NOTICIAS ZAPLANA
2000 

ZAPLANA Y LA ENSEÑANZA PÚBLICA

El módulo económico que han recibido de la Conselleria de Educación los colegios públicos por las unidades de educación infantil, primaria y primer ciclo de ESO ha ido perdiendo poder adquisitivo a través de los años, hasta alcanzar 11 puntos por debajo del índice de precios al consumo (IPC), según constata el STE-PV, tras elaborar un informe con los datos ofrecidos tanto por el Instituto Valenciano de Estadística, la misma administración educativa y los archivos de los propios centros escolares. En el caso del módulo en valenciano, la cantidad por unidad sólo ha experimentado un incremento, dentro del período analizado, en el 1994, y desde entonces no ha hecho más que bajar hasta un total acumulado del 43,88%, que sumado al aumento del IPC en este mismo período (26,19%), «significa una importantísima pérdida de 70 puntos», explican desde el STE. (Enero 2000)

EDUARDO ZAPLANA CONTINUA SU POLÍTICA DE PUERTAS ABIERTAS

EL presidente regional del PP, Eduardo Zaplana, abrió de par en par, en plena campaña electoral, las puertas de su partido a personas procedentes de otras formaciones que desean afiliarse al PP. Durante una visita a Alicante, Zaplana aseguró, en alusión a los últimos trasvases de militantes del PSOE y de UV a las filas populares, que «cuantos más vengan a conformar este partido con nosotros mejor. Más eficaces seremos» Estas manifestaciones del jefe del Consell se produjeron al hilo, por un lado, de la decisión del ex presidente provincial de UV en Valencia, Társilo Piles, de darse de baja de la formación unionista aunque, de momento, sin solicitar su alta en el PP. Zaplana dijo que los populares «no están detrás» de la operación. Y, por otro, del fichaje por el PP, anunciado en una nota pública en la que sitúa como motivo de su afiliación el pacto entre el PSOE e IU, de la ex edil y diputada socialista, Paloma Gómez Ossorio. Sin embargo, la historia de Gómez Ossorio ha estado marcada, desde que quedó descabalgada de las listas socialistas para las autonómicas del 95, por su facilidad para ocupar empleos en diversas administraciones. Tan sólo un año después, el 1 de julio del 96, Gómez Ossorio ya encontró su primer acomodo con el PP. En esa fecha, la ex diputada autonómica era contratada como ATS en la Diputación y en noviembre de ese mismo año, los populares ya anunciaron el fichaje de la ex militante socialista tal y como hicieron, en plena campaña, por segunda vez. La ex edil del PSOE, que continúa con sueldo en la institución provincial, ocupa actualmente una plaza como delegada en el comité de empresa por el SPDA, organización creada por el gobierno popular para intentar hacerse con el control de los órganos de representación laboral de la Diputación. Zaplana, por contra, atribuyó la decisión de Gómez Ossorio a una «reflexión serena y profunda». A partir de ahí, el presidente del PP hilvanó un discurso de apertura del partido a nuevas incorporaciones. El presidente de la Generalitat criticó el «cinismo» de los socialistas que «cuando NE se fue de EU con el escaño bajo el brazo» alegaron que era una cuestión de «reflexión y utilidad» mientras que «cuando eso se produce en el otro lado resulta que es oportunismo». «En algunos sitios hay descomposición y crisis, y en otros expectativas de futuro, esperanza y optimismo», apostilló. (Febrero 2000)

LAS RELACIONES DEL PP CON SUS EX SOCIOS PARLAMENTARIOS VALENCIANOS SE DETERIORAN

El cabeza de lista de Unión Valenciana al Congreso por Valencia, Jose María Chiquillo, declara que el PP «debería trabajar por evitar el ascenso del pacto PSOE-IU y dejar de estar obsesionado con el acoso y derribo de UV mediante la compra y venta de personas y cargos públicos». En declaraciones a una agencia de noticias, Chiquillo explicó que UV ha preparado un vídeo, que será emitido en las televisiones autonómicas, para que «en toda España se sepa que desde el PP se amparan conductas antidemocráticas de transfuguismo, de las que el responsable es Eduardo Zaplana» . José María Chiquillo se mostró partidario de la existencia de un código de ética política contra el transfuguismo, así como de la reforma de la ley electoral para que las listas sean abiertas y se penalice a los tránsfugas. «Desde que dijimos que no nos venderíamos y que concurríamos en solitario a las elecciones, han lanzado ataques atroces y directos contra los militantes y dirigentes de UV y contra mí», agregó. En cuanto a los militantes que han abandonado el partido en los últimos meses, el candidato de UV precisó que se han producido un total de 25 bajas y más de 300 altas, aunque «todo lo que sea atacar a UV es magnificado. Reconocer que UV tiene un apoyo importante queda en un segundo plano o, en el peor de los casos, se silencia o se tergiversa, sobre todo en los medios de comunicación públicos». Chiquillo atacó lo que considera una «manipulación» de Canal 9 por parte de Eduardo Zaplana y el PP, «que no conocen los principios de objetividad, transparencia y respeto al pluralismo. (Febrero 2000)

UNO DE LOS IMPLICADOS EN EL CASO NASEIRO HACE NEGOCIOS CON LA GENERALITAD VALENCIANA

LA empresa del ex vicesecretario general del PP, Arturo Moreno, Beta Mediterránea S. L., cobró más de un millón del IVEX a finales del año pasado por asesorar a este organismo. Beta Mediterránea tiene como objeto social prestar «servicios técnicos de arquitectura y urbanismo». Moreno, que duró 39 días en el cargo, dimitió tras salir su nombre en las cintas del «caso Naseiro», invalidadas como prueba por el Supremo. Líder del «clan de Valladolid», Moreno era socio de algunos de este grupo en Futuro Financiero, la consultora que estuvo en el centro del escándalo que salpicó al PP. El administrador único de la firma constituida con un capital de 500.000 pesetas el 20 de diciembre de 1996 es, desde el 10 de febrero de 1997, Arturo Moreno Garcerán, uno de los vicesecretarios generales que salieron elegidos en el congreso de la refundación del PP celebrado en Sevilla en marzo de 1990, junto a Juan José Lucas y Federico Trillo. Un mes y nueve días duró en el cargo. Tuvo que dimitir al salir su nombre en las cintas del llamado «caso Naseiro», destruidas al ser invalidadas como prueba judicial por el Supremo. Moreno fue nombrado también secretario de acción electoral, tras asesorar a José María Aznar en las generales de 1989. Como se recordará, el nombre de Arturo Moreno estuvo unido a la empresa Futuro Financiero S. L., una firma de gestión de valores citada en varias ocasiones en el sumario del «caso Naseiro». En el acta de constitución de Futuro Financiero se declaraba que la firma tendría por objeto «la redacción de todo tipo de informes y toda clase de operaciones» relacionadas con la promoción y gestión de proyectos comerciales, industriales y financieros. En el momento de saltar el escándalo, se especuló con la posibilidad de que dirigentes del PP, responsables de esa firma, hubieran utilizado la cobertura de esta consultora como instrumento en una trama de presunta financiación del partido. Moreno siempre ha estado considerado como uno de los líderes indiscutibles del llamado «clan de Valladolid», un grupo de jóvenes dirigentes del PP que acceden al poder en el partido con la llegada de Aznar a la presidencia de esa formación. En el núcleo central de ese grupo se encontraban, además del propio Moreno, el concejal de Valencia y responsable de finanzas del PP, Salvador Palop; el diputado Miguel Ángel Cortés o el responsable de programas del PP y hoy jefe de gabinete de Aznar, Carlos Aragonés. En julio de 1992 el concejal Palop y otras tres personas fueron absueltas de las acusaciones de un delito de presunto cohecho, al invalidarse las cintas. El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, tenía vínculos de amistad con aquel grupo, cuya sintonía nacía en gran parte de su nexo generacional y de haber militado codo con codo en las juventudes liberales y de la extinta UCD. «Él era secretario de Muñoz Peirats y estábamos todos con Joaquín Garrigues en las Juventudes Liberales». Arturo Moreno manifestaba así cómo se cimentó una vieja amistad de 13 años con Salvador Palop, íntimo en la actualidad del director de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García. Precisamente el jefe del Consell y su amigo y ex presidente de Vía Digital, Pedro Pérez, lideraban la corriente liberal apadrinada por Garrigues de la rama juvenil centrista, los conocidos como «los chelis». Algunos de ellos participaban en Futuro Financiero. Arturo Moreno era el vicepresidente de esa sociedad, que, fundada en julio de 1989, llegó a tramitar la solicitud administrativa correspondiente para crear una entidad bancaria. Palop era el delegado de la empresa en Valencia y socio de la misma, como propietario de 300 acciones. Varios diarios publicaron el reparto accionarial en su día, citando al registro mercantil. (Febrero 2000)

