ADOLFO PREGO  DE OLIVER : UN JUEZ DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

Magistrado del Tribunal Supremo y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial. Nacido en Madrid, es hijo del periodista y dramaturgo homónimo de origen gallego. Hermano de la periodista Victoria Prego. Tras licenciarse en Derecho por la Universidad Complutense, ingresó en la carrera judicial en 1977 y tres años después se convirtió en Magistrado de Audiencia Provincial, que pasó a presidir en 1987.Ha ejercido en Trujillo, La Laguna y Segovia. Vocal de la Asociación Profesional de la Magistratura.

En 1998 ascendió a Magistrado del Tribunal Supremo. A propuesta del PP fue designado vocal del Consejo General del Poder Judicial el año 2000.

Pisar excelentísimos callos por José Yoldi  

LÉETE LA ENTREVISTA AL POLIFACÉTICO JUEZ ULTRADERECHISTA DEL TRIBUNAL SUPREMO. ES COMO PARECE

ENTREVISTA A DON ADOLFO PREGO
Susana Ariza

Adolfo Prego de Oliver, Magistrado del Tribunal Supremo y Vocal del Consejo General del Poder Judicial, madrileño de nacimiento, puede hacer gala de una rica carrera profesional en la judicatura, en la cual ingresó por vocación. Después de licenciarse en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó en la carrera judicial en 1977, convirtiéndose en Magistrado de Audiencia Provincial tres años después, y en Presidente de Audiencia Provincial ya en 1987. Por fin, en 1998, ascendió a Magistrado del Tribunal Supremo, siendo designado vocal del Consejo General del Poder Judicial el año 2000.

–Juez, ¿carrera profesional, vocación o ambas?

–Las dos cosas. Carrera profesional y vocación. La carrera que yo conocí no tiene nada que ver, o tiene poco que ver, con la que actualmente existe. Yo ingresé en la carrera judicial por pura vocación, contra los consejos de mi padre, que me decía que era mejor hacerse registrador o notario. Yo le dije que a mí lo que me hacía falta era ser juez porque me interesaba mucho el valor de la justicia. Y es una carrera que no tenía más satisfacción que la independencia y la aplicación del Derecho y de la Justicia como valor, sin aliciente económico alguno. La carrera que yo conocí se caracterizaba por la vocación, la vocación de servicio, el entusiasmo y el orgullo por servir al valor de la Justicia, y la empiezo a considerar cada vez más una profesión común, incardinada en las muchas profesiones funcionariales de servidores del Estado. Tengo la impresión de que cuando yo ingresé en la carrera judicial había un idealismo mayor que el que hay ahora, aunque aquel idealismo también era corriente en la sociedad que yo conocí en todos los ámbitos de la vida, y eso va desapareciendo poco a poco. La sociedad se va haciendo cada vez más materialista, egoísta y calculadora.

–Jueces, ¿por oposición o por el «cuarto turno»? ¿Qué le parece el actual sistema español de oposiciones a juez?

–Por oposición. Y, además, aumentaría el nivel de dificultad, porque eso permite mejorar la calidad de los que ingresan y excluir a los que no son vocacionales, porque solamente teniendo una enorme vocación es uno capaz de aguantar los cuatro años que me pasé yo estudiando doce horas diarias teniendo una posibilidad entre diez de tener éxito, para ganar un sueldo muy pequeño pero con la satisfacción moral de pertenecer a la carrera judicial.

–¿El sistema de separación de poderes es garantía de los principios básicos del Estado de Derecho? ¿Existe una real separación de poderes en España?

–La separación de poderes, en el papel y en los libros, es garantía de eso y de muchas más cosas. Lo que ocurre es que una cosa es la descripción teórica de los principios en los tratados de Derecho político y constitucional, y otra la realidad, que no acompaña precisamente las previsiones teóricas de los juristas. La separación de poderes es cada vez menor y más difícil.

–El hecho de que los partidos políticos, en última instancia, decidan la composición del Tribunal Constitucional (TC), ¿permite atisbar una sentencia razonable en el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña?

–Esa es una incógnita muy difícil de despejar. Que lo haga el Parlamento significa que se selecciona a los magistrados a partir de determinado nivel de altísima cualificación, pero teniendo en cuenta, naturalmente, sus pertenencias, sus orígenes, sus biografías profesionales y sus etiquetados ideológicos. No obstante, no creo que esto prime sobre lo segundo. Espero que no sea así por el bien de España. Supongo que los diferentes perfiles de cada uno se notarán, pero por las noticias que yo tengo y por los comentarios que oigo hay mejores perspectivas de las que yo tenía hace pocos años. Es decir, que no está tan claro que las cosas vayan a ser un desastre a partir de esa sentencia del TC. Es tan evidente, en mi opinión, la inconstitucionalidad de grandísima parte del Estatuto, que me cuesta mucho trabajo pensar que va a pasar el límite del TC y, por lo que yo sé, los magistrados no lo van a permitir, al menos en lo más relevante.

