NOTICIAS ZAPLANA & CAMPS
2001

MUERE UN PACIENTE QUE HABÍA INGRESADO EN EL HOSPITAL
Un hombre de 77 años se convirtió el pasado 31 de diciembre en la última víctima mortal de la epidemia de legionella declarada Alcoy (Alicante). La ciudad viene padeciendo diferentes brotes, desde septiembre de 1999, que han afectado a 144 personas de las que ya han fallecido 6 personas. El enfermo ingresó el pasado 24 de noviembre en el Hospital Virgen de los Lirios y cinco días después fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Como se recordará, la primera víctima de los brotes de legionella falleció en diciembre de 1999. Era una mujer de 87 años que presentaba una patología múltiple y con cuadro médico irreversible. El 18 de octubre de 2000 fallecía en el mismo centro sanitario un hombre de 60 años, al que se le diagnosticó neumonía por legionella. La tercera víctima fue una mujer de 84 años que ingresó el 2 de noviembre y que fue dada de alta siete días más tarde. Ante la complicación de su estado volvió al hospital el 22 de noviembre y murió cuatro días después. La Consejería de Sanidad certificó la causa de la muerte en una insuficiencia cardiaca y edema pulmonar. La cuarta víctima, una mujer de 71 años, falleció el 29 de noviembre. El quinto fallecimiento (único que la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana atribuye a la legionella) se registró el pasado 5 de diciembre. Enero 01

LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA CONDENA A LA DIPUTADA DEL PP Y PRESIDENTA DE NN .GG ENCARNA CERVERA A UN MES DE SUSPENSIÓN DE CARGO

La presidenta regional de Nuevas Generaciones del Partido Popular y diputada autonómica, Encarna Cervera, ha sido condenada, al igual que sus padres y hermanos, a un mes y un día de arresto y suspensión de cargo público por el mismo período en virtud de un delito de alzamiento de bienes cometido en diciembre de 1993. La sentencia fue dictada por el juzgado de lo penal número 8 de Valencia en septiembre de 1999 y ratificada en parte por la Audiencia Provincial en febrero de 2000. El fallo considera probado que los siete acusados «procedieron a realizar una venta que fue fraudulenta». Los hechos se remontan a 1993, cuando Encarna Cervera, quien obtuvo el escaño en los pasados comicios de 1999, contaba 20 años. Según la sentencia, Gregorio Cervera Montón, padre de la actual dirigente del PP, era el apoderado de Valcobre, SL. Dicha firma suscribió con el Banco Español de Crédito «una póliza en la que afianzaba ante la entidad el buen fin de las letras u otros documentos que se presentaran ante esa entidad bancaria la mercantil Valcobre, SL». Con posteridad, la firma libró a cargo de la mercantil Inmofesu, SL, una letra por importe de dos millones de pesetas. Dicho efecto resultó impagado, lo que dio lugar a que el banco iniciara acciones legales. El fallo relata que los dos acusados, Gregorio Cervera y su esposa Trinidad Mañas, «conscientes de las dificultades por las que atravesaba el negocio y para evitar que los acreedores procedieran contra sus bienes, ya que no podían hacer frente a los pagos, en connivencia con sus cinco hijos [entre ellos Encarna Cervera], transmitieron a éstos gratuitamente» varias fincas y el domicilio familiar. Ello se produjo días después del impago. Después, los hijos vendieron una de las fincas, aunque el dinero obtenido en la operación no se utilizó para saldar la deuda con el banco. Enero 01

ZAPLANA Y SU PECULIAR EX CONDUCTOR

La Agencia Valenciana de Turismo (AVT) decide no prescindir de Salvador Gil, ex chófer del presidente Eduardo Zaplana, como responsable de la residencia de invitados ilustres que la Generalitat posee en el Peñón de Ifach, en Calp. El organismo público que dirige Roc Gregori se ha dirigido a la firma privada Garrigues Andersen para que les asesore sobre cómo hacer frente a la reclamación previa a la vía jurisdiccional que recientemente ha presentado la Federación de Servicios Públicos de la UGT en la que solicita la anulación de la contratación de Salvador Gil y su mujer, también contratada en el centro. Como se recordará , la FSP-UGT ha emprendido varias acciones legales para lograr la anulación del contrato de la pareja por considerarlo «fraudulento». Entre otras cuestiones, el sindicato alega que el puesto que desde diciembre de 1999 ocupa el ex asesor de Zaplana está clasificado en la relación de puestos de trabajo de la agencia como grupo A, licenciado superior. No obstante, Salvador Gil sólo es graduado escolar.( Enero 01)

EL MOROSO GOBIERNO DE ZAPLANA: EL MINISTERIO DE TRABAJO RECLAMA 231 MILLONES A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN VALENCIANA

El Ministerio de Trabajo reclama a la Consejería de Educación valenciana una deuda acumulada por cuotas impagadas a la Seguridad Social que superan los 231 millones de pesetas. Los expedientes y su correspondientes "actas de liquidación" -que fueron remitidas el 29 de diciembre a la administración educativa para que pague en un plazo de 10 días hábiles- afectan a la contratación irregular de 1.393 monitores, educadores y becarios de comedores que prestaron servicios en diversos colegios públicos de la provincia de Valencia entre 1998 y 2000 sin que exista registro de las altas en la Seguridad Social. Los expedientes de los inspectores de Trabajo son exhaustivos y claros a la hora de calificar de "totalmente infructuosas" las múltiples reuniones sostenidas con el responsable de la Dirección General de Personal, "a fin de que procediera a regularizar el alta y la cotización de los trabajadores". ( Enero 01 )

LA COMISIÓN EUROPEA PIDE A ZAPLANA MÁS DATOS SOBRE LAS AYUDAS AL PARQUE TERRA MÍTICA

El expediente sobre Terra Mítica seguirá abierto en la Comisión Europea hasta que el Gobierno valenciano aclare una serie de dudas sobre la financiación de la construcción y promoción del parque temático de Benidorm. El comisario de la Competencia, Mario Monti, se entrevistó en Bruselas con el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, a quien dejó claro que su intención es tomar lo antes posible una decisión sobre el caso, pero añadió que no puede impedir a los denunciantes que presenten nuevas alegaciones. El caso Terra Mítica está siendo examinado por los servicios europeos de la Competencia desde 1997, a raíz de una denuncia presentada por la Federación Europea de Parques de Ocio, que acusaba a la Generalitat de haber cedido unos terrenos no urbanizables en el vértice entre los términos de Benidorm, Finestrat y La Vila Joiosa para construir el parque temático.( Enero 01)

CONDENA CONFIRMADA PARA EL CONDUCTOR DE ZAPLANA

La Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Penal número 7 de Alicante que condenó a Salvador Gil, ex chofer del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y actual responsable de la residencia de invitados ilustres que la Agencia Valenciana de Turismo posee en Calp, a nueve meses de prisión y las accesorias legales por un delito de lesiones. El fallo de la Audiencia, contra el que no cabe recurso, considera probado que hace tres años Salvador Gil y el otro condenado, Santiago L. M., agredieron a un joven en una cafetería de Benidorm y le causaron diversas heridas que le tardaron en curar 46 días, de los que 14 estuvo impedido para sus tareas habituales. Además, el perjudicado, que renunció a ser indemnizado, padece como secuela una «cervicalgia sin irritación branquial a los esfuerzos». ( Enero 01 )

TODO SIGUE IGUAL EN LAS CORTES REGIONALES

Los votos del grupo popular permiten vetar nada menos que once peticiones de comparencias, sobre un total de 32 examinadas, de la oposición, que pretendía que cinco consellers rindieran cuentas sobre aspectos como el brote de legionela de Alcoi, el caso IVEX o los alquileres de locales de RTVV y la programación de Canal 9, con la polémica sobre el espacio Debat obert al fondo. Por su parte, el entusiasta portavoz del PP, Alejandro Font de Mora, mantuvo que todos los vetos estaban «argumentados». Sobre la legionela, indicó que la comisión de investigación integrada sólo por los populares al abandonarla la oposición ya abordó este caso. Del IVEX se dijo que el asunto sigue sub iudice. En cuanto a RTVV, se despejó el balón hacia el director general del ente o el presidente del consejo de administración.( Enero 01 )

SUCESIÓN DE AZNAR: COMIENZA EL ESPECTÁCULO. ZAPLANA SE PRESENTA EN MADRID

El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, presenta en Madrid su libro «El acierto de España. La vertebración de una nación plural», en el que analiza su modelo de financiación y hace reflexiones políticas sobre la España de las autonomías. El acto se enmarca en un conjunto de apariciones de Zaplana en los cenáculos de la capital, que alimentan su estrategia para presentarse como hombre de Estado con vistas a labrarse un futuro político en Madrid. El propio presidente ha elegido a Rodrigo Rato, al que fuera candidato a la S. Gral del PSOE José Bono y Miquel Roca para configurar el abanico ideológico de los presentadores del libro.

LA JUEZA APRECIA «ENCHUFISMO» EN LA CONTRATACIÓN DE LA MUJER DE CERVERA EN PRESIDENCIA DEL CONSELL Y EN IBM

La titular del juzgado de instrucción 18 de Valencia a pesar de archivar la querella presentada contra el ex conseller José Emilio Cervera y Dolores Santos por falta de pruebas, deja clara su opinión de que se produjo «enchufismo y favoritismo» en la contratación de la esposa de Cervera como alto cargo de la multinacional IBM. La magistrada tilda de «sorprendente» que la entidad IBM contratara a una persona que carecía de experiencia profesional en el terreno de la informática e incluso también en el sector de la administración pública. Además, deja en evidencia a la mujer de Cervera. En el currículum que remitió Dolores Santos a la multinacional, un mes antes de su contratación, dijo haber trabajado en las empresas Andersen Consulting, Deustche Bank y en Arcoasa, como auditora de cuentas. No obstante, la jueza hace constar que en el oficio de la Tesorería General de la Seguridad Social sólo constaba haber trabajado un año (1992-1993) en una empresa familiar para después, en diciembre de 1995, figurar de alta en la Generalitat Valenciana, donde desempeñaba el cargo de asesora del presidente. El auto relata que los altos cargos de IBM que declararon en el juzgado indicaron que seleccionaron a Santos entre tres candidatos y que se inclinaron por ella, «especialmente» por el empleo de asesora de Presidencia. «Resulta sorprendente que IBM contrate a una persona por su experiencia en el sector público, ya que su intención era abrirse camino en las administraciones, por lo que se consideró muy ventajoso los conocimientos de la señora Santos como asesora del señor Zaplana». A renglón seguido, la jueza explica que este cargo «se limitaba a llevar su agenda personal, por lo que difícilmente podía aportar muchos datos tanto en la informática, como en el sector público».( Febrero 01 )

ZAPLANA, LOS JUBILADOS Y SU PALABRA DE HONOR

Una vecina de Catarroja de 73 años de edad ha solicitado a la Generalitat que le costee los gastos derivados de un tratamiento médico que no está cubierto por la Seguridad Social. La petición, realizada a través de una epístola certificada dirigida al presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, responde a las manifestaciones realizadas por el propio jefe del Consell en septiembre de 1998 en el transcurso de una comida homenaje de Catarroja que anualmente el ayuntamiento de la localidad organiza para sus mayores. En este evento, en el que estuvo presente la afectada, Zaplana afirmó: «Si un día, aunque sólo sea un día, un médico les receta una medicina que los farmacéuticos no le dan gratis, la pagará la Generalitat». «No habrá ni una sola receta que tengan que pagar. Tienen mi compromiso y mi palabra de honor», sentenció el presidente. Acogiéndose a tal afirmación, la afectada tras tener que comprar un fármaco que tiene que tomar por prescripción médica ha decidido solicitar al presidente de la Generalitat el importe de esta medicina excluída del sistema sanitario público. La vecina de Catarroja adjunta en su carta de petición de subvención del medicamento una fotocopia del ticket de la farmacia y de la cartilla de seguimiento donde figura el tratamiento que debe de seguir. La jubilada relata que el día 31 de enero padeció una caída, se rompió la cadera y tuvo que ser operada el día 4 de febrero de 1999. En la última visita realizada al hospital Doctor Pesset el médico le recetó el fármaco Nucleo CMP Forte, medicamento excluído de la Seguridad Social y cuyo importe asciende a 1.119 pesetas la caja. Actualmente la jubilada de Catarroja precisa alrededor de tres cajas mensuales por lo que el uso de esta medicina le supone un gasto de más de tres mil pesetas mensuales. ( Febrero 01 )

ZAPLANA COPIA EN SU LIBRO FRASES LITERALES DE OTRO COORDINADO POR UN DIPUTADO DEL PP Y EDITADO POR BANCAJA HACE 8 MESES

El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, utiliza en su libro «El acierto de España», que presentó en Madrid, frases e incluso párrafos textuales de un tratado sobre financiación de las comunidades autónomas que dirigió el diputado valenciano del PP Vicente Martínez-Pujalte y en el que participaron prestigiosos profesores universitarios. Dicha obra, editada por Bancaja hace ocho meses y cuyo preámbulo es del propio Zaplana, contiene ya la mayoría de las propuestas que aparecen en «El acierto de España». Ambos libros tienen estructura similar y epígrafes idénticos. El presidente no cita bibliografía alguna en su obra. Como se recordará, el 12 de junio de 2000, el presidente Eduardo Zaplana, acompañado por el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, presentó en Valencia la obra editada por Bancaja Análisis del sistema de financiación autonómica: Bases para un nuevo modelo, dirigido por el diputado valenciano y portavoz del PP en la comisión de Economía en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte. El ingente trabajo de 420 páginas, incluye artículos de prestigiosos profesores universitarios, economistas y técnicos. El preámbulo de la obra es del propio Zaplana y el prólogo, del vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato. Ocho meses después, Zaplana mostró en sociedad, en un acto multitudinario en Madrid, El acierto de España. El libro del presidente, de 215 páginas, está inspirado en la publicación de Bancaja: La estructura es similar, las propuestas son idénticas (cesión de un 50% del IRPF a las comunidades, la creación de un foro de presidentes autonómicos o la necesidad de competitividad entre los presidentes regionales). Incluso se repiten epígrafes como los referidos a los sistemas de financiación de Suiza, Canadá y Alemania o a la participación de las comunidades autónomas en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Pero las coincidencias van más allá. El texto de Zaplana recoge frases textuales del libro de Bancaja, en el que participaron ocho expertos, entre ellos, además de Martínez-Pujalte, el eurodiputado José Manuel García-Margallo y Francisco Adame Martínez, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla, entre otros. Mientras el trabajo de éstos está repleto de citas, varias de ellas de Zaplana, y bibliografía, el jefe del Consell no identifica sus fuentes ni dice que haya tomado prestadas frases de los profesores Adame y Javier Lasarte, autores del capítulo tercero, en el que se realiza un exhaustivo recorrido por los modelos de financiación de otros países. Tal como puede comprobarse en el cuadro adjunto, en el que aparecen reproducidos textos seleccionados de uno y otro libro, hay párrafos calcados; otros no son literales pero las similitudes son evidentes. Por ejemplo, Zaplana acude a una encuesta del CIS para reforzar sus planteamientos sobre la importancia de las opiniones de los ciudadanos acerca del Estado de las Autonomías, como había hecho ocho meses antes Martínez-Pujalte en el capítulo sexto de Análisis del sistema de financiación. La interpretación de los datos lleva a ambos a usar casualmente la misma expresión al referirse «a las voces inconformistas» que preferirían un Estado centralista.( Febrero 01 )

ZAPLANA Y SU HERENCIA FINANCIERA

Más de 1,5 billones de pesetas de deuda, entre capital e intereses, es la herencia financiera que el Gobierno de Eduardo Zaplana tiene dispuesta, hasta el momento, para los valencianos de la próxima generación y para sus sucesores en el Ejecutivo. La Generalitat, con graves problemas financieros, está alargando los plazos y ha dispuesto que gran parte de la deuda no empiece a devolverse hasta 2003. Según la Sindicatura de Cuentas -el tribunal de cuentas autonómico-, a 31 de diciembre de 1999 la Generalitat tenía una deuda financiera de 1,17 billones -casi al 50% entre capital e intereses-, un 20% más que en 1998. El 87,6% de esta cantidad vencía después de que Zaplana haya agotado su mandato en 2003. A esta deuda hay que añadir unos 90.000 millones emitidos por la Generalitat en 2000, en lo que supuso un nuevo incumplimiento de la deuda pactada con el Gobierno de Aznar. De esta cantidad, 34.800 millones corresponden a un préstamo extrapresupuestario concedido por Barclays Bank el pasado mes de diciembre que se amortizará en 2010. Así pues, la deuda y los intereses que los próximos Gobiernos tendrán que pagar se situó el pasado 31 de diciembre en alrededor de 1,25 billones, lo que casi iguala el Presupuesto autonómico para este año (1,29 billones)Febrero 01.

