RAMÓN LUÍS VALCÁRCEL SISO " EL OPTIMIZADOR " Y EL CASO DESALADORA ESCOMBRERAS
LAS NOTICIAS
La jueza sienta en el banquillo al expresidente de la Región de Murcia Ramón Luis ValcárcelPROCESAN A CERDÁ Y OTRAS 16 PERSONAS POR FRAUDE Y MALVERSACIÓN EN EL CASO DESALADORA
VALCÁRCEL DECLARARÁ COMO INVESTIGADO POR EL CASO DESALADORA EL 16 DE MARZO
EL SUPREMO ORDENA AL TRIBUNAL DE CUENTAS REABRIR EL CASO DESALADORA
EL JUZGADO QUE INVESTIGA A VALCÁRCEL INCORPORA A LA COMUNIDAD COMO RESPONSABLE CIVIL SUBSIDIARIA DE LA DESALADORA
UNA JUEZ YA INVESTIGA A VALCÁRCEL POR UN PRESUNTO FRAUDE EN LA DESALADORA
LA FISCALÍA DENUNCIA A VALCÁRCEL POR HASTA CUATRO PRESUNTOS DELITOS CON LA DESALADORA
La jueza sienta en el banquillo al expresidente de la Región de Murcia Ramón Luis Valcárcel
El fiscal pide penas de 11 años de prisión para el presidente de honor del PP murciano por las supuestas irregularidades en la construcción y gestión de una desaladora en Cartagena
El expresidente de la Región de Murcia Ramón Luis Valcárcel, actual presidente de honor del PP autonómico, se sentará en el banquillo acusado de presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude por su gestión en la construcción y rescate de una planta desaladora de agua en 2006, por los que el fiscal pide para él penas que suman 11 años de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y otros 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Así lo recoge el auto que ha emitido a titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, que le reclama además una fianza de más de 74,19 millones de euros para hacer frente al supuesto perjuicio económico que sufrieron las arcas públicas de la comunidad autónoma con la construcción de la planta. Si Valcárcel no deposita la fianza, dice la jueza, debe decretarse “el embargo de sus bienes”.
Esa cantidad es el sobrecoste que calcula la fiscalía que se produjo por la forma en la que se gestionó la construcción y posterior compra de la planta, que se ubica en el Valle de Escombreras, en Cartagena, por parte de la comunidad autónoma. La planta se construyó bajo una fórmula de colaboración público-privada. La parte pública estaba representada por el Ente Público del Agua, creado para este fin, y la privada, por un conglomerado de empresas locales que se denominó Hydromanagemet y por compañías del Grupo ACS. Estaba previsto que la construcción se autofinanciara con los beneficios de su funcionamiento, pero en 2011 la comunidad autónoma se vio obligada a asumir un rescate cifrado en 600 millones de euros.
La planta se había inaugurado cuatro años antes, en 2007, aunque no empezó a funcionar hasta 2009 y siempre de manera casi testimonial, infrautilizada. Para la fiscalía, es evidente que Valcárcel no solo conocía todos los pormenores de este proyecto, que se presentó como un empeño personal suyo, sino que considera que el plan de adquisición por parte de la administración regional estaba orquestado de antemano. El que fuera también vicepresidente del Parlamento Europeo será el segundo presidente de Murcia en ir a juicio en los últimos meses. El también expresidente Pedro Antonio Sánchez fue condenado a tres años de cárcel y 17 de inhabilitación a principios de marzo por su gestión en la construcción de un auditorio cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. En el caso de Valcárcel, este juicio es una pieza separada de otro procedimiento abierto en 2015, y se conoce popularmente como “La Sal II” o “Desaladora II”.
