FERNANDO MARTÍNEZ MAILLO Y CAJA ESPAÑA
LAS NOTICIAS
LA FISCALÍA RECURRE EL ARCHIVO DEL CASO CAJA ESPAÑA ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE LEÓN
IU recurrirá el archivo del ‘caso Caja España’ en el que se investigaba a Maíllo
COMIENZAN LAS DECLARACIONES DE LOS INVESTIGADOS
“LA CAJA ASUMÍA TODOS LOS RIESGOS DE LOS PRÉSTAMOS A SANTOS LLAMAS Y ÉL, NINGUNO”
LA MAGISTRADA ACTIVA EL DISPOSITIVO PARA ENVIAR A MAÍLLO A LA AUDIENCIA NACIONAL
LOS CONSEJEROS DE LA CAJA FIRMARON PARA QUE LLAMAS TUVIERA CRÉDITOS A RIESGO CEROCAJA ESPAÑA REFINANCIÓ 48 MILLONES A SU PRESIDENTE PESE A SU "ESCASA SOLVENCIA"
EL BANCO DE ESPAÑA ACORRALA AL CONSEJO DE CAJA ESPAÑA POR LOS CRÉDITOS A SU PRESIDENTEMAILLO DECLARARÁ COMO IMPUTADO EN EL FIASCO DE CAJA ESPAÑA
LA FISCALÍA INVESTIGA OPERACIONES DE LAS CAJAS ESPAÑA Y DUERO QUE PERDIERON 120 MILLONESLa Justicia sigue investigando a Martínez Maillo por administración desleal en Caja Duero
LOS INVESTIGADOS BLOQUEAN CON UN ARSENAL DE RECURSOS LA QUERELLA CONTRA LA CÚPULA DE CAJA ESPAÑA
LA JUEZA LEVANTA LA IMPUTACIÓN A LOS CONSEJEROS POR LOS CRÉDITOS DE LA CAJA
ANULADA LA IMPUTACIÓN DE LOS 14 EXCONSEJEROS DE CAJA ESPAÑA
EL NUEVO VICESECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL PP DECLARARÁ COMO IMPUTADO EN EL ‘CASO CAJA ESPAÑA’
LAS CLAVES DEL PROCESO JUDICIAL DE CAJA ESPAÑA POR EL QUE ESTÁ IMPUTADO EL NÚMERO TRES DEL PP
EL JUEZ IMPUTA A TODOS LOS CONSEJEROS DE CAJA ESPAÑA POR LOS CRÉDITOS A SANTOS LLAMAS
LAS SOSPECHAS SIGUEN ABIERTAS SOBRE LOS PRÉSTAMOS DE CAJA ESPAÑA A SU EXPRESIDENTE
SANTOS LLAMAS RECONOCE QUE PUDO EQUIVOCARSE DURANTE SU GESTIÓN AL FRENTE DE CAJA ESPAÑA
LA FISCALÍA DE LEÓN ORDENA ABRIR DILIGENCIAS CONTRA LOS DIRECTIVOS DE CAJA ESPAÑA Y CAJA DUERO
LA FISCALÍA RECURRE EL ARCHIVO DEL CASO CAJA ESPAÑA ANTE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE LEÓN
La Fiscalía de León recurre el auto de sobreseimiento del conocido como ‘caso Caja España’ archivo del denominado caso Caja España emitido el pasado 6 de marzo por el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital leonesa, según adelantó Radio León.
Ahora, la Audiencia Provincial deberá pronunciarse al respecto de un recurso que respeta el auto pero alega “divergencias jurídicas” respecto al pronunciamiento del auto que consideraba prescritas las posibles responsabilidades que se les atribuían a 14 ex consejeros de la entidad financiera y sostiene que las supuestas irregularidades no pueden limitarse a la sesión del Consejo de Administración en el que se concedieron prórrogas a los préstamos concedidos al que fuera presidente de la entidad, Santos Llamas, sino que se habrían cometido de forma continuada.
La Fiscalía, que junto a la acusación ejercida por Izquierda Unida, cifró en 60 millones el perjuicio económico para Caja España de las operaciones por las que se investigó a los ex consejeros, apuntó inicialmente que los hechos denunciados -un posible delito societario- se prolongaron hasta 2012.
https://www.elbierzodigital.com/la-fiscalia-recurre-el-archivo-del-caso-caja-espana-ante-la-audiencia-provincial-de-leon/237581IU recurrirá el archivo del ‘caso Caja España’ en el que se investigaba a Maíllo
La formación se lamenta de que “el Juez ha obviado el carácter continuado de los delitos” y defiende que “no hay prescripción”.
Izquierda Unida de Castilla y León (IUCyL) ha manifestado su “rotundo rechazo” al auto del Juzgado de instrucción número 5 de León que sobresee el ‘caso Caja España’ y declara la extinción de la presunta responsabilidad penal y la prescripción del delito societario a 14 exconsejeros de la entidad financiera, entre ellos el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo.
“No compartimos el criterio del Juez”, ha declarado el Coordinador de IUCyL, José Sarrión. La argumentación esgrimida por el Juez, que entiende que han pasado más de cinco años desde la comisión del delito el 8 de enero de 2009 (cuando se celebró el consejo de administración de Caja España en el que se efectuaron las primeras reestructuraciones de crédito a las empresas vinculadas a Santos Llamas), hasta la primera citación a los investigados el 6 de abril de 2015.
Sin embargo, IU recuerda que la Audiencia Provincial de León ya desestimó a 9 de enero de 2017 la petición de prescripción por entender que las refinanciaciones fraudulentas continuaron hasta el 26 de enero de 2012. En segundo lugar, el Juez entiende que los consejeros citados responden por los hechos del 8 de enero de 2009, obviando que muchos de ellos continuarían hasta fechas cercanas al 26 de enero de 2012 (fecha de las últimas refinanciaciones).
“No hay prescripción. El Juez ha obviado el carácter continuado de los delitos. Vamos a luchar porque se haga justicia; esclarecer lo ocurrido, y dar batalla hasta el final para que se persiga los corruptos y toda forma de corrupción”.
Por todos estos motivos, IUCyL anuncia que planteará un recurso de reforma ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de León y recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de León. “Vamos a seguir luchando porque se haga justicia; esclarecer lo ocurrido, y dar batalla hasta el final para que se persiga los corruptos y toda forma de corrupción. Somos una fuerza política pequeña pero usaremos todas nuestras fuerzas y recursos para que los corruptos paguen”, ha concluido.Archivada la causa contra Maillo y el resto de exconsejeros de Caja España por haber prescrito los delitos
Los exconsejeros estaban siendo investigados por la supuesta concesión irregular de créditos de un importe conjunto de 70 millones al expresidente de la entidad Santos Llamas.
El juzgado de instrucción número 5 de León ha dictado un auto por el que archiva la causa contra catorce exconsejeros de la antigua Caja España al considerar prescritos los delitos por los que estaban siendo investigados, según publica la agencia Efe, que cita fuentes judiciales.
Todos ellos estaban siendo investigados por la supuesta concesión irregular de créditos de un importe conjunto de 70 millones de euros al empresario y presidente de la entidad en aquel momento, Santos Llamas, por los que le imputaba un supuesto delito de administración desleal.
Trece de los catorce exconsejeros investigados comparecieron ante el juez los pasados 18 y 20 de febrero, ya que de la citación quedó excluido el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, que al ser diputado está aforado y estaba previsto que prestara declaración en el Tribunal Supremo.
Como acusación particular se personaron en la causa IU, Izquierda Abierta (IzAb) y Ecologistas en Acción. El letrado que representa a IU, Alberto López Villa, ha anunciado a Efe tras conocer el sobreseimiento de las actuaciones que presentarán recurso.COMIENZAN LAS DECLARACIONES DE LOS INVESTIGADOS
El juzgado número 5 de León inicia el proceso que deberá resolver la concesión de créditos del ex-presidente de la entidad financiera Santos LLamas
En el caso Caja España, del que se ocupa el Juzgado número 5 de León y en el Tribunal Supremo, en el caso del zamorano Fernando Martínez-Maillo, este lunes finalmente se van a producir las declaraciones de los investigados-imputados. El juzgado rechazó la semana pasada todos los recursos de la defensa.
Según comunicó el abogado de la acusación Luis Oviedo, que representa a Ecologistas en Acción, la titular del juzgado número 5 de León ha rechazado los recursos de las defensas de los 13 investigados-imputados, incluidos los que reclamaban la unión de toda la causa en el Tribunal Supremo junto al caso del aforado Fernando Martínez-Maíllo. La instructora considera que eso se decidirá en su momento y no obsta para tomar declaración ahora a los investigados-imputados. De modo que, después de prácticamente 5 años de iniciadas las diligencias, finalmente hoy van a declarar los primeros 8 investigados-imputados en la causa.
El martes 20 de febrero lo harán los 5 restantes. Recordamos que son miembros o representantes del PP, del PSOE, de UPL, de UGT, de CSICA y de ASAJA. Y todos ellos miembros del consejo de Administración de Caja España que favorecieron la refinanciación de los cuantiosos y luego fallidos créditos del entonces presidente del consejo de administración y de la Caja, el empresario leonés Santos Llamas.
http://cadenaser.com/emisora/2018/02/19/radio_zamora/1519024830_352000.html“LA CAJA ASUMÍA TODOS LOS RIESGOS DE LOS PRÉSTAMOS A SANTOS LLAMAS Y ÉL, NINGUNO”
Los inspectores del Banco de España aseguraron en sede judicial que se incumplió la normativa de gestión de riesgo de la propia entidad
“Santos Llamas no asumía ningún riesgo en los préstamos, asumiéndolo en su totalidad Caja España”. Esta es una de las inauditas afirmaciones que los inspectores del Banco de España, Miquel Seguí y Francisco Lorente, expusieron en sede judicial. La revelación es una de las pruebas que forma parte de la instrucción en el caso contra trece consejeros de la Caja, entre ellos el número 3 del PP, Fernando Martínez Maíllo, por entonces presidente de la Diputación de Zamora. Los inspectores, que declararon en el Juzgado número 5 de León el pasado mes de marzo, añadieron que se incumplió la normativa de gestión de riesgo de la propia entidad que, además, calificaron de “deficiente y mejorable”. “No hubo un seguimiento adecuado del riesgo de crédito con relación a las empresas del grupo Santos Llamas”, declararon. El Juzgado número 5 de León investiga las operaciones del Consejo a raíz de una denuncia presentada por Izquierda Unida cuyas diligencias se abrieron en el año 2013. El consejo de administración que aprobó las operaciones entre 2007 y 2009 está investigado por la refinanciación de la deuda de Santos Llamas.
