El
calvario para el médico Luis Montes y su equipo
arrancó el 11 de marzo de 2005. El entonces
consejero de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela,
dio crédito a una denuncia anónima que relataba 400
homicidios en urgencias. Lamela decidió relevar a
Montes y avanzar en la investigación de las muertes.
Los
inspectores del gobierno regional no hallaron
relación entre las sedaciones de los pacientes
-todos, en estado terminal- y la muerte. La comisión
Lamela, sin embargo,-reevaluó las historias sin
entrevistar a los médicos y halló 73 "sedaciones
irregulares". Con este informe, Lamela denunció el
caso en el juzgado y cerró la investigación del
fiscal.
El
juzgado de instrucción de Madrid encargado archivó
el caso el pasado junio, . En su auto, el juez
reconoció que se había practicado "mala praxis",
pero desestimó que las muertes hubieran sido
consecuencia de ello.
www.efe.es 28.01.08
Montes: "Estamos
jugando el
segundo tiempo,
el de las
reparaciones y
las
responsabilidades"
El ex jefe de
Urgencias del
Hospital Severo
Ochoa de Leganés
celebra con
champán junto
con un centenar
de personas el
archivo de la
causa por
supuestas
sedaciones
ilegales
El
doctor
Luis
Montés,
ex
coordinador
de la
Unidad
de
Urgencia
del
Hospital
Severo
Ochoa de
Leganés,
ha
brindado
con
champán
en la
puerta
del
hospital
con
medio
centenar
de
vecinos,
mientras
sus
compañeros
pedían a
gritos
la
dimisión
de la
presidenta
de la
Comunidad
de
Madrid,
Esperanza
Aguirre.
Montes
ha
querido
celebrar
así el
fallo de
la
Audiencia
Provincial
de
Madrid
por el
que se
confirma
el
archivo
de la
causa
por
supuestas
sedaciones
ilegales
y se
pide
limpiar
el
nombre
de los
15
médicos
acusados
en 2005
de 400
homicidios.
Entrevistamos al doctor Luis Montes: "No tengo ninguna duda de que se tratase de una operación política. Estaba premeditada, había antecedentes en 2002."
www.elpais.es 28.01.08
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, exige que se restablezca el prestigio de la sanidad pública tras el acoso al Hospital Severo Ochoa de Leganés. -
Montes
ha
manifestado
con
emoción:
"Hoy es
un día
bonito,
brillante
y
resplandeciente,
uno de
los días
más
importantes
de mi
vida y
ya
estamos
jugando
el
segundo
tiempo,
tiempo
de
reparaciones
y de
responsabilidades".
Es muy
posible
que se
presente
una
querella
contra
los
responsables
de la
Comunidad
de
Madrid,
según ha
explicado
Montes.
"Ya hay
un
equipo
de
abogados
que
están
estudiando
las
bases
jurídicas
para
ello".
Junto al
ex jefe
de
Urgencias
también
han
estado
en la
concentración
médicos
acusados
en el
caso
Severo
Ochoa,
como
Frutos
del
Moral,
Miguel
Angel
López
Varas,
Joaquín
Insausti,
así como
el
alcalde
de la
ciudad,
Rafael
Gómez
Montoya
(PSOE),
el
primer
teniente
de
alcalde
Raúl
Calle
(IU),
las
diputadas
regionales
de IU
Inés
Sabanes
y
Caridad
García,
y medio
centenar
de
trabajadores
y
vecinos.
Los
responsables
de CC OO
y UGT
del
hospital,
que
también
se
encontraban
en la
celebración,
han
exigido
a
Esperanza
Aguirre,
que
destituya
de forma
"inmediata"
de sus
responsabilidades
públicas
al
consejero
de
Transportes
del
Gobierno
regional,
Manuel
Lamela,
titular
de la
Consejería
de
Sanidad
cuando
hace
tres
años se
llevaron
ante la
Justicia
las
denuncias
anónimas
por mala
práctica
médica.
Los
concentrados
en la
puerta
del
hospital
gritaban:
"Lo digo
con
orgullo,
trabajo
en el
Severo"
o
"Esperanza,
Lamela,
dimisión".
El
alcalde
de
Leganés,
Rafael
Gómez
Montoya,
pedía
"normalizar
la
situación".
La
Comunidad
debe
decir
algo al
respecto
de la
restitución
del buen
nombre
de este
hospital
y de sus
profesionales".
El
doctor
José
Saravia,
primer
director
del
centro
hace 15
años, ha
afirmado
que éste
es "un
día
positivo
y muy
hermoso,
porque
es un
día
donde se
ha hecho
justicia
y ahora
toca
restituir
el buen
nombre y
la
credibilidad
de sus
trabajadores
y
profesionales".
La
diputada
regional
de IU
Inés
Sabanés
ha
reclamado
también
a la
Comunidad
que
asuma su
responsabilidad
política
y a
Esperanza
Aguirre
restaurar
cuanto
antes
"el buen
nombre
de ésta
institución
médica".
Tres
años de
calvario
Durante
los tres
años de
calvario
que ha
durado
el caso,
según
las
declaraciones
de
Montes,
en
comparecencia
al
mediodía
en el
Colegio
de
Médicos
de
Madrid,
cinco
jefes de
servicio
han sido
destituidos
junto a
tres
supervisores,
y muchos
compañeros
han sido
coaccionados
por
unirse a
las
protestas.
El
"acoso"
sufrido
por el
equipo
de
médicos
del
Severo
Ocoa
desde
que
llegó la
denuncia
anónima
por 400
muertes
en
urgencia
en marzo
de 2005
ha sido
"terrible",
según
Montes.
El
doctor,
tras
conocer
el auto
de la
Audiencia
Provincial
de
Madrid
(fechado
en el 21
de
enero)
ha
exigido
a la
presidenta
de la
Comunidad
que pida
perdón a
los
usuarios
por la
pérdida
de
confianza
que ha
provocado
el
relevo
del
equipo
de
Urgencia
y la ha
instado
a que
cumpla
"su
palabra"
y
rehabilite
a todos
los
destituidos.
Montes
ha
añadido
que no
habrá
"perdón".
En abril
de 2005,
la
presidenta
de la
Comunidad,
afirmó
ante los
micrófonos
de la
Cadena
SER que
la
destitución
de los
afectados
en el
caso
Severo
Ochoa
era
"reversible",
es
decir,
que si
se
demostraba
su
inocencia,
serían
rehabilitados.
El ex
responsable
de
Urgencias
del
Severo
Ochoa ha
pedido
que se
ponga en
marcha
una
campaña
similar
a la
que, con
dinero
del
gobierno
municipal,
se lanzó
en su
contra,
pero que
ahora
sirva
para
"rehabilitar"
al
personal
de su
equipo.
El
doctor
ha
añadido
que el
tiempo
de la
reparación
pasa
también
por
"asumir
responsabilidades
políticas"
como el
cese del
que era
consejero
de
Sanidad
en 2005.
Querellas
contra
Lamela
Un
portavoz
de la
Asociación
para la
Defensa
del
Hospital
Severo
Ochoa
presente
en la
rueda de
prensa
junto a
Montes y
otro
facultativo
destituido,
Ángel
López,
ha
reiterado
que los
afectados
estudian
presentar
"querellas
por
denuncia
falsa"
contra
Lamela.
Este
portavoz
ha
acusado
a Lamela
de
"judicializar"
un caso
que
debería
haber
ido a la
comisión
deontológica
del
Colegio
de
Médicos
de
Madrid.
En su
opinión,
el ex
consejero
de
Sanidad
se saltó
"todos
los
mecanismos"
hasta el
archivo
de la
causa.
"Personajes
como
Lamela
no
deberían
estar en
el ruedo
político",
ha
sentenciado.
www.elpais.es
28.01.08
Aguirre dice que
"se hará lo que
se tenga que
hacer"
El consejero de
Sanidad se
reafirma en la
destitución de
Montes por
"pérdida de
confianza".- El
ministro de
Sanidad pide a
Aguirre que se
disculpe
públicamente
La
presidenta
de la
Comunidad
de
Madrid,
Esperanza
Aguirre,
ha
declarado
que ella
no tiene
nada
"personal
en
contra
de estas
personas",
en
relación
a la
sentencia
de la
Audiencia
Provincial
de
Madrid
sobre la
destitución
de los
médicos
del
Severo
Ochoa.
Ha
justificado
la
destitución
porque
se había
puesto
"en tela
de
juicio
su
actuación".
De
momento,
la
presidenta
dice
desconocer
el
contenido
de la
sentencia,
pero "se
hará lo
que
corresponda
y lo que
se tenga
que
hacer" y
en
cualquier
caso, ha
comentado,
se
alegra
de que
no haya
habido
mala
praxis.
En abril
de 2005
Aguirre
declaró
a Cadena
SER que
la
destitución
de estos
médicos
era
"reversible",
y que si
la
justicia
demostraba
que no
había
habido
mala
práctica
por
parte de
los
doctores,
éstos
serían
restituidos.
"El
consejero
y yo nos
podemos
haber
equivocado,
pero esa
decisión
es
reversible",
dijo
entonces.
Juan
José
Güemes,
consejero
de
Sanidad
de la
Comunidad
de
Madrid,
ha
declarado
por su
parte
respetar
la
decisión
de la
Audiencia
Provincial
de
confirmar
el
sobreseimiento
del caso
de las
presuntas
sedaciones
irregulares
denunciadas
en el
Hospital
Severo
Ochoa de
Leganés.
Sin
embargo,
se ha
reafirmado
en la
corrección
del cese
del
médico
Luis
Montes
como
coordinador
de
urgencias
del
centro
sanitario.
"El cese
de
Montes
se
produce
como
consecuencia
de la
pérdida
de
confianza
en él",
ha
declarado.
"La
Justicia,
en
sentencia
firme,
ha
reconocido
que la
separación
del
doctor
de ese
puesto
de
confianza
se
ajustó
plenamente
a
derecho".
Juan
José
Güemes
es el
sucesor
como
titular
de
Sanidad
de
Manuel
Lamela,
que fue
quien
decidió
separar
a Montes
de su
puesto,
pero ha
decidido
mantener
la misma
postura
que su
antecesor.
Lamela
ocupa
actualmente
la
cartera
de
Transportes
e
Infraestructuras
en la
Comunidad
de
Madrid.
Tanto él
como la
presidenta
de la
Comunidad,
Esperanza
Aguirre,
no han
realizado
declaraciones
al
respecto
de
momento.
Disculpas
públicas
y
restitución
Por su
parte
Bernat
Soria,
ministro
de
Sanidad
y
Consumo,
ha
pedido a
Esperanza
Aguirre
que se
disculpe
públicamente
porque
"una
acusación
sin base
causa
daño a
las
personas
y al
Sistema
Nacional
de
Salud".
Además,
ha
expresado
su
satisfacción
por el
hecho de
que los
profesionales
del
Severo
Ochoa
acusados
de mala
praxis
vean
ahora
"devuelto
su
prestigio".
