunión urgente con los máximos responsables de Bancaixa y la CAM "con el objetivo de que la situación de Terra Mítica se corte de manera inmediata" y se apliquen medidas de urgencia y planes para levantar la suspensión de pagos.
Ripoll, que el día anterior arremetió contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, también del PP, por no haber hecho "lo suficiente" por el parque, volvió a exigir "un compromiso decidido del Gobierno valenciano para sacar adelante el complejo de ocio". Según Ripoll, la suspensión de pagos "debe durar lo menos posible" porque, según agregó, "traslada una imagen pesimista del parque que hay que arreglar cuanto antes".
El consejero de Economía, Gerardo Camps, en una comparecencia pública tras la reunión del Gobierno autonómico, se limitó a decir: "En la vida, y la política es una parte de ella, hay quien está para crear problemas y quien está para resolverlos y yo me encuentro entre los segundos".
Gerardo Camps reiteró el apoyo "sin fisuras" de la Generalitat al parque, pero se reafirmó en la idea de que la suspensión de pagos era la única solución después de que los acreedores del parque rechazaran el plan de viabilidad que él mismo dirigió. Eduardo Zaplana no ha querido manifestarse acerca de las tensiones en el PP valenciano que presidía hasta hace poco y se limitó a defender el complejo de ocio.
12. EL FISCAL DEL 'CASO FABRA' APLAUDE LA PERSONACIÓN DE ANTICORRUPCIÓN, PESE A QUE ÉL NO LA RECLAMÓ (26/06/04)
El fiscal jefe de la Audiencia de Castellón, Francisco Javier Arias, que ha ejercido hasta mediados de este mes la acusación en el caso Fabra, afirmó que la personación de la fiscalía Anticorrupción, relevándole de la investigación, es "una medida muy acertada" tanto "desde el punto de vista jurídico como del sentido común". Arias elogió a su sustituto, Carlos Saiz Díaz, nombrado por el fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, por ser "un gran especialista en delitos económicos" con "de 13 años de carrera" que "ayudará mucho". Pese a los elogios, Arias nunca reclamó la presencia de Anticorrupción.
Francisco Javier Arias aseveró que estaba "satisfecho" por la incorporación de Anticorrupción, pero en ningún momento dijo que hubiera sido él quien solicitara su apoyo pese a que ostenta esa potestad. Más bien al contrario, primero fue el anterior Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, quien rechazó "una especie de denuncia de algunos alcaldes socialistas" de Castellón y después, según comunicó Arias, fue el propio Salinas quien le telefoneó para solicitarle "un informe del caso Fabra", que le remitió en sendos capítulos los pasados 10 y 17 de mayo, ya con Cándido Conde-Pumpido al frente de la Fiscalía General del Estado, quien dio el visto bueno a la intervención.
El fiscal jefe de la Audiencia provincial de Castellón realizó estas declaraciones en una comparecencia ante los medios de comunicación, que supuso la ruptura de su silencio desde que comenzó el proceso. Francisco Javier Arias intentó justificar su labor como acusación en el caso ante las "duras críticas recibidas" y dijo que ha sido el responsable de que se practiquen "cinco diligencias" en los siete meses de investigaciones, en referencia a las pruebas testificales de dos joyeros, el representante de una sala de arte y los dos trabajadores de Naranjax el pasado 11 de junio. Además, informó que ha solicitado "otras seis" que están señaladas y aún no se han llevado a efecto o porque "en algún caso había que solicitar el testimonio de alguna personalidad política importante" y creyó conveniente "esperar a que pasaran las elecciones generales para ver si eran aforados y tenían que declarar en Nules o ante el Supremo".
Arias no quiso dar nombres pero reconoció que estudiaba pedir la declaración de "algún ex ministro" con responsabilidad entre 1998 y 2002, y que ha aconsejado a Carlos Saiz su comparecencia. Además, defendió su recurso contrario a que la Unión de Consumidores se personase como acusación en los delitos contra la Administración pública, por los que están imputados Fabra y su mujer, y Vicente Vilar y su ex esposa, porque "como asociación de consumidores carece de interés en este asunto", y parece "un contrasentido que la UCE quiera ejercer de acusación y otras asociaciones como AVACU no".
El ya ex fiscal del caso Fabra sostuvo su "imparcialidad" a la que está "obligado por ley" y negó que hubiera actuado "como abogado defensor de don Carlos Fabra". Para Arias, el presidente de la Diputación y del PP en Castellón "es un conocido" con quien ha "comido cuatro o cinco veces en actos públicos desde 1976". El fiscal prefirió no contestar a la cuestión sobre qué pretendía averiguar con su ya famosa pregunta a Fabra: "¿Arriesgaría usted su carrera política por un asunto de tráfico de influencias máxime estando tan cerca las elecciones y por un precio tan irrisorio como se ha cifrado aquí?". Francisco Javier Arias también arremetió contra los medios de comunicación, al asegurar que había leído muchas "noticias pintorescas, otras falsas, y tendenciosas", para matizar después que mucho de lo publicado se "ajustaba plenamente a la realidad". Arias también desveló que hace "aproximadamente un mes" Hacienda decidió "investigar de oficio" los movimientos contables "de todos" los imputados.
Por otra parte, el presidente del Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen), Francisco González; la integrante de la asociación Salvem el Desert, María Teresa Novo, y el representante de la asociación de vecinos de Miravet, Julio Fernández, pidieron al Ministerio de Justicia que encargue un informe sobre la actuación de la Fiscalía de Castellón en el proceso judicial abierto por un presunto delito ecológico en la construcción de la carretera Cabanes-Oropesa, según Europa Press. Las asociaciones expusieron al subdelegado Juan María Calles las fases en las que se encuentran la ejecución de dicha carretera y el proceso judicial.
Al respecto, González explicó a Calles que no se opone a una carretera que conecte el interior con la costa, pero sí a la afección del proyecto sobre el Desert de Les Palmes y sobre las especies endémicas. Según González, la solución óptima "es la opción norte", una alternativa desechada por la Generalitat porque, a su juicio, "dificulta los planes urbanísticos desarrollados en torno al futuro parque de ocio Mundo Ilusión, impulsado por la Diputación de Castellón".
