EL MINISTRO DE PROPAGANDA EDU $ ZAPLANA AUMENTA MÁS DEL DOBLE EL GASTO DE PUBLICIDAD EN VÍSPERAS ELECTORALES
El Ministerio de Trabajo ha invadido en vísperas electorales los medios de comunicación con una campaña de publicidad sobre la imagen del departamento, cuyo lema es "Lo nuestro son las personas", y con otra sobre la revalorización de las pensiones -"Un año más cumplimos"-. El coste de estas dos campañas es de 29 millones de euros, según el Boletín Oficial del Estado. A ese dinero hay que añadir otros 12,4 millones de euros adjudicados en distintas campañas específicas a lo largo del año. En total, 41,4 millones, más del doble (un 130%) de lo que dedicaba cada año al mismo fin su antecesor, Juan Carlos Aparicio.
Los colaboradores de Aparicio indicaron que el Ministerio de Trabajo, durante su mandato, nunca gastó más de 18 millones de euros al año en gastos de publicidad institucional. La llegada de Zaplana, en julio de 2002, disparó ese gasto porque se encontró un "déficit de información al público" sobre la labor de su departamento, según aseguran los colaboradores del actual Ministerio de Trabajo.
A su juicio, "el ciudadano no distinguía cuál era la obra del ministerio". El contribuyente, por ejemplo, según su análisis, sabía qué era el Imserso y también lo que hacía, pero ignoraba que su obra se incardinaba en el ministerio que dirigía Zaplana. El ministro quiso centralizar -"rentabilizar electoralmente", según la oposición- la imagen de la gestión de cada organismo bajo su competencia. Para lograrlo, adjudicó en diciembre de 2003, a sólo tres meses de las elecciones generales, un plan global de comunicación por 22,2 millones de euros, a los que se suman las campañas previas o posteriores específicas, que elevan el gasto publicitario ministerial de Zaplana a casi 50 millones de euros desde su nombramiento (41,4 millones sólo en 2003).
Trabajo argumenta que aunque haya adjudicado un contrato para el plan global de comunicación por 22,2 millones de euros, "esto no significa que tenga que gastarse todo" y que la actual oleada no habrá costado más de nueve millones. Esta fase publicitaria de la campaña global de Trabajo finalizó ayer, según indicaron fuentes de la agencia que logró el contrato, si bien la de pensiones seguirá unos días.
La gestación del plan global de comunicación comenzó en septiembre de 2003, cuando Trabajo convocó un concurso para la "realización, producción y ejecución del plan de Comunicación Global del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos: Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina, Instituto Nacional de Empleo, Instituto de la Mujer, Instituto de la Juventud e Instituto de Migraciones y Servicios Sociales durante los años 2003 y 2004". El macroconcurso fue adjudicado el 26 de diciembre de 2003 a la empresa Publicis. Tres días después, según la agencia, comenzaron a emitirse los primeros anuncios.Mientras que los colaboradores de Aparicio admiten que el gasto publicitario se ha disparado en el último año y medio, los portavoces de Zaplana matizan que no se puede contabilizar como gastado todo el monto adjudicado. Al mismo tiempo, insisten en que se han emprendido muchas iniciativas y que hacían falta más campañas divulgativas.
El plan global de comunicación no incluyó dos campañas de revalorización de pensiones por un monto de 7,2 millones cada una que fueron adjudicadas unos días después. Desde que se adjudicó el plan global de comunicación han aparecido, con cargo al mismo, tres campañas en los medios de comunicación. Una genérica, sobre las bondades del ministerio ("Trabajamos para crear más empleo, por garantizar las pensiones, las de hoy y las de mañana...") y dos más sobre formación profesional y los autónomos. Rafael Pola, directivo de Publicis, subraya la valentía de Trabajo al "aceptar que el spot de campaña concluya o cierre con imágenes de personas o colectivos por los que se ha hecho mucho, pero que todavía necesitan mucho más del Ministerio y de todos".
Publicado El País.21.01.04
Zaplana siguió contratando campañas de publicidad después de que el PP perdiera las elecciones
En su etapa como ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana otorgó contratos a empresarios afines al PP valenciano, días después de perder las elecciones y cuando ya se encontraba como ministro en funciones. El Tribunal de Cuentas se refiere en su informe al contrato de casi un millón de euros que recibió TRIVISION. Esta empresa esta dirigida por Francisco Grau, un periodista conocido por sus buenas relaciones con el PP y por ser el animador del mitin de Aznar en el estadio de Mestalla
El Tribunal de Cuentas relata en su informe provisional como esta empresa consiguió el contrato del Ministerio de Trabajo prácticamente en solitario, porque sólo se presentaron tres empresas, y el Ministerio determinó que las otras dos no cumplían las condiciones exigidas. Los funcionarios del Tribunal hablan, concretamente, de "adjudicación sin competencia" y cuestionan, además, la necesidad misma de la contratación.
