FEDERICO TRILLO FIGUEROA : TODO POR LA PATRIA, SL
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Una hija de Trillo, favorita para ser la número dos de Turismo en la embajada de su padre
UNA HIJA DE FEDERICO TRILLO OPTA A UNA PLAZA COMO CONSEJERA EN LONDRES A LAS ÓRDENES DE SU PADRE
EL PSOE QUIERE QUE LOS DIPUTADOS DETALLEN CON QUIÉN CONTRATAN
FEDERICO TRILLO, EL OTRO EMBAJADOR DEL PP EN EL PUNTO DE MIRA POR CORRUPCIÓNANTICORRUPCIÓN, APARTADA DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE TRILLO Y PUJALTE POR LA TRAMA EÓLICA
LA CONSTRUCTORA QUE PAGABA A TRILLO Y PUJALTE SE HACE DE ORO CON LA VENTA DE EOLIA
TRILLO ASESORÓ A UNA CONSTRUCTORA MIENTRAS SU HERMANO ERA EL NÚMERO DOS DE UN ORGANISMO PÚBLICO QUE LE FINANCIÓ PROYECTOS
COLLOSA ‘FICHÓ’ A TRILLO CUANDO SU HERMANO ERA ALTO CARGO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA Y LEÓN APROBÓ EN DÍAS HASTA 16 PARQUES EÓLICOS QUE PARÓ DURANTE AÑOSEL DESPACHO DE TRILLO FACTURÓ 4,55 MILLONES DESDE QUE EL PP DEJÓ EL PODER
LA ASESORÍA DE TRILLO INVESTIGADA POR HACIENDA FACTURÓ 100.000 EUROS AL PP EN PLENO 'CASO GÜRTEL'
EL PP DEFIENDE A PUJALTE Y APUESTA POR AMPLIAR LAS COMPATIBILIDADES DE LOS DIPUTADOS
NO ENCARGUÉ NINGUNA GESTIÓN A PUJALTE, PERO ME FUE MUY ÚTIL'
EL DIRECTIVO QUE FICHÓ A PUJALTE: “TIENE UNA VISIÓN PRIVILEGIADA DE LA ECONOMÍA”
PUJALTE INSISTE EN QUE SUS COBROS SON LEGALES, AUNQUE NO SEAN ÉTICOS
TRILLO ACUSA A ANTICORRUPCIÓN Y A HACIENDA DE FILTRAR EL COBRO
HACIENDA DESCUBRE EL PAGO DE 354.000 EUROS DE UNA CONSTRUCTORA A TRILLO
NUEVAS DECLARACIONES DE BIENES EXTRAPARLAMENTARIOS: VEA LAS ACCIONES DE TRILLO Y OTROS
LOS POPULARES JUSTIFICAN QUE TRILLO COBRARA POR COORDINAR LA DEFENSA DE GÜRTEL
EL PP PAGÓ 70.000 EUROS A TRILLO POR ASESORAR EN LA SOMBRA A IMPUTADOS
UN DESPACHO CON INFLUENCIAS
COSPEDAL CONFIRMA PAGOS AL BUFETE DE TRILLO
TRILLO ASESORA A UNA DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD MÁS BENEFICIADA EN LOS GOBIERNOS DEL PP
Una hija de Trillo, favorita para ser la número dos de Turismo en la embajada de su padre
María José Trillo-Figueroa gana la plaza en Londres por libre designación pese a que fuentes conocedoras del nombramiento habían asegurado que Turismo convocó un "concurso de méritos"
Técnico de Administración Civil y letrada del Consejo de Estado en excedencia, presentó su candidatura "el último día" para lograr la "reunificación" con su marido, directivo en la capital británica
María José Trillo-Figueroa Molinuevo, hija del exministro de Defensa del PP Federico Trillo, acaba de convertirse en la número dos de Turismo en la Embajada de Londres. Es decir, justamente la que gobierna su padre como embajador de España ante el Reino Unido.
Así lo han confirmado a infoLibre fuentes conocedoras de la designación, que depende de la Secretaría de Estado de Turismo. Según las citadas fuentes, la provisión de la plaza londinense se ha resuelto "por concurso abierto de méritos". Las fuentes no precisaron cuántos miembros del Cuerpo de Técnicos de Administración Civil (TAC), al que pertenece Trillo-Figueroa Molinuevo, han optado al puesto.
Pero en la mañana de este viernes, otras fuentes también conocedoras de lo sucedido han informado a este diario de que en realidad no ha existido tal concurso de méritos: la convocatoria de la plaza, publicada en el BOE del 30 de abril, detalla que su adjudicación estaba sujeta al sistema de "libre designación". InfoLibre lleva intentando desde el mediodía del jueves recabar la versión oficial de la Secretaría de Estado de Turismo sobre los criterios que han sustentado la elección de Trillo-Figueroa. Hasta ahora, ha resultado imposible.
La secretaria de Estado de Turismo es Isabel Borrego, esposa del exdiputado del PP Vicente Martínez Pujalte.
Además de la concordancia temporal de la noticia con el aniversario del accidente del Yak 42, la presencia de Isabel Borrego en el nuevo escenario administrativo de María José Trillo-Figueroa como cargo de la legación diplomática que dirige su padre introduce un segundo factor de coincidencia: el marido de Borrego, Vicente Martínez Pujalte, ahora investigado tras una denuncia de la Fiscalía, fue diputado por Murcia. Y de Murcia es Federico Trillo. Ambos se conocen de largo. De hecho, los negocios privados por los que está siendo investigado Pujalte comenzaron cuando heredó de Federico Trillo su primer cliente, la empresa castellano-leonesa Collosa.
Las fuentes consultadas este jueves por infoLibre destacaron en cambio que la nueva adjunta de Turismo posee un currículum brillante, que el proceso de designación ha sido transparente y que se presentó al concurso "el último día" buscando la "reunificación familiar": pero con su marido, directivo bancario en la capital británica, "no con su padre, que se marchará de la Embajada en verano".
Ese último vaticinio hace referencia a que el nuevo Ejecutivo que salga de las urnas –si sale– tendrá que nombrar nuevo embajador en Reino Unido. Y que difícilmente para ese destino –sostienen las fuentes– sería reelegido Trillo o cualquier otro que ya llevase allí cuatro años. Incluso si el PP consiguiera formar Gobierno.
Este jueves por la mañana la web especializada en turismo preferente.com desveló que la hija de Trillo, a la que ya definía como residente en Londres, optaba a la plaza. Técnico de Administración Civil (TAC) y letrada del Consejo de Estado en excedencia por cuidado de un bebé –explican las fuentes consultadas–, María José Trillo-Figueroa fue premio extraordinario de fin de carrera.
Hace un año, infoLibre ya desveló el malestar existente entre los funcionarios del Ministerio de Industria por la entonces reciente reforma legal que le permitía nombrar consejeros de Turismo en el exterior a personas afines sin necesidad de que tuvieran experiencia en el sector.
Este diario publicó la noticia el 30 de junio de 2016. Dos semanas antes, el 18 de junio, había depositado ante notario una lista con la filiación de 12 personas que, según la información recabada entonces, de antemano tenían garantizado su ascenso. El 30 de junio, la lista entregada al notario se confirmó punto por punto y letra por letra cuando el BOE publicó los nombramientos. Entre los nuevos designados figuraban el que había sido jefe de gabinete del entonces ya exministro José Ignacio Wert y otros cargos afines al PP. Todos ellos accedieron a puestos remunerados con más de 140.000 euros por año.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/05/26/una_hija_trillo_convierte_numero_dos_turismo_embajada_padre_50322_1012.htmlUNA HIJA DE FEDERICO TRILLO OPTA A UNA PLAZA COMO CONSEJERA EN LONDRES A LAS ÓRDENES DE SU PADRE
María José Trillo-Figueroa Molinero aspira a convertirse en consejera adjunta de Turismo en la embajada londinense, cuyo máximo responsable es el exministro de Defensa
Letrada del Consejo de Estado en excedencia afincada en la capital británica, cumple con los requisitos para acceder al puesto tras un polémico cambio legal aprobado en 2015
Al proceso también se ha presentado la ex jefa de gabinete de Enrique Hernández Bento, exsubsecretario de Industria e íntimo de José Manuel Soria
Recién cerrado el plazo de recepción de solicitudes, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ya tiene sobre la mesa a los candidatos para las siete plazas en otras tantas consejerías de turismo en el exterior que convocó el pasado 30 de abril, tres días antes de disolverse las Cortes.
Como avanzó este jueves el portal especializado en turismo preferente.com, entre los candidatos está una hija del exministro de Defensa con José María Aznar y actual embajador de España en Londres, Federico Trillo.
Según fuentes conocedoras del proceso, se trata de María José Trillo-Figueroa Molinero, letrada del Consejo de Estado en excedencia, que opta, precisamente, a la plaza de consejera adjunta convocada para la Embajada en Londres, la ciudad donde vive actualmente junto a su marido, directivo de Santander UK.
De adjudicarse la plaza, María José Trillo-Figueroa trabajaría a las órdenes de su padre, colocado por el Gobierno de Mariano Rajoy en ese puesto en 2012, en el que ha permanecido pese al escándalo de los pagos que recibió de la constructora Collosa cuando era diputado, un caso que ha acabado con la carrera política de la persona que le sustituyó como receptora de esos pagos, el exparlamentario popular Vicente Martínez-Pujalte, que está casado con la secretaria de Estado de Turismo y máxima responsable de esa materia en el ministerio, Isabel Borrego.
La hija de Trillo, que ha estado vinculada al lobby provida The Family Watch, contrario a los derechos de los gays, es funcionaria de carrera de alto nivel, por lo que puede lograr esa plaza gracias a un polémico Real Decreto de Industria que en marzo de 2015 modificó los requisitos para los aspirantes a estos puestos, hasta entonces reservados a funcionarios con experiencia en el sector turístico.
A la convocatoria, según esas fuentes, también se ha presentado otra persona vinculada al actual Gobierno, Blanca Cano, ex jefa de Gabinete de Enrique Hernández Bento, ex subsecretario del ministerio e íntimo de su máximo responsable hasta abril pasado, José Manuel Soria.
El pasado 30 de abril se publicó en el BOE una orden ministerial para cubrir seis vacantes para consejero adjunto de turismo en las Misiones Diplomáticas en Dublín, Sao Paulo, Emiratos Árabes Unidos (creada en enero pasado), Buenos Aires, Londres y París, además de una plaza de secretario general en la de Nueva York, un perfil más técnico.
Conforme a la normativa que aprobó Industria en 2015, el primer mérito que se tendrá en cuenta para adjudicar las plazas serán los “servicios prestados y naturaleza y nivel de los puestos o cargos desempeñados” en la Administración pública. Y el segundo, la “formación y experiencia acreditada en las materias objeto de la competencia de la Secretaría de Estado de Turismo”. Industria adjudicará las vacantes este verano (como muy tarde, a mediados del próximo julio) por el procedimiento de libre designación. Los elegidos tomarán posesión en septiembre.
El Real Decreto que Industria aprobó en marzo de 2015 fue recurrido ante el Tribunal Supremo por la Asociación de Administradores Civiles del Estado Especializados en Turismo (Acestur). El Supremo ha admitido a trámite el recurso, que podría resolver antes de julio. Además, varios de los nombramientos llevados a cabo desde entonces también han acabado en los tribunales.
El cambio legal de 2015 propició una cascada de ceses en esas consejerías al modificar de manera retroactiva el periodo de permanencia en esos puestos y se interpretó como una maniobra para poder colocar a afines al Gobierno en esos apetecibles destinos en pleno año electoral. Con la nueva norma, pueden optar a esos puestos todos los funcionarios que tengan la categoría de A1 (la más alta): desde veterinarios hasta inspectores de trabajo o técnicos comerciales, como el propio ex ministro Soria.
http://www.eldiario.es/economia/Federico-Trillo-consejera-Turismo-Londres_0_520048273.htmlEL PSOE QUIERE QUE LOS DIPUTADOS DETALLEN CON QUIÉN CONTRATAN
El PSOE quiere que los parlamentarios estén obligados a comunicar cada tres meses a la Cámara con quién contratan las empresas en las que participan o trabajan, según una propuesta que han presentado en la Comisión del Estatuto del Diputado para que se apruebe en el pleno del Congreso.
Los diputados tienen, en teoría, dedicación exclusiva, pero pueden ejercer otras actividades siempre y cuando lo autorice expresamente la Cámara. La única limitación es que no contrate con ninguna administración, pero el Congreso carece de mecanismos y competencias para poder investigar y verificar si son ciertos los datos aportados.
