JUECES CON ANTECEDENTES : MANUEL MARCHENA  Y SU BAMBINA SOFÍA

 

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EL FISCAL DEL SUPREMO COMETE FALTA GRAVE PARA TAPAR EL TRATO DE FAVOR A LA HIJA DE MARCHENA

LA SOMBRA SOBRE MARCHENA

LOS PAPELES DEL CASO MARCHENA

DENUNCIAN AL FISCAL NAVAJAS POR OBVIAR EL ‘ENCHUFE’ DE LA HIJA DE MARCHENA

EL TRIUNFO DE PAPÁ MARCHENA

Silencios y fake news en el Marchenagate

Marchenagate

CHOQUE EN LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE FUTUROS JUECES Y FISCALES POR LA PLAZA ASIGNADA A LA HIJA DE UN MAGISTRADO DEL SUPREMO

LA HIJA DE MARCHENA

SOSPECHAS DE TRATO DE FAVOR A LA HIJA DEL PRESIDENTE DE LA SALA QUE JUZGARÁ EL 1-O

EL CGPJ CREA AD HOC UNA PLAZA DE FISCAL PARA LA HIJA DE UN JUEZ DEL SUPREMO
STOP


LA INCLUSIÓN DE SOFÍA MARCHENA EN LA LISTA DE APROBADOS A JUECES Y FISCALES ES AJUSTADA A DERECHO Y LEGAL

EL CGPJ DEFIENDE LA POLÉMICA CONCESIÓN DE UNA PLAZA DE FISCAL A UNA HIJA DEL SUPREMO
 


EL FISCAL DEL SUPREMO COMETE FALTA GRAVE PARA TAPAR EL TRATO DE FAVOR A LA HIJA DE MARCHENA

Luis Navajas, teniente fiscal del Alto Tribunal y número dos de la Fiscalía, incumple el deber de abstención a sabiendas de que concurren causas legalmente previstas, puesto que solicita la inadmisión e inmediato archivo de la querella sobre la inusitada designación a la carrera fiscal de la hija del presidente de la Sala Segunda, a pesar de que él mismo presidió los tribunales calificadores que aprobaron la oposición de Sofía Marchena a la Escuela Judicial y al Centro de Estudios Jurídicos.

En el más alto tribunal de la Justicia, actuando como Ministerio Público, no sólo hay que ser imparcial sino también parecerlo, de forma que el legislador ha previsto en la Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que los fiscales "se abstendrán de intervenir en los pleitos o causas cuando les afecten algunas de las causas de abstención establecidas para los Jueces y Magistrados en la LOPJ", la que rige el Poder Judicial.

Sin embargo, el teniente fiscal del Tribunal Supremo –y número dos del Ministerio Público, por lo que sustituye al fiscal general del Estado en caso de necesidad–, Luis Manuel Navajas Ramos, acaba de incurrir, presuntamente, en una falta muy grave de inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas, y en una falta muy grave de ignorancia inexcusable en el cumplimiento de sus deberes, tipificadas en el artículo 62.8 y 62.15 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el artículo 219 de la LOPJ, tal como demuestra la abundante documentación judicial a la que ha tenido acceso Público.

Y el fiscal Navajas lo ha hecho, además, para informar a favor de la inadmisión –y el inmediato archivo de las actuaciones, sin más trámite– de la querella que incluye a Sofía Marchena Perea como beneficiaria de un presunto delito de prevaricación en su inusitada inclusión en la lista de aprobados a jueces y fiscales, pese a no cumplir los requisitos requeridos, y su reasignación sin precedentes a la carrera fiscal (pese a haber elegido e ingresado en la judicial), con una nota distinta de la asignada inicialmente.

El extrañísimo caso de la hija del presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena Gómez, se convirtió en un pequeño escándalo el pasado verano no sólo porque recibió un claro trato de favor –al no superar el primer curso de la Escuela Judicial por una enfermedad y ser reasignada como fiscal, en una decisión inédita del Poder Judicial–, sino también porque la directora de esa Escuela Judicial, Gema Espinosa Conde, es la esposa del magistrado Pablo Llarena Conde. Precisamente el juez que el Supremo ascendió irregularmente a la Sala Segunda y después le adjudicó la instrucción de la Causa Especial contra el procés saltándose sus propias normas internas de reparto.

Ampliación de la querella por "prevaricación continuada"

Ante esa sospechosa coincidencia, la Asociación Atenas de Juristas por los Derechos Civiles amplió la querella que tenía presentada desde abril contra todo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por un presunto delito continuado de prevaricación mediante la "ejecución de un plan tendente a alterar la garantía de la imparcialidad y de la independencia judicial" (...) para el que "propusieron y aprobaron la cobertura de los órganos más sensibles de la pirámide jurisdiccional con miembros de la carrera judicial seleccionados por su perfil y por su posicionamiento ideológico" (...) con el fin de "garantizarse el enjuiciamiento por medio de Magistrados afines al Partido Popular" en las causas de corrupción que afectan a sus dirigentes.

El teniente fiscal Navajas tiene asignada esa causa especial que afecta a jueces aforados y ya había informado a la Sala pidiendo su inadmisión y el inmediato archivo de las actuaciones. Pero, al producirse la ampliación –incluyendo también a la jueza Carmen Lamela Díaz, ascendida a la Sala Segunda por delante de aspirantes mucho más cualificados, después de haber enviado a prisión a todos los dirigentes soberanistas catalanes que comparecieron ante la Audiencia Nacional–, la Fiscalía del Supremo tuvo que informar de nuevo.

Aquí es donde se produjo la clara infracción cometida por Navajas: el pasado 8 de octubre volvió a informar en el mismo sentido cuando debería haberse abstenido porque él mismo presidió los tribunales calificadores 1 y 2 que examinaron y aprobaron a la candidata Sofía Marchena en la primera y segunda fases de la oposición para el ingreso en la Carrera Judicial y Fiscal:

Al menos tres causas de abstención obligan a Navajas

En consecuencia, el teniente fiscal del Supremo violó el artículo 28 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que dispone que los miembros del Ministerio Fiscal se abstendrán de intervenir en los pleitos o causas cuando les afecten algunas de las causas de abstención establecidas para los Jueces y Magistrados en la LOPJ en cuanto les sean de aplicación. Porque al menos tres causas definidas en ese artículo 28 son aplicables al fiscal Luis Navajas dentro de esa Causa Especial 3/20433/18 que afecta a Sofía Marchena:

10.ª Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa. Puesto que Navajas trabaja en la Sala Segunda con el padre de la afectada.

13.ª Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo. Puesto que Navajas presidió los tribunales que calificaron a la beneficiada por el presunto trato de favor.

16.ª Haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad. Puesto que Navajas estuvo desde el principio al corriente del inusitado proceso de revisión de la oposición de Sofía Marchena que culminó con la decisión sin precedentes que explicábamos al inicio de este artículo.

Además, como acaba de subrayar la Asociación de Juristas Atenas en una nueva denuncia, esta vez ante la Fiscal General del Estado, el fiscal Navajas ofrece una argumentación falsa para justificar el extraño salto de la afectada desde la carrera judicial a la fiscal:

Argumento fiscal Navajas nadie perjudicado por caso Sofía Marchena.

La inusitada decisión perjudicó a otros tres candidatos

Navajas aduce que el inédito acuerdo de la Comisión de Selección "no causó perjuicio para nadie, ya que la incorporación a la promoción de la Carrera Fiscal lo es con el último número de la misma” y que "a la persona que pudo sentirse desplazada en su momento por la opción de la Sra. Marchena Perea por la Carrera Judicial y obligada a optar por la Carrera Fiscal, se le ha ofrecido la posibilidad de revertir esta situación, lo que ha rechazado al no sentirse perjudicada."

En realidad, fueron tres las personas que, aprobadas en la oposición, no obtuvieron plaza en la Escuela Judicial como deseaban y tuvieron que conformarse con derivarse hacia la carrera fiscal (en el Centro de Estudios Jurídicos) como consecuencia de la asignación de Sofía Marchena. El Comité de Selección se dirigió a todas ellas para ofrecerles cumplir con su opción inicial, en cuyo caso "se realizaría una adaptación formativa específica en la Ecuela Judicial teniendo en cuenta la formación recibida en el Centro de Estudios Jurídicos".

Más aún, hubo que cambiar arbitrariamente la nota obtenida por la hija del presidente de la Sala Segunda para poder encajarla en una última plaza de nueva creación en la carrera fiscal, puesto que en vez de continuar en la judicial tras su larga enfermedad y presentarse de nuevo al primer curso que no había podido hacer, como es lo habitual, decidió cambiar de carrera. Jamás se había permitido hacer eso a nadie.

Aunque quizá lo más inverosímil de todo este extravagante proceso de selección, recalificación y reasignación forzado por la directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa, es el argumentario que esta última elaboró para justificarlo, recurriendo incluso a las definiciones semánticas de la Real Academia de la Lengua para corregir la literalidad del artículo 309 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en función de los deseos de Sofía Marchena.

En el largo informe que Espinosa envió el 1 de diciembre de 2017 a la Comisión Permanente del CGPJ, expone argumentos como estos:

Argumento semántico de Gema Espinosa sobre 'superar'. Argumento semántico de Gema Espinosa sobre 'repetir'. Un alambicado ejercicio semántico de argumentación sobre el significado de "repetir" y "superar" para acomodar la ley a los deseos de la hija del juez Marchena

En breve, la directora de la Escuela Judicial emplea alambicadas argumentaciones semánticas sobre los significados lingüísticos de los verbos "superar" y "repetir", según la Real Academia, para concluir que el artículo 309 de la LOPJ no se puede aplicar como tal a Sofía Marchena, ya que "sencillamente no se puede "volver" a hacer lo que nunca se ha hecho". Todo ello para justificar que la hija del presidente de la Sala Segunda no sólo no tenía que presentarse de nuevo al curso de la carrera judicial que no superó por motivos de enfermedad, sino que incluso podía dar marcha atrás hasta la situación previa a elegir carrera y optar ahora por la carrera fiscal.

