Ocho años de cárcel para el exdelegado de la Zona Franca por malversación

La Audiencia Provincial de Cádiz solo condena a Manuel Rodríguez de Castro y absuelve a su sucesor, a pesar de que el tribunal aprecia una conducta negligente

El primer gran escándalo enjuiciado de la Zona Franca de Cádiz ya tiene sentencia. El exdelegado, Manuel Rodríguez de Castro, del PP, ha sido condenado a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por fraude, prevaricación y malversación por la creación del portal informático Rilco. Su sucesor en el cargo, Miguel Osuna, y el resto de acusados han sido absueltos. Con todo, la sentencia no es benévola con Osuna, al que acusa de mantener una actuación "gravemente negligente" e "imprudente", aunque no aprecia conducta delictiva.

La sentencia de la sección tercera de la Audiencia Provincial, firmada por el presidente de sala, Manuel Grosso, considera probado que Manuel Rodríguez de Castro, delegado en la Zona Franca entre 1996 y 2001, puso en marcha el proyecto Rilco de comercio exterior con América. Lo adjudicó a un matrimonio de Miami, Germán y Camila Leiva, con una oferta que no se ajustaba "a los requisitos exigidos en el pliego de condiciones". Cláusulas que modificó para poder adjudicar a este matrimonio el contrato "en contra del asesoramiento legal recibido". El exdelegado dimitió en 2001 rodeado de escándalos pero "colocó" en Rilco a una persona de confianza, Rafael Ortiz, para acceder a toda la información y poder influir en la toma de decisiones. Su sucesor, Miguel Osuna, conoció las "irregularidades". Tomó algunas medidas que perjudicaron a la Zona Franca pero el tribunal considera que lo hizo "sin intención".

La sentencia es especialmente dura en el relato de hechos probados contra la estrategia de defensa de Manuel Rodríguez de Castro, quien se presentó ante el tribunal como víctima de los abogados del Estado que, según él, autorizaron y apoyaron el desarrollo de Rilco. "Se presentó como una marioneta de los abogados del estado limitándose a hacer lo que estos le decían", algo que, según el tribunal, dista mucho de la realidad y es una muestra más de su "personalidad manipuladora". La sentencia describe al exdelegado como una persona "de gran inteligencia y preparación, que le llevan a idear un plan en el que va implicando a terceros, a veces como peones ignorantes de su verdadero papel".

Ese plan era poner en marcha a toda costa el portal Rilco, su gran idea de negocio, que aún hoy Rodríguez de Castro defiende como el proyecto que hubiese cambiado la economía de Cádiz, una plataforma digital que auspiciaría el comercio entre Europa y América. El tribunal no censura su fin sino sus métodos. "Creer en lo que se hace no es reprochable, todo lo contrario. Ahora bien cuando se entra en una dinámica de actuar al margen de las reglas para obtener unos réditos, que de otro modo no se hubiesen obtenido, se cruzan líneas rojas del ilícito penal". La sala considera demostrado que Rodríguez de Castro cometió fraude de subvenciones, prevaricación y malversación de caudales públicos. Le condena a ocho años de prisión, 30 de inhabilitación y al pago de 235.513,94 euros a la sociedad Rilco, que está en proceso de disolución.

La sentencia, con todo, no atiende los requerimientos de las acusaciones que ejercían la Abogacía del Estado, fiscalía y PSOE, que reclamaban 10 años de prisión para Rodríguez de Castro y el pago de más de ocho millones de euros. Y además echa por tierra todas las acusaciones contra el resto de personas que se sentaron en el banquillo: Osuna, los Leiva y Rafael Ortiz. Todos han sido absueltos. Según el tribunal, no se ha podido demostrar que participaran de las irregularidades incluidas en el plan de Rodríguez de Castro.

De Osuna llega a decir que sí supo de algunas conductas incorrectas y que trató de subsanarlas, aunque no lo consiguió siempre. "Fue gravemente negligente", dice la sentencia. Pero cree que no hubo mala intención, sino imprudencia. Y al no haber dolo, no hay delito. Pero esta apreciación sí apoya la condena que ambos exdelegados tienen en el Tribunal de Cuentas, por la que deben pagar más de 4,3 millones de euros a la Zona Franca. Esa sentencia ha sido recurrida. La absolución de Osuna, que tiene todavía pendiente el juicio por el caso Quality Food, es un alivio para el PP, que le ha pagado la defensa y ha mantenido sus apoyos al exdelegado.

CONDENADOS DOS EXDELEGADOS EN LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ A DEVOLVER 4,3 MILLONES

El Tribunal de Cuentas les exige la devolución del gasto sin justificar en un portal web

El Tribunal de Cuentas ha dictado sentencia contra Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, dos exdelegados del PP en la Zona Franca de Cádiz en la etapa de José María Aznar. Ambos han sido condenados a devolver el recinto fiscal que dirigieron 4,32 millones de euros. Es la cantidad que, a juicio del órgano fiscalizador, gastaron sin justificación en un portal informático denominado Rilco y que, aunque llegó a existir, nunca funcionó ni dio resultado alguno.

La condena del Tribunal de Cuentas se conoce solo una semana antes de que ambos se sienten en el banquillo por el juicio que analiza el mismo caso en la vía penal. La Fiscalía pide para ellos penas de entre 10 y 13 años de cárcel.

Manuel Rodríguez de Castro fue delegado hasta 2001, cuando dimitió acuciado por los escándalos que le rodeaban, entre acusaciones de gastos suntuosos y desvíos de dinero público.

Su sucesor, Miguel Osuna, en el cargo hasta 2004, recibió el encargo de mejorar la imagen de la Zona Franca y aclarar las denuncias de aquellas irregularidades. Pero el Tribunal de Cuentas cree que ambas gestiones menoscabaron el patrimonio de la Zona Franca para beneficio personal.

Según la sentencia conocida ahora y fechada el pasado 9 de mayo, Rodríguez de Castro es responsable contable por intención y Osuna lo es por grave negligencia, ya que el tribunal considera que pudo parar el desvío de dinero público y, en cambio, lo amplificó.

