ALBERTO RUÍZ GALLARDÓN : DE LA EXTREMA DERECHA A LA DERECHA EXTREMA
LAS NOTICIAS ETAPA MINISTRO DE JUSTICIA (2011-2014)
RAJOY DEJA CAER AL MINISTRO GALLARDÓN EN BUSCA DEL CENTRO POLÍTICO
El titular de Justicia renuncia también a su escaño en el Congreso y a sus cargos en el partido.
"No soy la persona para poder llevar adelante con convicción la nueva regulación anunciada por el presidente"
La historia de un fracaso, el del proyecto de ley del aborto del PP, acabó ayer con la vida política de un veterano de la política. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció su dimisión a media tarde en rueda de prensa, apenas cuatro horas después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confirmara la retirada de la reforma de ley del aborto y aparcara así uno de los asuntos que en este momento le creaban más problemas a la hora de mantener a su electorado de centro. Gallardón afirmó que se va porque no ha sido capaz de llevar adelante el “encargo” que le hizo el presidente al inicio del mandato, y anunció que en los próximos días renunciará también a su escaño de diputado y a los cargos de dirección en el partido. “Dejo la política”, concluyó. Será sustituido por Rafael Catalá, actual secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, cuyo nombramiento fue comunicado oficialmente ayer mismo.
El movimiento de Rajoy coincide con el momento más delicado para las perspectivas electorales del Partido Popular. Sin adversario político a su derecha, el PP busca mensajes que le vuelvan a aproximar al centro. Y una de las iniciativas más claras para conseguir ese objetivo es la retirada de la reforma de la ley del aborto, rechazada por la mayor parte de la sociedad (según las encuestas) y por un sector del PP, que se prepara para afrontar el año electoral clave de 2015 (municipales, autonómicas y generales). Los cálculos de Pedro Arriola, el primer asesor de Rajoy en estrategias electorales, han terminado por enterrar la iniciativa, sacrificando por el camino al ministro con más peso político del Gobierno.
Gallardón explicó que la semana pasada comunicó a Rajoy su intención de dejar el cargo y ayer se lo ratificó, una vez que el presidente hizo público lo que el ministro ya sabía: la decisión de retirar la ley. “Dimito como consecuencia de la decisión adoptada por el Gobierno de retirar el proyecto de Ley (...) Más que desautorizado, siento que no he sido capaz de cumplir el encargo que se me hizo (...) Yo no soy la persona para poder llevar adelante con convicción la nueva forma de regulación del aborto que ha sido anunciada por el presidente”, afirmó Gallardón.
La nueva regulación que Rajoy había anunciado horas antes se reduce a esto: olvidarse por el momento de una nueva ley y abordar una mínima modificación de la actual, introduciendo únicamente la obligatoriedad de contar con permiso de los padres para las embarazadas de 16 y 17 años que decidan abortar. El PP renuncia, por tanto, a la vuelta atrás de tres décadas que suponía el proyecto de ley aprobado el pasado diciembre, que derogaba el sistema de plazos (el derecho de la mujer a abortar sin alegar motivo en las primeras 14 semanas) y retornaba al sistema de supuestos que rigió entre 1985 y 2010, pero endureciéndolo. “Creo que he tomado la decisión más sensata”, dijo el presidente, que comunicó este giro clave de su mandato en unas declaraciones ante los periodistas después de un acto público en Madrid.
La consecuencia inmediata de esa decisión es la dimisión de Gallardón. El ministro se va sin dar un portazo. En su comparecencia evitó cualquier reproche o crítica a Rajoy, le manifestó varias veces su “gratitud y lealtad” e insistió: “Las responsabilidades [del fracaso de la ley] las asumo yo”. Pero también deslizó que ese anteproyecto de ley fue un proyecto colectivo: “Yo asumí el compromiso de reformar la ley como consecuencia del encargo de responsabilidades que se hizo en el Gobierno a comienzos de legislatura”, dijo. Y también: “Lo hice de acuerdo con lo que había sido la doctrina de nuestro partido y con el criterio establecido [por el PP] en el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de 2010”. Y por último: “Reconozco que no he sido capaz de convertir en proyecto de ley el anteproyecto que aprobamos en Consejo de Ministros”.
Subrayó, además, que nunca “ningún compañero de partido” le pidió que cambiara “ningún aspecto del anteproyecto”. Añadió que de este asunto solo despachó “con el presidente del Gobierno”. Y cuando se le preguntó si el anteproyecto de ley del aborto que ahora se retira era suyo o de Rajoy, contestó: “Era del Gobierno de España”.
Cuando hace unos días Gallardón le planteó a Rajoy su intención de dimitir, el presidente intentó convencerle para que permaneciese en su puesto, pero siempre bajo la premisa de que la reforma de la ley del aborto no saldría adelante, según varias fuentes gubernamentales. Esa situación abocaba a Ruiz-Gallardón a ser, aún más, la diana perfecta de la oposición, que le bombardeaba casi cada semana con preguntas sobre la reforma y que ahora había quedado, además, desautorizado. El ministro afirmó ayer que aplazó la dimisión unos días, hasta tener preparados los recursos de Justicia contra la ley de consultas catalana y el futuro decreto de convocatoria del referéndum del 9-N.
Gallardón es el primer ministro que abandona por voluntad propia el gabinete de Rajoy. Desde el ministerio se insistía ayer en que no solo se ha dedicado a la ley del aborto, y daban la cifra de 36 normas aprobadas y 12 en tramitación. Pero todas las grandes iniciativas que anunció para “revolucionar y modernizar” la administración de Justicia, como la reforma del Código Penal, la Ley del Poder Judicial o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, están empantanadas en el Congreso o no han logrado salir de su departamento.
El ministro había amagado más de una vez con abandonar la política. Ayer lo hizo. "Debo dar por agotada mi vida política, y la doy por agotada". En su discurso de despedida mencionó a los dos dirigentes de la mano de los cuales entró en el PP —su padre, José María Ruiz-Gallardón, y Manuel Fraga— y subrayó que seguirá militando en el partido pero que no volverá a ejercer “ningún puesto de responsabilidad política”. La voz se le quebró cuando recordó las cinco mayorías absolutas consecutivas que le dieron los madrileños, como presidente autonómico y alcalde, antes de convertirse en ministro. “No me voy con dolor. La política a veces te da satisfacciones y a veces te las quita”, dijo, antes de fundirse en un abrazo con su hijo Ignacio y con su cada uno de los miembros de su equipo.
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/23/actualidad/1411483106_012590.htmlEL GOBIERNO DESAUTORIZA A GALLARDÓN AL NO APROBAR LA LEY DEL ABORTO EN EL PLAZO FIJADO
El Ejecutivo celebra su último Consejo de Ministros del verano, fecha máxima fijada por Justicia
Santamaría evita hablar de retirada pero lo apunta al decir que buscan un consenso "no sencillo"
Nadie en el Gobierno quiere pronunciar en público una palabra sobre la ley del aborto que implicaría un gran coste político en el sector de la derecha: retirada. Sin embargo, Soraya Sáenz de Santamaría, sin llegar a hablar de ella, se acercó bastante ayer, más que nunca, cuando señaló que esa ley trata un tema “muy sensible” y que no se puede aprobar sin “un consenso que no es sencillo”.
Es casi imposible, porque prácticamente todos los demás grupos políticos la rechazan, y el Gobierno ni siquiera está buscando ese consenso: hace meses que no se reúne con nadie por este asunto y la ley está lista y bloqueada en La Moncloa. Por tanto, parece abocada a dormir en un cajón hasta que ya no quede tiempo para aprobarla en las Cortes.
Sáenz de Santamaría fue más explícita que otras veces, aunque no aclaró si la ley está ya definitivamente muerta o habrá un último intento. “Es una ley complicada, de gran sensibilidad social. Desde el principio se quiso trabajar por un consenso, que no es sencillo. Es el encargo que tenemos y estamos trabajando en ello. Se harán todos los esfuerzos”. “¿Y sin consenso no saldrá?”, fue preguntada. “Ese consenso es importante. El ministro de Justicia tiene el mandato de trabajar por el consenso en todos los ámbitos y todos seguiremos trabajando y ayudando”.
Sáenz de Santamaría no quiso hablar sobre el futuro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ni sobre la posibilidad de que dimita al quedar desautorizado. El ministro garantizó públicamente el pasado julio que la ley saldría del Consejo de Ministros “antes de que acabe el verano, en septiembre”. El verano se acaba el martes y el próximo consejo ordinario será ya en otoño. Este viernes era el último día políticamente viable para poder aprobar la norma en 2014. Si no, se va a 2015, año electoral, lo que la hace inviable ante el coste político que tendría a pocos meses de las autonómicas y municipales.
Retirar el proyecto como está planteado tendría un gran coste político en la derecha
Ahora, el futuro de Gallardón está en el aire. Su imagen queda tocada y su capacidad de maniobra política también. Tiene que decidir si agota la legislatura —es poco probable que vaya más allá— o dimite ahora. Él mismo dijo a la prensa esta semana que cuando acabaran los trámites para recurrir la ley de consultas y la convocatoria del referéndum catalán, en principio, la próxima semana, hablaría de su futuro. Antes tendrá que hacerlo con el presidente Mariano Rajoy, la persona que ha tomado todas las decisiones: la de que la ley del aborto fuera al Consejo de Ministros —aunque él no estaba ese día— y la de que quede guardada en un cajón ante el coste electoral que supone, como reflejan las encuestas manejadas por Pedro Arriola. Rajoy no quiere ninguna crisis de Gobierno por el asunto del aborto, difícil de gestionar en el sector conservador —la Conferencia Episcopal le ha pedido que cumpla sus compromisos—, pero puede ver cómo su ministro le plantea una dimisión irrevocable. Si la decisión depende del presidente, pedirá a Gallardón que siga, según señalan en su entorno. Pero el ministro tiene la última palabra.
Al Gobierno, como explicó públicamente el ministro de Educación, José Ignacio Wert, experto en encuestas como Arriola, le gustaría que fuera el Tribunal Constitucional el que resolviera esta papeleta. Casi con seguridad lo haría en el sentido que quiere el PP, declarando inconstitucional ley de plazos del PSOE, porque el ponente es Andrés Ollero, un exdiputado del PP claramente antiabortista, y porque los conservadores tienen una clara mayoría. Sin embargo, el presidente de este organismo, Francisco Pérez de los Cobos, ya ha dejado claro que no llevará este asunto al pleno mientras el Gobierno tenga en tramitación la ley. Por tanto, el Ejecutivo tendría que anunciar la retirada del proyecto y asumir el coste político para forzar así que el Constitucional falle.
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/19/actualidad/1411124328_924060.htmlGALLARDÓN AFIRMA QUE EL GUARDIA CIVIL INDULTADO NO COMETIÓ NINGÚN ABUSO SEXUAL
El ministro de Justicia insiste en que el agente, que grabó con su móvil el abuso cometido por un amigo mientras se mofaba de la víctima, fue condenado por omisión del deber de perseguir delitos
Gallardón indulta a un Guardia Civil que grabó "sin dejar de reírse" una agresión sexual
El guardia civil indultado que grabó, mofándose, una agresión sexual es hijo de un edil del PP
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que el Gobierno "nunca" ha indultado a un condenado por delitos contra la libertad sexual, como hizo el Ejecutivo socialista en 2011, y que el guardia civil que se mofó y grabó con el móvil un abuso sexual contó con miles de firmas en apoyo a que se le otorgara la medida de gracia, entre ellas la del alcalde de Izquierda Unida del municipio asturiano de Lena, Ramón Argüelles. El indultado era hijo de un concejal del Partido Popular del citado ayuntamiento.
Ruiz-Gallardón se ha expresado así en el Pleno del Senado, después de que la senadora de CiU Coralí Cunyat dirigiera una pregunta a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para saber si este indulto es compatible con los objetivos de erradicación de la violencia de género.
La parlamentaria catalana ha lamentado que no pudiera conocer la opinión de la ministra y que las políticas de igualdad las marquen, a su juicio, Gallardón y el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz. "Nosotros actuamos con un criterio único, lo cual, militando usted en una coalición como CiU, no me extraña que le cueste entender", ha respondido Gallardón, para defender que el guardia civil no estaba condenado por un delito contra la libertad sexual, sino por omisión del deber de perseguir delitos.
El titular de Justicia ha recalcado que el Gobierno "nunca" ha indultado a ningún condenado por delitos contra la libertad o indemnidad sexual y la última medida de gracia concedida por abuso sexual fue realizada por el Gobierno socialista en 2011 a un condenado a tres años y tres meses de cárcel. Dicho esto, Gallardón ha enfatizado que el tribunal sentenciador y el fiscal informaron a favor de otorgar la prerrogativa al agente del Instituto Armado, que no tenía antecedentes penales, había satisfecho sus responsabilidades civiles y sobre quien la víctima manifestó su "conformidad" con que obtuviera el indulto.
"Atendimos a las firmas de apoyo, entre ellas la del alcalde de Lena (Asturias), Ramón Argüelles, de Izquierda Unida", ha proseguido Gallardón, para añadir que el Gobierno ha recibido 3.147 solicitudes de indulto en delitos de violencia de género, 648 de ellas con informes favorables, y "nunca" los ha otorgado. "El último fue dado por el Gobierno socialista", ha concluido.
Grabó los abusos con el móvil
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de mayo el indulto de un agente del Instituto Armado que había sido inhabilitado en 2013 por mofarse de un abuso sexual mientras la grababa con el móvil. El Gobierno apreció razones de justicia y equidad. La Sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias declaró probado que en la mañana del 11 de junio de 2011 el indultado viajaba con en el tren con destino a Oviedo y se sentó con su amigo junto a la víctima.
Su amigo comenzó a dirigir frases soeces y malsonantes a la chica, a la que tocó la entrepierna por encima del pantalón. La mujer intentó evitarlo, abandonando el lugar, mientras que otro viajero intervino para poner fin al comportamiento del agresor, que le golpeó. Durante los hechos, el guardia civil estuvo "riéndose permanentemente", sin intervenir en ningún momento, llegando incluso a grabar en su teléfono móvil las palabras que su acompañante dirigía a la víctima y a huir en dos ocasiones de los agentes de autoridad comisionados para investigar el suceso.
La Audiencia de Asturias consideró a Manuel Arbesú culpable de un delito de omisión del deber de perseguir delitos y le condenó a una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante seis meses. El Gobierno le conmutó la pena de inhabilitación por seis meses de multa, a satisfacer en cuotas diarias de tres euros con la condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos años desde la publicación del real decreto.
http://www.publico.es/politica/529966/gallardon-afirma-que-el-guardia-civil-indultado-no-cometio-ningun-abuso-sexualEL GUARDIA CIVIL INDULTADO QUE GRABÓ, MOFÁNDOSE, UNA AGRESIÓN SEXUAL ES HIJO DE UN EDIL DEL PP
Manuel Arbesú González, al que el Gobierno ha conmutado la pena de inhabilitación por una multa de 500 euros, es hijo de José Manuel Arbesú Santamaría, concejal conservador en el Ayuntamiento de Lena, Asturias.
Gallardón indulta a un Guardia Civil que grabó "sin dejar de reírse" una agresión sexual
El guardia civil recientemente indultado por el Gobierno después de grabar con su móvil una agresión sexual mientras se mofaba, es hijo de un concejal del PP en el Ayuntamiento de la localidad asturiana de Lena. El indultado Manuel Arbesú González, según ha confirmado a Público la secretaria general de la Federación Socialista de Lena, Montserrat Álvarez, es hijo de José Manuel Arbesú Santamaría, edil del Partido Popular en el Consistorio, además de secretario general del partido en el municipio.
Según la socialista, el concejal había llevado a cabo una campaña de recogida de firmas en el pueblo para que se le concediera el indulto a su hijo, que había sido condenado por la Audiencia Provincial a seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por omisión del deber de perseguir delitos [consulte aquí la sentencia]. Sin embargo, la medida de gracia, otorgada el pasado 30 de mayo junto a otras siete, dejaba la pena en una multa de mil euros que deberían pagar entre el agente, que grabó en vídeo el episodio riéndose en todo momento, como el agresor, que era su acompañante cuando se produjo el delito. 500 euros por cabeza.
Para Álvarez, la medida de gracia firmada por el ministro de Justicia "da miedo", ya que como agente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Arbesú debería haber actuado para evitar la agresión, y considera "ridícula" la sanción por la que se ha conmutado la pena.
El PSOE pide la retirada el indulto
Desde el PSOE, su secretaria de Igualdad, Purificación Causapié, ha exigido este domingo al Gobierno que retire el indulto, ya que "es una vergüenza, un ataque a la dignidad y a los derechos de las mujeres españolas y una humillación para las mujeres españolas".
La dirigente socialista ha recalcado que "no se puede plantear ante la sociedad que un hecho de estas características no tiene ninguna sanción social" y ha subrayado que "hay que trasladar el mensaje de que no vamos a permitir más agresiones a las mujeres".
El agresor tampoco irá a prisión, ya que fue condenado a nueve meses pero, al carecee de antecedentes penales y no excediendo de una año la condena, queda exento de ser encarcelado
http://www.publico.es/politica/527741/el-guardia-civil-indultado-que-grabo-mofandose-una-agresion-sexual-es-hijo-de-un-edil-del-ppEL CGPJ AVALA LA NUEVA ESTRUCTURA JUDICIAL DE LA 'LEY DEL SILENCIO' DE GALLARDÓN
Dos progresistas, Álvaro Cuesta y Mar Cabrejas, apoyan el texto del sector conservador e impiden junto con dos nacionalistas que prospere un texto alternativo que pedía la retirada de la reforma porque choca contra la Constitución
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sacado adelante este viernes con el apoyo de 13 de los 20 vocales presentes en el momento de la votación su dictamen consultivo sobre el Anteproyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que avala la nueva estructura judicial diseñada por el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón.
Han votado a favor de la reforma del Gobierno dos vocales progresistas Álvaro Cuesta, ex dirigente del PSOE, y Mar Cabrejas, así como los conservadores Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Fernando Grande-Marlaska, Vicente Gilarte, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea y el presidente, Carlos Lesmes.
Han votado en contra los vocales progresistas Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo y Concepción Sáez, además de los vocales nacionalistas Mercè Pigem y Enrique Lucas.
El sector progresista pedía al Gobierno la retirada de su anteproyecto porque "diseña un nuevo modelo que choca frontalmente con los mandatos constitucionales sobre el poder judicial", como es la propia independencia de los jueces.
Pero tuvo dos deserciones, las de Álvaro Cuesta y de Mercedes Cabrera, que optaron por la abstención del texto de sus compañeros, y por apoyar el informe que respalda la reforma del PP.
El documento del sector progresista denuncia que el Gobierno trata de imponer una reforma que altera toda la estructura judicial sin consenso alguno -lo que supone un disolvente social-; representa una "auténtica mordaza legal" a los jueces -a los que se les prohibe siquiera opinar o manifestarse de cualquier asunto del debate público, lo que para este sector implica un afán de impedir cualquier atisbo de disidencia-, y permite que un caso pueda ser desviado de un juzgado a otro por los presidentes de los nuevos tribunales de instancia, que serán nombrados por el órgano político del CGPJ.