Diario de León ya adelantó la semana pasada que la Audiencia podría citar en breve a Fernando Martínez Maíllo, coordinador general del PP, como investigado por el caso de la gestión de la extinta Caja España-Duero. El pasado 8 de enero, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de León solicitó a los abogados de los investigados en la citada causa la información de sus defendidos para conocer si alguno de ellos ostenta la condición de aforado y que, en caso afirmativo, lo acrediten de manera documental. La jueza dio un plazo de tres días, que sigue sin cumplirse. Una argucia legal ha esquivado la providencia dictada por Rocío González Boñar. Las defensas de todos los investigados —Miguel Ángel Álvarez, Artemio Domínguez González, Bernardo Fernández Álvarez, Francisco Javier Fernández, Alfredo Fernández Salvadores, Juan Elicio Fierro Vidal, Marcos García González, Francisco Javier García-Prieto, Zenón Jiménez-Ridruejo, Fernando Martínez Maíllo, Alejandro Menéndez Moreno, María Begoña Núñez, María Olga Palacio y José Antonio Turrado— han presentado documentación en la que solicitan la legitimidad de la acusación popular, ejercida por Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, y el archivo de la causa por entender que no hay indicios de delito.
No obstante, y según las mismas fuentes, la presentación de la información requerida por la magistrada no debería aplazarse más allá de dos meses, si bien el juicio podría demorarse años. La Fiscalía sostiene que el perjuicio económico para la entidad a causa de la administración desleal se cifra en 60 millones de euros.
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/la-caja-asumia-todos-riesgos-prestamos-santos-llamas-el-ninguno_1222019.htmlLA MAGISTRADA ACTIVA EL DISPOSITIVO PARA ENVIAR A MAÍLLO A LA AUDIENCIA NACIONAL
Solicita información sobre el carácter de aforados de los investigados por la presunta administración desleal de Caja España.
El horizonte penal del número del PP se complica. La Audiencia Nacional podría citar en breve a Fernando Martínez Maíllo, coordinador general del PP, como investigado por el caso de la gestión de la extinta Caja España-Duero. El pasado 8 de enero, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de León solicitó a los abogados de los investigados en la citada causa la información de sus defendidos para conocer si alguno de ellos ostenta la condición de aforado y que, en caso afirmativo, lo acrediten de manera documental. La jueza dio un plazo de tres días que, según ha podido saber Diario de León de fuentes de toda solvencia, no se ha cumplido. Una argucia legal ha esquivado la providencia dictada por Rocío González Boñar. Las defensas de todos los investigados —Miguel Ángel Álvarez, Artemio Domínguez González, Bernardo Fernández Álvarez, Francisco Javier Fernández, Alfredo Fernández Salvadores, Juan Elicio Fierro Vidal, Marcos García González, Francisco Javier García-Prieto, Zenón Jiménez-Ridruejo, Fernando Martínez Maíllo, Alejandro Menéndez Moreno, María Begoña Núñez, María Olga Palacio y José Antonio Turrado— han presentado documentación en la que solicitan la legitimidad de la acusación popular, ejercida por Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, y el archivo de la causa por entender que no hay indicios de delito.
No obstante, y según las mismas fuentes, la presentación de la información requerida por la magistrada no debería aplazarse más allá de dos meses, si bien el juicio podría demorarse años.
De hecho, las diligencias del juicio por las prejubilaciones de Caja Segovia son del 2011 y no fue hasta ayer mismo que se produjo la apertura del juicio oral. En el caso de Caja España-Duero, las diligencias son del año 2013.
La Fiscalía sostiene que el perjuicio económico para la entidad a causa de la administración desleal se cifra en 60 millones de euros debido a la concesión de una serie de créditos que se concedieron al que, por entonces era el presidente de la entidad, el empresario Santos Llamas. Según los datos periciales, el banco Ceiss, surgido de la fusión entre Caja España y Caja Duero, necesitó un rescate del Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB) de 1.129.000.000 para evitar la quiebra. Hay que recordar que en el año 2010 entró en vigor la Ley de Cajas que prohíbe expresamente a los presidentes mantener u obtener créditos, avales o garantías de la entidad que presiden para el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales.
En Caja Segovia
Los seis exdirectivos de Caja Segovia se enfrentan a penas de cárcel de cuatro a ocho años, además de la obligación de restituir las cantidades percibidas en concepto de prejubilaciones, tras la apertura del juicio oral decretada por la magistrada del Juzgado número 2 de Segovia.
Así lo manifestó ayer en declaraciones a los medios el abogado de IU, Alberto López, quien además indicó que el objetivo de sentar en el banquillo a los responsables es esclarecer si se manipularon las condiciones para cobrar prejubilaciones por un valor de 17 millones de euros.
También se analizará si la extinta Caja Segovia se encontraba en condiciones para hacer frente a estos pagos millonarios porque, en su opinión, la entidad se encontraba en una situación «desastrosa» y los planes de prejubilación no prevén «premiar la mala gestión».
Los acusados, el entonces presidente de la entidad, Atilano Soto; el vicepresidente primero, Manuel Agudíez; la vicepresidenta segunda, Elena García; el director general, Manuel Escribano; el secretario general, Antonio Tapias; y el director de Recursos Humanos, Enrique Quintanilla, tendrán que abonar una fianza conjunta de 24,4 millones de euros en un plazo de cinco días. Según el auto esta fianza servirá «para asegurar las responsabilidades pecuniarias y civiles», y determina que de no aportar las cantidades correspondiente se les embargarán bienes hasta la suma indicada.
http://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/magistrada-activa-dispositivo-enviar-maillo-audiencia-nacional_1220023.htmlLOS CONSEJEROS DE LA CAJA FIRMARON PARA QUE LLAMAS TUVIERA CRÉDITOS A RIESGO CERO
Los inspectores del Banco de España declararon que se incumplió la política de gestión aprobada por la entidad en 2004.
Los consejeros de Caja España hicieron dejación de sus funciones y permitieron que su presidente, el constructor Santos Llamas, se financiara con créditos de la entidad sin asumir riesgo alguno. Es decir, cuantos cobraban para velar por los derechos de los impositores de la Caja, trabajaron, según las conclusiones de los inspectores del Banco de España, de manera desleal con ellos. «Todos los riesgos los asumía, en su totalidad, Caja España», aseguraron los peritos Miquel Seguí y Francisco Javier Lorente el pasado mes en el Juzgado de Instrucción número 5 de León, que instruye el caso.
Los inspectores añadieron que, según sus investigaciones, los por entonces consejeros —Miguel Ángel Álvarez, Artemio Domínguez González, Bernardo Fernández Álvarez, Francisco Javier Fernández, Alfredo Fernández Salvadores, Juan Elicio Fierro Vidal, Marcos García González, Francisco Javier García-Prieto, Zenón Jiménez-Ridruejo, Fernando Martínez Maíllo, Alejandro Menéndez Moreno, María Begoña Núñez, María Olga Palacio y José Antonio Turrado— incumplieron los límites y la política de riesgo que la propia entidad se había impuesto y aprobado en el Consejo de Administración celebrado en abril de 2004.
Gestión del riesgo
Estas revelaciones forman parte de la instrucción del caso por el que trece consejeros de la Caja, entre ellos el número 3 del PP, Fernando Martínez Maíllo, por entonces presidente de la Diputación de Zamora, están siendo investigados. Los inspectores añadieron que se incumplió la normativa de gestión de riesgo de la propia entidad que, además, calificaron de «deficiente y mejorable». «No hubo un seguimiento adecuado del riesgo de crédito con relación a las empresas del grupo Santos Llamas», declararon. El Juzgado número 5 de León investiga las operaciones del Consejo a raíz de una denuncia presentada por Izquierda Unida cuyas diligencias se abrieron en el año 2013. El consejo de administración que aprobó las operaciones entre 2007 y 2009 está investigado por la refinanciación de la deuda de Santos Llamas.
Diario de León ya adelantó la semana pasada que la Audiencia podría citar en breve a Fernando Martínez Maíllo, coordinador general del PP, como investigado por el caso de la gestión de la extinta Caja España. El pasado 8 de enero, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de León solicitó a los abogados de los investigados en la citada causa la información de sus defendidos para conocer si alguno de ellos ostenta la condición de aforado y que, en caso afirmativo, lo acrediten de manera documental. La jueza dio un plazo de tres días, que sigue sin cumplirse. Sin embargo, y según ha podido saber Diario de León, la defensa de los investigados no han presentado aún la información solicitada. Una argucia legal ha esquivado la providencia dictada por Rocío González Boñar. Las defensas de todos los investigados han presentado documentación en la que solicitan la legitimidad de la acusación popular, ejercida por Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, y el archivo de la causa por entender que no hay indicios de delito.
No obstante, y según las mismas fuentes, la presentación de la información requerida por la magistrada no debería aplazarse más allá de dos meses, si bien el juicio podría demorarse años. La Fiscalía sostiene que el perjuicio económico para la entidad a causa de la administración desleal se cifra en 60 millones de euros.
http://www.diariodeleon.es/noticias/castillayleon/consejeros-caja-firmaron-llamas-tuviera-creditos-riesgo-cero_1222149.htmlCAJA ESPAÑA REFINANCIÓ 48 MILLONES A SU PRESIDENTE PESE A SU "ESCASA SOLVENCIA"
La refinanciación de la deuda de las inmobiliarias de Santos Llamas impidió que, de acuerdo a la normativa, el presidente de Caja España cesara en su cargo. Entre 2006 y 2009 recibió créditos valorados en más de 70 millones de euros.
El consejo de administración de Caja España se reunió el 8 de enero de 2009 para abordar la situación de las deudas que mantenía con la entidad empresas inmobiliarias de su presidente, Santos Llamas. En pleno pinchazo de la burbuja inmobiliaria española -siete meses antes se había declarado el concurso de Martinsa Fadesa, la mayor quiebra empresarial ocurrida en España- los consejeros de la entidad castellana decidieron refinanciar la mayoría de las deudas de su presidente. Lo hicieron a pesar de que el Comité de Riesgos de la caja lanzó duras advertencias. Santos Llamas se ausentó de dicha reunión.
El Juzgado de Instrucción número cinco de León investiga desde 2011 posibles delitos societarios en Caja España a raíz de una denuncia de Izquierda Unida contra esa operación de refinanciación aprobada por la caja en enero de 2009. El consejo de administración de la entidad, a excepción de Santos Llamas, está imputado. Entre ellos el actual coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo.