El PSOE quiere que, hasta que se llegue a una reforma de le Ley Electoral para que tengan exclusividad absoluta, se establezcan mecanismos de control inmediatos.
Para eso se trataría de condicionar la autorización de actividades a "la comunicación de forma periódica —cada tres meses— por parte de los autorizados, de la relación de sus clientes o personas físicas o jurídicas con las que mantengan o hayan mantenido relación profesional".
"La comunicación periódica de la identidad de las personas que mantienen relaciones profesionales con los diputados a quienes la Cámara ha autorizado a ejercer este tipo de actividades permitiría a la Comisión verificar que se cumplen las limitaciones previstas en el artículo 159.2 de Ley Electoral", aseguran en referencia a la imposibilidad de contratar con las administraciones.
Como garantía señala que "actividades, como son las de abogados, economistas, consultores, asesores, etc., la cesión de estos datos a la Comisión, con la única finalidad de que pueda verificar el cumplimiento de las autorizaciones concedidas, estaría amparada, en el caso de las personas físicas, por la legislación de protección de datos de carácter personal, sin perjuicio de que deba el diputado, conforme a esta normativa, advertir a sus clientes de la existencia de dicha obligación. Y en el caso de las personas jurídicas, hay que recordar que no se encuentran en el ámbito de protección de la Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal".
Quedarían excluidas profesiones como la de médicos o farmacéuticos que "pueda suponer la cesión de datos especialmente protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal".
Los socialistas consideran que es posible sacar adelante la iniciativa, ya que grupos como Podemos y Ciudadanos están a favor de limitar y controlar las actividades paralelas de los diputados. El PP está en contra de esa limitación.
Por eso, la iniciativa explica que "el PSOE propone la dedicación exclusiva de los parlamentarios. En la pasada Legislatura, ya lo hicimos mediante una moción en el Pleno del Congreso con ocasión de que se hicieran públicos los negocios privados de determinados diputados y también en forma de enmiendas a proyectos de ley, iniciativas que fueron rechazadas por el Grupo Popular. En algunos de estos casos, la justificación que la mayoría parlamentaria utilizó para no investigarlos fue que se referían a hechos de legislaturas pasadas".
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/04/actualidad/1459753940_017574.htmlFEDERICO TRILLO, EL OTRO EMBAJADOR DEL PP EN EL PUNTO DE MIRA POR CORRUPCIÓN
El embajador español en Londres está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por supuestos servicios de asesoramiento en la denominada trama eólica mientras era diputado.
La Fiscalía Anticorrupción tiene en su punto de mira al embajador en el Reino Unido, Federico Trillo-Figueroa, en lo que se ha dado en llamar trama eólica, cuyas diligencias se abrieron en Castilla y León por el cobro de comisiones sin justificación por supuestos servicios de asesoramiento en la construcción de parques de energías renovables en la comunidad autónoma.
Junto al expresidente del Congreso y exministro de Defensa se hallan implicados el exdiputado Vicente Martínez-Pujalte y la exsenadora Ana María Tormé. El escándalo motivó la retirada de la política de Martínez Pujalte y que Tormé no concurriera a las elecciones del 20D. No tuvo el mismo impacto para Trillo, fervorosamente defendido por el Partido Popular en este asunto.
La Fiscalía Anticorrupción basa su investigación en un informe de la Agencia Tributaria
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción tiene su antecedente en un informe de la Agencia Tributaria que se extraña del pago de 110 millones de euros entre cargos de la Junta de Castilla y León, políticos y asesores, en estrecha colaboración con empresas de la región, por favorecer la concesión de autorizaciones de unos cincuenta parques eólicos en los últimos diez años.
Con el fiscal Tomás Herranz al mando, las pesquisas incluyen los negocios privados de Federico Trillo, Vicente Martínez-Pujalte y Ana María Tormé, que cobraron por supuestos servicios de asesoramiento cuando eran parlamentarios, según ha informado Colpisa. La gestión era a través de sus despachos profesionales.
La instrucción de Anticorrupción maneja los datos de pagos recibidos sin justificación a través de sus despachos por parte del Grupo Collosa (Construcción y Obras Llorente, ahora Corporación Llorente), empresa constructora de Valladolid especializada en obra pública. La Agencia Tributaria señala a Collosa como una de las partes beneficiadas con el sistema de aprobación de los parques eólicos.
Estudios Jurídicos Labor es el nombre del despacho de la familia Trillo, que está inscrito a nombre de tres de sus cinco hijos. Este despacho percibió 354.560 euros entre los años 2006 a 2008 , a razón de 9.000 euros cada mes por «asesoramiento general y jurídico» a Collosa. El requerimiento de Hacienda obligó a Collosa a mostrar estas facturas, pero no pudo acreditar que correspondieran a los servicios descritos, porque los informes no existen. La compañía afirma que eran "verbales". Con la investigación todavía abierta, tanto Trillo como Martínez Pujalte se han personado con abogado en las diligencias para conocer de primera mano su situación.
Este despacho también prestó servicio al PP en una de las épocas más comprometidas del partido, en pleno caso Gürtel. Según documentación de la contabilidad oficial del PP a la que tuvo acceso Vozpópuli, la sociedad facturó a Génova dos trabajos de asesoría jurídica en 2009 por valor de casi 100.000 euros.
El blindaje a cargo del Partido Popular
Las informaciones sobre estos cobros en abril de 2015 provocaron una batería de iniciativas parlamentarias del PSOE, entre las que figuraban la petición de cese del embajador de España en Londres por haber percibido dinero de la constructora y una moción para establecer la dedicación exclusiva de parlamentarios.
El PSOE pidió la destitución de Federico Trillo como embajador en Londres
El Partido Popular protegió a Trillo en un debate parlamentario donde abundaron la sucesión de reproches al partido del Gobierno por su manera de reaccionar ante la corrupción propia. Fue el diputado popular Rafael Merino el encargado de defender a Trillo y Martínez Pujalte.
Los cobros de la constructora que contrataba con la administración se realizaron mientras Trillo y Martínez Pujalte eran diputados, algo que ellos confirmaron, pero que según sus palabras era absolutamente legal. Por eso el PSOE presentó una moción que estableciera un sistema de incompatibilidad mucho más estricto. El PP tumbó la propuesta para que diputados y senadores pudieran seguir simultaneando su actividad parlamentaria con los negocios privados.
Una embajada polémica
Aunque el ministro del ramo, José Manuel García-Margallo, había verbalizado que los cargos en las embajadas se destinarían únicamente a personal del cuerpo diplomático, con Federico Trillo se hizo una excepción. El 30 de marzo de 2012 era designado para representar a España en el Reino Unido. Este nombramiento generó varias polémicas añadidas. Al supuesto trato de favor hubo que sumarle la presunta idoneidad de alguien que no dominaba hasta entonces la lengua de Shakespeare.
Pero no acaban aquí las irregularidades. Julia de Micheo Carrillo, su más estrecha colaboradora, le sustituyó como diputada por Alicante. Después, sin tener en cuenta la normativa, logró que Julia de Micheo trabajara para él en Londres como asistente. No importó que dejara de asistir a los plenos del Congreso.
En su estancia en Londres a Trillo le crecen los problemas. En abril del año pasado el Juzgado de lo Social número 5 de Madrid le absolvió del delito de acoso laboral, demanda interpuesta por su exsecretaria Teresa Hernández. Sin embargo se declaró improcedente su despido disciplinario.
El Tribunal de Cuentas ha investigado el desvío de 83.000 euros a cargo de una empleada de la embajada en Londres
No es este el único asunto espinoso al que se ha tenido que enfrentar Trillo desde que ejerce como embajador en el Reino Unido. El pasado mes de noviembre se conoció que el Tribunal de Cuentas se hallaba investigando una malversación en la citada legación diplomática. Los gastos irregulares corresponden a los años 2013 y 2014. La sospecha es que una empleada ha desviado, como poco, 83.000 euros.
Entre las facturas giradas con cargo a la embajada se encuentran gastos sobre muebles, neveras, bicicletas plegables, una máquina de helados, un iPad… La acusada es una trabajadora que gestionaba la contabilidad de la consejería de información. Al Tribunal de Cuentas le llama la atención que los gastos irregulares no alertaran a su superior jerárquico, el consejero de Información. La empleada ha sido denunciada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, proceso que sigue su curso al margen del Tribunal de Cuentas.
Se da la circunstancia de que la mujer de Trillo, Amparo Molinuevo, es abogada en excedencia del Tribunal de Cuentas, organismo al que llegó en 1993 con cargo de subdirectora.
El accidente del Yak y Bárcenas
Como ministro de Defensa de José María Aznar tuvo que hacer frente a la crisis que se produjo tras el accidente del Yakolev 42 en la localidad turca de Trebzon, donde murieron 62 militares que volvían de Afganistán, el 26 de mayo de 2003. Tres de sus subordinados fueron condenados por falsificar la identificación de cadáveres. Pero Trillo no aceptó nunca su responsabilidad política.
El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas reveló durante su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que Trillo sufragó con dinero extraído de la 'caja B' del partido la defensa de los militares procesados por el accidente del avión Yakolev 42.
EL CASO ARÍSTEGUI
El presunto cobro de comisiones a cambio de interceder a favor de empresas españolas en la obtención de contratos en el extranjero le supuso a Gustavo de Arístegui su cese como embajador en la India. Arístegui comenzó esta labor cuando era diputado y se le acusa de haberla continuado ya como embajador en la India. La Audiencia Nacional le está investigando junto al diputado del Partido Popular Pedro Gómez de la Serna.
Tras incorporarse a los servicios centrales del Ministerio de Exteriores en Madrid, el diplomático ha pedido la excedencia voluntaria, como informó Vozpópuli. Su destitución, el pasado 18 de diciembre, se produjo tras su petición de abandonar el puesto para no perjudicar a su partido, que se encontraba en plena campaña electoral.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación no empezó investigación interna alguna, en la creencia de que era responsabilidad de Hacienda. Fue la Oficina de Conflicto de Intereses de este Ministerio quien abrió expediente para investigar la posible vulneración de la ley de incompatibilidades, porque el cargo de embajador exige dedicación exclusiva. Este procedimiento se paralizó tras la apertura de un proceso en la Audiencia Nacional, dirigido por el juez José de la Mata al admitir a trámite la querella por presuntos delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.
http://vozpopuli.com/actualidad/78388-federico-trillo-el-otro-embajador-del-pp-en-el-punto-de-mira-por-corrupcionANTICORRUPCIÓN, APARTADA DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE TRILLO Y PUJALTE POR LA TRAMA EÓLICA
La fiscal general escinde la denuncia de Hacienda y deja en Valladolid la parte que afecta a los exdiputados nacionales del Partido Popular
Federico Trillo y Vicente Martínez-Pujalte no declararán en la Fiscalía Anticorrupción. Los dos históricos dirigentes populares se han ahorrado la foto en la entrada de la Fiscalía. Y no lo harán porque la parte de la trama eólica que les afecta está siendo investigada en Valladolid. La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, decidió trocear la denuncia de Hacienda, de forma que a Anticorrupción llegó el grueso de la trama, la que afecta a excargos de la Junta autonómica como Alberto Esgueva, pero no lo que concierne a Trillo y Pujalte, según fuentes conocedoras del caso. Esto ha sorprendido en Anticorrupción. Un portavoz de la Fiscalía se limitó ayer a señalar: "La secretaría general técnica de la Fiscalía general estudió el proceso y consideró oportuno escindir la causa y así se hizo".
El pasado mes de enero la delegación de Hacienda de Castilla y León llevó a la Fiscalía un demoledor informe sobre el cobro de comisiones en esa región a cambio de la instalación de parques eólicos. El documento, de 94 páginas y avanzado por 'El País' en abril, tenía dos partes diferenciadas.
En la primera, detallaba los “hechos observados en las actuaciones inspectoras realizadas sobre la sociedad Corporación Llorente Muñoz SL (Grupo Collosa) relativos a las facturas recibidas de las sociedades Estudio Jurídico Labor SL y Sirga Consultores XXI”. La primera sociedad es el bufete de Trillo y su familia y la segunda es la consultora que el diputado Vicente Martínez-Pujalte compartía con la también diputada popular Ana María Torme. Trillo recibió 354.560 euros en casi tres años y Pujalte, 75.000 en poco más de uno. Les pagaba por asesoría el Grupo Collosa, dedicado a la obra civil, contratista de la Administración y uno de los beneficiados de la trama eólica. Hacienda no encontró trabajos que justificasen el pago y Trillo y Pujalte argumentaron que era una asesoría verbal y que todo estaba declarado a Hacienda.