13. EL PP SE NIEGA A QUE LOS CARGOS PÚBLICOS REVELEN SUS BIENES (29/06/04)
El Grupo Popular rechazó en las Cortes la proposición de Esquerra Unida sobre transparencia de cargos públicos cuya tramitación había consentido el Consell. A pesar de que en Castilla-La Mancha el PP apoyó una ley similar que no ha sido cuestionada y con el argumento de la posible inconstitucionalidad de la propuesta de EU, los populares la rechazaron porque la publicación de los datos puede atentar contra la intimidad de los cargos públicos. El portavoz de EU, Joan Ribó, les espetó que el problema del PP no está en la intimidad, sino "en la cartera". La proposición de ley de transparencia de gestores y cargos públicos llegó, por fin, al pleno de las Cortes. Presentada por EU en abril de 2002, y a pesar de que ya entonces el Consell emitió dictamen favorable a su tramitación, el PP impidió que llegara al pleno debido a su supuesta inconstitucionalidad.
La iniciativa pretende que todos los cargos públicos estén obligados a presentar declaración de actividades, intereses y bienes, que serían publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Una ley muy parecida está vigente desde 1995 en Castilla-La Mancha y desde 1996 en Extremadura, y en Cataluña también se han puesto en marcha mecanismos de control similares. Joan Ribó defendió su iniciativa ante la "crisis de confianza en los cargos públicos" que los ciudadanos manifiestan en las encuestas y porque la transparencia ayudaría a "dignificar la política y la gestión pública". Se trata, dijo, de "poner mecanismos para ponerles las cosas más difíciles a aquellas personas que van a la política para buscar un beneficio personal" y para que "cualquiera que aspire a un cargo público sepa que tiene que superar la prueba de la transparencia".
Pese al criterio favorable del Consell, el popular Rafael Maluenda anunció el voto en contra de la iniciativa y leyó una prolija intervención llena de citas de sentencias del Tribunal Constitucional y de advertencias acerca de la posible vulneración de leyes estatales. Así, argumentó que la ley impide a la Agencia Tributaria ceder los datos de la renta, obviando que lo que se busca es que sean los cargos públicos los que los den a conocer voluntariamente.
Ante el argumento de supuesta inconstitucionalidad esgrimido por el PP, Ribó preguntó por qué no se ha recurrido la ley de Castilla-La Mancha. Y ante la reiterada referencia a la intimidad, preguntó si es que hay una "intimidad valenciana", incluso si la hay "valenciana del sur" -citó a Luis Fernando Cartagena- o "valenciana del norte" -y mencionó a Carlos Fabra-. "El problema no está en la intimidad, sino en la cartera, es que ustedes tienen determinadas cosas que no las pueden hacer transparentes", espetó Ribó, que comparó la intervención de Maluenda con la actitud de ciertas aves que se alejan del nido para llamar la atención sobre sí mismas con el fin de proteger a sus polluelos.
El socialista Antoni Such argumentó que el vigente registro de actividades y bienes no ha servido, porque ha permitido que Fabra haya "mentido". "Al final, lo que pasa es que no quieren la transparencia", concluyó Such, que criticó la "contradicción" entre la postura del Consell y del PP, que rechazó la iniciativa.
14. CANAL 9 HA GASTADO 106 MILLONES € EN ESPACIOS DE PRODUCTORAS AFINES AL PP (05/07/04)
La marcha de Josep Vicent Villaescusa de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) no deja contentos a todos. La directora de Canal 9, Genoveva Reig, y el jefe de Recursos Humanos, Vicente Sanz, están ahora en el punto de mira de la oposición por manipulación informativa, censura, bajos índices de audiencia y una política de contratación de personal sin sentido.
El balance de la etapa de Villaescusa resulta desolador no sólo porque se trata de una persona que ha defendido la privatización de la gestión del ente contra todos y pese a las sentencias judiciales contrarias, sino por su connivencia con Reig. Durante esta etapa, TVV ha invertido alrededor de 106 millones de euros (17.000 millones de pesetas) en programas ajenos a la cadena y de clara significación política.
Genoveva Reig llegó a Canal 9 en septiembre de 1998 de la mano de Eduardo Zaplana a quien conocía desde su etapa de alcalde de Benidorm. Fue su jefa de gabinete y luego directora general de medios de comunicación hasta que Jesús Sánchez Carrascosa dejó vacante la dirección de la cadena. Desde entonces, la parrilla de programación ha sufrido un proceso de privatización paulatino y le han llovido las críticas por parte de la oposición y de otros sectores sociales. Reig es la única persona de total confianza de Zaplana en Canal 9 y el principal escollo para los afines al titular del Consell, Francisco Camps.
El tercer obstáculo es Vicente Sanz. El responsable de la política de personal de la cadena, ejemplo viviente del sentido práctico de hacer política, se mantiene merced a hipotecas del pasado. En círculos próximos al PP se considera, incluso, que Sanz es más importante por lo que calla que por lo que sabe. Lo que podría librarlo de la quema. Con todo, además del grave endeudamiento del ente y la ausencia de espacios con contenidos de calidad, la cadena ha sufrido una importante caída de la audiencia. Actualmente es la menos vista de la Comunidad Valenciana y sus índices sólo son comparables a la época de Vicente Tamarit que no superaban el 14,5 % de share porcentaje de personas que ven televisión en un momento determinado.
Ni siquiera un buque insignia como Tómbola, uno de los programas que el Consell pretende eliminar de la parrilla y que anoche volvía “amb força” según lo anunció la cadena que ha obtenido una audiencia media del 4,64 % de raiting porcentaje de la población que ve el programa, según estudios de Sofres. De lo que se desprende que apenas 197.756 valencianos son fieles al programa.
Durante este año, TVV ha comprado 24 programas, lo que le ha supuesto un coste aproximado de 16 millones de euros (2.662 millones de pesetas). Los más caros han sido Tómbola de Anny Producciones, propiedad de Angel Moreno, ex marido de la periodista Nieves Herrero, y La naranja metálica de Canal Mundo, SA , productora del diario El Mundo. Este espacio que presenta Juan Ramón Lucas tiene un coste de 56.321 euros por programa. Esta productora ha ingresado cerca de 1,5 millones de euros (280 millones de pesetas) en el último semestre ya que tiene en antena dos espacios, el de Lucas y La Bomba. A pesar del mínimo seguimiento que tienen estos programas, permanecen en antena.