Vozpópuli ha accedido al contenido de los informes que profesionales del Banco de España elaboraron sobre los créditos concedidos por Caja España a Santos Llamas, y también de otros créditos aportados por Caja Duero. En marzo de 2013 el organismo envió a la Fiscalía Provincial de León un primer informe firmado por la Jefa de la División de Asesoría jurídica Interna. A finales de agosto de ese mismo año, el Departamento de Inspección del Banco de España envió al juzgado otro informe en el que se ratificaban las conclusiones del anterior, firmado por un inspector y un Jefe de Grupo. El pasado viernes día 17 de marzo los peritos de Banco de España declararon durante seis horas en el juzgado de instrucción número cinco de León y se refirieron a algunas de aquellas operaciones entre Caja España y su presidente como "inauditas", de acuerdo a fuentes presentes en el proceso.
La refinanciación de la deuda de Santos Llamas evitó que este hubiera estado obligado a dimitir como presidente de Caja España
En el informe enviado por Banco de España en agosto de 2013 al juzgado de León, se explica que el riesgo refinanciado por Caja España a las inmobiliarias de su presidente, aprobado por el consejo de administración en esa sesión de enero de 2009, ascendía a 48,2 millones de euros, lo que suponía el 2,67% de los recursos propios de la entidad, que presentaba unas pérdidas de 44,3 millones. En total, las operaciones de crédito y refinanciaciones entre la caja y Santos Llamas ascendió a 79 millones de euros, según la información enviada por Caja España a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en sus informes de Gobierno Corporativo entre 2006 y 2009, (una estimación elaborada por este diario).
El consejo de administración de Caja España aprobó no sólo refinanciar la deuda de Santos Llamas "al no poder hacer frente a sus obligaciones", señalan los peritos del Banco de España. También se acordó ampliar la financiación a una de las sociedades del presidente de la entidad.
En concreto, la caja aprobó respecto a la empresa Promociones Carrinor, de la que Santos Llamas poseía el 50% a través de Construcciones Carriegos, ampliar en tres millones de euros, hasta un total de 5,1 millones, un préstamo hipotecario concedido por Caja España en 2007 para la construcción de unas viviendas en Oviedo. Además se amplió el límite de una línea de avales de 0,7 millones hasta un millón de euros para garantizar la entrega a cuetna de las viviendas.
El Comité de Riesgos de Caja España advirtió sobre estas operaciones que la solvencia de la sociedad de Santos Llamas era "escasa", derivada de la promoción a financiar con una cobertura del 78,4%. El mismo comité destacó que la capacidad de pago de la empresa dependía "de las ventas de la promoción" y que la tesorería era "baja como consecuencia de un realizable y disponible escaso para hacer frente a su endeudamiento a corto plazo". También alertaba de su "alto apalancamiento" y de que se desconocía la identidad del otro accionista de la empresa.
Caja España aprobó en 2010 su fusión con Caja Duero, y un año después se integró en Unicaja. La entidad resultante de la fusión de Caja España y Caja Duero, Ceiss, recibió en 2013 una ayuda pública de 604 millones de euros. En 2013 Ceiss transfirió a la Sareb los créditos pendientes de subrogación de esa promoción de Santos Llamas de viviendas en Oviedo, "con el consiguiente quebranto para Banco Ceiss de 1,1 millones de euros".
La refinanciación salvó el puesto a Santos Llamas
Si el consejo de administración de Caja España hubiera denegado la refinanciación de la deuda de las empresas de Santos Llamas, este tendría que haber dimitido como presidente de la entidad.
Los informes de los peritos del Banco de España explican que el Decreto Legislativo 1/2005 de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León establece en su artículo 31 que los miembros de los órganos de gobierno deberían reunir ciertos requisitos. Entre ellos, "estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que hubieran contraído con la Caja de Ahorros (...). Y en su artículo 32 establece como no podrán ser miembros de los órganos de gobierno quienes durante el ejercicio del cargo "hubieran incurrido en incumplimiento de las obligaciones contraídas con la Caja con motivo de créditos o préstamos o por impago de deudas de cualquier clase frente a la entidad".
"Por tanto", concluyen los profesionales del Banco de España, "mediante la refinanciación de las sociedades vinculadas a Santos Llamas realizada en 2009 por Caja España se evitó el cese del Presidente y Consejero de Caja España D. Santos Llamas". Los peritos indican que se evitó dicho cese "al no presentar tras la reestructuración posiciones impagadas", si bien, conforme a una circular del Banco de España, esos riesgos "deberían haber sido calificados como dudosos por morosidad".
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/banca/Caja-Espana-refinancio-48-millones-euros-presidente-pese-escasa-solvencia_0_1012400218.htmlEL BANCO DE ESPAÑA ACORRALA AL CONSEJO DE CAJA ESPAÑA POR LOS CRÉDITOS A SU PRESIDENTE
Caja España concedió a su presidente, Santos Llamas, 79 millones en préstamos entre 2006 y 2009. El consejo de administración de la entidad, entre cuyos miembros se encontraba Fernando Martínez Maíllo, está imputado.
El pasado viernes 17 de marzo peritos del Banco de España declararon en el juzgado de instrucción número cinco de León por la investigación de posible delito de administración desleal cometido por el antiguo consejo de administración de Caja España, a raíz de una denuncia presentada en 2011 por IU y Ecologistas en Acción, por los créditos concedidos al ex presidente de la entidad, Santos Llamas. Los peritos calificaron como "escandalosas" e "inauditas" algunas de las operaciones realizadas entre Caja España y su ex presidente, de acuerdo a dos fuentes distintas presentes en la declaración.
Santos LLamas presidió Caja España entre 2006 y 2010 y en esos años recibió más de 79 millones de euros en créditos de la caja, según los datos aportados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En abril de 2015 la titular del juzgado de León imputó al consejo de administración de Caja España por esos préstamos; entre los miembros del consejo de administración investigados se encuentra el dirigente popular Fernando Martínez Maíllo.
La declaración de los peritos del Banco de España de hace dos semanas se prolongó durante seis horas. Las dos fuentes consultadas por este diario que presenciaron sus declaraciones afirman que los profesionales del organismo aseguraron que los créditos concedidos "no cumplían los requisitos contemplados en la Circular 4/2004", y que sobrepasaban los límites permitidos. En particular, sobre uno de los préstamos concedidos, los peritos destacaron que se trataba de una operación "inaudita" y "escandalosa".
Los peritos del Banco de España ya declararon ante el juzgado en 2015, pero la declaración ha tenido que repetirse porque esta no fue grabada en su momento, según explican las fuentes consultadas. Los préstamos comunicados por Caja España a Santos Llamas en sus informes de Gobierno Corporativo de los años 2006,2007,2008, y 2009 aparecen como créditos, préstamo promotor, o avales a empresa vinculada.
Al menos tres empresas dedicadas al negocio inmobiliario y de la construcción de Santos Llamas percibieron los créditos de Caja España, Construcciones Carriegos, Construcciones Llamas Gil, y Sotaban. Las tres empresas también recibieron más de 10 millones de euros de Caja Duero. Caja España y Caja Duero se fusionaron en 2010 y un año después se integraron en Unicaja.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob)envió hace dos semanas a la Fiscalía Anticorrupción nueve operaciones "irregulares" de Caja España y Caja Duero. Según informó el organismo en un comunicado, dichas operaciones son anteriores a 2010 y causaron perjuicios económicos por valor de 120 millones de euros. El Frob autorizó en 2013 una inyección de dinero público, 604 millones de euros, para recapitalizar CEISS, la entidad resultante de la fusión de Caja España y Caja Duero.
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Banco-Espana-acorralan-Caja-presidente_0_1011799964.htmlMAILLO DECLARARÁ COMO IMPUTADO EN EL FIASCO DE CAJA ESPAÑA
El número tres del PP será citado a petición de Ecologistas en Acción e IU, que ejercen la acusación popular en este caso, abierto por una denuncia de la Fiscalía contra la excúpula de la entidad por causar un supuesto ‘agujero’ de 60 millones en créditos favorables a su presidente
El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, será interrogado como investigado (antiguo imputado) por el supuesto delito de administración desleal que habría cometido al aprobar una serie de créditos de Caja España en favor del propio presidente de la entidad, Santos Llamas, cuando el político formaba parte de su consejo de administración.
La acusación popular que ejerce Ecologistas en Acción e Izquierda Unida tienen previsto solicitar este viernes la citación de Martínez Maillo como investigado, junto con los otros quince imputados que conformaban la excúpula de la Caja de Ahorros Caja España y Caja Duero entre los años 2009 y 2012, según confirman fuentes jurídicas.
La Fiscalía estima en casi 60 millones de euros el perjuicio económico ocasionado a la entidad fusionada al conceder estos créditos fallidos a su entonces presidente, créditos que debían ser aprobados por el consejo de administración investigado en el que Martínez Maillo formaba parte.
La causa fue abierta en el juzgado de instrucción número 5 de León en el año 2013 a instancia de la Fiscalía tras investigar una denuncia interpuesta por Izquierda Unida.
Este viernes declaran ante la juez de instrucción del caso, Rocío González Boñar, los inspectores del Banco de España que realizaron un informe pericial sobre estos créditos ventajosos y de dudoso cobro aprobados por el consejo de administración de la entidad de ahorros en beneficio de las constructoras del entonces presidente de Caja España, Santos Llamas.
Los consejeros aprobaron estos créditos en favor de Santos Llamas, a pesar de las advertencias recibidas del Banco de España de que estaban infringiendo la ley.
Rescate de 1.200 millones públicos
Las pérdidas afectaron a los “intereses generales” de Caja España, fusionada después con Caja Duero y luego Banco Ceiss, según la Fiscalía. La entidad precisó de un total de 1.129.000.000 euros públicos para evitar la quiebra y fueron aportados por el Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (Frob).
Martínez Maillo fue elegido coordinador general del PP el pasado 12 febrero, cuando el 9 de enero anterior la Audiencia Provincial de León había confirmado la imputación del político por supuestos delitos societarios al igual que el resto de los miembros del consejo de administración de Caja España.
Las operaciones de refinanciación o reestructuración de deudas vencidas en favor del Grupo Santos Llamas que se investigan se centran en especial entre los años 2010, 2011 y 2012 y fueron otorgadas por Caja España y Caja Duero.
En el año 2010 entró en vigor la Ley de Cajas que prohíbe expresamente a los presidentes mantener u obtener créditos, avales o garantías de la entidad que presiden para el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales.