Informe favorable a la reforma
El informe favorable a la reforma, con sus matizaciones, ha necesitado casi 15 horas de reunión entre este jueves y viernes, para salir adelante. Pide también la supresión de los planes de Justicia para instaurar una doctrina jurisprudencial vinculante del Tribunal Supremo y que, además de los tribunales de instancia provinciales, el Gobierno no cierre la posibilidad de abrir juzgados en aquellos lugares donde concurran circunstancias geográficas o de trabajo singulares.
El Anteproyecto de Justicia, que tiene más de 600 artículos y supondrá la implantación de un nuevo modelo de estructura judicial que suprime los actuales juzgados de instrucción y Audiencias en favor de tribunales de instancia en cada una de las capitales de provincia.
El informe, con 20 miembros del Pleno presentes en el momento de la votación -la vocal progresista Pilar Sepúlveda ha tenido que ausentarse-, ha sido aprobado con 13 votos a favor y 7 votos en contra.
Sugerencias
Entre las sugerencias presentadas por los vocales en forma de enmiendas al texto inicial han sido aceptadas este viernes figura la presentada por la vocal Nuria Díaz, que rechaza la posibilidad, prevista en el texto remitido por el Gobierno, de reelegir a un máximo de cuatro vocales del CGPJ para un segundo mandato. La enmienda considera que la medida no está justificada y que puede afectar a la independencia de los miembros del órgano de gobierno de los jueces.
Considera también que lo dicho en el Anteproyecto sobre que el CGPJ pueda ordenar a quien perturbe o inquiete a los jueces el inmediato cese en dicha conducta, que si persiste constituiría un delito contra la Administración de Justicia, puede chocar con el ejercicio de las libertades de expresión e información y "presenta algunos inconvenientes serios", por lo que se aconseja su reconsideración.
Además, advierte que la posibilidad de que el juez unipersonal que se sienta afectado en su independencia pueda solicitar que otros dos magistrados de su mismo tribunal formen Sala con él para resolver el asunto no está contemplada en las normas de reparto y composición de los órganos judiciales, lo que podría "afectar, e incluso vulnerar, el derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley".
Prohibido opinar
La prohibición a los jueces y las asociaciones judiciales de hacer valoraciones de actualidad en los medios de comunicación sobre los asuntos pendientes ante los Tribunales y sobre las resoluciones judiciales "puede considerase justificada y proporcional en tanto sirve al fin de preservar no sólo la independencia y a la imparcialidad de la justicia, sino también su imagen y la apariencia de independencia e imparcialidad de la misma", según el CGPJ.
Aconseja no obstante modificar el precepto, que sitúa en el mismo nivel a los jueces y a las asociaciones, para establecer "distintos límites al ejercicio de las libertades de expresión e información" por parte de estas últimas.
El Anteproyecto debería recoger expresa y explícitamente los bienes constitucionales que justifican la restricción del derecho de expresión e información de los miembros de la Carrera Judicial, como es el caso de la independencia judicial, especificando que la limitación "es admisible cuando la valoración pueda provocar una perturbación en el juez al que corresponde el conocimiento del asunto de actualidad".
Justicia universal
El texto señala que "no existe una norma internacional general que obligue a los Estados a incorporar el principio de justicia universal a sus leyes nacionales de atribución de jurisdicción penal a sus tribunales" y añade que "si lo hacen, y en qué medida lo hacen, es una decisión de política criminal que compete al legislador nacional".
El CGPJ, no obstante, sugiere que se redacten con mayor claridad y precisión algunos de los preceptos para evitar las controversias en cuanto a su interpretación, dada la relevancia e importancia de los bienes jurídicos que pudieran verse afectados.
El Consejo es consciente de la controversia actual en lo relativo a la interpretación del apartado referido a los llamados "narcobarcos" en aguas internacionales, pero no hace comentario alguno al respecto en el texto aprobado por respeto a la decisión que ha de tomar el Tribunal Supremo al examinar los recursos interpuestos contra varias resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional, según advierte el texto.
Aforamiento de la familia real
Por otra parte, el reconocimiento de la prerrogativa del aforamiento a la reina consorte o al consorte de la reina, al príncipe heredero y su consorte "merece una valoración positiva, al tratarse de personas consideradas de la máxima relevancia del Estado".
Además, añade que "por circunstancias sobrevenidas a la elaboración de este Anteproyecto, de conocimiento público, resulta necesario regular el estatuto jurídico de Juan Carlos I y la reina Sofía, tras la abdicación del rey, atribuyendo a ambos la prerrogativa del aforamiento".
Por otra parte, se recomienda la revisión de la redacción del precepto y la utilización de un lenguaje igualitario, incluyendo en consecuencia, de modo expreso, "una referencia a la princesa heredera".
Además, el texto señala que "el aforamiento no es una condición inherente al enjuiciamiento de determinados cargos públicos, mucho menos cuando tiene lugar por delitos ajenos a la función que desempeña" y que, "en el Derecho comparado, o bien no existe el aforamiento, o los aforados son muy pocos".
Aforamiento vinculado al ejercicio del cargo
También considera el CGPJ que el aforamiento procesal "causa varios problemas en el procedimiento y conduce en ocasiones a situaciones de difícil comprensión" y que "puede significar una afectación del principio de igualdad procesal, al extenderse más allá de los casos previstos en la Constitución y vinculados al principio de inmunidad, persistiendo incluso tras el cese en el cargo, cuando el beneficio deja de tener justificación objetiva para convertirse en un privilegio personal".
Por todo ello, se plantea "la necesidad de su limitación ad personam" y se propone "enfatizar el carácter funcional de esta prerrogativa, de manera que deberá vincularse, en todo caso, a los hechos cometidos en el ejercicio de la profesión o el cargo y al actual desempeño o ejercicio del mismo, cesando cuando cese aquel".
En todo caso, "debería suprimirse la extensión temporal que el Anteproyecto establece, manteniendo el privilegio del fuero tras hacer desparecido la condición o cesado en el cargo".
Finalmente, el establecimiento de Tribunales Provinciales de Instancia (TPI) como órgano de la primera instancia "se presenta como una organización idónea y adecuada".
Su organización colegiada, servida por una oficina judicial común, "permite adaptarla a las necesidades del momento, sin necesidad de crear nuevos órganos judiciales, lo que merece una valoración positiva".
http://www.publico.es/politica/530816/el-cgpj-avala-la-nueva-estructura-judicial-de-la-ley-del-silencio-de-gallardonINFORME DEMOLEDOR DEL CONSEJO FISCAL A LA LEY DEL PODER JUDICIAL
Los fiscales consideran inconstitucionales algunos artículos y piden la supresión de las principales novedades de la reforma
El Consejo Fiscal, de mayoría conservadora, debate entre hoy y mañana un informe demoledor contra el anteproyecto de Ley del Poder Judicial que el Gobierno pretende aprobar en los próximos meses para “cambiar radicalmente” la administración de Justicia. El informe plantea la supresión o la modificación de muchos de los artículos principales de la futura normativa, a los que tacha en algún caso de inconstitucionales; denuncia la “mordaza” que pretende imponer la nueva Ley a los jueces, y censura la nueva regulación de la Justicia Universal hasta exigir un cambio urgente del texto.
Mordaza a los jueces. La prohibición que impone la Ley a jueces y magistrados de hacer valoraciones de actualidad en medios de comunicación sobre asuntos pendientes ante los Tribunales es “incompatible con el derecho de todos a la libertad de expresión”. El informe, que pide la supresión del artículo que regula esta prohibición, dictamina que “la exclusión de un colectivo del ejercicio de un derecho fundamental constituye un caso de discriminación en la ley incompatible con la Constitución”.
Justicia Universal. Los fiscales recuerdan que hace varios meses se remitió desde la Fiscalía General del Estado, sin ningún éxito, un informe donde se apuntaban todas las deficiencias de la reforma legal que impulsó y aprobó de urgencia el grupo parlamentario del PP, a instancias del Gobierno, para limitar al máximo la capacidad de los jueces españoles para instruir causas de justicia universal. El informe que debate el Consejo Fiscal considera que el Gobierno ha optado por un modelo de justicia universal asentado en “arenas movedizas” que puede devenir en “filigrana conceptual”. “Consideramos esta configuración”, señala el informe, “sumamente desaconsejable”. “Más que limitar o corregir los excesos de la jurisdicción universal, la sustituye por un puñado disperso de criterios de extensión extraterritorial lo que coloca a España en una incómoda situación frente al resto de las naciones preocupadas por la preservación de la paz y de los derechos humanos y porque, descendiendo a la praxis judicial, es susceptible de generar una enorme inseguridad jurídica, como ha demostrado la reciente experiencia de los denominados narcobarcos”. Los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional han excarcelado en las últimas semanas a 43 narcotraficantes por considerar que la reforma legal de la Justicia Universal les dejaba sin competencias sobre barcos cargados de droga apresados en aguas internacionales cuyo alijo no tuviera como destino a España. Estas excarcelaciones, señala el texto del Consejo Fiscal, “demuestra el desacierto de la reforma”. “La introducción de criterios tan marcadamente excluyentes contribuirá previsiblemente a generar espacios de impunidad (….) La técnica legislativa utilizada en estos apartados ha de ser impugnada en bloque”, concluye el informe que trata el Consejo Fiscal.
Prejudicialidad. El restablecimiento de la cuestión prejudicial, que permitiría suspender un proceso por corrupción si el imputado plantea, por ejemplo, recurrir uno de los hechos que se le atribuyen ante otro tribunal distinto al penal, “va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional”, según el informe del Consejo Fiscal. “El artículo 24.2 de la Constitución”, señala, “reconoce el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas, que aconseja que en un mismo litigio se resuelvan aquellas cuestiones previas tan intimadamente ligadas a la cuestión litigiosa que sea racionalmente imposible su separación, sin necesidad de diferirla a un nuevo y dilatorio proceso, con todas sus instancias, ante otro orden jurisdiccional”.
Reorganización. La supresión de las Audiencias Provinciales, los partidos judiciales y los juzgados de paz, en favor de los nuevos Tribunales Provinciales de Instancia, también merece una crítica. “Tampoco es fácil vislumbrar posibles ventajas de la supresión de las audiencias provinciales y su incardinación en los tribunales superiores a efectos de apelación. En la práctica, supondrán para los ciudadanos un alejamiento de los órganos de apelación que puede ser aflictivo para éstos cuando –como ocurre frecuentemente- sea preciso celebrar pruebas en trance de recurso”. El informe propone que el nuevo diseño judicial que se establezca en la Ley de Demarcación y Planta Judicial se tramite a la vez que la Ley del Poder Judicial donde se fijan los cambios organizativos.
Aforamientos excesivos. “Este Consejo Fiscal”, sostiene el informe, “estima que sería conveniente una revisión general sobre el régimen de aforamientos en el ordenamiento español”. Además, considera positiva “la novedad que supone que dichos aforamientos se refieran a hechos realizados en el ejercicio de la condición o cargo de la persona aforada y se mantengan aún cuando no se ostentare tal condición o se hubiera cesado en dicho cargo”. “El Consejo Fiscal, sin perjuicio de estimar que debería estudiarse la posibilidad de reducir el número de personas que están aforadas en nuestro ordenamiento jurídico, valora positivamente el aforamiento de la Reina consorte o el consorte de la Reina y del Príncipe Heredero”.
Instrucción colegiada. La futura Ley establece que las causas complejas, entre ellas las que se instruyen en la Audiencia Nacional, sean dirigidas por un órgano colegiado de tres jueces y no de uno, como en la actualidad, con lo que de hecho eliminan la figura de los conocidos como jueces estrella que instruyen los sumarios de mayor repercusión social. El informe del Consejo Fiscal considera que con esta medida “no se vislumbra que puedan encontrarse ni la agilización de la tramitación de los asuntos ni la reducción de tiempos de resolución” que persigue la nueva legislación.
La Fiscalía, dentro del Poder Judicial. El informe critica que no se incluya al ministerio fiscal dentro del Poder Judicial sino como colaborador del mismo. “Esta opción es errónea, porque el fiscal es defensor de la independencia judicial y órgano imparcial de promoción de la acción de la justicia”. Los fiscales reclaman que se “haga una declaración explícita de que el Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial”.
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/11/actualidad/1402505088_549807.htmlLOS JUECES SE REBELAN CONTRA LA REFORMA ESTRELLA DEL GOBIERNO
Supremo, Audiencia y tribunales superiores rechazan el proyecto de Ley del Poder Judicial
Se acabó la estructura judicial actual
La justicia en España encara un complejo proceso de reconversión que ya ha ocasionado un choque frontal entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El Gobierno impulsa cambios radicales que la carrera judicial torpedea.
Con una plantilla de 5.200 jueces (11 por cada 100.000 habitantes, ocho menos que la media europea) y un presupuesto de 3.700 millones de euros, la administración de Justicia atiende cada año en España más de ocho millones de asuntos —el 80% de carácter penal— y mantiene otros dos millones en trámite al final de cada ejercicio.
El Ministerio de Justicia ha diseñado una “reforma global del modelo de organización de la Justicia” que se ha topado antes de nacer con la oposición casi unánime de los jueces —salas de Gobierno de Tribunales Superiores, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y todas las asociaciones profesionales— articulada en miles de alegaciones al anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.
El Ejecutivo pretende dar respuesta a “los problemas de retrasos y favorecer la profesionalización y especialización de los jueces”. El texto legal establece cambios profundos en la administración de Justicia, ya que desaparecen los 431 partidos judiciales, los 7.683 juzgados de paz y las 55 Audiencias Provinciales en favor de los nuevos tribunales provinciales de instancia, y del reforzamiento de los actuales tribunales superiores de justicia autonómicos. El Gobierno impone así una nueva forma de instruir las grandes causas judiciales por un órgano colegiado de tres magistrados, lo que de hecho acabaría con los denominados jueces estrella. Con la reforma viajan nuevas normas de difícil digestión por parte de los profesionales, ya que prohíbe a jueces y asociaciones judiciales pronunciamientos públicos sobre causas abiertas y abre nuevas vías en la instrucción de los grandes casos de corrupción, lo que en la práctica podrían dilatarlos en el tiempo suspendiendo la investigación principal durante años. Estos son los cambios más importantes y las valoraciones que han hecho de ellos los profesionales afectados.
Justicia universal
El anteproyecto de Ley incorpora la reforma que impulsó en febrero pasado el Gobierno del PP y aprobó por la vía de urgencia para limitar al máximo la competencia de los jueces españoles en causas de justicia universal y ordenar el archivo de las existentes. Pese a esa reforma, los jueces de la Audiencia Nacional han optado por mantener abiertos todos los procedimientos y, además, excarcelar a narcotraficantes al considerar que le reforma les dejaba sin competencia para instruir causas relacionadas con la aprehensión de droga en buques que navegaban por aguas internacionales. Las reacciones han sido, en su mayoría, muy críticas. La asociación Jueces para la Democracia considera que la reforma “supone un evidente paso atrás en la lucha contra la impunidad en los crímenes de derecho internacional y en las posibilidades de actuación judicial en defensa de los derechos humanos a nivel global”. “Se trata”, concluye, “de una regulación que restringe los aspectos subjetivos de actuación de la jurisdicción universal hasta un nivel máximo”. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional también reclama cambios en el anteproyecto de Ley para clarificar esta materia.
Suspensión de grandes casos de corrupción por el instructor
El artículo 78.3 del anteproyecto de Ley señala que “si se planteare una cuestión prejudicial determinante de la culpabilidad o inocencia, el Tribunal suspenderá el procedimiento hasta la resolución de aquella por quién corresponda”. En la práctica, este artículo permitiría suspender la investigación abierta por el juez José Castro en el caso Nóos si, por ejemplo, Iñaki Urdangarin, imputado por corrupción, planteará una cuestión prejudicial para resolver si cometió o no delito fiscal, uno de los que se le imputan en la causa, ante otro tribunal. De aplicarse el artículo 78.3, se paralizaría el proceso penal abierto por el juez José Castro hasta que el nuevo tribunal resolviese la cuestión. La sala de Gobierno del Tribunal Supremo, cuyo presidente, Carlos Lesmes, lo es también del Consejo General del Poder Judicial que informará en las próximas semanas el anteproyecto del Gobierno, estima que el artículo 78.3 “puede generar problemas en la práctica” por lo que sugiere su “supresión y el mantenimiento de la regulación actual”.
Fin de los jueces estrella
El anteproyecto de Ley obliga a que la instrucción de causas de especial complejidad —como el caso Gürtel, el caso Bárcenas, el caso ERE u otros de gran repercusión social— pasen a depender de un órgano colegiado de tres magistrados en lugar de uno. “La atribución de la Instrucción a la Sección colegiada vendrá determinada por el carácter extraordinario de la causa, complejidad, elevado número de personas imputadas, dificultades derivadas de excesiva duración, cuando resulte aconsejable”.
La Asociación Profesional de la Magistratura, conservadora, reclama al Gobierno que sea muy restrictivo a la hora de regular qué casos serían instruidos por órganos colegiados y que, en cualquier caso, la instrucción sea dirigida por un solo juez en calidad de “director de la instrucción”. Jueces para la Democracia considera que esta nueva regulación permite introducir “elementos de cambio en función de circunstancias coyunturales y supone una vulneración de la seguridad jurídica, en poco espacio de tiempo se verían alterados los criterios de atribución de la competencia en función de espúreos intereses”.
Una mordaza sobre las causas en instrucción
Artículo 49.2 del anteproyecto de Ley dicta que los Jueces y las Asociaciones judiciales se abstendrán de hacer valoraciones de actualidad en los medios de comunicación sobre los asuntos pendientes ante los Tribunales y sobre las resoluciones judiciales, si bien aquéllos podrán hacer comentarios de índole doctrinal o científica en publicaciones o foros especializados.
Entre las alegaciones presentadas, salas de Gobierno de Tribunales Superiores y asociaciones judiciales consideran casi inconstitucional este artículo. “Se establece una clara limitación a la libertad de expresión de jueces y magistrados mientras que cualquier otro poder público, responsable político o partido podrán hacer las declaraciones que consideren oportunas sobre causas judiciales no resueltas o criticar actuaciones sin obstáculo alguno”. Además, creen que es una prohibición inútil al permitir a esos mismos jueces puedan emitir opiniones en publicaciones o foros especializados que después pueden ser difundidas en medios de comunicación generalistas. El TSJ de Castilla-La Mancha se pregunta porqué si un juez emite una opinión sobre un procedimiento judicial está, como dice el texto, “atentando contra la independencia judicial” y “sin embargo, si un político critica actuaciones judiciales, algo habitual por otro lado, ¿no menoscaba en modo alguno esa independencia?”