15. LOS TÉCNICOS CIFRAN EN 22,8 MILLONES LAS PLUSVALÍAS DE LOS SOLARES QUE COMPRÓ UNA FIRMA DE FAMILIARES DE ZAPLANA (05/07/04)
Una empresa privada en la que participan personas ligadas familiarmente al portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, impulsa en parcelas situadas entre los términos de Finestrat y la Vila Joiosa una urbanización compuesta por un campo de golf y un hotel de lujo.
La mercantil Los Almendros adquirió en el año 2000 cerca de 665.000 metros cuadrados a apenas tres kilómetros de Terra Mítica. El 65% de los solares pertenecían a la Fundación Aragonés, una entidad benéfica privada en la que, sin embargo, figuraba como patrono el alcalde de la Vila Joiosa José Miguel Llorca. El restante 35% de las parcelas eran propiedad del Obispado de Orihuela-Alicante. La adquisición llegó acompañada de sendas propuesta de reclasificación de los de rústico a urbanizables. La Comisión Territorial de Urbanismo Ñdependiente de la Conselleria de Obras PúblicasÑ ya ha dado el visto bueno a la conversión en el término de Finestrat y está a la espera de últimas gestiones en los terrenos de la Vila.
Informes técnicos encargados por el grupo socialista en las Cortes Valencianas cifran en algo más de 22,8 millones de euros (3.797 millones de pesetas) las plusvalías obtenidas sólo en términos del valor actual de los terrenos pertenecientes a la Fundación Aragonés. Estas parcelas se compraron por 2,4 millones de euros. La estimación se ha efectuado sin tener en cuenta los posibles beneficios del aprovechamiento urbanístico derivado de la edificación en los solares.
La operación inmobiliaria empezó a fraguarse en junio de 1999. El día 8 de ese mes un promotor de Benidorm Ñque comparte consejos de administración con el tío político de Zaplana, Miguel Martorell LlorcaÑ pactó con la fundación una opción de compra. La entidad Aragonés solicitó autorización el 24 de febrero al protectorado de fundaciones de la Generalitat Valenciana. Tres días antes se inscribía en el registro mercantil de Alicante la mercantil Los Almendros con un capital social de 6 millones de euros. Esta sociedad fue la que finalmente ejerció la opción de compra.
En los accionistas de Los Almendros figuraban Martorell Llorca, pero también el suegro de Zaplana, Miguel Barceló y su esposa y suegra del ex presidente de la Generalitat, Dolores Martorell Llorca. La participación de la familia política de Zaplana se sustanciaba a través de la empresa de la familia Promociones Les Dunes, en la que también participa la esposa del ex ministro Rosa Barceló.
Esta última firma vendió sus acciones en julio de 2003. No obstante, Miguel Martorell y Dolores Martorell todavía figuran en el registro mercantil como miembros del consejo de administración de Los Almendros. Otros consejeros son conocidos empresarios de Alicante como Andrés Torrubia (dueño del hotel Don Pancho de Benidorm) o el ex presidente de la patronal Cierval, José Luis Montes Tallón.
La oposición reclamó una comisión de investigación en las Cortes sobre la compra de terrenos. El diputado del PSPV José Camarasa afirmó que su grupo desea conocer “los inductores, los cooperadores necesarios y los beneficiarios del "pelotazo" inmobiliario por la compra de unos terrenos cercanos a Terra Mítica por una empresa participada por familiares del ex presidente de la Generalitat”. “Es paradójico que, mientras Terra Mítica se hunde, todo lo que le rodea multiplica su valor”, manifestó Camarasa.
16. RAJOY NIEGA QUE EXISTA EN EL PP VALENCIANO UNA VERDADERA CRISIS (11/08/04)
El secretario general del Partido Popular, Mariano Rajoy, aseguró que no tiene "previsto" intervenir en la crisis abierta en el seno del PP valenciano por las divisiones entre los partidarios del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el ex presidente del PPCV y actual portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana. "Como no lo tengo previsto será porque no hay una verdadera crisis", remachó. Preguntado en el Congreso de los Diputados sobre si piensa intervenir en la crisis de los populares valencianos, que se recrudeció a finales de julio con el plante de diputados zaplanistas que no acudieron al pleno de las Cortes, Rajoy contestó que no lo tiene previsto. Ante su escueta respuesta, se interrogó al líder del PP acerca de si aceptaba, al menos, la existencia de una crisis entre los populares valencianos. "Ni me lo había planteado, pero como no lo tengo previsto será porque no hay una verdadera crisis", remachó. Y eso que el pasado 22 de julio, en plena guerra interna entre campistas y zaplanistas, el líder nacional del PP dio su apoyo al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. En Valencia, y con Camps a su lado, Rajoy pidió "a todos los militantes que respalden tanto las políticas que, con indudable acierto, está llevando a cabo el presidente de la Generalitat, como que respalden su actuación como presidente del partido".
Rajoy reconoció ese día la existencia de problemas en el PP valenciano y mostró su deseo de que se resuelvan lo antes posible. "Hay problemas", confesó, "me gustaría que se resolvieran a la mayor celeridad y voy a trabajar para que eso sea así". El secretario general de los populares recalcó a continuación: "Camps es el presidente del partido, tiene mi apoyo y el de la dirección nacional".
Rajoy no había vuelto a hablar del asunto. Pero es que, entretanto, el líder de los populares se ha tomado unos días de descanso que han incluido un crucero en el yate del presidente balear, Jaume Matas, en el que también iba Eduardo Zaplana. Esos días de descanso en aguas de Baleares, junto a la necesaria búsqueda de apoyos de cara al congreso del partido, en el que Zaplana quiere jugar un papel destacado, parecen haber modificado la percepción de Mariano Rajoy acerca de los problemas del PP valenciano.