ZAPLANA, EL CASO NASEIRO Y LAS RELACIONES DE FAMILIA

El notario y registrador de la propiedad Antonio Magraner Duart ocupa desde hace dos años uno de los veintiún sillones del consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Magraner fue designado para ese puesto en el órgano de gobierno de la entidad crediticia por el cupo que corresponde a las entidades fundadoras. Fue nombrado concretamente a propuesta de la Diputación de Valencia, corporación gobernada por el Partido Popular desde las elecciones del 28 de mayo de 1995. Antes había ocupado plaza en el consejo de asesor del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), organismo que, entre otros cometidos, tiene la fiscalización de las cuentas de las cajas de ahorros. Antonio Magraner Duart fue la persona que captó a la familia Puchades, terratenientes de la comarca de La Marina Baixa para que entrasen como socios capitalistas en Futuro Financiero, la sociedad que estuvo en el centro de las miradas en el llamado caso Naseiro, que salpicó a destacados dirigentes del Partido Popular. Magraner había emparentado con la citada familia al casarse con María José Puchades, sobrina de Margarita Puchades Orts, la consejera delegada de la sociedad GP Polop, accionista mayoritaria de Futuro Financiero, con 2.250 de las 15.000 participaciones de esta gestora de valores. El contacto de Magraner, un ilustre notario y registrador de la propiedad, con esa empresa le llega a través de su amigo Luis Domínguez, letrado del Consejo de Estado, que también era socio de Futuro Financiero y amigo del contratista del IVEX y ex vicesecretario general del PP Arturo Moreno. Las relaciones de Antonio Magraner con el círculo de poder del PP que impulsó a Aznar hacia la presidencia del partido, primero, y hacia la Moncloa, después, le llegan vía Madrid, donde entabla relación con el denominado clan de Valladolid, pero también directamente con miembros de este grupo en la Comunidad Valenciana. Magraner Duart es amigo del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, desde que éste era concejal de la oposición. Pertenece, como Zaplana, a la Peña Picarol, que, con la llegada del PP al Consell, se convirtió en vivero de altos cargos. Al poco de acceder Eduardo Zaplana a la alcaldía de Benidorm, gracias a una moción de censura que prosperó el 22 de noviembre de 1991, Antonio Magraner se hizo cargo de la presidencia del Benidorm CF cuando atravesaba una difícil situación, tras el mandato de Luis Laporta en el club. La familia Murcia Puchades es propietaria de 666.000 metros cuadrados urbanizables incluidos en el plan director de usos e infraestructuras del área del parque temático de Benidorm a través de la sociedad Murcia Puchades, SA, cuyo consejo de administración lo componen el propio Francisco y sus hermanos Virginia Murcia Puchades y Alfonso Murcia Puchades. El ex conseller de Obras Públicas José Ramón García Antón firmó el 28 de junio de 1999 una resolución por la cual se modificaba la ordenación urbanística del sector dos del término municipal de Finestrat, en el que los Murcia Puchades poseen varios miles de metros cuadrados urbanizables en varias parcelas. La modificación, elaborada por el entonces subsecretario de Urbanismo y actual conseller de Medio Ambiente, Fernando Modrego, otro ilustre de la peña Picarol, establecía los límites de las distintas tipologías de viviendas en función de un porcentaje sobre superficie construida, en lugar de un porcentaje sobre el número de viviendas. Murcia Puchades tiene previsto edificar en esa zona adosados y varios hoteles asociados con otros propietarios en la mercantil Urbanizacions Sierra Cortina. Los terrenos en cuestión han incrementado notablemente su valor con la construcción de Terra Mítica y el entorno del parque tiene inmejorables expectativas de negocio. La Generalitat Valenciana expropió a la familia Murcia Puchades otros varios miles de metros cuadrados para la construcción de accesos e infraestructuras para el complejo. (Febrero 2000)

LA GENERALIDAD VALENCIANA, LAS ONG Y LAS INMOBILIARIAS

La dirección del Hospital La Fe encargó el pasado mes de mayo a la empresa MV Asesores, domiciliada en Las Rozas (Madrid) y especializada en el negocio inmobiliario, que elaborara un informe para poner en marcha en el centro una unidad de cooperación al desarrollo, denominada «Unidad de Solidaridad». El contrato de adjudicación lo firmaron el 18 de mayo de 1999 el director del centro, Vicente Gil Suay, y el director económico, Pascual Lloria. El documento indica que el hospital abonará 1.628.250 pesetas a MV Asesores por «el diseño y desarrollo de la unidad de cooperación al desarrollo». La duración del contrato era de tres meses y quince días. Según los datos del Registro Mercantil, el objeto social de la empresa MV Morillo Velarde Asesores, SL, agentes de la propiedad inmobiliaria, es «la compra, venta, arrendamiento, cesión, explotación, fiducia y administración de patrimonios de bienes inmuebles con el más amplio contenido del negocio inmobiliario». La Fe adjudicó a esta misma empresa otros dos contratos de asesoría para que hiciera un estudio sobre la evaluación de cargas y distribución de trabajo de la unidad de gestión administrativa y de los celadores por sendos importes de 1.280.000 y 1.085.500 pesetas. (Febrero 2000)

LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA COMPITE CON TVE

Los informativos de Televisió Valenciana fueron en los días previos al inicio de campaña electoral un espejo y un altavoz para los representantes del Partido Popular. Al menos eso se desprende de las conclusiones del informe elaborado por el comité de redacción de Canal 9 entre el 14 y el 24 de febrero. En los días que precedieron al pistoletazo de salida de las elecciones, el PP protagonizó cuatro de cada cinco noticias de contenido político, ya sea por su temática o sus protagonistas, plantear un debate partidista o estar ligado al funcionamiento de las instituciones. El comité de redacción de TVV se ofreció al consejo de administración para realizar un seguimiento de las noticias en las fechas previas al 12-M, tal como habían acordado los grupos políticos. Sin embargo, el PP se negó a dejar en manos del órgano de representación de los profesionales de informativos esta tarea y se comprometió a poner todos los medios para que técnicos del ente contabilizaran el tiempo y las apariciones políticas. Finalmente este documento no se entregó porque, según se indicaba, «fallos técnicos» habían impedido el recuento de todos los días de precampaña. A pesar de la negativa, el comité de redacción siguió adelante y optó por revisar los informativos del mes anterior a las elecciones. La primera parte se completará con un informe que abarca el período de campaña. El estudio pone de manifiesto las enormes diferencias de presencia de representantes políticos en las pantallas de TVV según las siglas de afiliación. Si el Partido Popular estuvo presente en el 79% de las noticias emitidas del 14 al 24 de febrero, al PSPV le correspondió la décima parte. Los socialistas protagonizaron diez de las 136 informaciones políticas ofrecidas en las tres ediciones del Notícies 9, mientras que Esquerra Unida sólo lo hizo en seis ocasiones, un 5% del tiempo. La ventaja de los populares en los informativos se sustenta, sobre todo, en las noticias relativas a políticas gubernamentales, que pueden dar lugar a declaraciones de representantes del Ejecutivo y a reacciones de los grupos de la oposición (como sería el caso de la presentación de los datos del paro). Frente a las 70 apariciones de representantes populares, al PSOE sólo le correspondió una. El resto de fuerzas valencianas siquiera tuvo ocasión de responder a las políticas puestas en marcha por el PP. En el grupo de noticias de carácter eminentemente electoral, los populares duplicaron las del principal partido de la oposición. Si las distancias son elevadas en el balance numérico, aún se incrementan más al analizar los tiempos de presencia de noticias por protagonistas. De las dos horas y 12 minutos que corresponden a los populares, el PSOE sólo tiene diez minutos, frente a los seis de Esquerra Unida. Frente a la hora y media que brindó Canal 9 a que los representantes del PP hablaran sobre cuestiones gubernamentales, el PSOE contó con un minuto y un cuarto de segundo. Los porcentajes resultan contundentes. El PP ocupó el 82% del tiempo de noticias políticas en los informativos de Televisió Valenciana, mientras que los socialistas sólo obtuvieron un 7% de este tiempo y Esquerra Unida un 4%. A corta distancia de ambos, el Bloc y Unión Valenciana empataron con un 2%. El balance de apariciones de políticos se decanta también a favor de los populares. Los representantes de esta formación coparon 138 intervenciones, el 73% de las contabilizadas en los diez días previos al inicio de campaña. Éstas se tradujeron en 53 minutos de informativos, la mayor parte de ellos destinados a comentar aspectos vinculados a las políticas gubernamentales. Sin embargo, las cámaras de la cadena autonómica apenas captaron las imágenes y la voz de 28 políticos socialistas, los que salieron haciendo declaraciones entre el 14 y el 24 de febrero. Al PSPV-PSOE le correspondieron nueve minutos y diez segundos, seis veces menos que al PP. Por su parte, los representantes de Esquerra Unida sólo tuvieron oportunidad de salir en las pantallas de Televisió Valenciana en nueve ocasiones, un 4% del tiempo dedicado por la cadena a declaraciones de líderes políticos. Los representantes del Partido Nacionalista Vasco coparon más tiempo en la televisión autonómica que el Bloc o Unión Valenciana. Frente a los dos minutos que dedicó Canal 9 a la formación vasca, las dos valencianas apenas tuvieron tres cuartos de minuto. El comité de redacción espera que las conclusiones de su informe «puedan aportar información útil en su tarea a los miembros del consejo de administración de Canal 9». Advierten también de que esperan que su trabajo «comprometido con la tarea de representación de profesional» no sea utilizado en la lucha partidista «más allá de lo que es su responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley de creación de RTVV». (Marzo 2000)

LOS SOCIOS DE U. VALENCIANA RECUERDAN A ZAPLANA SU PARTICIPACIÓN EN EL CASO NASEIRO

El secretario general de UV, Valero Eustaquio, presenta un vídeo en el que se denuncia la trayectoria política de Eduardo Zaplana. Una voz en off recuerda un pasaje de una conversación entre Zaplana y el ex concejal de Valencia Salvador Palop en la que el primero afirmaba: «Pero me tengo que hacer rico, porque estoy arruinado.» La cinta se emitirá en los espacios gratuitos de propaganda electoral, pero no se verá en la Comunidad. UV ha descartado por ello su emisión en TV3. Sólo se proyectará en las desconexiones de TVE y en Canal Sur, Tele Madrid, TVG y ETB. Eustaquio reiteró que la decisión de elaborar la cinta es la respuesta a la campaña de «descarado acoso y derribo por parte del partido gobernante, el PP, y, más aún, por parte del su presidente regional, Eduardo Zaplana», contra UV. El vídeo, que tiene una duración de dos minutos, se inicia con una imagen de una máquina de escribir. Una voz en off apunta: «Siete de julio de 1998, todos los partidos políticos con representación parlamentaria firman un acuerdo sobre un código de conducta contra el transfuguismo, que en la Comunidad Valenciana se incumple reiteradamente y carece de vigencia.» A continuación aparece una imagen en la que Zaplana está acompañado del conseller Olivas, ambos tocándose la nariz. La voz en off apunta en ese momento: «El principal responsable de esta situación no es otro que don Eduardo Zaplana, presidente del PP valenciano y de la Generalitat.» Tras esta secuencia, una cortinilla con el epígrafe «Antecedentes» precede a la voz en off que lee parte de la conversación telefónica grabada entre Zaplana y el entonces edil de Valencia Salvador Palop, que se incluyó en la diligencias del denominado caso Naseiro. Las cintas, publicadas en varios medios en 1990, fueron destruidas tras ser invalidadas como prueba judicial por el Supremo.