Espinosa reconoce que "esta situación es inédita en la historia de la Escuela Judicial" pero aduce que "el tratamiento jurídico de esta situación ha revelado ciertas lagunas en la normativa reguladora" y el Consejo Permanente del CGPJ debe enmendar la plana a la literalidad de la ley para acomodar a Sofía Marchena. Cosa que el Poder Judicial hace, a petición reiterada de la esposa del juez que ha sido ascendido por el padre de la aspirante de forma dudosa, ya que la designación de Llarena a la Sala Segunda –excluyendo para lograrlo a 8 de los 13 candidatos a la plaza vacante– fue incluso recurrido ante el contencioso-administrativo por la asociación Jueces para la Democracia.

Como decíamos al principio, la Administración de Justicia no sólo debe ser imparcial sino también parecerlo. Y en este caso lo que parece es exactamente lo contrario.

https://www.publico.es/politica/exclusiva-justicia-entredicho-fiscal-supremo-comete-falta-grave-tapar-trato-favor-hija-marchena.html

LA SOMBRA SOBRE MARCHENA

Elisa Beni

“Si uno empieza por permitirse un asesinato pronto no le da importancia a robar, del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del Señor, y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente".

Thomas de Quincey. El asesinato como una de las Bellas Artes

Dicen los viejos juristas que hay que mirar todos los días el BOE pero que, sobre todo, hay que mirarlo antes de las fiestas. Saben de sobra cómo tradicionalmente entre turrones y canículas se cuelan esas convocatorias que solo leen los llamados a ello o esos acuerdos que no deben ser impugnados. Justo eso sucedió en un BOE previo a la Nochebuena en 2017, en el que se publicó un acuerdo nada inocente de la Comisión Permanente del CGPJ, la integrada por Lesmes y su sanedrín. En él se decidía que una alumna de la Escuela Judicial fuera borrada de esta y se incorporara al listado de aprobados de la siguiente promoción, como si acabara de aprobar la oposición, respetando su nota anterior y todos sus derechos, entre otros el de poder elegir de nuevo si quería ser juez o fiscal, a pesar de que ya lo había hecho y de que ambas carreras son estancas. La vieja treta dio de nuevo resultado porque, en esa publicación, se daban dos meses de plazo para recurrir dicho acuerdo. Nadie lo hizo, porque nadie lo vio. El plazo concluyó y así se cerró, aparentemente, cualquier posibilidad de que la operación realizada para dar gusto a Sofía Marchena Perea, la hija del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ya no quería ser juez y que ahora quería ser fiscal. Quien diseñó esta operación de nepotismo para permitir a la hija de Marchena lo que a nadie se ha permitido jamás no contó con que el papel oficial no enterraría para siempre semejante corruptela.

Fue en julio de 2018 cuando saltó la alarma. No fue activada por malvados conchabados para perjudicar a Marchena como él explicaba en cenas y cenáculos, no, en absoluto. Fue la rabia y la indignación de opositores y compañeros de Sofía, cuando vieron que no solo había vuelto a elegir y había cambiado de carrera, algo imposible para cualquiera, sino que comprobaron que para ello ocupaba la plaza número 36 de fiscal cuando solo se habían convocado 35.

“Me llamo x. Aprobé los exámenes de acceso en la convocatoria del año pasado (BOE, 5 de diciembre de 2016). Elegí la carrera judicial que era mi vocación, pero cuando llegó mi número ya no quedaban plazas de juez y me asignaron ser fiscal. Sofía Marchena eligió la carrera judicial y ahora resulta que puede volver atrás y elegir la carrera fiscal. Si ella hubiera elegido fiscal —como hace ahora en una segunda oportunidad inaudita— YO HOY SERÍA JUEZ. A mí, en dos años, nadie me ha notificado que esta señora deja la Escuela Judicial. Nadie me ha dicho QUE QUEDA VACANTE UNA PLAZA DE JUEZ QUE DEBERÍA SER PARA MÍ. Quiero hacerlo público para evitar futuras irregularidades como esta”.

Ese mensaje apareció en uno de mis buzones aquel verano y ese mensaje fue el que me hizo investigar. Y lo hice y lo sigo haciendo porque la corrupción debe ser perseguida en todos los ámbitos y porque arrebatar la transparencia, la limpieza y la igualdad a las oposiciones convocadas es derruir el principio de mérito y capacidad y socavar uno de los principios democráticos.

La corrupción debe ser perseguida en todos los ámbitos y porque arrebatar la transparencia, la limpieza y la igualdad a las oposiciones convocadas es derruir el principio de mérito y capacidad y socavar uno de los principios democráticos

La denunciante llevaba la razón. Una oscura operación, revestida de apariencia de legalidad, había conseguido que la hija de un poderosísimo magistrado consiguiera que se le permitiera cambiar de carrera, se le adjudicara una plaza más de las convocadas y se transformara la partida presupuestaria consiguiente para dotarla. Algo que, como ya imaginarán, se hace todos los días a todo el mundo. Para ello se contó con la colaboración de la entonces directora de la Escuela Judicial de Barcelona, Gema Espinosa, a la par esposa del magistrado Llarena, y de Lesmes. Espinosa, que ahora sabemos aspira a ser vocal de ese CGPJ, redactó un informe que nunca se quiso entregar ni a asociaciones judiciales ni a parlamentarios ni a periodistas, y que ahora obra en mi poder, en el que concluía que una baja prolongada que no te permita acudir a clase es una circunstancia tan inaudita y anómala que permite saltarte la LOPJ y el reglamento de la Escuela Judicial e inventarte una nueva interpretación de otro que no te corresponde, para llegar a la conclusión de que la niña de Marchena podía recibir un trato único.

Cuando entonces destapé el asunto en Madrid, todo fue un revuelo por hacerlo parecer algo legal. El organismo encargado de regular las oposiciones a juez y fiscal y el CGPJ manifestaron que además se le había adjudicado una nota inferior a la suya —algo incomprensible, puesto que su nota estaba publicada en el BOE— para que nadie saliera perjudicado. Pero había perjudicados y por eso, dos meses más tarde, se ofreció a tres fiscales bisoñas, que habían soñado con ser jueces, si querían cambiar de carrera y hacer un curso inventado para reciclarse. Es lo que tiene el asesinato, que empiezas matando y acabas por perder la educación. Todo es una pendiente. Empiezas dejando a la hija de un amigo que se cambie de carrera cuando es imposible y acabas ofreciendo a tres más que lo hagan inventándote un curso de jueces exprés. Ahora que he tenido acceso a él, en el expediente administrativo se observa como esos ofrecimientos se hicieron en septiembre y se enviaron a las interesadas, todas destinadas en Catalunya, el 11 de octubre; aunque, inexplicablemente, una contesta que no está interesada diez días antes de que le envíen el mensaje. Cosas veredes.

La corruptela para beneficiar a la hija de Marchena ha contado con la colaboración de todos los que intervinieron, pero también de los que la han ocultado y de los que vieron la desvergüenza en su día y ahora callan. Incluido el PSOE, que llegó al gobierno y se encontró todo esto hecho, pero que mantuvo el manto de silencio y realizó el cambio de asignación presupuestaria. Ese PSOE que impidió que Lesmes compareciera en el Congreso a explicar todo esto, votando con el PP. Después supimos que iban a aceptar a Marchena como presidente. Nada nuevo bajo el sol.

Pero es una operación destinada a pasar al olvido y a quedar impune. Los administrativistas que la gestaron se cuidaron muy bien de que los llamados a ello no pudieran recurrir en plazo para blindar así jurídicamente la cuestión. El procedimiento abierto en la Sala Tercera acabará sin sentencia porque dirán que los demandantes no están legitimados al no ser perjudicados. La mayoría de los medios y de los políticos y de los jueces no están dispuestos a tocarle las narices a Marchena: unos porque es muy poderoso y algún día puede gobernarlos, otros porque creen que debilitarlo ahora es debilitar el juicio contra los políticos catalanes y la unidad patria bien vale tragarse el sapo.

Hay quien nace de pie y quien nace estrellado. Ahora mismo, Marchena es Dios, aunque tenga este pie de barro. Nadie va a tocarle ni el borde de la toga. Ni por esto ni por ninguna otra cosa. No estaría mal que alguien le advirtiera de que estos juicios decisivos suelen estar envenenados. Algún colega suyo podría contárselo.

https://www.elnacional.cat/es/opinion/elisa-beni-la-sombra-sobre-marchena_349092_102.html

LOS PAPELES DEL CASO MARCHENA

Una de las cuestiones que se dirimía, que todos querían saber, era el motivo por el que el caso de Sofía Marchena, la hija del magistrado Marchena, era distinto a todos los que se han producido en democracia. Aquí es dónde la espera paciente del periodista da muchas veces frutos. Y es que yo sí tengo ahora esos papelitos que ni jueces ni fiscales ni parlamentarios lograron. Estas cosas bonitas que tiene a veces ser periodista

Alguien, inflando la épica, dijo que los periodistas somos perros de presa que nunca soltamos un asunto. De forma más prosaica podría decirse que somos las perfectas moscas cojoneras o, tal vez, que tenemos una paciencia proverbial y que nos han enseñado a tener siempre el regusto agrio de lo que no conseguimos mostrar. Esto viene al caso de que este verano les destapé lo que parecía, y sigue pareciendo, un flagrante caso de nepotismo y corruptela por el que Sofía Marchena, la hija del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pudo cambiar de la carrera judicial a la carrera fiscal -algo estrictamente vedado- y ocupar la plaza 36 para formarse como nueva fiscal cuando sólo se habían convocado 35. Por mor de la simplicidad y del ahorro del espacio que voy a precisar para contarles lo que como perra paciente he obtenido, les invito a leer o a releer La hija de Marchena, Marchenagate y El triunfo de Marchena publicados todos ellos el pasado verano en este diario donde se hace periodismo a pesar de todo. Y luego verán por qué lo resalto.