La secretaría general técnica de la Fiscalía general estudió el proceso y consideró oportuno escindir la causa y así se hizo“.
Collosa (Construcción y Obras Llorente, hoy llamada Corporación Llorente) es una constructora de Valladolid propiedad de la familia Llorente. Está especializada en obra pública. En Castilla y León facturó 134,4 millones a la Junta en 2006 y 2007. Construyó la impresionante sede de las Cortes de Castilla y León, donde ahora se celebrará la comisión de investigación sobre la trama eólica que han arrancado el PSOE y Ciudadanos.
La segunda parte del informe desglosaba el sistema de cobro de unos 100 millones de euros para que las licencias salieran adelante. “Para que pudiera avanzar la tramitación administrativa y para que fuese otorgada la autorización de los parques eólicos, fue preciso llevar a cabo una aparente asociación teledirigida con alguno de los grandes grupos económicos de la comunidad, propiedad de personas que habían desempeñado puestos de relevancia en sociedades participadas por organismos públicos integrados en la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León (caso de Alberto Esgueva Gutiérrez), bien habían desempeñado cargos de relevancia o bien tenían importantes relaciones económicas con las distintas consejerías de la Junta”, apunta el inspector de Hacienda. Allí estaban señalados el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado o Esgueva, ex alto cargo de una sociedad pública de la Consejería de Economía.
Según el texto, la filial de Iberdrola en la región transfirió 47,1 millones de euros entre 2007 y 2009 a San Cayetano Wind, una empresa de Esgueva. Y lo hizo pese a que Hacienda “no ha encontrado ninguna prueba, ni siquiera indicios, de que existiera una prestación de servicios por parte de San Cayetano Wind a favor” de la filial de Iberdrola.
Cuando el informe llegó a Consuelo Madrigal, que acababa de tomar posesión, esta decidió que era un caso claro para Anticorrupción en Madrid. La Fiscalía, reforzada este año, recibió la documentación y comenzó a trabajar con discreción. Pero no en lo concerniente a Trillo y Pujalte. La pieza se quedó en Valladolid. Una instrucción de la Fiscalía indica que en el caso de aforados, hasta que no haya indicios claros de comisión de delito no hay que remitir la causa al Supremo, por lo que tampoco ha sido enviada ahí.
La fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez, es considerada en la Fiscalía como una persona tenaz y competente, nada sospechosa de temblarle el pulso. La Fiscalía de Valladolid mantuvo la acusación contra el alcalde popular de la ciudad, Javier Léon de la Riva, y logró su inhabilitación. La Fiscalía de Valladolid ya ha investigado a algunos de los cargos que aparecen en la trama eólica, como Alberto Esgueva o el exviceconsejero Rafael Delgado. Lo ha hecho dentro de la causa de La Perla Negra, un edificio con sobrecostes construido por la Consejería de Economía a las afueras de Valladolid en el que se repiten nombres de la trama eólica. Aunque ahora la parte que afecta a estos ha quedado en Madrid.
Pero fuentes del sector sí consideran que al dejar el caso en Valladolid, la exposición de Trillo y Pujalte es menor. El primero sigue como embajador en Londres y el segundo ha cerrado su consultora y no repetirá en las listas del PP al Congreso. El pasado mes de marzo, el diario 'La Verdad' cazó a Martínez-Pujalte saliendo de la sede central de la Fiscalía. Entonces alegó que había estado reunido con el jefe de prensa, al que definió como su amigo. El diario señaló que la visita podía estar relacionada con la posible imputación del expresidente de Murcia Ramón Luis Valcárcel, ya que Pujalte era diputado por Murcia y látigo de la Fiscalía en esa comunidad. Nadie sabía entonces que la Fiscalía manejaba un informe que le afectaba.
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-10-26/la-fiscalia-deja-a-anticorrupcion-sin-investigar-a-trillo-y-pujalte-por-la-trama-eolica_1071162/LA CONSTRUCTORA QUE PAGABA A TRILLO Y PUJALTE SE HACE DE ORO CON LA VENTA DE EOLIA
Collosa, compañía que admitió haber pagado jugosas comisiones por asesoramiento al embajador y al diputado, saca una gran tajada con la operación energética
Si no hay cambio de planes a última hora, Eolia Renovables será vendida hoy a Oaktree por cerca de 1.000 millones de euros, tal y como adelantó El Confidencial. Una operación que, además de ofrecer jugosas rentabilidades a entidades financieras como Bankinter, Sabadell, BMN y Caixabank, y a varias grandes fortunas, va a hacer muy ricos a una serie de empresarios que pagaban generosas comisiones a Federico Trillo, embajador de España en Reino Unido, y a Vicente Martínez Pujalte, diputado del PP.
El principal accionista de Eolia Renovables es Grupo Preneal, perteneciente a Eduardo Merigó, expresidente de Visa España y secretario de Estado con la UCD. Preneal, que llegó a tener cerca de un 11% de la compañía de energías verdes, fue una de las empresas que pagaban a un ex alto cargo de la Junta de Castilla y León por instalar parques eólicos en la región, según la trama descubierta por la Agencia Tributaria y revelada por 'El País'.
De acuerdo con la investigación, publicada el pasado mes de abril, Preneal pagó seis millones a San Cayetano Wind, empresa del ex alto cargo autonómico Alberto Esgueva, y lo hizo “sin obligación ni contraprestación alguna”. Al mismo tiempo, desembolsó 10,48 millones al Grupo Construcciones Llorente (Collosa), una importante constructora de Valladolid, que invertía en energías verdes a través de Inverduero Eólica. Según esas pesquisas, Esgueva ayudaba a dar las licencias para la construcción de unos parques eólicos que ahora van a ser vendidos a precio de oro.
Inverduero es dueña del 6,06% de Eolia Renovables, que tiene un patrimonio neto de 180 millones de euros. Teniendo en cuenta que la sociedad se ha valorado en casi 1.000 millones de euros y que arrastra una deuda de 700, los accionistas de esta compañía se apuntarán unas ganancias próximas a los 120 millones de euros. A Inverduero le tocarán cerca de 18 millones, sin contabilizar los dividendos percibidos durante la vida de la inversión.
Eso sí, resulta muy difícil calcular exactamente las plusvalías totales puesto que el grupo fue creado con inyecciones de capital dinerario -esto es, desembolso de fondos en efectivo- y con aportación de activos, es decir, con la integración de parques eólicos independientes de los accionistas a la matriz creada en 2007. Este fue el caso, entre otras, de Inverduero Eólica.
Tras la publicación de la trama, Trillo y Martínez Pujalte admitieron que habían cobrado de la citada Collosa mientras eran diputados, aunque recalcaron que cumplieron con todos los requisitos legales y sus obligaciones fiscales. No obstante, la Agencia Tributaria no encontró ningún informe que justificara los pagos, que en el caso del embajador en Londres fueron de 354.560 euros y, en el del diputado, de 75.000.
Martínez Pujalte señaló que trabajó efectivamente para Collosa durante dos años, como asesor del que era consejero delegado, Mario Armero, mientras que Trillo explicó que LABOR, su despacho profesional, firmó un contrato con Collosa -del que informó al Congreso en su declaración de bienes- para asesorar a la constructora en el proceso de reestructuración de la empresa, sus estrategias de mercado fuera del ámbito de Castilla y León, tanto en España como en mercados extranjeros, así como en el estudio jurídico de la mejor estructura como empresa familiar.
Hacienda hizo hincapié que los informes eran verbales, ya que no hubo constancia escrita de estos asesoramientos. En julio, el Congreso de los Diputados, gracias a la oposición frontal del PP, rechazó investigar estos cobros.
http://www.elconfidencial.com/empresas/2015-10-23/la-constructora-que-pagaba-a-trillo-y-pujalte-se-hace-de-oro-con-eolia_1068883/La consultoría prestada a Collosa entre 2006 y 2008 se solapó con el mandato de su hermano Pablo como vicepresidente de la Agencia de Inversiones de Castilla y León, que financió múltiples proyectos de la firma
En declaraciones a infoLibre, Pablo Trillo no ve ningún conflicto de intereses ni incompatibilidad en la situación: "Yo no tenía firma ni potestades para otorgar contratos ni dar subvenciones"
Federico Trillo, exministro y exdiputado del PP y ahora embajador en Londres, asesoró a Collosa, una constructora adjudicataria de obras civiles e investigada en la trama eólica de Castilla y León, no solo mientras ocupaba un escaño en el Congreso sino cuando su hermano Pablo era el número dos de la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León (ADE), un organismo público adscrito a la Consejería de Economía y que financió múltiples proyectos de Collosa por un importe que este diario no ha logrado cuantificar. El presupuesto anual de ADE –denominada Agencia de Desarrollo Económico hasta diciembre de 2005– ya rondaba en aquella época –2007 y 2008– los 200 millones de euros anuales.
Los proyectos financiados a Collosa por esa agencia pública, que tiene por misión potenciar la "competitividad" y la innovación tecnológica, quedaron reflejados en la página web de la compañía. Este miércoles no era posible acceder a su lectura por la vía ordinaria pero sí pinchando en la copia automática que Google guarda de numerosas páginas alojadas en la red.
Según el diario El País y sólo entre 2006 y 2007, la empresa de la familia Llorente facturó a la Junta de Castilla y León 134,4 millones en solitario y participó en alianzas empresariales que recibieron otros 304 millones. Según Hacienda, Federico Trillo cobró de la compañía entre febrero de 2006 y septiembre de 2008.
Acrónimo de Construcciones y Obras Llorente SA, Collosa es una de las nueve empresas castellano-leonesas que en marzo de 2006 y junto con cuatro grandes compañías de ámbito estatal crearon el Foro de Empresas Líderes de Castilla y León. Constituido a modo de cluster –o, aquí, de lobby– el Foro nació bajo el paraguas de la agencia ADE. Y así ha permanecido desde entonces.
El hermano del exministro de Defensa, que antes de saltar a ADE fue secretario general de la Consejería de Economía asegura que ni en ese primer puesto –“un cargo técnico-jurídico” para el que fue nombrado en septiembre de 2005– ni luego como vicepresidente de la agencia pública –entre julio de 2007– tuvo “firma” ni potestades para adjudicar contratos de obra pública, subvenciones o concesiones de parques eólicos.
Desde julio de 2011, Pablo Trillo ejerce su tercer cargo público en Castilla y León: delegado territorial de la Junta en Valladolid. Y él mismo relató el miércoles a este diario que, hasta su nombramiento como vicepresidente de la agencia ADE, ese puesto había permanecido vacante durante toda la legislatura 2003-2007.
Tanto la adjudicación de contratos como la de concesiones de instalaciones eólicas, aduce Pablo Trillo, concernían por decreto al viceconsejero de Economía. Y las subvenciones de ADE, centrada en la innovación tecnológica, eran competencia del presidente de la agencia pública de inversiones. Y quien presidía entonces ADE y lo sigue haciendo ahora es el consejero de Economía, Tomás Villanueva, que se declara por completo ajeno a los manejos de la llamada trama eólica.
El hermano del exministro no ve conflicto de intereses
En opinión de Pablo Trillo, el Congreso habría concedido igualmente la compatibilidad al exministro Federico Trillo para operar con su bufete Estudio Jurídico Labor siendo diputado aun si hubiera sabido que planeaba asesorar a una empresa que históricamente ha recibido dinero público en la misma comunidad donde su hermano es alto cargo.
Incluso, sostiene, habría obtenido la compatibilidad si ese alto cargo lo es en la consejería que otorga los contratos y ayudas de que se beneficia la empresa asesorada por su hermano. En esos términos se pronunció cuando infoLibre le pidió su opinión como jurista. "No como jurista porque no conozco el Reglamento pero, por lo que ha trascendido sobre cómo funciona el Congreso, creo que sí se la habría dado [la compatibilidad]". “Creo que no hay ningún conflicto de intereses ni causa de incompatibilidad”, apostilló aquí.
En alusión al caso de presunta corrupción destapado en torno a los parques eólicos, Pablo Trillo recalcó que su hermano, como él mismo, “no sabe ni lo que es un molino”. InfoLibre no logró recabar la versión de Federico Trillo.