El pasaje elegido dice: «Pero me tengo que hacer rico, porque estoy arruinado. Voro [Palop], estoy trabajando mucho, pero estoy arruinado. Me lo gasto en política. No ves que no tengo sueldo como tú, que cobras de lo que trabajamos todos los españoles. Ay, tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho dinero para vivir.»

Otra cortinilla titulada «Ascensión Política. Primera tránsfuga comprada» da paso a la voz en off: «En mayo de 1991 es elegido concejal. En una moción de censura, Zaplana llega a la alcaldía de Benidorm gracias al voto de Maruja Sánchez, una concejala tránsfuga del PSOE. Ella y su marido viven ahora del erario público.» Y concluye: «Ramón-Llin, Fernando Giner, Alfonso Novo, Rafael Ferraro son algunos de los muchos casos de adquisición de los populares como estrategia política. Zaplana aspira a suceder a Aznar en la Moncloa y el PP. ¿Se merece España este posible presidente?». (Marzo 2000)

EL CONSEJERO DE SANIDAD NO SABE, CONTESTA

A principios de febrero pasado, se desveló que en el hospital de Alzira se utilizó la misma lavadora para la ropa de bebés y para trapos de limpieza, mopas, fregonas o sábanas, con el consiguiente riesgo higiénico. Los responsables del centro reconocieron este hecho pero alegaron que sólo se habían lavado «ocho o nueve prendas durante unos días». El PSOE reclamó al conseller de Sanidad el pliego de condiciones de la contratación del servicio de lavandería. Sin embargo, José Emilio Cervera no sólo no ha remitido el documento sino que no tiene nada que decir al respecto. En su respuesta a la petición de la diputada socialista María José Mendoza, el titular de Sanidad se limita a indicar que el centro «se gestiona por la Unión Temporal de Empresas denominada Ribera Salud UTE», de acuerdo con el contrato suscrito por la conselleria el 18 de junio de 1997 por el que se le concedió la atención sanitaria de toda la comarca, incluyendo la construcción y gestión de un hospital, durante 10 años, a cambio de 78.000 millones de pesetas. De forma significativa Cervera recalca que «cualquier relación contractual que se establezca [por el hospital] es responsabilidad exclusiva de la citada UTE y la parte contratada». Otro diputado reclamó información sobre los puestos de trabajo del centro en 1999 y las contrataciones temporales realizadas, detallada por estamentos y meses. Cervera contesta de nuevo que el hospital es gestionado por la mencionada UTE, y añade: «Las contrataciones son responsabilidad de la citada Unión Temporal de Empresas». Similar respuesta reciben las preguntas sobre los conceptos salariales que perciben los cargos de dirección y personal por estamentos y especialidades. La cuestión sobre el gasto según capítulos (personal, guardias médicas o farmacia) presupuestado para el centro y el efectivamente realizado en 1999 recibe la contestación de que la conselleria «no dispone de la información solicitada» al tratarse de «un contrato de gestión indirecta». Tampoco da Cervera los datos sobre la actividad del centro, remitiéndose a la memoria del año 1999, cuando esté «cerrada». (Marzo 2000)

EL GOBIERNO DE EDUARDO ZAPLANA CONDENADO POR CREAR UN FICHERO SINDICAL QUE PEDÍA LA IDEOLOGÍA

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana considera que la Generalitat es responsable de "un claro, indubitado y directo ataque al derecho a la intimidad personal" al impulsar un fichero informático que exige a los representantes sindicales que consignasen su "ideología". La Generalitat Valenciana creó en abril de 1999 el fichero de representantes sindicales, a través de una orden de la Consejería de Industria, para "usos estadísticos y de control de la gestión, elaboración de la representatividad de las elecciones sindicales" dentro y fuera de la Administración. Al margen de datos genéricos, la Generalitat pretendía recoger la "ideología" de los delegados sindicales. El TSJCV falló a favor de un recurso interpuesto por UGT del País Valenciano y dictó una sentencia que anula la orden oficial en lo relativo al apartado "ideología". Los magistrados advierten sobre la "vulneración esencial" por parte de la Generalitat del derecho fundamental a no declarar sobre la ideología, religión o creencias propias que recoge la Constitución. (Abril 2000)

LAS CUENTAS DE ZAPLANA Y LA SINDICATURA

Aunque el Consejero de Economía Rambla quiso quitar hierro en las Cortes al volumen de gastos no contabilizados que afloró la auditoría del Síndic en 1998 -71.443 millones de pesetas- asegurando que el órgano fiscalizador pone de relieve desfases económicos «desde que el mundo es mundo»., el agujero económico -gastos realizados durante el ejercicio cuya no contabilización, las denominadas «facturas en los cajones», permite al Ejecutivo presentar una liquidación irreal- el agujero detectado por la Sindicatura de Comptes en las cuentas de la Generalitat de 1998 es el mayor de todos los gobiernos de la Generalitat. (Abril 2000)

EL PP IMPIDE QUE EL CONSELL RESPONDA EN LAS CORTES POR LAS AYUDAS A AIR NOSTRUM

El PP de las Cortes Valencianas se ha convertido en un frontón para las preguntas incómodas de la oposición. La Mesa de la Cámara ha rechazado la tramitación de al menos siete iniciativas, tres de ellas referidas a la ayuda oficial que otorga o piensa conceder la Generalitat a la compañía Air Nostrum y, en concreto, sobre si va a respaldar económicamente la operación de compra de 44 aviones a la compañía Bombardier, tras el acuerdo que ambas firmas sellaron en el Palau de la Generalitat (Abril-Mayo 2000).

 ZAPLANA CONTINUA SU POLÍTICA DE APOYO A LA FAMILIA POPULAR

La abogada Gema Amor, de 28 años e hija del edil benidormense de Cultura, el popular José Amor, tomó posesión del cargo como nueva directora general de la Sociedad Parque Temático de Alicante, la empresa pública creada por el Consell para impulsar la construcción de Terra Mítica, en la que participa con un 15% del capital social. La sociedad pública que preside el empresario Luis Esteban Presidente de la Cámara de Comercio, se ocupa actualmente de algunas de las obras de infraestructura relacionadas con Terra Mítica y de impulsar el ya polémico parque temático de la Ciudad del Cine en Agua Amarga. Hasta su nombramiento al frente de la Sociedad Parque Temático de Alicante, Gema Amor trabajaba como urbanista en la Conselleria de Obras Públicas, y en concreto en temas relacionados con el Plan de Acción Territorial de Alicante y Elche (Mayo 2000)

 ZAPLANA ADELANTA EL DEBATE DE LA LOGSE Y CAMBIA LA ESO

La Generalitat Valenciana dará un giro sustantivo a la aplicación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) en septiembre, con la introducción de cambios estructurales en la normativa de inicio de curso que, que sin tocar la LOGSE, se anticipan a la reforma de la ley y rescatan las directrices del fallido dictamen de Humanidades, en coherencia con las dos prioridades anunciadas el viernes por el ministro portavoz Pío Cabanillas. Los cambios refuerzan la dedicación lectiva en materias básicas (lengua y literatura, historia y matemáticas), reducen las optativas y acaban con un principio inmutable de la reforma socialista: la imposibilidad de repetir más de un curso. Los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO que no superen tres de las asignaturas troncales podrán repetir hasta dos veces, de no lograrlo serán desviados fuera del sistema reglado hacia programas de garantía social, sin haber obtenido el graduado escolar. La medida responde a una reivindicación histórica de las patronales de enseñanza privada para reducir la conflictividad en las aulas y el alto fracaso escolar (Mayo 2000)

COMUNIDAD VALENCIANA: RTVV PERDIÓ 18.587 MILLONES DE PESETAS EL PASADO EJERCICIO, UN 20% MÁS QUE EN 1998

Radiotelevisió Valenciana costó el pasado año a las arcas públicas más de 18.000 millones de pesetas, entre subvenciones y ampliaciones de capital. La liquidación presupuestaria de 1999 revela que las pérdidas de las empresas de RTVV fueron un 20% superiores a las del 98. Los gestores gastaron a lo largo del pasado ejercicio 29.182 millones de pesetas, frente a unos ingresos de 10.595 millones por publicidad y ventas de derechos. El déficit acumulado por las empresas dependientes del grupo rebasó con creces los 15.193 millones de pesetas previstos, una cantidad que pretendía acercarse al máximo a la realidad. La televisión y la radio públicas exigieron cerca de 3.400 millones de pesetas más, después de haber incrementado un 13% el presupuesto con respecto al del año anterior. Los autores del presupuesto también se quedaron cortos en la previsión de gastos que, en sólo tres años, había aumentado de 15.503 millones de pesetas a 24.773. Aún así, el presupuesto ejecutado del grupo creció hasta superar, al cierre del pasado ejercicio, los 29.182 millones. En este incremento del gasto ha influido de forma decisiva Televisió Valenciana. La puesta en marcha del engranaje de la cadena autonómica necesitó el pasado año 26.388 millones de pesetas, el 90% de presupuesto ejecutado del ente público. La radio autonómica también exigió una aportación pública de 990 millones de pesetas, para hacer frente a los gastos de 1.194 millones (Mayo 2000).

