EL 1% DE AGUIRRE: DINERO PÚBLICO PARA AUTOBOMBO QUE ACABÓ PAGANDO CAMPAÑAS
DEL PP
LAMELA SITÚA A AGUIRRE EN UNA REUNIÓN PARA FAVORECER A UN PROVEEDOR DEL PP
PUERTA DE HIERRO, 12 DE OCTUBRE... LA PÚNICA SAQUEÓ MÁS DE 3M EN HOSPITALES
DE MADRID
UN TÉCNICO DEL PP ASEGURA AL JUEZ DE PÚNICA QUE AGUIRRE CONTROLABA LAS
ADJUDICACIONES
LOS HOSPITALES QUE CONSTRUYÓ AGUIRRE TENDRÁN UN SOBRECOSTE DE 3.000 MILLONES
HASTA 2035, SEGÚN LA DENUNCIA DE PODEMOS
MADRID NETWORK PROMETIÓ A LAMELA UN CRÉDITO MESES ANTES DE CONCEDERLOS
DOS EX ALTOS CARGOS DE AGUIRRE NO DEVUELVEN LAS AYUDAS QUE RECIBIERON
EL PSOE PEDIRÁ EXPLICACIONES EN BRUSELAS POR LOS ‘CHANCHULLOS’ ENTRE CAÑETE
Y LAMELA
BRUSELAS RECONOCE QUE LAMELA PIDIÓ ENTREVISTARSE CON CAÑETE
LA MINERA DE URANIO QUE CONTRATÓ A LAMELA COMPRÓ SUELO AL ALCALDE DEL PP DE
RETORTILLO POR EL DOBLE DE SU PRECIO
LAMELA MEDIÓ A FAVOR DE UNA MINA DE URANIO ANTE SU EXJEFE CAÑETE EN LA UE
Lamela asesoró a una empresa que equipó tres hospitales que él privatizó como consejero de Sanidad
EL PP DARÁ AL IMPUTADO LAMELA 60.000 EUROS PARA QUE PUEDA REHABILITAR UNO DE SUS EDIFICIOS
MATO CONTRATA A LAMELA PARA CAMBIAR EL MODELO DE GESTIÓN DE LOS HOSPITALES DEPENDIENTES DE SANIDAD
LOS OTROS NEGOCIOS SANITARIOS DEL IMPUTADO LAMELA
EL JUEZ MANTIENE LA IMPUTACIÓN A GÜEMES Y LAMELA POR COHECHO Y PREVARICACIÓN
UN JUZGADO PONE BAJO LA LUPA LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA DE MADRID
ADMITIDA LA QUERELLA CONTRA LAMELA Y GÜEMES POR LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA
IMPUTADOS LOS PROMOTORES DE LA PRIMERA PRIVATIZACIÓN DE HOSPITALES
GONZÁLEZ Y LASQUETTY DIERON CONTRATOS A ASSIGNIA TRAS EL FICHAJE DE LAMELA
UN MAESTRO DE LA PUERTA GIRATORIA
Una empresa a la que aconseja Lamela gestiona un hospital que él adjudicó
MATO Y LASQUETTY SALEN EN DEFENSA DE LAMELA
LA PUERTA GIRATORIA ENTRE LA SANIDAD PÚBLICA Y LA PRIVADA
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LOS GIGANTES DE LA SANIDAD PRIVADA
DE LA PÚBLICA A LA PRIVADA Y AL REVÉS
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MADRID, DESTINO DEL TURISMO SANITARIO PRIVADO
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MANUEL LAMELA, DE LO PÚBLICO A LO PRIVADO
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El mayor contrato, en los tribunales
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Colapso en las urgencias de los hospitales
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La segunda jornada de huelga, marcada por la guerra de cifras de su seguimiento
Fallos de diseño y la crisis de Alzira
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"Espero seis meses para el especialista"
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"Los hospitales fueron construidos con materiales baratos"
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CC OO y UGT llaman a la huelga en la sanidad los días 14 y 15
El protegido de Aguirre multiplica en 11 años por 2.000 el capital de su empresa
EL 1% DE AGUIRRE: DINERO PÚBLICO PARA AUTOBOMBO QUE ACABÓ PAGANDO CAMPAÑAS
DEL PP
La cláusula del 1% para publicitar se incluyó en todo tipo de contratos de la Consejería de Sanidad y Transportes
Todos los contratos y licitaciones de las consejerías de Sanidad y Transportes de la Comunidad de Madrid incluyeron una cláusula entre 2007 y 2013 que hoy investiga la Audiencia Nacional en el marco de la trama Púnica: los adjudicatarios debían destinar el 1% del presupuesto de la obra pública a actos de publicidad. Ese dinero que en principio debía destinarse al autobombo y que motivó las protestas de la oposición en plena crisis económica, terminó financiando actos electorales del PP de Esperanza Aguirre o directamente en los bolsillos de dirigentes del partido.
La cláusula era pública, figuraba en los pliegos de concurso, pero su finalidad aparente (que las empresas sufragasen la propaganda para dar a conocer las obras que ejecutaban) quedó desvirtuada.
Los informes de la Guardia Civil sobre los que se apoyó la Fiscalía Anticorrupción para pedir la imputación de la histórica expresidenta madrileña recuerdan que el Gobierno de Aguirre cambió la ley para tener todo el control sobre los contratos de publicidad, que se usaban para hacer circular las donaciones de las empresas hacia la caja B del PP. En el sumario de Púnica abundan los indicios en ese sentido, entre ellas, la declaración de algunos empresarios que admitieron los pagos en negro al partido.
"El desvío del dinero público se producía a través de las empresas adjudicatarias de cada contrato, que se veían obligadas a incrementar la oferta que presentaban al concurso en ese 1% para publicidad a la que les obligaba el pliego. Esto producía un perjuicio a las arcas públicas, al verse minorados sus fondos en ese 1%", recoge el último auto del magistrado Manuel García Castellón del 2 de septiembre, el mismo día que Aguirre fue imputada.
Según el magistrado, "dichas empresas, que solían ser grandes constructoras, no contrataban la publicidad de su obra, se limitaban a atender las órdenes de pago de las facturas emitidas por las mercantiles del investigado Horacio Mercado, que les eran remitidas desde la Consejería implicada. Muchas de ellas con publicidad que no se realizó", añadió el magistrado.
Las empresas que se llevaban ese 1% de los contratos públicos eran escogidas a dedo por el PP: no había ningún concurso previo. Un ex alto cargo de la Viceconsejería de Infraestructuras Sanitarias imputado en el caso Púnica, Germán Rasilla, confirmó ante el instructor del caso Púnica que las órdenes llegaban de Presidencia. Al frente de la Comunidad estaba Esperanza Aguirre, quien ejerció un control total sobre la adjudicación de los contratos de publicidad y medios de las distintas consejerías, aseguraron a eldiario.es fuentes presentes en la declaración judicial.
El negocio de la construcción de hospitales y centros de salud fue uno de los sectores clave para alimentar esa maquinaria puesta en marcha bajo el mandato de Aguirre (2003-2012). García Castellón cuantificó el desfalco por estas obras en 3,07 millones de euros. Según el mismo auto del pasado septiembre, la investigación se encontraba todavía en una fase preliminar en el caso de los fondos de publicidad asignados a la construcción de carreteras. "Se investiga qué personas se situaron detrás de las adjudicaciones e introducción de la cláusula de reserva del 1% en los pliegos de las licitaciones de transportes", recoge el escrito judicial.
Gracias a una pregunta parlamentaria de la diputada de Unidas Podemos-IU a la Mesa de la Asamblea Sol Sánchez, han aflorado 167 nuevos contratos en los que la Comunidad de Madrid incluyó la llamada 'cláusula del 1%', como adelantó la Cadena Ser. En esa larga lista, se comprueba cómo este mecanismo se extendió a todo tipo de contratos públicos. Tuviera sentido o no: la cláusula aparece en adjudicaciones de limpieza y de renting de vehículos. También lo demuestra un documento al que tuvo acceso eldiario.es en el que se incluyó además en contratos a empresas que se dedicaban a la redacción de proyectos.
Tal y como publicó eldiario.es el pasado 23 de septiembre, funcionarios de la Consejería de Transportes, en su mayoría ingenieros, encontraron pruebas de esta supuesta malversación. A principios de 2013, estos trabajadores públicos enviaron dos cartas denunciando los "pagos exigidos a determinados adjudicatarios de obras" al menos desde 2009, al entonces consejero de Transportes de Madrid, Pablo Cavero. Posteriormente, mantuvieron una reunión con su número dos, Borja Carabante, actual concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid que preside José Luis Martínez-Almeida. Todas aquellas alertas fueron ignoradas, y negadas, aunque a los pocos meses la cláusula desapareció de los contratos.
"A mí se me dijo por los pasillos que en 2007 el consejero Manuel Lamela llegó desde la Puerta del Sol con instrucciones de incluir esa cláusula en todos los contratos, que además la traía escrita. Por eso está igual redactada los proyectos de Transportes y en los de Sanidad", explicó Francisco Barrueco, funcionario que denunció esta práctica en 2013, en una entrevista en eldiario.es. "Que la redacción de la cláusula fuese la misma demuestra que la instrucción venía de arriba", añadió. Barrueco declarará ante el juez de Púnica el próximo 21 de enero para explicar su reunión con Carabante.
Las facturas
En poder de eldiario.es figura una factura de Traci Comunicación, por la que la empresa de Horacio Mercado cobró 50.665 euros. El concepto era "campaña de vialidad invernal 2009-2010 en las estaciones de servicios en los meses de diciembre 09 y enero 10". El concepto no tenía nada que ver con publicitar una obra, pero es que además la Comunidad de Madrid bordeó la ley de contratación pública vigente en 2010 (Ley 30/2007) que establecía para los contratos de servicios -los de publicidad también lo son- que los de más de 18.000 euros debían ser sometidos a concurso público.
Hay otros ejemplos. En el mismo escrito judicial de García Castellón, se detalla una campaña de comunicación de seguridad vial en las carreteras regionales para motoristas, una serie de anuncios institucionales, que no debería haberse costeado con los fondos de las obras públicas. En otro albarán, también en poder de eldiario.es, sucede lo mismo. La factura tiene como concepto: "Campaña publicitaria Sillas bebé, referente al 1% de gastos de publicidad según pliego de la obra de refuerzo M-206" por un importe de 17.473 euros. La empresa que cobró dicha factura fue O3 comunicación visual y márketing.
La inclusión de esta cláusula en los contratos ha sido uno de los aspectos por los que las fiscales más han preguntado a los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid imputados en esta causa. La ronda de interrogatorios la cerró Aguirre el pasado 18 de octubre, aunque la expresidenta regional aseguró desconocer su existencia, mientras que el exvicepresidente Ignacio González descargó toda responsabilidad sobre el que fuera consejero de Sanidad Manuel Lamela, del que dijo que fue "idea" suya.
A menos de seis meses para que el juez tenga que concluir la instrucción, el próximo 6 de junio, la Audiencia Nacional sigue recabando pruebas y exigió hace más de tres meses al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que remitiera documentación clave sobre contratos de 34 hospitales y centros de salud y 16 carreteras. La colaboración por parte del Gobierno regional está siendo limitada y hace unas semanas la Fiscalía Anticorrupción reclamó más datos de los expedientes remitidos.
https://www.eldiario.es/madrid/Aguirre-publico-autobombo-campanas-PP_0_973602966.html
LAMELA SITÚA A AGUIRRE EN UNA REUNIÓN PARA FAVORECER A UN PROVEEDOR DEL PP
El exconsejero de Madrid dijo que la presidenta estaba presente cuando le
"invitaron" a contratar a un empresario cercano al partido
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante la presidencia de
Esperanza Aguirre, Manuel Lamela, admitió este lunes en la Audiencia
Nacional que durante una reunión improvisada en 2004 con la plana mayor del
Gobierno regional le “invitaron” a contratar al proveedor electoral del PP,
Horacio Mercado. Aguirre y el propio Mercado estaban presentes en ese
encuentro “improvisado”. Lamela, sin embargo, hizo responsables de adjudicar
los contratos de publicidad investigados por Púnica a la directora de
comunicación de la presidenta, Isabel Gallego, y al entonces consejero
Alberto López Viejo.
La declaración de Lamela como imputado ante el juez del caso Púnica, Manuel
García Castellón, había levantado cierta expectación en las semanas previas.
Su testimonio era uno de los que tienen que determinar si, como sostiene la
Fiscalía, Esperanza Aguirre ordenó, consintió o al menos supo de la
financiación irregular del PP madrileño. Aunque situó a la presidenta en una
reunión clave, el dedo de Lamela se posó con más firmeza a la hora de
distribuir las culpas sobre gente de su órbita, como Gallego y López Viejo,
condenado por la Gürtel. La defensa de la política que durante una década
aglutinó el poder político en Madrid es que sus principales colaboradores
confabularon a sus espaldas.
La comparecencia, según cuenta uno de los presentes, arrancó con la
narración de Lamela de la reunión en la que quedó claro que una de las tres
empresas que debía siempre concursar para recibir contratos de publicidad
debía ser la de Horacio Mercado, Over Marketing. Lamela aseguró que le
convocaron a asistir al encuentro con solo media hora de antelación. No
faltaba un alma: Aguirre, sus dos colaboradores más cercanos, Francisco
Granados e Ignacio González, además de Gallego y López Viejo. Ahí se habría
acordado destinar un 1% de las obras de cada hospital en construcción a
publicidad, un dinero que fue a parar en parte a la caja del partido para
financiar las campañas electorales, de acuerdo con los investigadores.
De lo que allí se habló, según Lamela, es de utilizar un logo que había
diseñado la empresa de Mercado en la imagen de todas las consejerías. Con el
empresario delante en una reunión que se celebró en Sol, la sede del
Gobierno regional, se transmitió la idea de que había que "invitar" a su
empresa a hacerse con el contrato público. Lamela sostuvo que esto fue una
sugerencia, o así lo interpretó él, porque en sus 20 años de vida pública
"nadie" le había dicho que adjudicara nada a nadie en concreto. "Y si lo
hubiera dicho, lo habría echado de mi despacho", dijo.
Más
tarde, Lamela, que llegó al tribunal con una corbata roja, un trolley de
viaje en una mano y un maletín en la otra, juró no haber ideado la cláusula
del 1%: "Es arriesgado y surrealista que me hagan ideólogo de esa cláusula",
En su defensa, dijo que hizo todo lo que pudo y se rodeó de técnicos para
cumplir con la promesa electoral de abrir ocho hospitales y 50 centros de
salud. Lo que suponía una inversión de 7.000 millones de euros. Por eso se
ideó que el 1% del presupuesto de cada obra se destinase a informar a los
ciudadanos. Ese dinero lo podrían haber destinado a publicidad directamente
las empresas adjudicatarias de las obras pero se acordó que fuera la
consejería la que se ocupara de distribuirlo. En este punto es donde Lamela,
que aceptó responder a todas las preguntas de las partes presentes en la
declaración, señala a Gallego y a López Viejo como los responsables de
canalizar esas cantidades hasta las empresas de Horacio Mercado, que a su
vez las desviaba al PP, de acuerdo con los investigadores. En cierto modo le
devuelve la pelota a Gallego, que en una declaración anterior lo señaló a él
y a otro consejero, Borja Sarasola, como los cerebros detrás de esta trama
urdida para desviar fondos públicos.
El auto en el que se ha imputado a Lamela pero también a Aguirre y
prácticamente a toda la plana mayor del PP de Madrid, un núcleo de poder
político y económico que controló la comunidad autónoma durante 10 años e
intentó dar el salto al ámbito nacional tratando de desbancar a Mariano
Rajoy sin éxito, señala que la presunta caja B se nutrió con cinco millones
de euros provenientes de contratos de ocho consejerías distintas. Siempre
bajo la supervisión de la presidenta Esperanza Aguirre, a la que todavía
nadie ha señalado directamente en ninguna declaración después de más de
cinco años de investigación.
Una hora antes de Lamela, le tocó declarar a Juan José Güemes, también
consejero durante esos años. En su caso dice que ni siquiera supo de esa
famosa reunión donde pudo urdirse la trama. Claro que conocía a Mercado,
aseguró, pero solo como un empresario al que había contratado la Comunidad.