Las diligencias fueron archivadas en enero de 2021, pero el fiscal recurrió el archivo y la Audiencia Provincial de Murcia ordenó que se reabrieran las investigaciones en marzo de 2022. El fiscal incide en su acusación en que la comunidad autónoma, bajo la presidencia de Valcárcel, adquirió esta desaladora “con enormes sobrecostes por la ilícita operativa y la autorización de convenios de supuestos suministros de agua a los Ayuntamientos”. La planta preveía dar agua a desarrollos urbanísticos gestados al calor del “boom” del ladrillo para no tener así que solicitar los correspondientes permisos de disponibilidad de agua a la Confederación Hidrográfica del Segura.
Según el fiscal, la parte pública compró acciones de la planta “desligando a la parte privada de la ruina del proyecto”. La acusación popular amplía las penas que pide el fiscal y solicita 15 años de prisión por los delitos de fraude y malversación y 15 de inhabilitación, además de una multa al séxtuple del dinero defraudado.
PROCESAN A CERDÁ Y OTRAS 16 PERSONAS POR FRAUDE Y MALVERSACIÓN EN EL CASO DESALADORA
La magistrada aprecia indicios de prevaricación y malversación en el proyecto de la planta desalinizadora de Escombreras
Procesan a Cerdá y otras 16 personas por fraude y malversación en el caso Desaladora
La magistrada del juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, en un auto notificado este miércoles, ha acordado continuar con el procedimiento contra 17 de los 20 investigados en las diligencias abiertas tras la denuncia de irregularidades en el proyecto de la planta desalinizadora de Escombreras, actuaciones conocidas como caso La Sal o Desaladora.
En la misma resolución también se ordena que continúe el procedimiento contra las mercantiles Hydromanagement, Tedagua, Cobra Instalaciones y Servicios SA, Moncobra SA, Cobra Gestión de Infraestructuras SLU, Hidronostrum SA y Desaladora de Escombreras (estas dos últimas a través de ESAMUR) como posibles responsables civiles subsidiarios, además de la Comunidad, en la doble condición de perjudicada y responsable civil subsidiaria.
La investigación se centra en los miembros del consejo de administración del Ente Público del Agua y la Empresa Pública de la Desaladora de Escombreras, entre ellos el exconsejero de Agricultura y Agua y presidente del Ente, Antonio Cerdá, en lo que la resolución denomina parte pública; y los administradores o representantes de la mercantil Hidromanagemet y de la empresa Técnicas de Desalinización de Aguas (Tedagua), o parte privada
El procedimiento se inició en abril de 2016, aunque las actuaciones permanecieron secretas "para no perjudicar el resultado de la investigación" hasta enero de 2018. En esa fecha, y tras la práctica de numerosos registros la Brigada Central de Investigación y de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional presenta el informe y aporta la documentación intervenida, clasificada en 60 documentos.
La instructora, tras practicar numerosas diligencias, recabar informes periciales, tomar declaración a los investigados, oír a los testigos, y requerir diversa documentación en orden a determinar la naturaleza de los hechos y el grado de participación de los investigados ordena la continuación del proceso por los trámites del procedimiento abreviado, por si los hechos investigados fueren constitutivos de delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos/administración desleal, fraude/fraude de subvenciones y falsedad.
Quebranto económico para la región de Murcia
La instructora sistematiza en 10 epígrafes la cronología de la creación del Ente Público del Agua; la gestación del proyecto de construcción de una desaladora hasta la constitución de la mercantil privada Desaladora SA; los tres contratos principales: de construcción (primero), y arrendamiento de planta (con Hidromanagement) y de operaciones y mantenimiento (con Tedagua); y la fórmula utilizada por el Ente Público para adquirir gradualmente Desaladora SA a través de la empresa pública Hidronostrum.
Así como el quebranto económico que supuso de forma anual para la Región de Murcia el funcionamiento del EPA y sus mercantiles "instrumentales"; la situación económica del cumplimiento o ejecución de los convenios; la responsabilidad contable; la intervención de socios fundadores de Hydromanagement; el contrato para la defensa legal de Desaladora SAU y, por último, el valor de la desaladora y el perjuicio económico global (al margen de las competencias del Tribunal de Cuentas).