ZAPLANA SE LO PIENSA Y OPTA POR CONFERENCIAS PARA NO PRESENTAR SU POLÉMICO LIBRO EN VALENCIA 

El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, no tiene previsto, al menos hasta ahora, presentar su libro El acierto de España en Valencia. La polémica a raíz de que se desvelara que la obra de Zaplana presenta la misma estructura y párrafos idénticos al volumen que ocho meses antes dirigió el diputado Vicente Martínez-Pujalte podría haber hecho reconsiderar al presidente la oportunidad de realizar un acto similar al que protagonizó el día 8 de este mes en la capital. Zaplana podría contentarse con dar conferencias sobre su obra. La primera será  en Alicante. El jefe del Consell repetirá la experiencia en Valencia  en el Club de Encuentro, donde dará una charla con el mismo título que el libro que lleva su firma. La iniciativa partió del Club de Encuentro, según su presidente Francisco Puchol, quien manifestó que, en contra de la costumbre del club, la conferencia no será seguida de cena-coloquio.Febrero 01

LOS EDILES DE CARCAIXENT EXPULSADOS DEL PP DENUNCIAN QUE LA DIRECCIÓN DEL PARTIDO IGNORA SUS ALEGACIONES

Los tres ediles disidentes del PP de Carcaixent expulsados por la dirección regional, Juan Vicotoria, José Alberto Martínez Faura y Andrés Armiñana tras recibir la resolución del Comité de Derechos y Grantías se han mostrado "indignados'' por esta decisión ya que "no se han tenido en cuenta nuestras alegaciones'', señaló Juan Victoria, es decir, "no hemos tenido derecho a la defensa por lo que vamos a recurrir al Comité Nacional de Derechos y Garantías''.  Victoria significó que esta resolución es "ilegal'' y añadió que "antes de celebrase el juicio ya nos habían condenado, es decir, peor que la Inquisición''.Victoria destacó que la sanción es "totalmente desporporcionada e injustificada''. El edil señaló que "nosotros aportamos más de 260 documentos y certificados para nuestra defensa y eso no ha valido para nada''.Febrero 01

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA AFIRMA QUE NO HAY PRECEDENTES DE UNA LEY DE CONSEJOS TAN POLITIZADA

 La Universidad de Valencia respaldó  'por unanimidad' la posición del equipo rectoral que dirige Pedro Ruiz, que emplaza al  Gobierno de Eduardo Zaplana  a 'retirar' el anteproyecto de ley de consejos sociales y a 'posponer' su debate ante los cambios a la Ley de Reforma Universitaria que prepara el Ministerio de Educación. El rector denunció que el texto 'entra en conflicto' con la regulación estatal vigente y con la propia ley valenciana de consejos sociales, y afirmó que 'no hay precendentes en ninguna legislación autonómica de un consejo con mayoría de representación política'. Febrero 01

EN TELEMADRID EL PROGRAMA TÓMBOLA SE CAE DE LA PROGRAMACIÓN .EN VALENCIA SEGÚN ZAPLANA CONTINUARÁ EN CANAL NOU

El director general de Telemadrid, Francisco Giménez-Alemán, anuncia la supresión del espacio de actualidad rosa Tómbola de la parrilla de programación de la cadena madrileña de televisión, por considerar que «no es un programa para la televisión pública» y que estaba al límite del buen gusto. Considerado un programa emblemático de la actualidad rosa, Tómbola empezó a emitirse en Telemadrid en abril de 1997.  Se trata de una decisión tomada «personal y unilateralmente», y ejerciendo «la independencia» que le confiere su cargo, puesto que la ley no le obliga a consultar una decisión de este tipo de forma previa con el consejo de administración, según explicó el director de Telemadrid.

 Por su parte,  Eduardo Zaplana aseguró  que Canal 9 seguirá emitiendo el programa de cotilleos , porque 'no nos tenemos que mover simplemente porque otros hayan tomado la decisión', en referencia al supresión de este espacio a Telemadrid . Zaplana, en declaraciones al programa de opinión de Tele 5 La mirada crítica dijo que 'esto no puede ser un fenómeno dominó en el que todos tenemos que mover ficha porque la hayan movido todos'. ( Marzo 01 )

DOS TRÁNSFUGAS DARÁN LA ALCALDÍA DE MISLATA AL PARTIDO POPULAR

El Partido Popular logrará la alcaldía de Mislata el próximo 13 de marzo, tras presentarse una moción de censura que contará con el apoyo de dos tránsfugas del PSPV, contra el alcalde socialista José Morales, que ostenta el cargo desde hace 22 años. La moción de censura se fundamenta en la 'ingobernabilidad y paralización de la gestión provocada por el incumplimiento del programa electoral, donde el PSPV y EUPV han perdido la mayoría absoluta para gobernar'. Actualmente, el PP mantiene nueve concejales, igual número que el equipo de gobierno integrado por siete ediles socialistas y dos de EUPV. El reparto se completa con tres concejales en el Grupo Mixto.( Marzo 01 )

 ZAPLANA , SU  POLÉMICO LIBRO PRESTADO Y CANAL NOU

El comité de redacción de Canal 9 ha denunciado que los informativos autonómicos, «siguiendo el criterio marcado por la directora de TVV, Genoveva Reig, han censurado toda noticia sobre la polémica en torno al libro El acierto de España», firmado por el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. Una obra que ha generado «una abierta controversia pública al detectarse que contiene importantes párrafos supuestamente plagiados de otros autores», subraya en un comunicado el comité. Los representantes de la redacción de informativos advierten que los responsables de Canal 9 «se han negado a facilitar a otras televisiones ningún material que pudiese servir para ilustrar la información». Así, añade el comité de redacción, «cuando diferentes autonómicas reclamaron las declaraciones que el propio Eduardo Zaplana había hecho el 10 de febrero en Castellón, en las que rechazaba cualquier acusación de haber plagiado a otros autores, TVV se negó a facilitar el material». El argumento de TVV a quienes pidieron la cinta fue que se había perdido, según fuentes del comité.( Marzo 01 )

EL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN RECALIFICA MILES DE METROS DE SUELO INDUSTRIAL DE LA FAMILIA DEL EDIL DE URBANISMO

La familia del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Castellón, Alberto Fabra, ha visto cómo un terreno de su propiedad, que era industrial, se ha convertido en suelo residencial en el que se pueden construir hasta 60 viviendas por cada 10.000 metros cuadrados. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado por el gobierno popular del que forma parte el propio Fabra, incluye una modificación de la calificación y edificabilidad de los terrenos, ubicados en la zona oeste de la ciudad. Los terrenos están comprendidos en el área colindante a lo que hasta el vigente plan se denominaba PERI 7. El PGOU dividió esta zona en varios sectores dotando a cada uno de ellos unas características particulares.( Marzo 01 )

 EL GOBIERNO DE EDUARDO $ ZAPLANA CONDENADO POR DISCRIMINAR AL DIARIO 'LEVANTE'

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha condenado a la Generalitat a indemnizar a Editorial Prensa Valenciana S.A, editora del diario Levante-EMV, por discriminación en la inserción de publicidad oficial. La indemnización se ha fijado en 12 millones de pesetas al estimarse parcialmente el recurso.La sentencia concluye que la publicidad incluida en el citado diario de enero a julio de 1996 'fue aproximadamente la mitad que correspondió al parámetro de comparación', el diario Las Provincias. 'Parece evidente y palmaria la existencia de una situación de desigualdad que carece de amparo objetivo alguno dada la difusión y el número de ejemplares vendidos' por Levante-EMV, agrega.( Marzo 01 )

CANAL NOU SE NIEGA A DAR INFORMACIÓN SOBRE LOS CONTRATOS DE  “TÓMBOLA”

El consejo de RTVV, mayoritariamente controlado por miembros del PP, se niega a entregar a los consejeros del PSPV-PSOE y de Esquerra Unida (EU) los contratos de Producciones 52 con Canal 9, empresa encargada de la realización del programa Tómbola. Los consejeros del PP tampoco quisieron entregar a la oposición los contratos firmados entre la televisión pública valenciana y Tele Madrid, ni el que se ha establecido recientemente con la emisora privada madrileña Canal 7 para la emisión del programa de cotilleos.Los miembros del PP se ampararon en la privacidad de dichos contratos y aseguraron que era un tema que no se podía tratar en la reunión dado que las competencias sobre programación recaen exclusivamente en la figura del director general del ente, José Vicente Villaescusa, y no en el consejo de administración. ( Marzo 01 )

LA IGLESIA ESPAÑOLA ACAPARA LA MAYOR BEATIFICACIÓN DE LA HISTORIA CON 233 'MÁRTIRES'

Alrededor de 25.000 personas asistieron  en Roma a la mayor ceremonia de beatificación celebrada hasta ahora por la Iglesia católica. En ella, el Papa Juan Pablo II elevó a los altares a 233 religiosos y laicos españoles de Acción Católica 'asesinados', según sus propias palabras, 'durante la terrible persecución religiosa que azotó España en los años treinta del siglo pasado'. 

Durante la ceremonia de beatificación, el Papa se limitó a aludir a la guerra civil como a 'esa gran tragedia vivida en España durante el siglo XX'. También subrayó, al mencionar las biografías de los nuevos beatos, que 'no estuvieron implicados en luchas políticas o ideológicas, ni quisieron entrar en ellas', por lo que, según el Papa, su único delito habría sido el de ser cristianos.

'Todos estos nuevos beatos y muchos otros mártires anónimos pagaron con su sangre el odio a la fe y a la Iglesia desatado con la persecución religiosa y el estallido de la guerra civil', prosiguió el Pontífice. 'En aquellos años terribles, muchos sacerdotes, religiosos y laicos fueron asesinados sencillamente por ser miembros activos de la Iglesia'. En las primeras filas del público, entre las tocas de las religiosas, destacaba el encaje negro de las mantillas españolas que lucían algunas de las invitadas. En primera fila escuchaban el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, el presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de negro riguroso y con mantilla.( Marzo 01 )

EDUARDO $ ZAPLANA PRIVATIZA

El Partido Popular diseñará antes de que expire su mandato un nuevo modelo para Radio Televisión Valenciana (RTVV) que podría basarse en 'fórmulas mixtas' de gestión , según anunció en Alicante el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. Estas 'fórmulas mixtas' incluyen la gestión privada, toda vez que resulta imposible legalmente privatizar Canal 9. La imagen de una televisión pública valenciana volcada a la telebasura que se ha proyectado en España tras la polémica de Tómbola está en la raíz de este anuncio, que es de un calado mayor al anunciado. El cambio se producirá con o sin el consenso de la oposición. 'Ya no vamos a retrasar el cambio de modelo porque no contemos con la colaboración de la oposición', indicó el presidente. '¿Por qué decir que la gestión pública [para RTVV] es la única posible si lo que queremos es apartarnos de las manipulaciones, entre comillas, que algunos creen ver y no existen?', se preguntó. Ahora 'vamos a buscar' fórmulas de gestión que 'garanticen una mayor imparcialidad, que no sea el sector público el que se implique directamente en la gestión de los medios públicos de comunicación', añadió.Zaplana realizó estas declaraciones tras clausurar en Alicante la convención regional del Partido Popular, que, bajo el lema Para llegar más lejos, ha expuesto las líneas ideológicas del partido para 'afrontar el futuro de la Comunidad'.                   ( Marzo 01 )

UN EX DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO GESTIONA TRES ACADEMIAS QUE OFRECEN CURSOS SUBVENCIONADOS POR LA UE 

José Lifante Vidal, director general de Empleo durante un año tras la llegada del Partido Popular a la Generalitat Valenciana, figura como administrador de tres sociedades dedicadas a la formación de parados a través de cursos subvencionados con fondos de formación en parte procedentes del Fondo Social Europeo (FSE). Lifante ejerce desde el 25 de febrero de 2000 como administrador único de la Academia Superior de Ciencias de Inglés e Informática (ASCII), un centro de enseñanza que el año pasado impartió cursos de formación para desempleados y que este año ha solicitado también diversas ayudas con el mismo objetivo. Con domicilio social en la calle del Pintor Baeza de Alicante, ASCII realiza actividades vinculadas a la enseñanza desde 1992 y en su consejo de administración figuraba hasta el año pasado Asunción Sánchez Zaplana, concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante por el Partido Popular. Sánchez Zaplana está casada con Ginés Lifante Vidal, diputado de Personal y Régimen Interior de la Diputación de Alicante y coordinador de formación de la ejecutiva provincial del Partido Popular en Alicante y hermano de José Lifante. Asimismo, fue consejera la esposa de este último, María Teresa Baeza, de quien en la actualidad tramita la separación. 

El ex director general de Empleo figura también como administrador único de la sociedad limitada Mediterránea de Distribución Net (Medisnet), constituida en junio de 1997 con domicilio social en el mismo edificio que ASCII. Medisnet está registrada como una empresa dedicada a la gestión y desarrollo de programas del Fondo Social Europeo, la formación reglada y no reglada y el desarrollo y comercialización de programas informáticos, según consta en Registro Mercantil de Alicante. Durante los seis primeros meses de actividad, Medisnet tuvo unos ingresos de explotación de algo más de diez millones de pesetas

La Dirección General de Formación e Inserción Profesional destinó en 1999 más de 8.100 millones a acciones formativas dirigidas a la mejora de cualificación de desempleados y la reconversión y formación profesional. Las partidas están adscritas al denominado plan FIP y tienen como finalidad desarrollar acciones formativas para la inserción laboral. Parte de esas subvenciones, que se conceden a academias privadas, proceden del Fondo Social Europeo, que en 1999 destinó a la Comunidad Valenciana 1.243 millones de pesetas. Empleo también oferta ayudas con cargo al FSE destinadas a la redacción y ejecución de proyectos basados en las nuevas tecnologías de información y comunicación. ( Marzo 01 )

UN ESTUDIO INDICA QUE EL DÉFICIT EN LAS CUENTAS DEL CONSELL FUE EL MAYOR DE ESPAÑA EN 1999 

Un estudio técnico publicado en la revista Análisis Local basado en datos del Ministerio de Economía revela que el Gobierno de Eduardo $ Zaplana cerró sus cuentas referidas al ejercicio de 1999 con el mayor déficit registrado en España. En concreto, según esta revista -editada por Consultores de las Administraciones Públicas- los números rojos en la Comunidad Valenciana ascendieron a 103.377 millones de pesetas, es decir, con diferencia, el peor resultado económico registrado en el conjunto autonómico. Cataluña, la segunda comunidad con mayor déficit en 1999, obtuvo un desfase entre ingresos y gastos de 10.707 millones de pesetas, seguido de Cantabria con 9.315 millones. En el lado contrario se sitúa el País Vasco, la comunidad que mejor gestionó su presupuesto al conseguir un superávit de 77.266 millones de pesetas y Andalucía con 37.673 millones. Recuerda que ya en 1997 ocupaba el primer lugar por su saldo negativo (76.992 millones) que se elevó a 77.746 al año siguiente y a 103.377 millones. Las cifras publicadas por Consultores de las Administraciones Públicas contrastan con las ofrecidas por el Consell de la Generalitat. El Gobierno que preside Eduardo Zaplana sólo admitió en la liquidación del presupuesto de 1999 un déficit de algo más de 10.200 millones de pesetas (similar al que acaba de presentar respecto a las cuentas de 2000), al tiempo que en 1998 cerró el ejercicio con un superávit de 745 millones de pesetas. Las cifras ofrecidas por la revista coinciden con los resultados de los informes de la Sindicatura de Comptes. Cabe apuntar que la última auditoria practicada -la referida a 1999- desvelaba la existencia de gastos no contabilizados por el Consell que aumentaron el déficit presupuestario hasta superar los 100.000 millones. ( Marzo 01 )

LOS DEFENSORES AUTONÓMICOS SE SOLIDARIZAN CON LA SINDICA DE GREUGES DE LA C. VALENCIANA

El acoso del PP a la Síndica de Greuges en funciones, Emilia Caballero, ha desatado toda una ola de solidaridad en los Defensores del Pueblo autonómicos, algunos de los cuales han trasladado a Enrique Múgica, además de su «solidaridad» con Caballero, su «preocupación» por el daño a la institución.  «Con independencia de la solidaridad, tanto mía como de todo mi equipo de colaboradores, que he expresado a la Síndica personalmente, lo cierto es que nos preocupa la repercusión negativa que este tipo de situaciones puede tener en el ejercicio de las funciones que dicha institución tiene encomendada». Así de claro se expresa el Diputado del Común de Canarias, Fernando Giménez, en un escrito dirigido al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, el jueves de la semana pasada, sobre «la grave crisis que está afectando a la institución del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana». 