La publicación en exclusiva de tal cuestión en este medio, con las apariencias de corrupción y de nepotismo, en la persona de la hija del magistrado Marchena con la colaboración de la directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa -coincidentemente esposa del magistrado Llarena cuyo “jefe” es Marchena- y con la colaboración del inefable Carlos Lesmes, provocó un gran revuelo, al menos en el sector judicial y jurídico que quizá no tuvo ningún problema técnico para captar la relevancia de lo que se decía. Tanto fue así que las asociaciones judiciales y fiscales -excepción hecha de la conservadora a la que pertenecen los sospechosos de favoritismo- mostraron su indignación y pidieron la documentación del proceso para poder estudiarla. No obtuvieron respuesta. Nunca pudieron acceder al expediente completo. También, desde el Congreso, los diputados de Podemos solicitaron de forma oficial al CGPJ que entregara la documentación completa para poder analizar la licitud de lo obrado, para conseguir que Sofía Marchena Perea pudiera dar marcha atrás en su decisión profesional, por primera vez en la historia, para dejar de ser juez por oposición en la escuela de Barcelona y volver a ser fiscal estudiante en la escuela de Madrid. Nada. No han obtenido respuesta.

Aquí es dónde la espera paciente del periodista da muchas veces frutos. Y es que yo sí tengo ahora esos papelitos que ni jueces ni fiscales ni parlamentarios lograron. Estas cosas bonitas que tiene a veces ser periodista.

Una de las cuestiones que se dirimía, que todos querían saber, era el motivo por el que el caso de Sofía Marchena, la hija del magistrado Marchena, era distinto a todos los que se han producido en democracia. La respuesta que se dio fue que un informe de la directora de la Escuela Judicial así lo manifestaba, pero a nadie le fue dado echar un ojo al susodicho informe. Al fin puedo desvelarles el motivo y la finta, el montaje, por el que el caso de Sofía Marchena se convirtió en excepcional para darle un tratamiento distinto. Justo el tratamiento que Sofía Marchena deseaba para poderse cambiar de la carrera judicial, que eligió al aprobar la oposición, a la fiscal.

El informe de Gema Espinosa no dejaría de ser curioso si no resultara chusco. Dice el documento que “Sofía Marchena no ha podido ser evaluada porque no ha podido realizar el porcentaje mínimo exigible” a causa de una baja médica y que por ello “no puede considerarse que haya superado el curso”. Hasta ahí, todo son hechos. “Esta situación es inédita en la historia de la Escuela Judicial”, dice Espinosa, ya que ha habido bajas pero no tan largas y también ha habido alumnos que no ha superado el curso, pero debido a su deficiente formación académica. Le parece a la directora que la solución prevista en el reglamento de que Sofía Marchena vuelva a empezar el curso que no ha superado no es adecuado. Así que acude al diccionario de la RAE para decir que “repetir” es “volver a hacer lo que se había hecho” pero que la niña Marchena en realidad no ha hecho el curso en la escuela judicial así que “no se puede volver a hacer lo que nunca se ha hecho”. Literal. De verdad.

No le parece justo que una baja le obligue a repetir el curso como si hubiera suspendido. Esto sólo se puede entender si ya sabe que Sofía Marchena no quiere ser juez, puesto que si no su mayor ilusión hubiera sido, al recuperarse, volver a hacer tal curso y superarlo. Pero no, es obvio que lo que se busca es otra cosa. Por eso en lugar del reglamento de la escuela que dirige, la Judicial, Espinosa se va al de la Escuela en la que acabará Sofía, la Fiscal. Dice que ese reglamento, el de los estudiantes de fiscal, si diferencia entre no aprobar y no hacer el curso por “causa de fuerza mayor” y que en este último caso “se les tiene por no realizado el curso sin ninguna penalización ya que conservan la nota de la oposición para el siguiente curso en el que participan como si fuera el primero”. De tal artículo, Espinosa llega a la conclusión de que lo que hay que hacer con la hija del presidente de su marido es no que haga otra vez el curso de juez sin penalización -que eso es lo que dice también ese reglamento- sino que hay que retrotraerla no al inicio del curso sino al momento tras la oposición en el que se opta entre fiscal o juez para que vuelva a elegir. Obvio, si el objetivo es rectificar. Este estrambótico informe que firma Espinosa el 1 de diciembre en Barcelona se transforma el 23 de diciembre en una propuesta a la Comisión Permanente que viene a solicitar ese mismo viaje al inicio pero con otro texto, que pasa de los diccionarios y las acepciones, compuesto de un raro recorta y pega de diferentes letras y cuerpos y textos, y que vuelve a firmar Espinosa, en hoja última en la que sólo consta la firma, pero esa vez datado en Madrid. Rarísimo, porque raro es poco.

Tras la publicación de mis artículos en julio y agosto del año pasado, tanto el CGPJ como la Comisión de Selección y todo un corifeo de adscritos vinieron a decir que nada ilícito se había hecho y que, además, nadie había sido perjudicado por tal medida. Así el día 24 de septiembre, Sofía Marchena empieza su segunda oportunidad, única e insólita, en la escuela de fiscales en Madrid. Sin perjudicados.

Es asombroso pues que el día 25 de septiembre, el día siguiente, el presidente de la Comisión de Selección, Javier Huete, feche tres cartas dirigidas a Aitana Laín Brihuega, Cristina García Meléndez y Rocío Granado Corcoles. Las tres son fiscales recién salidas pero las tres fueron fiscales porque su primera opción de ser jueces fue cegada al no quedar plaza. Esa plaza que ocupó Sofía Marchena y que ahora quedaba libre al irse ella a la inexistente plaza 36 de fiscal. Si Sofía hubiera decidido ser fiscal no por gracia de una segunda oportunidad sino a la primera, estas mujeres hubieran podido cumplir su vocación. Así que Huete les dice ahora que si quieren ser jueces pueden decirlo y se pasarán también de carrera -algo, repetimos, vedado- con una adaptación especial del temario de la Escuela Judicial. ¿Saben lo que ha pasado? Que justo el día 24 se presenta un procedimiento contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo contra esa decisión y resulta que no era verdad que no hubiera perjudicados como ya les dije. Eso ha pasado.

Consta también el justificante del envío por mail de esa carta de 25 de septiembre a las tres. Esos justificantes dicen que el envío se hizo el día 11 de octubre (17 días después del datado) a las 11.30, a las 11.32 y a las 11.33. Sólo consta una respuesta diciendo que rechaza la propuesta. Esa respuesta es de Rocío Granados y va datada el día 1 de octubre, diez días antes de haber recibido el mensaje con la pregunta. El texto es lacónico y ni siquiera va firmado. No me digan que no da como para un Expediente X.

Todavía habrá quien diga que todo este proceso fue transparente y perfectamente legal y que nadie le hizo un favor a la hija de Marchena. Sucede que no tengo duda de que lo mismo que he visto yo lo verán también los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Les seguiré contando porque hay quien quiere que no lo haga y, ya saben, eso es periodismo.

https://www.eldiario.es/zonacritica/papeles-Caso-Marchena_6_861323869.html

DENUNCIAN AL FISCAL NAVAJAS POR OBVIAR EL ‘ENCHUFE’ DE LA HIJA DE MARCHENA

Grande-Marlaska, sobre el candidato a presidir el Poder Judicial: “Soy partidario, es amigo mío”

Un colectivo de juristas ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, por considerar que éste se ha negado a investigar la plaza de fiscal asignada a la hija del candidato a presidir el CGPJ, Manuel Marchena. La Associació Atenes estima que al no querer investigar una asignación “sin precedentes”, Navajas estaría cometiendo un delito de omisión del derecho de perseguir delitos” al renunciar a ejercer acciones penales para aclarar la adjudicación “irregular” -según sus criterios- a Sofía Marchena, hija de Manuel Marchena.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que el magistrado presida el CGPJ porque además de “amigo” es “uno de los juristas más consolidados de este país”.

https://www.noticiasdenavarra.com/2018/11/16/politica/estado/denuncian-al-fiscal-navajas-por-obviar-el-enchufe-de-la-hija-de-marchena

EL TRIUNFO DE PAPÁ MARCHENA

Tenemos un chanchullo que arroja una sombra de duda sobre el magistrado Marchena, el que presidirá el juicio del procès, el que acaba de firmar el auto que impide que se investigue el máster de Casado, el que se postulaba candidato para presidir el nuevo CGPJ

El escándalo sobre el trato de favor dado a la hija del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que denuncié el pasado mes de julio, no ha sido aún aclarado. Este lunes, Sofía Marchena se incorporó en efecto a la escuela de nuevos fiscales con el orgullo de ser la primera persona de la historia que ha conseguido empezar curso en la Escuela Judicial de Barcelona un año y en el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid al otro sin haberse vuelto a examinar. Un trasvase entre la carrera judicial y la fiscal inédito y prohibido, con una plaza creada para ella expresamente y con una alteración presupuestaria para conseguirlo. Algunos debieron suspirar pensando: "¡ya está hecho y nada ha pasado!".

A los que llegan tarde porque estaban de vacaciones, antes de iniciarse en esta segunda temporada les aconsejo que repasen los episodios previos de La hija de Marchena, los demás pueden seguir conmigo avanzando en la descripción del muro de silencio y de complicidad que se ha tejido para tapar lo que tiene todos los visos de ser un caso de nepotismo flagrante, actual y comprobable con datos objetivos. Un caso que afectaría, entre otros, a Gema Espinosa, directora de la Escuela Judicial y esposa del magistrado Llarena, al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y a todos los que les han acompañado para beneficiar a Manuel Marchena en la persona de su hija. Algo que parece interesar bastante menos que chascarrillos del pasado procedentes de fuentes sucias y averiadas.


A pesar de que, según mis fuentes, tan feo asunto ha puesto nerviosos y en estado de alerta a muchos de los implicados; no lo es menos que estaban muy convencidos de que el polvo del estío, los intentos de desprestigio profesional hacia mí en diversos círculos y la ayuda de los múltiples escándalos reales o inventados que nos agitan cada día, harían que todo se diluyera y que plácidamente la vida siguiera... tal y como ellos la habían diseñado.