Según uno de los presentes, destacó que ni Aguirre ni González ni Granados
—la presidenta y sus dos hombres de confianza— le impusieron ningún nombre.
"Ni lo habría permitido", remató.
Fue Lamela quien le contó la fórmula del 1% cuando Güemes lo sustituyó al
frente de la Consejería de Sanidad, según su relato. Él licitó al frente de
la institución tres contratos de hospitales, el Rey Juan Carlos de Móstoles,
el de Villalba, y el de Torrejón de Ardoz, aunque ninguno con esa norma.
Destacó que, cuando llegó a ese cargo, apenas había dinero en la consejería,
la mayoría de los hospitales se habían inaugurado entre 2007 y 2008.
Insistió en que no era amigo de Horacio Mercado aunque cuando estuvo en la
Consejería de Empleo y Mujer, Mercado hacia los panfletos y los trípticos.
En medio del procés
Imputado
por malversación de caudales públicos agravada, falsificación de documentos,
fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral, su
declaración duró menos de una hora. Cuando acabó, sobre las 11.00, abandonó
a paso ligero la Audiencia Nacional.
Los alrededores estaban llenos de cámaras porque en esos momentos se estaba
dando a conocer la sentencia del procés. Sus dos abogados lo protegieron de
las fotos y de las preguntas de los periodistas con dos carteras de buen
tamaño, como las que se traspasan los ministros con un apretón de manos. Y
un turista arrastrando su maleta que en ese momento pasaba por allí se
preguntaba quién era ese señor que no quería cuentas con nadie:
—Who the fuck is this guy?
Acabadas las declaraciones de dos personajes implicados en las
contrataciones con Horacio Mercado, le toca el turno a Ignacio González, que
hablará el jueves. Fue el sucesor de Aguirre y estuvo en la presidencia
entre 2012 y 2015. La fiscalía cree que fue clave para el desvío continuado
de fondos públicos desde Presidencia y la Consejería de Transportes, a
través del amaño de las partidas de publicidad y a través de subvenciones a
fundaciones. El viernes será el turno de Aguirre, la mano detrás de todo
esto o una presidenta a la que engañaron sus más cercanos.
En desgracia tras apoyar a Mariano Rajoy
La de Manuel Lamela fue una declaración judicial pero por una rendija se
coló el funcionamiento y las lógicas de los partidos políticos. Lamela dijo
que había perdido la confianza de Esperanza Aguirre por haber apoyado a
Mariano Rajoy en el Congreso Nacional que celebró el PP en 2008 en Valencia.
Entonces, Rajoy estaba debilitado por la derrota electoral frente a José
Luis Rodríguez Zapatero y dentro del partido se habían abierto una lucha por
el poder. Rajoy llegó al congreso en soledad, sufrió el desplante y ninguneo
de la vieja guardia del partido, encabezada por Aguirre, y el expresidente
José María Aznar. Hasta el último momento trataban de disputarle la
presidencia del partido. Con el apoyo del PP valenciano sorteó a sus
críticos, nombró a gente de su confianza en puestos de poder del partido.
Colocó a María Dolores de Cospedal, antigua consejera de Aguirre, como
secretaria general. Rajoy llegó al congreso de Valencia moribundo y salió
más vivo que nunca. Sin embargo, no todos los que le apoyaron salieron bien
parados, como bien contó ayer Lamela. Aguirre lo fulminó tras la primera
reestructuración de gobierno que hizo tras el famoso congreso. Por el camino
también cayeron otros marianistas como Alfredo Prada, Merry del Val y
Beatriz Elorriaga.
https://elpais.com/ccaa/2019/10/14/madrid/1571043648_419860.html
PUERTA DE HIERRO, 12 DE OCTUBRE... LA PÚNICA SAQUEÓ MÁS DE 3M EN HOSPITALES
DE MADRID
El desfalco se remonta a la puesta en marcha del 'Plan de infraestructuras
sanitarias 2004-2007' de la Consejería de Sanidad, que financiaba la
construcción de hospitales y centros de salud
La trama Púnica encontró un filón en la sanidad madrileña. El juez de la
Audiencia Nacional Manuel García-Castellón apunta a que entre 2004 y 2007 se
produjo un desfalco de más de tres millones de euros en hospitales y centros
de salud de la comunidad. Con Manuel Lamela como consejero de Sanidad, los
investigadores sostienen que el PP de Madrid impuso la cláusula del 1% a
toda empresa que quisiera conseguir los contratos de construcción o
explotación, porcentaje que permitió nutrir las arcas del partido, dopar las
campañas electorales o enriquecer a los responsables de las adjudicaciones:
27 hospitales y centros de salud se convirtieron así en una de las ramas más
lucrativas de la red corrupta.
El desfalco se remonta a la puesta en marcha del denominado 'Plan de
infraestructuras sanitarias 2004-2007' desde la Consejería de Sanidad, que
financiaba la construcción de nuevos hospitales y centros de salud en la
comunidad. De cara al público, se vendía la idea de modernizar el sector,
pero el proyecto "confirió la cobertura oportuna para introducir [...] la
cláusula ideada indiciariamente por el consejero de Sanidad, Manuel Lamela,
en connivencia con los altos mandatarios del PPCM, que obligaría a cada
contratista a abonar, en concepto de publicidad de la obra, hasta un 1% del
presupuesto de cada contrato, como mecanismo para desviar fondos públicos a
favor del partido", explica el juez en el auto que emitió este lunes.
Bajo la promesa de destinar fondos a publicidad, la trama desvió más de tres
millones de dinero público. El juez apunta de forma directa al exconsejero
Manuel Lamela, pero también al ex secretario general del PP Francisco
Granados y a los expresidentes madrileños Ignacio González y Esperanza
Aguirre. Aunque Lamela era el cargo visible, los otros tres se reservaron
"la competencia última para decidir qué empresas prestarían la simulada
publicidad", reservando en todo momento los contratos a sociedades
vinculadas con Horacio Mercado, encargado de confeccionar "falaces facturas
que, o bien sobrefacturaban los trabajos de publicidad realizados, o bien
recogían servicios que no se prestaban". Tanto el empresario como los cuatro
políticos se encuentran imputados en el caso Púnica.
Solo entre 2006 y 2007, el auto recoge un perjuicio a los fondos públicos de
1,88 millones, dinero que responde a las cantidades abonadas a la trama por
las empresas concesionarias de siete hospitales: el Hospital del Tajo
(138.017 euros), el Hospital del Sureste (152.906), el Hospital del Henares
(258.297), el Hospital Puerta de Hierro (917.164), el Hospital Infanta
Cristina (240.972), el Hospital Infanta Sofía (86.532) y el Hospital Infanta
Leonor (89.394). En cuanto a las constructoras, los investigadores apuntan a
un desfalco de 1,19 millones en 20 hospitales y centros de salud, entre los
que destacan el Hospital Severo Ochoa (111.712 euros), el Hospital Valdemoro
(176.039) o el Hospital 12 de Octubre (144.524). El resto de hospitales y
centros de salud afectados se pueden consultar en las páginas 17 y 18 del
auto que se incluye en este artículo.
Aunque las cantidades varían de unos centros a otros, el juez explica que en
todos ellos se empleó el mismo mecanismo: "La sociedad gestora de cada
hospital o las empresas constructoras de los centros de salud recibían desde
la Consejería de Sanidad las órdenes de pago, a las que se acompañaban las
facturas confeccionadas por el investigado Horacio Mercado, en las que se
simulaba la realización de la publicidad por un importe global concordante
con el gasto que debía realizar el hospital o contratista de la obra".
Pero la trama no solo saqueó hospitales y centros de salud. Los
investigadores también apuntan a mecanismos similares en la consejerías de
la Mujer, de Medio Ambiente, de Transporte, de Innovación Tecnológica... Con
el último auto de García-Castellón, la pieza que se centra en la
financiación irregular del PP de Madrid suma 30 nuevas imputaciones a las 42
ya dictadas, en las que se incluían nombres tan relevantes como Ignacio
González, Francisco Granados o el exgerente Beltrán Gutiérrez. En total, 72
imputados por un conjunto de nueve delitos que no pueden atribuirse de forma
individualizada: falsedad documental, prevaricación de funcionarios
públicos, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad electoral, tráfico de
influencias, revelación de informaciones privilegiadas, delito continuado de
apropiación indebida y organización criminal.
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-09-04/punica-sanidad-hospitales-centros-salud_2208255/
UN TÉCNICO DEL PP ASEGURA AL JUEZ DE PÚNICA QUE AGUIRRE CONTROLABA LAS
ADJUDICACIONES
El ex alto cargo de la Viceconsejería de Sanidad ha situado a la
expresidenta madrileña en una reunión en la que se habría dado la orden de
dar contratos al empresario Horacio Mercado
Se estrecha el cerco en torno a Esperanza Aguirre en el caso Púnica. Germán
Rasilla, antiguo técnico de la Viceconsejería de Infraestructuras Sanitaria,
ha asegurado este lunes ante el magistrado Alejandro Abascal que desde 2004
las adjudicaciones de contratos de publicidad y medios necesitaban el visto
bueno de Presidencia de la Comunidad de Madrid, explican fuentes jurídicas a
El Confidencial. En su declaración como investigado, Rasilla ha defendido
que su actuación fue legal y que los trabajos que se reflejan en los
contratos se llevaron a cabo, pero en todo momento ha apuntado como última
responsable a la expresidenta madrileña, que tendrá que comparecer el
próximo 18 de octubre en la Audiencia Nacional como imputada.
A preguntas de la Fiscalía, el ex alto cargo de la Viceconsejería de Sanidad
ha situado a Aguirre en una reunión celebrada en 2004, encuentro en el que
habría ordenado a todos sus consejeros que facilitaran la adjudicación de
contratos al empresario Horacio Mercado, ya imputado en el caso por ser uno
de los supuestos beneficiados de esta trama de corrupción. Según ha
defendido Rasilla, Mercado tenía contacto directo con Presidencia de la
Comunidad y contaba con información privilegiada sobre las adjudicaciones.
30 investigados declararán en las próximas semanas, pero la cifra se
incrementará con nuevos imputados en la pieza sobre Cofely y la que
investiga la construcción de colegios en la comunidad
La declaración apuntala así la tesis del magistrado Manuel García Castellón,
que en el auto que emitió a comienzos de septiembre destaca la importancia
de esta cita: "Fue en una reunión a principios del año 2004, en la sede de
la Presidencia del Gobierno de Madrid, cuando se presentó a los consejeros a
aquel empresario". Para justificar la imputación de Aguirre, el magistrado
subraya además que existen indicios racionales de que dicha reunión fue
presidida por ella y de que a la misma asistieron también sus asesores de
gabinete y los investigados Ignacio González y Francisco Granados.
En el auto, el juez explica que aquel encuentro sirvió para sentar las bases
del proceder ilícito que se perpetuaría en los años siguientes. "La
investigación arroja indicios racionales de la existencia de otros planes
ilícitos, posteriores en el tiempo a la reunión del año 2004, dirigidos a
que fuesen de nuevo los fondos públicos los que abonasen gastos particulares
del PP de Madrid, de sus dirigentes y otra parte de los gastos electorales
de las campañas electorales autonómicas de los años 2007 y 2011 y de las
elecciones generales del año 2008", indica.
Sombras de nulidad en Púnica: un denunciante declara que se vio con la
Fiscalía
El testigo admitió, en plena declaración, que mantuvo reuniones con las
fiscales del caso y con miembros de la Guardia Civil en que ambas partes
intercambiaron información
La imputación de Rasilla se relaciona además con el presunto saqueó de la
trama Púnica en la sanidad madrileña, pues García Castellón apunta a que
entre 2004 y 2007 se produjo un desfalco de más de tres millones de euros en
hospitales y centros de salud de la Comunidad. Con Manuel Lamela como
consejero de Sanidad, los investigadores sostienen que el PP de Madrid
impuso la cláusula del 1% a toda empresa que quisiera conseguir los
contratos de construcción o explotación, porcentaje que permitió nutrir las
arcas del partido, dopar las campañas electorales o enriquecer a los
responsables de las adjudicaciones. 27 hospitales y centros de salud se
convirtieron así en una de las ramas más lucrativas de la red corrupta.
El desfalco se remonta a la puesta en marcha del denominado 'Plan de
infraestructuras sanitarias 2004-2007' desde la Consejería de Sanidad, que
financiaba la construcción de nuevos hospitales y centros de salud en la
comunidad. De cara al público, se vendía la idea de modernizar el sector,
pero el proyecto "confirió la cobertura oportuna para introducir [...] la
cláusula ideada indiciariamente por el consejero de Sanidad, Manuel Lamela,
en connivencia con los altos mandatarios del PPCM, que obligaría a cada
contratista a abonar, en concepto de publicidad de la obra, hasta un 1% del
presupuesto de cada contrato, como mecanismo para desviar fondos públicos a
favor del partido", explica el juez en el auto.
En su comparecencia ante el juez, Rasilla ha afirmado ahora que entre esos
"altos mandatarios del PPCM" se encontraba la propia Aguirre, a la que el
juez también sitúa como cerebro de la trama: "La investigación arroja
indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos, que
financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora
última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con
dicha finalidad. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y
vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad
de Madrid".
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-09-16/aguirre-punica-tecnico-pp-control-adjudicaciones_2235379/
LOS HOSPITALES QUE CONSTRUYÓ AGUIRRE TENDRÁN UN SOBRECOSTE DE 3.000 MILLONES
HASTA 2035, SEGÚN LA DENUNCIA DE PODEMOS
Detectan irregularidades en los contratos para beneficiar a las
concesionarios, que obtienen beneficios anuales de un 40%
El Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid ha denunciado
este martes ante la Fiscalía Anticorrupción el presunto fraude en la gestión
de los hospitales madrileños en régimen de concesión inaugurados por la
expresidenta regional Esperanza Aguirre por delitos de malversación de
caudales públicos y prevaricación, estimando que los madrileños tendrán que
pagar entre 1.200 y 3.000 millones de sobrecoste hasta el año 2035 a
consecuencia de unos contratos hechos para "beneficiar" a las
concesionarias.
La presidenta del grupo parlamentario de Podemos, Monica García, y el
diputado autonómico José Manuel López, acompañados por los parlamentarios
Clara Serra y Eduardo Gutiérrez, han acudido a la sede de la Fiscalía para
presentar la denuncia ante el registro tras detectar en las Comisiones sobre
la Deuda y de Sanidad indicios de criminalidad respecto a los gestantes del
plan de infraestructuras de los siete hospitales públicos que se construyó
durante el mandato de Aguirre.
Precisamente, la expresidenta regional figura en la denuncia como la
supuesta autora intelectual de este presunto fraude relacionado con el plan
de infraestructuras que se gestó para su construcción. También se dirige la
denuncia contra el expresidente de la Cámara de Cuentas de Madrid Arturo
Canalda --imputado en el caso Lezo--, el exconsejero de Sanidad Manuel
Lamela y contra otros altos cargos de la Consejería de Sanidad, entre otros.
A su llegada, Mónica García ha subrayado que la denuncia se interpone por
las presuntas anomalías detectadas en los hospitales hipoteca que construyó
Aguirre. "Todos estos años, nos han traído sobrecostes, mala gestión y
despilfarro a la Sanidad madrileña. Hemos trabajado muchos meses en la
Asamblea Y hemos investigado qué ha pasado con estos contratos, unos
contratos absolutamente opacos de los que no se sabe cuánto estamos
pagando", ha reseñado.
SOBRECOSTE DE 3.000 MILLONES
Al respecto, ha apuntado que se ha hecho una estimación de que hasta 2035
cuando los contratos concluyen los madrileños van a pagar unos sobrecostes
de entre 1.200 y 3.000 millones de euros de más, un dinero que, a su juicio,
se podría haber invertido en la Sanidad madrileña.
"Se eligió la forma --financiación-- más gravosa y se ha ido incrementando
para que tengan más beneficios estas empresas", ha asegurado la
parlamentaria, quien ha destacado que entre las anomalías detectadas "hay
cláusulas abusivas, unos contratos que van en contra del beneficio público y
que son absolutamente desleales contra la Sanidad madrileña".