No es un caso aislado. Una mayoría de Defensores del Pueblo autonómicos, algunos de forma telefónica, se han dirigido a Múgica, no sólo para trasladarle las denuncias que han recibido sobre el acoso del PP valenciano a Emilia Caballero, sino también para trasmitirle su propio malestar por los hechos, insinuando la conveniencia de una actuación coordinada. Como se recordará, hace una semana, los populares impusieron con su mayoría absoluta una resolución en la comisión de Peticiones de las Cortes rechazando la continuidad de la Síndica en el cargo. El dictamen de la institución que debe velar por los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos de la Administración contrario a la tesis de la Conselleria de Cultura en el plan del Cabanyal ha sido el detonante de la crisis. El acuerdo carece de toda validez legal -se requieren los tres quintos del pleno para echar a un Síndic-, pero se le pretende dar carta de naturaleza por la vía de los hechos consumados.( Marzo 01 )

LA MUJER DE UN DIRECTOR GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE O. PUBLICAS  TIENE PARCELAS JUNTO A UN CAMPO DE GOLF ILEGAL 

María Teresa Ballester Carreras, esposa de José María García Zarco, director general de Arquitectura y Vivienda, y presidente de Gestión del Suelo de Alicante, organismos pertenecientes a la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (Coput), tiene, junto a otros familiares, intereses urbanísticos en Algorfa, en la comarca de la Vega Baja, junto al campo de golf construido sin licencia por la empresa Urbanizadora Villamartín, SA, de Antonio Pedrera.  La Coput, conocedora de la irregularidad cometida en la construcción del campo de golf, no ha procedido a paralizar ni sancionar, hasta el momento, las obras de esta instalación, basando su actitud en razón de que el Ayuntamiento de Algorfa decretó su presunta paralización. A pesar de ello, la instalación del golf se encuentra prácticamente finalizada. María Teresa Ballester es socia fundadora de la empresa Cucheto, SL, según el Registro Mercantil de Alicante, y adquirió junto a la mercantil Samaguil, SA, de Domingo Alcocer, 2.364.000 metros cuadrados de la finca La Rellana en marzo de 2000, según una nota del Registro de la Propiedad de Torrevieja número uno. Otra finca de más de 100.000 metros cuadrados, la partida de Algorfa, pertenece a Urbanizadora Villamartín, Samaguil, SA, y Cucheto, SL, escriturada en mayo de 2000, según una nota del mismo registro. A partir del año 1998 se inició una importante operación urbanística en Algorfa, justo cuando se redactó la nueva homologación de las normas subsidiarias, pendiente de aprobación por parte de la Coput. Desde esas fechas a la actualidad, cinco millones doscientos setenta y cinco mil metros cuadrados de terrenos han cambiado de propietarios. Esta superficie equivale al 30% de todo el término municipal, que cuenta con 18.000.000 metros cuadrados.( Marzo 01 )

EL MINISTRO DE DEFENSA  CONDECORA  A  LA VIRGEN DEL SUFRAGIO

Federico Trillo, impone  a la patrona de Benidorm, la Virgen del Sufragio, la Cruz del Mérito Naval -con distintivo blanco por estar en tiempos de paz-, máxima distinción que otorga la Marina española. 'Más de doscientos años después se ha hecho justicia con una virgen que se hizo acreedora [de la distinción] desde el primer momento', dijo  nuestro ministro durante el acto, que contó con la presencia de más de 1.200 invitados. La comitiva, encabezada por Trillo y el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, acudió a la iglesia de San Jaime a recoger la imagen. Posteriormente se celebró una misa de campaña en la calle de Bilbao, donde se impuso la Cruz a la imagen. Zaplana, ex alcalde de Benidorm, resaltó el 'amparo inalterable' de la patrona del municipio a sus ciudadanos, mientras el alcalde, Vicente Pérez Devesa, del Partido, subrayó el 'enorme significado e importancia' que tiene la Virgen en la ciudad. En los archivos de la Armada sólo consta una virgen con esta distinción: la del Carmen de San Fernando ( Marzo 01 )

LA PIADOSA RITA BARBERÁ REIVINDICA SU PRESENCIA EN ACTOS RELIGIOSOS

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se declara orgullosa de haber participado en el último acto de beatificación de mártires valencianos en Roma y arremetió contra el grupo municipal socialista por preguntar si su presencia había sido a título individual como devota o como representante de todos los ciudadanos que se decanta públicamente por una opción religiosa determinada. Barberá recalcó, durante una larga alocución, su orgullo por haber podido besar la mano del Papa y haberle pedido una oración para Valencia. La alcaldesa explicó, además, que su presencia en Roma fue para acudir a la beatificación de unos mártires que murieron por su religión, y no por la Guerra Civil. Para la primera edil de Valencia, los socialistas sólo buscan la confrontación cuando interrogan sobre cuestiones como su presencia en la beatificación de los mártires valencianos. ( Marzo 01 )

CASO CARTAGENA: SU DEFENSA ASUME LA TESIS DE QUE FUE EL TESTAFERRO DE LAS PRIMAS ÚNICAS DE SERRANO

El informe pericial que tiene previsto ratificar en la Audiencia Nacional la defensa de Luis Fernando Cartagena asume la tesis de que el ex consejero de Eduardo Zaplana fue el testaferro el empresario ilicitano Francisco Serrano Ibarra, que sería el auténtico propietario de las cinco cesiones de crédito de nuda propiedad (primas únicas) por valor de 164 millones de pesetas ofertadas por el Banco Santander.  El informe pericial de la defensa de Luis Fernando Cartagena establece tres hipótesis: Uno, que el ex consejero imputado fuese el titular de unas primas únicas financiadas con capital de Serrano Ibarra que finalmente se le reembolsó. Dos, que Cartagena 'actuara voluntariamente como mandatario o gestor' del empresario y por eso se le atribuya la propiedad formal. Tres, que el entonces dirigente del PP 'actuara como testaferro' de Serrano, ya que este último no tiene el perfil de titular fiduciario y 'acredita una actividad económica capaz de general capitales fiscalmente opacos'. En el escrito de la defensa de Cartagena se asegura: 'La tercera hipótesis, junto con ser la más simple de todas, es la única de las manejadas en las presentes diligencias que resulta amparada en presunciones legales de certeza y veracidad pendientes aún de ser enervadas por prueba en contrario'. Como se recordará, las cesiones de crédito, llamadas primas únicas, eran un producto que el Banco Santander puso en marcha y que resultó tener la particularidad de ser fiscalmente opaco. En un buen número de casos, los titulares de las cesiones no eran los auténticos propietarios del dinero depositado. Para la defensa de Luis Fernando Cartagena, su defendido está exonerado de las responsabilidades penales en las que hubiese podido incurrir, desde el momento en que el empresario Serrano extinguió la deuda tributaria que las generó, mediante declaraciones complementarias en los años 1989 y 1990; independientemente de quién fuese el propietario de los fondos.En el sumario que instruye la Audiencia Nacional desde hace nueve años figura también como tenedora nominal de cesiones de crédito de nuda propiedad la esposa de Cartagena y actual subsecretaria de Planificación y Estudios de Presidencia de la Generalitat, Ana Encabo. ( Marzo 01 )

EL GOBIERNO DE EDUARDO $ ZAPLANA DUPLICA LA DEUDA Y YA SUPERA EL 10% DEL PIB

La deuda de la Generalitat se ha duplicado en términos absolutos durante los últimos cinco años, que coinciden con la gestión de Eduardo Zaplana. El crecimiento sostenido de las obligaciones contraídas por la Hacienda valenciana, que ya superan el 10% del PIB autonómico, no resiste comparación con ninguna otra de las comunidades autónomas y el salto registrado en el último trimestre de 2000, según datos del Banco de España, es alarmante, sobre todo si se atiende a la reducción de la deuda en comunidades como Andalucía o Cataluña. La deuda de la Generalitat valenciana a finales de 1995,  ascendía a 441.921 millones de pesetas. Las obligaciones han crecido sin freno desde entonces y alcanzaron, a finales del año 2000, 980.000 millones, exactamente el doble. El volumen de la deuda pública con relación al PIB saltó por los aires por primera vez cuando el Banco de España ofreció los datos correspondientes al tercer trimestre de 2000, cuando las obligaciones de la Comunidad Valenciana superaron el 9% del PIB, por encima del 8,8% que compartían entonces Cataluña y Galicia. El aumento de más de casi 80.000 millones de las obligaciones contraídas por la Generalitat a lo largo del último trimestre de 2000 ha dinamitado todos los registros de deuda relativa al PIB. El 10,3% que registra ahora la Comunidad Valenciana sólo es comparable al índice que registraba la Comunidad Foral de Navarra a finales de 1996, que ha logrado reducir esa cifra hasta 6,1 en la actualidad.El segundo indicador relativo, la deuda per cápita, corre en paralelo. Sólo los catalanes deben 11.000 pesetas más que los valencianos por cabeza. Pero las 243.573 pesetas que debe cada valenciano desbordan con mucho las obligaciones contraídas por andaluces o gallegos, que rondan la 155.000 pesetas, por debajo de la media nacional.  ( Abril 01 )

EL GOBIERNO DE ZAPLANA MOROSO: EL MINISTERIO DE TRABAJO RECLAMA A LA DIPUTACIÓN Y AL CONSELL 236 MILLONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

El Ministerio de Trabajo decidió abrir actas de liquidación contra la conselleria de Educación y Cultura por valor 231 millones por impago de cuotas de la Seguridad Social de los monitores y educadores de comedores correspondientes a los cursos que abarcan desde 1998 hasta 2000. Los expedientes, que afectan a más de un millar de trabajadores se encuentra abiertos a la espera de que Inspección de Trabajo emita un informe sobre las alegaciones presentadas por el Consell. Una vez superada la fase de tramitación el Gobierno central no descarta exigir a Educación e pago por la vía de apremio si no se ingresan por vía voluntaria, según ha reconocido en una respuesta parlamentaria el propio Ejecutivo de José María Aznar.  Tras la apertura de los expedientes, Educación ha optado por privatizar el servicio de monitores de comedores escolares. Un concurso de 2.000 millones aún por resolver.  En la respuesta se informa además de actuaciones inspectoras previas en materia de pagos a la Seguridad Social de los cursos que van desde 1995 hasta 1998, en este caso no sólo en los comedores de la conselleria, sino también aquellos que gestionan ayuntamientos, fundaciones y asociaciones de padres de alumnos.  Pero la respuesta parlamentaria no sólo confirma la exigencia de impagos a la Conselleria que dirige Manuel Tarancón. La inspección de Trabajo ha abierto además siete actas de liquidación a la Conselleria de Bienestar Social por no dar de alta y la consiguiente ausencia de cotización de una trabajadora adscrita al centro de atención al mayor ubicado en Torrent. Trabajo exige en total 1.700.000 pesetas por impagos desde el año 1996. El Ministerio llegó a practicar un acta de infracción a la conselleria por valor de 50.000 pesetas por los citados incumplimientos. Notificadas las siete actas a Bienestar Social el pasado 9 de enero, el departamento que dirige Rafael Blasco no presentó alegaciones por lo que la Inspección ha elevado a definitivas las actuaciones. 

Tampoco la Diputación de Valencia se escapa de la investigación de Trabajo. La Inspección detectó un impago a la Seguridad Social de tres millones de pesetas correspondientes a dos trabajadores de la escuela de tauromaquia.. Este proceso está en fase de alegaciones. ( Abril 01 )

ZAPLANA CONTRATA DIGITALMENTE A SU PREPARADOR FÍSICO

 Miguel Maeso, preparador físico y amigo personal de  Eduardo Zaplana, trabaja oficialmente para la Generalitat desde mayo del año pasado cuando fue nombrado, por libre designación, técnico de programas de deporte de élite, por lo que recibe una retribución anual próxima a los seis millones de pesetas.  Maeso se ha dejado ver en contadas ocasiones por la Dirección General de Deportes en la calle del Horno de San Nicolás, en las proximidades del Palau de la Generalitat. Sus obligaciones privadas como preparador del equipo de baloncesto Pamesa, un puesto al que no renunció tras ser fichado por el Consell, le impiden al parecer acudir con más asiduidad a su despacho oficial. La relación de Maeso con Gonzalo Morell, director general de Deportes, ha sido determinante para que fuera contratado por la Conselleria de Cultura, Educación y Deportes. Morell compartió con Zaplana despacho de abogado a principios de la década de los noventa en Benidorm.  Prácticamente desde su acceso a la jefatura del ejecutivo valenciano, Zaplana ha confiado su estado de forma a Maeso. Incluso formó parte de la comitiva oficial que se desplazó a Marruecos en julio pasado, un mes después de que Maeso fuera contratado por la Generalitat. ( Abril 01 )

ZAPLANA  SE ESTRENA COMO COMENTARISTA FUTBOLÍSTICO EN CANAL 9

Canal 9 desplazó un equipo de tres personas desde Bruselas hasta Londres con el objetivo de tomar declaraciones al presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, que se encontraba en la capital británica para asistir al encuentro de fútbol disputado entre el Arsenal y el Valencia. El equipo televisivo formado por un auxiliar de producción, un cámara y un periodista, que viajó hasta Londres, es el destinado a seguir eventos que rodean al presidente de la Generalitat. TVV contrató un enlace vía satélite desde Londres, con un coste superior a las 300.000 pesetas, para enviar las palabras del presidente a Canal 9. Las declaraciones de Zaplana, de 51 segundos de duración, se emitieron en el avance informativo de las 11.30 y más tarde en la tercera edición del informativo. Estas fueron las únicas declaraciones en relación al encuentro. Algunos trabajadores de Canal 9 comentaron que el alquiler de un enlace vía satélite con la única finalidad de enviar las declaraciones de Zaplana en un contexto semejante es un hecho insólito.( Abril 01 )

LAS  CUENTAS DE ZAPLANA  : INVIERTE LO MISMO QUE HACE CINCO AÑOS PERO DEBE EL DOBLE ( CONTINUACIÓN )

El crecimiento desmedido de la deuda pública de la Generalitat, que se ha duplicado desde finales de 1995 hasta el cierre de 2000, no ha tenido reflejo en las inversiones directas del Consell, que apenas han registrado variaciones. La inversión pública en 1995, ejercicio de gestión compartida entre el PSPV y el PP, ascendió a 79.861 millones, algo más que durante el ejercicio pasado, cuando apenas alcanzó 78.396. Los recortes sobre el presupuesto de inversión se han repetido año tras año. La emisión de deuda pública es el recurso que utilizan las administraciones para acometer grandes obras que no se pueden afrontar con los fondos disponibles en los presupuestos ordinarios. La deuda de la Generalitat se ha duplicado en los últimos cinco años en los que ha pasado de 441.000 millones a 980.000. Pero los excesos en los gastos ordinarios para funcionamiento y nóminas de personal han obligado al Consell a recortar, año tras año, los fondos previstos en los presupuestos para acometer inversiones públicas. Las áreas más afectadas han resultado ser Bienestar Social y Sanidad, en las que las inversiones se han reducido durante los últimos cinco años un 60% y un 38% respectivamente sobre lo previsto inicialmente. Los dos responsables de Hacienda de los sucesivos gobiernos de Eduardo Zaplana, además, han transformado en deuda a largo plazo cantidades millonarias de créditos solicitados para afrontar problemas inmediatos de liquidez y han esquivado así el mecanismo habitual de emisión de deuda pública, que requiere la autorización del Banco de España. Históricamente, la deuda a largo plazo se ha contraído para ejecutar grandes inversiones públicas. Sin embargo, los sucesivos responsables de Hacienda en los gobiernos de Zaplana, José Luis Olivas, primero, y Vicente Rambla, después, han adquirido el hábito de modificar la calificación de sus compromisos con los bancos y han convertido deudas a corto plazo, asumidas para afrontar problemas coyunturales de falta de tesorería, en obligaciones financieras dilatadas en varios años.

Al margen de los gastos corrientes, el Consell del PP, que se reclama liberal, ha multiplicado desde 1995 el número de empresas públicas con el objetivo de centrifugar la deuda al trasladarla a entidades formalmente ajenas al gobierno autonómico. Pero tal estrategia quedó desautorizada con la entrada en vigor de los nuevos sistemas contables impuestos por la Unión Europea, que provocaron incluso un enfrentamiento entre Olivas y el banco emisor. Pero lo más alarmante es que el constante incremento de la deuda corre paralelo a una congelación efectiva de las inversiones del Consell, que vuelven a ser objeto de revisión cuando sólo se ha consumido un trimestre de este ejercicio.  ( Abril 01)

MANIFESTACIÓN DE PROFESORES INTERINOS  

Más de 2.000 profesores interinos de las tres provincias participaron en Valencia en la protesta convocada por la Asociación de Funcionarios Interinos de la Comunidad Valenciana (AFID-CV) y el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valenciá (STE-PV) para pedir la modificación del actual sistema de acceso a la función pública docente y que se sustituya por otro que distinga entre los profesores interinos y los que acceden por primera vez al profesorado. También pidieron que la Generalitat exija el requisito lingüístico para los profesores que pretendan acceder a una plaza de funcionario. ( Abril 01 )

LAS CUENTAS DE ZAPLANA ( CONTINUACIÓN )

La desviación del gasto inversor en el área de Presidencia, Economía y Administración Pública en los últimos cinco años ha sido del 81,44%, mientras que la inversión realmente ejecutada en esferas sociales como Trabajo-Bienestar Social o Sanidad fue un 60,38% y un 38,26%, respectivamente, menor a la presupuestada, según últimos  datos hechos públicos . En términos globales, mientras la inversión ha ido aumentando sobre el papel de los presupuestos, el volumen ejecutado realmente sufre en 2000 una inflexión.( Abril 01 )

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA: EL EDIL DE URBANISMO VOTÓ POR DOS VECES EN EL PLENO SOBRE ASUNTOS QUE LE AFECTABAN

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Miguel Domínguez, permaneció en el pleno municipal de diciembre de 1999 durante la votación en la que fue aprobada la adjudicación de las obras de un aparcamiento a una empresa que cuenta entre sus accionistas con un hermano suyo. Este es el segundo caso conocido en el que el edil vota favorablemente un asunto que le afecta directamente. El otro, que se votó en marzo de 2000, se refería a una modificación urbanística que afectaba a un solar propiedad de una entidad a la que pertenece el propio Domínguez. El último pleno del Ayuntamiento de Valencia del año 1999 aprobó la adjudicación del proyecto para la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo en la calle de J. J. Dómine a la empresa Construcciones y Estudios, SA (Cyes), en la que trabaja y de la que es accionista Vicente Domínguez, hermano del delegado de Urbanismo, Miguel Domínguez. Éste votó, junto con los demás concejales del Partido Popular, a favor de la adjudicación, según consta en el acta del pleno celebrado el 30 de diciembre de ese año. De esta manera, el edil incumplió la legalidad, ya que la ley de Procedimiento Administrativo obliga a los representantes políticos en las corporaciones a abstenerse en las votaciones de asuntos que les afecten y precisa que esa afección llega hasta el cuarto grado de parentesco. Como se recordará este concejal  es reincidente , puesto que ya hizo lo mismo en otro caso que le afectaba junto a otros dos concejales populares. Se trata de la aprobación, en marzo de 2000, de un plan urbanístico en el barrio de El Carmen. La comunidad de bienes Sorell, integrada por Domínguez y los también ediles de Valencia Enrique Pérez Boada y Rafael Ripoll, además del director general de la Policía, Juan Cotino, compró un solar en la plaza de Mossèn Sorell -catalogado como expropiable en el planeamiento urbanístico de 1991- poco antes de que el Ayuntamiento aprobara un plan urbanístico que excluía la parcela del ámbito de actuación. Por otra parte, la oferta con la que la empresa del hermano del edil se presentó al concurso convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el proyecto del aparcamiento de J. J. Dómine no era la más adecuada, según consta en el informe elaborado por el servicio de Transortes y Circulación. En el informe, los técnicos alertaban sobre las carencias técnicas y económicas de la oferta presentada por Cyes, que competía por la adjudicación del concurso con la UTE Comsa-Stirling. A pesar de que Comsa ofrecía mejores precios para el alquiler y venta de las plazas de aparcamiento, el concurso fue adjudicado a la empresa del hermano de Domínguez basándose en una cláusula del pliego de condiciones que primaba la aportación que la empresa adjudicataria hiciera a las arcas municipales. Comsa ofrecía pagar al Ayuntamiento el 3,5% de sus ingresos anuales por alquiler de plazas, mientras que Cyes elevaba su aportación al 4%.( Abril 01 )

EDUARDO $ ZAPLANA NO FACILITA QUE SE CONOZCAN SUS GASTOS   REPRESENTACIÓN 

 El  Consell se ha negado de plano a informar a las Cortes sobre los gastos de representación en los que ha incurrido Presidencia de la Generalitat desde 1998 por los diversos actos y viajes organizados. En una respuesta  por escrito del vicepresidente primero, José Luis Olivas, a las preguntas que formuló sobre los gastos institucionales o de representación de Presidencia en 1998, 1999 y 2000. «Presencia valenciana, éste es uno de los ejes de la acción de gobierno durante esta legislatura, y allí donde se requiera la presencia de algún miembro de este gobierno siempre habrá respuesta por parte del mismo», proclama Olivas.  Acto seguido, tras señalar que es «habitual y normal» que con ello «se incurran en los denominados comúnmente gastos institucionales o de representación», añade que éstos están sujetos a la fiscalización de la Intervención de la Generalitat y que la Sindicatura de Comptes audita anualmente las cuentas de éstas. Olivas da por concluido su informe «remitiendo» a la diputada a la ley de presupuestos de cada año, a la Sindicatura de Comptes y a sus informes anuales. ( Abril 01 )

EL GOBIERNO DE ZAPLANA Y SUS RELACIONES CON LOS PERIODISTAS:  140 PROFESIONALES FIRMAN UN ESCRITO DIRIGIDO A LA PORTAVOZ DEL EJECUTIVO ALICIA DE MIGUEL PARA PROTESTAR POR SUS «INSULTOS» 

Más de un centenar de profesionales de la información periodística de los diarios Levante-EMV e Información de Alicante presentaron en el registro de la Generalitat un escrito dirigido a la consellera portavoz del Gobierno, Alicia de Miguel, en el que expresan su malestar por el tono y algunos contenidos de los comunicados que se redactan desde los despachos del Palau de Fuentehermosa. Las notas de prensa que De Miguel intenta presentar como desmentidos son en realidad un pretexto para verter «insultos y descalificaciones», según afirman en su queja. 