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA PAGA 2,3 MILLONES DE PESETAS POR EL CONSUMO DE TRES MÓVILES EN UN MES

La Diputación de Valencia no ha tenido más remedio que desempolvar los cajones para que afloraran más de 4.000 facturas sin consignación presupuestaria, entre las que existen ejemplares curiosos, que demuestran un «vergonzoso descontrol» en las cuentas. El equipo de gobierno ha admitido un desfase económico de ejercicios anteriores que asciende a más de 3.400 millones de pesetas. De este total, 2.229 millones afectan a gastos corrientes, y el resto, a inversiones ejecutadas. Aunque la palma se la lleva el Hospital General Universitario, los débitos a proveedores de los servicios centrales de la diputación son, en algunos casos, sorprendente.El departamento de intervención tiene en su poder tres facturas de móviles que ascienden a 825.920, 783.000 y 704.553 pesetas, respectivamente. El consumo mensual de esos tres teléfonos digitales supera los 2.313.000 pesetas. Pero el gasto de los celulares no acaba ahí. Existen otras cinco facturas nada desdeñables, que van desde las 290.000 a las 480.000 pesetas. Multitud son las que oscilan entre las 20.000 y 30.000, también en un mes.Aunque cabría pensar que con esta utilización de los móviles el consumo de teléfonos fijos sería menor, sin embargo la diputación tiene una factura pendiente con la compañía Telefónica que asciende a 83 millones de pesetas. Asimismo, ha aparecido otra del departamento de Gestión Tributaria, de 46 millones (Mayo 2000).

EL GOBIERNO DE EDUARDO ZAPLANA Y LOS IMPLICADOS EN EL CASO NASEIRO

El Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) valoró especialmente la «acreditada experiencia» al elegir a la empresa Beta Mediterránea, de Arturo Moreno, para formalizar un contrato de prestación de servicios de asesoramiento. El ex vicesecretario general del PP, dimitido a raíz del caso Naseiro, había constituido la consultora 70 días antes de rubricarse un acuerdo, ambiguo a la hora de especificar las obligaciones del asesor, más allá de su «máxima disponibilidad». El conseller de Industria, Fernando Castelló, no aludió a la experiencia de Moreno en comercio exterior cuando justificó, en respuesta parlamentaria, la contratación de la asesoría. El ex vicesecretario general del Partido Popular dimitido a raíz del caso Naseiro, Arturo Moreno Garcerán, estaba en el lugar idóneo y en el momento justo el 3 de marzo de 1997. El Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) necesitaba a alguien con una «acreditada experiencia profesional en los campos referentes al asesoramiento para la implantación comercial en el extranjero» de este organismo público. Y el entonces director general del IVEX, Juan Mir, pensó en la empresa Beta Mediterránea. SL, una consultora constituida apenas tres meses antes (exactamente el 20 de diciembre de 1996) con un capital social de 500.000 pesetas y cuyo administrador único, desde tres semanas antes (10 de febrero de 1997), era Arturo Moreno. El responsable de Beta Mediterránea había sido vicepresidente de la firma Futuro Financiero, la sociedad de gestión de inversiones que estuvo en el ojo del huracán del escándalo de presunta financiación irregular que salpicó al Partido Popular en el año 1990. Moreno duró 39 días como vicesecretario general, puesto al que fue aupado en el congreso de la refundación del PP celebrado en Sevilla en marzo de 1990. Su nombre salió en las cintas que integraron el sumario del caso Naseiro y que fueron destruidas al ser invalidadas como prueba judicial por el Tribunal Supremo. El conseller de Industria y Comercio, Fernando Castelló, informó a las Cortes que el contrato con Beta se suscribió después de consultar varios proyectos. Se optó por Beta, aseguraba, tras consultar varias propuestas porque se tuvo en cuenta «su coincidencia con las estrategias del IVEX, la idoneidad de las propuestas aportadas con el objeto de la convocatoria del contrato a establecer, las características de las promociones a realizar y los mercados sobre los que se va a actuar». En el contrato, sin embargo, simplemente se alude a la contrastada solvencia en comercio exterior de los «integrantes» de la empresa Beta, que, según reza el propio contrato «han liderado diversos proyectos empresariales vinculados a la exportación a lo largo de su vida profesional». En uno de los puntos del documento mercantil se estipula que los emolumentos -12 millones más IVA- que abonará el organismo público se fijan «en compensación de sus servicios profesionales y sobre la base de su máxima disponibilidad». «El asesor se obliga a estar en todo momento en situación de máxima disponibilidad», dice el documento. La plena disposición es prácticamente la única contraprestación explicitada. El objeto del contrato, que sigue vigente, es más ambiguo y se refiere a la labor de asesoramiento en cualquier materia en la que se requiera «opinión, consejo o dictamen» por parte del IVEX. Castelló aclaró a las Cortes la tarea realizada por Beta: «Preparación de materiales para intervenciones, discursos, conferencias...; tanto del director general del IVEX como del conseller [Diego Such] cuando se referían a comercio exterior». Además de prepararle los discursos a Such, Beta también se ha dedicado a la «selección de bibliografía sobre comercio exterior» y a realizar varios tipos de informes. No obstante, en los recibos mensuales remitidos al IVEX, la consultora no detalla los conceptos por los que se pasa la minuta, más allá de indicar que la factura corresponde a la «prestación de servicios profesionales correspondientes al mes de...» (Mayo-Junio 2000).

EDUARDO ZAPLANA Y LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA

El DOGV desvela uno de los secretos mejor guardados por los gestores sanitarios durante los últimos meses: que la Conselleria de Sanidad desembolsará 27.727 millones de pesetas a las empresas privadas de radiodiagnóstico que sean adjudicatarias del concurso 234/2000 para concertar la «implantación de los equipos y la realización de las técnicas de diagnóstico por imagen mediante equipos de resonancia magnética para los pacientes beneficiarios de la asistencia sanitaria».

El concurso que tendrá una vigencia de ocho años posibilita que las empresas privadas adjudicatarias instalen sus aparatos de resonancia magnética (RM) en el interior de cuatro hospitales de la red pública: La Fe y el Clínico de Valencia, así como el hospital General de Castellón y el General de Alicante. Eso es lo que recogía el pliego de condiciones del concurso que el ex conseller Cervera dio a conocer en diciembre a la comisión de radiólogos públicos, de quienes, inicialmente, van a depender los equipos privados y sus trabajadores. En el resto de hospitales de la Comunidad, la gestión de la resonancia magnética seguirá concertada, como hasta la fecha, y las pruebas se realizarán en las sedes de las empresas. Una sencilla división pone de manifiesto la generosidad de la Conselleria de Sanidad con el sector, ya que anualmente destinará 3.465 millones de pesetas para estas pruebas. La cifra llama un poco la atención, ya que es bastante superior a lo que la Administración sanitaria desembolsó el año pasado por las mismas pruebas, que fueron 2.250 millones.

Esta cantidad representa un aumento de un 65% respecto a lo que se abonó hace cuatro años, ya que en 1996, el coste de las exploraciones de resonancia ascendió a 1.340 millones de pesetas. Según se desprende de la información publicada en el DOGV, las propias empresas adjudicatarias asumirán la ejecución de las obras que tengan que realizarse en el interior de los hospitales de la red para instalar estos equipos. Mientras que el Insalud y otras comunidades autónomas han optado por adquirir equipos propios de resonancia para la red pública, la Generalitat Valenciana ha elegido perpetuar la concertación de estas exploraciones. Sólo el hospital Doctor Peset, dispone de un equipo, aunque ya bastante caduco, ya que fue adquirido en 1982 (Junio 2000).

LOS NEGOCIOS PRIVADOS DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS

José Manuel Uncío, director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), constituyó el pasado mes de enero una sociedad para gestionar de la manera "mas ventajosa" su patrimonio, según sus propias palabras. El IVF, entidad de derecho público, es el instrumento de la política de crédito público del Consell y ejerce las competencias de la Generalitat sobre el sistema financiero. Uncío dirige el IVF desde junio dé 1995 a raíz del ascenso de Eduardo Zaplana, del PP, a la presidencia de la Generalitat. La sociedad unipersonal que registró en enero tiene como objeto social la compraventa y explotación de fincas y la consultoría de empresas. El cargo de director del IVF requiere -dedicación -exclusiva y es incompatible con cualquier actividad retribuida de carácter público o privado, salvo la administración del propio patrimonio, según la legislación vigente. El propio Uncío sugirió que la "instrumental" persigue una "gestión del patrimonio más ágil" y que fue constituida a raíz de "la enfermedad grave" de un familiar directo. Reiteró que la sociedad no ha registrado ninguna actividad y justificó la ampliación del objeto social a la consultoría de empresas alegando, que "la condición de político no es para toda la vida". El director del IVF, un organismo que distribuye cuantiosas subvenciones y trata con la mayoría de las grandes empresas valencianas, insistió en que ha cumplido la legalidad a rajatabla y que respetará los dos años de carencia cuando abandone el cargo (Junio 2000).