La primera sentencia, la conocida en 2011, fiscalizó los años transcurridos entre 2001 y 2004, la última etapa de Rodríguez de Castro y todos los años de Osuna en el cargo. Ambos delegados recurrieron utilizando varios motivos. Rodríguez de Castro adujo indefensión y también que los hechos investigados ya habían prescrito, argumentos que también usará en la vía penal pero que el Tribunal de Cuentas rechaza. El nuevo fallo rechaza uno por uno el resto de argumentos aportados por ambos exdelegados, que trataron de justificar en sus recursos la legalidad y viabilidad del proyecto Rilco.

El tribunal cree que Rilco fue la herramienta para mover el dinero de la Zona Franca a negocios en Miami vinculados al propio Rodríguez de Castro, tal como denunció la Abogacía del Estado. Se trataba de un portal informático de comercio con América, que el ex delegado llegó a comparar con el millonario negocio de Yahoo. Recibió cuantiosas partidas públicas en concursos llenos de irregularidades. “La adjudicación se hizo sin el acuerdo del comité. El importe total se abonó mucho antes de ejecutarse los trabajos. No constan informes que acrediten entregas. Los pagos se hicieron sin exigir garantía alguna”, enumera la sentencia.

Los exdelegados sostenían que Rilco estuvo operativo tres años y que se pagó por él el valor del mercado de entonces. Pero la sentencia certifica que el supuesto portal, aunque llegó a existir, no realizó nunca las prestaciones que se pagaron. Rodríguez de Castro llegó a asegurar en su recurso que devolver el dinero que costó Rilco a la Zona Franca sería un “enriquecimiento injusto” para ese organismo. “No es enriquecimiento, es la reparación por el daño experimentado”, le responde con contundencia el tribunal. Osuna trató de salvarse argumentando que él no participó en los contratos ni en la recepción del portal y que firmó esos pagos porque nadie le advirtió de irregularidades, en clara alusión a los abogados del Estado que representaban a la Zona Franca. Pero el tribunal cree que Osuna “al tomar posesión de su cargo tuvo que conocer las circunstancias fraudulentas que rodeaban el proyecto Rilco, dada su notoriedad, incluso mediática, y su relación con el cese de su antecesor”.

La sentencia resuelve que la gestión “antijurídica” de ambos tuvo una responsabilidad contable porque ocasionaron un “daño real y efectivo a través de una conducta dolosa, en el caso de Rodríguez de Castro, y gravemente negligente”, en el de Osuna. De esta manera confirma la condena del fallo de 201 que obligaba a Rodríguez de Castro a devolver 1,64 millones de euros. Osuna es condenado a reponer 2,67, es decir, más de lo que se le exige al ideólogo del proyecto. Esto se debe a que en la etapa de Miguel Osuna se consumaron los pagos más cuantiosos. Ambos asumirán también las costas del proceso. Con todo, la sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo.

“La sentencia contable no tiene nada que ver con el proceso penal”, se apresuró a asegurar el abogado de defensor de Osuna, Felipe Meléndez. El letrado, con todo, admitió que el fallo del Tribunal de Cuentas, a solo una semana de que arranque en la Audiencia Provincial el juicio por esta causa, “no llega en el mejor momento” para su cliente. Miguel Osuna tiene otra cuenta pendiente con la justicia: la presunta estafa cometida contra la Zona Franca por los responsables de la empresa QualityFood. Osuna deberá declarar este lunes en el juzgado ya que la instrucción de esta causa sigue abierta. Él fue el denunciante pero la juez le ha llamado a declarar como imputado. Lo único positivo para él es que, al menos, le ha aceptado una lista con 15 testigos para avalar la versión de su inocencia.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/17/andalucia/1368810247_738160.html

El Ayuntamiento de Cádiz rechazó ayer, con los votos del PP, reprobar por su mala gestión a los dos ex delegados de la Zona Franca gaditana en la etapa de José María Aznar: Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna. Ambos directivos, según una sentencia del Tribunal de Cuentas, fueron responsables contables de la desaparición de 4,3 millones de euros de dinero público, que ahora deberán devolver. Los populares tumbaron la propuesta del PSOE porque consideran que la sentencia está pendiente de recurso y todavía hay abierta una vía penal sobre estas irregularidades.

La moción socialista pretendía una pronunciamiento explícito del gobierno de Teófila Martínez sobre esta sentencia y una exigencia a los dos ex delegados para que reintegren el dinero desaparecido. Sin embargo, la alcaldesa no se dignó a estar presente en el debate de este punto y se marchó en medio de la sesión, una hora antes de alcanzar esta propuesta del PSOE.

IU decidió apoyar la petición socialista de reprobación. Su portavoz, Sebastián Terrada, recordó la gravedad de los hechos condenados y lamentó el silencio del PP.

Los populares esquivaron como pudieron el contenido de la moción socialista. El concejal Ignacio Romaní lanzó acusaciones contra la portavoz del PSOE y recordó que la justicia ordinaria no se ha pronunciado todavía. El edil del equipo de gobierno destacó que el ponente de la sentencia del Tribunal de Cuentas fue "elegido por el PSOE".

El PP no asume responsabilidad alguna tras la contundente sentencia del Tribunal de Cuentas que ha condenado a los dos ex delegados de este partido en la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, por las irregularidades detectadas durante su gestión y por la puesta en marcha del portal informático Rilco.

Les obliga a devolver a ambos 4,3 millones de euros. El presidente provincial del PP, José Loaiza, asegura que la sentencia tiene carácter "político" por haberse resuelto a un mes de las elecciones y ataca a la Abogacía del Estado que denunció a ambos dirigentes. "Me extraña que los mismos que permitieron ciertas actuaciones, son los que luego informaron en contra", sostiene.

El argumento del PP es el mismo usado por la defensa de Miguel Osuna, el único exdelegado al que sigue apoyando la dirección popular. Osuna ha recurrido la sentencia en plazo. Rodríguez de Castro rompió ayer su silencio en Twitter. Comparó Rilco con el portal de Yahoo!