El documento, que cuenta con el respaldo de 140 profesionales de la información diaria -hasta última hora de la noche fueron sumándose firmas-, ha surgido a raíz de la última nota de De Miguel en respuesta a una información publicada en los citados medios. Los periodistas consideran que este comunicado es la gota que colma el vaso tras un largo serial de presuntos desmentidos repletos de descalificaciones. El citado comunicado, que hace mención a una noticia referente a los pagos realizados por el Instituto Valenciano de la Exportación con motivo del contrato de Julio Iglesias, va encabezado por el membrete de la Generalitat y el titular «Levante e Información mienten más que escriben». En él se afirma que las fuentes Levante-EMV e Información son la «mentira» y la «insidia», una afirmación que según los profesionales que firman el escrito cuestiona gravemente su labor. ( Mayo 01 )

POLÉMICA  SOBRE ZAPLANA Y LOS CONTRATOS AMISTOSOS CON EL CANTANTE JULIO IGLESIAS

La firma Midway International Ltd, que cobró 460.000 dólares del Consell -unos 75 millones de pesetas al cambio de la fecha- por montar el recital de Julio Iglesias en México, derivó parte de esa cantidad a la empresa madrileña Distar Producciones, SA, cuyo propietario y administrador único es el representante de artistas Antonio Caravaca Almeida, uno de los organizadores del Festival de Benidorm cuando Eduardo Zaplana era alcalde de la ciudad turística . El 12 de mayo de 1999, el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) emitió los cuatro cheques en favor de Midway International por diversos conceptos relacionados con el recital ofrecido en el Auditorio Nacional de México por el artista promotor de los productos valencianos. Una semana después, el 19 de mayo de 1999, Midway abonó 10.674.000 pesetas a Distar por supuestos «servicios prestados para la realización del concierto...», según consta en la propia factura. El pago se realizó por transferencia bancaria a la cuenta de Distar en una oficina del BBV en el Paseo de la Castellana de Madrid, la misma avenida en la que la empresa tiene actualmente sus oficinas. Por haber organizado el Festival de Benidorm, Caravaca, Azpiroz y Carnicero no son desconocidos para el jefe del Consell. De hecho, Azpiroz ha sido aspirante a ocupar la dirección de Canal 9 en dos ocasiones. La primera, cuando se produjo la destitución de Jesús Sánchez Carrascosa al frente de la cadena pública, el 3 de noviembre de 1997. Llegó a entrevistarse incluso con Zaplana en el Palau.  De nuevo sonó su nombre para dirigir TVV cuando Forner dejó el cargo, en septiembre de 1998, pero tampoco entonces Azpiroz aceptó el cargo, entre otras razones porque la remuneración de ese puesto no le satisfacía. Con todo, Genoveva Reig, jefa de prensa de Zaplana en Benidorm y sucesora de Forner, lo puso en nómina poco después como asesor de programación de la cadena pública. ( Mayo 01 )

LA DIPUTADA DEL PP ENCARNA CERVERA DEBERÁ CUMPLIR UN MES DE SUSPENSIÓN DEL CARGO

La diputada autonómica del PP condenada por un delito de alzamiento de bienes, Encarna Cervera, aún no ha sido suspendida de su cargo en las Cortes porque el juzgado ignoraba que ostentara un cargo público. La acusada no lo comunicó al juez en ningún momento del proceso y tampoco la sentencia condenatoria ha sido notificada a las Cortes. El titular del juzgado de lo penal número 8 de Valencia explicó, a través del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia que la suspensión afecta sólo al arresto de un mes y un día pero no a la pena accesoria de igual tiempo de suspensión de cargo público. Sobre la pena accesoria, el magistrado manifestó a través del TSJ: «Las accesorias ni se suspenden ni se ejecutan porque no hay constancia en el momento de proceder a la suspensión de la condena de que esa persona ostente ningún cargo público.» Cuando se acordó la suspensión de la condena, el juzgado no pudo comunicar a las Cortes Valencianas la ejecución de esa pena porque no le constaba en ninguna parte del procedimiento su condición de diputada. Tampoco la presidencia de las Cortes le ha pedido que abandone su escaño durante un mes porque alega que no tiene notificación. La diputada, que goza de la condición de aforada, tenía derecho a declarar ante un órgano superior, la sala de lo civil y penal del TSJ, pero optó por no hacerlo y ocultar su cargo.  ( mayo 01 )

EL GOBIERNO DE ZAPLANA Y EL CONTRATO AMIGO A JULIO IGLESIAS : EL PP VETA INVESTIGAR LOS PAGOS PORQUE SE HACE UN USO «AJENO A LOS INTERESES VALENCIANOS» 

El portavoz del PP en las Cortes, Alejandro Font de Mora, adelanta que su grupo no permitirá que el pleno de la Cámara debata la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre los pagos en paraísos fiscales relacionados con el contrato de Julio Iglesias. La junta de portavoces tramitó la petición, de manera que ésta figura en condiciones de ser incluida en el orden del día de un pleno, pero a la salida Font de Mora se apresuró a advertir de que no lo hará nunca debido a que se está haciendo de esta cuestión un uso «excesivo», «tremendista» y «completamente ajeno a los intereses de la Comunidad». Como se recordará, hace unos días se conoció que, al margen de los 375 millones del contrato con Julio Iglesias, la Generalitat pagó, al menos, otros 533, como extras del contrato, a empresas instrumentales radicadas en países fiscalmente opacos. ( Mayo 01 )

 EL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE Y SUS RECALIFICACIONES AMIGAS

El equipo de gobierno municipal del PP ha presentado una modificación del avance del plan general de ordenación urbana (PGOU) a menos de 24 horas de la celebración de la Comisión de Urbanismo que prevé dictaminar la exposición pública de este documento. Entre las modificaciones introducidas destaca la nueva calificación de los terrenos del presidente de la CAM, Vicente Sala, que en la actualidad son rústicos y pasan a ser comercial-terciario, lo que le permitirá instalar en los mismos grandes establecimientos comerciales. 

El equipo de gobierno comunicó que existía un nuevo avance del PGOU que modifica y sustituye al actual, pero sin explicar las razones de este cambio y sin ni siquiera señalar las variaciones introducidas. Una de las modificaciones que más llama la atención es la que afecta a la finca de Vicente Sala, ubicada dando frente a la carretera de Valencia, entre Vistahermosa y Santa Faz, cuyo suelo pasa de rústico-no urbanizable a comercial-terciario. Esto significa que el presidente de la CAM podrá destinar sus terrenos a la implantación de grandes supermercados de hasta 2.500 metros cuadrados y establecimientos comerciales de mayor tamaño, lo que disparará el valor del suelo, especialmente si se desarrolla su zona en una única unidad de actuación. Fuentes consultadas señalan que el suelo en zonas comerciales próximas se ha llegado a vender a alrededor de 70.000 pesetas el metro. ( mayo 01 )

AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA: EL FISCAL PIDE CUATRO AÑOS DE PRISIÓN PARA EL EX CONSELLER LUIS FERNANDO CARTAGENA

Cuatro años de prisión es la condena que reclama el fiscal para el ex alcalde de Orihuela por el Partido Popular y ex conseller, Luis Fernando Cartagena, al que acusa de apropiarse de ocho millones de pesetas de un hospital municipal que cerró sus puertas en el año 1993 y cuya gestión estaba a cargo de una congregación religiosa. El ministerio público aprecia que Luis Fernando Cartagena, quien dimitió como conseller de Obras Públicas al estar implicado en otro sumario abierto en la Audiencia Nacional en relación con el caso de las primas únicas del Banco Santander, cometió un presunto delito de malversación de caudales públicos, al apropiarse del dinero y no ingresarlo en las arcas del ayuntamiento. Además, el fiscal imputa a Cartagena otro presunto delito de falsedad, por estimar que son falsas una serie de facturas que aportó al juez con el objetivo de demostrar que el dinero se había invertido finalmente en la rehabilitación de unas viviendas sociales.  En este asunto aparece también procesado el empresario Ángel Fenoll, para quien el ministerio público pide otro año de prisión, al atribuirle la elaboración de las facturas que pretendían dar apariencia de legalidad, según considera el fiscal.  Durante la investigación en el juzgado, Luis Fernando Cartagena declaró que el dinero se lo entregó al empresario Ángel Fenoll, con el fin de que reparase las viviendas sociales.  Se da la circunstancia de que el empresario Ángel Fenoll se enfrenta también a una petición de otro año y medio de prisión por haber presentado un documento supuestamente falso con el fin de obtener una adjudicación municipal en el Ayuntamiento de Dolores. Este caso está aún pendiente de juicio. ( Mayo 01)

LAS INVIABLES INICIATIVAS DE ZAPLANA  SOBRE LOS INTERINOS

Eduardo Zaplana se descolgó hace unos días en un acto de partido con una espectacular propuesta para resolver la precariedad laboral en el seno de la Administración autonómica que afecta a cerca de 30.000 trabajadores interinos. Pero la iniciativa del presidente resulta legalmente inviable en la actualidad. La ausencia de convocatorias de empleo público durante cerca de seis años ha elevado de forma alarmante el número de trabajadores interinos en el seno de la Administración autonómica, una situación que afecta a cerca de un tercio de los docentes, supera ese volumen entre el personal sanitario y es algo inferior en la Administración general.

Varias sentencias del Tribunal Constitucional (TC) han establecido que el concurso de méritos y la oposición son las únicas vías de acceso a la función pública, y han establecido que no se pueden reservar plazas para los trabajadores interinos. La posibilidad de reconocer como un mérito los años de servicio no exime a los aspirantes de superar previamente una oposición, según el TC, y sólo debe computarse para la posterior elección de destino. Más aún. Los docentes pertenecen a un cuerpo estatal. Si se convocara en la Comunidad Valenciana una oposición que reconociera los años de servicio como un mérito, podrían resultar beneficiados interinos procedentes de otra comunidades.

Algunos ejemplos ilustran la situación actual: el Consell aprobó en abril de 1999 un decreto de provisión de plazas a través de funcionarios en comisión de servicios, pero los tribunales limitaron a dos años la permanencia de los designados y exigió sacar a concurso tales puestos una vez vencido ese plazo; las sucesivas relaciones de puestos de trabajo en la Administración elaboradas por el Consell han sido impugnadas por los sindicatos mayoritarios; una sentencia reciente obliga a los miembros del denominado cuerpo de interventores a ajustar su salario a la escala vigente y exige la devolución de los complementos cobrados hasta la fecha; la FSP de UGT mantiene un pleito contra Administración Pública porque más de 300 interinos ocupan puestos superiores a la escala básica en sus respectivos destinos... Un largo etcétera pone de relieve la necesidad de afrontar la situación con rigor. ( Mayo 01 )

COLOCADOS A DEDO Y JEFES DE SECCIÓN CONSIGUEN EL 80% DE LAS PLAZAS DE UNA OPOSICIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

La lista definitiva de aprobados en la oposición para acceder al cuerpo de inspectores de Educación muestra que de 55 plazas, 42 serán ocupadas por inspectores habilitados a dedo por el PP desde 1996, y otras tres, por dos jefes de servicio y uno de sección. La publicación de las notas del tercer y último ejercicio confirman,  las sospechas de que era un traje a medida para colocar a sus amigos'. La consejería se limitó a decir que 'han aprobado los mejores' .El resultado de la polémica convocatoria de oposiciones para acceder al cuerpo de inspectores, que ha sido recurrida por los sindicatos STEPV y UGT, pone de manifiesto que sólo 10 de los inspectores que entrarán a trabajar en el cuerpo de inspección de la Administración educativa valenciana son profesores que han trabajado hasta la fecha en sus respectivos centros. El resto, es decir el 80% de las plazas consolidadas, estarán ocupadas por 45 funcionarios que, en su mayoría, son amigos, familiares, militantes o compañeros de viaje de cargos del PP y del Consell . Entre los casos que más críticas suscitaron en la oposición y sindicatos, tras conocerse el funcionamiento digital de la inspección, figuran el hermano de la presidenta de las Cortes Valencianas, Marcela Miró, el cuñado del ex director territorial de Valencia, dos familiares de cargos políticos, concretamente la sobrina del director general de ordenación y el yerno del presidente del Consejo Escolar Valenciano. Todos ellos han sido aprobados.              ( Junio 01 )

LA REDACCIÓN DE CANAL 9 DENUNCIA LA CENSURA SOBRE LOS PAGOS DEL IVEX

El Comité de Redacción de Canal 9 denunció , a través de una nota, el silencio y la censura aplicada por la dirección de la cadena sobre las informaciones referidas a los pagos del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) a empresas relacionadas con el cantante Julio Iglesias. De igual manera, en el comunicado se señala a Genoveva Reig, directora de la cadena, como responsable directa de las emisiones realizadas los pasados días 19 y 20 de mayo en los informativos y sus avances sobre supuestas del anterior gobierno socialista autonómico en las Islas Caimán.

'Estamos ante un clamoroso caso de manipulación informativa, de censura, de sectarismo y de poner un medio de comunicación público al servicio único y exclusivo del Partido Popular y, sobre todo, del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana', indica el comunicado. En él, además, el comité agrega: 'La redacción de Canal 9 muestra su impotencia por este nuevo abuso, ante el que sólo podemos quejarnos y demostrar así que los profesionales de esta casa somos los primeros escandalizados por tanta manipulación y tanta censura'.

De igual forma, el Comité Redacción de Canal 9 denuncia la 'excesiva y desproporcionada' presencia del candidato del PP en las informaciones sobre las recientes elecciones vascas ya que tuvo 'un 38% de presencia en pantalla'.( Junio 01 )

EL PP DE MONÒVER CONTRATA A UN CENTENAR DE AFINES EN DOS AÑOS DE MANDATO

El PP de Monòver (Vinalopó Mitjà) ha contratado para trabajos relacionados con proyectos del Ayuntamiento a un centenar de personas afines en dos años de mandato, entre ellas familiares directos de concejales y militantes. Entre estas personas se encuentran 3 hijos de concejales, 2 novios de hijas de concejales y 3 sobrinos de concejales, aparte de matrimonios completos de militantes del PP   ( Junio 01 )

 AYUNTAMIENTO DE ALICANTE. DIETAS A LA CARTA PARA EL ALCALDE

Aguas Municipalizadas de Alicante (AMAEM) y Empresa Mixta de Aguas Residuales, SA (EMARASA), mercantiles participadas al 50% por el Ayuntamiento de Alicante y por su socio privado Aguas de Levante, cambiarán sus estatutos para que el alcalde, el popular Luis Díaz Alperi, que preside los consejos de administración de ambas sociedades, y los concejales que participan en dicho órgano puedan seguir cobrando de las empresas a pesar de ingresar ya su sueldo por su dedicación exclusiva en el Consistorio. Alperi recibe al año de ambas empresas cerca de tres millones de pesetas, que unidos a su sueldo de alcalde (más de 11 millones) le convierten en uno de los políticos mejor pagados de España.( Junio 01 )

DOS ADJUDICATARIAS DE GERIÁTRICOS SE CREARON DESPUÉS DE QUE SE PUBLICARA EL CONCURSO

Dos de las empresas elegidas por Bienestar Social para construir y gestionar siete de los 73 centros proyectados se constituyeron después de que se publicara el concurso (8 de febrero de este año). Una de estas firmas, Instituto Geriátrico del Mediterráneo, SL, se creó sólo unos días antes de que se abrieran las plicas con las ofertas. Ello no ha sido óbice para que se quede seis centros.Dos sociedades que han obtenido la adjudicación de varias residencias de la tercera edad en el reciente concurso de la Conselleria de Bienestar Social para la creación de 9.000 nuevas plazas geriátricas se constituyeron después de la publicación del pliego de condiciones y sólo unos días antes de que se abrieran las plicas con las diferentes ofertas. El caso más llamativo es el de Instituto Geriátrico Mediterráneo, SL, una compañía de Alicante que se constituyó, según datos del Registro Mercantil, el 6 de marzo de este mismo año. El pliego de condiciones del contrato tiene fecha del 5 de febrero y el concurso fue anunciado públicamente en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el 8 de ese mes. Bienestar Social dio un plazo de 30 días naturales a las empresas para la presentación de las ofertas, que vencía el 10 de marzo. Así pues, la mercantil se creó sólo unos días antes de que se cumpliera esa fecha. Ello no ha sido impedimento para que reciba adjudicaciones en dos de las tres zonas a las que se presentaba, siempre en unión temporal de empresas (UTE) con la constructora madrileña Silver Eagle de Obras y Promociones, SL. La entidad levantará y gestionará los geriátricos proyectados por la Generalitat en Castalla, Almoradí, Guardamar del Segura, Orihuela, Pilar de la Horadada y Torrevieja. La capacidad de todos ellos es de 605 plazas.( Junio 01 )

EL CONSELL MANTIENE EN EL NIVEL ADMINISTRATIVO MÁS ALTO A 125 FUNCIONARIOS COLOCADOS 'A DEDO'

La precariedad laboral en el seno de la Administración autonómica tiene dos caras. Por un lado, empleados interinos cubren miles de plazas de docentes o técnicos sanitarios que nunca han salido a concurso. Por otro, un selecto grupo de empleados en precario ocupan plazas del más alto nivel administrativo en razón de la confianza de sus superiores políticos. Al menos 125 interinos ocupan plazas del grupo A en la Administración autonómica por designación directa en puestos por encima del nivel básico y por un plazo de tiempo superior al establecido por ley.( Julio 01 )

EL GOBIERNO DE ZAPLANA REBASA POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA EL BILLÓN DE PESETAS EN DEUDA. 