Fin de la justicia de proximidad
Lo dice el preámbulo de la norma: “Este proceso debe conllevar la desaparición de los jueces de paz”. En España hay 7.683 juzgados de paz en localidades donde no llegan los tribunales ordinarios. Los llevan los llamados “jueces legos” (no profesionales), elegidos por los Ayuntamientos entre las personas que cumplen una serie de condiciones. En 664 localidades españolas están gestionados directamente por funcionarios de Justicia, que además atienden las llamadas agrupaciones de secretarías que abren de forma intermitente en otros 502 núcleos de población. Los juzgados de paz tienen competencias menores, como la gestión de reclamaciones inferiores a 90 euros, en materia de ciertas faltas tipificadas en el Código Penal y funciones de Registro Civil. Los sindicatos consultados (CSIF, CCOO y UGT) han atacado duramente este apartado de la reforma que, aseguran, despojará de un órgano judicial a quienes vivan en núcleos rurales.
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/08/actualidad/1402247577_928903.html
EL SUPREMO SE SUMA A LAS CRÍTICAS AL MODELO DE PODER JUDICIAL DE GALLARDÓN
El alto tribunal pide suprimir el carácter vinculante de sus resoluciones
El anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sigue cosechando reveses. El borrador del texto legal, que, según el Gobierno, pretende adaptar las estructuras judiciales a la actual realidad económica y social, recibió ayer la crítica, constructiva pero severa, del Tribunal Supremo. El máximo órgano judicial considera, en línea con lo expresado por las asociaciones de jueces y otros agentes vinculados a la justicia, que la nueva LOPJ “contiene afirmaciones o prevé medidas que pueden condicionar” la independencia de los aproximadamente 5.000 jueces y magistrados españoles.
El alto tribunal reclama la supresión de una de las medidas más relevantes de la reforma, aquella que establece el carácter vinculante de la jurisprudencia del Supremo para el resto de los jueces. También considera que la instrucción de las causas penales más complejas o polémicas en tribunales colegiados —con tres magistrados— en lugar de mediante jueces individuales “no es concebible” en el Supremo. Y rechaza la creación de una sección especializada en delitos económicos en la Sala de lo Penal, al considerarla “incompatible” con su carácter de tribunal de casación.
El documento elaborado por la Sala de Gobierno del Supremo, de 67 páginas, analiza de forma sistemática las principales novedades de la reforma. Los magistrados rechazan algunos aspectos que, según su criterio, vulneran o debilitan el principio de independencia de los jueces. Uno de ellos es la “idea de jerarquización de los órganos judiciales” que establece el anteproyecto, y que se refleja en expresiones como “tribunales inferiores”, repetida siete veces en la exposición de motivos del anteproyecto. Los magistrados del Supremo, además de advertir de que esta terminología es “peyorativa”, recuerdan que “ningún órgano judicial es inferior a otro cuando enjuicia un asunto de su competencia”.
El borrador establece la sujeción de los jueces a la autoridad del Consejo General del Poder Judicial. Aunque esta dependencia figura en la Constitución como puramente gubernativa —para materias como ascensos, nombramientos o régimen disciplinario—, la redacción resulta “confusa” para el Supremo. “Se presta a entender que los jueces ejercen su función jurisdiccional [la de investigar las causas y juzgar y ejecutar las sentencias] bajo la autoridad del Consejo”, consideran. Esto, según los redactores, “es lo más contrario que cabe imaginar a la independencia y la sujeción únicamente al imperio de la ley”.
Los magistrados que ocupan los puestos más altos del escalafón de la carrera judicial también rechazan la prohibición prevista en el anteproyecto de que los jueces y sus asociaciones hagan comentarios en los medios de comunicación sobre asuntos pendientes. Consideran que esta presencia en los medios “no es habitual, ni mucho menos”, y recuerdan que los excesos se pueden resolver por la actual vía disciplinaria. “Los términos en que está redactado el precepto pueden menoscabar el legítimo ejercicio de un derecho innegable a expresar sus puntos de vista”, se quejan.
El informe pide la supresión de los artículos del anteproyecto que imponen el carácter vinculante de la jurisprudencia del Supremo para todos los jueces españoles. Los magistrados opinan que la reforma “introduce más disfunciones que progresos”, ya que tiene un “procedimiento extraordinariamente complejo”.
El hecho de que la jurisprudencia vinculante se fije en plenos gubernativos trimestrales de las Salas del Supremo, mediante entrecomillados publicados en el Boletín Oficial del Estado, y no mediante resoluciones de recursos judiciales sobre casos concretos, “conduce a una devaluación de la doctrina sentada del Tribunal Supremo”. Por ello, los magistrados sugieren que la ley establezca la “necesidad” de que los jueces ordinarios interpreten las leyes “de conformidad” con la jurisprudencia, pero conserven la capacidad de “separarse de ella de forma motivada”
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/03/actualidad/1401824833_124578.htmlLOS MAGISTRADOS DE LA AUDIENCIA, CONTRA LA NUEVA JUSTICIA UNIVERSAL
Cinco de los seis instructores critican la norma aprobada por el PP por “ilógica e inconstitucional”
Cinco de los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, que tramitan las principales causas sobre corrupción, delitos económicos y terrorismo en España, se han plantado contra la ley que aprobó el PP de urgencia y sin apenas debate en el Congreso de los Diputados para limitar al máximo las competencias en materia de justicia universal e imponer el archivo de los casos abiertos.
Los jueces han decidido resistir y se han negado, de momento, a archivar las causas que llevan instruyendo años. Además, han ordenado en distintos pronunciamientos judiciales la excarcelación de 43 narcotraficantes por el vacío legal que ha provocado la reforma de la ley de justicia universal, según argumentan en sus autos.
Es la primera vez en la historia de la democracia que los jueces instructores de la Audiencia Nacional se unen de esta manera contra una ley, aprobada en solitario por el partido del Gobierno, que limita sus competencias para investigar genocidios o crímenes de lesa humanidad cometidos en otros países donde no se han juzgado esos delitos.
Los partidos de la oposición y algunos jueces han acusado al Ejecutivo de limitar al máximo la capacidad de instruir causas de justicia universal en España por las presiones del Gobierno chino ante el caso abierto en la Audiencia Nacional a las autoridades chinas por el genocidio tibetano entre 1980 y 1990, donde está imputado un expresidente y un ex primer ministro de ese país. El PP defiende que el único objetivo de su reforma legal es que “a partir de ahora sólo se instruya aquello que se pueda juzgar”, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora “que se instruía lo que no se podía juzgar”. El PP recuerda que 18 años después de que la Audiencia Nacional comenzara a instruir causas de justicia universal —la primera tuvo que ver con la denuncia presentada el 28 de marzo de 1996 por crímenes cometidos por la dictadura militar argentina— “tan sólo se ha podido condenar a un criminal que se presentó voluntariamente para ser procesado”. El PP se refiere a la condena a 640 años de cárcel por genocidio y torturas al exmilitar argentino Francisco Scilingo, acusado de la muerte de 30 personas.
Ni el Gobierno ni el PP quieren replicar públicamente a las denuncias públicas de los jueces instructores y consideran que la polémica terminará cuando el Tribunal Supremo, ante el recurso de la fiscalía, devuelva la efectividad a la nueva ley que los magistrados de la Audiencia no están aplicando.
Fuentes del partido conservador sugieren que la “rebelión” de los jueces sólo obedece a su malestar ante la reforma legal del Ejecutivo que eliminará los jueces estrella al imponer órganos colegiados de tres jueces para instruir las grandes causas.
Los magistrados, que han apuntado en alguno de sus autos a la posible inconstitucionalidad de la ley, niegan que haya una rebelión sino una simple interpretación de la norma.
Eloy Velasco: “Consultaría a expertos y la rectificaría”
Uno de los jueces instructores más conservadores, Eloy Velasco, que fue director general de Justicia en la Comunidad Valenciana con el Gobierno de Francisco Camps, fue uno de los últimos en sumarse a las críticas públicas (no en auto) de otros magistrados: “Yo la rectificaría, consultaría a la gente que tiene experiencia porque con independencia de que la reforma tenía sus fines loables hemos visto los daños colaterales con la suelta de narcobarcos y otros que van a aparecer”.
F. Andreu: “Usan la justicia como moneda de cambio”
Fernando Andreu fue el primero en decidir la liberación de narcotraficantes por la nueva Ley de Justicia Universal, pero han sido sus declaraciones públicas las más rotundas contra la reforma: “Es desmoralizador que se trate a la justicia como un producto comercial. Que se pueda decir: ‘Te quito esta querella si me tratas bien la deuda’. Usan la justicia como moneda de cambio de intereses económicos”. “El Constitucional deberá decidir si vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva”, adelantó.
Santiago Pedraz: “Obliga a un trato desigual a las víctimas”
El juez Santiago Pedraz rechazó archivar la causa abierta por el genocidio de más de 200.000 personas en Guatemala y argumentó que la reforma de la justicia universal podría estar viciada de inconstitucionalidad. Pedraz cita tres artículos de la Constitución que vulneraría la norma, entre ellos el que se refiere al derecho a la tutela efectiva de jueces y tribunales. “Con los cambios legales, ese principio se quiebra porque obliga a dar un trato desigual a las víctimas”.
Pablo Ruz: “La reforma colisiona con los tratados”
El juez Pablo Ruz decidió mantener abierta la causa por torturas en Guantánamo en un auto judicial del pasado 15 de abril en el que señalaba que existe “colisión” entre la reforma legal de la justicia universal “y las obligaciones contraídas por España en virtud de tratados internacionales y que integran nuestro ordenamiento jurídico”. El magistrado censuraba que la reforma legal del PP va incluso en contra del espíritu que recoge su exposición de motivos.
J. G. Bermúdez: “El resultado de aplicar la ley es frustrante”
Javier Gómez Bermúdez excarceló a ocho narcotraficantes en aplicación de la nueva Ley de Justicia Universal que impide a los tribunales españoles actuar contra barcos interceptados en aguas internacionales cuando no hay españoles entre la tripulación, ni el alijo se dirige a territorio nacional. En el auto de excarcelación, el magistrado señaló: “El juez debe aplicar la ley, le guste o no, aun cuando el resultado sea, desde su punto de vista, frustrante”.
http://politica.elpais.com/politica/2014/05/22/actualidad/1400784189_270618.htmlGALLARDÓN INDULTÓ A SIETE CARGOS PÚBLICOS O FUNCIONARIOS POR DELITOS DE CORRUPCIÓN
El ministro dijo ayer que nunca lo ha hecho, pero hay varios casos que lo desmienten
El titular de justicia alega ahora que se refería solo al enriquecimiento de políticos
Gallardón: “Mientras sea ministro no daré indultos por corrupción”
Corrupción: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. Corromper: “Sobornar a alguien con dádivas o de otra manera”. Apoyado en estas dos definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó el miércoles —y reiteró hoy jueves— que no ha concedido ningún indulto en casos de corrupción, y que no lo hará nunca. En realidad, su ministerio ha concedido en estos dos años media docena de indultos a cargos públicos o funcionarios municipales condenados por delitos de malversación de fondos o prevaricación urbanística. Pero Gallardón sostiene que eso no es estrictamente “corrupción”, porque los condenados no se llevaron el dinero a su bolsillo.
“Este Gobierno no ha concedido un solo indulto en casos de corrupción. Es más, mientras yo sea ministro de Justicia, no lo va a hacer”, dijo el ministro a última hora del miércoles, durante una conferencia ante estudiantes de Derecho de la escuela superior Esade, en Barcelona. Hoy, a media mañana, varios partidos de la oposición (PSOE, IU, ERC, UPyD, Compromís) y la asociación Jueces para la Democracia lo habían tachado ya de mentiroso, señalando que Justicia sí ha concedido indultos en casos de corrupción.
El propio ministerio, a través de un portavoz oficial, admitió más tarde que, entre los 691 indultos concedidos en 2012 y 2013, hubo diez en casos catalogados como “delitos contra la administración pública”; de ellos, siete están relacionados con malversación o prevaricación (el resto son delitos de otro tipo pero vinculados con el trabajo público). Aun así, Gallardón sostuvo que él no había mentido, porque la malversación y la prevaricación no siempre implican, dijo, corrupción.
“La corrupción no es un delito jurídico que esté como tal delimitado en el Código Penal”, afirmó el ministro. “Lo que me preguntaron ayer [en la conferencia en Barcelona] es si los políticos que se llevan el dinero a su bolsillo habían sido o iban a ser indultados. Y la respuesta es que no: ni lo han sido ni lo van a ser”, añadió. Esa respuesta de Gallardón el miércoles se entendió como un anuncio de que no indultará al exministro y expresidente de Baleares Jaume Matas, condenado a prisión por tráfico de influencias.
De los siete indultos concedidos por malversación o prevaricación en estos dos años, el más claro es el de Josep María Servitje, miembro de Uniò Democràtica y ex número dos del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, que evitó la cárcel tras ser condenado —en el llamado caso Treball— a cuatro años y medio de prisión por prevaricación y malversación en la adjudicación de informes a varias empresas. Hay también tres ediles y un exalcalde del PP de un municipio malagueño indultados tras ser condenados por conceder licencias de obra sin proyecto arquitectónico. Y otros dos casos de malversación menor (ver cuadro). Además, el Gobierno indultó a un cargo de la subdelegación del Gobierno en Cáceres que había estafado a inmigrantes cobrándoles dinero por falsos permisos de residencia (este último caso no está incluido en los diez catalogados como "delitos contra la administración pública" por el ministerio).
El portavoz de Justicia del PSOE, Julio Villarrubia, acusó a Gallardón de faltar a la verdad porque ha concedido, dijo, “bastantes” indultos en casos de corrupción, y abogó por una reforma legal que los prohíba en esos casos. Gaspar Llamazares, de IU, y Joan Tardà, de ERC, afirmaron directamente que “el ministro miente”. Y Rosa Díez, de UPyD, registró esta pregunta parlamentaria al Gobierno: “¿No considera el Gobierno el delito de malversación como un delito asociado a la corrupción?”. También la asociación Jueces para la Democracia emitió un comunicado en el que arremete contra el ministro por no decir “la verdad” y reclama una reforma de la ley de indulto.
Informes inútiles, licencias ilegales
El Gobierno del PP concedió 501 indultos en 2012 (rechazó 6.995) y 190 en 2013 (rechazó 6.776). De ese total de 691 indultos concedidos, diez son de “delitos contra la administración pública”. Tres de estos, sin embargo, no tienen que ver con corrupción: son por desobediencia, denuncia falsa y omisión del deber de perseguir delitos. Estos son los otros siete:
‘Caso Treball’.Josep Maria Servitje, de Uniò Democràtica y ex número dos de Trabajo en la Generalitat de Cataluña, fue indultado en marzo de 2012 y evitó así entrar en la cárcel. Había sido condenado a cuatro años y medio por prevaricación y malversación. Según el tribunal, él y el resto de condenados habían pagado años atrás 7,6 millones de pesetas (46.158 euros) a varias empresas a cambio de la elaboración de varios informes sin ninguna utilidad, con el objetivo de que el empresario beneficiado “pudiera disponer del dinero obtenido en beneficio propio o de terceros". Ese empresario también era militante de Uniò, de modo que en el caso sobrevoló desde el principio la sospecha de que detrás pudiera haber una vía de financiación irregular del partido (no determinada por el tribunal).
Exalcalde del PP. Tomás Gómez Arrabal, exalcalde del PP de Abdalajís (municipio malagueño de 2.700 habitantes), y otros tres ediles de ese partido fueron indultados en julio de 2012. Habían sido condenados a prisión por delitos continuados de prevaricación urbanística cometidos entre los años 2001 y 2004, cuando concedieron licencias de obra ilegales (sin proyecto arquitectónico) a locales comerciales. Los grupos municipales de PP, PSOE e IU pidieron el indulto por entender que no había habido intencionalidad ni lucro.
Apropiación de bienes embargados. El Gobierno indultó el pasado septiembre a una funcionaria y miembro de la dirección del PSOE en un barrio de Sevilla. Había sido condenada a tres años de prisión por malversación de bienes públicos, al sustraer un coche procedente de un embargo y del que era depositaria.
Malversación impropia. Otra funcionaria, esta del Ayuntamiento de Alicante, fue indultada de la pena impuesta por expedir un informe de servicios sociales a una persona con la que tenía una relación.
Venta de permisos falsos a inmigrantes. En mayo de 2012 el Gobierno rebajó la pena mediante un indulto a Constancio Alvarado, exsecretario de la subdelegación del Gobierno en Cáceres, condenado en 2010 por vender permisos falsos a inmigrantes (las cantidades pagadas por estos a cambio de los papeles llegaban a los 3.000 euros). El ministerio rebajó la pena de prisión de dos años y seis meses a dos años, lo cual impide el ingreso en la cárcel cuando no hay antecedentes. Este indulto no está incluido en los diez catalogados por el ministerio como "delitos contra la administración pública", porque pertenece al ámbito de los delitos de falsedad
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/13/actualidad/1394711943_504356.htmlEL CONSEJO FISCAL AFEA AL GOBIERNO LA REFORMA EXPRÉS DE LA JUSTICIA UNIVERSAL
Torres-Dulce vota a favor de protestar por la fórmula exprés utilizada por el PP
El Consejo Fiscal remitirá al Ministerio de Justicia su queja sobre la fórmula empleada para la reforma de la ley de justicia universal, tal como aprobó el jueves, por unanimidad y con el voto favorable del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Los fiscales trasladarán así su protesta al Gobierno por no haberles permitido valorar la modificación de una ley orgánica que afecta a sus funciones.
La reforma de la justicia universal, aprobada solo por el PP, ha abierto una brecha en la Audiencia Nacional —donde se tramitan una docena de causas— ante las dudas acerca de su inconstitucionalidad y su colisión con tratados internacionales firmados por España. Los reparos podrían haberse solventado si la fórmula para proceder a la modificación hubiera sido otra. Si el Gobierno hubiera optado por el trámite habitual de una ley orgánica, que exige que el Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado dictaminen antes de su aprobación, los reparos legales estarían, al menos, abordados. Y las cuestiones técnicas, solventadas.
Sin embargo, el PP apostó por una reforma exprés mediante una proposición de ley orgánica presentada por el Grupo Popular en el congreso. Esta vía legislativa no requiere pedir ningún tipo de análisis, lo que evidencia la intención de cerrar cuanto antes la causa abierta contra China por el genocidio en el Tíbet. Los cambios, que modifican la posibilidad de perseguir delitos fuera de territorio español, fueron justificados por el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, que alegó falta de eficiencia y sostuvo que “promete mucho, pero no consigue más que conflictos diplomáticos”.
La formulación de la queja, que será trasladada en breve al departamento del Alberto Ruiz-Gallardón, se aprobó a instancia de los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y fue apoyada por el consejo por unanimidad. Apenas hubo debate. Todos los miembros del Consejo, incluido Eduardo Torres-Dulce, se mostraron de acuerdo en la necesidad de hacer saber al Gobierno su protesta por haberlos obviado.
Los miembros del Consejo Fiscal no entraron a valorar el fondo del cambio legislativo, algo que sí podrían haber hecho en el caso de que se hubiera seguido otra fórmula, en la que se hubieran pronunciado a través de su informe.