El Tribunal de Cuentas cree que el agujero económico ocasionado en la Zona Franca de Cádiz durante la gestión del PP al frente de este organismo entre 2000 y 2004 tiene dos responsables contables directos: los dos ex delegados Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna. La sentencia del máximo órgano fiscalizador del Estado sobre la Zona Franca, conocida ayer, les obliga a pagar un total de 4,32 millones de euros. Esta investigación es paralela a la instrucción penal, cuya fecha de juicio sigue pendiente de fijarse. El Tribunal de Cuentas cree que Rodríguez de Castro actuó intencionadamente para su propio beneficio mientras que ve la actuación de Osuna como "una grave negligencia".

El proyecto Rilco, un portal informático para el comercio electrónico con América Latina, es lo más cuestionado en el informe de fiscalización de la segunda etapa del PP en la Zona Franca, que dio pie a la sentencia. Abarca año y casi tres de meses de gestión de Rodríguez de Castro, hasta que dimitió el 19 de febrero de 2001, acuciado por los escándalos y las denuncias. Incluye todo el mandato de Miguel Osuna hasta el cambio de Gobierno en 2004, cuando fue relevado por el socialista José de Mier, quien continúa en el puesto.

Rilco fue el proyecto personal de Rodríguez de Castro. Ideó el portal informático y adjudicó el contrato a una empresa de Miami, que incumplía el pliego de condiciones y con la que mantenía relaciones directas. Algunos pagos los firmó días después de su cese.

La sentencia es muy dura contra Rodríguez de Castro. El tribunal da por bueno el informe de la Abogacía del Estado que demostró que dinero pagado por la Zona Franca a Rilco terminó ingresado en cuentas de Rodríguez de Castro. Además de por los fondos aprobados irregularmente para este proyecto, le condena a reintegrar a la Administración 5.670 euros por algunos pagos con tarjetas y contratos de asesoría en imagen no justificados. Es una práctica ya detectada en la fiscalización de su primera etapa hasta 2000, cuando fue condenado a pagar 208.000 euros. "Su afán fue menoscabar el patrimonio público. Su responsabilidad contable lo ha sido a título de dolo", se lee en la sentencia.

El tribunal no es tampoco benevolente con Miguel Osuna, aunque no ve intencionalidad en su actuación sino una "grave negligencia". Osuna siempre ha defendido su inocencia y durante su declaración argumentó que desconocía la verdadera naturaleza de los pagos que aprobó durante su mandato como herencia de lo dejado por su antecesor.

Osuna también acusó a la Abogacía del Estado de no haberle informado. La sentencia le desmiente en este punto. "La Abogacía tuvo una diligente intervención en defensa de la legalidad". Y arremete contra el exdelegado. "Todo gestor está obligado a velar por las irregularidades y no podrá alegar que los daños que se imputan son consecuencia de los gestores que les precedieron".

Osuna es quien más dinero tiene que pagar por haber aprobado cantidades de mayor valor para Rilco. En total, tendrá que abonar 2,67 millones de euros por el contrato del portal informático y la devolución de las ayudas públicas recibidas, sin contar los intereses. Rodríguez de Castro suma una condena de 1,64 millones de euros, a los que habrá que sumar también los intereses.

La sentencia, que es recurrible, es un duro varapalo al argumentario del PP de Cádiz que, aunque ha renegado de Rodríguez de Castro, sigue defendiendo a Osuna como un buen gestor. Ayer el PSOE pidió responsabilidades a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez. Aunque son investigaciones distintas, es un precedente de lo que puede pasar en la instrucción penal, que tiene pendiente fijar la fecha de juicio, y donde ambos exdelegados aparecen imputados por varios delitos como malversación de caudales públicos.

Un juez de Cádiz imputa a dos ex delegados de la Zona Franca

El Ayuntamiento dice que la acusación "no tiene fundamento"

El caso Rilco, una de las investigaciones abiertas en torno a la supuesta corrupción en la Zona Franca de Cádiz durante la etapa de gestión del PP, comienza a despejarse. El Juzgado de Instrucción 4 de Cádiz ha emitido un auto, adelantado ayer por Diario de Cádiz, en el que imputa a Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, ex delegados del PP en este organismo, además de a otras cuatro personas, por prevaricación, fraude, exacciones ilegales, malversación y delito societario, falsedad documental, y omisión del deber de perseguir delitos.

La investigación del 'caso Rilco' acusa a Miguel Osuna de ignorar el fraude

Según el documento, la creación de Rilco -un portal de comercio electrónico destinado a promocionar la Zona Franca- fue una estrategia de Rodríguez de Castro para enriquecerse con dinero público. Actuó, dice el auto, "guiado por el ánimo de lucro" y "consciente de las dificultades que tenía en la continuidad del ejercicio de su cargo". El juez acusa a Osuna, su sucesor y ex delegado del Gobierno con el PP, de no actuar ante la sospecha de que este negocio era un fraude.

En la trama participaron también, según el documento, los empresarios americanos Germán y Carmen Leiva. Este matrimonio, "concertado con el señor Rodríguez, creo una sociedad ad hoc", Miami Free Zone Services, para hacerse con la adjudicación del desarrollo del portal informático. Según la investigación, la Zona Franca acabó pagando por Rilco 6,7 millones de euros. El valor del trabajo de Miami Free Zone nunca superaría los 530.000 euros.

El informe que determinó su elección lo elaboraron tres becarios que "no habían oído nunca el nombre de la empresa". Quien "orientó y dirigió" su trabajo, junto a Manuel Rodríguez de Castro, fue José David Sánchez, entonces jefe del servicio de informática del Consorcio de la Zona Franca y también imputado. La empresa se llevó el contrato por 4,2 millones de euros en diciembre de 2000. Dos meses después, sin que la firma hubiera ejecutado ningún trabajo, el ex delegado ordenó el pago de 1,4 millones.

El último imputado es Rafael Ortiz, descrito por el juez como "amigo personal" de Rodríguez de Castro y "persona que carecía de experiencia en el campo de las tecnologías". El entonces delegado de la Zona Franca lo nombró director de Rilco un mes antes de dejar su cargo.