El
acalde
de
Leganés,
Rafael
Gómez
Montoya,
ha
instado
a
Aguirre
a que
restaure
en sus
puestos
de
trabajo
a todos
los
jefes de
servicio
y
profesionales
que
fueron
relegados
mientras
duró la
investigación.
"El
Gobierno
de
Esperanza
Aguirre
tiene
debe dar
una
respuesta",
ha
declarado.
www.elpais.es
28.01.08
Cronología del caso Severo
Ochoa
Una
denuncia anónima acusó en 2005 a 15 médicos
del hospital Severo Ochoa de Leganés
(Madrid), acusados de haber cometido "400
homicidios" en el servicio de urgencias. El
consejero de Sanidad, Manuel Lamela, dio
pábulo a la denuncia, destituyó a cinco
jefes y tres supervisores y el caso llegó a
los tribunales. Tres años después, la
Audiencia Provincial de Madrid no solo
archiva el caso, sino que sentencia que no
hubo mala praxis médica
www.elpais.es
28.01.08
EN LEGANÉS NO HABÍA CASO
Una denuncia anónima decía que en
el hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) se
habían podido practicar 400 eutanasias mediante
sedaciones indebidas o irregulares a enfermos
terminales. Eso sirvió al ex consejero de Sanidad de
Madrid, Manuel Lamela (PP), para elevar a los
tribunales un asunto que ha tenido soliviantados a
enfermos y sanitarios de este hospital madrileño
desde 2005.
Tras dos años, el juez ha
archivado el caso.
El Derecho Penal exige "certezas
más allá de las presunciones", señala el juez Rafael
Rosel en el auto en el que ordena archivar las
diligencias. "Se ha practicado mal la Medicina, pero
no consta que las muertes sean consecuencias de
ello", destaca. Y asegura que no ha encontrado
elementos para determinar si los fallecimientos se
debieron "a la sedación indebida o a su enfermedad
inicial". El juez sostiene que "varios pacientes han
muerto tras mala práctica médica a la hora de
sedarles", aunque no hay pruebas de que ello se deba
"exclusivamente a los fármacos prescritos por los
doctores".
El caso de las sedaciones de
Leganés ha suscitado un gran debate. Desde sectores
conservadores se jaleaba la denuncia como un intento
de frenar tendencias partidarias de la eutanasia.
Tendencias que algunos veían en un grupo de médicos
de Leganés a los que se tildaba de "rojos" y
"progres". Desde otros sectores, en cambio, se
consideró una ligereza que un organismo oficial como
la Consejería de Sanidad de Madrid denunciase y
airease sin fundamento un asunto que podía frenar a
muchos médicos a la hora de aplicar la sedación a
enfermos agónicos.
En 2005, Lamela habló con el
fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, y le comentó que
le iba a elevar la denuncia anónima que le habían
hecho llegar. Tras el aviso de Lamela, Moix pidió
los historiales de los casos de posibles homicidios.
La criba llegó rápido. Concluyó que sólo 13 de ellos
eran susceptibles de ser investigados en la vía
penal. Para asesorarse, reclamó un dictamen a
expertos de la Clínica Medico Forense de los
juzgados de Madrid. Los peritos dictaminaron que no
cabía establecer una relación entre la sedación
aplicada y los fallecimientos de esos 13 enfermos,
todos ellos terminales. Cuando los fiscales iban a
archivar el asunto, el ex consejero de Sanidad dio
otra vuelta de tuerca y presentó una denuncia dando
cuenta de sedaciones irregulares en 73 de los 400
casos iniciales. La idea era arrebatarle el caso a
la fiscalía. Lo logró, y también que la fiscalía se
abstuviese de acordar el archivo de las pesquisas.
Fue entonces cuando el juez,
Rafael Rosel, del Juzgado de Instrucción 7 de
Leganés, se hizo cargo del asunto. Rosel encomendó
al Colegio de Médicos de Madrid que eligiera a un
grupo de expertos para que analizase esos 73 casos.
La elección de los expertos cosechó críticas por las
tendencias conservadoras de algunos de ellos. Los
expertos detectaron 34 casos de supuesta mala
práctica médica por sedaciones indebidas, excesivas
o contraindicadas. Explica el juez al respecto: "Se
sedó terminalmente a cuatro pacientes (...) que
contaban con posibilidad de serles ofrecido
tratamiento médico". Según el juez, en otros 11
casos de enfermos, todos ellos terminales, las
sedaciones fueron aplicadas "de tal manera y con
tales dosis que sugirieron una posible relación
directa con su muerte o, cuando menos, una
contribución muy notable al acortamiento de la
vida". El juez también ve que a una veintena de
pacientes se les aplicó sedación pese a encontrarse
éstos en coma profundo, "lo que constituye una mala
práctica médica". Por este motivo, el juez citó como
imputados a los médicos del servicio de Urgencias,
entre ellos, Luis Montes.
Con este criterio, el juez asume
las conclusiones del peritaje del Colegio de Médicos
de Madrid y de otro informe hecho por una comisión
nombrada a dedo por Lamela: que el tratamiento era
innecesario, no se registró en la historia clínica
y, sobre todo, que las dosis de calmantes eran
excesivas. Los expertos en cuidados paliativos
rebaten este punto, ya que no hay una dosis de
calmante máxima fijada en ningún protocolo ni, mucho
menos, en una ley.
Concluidos los interrogatorios y
demás pesquisas, el juez ha decidido archivar las
diligencias "al no resultar debidamente justificada
la perpetración de delito" ni hay "elementos para
responsabilizar criminalmente a los imputados por
las muertes de sus pacientes tras las sedaciones".
El juez deja claro en su auto que, "por más
confusión que se haya querido generar por parte de
algunos", lo que él ha juzgado no es el hecho de si
se debe sedar o no a un paciente terminal, ni la
forma de proceder de los médicos de Leganés. El
Pais. (23/06/07)
Los
peritos de Leganés ignoraron datos clave de los
pacientes en las sedaciones "contraindicadas"
Y fedeguico jIMÉNEZ Losantos
con su querella particular
Los
peritos del Colegio de Médicos ignoraron varios
datos clave de los historiales clínicos de los
cuatro pacientes del hospital de Leganés cuyas
sedaciones terminales calificaron de
"contraindicadas" y que investiga el juez. Los
informes médicos entregados al juez, a los que ha
tenido acceso este periódico, revelan graves errores
de interpretación en aspectos que luego sirvieron de
base a los peritos para argumentar que estos
enfermos fueron sedados cuando sufrían enfermedades
que podían ser tratables. En un caso los peritos
confundieron la hora de ingreso -creyeron que fue a
las once de la mañana en lugar de las once de la
noche- y acusaron a los médicos de haber dejado
deteriorar la salud del enfermo durante ese tiempo.
La
crisis del hospital Severo Ochoa de Leganés se
originó hace 19 meses, cuando el consejero madrileño
de Sanidad, Manuel Lamela, decidió dar credibilidad
a una denuncia anónima que acusaba a su jefe de
Urgencias, Luis Montes, y a otros médicos de haber
cometido 400 "homicidios" en el centro. Los
supuestos homicidios resultaron ser sedaciones de
enfermos terminales, y el caso Leganés reveló
así su verdadera naturaleza: un pulso entre el
conservadurismo religioso, con el que se alinea
Lamela, y los médicos que alivian el dolor de los
agonizantes, con el apoyo de las sociedades
científicas y los organismos internacionales. Desde
el inicio de la crisis, las 400 sedaciones
sospechosas se han quedado reducidas a 15 tras
los sucesivos descartes hechos por expertos,
peritos, forenses, fiscales y jueces que han visto
el caso hasta hoy. De ellas, 11 corresponden a
enfermos agonizantes e inconscientes que ya "se
encontraban al final de la vida", según los peritos
del Colegio de Médicos de Madrid que las analizaron
por orden del juez. Los peritos critican las dosis y
fármacos usados por los médicos y consideran
innecesarias las sedaciones porque dicen que se
trataba de enfermos en coma que no sufrían. Pero no
cuestionan que la muerte de los enfermos era
inminente, lo que descarta la responsabilidad penal
de los médicos, según dos catedráticos de Derecho
Penal consultados.
La
principal base de la acusación contra los médicos
queda reducida así a las cuatro sedaciones que los
peritos han calificado como contraindicadas. El juez
que instruye el caso se refirió a ellas como "los
casos más serios" durante la declaración de los
peritos. Uno de ellos los resumió como "pacientes
que aunque tenían una enfermedad grave, podían tener
alguna posibilidad que fue limitada totalmente por
las sedaciones".
Los 11
peritos del Colegio de Médicos de Madrid cometieron,
sin embargo, errores al interpretar las historias
clínicas. Así se desprende de los informes médicos y
las declaraciones de los peritos ante el juez, a los
que ha tenido acceso EL PAÍS.
El
primer caso corresponde a un hombre de 78 años que
murió el 2 de febrero de 2004, un día después de
ingresar en el hospital por múltiples patologías.
Los peritos afirman ante el juez que el enfermo
ingresa a las 11 de la mañana del día 1 de febrero y
que no es sometido a ninguna prueba diagnóstica ni
tratamiento hasta ser sedado a las 2 de la madrugada
del día siguiente. Murió seis horas después.
"La
sedación se inicia 14 horas y 15 minutos después de
que el enfermo ingrese en urgencias", destaca un
perito, "y en ese tiempo su salud se deteriora sin
que se inicie ningún estudio que permita hacer un
diagnóstico e iniciar un tratamiento", critica. El
perito, sin embargo, confunde la hora de ingreso,
que no es las 11 de la mañana sino a las 11 de la
noche. Se equivoca porque se fija en una anotación
manuscrita de una médica residente -escribe 11.45,
en lugar de 23.45- y no tiene en cuenta la hoja de
ingreso impresa en ordenador, donde figuran los
datos del paciente, la fecha y hora -con el día
dividido en 24 horas- de llegada a urgencias.
En el
segundo caso, la paciente ingresa, entre otras
dolencias, con oliguria (no orinaba), hinchazón o
distorsión abdominal, taquipnea (respiración
acelerada), taquicardia, azúcar en sangre alto y
leucocitosis (glóbulos blancos elevados, signo de
infección). El perito insistió ante el juez en que
la enferma es sedada sin que se le hubiera hecho un
diagnóstico que permitiera tratarla. Censura
especialmente que no se le realizara una ecografía
abdominal. "La distorsión abdominal puede deberse a
una infección, a una obstrucción o muchas otras
causas. En cambio, le sedan porque creen que sufre
una infección que no ha quedado acreditada".
En la
historia clínica, sin embargo, consta la anotación
"no valorable" en referencia a la ecografía
abdominal. De sus declaraciones ante el juez se
desprende que el perito la interpreta como la
negativa de los médicos a hacérsela, cuando en
realidad es la anotación del radiólogo que realizó
la prueba que, ante la cantidad de gas acumulado en
el abdomen -signo de infección y muerte de tejidos-,
se ve incapaz de obtener un diagnóstico.