Tras la aprobación de la reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se incluye la justicia universal, el PSOE anunció la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Antes de la decisión del Consejo Fiscal, que es el órgano que asiste al fiscal general del Estado, los fiscales de la Audiencia Nacional ya se sumaron a las voces opositoras contra la reforma. La Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional acordó por unanimidad trasladar a Eduardo Torres-Dulce su “preocupación” por el alcance de la reforma. Además, los fiscales aprobaron un documento en el que criticaban con dureza la reforma impulsada por el Ministerio de Justicia para dar carpetazo a numerosas investigaciones sobre genocidio y crímenes de lesa humanidad. Los fiscales apuntaron además que la reforma “vaciará de contenido derechos constitucionales básicos como el acceso a la tutela judicial efectiva” y la “protección de los derechos de las víctimas”.
La modificación, que ya fue publicada en el BOE, también ha provocado que varios magistrados de la Audiencia Nacional hayan cuestionado el cambio legislativo. Ante la presentación de recursos sobre las causas que se están tramitando, la sesión ordinaria del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió ayer que estos se resolverán en el propio pleno de la Sala en lugar de cada una de las secciones
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/21/actualidad/1395402285_199308.htmlLA FISCALÍA TAMBIÉN PROTEGE A GALLARDÓN: SE OPONE A QUE DECLARE EN EL 'CASO NÓOS'
Horrach rechaza la petición del exsocio de Urdangarin. La última palabra sobre la comparecencia como testigo del ministro la tiene el juez Castro, que hace unos meses desestimó llamarle como imputado
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sea citado como testigo en el marco del caso Nóos, tal y como solicitaba el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, quien solicitó su comparecencia para esclarecer cómo se negoció el convenio por el que una entidad sucesora de Nóos percibió 144.000 euros públicos para preparar la candidatura olímpica de Madrid 2016, sin que en la actualidad haya constancia de los trabajos realizados.
El Ministerio Público ha presentado este jueves un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma para mostrar su oposición, después de que el juez José Castro diese un plazo de diez días a las partes para que que se pronunciasen sobre la petición efectuada por Torres.
Y es que, según el fiscal Pedro Horrach, "nada nuevo" aportan los últimos correos electrónicos y documentos aportados por Torres que "alteren o modifiquen" las conclusiones de Castro, quien el pasado mes de septiembre ya desestimó abrir una pieza separada dirigida a investigar el papel que jugó Gallardón en el convenio por el que la Fundación pública Madrid 16 abonó unos 144.000 euros de forma presuntamente irregular a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS).
Según el Ministerio Público, esta diligencia "devendría necesaria" si los documentos aportados "tuvieran relación con lo que es objeto de investigación, y revelaran que alguna de las personas que cita en su escrito tuviese conocimiento de hechos" objeto de investigación. "Lo único que revelan dichos documentos es la intervención de don Alberto Ruiz-Gallardón y otros en actos institucionales ajenos al presente procedimiento", remarca el fiscal.
Junto al ministro, la defensa de Torres también solicitaba la citación del exministro de Industria José Montilla y del exsecretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky, entre otros, para que aclaren su intervención en las negociaciones del convenio investigado.
En su escrito, Horrach alude en concreto a la carta fechada el 11 de febrero de 2005 que aportó Torres y en la que Gallardón agradecía a Urdangarín su participación en la organización de la candidatura olímpica de Madrid para el año 2012, cuando, subraya, el hecho objeto de investigación en el caso Nóos es el convenio suscrito en octubre de 2007 entre la Fundación Madrid 16 y la FDCIS para la cantidatura de 2016.
"Y lo mismo puede predicarse del correo electrónico de fecha 17 de mayo de 2004 aportado por la defensa, del que se desprende la invitación a una serie de autoridades para asistir a una cena", añade el fiscal, abundando en que los correos relativos a la participación del entonces alcalde de Madrid en el libro editado por el Instituto Noos, 'El patrocinio visto por sus principales protagonistas', y en el acto de presentación del mismo, "ponen de manifiesto unos hechos no discutidos y objetivos que no necesitan de diligencias de prueba complementarias para apoyar su realidad".
Tal y como recalca Horrach, se trata de unas consideraciones que también pueden predicarse respecto de Montilla, Solbes y Lissavetzky, entre otros, cuya testifical "versarían sobre circunstancias ajenas a los hechos objeto de investigación".
Cabe recordar que también el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, ha solicitado la declaración de Gallardón al sostener que la "estrecha" relación y colaboración entre el ministro y el Duque de Palma "culminó" con la concesión de los 144.000 euros.
Por su parte, el juez, tras rechazar la apertura de una investigación en torno al papel de Gallardón, justificaba que hasta entonces no había aparecido en la causa dato alguno "revelador" de que el entonces alcalde de Madrid mantuviera reuniones, directa o mediante alguna persona interpuesta, con Urdangarin o cualquier otro responsable de la FDCIS, u otras actuaciones "tendentes a apartar de los cauces obligados o habituales la concertación del convenio que entre ambas fundaciones acabó suscribiéndose".
Sin embargo, el abogado de Torres apunta en su escrito que "es evidente que existía una relación entre Urdangarin y el actual ministro de Justicia, que venía de tiempo atrás". Una relación que, afirma, se centraba en aspectos "meramente deportivos ajenos a Nóos", como el vinculado a la colaboración del Duque de Palma en la candidatura olímpica de Madrid, mientras que en otras "los contactos sí tenían que ver de modo más directo con Nóos y los proyectos que malintencionadamente se ponen en tela de juicio".
http://www.publico.es/politica/498894/la-fiscalia-tambien-protege-a-gallardon-se-opone-a-que-declare-en-el-caso-noosBLESA RECIBIÓ A SAMARANCH HIJO POR INDICACIÓN DE GALLARDÓN PARA QUE HICIERA NEGOCIOS CON SOS CUÉTARA
El expresidente del grupo de alimentación, Jesús Salazar, trató de recomprar la participación de Caja Madrid tras ser acusado de apropiación indebida
Braulio Medel, presidente de Unicaja, fue el actor clave en la elección del equipo directivo de Sos que gestionó el escándalo del primer grupo aceitero de España, según los correos
Que los límites entre la política y el mundo empresarial son muy estrechos no es una novedad. Tampoco que sean aún más pequeños cuando se habla de las antiguas cajas de ahorro y que la Caja Madrid de Miguel Blesa fue punta de lanza de esta telaraña de relaciones. Una de ellas está protagonizada por el exalcalde de Madrid y actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que, según los correos de Blesa a los que ha tenido acceso eldiario.es, medió para facilitar una reunión entre éste y Juan Antonio Samaranch hijo. El miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) aspiraba, según la misiva, a gestionar con su firma de inversión la crisis del grupo Sos Cuétara (la actual Deoleo) que acababa de protagonizar uno de los mayores escándalos corporativos de la industria alimentaria española.
Para entender la crisis de Sos Cuétara hay que remontarse a principios de 2009. Entonces salió a la luz que los dos máximos responsables de la empresa dueña de Carbonell (su presidente, Jesús Salazar, y su hermano y mano derecha, Jaime) habían llevado a cabo presuntas operaciones irregulares con la tesorería de la sociedad, desviando alrededor de 200 millones de euros a sus sociedades patrimoniales.
Una de los principales perjudicadas por las operaciones de los hermanos de origen mexicano fue Caja Madrid, que, semanas antes de que se destaparan los tejemanejes, se había convertido en uno de los principales accionistas del grupo de alimentación, con el 10,5%, al suscribir una ampliación de capital de 149 millones de euros.
La operación hizo llevarse las manos a la cabeza a más de un responsable de la caja madrileña por no haber previsto el roto que iba a provocar en su balance. De hecho, al final la entidad financiera tuvo que hacerse con el timón de Sos Cuétara, dado que era su segundo accionista tras los Salazar y estos habían sido expulsados del consejo de administración de la compañía y acusados ante la Audiencia Nacional de presunta estafa y apropiación indebida. El caso continúa aún pendiente de juicio en la Audiencia Nacional, aunque se les quitó el pasaporte para que no pudieran salir del país.La mediación de Gallardón
A partir de ese momento, se abrió la puerta a las negociaciones para hacerse con un papel protagonista en el devenir del grupo alimentario, y ahí las relaciones políticas fueron un factor determinante. Es en este contexto cuando se produce la mediación del entonces alcalde de Madrid (y expresidente de la Comunidad Autónoma madrileña) quien, según los citados correos, ayudó a abrir la puerta de Blesa.
“He tenido la visita de Samaranch hijo interesado en trabajar para Sos ‘dada su gran experiencia en arroz, aceite y reestructuraciones de deuda’. Ya le he dicho que tenemos a Credit Suisse pero le gustaría hablar contigo (‘ya que estas no son cosas mías sino del Presidente de SOS’). El Alcalde está interesado en que lo recibiera y lo atendiera bien”, señala el email que Blesa envía, a finales de mayo de 2009, a Mariano Pérez Claver, uno de sus hombres de confianza y a quien colocó finalmente al frente de Sos.
Además de ser uno de los tres miembros españoles del COI y de formar parte de los círculos de poder, Juan Antonio Samaranch es consejero delegado de GBS Finanzas. La firma fue fundada en 1991 “por un grupo de profesionales con gran experiencia en bancos de inversión internacionales de primer nivel, siendo actualmente una de las principales entidades dedicadas a Investment Banking en España”, según explica la sociedad en su página web. “GBS Finanzas ha llevado a cabo, hasta la fecha, más de 250 operaciones de asesoramiento en España y el extranjero. Además, la experiencia acumulada por su equipo incluye la participación en las mayores operaciones de fusiones y adquisiciones de los años 80: la privatización de Rumasa, las fusiones entre Banco Bilbao Vizcaya y Argentaria, por un lado, e Hidroeléctrica Española e Iberduero (Iberdrola), por otro”, anuncian.
Además, en el currículum de Samaranch también figura ser miembro del consejo de administración de PortAventura y de GDS Risk Solutions y vicepresidente del Real Automóvil Club de Cataluña (RACC). El hijo del expresidente del COI defendió la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos de 2016, aquellos del “tengo una corazonada” y que acabaron en manos de Río de Janeiro, en la época en la que Ruiz-Gallardón estaba al frente del Consistorio madrileño.
Salazar intentó recuperar el control
Más allá de mediaciones políticas, los correos y SMS de Miguel Blesa desvelan que el expresidente de Sos Cuétara también intentó acercar posiciones para recuperar el control del grupo de alimentación.
“Miguel, te rogaría 15 min, quiero explicarte q no ha habido intención de engañar en ningún momento, nunca me hubiera atrevido, ni os hubiera dado mis 3 consejeros, con los q me cesaron. Quiero comprarte, ya tengo los 150 mill, y desde luego te estaría muy agradecido, esta empresa es toda mi vida. Espero tus noticias. Quiero disculparme x los problemas. Saludos. Jesús Salazar”. Éste es el mensaje telefónico literal que el ya destituido presidente de SOS envió a Blesa el 10 de mayo de 2009 y que este se reenvió a su correo corporativo desde el móvil. eldiario.es ha podido tener acceso a estos correos gracias a una fuente anónima derivada por la Comisión Anticorrupción del Partido X.
Los correos y mensajes no sirvieron a los intereses de Salazar, que sólo un mes después de este SMS vio cómo Caja Madrid tomó el control absoluto del grupo tras una junta de accionistas en la que ratificó como nuevo presidente a quien hasta entonces era director general de la caja de ahorros y consejero delegado de su Corporación Financiera: Mariano Pérez Claver.
El nombramiento de este tuvo, además, el visto bueno del resto de cajas presentes en el accionariado de Sos, según se constata en los correos a los que ha tenido acceso eldiario.es. En Sos estaban presentes cuatro cajas andaluzas: Unicaja, Cajasol, Caja Granada y Caja Sur, a través de su brazo inversor, la sociedad Unión de Capitales.
“El día de San Isidro me reuní con Braulio Medel [presidente de Unicaja] para el asunto Sos. He negociado la presidencia para Mariano, nuestro hombre la acepta y mañana volveré a hablar con él para la puesta en escena”, apunta el 17 de mayo de 2009 en un correo dirigido a Ildefonso Sánchez Barcoj, uno de los históricos de Caja Madrid, donde hasta hace poco más de un año fue director financiero y de riesgos.
Las negociaciones con su rival Hojiblanca
Tras la destitución de los Salazar, en los pasillos de Caja Madrid se valoraron varios nombres como nuevos integrantes del equipo directivo de Sos y se promovió a José Manuel Muriel como nuevo consejero delegado del grupo. El expresidente de Santana Motor se hizo, finalmente, con el cargo pero, antes, se barajaron otros candidatos que también habían sido consensuados con el presidente de Unicaja, según consta en los correos de Blesa.
“Mañana hablaré con Braulio y trataré de convencerle”. El 19 de mayo de 2009, Blesa respondía así a un correo de Pérez Claver en el que éste le explicaba que también se estaba valorando como candidato a consejero delegado de Sos a Antonio Luque, gerente de la aceitera Hojiblanca, quien fue analizado por los head hunters de Egon Zender.
“Muy bien valorado en el mundo cooperativista y próximo al entorno de las cajas andaluzas”, le explica Pérez Claver a Blesa. “Ha hecho muy buena labor al frente de la cooperativa, desarrollándola desde 40 millones de euros a 300 millones de ventas. Es una persona divertida y entusiasta. Sin embargo no tiene experiencia en procesos de crisis empresarial, gestión de costes y negociaciones con bancos”, precisa, antes de matizar que “José Manuel Muriel (nuestra propuesta), es el que mejor se adecúa” en opinión de Egon Zender.
Con el tiempo, Hojiblanca acabaría entrando en Sos. En la actualidad, es uno de los principales accionistas de la rebautizada como Deoleo, donde controla el 9,96% del accionariado, tras suscribir una ampliación de capital no dineraria por la que cedió su marca y su fábrica de Antequera.
Hoy las riendas de Deoleo las comparten Banco Financiero y de Ahorros (Bankia), que supera el 18% del accionariado tras suscribir y desembolsar nuevas ampliaciones de capital, la citada Hojiblanca y el grupo Ebro Foods, el histórico rival de Sos en el mundo del arroz y dueño de marcas como Brillante, que posee el 9,33% de las acciones. Su presidencia está en manos de Óscar Fanjul, uno de los fundadores de Repsol, empresa de la que fue presidente.
Tras ser presidente de NH Hoteles entre febrero de 2011 y diciembre de 2012, Mariano Pérez Claver es hoy socio director en CROm, empresa de prestación de servicios corporativos, según figura en su perfil de la red social Linkedin.
http://www.eldiario.es/economia/Blesa-Samaranch-Ruiz-Gallardon-Sos_Cuetara-Perez_Claver_0_207179585.htmlEL SUPREMO ANULA EL POLÉMICO INDULTO A UN KAMIKAZE QUE MATÓ A UN CONDUCTOR
El alto tribunal deja en manos del Gobierno el rectificar el decreto y que se vuelva efectivo
La familia de la víctima del ‘kamikaze’ pide al Gobierno que acate el fallo
El Tribunal Supremo anuló este jueves, después de tres días de deliberaciones, el polémico indulto concedido por el Gobierno al conductor kamikaze Ramón Jorge Ríos Salgado. Este había sido condenado a 13 años de prisión por matar a un joven de 25 años tras conducir durante cinco kilómetros en dirección contraria por la AP-7, en el tramo Silla-San Juan (Valencia), en diciembre de 2003. La anulación se ha aprobado con una votación muy ajustada —19 votos a favor y 17 en contra— de los 36 magistrados que conforman la Sala de lo Contencioso.
“Dicho claramente, el Supremo ha considerado que este indulto es arbitrario”, ha declarado a EL PAÍS una fuente judicial. Es la primera vez que ocurre algo así, con excepción de un único antecedente de menor gravedad: la revocación parcial del polémico perdón otorgado por el anterior Gobierno socialista al consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz que cancelaba sus antecedentes penales. Al tomar esa decisión, el Ejecutivo se extralimitó en sus atribuciones.
El Tribunal Supremo solo facilitó el jueves por la tarde una escueta nota en la que señala que, pese a la anulación del decreto de indulto, la ejecución de la sentencia, que se dará a conocer en los próximos días, quedará en suspenso durante tres meses. El objetivo de esta demora es que “el Gobierno pueda, en su caso, subsanar los defectos” que han motivado esta decisión, según el Supremo.
Esta tregua de tres meses pretende suavizar la contundencia de la decisión del Supremo, tanto para el Ejecutivo como para el propio indultado. Deja en manos del Gobierno la posibilidad de que rectifique su decisión o busque otra fórmula menos “arbitraria”. “Por ejemplo, concediéndole un indulto parcial sobre la pena que aún tenía pendiente de cumplir”, explican fuentes judiciales. El fallo del Supremo no ha sido adoptado por unanimidad, por lo que son previsibles votos particulares por parte de los magistrados discrepantes.
La Sección Tercera ha estimado el recurso presentado por la familia del fallecido, José Alfredo Dolz, solicitando la declaración de nulidad de la medida de gracia. Según el recurrente, este indulto fue el único de España dado a un kamikaze en el que el condenado no había cumplido al menos la mitad de la condena (solo pasó 10 meses entre rejas). El Gobierno le conmutó los años pendientes de cárcel por el pago de una multa de 4.000 euros.
El indulto no contó con informe favorable de la Fiscalía ni de la Audiencia Provincial de Valencia, que había condenado a Ríos a 13 años de cárcel por un delito de conducción con grave desprecio a la vida de los demás, en concurso ideal con un delito de homicidio, un delito de lesiones, una falta de lesiones y una de daños. “Nueve automovilistas tuvieron que apartarse para no ser embestidos por el kamikaze. Puso en riesgo la vida de muchas personas”, recalca una fuente judicial, que aplaude sin ambages la decisión del Supremo.
En enero pasado, el titular de Interior, Jorge Fernández, ya se manifestó en tono crítico sobre la decisión del Consejo de Ministros del que él forma parte, al señalar que el indulto a Ríos era “un caso excepcional” y aconsejó que el Ejecutivo tendría que “estar más atento” en estos casos.
El Ministerio de Justicia explicó en su día que la medida de gracia fue adoptada tras tener en cuenta el informe favorable de la prisión y los condicionantes “médicos y personales” del condenado. Justicia se negó este jueves a comentar la anulación del indulto mientras no conozca el fallo.
El caso ha reavivado el debate sobre los indultos. Algunas fuentes judiciales entienden que esta decisión del Supremo cuestiona la motivación de la medida de gracia, siendo que el Gobierno no tiene ninguna obligación de explicar por qué perdona a un reo. “El Supremo no puede entrar a valorar si un indulto es justo o injusto, y así lo reconocen reiteradas sentencias de ese mismo tribunal”, dice un experto jurídico.
El socialista Felipe González, aprovechando una proposición del Centro Democrático y Social (CDS), suprimió la obligatoriedad de motivar la concesión de los indultos que establecía la legislación anterior a la vigente Constitución. El actual Gobierno considera que debe mantenerse este criterio, que es el que rige en otros países europeos.