En este último punto, el auto recoge que, en la documentación aportada por las partes, se llega a cifrar el valor de la desaladora, más las infraestructuras asociadas, en 175 millones; y, por otro lado, la resolución contractual, con referencia temporal en junio de 2012, se fijaba en una cantidad que superaba los 600 millones de euros.
Lo expuesto, según la resolución, se deriva del análisis de la documentación (unas veces en documentos físicos y otras en soporte digital) hallados en los registros efectuados tras autorización judicial a la sede social y las oficinas en la propia planta en la dársena de la mercantil Desaladora de Escombreras, las dependencias del Ente Público del Agua, un despacho profesional y en la sede social de Hidromanagement.
Además, el auto hace referencia a las distintas actas de Consejos de administración, el Consejo de Gobierno y las Juntas de las sociedades afectadas, así como los convenios suscritos con los Ayuntamientos.
Igual papel relevante se otorga a los informes de la Intervención General, de la División de Intervención y Fiscalización, de los Servicios Jurídicos de la Comunidad y al informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UDEF-BLA) del Cuerpo Nacional de Policía.
Todas ellas, según subraya la resolución, diligencias acordadas en el plazo de 6 meses que para la instrucción ordinaria establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
"La diversa e ingente documental aportada dejaba constancia de la cronología real de los contratos suscritos entre la parte pública y privada y la aparentada", resalta la resolución. Y señala los informes de un despacho de abogados como reveladores del "intento de la parte pública, en connivencia con la privada de evitar la aplicación de la normativa aplicable a la contratación pública, fechando contratos, extendiendo actas según el plan de actuación previamente concebido".
Las auditorias de cuentas, las reclamaciones judiciales, las subvenciones, las aportaciones de capital de los socios y las procedentes del Fondo de Liquidez Económico o plan de pago a proveedores, entre otros, "eran indiciarios del quebranto económico para las arcas públicas, del exceso de autoridad desplegado en el sector público y de la discordancia entre la información/contabilidad económica facilitada y la reflejada".
Por último, el auto decreta el archivo provisional de las actuaciones respecto de tres investigados, socios minoritarios de Hidromanagement, en un caso, porque no "constaba que el mismo interviniera en los hechos objeto de enjuiciamiento con capacidad funcional" y por la dimisión o renuncia a formar parte del consejo de administración, en los otros.
Tras esta resolución, el Ministerio Fiscal y las demás acusaciones personadas tienen 30 días, "dada la extensión y complejidad de los autos", para formular escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o solicitar el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que, excepcionalmente, puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias, concluye la parte dispositiva del auto.
El auto no es firme y contra el cabe recurso de reforma ante el mismo órgano que lo dictó y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial.
https://www.orm.es/informativos/noticias-2020/la-juez-ordena-que-continue-el-procedimiento-contra-17-investigados-y-8-empresas-en-el-caso-desaladora/
VALCÁRCEL DECLARARÁ COMO INVESTIGADO POR EL CASO DESALADORA EL 16 DE MARZO
Se le atribuyen los supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, así como de fraude y fraude de subvenciones
El expresidente de la Comunidad de Murcia y exvicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, ha sido citado a declarar como investigado el próximo 16 de marzo en el caso de la desaladora de Escombreras (Cartagena) por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, han informado fuentes próximas a la causa.
La citación es consecuencia de la denuncia que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia presentó el pasado julio y en el que se le atribuyen también los supuestos delitos de fraude y fraude de subvenciones.
La acusación estatal sostiene en su denuncia que el exmandatario regional no pudo ser ajeno a las gestiones llevadas a cabo por el Ente Público del Agua (EPA) para asumir las obras de la desalinizadora a través de un contrato que considera muy perjudicial para las arcas públicas.