Santos Llamas Llamas fue presidente de Caja España desde julio de 2006 hasta el 1 de octubre de 2010, cuando pasó a ser consejero de Caja España-Duero, de nueva creación tras la fusión de la entidad con Caja Duero, hasta que cesó en octubre de 2012.
Fernando Martínez Maillo formó parte del consejo de administración de Caja España entre los años 2006 y 2010 en su condición de presidente de la Diputación de Zamora (2003-2015).
El resto de los exconsejeros imputados son: Miguel Ángel Álvarez Sánchez (UGT), Bernardo Fernández Álvarez (empresario, designado por UPL), Francisco Fernández Álvarez (ex alcalde de León, PSOE), Javier García Prieto (PP), Olga Palacio García (PSOE), María Begoña Núñez Díez (PSOE), Marcos García González (PSOE), Zeón Rodríguez Ridruejo (PSOE), Artemio Domínguez Fernández (PP), Alejandro Menéndez Moreno (catedrático), Juan Elicio Fierro Vidal (PP), Alfredo Fernández Salvadores (sindicato Csica) y José Antonio Turrado Fernández (Asaja).
58 millones de euros de 'agujero'
El informe pericial del Banco de España analiza 29 operaciones concedidas por Caja España y otras 17 concedidas por Caja Duero, entre los años 2007 y comienzos de 2012, a las empresas de Santos Llamas (Construcciones Carriegos, S.A; Construcciones Llamas Gil, S.L.; Sotabán, S.L. y Soliciones Inmobiliarias de León, S.L.).
Los créditos ascendieron a 67,5 millones de euros desde Caja España –con un riesgo vivo de 55 millones de euros- y de otros 8,8 millones desde Caja Duero, donde el riesgo vivo asciende a 3 millones de euros.
¿Refinanciación trampeada?
En la investigación destaca también una operación de reestructuración de deudas realizada el 8 de enero de 2009 en Caja España y aprobada por el consejo de administración del que formaba parte Maillo y a favor de Santos Llamas.Esta operación debió de haber sido clasificada como dudosas por morosidad y no como una reestructuración normal, conforme establece el Banco de España (Circular 4/2004), según los peritos.
En la refinanciación de esta morosidad se habría aumentado la tasación del valor de los inmuebles que el presidente de la Caja había puesto como aval, sin aportar más garantías para aumentar el crédito en 30 millones de euros, según la investigación a la que ha accedido Público.
La prejubilación de ‘Paco Raquetas’
En la causa figura también la denuncia por una prejubilación a favor del consejero Francisco Fernández, ex alcalde socialista de León y conocido con el apodo de ‘Paco Raquetas’.
El dirigente socialista fue promovido desde un escalón bajo –auxiliar administrativo- a un puesto de alta dirección de Caja Duero cuando estuvo 12 años en excedencia por cargo político.
‘Paco Raquetas’ se prejubiló en base a un ERE mientras se encontraba en excedencia, se postulaba como candidato al Congreso de los Diputados y era miembro del consejo de administración de la entidad. Recibió 420.000 euros, según la documentación que obra en la denuncia.
La prejubilación fue firmada por el presidente Santos Llamas y su director general, Ignacio Lagartos. El escándalo desatado en 2011 provocó la dimisión de 'Paco Raquetas' como secretario general del PSL-PSOE, portavoz y concejal socialista en León.
http://m.publico.es/politica/1992710/maillo-declarara-como-imputado-en-el-fiasco-de-caja-espanaLA FISCALÍA INVESTIGA OPERACIONES DE LAS CAJAS ESPAÑA Y DUERO QUE PERDIERON 120 MILLONES
El FROB envía para su investigación nueve actuaciones «irregulares» aprobadas por las dos entidades antes de 2010.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el órgano del Ministerio de Economía y Competitividad encargado de gestionar los procesos de reestructuración y resolución de las entidades de crédito que necesitaron acudir al rescate público, ha enviado a la Fiscalía un total de 9 operaciones realizadas tanto por Caja España como por Caja Duero, que implicaron un perjuicio económico para las entidades que calcula en 120 millones de euros. Operaciones que el propio FROB califica como irregulares en un comunicado, en el que señala también que las decisiones se tomaron antes de 2010 por parte de las dos cajas que después se fusionaron, y más tarde, tras ser rescatadas, se integraron en Unicaja Banco.
La Comisión Rectora del FROB decidió en su sesión de este martes enviar a la Fiscalía las «nueve operaciones irregulares», después de haber analizado los informes periciales independientes que había solicitado para decidir sobre la necesidad de investigar estas actuaciones.
Operaciones
Aunque el FROB no concreta de qué operaciones se trata, sí señala que «la operativa analizada en dichos expedientes se basa fundamentalmente en operaciones de financiación y refinanciación para la adquisición de inmuebles o participaciones en sociedades, renegociaciones de préstamos con reducción de garantías, y, en general, operaciones que han dado lugar a importantes pérdidas para las entidades; y presentan indicios de irregularidad o no responden a una finalidad económica lógica».
El Banco de España ya advirtió a las dos grandes cajas de Castilla y León sobre irregularidades en varias actuaciones, en dos informes emitidos en 2006 y 2008. Así lo ratificaron los peritos del supervisor en el juicio que se lleva a cabo por presunta administración desleal por parte de los consejeros en los créditos concedidos a las empresas de Santos Llamas, que ocupó la presidencia de la entidad desde julio de 2006 a octubre de 2009, aunque se mantuvo como miembro del consejo de administración hasta octubre de 2012. Precisamente hoy se retoman las declaraciones por este caso.
De los consejos de administración cuya actividad ahora se investiga formaban parte también varios cargos públicos aún hoy en activo, entre ellos el actual coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo.
Ahora los consejeros están llamados también a declarar como investigados en el juicio de los créditos a Santos Llamas.
En todo caso, los informes del Banco de España advertían ya desde 2006 sobre la irregularidad de algunas operaciones que se habían aprobado; y obligó a recalificar decenas de grandes créditos que habían sido concedidos por las entidades, y que se pasaron a dudosos.
Incluso en 2008 la entidad supervisora advirtió con dureza sobre las «debilidades de gobernanza» de las cajas, «condicionada por importantes disputas entre partidos políticos en los órganos de gobierno, lo que se tradujo en una gestión debilitada por la inestabilidad del consejo». Los informes denunciaban también «la existencia de deficiencias en los informes de concesión de créditos y la inexistencia de informes de seguimiento», entre otras irregularidades.
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/fiscalia-investiga-operaciones-cajas-espana-duero-perdieron-120-millones_1146005.htmlLa Audiencia ordena seguir investigando por administración desleal a Martínez Maíllo, José Antonio Turrado, Francisco Fernández y otros 11 consejeros de España Duero
La sentencia, a la que ha tenido acceso leonoticias, ordena retrotraer las actuaciones al juzgado de origen, rechaza todos los argumentos de la defensa y remarca la administración desleal que favoreció créditos por más de 76 millones al empresario Santos LlamasLa Audiencia Provincial de León ha ordenado, en sentencia dictada el pasado 9 de enero y entregada a las partes este viernes día 20, desestimar los recursos formulados por los 14 consejeros de España Duero acusados por administración desleal cuando pertenecían a la citada entidad de ahorro.
El auto, al que ha tenido acceso leonoticias, descarta uno a uno los argumentos esgrimidos por la representación legal de los consejeros, ordena retrotraer la actuación al juzgado correspondiente y mantiene como investigados a todos ellos en este procedimiento.
Los investigados no velaron por los intereses de la entidad y permitieron que ésta mantuviera 'vivos' créditos de imposible cobro
La acusación que ahora se mantiene firme afecta a Fernando Martínez Maíllo, vicesecretario de organización del PP; José Antonio Turrado, secretario regional de Asaja; Artemio Domínguez, alcalde de Medina de Rioseco y diputado provincial por el Partido Popular en Valladolid; Javier García Prieto, concejal por el Partido Popular del Ayuntamiento de León; Francisco Fernández, exalcalde del Ayuntamiento de León; Miguel Ángel Álvarez, exconsejero de España Duero por UGT; Bernardo Fernández, exconsejero de España Duero por UPL; Alfredo Fernández Salvadores, exconsejero de España Duero por Csica; Juan Elicio Fierro, exconsejero España Duero por el PP; Marcos García, exsecretario de España Duero; Zenón Jiménez-Ridruejo Ayuso, exconsejero; Begoña Núñez, Olga Palacio y el actual consejero de España Duero Alejandro Menéndez.
Todos ellos, según consta en el procedimiento y remarca la Fiscalía, no velaron por los intereses de la entidad y permitieron que ésta mantuviera 'vivos' créditos a favor del presidente de la misma, el empresario leonés Santos Llamas, pese a tratarse de concesiones financieras de imposible cobro.
El procedimiento que ahora se reaviva proviene de las diligencias previas nº 1.917/2013, según la sentencia en poder de leonoticias, y que fueron incoadas por el Juzgado de Instrucción nº 5 de León, como consecuencia de la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal de fecha 20 de mayo de 2013.En dicha sentencia se ponía de manifiesto «unos hechos presuntamente constitutivos de un delito de administración desleal del artículo 295 del Código Penal en el que podrían haber incurrido los miembros del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros Caja España y Caja Duero hasta su fusión en el mes de octubre de 2010 y que luego formaron parte de la nueva entidad creada» como consecuencia de la fusión de Caja España con Caja Duero.
En su conjunto Santos Llamas llegó a mantener una deuda con la entidad (teniendo presente todas las sociedades en las que participaba con un 20% o superior) de 76,7 millones de euros. De ellos casi 68 millones fueron aportados por la entidad primera (Caja España) mientras que otros 8,8 provenían de la segunda entidad (Caja Duero). Santos Llamas, al ser titular de deudas con la entidad que presidía, se encontraba inhabilitado para ocupar el citado puesto de presidente, pese a lo cual los consejeros en ningún caso se opusieron ni hicieron notar esa condición. Por los mismos motivos, Santos Llamas también estaba inhabilitado para ejercer como consejero.
El procedimiento abierto y que ahora regresa desde la Audiencia al juzgado del que dimana cuenta, en base al auto al que ha tenido acceso leonoticias, con la plena legitimidad por parte del Ministerio Fiscal. La defensa de los consejeros alegaba una «vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva» que no se sostiene según el tribunal.