Lo cierto es que a pesar de que haya quien mire a otro lado diciendo que es un escándalo complejo y “difícil de explicar a la audiencia” (sic) sucede que para miles de jueces, magistrados y opositores la irregularidad es tan clara y meridiana como lo es la obligación de dar explicaciones para poder comprobar la licitud de lo sucedido y en su caso proceder a la depuración de responsabilidades. Así que varias asociaciones de jueces y de fiscales se dirigieron inmediatamente al Consejo General de Poder Judicial para exigir que se hiciera pública esa documentación que pormenorizaban. El CGPJ se los pasó por el arco del triunfo. La callada por respuesta y a otra cosa mariposa. Esta semana, sin embargo, a la par que Sofía empezaba el curso, se han producido varios movimientos más para pedir esa transparencia que el propio Marchena debería exigir si quiere evitar cualquier sombra de duda sobre la carrera profesional de su hija, pero también sobre su propia situación de honorabilidad como presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y todo ello antes de empezar a presidir el que será el juicio del siglo en el Caso Procès.

Aunque inexplicablemente él mismo no instigue esa claridad sino que siga dando explicaciones vacuas, no va a ser tan fácil enterrar el caso porque no puede serlo tapar y silenciar lo que tiene visos de constituir una clamorosa corruptela. Los fiscales y jueces presentaron en julio también esa misma demanda de información y documentación a la Comisión de Selección, el organismo mixto encargado de organizar y tutelar todo el proceso de ingreso de jueces y fiscales, y éste sí les ha respondido. En el escrito de respuesta queda palmariamente claro que todos los pasos jurídico-administrativos que se han dado para ayudar a la hija de Marchena son tal y como se los conté en julio aunque, al final, tampoco aportan documento alguno que permita comprobar si las “excepcionalísimas circunstancias” que se daban en esta persona y que exigían iniciar para ella todo este trajín inédito, con cambio de partida presupuestaria incluida, son tales. La respuesta contiene otra perla sobre la tumultuosa sesión mantenida por esta Comisión en julio y es que el objetivo de la misma fue “solventar la situación generada por el acuerdo de la Permanente del CGPJ” relativo a Sofía Marchena. Al menos dejan claro que el problema lo generó el propio Lesmes y su Comisión Permanente para responder a una propuesta de Gema Espinosa y que a ellos les tocó salvarles la cara. Todo tal y como les conté.

La Unión Progresista de Fiscales no se conforma con la tomadura de pelo de un escrito vacío de contenido y apelando formalmente a los artículos 1 y 2.1 de la Ley de Transparencia acaba de dirigirse de nuevo directamente a Carlos Lesmes para exigirle que libere el expediente completo que permita aclarar si hubo una actuación irregular en torno a Sofía Marchena. Además, esta misma semana en el Congreso de los Diputados, Unidos Podemos volvió a exigir aclarar “el trato de favor dado a la hija del presidente de la Sala de lo Penal Sr. Marchena, con la colaboración de la Sra. Espinosa, a la que ahora se promociona al CGPJ y que ya está eligiendo un buen despacho, para otorgarle una plaza de fiscal que no existía” y una frase que resonó en la misma cámara en la que en julio el PSOE unió sus votos a los del PP y Ciudadanos para impedir que Lesmes tuviera que comparecer y explicarlo.

Aquí tenemos un chanchullo que arroja una sombra de duda sobre el magistrado Manuel Marchena, el que presidirá el juicio del procès, el que acaba de firmar el auto que impide que se investigue el máster de Casado, el que se postulaba candidato para presidir el nuevo CGPJ. Una posible corrupción institucional que se sustenta sobre un ocultado escrito de Gema Espinosa, la directora de la Escuela Judicial, la esposa del juez Llarena, la que es candidata a sentarse en el próximo CGPJ. Aquí tenemos muchas instancias políticas, judiciales y periodísticas dispuestas a evitar que nadie controle las actuaciones de los que controlan a todos. Aquí tenemos un ejemplo claro de cómo algunas togas tienen tendencia a enrocarse en sí mismas sin que exista medio de obligarles a dar explicaciones sobre sus actos que ellos mismos han blindado en apariencia con su propia ingeniería jurídica.

Si quieren seguimos mirando qué ropones tomaban copas hace una década en el Caribe, pero me parece democráticamente más necesario comprobar si aquí y ahora hay togas que tienen el poder de utilizar el sistema para beneficiarse y salir impunes.

https://www.eldiario.es/zonacritica/triunfo-papa-Marchena_6_819678032.html

 

Silencios y fake news en el Marchenagate

Manuel Marchena y otros implicados en el escándalo han dicho que suponía un riesgo mantener a la joven Marchena estudiando en Barcelona mientras su padre presidía el juicio contra los exmiembros del Govern

Los problemas con Sofía Marchena en la Escuela Judicial comenzaron desde su llegada, en marzo de 2017, cuando nadie tenía la más mínima idea de lo que iba a suceder en septiembre y octubre
El caso ha propiciado la indignación y la exigencia de transparencia por parte de los opositores y de asociaciones de jueces y fiscales que representan a más de 1.500 profesionales

Sofía Marchena Perea sigue soltera, según ha puesto en nuestro conocimiento su familia. El dato de su matrimonio me llegó el sábado por diversas fuentes -más de tres- de distinto signo pero no pude comprobarlo de forma oficial. Siento haberlo incluido en el texto puesto que no tiene relevancia más allá del giro literario que me permitió dar a mi exposición. Entono mi mea culpa por este dato erróneo, el único que ha podido ser desmentido, y corrijo mi conclusión: el regalo de la creación de la inexistente plaza 36 de fiscal a la hija del presidente de la Sala II del Tribunal Supremo no fue de boda. Simplemente, fue. Elisa Beni

El que más y el que menos ha recibido valiosos regalos con motivo de su boda o de sus bodas. Ninguno creo que podamos presumir de haber recibido como Sofía Marchena la creación de una plaza de fiscal con nombre propio, con cambio de partida y alteración de los Presupuestos del Estado. Y esto es lo que ha sucedido. La que me cuentan flamante novia del pasado sábado no volverá tras su luna de miel a incorporarse a la Escuela Judicial en Barcelona sino que cursará sus estudios en el centro de formación de fiscales en Madrid (CJE), ciudad en la que tiene la pareja fijada residencia. Una situación que ya les explicábamos en La hija de Marchena y en Marchenagate y que ha propiciado la indignación y la exigencia de transparencia en primer lugar por parte de los opositores, que fueron los primeros en detectar y denunciar la anomalía y la sombra del nepotismo, y de asociaciones de jueces y fiscales que representan a más de 1.500 profesionales. Sólo las asociaciones a las que pertenecen la mayor parte de los protagonistas de este anómalo episodio, sobre el que pende la sospecha clara de favoritismo y corrupción institucional, han decidido ponerse de perfil y no contestar a las demandas de información. Al menos sus cuadros de mando, dado que me constan la perplejidad y la molestia evidente de muchos de sus asociados de base.

Cuentan mis fuentes, tanto periodísticas como de las carreras judicial y fiscal, que tanto el padre de la afortunada novia, Manuel Marchena presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, como el Consejo General del Poder Judicial y otros implicados en el escándalo, han ido transmitiendo a todo el que ha querido oírles que el problema con la joven Marchena estaba relacionado con el riesgo que suponía mantenerla estudiando en Barcelona mientras su padre presidía el juicio y redactaba la sentencia contra los exmiembros del Govern. De ahí el cambio imposible de carrera. Casi todos los que consideran que el fin justifica los medios han comprado la mercancía, tan a las claras averiada para cualquiera que quiera hacer la más mínima comprobación, y han considerado que todo el asunto está ya explicado. Todo muy jurídico y muy periodístico. Ironía. Si tan claro fuera que el inaudito episodio protagonizado por el CGPJ y la Comisión de Selección con la hija de Marchena no tiene sombra de duda, entenderán que miles de jueces y fiscales lo habrían visto a la primera. No ha sucedido así sino que han exigido la documentación necesaria para estudiar cómo se produjo tal ingeniería jurídica y además están que trinan.

Los que lo tienen tan claro podrían haber consultado las fuentes que ponen de manifiesto que los problemas de Sofía Marchena en la Escuela Judicial comenzaron desde su llegada a la misma y que su desaparición del centro de formación de jueces se produjo a principios de marzo de 2017, una fecha en la que nadie tenía ni la más mínima idea de qué acontecimientos iban a sucederse en septiembre y octubre en el Parlament. Ni la más mínima idea. En aquel momento hubo mucho oscurantismo en la Escuela y según afirman compañeros de curso apenas se les insinuó que sufría anemia y que se encontraba mal. Todos los testigos consultados afirman que nada de lo acaecido con la alumna tuvo nada que ver con la situación política de Cataluña. Nada había en el Tribunal Supremo ni nada se esperaba. De facto la querella interpuesta por Maza fue admitida a trámite por Manuel Marchena el 31 de octubre de 2017. Para esa fecha, la alumna Marchena llevaba ocho meses sin aparecer por la Escuela.

Fue después cuando la directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa, a la sazón esposa del magistrado Llarena, remitió un informe/propuesta al CGPJ sobre la alumna Marchena debido a la inaudita situación que, según ellos, se había producido. Este extremo deberá también ser aclarado. ¿Qué tenía de inaudita una baja prolongada por enfermedad? He documentado varios casos, uno de ellos de una alumna que sufrió un cáncer de mama durante su año de Escuela Judicial y otro de una magistrada, cuyo nombre luego resultaría conocido, que tuvo un embarazo complicado que la obligó a ausentarse durante la mayor parte del periodo de formación. ¿Qué se hizo? Se incorporó al año siguiente y completó su año para ser juez. ¿Qué había de inaudito, insólito, desacostumbrado o especial en el caso de la hija de Marchena? ¿Por qué han montado este pitote nunca visto para que pueda cambiarse y ser fiscal y quedarse en Madrid a completar su formación? Los que han comprado el supuesto riesgo de residir en Barcelona de una mujer a la que nadie conoce, no sé si saben que conseguir plaza de fiscal en Madrid al terminar el año de formación es casi imposible y que la mayoría de las plazas que quedan por cubrir son en Cataluña. ¿También veremos una alteración de los destinos?

