PEDRO LUIS CALVO POCH : UN CONCEJAL CON AMISTADES PELIGROSAS
Nació en Ponferrada, León, el 24 de marzo de 1968. Estudió estudios de Derecho en Santiago de Compostela y en Madrid. En 1983 se afilió a Nuevas Generaciones de Alianza Popular, AP, de Lugo. Dos años después, en el congreso de 1985, fue elegido vicesecretario regional de Nuevas Generaciones de Galicia y ese año formó parte del Comité Gallego del Año Internacional de la Juventud. En 1986 fue elegido presidente provincial de Nuevas Generaciones en Lugo y el 22 de junio de 1986 se presentó a las elecciones generales como candidato suplente de Alianza Popular al Senado por la provincia de Lugo. Un año después, en noviembre de 1987, accedió al cargo de vicepresidente regional de Nuevas Generaciones de Galicia y pasó a formar parte del Comité Ejecutivo Regional de Alianza Popular de Galicia. En abril de 1989 fue elegido presidente regional de Nueva Generaciones de Galicia durante su Congreso Extraordinario. Ese año colaboró activamente en la redacción del programa de Juventud y Deportes con el que el Partido Popular se presentó a las elecciones autonómicas gallegas del 17 de diciembre. En febrero de 1990 fue elegido secretario general de Nuevas Generaciones en el transcurso del VIII Congreso Nacional que la organización juvenil celebró en Madrid.
El 26 de mayo de 1991 fue elegido diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, y fue con 22 años, el diputado más joven de España. Durante esa legislatura (III) fue portavoz de su grupo en la Comisión de Juventud y vocal en las comisiones de Presidencia y Asuntos Institucionales; Administración y Fundación Pública; y Reglamento, Incompatibilidades y Peticiones. El 31 de octubre de 1993 fue elegido presidente nacional de Nuevas Generaciones durante el IX Congreso Nacional que esta organización celebró en Sevilla. En las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 1995 renovó su escaño de diputado autonómico en la Asamblea de Madrid y el 6 de julio de 1995 fue designado, en el pleno de la Asamblea, senador en representación de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Pedro Luis Calvo permaneció al frente de Nuevas Generaciones hasta el 11 de mayo de 1997, en que fue sustituido por Juan Manuel Moreno durante el X Congreso. Pedro Calvo por motivos de edad -los estatutos del PP establecen un máximo de 28 años para la presidencia de NN.GG.- no se presentó a la reelección. Resultó reelegido diputado autonómico en los comicios de junio de 1999 y en la Asamblea fue nombrado portavoz por su grupo parlamentario. El 26 de mayo del 2000, el presidente Alberto Ruiz Gallardón le nombró consejero de Medio Ambiente dentro de la remodelación que emprendió en su gabinete tras el cese voluntario del consejero de Hacienda, Antonio Beteta. Sustituyó en el cargo a Carlos Mayor Oreja, quien pasó a ocupar la consejería de Justicia, Función Pública y Administración Local.
En abril de 2003, pasó a formar parte de la candidatura genovesa a la Alcaldía de Madrid, encabezada por el hasta entonces presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón para las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2003. Hasta Diciembre del año 2011 ha ocupado la Concejalía de Seguridad y Movilidad. Durante esta etapa , allá por el año 2006, se vió envuelto en una polémica por las presuntas irregularidades que se observaron en el concurso de ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado a todo el interior de la M-30 ya que la adjudicación de la Zona VI (correspondiente al sur de la capital) se le concedió a una Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que forma parte al 40% Hixienes una sociedad sin experiencia. Esta sociedad tenía como representante a Juan Manuel Casares, ex diputado genovés en el Parlamento gallego hasta junio de 2005 y Presidente de Nuevas Generaciones del PP en esa comunidad a finales de los ochenta, justo después de que su amigo Pedro Calvo dejara el puesto de presidente nacional de Nuevas Generaciones.Según se denunció Hixienes incumplía el pliego de condiciones del contrato de adjudicación de los parquímetros . El entonces Director General de Movilidad, Javier Conde, admitió que a pesar de la amistad probada con Casares actuó, como vocal, en la última reunión de la mesa de contratación donde fueron asignadas las empresas del concurso.Calvo está casado con Ana Caballer, con quien contrajo matrimonio el 8 de diciembre de 1995 en Villavieja (Castellón). Fue padrino de su boda el entonces Presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón.
NOTICIAS SOBRE EL SUSODICHO
Y SUS AMISTADES PELIGROSASDIMITE EL CONCEJAL PEDRO CALVO TRAS SER IMPUTADO EN EL ‘CASO MADRID ARENA’
Era responsable político de Madrid Espacios y Congresos, la propietaria del Madrid Arena
Renuncia también como portavoz municipal pero no entrega el acta
Pedro Calvo, imputado esta mañana por el juez en el caso Madrid Arena, ha dimitido este mediodía como delegado de Economía y portavoz municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital. No ha entregado el acta de concejal. Según el comunicado emitido por el Ayuntamiento, “ha tomado esta decisión en tanto que, como delegado de Economía, ostentaba desde enero de 2012 la presidencia no ejecutiva de la empresa pública Madrid, Espacios y Congresos”, gestora del pabellón en el que perdieron la vida en una fiesta cuatro jóvenes el pasado 31 de octubre. La oposición en bloque ha aplaudido la decisión de Calvo, a quien a defendido Gallardón.
El Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, que investiga la tragedia, imputó esta mañana a Calvo, tras llamar ayer a declarar, “en principio como testigo”, al responsable de la concejalía encargada de tramitar la cesión del Madrid Arena, informa Tono Calleja. El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, que ha acompañado esta mañana al juez en una reconstrucción de los hechos, ha subrayado que en este proceso se depurarán “responsabilidades penales, no políticas”. “Lo que quiere la Fiscalía es que se realice una investigación minuciosa y exhaustiva que determine los motivos y los responsables”, ha señalado. “Si alguien del Ayuntamiento ha cometido una conducta que pudiera ser constitutiva de una infracción penal se le podrá imputar”, ha añadido.
Tres investigaciones en marcha
A parte del sumario abierto por el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, hay otras dos pesquisas en ciernes. Por una parte, la comisión de investigación política instada por el líder socialista, Jaime Lissavetzky, y aceptada por Botella como “foro sereno de debate”. Ayer, tras una reunión con sus concejales, la alcaldesa propuso al edil de Chamberí, Pedro del Corral, como presidente de esta comisión, que se constituirá el viernes. Formaran parte también, por parte del PP, el concejal de Centro, Enrique Núñez; el jefe de gabinete de la alcaldesa, Diego Sanjuanbenito; la delegada de Asuntos Sociales, Dolores Navarro; y la responsable de los servicios jurídicos, Patricia Lázaro. Quedan fuera todos aquellos responsables del Gobierno municipal que podrían tener cierta relación con la tragedia, de forma más o menos directa: el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva; el propio Calvo; el delegado de Seguridad, Antonio de Guindos; y la concejal de Urbanismo, Paz González. Además, el Gobierno municipal ha abierto una investigación interna, al cargo de la concejal de Hacienda, Concepción Dancausa.
El Ayuntamiento de Madrid, regido por Ana Botella (PP), conocía las deficiencias de seguridad del pabellón Madrid Arena desde 2010, pero no las subsanó. Además, en mayo de este año, Calvo encargó un informe sobre este y otros edificios municipales, lo que revela su desconfianza. Cuando estuvo listo, el 19 de octubre, arregló —según Botella— lo referido al Madrid Arena, pero sin subsanar los fallos de seguridad detectados por la concejalía de Urbanismo en 2010. Mantuvo en cambio abiertos el resto de recintos, pese a hallar deficiencias, y solo decidió cerrar dos de ellos una semana después de la tragedia.
Madrid Espacios y Congresos firmó el 24 de octubre un contrato de alquiler del pabellón a la empresa Diviertt, cuyo responsable, Miguel Ángel Flores, también ha sido imputado por el juez. Según comunicó Flores al Ayuntamiento tras la tragedia, vendió 9.650 entradas para un aforo máximo de 10.700. Sin embargo, las pesquisas policiales se encaminaron desde el primer momento a constatar si se produjo un exceso de aforo; así se lo comunicó al juez en el informe preliminar, pero sin cuantificar ese exceso de aforo.