17. COTINO Y DOMÍNGUEZ VENDEN A UN CONSTRUCTOR UN SOLAR QUE COMPRARON A PUNTO DE EXPROPIARLO (15/09/04)
Un solar en el centro de Valencia que el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Domínguez, y el consejero de Agricultura, Juan Cotino, compraron hace cinco años, poco antes de que una revisión del planeamiento municipal excluyera su expropiación, prevista desde 1991, es hoy propiedad de una constructora que ha obtenido permiso para edificar tres alturas, según reveló el portavoz del PSPV, Rafael Rubio. En 2000, Domínguez aseguró que la parcela sería cedida a la Fundació Vives para que ampliara su sede.
La compra del solar situado en el número 13 de la plaza de Mossén Sorell de Valencia fue motivo de polémica en 2000 cuando se descubrió que tres ediles del Partido Popular habían participado en la votación que lo excluyó de ser expropiado después de haberlo adquirido junto a Cotino y a un empresario. Ninguno de los concejales del Ayuntamiento de Valencia, además, había realizado la pertinente declaración en el registro de intereses de cargos públicos, como dicta la ley.
Domínguez explicó entonces que la compra había sido un gesto de generosidad hacia la Fundació Vives, a la que todos ellos pertenecían, y a la que pensaban ceder el terreno para que ampliara su sede, que se encuentra en una finca adyacente al solar. El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Rafael Rubio, dio a conocer que cinco años después de la compra el solar de 289 metros cuadrados de techo edificable, es propiedad de la empresa Cofu 95, SL, que ha obtenido el permiso municipal para levantar tres alturas -dos para viviendas y una para despachos-, además de un sótano y un bajo comercial. El titular de la constructora, Ramón Congost, es también miembro de la Fundació Vives, aseguró Domínguez. El concejal rechazó que se hayan producido irregularidades, y afirmó que el solar fue vendido a la fundación, la cual, a su vez, la traspasó a Cofu 95.
18. LA FISCALÍA RECHAZA EL INDULTO A CARTAGENA (23/09/04)
La Fiscalía de la Audiencia de Alicante rechaza la petición de indulto que tramita el ex consejero de Obras Públicas del PP, Luis Fernando Cartagena. "No vemos razones de equidad y justicia para otorgar el indulto a Cartagena", dijo José Antonio Romero, fiscal jefe de la Audiencia de Alicante. "Por tanto, hemos informado desfavorablemente", añadió Romero, que encarnó la representación del ministerio público en el caso que condenó al también ex alcalde de Orihuela, la apropiación de una donación de 49.000 euros de una congregación religiosa al Ayuntamiento oriolano. "Tampoco pensamos que el hecho de que Cartagena haya restituido la cantidad de la que se apropió sea motivo suficiente para el indulto", comentó Romero. "Estaríamos, pues, ante una clara discriminación entre ricos y pobres", añadió.
Cartagena optó por esta vía jurídica una vez que el Tribunal Supremo ratificó el pasado mes de marzo la condena a cuatro años de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos y falsificación. El alto tribunal confirmó en todos sus extremos la sentencia de la Audiencia de Alicante que condenó al ex alto cargo del PP por apropiarse de la mencionada donación de la congregación religiosa al Ayuntamiento.
Junto a Cartagena, el tribunal condenó al empresario afín al PP y amigo personal del ex consejero, Angel Fenoll a un año de cárcel por falsificación. El expediente de indulto lo tramita el tribunal que en primera instancia condenó a Cartagena, la Audiencia de Alicante. Junto al informe desfavorable del fiscal, Cartagena cuenta con los alegatos favorables de su letrado y miles de firmas de convecinos y compañeros de partido, recogidas en los últimos meses en localidades de la Vega Baja, feudo en el que Cartagena sentó las bases para su ascenso político. La decisión última la tiene el Consejo de Ministros.
19. CIEGSA ADJUDICÓ COLEGIOS POR ENCIMA DEL PRECIO DE LICITACIÓN A UN SOCIO DE FAMILIARES DE ZAPLANA (23/09/04)
Ciegsa adjudicó en 2002 obras en dos centros de enseñanza de la provincia de Alicante a la firma Pefersán, que preside el empresario de Orihuela, Agustín Pérez Espinosa. El presupuesto de adjudicación se elevó a 11,5 millones de euros, un 20% por encima del presupuesto tipo de licitación elaborado por la empresa dependiente de la Conselleria de Educación. Pérez Espinosa figura también como consejero de la mercantil Los Almendros, de la que fueron socios familiares políticos del portavoz del PP en el congreso Eduardo Zaplana y en la que figura todavía como consejero -entre otros- el tío político del ex ministro Miguel Martorell Llorca. Pefersán optó al concurso convocado por Ciegsa para la construcción del Colegio Público El Romeral en Alcoi y las obras de conversión de un centro de secundaria en Elx.
Otras cinco empresas optaron al concurso: ACSA Agbar Construcción; la unión temporal de empresa compuesta por Villegas, Fultón y Tecmo; Doalco, Cyes y la Constructora San José. Todas ellas presentaron ofertas que superaban los 9,2 millones del presupuesto tipo de licitación, según la documentación a la que ha tenido acceso la diputada socialista Ana Noguera. Finalmente fue Pefersán la firma adjudicataria, con una oferta que superaba en un 24,5% el presupuesto inicial, siempre según la misma documentación.
Pefersán es una constructora con amplia presencia en la provincia de Alicante. Su presidente es uno de los empresarios que participó a través de la mercantil Los Almendros en la compra a una fundación de solares ubicados a tres kilómetros del parque temático impulsado por Zaplana Terra Mítica. En estos terrenos está prevista la edificación de una urbanización de lujo y un campo de golf. Familiares de Zaplana fueron accionistas de Los Almendros a través de la sociedad Les Dunes, hasta que esta mercantil vendió sus acciones.
Sin embargo, las bases de datos del registro mercantil todavía recogen como consejeros de los Los Almendros a Miguel Martorell y a la madre de la esposa de Zaplana, Dolores Martorell Llorca. Fuentes ligadas a los familiares políticos de Zaplana aseguran haberse desvinculado ya por completo de la sociedad Los Almendros.