Según parece, los muñidores administrativistas creen haber dejado atado y bien atado el tema para evitar que se produzca ningún recurso que pueda obligar a que la Justicia revise lo actuado. Para el caso de que no fuera así, ya se han encargado de poner en marcha la disuasión tanto entre los opositores, a los que los propios preparadores están diciendo que no se signifiquen para evitar represalias, y entre los perjudicados de la promoción 68. Por su parte, en el Ministerio de Justicia actual se asegura que no tienen margen de maniobra legal y que sólo les queda suscribir la lista aumentada de 36 alumnos de fiscales y poner en marcha un “farragoso procedimiento” ante el Ministerio de Hacienda para solicitar el cambio de esa partida presupuestaria. Vemos pues como una decisión de la Comisión Permanente del CGPJ va a acabar alterando los Presupuestos Generales del Estado. Según estas fuentes han sido los técnicos del Ministerio los que han dictaminado que no cabe margen de maniobra para paralizar tal decisión tras ser adoptada por la Comisión Mixta de Selección. Confirman que ésta aprobó el Acuerdo de Nochebuena del CGPJ tras una fuerte disensión entre sus miembros dado que algunos manifestaron claramente que éste era nulo de pleno derecho. A pesar de eso, y tras la refriega, se plegaron y lo aceptaron por unanimidad.

El actual Ministerio socialista no niega que la posición política, no administrativa o formal, no está aún definida y que ésta se manifestará en el Congreso cuando el Gobierno deba contestar las preguntas presentadas por Unidos Podemos, a instancias de Alberto Garzón. Este mismo grupo ha pedido que Lesmes comparezca de forma urgente para explicar las zonas conflictivas y oscuras de este asunto. En el Congreso tendrá que explicar la ministra si sabe cómo se hizo para asignar una nota a Sofía Marchena distinta a la publicada en BOE y por qué se creó una plaza adicional a las convocadas para ella y en qué soporte legal se basaron tales actuaciones. Los parlamentarios quieren saber también de qué partida salió, en qué fecha se solicitó la transformación de la plaza y si el Gobierno va a instar a la Fiscalía General a llevar ante los tribunales estos hechos.

Y es que, a pesar de que lo que se presenta como un probable acto de nepotismo para favorecer a la hija del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo haya sido revestido de legalidad, de una forma que muchos de los actuantes consideran intocable al no haber recurrentes ante lo Contencioso-Administrativo, otros juristas han comenzado a estudiarlo desde el punto de vista penal para analizar si los funcionarios y personas intervinientes pudieron cometer algún tipo de delitos con su actuación.

No hay conspiraciones, no hay grupos de presión, no hay intereses ocultos. Sólo el deseo de asegurar que la transparencia y la legalidad y los principios de mérito y capacidad sigan rigiendo en el acceso al Poder Judicial y al Ministerio Fiscal. Nada justifica sembrar la duda sobre esta cuestión y nadie, ni siquiera la hija de Marchena, merece como regalo la pérdida de credibilidad del sistema.

 https://www.eldiario.es/zonacritica/Silencios-fake-news-Marchenagate_6_799030114.html

Marchenagate

Por Elisa Beni

Los que esperan que el verano entierre en arena, calor y olvido el Marchenagate creo que van a quedarse con las ganas; y más nos vale

La integridad y la limpieza de la forma de acceso a las carreras públicas es irrenunciable

“Me llamo X. Aprobé los exámenes de acceso en la convocatoria del año pasado (BOE, 5 de diciembre de 2016). Elegí la carrera judicial que era mi vocación, pero cuando llegó mi número ya no quedaban plazas de juez y me asignaron ser fiscal. Sofía Marchena eligió la carrera judicial y ahora resulta que puede volver atrás y elegir la carrera fiscal. Si ella hubiera elegido fiscal -como hace ahora en una segunda oportunidad inaudita- YO HOY SERÍA JUEZ. A mí, en dos años, nadie me ha notificado que esta señora deja la Escuela Judicial. Nadie me ha dicho QUE QUEDA VACANTE UNA PLAZA DE JUEZ QUE DEBERÍA SER PARA MI. Quiero hacerlo público para evitar futuras irregularidades como esta”. Este mensaje apareció en uno de mis buzones tras la publicación esta semana de las anomalías en la asignación de una plaza de fiscal, especialmente creada para ella, a la hija de Manuel Marchena, presidente de la Sala II del Tribunal Supremo ( La hija de Marchena). Cuando la Comisión de Selección, en un comunicado insólito, se nos acabarán los adjetivos para lo nunca visto, explicó tras mi columna que nadie había sido perjudicado, tampoco decía toda la verdad.

Más allá de la ley de la omertà, vamos a seguir hoy tras la pista de la inédita plaza 36 de la oposición de fiscales de este año. La plaza de la hija de Marchena. Nunca pensé que intentar buscar transparencia en el Poder Judicial pudiera parecerse a la tarea de Saviano, pero lo cierto es que me estoy encontrando con opositores advertidos sobre posibles represalias que borran todo rastro de sus quejas en sus foros y en las redes sociales, con medios de comunicación que se ponen de perfil ante una situación tan grave y de tan necesaria aclaración como los másteres fantasma y con una pléyade de mensajes que me recuerdan con cariño que tenga cuidado con Marchena que es un tipo muy poderoso. Cierto es. Es poderoso, busca más poder y, además, tiene una característica que no todos los jueces tienen y es que conoce los sutiles hilos que lo conforman y tiene arte para moverlos.

El CGPJ y la Comisión de Selección de la oposición a jueces y fiscales han hecho públicos sendos comunicados para explicarnos que todo está bien. Tan bien está, que las asociaciones judiciales, excepción hecha de aquellas a las que pertenecen algunos de los que podrían estar implicados en las irregularidades, tras leerlos, se han puesto en pie de guerra exigiendo al Consejo General del Poder Judicial la documentación que permita probar si se produjeron o no actos irregulares o no lícitos. Me gusta particularmente la petición de las asociaciones Francisco de Vitoria y Jueces y Juezas para la Democracia que termina con un litúrgico, pero también rotundo: “Es Justicia que pedimos en Madrid a 26 de julio”. Pedir justicia y transparencia y control de la corrupción es tarea que también tenemos los periodistas. Ahí lo dejo.

Sí, hay evidencias de que la hija de Manuel Marchena ha podido beneficiarse de una serie de decisiones hechas a su medida para poder cambiar de opinión y después de haber elegido cuando correspondía ser juez poder ahora ser fiscal. Dejar de estudiar en Barcelona para poder formarse en Madrid, plaza en la que reside su familia. Esos interrogantes sobre una legalidad ad hoc creada para ella, no son un fantasma ni mucho menos una conspiración independentista contra Marchena como algunos tiralevitas quieren insinuar. A menos que gran parte de la carrera judicial y fiscal y miles de opositores indignados puedan ser considerados conspiradores. No, lo que sucede es que una oposición de esta envergadura es un hito personal tan profundo que nadie está dispuesto a que se lo devalúen poniéndolo en duda ante la opinión pública. A los ciudadanos debería importarnos, tanto o más que otros escándalos educativos, porque si no reaccionamos ante la posibilidad de que las personas con poder estén manipulando los resortes para conseguir que sus hijos accedan a los puestos que desean, estaremos aceptando la peor lacra que el sistema de oposición pública quiso evitar: el nepotismo, el enchufismo y el amiguismo. Estaremos asumiendo que no nos importa si manipulan o no el acceso a puestos tan sensibles como los de fiscal o juez. Aceptaríamos que no nos importa la corrupción institucional.

Sofía Marchena eligió ser juez y ahora elige ser fiscal siendo que ambas carreras son estancas y esta marcha atrás no se le ha permitido jamás a nadie. ¿Se le va a permitir a X, la fiscal por obligación con la que arrancaba esta columna? Si la ingeniería jurídico-administrativa alegada se ha creado exclusivamente porque la afectada se llama Marchena y es hija de quien es, estamos ante un escándalo de proporciones mayúsculas que podría tener una gravedad más allá de lo administrativo. Por eso las asociaciones de jueces y fiscales quieren una documentación que respalde los puntos oscuros de todo este suceso. Los jueces han pedido oficialmente al CGPJ que se acredite cómo se solicita la transformación de una plaza de juez en una de fiscal para que la ocupe Sofía Marchena y el acuerdo ministerial en el que se concede. Esto es primordial porque, además, las plazas que se convocan tienen una dotación presupuestaria en cajas distintas. Esos jueces y fiscales deberán ser pagados el resto de su vida activa, así que esa dotación existe para un número concreto de jueces y para un número concreto de fiscales. En la Administración no se puede cambiar el dinero de bolsillo como hacemos en la vida diaria. No vale pasar dinero de una caja a otra sin respaldo legal. Eso es lo que tienen que mostrar para poder comprobar que se hizo adecuadamente o si, en caso contrario, hay responsabilidades.

Han pedido también el soporte documental y legal de cómo la Comisión de Selección le asignó a Sofía Marchena una nota inventada, pero que les venía bien según ellos mismos dicen, y que no se corresponde con la publicada por dos veces en el Boletín Oficial del Estado (cuando aprobó y en el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ, el acuerdo de Nochebuena). Y es que el BOE no es el ¡Hola!. Lo que se publica en el BOE tiene peso de ley y no puede ser alterado o cambiado según acomode a unos u otros.