Calvo fue diputado regional entre 1991 y 2003, durante los años en la oposición y en la presidencia (1995-2003) de Alberto Ruiz-Gallardón. Entre 1995 y 1999 fue senador; y de 2000 a 2003, consejero regional de Medio Ambiente. Saltó al Ayuntamiento con Gallardón, y entre 2003 y 2012 fue concejal de Seguridad y Movilidad (perdió esa última competencia en junio de 2011). Tras la marcha de Gallardón al Ministerio de Justicia, Ana Botella le nombró concejal de Economía pero quiso refrendar su poder interno dándole también la portavocía del Grupo Popular.
Hasta ahora, la principal sombra en su expediente databa de 2006, cuando la adjudicación de la gestión de una de las zonas de parquímetros de la capital a una empresa cuyo apoderado era amigo personal del concejal llevó a la oposición a exigir sin éxito una comisión de investigación por un posible trato de favor. El Gobierno de Gallardón abrió una investigación administrativa que se cerró con todas las dudas sin resolver. Por entonces, los colaboradores más estrechos de Calvo eran Javier Conde, director de Movilidad, y Fernando Autrán, coordinador de Servicios a la Comunidad.
Fernando Autrán era coordinador de Circulación en diciembre de 2011 cuando fue obligado a dimitir por Gallardón y Calvo a consecuencia del revuelo por sus mensajes en la red social Twitter: “ETA vota Rubalcaba”, “urkullu ez de euzcadi porque ez jilipollaz”, “Caamaño 'los demócratas sabrán ser generosos cuando ETA deje las armas'. Desde luego, en vez de un tiro les meteremos dos". Javier Conde fue investigado por el Ayuntamiento el pasado mes de febrero por el uso indebido de vehículos municipales, desvelado por EL PAÍS. Calvo, su responsable durante el periodo de la polémica, admitió que se habían empleado vehículos que debían dedicarse a reparar semáforos para otros usos, en principio, como coches oficiales. La investigación se zanjó sin dimisiones, pero con cambios de importancia en los protocolos de uso de coches oficiales.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/13/madrid/1352816701_170328.html
CALVO ADMITE EL USO INDEBIDO DE COCHES DE CONTROL DE TRÁFICO
Su mano derecha los empleaba como si fueran su vehículo oficial
El Ayuntamiento de Madrid abonó entre 2005 y 2011 casi 70 millones de euros por "los servicios de transmisión de datos, de gestión de los sistemas de información y de la regulación automática de las señales luminosas, relacionadas directamente con el control del tráfico". En el punto 6.16 de las condiciones de la contrata se estipulaba que las empresas adjudicatarias debían proporcionar "todos los días laborables y durante la jornada completa de trabajo de los servicios técnicos un vehículo con conductor, sin cargo alguno, para el traslado del personal perteneciente a aquellos servicios técnicos en el desempeño de sus funciones de vigilancia y control de los trabajos contratados".
Según el contrato, los vehículos debían servir para inspecciones
Las adjudicatarias, Etramad y Telvent, pusieron a disposición del Ayuntamiento los vehículos y tres conductores (uno por zona) para realizar esos servicios técnicos. Sin embargo, entre 2005 y 2011, dichos coches fueron usados para tareas diferentes de las estipuladas en el contrato, según una denuncia periodística investigada por el Ayuntamiento. Entre los implicados en las presuntas irregularidades está Javier Conde, mano derecha entonces y ahora de Pedro Calvo, que en ese periodo era delegado de Seguridad y en la actualidad es responsable del área de Economía. El edil explicó ayer: "Conde en ningún momento ha reconocido ni manifestado haber utilizado ninguno de esos medios para cosa distinta a la tarea que tenía encomendada en aquel momento como director general de Movilidad; y que en ningún caso los utilizó para fines personales ni familiares".
Según la denuncia investigada, Conde hizo un uso irregular de vehículos (primero un Citroën C-4, luego un C-5) que debían emplearse para las inspecciones de semáforos. En concreto, y tal y como ha reconocido el propio Calvo, lo empleaba para las tareas propias de su cargo como director general. Es decir, como si de un coche oficial se tratara. Y, según la denuncia investigada, también para ir a conferencias y cursos de verano, a sedes del PP en semanas previas a las elecciones municipales de 2007, e incluso en una ocasión, al estadio Santiago Bernabéu en tarde de partido.
A partir de la marcha de Conde y de su sucesor, José Luis Molinero (que solo pasó un mes en el cargo), el uso de estos vehículos para fines particulares por parte de funcionarios de Tráfico y Circulación se generalizó. Según la denuncia investigada, tanto Conde como otros altos cargos lo sabían.
www.elpais.es 01.02.12
LISSAVETZKY PIDE MEDIDAS INMEDIATAS E INFORMACIÓN DEL 'CASO SEMÁFOROS'
La oposición coincidió ayer unánimemente en exigir al Gobierno local (PP) que "llegue al fondo del asunto" en la investigación del presunto uso irregular de recursos públicos por parte de funcionarios y cargos políticos del Ayuntamiento. El portavoz socialista, Jaime Lissavetzky, pidió "medidas incluso de forma preventiva", como "la separación del servicio de las personas presuntamente implicadas" en lo que bautizó como "caso de los semáforos".
El líder socialista quiere "una comisión de investigación" para "depurar responsabilidades, incluso de carácter político", ante "una presunta irregularidad que puede tener una vertiente legal".
El portavoz de Izquierda Unida, Ángel Pérez, vio "normal" y "bien" que el Gobierno local "investigue" si "tiene indicios razonables y razonados de que esas cosas han sucedido", según Europa Press. El portavoz de Unión Progreso y Democracia, David Ortega, tachó el asunto de "serio y grave".
El Ayuntamiento ha anunciado ya que, "dada la gravedad de los hechos" denunciados, abrirá "de forma inmediata una investigación previa" y propondrá "la incoación de expedientes disciplinarios si se detectaran indicios racionales de responsabilidad".
La concejal socialista Ruth Porta informó ayer de que el pasado 12 de enero solicitó información sobre el contrato de semáforos vigente y sobre los dos anteriores. Considera que, al no haber recibido contestación, su solicitud debe considerarse estimada. Pero pese a ello denuncia que no ha recibido la información requerida.
"Dadas las noticias que están apareciendo en los medios de comunicación, directamente relacionadas con los expedientes de referencia, solicito el acceso inmediato a los citados expedientes o, en su caso, una resolución motivada de la denegación a la presente solicitud con el objeto de poder ejercer, a la mayor prontitud, las acciones judiciales que resulten procedentes", añade Porta en la carta enviada ayer al Área Institucional del Gobierno municipal.
www.elpais.es 01.02.12
ALTOS CARGOS MUNICIPALES USABAN DE COCHE OFICIAL EL DE UNA CONTRATA
El 'número dos' del concejal de Economía empleó para gestiones personales y actos electorales un vehículo de inspección de semáforos, según una denuncia
El presunto uso indebido de recursos públicos investigado por el Ayuntamiento de Madrid no se limita a una decena de funcionarios que, presuntamente, emplearon coches destinados a inspecciones técnicas y reparación de semáforos para ir y volver de su casa al trabajo, hacer gestiones personales en horario laborable y excursiones y viajes en fin de semana. Según la denuncia que generó la investigación, altos cargos municipales utilizaron los vehículos como si de coches oficiales se tratara, entre ellos el coordinador general de Economía, Javier Conde, número dos del concejal del área, Pedro Calvo. Conde fue hasta junio de 2007 director general de Movilidad, y luego gerente de la EMT y coordinador general de Seguridad y Emergencias.
El vicealcalde promete actuar con "contundencia y rapidez"
El Ayuntamiento, "dada la gravedad de los hechos" denunciados, abrirá "de forma inmediata una investigación previa" y propondrá "la incoación de expedientes disciplinarios si se detectaran indicios racionales de responsabilidad, o el traslado a la fiscalía de cuantos hechos pudieran ser susceptibles de derivar en responsabilidad penal". Ayer, el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, precisó que será "una investigación detallada", y se actuará "con total transparencia, con contundencia y con absoluta rapidez".
El área de Seguridad, que entonces dirigía Pedro Calvo, licitó en junio de 2005 un contrato de gestión y mantenimiento de semáforos, que obtuvieron -por seis años y 70 millones de euros- Telvent y Etramad. Entre la fecha de adjudicación y la salida de Conde como director general de Movilidad, en junio de 2007, fueron varios funcionarios y altos cargos los que hicieron uso particular de vehículos que debían servir únicamente para labores técnicas. Entre ellos, el propio Conde y su sucesor en el cargo, José Luis Molinero; y los dos subdirectores de Circulación en ese periodo. Uno de ellos, José Luis Mato, incluso utilizó el coche durante medio año después de haber sido nombrado director general de Planificación del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos.