Fuentes jurídicas opinan que el Supremo solo puede recriminar al poder ejecutivo si al otorgar un perdón lo hace saltándose alguno de los trámites previos, cosa que en esta ocasión aparentemente no ha sucedido. Sin embargo, el desconocimiento de la sentencia dictada ayer impide saber las motivaciones alegadas por la sala para anular este indulto.
El secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, y el diputado Ricardo Sixto aplauden la resolución del Supremo. Las principales asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico respaldan al tribunal y han pedido al Gobierno que “tome nota” y que piense mejor a quién otorga esta medida de gracia.
http://politica.elpais.com/politica/2013/11/07/actualidad/1383844931_909293.html
GALLARDÓN CONCEDE A NOTARIOS Y REGISTRADORES EL NEGOCIO DE LAS BODAS
El ministro de Justicia anuncia que los notarios podrán tramitar bodas y divorcios de mutuo acuerdo a cambio de una tasa
Rajoy no se ha inhibido en la discusión sobre la ampliación de funciones para los registradores de la propiedad
El Gobierno ha decidido ampliar el negocio de notarios y registradores de la propiedad para que se ocupen de asuntos que hasta ahora tramitaban los jueces y secretarios judiciales. El Consejo de Ministros ha estudiado la propuesta para que algunos asuntos de familia y de derecho civil y mercantil pasen a manos de estos funcionarios. Según el titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, la única intención es "descargar a la Justicia de trámites que quitan tiempo a los jueces" y no abrir una puerta al beneficio económico de ningún colectivo.
Casarse ante notario costará 95 euros, pero todavía no está claro cuánto costará un divorcio, aunque tendrá que ser siempre de mutuo acuerdo y cuando la pareja no tenga hijos menores.
El ministro de Justicia ha defendido que los notarios "también son funcionarios" y que, con estos cambios, "todo queda dentro de lo público", por lo que no se puede hablar de la privatización del servicio. Quien quiera casarse gratis en el Registro Civil podrá seguir haciéndolo. En el caso de los ayuntamientos, cada uno establece un precio y algunos lo hacen de forma gratuita. El coste de 95 euros para los matrimonios es "asumible", según Gallardón, quien precisó que no es "un negocio jurídico que se practique mucho a lo largo de la vida". Los notarios podrán desplazarse fuera de sus oficinas para celebrar las bodas donde lo requieran los contrayentes.
El hecho de que la discusión afecte a la profesión de Mariano Rajoy, con plaza como registrador de la propiedad, no ha provocado que el presidente se haya abstenido en el Consejo de Ministros. Para justificarlo, Gallardón ha afirmado que él no podría seguir siendo ministro de Justicia si tuviera que abstenerse en muchas ocasiones "por ser fiscal de carrera". La plaza de registrador de Rajoy no comporta, según el ministro, que el presidente pueda obtener "ningún beneficio personal" con esta decisión.
Los beneficiarios de la justicia gratuita también pagarán en caso de necesitar a un notario o un registrador, aunque tendrán un descuento del 80% del coste.
El informe previo contempla que los registradores de la propiedad se hagan cargo de trámites de expedientes registrales que hasta ahora recaían en el ámbito del derecho civil y mercantil. El anteproyecto pretende que a partir de esta reforma puedan ocuparse de convocar juntas generales de sociedades o nombrar auditores para el examen de las cuentas anuales, entre otras atribuciones.
El precio de un divorcio ante notario no está fijado de momento, aunque fuentes de Justicia dan por hecho que saldrá mucho más barato que hacerlo por el juzgado, ya que los cónyuges se ahorrarán el pago de abogados y procuradores.
Además de esta propuesta, Justicia también cambiará el Código Civil para elevar la edad mínima para contraer matrimonio. Hasta ahora, el límite de edad es de 14 años, pero el Gobierno quiere que sea los 16 años.
www.diario.es 31.10.13
GALLARDÓN ADJUDICÓ 10 MILLONES A UNA SOCIEDAD LIGADA A BÁRCENAS Y LAPUERTA
Alberto Ruiz-Gallardón, siendo alcalde del Ayuntamiento de Madrid, concedió más de veinte contratos a una empresa de seguridad vinculada al extesorero del PP Álvaro Lapuerta y al exgerente Luis Bárcenas. La sociedad Serygur, una desconocida en el sector y sin ninguna trayectoria profesional, obtuvo, entre 2006 y 2009, adjudicaciones para la vigilancia de edificios municipales por un importe de diez millones y medio de euros.
Sólo en 2006 -el ejercicio más productivo- Serygur logró contratos por más de cuatro millones de euros, casi la mitad de los ingresos de la sociedad en ese año. La cifra superaba con creces los ingresos de ejercicios anteriores y llegó a provocar suspicacias y protestas por parte de empresas mucho más consolidadas del sector de la seguridad.
El acceso a contratos millonarios de Serygur en la corporación local, presidida por Ruiz-Gallardón, se debía no sólo a la influencia de la dupla Lapuerta-Bárcenas, sino también a la participación en la sociedad de otros dos pesos pesados del Partido Popular: Álvaro de la Cruz e Ignacio del Río. El primero, con un amplio historial en el PP como jefe de Gabinete del secretario general Francisco Álvarez Cascos (1989/1992), director de Innovación Tecnológica y secretario de Comunicación. El segundo, tras su paso por el Ayuntamiento de Madrid como teniente alcalde de Urbanismo, entre 1995 y 2003, durante el mandato de Álvarez del Manzano, el predecesor de Gallardón. Ambos conocían de sobra las interioridades del Partido Popular y del consistorio madrileño para acceder a las ofertas públicas de los contratos de vigilancia.
El onubense Álvaro de la Cruz, que en 1982, a los 24 años, inició su carrera política en la sede de Génova, sumaba a sus cargos en el PP el de secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En el sumario de la Gürtel figura como el responsable de la adjudicación a la empresa de Francisco Correa, Special Events, de la organización de las asambleas de este organismo en 1999 y 2003 por 800.000 euros. En esos años, Correa mantenía unas excelentes relaciones con Bárcenas y, con la ayuda de este, facturaba centenas de miles de euros a la contabilidad de Génova. El extesorero, a cambio, era recompensado, como demuestran los documentos del sumario de la Gürtel.
Gracias a esas intermediaciones, Serygur pudo obtener también contratos tan sustanciosos en el Ayuntamiento -ver gráfico- como la Agencia de Empleo de Madrid por 2,5 millones de euros; el distrito de La Latina por 1,1 millones; el edificio del área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales por 0,6 millones; la Dirección General de Patrimonio Verde por 0,5 millones o el Organismo Autónomo de Madrid Salud por 0,8 millones. En 2006, obtuvo adjudicaciones por un importe de 4.046.166,15 euros; en 2007, por 1.310.684,04; en 2008, por 3.313.877,24 y en 2009, por 1.149.420,37, según un pormenorizado estudio realizado por El Confidencial a partir de los concursos municipales publicados en el Boletín Oficial del Estado y adjudicados en esos años.
En el Ayuntamiento de Madrid señalan que todas las adjudicaciones se concedieron dentro de la legalidad, a partir de concursos públicos y con criterios técnicos y económicos. Según un portavoz municipal, "cada contrato obtenido por Serygur pertenecía a un área de Gobierno o un distrito diferente y tanto los órganos de contratación como las mesas de adjudicaciones eran autónomas".
En aquellos años, la hoy alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y otros miembros del actual consistorio ya formaban parte del Ayuntamiento, tras las elecciones de 2003. Botella, desde 2007, se encargó del Área de Medio Ambiente.
De la Cruz, Bárcenas y la Gürtel
Álvaro de la Cruz mantenía, asimismo, una excelente relación con Jesús Sepúlveda, el exalcalde Pozuelo de Alarcón y exmarido de la ministra de Sanidad Ana Mato, imputado en el sumario de la Gürtel. Sus vínculos quedaban sellados a través de la fundación municipal Pozuelo Siglo XXI, de la que De la Cruz era director general.
En un informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) en mayo de 2009, tres meses después de estallar el caso Gürtel, los agentes policiales le atribuyen a De la Cruz el cobro de 30.000 euros de la caja B de Correa, según la documentación intervenida en sus oficinas de la calle Serrano de Madrid. El informe policial mantiene que De la Cruz es apoderado de varias sociedades de seguridad, entre ellas Serygur (Alium) y otras afines y concluye que “está vinculado a Luis Bárcenas”. Según las investigaciones de la Policía, el extesorero del PP, en la actualidad en la cárcel de Soto del Real, presionó en 2007 a la Comunidad de Madrid para obtener contratos a favor de De la Cruz y Serygur. Fuentes del Partido Popular en Madrid afirman que Bárcenas y Lapuerta buscaban las adjudicaciones "por su propio interés".
Ademas de apoderado de Serygur (Alium) desde 2007, Álvaro de la Cruz compartía el mismo cargo en otras sociedades del grupo como Serycur, ProtecnySegurity o Facilita Servicios Auxiliares. Todas ellas estaban centralizadas en un mismo domicilio social y vinculadas a la sociedad que conseguía los contratos millonarios en el consistorio madrileño.
Se da la circunstancia de que el ex alto cargo popular aparece en el registro mercantil como administrador de todas esas sociedades con el nombre de "Álvaro Cruz". Sin embargo, cuando inscribe su nombre en otras dos empresas, exclusivamente de su propiedad -InternetXXI Soluciones Tecnológicas Avanzadas y Ciudad21 Foro de Innovación Local-, sí lo hace con la preposición y el artículo "de la".
Ni Álvaro Lapuerta ni Bárcenas figuran en el registro mercantil como socios, apoderados o administradores de Serygur (Alium). Tampoco Ignacio del Río. En todas las sociedades del grupo, desde su constitución en 1989, aparece como administrador único un empresario de perfil bajo: José Luis Cuadros Arias. Sin embargo, Cuadros es todo un desconocido en el sector de las empresas de seguridad. Si se pregunta por él, todos coinciden en su condición de hombre pantalla.
El Confidencial ha podido verificar, empero, en fuentes de la propia compañía y del sector de la seguridad que el extesorero y el exgerente del PP participaban en el negocio de la sociedad. No se ocultaban a la hora de negociar contratos -gestiones que las realizaban en persona- y se valían de su posición dentro de partido para obtener adjudicaciones de las Administraciones regional y local de Madrid. Y, aunque en esas fechas los populares habían sido desalojados de la Moncloa, Serygur también obtuvo importantes adjudicaciones de la Administración central.
El nombre de Mariano como reclamo
Para convencer a los compañeros más reticentes, Bárcenas y Lapuerta utilizaban como reclamo el nombre de Mariano Rajoy, como sucedió con algunos de los contratos exigidos a la Comunidad de Madrid. Una de las frases más recurrentes de Bárcenas, según un alto cargo de la Administración madrileña, era: “Si no nos arropamos entre nosotros y favorecemos a los nuestros, quién nos va a ayudar”. Ese discurso provocó roces con miembros del equipo de Esperanza Aguirre en el Gobierno autonómico madrileño, en el que algunos consejeros negociaron directamente las adjudicaciones con la empresa de seguridad, tras las presiones de Bárcenas y Génova.
Serygur fue constituida en mayo de 1989 y fue una desconocida en el sector hasta que, a mediados del 2000, desembarcaron en ella los altos cargos del PP. En el registro figura como una sociedad anónima cuyo objeto social es “la vigilancia y protección de toda clase de bienes muebles o inmuebles, certámenes, ferias o cualquier acto público”, entre otros.
El último depósito de cuentas de la sociedad, declarado por sus propietarios, está fechado en octubre de 2010 y corresponde al ejercicio de 2009. En ese año Serygur comienza a comprobar cómo se le pincha el globo del tráfico de influencias. La sociedad se ve penalizada por el escándalo que arrastra el estallido de la operación Gürtel y la posterior caída de los contratos y el volumen de negocio. Se podría afirmar que existe una causa-efecto entre las investigaciones a Correa y Bárcenas y el declive de Serygur.
Para afrontar la tormenta, sus políticos-accionistas decidieron modificar, en abril de 2009, la denominación social de Serygur por la de Alium. Un mes después, Álvaro de la Cruz también dimitía como apoderado. Esas decisiones coincidían con las filtraciones sobre las investigaciones secretas del juez Baltasar Garzón acerca de las relaciones inconfesables entre Bárcenas y Correa. El escándalo provocó la dimisión de este como senador y su salida de la Tesorería de Génova, tras ser imputado en el caso Gürtel por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Ni que decir tiene que las caídas de Bárcenas y De la Cruz provocaron una importante merma en el negocio de Serygur. En el ejercicio de 2009, según los propios datos de la empresa de seguridad, los ingresos cayeron en picado. De recaudar 13 millones de euros en 2006; 16, en 2007 y 11, en 2008, la recaudación descendió a 8,7 millones en 2009, con unas pérdidas declaradas de 1,6 millones.
De la opulencia a la nada
Los cuatro años de crecimiento meteórico, con la adjudicación de la vigilancia de edificios públicos, permitieron incluso a Serygur situarse en el puesto 17 del ranking nacional por facturación, entre más de 500 empresas de seguridad. Esa evolución también se manifestó en sus signos externos: de unas modestas instalaciones en la calle Alcocer, en el barrio obrero de Villaverde, pasaron a un moderno y lujoso edificio en la carretera de La Coruña. Sin embargo, tras la quiebra, las instalaciones de la zona residencial de Las Rozas fueron abandonadas y la empresa regresó a su domicilio original de Villaverde.
Con la deserción de los pesos pesados del PP, Serygur/Alium regresaba a la realidad de su potencial, a los años en los que ingresaba 1,6 millones, en 1999, o 5,2 en 2000. Las palabras de un exdirectivo de la compañía, que prefiere permanecer en el anonimato, son concluyentes: “Aquello era un chiringuito iluminado por las influencias de Bárcenas y De la Cruz. Pero la luz se apagó cuando el caso Gürtel se llevó todo por delante y los contratos con la Administración dejaron de llegar. Los otrora conseguidores influyentes del PP pasaron a convertirse en unos apestados”.
En la actualidad, las acciones de Serygur/Alium están en poder de la sociedad Lovermats SL en un 81,08% del capital; de Gloria Cabañas Aranda, en un 15,71%, de José Luis Cuadros Arias, en un 2,9 y de ProtecnySegurity, en un 0,31%. En la práctica, la propiedad pertenece a su administrador y fundador, José Luis Cuadros, ya que su esposa, Gloria Cabañas, que tiene estudios de enfermería, figura en el registro como la única accionista de Lovermats. La pareja reúne, por tanto, el 99,69 de la compañía.
El matrimonio Cuadros/Cabañas ha estado arropado en el negocio por el equipo directivo de sus comienzos: Juan Antonio Martínez Peinado, director financiero de Serygur; Carmen Pernía, la directora general, colocada por Álvaro de la Cruz; el padre de la anterior, Ángel María PerníaPernía; y los hermanos del exdirigente del PP, María de los Ángeles de la Cruz y Emilio de la Cruz.
Este diario ha intentado por todos los medios contactar con José Luis Cuadro y Gloria Cabañas, pero las gestiones han resultado infructuosas. Los teléfonos de Serygur, que figuran en las guías de empresas de seguridad y en la propia web de la compañía, no están operativos y los números particulares del matrimonio asimismo están inactivos. Como su domicilio familiar, un lujoso chalé de Las Rozas, valorado en tres millones de euros, que ha salido a pública subasta este verano.
EL JUEZ DEL ‘CASO NÓOS’ PREGUNTA A LAS PARTES SI DEBE ENCAUSAR A GALLARDÓN
Manos Limpias pide que elexalcalde de Madrid sea encausado por los pagos a Madrid 2016
El juez que investiga el caso Nóos, José Castro, ha trasladado a las partes la petición del pseudosindicato Manos Limpias de encausar al ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, por los pagos de la candidatura Madrid 2016. En el caso de que así fuera, sería una pieza separada del caso.
La petición del pseudosindicato se basa en la declaración ante el juez de la antigua consejera delegada de Madrid 16 y exdirectora de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Mercedes Coghen, imputada en el caso. En el interrogatorio, el pasado febrero, esta aseguró que el entonces alcalde de la capital, Gallardón, estaba al corriente de todas las decisiones de la candidatura.
Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, imputados en el caso Nóos, con la ayuda del empresario JoaquinBoixareu y el abogado RamonBergós, montaron la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), sucesora a la vez de la fundación Areté. Estas entidades —efímeras— fueron pantallas manejadas para ocultar el papel del duque en el entramado. La fundación fue contratada por Madrid 2016.
El juez Castro indagó sobre las circunstancias que motivaron la contratación por la candidatura madrileña del lobby de Iñaki Urdangarin y la inexistencia de una completa documentación de apoyo sobre los servicios realizados. La Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS) reflejó, en tres facturas, los trabajos bajo sospecha a la sociedad Madrid 16 que pugnó por lograr la nominación olímpica. El Ayuntamiento de Madrid admitió en una carta al juez que había entregado 120.000 euros a la fundación de Urdangarin y su socio, “sin que se haya podido hasta ahora justificar a qué servicios corresponde el cobro de las citadas cantidades”.
La fundación figuró ligada a otra empresa de Nóos, De Goes Center Stakelholder Management, investigada por un supuesto desvío de capitales al exterior. En marzo de 2006 la Casa del Rey vetó las actividades económicas con instituciones del esposo de la infanta. Entonces el duque usó otras fórmulas para actuar, según los investigadores.
El yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, desde la trama que tejió alrededor del Instituto Nóos, definido sin ánimo de lucro, logró más de 10 millones de euros, la mitad en contratos millonarios para eventos deportivos y mecenazgo de los Gobiernos de Baleares, Comunidad Valenciana, Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Cataluña y otros organismos públicos. Desde la cúpula del Comité Olímpico Español, Urdangarin extendió sus proyectos económicos.
http://politica.elpais.com/politica/2013/06/28/actualidad/1372410033_278037.htmlJUECES PROGRESISTAS PRESENTAN UN VÍDEO CONTRA LAS REFORMAS DE GALLARDÓN
Los magistrados alertan de que “pone en peligro la separación de poderes”
La asociación Jueces para la Democracia ha empleado un método de protesta inédito para una organización judicial: un vídeo. Esta mañana ha difundido unas imágenes en las que numerosos magistrados analizan y critican las reformas emprendidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Los jueces cuestionan el sistema de tasas, “que limita el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos”, la “criminalización de las mujeres que abortan” y, sobre todo, la reforma del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces. Sostienen que esta modificación legal, que ahora se tramita en el Senado, “ataca la independencia judicial, garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos” y “pone en peligro la separación de poderes y los principios básicos del Estado social y democrático de derecho”.
Jueces para la Democracia ha sido muy crítica con esta reforma, que contó además con un informe desfavorable del Consejo del Poder Judicial, el voto en contra de la oposición en bloque y ha provocado que incluso los magistrados del Tribunal Supremo se pronuncien para pedir que se eliminen del texto dos aspectos que les afectan. La asociación judicial –progresista y minoritaria en la carrera- elaboró hace semanas un manifiesto en contra de la modificación legal, al que se han adherido ya más de 1.000 jueces y magistrados, algunos de los cuales hablan en el vídeo que han presentado hoy.
