NOTICIAS Y DOCUMENTACIÓN SOBRE IVÁN
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MATERIAL DE LECTURA
LAS NOTICIAS
‘El País’ tiene un titular… y si a Soraya no le gusta, tiene otro
SANTAMARÍA SE ABSTIENE EN LOS ASUNTOS DE TELEFÓNICA PESE A NO ESTAR OBLIGADA
JUSTICIA DA VÍA LIBRE A LOS MINISTROS PARA VOTAR LEYES QUE AFECTEN A EMPRESAS EN LAS QUE PARTICIPAN
TRES MINISTROS SE HAN AUSENTADO DEL CONSEJO EN DELIBERACIONES QUE LES AFECTAN
LA FISCALÍA RECURRE EL ARCHIVO DEL ESCRACHE A SÁENZ DE SANTAMARÍA
ARCHIVADA LA DENUNCIA POR EL ESCRACHE EN EL DOMICILIO DE SÁENZ DE SANTAMARÍA
LA MADRE DE SÁENZ DE SANTAMARÍA Y SU MARIDO DECLARAN ANTE EL JUEZ
UN JUEZ ARCHIVA UNA DENUNCIA POR ESCRACHE POR CONSIDERAR QUE ESTÁN "LEGITIMADOS" PARA MANIFESTARSE
LA IRRESISTIBLE LLAMADA DEL SERVICIO PÚBLICO
LA TELE DE POLO
EL PRESIDENTE DE RTVE, EL SÉPTIMO CACHORRO DE ‘LA GLORIOSA’: LOS ABOGADOS DEL ESTADO DE 1996
SANTAMARÍA APUNTA QUE SE INHIBIRÁ EN LAS DECISIONES SOBRE TELEFÓNICA
TELEFÓNICA CONTRATA AL ESPOSO DE LA VICEPRESIDENTA SANTAMARÍA
EL GOBIERNO JUSTIFICA EL FICHAJE DEL MARIDO DE SÁENZ DE SANTAMARÍA POR TELEFÓNICA
LA EXITOSA PROMOCIÓN DE IVÁN ROSA
‘El País’ tiene un titular… y si a Soraya no le gusta, tiene otro
El diario de PRISA realiza un revelador reportaje sobre un informe de la Abogacía del Estado, pero curiosamente cambia su titular dándole el sentido justo contrario pasadas unas horas
El diario El País daba una noticia en su edición web de anoche. Una noticia sobre un informe que había realizado la Abogacía del Estado “a medida para este caso concreto”, en el que la finalidad era saber si la vicepresidenta del Gobierno debía o no inhibirse en “los actos, decretos, órdenes ministeriales e incluso leyes” que afecten los intereses de Telefónica donde trabaja el marido de Soraya Sáenz de Santamaría, Ivan Rosa Vallejo, de profesión también abogado del Estado (un dato que no es casual, y menos teniendo en cuenta de que es de la misma promoción a la que pertenecía quien hasta hace días era mano derecha de la vicepresidenta, Pérez Renovales).
Un asesor de “tercer nivel”
El texto recogía el contenido del informe, según el cual, se venía a decir que la vicepresidenta tan sólo tendría que inhibirse en caso de que “su esposo fuera el jefe de servicio jurídico de la empresa y no un asesor “de tercer nivel”". El impecable reportaje, recordaba cómo la Ley de Conflicto de Intereses establece que “los altos cargos “vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos (…) que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad”.
Los autores de la información, que han tenido acceso al documento, recuerdan que esta ley ha sido modificada con posterioridad, y que en este caso no aplica el deber de inhibición porque, según la Abogacía del Estado, esto se impone sólo si “el asesoramiento prestado por el personal del nivel superior en que está organizado o estructurado el propio servicio de asesoramiento de la empresa o sociedad”. Nivel que, según el informe de la Abogacía del Estado, “no alcanza ese estatus”.
De un informe a un favor
Este reportaje mereció en un primero momento el siguiente titular: “Justicia permite a Santamaría tratar asuntos de Telefónica, donde trabaja su marido“. Parecía un titular muy ajustado a la realidad de lo contado. Y en la foto que acompañaba a la noticia se veía al matrimonio Sáenz de Santamaría-Rosa Vallejo durante un desfile del 12 de octubre en lo que era una captura de archivo.
En la edición impresa se mantuvo el titular. Todavía, fuera cual fuera la razón para el cambio final de titular, no se había producido… Pero alguien consideró ya que la foto de la vicepresidenta sobraba… Y se sustituía por una en la que aparecía su marido, Ivan Rosa, solo, en los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid, el día que fue a testificar por el escrache que se hizo frente a su casa.
Vicepresidenta ‘ejemplar’
Pero durante la noche se produjo el gran cambio. Nos referimos al titular. Y así, de repente se presentaba como lo más importante de la historia, lo que en el texto era una frase de pasada… Nos referimos a que en el texto, los autores, escriben que “Moncloa afirma que pese a ese informe Santamaría se ha ausentado en dos consejos de ministros en deliberaciones que afectaban a Telefónica”.
En realidad, ésto, que se ausentara la vicepresidenta cuando se pudiera producir conflicto de intereses parecería la solución ideal, habría evitado realizar una pregunta específica sobre el caso a la Abogacía del Estado. Pero en cualquier caso, este dato, magnificado, era el que permitía a El País decirnos a todos que tenemos que estar agradecidos a nuestra vicepresidenta, porque el titular que sobrevive en la versión de internet (la otra ha sido borrada) es este que puede verse aquí abajo: “Santamaría se abstiene en los asuntos de Telefónica pese a no estar obligada”. Ese ‘pese‘, como se ve, se busca que pese.
http://www.elplural.com/2015/07/15/el-pais-tiene-un-titular-y-si-a-soraya-no-le-gusta-tiene-otro/
SANTAMARÍA SE ABSTIENE EN LOS ASUNTOS DE TELEFÓNICA PESE A NO ESTAR OBLIGADA
La Abogacía del Estado rechaza en un informe a medida que deba inhibirse
Iván Rosa Vallejo, esposo de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fichó por Telefónica como asesor jurídico en marzo de 2012, tres meses después de que el PP llegara al poder. Sin embargo, esa relación laboral no supone ningún tipo de conflicto de intereses para la número dos del Gobierno de Mariano Rajoy, según un informe de la Abogacía del Estado encargado entonces por la propia Santamaría. El documento, hecho a medida para ese caso concreto, asegura que la vicepresidenta no tiene por qué inhibirse en los actos, decretos, órdenes ministeriales e incluso leyes que afecten a los intereses de esa compañía. Sólo tendría que hacerlo si su esposo fuera el jefe del servicio jurídico de la empresa y no un asesor “de tercer nivel”. Moncloa afirma que pese a ese informe Santamaría se ha ausentado en dos consejos de ministros en deliberaciones que afectaban a Telefónica.
El artículo 7.1 de la Ley de Conflicto de Intereses, aprobada en 2006 y vigente en el momento que se redactó el informe, establece de manera literal que los altos cargos “vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos (…) que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad”. Ese precepto, sin embargo, no afectaría a Sáenz de Santamaría, según el informe encargado al servicio jurídico del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia. Esa ley fue derogada el pasado 20 de abril con la entrada en vigor de la que regula el Ejercicio de Alto Cargo de la Administración General del Estado, que establece un régimen muy similar en sus artículos 11 y 12.
No todo asesoramiento implica conflicto, según la Abogacía del Estado, sólo el asesoramiento de más alto nivel
El documento redactado por la Abogacía del Estado concluye que no existe deber de inhibición por parte de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia pese a que la función de su esposo en Telefónica encaja en uno de los supuestos recogidos en la ley, el “asesoramiento”. Y no existe, porque, según la abogacía, “no todo asesoramiento” del cónyuge exige la abstención del alto cargo, “sino solamente el asesoramiento prestado por el personal del nivel superior en que está organizado o estructurado el propio servicio de asesoramiento de la empresa o sociedad”.