Pablo Trillo alega que ni cuando ejercía como secretario general de la Consejería de Economía –de septiembre de 2005 a julio de 2007– ni cuando comenzó a ejercer el puesto de vicepresidente de la Agencia de Inversión y Servicios de Castilla y León –julio de 2007– sabía que su hermano Federico prestaba servicios de consultoría a Collosa.
"Debió de decírmelo cuando aún les asesoraba"
Se enteró, en una fecha indeterminada –dice–, porque se lo comentó “uno de los Llorente”. “Me dijo –relata– algo así como que mi hermano les estaba ayudando mucho, así que debió de decírmelo cuando todavía les asesoraba”. Es decir, antes de octubre de 2008, que fue cuando el también diputado murciano del PP Vicente Martínez-Pujalte tomó el relevo de Federico Trillo como consultor de Collosa.
Según El País, la Agencia Tributaria ha constatado que Federico Trillo cobró de Collosa 354.560 euros entre febrero de 2006 y septiembre de 2008 –9.000 euros al mes– mientras que Pujalte mantuvo un caché menor: percibió 75.000 euros entre octubre de 2008 y diciembre de 2009, lo que significa 5.000 euros cada 30 días. Pero en ninguno de los dos casos ha quedado rastro documental del fruto de sus asesoramientos.
El hermano del exministro de Defensa sostiene que nada sabe de lo que hizo su hermano para Collosa. Pero otras fuentes cercanas a quien durante años fue estratega jurídico –y remunerado– del PP sostienen que lo que Collosa encargó a Trillo se resume así: "Reestructurar" la firma preparar el terreno para una fusión o alianza estable con alguna otra compañía de forma que la “empresa familiar” de los Llorente alcanzase una dimensión mayor y viera crecer su ámbito de actuación, ahora casi exclusivamente ceñido a Castilla y León.
¿Y por qué entonces no hay documentos que atestigüen la veracidad del asesoramiento? “Pues porque si salió mal la operación, que es lo que parece, los papeles mostrarían los puntos débiles de la compañía de los Llorente”.
Nexo geográfico: Murcia
Este diario no ha logrado localizar a Mario Armero, consejero delegado de Collosa durante la época en que Trillo y Pujalte cobraron de esa empresa. Por tanto, no ha podido contrastar esa información. Entre los tres existe al menos un nexo geográfico: Murcia.
Ahora vicepresidente ejecutivo de la patronal de automóviles y camiones Anfac, el perfil biográfico que esa asociación dedica a Mario Armero en su página web incorpora el siguiente párrafo: “En 1988, a raíz de la aprobación de las inversiones de General Electric Plastics en Cartagena, Armero asumió la Secretaría General de dicha compañía, cargo que ocupó hasta 1999”.
Cartagena es el lugar de nacimiento y punto clave en la biografía sentimental de Federico Trillo –sus fotografías como costalero en la Semana Santa de esa ciudad son recurrentes– . Y también en Murcia nació Vicente Martínez-Pujalte.
Entre los dos políticos y su relación con Collosa media también como mínimo una diferencia: el bufete que Trillo utilizó para su consultoría ya era una constante en su vida profesional –“Labor no es un chiringuito, sino el despacho de mi vida, el que heredé de mi padre”, dijo días atrás– mientras que la sociedad que Pujalte empleó para asesorar a Collosa nació días antes de que el diputado comenzara a facturar a la empresa vallisoletana. Denominada Sirga XXI Consultores SL, esa sociedad es propiedad de Martínez-Pujalte al 50%. Como administrador solidario –pero Pujalte no ha querido confirmar si es su socio– figura también Miguel Marín Cózar, antiguo asesor económico de José María Aznar.
En declaraciones a este diario, el parlamentario murciano reconoció que Sirga XXI quedó constituida en octubre de 2008 porque, de hecho, solicitó compatibilidad al Congreso con el objetivo de asesorar a los Llorente.
El PSOE sitúa a Pablo Trillo-Figueroa y al hermano de la ministra de Medio Ambiente en el marco de la ‘trama de las eólicas’
El hermano del exministro Trillo, actual embajador en Reino Unido, Pablo Trillo Figueroa, fue nombrado en septiembre de 2005 secretario general de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, el departamento encargado de conceder las licencias de los parques eólicos de las que se benefició la empresa Collosa, la firma que fichó después como asesor jurídico a Federico Trillo.
Trilló firmó con Collosa en febrero de 2006
El apunte lo ha hecho este miércoles la diputada socialista Soraya Rodríguez en su intervención en el Pleno del Congreso (puede ver su intervención a partir del minuto 1:49 en este vídeo) al reprochar al Gobierno el conflicto de intereses de ministros y diputados del PP entre sus funciones públicas y sus trabajos en el sector privado.Soraya Rodríguez se ha referido a la trama eólica en Castilla y León, de cuya investigación se ha conocido que Federico Trillo fue contratado como asesor por la empresa Collosa después de que su hermano fuera designado secretario de la Consejería de Economía en Castilla y León y, por tanto, responsable de la adjudicación de las licencias para la explotación de las eólicas en la región. El contrato de Collosa con el despacho de Trilla, Estudios Jurídico Labor, se firmó el 10 de febrero de 2006, cuando este era diputado en la oposición.
Tras el nombramiento de Pablo Trillo aumentó la concesión de licencias
“Precisamente 2006, 2007 y 2008 fueron los años en los que concedieron mayor número de licencias al amparo de esta presunta trama”, ha subrayado la diputada, que recordó que el despacho de Trillo, hermano del consejero fue fichado por Collosa.
El hermano de Tejerina, también en el negocio de las eólicas
Soraya Rodríguez ha señalado, además, a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, cuyo hermano Eugenio García Tejerina es “portavoz y secretario general de la Asociación Eólica de Promotores de Castilla y León”, en la que, curiosamente, es vicepresidente Joaquín Llorente”, subdirector de Energías Renovables de la empresa Collosa, una firma que basa su facturación en un 90% en la administración pública.Cargos públicos del PP con intereses privados
Soraya Rodríguez subió a la tribuna de oradores con su declaración de la renta porque, según explicó, está harta de escuchar al ministro de Hacienda acusaciones veladas de datos tributarios que conoce en razón de su cargo de políticos, sindicalistas, artistas. “Hay solamente una nómina, la que cobro como cargo público, ni sobresueldo ni compatibilidades”, afirmó la diputada socialista.La política reprochó al Gobierno que en esta legislatura haya “traspasado” la línea de las incompatibilidades y “hay muchísimos ministros, el señor Morenés, el señor Catalá, la ministra de Agricultura, que tienen indudables intereses en las materias que hoy gestionan”.
Arias Cañete
Rodríguez recordó que el antecesor de Tejerina en el puesto, Miguel Arias Cañete “compatibilizó desde 1982 hasta 2014” sus cargos públicos “con múltiples actividades privadas”, la última del sector energético, “que veía después de sentarse en el Consejo de Ministros como ministro de Medio Ambiente”.
Montoro, “paradigma de la fina línea entre lo privado y público”
Rodríguez también puso en cuestión al ministro de Hacienda. “Señor Montoro, es usted el paradigma de la fina línea entre lo privado y lo público. Su despacho, Montoro y Asociados, que usted fundó en 2006 y que luego se convirtió en el equipo económico para quitar su nombre, tenía en su fundación a todo su equipo económico de su anterior época de ministro y que luego pasó en algunos casos ahora a su equipo como ministro: Pilar Platero, su secretaria actual; Salvador Ruiz, exdirector general de la Agencia Tributaria; Ricarlo Martínez Rico, exsecreario de Presupuestos; Francisco Piedras Camacho, exdirector del Gabinete del ministro”, recordó la diputada.
¿Asesoró su despacho a defraudadores?
“Desde que usted gobierna, el despacho de los ‘Montoro boys’ ha incrementado su facturación. En 2008, facturaba 2,9 millones; en el año 2011, pese a la crisis económica, 5,5 millones; en el año 2012, 6,6 millones. Un 127% de incremento en la facturación”, mencionó Soraya Rodríguez antes de citar algunos contratos con instituciones como “el Consejo Superior de la Cámara de Comercio o la Comunidad de Madrid”.“Usted tiene que contestar una pregunta. ¿Ha asesorado este despacho a defraudadores que se han beneficiado de su amnistía fiscal?”, le espetó Rodríguez a Montoro.
CASTILLA Y LEÓN APROBÓ EN DÍAS HASTA 16 PARQUES EÓLICOS QUE PARÓ DURANTE AÑOS
El Gobierno regional del PP sólo agilizó los trámites cuando las eléctricas cedieron parte del negocio a un ex alto cargo de la consejería de Economía
Cuando se lo proponía, la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León podía ser la administración más eficaz del mundo. El análisis de la tramitación de los parques eólicos en los que participaba la empresa de Alberto Esgueva, alto cargo de la consejería entre 2004 y 2006, demuestra que los parques eran autorizados solo días después de que las eléctricas le dieran entrada en el negocio de los molinos. En seis casos, la participación de Esgueva en los parques desbloqueó en menos de 10 días instalaciones que llevaban años en tramitación. La empresa que más participó en este sistema es Iberdrola, que luego recompró la participación de Esgueva por 47,1 millones. Iberdrola no quiso este miércoles comentar la noticia y Esgueva no responde a las llamadas de este diario.
Un expediente tiene firmas distintas en Soria y Valladolid el mismo día
El 10 de agosto de 2001, Iberdrola Renovables solicitó la autorización administrativa para instalar el parque eólico Cerro Blanco, en Galbarros, Briviesca y Salinillas de Bureba, Burgos. El parque seguía su tramitación cuando en julio de 2003 llegó a la Consejería de Economía el popular Tomás Villanueva, hombre fuerte en el Gobierno autónomo. Ya ocupó la cartera de Industria entre 1995 y 1999 y tras un paso por Educación volvía a llevar la economía regional. Con él fue de segundo, Rafael Delgado. Había sido su escudero desde 1995, cuando fue secretario general de Industria. El 14 de abril de 2004, Villanueva decidió que todos los parques eólicos de la comunidad deben llevar la firma de Rafael Delgado. Hasta ese momento los aprobaba la delegación de la Junta en las nueve provincias.
El 5 de agosto de 2005, la delegación de la Junta en Burgos publica la declaración de impacto ambiental que da el visto bueno a los 21 aerogeneradores. Cerro Blanco había superado el mayor escollo. Tras unos cambios en el proyecto, el 3 de febrero de 2006 la filial de Iberdrola en la comunidad “solicita autorización administrativa y aprobación de proyecto de ejecución”. Habían pasado cuatro años y medio de papeleo y parece que todo estaba ya listo. Sin embargo, el 18 de mayo de 2006, Biovent, la marca de Iberdrola en la región, pide que la autorización sea para Energía Global Castellana. Se trata de una firma creada en 2005 en la que Iberdrola tiene el 60% y Esgueva el 40%. Este fue hasta 2006 consejero delegado de la empresa pública Excal, dependiente de Economía. Esgueva posee el 40% de Energía Global Castellana pese a que solo ha puesto 24.400 euros del capital. Usa para ello su sociedad San Cayetano Wind, con sede en Madrid “en el que ni estaba ubicada ni era conocida”, según la Agencia Tributaria.
El consejero dice que no ha hallado irregularidades al revisar los papeles
El 25 de mayo de 2006, solo siete días después de que Esgueva se hiciera con el 40% del parque eólico, el viceconsejero, Rafael Delgado, firmó la autorización de Cerro Blanco. Iberdrola, que llevaba años con los papeles y los estudios, dio entrada a un socio de la consejería y, días después, recibió el visto bueno. La Agencia Tributaria considera que esa transmisión se hizo “sin motivos económicos válidos”. Ha hallado pagos y compras de Esgueva y sus sociedades a Delgado, que también recibía transferencias desde Suiza.
La secuencia se repite en otros 15 parques en los que participa Energía Global Castellana y que ha analizado este diario. La tramitación se acelera cuando la empresa promotora cede la titularidad a la firma en la que Esgueva participa. Seis de ellos se aprueban menos de un mes después de que entre Esgueva.
Iberdrola, que es líder en la región, recompró sus participaciones a Esgueva, al que abonó 47,1 millones de euros entre febrero de 2007 y octubre de 2009. Habían instalado 492 megavatios, por lo que Esgueva recibió unos 100.000 euros por megavatio instalado. Esa era la cantidad por la que se compraban y se vendían los permisos de parques eólicos en la comunidad en esa época, según fuentes del sector.