El Ayuntamiento de Cádiz -cuya alcaldesa, Teófila Martínez (PP), preside el Consorcio de la Zona Franca- mostró ayer en un comunicado su "sorpresa" por el auto. El gobierno local defiende la inocencia de Osuna, del que dice que ha demostrado ser "un magnífico gestor" y que goza de la confianza de la alcaldesa y del PP. Resta importancia a las imputaciones porque, según el comunicado "el auto es lo que el juez de instrucción estima. "Las acusaciones", aventura, "no tienen ningún fundamento y quedará perfectamente demostrado que no tiene responsabilidad alguna cuando se celebre el juicio". Menos condescendiente se muestra con Rodríguez de Castro: "Si quedan probados los hechos, deberá responder ante la justicia".

www.elpais.es 05.09.10

La Zona Franca de Cádiz arrastra todavía una pesada carga. La gestión de Manuel Rodríguez de Castro, del PP, caracterizada por los suntuosos gastos y los extraños negocios, marcó la evolución de este organismo que pretende servir de motor económico de la ciudad y del resto de la provincia gaditana. Su sucesor, Miguel Osuna, también está bajo investigación por no haber cortado por lo sano y haber continuado algunas de aquellas relaciones comerciales.

El caso Zona Franca, la supuesta corrupción del PP al frente de esta importante institución, se ha topado con la lentitud de la justicia. Seis años después de destaparse las supuestas irregularidades cometidas por los dos ex delegados y algunos de sus colaboradores, las dos investigaciones abiertas siguen en fase de instrucción. Un retraso "injustificado", "inadmisible" e "injusto", según la fiscalía, los abogados de la acusación y los propios imputados.

A Rodríguez de Castro, delegado entre 1996 y 2001, se le conoció por su afición a los hoteles de lujo, sus viajes al extranjero y por la alegría con la que usaba la tarjeta de crédito del recinto fiscal sin justificar los gastos. Así, el Tribunal de Cuentas le llegó a condenar a devolver más de 200.000 euros a la Zona Franca. Hasta ahora es la única sentencia que ha tenido en su contra. Porque la investigación abierta en el Juzgado de lo Penal 1 de Cádiz para aclarar su gestión aún espera una resolución judicial que decidirá si habrá o no juicio. Es el conocido como caso Rilco.

A Rodríguez de Castro se le ocurrió montar un portal de comercio electrónico, Rilco, para promocionar la Zona Franca como un centro internacional de negocios. El delegado del PP siempre defendió que era una gran idea. No así la Abogacía del Estado, que interpuso una querella por las numerosas dudas que provocó esta inversión.

La Zona Franca entonces adjudicó este millonario contrato, de más de cuatro millones, a una empresa de Miami de dudosa solvencia, con cuyos dueños, según se demostró después, Rodríguez de Castro mantenía relaciones comerciales. La justicia debe demostrar si, como se le acusa, se apropió indebidamente de dinero público. La Abogacía del Estado cree que parte de la inversión del portal Rilco acabó en cuentas del ex delegado.

Todo lo debe resolver un juicio, pero éste no se pone en marcha. La culpa la tiene un informe pericial del que se han elaborado ya cuatro versiones. La última de ellas acaba de culminarse y valora el portal Rilco por encima de los cinco millones, por lo que justifica las altas cantidades pagadas por él, aunque duda de que la empresa de Miami fuera la idónea para adjudicarle el contrato. La fiscalía podría ahora modificar sus acusaciones.

En similares circunstancias está el caso Quality Food. La Zona Franca, durante la etapa del PP, apoyó a bombo y platillo el nacimiento de una empresa de alimentación que puso en marcha el ex militante popular Manuel García Gallardo. El PP reconoció después que el experimento le salió rana. García Gallardo está acusado de fraude, apropiación indebida y estafa. La investigación, atascada por falta de medios y la acumulación de pruebas, trata de aclarar si se quedó con dinero de subvenciones ocultadas en una caja B de la compañía. "Llevo más de cinco años sentado en un banquillo paralelo. Es hora de que se resuelva. Si creen que debe haber juicio, que lo haya. Pero que sea ya", reclama García Gallardo.

Miguel Osuna aún tiene apoyos en el PP. Todavía consideran que en su etapa de delegado del Estado de la Zona Franca de Cádiz, desde 2001 a 2004, realizó un esfuerzo ímprobo por arreglar y perseguir las presuntas irregularidades dejadas por su antecesor, Manuel Rodríguez de Castro, de quien sus entonces compañeros de partido ahora reniegan. Pero la Abogacía del Estado no lo ve tan claro. En su informe entregado al Tribunal de Cuentas desvela que Osuna pudo haber evitado la malversación que le costó al organismo público 4,2 millones de euros pero no lo hizo. "Su contribución a encubrir las irregularidades es clara y, en su día, impidió recuperar el dinero", reza el documento.

Miguel Osuna accedió al cargo tras la dimisión de Manuel Rodríguez de Castro en 2001, quien dejó un reguero de escándalos y proyectos a medio acabar, entre ellos, el portal informático Rilco. Según el relato de la Abogacía del Estado, Rodríguez de Castro contrató a la empresa Miami Free Zone para montar una red de comercio internacional, que nunca llegó a funcionar ni a aclarar el objeto de su adjudicación. Después, esta empresa subcontrató los servicios de otra con sede en Panamá, Duater Corporation, que en 2003 ingresó, al menos, 215.000 euros en cuentas de empresas de Rodríguez de Castro y personas de su entorno.

Según la Abogacía del Estado, Osuna conoció las anomalías del proyecto pero aún así autorizó el último pago que recibió Miami Free Zone el 27 de abril de 2001 por importe de 2.832.334,63 euros. "Las evidencias de que los fondos se liberaron de forma, como mínimo, indebida son notables", dice el informe. En sus declaraciones a la prensa, cuando ya abandonó el cargo en 2004 y las irregularidades de Rilco eran públicas, Osuna llegó a calificar el proyecto como una "locura" por la que Rodríguez de Castro debía responder penalmente. ¿Por qué continuó entonces los pagos? Entonces culpó a los abogados del Estado. "Cuando vi el contrato con Miami Free Zone y su contenido, pedí un informe a la Abogacía del Estado por si se podía anular. Me dijeron que no porque el único requisito de la ley de contratos del Estado era la publicidad y la concurrencia. Si no lo cumplíamos, nos podían demandar".