Además,
el médico que sedó a la paciente mostró al
magistrado que, según los protocolos médicos, la
enferma sí sufría de sepsis. Los protocolos
-ejemplificados por el médico con un manual para
residentes- dicen que si un paciente con hinchazón
abdominal presenta dos o más de los siguientes
cuatro síntomas -taquicardia, taquipnea,
leucocitosis y fiebre-, el diagnóstico es de sepsis.
La enferma, según la historia clínica, presentaba
los tres primeros. En la historia también figura una
anotación escrita media hora antes del inicio de la
sedación terminal: "Aumento distorsión abdominal,
paciente estuporoso y agitado, la familia pide no
realizar medidas agresivas e iniciar tratamiento
paliativo".
El
tercer caso se refiere a una mujer de 91 años
diabética y que sufre sepsis, posiblemente de origen
urinario. El perito considera que el coma
hipoglucémico (por falta de azúcar) que sufría era
reversible con la administración de glucosa y la
sepsis tratable con antibióticos. Y critica con
dureza que la paciente fuera "sedada cuando aún
estaba en coma hipoglucémico". En la historia
clínica y en las hojas de enfermería, sin embargo,
consta que la paciente recibió dos tipos de glucosa
y que el coma hipoglucémico había sido remontado
(alcanzó un nivel de 200 de azúcar en sangre,
considerado alto).
La
cuarta y última "sedación contraindicada" es uno de
los casos más confusos. Se trata de una paciente de
83 años que ingresa con múltiples patologías -entre
ellas una infección generalizada y un infarto
cerebral extenso- a la que en las primeras horas se
le realizan "pruebas diagnósticas y tratamientos
adecuados", afirman los peritos. En los dos días
siguientes, sin embargo, sucesivos turnos de médicos
en urgencias le aplican morfina, se la retiran,
inician tratamiento con antibióticos o la sedan.
El caso
denota discrepancias entre los propios médicos de
Leganés. Algunos la consideraron una enferma
terminal y que debía ser sedada. Pero la facultativa
del segundo turno optó por administrarle
antibióticos y retirarle la morfina. Ante el juez,
los peritos alabaron esta decisión, mientras los
médicos de Leganés la criticaron con dureza. "Fue
una decisión equivocada. La paciente tenía todos los
puntos en la escala de mortalidad tras haber sufrido
un infarto masivo. Si la médica quería tratar la
sepsis, que lo hubiera hecho bien, con un
tratamiento de rehidratación, monitorización y
soporte vital. Hacerlo sólo con antibióticos sí que
es mala praxis médica", afirman los médicos
imputados.
www.elpais.es
04.11.06
ENTREVISTA: ANTONIO CUERDA Catedrático de
Derecho Penal
"El
médico tiene la obligación de prestar cuidados
paliativos"
Pregunta. ¿Es delito aplicar una sedación a un
enfermo terminal que morirá en cuestión de horas?
Respuesta. No. Esa sedación puede ser innecesaria,
pero no punible desde el punto de vista penal.
P. ¿Por
qué?
R.
Porque no se le inflige ningún daño al paciente.
P.
¿Aunque se incurra en mala praxis?
R. La
mala praxis en sí misma no constituye delito. Si no
hay daño ni relación directa y demostrada entre la
actuación del médico y el daño, la mala praxis no es
castigable. Puede ser una cuestión médica o
administrativa, pero no penal.
P. Los
peritos del Colegio de Médicos de Madrid afirman en
su informe que no puede demostrarse la relación
entre las sedaciones y la muerte del paciente.
R.
Entonces no hay delito.
P. Pero
en cuatro casos sugieren que los médicos sedaron a
enfermos en lugar de atenderles de las patologías
que sufrían.
R.
Entonces sí puede haberlo si la muerte no era
irreversible. Pero no por las sedaciones, sino por
no haberles atendido de las enfermedades que
sufrían.
P. ¿No
sedar a un paciente que sufre dolores o angustia
ante la muerte puede ser delito?
R. Sí.
Los cuidados paliativos son jurídicamente
obligatorios si la muerte es irreversible. Dejar
morir a alguien que sufre es infligir un daño. Es
delito
www.elpais.es
04.11.06
UGT Y CCOO PIDEN LA DIMISIÓN
DE LAMELA POR EL CASO LEGANÉS
UGT y CC OO exigieron la dimisión
del consejero de Sanidad, Manuel Lamela, por crear
una "injustificada alarma social" en el caso de las
sedaciones del Hospital de Leganés. A las peticiones
de cese también se sumó la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
que pidió a la justicia la rápida resolución del
caso. En un comunicado conjunto, denunciaron que las
manifestaciones de los responsables del Gobierno
regional son "precipitadas y tendenciosas" y que
"dan por sentado" que ha existido mala praxis en las
sedaciones del centro hospitalario. El comunicado
también fue suscrito por la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
(Fadsp), que pidió a los jueces que instruyen el
caso una resolución rápida "en la medida de lo
posible".
Tanto los sindicatos como la
Federación solicitaron también la dimisión de la
presidenta del Colegio de Médicos de Madrid, Juliana
Fariña, si se confirman las acusaciones de que
condicionó los contenidos del informe pericial y
pidieron que se tuviera en cuenta la información
aportada por los médicos imputados para clarificar
las actuaciones. Las organizaciones denunciaron que
la alarma creada por la Consejería ha perjudicado la
credibilidad de la sanidad pública. (10/06/06)
Un informe del Colegio de
Médicos concluye que no se pueden atribuir las
muertes a la sedación
Un
informe del Colegio Oficial de Médicos de Madrid
exculpa a los médicos de Hospital Severo Ochoa de
Leganés (Madrid) al concluir que "no es posible
afirmar o negar con certeza absoluta si la causa
directa de la muerte de alguno de los pacientes
sedados fue la medicación administrada". Sin
embargo, al mismo tiempo el documento confirma la
existencia de casos de mala praxis en la sedación de
pacientes terminales. Concretamente habla de 20
casos de sedación a pacientes en coma profundo, diez
en las que se hizo la sedación sin identificar el
síntoma y cuatro en las que este procedimiento
estaba contraindicado. La Consejería de Sanidad de
Madrid cesó en sus cargos en 2005 a varios
responsables del centro hospitalario a causa de este
caso.El informe, cuyas conclusiones ha avanzado la
presidenta de la Asociación de Víctimas de
Negligencias Sanitarias (AVINESA), María Antonia
Moral, fue encargado por el juzgado número 7 de
Leganés, que lleva el caso, que ha citado a la
presidenta del Colegio de Médicos de Madrid, Juliana
Fariña, el próximo día 12 para informar sobre su
elaboración. El estudio ha sido realizado sobre 72
historias clínicas del Severo Ochoa, "la mayoría" de
ellas, indica, de "pacientes con una patologías muy
graves y una expectativa de muerte a muy corto
plazo".
"Dosis
injustificadamente altas"
Entre
las conclusiones figura que "existe una
identificación errónea entre la instauración de
medidas paliativas justificadas en la mayoría de los
pacientes y la aplicación de sedación terminal" y
que "se han realizado sedaciones terminales con
dosis injustificadamente altas de medicamento y en
asociaciones potencialmente peligrosas, lo que ha
generado una situación de riesgo innecesario
adicional a los pacientes de muerte por depresión
respiratoria"."Pese a ello -dice también- no es
posible afirmar o negar con certeza absoluta si la
causa de la muerte de alguno de los pacientes
sedados fue la medicación administrada". Del
análisis caso a caso, el informe señala que "existen
20 historias clínicas en las que se ha hecho
sedación terminal en pacientes que, por estar en
coma profundo, eran innecesarias si no están
indicadas" y que "ello constituye una mala práctica
médica". Sin embargo, la Sociedad Española de
Cuidados Paliativos acepta esta práctica.Añade que
"existen 10 historias clínicas en las que se ha
hecho sedación terminal sin identificar el síntoma
refractario o no se emprendía tratamiento específico
de control antes de iniciar la sedación terminal, y
por tanto no estaban indicadas". Dice además que
"existen cuatro historias clínicas en las que la
sedación estaba contraindicada", 24 "en las que
consideramos que la sedación terminal estaba
indicada", cinco "en las que no se llegó a realizar
sedación terminal" y nueve sobre las que los médicos
que han realizado el informe no han llegado a "un
consenso sobre indicación o no indicación de
sedación terminal". Por último, en los 24 casos
restantes la sedación era la indicada.
Cita a
la presidenta del Colegio
El
informe se ha realizado sobre 72 de las 73 historias
clínicas en las que una comisión de expertos creada
por la Consejería de Sanidad encontró en mayo de
2005 sedaciones "inadecuadas o no indicadas",
después de que el anterior mes de marzo se
recibieran dos denuncias anónimas sobre supuesta
mala práxis en la administración de fármacos a
pacientes terminales del Hospital de Leganés. El
magistrado titular del juzgado número 7 de Leganés
dictó más tarde, el 27 de marzo de este año, una
providencia en virtud de la cual se excluyó de la
investigación uno de los casos, después de que el
ministerio fiscal pusiera en conocimiento del juez
la decisión del Juzgado número 3 de esta localidad
de sobreseer la querella por un supuesto delito de
imprudencia profesional relacionada con la sedación
de un paciente de 78 años.Por otra providencia,
dictada hoy mismo, el magistrado cita a la
presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Madrid
para el 12 de junio próximo "a los fines de poder
informar, al Juzgado y a las partes, del proceso de
selección de peritos y de elaboración del informe".
Para ese mismo día ha citado a los peritos que
firman el informe "para ratificación del mismo y
aclaración de cuantos extremos les puedan plantear
las partes o este Juez instructor". Para todo ello,
y "dada la previsible extensión de la diligencia
acordada", señala también los días 13 al 16 y 19 de
junioPublicado en el
www.elpais.es
02.06.06
UN SENADOR DEL PP BROMEA CON QUE
EN LEGANÉS "LIQUIDABAN".
El senador y diputado regional
Juan Van Halen, del Partido Popular, es desde hace
dos meses presidente de la comisión gestora del PP
de Aranjuez, agrupación que atraviesa una crisis al
haberse dividido en varios sectores. Van Halen cree,
no obstante, que es una "exageración" hablar de
crisis para referirse a la situación política del PP
local.
Para demostrar que no es lo mismo
divergencia que crisis, utilizó la siguiente frase:
"La palabra crisis señala un estado crítico. Un
paciente cuando está en estado crítico, salvo en el
caso del Gregorio Marañón que llegabas con un
rasguño y te liquidaban, es que se va a morir. Por
eso, yo a esto no le llamo crisis", dijo. Van Halen
quiso bromear con el llamado caso Leganés, la
supuesta sedación excesiva de pacientes en el
hospital Severo Ochoa (Leganés). Pero confundió el
nombre del hospital y mencionó al Gregorio Marañón.