E Iván Rosa Vallejo no alcanza ese estatus, ya que, según el informe, su puesto en el servicio de asesoramiento legal de Telefónica “es de tercer nivel”, por debajo del secretario general de los servicios jurídicos de la empresa y del vicesecretario. Sólo si el marido fuese el máximo responsable del gabinete jurídico de la compañía, Sáenz Santamaría debería apartarse en temas relacionados con los intereses de aquella.
El documento, a pesar del tenor literal de la norma, llega a conclusiones relevantes. Mantiene, por ejemplo, que en caso hipotético de que el esposo de la vicepresidenta sí alcanzara el máximo estatus como asesor de Telefónica, Santamaría tampoco tendría que ausentarse en la deliberación y votación de los proyectos de ley que afectaran a Telefónica. Sostiene la abogacía que como las leyes las aprueba el Parlamento, los ministros están exentos de conflicto de intereses ya que “la fijación o determinación definitiva del contenido de la norma legal no corresponde a la Administración sino a los cuerpos colegisladores”, es decir, a las Cortes.
El informe asegura que la vicepresidenta no debe abstenerse ni en los proyectos de ley
Iván Rosa Vallejo es, como su esposa, Soraya Saénz de Santamaría, abogado del Estado. Él es compañero de promoción de Marta Silva Lapuerta, nombrada abogada general –máxima responsable del servicio jurídico del Estado- por el Gobierno de Mariano Rajoy. Antes estuvo en la empresa privada donde ocupó el cargo de secretaria del consejo de administración de la constructora Sacyr.
Ambos –Iván Rosa y Marta Silva- son compañeros de promoción de Jaime Pérez Renovales, hasta hace unas semanas secretario general de Presidencia. Renovales dejó el cargo y 11 días después fue nombrado secretario del consejo de administración del Banco Santander, la entidad en la que había trabajado hasta convertirse en el número dos de Sáenz de Santamaría en Presidencia. El reciente retorno de Renovales al Santander ha contado con el visto bueno de la Oficina de Conflicto de Intereses de Moncloa. Sáenz de Santamaría es de la promoción de 1999, tres años posterior a la de su marido, Pérez Renovales y Marta Silva. Esta última es la responsable del informe que niega el conflicto de intereses de la vicepresidenta.
Telefónica fichó a Iván Rosa semanas después de que el PP llegara al poder. Cuando a Sáenz de Santamaría le preguntaron si, llegado el caso, se iba a abstener de los asuntos relacionados con Telefónica, respondió: “Los altos cargos, en determinados supuestos, están sujetos a un régimen, a una obligación, de abstención y que, en su caso, se puede consultar a la Oficina de Conflicto de Intereses cuándo deben abstenerse. Y todos los altos cargos, desde luego, al menos en esta Administración, tienen que cumplir, y así cumplirán, ese deber de abstención, porque así lo establece la Ley”.
El esposo de Santamaría es abogado del Estado de la misma promoción que Marta Silva, la autora del documento
Aunque la abogacía del Estado consideraba que no debía hacerlo, Sáenz de Santamaría se ausentó del Consejo de Ministros al menos dos veces en 2013, durante el anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones, la venta de acciones de Telefónica en Hispasat y la aprobación de la llamada Agenda Digital, según una respuesta parlamentaria.
El subsecretario de Presidencia, Federico Ramos, también abogado del Estado, defiende por teléfono la gestión de Santamaría: “Para evitar críticas, la vicepresidenta ha sido más pulcra incluso que lo que decía la Abogacía y se ha abstenido en lo relacionado con Telefónica”. Este defiende que el hecho de que el marido sea asesor jurídico de la empresa no implique la inhibición, algo que solo ocurriría si fuese secretario general del Consejo de Administración. Alega que es el director del departamento jurídico el que asume cualquier informe de asesoría, mientras que sus subordinados, como Rosa, trabajan para él.
La abogacía del Estado también emitió un informe que no veía conflicto de intereses en la gestión de Miguel Arias Cañete como ministro de Medio Ambiente pese a que tenía acciones de una petrolera. Cañete se abstuvo en la aprobación de un decreto que protegía el Estrecho de Gibraltar y en la prórroga de Garoña, porque su hermano había sido responsable de la división nuclear de Endesa. Al ser nombrado comisario europeo de Energía sí tuvo que vender sus acciones por conflicto de intereses.
Las causas de abstención que recoge la ley de altos cargos del Estado
Artículo 11. Definición de conflicto de intereses.
1. Los altos cargos servirán con objetividad los intereses generales, debiendo evitar que sus intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades.
2. Se entiende que un alto cargo está incurso en conflicto de intereses cuando la decisión que vaya a adoptar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15, pueda afectar a sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos.
Se consideran intereses personales (...):
a) Los intereses propios.
b) Los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.
c) Los de las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente.
d) Los de las personas con quien tengan amistad íntima o enemistad manifiesta.
e) Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que el alto cargo haya estado vinculado por una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los dos años anteriores al nombramiento.
f) Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que los familiares previstos en la letra b) estén vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración.
Artículo 12. Sistema de alerta para la detección temprana de conflictos de intereses.
1. Los altos cargos deben ejercer sus funciones y competencias sin incurrir en conflictos de intereses y, si considera que lo está, debe abstenerse de tomar la decisión afectada por ellos (...).
http://politica.elpais.com/politica/2015/07/14/actualidad/1436886185_467638.html
JUSTICIA DA VÍA LIBRE A LOS MINISTROS PARA VOTAR LEYES QUE AFECTEN A EMPRESAS EN LAS QUE PARTICIPAN
La Abogacía del Estado sostiene que aprobar en un Consejo de Ministros un proyecto de ley no entraña tomar "decisión alguna sobre ningún asunto" porque la última palabra es de las Cortes
Con ese argumento avaló que Miguel Arias Cañete interviniese en un Consejo de Ministros que aprobó la Ley de Evaluación Ambiental pese a participar en una empresa petrolífera
El informe, secreto durante un año y al que ha tenido acceso infoLibre, fue corregido el mismo día porque la primera versión decía que Cañete no había dirigido Petrolífera Dúcar pese a que fue su presidente
Un informe de la Abogacía del Estado que ha permanecido secreto durante un año introduce una nueva tesis que fulmina la letra y el espíritu de la Ley de Conflictos de Intereses, aquella que prohíbe a ministros y altos cargos intervenir en decisiones sobre “asuntos” que “interesen” a empresas de su esfera privada. El informe, al que ha tenido acceso infoLibre [consúltalo aquí en PDF] y que fue el que en agosto de 2013 permitió a Miguel Arias Cañete participar en el trámite de la Ley de Evaluación Ambiental pese a que es socio de dos compañías petroleras, sostiene que votar en el Consejo de Ministros la aprobación de un proyecto de ley no entraña “decisión alguna sobre ningún asunto” por cuanto es el Parlamento el que valida las leyes.
Tras un año de negativa constante a desvelar su contenido, el informe sale ahora a la luz gracias a la reclamación de documentos formulada por el diputado socialista Gabriel Echávarri. La entrega de la información requerida, que destapa la nueva y más benévola interpretación oficial sobre conflictos de intereses, se produjo el pasado día 9, en plena ofensiva gubernamental en pro de la “regeneración democrática”.
Los dictámenes de la Abogacía del Estado, uno de los tres órganos directivos del Ministerio de Justicia, no sientan doctrina en el sentido estricto del término. Pero representan la posición del Gobierno, la fijan a efectos jurídicos y crean precedente para futuras interpretaciones. El informe que reinterpreta la Ley de Conflictos de Intereses está firmado por Dolores Ocaña, la abogada del Estado destinada en el Ministerio de Agricultura, entonces dirigido por Miguel Arias. También miembro del Servicio Jurídico público, Ocaña fue consejera de la empresa pública de tecnologías agrarias, Tragsatec, hasta enero de 2014, y así consta en el Registro Mercantil.