"La Sanidad ha sido recortada de manera espectacular mientras hay empresas,
muchas en sumarios judiciales, que han estado teniendo beneficios en los
peores años de la crisis de entre un 20 y un 40 por ciento como Sacyr que
era adjudicataria de dos de los hospitales y que vendió sus activos a fondos
buitres. Son empresas que estaban han tenido beneficios desproporcionados
mientras recortaban sanidad", ha aseverado.
Además, ha insistido en que estos hospitales tendrían que estar ya
"amortizados", pero sin embargo se está pagando "el doble por unos servicios
paupérrimos". "Durante todos los gobiernos, el canon que pagamos que es
opaco se ha ido incrementando hasta llegar un 47 por ciento más que al
principio en base de modificaciones y cláusulas que han ido incrementándose
para darles mas dinero", ha dicho.
"Los altos cargos sabían que había sobrecostes porque tenían al final que
firmar unas facturas y sabían que, en comparación con hospitales públicos,
era de dos veces más. Los servicios no sanitarios están sobredimensionados
por cuestiones como limpieza, jardinería y mantenimiento. Obviamente, los
altos cargos sabían que se hacía porque está hecho aposta, para que puedan
especular y tener beneficios", ha concluido.
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20180703/45610430634/los-hospitales-que-construyo-aguirre-tendran-un-sobrecoste-de-3000-millones-hasta-2035-segun-la-denuncia-de-podemos.html
MADRID NETWORK PROMETIÓ A LAMELA UN CRÉDITO MESES ANTES DE CONCEDERLOS
El exconsejero amenazó con hacer público el retraso en la financiación de su
proyecto de turismo sanitario
El proyecto de turismo sanitario privado de Manuel Lamela nunca padeció la
incertidumbre de la falta de financiación. El que fuera consejero de Sanidad
con Esperanza Aguirre sabía que su negocio iba a contar con un crédito
preferente salido de los presupuestos generales del Estado meses antes de
que se concedieran las ayudas. Madrid Network, una entidad opaca creada por
el Gobierno de Aguirre, le prometió algo más de un millón de euros
procedentes de una partida de 80 millones destinados a financiar proyectos
de innovación.
Documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS muestra que Lamela sabía que
Madrid Medical Destination (MMD), su proyecto para captar pacientes
extranjeros y dirigirlos a las clínicas privadas de Madrid, iba a tener
financiación pública al menos desde octubre de 2010. Es decir, meses antes
de que se firmara el convenio entre la Comunidad de Madrid y Madrid Network
para que esta última gestionara los créditos del Ministerio de Economía, en
mayo de 2011. Lamela aseguró por carta a sus socios de la sanidad privada
que MMD iba a recibir un préstamo de 1,4 millones el 10 de noviembre de
2010.
Por aquel entonces acababa de constituir una sociedad mercantil con el mismo
nombre que el proyecto, Madrid Medical Destination. La fundación que
preside, Fundación Lafer (un acrónimo de sus apellidos, Lamela Fernández),
tenía el 85% de las participaciones. El otro 15% estaba en manos de los
socios de Lamela y de Madrid Centro Médico, una asociación sin ánimo de
lucro en la que participaban desde 2009 importantes grupos sanitarios con
presencia en la capital. Con esta asociación iba Lamela a obtener la ayuda
pública. La mercantil iba a ser la "herramienta de gestión".
Solo unos días después de la creación de la empresa, el 10 de noviembre de
2010, el equipo de Lamela envía a una quincena de grupos hospitalarios
privados y otras empresas del sector sanitario un borrador de "pacto de
socios" en el que les invita a comprar parte de las acciones y participar
así en el capital de la empresa. En este documento, al que ha tenido acceso
EL PAÍS, Lamela incluye un plan de negocio y afirma que Madrid Network
"concederá a la nueva mercantil Madrid Medical Destination S.L un préstamo
de UN MILLON CUATROCIENTOS MIL EUROS (1.400.000 €) para el desarrollo del
mismo, en los términos y condiciones que las partes ya conocen".
Faltaban aún más de cinco meses para que se firmara el convenio de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y Madrid Network. Finalmente
fueron 1,3 millones de euros los que consiguió el proyecto de Lamela. Solo
se le llegaron a entregar 500.000 porque empezó a incumplir los objetivos y
se le rescindió el contrato. Según la última memoria trimestral de Madrid
Network, no los ha devuelto y ha sido demandada, tal y como adelantó EL PAÍS
esta semana.
El "pacto de socios" no es el único documento que demuestra que Lamela
contaba con ese dinero mucho antes de que otras empresas supieran de su
existencia. El exconsejero de Aguirre se quejó por escrito, en una carta
enviada al presidente de Madrid Network, Aurelio García de Sola, hombre de
confianza de Aguirre y pariente político del marido de la expresidenta de la
Comunidad de Madrid, el 22 de marzo de 2011, de que el dinero que le habían
prometido para su proyecto se estaba retrasando. Se lamentaba también de un
"cambio de condiciones": le pedían garantías.
Según relata en la carta, las nuevas condiciones eran "garantías solidarias
personales de los socios del proyecto o capitales sociales", que califica de
"absurdos de suscribir" porque, argumenta, ya no suponen una ventaja
comparativa con "la financiación privada que se puede obtener en el
mercado". Este cambio "se percibiría como una ruptura de la confianza del
sector sanitario privado madrileño en la capacidad de la Comunidad de Madrid
de cumplir un compromiso acordado y cerrado", añade.
La carta, de más de tres páginas, insiste en otro párrafo en la mala imagen
que va a dar la Comunidad de Madrid si no cumple lo prometido. "Me obliga a
tener que plantear a la Asamblea de Socios algo que no van a entender y que
en nada beneficia a la imagen de la Comunidad de Madrid, cosa que me
preocupa y me gustaría evitar por un montón de razones que no hace falta que
te traslade". Lamela le recuerda a García de Sola ese compromiso
--confirmado "personalmente por vosotros", dice-- en varias ocasiones.
Si el 23 de mayo se firma el convenio, el 30 de ese mes García de Sola le
comunica a Lamela que la evaluación de su proyecto es "positiva" y que ya es
beneficiario del préstamo. Dos meses después, en julio de 2011, su proyecto
se presentó en sociedad en una dependencia cedida por la concejalía de
Economía del Ayuntamiento de Madrid. El apoyo del Gobierno de Aguirre se
tradujo en la presencia de dos consejeros, el de Sanidad (Javier Fernández-Lasquetty)
y el de Economía (Percival Manglano), y dos viceconsejeras. También tomó la
palabra el entonces presidente de CEIM, Arturo Fernández.
El proyecto fracasó. "Nunca recibimos ni un solo paciente", asegura el
responsable de una de las clínicas asociadas en Madrid Centro Médico:
"Asistí a varias reuniones poco fructíferas; no se avanzaba nada. Recuerdo
que daban a entender que estaban bien relacionados; decían que la Comunidad
de Madrid les iba a dar un crédito de mucho dinero para ponerlo todo en
marcha. Pasado un tiempo lo dejamos porque no parecía que aquello fuera a
ninguna parte".
La asociación sigue inscrita en el registro regional y la empresa Madrid
Medical Destination continúa activa, pero jamás ha presentado cuentas en el
Registro Mercantil. Un portavoz de la Fundación Lafer aseguró que Lamela ya
no preside la asociación. Este diario ha intentado reiteradamente, sin
éxito, hablar con el exconsejero. Madrid Network aseguró que los proyectos
que se financiaron fueron evaluados "con apoyo de empresas y personas
independientes y con experiencia" y que, en último término, los aprobaba una
comisión formada por la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Economía.
Infertilidad, cardiología y estética para pacientes extranjeros
Manuel Lamela aseguraba en 2011 que su proyecto iba a conseguir atraer a más
de 12.000 pacientes extranjeros a los hospitales privados de Madrid, con un
volumen de negocio de 18 millones de euros en 2016. Centros médicos
prestigiosos como MD Anderson, el Instituto Valenciano de Infertilidad, la
Clínica La Luz, la Clínica López Ibor o el grupo Capio estaban entre los
asociados en Madrid Centro Médico.
"Desde la Comunidad de Madrid se estaba trabajando en un proyecto similar a
este y tras un serie de reuniones se acordó integrar ambas iniciativas en
una sola que tiene estructura mercantil y que es la encargada de poner en el
mercado la oferta sanitaria privada de Madrid: Madrid Medical Destination",
decía uno de los documentos de presentación.
Lamela aseguró durante la presentación del proyecto que uno de sus objetivos
era que los centros médicos asociados consiguieran la certificación
internacional de calidad de la Joint Commission, muy apreciada en el mundo
anglosajón. También se lo decía a los socios, que pagaban una pequeña cuota
por pertenecer a la asociación.
La oferta de Madrid Medical Destination se iba a centrar en tratamientos de
infertilidad (dirigidos sobre todo a pacientes de Italia, Alemania y
Francia), cardiología (Rusia), cataratas y oncología (Reino Unido) y
oftalmología y estética (países árabes).
"El proyecto tiene como objetivo situar a Madrid en el mapa internacional
como punto de referencia de calidad médico asistencia reconocido y
posicionar a Madrid en este sector como uno de los players más importantes a
nivel internacional". Así se describía el proyecto en una de las
evaluaciones que le hizo Madrid Network, en julio de 2011. "Se trata de la
oferta de un servicio. No aporta ninguna contribución al avance del
conocimiento y al progreso tecnológico, entendido como tal", reconocía el
evaluador, poniendo así en duda que se tratara de un proyecto de innnovación,
el motivo por el que se le dio el crédito.
Lamela es el presidente de la Fundación Lafer, que se dedica a la formación
y el asesoramiento en los sectores sanitario, agroalimentario y de
infraestructuras, áreas en las que ocupó cargos públicos. También preside la
consultora Business Assestment Plans & Projects (BAPP), con la que Madrid
Network contrató por valor de 349.200 euros.
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/08/actualidad/1460137130_878785.html
DOS EX ALTOS CARGOS DE AGUIRRE NO DEVUELVEN LAS AYUDAS QUE RECIBIERON
Aguirre, el día de su dimisión como presidenta del PP de Madrid.
Ocho pleitos para recuperar nueve millones de euros de dinero público.
Madrid Network, una entidad público-privada creada en época de Esperanza
Aguirre, ha tenido que recurrir a los juzgados para exigir que ocho empresas
le devuelvan los créditos ventajosos que esta les prestó para que realizaran
proyectos de innovación. Entre las empresas figuran las de dos exaltos
cargos de Aguirre que se beneficiaron de estos préstamos a bajo interés
adjudicados a dedo en 2011: el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela y el
exgerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel.
De los nueve millones que Madrid Network no ha conseguido recuperar, tres y
medio corresponden a las empresas de Lamela y De Miguel, según documentación
a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Ambos han declinado ofrecer su versión.
Una de las empresas vinculadas a De Miguel, Safeview, ha sido condenada, en
primera y segunda instancia, a devolver cerca de dos millones de euros “por
incumplimiento contractual”, según la sentencia.
Proyectos morosos de Madrid Network
Entre las muchas fundaciones, empresas públicas y entidades que se crearon
durante las dos legislaturas de Esperanza Aguirre al frente del Gobierno de
Madrid, Madrid Network es sin duda la más opaca. Al ser un ente de derecho
privado, no presenta cuentas ni ante el Registro Mercantil ni ante los
interventores públicos. Tampoco es fiscalizada por el Parlamento regional.
No se sabe qué plantilla tiene, cuánto cobran sus directivos ni qué hace
exactamente, a pesar de recibir cuantiosas aportaciones anuales de dinero
público. Los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2016 le reservan una
subvención de 450.000 euros.
La Comunidad de Madrid, entonces presidida por Esperanza Aguirre, encargó en
2011 a Madrid Network repartir entre empresas de la región un préstamo de 80
millones de euros en condiciones muy ventajosas —1,2% de interés, carencia
de cinco años— procedente de los Presupuestos Generales del Estado. Era una
partida del Ministerio de Ciencia e Innovación (hoy, Ministerio de Economía)
destinada a financiar proyectos de I+D en la región.
Madrid Network es una entidad que nació del "impulso" del Gobierno
madrileño, y con el respaldo de la patronal CEIM y de la Cámara de Comercio,
que se define como “asociación sin ánimo de lucro”, pese a gestionar el
reparto de millones de euros de dinero público, incluidos fondos estatales y
europeos.
El Ministerio de Ciencia e Innovación firmó un convenio en octubre de 2010
con el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), empresa pública --esta
sí-- de Madrid, para encargarle la gestión de 80 millones en préstamos
preferentes para fomentar la innovación. El Imade (una de las entidades
madrileñas investigada en el caso Gürtel) se clausuró en enero de 2011, y la
ejecución del convenio se subrogó en mayo de 2011 a Madrid Network. Así fue
como 80 millones de dinero público pasaron a manos de una asociación
empresarial opaca.
Preguntada por EL PAÍS, la secretaría de Estado de Investigación, desarrollo
e innovación confirma que aún no ha realizado la preceptiva auditoría para
saber si esos fondos se emplearon correctamente. El motivo, según un
portavoz, es que lo "prioritario" es cerrar los convenios que llevan
confinanciación europea (FEDER) del periodo 2007-2013. La auditoría del
dinero de Madrid Network debería haberse completado hace meses.
Dos de cada tres proyectos, fallidos
Pasados cinco años, dos de cada tres de los proyectos seleccionados a dedo
por este ente público-privado opaco han resultado fallidos. En 13 casos,
Madrid Network pactó una resolución amistosa con las empresas y fijó un
calendario de devolución del dinero. Con 16 compañías tuvo que resolver los
préstamos unilateralmente “debido a incumplimientos por su parte”, señala la
última memoria de actividades entregada a la Comunidad de Madrid y al
Ministerio de Economía.
"Numerosas incidencias" con los préstamos
Como la mayoría de los proyectos a los que Madrid Network decidió entregar
los préstamos resultaron fallidos, a la entidad finalmente le ha sobrado
dinero del que debía repartir entre empresas de I-+D. Así lo asegura en la
última comunicación que envía al Ministerio de Economía, a través de la
Consejería de Economía madrileña: "Tras las numerosas incidencias de
incumplimiento, Madrid Network presenta un saldo positivo de tesorería de
5,2 millones de euros". Algunos beneficiarios no devolvieron el dinero, pero
otros sí, y antes de tiempo, porque su negocio naufragó.
Madrid Network decidió usar esos 5,2 millones para devolver a la Comunidad
de Madrid uno de los libramientos, según el calendario de amortización
pactado en 2011, y tal y como recoge la memoria. Precisamente como Madrid
Network ha estado pagando puntualmente el crédito que le transfirió la
Comunidad, un portavoz de esta afirma que, de momento, todo está correcto.
No consta que el Gobierno de Cristina Cifuentes haya realizado una auditoría,
pero fuentes políticas afirman que el asunto se está estudiando al detalle.
Ocho de las empresas que resultaron agraciadas con créditos imposibles de
conseguir en el peor momento de la crisis económica acabaron en concurso de
acreedores. Con las otras ocho hubo que acudir a los tribunales. La “cuantía
desembolsada” y no devuelta es de 9.028.402, según este documento de la
propia Madrid Network, que se ha negado repetidamente a contestar preguntas
de este diario.
De Miguel abandonó la presidencia de Safeview en 2004 pero le sustituyó al
frente de la empresa su cuñado, Fernando Ruano, como administrador único,
según figura en el Registro Mercantil. De Miguel es actualmente
administrador único de Zubenelgenubi S L, una de las dos mercantiles que
actuaron como fiadoras de Safeview cuando esta firmó el crédito con Madrid
Network en 2011. La otra es Servicios Financieros Aravaca, administrada por
Ruano en esa época y que comparte sede social con Zubenelgenubi.
Ambas fueron condenadas por la Audiencia Provincial en junio de 2015 a
devolver los dos millones de euros del préstamo público. Según fuentes
judiciales, han recurrido en casación ante el Tribunal Supremo. Responsables
de Safeview se negaron a dar su versión y amenazaron a EL PAÍS, por escrito,
con demandas judiciales.