Van Halen ha sido encargado por
la dirección del PP madrileño para pacificar el
partido en Aranjuez, donde existen varias
corrientes. De momento, y tras entrevistarse con más
de un centenar de personas en la localidad, la única
decisión que ha tomado hasta ahora es sustituir al
hasta ahora portavoz adjunto, Víctor Martínez, por
la también edil Sonia Casado, próxima al ex alcalde
José María Cepeda. Esta misma semana Van Halen
podría dar a conocer el nombre de los miembros que
junto a él constituirán la gestora que se encargará
de preparar las elecciones para elegir la Ejecutiva
local. Mayo 2005
El fiscal no ve delito en el
informe de la inspección sobre el hospital de
Leganés
La
Fiscalía de Madrid no ve "infracción penal"
imputable a nadie en los dos informes que por ahora
le ha remitido la
Consejería de Sanidad de
Madrid
sobre una supuesta mala praxis cometida en las
urgencias del hospital madrileño de Leganés por
sedaciones inadecuadas a pacientes terminales. La
Fiscalía, que dirige Manuel Moix, negó ayer que
Sanidad le hubiera enviado los historiales clínicos
de 25 pacientes a los que supuestamente se habrían
administrado "sedaciones dudosas o inadecuadas". El
fiscal está a la espera de que una comisión de
expertos analice y dictamine sobre esos 25 casos.
El caso
de las supuestas sedaciones inadecuadas o excesivas
en el hospital de Leganés ha sido destapado por el
propio consejero de Sanidad de Madrid, Manuel
Lamela. A mediados de marzo, Lamela remitió al
fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, sendas denuncias
-anónimas- en las que se daba cuenta de supuestos
casos de mala praxis en los tratamientos paliativos
a enfermos terminales.
De
momento, Sanidad sólo ha enviado al fiscal dos
informes sobre sendas investigaciones hechas por
inspectores en las urgencias del hospital en 2003 y
a mediados del pasado marzo. El informe 2003 fue
elaborado por los inspectores tras un informe
interno que también avisaba de la posible existencia
de muertes excesivas en las urgencias por sedaciones
inadecuadas. Los inspectores archivaron la
investigación hecha en 2003 por entender que no
había irregularidades en los tratamientos paliativos
que se aplicaban en las urgencias.
El otro
informe remitido a la fiscalía es de marzo de este
año (fue elaborado a raíz de destaparse de nuevo el
caso). En él, los inspectores hablan de
"irregularidades administrativas" y "caos
organizativo" en la gestión de las urgencias pero
concluyen que "no se puede afirmar ni descartar" que
haya habido mala praxis en las sedaciones. Del
análisis de ambos informes, señalaron ayer fuentes
de la fiscalía, no cabe deducir ninguna "infracción
penal". La Fiscalía admite que Sanidad también le ha
enviado un escrito informándole de que se ha creado
una comisión de expertos para que analicen y
dictaminen sobre 25 casos de pacientes tratados en
las urgencias en los que se observa "una sedación
inadecuada".
"A la
Fiscalía no se han remitido historiales clínicos de
ningún enfermo", señalaron ayer fuentes de la
investigación, que añadieron: "Estamos esperando a
que la comisión analice esos casos y nos envíe un
informe con las conclusiones. En función de lo que
diga ese informe, se verá si, en su caso, se cita
para interrogarles a los médicos que trataron a esos
25 pacientes, porque no estamos hablando de un solo
médico, son muchos".
Un
portavoz de Sanidad declaró ayer que "ni el fiscal
ni el consejero están cualificados para valorar,
mientras no dictaminen los expertos, si ha habido o
no mala praxis médica en las urgencias del hospital
de Leganés",
Lo que
sí tiene ya previsto la fiscalía es citar a los
inspectores que elaboraron en marzo el informe en el
que se habla de "irregularidades administrativas" en
las urgencias y cuya conclusión es que, de momento,
no cabe afirmar ni descartar mala praxis en los
tratamientos paliativos.
El
Consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela,
indicó ayer que lo que su departamento ha remitido a
la fiscalía es un parte de incidencias elaborado en
2004 por la Comisión de Mortalidad del hospital de
Leganés y que alude a casos de pacientes a los que
se aplicó un tratamiento supuestamente inadecuado.
"Los papeles son ciertos y han sido aportados a la
Fiscalía", señaló ayer Lamela en una comparecencia
ante la prensa. A principios de mes, tuvo
conocimiento, a través de la Comisión de Mortalidad
del Severo Ochoa, de que en este hospital había
"indicios extremadamente raros", según explicó el
consejero.
Los
informes elaborados por la Comisión de Mortalidad
señalan que en al menos 25 casos la sedación a los
pacientes fue "inadecuada". "Las denuncias no son
falsas. Y ahora se está empezando a demostrar",
aseguró Lamela. El consejero se refiere a las dos
denuncias anónimas que él remitió a la fiscalía y
que aludían a una alta tasa de muertes en las
urgencias de Leganés por aplicación de dosis de
sedaciones excesivas. Las denuncias indicaban que al
menos 400 pacientes habían recibido altas dosis de
calmantes en los últimos tres años. Lamela también
dijo ayer que no había querido hacer públicos antes
los informes de la Comisión de Mortalidad por
prudencia y para no crear alarma social. Los
informes a los que alude son actas de la Comisión de
Mortalidad, fechada una de ellas el 6 de octubre de
2004, en la que se enumeran casos de pacientes que
supuestamente han sido víctimas de sedaciones
inadecuadas.
"Los
informes de la Comisión de Mortalidad indican que se
trata de enfermos", precisaron ayer fuentes
sanitarias, "en coma reactivo; otros con accidentes
cerebrovasculares, de enfermos de alzheimer e
incluso de una mujer que fue ingresada con una
infección grave de vejiga", apuntaron dichas
fuentes. "En los historiales clínicos de esos
pacientes no hay nada que justifique la sedación",
agregaron. "Pero no queremos prejuzgar, sino que
tendrán que ser los expertos los que determinen si
hubo irregularidades o no", subrayaron.
El caso
del supuesto exceso de dosis de sedaciones en
Leganés ha desatado un gran malestar entre los
trabajadores y el personal médico del hospital, que
están desarrollando paros contra la decisión de
Lamela de relevar de sus cargos a toda la cúpula
directiva del centro y de destituir al médico
coordinador de las urgencias, Luis Montes. Tras ser
relevado del cargo, Montes ha asegurado que volvería
a actuar igual.Publicado
en El País.01.04.05
LAMELA ENVÍA AL FISCAL CON 10
DÍAS DE RETRASO LAS HISTORIAS CLÍNICAS.
La Fiscalía de Madrid recibió de
la Consejería de Sanidad de Madrid las 13 historias
clínicas de pacientes del hospital de Leganés cuya
remisión le había solicitado urgentemente el
ministerio fiscal hace diez días.
El envío y recepción de estas 13
historias se produjo por la mañana, un día después
de que la fiscalía advirtiera al consejero de
Sanidad, Manuel Lamela, de que podía incurrir en
desobediencia si persistía en la demora. En la
fiscalía de Madrid existía malestar por la tardanza
en el envío de las 13 historias, pertenecientes a
pacientes cuya sedación "no estaba suficientemente
aclarada".
Sanidad retiró hace dos semanas
más de 300 historias clínicas de las urgencias del
hospital Severo Ochoa de Leganés. El 11 de marzo el
consejero destituyó al coordinador de urgencias,
Luis Montes, tras entregar al fiscal jefe de Madrid,
Manuel Moix, una denuncia anónima en la que se
indicaba que se habían producido 400 homicidios en
las urgencias de este centro sanitario.
La fiscalía tiene previsto enviar
estas 13 historias el lunes a la Clínica Médico
Forense de Madrid. Los forenses emitirán un informe
al margen del que prepara un comité de expertos
creado por la consejería, que se niega a hacer
públicos los nombres y la forma de trabajo de este
comité. Abril 2005
«POR LA CONFUSIÓN, LAMELA
DIMISIÓN».
La jornada de huelga que
secundaron los trabajadores del Hospital Severo
Ochoa de Leganés culminó con una masiva
manifestación que recorrió completa la Avenida de
Fuenlabrada, principal arteria de la localidad. Al
grito de «Por la confusión, Lamela dimisión», miles
de vecinos, personal sanitario y representases
sindicales y políticos pidieron reiteradamente la
dimisión del consejero de Sanidad, Manuel Lamela, al
que acusan de crear una situación de confusión en el
caso de las supuestas negligencias cometidas en la
sección de Urgencias del centro. Posteriormente, los
portavoces de los distintos convocantes leyeron un
comunicado en el que pedían la «inmediata
restitución» en su puesto del ex coordinador de
Urgencias, Luis Montes, cesado por la Consejería de
Sanidad por supuesta mala praxis en la
administración de fármacos a enfermos terminales.
La jornada de paro general
comenzó con una gran acogida por parte de los
trabajadores del centro, que secundaron la huelga
general en un 100%, según expresó la presidenta de
la Junta de Personal del hospital, Isabel Serrano,
una vez finalizada la manifestación de las 19.00
horas. Los sindicatos corroboraron esta cifra, si
bien fuentes de la Consejería de Sanidad y Consumo
estimaron que la huelga fue secundada por el 47,7%
de los trabajadores. En cualquier caso, el hospital
funcionó «con total normalidad» y los ciudadanos que
necesariamente tuvieron que acudir al centro fueron
atendidos, gracias a los servicios mínimos prestados
durante la jornada.
Para el portavoz de la Asociación
de Vecinos de Zarzaquemada, Angel Sánchez esta
crisis «es una artimaña más del Partido Popular para
acelerar el proceso de privatización de la Sanidad».
Sánchez se preguntó cómo el señor Lamela tienen tan
poca vergüenza, al tiempo que instaba a la
presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre a que
se pronunciara sobre este asunto.
Mientras tanto, los trabajadores
del centro y los vecinos de Leganés quedaron
emplazados a secundar una concentración masiva a las
puertas de la Asamblea de Madrid, donde está
previsto que Lamela comparezca para dar cuentas de
su gestión.
Por su parte, la presidenta
regional, Esperanza Aguirre, ha señalado que su
consejero de Sanidad puede haberse equivocado y que
su Gobierno rectificará si hay error. La presidenta
de Madrid admite la posibilidad de devolver a sus
puestos a los médicos cesados. Mientras, los
sindicados continúan pidiendo la dimisión de Manuel
Lamela. El consejero se puede haber equivocado y yo
misma también, pero lo que ocurre es que esa
equivocación es reversible y en el momento en que
esto se aclare, se vuelve a reponer a esas personas"
dijo la presidenta, y añadió que "lo que es
irreversible o lo sería, es si esas denuncias
tuvieran algo de cierto".
