NOTICIAS ZAPLANA & CAMPS

 2002

LA FIRMA DEL ASESOR DEL VICEPRESIDENTE DE LA GENERALITAD RIPOLL HIZO EL ESTUDIO DEL PLAN PARA DISCAPACITADOS DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

El Ayuntamiento de Castelló encargó a una de las empresas que administra Eduardo Ovejero Adelantado, ex subsecretario de Bienestar Social y actual asesor del vicepresidente segundo del Consell, José Joaquín Ripoll, un informe técnico sobre propuestas de contenido del plan de acción municipal para personas con discapacidad (2002-2005). En concreto la concejalía de servicios sociales de Castelló encomendó el estudio a Consultora Social 2000, SL, a la que califica como una «entidad especializada en estudios y planificación de proyectos sociales». Consultora Social 2000 es una de las tres empresas que Ovejero constituyó después de dejar su cargo de número dos en la Conselleria de Bienestar Social tras las elecciones autonómicas de junio de 1999. Se da la circunstancia de que la edila de Servicios Sociales de Castellón, la popular Marisol Linares, compagina su puesto en el ayuntamiento con el de directora territorial de Bienestar Social, cargo que ya ocupaba en la pasada legislatura cuando Ovejero era el subsecretario. En su calidad de ex subsecretario, Ovejero estaba sujeto a la ley de incompatibilidad de altos cargos que impide a éstos durante los dos años posteriores a su cese participar en actividades privadas relacionadas con las competencias del cargo ocupado. La ley prohíbe también por el citado período «celebrar contratos de asistencia técnica, de servicios, o similares, con las empresas de Administraciones Públicas». El objeto social de las tres firmas administradas por Ovejero está relacionado directamente con el área que gestionó en la conselleria (Enero 2002).

 ZAPLANA Y LA HUELGA DE MÉDICOS

El comité ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) de la Comunidad valenciana acuerda en una reunión extraordinaria convocar a todos los médicos de la sanidad pública valenciana -más de 10.000- a una huelga indefinida a partir del próximo 13 de febrero para exigir a la Conselleria de Sanidad las mejoras salariales pactadas tras la movilización de 1995, así como la puesta en marcha de la carrera profesional, en la que se reconozca la dedicación del facultativo, su profesionalidad y su experiencia.

Los dirigentes del sindicato médico de Valencia, Alicante y Castelló decidieron denunciar el pacto alcanzado con el Partido Popular nada más llegar al Consell en 1995, tras la huelga de cuatro meses que afectó al último gobierno de Joan Lerma, por el «reiterado incumplimiento, las falsas promesas de los últimos años, la continua dilación en la ejecución de los acuerdos y la ignorancia permanente de este sindicato por parte de la administración en las múltiples propuestas realizadas en la mesa sectorial», según expresó en un comunicado, al término de la reunión, la directiva del CESM-CV. El sindicato, al que están afiliados en torno al 30% de los médicos de la Comunidad, considera que la conselleria es la «única responsable» de que se llegue a la huelga, ya que, según su secretario general, Andrés Cánovas, el primer conseller de Sanidad de la era Zaplana, Joaquín Farnós, se comprometió a aumentar los salarios de los facultativos de forma lineal en 600 euros (100.000 pesetas). Un incremento que «no se ha cumplido», pues sólo se aumentó el sueldo de los médicos en 46.000 pesetas, mientras que el resto de aumentos progresivos hasta llegar a la cifra pactada todavía no se ha producido. Asimismo, la promesa de que la carrera profesional sería puesta en marcha antes de 1997 también ha sido olvidada por la administración popular. Cánovas manifestó, además, que a los médicos «no se les puede tomar el pelo», pues «están muy dolidos por las presiones que reciben a nivel político». El dirigente sindical añadió que la CESM-CV es «un sindicato responsable que ha dialogado de manera clara y noble con la conselleria durante el último año, pero su postura nos ha llevado a tomar esta decisión». Si la conselleria no acepta retomar las negociaciones, en los próximos días los secretarios de las tres provincias programarán la estructura de la huelga indefinida (Enero 2002).

LA PUGNA POR LA CAM ABRE UNA CRISIS ENTRE ZAPLANA Y VALCÁRCEL

 La designación por parte de Eduardo Zaplana de Francisco Javier Guillamón para una de las vicepresidencias de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y para la presidencia territorial de la entidad de ahorro en Murcia, ha desembocado en una crisis entre el Consell y el Gobierno de Murcia, que preside el también popular Ramón Luis Valcárcel.

El Consejero Portavoz del Gobierno murciano se expresó con contundencia contra la exclusión en el consejo de administración de la CAM de la persona que había propuesto, Ángel Martínez, y exigió una rectificación,  señalando que la persona propuesta por Zaplana no representa a Murcia en la CAM. Antonio Gómez Fayrén, vicepresidente y portavoz del Gobierno murciano, explicó que Guillamón no es el candidato propuesto por la Comunidad Autónoma y, por lo tanto, 'no puede representar los intereses de la Región'. En alusión a Guillamón dijo que no cree que ninguna persona quiera representar nada ni a nadie que no quiera ser representado por ella. En similares términos se expresó el secretario general del Partido de Murcia y alcalde de esa ciudad, Miguel Ángel Cámara. 'La Región [de Murcia] no está representada en la dirección [de la CAM]', por lo que el Partido Popular 'seguirá trabajando' para que 'estén bien defendidos los intereses de la Región' (Enero 2002).

 

LA DEUDA DEL CONSELL TOCÓ TECHO EN 2000, SEGÚN STANDARD AND POOR'S

Un informe de la agencia internacional Standard & Poor's relativo a la deuda acumulada por la Generalitat hasta 2000 establece que la Administración autonómica debe mantener una ejecución presupuestaria saneada, limitar sus desviaciones presupuestarias y contener el crecimiento de la deuda. La agencia recuerda que a finales de 2000, la deuda tocó techo al llegar al 92% de los ingresos corrientes de la Generalitat y 'espera' que esas obligaciones sólo crezcan moderadamente.

La deuda de la Generalitat, incluida la deuda de las universidades y las empresas públicas, se elevaba a 5.877 millones de euros (978.000 millones de pesetas) a finales de 2000, según los datos del Banco de España.

La agencia de asesoría financiera recuerda que la Generalitat gastó un 7% más de lo que ingresó durante el año 2000, al margen de los 994 millones de euros (165.387 millones de pesetas) de deuda que acumuló durante ese año. Establece que 'la financiación de las principales competencias regionales, sanidad y educación, que representan conjuntamente más del 60% del presupuesto de gastos de la región, continuará tensionando el presupuesto de la Comunidad Valenciana en los próximos años'.

El informe de la agencia, a partir de los datos aportados por su cliente, afirma que 'el crecimiento de la deuda en los últimos años ha estado relacionado fundamentalmente con proyectos de inversión que están a punto de completarse y que serán posiblemente privatizados en los próximos años'. Una sentencia que siembra todo tipo de dudas sobre el futuro de un complejo como la Ciutat de les Arts y les Ciències, por ejemplo, o la Ràdio Televisión Valenciana.

El informe explica que ante la ausencia de grandes proyectos adicionales a financiar, las necesidades de financiación de la Comunidad Valenciana deben mantenerse moderadas a medio plazo'. Otro comentario confuso, puesto que obvia la entrada en funcionamiento de la empresa pública Ciegsa, que debe financiar las obras necesarias para culminar el mapa escolar cuyo coste ronda los mil millones de euros; olvida la creciente deuda de tesorería de la Generalitat, que a finales de noviembre de 2001 sumaba más de 2.200 millones de euros; y elude las crecientes obligaciones que acumula la Ràdio Televisió Valenciana año tras año (Enero 2002).

EL FISCAL PIDE CÁRCEL AL EX ALCALDE DE DOLORES POR MALVERSAR FONDOS

El fiscal solicita 21 meses de prisión para Antonio Ruiz Meroño, ex alcalde de Dolores, del Partido, por el uso indebido de la tarjeta Visa del Ayuntamiento, en concreto por efectuar pagos en un club de alterne. El ministerio público, en su escrito de calificación provisional, acusa al ex primer edil de esta población de La Vega Baja de un delito de malversación de caudales públicos y pide una indemnización de 601 euros (100.000 pesetas), cifra similar a la cantidad sustraída de fondos públicos, y 21 meses de inhabilitación. Los hechos ocurrieron el 22 de octubre de 1998. Las dos disposiciones que realizó en el prostíbulo quedaron grabadas en los ordenadores de las dos entidades bancarias con las que opera el Ayuntamiento de Dolores, el antiguo Banco de Alicante y la Caja Rural Central, respectivamente. El primer cargo con la Visa municipal, de 105 euros (17.400 pesetas), se registró a las 13.01 horas de la madrugada y el segundo, de 493 euros (82.000 pesetas), se cargó a las 3.56 horas (Enero 2002).

BIENESTAR SOCIAL DISPARA EL GASTO DEL CONSELL POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS CON EMPRESAS PRIVADAS

El personal de limpieza o vigilancia de la inmensa mayoría de edificios públicos pertenece a empresas privadas contratadas por la Administración. Pero la denominada 'externalización' de servicios se ha extendido a ámbitos más sensibles, como demuestra la elevada factura que paga la Consejería de Bienestar Social por la contratación de servicios asistenciales a mayores, minusválidos o disminuidos psíquicos. Entre 1998 y 2001, Bienestar Social ha adjudicado contratos de servicios a empresas privadas por un total de 91 millones de euros (15.230 millones de pesetas), una factura que duplica los servicios externos contratados por el resto del Consell excluida el área de Sanidad.

Un seguimiento de los contratos de prestación de servicios adjudicados a empresas privadas por ocho áreas del Consell -sólo se excluyen Sanidad y Obras Públicas- entre 1998 y 2001 que ha sido elaborado por la Federación de Servicios Públicos de CCOO pone de manifiesto la creciente cesión de la gestión de servicios asistenciales a operadores privados.

El estudio no pretende ser exhaustivo, pero revela una tendencia 'clarísima', en palabras de Pere Gantes, secretario general de la FSAP, 'la gestión de todos los servicios públicos asistenciales acabará en manos privadas'.

La figura del concierto educativo o sanitario se ha extendido desde hace tiempo debido a la universalidad de la prestación. La imposibilidad de cubrir todas las plazas de docentes o sanitarios con personal público se palía a través de acuerdos con instituciones privadas.

Pero la asistencia de ancianos, minusválidos o disminuidos psíquicos ha sido históricamente asumida por organizaciones benéficas sin ánimo de lucro. Algunas han concertado sus servicios, pero la tendencia a la contratación temporal, a través de cesiones del servicio en plazos de dos o cuatro años, crece de manera constante.

Algunos contratos son millonarios. La gestión de la residencias de tercera edad y centro de día de Elche, por ejemplo, por cuatro años se adjudicó por 1.055 millones de pesetas (más de seis millones de euros); en Elda, el contrato sumaba 840 millones de pesetas (5,4 millones de euros).Y la gestión del servicio de atención de los centros a mujeres 24 horas, también por cuatro años, se compró por 1.164 millones (casi siete millones de euros).

La Consejería de Educación ha adjudicado dos contratos multimillonarios entre 1998 y 2001 para ceder los servicios de celador en los comedores de centros docentes por 1.950 millones de pesetas (11,7 millones de euros).

Muchos servicios de asistencia técnica resultan muy jugosos. Presidencia de la Generalitat, renovó entre 1998 y 2001 la cesión de la gestión de la inmensa mayoría del entramado informático de la Generalitat a la empresa semipública Tissat, por 1.575 millones de pesetas (casi 9,5 millones de euros).

Los contratos para gestionar ciertos servicios entrañan un peligro relativo a la inspección que subrayan los responsables de la FSAP. Bienestar Social carece del número de inspectores necesarios. La situación es tal que la propia patronal que agrupa a las empresas que gestionan residencias de la tercera edad ha solicitado la posibilidad de controlar sus propios sistemas de inspección. Cabe preguntarse por el calibre de las sanciones que se impondrían a si mismos en caso de detectar sus propias irregularidades (Enero 2002).

 

SE HOMOLOGA POR LEY LA GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN LA SANIDAD

La gestión pública y la privada se sitúan al mismo nivel en el credo sanitario del Gobierno popular: la Ley de Ordenación Sanitaria. El documento, que ve la luz con más de un año de retraso, consagra a la Agencia Valenciana de la Salud, una nueva institución, el control de la atención sanitaria y sociosanitaria, que podrá llevarse a cabo por medios 'propios o ajenos, públicos o privados o cualquiera de las entidades admitidas en derecho'. La ley refuerza la fórmula Alzira, al incluirla explícitamente.

Formalmente, la Ley de Ordenación Sanitaria (LOS), que se encuentra a las puertas de la entrada a las Cortes una vez reciba el visto bueno del Consejo Económico y Social, ha limado algunas de las principales aristas que contenía en el borrador que trascendió hace año y medio y que levantó las quejas de sindicatos y oposición por su inclinación hacia conceptos como el derecho limitado a la salud. Sin embargo, en su cogollo, en el que el texto aborda la Agencia Valenciana de la Salud (AVS) dentro del título reservado a la Estructura y organización del sistema sanitario público, el documento actual va más allá en la equiparación entre gestión pública y privada.

En la definición de la AVS, organismo autónomo responsable de la prestación, la ley establece que la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos de protección de la salud, de atención sanitaria o sociosanitaria 'podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente, con medios propios o ajenos, públicos o privados o mediante cualesquiera entidades admitidas en derecho'. Seguidamente, tras mencionar los métodos incluidos en las nuevas fórmulas de gestión sanitaria -fundaciones, consorcios, empresas públicas- recoge explícitamente un sistema que no está aludido expresamente en ninguna otra ley sanitaria: la concesión administrativa, que es la que permite que la unión de empresas Ribera Salud se ocupe del hospital de Alzira. Hasta el momento, este sistema -el mismo que se emplea, por ejemplo en la explotación de las autopistas- no había tenido la cobertura de una ley sanitaria, y ha sido el Partido Popular valenciano quien se la ha dado.

Mientras la ley de ordenación andaluza alude a la colaboración en la gestión de centros con instituciones privadas 'sin ánimo de lucro' o la del País Vasco asigna la provisión de servicios a las 'organizaciones públicas de servicios' y sólo apunta la posibilidad de la prestación de servicios privados a través del concierto 'tras óptima utilización de los recursos públicos', la ley valenciana equipara la gestión pública y la privada (Enero 2002).

EL TSJ DECLARA ILEGAL UNA DE LAS DEPURADORAS QUE MATAS Y ZAPLANA ACABAN DE INAUGURAR

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, dictada el pasado 15 de enero, declara ilegal el proyecto y la ejecución de la depuradora de San Fulgencio, una de las seis obras inauguradas hace unos días por Jaume Matas, ministro de Medio Ambiente, y Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat, dentro del plan para sanear el río Segura. La sentencia constata que la depuradora se encuentra a menos de 400 metros del núcleo urbano, frente a los dos kilómetros que exige la ley, lo que en principio obliga a su demolición.

Jaume Matas, Eduardo Zaplana y el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, inauguraron seis depuradoras en la cuenca del Segura (tres en la autonomía vecina y tres en Alicante), con el fin de mejorar la calidad de las aguas de uno de los cauces más contaminados de Europa. Sin embargo, una las estaciones, situada en la localidad de San Fulgencio (La Vega Baja), es contraria a derecho, según ha dictado la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ (Enero 2002).

EDUARDO $ ZAPLANA Y EL PARLAMENTO REGIONAL:  EL Partido NO PREVÉ NINGÚN PLENO PARA EL MES DE FEBRERO EN LAS CORTES

El proyecto de calendario parlamentario para el próximo periodo de sesiones propuesto por el Partido no prevé la celebración de ningún pleno en el mes de febrero. Si sale adelante esta propuesta de calendario parlamentario, el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, evitará una vez más su comparecencia ante la sesión mensual de control al Consell en las Cortes, dado que el reglamento prevé que este trámite tenga lugar en la segunda sesión plenaria de cada mes. Zaplana no se ha sometido a control desde el 24 de octubre. El calendario propuesto para febrero sólo prevé una comisión de Economía, una de Agricultura, otra de Educación y otra de Política Social (Febrero 2002).

LOS COLEGIOS DEL OPUS DISCRIMINAN A LOS ALUMNOS EN FUNCIÓN DE SU SEXO

El sindicato CC OO denuncia que los colegios privados Vedat y Guadalaviar, en Valencia, y los centros Aitana y Altozano, en Alicante, siguen segregando a los alumnos por motivos de sexo. El sindicato afirmó en un comunicado que después de tres años desde que la Administración concediera el concierto a estos centros, adscritos al Opus Dei, 'los femeninos siguen sin tener matrícula de chicos y los masculinos siguen sin tener matrícula de chicas', aseguró Manuel Picó, delegado de la Federación de Enseñanza. El sindicato se sustenta en datos facilitados por la Administración educativa en el proceso contencioso-administrativo que se sigue ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano por parte de esta Federación sindical para afirmar que estos centros 'siguen segregando por motivos de sexo'. Según los datos difundidos en el centro Vedat, en los tres últimos cursos en primaria se matricularon 286, 294 y 34 niños por año, respectivamente, y ninguna niña, mientras que en ESO, el número de niños fueron 298, 285 y 263 respectivamente y ninguna niña. En Guadalaviar, en primaria, las cifras de niñas fueron 312, 315 y 306 en los cursos 98/99, 99/00 y 00/01 y ningún chico. Los datos en la oferta de Enseñanza Secundaria ESO también son significativos: se matricularon 151, 220 y 220, todas chicas y ningún varón. En Alicante, en el colegio Aitana, hubo 242, 251 y 243 niños en el curso 98/99, 99/00 y 00/01 y ninguna niña en primaria y 111, 114 y 252 chicos en la ESO en esos años y tampoco chica alguna. En Altozano, las cifras fueron en primaria de 196, 203 y 195 niñas en este periodo y ningún chico y 133, 174 y 179 chicas y ningún niño.

Para la Federación de Enseñanza de CC OO, esta situación 'es insostenible', ya que 'la opción de acogerse a los conciertos educativos es una posibilidad que libremente deciden los titulares de los centros, pero una vez realizada esa opción, están obligados a cumplir las condiciones establecidas en el decreto sobre admisión de alumnos, en que se prescribe que no puede haber discriminación alguna, entre otras, por razones de sexo' (Febrero 2002).

EL SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA CONDENADO POR LESIONES

El subsecretario de Industria y Energía y ex director general de Terra Mítica, Miguel Navarro, es condenado a pagar una multa por una falta de lesiones. Como se recordará,  Navarro, y el que fue su chófer durante su etapa como responsable del parque temático, han sido condenados a pagar una multa de seis euros al día durante un mes cada uno por agredir a J. M. B. al que propinaron «patadas y puñetazos» tras una discusión derivada de las «deterioradas» relaciones «por circunstancias no acreditadas» entre la víctima y Navarro. Al caso de Navarro se añade el de Salvador Gil, ex chófer del presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, quien también fue condenado por agresiones (Febrero 2002).

EL AYUNTAMIENTO CASTELLÓN URBANIZARÁ UN ÁREA EN LA QUE TIENEN INTERESES EL ALCALDE Y EL EDIL DE URBANISMO

El alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, y su concejal de Urbanismo, Alberto Fabra, están relacionados con la urbanización de 60.000 metros cuadrados en aquella ciudad. Gimeno, junto con su hermano, es el titular de una de las parcelas afectadas, mientras que Fabra es yerno de una de las propietarias. Además, un hijo del alcalde trabaja como abogado para el grupo de Vistamar, empresa a la que el gobierno municipal propone para ejecutar la urbanización, a pesar de que presentó su proyecto fuera de plazo. El Partido desestimó otra propuesta presentada por varios vecinos. Tal como admiten los propios servicios municipales, la segunda propuesta de urbanización de Vistamar, la que se pretende aprobar, llegó un día después de que culminara el plazo y lo mismo pasó con la propuesta económico-jurídica (Febrero 2002).

 

MONTERÍA 'POPULAR' EN SIERRA MARIOLA

José María Rubio, diputado provincial de Medio Ambiente y cazador vocacional, reconoce que, al menos en una ocasión, participó en una cacería en una finca propiedad de la Diputación de Alicante, ubicada en pleno corazón del paraje natural de Sierra Mariola. El político cazador admitió, además, que en la batida en pos de los jabalíes de Sierra Mariola, estuvo acompañado por otros dos colegas, los ex diputados provinciales Antonio Botella y Pedro Barrio.

La confesión del diputado provincial del Partido se produjo en el pleno de la Corporación provincial. Rubio comenzó por negar la mayor: 'Es falso y mentira que yo haya participado en cacerías celebradas en fincas propiedad de la Diputación', dijo. 'La noticia es otro montaje más', apostilló. Tras reconocer su afición a la caza ['no creo que ésto sea un delito', precisó], Rubio justificó la compra de fincas rústicas, que ha llevado a la Diputación a acumular casi medio millón de metros cuadrados, la mayor parte concentrada en la comarca del Vinalopó, circunscripción electoral a la que pertenece el diputado: 'Sí, es cierto que hemos comprado fincas, pero todas las operaciones han pasado por el pleno', explicó. El objetivo de las adquisiciones, según José María Rubio, es inequívoco: 'Fomentar proyectos medioambientales, como reforestación, recuperación de la fauna y selvicultura'. El Presidente de la Diputación, preguntó:  '¿Ha participado algún diputado del Partido en alguna cacería en fincas de la Diputación?' : 'Sí, creo recordar', contestó Rubio entre titubeos, 'que hace unos cinco años, yo y los entonces diputados Botella y Barrios participamos en una cacería en la finca de Bocairent, pero nuestra batida estaba en un coto fuera de la finca propiedad de la Diputación' (Febrero 2002).

EL FISCAL RECHAZA LA QUERELLA DE ZAPLANA CONTRA RODRÍGUEZ IBARRA

La Fiscalía ha presentado un informe a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el que solicita el archivo de la querella por injurias y calumnias presentada por el Partido y el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, contra el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por las declaraciones en las que éste acusó a Zaplana de ser la pieza clave para saber el destino de los 18.000 millones de pesetas desaparecidos en Gescartera, destinados, en parte, a financiar el Partido. El fiscal no ha apreciado indicios de los delitos denunciados tras estudiar las declaraciones de Ibarra, realizadas a Canal Sur Televisión. En ellas, Rodríguez Ibarra aseguraba que 'siempre donde ha habido corrupción de financiación del Partido, ahí estaba Zaplana'. En este sentido, el presidente extremeño aludió también a las cintas del caso Naseiro. Las manifestaciones se realizaron el pasado mes de septiembre en coincidencia con los trabajos de la comisión de investigación parlamentaria del caso Gescartera. La querella relata las distintas acusaciones que ha realizado Rodríguez Ibarra contra el Partido en relación con Gescartera, así como su negativa a acudir al acto de conciliación (Febrero 2002).

LOS CAPRICHOS DE JULIO DE ESPAÑA  PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

Sus seis años al frente del gobierno de la Corporación provincial están jalonados con múltiples decisiones estrafalarias u ocurrencias - parafraseando al líder nacional de los populares, José María Aznar- quizás inocuas desde el punto de vista político. Sin embargo, a este matiz grotesco de su gestión hay que sumar otro aspecto, éste con más calado político: otro sinfín de decisiones en las que la línea de separación entre bien público y uso privado es inapreciable. El último caso en este ámbito ha sido la participación de diputados provinciales del Partido en cacerías celebradas en fincas rústicas, propiedad de la Diputación. El caso no admite discusión, porque fue reconocido públicamente por uno de los diputados cazadores, José María Rubio, responsable del área de Medio Ambiente.

En su primeros cien días al frente de la Diputación, De España ya dejó muestras explícitas del carácter de su mandato en el que el apego por el folclore y los tics de la España cañí pasarían a ser huellas indelebles.

Así, en noviembre de 1995, Julio de España presentó un balance de sus primeros cien días de gestión cuanto menos peculiar, que, entre otros actos, incluía la organización de un concurso de petanca y la elaboración de un escudo e himno provincial, iniciativas que se completaron con una nueva carta comarcal de Alicante plagada de errores.

Gestos y actuaciones financiados de los jugosos fondos del presupuesto con el que De España blindó el área de Presidencia de la Diputación. Una partida que se ha duplicado en tan sólo tres años, al pasar de los 151 millones de pesetas presupuestados en 1999 a los 300.598 (1,8 millones de euros) previstos para 2002. La evolución al alza del gasto de Presidencia ha sido constante.

La arbritariedad en las actuaciones del presidente, Julio de España, inunda todos los ámbitos y campos. Conocida es su afición al futbol y al deporte en general. Esta vocación le ha llevado a otorgar otra ayuda en la que subyacen motivaciones endogámicas. De España subvencionó con 1,5 millones de pesetas el primer Torneo Diputación de Alicante de Fútbol Infantil en el año 2000. Sin embargo, al año siguiente, la ayuda de 2,7 millones fue para el segundo Torneo de Diputación de Alicante de Fútbol Cadete. El cambio de categoría tiene una explicación lógica y biológica: su hijo [el de Julio De España] ha crecido y ha pasado de categoría infantil a cadete.Sus gustos deportivos también llevaron a De España en junio pasado a viajar hasta los Pirineos franceses para asistir a dos etapas del Tour de Francia, y animar al equipo Kelme Costa Blanca, que patrocina la Diputación.

Y junto a los deportes la otra afición del presidente provincial son los toros. Conocidos son los concursos de fotografías y poesías que con temática taurina la Diputación de Alicante subvenciona, así como la escuela de toreros noveles. Otra polémica relevante surgió cuando José Maria Rubio, el diputado de las cacerías, y el presidente Julio de España, con sus respectivas esposas, acudieron en coche oficial a Béziers para ver una corrida de toros. También levantó polémica la felicitación en exclusiva que De España hizo a pueblos gobernados por el Partido, y excluyendo a los del PSPV. La lista se completa con la compra de coches oficiales, los viajes al Caribe y el encargo de pintar los retratos de todos los presidentes provinciales

LA VEGA BAJA RECALIFICARÁ 40 MILLONES DE METROS Y PLANEA 9 CAMPOS DE GOLF

El intensivo proceso de construcción que están alimentando los municipios de segunda y tercera línea de costa en La Vega Baja se concreta en proyectos formidables: nueve campos de golf y unas 160.000 viviendas que podrán albergar hasta 600.000 habitantes, en una comarca deficitaria en recursos hídricos. El proceso depredador es tal que no se respetan montes, huertas y espacios protegidos. Los ayuntamientos recalifican a los mismos promotores, y tras los proyectos suelen aparecer los mismos abogados y arquitectos.Según los proyectos actuales, más de 40 millones de metros cuadrados serán urbanizables en La Vega Baja. El crecimiento demográfico que puede experimentar la comarca, de cumplirse las expectativas creadas, resultará claramente superior a sus posibilidades, ya que los ayuntamientos han liberalizado una extensión de suelo donde se podrán construir unas 160.000 viviendas con capacidad para 600.000 personas. Si se tiene en cuenta que la población estable de La Vega Baja no alcanza los 300.000 habitantes, puede comprenderse con facilidad que este ritmo de expansión resulta desproporcionado. La vorágine constructora en la comarca se siente con especial fuerza en los municipios de segunda línea de costa, que suplen el hueco en la oferta que deja el litoral sobreexplotado.

Si prosperan todos los proyectos que se planean, La Vega Baja tendrá en breve plazo 15 campos de golf que consumirán casi diez millones de metros cúbicos de agua al año. Actualmente la comarca no puede absorber esta cantidad, debido al déficit estructural y permanente de recursos hídricos que soporta. Prueba elocuente es que el año pasado necesitó un préstamo de 20 hectómetros cúbicos de agua para cerrar airosamente el ejercicio hídrico del año 2000.

EL FISCAL MANTIENE LA PETICIÓN DE 5 AÑOS PARA CARTAGENA POR MALVERSAR

El fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, José Antonio Romero, acusa a Luis Fernando Cartagena, ex consejero de Obras Públicas y ex alcalde de Orihuela, del Partido, de 'idear una burda coartada' para justificar el uso de 49.082 euros (8.166.624 pesetas) que recibió de una congregación religiosa. Al término de la vista, celebrada en Elche, el ministerio público mantuvo la petición de 4 años para Cartagena por malversación y uno por falsificación. El fiscal también solicitó un año de prisión por falsificación para el segundo procesado, el empresario Ángel Fenoll.