Saerco, administrada desde 2009 por De Miguel, tampoco devolvió los casi 1,3
millones de euros del crédito a la innovación, según la documentación
consultada. Madrid Network demandó a la empresa. Con la fecha de juicio ya
fijada para el 11 de febrero pasado, Saerco pidió que se suspendiera para
llegar a un acuerdo. Tanto Madrid Network como la Comunidad de Madrid
declinaron confirmar si se ha alcanzado un pacto para devolver el dinero. EL
PAÍS ha intentado, sin éxito, que Saerco y De Miguel ofrecieran su versión.
Otra de las polémicas adjudicaciones de créditos públicos recayó en el
proyecto de sanidad privada del exconsejero de Sanidad Manuel Lamela. En
esta ocasión, Madrid Network entregó 500.000 euros a una asociación llamada
Madrid Centro Médico que en 2011 presidía Lamela. “Tras la resolución del
préstamo debido a los incumplimientos [...] en diciembre de 2013 se pactó
con la entidad un calendario de devolución de lo prestado y los intereses”,
señala la documentación. “El beneficiario asociado solo abonó las cuotas
previstas para 2013”, añade.
Pese a que han pasado más de dos años, “el procedimiento está pendiente de
que se admita a trámite por el juzgado y se requiera de pago a la
demandada”, asegura la memoria presentada al Gobierno y que sigue sin
auditar. Ni Lamela ni el tesorero de la asociación, Mario Esteban, quisieron
responder a las preguntas de este diario. Tanto este último como un portavoz
de la Fundación Lafer que preside Lamela aseguraron que ya no ocupan cargos
en la asociación que recibió el préstamo. En el Registro de asociaciones de
la Comunidad de Madrid seguían figurando hasta finales de febrero ambos como
miembros de la junta directiva.
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/04/actualidad/1459775211_154259.html
EL PSOE PEDIRÁ EXPLICACIONES EN BRUSELAS POR LOS ‘CHANCHULLOS’ ENTRE CAÑETE
Y LAMELA
Ha presentado varias preguntas ante la Comisión Europea para saber cómo
influyó la amistad de los dos políticos en la adjudicación de una mina de
uranio en Salamanca
El Partido Socialista en el Parlamento Europeo pedirá explicaciones a la
Comisión después de que se conociese que Manuel Lamela, exconsejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid, intermedió ante Miguel Arias Cañete,
actual comisario de Energía, para que se concediese a la empresa Berkeley la
apertura de una mina de uranio en Salamanca. Se da la casualidad de que
Lamela, después de intentar privatizar la sanidad madrileña, fue de 2000 a
2003 subsecretario de Agricultura con Cañete de ministro.
Los socialistas han enviado dos preguntas escritas al ejecutivo comunitario
para conocer “qué argumentos justificaron la opinión positiva de la
Dirección General de Energía respecto al proyecto” de Berkeley y “los
contactos mantenidos por el Sr. Lamela con el gabinete del Sr. Arias
Cañete”.
Las preguntas tienen mucho sentido ya que la adjudicación está plagada de
sombras, especialmente con el hecho de que la empresa Berkeley pidiese que
el informe para dar luz verde al proyecto fuese clasificado.
Coincidencia de fechas
Por otro lado, el PSOE también se ha interesado por “el calendario
establecido para la autorización” del proyecto, especialmente “la fecha de
solicitud, la fase de evaluación y la adopción del dictamen positivo” para
autorizar la mina de uranio en el pueblo de Retortillo (Salamanca).
El interés en las fechas concretas radica en que Lamela inscribió en
Bruselas su despacho personal poco más de un mes después del nombramiento de
Miguel Arias Cañete como comisario de Energía, el 1 de noviembre de 2014.
Conflictos de intereses
A tenor de esta información, parece que Cañete ha optado por no dejar atrás
los escándalos por conflictos de intereses que le acompañaron durante su
etapa como ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, funciones
que combinaba con su estatus de accionista de las empresas petroleras Ducor
y Petrologis Canarias.
Participaciones que tuvo que vender, según informó el Grupo Popular en
Bruselas, con motivo de su fichaje como comisario europeo. Porque Europa es
otra cosa, o ¿tal vez no?
http://www.elplural.com/2015/12/02/el-psoe-pedira-explicaciones-en-bruselas-por-los-chanchullos-entre-canete-y-lamela/
BRUSELAS RECONOCE QUE LAMELA PIDIÓ ENTREVISTARSE CON CAÑETE
La oficina del comisario asegura que el ministro no llegó a recibirle,
aunque sí lo hicieron otros miembros de su departamento. Las respuestas de
la Comisión Europea son incompletas, según los eurodiputados Socialistas,
Verdes, de UpyD, de IU y de Podemos
Este pasado enero, con Cañete recién incorporado a sus funciones, "la
empresa solicitó una entrevista" pero el gabinete del Comisario "trasladó la
demanda a los expertos de la Dirección General de la Energía", según las
normas del Tratado Euratom, ha explicado a la Cadena SER la portavoz de la
Comisión para temas de energía Anna-Kaisa Itkonen.
El hombre que se inscribió en el Registro de Transparencia de la Comisión
Europea para negociar en nombre de Berkeley era Manuel Lamela. Pero el
exnúmero dos de Arias Cañete en su etapa de ministro de Agricultura no le ha
visto en Bruselas, según la portavoz de Energía, que precisa: "El Comisario
no se ha reunido con el Sr. Lamela durante este proceso". Lo que la Comisión
no puede precisar es cuántas reuniones se han organizado entre Manuel Lamela
como representante de la empresa minera y los expertos de la Dirección
General de la Energía antes de que el comisario diera luz verde al informe
final sobre la mina.
Versión mutilada del dictamen positivo sobre la mina de uranio de Retortillo
Un detalle importante y por el que el grupo socialista ha decidido ya pedir
explicaciones. "Vamos a pedir a la Comisión Europea explicaciones. Queremos
que nos diga cuáles han sido las relaciones con esta empresa y por supuesto
haremos lo posible para conocer el contenido del informe final al que en
estos momentos no hay acceso posible", explica Iratxe García, presidenta de
los socialistas españoles.
El informe firmado por Cañete dando luz verde a la mina de uranio en
Retortillo no es vinculante, explican intentando reducir la polémica fuentes
de su entorno más próximo. Pero su contenido es hoy secreto porque la ley
permite proteger los intereses industriales de las empresas.
Determinar cuál es el interés que ha invocado Berkeley para tener derecho a
mantener clasificados los argumentos de la autorización es lo que deberá
explicar ahora la Comisión. Porque la preocupación crece. "Absolutamente que
nos preocupa", afirma la eurodiputada de UPyD Maite Pagazartundúa, que
añade, "ya tuvimos muchísimas dudas y nos pareció bastante incorrecto que
Cañete, que no estaba totalmente desvinculado de sus intereses familiares,
tomará el cargo y ahora nos encontramos con que un amiguete se ve favorecido
y obtiene una buena retribución para un ejercicio de lobby que nos parece
poco decente".
El caso puede inscribirse en un problema de "conflicto de intereses" para
los Verdes que a petición de Equo ha redactado ya una pregunta escrita
exigiendo que clarifique la información por entender que los argumentos de
la portavoz no responden a los interrogantes que formula la mediación de
Manuel Lamela. Una inquietud compartida también desde Podemos donde
consideran que la mediación de Lamela es "una vergüenza". Para Podemos este
"es un caso escandaloso", dice Tania González. La eurodiputada cree que la
Comisión debe añadir explicaciones pero también reclama que se pronuncie el
Partido Popular cuyo grupo europarlamentario, hasta el momento, ha declinado
hacer declaraciones.
Desde Izquierda Unida, Marina Albiol, ha recordado que su grupo se opone a
esta futura mina de uranio y anuncia también una pregunta escrita para
clarificar un caso "de puertas rotatorias y confusión entre interés público
y beneficios privados que no es el primero para el Comisario Cañete".
http://cadenaser.com/ser/2015/12/02/internacional/1449081897_247216.html
LA MINERA DE URANIO QUE CONTRATÓ A LAMELA COMPRÓ SUELO AL ALCALDE DEL PP DE
RETORTILLO POR EL DOBLE DE SU PRECIO
Veinte hectáreas de suelo rústico en el paraje conocido como El Sierro
chico. A la vista, un terreno pedregoso con un pequeño encinar. La finca 104
del plan parcelario de Retortillo, en Salamanca, fue el lugar elegido por la
minera Berkeley, que pretende abrir la que será la única mina de uranio a
cielo abierto de Europa, para instalar sus oficinas.
Los terrenos pertenecían a la familia de quien en aquel momento era alcalde
del municipio, Javier Santamartina, del Partido Popular. Concretamente eran
propiedad de su madre (el regidor es su único hijo)
Berkeley, había solicitado a finales de 2011 los permisos necesarios para su
proyecto a la Junta de Castilla y León y al tiempo había comunicado al
ayuntamiento de Retortillo su intención de trasladar sus oficinas desde
Salamanca al pequeño municipio.
En abril de 2012, el alcalde de Retortillo, Javier Santamartina, otorgó a
Berkeley los permisos municipales necesarios para abrir sus oficinas a la
minera. Ocho meses después Berkeley compraba la finca familiar del entonces
alcalde y comenzaba allí la construcción de su nueva sede.
Al doble del precio de mercado
De acuerdo con la certificación registral de la finca despositada el el
registro de la propiedad de Ciudad Rodrigo, su precio de compra fue de
197.414 euros. El equivalente a 10.000 euros por hectárea. Un valor que,
según las fuentes consultadas por la SER, está muy por encima del precio de
mercado. Manolo Serrano, representante de Ecologistas en Acción en la
delegación de Salamanca del Consejo Territorial de Urbanismo de la Junta de
Castilla y León, "el tipo de terreno de la finca en cuestión está valorado
en un máximo de 5000 euros".
La empresa lo atribuye a una casualidad
Desde la empresa Berkeley, aseguran que la compra de la finca familiar del
alcalde se debió a una casualidad y niegan haber elegido el emplazamiento
por ese motivo. Berkeley explica que eligió ese terreno para sus oficinas
por la proximidad de este a la futura mina de uranio que planean. "Todo se
hizo de manera legal", insisten.
http://cadenaser.com/ser/2015/12/04/politica/1449213899_063400.html
LAMELA MEDIÓ A FAVOR DE UNA MINA DE URANIO ANTE SU EXJEFE CAÑETE EN LA UE
Una empresa australiana contrató como 'lobbista' a un exalto cargo del
actual comisario de Medio Ambiente
Manuel Lamela, ex alto cargo del exministro de Agricultura, Miguel Arias
Cañete, cobró por mediar a favor de la construcción de una mina de uranio
ante la Unión Europea, según publica este miércoles la Cadena Ser. La
empresa australiana Berkeley, promotora del proyecto energético que se
ubicará en Retortillo (Salamanca), contrató al ex subsecretario del
dirigente popular hace menos de un año, aunque este no tiene ningún tipo de
relación con el sector de la energía, el ámbito nuclear o el entorno
comunitario.
Berkeley registró el fichaje del ex subsecretario de Agricultura el pasado
26 de diciembre de 2014. Lamela inscribió entonces su despacho personal,
Acountax, en el registro de lobbies de la UE. El único cliente del asesor
era la empresa minera y él el único lobista autorizado por la misma. El
exministro popular Miguel Arias Cañete había sido nombrado comisario de
Energía justo un mes antes, el 1 de noviembre.
La empresa sometió el proyecto de la mina de uranio al dictamen de la UE
semanas después de que Lamela comenzase a trabajar oficialmente para
Berkeley. En el departamento que tenía que examinar el plan energético se
encontraba el ya comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, que dio luz
verde a la operación en Retortillo. Y no solo eso, sino que fue el propio
exministro, como detalla la Cadena Ser, quien firmó cinco meses después, en
mayo de este año, el dictamen positivo de la Comisión Europea sobre la mina.
Según Berkeley, "en su informe la Comisión resaltaba los progresos
realizados por la empresa en el cumplimiento de las obligaciones de
comunicación a la UE que establece el artículo 41 del Tratado del Euratom,
al tiempo que destacaba que el proyecto de Retortillo responde a la
estrategia energética de la Unión Europea".
Pero la Cadena SER especifica que es imposible comprobar cuáles fueron los
argumentos exactos del comisario para autorizar el proyecto, porque el
contenido del informe, según la Comisión, está clasificado "a petición de la
propia empresa". El propio organismo europeo ha dirigido un escrito a la
emisora en el que acompaña una versión "mutilada del informe", en la que
solo es visible el prefacio y la firma del comisario Cañete.
Sobre la polémica contratación de Lamela, la empresa Berkeley desvincula el
fichaje del ex subsecretario como lobbista de su relación con el comisario
de Energía, y manifiesta que "la empresa puede contratar a los profesionales
que tenga por conveniente" y que ha contado con él para asuntos puntuales
"como abogado del Estado, experto en asuntos de derecho administrativo".
http://politica.elpais.com/politica/2015/12/02/actualidad/1449044625_684122.html
Lamela asesoró a una empresa que equipó tres hospitales que él privatizó como consejero de Sanidad
La empresa Eductrade recibió 10,7 millones de euros a cambio de amueblar los hospitales de Parla, Coslada y Aranjuez, construidos bajo un sistema semipúblico
El político madrileño, que abandonó el Gobierno de Aguirre en 2007,
asesoró a esta compañía entre 2010 y 2013
La empresa Eductrade, a la que asesoró durante dos años y medio el
exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Manuel Lamela,
amuebló a cambio de 10,7 millones de euros tres de los hospitales
que puso en marcha el Ejecutivo de Esperanza Aguirre en 2005 bajo
concesión semipública. Se trata de los hospitales de Coslada, Parla
y Aranjuez, cuya construcción y explotación de la parte no sanitaria
durante 30 años fue adjudicada por la Consejería que encabezaba el
propio Lamela a dos UTE lideradas por Sacyr (en Coslada y Parla) y
Constructora Hispánica (en Aranjuez).
Manuel Lamela está precisamente imputado por los delitos de
prevaricación y cohecho, cometidos presuntamente al realizar en su
etapa de consejero adjudicaciones a empresas que luego le
contrataron (es el caso de Constructora Hispánica). Este periódico
ha intentado, sin éxito, conocer la versión de Lamela sobre su
relación exacta con Eductrade.
infoLibre tuvo conocimiento de que Eductrade había equipado los tres
hospitales madrileños gracias a los datos que constan en uno de los
correos electrónicos secretos del expresidente de Caja Madrid Miguel
Blesa, a los que ha tenido acceso este periódico. La información fue
confirmada por un portavoz oficial de Eductrade.
Una vez edificados en 2006 y 2007, a través de sendos contratos
privados, Sacyr y Constructora Hispánica (ahora Assignia) pagaron a
Eductrade un total de 10.703.996 euros para que se encargara del
equipamiento mobiliario de estos hospitales (camas, armarios, salas
de espera...). Al tratarse de un acuerdo entre dos empresas privadas
no hubo concurso público. En concreto, Sacyr firmó con Eductrade un
contrató por valor de 4.507.877,59 y 4.313.986,92 euros,
respectivamente, para el equipamiento de los centros sanitarios de
Coslada y Parla, mientras que Constructora Hispánica abonó
1.882.131,62 por el de Aranjuez. Eductrade es ahora una filial del
grupo empresarial Essentium, del que también forma parte Assignia,
que es la empresa que gestiona toda la parte no sanitaria del
hospital de Aranjuez.
Los hospitales de Coslada, Parla y Aranjuez fueron construidos bajo
una fórmula de gestión mixta –el llamado modelo PFI de iniciativa de
financiación privada, por sus siglas en inglés–. Esta fórmula
consiste en que la Administración, que gestiona la parte sanitaria,
cede a la concesionaria la financiación, construcción y gestión de
la parte no sanitaria de los hospitales (administración, limpieza,
alimentación, lavandería, aparcamiento, locales comerciales, etc.) a
cambio de un canon que paga durante 20 o 30 años. Fuentes de la
Consejería de Sanidad de Madrid confirman que los contratos para
equipamiento sanitario y la alta tecnología de esos hospitales "se
realizaron desde la Consejería de Sanidad a través de concurso
público". Es decir, estas concesionarias "sólo dotaron las camas y
aquellos elementos sanitarios que estuviesen anclados a la pared,
como dispensadores de oxígeno".