Las cifras, difundidas por el banco emisor, no han podido llegar en peor momento para el Consell, que tendrá que explicar en las Cortes por qué en la antesala de las elecciones autonómicas de 1999 liquidó el ejercicio de 1998 con un superávit de 746 millones cuando el Tribunal de Cuentas señala en cambio que hubo un déficit de 125.633. 

En pesetas, la Comunidad es la segunda en incremento, ya que los 25.956 millones en que ha aumentado la deuda en un trimestre únicamente han sido sobrepasados por los 58.901 de Madrid. Por detrás de la Valenciana están Asturias, con una subida bruta de 15.142 millones; Cataluña, con 6.655 millones más; y Extremadura, 4.326 más. 

El crecimiento de la deuda de la Comunidad Valenciana ha sido espectacular en los últimos años. A 30 de junio de 1995, cuando los socialistas dejaron la Generalitat, el endeudamiento acumulado era de 441.921 millones. A falta de un trimestre para cumplir los seis años, el incremento de la deuda que arrastra la hacienda autonómica es del 127%. La cifra, que no incluye otros débitos como los centrifugados a corporaciones locales o el denominado método alemán de pago aplazado, se acerca al presupuesto de la Generalitat de todo un año. 

Con los datos a 31 de marzo, la Comunidad Valenciana pasa a formar parte, junto con Andalucía y Cataluña, del grupo del billón, las autonomías cuyo endeudamiento rebasa esa cifra. A finales de 2000, la deuda de la Comunidad alcanzó el 10,3% de su capacidad de generar riqueza (el producto interior bruto), un porcentaje que no sólo superó ninguna otra autonomía sino que fue el peor de España en los últimos cinco años

EL GOBIERNO DE EDUARDO $  ZAPLANA ADJUDICA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES GERIÁTRICOS AL MARIDO DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN

La Generalitat Valenciana ha adjudicado tres geriátricos a un socio del marido de la ministra de Educación y Cultura, el diputado del PP Guillermo Cortázar. Éste tiene una empresa con el apoderado de la firma que construirá residencias de ancianos en Castellón, Valencia y Benicàssim . La resolución del concurso para la gestión de estos centros concluyó con la adjudicación de tres geriátricos de 140 plazas cada uno a Inversiones Financieras Cualificadas, SL, una firma de la que es apoderado un socio del parlamentario del PP y marido de la ministra Pilar del Castillo. Cortázar, que también es secretario ejecutivo del área de Análisis y Documentación del PP, figura como administrador, desde el pasado 23 de octubre, de Planificación y Desarrollo Valenciano, SL, junto con el notario Joaquín Serrano Yuste. Esta empresa está participada por Desarrollo Empresarial Valenciano, SL, que es a su vez es la única accionista, según el Registro Mercantil, de Inversiones Financieras Cualificadas, la entidad que ha recibido del Gobierno valenciano la concesión de las tres residencias para mayores.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS REVELA QUE EL CONSELL ES EL ÚNICO GOBIERNO AUTÓNOMO CON DÉFICIT OCULTO

El informe del Tribunal de Cuentas referido al ejercicio de 1998 pone en evidencia que la Generalitat es la única Administración autonómica de España que arrastra de un año a otro un déficit oculto de más de 70.000 millones, fundamentalmente en sanidad, en franca contradicción con las explicaciones que dio en las Cortes el conseller de Economía, Vicente Rambla, quien presentó este desfase como «habitual», fruto de la mecánica de contabilización de gastos en la Administración. En realidad, esta circunstancia y el hecho de que el órgano fiscalizador del Estado no incluya como ingresos del Consell 63.354 millones de los denominados «derechos definidos» por tratarse de simples expectativas de cobro explica en buena medida la escandalosa cifra de déficit del ejercicio que extrajo el Tribunal de Cuentas para la Comunidad, 125.633 millones, frente al superávit de 746 que declaró el Ejecutivo autonómico al liquidar 1998 en puertas de las elecciones autonómicas del 99. El dato era aún más alarmante al comprobar que la siguiente comunidad con mayor déficit, Andalucía, tenía 36.553 millones; a continuación, aparecía Cataluña, con 22.919 millones. 

El órgano auditor, con los datos que le suministró su homólogo valenciano, la Sindicatura de Comptes, señala la existencia de obligaciones no reconocidas en el SVS por 57.393 millones, de los que 38.110 son transferencias corrientes (sobre todo, gasto farmacéutico) y 19.283, funcionamiento; 2.151, personal de diciembre; y 3.030, cuotas de la Seguridad Social también de diciembre. Además, hay 6.031 millones de inversión no contabilizada y otros 2.838 de cuotas sociales del personal de la Generalitat, junto con 517 de anticipos de caja fija. Total, 71.960 millones. 

En 1999, la situación volvió a repetirse: otros 70.000 millones de gasto no reconocido fueron trasladados al ejercicio de 2000. La práctica es evidente: cuando al Consell se le acaba el presupuesto, los gastos dejan de ser reconocidos, para imputarse al año siguiente. 

Un repaso a la auditoría sobre el resto de comunidades pone de manifiesto que, lejos de ser práctica generalizada, esta situación es totalmente atípica. La mayoría -Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid, Navarra, Galicia, País Vasco, Asturias y Murcia- no dejan en los cajones este tipo de facturas para el año siguiente.( Julio 01 )

LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONCERTÓ UN COLEGIO DEL OPUS CON INFORMES 'DESFAVORABLES'

 La Consejería de Educación estableció un concierto económico con el colegio Vilavella, vinculado al Opus Dei, pese a la existencia de tres informes contrarios realizados por la inspección educativa y las direcciones Territorial y de Centros. Los informes negativos figuran en el proceso que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana contra la orden de la Generalitat que autorizó en junio de 1999 los polémicos conciertos con una decena de colegios de élite y vinculados al Opus.

El primero de los procesos abiertos por la federación de enseñanza Fete-UGT contra uno de los centros valencianos de Fomento que se sigue en la Sala Segunda de lo Contencioso-administrativo del TSJ revela que entre el 10 de febrero y el 27 de agosto de 1999 -cuando finalmente la Generalitat publicó en el Diario Oficial la lista de los polémicos nuevos conciertos con cuatro meses de retraso- el actual consejero de Educación, Manuel Tarancón, vivió un duro pulso con la empresa Fomento de Centros de Enseñanza que ejerce la titularidad del colegio Vilavella de Valencia, que logró un concierto bianual que vence en 2001.El expediente contiene las alegaciones jurídicas de la empresa y tres informes que desautorizan con firmeza el concierto con el Vilavella por dos razones: 'insuficiencia de créditos presupuestarios' y porque 'las necesidades de escolarización de la zona atendidas con fondos públicos son suficentes'. No obstante, la presión ejercida por los defensores de Fomento de Centros y por el representante en Valencia de la patronal de la enseñanza privados CECE [que agrupa a toda red nacional de centros que Fomento próximos a la doctrina 'humanismo cristiano' que imparten religiosos del Opus] terminaron por doblegar a la consejería. Un tenso tira y afloja que comenzó el 31 de enero de 1999 nada más terminar el Congreso nacional del PP en Madrid, donde el presidente de CECE, Félix Falcón, según reconoció él mismo en una comida en Valencia, pidió a Aznar agilidad en los conciertos y mayor presupuesto a la enseñanza privada.

El inicio de compromiso pasaba, por tanto, por la Comunidad Valenciana donde el PP ya disfrutaba de mayoría absoluta. Fue el entonces consejero Francisco Camps quien a las dos semanas, durante la primera quincena de febrero según se desprende de la documentación, empezó los trámites de los nuevos conciertos, con tres centros de Fomento y dos del Opus. El expediente judicial especifica que las plazas vacantes (319 en Primaria y 270 en ESO) que había entre los siete colegios públicos, privados y concertados de la zona desaconsejaba a todas luces concertar 131 plazas de Primaria y 96 de ESO para el Vilavella con un coste anual de cerca de 100 millones. Esta cifra además cubría prácticamente el total de la matrícula de ese año (209), lo que levantaba suspicacias acerca de que la empresa se financiara todas las plazas, pese a que los padres pagan a parte en concepto de aportaciones a la fundación. Todos los informes oficiales son concluyentes respecto a la necesidad de cumplir la legalidad que obliga a la enseñanza mixta (el Vilavella sólo tiene profesoras y alumnas) y a priorizar los conciertos en centros que atienden 'poblaciones escolares de condiciones socio-económicas desfavorables', y éste no es el caso a juzgar por la valoración oficial que reconoce que 'sólo atiende una población escolar medio-alta'. ( Septiembre 01 )

EL GOBIERNO DE ZAPLANA DESVÍA 7.621 MILLONES DE INVERSIONES PÚBLICAS AL AÑO PARA LOS CONCIERTOS DE ESO: LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE LOS INSTITUTOS PRIVADOS SE DISPARÓ EN 1997 FRENTE A LOS 463 MILLONES DE 1995 

El coste de los conciertos educativos de enseñanza Secundaria en la Comunidad Valenciana representa un gasto fijo para la Generalitat de 7.621 millones al año, desde que en 1997 se concertaran de golpe prácticamente todos los colegios privados que imparten ESO. Según revelan las propias cifras oficiales presentadas  por la Consejería de Educación, las 68 unidades de ESO que concertó el último gobierno socialista en 1995 se dispararon a 1.120 en 1997, cifra que se mantiene hasta el curso escolar 2001/2002 que estrenan los 364.000 niños matriculados en infantil y primaria.

El volumen de dinero público comprometido en la enseñanza privada -sólo para el primer ciclo de ESO- equivale, en la práctica, a las anualidades presupuestadas en los últimos cinco ejercicios para infraestructuras escolares, ya que el precio oficial de cada unidad (6,8 millones) genera un gasto fijo anual de 7.621 millones. Esto significa que en un quinquenio se han gastado 35.000 millones, cifra equivalente a la inversión global prevista en el capítulo de inversiones educativas. Este bajísimo nivel de ejecución explica que, simultáneamente, se haya producido un creciente trasvase de alumnos a la red privada. Las cifras oficiales presentadas por el actual consejero Manuel Tarancón revelan que en ciertos tramos educativos el tradicional equilibrio entre la enseñanza pública y privada (70%-30%) se ha empezado a romper. La previsión de alumnado de segundo ciclo de Infantil (entre 3 y 5 años) para el curso que comienza es de 74.860 niños matriculados en colegios públicos (65%) y de 38.916 (35%) en centros privados. Esta situación se ha dado, en buena medida, por el embudo que se creó en los centros públicos ante la falta de institutos de Secundaria. Esto hizo que en estos últimos años el 70% de los alumnos de ESO estuviera escolarizado en colegios de Primaria, de forma que se masificaran espacios públicos, lo que ha impedido implantar la educación Infantil al ritmo normal que exigía la LOGSE.( Septiembre 01 )

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE  CASTELLÓN, HA COBRADO 768.000 PESETAS POR ASISTIR SÓLO SIETE HORAS A PLENOS MUNICIPALES

Carlos Fabra cobra un salario anual de 12 millones como presidente de la Diputación provincial de Castellón. Y combina su dedicación exclusiva con su actividad privada como agente de seguros. Pero no renuncia a las 32.000 pesetas que le reporta la asistencia a los plenos municipales como concejal de la capital de La Plana. Durante la presente legislatura, Fabra ha ingresado 768.000 pesetas como concejal por algo más de siete horas y media de presencia en los plenarios de la corporación municipal. Sus 'visitas' al Ayuntamiento le han reportado a Fabra en esta legislatura 768.000 pesetas que, si se dividen por los minutos de asistencia, arrojan un saldo de 1.673 pesetas por minuto de presencia en los plenos municipales. Es decir, 100.380 pesetas por hora. La frugal presencia del presidente de la Diputación de Castellón y concejal del Ayuntamiento de la capital de La Plana, Carlos Fabra, en los plenos municipales se ha convertido en algo más que habitual. Fabra no siempre asiste a las sesiones plenarias locales y, cuando lo hace, nunca se queda hasta el final. La mayoría absoluta que ostenta el PP en Castellón permite que, en raras ocasiones, su presencia sea necesaria para sacar adelante una votación. Quizá por ello, Fabra llega al Ayuntamiento y, poco después, se va. En cualquier caso, la asistencia a los plenos, sea cual sea su duración, conlleva el cobro de 32.000 pesetas por pleno. Desde que inició la legislatura y hasta el 26 de julio, Fabra ha estado en el salón de plenos 459 minutos en total. Es decir, 7 horas y media. La acumulación de cargos institucionales es algo contra lo que el PP pretende o dice luchar. Sin embargo hay casos en los que la 'sobrecarga' de puestos es tanta que resulta complicado discernir en calidad de qué habla el interlocutor. Los diputados provinciales tienen que ser concejales de alguno de los ayuntamientos de la provincia a la que pertenecen. Fabra ejerce, poco, en Castellón. Además, ocupa puestos en varios consejos de administración al margen de su cargo orgánico en el Partido Popular, que preside en la provincia de Castellón.

La acumulación de trabajo externos puede ser uno de los motivos por los que Fabra 'acorta' su presencia en los plenos municipales. El hecho es que las 34 sesiones celebradas en esta legislatura en la capital de La Plana han tenido una duración media de cerca de 90 minutos de los que Fabra permanece, como media, 22. De esas 34 convocatorias, ha dejado de ir al Ayuntamiento en 13 ocasiones, mientras que, de las restantes, sólo en un caso permaneció en el consistorio desde el principio hasta el final de la sesión plenaria. Fue el pasado 30 de noviembre, durante un pleno que duró cinco minutos. Su tiempo máximo de permanencia en un pleno en la presente legislatura es de 60 minutos, hecho ocurrido el 28 de octubre de 1999, durante una sesión que duró más de tres horas. Fabra suele ser puntual. Pero también ha habido casos en los que ha llegado tarde y se ha ido diez minutos después, como ocurrió, según indica el acta de sesiones correspondiente, el pasado 22 de febrero. El paso por el Consistorio durante este año ha ido acortándose y desde el pleno de enero, en el que estuvo durante 20 minutos, ha estado en el Ayuntamiento poco más de media hora. La media baja porque no asistió a las sesiones celebradas en marzo, abril, mayo y julio, según consta en las actas. Otra cosa es la compatibilidad de su dedicación exclusiva a la Diputación provincial con su actividad privada como agente de seguros, que el PP apoyó en su día para que sus clientes no se sintieran abandonados (Septiembre 2001).

LOS VIAJES EN UN YATE AMIGO DE EDUARDO $ ZAPLANA 

La Clínica Salus de Benidorm no sólo tiene por patrimonio camas y tecnología sanitaria. Un yate de cerca de 18 metros de eslora está registrado a nombre del centro sanitario concertado. La embarcación, un Fairline Squadron matriculado en 1998 que lleva el nombre de Nacavi y cuyo precio en el mercado podría alcanzar los cien millones de pesetas, está amarrada en el puerto deportivo de la Vila Joiosa. Sobre su puente, el propietario de la clínica de Benidorm, Carlos Paz Figueroa, ha tenido ocasión de compartir días de navegación con invitados de lujo. El mismo presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, ha tenido la oportunidad de surcar las aguas del Mediterráneo en el barco de Paz. En algunas ocasiones incluso ha coincidido con el ministro de Medio Ambiente y ex presidente de Baleares, Jaume Matas, en bellas calas de Ibiza y Formentera. Zaplana no esconde su afición a la navegación. En travesías de menor distancia sale al mar con Les Dunes, una embarcación registrada a nombre de Promociones Les Dunes, la empresa de la familia de su mujer Rosa Barceló y que tiene amarre también en el puerto deportivo de la Vila Joiosa. La relación de Zaplana con Carlos Paz, administrador en la asamblea territorial de la CAM a propuesta del Partido Popular, es estrecha. La hermana del jefe del Consell trabajó en la clínica de Benidorm, centro al que el propio presidente acudió para ser sometido a una operación de apendicitis hace algo más de un año.( Septiembre 01 )

LA CONSEJERÍA DE SANIDAD BENEFICIA A UN HOSPITAL DE BENIDORM AL IMPEDIR CONSTRUIR OTRO

En un año, los motivos que llevaron a Sanidad a prohibir la construcción de un nuevo hospital en Benidorm no han impedido que la misma consejería autorizara la ampliación del único centro hospitalario existente. Mientras el departamento que dirige Serafín Castellano cerró el camino a la apertura del nuevo centro en septiembre de 2000 al considerar que la oferta asistencial ya estaba cubierta, en julio de este año sí permitió la ampliación de la Clínica Benidorm. A ello se añade el hecho de que el permiso de la consejería para aumentar los servicios fue tramitado con posterioridad a la solicitud de ampliación.