Así la Audiencia Provincial, tras citar jurisprudencia y derecho proveniente de la propia Constitución, advierte que «no puede ser otra mas que reconocer la legitimidad del Ministerio Fiscal para ejercer la acción penal en el caso de autos, y en consecuencia la pretensión de los apelantes para que se deje fuera a dicho órgano en la investigación del delito de que se trata, debe merecer un rechazo absoluto».
La sentencia rechaza la prescripción, no legitimidad del Fiscal y la indefensión de los acusados
Además, en el auto, se incide en que «de acuerdo con el informe emitido por los peritos del Banco de España, que obra en los autos, las irregularidades que en dicho informe se ponen de manifiesto afectarían al periodo de tiempo en el que Santos Llamas LLamas fue Presidente de Caja España y Consejero de la Caja de nueva creación, en cuyo periodo de tiempo que abarca desde junio de 2006 hasta el mes de octubre de 2012, se le concedieron diversas operaciones de riesgo al citado y a su grupo de empresas en las que participaba, directa o indirectamente, en mas de un 20%. Las citadas operaciones se detallan en el referido informe y abarcan el periodo de tiempo citado, pues las últimas operaciones fueron aprobadas el 26 de enero de 2012, según resulta del aludido informe del banco de España».
Créditos sin garantías
Se trata, tal y como consta en el documento, de operaciones aprobadas durante los años 2010, 2011 y el 26 de enero de 2012, que tenían por finalidad la refinanciación o reestructuración de deudas «sin aportación de nuevas garantías eficaces, efectuadas una vez que había vencido el plazo de carencia de pago de intereses y principal que se había concedido el 8 de enero de 2009, y que ponían de manifiesto la incapacidad de los acreditados para hacer frente a sus compromisos de pago en las fechas de su vencimiento».
La Audiencia Provincial rechaza al mismo tiempo una posible prescripción del delito de administración desleal y remarca que «desde la comisión del presunto delito atribuido a los apelantes por el ministerio fiscal en su denuncia hasta la fecha de la citada providencia, no han transcurrido los cinco años de prescripción del delito citado, y en consecuencia no puede hablarse de prescripción alguna, ya que la expresada resolución, como es la providencia citada para recibir declaración a los 'imputados', supone que se ha dirigido el procedimiento contra los mismos, cumpliéndose con lo dispuesto en el artícul o132 del código penal».
Entre los 14 acusados se encuentra el exalcalde Francisco Fernández y el actual concejal del PP García Prieto
Alegan los apelantes en tercer lugar, la nulidad de actuaciones por cuanto no fueron citados en su día para la ratificación del informe emitido por los peritos del Banco de España y que se produjo el día 22 de enero de 2015, y además la grabación de dicho acto que ha sido facilitada por el Juzgado a los defensores de los investigados, resulta inaudible en muchos espacios temporales. Por todo ello alegan la indefensión sufrida y por tanto la nulidad de actuaciones.
Ante ello la sala se remite «a los acertados razonamientos del auto recurrido de fecha 21 de junio de 2016. Ninguna indefensión se les ha ocasionado a los apelantes, ya que en aquella fecha -22 de enero de 2015- no se habían personado como imputados en el procedimiento, y por ello no fueron citados para dicho acto. Sin embargo la expresada irregularidad procesal ha quedado del todo subsanada, pues el Juzgado acordó la citación de los peritos para el día 24 de octubre de 2016, lo que se les notificó a todas las partes personadas, si bien finalmente por acuerdo del ministerio fiscal y de todos los interesados se ha suspendido dicha comparecencia de los peritos, hasta que se resuelva el presente recurso. Ninguna indefensión ni por lo tanto nulidad puede ser acogida».
Tras rechazar todos los argumentos esgrimidos por los acusados la Audiencia Provincial de León procede a la desestimación íntegra del recurso de apelación y la confirmación de las resoluciones recurridas, con declaración de oficio de las costas procesales de los recursos de apelación formalizados».
Desestimación
«Debemos desestimar y desestimamos los recursos de apelación formulados por los investigados en esta causa, Miguel Ángel Álvarez Sánchez, Artemio Domínguez González, Bernardo Fernández Álvarez, Francisco Javier Fernández Álvarez, Alfredo Fernández Salvadores, Juan Elicio Fierro Vidal, Marcos García González, Francisco Javier García Prieto, Zenón Jiménez Ridruejo Ayuso, Fernando Martínez Maillo, Alejandro Menéndez Moreno, María Begoña Núñez Díez, María Olga Palacio García y José Antonio Turrado Fernández, contra los autos de fecha 3 de diciembre de 2015 y 21 de junio de 2016, dictados por el Juzgado de Instrucción nº 5 de León en las diligencias previas», se cita textualmente.
Contra esa sentencia «no cabe recurso ordinario alguno» y procede devolver «los autos originales al Juzgado de procedencia, con certificación de lo resuelto, para su notificación y ejecución, de todo lo cual deberá acusar el oportuno recibo».14 investigados
Fernando Martínez Maíllo, vicesecretario de organización del PP; José Antonio Turrado, secretario regional de Asaja; Artemio Domínguez, alcalde de Medina de Rioseco y diputado provincial por el Partido Popular en Valladolid; Javier García Prieto, concejal por el Partido Popular del Ayuntamiento de León; Francisco Fernández, exalcalde del Ayuntamiento de León; Miguel Ángel Álvarez, exconsejero de España Duero por UGT; Bernardo Fernández, exconsejero de España Duero por UPL; Alfredo Fernández Salvadores, exconsejero de España Duero por Csica; Juan Elicio Fierro, exconsejero España Duero por el PP; Marcos García, exsecretario de España Duero; Zenón Jiménez-Ridruejo Ayuso, exconsejero; Begoña Núñez, Olga Palacio y el actual consejero de España Duero Alejandro Menéndez.http://www.leonoticias.com/leon/201701/21/audiencia-ordena-seguir-investigando-20170121225250.html
La Justicia sigue investigando a Martínez Maillo por administración desleal en Caja Duero
Rapapolvo de la Audiencia en la sentencia: la pretensión de los apelantes "debe merecer un rechazo absoluto"
La Audiencia Provincial de León ha desestimado el recurso presentado por el vicepresidente de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, también presidente del partido en Zamora, para que se archive la investigación abierta contra él por su actuación cuando era Consejero de la antigua Caja Duero. El dirigente popular y otros 10 consejeros está bajo sospecha de haber favorecido créditos por más de 76 millones al empresario Santos Llamas.
En los recursos de Maillo y el resto de los investigados, la defensa alegaba que que la denuncia del Ministerio Fiscal debió de inadmitirse a trámite por cuanto carecía de legitimación para el ejercicio de la acción penal en este procedimiento, según figura en el auto al que ha tenido acceso Efe.
En segundo lugar, alegaban la prescripción del delito y también pedían la nulidad de la diligencia de ordenación de fecha 10 de junio de 2013, así como de la de la providencia de 25 de julio de 2013 por la indebida admisión de la personación de Izquierda Unida, sin exigirle la prestación de fianza.
En el quinto y último recurso las defensas de los investigados alegaban la nulidad de la ratificación de los peritos del Banco de España que había tenido lugar el día 22 de enero de 2015 al no haber sido citadas dichas defensas y resultar técnicamente inaudible las grabaciones.
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Respecto a los recursos, la Audiencia niega cada uno de los puntos. Así, reconoce la legitimación del fiscal para presentar la denuncia inicial, y en consecuencia la pretensión de los apelantes para que se deje fuera a dicho órgano en la investigación del delito de que se trata "debe merecer un rechazo absoluto", se señala en el auto. La Audiencia también advierte de la inexistencia de la prescripción del delito ya que "no han transcurrido los cinco años de prescripción del delito citado, y en consecuencia no puede hablarse de prescripción alguna".
También se deniega la petición de nulidad de la diligencia de ratificación del informe de los peritos de Banco de España el día 22 de enero de 2015, además de la grabación de dicho acto que ha sido facilitada por el Juzgado a los defensores de los investigados por considerar que resultaba inaudible en muchos espacios temporales.
En este sentido, el auto ha señalado que "ninguna indefensión se les ha ocasionado a los apelantes, ya que en aquella fecha no se habían personado como imputados en el procedimiento, y por ello no fueron citados para dicho acto. Sin embargo la expresada irregularidad procesal ha quedado del todo subsanada". Una subsanación que se produjo tras acordar el Juzgado la citación de los peritos para el 24 de octubre de 2016, lo que se les notificó a todas las partes, si bien finalmente por acuerdo del ministerio fiscal y de todos los interesados se suspendió dicha comparecencia hasta que se resolviera el presente recurso.
Por todo ello, "ninguna indefensión ni por lo tanto nulidad puede ser acogida" por este motivo, ha apuntado en su auto la Audiencia. Lo mismo afirma el auto de la inobservancia por parte de Izquierda Unida del requisito procesal de prestar fianza para el ejercicio que realiza de la acción popular. El juzgado subsanó dicha irregularidad exigiéndole una fianza de 1.200 euros que ya ha sido prestada, por lo tanto, "tampoco puede invocarse irregularidad alguna al respecto", finaliza el auto.
Por estos hechos, el Juzgado de Instrucción número 5 de León imputado a catorce integrantes del consejo de administración de Caja España en 2009. Entre los imputados figuran, además de Martínez Maillo, los también populares Javier García-Prieto y Artemio Domínguez González. En las filas del PSOE, están siendo investigados Begoña Núñez, el histórico político socialista Zenón Jiménez-Ridruejo o el exalcalde de León Francisco Fernández. También Miguel Ángel Álvarez, de la UGT, y el secretario autonómico de Asaja de Castilla y León, José Antonio Turrado.
El procedimiento judicial se inició a raíz de una denuncia planteada por Izquierda Unida y la organización Ecologistas en Acción, que aprecian una administración desleal de los fondos de la entidad financiera que habría causado un quebranto en sus cuentas de unos 47 millones de euros, según los denunciantes.LOS INVESTIGADOS BLOQUEAN CON UN ARSENAL DE RECURSOS LA QUERELLA CONTRA LA CÚPULA DE CAJA ESPAÑA
IU lamenta que la Justicia aún no haya resuelto los recursos de los 14 exconsejeros investigados, entre ellos el número tres del PP, Fernando Martínez Maillo
Ha pasado casi un año desde que la titular del Juzgado número 5 de León decidiera aplazar las declaraciones de los exconsejeros de Caja España y ordenase volver a repetir algunos de los trámites de la investigación. Un tiempo que las defensas de los investigados han dilatado con toda una artillería de recursos alegando desde la prescripción del delito hasta la incapacidad de los denunciantes, Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, para personarse en la cauda. Según el abogado de los primeros la estrategia de la defensa pasa por ganar tiempo. Gorka Esparza lamenta que la causa se encuentre totalmente paralizada en los juzgados y considera que ya ha transcurrido tiempo suficiente para haber resuelto los recursos.