Los hechos ocurrieron en 1993, cuando Cartagena ocupaba la presidencia del Ayuntamiento de Orihuela. Según ha reconocido el procesado ante el tribunal, las monjas de la Congregación de las Carmelitas le entregaron los ocho millones de pesetas en concepto de superávit de la gestión del Hospital Municipal San Juan de Dios, que cerró en esa fecha. Cartagena sostiene que el dinero se lo entregaron a título personal y no por su condición de alcalde, a cambio de que lo destinara a obras sociales. Por su parte, en su informe final, el fiscal aseguró que los recibos son falsos. 'Fueron elaborados en 1998, como burda coartada del empleo del dinero', señaló. La acusación pública sostiene que los recibos son falsos porque el socio de Fenoll no los reconoce como auténticos y por la 'extraña y matemáticamente imposible' coincidencia de la suma final de los mismos con el donativo. El ministerio público, además, insistió en la condición pública del dinero que entregaron las monjas al Ayuntamiento, 'en su origen, en su tránsito y en su destino', precisó. El fiscal mantiene que el dinero fue entregado, inicialmente, al entonces concejal de Servicios Sociales, 'por su condición de cargo público' y también abundó en el carácter público de su procedencia: 'Un centro cuyo mantenimiento sufragaba el Ayuntamiento e, incluso, remuneraba el trabajo de las monjas'.( Marzo 02 )

CONDENADO A CUATRO AÑOS DE PRISIÓN UN EX CONSEJERO DE EDUARDO ZAPLANA

Luis Fernando Cartagena, ex consejero de Obras Públicas , ex Diputado y ex alcalde de Orihuela, ha sido condenado a cuatro años de cárcel por un delito de malversación de fondos públicos y otro de falsedad en documento mercantil. La sección séptima de la Audiencia de Alicante afirma que Cartagena se apropió con ánimo de lucro de 49.081 euros (8.166.426 pesetas) que el Ayuntamiento oriolano recibió en 1993 de las monjas que administraban el hospital municipal. El empresario Ángel Fenoll, amigo del ex alcalde, también ha sido condenado a un año de prisión por falsedad en documento mercantil.

Luis Fernando Cartagena se convierte en el primer ex consejero de la Generalitat condenado a una pena de cárcel. El fallo de la Audiencia de Alicante establece que por el delito de malversación de fondos se condena a Cartagena a la pena de prisión de tres años e inhabilitación absoluta por 6 años y, por el delito de falsedad en documento mercantil, a un año de prisión y a una multa que supera los 5.409 euros (algo más de 900.000 pesetas). También tendrá que indemnizar al Ayuntamiento de Orihuela en la cantidad de 8.166.426 pesetas y pagar los dos tercios de las costas procesales. Al empresario Ángel Fenoll, además del año de prisión, se le condena a la misma multa que a Cartagena y al pago del tercio restante de las costas.

La extensa sentencia de la Audiencia de Alicante ocupa 20 folios y está plagada de jurisprudencia del Tribunal Supremo. Los magistrados consideran probado que el ex alcalde recibió en 1993 del concejal de Servicios Sociales la cantidad de 6.166.426 pesetas más otros dos millones entregados posteriormente que éste, a su vez, había recibido de la hermana Bernardina, de la comunidad de religiosas que administraba el hospital municipal en concepto de superávit. Dinero que 'en vez de proveer al trámite reglamentario para su ingreso en las arcas municipales, lo hizo suyo con intención de propio beneficio'. Más tarde, en 1998, siguen narrando los jueces, 'cuando se estaban desarrollando investigaciones judiciales (...) para conseguir una coartada, se puso de acuerdo con el también acusado Ángel Fenoll, amigo personal suyo desde hace más de 30 años (...) para que (...) facilitara tres recibos supuestos de pago de fechas 13 de agosto, 25 de septiembre y 22 de octubre de 1993, por un valor total de 8.166.426 pesetas, con la pretendida finalidad de justificar el destino de estas sumas a obras sociales, tal como fue el deseo expresado por las monjas en el momento de su entrega'.

El dinero nunca fue a parar a las obras sociales ni a la rehabilitación de siete viviendas, el derribo de chabolas o la indemnización a los gitanos ocupantes de las mismas, como sostuvo el acusado, según la sentencia, que afirma: 'Desafortunadamente para ellos no existe prueba suficiente ni de la entrega del dinero, ni de esa presunta aplicación'.

La sentencia de la sección séptima de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, parte del supuesto de que para darse el delito de malversación deben concurrir tres elementos esenciales: el autor debe ser funcionario, los caudales sustraídos, públicos, y la sustracción debe realizarse con ánimo de lucro. Respecto de la condición de funcionario del ex alcalde, en tanto que cargo público, nadie la cuestionó durante del desarrollo del juicio. Más controversia hubo, en cambio, sobre la naturaleza del dinero: ¿era público o privado? Los magistrados consideran que la mera entrega de los ocho millones de pesetas al concejal de servicios sociales es suficiente para 'obtener la cualidad de públicos de los caudales (...) Consecuentemente, perfeccionada la donación (...) desde ese momento se constituye en fondo de esa naturaleza, sin que sea necesario, tal y como propugna la defensa, la apertura del correspondiente expediente para su ingreso formal en las arcas del municipio'.

Por último, ¿existió ánimo de lucro? Los magistrados responden afirmativamente a la pregunta e, incluso, van más lejos: 'Hay que dejar aquí aclarado que de tales dos posibilidades de ejecución de este delito , en el caso no se produjo la omisiva (...), sino la activa'. Concretando las pruebas de cargo, dicen, 'llegaremos a la conclusión inferida de que el propósito del acusado fue apropiarse definitivamente de las cantidades que, en su condición de funcionario público, le fueron entregadas para su ingreso en las arcas municipales'

El fallo establece a lo largo de cuatro puntos el proceso deductivo que siguieron los magistrados para llegar a la conclusión de que, efectivamente, Luis Fernando Cartagena cometió un delito de malversación de caudales prúblicos. En primer lugar, queda clara la entrega fraccionada de los más de ocho millones al Ayuntamiento. Cartagena está de acuerdo en este punto. El ex alcalde asume además que guardó el dinero en el armario de la alcaldía y que no tramitó ningún expediente, punto que confirma el concejal de servicios sociales. Aquí los magistrados señalan que este es un proceder 'más que anormal', que 'coloca al acusado en la incómoda situación de tener que acreditar cuál fue su destino y que no se apropió de ellos'

La versión que dan Cartagena y Fenoll es que el dinero recibido de las monjas se destina a la rehabilitación, desalojo e indemnización de unas viviendas en Orihuela habitadas por gitanos, pero el tribunal no les cree ('desafortunadamente para ellos') porque además de que el alcalde impidiera la recepción oficial del dinero en las cuentas municipales 'esta suma tampoco tuvo reflejo en la contabilidad de la empresa Limplac SL que, por cierto, sufrió un oportuno incendio que la hizo desaparecer'.

La incredulidad de los magistrados se refuerza cuando al constatar que un administrativo que trabajaba para Fenoll contradice a éste a la hora de conocer el número exacto de visitas que se realizaron al Ayuntamiento para recoger el dinero, presuntamente destinado a la rehabilitación de viviendas. Por último, el texto del fallo constata que de las siete viviendas que debían rehabilitarse, 'sólo una de ellas fue sensiblemente mejorada, tal como reconoce el ingeniero municipal, pero ello no justifica que lo fuese precisamente con parte de los fondos públicos discutidos'.

Tras este razonamiento la sala llega a la conclusión de que 'el imputado realizó la conducta sancionada' porque tenía 'el dominio funcional de todos los pasos necesarios para conseguir la apropiación de los caudales públicos'. La sala añade que los 'caudales han desaparecido' (...), de cuyo destino no se nos da explicación convincente' y señala que 'si tenemos además en cuenta toda la trama organizada para justificar su destino, la conclusión a obtener, a falta de que su finalidad haya podido ser otra, es que se apropió con ánimo de lucro de dichos caudales públicos, bien para él o, si se quiere, en beneficio de terceros'. La sentencia concluye con una severa llamada de atención al ex consejero de Obras Públicas, de quien dice que 'la honestidad es aún más exigible en persona que ostenta un cargo público representativo, que sin embargo traicionó la confianza que en él habían depositado los conciudadanos que le votaron y teniendo en cuenta su especial relevancia pública y su actuación prevaliéndose de su condición oficial, para más fácilmente cometer el delito por el que ha sido condenado, desviando para su beneficio fondos destinados a prestaciones sociales, es justo merecedor de la, incluso benévola, sanción interesada por la acusación y que aquí se le impone'. El fallo también se extiende en el delito de falsedad en documento mercantil, en cuyo apartado asegura que los recibos realizados por la empresa de Fenoll se realizaron 'simplemente con la finalidad de acreditar en el tráfico jurídico una relación subyacente totalmente inexistente'.( Marzo 02 )

UN CONCEJAL DEL Partido DE BENIDORM GASTA 95.000 PESETAS EN UNA COMIDA EN FITUR

Antonio Botella, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Benidorm, del Partido, ha pasado al cobro en concepto de dietas correspondientes a un solo día con motivo de su visita a la feria Fitur de Madrid dos facturas -un aperitivo y una mariscada- por un importe total de 568 euros (unas 95.000 pesetas). Botella estuvo dos días en Madrid. Sin contar el alojamiento, pasó facturas por un total de 778 euros (unas 130.000 pesetas).

La primera factura, de 75,51 euros (unas 12.000 pesetas) corresponde al aperitivo que el edil tomó en el restaurante Portobello, en la madrileña calle de Rosario Pino, 18. El concejal abrió boca con una tapa de bígaros, un cuarto de kilo de percebes cocidos (35,11 euros), 215 gramos de almejas y seis ostras gigantes, todo ello regado con cerveza y una copa de vino.

Tras la entrada, Botella se fue a comer al restaurante Combarro, ubicado en la calle de la Reina Mercedes, 12, de la capital de España. Y el concejal, según detalla la factura (por un importe total de 492 euros), siguió con el marisco: una docena de ostras de la ría (35,28 euros), un kilo y medio de centollo de la ría (82,94 euros) y tres angulas del Miño (154,17 euros), entre otras viandas. Botella culminó la comida con café, vino Albariño y un cava de marca, en concreto Moët Chandon (54,09 euros). Antes de ocupar la mesa, el concejal realizó otras consumiciones en la barra del local por valor de 64,40 euros. A estos gastos hay que añadir los de la jornada anterior, que también ha pasado a cobro a las arcas públicas del Ayuntamiento de Benidorm. En total, las dos jornadas del edil de Urbanismo en la feria de turismo han costado al erario público 777,82 euros (unas 130.000 pesetas), sin incluir los gastos de alojamiento, en el hotel de cinco estrellas Eurobuilding.Botella minimizó el gasto. 'Es algo normal', dijo, y alegó que el motivo de la mariscada obedeció a que 'tenía que corresponder a otras personas y debía quedar bien'. Sus acompañantes eran 'tres técnicos de otras administraciones públicas, no de Benidorm'. Botella comparte su afición gastronómica con la cinegética. Cuando era miembro de la Diputación de Alicante, el edil participó junto a los también diputados José María Rubio y Pedro Barrios en cacerías celebradas en fincas propiedad de la Corporación. (Marzo 02 )

LOS COLEGIOS PÚBLICOS ASUMEN EL 84% DE LA ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS INMIGRANTES

El desequilibrio entre la red educativa pública y la privada en la matriculación de los niños inmigrantes es evidente. Algo más de tres de cada cuatro alumnos extranjeros cursan estudios en centros de la conselleria. En la Comunidad Valenciana el 84,01% de los alumnos acuden a las aulas de colegios o institutos públicos mientras que el 15,99% restante lo hace en los privados o privados concertados. Una cifra que tampoco se desvía mucho de la media estatal, en donde los porcentajes se reparten en 78% y 22% respectivamente, según datos de los cuadernos del sindicato Comisiones Obreras La escolarización de los hijos de los inmigrantes en España. Las diferencias se acentuarán en las aulas valencianas si prospera el proyecto que regulará la matriculación de alumnos de educación especial o compensatoria, presentado por la Conselleria de Educación a los sindicatos. Los representantes docentes exigen que los alumnos extranjeros se repartan de forma equilibrada entre centros públicos y privados concertados para no crear guetos. El problema se centra en que la comisión de escolarización funcionará, a efectos de solicitud de matrícula, entre abril y mayo. De esta forma, para pedir un colegio concertado se deberá realizar la preinscripción en estas fechas, cuando la realidad es que muchos niños inmigrantes llegan con sus familias en otras fechas como un goteo, que no coinciden con las establecidas, por lo que quedarán fuera de plazo y no podrán más que acudir a los centros públicos. Un reciente informe del Consejo Escolar del Estado subrayaba, recuerda CC OO, que «los porcentajes de escolarización en la enseñanza pública y en la concertada del alumnado gitano e inmigrante contrastan fuertemente con los porcentajes globales de escolarización en estas dos redes financiadas con dinero público».  ( MARZO 02 )

CASO CARTAGENA $ ORIHUELA :  LOS EXPULSADOS DEL Partido DE INSISTEN EN DENUNCIAR 'UNA TRAMA'

Los cinco concejales del Partido que fueron expulsados de la formación tras denunciar varios supuestos casos de corrupción de este partido en Orihuela y constituyeron el partido Centro Liberal, exigen responsabilidades políticas a Eduardo Zaplana; al consejero de Medio Ambiente, Fernando Modrego, y al alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, por su presunta 'connivencia con el empresario Ángel Fenoll', ya que han incurrido en 'una prevaricación sistemática al permitir que funcione el vertedero ilegal de La Murada', gestionado por Ángel Fenoll. Esta reacción surge como consecuencia del fallo de la Audiencia de Alicante sobre el recurso de apelación que interpuso el empresario Fenoll contra el el edil Miguel Ángel Robles por calumnias e injurias. Según Robles, la sentencia no sólo prueba que no se produjo tal situación, sino que ratifica la denuncia que él efectuó públicamente en 1999, alertando de la existencia 'de una trama de alcaldes y políticos del Partido para gestionar de manera fraudulenta los vertidos de buena parte de la Comunidad Valenciana'  ( ABRIL 02 )

ZAPLANA REITERA QUE SU ANUNCIO DE NO REPETIR “ ESTÁ VIGENTE, CON TODAS LAS CONSECUENCIAS “

Eduardo Zaplana mantiene la incógnita sobre su futuro político.  “Los compromisos que se asumen siempre están vigentes. Cuando se dice una cosa se dice con todas las consecuencias “. Con estas palabras contestó Zaplana una pregunta sobre si se podía entender que su anunciado compromiso de no repetir como candidato del Partido en las próximas elecciones autonómicas de 2003 continuaba siendo válido en términos políticos.  Previamente, ante una pregunta más directa sobre si volverá a ser cabeza de cartel, Zaplana repitió que no se pronunciaría al respecto «hasta el momento procesal oportuno, que no es otro que en otoño. Si dijera una cosa u otra ahora, por ejemplo que no me voy a presentar, imagínense ustedes el follón que se iba a organizar».  Zaplana reconoció que el secretario general del Partido, Javier Arenas, le había realizado «alguna alusión sobre la conveniencia de plantear mi candidatura», aunque volvió a reiterar que en todo caso esa posibilidad quedará dilucidada en próximo otoño. «Toca cuando toca», afirmó.  En cambio, Zaplana si dejó claro que no está en la lucha sucesoria de Aznar. «Yo me he descartado desde hace tiempo, no estoy en absoluto en esa carrera», aclaró a la primera pregunta de los periodistas. ( ABRIL 02 )

UN JUEZ INVESTIGA SI FENOLL TRATÓ DE COMPRAR A UN EDIL PARA OBTENER UNA CONTRATA

El Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela tiene previsto terminar este mes las diligencias previas del proceso contra varios militantes del Partido Popular oriolano por el supuesto intento de compra del ex concejal del Partido José Meseguer, después de que éste, junto a cuatro compañeros, abandonara la formación y dejara en minoría al equipo de gobierno.

Según declaró el abogado de la acusación, uno de los puntos que incluía la supuesta compra consistía en que Meseguer votara a favor de la concesión del servicio de recogida de basuras en la costa a una empresa de Ángel Fenoll, el militante del Partido condenado por falsificar facturas para que el ex consejero y ex alcalde Luis Fernando Cartagena justificara el destino de más de ocho millones de pesetas de los que, según la Audiencia de Alicante, se apropió. Cartagena ha sido condenado por estos hechos a cuatro años de prisión y Fenoll a un año.

El empresario Ángel Fenoll y el ex alcalde pedáneo de La Aparecida, Francisco Torrecillas, ya han sido imputados en este caso de la supuesta compra.

Como se recordará, los hechos se remontan a marzo de 1998. Según consta en la querella que interpuso Meseguer, un intermediario de Ángel Fenoll se reunió en diversas ocasiones con él para llegar a un acuerdo a cambio de su voto. A esos encuentros asistieron presuntamente Fenoll, Torrecillas, el concejal popular Manuel Lorente y el alcalde de Orihuela, y la oferta fue siempre la misma: 'cuatro millones [de pesetas] antes del pleno y otros cuatro después de la votación, junto a una suma mensual en negro de 250.000 pesetas. Además le prometían que lo incluirían en la lista electoral', explica el letrado López Coig. El abogado ha presentado diversas grabaciones de video y audio donde el intermediario de la operación reconoce que la solvencia del pacto estaba garantizada por dos personas: Ángel Fenoll y el propio José Manuel Medina. La última reunión se celebró supuestamente un domingo y fue grabada por dos detectives. 'En la cinta', dice el abogado, 'se ve cómo Medina está presente y cómo se van de un bar a otro para no levantar sospechas'. ( ABRIL 02 )

EL Partido DE ALICANTE ELUDE ADOPTAR MEDIDAS SOBRE CARTAGENA Y FENOLL

El Comité Ejecutivo Provincial del Partido en Alicante evitó analizar la sentencia de la Audiencia de Alicante contra el ex consejero, Luis Fernando Cartagena, y el empresario Ángel Fenoll, ambos militantes populares. “Estamos expectantes ante la evolución de la causa judicial, y no queremos entrar en el análisis porque ésta es una reflexión que deben hacer los jueces “, se limitó a contestar el presidente del Partido, Julio de España, sorprendido por las preguntas de los periodistas. La sentencia de la Audiencia de Alicante que condena a cuatro años al ex consejero de Obras Públicas y ex alcalde de Orihuela, Luis Fernando Cartagena, por malversación de fondos públicos y falsedad, y al empresario Ángel Fenoll, militante del Partido y colaborador del ex consejero, condenado a un año de prisión, no figuraba en el orden del día de la primera reunión del Comité Ejecutivo del Partido en Alicante a la que acudieron alcaldes y altos cargos del partido en la provincia.( ABRIL 02 )

CONTINÚAN LOS CONTRATOS –AMIGOS . UN EX SOCIO DE BERNARDO BLASCO LOGRA DOS ADJUDICACIONES EN BIENESTAR SOCIAL

La conselleria de Bienestar Social ha adjudicado al menos dos contratos a la empresa GCS General de Comunicaciones y Servicios SL cuyo administrador único -Augusto Cesar Tauroni- fue en el pasado socio del constructor Bernardo Blasco, hermano del conseller, Rafael Blasco. La vinculación empresarial entre Tauroni y Bernardo Blasco se sitúa en Alzira -ciudad natal de ambos- hace cinco años cuando compartieron cargo de administrador solidario en la firma Grupo Alpelcine, SL. Esta empresa, cuya actividad es el comercio al por mayor de frutas y verduras, comenzó a operar en marzo de 1997 con un capital social desembolsado de cerca de medio millón de pesetas. Durante dos años Tauroni, Bernardo Blasco y una tercera persona, Emilio Colom Escrivà, ejercieron como administradores solidarios de la firma. Según datos del registro mercantil, Tauroni cesó en su cargo en enero de 1999. El hermano del conseller de Bienestar Social mantiene en la actualidad el cargo de administrador solidario de la firma alcireña. Con todo, los lazos que en el pasado unieron a Augusto Cesar Tauroni con la familia Blasco no se circunscriben al ámbito de los negocios. Tauroni participó de forma activa en la estrategia urdida desde el PSI (el partido escindido del PSOE que lidera el ex presidente de la diputación y ex alcalde de Alzira, Francisco Blasco) en colaboración con militantes de Unión Valenciana para tratar de recuperar la alcaldía. Estuvo cerca de un año al frente de la agrupación local de Unión Valenciana y durante este (1996-1997) situó como número dos del colectivo local a Bernardo Blasco. General de Comunicaciones y Servicios SL. Trabaja en la actualidad para Bienestar Social en dos proyectos valorados en 223.000 euros. El primero de ellos, la atención telefónica del programa del teléfono de atención al mayor, fue adjudicado en enero de 2001 a General de Comunicaciones y Servicios SL por 99.716 euros (16 millones de pesetas). El proyecto salio a concurso por procedimiento abierto y tramitación urgente y anticipada y tenía una duración de un año, pero el contrato ha sigo prorrogado por un año más a la empresa que administra Tauroni. El segundo contrato de GCS con la conselleria que dirige Rafael Blasco tiene por objeto prestar el servicio técnico de informática para los servicios centrales de la conselleria. También fue un concurso abierto y urgente adjudicado por 123.207 euros (20,5 millones de pesetas) a GCS en noviembre de 2001. ( ABRIL 02 )

ZAPLANA SE CONFIESA : “ NO CAMBIO LA GENERALITAT POR CASI NINGÚN MINISTERIO “

Eduardo Zaplana se deslizó por el pantanoso terreno de su futuro político durante un desayuno con periodistas. 'No cambio la presidencia de la Generalitat por casi ningún ministerio', dijo en medio de un apreciable rumor en la sala. Una afirmación que se precipitó a precisar cuando dijo: 'Quien sea presidente de la Generalitat en junio de 2003 tendrá mucho más que decir en mi partido que quien tenga una responsabilidad en Madrid'.

Zaplana recuperó su prudencia habitual sobre el asunto y se mostró partidario de que el próximo candidato del Partido a la presidencia del Gobierno se conozca lo más tarde posible, para evitar una situación caótica. Una posición similar a la que mantiene sobre su propio futuro, aunque sí deslizó que los populares cometieron 'un pecado absolutamente justificado' cuando limitaron los mandatos a ocho años y tachó de 'simples' las interpretaciones acerca de su posible marcha a Madrid. 'José María Aznar dijo lo de la limitación de mandatos y muchos le seguimos miméticamente y declaramos lo de los ocho años con alegría', añadió. 'Igual que antes dije que sería malo anticipar quién sucederá a Aznar, sería malo también decir si me presento o no'.  ( ABRIL 02 )

LA QUERELLA DE ZAPLANA SE ARCHIVA

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha archivado la querella presentada por el presidente de la Comunidad valenciana, Eduardo Zaplana, contra el de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a quien acusaba de un delito de calumnias e injurias por decir que Gescartera estaba detrás de la financiación ilegal del Partido y que Zaplana era "la pieza clave'' del entramado. El Supremo, de acuerdo con la Fiscalía, entiende que los hechos denunciados no son constitutivos de delito, ya que las imputaciones de Ibarra a Zaplana fueron "sumamente vagas y genéricas'', y además, las manifestaciones públicas de los presidentes de comunidad, y en este caso altos dirigentes del PSOE y el Partido, respectivamente, están protegidas, según un criterio analógico, con la inviolabilidad que la Constitución establece para diputados y senadores por declaraciones realizadas en el ejercicio de sus cargos.En el auto de archivo, el alto tribunal señala que "suelen ser los ciudadanos, a través del voto, los que, en último término, dan el veredicto definitivo sobre la actuación de sus representantes''.Asimismo, la Sala hace suyos los argumentos de la Fiscalía, quien resaltó que la financiación ilegal de los partidos políticos, imputada por Ibarra a Zaplana, no es un delito incluido específicamente en el Código Penal, por lo que no puede dar lugar a un delito de calumnias. Además, el fiscal manifestó en su informe que las declaraciones de Ibarra se realizaron dentro de un contexto marcado por "la efervescencia política surgida en los partidos políticos de distinto signo ideológico a los que pertenecen querellante y querellado, con ocasión del debate abierto en torno a las sesiones de la Comisión Parlamentaria de investigación del denominado "caso Gescartera'', con cruce recíproco de imputaciones de igual contenido respecto a otros asuntos sujetos a investigación''. ( ABRIL 02 )

LA DEUDA PÚBLICA DE LA GENERALITAT CRECE 500 MILLONES DE EUROS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2001 

La deuda de la Generalitat Valenciana ascendía a finales de 2001 a 6.520 millones de euros y creció un 8% durante el último trimestre del año. La deuda representa el 10,5% del PIB regional, un indicador que supera en más de cuatro puntos la media estatal. Sólo Navarra alcanzaba tal indicador a finales de 1995, pero ha logrado reducir paulatinamente el volumen de deuda con relación al PIB al 5,9% actual. El crecimiento de la deuda en valores absolutos sólo es superado por Madrid, donde creció casi mil millones de euros durante el último trimestre del año. Los datos del Banco de España ponen en entredicho la liquidación de los presupuestos de la Generalitat que arrojaban un ligero déficit de apenas 60.000 euros. Las sucesivas operaciones destinadas a convertir deudas a corto plazo en deudas a largo plazo, que la Consejería de Hacienda considera neutrales a efectos del volumen de obligaciones, ponen de manifiesto el carácter estructural de una práctica que engrosa la hipoteca de todos los valencianos de manera paulatina.

Comunidades autónomas con un volumen de competencias similar a la valenciana, como Andalucía o Cataluña, registraron aumentos de la deuda muy inferiores en el mismo periodo. En el caso de Andalucía apenas 98 millones de euros y algo más de 260 en Cataluña. Pero en ambos casos, la relación entre las obligaciones financieras y la capacidad de producción -PIB- ronda el 8%.Pero lo más alarmante es el crecimiento sostenido de la deuda pública de los valencianos registrado desde finales de 1995. En seis años, la deuda que comparten todos los valencianos se ha multiplicado por 2,5 pasando de 2.656 millones de euros a finales de 1995 hasta los 6.520 millones acumulados hace apenas cuatro meses. Sólo la Comunidad de Madrid ha seguido una senda ascendente comparable durante los mismos seis años, pasando de 2.791 millones de euros a 6.916. En Cataluña o Andalucía, por ejemplo, las obligaciones públicas apenas han crecido un 50% en el mismo plazo, la quinta parte que en la Comunidad Valenciana.   ( ABRIL 02 )

LA EMPRESA DE BASURAS DE ÁNGEL FENOLL (Partido) INCREMENTÓ EN UN AÑO SUS BENEFICIOS UN 300%

Los balances de Colsur, SL, la firma del empresario del Partido Ángel Fenoll que controla el negocio de las basuras en más de una docena de municipios, dieron un espectacular giro entre 1999 y 2000. El resultado neto de explotación creció ese año un 233%, al tiempo que el resultado global se incrementó un 300%, y eso durante un ejercicio en el que la media del sector registró un descenso del 9%. Fenoll, condenado como cómplice de Luis Fernando Cartagena, a quien vecinos de Orihuela asocian con una trama de corrupción del Partido, mantiene activas media docena de empresas.Los ingresos de explotación de Colsur en 2000 (más de 4,5 millones de euros) crecieron un 49% respecto al año anterior, el valor añadido de la empresa se incrementó un 26%, la cuenta neta de explotación subió un 233% y el cómputo global del ejercicio registró un aumento del 300%. Según datos de los registros públicos, Colsur obtuvo en 2000 unos beneficios de más de 240.000 euros, frente a los 60.300 de 1999.Aunque Colsur es la principal empresa de Fenoll, este militante del Partido, que fue condenado por comprar votos para su partido, mantiene activas media docena de mercantiles con importantes contratos con la Administración, sobre todo en la Vega Baja, aunque también en otras comarcas alicantinas y en la regiòn de Murcia. ( MAYO 02 )

DISIDENTES DEL Partido IMPLICAN AL ALCALDE DE ORIHUELA EN UN SOBORNO

El alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del Partido, no sólo tenía supuestamente pleno conocimiento del intento de compra de un concejal crítico de su partido, sino que participó en, al menos, una de estas reuniones. Ésta es la versión que relataron al juez dos ediles del Partido de Orihuela que fueron expulsados del equipo de gobierno en 1998 tras denunciar un presunto soborno por parte del empresario Ángel Fenoll.