El parque de Ventosa del Ducado, en Soria, recibió la aprobación tres días después de que Iberdrola traspasase la titularidad a la empresa que tenía con Esgueva. El 15 de junio de 2007, la delegación de la Junta en Soria aprueba la declaración de impacto ambiental. Ese mismo día firma la aprobación en Valladolid el viceconsejero. Las firmas se acumulan en junio de 2007, un mes antes de que Rafael Delgado deje el cargo y pase a ser secretario general de Economía, cargo que ocupó hasta 2011. Estuvo 15 años seguidos junto a Tomás Villanueva.
“Es milagroso. ¿Viajó el expediente en coche de Soria a Valladolid ese mismo día?”, preguntó con sorna el procurador de Unión del Pueblo Leonés, Alejandro Valderas, al consejero Villanueva el lunes durante su comparecencia en las Cortes sobre el tema, realizada a petición propia, con la Cámara disuelta y solo una semana después de que este diario destapara el caso.
Pese a que las fechas de las tramitaciones están en el Boletín Oficial de Castilla y León, Villanueva sostuvo allí que los expedientes están impolutos: “Quiero destacar la rectitud y sujeción a la legalidad con la que se han tramitado todos los expedientes de autorización administrativa”.
El secretario del PSOE en la región, Luis Tudanca, criticó este miércoles el sistema: “Las fechas son la demostración palmaria de que cuando había una transferencia el trámite se aceleraba sin que saltaran alarmas. Se ve sin mayor investigación pues es información pública”.
El PSOE denuncia que los pagos a Trillo y Pujalte son ilegales
El PSOE cargó este miércoles en el Congreso contra el PP por apoyar a Federico Trillo y Vicente Martínez-Pujalte que, siendo diputados, cobraban 9.000 y 5.000 euros al mes respectivamente de la constructora de Valladolid especializada en obra pública Collosa.
Soraya Rodríguez, diputada por Valladolid, criticó que los pagos, desvelados por este diario y que la Agencia Tributaria ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción, son ilegales. “Los diputados no pueden, en ningún caso, ser contratados o hacer valer su cargo de diputado informado para ejercer cualquier tipo de actividad mercantil”, declaró.
Rodríguez añadió que Pablo Trillo, hermano de Federico, “fue nombrado en septiembre de 2005 secretario general de la Consejería de Economía de Castilla y León, consejería que gestiona las licencias y que está en el centro de la trama. Unos meses más tarde, en febrero de 2006, se firma el contrato de asesoramiento de Trillo con la empresa Collosa”, denunció. “Asesorar a una empresa que está en una trama para conseguir licencias [...] sin duda es una actividad ilegal”.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no entró en el fondo del asunto. “No voy a hacer ninguna valoración pública”, dijo. Y afirmó que “las filtraciones no deben anticipar conclusiones de esas investigaciones”.
Otro diputado socialista, Gabriel Hernández, volvió a interpelar al ministro de Hacienda sobre el tema: “En el Reino Unido dimitió un ministro por ocultar una multa de tráfico y ustedes envían como embajador de España a un señor que ocultó al Parlamento el cobro de 354.000 euros por susurrar al oído de un empresario”.
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/29/actualidad/1430329336_378840.html
EL DESPACHO DE TRILLO FACTURÓ 4,55 MILLONES DESDE QUE EL PP DEJÓ EL PODER
El embajador y exministro: “Mi despacho está absolutamente en regla con Hacienda"
Estudio Jurídico Labor, el despacho del que el embajador de España en Londres, Federico Trillo, tiene un 70% de las acciones, disparó su actividad a partir de 2005, el primer año con el PP fuera del Ejecutivo. Labor pasó de facturar 65.650 euros en 2004 a 647.126 euros al año siguiente, según los datos del registro. En total, desde que en 2004 Trillo dejó de ser ministro de Defensa hasta final de 2013, Estudio Jurídico Labor facturó 4,55 millones de euros. El despacho, que Trillo posee junto a dos sus hijos, apenas tiene ahora actividad y en 2013 solo facturó 22.000 euros.
El máximo de ingresos de Labor se dio en 2007, cuando el despacho ingresó 1,208 millones. Trillo compatibilizaba su actividad en Labor con su condición de diputado en la oposición por Alicante y portavoz en la Comisión Constitucional. La Agencia Tributaria ha encontrado que Labor facturó en 2006 un total 104.000 a la constructora de Valladolid Collosa por asesoría. Y que los dos años siguientes recibió 125.280 cada ejercicio, por lo que en 2007 llegó a ser el 24% del total de lo que ingresó Labor ese año. Collosa es una de las empresas señaladas como beneficiadas de una trama eólica en Castilla y León. Sin embargo, no hay trabajos que justifiquen esa asesoría porque según reconoce Collosa era verbal, por lo que Hacienda ha enviado el caso a Anticorrupción.
En un correo electrónico enviado el miércoles por la noche, Trillo defendió su trabajo: “Mi despacho profesional Estudio Jurídico Labor ha estado y está absolutamente en regla con Hacienda, hemos cumplido y cumplimos nuestros deberes fiscales y no hemos sido nunca requeridos de inspección. No hemos recibido ningún requerimiento ni de la Agencia Tributaria ni de ninguna fiscalía”.
El embajador añadió: “No tengo ni he tenido nada que ver con ninguna red de obtención de concesiones eólicas, ni en Castilla y León ni en ninguna parte. Nunca en toda mi vida he tenido ninguna implicación en ninguna trama corrupta”.
“Mis relaciones con Collosa durante dos años están plenamente declaradas
El que fuera presidente del Congreso y ministro de Defensa añadió que “las relaciones de mi despacho con la sociedad Collosa durante dos años están plenamente declaradas con contrato documentado y mensualmente liquidado ante Hacienda con el IVA correspondiente, así como las declaraciones semestrales y anuales del impuesto de sociedades”.
Trillo defendió la seriedad de su despacho profesional: “Labor no es un chiringuito, sino el despacho de mi vida, el que heredé de mi padre”. Y añadió: “No es un bufete de tráfico de influencias. En el Congreso está declarado Estudio Jurídico Labor y el contrato marco, que excluye actividades públicas, me lo aprobaron”.
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/23/actualidad/1429817128_638105.htmlLA ASESORÍA DE TRILLO INVESTIGADA POR HACIENDA FACTURÓ 100.000 EUROS AL PP EN PLENO 'CASO GÜRTEL'
Estudio Jurídico Labor, donde el embajador en Londres posee el 70% de las acciones, realizó dos trabajos de consultoría para Génova en 2009, uno de 30.000 euros y otro de 69.600. La Agencia Tributaria ha puesto la lupa sobre este despacho por los pagos de una constructora beneficiada en los parques eólicos de Castilla y León.
La asesoría del embajador de España en Londres y exministro de Defensa, Federico Trillo, no sólo hizo negocio con la constructora Grupo Collosa, beneficiada en los parques eólicos de Castilla y León. Este despacho, Estudio Jurídico Labor, bajo la lupa ahora de Hacienda por el cobro de 354.560 euros de Collosa en tres años, también prestó servicio al PP en una de las épocas más comprometidas del partido, en pleno caso Gürtel. Según documentación de la contabilidad oficial del PP a la que ha tenido acceso Vozpópuli, esta sociedad de Trillo facturó a Génova dos trabajos de asesoría jurídica en 2009 por valor de casi 100.000 euros.
Tal y como consta en estos extractos de la tesorería popular, el primero de los pagos a Estudio Jurídico Labor se formalizó el 7 de abril de 2009 y su importe ascendió a 30.000 euros. Esta operación se efectuó ocupando Trillo un puesto destacado en el organigrama de Génova: era secretario de Justicia y Libertades Públicas del PP (2008-2011). Justo en los dos meses previos a esta contratación estalló el caso Gürtel. En febrero, el exjuez Baltasar Garzón había decretado prisión incondicional, entre otros, para Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama, y para Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP de Galicia, mientras que la Fiscalía había implicado al entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por los famosos trajes. El extesorero del PP Luis Bárcenas fue imputado aquellos días. En marzo, el exinstructor de la Audiencia Nacional se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Desde Génova apoyaban abiertamente a sus cargos implicados.
El segundo de los encargos a Estudio Jurídico Labor tiene fecha, según la transferencia bancaria del pago, de 23 de diciembre de 2009. La cantidad aquí se elevó a 69.600 euros. Una cifra muy superior a los honorarios habituales que venía abonando la dirección del PP en su área de de asesoría jurídica. De hecho, dentro de dicho campo, este pago a la consultoría de Trillo fue el segundo de mayor cuantía del ejercicio, sólo por delante de los 75.000 euros que percibió un prestigioso bufete de abogados con proyección internacional. En total, los populares gastaron aquel año en este concepto un total de 528.225 euros, destinando el 13% de este monto a la consultoría de Trillo.
El pago de 69.600 euros a la consultoría de Trillo fue el segundo mayor de asesoría jurídica que registró el PP en el ejercicio 2009
De esta segunda operación había señalado este diario que el objeto del contrato era la "coordinación de las defensas" de varios imputados en la trama Gürtel, entre ellos el extesorero popular Luis Bárcenas. Pese a que el abogado Jorge Trías, amigo de Bárcenas, se ofreció a Génova para llevar la representación legal del PP, por supuesto, cobrando por ello, la cúpula popular, con María Dolores de Cospedal de secretaria general, desestimó esta opción y optó por su responsable de Justicia y Libertades Públicas, Federico Trillo. El gabinete jurídico de Génova era entonces reducido y requería externalizar su abundante carga de trabajo.
El exministro de Defensa posee el 70% de las acciones de Estudio Jurídico Labor, mientras que el resto se lo reparten sus hijos: Mercedes y Federico Trillo-Figueroa Molinuevo. Ambos figuran como administradores solidarios de esta entidad, creada en 2004 cuando su mayor accionista dejó el Gobierno. Como apoderada reza Ana María Herrero García, secretaria de Trillo durante su etapa como presidente del Congreso de los Diputados. Esta sociedad, según consta en el Registro Mercantil, cerró sus cuentas de 2013 con una cifra de negocio de 22.000 euros y pérdidas de 50.034,16. En 2012, la consultora manejó 105.000 euros, pero también cerró en negativo de 13.321,66.
Las ganancias de Estudio Jurídico Labor se resintieron coincidiendo con la estancia de Trillo en Londres. En cambio, mientras estuvo en Madrid como diputado y responsable de Justicia del PP, los números fueron muy positivos. Por ejemplo, en 2009, año de los trabajos para Génova, el volumen de negocio ascendió a 415.862,07 euros, obteniendo beneficios por 167.874,56.
Tanto el embajador de España en Londres como el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte, cuya consultora Sirga XXI también cobró 75.000 euros del Grupo Collosa, han reconocido que ingresaron estas cantidades, pero han remarcado que cumplieron todos los requisitos legales y sus obligaciones fiscales. Según el diario El País, Hacienda no ha hallado informe alguno que justifique estos cobros, por lo que el asesoramiento habría sido verbal. En un comunicado, el exministro de Defensa apunta a la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción y considera "tan sorprendente como inadmisible que se utilicen de forma manipulada y sesgada datos tributarios de los contribuyentes".
El PP ha salido en defensa de Trillo y Pujalte. Por ejemplo, el presidente del Congreso, Jesús Posada, ve entendible que los diputados puedan complementar su sueldo -"de los más bajos de la UE"- con una actividad privada, siempre que no guarde relación con el sector público y se cumplan las normas de incompatibilidades. Tanto Trillo como Pujalte recibieron en su día la autorización de la Cámara baja para compaginar el escaño con la abogacía.
Por su parte, el PSOE ha acusado al PP de confundir desde hace "mucho tiempo" los intereses públicos con los privados y ha apostado por implantar la "dedicación exclusiva" de los parlamentarios. Más allá ha ido el portavoz de Economía de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón, para quien cada día que pasa se confirma que en el PP no hay "manzanas podridas" sino una estructura "corrupta y corrompida". El candidato de IU a La Moncloa ha reclamado una ley de incompatibilidades "mucho más estricta".
http://vozpopuli.com/actualidad/61154-la-asesoria-de-trillo-investigada-por-hacienda-facturo-100-000-euros-al-pp-en-pleno-caso-gurtel
EL PP DEFIENDE A PUJALTE Y APUESTA POR AMPLIAR LAS COMPATIBILIDADES DE LOS DIPUTADOS
Asegura que ha cumplido con los "duros" requisitos que le marca la Cámara Baja
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha defendido la actividad privada del diputado Vicente Martínez-Pujalte, quien ha cumplido con los "duros" requisitos que le marca la Cámara Baja, al tiempo que ha apostado por ampliar el régimen de compatibilidades de los parlamentarios.