Trabajo adjudica este contrato de publicidad, por un importe de 844.000 euros, el 24 de Marzo, con el ministro en funciones. Se formaliza casi un mes después, el 23 de Abril, cuando Zaplana ya había dejado el cargo, aunque seguía como director del IMSERSO, el organismo al que corresponde, Antonio Lis, un destacado dirigente del PP valenciano y antiguo hombre de confianza de Zaplana. El Gobierno del PSOE anuló el contrato un mes después.
El fundador de la empresa beneficiada por este contrato es Francisco Grau, famoso sobre todo por ser el presentador del mitin de Aznar en Mestalla y conocido en los ambientes políticos valencianos por sus magníficas relaciones con el poder popular. Entre sus clientes habituales están la Generalitat y el Ayuntamiento –ambos gobernados por el PP-, y ahora la organización de la Copa América, que ha encomendado a su productora buena parte de la comunicación y los eventos previstos hasta el 2007.
El Tribunal de Cuentas ya reprochaba en el mismo informe que la empresa de Grau hubiera recibido un contrato anterior del Ministerio de Zaplana, a pesar de presentar una de las ofertas más caras, y por un importe similiar, más de ochocientos mil euros
(*) Publicado en la edición digital la Cadena Ser. 29.12.04
Zaplana anuló una campaña para luchar contra el fraude social cuyo diseño costó 480.810 euros
El Ministerio de Trabajo de Eduardo Zaplana desistió de la realización de una campaña publicitaria para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y las ventajas que conlleva la afiliación de los trabajadores pese a que previamente se había adjudicado el contrato para su diseño -por 480.810 euros, 80 millones de pesetas-, un gasto que resultó «completamente inútil», según denuncia el anteproyecto de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las campañas del citado departamento desde 2002 hasta el primer cuatrimestre de 2004.
La gestión previa de esta contratación correspondió al antecesor de Zaplana en el ministerio, Juan Carlos Aparicio, ya que el ex presidente de la Generalitat accedió al cargo el 9 de julio de 2002.
El órgano auditor del Estado es muy duro en su informe preliminar -sujeto a modificaciones, después de que los ex responsables del PP presenten sus alegaciones- al reprochar el «fraccionamiento del objeto del contrato», algo «prohibido» por el artículo 68 de la ley de Contratos. Así, la Tesorería General de la Seguridad Social convocó el 25 de abril de 2002, en la etapa aún de Aparicio, el «diseño y producción» de la mencionada campaña para luchar contra el fraude social y el 3 de julio, la compra de medios. El presupuesto inicial de la campaña era de 5.385.000 euros. La dotación se incrementó en otros 2.104.000 euros sin más explicación que la de que se había anulado otra campaña destinada a empresarios y profesionales para darles a conocer los nuevos servicios y gestiones incorporados al portal de la TGSS. En total, el presupuesto definitivo fue de 7.970.000 euros (1.326 millones de pesetas).
El 6 de agosto de 2002, casi un mes después del nombramiento de Zaplana, se adjudicó el primero de los contratos, por 480.810 euros. Sin embargo, la Tesorería de la Seguridad Social no expidió el documento contable de reconocimiento de la obligación hasta el 31 de diciembre y no efectuó la propuesta de pago hasta el 10 de abril de 2003, «demorando el pago efectivo hasta el 21 de mayo sin abonar intereses de demora».
El segundo contrato, tramitado por urgencia como el anterior y que debía materializar la publicidad diseñada, se declaró desierto. Y eso que se presentaron 11 ofertas. El 20 de agosto la mesa de contratación las sometió a informe de valoración. Sólo lo emitió la Subdirección General de Información Administrativa, un hecho que, según el Tribunal, evidencia «la pérdida de autonomía de la Tesorería General de la Seguridad Social frente a los órganos centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales».El dictamen se sustanció con «notorio retraso», el 20 de noviembre de 2002, remitiéndose a la TGSS el 12 de noviembre. Aunque lo más grave es el contenido, en el que «sin entrar a valorar las ofertas, se proponía 'la realización de esta campaña en otro momento'». La recomendación se fundamentó en tres puntos. El primero, que las ofertas estaban pensadas para spots y cuñas de radio de 20 segundos, cuando la creatividad adjudicada exigía anuncios de 25 segundos. En segundo lugar, que el «periodo disponible» para la emisión de la publicidad era «coincidente con las campañas de navidad de los productos de consumo», algo que «resulta poco aconsejable desde el punto de vista de las estrategias de comunicación».