El informe, que no precisa a solicitud de quién se elaboró, representa en la práctica una enmienda a la totalidad del artículo 4 de la Ley 5/2006, reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración.
Ese precepto, piedra angular de la norma, dice lo siguiente: “A los efectos de esta ley, hay conflicto de intereses cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas”.
Una pregunta en el aire
El articulo 7 del mismo texto legislativo prohíbe a quienes incurran en conflicto de intereses intervenir en “asuntos” que “interesen a empresas” en cuya dirección o asesoramiento haya participado el alto cargo, su cónyuge o similar o cualquier familiar dentro del segundo grado “en los dos años anteriores” a su toma de posesión.
Aunque la redacción de ambos preceptos parece inequívoca, el dictamen de la Abogacía del Estado evitó que Miguel Arias Cañete, entonces titular de Agricultura y hoy aspirante a comisario europeo, tuviera que ausentarse el 30 de agosto de 2013 de la votación del anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental en el Consejo de Ministros. Pese a ser accionista y exadministrador de dos empresas petroleras –Petrologis Canarias SL y Petrolífera Dúcar, que era la que estaba en cuestión por el potencial conflicto de intereses–, Cañete participó en la sesión con el visto bueno del Servicio Jurídico del Estado.
Llevada al extremo, la nueva perspectiva adoptada por la Abogacía del Estado en materia de conflictos de intereses plantea una pregunta: la de por qué exigir a un ministro que cese como administrador de una sociedad si, aun en el supuesto de que participase en la tramitación de alguna ley específica sobre el sector en que opera esa misma sociedad, no estaría decidiendo nada.
La pregunta cobra vigor a la luz de los siguientes argumentos: "Debemos reiterar –dice de hecho el informe– que en la aprobación de un proyecto de ley no hay asunto, no hay decisión". Y más: "El poder decisorio en la producción legislativa es el poder legislativo, de manera que la decisión sobre el asunto en que pudiere tener (hipotéticamente) interés personal el ministro le corresponde al Parlamento, puesto que el asunto no es otro que la aprobación de una norma con rango de ley".
Premisa falsa
Los entrecomillados del párrafo anterior pertenecen al "dictamen ampliatorio" [consúltalo aquí en PDF] que la Abogacía del Estado emitió sobre el posible conflicto de intereses en que podría incurrir Miguel Arias Cañete. Ni el dictamen original ni el "ampliatorio" dedican una sola mención al hecho de que, salvo excepciones que jamás se han dado en España, las mayorías parlamentarias que sostienen al Gobierno de turno votan las leyes siguiendo las indicaciones de sus líderes políticos. Y esos líderes son, de nuevo salvo excepciones, los que forman parte del Gobierno.
La emisión del llamado "dictamen ampliatorio" vino forzado porque el primero partió de una premisa falsa: que Arias Cañete era accionista de Petrolífera Dúcar, la empresa que suscitaba dudas sobre la existencia de un potencial conflicto de intereses, pero sin que jamás hubiese participado en su dirección o asesoramiento: “Según resulta de los antecedentes facilitados con motivo de la consulta, el señor ministro no ha tenido parte ninguna en la dirección ni en el asesoramiento ni en la administración de la sociedad en cuestión [Petrolífera Dúcar SL]”. En realidad, Arias Cañete fue presidente de Petrolífera Dúcar hasta enero de 2012.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 30 de agosto de 2013, Miguel Arias Cañete dijo que había participado en la sesión porque le respaldaba la Abogacía del Estado. Arias dijo esto: "He pedido un informe a la Abogacía del Estado, en el cual ha dicho que, no siendo consejero de la empresa y siendo un simple accionista minoritario, no tengo por qué inhibirme en la materia". En realidad, la legislación española sobre incompatibilidades jamás le habría permitido simultanear el cargo de ministro con el de consejero de una empresa privada.
El entonces titular de Agricultura obvió que un segundo informe de la Abogacía corregía el error inicial y admitía que sí había administrado la sociedad. Y obvió igualmente que el principal argumento de la Abogacía no era el de que su participación en Petrolífera Dúcar –2,5%– fuese minoritaria, sino el de que votar en el Consejo de Ministros equivale a nada a efectos prácticos.
Dos informes emitidos el mismo día
Que el hoy exministro no participó en la administración de la compañía es lo que dice el primer dictamen, fechado el 29 de agosto de 2013, víspera del Consejo de Ministros que dio vía libre a la tramitación de la Ley de Evaluación Ambiental, que prevé sanciones para las empresas que desarrollen actividades de bunkering en zonas protegidas.
Es decir, empresas que suministren crudo a barcos en alta mar, una práctica muy rentable a efectos tributarios pero muy arriesgada para el medio ambiente. Según la Abogacía, Petrolífera Dúcar no hace bunkering en la Bahía de Algeciras porque [sic] “no factura el costo del combustible a los buques amarrados en el puerto de Ceuta”. “Las operaciones de bunkering –añade el informe– son realizadas por los propietarios del combustible depositado” en las instalaciones de Petrolífera Dúcar.
Como ese primer informe partía de una premisa falsa –que Cañete jamás había dirigido ni asesorado a Petrolífera Dúcar–, la Abogacía emitió una ampliación. Y lo hizo con tal celeridad que su fecha es la misma: 29 de agosto de 2013. En esa ampliación, la abogada del Estado avisa ya en la segunda página de que, si bien Arias Cañete sí participó en la dirección de Petrolífera Dúcar, eso “en nada modifica la conclusión de primer informe”.
Y para sostener esa conclusión –que nada impedía a Cañete votar el anteproyecto de una ley que castiga el bunkering–, la Abogacía usa el siguiente argumento: que una cosa es la “fase administrativa” y otra, la “fase parlamentaria”.
"No hay decisión alguna"
El informe establece esta distinción para, a renglón seguido, afirmar esto: “Es claro que el deber de inhibición no resulta aplicable en esta fase administrativa, puesto que tratándose de la elaboración de una norma legal, la 'decisión del asunto' no puede ser sino la fijación de la determinación definitiva del contenido de la norma legal y ello no corresponde a la Administración sino a los Cuerpos Colegisladores”. O sea, al Congreso y al Senado.
“Por ello –remata el dictamen– resulta indiferente a los efectos del deber de inhibición del artículo 7.1 [de la Ley de Conflictos de Intereses] que el ministro hubiera tomado parte en la administración de Petrolífera Dúcar SL dentro de los dos años anteriores a su toma de posesión, puesto que en la aprobación de un proyecto de ley no hay decisión alguna sobre ningún asunto, al ser las Cortes Generales las que fijarán el contenido definitivo de la norma”.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/07/18/un_informe_del_gobierno_via_libre_los_ministros_para_votar_leyes_que_afecten_empresas_las_que_participan_19689_1012.htmlTRES MINISTROS SE HAN AUSENTADO DEL CONSEJO EN DELIBERACIONES QUE LES AFECTAN
Santamaría, Guindos y Cañete alegaron intereses para abandonar las reuniones del Gobierno
Tres miembros del actual Gobierno se han abstenido en la deliberación en el Consejo de Ministros de asuntos sobre los que han tenido intereses personales o familiares. Según consta en una respuesta a la diputada socialista Meritxell Batet, se han ausentado en distintas ocasiones la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría; el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y el titular de Economía, Luis de Guindos.
La número dos del Gobierno se ha levantado dos veces del Consejo de Ministros —el 24 de enero y el 26 de febrero de este año— por asuntos relacionados con Telefónica. Su marido, Iván Rosa Vallejo, fue contratado poco antes por la compañía como miembro de su asesoría jurídica. En esos consejos, el Gobierno deliberó sobre el anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones, la venta de acciones de Telefónica en Hispasat y la aprobación de la llamada Agenda Digital.