Paso de la pública a la privada
Manuel Lamela fue nombrado consejero de Sanidad por Aguirre en 2003
a pesar de no tener experiencia en este campo. Dejó este
departamento en 2007 marcado por el escándalo de las supuestas
sedaciones en el Severo Ochoa. De ahí recaló en la Consejería de
Transportes, hasta que cayó en 2008. En 2010 pasó a formar parte del
consejo de administración de Assignia Infraestructuras, la empresa
que lidera la gestión del hospital madrileño del Tajo, en Aranjuez,
según avanzó en abril de 2013 la cadena Ser. Fuentes de la compañía
han asegurado a infoLibre que "por decisión empresarial" Lamela, que
dirigía su actividad "de forma exclusiva" al asesoramiento de la
gestión de servicios no médicos de América Latina, ya no forma parte
del grupo. El pasado verano se cambiaron todos los miembros del
consejo de administración y desde entonces el exconsejero mantiene
una actividad privada al margen de estas compañías.
Hasta el momento, el exconsejero de Sanidad permanece imputado, al
igual que su sucesor en la Consejería de Sanidad, Juan José Güemes,
tras la querella interpuesta por la Asociación de Facultativos
Especialistas de Madrid (AFEM). En concreto, el titular del Juzgado
de Instrucción número 4 de Madrid admitió a trámite el escrito del
colectivo profesional en el que solicitaba la imputación de Lamela y
Güemes por los delitos de prevaricación y cohecho. El colectivo de
médicos considera que ambos cargos cometieron esos delitos al haber
intervenido en las adjudicaciones a empresas "con un accionariado
opaco [...] que se beneficiaron de dichos acuerdos para después
contratar los servicios de anteriores consejeros de Sanidad, como el
señor Güemes y el señor Lamela, responsables políticos de la
adjudicación", según especifica un auto del 29 de octubre del año
pasado.
En concreto, la querella especifica que el Hospital del Tajo fue
licitado y adjudicado durante la etapa en la que era consejero de
Sanidad. Además, el propio Lamela inauguró el hospital que ahora
gestiona la sociedad a la que asesoró durante más de dos años. La
concesión recayó en un consorcio liderado por Costructora Hispánica
en colaboración con Construcciones Sánchez Domínguez (Sando) e
Instalaciones Inabensa. Las dos primeras empresas han aparecido en
el sumario del caso Gürtel. El contrato, firmado por el exconsejero
Lamela, concedía a Hispánica y sus socios la construcción del
edificio y el mantenimiento y gestión de todas las áreas no
asistenciales (historias clínicas, celadores, seguridad, entre
otros) a cambio de un canon anual de 217 millones en 30 años.
Los contratos de Eductrade
Gracias al correo electrónico secreto de Blesa se ha podido conocer
que Constructora Hispánica también ha obtenido beneficios por el
equipamiento mobiliario de tres centros médicos. Así, el mensaje
enviado el 19 de enero de 2009 por Blesa a su número dos en la
entidad financiera, Ildefonso Sánchez Barcoj, relata que la
constructora había entrado en 2006 en el accionariado de Eductrade.
En concreto la firma Constructora Hispánica, acusada de pagar
importantes cantidades en dinero negro a los integrantes de la red
Gürtel capitaneada por Francisco Correa, se hizo entonces con el 60%
de la sociedad. El resto del capital, el 40%, se lo repartían a
partes iguales el empresario Ángel Alburquerque y "un profesional
independiente que fue director de la antigua Focoex", indica el
correo electrónico al que ha tenido acceso infoLibre, que no
identifica a esta última persona.
El equipo de comunicación del grupo Essentium ha confirmado a este
diario que el 100% de Eductrade pertenece ahora a este grupo y que
la relación que mantiene con Assignia es que ambas forman parte del
mismo grupo empresarial y que, por tanto, trabajan juntas para dar
"una respuesta integral" a determinados proyectos. En 2009 Essentium
compró Constructora Hispánica y asumió las obligaciones adquiridas
por esta.
Concesiones
El Hospital del Tajo (Aranjuez) comenzó a prestar servicios
hospitalarios en 2008, y dos años después su gestión protagonizó un
giro total. El principal propietario de la Constructora Hispánica,
el murciano Alfonso García-Pozuelo Asins, fue imputado por pagar
presuntamente dinero negro en el marco de la trama Gürtel. Después
vendió el 100% de su empresa. El comprador fue el grupo Essentium,
convirtiéndose así el gestor del Hospital de Aranjuez. El grupo
cambió de nombre comercial de Hispánica a Assignia Infraestructuras,
y renovó su equipo de consejeros.
El correo electrónico de Blesa incluye, además, un repaso de las
concesiones que ha recibido la sociedad Eductrade desde la entrada
en la misma de la empresa Constructora Hispánica. "Eductrade sigue
manteniendo hoy su rentable negocio de proyectos internacionales
pero se ha introducido con fuerza en el sector de las concesiones de
negocios que le son afines", puede leerse en el correo.
Según el correo, además de las adjudicaciones sanitarias, cuando
Lamela era consejero de Sanidad del Gobierno de Aguirre, Eductrade
se hizo con la concesión por parte de la Comunidad de Madrid de la
construcción, equipación y gestión, por 10 y 50 años, de dos
colegios concertados en la Comunidad de Madrid. Según ha podido
comprobar este diario, uno de los centros educativos es el colegio
Tajamar, vinculado con el Opus Dei. Además de las concesiones del
Ejecutivo de Aguirre, Eductrade también se benefició de la
adjudicación de dos polideportivos municipales por parte del
Ayuntamiento de Madrid.
Los nombres de las empresas Eductrade y Focoex aparecieron en la
prensa española en los años 90 tras una investigación llevada a cabo
por la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, Eductrade pertenecía al
grupo empresarial de Jesús Polanco. El caso, relacionado con pagos
irregulares en Uruguay, fue archivado.
Resultados "muy pobres"
Pero el éxito de la empresa Eductrade desde la entrada en 2006 de
Constructora Hispánica en su accionariado contrasta con las cifras
obtenidas hasta el 18 de abril de 2005. Según otro correo de Blesa
que se adjunta en esta información, Eductrade presentaba unos
resultados "muy pobres y decrecientes desde el año 2000". De hecho,
según este mensaje, en 2002 y 2003 el resultado de explotación fue
"negativo (2,23 millones y 1,94 millones) que compensa con
diferencias positivas de cambio".
El mensaje, enviado por el empleado de Caja Madrid Mariano Pérez
Claver a Blesa, destaca asimismo que la actividad de la compañía
hasta ese momento se concentraba "en países de elevado riesgo
político, operando en su mayor parte con créditos FAD y por la
información disponible no nos consta ningún proyecto de importancia
desde 2003". Y por eso, Pérez Claver desaconseja a Blesa entrar en
el capital de la firma Eductrade: "Salvo que los gestores tengan un
plan que no dejan ver las cifras, a primera vista no parece que
pueda ser una oportunidad para entrar en el capital. Desde Riesgos
piensan lo mismo", completa el mensaje.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/03/17/lamela_asesora_una_empresa_que_equipo_tres_hospitales_que_privatizo_como_consejero_14549_1012.html
EL
PP DARÁ AL IMPUTADO LAMELA 60.000 EUROS PARA QUE PUEDA REHABILITAR
UNO DE SUS EDIFICIOS
El Ayuntamiento de Burgos, que ha previsto la ayuda, explica que la
finca está encima de una puerta histórica. La que junto con el
exconsejero madrileño es dueña del inmueble, que es también la madre
del exdirigente, no descarta que su hijo haya tratado con el
consistorio "porque tenga amigos"
El Ayuntamiento de Burgos, controlado por el PP, ha reservado una
partida presupuestaria para sufragar el 50% de los gastos de la
rehabilitación de un céntrico edificio del municipio que es
propiedad de una empresa del exconsejero de Sanidad de la Comunidad
de Madrid Manuel Lamela. El 31 de octubre, éste fue imputado por
cohecho y prevaricación por las supuestas irregularidades que
cometió durante el proceso de privatización de diferentes hospitales
madrileños.
Apenas 13 días antes, el 18 de ese mes, el Gobierno municipal había
firmado un convenio (ver PDF) con la entidad Inversiones Lamela
Campos S.L., de la que el exdirigente madrileño y hombre de
confianza de Aguirre es administrador solidario -según la
información que figura en el registro mercantil-, para darle 60.000
euros, la mitad de 120.000, el total de la obra presupuestada. A
pesar de la imputación de Lamela el convenio no ha sido revocado. La
otra administradora solidaria de la empresa es Carolina Fernández
Blay, la madre del exconsejero madrileño tal y como ha reconocido
ella misma en declaraciones a este diario.
El acuerdo, al que Público ha tenido acceso, nace para sufragar el
gasto de la remodelación de las galerías existentes en las dos
fachadas del edificio propiedad de la empresa de Lamela, y que están
encima de la conocida como Puerta o Arco de San Juan. Se trata de
una edificación que según establece el convenio está "descrito en el
catálogo de bienes protegidos del centro histórico de Burgos", y
cuyos vestigios se remontan al siglo XIII, si bien el arco ahora
construido es del XIX.
"Por el interés de la ciudad"
El arco lo cruzan al día cientos de personas para entrar en el
centro histórico de la ciudad, pero ahora el Ayuntamiento quiere
hacer el edificio "visitable", según explica a este diario el
concejal de Fomento del consistorio burgalés, Ángel Ibáñez. Y es que
la contrapartida de la subvención municipal es que la empresa de
Lamela se compromete a dejar entrar a su edificio, en el que viven
diferentes vecinos, a al menos 20 personas cada año,
Ibáñez apunta a que únicamente existe "una partida presupuestaria"
en las cuentas del municipio para el próximo año destinada a
sufragar esas obras, así como el mencionado convenio. Pero explica
que aún no hay nada ejecutado ni cerrado. En todo caso, el concejal
precisa que "el único objetivo" que persigue la financiación de la
obra es "el interés de la ciudad" por habilitar como "visitable" la
"única puerta histórica de la ciudad que queda en pie". "No se ha
tenido en cuenta, como nunca se tiene, quién es el propietario de la
sociedad ni su situación judicial", ha remarcado.
"Una puerta única" en la ciudad
El espacio objeto de la rehabilitación sería, en todo caso, el
inmueble propiedad de la mencionada Inversiones Lamela Campos S.L.,
una empresa que tiene ánimo de lucro ya que entre su objeto social
se encuentran, entre otros, las "operaciones inmobiliarias de
cualquier naturaleza" o el "asesoramiento jurídico".
Asimismo, y a diferencia de lo que suele ser habitual en este tipo
de reformas, la entidad de Manuel Lamela no ha tenido que concurrir
a ninguna convocatoria pública para poder optar esas ayudas. Ibáñez
explica que el hecho de que se haya acordado hacerlo a través de un
convenio entre la empresa y la Consejería de Economía se debe a que
"es una puerta única" en la ciudad.
Lamela evita hacer declaraciones
La que junto con el exconsejero madrileño es la propietaria del
inmueble -por ser también la administradora solidaria de Inversiones
Lamela Campos S.L.-, que resulta ser además la madre de Lamela,
explicó ayer a este diario que si se ha llegado a ese acuerdo con el
consistorio burgalés ha sido porque ella es "la dueña" y hace "lo
que quiere" con el edificio. Respecto a la ayuda solicitada
Fernández Blay la justificó porque se trata de un edificio "de más
de 200 años" que "es monumento artístico nacional".
Además, si bien en un principio trató de desvincular a Lamela de sus
negocios, al recordarle que es con él con quien comparte la
administración de la empresa explicó que es así por su relación
familiar. Finalmente, no descartó "que él haya tratado con el
ayuntamiento porque tenga amigos". "No lo sé", zanjó. Este diario
también se puso ayer en contacto con el despacho del exconsejero
madrileño, si bien tras explicar desde el mismo que se dejaría
"constancia" de la llamada de Público, no se obtuvo ninguna
respuesta.
El PSOE denuncia que ya son dos años sin ayudas
El caso fue denunciado hace una semana por el PSOE local, tal y como
recogieron medios locales como El Diario de Burgos. El concejal
socialista Antonio Fernández Santos lamentaba entonces la
"desfachatez que tienen los que gobiernan pensando que esto es suyo
y pueden hacer con la ciudad lo que les dé la gana". Él explica
ahora que el Ayuntamiento de Burgos lleva "dos años" sin conceder
ninguna ayuda económica para la rehabilitación de viviendas en el
Centro Histórico de Burgos.
Y enfatiza en el hecho de que la convocatoria de ayudas a edificios
de la zona vieja de la ciudad establece que "en ningún caso se
otorgarán ayudas" para la realización de "obras en edificio de
propiedad o uso exclusivo de personas jurídicas que realicen sus
actividades con ánimo de lucro". En consecuencia, explica, "ni
aunque hubiera habido convocatoria de subvenciones para la concesión
de ayudas a la rehabilitación se hubiera podido conceder ninguna a
la mercantil Inversiones Lamela Campos S.L". Así, "dado que no
existía ningún resquicio legal para conceder esta subvención
directa", Fernández Santos denuncia que se ha recurrido a la fórmula
de un convenio
http://www.publico.es/488739/el-pp-dara-al-imputado-lamela-60-000-euros-para-que-pueda-rehabilitar-uno-de-sus-edificios
MATO CONTRATA A LAMELA PARA CAMBIAR EL MODELO DE GESTIÓN DE LOS
HOSPITALES DEPENDIENTES DE SANIDAD
El Ministerio abonará 36.000 euros a la empresa de exconsejero
Manuel Lamela a cambio de "la asistencia técnica para la definición
de un nuevo modelo de gestión clínica". Un proyecto que Sanidad
pretende poner en marcha en los hospitales de Ceuta y Melilla
El Ministerio de Sanidad ha adjudicado a sendas consultoras privadas
"la asistencia técnica para la definición de un nuevo modelo de
gestión clínica y su implantación" en los hospitales Comarcal de
Melilla y Universitario de Ceuta.
Estos centros son los únicos hospitales españoles que dependen
orgánicamente del Ministerio de Sanidad y no de las distintas
Comunidades Autónomas.
De acuerdo al pliego de condiciones del contrato, la intención del
Ministerio de Sanidad es implantar en los hospitales de Ceuta y
Melilla las llamadas Unidades de Gestión Clínica: pequeñas
"microempresas" dentro de los centros sanitarios públicos dotadas de
entidad jurídica propia. Departamentos que podrán administrar su
propio presupuesto y que contarán con personal regulado por el
régimen laboral de las empresas privadas, sometido a un sistema de
incentivos en función de criterios de eficiencia.
Un sistema que para la Federación de Asociaciones para la Defensa de
la Sanidad Pública "es en realidad una privatización encubierta que
pretende dar una entrada discreta al sector privado". Concretamente,
los médicos de la Marea Blanca denuncian que con las Unidades de
Gestión Clínica "se pretende introducir de manera encubierta una
empresarización de los servicios hospitalarios y de los centros de
Salud que provocará que las decisiones clínicas de los profesionales
sanitarios estén sometidas a las políticas empresariales" primando
"el cribado de pacientes y patologías atendiendo a criterios de
rentabilidad".
Según apunta la Federación, las farmacéuticas, multinacionales
sanitarias o fondos de capital riesgo podrán gestionar los centros
sanitarios "a cambio de aportar recursos y capitalización" por lo
que estas Unidades "sólo beneficiarán a empresarios, laboratorios,
consultoras y a personajes vinculados a la actual administración que
participen en la llamada puerta giratoria".
Y por ahora, desde luego, así es; ya que el Ministerio de Sanidad ha
contratado a la empresa BAPPH (Business AssesstemtPlans and
ProjectsHealthcare SL) presidida por el exconsejero de Sanidad
madrileño Manuel Lamela, para pilotar el nuevo modelo que se
implantará en los únicos dos hospitales que gestiona el gobierno
Central.
Lamela está imputado por tráfico de influencias y prevaricación
durante el proceso de privatización de la Sanidad madrileña ya que
recaló en las mismas empresas que consiguieron gestionar los
hospitales madrileños que él mismo había privatizado siendo
consejero.