"Pujalte ha dado suficientes explicaciones. Somos uno de los parlamentos con controles más estrictos en el régimen de transparencia e incompatibilidades", ha asegurado Hernando, que ha aplaudido el ejercicio de transparencia realizado por Pujalte, muy superior al realizado por otros políticos en situaciones similares.
En declaraciones en los pasillos del Congreso, el portavoz del PP se ha mostrado partidario de flexibilizar el régimen de incompatibilidades de los diputados para no "castigar" a los que quieren ejercer una actividad privada, siempre que no se incurra en posible tráfico de influencias o prevaricación.
"Creo que es compatible ser diputado con actividades privadas", ha insistido.
Martínez Pujalte ha asegurado hoy que el Congreso autorizó su asesoría para la empresa constructora Collosa, que no cometió ninguna irregularidad, que cumplió con todas sus obligaciones fiscales y que siempre ha practicado el pluriempleo
http://www.elmundo.es/espana/2015/04/23/5538cb44268e3ed7338b456e.htmlNO ENCARGUÉ NINGUNA GESTIÓN A PUJALTE, PERO ME FUE MUY ÚTIL'
El responsable de Collosa elogia 'el conocimiento del país' del diputado del PP
'En Castilla y León no era necesario y en España gobernaba el PSOE', subraya
Mario Armero, el responsable de Corporación Llorente (Collosa) que contrató al diputado del Partido Popular, Vicente Martínez-Pujalte, niega irregularidades y justifica el fichaje por su "gran conocimiento de España y de su economía". En declaraciones a EL MUNDO, Armero asegura que fue él en su etapa de consejero delegado de la constructora castellano leonesa Collosa entre 2008 y 2010 quien contrató a Pujalte exclusivamente para labores de asesoría. «Nunca le encargué ninguna gestión ante la Administración ni ante ninguna empresa pública y privada. Tampoco él se ofreció nunca a hacerla. Jamás me acompañó a ninguna reunión», manifiesta Armero, que es actualmente vicepresidente ejecutivo de la patronal de automóviles Anfac. Ha sido también presidente de General Electric en España y en su larga carrera de ejecutivo no se ha visto envuelto hasta ahora en ningún escándalo.
Según su descripción, «la asesoría que prestaba Martínez-Pujalte no era en general a través de informes escritos, sino verbal y nunca oculta a los ojos de nadie. Su asesoría era inteligente. Me fue muy útil». «Él venía a mi despacho o nos reuníamos en lugares próximos al Congreso de los Diputados como el hotel Palace», señala Armero. «Firmamos un contrato y se emitieron facturas que fueron debidamente declaradas, todo transparente», asegura.
¿Por qué Pujalte? «Cuando llegué a la empresa había sido asesor Federico Trillo, pero de su labor no puedo comentar porque yo no estaba, aunque imagino conociendo a Collosa que no hubo irregularidad alguna. Lo que sí puedo decir es que cuando pensamos en quién podía ser nuevo asesor, convinimos que debía ser alguien con visión económica». Así lo acordó con el presidente de Collosa, Alejandro Llorente, y optaron por Pujalte que «tiene un gran conocimiento de la economía española y del país». ¿Por qué no contratar a una consultora internacional en vez de un político? «La experiencia había sido positiva con Trillo y para una empresa familiar como Collosa, el asesor debe estar muy pegado al terreno, a la microeconomía y Martínez-Pujalte conoce muy bien la estructura de las empresas españolas y la evolución de los diferentes sectores». Según Armero, «Pujalte veía con claridad cómo iba a empeorar la crisis y recomendaba vender activos antes de que la evolución fuera peor». ¿Tráfico de influencias? «En absoluto, Collosa, que lleva 60 años en Castilla y León, no necesita que nadie le abra puertas allí y en España, gobernaba el PSOE...». "Las relaciones con el Ministerio de Fomento entonces con Magdalena Álvarez las llevaba yo como consejero delegado", afirma. Además, Armero resalta que Martínez-Pujalte, diputado por Murcia, no tiene especial vinculación al PP castellanoleonés. Sí lo tiene la senadora del PP por Valladolid, Ana Torme, que ha sido administradora en la empresa de Pujalte, la consultora Sirga. "Nosotros contratamos a Sirga, pero a Torme no la conozco, nunca me reuní con ella", dice Armero que asegura que antes de contratar a la empresa del diputado le preguntó sobre la compatibilidad y éste le respondió que tenía autorización del Congreso de los Diputados para ejercer esa actividad profesional. "Si hubiera habido la más mínima objeción, nunca habría contratado a Sirga ni Pujalte", asegura Armero, que no ve recorrido en la actual polémica en torno al caso y niega toda relación con las adjudicaciones de obras en parques eólicos en Castilla y León.
http://www.elmundo.es/espana/2015/04/23/55394d53268e3eb3388b4582.htmlEL DIRECTIVO QUE FICHÓ A PUJALTE: “TIENE UNA VISIÓN PRIVILEGIADA DE LA ECONOMÍA”
El consejero de Collosa que contrató al diputado del PP explica que se reunían cada 15 días
Pujalte insiste en que sus cobros son legales, aunque no sean éticos
Mario Armero, expresidente en España de General Electric y exconsejero delegado de Collosa, ha defendido el fichaje del diputado Vicente Martínez-Pujalte en 2008 como asesor por 5.000 euros al mes. “El que recibía el asesoramiento era yo. Es verdad que no eran informes, sino que nos sentábamos y yo le preguntaba por dónde iba la economía y si creía que la crisis iba a ser pasajera o no”, ha explicado por teléfono.
Un diputado informado sabe más de microeconomía que muchos consultores
Según Armero, el asesoramiento de Martínez-Pujalte era importante porque “tiene una visión muy privilegiada de la economía y de la vida real. Un diputado informado sabe más de microeconomía que muchos consultores”. “Me resultaba bastante provechoso porque tiene sentido común”, añadió.
El responsable del fichaje del diputado popular recuerda que se reunían aproximadamente “cada 15 días" en lugares públicos como hoteles, “el Palace, el Villarreal…”, genrealmente "a tomar café" aunque también había “muchas llamadas”. Armero fichó a Pujalte en 2008, al llegar a Collosa, y afirma que antes de contratarle le preguntaron si había algún problema legal con su trabajo como diputado: “Nos dijo que no había ninguna incompatibilidad”.
La Agencia Tributaria ha encontrado esos pagos en una investigación sobre una trama eólica en Castilla y León y lo ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción. Lo ha hecho porque Collosa no aportó a la inspección “ningún informe, dictamen, valoración, estudio o cualquier tipo de trabajo [...] que acredite la realización de los servicios prestados descritos en las facturas”. Entre octubre de 2008 y diciembre de 2009, Martínez-Pujalte cobró 75.000 euros a través de su empresa Sirga XXI Consultores.
Armero defiende que una constructora de tamaño medio y familiar como Collosa, propiedad de la familia Llorente, busca un asesoramiento que no dan las grandes consultoras: “No hay informes sino trato personal y coaching”. Y esgrime que Pujalte no podía abrirle muchas puertas, porque en Castilla y León ya tenían los contactos y en Madrid gobernaba el PSOE. Sí concede que “toda empresa tiene que tener acceso al nivel político”.
“Nos dijo que no había ninguna incompatibilidad”.
Sobre el pago de 5.000 euros al mes por estas gestiones, Armero ha destacado que la retribución de Pujalte no dependía de resultados sino que era un fijo. Antes que a Pujalte, la empresa pagaba 9.000 euros al mes al despacho de Federico Trillo, también diputado del PP, por asesoramiento jurídico.
Armero, que hoy es vicepresidente ejecutivo de la patronal del automóvil Anfac, ha negado que Pujalte, que era portavoz del PP en la Comisión de Presupuestos, negociara enmiendas que pudieran beneficiar a Collosa, una constructora que depende en buena medida de la obra pública: “Jamás me acompañó a una reunión. Nunca estuvo en la contratación de la Administración”.
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/23/actualidad/1429799358_293859.html?rel=rosEPPUJALTE INSISTE EN QUE SUS COBROS SON LEGALES, AUNQUE NO SEAN ÉTICOS
El portavoz de Economía del PP subraya que el Congreso le autorizó a compatibilizarlo
Trillo: "Mi despacho profesional ha estado y está absolutamente en regla con Hacienda"
Federico Trillo y Vicente Martínez Pujalte, los principales implicados en el cobro de 429.000 euros por parte de una constructora de obra pública cuando eran diputados, según reveló este miércoles EL PAÍS, han dado sus explicaciones y su partido, el PP, las considera suficientes. Pujalte ha reconocido que esos cobros existieron y, aunque no los vea éticos, subraya que fueron legales. Trillo también ha incidido en la legalidad de los trabajos realizados por su despacho profesional. Un día después de que estos pagos a los que Hacienda no encuentra justificación hayan saltado a la luz, las reacciones políticas comienzan a producirse. El PSOE cree que el Partido Popular está dando un espectáculo perjudicial para toda la democracia. IU ha reclamado "el fin del concubinato" entre el poder económico y político, mientras que UPyD habla de una "sospecha" generalizada de que las tramas de corrupción "han sido habituales" para financiar partidos políticos y personas.
"Han dado explicaciones ellos y a ellas me remito", ha declarado escuetamente en los pasillos del Congreso el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano. El exministro había recibido 354.560 euros en casi tres años y Pujalte unos 75.000 en poco más de un año. Ambos han asegurado que declaran todos los ingresos de sus despachos tanto al Congreso como a Hacienda, y que no han recibido ninguna comunicación ni de la Agencia Tributaria ni de la Fiscalía Anticorrupción.
Pujalte, portavoz de Economía del PP en el Congreso, ha reconocido que cobró por asesorar al consejero delegado de la constructora Corporación Llorente, Mario Armero, pero ha subrayado que el pleno del Congreso le había autorizado a compatibilizar su escaño con su actividad a través de su despacho, y que nunca asesoró al sector público, cosa que sí es incompatible, según ha destacado. En una entrevista en la Cadena Ser le han preguntado si le parece ético haber cobrado de esta empresa mientras era diputado. "No, me parece legal", ha respondido.
Pujalte ha confirmado la información publicada por EL PAÍS, que cifra el monto total del contrato en 75.000 euros. La empresa que les pagaba a ambos es Grupo Collosa, dedicada a la obra civil y una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León, según Hacienda. Los políticos y la firma defienden que asesoraban verbalmente al consejo de administración.
El diputado Pujalte ha precisado que cobró 5.000 euros al mes, un monto del que luego había que deducir gastos, como "ayudante del señor Armero" en el proceso de reestructuración y desapalancamiento de la compañía, mediante "conversaciones" y "estudio de documentos" que él le pasaba. El contrato, ha dicho, se prolongó "un año largo". Y cuando Armero se fue, su contrato se acabó. "Nunca acompañé al señor Armero a ninguna visita pública ni privada, nunca participé en un proceso comercial de la compañía ni público ni privado y nunca representé a la empresa", se ha defendido el diputado.
El embajador de España en Londres, Federico Trillo, también defiende su labor como asesor de Collosa entre 2006 y 2008 a través de su despacho, que recibía 9.000 euros al mes de la constructora. Trillo también insiste en la legalidad de su actuación: "Mi despacho profesional, Estudio Jurídico Labor, ha estado y está absolutamente en regla con Hacienda, hemos cumplido y cumplimos nuestros deberes fiscales y no hemos sido nunca requeridos de inspección. No hemos recibido ningún requerimiento ni de la Agencia Tributaria ni de ninguna fiscalía", ha afirmado por correo electrónico.
Trillo: Las relaciones de mi despacho con la sociedad Collosa están plenamente declaradas
El exministro de Defensa y expresidente del Congreso se ha desmarcado de la trama eólica en Castilla y León que detectó Hacienda: "No tengo ni he tenido nada que ver con ninguna red de obtención de concesiones eólicas, ni en Castilla y León ni en ninguna parte". "Nunca en toda mi vida he tenido ninguna implicación en ninguna trama corrupta", sostiene.