Según la Fiscalía, por medio de este contrato la Administración regional se comprometía a abonar 600 millones de euros durante el plazo de 25 años por la producción de agua desalinizada, incluso aunque no se hubieran obtenido los recursos hídricos previstos.
La providencia por la que se llama a declarar a Valcárcel indica que se le cita como investigado y que, por tanto, deberá ir acompañado de su letrado.
El expresidente Valcárcel ya recibió hace varias semanas un lápiz de memoria con el desarrollo de todas las actuaciones realizadas en otro juzgado de instrucción de Murcia en la causa principal abierta por esta misma desalinizadora, y en la que figuran como investigados, entre otros, el que fuera su consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá.
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/02/04/valcarcel-declarara-investigado-caso-desaladora/1088427.html
EL SUPREMO ORDENA AL TRIBUNAL DE CUENTAS REABRIR EL CASO DESALADORA
La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ordenado al Tribunal de Cuentas reabrir el caso de la desaladora de Escombreras. Anula el archivo de la causa que investiga un supuesto daño al erario público tras el recurso de la Fiscalía ya que la Comunidad Autónoma, pese a estar personada en la causa, no recurrió el archivo por parte del Tribunal de Cuentas que ahora revoca el Supremo.
El Tribunal de Cuentas archivó la causa al señalar que no había delito contable, ni que ex altos cargos de la Comunidad tuvieran que devolver el dinero. El Tribunal de Cuentas abrió diligencias tras recibir un duro informe de la Intervención de la Comunidad Autónoma. Llegó incluso a pedir la identidad de ex altos cargos del gobierno regional.
La sentencia del Supremo, fechada el 11 de febrero de 2020, considera “sorprendente” la decisión del órgano fiscalizador sobre la planta de Escombreras. Considera que había que esperar a conocer el sumario del caso La Sal antes de dar carpetazo a la investigación contable. Los magistrados del Supremo subrayan que el Tribunal de Cuentas varió de rumbo con la desaladora promovida pro el gobierno regional. Dicen literalmente que "hizo un cambio sustancial no justificado" pese a que estaba en juego un procedimiento de reintegro por alcance, ante la posible existencia de indicios de responsabilidad contable tal y como había destacado la Intervención General de la Comunidad Autónoma.
El Supremo ha ordenado retrotraer las actuaciones y ahora el fiscal y la Comunidad Autónoma tendrán que pronunciarse. Lo más probable es que la fiscalía, que recurrió el archivo, solicite la continuación del proceso. No se sabe qué hará la Comunidad Autónoma. El gobierno regional se remite a lo que dicten sus servicios jurídicos.
Un informe de la División de Intervención y Fiscalización de la Comunidad Autónoma del año 2015 apreció la existencia de indicios suficientes de responsabilidad contable, algunos en la modalidad de alcance de fondos públicos. Indicó que el Ente Público del Agua pudo haber incurrido en responsabilidades contables cuando dio el visto bueno a la compra de las acciones de la Desaladora de Escombreras entre los años 2006 y 2010, lo cual obligó a las arcas públicas a asumir unos compromisos financieros durante veinte años por las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento.
Los investigados en el caso La Sal basaban su defensa en el archivo contable ahora anulado. El caso la Sal de presunta corrupción se fue al traste tras meses de investigación porque la juez aceptó fuera de plazo la prórroga prevista en la Ley de Enjuiciamiento para causas complejas. No obstante, la Fiscalía logró, tras presentar una denuncia, que un juzgado abriese diligencias contra el ex presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, que está citado a declarar el próximo 16 de marzo investigado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, además de un delito de fraude y otro de fraude de subvenciones.
https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/audios-podcast/informativos/supremo-ordena-tribunal-cuentas-reabrir-caso-desaladora_202002245e53a4120cf29c0b0eefe8e2.html
EL JUZGADO QUE INVESTIGA A VALCÁRCEL INCORPORA A LA COMUNIDAD COMO RESPONSABLE CIVIL SUBSIDIARIA DE LA DESALADORA
La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, que investiga la supuesta responsabilidad penal del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel por la desaladora de Escombreras, ha acordado mantener la personación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como actor civil y traerla al proceso que investiga las irregularidades como responsable civil subsidiaria, «atendiendo a la integración del investigado en la administración regional a la fecha de ocurrencia de los hechos presuntos, a las funciones que legalmente tenía asignadas y a la naturaleza de los delitos imputados».