En la empresa de Lamela, figuran también como asesores dos antiguos
colaboradores suyos en la Consejería de Sanidad: Germán Rasilla
Arias, ex alto cargo de la Viceconsejería de Infraestructuras
Sanitarias y Jorge Fernández Ordás, ex director general Farmacia de
la Comunidad de Madrid.
Junto a la consultora de Lamela, el departamento de Ana Mato ha
contratado también para la misma tarea a Mensor Asesores, un
despacho asesor compuesto asimismo por profesionales provenientes
del sector público. Ambas empresas se encargarán respectivamente de
cada uno de los hospitales de las cidades autónomas. La consultora
de Lamela, del hospital comarcal de Melilla y la otra asesoría, del
hospital universitario de Ceuta.
De acuerdo al pliego de prescripciones técnicas ambas empresas
deberán "valorar en qué servicios pueden desarrollarse Unidades de
Gestión Clínica, así como diseñar y colaborar en la gestión del
cambio de modelo" en los hospitales de Ceuta y Melilla. A cambio
ambas empresas recibirán 36.000 y 46.000 euros respectivamente con
cargo al presupuesto del Ministerio de Sanidad.
Se da la circunstancia de que el Ministerio de Sanidad está dotado
de un órgano asesor, el Instituto de Salud Carlos Tercero
(dependiente del Ministerio de Economía) que cuenta con la Escuela
Nacional de Sanidad. Un órgano que tiene en sus filas a reputados
especialistas en Gestión Clínica cuya asistencia técnica tendría
coste cero para las arcas públicas.
Sanidad afirma que desconocía que la empresa fuera de Lamela
Desde el Ministerio de Sanidad reconocen que se ha adjudicado por
concurso ese informe sobre el hospital de Melilla a la empresa de la
que estamos hablando pero insisten en que no sabían siquiera que la
empresa fuera de Lamela.
Dicen que el proceso ha sido escrupulosamente legal, que se
presentan muchas empresas a un concurso como éste, y que ganó la que
tenía la mejor oferta técnica y económica.
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/mato-contrata-lamela-cambiar-modelo-gestion-hospitales-dependientes-sanidad/csrcsrpor/20131125csrcsrnac_2/Tes
LOS OTROS NEGOCIOS SANITARIOS DEL IMPUTADO LAMELA
Nombrado consejero de Sanidad por Aguirre en 2003 a pesar de no
tener experiencia en este campo, Manuel Lamela dejó este
departamento en 2007 marcado por el escándalo de las supuestas
sedaciones en el Severo Ochoa
Desde entonces participa en una compleja red de sociedades
relacionadas con la sanidad y ha llegado a participar en empresas
que gestionan lo que él adjudicó
Su fichaje como asesor del Ministerio de Sanidad para lo que este
departamento define como puesta en marcha de "un nuevo modelo de
gestión clínica" y los defensores de la sanidad como "privatización
encubierta" de los únicos dos hospitales que gestiona la cartera de
Ana Mato es el último episodio. Pero el salto de la sanidad pública
a la privada del ex consejero de Sanidad madrileño Manuel Lamela
–imputado por prevaricación y cohecho por las presuntas ilegalidades
cometidas en la primera etapa de la privatización en la Comunidad–
tiene otros episodios reseñables.
Marcado por el escándalo de las supuestas sedaciones irregulares en
el hospital Severo Ochoa de Leganés, dejó la Consejería de Sanidad
madrileña en 2007, cinco años después de haber desembarcado en ese
departamento de la mano de Esperanza Aguirre a pesar de no tener
"ninguna experiencia previa en el sector de la salud", según
denuncian los facultativos de AFEM en la querella presentada contra
las impulsores del primer proceso de privatización de la sanidad
madrileña, Lamela entre ellos. En 2007, Aguirre situó en Sanidad a
Juan José Güemes y trasladó a Lamela a Transportes, hasta que cayó
en 2008.
Dos años después, en 2010, creó la empresa Madrid Centro Médico,
encaminada a "posicionar" a la Comunidad como potencia de turismo
sanitario de primer nivel. Según infomó El País, el exconsejero
presentó su proyecto rodeado de dos altos cargos del Ejecutivo de
Esperanza Aguirre, dos concejales del Ayuntamiento de Madrid,
entonces liderado por Alberto Ruiz Gallardón, y el presidente de la
patronal. Entre sus clientes estaban empresas como Capio Sanidad, MD
Anderson o Clínica La Luz. Y tanto la Comunidad de Madrid como el
Ayuntamiento le facilitaron créditos y subvenciones. infoLibre ha
intentado sin éxito contactar con Lamela para contrastar estas
informaciones a través de la compañía BAPPH (Business
AssessmentPlans and ProjectsHealthcare SL) de la que es presidente y
por la que este lunes volvió al tablero mediático.
Además, Lamela entró en ese mismo año a formar parte del consejo de
administración de Assignia Infraestructuras, la empresa que lidera
la gestión del hospital madrileño del Tajo, en Aranjuez, según
avanzó el pasado 2 de abril la cadena Ser. El problema es que Lamela
adjudicó ese centro, de naturaleza semipública, en su etapa como
titular de Sanidad del Gobierno regional (2003-2007). Y ese es uno
de los seis hospitales que el PP quiere ahora privatizar por
completo en un proceso que está suspendido de forma cautelar en los
tribunales. La concesionaria, según recoge la querella de AFEM, fue
un consorcio liderado por la constructora Hispánica en colaboración
con Sando, Instalaciones Inabensa y Construcciones Sánchez
Domínguez. El contrato, firmado por Lamela, concedía a Hispánica y
sus socios la construcción del edificio y el mantenimiento y gestión
de todas las áreas no asistenciales.
En 2010, Pablo García Pozuelo, propietario de la constructora, fue
imputado en el marco de trama Gürtel. Se vio obligado a vender su
empresa, que en 2009 adquirió en su totalidad el grupo Essentium,
que cambió toda la cúpula directiva y el capital de Hispánica y la
convirtió en una nueva compañía, Assignia Infraestructuras. Unos
meses después Lamela se integró en el consejo de administración de
Assignia. Desde entonces, esta compañía se hizo también con los
servicios de mantenimiento del hospital de Getafe y la Consejería de
Sanidad también le concedió sendos contratos de asistencia técnica
para Hospital de la Princesa así como para el mantenimiento de
varios centros de atención primaria y otros edificios del Gobierno
regional.
Sin respuesta en la Asamblea
Aunque tanto la ministra de Sanidad, Ana Mato, como el actual
consejero madrileño del ramo, Javier Fernández-Lasquetty,
defendieron la legalidad del paso de Lamela a la privada, la
oposición se lanzó en tromba. La diputada socialista Helena Almazán,
portavoz de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones
Públicas, registró el 4 de abril en la Asamblea sus 24 peticiones de
información al Gobierno regional sobre los contratos otorgados a 10
empresas "relacionadas" con Lamela. BAPPH, a la que el Ministerio de
Sanidad ha encomendado ahora labores de asesoramiento en el cambio
de gestión de los hospitales de Ceuta y Melilla, es una de las
compañías por las que Almazán preguntó. La Mesa de la Asamblea,
gracias a la mayoría absoluta de la que disfruta el PP, rechazó por
completo las 24 solicitudes. Ahora, la diputada ha reformulado las
peticiones y está a la espera una respuesta que está tardando en
llegar. "Preguntar en la Cámara es la única forma que tenemos de
controlar los contratos. Seguiré insistiendo hasta que me
contesten", lamenta la parlamentaria.
El pasado octubre, meses después de conocerse su imputación por
prevaricación y cohecho al estimar el juez que podía haber existido
"una actuación punible", Lamela abandonó Assignia Infraestructuras.
Sí continúa como presidente de BAPPH, una compañía que, según se
recoge en el BOE, tiene como objeto social el "asesoramiento
integral de personas físicas o jurídicas, mercantiles o civiles,
asociaciones y fundaciones en todo lo concerniente a la explotación
de mercados y oportunidades de negocio en el ámbito sociosanitario".
Y que ahora asesorará al Ministerio de Sanidad sobre qué modelo de
gestión es más óptimo para los hospitales de Ceuta y Melilla.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/11/26/los_otros_intereses_del_imputado_lamela_sanidad_privada_10200_1012.html
EL JUEZ MANTIENE LA IMPUTACIÓN A GÜEMES Y LAMELA POR COHECHO Y
PREVARICACIÓN
El juez legitima la querella de los sanitarios de Afem: “El
interés del colectivo médico está sobradamente acreditado”
El titular del juzgado de instrucción número 4 de Madrid,
Marcelino Sexmero, ha desestimado el recurso que el exconsejero
de Sanidad Juan José Güemes presentó el verano pasado contra el
auto de admisión de la querella por prevaricación, cohecho y
malversación de la asociación de médicos Afem. En un auto de 29
de octubre, pero adelantado por El Mundo hoy, el juez no solo
desestima la petición de Güemes y de dos de las empresas
supuestamente beneficiadas por la privatización sanitaria en
Madrid (Asisa y Unilabs) sino que defiende la necesidad de
investigar los hechos presuntamente delictivos que relata Afem.
Además, el auto concreta un poco más qué delitos corresponderían
a cada uno de los nueve imputados en el proceso. En el caso de
los exconsejeros Güemes y Manuel Lamela, cohecho y
prevaricación.
Al admitir a trámite la querella, Sexmero decidió en junio
pasado investigar el proceso de privatización de la gestión
hospitalaria que inició el Gobierno regional en 2003. En el auto
de admisión solicitó una extensa lista de información de tipo
económico, mercantil, de facturación y administrativa. También
imputó a la cúpula de la sanidad madrileña: dos exconsejeros de
Sanidad y dos altos cargos actuales, y cinco representantes de
las empresas que supuestamente se beneficiaron de las decisiones
políticas.
Poco después de conocer su imputación, Güemes presentó un
recurso en el que alegó la falta de legitimación de Afem y la
inconcreción de su imputación. El fiscal del caso, Salvador
Ortolá, envió varios escritos en agosto en los que se adhería a
los recursos de Güemes y el resto de imputados y pedía cerrar
las diligencias. Ahora Sexmero reconoce que “el escrito de
querella debería haber sido más claro en el relato de los hechos
e imputaciones”, pero afirma que “no puede decirse que del
relato no puedan deducirse de manera explícita los hechos que
pudieran ser constitutivos de delito y las personas a las que se
imputa estos hechos”. El juez está decidido a continuar
investigando: “Resulta indispensable la práctica de las
diligencias de investigación necesarias tendentes a esclarecer
los hechos relatados en la querella incluso aunque pudieran ser
confusos”.
En septiembre, el titular del Juzgado de Instrucción número 4
suspendió el interrogatorio de la viceconsejera de Sanidad,
Patricia Flores, y del director general de Hospitales, Antonio
Burgueño, que estaban llamados a acudir al juzgado como
imputados en el marco de la querella por presuntas
irregularidades cometidas en la primera fase de la privatización
hospitalaria en Madrid. El juez no había recibido la información
solicitada a la Consejería de Sanidad madrileña. Todas las
comparecencias se suspendieron y aún no se han retomado.
El juez acredita la legitimación de Afem: “El interés del
colectivo médico y en consecuencia de la asociación querellante,
que se ve afectado o puede serlo en sus condiciones de trabajo y
económicas, así como en la prestación del servicio de salud, por
las irregularidades denunciadas, está sobradamente acreditado”.
Sexmero resume brevemente los hechos que describió con mayor
precisión en el auto de admisión a trámite de la querella: “Del
mismo modo se imputa el delito de prevaricación, y cohecho a los
querellados que han intervenido en las adjudicaciones a empresas
con un accionariado opaco incumpliendo alguno de los requisitos
previstos en la ley como la no exigencia del canon y que se han
beneficiado de dichos acuerdos para después contratar los
servicios de anteriores consejeros de Sanidad como el Sr Güemes
y el Sr Lamela, responsables políticos de la adjudicación a los
que imputa en unión de Capio, Ribera Salud y Unilabs, habiéndose
contratado incluso en la Consejería de Sanidad a cargos de estas
empresas como el propio Burgüeño Carbonell que participó en su
dia en la creación del “modelo Alcira” en la Comunidad
Valenciana o Jose A. Azofra , director medico del hospital
Infanta Elena de Valdemoro y a la vez coordinador de M.I de la
Fundación Jiménez Diaz(Capio) a donde se derivan pacientes desde
centros públicos de manera interesada según la querella y ajena
al interés público y al servicio de salud”.
Las personas que fueron imputadas en junio son los dos
exconsejeros de Sanidad, Manuel Lamela y Juan José Güemes, y dos
altos cargos, Patricia Flores (actualmente número dos de la
consejería) y Antonio Burgueño, director general de Hospitales.
El juez también citó con abogado al gerente de la Fundación
Jiménez Díaz (centro privado concertado) y a los responsables de
Capio (que recientemente cambió su denominación comercial a IDC
Salud), Ribera Salud, Unilabs y Asisa.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/31/madrid/1383219051_072068.html
UN JUZGADO PONE BAJO
LA LUPA LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA DE MADRID
Imputados dos exconsejeros al admitirse a trámite una querella
por malversación y prevaricación
El magistrado pide exhaustiva información mercantil y económica
El juzgado de Instrucción número 4 de Madrid investigará el
proceso de privatización de la gestión hospitalaria que inició
el Gobierno regional tras la llegada de Esperanza Aguirre a la
presidencia en 2003. Y, a juzgar por la extensa lista de
información de tipo económico, mercantil, de facturación y
administrativa que solicita el juez, lo hará de manera
exhaustiva. El magistrado Marcelino Sexmero ha admitido a
trámite la querella presentada por la asociación de médicos
Afem, una de las organizaciones más activas en la marea blanca
de protesta contra la privatización sanitaria, por supuestos
delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales
públicos, entre otros. Además, ha citado a declarar como
imputadas a nueve personas: dos exconsejeros de Sanidad y dos
altos cargos, y cinco representantes de las empresas que
supuestamente se beneficiaron de las decisiones políticas.
La querella —un texto de 86 páginas más 70 anexos de
documentación elaborado por un bufete de abogados cuyos gastos
se pagan gracias a una colecta masiva entre los sanitarios
madrileños— señala las posibles irregularidades cometidas
durante la primera oleada de privatizaciones, que dio como
resultado la apertura de los hospitales gestionados enteramente
por empresas de Valdemoro, Torrejón de Ardoz y Móstoles (entre
2007 y 2011). Los querellados son los dos exconsejeros de
Sanidad de ese periodo, Manuel Lamela y Juan José Güemes, y dos
altos cargos, Patricia Flores (actualmente número dos de la
consejería) y Antonio Burgueño, director general de Hospitales.
El juez también cita con abogado al gerente de la Fundación
Jiménez Díaz (centro privado concertado) y a los responsables de
Capio (que recientemente cambió su denominación comercial a IDC
Salud), Ribera Salud, Unilabs y Asisa.
“Se trata de una maniobra política más del Partido Socialista y
de su sindicato afín”, afirmó este viernes el consejero de
Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty en unas declaraciones
grabadas y difundidas por su Gabinete. “Es un acto puramente de
trámite”, añadió. Capio y Ribera Salud declinaron comentar las
imputaciones.
El auto judicial llama a declarar a cuatro testigos, también
altos cargos de Sanidad pero de perfil más técnico, y requiere
información detallada. Pide, por ejemplo, al Registro Mercantil
que identifique a los accionistas o socios de empresas
relacionadas con Capio (ahora IDC Salud), la empresa líder en
gestión privada de sanidad pública en Madrid: Capio Sanidad S.
L., Desarrollos Empresariales Piera, S. L. y Poitiers Develops,
S. L. También dirige una comisión rogatoria a Luxemburgo para
que sus autoridades informen de los accionistas, socios y
apoderados de HC Investments BV, la empresa con la que termina
el rastro de compañías accionistas de Capio en el Registro
Mercantil español.