Estas declaraciones están recogidas en el informe de la Abogacía del Estado, que acusa a Miguel Osuna de mentir. "Jamás solicitó un informe y nunca le dio traslado de la documentación que obraba en su poder". Además tacha la supuesta respuesta que le dieron los abogados del Estado como absurda: "Un contrato de cualquier naturaleza se puede romper si hay incumplimiento de una de las partes".

La Abogacía del Estado recuerda que, "ante la evidencia de la falsedad de sus afirmaciones", Osuna cambió de discurso en sus declaraciones en el juzgado que sigue la instrucción penal del caso, el 4 de Cádiz, donde dejó de criticar Rilco y sostuvo que las empresas contratadas para levantar este portal, Telvent y Miami Free Zone, cumplieron su objetivo. Entregaron material informático y conocimiento de comercio exterior, aunque para la Abogacía del Estado esta ejecución "nada tiene que ver con el objeto del contrato por el que había recibido subvenciones". Consta que Osuna exigió a estas compañías que entregaran material y pagaran viajes a Miami que corroboraran las cantidades recibidas pero la Abogacía del Estado lo ve más como un intento de salvar su papel. "Se conformó con que esta empresa aparentara su participación en el proyecto e indemnizara a través del pago de convenciones, reuniones o viajes".

El PP volvió ayer a defender la gestión de Miguel Osuna. "Él fue quien desveló todo e inició los procesos penales", aseguró el presidente provincial, José Loaiza, quien no dudó en poner en duda el trabajo de la Abogacía del Estado. "Es extraño que los abogados que estaban con Rodríguez de Castro sean ahora los que emitan este informe en contra".

- "Manuel Rodríguez de Castro dejó in extremis atados los cabos para la malversación. Osuna podría haberlo evitado, al menos en su mayor parte".

- "Las evidencias de que se liberaron fondos de forma, como mínimo, indebida son notables".

- "Las declaraciones de Osuna en la prensa y en el juzgado han resultado contradictorias, tratando de justificar una actuación difícilmente justificable, más por quien era interventor del Estado".

- "Jamás solicitó informe de la Abogacía del Estado y nunca le dio traslado de la documentación que obraba en su poder".

- "¿Por qué pagó sin exigir avales? Se podría pensar que no tuvo conocimiento de la realidad pero hay indicios de que no fue así".

- "Miguel Osuna prefirió pagar a pesar de los oscuros indicios que rodeaban aquel contrato".

El Tribunal de Cuentas ha condenado al ex delegado del PP en la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro a devolver 208.362,59 euros que gastó sin justificar durante su etapa al frente de este organismo entre 1996 y 2001. Es la primera condena que se produce por las irregularidades detectadas durante la gestión del PP en el recinto fiscal gaditano. El PSOE exigió ayer que la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, asuma responsabilidades políticas y pida disculpas públicas por este caso. Rodríguez de Castro tiene otras causas pendientes en los juzgados.

Según la sentencia, ha quedado demostrado que Rodríguez de Castro empleó sin justificar 100.885,39 euros por contratación de profesionales independientes; 26.117,11 euros por facturas de agencias de viajes, 43.463,06 euros por liquidaciones de tarjetas de crédito; 33.589,96 euros por gastos compensados por la Zona Franca que previamente él había abonado, y 4.307,07 euros, por recibir un finiquito que la ley le impedía cobrar. El total, 208.362,59, está lejos de los 523.265,05 euros, que solicitaba en un principio la Abogacía del Estado. El Tribunal de Cuentas sostiene que Rodríguez de Castro sí ha podido justificar la diferencia entre esas dos cantidades.

En particular, la sentencia hace mención a un contrato con fecha de 16 de octubre de 1996 para la prestación de "un servicio de administración de actividades del Consorcio que necesariamente deban desarrollarse en Madrid". Ese contrato hasta el año 2000 supuso 145.023,72 euros, de los que no se justificaron 100.885,39 euros. Se trata de un contrato para la sociedad informática Rilco, que la Zona Franca creó en febrero de 2000 a instancia del propio Rodríguez de Castro.

En el apartado de viajes, se detallan los continuos desplazamientos que realizó el ex delegado por todo el mundo, supuestamente, para promocionar el recinto fiscal gaditano. Se citan viajes a Madrid, Lima (Perú), Miami y Panamá. Además, Rodríguez de Castro pagó con su tarjeta de crédito cinco viajes al extranjero que después le compensó la Zona Franca. Entre ellos, uno a China en julio de 2000 con facturas de alojamiento en tres hoteles, por 1.468,96 euros, y cargos en esos hoteles de 2.234,08 euros más por servicios no identificados.

La principal diferencia entre lo que solicitaba la Abogacía del Estado y lo que estima el Tribunal de Cuentas está en el apartado de gastos con las tarjetas de crédito del Consorcio en restaurantes y viajes. La Abogacía había valorado esas cantidades sin justificar 320.800,05 euros, que la sentencia reduce a 43.463,06.

La sentencia considera a Manuel Rodríguez de Castro responsable contable directo de los gastos sin justificar en la Zona Franca y le obliga a indemnizar al recinto fiscal con 208.362,59 euros, a los que habrá que sumar los intereses y las costas del proceso. Independientemente, el propio Tribunal se reserva su derecho a iniciar un procedimiento civil o penal por estas irregularidades. El fallo, con fecha del 7 de noviembre, no es firme. Las partes pueden presentar recurso de apelación en el plazo de 15 días desde su notificación.

Tras a dar a conocer este fallo judicial, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y diputado en el Congreso, Rafael Román, consideró probado que en la Zona Franca ha habido corrupción. "No estamos hablando de presunta corrupción. Aquí ya hay una sentencia y se puede hablar de corrupción". A su juicio, esta primera resolución judicial contra Rodríguez de Castro da la razón a los que, en su día, denunciaron "la política de lujo y boato que promovía el PP" al frente del recinto fiscal.

"Entonces nos llamaban catetos por criticar esas formas de utilizar el dinero público", dijo Román, quien exigió responsabilidades a Teófila Martínez "por ser una de las impulsoras políticas" de la contratación de Rodríguez de Castro y le reclamó que pidiera disculpas públicas. La alcaldesa gaditana rehusó ayer pronunciarse sobre esta sentencia, al asegurar que desconocía su contenido, a pesar de ser la presidenta del Consorcio de la Zona Franca.