La misma resolución deniega la solicitud de que se considere a la Comunidad como sujeto activo de los delitos investigados recordando, tal como establece el Código Penal (actual 31 quinquies), que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no puede aplicarse al Estado o a las Administraciones públicas territoriales.
https://www.laverdad.es/murcia/mantienen-personacion-comunidad-20200305144458-nt.html
UNA JUEZ YA INVESTIGA A VALCÁRCEL POR UN PRESUNTO FRAUDE EN LA DESALADORA
Admite la denuncia de la Fiscalía por supuestos delitos de malversación con grave daño a las arcas públicas y prevaricación continuada
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, Ana Isabel Navarro Prieto, ha abierto diligencias penales contra el expresidente de la Comunidad Autónoma de Murcia Ramón Luis Valcárcel para investigar presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación continuada, fraude y fraude de subvenciones en el proceso de construcción y adquisición de la planta desalinizadora de Escombreras. Esta resolución sitúa por vez primera al antiguo jefe del Ejecutivo murciano en la línea de investigación de un tribunal penal, a resultas de la denuncia interpuesta el pasado julio por la Fiscalía Superior de la Región por los indicios de supuestos delitos encontrados durante la instrucción del llamado 'caso La Sal'.
La magistrada Navarro Prieto considera que existen suficientes apariencias de la comisión de posibles delitos como para incoar diligencias previas contra el expresidente popular. Sin embargo, será la Audiencia Provincial de Murcia la que finalmente decida si debe ser este juzgado quien coordine la investigación contra Valcárcel, ya que se ha planteado una cuestión de competencia tras las discrepancias surgidas con la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar. Ambas mantienen que no son competentes para asumir la investigación y que debe ser el otro juzgado el que instruya las diligencias, por lo que finalmente serán los magistrados de la Audiencia Provincial quienes tomen la última decisión al respecto.
Las principales decisiones sobre el proyecto de desalobración se adoptaron desde el Consejo de Gobierno
El hecho de que esté pendiente la resolución de la cuestión de competencia no impide a la juez Navarro Prieto realizar las averiguaciones y gestiones que considere oportunas. De hecho, ya ha pedido a todas las partes del proceso que se pronuncien acerca de si la causa debe ser declarada especialmente compleja, lo que permitiría prorrogar la investigación durante dieciocho meses. También ha pedido al Juzgado de Instrucción número 5 que le remita copia de todo lo actuado en el 'caso La Sal', con el fin de conocer el resultado de las diligencias practicadas en los últimos años sobre la desaladora de Escombreras.
Una cláusula muy llamativa
El denominado 'caso La Sal', en el que está encausado desde hace varios años el exconsejero Antonio Cerdá y del que ahora se derivan las imputaciones que la Fiscalía efectúa contra Valcárcel en su denuncia, se ha venido instruyendo hasta hace unos meses por parte de la juez del número 5, María del Mar Azuar, que ha tratado de establecer si se cometieron graves ilegalidades en todo el proceso de construcción de la desaladora de Escombreras, así como con el posterior arrendamiento y, finalmente, con la adquisición de la planta por parte de la Comunidad Autónoma.
En estas diligencias se investigan circunstancias tan llamativas como el hecho de que la Administración regional se comprometiera a abonar 600 millones de euros a los constructores de la planta, como canon por la producción de agua durante un periodo de 25 años, con la incorporación de una cláusula llamada 'take or pay' que garantizaba los pagos incluso en el caso de que no se generara una sola gota en esa planta.