Pérez Espinosa, que también explota un campo de golf en la comarca de la Vega Baja, figura en los consejos de administración de otras sociedades como Lomas de Campoamor, Agrícola de Algorfa o Social de Inversiones. Pefersán tiene su domicilio en Madrid y tiene como objeto social la construcción, gestión y ejecución de toda clase de obras, públicas y privadas.
20. RAJOY SE ESTRENA CON UNA GUERRA INTERNA EN EL PP VALENCIANA (10/10/04)
El éxito de la gestión de Mariano Rajoy dependerá de cómo se resuelvan las disputas por el poder planteadas en Madrid, la Comunidad Valenciana y Galicia. Lo que sigue es un análisis de las tres principales amenazas de la estabilidad del nuevo equipo directivo del PP:
En el día de la Comunidad Valenciana, y la fiesta la celebró el PP, el partido en el Gobierno autónomo, en un clima de división y fuertes discrepancias internas entre los partidarios del presidente de la Generalitat y presidente de los populares valencianos, Francisco Camps, y del portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, informa Joaquín Ferrandis. El acto institucional evidenció la brecha entre los dos dirigentes, que evitaron hasta saludarse, en una jornada que se inició con reproches del presidente de las Cortes Valencianas, el zaplanista Julio de España, hacia Camps a cuenta del último episodio de crisis. Sólo un día después de la clausura del congreso nacional del PP, los alcaldes de Alicante, Torrevieja y Crevillent y el subdelegado del Gobierno valenciano en Elche presentaron un manifiesto de apoyo a Camps como presidente provincial, durante cuya presentación los representantes municipales reconocieron que habían montado oficinas al margen de las del partido para preparar la elección de compromisarios al congreso regional, ya que no se fiaban de la dirección provincial, que preside Julio de España.
Las duras críticas vertidas contra los zaplanistas y la alarma generada por la existencia de una estructura paralela a la del PP en la provincia de Alicante obligó a intervenir al propio Camps, que pidió el cierre de las oficinas paralelas y respeto a la dirección existente, a la vez que reclamaba a Julio de España que aplazase la reunión del comité ejecutivo provincial, en la que estaba previsto abrir expedientes disciplinarios. Julio de España insistió en que "aunque no quiere hacer sangre con nadie" no se siente respaldado por Francisco Camps tras los "insultos" recibidos.
El diputado por Alicante y responsable del Comité de Derechos y Garantías del PP nacional, Federico Trillo, manifestó que ambos sectores deben superar sus diferencias "por medio del diálogo y la integración antes que planteándolas a los comités regional o nacional". Trillo quiso quitar hierro al asunto e insistió en que "se está haciendo un esfuerzo importante por ambas partes para buscar una sola lista y el acuerdo que garantice la unidad del partido" en el congreso regional previsto para mediados de noviembre.
21. LA ELECCIÓN DE COMPROMISARIOS DESATA UN CRUCE DE DENUNCIAS DE COMPRA DE VOTOS (22/10/04)
El Partido Popular está reviviendo otro tormentoso proceso de selección de compromisarios. Tan sólo cuatro meses después de que se eligieran los delegados al congreso nacional, los populares valencianos votan entre y el próximo lunes 640 de los compromisarios -los otros 128 son natos- que decidirán el presidente y la nueva dirección durante el cónclave de noviembre en Castelló. El presidente de la Generalitat y regional PP, Francisco Camps, es, a día de, el único aspirante. A las denuncias de compra de voto, que ya se produjeron en julio, se han unido ahora otras que apuntan a que los censos se han hinchado de forma irregular. Tanto desde las filas campistas como desde las zaplanistas se aseguraba que cargos locales y asesores están recibiendo múltiples presiones.
Los casos más llamativos en los censos son los de Elx, donde en cuestión de semanas se han cursado 250 altas; y Alicante, con otras 350. Algunas de las altas en la capital están fechadas cuando ya se había cerrado el plazo para completar el listado de afiliados lo que no les daría derecho a participar en el proceso. Todo apunta que estos nuevos afiliados cuentan con el aval de destacados zaplanistas. El subdelegado del Consell en Elx, Manuel Ortuño, aseguró esta semana que el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, estaba aprovechando la institución para comprar voluntades.
Una denuncia similar se produjo en Valencia. Varios diputados apuntaron que los asesores del grupo popular habían sido conminados por el entorno del presidente, el zaplanista Fernando Giner, para que participaran activamente en la batalla. También los zaplanistas lanzaron por su parte acusaciones similares, aunque ninguna de ellas concreta. Mantuvieron que alcaldes y a otros cargos han sido obligados a no presentar listas ya que, en caso contrario, su futuro político estaría en peligro.
Aunque el resultado detallado del proceso de elección no se conocerá hasta el lunes, no cabe duda de que los populares acudirán al congreso regional del 20 y 21 de noviembre partidos en dos. En Castelló y Valencia, los campistas aspiran a conseguir más del 90% de los compromisarios que están en juego. En Alicante, los afines al portavoz del PP en el Congreso y ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, están convencidos de que arrasarán.
La mayoría de los responsables comarcales se reunieron en Valencia con el conseller Rafael Blasco y el alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, quien está a cargo de la estrategia de Camps en la provincia. En el encuentro, al que asistieron diputados provinciales y alcaldes files al presidente del PPCV, quedó claro que no había margen para un pacto con los zaplanistas.
22. FABRA NO ENCONTRARÁ OPOSICIÓN PARA SEGUIR GOBERNANDO EL PP PROVINCIAL (04/11/04)
El presidente provincial del PP en Castelló, Carlos Fabra, cerró la espita del rumor y anunció su propósito de presentarse a la reelección al cargo en el congreso provincial que, presumiblemente, se celebrará en la localidad de Peñíscola el próximo 17 de diciembre.La incertidumbre generada por el propio Fabra en diversos actos políticos, en los que sugirió su intención de poner el adiós a su vida política, había levantado una polvareda que llegó hasta la sede nacional de Génova 13.