Por su parte, el teniente alcalde y consejero municipal en la Zona Franca, Ignacio Romaní, aseguró ayer que fue el PP quien pidió al Tribunal de Cuentas que investigara la gestión de Rodríguez de Castro, y aseguró que la sentencia demuestra que lo que se le imputaba hacía referencia "al ámbito de la responsabilidad personal, que nada tiene que ver con los asuntos abordados para el control de la Zona Franca en el Pleno y en el Comité Ejecutivo".

www.elpais.es 14.11.06

La Abogacía del Estado y la Fiscalía se querellan contra el ex delegado de la Zona Franca de Cádiz

La Abogacía del Estado y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas del Estado han interpuesto conjuntamente un procedimiento de enjuiciamiento contable y penal por presunta responsabilidad en varios delitos contables contra el ex delegado de la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro, del PP, a quien exigen que devuelva íntegramente los 606.000 euros de gastos en viajes, hoteles, restaurantes, regalos, asesorías y mediante tarjetas de crédito que no justificó durante su gestión al frente del recinto fiscal gaditano, dependiente del Ministerio de Hacienda y que preside la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez.

La denuncia presentada para el "resarcimiento del dinero público" incluye además una "posible derivación penal", con posibles penas privativas de libertad, según informaron ayer a este periódico varios letrados de los organismos denunciantes.

Estos mismos abogados explicaron que esta denuncia judicial se presentó hace dos semanas para la devolución íntegra del dinero injustificado. Este procedimiento de responsabilidad contable es previo a la querella penal, para evitar que si se le acusa penalmente se paralice el procedimiento contable. "En estos casos lo que interesa es determinar qué cantidad de dinero tiene que devolverse y una vez que se culmine el procesamiento de enjuiciamiento contable, el Tribunal de Cuentas y la Abogacía del Estado pedirán las responsabilidades penales que proceda", detalló uno de los letrados.

Este doble proceso contable y penal contra Rodríguez de Castro se produce siete meses después de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas actuara de oficio el pasado mes de marzo y abriese una investigación preeliminar sobre los indicios de varios supuestos delitos contables en la gestión de este alto cargo del PP -vinculado políticamente a Teófila Martínez- al frente de la Zona Franca de Cádiz entre los años 1997 y 2000. La Fiscalía comenzó a investigar a raíz de un informe del propio Tribunal de Cuentas que denunció que el ex delegado gastó durante su mandato, 606.000 euros de los fondos de este organismo sin que justificara su destino.

El Tribunal de Cuentas detalló que este dirigente cargó 330.000 euros en gastos a tres tarjetas de crédito por cuenta del Estado. Asimismo, se transfirieron al delegado 132.000 euros en efectivo en compensación de gastos sufragados por él pero "sin que la dirección del Consorcio aportara a los servicios financieros los correspondientes justificantes de gasto". Además, Rodríguez de Castro pasaba de forma habitual facturas sin justificar correspondientes a hoteles, coches con chofer y a viajes a Sao Paulo (Brasil), Lima (Perú), Buenos Aires (Argentina), Puerto Rico, Ciudad de México, Panamá y China. Denuncia el Tribunal que algunas de esas facturas se pasaron dos veces a su cobro. Este dirigente contrató con empresas privadas ajenas al Consorcio de la Zona Franca labores de administración y asesorías por las que cobraron 144.000 euros "sin que se haya aportado ningún documento que desprenda la utilidad o rendimiento que le reportó esta contratación".

Otros pagos
El Estado pagó, además, el alquiler de la vivienda del delegado y el sueldo y la Seguridad Social de su empleada del hogar entre 1997 y 2000. Al firmar el finiquito tras su dimisión, Rodríguez de Castro incluyó 11.000 euros "de cuya aplicación", según el Tribunal de Cuentas, "estaba expresamente excluido el delegado".

Por otra parte, según informó Europa Press, el despacho de abogados que representa a la empresa Miami Free Zone solicitó ayer una "rectificación inmediata" al delegado de la Zona Franca de Cádiz, José de Mier, por "afirmaciones confusas y falta de veracidad que pueden causar un daño irreparable al nombre de la compañía". De Mier anunció que está investigando cómo se adjudicó un contrato de 4,2 millones de euros a una empresa que, según los técnicos de la Zona Franca, incumplió numerosos preceptos del pliego de condiciones y participó en un proyecto informático que no existe.

Según el despacho de abogados de Miami Free Zone, "esta sociedad participó en un concurso público en 1999 por un montante de 4,2 millones de euros, basado en un informe de las necesidades de Rilco y presentó una oferta de acuerdo con los requisitos del pliego, resultando adjudicataria de la misma. Además, Rilco aceptó y recepcionó el trabajo de Miami, así como certificó su satisfactoria conclusión".( El Pais.24.11.04)

La Zona Franca de Cádiz no logra despegarse de una permanente sospecha de irregularidades y corrupción. Casi todo lo que de este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha trascendido desde 1996 ha estado asociado a escándalos en la gestión de los dos militantes -Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna- a los que el PP encomendó la tarea de dirigirlo mientras gobernó en La Moncloa. Presuntos delitos contables, inversiones fantasma, gastos injustificados y excesivos, supuestos casos de enchufismo, nombramientos impuestos, dejación de responsabilidades en los órganos de control, posible malversación de fondos públicos y entramados empresariales poco transparentes han sumido al recinto fiscal gaditano en una delicada situación financiera, al borde de la quiebra. El nuevo delegado del PSOE, José de Mier, ha encargado una investigación porque de los documentos analizados hasta ahora concluye que en la Zona Franca "todo huele a podrido y a corruptela".

Los últimos escándalos vuelven a situar en la picota a los gestores populares, especialmente a Rodríguez de Castro -vinculado políticamente a Rodrigo Rato, director del Fondo Monetario Internacional, y Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz y presidenta del Consorcio de la Zona Franca-, quien se vio obligado a dimitir en 2001 acuciado por denuncias de irregularidades.

