ALBERTO RUÍZ GALLARDÓN : DE LA EXTREMA DERECHA A LA DERECHA EXTREMA
SU NOMBRE Y APELLIDOS, EL CASO LEZO Y LA COMPRA DE INASSA
LEZO. COMPARECENCIA DE RUIZ GallardÓn COMISION INVESTIGACIÓN CORRUPCIÓN. ASAMBLEA DE MADRID Lezo. Fiscalia. Nota prensa. Diligencias Inassa.22.12.17 LAS NOTICIAS
El juez imputa al gobierno de Gallardón en pleno por la compra de Inassa
Alberto Ruiz Gallardón sobre la compra de Inassa: "Confiaba en los técnicos"
Mayor Oreja defiende la compra de Inassa y dice que Gallardón conocía la operación
La 'Operación Lezo' alcanza al segundo expresidente de Madrid y convierte en imputado a Gallardón
Juez y fiscal investigan en Colombia el caso Lezo de la época Gallardón
LA FISCALÍA ESPERA EL RESULTADO DE VARIOS INFORMES PERICIALES SOBRE INASSA PARA CITAR A GALLARDÓN
Canalda niega que preparase con antelación la compra de Inassa y se desvincula de Gallardón
PEDRO CALVO RESPONSABILIZA A GONZÁLEZ Y TIENE TIEMPO DE IRONÍAS CON EL JUEZ
UN EXCONSEJERO DEL CANAL CONFIESA ANTE EL JUEZ QUE SOSPECHÓ DE LA COMPRA DE INASSA
LOS CONSEJEROS DEL CANAL DICEN QUE NO SABÍAN QUE INASSA SE COMPRÓ A TRAVÉS DE UNA SOCIEDAD PANAMEÑA
EL JUEZ, CONTRA LA ‘AMNESIA’ DE UN IMPUTADO DEL CANAL: “¿SI FUERA CON SU DINERO SE ACORDARÍA?”
UN TESTIGO DEL PELOTAZO DEL CANAL EN ÉPOCA DE GALLARDÓN: "SE APROBÓ SIN NINGUNA DOCUMENTACIÓN"
EL JUEZ ARRANCA LA FASE CLAVE PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DE GALLARDÓN EN EL PRIMER PELOTAZO DEL CANAL
UN AUTO JUDICIAL DE HACE SOLO DOS MESES INCLUÍA A GALLARDÓN COMO "INVESTIGADO" EN 'LEZO'
JUAN BRAVO DEFIENDE ANTE EL JUEZ LA COMPRA DE INASSA POR EL CANAL DE ISABEL II
LOS TÉCNICOS DESMONTAN LOS ARGUMENTOS DEL FISCAL PARA IMPUTAR A LA CÚPULA DE GALLARDÓN EN EL CANAL
UN INFORME DESACONSEJÓ LA COMPRA DE INASSA A TRAVÉS DE UNA SOCIEDAD PANAMEÑAEl juez imputa a los colaboradores de Gallardón en el Canal de Isabel II por la compra de Inassa
POR QUÉ GALLARDÓN SE HA ‘SALVADO’ DE DECLARAR COMO INVESTIGADO POR LA LEZO?
LO QUE CRISTINA CIFUENTES NO QUIERE QUE SEPAS DEL CASO LEZO
DIMITE EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE MADRID TRAS SU IMPUTACIÓN EN EL 'CASO LEZO'
EL JUEZ DE LEZO CERCA A GALLARDÓN E IMPUTA A TODA LA CÚPULA DEL CANAL DURANTE SU PRESIDENCIA
EL FISCAL RECLAMA A CIFUENTES EL EXPEDIENTE QUE IMPLICA A GALLARDÓN EN EL ‘CASO LEZO’
ANTICORRUPCIÓN PEDIRÁ AL JUEZ NUEVAS PESQUISAS PARA RESOLVER SI CITA A GALLARDÓN COMO IMPUTADO EN EL 'CASO LEZO'
LA FISCALÍA SIGUE SIN PEDIR QUE GALLARDÓN DECLARE COMO IMPUTADO EN 'LEZO' 10 MESES DESPUÉS DE QUE LA AUDIENCIA DIESE VÍA LIBRE
EL NÚMERO DOS DE GONZÁLEZ EN EL CANAL CALIFICÓ DE "ALTAMENTE IRREGULAR" LA OPERACIÓN POR LA QUE SE INVESTIGA A GALLARDÓN EN 'LEZO'
LA FISCALÍA INVESTIGA A 29 EX ALTOS CARGOS DE GALLARDÓN POR EL PRIMER EXPOLIO DEL CANALEl juez imputa a los colaboradores de Gallardón en el Canal de Isabel II por la compra de Inassa
ANTICORRUPCIÓN PEDIRÁ AL JUEZ NUEVAS PESQUISAS PARA RESOLVER SI CITA A GALLARDÓN COMO IMPUTADO EN EL 'CASO LEZO'
GALLARDÓN APUESTA A QUE NO SERÁ IMPUTADO EN EL CASO LEZORUIZ-GALLARDÓN CONFIRMA QUE IRÁ A LA COMISIÓN DE LA CORRUPCIÓN DE LA ASAMBLEA
GALLARDÓN NIEGA VÍNCULOS CON 'LEZO': "NI HE COBRADO COMISIONES DEL CANAL NI HE PACTADO CON IGNACIO GONZÁLEZ"
ANTICORRUPCIÓN PEDIRÁ IMPUTAR A GALLARDÓN POR EL FRAUDE DEL CANAL DE ISABEL II
GALLARDÓN, IMPUTADO EN LA OPERACIÓN LEZO
LA FISCALÍA PIDIÓ EN NOVIEMBRE IMPUTAR A GALLARDÓN POR LA COMPRA DE INASSA QUE SUPUSO UN PRESUNTO DESFALCO DE 70 MILLONES
GALLARDÓN, EN EL PUNTO DE MIRA DE LA LEZO POR EL CANAL DE ISABEL II
EL JUEZ INVESTIGA UN SOBREPRECIO DE 70 MILLONES EN UNA OPERACIÓN DE LA ÉPOCA DE GALLARDÓN, LA COMPRA DE INASSA
El juez imputa al gobierno de Gallardón en pleno por la compra de Inassa
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga el 'caso Lezo', ha citado a declarar como investigados los próximos 11 y 12 de septiembre a seis exconsejeros de la Comunidad de Madrid presidida por Alberto Ruiz-Gallardón en relación a la compra supuestamente irregular de la empresa Inassa por parte del Canal de Isabel II.
En una providencia el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda citar a declarar al "resto de miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, de 29 de noviembre de 2001" al tener en consideración un informe del Ministerio Público. Aunque ya se han practicado "la mayor parte de las diligencias probatorias", dice el juez, procede llamar a comparecer a los exconsejeros para continuar esclareciendo los hechos relacionados con la compra de la mercantil colombiana "mediante la utilización de una sociedad interpuesta residenciada en un paraíso fiscal", la panameña Aguas de América SA.
Estas declaraciones se unirán a la del propio Ruiz-Gallardón, que compareció ante el magistrado el pasado 7 de junio. También lo hicieron unos días antes el exconsejero de Presidencia Manuel Cobo y el exconsejero de Medio Ambiente y expresidente de la empresa pública de aguas Carlos Mayor Oreja.
El juez instructor acordó investigarles por presuntos delitos de prevaricación y malversación tras escuchar unos meses antes a los miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular, y que exculparon al expresidente regional.
El día 11 de septiembre, a partir de las 09.30 horas, deberán comparecer ante el magistrado los exconsejeros Paz González García (Justicia y Administraciones Públicas), Luis Blázquez (Economía e Innovación Tecnológica) y Luis Eduardo Cortés Muñoz (Obras Públicas, Urbanismo y Transporte). Un día después, y a la misma hora, acudirán a la Audiencia Nacional Alicia Moreno Espert (Artes), Pilar Martínez López (Servicios Sociales) y Luis Peral Guerra (Trabajo).
Ignacio Echaniz es el único exconsejero que no ha sido imputado. Actualmente es diputado del PP en el Congreso de los Diputados, así que tendría que ser investigado por el Tribunal Supremo tras una exposición razonada. La Fiscalía ha preferido evitar este trámite.
"Cúmulo de irregularidades" en la adquisición de Inassa
El juez García Castellón decidió investigar a Ruiz-Gallardón y a los otros dos exconsjeros porque considera evidente que hubo un "cúmulo de irregularidades" durante el proceso de adquisición de la empresa colombiana. Por contra, durante su declaración el expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia defendió la "legalidad" de la compra de Inassa y negó tajantemente el cobro de comisiones ilícitas.
Asimismo, destacó que el tiempo ha demostrado que la adquisición de la sociedad de Barranquilla por 73 millones de dólares fue una buena decisión y que se hizo con todos los informes de los técnicos del Canal a favor de la operación. Lo mismo manifestaron Carlos Mayor Oreja y Manuel Cobo.https://m.eldiario.es/politica/imputa-consejeros-Gallardon-compra-Inassa_0_798620972.html
Alberto Ruiz Gallardón sobre la compra de Inassa: "Confiaba en los técnicos"
El expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de justicia afirma en su declaración como imputado que desconocía los detalles de la sospechosa compra de la latinoamericana Inassa en 2001, pero que confiaba en los técnicos y responsables del Canal Isabel II para que la operación fuera “transparente y beneficiosa” para Madrid.
Gallardón niega con vehemencia el cobro de comisiones
Aunque como presidente de la Comunidad de Madrid era el máximo responsable, Alberto Ruiz Gallardón ha afirmado ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que desconocía los detalles de la sospechosa compra de Inassa en 2001, que supuso un desembolso de 73 millones de dólares, pagados a través de una empresa interpuesta en Panamá, un paraíso fiscal.
Gallardón, en su comparecencia como imputado por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, ha reiterado ante el magistrado que confiaba en los técnicos y responsables del Canal Isabel II, que se vieron “forzados” por el vendedor a ejecutar la operación de esa forma.Pero los investigadores sostienen que la adquisición de Inassa estuvo plagada de irregularidades y tuvo lugar saltándose el procedimiento administrativo. Además, un reciente viaje del juez y la fiscal a Colombia ha aportado detalles “relevantes” para esta causa, que permanecen bajo secreto de sumario.
Gallardón ha defendido la “transparencia y legalidad” de la operación y ha negado que cobrara comisiones. “Nunca, jamás, lo hubiera denunciado y me da pena que me haga esa pregunta”, ha contestado a la fiscal.
A preguntas de su letrado, Gallardón ha repasado su currículum en la administración, y ha puesto énfasis en que ninguno de los altos cargos que él nombró ha sido acusado de corrupción, “en oposición y clara alusión”, según fuentes presentes en el interrogatorio, a lo acontecido con los presidentes que le sucedieron.
http://cadenaser.com/ser/2018/06/07/tribunales/1528368391_301919.html
Mayor Oreja defiende la compra de Inassa y dice que Gallardón conocía la operación
El expresidente del Canal niega haber cobrado comisiones por la compra de la sociedad colombiana en 2001https://www.eldiario.es/politica/Mayor-Oreja-Inassa-Gallardon-informado_0_779022204.html
Apunta que detrás de las 16 correcciones del informe estaba Ignacio González porque Gallardón se opuso a la privatización del Canal
El exconsejero de Presidencia de Madrid estaba citado a declarar como investigado por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos,
El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Manuel Cobo ha explicado este miércoles tras prestar declaración como investigado en la causa Lezo, que el informe que elaboró Cuatrecasas contrario a la compra de la colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II estaba manipulado y que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González lo intentó emplear como "arma" contra el también exmandatario regional Alberto Ruiz-Gallardón, informa Europa Press.
El que fuera mano derecha de Gallardón en su equipo de gobierno ha precisado a preguntas de los periodistas que "no hubo nada delictivo" en la compra de la empresa colombiana en el año 2001, más bien al contrario, puesto que reportó beneficios de 200 millones de euros "para los madrileños".
Cobo, que estaba citado a declarar por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha insistido que en el periodo en que Ruiz-Gallardón ostentó la presidencia de la Comunidad de Madrid (entre los años 1995 y 2003), el Canal fue "un ejemplo de empresa potente" y una "envidia" en todo el mundo. "Después han ocurrido cosas, que lo explique González", ha apuntado.
El exconsejero se refiere a la llegada de Ignacio González al Canal, que se produjo el mismo año de la salida de Gallardón del gobierno madrileño. Sobre este punto ha asegurado que hasta los técnicos que formaron parte de la empresa pública de aguas y que dieron el visto bueno a la compra de Inassa, abandonaron el Canal con la llegada de González, según ha dicho, "porque no les gustó lo que vieron".
También ha querido dejar claro que "nada tiene que ver" la operación en Barranquilla para suministrar agua en Colombia con la compra de la brasileña Emissao en el año 2013, ya bajo el gobierno de Ignacio González, y que según la Fiscalía Anticorrupción supuso una malversación de 25 millones de dólares.
En lo que respecta al famoso informe que elaboró Cuatrecasas contrario a la adquisición de Inassa, Cobo se ha mostrado rotundo al asegurar que estuvo "manipulado" y que hay 16 versiones del mismo, pasando de una postura favorable a la operativa a hasta llegar a una en la que se dijo que eran "malísimos", en referencia al equipo de Gobierno de Gallardón.
El exconsejero madrileño, que ha declarado por espacio de dos horas ante el magistrado Manuel García Castellón, ha insistido en que hay modificaciones que incluyen incluso manuscritos del gerente del que fuera gerente del Canal Ildefonso de Miguel, también investigado en la causa.
Además ha apuntado que la Guardia Civil encontró en los registros de los domicilios del exgerente y de González dos copias de dicho informe y que, en el caso del que guardaba De Miguel, incluía el recorte de una noticia relativa a la oposición de Gallardón a cualquier cambio en la empresa pública. "Esto era un arma contra Gallardón, que se oponía a la privatización del Canal", ha apuntado.
Con todo ha desvinculado al despacho de la operativa, asegurando que esta manipulación la permitió una persona –sin dar más detalles al respecto– y que le consta que hay empleados del bufete muy "cabreados" con lo ocurrido.
En relación a su papel en este proceso de compra, Cobo ha apuntado que él presidía la preparatoria del Consejo de Gobierno, que fue el que autorizó la compra del 75 por ciento de Inassa y la creación del Canal Extensia. También ha precisado que la sociedad panameña Aguas de América que intervino en la operativa se disolvió en cuanto se formalizó la adquisición.
El juez acordó la citación este martes del exconsejero de Medio Ambiente y expresidente del Canal Carlos Mayor Oreja, la de Cobo para un día después y del propio Ruiz-Gallardón para este jueves, todos ellos por integrar el Consejo de Gobierno que respaldó la compra de la colombiana. Se trata de unas diligencias que acuerda después de haber escuchado, también en calidad de investigados, a todos los miembros del consejo de Administración del Canal, que igualmente reivindicaron en sede judicial la idoneidad de esta inversión.La 'Operación Lezo' alcanza al segundo expresidente de Madrid y convierte en imputado a Gallardón
Los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica unen en su condición de investigado al exministro de Justicia con uno de sus enemigos acérrimos: Ignacio González
El juez García Castellón cita también a quien fue su mano derecha, Manuel Cobo, y a Carlos Mayor Oreja, expresidente del Canal
La implicación del también exalcalde en el caso por la compra de la colombiana Inassa planeaba sobre el caso desde el inicio
El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón declarará el 7 de junio como imputado en el caso Lezo por la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II a finales de 2001, cuando el político presidía la Comunidad de Madrid. Con la imputación de Gallardón, la operación lanzada hace un año alcanza al segundo de los cuatro políticos que han presidido hasta ahora la Comunidad de Madrid. Los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica han terminado así por unir en su condición de investigados al también exalcalde de la capital y a uno de sus enemigos acérrimos: Ignacio González, antiguo delfín de Esperanza Aguirre y predecesor de Cristina Cifuentes al frente del Ejecutivo regional.
También declararán como investigados, los días 5 y 6 de junio, otros dos políticos de relevancia en la estructura del Canal en aquella época: el que durante todo su mandato como presidente autonómico y luego alcalde de la capital fue su mano derecha, Manuel Cobo; y Carlos Mayor Oreja, que presidió la empresa pública de agua.
Fuentes jurídicas han confirmado a infoLibre que el instructor del caso, el juez Manuel García Castellón, ha citado a Gallardón mediante una providencia -una resolución mucho más escueta que un auto- que se le ha notificado en persona esta mañana. Su citación se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
La implicación del ex titular de Justicia en el caso por la compra de la colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II planeaba sobre Lezo desde el inicio. De hecho, fue ese punto el que primero enfrentó a los fiscales que entonces investigaban el caso con quien entonces era su jefe, Manuel Moix, que dimitió en junio de 2017 tras desvelar este periódico su pertenencia a una sociedad panameña. Moix se opuso, por ejemplo, a que los registros practicados en el Canal afectasen a la etapa de Gallardón. Temerosos de que cualquier demora hiciera prescribir el eventual delito de malversación, los fiscales del caso lograron para sus posiciones el respaldo de la Audiencia Nacional.
Tras el relevo de Moix por Alejandro Luzón, la Fiscalía Anticorrupción aplicó una estrategia en relación al exministro consistente en acumular indicios de peso antes de decidir formalmente si Gallardón debía comparecer como investigado. Es decir, como imputado. El hecho de que ahora se le cite ya parece implicar por tanto que las pesquisas señalan de manera sólida al exministro como presunto responsable penal. Y no que, como suelen argüir muchas veces los imputados, se le hace comparecer en esa condición para que pueda acudir asistido de letrado.
En enero, un año después de que la Audiencia Nacional diese vía libre de forma implícita a la imputación de Alberto Ruiz-Gallardón en la Operación Lezo, la situación procesal del exministro de Justicia había pasado a ser un confuso enigma. Porque 2017 acabó con una decisión judicial que si bien le acorralaba le mantenía todavía oficialmente ajeno al círculo de investigados: la citación como imputados, anunciada el 27 de diciembre, de los que bajo su mandato como presidente de Madrid integraban la cúpula del Canal de Isabel II cuando la empresa de aguas adquirió Inassa mediante una operación bajo sospecha.