Entre 2006 y 2007, Conde empleó uno de los vehículos de las contratas (primero un Citroën C4, luego un C5) para trasladarse a comidas con amigos, excursiones a otra provincia, cursos de verano, fiestas, partidos de fútbol e incluso a actos electorales del PP de la campaña municipal de mayo de 2007. Para ello contaba además como chóferes con los conductores asignados y pagados por las empresas para esos vehículos, según la denuncia investigada.
A partir de la marcha de Conde y de la salida de su sucesor José Luis Molinero (que solo pasó un mes en el cargo, siendo sustituido por Pedro Ayuso), el uso de estos vehículos para fines particulares por parte de funcionarios de Tráfico y Circulación se generalizó. Según la denuncia, tanto Conde como otros altos cargos sabían de las irregularidades de esos trabajadores, pero estas continuaron hasta la finalización del contrato el pasado mes de diciembre.
www.elpais.es 31.01.12
La mano derecha de Calvo, de nuevo investigado por presuntas irregularidades
El Ayuntamiento de Madrid ha abierto una investigación para determinar si varios cargos de confianza del Área de Circulación han utilizado con fines privados coches que empresas contratadas por la Administración municipal destinaron a controlar servicios públicos.
Las personas presuntamente implicadas, bien porque usaran esos vehículos, bien porque conocieran su uso y no lo impidieron, pertenecen al ámbito de confianza del concejal Pedro Calvo, hasta hace un mes responsable de Seguridad y Movilidad.
Entre ellas está Javier Conde, mano derecha de Calvo y ya bajo sospecha en 2006 por un contrato de adjucación de parquímetros en barrios de Madrid.
El procedimiento investigador se ha iniciado después de presentarse una denuncia ante el Consistorio, y como afecta "presuntamente a funcionarios, va a haber una investigación previa", señalan fuentes municipales, que precisan que podría derivar en un expediente sancionador.
Según la denuncia, avanzada por el El País, técnicos del área de Circulación habrían usado vehículos cedidos por las empresas encargadas del contrato de gestión de semáforos para ir y volver a casa e incluso hacer viajes de larga distancia con ellos.
Esos coches, sin embargo, debían usarse para realizar inspecciones o acudir a incidencias o reparaciones.
De acuerdo a la denuncia, las presuntas irregularidades se habrían iniciaron en 2005, cuando la empresa Etramad ganó la adjudicación de la gestión de los semáforos y se generalizaron con el nombramiento como director general de Movilidad de Pedro Ayuso, en 2007.
Según la denuncia, el subdirector general de Circulación, Rafael Morán, y Javier Conde, director general hasta 2007 -cuando fue sustituido por Ayuso-, conocían estas irregularidades y no habrían tomado medidas, según la denuncia.
No es la primera vez que Conde, en la actualidad coordinador general de Economía y mano derecha de Pedro Calvo durante su étapa en Movilidad y también ahora -Calvo es el actual concejal de Economía-, se ven salpicados por la polémica.
En 2006, el concurso de ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado a todo el interior de la M-30 ya desembocó en un escándalo por la adjudicación de la Zona VI (correspondiente al sur de la capital) a una Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que forma parte al 40% una sociedad sin experiencia.Esta sociedad estaba vinculada a un ex alto cargo del PP de Galicia, amigo de Pedro Calvo, y del director general de Movilidad, Javier Conde.
Fuentes municipales subrayan que todos los procedimientos por presuntas irregularidades iniciados a raíz de varias denuncias interpuestas por la oposición y particulares han sido fallados a favor del Ayuntamiento de Madrid
www.elmundo.es 31.01.12
Botella investiga si funcionarios usaron recursos públicos para fines privados
Jefes del área de Circulación disfrutaban de coches de una contrata
El Ayuntamiento de Madrid ha abierto una investigación sobre el presunto uso privado de recursos públicos llevado a cabo por funcionarios del departamento de control del tráfico. Según la denuncia investigada, varios técnicos del área de Circulación emplearon presuntamente para fines particulares coches puestos a su disposición por las empresas encargadas del contrato de gestión de los semáforos. Esos vehículos debían usarse para realizar inspecciones o acudir a incidencias y reparaciones de semáforos. En su lugar, los funcionarios los empleaban para ir y volver a casa, o para hacer gestiones de todo tipo entre diario. Y no solo. Además, se los llevaban presuntamente los fines de semana, y hacían con ellos excursiones y viajes de larga distancia. La gasolina, los peajes y las frecuentes multas de aparcamiento que recibían corrían, siempre según la denuncia investigada ahora oficialmente, de cuenta de las empresas adjudicatarias del contrato de semáforos.
El 'número dos' de Pedro Calvo conocía las irregularidades, según la denuncia
Fuentes oficiales del Ayuntamiento han señalado que, "dada la gravedad de los hechos" denunciados, "de forma inmediata se va a proceder a llevar a cabo una información e investigación previa a través de la Inspección General de Servicios". "Una vez culmine, se propondrá, en su caso, la incoación de expedientes disciplinarios si en el curso de la actividad inspectora se detectaran indicios racionales de responsabilidad, o el traslado al ministerio fiscal de cuantos hechos pudieran ser susceptibles de derivar en responsabilidad penal".
El área de Seguridad del Ayuntamiento, que en la fecha de los hechos denunciados dirigía el concejal Pedro Calvo al mando del entonces regidor, Alberto Ruiz-Gallardón, licitó en junio de 2005 un contrato para "la gestión y explotación integral del sistema automático de control y regulación del tráfico", por cuatro años y 48.136.395 euros. Se dividió la ciudad en tres zonas: una, el interior de la M-30 (20.698.651 euros); dos, la zona exterior en los distritos de Fuencarral-El Pardo, Puente de Vallecas, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza, Vicálvaro, San Blas y Barajas (15.885.008 euros); y tres, la zona exterior en Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel, Usera, Villaverde y Villa de Vallecas (11.552.736 euros).
El contrato se adjudicó en agosto a las ofertas "más ventajosas económicamente". La zona uno y tres, a una unión temporal de empresas denominada Etramad (integrada por Electronic Tráfic, Imes, y ETRA Catalunya). La zona dos, a Telvent Tráfico y Transporte (que entonces formaba parte del grupo Abengoa, y fue comprada en septiembre de 2011 por la francesa Schneider).
Este contrato fue prorrogado en junio de 2009 por un año, a razón de 12.192.722 euros; y por otro más en septiembre de 2010, por 12.580.627 euros. En total, el Ayuntamiento abonó por seis años 69.998.022 euros. En diciembre de 2011 entró en vigor un nuevo contrato (dos años y 24.267.127 euros), que ganaron Telvent Tráfico y Transporte (zonas una y dos) y SICE (zona tres).
Las irregularidades denunciadas se generalizaron con el nombramiento como director general de Movilidad de Pedro Ayuso, en julio de 2007. Ayuso fue sustituido en junio de 2011 por Miguel Ángel Rodríguez, y ahora está al frente del Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (el organismo municipal que forma a bomberos y policías). En su etapa al frente de Movilidad, contó con Rafael Morán como subdirector (sigue en el cargo).
Entre 2007 y 2011 fueron varios los funcionarios que hicieron uso de varios vehículos de Etramad para labores diferentes de las estipuladas, entre ellos responsables del departamento técnico de tráfico, que emplearon varios automóviles que la concesionaria iba suministrando y renovando periódicamente (para tareas ligadas a su contrato) en sus viajes de ida y vuelta de casa al trabajo.
Entre los funcionarios investigados se cuentan varios responsables de gestión de Movilidad y de Tráfico, y de regulación de Circulación. Uno de ellos llegó incluso a colocar en los vehículos sillitas para el transporte de sus hijos de corta edad.
Etramad conocía presuntamente estas irregularidades, puesto que recibía gastos de gasolina y multas fuera del horario de servicio de los vehículos, e incluso debía abonar peajes en fines de semana y en otras provincias. EL PAÍS se ha puesto en contacto con el responsable de servicio de Etramad en esas fechas, Antonio García Matas, que ha declinado hacer comentarios. Su gerente, Jesús Manzano, no ha devuelto la llamada. Telvent tampoco respondió.