Entre los investigados por la concesión de créditos ventajosos a Santos Llamas en un consejo de administración de 2009 se encuentran el actual número 3 del PP Fernando Martínez Maíllo, el exalcalde de León Francisco Fernández, el sindicalista de UGT Miguel Ángel Álvarez, el actual concejal Javier García Prieto o el responsable provincial de ASAJA José Antonio Turrado. Esparza recuerda que la dilatación del proceso juega a favor de los investigados que podrían beneficiarse de un atenuante por dilaciones indebidas.
El abogado añade que es muy posible que tengan incluso que repetirse las declaraciones de los peritos del Banco de España cuya validez las defensas también han puesto en duda.
http://cadenaser.com/emisora/2016/04/05/radio_leon/1459860182_498754.htmlLA JUEZA LEVANTA LA IMPUTACIÓN A LOS CONSEJEROS POR LOS CRÉDITOS DE LA CAJA
Las tomas de declaración se aplazan por falta de tiempo para preparar el caso
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de León, Rocío González Boñar, levantó ayer la imputación de todos los consejeros de Caja España que estaban citados a declarar por formar parte del Consejo de Administración de la entidad que aprobó en 2009 la refinanciación de la deuda que tenía su expresidente, Santos Llamas. La decisión se produce al suspenderse sus comparecencias debido a los «defectos formales» que se han detectado en el proceso, lo que no cierra el caso en los tribunales, según informa la agencia Ical.
Ayer estaban citados a declarar en los juzgados de la capital leonesa Miguel Ángel Álvarez, Artemio Domínguez y Bernardo Fernández, Francisco Fernández, Alfredo Fernández, Juan Elicio Fierro y Marcos García González, mientras que para el próximo viernes estaban llamados Javier García Prieto, Zenon Jiménez Ridruejo, Fernando Martínez Maillo, Alejandro Menéndez, María Begoña Núñez, Olga Palacio y José Antonio Turrado.
Fuentes cercanas al caso explicaron a Ical que todos los consejeros ya no se encuentran imputados debido a que esta condición se había aplicado para que prestaran declaración. El motivo se debe a que el abogado que representaba a Caja España en realidad no tenía los poderes para ello y no se encargaba de defender a la entidad desde 2003. Por ello, la jueza ha decidido anular todas las actuaciones del letrado por lo que la actuación judicial se retrotrae a la declaración de los peritos del Banco de España.
Asimismo, otra cuestión ha pesado en la decisión adoptada por la jueza como es que la grabación, presentada como prueba, presenta deficiencias técnicas por lo que no puede considerarse como válida. Por tanto, todo ello impide que los exconsejeros comiencen a prestar declaración, si bien no se da por cerrado el caso judicial, que comenzó con la denuncia presentada en 2011 por Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, que pone en duda la legalidad de operaciones de crédito a Llamas por importe de unos 70 millones. Tras esta suspensión, no se prevé que la causa pueda reanudarse antes del próximo mes de octubre, ya que la agenda del juzgado que lleva el caso está «completa» hasta esas fechas y «sería imposible hacerlo antes», según explicó el abogado de la acusación popular ejercida por Ecologistas en Acción, Luis Oviedo, quien insistió en que la causa «es muy grande y tiene muchos folios» y algunas de las citaciones llegaron a los ahora desimputados hace apenas unos días.
Oviedo explicó a la salida de la sesión lo ocurrido: «Antes del inicio de las primeras declaraciones, todas las defensas en conjunto han planteado la existencia de un problema de tiempo. Algunos de ellos ciertamente no han podido acometerlo y ello les producía una cierta indefensión y las acusaciones lo que hemos hecho es plantearnos la posibilidad de evitar procedimientos de nulidad de actuaciones por indefensión de los imputados y en función de ello se ha suspendido tanto la declaración prevista para esta mañana (por ayer) como las del próximo día 29». La suspensión no tiene fecha fijada para la reanudación: «Los cálculos que se hacían en el juzgado meramente a título orientativo calculan que antes del mes de octubre va a ser imposible llevar a cabo la toma de las declaraciones».
Preguntado por los periodistas si podía tratarse de una táctica dilatoria de los imputados, Oviedo contestó: «Las defensas tienen derecho a emplear todas las tácticas que quieran. Yo sinceramente pienso que en algunos de los casos está justificado. A alguna de las defensas les llegó el escrito el día 16 de mayo y se trata de una causa muy grande y con muchos folios. Un asunto de estas características es delicado».
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/jueza-levanta-imputacion-consejeros-creditos-caja_982203.htmlANULADA LA IMPUTACIÓN DE LOS 14 EXCONSEJEROS DE CAJA ESPAÑA
Defectos de forma en la tramitación del proceso obligan a repetir los testimonios de los peritos del Banco de España
Los 14 exconsejeros de Caja España que participaron en 2009 en el pleno que aprobó la refinanciación de la deuda de las empresas de Santos Llamas –entonces presidente de la entidad financiera–, han visto cómo su imputación ha quedado anulada por defectos de forma en la tramitación del proceso. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de León ha atendido las quejas de los abogados de la defensa, fundamentadas en dos aspectos: el primero de ellos, que el abogado y la procuradora de Caja España no representan a los exconsejeros, tal y como se entendió en el momento en el que declararon los peritos del Banco de España.
El segundo motivo se limita a un problema técnico. Tal y como se demostró este martes en el propio Juzgado, la grabación del testimonio de los peritos resulta inaudible, de tal manera que se hace necesaria su repetición. Todo ello llevó a la jueza a suspender las declaraciones previstas para este martes, lo cual deriva a su vez en el levantamiento de las imputaciones. Jesús Sánchez Lombás, abogado de cuatro de los exconsejeros de Caja España, explica lo ocurrido en declaraciones a este periódico: «En su momento, el Juzgado interpretó que el abogado y la procuradora de Caja España también eran el abogado y la procuradora de los consejeros, y eso no es así. Las actuaciones, por tanto, ya nacieron viciadas», argumenta Lombás, para añadir después que «el testimonio de los peritos resulta inaudible, otro motivo que obliga a repetir la tramitación del proceso desde ese momento».
Jesús Sánchez Lombás, abogado de cuatro exconsejeros de la entidad, considera que el proceso judicial "nació viciado" Cabe recordar que el abogado que representaba a Caja España cuando se tomó declaración a los peritos, en realidad no tenía los poderes para ello y no se encargaba de defender a la entidad ya desde el año 2003. De esta forma, será en el mes de octubre o noviembre («no ser á posible antes por la saturación de los juzgados de León», lamenta Lombás) cuando los peritos de Caja España tengan que repetir su declaración en instancias leonesas. En esta ocasión, ahora sí, con la presencia de todos los abogados de los 14 exdirigentes de la entidad financiera que participaron en el famoso consejo del 8 de enero de 2009. Estos eran el exalcalde de León, Francisco Fernández, el secretario provincial de Asaja, José Antonio Turrado, el entonces presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maíllo, el procurador Javier García Prieto, además de Miguel Ángel Álvarez, Artemio Domínguez, Bernardo Fernández, Alfredo Fernández, Juan Elicio Fierro, Marcos García, Zenon Jiménez-Ridruejo, Alejandro Menéndez, María Begoña Núñez y María Olga Palacio.
El caso judicial se retrotrae pero no queda anulado, un proceso que comenzó con la denuncia presentada en 2011 por Izquierda Unida y Ecologistas en Acción, al poner en duda la legalidad de operaciones de crédito en favor de Santos Llamas por un importe de 70 millones de euros.
El caso de García Prieto, al TSJ
Mención especial merece el procurador del PP, Javier García Prieto. La jueza ha derivado su próxima declaración judicial (en caso de que sea necesaria) al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) por la condición de aforado del expresidente de la Diputación de León.
http://www.lanuevacronica.com/anulada-la-imputacion-de-los-14-exconsejeros-de-caja-espanaEL NUEVO VICESECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL PP DECLARARÁ COMO IMPUTADO EN EL ‘CASO CAJA ESPAÑA’
La situación procesal del nuevo número tres del PP, pese a la suspensión de la citación, no ha cambiado, según fuentes del Tribunal Superior
Martínez Maíllo niega que esté imputado y anuncia que no optará a la Presidencia de la Diputación de Zamora
El nuevo vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maíllo, deberá declarar en calidad de imputado en la causa que sigue abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 de León, en la que se investiga al antiguo consejo de administración de Caja España por la concesión irregular de créditos al entonces presidente de la entidad, Santos Llamas.
En una providencia, la magistrada Rocío González Boñar llamó a declarar para el pasado 29 de mayo a Fernández Maíllo, que es presidente de la Diputación de Zamora en funciones, y a otros antiguos miembros que participaron en la sesión del consejo de Administración del 8 de enero de 2009, que abordó la refinanciación de la deuda que tenía Santos Llamas.
Según explicaron a Europa Press fuentes jurídicas, las comparecencias, que fueron acordadas en aquella providencia con fecha del 6 de abril, se aplazaron porque las defensas solicitaron más tiempo para examinar la documentación que obra en la causa y se encuentran a la espera de tener nueva fecha de señalamiento.
La magistrada imputó entonces a los entonces consejeros Miguel Ángel Álvarez, Artemio Domínguez, Bernardo Fernández, Francisco Javier Fernández, Alfredo Fernández, Juan Elicio Fierro, Marcos García, Francisco Javier García-Prieto, Zenon Jiménez, Fernando Martínez Maíllo, Alejandro Menéndez, Maria Begoña Nuñez, María Olga Palacio y José Antonio Turrado.
Así, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León consultadas por Europa Press aseguran que la situación del nuevo vicesecretario de Organización del PP y de los otros 13 integrantes del consejo de administración de Caja España no ha cambiado, en el sentido de que volverán a ser citados a declarar, en calidad de imputados, en fecha aún por determinar.
Señalamiento de los "imputados"
Las mismas fuentes precisaron que la declaración como imputado supone una garantía procesal que se ofrece a los afectados para que comparezcan asistidos de letrado, así como que a posteriori será la instructora la que, en función de los declarado, dictará el correspondiente auto en el que resolverá si imputa formalmente y los posibles delitos atribuidos o bien sobreseerá las actuaciones.