EL EX CONSEJERO DE SANIDAD DE ZAPLANA CON PROBLEMAS EN LOS TRIBUNALES

El ex conseller de Sanidad, José Emilio Cervera, presta declaración como imputado por un presunto delito de tráfico de influencias, fraude y exacción ilegal, negociación y actividad prohibida a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. La esposa de Cervera, Dolores Santos Gago, también ha sido imputada por tráfico de influencias a petición del ministerio fiscal. La titular del juzgado de instrucción número 17 desestimó la petición de la defensa de sobreseer la causa, y aceptó la del fiscal y la de la acusación popular, ya que entiende que hay «suficientes datos objetivos»de un ilícito penal. Como se recordará, el portavoz de Esquerra Unida en las Cortes, Joan Ribó, interpuso el mes pasado una denuncia contra el ex conseller de Sanidad, José Emilio Cervera, por incurrir supuestamente en diversos delitos, recogidos en el Código Penal, durante su etapa como responsable del departamento de Modernización de la Administraciones Públicas de la Generalitat, entre 1995 y 1999. Esquerra Unida sostiene que Cervera buscó su lucro personal al omitir en el registro de altos cargos la empresa Orangeville, creada en 1998 por su esposa, Dolores Santos -con la que mantiene régimen matrimonial de gananciales- y por Rosa Escuín, hermana del director de Tissat, una de las mayores adjudicatarias de la Administración en proyectos informáticos. Santos, que fue alto cargo en Presidencia, trabaja en la multinacional IBM, empresa que ha logrado importantes contratos de la Generalitat (Junio 2000).

ZAPLANA FIJO EN LA PARRILLA DE CANAL 9

El comité de redacción de Canal 9 ha denunciado en una nota informativa que el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, apareció en un solo día 30 veces haciendo declaraciones en tres espacios informativos, mientras la opinión de la oposición no fue transmitida ni una sola vez. El comité habla de «sectarismo» y «manipulación» en los noticiarios. El pasado martes se cumplía un año de las últimas elecciones autonómicas. Para los informativos de la televisión autonómica, Canal 9, la celebración se convirtió «en una serie de noticias-balance del último año de Gobierno de Eduardo Zaplana, con referencias a la legislatura pasada», según indica en un comunicado el comité de redacción de la cadena. Ese balance, añade el comité, se hizo «dando la palabra única y exclusivamente al presidente Zaplana para que él mismo juzgue su gestión». Las tres ediciones de Notícies 9 recogieron 30 declaraciones del presidente y ninguna de la oposición. De acuerdo con el comunicado, la primera edición de Notícies 9, que dirige Josep Magraner, incluyó un total de 12 declaraciones del presidente, con un tiempo total de 8 minutos de información sobre la comparecencia-balance del jefe del Consell. La segunda edición, que dirige Lluís Motes, aportó 9 declaraciones de Zaplana, en un tiempo total de 7 minutos. La tercera edición, dirigida por Rodolfo Ferrer repitió sin cambios las 9 declaraciones y 7 minutos en total del anterior informativo. El total del tiempo dedicado por los tres noticiarios al acontecimiento, con declaraciones sólo del presidente suma 22 minutos en un día. «La desproporción de la presencia de Eduardo Zaplana es tan grande que sus declaraciones significan alrededor del 20% de la duración total de los informativos antes referidos», dice el comité. «Si un diario de 72 páginas -añade el texto- dedicara una atención proporcional a la que Canal 9 dio al presidente Zaplana habría de ocupar 14 páginas enteras con su discurso.» El comité de redacción pone de relieve que esta actitud supone una censura que, «siendo extremadamente grave, queda, diríamos, disminuida por el insulto y el desprecio que los responsables de Canal 9 manifiestan hacia los centenares de miles de ciudadanos valencianos que han votado opciones diferentes del PP». Los representantes de la redacción señalan como responsables de la manipulación y el sectarismo a la jefa de informativos, Carmen Illán, y al subdirector de TVV para informativos, Pau Pérez Rico (Junio 2000).

EL TSJ OBLIGA A SANIDAD A REPONER A UN JEFE CUYO PUESTO LO OCUPA EL YERNO DE DOS CARGOS DEL PP

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dado la razón a Francisco A. R., un celador del centro de especialidades de la calle Alboraya, de Valencia, que fue destituido del cargo de jefe de personal subalterno que desempeñaba desde hace años para asignárselo a Juan M. I. l., yerno de dos cargos políticos del PP, la diputada de las Cortes Generales, Carmen Martorell y el ex director general Pompeyo Esparza. Desde hace un año, Sanidad ignora esta sentencia del TSJ.. La sala de lo social del TSJ ha desestimado el recurso presentado por el Servicio Valenciano de la Salud y por el yerno de la parlamentaria y ha ratificado la sentencia que en abril del año 96 dictó el juzgado de lo social número 1 de Valencia, que dejaba sin efecto el cese de Francisco A. R. como jefe de personal subalterno y condenaba a la conselleria y al yerno de Esparza y Martorell a aceptar esta declaración y a reponer al demandante en las funciones que tenía antes del cese, «con todos los efectos laborales y económicos» que se generaron desde que lo destituyeron. El demandante Francisco A. R. fue designado jefe de personal subalterno en el año 85. El cargo fue confirmado por el Insalud en 1987, un año antes de las transferencias sanitarias (Junio 2000).

LA GENERALIDAD VALENCIANA CONTINUA SU PARTICULAR POLÍTICA DE CESES

El nuevo equipo responsable de la Conselleria de Bienestar Social ha eliminado de su organigrama al jefe de los servicios jurídicos, Enrique J. García de Fénech. El cambio se produce sólo unos días después de que se conociera el contenido del último informe que García de Fénech emitió acerca del bono residencia. El documento contenía varias críticas al sistema puesto en práctica por el Gobierno del PP para reducir las listas de espera para entrar en una residencia pública de ancianos. Se da la circunstancia además de que éste no era el primer informe con similares conclusiones que García de Fénech redactaba sobre el bono, pero sí ha sido el primero que se ha hecho público. A través de este sistema, la Generalitat da una serie de subvenciones a más de 1.500 ancianos para que paguen parte del coste de su estancia en un geriátrico privado. Una de las principales consideraciones que el alto funcionario hacía sobre el bono residencia es «la diferencia de trato» que plantea con respecto a los jubilados que están en alojamientos públicos, pues a los familiares de éstos no se les exige aportación alguna, como ocurre con el método de las ayudas. El letrado también ponía entre interrogantes la «libertad de elección de centro» con la que se anuncia el bono (Junio 2000).

GENERALITAT VALENCIANA: LA DIRECTORA GENERAL Y LAS CONTRATACIONES ILEGALES

La directora general de Servicios Sociales, María Luisa Gracia Jiménez, tuvo a su servicio a una inmigrante armenia sin tener la autorización de la Delegación del Gobierno. Ello implica que presuntamente vulneró la actual normativa sobre contratación de extranjeros, con una acción que está penada con sanciones de uno a diez millones de pesetas. Silva S., una inmigrante armenia nacida en 1940, reconoció que trabajó como empleada doméstica para Gracia durante dos meses y medio. Lo dejó hace alrededor de un mes, explicó, cuando desde Madrid le llegó la notificación oficial de que le denegaban el asilo político que había solicitado cuando llegó a España en febrero de 1999. De acuerdo con los datos, la mujer presentó una solicitud de autorización provisional de trabajo el pasado 17 de abril ante la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, sin que a fecha del último viernes le hubiera sido concedido tal permiso. A pesar de ello, Silva S. admitió que había estado trabajando como doméstica para María Luisa Gracia Jiménez. Se da la circunstancia de que Gracia, como directora general de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana, es la responsable de las política social (Junio 2000).

LA MAYORÍA ABSOLUTA POPULAR Y LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

El grupo popular en la Diputación de Valencia recurre a su mayoría absoluta para rechazar una comisión de investigación sobre los contratos a cargos públicos y militantes del PP. Éstos se habrían materializado a través de un convenio con el INEM que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. El PP no aclaró el criterio utilizado en la selección de personal y por qué varios de los beneficiarios son de Vallada, el municipio del que es alcalde el presidente de la corporación, Fernando Giner.Dentro de los 36 contratados figuran, la concejala de Sanidad, Juventud y Deportes de Vallada, municipio del que es alcalde el presidente de la diputación, Fernando Giner, una sobrina del teniente de alcalde, el hermano de un concejal y, al menos, otros seis vecinos de la citada localidad. También han sido empleados hasta diciembre en la diputación el hijo del alcalde de Montesa, la esposa del candidato a la alcaldía de Albal y el candidato de Carrícola. El responsable de Personal en una extraña y pintoresca interpretación de los resultados electorales, destacó que «a pesar de que el PP logró el 51% de los votos [en las municipales] es normal que tenga, entre comillas, el 51% de los parados, que tienen [al igual que el resto de ciudadanos] el mismo derecho a trabajar» (Junio 2000)

EL CHOFER DE ZAPLANA CONDENADO A PRISIÓN

La magistrada del juzgado de lo penal número 7 de Alicante ha condenado a nueve meses de prisión a Salvador Gil, ex chófer del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, por agredir a un joven que se encontraba en una cafetería de Benidorm por rozarle con el codo al pasar por su lado. Los hechos sucedieron la noche del 3 de mayo de hace dos años, cuando la víctima entró con su novia al establecimiento, situado frente al Ayuntamiento de Benidorm. La agresión tuvo lugar cuando la víctima se levantó para ir al cuarto de baño, pero al pasar por la barra donde se encontraba el acusado junto a otro hombre, que también ha sido condenado a otros nueve meses de cárcel, le dio con el codo y le pidió disculpas, según la sentencia. En la resolución consta que el acusado le recriminó la acción y le contestó «no sabes quién soy yo», por lo que al responder el joven que tampoco le importaba, el ex chófer le golpeó dándole dos puñetazos. La víctima no pudo defenderse al ser atacado por el segundo acusado, Santiago Ramón López, quien le cogió del cuello y le lanzó contra la pared. La sentencia considera probada la agresión que recibió la víctima y estima que el hecho de que el acusado Salvador Gil fuera el chófer del presidente de la Generalitat «explicaría su prepotencia». La víctima denunció inicialmente los hechos aunque meses después solicitó el archivo de las actuaciones y expuso que renunciaba a cualquier tipo de indemnización. Durante el juicio, la víctima explicó que realizó estos requerimientos «por miedo», ya que había sido objeto de amenazas telefónicas.Como se recordará, Salvador Gil ha sido contratado como responsable del Casal de Ifach de Calp, la residencia de invitados ilustres de la Generalitat. Éste ocupa un puesto incluido dentro de la categoría profesional de titulado superior, pese a que sólo declara tener el graduado escolar. La FSP-UGT ha interpuesto una querella criminal contra el ex chófer de Zaplana, el director de la Agencia Valenciana de Turismo, Roc Gregori, y el vicepresidente primero del Consell, José Luis Olivas, por un presunto delito de tráfico de influencias por su contratación en Calp. Olivas justificó el fichaje de Gil por sus conocimientos en seguridad y por ser persona de confianza. Gil tuvo que dejar su plaza de chófer, ya que una sentencia del TSJ estableció que el puesto de conductor no está reservado al personal eventual. Poco después pasó a ocupar un puesto de asesor de Presidencia, que dejó antes de las elecciones autonómicas (Julio 2000).

EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA Y LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA

La empresa Entreavenidas, ex copropietaria de la manzana de jesuitas en Valencia, ha vendido los terrenos que permutó con el ayuntamiento en la zona nueva del barrio de Campanar. El que supone, para los promotores Lladró y Onofre de Miguel, el último capítulo del caso jesuitas ha acabado con la venta de esta parcela, por algo más de 4.000 millones de pesetas, al grupo empresarial Prasa, que está implantándose en todas las grandes ciudades españolas. Como se recordará, la alcaldesa Rita Barberá negoció con los propietarios del solar de jesuitas para intentar que trasladaran las torres de viviendas y el hotel a otro lugar, dada la movilización ciudadana en torno a los terrenos junto al jardín Botánico. Entreavenidas accedió a negociar y firmó, hace unos tres años, un convenio. No así Expohotel, que continúa con problemas para construir su hotel. Los técnicos municipales valoraron la parcela que tenía Entreavenidas (7.280 metros cuadrados de superficie y una edificabilidad de 36.000) en 3.324 millones de pesetas. A cambio de este terreno, el ayuntamiento entregó a los promotores una pequeña parcela en el polígono de Campanar sur, otra en el polígono de Ademuz, dinero en metálico y, sobre todo, dos parcelas en el mismo Campanar sur -adjudicado precisamente al mismo grupo de empresarios como agente urbanizador- que fueron recalificadas para permitir el traslado de las torres ya que estaban reservadas a servicio público. Estas dos parcelas sumaban unos 25.000 metros cuadrados de superficie y 56.000 de edificabilidad y fueron valoradas en 2.400 millones de pesetas aproximadamente. Ahora, este terreno ha sido vendido a su vez por Entreavenidas al grupo Prasa, que recientemente anunciaba su introducción en el mercado inmobiliario de Valencia. Prasa ha pagado unos 4.000 millones de pesetas, a razón de unas 75.000 pesetas el metro cuadrado, lo que supone, en principio, unas plusvalías para Entreavenidas de más de 1.500 millones de pesetas y todavía 700 más de lo que se valoró la parcela original de jesuitas (Julio 2000).

ELCHE, ZAPLANA Y LAS ÁREAS METROPOLITANAS

El anteproyecto de Ley de Áreas Metropolitanas de la Generalitat ha convertido en inesperados aliados al alcalde y secretario de los socialistas de Elche y al presidente local del Partido Popular. Diego Maciá no dudó en salir en defensa de Manuel Ortuño, cuya posición contraria al documento del Gobierno autonómico le ha puesto en un grave aprieto ante la dirección regional del PP. Maciá reitera que el texto, se lea como se lea, es un «bodrio» y un «atropello a la autonomía de Elche». A Zaplana le acusa de ir contra Ortuño únicamente por anteponer los intereses de la ciudad a los del partido. El alcalde descalifica al presidente de la Generalitat y del Partido Popular de la Comunidad Valenciana por querer dinamitar la silla que ocupa ahora mismo Ortuño, pese a que éste ha actuado, a su entender, como debía. Reprocha a Zaplana que cuestione al presidente local del PP por el simple hecho de defender los intereses de su ciudad, en relación con el anteproyecto de áreas metropolitanas. Las diferencias entre Eduardo Zaplana y Manuel Ortuño surgieron a raíz de que éste manifestase que sucribía al 99% la moción del Ayuntamiento de Elche en la que se solicitaba al Ejecutivo autonómico que diese marcha atrás en sus planes. Poco después, el presidente del PP ilicitano, acompañado del portavoz popular en el consistorio, compartía mesa con Maciá y con EU en el Salón de Plenos. Fue un acto reivindicativo al que asistieron más de 200 personas de un sinfín de asociaciones ilicitanas, a las que se informó sobre el contenido de la propuesta de ley de áreas metropolitanas. El distanciamiento entre ambos ha deparado que Zaplana esté decidido a celebrar cuanto antes asamblea en Elche, lo que puede deparar la salida de Ortuño de la presidencia local (Julio 2000).

EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, LA FISCALÍA Y EL PLAN DE ALUMBRADO

El escándalo de las irregularidades del plan de alumbrado que llevó adelante el Ayuntamiento de Valencia hace algunos años continúa vivo. La fiscalía, después de investigar durante aproximadamente un año ha remitido el expediente a un juzgado de instrucción por si pudieran derivarse responsabilidades penales de los hechos denunciados. Las declaraciones realizadas ante el fiscal por los representantes de las dos empresas contratistas del ayuntamiento vienen a confirmar anomalías como sobrecostes, cambios en los proyectos y bailes de precios de las farolas. Los representantes de Imes y Etralux, las dos contratas de mantenimiento del alumbrado de Valencia a las que se adjudicaron también las obras de instalación del plan integral municipal, coincidieron en admitir que se produjeron variaciones de precios y un exceso de gasto o sobrecoste .Los representantes de las contratas tampoco pudieron negar las modificaciones imprevistas de los proyectos: no se instalaron farolas en calles o barrios donde se habían proyectado y en cambio se hicieron obras en otras que no estaban en principio incluidas en el plan. Pero también destacan sobre todo que cuando esto ocurrió fue siempre debido a problemas municipales o a indicaciones del ayuntamiento, que personalizan en todo momento en el entonces jefe de servicio. Los cambios también afectaron a los modelos de farola y a los precios. Los apoderados de las empresas confirmaron que se instalaron modelos que en principio no estaban aprobados y que además eran más caros que éstos, debido fundamentalmente al material (Septiembre 2000).

ZAPLANA Y SU CANAL PÚBLICO DE TELEVISIÓN

El pleno de las Cortes Valencianas rechaza, con los únicos votos del PP, una propuesta de resolución del PSPV, apoyada por EU, que reclamaba la creación de un Consell Superior de l´Audiovisual para garantizar la independencia de Canal 9. El popular Manuel Pérez no entró en el debate y señaló que la ministra Birulés reorganizará el sector, por lo que habrá que esperar sus medidas. Por su parte, el presidente Zaplana manifestó en los pasillos que considera «respetable» la decisión de su homólogo de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de privatizar Telemadrid mediante una subasta, aunque precisó que su propuesta es diferente. El PP valenciano, dijo, se presentó con un programa electoral en el que aboga por la privatización de Canal 9, que «no coincide con la propuesta de Madrid» (Septiembre 2000).

LAS QUEJAS DE ZAPLANA

Eduardo Zaplana lamenta ante los periodistas las zancadillas en forma de «filtraciones interesadas» contra su modelo de financiación. El aludido era el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada. Minutos después, en una reunión con la dirección regional del PP, se refirió críticamente a los titulares de Economía y Hacienda. Como se recordará, el ministro Jesús Posada, durante un encuentro informal con periodistas en Madrid, había dejado claro que tanto su departamento, Administraciones Públicas, como el de Hacienda, rechazaban la cesión de impuestos especiales a las autonomías por los problemas que acarrearía. El jefe del Ejecutivo valenciano no ocultó antes de la reunión de la ejecutiva regional del PP, su malestar por las «filtraciones» interesadas de alguien, dijo, que debía ser «importante», a la vista de la amplia difusión en medios estatales de la noticia. No fue el único reproche. Durante la misma reunión del PP, el jefe del Consell también aludió críticamente al vicepresidente económico, Rodrigo Rato, por unas declaraciones en la misma línea de Posadas (Octubre 2000).

LA GENERALITAT VALENCIANA Y EL SINDICO DE GREUGES: ALGUNAS DIFERENCIAS DE CRITERIO

El Síndic de Greuges, Luis Fernando Saura, considera que la gestión de las bolsas de trabajo en Sanidad y Educación carece de normas que garanticen la seguridad jurídica de los aspirantes y de aquellos que son llamados a ocupar un puesto de trabajo interino en la Administración. Así lo hace constar en su memoria referida a 1999 que supone un nuevo varapalo a las políticas del Consell en materia de función pública, objeto de numerosas quejas.Dos asuntos merecen especial atención por parte del Síndic: el incremento de las contrataciones de interinos y la mecánica de las bolsas de trabajo. En ambos casos, Saura deja clara su reprobación con especial énfasis en lo referido a la gestión de las bolsas de trabajo en Educación y Sanidad (Octubre 2000).

EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS CARBURANTES EN VERSIÓN POPULAR: AHORA LA GASOLINA ES MÁS BARATA

El portavoz adjunto del PP Ricardo Costa en las Cortes Valencianas en el transcurso de un debate argumenta que la reforma que en 1998 aprobó el Gobierno de Aznar no solo " puso las bases para mejorar la competencia y la liberalización del sector de hidrocarburos " sino que "fruto de aquella reforma, hoy hay 8.000 gasolineras, cuando en aquella época había 3.000, y fruto de que se eliminaron los precios de referencia que se marcaban por la ley socialista hoy las gasolinas cuestan entre 3 y 7 pesetas más baratas que con el sistema de precios que tenía fijado el PSOE (Octubre 2000).