El empresario oriolano Ángel Fenoll trató, presuntamente, de comprar el voto de José Meseguer para poder obtener, así, la adjudicación del servicio de recogida de basuras en la costa de Orihuela.Jesús Ferrández y José Esquiva comparecieron  en un juzgado de lo Penal de Orihuela para testificar contra Ángel Fenoll y contra Francisco Torrecillas, ex alcalde pedáneo de La Aparecida, ambos imputados en el proceso judicial. Los dos testigos coincidieron sustancialmente en su declaración e inculparon al primer edil, José Manuel Medina, en los hechos que se denuncian ya que, según Ferrández, 'él asistió al último encuentro, en un bar de Santomera (Murcia), donde los tres reiteraron a Meseguer su oferta de los días precedentes', o sea, 48.000 euros y una percepción mensual de 1.500 euros a cambio de que permaneciera en el Partido y votara a favor de una contrata de basuras para Ángel Fenoll. Esta adjudicación sigue sin efectuarse, después de que el procedimiento fuera impugnado por los cinco concejales críticos cuando descubrieron que las plicas estaban abiertas. Según el Centro Liberal, 'Fenoll desempeña este servicio de forma ilegal, al estar condenado por el caso Cartagena'. ( MAYO 02 )

HACIENDA RECLAMA MÁS DE 90.000 EUROS A LA MUJER DE FERNANDO CARTAGENA

Ana Encabo, subsecretaria de Planificación y Estudios de la Consejería de Presidencia, depositó en 1998 casi medio millón de euros (83 millones de pesetas) en cesiones de crédito de nuda propiedad ofertadas por el Banco Santander, un producto que aprovechaba un resquicio legal para ser fiscalmente opaco. Según la información que obra en el sumario del caso, Encabo negó ser titular de los depósitos, pero la Agencia Tributaria le reclama más de 90.000 euros (15 millones de pesetas) por rendimientos que nunca admitió en su declaración de renta.

Como se recordará, Luis Fernando Cartagena, marido de Ana Encabo, renunció a su cargo de Consejero de Obras Públicas en marzo de 1998 para evitar dañar la imagen del Consell y del Partido de la Comunidad Valenciana, dijo entonces, debido a su supuesta implicación en el caso de las cesiones de crédito. Según la información recogida en el sumario, Cartagena depositó casi medio millón de euros en cesiones de crédito en 1998.

Pero Encabo, supuesta titular de una cantidad equivalente, fue elevada a la Subsecretaría de Planificación y Estudios en agosto de 1999.

El caso abierto en 1992 por el juez Miguel Moreiras contra el Banco Santander y cerca de 200 titulares de cesiones de crédito de nuda propiedad sigue vivo. El último auto al respecto dictado por la Audiencia Nacional el pasado 22 de abril desestimaba una solicitud de nulidad del proceso requerida por el Banco de Santander, el Abogado del Estado y por el Ministerio Fiscal y dejaba en manos de la juez Teresa Palacios la última palabra sobre el procedimiento.

El auto resulta ambiguo, pero sugiere que debería investigarse la situación de cada uno de los titulares de las cesiones de crédito que nunca regularizaron su situación y nunca tributaron por los rendimientos obtenidos. Cartagena fue objeto en su día de una causa separada debido a su condición de aforado al ser miembro del Consell de la Generalitat Valenciana.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) asumió la investigación sobre los supuestos depósitos de Cartagena y abrió una línea novedosa de investigación. A lo largo de todo el proceso, los informes periciales habían sido elaborados por técnicos de la Agencia Tributaria, que era parte directamente implicada en la causa como perjudicada. El volumen total de fondos depositados en cesiones de crédito en toda España rondaba los 2.500 millones de euros, una cantidad que se habría traducido en un fraude de unos 50 millones de euros a la Agencia Tributaria.

El TSJCV optó por solicitar un informe pericial al Instituto de Robótica de la Universidad de Valencia, cuyos técnicos analizaron los rastros de los depósitos bancarios registrados durante casi dos años en las cintas telémáticas incautadas al Banco Santander que recogían todos los movimientos de fondos producidos en la provincia de Alicante.

Los informes remitidos al TSJCV establecían que Cartagena era el verdadero titular de unas cesiones de crédito que luego se transformaron con el tiempo en otros productos bancarios en contra de la versión que sostenía el entonces consejero de Obras Públicas.

Cartagena siempre atribuyó la titularidad de esos depósitos a un óptico de Elche, que efectivamente pagó a la Agencia Tributaria los impuestos derivados de los intereses generados por ese capital. Sin embargo, la Agencia Tributaria consideró nula esa regularización. Cuando Cartagena dimitió, las diligencias instruidas por el TSJCV se incorporaron de nuevo a la causa general contra cerca de 200 implicados, entre ellos Ana Encabo.

La subsecretaria de Planificación y Estudios ha negado ser la titular de productos opacos, según consta en el sumario. Pero la Agencia Tributaria le reclama más de 90.000 euros, la cantidad a partir de la cual el fraude tributario se considera delito. La dimisión de Cartagena coincidió con una grave crisis abierta en el seno del grupo municipal del Partido en la localidad de Orihuela, donde había sido alcalde con amplio apoyo popular.

Un grupo de concejales escindido del Partido presentó todo un rosario de denuncias contra el ex alcalde ese mismo año. Cartagena ha sido recientemente condenado por la Audiencia Provincial de Alicante a cuatro años de prisión por los delitos de apropiación indebida de fondos públicos y por falsedad documental. Según la sentencia, que ha sido recurrida, Cartagena recibió 50.000 euros procedentes de la religiosa responsable de la gestión del Hospital Municipal de Orihuela cuando era alcalde y nunca los contabilizó en las cuentas municipales ( MAYO 02 )

SANIDAD PAGÓ AL SECTOR PRIVADO 54 MILLONES MÁS DE LO PREVISTO EN 2001

El gasto de los pacientes de la sanidad pública atendidos en clínicas privadas sigue en claro ascenso. Así lo demuestra una respuesta del Consell en la que admite que el coste por conciertos con entidades privadas en 2001 por resonancias, servicios de hemodiálisis, o gasto en ambulancia, entre otros, sumado al del plan de choque contra las listas de espera, superó en 54 millones de euros la factura prevista.

Sólo en conciertos, la suma total gastada el año pasado por la Consejería de Sanidad fue de 128,7 millones de euros (21.415 millones de pesetas), frente al presupuesto inicial aprobado para tal fin de 89 millones, o los 111,6 millones de euros gastados en 2000. La desviación en este caso fue de 39,7 millones de euros (6. 592 millones de pesetas), que la consejería pagó por encima de sus estimaciones iniciales a las clínicas privadas que asisten a los pacientes de la red pública del servicio valenciano de salud. Entre los acuerdos con empresas que le salen más caros al departamento que dirige Serafín Castellano están los servicios de hemodiálisis que supusieron 29,6 millones de euros, la atención oncológica -focalizada en el Instituto Valenciano de Oncología- con 23,2 millones de euros, o la oxigenoterapia, con 21,5 millones de euros, una cifra similar a la que ha costado la polémica implantación de equipos de resonancia privada en los principales hospitales públicos.

Los 39,7 millones de euros de desviación correspondientes al gasto de los conciertos sumados a los 14,4 millones de euros de sobrecoste del plan de choque contras las listas de espera alcanzan 54,1 millones de euros, una cifra muy elevada comparada con algunas de las inversiones sanitarias de mayor peso previstas por el Consell. Un ejemplo de ello es el gasto previsto por Sanidad en el nuevo hospital La Fe. En la presentación del proyecto celebrada en febrero de 2002, Serafín Castellano apuntó que el nuevo centro de entre 800 y 900 camas se situará en el barrio de Malilla y costará unos 210 millones de euros -35.000 millones de pesetas-. De esta forma, si se evitaran diferencias entre el presupuesto inicial y la facturación final de los conciertos y el plan de choque, en menos de cuatro años se contaría con fondos suficientes para construir el nuevo hospital. Respecto al sobrecoste del plan de choque en 2001, fue el más elevado desde que se puso en marcha la medida hace ocho años, ya que los seis millones de euros de presupuesto inicial se sobrepasaron en 14,42 millones. ( MAYO 02 )

EL Partido RECHAZA QUE SE RETIREN SÍMBOLOS FRANQUISTAS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS  

El Partido rechazas en las Cortes regionales una iniciativa que pedía que el Consell diera las instrucciones para retirar de las viviendas y edificios públicos las placas 'con simbología pre-democrática y contraria al sistema constitucional que todavía hoy' existen. El diputado popular Juan Rodríguez Marín justificó el rechazo en que, 'en el puro ejercicio de democracia, de mirar hacia adelante, los símbolos ya no significan nada', y en todo caso sirven de 'aviso' y 'advertencia' contra 'todos los fascismos'. 'De una manera liberal, democrática, honesta, y sobre todo ética y humana, no podría yo decir que se borre nada de ningún lado; que se recuerde para el futuro y que se acabe con las dos Españas', afirmó Rodríguez Marín, quien mostró su asombro' por el hecho de que, después de tantos años de democracia, se presente ahora esta iniciativa referida a unos símbolos que se colocaron en las fachadas de las viviendas de promoción pública de los años cincuenta, sesenta y setenta. 'Aunque determinados símbolos puedan no gustarnos', añadió Rodríguez Marín, 'la libertad exige respeto'. ( MAYO 02 )

LA AGENCIA TRIBUTARIA ATRIBUYE A ENCABO LA MITAD DEL BENEFICIO DE LOS FONDOS QUE IMPUTA A CARTAGENA

La Agencia Tributaria atribuye a Ana Encabo, subsecretaria de Planificación y Estudios de la Generalitat, la mitad del rendimiento de los depósitos en cesiones de crédito del Banco Santander que imputa a Luis Fernando Cartagena, su marido. La lista remitida por la inspección fiscal al Juzgado Central de Instrucción número 3 con relación a la causa 53/92 abierta en 1992 cita a Encabo como 'cónyuge del titular en los supuestos en que proceda declaración individual y se hayan imputado por mitades las operaciones'.

Cartagena siempre negó la titularidad de las cesiones de crédito que se le imputan. Por eso, en la segunda columna, encabezada por las iniciales MT ( manifestaciones sobre titularidad), se consigna un NO, equivalente a 'niega la titularidad de todas las operaciones imputadas'. Las siguientes columnas recogen el recorrido de los fondos y 'en los supuestos de matrimonio con tributación separada se recoge la parte correspondiente a cada cónyuge', sus rendimientos y los incrementos patrimoniales. La columna CTA TOTAL (cuota total defraudada del ejercicio) relativa a Encabo suma más de 40 millones de pesetas (240.00, 4 euros). Por eso aparece un 3 bajo el encabezamiento G, que significa que la 'cuota es superior a 15 millones de pesetas [90.151 euros] en algún ejercicio'. La S bajo el encabezamiento C significa que 'se trata de un titular casado en régimen de tributación individual y procede imputar a cada cónyuge la mitad de los rendimientos de la inversión neta'.

La causa sigue abierta en la Audiencia Nacional después de que un auto del pasado mes de marzo rechazara la petición de cierre del fiscal, el abogado del Estado y el banco ( Mayo 2002 )

TERRA MÍTICA ADJUDICÓ UNA ATRACCIÓN A UNA SOCIEDAD CREADA 3 MESES ANTES

La sociedad Making Building, a la que Terra Mítica deberá pagar 714.000 euros, según el laudo de un arbitraje de derecho, se constituyó con un capital de 3.005 euros tres meses antes de que el parque le adjudicara una de sus grandes atracciones, El gran viaje de Ulises. El precio de esta atracción, que ha sido objeto del arbitraje, ronda los cinco millones de euros. La Seguridad Social reclama a esta firma 660.000 euros.Entre las incidencias judiciales que presenta esta sociedad con la Seguridad Social figura un crédito incobrable de 204.508 euros (34 millones de pesetas), varias demandas cuyos montantes ascienden a 231.577 euros (38,5 millones de pesetas) y otros nueve procedimientos por valor total de 226.558 euros (37,6 millones de pesetas). Además, el Juzgado de lo Social número 1 de Benidorm instruye un proceso en el que se demandan a la empresa 4.922 euros.

Making Building se constituyó el 30 de julio de 1998, según datos registrales. Tres meses después, el 4 de noviembre, el parque Terra Mítica le encargó mediante contrato el proyecto y la realización de la atracción El gran viaje de Ulises dentro del complejo de ocio. El precio final de esta atracción se aproximó a los cinco millones de euros (832 millones de pesetas).

Empresarios relacionados con la fundación de Making Building contaban, al parecer, con algunos antecedentes deudores. Las relaciones entre la mercantil catalana y el parque temático de Benidorm se deterioraron muy pronto. La obra civil, la infraestructura, que Terra Mítica debía de poner a disposición de Making Building, para que la firma pudiera empezar con sus trabajos en el parque, se atrasó varios meses. El montante total que Making Building reclamó a Terra Mítica ascendió a 3,87 millones de euros (644,1 millones de pesetas). El parque rechazó las alegaciones de la mercantil y estimó que no le debía cantidad alguna.Los árbitros que han redactado el laudo han resuelto que Terra Mítica debe de abonar a Making Building 714.225 euros (118,8 millones de pesetas) por facturas impagadas y por daños y perjuicios. ( Mayo 2002)

DOS HERMANOS DEL 'NÚMERO DOS' DE SANIDAD TRABAJAN COMO TÉCNICO Y DIRECTIVO EN HOSPITALES REGIONALES

El subsecretario de la Agencia Valenciana de la Salud de la Consejería de Sanidad, Marciano Gómez, no es el único miembro de su familia cercana empleado en la sanidad valenciana. Juan David Gómez, hermano del número dos de Sanidad, es técnico administrativo en el hospital General de Valencia desde el 2 de enero de 2002, y Pedro Gómez trabaja en el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) desde el año 1999 y ocupa la jefatura de personal.

La fundación que gestiona el hospital especializado en el tratamiento a pacientes con tumores y que contrató hace tres años a Pedro Gómez mantiene diversos conciertos con la Consejería de Sanidad. La relación entre el IVO y la administración sanitaria se remonta a hace 25 años, aunque recientemente se ha incrementado el aporte de fondos del Consell. El año pasado la suma de las ayudas superó los 13,8 millones de euros -2.300 millones de pesetas-.

La relación de Juan David Gómez con el hospital General, un centro recientemente incorporado a la red asistencial del Consell bajo la fórmula del consorcio, es más reciente. Quedó ligado al hospital el 18 de diciembre del año pasado en un primer contrato de seis meses a modo de periodo de prueba hasta el 1 de julio. Según el acuerdo, la prestación de los 'sevicios personales' del hermano del subsecretario de Sanidad se estableció 'con carácter transitorio, por acumulo de tareas y en calidad de técnico superior'. Marciano Gómez accedió a la consejería tras la llegada de Eduardo Zaplana -su principal valedor- al Palau de la Generalitat en 1995. Desde su puesto de médico interino de urgencias del hospital La Fe de Valencia saltó directamente al organigrama directivo de Sanidad, que entonces dirigía Joaquín Farnós. Primero al mando de la atención especializada -los hospitales-, Gómez ha ido asentando su poder a medida que se sucedían los consejeros: Farnós, José Emilio Cervera y más tarde, Serafín Castellano. Con este último y gracias a la salida hacia el ministerio de Sanidad del ex subsecretario de la Agencia Valenciana de la Salud Rubén Moreno -con quien mantenía malas relaciones-, pasó de la dirección general para la Prestación Asistencial a la subsecretaría, que le responsabiliza del campo asistencial tanto en primaria como especializada. Tras casi dos años de convivencia entre Castellano y Marciano Gómez, las tensas relaciones entre ambos han dado lugar a fuertes enfrentamientos, como el sucedido en febrero pasado por la muerte de una enferma en los pasillos del hospital de Alcoy.( Mayo 2002 )

SÓLO 13 PERSONAS HAN OBTENIDO PLAZA FIJA EN LA ADMINISTRACIÓN DESDE 1999

Eduardo Zaplana se descolgó hace un año en una convención del Partido con una espectacular propuesta para resolver la precariedad laboral en el seno de la Administración autonómica que afecta a cerca de 30.000 trabajadores interinos. Pero las cosas de palacio van muy despacio. Un seguimiento de los concursos relativos a la Administración General, donde los interinos suman cerca de 4.500, revela que desde entonces sólo se han incorporado a la Generalitat 13 trabajadores fijos a partir de la Oferta de Empleo Público de 1999.El anuncio del presidente de la Generalitat en la convención que celebraba los seis años de gobierno del Partido en la Comunidad Valenciana abrió un intenso debate, despertó esperanzas entre los representantes de los empleados públicos y, sobre todo, alentó grandes expectativas entre los miles de asalariados de la Administración autonómica que no tienen la plaza garantizada y que no habían sido convocados a ninguna oferta de empleo público desde 1994.

Sin embargo, la espectacular propuesta ya estaba contenida en el primer decreto legislativo firmado por Eduardo Zaplana y el entonces consejero de Administración Pública, José Joaquín Ripoll Serrano, en octubre de 1994, cuyo artículo 22 establecía que 'anualmente, las necesidades de recursos humanos con consignación presupuestaria que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes serán objeto de oferta de empleo público'. El contenido del decreto fue sistemáticamente congelado durante años, en los que se multiplicaron las plazas cubiertas temporalmente en comisión de servicio y la entrada de nuevo personal interino. Cuatro años después, en marzo de 1999, José Emilio Cervera pactó un reglamento de provisión de puestos de trabajo que firmaron Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, quien acumulaba entonces la reponsabilidad sobre Hacienda y Administración Pública. El nuevo decreto era totalmente innecesario, puesto que el acceso a la función pública está claramente establecido por la Constitución y una ley de rango estatal de 1984. Pero el acuerdo llevaba aparejada una oferta de empleo público destinada a dotar 1.037 plazas de la Administración General de la Generalitat. La convocatoria cobró cuerpo a través de un decreto de octubre de 1999, firmado por Zaplana y Serafín Castellano, que autorizaba a 'convocar los puestos de trabajo o plazas que, estando presupuestariamente dotados e incluidos en las relaciones de puestos de trabajo se encuentren desempeñados interina y temporalmente'. La oferta sumaba 1.037 plazas en la Administración General para la promoción interna de personal al servicio de la Generalitat. Un rosario de denuncias ha rodeado casi todas las pruebas convocadas desde entonces. El seguimiento de los procesos a través del Diario Oficial de la Generalitat Valenciana pone de manifiesto una lentitud exasperante en la gestión de las ofertas y errores de bulto, con sus respectivas correcciones. Pero, sobre todo, revela que dos años y medios largos después sólo 13 opositores han logrado superar todas las pruebas y tomar posesión de sus puestos, 11 de ellos del grupo A que engrosan el polémico cuerpo de inspectores de Tributos de la Generalitat Valenciana ( Mayo 2002 )

EDUCACIÓN PRIVADA, ESPERA PÚBLICA

En tan sólo cinco meses se construye en Alicante una escuela privada en la que todas las Administraciones se han volcado. Sin embargo, la construcción de un centro público, sobre un solar que cedió el Ayuntamiento de Alicante a la Consejería de Educación en 1993, no ha empezado, y tampoco parece, a juzgar por el estado de la parcela, que las obras se acometan en breve.

Los hijos de los eurofuncionarios de Alicante tendrán en septiembre un flamante centro docente en la zona del campo de golf con una educación de calidad, mientras que cientos de estudiantes de los barrios de la zona norte continuarán hacinados en barracones en la escuela pública. La construcción de la Escuela Europea avanza a un ritmo frenético. Los plazos se están cumpliendo, y una vez concluida la estructura del edificio, las obras encaran su recta final con el objetivo de inaugurar el curso el próximo 5 de septiembre. Este centro de élite, pensado para los hijos de los eurofuncionarios de la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Intertior) ofrecerá una educación de excelencia con programas plurilingües (inglés, francés, italiano y castellano). El proyecto, en el que colaboró el Ayuntamiento de Alicante con la cesión gratuita de esta parcela de 25.000 metros cuadrados en tan sólo una semana, la Generalitat, que sufraga las obras, y la Unión Europa que dotará el profesorado, arrancará el próximo curso con 450 alumnos de infantil y primaria. La matrícula se ha cubierto en tan sólo unos días.

La eficacia, interés y celeridad de todas las administraciones, gobernadas por el Partido, implicadas en la construcción de este centro privado sorprende y al mismo tiempo 'indigna' a los centenares de padres, profesores y alumnos de los barrios de Alicante que demandan nuevos centros públicos. El caso más flagrante es el del solar del Instituto Cerámica Los Angeles, sobre el que se han realizado decenas de manifestaciones y protestas, y cuyas obras acumulan un retraso de ocho años, pese a los reiterados anuncios y plazos incumplidos por parte de los responsables de Educación.( Junio 2002)

EL Partido IMPIDE QUE ZAPLANA EXPLIQUE LA SITUACIÓN DE ANA ENCABO

El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, no comparecerá ante el pleno de las Cortes para explicar por qué la subsecretaria de Planificación y Estudios de Presidencia, Ana Encabo, esposa del ex consejero de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena, continúa en su puesto a pesar de que aparece 'en un expediente por incumplimiento importante de sus obligaciones fiscales'. La petición, tramitada por Esquerra Unida, fue rechazada por el Grupo Popular en la Junta de Portavoces con el argumento de que 'no se puede pedir la comparecencia de un miembro del Gobierno para hablar sobre algo que no es cierto'. Joan Antoni Oltra, portavoz adjunto de EU, señaló que la mujer del ex consejero 'figura en una relación de la Agencia Tributaria como responsable de que mediante una determinada operación fiscal no había cumplimentado sus obligaciones' fiscales. Y añadió: 'De nuevo nos vamos a quedar sin aclarar un tema que está perjudicando la imagen de la Generalitat en un aspecto feo, como es que una persona de esa importancia no ha cumplimentado sus obligaciones fiscales, lo cual es un mal ejemplo'. ( Junio 2002 )

UN SENADOR DEL Partido TILDA DE 'LISTILLO' AL DIRECTOR DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA

El director de la Real Academia Española (RAE), Víctor García de la Concha, es un 'listillo de tierras adentro' que mejor sería 'que se callara'. Así despachó  el senador del Partido Vicente Ferrer las declaraciones realizadas en la misma Cámara Alta por el prestigioso catedrático de Filología relativas a que el valenciano es una modalidad del catalán. De la Concha añadió que confía en los filólogos de la Acadèmia Valenciana de la Llengua para que impidan cosas injustificables por manipulaciones políticas.

Aun cuando García de la Concha se ciñó a la nada novedosa definición del diccionario de la RAE, en respuesta a la preocupación ante los movimientos secesionistas de un senador de CiU, sus manifestaciones han originado una reacción en las filas del Partido. Ningún senador valenciano popular forma parte de la comisión de Educación y Cultura en la que compareció, por lo que Vicente Ferrer, que fue secretario general del regionalista Vicente González Lizondo, quiso poner los puntos sobre las íes. 'Lo último que hace falta es que un listillo de tierras adentro' se entrometa 'en el esfuerzo' de la Generalitat, de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), y de la sociedad para 'encontrar la paz en el conflicto lingüístico'. La irrupción de Ferrer se enmarca en una serie de actuaciones de los grupos más radicales del secesionismo lingüístico y de recientes decisiones de la Generalitat que ponen en entredicho o intentar obviar la unidad lingüística del catalán. La competencia de García de La Concha fue discutida también por lo Rat Penat o la denominada Real Academia de Cultura Valenciana (RACV). ( Junio 2002 )

EL Partido CREA, IMPULSA Y SUBVENCIONA UN GRUPO PARA GESTIONAR FONDOS EUROPEOS EN ELS PORTS

Diego Castell, senador del Partido por Castellón, registró en mayo de 2000 la Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca dels Ports-Maestrat (Portmader) con la finalidad de fomentar el desarrollo 'armónico y sostenido' de la zona. La Diputación de Castellón concedió una subvención de 35.416 euros a Portmader, efectiva en julio de 2001, para elaborar un programa de desarrollo rural y concurrir a la concesión de fondos Leader+ de la Unión Europea. La Consejería de Agricultura adjudicó a Portmader la gestión de los fondos europeos en febrero de 2002, cuando presidía la asociación un concejal del Partido y actuaba como secretaria una asesora del presidente de la Diputación.

Los fondos europeos para desarrollo rural se han venido distribuyendo desde 1991 y han sido gestionados por los denominados Grupos de Acción Local (GAL) constituidos en zonas homogéneas para crear empleo y mejorar las condiciones de vida vecinos de los pueblos receptores. Según el Boletín Oficial del Estado, los GAL deben 'estar constituidos por un conjunto equilibrado y representativo de interlocutores públicos y privados implantados a escala local que definen una estrategia, informan y asesoran a la población rural y estimulan el desarrollo económico y social de su comarca'.

Diego Castell, senador del Partido por Castellón, registró en mayo de 2000 la asociación Portmader que, formalmente, 'actúa al margen de los partidos y demás organizaciones políticas', según consta en sus propios estatutos. La asociación la preside Francisco Medina, cabeza de la candidatura municipal del Partido en Morella en las elecciones de 1999, y actúa como secretaria Laura Peñarroya, quien fue nombrada funcionaria eventual de la Diputación de Castellón para el cargo de asesora de presidencia con efectos desde el 15 de enero de 2001 (Junio 2002).

LA AUDIENCIA NACIONAL MULTA A LOS MIEMBROS DE UGT QUE PERTURBARON UN PLENO DE LAS CORTES

José María Vázquez Honrubia, juez central de lo penal de la Audiencia Nacional, impone una multa de 360 euros a los nueve miembros de la Federación de Servicios Públicos de UGT que perturbaron el pleno de las Cortes Valencianas que se celebraba el 21 de noviembre de 2000 por un delito de alteración no grave del orden en la Cámara. Los nueve sindicalistas desplegaron una pancarta cuando intervenía ante el pleno el consejero de Hacienda. Marcela Miró, presidenta de las Cortes, paró la intervención y ordenó la expulsión de los miembros de UGT.Los sindicalistas, todos ellos miembros de la dirección de la FSP-UGT, con su secretario general, Luis Lozano, a la cabeza, protestaban en noviembre de 2000 contra la congelación salarial impuesta a los funcionarios desde el Gobierno central y que se trasladaba a los empleados de la Administración autonómica. Cuando el consejero de Hacienda, Vicente Rambla, explicaba ante el pleno de las Cortes las líneas generales del presupuesto, desplegaron una pancarta y lucieron unas camisetas alusivas a la congelación salarial.La denuncia de la Mesa de las Cortes contra los sindicalistas por un supuesto delito contra las instituciones del Estado llegó a la Audiencia Nacional. Unas 300 personas se concentraron ante la sede judicial madrileña para manifestar su apoyo a los sindicalistas, entre ellas Cándido Méndez, secretario general de UGT, y los senadores socialistas Segundo Bru y Joan Lerma. Jesús Santos, fiscal, reclamó ocho meses de condena para cada uno de los sindicalistas por un delito contra las instituciones del Estado y una falta de desobediencia hacia los agentes de la Policía Autonómica que les desalojaron de la tribuna de público en las Cortes Valencianas. Santos hizo especial hincapié en la 'planificación' de la protesta, que sustentó sobre el carácter vertical de la pancarta desplegada.

La defensa recordó que Vicente Rambla, que ocupaba la tribuna de oradores cuando se produjo el incidente, ni siquiera interrumpió su discurso; que la alteración del orden fue resultado de una decisión subjetiva de la presidenta de las Cortes, quien ordenó interrumpir el pleno; y subrayó que nadie ha denunciado nunca ni el ministerio fiscal ha actuado de oficio contra casos de alteración del orden registrados en el Parlamento de Vitoria, donde se ha llegado a verter cal viva sobre un escaño, para situar el incidente en su auténtica dimensión. El juez optó por comunicar verbalmente la condena a la pena mínima por alteración no grave del orden y subsumió la posible falta en el mismo delito. La interrupción del pleno en noviembre de 2000 provocó airadas reacciones en el seno del Partido, que llegó a identificar el caso con una ocupación en toda regla del Parlamento autonómica. Escenas similares se han repetido en el Congreso de los Diputados y nunca se han trasladado a los tribunales. Luis Lozano, máximo responsable de la FSP-UGT, se mostraba satisfecho después de la vista y sugería a Miró que, en adelante, actúe 'con más profesionalidad y menos visceralidad' (Junio 2002).

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE: LA PRESIÓN FISCAL SUBE UN 4,6% PESE A LAS PROMESAS DE CONGELACIÓN DEL Partido

El Partido ha aplicado en la ciudad de Alicante una redistribución tributaria bajo el nombre de congelación de impuestos. Pero la presión fiscal real por habitante no ha sido invariable: ha aumentado en el último año un 4,6%, de 371,18 euros en 2001 a 388,36 en 2002, según datos municipales. El gobierno local que preside Luis Díaz Alperi ha creado nuevas tasas (recogida de basura), ha aumentado precios públicos del Ayuntamiento, ha incrementado algunos impuestos indirectos y está recurriendo a las contribuciones especiales para financiar actuaciones municipales.

Con todo, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), dos de las principales fuentes de la financiación municipal, no suben desde 1996. Y es en ese dato en el que se escuda el gobierno local para sostener que está cumpliendo su promesa electoral de no subir los impuestos. No puede decir lo mismo del Impuesto sobre Vehículos, que se incremento en 2000. La redistribución tributaria consiste a grandes rasgos en mantener invariables los tipos de los grandes impuestos (IBI, IAE y Vehículos) al tiempo que se incrementan los precios de las tasas y se crean nuevos precios públicos y conceptos tributarios.