Los denunciantes destacan las vinculaciones entre cargos
políticos y las empresas que se han beneficiado del proceso
La querella presentada por los médicos insiste en los aspectos
económicos, en concreto en “la negligencia en el control del
gasto público y la facturación intercentros”. Según los
contratos, los hospitales de gestión privada son penalizados si
los pacientes que tienen asignados acuden a tratarse a otros
centros de la red pública. Los médicos aseguran que la
Consejería de Sanidad no disponía hasta el pasado mes de abril
de mecanismos de control de esa facturación intercentros, por lo
que dudan de que la Administración pública estuviera realmente
cobrando esas asistencias a las empresas.
El magistrado requiere a los gerentes de 13 hospitales, de
gestión pública y privada, la facturación intercentros detallada
de los años 2010, 2011 y 2012. Se trata de información que los
partidos de la oposición en el Parlamento regional han
solicitado a la Consejería de Sanidad, pero que esta no ha
divulgado o no lo ha hecho de forma desglosada. Ese detalle es
el que ahora requiere el juez. A los centros de gestión privada
(Fundación Jiménez Díaz, Valdemoro, Móstoles y Torrejón), por
ejemplo, se les pide “la relación circunstanciada de pacientes
asignados a sus áreas” atendidos en otros centros.
Estos datos son muy relevantes para los múltiples recursos que
se acumulan en los juzgados contra el proceso privatizador
actual de seis hospitales inaugurados en 2008. Tanto Afem como
los partidos de la oposición aseguran que la cápita (dinero que
paga la Administración a la empresa por paciente y año) que ha
establecido el concurso es superior al coste real que suponen
ahora estos centros para el erario público, por lo que no
existiría ningún ahorro, más bien al contrario, en su paso a
manos privadas. La facturación intercentros es básica para
conocer el presupuesto real que manejan estos hospitales. Afem
también denuncia “el trasvase injustificado, masivo y
sistemático de pacientes” hacia clínicas concertadas mediante
engaño a través del sistema centralizado de citas de Sanidad.
El PP destaca que los hospitales externalizados logran un 95% de
satisfacción de sus pacientes
La querella se detiene asimismo en los casos de puerta giratoria
en la sanidad madrileña. Los dos exconsejeros de Sanidad tienen
o han tenido intereses en la sanidad privada tras abandonar sus
cargos. Güemes renunció en enero pasado a su puesto en la
empresa Unilabs tras conocerse que esta poseía los laboratorios
de análisis clínicos que se privatizaron durante su mandato.
Lamela acumula cargos en empresas y fundaciones dedicadas a la
sanidad como negocio. Antonio Burgueño, nombrado por Güemes en
2008, trabajó durante años para empresas del sector. Por
ejemplo, asesoró a Capio en la apertura del primer hospital que
copiaba en Madrid el controvertido modelo Alzira, en 2007.
Patricia Flores fue directora general de Atención Primaria con
el exconsejero Juan José Güemes. Fue nombrada viceconsejera de
Asistencia Sanitaria en sustitución de Ana Sánchez, que dejó el
cargo cuatro meses después de la llegada de Lasquetty.
Actualmente es la segunda persona con más poder en la Consejería
de Sanidad madrileña. El año pasado una frase suya sobre la
atención a los pacientes crónicos motivó una gran controversia
en la Asamblea de Madrid. Antonio Burgueño es director general
de Hospitales desde 2008. Unos días después de que lo nombrara
Juan José Güemes dejó su acta de concejal por el PP en un pueblo
de Toledo. Es un profesional muy conocido en el ámbito de la
sanidad privada porque trabajó para la aseguradora Adeslas y
puso el marcha en hospital de Alzira, en Valencia, el centro que
inauguró el modelo sanitario de gestión privada que ahora está
impulsando la Comunidad de Madrid.
Uno de los múltiples aspectos presuntamente delictivos que
menciona la extensa querella de Afem son las vinculaciones entre
cargos políticos y empresas privadas que se han beneficiado con
el proceso de privatización. Los dos últimos exconsejeros de
Sanidad madrileños, Manuel Lamela y Juan José Güemes, tienen o
han tenido intereses en la sanidad privada. Manuel Lamela estuvo
en el cargo entre 2003 y 2007, cuando le salpicó el escándalo
del caso de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital
Severo Ochoa de Leganés. En 2010 creó la mercantil Madrid
Medical Destination, S. L., dedicada a promocionar Madrid como
destino del turismo sanitario. Tanto la Comunidad de Madrid como
el Ayuntamiento le facilitaron créditos y subvenciones. Ahora
preside la Fundación Lafer y acumula puestos en fundaciones y
sociedades mercantiles dedicadas a la sanidad como negocio.
Forma parte, entre otras cosas, del consejo de administración de
Assignia Infraestructuras, empresa que gestiona todos los
servicios de gestión privada del hospital del Tajo en Aranjuez,
que se licitó mediante una concesión de la Comunidad de Madrid
por 270 millones de euros a 30 años. El propio Lamela inauguró
el hospital que ahora gestiona la empresa en la que trabaja.
En enero pasado, Juan José Güemes —en el cargo entre 2008 y
2010— renunció a su puesto en la empresa de análisis clínicos
Unilabs después de que se conociera que esta firma compró en
noviembre pasado el 55% de la UTE (unión temporal de empresas)
que realiza los análisis clínicos de seis hospitales públicos.
Se da la circunstancia de que Güemes formaba parte del Ejecutivo
madrileño cuando se adjudicó esta concesión administrativa, que
suponía la privatización de los laboratorios clínicos que
atienden a 1,2 millones de habitantes. La Consejería de Sanidad
decidió en 2008 que las pruebas analíticas las gestionara una
empresa, y sacó un concurso para adjudicar el servicio durante
ocho años, con posibilidad de prórroga hasta 10. Ofreció 173
millones de euros. Se trataba de centralizar los análisis de los
seis hospitales recién inaugurados en la región, los mismos cuya
gestión ha aprobado ahora privatizar el Gobierno regional.
Finalmente, la UTE liderada por Ribera Salud ganó el concurso al
ofrecer 125 millones, un precio que la Asociación de
Profesionales de Laboratorios Públicos (Aprolap) consideró
“temerario” por ser excesivamente barato. Un año después la
Consejería de Sanidad cerró tres laboratorios públicos para
ceder las pruebas analíticas que realizaban a la UTE ganadora.
Juan José Güemes ha asegurado este mediodía a EL PAÍS que no ha
recibido ninguna notificación oficial y que prefiere no hacer
declaraciones hasta que pueda leer el auto judicial.
Los médicos denuncian que hospitales de gestión privada "atraen
pacientes de otras áreas de protección, a través del denominado
Call Center fundamentalmente de hospitales públicos de gestión
directa por el SERMAS, viniendo obligados estos últimos a pagar
la prestación sanitaria realizada. La elección del centro en
ocasiones ha sido voluntaria por parte del paciente, pero en
otras se ha producido coacciones o engaños", según recoge el
auto del juez. Este diario relató en enero pasado cómo médicos,
administrativos del sistema público y pacientes denuncian el
sistema de derivaciones a clínicas privadas de la Consejería de
Sanidad. Aseguran que ofrece información engañosa con la que se
“presiona” a los usuarios para que acepten operarse en privadas
a las que la Administración paga por esos procedimientos.
Para Fernández-Lasquetty, la admisión de la querella no
significa "ningún tipo de decisión", sino simplemente que el
juez "lo va a examinar; es un acto puramente de trámite".
Recordó que se trata de "hospitales públicos que llevan ya años
atendiendo a miles de madrileños", en Torrejón, Valdemoro y
Móstoles, y lo están haciendo con "un extraordinario nivel de
calidad y una satisfacción de más del 95%" de los usuarios. "Por
tanto son hospitales que están cumpliendo muy bien su labor al
servicio de sanidad pública madrileña", subrayó, antes de añadir
que en el "momento en que fueron licitados y sometidos a
concurso para su construcción, se hizo con arreglo a los
principios de la ley, con toda transparencia y toda
legitimidad".
El auto del magistrado Sexmero admite la personación de cuatro
diputados del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de
Madrid que ejecutarán la "acción popular". En cambio, el juez
rechaza la medida cautelar que le pedía Afem en la querella: la
suspensión y paralización general del proceso de privatización.
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha instado este
viernes a la Comunidad de Madrid a que paralice el proceso de
"privatización y desmantelamiento" de la sanidad pública tras la
admisión de una querella sobre posibles irregularidades en la
externalización de servicios sanitarios desde 2004. El diputado
de IU de la Asamblea de Madrid Rubén Bejarano ha pedido al
presidente regional, Ignacio González, "paralizar de forma
urgente el proceso de privatización de los seis hospitales
madrileños a la vista de que el Juzgado Número 4 ha admitido a
trámite la querella contra la cúpula que inició la privatización
de la sanidad en el año 2003".
Un vuelco en 10 años
La sanidad pública madrileña dio un vuelco con la llegada de
Esperanza Aguirre al Gobierno regional, en 2003. Encontró una
veintena de hospitales de gestión enteramente pública y hoy casi
uno de cada tres es de gestión privada, total o parcialmente.
2007. Aguirre inaugura el hospital Infanta Elena, en Valdemoro,
el primer centro que copiaba en Madrid el modelo Alzira de
concesión administrativa, la fórmula usada en las autopistas.
2008. Se inauguran siete hospitales de gestión mixta
público-privada: Henares (Coslada), Infanta Sofía (San Sebastián
de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Sureste (Arganda del
Rey), Del Tajo (Aranjuez), Infanta Leonor (Vallecas) y Puerta de
Hierro (Majadahonda).
2011. Abre el hospital de Torrejón de Ardoz, de gestión
enteramente privada.
2012. Se inaugura el hospital Rey Juan Carlos, de Móstoles,
también de gestión privada.
Previsto para 2011, el hospital de Collado Villalba está
terminado y cerrado. Cuesta 900.000 euros al mes.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/21/madrid/1371816992_972840.html
ADMITIDA LA QUERELLA CONTRA
LAMELA Y GÜEMES POR LA
PRIVATIZACIÓN SANITARIA
La Comunidad está "segura"
de que todo se hizo
correctamente y lo considera una
"maniobra política del PSM y su
sindicato médico"
El juez de Instrucción número 4
de Madrid, Marcelino Sexmero, ha
admitido a trámite una querella
presentada por la Asociación de
Facultativos Especialistas de
Madrid (AFEM) contra nueve
personas, entre ellas los ex
consejeros de Sanidad Manuel
Lamela y Juan José Güemes, por
presuntas irregularidades
cometidas en la adjudicación
para la gestión sanitaria
externalizada de los primeros
hospitales de la Comunidad de
Madrid (Infanta Elena, en
Valdemoro; el Rey Juan Carlos,
en Móstoles; y el Hospital de
Torrejón de Ardoz).
La querella también se dirige
contra la actual viceconsejera
de Asistencia Sanitaria y
directora del Servicio Madrileño
de Salud (SERMAS), Patricia
Flores, entonces directora
general de Atención Primaria; el
director general de Hospitales,
Antonio Burgueño; el
representante de la Fundación
Jiménez Díaz, Juan Antonio
Álvaro de la Parra; el
presidente o consejero delegado
de Grupo Ribera Salud; el
presidente o consejero de Capio
Sanidad; el presidente o
consejero de Unilabs; y el
presidente o consejero de Asisa.
En un auto fechado ayer, el
magistrado acuerda admitir a
trámite la querella presentada
el pasado 29 de mayo por la
comisión de supuestos delitos de
realización arbitraria del
propio derecho, coacciones,
delito contra la Hacienda
Pública, falsedad documental,
prevaricación, cohecho, fraude y
malversación de causales
públicos. La acusación popular
la representan varios diputados
del Grupo Parlamentario
Socialista de la Asamblea de
Madrid.
Lamela y Güemes declararán el
próximo 2 de octubre
Tras incoar el pasado 3 de junio
las diligencias de
investigación, el juez cita en
su auto a los querellados a
partir del próximo 13 de
septiembre. Las declaraciones
concluirán el próximo 2 de
octubre con las comparecencias
de Lamela y Güemes. El juez
indica en el auto que todos
ellos deberán ir acompañados de
un abogado, ya que declararán
como imputados. Tras ello,
dictará una nueva providencia
para citar a varios testigos,
entre ellos el director de
continuidad asistencial del
Hospital de La Paz, Miguel
Amengual, o el director médico
del Hospital Infanta Elena, Juan
Antonio Azofra.
En la resolución, el juez expone
que la querella denuncia
supuestas irregularidades del
SERMAS en "el concierto para
asistencia sanitaria suscrito
con la UTE-FJD (Grupo Capio), en
la vinculación de excargos y
cargos políticos con empresas
privadas concesionarias o
participes en la gestión
sanitaria, en la negligencia en
el control del gasto público y
la facturación intercentros, la
derivación del paciente a través
del denominado Call Center y la
vulneración de los derechos de
los pacientes protegidos por la
Ley 6/2009 de Libertad de
Elección en la Sanidad de la
Comunidad de Madrid y la Ley
41/02 reguladora de la Autonomía
del Paciente y de Derechos y
Obligaciones".
Añade que los hechos "se resumen
en el contexto de la actuación
de la Administración autonómica
en la Gestión de la Sanidad
Pública, en la que según los
querellantes se ha producido
dentro de una gran opacidad y
falta de información un
incremento en el gasto la
asistencia sanitaria con medios
ajenos a la vez que un
progresivo descenso en el gasto
en la cartera sanitaria
pública".
La Comunidad, "segura" de
que todo se hizo correctamente
La Comunidad de Madrid, por su
parte, ha explicado que las
querellas son siempre admitidas
cuando no tienen defectos de
forma y se muestra "segura de
que se actuó correctamente"
durante la primera
externalización, pues se
desarrolló con "todos los
procedimientos legalmente
establecidos". Por tanto,
entiende que esta querella es
una "maniobra política del PSM y
de su sindicato médico" ya que
estos primeros hospitales con
gestión "externalizada" no sólo
"cumplen con un umbral de
satisfacción muy alto", sino que
con un 92% de ratio superan
incluso a la media de hospitales
de la región, que también
cuentan con una satisfacción muy
alta entre los pacientes.
El juez investigará el trasvase
de pacientes de la sanidad
pública a la privada
En relación con Lamela, la
querella habla de su vinculación
con la empresa Assignia
Infraestructuras, una empresa
que "participa en la unión
temporal de empresas (UTE) que
gestiona servicios del hospital
del Tajo, licitados y
adjudicados en la etapa en la
que Lamela era consejero de
Sanidad y que inauguró el
hospital que ahora gestiona la
sociedad en la que trabaja".
De igual modo, señala que Güemes,
ex consejero de Sanidad entre
2007 y 2010, está vinculado a
Unilabs, "una filial española de
la mutliancional suiza del mismo
nombre y que anunció el pasado
noviembre la compra del 55% de
la UTE, compuesta por Grupo
Balaqué y Ribera Salud", la
adjudicataria. "La operación se
ha efectuado por valor de cinco
millones de euros y su domicilio
está en la Fundación Jiménez
Díaz Después de cerrar el
Laboratorio Central de Análisis,
y cerrar los laboratorios de los
hospitales, se otorgó la
concesión a Unilabs en la que se
integró Güemes", agrega el auto.
Güemes es miembro del consejo de
administración de Unilabs. Esta
empresa adquirió el pasado
noviembre Balaguer, la empresa a
la que originariamente la
Comunidad, con Güemes de
consejero de Sanidad, adjudicó
los análisis clínicos de seis
hospitales en 2009 en un
concurso que, además, Unilabs
perdió.
Gestión sanitaria de hospitales
En la querella se detalla cómo
entre 2004 y 2007 se licitan y
aborda la construcción de ocho
nuevos hospitales en la
Comunidad de Madrid,
planteándose su construcción
entre 2007 y 2011 de los
hospitales de Torrejón, Móstoles,
Collado Villalba y Carabanchel.
Prosigue explicando que para los
hospitales construidos
posteriormente, Infanta Elena de
Valdemoro, Rey Juan Carlos de
Móstoles, Torrejón y Collado
Villalba, se formalizan
contratos de gestión del
servicio público que incluyen
también los servicios clínicos.
El plazo de duración de los
contratos es también de treinta
años. Estos hospitales son
conocidos como hospitales con
colaboración público-privada
(CPP) en régimen de concesión
administrativa.