LA GENERALITAT VALENCIANA CONTINUA CON SU POLÍTICA DE APOYO A LA FAMILIA

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación ha creado una nueva jefatura que no existía hasta la fecha con la que ha promocionado a un funcionario de ese departamento que resulta ser cuñado del conseller de Justicia y Administración Pública, Carlos González Cepeda. El susosdicho promocionado Julián Esteban Ruiz es el marido de Margarita González Cepeda, hermana del máximo responsable de las administraciones públicas de la Generalitat Valenciana, y ocupa desde los primeros días de este mes de octubre la jefatura de la sección de promoción agraria comarcal II, un cargo creado ex profeso a su medida y tras no pocas vicisitudes administrativas (Octubre 2000).

EL PP VETA UNA INICIATIVA PARA ACABAR CON LA DISCRIMINACIÓN ENTRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El Partido Popular veta en la comisión de Educación y Cultura de las Cortes regionales una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno de Zaplana a fomentar la lectura de prensa en la escuela «dando soporte genérico en igualdad de condiciones a todos los periódicos con sección específica de educación, evitando la discriminación, exclusiones o favorecimientos injustificados». El resultado de la votación (8 votos del PP contra 7 del PSPV y EU) deja las cosas como están: con siete medios editados en la Comunidad Valenciana o en Madrid recibiendo un apoyo económico por parte del Gobierno Zaplana en el marco del convenio prensa-escuela y sólo dos excluidos por el Consell (Levante-EMV e Información), pese a tratarse de los diarios de mayor difusión (100.000 ejemplares diarios) y audiencia (600.000 lectores). Las preguntas de la oposición al conseller Manuel Tarancón resultaron infructuosas para aclarar el enigma del criterio de la Conselleria en el reparto de unas ayudas que en los tres últimos años se aproximan a los 300 millones. Las Provincias (más de 106 millones), El Mundo (68,2), ABC (27,5), Mediterráneo (23,5), El País (16 millones), La Razón (7) se benefician del reparto de ayudas de este tipo pese a que su penetración en el mercado es siempre menor (Octubre-Noviembre 2000).

 ZAPLANA Y SU PECULIAR DÉFICIT CERO

La Generalitat Valenciana también tendrá déficit cero en 2001. Pero, para conseguirlo, el Ejecutivo de Zaplana reducirá las inversiones y desviará parte de ellas, las de educación, a través de una empresa pública. La Generalitat no se endeudará, pero sus empresas públicas lo harán en 82.237 millones. El Presupuesto de la Generalitat asciende a casi 1,3 billones de pesetas, un 6,5% más que el proyecto de 2000, y el consolidado, que incluye las 28 empresas y entidades autónomas, a 1,453 billones, un 6,87% más. Una de las claves del logro del déficit cero será la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la GV (Ciegv), creada recientemente con el objetivo de construir en los próximos tres años 350 centros escolares por un montante de 100.000 millones de pesetas. Esto supone sacar del Presupuesto de la Generalitat todas las inversiones previstas en colegios, con lo que las inversiones reales de la Consejería de Educación descenderán un 36,6%. El recorte afecta también a la consejería que más invierte, la de Obras Públicas, cuyo presupuesto de los capítulos VI y VII -inversiones reales y transferencias de capital- se reduce un 0,06%. El previsto déficit cero permitirá que la Generalitat no aumente su endeudamiento en 2001 pero sí lo harán las empresas públicas en un total de 82.237 millones. Esta previsión no incluye la deuda de la nueva empresa Ciegv, dado que no se conoce cuánta financiación necesitará. La Generalitat prestará avales a sus empresas hasta un límite de 100.000 millones. Las dos empresas que más recurrirán al crédito serán Parque Temático de Alicante, promotora de Terra Mítica, con 26.465 millones, y Radiotelevisión Valenciana, con 15.800 millones. Como se recordará, la Comunidad Valenciana es la más endeudada de España, con 887.003 millones a 30 de junio y un incremento interanual del 16,4% (Octubre-Noviembre 2000).

EL CASO IVEX Y LA GENERALITAT VALENCIANA

Afortunadamente, la inquisición general está proscrita en nuestro derecho". Ésta es una de las frases con las que el juez instructor del conocido como caso Ivex trufa el auto en el que archiva la querella presentada por el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) contra su ex director general, José María Tabares, por un supuesto delito societario. Como se recordará, el Ivex, apoyado por el Gobierno valenciano, se querelló el pasado mes de noviembre contra Tabares, al que acusaba de haber provocado un quebranto económico a la empresa pública de más de 1.000 millones de pesetas al avalar, a espaldas del consejo, una operación que resultó fallida. En el auto, el instructor da un fuerte varapalo al Ivex, acusándole de ocultar datos esenciales para la investigación. "La acción penal se ejercitó temerariamente [...] facilitándose al instructor una información sesgada y parcial cuando no incierta de lo sucedido". El juez añade que el Ivex "confeccionó una querella pretendiendo un desconocimiento del consejo de administración de hechos que necesariamente conocía, al objeto de poder subsumir la conducta del señor Tabares en el tipo penal que se le atribuye". Por este motivo, impone las costas del proceso al Ivex "por su temeridad". El juez defiende la gestión de Tabares "quien en todo momento actuó tratando de llevar a cabo las propuestas aprobadas por el consejo del Ivex" y llega a afirmar que durante su mandato "no sólo no se produjo un quebranto, sino que en buena medida se palió el anteriormente existente", y añade que la sociedad adoptó, tras su marcha, determinadas decisiones que perjudicaron los negocios puestos en marcha por el ex director general. El juez también es muy duro con la pretensión del Ivex, que tilda de inquisitorial, para "mantener indefinidamente abierto el caso" (Octubre-Noviembre 2000).

 ZAPLANA , SU CUÑADO Y TERRA MITICA

Justo Valverde, hasta ahora responsable de contratación de Terra Mítica y cuñado del presidente de la Generalitat, asumirá también las áreas de recursos humanos, administración y finanzas y materiales tras la reestructuración del organigrama ejecutivo del parque temático. Valverde controla así una de las tres grandes direcciones del complejo, por debajo del director general, Miguel Navarro. Las otras dos grandes áreas ejecutivas -comercial y operaciones- siguen vacantes. Como se recordará, el cuñado del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, ha ocupado durante la fase de construcción del parque temático el departamento de contratación, con un presupuesto cercano a los 18.000 millones de pesetas.

CASO LEGIONELLA EN ALCOY

 LA ADMINISTRACIÓN VALENCIANA OCULTÓ UN INFORME QUE DETECTÓ LA BACTERIA : El presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, admite que los análisis iniciales realizados en depósitos de la red pública de agua de Alcoy (Alicante) confirman la presencia de la bacteria legionella, aunque matizó que las pruebas, ocultadas desde el martes, no proporcionan resultados "fiables y exhaustivos". Las consejerías de Medio Ambiente y Sanidad garantizaron que el consumo y uso del agua en la ciudad "no supone ningún riesgo para la salud", a pesar de que la epidemia, que se mantiene desde septiembre de 1999, se ha cobrado 3 víctimas mortales y ha afectado a 123 personas. Las consejerías de Sanidad y Medio Ambiente de la Generalitat reconocieron en un comunicado conjunto que los resultados obtenidos tras los análisis de los 10 depósitos que surten la red pública del agua son "algunos de ellos positivos y en su mayoría negativos", aunque éstos, añade la nota, "no son concluyentes ni definitivos, y requieren de pruebas de confirmación que complementen y garanticen los resultados obtenidos". Sin embargo, el laboratorio Labaqua de Alicante, que ha detectado el germen en dos de los 10 depósitos de la red pública, ya realizó un segundo análisis que confirma la presencia de la bacteria en la red pública. La Generalitat y el gobierno local de Alcoy, no han informado a los ciudadanos de estos análisis a pesar de que obraban en su poder desde el pasado martes.

PARA EL PP EL PROBLEMA ES QUE SE EXAGERA. Por su parte, El portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Alejandro Font de Mora, mantiene en el pleno que el brote de la legionela en Alcoi «no es el único, ni siquiera el más grave de los habidos, aunque curiosamente quizá sea el que más atención de medios [de comunicación] haya concitado». Y ofreció su propia explicación: «Probablemente porque, al suceder en esta Comunidad, todos sabemos que esta Comunidad tiende más a exagerar ante todos sus defectos que sus virtudes». Font de Mora no puso reparo alguno en la actuación de la Administración y justificó el apoyo a la iniciativa en que la población «se ha visto sacudida por informaciones múltiples y temores inducidos», que han causado «una gran alarma social» que «conviene disipar cuanto más rápidamente mejor».

LA FISCALIA INTERVIENE: Por último, el ministerio fiscal anuncia su intención de requerir a la Conselleria de Sanidad los datos que ha recabado hasta el momento sobre el brote de legionela y la documentación relativa a su actuación desde que se detectó la enfermedad el pasado mes de septiembre. El fiscal solicitará también al resto de organismos públicos que hayan podido intervenir, como el ayuntamiento y la Conselleria de Medio Ambiente, que expliquen la actuación que han llevado a cabo en esta materia.