–El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha mantenido firme frente a las injerencias del actual Gobierno. ¿Qué razón de ser tiene la existencia de un órgano como éste si sus informes no son vinculantes?

–No son vinculantes porque no pueden serlo. Los proyectos de ley que afectan al poder judicial o a derechos fundamentales tienen que ser previamente informados por el Consejo. Se trata de un informe jurídico-técnico que vale por la autoridad que pueda representar el que sean emitidos por el Consejo, pero no pueden ser vinculantes para el legislador. El legislador legisla como estima oportuno; lo que deseamos es que haga caso de las propuestas que se le hacen y de los análisis que se contienen en los informes, lo cual conduciría a una mejora de los textos legales.

–Como vocal del CGPJ, ¿considera que atenta contra los principios generales del Derecho la reforma que se quiere hacer de dicho órgano y que negaría la legitimidad del Consejo «en funciones», en el periodo que transcurre entre el final de su mandato, elección y nombramiento del nuevo Consejo?

–Se habló de una posible reforma para evitar que este Consejo continuara en funciones, pero me parece que no saldrá adelante. Creo que se resolverá por la vía normal.

–¿Alguna vez, sobre todo como Magistrado del Tribunal Supremo (TS), ha recibido presiones de forma más o menos directa para que adoptara una solución jurídica determinada?

–Jamás, porque no lo permito. Dios libre a cualquiera de hacer el mínimo ademán e iniciar ese camino, porque lo paro en seco. En absoluto. Converso con mucha gente sobre muchas cosas, sobre los intereses de España, del Estado, pero eso no son presiones, son conversaciones y análisis de conjunto, pero presionarme en el sentido de empujarme, inducirme, violentarme moralmente, jamás. No se atreve nadie.

–¿Así que la causa no es que no haya quien quisiera intentarlo?

–No tengo ninguna duda de que habría muchísima gente intentando hacerlo, pero conmigo, desde luego, no.

–Probablemente influya en ello el hecho de que sea juez por vocación.

–Si no fuese vocacional sería un interesado, y cuando todo lo domina el interés, el interés se compra y se vende. La vocación, si es auténtica vocación, no.

–La Constitución Española de 1978, ¿norma o dogma?

–Es una norma que pretende contener dogmas que, después de varios años de ampliación han evidenciado ser de necesaria reforma. En su momento muchos advirtieron que estaba mal diseñado y tenían razón, porque la experiencia ha demostrado que, como aparato jurídico construido en principio para resolver problemas, ha terminado creando más problemas de los que resuelve.

–Lo que sea España hay que pactarlo entre todos los españoles y entre los grandes partidos nacionales fueron las palabras del líder de la oposición, Mariano Rajoy, al proponer el referéndum en torno a la unidad de nuestro país. ¿Desde su punto de vista, la unidad de España es un bien moral?

–Claro. España es mucho más que su tierra y su geografía… es una entidad histórica, milenaria, que se recibe en depósito y se administra con la obligación de transmitirla a las siguientes generaciones. Ninguna generación de españoles, ninguna, puede tomar decisiones sobre la destrucción de España o sobre su unidad. España no pertenece al patrimonio de los españoles; los españoles pertenecemos a España.

–¿Considera legítimas leyes como la de «memoria histórica» o la que equipara al matrimonio las relaciones entre personas del mismo sexo?

–En cuanto a la primera, me parece que la Historia debe estar en los libros de esa materia, y ahí es donde deben surgir los debates y las discusiones. Las leyes no crean la Historia más que en los Estados totalitarios. Por ejemplo, en la Unión Soviética, la Enciclopedia Soviética se reeditaba periódicamente para añadir o eliminar teorías históricas en función de los intereses del Partido Comunista. Pero si nosotros nos vamos a acercar a ese método mal lo tenemos... La «memoria histórica» está en el debate intelectual, no en las leyes. Las leyes son normas sobre el comportamiento y no las verdades del pretérito.