Pero la confusión que desde el inicio había planeado sobre la situación procesal del exministro se disparó, como adelantó infoLibre, se disparó al trascender que apenas dos meses antes, el 17 de octubre, un auto del juzgado central 6 ya asignaba a Gallardón de forma inequívoca la condición de "investigado" en Lezo.
Aquel auto reproducía de manera literal un escrito firmado por el entonces fiscal del caso, Carlos Yáñez, que renunció poco después. En aquel momento, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción subrayaron a este periódico que, aunque la resolución del juez Egea mencionaba de forma expresa a Gallardón su situación procesal no había variado: y que sobre el exministro no pesaba ninguna imputación formal aunque su actuación y su eventual responsabilidad penal en aquella compra siguen bajo investigación.
En diciembre, Gallardón compareció ante la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid. Allí defendió la legalidad de la compra de Inassa, la calificó de ética pese a que se articuló a través de una empresa pantalla del paraíso fiscal de Panamá y negó que implicase el menor sobrecoste a las arcas públicas madrileñas. No obstante, el expresidente remarcó y remachó una afirmación: que jamás supo hasta ahora que el Canal adquirió una empresa panameña para de ese modo hacerse con las acciones de Inassa.
La presencia del paraíso fiscal de Panamá –adujo Gallardón ante la Cámara madrileña– ni siquiera llegó a la mesa del Gobierno por él presidido porque "eso era competencia estricta del Canal"; que la operación se hizo previa petición de dos informes de valoración; que había sido bendecida con antelación por "el mejor" despacho fiscalista del país, Garrigues; y que nadie en el consejo de administración del Canal, en el que participaban cuatro representantes del PSOE y dos sindicalistas, observó nada reprochable.
Fue el propio Ignacio González, antiguo delfín de Esperanza Aguirre, máximo jerarca del Canal de Isabel II casi durante una década, presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015 y hoy principal investigado en Lezo, quien de manera involuntaria puso el foco sobre la compra de Inassa. En una de las conversaciones interceptadas por al Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil antes del estallido de la Operación Lezo, González le contó al exministro Eduardo Zaplana que el equipo de Gallardón había adquirido esa compañía colombiana por 100 millones –de dólares– cuando en realidad no valía ni 30.
González reveló en esa charla que un informe encargado por él mismo –al bufete Cuatrecasas– había reflejado las irregularidades de esa compra. Y añadió que, a diferencia de su sucesora, Cristina Cifuentes, que denunció ante la Fiscalía la segunda gran compra sospechosa del Canal en Latinoamérica, la de la brasileña Emissao, él guardó en un cajón ese informe.
El informe de Cuatrecasas desvelaba que a finales de 2001 el Canal de Isabel II pagó 83 millones por el 75% de la firma colombiana Inassa, diez veces el valor fijado un año antes, pese a que la prórroga de su principal concesión pendía de un hilo y a que ni siquiera tenía derechos de exclusividad en el abastecimiento de agua. Asimismo, el documento señalaba que la supuesta valoración independiente previa a la compra fue realizada por la auditora que propuso Tecvasa, una empresa valenciana ligada a la extinta caja de ahorros CAM y a la que el Canal escogió como socia para su desembarco en Colombia.
Pero durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid y en una maniobra que podría definirse como de judo intelectual –aprovechar la fuerza del contrario en beneficio propio–, Gallardón invocó en su favor a Ignacio González como "fuente autorizada". "La única fuente autorizada que yo tengo sobre el informe de Cuatrecasas es lo que dice en sede judicial el señor González: que en absoluto concluye que hubiera comisión alguna penalmente relevante".
En sucesivos escritos, tanto la Fiscalía como los jueces que hasta ahora han investigado el caso cifran en 73 millones de dólares (83.655.000 euros al cambio de la época) el desembolso de dinero público efectuado por la compra de Inassa. El informe de Cuatrecasas mencionado por Gallardón destapaba múltiples fisuras en esa operación, en la que el Canal de Isabel II dio entrada a una empresa valenciana, Tecvasa, de capital netamente privado. Tecvasa estaba constituida por antiguos directivos de Aguas de Barcelona, es decir, de la compañía que inicialmente poseía la mayoría de las acciones de Inassa.Juez y fiscal investigan en Colombia el caso Lezo de la época Gallardón
El exministro continúa en el punto de mira por la comprar de las empresas colombianas Triple A e Inassa en 2001 por parte del Canal de Isabel II
El juez Manuel García Castellón y la fiscal Ana María Cuenca se han trasladado a Colombia para recabar información relacionada con la presunta trama de corrupción del Canal de Isabel II y el caso Lezo en la compra de la empresa colombiana Triple A.
Según ha recogido El Heraldo de Colombia, una delegación española se ha personado en la sede de dicha empresa junto con personal de la fiscalía del país sudamericano. Este medio afirma que Triple A no se ha pronunciado sobre estos registros pero que está colaborando y facilitando información del caso.
La rama colombiana de las investigaciones dentro de la operación Lezo se centran en las operaciones de compra de las empresas Triple A e Inassa en 2001 por el Canal de Isabel II. Estas pesquisas señalan directamente al exministro y expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.
Miembros de la Fiscalía Anticorrupción, de la Agencia Tributaria, de la UCO y equipos de la Audiencia Nacional ya realizaron en junio de 2017 diversos registros en Barranquilla (Colombia), en las sedes de Inassa y Triple A.
El Canal pagó por ella diez veces más de su valor, a través de una offshore. En total, 83 millones por tres cuartas partes de una empresa que se había valorado en poco más de 7 millones un año antes.
La operación la cerró Pedro Calvo, el hombre que el propio Gallardón había colocado al frente del Canal de Isabel II. Arturo Canalda, el actual presidente del Tribunal de Cuentas, y entonces gerente del Canal, ejecutó la operación, a pesar de sus intentos de mantenerse al margen. Ambos, Calvo y Canalda, habían sido facultados "expresamente" para presentar ofertas en nombre del Canal para hacerse con la empresa colombiana. El Consejo de Gobierno, presidido por Gallardón, dio el visto bueno a la compra el 21 de noviembre de 2001.LA FISCALÍA ESPERA EL RESULTADO DE VARIOS INFORMES PERICIALES SOBRE INASSA PARA CITAR A GALLARDÓN
La Fiscalía Anticorrupción espera el resultado de varios informes periciales solicitados sobre la compra de la filial colombiana del Canal de Isabel II Inassa para decidir la citación como imputado del expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, en el marco del caso Lezo.
El Ministerio Público investiga la adquisición de Inassa en 2001 por 73 millones de dólares a través de la compañía panameña Sociedad de Aguas de América SAA, que fue disuelta tras la operación. Anticorrupción solicitó hace un mes varios informes periciales sobre esta compra con el objetivo de esclarecer los presuntos hechos delictivos que se produjeron.
Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el resultado de estos informes periciales para poder acreditar la posible compra “fraudulenta” de Inassa será clave, ya que se podrá identificar a los responsables, valorar los indicios delictivos y tras considerar si los posibles delitos han prescrito o no, citar en consecuencia como investigado a Alberto Ruiz Gallardón.
Estas mismas fuentes aseguran que dichos informes podrían ser recibidos en las próximas 2 o 3 semanas y tras analizarlos se tomará una decisión sobre el futuro procesal de Gallardón. Cabe recordar que en los últimos meses ya comparecieron como investigados sus hombres fuertes en el Canal de Isabel II y en el Ejecutivo regional que estuvieron relacionados con la operación investigada.
Entre ellos, el exconsejero de Hacienda madrileño y actual presidente de ADIF, Juan Bravo; el expresidente del Canal de Isabel II, Pedro Calvo; o el exgerente del Canal, Arturo Canalda, que presentó su dimisión como presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid tras conocer su imputación.
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, solicitó al Canal de Isabel II, Rothschild España SA, la Sociedad General de Aguas de Barcelona AGBAR, JP Morgan Asset Management, el despacho Garrigues y la Intervención General de Administración del Estado IGAE, varios informes relacionados con la adquisición de Inassa, la adjudicación del tren a Navalcarnero y el contrato del campo de Golf del Canal.
El expresidente madrileño, Ignacio González, presentaba recientemente un recurso de reforma contra los informes periciales encargados a la IGAE sobre el tren a Navalcarnero y el Golf del Canal. Su defensa indicaba que “debe dejarse sin efecto la pericial acordada hasta tanto no se tome declaración a todas las personas que participaron en los expedientes de adjudicación que el Juzgado considera que deben ser objeto de análisis”.
El letrado de González apuntaba además que “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ‘todo reconocimiento pericial se hará por dos peritos’, debiendo ser ambos expertos en la materiaque va a analizarse y pudiendo ser nombrado uno de ellos a solicitud de las partes”.
El aval “irrevocable” de Inassa
Tal y como publicó este diario, uno de los documentos que investiga la Fiscalía Anticorrupción es el aval “irrevocable y no transferible” de 1,8 millones de dólares suscrito por el Canal de Isabel II para formalizar la compra de la sociedad Inassa a través del paraíso fiscal de Panamá tres semanas antes de que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM) que presidía Alberto Ruiz Gallardón aprobara la operación.
El aval sobre la adquisición de las acciones de la filial colombiana del Canal, que se fraguó a través de la offshore panameña Sociedad de Aguas de América (SAA) se firmó el 8 de noviembre de 2001, 21 días antes de la autorización del Consejo de Gobierno.
El escrito citaba textualmente: “Por instrucciones de Canal de Isabel II Banco Español de Crédito, S.A. por la presente establece este aval irrevocable y no transferible n° AV1292-211-1255 a favor de Soluciones Ambientales, S.A., Stanke Investments, S.A. y Fianzas Internacionales Real, S,A., por un importe máximo de un millón ochocientos setenta y cinco mil dólares con efecto a partir del 15 de Noviembre de 2001, fecha de adjudicación de la operación de venta del 100% de la Sociedad Aguas de América y con vencimiento el 20 de Febrero de 2002, fecha en la cual caducará y quedará sin efecto ni validez”.
https://okdiario.com/investigacion/2018/03/09/fiscalia-espera-resultado-varios-informes-periciales-sobre-inassa-citar-gallardon-1933876
El exgerente del Canal asegura que se pagó el precio más bajo de todos los propuestos por los informes de valoración
Ha asegurado que la interposición de una sociedad panameña no tuvo implicaciones financieras en la operación
El exgerente del Canal de Isabel II Arturo Canalda ha defendido hoy ante el juez de Lezo que el precio que se pagó por la compañía colombiana Inassa era el más bajo de todos los propuestos por los informes de valoración. Además, ha negado que preparase la operación con antelación, como defiende la Fiscalía Anticorrupción, y se ha desvinculado de Alberto Ruiz Gallardón, entonces presidente de la Comunidad de Madrid.
Canalda, expresidente de la Cámara de Cuentas, de donde dimitió tras ser imputado en esta causa, ha sido el último miembro del Consejo de Administración del Canal en comparecer ante el juez del caso Lezo. La Fiscalía le señala como una de las piezas claves en la compra de Inassa y le acusa de haber preparado la adquisición antes de presentársela al resto de consejeros del Canal, en una operación paralela.
En su declaración ha negado este hecho y ha dicho que fueron José Antonio de Cachavera, exdirector económico, y Juan Pablo López Heras, exsubdirector de Nuevos Negocios, quienes iniciaron los contactos para la compra. Asegura que él llegó al Canal en septiembre , tomó posesión en octubre y fue informado entonces de la operación, según han informado fuentes presentes en la declaración.
En cuanto al papel de Gallardón, Canalda ha asegurado que no tenía ninguna relación personal con él y que, por lo que él sabe, no tuvo ninguna mano en su nombramiento al frente de la empresa pública.
Canalda, que solo ha contestado a su defensa y a la Fiscalía, ha explicado que los 73 millones de dólares que se pagaron por Inassa eran el precio más bajo de todos los propuestos por los informes de valoración. En este punto ha añadido que él es abogado de formación y que no saber de valoraciones, así que se fió de los técnicos del Canal.
Como el resto de consejeros, ha negado cualquier tipo de irregularidades en la compra, ha rechazado que se pagasen sobrecostes y ha añadido que la compra a través de una empresa Panameña, una imposición de la propia Inassa, no implicaba complicaciones financieras. Ha añadido que toda esa información se facilitó a los consejeros del Canal.
En cuanto a la urgencia con la que se realizó la compra, Canalda ha explicado que era la única forma de cuadrar los tiempos para presentar la oferta en fecha. Además, ha indicado que retrasar la operación hubiese supuesto "paralizar" la gestión del Canal.http://www.eldiario.es/politica/Canalda-antelacion-Inassa-desvincula-Gallardon_0_735627351.html
PEDRO CALVO RESPONSABILIZA A GONZÁLEZ Y TIENE TIEMPO DE IRONÍAS CON EL JUEZ
Declaración como imputado del exconsejero de Gallardón y su 'hombre fuerte' en el Canal de Isabel II en la Audiencia Nacional
El expresidente del Canal de Isabel II Pedro Calvo, exconsejero del gobierno de Alberto Ruiz Gallardón en la Comunidad de Madrid, ha negado ante el juez del caso Lezo cualquier irregularidad en la compra de Inassa, una empresa que, en su opinión, hoy valdría casi el triple de lo que costó. Calvo ha comparecido en calidad de investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón junto a los exconsejeros de la empresa pública de aguas Roberto Molero, Andrés Muñoz y José Antonio Llanos, este último director general de Carreteras de la Comunidad con Esperanza Aguirre de presidenta.
Calvo ha tenido tiempo incluso para ironizar con el tema cuando ha pedido agua y le han dicho que complicado poder hacerlo. "¿Qué pasa, que aquí no llega el Canal?", ha replicado sarcástico, según recoge El Confidencial.
El que fuera hombre fuerte de Gallardón en la empresa pública de aguas, a su salida del tribunal, ha culpado a Ignacio González de su situación. "Es el responsable de que estemos aquí", ha dicho. El exconsejero ha respondido a todas las preguntas de la Fiscalía, del juez y de las partes, "excepto del abogado de González".
Durante dos horas de declaración, Calvo ha defendido la compra del 75 % de Inassa por 73 millones de dólares en 2001 e incluso ha asegurado que esta filial colombiana del Canal de Isabel II valdría hoy unos 200 millones de euros, por lo que la operación fue, a su juicio, beneficiosa para la Comunidad, según han informado fuentes presentes en la declaración.
Ha negado cualquier tipo de sobrecoste o irregularidad en la compra de la empresa colombiana, pese a que el juez cree que pudo existir "una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales" para el Canal.
A preguntas de la fiscal Ana Cuenca sobre el grado de conocimiento y participación de Gallardón en la operación investigada en el caso Lezo, tanto Calvo como el resto de exconsejeros han negado conocer algo al respecto. Sin embargo, Calvo sí que ha apuntado que Gallardón, en su condición de presidente madrileño, podría haberlo conocido y que en tal caso le hubiera parecido una buena operación.
Desconocían la sociedad panameña interpuesta
Por su parte, todos los exconsejeros han explicado que dieron credibilidad al informe presentado por el expresidente de la Cámara de Cuentas madrileña y entonces director gerente del Canal Arturo Canalda y por el exdirector de Nuevos Negocios José Antonio de Cachavera. Han precisado que éstos nunca le hablaron de que Inassa se compraría a través de la mercantil panameña interpuesta Sociedad Aguas de América sino que se haría mediante Canal Extensia, una sociedad vehículo creada al uso por el Canal para la compra.
Según la versión de los exconsejeros investigados, la explicación ofrecida por Canalda y Cachavera -citados a declarar el próximo 23 y 24 de enero, respectivamente- en las reuniones del 8 y 14 de noviembre del Consejo de Administración del Canal les pareció convincente pese a que recibieron la documentación con tan solo 24 o 48 horas de antelación y de una forma poco exhaustiva. Es por ello que -según las citadas fuentes- han querido dejar claro que si hubo irregularidades en la adquisición de la mercantil colombiana, ellos no lo podían saber.
Según el juez, esta operación, llevada a cabo a través de una "compleja estructura societaria", contravino "de plano" los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad de Madrid.
Por estos hechos deberá declarar el próximo lunes el presidente de Adif, Juan Bravo, que formaba parte del Consejo de Administración del Canal en el momento de los hechos, junto con otros exconsejeros.
https://www.elplural.com/politica/2018/01/11/caso-Lezo-pedro-calvo-declaración-culpa-ignacio-GonzalezUN EXCONSEJERO DEL CANAL CONFIESA ANTE EL JUEZ QUE SOSPECHÓ DE LA COMPRA DE INASSA
Merino asegura que no recuerda que se hablara de Panamá y no acudió a la votación porque no sabía lo que se votaba
El pasado martes 9 de enero comenzó el desfile ante los tribunales de la cúpula del expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón para explicar la compra de Inassa. El exconsejero del Canal de Isabel II Rafael Merino declaró ante el juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, y confesó que percibió irregularidades y sospechó de algunas operaciones financieras, poniendo el acento en que el objeto no debía ser ganar dinero y, según su testimonio, pudieron ocultarse datos relevantes durante la primera reunión, celebrada en octubre del año 2001.
Merino asegura que en ese primer encuentro, acaecido el 8 de octubre, tan solo se habla de la expansión en Sudamérica, y para él, era la primera vez que se trataba el asunto. No recuerda que se hablaran de cifras concretas de la operación, ni de cuánto o dónde se invertiría, como tampoco recuerda quién era el vendedor y mucho menos que se mencionara nada de sociedades panameñas. Cabe recordar que la investigación Lezo pretende dilucidar si se cometió algún tipo de delito en la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II, que utilizó Canal Extensia para articular la compra de la filial colombiana Inassa a través de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá. La compra se realizó por 83 millones de euros y se calcula un sobrecoste de entorno a 25 millones. Pues bien, todos estos datos se omitieron en la primera reunión (o al menos, el exconsejero Merino no recuerda que se mentaran).
En días posteriores, concretamente el 14 de noviembre, el Consejo de Administración del Canal vota la adquisición de Inassa, pero Merino no acudió a la cita puesto que la documentación le llegó tarde y no tuvo tiempo de estudiarla. Además, ha declarado que desconocía la cantidad por la que se iba a realizar la operación y que sospechó de la misma porque el Canal se debía centrar en el agua de los madrileños y no en ganar dinero.