Y tercero, «que el cambio de 'algunos de los equipos de dirección que están obligados a participar en la ejecución de las campañas de publicidad del departamento (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) ha repercutido en el análisis de valoración de las propuestas'». El argumento, enfatiza el informe, «pone en evidencia» que el «principal retraso» en la tramitación del expediente fue causado por la «tardanza» en emitir el informe, «tardanza imputable a las deficiencias organizativas de los órganos centrales del Ministerio de Trabajo».«Resulta sorprendente y paradójico», se escandaliza el auditor, que «tal cúmulo de deficiencias», que acabaron costando los 480.810 euros, más 11.236 de la publicidad del segundo concurso declarado desierto, «pretenda justificarse insólitamente» con que el «coste beneficio que se obtendría con la realización [de la campaña] en este periodo estaría muy descompensado», «sin olvidar que en su ejecución se estarían utilizando fondos públicos»(*) Publicado en la edición digital Levante. 26.12.04
El Tribunal de Cuentas denuncia el uso partidista de la publicidad de Trabajo en la etapa de Zaplana
Un anteproyecto del Tribunal de Cuentas, pendiente de alegaciones, denuncia que las campañas publicitarias sobre revalorización de pensiones promovidas por el Ministerio de Trabajo bajo mandato de Eduardo Zaplana, actual portavoz parlamentario del PP, sólo persiguieron "mejorar la imagen gubernamental", con " solapamiento indebido y previsible con la campaña electoral" del 14 de marzo de este año. Esta actuación, según el informe, podría suponer, al margen de su irregular contratación, una "desviación de poder" y una malversación, al haberse destinado fondos públicos a una finalidad distinta de la permitida por el ordenamiento jurídico: la mera publicidad institucional.
El Tribunal de Cuentas, tras analizar las campañas publicitarias de los principales organismos de Trabajo de 2002 a 2004 -42,8 millones de euros, en su mayoría adjudicadas bajo mandato de Zaplana, nombrado ministro en julio de 2002-, ve irregularidades en gran número de ellas, pero focaliza las más graves en las de revalorización de pensiones.
El informe denuncia que "una parte relevante de la publicidad institucional analizada en este informe ha sido realizada (directamente o mediante subcontratación) por empresas pertenecientes a un determinado grupo" al que pertenece también la empresa que realizó las campañas del PP en las elecciones autonómicas de 2003 en Canarias, Baleares, Madrid y Comunidad Valenciana, lo que supone, advierte, un riesgo de "confusiones no deseables". La factura publicitaria de Trabajo pasó de 931.000 euros en 2002 a 16 millones en 2003 y 22,8 millones en el primer cuatrimestre de 2004.
El informe desgrana abundantes irregularidades en la contratación y ejecución de la campaña publicitaria sobre revalorización de pensiones de 2003. No debió ser adjudicada a dedo (negociado) y por urgencia, porque la subida era previsible, y lo prueba que la notificación por correo a cada pensionista, la única obligada por ley, fue contratada en noviembre de 2002 y por concurso.
No era necesaria, además, porque cuando se inició la campaña publicitaria, 15 de enero de 2003, "ya habían sido distribuidas las notificaciones individuales a gran parte de los pensionistas, pues en el expediente consta que el 23 de enero ya habían sido enviadas todas". La campaña publicitaria sobre pensiones, que el antecesor popular de Zaplana, Juan Carlos Aparicio, nunca utilizó, costó 7,2 millones, y la postal, sólo 600.000 euros. El informe destaca que no se respetó el plazo mínimo de cuatro días para presentación de ofertas tras cursarse las invitaciones.
Con tan "inusual" brevedad de plazos, "resultaría determinante la ventaja que habría tenido cualquier empresa que, hipotéticamente, hubiera podido conocer de antemano, por pequeña que hubiese sido la diferencia de tiempo, la voluntad de celebrar este contrato". Asimismo, se censura que Trabajo impusiera "un número mínimo de inserciones publicitarias que debían tener lugar en determinados medios de comunicación, sin que semejante determinación estuviera basada en criterios técnicos".