El incremento de la presión fiscal se sustenta principalmente en la nueva tasa por la recogida de residuos sólidos urbanos. Por esta carga al contribuyente, el Ayuntamiento ha previsto ingresos por importe de casi seis millones de euros. La recaudación global en concepto de tasas ya alcanza el 10% del presupuesto general de ingresos del Ayuntamiento, frente al 43,2% que se recaudan por impuestos directos. En anteriores gobiernos socialistas la carga por la recogida de basuras estaba subsumida en el IBI. Era una forma de simplificar la gestión tributaria: en un mismo recibo se cobraba la carga tributaria por el bien inmueble y el servicio de recogida de basuras. Ahora se ha desgajado.

La subida más espectacular (del 85%) llegará el próximo enero, cuando entren en vigor las nuevas tarifas por el arrastre y depósito de vehículos. Recuperar un turismo arrastrado por la grúa costará 100 euros, 46 más que ahora. Revenga defiende el incremento. 'Ese servicio lo deben costear los infractores y no la globalidad de los contribuyentes' (Julio 2002).

NUEVA SUBVENCIÓN AL ALCALDE DE GUADALEST QUE USÓ AYUDAS PÚBLICAS EN EL VIAL DE SU CASA

Juan Bautista Balaguer, alcalde del Partido de Guadalest (Marina Baixa) presentó en 2000 un proyecto a la Diputación de Alicante para acondicionar un camino rural. La Corporación lo aceptó y subvencionó la obra, pero el camino asfaltado no fue el que figuraba en el expediente, el de La Foia, sino un vial que conduce a la casa del alcalde. Ahora, la Corporación ha subvencionado la segunda fase de la obra.

La Diputación abrió un investigación para aclarar lo ocurrido con el camino que finalmente no se reparó, pero no resolvió nada. El Boletín Oficial de la Provincia de 11 de mayo de 2002 recoge el edicto del Ayuntamiento para adjudicar la misma obra, aunque en este caso bajó el epígrafe de segunda fase. Balaguer respondió con franqueza al ser preguntado por los resultados de las obras de la primera fase del camino de la Foia: 'No se realizó'.

Las obras de la polémica primera fase se adjudicaron por casi 12.000 euros y la subvención de la Diputación fue del 70%, unos 9.000 euros. Mientras, la segunda fase, igualmente incluida en Plan Provincial de Caminos Rurales, asciende a 15.000 euros, subvencionada igualmente con un 70% por la corporación provincial. Tras trascender a la opinión pública, en octubre de 2001, el supuesto uso indebido de los fondos públicos por parte del alcalde de Guadalest, la Diputación anunció la apertura de una investigación, cuyos resultados ignora hasta el propio afectado. 'No sé nada, nadie me ha comunicado nada', subraya Balaguer. La única consecuencia de la polémica es el retraso en la adjudicación de la segunda fase de la obra. Del destino de la primera subvención, oficialmente, no hay noticias, pero sí dos datos objetivos, y no refutados: el camino de La Foia no ha sido acondicionado y, por el contrario, sí el vial que pasa por terrenos propiedad de Balaguer.

El alcalde ha jalonado el presente mandato con otra iniciativa no menos sorprendente: un Plan General de Ordenación Urbana que Patrimonio ha paralizado por no garantizar la conservación del patrimonio arquitectónico de la localidad, declarada Bien de Interés Cultural desde 1985 (Julio 2002).

LA DIMISIÓN DE UN EDIL AGRAVA LA CRISIS DE LOS POPULARES DE VINARÒS

Las diferencias entre los integrantes del Partido de Vinaròs se han trasladado al Ayuntamiento de la localidad castellonense, donde el primer teniente de alcalde ha sido destituido, mientras que otro edil ha dimitido de sus responsabilidades. El presidente provincial del Partido de Castellón, Carlos Fabra, manifestó su apoyo incondicional al alcalde, Jacinto Moliner, y ha advertido que 'las puertas del Partido están abiertas para que salga quien no quiera aceptar las normas'. Fabra se refirió así a la situación provocada por la destitución de José Miguel May como primer teniente de alcalde y concejal delegado de Gobernación. A este cese se unió el jueves la dimisión presentada por el concejal de Deportes y Juventud, Javier Chesa (Partido), quien aludió 'motivos profesionales' para abandonar sus responsabilidades en un momento tan crítico.

Durante la última reunión de la ejecutiva local de los populares de Vinaròs se propuso someter a votación la decisión sobre el teniente de alcalde impuesta por Jacinto Moliner, ausente en aquel momento. Sin embargo, el cese de May no fue votado, pese a que hay militantes que discrepan del alcalde. 'Si el alcalde no le dio explicaciones el día que lo nombró tampoco tiene que dárselas ahora que le ha destituido', señaló Fabra, que dijo que 'avala' que ambos se mantengan como concejales sin responsabilidad (Julio 2002).

EL Partido FUERZA LA DIMISIÓN DE JUAN SEVA PARA COLOCAR A EDUARDO ZAPLANA COMO SENADOR TERRITORIAL

El Partido Popular valenciano ha forzado la maquinaria para colocar en el Senado al ex presidente de la Generalitat y recién nombrado ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, que se quedó sin escaño parlamentario después de dimitir como diputado autonómico, con lo que perdió la condición de aforado, aunque como ministro disfruta de una jurisdicción especial por la que sólo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo. Para ello, el Partido ha obligado a renunciar al hasta ahora senador territorial Juan Seva -concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Alicante y persona de la máxima confianza del presidente de los populares valencianos- y a su suplente, Fermín Aliaga -ex alcalde de Sant Vicent del Raspeig y también zaplanista declarado-. Seva declaró que ha atendido una petición del partido y aseguró que lo hace 'con orgullo y honor'.

El portavoz popular de las Cortes, Alejandro Font de Mora, explicó la maniobra -que causó sorpresa incluso en las filas del Partido - como una 'decisión interna' que el grupo parlamentario ha 'considerado oportuna' y ante la que no se siente en la obligación de ofrecer 'ningún tipo de justificación'. Font de Mora añadió: 'Teniendo la raigambre autonómica y viniendo de una posición como la de haber sido presidente de una comunidad autónoma, entendemos que la presencia de Eduardo Zaplana en el Senado representando a nuestra autonomía refuerza la presencia de la Comunidad Valenciana en las más altas instituciones del Estado, al tiempo que se completa una arquitectura de defensa de los intereses de la Comunidad Valenciana en todos los niveles' (Julio 2002).

LA AFILIACIÓN DE INMIGRANTES NO COMUNITARIOS A LA SEGURIDAD SOCIAL DUPLICA A LOS DE LA UE

La afiliación extranjera a la Seguridad Social ha experimentado un cambio radical en los dos últimos años en la Comunidad. Por vez primera, los inmigrantes extracomunitarios, con 41.508 asalariados, dobla la cifra de los europeos asegurados, situada en 20.042 personas. Estos datos, recabados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, revelan que el continente africano aporta a la Comunidad el mayor número de trabajadores, con 15.450 dados de alta. Uno de cada cuatro empleados foráneo en territorio valenciano procede de países africanos. El ritmo que ha alcanzado en los dos últimos años la afiliación global de extranjeros en la Comunidad es espectacular: de 29.192 foráneos afiliados en diciembre de 1999 a 61.550 -en esta cifra no se incluyen los 260 trabajadores extranjeros de los que no consta la nacionalidad- durante el mismo período de 2001. Por lo tanto, el porcentaje de extranjeros asegurados, de fuera y dentro de la Unión Europea, aumentó en un 110% en dos años (Julio 2002).

IMPUTADO EL  ALCALDE DE ORIHUELA

El alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del Partido, ha sido imputado en el proceso que instruye un juzgado por el intento de soborno al ex concejal de ese partido José Meseguer, con el propósito de conseguir de él su voto favorable en la adjudicación de la contrata de basuras a Ángel Fenoll, el empresario condenado por falsedad junto al ex consejero Luis Fernando Cartagena. Fenoll y un ex alcalde pedáneo, Francisco Torrecillas, también están imputados.

La investigación lleva abierta casi cuatro años y, tras numerosas dilaciones, derivó en la imputación de los dos supuestos máximos responsables del intento de soborno: el empresario Ángel Fenoll, -recientemente condenado por falsedad documental junto al ex consejero Luis Fernando Cartagena- y el ex alcalde de La Aparecida, Francisco Torrecillas.

El objeto del presunto cohecho, ocurrido en marzo de 1998, según el ex concejal José Meseguer, era conseguir su voto favorable para conceder la contrata de basuras en la costa oriolana a una empresa de Fenoll. La operación reportaba al industrial más de 75 millones de euros. El gobierno que presidía Medina había quedado entonces en minoría tras el pase al Grupo Mixto de cinco ediles populares que denunciaron varios casos de corrupción en el seno de su partido, y precisaba un voto más para poder formalizar esa adjudicación. Estos cinco concejales críticos, que fundaron el Centro Liberal tras su expulsión del Partido, pidieron 'la dimisión inmediata e irrevocable del alcalde de Orihuela', porque la citación 'confirma que la justicia ha visto suficientes indicios de culpabilidad de Medina en el presunto soborno al concejal José Meseguer'. Asimismo, exigieron la comparecencia urgente de ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, y de su sucesor, José Luis Olivas, porque ambos dirigentes políticos 'fueron puntualmente informados sobre todas las corruptelas que se estaban produciendo en Orihuela'. 'El ministro de Trabajo debe dar explicaciones precisas y concretas sobre cuál fue su actuación en este tema', señaló Miguel Ángel Robles, uno de los ediles que formaron el partido Centro Liberal tras su destitución del gobierno local. Robles se mostró tajante al pedir responsabilidades a los altos cargos de la Generalitat y acusó a Zaplana de complicidad con sus correligionarios. 'En una de las reuniones que tuvimos en Valencia para abordar ese asunto, el señor Olivas llegó a reconocer que lo único importante eran los votos', añadió Robles, quien recordó algunos de los escándalos que comunicaron en 1998 a la dirección regional del Partido para atajar la corrupción, entre otros la apropiación indebida por la que fue condenado Cartagena.

Cuatro fueron los protagonistas principales de los hechos que se produjeron, supuestamente, el 8 de marzo de 1998 en una cafetería: el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, el empresario Ángel Fenoll, el alcalde pedáneo Francisco Torrecillas y el edil expulsado del Partido José Meseguer. Los tres primeros ofrecieron supuestamente al último 48.000 euros y una remuneración mensual de 1.500 euros a cambio de su voto favorable en la adjudicación a una empresa de Ángel Fenoll de la contrata de basuras para la zona costera de Orihuela. Según indican varias grabaciones de audio y vídeo en poder del juzgado, a ese encuentro supuestamente acudió también el concejal y ex diputado autonómico del Partido Manuel Lorente, y en varios pasajes de las grabaciones, realizadas por el propio Meseguer (el audio) y por unos detectives (el vídeo), se cita al ex diputado provincial Pedro Barrios, amigo de Fenoll (Julio 2002).

DETENIDO UN ALCALDE DEL Partido POR VENDER CARNÉS DE CONDUCIR

La Guardia Civil ha desmantelado en Alicante una red dedicada a la venta de exámenes para obtener el carné de conducir a inmigrantes y personas con dificultades para comprender el castellano a cambio de 1.200 euros. El alcalde de la pequeña localidad alicantina de Benimarfull, Francisco Jordá Frau, del Partido, y propietario de una cadena de autoescuelas en Alcoy fue detenido acusado de ser el cerebro de la trama.

Frau, presidente a su vez de la Asociación Provincial de Autoescuelas, dejó la alcaldía tras destaparse la estafa. Sus dos hijos, F. J. P, de 32 años, y P. J. P., de 29 años, también han sido arrestados como supuestos miembros de la red (Agosto 2002).

EL TSJ ANULA LA NUEVA ZONA LÚDICA DEL PUERTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA

El controvertido proyecto para construir un complejo lúdico sobre 31.000 metros cuadrados de suelo junto al puerto deportivo de Guardamar del Segura no saldrá a la luz. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha resuelto 'anular los actos administrativos' por los que el Ayuntamiento, gobernado por el Partido, aprobó el pliego de condiciones del concurso y su adjudicación. En la sentencia el TSJ considera que dichos actos 'son contrarios a derecho' y estima las alegaciones que en su día presentó el PSPV.

Cuatro son las consideraciones que ha seguido el Tribunal Superior de Justicia para dictar un fallo favorable al recurso: la indefenición del objeto del proyecto, la ausencia de una fianza acorde con la envergadura de este programa, la imprecisa clasificación del contratista y la inexistencia de parámetros urbanísticos que permitan controlar el uso del suelo.

Según consta en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), la fianza que el Ayuntamiento le reclamaba a la empresa también era claramente inferior a lo que estipula la ley. El consistorio se conformaba con 60.000 euros, unos diez millones de pesetas, en lugar de exigir a Alfa Noray el 4% del importe de la inversión prevista, que ascendía a 6.000 millones de pesetas, 36 millones de euros, y habría supuesto unos ingresos de 1,4 millones de euros a las arcas municipales (Septiembre 2002).

ZAPLANA DESTITUYE COMO ASESOR AL UGETISTA ANTÓN SARACÍBAR

El nuevo titular de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha decidido no renovar en su cargo a Antón Saracíbar, antiguo número dos de UGT en la época de Nicolás Redondo y, hasta ahora, asesor del ministro de Trabajo. Saracíbar, histórico luchador antifranquista que estuvo en la cárcel junto a Redondo por luchar por las libertades, prestaba servicios en el ministerio desde mediados de 1994, cuando el entonces ministro socialista José Antonio Griñán lo designó agregado laboral de la Embajada de España en Portugal. Con la llegada del PP al poder, Javier Arenas lo trasladó a Madrid para convertirlo en su asesor, un cargo en el que le han renovado los sucesivos ministros del ramo: Manuel Pimentel y Juan Carlos Aparicio. Hasta que llegó Zaplana (Julio 2002). 

MÁS DEL 80% DE LOS JÓVENES EN ESPAÑA TIENE UN CONTRATO TEMPORAL

El 86,6% de los jóvenes entre 15 y 19 años y el 83% de las españolas de esa edad trabaja con un contrato temporal. Este porcentaje supera en más de 30 puntos la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 55,5% para los hombres y en el 48% de las mujeres en ese tramo de edad. Son datos del último informe sobre precariedad laboral elaborado por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. El país mejor situado en condiciones laborales de los jóvenes es Dinamarca, con una tasa de temporalidad femenina del 17,3%, y del 35% para los hombres de entre 15 y 19 años.

Los datos mejoran levemente en la horquilla de entre 20 a 29 años. En España, un 54,4% de las mujeres de esa edad y un 53,2% de los hombres trabajan con un contrato eventual. La media de la UE se sitúa en el 26% y en el 23,6% respectivamente.

España tampoco sale bien parada en el volumen de contratación a tiempo parcial, al situarse a la cola de los países desarrollados, según datos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Apenas el 8% de los trabajadores realizaba su actividad a tiempo parcial (menos de 30 horas semanales) en 2001, frente al 15% de media de los países de la OCDE (Julio 2002). 

EL SALARIO DE LAS MUJERES ES UN 30% MENOR QUE EL DE LOS HOMBRES

Los salarios de las mujeres españolas son un 30% inferiores como media a los de los hombres, según los datos facilitados por CC OO, que denuncia una discriminación indirecta basada en la subevaluación del trabajo de las mujeres. La central sindical señala, además, que las mujeres ocupan sólo el 18% de los puestos mejor pagados, mientras que constituyen el 43% de la mano de obra (Julio 2002). 

UGT DENUNCIA QUE LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA SUS FONDOS DE FORMACIÓN COMO REPRESALIA A LA HUELGA 

La Guardia Civil está interrogando a dirigentes de UGT sobre el uso que hacen de los fondos de formación. Fuentes de este sindicato lo interpretan como un intento de amedrentamiento tras la huelga general. Se preguntan por qué estos interrogatorios ahora cuando el caso lleva meses abierto. Todo comenzó tan sólo cinco días después del paro general. La Guardia Civil se puso en contacto con el responsable de comercio y hostelería de UGT, Francisco Domínguez,  ya que le querían tomar declaración como testigo. Esa misma semana se presentaron en la sede central de la Federación en Madrid dos guardias que dijeron estar adscritos a la fiscalía de Cádiz. Pidieron todo tipo de detalles sobre el control de los cursos de formación y documentos de los últimos cuatro años. Uno a uno han sido citados en comisaría, donde se han encontrado con agentes del GEISS, el Grupo Especial de Investigación de la Seguridad Social. Según la versión sindical, los policías pidieron todo tipo de detalles sobre el curso, llegando a poner en duda de forma continua que se hubiera celebrado de verdad. Una de las alumnas ha comentado al sindicato que llegó a sentir inquietud porque en el transcurso del interrogatorio el policía no paraba de jugar con la pistola que exhibía sobre la mesa (Julio 2002).

EL PARO SUBE EL 10,5% EN UN AÑO Y SUMA 192.900 PERSONAS MÁS

La situación del mercado laboral en el segundo trimestre ha empeorado respecto de hace un año, como consecuencia del estancamiento económico. La cifra de parados ha aumentado en 192.900, con una subida del 10,5%, la segunda que se produce este año. La tasa de paro se situó en el 11,09%, siete décimas más que un año antes. La creación de empleo roza el 2,3%, el ritmo más bajo desde 1996 y prácticamente igual que en el primer trimestre.

Los datos correspondientes a la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por Estadística, revelan un mercado laboral bastante menos activo que hace un año. La economía ha perdido en este tiempo capacidad para generar empleo, pese a la reforma laboral que el Gobierno aprobó en marzo de 2001 sin el acuerdo de patronal y sindicatos. Con el 2,5% de crecimiento económico en el segundo trimestre de 2001, se creaba empleo a un ritmo del 3,7%. Ahora, con sólo medio punto menos de crecimiento, los puestos de trabajo generados aumentan un 2,3%, 1,4 puntos menos.

Las cifras absolutas también muestran que el mercado de trabajo pierde fuelle. En los últimos 12 meses se han creado 364.000 empleos, cuando un año antes, por las mismas fechas, 571.000 personas encontraron un puesto de trabajo. En 2000, frente a 1999, fueron casi 800.000.

El sector de la construcción, con un aumento del 4,2%, y el de servicios, con un 3,7%, crearon empleo, frente a los recortes en la agricultura (6%) y la industria (0,4%). El empleo femenino tiró con más fuerza (3,8%) que el masculino (1,4%). El total de ocupados ascendió a 16,240 millones, un máximo histórico, con una tasa de temporalidad que se ha mantenido estable en el 31,2%.

El paro ha registrado un espectacular aumento del 10,5% en el segundo trimestre del año, que se añade al 8,6% del primero, en ambos casos respecto del mismo periodo del año anterior. Desde el año 1994 (medias anuales), el desempleo no aumentaba en España.

La subida sitúa la tasa de paro en el 11,09% de la población activa, 0,7 puntos más que un año antes. También en la zona euro creció la tasa media de paro en el segundo trimestre, en dos décimas, hasta el 8,4%, y España se mantiene a la cabeza. El número de parados se situaba al finalizar el segundo trimestre del año en 2,026 millones, 192.900 más que un año antes, y en los niveles más altos desde finales de 2000 (Agosto 2002).

LAS MUERTES POR ACCIDENTE LABORAL SE DISPARAN UN 10% HASTA JUNIO

El número de muertes por accidentes de trabajo se ha disparado un 9,96% en el primer semestre de este año, con 574 fallecidos. Aunque el total de siniestros se ha reducido un 4,36%, los sindicatos denuncian falta de voluntad política para resolver esta lacra, mientras que la Administración admite un déficit de información para combatir la siniestralidad.

Las muertes en el desempeño del trabajo han cobrado gran relevancia este verano, especialmente en Cataluña, donde 18 obreros han fallecido desde el pasado 15 de julio. La crudeza de las cifras no se limita sólo al verano. Entre enero y junio de 2002 se produjo un considerable empeoramiento en la siniestralidad laboral. Los 574 muertos contabilizados suponen un incremento del 9,96% con respecto al mismo periodo de 2001, aunque los 472.104 accidentes totales implican un retroceso del 4,36%. Los sectores que concentran el mayor número de muertes son los servicios (un 47%) y la construcción (24,7%). La construcción, la actividad que ofrece el tipo de accidente más conocido, registró un aumento del 16,39% en las muertes entre enero y junio.

Los accidentes laborales en España suponen una parte muy importante del total de la Unión Europea. Los países comunitarios registran al año unos 5.500 fallecimientos en el trabajo, según datos del año pasado. España aportó en 2001 un total de 1.030, lo que arroja el espectacular resultado de uno de cada cinco. La comparación europea de la siniestralidad genera controversia entre el Gobierno y los sindicatos. La Administración insiste en que la metodología española para medir los accidentes es mucho más estricta que la de otros países y, por tanto, la comparación es injusta para España. Así, por ejemplo, en la mayor parte de los países europeos se excluyen los accidentes in itinere, es decir, en el trayecto de ida o vuelta al trabajo. También en España se ofrecen separados. Muchos Estados obvian asimismo las patologías no traumáticas, algo que no ocurre en España. Los sindicatos se escudan en que estos datos están homologados oficialmente (Agosto 2002). 

UN JUEZ CUESTIONA EL 'DECRETAZO' ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El juez de lo social de Badajoz Antonio Seoane ha elevado al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre el tratamiento de los salarios de tramitación en el decretazo sobre medidas urgentes para la protección del desempleo. El juez ha dejado en suspenso la sentencia de un caso de despido acordado tres días después de aprobarse la citada norma, al entender que el decretazo vulnera los derechos constitucionales a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y al trabajo, y la reforma del despido requiere una ley.

El titular del juzgado de lo social 2 de Badajoz, Antonio Seoane, ha dictado el primer auto que se conoce en España cuestionando el decretazo por vulneración de cuatro preceptos constitucionales, en un caso de despido de un trabajador de Ambulancias Cooperativa Extremeña S. L., en el que ha sido parte Comisiones Obreras de Extremadura.

El juez Seoane explica en su resolución que antes el despido declarado improcedente concedía al empleador una opción entre la readmisión o el abono de una indemnización resarcitoria. Además, 'en todo caso', cualquiera que fuese el sentido de la opción debía satisfacer los salarios de tramitación. Ahora, tras el decretazo, sólo procede el abono de los salarios de tramitación si el empleado opta por la readmisión. Es decir, los salarios de tramitación 'pasan a devengarse en unos casos sí y en otros no, radicando en ello la desigualdad en el trato'.

Con la nueva norma, según el auto del juez, dos trabajadores despedidos por la misma empresa y en el mismo día podrán ser compensados por despido improcedente 'de diferente manera y con indemnizaciones cualitativa y cuantitativamente distintas'.

Esta diferencia de tratamiento no se hace depender de una decisión judicial, ni de una decisión de un tercero, sino 'de la pura y simple decisión del empresario', lo que constituye una diferencia de trato 'arbitraria' y que no se acomoda al derecho a la igualdad del artículo 14 de la Constitución.

El juez considera que el intento de 'compensar' la falta de salarios de tramitación cuando se opte por la indemnización con el devengo desde la fecha del despido de las prestaciones por desempleo resulta 'imposible', ya que salarios de tramitación y prestaciones por desempleo son 'inequiparables' tanto por su cuantía como por el sujeto que las abona.

El juez cuestiona también la nueva normativa por considerar que infringe el derecho del trabajador a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución. 'El trabajador se ve inmerso en un procedimiento judicial cuya finalización no puede prever'. 'El procedimiento está trucado', asegura el juez Seoane, 'en la medida en que la ley determina que sea el empresario el que determine, arbitrariamente, la extensión de su propia condena, algo verdaderamente insólito en nuestro ordenamiento. Más condena si opta por readmitir (salarios de tramitación incluidos) o menos condena si opta por indemnizar (salarios de tramitación excluidos)'. El juez agrega que el real-decreto vulnera el derecho al trabajo del artículo 35 ya que altera de forma sustancial el orden laboral 'al sentar una política legislativa favorecedora de la extinción contractual y de que la opción empresarial se decante por la rescisión indemnizada'. Y añade que la opción de readmisión 'se va a convertir, es ya, una opción meramente formal (...), irreal e ilusoria'. También considera que el Gobierno puede haber infringido la Constitución al regular por decreto-ley una materia reservada a ley como es el despido (Agosto 2002). 

EL PARO SUBE EN AGOSTO. EL DESEMPLEO SE HA INCREMENTADO EN 92.995 PERSONAS DESDE SEPTIEMBRE DEL AÑO PASADO

El paro ha quebrado en agosto una tendencia de bajadas iniciada en marzo y que se había mantenido durante cinco meses consecutivos, llevando la tasa de paro del 9,75% al 8,54%. El registro en las oficinas del Inem arroja un saldo de 3.553 desempleados más (un 0,23%). Los contratos fijos caen un 8,24% respecto a agosto de 2001, mientras que, a lo largo de los últimos 12 meses, el paro ha aumentado en 92.995 personas.

El inicio en agosto del proceso de incremento del paro confirma el estancamiento de la economía, ya que en años positivos para el empleo la subida por razones estacionales no empieza hasta el mes de septiembre con la incorporación de demandantes del primer empleo. La subida de 3.553 nuevos desempleados coloca la cifra total de parados registrados en el Inem en 1.552.000 y la tasa sobre población activa se sitúa en el 8,55%, según los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo.

El incremento de agosto supone algo menos de la mitad que en el mismo mes del año pasado (7.538), pero contrasta con las reducciones experimentadas en ese mismo periodo de la última década. Con ello la evolución interanual arroja un aumento de 92.995 parados más.

La construcción y la industria son los sectores que concentran la evolución más negativa y los servicios no han podido compensar los aumentos en esos sectores. Son 10.349 (6,42%) los parados que engrosan el registro en la construcción y 8.658 (3,51%) en la industria. En el colectivo que busca su primer empleo se produce una reducción de 7.523 personas (3,36%), en los servicios de 6.955 (0,8%) y en la agricultura de 976 (2,48%).

El desempleo femenino se ha reducido en 12.483 personas (un 1,34% menos que el mes anterior), con lo que la cifra total se sitúa en 918.588 paradas, pese a lo que la tasa sigue en el elevado nivel del 12,63%. El desempleo entre los hombres se incrementa en 16.036 (2,6%) y el número total queda en 633.414, con una tasa del 5,76% respecto a la población activa. Entre los jóvenes menores de 25 años, el desempleo baja en agosto en 598 personas (0,25%), lo que coloca la tasa de desempleo en el 10,46% en ese grupo de edad.

España sigue siendo el país de la UE con más desempleo, mientras que el más bajo se da en Luxemburgo (2,4%) y Holanda (2,8%). Los países de la Eurozona tenían el pasado mes de julio una tasa de paro del 8,3%, tres puntos por debajo de la registrada en España por esas mismas fechas, que era del 11,3%, según datos facilitados en Bruselas por Eurostat, la Oficina de Estadísticas de la UE que toma como referencia el dato de la Encuesta de Población Activa (EPA) y no el paro registrado en el Inem difundido en Madrid.

El nivel de desempleo de la Eurozona permaneció inalterado entre junio y julio, mientras que en España creció en un 0,1%. La tasa de paro del conjunto de países de la UE es del 7,7%, algo que menor que la de los Estados que se han sumado al euro. Frente a la tasa del 8,3% de España, se dan cifra muy inferiores en Austria (4,1%), Dinamarca (4,3%), Portugal e Irlanda (4,5%), Suecia (4,9%), Bélgica (6,9%), Alemania (8,3%), Francia (8,9%) y Finlandia (9,3%).

El registro de contrataciones ratifica la mala racha del empleo, ya que se ha producido una reducción del 4,01% respecto a agosto de 2001, con un total de 1.019.106 contratos suscritos en el Inem durante el mes pasado. La caída es bastante más acusada en la contratación fija, y supone un 8,24% menos que en igual mes del año anterior. Del total de nuevas relaciones laborales, son 78.792 los contratos indefinidos, el 7,73%, frente a porcentajes que llegaron a superar el 10% algunos meses tras la reforma de 1997.

La contratación acumulada en los ocho primeros meses de 2002 es mayor que en el mismo periodo de 2001, con una suma de 9.306.834, un 1,55% más. De ellos, son indefinidos 849.374, un 0,21% más que en igual periodo del año pasado (Septiembre 2002).

SINIESTRALIDAD LABORAL: DURÁN AFIRMA QUE EL GOBIERNO IGNORA SU PLAN SOBRE SINIESTRALIDAD

El ex presidente del Consejo Económico y Social (CES), Federico Durán, autor de un informe sobre seguridad laboral encargado por el Gobierno hace dos años, lamenta que las administraciones públicas no hayan aplicado las propuestas contenidas en el informe elaborado por el organismo y entregado en marzo de 2001.