Este alto cargo del PP gastó 6,8 millones en un proyecto informático que no existe. Una de las empresas beneficiadas, Miami Free Zone, era una sociedad limitada de apenas 1.000 dólares de capital social y que además, cuando recibió el contrato de 4,2 millones, llevaba un año sin actividad. Esta sociedad no presentó el preceptivo certificado empresarial de la embajada de España. Tampoco aportó referencias sobre su solvencia profesional y económica, y no hubo recepción física de la oferta, sino por correo electrónico cinco días antes de que expirase el plazo del concurso público. Todos estos supuestos impedimentos no impidieron a Rodríguez de Castro firmar un contrato redactado en sólo dos folios y con apenas cláusulas. A cambio, la Zona Franca recibió un equipo que no sirve para "crear la red de comercio digital contratada". Estos materiales son, según los técnicos, de "complicada cuantificación", aunque "en ninguno de los cálculos" se acercan a los 6,8 millones de euros desembolsados.

Los primeros pagos de este proyecto por 1,65 millones los firmó Rodríguez de Castro el día en el que presentó su dimisión, y después de cesar en el cargo, mediante transferencias a un banco de Florida. El resto de pagos se hizo con Miguel Osuna como nuevo delegado, sobre quien recae también la sospecha de permitir que su antecesor permaneciera al frente o que figurase en los consejos de administración de algunas empresas de la Zona Franca cuando ya había cesado en el cargo. Osuna se tendrá que enfrentar también a varias denuncias judiciales por la supuesta desaparición de 2,3 millones de los fondos de Quality Food, otra sociedad del recinto fiscal.

Estas nuevas denuncias se suman a las que obligaron a Rodríguez de Castro a presentar su dimisión el 19 de febrero de 2001, mes y medio después de que trascendieran las denuncias sobre su gestión, en especial, por 1,33 millones de euros que gastó en viajes, almuerzos, regalos y partidas relacionadas con el protocolo en sus cuatro años de gestión, un millón más de lo previsto, según los informes internos de control presupuestario de la Zona Franca. El delegado se marchó pero no ofreció explicaciones sobre estas denuncias y otras relacionadas con la supuesta contratación irregular de personas vinculadas al PP y a su actividad en numerosas empresas privadas. A cambio, se presentó como una "víctima" de la "campaña de acoso" que, a su juicio, había auspiciado el PSOE.

El fiscal para el Tribunal de Cuentas actuó de oficio el pasado marzo y abrió una investigación sobre los indicios de un supuesto delito contable en la gestión de la Zona Franca de Cádiz entre los años 1997 y 2000, a raíz de un informe de este organismo contable que denunció que Rodríguez de Castro gastó durante su mandato, entre 1997 y 2001, casi 600.000 euros de los fondos de este organismo sin que justificara su destino. Este dirigente contrató además con empresas ajenas al Consorcio de la Zona Franca labores de asesoría por las que cobraron 144.000 euros "sin que se haya aportado ningún documento que desprenda la utilidad o rendimiento que le reportó esta contratación".

El Tribunal de Cuentas detalló que el dirigente popular cargó 330.000 euros en gastos de viajes y restaurantes a tres tarjetas de crédito por cuenta del Estado. Asimismo, entre 1997 y 2000 se transfirieron al delegado 132.000 euros en compensación de gastos sufragados por él, pero "sin que la dirección del Consorcio aportara a los servicios financieros los correspondientes justificantes de gasto". Además, pasaba de forma habitual facturas sin justificar correspondientes a hoteles, coches con chófer y viajes a distintos países. Denuncia el Tribunal que algunas de esas facturas se pasaron dos veces.

El Estado pagó el alquiler de la vivienda del delegado y el sueldo de su empleada del hogar entre 1997 y 2000. Al firmar el finiquito tras su dimisión, Rodríguez incluyó 11.000 euros "de cuya aplicación", según el Tribunal, "estaba expresamente excluido el delegado".

www.elpais.es .22..11. 04)

La alcaldesa de Cádiz y presidenta del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, Teófila Martínez, impuso en julio de 1996 el nombramiento de Manuel Rodríguez de Castro por encima de la opinión del PP de Cádiz, que no entendió la llegada de un delegado sin experiencia. El militante elegido por los populares gaditanos, Antonio Grimaldi, fue refrendado por todos los órganos del PP, hasta que llegó al Consejo de Ministros. Allí, el entonces titular de Hacienda, Rodrigo Rato, prefirió a Rodríguez de Castro ante las presiones ejercidas por Teófila Martínez.

Al estallar los escándalos, Martínez arremetió contra el mensajero que desveló el asunto -amenazó con querellas a algunos medios de comunicación- y ordenó cerrar filas en torno al aludido. Nunca admitió fallos, y sólo cuatro años después, semanas después de que el Tribunal de Cuentas confirmara todas las denuncias, Martínez se desmarcó de su antiguo hombre de confianza y le pidió que devolviera los 600.000 euros que no justificó. Ahora ha vuelto a recuperar su vieja costumbre de notarios y querellas con las que ha amenazado a José de Mier por acusarla de "conocer y tolerar todas las irregularidades" de la Zona Franca como presidenta de esta organismo.

Rodríguez de Castro, de 40 años, se caracterizó en los cuatro que pasó en Cádiz por su apego al lujo en una ciudad con la renta per cápita más baja del país. Tenía un elevado culto por la imagen personal y por el desmesurado gasto en lo selecto. Solicitó coches oficiales y medidas especiales de seguridad y atención en los aeropuertos de Jerez y Nueva York aludiendo a su rol de alto cargo del Estado. Sonadas fueron sus facturas de 2.400 euros por una noche de hotel en Miami o el uso profuso que hizo de las limusinas en sus viajes por América. Ahora nadie sabe dónde está. Lo último que se conoce data de marzo de este año. Entonces residía entre México y Miami y era el presidente de la empresa Agencia-Hispana. Era consejero además de las firmas Electra y Iusacell, dos grupos mexicanos cuyo propietario es el empresario Ricardo Salinas, que ha sido investigado por la justicia mexicana en reiteradas ocasiones por presunto delito de corrupción.