PROBLEMAS ENTRE ZAPLANA Y EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

El rector de la Universidad de Alicante, Andrés Pedreño, deja su cargo el próximo día 22 de diciembre, cuando dimitirá oficialmente, según anunció ante un claustro ordinario convocado para hacer balance de la gestión realizada el curso anterior, como marcan los estatutos. A excepción de los vicerrectores y del resto de los miembros que componen el actual equipo de gobierno, a quienes Pedreño informó de su decisión hace quince días el resto de los representantes universitarios conocieron la marcha del rector en el momento en que lo comunicó ante el claustro. Las razones de esta marcha expuestas por Pedreño ante el claustro convencieron a los asistentes de la oportunidad de su dimisión y mostraron su respaldo con una cerrada ovación al rector. Entre las intervenciones posteriores a su anuncio, Pedreño sólo recibió agradecimientos por su gestión al frente de la universidad de, entre otros, el presidente del consejo de alumnos, la directora de enfermería, o el secretario de la mesa claustral y máximo representante de UGT. El rector incidió ante los presentes en que se trata de una decisión «personal» con la que pretende favorecer un «cambio de actitud en la Administración autonómica» que propicie el «desbloqueo de la ampliación del campus y el proyecto de parque científico o Medpark» porque, como reiteró, «siguen sin contestar a ninguno de mis requerimientos de diálogo tal y como acordaron la junta de gobierno y el consejo social». También basó su dimisión en evitar que la universidad estuviera inmersa en unas elecciones durante un año entero. Los comicios se celebrarán en mayo.

CASO LEGIONELLA EN ALCOY

QUINTA VÍCTIMA MORTAL EN UN AÑO : Un hombre de 77 años falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Virgen de los Lirios a causa de una neumonía por legionella, según confirmó la Consejería de Sanidad. La versión oficial sostiene que el fallecido ingresó afectado por la bacteria el 24 de noviembre y fue trasladado a la UCI cinco días después. Este nuevo caso eleva a cinco las víctimas mortales del brote que ha afectado ya a casi 150 personas. En el hospital de Alcoy hay otras ocho personas ingresadas por neumonía por legionella. Una de ellas, más grave, permanece en la UCI.

UN ESTUDIO YA ACONSEJÓ EN ABRIL NORMAS CONTRA LA 'LEGIONELLA: La Generalitat Valenciana dispone desde el 11 de abril de un estudio epidemiológico del Instituto Carlos III sobre el brote de legionella detectado en Alcoy entre septiembre de 1999 y febrero pasado (unos 150 afectados) que establece su origen medioambiental, lo relaciona con torres de refrigeración industrial y pide un censo de los posibles focos de infección. Para aplicar tales recomendaciones, "parece necesaria la existencia de una norma legislativa", concluye el estudio. Ocho meses después, el Consell que preside Eduardo Zaplana ha aprobado un decreto que recoge las conclusiones de aquel informe.

LA CONSEJERÍA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DE ZAPLANA PAGA VARIOS MILLONES POR INSERTAR NOTICIAS EN LA TV DEL EX ASESOR DEL PROPIO ZAPLANA

La Conselleria de Economía autorizó en junio de este año el pago de 1.972.000 pesetas por la inserción durante un mes de una noticia diaria de divulgación de la labor del departamento que dirige Vicente Rambla en cuatro de los informativos de una televisión local - Valencia TeVe - de la que es consejero delegado Jesús Sánchez Carrascosa, ex asesor del presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. Valencia TeVe es una emisora local de carácter alegal (no se ha desarrollado la concesión de licencias de emisión a televisiones locales) cuyo ámbito de actuación se circunscribe a la ciudad de Valencia.

CASO LEGIONELLA: UN INFORME CONSTATA OTRAS DOS MUERTES EN ALCOY

El informe epidemiológico elaborado por el Instituto de Salud Carlos III sobre el primer brote de legionella que afectó a Alcoy entre septiembre de 1999 y febrero de 2000 señala que la letalidad de la bacteria alcanzó al 8,33% de los afectados, un índice superior a la media, que ronda el 5% de mortalidad. Un total de 36 personas -25 hombres y 11 mujeres- se vieron infectados por la bacteria durante este periodo, por lo que, según el informe, tres de los 36 infectados fallecieron. Este dato contrasta con la información oficial de la Consejería de Sanidad que sólo reconoció el fallecimiento, en diciembre de 1999, de una persona infectada por la bacteria. De tenerse en cuenta la letalidad registrada por el Instituto Carlos III, el número total de personas infectadas por legionelosis que han perdido la vida desde que se declaró la epidemia en Alcoy asciende a siete.

EL GRUPO POPULAR EN LAS CORTES VALENCIANAS Y LOS PARAÍSOS FISCALES

El grupo popular de las Cortes rechaza una enmienda del PSOE al proyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos de 2001 que establecía la prohibición de que el Consell tenga trato con empresas radicadas en paraísos fiscales. La propuesta obligaba a adoptar «las medidas oportunas que aseguren que ni la Administración de la Generalitat ni ninguna de sus entidades autónomas de naturaleza mercantil, industrial, financiero o análogo, ni las empresas ni las fundaciones públicas mantengan ningún tipo de relación comercial o de cualquier otra clase con las empresas que tengan su sede social en cualquiera de los países que figuran en el real decreto 1.080/1991, de 5 de julio, en la relación de paraísos fiscales». «Se prohíbe expresamente -añadía la enmienda- la realización de cualquier pago a estas empresas». Ricardo Costa, del PP, esgrimió que asociaciones humanitarias están ubicadas en paraísos fiscales y que pedir la «ruptura total» con los paraísos fiscales, entre los que citó Chipre, Malta, Singapur, Jamaica y Emiratos Árabes, «no sería serio ni responsable».

LAS CONTRATACIONES ILEGALES DE ZAPLANA

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha establecido en varias sentencias la ilegalidad de que la Generalitat cubra necesidades estructurales de plantilla con personal de contratas. El alto tribunal ha comenzado a sentar doctrina sobre este tipo de prácticas generalizadas en la Administración que suponen una «cesión ilegal» de trabajadores. Las consecuencias para la Generalitat son importantes ya que los fallos la obligan a readmitir a los trabajadores como personal fijo no indefinido de plantilla. Tres son, en concreto, los casos sobre los que ya se ha pronunciado la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad y que afectan a contrataciones realizadas precisamente por la Conselleria de Empleo. Los dos primeros fallos analizan el caso de las empleadas de contratas de la Dirección General de Formación y Secciones de la entonces Conselleria de Empleo e Industria que desde 1995 venían realizando tareas propias de auxiliar administrativo hasta que el año pasado se les comunicó la rescisión de su contrato. Diciembre 00

EDUARDO ZAPLANA UTILIZÓ DEUDAS DE DUDOSO COBRO PARA EQUILIBRAR SU PRESUPUESTO

El Gobierno valenciano, que preside Eduardo Zaplana, enjugó el déficit correspondiente a 1999 con 135.372 millones de pesetas de ingresos pendientes de muy dudoso cobro según la auditoría realizada a las cuentas. El informe de la Sindicatura de Comptes (órgano autonómico equivalente al Tribunal de Cuentas), alerta sobre el volumen de ingresos pendientes consignados en los presupuestos del Ejecutivo valenciano y señala que deben revisarse las expectativas de cobro. A principios de 1999, según la auditoría, el Consell de la Generalitat incorporó a sus cuentas más de 256.000 millones de ingresos pendientes, pero sólo cobró 41.000 millones. El informe señala que en el muestreo realizado por los auditores se detectan muchas deudas pendientes de cobro soportadas en "documentación insuficiente o inadecuada" y algunas de ellas no están ni firmadas. El órgano de fiscalización de las cuentas del Consell asegura en su informe que "no deben utilizarse para la financiación de gastos los derechos pendientes de cobro que se consideran de difícil o imposible realización".Diciembre 00

CASO LEGIONELLA ALCOY: LA COMISIÓN PARLAMENTARIA DE LAS CORTES VALENCIANAS AUTOEXCULPA A LA GENERALITAT

El Partido Popular cierra la comisión de investigación sobre el brote de legionella de Alcoy creada en las Cortes Valencianas con un dictamen que da por buena la actuación de la Generalitat, gobernada por el propio PP, y que considera cerrado el asunto pese a reconocer que no se ha identificado el origen concreto de una epidemia que ha afectado a cerca de 150 personas y se ha llevado por delante al menos cinco vidas en los últimos 15 meses. Los grupos de la oposición, que abandonaron la comisión al considerar que no ofrecía garantías de imparcialidad, calificaron el dictamen de "panfleto". El dictamen aprobado dice que "no cabe atribuir ningún tipo de responsabilidad política" a las autoridades sanitarias del Consell, cuya actuación fue "correcta y adecuada", resta importancia a la gravedad de la enfermedad, resalta la "complejidad" de afrontarla y vincula la proliferación de casos a las nuevas técnicas de diagnóstico. Además de criticar la ausencia de los grupos de la oposición, asunto al que dedica varias páginas, el dictamen arremete contra "algunos" medios de comunicación que han sido "parasitados" por aquéllos. El PP añade que la "actitud abandonista" de la oposición obligará a valorar "la relación riesgo / beneficio" a la hora de constituir futuras comisiones de investigación. Diciembre 00

SEGÚN EL BANCO DE ESPAÑA , EDUARDO ZAPLANA CADA DÍA MÁS ENDEUDADO

El último informe del Banco de España sobre endeudamiento de las comunidades autónomas da otra revés a la política de contención del gasto anunciada por el Gobierno valenciano. Cuando la Sindicatura de Comptes acaba de revelar que la deuda de la Generalitat para 1999 fue cinco veces mayor que la prevista, los datos del Banco de España sobre el endeudamiento de las comunidades autónomas en el tercer trimestre de este año ponen en cuestión la capacidad del Ejecutivo de lograr en 2001 el déficit cero presupuestario pese a las presiones del Gobierno central. La deuda que arrastra la Comunidad Valenciana se sitúa ya en 901.000 millones de pesetas tras registrar un nuevo incremento del 1,5% en el período que va desde julio a septiembre de 2000. Diciembre 00

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