Es precisamente en esa reunión del 14 de noviembre cuando el Consejo del Canal autoriza a iniciar la operación y hacer una oferta concreta, así como de trasladar la propuesta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidida entonces por Gallardón.
La declaración del exconsejero del Canal Juan María del Álamo pivotó en torno a las mismas líneas maestras que el relato de Merino, con la diferencia de que este último sí que votó favorablemente en la cita del 14 de noviembre. Del Álamo aseguró que no recuerda que se hablara de una sociedad panameña en la reunión de octubre de 2001, que tan solo se mencionó a Inassa y que el director Económico del Canal, José Antonio de Cachavera, dio una explicación.
Del Álamo tampoco recuerda haber dado autorización para comprar una empresa panameña, así como no recuerda que en las primeras reuniones se hablara de una valoración de Inassa de entre 25 y 50 millones de dólares. Todo parece indicar que, aunque conste en el acta la valoración de la filial colombiana y la compra a través de una sociedad en Panamá, estos datos no se los mostraron.
Juan María del Álamo rubricó la operación el 14 de noviembre y dice que lo hizo en base a la explicación de Cachavera. También menciona que no vio nada negativo y que el informe del despacho de abogados Garrigues no planteaba ningún problema. A partir de entonces, cuando el asunto se trasladó al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, no supo nada más.
https://www.elplural.com/politica/2018/01/10/un-exconsejero-del-canal-confiesa-ante-el-juez-que-sospecho-de-la-compra-deLOS CONSEJEROS DEL CANAL DICEN QUE NO SABÍAN QUE INASSA SE COMPRÓ A TRAVÉS DE UNA SOCIEDAD PANAMEÑA
Los exdirectivos de la empresa de aguas madrileña declaran ante el juez del caso Lezo
Cuatro exconsejeros del Canal de Isabel II han manifestado este miércoles ante el juez instructor del caso Lezo de corrupción, que desconocían que la compra de la sociedad colombiana Inassa en el año 2001 por parte de la empresa pública de aguas madrileña se realizó a través de una sociedad interpuesta en el paraíso fiscal de Panamá. La adquisición de Inassa costó al erario público 73 millones de dólares (61 millones de euros al cambio actual), un precio supuestamente sobrevalorado. Los investigadores creen que parte del exceso de coste de la operación acabó en manos de intermediarios.
El exdirectivo más relevante de cuantos han declarado hoy es Pedro Calvo, exconsejero de Medio Ambiente y, como tal, presidente del Canal en la fecha de la operación. Calvo, según fuentes presentes en la declaración, manifestó que no le consta que el expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón tuviera constancia de los detalles de la compra de Inassa. Según él, Gallardón les daba mucha autonomía de actuación pero aventuró que si hubiera tenido conocimiento de la operación la habría autorizado porque resultó muy ventajosa para la Comunidad. Inassa tiene un valor actual de unos 200 millones de euros, según manifestó Calvo.
Además del exconsejero de Medio Ambiente, también comparecieron ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, tres exconsejeros del Canal: José Antonio Llano, Roberto Molero y Andrés Muñoz. Todos han explicado, según las mismas fuentes, que dieron por buena toda la información sobre la compra de Inassa que los directivos dieron al Consejo de Administración del Canal. No obstante, todos ellos han coincidido en un aspecto: que no supieron que en la adquisición había una empresa interpuesta con sede en Panamá. “Nunca nos hablaron de ello”, señalaron varios, según fuentes jurídicas.
La determinación del precio de compra, con una “sobrevaloración claramente perjudicial para los intereses del Canal de Isabel II”, se realizó sin apoyarse en informes de asesores externos especializados y únicamente con la información suministrada por los trabajadores de la propia empresa de aguas madrileña.
El pasado 17 de diciembre, Ruiz-Gallardón rechazó cualquier tipo de irregularidad en la compra de Inassa en la comisión sobre corrupción de la Asamblea de Madrid. El expresidente afirmó que la actuación fue "legal" y resultó "beneficiosa para los madrileños". El exministro de Justicia manifestó entonces que "nadie puede dudar de que fue una buena operación", que ha cosechado posteriormente un buen resultado. "A día de hoy no encuentro ningún reproche", dijo.
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/10/actualidad/1515609062_068857.htmlEL JUEZ, CONTRA LA ‘AMNESIA’ DE UN IMPUTADO DEL CANAL: “¿SI FUERA CON SU DINERO SE ACORDARÍA?”
Juan María del Álamo, ex consejero de la empresa pública de aguas, cree que Gallardón debía conocer la compra de Inassa bajo sospecha
“¿Si fuera con su dinero, se acordaría?”. De este modo el juez de la Audiencia Nacional José Manuel García Castellón trató de poner fin a las distintas evasivas de Juan María del Álamo, exmiembro del Consejo de Administración del Canal de Isabel II. Prestó declaración como uno de los más de veinte investigados por la compra de Inassa en 2001. Se investiga si en la operación que se produjo un presunto desfalco de 70 millones de euros procedentes de la empresa pública madrileña de gestión de aguas.
Las explicaciones de Juan María del Álamo no arrojaban nada en claro. Según informan fuentes jurídicas, replicaba con respuestas como “no lo sé” o “no me acuerdo”. En un momento del interrogatorio, el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 le recriminó su actitud: “¿No se acuerda? ¿Si fuera con su dinero se acordaría?”. El imputado admitió que sí. “¿Pero si es con dinero público no?”, zanjó el magistrado. Daba muestras de tener agotada la paciencia, según los testigos en la sala.
Por su parte, la fiscal Ana Cuenca preguntó al imputado acerca del conocimiento que tenía de la operación el entonces presidente de la Comunidad Alberto Ruiz Gallardón. Del Álamo tampoco supo responder con claridad y se limitó a opinar que debía saberlo en su calidad de máximo mandatario regional. Pese a que muchos de los altos cargos de la administración madrileña de la época se encuentran imputados, Gallardón aún no ha sido declarado oficialmente como investigado, aunque fuentes de la investigación afirman que las pesquisas “van subiendo escalones”.
El expresidente de la Comunidad y exalcalde de Madrid declaró el pasado 15 de diciembre en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid. Fue citado para hablar de la compra de Inassa en 2001. Gallardón, que recordó que estuvo 30 años en política, defendió su gestión y la de sus equipos durante su vida política al tiempo que no quiso poner la mano en el fuego por sus sucesores ni en la Comunidad de Madrid ni en el Ayuntamiento.
Este martes también prestó declaración en calidad de testigo el único consejero no imputado en la causa, Rafael Merino. Certificó que no estuvo presente en la reunión del Canal en la que se aprobó la compra de Inassa ya que recibió la documentación apenas unas horas antes sin posibilidad de analizarla, algo habitual. Según las fuentes consultadas, Merino precisó que las presentaciones del proyecto las hizo Arturo Canalda, entonces gerente del Canal. Actualmente desempeñaba el cargo de presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, cargo del que dimitió en diciembre tras ser imputado en esta causa.
Manifestó este testigo que él estaba en contra de operaciones especulativas, aunque mostró lagunas a la hora de explicar cómo era el proyecto en concreto después de más de 15 años.
http://www.vozpopuli.com/espana/juez-contra-imputado-Canal-isabel-dinero-Gallardon-corrupcion_0_1098191325.htmlUN TESTIGO DEL PELOTAZO DEL CANAL EN ÉPOCA DE GALLARDÓN: "SE APROBÓ SIN NINGUNA DOCUMENTACIÓN"
Rafael Merino López-Brea es el único consejero de entonces que no está imputado porque no avaló la compra de Inassa "Aquello era un cortijo que no tenía nada que ver con la gestión del agua" afirma este exconcejal del PSOE, que declara como testigo El juez toma este martes declaración a parte de los consejeros del Canal por aprobar una compra en la que hubo "un cúmulo de irregularidades"
Rafael Merino López-Brea formaba parte del Canal de Isabel II que investiga el juez del caso Lezo por aprobar el primer pelotazo en América Latina, el que tuvo lugar bajo la presidencia regional de Alberto Ruiz Gallardón. Sin embargo, es el único de ese Consejo de Administración que no está imputado porque se negó a avalar la operación.
Anticorrupción señala que no acudió el día que se certificó la compra de Inassa y por eso el juez Manuel García Castellón le cita solo en calidad de testigo. Este exconsejal del PSOE comparece este martes en la Audiencia Nacional, donde asegura que dejará claro que la operación bajo sospecha se llevó a cabo sin que los consejeros dispusieran de ninguna documentación fiable.
Merino asegura que la adquisición de Inassa por 73 millones de dólares -mediante una sociedad interpuesta y usando una empresa en un paraíso fiscal- se aprobó sin detalles, sin "sin ninguna documentación". "No aparecieron nunca documentos" afirma, y añade que solo se les facilitaron informes redactados por el propio Arturo Canalda, entonces gerente del Canal y ahora imputado.
Según explica, esos informes no contenían detalles de la compra y se limitaban a destacar las ventajas económicas que tendría para la empresa pública. "No había documentación fiable, te tenías que fiar de ellos", asegura Merino, que explica que contará todo esto al juez de Lezo, que trata de determinar si, como apunta la Fiscalía, la compra incluyó un sobreprecio que resultó perjudicial para las cuentas públicas.
"Aquello era un cortijo"
Insiste en que se aprobó sin documentación y apunta a que la opacidad era el sello del Canal. Afirma que siempre se habían escuchado sospechas de que la empresa pública estaba cometiendo irregularidades con las compras y adjudicaciones, pero que jamás pudo probarlo con documentos: "Aquello era un cortijo que no tenía nada que ver con la gestión del agua".
Relata que en alguna ocasión llegó a enfrentarse con el propio Canalda cuando le afeó que dirigía la sociedad como "una república bananera". "Siempre voté en contra y nunca aprobé las cuentas", añade, aunque admite que no podrá dar demasiados detalles al juez de la operación concreta que se investiga. Ocurrió en 2001 y afirma que no recuerda cada paso.
Insiste en que dejará claro al juez que no solo se opuso a esta compra, sino también a todas las operaciones que se hacían en el extranjero para engordar el patrimonio de la empresa pública. El magistrado cree que esta en concreto se hizo saltándose las normas del Canal y apoyándose en un decreto que se firmó después de la compra.
"Siempre voté en contra", dice, de todas esas operaciones que se hacían para "ganar dinero" y que no tenían nada que ver con garantizar el ciclo del agua en la Comunidad de Madrid. Merino estuvo tres años de consejero por su puesto de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Asegura que dejó la empresa pública cuando Gallardón fue elegido alcalde y acabó con la representación de la oposición municipal en el Canal.
Sus compañeros, imputados
Merino está citado este martes a las 15.30 horas en la Audiencia Nacional. Coincidirá a esa hora con parte de sus excompañeros en el Consejo de Administración, que están imputados por avalar una operación en la que se dieron "un cúmulo de irregularidades". El juez expone alguna en el auto de citaciones, como que Canalda y otros cargos del Canal iniciaron el proceso de compra antes de tener la autorización del gobierno regional.
Además, explica el juez, hay indicios de que los 73 millones que se pagaron por Inassa son superiores al precio real de la compañía. El visto bueno que dio el gobierno regional de Gallardón no contenía autorización para llevar a cabo la compra como finalmente se hizo: a través de una empresa radicada en Panamá, y adquiriendo junto al 75% Inassa el 51% de una compañía dominicana llamada Watco.
La Fiscalía y el juez estudian ya el dossier del que dispusieron los consejeros de Gallardón y los informes que desaconsejaban la compra, para decidir si finalmente imputan al expresidente regional y al resto de su Gobierno.
http://www.eldiario.es/politica/testigo-pelotazo-Canal-Gallardon-documentacion_0_727227944.htmlEL JUEZ ARRANCA LA FASE CLAVE PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DE GALLARDÓN EN EL PRIMER PELOTAZO DEL CANAL
Anticorrupción y el juez de Lezo ya tiene en su poder toda la documentación sobre la compra de la filial colombiana a través de una sociedad pantalla
Según la Fiscalía, el Gobierno de Gallardón aprobó una operación con un "cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición"
El juez de Lezo toma esta semana declaración a los principales implicados en la operación, entre los que están dos consejeros del expresidente Madrileño
Dos grabaciones efectuadas por agentes de la Guardia Civil pusieron a los investigadores sobre la pista. En una, Ignacio González le contaba a Eduardo Zaplana que había tenido que tapar un pelotazo del Canal de Isabel II en época de Alberto Ruiz Gallardón. En otra, Zaplana hablaba sobre el elevado nivel de vida del exministro de Justicia: "Alberto habla como diciendo que está ganando una fortuna…. O aflorando algo".
Las conversaciones entre González y el exministro de trabajo llevaron a Anticorrupción a iniciar una investigación sobre los ingresos de Gallardón. Pero la magnitud del caso Lezo obligó a posponer las diligencias sobre esta vertiente de la causa, hasta que se cerrasen las pesquisas sobre González. Con este atrapado por la confesión de dos implicados en los negocios del Canal -uno de ellos, su testaferro- el juez ahonda ahora en la compra de Inassa.
Manuel García Castellón ha accedido a todas las citaciones que le pedía Anticorrupción para adentrarse en la investigación. Durante las dos próximas semanas interrogará a todos los que participaron en el proceso de compra de Inassa, una operación que se llevó a cabo en 2001 con el beneplácito del Gobierno regional. Entre los imputados está Juan Bravo, consejero de Economía de Gallardón.
Bravo firmó junto a Gallardón la creación de una empresa que sirvió de vehículo para comprar Inassa. Pero el proceso se desarrolló de manera distinta a la reflejada en los documentos que aprobó el Gobierno, y según explica Anticorrupción, en la compra se incluyó, además de Inassa, una sociedad dominicana llamada Watco. Las dos compañías se adquirieron a través de una sociedad pantalla con sede en un paraíso fiscal.
Un "cúmulo de irregularidades" en la operación
La Fiscalía también duda de que el Canal tuviese competencias para adquirir una sociedad en el extranjero. Se dan, en definitiva, de "un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición". Además, como se desprende de las conversaciones de González y Zaplana, pudo haber, al igual que en el pelotazo de Emissao, "una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador".
Bravo declarará el martes. Fue el quien firmó con Gallardón la autorización para la compra de Inassa. Otro exconsejero de esa época, Pedro Calvo, se sentará ante el juez un día después, en este caso por haber sido el presidente del Canal cuando se realizó la operación. Habrá que esperar para ver si finalmente Gallardón y el resto de sus consejeros son finalmente imputados en esta rama de la investigación.
La Fiscalía ya advirtió de que, si no lo había pedido todavía, era porque no disponían de toda la información necesaria. Por ejemplo, de los documentos que manejaron los consejeros y el presidente regional para autorizar la compra. La Comunidad de Madrid ha enviado ya esa documentación tras el requerimiento del juez.
Cuatro fiscales, dos jueces y la Sala de lo Penal
Así, Anticorrupción analiza ya el acuerdo del Consejo de Gobierno del 29 de Noviembre de 2001, así como el dossier que pasó por las manos de los consejeros. Con esos datos decidirán los nuevos pasos en la investigación, en la que cuatro fiscales, dos jueces y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han visto indicios de irregularidades.
Los primeros, lo fiscales de Anticorrupción que iniciaron la causa, Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá, pidieron en noviembre de 2016 un auto de dirección para evitar la prescripción del delito de malversación de fondos públicos. Tres magistradas de Sala de lo Penal -Angela Murillo, Teresa Palacios y Carmen Paloma González- apuntaron en su auto que "el presunto responsable de esta fase delictiva no es el señor González sino otras personas o entidades con responsabilidades en la Comunidad de Madrid".
El juez Eloy Velasco dio luz verde a investigar los ingresos de Gallardón y su sucesor al frente del caso indicó en el auto de libertad de González que este había tapado las irregularidades de su antecesor. "Dio cobertura ilícita a los presuntos autores del delito" al ocultar un informe que recogía las irregularidades de la compra.
De hecho, la Fiscalía ya apuntó a la posible existencia de un "pacto de silencio" entre los dos presidentes autonómicos. Ahora, Antonio Romeral y Ana Cuenca, los dos nuevos fiscales del caso, vuelven a incidir en la posible existencia de delitos para reactivar la investigación. Gallardón está pendiente de lo que puedan encontrar en la documentación enviada por el Gobierno de Cristina Cifuentes.
http://m.eldiario.es/politica/investigacion-pelotazo-Canal-Gallardon_0_726177853.htmlUN AUTO JUDICIAL DE HACE SOLO DOS MESES INCLUÍA A GALLARDÓN COMO "INVESTIGADO" EN 'LEZO'
La resolución por la que el juez de refuerzo encomendó el 17 de octubre a un nuevo organismo la localización de bienes menciona expresamente al exministro entre aquellos contra los que se dirige el procedimiento
Anticorrupción insiste en que a día de hoy sigue sin estar formalmente imputado aunque se investiga su actuación
Un año después de que la Audiencia Nacional diese vía libre de forma implícita a la imputación de Alberto Ruiz-Gallardón en la Operación Lezo, la situación procesal del exministro de Justicia se ha convertido en un confuso enigma.
El año acabó con una decisión judicial que si bien le acorrala le mantiene todavía oficialmente ajeno al círculo de investigados: la citación como imputados, anunciada el 27 de diciembre, de los que bajo su mandato como presidente de Madrid integraban la cúpula del Canal de Isabel II cuando la empresa de aguas adquirió en 2001 la firma colombiana Inassa mediante una operación bajo sospecha. Pero lo que no había trascendido en ese momento es que apenas dos meses antes, el 17 de octubre, un auto del juzgado central 6 al que ahora ha tenido acceso infoLibre ya asignaba a Gallardón de forma inequívoca la condición de "investigado" en Lezo.
El auto reproduce de manera literal en ese punto un escrito fechado cuatro días antes y firmado por el entonces fiscal del caso, Carlos Yáñez, que renunció poco después. ¿Introduce algún cambio el contenido de ese texto? Funtes de la Fiscalía Anticorrupción aseguran que no. Y que aunque la resolución mencione de forma expresa a Gallardón su situación procesal no ha variado: sobre el exministro no pesa a día de hoy ninguna imputación formal aunque su actuación y su eventual responsabilidad penal en aquella compra siguen bajo investigación.