Arias Cañete se ha abstenido en dos deliberaciones. Una el 20 de enero de 2012, cuando se discutió sobre la central nuclear de Garoña, porque su único hermano, Alfonso Arias Cañete, durante años ha sido director de Energía Nuclear de Endesa y vicepresidente de Tecnatom, compañía cuyo capital se reparten Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa, que explotan la nuclear.
El titular de Economía se ha abstenido en cuatro ocasiones
La segunda fue en diciembre, cuando se discutió el proyecto de real decreto por el que se declaró Zona Especial de Conservación el Estrecho de Gibraltar. Cañete tiene intereses en las gasolineras flotantes de la Bahía de Algeciras, que practican el llamado bunkering, que consiste en suministrar combustible libre de impuestos desde buques nodriza anclados en la bahía a los barcos que cruzan el estrecho de Gibraltar. La empresa es Ducar y el ahora ministro declaró en el registro de intereses del Congreso que no contrataba con la Administración, pero, en realidad esa compañía vive de concesiones públicas. El Congreso no puede investigar la veracidad de los datos declarados. Guindos se abstuvo en cuatro ocasiones: el 13 de febrero de 2012, el 24 de enero, el 1 de marzo y el 15 de marzo de 2013. La primera era la deliberación del acuerdo de prolongación de la vida de la central de Garoña, por su condición de consejero de Endesa entre junio de 2009 y diciembre de 2011. Por ese motivo se abstuvo también de participar en dos debates sobre el anteproyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos.
El titular de Economía no participó en la deliberación del acuerdo para sancionar a la exdirectora del ICO, Olga García Frey, porque entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009 Guindos prestó servicios a PricewaterhouseCoopers, una de las entidades a las que se adjudicaron los contratos que dan lugar a la sanción.
http://politica.elpais.com/politica/2013/07/07/actualidad/1373217153_881868.htmlLA FISCALÍA RECURRE EL ARCHIVO DEL ESCRACHE A SÁENZ DE SANTAMARÍA
La denuncia fue presentada por el marido de la vicepresidenta, aunque ésta intentó desligarse: “El denunciante no soy yo, pero vive en mi casa…”
El exsecretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge junto a varias personas concentradas para realizar un escrache, ante la que creen que es la vivienda de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en las inmediaciones de la plaza de Manuel Becerra, en el distrito de Salamanca. EFE
La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia de Madrid el archivo de la denuncia por el escrache realizado frente al domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al considerar que se violó “el derecho a la intimidad personal y familiar” de la política, y, además, da relevancia al hecho de que la concentración convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca no fue comunicada a la Delegación del Gobierno en Madrid.
El marido de la vicepresidenta, autor de la denuncia
La denuncia contra el escrache fue presentada por el marido de la vicepresidenta, José Iván Rosa Vallejo, aunque Sáenz de Santamaría, en una rueda de prensa, días pasados, al ser preguntada, haya intentado desvincularse de la misma. “Espero que el denunciante, que no soy yo, pero que vive en mi casa… pues cuando se lo notifiquen le diré que es así, pero ahora no se lo puedo confirmar”. Se refería precisamente a la posibilidad de que la denuncia fuera archivada.
El juez no vio delito en el escrache
El pasado 10 de mayo, el juez de instrucción Marcelino Sexmero archivó la denuncia al considerar que la concentración no pretendía “quebrantar por la fuerza la voluntad política” de la vicepresidenta del Gobierno, sino “expresar en la vía pública la información y las ideas del colectivo concentrado sobre el problema de la ejecución hipotecaria y la crítica a la inactividad de los políticos gobernantes”. La resolución alegaba que el escrache fue realizado sin violencia, sin insultos ni amenazas, ese escrache no constituye delito y está amparado por los derechos fundamentales de reunión y de expresión.
El fiscal cree que se vulneró el derecho a la intimidad de Sáenz de Santamaría
Pero el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, sí cree que se vulneró el derecho a la intimidad de la política y estima que “para que unos derechos constitucionalmente reconocidos deban ceder ante otros es requisito ineludible que los derechos que vayan a prevalecer se ejerciten conforme a la normativa vigente”. Para el Ministerio Público, “el ilegítimo e ilegal ejercicio de un derecho nunca puede prevalecer frente a otro derecho constitucionalmente reconocido”, en este caso la intimidad personal y familiar de Sáenz de Santamaría.
“Violencia moral”
“El político, como cualquier otro ciudadano, tiene derecho a ver protegida su intimidad, sobre todo en el marco de su vida privada. Por ello, la crítica admisible debe realizarse conforme la normativa vigente y el debate político debe plantearse en los lugares adecuados”, añade el fiscal en su recurso.
Según el fiscal, la violencia física no es la única forma de violencia, también puede darse la “violencia moral con alcance intimidatorio”, que es lo que aprecia en este caso, sin descartar otros posibles delitos, como el de manifestación ilegal, desórdenes públicos o desobediencia.
http://www.elplural.com/2013/05/31/la-fiscalia-recurre-el-archivo-del-escrache-a-saenz-de-santamaria/ARCHIVADA LA DENUNCIA POR EL ESCRACHE EN EL DOMICILIO DE SÁENZ DE SANTAMARÍA
• El juez cree que no existieron amenazas
• El auto dice que el escrache buscaba "expresar en la vía pública [..] las ideas del colectivo"
El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha archivado la denuncia por amenaza y coacciones de José Iván Rosa Vallejo, marido de Soraya Sáenz de Santamaría, contra los convocantes del escrache ante la vivienda de la número dos del Gobierno. El pasado cinco de abril, unas 300 personas se concentraron durante media hora ante el domicilio de Sáenz de Santamaría para, según los organizadores, "señalar" a la vicepresidenta, una de las diputadas que rechazó asumir la totalidad de las disposiciones de la Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios propuesta por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
El auto dictado por el magistrado Marcelino Sexmero Iglesias "descarta" que exista delito de amenazas y cree que no ha existido "un grave atentado contra la libertad, intimidad y seguridad de la vicepresidenta y de su familia". Sexmero ha visionado las imágenes del escrache y tras escuchar a los agentes de policía y al marido y la madre de la vicepresidenta —que se encontraban, junto al hijo de Sáenz de Santamaría, dentro de la casa durante el escrache— ha concluido también que no se cometieron actos de desobediencia o de ofensas a los agentes, "ya que los denunciados accedieron a identificarse sin problemas". Además, dado que la convocatoria duró apenas una hora, el juez cree que no consta "voluntad rebelde" ante la petición de disolverse.
Según el magistrado, "la finalidad del escrache no era quebrantar por la fuerza la voluntad política de Sáenz de Santamaría [...] sino expresar en la vía pública la información y las ideas del colectivo concentrado". En el auto también se recuerda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha fijado que los límites de la crítica admisible son "más amplios respecto a un político en ejercicio, contemplado en ese carácter, que los de un individuo particular".
El juez considera que lo relevante no es que la manifestación se haga ante el domicilio particular de un político, sino que el derecho de manifestación se realice "de forma pacífica y sin armas, aunque no se realice la comunicación previa". La delegación de Gobierno sancionó a 18 personas al estimar que la concentración no estaba autorizada. En el auto de archivo se añade que "no podrá prohibirse el ejercicio del derecho de reunión en los casos que se prevea que la reunión provocará un clima de tensión, siempre y cuando esta situación no pueda definirse como de riesgo materia, concreto y grave para el mantenimiento del orden público y para la seguridad de las personas y bienes". Para determinar qué es una "alteración del orden público", habrá igualmente que ser, según el juez, "restrictivo y exigente".
http://politica.elpais.com/politica/2013/05/10/actualidad/1368192884_925932.htmlLA MADRE DE SÁENZ DE SANTAMARÍA Y SU MARIDO DECLARAN ANTE EL JUEZ
Como testigos del 'escrache' realizado ante la casa de la vicepresidenta del Gobierno el pasado 5 de abril
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha citado este viernes a las 11.15 horas a Petra Antón Moreno, madre de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y al marido de ésta, José Iván Rosa Vallejo, para que se ratifiquen en la denuncia y puedan prestar declaración como testigos del 'escrache' realizado el pasado 5 de abril frente al domicilio de la mandataria popular.
