El versátil político es propietario, junto a su padre y su madre, de una empresa dedicada a la lucrativa actividad inmobiliaria. Inversiones Lamela Campos, S.L., nombre de la compañía, iniciaba su andadura en 1992 con un capital social de 500.000 pesetas. El negocio no ha ido nada mal, y hoy cuenta con un capital social que excede los seis millones de euros, o lo que es lo mismo, 1.013 millones de las antiguas pesetas.
En junio de
1992 se registraba la sociedad Inversiones Lamela
Campos, S.L., con un capital social de 500.000 pesetas,
suscrito por el actual consejero de Transportes de la
Comunidad de Madrid, Manuel Lamela Fernández, y sus
padres, Manuel Lamela López y Carolina Fernández Blay,
en la que el mandatario madrileño figuraba como
administrador único. Su objeto social consistía en
“operaciones inmobiliarias de cualquier naturaleza,
consistentes tanto en la explotación económica de
inmuebles, en régimen de alquiler o a través de
cualquier otro sistema o título jurídico que procure su
aprovechamiento económico, como en la actividad de
adquisición y transmisión de los repetidos inmuebles
para realizar su valor de cambio por medio de cualquier
título jurídico”, aunque también reservaban parte de su
función al “asesoramiento jurídico, contable y
financiero, en orden a la promoción y constitución de
empresas”. Cuatro años después, coincidiendo con su
nombramiento como subsecretario en la Administración de
la primera legislatura de Gobierno, Lamela dejaba el
“puesto” a su madre.
Ampliación de capital
El negocio no podía marchar mejor, porque en
marzo de 2002, su empresa inmobiliaria realizaba una
espectacular ampliación de capital, multiplicando el
inicial medio millón por 1.700. Entonces se emitieron
acciones por valor de 5.186.734 euros, es decir, 863
millones de las antiguas pesetas, suscritos en su
totalidad por los tres miembros de la familia. Debían
ser buenos tiempos, porque, apenas un año después, en
abril de 2003, una nueva ampliación redondeaba el valor
de Inversiones Lamela Campos. En esa ocasión, padre,
madre e hijo desembolsaban otros 899.997 euros –casi 150
millones de pesetas más- para ser titulares de una
compañía valorada en 6.089.632 euros, ó 1.013 millones
de pesetas.
Director del
Gabinete de Rodrigo Rato
Ya nos encontrábamos en plena segunda
legislatura del Gobierno del Partido Popular, y el
consejero Lamela ejercía entonces como jefe del Gabinete
del ministro de Economía, Rodrigo Rato, y con un
fulgurante futuro político por delante. La gran
ampliación de capital era suscrita nominalmente, de modo
muy mayoritario por sus padres. Manuel Lamela López
suscribía 473.360.000 pesetas de la operación. La madre,
Carolina Fernández Blay figuraba con otras 374.540.000
pesetas, mientras que el actual consejero de Sanidad
madrileño, asumía a su nombre algo más de 15 millones de
pesetas.
Un consejero
permanentemente cuestionado
Lamela no es conocido por el gran público por
sus lucrativas actividades privadas, sino por
radicalizadas decisiones al frente de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid. En su departamento,
desoyendo los informes elaborados en el
Hospital Severo
Ochoa de Leganés, se hicieron eco de unas denuncias
anónimas sobre sedaciones que, supuestamente hubieran
ocasionado el fallecimiento de varios pacientes. La
Consejería envió inspectores y en marzo de 2005 difundía
la “noticia” de que podrían haberse producido 400
muertes por sedación. Se destituyó al jefe del Servicio,
el doctor Montes y al gerente y al director médico del
hospital. Lamela decidió instalar cámaras en los
pasillos para evitar las reuniones y concentraciones de
los trabajadores del Severo Ochoa, a los que se amenazó
con expedientes en caso de proseguir con las protestas.
La oposición presentaba una moción de reprobación contra
Lamela. Paralelamente, la Fiscalía de Madrid daba a
conocer el informe de la clínica fornse, que establecía
que no existía relación entre los fallecimientos y las
sedaciones en los 13 casos más controvertidos. No es su
única actuación polémica. La Comunidad de Madrid ha sido
excluida del registro del Sistema Nacional de Salud, por
la falta de homogeneidad de su contabilidad con el resto
de las comunidades autónomas. La cuestión de fondo de
este asunto está en las listas de espera. Fueron uno de
los principales argumentos electorales en la campaña de
Esperanza Aguirre. La presidenta vinculaba su propia
permanencia en el cargo a la consecución de la
disminución de los tiempos de espera a un máximo de 30
días. Pewse a que los trabajadores de la sanidad pública
denuncian que se excede con mucho estos tiempos, laq
“ingeniería contable” aplicada por la Consejría de
Sanidad, maquilla las cifras reales con sospechosas
exclusiones de las listas.
Cargo público, negocios privados
Pese a tratarse de dos actividades
profesionales tan dispares, la inmobiliaria y la
sanidad, y desarrollarse en ámbitos distintos, el
privado y el público, el consejero Lamela se ha empleado
con igual desenvoltura en ambas, aunque sus preferencias
parecen decantarse por el modelo privado de gestión,
como ha demostrado en diversas ocasiones, como , por
ejemplo, con el nombramiento de Juan José Bestard
Perelló, ex consejero delegado de la quebrada empresa
Actualidad Sanitaria, S.A., como gerente de la Fundación
Hospital de Alcorcón –hasta noviembre de 2005-. El
modelo de “fundaciones”, adoptado en 1997, permite una
gestión privada de centros sanitarios públicos, aspecto
muy contestado por los profesionales sanitarios y toda
la oposición madrileña.