En otras palabras: Gallardón no está imputado pero sí investigado en la acepción clásica del término. Cuando la Fiscalía tenga en sus manos el resultado de las nuevas pesquisas solicitadas al juez y posea elementos "sólidos" tomará una decisión definitiva sobre el veterano político. "En tanto no se le cite a declarar asistido de abogado no tendrá la calificación de investigado o de lo que antes se conocía como imputado", enfatiza una de las fuentes consultadas. Algunos expertos en el caso consideran que Gallardón está recibiendo un trato similar –por las múltiples cautelas adoptadas– al que la justicia reserva a los políticos aforados. Otros entienden por el contrario que citar al exministro sin unas mínimas garantías previas de que la imputación no se desmoronará perjudicaría al conjunto de una investigación que tiene como principal protagonista nada menos que a otro expresidente de Madrid, Ignacio González.
Dictada por el juez Diego de Egea, asignado en tareas de refuerzo al juzgado que dirige Manuel García Castellón, la resolución del 19 de octubre tenía por objeto encargar a un nuevo organismo público, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), la localización de bienes vinculados a los delitos investigados en Lezo. Es en el extenso relato de hechos sobre la compra de Inassa donde el nombre de Gallardón aparece. Y esta vez, a diferencia de lo que sucedía con el auto por el que el 19 de enero de 2017 la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional abrió la puerta para que Anticorrupción pidiera la comparecencia del político como investigado, la mención es nominal y no admite interpretaciones. Bajo el epígrafe "Investigados", el juez De Egea arranca escribiendo lo siguiente: "El procedimiento se dirige contra Alberto Ruiz-Gallardón, Carlos Mayor Oreja, Juan Bravo Riera, resto de integrantes del Consejo de Gobierno que adoptó el acuerdo de 2001...". Y a partir de ahí, una larga lista de nombres o cargos que alcanza a los 25 cuya citación quedó decidida hace una semana.
El magistrado cita a todos los nuevos imputados, entre ellos el recién dimitido presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid y el todavía presidente de Adif, al atender punto por punto la petición de la Fiscalía Anticorrupción. También su auto del 17 de octubre aplicaba la misma regla: asumir la solicitud de Anticorrupción. Entonces, el fiscal era Carlos Yáñez. Ahora, Ana Cuenca. Desde el inicio de la investigación, Yáñez se declaró partidario de llamar a declarar a Gallardón. Tras una primera negativa judicial, la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional dio la razón a Yáñez y a la otra fiscal originalmente asignada al caso, Carmen García Cerdá. Pero lo hizo con un auto cuya parte dispositiva –la reservada a la decisión judicial– no incluía la citación del exministro. Ni la de ningún nuevo imputado. Gallardón entró así en una especie de limbo jurídico todavía por despejar.
La incógnita de Panamá
En espera de esa decisión, el exministro ha anticipado ya cuál será su estrategia de defensa llegado el caso. Hace tres semanas, Gallardón compareció ante la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid. Allí defendió la legalidad de la compra de Inassa, la calificó de ética pese a que se articuló a través de una empresa pantalla del paraíso fiscal de Panamá y negó que implicase el menor sobrecoste a las arcas públicas madrileñas. No obstante, el expresidente remarcó y remachó una afirmación: que jamás supo hasta ahora que el Canal adquirió una empresa panameña para de ese modo hacerse con las acciones de Inassa.
La presencia del paraíso fiscal de Panamá –adujo Gallardón ante la Cámara madrileña– ni siquiera llegó a la mesa del Gobierno por él presidido porque "eso era competencia estricta del Canal"; que la operación se hizo previa petición de dos informes de valoración; que había sido bendecida con antelación por "el mejor" despacho fiscalista del país, Garrigues; y que nadie en el consejo de administración del Canal, en el que participaban cuatro representantes del PSOE y dos sindicalistas, observó nada reprochable.
Fue el propio Ignacio González, antiguo delfín de Esperanza Aguirre, máximo jerarca del Canal de Isabel II casi durante una década y presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015, quien de manera involuntaria puso el foco sobre la compra de Inassa. En una de las conversaciones interceptadas por al Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil antes del estallido de la Operación Lezo, González le contó al exministro Eduardo Zaplana que el equipo de Gallardón había adquirido esa compañía colombiana por 100 millones –de dólares– cuando en realidad no valía ni 30.
González reveló en esa charla que un informe encargado por él mismo –al bufete Cuatrecasas– había reflejado las irregularidades de esa compra. Y añadió que, a diferencia de su sucesora, Cristina Cifuentes, que denunció ante la Fiscalía la segunda gran compra sospechosa del Canal en Latinoamérica, la de la brasileña Emissao, él guardó en un cajón ese informe.
Pero durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid y en una maniobra que podría definirse como de judo intelectual –aprovechar la fuerza del contrario en beneficio propio–, Gallardón invocó en su favor a Ignacio González como "fuente autorizada". "La única fuente autorizada que yo tengo sobre el informe de Cuatrecasas es lo que dice en sede judicial el señor González: que en absoluto concluye que hubiera comisión alguna penalmente relevante".
En sucesivos escritos, tanto la Fiscalía como los jueces que hasta ahora han investigado el caso cifran en 73 millones de dólares (83.655.000 euros al cambio de la época) el desembolso de dinero público efectuado por la compra de Inassa. El informe de Cuatrecasas mencionado por Gallardón destapaba múltiples fisuras en esa operación, en la que el Canal de Isabel II dio entrada a una empresa valenciana, Tecvasa, de capital netamente privado. Tecvasa estaba constituida por antiguos directivos de Aguas de Barcelona, es decir, de la compañía que inicialmente poseía la mayoría de las acciones de Inassa.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/03/un_auto_judicial_hace_solo_dos_meses_incluia_gallardon_como_investigado_lezo_73675_1012.htmlJUAN BRAVO DEFIENDE ANTE EL JUEZ LA COMPRA DE INASSA POR EL CANAL DE ISABEL II
Juan Bravo, presidente de Adif y exconsejero de Hacienda en el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido hoy que la adquisición de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II, se hizo de forma regular y que en las actas constaba que el precio de compra era de 73 millones de dólares.
Durante hora y media, el presidente de Adif ha declarado como investigado ante el juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, y ha contestado a todas las preguntas que le han formulado sobre esta operación la fiscal Ana Cuenca, las defensas y la acusación que ejerce Adade en esta causa, han informado fuentes presentes en la declaración.
Ha explicado al juez que dado que esta compra se produjo en 2001, ha tenido que repasar lo que ocurrió en los dos consejos del Canal y en el Consejo de Gobierno autonómico en los que se dio luz verde a la operación.
Para ello ha recopilado la mayor parte de la documentación que obra en la causa, además de pedir documentos también a la Comunidad de Madrid y al Canal de Isabel II, que se los negó alegando que el juez no lo había permitido, si bien al parecer ya existía esa autorización, según las fuentes consultadas.
La operación la aprobó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 29 de noviembre de 2001, pese a tener un dossier desaconsejando la compra de la colombiana a través de la sociedad de Panamá.
A este respecto Bravo ha relatado que un despacho de abogados asesoró al Consejo a través de un informe señalando que si una de las condiciones para la compra era que se hiciese a través de esa sociedad se hiciese así y una vez hecha la operación se disolviera la sociedad inmediatamente.
También, según su relato, fue necesaria la autorización del Consejo de Gobierno y de la comisión de Hacienda para permitir la creación de la empresa Extensia, que fue constituida el mismo mes de la operación, y su endeudamiento para proceder a la compra de Inassa a través de la citada mercantil panameña.
Además de Bravo han declarado como investigados el consejero de Presidencia con Joaquín Leguina y expresidente del Canal Agapito Ramos; un alto cargo en el Ayuntamiento de Madrid con Ruiz-Gallardón de alcalde y Miguel Ángel Saldaña, quienes han corroborado la versión de Bravo de que la compra fue regular.
Todos ellos, incluido Bravo, eran miembros del Consejo de Administración del Canal en 2001, cuando se produjo la operación.
Esta nueva ronda de declaraciones en Lezo por la compra de Inassa empezó la pasada semana con la comparecencia como investigado del que fuera consejero de Medio Ambiente y presidente del Canal, Pedro Calvo, quien negó irregularidad alguna en la adquisición de la filial y dijo desconocer el grado de conocimiento de Ruiz-Gallardón sobre esta operación.
La semana que viene esta previsto que declare también como investigado Arturo Canalda, expresidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y que dimitió de este cargo al ser imputado en Lezo.
El que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, alcalde de la capital y ministro de Justicia está desde hace meses bajo la lupa de la Fiscalía, a cuya instancia el juez ha pedido a la Comunidad que identifique a los miembros del Gobierno regional que firmaron el contrato de compra de Inassa (entre ellos estaban Gallardón y Bravo), como paso previo a su posible imputación.
Con estas diligencias, el juez pretende "impulsar" la investigación por la que fue a prisión el expresidente madrileño Ignacio González, que todavía se encuentra "en una fase muy incipiente".
Según Anticorrupción, la operación de compra del 75 % de Inassa por 73 millones de dólares se hizo mediante Canal Extensia, pero no se adquirió directamente a Inassa sino a través de una empresa interpuesta, la panameña Sociedad Aguas de América.
Una operación que para la Fiscalía adoleció de "un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público", que se centraron principalmente "en la forma en que se planificó y ejecutó la adquisición de la sociedad Inassa, así como en la determinación del precio de compra y restantes condiciones estipuladas en el contrato".
Hay además "claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que Canal de Isabel II debió velar".
https://www.eldiario.es/politica/Bravo-Inassa-Canal-Isabel-II_0_729677981.htmlLOS TÉCNICOS DESMONTAN LOS ARGUMENTOS DEL FISCAL PARA IMPUTAR A LA CÚPULA DE GALLARDÓN EN EL CANAL
Los profesionales que idearon en 2001 la compra de Inassa defienden con documentos la limpieza y rentabilidad de una operación que Ignacio González puso bajo sospecha
El juez del caso Lezo, que investiga una trama supuestamente corrupta encabezada por el expresidente madrileño Ignacio González, interrogará en los próximos días a todos los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que en noviembre de 2001 aprobaron por unanimidad la compra por 73 millones de dólares del 75% de Inassa, una empresa privada dedicada a la distribución de agua en Colombia y otros países de Latinoamérica.
El magistrado intentará aclarar si esa operación supuso un quebranto económico para las arcas de la Comunidad de Madrid y, como sostiene la Fiscalía, un desvío de fondos públicos por 66 millones.
Algunas de las personas citadas a declarar como imputadas pertenecían en 2001 al Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), como Juan Bravo, hoy presidente de Adif y entonces recién nombrado consejero de Hacienda -llegó al consejo de administración del Canal un mes y medio antes de aprobar la operación ahora investigada-. Entre los imputados también hay representantes de PSOE -quien fuera durante muchos años presidente del Canal de Isabel II y consejero de Presidencia, Agapito Ramos-, de IU, de CCOO y de UGT. El magistrado instructor intenta determinar si los hechos tienen alguna relevancia penal y, de tenerla, quienes son los responsables.
Las primeras sospechas sobre una compra fraudulenta de Inassa en 2001 surgen 15 años después de los hechos, a finales de 2016, cuando la guardia civil, en el curso de una investigación judicial secreta a Ignacio González, graba una conversación de quien fue mano derecha y sucesor de Esperanza Aguirre con el exministro y expresidente autonómico Eduardo Zaplana.
En aquellas fechas –finales de 2016-, González ya contaba a su círculo de confianza o de negocios la situación desesperada que vivía al sentirse acorralado por la justicia. El nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Cristina Cifuentes (PP), había presentado en verano de ese año una denuncia en Anticorrupción por una ruinosa operación en Brasil del Canal de Isabel II en la que se habían perdido 25 millones de euros.
La Guardia Civil graba, en ese contexto y con mandato judicial, el desahogo de González ante Zaplana: "Alberto (Ruiz-Gallardón), su gente, compraron una sociedad que no valía ni 30 millones de dólares por 100, con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad en Colombia y compraron una sociedad en Panamá. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II (...) Yo no soy como esta gilipollas que me ha sustituido. Yo me encontré a alguien muerto y dije o reventamos esto y es un escandalazo o tratamos de arreglarlo. Y tratamos de arreglarlo. Yo tengo todavía un dictamen de Cuatrecasas sobre toda la operación que no te puedes imaginar".
Esa conversación abrió una nueva línea de investigación en el caso Lezo que afectaba al Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, aunque en las palabras del expresidente madrileño González había muchas mentiras, según se ha comprobado ahora.
El Canal de Isabel II adquirió Inassa en diciembre de 2001 cuando Alberto Ruiz Gallardón presidía la Comunidad de Madrid, pero nunca pagó 100 millones de dólares sino 73 millones.
Nadie tasó esa sociedad en menos de 30 millones.
La autorización del Consejo de Gobierno fue para un crédito de 51 millones con el que comprar Inassa; el permiso autonómico no determinó ni impuso el lugar de la compra.
Nunca hubo un crédito del Banco Mundial de Desarrollo ni tampoco un aval del Canal de Isabel II. El préstamo de 51 millones lo concedió el BBVA sin necesidad de avales porque a esta entidad le pareció suficiente conocer las cuentas de la sociedad que se iba a comprar, Inassa, como garantía del cobro del crédito.
El Canal pagó 19 millones de sus fondos propios; el resto pertenecía al crédito solicitado al BBVA que Inassa devolvió con los beneficios que generaba.
Los fiscales encargados del caso Lezo tiraron del hilo de aquella delación tóxica de González y sacaron sus propias conclusiones, que fueron detallando al juez en distintos escritos.
Esas conclusiones, que han llevado al magistrado instructor a citar como imputados a todos los consejeros del Canal de Isabel II que aprobaron en diciembre de 2001 la compra de Inassa, han sido desmentidas o rebatidas por los técnicos que intervinieron en la operación desde su origen. Esos técnicos que participaron en los hechos, del Canal y de otras compañías, comparecieron durante horas en la Asamblea de Madrid, donde también se investiga esta compra.
Las diferencias entre la versión que detallan los fiscales en sus escritos, salpicada de suposiciones, y la que explican los técnicos del Canal, que han manejado documentación oficial de la operación en sus intervenciones parlamentarias, son abismales.
Desvío de 66 millones de euros
"Sospechosamente", escribe la Fiscalía, "la sociedad Aguas de Barcelona vendió en 2000 sus participaciones en la sociedad Inassa a la sociedad Aguas de América". Aguas de Barcelona cobró por aquella venta siete millones. En diciembre de 2001, el Canal de Isabel II compra Inassa por 73 millones. Y la Fiscalía señala: "Esta doble venta pudo generar a los denunciados en el espacio temporal de un año una ilícita plusvalía a costa del erario de la Comunidad de Madrid de 66 millones de euros".
Se trata de una operación matemática sencilla pero engañosa. Si Aguas de Barcelona vendió Inassa por siete millones en 2000, y el canal de Isabel II compró en diciembre de 2001 por 73 millones, basta una resta para concluir que el desvío es de 66 millones. Una tesis parecida al lamento de Ignacio González en su conversación con Zaplana: "compraron por 100 millones algo que no valía ni 30".
Los hechos son muy distintos.
Salvador Cardona, exdirectivo de la empresa privada Tecvasa que se asoció con el Canal de Isabel II para comprar Inassa, explicó así a los diputados madrileños los errores de cálculo de la Fiscalía: "Aguas de Barcelona tenía un 20% de Inassa y lo vendió en 2000; el Canal de Isabel II compra a finales de 2001 un 75% de Inassa. Además, cuando Aguas de Barcelona vende su parte, Inassa tenía un negocio para explotar Barranquilla hasta 2013 a través de la Triple A. Desde que Aguas de Barcelona se va hasta que el Canal de Isabel II compra Inassa, se amplía la concesión de Barranquilla 20 años más. A cualquiera que esté en el sector, imagínate lo que valen 20 años más de concesión de una capital que, como mínimo, es más grande que Valencia. Pero es que, además del negocio de Barranquilla, cuando el Canal de Isabel II compra Inassa, esta sociedad tiene además la empresa de Ecuador, la de Dominicana, la de Metroagua y acaba de firmar un contrato con Venezuela por 30 millones de dólares".
La comparación entre la venta que hace Aguas de Barcelona de su 20% de Inassa en el año 2000 por 7 millones y la compra que hace a finales de 2001 el Canal de Isabel II por 73 millones es manifiestamente engañosa y sólo conduce a un error grueso a la hora de evaluar si hubo o no sobrevaloración de la empresa.
La empresa privada Aguas de Barcelona vendió un trozo pequeño (20%) de un negocio por 13 años, y el Canal de Isabel II compró un trozo enorme (75%) de ese mismo negocio por 33 años y, además, otros cuatro negocios más.
Sobrevaloración del precio de compraventa
"Existen claros indicios de que hubo una sobrevaloración del precio de compraventa claramente perjudiciales para el comprador y por ende para los intereses públicos por los que el Canal de Isabel II debió velar", escribe la Fiscalía.
José Antonio de Cachavera y Pablo López de las Heras, extécnicos del Canal de Isabel II y gestores de la operación –uno como subdirector de Nuevos Negocios y el otro como director económico y de desarrollo comercial-, explicaron en el parlamento regional el origen, nudo y desenlace de la compra de Inassa.
Los propietarios de la empresa colombiana de aguas deciden en 2001 poner a la venta el 75% de las acciones, cuya propiedad tienen a través de una sociedad domiciliada en Panamá. Para esta iniciativa contratan al Banco de Inversión Norteamericano Rothschild, que cursa distintas invitaciones a empresas del sector (dos estadounidenses, una francesa, una italiana y el Canal de Isabel II) para que presenten sus ofertas.