El anteproyecto denuncia que el mensaje real de la campaña, "según la documentación obrante en el contrato", no era tanto informar a pensionistas como plasmar el mensaje de que la Seguridad Social "está en manos de buenos gestores que avalan su actuación con datos objetivamente positivos". En suma, "proyectar a la sociedad en general una imagen institucional favorable, de clara mejora con respecto del periodo de gobierno inmediatamente anterior a 1996".
Este mensaje subliminal bajo el difundido dicho y hecho se evidencia, para el auditor, por un documento aportado al equipo de Zaplana por la adjudicataria -Carat, presidida por el ex portavoz popular del Gobierno Miguel Ángel Rodríguez-, que detalla el leit motiv de la campaña: "contraponer el 'ahora' con la política del anterior Ejecutivo (PSOE)" El "antes" es pintado así: "El miedo (gestión del PSOE): crisis de la Seguridad Social, planes privados como única alternativa, percepción de desamparo, recibir una carta oficial puede ser una notificación de retirada de pensión". El "ahora" se traza así: "La seguridad (gestión PP), superávit de la Seguridad Social, respaldo de fondo de reserva, seguridad de la inversión, pensiones garantizadas".
"Las señaladas actuaciones, que afectan negativamente a los principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y respeto al pluralismo político, tienen como inevitable consecuencia que los órganos y los titulares de los mismos que intervinieron en el procedimiento de contratación habrían podido haber incurrido en desviación de poder", al haber ejercido las potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. "Consiguientemente, los fondos públicos destinados a la financiación de la campaña de 2003, cuyos objetivos reales se han demostrado tan alejados del objeto del contrato, habrían cumplido una finalidad distinta de la permitida por el ordenamiento jurídico, que es la publicidad institucional". Esto, según el informe, podría dar lugar a una presunta malversación. "Todo ello, unido a las numerosas irregularidades detectadas en el procedimiento de contratación, podría dar lugar a la exigencia de las responsabilidades que resulten procedentes, a cuyos efectos, cuando, en su caso se proceda por el Pleno del Tribunal a su aprobación, se remitirán los hechos anteriormente descritos a la sección de Enjuiciamiento, sin perjuicio de su conocimiento por el fiscal".
(*) Publicado en la edición digital de El País. 20.12.04
Zaplana siguió contratando campañas de publicidad después de que el PP perdiera las elecciones
EL SUSODICHO AMIGO SE DIRIGE A LOS PPOPULARES
En su etapa como ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana otorgó contratos a empresarios afines al PP valenciano, días después de perder las elecciones y cuando ya se encontraba como ministro en funciones. El Tribunal de Cuentas se refiere en su informe al contrato de casi un millón de euros que recibió TRIVISION. Esta empresa esta dirigida por Francisco Grau, un periodista conocido por sus buenas relaciones con el PP y por ser el animador del mitin de Aznar en el estadio de Mestalla
El Tribunal de Cuentas relata en su informe provisional como esta empresa consiguió el contrato del Ministerio de Trabajo prácticamente en solitario, porque sólo se presentaron tres empresas, y el Ministerio determinó que las otras dos no cumplían las condiciones exigidas. Los funcionarios del Tribunal hablan, concretamente, de "adjudicación sin competencia" y cuestionan, además, la necesidad misma de la contratación.
Trabajo adjudica este contrato de publicidad, por un importe de 844.000 euros, el 24 de Marzo, con el ministro en funciones. Se formaliza casi un mes después, el 23 de Abril, cuando Zaplana ya había dejado el cargo, aunque seguía como director del IMSERSO, el organismo al que corresponde, Antonio Lis, un destacado dirigente del PP valenciano y antiguo hombre de confianza de Zaplana. El Gobierno del PSOE anuló el contrato un mes después.
El fundador de la empresa beneficiada por este contrato es Francisco Grau, famoso sobre todo por ser el presentador del mitin de Aznar en Mestalla y conocido en los ambientes políticos valencianos por sus magníficas relaciones con el poder popular. Entre sus clientes habituales están la Generalitat y el Ayuntamiento –ambos gobernados por el PP-, y ahora la organización de la Copa América, que ha encomendado a su productora buena parte de la comunicación y los eventos previstos hasta el 2007.