El 2 de junio, la magistrada González Boñar dictó una nueva providencia, a la que tuvo acceso infoLibre, según la cual requirió a las partes que, en el plazo de cinco días, "manifiesten si interesan la práctica de alguna diligencia con carácter previo a la fijación de los señalamientos para las declaraciones de los imputados". Afirmación inequívoca.
Créditos por valor de 70 millones
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de León investiga este caso a raíz de una denuncia presentada por Izquierda Unida [consúltala aquí en PDF] sobre los créditos de "escasa solvencia o en condiciones mucho más ventajosas" aprobados en cajas de Castilla y León.
En lo que respecta a Caja España, la denuncia pide investigar cinco préstamos a empresas vinculadas a Santos Llamas que ascienden a 17,6 millones de euros, un préstamo hipotecario a una empresa vinculada a él por importe de 15,2 millones, así como otras operaciones de "renovación de cuenta de crédito, líneas de avales y ampliación de préstamo a promotor a empresa vinculada por 5,1 millones".
"La cantidad total de créditos concedidos a Caja España a Santos Llamas no aparece detallada en los documentos entregados por la CNMV. La cifra total que han barajado medios y fuentes consultadas supera los 70 millones", añaden los denunciantes.
Según su escrito, Santos Llamas era presidente de Construcciones Carriegos, administrador único de Construcciones Llamas Gil y vocal del consejo de administración de Sotaban, tres sociedades dedicadas al negocio inmobiliario que recibieron créditos de Caja España y Caja Duero.
Por ello, los denunciantes solicitan investigar la posible comisión de delitos societarios por parte de quienes "prevaliéndose de su condición mayoritaria en órganos de administración, han logrado que las entidades públicas de ahorro hayan adoptado acuerdos con ánimo de lucro propio o en perjuicio de terceros".
Pidió la nulidad por defectos de forma
Maíllo aseguró que actualmente no se encuentra imputado por el caso Caja España y recordó que el proceso está ahora mismo en suspenso. El dirigente zamorano ofreció una rueda de prensa poco después de conocerse su nombramiento como número tres del PP. En ella reiteró que en su momento recibió una citación para declarar por el caso Caja España aunque quedó "en suspenso precisamente por el cúmulo de circunstancias" que habían concurrido con anterioridad, punto en el que se ha referido a "irregularidades en el proceso".
Así, desde ese momento considera que no tiene "esa condición de imputado" aunque añadió "que cada uno puede interpretar lo que considere oportuno". Del mismo modo, explicó que este mismo jueves Caja España "ha quedado fuera del propio proceso" y que tanto él como el resto de exconsejeros han pedido la nulidad por defectos de forma, tras la citada providencia del 2 de junio pasado.
Martínez Maíllo enfatizó que en cualquier caso no se trataba de un tema de corrupción porque "nunca" tomó una decisión en beneficio propio y reiteró que el 9 de enero de 2009 acordaron refinanciar la deuda, decisión que "junto a muchas otras permitieron salvar Caja España".
Con todo, aseveró que el origen de la investigación fue una denuncia "política" de Izquierda Unida interpuesta "para hacer daño", pero se mostró convencido de que todo se va a archivar y a declarar nulo. Ante esta situación, el nuevo vicesecretario concluyó que mientras no reciba una nueva notificación donde diga que está imputado no se considerará como tal.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/06/18/maillo_declarara_como_imputado_caso_caja_espana_34272_1012.htmlLAS CLAVES DEL PROCESO JUDICIAL DE CAJA ESPAÑA POR EL QUE ESTÁ IMPUTADO EL NÚMERO TRES DEL PP
El juzgado de instrucción número 5 de León está pendiente de fijar fecha para que declare Martínez Maíllo y otros 15 imputados por el caso de la autoconcesión de créditos en la entidad
Izquierda Unida de Castilla y León y Ecologistas en Acción denunciaron los préstamos que Caja España y Caja Duero –antes de fusionarse- dieron a las empresas de la construcción de Santos Llamas, presidente de la entidad financiera entre 2006 y 2010
El Banco de España advirtió varias veces a Caja España de que estaba infringiendo la ley pero la entidad no mudó su actitud que causó pérdidas millonarias
El número tres del PP, el presidente ‘popular’ en Zamora, el que fuera además presidente de la Diputación de Zamora, el actual alcalde de Casaseca de las Chanas (municipio zamorano de 400 habitantes), y exmiembro del Consejo de Administración de Caja España, Fernando Martínez Maíllo, está pendiente de que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de León fije otra fecha para declarar como imputado por el ‘caso Caja España’. Este juzgado investiga la concesión de créditos al expresidente de esta entidad, el empresario de la construcción de León Santos Llamas, y que llevó a la jueza a imputar a los 15 miembros del Consejo de Administración de Caja España al entender que pudieran tener alguna responsabilidad en la concesión de esos créditos. Santos Llamas terminó siendo presidente de la entidad financiera entre 2006 y 2010.
Según fuentes judiciales, el pasado día 5 de junio, la jueza dictó una providencia en la que daba un plazo de cinco días para “manifestar si interesa la práctica de alguna diligencia con carácter previo a la declaración de los imputados”. Y añadía una lista de nombres, en la que figuraba Martínez Maíllo.
Las mismas fuentes destacan que la declaración estaba prevista para el pasado día 19, aunque por problemas “de forma en la citación” de los peritos del Banco de España se decidió posponer la declaración “de los imputados”. Pero sin que se modificara la condición de las comparecencias, según las citadas fuentes.
Izquierda Unida de Castilla y León y Ecologistas en Acción denunciaron los préstamos que Caja España y Caja Duero –antes de fusionarse- dieron a las empresas de la construcción de Santos Llamas, como Construcciones Carriegos, Construcciones Llamas Gil y Sotaban.
Según la denuncia que presentaron IU y el colectivo ecologista, Construcciones Carriegos recibió en 2008 tres préstamos de Caja España por 14 millones de euros. Y otro más por parte de Caja Duero, por 8,3 millones. Esta empresa consiguió un beneficio de 2,1 millones en ese mismo año.
Por su parte, Construcciones Llamas Gil, también recibió en 2008 dos préstamos de Caja Duero por 131.500 euros y otros tres préstamos de Caja España por 5,4 millones. Y Sotaban, también en 2008, recibió 20 créditos de Caja España y Caja Duero por 21 millones de euros.
Y todos esos préstamos los recibió Santos Llamas ya como presidente de Caja España, a cuyo cargo accedió en julio de 2006 y que abandonó en 2010. Dos años después dejar el puesto, la inspección del Banco de España advirtió de esas posibles anomalías detectadas y reclamó, ya entonces, a la entidad surgida tras la fusión de Caja España y Caja Duero, Banco Ceiss, a “tomar medidas correctoras”.
En 2011, IU y Ecologistas en Acción presentaron una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la que ya apuntaban que “la actuación de los consejeros de las cajas de ahorros no sólo puede ser punible en relación a los ‘préstamos autoconcedidos’ sino por la participación decisiva y las influencias llevadas a cabo para obtener un trato favorable y muy ventajoso en relación a las condiciones laborales y sus prejubilaciones o indemnizaciones”.
Como consecuencia de todo ello, en abril de 2015, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de León dictó un auto en el que imputaba a todos los miembros del Consejo de Administración de Caja España para determinar su implicación en la concesión de esos préstamos a Santos Llamas. Entre ellos figuraba Fernando Martínez Maíllo. Es más, buscaba determinar si se produjo una administración desleal que causó un perjuicio millonario a la entidad financiera.
Y, para ello, la jueza se basaba, entre otros argumentos, en un informe del Banco de España que advirtió a Caja España, en 2006 y 2008, de los riesgos de la concentración de créditos en las empresas de Santos Llamas. Es más, el documento del supervisor denunciaba “la existencia de deficiencias en los informes de concesión de créditos y la inexistencia de informes de seguimiento de la situación de los acreditados, así como incumplimientos de los límites prudenciales y porcentajes máximos de financiación sobre los valores de tasación de las garantías establecidas por la Política de Riesgos de Caja España».
Además, otro informe del supervisor, de marzo de 2013, destacaba que Santos Llamas “no podía ser miembro de los órganos de gobierno de Caja España ni de su sucesora Ceiss”. Y otros peritos del Banco de España advirtieron que el propio Banco Ceiss también “incumplió” la ley al aprobar en enero de 2012 operaciones de refinanciación que no fueron formalizadas. Tampoco se exigió a Llamas garantías eficaces de pago, pese a su “incapacidad” de “hacer frente a los compromisos de pago”.
Como consecuencia de ello, la Fiscalía emitió un escrito en el que revelaba que estas actuaciones pudieron ocasionar a Caja España un perjuicio de 60 millones de euros.
http://m.eldiario.es/economia/judicial-Caja-Espana-imputado-PP_0_400360855.htmlEL JUEZ IMPUTA A TODOS LOS CONSEJEROS DE CAJA ESPAÑA POR LOS CRÉDITOS A SANTOS LLAMAS
El juzgado investiga un presunto delito de administración desleal de la entidad
El Juzgado de Instrucción Número 5 de León ha imputado a los 15 miembros que formaban el Consejo de Administración de Caja España-Duero en 2009 -en el que también estaba la fallecida Isabel Carrasco- dentro de la investigación que lleva a cabo para determinar si se produjo una administración desleal que causó un perjuicio millonario a la entidad financiera. El juzgado investiga una demanda presentada por Izquierda Unida de Castilla y León (que ayer aún no confirmó la imputación) y por Ecologistas en Acción por los créditos concedidos a directivos con empresas constructoras, que acabaron causando graves pérdidas a la entidad, entre ellos el ex presidente Santos Llamas, una noticia publicada en exclusiva este periódico.
La jueza Rocío González llamó a declarar el pasado mes de enero a los peritos del Banco de España que habían realizado varios informes advirtiendo al consejo de administración de la entidad del riesgo de la concentración de créditos de Llamas; una investigación que también solicitó la Fiscalía de León en julio de 2012. La denuncia sostiene que la aprobación de estos créditos acabó provocando al hoy banco absorbido por Unicaja un «perjuicio flagrante» de más de 60 millones de euros en impagos, por unos activos que más tarde la Sareb compró como tóxicos por 24 millones.
El Banco de España ya había advertido en 2006 y 2008 a Caja España de los riesgos de la concentración de créditos en las empresas de su entonces presidente. El documento del supervisor denunciaba «la existencia de deficiencias en los informes de concesión de créditos y la inexistencia de informes de seguimiento de la situación de los acreditados, así como incumplimientos de los límites prudenciales y porcentajes máximos de financiación sobre los valores de tasación de las garantías establecidas por la Política de Riesgos de Caja España».