La imputación de Valcárcel responde a que las resoluciones más trascendentes sobre ese proyecto, incluyendo la constitución del Ente Público del Agua (EPA), se adoptaron por el Consejo de Gobierno que él mismo presidía.
https://www.laverdad.es/murcia/juzgado-investiga-expresidente-20191029110151-nt.html
LA FISCALÍA DENUNCIA A VALCÁRCEL POR HASTA CUATRO PRESUNTOS DELITOS CON LA DESALADORA
Lo considera el impulsor último de la planta de Escombreras, que iba a costar 600 millones a las arcas públicas por 25 años de alquiler
El cierre traumático de las diligencias judiciales sobre la desaladora de Escombreras, provocado por la superación del plazo legal para agotar la investigación sin que la magistrada hubiera llegado a dictar un auto para prorrogar el asunto, no ha disuadido a la Fiscalía Superior de la Región en su voluntad de exigir responsabilidades penales a quien considera el último y principal artífice de ese controvertido proyecto: el expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel, del Partido Popular (PP). Fuentes de toda solvencia han confirmado a 'La Verdad' que desde el Ministerio Público se ha presentado ya una denuncia, ante los juzgados de Murcia, que se dirige exclusivamente contra el hombre que presidió la Comunidad Autónoma durante dos décadas y que, por vez primera, podría llegar a verse imputado si un juzgado ordena la incoación de un procedimiento penal.
La Fiscalía Superior, que lidera José Luis Díaz Manzanera, parte de la base de que el hecho de que se haya puesto término al llamado 'caso La Sal', que investiga una presunta malversación de 600 millones de euros en la construcción y en la posterior adquisición por la Comunidad Autónoma de la planta desalobradora de Escombreras, no impide que se pueda perseguir en unas nuevas diligencias a quienes todavía no habían sido objeto de una investigación formal en esa causa. Y este es el caso de Ramón Luis Valcárcel, que nunca llegó a ser señalado formalmente como sospechoso, pese a estar sobrevolando la causa desde el primer momento como presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma que aprobó buena parte de las grandes decisiones sobre ese proyecto. En tal circunstancia, la de no haber sido formalmente acusado, habría influido su anterior condición de eurodiputado y vicepresidente del Parlamento Europeo, pues ello le otorgaba un fuero especial que impedía que pudiera ser perseguido por un tribunal ordinario y dejaba esa potestad exclusivamente en manos del Tribunal Supremo. Perdida ahora el acta de parlamentario europeo, cualquier juzgado de Instrucción puede llamarlo a declarar en calidad de investigado si aprecia razones de peso para hacerlo.
Y eso es lo que se mantiene desde el Ministerio Público: que hay motivos sobrados para que se le encarte en unas nuevas diligencias y ofrezca explicaciones sobre las razones por las que impulsó la creación en 2005 del Ente Público del Agua (EPA), que más tarde ofreció cobertura a la adquisición de la desaladora de Escombreras en condiciones de apariencia tremendamente gravosa para las arcas públicas. No en vano, la Administración regional aceptó abonar 600 millones de euros por la producción de agua en el plazo de 25 años, con una cláusula llamada 'take or pay' que garantizaba los pagos incluso en el caso de que no se generara una sola gota en esa planta.
El cierre traumático de la investigación del 'caso La Sal' impidió imputar al exdirigente popular en esa causa
Todas esas decisiones y otras de gran calado sobre ese mismo proyecto se adoptaron en última estancia por el Consejo de Gobierno de la Comunidad, que presidía Ramón Luis Valcárcel. El ex alto cargo popular ha manifestado en su descargo, en una reciente entrevista concedida a Manuel Buitrago en 'La Verdad', que «el ente (EPA) lo creó la Asamblea Regional, y sin votos en contra. Florentino Pérez, el dueño de la desaladora, la ofreció por 150 millones, descontando lo que ya se había pagado. ¿Dónde están los 600 millones de los que se habla?». Y añadió que «en los consejos de administración de la desaladora todo se aprobada por unanimidad. Había un consejo de administración presidido por un consejero, con presencia de casi todos los secretarios y directores generales de las consejerías. Más el interventor general y el jefe de los servicios jurídicos. ¿Estaré yo tranquilo de que se hizo bien, si nunca hubo reparos? (...) El Consejo de Gobierno no tomaba parte. Llegaban los informes aprobados por unanimidad».