Esta situación ha hecho que el
jefe de la Unidad del Dolor del hospital Severo
Ochoa de Leganés, Joaquin Insausti, haya negado que
se hayan producido sedaciones irregulares de
enfermos terminales. Su declaración contradice lo
afirmado por el consejero de Sanidad de la Comunidad
de Madrid, Manuel Lamela. Insausti asegura que las
denuncias forman parte de un plan para hacer daño "a
una persona y a un servicio". El doctor Joaquín
Insausti ha llegado a asegurar que el responsable
del servicio de Urgencia del Severo Ochoa, el doctor
Montes, ha sufrido "acoso laboral". Ha explicado que
en un primer momento se le intentó cesar con
denuncias anónimas y como no se consigue "se intenta
hacerle la vida imposible para ver si se va".
Mientras, el colegio de médicos
de la Comunidad de Madrid, reunido en sesión
extraordinaria para analizar la crisis generada en
el Hospital del Severo Ochoa, ha propuesto un
calendario de manifestaciones en apoyo a los médicos
cesados por el consejero de Sanidad y han exigido a
la presidenta Esperanza Aguirre que cese a Manuel
Lamela y pida excusas a todos los médicos.
Además, las actas de la Comisión
de Seguimiento del Severo Ochoa no avalan las
acusaciones lanzadas por el consejero de Sanidad de
Madrid, Manuel Lamela, y que han supuesto el cese de
la cúpula del centro. Lamela dijo que en las actas
había "25 incidencias" en pacientes fallecidos tras
recibir "sedación irregular, no indicada, indebida o
en exceso". Las actas especifican, sin embargo, que
de estas 25 "incidencias", seis se refieren a casos
en los que ni siquiera se aplicaron las sedaciones
indicadas; siete son casos de discrepancias entre
los médicos por los fármacos utilizados; tres,
simplemente "dudosos por falta de información", e
incluso hay uno que se pone en duda porque cuando se
estudió no estaban los responsables médicos para
explicarlo. En los ocho restantes se menciona
"sedación no indicada" o "dudosa" en enfermos a
punto de morir.
Pero el Consejero de Sanidad,
Manuel Lamela, ha encontrado dos apoyos: por un lado
el Presidente el PP, Mariano Rajoy, quién salió en
defensa del consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid y respaldó su actuación en la crisis y señaló
que : "el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, es
uno de los políticos más importantes que tiene el PP
y no solamente en la Comunidad de Madrid". Por otro
lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, aseguró que Lamela tiene todo su
apoyo.
En una visita al Hospital de La
Paz, y en presencia de Lamela, Aguirre avaló la
decisión de remitir a la Fiscalía las denuncias
anónimas sobre mala praxis en la sedación en las
Urgencias del Severo Ochoa. La presidenta de Madrid
consideró que quien tiene que decidir sobre la
cuestión son los técnicos y, si procediera, el
fiscal. "Si yo recibo una denuncia que no lleva
firma pero no es menos cierto que tiene los nombres
y dos apellidos de los pacientes y una serie de
datos sobre las historias clínicas, yo no tengo más
remedio que trasladarla, como he hecho, al fiscal",
afirmó.
Además Aguirre defendió la
decisión "necesaria y oportuna" de Manuel Lamela de
destituir a la cúpula médica de dicho centro
hospitalario e insistió que Lamela ha actuado desde
"la cautela, la prudencia, el respeto y el apoyo a
los profesionales desde la presunción de inocencia".
Abril 2005
EL COLEGIO DE MÉDICOS SE DESMARCA
DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS NOMBRADA POR LAMELA.
La comisión de expertos nombrada
por el consejero madrileño de Sanidad, Manuel
Lamela, para investigar las sedaciones del hospital
de Leganés no tiene un solo miembro que no haya sido
designado directa o indirectamente por el consejero,
cuando el Colegio de Médicos de Madrid decidió
retirar a su experto. Lamela ha remitido esta semana
a la Fiscalía de Madrid y a dos juzgados de Leganés
un supuesto "informe" de esa comisión. El documento,
de un folio y carente de datos, ha sido considerado
"irrelevante" por la fiscalía, y devuelto por uno de
los juzgados.
La comisión de expertos iba a
tener nueve miembros, seis de ellos nombrados
directa o indirectamente por la consejería, y otros
tres propuestos por los colegios y sociedades
médicas. La Organización Médica Colegial (OMC)
anunció que iba a enviar a uno de sus expertos, pero
todavía no lo ha hecho. La Sociedad Española de
Cuidados Paliativos declinó intervenir desde el
primer momento. Y el Colegio de Médicos de Madrid,
que sí estaba representado, decidió retirar a su
experto en una asamblea celebrada el día 18, medida
que se consumó el pasado lunes.
Esta semana, Lamela ha remitido a
la Fiscalía de Madrid y a dos juzgados de Leganés un
supuesto "informe" de la comisión de expertos que
sostiene que en el servicio de Urgencias del
Hospital Severo Ochoa se practicaron sedaciones
"inadecuadas" y con "dosis excesivas", lo que
apoyaría las tesis del consejero [véase abajo su
texto íntegro]. El informe fue publicado por varios
medios de comunicación. Uno de los dos expertos de
la comisión comentó: "No hay informe. Soy el primer
sorprendido por la difusión de ese texto". Y otro
dijo: "Tratándose de un resumen de las actas de la
Comisión de Mortalidad del Severo Ochoa, es lógico
que reproduzca algunas de sus conclusiones".
Las actas de la Comisión de
Mortalidad, en efecto, recogían en su balance de
2004 varios casos de sedaciones "inadecuadas" o de
"dosis excesiva". Entre ellos se cuentan los 25
casos que Lamela remitió a la Fiscalía de Madrid,
que está investigando 13 de ellos. Pero el supuesto
"informe" no hace ninguna aportación nueva.
La comisión se ha limitado a
reexaminar las historias clínicas que les facilitó
Lamela, sin profundizar en los casos ni entrevistar
a los médicos que se ocuparon de ellos, ni a las
familias.
Fuentes de la Fiscalía de Madrid
señalaron que el resumen remitido por Sanidad
"carece de relevancia jurídico-penal". Añadieron que
la fiscalía está desarrollando una "investigación
penal" sobre el caso Leganés que nada tiene que ver
con la "administrativa que realiza Sanidad", y
dijeron que, a efectos jurídico-penales, el informe
relevante será el que emitan los peritos de la
Clínica Médico Forense de Madrid.
Otras fuentes de la fiscalía
interpretan que el documento "es una injerencia en
la investigación penal que desarrolla la fiscalía",
y subrayaron el "poco tiempo" que han debido dedicar
los expertos a los 100 primeros casos que dicen
haber estudiado. Opinan que con la remisión de este
documento, la consejería trata "de influir en el
dictamen de los peritos". "A efectos jurídicos",
señalaron las mismas fuentes, "ese resumen carece de
rigor científico y en él ni siquiera se indica qué
metodología se ha empleado en el estudio de esos 100
casos. ¿Qué explicación tiene que se envíe un
resumen sin esperar al estudio definitivo?", se
preguntaron. Según fuentes de la investigación, uno
de los dos juzgados de Leganés a los que también
remitió Lamela el "informe" ha devuelto a Sanidad el
documento alegando que la consejería no es parte en
ese proceso. El otro juzgado también estudia hacer
lo mismo.
El Colegio de Médicos de Madrid
aseguró que "desconoce" el informe de la comisión.
La presidenta del colegio, Juliana Fariña, se enteró
por los periódicos de su contenido.
La Asociación para la Defensa de
la Sanidad Pública de Madrid subrayó que el informe
es sólo "un folio en el que se hacen algunas
afirmaciones que en ningún caso están documentadas,
y que dan la impresión de tratarse de juicios de
valor que no se comprueban". Añadió: "Esta comisión
parece escribir al dictado de la Consejería de
Sanidad, que es quien la nombró".
El secretario general de UGT
Madrid, José Ricardo Martínez, opinó que la comisión
es "poco creíble", y añadió: "Hoy, todavía más, el
consejero de Sanidad tiene que dimitir porque cada
día, buscando su justificación, sigue cuestionando
la sanidad pública en la comunidad".
Varios trabajadores y médicos del
hospital de Leganés pidieron el amparo del Defensor
del Pueblo, el Ministerio de Sanidad y el Colegio de
Médicos de Madrid, y afirmaron que los trabajos de
la comisión de expertos "se han realizado examinando
exclusivamente historias clínicas sin garantía de
integridad, y sin los testimonios de los
profesionales que intervinieron en los casos, ni de
los familiares; por todo ello, no es extraño que
llegue a unas conclusiones coincidentes con las
tesis iniciales del consejero Lamela". Mayo 2005
MÁS DE 22.000 FIRMAS CONTRA EL
CONSEJERO DE SANIDAD.
La Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) y la
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de
Madrid (Fravm) han reunido un total de 22.000 firmas
para reivindicar la adopción de medidas con el fin
de «garantizar la dignidad y calidad de la
asistencia sanitaria sin abandonar el actual marco
de financiación pública». Las firmas serán
entregadas a la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid con el fin de denunciar «el
riesgo de descomposición» al que está expuesta la
sanidad pública, del que a su juicio «constituye un
claro ejemplo la crisis provocada por la interesada
gestión de Manuel Lamela», en referencia a la
polémica por las sedaciones terminales en el
hospital Severo Ochoa de Leganés.
Sobre esta cuestión, la Fadsp ha
reclamado la actuación obligatoria del Defensor del
Pueblo y de la Agencia de Protección de Datos para
investigar el origen de las filtraciones a la prensa
de expedientes de enfermos atendidos en el hospital
Severo Ochoa y exigir las responsabilidades legales
que pueda haber. A juicio de la Federación, los
datos sobre pacientes hechos públicos son
confidenciales, están protegidos por las leyes de
manera especial y su custodia está confiada a la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por
lo que reiteró la petición de dimisión de su máximo
responsable, Manuel Lamela, por la «vulneración del
derecho de los ciudadanos a la confidencialidad de
sus historiales clínicos».
En la misma línea, la Asociación
Nacional de Consumidores y Usuarios de Servicios de
Salud (Asusalud) alertó de que en este asunto, «en
muchos casos se está vulnerando la ley en todo lo
relacionado con los derechos de los pacientes».
Además, Asusalud considera que, «en gran medida los
hechos del hospital de Leganés han venido a poner de
manifiesto la escasa diligencia de las autoridades
sanitarias para adoptar las medidas necesarias que
permitan cumplir con la normativa vigente en materia
de derechos de los pacientes, sobre todo en relación
con el consentimiento informado y con la declaración
de voluntades anticipadas».
Por su parte, la Fiscalía de
Madrid considera que en la investigación abierta hay
que ver qué casos y cuántos se consideran dudosos y
que sean revisados por peritos judiciales
independientes. Así lo confirmaron fuentes fiscales,
que añadieron que la Fiscalía pedirá a la Consejería
de Sanidad de la Comunidad de Madrid los 25
historiales clínicos que considera dudosos de 2004
para determinar en cuáles puede haber indicios
constitutivos de delito.