El juez, que abrió diligencias por estos hechos contra un total de 27 personas, tomó declaración el pasado lunes a varios policías testigos de los hechos y ese mismo día dictó una providencia librando oficio a la Brigada Provincial de Información de la Policía para que remita copia de la "orden de servicio" relacionada con la concentración.
Igualmente, el juez Sexmero ordenó remitir telegrama a los denunciados por los hechos que aún no se han personado para informarles de la existencia del procedimiento.
En un auto fechado el pasado 12 de abril, que se conoció el día 19, el magistrado acordaba incoar diligencias previas a instancias de una denuncia presentada por el marido de la vicepresidenta al estimar la posible existencia de presuntos delitos de coacciones, amenazas y/o manifestación ilegal derivados de su participación en la concentración.
Siete días más tarde, además de citar a los policías que participaron en el 'escrache', pidió información sobre quiénes son los responsables de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
En la primera de sus resoluciones el juez consideraba al exsecretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge uno de los cabecillas de la supuesta manifestación ilegal, junto con María Eugenia G.Y. y Adrian R.P., si bien solicitaba a la Policía más información sobre este extremo, que aún está pendiente de entregarse según han señalado fuentes del caso.
Las diligencias se abren después de que el pasado 8 de abril entrara en el Decanato de los Juzgados ordinarios el atestado policial de la Brigada Provincial de Información. En el informe constaban los identificados en la protesta por parte de la Policía.
El atestado se unió el 9 de abril a una denuncia presentada por los citados hechos a instancias del marido de Sáenz de Santamaría, que recayó en el Juzgado número 4 de Instrucción.
En los fundamentos de derecho, el juez relataba que en la manifestación que tuvo lugar el pasado 6 de abril se congregaron cerca de unas 300 personas enfrente del domicilio de la vicepresidenta, lo que a su juicio podría incurrir en los citados delitos.
Según el juez, la naturaleza y circunstancias de tales hechos denominados 'escraches' no están determinados, "pero sí las personas que en ellos han intervenido"
http://www.publico.es/454361/la-madre-de-saenz-de-santamaria-y-su-marido-declaran-ante-el-juezUN JUEZ ARCHIVA UNA DENUNCIA POR ESCRACHE POR CONSIDERAR QUE ESTÁN "LEGITIMADOS" PARA MANIFESTARSE
El juzgado no aprecia que se cometiese delito o falta de injurias, amenazas o coacciones, ya que no hubo insultos ni amenazas
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Torrelavega (Cantabria) ha acordado el sobreseimiento de la denuncia presentada en Comisaría el pasado 19 de abril por el alcalde de la localidad, Ildefonso Calderón, contra los autores de un escrache en su domicilio, al considerar que no hubo amenazas ni violencia y que estaban legitimados para manifestarse.
El regidor municipal había denunciado a los integrantes del piquete que a última hora de la tarde del pasado 18 de abril "acosó" su domicilio "asustando" a su familia y vecinos. Con esta acción, llevada a cabo por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, Calderón se convirtió en el primer político víctima de un escrache en la región.
Sin embargo, el Juzgado no aprecia indicio alguno de que se cometiese delito o falta de injurias, amenazas o coacciones, ya que, según lo manifestado en la denuncia, los denunciados no profirieron insultos ni amenazas, ni hacia el alcalde, ni hacia su familia.
Además, el auto judicial destaca que "como destacado militante y cargo político electivo del partido que apoya al Gobierno de la Nación" (PP), el alcalde debe tener en cuenta que los artículos 20 y 21 de la Constitución (derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica y sin armas9 "legitiman" a las personas denunciadas para manifestarse contra los deshaucios en cualquier lugar público, como puede ser la calle o "ante la puerta de su domicilio".
El alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón, ha afirmado que el sobreseimiento de la denuncia que interpuso contra los autores del 'escrache' que tuvo lugar frente a su domicilio particular el pasado 18 de abril, "ofrece cobertura legal para acosar a los políticos en sus domicilios particulares y abre una vía que pone en riesgo la seguridad y la intimidad de sus familias".
El alcalde ha realizado estas declaraciones después de conocer y valorar el alcance del auto judicial, por el cual se ha sobreseído su denuncia al entender el órgano judicial que no se cometió delito durante esa concentración.
Calderón ha dicho que "la única intención" de su denuncia fue que las personas que se concentraron y bloquearon la entrada en el portal donde vive, "fueran identificadas como medida de prevención y por haber atemorizado a mi familia".
El alcalde ha dicho que "respeta" la decisión judicial, pero no comparte sus argumentos, y por eso seguirá denunciando las manifestaciones a la puerta de su casa, "porque soy padre de una familia y tengo hijas menores", ha subrayado.
"Mi familia tiene derecho a la intimidad y a no sentirse acosada; tienen derecho a entrar y salir libremente de su casa sin sentirse coaccionados por estos actos. Por eso creo que las leyes deben cambiar. Las leyes deben proteger estos derechos si ahora mismo no lo están por la legislación vigente", ha subrayado el regidor municipal.
PROTEGER A SU FAMILIA
Asimismo, Calderón ha declarado que "como alcalde, y como cargo político electo", tiene el deber de "soportar las protestas" en un acto público, "pero mi familia y mis hijas menores no tienen por qué padecer estas reacciones de repulsa y menos aún cuando están en su propia casa", ha remarcado.
"Tengo el deber de proteger a mi familia y de prevenir, con mi denuncia, cualquier acto de acoso y de violencia en el que pueden degenerar este tipo de manifestaciones", ha insistido el alcalde, quien ha indicado que no está de acuerdo en que haya concentraciones de protesta ante las casas de los políticos, "ni de los jueces, ni de ningún ciudadano en Torrelavega, porque hay muchos lugares públicos donde ejercer los derechos constitucionales de libertad de expresión y de reunión".
Por ello, ha concluido señalando que "lamenta que estas decisiones judiciales amparen los actos de protesta" en el portal de su casa, "porque se está dando cobertura de legalidad a unas situaciones que pueden derivar en algo peligroso y en una amenaza para la seguridad e intimidad de mi familia", ha señalado.
http://www.publico.es/espana/454292/un-juez-archiva-una-denuncia-por-escrache-por-considerar-que-estan-legitimados-para-manifestarseLA IRRESISTIBLE LLAMADA DEL SERVICIO PÚBLICO
El Gobierno del PP se nutre de la élite de la alta burocracia del Estado
Abogados del Estado dejan la empresa privada y altas remuneraciones por la Administración
Siempre ha sido así. La Administración española se ha nutrido de los altos cuerpos del Estado, también en el franquismo, singularmente de abogados del Estado y técnicos comerciales y economistas del Estado. La intensidad y la cantidad es lo que cambia con los distintos gobiernos y se constata una mayor presencia de estos altos funcionarios cuando el poder lo tiene el PP que cuando lo ostenta el PSOE. En esta ocasión, además, hay otra peculiaridad, cual es el nombramiento de abogados del Estado de una misma promoción; la que salió en 1996. “Fue una añada excelente”, señala otro abogado del Estado de una generación mayor que la que encuadra, entre otros 35, al recién elegido presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique, y a su mentor, y pieza clave del grupo, Jaime Pérez Renovales, subsecretario del Ministerio de la Presidencia. Son la promoción a la que pertenece Iván Rosa, el esposo de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también abogada del Estado, aunque no de la misma promoción.