La influencia de su decisión no se limitaba al ámbito del PP provincial, ya que en función de su continuidad se aclaraba el papel que jugará a nivel regional el secretario general de Castelló, Víctor Campos, quien tiene ya vía libre para convertirse en el número dos de Francisco Camps en el organigrama regional del PP. Campos era el comodín para un eventual abandono de Fabra. Su decisión de seguir durante otro mandato más en el partido no ha sido tan casual como pudiera parecer. Desde el núcleo duro del fabrismo se había impulsado una campaña interna para forzar la continuidad de Fabra. El dirigente popular se escudó en este apoyo casi general de la militancia a la hora de anunciar su decisión de optar a la reelección. El método escogido para hacerlo fue un escueto comunicado dirigido a los medios.
El escrito en cuestión explica que Fabra ha tomado esta decisión “tras recibir el apoyo de todos los diputados, senadores, alcaldes, portavoces, presidentes de las juntas locales del PP en la provincia y el resto de miembros de la junta directiva”, quienes, a través de un documento firmado en la última semana, han destacado la “favorable evolución que la provincia de Castelló ha experimentado en los últimos años gracias a su gestión”.
Los firmantes destacaban que “Fabra debe seguir al frente del partido” porque “todavía quedan muchas cosas por hacer para continuar con el desarrollo de la provincia de Castelló”. Los cargos orgánicos e institucionales que instaron la continuidad de Fabra han obviado la imputación judicial que pende sobre el presidente provincial del PP en un juzgado de Nules por “uno o varios” presuntos delitos contra la Administración. Fabra fue denunciado a finales de 2003 por el empresario químico Vicente Vilar, quien aseguraba haber pagado al líder del PP a cambio de favores políticos.
Fabra preside el PP de Castellón desde finales de 1990. Fue elegido concejal de Castelló en 1991 y en una primera etapa compatibilizó la actividad municipal con la portavocía del PP en la diputación de Castelló en labores de oposición. En 1995 accedió al gobierno de la institución.
23. Blasco prepara una ley de promoción del golf que le da plenos poderes para autorizar URBANIZACIONES (07/11/04)
No está en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, pero toda persona -ni siquiera todo ciudadano- debería tener garantizado el derecho a asestarle un leñazo a una bolita blanca con un hierro 15. El conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, está preparando un anteproyecto de ley que en el mismo título lleva ese propósito: “Ley de ordenación ambiental y promoción social de los campos de golf en la Comunidad Valenciana”. La divulgación de ese deporte y la “racionalización del uso de los recursos naturales y el desarrollo sostenible” son el objeto de la norma, según el borrador del texto. En el título preliminar de la ley se aportan los argumentos filosóficos y sociales que la motivan, además del interés del Consell en promover el golf como reclamo turístico para “desestacionalizar” esa fuente de riqueza. En los tres primeros artículos se insiste en los mismos argumentos. Los diecinueve apartados restantes se dedican a regular las promociones vinculadas a los campos de golf.
Y el conseller Rafael Blasco se reserva plenos poderes para autorizar o no los proyectos y en el control de los planes urbanísticos. “Por razón de su impacto supramunicipal, con independencia de su ubicación en suelo urbanizable o no urbanizable, todo proyecto para la implantación de un nuevo campo de golf requerirá la solicitud de autorización autonómica ante la Conselleria competente en materia de ordenación de territorio y urbanismo. Corresponde su otorgamiento o denegación al Conseller...”, dice el artículo 9 del texto que maneja el Gobierno valenciano.
El conseller tan sólo deberá solicitar (artículo 11) informes “no vinculantes” de los ayuntamientos afectados, de la Agencia Valenciana de Turismo, de la conselleria “competente en materia de deporte” y el dictamen “vinculante” del Consejo del Territorio y del Paisaje, dependiente del Consell. “Cuando el ayuntamiento manifieste su disconformidad con el proyecto, la competencia para autorizar el campo de golf corresponderá al pleno del Consell”, se diceen el artículo 11. En este caso, será el Gobierno autonómico el que “decidirá si procede ejecutar el proyecto”. Si entiende que concurre el “interés general”, ordenará al consistorio la “modificación o revisión del planeamiento” para legalizar la promoción.
¿Y qué se entiende por “interés general”? El artículo 13 establece que el Gobierno tomará en consideración la “incidencia del proyecto sobre la ordenación territorial y destino del suelo del municipio” y la evaluación del “impacto en el medio físico y en la utilización de recursos naturales”. Pondrá estas circunstancias en un plato de la balanza y en el otro, “la oportunidad y conveniencia del proyecto desde el punto de vista del desarrollo económico-social local, autonómico y general”. Sopesará y lo que resulte será el interés general. Hasta que no transcurran 75 años no se podrá dar otro uso a los terrenos destinados a la instalación deportiva. La ley regula la construcción del campo de golf no rodeado por hormigón.
A ese “campo de golf únicamente destinado a la práctica deportiva” le dedica un artículo de tres líneas y tres palabras de pico. Pero básicamente se ocupa de los 18 agujeros en la hierba como guarnición del cemento, al vincular el campo a “un conjunto residencial”, a un “alojamiento hotelero” o a ambas construcciones. De ahí que la ley obligue al promotor a presentar un Programa de Actuación Integrada (PAI) siempre que el proyecto afecte a suelo urbanizable.
En la adjudicación del PAI, el ayuntamiento puede resarcirse en parte de la cesión gratuita de suelo para albergar el campo. Así, la ley recoge que cuando adjudique el plan urbanístico el consistorio “establecerá el régimen de gestión al que queda sujeto el superficiario y el régimen del uso público de la instalación deportiva”.
Tanto el conseller como el Consell (si el ayuntamiento se opone)necesitarán una Declaración de Interés Comunitario si el proyecto se ubica en suelo no urbanizable. Esa declaración la aprueba el propio Gobierno autonómico, según la Ley Reguladora del Suelo No Urbanizable, actualmente en tramite parlamentario. Este texto establece un “canon de aprovechamiento urbanístico” (equivalente al 2% del proyecto) que no será de aplicación en los hoteles (la ley no autoriza complejos residenciales en suelo no urbanizable) vinculados al golf.
En vez de ese gravamen, el promotor deberá “financiar un campo de golf de titularidad municipal”. El promotor pagará la construcción del campo, pero en suelo “del patrimonio municipal”.