Por último, los jueces han exigido al Consejo que les entregue los boletines de petición de asignación de carrera, fiscal o judicial, de todos los aprobados este año para comprobar que, efectivamente, la asignación a la hija de Marchena de una plaza de fiscal inexistente en la convocatoria no ha perjudicado a nadie. Esta demanda, como hemos visto, es insuficiente puesto que puede haber perjudicados en la promoción anterior.

Los que esperan que el verano entierre en arena, calor y olvido el Marchenagate creo que van a quedarse con las ganas. Y más nos vale. La integridad y la limpieza de la forma de acceso a las carreras públicas es irrenunciable. El respeto a los principios de mérito, capacidad e igualdad ante la ley, también. El esfuerzo de tantos jóvenes no puede ser devaluado. Puede que algunos crean que es difícil explicarle a la ciudadanía lo que nos jugamos si miramos para otro lado, pero yo sospecho que, por contra, es tremendamente fácil que entienda de qué hablamos y qué nos jugamos.

https://www.eldiario.es/zonacritica/Marchenagate_6_797630237.html

CHOQUE EN LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE FUTUROS JUECES Y FISCALES POR LA PLAZA ASIGNADA A LA HIJA DE UN MAGISTRADO DEL SUPREMO

La decisión del CGPJ de permitir de manera inédita que la joven pudiera incorporarse tras una baja al centro de formación del ministerio público y no a la escuela de jueces, que es la que inicialmente había elegido, partió en dos al comité, que finalmente llegó a un acuerdo

La Unión Progresista de Fiscales y la asociación de jueces Francisco de Vitoria piden explicaciones

La asignación de una plaza en el Centro de Estudios Jurídicos –que prepara a los futuros fiscales– a una hija del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, derivó a mediados de mes en un choque que partió literalmente en dos la Comisión de Selección de aspirantes a la judicatura y el ministerio público.

Fuentes conocedoras de lo sucedido aseguran que cuatro de los ocho integrantes de ese comité -los dos representantes de la Fiscalía, el del Ministerio de Justicia y el director del Centro de Estudios Jurídicos– cuestionaron la legalidad del acuerdo con el que la comisión permanente del CGPJ abrió en diciembre las puertas de la carrera fiscal a Sofía Marchena. Portavoces autorizados del departamento que dirige la ministra Dolores Delgado confirmaron a infoLibre que la funcionaria que representa a Justicia en la Comisión de Selección albergaba "dudas sobre la legalidad" de esa fórmula pero declinaron aportar ningún otro dato o valorar lo ocurrido en la comisión de selección.

En virtud del acuerdo de diciembre, el órgano de gobierno de los jueces permitía que tras una baja por enfermedad y previa creación de una plaza adicional a las 35 convocadas, la joven pudiera incorporarse este año al Centro de Estudios Jurídicos y no a la Escuela Judicial. Es decir, la que prepara a los futuros jueces y que es la que la hija del magistrado había elegido cuando aprobó la oposición y en la que, de hecho, había llegado a comenzar el curso en 2017.

Por unanimidad y bajo la batuta de su presidente, que también lo es del Tribunal Supremo, el conservador Carlos Lesmes, el CGPJ acordó no solo que Sofía Marchena se incorporase al Centro de Estudios Jurídicos sumándose a la siguiente promoción de aspirantes aprobados sino que lo hiciera "conservando la puntuación obtenida".

Una vez aprueba los exámenes de oposición, cada aspirante a incorporarse a la judicatura o a la carrera fiscal se sitúa ante una encrucijada: en función de sus preferencias y siempre que su puntuación le permita bascular entre las dos opciones posibles, ha de elegir entre la Escuela Judicial y el Centro de Estudios Jurídicos. Su decisión es irreversible. En la Escuela Judicial, ubicada en Barcelona, el periodo de formación dura casi dos años. En el Centro de Estudios Jurídicos, con sede en Madrid, los nuevos fiscales están ya listos en seis meses.

"No ha habido ningún trato de favor"

Fuentes consultadas por infoLibre entre quienes defienden los pasos dados por el CGPJ ponen el énfasis en dos elementos: el primero, que no se ha causado ningún perjuicio a ningún aspirante; el segundo, que la nota obtenida por la hija del juez Marchena en la oposición a la que concurrió le daba amplio margen para elegir la opción que quisiera y que por tanto "no se ha beneficiado de ningún trato de favor". Simplemente, alegan, "la suya era una situación inédita que, como reconoce la propia Comisión de Selección, no está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial".

El Poder Judicial, agregan las citadas fuentes, tomó su decisión después de que "por unanimidad" el claustro de la Escuela Judicial informase a favor de que ni se tuviera en cuenta que Sofía Marchena había empezado su formación en ese centro. Este periódico no ha logrado que ninguna de las partes involucradas le dé acceso a esa acta ni al informe que la dirección de la Escuela Judicial emitió a renglón seguido. Supuestamente, ese informe invoca una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE contraria a la discriminación por razones de enfermedad.

El comunicado de la Comisión de Selección –difundido por el CGPJ– subraya que "se ha respetado la opción manifestada por todos los aspirantes aprobados en la convocatoria del año 2017 en cuanto al centro de formación elegido".

No obstante, este periódico no ha logrado que los portavoces del CGPJ respondan a la siguiente pregunta: la de por qué si, dado que de las 100 plazas convocadas -65 de jueces y 35 de fiscales- habían quedado tres vacantes porque solo hubo 97 aprobados, no se ofreció solo a Sofía Marchena sino a los otros aspirantes la posibilidad de acceder a la carrera fiscal mediante la "transformación" de las plazas libres, por utilizar el término empleado ya el miércoles por los portavoces del Poder Judicial. Según los citados portavoces, no se creó una plaza ex profeso para la joven sino que se "transformó" una de las convocadas para la carrera judicial.

La controvertida decisión del CGPJ llegó a la Comisión de Selección el 9 de julio. El día 23 y tras fuertes discrepancias, el comité que tramita la distribución de los aspirantes entre las dos escuelas preparatorias -la de jueces y la de fiscales- articuló una vía para salvar su unanimidad: Sofía Marchena se incorporaría al Centro de Estudios Jurídicos como alumna de la plaza 36 -la convocatoria establecía solo 35 para fiscales y otras 65 para jueces– pero su nota se vería recortada hasta situarla en el último puesto del escalafón.

Dos asociaciones piden explicaciones

El acta de la Comisión de Selección sostiene, de hecho, que lo aprobado en diciembre por el CGPJ -conservarle la nota original- implicaba "un gravamen excesivo e injustificado a los aspirantes que han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas". El debate que dividió a la Comisión de Selección no radicaba en si la joven opositora tenía derecho a retomar su periodo de formación sin que se le aplicara la penalización prevista en la ley para quienes no "superan" los cursos de la Escuela Judicial sino en que el Poder Judicial había autorizado de manera inédita que hiciera lo que en términos coloquiales se denomina cambiar de caballo con la carrera ya comenzada. Es decir, optar por la carrera fiscal cuando ya se había decantado por ser juez.

La decisión del Poder Judicial pasó inadvertida hasta que saltó a Twitter. Este jueves, dos asociaciones del sector, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la asociación judicial Francisco de Vitoria pidieron explicaciones al CGPJ después de que la periodista Elisa Beni publicase un artículo sobre el asunto.

La UPF, en un comunicado emitido este jueves, pide "que se proporcione a esta asociación y a la opinión pública, información y la debida documentación en relación a la creación, para el próximo curso de formación inicial de la carrera fiscal, de una nueva plaza que se suma a las existentes, y que se adjudica a una persona procedente de la carrera judicial".

Mientras, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) ha reclamado copia del acuerdo del CGPJ por el que se modifica la nota de Sofía Marchena y "las razones por las que se decidió crear una plaza adicional de fiscales en la presente convocatoria". La asociación reclama también una copia de la solicitud de "transformación de una plaza inicialmente prevista para jueces en una plaza para fiscales, así como copia de la resolución del Ministerio de Justicia acordando dicha transformación", y copia de la solicitud del resto de aspirantes.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/07/27/choque_comision_seleccion_futuros_jueces_fiscales_por_plaza_asignada_hija_magistrado_del_supremo_85445_1012.html

 

LA HIJA DE MARCHENA

Por Elisa Beni

Yendo la última de los aprobados, con una nota que no es la suya ni la aprobada en la Permanente sino elegida a posteriori, Sofía Marchena ha sido elegida fiscal en una plaza inexistente en principio

¿Cómo se explica que el CGPJ acuerde y publique en BOE una cosa y luego no la cumpla para no perjudicar?

La transparencia y la limpieza deben regir los actos de toda administración y, como no, aún más si cabe del órgano de Gobierno de los jueces que son aquellos llamados a controlar la de los otros. Por eso, cuando la sombra de la duda se cierne sobre sus actos es necesario que estos sean explicados, aclarados y dejados fuera de toda sospecha ante la ciudadanía y ante aquellos que puedan haberse visto agraviados por ellos. Si el acto que semeja mancillado lo es, además, por la sombra del nepotismo, no cabe dilación a la hora de hacerlo.

Este es el caso de la publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado de la adjudicación de la plaza número 36, de la convocatoria pública de 35 plazas de fiscal, a la hija del presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Hace calor y en muchos rincones de España, jóvenes esperanzados estudian su oposición con gran sacrificio personal. Ayer estaban soliviantados. ¿Cómo se concede la plaza número 36 si sólo había 35 plazas? ¿Cómo es que esa plaza inesperada es para Sofía Marchena Pereda, hija del magistrado Marchena? ¿Deben comenzar a desconfiar de algo que les parecía tan sólido y neutro y justo como una dura oposición? ¿Debemos hacerlo los ciudadanos? Voy a intentar responder a algunas de estas preguntas pero es seguro que serán otros los que tendrán que hacerlo para asumir su responsabilidad.

Comenzaré por el principio para ver dónde se hallan las grandes dudas de un proceso que puede resultarles farragoso.