Rothschild envía a todos los invitados su propio informe de valoración: el 75% de Inassa costaría 97 millones de dólares. El Canal de Isabel II se interesa por la compañía, manda a sus técnicos a Colombia, hacen su estudio y cifran el valor de Inassa en 87,6 millones de dólares. Por último, la empresa privada valenciana Tecvasa, que se asocia con el Canal de Isabel II para quedarse con un 25% del paquete de acciones, encarga a los consultores de CAP-AFI un estudio sobre el valor de la sociedad en venta que arroja un resultado de 94 millones.
El precio final fue 73 millones, lo que supone 24 millones de dólares menos del fijado inicialmente por la banca de inversión que dirigía la operación de venta de Inassa.
De esa cantidad, tan sólo 19 millones salieron de fondos propios del Canal. Otros 51 corresponden al préstamo concedido por el BBVA, devuelto hace cinco años, con los propios beneficios de Inassa, sin utilizar un euro del Canal de Isabel II.
El exdirector económico del Canal, José Antonio de Cachavera, no entiende las sospechas sobre una supuesta sobrevaloración de Inassa: "Si yo tengo una empresa que vale 10 y usted me la va a comprar por 100, y usted y yo nos repartimos 45 para usted y 45 para mi. ¿Vale? Somos unos golfos. Pero cuando uno paga el precio justo, incluso paga un precio muy duro, no hay para repartir, y esta empresa está bien comprada (...) No, nunca, jamás se pagaron comisiones. Hubiera sido absolutamente innecesario".
El Fiscal sostiene que los técnicos del Canal que se desplazaron a Colombia para hacer su estudio se basaron en las valoraciones efectuadas previamente por los asesores contratados por TECVASA y Rothschild, que supuestamente eran parte interesada para sobrevalorar la compañía.
No hay ningún dato que pueda acreditar ese hecho, más bien al contrario a juzgar por las cantidades que propone cada uno de los informes. El del Canal de Isabel II es casi 10 millones inferior al que efectúa Rothschild. El directivo de TECVASA niega cualquier amaño: "Tienen que haber engañado a los técnicos del Canal, que me consta que son gente preparada, y tienen que haber engañado a nuestros asesores de CAP-AFI, que son economistas, los tres, son doctores de Economía de la Empresa por la Universidad Autónoma de Madrid, y uno de ellos es el director de banca on line en Caixa Bank".
El quebranto del erario público
La operación, presentada por la Fiscalía como muy perjudicial para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid, ha resultado especialmente rentable. Hasta el punto que uno de los técnicos del Canal de Isabel II que propuso la compra, Pablo López de las Heras, saca esta conclusión: "Se puede explicar con hechos que la compra de Inassa económicamente es una de las operaciones más ventajosas que se han hecho en los últimos 20 años en el sector del agua en el mundo".
Los hechos demuestran que, 16 años después de adquirir la compañía por 73 millones de dólares, de los que 51 correspondían a un préstamo del BBVA pagado por Inassa de sus propios beneficios, el Canal ganó cerca de 60 millones de euros en dividendos que repartió la sociedad colombiana.
Además, el Gobierno de Cristina Cifuentes ha decidido ahora vender Inassa y las valoraciones más moderadas estiman que el precio puede estar entre 160 y 200 millones de euros.
El fin de esta aventura empresarial es, según los técnicos, muy positivo: por una inversión directa de 19 millones de euros (el resto que pidió prestado lo pagó Inassa de sus propios beneficios), el Canal habrá obtenido al menos 60 millones de beneficio directo por reparto de dividendos en estos años y, caso de venderse la compañía por el valor que todos los expertos le suponen, otros 200 millones.
El pago en Panamá
La Fiscalía sostiene en su escrito que "se utilizó una sociedad interpuesta residenciada en un paraíso fiscal ya que lo que se compró en realidad fue la totalidad de una sociedad panameña (Sociedad de Aguas de América) propietaria de Inassa".
Cuando el Canal de Isabel II presenta su oferta para adquirir el 75% de Inassa, los propietarios de la empresa ya poseen una sociedad en Panamá donde tienen depositadas sus acciones. De hecho, cuando adquieren en 2000 el 20% de acciones que tenía Aguas de Barcelona, lo hacen a través de esa sociedad panameña.
Pablo de las Heras recuerda que para dar más transparencia a la operación, el Canal encargó un informe de fiscalidad al despacho de abogados de Garrigues y lo puso a disposición de todos los consejeros: "Hablaba de distintas posibilidades de hacer la operación, bien una compra directa, bien una compra a la tenedora de las acciones, que era una sociedad panameña, bien a través de otras sociedades en Holanda, Uruguay o Estados Unidos. Desde el principio, la voluntad de los accionistas era vender a través de una sociedad panameña. Y el informe de Garrigues se centró en esa posibilidad y lo que deducía es que tenía el mismo efecto fiscal para el Canal de Isabel II el hecho de comprar la sociedad en Panamá y liquidar la sociedad en el mismo acto de compra (cosa que se hizo) que comprar las acciones en Colombia".
El exdirector económico del Canal, José Antonio de Cachavera, ofrece más explicaciones: "Nuestra obligación era pagar los menos impuestos posibles porque iban en contra de los ciudadanos de Madrid, pero evidentemente haciéndolo dentro de la legalidad. Nos asesoramos como una empresa de primer nivel como es Garrigues (...) La compra en Panamá, que yo entiendo que en este momento en el que estamos, con todo lo que ha pasado, suena como que se hizo algo oscuro, fiscalmente no tenía ninguna trascendencia y era la forma en la que los accionistas vendían la sociedad. Nosotros no hemos operado en paraísos fiscales, lo único que hicimos en un paraíso fiscal, en este caso Panamá, por obligación, porque así estaba en el libro de venta y porque así fuimos autorizados por el Consejo de Administración, fue materializar la venta que se había hecho en diciembre, ir al notario a materializar lo que se había comprado y disolver la sociedad en el mismo acto, eso es lo que hicimos en Panamá".
La necesidad de crear una sociedad intermedia
Para comprar Inassa, el Canal de Isabel II creó una sociedad denominada Canal Extensia. El fiscal sostiene: "No era necesaria la creación de Canal Extensia. Canal de Isabel II podría haber adquirido directamente Inassa sin la necesidad de la interposición instrumental de Canal Extensia y, mucho menos, con la interposición fraudulenta de una sociedad radicada en un paraíso fiscal. Esta actuación carece de justificación en el sector público y se concive ordinariamente como una forma de huída del derecho administrativo en beneficio de una supuesta eficacia en la actuación pública".
Cachavera, director económico del Canal de Isabel II cuando se compró Inassa, rebate así la tesis del fiscal "No sé qué conocimiento empresarial tiene el fiscal de este caso, pero la utilización de sociedades está dentro del común de lo mercantil. Además ¡no es una cosa que inventásemos nosotros!. Esto es una sociedad anónima, no se le puede llamar sociedad pantalla. En contra de lo que dice el fiscal, a mi me parece una medida de prudencia: cuando uno hace un negocio y más cuando es un negocio internacional, aislar el riesgo que pueda tener ese negocio en una sociedad que no es la matriz (es lo prudente). Porque si no, la matriz responde con todos sus bienes acerca de lo que suceda en esa sociedad. En cambio, cuanto tú haces una sociedad, respondes con los bienes de esa sociedad y, por lo tanto, ¡estás protegiendo el patrimonio de los madrileños!".
El Canal no puede hacer negocios fuera de Madrid
Otro de los argumentos que esgrime la Fiscalía en distintos escritos es que el Canal de Isabel II, según la ley autonómica 17/1984 que lo regula, no puede participar en otras sociedades mercantiles ni competir en concursos fuera de la Comunidad de Madrid. Los técnicos lo niegan y ponen ejemplos. López Heras: "Desde 1991 (con Gobierno socialista en la Comunidad de Madrid) hasta 1999, el Canal de Isabel II había intentado hacer múltiples incursiones en el mercado internacional y nacional, y excepto Cáceres, que lo hizo en una operación con el Grupo Suez, con Aguas de Barcelona, a través de una sociedad, no había conseguido nada". El concurso de Cáceres que ganó el Canal de Isabel II fue avalado por decisiones judiciales.
José Antonio de Cachavera, el exdirector económico del Canal, detalló más proyectos de su etapa que superaron las fronteras de la Comunidad de Madrid: "Estuvimos viendo negocios en Cuba, en Panamá, en Colombia, en Asunción en Paraguay, multitud de operaciones en el ámbito de la diversificación internacional del sector del agua pero también desde el punto de vista de la diversificación sectorial. Montamos una sociedad para la distribución de energía en la Comunidad de Madrid con Hidrocantábrico, con quien ya éramos socios en Hidráulica Santillana. Es decir, la creación de empresas participadas para explotar negocios laterales o colaterales del Canal ya era una práctica habitual, como es normal y de sentido común. Hay que aprovechar el conocimiento y la posición que tenía el Canal para optimizar los medios que los madrileños ponían a nuestra disposición y nada más".
En el sumario no existen pruebas de que parte del dinero pagado por el 75% de Inassa fuera destinado a comisiones ilegales.
http://cadenaser.com/ser/2018/01/01/tribunales/1514830543_660977.htmlUN INFORME DESACONSEJÓ LA COMPRA DE INASSA A TRAVÉS DE UNA SOCIEDAD PANAMEÑA
Un informe del despacho Garrigues y Andersen desaconsejó la compra en 2001 por parte del Canal de Isabel II de la empresa colombiana Inassa a través de una sociedad en Panamá.
El informe, al que ha tenido acceso Efe, forma parte de la documentación remitida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la Asamblea relacionada con el caso Lezo solicitada por los grupos de la oposición.
El Ejecutivo regional comenzó el pasado día 15 a enviar al Parlamento madrileño esta documentación tras conocer que el juez que instruye el caso Lezo entiende que la entrega de ésta no afecta al carácter reservado que tiene la causa en este momento procesal.
El Gobierno de Cristina Cifuentes recibió el pasado mes de agosto una providencia del juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo que le daba vía libre para entregarle a la oposición las actas del Canal de Isabel II relacionadas con el caso Lezo.
Sin embargo, el Ejecutivo no los entregó entonces, ya que el subdirector general de Régimen Jurídico, Sebastián Sánchez, que ha sido cesado, no vio el correo electrónico con la provincia por "un error grave".
Uno de los documentos remitido a la Asamblea de Madrid es un informe de Garrigues y Andersen, fechado el 7 de noviembre de 2001.
En dicho informe, se analizan las tres posibilidades para la compra de Inassa, entre ellas, el Canal de Isabel II adquiera el directamente la empresa colombiana y que, según este análisis, era "la mejor alternativa desde el punto de vista fiscal".
Sin embargo, finalmente el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, el 29 de noviembre de 2001 autorizó la adquisición de Inassa a través de la Sociedad Aguada de América, una empresa radicada en Panamá.
El juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha citado declarar como investigados a miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II que el 14 de noviembre de 2001 apoyaron realizar una oferta por el 75 % de Inassa por 73 millones de dólares, lo que, en opinión del magistrado, acabó generando un endeudamiento de 51,1 millones de dólares.
Según un auto juez, la operación se llevó a cabo a través de una "compleja estructura societaria" y contravino "de plano" los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad de Madrid.
Además, cree el magistrado que existen "claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que el Canal debió velar".
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8879831/01/18/Un-informe-desaconsejo-la-compra-de-Inassa-a-traves-de-una-sociedad-panamena.htmlPOR QUÉ GALLARDÓN SE HA ‘SALVADO’ DE DECLARAR COMO INVESTIGADO POR LA LEZO?
El año en que la Fiscalía cercó al exministro de Justicia
¿Por qué Gallardón no ha sido citado por el juez del caso Lezo y todos sus consejeros sí? En el trasfondo de este asunto está la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa de aguas colombiana Inassa a la que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dio luz verde el 29 de noviembre de 2001. Todos los consejeros han sido citados a declarar como investigados por esta operación que, según la investigación habría supuesto un sobrecoste para las arcas públicas de 25 millones de euros.
A la espera de que se aclara la situación jurídica de Gallardón, te contamos por qué desde hace un año, el exministro de Justicia, exalcalde y expresidente de la Comunidad de Madrid está en el punto de mira de la Lezo.
El fiscal Carlos Yáñez siempre sostuvo que la cúpula de Gallardón, con él incluido, debían ser investigados por esta operación a la que dieron luz verde en el año 2001. Sin embargo, ni el juez de refuerzo del caso Lezo Alejandro Abascal ni el fiscal Anticorrupción de entonces, el dimitido Manuel Moix estaban de acuerdo con esta tesis. Ambos consideraron que este asunto no tenía nada que ver con la trama de corrupción liderada por Ignacio González.
Abascal dictaminó en un auto del 29 de noviembre de 2016 que no había razón alguna para investigar esta operación en el marco de Lezo y, por tanto, a aquellas autoridades o funcionarios públicos que participaron en la misma, tal y como pedía la Fiscalía. Entre otros, señalaba a Alberto Ruiz-Gallardón y los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que dieron luz verde a la compra de Inassa.
Los argumentos del fiscal contra Gallardón...
Sin embargo, el fiscal Yañez no tiró la toalla y, enfrentándose incluso a su jefe Moix, presentó un recurso de apelación ante la Sala de la Audiencia Nacional que, finalmente, le dio la razón. El fiscal insiste en que “presuntas inversiones fraudulentas realizadas por el Canal de Isabel II en Sudamérica desde la operación de compra en el 2001 de la sociedad Inassa deben seguir investigándose” en el marco del caso Lezo.
Y añade: “Esta línea de investigación comparte un mismo modus operandi, el desvío de dinero público a través de inversiones en Sudamérica, todas ellas alejadas de la fiscalización pública. (…) Dicho modus operandi y la continuidad delictiva aconsejan una investigación única para garantizar el buen fin de la misma”.
...avalados por la Audiencia Nacional
Finalmente, la sección cuarta de la Audiencia Nacional zanja esta polémica el 19 de enero de 2017 dando la razón a la Fiscalía y revocando la decisión del juez instructor de dejar fuera de Lezo a Gallardón y todos aquellos que participaron en la compra de la empresa de aguas colombiana.
Casi un año después de esa decisión, los antiguos consejeros de Gallardón han sido imputados en el caso, al igual que los responsables del
Canal de Isabel II en 2001. El exministro de Justicia, exalcalde de Madrid y expresidente de la Comunidad queda, de momento, fuera de esta investigación a la espera de que el Gobierno de Cristina Cifuentes envíe a la Audiencia extensa documentación sobre Inassa.
Se trata de la misma documentación que la presidenta madrileña ha ocultado a la oposición y que ahora no va a tener más remedio que entregar. En el auto de imputación de la cúpula de Alberto Ruiz-Gallardón, el instructor de la Lezo requiere de "forma urgente" y en un plazo no superior a 10 días aporte las actas del Consejo de Gobierno de la Comunidad del 29 de noviembre de 2001 que dio el visto bueno a la compra de Inassa y toda la documentación que se trasladó al consejo para autorizarla. Una vez examinada esa documentación, decidirá sobre la petición de la Fiscalía de imputarle.
Gallardón no sólo ha sido ministro de Justicia, sino que es fiscal de carrera. Según ha podido saber El Plural de fuentes conocedoras de la instrucción, jueces y fiscales van con pies de plomo en este asunto y no quieren dejar ningún cabo suelto. Los delitos que se investigan en esta causa son muy graves y podrían implicar penas de cárcel. Recordemos que se habla de organización criminal, prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros. De ahí el hecho de recibir de facto un trato de aforado pese a que perdió esta condición cuando dimitió en septiembre de 2014 cuando dimitió como ministro al sentirse desautorizado por Mariano Rajoy por la retirada de la reforma de la ley del aborto que había impulsado y renunció también a su acta de diputado en el Congreso.
La situación jurídica del exministro resulta compleja. Lleva más de un año en el punto de mira de la Lezo, donde ya están imputados algunos de sus hombres de confianza. En un auto del juez de refuerzo que sustituyó a Abascal del pasado 17 de octubre, asumiendo los argumentos de la Fiscalía se habla de él como “investigado”, algo que resulta contradictorio con el dictado el pasado 26 de diciembre, en el que se imputa a todo su equipo de gobierno.
Gallardón, "orgulloso" de la compra de Inassa
Con independencia de su situación judicial, Alberto Ruiz-Gallardón sí se ha defendido ante la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, donde dijo que estaba “profundamente orgulloso” de la compra de la colombiana. El antiguo dirigente popular insistió en que se trató de una operación lícita e incluso fue más lejos al afirmar que, con todo lo que sabe hoy, la habría aprobado. “No encuentro ni un solo motivo de reproche en nada de lo que hizo el Canal de Isabel II”, concluyó.
El expresidente se presentó como una víctima de maledicencias, aunque celebró al mismo tiempo que la Asamblea le diera la “oportunidad” de defenderse. "No dejen ustedes de investigar porque es la garantía para aquellas personas a las que se ha cuestionado su honorabilidad, a las que se ha intentado meter en un corral que no era suyo homologándoles con conductas que no han tenido, despejen toda duda", pidió entonces.
https://www.elplural.com/politica/2017/12/29/por-que-gallardon-se-ha-salvado-de-declarar-como-investigado-por-la-lezoLO QUE CRISTINA CIFUENTES NO QUIERE QUE SEPAS DEL CASO LEZO
Aprovecha la personación de la Comunidad de Madrid en el proceso para defenderse como presidenta del PP
La Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes, está personada en el caso Lezo y, por tonto, goza de información en tiempo real sobre la instrucción. Además, hay dos empresas públicas, también controladas por la administración popular, que gozan de información privilegiada sobre los casos de corrupción en los que se ha visto envuelto el PP madrileño. Es el caso del Canal de Isabel II (personado en Lezo) y Arpegio (reconvertida en Nuevo Arpegio), en la Púnica.
Uno de los ejemplos de cómo está manejando la defensa de los intereses de su partido utilizando el privilegio que le da esa personación es su negativa a facilitar documentos sobre la compra de Inassa a la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid. Podemos hizo la solicitud y la presidenta contestó con un rotundo no alegando que las actas solicitadas forman parte de las diligencias del caso Lezo y que hasta que no se decrete la apertura del juicio oral gozan de “carácter reservado”.