Los jueces recuerdan en el vídeo algunas declaraciones pasadas de Gallardón, como que “en la oposición defendiera la supresión del Ministerio de Justicia”, y aseguran que las reformas supeditan el poder judicial al poder político. Jueces para la Democracia ha anunciado que no participará en la próxima renovación del Consejo General del Poder Judicial, prevista para después del verano, si la reforma se mantiene en los mismos términos.
http://politica.elpais.com/politica/2013/06/13/actualidad/1371111163_178733.html
LA MAYORÍA DE LOS MAGISTRADOS DEL SUPREMO CUESTIONA LA REFORMA GALLARDÓN
Los jueces critican dos aspectos del proyecto de ley en una reunión extraordinaria
El Poder Judicial celebra un tenso pleno por la falta de debate sobre la ley
La revuelta judicial contra las reformas del ministro de justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sigue subiendo de temperatura. Los magistrados del Tribunal Supremo celebraron este miércoles una reunión para debatir sobre la inminente reforma legislativa que se tramita en el Senado y que modificará tanto la composición como las funciones del Consejo General del Poder Judicial —y que afecta en algunas materias al alto tribunal—. En esta ocasión, a diferencia de otras veces, el resultado de la reunión no se trató como una cuestión privada, sino que el tribunal hizo público después un comunicado a través del gabinete de prensa en el que de manera oficial se hacía constar la oposición de los magistrados del Supremo que acudieron a la cita —una “amplia mayoría” de los jueces del órgano— a dos puntos de la reforma que afectan al alto tribunal.
A la reunión acudieron 41 magistrados —de unos 80 que tiene el tribunal si no se cuentan los eméritos— y hubo otros que delegaron su voto. “La práctica unanimidad” de los asistentes expresaron su oposición a que la reforma introduzca la figura de un vicepresidente en el Tribunal Supremo. Aseguran que es “innecesario” y que su existencia “puede resultar perturbadora para el correcto cumplimiento de las funciones que corresponden al Supremo”. “En caso de absoluta necesidad, la suplencia del Presidente está ya resuelta por la atribución de sus funciones al presidente de Sala más antiguo”, señalan.
Según la redacción del proyecto que se aprobó en el Congreso, el vicepresidente podía ser cesado en cualquier momento por el presidente, debía ser un vocal del Poder Judicial y tenía un amplísimo abanico competencial. Todo ello fue interpretado por los jueces como una potencial injerencia política en las funciones jurisdiccionales del alto tribunal, y, tras las primera quejas, Gallardón rectificó. El Partido Popular presentó la semana pasada enmiendas en el Senado eliminando el requisito de que se trate de un vocal, disminuyendo sus competencias y quitando la posibilidad de que el presidente pueda cesarlo en cualquier momento. A pesar de todo, los magistrados del Supremo no lo han considerado suficiente y en la reunión de este miércoles mostraron su oposición a que haya un vicepresidente.
Hay otra cuestión que inquietaba a los magistrados: la creación en el alto tribunal de una sala específica —formada por el presidente de la sala más los siete presidentes de sección de la Sala de lo contencioso-administrativa— para resolver los recursos que versen sobre los actos del Consejo General del Poder Judicial.
Los jueces manifestaron, “por unanimidad”, que este “fuero especial para el control jurisdiccional de los acuerdos del CGPJ resulta innecesario e introduce una especialidad injustificada en relación el sistema establecido para el de los demás órganos constitucionales del Estado”.
Por otro lado, en el pleno de este miércoles del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el presidente, Gonzalo Moliner, y la vocal Margarita Robles se enzarzaron sobre el hecho de que el primero no admitiera que el pleno debatiera un texto de protesta contra la reforma del CGPJ que se tramita en el Senado. Moliner rechazó por escrito la petición de Robles y otros dos vocales de incluir el debate en el orden del día, lo que generó la protesta de esta última.
Moliner dijo entonces, según fuentes del Consejo, que se había reunido esta semana con el presidente, Mariano Rajoy, para trasladarle la preocupación entre los jueces por esta modificación legal, lo que no hizo más que contribuir al malestar de Robles. La vocal alegó que no le parecía oportuno que él tratara de interferir en el poder legislativo cuando, por otro lado, estaba impidiendo que el Consejo debatiera una propuesta para que formalmente el órgano de gobierno de los jueces se pronunciara sobre una reforma que afectará de modo radical a su funcionamiento.
http://politica.elpais.com/politica/2013/06/12/actualidad/1371067207_546989.htmlELPLURAL.COM desvela que Gallardón recibió millones de pesetas en sobresueldos del PP
El ministro de Justicia aseguró el domingo que “nunca” había cobrado más de un sueldo
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cobró numerosos sobresueldos en su etapa de senador. Así queda reflejado en la contabilidad oficial del Partido Popular que está en manos del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y a la que ha tenido acceso en exclusiva ELPLURAL.COM.
Sólo en el año 1994, el ministro de Justicia recibió a través de sobresueldos y gastos de representación más de 2.275.000 pesetas. Cifra que habría que sumar al salario que Ruiz-Gallardón cobraba de forma oficial por ser senador. Es decir, al igual que otros altos cargos del Partido Popular en el Senado, el actual ministro recibía otras retribuciones que no se hacían públicas.
Pagos fijos
Por ejemplo, en 1994 era habitual que, a finales de cada mes, Alberto Ruiz-Gallardón recibiese un ingreso en su cuenta por valor de 53.769 pesetas. En junio y diciembre de ese mismo año, la cantidad varió significativamente, alcanzando las 107.538 pesetas (justo el doble de lo que cobraba habitualmente, simulando de esta forma el cobro de una paga extraordinaria). Retribuciones que el ministro recibió al menos hasta abril de 1995, fecha en la que se anunció su candidatura a la Comunidad de Madrid.Cuantiosos pagos en cuenta
En la contabilidad oficial de la cuenta que el Partido Popular disponía en el Senado, también quedan reflejadas otras transferencias a la cuenta de Alberto Ruiz-Gallardón. Sin ir más lejos, el 30 de junio de 1994 el ministro recibió una “contraprestación” de 609.392 pesetas por concepto de “varios”. Un mes antes, el 31 de mayo, el PP transfirió al titular de Justicia otras 304.696 pesetas. Cifra que se dobló el 30 de septiembre, cuando desde la cuenta del Partido Popular en el Senado le ingresaron 610.622 euros.Lo negó el domingo
Se da la circunstancia de que este mismo domingo, el ministro de Justicia negó de forma tajante haber recibido sobresueldo alguno a lo largo de su carrera política. En concreto, al ser preguntado por el diario El País sobre si había “tenido más de un sueldo alguna vez, como cargo electo y dirigente del PP”, Ruiz-Gallardón respondió tajante que “nunca”.Extractos de las cuentas oficiales del Partido Popular que obran en manos del juez Ruz y a las que ha tenido acceso ELPLURAL.COM
Insiste en su negativa
Acto seguido, aunque aclaraba que le parecían legítimos los “gastos de representación”, el ministro insistía en que “nunca” había recurrido a estos pagos en contraprestación a los posibles viajes o comidas que hubiese podido efectuar en representación del Partido Popular.Suma y sigue
La información desvelada por ELPLURAL.COM respecto a los sobresueldos que recibió el actual ministro de Justicia se suma a la desvelada este lunes por El País, en la que se refleja que en la propia contabilidad oficial del Partido dirigentes como Mariano Rajoy, José María Aznar, Javier Arenas o Francisco Álvarez-Cascos recibieron, al menos, entre 1990 y 1993, retribuciones mensuales fijas en concepto de “trabajos extraordinarios” o “gastos de representación”.El ministro niega tajantemente haber cobrado
Alberto Ruiz Gallardón, a través de la Oficina de Prensa del Ministerio de Justicia, ha contactado con ELPLURAL.COM para ”negar tajantemente” el cobro de este tipo de retribuciones. Sobre el hecho de que los ingresos de los que informa este periódico están recogidos en los papeles de su contabilidad oficial entregados por el PP al juez Ruz, en Justicia se ratifican a su desmentido, que ya adelantó en una entrevista a El País, en el sentido de que el ministro nunca había cobrado un sobresueldo del partido: “Sólo cobró como senador y como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado”, reiteran.“Señor Gallardón, entrega gratis a los registradores, a Rajoy y a su nuera un negocio redondo de 180 millones al año”
El ministro de Justicia se defiende de las acusaciones de nepotismo acusando al PSOE de pretender "expulsar de la función pública a gente que ha accedido por méritos propios"
El diputado socialista Gabriel Echávarri, en la sesión de control al Gobierno, ha reprochado al ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón el blindaje de los registradores contemplado en su reforma de los Registros Civiles. En concreto, con su privatización de estos registros, le ha acusado de crear un monopolio en beneficio de este lobby, en lugar de legislar en función del interés de los ciudadanos. “Usted legisla sólo para algunos, para 740 personas o para 749 y el registrador de Santa Pola que resulta ser el presidente del Gobierno”, le ha espetado.
Además, le ha recriminado la casualidad de que, entre este colectivo figure también su nuera, María Teresa Touriñán, registradora en activo. Y es que, como ya denunció ELPLURAL.COM los intereses del PP en este gremio no son pocos. El diputado socialista cargó contra el ministro por “regalar millones de euros” de esta manera:
“En la última legislatura se invirtieron 128 millones de euros para digitalizar e informatizar todos los registros civiles de España y que entrega gratis a los registradores para que hagan su negocio. Un negocio redondo dado que pueden ingresar 180 millones de euros al año, a repartir entre los registradores, entre ellos su nuera y o el señor Rajoy al que , al que hecho un segundo favor, dado que en Santa Pola había previsto un segundo registro y que usted ha suprimido. Más pedazo de tarta. Estarán contentos, pero no los ciudadanos”
Según el diputado con esta reforma unos pocos se van a forrar y a los ciudadanos no nos quedará otra que pagar por un servicio que era gratuito desde 1870. “Con su Gobierno, la diosa Justicia ya no tiene una balanza en la mano sino una caja registradora”, le ha recriminado a Gallardón para pedirle a continuación que diera marcha atrás a esta reforma.
El ministro, sin embargo, ha negado la mayor y ha acusado al PSOE de tener un “problema muy severo”, además de un “desconocimiento completo” del funcionamiento de la administración del Estado. En su opinión, lo que les molesta es que el presidente del Gobierno sea registrador de carrera, que él sea fiscal en excedencia o que haya funcionarios en sus familias que lo único que han hecho “ha sido trabajar mucho y esforzarse mucho” para llegar ahí. Gallardón acusó al PSOE de pretender “expulsar de la función pública a gente que ha accedido por méritos propios”.
En relación a la propuesta de privatización de los Registros Civiles, se ha escudado en que se trata de una idea no del PP sino del nada sospechoso grupo Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que presentó una enmienda que así lo contemplaba.
http://www.elplural.com/2013/03/20/senor-gallardon-entrega-gratis-a-los-registradores-a-rajoy-y-a-su-nuera-un-negocio-redondo-de-180-millones-de-euros-al-ano/
EL INDULTO DE JUSTICIA AL KAMIKAZE SE TOMÓ EN CONTRA DE JUECES, FISCALÍA Y VÍCTIMAS
El indulto de un conductor kamikaze por el Gobierno desató este miércoles una cadena de reacciones de rechazo. La concesión de una medida de gracia a un hombre condenado a 13 años de prisión por un delito de conducción grave con desprecio para la vida de los demás —causó la muerte a un joven de 25 años— recibió incluso un toque de atención por parte del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
“Como soy miembro del Gobierno, soy solidario” [con sus decisiones], declaró el ministro en una rueda de prensa posterior a su encuentro con responsables de Interior del PP. Pero, tras pronunciar estas palabras, Fernández recordó que la política del Ejecutivo es no conceder indultos a personas condenadas por delitos contra la seguridad vial, y advirtió. “Tendremos que estar atentos a estas cuestiones”.
El conductor indultado, un directivo de la firma Opel, tan solo pasó diez meses en prisión. El pasado 7 de diciembre, a propuesta del Ministerio de Justicia, el Consejo de Ministros le conmutaba la pena de 13 años por dos años de multas de seis euros diarios.
La medida de gracia fue concedida con informes contrarios de la Audiencia Provincial, de la fiscalía y de las víctimas. Tan solo el informe elaborado por la prisión recomendaba la excarcelación del recluso.
Los hechos se remontan al 1 de diciembre de 2003, día en que Ramón Jorge Ríos Salgado, tras realizar una maniobra de cambio de sentido en plena autopista AP-7, condujo durante cinco kilómetros en dirección contraria, a alta velocidad, antes de estrellarse cerca de Polinyà del Xúquer (Valencia) contra el coche de José Alfredo Dolz España, de 25 años, que murió.
La familia de la víctima expresó ayer su indignación ante el indulto. Por su parte, el secretario general del PSOE valenciano, Ximo Puig, fue más allá: instó a la fiscalía a investigar si en la medida de gracia ha habido tráfico de influencias.
En el despacho de Uría y Menéndez que se ocupó la defensa de Ríos Salgado, trabaja un hijo del ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Y el abogado que defendió al kamikaze es el letrado Esteban Astarloa Huarte-Mendioca, hermano del diputado del PP Ignacio Astarloa, que fue subsecretario de Justicia en el periodo 2000-2002. De ahí las voces que reclamaron que se estudiara el caso.
EL PAÍS contactó con el despacho del letrado Esteban Astarloa, que declinó hacer declaraciones. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, también rehusó contestar a las preguntas de este diario. Sí lo hizo el subsecretario de Justicia, Juan Bravo, el hombre que tramita los indultos en el ministerio. Bravo enfatizó el resultado de los informes del centro penitenciario en el que el conductor condenado pasó diez meses. “Dio inequívocas muestras de arrepentimiento”, declaró el subsecretario. El tiempo pasado desde el delito (diez años) y las reducidas posibilidades de reincidencia también pesaron.
Asimismo, Bravo adujo que la Audiencia Provincial había “desdeñado” los informes de la defensa, que aludían a un episodio de epilepsia como causante de los hechos. La sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Valencia, ratificada más tarde por el Tribunal Supremo, descartaba que un presunto episodio de epilepsia pudiera justificar “una conducta tan compleja y prolongada” como la del condenado, que realizó una maniobra de cambio de sentido descrita por un testigo como “plenamente consciente y deliberada”, según recoge el fallo judicial.
En cuanto a las acusaciones de posible tráfico de influencias, fuentes del Ministerio de Justicia dijeron que José Ruiz-Gallardón Utrera (hijo del ministro) nada tuvo nada ver con el indulto, puesto que es solo uno de los 538 abogados que trabajan en el bufete y, además, estaba en Brasil durante la tramitación del expediente
http://politica.elpais.com/politica/2013/01/16/actualidad/1358371777_484235.html
GALLARDÓN: "GOBERNAR, A VECES, ES REPARTIR DOLOR"
"Entiendo que no me aplaudan", dice el ministro. Asegura que la asociación mayoritaria de jueces le pidió cobrar tasas para financiar planes de pensiones a los magistrados
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado este miércoles que gobernar, "a veces, es repartir dolor" en referencia a los esfuerzos económicos que se están pidiendo a "los ciudadanos en general y a los funcionarios en particular" para salir de la crisis y entiende por ello que no le "aplaudan".
Así lo ha expuesto el ministro en declaraciones en la cadena Cope, al ser preguntado por las protestas que han provocado sus reformas tanto en el mundo judicial como en gran parte de la ciudadanía, a causa de la Ley de Tasas.
Sobre las protestas de los jueces, ha insistido en que están "disgustados" por perder la paga extra y haberles reducido de 18 a 12 sus días de permiso y entiende que son "medidas dolorosas" como lo ha sido no actualizar las pensiones conforme al IPC, pero ha indicado que no puede gobernar para satisfacer a los sectores jurídicos "sino para defender los derechos de los ciudadanos".
En cuanto a las tasas, Gallardón ha vuelto a explicar que servirán para pagar la justicia gratuita y no recaerán en aumentar la retribución de los jueces como ha pedido alguna asociación, y ha destacado que la cuantía es tres veces menos que la media europea, por lo que opina que no se puede decir que sean "disuasorias".
Gallardón ha insistido en atribuir a un sector de los propios jueces la responsabilidad de la imposición de tasas judiciales, al asegurar que le pidieron que se implantaran nuevas tasas para financiarles un plan de pensiones, una idea que él rechazó, optando en cambio por utilizar la recaudación para "financiar la justicia gratuita".
El ministro ha reiterado en que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial y tendencia conservadora, le entregó, poco después de que asumiera su cargo, un documento en el que le pedía un sistema de tasas judiciales que revirtiese en la Administración y favoreciese directamente a los jueces y magistrados.
En ese documento, según el ministro, se planteaba un sistema de incentivos por productividad para los jueces y se abogaba por el que parte de esos incentivos pudieran plasmarse en un plan de pensiones de manera que un juez que ingresase en la carrera judicial tuviese garantizada en su jubilación una indemnización de un mes de salario por año trabajado.
Se trata de "un documento que me entregó la Asociación Profesional de la Magistratura a los pocos días de tomar posesión", ha explicado Gallardón, que ha recordado que también la Junta de jueces Decanos acordó en su momento solicitar unas tasas "pedagógicas y disuasorias".
"Nosotros hemos atendido a la idea, que es positiva, de la implantación de las tasas, pero no lo hemos hecho para establecer un plan de pensiones para los jueces", sino que se han implantado "única y exclusivamente para financiar la justicia gratuita", ha aclarado.
"Ahí se ha producido una diferencia, no hemos atendido a la petición que ellos nos hacían sobre el destino de la recaudación de las tasas", ha añadido. En este contexto, ha rechazado la posibilidad de establecer incentivos en función de los casos de los que se encargue cada juzgado y ha descartado que en el futuro se pueda crear un plan de jubilación para los jueces a cuenta de las tasas. "Rotundamente, no", ha respondido a una pregunta al respecto.
Respecto al referéndum que tienen previsto convocar en Catalunya sobre la independencia CiU y ERC, el ministro ha asegurado que no se va a celebrar porque se suspenderá recurriendo la convocatoria ante el Tribunal Constitucional.
En cuanto a la negativa del gobierno catalán de aplicar sentencias del Supremo que obligan a garantizar la enseñanza en castellano, ha indicado que la reforma educativa del gobierno "establece mecanismos para forzar a que se cumpla ese derecho".
Ha adelantado por otra parte que la Ley del aborto está muy avanzada y en "fechas próximas" se presentará el proyecto de reforma
http://www.publico.es/espana/447279/gallardon-gobernar-a-veces-es-repartir-dolor
CHOQUE FRONTAL ENTRE GALLARDÓN Y TODOS LOS COLECTIVOS DE LA JUSTICIA
El ministro tilda de corporativista la protesta de jueces y fiscales: “¿Cómo no van a quejarse si les hemos quitado la paga?”. 18 organizaciones, contra el Gobierno
Alberto Ruiz-Gallardón comparó ayer la reforma que él pretende acometer en la justicia española —que implica cambiar las condiciones de trabajo de jueces y fiscales, cobrar tasas a los ciudadanos y desviar ciertos asuntos de los juzgados a las notarías— con el fin de la mili, la instauración del moderno sistema tributario, la reconversión industrial de los años ochenta o la entrada en Europa. “Los cambios producen resistencias, siempre ha ocurrido en España”, resumió como común denominador. Así, el mismo día —el de su cumpleaños— en el que 18 organizaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales, trabajadores del sector y consumidores se unían para mostrarle su oposición frontal, el ministro de Justicia los tildó de corporativistas y anunció que no piensa cambiar una coma de sus medidas, porque el objetivo es “agilizar” la administración de justicia y eso es “irrenunciable”.