Por su parte, la Junta de
Personal del Severo Ochoa de Leganés presentó ante
la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de
Madrid una denuncia contra la Administración
Sanitaria de la Comunidad de Madrid y los medios de
comunicación que han publicado datos protegidos de
pacientes del centro hospitalario. Así, la
presidenta de la Junta de Personal, Isabel Serrano,
argumentó que la Consejería de Sanidad es
«consentidora» de la filtración de datos
confidenciales. Abril 2005
Más de 10.000 vecinos de
Leganés salen a la calle en defensa de los médicos
de su hospital
Una
huelga con seguimiento masivo y una manifestación
que reunió ayer tarde a más de 10.000 personas en
Leganés (población de 180.000 habitantes al sur de
Madrid), según la policía, protagonizaron una
jornada que se convirtió en la encendida protesta de
una ciudad y un hospital contra la Consejería de
Sanidad. "En defensa de nuestro hospital y la
sanidad pública", podía leerse en la pancarta que
encabezaba la concentración. Más de 1.400 consultas,
180 pruebas diagnósticas, 350 extracciones de sangre
y una veintena de operaciones fueron suspendidas,
según fuentes del centro.
Muchos
de los habitantes de Leganés han nacido, han sido
operados o han visto morir a familiares en el
hospital Severo Ochoa, inaugurado en 1987 y ahora
movilizado tras la destitución, por la consejería de
Sanidad de Madrid, de Luis Montes, coordinador de
Urgencias del centro (además del gerente y el
director médico) por supuestas sedaciones
irregulares a enfermos terminales. "No hay derecho a
lo que están haciendo con el hospital. Está muy mal
tanto jaleo. Las cosas hay que investigarlas con
cuidado y, si se demuestra algo, actuar. Éstos lo
han hecho al revés", se quejó Francisco Gutiérrez,
de 69 años. Ayer se sumó a la manifestación desde el
interior del hospital. "No te puedes imaginar lo
agradecido que estoy. Operaron a mi señora hace dos
días de la vesícula. Estaba muy mal y hoy era una
mujer nueva", añadió.
María
Luisa Iglesias, de 61 años, también se sumó a la
protesta. "Lo que han hecho ha sido una exageración.
El hospital, que es nuestro hospital, no se merece
esto". Como casi todos los vecinos consultados, no
duda en relatar que ella misma, su marido, sus
hijos, sobrinos, hermanos y demás familiares y
amigos han pasado alguna vez por el centro. "Lo que
funcionaba mal aquí eran las urgencias, pero porque
siempre estaban llenas y no había camas en planta.
Lo que faltan son medios, médicos y enfermeras",
exclamó Carlos Garriga.
Los
líderes sindicales de CC OO y UGT y los miembros de
las asociaciones de vecinos convocantes no podían
ocultar a las 19.00, en la cabecera de la
manifestación, el éxito de la convocatoria. El
alcalde de la ciudad, José Luis Pérez Ráez, asistió
junto a los regidores de las ciudades cercanas:
Pedro Castro, de Getafe, y Enrique Cascallana, de
Alcorcón, todos ellos del PSOE. Tampoco faltaron
representantes de la izquierda: el coordinador
general de IU, Gaspar Llamazares, el secretario
general del PSM-PSOE, Rafael Simancas, y el
coordinador de IU-Madrid, Fernando Marín. Más de 700
metros de calzada de la avenida de Guadalajara, de
entre seis y ocho metros de anchura, se llenaron de
vecinos de la ciudad que portaban pancartas contra
el consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela.
La
manifestación fue el punto final a una intensa
jornada de huelga y protestas en Leganés. Según los
sindicatos, un 97% de trabajadores secundaron la
protesta, cifra que llegó al 100% en el turno de
noche. Esto, según fuentes de la dirección del
hospital, obligó a suspender 1.400 consultas, 170
pruebas diagnósticas, 350 extracciones de sangre y
una veintena de operaciones. Se llevaron a cabo,
según estas fuentes, unas 50 consultas, una cifra
similar de extracciones de sangre y 10 pruebas
diagnósticas a enfermos con cáncer. De los 11
quirófanos que tiene el Severo Ochoa, sólo tres
trabajaron, los dos de urgencias y uno para enfermos
de cáncer. El número de operaciones suspendidas,
según los sindicatos, fue de 20.
Sanidad
redujo al 47% la participación en la huelga y no
ofreció datos sobre la actividad suspendida. Informó
de que había cuatro consultas abiertas (Urología,
Neumología, Traumatología y Otorrinolaringología) y
que "no se han suspendido operaciones porque se
habían programado menos que en un día normal".
Las dos
partes sí coincidieron en señalar que los servicios
mínimos se cumplieron. Éstos afectaban a un 30% de
la plantilla. Urgencias, UCI, maternidad y la
atención a los enfermos de cáncer funcionaron al
100%, por lo que la actividad del centro fue la
habitual en un domingo o día festivo. El Centro de
Especialidades Los Pedroches, dependiente del Severo
Ochoa, también se vio afectada porque, según UGT,
ningún médico acudió a su puesto de trabajo.
Sanidad,
como hace habitualmente, no había desprogramado
ningún acto médico con el argumento de que, al
tratarse de una huelga, es imposible saber con
anterioridad cuántos trabajadores acudirán a su
puesto de trabajo.
Los
pacientes afectados por el paro llegaron a formar
una larga cola ante la oficina de Atención al
Paciente para pedir cita y, en algunos casos, para
quejarse. "Si no iban a venir los médicos, que me
hubieran avisado. He perdido horas de trabajo y
tendré que volver", explicó Antonio, un paciente de
unos 50 años que ayer tenía hora con su médico.
Otros se mostraron más comprensivos. "Me parece bien
que hagan huelga. La Comunidad les ha acusado de
haber matado a gente y ellos tienen derecho a
defenderse", comentó Marta García, una mujer que
acompañaba a su hijo al hospital.Publicado
en El País.02.04.05
Los comités de
empresa de los hospitales madrileños se unen a las
protestas del Severo Ochoa
La
asamblea de delegados de las Juntas de Personal de
las 11 Áreas de Salud de la Comunidad de Madrid (que
aglutinan 25 hospitales y 50.000 profesionales
sanitarios) y los comités de empresa de los
Hospitales de Alcorcón y Fuenlabrada realizaron hoy
un comunicado en el que dan su "apoyo completo" a
las movilizaciones que planteen los trabajadores del
Hospital Severo Ochoa de Leganés en contra de los
ceses decretados por supuestas irregularidades en la
sedación de pacientes
Asimismo, pidieron "el esclarecimiento de los hechos
hasta sus últimas consecuencias" y subrayaron que
"en un estado de derecho es inadmisible la
vulneración de la presunción de inocencia". En el
comunicado se solicita también la dimisión o cese
del consejero de Sanidad, Manuel Lamela, al que se
hace responsable de "desprestigiar las profesiones
sanitarias, desde las que se ayuda a nacer, a vivir,
mediante la curación de los enfermos y a morir
dignamente".
Por otro
lado, se hace un llamamiento a todos los
trabajadores y usuarios de la sanidad pública para
que muestren su apoyo a las protestas acordadas por
los trabajadores del Severo Ochoa, en particular a
la que se celebrará el próximo jueves a las 18.00
horas frente a la Asamblea de Madrid.
La
asociación para la defensa de la sanidad pública,
que preside el doctor Sánchez Bayle, lleva recogidas
cerca de ocho mil firmas de médicos y personal
sanitario en contra de la actuación del consejero de
Sanidad, al entender que “afecta de lleno al modelo
de sanidad pública”.
Para
mañana a las 20.00 de la tarde se ha convocando una
gran asamblea de médicos en la que se acordará
acudir al parlamento regional el jueves mientras
comparezca Lamela.
Publicado en la Cadena SER.05.04.05
El
colegio médico madrileño pide el cese del consejero
de Sanidad de la Comunidad
El
colegio de médicos de la Comunidad de Madrid,
reunido hoy en sesión extraordinaria para analizar
la crisis generada en el Hospital del Severo Ochoa
(Leganés), ha propuesto un calendario de
manifestaciones en apoyo a los médicos cesados por
el consejero de Sanidad. También han exigido a la
presidenta Esperanza Aguirre que cese a Manuel
Lamela y pida excusas a todos los médicos
Los
médicos que han asistido a la Asamblea han trazado
las recomendaciones que van a transmitir a la
Comunidad de Madrid: que la presidenta regional pida
excusas a todo el colectivo médico, que se readmita
a todos los médicos cesados, entre ellos el doctor
Montes, jefe de Urgencias del Hospital de Leganés y
finalmente que cese al consejero Manuel Lamela.
Unos
veinte médicos han intervenido en la reunión de la
que ha salido un calendario de protestas y
concentraciones en todos los hospitales públicos y
la invitación a que se sume también la sanidad
privada. También se ha convocado una manifestación
en Madrid capital para la próxima semana.
Por su
parte, el presidente del Comité de Ética del Colegio
de Médicos, Miguel Casares, ha asegurado en la
Cadena SER que "se ha producido una alarma tremenda
en la sanidad de Madrid y posiblemente de España,
que probablemente no responde a unos hechos reales
sino a una serie de denuncias anónimas que no tienen
una constatación real. Es una situacion
absolutamente increíble e impensable hace dos
meses", apostilló.
Casares
puntualizó que no sabe "si se hubiera estudiado en
profundidad este tema probablemente se hubiera
podido resolver dentro de los sistema de control que
tiene la Comunidad." Casares apuntó que
"probablemente en este caso ha podido haber una
confusión y se ha dado pábulo a algo que si se
hubiera estudiado a fondo y con cierta prudencia y
tranquilidad a lo mejor no habia pasado nada".
En
cualquier caso, desde el punto de vista del
contenido de la denuncia, este experto aseguró que
el Comité de Etica Asistencial de Hospital de
Getafe, al que perteneció, investigó las sedaciones
que se practicaron en mas de 40 pacientes de 2001 a
2003 "y no se encontró en ese momento que hubiese
ninguna indicación incorrecta y que las prácticas de
sedación fueran con dosis excesivas, entre otras
cosas, los protocolos de tratamiento en la sedación
no responden a dosis sino a los síntomas, es decir
-explicó-, hay que poner las dosis necesarias para
controlar los síntomas".
Por
tanto, aclaró que "no se puede hablar de dosis
incorrectas, sino que tiene que ver con la evolución
de los síntomas".
Respecto
a la denuncia de que se haya sedado a los pacientes
en el servicio de urgencias, Casares seguró que,
además, "se hacen sedaciones en urgencias en todos
los hospitales del mundo, no solo en los de Madrid,
porque hay que dar una respuesta a pacientes que
llegan en esta situación".