El Tribunal de Cuentas ya reprochaba en el mismo informe que la empresa de Grau hubiera recibido un contrato anterior del Ministerio de Zaplana, a pesar de presentar una de las ofertas más caras, y por un importe similiar, más de ochocientos mil euros
(*) Publicado en la edición digital la Cadena Ser. 29.12.04
Zaplana anuló una campaña para luchar contra el fraude social cuyo diseño costó 480.810 euros
El Ministerio de Trabajo de Eduardo Zaplana desistió de la realización de una campaña publicitaria para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y las ventajas que conlleva la afiliación de los trabajadores pese a que previamente se había adjudicado el contrato para su diseño -por 480.810 euros, 80 millones de pesetas-, un gasto que resultó «completamente inútil», según denuncia el anteproyecto de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las campañas del citado departamento desde 2002 hasta el primer cuatrimestre de 2004.
La gestión previa de esta contratación correspondió al antecesor de Zaplana en el ministerio, Juan Carlos Aparicio, ya que el ex presidente de la Generalitat accedió al cargo el 9 de julio de 2002.
El órgano auditor del Estado es muy duro en su informe preliminar -sujeto a modificaciones, después de que los ex responsables del PP presenten sus alegaciones- al reprochar el «fraccionamiento del objeto del contrato», algo «prohibido» por el artículo 68 de la ley de Contratos. Así, la Tesorería General de la Seguridad Social convocó el 25 de abril de 2002, en la etapa aún de Aparicio, el «diseño y producción» de la mencionada campaña para luchar contra el fraude social y el 3 de julio, la compra de medios. El presupuesto inicial de la campaña era de 5.385.000 euros. La dotación se incrementó en otros 2.104.000 euros sin más explicación que la de que se había anulado otra campaña destinada a empresarios y profesionales para darles a conocer los nuevos servicios y gestiones incorporados al portal de la TGSS. En total, el presupuesto definitivo fue de 7.970.000 euros (1.326 millones de pesetas).
El 6 de agosto de 2002, casi un mes después del nombramiento de Zaplana, se adjudicó el primero de los contratos, por 480.810 euros. Sin embargo, la Tesorería de la Seguridad Social no expidió el documento contable de reconocimiento de la obligación hasta el 31 de diciembre y no efectuó la propuesta de pago hasta el 10 de abril de 2003, «demorando el pago efectivo hasta el 21 de mayo sin abonar intereses de demora».
El segundo contrato, tramitado por urgencia como el anterior y que debía materializar la publicidad diseñada, se declaró desierto. Y eso que se presentaron 11 ofertas. El 20 de agosto la mesa de contratación las sometió a informe de valoración. Sólo lo emitió la Subdirección General de Información Administrativa, un hecho que, según el Tribunal, evidencia «la pérdida de autonomía de la Tesorería General de la Seguridad Social frente a los órganos centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales».El dictamen se sustanció con «notorio retraso», el 20 de noviembre de 2002, remitiéndose a la TGSS el 12 de noviembre. Aunque lo más grave es el contenido, en el que «sin entrar a valorar las ofertas, se proponía 'la realización de esta campaña en otro momento'». La recomendación se fundamentó en tres puntos. El primero, que las ofertas estaban pensadas para spots y cuñas de radio de 20 segundos, cuando la creatividad adjudicada exigía anuncios de 25 segundos. En segundo lugar, que el «periodo disponible» para la emisión de la publicidad era «coincidente con las campañas de navidad de los productos de consumo», algo que «resulta poco aconsejable desde el punto de vista de las estrategias de comunicación».
Y tercero, «que el cambio de 'algunos de los equipos de dirección que están obligados a participar en la ejecución de las campañas de publicidad del departamento (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) ha repercutido en el análisis de valoración de las propuestas'». El argumento, enfatiza el informe, «pone en evidencia» que el «principal retraso» en la tramitación del expediente fue causado por la «tardanza» en emitir el informe, «tardanza imputable a las deficiencias organizativas de los órganos centrales del Ministerio de Trabajo».«Resulta sorprendente y paradójico», se escandaliza el auditor, que «tal cúmulo de deficiencias», que acabaron costando los 480.810 euros, más 11.236 de la publicidad del segundo concurso declarado desierto, «pretenda justificarse insólitamente» con que el «coste beneficio que se obtendría con la realización [de la campaña] en este periodo estaría muy descompensado», «sin olvidar que en su ejecución se estarían utilizando fondos públicos»(*) Publicado en la edición digital Levante. 26.12.04
El Tribunal de Cuentas propone un nuevo delito electoral a raíz de las campañas de Zaplana (1)
Remite a la Sección de Enjuiciamiento la publicidad de la paga única a los jubilados en la antesala del 14-M. Considera que en este caso pudo haber un «menoscabo innecesario, y previsible, de caudales públicos»
La auditoría definitiva del Tribunal de Cuentas sobre las campañas de publicidad del Ministerio de Trabajo, en su mayoría en la etapa de Zaplana, desgrana todo un cúmulo de irregularidades y llega a proponer que se modifique la ley para tipificar un nuevo delito electoral en los supuestos de «flagrante desobediencia» de los acuerdos de las juntas electorales. De un caso pide la remisión a la Sección de Enjuiciamiento al entender que pudo haber «menoscabo innecesario de caudales públicos».
La fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las campañas de los organismos del Ministerio de Trabajo en 2002, 2003 y primer cuatrimestre de 2004, en su mayoría bajo el mandato de Eduardo Zaplana, constituye una retahíla de irregularidades y un ejemplo de utilización del presupuesto con fines partidistas y al margen de la ley de contratos. El organismo aprobó el 16 de marzo la auditoría, que quedó pendiente de correcciones: la eliminación de las referencias expresas a posible malversación de fondos y desviación de poder. Pero el documento final, al que ayer accedió este periódico, resulta demoledor. Mientras el fiscal del Tribunal de Cuentas, como informó Levante-EMV, y el abogado del Estado estudian pedir la remisión de los hechos a la Fiscalía Anticorrupción, el informe definitivo decide el envío de uno de los expedientes a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas «para la determinación de eventuales responsabilidades».
Se trata de la campaña de publicidad sobre el abono en 2004 de una paga única a los pensionistas para compensarles la diferencia entre el IPC que se les aplicó en 2003 y el real. El asunto es acreedor de las anomalías más graves, junto con la misma actuación referida a 2003, el Plan Global de Comunicación y una campaña contra el fraude a la Seguridad Social.
- Campaña sobre la revalorización de las pensiones en 2004. Con el lema «Un año más cumplimos», al que se añadió posteriormente «Lo nuestro son las personas», lo adjudicó el INSS por 7,2 millones a Overmarketing, siendo secretario de Estado de la Seguridad Social Fernando Castelló, ex conseller de Industria. La publicidad tenía que difundirse del 11 al 25 de enero de 2004, en cumplimiento de las indicaciones «verbales» del INSS a la empresa, «con la participación del Gabinete de Comunicación del Ministerio de Trabajo». Y ello pese a que Zaplana, como portavoz del Gobierno, informó el 9 de enero del inicio el 20 del periodo electoral de los comicios del 14-M. La Junta Electoral Central suspendió la campaña el 20, por lo que hubo que indemnizar a la firma con 210.985,22 euros, el 10% de la parte no emitida. El INSS, igualmente con «la participación del Gabinete de Comunicación del Ministerio de Trabajo» y tras el anuncio de las elecciones, realizó tres modificaciones al contrato, ninguna para evitar el solapamiento con el periodo electoral. La última, el 16 de enero, «cuando ya era conocida la existencia de denuncias ante la Junta Electoral para que suspendiera ésta y otras campañas», sirvió para reducir anuncios en televisión sustituyéndolos por publicidad en revistas y suplementos dominicales.
Con ello, se extendió el conocimiento más allá del día 20, «precisamente lo que la Junta Electoral Central trató de evitar mediante la referida suspensión, que quedó así defraudada».
Por ello el Tribunal considera «conveniente que se promuevan las modificaciones legales oportunas tendentes a la tipificación, como un nuevo delito electoral de los previstos en el Capítulo VIII del Título I (artículos 135 y siguientes) de la ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general, de aquellos supuestos en los que tenga lugar una flagrante desobediencia de los acuerdos adoptados por las diversas Juntas Electorales en materia de publicidad institucional y para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos electorales». Esta recomendación no estaba en el anteproyecto de auditoría, que sólo recogía la aprobación de una ley de publicidad institucional para evitar su uso partidista. El Gobierno aprobó esta norma, con lo que el tribunal la da por cumplida.Sobre el pago a la empresa, concluye que «se ha podido producir un menoscabo innecesario y también previsible de los caudales públicos derivado del pago de una indemnización al contratista que podía y debía haberse evitado, por lo que se remitirán los hechos anteriormente descritos, junto con todos sus antecedentes documentales, a la Sección de Enjuiciamiento de este Tribunal de Cuentas, para la determinación de eventuales responsabilidades».