La hija de Marchena aprobó en 2016 la oposición común a las carreras fiscal y judicial con una nota de 68’20 y eligió irse a la Escuela Judicial para ser juez. Según los datos públicos de la convocatoria, el último aspirante que eligió ser fiscal tenía un 50’66 lo que significa que ella podía haber elegido ser fiscal. No fue así. Optó por ser juez. Esto es importante porque una vez elegida una u otra carrera, la permeabilidad entre ambas es nula. Sofía Marchena se incorporó a la Escuela Judicial y al mes de estar en ella tuvo que abandonarla por una enfermedad. Lo cierto es que no es la primera vez que esto sucede, evidentemente. La ley ya dice claramente que a quien le suceda esto, se le permitirá incorporarse a superar su fase de Escuela con otra promoción. ¿Por qué no pasa eso con la hija de Marchena? ¿Por qué no se espera a que se recupere para volver a incorporarse?

Lo que sucede es algo bien distinto. El día 21 de diciembre de 2017, al filo de la Nochebuena, se toma un acuerdo en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mediante el cual la aspirante a juez Marchena es suspendida como funcionaria en prácticas por su enfermedad pero, además, resuelve que la hija de Marchena "se incorpore a la relación de aspirantes que superen el proceso selectivo inmediato al dictado de esta resolución", es decir, la retrotrae al momento en el que aún no había elegido entre ser juez y fiscal. ¿Por qué se hace esto? Es inaudito. Ningún director de la Escuela Judicial recuerda que un caso de ausencia por enfermedad se resolviera de ninguna otra manera que como está indicado: volviendo a iniciar el curso con otra promoción. El acuerdo de Nochebuena dice además que conservará la nota y todos sus derechos. Podría parecer justo pero al propio CGPJ no se lo ha parecido puesto que, a pesar de haberlo acordado, hoy hemos sabido que se le asignó otra nota inferior a esa (52’31) justo por debajo del último admitido "para no perjudicar a nadie". ¿Cómo se explica que el CGPJ acuerde y publique en BOE una cosa y luego no la cumpla para no perjudicar?

¿Cómo y por qué adopta este acuerdo la Comisión Permanente -el sanedrín reducido de Lesmes-? ¿A petición de quién? Aclaremos que un órgano de este tipo no se pronuncia en el vacío sino que el problema o la cuestión ha de llegar por vía legalmente autorizada para estimular la adopción de ese acuerdo. El CGPJ ha aclarado que tal cuestión llegó a la mesa de la Permanente a través de una propuesta de la Directora de la Escuela Judicial. ¿Por qué y a título de qué la directora de la Escuela propone que se adopte una resolución sobre un problema cuya solución ya se conoce porque la fija la ley? ¿En qué términos lo hace? Nunca se había dado un caso así. Ninguna otra vez un director de la Escuela Judicial ha consultado que sucede con un alumno enfermo al CGPJ, ¿tiene algo que ver que la directora consultante sea la mujer del magistrado Llarena que pertenece a la sala que preside el padre de la joven?

La citada resolución se publicó a hurtadillas justo antes de Nochebuena e incluía la indicación de que podía ser impugnado durante dos meses ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Como se ha visto ningún opositor o interesado lo vio o lo impugnó así que devino firme y eso es lo que utiliza ahora el CGPJ para revestir de legalidad lo que sigue pareciendo totalmente ajeno a la normalidad de una oposición.

Como hemos dicho, la hija de Marchena ha optado esta vez por elegir la carrera fiscal. Ha tenido la posibilidad debido a su infausta enfermedad de volver a replantearse sus opciones profesionales y elegir otras, algo que le está vedado a todos los demás componentes de su promoción y de las restantes. Nunca había pasado. Ya es cosa del destino que vaya a suceder con la hija del presidente de la Sala II del Tribunal Supremo.

Insiste mucho el CGPJ en que no se ha perjudicado a nadie, pero es que ni siquiera este extremo lo podríamos firmar a ciegas. Yendo la última de los aprobados, con una nota que no es la suya ni la aprobada en la Permanente sino elegida a posteriori, ha elegido fiscal en una plaza inexistente en principio. ¿Le ofrecieron a los anteriores opositores, del 93 al 97 que eligieron juez la plaza supletoria, la plaza de más? ¿Eligieron juez todos por voluntad propia o alguno lo hizo porque la plaza 35 ya se había consumido por el opositor 92 y ya no quedaban más?

El presidente del CGPJ debería de explicar todos estos extremos y mostrar la documentación pertinente para alejar la sospecha de que esto seas una cacicada a la que se ha revestido de una legalidad nunca vista antes para permitir que la hija del magistrado Marchena cambiara su elección de juez a fiscal sin volverse a examinar. Deberíamos poder ver los términos del escrito de la directora de la Escuela y los informes técnicos o deliberaciones que llevaron a este acuerdo. En caso contrario muchos opositores y muchos que no lo somos vamos a pensar que el triángulo mujer de Llarena-Padre Marchena y Lesmes se cerró para hacerle un favor concreto a una persona determinada. Eso en castellano del que le gusta a Reverte se llama nepotismo. Eso lanzaría una sombra de duda sobre el sistema de acceso a la judicatura y al ministerio fiscal y nos enseñaría hasta que punto de desvergüenza institucional se puede llegar.

Las explicaciones dadas hasta el momento, como les he mostrado, no son suficientes. Hay un dicho jocoso en el mundo judicial que dice que en el CGPJ el principio de legalidad resulta revolucionario. Es un chascarrillo. Es seguro que todo el proceso pasa de largo la prueba del algodón, sólo tienen que mostrárnoslo.

https://www.eldiario.es/zonacritica/hija-Marchena_6_796580368.html

SOSPECHAS DE TRATO DE FAVOR A LA HIJA DEL PRESIDENTE DE LA SALA QUE JUZGARÁ EL 1-O

La hija del presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha conseguido una plaza como fiscal en un proceso sin precedentes que apunta a trato de favor, según ha denunciado eldiario.es. Sofía Machena Pereda ha conseguido la plaza 36 de una convocatoria de 35 plazas de fiscal y lo ha hecho mediante un procedimiento sospechoso de nepotismo.

La hija de Marchena aprobó el año 2016 la oposición común a las carreras fiscal y judicial con una nota de 68,20, optó por ser juez e ingresó en la Escuela Judicial, con sede en Barcelona. En aquel momento Sofía Marchena Pereda hubiera podido hacer carrera como fiscal ya que tenía nota suficiente para hacerlo. Hay que puntualizar que una vez has escogido una opción no puedes pasarte a la otra.

Acuerdo del CGPJ

Un mes después de ingresar en la Escuela Judicial, la hija de Marchena la abandonó por enfermedad, y no ha vuelto, una vez recuperada, tal como le permite la ley. Contrariamente, en diciembre del 2017 la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la suspendió como funcionaria en prácticas (estatus que tenía como alumna de la escuela) a causa de su enfermedad y la puso en situación de poder escoger nuevamente si quería ser juez o fiscal, a la vez que le conservó su nota (68,20) y sus derechos.

Esta es, explica el diario.es, una situación inaudita ya que, habitualmente, cuando un alumno de la Escuela Judicial abandona por enfermedad, se incorpora a la siguiente promoción.

El cambio de situación de la hija del magistrado se acordó en la Comisión Permanente del CGPJ a propuesta de la directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa, esposa del magistrado de la sala segunda del Supremo Pablo Llarena, sala que preside precisamente Manuel Marchena. Y el acuerdo se adoptó, sospechosamente, el 21 de diciembre, a pocos días de las vacaciones de Navidad, de modo que pudiera pasar desapercibido.

Plaza de fiscal

Gracias ha este acuerdo del CGPJ, la hija de Marchena ha conseguido una plaza de fiscal, la 36, en una convocatoria que inicialmente era de 35, tal como publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) el miércoles 25 de julio. La nota con que ha conseguido la plaza no, es sin embargo, la que le reconoció el CGPJ en diciembre del 2017 (68,20). Se le asignó una inferior (52,31) para, según han indicado fuentes del CGPJ a eldiario.es, "no perjudicar a nadie".

El trato de favor que habría recibido a la hija del magistrado Manuel Marchena ha sido denunciado por varios juristas y políticos en las redes sociales.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reclamado al Consejo General del Poder Judicial toda la información y documentación referida a ala asignación de la plaza de fiscal a la hija del magistrado Manuel Marchena.

https://www.elnacional.cat/es/politica/denuncia-trato-favor-hija-magistrado-marchena_291705_102.html

EL CGPJ CREA AD HOC UNA PLAZA DE FISCAL PARA LA HIJA DE UN JUEZ DEL SUPREMO

Asociaciones de fiscales piden explicaciones al CGPJ por la adjudicación ad hoc de una plaza de fiscal a la hija del magistrado del Supremo Manuel Marchena

Dudas por la posible adjudicación irregular de una plaza de fiscal a Sofía Marchena, hija del presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles la selección de aspirantes para cubrir 65 plazas de juez y 36 plazas de fiscal, pero en el caso de la carrera fiscal el Gobierno solo había presupuestado 35 plazas.

La plaza extra llevaba el nombre de la hija del magistrado del Alto Tribunal, que aprobó en 2016 la oposición a la carrera judicial y fiscal. Esta oposición es común para futuros jueces y fiscales y los aspirantes que superan el duro proceso selectivo deben elegir si completarán su formación en la Escuela Judicial para ser magistrados o si acudirán a la Escuela Fiscal para ser fiscales. Esta elección no tiene marcha atrás.

En el caso de Sofía Marchena, que aprobó la oposición en 2016 y accedió a la Escuela Judicial, la elección sí ha tenido vuelta atrás, según ha detallado Elisa Beni en Eldiario.es, haciéndose eco de una noticia que ha corrido como la pólvora en las últimas horas en los foros de opositores a la carrera judicial.

La entonces aspirante a juez abandonó la Escuela Judicial por enfermedad. En este caso la ley permite que los futuros jueces inicien el curso en la Escuela en otra promoción, pero en ningún caso se les permite volver a elegir entre ser jueces o fiscales.