Según la denuncia investigada por el Ayuntamiento, el subdirector general de Circulación, Rafael Morán, conocía estas irregularidades. También Javier Conde, director general hasta junio de 2007 y en la actualidad coordinador general de Economía y mano derecha de Pedro Calvo en esta área de Gobierno; y Miguel Ángel Rodríguez, director general de Gestión y Vigilancia de Circulación desde junio de 2011. Sin embargo, las irregularidades se han mantenido hasta la finalización del contrato el pasado mes de diciembre.
www.elpais.es 30.01.12
Gallardón destituye a un alto cargo por sus insultos en Twitter
El alcalde de Madrid se desvincula de las opiniones del coordinador general de Circulación, Fernando Autrán.- La frase "Prisa va mal, muy mal. Mas EREs" provoca un fuerte revuelo en la red social
"@equipogallardon no se hace responsable de las opiniones personales que se manifiesten en otros perfiles ajenos a esta cuenta. Esta cuenta sólo recoge las opiniones, declaraciones y actos de Alberto Ruiz-Gallardón. No suscribimos ningún tuit no publicado por nosotros". Con esta categórica respuesta, el alcalde de Madrid se desvinculaba a las dos de la tarde de una desafortunada frase publicada por uno de sus altos cargos en su cuenta personal en esta red social 15 horas antes. A última hora, tras comprobar la gravedad de las opiniones vertidas por este directivo, el alcalde ordenó su destitución fulminante.
Fernando Autrán, coordinador general de Circulación y vicepresidente de diversas empresas públicas en el Ayuntamiento de Madrid, como consta en su currículo publicado en Internet, afirmó ayer: "Prisa va mal, muy mal. Mas EREs." Horas después, se disculpó por esta alusión a la empresa editora de este diario: "Lamento profundamente el desafortunado tuit sobre los eres. Y pido disculpas públicamente".
Pero para entonces ya se había organizado un tremendo revuelto en la red social, no solo por este último tuit sino también por otros anteriores en los que Autrán insulta a políticos, periodistas y banqueros. Ésta es una relación de algunos de ellos:
- Arturo Mas, no pueden los jueces tocarle las narices y usted si puede tocarnos las pelotas a todos los demás?
- Caamaño "los demócratas sabrán ser generosos cuando ETA deje las armas". Desde luego, en vez de un tiro les meteremos dos.
- [En referencia a la ministra de Defensa, Carme Chacón]. Pija de colegio de pago y casi no sabe ni hablar. La salva el despliegue mediático de su pareja. (...) y tu que quieres para España. Das vergüenza ajena y eso que vas de cuota.
- ETA vota Rubalcaba
- Mas colmo y desvergüenza!! Colando a ETA cuando llevan días lamiendose el cipote como si fuera su mérito!! [En referencia a la alusión a la banda terrorista realizada por Alfredo Pérez Rubalcaba en el debate de ayer con Mariano Rajoy]
- urkullu ez de euzcadi porque ez jilipollaz
- Campo Vidal igual que Jordi en la Noria. Esta mas pasado que el arroz! Permite las interrupciones.
- Felipe,Guerra,Rubalcaba...solo faltan Barrionuevo,Vera y Corcuera. El equipo A....de Atapuerca.
- Toda mi simpatía y apoyo a la Magistrada Angela Murillo. Todo mi desprecio a Pascual Salas cuyo voto ha permitido esto.
- Que gracioso este Paco Gonzalez. En medio folio en El Pais ha resuelto los problemas de España.
- La banca española recurrirá a "enjuagues" contables para no ampliar capital. Y cuando han dejado de hacerlos? dónde esta el BdE?
- Tardà tacha a Peces Barba de "enorme hijo de puta". Mira quien fue a hablar.
- Pero que asco (democrático) da el PNV después de 25 años recogiendo nueces (cadáveres).
- Anosagasti lo que necesita es un injerto de pelo. Cada vez que entra en el corte ingles se le va la olla.
- CiU,S.A ya contempla en su presupuesto el chantaje de su apoyo al PP en Madrid. Habrá reparto de dividendos?
- Rajoy:"llamare a los mejores",genial pero, sabe quienes son los mejores? Yo le puedo recomendar algunos.
- Hessel tiene demencia senil sin duda.
- Ya se que la tele engorda, pero vaya culo tenia la Srta. Trini!!!
En conversación con este periódico Autrán ha reiterado esta tarde su disculpa por su frase "absolutamente desafortunada" sobre el grupo Prisa. Preguntado sobre el resto de sus afirmaciones, ha añadido: "El tuit es lo que es".
El portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky, había exigido a Gallardón que condenara y desautorizara sin ambages los comentarios de su subordinado, o que en su defecto lo cesara por sus palabras "soeces y misóginas". "Un alto cargo nombrado a dedo debe expresar valores que no sean ajenos a los de cualquier demócrata", aseguró el líder socialista.
Autrán es presidente de la Comisión Delegada Calle 30 desde 2007. Tras las elecciones municipales del pasado mes de mayo, el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, le nombró coordinador general de Circulación, pero Autrán lleva ocupando altos cargos en esa área de Gobierno desde la llegada a la Alcaldía de Gallardón, en 2003. De hecho, fue vicepresidente de la Empresa Municipal de Transportes (de la que aún es consejero) y vicepresidente de Madrid Salud durante las dos pasadas legislaturas.
En 2006, Autrán se vio salpicado en un presunto caso de corrupción en el área de Gobierno de Seguridad (que entonces aglutinaba las competencias de Movilidad, ahora desplazadas en gran parte al área de Medio Ambiente que dirige Ana Botella). El PSOE acusó a Calvo de favorecer en la adjudicación de un contrato de gestión de parquímetros a una empresa que tenía como apoderado a un exdiputado del PP gallego y antiguo amigo del concejal. El PSOE interrogó al respecto en comisión municipal a Calvo y a sus colaboradores más estrechos, entre ellos el propio Autrán. El caso no llegó a más ni por la vía política ni ante la justicia.
www.elpais.es 08.11.1011
El PP tumba la comisión de investigación sobre el concurso de los parquímetros
El pleno del Ayuntamiento rechazó ayer, con la mayoría absoluta del PP, crear una comisión de investigación sobre el concurso de adjudicación de las nuevas zonas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). PSOE e IU habían pedido esa comisión porque sospechan que en el concurso fue favorecida la empresa Hixienes, vinculada a un ex diputado gallego del PP que es, además, amigo del concejal responsable de los parquímetros, Pedro Calvo. "No hay nada irregular. La dignidad de Calvo está por encima de insinuaciones difamatorias", afirmó el vicealcalde, Manuel Cobo.
El contrato de la nueva zona de parquímetros sí va a ser investigado por los grupos municipales, pero no en una comisión creada ex profeso, sino en la de Vigilancia de las Contrataciones, que es permanente y está presidida por un concejal del PSOE. El problema es que, según el reglamento, esa comisión sólo puede citar a declarar a cargos públicos del Ayuntamiento o a funcionarios; y la oposición quiere poder interrogar también a los responsables de las cinco empresas que concurrían al concurso y al alcalde de Cangas do Morrazo (Pontevedra), José Enrique Sotelo, del PP, que acreditó la supuesta experiencia de Hixienes en la gestión de parquímetros y luego la desmintió. Hixienes, que se presentó al concurso en unión con Sufi y ganó uno de los tres lotes del concurso, tiene de apoderado a Juan Manuel Casares, ex diputado del PP en Galicia y amigo del edil madrileño Pedro Calvo desde hace una década, cuando ambos coincidieron en Galicia en la dirección de Nuevas Generaciones (la rama juvenil del PP). Hixienes es una empresa pequeña con 3.000 euros de capital social y nunca ha gestionado parquímetros, aunque su socia, Sufi (Sacyr), tiene a su cargo otra zona del SER de Madrid desde hace cuatro años. "Ha quedado demostrado que este concurso es irregular y que se propuso para favorecer a un amigo de Calvo", afirmó el edil socialista Manuel García-Hierro, que se presentó en el pleno armado con fotocopias del expediente. García-Hierro aseguró que el informe técnico (en el que se valoran las ofertas presentadas por las distintas empresas) es "incorrecto" y contiene elementos "falsos", porque resta puntos, alegando carencias en la oferta "que no son tales", a uno de los grupos de empresas que perdió: Setex-Urbaser.