Un abogado del Estado tiene una preparación jurídica, de derecho privado y público, impresionante” Funcionarios de otros cuerpos
Esta se ha venido en llamar “La Gloriosa” y sus componentes, que están entre los 42 y los 45 años, tiran unos de otros. No es fácil encontrar una crítica a la presencia de estos funcionarios de élite en la estructura de Gobierno. Todo son parabienes hacia su cualificación. “Un abogado del Estado tiene una preparación jurídica, de derecho privado y público, impresionante”, señalan funcionarios de otros cuerpos.
La mayoría de ellos ha abandonado la empresa privada para pasar a la Administración, con un descenso económico muy notable. “Ocurre que la mayoría de ellos se consideran ante todo servidores públicos y en este grupo concreto se ha producido el efecto llamada”, explica un miembro del Gobierno. Pérez Renovales llamó a González-Echenique, pero desde principios de año el grupo de La Gloriosa se fue diseminando por los ministerios; como subsecretarios, o secretarios generales. A los citados hay que añadir al Subsecretario de Economía, Miguel Temboury, y a Marta Silva, directora del Servicio Jurídico del Estado. Aprobaron esa oposición Luis Aguilera, subsecretario del Interior, y Lourdes Centeno, secretaria general técnica de Economía.
De manera privada, entre ellos, en tono de broma pero sin mofa, se les escucha decir que su presencia en la Administración se explica por “patriotismo”
En la dirección general de Deportes está otro compañero del cuerpo de abogados del Estado, David Villaverde, que comparten experiencias en las cenas que celebra el grupo con los componentes de dentro y fuera de la Administración. En cualquier momento pueden estar en otro lugar. Los abogados del Estado “entran y salen de la empresa privada a la Administración a lo largo de su vida”, relatan otros más veteranos que han tenido esa peripecia vital. “El PP cuando gobierna se nutre de la alta burocracia del Estado, y hay que perseverar en ello porque de lo contrario se cuelan los compromisos de partido, al margen de la preparación que tengan, que no siempre es la más deseable". Esto lo dice un miembro del Gobierno, también perteneciente a un alto cuerpo del Estado. Qué puede mover a los abogados del Estado de la Gloriosa a aceptar ir a la Administración a puestos relevantes, sí, pero en el anonimato y perdiendo dinero? Esta pregunta formulada a varios de ellos y a otros técnicos comerciales y economistas del Estado, es respondida en el mismo registro, además, de la vocación por el servicio público: la atracción por la política. De manera privada, entre ellos, en tono de broma pero sin mofa, se les escucha decir que su presencia en la Administración se explica por “patriotismo”.
http://politica.elpais.com/politica/2012/06/09/actualidad/1339273551_489102.htmlLA TELE DE POLO
El reto de Leopoldo González-Echenique, candidato del Gobierno para reestructurar RTVE, es ganarse la confianza general
Hasta hace seis días era un perfecto anónimo. Un hombre de esos que acuden al trabajo encorbatado, embutido en trajes hechos a la medida y con camisas claras con las iniciales bordadas en el pecho. Un ejecutivo con posibles que probablemente se va con su mujer y su prole de niños a pasar los fines de semana en una casa de campo y que, a veces, le entran unas enormes ganas de comerse el mundo. Una de esas personas de aspecto intachable de las que se supone que han estudiado una carrera y que, probablemente, han hecho oposiciones para ser abogado del Estado.
Seguramente, él habría querido otra cosa. Pero el lunes pasado, cuando Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubago, Polo para los amigos, llegó temprano a las oficinas de NH en Madrid, donde ejerce de secretario general, sabía que su vida estaba a punto de dar un vuelco trascendental y que su nombre iba a embadurnarse en la polémica. El Gobierno iba a anunciar esa mañana que le proponía a él, un abogado del Estado anónimo, para presidir Radio Televisión Española (RTVE) y recortar un agujero de 204 millones de euros.
Y la polémica saltó de forma inmediata. El Gobierno, rotas las relaciones con el PSOE para consensuar un candidato, cortó por lo sano. Mariano Rajoy se lo encargó a Soraya Sáenz de Santamaría y decidió el dedo de esta. Su entorno se vanagloriaba de haber llevado el asunto con absoluta discreción. Tanta que altos responsables del PP, de los que se supone que tienen que estar enterados, no pudieron dejar de mostrar cierto desconcierto al enterarse como cualquiera de los mortales. Mientras, en el PSOE empezaban a indagar las virtudes y, sobre todo, los defectos de un candidato desconocido, cuyo nombramiento está asegurado por el rodillo parlamentario del PP.
El futuro presidente de RTVE tiene un perfil dialogante y disfruta de la buena vida: golf, tenis y veranos en Sotogrande”
El candidato resultó ser un abogado del Estado, como la vicepresidenta, y compañero de promoción del marido de esta (Iván Rosa), nacido hace 42 años en Madrid, de familia de abogados (su padre ejercía en un despacho y su abuelo fue abogado del Estado como él). Sus progenitores le llevaron al colegio del Pilar —cantera de políticos con pedigrí—, de donde salió con una pátina que luego modeló tras pasar por las manos jesuitas de la Universidad de Comillas, donde estudió Derecho y Empresariales. La impronta le cundió, y lo prueba que lleva a sus cuatro hijos a un colegio de la Compañía.
Pertenece a la promoción que se graduó en 1996 y en la que salió con el número 19, un puesto discreto en el escalafón de estos amos del universo administrativo. A esa promoción, llamada la Gloriosa, pertenece también Jaime Pérez Renovales, secretario de Estado de Presidencia, que fue su principal mentor. El número dos de Sáenz de Santamaría fue testigo de la boda de González-Echenique y Mónica López Monis, también de la promoción y hoy responsable de la asesoría jurídica de Banesto. Tras ejercer en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en Interior, Renovales le fichó para los servicios jurídicos de la CNMV y, posteriormente, se lo llevó a Economía, que entonces regía Rodrigo Rato. Después estuvo en la Sociedad de la Información con Josep Piqué como ministro del ramo. Esa es la relación más cercana con las comunicaciones y, según ha confesado, donde más ha disfrutado, pese a que solo duró 10 meses.
Debió transmitirlo con euforia a sus compañeros de profesión en las cenas de cuadrilla que suelen hacer. Así que, llegada esta oportunidad, su amigo no ha desaprovechado para recomendarle. Pero antes de volver a la esfera pública, ha pasado casi un decenio en la parte privada, repartidos entre Barclays y NH. Allí seguía el viernes a la espera de acontecimientos y guardando silencio. Le han dicho en La Moncloa que no hable con nadie y que no se deje hacer fotos hasta nueva orden, y él cumple. No coge el teléfono ni a los amigos.
De la Gloriosa, llamada así por la cantidad de altos cargos que ha dado al Gobierno de Rajoy, están, además de Renovales, su mujer e Iván Rosa, Miguel Temboury (subsecretario de Economía), Lourdes Centeno (secretaria general técnica de Economía), David Villaverde (director general de Deportes), Luis Aguilera (subsecretario de Interior), Marta Silva (abogada general del Estado) y José Miguel Alcolea (servicio jurídico de Iberdrola), entre otros. Esta vocación por lo público choca con el éxodo al sector privado de etapas recientes. Parece que la llegada de Santamaría y el PP ha vuelto a crear una conciencia de Estado, aunque él, que solo se reconoce monárquico, no milita en el partido.
Con muchos de ellos disfruta jugando al golf y al tenis. En ese círculo de amigos, donde todos le llaman Polo, se mueve con cercanía. Le gusta cultivar las amistades desde los tiempos del Pilar. Sus allegados destacan que hay que valorar el sacrificio, ya que pierde más de la mitad del sueldo. “Forma parte de esa especie de funcionarios que piensan que el dinero no es fundamental”, asegura uno. Pero el cargo al que va tiene tirón y abre muchas expectativas. La merma de caudales puede afectar el alto tren de vida al que está acostumbrado, en el que se priva de pocas cosas, una pequeña casa cerca de Madrid y los veranos en la selecta urbanización gaditana de Sotogrande.