Durán recibió el encargo de hacer un estudio con propuestas concretas para reducir el número de accidentes laborales. 'Las propuestas del informe todavía no se han puesto en marcha', afirmó Durán, que agregó que 'en la práctica el informe no ha tenido la incidencia que hubiera debido tener'.

El informe Durán realizaba propuestas como dotar de más medios a la Administración, incrementar el rigor de las mutuas de trabajo o incluir a los autónomos entre los colectivos sujetos a las medidas de prevención, además de una mayor coordinación entre la empresa que subcontrata las obras con las subcontratadas e introducir la seguridad laboral en los temarios educativos de la escuela. Tras recalcar que ninguna de estas medidas se ha aprobado, Durán afirmó: 'Creo que el informe ha tenido una acogida razonable, pero la puesta en práctica no se está realizando con la agilidad que hubiera debido de tener'.

La escalada de accidentes ha sido especialmente intensa en Cataluña, donde en sólo mes y medio han muerto 22 trabajadores por accidente laboral (Septiembre 2002).

EL PRESIDENTE DEL CES CONSIDERA QUE LA REFORMA DE LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO 'NO ES IMPECABLE, ES MEJORABLE'

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Jaime Montalvo, opina que la reforma de la protección por desempleo aprobada por el Gobierno 'no es impecable y es mejorable', aunque precisó: 'Ni aplaudo toda la reforma ni todas las críticas que se le han hecho'. En este sentido, añadió que la reforma contiene medidas que 'podrían haberse planteado de otra forma' y consideró que 'no todas las medidas valen lo que cuestan' y que 'por muy explicables que sean desde el punto de vista de un modelo económico', hay ocasiones en las que a la hora de aplicarlas 'sirven para poco'.

Montalvo hizo estas consideraciones durante el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid La nueva España laboral, donde habló de los Nuevos paradigmas en el Diálogo Social (Septiembre 2002).

EL MAYOR CONTINGENTE DE LOS 10.000 VENDIMIADORES ANDALUCES PARTIÓ CON DESTINO A FRANCIA

Enrique López empezó a ir a la vendimia francesa con sólo 16 años. Hoy ya tiene 47, pero la necesidad económica sigue siendo la misma. Nunca le ha importado coger las maletas con tal de echar los jornales que no encuentra en su pueblo, Los Corrales (Sevilla). Pero este año no se va como si tal cosa, lo hace cabreado con el Gobierno por las críticas vertidas hacia los jornaleros andaluces para justificar la nueva reforma laboral y el famoso decretazo. 'Que luego no diga Aznar que somos vagos; no nos vamos por gusto a 1.400 kilómetros de nuestra casa', exclama este jornalero sevillano.

Como Enrique -que marcha a Francia acompañado de su hija Mati, de 18 años, que se estrena como temporera- otro millar de vendimiadores andaluces partió hacia las viñas del sur francés en el mayor éxodo de la campaña. El resto, hasta completar los 10.000 vendimiadores andaluces -de un total de 15.000 en toda España-, saldrán en los próximos días para echar entre 20 y 30 días de trabajo. La mayoría de ellos lo hace a bordo de los autobuses de la empresa Torralbo, convertida desde hace ocho años en el principal referente de los vendimiadores andaluces a la hora de elegir el transporte.

Varios sindicalistas de UGT esperaron a los vendimiadores en Bailén (Jaén), lugar donde hicieron un alto para el almuerzo los autobuses procedentes de Sevilla, Cádiz, Córdoba y otros puntos de Andalucía. Lo hicieron para repartirles folletos informativos con todos los derechos que deben reclamar a los empresarios del país vecino. Se les recuerda que ningún trabajador podrá cobrar menos de 6,83 euros por hora (que es la cantidad del salario mínimo interprofesional francés), de las prestaciones familiares que podrán percibir del Gobierno francés y de otros trámites burocráticos. Sin embargo, el folleto apenas dedica dos líneas a las condiciones de habitabilidad. Y es que, 'ya quisieran los empresarios españoles ofrecer unos alojamientos tan dignos como los franceses', asegura el sindicalista Antonio Gómez.

Pese a los avances de los últimos, los vendimiadores no pueden evitar el largo viaje, de más de 24 horas en autobús. 'No nos queda otra solución, es una época donde no hay trabajo en nuestro pueblo', indica, mientras se come un racimo de uvas, Antonio Mohedano, que viaja con un grupo de vendimiadores de Fuente Palmera (Córdoba). Entre los expedicionarios hay muchos adolescentes que han cambiado las aulas por el oficio de cortadores en las viñas francesas. Como Baldomero, que viaja con sólo 17 años desde Fuente Carretera (Córdoba) o Manuel Jesús, éste ya mayor de edad, que lo hace tras haberse quedado en el paro en la construcción y 'por el incierto futuro del decretazo para los más jóvenes', se lamenta. En cambio, su padre, Rafael Lucena, tiene un motivo para estar más contento: el año que viene, al cumplir los 52 años, podrá tener derecho a un año de subsidio agrícola, 'una limosna que da el Gobierno a Andalucía', puntualiza.

Muchos vendimiadores se ven obligados a dejar a sus hijos pequeños en la red de guarderías temporeras que la Junta abre en los municipios con mayor número de temporeros. Aunque algunos, como la familia de Cristóbal Merino, de Los Corrales (Sevilla), han tenido que echar mano de su suegra ante la ausencia de guardería (Septiembre 2002). 

LOS ACCIDENTES LABORALES SE COBRARON 674 VIDAS HASTA JULIO, UN 9% MÁS QUE EN 2001

La siniestralidad laboral sigue creciendo en España. Un total de 674 personas murieron en accidente de trabajo durante los siete primeros meses del año, 54 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un aumento del 8,7%, según los datos presentados  por el secretario de Salud Laboral de CCOO, Joaquín Nieto. En total, el número de accidentes laborales registrados hasta el mes de julio ascendió a 550.558 siniestros, lo que supone un descenso del 4,96% en términos globales, pero, en cambio, los siniestros mortales aumentaron.

Más de un tercio de las muertes se produjeron en accidentes de tráfico, lo que sitúa al transporte como «la principal razón» de la mortalidad en el puesto de trabajo. «Los desplazamientos elevan el riesgo y, aunque los empresarios y el Gobierno digan que el tráfico no tiene que ver en la organización del trabajo, eso es absolutamente falso», señaló Nieto.

Con respecto a los sectores más afectados, destacan los accidentes en el sector servicios, con un repunte del 24,6% y la construcción (+15,5%), mientras que en la industria (-0,8%) y la agricultura (-24,6%) registraron descensos respecto a 2001 (Septiembre 2002).  

ZAPLANA Y  LA GESTIÓN PRIVADA DE SERVICIOS PÚBLICOS

El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana quiere impulsar un debate sobre la entrada de la gestión mixta (pública y privada) en los servicios públicos, entre los que están el sistema de pensiones y el desempleo. Ahora que existe un periodo de tranquilidad sobre la viabilidad de la Seguridad Social, cree que es el momento para abrir una reflexión sobre 'cómo se van a garantizar los sistemas de protección social' en el futuro y que se haga 'sin miedo'.

En su primera comparecencia en el Parlamento Zaplana quiere abrir una “ reflexión “sobre los sistemas públicos de protección social, con 'algunas fórmulas novedosas que han dado buenos resultados en la Comunidad Valenciana', de la que fue presidente hasta el pasado 9 de julio. Zaplana aseguró que se trata de 'uno de los retos de mi departamento', y ahora que la Seguridad Social tiene 'garantizada la viabilidad y el superávit al menos hasta el año 2015'. El ministro cree que esos datos permiten que estemos ante 'en un periodo de tranquilidad suficiente' para reflexionar sobre su futuro.

Esas fórmulas novedosas no pasan por privatizaciones, pero sí por introducir la gestión mixta en algunos servicios públicos y prestaciones sociales (Septiembre 2002). 

LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL BAJÓ EN AGOSTO

El número de afiliados a la Seguridad Social disminuyó en agosto en 50.000 personas respecto al mes anterior, lo que supone un descenso del 0,3%, con lo que el total de afiliados se sitúa en 16.277.000 trabajadores, según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Esta cifra rompe una racha de seis meses consecutivos de crecimiento de la afiliación (Septiembre 2002). 

MANIFESTACIÓN SINDICAL CONTRA EL DECRETAZO

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT comienzan en Madrid una pegada de carteles para anunciar la manifestación que ambas centrales han convocado para el próximo 5 de octubre contra el decretazo del Gobierno, que establece el nuevo sistema de protección del desempleo y que ya provocó una huelga general el pasado 20 de junio.

Precisamente, CC OO denunció que 85.829 trabajadores despedidos de forma improcedente han perdido sus salarios de tramitación durante los meses de junio, julio y agosto, los tres que lleva en vigor el decreto que reforma el sistema de protección del desempleo. Durante los próximos días, ambas centrales desarrollarán actos similares en los restantes distritos de Madrid (Septiembre 2002).

ZAPLANA Y LA FLEXIBILIDAD DEL DESPIDO

El flamante ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, defiende  la necesidad de abrir un debate sin plazos sobre la flexibilidad y el coste del despido. Una afirmación que provocó una contundente respuesta de los sindicatos y que el ministro se vio obligado a matizar. Las centrales UGT y CC OO aseguraron que, si el Gobierno adopta alguna medida en ese sentido, se encontrará con 'una movilización contundente'. En unas declaraciones posteriores, Zaplana precisó que el Ejecutivo no tiene intención de abrir ninguna reflexión sobre la regulación del despido.

El ministro Zaplana desató la cuarta polémica de su breve mandato como ministro de Trabajo al asegurar que 'hay algunos debates que, en este país, no sé por qué, tenemos especialmente miedo a plantear y que es un error'. En concreto se refería a un debate sobre el abaratamiento del despido, planteado por el economista Ramón Tamames en un desayuno de Fórum Europa organizado por Nueva Economía y Europa Press, y sobre el que el titular de Trabajo admitió que, mientras se está abriendo en otros países, en España no se está planteando.

'Cuando estamos en periodos de tranquilidad, de serenidad', añadió, 'cuando no tenemos que tomar una medida acuciante para mañana, yo creo que esos diálogos sobre cuestiones tremendamente complejas y conflictivas, desde el punto de vista del debate, son necesarios'. Sobre una eventual reforma de la normativa que regula los convenios colectivos, Zaplana aseguró que 'el Gobierno ha demostrado que cuando tiene que hacer una cosa, la hace', y que intentará hacerla desde el diálogo.

Con estas nuevas declaraciones es ya la cuarta vez que Zaplana, en su etapa de ministro de Trabajo iniciada hace algo más de dos meses, se ve inmerso en una polémica y obligado a enmendar anteriores declaraciones. La anterior se produjo el pasado 10 de septiembre cuando, en el Parlamento, propuso un debate para introducir la gestión mixta (pública y privada) en los servicios públicos y que requirió una aclaración de que eso no incluía a las pensiones de la Seguridad Social.

El 30 de julio, en la reunión con los sindicatos para explicarles las líneas generales de los Presupuestos Generales de 2003, Zaplana mostró su disposición a abrir una negociación sobre el salario mínimo interprofesional requerida por las centrales para una sensible mejora. Otros miembros del Ejecutivo negaron que exista ese propósito, ya que se abrirá un mero periodo de consultas para comunicar que el salario mínimo aumentará en 2003 tan sólo lo que la inflación prevista (el 2%). En relación a la violencia doméstica, descalificó hace tres semanas la proposición de ley presentada por el PSOE, para al final tener que aceptar debatir una propuesta con todos los grupos políticos (Septiembre 2002). 

EL PARO REGISTRADO SE INCREMENTÓ EN SEPTIEMBRE EN 38.262 PERSONAS. LA TASA DE DESEMPLEO SE SITÚA EN EL 8,71% DE LA POBLACIÓN ACTIVA

El paro registrado en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) subió en septiembre pasado en 38.262 personas, lo que situó el total de desempleados en 1.590.264, el 8,71% de la población activa.

Septiembre es el segundo mes de subida consecutiva del desempleo, después de que en agosto se registraran 3.553 parados más. En el mismo mes del año anterior, el paro se incrementó en 29.544 personas.

Según datos avanzados por el Ministerio de Trabajo, el mes pasado se registraron 104.191 contratos indefinidos, lo que representa el 8,78% del total y un incremento del 6,32% sobre el mismo mes de 2001. En lo que va de año, se han suscrito 953.565 contratos indefinidos, esto es 7.959 (0,84%) más que en el mismo periodo del año anterior.

Además, del total de contratos indefinidos registrados el pasado septiembre, 75.418 se suscribieron al amparo de la reforma laboral, aprobada en marzo de 2001.

El pasado septiembre, el paro subió en todas las comunidades autónomas (salvo en Cataluña y La Rioja) y en todas las provincias, menos en siete, encabezadas por Barcelona, Almería y Guipúzcoa. La tasa de empleo masculino alcanza el 5,83%, mientras que la femenina se sitúa en el 13,05%, la menor tasa desde 1979 (Septiembre-Octubre 2002).  

LOS SALARIOS DE LOS NUEVOS CONTRATOS SON UN 30% INFERIORES A LOS DE ANTIGUOS TRABAJADORES

Los nuevos contratos que incorpora la Seguridad Social son más precarios y con más bajos salarios que los antiguos. Un estudio de la Tesorería General indica que en el año 2001 las bases de cotización (salario) en el nuevo empleo se situaban en 868 euros mensuales, frente a la base media de 1.387 euros para la población de cotizantes preexistentes, es decir, más de un 30% inferior. Los contratos fijos son prácticamente marginales, y, de las nuevas incorporaciones al sistema público de protección, el 76,62% lo forman personas con contratos temporales a jornada completa o parcial.

El informe ha sido realizado sobre una muestra de 453.287 entradas en la Seguridad Social correspondientes al primer semestre de 2001 y contiene datos solicitados por UGT en el Consejo General del Instituto Nacional de Seguridad Social para conocer los efectos de la rotación y encadenamiento de contratos. Las conclusiones del documento constatan la paulatina precariedad del mercado de trabajo y sus efectos negativos para la Seguridad Social.

A la eventualidad de los nuevos contratos se suma que cuentan con salarios más bajos y consecuentemente tienen unas bases de cotización al sistema público también inferiores. En los contratos de personas que acceden a su primer empleo la diferencia es más acusada en relación a la media de empleados preexistentes. Es un 41,39% inferior cuando corresponde a trabajadores de empresas con menos de cinco empleados y el 36,3% más reducido en empresas de más de 500 trabajadores. Para personas con experiencia que encuentran empleo después de estar más de 12 meses en paro, su cotización es inferior un 24,9% que la media en las empresas más pequeñas y un 36,04% en las empresas de mayor tamaño.

La falta de estabilidad en la contratación es otra de las conclusiones que constata el estudio, y en las incorporaciones de cotizantes a la Seguridad Social se produce un porcentaje similar al de nuevos contratos registrados en el Inem. El sistema público cuenta con un escaso nivel de contrataciones de carácter indefinido y que suponen un 12,74% del total. Esa cifra incluye tanto los nuevos trabajadores fijos que cuentan con jornada completa (el 8,70% del total) y los que tienen jornada a tiempo parcial (4,04%). El porcentaje es algo superior (10,81%) cuando se trata de trabajadores con experiencia que han estado en paro más de 12 meses y que vuelven a encontrar empleo, mientras que es más reducido para quienes acceden a su primer empleo, colectivo entre el que sólo un 6,44% accede al mercado laboral con contrato fijo. Una clara mayoría de los nuevos cotizantes de la Seguridad Social son eventuales (el 76,62% del total), tanto a jornada completa (50,51%) como a jornada parcial (26,11%). El estudio refleja que se está produciendo un aumento de las relaciones laborales a tiempo parcial, que supone un 26,11% de los temporales y un 4,04% de los indefinidos, mientras que un año antes esos porcentajes se situaban en el 21,26% y 3,45%, respectivamente, en detrimento de la contratación temporal a jornada completa, que ha pasado del 55,64% al 50,51% (Septiembre-Octubre 2002). 

EL GOBIERNO DA MARCHA ATRÁS EN EL 'DECRETAZO', SALVO EN EL SUBSIDIO AGRARIO

El Gobierno, a través del Grupo Popular, introduce cambios sustanciales en el decretazo. Las 24 enmiendas aceptadas por el PP recogen siete de las ocho modificaciones exigidas por los sindicatos. Las centrales consideraron que se trata de 'una restitución de derechos', con una excepción, las restricciones al subsidio agrario, que el Gobierno quiere mantener. El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, cumple así su compromiso de la semana pasada y abre una vía para solucionar el conflicto con CC OO y UGT que el Ejecutivo arrastra desde la huelga general del 20 de junio.

El PP presentó 30 folios con enmiendas al decretazo. Se trata de un hecho insólito. Los decretos-ley enviados hasta ahora por el Ejecutivo al Parlamento para tramitarlos como leyes han sufrido sólo leves retoques. En esta ocasión, el Gobierno acepta 24 modificaciones sustanciales que el ministro Zaplana explicó a los líderes de CC OO y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez.

Los cambios restituyen el derecho al salario de tramitación (que se devengará mientras la justicia falla si el despido es improcedente), así como la protección al desempleo para los trabajadores fijos discontinuos, y suaviza las condiciones para que los parados se vean obligados a aceptar ofertas de empleo del Inem (Octubre 2002). 

LOS INSPECTORES DE TRABAJO CUESTIONAN EL PLAN DE ZAPLANA CONTRA LA SINIESTRALIDAD LABORAL

La Asociación Profesional de Inspectores de Trabajo, que representa a la mayoría (80%) de los 700 funcionarios de plantilla, ha decidido denunciar la 'nula voluntad' del Gobierno para hacer frente a la falta de medios de este cuerpo, encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La queja, contenida en un documento aprobado el 3 de octubre, cuestiona el plan de choque contra la siniestralidad que el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha presentado a sindicatos y patronal.

'Que no se lleve a engaño a los agentes sociales y a los ciudadanos con un plan que maquilla la realidad', advierte la asociación. La escasez de recursos y efectivos de la Inspección de Trabajo es una de las quejas recurrentes de los sindicatos cuando abordan la cuestión de la siniestralidad laboral, una de las lacras del sistema productivo. Según las estadísticas comunitarias, España acumula una quinta parte de las muertes por accidentes de trabajo que se registran en la UE: en 2001 fallecieron 1.030 personas. No obstante, desde la Administración se destacó en su momento que las estadísticas nacionales incluyen las muertes durante el desplazamiento al lugar de trabajo, lo que no se contabiliza en la mayoría de los países europeos.En el primer semestre de este año, la cuenta no dejó de crecer: hasta junio murieron 574 trabajadores, un 10% más que en el mismo periodo de 2001. Una situación que llevó a sindicatos y oposición a criticar este verano la política del Gobierno. Hace un mes, el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, reaccionó y anunció para una reunión de la mesa sobre siniestralidad, en la que se sientan el Ejecutivo, sindicatos y patronal. El foro llevaba más de un año sin convocarse.

'Edificios ruinosos, Inspecciones Provinciales repartidas en varios inmuebles, falta de programas informáticos, de líneas telefónicas y de personal administrativo de apoyo...'. La junta de gobierno de la asociación profesional decidió hace una semana poner por escrito 'las deficiencias de inversión pública' que les obliga, en ocasiones, a 'sufragar gastos de su bolsillo'. Un documento que hacen público ante la falta de respuesta del Ministerio y que deja en evidencia la escasez de la plantilla: apenas 700 funcionarios, según las cuentas de la asociación, cuando el volumen de accidentes laborales ronda el millón, y sólo una parte del cuerpo 'patea la calle' en palabras de un inspector.

'Lo que no sabe la sociedad española es que los medios de los que disponen son más propios de una Inspección del siglo pasado. Falta una organización adecuada, es deficiente la planificación del trabajo, escasa la informatización e insuficientes los medios humanos, materiales y de información', insiste el escrito. La asociación profesional mantiene que el Ministerio había llegado a un 'compromiso de solución', pero que aquello sólo se tradujo en 'una nueva figura vacía de contenidos y medios'.

A cambio de ese 'compromiso de solución', la asociación asegura que los inspectores 'con la misma retribución de hace años', han incrementado el número de visitas a empresas. Los funcionarios también reprochan un sistema de retribución 'con claros visos de ilegalidad', al condicionar un tercio de los ingresos al número de sanciones propuestas.'No se hacen cargo ni del seguro de accidentes de nuestros coches, que ponemos 24 horas al servicio de la Inspección', lamenta uno de los funcionarios. Un panorama de 'desánimo y desmotivación' que, según la asociación, contrasta con la 'potenciación de organismos como la Tesorería General de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria' (Octubre 2002). 

UNA SENTENCIA AFIRMA QUE EL 'DECRETAZO' FOMENTA DESPIDOS ARBITRARIOS

Un juez de Barcelona considera, en una sentencia por la que declara nulo el despido de un trabajador de la construcción, que el real decreto ley 5/2002, el decretazo, provoca despidos que 'vulneran derechos fundamentales'. El titular del Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona se refiere en concreto a la supresión de los salarios de tramitación de los despidos declarados improcedentes, medida incluida en el decretazo, que provoca el 'indiscutible abaratamiento' de los despidos disciplinarios e 'incentiva' un 'uso abusivo' y 'en fraude de ley' de estos despidos.

El juez llega a esta conclusión a la hora de analizar la demanda de un peón de la construcción, Said H., contra la empresa que le despidió de forma verbal 'porque no tenía más trabajo para darle'. El empleado pidió que su despido fuera declarado nulo o, de forma alternativa, improcedente. La sentencia declara nulo el despido, no sólo en este caso particular, sino todos los despidos verbales, y además recupera una 'figura jurisprudencial' aparcada por el Tribunal Supremo en 1993: el 'despido radicalmente nulo por fraude de ley'.

El juez señala que 'habitualmente' la práctica judicial 'viene calificando los despidos verbales como improcedentes'. Sin embargo, añade que el decretazo ha vuelto a 'reformar sustancialmente el régimen jurídico de despido disciplinario', lo que obliga a replantearse la clasificación de los despidos verbales. El cambio 'más trascendente' introducido por el decretazo, señala, es 'la supresión de los salarios de tramitación en las condenas que declaren la improcedencia del despido' en caso de que la empresa opte por indemnizar al trabajador en lugar de readmitirle en su puesto de trabajo, lo que 'ha generado una notable contestación política, sindical y doctrinal'.

Para el juez, con el fin de 'evitar este uso abusivo' de los empresarios, no hay duda que 'resulta más adecuada y más eficaz la sanción de nulidad de los despidos verbales -que conlleva la readmisión y, por tanto, la estabilidad en la ocupación que quiere defrau-darse- que no el resultado que pretende precisamente quien defrauda: la declaración de improcedencia con el consiguiente abaratamiento de los salarios de tramitación' (Octubre 2002). 

LA DENEGACIÓN DEL SUBSIDIO AGRARIO CRECE UN 72% DESDE JUNIO

Según los datos recogidos en un informe del Ministerio de Trabajo, éste ha denegado 9.450 solicitudes de subsidio agrario en Andalucía y Extremadura durante los cuatro primeros meses de aplicación del decretazo (de junio a septiembre), lo que supone un incremento del 72% respecto al mismo periodo de 2001. Trabajo admite que el incremento de respuestas negativas tiene su origen parcialmente en la reforma, aunque 'en buena medida' se debe también al 'reconocimiento de solicitudes del derecho transitorio del sistema, con un alto porcentaje de denegaciones, que estaban pendientes' desde mayo.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, declara  que el Gobierno 'tiene clarísimo' el esfuerzo que ha realizado en la rectificación del decretazo y 'que ha llegado hasta donde podía, en referencia a las demandas de los sindicatos para que anule la supresión del subsidio agrario (Octubre 2002). 

ENCIERRO DE 200 ALCALDES Y SINDICALISTAS EXTREMEÑOS CONTRA LA SUPRESIÓN DEL PER

Las voces de los 200 alcaldes y sindicalistas encerrados en las diputaciones de Cáceres y Badajoz para reclamar al Gobierno de Aznar la restitución del subsidio agrario para los jornaleros mezclan tanto una reivindicación salarial 'justa' como la propia supervivencia de los pueblos. 'La gente no puede vivir sin el PER', dijo Arsenio Gómez, alcalde de Santa Cruz de Paniagua, para subrayar el drama que se cierne sobre esta pequeña población. 'En mi pueblo hay poco para vivir. Sin subsidio, los jóvenes se largarán. La aceituna da poco de sí', se lamentaba un joven sindicalista, consciente del futuro que se avecina en un medio rural sin PER.

Hay toda una economía doméstica sustentada con el subsidio al fondo. Juan Francisco Moreno, alcalde de Torrecilla de la Tiesa, conoce bien que el subsidio agrario no es sólo fuente de ingreso para los jornaleros, sino también para el sector servicios. 'Repercute en los bolsillos de los comercios, que dependen del PER'.

En Badajoz se dieron cita los secretarios regionales de UGT y CC OO, Miguel Bernal y Valentín García, que desde hace meses recuerdan que el subsidio no es sino una contraprestación moral para un medio rural esquilmado (Octubre 2002). 

EL PARO REGISTRADO SE SITUÓ EN OCTUBRE EN 1.641.661 PARADOS

Desde octubre de 2001, el número de desempleados se ha incrementado en 101.658 personas, el 6,6% de subida. Por sectores, el paro bajó sólo en la construcción (109) y creció en el resto, encabezado por los servicios, con 39.973 parados (4,46%), la industria, con 2.297 (0,91), y la agricultura, con 1.114 (2,8). Por sexos, el desempleo masculino se incrementó en 17.858 personas hasta los 659.051 parados, mientras que el número de desempleadas aumentó en 33.539 hasta las 982.610. En comparación con octubre de 2001, el paro masculino creció el 9,82% y el femenino el 4,55%, y la tasa de paro de los hombres queda en el seis por ciento y la de las mujeres en el 13,51%.

Entre los menores de 25 años, el paro subió en octubre pasado en 16.826 personas (6,56%), lo que deja la tasa de desempleo de este colectivo en el 11,96%, en tanto que entre los mayores de esa edad se incrementó en 34.571 personas (2,59%). El paro sólo bajó en la Comunidad Valenciana (354) y subió en las restantes, con Andalucía (13.338) y Madrid (8.052) a la cabeza. Por provincias, el desempleo descendió en cuatro, entre las que destacan Valencia (1.820) y Almería (1.816), y creció en 48, encabezadas por Madrid (8.052) y Baleares (5.297) (Noviembre 2002).

LA MITAD DE LOS NUEVOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL ÚLTIMO AÑO SON INMIGRANTES 

Los inmigrantes suponen ya la mitad de los nuevos afiliados a la Seguridad Social en el último año, según los datos facilitados por el secretario de Estado, Gerardo Camps. En el último año se afiliaron al sistema un total de 471.597 cotizantes, de los que 235.008, el 49,83%, provenían de fuera de España. El crecimiento de la afiliación de extranjeros en el último año es del 39,29%, mientras que el conjunto del sistema crece a un ritmo del 2,99% (Noviembre 2002). 

MENOS CONTRATOS INDEFINIDOS

Del total de contratos suscritos en octubre, 141.657 fueron indefinidos (el 9,17%), lo que supone una reducción de 2.801 respecto a octubre de 2001. De los indefinidos suscritos en octubre, 97.376 fueron a tiempo completo y 44.281 a tiempo parcial. De estos últimos, se han registrado, en lo que va de año, 284.255 contratos, un 8,94 por más que en el mismo periodo de 2001.El total de contratos fijos suscritos en octubre, 103.177 se firmaron al amparo de la reforma laboral de marzo de 2001, y de ellos, 58.896 fueron a tiempo completo y 44.281 a tiempo parcial; el resto corresponden a otro tipo de contratos indefinidos. Desde marzo de 2001, se han registrado 1.621.238 contratos fijos, de los cuales, 847.860 son conversiones de anteriores contratos temporales y 773.378 contratos iniciales. El resto de los contratos suscritos en octubre hasta completar los 1.545.378, fueron de carácter formativo (21.891) y temporales (1.381.830) (Noviembre 2002).

LA JUNTA DE EXTREMADURA DENUNCIA EL VETO DE ANTENA 3 A SUS ANUNCIOS A FAVOR DEL PER

La junta de Extremadura ha denunciado el veto de Antena 3 Televisión a su campaña informativa sobre el PER, el Plan de Empleo Rural. Los responsables de la Cadena Televisiva han comunicado a la Junta Extremeña su decisión de anular la campaña al considerar los anuncios de carácter político. La Junta lo considera un "gravísimo atentado a la libertad de expresión e información

La Junta de Extremadura ha denunciado el "veto televisivo" a la campaña informativa sobre el Plan de Empleo Rural (PER) y cuyo objetivo es informar a los extremeños del efecto que ha tenido en esta comunidad la existencia del subsidio agrario y el hoy conocido AEPSA.