Sin embargo, su apelación a la ley de Enjuiciamiento Criminal es falaz y ella lo sabe. Al menos desde el pasado 18 de agosto cuando un auto del juez Fernando Andreu responde a una consulta de la propia Comunidad de Madrid en relación a si debe entregar o no los documentos sobre la compra de Inassa y Emissao a la comisión anticorrupción de la Asamblea.
Respuesta contundente del juez
El magistrado hace suyo el pronunciamiento del fiscal y deja en evidencia los argumentos esgrimidos por Cifuentes. Aclara que su petición no tiene base legal y que no le corresponde pronunciarse porque los documentos solicitados “no están incluidos en el sumario”. “Su entrega se rige por disposiciones administrativas sin que el Juez de Instrucción pueda dictaminar, aconsejar ni mucho menos ordenar, sobre la conveniencia o no de entregar esta documentación”, concluye.
La presidenta madrileña optó por ignorar la postura del juez y ha seguido manteniendo los documentos sólo a la vista de los que la interesaban. Se los facilitó al propio Alberto Ruiz-Gallardón para preparar su comparecencia ante la comisión, pero no a Podemos y el resto de grupos parlamentarios.
Podemos lleva ante la Justicia a Cifuentes
El partido de Pablo Iglesias, harto del boicot de Cifuentes, puso el pasado mes de octubre un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Justicia de la Comunidad de Madrid por su negativa a facilitar los documentos.
No sólo ha ignorado la orden del juez, sino que ha faltado a la verdad. Cuando Íñigo Errejón le recriminó el pasado 23 de octubre su actitud, no dudó en responder, a través de la cuenta oficial del PP de Madrid, que ella denunció la trama Lezo y “somos los primeros interesados en conocer la verdad”. Para demostrarlo se escuda en que han respondido a “más de 600 peticiones de información de la Asamblea sobre el Canal”. Todo ello dos meses después de haber recibido la respuesta del juez.
No solo el PP madrileño, también la Comunidad de Madrid mintió sobre este asunto o, al menos, no contó toda la verdad. Ese mismo 23 de octubre varios medios difundieron la explicación de que Cifuentes había consultado con el juez del caso, Manuel García Castellón (a quien sustituyó Fernando Andreu por las vacaciones de verano) la pertinencia de facilitar los documentos y que todavía no había contestado. “El juez todavía no ha dado permiso”, explicaron textualmente.
El juez también le pide los papeles
Pero el cerco a Cifuentes por el caso Lezo no queda ahí. El juez ha imputado oficialmente a su protegido Arturo Canalda, hasta ahora presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que se ha visto obligado a dimitir. Durante meses, y a pesar de las elevadas sospechas que pesaban sobre él, Cristina Cifuentes lo mantuvo en su puesto. Entre otras cosas, tal y como reveló El Plural, su papel en la compra de Inassa, una de la operaciones fraudulentas que se investiga en la trama, no fue tan irrelevante como él se ha empeñado en contar.
En el auto de imputación de Canalda y la cúpula de Alberto Ruiz-Gallardón el magistrado reclama a la Comunidad los papeles que lleva meses negando a la oposición. Los polémicos papeles los había reclamado la Fiscalía y ahora, el juez requiere de "forma urgente" y en un plazo no superior a 10 días aporte las actas del Consejo de Gobierno de la Comunidad del 29 de noviebre de 2001 que dio el visto bueno a la compra de Inassa y toda la documentación que se trasladó al consejo para autorizarla, entre otros papeles.
https://www.elplural.com/politica/2017/12/28/lo-que-cristina-cifuentes-no-quiere-que-sepas-del-caso-lezoDIMITE EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE MADRID TRAS SU IMPUTACIÓN EN EL 'CASO LEZO'
Arturo Canalda renuncia por su presunto papel en la compra irregular de la filial Inassa por parte del Canal de Isabel II en el año 2001 Otras 25 personas han sido imputadas, entre ellas antiguos colaboradores de Gallardón como Juan Bravo, actual presidente de Adif, y el exconsejero Pedro Calvo
El presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda, ha presentado este jueves en la Asamblea de Madrid un escrito en el que comunica su dimisión del cargo, han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias.
La renuncia de Canalda se produce tras su imputación en el caso Lezo en lo relativo a su presunto papel en la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II.
El escrito de renuncia de Canalda ha llegado a la cámara regional a las 9 horas, al ser la Asamblea de Madrid la que nombra al presidente y designa por mayoría absoluta a los consejeros del organismo.
En el escrito, Canalda ha señalado que ha tenido conocimiento "a través de los medios de comunicación" de que la Audiencia Nacional va a imputarle.
El hasta hoy presidente de la Cámara de Cuentas ha asegurado que a lo largo de los 20 años dedicado a la vida pública "siempre ha actuado con honestidad y siempre ha adoptado las decisiones basándose en informes que le avalaban", pero que dimite tras ser imputado en el caso de corrupción Lezo para "no perjudicar" a la institución.
Ha recordado que como este órgano depende de la Asamblea y no de la Comunidad de Madrid no tendría que dimitir, como sí lo hacen los miembros del Gobierno regional y altos cargos en aplicación del Código Ético. Y como tampoco es afiliado al PP le deja fuera del ámbito de aplicación del Código Ético de este partido.
Además, señala que según la Ley 11/1999 de la Cámara de Cuentas en su artículo 35 apartado g) establece como causa para la pérdida de la condición de consejero de la Cámara la de "haber sido declarado, en virtud de sentencia judicial firme, responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso", circunstancias que a fecha de hoy no se dan en su caso.
"No obstante lo anterior, en el pleno convencimiento de que he actuado siempre conforme al ordenamiento jurídico, soy consciente de que mi permanencia al frente de la Cámara de Cuentas en estas condiciones puede suponer un importante perjuicio para la institución que he tenido el honor de presidir a lo largo de los últimos seis años", apunta.
"Con el único y exclusivo fin de no perjudicar a la institución pública que presido, por medio del presente escrito y con efectos del día de hoy, te comunico mi decisión de dimitir de forma irrevocable como presidente y consejero de la Cámara de Cuentas", ha pedido Canalda a Paloma Adrados, que le ha rogado que traslade su decisión al a Mesa de la Asamblea agradeciéndole "sinceramente todo su apoyo" a lo largo de esos años.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/12/28/dimite_presidente_camara_cuentas_madrid_tras_imputacion_caso_lezo_73548_1012.htmlEl juez imputa a los colaboradores de Gallardón en el Canal de Isabel II por la compra de Inassa
El magistrado atendió así la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que además de Pedro Calvo y Juan Bravo solicitó también la imputación algo más de una veintena de personas
Anticorrupción ve evidente "la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público de esta sociedad colombiana"
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea acordó citar como investigados a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular de su filial Inassa en 2001, año en que Alberto Ruiz-Gallardón gobernaba en la Comunidad de Madrid.
El magistrado De Egea, juez de apoyo del instructor del caso Lezo, Manuel García Castellón, atendió así todas y cada una de las peticiones formuladas por la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la imputación de 25 personas, entre ellas antiguos colaboradores muy cercanos a Gallardón como Juan Bravo, actual presidente de Adif, y el exconsejero y exconcejal Pedro Calvo.
Además de Bravo y Calvo, están imputados los miembros del consejo de administración del Canal que asistieron a la reunión del 14 de noviembre de 2001 que aprobó la compra de Inassa y votaron a favor –en el que estaban Calvo y Bravo–: Ignacio López-Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho.
Aunque no fija fechas concretas aún, el juez ordena además la imputación del que fuera director gerente de la empresa pública de aguas y actual presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, quien también asistió a la mencionada reunión y "asumió el peso de la explicación del proyecto" junto con José Antonio de Cachavera, igualmente investigado, según explica el auto.
Junto a Canalda y Cachavera, el magistrado cita a Pablo López de las Heras como las "personas que tuvieron una participación esencial durante la gestión y ejecución del proceso de adquisición" de la filial colombiana, que habría supuesto un desfalco de en torno a 70 millones de dólares para el Canal.
Por otro lado, De Egea ordenó la imputación de "personas vinculadas a la operación de compraventa" de Inassa "por su posible participación como compradores, vendedores y gestores a través de distintas empresas interpuestas", entre las que están Salvador Cardona, Javier Vilaplana, Jesús Sánchez Sánchez, Esteban Palacios, Santiago García Benavides y Ángel Conde.
Como pedía Anticorrupción, el magistrado también ordenó citar a declarar como investigados al exconsejero de Canal Extensia SA Gaspar Cienfuegos-Jovellanos y a Diego Fernando García Arias, vinculado a la sociedad Inassa en el momento de los hechos.
Como el fiscal, el juez ve evidente "la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición de la sociedad colombiana", por lo que ordena numerosas diligencias, al tiempo que pide que "se adopten las medidas necesarias para incrementar el personal policial" adscrito a esta investigación.
Pide a Cifuentes información sobre el Gobierno de Gallardón
El auto del juez atiende todas las peticiones que hizo Anticorrupción la semana pasada, por lo que también solicita a la Comunidad de Madrid que aporte toda la documentación de que disponga sobre el acuerdo del Consejo de Gobierno del 29 de noviembre de 2001 que autorizó la compra de Inassa para que la entregue en un plazo no superior a diez días.
El magistrado quiere que se aporte una "identificación completa de todos los miembros del Gobierno" de la Comunidad en ese año, que presidía Gallardón, así como el acta de la reunión en que adoptaron dicho acuerdo sobre Inassa. También pide "testimonio de la totalidad de la documentación que se le trasladó a los miembros de dicho Consejo para valorar esta operación y, consecuentemente, sustentar su decisión, especificando claramente si se les trasladó el mismo dossier de documentación" que aprobó el Canal de Isabel II.
Fuentes de Anticorrupción consultadas por Europa Press explicaron que conocer toda esta información es fundamental para la investigación con el objetivo de saber exactamente qué consejeros asistieron a la reunión del Consejo de Gobierno y qué grado de conocimiento tenían sobre la operación.
Asimismo, el magistrado reclama al Canal de Isabel II toda la información de que disponga sobre los acuerdos, así como numerosa documentación que haya disponible sobre todo el proceso de compra.
Operación diseñada por Canalda
Según el relato de los hechos que hizo el fiscal en su escrito, y que el juez suscribe, la adquisición irregular de Inassa, se hizo de una forma distinta a la autorizada, ya que en vez de hacerlo de forma directa se empleó la panameña Aguas de América SA, sociedad radicada en un paraíso fiscal.
Esta operativa paralela fue diseñada por Arturo Canalda, José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras, que gestionaron la adquisición de una forma muy diferente al acuerdo de compra que se rubricó en el consejo de administración celebrado el día 8 de octubre de 2001 a petición del propio Canalda.
Por tanto, aunque la operación se autorizó formalmente en el consejo de administración del 14 de noviembre de 2001, lo cierto es que seis días antes ya estaba concedido el aval bancario definitivo para adquirir Inassa así como redactado el acuerdo de compraventa de acciones de la sociedad panameña, creada con la finalidad de canalizar los intereses de los implicados en la operativa.
El acta levantada de ese consejo no hizo referencia a la sociedad panameña, pero en el dossier puesto a disposición de los consejeros del Canal se mencionó e incluso se desaconsejó la compra mediante la panameña, según el escrito que describe que el siguiente trámite fue remitir el expediente al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Acuerdo firmado por Gallardón
El 29 de noviembre se dictó acuerdo por parte del Gobierno madrileño autorizando al Canal la creación de Canal Extensia y la adquisición del 75% del capital social de Inassa por 73 millones de euros. Ese acuerdo está firmado por los entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y consejero de Hacienda, Juan Bravo.
Hasta la fecha no obra en el sumario de la trama Lezo ni el acta redactada por el Consejo de Gobierno ni la documentación de la que dispusieron los consejeros antes de adoptar el acuerdo. Información, a juicio del fiscal, "esencial" para poder avanzar en la investigación "y solicitar la declaración judicial" de los consejeros que adoptaron el acuerdo, reza el escrito.
El fiscal también resaltaba que uno de los socios iniciales de Inassa en su constitución en 1996 fue la sociedad General de Aguas de Barcelona SA (AGBAR) que, en el año 2000, vendió su participación en la colombiana precisamente a la sociedad pantalla que participó en la operativa, detrás de la cual se encontraban empleados de la sociedad general de aguas.
22 testigos
Entre las 22 citaciones que ordena el juez, destacan José Ferrán, expresidente del Consejo de Tecvasa; Manuel Josep Lerma, representante de la CAM que firmó el aval concedido a Tecvasa para financiar la operación; Alfonso Rodríguez Rabadán, empleado de la CAM que firmó el acuerdo; y Ciril Rozman Jurado, ex director financiero de la sociedad Aguas de Barcelona SA.
También cita a Borja Oria, trabajador en el momento de los hechos en banco Rothschild España SA; Fernando Troya, exasesor del Canal; Luis Gonzalo González García, receptor en nombre del Canal de la invitación hecha por Rothschild para participar en la licitación internacional de Inassa; Gregorio Arias y Javier Malía, encargados de la valoración que aportó la filial colombiana; y Rafael Merino López-Brea, ex consejero del Canal que no acudió a la reunión en que se aprobó la compra.
También quiere que comparezcan los autores de los informes que obran en las actuaciones realizados por Cuatrecasas, Garrigues & Andersen, Pricewaterhousecoopers y ATJ Consultores SL.ANTICORRUPCIÓN PEDIRÁ AL JUEZ NUEVAS PESQUISAS PARA RESOLVER SI CITA A GALLARDÓN COMO IMPUTADO EN EL 'CASO LEZO'
La Fiscalía ultima un informe al que incorporará la solicitud de nuevas diligencias para dirimir el papel desempeñado por los responsables políticos de Madrid que en 2001 dieron vía libre a la compra de Inassa
La Intervención del Estado analiza nuevos documentos sobre esa adquisición de la empresa colombiana, articulada a través de una empresa pantalla panameña con un hipotético sobrecoste multimillonario
El exministro de Justicia, que entonces presidía la Comunidad de Madrid, sostiene que la operación fue legal y "ética"
Casi a punto de cumplirse un año desde que la Audiencia Nacional dio vía libre para la citación de Alberto Ruiz-Gallardón como investigado en el caso Lezo por la controvertida, multimillonaria y opaca compra de la firma colombiana Inassa en su etapa como presidente de la Comunidad de Madrid, Anticorrupción pedirá al juez del caso nuevas diligencias antes de decidir qué posición adopta respecto al exministro de Justicia.
Fuentes de la investigación han confirmado a infoLibre que la solicitud de nuevas pesquisas sobre esa compra, cerrada a finales de 2001, se incorporará a un informe que la Fiscalía planea elevar al juez en cuestión de días y en el que detallará "el estado del procedimiento". Las fuentes consultadas por este diario no han precisado qué tipo de diligencias contempla Anticorrupción pero sí que con ellas busca acotar de manera precisa el papel desempeñado por los responsables políticos madrileños en la adquisición de Inassa. Es decir, en la primera operación del Canal de Isabel II bajo sospecha y que, según el principal imputado de Lezo, el también expresidente regional Ignacio González, se efectuó con un sobreprecio de casi 70 millones de dólares.
La Fiscalía se encontraba a la espera del dictamen encomendado a la Intervención General del Estado (IGAE) sobre las presumibles irregularidades de aquella compra. Pero la espera tendrá que prolongarse: la IGAE analiza ahora "nuevos documentos" de reciente obtención y relevantes para alcanzar una conclusión.
Aunque algunos juristas conocedores de la causa sostienen que la Fiscalía está recibiendo presiones para que cambie su posición inicial sobre Gallardón –llamarlo a declarar como imputado, o investigado en la actual terminología–, Anticorrupción niega ese extremo de manera taxativa. El relato de la Fiscalía sobre la lentitud en cuanto al veterano político ahora retirado pasa por dos coordenadas: la primera, que el tiempo transcurrido desde la sospechosa compra de Inassa es de tal magnitud que los hipotéticos delitos atribuibles a Gallardón –prevaricación y malversación– pueden haber prescrito; la segunda, que aunque Gallardón se haya retirado formalmente de la política y ahora sea en teoría solo un abogado más, forzar su comparecencia judicial sin tener unas mínimas garantías de que esa imputación puede mantenerse en el tiempo representaría un golpe importante para la causa.
Sea cual sea el escenario real de los acontecimientos, lo cierto es que la marcha del fiscal que hasta hace poco más de un mes capitaneaba la investigación, Carlos Iáñez, ha coincidido en el tiempo con el triunfo de lo que podría denominarse estrategia de prudencia. Fue el recurso planteado en noviembre de 2016 por Iáñez y la fiscal Carmen García, entonces también asignada al caso y ahora centrada en el otro gran caso de corrupción sobre el PP destapado tras Gürtel, la Operación Púnica, el que condujo a la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a dar en enero de este año vía libre a la imputación de Gallardón y su gobierno. Pero el auto con que la sección cuarta se alineó con los fiscales frente al juez de apoyo a la instrucción del caso Lezo, que era contrario a ampliar la investigación a la compra de Inassa, no hacía mención expresa en su parte resolutiva o dispositiva ni a Gallardón ni a nadie. Y las imputaciones –recalca una de las fuentes consultadas– o son nominales o no lo son.
Gallardón: ignorancia total sobre Panamá
Gallardón, que el viernes compareció ante la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid, defiende la legalidad de aquella compra, la considera ética pese a que se articuló a través de una empresa pantalla del paraíso fiscal de Panamá y niega que implicase el menor sobrecoste a las arcas públicas madrileñas. No obstante, el expresidente remarcó y remachó varias afirmaciones que parecen dibujar una eventual estrategia de defensa: lo primero de todo, que jamás supo hasta ahora que el Canal adquirió una empresa panameña para de ese modo hacerse con las acciones de Inassa.
La presencia del paraíso fiscal de Panamá –adujo Gallardón– ni siquiera llegó a la mesa del Gobierno por él presidido porque "eso era competencia estricta del Canal"; que la operación se hizo previa petición de dos informes de valoración; que había sido bendecida con antelación por "el mejor" despacho fiscalista del país, Garrigues; y que nadie en el consejo de administración del Canal, en el que participaban cuatro representantes del PSOE y dos sindicalistas, observó nada reprochable.