Sanidad rechazó de pleno en septiembre de 2000 la solicitud de la firma Hospimar 2000 de construir un centro en Benidorm. Entonces, los argumentos que sostuvo la Agencia para la Calidad, Evaluación y Modernización de los Servicios Asistenciales fueron que la ciudad no necesitaba nuevas camas hospitalarias. Un nuevo centro, apuntó Sanidad, se traduciría en un exceso de oferta, ya que se sobrepasarían los ratios de cama por paciente recomendados, entre 2 y 3 camas por 1.000 habitantes. Este motivo también fue alegado por quien sería el máximo perjudicado si el nuevo centro veía la luz: la Clínica de Benidorm. Este centro privado, el único con capacidad de hospitalización, admitió en el expediente de alegaciones que la clínica no sobrepasaba una ocupación media superior al 50% de su capacidad, por lo que, señalaban en el escrito, un nuevo hospital no tendría cabida en Benidorm ante la falta de demanda. Las cifras de ocupación facilitadas por los impulsores del nuevo centro 'son utópicas e irreales' señalaban en las alegaciones, e 'indican la falta de madurez técnica y experiencia en el sector de los promotores del proyecto'.Diez meses más tarde, las razones que bloquearon la apertura de un nuevo hospital desaparecieron de un plumazo. Al menos, no sirvieron para frenar la autorización de la ampliación de la Clínica de Benidorm. La consejería que dirige Serafín Castellano aprobó el aumento de camas solicitado por el mismo hospital que se opuso a la construcción de un nuevo centro en la localidad turística por entender que sobraban camas y pese a reconocer que funcionaba a medio gas. En una resolución del 12 de julio pasado, la directora general de la Agencia, Rosa Roca, concedió 'autorización administrativa previa' al Centro Médico Salus Baleares, empresa de la que depende la Clínica Benidorm.

Por su parte se ha conocido que el Ayuntamiento de Benidorm, presidido por el popular Vicente Pérez Devesa, autorizó el 18 de junio el proyecto básico para la ampliación de los quirófanos de la Clínica Benidorm, pero lo hizo sin los pertinentes informes técnicos ni jurídicos, que en aquel momento no se encontraban sobre la mesa de la comisión que dio el visto bueno al proyecto. El propio edil de Urbanismo, Antonio Botella, admitió que el trámite fue irregular, ya que según las normas urbanísticas la clínica no se puede ampliar. ( Septiembre 01 )

LA ALCADESA DE VALENCIA  Y LAS  ADJUDICACIONES AMIGAS

ü       7.293 MILLONES DE PESETAS EN INVERSIONES A DEDO, SIN AUTORIZACIÓN Y SIN FISCALIZACIÓN : El Ayuntamiento de Valencia ejecutó el año pasado el 46,1% de sus inversiones (7.293 de los 15.831 millones totales) a través de contratistas municipales sin contrastar precios en el mercado y sin prever las condiciones de las posibles desviaciones en la ejecución de los proyectos. Así se pone de manifiesto en la auditoría del año 2000 realizada por la Intervención general, que asegura que el equipo de gobierno del PP 'realizó gastos sin autorización, disposición, ni fiscalización previa' y que a posteriori se aprobaron por acuerdo municipal con el reparo de la Intervención de la Corporación. La auditoría de las cuentas del Ayuntamiento de Valencia recalca que el capítulo con mayor número de irregularidades ['observaciones significativas'] es el de inversiones, ya que una cuarta parte de los expedientes (por importe de 5.200 millones de gasto) tenían deficiencias. El informe pone en evidencia la falta de mecanismos de control y destaca el sobrecoste, no cuantificado en la auditoría, del plan de aceras de 1993 porque la Corporación no aplicó una cláusula que fijaba un factor corrector en los pagos de los intereses en función de los tipos de interés respecto al momento de la licitación. Además cita otros casos como la adjudicación sin disponibilidad de terrenos, modificados sin supervisión previa o partidas sin justificar ( Septiembre 01 )

ü       LA MITAD DE LAS INVERSIONES SE ADJUDICAN A UN REDUCIDO GRUPO DE NUEVE EMPRESAS. LA MAYORÍA DE LOS BENEFICIADOS TIENE CONTRATAS MUNICIPALES Y LOGRA ENCARGOS SIN CONCURSO: El Ayuntamiento de Valencia, que preside la popular Rita Barberá, adjudicó casi la mitad de sus inversiones en el primer semestre del año (que sumaron 20.631 millones de pesetas) a un reducido grupo de nueve empresas. La mayoría de estas firmas gestiona importantes contratas o concesiones municipales por las que recibe cuantiosos ingresos. La última auditoría realizada a las cuentas municipales y correspondiente al año 2000 advierte del escaso control existente en las inversiones municipales, que se adjudican sin concurso ni publicidad. El análisis de los estadillos contables del Ayuntamiento de Valencia hasta el primer semestre del año permite establecer con claridad qué firmas se llevan la parte del león de las inversiones municipales. Servicios y Contratas Prieto, SA (Secopsa), propiedad de los hermanos Prieto, logró contratos municipales por importe de 2.584 millones de pesetas sólo en el primer semestre del año. Las empresas de los hermanos Prieto (Secopsa, Prieto, SA y Macepsa) ostentan, además, las contratas de limpieza y vallado de terrenos, mantenimiento de los edificios municipales y de los centros escolares de la ciudad. Tras Secopsa, las grandes constructoras Necso y Dragados fueron las más beneficiadas en el reparto de las inversiones municipales. La primera logró obras por un valor inicial de 1.713 millones en seis meses y la segunda, que tiene una contrata para obras de urbanización, consiguió contratos por valor de 1.229 millones de pesetas. Aguas de Valencia, la concesionaria del servicio de suministro de agua potable, logró que el equipo de gobierno municipal le contratase entre enero y junio un total de 1.251 millones de pesetas en inversiones cuando sólo faltan unos pocos meses para que expire la concesión actual. Las concesionarias de las contratas de la basura, limpieza de calles y jardines -FCC, que se ocupa del norte de la ciudad; y Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), que se ocupa de la sur-; del alumbrado -Imes en la zona sur y Etralux en la zona norte- y del asfaltado de calles -Pavasal- se colocaron en un segundo escalón en el reparto de las inversiones. En los seis primeros meses, FCC logró contratos de inversión por valor de 337 millones; SAV, 328; Imes, 326; Etralux, 179 más otros 72 obtenidos por la firma matriz Etra; y Pavasal, 660 millones. ( Septiembre 01 )

ASESORES FINANCIEROS ALERTAN SOBRE LA INSOLVENCIA DE LA SOCIEDAD PÚBLICA QUE IMPULSA TERRA MÍTICA

La empresa pública constituida por la Generalitat para impulsar Terra Mítica y la Ciudad de la Luz, la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA), es insolvente de acuerdo con el análisis de un grupo de asesores financieros. La insolvencia es característica de muchas empresas públicas, pero la sociedad instrumental constituida en 1997 tenía previsto ceder los terrenos expropiados en torno a Terra Mítica para recuperar sus inversiones. Las deudas a largo plazo acumuladas a finales de 2000 ascendían a 29.522 millones y la previsión para este ejercicio es duplicar esa cifra. El análisis de las cuentas depositadas por la SPTA relativas al ejercicio 2000 revela que la sociedad suma todos los índices como para predecir un 'riesgo máximo' de insolvencia. Sólo el aval de la Generalitat sostiene en pie la entidad que preside Luis Esteban, también presidente de Terra Mítica, y entre cuyos consejeros se cuentan varios cargos públicos y poderosos empresarios como Luis Batalla, Andrés Ballester, Vicente Boluda, Eliseo Quintanilla o Juan y José Lladró. Los expertos recomiendan taxativamente 'no realizar operaciones de crédito' con SPTA por varias razones. Las deudas de la empresa superan con creces los recursos propios y cuadriplican la relación normal en el sector de actividades recreativas. El fondo de maniobra es negativo, lo que supone que SPTA carece de activos suficientes para atender sus obligaciones de pago a corto plazo. Los fondos en efectivo disponibles apenas permiten cubrir el 5% de las deudas a corto plazo. SPTA tarda en torno a seis meses para cobrar sus facturas. Pero, sobre todo, la empresa no genera recursos. ( Septiembre 01 )

EL TSJ FUERZA A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD A AUTORIZAR UN NUEVO HOSPITAL EN BENIDORM

Los tribunales han dado un nuevo revés a Sanidad en su negativa a dar luz verde a la construcción de un segundo hospital privado en Benidorm. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad ha confirmado el derecho del centro a recibir la autorización cautelar de la consejería. No sólo ha reafirmado un auto anterior en el que dio la razón a la empresa Hospimar 2000, promotora del centro, sino que ha rebatido los argumentos en contra presentados por Sanidad y el único hospital existente, la Clínica Benidorm. Esta decisión no cierra la vía judicial ya que, de forma paralela al recurso ante el TSJ, la consejería que dirige Serafín Castellano abrió otro frente al recurrir al Tribunal Supremo.

Como se recordará, en el proceso de autorización del nuevo hospital de Benidorm se cruza otro importante factor que alimenta las dudas sobre la imparcialidad de la Consejería de Sanidad. Si primero rechazó el permiso en contra de sus técnicos y después recurrió en contra de la decisión del tribunal, durante el año pasado la consejería se mostró generosa con el mayor rival del nuevo centro: la Clínica Benidorm. Este hospital, el único privado que existe en la ciudad, lo gestiona Carlos Paz, administrador en la asamblea territorial de la CAM a propuesta del Partido Popular. Las relaciones entre el responsable del centro y el partido en el poder no acaban aquí. Paz ha compartido singladura junto al presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, en aguas del Mediterráneo. Y el propio Zaplana eligió la Clínica Benidorm para someterse a una intervención de apendicitis en junio de 1998.

Miembros de la empresa Hospimar prefirieron no hacer declaraciones respecto a la última decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y añadieron que mantendrán silencio mientras la justicia no diga la última palabra en el proceso ( Septiembre 01 )

EL PP ECHA FRENO A LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS HOSPITALES PÚBLICOS

El segundo hospital público de Elche no verá la luz. El PP en las Cortes regionales bloquea una propuesta socialista para construir otro centro en una de las zonas de mayor demanda asistencial. Esta decisión se enmarca en la dirección que ha tomado el PP de potenciar la atención sanitaria especializada privada, con excepción de la millonaria inversión que supondrá la construcción del nuevo hospital La Fe en Valencia. A la oposición al desarrollo de centros públicos se unirá en breve el espaldarazo definitivo a los centros privados que supondrá dar rango de ley al plan de choque. Durante su intervención en el Debate de política general, entre otros aspectos, el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, avanzó que su Gobierno dará en breve rango de ley al plan de choque. Esta medida, que se instituyó en 1996 con carácter provisional y se ha ido consolidando hasta hacerse un lugar fijo en todos los presupuestos, consiste en el trasvase de pacientes del sistema público a hospitales privados.La institucionalización de esta fórmula, que prepara el PP, combinada con el bloqueo del desarrollo de la atención hospitalaria pública supondrá ceder a la iniciativa privada porciones de negocio determinados al sector privado. Al frenar el aumento de servicios en determinados hospitales públicos así como la construcción de nuevos centros -excepto La Fe de Valencia- quedarán vacíos asistenciales -sean en zonas sin hospitales o carentes de determinadas especialidades- que ocuparán los hospitales privados, a través del desvío de pacientes del plan de choque. ( Octubre 01 )

ZAPLANA Y LOS CONTRATOS AMIGOS : DENUNCIAN 77 CASOS, DE LOS QUE 14 CORRESPONDEN A FAMILIARES DE ALTOS CARGOS

La junta de personal denuncia que a lo largo de los años la Generalitat Valenciana ha nombrado diversas personas como interinos de urgencia «prescindiendo absolutamente del principio de publicidad», y por lo tanto, «sin atender los principios de igualdad, mérito y capacidad». En este sentido, informa a la Administración de la existencia de una reciente sentencia de la sala contenciosa administrativas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que anula la contratación de los tres responsables en los servicios jurídicos de la Generalitat Valenciana tanto en la provincia de Alicante como en la de Valencia. 

Este fallo considera ilegales los nombramientos porque no se respetaron los principios de publicidad e igualdad ante la ley. No hubo convocatoria pública para seleccionar a los mejores aspirantes para los puestos cubiertos de forma interina, ya que el Consell tan sólo llevó a cabo una entrevista personal. La junta de personal alude al artículo 110 de la ley 29/1998 reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa que obliga a la Administración «a extender a otras personas los efectos de una sentencia firme que, en materia de personal, reconozca situaciones jurídicas individualizadas». Así las cosas, la junta de personal solicita la extensión de la sentencia a los 77 interinos, que deben «cesar en los puestos de trabajo que ocupan». El listado de «interinos de urgencia» afecta a todas las conselleries de la Generalitat, en especial a los departamentos de Presidencia, Cultura y Educación que concentran 43 de los 77 nombramientos recurridos. La junta identifica con nombres y apellidos a los interinos, el número de puesto que ocupan, así como su denominación. En su mayoría, se trata de puestos de jefatura, asesores o técnicos. Por consellerias, Industria cuenta con seis contratados «a dedo» Bienestar Social, diez; Cultura y Educación, 18; Presidencia, 23; Sanidad, siete; Medio Ambiente, uno; Justicia y Administraciones Públicas, uno; Agricultura y Pesca, uno; y Economía, diez. Al menos 14 de los interinos de urgencia guardan relación familiar con cargos del PP , entre ellos el conseller de Sanidad, Serafín Castellano o el diputado Luis Concepción; o con altos funcionarios de la Administración, sobre todo en el ámbito de los interventores. ( Octubre 01 )

EL DESVÍO DE PACIENTES A LA SANIDAD PRIVADA POR LEY VACÍA LOS PROYECTOS PARA MEJORAR LA PÚBLICA

El Debate de Política General sirvió al presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, para anunciar el próximo proyecto sanitario del Consell: la privatización de la atención primaria en Alzira. Este anuncio dejó en la sombra otra medida de gran calado político que apenas trascendió: el responsable del Gobierno valenciano señaló que dará rango de ley al Plan de Choque, el desvío de pacientes de la sanidad pública a la privada, lo que se traducirá en un frenazo en seco a los proyectos previstos de mejora de los recursos de los servicios asistenciales de la red pública. 

El Plan de Choque nació en 1996 como fórmula transitoria destinada a resolver las largas esperas que sufrían los pacientes valencianos antes de ser intervenidos, y como una de las apuestas más ambiciosas del Partido Popular, que acababa de llegar al Palau de la Generalitat. El Gobierno valenciano acordó destinar 1.000 millones de pesetas anuales a los presupuestos para ofrecer a los pacientes de la sanidad pública que llevaran esperando más de tres meses una intervención, la opción de ser intervenidos en clínicas privadas. Desde entonces, la suma se ha ido repitiendo a lo largo de los presupuestos de estos últimos años, pero no así la cantidad real pagada a las clínicas por las intervenciones.

Repetidamente, los 1.000 millones han sido superados en un ritmo creciente que alcanzaron el año 2.000 los 2.805 millones de pesetas. El origen coyuntural de esta fórmula, inicialmente destinada a resolver de forma puntual un problema, se ha transformado en una medida estructural, que, se ha hecho un hueco en los presupuestos, pese a lo cual, tampoco se ha demostrado totalmente efectiva contra las listas de espera. ( Octubre 01 )

LA GENERALITAT VALENCIANA OBTUVO DEL HSBC EL CRÉDITO MÁS BLANDO DE LOS 11 QUE AVALÓ PARA TERRA MÍTICA. EL BANCO QUE COLABORÓ CON GESCARTERA PRESTÓ 6.655 MILLONES A LA SOCIEDAD PARQUE TEMÁTICO

La Sociedad Parque Temático de Alicante, SA (SPTA), de la que la Generalitat es accionista único, obtuvo del HSBC -el banco británico que evitó en parte la intervención de Gescartera en 1999- el préstamo a más bajo interés de los 11 que mantiene activos con diez entidades financieras. El HSBC prestó a la SPTA 6.655 millones de pesetas con interés euribor. Los otros diez créditos que avaló la Generalitat se estipularon en condiciones menos ventajosas para la sociedad pública encargada de desarrollar las infraestructuras de Terra Mítica y de la Ciudad de la Luz. Dos bancos extranjeros, el HSBC y el DGZ Dekabank, prestaron a la SPTA casi la mitad de los 29.522 millones de pesetas que la sociedad pública debe a las entidades de crédito a largo plazo. A pesar de que el DGZ Dekabank prestó más dinero -7.300 millones de pesetas- a la SPTA que el HSBC -6.665 millones-, el primero logró cobrar los intereses al euribor más el 0,003%, mientras el banco británico que habitualmente trabajaba y avalaba a la sociedad de valores Gescartera dejó el dinero a un interés más bajo, sólo el euribor. Las dos grandes cajas valencianas, Bancaixa y CAM, concedieron a la SPTA tres créditos -dos Bancaixa y uno la CAM- por importe total de 5.961 millones de pesetas y con intereses que oscilan entre el mibor más 0,75% y el euribor más el 0,2%.

Además de que el crédito del HSBC es el más blando de todos los concedidos a largo plazo a la sociedad de la Generalitat, también es el que antes se liquidará, a finales de 2008. La SPTA estará endeudada con el DGZ Dekabank hasta julio del año 2012 y pagará el último vencimiento a Bancaixa y la CAM en 2009.