La Zona Franca de Cádiz gastó 6,8 millones en una red informática de comercio que no existe

La Zona Franca de Cádiz firmó a finales de 2000 y principios de 2001 contratos con dos empresas -una de ellas con sede en Miami- para crear una red informática de comercio exterior que impulsara negocios internacionales del recinto fiscal gaditano que "nunca se desarrolló y que hoy aún no existe", según informan técnicos de este organismo. La Red Iberoamericana de Logística y Comercio (Rilco) -sociedad de la Zona Franca- gastó 6,8 millones de euros por los trabajos de este proyecto "de dudosa utilidad y sin claro uso", a juicio de los citados técnicos del organismo fiscal gaditano.

Dos informes técnicos que obran en poder de la Zona Franca denuncian además que las empresas adjudicatarias -Miami Free Zone y Telvent (filial de Abengoa)- incumplieron numerosos preceptos del pliego de condiciones. Sin embargo, estas deficiencias no fueron obstáculo para que el ex delegado de la Zona Franca Manuel Rodríguez de Castro, del PP, les adjudicase estos contratos millonarios.

Este alto cargo -vinculado políticamente a Teófila Martínez que fue quien le trajo a la Zona Franca de Cádiz- se vio obligado a dimitir en febrero de 2001 presionado ante las numerosas denuncias de irregularidades en su gestión que fueron confirmadas el pasado mes de marzo por el Tribunal de Cuentas del Estado. La Fiscalía de este órgano le investiga por varios posibles delitos contables al gastar 600.000 euros que no ha llegado a justificar.

Rodríguez de Castro firmó el 29 de enero de 2000 un contrato de 4.237.135 euros con Miami Free Zone Management Services Corporation. El 16 de febrero, tres días antes de presentar su dimisión, firmó otro contrato por los mismos servicios con la empresa Telvent Iteractiva por un montante de 2.566.825 euros. Los dos contratos suman 6,8 millones de euros y tenían por objeto "crear una red informática de comercio exterior para impulsar negocios y operaciones con otros países". Entre los equipamientos y materiales que debía recibir está un portal informático, un hardware, un software y un sistema de comercio electrónico transnacional.

Sin embargo, la dirección de la Zona Franca ha asegurado a este periódico que Rilco no dispone de ninguna red informática de comercio y que no ha cerrado ninguna operación económica de las mencionadas en el pliego de condiciones. Esta filial de la Zona Franca tan sólo cuenta entre los activos recibidos con un portal de Internet -que apenas tiene valor-, algunos ordenadores, programas y "otras herramientas" informáticas que "en ningún caso" permiten crear una red informática. Estos materiales son, según la Zona Franca, de "complicada cuantificación" aunque "en ninguno de los cálculos" se acercará a los 6,8 millones de euros desembolsados.

Además, dos informes cuestionan la forma que se empleó para contratar estas empresas y los servicios que finalmente prestaron. En especial, la adjudicación a Miami Free Zone incumple numerosos puntos del pliego de condiciones. La dirección de esta sociedad no presentó el preceptivo certificado sobre esta empresa de la Embajada de España. Tampoco aportó referencias sobre su solvencia técnica, profesional y económica, como denuncia un informe "contundente" sobre este contrato en poder de la Zona Franca. Añade este documento que no hubo recepción física de la oferta, sino por correo electrónico, cinco días antes de que expirase el plazo del concurso público. Miami Free Zona tampoco desglosó en su oferta datos económicos ni el personal que iba a destinar al negocio. Sorprende además que un contrato de esta elevada cuantía (4,2 millones de euros) se adjudicase a una empresa que es una sociedad limitada con un capital social de sólo 1.000 dólares. Todos estos supuestos impedimentos no impidieron a Rodríguez de Castro firmar estos contratos millonarios que están redactados tan sólo en dos folios cada uno y con apenas cláusulas.

El segundo de los informes advierte de que algunos programas informáticos recibidos por estos contratos pueden no ser nuevos, cuando una de las condiciones era que los servicios que se prestaran a Rilco debían ser exclusivamente para el uso de esta sociedad. Los técnicos de la Zona Franca dudan además de la "autenticidad" del material que estaban recibiendo porque constataron que los programas informáticos "podían haber sido utilizados por otras empresas".

Los primeros pagos a estas dos empresas por 1,65 millones (EL PAÍS, 16 de noviembre) los firmó Rodríguez de Castro después de cesar en el cargo. El resto de pagos se hizo con Miguel Osuna, también del PP, como nuevo delegado de la Zona Franca.

Rilco pagó 6,8 millones a Miami Free Zone y Telvent. Casi el 75% de ese dinero (4,8 millones) procedía de los fondos PROFIT (Programa de Fomento de la Investigación Tecnológica) del Ministerio de Educación y Ciencia, dotado con Fondos Estructurales de la Unión Europea, que concedió estas subvenciones a Rilco el 29 de febrero de 2000. El restante 25% fue una provisión de fondos de la propia Zona Franca ya que Rilco creció únicamente mediante subvenciones económicas institucionales porque su volumen de negocio fue "nulo", según informan técnicos del recinto fiscal.

Cuando Miami Free Zone recibió el dinero, la dirigía el empresario colombiano Germán Leiva. Esta empresa, que no es pública -a diferencia de la Zona Franca-, fue vendida posteriormente por Leiva y está actualmente en proceso de liquidación. Meses después de recibir el ingreso de este contrato millonario, Leiva creó dos empresas en Madrid: una filial de Miami Free Zone (Miami Free Zona Management Europa S.L.) y, curiosamente, Consultoría y Servicios Informáticos para Zonas Francas S.L.

Según consta en el Registro Mercantil, en la primera figuró como apoderada su esposa María Camila Leiva y tenía por objeto social el asesoramiento empresarial y la adquisición y comercialización de inmuebles en España. Se constituyó el 7 de septiembre de 2001, aunque fue liquidada apenas dos años más tarde por el propio Germán Leiva. La segunda sociedad nació, como su nombre indica, para asesorar, gestionar y suministrar material informático a las zonas francas. La dirección de la Zona Franca de Cádiz ha mostrado su sorpresa por la creación de una sociedad que se limite a prestar servicios a recintos fiscales, cuando en España sólo hay tres zonas francas: Cádiz, Barcelona y Vigo.