Para evitar que el golf sea el reclamo publicitario para promover una urbanización y que el campo nunca llegue a construirse, la norma advierte que la ejecución de las obras se dividirá en “dos fases”. “La primera tendrá por objeto la instalación deportiva y la segunda el hotel o conjunto residencial”,dice la norma. Para garantizar la “calidad de la oferta turística” y la “desestacionalización”, los hoteles que se construyan vinculados a los campos de golf tendrán “como mínimo cuatro estrellas” y deberán “estar abiertos todo el año”.
En los proyectos sobre suelo urbanizable, el alojamiento tendrá “como máximo 400 plazas” y 200 si es en zona terreno no urbanizable.
24. EL PP VALENCIANO SE DIVIDE EN DOS EN VÍSPERAS DEL CONGRESO REGIONAL (18/11/04)
El PP de la Comunidad Valenciana se ha dividido en dos sectores en vísperas del congreso que se celebrará este fin de semana en Castellón. Con enfrentamientos continuos desde hace año y medio, el sector afín al portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, amenaza con presentar una candidatura alternativa a la del presidente del partido y de la Generalitat, Francisco Camps, si no se aviene a negociar un acuerdo de integración que respete su cuota de poder.
La amenaza del sector afín a Zaplana, que controla la provincia de Alicante aunque no las de Valencia y Castellón, no es vana. Una docena de parlamentarios autonómicos, siete diputados nacionales y tres senadores, a los que hay que sumar un nutrido grupo de cargos institucionales -entre los que figuran tres consejeros- han reclamado a Francisco Camps que se avenga a negociar una candidatura de integración que respete las distintas sensibilidades o, en caso contrario, consideran que será "legítima" y "conveniente" la existencia de una candidatura alternativa a la oficial.
Los zaplanistas reclaman garantías de que se respetará su actual cuota de poder. Una exigencia que se traduce en la necesidad de mantener bajo su área de influencia la secretaría general y alguna de las áreas estructurales del PP regional. La última conversación mantenida entre el vicepresidente del Gobierno valenciano y responsable de Organización del PP, Víctor Campos, y el presidente de las Cortes y del PP provincial de Alicante, Julio de España, acabó sin acuerdo alguno. El entorno de Camps reiteró que el actual presidente regional del PP no quiere presiones del zaplanismo aunque hará gestos de integración. Así, indicaron que Camps mantendrá al frente de la Comisión de Derechos y Garantías a Juan Rodríguez Marín, al que adscriben al sector zaplanista.
El sector afín a Zaplana insiste en que Camps no puede prescindir de un tercio de la organización -un 34% de los compromisarios al congreso regional han firmado un escrito bautizado como Manifiesto de Altea en el que reclaman la integración- y considera una ofensa que la ponencia de Estatutos, elaborada por el campista Alberto Fabra, restrinja el cargo de presidente de honor (en principio destinado al ahora portavoz del PP en el Congreso) a dirigentes que "hayan abandonado la actividad política".
La grave crisis que atraviesa el PP de la Comunidad Valenciana no afecta sólo a la estructura partidaria, sino que amenaza también la estabilidad del Gobierno que preside Camps. Representantes del sector afín a Zaplana han advertido reiteradamente que, si no hay un acuerdo previo al congreso, el PP corre el riesgo de perder la Generalitat valenciana en las próximas elecciones autonómicas. A finales de julio, los diputados zaplanistas ya hicieron una demostración de fuerza ante el temor de que Camps remodelase su Gabinete para excluir del mismo a los tres consejeros afines a Zaplana. Cerca de 20 diputados autonómicos realizaron un plante en un pleno de las Cortes valencianas convocado a instancias de Camps para demostrar que la mayoría absoluta sobre la que se sustenta es más frágil de lo que parece. Camps, finalmente, aplazó varias semanas la remodelación de su Gobierno en el que continúan los tres consejeros adscritos al zaplanismo. En esta ocasión, el presidente de la Generalitat y del PP regional, que ha ido conquistando paulatinamente cuotas de poder en la estructura orgánica, no parece dispuesto a ceder a las presiones. Mariano Rajoy ha reiterado en varias ocasiones que Francisco Camps es su candidato.
25. PARTIDARIOS DE ZAPLANA Y DE CAMPS LLEGAN A LAS MANOS EN UNA VOTACIÓN INTERNA EN ELCHE (23/11/04)
Sólo 24 horas después de que Mariano Rajoy clausurase el congreso regional del PP de la Comunidad Valenciana, la pugna entre los partidarios del presidente Francisco Camps y los seguidores del portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, se volvió a reabrir. El mensaje sobre la supuesta unidad y cohesión alcanzada por los populares valencianos tras el congreso de Castellón quedó en entredicho con motivo de la elección de compromisarios para el congreso provincial del 19 de diciembre en Altea.
La lucha entre zaplanistas y campistas, sobre todo en los dos puntos clave para el desenlace del futuro congreso provincial, Alicante y Elche, motivó la intervención de la dirección nacional del PP. También en la elección de compromisarios de la capital, Alicante, se registraron problemas. Los seguidores del presidente Camps impugnaron el acto por supuestas irregularidades en el censo y anunciaron que impugnarán también las votaciones.
Representantes de uno y otro sector llegaron a las manos en Elche, en medio de una bronca monumental, cuando se procedía a la votación de los compromisarios. Los partidarios de Zaplana y Camps se enzarzaron a golpes y empujones en medio de un fuerte clima de tensión que acabó con rotura de urnas, intervención de la Policía y la presentación de denuncias en la comisaría por representantes de ambas facciones. El secretario regional de Organización, Enrique Crespo, suspendió la votación por irregularidades en el censo. Una decisión que fue revocada dos horas después por el secretario nacional del PP, Ángel Acebes, que autorizó la reanudación de las votaciones.
Los incidentes dejan en el aire el congreso provincial de Alicante. Un cónclave en el que los zaplanistas apoyan al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. Los campistas aseguran que presentarán una candidatura alternativa a la presidencia provincial, aunque dudan sobre el aspirante. El portavoz del PP en la Diputación y alcalde de Crevillent, César Augusto Asencio, es, por ahora, el candidato más probable.
26. EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN CALIFICA DE EXTENSAS Y LETALES LAS INDAGACIONES DEL 'CASO FABRA' (27/11/04)
"Estas diligencias son muy extensas y muy letales". Así se refirió el fiscal anticorrupción Carlos Saiz al procedimiento por el que se investiga al presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP, Carlos Fabra, ante la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración pública. Fabra fue denunciado por el empresario Vicente Vilar, quien le acusó de haberle cobrado cantidades millonarias a cambio de favores políticos.
El fiscal, que asumió el caso tras la autorización otorgada por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no quiso adelantar qué diligencias propondrá practicar a la titular del Juzgado número 1 de Nules, que inició, de oficio, el proceso. "Unas diligencias dan lugar a la práctica de otras y, por tanto, todavía no se pueden sacar conclusiones", sostuvo. En cualquier caso, sí anunció que "todavía" no se va a llamar a declarar a miembros del antiguo Gobierno del PP. En el sumario aparecen citados el ex ministro de Agricultura Jesús Posada, la ex ministra de Sanidad Celia Villalobos, y el ex ministro de Ciencia y Tecnología Juan Costa, así como varios diputados del PP que, según la denuncia, participaron en el supuesto intento por agilizar la autorización de fabricación de productos fitosanitarios.
Además, el denunciante, Vicente Vilar, anunció que tiene previsto solicitar la declaración como testigo del empresario Fernando Roig, ya que una empresa de la que es apoderado facturó a Carmacas, la firma de Carlos Fabra, 153.378,28 euros entre los años 2000 a 2002, según se desprende de los balances presentados por el propio Fabra ante el juzgado.
El fiscal anticorrupción participó en la toma de declaraciones a tres testigos. Uno de ellos fue asesor laboral de Naranjax -de la que es titular Vilar-, que aseguró desconocer los informes que Fabra entregó al juzgado para justificar facturas de cobro de al menos 140.000 euros. Tal como dijo Francisco Borrás ante la juez de Nules, Naranjax tiene su propio asesor laboral, que es él, y además está adscrita a la Unión de Mutuas por lo que, según señaló, los informes que supuestamente redactó la empresa de Fabra no eran necesarios.
27. FABRA GASTA CERCA DE 400.000 € DE LA DIPUTACIÓN SIN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN NI PRESUPUESTO (01/12/04)
Los dictámenes sobre "reconocimiento extrajudicial de facturas" en la Diputación de Castellón suelen ser habituales. Estos dictámenes se hacen cuando el gasto se ha efectuado sin que medie procedimiento de adjudicación alguno y cuando, además, no cuentan con una partida presupuestaria en la cuentas de la Corporación provincial. El pleno de la Diputación de aprobó el pago de cerca de 400.000 euros por gastos realizados con este sistema. La mayoría de ellos, un total de 274.000, van a parar a la empresa que realiza el mantenimiento de las instalaciones de las distintas dependencias de la diputación. Pese a que la empresa ya cuenta con un contrato para estas tareas, el presupuesto que se le destina no es suficiente ya que ni siquiera es la primera vez que se le han de pagar facturas por trabajos realizados.
Otras dos de las facturas, cuyo pago se probó, corresponden a la empresa Difusora de Información Periodística, la sociedad que edita la revista Época. Los pagos han de realizarse después de que la Diputación de Castellón contratara un publirreportaje "en forma de suplemento" con la oferta turística de la provincia, así como una referencia a los proyectos de envergadura como el aeropuerto y Mundo Ilusión, ambos impulsados por la Diputación pero financiados por empresas privadas y por la Generalitat. Por este "suplemento", que se repartió adjunto a la tirada de 75.000 ejemplares de la revista, la Corporación ha de pagar 34.800 euros. Además, se pagará otra factura correspondiente a la suscripción anual a la revista.
Los pagos "extrajudiciales" incluyeron otra factura de publicidad y propaganda, ya que la Diputación ha de desembolsar 48.800 euros a una agencia de publicidad por el patrocinio de una serie de ejemplares de Las mejores obras literarias de la Comunidad Valenciana que ofertó como promoción el diario El Mundo. La última de las facturas presentadas corresponde a la empresa de limpieza Rasa y acumula deudas de 2002, 2003 y 2004 por el sobrecoste de unos servicios que,sí cuentan con un contrato estipulado anualmente.
Por otra parte, los alcaldes de Almenara y La Vall d'Uixó, gobernados por el PSPV, denunciaron una "clara persecución política" por el equipo de gobierno de la Diputación al excluirlos del Plan de Obras y Servicios para 2005. La justificación del PP es que ambos son deudores de la institución provincial, mientras que en las bases del plan aparece como requisito el tener las cuentas saldadas. En el caso de Almenara, como señaló el alcalde, Vicente Gil, el Ayuntamiento "ya está al corriente de pago".
28. EL RELOJ DE ZAPLANA CAUSA SENSACIÓN (15/12/04)
Fue motivo de comentario entre los presentes en la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el vistoso reloj que lucía el portavoz de los populares Eduardo Zaplana y que exhibía en la foto de la entrevista publicada el mismo lunes en La Razón. Se trata, aparentemente, de un Patek Philippe 5110 de oro rosa y versión “hora universal” valorado en cerca de 18.000 euros (3 millones de pesetas). Un modelo perfecto para aquellos que gustan de volar de un sitio a otro porque su signo de reconocimiento es un disco alrededor de toda la esfera que permite leer simultáneamente la hora en cada uno de los husos horarios.La afición de Zaplana a los complementos de lujo y especialmente los relojes es conocida. No es de extrañar para alguien que gusta de comprar corbatas en la plaza Vendôme de París, en este caso a costa de Aguas de Valencia, algo que le costaría el puesto en el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero por incumplimiento del Código del Buen Gobierno que impide aceptar regalos. No en balde a su colección de pelucos ha sumado recientemente, además del Patek Philippe, un Hublot crono, último modelo de oro rosa, con un coste aproximado de 6.000 euros, uno más a añadir a su lista de Bulgary o Baume & Mercier. Ya decía su amigo Sánchez Carrascosa que, al contrario que Francisco Camps, “Eduardo Zaplana y su mujer, Rosa Barceló, no procuraban ser muy discretos” cuando iban a una de las joyerías más lujosas de la ciu
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