Durante
su visita al Hospital de La Paz, y en presencia del
propio Lamela, la jefa del Ejecutivo autonómico,
Esperanza Aguirre, lamentó la "politización" de lo
que calificó como "un asunto muy delicado, muy
profundo y muy grave" y transmitió a los madrileños
"nuestra certeza y seguridad del excelente
funcionamiento del sistema sanitario".
El
ministra de Sanidad, Elena Salgado, expreso su temor
porque "existe el riesgo" de que se quiebre la
confianza en los profesionales, lo que en su opinión
"sería grave" para el Sistema Nacional de Salud.
La
ministra dijo también que la crisis del Severo Ochoa
puede provocar que los profesionales encargados de
proporcionar los cuidados paliativos "vean
entorpecida su actuación o tengan prevención a la
hora de aplicar los protocolos que utilizan
habitualmente".Publicado
en la Cadena SER.06.04.05
Las actas médicas de Leganés
no avalan las acusaciones del consejero de Sanidad
Las
actas de la Comisión de Seguimiento del hospital
Severo Ochoa de Leganés no avalan las acusaciones
lanzadas por el consejero de Sanidad de Madrid,
Manuel Lamela, y que han supuesto el cese de la
cúpula del centro. Lamela dijo que en las actas
había "25 incidencias" en pacientes fallecidos tras
recibir "sedación irregular, no indicada, indebida o
en exceso". Las actas especifican, sin embargo, que
de estas 25 "incidencias", seis se refieren a casos
en los que ni siquiera se aplicaron las sedaciones
indicadas; siete son casos de discrepancias entre
los médicos por los fármacos utilizados; tres,
simplemente "dudosos por falta de información", e
incluso hay uno que se pone en duda porque cuando se
estudió no estaban los responsables médicos para
explicarlo. En los ocho restantes se menciona
"sedación no indicada" o "dudosa" en enfermos a
punto de morir.
Las
actas, tres documentos de dos folios cada uno,
fueron elaboradas por los miembros de la Comisión:
el destituido director médico del hospital, Juan
Carlos Mattos Antelo, y médicos de los servicios de
Oncología, Medicina Interna, la UCI y Urgencias, el
también destituido Luis Montes. En ellas se
analizaron las historias clínicas de los enfermos
muertos en urgencias. Éstos, junto a algunas
historias clínicas, fueron los documentos estudiados
por el equipo de seis inspectores enviado por
Sanidad al Severo Ochoa. Los inspectores concluyeron
que no se podía "afirmar o descartar la existencia
de mala praxis" de los médicos de Leganés. Este
escrito ha sido remitido a la Fiscalía de Madrid,
que tampoco ha hallado indicios de responsabilidad
penal. Sanidad declinó ayer comentar el contenido de
las actas.
La
comisión estudió 53 fallecimientos, de los que 25
fueron analizados con detalle al ser considerados
como "incidencias". Cada "incidencia" es un
fallecimiento en el que, según algún miembro de la
comisión, los médicos podrían haber actuado de forma
distinta a como lo hicieron. También se incluyen
como incidencias aquellos casos en los que falta
información para justificar las decisiones médicas
tomadas. Las actas están fechadas los días 23 de
junio, 6 de octubre y 27 de diciembre de 2004.
Siete de
las "incidencias" fueron revisadas precisamente por
indicación del destituido coordinador de Urgencias,
Luis Montes. Éste consideró que seis enfermos
murieron sin recibir la sedación que se les debería
haber administrado. Constan en las actas como
"sedación indicada no realizada".
En el
séptimo caso, correspondiente al 27 de diciembre, la
incidencia consiste en un "retraso en el inicio
sedación".
En tres
casos, la Comisión concluye que no dispone de
suficiente información para estudiarlos y en uno, se
pospone su estudio por la ausencia de Mattos y
Montes en la reunión.
En seis
fallecimientos, todos estudiados el 27 de diciembre,
las incidencias se limitan a discrepancias médicas
sobre los fármacos utilizados en la sedación. Cuatro
de ellos por "asociación de Tranxilium y Dormicum" y
dos por "utilización inicial de Tranxilium".
Algunos
médicos de la Comisión consideraron estos casos como
incidencia porque en las Recomendaciones para la
sedación del paciente en situación terminal, el
documento aprobado tras la investigación realizada
en el hospital en 2003, se recomienda utilizar el
Tranxilium cuando el uso de Dormicum y/o morfina y
un tercer fármaco no fueran efectivos.
Sin
embargo, Montes y otros médicos del hospital, como
el jefe de Anestesia y de la Unidad del Dolor,
Joaquín Insausti, mostraron durante 2004 sus
reservas ante esta recomendación. "El efecto del
Tranxilium es más prolongado que el del Dormicum.
Por eso se utiliza en las sedaciones terminales,
para evitar que los enfermos se despierten agónicos
si se les suelta el suero o éste se tapona, lo que
provoca aún más sufrimiento al enfermo y a la
familia", explica Insausti.
Las
recomendaciones establecen igualmente que "en
pacientes que hayan recibido tratamiento previo con
benzodiazepinas, mórficos o neurolépticos se
procederá a la modificación de dosis que se
considere necesaria", lo que da un margen de
actuación a los facultativos.
"Las
recomendaciones son una guía para actuar, pero nunca
pueden atentar contra el derecho del médico a la
libre prescripción de los fármacos que considere
adecuados para la atención de sus pacientes",
concluye Insausti.
En ocho
casos, la Comisión concluyó que las sedaciones que
llevaron a la muerte a los enfermos no deberían
haber sido administradas por los médicos, en algunos
casos por exceso de dosis y en otros porque la
patología que sufría el paciente, como el alzheimer,
o su estado, coma arreactivo, no las hacían
necesarias.
Los
médicos de Urgencias y de la Unidad del Dolor, sin
embargo, no comparten esta posición y afirman que,
ante el sufrimiento de los enfermos en sus últimos
momentos de vida, las sedaciones estaban
justificadas.El País.07.04.05
Rajoy dice que Lamela es "uno
de los políticos más importantes del PP"
Mariano
Rajoy, líder del PP, salió ayer en defensa del
consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Le
preguntaron en los pasillos del Congreso si
respaldaba su actuación en la crisis del Hospital
Severo Ochoa y contestó: "El consejero de Sanidad,
Manuel Lamela, es uno de los políticos más
importantes que tiene el PP y no solamente en la
Comunidad de Madrid". La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró que Lamela
tiene todo su apoyo. En una visita al Hospital de La
Paz, y en presencia de Lamela, Aguirre avaló la
decisión de remitir a la Fiscalía las denuncias
anónimas sobre mala praxis en la sedación en las
Urgencias del Severo Ochoa. La presidenta de Madrid
consideró que quien tiene que decidir sobre la
cuestión son los técnicos y, si procediera, el
fiscal. "Si yo recibo una denuncia que no lleva
firma pero no es menos cierto que tiene los nombres
y dos apellidos de los pacientes y una serie de
datos sobre las historias clínicas, yo no tengo más
remedio que trasladarla, como he hecho, al fiscal",
afirmó. Aguirre sí recriminó a Lamela que hiciera
`pública la denuncia. La presidenta aseguró que "no
le habría dado publicidad" a la denuncia porque éste
"no es asunto" para políticos: "No soy yo ni es el
señor Lamela quien tiene que decidir si el nivel de
una sedación es suficiente, insuficiente o no lo
es". El 11 de marzo, la Consejería de Sanidad emitió
una nota de prensa titulada: "Sanidad remite a la
Fiscalía unas denuncias anónimas sobre
administración de fármacos en el Severo Ochoa". La
nota, de dos folios, precisaba que ese mismo día fue
"temporalmente relevado de sus funciones el
responsable de urgencias al que se refiere la citada
denuncia". Lamela ha asegurado después que la
denuncia la hizo pública una asociación de defensa
de pacientes.El País.07.04.05
Los
sindicatos convocan una manifestación el 19 de abril
para exigir la dimisión del Consejero de Sanidad
madrileño
El
consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha
defendido su gestión de la crisis del hospital
Severo Ochoa, una labor que ha tenido como objetivo,
según su declaración, “evitar alarmas, respetando,
en todo momento, la presunción de inocencia”. En su
comparecencia, a petición propia en la Asamblea
regional, señaló que él nunca ha hablado de
"eutanasia masiva" en las Urgencias del hospital,
algo -dijo- que sí hizo el secretario general del
PSM, Rafael Simancas. No sólo Simancas ha estado en
el centro de las críticas de Lamela, sino que estas
han sido extensivas a la ministra de Sanidad, Elena
Salgado, “la prima de Zumosol de Simancas”, como la
ha definido el consejero. “La ministra ha dicho hoy
que teníamos que investigar, pero me preocupa que
ella guardara en un cajón la denuncia anónima, que
recibió antes que nosotros y no remitió hasta el 11
de marzo”.
Esta
acusación ha sido desmentida por la ministra de
Sanidad en el programa Hora 25, de la Cadena
SER. Según Salgado, el día 9 de marzo se recibe en
el ministerio la denuncia anónima a través de la
asociación de pacientes. La primera decisión que se
toma es contestar a la asociación para comunicarles
que no iban a mantener ningún tipo de relación por
el carácter anónimo de la denuncia. Sin embargo, a
la vista de la gravedad de lo denunciado, deciden
remitirla a la Secretaría General Técnica del propio
ministerio. Este órgano hace un informe jurídico y
competencial (a quién corresponde el asunto) y
decide dos días después, el 11 de marzo, remitir a
la consejería de Manuel Lamela. Además de la
acusación a la ministra, Lamela ha asegurado que en
todo momento su consejería ha actuado con "cautela y
prudencia" en este caso y aseguró que las denuncias
anónimas sobre presunta mala praxis médica en el
servicio de Urgencias estaban "muy bien
documentadas" y eran de "mucha gravedad". La sesión
ha sido bastante tensa, con continuas interrupciones
de los diputados, incluso se ha iniciado con un
incidente protagonizado por los diputados de IU que
portaban carteles con el lema “Lamela dimisión”. En
algunos momentos la presidenta de la Cámara ha
tenido que desalojar a algunos médicos que ocupaban
las tribunas de invitados.
Minutos
antes, y en la misma Asamblea, la presidenta
regional, Esperanza Aguirre, reiteraba su defensa de
la gestión de la crisis llevada a cabo por su
consejero y pedía a los grupos de la oposición ayuda
para “despolitizar” este asunto, “porque éste sólo
compete a los médicos”. Sin embargo, PSOE e IU han
vuelto a pedir la dimisión del consejero y han
responsabilizado a los ‘populares’ de generar el
problema “para socavar la sistema sanitario
público”. Mensajes como “váyase señor Lamela”,
“váyase a Washington”, se han podido oír y leer en
el Pleno de hoy, pero antes le han pedido que
“restituya el honor del doctor Montes –jefe de
Urgencias en el Hospital Severo Ochoa- y de toda la
profesión médica y sanitaria de la Comunidad”.Publicado
en la Cadena Ser.07.04.05
Lamela
puede haber incumplido dos leyes al llevarse 350
historiales del Severo Ochoa
Según la
ley, sólo inspectores debidamente acreditados y con
mandato judicial pueden retirar historias clínicas.