Y acerca de la segunda, estoy totalmente en contra de dicha reforma del Código civil. Como Presidente de la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ, en ella hicimos un informe muy amplio sobre la incorrección de esa modificación desde el punto de vista constitucional y jurídico. Aparte de otras cuestiones de carácter moral, ético o sociológico, debemos decir que no cabe en el sistema jurídico español, afortunadamente. La Constitución Española proclama, de un modo ambiguo, como tantas cosas, que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer porque es la única manera de que el matrimonio como concepto sea identificable. La esencia del matrimonio, lo que le hace separable de otras instituciones parecidas es precisamente la heterosexualidad. Si se elimina ese elemento identificador se hace susceptible de ser confundido con lo demás, por lo tanto en un error. Un matrimonio es algo distinto de otras cosas que podrán ser consorcios, asociaciones, uniones estables con puesta en común de bienes materiales, podrán ser otra cosa, pero cualitativamente y ontológicamente nada tienen que ver con el matrimonio. El matrimonio no es un producto del Derecho positivo, es una institución creada por la experiencia histórica, sedimentada, y que ha funcionado y se ha mantenido precisamente por su utilidad, luego si se elimina aquello que justifica su existencia, se desdibuja la auténtica naturaleza del matrimonio como relación entre personas de distinto sexo.

–¿Es partidario de la objeción de conciencia como recurso para los padres que se niegan a que sus hijos sean adoctrinados a través de la «Educación para la ciudadanía»?

–Sí, porque yo creo que el Estado tiene la obligación de asistir materialmente a las personas (ahora dicen «ciudadanos», yo digo a las «personas»), suministrarles los elementos materiales para fortalecer su cultura… pero la formación ético-moral, lo que es la visión del mundo es algo que pertenece únicamente a la familia. Ni el hombre es de barro ni el Estado es su alfarero, con lo cual éste no tiene derecho a amoldar los conceptos éticos y morales de las personas, suprimiendo su condición de personas para considerarlos exclusivamente ciudadanos. El Estado no debe entrometerse en lo que son concepciones éticas. Desde luego, mis hijos están bajo mi responsabilidad. El Estado no está legitimado para amoldar la conciencia de las personas. El Estado es nuestro, no nosotros del Estado.

–¿Puede ser el desarme moral de los españoles causa de los problemas de la España actual?

–Pues sí. Es el desarme moral, la descristianización, la pérdida de valores. Por ejemplo, una de las manifestaciones más graves es el de la violencia que ahora llaman «de género» o «doméstica», que no es más que la barbarie ejercida por el más fuerte frente a la persona más débil. Pero eso no tiene que ver con el machismo, sino con el respeto a los valores morales. Cuando la voluntad del niño, y después del adolescente y del adulto se convierten en ley absoluta y no hay nada trascendente por encima de la voluntad individual, uno actúa conforme a esa voluntad, y cuando se encuentra un obstáculo lo suprime, y cuando ese obstáculo está vivo lo liquida, lo mata. Y eso es lo que explica la llamada «violencia de género», que es violencia sencillamente familiar. No es un problema de machismo ni de igualdad, sino de una pérdida de valores y de la desmoralización general de la sociedad española.

–En relación con esto, ¿qué valoración haría de la Ley de Violencia de Género, entre otros, en el asunto de la eliminación de la «presunción de inocencia»?

–Desde el CGPJ hicimos también un informe del que yo fui el ponente sobre esto y fui contrario a ella porque creo que se trata de una ley técnicamente nefasta. Jurídicamente tiene muchas deficiencias y está equivocada, ya que diagnostica mal el problema, lo trata mal. En realidad, la violencia «de género» es una enfermedad, pero una enfermedad de carácter moral, que se manifiesta en comportamientos criminales; si no se ataja en origen es imposible evitar el efecto. El problema de esta ley es que establece desigualdades, con una cosa que se han inventado que se llama la discriminación positiva, que existe como concepto jurídico pero que no tiene nada que ver con lo que se está diciendo que es. Es una ley que no resuelve el problema, y tan es así, que la experiencia enseña que los homicidios y asesinatos de mujeres, de novias, de separadas no sólo no han disminuido sino que siguen aumentando. Hay un dato básico: España, desde el punto de vista del machismo, que es lo que está de moda, era mucho más machista en los años cincuenta, y, sin embargo, no había asesinatos de mujeres. ¿Qué es lo que había? Respeto, moral, conciencia del bien y del mal, la idea de que la voluntad de uno está acotada por valores superiores. Y eso estaba asentado en la cultura española y servía, más que de anulación del individuo, de brújula de los comportamientos humanos. Eso ha desaparecido, o está desapareciendo, y el hombre se convierte en una bestia, y como tal bestia liquida al más próximo y al más débil, la mujer, los hijos, los ancianos... Esta es la realidad.

–¿Cómo valora Vd. la actuación de la Fiscalía General del Estado en el comportamiento del Gobierno de Zapatero respecto a ETA?

–La Fiscalía General del Estado se evidencia por sí misma. No corresponde a la Fiscalía General del Estado anticiparse a criterios absolutorios negando la calificación jurídica de un hecho como delito cuando horas antes se mantenía como tal. Yo creo que no ha estado acertada en esta ocasión, por lo que mi valoración no es favorable. Pero, en fin, respeto la institución porque tiene suficientes juristas y profesionales como para hacer las cosas debidamente.