Varios presuntos delitos
Aunque la denuncia contra Valcárcel ha sido redactada por la fiscal María Isabel Neira, que es quien ha venido impulsando la acusación pública en el 'caso La Sal', iría firmada por el fiscal superior Díaz Manzanera, como suele hacerlo con todos los asuntos de especial trascendencia. Las fuentes mencionadas explican que se apunta a la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, fraude, prevaricación y falsedad documental, entre otros.
Los jueces discrepan de quién es la competencia sobre este asunto y ya son tres los que han rechazado asumirlo
Pero el trasiego de esta denuncia por los juzgados de la ciudad de Murcia está siendo ya tortuoso, cuando ni siquiera se han iniciado todavía las actuaciones. Y es que se presentó en un principio en la Juzgado de Instrucción número 5, por ser el que está llevando la causa original sobre la desaladora de Escombreras. Sin embargo, la juez María del Mar Azuar la rechazó al estimar que tenía que instruirse como una causa totalmente independiente.
La denuncia de la Fiscalía pasó así al Juzgado Decano, que por turno de reparto la envió al Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia. En esta ocasión, el magistrado titular de ese órgano, José Fernández Ayuso, consideró que el asunto tendría que haber entrado en el reparto como una causa de especial complejidad, y no como cualquier diligencia ordinaria, por lo que la devolvió al Decanato.
Cuestión de competencia
Un nuevo reparto, esta vez sí con los criterios que rigen para las causas complejas, envió el asunto al Juzgado de Instrucción número 1, pero su titular, Ana Isabel Navarro Prieto, acaba de aducir que los hechos están íntimamente ligados a los que viene investigando desde hace meses el Juzgado de Instrucción número 5, de manera que ha enviado de nuevo la denuncia a la juez Azuar para que asuma su competencia. Y de esta forma, de renuncia en renuncia, se ha completado el círculo vicioso sin que ningún juzgado haya asumido el asunto, por lo que todo apunta a que tendrá que ser la Audiencia Provincial la que acabe dirimiendo una más que previsible cuestión de competencia.
Una vía procesal sin explorar
La denuncia contra Ramón Luis Valcárcel presentada por la Fiscalía Superior abre una vía procesal todavía no explorada en la Región y, probablemente, tampoco en el resto de España. No en vano, de haber sido encartado por el 'caso La Sal', tendría que haber ocurrido en las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia. Pero como ello no es posible, ya que la ley impide que se siga investigando por haberse superado el plazo máximo establecido, la Fiscalía ha optado por tratar de impulsar un nuevo procedimiento, que en principio se dirigiría en exclusiva para el expresidente. A priori, ningún precepto legal impide que se persiga penalmente en otra causa a quien todavía no tenía la condición legal de investigado en el procedimiento ya concluido, pero sin duda no faltará quien aduzca que ello no es posible y que, si la investigación se ha cerrado, debe ser con todas las consecuencias. De otro lado, está por determinar si el nuevo asunto debe recaer en manos del mismo juzgado que llevaba la causa original o si debe tramitarse como novedoso a todos los efectos. Por el momento, los propios jueces no se ponen de acuerdo y tres ya han rechazado ser competentes.
https://www.laverdad.es/murcia/denuncia-fiscalia-inicia-20191004004513-ntvo.html
© Copyright. 1998 - 2023.www.losgenoveses.net. Ningún derecho reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones
( Página diseñada para ver con Explorer 9 o superior a 1024 x 768 píxeles )