Fue el propio Ignacio González, antiguo delfín de Esperanza Aguirre, máximo jerarca del Canal de Isabel II casi durante una década y presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015, quien de manera involuntaria puso el foco sobre la compra de Inassa. En una de las conversaciones interceptadas por al Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil antes del estallido de la Operación Lezo, González le contó al exministro Eduardo Zaplana que el equipo de Gallardón había adquirido esa compañía colombiana por 100 millones –de dólares– cuando en realidad no valía ni 30. González reveló en esa charla que un informe encargado por él mismo –al bufete Cuatrecasas– había reflejado las irregularidades de esa compra. Y añadió que, a diferencia de su sucesora, Cristina Cifuentes, que denunció ante la Fiscalía la segunda gran compra sospechosa del Canal en Latinoamérica, la de la brasileña Emissao, él guardó en un cajón ese informe.
Pero durante su comparecencia ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid y en una maniobra que podría definirse como de judo intelectual –aprovechar la fuerza del contrario en beneficio propio–, Gallardón invocó en su favor a Ignacio González como "fuente autorizada". "La única fuente autorizada que yo tengo sobre el informe de Cuatrecasas es lo que dice en sede judicial el señor González: que en absoluto concluye que hubiera comisión alguna penalmente relevante".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/12/18/anticorrupcion_pedira_juez_nuevas_pesquisas_para_resolver_si_cita_gallardon_como_imputado_caso_lezo_73141_1012.htm
GALLARDÓN APUESTA A QUE NO SERÁ IMPUTADO EN EL CASO LEZO
"Tengo muchas dudas de que después de esta comisión alguien pueda sostener eso", dice en la Asamblea madrileña sobre las acusaciones de la Fiscalía
Anticorrupción aprecia en su querella de 2016 una "ilícita plusvalía" de 66 millones por la compra de una empresa colombiana en 2001 por el Canal
Sus consejeros marcan distancias con la etapa Aguirre y González: "No confundan churras con merinas porque vengan del mismo lugar"
"Estoy profundamente orgulloso de todo aquello que ustedes están intentando ensuciar". Así se dirigió este viernes Alberto Ruiz-Gallardón a los diputados de la oposición en la comisión de investigación de la corrupción en la Asamblea de Madrid. Ante ella ha comparecido por el que la Fiscalía Anticorrupción considera el primer pelotazo del Canal de Isabel II en Latinaomérica, efectuado en 2001.
"Si hubiera tenido toda la información que han dado (exconsejeros y técnicos del Canal) yo hubiese aprobado la operación", dijo en referencia a la compra de la colombiana Inassa por un valor muy superior al real, según la Fiscalía y la Guardia Civil, y a través de una empresa radicada en el entonces paraíso fiscal de Panamá.
Cuando el diputado de Podemos Miguel Ongil le trasladó las rotundas afirmaciones de la querella de la Fiscalía Anticorrupción del caso Lezo, Ruiz-Gallardón aseguró que son conclusiones previas a la información y testimonios que ha recopilado la comisión de investigación. "Tengo muchas dudas de que después de esta comisión alguien pueda sostener eso", ha dicho el expresidente madrileño.
En los próximos días está previsto que la fiscal Ana Cuenca, quien ha tomado el relevo de su compañero Carlos Yáñez, presente sus conclusiones sobre la necesidad de solicitar la citación como imputado de Alberto Ruiz-Gallardón. En la querella que dio origen al caso Lazo se acusaba al Gobierno presidido por Ruiz-Gallardón de haber generado una "ilícita plusvalía" de 66 millones de euros con la compra de Inassa, de haberlo realizado de forma opaca en un paraíso fiscal y de comprar sin disponer de un marco legal para ello.
Sobre los pinchazos telefónicos en los que Ignacio González alude al desvío de fondos con la compra de Inassa y culpa a Gallardón o su equipo, el compareciento dijo desconocerlos. Y añadió que sí le consta un escrito de la defensa de González aportado al juez del caso en el que descarta haber conocido pelotazo alguno en la compra de la empresa colombiana.
La querella original de la Fiscalía presentaba un posible "pacto de silencio" entre Ignacio González y Gallardón por el cual el primero ocultaría lo descubierto durante la etapa del segundo y además repetiría una operación similar en 2013 con una empresa brasileña.
Como reveló eldiario.es en junio pasado, Gallardón y González se reunieron, a pesar de haber dejado la política y ser enemigos irreconciliables, después de que saltaran los primeros escándalos del Canal. Gallardón ha dicho hoy en la Asamblea que "nunca" ha hablado con González del Canal una vez los dos dejaron la política. "No, rotundamente no", dijo este viernes el compareciente sobre el supuesto "pacto de silencio" con González
El 51% de Inassa pertenecía a una sociedad pública española, la Sociedad General de Aguas de Barcelona SA (Agbar). El Gobierno de Gallardón aprobó en noviembre de 2001 la compra del 75 por ciento de su compra y los créditos bancarios necesarios para la misma. El consejo de administración del Canal, la empresa pública de los grandes beneficios, acordó por su parte que la compra se hiciera a través de una empresa vehícular que se creó a tal efecto en Panamá.
Según los técnicos y consejeros que han comparecido en la Asamblea madrileña se hizo así porque lo exigió el vendedor y en nada perjudicó a los fondos públicos del Canal. Los investigadores del caso Lezo consideran, por contra, que es una operación "opaca" que podría haber escondido el desvío de 25 millones de euros de fondos públicos.
Aunque falta por determinar la cantidad, los investigadores creen que Agbar vendió en el año 2000 su participación por 7 millones de dólares. Al comparar el valor de venta de las acciones de Agbar y los 83 millones de euros que pagó un solo año después el Canal con fondos públicos de los madrileños, se pudo generar “una ilícita plusvalía” de 66 millones, recoge la querella de Anticorrupción.
"Ético, legal y beneficioso para los madrileños"
Gallardón defendió los beneficios que la expansión por Latinoamérica ha traído al Canal de Isabel II. Los diputados de la oposición le preguntaron por si le parecía "ético" comprar con dinero público a través de un paraíso fiscal. "Siendo legal y beneficioso para los madrileños, a mi me parece ético", ha respondido.
Antes que Gallardón, comparecieron sus consejeros Pedro Calvo y Juan Bravo. Ambos, como Gallardón, pusieron de manifiesto las diferencias con la gestión de la época de González, imputado por organización criminal y otros delitos, y de Esperanza Aguirre. Calvo, expresidente del Canal y antiguo consejero de Medio Ambiente, le soltó al portavoz de Ciudadanos, Carlos Zafra: " "No confundan churras con merinas porque vengan del mismo lugar".
Pedro Calvo puso en duda la investigación de la Fiscalía. "No todos los papeles que lee uno se tienen que dar por ciertos, aunque sean de la Fiscalía Anticorrupción", ha asegurado. Sobre la utilización de Panamá para la adquisición de Inassa, el exconcejal de Medio Ambiente afirmó: "Es verdad que Panamá fue un paraíso fiscal, pero no lo fue para el Canal".
Por su parte, Juan Bravo, exconsejero de Hacienda, ha afirmado los dos miembros del Gobierno responsables y conocedores de los acuerdos para la compra de la filial son Calvo y él. Bravo instó a los diputados a que despejen las "sombras" sobre una gestión que calificó de "impecable".
Ambos exconsejeros, al igual que Gallardón defendieron que las tres tasaciones del Canal -la banca Rothchild, posterior comisionista, el economista Emilio Ontiveros y los técnicos del Canal- consideraron que el precio que se pagó era superior incluso al real. Los tres comparecientes también esgrimieron el informe del despacho Garrigues para considerar legal y oportuna la compra a través de Panamá.
Antes había comparecido Francisco Olmos, directivo de Agbar antes de la venta y después nombrado gerente de Inassa. Admitió que las acciones que poseía le generaron "algo menos" de 2,8 millones de euros que reinvirtió en el Canal y tributó en España. "Le propondremos para una medalla", respondió el diputado Ongil.
http://m.eldiario.es/politica/Gallardon_0_718828348.htmlRUIZ-GALLARDÓN CONFIRMA QUE IRÁ A LA COMISIÓN DE LA CORRUPCIÓN DE LA ASAMBLEA
El expresidente de la Comunidad pide a Cifuentes documentación del Canal y advierte que la necesita con tiempo
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha aceptado comparecer ante la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política de la Asamblea de Madrid el próximo 15 de diciembre. En el mismo escrito, solicita que se le dé acceso "inmediato e íntegro" a toda la documentación que considera necesaria para contestar a las cuestiones que le planteen los diputados.
La comisión le ha llamado con el objetivo de que informe sobre el acuerdo tomado por el Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2001 del Canal de Isabel II por el que se autoriza la constitución en América de Canal Extensia, que luego adquirió Inassa por 73 millones. El juez está investigando estas operaciones, con las que se inició la expansión del ente público en América, en el marco de la Operación Lezo. El expresidente pide también la documentación sobre el resto de cuestiones que se trataron en dicha reunión.
Ruiz-Gallardón avisa a la Presidencia de la Comunidad de Madrid que el acceso a la información debe realizarse "con la suficiente antelación para poder preparar debidamente mi declaración". "Es como si no se fiase demasiado", ironiza la diputada socialista Encarnación Moya. La Comisión ha solicitado la misma documentación hace una semana al Gobierno regional, con pocas esperanzas de recibirla. Moya está convencida de que no se la van a enviar "como están haciendo con todos los documentos de este caso, por ejemplo con el informe de la abogacía del Estado". En todo caso, "si se lo mandan a Gallardón, que me parece genial, la comisión debería recibirlos también".
Moya advierte que Gallardón "viene simplemente a informar a la comisión donde se le va a pedir su versión de los hechos". "Esperemos que no se escude en que no tiene los papeles para no responder a los preguntas", indica.
https://elpais.com/ccaa/2017/11/24/madrid/1511544482_682190.html
GALLARDÓN NIEGA VÍNCULOS CON 'LEZO': "NI HE COBRADO COMISIONES DEL CANAL NI HE PACTADO CON IGNACIO GONZÁLEZ"
Ex presidente de la Comunidad de Madrid y ex ministro de Justicia. La Audiencia Nacional investiga su rol en la expansión internacional del Canal de Isabel II en busca de sobreprecios y sobornos, y estudia su imputación. Gallardón rompe su silencio en exclusiva con EL MUNDO y rebate todas las sospechas.
El ex presidente madrileño y ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón (Madrid, 1958) rompe su silencio un año después de que la Fiscalía comenzara a investigarle en el caso Lezo. En una entrevista exclusiva subraya que el Canal de Isabel II bajo su mandato jamás se gobernó «de arriba abajo» y que, por lo tanto, no fue suya sino del Consejo de Gobierno, la decisión de comprar la sociedad latinoamericana Inassa por 83 millones con tres informes favorables. Precisa que «nadie le consultó» que la operación se articularía en Panamá, niega haberse lucrado y precisa que con Ignacio González no existe un pacto de silencio sino «desencuentros».
La Fiscalía puso el foco desde el inicio de la operación Lezo en la figura de Gallardón. Le acusa de controlar la compra de Inassa, la sociedad con la que el Canal de Isabel II se expandió en Latinoamérica, para pagar un sobreprecio de más de 25 millones. Vincula la operación a posibles sobornos que no han aparecido y cuestiona el precio pagado por la sociedad, que se antoja muy discutible. Gallardón abonó 83 millones en 2001; la Comunidad de Madrid intentó privatizar Inassa hace 8 años y varios bancos de inversión la valoraron en 200 millones; y ahora el Gobierno madrileño no quiere venderla por menos de lo que pagó. El ex fiscal Anticorrupción Manuel Moix consideró infundadas y prescritas las acusaciones y frenó el asunto. Ya sin Moix al frente los fiscales le atribuyen un importante quebranto a las arcas públicas, le enclavan en la misma organización que González, y buscan su imputación.
Anticorrupción examina la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II desde marzo y le señala desde entonces.
¿Por qué ha guardado silencio hasta ahora?
Lo primero que le tengo que decir es que, por mi parte, la única información que he tenido de esa investigación ha sido por la prensa. Con ello simplemente quiero aclarar que, al contrario de lo que se ha publicado en otros medios, a día de hoy yo no soy parte en el procedimiento judicial que está instruyendo ese asunto ni, por tanto, conozco los detalles del mismo. La razón de hablar ahora, y no haberlo hecho antes, es la cantidad y variopinta información que, sobre este asunto, se ha filtrado a los medios en las últimas semanas. Desconozco por completo de dónde provienen esas filtraciones y qué objeto tienen, pero el daño que se está haciendo a mi nombre y reputación es sangrante. Y, sinceramente, creo que ese daño es ya irreparable, pero como no sólo me afecta a mí, sino que empieza a perjudicar a mi entorno más cercano -y me refiero a mi familia-, me siento con la obligación de romper el silencio que me había propuesto mantener mientras durase la instrucción.
Se especula desde hace meses con que su condición en estos momentos ya es la de imputado.
¿Le ha llegado alguna comunicación sobre este asunto procedente de la Audiencia Nacional requiriéndole información o emplazándole a declarar?
Hasta la fecha no se me ha imputado la comisión de ningún delito y, por lo tanto, no tengo esa condición, por eso le decía que no soy parte del procedimiento de instrucción que se está llevando a cabo. La decisión de llamarme a declarar como investigado -figura que, como sabe, ha sustituido a la de imputado- le corresponde única y exclusivamente al juez y no puedo yo anticipar qué decidirá hacer. Pero, como le decía, de ninguna forma se puede afirmar que a día de hoy yo esté imputado por este asunto.
Anticorrupción sostiene que usted dispuso en todo momento del «control» de la compra de Inassa a través del Canal. ¿Fue así?
No. La compra de Inassa fue una decisión acordada por el Consejo de Administración del Canal de Isabel II y que posteriormente, porque la Ley así lo exigía, fue elevada al Consejo de Gobierno de la Comunidad.
¿Tampoco tuvo conocimiento antes de que lo aprobase el Consejo de Gobierno de que se estaba negociando la compra de esta sociedad?
La primera vez que oí hablar de Inassa fue cuando se estudió en el Consejo de Gobierno la propuesta del Consejo de Administración del Canal de Isabel II. Quien afirme que las decisiones se tomaban allí de arriba abajo desconoce absolutamente cómo funcionaba el Canal durante los años en que yo fui presidente de la Comunidad. Estaba entonces gestionado por un Consejo de Administración plural y profesional del que, además de representantes de la Comunidad, formaban parte personas tan cualificadas como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, el ex presidente del Canal y ex consejero de Presidencia del Gobierno Socialista Agapito Ramos, altos dirigentes de la CEIM y representantes sindicales de UGT y de CSIT, un alcalde del PSOE y un concejal del Ayuntamiento de Madrid. Este Consejo aprobó por unanimidad la propuesta nacida del propio Canal de Isabel II de comprar Inassa. Afirmar que las decisiones del Canal se tomaban por encima de este órgano es rotundamente falso.
¿Cobró usted o alguien de su equipo comisiones ilegales a cambio de la compra de Inassa o se benefició de alguna manera?
Por supuesto que no. Pero ni yo, ni ningún otro miembro del Consejo de Gobierno que yo presidía. Se ha dicho que se ha realizado una investigación patrimonial sobre mis cuentas bancarias en España y sobre las que no tengo en el extranjero. Pues bien, le puedo asegurar sin ningún género de duda que esa investigación no se podrá llegar a una conclusión distinta.
¿Tuvo conocimiento de que la compra directa de Inassa se articuló a través de una sociedad panameña? ¿Le parece correcto que se articulara a través de un paraíso fiscal?
Mire, por la prensa he tenido noticia de que la operación que finalmente se llevó a cabo difería de lo que aprobó el Consejo de Gobierno que yo presidía. En Consejo aprobamos la adquisición de un número concreto de acciones de una sociedad colombiana y parece que lo que luego se decidió adquirir fue una sociedad panameña titular de esas acciones. Desconozco si el hecho de que la operación se ejecutase así supuso o no alguna irregularidad, pero le puedo asegurar que no fue una decisión mía, ni fui informado de ello ni antes ni después. También se ha dicho que por Inassa se pagó un sobreprecio, pero me consta -pues así lo ha confirmado públicamente Arturo Canalda, por entonces gerente del Canal- que, para fijar el precio, el Consejo de Administración del Canal de Isabel II se basó en tres informes de valoración -uno interno, otro del asesor financiero de la operación y un tercero de un experto independiente como Emilio Ontiveros- y que todos ellos arrojaban una valoración superior al precio que se pagó. Sé además que el proceso de compraventa se desarrolló en el marco de un concurso internacional al que el Canal fue invitado por el Banco Mundial.
¿De qué habló usted en la reunión que mantuvo con Ignacio González y con Enrique Cerezo en mayo de 2016 y que ha sido descubierta por los investigadores? ¿Alcanzó en ella con el ex presidente madrileño ahora en prisión un acuerdo para tapar las supuestas irregularidades cometidas en el Canal de Isabel II?
Efectivamente, asistí a esa reunión. Pero como tantas otras veces me vi con Ignacio González cuando compartíamos oficinas en el Consejo Consultivo. Y ni en esa reunión ni en ninguna otra hablé yo con Ignacio González nada relacionado con el Canal de Isabel II. Quien afirme que entre González y yo ha podido existir alguna vez un pacto de silencio desconoce completamente el pasado político que tenemos que, por suerte o por desgracia, ha sido de bastantes desencuentros.
http://www.elmundo.es/espana/2017/11/02/59fa373b46163f2c6a8b4646.htmlANTICORRUPCIÓN PEDIRÁ IMPUTAR A GALLARDÓN POR EL FRAUDE DEL CANAL DE ISABEL II
La Fiscalía atribuye al ex presidente de Madrid y a dos miembros de su equipo delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental
"Se robaron más de 25 millones de euros en el Canal de Isabel II y el actor de la operación fue Gallardón"
La Fiscalía Anticorrupción atribuye al ex presidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón los delitos de malversación de caudales públicos en su variante cualificada, prevaricación y falsedad documental. El Ministerio Público enmarca la conducta supuestamente delictiva del también ex ministro en la adquisición por 83 millones de euros públicos de la sociedad Inassa en el año 2001. Una operación mediante la que Gallardón puso en marcha la expansión del Canal de Isabel II en Latinoamérica y en la que Anticorrupción advierte que medió un sobreprecio superior a 25 millones de euros. La Fiscalía considera en estos momentos responsables desde el punto de vista penal junto a Ruiz-Gallardón al ex consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Juan Bravo, y al ex director financiero de la empresa de aguas madrileña, Gaspar Cienfuegos-Jovellanos.