Todos hablan maravillas de Polo. Detrás de su aspecto de fino señorito se guarda una persona dispuesta y simpática. Las apreciaciones se extienden fuera del círculo de íntimos, donde vuelve a ser Leopoldo. Compañeros de trabajo, jefes y subordinados, encadenan calificativos elogiosos: afable y abierto, leal por encima de todo, de risa fácil, nada arrogante y muy dialogante, modesto, no es trepa ni tiene dobleces.
Pero hasta ahora nunca ha tenido el mando, y menos de una institución como en la que está a punto de aterrizar. Y el mando, que tendrá que ejercer con firmeza, imprime carácter. Dicen que una de las cosas que aprenden los abogados del Estado es a superar obstáculos, pero de cómo acceda al cargo y de cómo desarrolle su mandato va a depender que todos los calificativos que ahora le caen como pétalos de rosas no se conviertan en lanzas. “Se llevará bien con la oposición y con los empleados”, aventura uno de sus jefes en estos años. “Va a suponer un soplo de aire fresco”, añade otro.
Falta le va a hacer. En este instante de su biografía le llega una reválida vital. Tiene la oportunidad de colocar el cum laude a su graduación. Pero sabe que se va a sentar en una silla eléctrica a la que llega con la idea preconcebida por el PP de reestructurar a cualquier precio. Tendrá que decidir si vuelve a recurrir a la publicidad para financiarse ante la reducción del presupuesto y si debe enfrentarse a recortes de plantilla. Y todo eso le va a colocar en el centro de la diana de la izquierda y de los sindicatos, mientras la derecha ya le guarda como uno de los suyos y La Moncloa confía en haber acertado.
http://politica.elpais.com/politica/2012/06/08/actualidad/1339178756_817594.html
EL PRESIDENTE DE RTVE, EL SÉPTIMO CACHORRO DE ‘LA GLORIOSA’: LOS ABOGADOS DEL ESTADO DE 1996
‘La Gloriosa’ es el nombre con el que se designa a los 35 integrantes de la promoción de abogados del Estado de 1996, una camada de profesionales en cuyo caladero pesca el Gobierno de Mariano Rajoy. La quinta parte de ellos ya forma parte del actual Ejecutivo, llegando a cuotas desconocidas para ninguna otra promoción, ni siquiera para la de 1999, cuyo número dos fue Soraya Sáenz de Santamaría. El último fichaje, el futuro presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique. Su mujer, Mónica López-Monis también forma parte de ‘La Gloriosa’. Como Iván Rosa, el marido de la vicepresidenta. Ambos –al igual que otros de sus integrantes- triunfan en la empresa privada.
El pasado 26 de marzo, el BOE publicaba la relación de todos los abogados del Estado en activo desde la promoción de 1967. Y una de ellas, la promulgada el 11 de marzo de 1996, apenas ocho días después del primer triunfo de José María Aznar, llama especialmente la atención por lo ‘bien colocados’ que han acabado sus integrantes hasta el punto de que ellos, que intentan mantener lazos de amistad y quedar al menos una vez al año, la denominan como ‘La Gloriosa’.
El futuro presidente de RTVE, González-Echenique, fue el número 19 de esa promoción y ahora mismo figuraba en la Abogacía del Estado como ‘excedente voluntario’, dedicado en el ámbito privado a la Secretaría General de NH. Recibió la llamada de Soraya Sáénz de Santamaría, cuyo marido, Iván Rosa, fue compañero suyo de promoción aunque con un puesto más bajo, el 34 de 35.
Iván Rosa, que purgó la pena de ser marido de la actual vicepresidenta y fue represaliado por ello en época del PSOE, ha pasado a engrosar las filas de Telefónica desde el pasado abril. Curiosamente, allí coincide con Nicolás Oriol Enciso, número 4 de la promoción de ‘La Gloriosa’ y actualmente director de los Servicios Jurídicos de la empresa de César Alierta.
Cuando llegó al Gobierno, la vicepresidenta eligió como su ‘mano derecha’ al número 2 de ‘La Gloriosa’, Jaime Pérez Renovales, que no dudó en dejar un sustancioso y bien remunerado puesto en el Santander por ocupar la Subsecretaría de Presidencia al lado de la esposa de su compañero de promoción. Una buena muestra que también hay lazos de amistad entre muchos de los integrantes de esta promoción la dan las reseñas de la boda del futuro presidente de RTVE con Mónica López-Monis Gallego, la número 8 de ‘La Gloriosa’ y hoy secretaria general del Consejo de Banesto tras serlo de Aldeasa. Firmaron como testigos de su enlace varios compañeros abogados del Estado: el ya citado Jaime Pérez Renovales, Miguel Temboury Redondo y Marta Silva de Lapuerta. Tanto Pérez Renovales como Temboury han tenido mucho que ver en la elección de su amigo como nuevo presidente de RTVE. También fue testigo de esa boda Miguel Ruiz-Gallardón García de la Rasilla, primo del ministro de Justicia y casado con Ana López Monis, cuñada del nuevo presidente del ente público.
Miguel Temboury fue el número 7 de ‘La Gloriosa’ y actualmente es el subsecretario de Economía y Competitividad en el Gobierno de Mariano Rajoy. Marta Silva fue la nmero 26 y hoy es la Abogada General del Estado y directora del Servicio Jurídico, tras pasar por la secretaría general del Real Madrid y de Sacyr. Soraya Sáenz de Santamaría, como presidenta de la Comisión de Subsecretarios que coordina a todos los Ministerios, se sienta cada miércoles con Pérez Renovales, Temboury, Marta Silva y con un cuarto compañero de promoción de su marido, Luis Aguilera, número 27 entonces y hoy subsecretario de Interior.
Fuera de esta comisión aún hay sitio en el Ejecutivo de Rajoy para otros dos integrantes del llamado maliciosamente como ‘clan de los sorayos’ e igualmente abogados del Estado del 96: David Villaverde, número 22 de ‘La Gloriosa’ y director general de Deportes en el Consejo Superior, y Lourdes Centeno, número 33 de la promoción y actual secretaria general técnica de Economía y Competitividad.
Con el próximo nombramiento de González-Echenique en RTVE, ‘La Gloriosa’ tendrá 7 cargos en el Gobierno de Mariano Rajoy y una creciente influencia con otros de sus miembros en la empresa privada. Aparte del marido de la vicepresidenta en Telefónica o de la esposa de González-Echenique en Banesto, Isaac Salama, número 6 de la promoción e integrante del Gabinete de José María Aznar de 2000 a 2004, es hoy subdirector general en el Ministerio de Justicia. Luis de la Vallina fue viceconsejero del Sector Público con el Gobierno asturiano de Álvarez Cascos, o Marcos Mas Raucwerk, uno de los dinamizadores de ‘la Gloriosa’, preside la Comisión Jurídica del Fútbol Club Barcelona.
El número 1 de la promoción, Alfonso Ramos de Molins Sáinz de Baranda, fue secretario general de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y hoy es abogado del Estado en Madrid. Y una última curiosidad: el número 5 de la promoción, Severo Bueno de Sitjar de Togores, ha sido noticia el pasado 29 de mayo cuando el Supremo fallaba en su favor en la demanda que interpuso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que su hija pudiera estudiar en castellano en un colegio concertado de Barcelona.
http://www.elconfidencial.com/espana/2012/06/05/el-presidente-de-rtve-el-septimo-cachorro-de-la-gloriosa-los-abogados-del-estado-de-1996-99340/
SANTAMARÍA APUNTA QUE SE INHIBIRÁ EN LAS DECISIONES SOBRE TELEFÓNICA
La compañía ha fichado esta semana al esposo de la vicepresidenta, Iván Rosa
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apuntado hoy, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se inhibirá en la toma de decisiones que afecten a la empresa Telefónica. Esta compañía ha fichado esta misma semana a Iván Rosa, esposo de la vicepresidenta.