Informe técnico
Ese informe fue elaborado por funcionarios municipales y ratificado después por la mesa de contratación, de la que formaba parte Javier Conde, director general de Movilidad. El informe valoraba 46 aspectos técnicos; los tres aspectos que García-Hierro tachó ayer de irregulares -apoyando su acusación en documentos que no fueron desmentidos por el gobierno municipal- restaron a Setex-Urbaser tres puntos. Setex-Urbaser obtuvo en total 67,5 puntos, 20 menos que las empresas que ganaron el concurso.
"No hay absolutamente nada irregular. La dignidad de mi compañero Pedro Calvo está por encima de insinuaciones difamatorias. Es verdad que tiene una amistad [con Casares] pero su intervención en el procedimiento del concurso no fue en ningún momento decisiva. La propuesta [de adjudicación] la hacen los técnicos", replicó al socialista el vicealcalde, Manuel Cobo. Y agregó, subiendo la voz: "Además, ¿para qué piden ahora papeles? ¿Para qué piden una comisión de investigación si desde el primer día que esto salió publicado su portavoz, Trinidad Jiménez, ya estaba exigiendo dimisiones?".
Julio Misiego, de IU, apeló a la "ética" y señaló que su grupo sólo pretende despejar las "sombras" del contrato. "No podremos resolver las incógnitas si no podemos llamar a declarar a las empresas", subrayó.
Al finalizar el pleno, el PP pidió que en la primera reunión de la Comisión de Vigilancia, el 5 de abril, se inicie el análisis del expediente y se cite a Calvo, a Conde y al coordinador de Servicios a la Comunidad, Fernando Autrán. PSOE e IU prefirieron retrasar esa sesión a mayo, con el argumento de que en ocho días no tienen tiempo para estudiar el expediente. El presidente de la comisión, el socialista Ramón Silva, que es quien fija el orden del día, decidió aplazar su decisión a este viernes. "¡Es inadmisible! Están pidiendo dimisiones y ahora dicen que no han visto el expediente. ¡Si García-Hierro lo tenía fotocopiado!", protestó Cobo.
La oposición reclamó también a Alberto Ruiz-Gallardón que, atendiendo a las protestas vecinales, retire los parquímetros de barrios de Fuencarral, Carabanchel y Hortaleza. Calvo se negó: "Esas protestas se refieren a 3.276 plazas, de un total de 167.000. Así que creo que la ampliación no va tan mal", dijo Publicado en www.elpais.es. 29.03.06
El alcalde que avaló la solvencia de Hixienes admite que esta firma no gestiona parquímetros
La única relación de la empresa Hixienes con el negocio de los parquímetros antes de ser adjudicataria de este servicio en Madrid fue la realización de un estudio de viabilidad para implantar la zona azul en Cangas do Morrazo (Pontevedra). El alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo (PP), firmó un escrito en el que respaldaba a Hixienes y que sirvió al Ayuntamiento de Madrid para justificar la solvencia técnica de esta firma, en respuesta a un recurso que presentó Dornier, una de las sociedades excluidas del contrato. Ahora, Sotelo reconoce que Hixienes no ha gestionado parquímetros.
La empresa Hixienes, que fue escogida, en unión con Sufi, para gestionar una de las nuevas zonas de ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en Madrid, nunca ha gestionado parquímetros. Al menos en Cangas do Morrazo.
Pero Hixienes tuvo que justificar la solvencia técnica - la experiencia en el sector- para cumplir con los requisitos del pliego de condiciones del concurso. Para ello, Hixienes presentó ante el Ayuntamiento un papel suscrito por el alcalde de Cangas do Morrazo (Pontevedra), José Enrique Sotelo, en el que informaba de que Hixienes asesoró al Concello para la instalación de parquímetros. Fruto de este asesoramiento es el estudio de viabilidad sobre la implantación de la zona azul en Cangas, municipio de 24.000 habitantes.
El proyecto nunca se llevó a cabo, según explicó ayer a EL PAÍS el alcalde Sotelo, quien admitió su relación personal con el apoderado de Hixienes, Juan Manuel Casares, ex portavoz adjunto del grupo popular en el Parlamento gallego. Sotelo y Casares fueron compañeros en el Parlamento gallego entre 1997 y 1999. El grupo socialista de Cangas do Morrazo aseguró que no ha encontrado en el archivo municipal el mencionado informe, ni el acuerdo por el que fue encargado.
El Ayuntamiento de Madrid consideró avalada la solvencia técnica de Hixienes para encargarse del negocio de los parquímetros después de que la empresa presentase una carta firmada por Sotelo el pasado 14 de noviembre. En ella, el alcalde de Cangas afirma que desde febrero de 2001 la empresa propiedad de la familia de Casares viene prestando servicios en su municipio, entre los que cita la limpieza y mantenimiento de edificios, "gestión de aparcamiento de vehículos" y "asesoramiento para la instalación y desarrollo de zonas de aparcamiento público regulado (zona azul)".
El escrito lleva la firma y el sello del Concello de Cangas, pero no pasó por el registro de salida del Ayuntamiento ni fue visado por el secretario ni ningún otro funcionario. Sotelo matizó ayer a EL PAÍS que toda la relación de Hixienes con el negocio de los parquímetros en Cangas fue el encargo que recibió del Ayuntamiento en 2002 para hacer "un estudio técnico de viabilidad sobre la posible implantación de la zona azul y la construcción de aparcamientos subterráneos". Aunque el informe fue realizado, el gobierno municipal (del PP) descartó finalmente instalar los parquímetros, según el alcalde.
Al margen de este estudio, la relación de las empresas de la familia Casares con el Ayuntamiento de Cangas se limita a un contrato para la limpieza y el mantenimiento de un auditorio municipal. El beneficiario de ese contrato es la sociedad Limpiezas Faro, la cabecera de un grupo de sociedades que hasta ahora actuaba casi en exclusiva en el sector de la limpieza de edificios e instalaciones industriales.
El regidor de Cangas asegura que firmó el escrito a petición de Miguel Ángel Casares, administrador de las empresas familiares y hermano de Juan Manuel Casares, ex diputado gallego del PP y apoderado de Hixienes. "Vino un día por el Ayuntamiento y me dijo si le podía hacer un justificante porque lo necesitaba para algún concurso público", comentó Sotelo. "Le dije que sí, por supuesto. Yo no sabía nada de lo de Madrid, sólo que se habían presentado a algo en Vigo". Hixienes opta en esta ciudad, también gobernada por el PP, a la adjudicación del servicio de la grúa municipal.
"No recuerdo el contenido del escrito y no sé si su redacción se puede prestar a equívocos", agregó el alcalde, "pero aquí la empresa no ha gestionado parquímetros porque no los tenemos. Sólo realizó el estudio de viabilidad". De hecho, el Ayuntamiento de Cangas ha instalado esta semana media docena de parquímetros en una calle del pueblo -no cobra por aparcar, sólo establece un tiempo máximo autorizado- y los contrató con otra empresa.
José Enrique Sotelo y Juan Manuel Casares coincidieron en la lista del PP por Pontevedra para las elecciones autonómicas de 1997. Los dos años siguientes trabajaron juntos en el grupo popular del Parlamento hasta que Sotelo dimitió para optar a la alcaldía de Cangas. Ambos estaban encuadrados en el sector del PP gallego que aglutinaba el antiguo consejero de Política Territorial de la Xunta Xosé Cuiña. "Conozco a Juan Manuel Casares y tengo relación con él. Sería estúpido negarlo, pero hace tiempo que no lo veo", declaró Sotelo.Publicado en El País.18.03.06
PSOE e IU pedirán en el próximo pleno que se cree una comisión de investigación
Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid (PSOE e IU) tienen previsto solicitar durante el pleno municipal del presente mes, que se celebrará la próxima semana, que el proceso de adjudicación de las nuevas zonas del servicio de estacionamiento regulado (SER) sea evaluado por una comisión de investigación, en lugar de en la comisión permanente de vigilancia de las contrataciones como había propuesto el PP.
Según un portavoz de IU, en esta comisión permanente no podrán declarar los responsables de las empresas implicadas, porque el reglamento municipal del pleno establece que en dicho foro sólo se podrá requerir la presencia de los técnicos municipales y los cargos políticos que han intervenido en el contrato que hay que estudiar.
El concejal socialista Manuel García-Hierro adelantó que su grupo presentará dos proposiciones en el pleno. La primera pedirá la suspensión de la ampliación del SER a 16 nuevos barrios y cuatro cascos históricos, que es la que ha sido objeto de la polémica adjudicación. La otra propuesta será para reclamar la constitución de una comisión de investigación.
El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), aseguró hace una semana: "Ya existe una comisión de investigación, que es la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. Todos los contratos que cualquier miembro del Ayuntamiento pida son remitidos a ella".