La Fiscalía tiene previsto solicitar en un mes la citación de todos ellos en calidad de investigados para que expliquen la controvertida adquisición ante el juez Manuel García Castellón, que instruye el bautizado como caso Lezo, que mantiene en prisión al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
La Fiscalía ha encargado durante los últimos meses a la unidad de apoyo de la Intervención General del Estado que cuantifique al céntimo el sobrecoste abonado por la Comunidad de Madrid a cambio de Inassa, que era propiedad originariamente de Aguas de Barcelona. En este sentido, su intención pasa por pedir las citaciones de Ruiz-Gallardón y su equipo cuando concluyan los cálculos de los interventores.
Anticorrupción tiene previsto pedir en un mes citarle a declarar como imputado
Hasta el momento ni Ruiz-Gallardón ni ningún miembro de su equipo se han puesto en contacto con el Ministerio Público ni con la Audiencia Nacional para explicar esta adquisición. No obstante, en Anticorrupción se ha adoptado ya la decisión de que en el caso de que se produjera dicho contacto antes de que finalicen las pesquisas de los interventores, que se encuentran ya muy avanzadas, se cursarían de inmediato las citaciones a los implicados en calidad de investigados.
Anticorrupción puso el foco hace un año en la compra de la filial colombiana de la empresa de aguas madrileña. Una transacción que siempre mantuvo que «fue controlada por Alberto Ruiz-Gallardón y su gente», extendiendo las posibles responsabilidades a «todos aquellos que han participado directa o indirectamente en los hechos». Incluidos los «miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que propusieron y adoptaron el acuerdo por el que se autorizó la compra», así como «los funcionarios públicos que por razón de sus cargos informaron o auditaron la operación sin reparo alguno».La sospecha inicial de los fiscales de que el precio abonado por la Comunidad de Madrid fue «muy superior al valor de la sociedad» ha podido ser corroborado por las indagaciones llevadas a cabo desde el comienzo del procedimiento. En este sentido, especialmente relevante ha sido el testimonio del ex responsable del Canal de Isabel II en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, desvelado por EL MUNDO. Este antiguo subordinado del ex presidente Ignacio González ha tildado la operación ante el juez de «robo» y «pelotazo» y ha señalado directamente al ex ministro de Justicia y a sus colaboradores directos como los «actores» que efectuaron la operación y que pudieron beneficiarse de ella.
El epicentro de la investigación es la millonaria adquisición de Inassa en 2001
La afirmación de Rodríguez Sobrino en sede judicial coincide con el contenido de las conversaciones que le fueron intervenidas tanto a él como a González, en las que ambos se expresaban en términos similares. Quien fuera hombre de confianza de González en el Canal, que asegura que revisó a fondo la operación, cifra en poco más de 10 millones de euros el valor real de la entidad en el momento de la adquisición. Es más, ha apuntado al juez que si pudiera expresar libremente su «opinión personal» sobre esta adquisición, «sin ser grabado» en sede judicial, sería mucho más contundente de lo que lo fue en su comparecencia del pasado mes de abril.
Anticorrupción considera que este relato, así como el contenido de los pinchazos telefónicos, coinciden con la documentación que ha recabado hasta la fecha y que confirma las valoraciones iniciales. Es decir, que se trata de una «decisión de arriba hacia abajo que presuntamente se gestó en el Consejo de Gobierno de la Comunidad y se cumplió escrupulosamente por los máximos responsables del Canal de Isabel II y los administradores de Inassa». La compra de Inassa, añade Anticorrupción, «no fue un hecho aislado, sino el cimiento para la adquisición con dinero público de un entramado de sociedades en Suramérica, presuntamente utilizadas para desviar fondos públicos». No en vano, considera que la posterior adquisición de la brasileña Emissao, con González ya al frente del Canal de Isabel II, «copió el modelo de adquisición de Inassa».De manera paralela la Fiscalía investiga la participación de González en esta última operación y descarta por completo volver a ofrecer un pacto de colaboración al ex presidente madrileño. Este periódico desveló que el Ministerio Público trasladó el pasado mes de julio a González una propuesta para que confesara los delitos que se le atribuyen a cambio de «acelerar el proceso». Este ofrecimiento fue rechazado por González, que mantiene su inocencia, y no volverá a producirse. Según aseguran a EL MUNDO fuentes próximas al Ministerio Público, «la Fiscalía Anticorrupción no tiene ahora mismo ninguna voluntad de pacto con González» porque considera que con las pruebas obtenidas «no lo necesita».
http://www.elmundo.es/espana/2017/10/23/59ece679ca4741e2148b4691.html?cid=MNOT23801&s_kw=1
GALLARDÓN, IMPUTADO EN LA OPERACIÓN LEZO
El exministro de Justicia y expresidente de la Comunidad de Madrid tiene la “consideración de investigado” desde que lo ordenó la Sala de lo Penal en enero de 2017 por el supuesto “desvío de fondos” ilícito para comprar en 2001 Inassa, la filial latinoamericana del Canal Isabel II
Alberto Ruiz Gallardón “tiene la consideración de investigado en la causa”, según fuentes jurídicas, desde que lo ordenó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en enero de 2017, por su papel en la adquisición de la filial latinoamericana del Canal Isabel II, Inassa, uno de los instrumentos fundamentales utilizados por la trama para el blanqueo de capitales, según los investigadores.
Dijo la Sala entonces que, de acuerdo con la Fiscalía, procedía declarar como investigados a Gallardón y al resto del consejo de Gobierno que adquirió Inassa en 2001, al existir sospechas de que “tratarían de desviar fondos públicos para otros fines ajenos a los legalmente establecidos”.
La investigación se dirige también contra todo el consejo de administración del Canal Isabel II, Extensia e Inassa en aquella época; y toda autoridad o funcionario público que informase o auditase la compra de Inassa sin poner reparo alguno.
Los delitos atribuidos, prevaricación, malversación o fraude en la contratación entre otros. Fuentes jurídicas admiten a la SER que están a la espera de recibir la petición de la Fiscalía Anticorrupción para señalar la fecha de declaración como imputado de Gallardón.
http://cadenaser.com/ser/2017/09/14/tribunales/1505392644_244143.htmlLA FISCALÍA PIDIÓ EN NOVIEMBRE IMPUTAR A GALLARDÓN POR LA COMPRA DE INASSA QUE SUPUSO UN PRESUNTO DESFALCO DE 70 MILLONES
Apuntó directamente al expresidente de la Comunidad de Madrid, pero también a los "miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad" que "propusieron y adoptaron el acuerdo" por el que se autorizó la compra
También pidió la imputación del Consejo de Administración del ente público Canal de Isabel II y de las empresas del sector público madrileño, Canal Extensia S.A. e Inassa
La Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado mes de noviembre imputar al expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón por la compra en 2001 de la filial colombiana del Canal de Isabel II Inassa en una operación en la que supuestamente se desfalcaron 70 millones de euros y que fue "controlada" por Gallardón y "por su gente".
Así consta en una petición de los fiscales Carmen María García Cerdá y Carlos Yáñez, fechada el 28 de noviembre de 2016, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que reclaman otorgar la condición de investigados a "todos aquellos que han participado directa o indirectamente en los hechos".
Los fiscales apuntan directamente a Gallardón, pero también a los "miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que propusieron y adoptaron el acuerdo de 29 de noviembre de 2009" por el que se autorizó la compra.
Piden, asimismo, la imputación del Consejo de Administración del ente público Canal de Isabel II y de las empresas del sector público madrileño, Canal Extensia S.A. e Inassa, que intervinieron en la adquisición investigada y a las autoridades; así como de los "funcionarios públicos que por razón de sus cargos informaron o auditaron la operación sin reparo alguno".
A lo largo de su exposición, los fiscales hacen un relato pormenorizado de la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001 por 73 millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros) aprobando un endeudamiento de 51,1 millones de euros y apuntan a que el precio pagado "fue muy superior al valor de la sociedad".
Los fiscales ponen al frente de la operación a Ruiz-Gallardón y a "su gente" y exponen que tanto Ignacio González como el que era su mano derecha en el Canal, Edmundo Rodríguez, estaban al tanto de lo sucedido.
"Tanto Ignacio González como Edmundo Rodríguez tuvieron pleno conocimiento de la operación realizada y de que la misma se hizo con grave perjuicio de fondos públicos", señala la petición, que indica que "ambos, presuntamente, han participado de una organización corrupta y por ello, han dado cobertura a esta operación y se han beneficiado de la misma a través de la actividad de Inassa en Sudamérica".
Para apoyar estos hechos, en su escrito los fiscales recogen conversaciones captadas a Edmundo Rodríguez y a Ignacio González. En una de ellas Rodríguez habla del "robo de 25 millones al Canal de Isabel II en una inversión de 95 millones de dólares", datos que desde Fiscalía consideran que "encajan con los indicios de desvío de fondos en la compra de Inassa por parte de Canal Extensia".
En otra de las conversaciones captadas durante la investigación, la Fiscalía asegura que Ignacio González "acredita que el precio pagado por la adquisición de Inassa fue muy superior al valor de la sociedad"; así como el "alto grado de conocimiento que él mismo tuvo de la operación y lo fraudulento de la misma".
Se trata de una conversación entre el propio González, Eduardo Zaplana y Eduardo Belhot en la que González asegura que Ruiz Gallardón y "su gente" compraron una sociedad "que no valía ni treinta millones de dólares, por cien".
"Alberto hizo una operación de la que, no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de veinte millones. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II", expone González, que hace referencia a que la adquisición de Inassa se hizo mediante una sociedad panameña.
"No soy como esa gilipollas que me ha sustituido, yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije tenemos dos, o reventamos esto, es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo pero yo no tengo todavía un dictamen, sí de Cuatrecasas, sobre toda la operación que no te puedes imaginar", dice González en otro punto de la conversación.
A raíz de estas conversaciones, los fiscales indican que tanto González como Edmundo Rodríguez tuvieron "conocimiento total de la operación fraudulenta, que ocultaron", y señalan que se desprende que, presuntamente, Ruiz-Gallardón "tuvo el control de la adquisición fraudulenta y de algún modo estableció un pacto de silencio y operación con Ignacio González". A su juicio, estas conversaciones "señalan claramente la presunta connivencia de todos los intervinientes".
Además, sostienen que "concurren indicios suficientes como para considerar que se trató de una decisión de arriba hacia abajo", es decir que "presuntamente se gestó en el Consejo de Gobierno de la Comunidad y se cumplió escrupulosamente por los máximos responsables del Canal de Isabel II, Canal Extensia y los administradores de Inassa".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/09/13/la_fiscalia_pidio_noviembre_imputar_gallardon_por_compra_inassa_que_supuso_presunto_desfalco_millones_69503_1012.htmlEL PSOE QUIERE QUE GALLARDÓN DECLARE POR LA COMPRA QUE EL CANAL HIZO DE INASSA BAJO SU MANDATO
La diputada y portavoz socialista en la comisión de corrupción de la Asamblea de Madrid, Encarna Moya Nieto, ha registrado una petición para que el ex presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón comparezca ante la Comisión de investigación sobre corrupción política para explicar la compra de la empresa latinoamericana Inassa por el Canal de Isabel II bajo su mandato. La adquisición de Inassa por parte de Canal Extensia, una de las matrices del Canal de Isabel II, en el año 2001, se hizo, consideran los tres grupos de la oposición, de una forma «muy parecida al montaje que se realizó para comprar más tarde» la compañía brasileña Emissao, la adquisición fraudulenta sobre la que pivota la operación Lezo, que mantiene en la cárcel, entre otros, al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Entre las dos operaciones, de acuerdo a PSOE, Podemos y Ciudadanos, se pudieron malversar unos 50 millones de euros de dinero público. Por ello, hace tres semanas los tres grupos presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción una ampliación de la denuncia en su día remitida por la compra de la empresa brasileña y con numerosos datos sobre las operaciones anteriores.
Explica Moya que, según los datos que se conocen del caso Lezo, estas prácticas presuntamente fraudulentas empezaron en 2001 con la compra de Inassa, por ello su grupo quiere que se llegue hasta el final de la responsabilidad política en esta adquisición, mientras se investiga en Fiscalía la anterior operación. Moya precisa que aunque en la comisión se pactó investigar solo desde 2007 a la actualidad, los nuevos datos obligan a tener una visión «más panorámica». La comparecencia ha sido registrada en la Asamblea, pero no se activará hasta después del verano, previsiblemente en octubre, cuando se retome la comisión de corrupción, que vive el próximo viernes su última sesión antes del fin de curso política.
http://www.elmundo.es/madrid/2017/06/19/5946b995ca47412c1e8b46b6.htmlGALLARDÓN, EN EL PUNTO DE MIRA DE LA LEZO POR EL CANAL DE ISABEL II
Pedro Calvo y Canalda eran sus hombres fuertes en la empresa pública madrileña y los que estuvieron detrás de la sospechosa compra de Inassa en Colombia
El exministro de Justicia y expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, sigue en el punto de mira de la sospechosa compra de Inassa, la empresa colombiana de gestión de agua, por parte del Canal de Isabel II, investigada en el caso Lezo. La operación se hizo en 2001, cuando él presidía la Comunidad de Madrid. El Canal pagó por ella diez veces más de su valor, a través de una offshore. En total, 83 millones por tres cuartas partes de una empresa que se había valorado en poco más de 7 millones un año antes.
La operación la cerró Pedro Calvo, el hombre que el propio Gallardón había colocado al frente del Canal de Isabel II. Arturo Canalda, el actual presidente del Tribunal de Cuentas, y entonces gerente del Canal, ejecutó la operación, a pesar de sus intentos de mantenerse al margen. Ambos, Calvo y Canalda, habían sido facultados "expresamente" para presentar ofertas en nombre del Canal para hacerse con la empresa colombiana. El Consejo de Gobierno, presidido por Gallardón, dio el visto bueno a la compra el 21 de noviembre de 2001.
El dimitido Manuel Moix intentó frenar la investigación de la compra de Inassa. Fue uno de los escándalos que han marcado su paso por la Fiscalía Anticorrupción. La marcha de este "fiscal cómodo" para el PP, tal y como lo describió Ignacio González a Eduardo Zaplana en las grabaciones de la Lezo, no puede ser peor noticia para Gallardón.
En otra de las conversaciones telefónicas intervenidas, González dijo que la compra de Inassa "sí que fue un pelotazo". Fue después del informe que presentó Cristina Cifuentes ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en la compra de la brasileña Emissao en noviembre de 2013, ya bajo el mandato de Ignacio González. Se pagaron entonces 23 millones por una empresa que apenas valía 5.
El informe "exclusivo" que mantuvo oculto
Puede que González, sabedor de que le estaban grabando, quisiera desviar la atención hacia Gallardón. En cualquier caso, era muy consciente de los "agujeros negros" de la operación colombiana. Siendo presidente del Canal de Isabel II, en junio de 2004, encargó un informe al bufete Cuatrecasas para su "exclusivo interés", según desvela Infolibre, sobre la compra de Inassa. La describe como una "operación oscura" y pone en el disparadero al equipo de Ruiz Gallardón.
González ocultó la información hasta que se fue de la lengua en una conversación con Zaplana, grabada el 11 de noviembre de 2016. En ella habla claramente de Inassa y se refiere directamente al informe de Cuatrecasas:
"Alberto [Ruiz-Gallardón] hizo una operación que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá".
(...)
"Yo no soy como esta gilipollas [Cristina Cifuentes] que me ha sustituido, yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije tenemos dos opciones, o reventamos esto y es un escandalazo, o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo todavía tengo un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes imaginar".
https://www.elplural.com/politica/2017/06/21/gallardon-en-el-punto-de-mira-lezo-canal-de-isabel-iiEL JUEZ INVESTIGA UN SOBREPRECIO DE 70 MILLONES EN UNA OPERACIÓN DE LA ÉPOCA DE GALLARDÓN, LA COMPRA DE INASSA
Eloy Velasco afirma que Ignacio González conocía la ilegalidad de la operación "a través de determinados informes jurídicos", pero que no lo denunció
El fiscal Moix intentó impedir el registro de Inassa previa consulta con el fiscal general del Estado alegando que debía llevarse en un caso aparte
El juez investiga un sobreprecio de 70 millones de euros en la compra por parte del Canal de Isabel II en 2001, con Alberto Ruiz-Gallardón de presidente de la Comunidad de Madrid, de la sociedad Inassa, una operación en la que el juez ve indicios de "compra fraudulenta y supuesta malversación".
El juez de la operación Lezo, Eloy Velasco, afirma en el auto de prisión del expresidente madrileño Ignacio González que éste conocía de la ilegalidad de la operación a su llegada a la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid en 2003 "a través de determinados informes jurídicos", pero que no lo denunció.
La operación de la compra de Inassa, la filial latinoamericana del Canal cuyo registro intentó sin éxito parar el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, rondó los 100 millones de euros, dice el juez, que añade que el valor de la mercantil era "muy inferior", concretamente de unos 30 millones según los investigadores.
El magistrado sostiene que este sobreprecio de 70 millones pudo haber supuesto una malversación de fondos públicos que se produjo cuando Ignacio González aún no ocupaba ningún cargo en la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, añade que "se ha evidenciado que conocía los hechos de la compra fraudulenta y supuesta malversación de fondos públicos en la compra de Inassa en el año 2001 y, como vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, no los denunció, conociendo su supuesta ilegalidad a través de determinados informes jurídicos".
Inassa fue una de las sociedades registradas esta semana en la operación Lezo, un registro que intentó frenar Moix previa consulta con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, alegando que debía llevarse en un caso aparte y que aún no había suficientes indicios para realizar los registros.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/22/el_juez_investiga_sobreprecio_millones_una_operacion_epoca_gallardon_compra_inassa_64173_1012.html
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