La responsabilidad contable implica que «el que por acción u omisión contraria a la ley originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados». En caso de seguir adelante, se abrirá un proceso enjuiciador con nombramiento de instructor y, de ser hallados culpables, tendrían que devolver el dinero gastado sin justificación.
- Campaña sobre la revalorización de las pensiones en 2003. Se desarrolló en enero, en la antesala de los comicios autonómicos y locales de 2003. Con el lema «Dicho y hecho», se adjudicó el 14 de enero a Carat (firma que dirigía Miguel Ángel Rodríguez, ex portavoz del Gobierno con Aznar) también por 7,2 millones, siendo el actual conseller de Economía, Gerardo Camps, secretario de Estado de la Seguridad Social. La campaña ni debió adjudicarse a dedo ni era necesaria. El organismo refleja que la finalidad de la publicidad, más que informar a los jubilados, fue la de ofrecer una imagen favorable al Gobierno. Y revela un estudio «post test», elaborado por la empresa por encargo del ministerio, en el que se desvelan los verdaderos mensajes que quisieron trasmitirse, la contraposición del «miedo (gestión del PSOE) con la seguridad (gestión del PP). Concluye que las autoridades «podrían haber realizado una actuación irregular e ineficiente con una finalidad distinta de aquella para la que se diseñó inicialmente la campaña, incurriéndose en tal caso en un gasto no necesario».
- Plan Global de Comunicación. Se adjudicó por 22.244.000 euros a Publicis por el subsecretario del ministerio, aunque casi todo el dinero lo aportaron los organismos. De las 14 campañas previstas, sólo se realizaron 3, que se difundieron entre finales de diciembre de 2003 y el 20 de enero de 2004, en menos de un mes, con un desembolso de 15,7 millones.
Perdidas las elecciones, el ministerio encargó a una asesoría, Estudios Jurídicos y Procesales (bufete de los letrados del Congreso Entrena y Arnaldo), un informe sobre la «regularidad» en la tramitación del expediente. «Causa cuando menos extrañeza -reprocha el Tribunal- que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales haya requerido un informe de estas características a un despacho profesional privado, en lugar de hacerlo a la Abogacía General del Estado, cuando, además, en el propio dictamen se afirma que no se ha producido reclamación de ningún género por parte de alguno de los agentes que pudieran tener legitimación activa al respecto (y cuando la mayor parte de los efectos jurídicos del contrato, ya se habían producido)».«Si a posteriori se suscitaron dudas sobre la legalidad del Convenio debieron someterse a la Asesoría Jurídica del propio Ministerio, lo que cuestiona la necesidad del gasto público que produjo este contrato con el despacho de abogados».Un «gasto inútil» de 492.000 euros
El informe definitivo del Tribunal de Cuentas censura la gestión de la campaña contra el fraude social a cargo de la Tesorería General de la Seguridad Social. La actuación, considerada por el predecesor de Zaplana, Juan Carlos Aparicio, como la «más importante del año» [2002], acabó no realizándose bajo el mandato del actual portavoz del PP en el Congreso. La anulación «por sus múltiples deficiencias de planificación y organización produjo un gasto inútil para el erario público de 492.046,19 euros».
Comienza reprochando el fraccionamiento de la campaña en dos contratos, uno para la creatividad y otro para el plan de medios, este último de 7,5 millones. Los expedientes se iniciaron el 1 de abril de 2002. El primer contrato fue convocado el 25 de abril y el segundo el 3 de julio, seis días antes de la toma de posesión de Zaplana. Bajo mandato de éste, en agosto se adjudica la creatividad por 480.810 euros. Pues bien, hasta el 26 de noviembre de 2002 la Subdirección General de Información Administrativa del ministerio no emitió informe valorando las ofertas. Y lo fue para proponer que la campaña se realizara «en otro momento». Argumentaba además que mientras la creatividad preveía anuncios de 25 segundos, las licitadoras trabajaron sobre 20. Por último reconoce que en el retraso en el análisis de las ofertas influyó el cambio en los equipos directivos (el relevo de Aparicio por Zaplana). A la vista del informe preliminar, el fiscal del Tribunal de Cuentas estudió remitir los hechos a la Sección de Enjuiciamiento al objeto de determinar si hubo responsabilidad contableLa publicidad antes de la huelga general y las autonómicas pudo vulnerar la Constitución
El órgano fiscalizador asegura en su auditoría que en dos contratos del Imserso y uno del INEM, ambos dependientes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, los organismos «prescindieron total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», por lo que se «pudo incurrir en causa de nulidad de pleno derecho», y va más lejos al denunciar que en dos de estos casos el departamento pudo además conculcar el principio de objetividad consagrado por el artículo 103 de la Constitución
Y ello porque se desarrollaron en periodos clave para la ciudadanía, como la huelga general del 20 de junio de 2002 y la antesala de las elecciones autonómicas y municipales de 2003.