Poco después, el vicealcalde, Manuel Cobo, aseguró que sería el propio gobierno municipal el que, de oficio, enviaría el contrato a la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, presidida por el concejal socialista Ramón Silva, para que los tres grupos lo analizaran. Pero PSOE e IU no creen que ése sea el foro adecuado.
Publicado en El País.18.03.06Jiménez, perpleja por que Gallardón no tome medidas ante el "escándalo"
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Trinidad Jiménez, afirmó ayer que, según van pasando los días y se van conociendo más datos sobre la adjudicación del contrato de la nueva zona de parquímetros, "más estupor" le produce que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, "no se haya pronunciado ni haya tomado ninguna medida sobre este escándalo". Jiménez se refería a la polémica surgida por la adjudicación de una de las nuevas zonas del servicio de estacionamiento regulado (SER) a una unión de empresas en la que trabaja un ex diputado del PP en Galicia, Juan Manuel Casares.
Para Jiménez, los hechos conocidos hasta ahora a través de los medios de comunicación "son suficientes" para que el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, amigo de Casares, dimita. La portavoz socialista considera "muy claro que la adjudicación de la zona VI del SER -que corresponde a ocho barrios del sur y el casco histórico de Carabanchel- a una empresa de un amigo del concejal se ha hecho de una forma irregular".
Jiménez también se refirió a la información publicada el pasado jueves en este diario según la cual la empresa Hixienes, propiedad de Juan Manuel Casares, fue avalada por el alcalde de Cangas del Morrazo (PP), José Enrique Sotelo Villar. La portavoz destacó que este regidor "no podía avalar la experiencia de la compañía en parquímetros porque en este municipio no se ha instalado dicho servicio". La responsable del PSOE manifestó: "El PP miente, y si Ruiz-Gallardón no toma decisiones estará poniendo en juego la honorabilidad de todo el Ayuntamiento".
La semana pasada, Jiménez ya reclamó la dimisión de Calvo: "Si tiene un mínimo de dignidad política, un mínimo de decencia política, lo que tiene que hacer es presentar de inmediato su dimisión, porque hay claras sospechas de que ha habido una adjudicación irregular", sentenció entonces.
Publicado en El País.18.03.06La empresa Hixienes incumplía el pliego del concurso de los parquímetros, según el PSOE
La sociedad Hixienes, de la que es representante Juan Manuel Casares, amigo del concejal de Seguridad de Madrid, Pedro Calvo, incumplía el pliego de condiciones del contrato de adjudicación de los parquímetros, según el PSOE. Éste sostiene que Hixienes no pudo demostrar la solvencia técnica, puesto que carecía de experiencia en el sector, a pesar de concurrir junto a Sufi, que sí cumplía todos los requisitos. El director general de Movilidad, Javier Conde, admitió ayer que actuó, como vocal, en la última reunión de la mesa de contratación donde fueron asignadas las empresas del concurso.
Hixienes, una de las sociedades que se ha hecho con la gestión de los parquímetros de ocho barrios de la zona sur de Madrid y el casco histórico de Carabanchel (zona VI), no tiene ninguna experiencia en el sector. El representante de Hixienes Juan Manuel Casares y el concejal Calvo son amigos de la época en que ambos eran dirigentes de Nuevas Generaciones (la rama juvenil del PP) en Galicia.
21 días antes del concurso, Hixienes modificó su objeto social e incluyó entre sus actividades "la gestión y control del estacionamiento regulado en vías públicas". Hasta entonces se dedicaba a limpieza y desinfección de hospitales y centros públicos en Galicia.
En el pliego de condiciones, aprobado el pasado 5 de noviembre, se exige que "todos y cada uno de los empresarios" que concurran al concurso deberán presentar los documentos exigidos. Entre ellos, la solvencia técnica, es decir, la experiencia, que Hixienes no aporta, según la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez.
El pliego también alude a la solvencia de la unión temporal de empresas y señala que se sumarán los aspectos positivos que aporten las integrantes de la misma. En cambio, Sufi (la compañía con la que Hixienes concurrió asociada) cumplía todos los requisitos, entre ellos, experiencia y solvencia económica.
El Ayuntamiento interpreta que la unión temporal de empresas Sufi-Hixienes cumple con el requisito de solvencia técnica y económica. "Hay que considerar la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que recoge que quien acredita la solvencia es la UTE", asegura Fernando Autrán, coordinador general de Seguridad. "Hay que interpretar el pliego de condiciones", remacha.
Autrán explica que la valoración de las ofertas técnicas se hace en función de los 47 criterios establecidos en el pliego. "Los técnicos del Ayuntamiento evalúan el grado de cumplimiento de los criterios, puntúan y hacen una lista", agrega. La UTE, integrada por Api, el grupo Vinci y Etralux, fue la más valorada (con 73 puntos sobre 85). En segundo lugar lo fue la sociedad conjunta formada por Sufi e Hixienes (con 72 puntos). Autrán asegura que la adjudicación "es un procedimiento absolutamente reglado".
¿Por qué el Ayuntamiento exige que las empresas tengan experiencia en parquímetros? Porque su gestión es más compleja de lo que parece. Cada uno de los aparatos lleva un ordenador y un complejo sistema informático. Los controladores están dotados de terminales donde están integrados un teléfono móvil, GPS y un sistema que permite transferir las denuncias a la central. "La experiencia es necesaria para la gestión del gran número de trabajadores, el mantenimiento eficiente de los instrumentos informáticos y el uso de los programas informáticos", según un profesional del sector.
Algunas sociedades se quejaron del poco tiempo dado por el Ayuntamiento para presentar las ofertas. En sólo 10 días, las empresas tuvieron que elaborar amplísimas ofertas que en algún caso ocupaban 15 tomos. La sociedad Saba-Abertis rechazó presentarse aduciendo que no tenía tiempo para preparar la documentación.
El que se fijara el pasado 1 de marzo como fecha de entrada en vigor de las nuevas zonas reguladas por parquímetros responde a una decisión política, según Autrán. "Por la consignación presupuestaria y porque estaba previsto así en todas las medidas de Movilidad", agregó.
Dornier, una de las empresas que se presentó al concurso y no logró que le fuera adjudicada ninguna zona, presentó un escrito ante el Ayuntamiento solicitando explicaciones al proceso administrativo. Un portavoz de Dornier, filial del grupo Cintra, dice que ya ha recibido aclaraciones y que desiste de otro tipo de acciones. Las empresas que pretendan recurrir tienen sólo siete días para hacerlo.
Por otra parte, el director general de Movilidad del Ayuntamiento, Javier Conde, reconoció ayer que estuvo en la última mesa de contratación cuando fueron adjudicados los contratos. El pasado jueves había negado que asistiera, pese a que su nombre figura en el acta como vocal de la mesa.
Publicado en El País.11.03.06La oferta del amigo del concejal Calvo para gestionar los parquímetros era la más cara
De las cinco empresas que acudieron el pasado noviembre al concurso público para gestionar una de las zonas del servicio de estacionamiento regulado (SER), la que presentó una oferta económica con el importe más alto fue la unión de empresas (UTE) formada por Sufi e Hixienes. El apoderado de Hixienes es Juan Manuel Casares, ex diputado del PP gallego y amigo y compañero del concejal Pedro Calvo en Nuevas Generaciones del PP hace una década. Aun así, el Ayuntamiento escogió esa UTE por delante de otras al dar mayor importancia a los aspectos técnicos, más subjetivos. Además, el director general de Movilidad, Javier Conde, está vinculado con Casares por su antigua pertenencia a Nuevas Generaciones.
La polémica por la adjudicación de la gestión de los parquímetros va engordando como una bola de nieve en caída libre. El representante de Hixienes, Juan Manuel Casares, está vinculado con el concejal de Seguridad y Servicios a la Comunidad, Pedro Calvo. Son amigos de la época en que Calvo ocupaba la presidencia nacional de Nuevas Generaciones y Casares era presidente de la organización política juvenil en Galicia.
La propuesta económica de la UTE Sufi-Hixienes para acceder a la gestión de los parquímetros en ocho barrios del sur y el casco histórico de Carabanchel (zona VI) era la que pedía más dinero en su oferta económica: 13.562.584 euros anuales (441.710 euros más que la oferta más baja, la de Setex-Urbaser). Sufi-Hixienes era también la que más plazas de aparcamiento ofrecía: 29.118, es decir, 541 plazas más que la siguiente.