Según recuerda la Junta en un comunicado, esta campaña comenzó su difusión en medios escritos y radiofónicos y estaba previsto que comenzara a emitirse, entre otras, en A-3 TV.

Sin embargo, el Ejecutivo extremeño señala que para su "sorpresa" la Asesoría Jurídica de Antena 3 TV no permite la emisión de dicha campaña "por su carácter político", remitiéndola a la Asociación de Autocontrol de la Publicidad, para que compruebe que está dentro del cumplimiento legal.

La Junta extremeña que cree necesaria una inmediata rectificación por parte de A-3 TV, considera este hecho "un gravísimo atentado" a la libertad de expresión e información y al derecho de los ciudadanos extremeños de recibir contenidos publicitarios "que son estrictamente explicativos, sin referencias, ataques o críticas ni a personas, ni a instituciones ni a organismos".

El anuncio, vetado por la televisión, acaba con una voz que asegura lo siguiente: "El PER ha supuesto el desarrollo social y empresarial de nuestros pueblos. Entonces... por qué volver atrás?". La Junta considera que esta decisión es injusta porque recuerdan que Antena 3 sí emitió espacios publicitarios del Gobierno sobre la puesta en marcha del "decretazo".

En un comunicado, la Institución que lidera Rodríguez Ibarra, exige al medio de comunicación que rectifique pues "de otro modo" no les quedaría más remedio que pensar que hay "oscuros intereses" en beneficio del PP (Noviembre 2002). 

EL PARO AUMENTÓ EN 79.800 PERSONAS EN EL PEOR VERANO DESDE LA RECISIÓN DE 1993

El aumento del paro en el tercer trimestre de 2002 en 79.800 personas (3,94%) es el peor comportamiento en ese periodo (verano) desde 1993, cuando la recesión sacudía a la economía y el desempleo creció en 149.250, según los datos difundidos por la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En términos interanuales (los últimos doce meses), el crecimiento fue de 271.100 en relación al mismo periodo anterior (14,78%). Se trata además de la tercera EPA consecutiva con aumento interanual del paro, mientras que hace un año se reducía el desempleo.

El total pasa a ser de 2.106.100 parados, lo que supone el 11,41% de la población activa (tres décimas más que en el trimestre anterior y que sigue siendo la peor de la UE), que se sitúa en 18.463.000 personas. El incremento de este colectivo (formado por quienes están en edad y disposición de trabajar) en 196.100 ciudadanos en el trimestre (1,07%) es la causa alegada por el Gobierno para el aumento del desempleo, tal como afirmaron el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, y el secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos.

Pero no citan que los datos demuestran la incapacidad de la situación económica para generar un volumen suficiente de empleo que responda a las demandas de los ciudadanos en disposición de trabajar. Se rompe, en cualquier caso, el ciclo de menos paro y más empleo con el PP. Puestos de trabajo se han creado 116.200 en el trimestre (0,72%) y 285.300 en los últimos 12 meses (1,78%), prácticamente el mismo porcentaje que el crecimiento de la economía según la estimación realizada por el Banco de España y que contrasta grandemente con los recientes años anteriores. Ese crecimiento de empleos coloca el total de personas ocupadas en 16.356.900, y con esa cifra se vuelve a alcanzar un máximo histórico de ciudadanos empleados en el mercado laboral español.

El menor crecimiento del empleo afecta más a los hombres que a las mujeres, dado que el empleo femenino crece un 0,84%, mientras que entre los hombres aumenta un 0,64%. Junto a ello se produce una caída de ocupados entre los trabajadores por cuenta propia (54.500) y los empresarios sin asalariados (66.100). El incremento de la ocupación se limita a los asalariados, con un alza trimestral de 168.000 (1,28%) y anual de 335.300 (2,59%), y a un leve aumento de empleadores, que es de 15.400 y 24.900, respectivamente.

La cifra total de trabajadores asalariados se sitúa en 13.263.000, de los que 9.151.800 tienen contrato fijo y 4.111.200 son temporales. La tasa de eventualidad queda así en el 30,99% (frente a la media europea del 13%), tras haberse reducido un punto en 12 meses. Ello se produce porque buena parte de los nuevos puestos son fijos: 137.200 en el trimestre y 346.800 en la comparación interanual. En los contratos temporales hay un alza de 30.900 respecto al trimestre anterior, pero en el conjunto de los últimos 12 meses hay una reducción de 11.500 contratos temporales. Este último dato parece confirmar que el peso de la crisis está recayendo sobre los eventuales y que las empresas están aplicando el ajuste del empleo mediante la no renovación de los contratos temporales.

Las relaciones laborales a tiempo parcial siguen estancadas, pese a la reforma unilateral aplicada por el Gobierno en marzo del año pasado sin contar con el consenso de sindicatos y empresarios. La ocupación que aumenta es la de tiempo completo (162.400 en el trimestre, 280.300 en el año), mientras que los contratos a tiempo parcial disminuyen (46.100 y 5.100, respectivamente).

En contraste con periodos anteriores, la construcción pierde impulso y no es la locomotora que tira del empleo. En el pasado trimestre, el sector registra una pérdida de 24.700 puestos de trabajo (1,28%), aunque en el conjunto de los últimos 12 meses ha logrado crear 34.800 (1,86%). En la agricultura también hay pérdidas, aunque en su caso está al margen de la coyuntura económica y es una tendencia constante, que en este caso supone la destrucción de 55.000 (5,71%) y 57.400 (5,94%) empleos en los dos periodos citados.

Los servicios, como corresponde al trimestre del periodo veraniego que concentra la temporada alta del turismo, es el sector que tira del empleo y compensa el mal comportamiento de otras actividades. Entre julio y septiembre ha generado 147.900 (1,45%), y en los últimos 12 meses, 288.600 (2,87%). En la industria se produce una leve recuperación, con 48.100 puestos de trabajo más (1,52%) en el pasado trimestre, pero, debido a los malos datos anteriores, en el año sólo ha logrado crecer en 19.300 ocupados (0,60%).

Por comunidades hay un crecimiento del empleo superior a 10.000 personas en Cataluña, islas Baleares, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y País Vasco. El alza porcentual más significativa es la de Baleares (5,57%), Castilla-La Mancha (2,14%) y Murcia (2,05%). El retroceso más agudo se da en Andalucía, con una destrucción de 54.300 puestos de trabajo (Noviembre 2002).

LA COMISION EUROPEA  ADVIERTE DE QUE ESPAÑA DUPLICA LA MEDIA EUROPEA DE CONTRATOS TEMPORALES 

La proporción de empleo temporal no tiene parangón en la Unión Europea. El en el Informe Anual de Empleo, que ha presentado la Comisión Europea destaca que España, a pesar de la desaceleración económica, generó empleo en 2001 a un ritmo que duplica la media europea. Pero tal dato se ve empañado al analizar la calidad de dicho empleo, pues el 31,5% de los contratos que hay en este país son temporales, lo que Bruselas considera 'preocupante'. Tal proporción duplica con creces la media europea, que se sitúa en el 13,2%.

La cifra se encuentra muy lejos del segundo país en la lista: Portugal, con un 20,3%. Uno de cada tres contratos laborales son temporales en España, en una proporción que prácticamente se mantiene igual desde hace cinco años (33,6% en 1997). Bruselas expresa en los documentos de trabajo de su nuevo informe su inquietud por esta característica del mercado laboral que permanece enquistada y 'tercamente alta', y le dota de una mayor precariedad, pues, como el propio informe destaca, el 80% de los contratos temporales son impuestos al trabajador.

Por el contrario, España mantiene una de las más bajas tasas de contratos a tiempo parcial (8,4%, frente a la media europea del 18,9%), una opción mayoritariamente voluntaria. De ahí que Bruselas considere que España debería hacer más esfuerzos por cambiar el modelo 'involucrando a los interlocutores sociales para reducir el número de contratos temporales y aumentar los de tiempo parcial'.

El informe se extiende este año particularmente en esa disparidad regional que la UE combate con la adjudicación de fondos estructurales europeos que tanto benefician a España. 'A pesar de ello', dice el documento, 'la disparidad de las tasas de paro sigue siendo muy elevada. El Plan Nacional de Empleo debería clarificar la distribución de los fondos por desempleado entre las regiones, teniendo en cuenta las contribuciones financieras de las comunidades autónomas'. 'Muy poco se ha hecho acerca de la movilidad regional en el Plan Nacional de Empleo', dice el documento, que añade que España debería hacer 'un esfuerzo suplementario' y que la única medida tomada en este campo, que se ha centrado en la movilidad de los agricultores, 'es de alcance muy limitado'.

Otros males del mercado laboral español vienen dados, según Bruselas, por el escaso nivel de formación permanente, la ausencia de plazos fijos con objetivos cuantificados en los planes de empleo y por unos servicios públicos de empleo no demasiado eficaces que requieren una más decidida modernización. A la escasa formación permanente (la proporción sólo supera a las de Francia, Portugal y Grecia), se une otro indicador importante que los expertos analizan: la tasa de abandono escolar (28,3%), la más alta de la UE, lejos de la media europea (19,4%).

A todo ello se suma la inexistencia de fondos financieros para reducir el paro femenino a través de Plan Integral de Apoyo a la Familia. El informe señala en este terreno la positiva introducción en el Estatuto de los Trabajadores del principio de igualdad de remuneración femenina por su definición clara, pero a renglón seguido añade que deberían analizarse los resultados de tal medida legal. 'En España se ha registrado un enorme progreso en la reducción del paro', concluye Anna Diamantopoulou, 'pero permanece el gran problema del empleo femenino y el de los mayores de 55 años' (Noviembre 2002). 

CC.OO. AFIRMA QUE HA SUBIDO LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO

La tasa de temporalidad en el sector público entre 1996 y 2002 ha aumentado un 6,1%, mientras que en el sector privado se ha reducido en el mismo porcentaje (6,1%), según un informe elaborado por el Gabinete Técnico Confederal de CC OO. La tasa de temporalidad en el trabajo en las empresas públicas hasta el primer trimestre de 2002 fue del 21,8%, cuando en el mismo periodo de 1996 se situó en el 15,7%, es decir, un aumento de más del 6%.

Por el contrario, el informe asegura que la temporalidad en las empresas privadas en España disminuyó un 6,1% desde 1996, en que este indicador registró el 39,7%. A juicio del sindicato, esto demuestra que 'no ha habido un apoyo a la rebaja de la temporalidad desde el sector público' que, no obstante, puede cambiar esta situación a partir del preacuerdo alcanzado recientemente entre el Ministerio de Administraciones Públicas y los sindicatos por el que se mejoran las condiciones laborales de los funcionarios (Noviembre 2002). 

EL PP RECHAZA EN EL CONGRESO UNA INICIATIVA SOBRE SINIESTRALIDAD AVALADA POR 8000.000 FIRMAS   

A pesar de las 800.000 firmas de ciudadanos que la avalaban y el apoyo unánime del resto de grupos parlamentarios, el PP utilizó su mayoría absoluta en el Congreso para descartar en el primer trámite la iniciativa legislativa popular presentada por la UGT con medidas contra la siniestralidad laboral. Un problema que ha causado la muerte de 780 trabajadores en los ocho primeros meses de este año. El trabajo de meses de recolección de firmas desapareció en los cinco minutos que duró la votación, con 149 votos en contra, 132 a favor y la abstención de Coalición Canaria.

"Incomprensible". "Decepcionante". "Parlamento autista". Fueron algunas de las definiciones que utilizaron tanto los parlamentarios de la oposición como Cándido Méndez, secretario general de la UGT, presente en el pleno junto a una amplia representación del sindicato. Unos y otros, aunque con discrepancias sobre el fondo de las medidas propuestas, miraban a los bancos del PP con una sola petición: que reconozcan el esfuerzo y la legitimidad que supone llevar 800.000 firmas al Congreso y acepten al menos que la iniciativa se tramite.

El PP hizo sólo la primera parte de lo que le pedían. Reconoció el esfuerzo y la legitimidad. El diputado Jesús Manuel Pérez Corgos, en un tono muy amable, dijo que coincidía con el fondo de la exposición de motivos que acompaña a la iniciativa de UGT. Una frase que no dejó pasar Méndez: "¿Cómo puede estar de acuerdo con el fondo y no admitirla a trámite?", se preguntaba. "Ha sido todo muy inconsistente, no dan motivos porque no tienen", concluía el sindicalista. Incluso Carles Campuzano, de CiU, dijo no compartir muchos aspectos, pero que es justo tomarla en consideración (Noviembre 2002).  

LA RED DE MUJERES DENUNCIA QUE EL GOBIERNO ESPAÑOL IGNORA SUS PROPUESTAS SOBRE MALOS TRATOS. EL CENTRO REINA SOFÍA ANULA UN ACTO CON NACIONES UNIDAS TRAS LA PRESIÓN INTERNACIONAL 

La suspensión del acto de creación de la Unidad de Documentación y Estadísticas sobre la violencia contra la mujer, previsto en el Palau de la Generalitat, al que tenía que asistir la representante de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer (Unifem), Mónica Muñoz, ha estado precedida de una intensa campaña de la Red de organizaciones contra la violencia de género (REF) para instar a la delegada de NU a que «no participara en la constitución y legitimación de un órgano y una estructura que se crea en ausencia total de representación de las organizaciones de las mujeres españolas», lo que contraviene totalmente la política de NU.

A la firma del protocolo para la creación de este observatorio, que Zaplana anunció desde la Generalitat y que estaba organizado por el Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia, habían sido invitados el actual presidente, Olivas, y el ministro Zaplana, quien delegó en la directora general del Instituto de la Mujer.

La versión oficial es que el acto fue aplazado «por problemas de agenda de algunos de los invitados», argumento que, «de ninguna manera», se cree la portavoz de la Red, Ángeles Álvarez, quien declaró: «lo que no me creo es que se haya suspendido por problemas de agenda» (Noviembre 2002).  

MILES DE AGRICULTORES RECLAMAN EN BADAJOZ LA RESTITUCIÓN DEL PER  

Alrededor de 40.000 personas lanzaron en Badajoz un aviso al Gobierno: las movilizaciones continuarán, incluso en pleno proceso electoral, si el Ejecutivo de Aznar no restituye el subsidio agrario (Plan de Empleo Rural, PER), congelado por el decretazo a los 230.000 jornaleros extremeños y andaluces. Los sindicatos amenazaron con una huelga general en el medio rural.

Más de 400 autobuses colapsaron Badajoz. Procedían de todo el territorio extremeño. Cientos de banderas y pancartas localizaban la procedencia de los manifestantes, que se vieron apoyados por miembros del Gobierno de Ibarra, presidentes de las diputaciones, diputados, senadores, alcaldes e incluso el propio rector de la Universidad, Ginés Salido.

Banderas y pancartas argumentaban la sinrazón del Gobierno popular quebrando el futuro del medio rural: "El PP mata el subsidio", "Asesinos del campo. Basta ya", "¿Por qué volver atrás. Venganza del PP...".

Por su parte, la presidenta regional del PP-Andalucía, Teófila Martínez, calificó de "gran mentira" la acusación de que el Gobierno ha decidido suprimir el PER, que, según dijo no sufre ninguna variación (Noviembre 2002). 

MILES DE JORNALEROS SE ECHAN A LA CALLE EN MÁLAGA CONTRA EL 'DECRETAZO'   

Varios miles de manifestantes ganaron las calles malagueñas para protestar contra la supresión del subsidio agrario. El momento de mayor tensión se vivió cuando algunos agentes cargaron con sus porras contra jornaleros que les lanzaban objetos. La protesta se desarrolló a pesar de que la Guardia Civil retuvo a la entrada de Málaga a unos 70 autobuses cargados de jornaleros.

La marcha -convocada por la Plataforma en defensa del Plan de Empleo Rural (PER) después de que la Subdelegación del Gobierno prohibiera una concentración frente a la sede de la cumbre hispano-francesa en Málaga- comenzó sobre las 10.45. rio se ha mantenido como al principio (Noviembre 2002).

AMNISTÍA DENUNCIA LA "PROTECCIÓN INSUFICIENTE" A LAS MALTRATADAS  

Amnistía Internacional denuncia que las medidas adoptadas por el Gobierno para prevenir la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar son "insuficientes y, en algunos casos, inadecuadas". La organización señala en un informe que la protección de los derechos humanos de las maltratadas varía mucho según las comunidades autónomas, ya que tienen una oferta muy desigual de centros de acogida para las víctimas.

Amnistía Internacional (AI) hace suyas las cifras de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas: 67 mujeres han muerto en España a manos de sus compañeros, maridos o ex novios en lo que va de año. A partir de este dato, el informe, titulado No hay excusa, denuncia que las maltratadas siguen sin contar con una protección efectiva. Y puntualiza: el 90% de las mujeres asesinadas por su pareja estaba en trámite de separación o divorcio. Gran parte de las víctimas había pedido protección sin lograrla.

La presidenta de AI-España,Eva Suárez-Llanos, señaló que entre las comunidades que destacan por el bajo número de centros de acogida que tienen, a fecha de 2001, son Cataluña, con 18; Aragón, con tres; La Rioja, con dos, y Navarra, con otros dos. En el lado opuesto destacan Andalucía, con 49; País Vasco, con 38 y Castilla-León, con 25. Según AI, en muchas comunidades se incumple el criterio europeo de dotar con una plaza de acogida por cada 10.000 mujeres.

El informe denuncia la desprotección aún mayor de las inmigrantes indocumentadas. "Las que no tienen su documentación en regla no tienen derecho a la asistencia letrada gratuita, aparte de verse obligadas a convivir con su maltratador mientras regularizan su situación en España", señala el informe. Y va más allá: "En Valencia, a las inmigrantes en situación irregular se les deniega el acceso a los centros de emergencia donde incluso avisan a la policía para que dicte órdenes de expulsión contra ellas".

Otro de los colectivos más desfavorecidos son las mujeres que viven en el campo. "A pesar de que tienen más dificultades de acceso a la justicia y a los sistemas de protección, el Instituto de la Mujer no ha previsto hasta ahora ningún tipo de actuación específica respecto a este colectivo", señala el informe.

Esta organización también denuncia que no se haya incluido expresamente en la legislación española de asilo el reconocimiento de la condición de refugiadas a las mujeres que huyen de la persecución de su pareja.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud señaló que casi la mitad de las mujeres víctimas de homicidio son asesinadas por su marido o compañero con el que conviven o del que se han separado. La violencia es la responsable del 7% de la mortalidad femenina en el mundo entre mujeres de entre 15 a 44 años, según este organismo de Naciones Unidas que emitió las cifras ante la celebración, el lunes, del día internacional contra la violencia contra la mujer (Noviembre 2002). 

ESPAÑA, A LA COLA DE LA UE EN DAR TRABAJO A LOS MINUSVÁLIDOS 

España es el país de la Unión Europea con el menor nivel de empleo entre los minusválidos, ya que sólo un 20% de las personas de entre 16 y 34 años con algún tipo de minusvalía dispone de ingresos salariales, según datos de Eurostat difundidos por la Comisión Europea (CE).Bruselas dio a conocer esta estadística por un doble motivo: era el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y se presentaba el Año Europeo de las Personas con Discapacidades, que se celebrará en el 2003. La celebración de este año se iniciará con un viaje en autobús que partirá de Atenas el 23 de enero y pasará por España entre el 27 de febrero y el 31 de marzo.
Junto a España, los porcentajes más bajos de personas minusválidas con ingresos salariales corresponden a Italia e Irlanda, con un 24%. En el frente alto están Francia, con un 46% de asalariados, Alemania, con el 44%, y Austria con el 42% (Noviembre 2002).

ESPAÑA Y LOS COSTES LABORALES

España es uno de los países con los costes laborales más bajos de la UE, según datos publicados por el Instituto de la Economía Alemana de Colonia. El coste del trabajo en 2001 ascendió a 14,68 euros por hora trabajada en la industria manufacturera. Sólo Portugal, con 6,75 euros por hora, y Grecia, con 8,86, presentan unos costes laborales inferiores a España. A la cabeza de los mayores costes laborales figura la antigua Alemania Occidental, con 26,16 euros por hora trabajada (en la parte oriental se reducen a 16,86). A continuación figuran Dinamarca (24,50 euros), Bélgica (23,15 euros), Finlandia (22,12) y Países Bajos (21,98). Algunos de los candidatos a adherirse a la UE superan los costes de Grecia y Portugal, según Eurostat, como Chipre (10,74 euros) y Eslovenia (8,98), según datos de Eurostat (Noviembre 2002). 

LAS MUERTES EN EL TRABAJO HAN CRECIDO UN 6,3% DE ENERO A SEPTIEMBRE, HASTA 834  

Las muertes por siniestralidad laboral continúan en aumento, a pesar de que este año los accidentes se han reducido. Los fallecimientos en el lugar de trabajo aumentaron un 6,3% entre enero y septiembre, según datos de Comisiones Obreras. Un total de 834 trabajadores perdieron la vida en esos meses, frente a los 784 del mismo periodo de 2001. Sin embargo, los siniestros totales descendieron un 2,98%, hasta situarse en 704.223.

Servicios y construcción son los sectores que acumulan los mayores incrementos, lo que explica, en parte, que puedan crecer las muertes al tiempo que bajan los accidentes. Una caída de un andamio, por ejemplo, o la manipulación de una carga desencadenan muy frecuentemente el fallecimiento del trabajador. Las muertes en servicios se dispararon un 12,65% (365 en total) y en construcción, un 10,38% (234).

Para Joaquín Nieto, responsable de salud laboral de Comisiones Obreras, el aumento de los siniestros mortales evidencia "la pasividad del Gobierno, transmitida a las empresas" (Noviembre 2002).  

DECENAS DE MILES DE MANIFESTANTES EXIGEN EN SEVILLA LA RESTITUCIÓN DEL SUBSIDIO AGRARIO  

El campo vuelve a hacer una demostración de fuerza en Sevilla. Por tercera vez en los últimos seis meses, UGT y CC OO habían convocado una manifestación contra la política laboral del Gobierno y, por tercera vez, podrán poner encima de la mesa de negociación un notable éxito de la convocatoria, que reunió a 250.000 personas según sus cuentas (120.000 según la Delegación del Gobierno). Mientras en las dos primeras marchas, en junio, los sindicatos reclamaron la retirada total del decretazo de reforma de la protección por desempleo, sus líderes, Cándido Méndez (UGT) y José María Fidalgo (CC OO), exigieron que se elimine la desaparición paulatina del subsidio agrario. Las dos primeras manifestaciones (el 9 de junio y el 20 de junio, día de la huelga general contra el decretazo) en Sevilla tenían un objetivo reivindicativo mucho más amplio, pero estaban impulsadas fundamentalmente por el rechazo que suscitó en el campo la intención del Gobierno de limitar el acceso al subsidio agrario, la única prestación por desempleo que cobran más de 300.000 jornaleros en Andalucía y Extremadura. Como prueba del protagonismo de los pueblos rurales, la marcha de ahora, sólo convocada para exigir la "restitución del subsidio agrario", ofreció unos números sólo algo inferiores a la concentración del 9 de junio, la más numerosa de las tres (Noviembre 2002).  

EL PARO CRECE EN 36.307 PERSONAS EN EL PEOR NOVIEMBRE DESDE 1993   

El número de parados inscritos en el Instituto Nacional de Empleo (Inem) volvió a crecer en noviembre más que en años anteriores. El mes pasado, 36.307 personas nuevas engrosaron las listas del desempleo, el mayor aumento de noviembre desde 1993. Esa subida eleva la tasa de paro hasta el 9,09% de la población activa. La contratación indefinida se ha resentido especialmente, al retroceder un 15,53% en el último año. Por el contrario, la Seguridad Social logró un récord de afiliación, con 132.159 ocupados más, hasta 16,37 millones. De ellos, el 4,08% son inmigrantes.

Las cifras del paro siguieron en noviembre la senda ascendente que mantienen desde el pasado mes de julio. Con la suma de 36.307 nuevos desempleados (un 2,21% más que en octubre), el número total de inscritos en el Inem asciende a 1.677.968 personas. Aunque noviembre es un mes en el que tradicionalmente aumenta el paro, este dato es el peor registrado en ese periodo desde 1993, cuando España atravesaba una fuerte recesión económica.

La evolución negativa del desempleo va más allá del mes de noviembre. En el último año, 105.121 personas se han incorporado a las listas del paro, un 6,68% más. La subida del desempleo ha afectado más a los hombres que a las mujeres, ya que de esas 105.121 personas, 59.095 son hombres y 46.026, mujeres. No obstante, la tasa de desempleo femenino (13,62%) sigue duplicando la masculina (6,09%).

La contratación registrada en el Inem también ha experimentado una evolución negativa en el último año. El total de contratos descendió un 10,75%, aunque la caída fue mayor en el capítulo de los indefinidos, que disminuyeron un 15,53% con respecto a noviembre de 2001. Los contratos fijos representan el 9,01% del total.

Frente a esta amalgama de datos negativos, la afiliación a la Seguridad Social alcanzó unas cotas muy positivas el pasado mes, con 132.159 nuevos cotizantes con respecto a octubre. Este incremento es el más fuerte contabilizado en ese mes desde que existe el registro de la Seguridad Social, hace 18 años. El anterior récord alcanzado ese mes se registró en 2001. La Seguridad Social cuenta ya con 16.369.029 ocupados.

Al igual que en meses anteriores, el Gobierno volvió a explicar la aparente contradicción entre el crecimiento simultáneo del paro y de la afiliación a la Seguridad Social en que los demandantes de empleo crecen a una velocidad mayor que los puestos de trabajo disponibles. Así, aumenta el empleo, pero más el número de personas que se incorporan al mercado de trabajo como parados (Diciembre 2002).

TRABAJO DENIEGA EL SUBSIDIO A 12.600 JORNALEROS TRAS EL 'DECRETAZO'  

El Ministerio de Trabajo ha denegado la concesión del subsidio agrario a un total de 12.649 jornaleros andaluces y extremeños en el periodo comprendido entre los meses de junio y octubre de este año, tras la aprobación del decreto de reforma del desempleo que limita el acceso a esta prestación.

Los datos han sido facilitados por el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria e indican que entre junio y octubre pasados se han tramitado un total de 169.654 solicitudes de acceso al subsidio agrario.

Esta cifra representa una caída del 4,86% respecto al mismo periodo de 2001, cuando se tramitaron un total de 177.912 prestaciones, según explicó el diputado socialista. Entre junio y octubre de 2001 se denegaron un total de 7.563 solicitudes de acceso a las prestaciones. Esta cifra se ha incrementado un 67,24%, hasta las 12.649 (Diciembre 2002). 

EL CONSTITUCIONAL DA LA RAZÓN A CHAVES EN SU DECISIÓN DE INCREMENTAR LAS PENSIONES  

El Tribunal Constitucional (TC) ha dado la razón a la Junta de Andalucía sobre la legalidad de las subidas de las pensiones no contributivas. Según el alto tribunal, este decreto, dictado por Manuel Chávez en 1998, no vulnera las competencias del Estado sobre la Seguridad Social.

La sentencia del Constitucional concluye que "ninguno de los preceptos del decreto 284/1998 infringe las competencias del Estado en materia de Seguridad Social (artículo 149.117 CE) ni tampoco el artículo 149.1.1 CE en relación con las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación de dicho sistema de Seguridad Social, puesto que regula una prestación en materia de asistencia social, de competencia exclusiva de la comunidad autónoma".

La Junta aprobó en 1999 una subida adicional de estas pensiones del 1,8% (9.395 pesetas más al año), que se sumaba al 1,8% en el resto de España, una medida recurrida por el Gobierno central, que la consideró una "falta de lealtad" de la Junta. El Gobierno andaluz, justificó en su día esta medida no sólo en el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, sino en que se incrementara por encima del Índice de Precios de Consumo (IPC) todos los años.

Por su parte la presidenta del PP andaluz, Teófila Martínez, preguntase lo que se le preguntase, de la manera que se le preguntase, insistió en que el fallo del alto tribunal "desenmascara las mentiras y la manipulación del señor Chaves" porque el Gobierno andaluz "se dedicó a vender que habían aprobado una subida de pensiones cuando eran unas ayudas puntuales que no se consolidaban".

Martínez (acompañada, entre otros, por cinco asesores de prensa) basaba su singular e intransferible razonamiento en las afirmaciones periodísticas de los consejeros, especialmente el de la Presidencia, Gaspar Zarrías, para enfatizar su denuncia de "engaño". Se le recordó que los decretos aprobados por la Junta dicen lo que dicen sobre el incremento -"ayuda complementaria de carácter extraordinario"- y que una cosa son los titulares informativos y las declaraciones y otra los argumentos jurídicos, pero su respuesta fue: "Si el señor Chaves dice que no ha subido las pensiones pues está reconociendo que es una manipulación".