La incorporación Rosa, que había pedido una excedencia en su puesto de abogado del Estado adscrito al Ministerio de Hacienda, se produce tras la polémica desatada la pasada semana por el fichaje de Ignacio López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, como consejero de Red Eléctrica Española, compañía cotizada pero controlada mayoritariamente por el Estado a través de la SEPI. El revuelo mediático formado en torno a esta contratación hizo que López del Hierro renunciara a su cargo apenas unas horas después de hacerse público su nombramiento, tras fuertes presiones del Palacio de La Moncloa.
La vicepresidenta no quiso ayer hacer declaraciones sobre el asunto, hoy su única alusión ha sido a la posibilidad de no tomar parte en las decisiones del Gobierno que afecten a la empresa.
www.elpais.es 23.03.12
TELEFÓNICA CONTRATA AL ESPOSO DE LA VICEPRESIDENTA SANTAMARÍA
Telefónica ha contratado a Iván Rosa Vallejo, el abogado y esposo de la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, para trabajar en su gabinete jurídico. Pero este no ha sido el único fichaje que se ha producido en la operadora que también ha incorporado a la plantilla a Paloma Villa, esposa del dirigente socialista Eduardo Madina.
La incorporación de ambos cónyuges de políticos en activo se produce tras la polémica desatada la pasada semana por el fichaje de Ignacio López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, como consejero de Red Eléctrica Española, compañía cotizada pero controlada mayoritariamente por el Estado a través de la SEPI. El revuelo mediático formado en torno a esta contratación hizo que López del Hierro renunciara a su cargo apenas unas horas después de hacerse público su nombramiento, tras fuertes presiones del Palacio de La Moncloa.
Iván Rosa Vallejo, esposo de Sáenz de Santamaría desde 2005 y con la que acaba de tener un hijo, ha desempeñado su labor en los ministerios de Economía y Hacienda en los últimos ocho años, aunque recientemente pidió una excedencia. Sobre el fichaje, “la vicepresidencia no va a hacer comentarios sobre este asunto”, según señalan en La Moncloa, informa Carlos E. Cué.
Su fichaje se fraguó en una cena celebrada hace poco con el secretario general y responsable jurídico de Telefónica, Ramiro Sánchez de Lerín, en la que también estaba presente la vicepresidenta del Gobierno, según informa El Confidencial, aunque este extremo no ha sido confirmado por la compañía.
Sobre este fichaje, el diputado socialista Rafael Simancas ha considerado, en declaraciones a Europa Press, que puede interpretarse en clave de "nepotismo" o de influencia "indebida". "A partir de ahora cualquier decisión que adopte el Gobierno en materia de telecomunicaciones se va a interpretar teniendo en cuenta su condición de consorte de una persona vinculada a una empresa tan señera en este ámbito", ha afirmado Simancas. En su opinión, el asunto no sólo requiere un análisis jurídico "sosegado", sino también uno de carácter "político" y "ético". Porque, ha asegurado, el PP se ha mostrado siempre "extraordinariamente exigente y crítico" cuando situaciones de naturaleza similar se daban en otros partidos políticos. "Son ya reiterados los casos de maridos, esposas e hijos [de cargos del PP] que de pronto obtienen un nombramiento en el ámbito público, semipúblico o privado", ha remachado.
Villa, en el paro desde diciembre
Por su parte, Paloma Villa, esposa de Madina y exasesora del grupo parlamentario socialista en el Parlamento europeo, ha sido fichada para trabajar en un puesto de la división del grupo telefónico de relaciones institucionales, según desveló el portal Tudosis. Fuentes del PSOE han defendido que los dos casos no son comparables en tanto en cuanto los cónyuges no están en la misma situación, informa Soledad Alcaide. Según añaden, no es lo mismo ser el marido o mujer de quien “toma las decisiones en un país que el del secretario de un grupo de 110 diputados en la oposición”.
Las mismas fuentes han explicado que Villa trabajaba como asesora en el Ministerio de Exteriores a las órdenes de la exministra Trinidad Jiménez, donde hizo múltiples contactos con gente del mundo de la empresa, entre ellos algunos directivos de Telefónica. Sin embargo, ha agregado, desde diciembre estaba en el paro. “Cuando le han ofrecido un empleo, lógicamente lo ha cogido”, han agregado. Paloma Villa recibió la oferta de empleo ayer mismo, después de haber enviado hasta 15 currículos a diferentes compañías.
La nómina de políticos y ex altos cargos que han derivado su carrera profesional a la operadora o a sus órganos de Gobierno es amplía. Entre otros, el expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana; el ex secretario general de las Juventudes Socialistas Javier de Paz; el exvicepresidente Narcís Serra; y el exjefe de la Casa Real Alberto Aza o el duque de Palma, Iñaki Urdangarín.
www.elpais.es 22-03.12
EL GOBIERNO JUSTIFICA EL FICHAJE DEL MARIDO DE SÁENZ DE SANTAMARÍA POR TELEFÓNICA
El entorno de Presidencia asegura que el contrato es 'profesional'
Considera que su parentesco no debe beneficiarle, pero tampoco perjudicarle
Fuentes próximas a la Presidencia del Gobierno han justificado hoy el fichaje profesional de Iván Rosa, el marido de Soraya Sáenz de Santamaría, por parte de Telefónica.
Además de subrayar que la compañía es privada y que, por tanto, no existe colisión alguna de intereses públicos y privados, las fuentes consultadas han destacado que, de la misma manera que su matrimonio con la vicepresidenta no debería reportarle ningún trato de favor, tampoco debe suponerle un perjuicio.
Siempre según el entorno de la Presidencia del Ejecutivo, se asegura que el fichaje de Rosa es "profesional" y está relacionado con la constitución de una nueva asesoría enfocada al mercado brasileño -sobre el que tiene conocimientos-, de la que entrarán a formar parte otros juristas.
Además, según se insiste, desde el Ministerio de Hacienda -donde trabajaba y ha sufrido estos años el 'castigo' del Gobierno socialista- Rosa habría encontrado muchas más ocasiones de incompatibilidad a la hora de informar sobre las actuaciones del Ejecutivo 'popular'
www.elmundo.es 22.03.12
LA EXITOSA PROMOCIÓN DE IVÁN ROSA
De los 24 abogados del Estado que han sido nombrados altos cargos del Gobierno destaca que uno de cada cuatro pertenece a la promoción de 1996, la misma de Iván Rosa, marido de Soraya Sáenz de Santamaría.
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Iván Rosa y Soraya Sáenz de Santamaría .Se podría decir que la vicepresidenta se ha hecho un verdadero equipo en el Gobierno con abogados de Estado que no solo se examinaron con su marido, sino que en algún momento de sus carreras pasaron también por el Ministerio de Economía, donde Rosa tiene su plaza. Es el caso de Jaime Pérez Renovales, subsecretario de Presidencia; de la secretaria general técnica del Ministerio de Economía, Lourdes Centeno; y de la abogada general del Estado, Marta Silva.
En otros casos se suman lazos profesionales con la vicepresidenta. Igual que ella, el subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury, y el director general de Deportes, David Villaverde, trabajaron como abogados del Estado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. La coincidencia con el subsecretario de Interior, Luis Aguilera, es triple: no solo es compañero de promoción de Rosa y pasó por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sino que trabajaba hasta su nombramiento en la Representación Permanente de España ante la UE, en Bruselas, donde Rosa trabajó hace años y donde conoció a Sáenz de Santamaría. Finalmente, la vicepresidenta ha promocionado a una séptima secretaria de Estado, que en esta ocasión no tiene nada que ver con su marido. Es la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, María Rosario de Pablos, que hasta hace unos meses dirigía la asesoría del grupo parlamentario del PP que capitaneaba Sáenz de Santamaría, años después de que la vicepresidenta hubiera sido su preparadora de las oposiciones para convertirse en abogada del Estado.
http://www.tiempodehoy.com/espana/la-exitosa-promocion-de-ivan-rosa 05.03.12
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