El conflicto está servido: hoy hay un paro de una hora —de 12.00 a 13.00— convocado en los juzgados y, aunque Gallardón subrayó que su puerta está “abierta” para seguir hablando, las organizaciones profesionales no lo aceptan como interlocutor. Han pedido una reunión con el presidente Mariano Rajoy —que no ha respondido— y están recogiendo firmas entre los ciudadanos.
La bronca del sector judicial con su ministro comenzó hace meses por un tema estrictamente laboral: la Ley de medidas de eficiencia en la Administración de justicia, que obliga a los jueces de carrera a hacer sustituciones (despidiendo, de paso, a los interinos) y les quita días libres (aunque bastantes menos que al resto de funcionarios del Estado). Las asociaciones de jueces y fiscales admiten que ese fue el origen de la pelea, pero añaden que en su opinión las condiciones laborales no solo les afectan a ellos sino a la calidad del servicio público.
Gallardón dice que su puerta está “abierta”, pero los jueces lo rechazan
Luego llegó la ley de tasas, muy impopular, y los jueces y fiscales —a los que se sumaron, en primera línea, los abogados— tomaron la oposición a esa medida como bandera, tachándola de atentado al Estado de derecho. Además, en las últimas semanas ha habido pronunciamientos de jueces, públicos y en grupo, sobre los desahucios, la ley hipotecaria o los indultos del Gobierno, creando un clima de movilización desconocido en este sector.
Como broche a una situación inédita, representantes de todos los colectivos de la justicia —18 organizaciones de distinto color ideológico y profesional— escenificaron ayer con una rueda de prensa el frente antiGallardón. Lo sintetizó Antonio Segura, de la Plataforma Justicia para Todos: “Somos muy diferentes, son muchas las cosas que nos separan a los que estamos aquí. Pero hay un ministro de Justicia que nos ha unido”. Apiñados en una sala del Consejo General de la Abogacía, en Madrid, algunos sentados y otros de pie con el micro, jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, representantes sindicales y miembros de asociaciones de usuarios defendieron sus reivindicaciones detrás de una pancarta que rezaba: Acto público de defensa de la Administración de Justicia.
“La justicia está en descomposición por las reformas del ministerio. Hay que hablar de poder a poder: con el presidente”, dijo el juez decano de Madrid y portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol. “Su gestión la rechazamos todos los colectivos y la población. ¿Para quién gobierna el ministerio?”, preguntó Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia. Ángel Dolado, del Foro Judicial Independiente, aseguró que asimilar a los jueces con el resto de funcionarios ataca a su “independencia”; lo mismo que Álvaro Martín, de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura.
Así siguieron el resto de organizaciones: hablaron de “desmantelamiento de la justicia como servicio público”, de “ataque brutal sin precedentes a la ciudadanía”, de “crisis institucional”, de una falta total de diálogo por parte del ministerio y del intento de “privatizar” la justicia. “De la tutela judicial efectiva se va a pasar a la tutela judicial en efectivo”, ironizó Bosch sin sonreír. Quienes más énfasis pusieron en el asunto de las tasas, no obstante, fueron los representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios. Francisca Sauquillo dio un ejemplo: las tasas terminarán, dijo, con las demandas colectivas contra grandes empresas como las eléctricas, por el volumen de dinero que habría que desembolsar en tasas para empezar a pleitear.
El ministerio, sin embargo, sostiene que lo que ha unido a todos esos colectivos profesionales no es la “defensa de la administración de justicia” sino la de sus propios intereses. Gallardón ya lo había sugerido, pero ayer fue claro como el agua al acusar de corporativistas a jueces y fiscales. “¿Cómo no van a protestar si les hemos quitado una paga y les hemos reducido los días libres de 18 a 12?”, preguntó retóricamente durante una conferencia en el Foro ABC. No menos de cinco veces repitió lo de la paga extra, convirtiendo la batalla que las asociaciones están planteando como ciudadana en una mera protesta por dinero y privilegios. “Soy consciente de que las medidas pueden afectar a algunos colectivos, es legítimo que protesten. Pero el Gobierno en quien está pensando es en el conjunto de la sociedad”, remató. No habrá rectificación: “A mí no me hicieron ministro para estar colgado en un retrato del ministerio. Yo ante quien tengo que responder es ante mi presidente, que me pide que defienda el interés de los ciudadanos”, zanjó.
Las asociaciones acusan al ministro de “desmantelar” el servicio público
Gallardón pretende que haya “un antes y un después” de su mandato y que la administración de justicia se convierta en un “factor de competitividad” que ayude a salir de la crisis. Para eso, según él, son necesarias las tasas: para disuadir a los ciudadanos que abusan del sistema. Unas tasas, subrayó con un golpe de efecto, que le pidieron “los jueces”. El ministro leyó dos textos: uno de la reunión de jueces decanos de España de 2011 y otro de la APM, la asociación mayoritaria; ambos defendiendo las tasas (el segundo, además, proponiendo que parte de la recaudación vaya a pagar incentivos a los jueces o a un plan de pensiones). “Me lo pidieron [poner tasas], y es exactamente lo que hemos hecho”, concluyó el ministro ante la sorpresa del auditorio. En realidad, la APM nunca ha ocultado que defiende las tasas, pero rechaza la cuantía “desorbitada” de las que aprobó Gallardón.
El titular de Justicia desgranó después un rosario de datos para justificar sus medidas. Uno: el 77% de las veces que un ciudadano recurre en segunda instancia el recurso es rechazado. “¿No debe haber un mecanismo disuasorio para evitar que sea rentable prorrogar indefinidamente el proceso judicial?”, inquirió (aunque las tasas también son en primera instancia). Dos: las tasas existen en casi todos los países europeos y, de media, cubren el 30% del coste del proceso judicial; en España, el 8%. “La justicia es gratuita, pero no es gratis”, afirmó.
Ayer, la mayoría de las organizaciones pasaron de puntillas sobre la posibilidad de pedir la dimisión del ministro, y tampoco quisieron aclarar si jugarán la carta de la huelga. “No se descarta, pero no creo que sea más eficaz que esto que estamos haciendo”, dijo el presidente de los abogados, Carlos Carnicer. El último comunicado que aprobó la comisión interasociativa de conflicto de jueces y fiscales ponía como condición para no ir a la huelga que se retire la ley sobre el régimen estatutario de los jueces y que no se apruebe la reforma del CGPJ. Las tasas no figuran entre esas condiciones, aunque ayer todos aseguraron que se tendrán muy en cuenta.
http://politica.elpais.com/politica/2012/12/11/actualidad/1355260856_156829.html
18 COLECTIVOS DE LA JUSTICIA SE UNEN PARA RECHAZAR A GALLARDÓN COMO INTERLOCUTOR
Casi todos los cuerpos profesionales presentan un manifiesto conjunto en contra de sus reformas
Hasta 18 colectivos de la justicia, entre los que se encuentran las asociaciones mayoritarias de jueces, fiscales y el Consejo General de la Abogacía, han celebrado esta mañana un acto conjunto en el que han rechazado como interlocutor al ministro de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón, y han reclamado una reunión directamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Casi todos los cuerpos profesionales que forman la Administración de justicia, además de sindicatos y organizaciones de consumidores, han escenificado su rechazo a las reformas emprendidas por Gallardón con un manifiesto conjunto presentado en la sede del Consejo General de la Abogacía española. Los colectivos han reconocido que les ha unido su oposición a la política del ministro. Las reformas emprendidas son, a su juicio, un "ataque brutal al Estado de Derecho" además de un intento de privatización de la justicia, al igual que está ocurriendo con otros servicios públicos. La de hoy es, además, la primera jornada de protestas en la justicia: para mañana han convocado un paro de una hora en los juzgados de toda España.
El conflicto comenzó por un asunto puramente laboral: el motivo fue el proyecto de ley de “medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia”, aprobado por el Gobierno en octubre, que introducía en el ámbito judicial los recortes generalizados en la función pública —incluida una reducción de días libres— y eliminaba prácticamente la figura del juez interino sustituto, traspasando esa carga extra de trabajo a los titulares (a cambio de un plus en el sueldo). Los jueces lo consideraron una declaración de guerra.
Pero las discrepancias se agravaron con la Ley de Tasas. No hay una oposición frontal y general a las tasas, sino a estas tasas. Jueces para la Democracia rechaza la imposición de cualquier tarifa; pero la APM, por ejemplo, sí es partidaria de cobrar al ciudadano para “disuadir de pleitear” (en 2011 entraron en los juzgados nueve millones de asuntos): lo que rechaza es las “cuantías desorbitadas” que ha establecido el ministerio. González Armengol, de la asociación Francisco de Vitoria, afirma: “Estas tasas, exclusivamente por razón de la cuantía, son inconstitucionales”.
Entre los secretarios judiciales (4.200) hay división: el mayoritario Colegio Nacional de Secretarios Judiciales aprueba las tasas y se ha apartado de las protestas porque ve un “diálogo sincero” con el ministro, mientras que el Sindicato de Secretarios Judiciales va a proponer a sus afiliados que, cada vez que un ciudadano se niegue a pagar la tasa y haya que archivar el pleito, pidan al juez que eleve una consulta al Constitucional.
Pero si hay una organización que se ha movilizado contra las tasas es el Consejo General de la Abogacía, con su presidente Carlos Carnicer a la cabeza, que la semana pasada constituyó con sindicatos y asociaciones de consumidores la Plataforma Justicia para Todos.
Los profesionales de la justicia amenazan con una huelga, en enero —sería la segunda de la democracia, tras la que los jueces hicieron contra el Gobierno del PSOE en 2009—, si el ministerio no accede a sus reclamaciones.
http://politica.elpais.com/politica/2012/12/11/actualidad/1355218747_134683.html
LA JUSTICIA SIGUE SIENDO UN SERVICIO PÚBLICO, PERO MÁS CARO
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Las nuevas tasas judiciales y la anunciada reforma del Registro Civil, que en 2014 pasará de las manos de los jueces a las de los registradores de la propiedad —lo que implicará pagar por trámites que ahora son gratis—, han puesto la palabra sobre la mesa: “privatización”. Algunos colectivos sostienen que este nuevo copago es el primer paso para cambiar el modelo de servicio público de la justicia y favorecer el negocio de privados, y auguran que dejará a muchos ciudadanos de clase media sin posibilidad de defender sus derechos en los tribunales. El ministerio dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón replica: el ciudadano que hace uso de los juzgados ya paga a privados (los abogados y procuradores), simplemente va a pagar más que ahora “y eso va en beneficio del conjunto de la sociedad”, que es la que sostiene, con sus impuestos, el grueso del Estado de bienestar.
Será, así, una justicia más cara, aunque siga siendo un servicio público.
Tarifa al abogado... y al Estado. Hay un detalle paradójico en la discusión sobre las tasas judiciales: mientras la bronca crece, los pleitos que se están interponiendo en este momento no pagan ninguna tasa: ni las de antes —que eran mucho más bajas y solo para ciertas empresas— ni las de ahora —que oscilan entre 100 y 1.200 euros mas otra tarifa variable, y que pagarán todos los ciudadanos—. Y eso es así porque un error de coordinación entre Justicia y Hacienda ha hecho que la anterior ley quede derogada y la nueva no pueda aplicarse, al no estar regulado el mecanismo de cobro. En principio, debería estar resuelto este mes o ya en enero.
Entonces se empezará a pagar en todas las jurisdicciones menos en la penal (que supone el 70% de todos los pleitos), en la primera instancia de lo social, en las reclamaciones por deudas inferiores a 2.000 euros y en ciertos asuntos civiles relacionados con derechos fundamentales o de menores. Tampoco pagarán quienes tengan derecho a justicia gratuita (familias que ingresan menos de 15.000 euros brutos al año).
El resto lo notará, y mucho: divorciarse (excepto para las víctimas de violencia machista) tendrá una tasa de 300 euros más el 0,5% de los bienes que se reclamen; recurrir una multa de tráfico ante un juez (sea cual sea la cuantía) supondrá, mínimo, 200 euros (podría llegar a 1.200 si se sigue recurriendo hasta la última instancia); el recurso de un trabajador contra una sentencia de despido, entre 200 y 300 euros. Y así con todos los pleitos. Si gana, el recurrente recuperará el dinero, pero solo en el caso de que haya condena en costas para la otra parte; si no, lo perderá.
Notarios y registradores se hacen con el libro de familia. Las 8.700 oficinas del Registro Civil las llevan ahora los jueces (o jueces de paz, no letrados), que son quienes inscriben allí —gratis— nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, nacionalidades y otros muchos trámites administrativos (1,4 millones al año). Justicia prepara una ley que —previsiblemente en 2014— pasará la gestión de ese servicio a los registradores de la propiedad, porque estos “han perdido mucho trabajo por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria”, alegan fuentes del ministerio. Ya en junio se les encomendó la gestión de solicitudes de nacionalidad.
Justicia asegura que los registradores —que son “ejercientes privados con funciones públicas”, como los notarios— no recibirán una remuneración por ese trabajo extra, y que tampoco cobrarán a los ciudadanos por el 80% de los trámites: seguirá siendo gratuito inscribir nacimientos, defunciones y resoluciones judiciales como las de adopción, tutela o incapacidad. También será gratis pedir copias de certificados, “porque las pedirá directamente la Administración”. El resto de trámites, probablemente, pasará a ser de pago (el ministerio dice que eso está “en estudio”), con tarifas —que fijará el Gobierno— de “entre 20 y 40 euros”, calculan fuentes oficiales. Y habrá muchas menos oficinas.
Justicia subraya que la “desjudicialización” del Registro Civil es algo que dejó aprobado el Gobierno anterior, del PSOE, y recuerda que el ciudadano ya paga por otros trámites, como la renovación del DNI o el pasaporte.
La misma reforma legal que cambiará el Registro Civil introducirá otra medida anunciada hace meses: el matrimonio lo oficiarán los notarios. Así que ahí habrá una doble tasa: por casar y por inscribir después el matrimonio.
Algunas reformas pendientes
■Nuevo Gobierno de los jueces. El Ministerio de Justicia está negociando con el PSOE una reforma de la Ley del Consejo General del Poder Judicial para cambiar la elección de vocales del Gobierno de los jueces: la dejará en manos del Congreso, como hasta ahora (en contra del programa electoral del PP), pero intentando evitar que las asociaciones mayoritarias de jueces copen ese órgano. Esta ley se convertirá previsiblemente en otro foco de conflicto con los jueces; también la futura Ley de Planta, que reducirá el número de partidos judiciales y concentrará los juzgados.
■Registro Civil. Esta reforma está en fase de borrador; Justicia pretende aprobarla en el primer trimestre de 2013 y que entre en vigor en 2014. El Registro Civil —ahora dirigido por jueces— pasará a manos de los registradores de la propiedad, que cobrarán por algunos servicios hoy gratuitos.
■Fin a la ley de plazos del aborto. La polémica por este proyecto de ley provocó el primer bajón de popularidad del ministro Gallardón en muchas encuestas. El texto aún no ha visto la luz. Solo se sabe que acabará con el sistema de plazos actual.
■Enjuiciamiento Criminal. Uno de los objetivos de esta reforma, prometida por todos los ministros de los últimos 18 años, es que la instrucción pase de los jueces a los fiscales. Gallardón también reformará la Ley de Enjuiciamiento Civil.
http://politica.elpais.com/politica/2012/12/09/actualidad/1355076722_849772.html
JUSTICIA PONE EL REGISTRO CIVIL EN MANOS DE LOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
Inscribir nacimientos y defunciones seguirá siendo gratis; otras gestiones podrían pagar tasa
Jueces por la Democracia denuncia que el cambio supone una "privatización" del servicio
El Registro Civil, que desde el siglo XIX está adscrito a la administración de justicia —con un juez al frente de cada registro— y que gestiona la inscripción de nacimientos y defunciones, matrimonios y divorcios, entre otros trámites, va a pasar a manos de los 1.000 registradores de la propiedad que hay en España, según confirmó ayer el Ministerio de Justicia. A los registradores se les encomendó ya el pasado junio la gestión de las solicitudes de nacionalidad.
Un portavoz del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón garantizó que “la gestión del Registro Civil seguirá siendo pública” y que los trámites “obligatorios” para todos los ciudadanos —básicamente la inscripción del nacimiento y de la defunción— seguirán siendo gratuitos. Pero queda en el aire si por otras gestiones como la inscripción de matrimonios, divorcios, petición de nacionalidad o cambio de apellidos el Gobierno fijará el pago de una tarifa.
La asociación Jueces por la Democracia denunció que ese cambio de gestores, recogido en un borrador de la futura Ley de Reforma Integral de los Registros, supone la “privatización” del Registro Civil, que “dejará de ser un servicio público y pasará a depender de los registradores de la propiedad y de los registradores mercantiles”. “Con esta reforma los ciudadanos van a tener que pagar aranceles por obtener un certificado de nacimiento, de defunción o sobre otros actos de estado civil”, auguró el portavoz de la asociación, Joaquim Bosch.
Los trámites “habituales”, gratis
El ministerio replicó en una nota que “los actos habituales para los que se recurre al Registro Civil, como pueden ser la inscripción de nacimientos y las actas de defunción, seguirán siendo gratuitos para los ciudadanos”, y que los registradores tampoco recibirán una “contraprestación económica” del Gobierno por hacer ese trabajo. Un portavoz sí admitió, sin embargo, que se está “estudiando” que cobren una tarifa por el resto de trámites que ahora realiza el Registro gratuitamente, aunque subrayó que los registradores, como los notarios, son “funcionarios públicos” (con estatus autónomo), y que los aranceles que cobran “los fija el Gobierno”.
Justicia alega además que la “desjudicialización” del Registro Civil es algo que ya figuraba en una ley aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, pero no llegó a llevarse a la práctica. “Es absurdo que un juez o un secretario judicial tenga que ocuparse de esos trámites”, argumentan desde el ministerio.
http://politica.elpais.com/politica/2012/12/04/actualidad/1354656072_005052.html
ABOGADOS, SINDICATOS Y CONSUMIDORES SE UNEN CONTRA LAS REFORMAS DE GALLARDÓN
Nace la plataforma 'Justicia para todos' para combatir la reforma de la Ley de Tasas
"Peligran los cimientos del Estado de Derecho", advierte el presidente del Consejo de la Abogacía
Las reformas en la Justicia de Alberto Ruiz Gallardón han provocado un incendio que se extiende sin descanso por todos los profesionales del sector. El descontento es tal que el Consejo General de la Abogacía, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos UGT, CC OO, USO y CSIF han dado un paso adelante y se han unido en una plataforma —bajo el nombre de Plataforma Justicia para todos— para combatir, entre otras, la nueva Ley de Tasas y el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita. El enfado por las modificaciones legislativas es profundo: "El descalabro en los derechos fundamentales amenaza con ser de tal magnitud que peligran los cimientos del Estado de Derecho", advierte el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer.