Se le volvió a repreguntar -"yo no vengo a debatir con ustedes"- e insistió en denunciar una "operación de propaganda", porque la única administración que puede subir las pensiones es la central. También dijo que "respeta" la sentencia y se extrañó de que Zarrías hace dos meses hubiera insinuado que el fallo se iba a producir. "Hubiera sido gravísimo que el Gobierno de Chaves hubiera tenido conocimiento antes de que se publicara" (Diciembre 2002). 

CASI DOS MILLONES DE ESPAÑOLAS SON VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Al menos el 11,1% de las españolas mayores de 18 años padece malos tratos. Así lo señala la segunda encuesta Violencia contra las Mujeres en el Ámbito Doméstico, presentada ante la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, formada por diputados y senadores. Dado que, según el Instituto Nacional de Estadística, en España existen 17.062.726 mujeres de 18 o más años, la cifra de maltratadas se sitúa en 1,88 millones.

El sondeo, para el que se han realizado este año 20.652 entrevistas telefónicas en toda España y 402 encuentros personales con otras tantas víctimas declaradas de la violencia doméstica, recoge dos tipos de situaciones cuyos resultados no admiten la suma. Por un lado, las mujeres que reconocen haber padecido malos tratos en el último año. Son el 4% de las encuestadas, lo que equivaldría a 680.000 españolas (en 1999 suponían el 4,2%).

Los principales responsables de la violencia doméstica son los cónyuges o novios y los que han dejado de serlo. Causan el 78,6% de los casos de maltrato sin reconocer y del 57,7% del declarado. A continuación se sitúan como artífices los hijos y el padre. La encuesta mide la violencia doméstica, y no sólo la de pareja.

El 67,7% de las mujeres que se reconocen maltratadas y el 71,5% de las que no lo hacen padecen esa situación desde hace al menos cinco años. En torno a dos de cada diez llevan entre uno y cinco años. Las mujeres separadas o divorciadas son las principales víctimas del maltrato declarado. Respecto al no reconocido, las mujeres casadas o que viven en pareja ocupan el primer lugar. En ambos casos, predominan las mujeres con hijos: casi ocho de cada diez víctimas de la violencia doméstica tiene descendencia. En muchas ocasiones la existencia de niños actúa como un freno para abandonar al agresor, según los expertos (Diciembre 2002). 

RTVE RECHAZA SUBTITULAR EL TELEDIARIO PARA LOS DISCAPACITADOS  

La mayoría del PP en el Consejo de Administración de RTVE rechaza la propuesta de emplear en los telediarios un sistema de subtitulación o de lenguaje de signos para discapacitados, en el marco de un plan de accesibilidad. Pero una vez concluida la reunión la popular Consuelo Álvarez de Toledo solicitó que se repita la votación el próximo 9 de enero y mencionó "errores" (CiU había delegado su voto en manos populares pero, posteriormente, indicó que su intención había sido favorable a la propuesta) (Diciembre 2002).  

LA JUEZ IMPUTA AL DIRECTOR GENERAL DE RTVV UN DELITO CONTRA LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

José Vicente Villaescusa, director general de RTVV, será juzgado por un delito contra las garantías constitucionales. Así lo ha decidido la titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia. Miguel Mazón, miembro del Consejo de Administración de RTVV por el PSPV, presentó una querella contra Villaescusa por negarse en reiteradas ocasiones a facilitar las cuentas de RTVV al Consejo. Según Mazón, la ley obliga a Villaescusa a facilitarlas para permitir el control del gasto público. El fiscal pide dos años y seis meses de inhabilitación especial para cargo público.

La titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia ha decidido que el director general de RTVV sea juzgado por delito contra las garantías constitucionales. En el auto de apertura de juicio oral, la magistrada ha fijado además una fianza a Villaescusa de 6.000 euros por entender que 'es la cantidad en que se calcula provisionalmente pueden ascender las responsabilidades pecuniarias'. El fiscal, por su parte, solicita una pena de dos años y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público.

En el auto de apertura de juicio oral, la juez dispone que 'se tiene por dirigida la acusación contra José Vicente Villaescusa como autor de un delito contra las garantía constitucionales'. El delito, previsto en el artículo 542 del Código Penal, recoge que 'incurrirá en una penal de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes'. El fiscal, en su escrito de calificación, considera que Villaescusa ha incurrido en dicho delito. Afirmación que justifica al señalar que una de las funciones del Consejo de Administración es la aprobación, a propuesta del director general, de los anteproyectos de presupuestos de RTVV. El fiscal entiende que del relato de los hechos, y las pruebas documentales aportadas por Mazón, se desprende que esa función no ha podido ser realizada porque la información de las cuentas de 2000 para elaborar los presupuestos de 2001 no fue aportada pese a las reiteradas peticiones en el Consejo de Administración.

El presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, se refirió  al procesamiento de Villaescusa: 'La presunción de inocencia es hoy la misma que hace 24 horas' (Septiembre 2002).

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE: ALPERI AMPLÍA UN 74% EL SUELO PARA VIVIENDAS AMPARÁNDOSE EN EL AVE

El alcalde de Alicante, el popular Luis Díaz Alperi, pretende clasificar suelo residencial para unas 25.000 nuevas viviendas. El avance del nuevo planeamiento urbano estimó que 15.000 viviendas serían suficientes para atender la demanda de los próximos años, pero el alcalde ha decidido ampliar ese número en 25.000 (lo que supone un 74% más de suelo residencial) porque 'la llegada del AVE incrementará la demanda'.

A las 25.000 nuevas casas que se construirán en suelo cuya clasificación actual no es residencial hay que añadir 25.630 viviendas ya programadas en el vigente planeamiento y no ejecutadas, para lograr así un potencial superior a 50.000 nuevas unidades residenciales. Diaz Alperi justificó la ampliación de suelo residencial ante la perspectiva de aumento de la demanda de viviendas por la llegada del AVE desde Madrid. 'Hay que estar preparados', porque 'un número importante de familias madrileñas tendrán su segunda vivienda en Alicante o querrán tenerla, por eso es necesaria esa posibilidad de oferta y ese suelo', resaltó.

El coordinador de Els Verds en Alicante, Luis Falcó, lamentó que la 'máxima preocupación' del alcalde sea habilitar segundas residencias para los madrileños en zonas como La Condomina, en vez de proteger la poca huerta que queda, los restos arqueológicos y la flora y fauna autóctonas.

El Bloc, por su lado, ha censurado la dificultad de los ciudadanos para acceder a viviendas de protecciòn oficial en Alicante. Para el candidato de esta formación a la alcaldía de Alicante, Antoni Arques, es necesario que los urbanizadores de los planes parciales reserven parte de los terrenos a fines sociales y a la construcción de viviendas de precio tasado.

Según la estimación del gobierno local, el nuevo planeamiento urbanístico de Alicante será definitivamente sometido a votación a finales de 2003. Entre abril y mayo de ese año se expondrá al público. El Plan General que ahora se revisa entró en vigor en 1987 (Septiembre 2002).

EL ALCALDE DE CASTELLÓN ELOGIA A FRANCO EN UNA PUBLICACIÓN OFICIAL

El alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, del Partido, elogia en un libro, patrocinado por el Ayuntamiento de la ciudad, al general Francisco Franco, del que ha escrito 'gobernó con firmeza como dictador' y al que se refiere como 'inflexible, elemental, íntegro, honrado y español hasta la médula, siendo', añade el político popular, 'tan sólo responsable ante Dios y la Historia'.

El alcalde atribuye al dictador el desarrollo de 'la Seguridad Social y la Educación y la Sanidad públicas' al tiempo que 'evitó' que España entrase en la II Guerra Mundial'. Los halagos a Franco continúan en lo económico: 'Consiguió llevar a España hasta las primeras potencias industriales del mundo y desarrollarla espectacularmente...'.

No es la única exaltación que Gimeno hace a los valores franquistas. En la página 226 habla de la División Azul y asevera que sus integrantes "tuvieron un comportamiento heróico. Sus hazañas, capacidad de resistencia y de sufrimiento constituyen una página gloriosa de la Historia militar de España. Mereció la admiración de los alemanes y el respeto de los rusos''. También tiene elogios para José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, un movimiento que considera que fue creado "para dar batalla al capitalismo y al marxismo en defensa del nacional sindicalismo'' y que se basó "en los ideales de unidad, libertad y grandeza de la patria, imposibilitando la lucha de clases''. De Primo de Rivera dice que marcó "el rumbo para un nuevo ser español y la exaltación de un movimiento poético, que aunque tiene paralelismos con el fascismo, nunca coincidió con las formas ni con las ideas del fundador del fascio, el italiano Benito Mussolini''.

En su peculiar repaso de la Historia contemporánea de España, José Luis Gimeno se muestra particularmente crítico con el movimiento obrero. Así, en la página 70 habla de Bilbao, que considera una "población socialista por antonomasia, pionera en los movimientos obreros violentos y debido ejemplo a seguir, según unos, durante la guerra civil de 1936''.Más sibilino se muestra en sus referencias a Pablo Iglesias, fundador del PSOE. Primero lo califica de "político austero y de honradez intachable'', para, luego, dejar entrever que fue el artífice del atentado contra Antonio Maura.

Gimeno también se muestra crítico con Manuel Azaña, de quien dice que "no supo, no pudo, o no quiso, en cualquier caso fue incapaz de evitar los sucesos violentos que dieron lugar a la guerra civil'', unos episodios que, según el alcalde, "no debemos ignorar que fueron causados por incontrolados'' (Septiembre 2002).

CASO ORIHUELA: MEDINA PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN DE LA SUPUESTA COMPRA DE UN CONCEJAL

El actual Alcalde de Orihuela reconoce que participó en la reunión en la que supuestamente se intentó comprar a un edil disidente, pero se limitó a convencerle de que volviera a las filas del Partido sin ofrecerle dinero a cambio. Eso fue lo que el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del Partido, declaró ante el juez de Orihuela que le ha imputado por cohecho. El alcalde reconoció que la voz que figura en una grabación de la reunión es la suya.

Para la acusación, este testimonio es fundamental, ya que Medina ha sido el único imputado que ha reconocido su voz en la cinta de audio aportada como prueba del presunto delito. Los otros dos imputados, el empresario Ángel Fenoll y el ex alcalde pedáneo de Orihuela, Francisco Torrecillas, siempre han sostenido que la reunión en la que se fraguó el presunto cohecho nunca se celebró.

La reunión tuvo lugar el domingo 8 de marzo de 1998, y a ella acudieron presuntamente Fenoll, Torrecillas, Medina y el edil que se había desmarcado de la disciplina popular, José Meseguer, según éste. El objetivo del encuentro era presuntamente comprar el voto de Meseguer para adjudicar el servicio de recogida de basuras en la costa al empresario Angel Fenoll.

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento quedó en minoria tras la marcha de los cinco ediles del Partido que luego constituyeron el partido Centro Liberal. Esta situación les impedía adjudicar la concesión. El presunto acuerdo consistía en que Meseguer daría su voto a favor de esta adjudicación a cambio de percibir 48.000 euros y un salario mensual de 1.500 euros. La reunión se celebró en un restaurante de Santomera (Murcia).

En la declaración ante el juez Medina reconoció su voz en la cinta de audio grabada por Meseguer, pero negó la finalidad que la acusación atribuye a este encuentro. 'Yo sólo traté de mantener la cohesión del grupo', explicó Medina. 'Siempre ha defendido mi inocencia y confío en que la Justicia al final lo demuestre'.

La investigación judicial sobre el presunto soborno a Meseguer sigue abierta después de cuatro años de diligencias judiciales. La fiscalía de Alicante archivó el caso en 1998, y el Centro Liberal decidió interponer una denuncia en los juzgados. La acusación aportó como pruebas hasta cuatro grabaciones de audio y video realizadas por detectives (Septiembre 2002).

LA REDACCIÓN DE TVV CRITICA LA VERSIÓN DE CANAL 9 DE LA IMPUTACIÓN DE VILLAESCUSA

El Comité de Redacción de TVV emite un comunicado contra la información de Canal 9 sobre la acusación de un juez y un fiscal contra su director general, José Vicente Villaescusa, de delito contra los derechos cívicos. El Comité Redacción considera que la versión ofrecida en el espacio Notícies Migdia 'no informa a los espectadores de que Villaescusa ha sido inculpado de un delito contra las libertades constitucionales, que el juez ha ordenado la apertura de juicio oral contra él y le ha impuesto una fianza de 6.000 euros'.

El Comité de Redacción afirma que 'en lugar de eso, se habla de una supuesta conspiración entre el PSPV-PSOE, el diario Las Provincias y Tele 5 por calumnias, una vez más, a Canal 9'. Y asegura que los directivos Genoveva Reig y Pau Pérez Rico 'pasean por el fango la imagen y el trabajo de los profesionales, que se esfuerzan en vano por ofrecer una información exacta, plural y democrática'. En relación con la imputación de Villaescusa.

Por otra parte, Canal 9 es la cadena de televisión con mayor porcentaje de noticias deportivas en sus servicios informativos, un 35% del total, según una encuesta publicada por la revista de información Consumer. El estudio analiza la proporción de noticias deportivas en los espacios informativos de 15 cadenas de televisión (cinco de ámbito nacional, cinco autonómicas y cinco desconexiones de Televisión Española). Los resultados del análisis muestran que Canal 9 es la tercera cadena de televisión que menos tiempo dedica a las noticias políticas y en la que se duplica la publicidad respecto de hace cuatro años. Los informativos de Canal 9, según el mismo estudio, son los que menos tiempo dedican a las noticias de carácter cultural y los que tienen el mayor porcentaje de noticias con origen en instituciones públicas (Septiembre 2002).

FESTEJOS DEL OPUS FINANCIADOS CON RECURSOS PUBLICOS

La exposición Trabajo, mundo, creatividad que, organizada por la Fundación Mainel con la participación de 65 artistas, se inaugurará el 25 de septiembre en el Museo de la Ciudad de Valencia, con motivo del centenario del nacimiento del fundador del Opus, Jose María Escrivá de Balaguer se financiará con fondos públicos destinados por La Generalitat  que aporta 1.804 euros a través del Consorcio de Museos y  por el el Ayuntamiento  que cede de gratis la sala (Septiembre 2002).

UN ESTUDIO DEL BBVA CALIFICA DE MEDIOCRE Y DISCRETO EL CRECIMIENTO ECONÓMICO VALENCIANO

'Hay que producir más y mejor', dice el catedrático de la Universidad de Valencia, Leandro García, coordinador de un estudio sobre la economía valenciana editado por el BBVA y presentado en la Bolsa de Valencia. Los resultados de la Comunidad en crecimiento económico, productividad, stock de capital y cualificación de la mano de obra son 'mediocres' o 'discretos' en el contexto español, concluía el coordinador.  García se refirió a la economía valenciana como una combinación de luces y sombras. El catedrático explicó que si bien la diversificación sectorial, el carácter emprendedor, la dinámica exportadora o la flexibilidad de las pymes 'constituyen para muchos la esencia de un modelo de éxito en el contexto de las regiones españolas, lo cierto es que para la mayoría de los economistas académicos tales consideraciones no son más que cortinas de humo que impiden un análisis correcto de la situación'. Según el coordinador de la obra, el perfil de la estructura productiva valenciana 'es un reflejo de los promedios españoles'. El profesor se refirió a la inversión en I+D y a la productividad como puntos débiles de la economía local. 'Estamos urgidos de una verdadera cruzada en favor de la competitividad', propugnó el coordinador. La inversión extranjera, otra variable del desarrollo económico, ha moderado su crecimiento [ver gráfico adjunto] frente a la eclosión de principios de los años 90 (Septiembre 2002).

SINDICATOS Y OPOSICIÓN CREEN QUE EL 'NUMERO DOS' DE SANIDAD DEBE DIMITIR PARA PRESENTARSE A UNAS OPOSICIONES

Los grupos de la oposición y los sindicatos CC OO y UGT consideran que no es moralmente aceptable que el subsecretario de la Agencia Valenciana de la Salud y número dos de la Consejería de Sanidad se presente a las oposiciones convocadas por su propio departamento para cubrir las plazas de 2.195 médicos y reducir la temporalidad en el sector. Tanto el PSPV y EU como las organizaciones sindicales han solicitado al subsecretario que opte entre la dimisión de su cargo en la Administración o no presentarse para garantizar la igualdad de oportunidades. Los principales sindicatos de la Comunidad coincidieron en la idea de que los directivos deberían abandonar sus cargos si quieren optar a las plazas (Septiembre 2002).

LA DEUDA DE LA GENERALITAT SUBE UN 6,5% Y SUPERA YA LOS 6.600 MILLONES DE EUROS

El respiro ha durado poco. La deuda pública de la Generalitat Valenciana se disparó en el segundo trimestre del año un 6,5% y supera ya los 6.600 millones de euros, según el Banco de España. La Comunidad Valenciana es, a la vista de estos datos, la más endeudada del conjunto de autonomías españolas en relación a su Producto Interior Bruto. Las obligaciones públicas de la Generalitat representaban en junio el 10,1% del PIB.

La valenciana es la cuarta comunidad española más endeudada en términos absolutos, con 6.648 millones de euros, sólo por detrás de Cataluña, Madrid y Andalucía, pero ocupa, sin embargo, el puesto de cabeza en relación a su PIB. Concretamente, las obligaciones públicas representan ya el 10,1% del Producto Interior Bruto valenciano (Septiembre 2002).
 

LOS PADRES TEMEN QUE EL PP PRIME LOS CENTROS DE ÉLITE

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Valencia ha calificado de 'agravio a la escuela pública' la decisión de primar 'a los colegios con mayor rendimiento y rentabilidad social'. Para la FAPA, subyace 'una concepción mercantilista de la enseñanza' en la propuesta del Partido Popular relativa a dotar con más recursos a los centros educativos que obtengan mejores resultados, contenida en una de las ponencias que se presentarán al próximo congreso valenciano del partido gobernante.

La presidenta de FAPA, Carmen Molina, se pregunta si esos recursos adicionales se corresponderán 'con la verdadera rentabilidad social y rendimiento académico' o bien se premiará a los centros que 'debido a su mayor presupesto y alumnado de élite ofrezcan mayores servicios mercantilistas'. El temor manifestado por la representante de los padres es que 'ocurrirá lo segundo', a pesar de que la escuela pública 'es la única que cumple en su totalidad con los requisitos humanos que marca la Constitución' (Septiembre 2002).

EL 'MODELO ZAPLANA' DE ASISTENCIA A MAYORES PIERDE FUELLE

La asistencia a mayores es, con la Sanidad, una de las áreas en las que la Generalitat Valenciana ha llegado más lejos en la gestión privada de servicios públicos. El primer paso en este camino comenzó en 1996 con las ayudas a amas de casa con ancianos a su cargo, una fórmula que el ministro de Trabajo y Servicios Sociales y anterior presidente valenciano, Eduardo Zaplana, quiere exportar a toda España y que en Valencia está en retirada porque no ha llegado a cuajar. Anunciadas con un presupuesto de 27 millones, las ayudas nunca superaron los 10, y este año se han reducido a 5,8 millones.

Este programa de ayudas a las amas de casa con mayores a su cargo se presentó en plena campaña a las elecciones autonómicas de 1995 por parte del entonces candidato Eduardo Zaplana y el actual presidente de la Generalitat, José Luis Olivas (entonces dirigente del PP), como un medio de 'favorecer la integración laboral de las amas de casa' y con el objetivo de fondo de hacer frente a listas de espera en las residencias de la tercera edad.

Un primer presupuesto elevó a 27 millones de euros el dinero que se destinaría a este fin y a más de 22.000 las beneficiarias. Nunca se llegó a estas cifras. Este año, el dinero destinado son 5,88 millones de euros, la mitad del presupuestado que hubo en 2001 y menos de una cuarta parte de los 27 millones anunciados. En sus seis ejercicios de vida nunca ha rebasado los 11,2 millones de euros anuales y las 7.046 beneficiarias. Su evolución ha mantenido un trayecto muy irregular, que ni en el mejor de los años ha evitado las listas de espera.

En 2000 se cambiaron las condiciones. Las ayudas -antes entre 60 y 150 euros- se situaron entre 90 y 180 euros. Además, se alcanzaron los 10,8 millones de presupuesto inicial (se gastaron 10,2) y se ayudó a 5.727 mujeres. En 2001 el presupuesto creció nuevamente hasta los 12 millones de euros y se gastaron 10,2, aunque crecieron las beneficiarios hasta 6.086. El bajón importante se ha producido este año. El presupuesto inicial se fijó en 6,01 millones de euros, que se ha reducido desde el 11 de septiembre pasado a 5,88 millones, una cantidad que puede atender a unas 3.600 mujeres (Septiembre-Octubre 2002).

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN :  EL BAILE DE LA EXPROPIACIÓN

Había, en 1995, una discoteca, de las de toda la vida y encasillada entre las calificadas como de moda, al menos, para un determinado colectivo. La discoteca se encontraba en una de esas calles de Castellón que, en lugar de ser una línea recta, es una sucesión de eses sin sentido. La discoteca provocaba molestias entre los vecinos de la calle de Méndez Núñez. Muchas molestias. Al fin, la discoteca se cerró. Y, posteriormente, el dueño del local vendió el inmueble a una sociedad que ha programado la construcción de viviendas, que serán alineadas de manera que la calle obtenga un trazado lógico.

Ahora, el primer edil, José Luis Gimeno, pretende pagar más de 100.000 euros (más 17 millones de pesetas) al propietario de aquella discoteca en concepto de expropiación por una actividad que cesó hace siete años y pese a que el edificio tiene otro titular. A este enrevesado planteamiento hay que añadir un dato. Y es que el dueño del local en el que bailaban entonces los jóvenes de la capital de La Plana, es el ex alcalde de Benicàssim, Alejandro García, que figuró en la lista del PP como número uno, el mismo puesto que ocupaba y ocupa José Luis Gimeno en Castellón.

El PP justificó la deuda de estos más de 100.000 euros en la existencia de un convenio que José Luis Gimeno y el propio Alejandro García firmaron en 1995, sin aval de funcionario público alguno. Este documento obligaba al segundo al cierre de la 'sala de baile', mientras que el primero se comprometía a 'dar las órdenes oportunas a los servicios técnicos' para que se otorgara una indemnización por el traslado de la actividad y el lucro cesante de la discoteca 'dentro de los trámites expropiatorios', proceso que ha iniciado el PP, pese a que iba a ser asumido por la empresa, lo que hubiera impedido el cobro de los más de 100.000 euros (Octubre 2002).

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE: CLAVERO IMPLICA AL GOBIERNO DE ALPERI EN LAS IRREGULARIDADES DE LA GESTIÓN DE MERCALICANTE

Emilio Clavero, ex gerente de la empresa mixta Mercalicante, imputado por un supuesto desfalco de unos tres millones de euros, ha implicado directamente al Ayuntamiento, gobernado por el PP, en las irregularidades de gestión de la firma. En su declaración ante la juez que instruye el caso, el ex directivo aseguró que por orden expresa del concejal de Comercio, Juan Zaragoza, Mercalicante financió gastos del Ayuntamiento a los que esta institución no podía hacer frente. Emilio Clavero mantuvo ante la juez que instruye el caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante, que el Ayuntamiento, gobernado por el PP con mayoría absoluta, recurría, en ocasiones, a los fondos de la firma Mercalicante como fórmula para financiar gastos municipales no presupuestados o cuyas partidas estaban agotadas. El Ayuntamiento participa en Mercalicante con el 51% de las acciones; el resto pertenecen a Mercasa, dependiente del Ministerio de Agricultura.

Emilio Clavero, al igual que al ser preguntado por el resto de irregularidades, mantuvo que el máximo órgano de control de Mercalicante, la comisión ejecutiva, era conocedora del uso del Ayuntamiento de los fondos de la empresa. Este comité ejecutivo, así como el consejo de administración, lo preside el alcalde, Luis Díaz Alperi. También son miembros del órgano los ediles del PP Juan Zaragoza y José María Rodríguez Galtant y dos representantes de Mercasa.

Por su parte, se ha conocido que Juan Zaragoza, concejal de Comercio del Ayuntamiento de Alicante, del PP, y vicepresidente de la empresa mixta Mercalicante, colocó a una de sus hijas en Tenos, una de las sociedades implicadas en el supuesto desfalco de tres millones de euros cometido por Emilio Clavero, ex gerente de la entidad. Mónica Zaragoza Blanco trabajó para Mercalicante en 1999 como auxiliar administrativo. Más adelante, fue contratada por Tenos y ahora trabaja para la empresa LAF, que factura para Mercalicante (Octubre 2002).  

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE: ALPERI ELUDE EXPLICAR EL DESFALCO EN MERCALICANTE Y DELEGA EN EL CONCEJAL QUE COLOCÓ A SU HIJA EN LA EMPRESA

La primera comparecencia pública de los responsables de Mercalicante para explicar el quebranto económico de unos siete millones de euros no contó con la presencia del máximo responsable de la sociedad pública, Luis Díaz Alperi, presidente del consejo de administración y alcalde de la ciudad. Éste delegó en Juan Zaragoza, vicepresidente de la empresa que colocó a su hija en esta firma y en otras implicadas en el escándalo.  La ampliación de capital de 1.800.000 euros en Mercalicante, aprobada por sus dos socios mayoritarios (Ayuntamiento y la sociedad estatal Mercasa) es insuficiente para equilibrar la empresa. Los actuales gestores de la firma pública anunciaron que para reflotar Mercalicante harían falta entre 3 y 4 millones de euros más. Esa cantidad o parte de ella podría ser cubierta con la enajenación de activos ociosos de la empresa o con la puesta a punto de plusvalías latentes.

La auditoría externa de esta firma puso de manifiesto las irregularidades contables en la gestión de la empresa mixta Mercalicante, presuntamente cometidas por su ex gerente, Emilio Clavero, quien fue cesado de su cargo el 29 de julio (Octubre 2002).

EL CONSEJERO BLASCO CONTRATA A UNA EMPRESA DE SEGURIDAD 'HERMANA' DE OTRA INHABILITADA

La Consejería de Bienestar Social, que dirige Rafael Blasco, ha adjudicado este año dos contratos de servicio de vigilancia de centros públicos dependientes de ese departamento a la empresa Bubos Securitas, SA, por importe de 174.000 euros. Esta mercantil está vinculada a Esave, SA, sancionada por el Gobierno central por falsificar la documentación necesaria para trabajar con la Administración. Ambas comparten domicilio en Madrid y en sus respectivas sedes no dudan en dar el teléfono de la otra. Fuentes del sector de seguridad califican a Bubos como 'tapadera' de Esave.

La Consejería de Bienestar Social adjudicó en febrero de este año los servicios de seguridad de la residencia de disminuidos psíquicos Peñarrubia de Villena (Alicante) y del centro de deshabituación Els Reiets de Alicante a la empresa Bubos Securitas, SA. Esta mercantil está vinculada a la Empresa de Seguridad Auxiliar de Vigilancia Especializada, SA (Esave), sancionada el año pasado por la Administración central. Una resolución publicada en el BOE el 19 de julio de 2001 prohíbe a esta empresa contratar con las administraciones públicas durante un periodo de cinco años, debido a que falsificó la documentación relativa a la clasificación obligatoria que se exige a todas las empresas que trabajan con la Administración (Octubre 2002).

EL SUBSECRETARIO SE EXAMINA 

El subsecretario de la Agencia Valenciana de la Salud, Marciano Gómez se examina en las oposiciones para una plaza fija como médico de unidad de corta estancia. Se da la circunstancia quede que una jefa de área de la Consejería de Sanidad, en la que él es el segundo en el mando, preside el tribunal (Octubre 2002). 

TERRA MÍTICA CIERRA LA TEMPORADA BAJO MÍNIMOS. EL PARQUE DE BENIDORM CONSIGUE DOS MIL TURISTAS MENOS CADA DÍA DE LOS PREVISTOS Y DESPIDE A 923 TRABAJADORES

El parque temático Terra Mítica de Benidorm cierra sus puertas por fin de temporada sin haber alcanzado sus objetivos en cuanto al número de visitantes que estaba previsto una afluencia media diaria de 7.000 visitantes, y sólo han conseguido 5.000.

La clausura del parque por fin de temporada supondrá que 923 empleados que han prestado sus servicios en el centro como fijos- discontinuos pasen a engrosar las cifras del paro a partir de ahora. Estos trabajadores son originarios de Alicante, de Valencia e incluso de provincias cercanas, como Albacete y Murcia. Asimismo, Terra Mítica, procederá al despido de un grupo de sus directivos el 30 de diciembre. El actual director de recursos humanos del complejo y cuñado del Ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, Justo Valverde, ha solicitado abandonar su responsabilidad y dejar el parque (Noviembre 2002). 