En el PSOE se critica la confusión, casi diaria, del PP con lo público y lo privado. "Se está demostrando que altos cargos del PP están en otros intereses y no en los intereses de los ciudadanos", ha asegurado María González Veracruz, miembro de la Ejecutiva del PSOE y Secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red. "Es radicalmente opuesto a lo que tiene que ser la política y a lo que defiende el PSOE", ha añadido. Los socialistas inciden en que "el reproche es ético". "Nuestro planteamiento es tajante tanto con el régimen de incompatibilidades como con la transparencia. El espectáculo que está dando el PP es perjudicial para toda la democracia", ha terminado González Veracruz.
La coalición Izquierda Plural ha exigido el fin del "concubinato" entre el poder económico y político, y que el Congreso aumente el régimen de incompatibilidades de los parlamentarios. Es la postura que ha defendido el diputado de la Izquierda Plural Joan Coscubiela, para quien estos hechos son "todo menos una sorpresa" y ahondan en la evidencia de que había una contabilidad B en el PP y parece que el único que desconocía este extremo, ha dicho, "es el señor X de la caja B", sin aclarar si se refería al presidente del Gobierno o a otros dirigentes del partido.
Al portavoz adjunto de UPyD en la Cámara, Carlos Martínez Gorriarán, no le ha cogido de sorpresa —ha subrayado— estas nuevas revelaciones sobre el embajador de España en Londres y el todavía diputado del PP porque, según ha señalado, hay una "sospecha" generalizada de que las tramas de corrupción "han sido habituales" para financiar partidos políticos y personas.
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/23/actualidad/1429776225_103601.html?rel=rosEPTRILLO ACUSA A ANTICORRUPCIÓN Y A HACIENDA DE FILTRAR EL COBRO
El embajador y Martínez Pujalte admiten haber recibido 354.000 euros de una constructora
El embajador de España en Londres, Federico Trillo, y el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte han admitido que cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados aunque han recalcado que cumplieron con todos los requisitos legales y sus obligaciones fiscales.
El embajador en Londres ha enviado a Efe un comunicado en el que aclara la relación de su despacho profesional, Estudio Jurídico LABOR, con la empresa Collosa y afirma que se reserva cuantas acciones legales estén a su alcance para defender su honor y su actividad profesional, así como las de su despacho y su familia.
En el comunicado, Trillo destaca que esa relación "había sido filtrada" por la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción, y considera "tan sorprendente como inadmisible que se utilicen de forma manipulada y sesgada datos tributarios de los contribuyentes".
En ese sentido, recuerda el deber de las administraciones públicas de guardar el secreto de los datos de los contribuyentes, cuya infracción está tipificada como delito en el Código Penal y tiene penas de prisión de uno a cuatro años y de dos a cinco años "a quienes las difundieren, revelen o cedan a terceros".
Vicente Martínez Pujalte ha asegurado a Efe que tiene "la absoluta tranquilidad de haber hecho todo correctamente" y de haber "actuado de acuerdo completamente con la legalidad", tanto de compatibilidades con su cargo de diputado como de su declaración tributaria.
El diputado del PP ha señalado que trabajó efectivamente para Collosa durante dos años, como asesor del que era consejero delegado, Mario Armero, y mientras éste permaneció en el cargo, y ha recalcado que pidió la compatibilidad al Congreso, que le fue concedida y pagó los impuestos correspondientes.
Trillo asegura que LABOR firmó un contrato con Collosa -del que informó al Congreso en su declaración de bienes- para asesorar a la constructora en el proceso de su reestructuración de la empresa, sus estrategias de mercado fuera del ámbito de Castilla y León, tanto en España como en mercados extranjeros, así como en el estudio jurídico de la mejor estructura como empresa familiar.
Subraya que tanto el contrato con Collosa como las correspondientes liquidaciones del IVA y del Impuesto de Sociedades cumplen con todos los requisitos legales, "lo que significa -añade- que Hacienda no ha descubierto nada de lo que ya no estuviera puntual y continuadamente informada".
El embajador en Londres recalca además que LABOR "nunca ha sido requerido de inspección ni de información alguna por parte de la Agencia Tributaria ni los inspectores de Hacienda".
Destaca que LABOR "en ningún momento" intervino ni fue requerido para intervenir en ningún tipo de concesión o autorización de ninguna administración, "ni tuvo ni ha tenido nunca ningún tipo de asesoramiento o relación con centrales eólicas ni energías renovables".
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/22/actualidad/1429719888_078084.htmlHACIENDA DESCUBRE EL PAGO DE 354.000 EUROS DE UNA CONSTRUCTORA A TRILLO
La empresa no acredita ante la Agencia Tributaria la “asesoría” realizada
El diputado Martínez Pujalte recibió otros 75.000 euros
Los populares Vicente Martínez-Pujalte y Federico Trillo cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados, según la Agencia Tributaria, que no ha encontrado ningún informe que justifique los cobros. Trillo recibió 354.560 euros en casi tres años y Pujalte, 75.000 en poco más de uno. Lo hicieron a través de sus despachos de asesoría. La empresa pagadora es Grupo Collosa, dedicada a la obra civil y una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León, según Hacienda. Los políticos y la firma defienden que asesoraban verbalmente al consejo de administración.
En la investigación sobre la trama eólica de Castilla y León, desvelada por EL PAÍS, la Agencia Tributaria encontró contratos y facturas de una de las empresas beneficiadas con dos despachos: Sirga XXI Consultores y Estudio Jurídico Labor. El primero es propiedad de Vicente Martínez-Pujalte y la entonces diputada por Valladolid y ahora senadora Ana Torme, y en el segundo participa, con el 70% de las acciones, Federico Trillo, entonces diputado y ahora embajador de España en Londres.
El contrato con la empresa de Trillo se firmó el 10 de febrero de 2006, cuando este era diputado en la oposición. En él, Collosa se compromete a pagar a Estudio Jurídico Labor 9.000 euros al mes. Trillo tiene el 70% de las acciones de Estudio Jurídico Labor y dos de sus hijos, el 30% restante. El contrato fue prorrogado “de forma tácita” en 2007 y 2008.
El contrato recoge como objeto el “asesoramiento general y jurídico de la empresa”, que incluye “el asesoramiento jurídico en los ámbitos: administrativo, constitucional, penal, civil y mercantil”, “los estudios y estrategias de mercados o sectores, así como alianzas o uniones empresariales, diversificación y mejora en la organización” y “las posibilidades de inversiones exteriores de la empresa”.
En 2006, Collosa pagó 104.000 euros; en 2007, 125.280, y en 2008, 125.280 euros, siempre según la Agencia Tributaria. Ante la inspección de Hacienda, Collosa aportó las facturas, pero no dio “ningún informe, dictamen, valoración, estudio o cualquier tipo de trabajo [...] que acredite la realización de los servicios prestados descritos en las facturas”, según la Agencia Tributaria.
Trillo defendió este miércoles su trabajo para la empresa. “Collosa es una constructora fuerte que quería una redefinición estratégica en el mercado y una reestructuración del estatuto jurídico”, explicó por teléfono.
Según él, la firma intentó salir fuera de Castilla y León y fusionarse con sociedades en otras comunidades, para lo que la asesoró: “Sondeamos a otras empresas del sector, pero no era el mejor periodo. Le echamos mucho tiempo y mucha energía a buscar fusiones”.
Un portavoz de Collosa admitió la existencia de esos contratos con diputados en activo: “Los contratos se refieren a servicios de asesoría al consejo de administración, que de manera habitual contrata a asesores externos”. Y justificó que pagaran 9.000 euros al mes y que no haya ningún documento que justifique el trabajo realizado: “Tienen naturaleza de asesoría que no suelen materializarse en informes. En casi ningún caso hay informes por escrito”.
Trillo coincidió en que su trabajo principalmente era sin documentos y resalta que su actividad en Labor estaba aprobada por el Congreso: “Labor no es un chiringuito, sino el despacho de mi vida, el que heredé de mi padre”. El exministro de Defensa y expresidente del Congreso negó que tratara con Collosa sobre obra pública pese a ser uno de los principales objetos de la sociedad: “Nunca me encargaron nada que tuviera que ver con obra pública. La única que vi fue las Cortes de Castilla y León [en la nueva sede participó Collosa] y ya estaba hecha”. Destacó que no tuvo nada que ver con parques eólicos porque su contratación es posterior a la aprobación de estos. Trillo criticó que la Agencia Tributaria no le haya pedido su versión antes de enviar el informe a Anticorrupción.
Collosa (Construcción y Obras Llorente, hoy llamada Corporación Llorente) es una constructora de Valladolid fundada en 1944 propiedad de la familia Llorente. Está especializada en obra pública, renovables, concesiones y edificación. Solo en Castilla y León, entre 2006 y 2007, facturó 134,4 millones a la Junta autonómica. Uniones de empresas en las que participó facturaron otros 304,2 millones a la Junta en ese periodo. La Agencia Tributaria la ha señalado como una de las beneficiadas por el sistema de aprobación de parques eólicos en esa comunidad.
Cuando en octubre de 2008 acaba el contrato con Trillo, Collosa firma un contrato similar con otro despacho de diputados populares. Lo hace con Sirga XXI Consultores, propiedad al 50% de Vicente Martínez-Pujalte y Ana María Torme, compañeros de escaño en el hemiciclo. El primero era portavoz en la Comisión de Presupuestos y la segunda, diputada por Valladolid. El contrato es de 5.000 euros al mes, menor que el de Trillo. En año y tres meses, Sirga XXI recibió 75.000 euros de Collosa.
“Asesoría externa”
10 de febrero de 2006. El Grupo Collosa firma un contrato de “asesoría externa” con Estudio Jurídico Labor, del que Federico Trillo, entonces diputado del PP en la oposición, tiene el 70%. La cantidad del contrato es de 9.000 euros al mes.
Entre 2006 y octubre de 2008, Collosa abona a Labor 354.960 euros, según la Agencia Tributaria.
1 de octubre de 2008. Collosa firma un contrato de “asesoramiento empresarial estratégico” con Sirga XXI Consultores, propiedad al 50% de los diputados populares Vicente Martínez-Pujalte y Ana María Torme.
Hasta final de 2009, Collosa paga a Sirga 75.000 euros.
En el caso de Sirga, el contrato con la constructora asegura que es para la “prospección y selección de mercados, asesoramiento o implementación de estrategias de acceso. Consultoría y asesoría en planificación estratégica global. Reportando los servicios de asesoría al consejero delegado”. Al igual que con el despacho de Federico Trillo, no hay documentos que justifiquen los cobros.
Torme aseguró a este periódico que ella no participó en el contrato con Collosa, que era una actividad personal de Pujalte que, no obstante, prefirió facturar a través de Sirga. Ella se limitó a cobrar por publicaciones a través también de esa sociedad.
Pujalte dijo a este periódico que ese trabajo fue de asesoramiento al entonces consejero delegado de Collosa, Mario Armero, porque en la empresa había problemas de propiedad. Asegura que ni siquiera estuvo en Valladolid, sede de la empresa, y que, por tanto, no tuvo relación con sectores energéticos. Según explica, el objeto recogido en el contrato sobre “prospección de mercados” es un formalismo. El diputado atribuye a esas disputas en la propiedad el hecho de que no haya documentación que acredite ese asesoramiento.
El informe de Hacienda asegura que Pujalte tuvo en 2009 unos ingresos procedentes de Sirga de 40.880 euros; en 2010 de 65.706 y en 2011 de 96.456 euros, que se suman a los que recibe del Congreso. El diputado tiene autorizada por el Congreso la compatibilidad para ejercer en ese despacho. En su declaración de ingresos consta que en 2011 tuvo unos ingresos de 44.168,41 euros, pero el informe de Hacienda asegura que fueron 65.706 (un 48% más).
El diputado dijo desconocer el motivo del desfase, pero asegura que todos sus ingresos de Sirga son correctos, sin que nunca haya sido sometido a inspección alguna de Hacienda.
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/22/actualidad/1429719888_078084.htmlNUEVAS DECLARACIONES DE BIENES EXTRAPARLAMENTARIOS: VEA LAS ACCIONES DE TRILLO Y OTROS
El todavía diputado del PP Federico Trillo, que próximamente dejará su escaño para ejercer como embajador de España en Londres, ha declarado haber cobrado 60.222 euros por realizar actividades extraparlamentarias como conferencias y cursos y otras "autorizadas por el Congreso" y poseer casi 400.000 euros correspondiente al 20 por ciento de participaciones que le pertenecen del estudio jurídico Labor S.L.
Así consta en la declaración de patrimonio correspondiente al anterior ejercicio económico que acaba de entregar en el Congreso el expresidente de la Cámara, exministro de Defensa y excoordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, quien no detalla qué retribución percibió por esa responsabilidad dentro de su partido.