Sin ese mandato judicial, tanto la Consejería como
los nuevos responsables del Severo Ochoa podrían
haber incurrido en lo que la ley define como
"infracciones muy graves". Las leyes 15/1999 y
41/2002 (en su artículo 17) establecen que los
centros sanitarios son responsables de velar por la
custodia y confidencialidad de expedientes como los
que hoy se ha llevado la Consejería de Sanidad.
Según la Ley 15/99 sólo podrían retirarse los
expedientes por mandato de "Defensor del Pueblo,
Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales, en el
ejercicio de sus funciones". La Fiscalía sólo ha
reclamado 13 expedientes, frente a los 400 que
retiró ayer Sanidad. Eso dejaría una irregularidad
en la inspección.
Pero
además, la ley 41/2002 (en su artículo 44.3d) añade
que la nueva dirección del Severo Ochoa podría haber
incurrido en "falta grave" al no garantizar la
custodia y confidencialidad de esos historiales.
Junto a ambas leyes, la propia Agencia de Protección
de Datos de la Comunidad exige que sólo inspectores
acreditados puedan consultar las historias -sólo
acceder- nunca retirar esos historiales sin mandato
judicial.
Publicado en la Cadena Ser.13.04.05
La
Consejería realiza un nuevo intento de retirar
documentos en el Severo Ochoa
Representantes de la empresa privada que custodia
los expedientes médicos del Hospital de Leganés, se
han presentado esta mañana en el Severo Ochoa para
retirar nueva documentación. Fuentes de la
Consejería afirman que es una retirada habitual pero
los médicos, que se han apostado frente al archivo
para evitarlo, creen que se trata de una nueva
redada para obtener pruebas contra el ex coordinador
de urgenciasAlgunos médicos también han decidido
acudir a la puerta del gestor del hospital para
pedir explicaciones. Al parecer se trata de unos 60
archivos que quedabana pendientes de la importante
incautación que se produjo el miércoles en la que
técnicos de la Consejería se llevaron unos 350
expedientes. El lunes que viene serán finalmente
retirados, según ha confirmado a la SER la Junta de
Personal del Severo Ochoa. Según las mismas fuentes,
se trataría de historias clínicas depositadas en el
archivo del centro que se refieren a pacientes que
fallecieron en urgencias desde 2001, momento en que
el Doctor Luis Montes se hizo cargo del
departamento. Según fuentes de la Consejería de
Sanidad se ha acercado al Hospital una furgoneta de
la empresa 'Documentalia' que se encarga de
custodiar el archivo histórico del hospital y que
periódicamente retira las historias clínicas.
Publicado en la Cadena Ser.15.04.05
El doctor Montes propuso un
documento de consentimiento de sedación que fue
rechazado por el Severo Ochoa
Novedades en el caso del Hospital Severo Ochoa de
Leganés. Según ha sabido la SER, el doctor Luis
Montes -apartado de su responsabilidad como jefe de
Urgencias por la Comunidad de Madrid- propuso un
documento de consentimiento de cada sedación que fue
rechazado por el hospital. Fue entonces, cuando
Montes estableció un documento de consentimiento,
que -al ser de propia iniciativa- no archivó con las
historias clínicas
El
principal motivo por el que el doctor Luis Montes
fue cesado como coordinador de Urgencias por el
consejero de Sanidad, Manuel Lamela, fue porque los
inspectores no encontraron los consentimientos
informados de los familiares de los pacientes
sedados. El consejero ha insistido con vehemencia en
este tema (la última vez este martes en el programa
"Las Cerezas", de TVE).
La SER
ha sabido que Luis Montes fue uno de los dos únicos
doctores de la comisión creada para elaborar un
protocolo de sedación terminal que propuso
establecer un documento de consentimiento informado.
El documento fue rechazado, entre otros, por uno de
los nuevos cargos directivos del hospital, nombrado
tras la crisis, por el consejero Lamela.
El día
10 de diciembre de 2003 se reunió esa comisión; el
doctor Montes y otro doctor presentaron sendos
documentos de propuesta para establecer un
consentimiento informado en el hospital que deberían
firmar los familiares de los pacientes que van a ser
sedados. En esa reunión se decide que no es
necesario. La decisiñon es adoptada, entre otros,
por el doctor Solís Villa, nombrado por el consejero
de Sanidad como director médico tras la crisis.
Pese a
todo, y porque se lo había recomendado tras la
primera inspección el comité de ética de Getafe,
Montes decide establecer un consentimiento informado
para urgencias. Se trata de un documento que no
archiva con las historias clínicas al haberse
decidido que no era necesario.
Publicado en la Cadena SER.16.04.05
Casi
9.000 firmas piden el cese de Lamela mientras crecen
las denuncias ante la Justicia
Un total de 11.188 firmas de
trabajadores de la sanidad pública y de usuarios han
sido entregadas esta tarde en la Comunidad de
Madrid, de las cuales 8.937 piden la dimisión del
consejero de Sanidad, Manuel Lamela, mientras que el
resto defiende "la dignidad del hospital" Severo
Ochoa de Leganés. Mientras tanto, la Asociación de
Víctimas de Negligencias Médicas (Avinesa) ha
presentado otra denuncia por sedación irregular y la
asociación El Defensor del Paciente (ADEPA) ha
anunciado la entrega al fiscal de otros 14 casos. De
acuerdo con el registro de la Consejería de
Presidencia, donde se ha efectuado la entrega de
firmas, se han presentado 11.188 rúbricas, de las
cuales 5.986 corresponden a trabajadores de la
sanidad pública que exigen el cese de Lamela; otras
2.951 de usuarios que reclaman lo mismo; 1.868
rúbricas más de vecinos que reivindican "la dignidad
del hospital" y 286 de trabajadores que demandan
este mismo propósito.
La entrega
de estos "apoyos" contra Lamela y en favor de la
sanidad pública han coincidido con la presentación
por parte de Avinesa y de familiares de un enfermo
fallecido en las urgencias del Hospital Severo Ochoa
de Leganés de la segunda querella contra un médico
de este servicio por un presunto homicidio
relacionado con su sedación. Los familiares del
enfermo F.G.S., de 62 años, que murió el 22 de
septiembre de 2003 aquejado de un cáncer, "no dio
consentimiento nunca para ser sedado, ni tuvo
conocimiento de que se le estaba sedando", ha
indicado la presidenta de la asociación, María
Antonia del Moral, tras interponer la querella en un
juzgado de Leganés.
Por su
parte, la presidenta de ADEPA, Carmen Flores, ha
indicado que mañana entregará al fiscal los datos de
14 nuevos casos de personas mayores que "ingresaron
por su propio pie y con tranquilidad en el servicio
de Urgencias del Hospital Severo Ochoa y a las pocas
horas murieron". A su juicio, la mayor parte de
estos pacientes, fallecidos en 2003, "no tenía una
patología de enfermo terminal", al tiempo que ha
hecho hincapié en sus consideraciones de que hubo
"mala praxis" en este servicio de Urgencias. Flores
ha acudido hoy a la Asamblea para respaldar la Ley
de Voluntades Previas de la Comunidad de Madrid, que
el Parlamento regional aprobará el próximo mes de
mayo, con el fin de permitir que todos los
ciudadanos puedan dar instrucciones previas sobre la
atención sanitaria que les gustaría recibir, en caso
de llegar a situaciones en las que no sean capaces
de expresarlas ellos mismos.
También
recogerá la intención que tengan sobre las
donaciones de sus órganos vitales y todas estas
"voluntades previas" se adjuntarán al historial
clínico de cada persona, según ha explicado el
portavoz del PP de Sanidad, Javier Rodríguez.
Mientras, los partidos de la oposición, sobre todo
IU, han reclamado el "apoyo total y absoluto" a la
manifestación convocada mañana por los sindicatos CC
OO y UGT bajo el lema En defensa de la sanidad
pública y por el cese de Lamela.
El
coordinador general de IU-Madrid, Fernando Marín, ha
hecho un llamamiento a sus militantes para que
apoyen la protesta y acudan "en masa" con el
objetivo de que "las mentiras de Lamela y la
posición del PP respecto a la privatización de la
sanidad pública sea un recuerdo en la mente de
todos". La protesta, que partirá a las 19.00 horas
de la plaza de Cibeles a la Consejería de Sanidad,
en la calle Aduana, contará con la asistencia, entre
otros, de los secretarios regionales de CC OO y UGT,
Javier López y José Ricardo Martínez, y de los
máximos responsables del PSOE e IU en Madrid, Rafael
Simancas y Marín.
Publicado en El País.18.04.05
LOS TRABAJADORES PIDEN EL CESE
DEL CONSEJERO POR DAÑAR AL HOSPITAL.
La junta de personal del hospital
Severo Ochoa de Leganés pidió la dimisión del
consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, "por
su mala gestión de la crisis y por dañar la imagen
del hospital", según un miembro de la junta, el
anestesista Ildefonso García Montes. A mediodía,
durante la concentración que realizan diariamente
ante el centro, los trabajadores comenzaron a gritar
"Lamela dimisión". Los médicos apoyan al coordinador
de Urgencias relevado, Luis Montes.
Desde hace una semana, los
trabajadores del hospital de Leganés se concentran a
la puerta del hospital. La cita se mantuvo. A
mediodía, unos 300 trabajadores se reunieron y un
representante sindical anunció que Lamela acababa de
destituir al gerente, al director médico del centro
y al coordinador de urgencias. "Lamela, dimisión",
comenzaron a gritar los trabajadores. "Una
irregularidad administrativa no significa mala
práctica y mientras eso siga así, Luis Montes tiene
nuestro apoyo y su buen nombre y el del hospital
debe mantenerse", afirmó el miembro de la junta de
personal. Éste criticó "la mala gestión" de Lamela:
"Primero destituyó a Montes pese a no tener ningún
informe y ahora releva al gerente pese a que lleva
en el cargo desde octubre de 2004".
El jefe de la Unidad del Dolor,
Joaquín Insausti, afirmó que el resultado de la
auditoría era esperable: "Estaba claro que Lamela no
iba a reconocer su error. Si sólo han hallado
irregularidades administrativas es que no hay nada,
pero no lo va a reconocer".
Mientras, la Fiscalía de Madrid
considera que los datos con los que cuenta en la
actualidad sobre el hospital Severo Ochoa de Leganés
no permiten deducir la existencia de indicios de
responsabilidad penal en relación con una supuesta
mala praxis en la administración de fármacos. Tras
conocer la noticia, el consejero de Sanidad de
Madrid, Manuel Lamela, ha afirmado que no presentará
su dimisión porque "a lo mejor", según ha dicho, son
los médicos los que "tienen que pensar en dejar sus
responsabilidades actuales y dedicarse a otra cosa".
Marzo 2005