Sin embargo esta semana su nombre ha aparecido estampado en el BOE en el listado de aspirantes que han superado la oposición este año, con una nota de 52,31; que no es la que obtuvo cuando aprobó el proceso selectivo, de 68,20. Según Beni, esta decisión fue acordada en diciembre por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

Las asociaciones profesionales piden explicaciones al CGPJ

Varias asociaciones profesionales han reclamado explicaciones por lo sucedido. Es el caso de la Unión Progresista de Fiscales, que en un comunicado hecho público este jueves ha pedido a la Comisión de Selección para las carreras fiscal y judicial que se den "las explicaciones pertinentes para que se pueda evitar cualquier asomo de duda en el duro y objetivo proceso de selección" para ser juez o fiscal. Además, ha exigido "transparencia" al CGPJ.

También se ha pronunciado la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que ha exigido al órgano de gobierno del Poder Judicial una "aclaración extensa y completa" que elimine "cualquier atisbo de duda sobre lo ocurrido", con la esperanza de que sea "un malentendido".

https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/el-cgpj-crea-ad-hoc-una-plaza-de-fiscal-para-la-hija-de-un-juez-del-supremo_568994_102.html

LA INCLUSIÓN DE SOFÍA MARCHENA EN LA LISTA DE APROBADOS A JUECES Y FISCALES ES AJUSTADA A DERECHO Y LEGAL

La Comisión de Selección, el órgano tripartito compuesto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia, ha salido al paso del revuelo que se ha montado, a propósito de la inclusión en la lista de aprobados a jueces y fiscales de este año de Sofía Marchena.

En un comunicado explica que el caso es ajustado a derecho y no hay nada raro, contrariamente a lo que se ha afirmado en las redes sociales y en algún medio de comunicación en las últimas horas a cuenta de su relación con el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, de la que es hija.

Sofía Marchena aprobó las oposiciones a jueces y fiscales el pasado año con el número 25, tal como figura en el acuerdo de la citada Comisión de Selección de 10 de julio de 2017.

La joven se integró en la Escuela Judicial que el CGPJ tiene el Barcelona en octubre, pero no pudo completar el curso teórico multidisciplinar que constituye la primera fase de formación inicial de jueces debido a una grave enfermedad; tuvo que pedir la baja.

La situación de la alumna “es inédita en la historia de la Escuela Judicial” y no hay una “solución explícita” en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ); tampoco está regulada en el Reglamento de la Escuela Judicial, reconocía el claustro de profesores en su acta del 30 de noviembre de 2017.

Derecho a repetir el curso. La comisión de selección da el visto bueno. Se la colocó la última por qué antes juez y ahora juez derecho a repetir el curso

El artículo 309.1 de la LOPJ -la clave del caso- dice expresamente: “Los que no superen el curso podrán repetirlo en el siguiente, al que se incorporarán con la nueva promoción”.

No aborda este supuesto en el que el alumno no es que haya suspendido el curso sino que no ha podido realizarlo por un problema de salud grave.

Una circunstancia sobre la que Gema Espinosa, entonces directora del citado centro de formación del poder judicial, informó a la Comisión Permanente del CGPJ, proponiendo que se incorporara a la siguiente promoción, una vez que estuviera recuperada de su enfermedad.

Y la Permanente acordó, el 21 de diciembre de 2017 -hace siete meses- que “la alumna Sofía Marchena se incorporará a la relación de aspirantes que superen el proceso selectivo de oposición a las carreras judicial y fiscal inmediato que se concluya a partir del dictado de la presente resolución, conservando la puntuación obtenida en el proceso selectivo en el que participó en su momento y todos sus derechos en la forma expuesta en el apartado (b) de la propuesta que sustenta este acuerdo”.

La comisión de selección da el visto bueno

La propia Comisión de Selección -cuya presidencia es rotatoria (ahora es ocupada por el fiscal de Sala del Supremo, José Javier Huete, después la asumirá el vocal del CGPJ Rafael Mozo)– reconoció, en sus dos reuniones del 17 y 23 de julio pasado, que “se trata de una excepcional circunstancia que no encuentra acomodo en el artículo 309.1 de la LOPJ, así como tampoco en el reglamento de la Escuela Judicial, pudiendo ser, en su caso, de aplicación por analogía, la normativa reguladora del Centro de Estudios Jurídicos”.

Dicha institución es el centro de formación de los fiscales y tiene su sede en Madrid.

Su actual directora, María de las Heras, forma parte de la Comisión de Selección, al igual que el actual director en funciones de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez Martín, un fiscal, un magistrado y dos personas más sin derecho a voto.

La normativa citada dice que el que no puede superar el curso debe incorporarse a la promoción siguiente, con la nota que tenía.

Se la colocó la última

Sin embargo, la solución a la que ha llegado no ha sido beneficiosa para la joven Marchena porque del puesto 25 que ocupó en su promoción ha sido colocada en el 98 de la actual, en la que va a formar parte.

La última. No se le ha respetado la nota conseguida. Para no perjudicar a ningún derecho de los 97 aprobados.

“Este hecho no ha supuesto la supresión ni el incremento de ninguna plaza, ya que de las 100 plazas convocadas, se cubrieron inicialmente 97, quedando tres plazas sin cubrir, una de las cuales se ha asignado por la Comisión de Selección a doña Sofía Marchena Perea”, dice la Comisión de Selección en su comunicado.

“Se ha respetado la opción manifestada por todos los aspirantes aprobados en la convocatoria del año 2017 en cuanto al centro de formación elegido”, añade.

La Comisión de Selección disiente de la decisión de la Permanente de diciembre pasado: “Si bien permite preservar los derechos de la interesada como aspirante, impone, por otro lado, un gravamen excesivo e injustificado a los aspirantes que han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas…, y que en el orden de sus respectivas puntuaciones han efectuado su opción por una de las dos carreras (judicial o fiscal) conforme a la distribución de plazas contenidas en las bases de la convocatoria”.

Por qué antes juez y ahora juez

La decisión tomada por la Comisión de Selección, devuelve a Sofía Marchena a la casilla de salida, al establecer que “se incorpore a la relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición a las pruebas selectivas correspondientes al año 2017”. Lo que le ha dado la posibilidad de escoger la carrera fiscal en vez de la judicial, sin afectar al derecho de ninguno de los compañeros de esta promoción en curso.

https://confilegal.com/20180726-la-inclusion-de-sofia-marchena-en-la-lista-de-aprobados-a-jueces-y-fiscales-es-ajustada-a-derecho-y-legal/

EL CGPJ DEFIENDE LA POLÉMICA CONCESIÓN DE UNA PLAZA DE FISCAL A UNA HIJA DEL SUPREMO

Sofía Marchena logra la plaza 36 de 35 fijadas con anterioridad

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia han defendido este jueves la concesión de una plaza en la carrera fiscal a una hija del magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, tras la polémica suscitada entre opositores y asociaciones profesionales.

Las tres instituciones integran la comisión de selección de las oposiciones a jueces y fiscales, que este miércoles publicó en el Boletín Oficial del Estado la lista de personas que han superado la oposición a juez y fiscal convocada en 2017.

El Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia han defendido la concesión de la plaza n el listado, con una puntuación de 52,31 y con la carrera fiscal como destino, se incluyó a Sofía Marchena, hija del magistrado del Supremo. Marchena ya había superado la oposición en 2016, con 68,2 puntos, y eligió entonces la carrera judicial, por lo que entró en la Escuela Judicial para realizar el curso preceptivo.

Pero no pudo completarlo por estar de baja médica desde marzo de 2017 y la directora de la Escuela Judicial advirtió al CGPJ de que era una situación “inédita en la historia” de esa institución y que no había una “solución explícita” para ella en la Ley Orgánica del Poder Judicial ni en el reglamento del centro.

La directora de la Escuela Judicial advirtió al CGPJ de que era una situación “inédita en la historia”
Según explica la comisión de selección en un comunicado emitido este jueves, a propuesta de la directora de la Escuela, la Comisión Permanente del CGPJ acordó el pasado 21 de diciembre que Marchena quedaría incorporada a la relación de aspirantes aprobados en la siguiente convocatoria con la nota que ya había obtenido.

La comisión de selección, reunida entre el 17 y el 23 de julio, cuestionó en parte la decisión del CGPJ, al entender que si Marchena mantenía su nota se podía perjudicar a los aspirantes de las pruebas convocadas en 2017.

Acordó así incorporar su a la lista de aprobados de 2017 y que, para preservar los intereses de todos los participantes, se anotara “en el último lugar de la mencionada lista, con una puntuación inmediatamente inferior a la del ultimo de la lista y respetando la opción que ha manifestado por el ingreso en la carrera fiscal”.

Marchena ha podido así cambiar de la carrera judicial a la fiscal y “atendidas las circunstancias excepcionales anteriormente descritas”, añade la comisión de selección, se han otorgado finalmente 36 plazas para la carrera fiscal, en vez de las 35 inicialmente convocadas.

Destaca la comisión que no se ha incrementado el número de plazas, ya que se convocaron 100 en total, quedaron inicialmente cubiertas 97 y a Marchena se le ha asignado una de las tres que no se cubrieron.

Asegura además que se ha respetado la elección de carrera judicial o fiscal de todos aquellos que han aprobado las oposiciones. Poco antes de emitirse este comunicado, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) había exigido a la comisión de selección que aclarara por qué para el próximo curso de la carrera fiscal se ha ofrecido una nueva plaza y se ha adjudicado a una persona procedente de la carrera judicial.

A su juicio, la persona afectadas debe ser la primera interesada en esas explicaciones para evitar “cualquier asomo de duda en el duro y objetivo proceso de selección” que hay que seguir para ser juez o fiscal

Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) había pedido al Consejo una aclaración “extensa y completa” que eliminara cualquier atisbo de duda, con la esperanza de que todo fuera un “malentendido”.

https://www.lavanguardia.com/politica/20180726/451115381368/marchena-fiscalia-consejo-general-poder-judicial.html

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