EL PP USA SU MAYORÍA EN EL PARLAMENTO REGIONAL PARA IMPEDIR QUE EL CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS ACLARE POR QUÉ CONSTRUYÓ SU CASA SIN LICENCIA 

El grupo popular de las Cortes usa su mayoría absoluta para vetar la tramitación de sendas peticiones de comparecencia presentadas por los grupos de la Oposición para que el máximo responsable de Obras Públicas, José Ramón García Antón, dé explicaciones sobre la construcción en Sant Vicent del Raspeig, sin la preceptiva licencia municipal, de su vivienda y la de su esposa, Luisa Pastor, elegida recientemente alcaldesa de la localidad merced a una moción de censura con tránsfugas socialistas. En la reunión, el PP justificó el bloqueo de las iniciativas, perfectamente reglamentarias, en que no iba a favorecer «un proceso de criminalización» del conseller.  Rafael Maluenda, portavoz popular adjunto, comentó en pasillos que la oposición pretende crear una «alarma social inexistente e injusta». ( Octubre 2001 )

EL PP USA SU MAYORÍA EN EL PARLAMENTO REGIONAL PARA IMPEDIR QUE EL CONSEJERO DE OBRAS PUBLICAS ACLARE POR QUÉ CONSTRUYÓ SU CASA SIN LICENCIA 

El grupo popular de las Cortes usa su mayoría absoluta para vetar la tramitación de sendas peticiones de comparecencia presentadas por los grupos de la Oposición para que el máximo responsable de Obras Públicas, José Ramón García Antón, dé explicaciones sobre la construcción en Sant Vicent del Raspeig, sin la preceptiva licencia municipal, de su vivienda y la de su esposa, Luisa Pastor, elegida recientemente alcaldesa de la localidad merced a una moción de censura con tránsfugas socialistas. En la reunión, el PP justificó el bloqueo de las iniciativas, perfectamente reglamentarias, en que no iba a favorecer «un proceso de criminalización» del conseller.  Rafael Maluenda, portavoz popular adjunto, comentó en pasillos que la oposición pretende crear una «alarma social inexistente e injusta». ( Octubre 2001 )

192.EL PP DE ALICANTE APLICA EL RODILLO Y NO INVESTIGARÁ AL CONCEJAL DE CULTURA

El PP de Alicante hace valer su mayoría absoluta en el Ayuntamiento para aplicar el rodillo y rechazar la moción que pretendía crear una comisión de investigación sobre supuestas irregularidades en la gestión de la concejalía de Cultura, que dirige Pedro Romero, también portavoz del grupo popular. Romero, que contó con el apoyo explícito del alcalde, Luis Díaz Alperi , sólo admitió 'errores, pero no ilegalidades'.Las supuestas ilegalidades están relacionadas con pagos inflados en las compras de obras artísticas, en concreto piezas escultóricas, y en los contratos a los artistas de Las Noches del Castillo -conciertos-cenas que se celebran durante el verano en el castillo de Santa Bárbara-. ( Octubre 2001)

UN JUEZ IMPUTA AL ALCALDE DE ALGORFA TRÁFICO DE INFLUENCIAS POR RECALIFICAR SUELO A UN PROMOTOR

El alcalde de Algorfa (La Vega Baja), Antonio Lorenzo, del PP, el promotor Antonio Pedrera y el abogado de éste, Rafael Martínez Campillo, han sido citados por el Juzgado número 4 de Orihuela para declarar como imputados por los supuestos delitos de tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio, prevaricación y coacciones, derivados de la recalifación de casi tres millones de metros cuadrados de suelo rústico, donde ya hay un campo de golf ilegal, para levantar una macrourbanización. La investigación partió de una orden de la Fiscalía Anticorrupción. La futura macrourbanización, con capacidad para 47.000 residentes - Algorfa apenas cuenta con 3.000 habitantes-, se levantará en la partida La Rellana, a unos tres kilómetros del casco urbano de la población. Los terrenos (2.807.000 metros cuadrados) son propiedad de la Mercantil Urbanizadora Villamartín SA, del promotor Antonio Pedrera. En estos terrenos, la promotora ya ha construido un campo de golf que carece de licencias. ( Noviembre 2001 )

EL SUPREMO ORDENA INDEMNIZAR A 24 INSPECTORES QUE EL PP APARTÓ EN 1996 

El Tribunal Supremo ha fallado a favor del recurso interpuesto por 24 inspectores de educación que accedieron a la función inspectora mediante el concurso de méritos convocado por el PSOE en 1986, y que fueron 'desposeídos de sus puestos' al entrar el PP a la Generalitat en enero de 1996 sin que fueran indemnizados en virtud de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad que les negaba el derecho. El Supremo establece ahora 'el error judicial' y restaura el derecho de los recurrentes a ser indemnizados. Casi seis años después, el conocido caso de los inspectores ha dado la razón a los 24 profesores de enseñanza primaria y de medias que fueron despedidos de sus puestos en la función inspectora de la Consejería de Educación a los seis meses de haber llegado a la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana. La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo emitió el 13 de octubre pasado una sentencia que rectifica el auto dictado en 2000 por el TSJ de la Comunidad Valenciana en contra del derecho de los recurrentes a ser indemnizados por la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado, una vez que sea publicada ésta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en la colección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).La ponencia del magistrado ponente Pascual Sala Sánchez, 'declara que la sentencia del TSJ de la Comunidad, Sección Segunda, del 11 febrero de 2000, incide en el error de haber negado a dichos recurrentes la posibilidad de reclamar responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica valenciana' y pide 'la consiguiente indemnización por los daños sufridos como consecuancia de la actuación de la sala al convocar, irregularmente en 1986, el concurso en virtud del cual accedieron en propiedad a puestos de la función inspectora educativa de la Generalitat'. ( Noviembre 2001 )

RITA BARBERÁ SE COMPROMETIÓ EN 1991 ANTE NOTARIO A «ACABAR CON LA VENTA DE DROGA». EL PROGRAMA DEL PP ANUNCIABA UN SALARIO PARA LAS FAMILIAS CON TOXICÓMANOS DEL QUE NADA SE SABE 

La hoy alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, entonces candidata a la alcaldía por el Partido Popular, proclamó una cruzada contra la inseguridad ciudadana como eje central de su campaña. El programa electoral con el que levantó la vara de mando en 1991 fue un reflejo de esa campaña y dedicó uno de sus más importantes apartados a la policía y a las drogas. Ese documento, que la alcaldesa llevó al notario para garantizar su cumplimiento, incluía el compromiso de «acabar con el tráfico y venta de droga en locales públicos y en las calles, en colaboración con el Ministerio del Interior». 

Aquel órdago de su primer mandato dedicaba al apartado de seguridad ciudadana cuatro folios y al de drogodependencias específicamente, otros cinco. Los populares anunciaban la penalización del consumo de drogas en público, como tipificación penal y no sólo administrativa. Además del marco legislativo, el programa municipal recogía otra iniciativa prometida por del Partido Popular: el establecimiento de un «salario familiar antidroga» cifrado en 50.000 pesetas mensuales con cargo al Estado. Esta ayuda, de la que nunca más se supo, estaba destinada a las familias con toxicómanos en su seno a los que atiendan en su proceso de desintoxicación. En la misma línea, y con idéntico resultado, se establecía una deducción fiscal por los gastos originados por los drogodependientes de 25.000 pesetas en la cuota del IRPF. 

Este programa fue depositado personalmente por Rita Barberá en la notaría de Carlos Pascual. En esa misma campaña electoral de 1991 llegó a exclamar que en Valencia no habría «más camellos que los de los Reyes Magos» -recientemente matizó que lo que había dicho es que le gustaría que fuese así. 

Llegó 1995 y, en el nuevo programa electoral popular, el capítulo de drogas pasó a ocupar un solo folio a pesar de que ya se había instalado el hipermercado de la droga. Las espectaculares medidas prometidas en 1991 «se cayeron» (ni salario familiar, ni deducción fiscal, ni promesas de erradicar el problema). Este documento, que también llevó la alcaldesa a notaría, ya no era tan concreto, aunque anunciaba que «nuestro compromiso de lucha contra la droga sigue firme y decidido, tanto en acciones de prevención como de represión y reinserción», si bien ahora ya advertía que «la legislación vigente atribuye las competencias de lucha contra la droga a otras instancias (É) dejando a los ayuntamientos un mero papel de colaboradores. Pese a ello aportaremos nuestro decidido esfuerzo». Se anunciaba la potenciación de las relaciones con el plan nacional sobre drogas y otras administraciones, el desarrollo del programa municipal y la constitución de una comisión específica, así como distintos programas asistenciales y preventivos. En el programa de 1999, con el que Barberá revalidó y aumentó su mayoría absoluta, el apartado de drogas queda reducido a un párrafo de «atención al adolescente» bajo el epígrafe general «Trabajamos por una ciudad segura y sana»: «Intensificar y crear nuevos programas de prevención de drogodependencia, centrando las actuaciones en los barrios, y buscando el apoyo de profesores, padres, entidades especializadas y policía local, para fomentar la práctica de actividades deportivas, culturales y recreativas». En seguridad ciudadana se añade una pequeña referencia, al anunciar el trabajo conjunto de policía local y nacional «también centralizado en la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia que lleva consigo». ( Noviembre 2001 )

A FAMILIA DE MIGUEL HERNÁNDEZ ABANDONA LA FUNDACIÓN DEL POETA

La familia de Miguel Hernández ha dejado de pertenecer a la fundación auspiciada por la Generalitat valenciana para recoger y transmitir el legado del poeta. Lucía Izquierdo, nuera de Hernández, acusa al Gobierno valenciano de bloquear la actividad del organismo y asfixiarlo económicamente. El desencuentro entre la Administración valenciana, en manos del PP, y la familia de Miguel Hernández no es nuevo, aunque sí definitivo. 'Hace un mes que comuniqué por carta a [Eduardo] Zaplana la renuncia de la familia a seguir en la Fundación', integrada, al margen de la familia, por respresentantes de la Generalitat valenciana, de la Diputación de Alicante y de los ayuntamientos de Orihuela, Elche y Alicante.

La Fundación Miguel Hernández se creó a mediados de 1994, cuando el PSOE gobernaba todas las instituciones valencianas, salvo el Ayuntamiento de Orihuela. Los 14 patronos de la Fundación se reparten entre la familia (siete) y las instituciones antes citadas, con otros siete. 'Reto a Zaplana a que explique cuántas actividades ha realizado la Fundación en los últimos tres años y medio', dijo Izquierdo para argumentar la decisión de la familia de abandonar la Fundación. 'Hemos perdido el tiempo y nos han estado entreteniendo con falsas promesas' se lamentó la nuera del poeta, quien subrayó que sólo el Ayuntamiento de Alicante, que ha pagado religiosamente su parte, y el de Elche, que ha puesto incluso más medios de los que le correspondían', han respaldado la Fundación. La gota que ha colmado el vaso ha sido la negativa del PP a admitir al director de la Fundación propuesto por la familia -el ente llevaba tres años y medio sin dirección y sin desarrollar más actividad que el premio internacional de Poesía Miguel Hernández- porque no cumplía el perfil. Era socialista. Los familiares ni siquiera asistieron a la entrega del premio en su última edición a José Hierro, aunque se excusaron con él mediante un telegrama. ( Noviembre 2001 )

EL TSJ ANULA LA ADJUDICACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS Y CONDENA A LA DIPUTACIÓN A PAGAR 157 MILLONES

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado a la Diputación de Valencia a indemnizar por «daños y perjuicios» con 157,7 millones de pesetas a la firma Martauro 2000, SA, al considerar «contraria a derecho» la adjudicación de la plaza de toros de Valencia decidida en 1997 por el anterior gobierno del PP, entonces presidido por Manuel Tarancón.  Martauro, formada por los empresarios Emilio Miranda, Ángel Bernal, José Barceló y Manuel Flores Cámara, optó a la concesión del recinto taurino. La mayoría del Partido Popular se escudó en el informe de la comisión técnica de Cultura para conceder la gestión, desde 1998 a 2000 -posteriormente hubo una prórroga de un año-, a la persona de Roberto Espinosa Cantó. El PP estimó que su oferta era la más beneficiosa de cuantas presentadas al concurso público. El fallo judicial considera que Roberto Espinosa vulneró el artículo 81 de la bases de la adjudicación, que impedía a cualquier licitante presentarse en más de una opción. Espinosa incumplió este precepto ya que concurrió a título personal y como consejero delegado de Tauro Castellón, SL. La sentencia considera que la infracción de esta norma da lugar a la «no admisión» de sus dos propuestas. La sala tercera del tribunal nombra al demandante empresario de la plaza durante el período 1999-2000 y ordena indemnizarlo con el 6% de los ingresos brutos (2.628.912.419 pesetas), lo que supone 157,7 millones. ( Noviembre 2001 )

EL GOBIERNO DE EDUARDO ZAPLANA DA 40 MILLONES A UNA FUNDACIÓN VINCULADA A RATO PARA HACER UN GIMNASIO. LA ENTIDAD PADRE ARRUPE GESTIONA UN COLEGIO DE ELITE EN EL SALVADOR PARA FORMAR BACHILLERES 

La Generalitat Valenciana ha destinado una partida de 40 millones del capítulo de fondos correspondientes a la cooperación al desarrollo a la financiación de un gimnasio en el colegio Padre Arrupe de El Salvador, que gestiona la fundación del mismo nombre presidida por la cuñada del vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, Felicidad Salazar-Simpson, y de la que es tesorero Ramón Rato, hermano del número dos del Gobierno que preside José María Aznar. El dinero servirá para financiar parte de las instalaciones deportivas que la fundación tiene en marcha en el colegio y que incluyen vestuarios, cancha de baloncesto y sala de gimnasia. El proyecto de colegio fue inaugurado en 1997 con la presencia del propio Aznar y graduó su primer alumno a finales de 1999. Dedicado a la formación de bachilleres, el colegio logró el año pasado la consideración de Colegio de España por parte del Ministerio de Educación, con el objeto de homologar sus títulos. No obstante, ni el colegio ni la fundación han estado exentos de polémica. Primero por la vinculación de la familia del vicepresidente del Gobierno y las empresas que colaboran en la entidad, algunas de ellas bancos como SCH, Argentaria o Caja Madrid. Segundo por el modelo de educación que ofrecen. En su patronato figuran, además de los citados familiares del vicepresidente, empresarios de la comunicación como Blas Herrero o el ex ministro y diputado socialista Jerónimo Saavedra. La mayor parte de los allegados a Rato que figuran en el patronato aparecen además en los consejos de administración de las empresas ligadas al vicepresidente. Es el caso de su propio hermano Ramón Rato, o la familia Salazar Simpson, quienes administran empresas como Aguas de Fuensanta o Grupo Alimentario de Exclusivas. Otras empresas de los Rato y Salazar Simpson son Viajes Ibermar, Aurosur o Edificaciones Padilla. Algunas de estas empresas, como Viajes Ibermar, colaboran también con la fundación Padre Arrupe. También la editorial Planeta, Telepizza o Iberia son colaboradoras. ( Noviembre 2001 )

EL GOBIERNO DE ZAPLANA SÓLO HA CREADO CUATRO ESCUELAS PÚBLICAS INFANTILES DESDE 1995

La Generalitat, desde que gobierna el PP, ha sembrado de parques temáticos la Comunidad, pero en estos más de seis años sólo ha creado cuatro escuelas públicas infantiles, las de Valencia-Pinedo, Burjassot, Pobla Llarga y Villena. ( Noviembre 2001 )

EL COMITÉ DE REDACCIÓN DE CANAL 9 DENUNCIA LA 'ACTITUD SERVIL' DE LOS INFORMATIVOS EN TELEVISIÓN

Los informativos de Canal 9 mantienen una 'actitud servil' y se han convertido en una herramienta 'desinformadora y antidemocrática, al servicio de la propaganda de Eduardo Zaplana y el PP'. Así lo denuncia el comité de redacción de la televisión autonómica en su memoria sobre los informativos de la cadena correspondiente al último año. El análisis revela que las informaciones de sucesos, fiestas, frivolidades y fútbol ocupan dos tercios del tiempo total de los Notícies 9. Los informativos de Canal 9 son los de menor audiencia y, además, van en retroceso.

El informe elaborado por el comité de redacción de Canal 9 tras el seguimiento al que ha sometido a los espacios informativos de la cadena -las tres ediciones diarias del Notícies 9 y las del fin de semana- entre septiembre de 2000 y octubre pasado es muy crítico con la política informativa de TVV y en especial con los principales directivos, desde la directora de la cadena, Genoveva Reig, hasta los responsables de informativos, Pau Pérez Rico y Lluís Motes. La primera, que fue directora general de Medios en el primer Consell de Eduardo Zaplana, 'decide cada día los contenidos de los informativos y, cuando conviene, incluso quién habla y qué declaraciones se recogen', señala el comité, que añade que Pérez Rico y Motes 'no pasan de ser sus lugartenientes en la redacción, los que han de aplicar todas las decisiones de la directora y hacerlo como si fuera cosa suya'.

El análisis de los contenidos de los Notícies 9 es demoledor: revela que dos terceras partes del tiempo se reparten entre fiestas (7%), sucesos (24%), frivolidades (6%) y fútbol (25%). Sólo un 2% se dedica a la política. Eso sí, con un claro sesgo favorable al presidente de la Generalitat, 'el omnipresente Zaplana', según el comité, ya que aparece en los informativos casi cinco veces más que todos los representantes de la oposición juntos. Un dato que, según el comité, revela los 'altísimos niveles de sectarismo' que imperan en Canal 9.'Nuestros informativos apuestan de manera clara y decidida por las informaciones más superficiales, por las menos polémicas, por lo que se llama 'noticias de consenso'. Como ejemplo, el informe cita la primera edición del Notícies 9 del 6 de noviembre de 2000, que abrió con un suceso y ofreció a continuación, seguidas, otras 12 informaciones de sucesos. Frente a esto, las informaciones de polémica social y política 'no entran, igual que brillan por su ausencia los programas de debate o entrevistas de actualidad'. Todo ello se refleja de manera dramática en la audiencia de los informativos de Canal 9, 'los menos vistos' de los que se ofrecen en la Comunidad Valenciana: los ven poco más de 200.000 de los cuatro millones de valencianos. 'El reiterado argumento de que la gente reclama informativos ligeros de política y de temas demasiado complejos es una falacia absoluta', señala el comité, para quien 'esa excusa esconde un claro intento desinformativo, de desmovilización democrática'.