En este modelo de gestión, la
empresa privada recibe de la
administración pública un canon
anual que se paga por adelantado
mensualmente, por cada persona
de su área de protección, a
cambio de atender las
necesidades asistenciales de su
población.
Averiguaciones
Sexmero recalca en el auto que
el objeto de esta investigación
está encaminado a "la
averiguación de la realidad de
las conductas irregulares
denunciadas sólo en la medida
que tengan trascendencia penal
respecto del trasvase
injustificado, masivo y
sistemático de pacientes de la
sanidad pública a la privada
bajo intimidación o engaño".
Asimismo, a investigar "la
denunciada ausencia de control
del precio por la adjudicación
de los centros de Pontones y
Quintana y la no reclamación de
1.5 millones de euros a Capio en
la medida que pueda haber
perjudicado a la Hacienda
Publica".
También se investigará "la
denunciada falsedad o no de la
facturación intercentros, las
irregularidades de algunos de
los convenios o concesiones al
sector privado y en concreto a
sociedades con accionistas
opacos, la contratación de
exconsejeros de Sanidad por las
empresas concesionarias y
beneficiarias de la gestión de
aquellos y la supuesta
negligencia y descontrol en el
gasto público en la gestión de
los servicios, sin perjuicio de
las que pudieran derivarse de
éstas".
Sexmero es el juez que archivó
la denuncia del marido de la
vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, por
el escrache que sufrió en su
casa.
IMPUTADOS LOS PROMOTORES DE LA
PRIMERA PRIVATIZACIÓN DE
HOSPITALES
Admitida a trámite la
querella de Afem por los
hospitales de Valdemoro,
Móstoles y Torrejón
Los exconsejeros de Sanidad
Güemes y Lamela, citados a
declarar
El Juzgado de Instrucción número
4 de la capital ha admitido a
trámite la querella presentada a
principios de mes por la
Asociación de Facultativos
Especialistas de Madrid (Afem),
una de las organizaciones más
activas en la marea blanca de
protesta contra el proceso de
privatización de la gestión
sanitaria que Esperanza Aguirre
emprendió en 2003. La querella
se presenta por posibles
irregularidades en la gestión
del Servicio Madrileño de Salud
desde el año 2004 contra varios
cargos y excargos, como los
exconsejeros de Sanidad Manuel
Lamela y Juan José Güemes, y
contra las empresas que
recibieron adjudicaciones
sanitarias, por presuntos
delitos de prevaricación,
cohecho, fraude y malversación
en adjudicaciones sanitarias.
En su querella, Afem denunciaba
supuestas irregularidades
cometidas en la adjudicación y
gestión de los primeros tres
hospitales que el Gobierno
regional puso en manos de
empresas: los de Valdemoro,
Móstoles y Torrejón de Ardoz,
inaugurados entre 2007 y 2012.
Además, denunciaba "el trasvase
injustificado, masivo y
sistemático de pacientes" de la
sanidad pública hacia clínicas
concertadas mediante engaño a
través del sistema centralizado
de citas, el llamado 'call
center' sanitario. Otra de las
alegaciones de Afem es "la
ausencia de control en la
facturación intercentros y la no
reclamación a Capio de 1,5
millones de euros", lo que
supondría un perjuicio a la
Hacienda pública.
Afem se querelló contra todos
los implicados en el proceso
privatizador: Patricia Flores
Cerdán, viceconsejera de
Asistencia Sanitaria y directora
del Servicio Madrileño de Salud;
Antonio Burgueño Carbonell,
director general de Hospitales;
Juan Antonio Álvaro de la Parra,
representante de Fundación
Jiménez Díaz U.T.E.; Grupo
Ribera Salud; Capio Sanidad;
Manuel Lamela Fernández;
exconsejero de Sanidad de
Madrid, Juan José Güemes
Barrios, también exrresponsable
de esta cartera, Unilabs y Asisa.
Todos los cargos políticos están
citados a declarar y deberán
acudir con su abogado.
Patricia Flores fue directora
general de Atención Primaria con
el exconsejero Juan José Güemes.
Fue nombrada viceconsejera de
Asistencia Sanitaria en
sustitución de Ana Sánchez, que
dejó el cargo cuatro meses
después de la llegada de
Lasquetty. Actualmente es la
segunda persona con más poder en
la Consejería de Sanidad
madrileña. El año pasado una
frase suya sobre la atención a
los pacientes crónicos motivó
una gran controversia en la
Asamblea de Madrid. Antonio
Burgueño es director general de
Hospitales desde 2008. Unos días
después de que lo nombrara Juan
José Güemes dejó su acta de
concejal por el PP en un pueblo
de Toledo. Es un profesional muy
conocido en el ámbito de la
sanidad privada porque trabajó
para la aseguradora Adeslas y
puso el marcha en hospital de
Alzira, en Valencia, el centro
que inauguró el modelo sanitario
de gestión privada que ahora
está impulsando la Comunidad de
Madrid.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/21/madrid/1371816992_972840.html
GONZÁLEZ Y LASQUETTY DIERON CONTRATOS A ASSIGNIA TRAS EL FICHAJE DE LAMELA
Desde la entrada del exconsejero, la empresa ha logrado cuatro millones en adjudicaciones
Luis Vicente Moro, amigo del presidente regional, también asesora a la compañía
La empresa Assignia Infraestructuras, que gestiona los servicios privatizados del hospital de Aranjuez por adjudicación del entonces consejero de Sanidad de Madrid Manuel Lamela, se ha hecho, tras el fichaje de este en su consejo de administración, con dos lucrativos contratos con el Gobierno madrileño. Desde la entrada de Lamela en octubre de 2010, esta empresa y sus filiales han logrado casi cuatro millones de euros en adjudicaciones, según informa la cadena SER.
La Consejería de Sanidad, que ahora dirige Javier Fernández-Lasquetty, concedió a Assignia un contrato de asistencia técnica del hospital de la Princesa, en un procedimiento negociado sin publicidad, así como el mantenimiento de varios centros de atención primaria.
La empresa también consiguió el mantenimiento de las dependencias e instalaciones del complejo de la Presidencia, de los edificios adscritos a la Vicepresidencia, a la Consejería de Cultura y Deporte y a la Portavocía del Gobierno hasta 2014, en una adjudicación concedida por el presidente madrileño, Ignacio Gonzalez, en marzo del pasado año, cuando todavía era número dos de Esperanza Aguirre. En el consejo de administración de Assignia figura, además de Lamela, Luis Vicente Moro, amigo personal de González.
Moro, consejero de Assignia desde 2011, fue delegado del Gobierno en Ceuta entre 1998 y 2004, durante el mandato de José María Aznar. Coincidió en esa etapa con González, que entonces era secretario de Estado de Inmigración. Moro asesoró en 2008 al vicepresidente madrileño cuando sopesó crear un servicio secreto legal al servicio de la Comunidad durante la crisis del espionaje político en Madrid, aunque finalmente no prosperó.
Ayer, el consejero de Sanidad de Madrid desvinculó al Gobierno regional de la presencia de Lamela en el consejo de administración de Assignia Infraestructuras, informa José Marcos. “El señor Lamela en ningún momento ha realizado ninguna gestión con la Consejería de Sanidad valiéndose de su cargo anterior, ni en relación con el hospital de Tajo ni con cualquier otra cuestión", dijo Fernández-Lasquetty.
"No forma parte del Consejo de Administración de la sociedad que gestiona la parte no sanitaria del hospital de Aranjuez. Forma parte del consejo de administración de una de las empresas que tiene una parte del capital de la sociedad que gestiona el hospital de Aranjuez. Y además no existe obligación legal de que se nos comunique cuáles son los integrantes del consejo de administración por parte de las sociedades propietarias de la entidad que gestiona el hospital, y que es con la que la Comunidad tiene trato”, justificó.
“Insisto, ni conmigo ni con ninguno de los altos cargos de la Consejería de Sanidad ni con los gerentes que ha tenido los últimos años ese hospital el señor Lamela ha realizado ninguna gestión ni ninguna llamada relacionada con nada y mucho menos con el hospital del Tajo”, reiteró Lasquetty.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/03/madrid/1364971658_060650.html
UN MAESTRO DE LA PUERTA GIRATORIA
Manuel Lamela acumula puestos en fundaciones y sociedades mercantiles dedicadas a la sanidad como negocio
“Yo hablo de sanidad sin apellidos”, contestó Manuel Lamela en julio de 2011 cuando los periodistas le preguntaron si no suponía un conflicto de interés su salto de la pública a la privada: de consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2007 a empresario del sector. Aquel día presentaba lo que parecía un proyecto de éxito. Nacía Madrid Centro Médico, una “asociación sin ánimo de lucro” que iba a “potenciar el turismo sanitario de primer nivel” hacia las clínicas privadas madrileñas. Entre ellas, Capio, MD Anderson, La Luz... Muchos de sus representantes estaban aquel día en una sede oficial cedida por el Ayuntamiento de Madrid arropando a Lamela. También dos consejeros del Gobierno de Esperanza Aguirre y dos concejales del equipo de Alberto Ruiz-Gallardón. Una y otra administración le habían facilitado créditos y subvenciones.
El exconsejero habló de cifras de negocio futuro y adelantó que tenía apalabrada una gran feria de la salud en Ifema para el año siguiente. Hoy no queda nada de todo aquello. La página web de Madrid Centro Médico no tiene contenido, la feria nunca se celebró y el único rastro que queda de aquel proyecto es la sociedad mercantil Madrid Medical Destination, esta sí, con ánimo de lucro y que, según el Registro Mercantil, tiene el mismo objeto social que la “asociación”.
Un año antes, Lamela, abogado del Estado nacido en Burgos en 1962, había hecho otro anuncio: la construcción de un complejo sanitario privado —recuperaba un proyecto de Mutua Madrileña desechado en 2008 por los riesgos de la costosa operación— a través de la sociedad Madrid Ciudad de la Salud, S. A. Una vez más, de aquello solo permanece una inscripción en el registro. Apenas habían pasado dos años de la salida de Lamela del Gobierno de Aguirre, que lo colocó en la Consejería de Transportes tras apearlo de Sanidad después del escándalo de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés. Y más o menos por esas fechas (noviembre de 2010) fue cuando la consultora Assignia, actual gestora del hospital del Tajo que él inauguró, le fichó como consejero.
Hoy la actividad de Lamela se ramifica, al menos sobre el papel, en decenas de sociedades mercantiles. Algunas son accionistas únicas de las otras; la mayoría están dedicadas al ámbito sanitario. Varias comparten domicilio con la Fundación Lafer, “institución privada e independiente sin ánimo de lucro” de la que el exconsejero de Sanidad es presidente. Se trata de la principal actividad de Lamela o, al menos, la que en los últimos dos años ha tenido alguna repercusión pública. A finales del año pasado se vio al exconsejero en un encuentro sobre “oportunidades de negocio en Uruguay”. La fundación se dedica, entre otras cosas, a impartir dos másteres, uno de ellos de “comunicación en salud”, que cuesta unos 6.000 euros.
A través de un portavoz de la fundación, el exconsejero declinó ayer “hacer ningún tipo de declaración, dado que en la actualidad desarrolla su actividad profesional en el ámbito privado”. Su última aventura empresarial se llama Farmapartners, se creó hace menos de 15 días y está dedicada a asesorar a las oficinas de farmacia. Nace justo cuando el Gobierno se plantea liberalizar el sector. Con dos proyectos fallidos a sus espaldas, ¿será este el negocio definitivo?
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/02/actualidad/1364932904_154403.html
Una empresa a la que aconseja Lamela gestiona un hospital que él adjudicó
El exconsejero de Sanidad forma parte del consejo de Assignia Infraestructuras
Gestiona todos los servicios privatizados del hospital de Aranjuez por 270 millones de euros
El exconsejero madrileño de Sanidad Manuel Lamela forma parte del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, empresa que gestiona todos los servicios privatizados del hospital del Tajo en Aranjuez por una concesión de la Comunidad de Madrid por 270 millones de euros a 30 años, según ha avanzado esta mañana la cadena SER. El propio Lamela inauguró el hospital que ahora gestiona la empresa en la que trabaja. El centro, ahora semiprivado, es uno de los seis hospitales madrileños que la Comunidad cuya gestión pretende privatizar completamente en los próximos meses.
"Sabemos que el dinero de los contribuyentes como mejor se usa es invirtiéndolo en sanidad", dijo Esperanza Aguirre durante la inauguración del hospital el 7 de abril de 2007 con falsas enfermeras que lucían el vestuario de estas profesionales. La entonces presidenta de Madrid hacía estas declaraciones flanqueada por el que en aquel momento era su consejero de Sanidad, que había licitado y adjudicado la construcción y explotación del centro en 2005. El hospital del Tajo, con 120 camas y que presta servicio a 80.000 pacientes, fue uno de los primeros de naturaleza semipública construidos en Madrid. Es decir, los médicos y las camas son públicas y el resto de servicios, privados. Un símbolo del entonces nuevo sistema sanitario de Aguirre, que implantó en la comunidad el llamado modelo Alzira.
La constructora madrileña Hispánica, junto con otras tres firmas —Sando, Instalaciones Inabensa y Construcciones Sánchez Domínguez—, consiguió la adjudicación del hospital del Tajo en 2005. El contrato, firmado por Lamela, concedía a Hispánica y sus socios la construcción del edificio y el mantenimiento y gestión de todas las áreas no asistenciales (12 servicios entre los que se encuentran limpieza, mantenimiento, seguridad, transporte interno, restauración, aparcamiento y cafetería) a cambio de un canon anual de nueve millones de euros durante los próximos 30 años. Una suma total de 270 millones. En 2009, el dueño de Hispánica, imputado por pago de comisiones en la trama Gürtel, vendió su empresa para hacer frente a los pagos con Hacienda. La compró el grupo Essentium y le cambió la denominación social: ahora se llama Assignia Infraestructuras y mantiene el 40% del accionariado.
Essentium, especializada en obra civil, decidió entonces incorporar a un gestor sanitario para su recién creada división hospitalaria: Manuel Lamela. Según la SER, el nombramiento como miembro del consejo de administración de Assignia Infraestructuras se inscribió en el registro mercantil en 2010, solo seis meses después de la compra de Hispánica. La presidenta de Assignia, Susana Monje, en conversación con la SER, ha asegurado que Lamela es un profesional de reconocido prestigio, con un profundo conocimiento del mundo sanitario y que asesora a la compañía principalmente en materia internacional. "Apenas hemos hablado de negocios en la Comunidad de Madrid", afirma Monje que insiste en que no existe incompatibilidad en el nombramiento dado que Lamela dejó la Consejería de Sanidad en 2007 y el Gobierno madrileño en 2008.
No es el primer caso de puerta giratoria entre lo público y lo privado en el que se señala a Manuel Lamela. El exconsejero estuvo en el cargo entre 2003 y 2007 —tras su paso por Sanidad estuvo un año al frente de Transportes antes de dejar la política—, cuando le salpicó el escándalo del caso de las supuestas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés. En 2010 creó la mercantil Madrid Medical Destination, S. L., dedicada a promocionar Madrid como destino del turismo sanitario. Presentó su proyecto en 2011, flanqueado por dos consejeros del Gobierno de Aguirre, dos concejales del Ayuntamiento de Ruiz-Gallardón y el presidente de la patronal. Entre sus clientes, Capio Sanidad, MD Anderson o Clínica La Luz. Tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento le facilitaron créditos y subvenciones.
Ya en 2001 se preguntó a Lamela por las posibles incompatibilidades de pasar de la sanidad pública a la privada. "Siempre he intentado ser coherente conmigo mismo. Y lo voy a seguir siendo. Yo siempre he hablado de una sanidad sin apellidos. Lo he considerado siempre como una suma de lo privado y lo público, no hay otro futuro posible", respondió el exconsejero.
El caso se conoce dos meses después de que otro exconsejero de Sanidad de Madrid Juan José Güemes, se viera forzado a presentar su dimisión como miembro del consejo de la empresa suiza de análisis clínicos Unilabs, tras la polémica suscitada al conocerse que esta compañía se hizo con un servicio que él mismo privatizó. Güemes dejó el cargo defendiendo no obstante su fichaje desde el punto de vista legal, ético y hasta estético, al tiempo que justificaba su renuncia en que había perdido libertad para defender "la colaboración público-privada".