La plataforma se presentó en público este miércoles en una comparecencia en la que sus integrantes aseguraron que la Ley de Tasas y la de Justicia Gratuita atentan contra los derechos fundamentales y la Constitución. Las reformas están enfocadas a la "protección de los poderosos", denunció el representante de UGT, Frederic Monell. El colectivo impulsará un recurso de inconstitucionalidad contra ambas normas, ya que no están legitimados para presentarlo. El PSOE, el Gobierno vasco y la Junta de Andalucía han anunciado ya que llevarán al alto tribunal el encarecimiento del acceso a los tribunales.
"Esta Plataforma se opone a la implantación de las tasas, ya que imponen graves obstáculos para que los trabajadores puedan recurrir en una instancia superior pronunciamientos judiciales desfavorables en una primera instancia. Se potencia así, a juicio de la Plataforma, la reforma laboral ya que se limita el derecho de los trabajadores a reclamar ante los tribunales frente a la arbitrariedad y lesión de sus derechos", dice el comunicado.
Jueces, fiscales y secretarios realizarán el miércoles una declaración conjunta contra el "rumbo" de la Justicia
La plataforma llevará a cabo a partir de la semana que viene una recogida de firmas, además de concentraciones frente a los juzgados. Al mismo tiempo buscará retomar el diálogo con el Gobierno: "No hay canales de comunicación, conocimos la Ley de Tasas cuando se remitió al Consejo de Estado y eso que la Ley de Colegios profesionales obliga a que se nos informe para que elaboremos un dictamen no vinculante", lamenta el presidente del Consejo General de la Abogacía, el órgano que representa a los más de 80 colegios de abogados del país.
Las movilizaciones serán intensas la semana próxima. Fuentes del sector avanzan que jueces, fiscales y secretarios judiciales realizarán el miércoles que viene una declaración conjunta contra el "rumbo" de la Justicia. "Salvo a Gallardón, ese rumbo no le gusta a nadie", concluye Carnicer.
http://politica.elpais.com/politica/2012/12/05/actualidad/1354710397_092192.html
LA BODA DEL HIJO MAYOR DE GALLARDÓN REÚNE UNOS MINUTOS A FEIJOO Y RAJOY
Ana Botella, Florentino Pérez, Isidoro Álvarez y otros 200 invitados asistieron en Santiago a un enlace por cuya seguridad han velado decenas de policías y escoltas
Alberto Ruiz-Gallardón Utrera, hijo mayor del actual ministro de Justicia, y María Teresa Touriñán Morandeira, una joven vilalbesa cuyo padre dirigió la Fundación Caixa Galicia entre 1999 y el 2002, contrajeron ayer matrimonio en la colegiata de Sar, Santiago. La boda, en plena precampaña de las autonómicas, ha reunido a los presidentes del Gobierno central y del gallego, aunque por muy breve espacio de tiempo. Apenas han departido entre ellos un par de minutos mientras recorrían el claustro de la iglesia.
Por la mañana, el jefe del Ejecutivo español había participado en un mitin en Ourense mientras el del autónomo hacía lo propio en otro en A Coruña. Y, acabada la ceremonia religiosa en Compostela, tú a Boston y yo a California. Alberto Núñez Feijoo ha salido hacia Ferrol para asistir a un segundo enlace, el del alcalde de aquella ciudad, José Manuel Rey, con su novia, María Casal. Mariano Rajoy, en cambio, optó por permanecer junto a la familia Gallardón y desplazarse hasta A Baña, a media hora de la capital gallega, para un banquete en el Pazo de Cores.
Oficiada por el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, la boda en Sar ha congregado a unos 200 invitados, entre ellos, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella; el presidente del Grupo ACS, Florentino Pérez; el de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez; y el de la Cámara de Comercio de Madrid, el empresario vigués, Fernando Fernández Tapias. Ha comenzado con la demora de rigor, 15 minutos tarde, y durado 55, sesión de fotos protocolarias excluida. Decenas de policías uniformados y escoltas de paisano han custodiado el recinto durante la ceremonia e impedido acceder al mismo a unos 25 afectados por la venta de preferentes.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2012/09/22/boda-hijo-mayor-gallardon-reune-minutos-feijoo-rajoy/0003_2012091348313925632987.htmGALLARDÓN PLANTEA EL DIVORCIO ANTE NOTARIO AUNQUE HAYA MENORES
El ministro quiere desahogar los juzgados sacando las bodas y rupturas de mutuo acuerdo - Los expertos advierten del riesgo de quitar la tutela judicial
Bodas y divorcios ante notario. Es la propuesta del Gobierno para desatascar los juzgados. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer su intención de reformar el sistema para que los matrimonios civiles puedan formalizarse ante fedatarios públicos. También aquellos divorcios en los que hay común acuerdo. La iniciativa, que ayer celebró el Consejo del Notariado, preocupa, sin embargo, a abogados de familia y fiscales. Alertan de que elimina el control judicial sobre las medidas alcanzadas en estos acuerdos de divorcio, pone en riesgo a la parte más vulnerable de la pareja y a los menores, si los hay. En la actual normativa, el Ministerio Fiscal revisa los convenios -también los consensuados- para garantizar que salvaguardan los derechos de los menores. No obstante, Justicia asegura que estos intereses se respetarán.
El sector cree que creará una justicia a dos velocidades: para pobres y ricos
Gallardón cree que el nivel de litigiosidad de España es mayor al de la media europea y que se tramitan en los tribunales asuntos que deberían resolverse por otros cauces, lo que contribuye -dice- a la saturación de la Administración. "No tiene sentido que un divorcio de mutuo acuerdo no pueda ser directamente formalizado ante un notario por las partes. También podría ser aplicado en el matrimonio civil", dijo en una entrevista en la Cope, en la que anunció que impulsará esta ley de mediación y jurisdicción. La medida afectaría a las casi 70.000 parejas que se divorcian por consenso cada año y las cerca de 100.000 que se casan por lo civil.
Justicia no ha calculado aún, sin embargo, cuánto podría suponer el ahorro -económico y temporal- de una propuesta que "aún no es firme" y tiene que perfilarse. El anuncio se produce un día después de la reunión del ministro con miembros del Consejo General del Notariado, en la que los fedatarios se propusieron para asumir nuevas funciones para "descongestionar" los tribunales.
La Asociación de Mujeres Juristas Themis o Jueces para la Democracia critican que el nuevo sistema puede significar en realidad una privatización de bodas y divorcios. "Puede derivar en una justicia a dos velocidades: una para quien pueda sufragársela y otra para quien carezca de medios", argumenta José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia. Las personas con derecho a la asistencia gratuita, contesta Justicia, también tendrán acceso a esta nueva fórmula.
"La propuesta, además de ser inconcreta y deslavazada, parece una forma de compensar a los notarios", opina Ángela Cerrillos, presidenta de Themis. "En los procedimientos de familia lo importante no es ahorrar tiempo -porque desde que llegan al juzgado hasta que se resuelven no suelen dilatarse-, sino garantizar los derechos de las partes más débiles. Tememos que esta medida no lo haga", añadió Cerrillos.
Porque lo que más preocupa a los expertos es que la pérdida de tutela judicial de los procesos de divorcio consensuados repercuta en los más débiles. Consuelo Abril, miembro de la Asociación de Abogados de Familia, cree la medida "un disparate". Se pregunta, además, si será el notario quien analice si lo firmado garantiza los derechos de los menores. "Aunque los dos miembros de la pareja estén de acuerdo con el convenio es el Fiscal quien decide si es bueno para el menor", apunta.
A María Moretó, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, también le inquieta la posibilidad de que su figura desaparezca en estos procedimientos. Explica que la oposición de la fiscalía a lo acordado no es tan infrecuente. "Solemos hacerlo en los casos en los que no se prevé un régimen de visitas alternativo o se fija uno que es demasiado intensivo para el menor; también cuando se acuerda que una de las dos partes no contribuya a nada", explica.
Justicia cree, por el contrario, que en los divorcios consensuados no tiene por qué haber problemas. "Si se viese que hay algún conflicto con la custodia, por ejemplo, se solicitaría la intervención del fiscal. Siempre van a prevalecer los derechos del niño", dicen fuentes del ministerio.
Pero además de los hijos, alertan los abogados de familia, estos divorcios sin supervisión judicial -el juez también analiza que los términos del acuerdo son correctos para ambas partes- pueden favorecer separaciones desiguales y bajo presión.
Para Patricia Peláez, profesora titular de Derecho Civil de la UNED, la medida esbozada ayer por Gallardón es "problemática". Además de la adecuada protección de los menores, deja otros muchos flecos y dudas sin resolver, plantea. "Puede provocar un eventual encarecimiento de los procesos, porque a los notarios hay que pagarlos -aunque el Gobierno fije para estos asuntos unos aranceles bajos-, a los jueces no", dice. Además, los juzgados tienen establecido un sistema de distribución de los casos, "cómo se hará ese sistema de elección con los notarios, ¿escogeré uno y si no me gusta lo que dice iré a otro?", se pregunta.
Los divorcios, aunque sean de común acuerdo, no siempre son fáciles. Y tienen un recorrido posterior. "A quién se recurrirá después si se quiere revisar la sentencia firmada por el notario porque la situación de una de las partes ha cambiado y se quiere solicitar una revisión", incide Peláez. "Esta medida no sirve para descargar el sistema de trabajo", dice. Tampoco la opción de casarse ante notario liberará a los jueces de grandes cargas. De hecho, la nueva ley de registro civil -de julio de 2011 y que tiene tres años para hacerse efectiva- fija que los jueces ya no se encargarán de los registros civiles y que serán los funcionarios quienes casen (si no se escoge la opción, por ejemplo, de un alcalde o concejal) a las parejas por lo civil.
www.elpais.es 02.02.12
GALLARDÓN ANUNCIA UN GIRO CONSERVADOR
El ministro de Justicia presenta un plan que incluye recuperar normas de los ochenta
En Justicia vuelven los 80. Vuelven las normas que se aplicaron entonces. Si Alberto Ruiz-Gallardón lleva a cabo el programa de Justicia que expuso ayer ante el Congreso en su estreno parlamentario como ministro, acabará la legislatura como uno de los miembros del Gobierno más activos. No defraudará las expectativas de estrella del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Tendrá para ello que desplegar todas sus habilidades si quiere estar acompañado más allá de la mayoría absoluta suficiente del PP y convertir las llamadas al consenso en realidad, porque ayer prácticamente solo escuchó rechazo a sus propuestas.
Recupera el control conservador del CGPJ que Aznar no quiso recobrar
Si mantiene sus propuestas y no renuncia a ellas en favor del consenso, Gallardón será también uno de los miembros del Gobierno de Rajoy que dejará una mayor impronta conservadora a su gestión. Su plan supone un ambicioso plan de reformas, como corresponde a un ministro debutante, pero también un giro conservador, un retorno al pasado y una vuelta a normas de los años 80. Por ejemplo, en la regulación del aborto para volver a la de entonces, previa a la ley de plazos, y también para recuperar un sistema de elección corporativa de una parte del Consejo General del Poder Judicial. En el primer caso se vuelve a los 80 cuando la Ley del Aborto se hacía con tratamiento penal desde el Ministerio de Justicia y sobre las vacantes se anuncia lo que no intentó José María Aznar, ni siquiera cuando gobernó con mayoría absoluta.
Esa reforma supondrá la vuelta al modelo de 1980 con el que la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) copó todos los cargos en el Poder Judicial y, en segunda instancia, en la cúpula judicial. En la práctica, la limitación de la designación parlamentaria del Consejo asegura el control conservador y, por tanto, del PP de la cúpula judicial, como ya ocurrió hasta la reforma legal. Solo Rosa Díez (UPyD) apoyó ayer lo que para Gaspar Llamazares (IU) es una "involución", para Emilio Olabarría (PNV) "inconstitucional" y para Julio Villarrubia (PSOE) fruto de su entrada al ministerio como "un elefante en una cacharrería".
Si aplica su plan acabará la legislatura como el ministro que implantó algo parecido a la cadena perpetua (reclusión revisable, lo llamó Gallardón) y como el responsable político que aplicó algo parecido a un sistema de copago en la justicia, es decir, lo que el PP ha rechazado para otros servicios públicos como la sanidad. Se busca disuadir con tasas elevadas de lo que el ministro llamó el "abuso" ciudadano que ha terminado por provocar, según él, un atasco judicial. Es el primer servicio público al que el Gobierno del PP le aplica el final de la gratuidad, porque en este momento hay unas tasas casi simbólicas (50 euros para un recurso) que él se propone revisar, es decir, elevar.
Gallardón, que rechazó la palabra copago, explicó que la "gratuidad desincentiva otras fórmulas de arreglo" y se ha producido un "consumo no racional". Por eso, será exigible la tasa para recurrir en segunda instancia en todas las jurisdicciones salvo la penal. Por ejemplo, no podrá recurrirse un despido confirmado en primera instancia si no se paga esa tasa disuasoria. Con la reclusión revisable, Gallardón cumple el programa electoral de su partido y da satisfacción a los sectores más conservadores que han defendido siempre esa medida, frente a los titubeos del PP en los últimos años y el rechazo en llevarlo a la práctica en la etapa de Aznar. Por lo que escuchó ayer en la comisión, también será casi imposible tener consenso para esta reforma legal, lo que supondría también la vuelta a los años 80 en la ruptura de los amplios acuerdos para reformas los sistemas de penas.
El PP pactó con el PSOE en las últimas legislaturas el cumplimiento efectivo de 40 años, no revisables, para delitos muy graves y medidas de vigilancia posterior como pulseras de control. La cadena perpetua quebraría ese consenso penal y llevaría la falta de acuerdo a los años 80, además de ser más laxo que el modelo actual, porque haría las condenas revisables a los 20 años.
El plan expuesto ayer por Gallardón también retrotrae la justicia en la aplicación de la Ley del Menor, que en la etapa de Aznar se le dio un tratamiento penal más favorable y diferenciado de la de los mayores de edad, aunque haya sufrido sucesivas modificaciones para endurecer la norma que hizo la entonces ministra Margarita Mariscal de Gante. No anticipó cómo será la reforma, pero sí que la implicación de un menor arrastrará todo el proceso en una sola causa, al hilo de sucesos recientes de gran impacto social.
En lo único que no volvió a los 80 es en la ley de matrimonios homosexuales, que ni mencionó y, por tanto, no habló de su derogación. No disipó las dudas sobre el futuro de la norma.
Las reformas que vienen
- Subida de tasas. El Gobierno subirá -el ministro de Justicia no dijo ayer cuánto- las tasas que ya se pagan por recurrir una sentencia. Desde 2003, en algunos procedimientos, quien decide elevar a una instancia superior una sentencia con la que no está de acuerdo paga una tasa de entre 90 y 600 euros; además, desde 2009, para recurrir hay que entregar un depósito de hasta 50 euros que solo se devuelve si el recurso se gana. El Gobierno elevará la cuantía de tasas y depósitos -salvo en el ámbito penal- para frenar el "abuso", el "exceso de litigiosidad actual", dijo Alberto Ruiz-Gallardón (hay unos 130.000 recursos no penales al año y el 80% se pierde, según estimaciones del Consejo General del Poder Judicial). Estarán exentos los ciudadanos con menos renta, como ahora. Las tasas que también se pagan en primera instancia no se tocarán.
- Restricción de la justicia gratuita. Las personas con menos recursos económicos seguirán teniendo derecho a un abogado de oficio, pero los requisitos se endurecerán, exigiendo por ejemplo que esa falta de recursos se acredite mejor, y revisándola en cada fase del procedimiento si este se alarga.
- Ley del Aborto. Ruiz-Gallardón fue muy claro: la Ley del Aborto de 2010 se va a reformar. Pero el único cambio concreto que planteó fue el que afecta a las chicas de 16 y 17 años: tendrán que contar con el permiso de sus padres para interrumpir el embarazo. El resto de la reforma no lo reveló -apeló únicamente a "la doctrina del Tribunal Constitucional"-, aunque todo parece indicar que el Gobierno recuperará en esencia la ley de 1985, eliminando el sistema de plazos que en 2010 convirtió el aborto en un derecho en las primeras 14 semanas de embarazo. El PP tiene recurrido ese aspecto de la ley -y el de las menores- ante el Constitucional. Ruiz-Gallardón no aclaró si esperará o no a conocer la sentencia para poner en marcha la reforma legislativa.
- Cadena permanente revisable. El ministro confirmó lo que ya anunciara el PP en campaña electoral: se reformará el Código Penal para introducir la "cadena permanente revisable" en ciertos delitos. Ruiz-Gallardón subrayó que se aplicará solo a "supuestos muy restrictivos" y a casos "que hayan alcanzado el máximo de reprochabilidad social", pero no detalló cuáles. La cadena perpetua revisable -aunque el ministro insistió en que no es "perpetua" sino "permanente"- existe ya en países como Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda e Italia. Consiste en una pena de prisión perpetua que, pasados unos años -el plazo varía en cada país- es revisada: si el preso tiene pronóstico favorable de reinserción puede acceder a la libertad; si no, sigue en prisión. En la práctica, en esos países difícilmente alguien pasa más de 30 años en la cárcel, algo que sí puede ocurrir en España: la pena máxima para los delitos más graves es de 40 años y existe el cumplimiento íntegro de condena.
- Ley del Menor. Con la Ley del Menor, Ruiz-Gallardón también fue ambiguo: dejó caer que la reformará -"Hay una sensación de que la ley no da respuesta suficiente a muchos problemas que se plantean en nuestra sociedad", afirmó- pero no precisó en qué dirección ni hasta qué punto, aunque se entiende que será endurecida. Sí anunció una modificación legal para que, en los delitos en los que haya adultos y menores implicados, todos sean juzgados a la vez, por la misma sala. Eso no cambiaría los "derechos" de los menores -a ellos se les seguiría aplicando la Ley del Menor- pero sí evitaría que jueces distintos dictaran sentencias muy diferentes sobre el mismo hecho, como ha ocurrido en el caso Marta del Castillo.
- Reincidencia. El ministerio revisará el tratamiento de la multirreincidencia en los casos de robos que ahora no son considerados delito, sino falta, porque no superan los 400 euros. Se promoverá la creación de un registro de faltas, para que la policía de toda España pueda cruzar los datos, y se estudiará que esas faltas pasen a ser delitos en ciertos casos.
- Gobierno de los jueces. Ruiz-Gallardón ratificó lo que ya adelantara el martes Soraya Sáenz de Santamaría: un cambio en Consejo General del Poder Judicial para que sean los propios jueces, y no el Parlamento, quienes elijan a 12 de los 20 vocales.
www.elpais.es 26.01.12
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