Los análisis de riesgos realizados en 2007 por Caja Duero y en 2008 por Caja España permitieron calificar los casi 80 millones de euros concedidos a las distintas sociedades del constructor leonés como «normales», ya que hasta entonces no se había producido ningún impago.
Sin embargo, las empresas de Llamas mostraron sus primeros problemas en el segundo semestre de 2008, lo que provocó que se solicitara una refinanciación en enero de 2009, ante la imposibilidad de pagar los correspondientes intereses.
Según los peritos del Banco de España, la refinanciación se aprobó «a pesar de que no existía una razonable certeza de que el cliente pudiera hacer frente a su pago en el calendario previsto, tal y como advirtió el Comité de Riesgos». Tampoco se aportaron nuevas garantías.
No sólo eso, sino que se devolvieron (de forma «irregular», según el Banco de España) los intereses pagados hasta el momento de la refinanciación, casi 1,5 millones de euros.
El informe del supervisor destaca que la refinanciación permitió que los créditos del grupo de Llamas no fueran calificados como dudosos, y eso le permitió seguir tanto en la presidencia de la entidad como en su consejo más tarde. Por su parte la entidad evitó denunciar la mora y provisionar unos créditos que ya entonces se daban por fallidos.
Al frente de la entidad
Santos Llamas llegó a la presidencia de Caja España en julio de 2006, y se mantuvo en el cargo hasta octubre de 2010. A partir de entonces mantuvo su cargo de consejero. En septiembre de 2012 la inspección del Banco de España comunicó a Banco Ceiss las irregularidades detectadas en el análisis de las cuentas y procesos, e instó a la dirección a «tomar medidas correctoras».
Fue entonces cuanto Santos Llamas abandonó el consejo de administración (en octubre), y la entidad financiera corrigió las «deficiencias contables» y calificó como dudosas las principales operaciones citadas en el informe.
A partir de entonces el banco reclamó en repetidas ocasiones el pago de los créditos y sus intereses a diversas sociedades vinculadas a Llamas, hasta que en enero de 2013 certificó notarialmente los saldos pendientes y decidió su pase a litigio y el inicio de las acciones judicales.
Debilidad del consejo
Las advertencias del Banco de España al Consejo de Administración de la caja fueron constantes desde 2008, cuando no sólo obligó a la entidad a recalificar decenas de grandes créditos, que tuvieron que pasar a ser subestándar o dudosos (lo que obligaba a dotarlos); sino que censuró que eran evidentes «las debilidades de gobernanza, condicionada por importantes disputadas entre partidos políticos en los órganos de gobierno, lo que se tradujo en una gestión debilitada por la inestabilidad del consejo».
http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/juez-imputa-todos-consejeros-caja-espana-creditos-santos-llamas_970009.htmlLAS SOSPECHAS SIGUEN ABIERTAS SOBRE LOS PRÉSTAMOS DE CAJA ESPAÑA A SU EXPRESIDENTE
La acusación particular (IU y Ecologistas en Acción) reclama que se impute a los 17 miembros del consejo de administración de la antigua entidad crediticia por un delito de administración desleal.
Un informe del Banco de España desvela que el 80% de las operaciones que Caja España hizo con Santos Llamas eran de riesgo y no estaban computadas como tales por la caja, por lo que “no podía ser miembro de los órganos de gobierno de Caja España ni de su sucesora Ceiss”.
IU exige agilizar el proceso judicial que se inició en 2011 para demostrar “que al menos funciona una pata del Estado en defensa de la legalidad”.
Desde que en 2011, IU y Ecologistas en Acción dieron el paso de denunciar la gestión de la antigua Caja España, antes de fusionarse con Caja Duero, que hoy es Unicaja, se tomaron decisiones judiciales. Pero todavía, cuatro años después, nadie aclara los motivos por los que se concedieron préstamos millonarios, y se renegociaron, con el que fuera presidente de la entidad leonesa, el empresario Santos Llamas. Casi nadie lo trata de esclarecer. Salvo los peritos del Banco de España, quienes reconocen ante el Juzgado de Instrucción número 5 de León que la refinanciación de estos créticos responde a “razones inexplicables, ya que ni siquiera superaban el informe de riesgos elaborado” por la propia Caja España.
El abogado de IU y de Ecologistas en Acción, Gorka Esparza, reconoció esta semana, en rueda de prensa, que todo ello puede ser constitutivo de un delito de administración desleal pero que no solo cometió Santos Llamas, sino “todo el Consejo de Administración” de la entidad. En opinión del letrado, “en lugar de salvaguardar los intereses de la entidad, trabajaron en beneficio personal y de las empresas” del empresario leonés.
Por ello, reclamaron que se “imputara” al Consejo de Administración, a sus 17 miembros, y creen que también “algún responsable de la Consejería de Economía y Empleo” de la Junta de Castilla y León “debería explicar ante el juez, “también como imputado”, las razones por las que se “autorizó, como exige la Ley de Cajas de Castilla y León, la refinanciación de las deudas de Santos Llamas”, según explicó el todavía coordinador regional de IU, José María González.
Las sospechas se centran en 29 operaciones de Caja España con cuatro sociedades del empresario leonés y 17 de Caja Duero con tres de sus sociedades. En total, se negociaron 76,7 millones de euros en unas operaciones que fueron autorizadas, en su mayor parte, por la Consejería de Economía. Sin embargo, advertían de que esas aprobaciones no significaban “pronunciamiento alguno sobre la oportunidad de su concesión”.
Según este informe, el 80 por ciento de las operaciones firmadas con Caja España eran de riesgo y no estaban computadas como tales por la entidad. La acusación particular calcula que el quebranto para la entidad financiera ascendió a cerca de 47 millones de euros.
Pero también, este informe del Banco de España, ratificado el pasado mes de enero por peritos del organismo supervisor, desvela que Santos Llamas pudo haber presidido Caja España de forma ilegal durante casi dos años y otros dos como consejero, también de forma irregular por las deudas que tenía con la entidad. El informe decía que “Santos Llamas no podía ser miembro de los órganos de gobierno de Caja España ni de su sucesora Ceiss”.
Es decir, que las sospechas siguen abiertas cuatro años después de que IU y Ecologistas en Acción lo llevaran al Fiscal Jefe de Castilla y León y este lo trasladara a los juzgados de León. Cerca de cuatro años sin un pronunciamiento claro. Solo declaraciones de imputados. Y poco más.
El procurador regional por IU, José María González, reclamó al Juzgado de Instrucción número 5 de León que agilice la instrucción para demostrar que “al menos funciona una pata del Estado en defensa de la legalidad”. Y añadió que si no ocurre así llegaría a la conclusión de que “se dilata de propio intento”. Entre junio de 2013 y enero de 2014 no ha habido nuevas actuaciones.
http://m.eldiario.es/meseta/presidente-Caja-Espana-Santos-Llamas_6_358424183.htmlSANTOS LLAMAS RECONOCE QUE PUDO EQUIVOCARSE DURANTE SU GESTIÓN AL FRENTE DE CAJA ESPAÑA
Noticia en el ámbito de la justicia, surgida a partir de una denuncia que presentó en su día Izquierda Unida contra el consejo de administración de Caja España y la comisión ejecutiva de Caja Duero, por un posible delito de administración desleal.
El fiscal de León ha pedido a un juez de la capital que investigue este asunto. De prosperar la petición del Ministerio Público una de las personas que tendrá que dar explicaciones ante el juez es Santos Llamas, que fue presidente de Caja España de 2006 hasta 2010.
Izquierda Unida le atribuye la "autoconcesión" de un préstamo de 100 millones de euros. Sobre las preferentes, el que fuera máximo responsable de Caja España ha defendido su aprobación en su momento y, según ha señalado a esta emisora, ha preferido esperar a lo que suceda con las diferentes acciones judiciales abiertas al respecto.
http://cadenaser.com/emisora/2013/06/01/radio_valladolid/1370044215_850215.htmlLA FISCALÍA DE LEÓN ORDENA ABRIR DILIGENCIAS CONTRA LOS DIRECTIVOS DE CAJA ESPAÑA Y CAJA DUERO
La Fiscalía de León ha ordenado la apertura de diligencias contra directivos de Caja España y Caja Duero por un presunto delito de administración desleal a raíz de una denuncia presentada por Izquierda Unida (IU) sobre la concesión de créditos en condiciones ventajosas.
Un decreto de la Fiscalía, facilitado hoy por IU de Castilla y León, pide que un juzgado de León abra diligencias previas contra los miembros del consejo de administración de Caja España y de la Comisión Ejecutiva de Caja Duero, así como de los directivos del banco resultante de la fusión de ambas.
El coordinador de IU en Castilla y León, José María González, ha recordado que presentó la denuncia en noviembre de 2011 para que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León investigara la concesión de créditos de «escasa solvencia» y en «condiciones ventajosas» a directivos de estas cajas y de Caja Segovia.
Sin embargo, el decreto se refiere solo a Caja España y Caja Duero, según González porque la entidad resultante de la fusión tiene su sede en León y en el caso de Caja Segovia la decisión podría estar pendiente aún de la Fiscalía de esta provincia. IU denunció que su día que el consejero de Caja Duero Francisco Rubio y el propio presidente entonces de Caja España, Santos Llamas, entre otros directivos, habían recibido una serie de créditos que llegaban a sumar unos cien millones de euros en algunos casos.
Estos créditos a directivos se incrementaron «un 44 %», en un contexto en que los préstamos para hipotecas y para pymes eran cada vez menores, ha explicado el coordinador en rueda de prensa en Valladolid.
Además, IU puso en conocimiento de la Fiscalía una serie de prejubilaciones aprobadas por estas entidades, con cuantías de hasta seis millones de euros como en el caso del entonces director general de Caja Segovia, Manuel Escribano.
José María González ha lamentado que estos directivos fueron «nombrados por el poder político» y ha asegurado que IU no tiene «ánimo persecutorio contra nadie», sino que solo pretende que se investigue lo sucedido.
Asimismo, ha destacado que la administración desleal está penada con entre seis meses y cuatro años de prisión, o una multa del triple del beneficio obtenido.
González ha avanzado la intención de IU de presentarse como acusación particular, aunque ha exigido que primero lo haga el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2013/05/30/fiscalia-leon-ordena-abrir-diligencias-contra-directivos-caja-espana-caja-duero/00031369936902590225177.htm
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