La oferta económica suponía sólo el 15% de la puntuación total, frente al 85% de los criterios técnicos, según se explica en el pliego de condiciones del concurso. Y las ofertas económicas de las cinco empresas que concurrían recibieron la misma puntuación: 15 puntos sobre 15, informa Vera Gutiérrez Calvo. Las diferencias llegaron en la parte técnica: la UTE formada por Api, grupo Vinci y Etralux se alzó con 73 puntos sobre 85; en segunda posición quedó la UTE Sufi-Hixienes (72 puntos); y a continuación Eysa (71 puntos), Dornier (63,5 puntos) y Setex-Urbaser (52,5 puntos). Las dos últimas se quedaron sin contrato.
"Muy poco detalle"
Donde mejor puntuación obtuvo Sufi-Hixienes fue en los apartados de Grado de detalle de la oferta (15 puntos sobre 15) y en Mejoras en medios auxiliares (8 sobre 10), ofreciendo, por ejemplo, un vehículo con lector de matrícula, dos de inspección, depósito propio de grúa, un departamento informático y la promesa de realizar estudios sobre zonas de "nueva implantación" del SER.
Por el contrario, Setex-Urbaser, que quedó en último puesto, recibió de los técnicos comentarios como los siguientes: "Muy poco detalle en las rutas previstas en la zona", "se aporta un modelo de tique que no incluye la matrícula del vehículo", "los planos de ubicación de las plazas apenas tienen detalle", etcétera. Setex es una de las empresas que más experiencia tienen en los parquímetros: gestiona otras zonas de parquímetros desde su instauración en noviembre de 2002.
El concurso público fue convocado el pasado 22 de septiembre con trámite de urgencia. Según Calvo, que firmó el documento, para desarrollar lo establecido en el artículo 63.2 de la Ordenanza de Movilidad. La ordenanza no fue aprobada hasta cuatro días después (el 26 de septiembre). Y no entró en vigor hasta el pasado 17 de octubre. El 2 de marzo se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad la zona de ampliación del servicio de estacionamiento regulado (SER). Un día después de la entrada en vigor del SER. El plazo para presentar las propuestas era sólo de 10 días, con la fiesta de la Almudena de por medio. "Tuvimos que preparar los 15 tomos de nuestra oferta en muy poco tiempo", afirman desde Setex-Urbaser.
Sufi, empresa de reconocida solvencia económica y técnica y filial de Ferrovial, había formado equipo con Setex para gestionar la primera zona de parquímetros de Madrid, en 2002. Ahora, Sufi sustituyó a Setex por Hixienes para formar una unión temporal de empresas para concursar en la última ampliación de la zona de estacionamiento regulado.
Setex es una sociedad que tiene 17 contratos de gestión de aparcamientos públicos por toda España. Y las cosas le van bien en su asociación con Sufi. Pero esta última prefirió ahora aliarse con Hixienes, una desconocida sin experiencia en el sector. "Sufi nos dijo que por decisiones de carácter empresarial no contaban con nosotros en esta ocasión. Por eso tuvimos que buscar un socio deprisa y corriendo", explican desde Setex. Hixienes tiene un capital social de sólo 3.005 euros.
Responsables de Setex se quejan, además, de que Sufi-Hixienes ganó el concurso a pesar de la nula experiencia de Hixienes en la gestión de parquímetros. Y subrayan que, según los pliegos, todas las empresas que concurren deben acreditar su solvencia económica y técnica. El gobierno municipal replica que la cláusula 20 de los pliegos establece: "Respecto a la determinación de la solvencia económica, financiera y técnica de las UTE y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas por cada uno de los integrantes".
"Eso dicen los pliegos y eso dice el Reglamento de la Ley de Contratos", afirma Fernando Autrán, coordinador general de Servicios a la Comunidad. Fuentes de Setex se declararon "sorprendidas" de que el Ayuntamiento haya hecho esa interpretación de los pliegos. "Atendiendo a la ley, cada uno de los miembros de la UTE debe acreditar solvencia técnica sin perjuicio de que sea acumulable", afirman.
Por su parte, un portavoz de Sufi justifica que no acudió al concurso en unión de Setex porque "las necesidades de cada empresa son diferentes en cada momento".
La carrera política del concejal Pedro Calvo ha sido meteórica. Cómo la de su colega en el PP Juan Manuel Casares. Ambos comenzaron muy temprano en la rama juvenil del PP (Nuevas Generaciones) en Galicia. Calvo fue su presidente en 1989, a la vez que Casares era miembro de la cúpula directiva. Poco después, Calvo ascendió a líder nacional de Nuevas Generaciones, en tanto que Casares dirigía la formación en Galicia. Casares presumía de tener magníficas relaciones con el edil madrileño.
Calvo ha alegado que no forma parte del órgano de contratación que elevó la propuesta de adjudicación de parquímetros a la empresa de Casares (Hixienes). Sí forma parte de ese órgano el director general de Movilidad, Javier Conde, hoy estrecho colaborador del concejal Calvo y también antiguo miembro de Nuevas Generaciones.
La mesa de contratación se reunió tres veces: la primera para recibir las propuestas que concurren; la segunda para abrirlas y exponer la oferta económica de cada una; y la tercera para, a partir del informe elaborado por los técnicos, emitir una "propuesta de adjudicación". Tras el concurso de los parquímetros, Conde presidió las dos primeras reuniones y asistió como vocal a la tercera, celebrada el pasado 14 de diciembre, la que realmente decide qué empresas ganan. En esa reunión se otorgó a la unión de empresas Sufi-Hixienes la gestión de una de las zonas de estacionamiento regulado.
La presencia de Conde figura recogida en las actas de las tres reuniones. A pesar de ello, una portavoz de la Concejalía de Seguridad aseguró ayer que el director de Movilidad "no acudió a la reunión del 14 de diciembre".
Publicado en El País.10.03.06El PSOE pide que dimita un edil al que acusa de adjudicar parquímetros a la empresa de un amigo
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez, pidió ayer la dimisión del concejal responsable de Movilidad, Pedro Calvo (PP), tras conocerse que una de las empresas adjudicatarias del servicio de parquímetros tiene de apoderado a Juan Manuel Casares, ex alto cargo del PP gallego y amigo del edil madrileño, según el PSOE. El gobierno municipal reconoce que Hixienes, la empresa de Casares, no tiene experiencia en la gestión del aparcamiento de pago, pero subraya que concurrió al concurso asociada con Sufi S.A. y que es a la unión de ambas a quien se le adjudica el contrato (144 millones en 11 años). Además, la concejalía sostiene que no puede "vetarse" a una empresa porque su dueño conozca a un concejal.
La unión de empresas (UTE) formada por Sufi S.A. e Hixitel Hixienes se presentó al concurso de gestión de la nueva zona de parquímetros convocado en noviembre pasado, y el 9 de enero de 2006 obtuvo uno de los tres lotes, según informó ayer el diario El Mundo y confirmó el coordinador general de Seguridad, Fernando Autrán.
Esa UTE gestionará, a cambio de 144 millones de euros repartidos en 11 años, 28.570 plazas verdes (para residentes) y azules (para visitantes) de ocho barrios del sur -Imperial, Acacias, Chopera, Legazpi, Delicias, Atocha, Adelfas y Estrella- y del casco histórico de Carabanchel.
Sufi pertenece al grupo Sacyr y gestiona parquímetros en otros barrios desde que el servicio de estacionamiento regulado (SER) se instauró en Madrid, en 2002. Pero Hixienes, con un capital social de sólo 3.005 euros, no tiene ninguna experiencia en ese campo. Poco antes de presentarse con Sufi al concurso del Ayuntamiento, Hixienes modificó su objeto social (hasta entonces centrado en trabajos de limpieza y desinfección) para incluir "la gestión y control del estacionamiento regulado en vías públicas".
A ese concurso concurrieron cinco empresas, y tres resultaron adjudicatarias, cada una para una zona de la ciudad: Eysa (FCC), la UTE formada por Api (ACS), Etralux (ACS) y grupo Vinci; y la de Sufi e Hixienes. Quedaron fuera Dornier (Ferrovial) y la UTE Setex-Urbaser. Ambas gestionan parquímetros en otras zonas de la ciudad.
El apoderado de Hixienes, Juan Manuel Casares González, fue diputado del PP en el Parlamento gallego hasta junio de 2005 y dirigió Nuevas Generaciones del PP en esa comunidad a finales de los ochenta, justo después de que el hoy concejal Pedro Calvo dejara el puesto de presidente nacional de Nuevas Generaciones.