Trillo también declara haber percibido 9.600 euros por el arrendamiento de un inmueble en Madrid, tener más de 105.000 en el banco, otros 3.000 de un fondo de inversión y haber pagado 33.863 euros de IRPF.
Entre sus propiedades, que comparte con su esposa en régimen de gananciales, figuran el piso que tienen alquilado en la capital, donde también poseen una vivienda familiar, además de otra unifamiliar en Murcia. A éstas se unen el local del bufete antes antes citado, también en Madrid, y un Volkswagen Beetle. Trillo tiene una hipoteca de 900.000 euros de la que sólo ha abonado unos 53.000 euros.
http://www.diariocritico.com/nacional/federico-trillo/acciones/declaracion-de-bienes/409366LOS POPULARES JUSTIFICAN QUE TRILLO COBRARA POR COORDINAR LA DEFENSA DE GÜRTEL
La publicación en EL PAÍS de que el despacho personal de Federico Trillo cobró 70.000 euros del PP en concepto de "coordinación de las defensas" del caso Gürtel causó ayer un profundo malestar entre varios dirigentes del partido consultados. Sin embargo, tal como sucedió cuando EL PAÍS reveló que el PP pagaba el abogado del ex tesorero Luis Bárcenas, la indignación en privado contrastó con una defensa sin matices en público.
Dolores de Cospedal, la secretaria general, confirmó la noticia y justificó la actuación de su partido. Es más, culpó al Gobierno. Dijo que, debido a "la estrategia" del Ejecutivo de acoso al PP, "en los últimos dos y tres años el PP está siendo sometido a una serie de pleitos y procedimientos judiciales con una intensidad no conocida para ningún partido político. Ya se sabe, estamos en la estrategia", se lamentó.
Por esa supuesta presión, explicó, el PP, para hacer frente a una "actividad procesal muy importante", ha pedido asesoría a distintos despachos de abogados, entre ellos el de Federico Trillo, responsable de justicia del PP y principal estratega de este partido para enfrentarse al caso Gürtel.
Cospedal defendió que Trillo cobre del partido, además de su sueldo -unos 4.000 euros al mes de plus del PP más los 3.000 euros que, como mínimo, cobra del Congreso-, 70.000 euros a través de su despacho. Es perfectamente legal, explicó, compatibilizar un despacho de abogados y el escaño. Muchos diputados y senadores lo hacen, dijo. En el Congreso, unos 35 compatibilizan despacho y escaño, aunque no consta que ninguno de ellos facture a sus partidos.
Cospedal defendió además la valía profesional del despacho de Trillo, que se creó en 2004, tras la derrota electoral del PP, y en el que figuran como administradores dos hijos del responsable de justicia del PP. "Es un bufete que cuenta con una trayectoria profesional impecable y juristas de reconocido prestigio".
Cospedal no contestó a la pregunta de por qué un partido que reclama austeridad y que plantea en sus enmiendas a los Presupuestos reducir el dinero dedicado a los partidos y sindicatos, gasta 70.000 euros en defender a unos imputados que, supuestamente, se han aprovechado del PP. Los populares no están en el caso Gürtel como defensa -nadie acusa de nada al partido como tal- sino como acusación particular, esto es, afectados.
www.elpais.es 09.11.10
EL PP PAGÓ 70.000 EUROS A TRILLO POR ASESORAR EN LA SOMBRA A IMPUTADOS
El Partido Popular pagó el 21 de diciembre de 2009 una factura de 69.600 euros (60.000 euros más IVA) al Estudio Jurídico Labor en concepto de "coordinación [de] defensas". Este bufete se dedica al "asesoramiento, elaboración de estudios e informes o dictámenes; y organización de actividades y establecimiento de las relaciones que sean necesarias para el desarrollo de sus actividades de consultoría jurídica", y sus administradores son dos hijos del responsable de Justicia e Interior del PP y ex ministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa.
Según algunas fuentes conocedoras de este pago, el concepto "coordinación [de] defensas" que figura en la factura 37/09 corresponde, en realidad, al asesoramiento a los militares acusados en el caso Yak-42, que se juzgó en la Audiencia en marzo de 2009. El PP lo niega. A pesar de los intentos de los abogados que representaban a familias de las víctimas, Trillo -ministro de Defensa cuando se produjo el accidente del Yak-42 en Trabzon (Turquía)- nunca fue citado a declarar, ni siquiera como testigo; entre otras razones porque el principal acusado, el general Navarro, ya fallecido, evitó responsabilizarle de la orden de repatriar a toda prisa los cuerpos de los 62 militares muertos en el accidente de mayo de 2003, lo que llevó a la identificación errónea de 30 cadáveres. La propia sentencia -que condenó a tres años de cárcel al general Navarro y a 18 meses a sus subordinados, los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez- subrayó que no podía pronunciarse sobre la responsabilidad de Trillo porque no entraba en su competencia juzgar "la conducta de personas no acusadas y sobre las que, en consecuencia, no se ha practicado prueba ni se ha formado convicción alguna el tribunal".
Aunque no apareció por la sala del juicio, Trillo tuvo una activa participación entre bambalinas, entrevistándose no solo con el general Navarro sino incluso con algún destacado testigo en vísperas de que acudiera a declarar.
Un portavoz del PP ha reconocido a EL PAÍS la autenticidad de la factura y el hecho de que su destinatario último es el despacho del responsable de Justicia e Interior del partido, pero ha negado que el pago esté vinculado a su intervención en el caso Yak-42. "Trillo ha tenido contactos y ha ayudado todo lo que ha podido a la gente del Yak-42", explicó dicho portavoz, en alusión a los tres militares que se sentaron en el banquillo, "pero siempre a título personal y no cargando al partido ninguna factura por esa labor", aseguró.
¿Qué servicios se recompensaban entonces? Según el mismo portavoz, la factura correspondería a la coordinación de defensas por otros asuntos en los que está inmerso el PP, como "el Estatuto de Cataluña o la trama Gürtel". Es poco probable que el pago correspondiera a la sentencia del Estatuto, que no se ha producido hasta el pasado julio y en la que no hay acusados ni, por tanto, defensas a las que coordinar. El estallido del caso Gürtel sí se produjo en 2009, pero en el proceso abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el PP está personado como acusación, lo que resulta incompatible con la "coordinación [de las] defensas". Portavoces del PP tampoco pudieron precisar qué informe jurídico se había abonado al bufete de Federico Trillo y se limitaron a señalar que el partido "contrata con quien le parece oportuno y mejor". No todos en las filas populares son de la misma opinión. Federico Trillo no solo cobra su sueldo de diputado -incrementado con un plus por ser portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso-, sino que además percibe unos 4.000 euros netos mensuales como coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, lo que hace más incomprensible, según estas fuentes, que facture a través de su despacho, del que son administradores sus hijos, por trabajos de carácter privado.
En cualquier caso, Trillo intervino personalmente en varias maniobras para obstaculizar la investigación del caso Gürtel. Por ejemplo, intentó sin éxito desacreditar a José Tomás, el empleado de la tienda donde la trama corrupta compraba trajes para regarlos a dirigentes del PP valenciano, incluido el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
El pago del PP a las defensas de los imputados de esta trama de corrupción no es, sin embargo, novedoso. Hasta abril pasado, el partido abonó la abultada minuta de Miguel Bajo, letrado del ex tesorero popular Luis Bárcenas, a razón de 300 euros por hora de asistencia legal.
www.elpais.com, 08/11/10
UN DESPACHO CON INFLUENCIAS
El Estudio Jurídico Labor, SL tiene una solvencia económica envidiable.
Con un capital social de 3.006 euros y solo tres empleados, su patrimonio neto asciende a 1,7 millones de euros, con un activo de 1,8 millones y un pasivo de solo 133.260 euros, según los datos del Registro Mercantil de Madrid correspondientes a 2008, últimos disponibles. La facturación en dicho ejercicio ascendió a 521.000 euros, una suma importante, pero muy inferior a la alcanzada en 2007, cuando sus ingresos sumaron 1,2 millones de euros.
El estudio, que fue fundado en mayo de 2004, tras la derrota electoral del PP, dispone de un amplio local en el centro de Madrid. Sus dos administradores no figuran en la lista de colegiados del Colegio de Abogados de la capital.
La sociedad saltó a la luz pública en 2005, después de que la Inspección General de Servicios de la Administración Pública abriera expediente por presunta violación de la Ley de Incompatibilidades a raíz de que Interviú publicara que dicho despacho asesoraba a la empresa Prosegur, a la que Trillo adjudicó contratos por 7,1 millones de euros durante su etapa en Defensa. Prosegur decidió cancelar unilateralmente su acuerdo de asesoramiento con Labor.
La capacidad de influencia de Trillo no viene solo de esa etapa sino sobre todo de su fácil acceso a jueces y magistrados que le deben el puesto o podrían llegar a debérselo gracias a su papel como principal negociador del PP en la adjudicación de cargos en el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Constitucional. Pese a ello, el Congreso de los Diputados autorizó a Trillo a compatibilizar sus responsabilidades públicas con el ejercicio privado de la abogacía.
www.elpais.com, 08/11/10
COSPEDAL CONFIRMA PAGOS AL BUFETE DE TRILLO
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha confirmado que su partido ha tenido que facturar servicios al bufete privado de su coordinador de Justicia, Federico Trillo, y lo justifica en que el gabinete jurídico de Genova no da abasto frente a la "estrategia" que a su juicio se sigue en contra del PP, en el caso Gürtel y otros.
Según publica el diario El País, el PP pagó el 21 de diciembre de 2009 una factura de 69.600 euros (60.000 euros más IVA) al Estudio Jurídico Labor, administrado por dos hijos del exministro Trillo, en concepto de "coordinación de defensas".
Sobre este asunto, Cospedal indicó que el PP lleva un par años teniendo que hacer frente a una "estrategia" en su contra que obliga al partido a una "actividad procesal muy importante" que requiere de asistencia jurídica más allá del "escaso" gabinete jurídico con el que cuenta la dirección nacional.
Así, ha confirmado que se han solicitado los servicios de despachos de abogados, "entre ellos el de Trillo, que cuenta con una trayectoria profesional impecable y juristas de reconocido prestigio".
Además, recordó que la legislación permite compatibilizar el escaño de diputado en el Congreso con el ejercicio de la abogacía e incluso subrayó que Federico Trillo no es el único que se acoge a posibilidad.
Tras resaltar que el PP no sólo tiene que hacer frente a procesos vinculados con la red Gürtel, Cospedal insistió en denunciar la "estrategia" en contra del partido: "En los últimos dos y tres años el PP está siendo sometido a una serie de pleitos y procedimientos judiciales con una intensidad no conocida para ningún partido político".
www.publico.es, 08/11/10
TRILLO ASESORA A UNA DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD MÁS BENEFICIADA EN LOS GOBIERNOS DEL PP
La revista Interviú va a publicar esta semana un reportaje sobre los trabajos de asesoramiento jurídico que lleva a cabo la empresa de Federico Trillo. Según esta publicación, esta compañía, de la que forman parte también los hijos del ex ministro de defensa, ofrece asistencia a la empresa de seguridad Prosegur, que, según la publicación, fue, durante los Gobierno del PP, una de las más beneficiadas en la adjudicación de contratos públicos
Según Interviú, la empresa del ex ministro ha sido elegida por Prosegur para llevar a cabo trabajos de asesoramiento jurídico. Hasta ahí todo normal. Pero, y siempre según la versión de la revista, resulta que Prosegur facturó contratos millonarios con defensa durante la etapa del PP en el gobierno, hasta el punto de pertenecer a la asociación de empresas suministradoras del ministerio.
Durante esos 8 años, Prosegur facturó sólo a Defensa cerca de cinco millones de euros y en concreto, durante la gestión de Trillo se colocaron guardas jurados y otros dispositivos de seguridad de esta empresa en varios cuarteles y academias militares.
Cumpliendo la ley Trillo declaró en el registro de intereses del Congreso de los Diputados sus actividades relacionadas con la abogacía. Lo hizo constar un mes antes de constituir la sociedad ‘Estudio Jurídico Labor’ junto a sus hijos.
En el ministerio de Administraciones Públicas creen, según cuenta la publicación, que el nuevo trabajo del diputado Trillo podría ser ilegal. El ex titular de Defensa ya ha anunciado que se va a querellar contra el grupo Zeta por esta información
www.cadenaser.com 01.05.05
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