El informe del comité de redacción cita una retahíla de ejemplos de la 'manipulación' y la 'censura' que impera en lo que la oposición ha llamado TeleZaplana, y explica así la filosofía que preside los informativos: 'Si tenemos un problema, nuestro gobierno tiene la solución'. En los informativos 'no entran las verdaderas informaciones que se generan' cada día, porque las noticias suelen tener elementos que 'pueden hacerlas incómodas para el gobierno de turno'. Como consecuencia de ello los Notícies 9 'caen en el sensacionalismo' y 'convierten en informaciones aparentemente importantes cosas que no pasan de ser hechos secundarios'. El informe revela cómo se ocultan sistemáticamente informaciones desfavorables al Gobierno mientras se priman aquellas que le favorecen. Y se detiene de forma especial en el 'vergonzoso tratamiento' que merecieron los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington. 'Aquel día Canal 9 hizo el ridículo', señala el informe, porque no cambió su programación y al término del informativo ofreció el espacio La música es la pista, como si no hubiera pasado nada ( Diciembre  2001 )

LAS PÉRDIDAS DE TERRA MÍTICA EN 2000 SITÚAN AL PARQUE TEMÁTICO EN LA ZONA DE MÁXIMO RIESGO DE INSOLVENCIA

Terra Mítica entró en 2001 con un riesgo máximo de insolvencia. Las deudas de la empresa -más del doble de sus recursos propios- y la cuenta oficial de resultados de 2000 -4.509 millones de pesetas en pérdidas- situaron a la empresa en una delicada situación financiera, hasta el punto de que varias auditorías externas han aconsejado no realizar operaciones de crédito con la sociedad que explota el complejo de ocio. A tenor de las cuentas de 1999, el riesgo de insolvencia de la mercantil para 2000 era mínimo (2,1%), pero los malos resultados registrados el año pasado han elevado tal riesgo hasta el 79,6%, lo que se traduce en que la empresa puede tener grandes dificultades para devolver sus préstamos. Los datos aún provisionales de 2001 no son esperanzadores. Hasta agosto se computaban pérdidas por 3.000 millones de pesetas. De los 16.000 millones que la dirección del parque esperaba recaudar hasta agosto, sólo ingresó 11.000, mientras los gastos alcanzaron los 14.000 millones, 4.000 más de los previstos. Del análisis de las cuentas de 2000 que Terra Mítica depositó en el Registro Mercantil se desprende que la empresa presenta una ratio de solvencia del 0,40%. En principio, este porcentaje ni siquiera le permite atender su endeudamiento a corto plazo, aunque el dilatado vencimiento de la deuda y la capacidad de ésta de generar liquidez minimizan los efectos de la insolvencia A través de su actividad Terra Mítica no generó en 2000 recursos con los que atender su endeudamiento. El importe de los ingresos de explotación no alcanzó el 20% de las inversiones de explotación, y la escasa rotación de existencias, menos que en 1999, empeoró la situación económica ( Diciembre  2001 )

DOS EMPRESARIOS CONTROLAN CON EL BENEPLÁCITO DEL PP LAS BASURAS Y EL URBANISMO EN LA VEGA BAJA

Dos empresarios, Ángel Fenoll, militante del PP y condenado por delito electoral, y Antonio Pedrera, ex concejal franquista e imputado en un caso de tráfico de influencias, acaparan, con el beneplácito del PP, las contratas de basuras y la promoción urbanística, respectivamente, en la comarca de La Vega Baja. Un juez ya consideró probado que la adjudicación de la recogida de basuras a Fenoll constituyó un caso de corrupción y otro investiga ahora al promotor Pedrera y al alcalde de Algorfa, Antonio Lorenzo, por supuesto tráfico de influencias en una recalificación de terrenos.

Ángel Fenoll controla el servicio de recogida de basuras de 19 municipios, la mayoría de la Vega Baja, a través de la mercantil Colsur SL, firma de la que es administrador único. El empresario también es administrador único de la mercantil Proambiente SL, empresa propietaria de los vertederos ubicados en las pedanías oriolanas de Torremendo y La Murada. Las dos instalaciones cuenta con la oposición de los residentes, hasta el punto de que el de Torremendo no ha sido operativo porque los vecinos han bloqueado, día y noche, el acceso de los camiones. El Ayuntamiento de Orihuela concedió licencia hace una semana al de Torremendo, 'por imperativo legal', según precisa el alcalde, José Manuel Medina. La legalidad del segundo tampoco está resuelta a causa de un conflicto de lindes. Fenoll mantiene que cuenta con permisos de Abanilla (Murcia) porque, según él, el vertedero pertenece a ese término municipal. Este extremo es rechazado por un sentencia judicial, que asegura que la instalación está ubicada en Orihuela. Ambos vertederos están, varios años más tarde, incluidos en el proyecto del plan zonal de residuos sólidos de la Diputación de Alicante.

La vinculación política de Fenoll con el PP es rotunda: un juez le envío una citación a la sede del partido en Orihuela al desconocer su domicilio. El ascenso empresarial de Fenoll comienza en 1987 con la llegada a la alcaldía de Orihuela del ex titular de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, quien le adjudicó directamente y sin concurso la contrata de la recogida de basuras en la playa y pedanías de la población. Desde entonces, Fenoll, además de acumular condenas judiciales, comienza a acaparar las adjudicaciones de las contratas de basuras de los diversos municipios, la mayoría gobernados por el PP. Y para el tratamiento de residuos construye las dos mentadas plantas de Torremendo y La Murada, uno de cuyos alcaldes pedáneos, José Sigüenza, a su vez concejal de Basuras del Ayuntamiento, está íntimamente ligado a Fenoll. En el apartado judicial, Fenoll fue condenado por delito electoral por el Juzgado número cuatro de Orihuela, sentencia ratificada en 1995 por la Audiencia de Alicante. El tribunal consideró probado que en las elecciones municipales de 1991, el empresario compró los votos por correo a una serie de vecinos a cambio de 35.000 pesetas. Más adelante Fenoll fue detenido y condenado por tenencia ilícita de armas. Además, el empresario también está imputado en otra causa que afecta al ex alcalde Luis Fernando Cartagena: el destino de 8 millones que una congregación religiosa donó al Ayuntamiento.

El imparable ascenso de Fenoll y sus disputas con su socio, propiciaron la crisis política del PP de Orihuela, que acabó con la escisión del grupo y la creación del Partido Centro Liberal. Uno de estos ediles, Miguel Ángel Robles Rubio, denunció públicamente una supuesta trama de corrupción política de alcaldes del PP que beneficiaba directamente a Fenoll. Éste se querelló por calumnias e injurias contra el concejal, que fue absuelto.

El promotor Antonio Pedrera, que integró la última corporación franquista de Orihuela, comenzó a finales de los ochenta una imparable actividad urbanística que le ha llevado a convertirse en primer constructor de la costa de La Vega Baja, especialmente en la playa de Orihuela. A través de la mercantil Urbanizadora Villamartín SA, el constructor ha promovido múltiples urbanizaciones a la sombra de otros tantos campos de golf.

En una de sus últimas actuaciones, Pedrera se ha topado con el fiscal de Medio Ambiente de Alicante. Éste acusa al empresario, su abogado y el alcalde de Algorfa, Antonio Lorenzo, del PP, de supuesto tráfico de influencias, a raíz de la recalificación de casi tres millones de metros cuadrados de suelo rústico, donde ya hay campo de golf. En este caso subyace un conflicto de lindes. El denunciante, otro propietario de terrenos en la misma zona, ha sido excluido de la recalificación alegando que ese suelo pertenece al término municipal de Almoradí. ( Diciembre 2001 )

LA AYUDA A LA FAMILIA  MÁS POPULAR

La presidenta del PP en el distrito de Abastos (  valencia ), Lucía Esteban Villarroya, tiene a sus cuatro hijos empleados en la Administración pública valenciana. Dos de ellos trabajan en el Ayuntamiento de Valencia, un tercero en la Conselleria de Economía y el cuarto en la Diputación. Lucía Esteban acaba de ser elegida, a propuesta del PP, nueva consejera de Bancaja. Las políticas de creación de empleo del PP continúan siendo un éxito. Las tasas de desempleo se han reducido de forma importante, y en algunos casos, hasta espectacular. Este podría ser el caso de Lucía Esteban, una dirigente local del PP de Valencia. Esteban, que ocupa este puesto desde hace casi 10 años, ha tenido la suerte de tener a sus cuatro hijos trabajando para la Administración pública en sus distintas modalidades: local, provincial y autonómica. Como es sabido, en las tres administraciones referidas el PP dispone de mayoría. ( Diciembre 2001 )

EL ALCALDE DE ALGORFA ENCUBRIÓ QUE EL CAMPO DE GOLF ES ILEGAL

El fiscal acusa a Rafael Martínez Campillo, abogado del promotor Antonio Pedrera, de ser el cerebro de la recalificación de casi tres millones de metros cuadrados de suelo rústico en Algorfa. La denuncia del fiscal la investiga un juez de Orihuela, que ya ha tomado declaración, en calidad de imputados por un supuesto delito de tráfico de influencias, al letrado, al empresario y al alcalde, Antonio Lorenzo, del PP.Los terrenos recalificados [el expediente de homologación de las normas subsidiarias del planeamiento está a expensas de ser aprobado por la Consejería de Obras Públicas] se ubican en la partida de la Rellana. El suelo rústico, 2.807.000 metros cuadrados, es propiedad de la mercantil Urbanizadora Villamartín SA, del promotor Pedrera. En el lugar se pretende levantar una macrourbanización y, además, ya existe un campo golf, construido con una licencia para movimientos de tierras agrícolas. El Ayuntamiento de Algorfa inició la recalifación de los terrenos del promotor en 1998, incluyéndolos en un primitivo expediente de homologación de sus normas subsidiarias, aprobado por el pleno del Ayuntamiento en octubre del año anterior. La ampliación del expediente fue denunciada por un particular a la Fiscalía Anticorrupción, que se declaró incompetente y trasladó el caso a la Fiscalía de Alicante. El fiscal de Medio Ambiente apreció indicios delictivos y pidió al Juzgado número 4 de Orihuela que los investigara. En su escrito inicial de denuncia, el fiscal imputa al abogado, el promotor y el alcalde los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, coacciones y contra la ordenación del territorio. El fiscal considera que la urbanizadora Villamartín construyó el campo de Golf y edificios anexos sin licencias.La acusación pública también mantiene que el expediente de homologación persigue legalizar el proyecto. 'Es decir, nos encontramos con una actuación de hecho en que se lleva a cabo una construcción que no está permitida y que no puede legalizarse con normas preceptivas', dice el escrito. El fiscal asegura que las obras se realizaron con la aquiescencia del alcalde de Algorfa, del PP, 'que era conocedor de toda la apariencia administrativa que encubría una actuación irregular'.El fiscal indica que 'el autor de la idea y de la actuación de hecho para la realización de estas actuaciones es el abogado referido [Rafael Martínez Campillo]', a quien, además, imputa acciones coactivas contra los denunciantes. En su declaración, el pasado 23 de diciembre, el alcalde, a preguntas del juez, reconoció 'que la propuesta de homologación llega al Ayuntamiento por interés de los particulares, en este caso fue Rafael Martínez Campillo, en nombre del empresario, quien aportó la documentación de la iniciativa particular'. Lorenzo admitió que se abrió un expediente de paralización de las obras del campo de golf, pero 'que no tiene constancia' de si efectivamente se paralizaron. ( Diciembre 2001 )

EL SUPREMO ARCHIVÓ OTRA QUERELLA DE ZAPLANA CONTRA EL PSPV POR RECORDAR EL CASO NASEIRO

El presidente de la Generalitat Valenciana es recurrente. Hace siete años ya se querelló contra el diputado socialista Eduardo Pérez Ferré en un caso similar al que ahora tiene como protagonista al presidente de la comunidad extremeña, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. En aquella ocasión, el Supremo desestimó la querella por tratarse de «una confrontación política». El diputado nacional y secretario de organización del PSPV-PSOE en aquel entonces, Pérez Ferré, manifestó tras la reunión interparlamentaria del PP en Castelló, recién elegido Zaplana como presidente regional, que «Zaplana ha llegado a la política para enriquecerse con chanchullos y dinero negro», haciendo referencia al caso de transfuguismo protagonizado por el entonces alcalde de Benidorm y al caso Naseiro, según las publicaciones de la época.  En este caso, el presidente Rodríguez Ibarra realizó unas declaraciones al hilo del caso Gescartera recordando el caso Naseiro y afirmando que Zaplana era la pieza clave en la «financiación ilegal del PP». Y añadió que «siempre donde ha habido corrupción de financiación en el PP, ahí estaba Zaplana». El PP y el presidente de la Generalitat no tardaron en anunciar una querella por injurias y calumnias ante el Tribunal Superior de Justicia contra Ibarra, al tratarse de una persona aforada. El caso está ahora pendiente de admisión por parte del tribunal, una vez que Rodríguez Ibarra se negara a acudir al acto de conciliación previo que prevé la ley en estos casos. En el caso de Pérez Ferré, Zaplana presentó una querella ante el Supremo -al ser Ferré un diputado nacional- por un «posible delito de injurias», en la que pedía además 50 millones de pesetas de indemnización. El 15 de junio de 1995, el Supremo desestimaba la querella porque las descalificaciones se produjeron «en el seno de confrontación política y con una finalidad estrictamente política de hacer desmerecer al adversario político en la consideración pública». El auto de la sala segunda abundaba en la cuestión de la libertad de expresión, cuya «preeminencia consagra definitivamente» el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al proclamar que es un bien «precioso para todo individuo» y «particularmente para un elegido del pueblo». El 9 de octubre de 1995, día señalado en la Comunidad Valenciana, el Supremo archivó la querella recordando que se trata de «dos personajes políticos» y que «las expresiones cuestionadas se han vertido en un medio de comunicación». ( Diciembre 2001 )

LA SINDICATURA DE COMPTES DETECTA FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE RTVV

 La Sindicatura de Comptes ha detectado 'incumplimientos de la normativa vigente en el apartado sobre los procedimientos de contratación y en el de personal'. El balance de RTVV en 2000 refleja 18.000 millones de pesetas en pérdidas más 32.000 acumulados de ejercicios anteriores, lo que significa 50.000 millones de pesetas en rojo. La partida de aprovisionamiento, donde se incluyen las producciones ajenas y contratadas, supone el 62,5% del gasto en 2.000 sólo de TVV.

Entre ellas se han suscrito contratos de derecho de emisión sin la autorización del órgano competente; se autorizan gastos pese a estar rebasada la consignación presupuestaria; se han detectado gastos de masters sin confirmación de crédito ni autorización del órgano competente; no se cumplimentan debidamente los documentos de solicitud de gastos, en los que faltan las firmas de quienes deben autorizar el gasto. Todo ello está referido, fundamentalmente, a la compra de producciones ajenas y producciones contratadas (éstas últimas ascendieron a 5.792 millones de pesetas y aumentaron respecto a 1999 en un 28,8% sólo en TVV). ( Diciembre 2001 )

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE : UN MIEMBRO DE UN TRIBUNAL OPOSITOR CONFIESA HABER RECIBIDO PRESIONES PARA SUBIR LA NOTA A UNA ASPIRANTE

CC OO, UGT y el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) denuncian el 'amaño' de seis oposiciones de funcionarios al Ayuntamiento de Alicante, que gobierna el PP. Según los sindicatos denunciantes, miembros de los tribunales han filtrado exámenes y han vulnerado la ley al no abstenerse en la evaluación de opositores estrechamente vinculados a ellos. Los tres sindicatos denunciantes solicitaron oficialmente la nulidad de seis procedimientos de selección de personal funcionario del Ayuntamiento de Alicante tras constatar que 'las pruebas estaban amañadas'. Según CC OO, UGT y SPPLB, de las 32 plazas a cubrir, más de la mitad las han ganado personas relacionadas 'estrechamente' con miembros del Sindicato de Trabajadores de la Administración (STA) que integraban el tribunal calificador.

Según los denunciantes, el secretario general de la sección sindical de STA, Fernando Aldave, participó en el tribunal que evaluó los méritos de los aspirantes a seis plazas de oficial de archivo y bibliotecas pese a que a la prueba se presentó (y aprobó) una de las profesoras de la academia conveniada con el STA para preparar oposiciones.

Un miembro del tribunal en la convocatoria para tres plazas de conserje, José María Navarro Lifante, no se abstuvo de calificar los méritos de la esposa y de la hija de su compañero de despacho profesional, según la denuncia de los sindicatos. En la convocatoria de seis plazas de ayudante de servicios varios, un miembro suplente del tribunal, José Vicente Gómez Carrascosa, confeccionó un temario específico que entregó a Mariano Postigo, responsable autonómico del STA, como manual para enseñar a los opositores de la academia conveniada con dicho sindicato. Todas las preguntas del segundo y tercer ejercicio de la prueba coincidían con las del temario que enseñaba la academia. Nunca un opositor al Ayuntamiento de Alicante ha obtenido tan buenas notas como en una de las pruebas de la última remesa: tres dieces. En las pruebas de selección de seis plazas de ayudante de asistencia interna y ceremonial 'se filtró' el último ejercicio a 14 opositores. Éstos, según los denunciantes, salieron del examen con la planilla de corrección que el tribunal utilizó para la evaluación de las pruebas. Tampoco en los 14 años que lleva el Ayuntamiento aplicando la norma estatal o autonómica en el proceso de selección de personal se han registrado tantas reclamaciones y quejas como ahora por parte de los opositores. Un miembro del tribunal que calificó los méritos de los aspirantes a tres plazas de conserje en el Ayuntamiento de Alicante ha confesado que recibió presiones de otro integrante del jurado para subir la nota a una de las aspirantes que, con una calificación de 5,5 puntos, había quedado fuera de los primeros puestos. Otros opositores han asegurado que recibieron información en la academia concertada con el Sindicato de Trabajadores de la Administración (STA) sobre unas preguntas -tipos de extintores y señalización de seguridad- que iban a poner en los exámenes, y que efectivamente se preguntaron. ( Diciembre 2001 )

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