Calvo no quiso hablar ayer. Su número dos, Fernando Autrán, afirmó: "Es verdad que Calvo y Casares se conocen, pero todos los políticos conocen a empresarios y comen con ellos habitualmente. Eso no puede ser razón para vetar a una empresa en un concurso. Si Calvo hubiese ordenado vetar a esa empresa, habría cometido prevaricación".
Calvo firmó el documento de adjudicación definitiva el 18 de enero, según figura en el expediente. La ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece, en su artículo 28.b), que cuando los funcionarios o empleados públicos tengan "parentesco" o "amistad manifiesta" con los administradores de las empresas que concurran a un procedimiento de contrato, esos funcionarios "se abstendrán de intervenir en el procedimiento". "Pero ese artículo sólo se refiere a los funcionarios que intervienen en la mesa de adjudicación, no al cargo político, que se limita a firmar la propuesta que la mesa hace", replica el coordinador general de Seguridad.
Autrán insistió en que el procedimiento ha sido "totalmente transparente" y en que la adjudicación fue aprobado "por unanimidad" en la mesa de contratación -donde están presentes un representante de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y el interventor municipal-. Afirmó que el cambio en el objeto social es "lo que hacen todas las empresas cuando concurren a un concurso" y subrayó que, aunque la gallega sea una empresa pequeña, "quien responde ante el Ayuntamiento es toda la UTE, cuyo 60% está en manos de Sufi, es decir, del grupo Sacyr".
Comisión de investigación
La portavoz socialista, Trinidad Jiménez, pedirá en el próximo pleno la creación de una comisión de investigación sobre esta adjudicación. "Si Calvo tiene un mínimo de dignidad política, un mínimo de decencia política, lo que tiene que hacer es presentar de inmediato su dimisión, porque hay claras sospechas de que ha habido una adjudicación irregular", afirmó. Tras asegurar que los socialistas han recibido "denuncias de algunas de las empresas que han pedido ser adjudicatarias y se les ha rechazado sin ninguna causa objetiva", Jiménez afirmó: "No se puede poner permanentemente en duda la actuación de la clase política. Esto nos perjudica a todos".
La concejal exigió al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que aclare cuanto antes "las sospechas". "No estoy haciendo una acusación directa hasta que no se realice una comisión de investigación que dirima las responsabilidades, pero no podemos permitir por más tiempo que la ciudadanía crea que los políticos cometemos irregularidades", dijo, antes de decir que Juan Manuel Casares es "un íntimo amigo" del concejal Pedro Calvo.
El grupo municipal de IU, encabezado por Inés Sabanés, exigió la apertura de una "exhaustiva" investigación en el seno de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones para "esclarecer las sospechas" sobre la concesión de la explotación de una zona de parquímetros a la empresa Hixienes. En un comunicado, IU afirmó que no descarta "ninguna posibilidad" en el ámbito de las "responsabilidades políticas", y asoció el caso al "afán privatizador de Gallardón y su equipo".
El comunicado añade que "en el ámbito de la política algo puede ser legal y, sin embargo, ser políticamente reprobable". Y añade: "En este caso, desde luego, las formas son altamente sospechosas. Así valoramos, por ejemplo, no sólo el vínculo de amistad entre el concejal y el empresario, sino el cambio de objeto social pocos días antes de la concesión".
Una de las empresas rechazadas estudia recurrir
El proceso de adjudicación de los contratos de gestión de los parquímetros en los nuevos barrios de Madrid arrastra problemas desde el inicio. Cuando el Ayuntamiento sacó a concurso el proceso, en trámite de urgencia, el pasado 22 de septiembre, cinco empresas se presentaron. Pero otra, Saba Abertis, decidió no acudir y protestó por el escaso plazo de tiempo (10 días con la fiesta de La Almudena de por medio) que tenía para preparar la documentación y elaborar un estudio técnico.
Saba Abertis explica que los criterios de valoración daban mayor importancia a las propuestas técnicas (85%) que a las económicas (15%), algo poco habitual, según la compañía.
El pasado 18 de enero el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, firmaba el decreto que hacía oficial la adjudicación de la gestión de los parquímetros. Una de las tres zonas adjudicadas fue asignada a una sociedad creada conjuntamente entre Sufi e Hixienes.
La sociedad Setex, que no resultó escogida, reconoce sentirse decepcionada, según contó ayer su presidente, Jaime López de Aguilar.
Setex gestiona, junto con Sufi, una de las zonas de aparcamientos que salieron a concurso en 2002. "Fue Sufi la que no quiso ir en esta ocasión con nosotros", explica López de Aguilar.
El presidente de Setex reconoce que está estudiando presentar un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo. "Quedan pocos días para presentar un recurso y aún tenemos que decidirlo", aclara
Casares, una meteórica carrera en el PP gallego
La carrera política de Juan Manuel Casares González ha sido tan meteórica que a los 40 años ya ha pasado a engrosar la nómina de los retirados forzosos. Las luchas intestinas del PP gallego le dejaron fuera de las listas a las elecciones autonómicas del pasado junio, a pesar de que en la legislatura anterior había sido el portavoz adjunto del grupo parlamentario popular. Casares fue arrastrado por el declive de su protector político, Xosé Cuiña, antiguo número dos de Manuel Fraga en el PP gallego. Era diputado autonómico desde 1993, cuando fue elegido con 28 años.
Casares nació en León el 26 de septiembre de 1965. Su familia fundó en Vigo en 1971 la empresa Limpiezas Faro, que en los últimos años ha dirigido su hermano Miguel Ángel. Juan Manuel se volcó en la política desde muy joven y fue presidente regional de Nuevas Generaciones del PP. En esa época el líder nacional de las juventudes populares era el ahora edil madrileño Pedro Calvo, con quien Casares presumía de mantener magníficas relaciones. La presencia de Calvo en actos de las Nuevas Generaciones gallegas era frecuente entonces. Casares fue subiendo peldaños en el partido, sobre todo cuando se situó entre el grupo de fieles a Cuiña, quien dirigía la organización regional del PP y la consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Xunta. El joven diputado acabó ejerciendo como portavoz del grupo popular en los temas referidos a ese departamento y fue también secretario de Acción Electoral de la ejecutiva del PP gallego.
Como las actividades de Limpiezas Faro eran bien conocidas e incluían contratas con la Administración, Casares siempre se declaró al margen del negocio familiar, que fue ampliándose en los últimos años. En 1999, cuando él ya se había especializado en los asuntos de infraestructuras en el Parlamento autónomo, su hermano Miguel Ángel diversificó las actividades empresariales y fundó la sociedad Ingenierías Medioambientales y de Recuperación, dedicada a "servicios técnicos de ingeniería, arquitectura y urbanismo".
En 2002 creó otra firma, Faro Noroeste de Servicios, dentro del sector de la limpieza, en el que el grupo ya venía actuando a través de su sociedad original y de otra, Hixiene S.L, creada en 1991. Tras dejar la política, Juan Manuel Casares fue nombrado a principios del presente año apoderado de estas dos últimas sociedades. Publicado en El País.09.03.06
Ayuntamiento de Madrid : El concejal de Tráfico, multado por conducir sin carné
Pedro Calvo, el concejal de Seguridad y responsable de la circulación en la ciudad, fue multado el pasado viernes por conducir su moto sin carné . Calvo admitió los hechos y reconoció que "no fue muy ejemplar" su actitud. Los hechos ocurrieron cuando Calvo decidió visitar algunos puntos calientes de la ciudad para comprobar cómo iban algunas de las campañas que ha puesto en marcha en las últimas semanas, como el bordillo del carril-bus. También se acercó hasta la calle de la Montera, lugar donde hay un dispositivo policial contra la prostitución. Calvo rozó entonces con su moto a un turismo estacionado en la confluencia de la Gran Vía con la calle de la Montera.Un agente se acercó, le pidió la documentación y descubrió, entonces, que el concejal conducía sin el carné y que éste, además, lo tenía caducado desde hacía un año. Según la versión de Calvo, un policía se acercó y le requirió la documentación. "No pude presentar el carné porque lo había extraviado, y por ese motivo no sabía que había caducado", explicó. "No fue una actuación ejemplar", admitió el concejal. "El agente me sancionó, pagué la multa para beneficiarme del descuento por pronto pago y he iniciado los trámites para renovar mi permiso de conducir", dijo.
Cadena Ser.01.09.04
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