Las contrataciones cuestionadas son, por parte del Imserso, la «campaña de información a personas mayores a través de la creación, producción y difusión de un reportaje publicitario» en el número de abril de 2003 (en puertas de los comicios de mayo de ese año) de una revista dirigida a las personas mayores y la «inserción publicitaria, en el número especial del centenario (1903-2003) de un periódico de tirada nacional, de la campaña sobre el año europeo de las personas con discapacidad», que salió en uno de los números especiales, distribuidos el 30 de marzo y el 6 de abril de 2003. Por ellas se pagaron 54.000 y 28.000 euros, respectivamente. En ese momento Zaplana era ministro, mientras el director del Imserso era Antonio Lis, actual responsable de la Agencia Valenciana de Inversiones del Consell. En cuanto al INEM, se trata de la «campaña para informar sobre las medidas de protección al desempleo y mejora de la ocupabilidad establecidas mediante el real decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo», el denominado decretazo, por la que se pagaron 931.000 euros. La difusión, a través de la radio, abarcó del 7 al 22 de junio de 2002, coincidiendo con la huelga general del 20-J convocada por los sindicatos para mostrar su oposición a esa reforma laboral. El ministro era Juan Carlos Aparicio.El tribunal denuncia que los contratos «se ejecutaron con anterioridad a la realización de numerosos trámites esenciales del procedimiento, entre ellos la propia adjudicación y formalización de los contratos, lo que puede calificarse incluso como contratación verbal, expresamente prohibida, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia, por el artículo 55» de la ley de contratos del Estado. En el caso de la revista de mayores, el reportaje «debía incluir una serie de artículos» con «titulares» como «Plan integral de apoyo a la familia, las familias con mayores a su cargo recibirán ayudas»«Pensiones, las mínimas y las de viudedad, son las que más suben».
No se informó de que era publicidad
El informe subraya que «en los artículos contratados y publicados no se hace mención alguna a su carácter de publicidad pagada», lo que supone el «incumplimiento» de la ley general de publicidad. El «conjunto de irregularidades observadas en estas contrataciones» del Imserso y del INEM, asevera, «no puede dejar de ponerse en relación con el hecho de que la difusión de las campañas publicitarias realizadas a través de estos contratos coincidió con los periodos inmediatamente anteriores a fechas de gran trascendencia ciudadana, como fueron aquellas en las que tuvieron lugar la celebración de las elecciones municipales y autonómicas de mayo del año 2003», en el caso del contrato del Imserso del reportaje publicitario, «y la celebración de la jornada de huelga general de 20 de junio de 2002», en el del INEM. Por ello, concluye que «con independencia del quebrantamiento legal puesto de manifiesto, pudo conculcar, al menos en estos casos concretos, la neutralidad de las Administraciones públicas que exige el principio de objetividad en el servicio de los intereses generales consagrado por el artículo 103 de la Constitución».La «intervención» del ministerio
La auditoría deja muy pocas dudas sobre la influencia del ministerio en las contrataciones de los organismos que, formalmente, gozan de cierta autonomía. «El Tribunal de Cuentas -subraya- ha constatado en la contratación fiscalizada la creciente intervención de los órganos centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en las campañas publicitarias llevadas a cabo por las entidades y organismos, así como en la toma de decisiones de estas entidades y organismos respecto de dichas campañas». Esta influencia, añade, se manifiesta en que el ministerio «tomó la iniciativa del procedimiento de contratación» de las campañas, y en la «intervención» del departamento en el diseño de las campañas de estas entidades y en la valoración de las ofertas previa a la adjudicación por las entidades. Los órganos centrales del ministerio «han sustituido el ejercicio de las funciones propias» de las entidades en esta materia, lo que supone un «recorte» en este punto de la «autonomía que caracteriza a estos organismos».
Publicado en www.levante-emv.com 08 .04.06
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