UN SOLO PROMOTOR DE VIVIENDA GESTIONA MÁS DE DIEZ MILLONES DE METROS CUADRADOS DE SUELO 

El debate sobre la especulación del suelo y su repercusión en el precio de la vivienda adquiere una dimensión gráfica impresionante cuando un solo promotor presenta los cerca de diez millones de metros cuadrados que gestiona. Edival, una importante constructora valenciana, posee o participa en la propiedad de esa superficie y gestiona su desarrollo. En la actualidad actúa sobre 2,4 millones de metros cuadrados sobre los que se levantarán 15.468 viviendas a corto plazo. Pero disfruta de una reserva de 7,4 millones de metros para acometer distintas promociones hasta 2011.

Juan Bautista Soler, uno de los promotores de vivienda valencianos más importantes, comentaba que el precio de la vivienda está directamente vinculado al coste del suelo, la mano de obra y los materiales. El promotor, aseguraba, se limita a agregar un margen de beneficio comercial al conjunto de los gastos que asume. Pero si un sólo promotor tiene cubiertas sus necesidades de suelo hasta 2011 el debate sobre el coste del suelo adquiere otra perspectiva.

Edival es una gran empresa, pero su volumen de negocio no compara con las magnitudes que manejan sociedades estatales con notable presencia en la Comunidad Valenciana como Vallermoso o Fomento de Construcciones y Contratas (Noviembre 2002). 

ANA BOTELLA RELEGA AL PRESIDENTE DE LA GENERALITAD VALENCIANA OLIVAS EN LA INAUGURACIÓN DEL IVI. CERRÓ UN ACTO EN EL QUE PARTICIPÓ TAMBIÉN LA MINISTRA DE SANIDAD.

El protocolo saltó por los aires en la inauguración de la nueva sede del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) en Valencia. La esposa de José María Aznar, presidente del Gobierno, Ana Botella, cerró el acto y relegó a un segundo plano tanto a la ministra de Sanidad, Ana Pastor, como al presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, que le precedió en el uso de la palabra y que, según las normas protocolarias, era la máxima autoridad presente y al que, por tanto, le correspondía decir la última palabra.

Ana Botella acaparó todo el protagonismo en la inauguración de las nuevas y lujosas instalaciones del IVI en Valencia, celebrada pocas horas después de conocerse la oferta que el presidente de la Comunidad de Madrid y candidato popular a la alcaldía de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, le ha hecho a la esposa de José María Aznar para integrarse como número dos de su candidatura y dar así el salto a la política.

Ana Botella había sido invitada expresamente al acto y fue la encargada de descubrir la correspondiente placa, en la que figura la leyenda habitual en estos casos, con el añadido de '... siendo presidente de la Generalitat José Luis Olivas'.

En los discursos que siguieron intervinieron el director del IVI, Antonio Pellicer, Ana Pastor y José Luis Olivas. Y cerró el acto Ana Botella. El presidente de la Generalitat quedó así relegado a un segundo plano, cuando protocolariamente le correspondía el máximo protagonismo, en un acto en el que, por otra parte, llamó la atención la escasa asistencia de dirigentes del PP, que se limitó a la presencia, obligada por razones de protocolo, del consejero de Sanidad, Serafín Castellano, del delegado del Gobierno, Juan Cotino, la alcaldesa, Rita Barberá, y la presidenta de las Cortes Valencianas, Marcela Miró (Noviembre 2002). 

LA RED PÚBLICA DE SERVICIOS SOCIALES IGNORA LOS PROBLEMAS DE LOS INMIGRANTES, SEGÚN EL SÍNDIC

El Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, considera que la red de servicios sociales de las administraciones públicas de la Comunidad no sólo no es eficaz para cubrir las necesidades de la población inmigrante, sino que las 'ignora' y, por tanto, contribuye a que su situación social se deteriore. Del Rosal opina que los medios materiales y personales para atender las necesidades de este colectivo son insuficientes y, además, los escasos recursos disponibles, a su juicio, 'no están, en la mayoría de los casos, adaptados para atender las necesidades de los inmigrantes'.

El Síndic hizo estas consideraciones sobre la red pública de servicios sociales y las necesidades específicas del colectivo de inmigrantes durante su participación en las XVII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo. El encuentro se celebró en Pamplona y congregó a los doce representantes autonómicos de la institución junto al delegado nacional, Enrique Múgica (Noviembre 2002).

EL PP, CONDENADO POR DESCALIFICAR A 'LEVANTE' E 'INFORMACIÓN'  

El Grupo Popular de las Cortes Valencianas ha sido condenado por el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valencia por atentar contra el honor y la imagen de los diarios Levante, de Valencia, e Información, de Alicante -ambos del Grupo Moll-, en una nota de prensa difundida en julio de 2000, donde censuraba el trato informativo que los dos rotativos dieron a la inauguración del parque temático Terra Mítica, de Benidorm. Los diarios demandaron al grupo y a su portavoz adjunto, Rafael Maluenda, y ahora, el juzgado ha condenado al primero a indemnizar con 6.000 euros a los dos periódicos y al pago de las costas. El fallo deberá difundirse a través de la Agencia Efe como ocurriera hace dos años con la nota de prensa.

El 31 de julio de 2000, el portavoz popular, Rafael Maluenda, difundió a través de la citada agencia de noticias, una nota de prensa en la que descalificaba a los periódicos por la información dada sobre los primeros días de apertura del parque, del que la Generalitat Valenciana, gobernada por el PP, es accionista.

Maluenda calificaba en la nota de "triste para los valencianos que dos periódicos, Levante e Información, que se editan en la Comunidad Valenciana y que viven de su dinero, colaboren descaradamente con un grupo catalán que lo único que pretende es el desprestigio de nuestra Comunidad y su perjuicio económico". El párrafo, según el fallo, "no sólo en sus formas sino también en su contenido, traspasa realmente la frontera de la mera opinión, la sospecha, la crítica, el desacuerdo, el indicio, etcétera, para convertirse en descalificación, agravada por la cita de vinculación de los dos diarios (Noviembre 2002). 

LA GENERALITAT ENCARGA UN ESTUDIO DEL RIESGO DE SUS BIENES A UN EMPRESARIO PRÓXIMO AL PP 

La Generalitat encargó a una correduría de seguros afincada en Madrid una auditoría sobre el riesgo de los bienes de la Administración. La firma en cuestión -Pentágono Control Risk, SA- tiene como consejero delegado a un empresario próximo al PP que en 1998 lo propuso como representante de Madrid en Bancaja. Los trabajos fueron contratados conselleria por conselleria sin convocatoria pública. 

El Consell encargó recientemente a una correduría de seguros con sede en Madrid un estudio sobre los riesgos del inmovilizado material de la Generalitat Valenciana. La empresa en cuestión -Pentágono Control Risk. Correduría de Seguros, SA- tiene como consejero delegado a Aurelio García de Sola y Arriaga, un empresario próximo al Partido Popular cuyo nombre se barajó hace seis años para dirigir la oficina del Consell en Madrid bajo el mandato de Eduardo Zaplana.  

Así el 16 de octubre de 1996 García de Sola era en ese momento firme candidato a ser nombrado delegado de la Generalitat en Madrid después de que el periodista Miguel Veyrat renunciara a ocupar este cargo. La buena sintonía del empresario con el PP quedó sellada dos años después. García de Sola fue elegido, a propuesta de los populares, el representante de Bancaja en Madrid. García de Sola ha ocupado cargos de responsabilidad en Pentágono desde su constitución a principios de 1993. Según datos del registro mercantil en la actualidad figura como consejero delegado de la firma cuyo objeto social es «la mediación entre los tomadores del seguro y los asegurados, la promoción y el asesoramiento preparatorio de la formalización de contratos de seguro y posterior asistencia al tomador». Familiares de Aurelio García de Sola ocupan también cargos en esta empresa, en concreto su hermano José Manuel, también consejero delegado y su esposa, Teresa Mariategui Valdés, que figura como presidenta del órgano social (Noviembre 2002). 

MILES DE PERSONAS SALEN A LA CALLE EN VALENCIA CONTRA EL PLAN HIDROLÓGICO  

Varias decenas de miles de personas se manifestaron en las calles de Valencia en contra del Plan Hidrológico Nacional (PHN). Las 47 entidades convocantes, entre ecologistas, partidos políticos de izquierda y sindicatos, de Valencia, Aragón y Cataluña fundamentalmente, congregaron a 100.000 personas, según sus estimaciones, y entre 6.000 y 8.000, según la Delegación de Gobierno, en una marcha que reclamó diálogo social entre las partes implicadas y una "nueva cultura del agua" que no se sustente en el trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos del río Ebro.

"Ya sufrimos en mi pueblo, Caspe, el embalse de Mequinensa durante el franquismo, en una época que parecía pasada, y ahora en la democracia se actúa del mismo modo que entonces. No hay derecho a que no haya diálogo", se lamentaba José Benito, representante de la Asociación de Agricultores y Ganadores de Aragón.

La manifestación estaba encabezada por una gran pancarta que pedía mantener vivos los marjales, los deltas y los ríos, y defendía una rotunda negativa al plan, cuyos principales beneficiarios serán los "empresarios y los especuladores", a tenor del contenido de algunos de los lemas más escuchados durante el recorrido, en el que concluyó la llamada marcha azul. Miembros de la Plataforma en Defensa del Ebro venían de recorrer más de 1.000 kilómetros en demanda de diálogo sobre el PHN.

Celebrada en Valencia porque en la ciudad se desarrolla la conferencia mundial del convenio de Ramsar sobre los humedales, la manifestación arrancó en un ambiente caldeado por el acto que el sábado sábado organizaron las principales asociaciones empresariales valencianas, en el que se pidió la puesta en marcha inmediata del PHN y se abucheó a los líderes del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, y de EU-IU, Joan Ribó, hasta hacer inaudible sus intervenciones grabadas. El PP valenciano ha criticado la manifestación durante toda la semana y ha cargado las tintas contra los socialistas, que en Aragón apoyaban la protesta.

Al final de la marcha, el escritor valenciano Josep Vicent Marqués pidió resistencia contra el pretendido enfrentamiento entre aragoneses, valencianos y catalanes y contra el PHN. El último en hablar fue el presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Pedro Arrojo, que denunció los intereses empresariales y especuladores del "modelo de gestión obsoleto" propuesto en el PHN, basado en el hormigón y en un "desarrollo insostenible" (Noviembre 2002). 

EL NÚMERO DE CAMPOS DE GOLF VALENCIANOS SE DUPLICARÁ EN CINCO AÑOS   

El número de campos de golf de la Comunidad Valenciana, la tercera autonomía en cantidad de instalaciones, por detrás de Andalucía y Cataluña, se duplicará en cinco años. Pese a que Gobierno y Consell aseguran con insistencia que el agua del Ebro no servirá para regar greens, éstos necesitarán agua igualmente. Sea con pozos, aguas residuales u otros recursos, no faltarán las suspicacias: los envíos del Ebro irán a sitios donde podría emplearse el agua de los campos de golf.

La Comunidad Valenciana se encuentra en el tercer puesto del ránquing de campos de golf, por detrás de Cataluña (34) y Andalucía (54). En Alicante están en funcionamiento doce campos, siete en Valencia y tres en Castellón. En total, seis más que en 1992 y los mismos que en 2000, aunque existen dos instalaciones a punto de ser inauguradas. Las previsiones, y los proyectos, apuntan que en un plazo de cinco años, la provincia de Alicante duplicará su oferta, mientras que en Castellón se habla de entre siete y doce nuevas instalaciones. En Valencia se apunta a la inauguración de, al menos, un nuevo campo.

La polémica del Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro ha puesto a los campos de golf en el ojo del huracán. Alrededor del 60% de los campos de la Comunidad Valenciana utilizan, para su abastecimiento, aguas residuales y depuradas sometidas a un tratamiento terciario que posibilita su uso para el riego del césped. Un agua que no es utilizada para el riego de cultivos. Ecologistas en Acción mantiene que, en algunos casos, este agua ni siquiera es apta para la zona más "delicada" del campo como es el green, por lo que "sus características obligan a mezclarla con agua potable o agua subterránea en proporciones, a veces, del 50%". En el 40% de los campos de golf restantes, entre los que se encuentran, sobre todo, los más antiguos, según datos facilitados por el propio sector, el agua se toma de pozos subterráneos. Un agua, llamada de segunda mano, que, aún no siendo potable, sí puede alimentar a los cultivos. Además estos pozos se abastecen de los acuíferos, hecho por el que se desatan las dudas sobre el destino del trasvase, ya que, si el preciado líquido ha de servir para mejorar las condiciones de acuíferos sobreexplotados, de manera indirecta, será utilizado en algunos campos de golf que verán sus pozos "realimentados" (Noviembre 2002).  

EL PARQUE TERRA MÍTICA DE BENIDORM HA PERDIDO 95,8 MILLONES DE EUROS DESDE SU INAUGURACIÓN   

Un plan diseñado por la Generalitat hace recaer sobre las dos principales cajas valencianas, CAM y Bancaixa, y sin la colaboración del resto de los accionistas, el saneamiento de la situación financiera del parque temático Terra Mítica provocada por la acumulación de pérdidas. El importe de esta operación de reequilibrio patrimonial asciende, como mínimo, a unos 95 millones de euros que deberían ser aportados por ambas cajas antes de fin de año. Los malos resultados de la temporada de 2002 han agravado el desequilibrio patrimonial de la que ha sido la obra más emblemática de los gobiernos del PP desde su entrada en la Generalitat, una situación que exige ser solucionada antes del cierre de ejercicio.

Además del resto del accionariado, la operación impulsada desde la Generalitat deja también fuera a la multinacional Paramount, encargada de la gestión del parque, y cuya vinculación con el mismo no ha implicado hasta este momento la asunción de ningún riesgo. Paramount se ha negado a realizar aportaciones de capital a pesar de que en el contrato firmado por la multinacional estadounidense, en el cual se aseguró el cobro de un canon fijo de gestión al margen de cuáles fueran los resultados anuales, figura la posibilidad de suscribir hasta el 20% de una futura ampliación de capital.

Las pérdidas de este año, antes de impuestos y a 31 de diciembre alcanzarán, como mínimo, los 30 millones de euros según información de accionistas del parque. Estas pérdidas del ejercicio 2002 se suman a los 27 millones de 2000 y 38,8 de 2001. De esta forma, desde su inauguración Terra Mítica habría incurrido en unas pérdidas de 95,8 millones de euros (15.939 millones de pesetas). El monto equivale al 63,7% de su capital inicial y al 45,6% del capital total aportado (el inicial más la ampliación de capital realizada entre fines de 2001 y comienzos de 2002).

Las pérdidas desde la inauguración se elevarían hasta 119,48 millones, si se hubiera seguido el criterio del Informe de Auditoria realizado por Arthur Andersen sobre las cuentas de 2001 según el cual, por prudencia valorativa, se deberían haber amortizado con cargo a ese ejercicio la totalidad de los "gastos de primer establecimiento" por importe de 25,7 millones de euros. En ese caso, la reducción de recursos propios alcanzaría el 57,8% del capital.

En uno y otro caso, las pérdidas acumuladas colocan la sociedad próxima al supuesto contemplado en el artículo 163 de la Ley de Sociedades Anónimas, según el cual la "la reducción de capital tendrá carácter obligatorio para la sociedad cuando las pérdidas hayan disminuido su haber por debajo de las dos terceras partes de la cifra de capital social y hubiera transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el patrimonio". Sin embargo, diversos accionistas se niegan a aceptar esta reducción, por cuanto reduciría el valor nominal de sus acciones y, por tanto, el monto de sus beneficios cuando en un futuro, que hoy se ve todavía muy lejano, la sociedad estuviera en condiciones de retribuir a los accionistas (Noviembre 2002).  

LA PRENSA INGLESA ALERTA DEL RIESGO DE INVERTIR POR EL ABUSO URBANÍSTICO 

La prensa británica ha iniciado una campaña, mediante artículos y opiniones, alertando de los "riesgos" que comportan las inversiones inmobiliarias en el litoral valenciano, por la aplicación de Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). El embajador del Reino Unido, Peter Torry, mostró su "preocupación" y reconoció que ha recibido quejas de algunos conciudadanos ya amenazados por la expropiación de sus casas.

La idea que empiezan a transmitir algunos medios de comunicación británicos es que realizar inversiones inmobiliarias en la Comunidad Valenciana puede ser "arriesgado y peligroso" como consecuencia de la aplicación "perversa" de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU).

En las últimas semanas han aparecido artículos en diarios como Daily Telegraph, se han oído comentarios en la BBC y se han difundido artículos en diarios digitales en Internet que reflejan la situación de "indefensión e incertidumbre" que afrontan algunos propietarios británicos que se sienten amenazados por la legislación valenciana, según reconoció Charles Svoboda, presidente de la asociación Abusos Urbanísticos No (Noviembre 2002).  

CASO MERCALICANTE: EL CONCEJAL NO SABE NO CONTESTA

Juan Zaragoza, concejal de Comercio, del PP, y vicepresidente de la empresa pública Mercalicante, no aclara en la comisión de investigación municipal por qué firmó, junto con el ex gerente, Emilio Clavero, préstamos sin la autorización previa de los órganos de control: consejo de administración y comisión ejecutiva, presididos por el alcalde, Luis Díaz Alperi. Zaragoza se limitó a defender la "legalidad" de las operaciones financieras, uno de los motivos del endeudamiento de la empresa y del supuesto desfalco de unos seis millones de euros que el juez imputa a Clavero.

La comisión de investigación municipal que indaga las causas del agujero en Mercalicante centró sus trabajos en las supuestas irregularidades descubiertas en la financiación adicional del plan de expansión que la empresa puso en marcha en 1998 a iniciativa del entonces gerente, Emilio Clavero. El proyecto recogía la construcción de naves frigoríficas, otras multiusos y un edificio sin una función determinada. La obras se presupuestaron en 3,6 millones de euros aunque su coste final se duplicó.

Mercalicante se vio forzada a recurrir a préstamos por más de 6,1 millones de euros para sufragar el sobrecoste. Dos de estos prestamos, de unos 2,4 millones de euros y gestionados con la Caixa de Cataluña, presentaban irregularidades, según denunció en la sesión anterior de la comisión el concejal del Grupo Mixto, Daniel Rodríguez Vicaria. Ambos créditos llevan la firma del ex gerente y el edil Zaragoza. Uno de ellos no costa que fuera autorizado por ningún órgano de control y otro fue refrendado tres meses después de su concesión.

Zaragoza defendió la legalidad de las operaciones en base a los estatutos de Mercalicante y los poderes otorgados al gerente. De esta forma, el gerente podía disponer, sin autorización previa, de hasta 90.000 euros para gestionar, entre otras cuestiones, pólizas hipotecarias. "Cuando las operaciones excedían esa cantidad era necesaria la firma del vicepresidente", dijo Zaragoza. "Yo lo hice por delegación del presidente del consejo, y por ausencia del vicepresidente primero", añadió. El concejal rechazó que "haya cometido alguna ilegalidad".

Zaragoza se escudó en la "habilidad" del ex gerente para maquillar los balances. "No hay que olvidar que el ex gerente nos engañó. En cuanto tuvimos conocimiento de sus conductas irregulares lo despedimos y luego no querellamos", aseveró. El concejal del PP rechazó que despachara habitualmente con Clavero y que participara en la contratación de personal de Mercaliante. Una hija de Zaragoza trabajó inicialmente en la entidad y, más tarde, en una de las cuatro firmas en las que supuestamente se apoyó Clavero para realizar el desfalco. Mercalicante también se ha querellado contra los representantes legales de esas empresas (Noviembre 2002).

BENIDORM CONSIENTE UNAS OBRAS DE REFORMA SIN LICENCIA EN UN HOTEL DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE TERRA MÍTICA  

El concejal de Urbanismo de Benidorm, Antonio Botella, admite que unas obras que se acometen en el hotel Primavera Park carecen de licencia, y reconoció, sin tapujos, que en esa misma situación se encuentran una veintena de establecimientos.

Inmobiliaria Bernia, propiedad de Francisco Ronda Calvo, secretario del Consejo de Administración de Terra Mítica y accionista del parque, está realizando unas obras que permitirán reconvertir un edificio de apartamentos en un hotel de cuatro estrellas. Estos trabajos se realizan a pesar del informe contrario de los técnicos municipales y sin la preceptiva licencia municipal.

La irregularidad la destapó Tomás Orts, director-gerente del Hotel Nacional, establecimiento emplazado frente a los apartamentos de Ronda. Antes de denunciar el caso públicamente, el hotel Nacional ha recurrido administrativamente ante el Ayuntamiento. Orts aseguró que el Consistorio utiliza "raseros distintos" para cada ciudadano. "Y siempre benefician a los mismos", se quejó.

La irregularidad es bien conocida en el Ayuntamiento, gobernado con mayoría absoluta del PP. El concejal de Urbanismo explicó que no se otorgan las licencias porque la Consejería de Obras Públicas no ha refrendado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de hace ocho años, que pretende favorecer la reconversión de viejos hoteles en centros de cuatro y cinco estrellas (Noviembre 2002).  

MÚGICA VE NORMAL QUE SANIDAD NO ENTREGUE DATOS SOBRE LAS LISTAS DE ESPERA 

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, declara en Valencia que es normal que Sanidad quiera proteger su "huerto" de las listas de espera, en referencia a las dificultades que la institución que dirige encontró para obtener de la Generalitat los datos necesarios para su inclusión en un informe estatal sobre la materia.

"No ha facilitado ninguno de los indicadores que se le pidieron, limitándose a detallar algunas medidas implantadas para la reducción de tiempos de espera". Esta frase, referida a la Comunidad Valenciana, pertenece al informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la minuciosa investigación sobre las listas de espera en la sanidad española llevado a cabo a lo largo de este año y cuyos resultados presentará próximamente en las Cortes Generales. El trabajo, que ha incluido visitas a 29 hospitales, ha concluido que las listas de espera de la sanidad pública son "clínica y socialmente inaceptables". Y revela otro aspecto que el Defensor del Pueblo también denuncia: las administraciones ocultan los datos que se les solicitan al respecto, de manera que los expertos de la institución han tenido que hacerse pasar por pacientes para obtener información, utilizando el truco de simular una solicitud de visita para ver para cuándo les citaban.

Múgica, preguntado al respecto, no quiso echar más leña al fuego: "Cada uno cultiva su huerto como mejor le parece", dijo el Defensor del Pueblo, "y cuando va a entrar alguien, si los frutos de ese huerto no son apetecibles, trata de protegerlos". Múgica, que de esta manera venía a considerar normal que un gestor público pueda ocultar aspectos de su gestión incluso cuando se interesa por ellos una alta institución como la del Defensor del Pueblo, matizó que en lo relativo a las listas de espera la Comunidad Valenciana "ha cooperado". Según añadió, el Defensor del Pueblo ha contado con la "cooperación" de todos los gobiernos autonómicos para llevar a cabo la investigación sobre las listas de espera en la sanidad pública, que consideró un problema "importante". Eso sí, en comparación con otras zonas, su estudio en la Comunidad Valenciana no tiene "resultados demasiado buenos".

El Defensor del Pueblo estuvo en Valencia para pronunciar en el Club de Encuentro Manuel Broseta una conferencia sobre La democracia española en los inicios del siglo (Diciembre 2002). 

EL ALCALDE DE ORIHUELA CIERRA UNA TELEVISIÓN LOCAL Y DEJA ABIERTA OTRA DE EMPRESARIOS AFINES AL PP  

El gerente de la televisión local de Orihuela interpone una querella por presunta prevaricación contra el alcalde, José Manuel Medina, del PP, quien la semana pasada ordenó la clausura de esta instalación. Joaquín Ezcurra, máximo responsable de TVO, considera que el decreto de cierre que dictó Medina el pasado 25 de noviembre incurre en flagrantes irregularidades, ya que, según él, "fue recusado en las alegaciones y pese a ello no ha sido aprobado por el pleno municipal". Ezcurra denuncia la existencia de un trato de favor por parte de Medina, quien pretende con esta prohibición "facilitar la emisión de Canal 34, donde se encuentran todos sus aliados", entre ellos, el empresario y militante del PP, Ángel Fenoll.

El responsable del ente local sostiene que la decisión del alcalde está alentada por su propósito de permitir la emisión "ilegal" de Canal 34, cuyo Consejo de Administración está integrado por empresarios afines al PP de Orihuela: Enrique Sánchez López, representante de Doalco, el industrial Ángel Fenoll, procesado junto a Luis Fernando Cartagena por falsificación documental en el caso de las monjas, el promotor Esteban De Gomendio, Antonio Pedrera, Agustín Pérez, dueño del campo de golf Campoamor, Francisco Marcos, empresario oriolano, y Antonio Galiano, hermano de la concejal de Fiestas.

Ezcurra insiste en que su televisión tiene licencia para emitir por cable desde 1987, mientras Canal 34 sólo posee licencia para funcionar como estudio de televisión. TVO también ha recurrido a la vía de lo Contencioso Administrativo. En Orihuela opera un tercer canal (TV San Bartolomé) que limita sus emisiones a la pedanía del mismo nombre (Diciembre 2002).

COTINO ANUNCIA MÁS VIGILANCIA POLICIAL HORAS DESPUÉS DE QUE LE ROBARAN EL COCHE A DÍAZ ALPERI 

El tiempo quiso que coincidiera la noticia del robo del vehículo particular del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, con el anuncio del delegado del Gobierno, Juan Cotino, de poner en marcha un plan especial de vigilancia de policías de paisano durante estas fiestas. Una medida que desveló horas después de que unos desconocidos sustrajeran el coche del alcalde contra el que colisionó un todoterreno Alperi bajó a ver qué desperfectos había sufrido, y en ese momento uno de los ocupantes empujó al alcalde y se fugó con su coche. El resto huyó a toda velocidad.

El alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, del PP, sufrió en sus propias carnes las consecuencias de la creciente inseguridad ciudadana. El viernes por la noche, cuando se disponía a aparcar su vehículo, un Audi A 8, en el garaje de su casa, en la zona del campo de golf de la Playa de San Juan, un todoterreno le dio un pequeño golpe por detrás.

El alcalde, tras la colisión, bajó a ver qué había ocurrido, en ese momento los ocupantes del otro coche de color negro bajaron, y uno de ellos aprovechó la ocasión para empujar al alcalde, subirse a su coche, que tenía las llaves de contacto puestas, y salir corriendo. Instantes después el conductor del todoterreno corrió y salío huyendo (Diciembre 2002).

CUATRO EMBAJADORES MÁS SE UNEN A LA DENUNCIA CONTRA LA LRAU  

Los embajadores de Noruega, Suiza, EE UU y Canadá han acordado sumarse y apoyar a sus compañeros de la Unión Europea que denuncian los abusos urbanísticos que se están produciendo debido a una incorrecta aplicación de la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística), que deja en manos de un urbanizador privado la ordenación del territorio valenciano. Estos cuatro embajadores tienen previsto remitir un escrito al presidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, en "términos similares" a la misiva que el pasado 11 de diciembre firmaron 13 embajadores de la Unión Europa -todos menos Portugal- y que encabezaba el embajador de Dinamarca, país que ostenta la presidencia de turno en la Unión Europea.

Este frente diplomático contra los abusos urbanísticos denuncia la "inquietud y preocupación" que, entre los residentes europeos, ha generado esta norma urbanística, que también afecta a los españoles. Los embajadores reconocen que hay una "inquietud extendida" entre los propietarios europeos afectados por esta Ley, a los que el agente urbanizador les exige grandes cantidades económicas, y les amenaza con expropiar sus fincas.

Un total de 17 representantes diplomáticos instan a Olivar a celebrar una reunión con los afectados, y que garantice que se "revise" esta legislación urbanística, que algunos consideran que podría incumplir el artículo 33 de la Constitución (Diciembre 2002).

ANULADO EL DESPIDO DE UNA REDACTORA DE CANAL 9 QUE FUE A LA HUELGA EL 20-J

La televisión autonómica valenciana, Canal 9, tendrá que readmitir a Laura Cristina N.G., redactora en prácticas de informativos que fue despedida por ejercer su derecho a huelga en la jornada de paro general del pasado 20 de junio. Así lo ha decidido la magistrada del Juzgado de lo Social número cuatro de Valencia. Según consta en el fallo, Laura Cristina N.G. fue contratada, junto a otras siete personas, el 24 de septiembre de 2001. El contrato era por seis meses y fue renovado hasta el 16 de septiembre de 2002, aunque según la pauta, como consta en el fallo, la duración final sería de dos años. El 20 de junio pasado, la redactora ejerció su derecho a la huelga. Fue la única de los ocho contratados simultáneamente que lo hizo. El 3 de septiembre le comunicaron, sin advertencia previa, que no continuaría. La juez entiende que RTVV no ha explicado razón alguna para el despido y que "los indicios" llevan a concluir que "se ha lesionado el derecho fundamental de libertad sindical". El comité de empresa de RTVV pidió la dimisión de la directora de Canal 9, Genoveva Reig, por comportamiento "antidemocrático". Dolors López, miembro del consejo de Administración por el PSPV, solicitará explicaciones de José Vicente Villaescusa, director general de RTVV, en el próximo consejo (Diciembre 2002).

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