–¿Es Paz una paz sin Justicia?

–No, es una rendición. La paz es otra cosa. La paz requiere, aparte de la ausencia de hechos criminales, una conciencia de equidad, de distribución de las cosas, de acierto y de Justicia. Sin Justicia no existe Paz.

–¿Se podría aplicar esto último a lo anterior?

–La Fiscalía General, allá ella. Allá ellos con su conciencia y con lo que hacen. Yo insisto en que no estoy de acuerdo, pero ni yo ni mucha gente, tampoco es ningún descubrimiento. Pero dispone de profesionales suficientemente buenos como para percatarse del error y retomar el camino de las normas y de la ley.

–¿Aspira usted a ser magistrado del Tribunal Constitucional?

–Yo no aspiro absolutamente a nada. Yo soy Magistrado del TS y tengo más de lo que merezco y más de lo que necesito. En esta vida no hay que aspirar siempre a más cosas. Entre otras cosas porque yo no creo que ser Magistrado del TC sea más que serlo del TS. Para un magistrado profesional y vocacional su máxima aspiración, que tampoco yo la tenía porque es algo que yo no he buscado, es ser Magistrado del TS.

Lo del TC es un cargo muy relevante, muy interesante, pero no pertenece a la carrera judicial. El interés que pueda tener en el TC en este momento es en poder desde ahí evitar que la deriva que está tomando la evolución legislativa española termine destruyendo y desestructurando más todavía el Estado. Es un reto para evitar que esa deriva continúe. Pero mi sitio natural es el TS. No lo excluyo, pero tampoco lo incluyo y, desde luego, ni me lo planteo.

–Zapatero, ¿causa o consecuencia de los males de España?

–No es causa, yo diría que es consecuencia. Los males de España son radicales en su sentido etimológico, de raíz, vienen de atrás, incluso de siglos, aunque hay males que son más próximos en el tiempo. Zapatero no es quien causa todo lo que sucede, sino que lo que sucede produce como resultado a Zapatero. Zapatero, en un país como Inglaterra, seguramente no existiría. Creo que este señor, dada su concepción de la vida y de las cosas y su formación intelectual y profesional, no está en el lugar que le corresponde. Para ser presidente del gobierno son necesarios una biografía y un currículum un poco más intensos. Yo no creo que sea causa. Más bien es consecuencia

REVISTA DE LA HERMANDAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Nº 116 – Septiembre / Octubre de 2007

NOTICIAS SOBRE EL SUSODICHO

EL JUEZ PREGO ALABÓ EL "ALZAMIENTO" DE FRANCO EN PÚBLICO 

Juez y parte. El magistrado del Tribunal Supremo Adolfo Prego de Olíver, ponente del auto que admitió a tramite la querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, ha intervenido en los últimos años en, al menos, dos actos públicos en los que justificó el golpe militar de 1936. 

Dichos actos, celebrados el 26 de enero de 2005 y el 14 de febrero de 2007, tuvieron como escenario el Casino de Madrid, una emblemática institución privada de la capital de cuya junta directiva el propio juez Prego forma parte. En ambos, el magistrado del Supremo ejerció idéntico papel: pronunció el discurso que dio paso a sendas conferencias del escritor Pío Moa, uno de los principales representantes del revisionismo histórico que pretende justificar el "alzamiento" de julio de 1936 como la respuesta a un supuesto golpe de Estado previo realizado por el Frente Popular. 

Durante sus intervenciones, Prego no sólo no escatimó elogios al polémico conferenciante "una de las cabezas mejor amuebladas y mejor ventilada de este país" sino que también hizo suyas las cuestionadas tesis que defiende Moa "se ha convertido en una demostración argumentada, documentada de una realidad que no se quería ver". En su intervención, Prego también hizo referencia al, en su opinión, "proceso de sovietización" que supuso la llegada al poder del Frente Popular , y califició el golpe de Estado del general Franco como "contrarrevolución", según se recoge en dos ejemplares de la propia revista interna del Casino de Madrid. 

Ocho meses después del segundo de estos actos, y cuando aún era vocal del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), el magistrado Prego firmó un manifiesto contra la Ley de Memoria que apareció publicado tras la aprobación de ésta.  

El manifiesto, que aún se puede consultar en el blog de Pío Moa, insistía en la idea de exculpar a los golpistas del estallido de la guerra y de achacar toda la responsabilidad al Frente Popular, integrada, según el documento firmado por Prego, por "agrupaciones marxistas radicales, estalinistas, anarquistas, racistas sabinianas, golpistas republicanas y nacionalistas catalanas, todas ellas ajenas a cualquier programa de libertad". 

Fue precisamente su apoyo a este manifiesto uno de los argumentos esgrimidos por asociaciones que defienden la memoria histórica para pedir su recusación en la causa de Manos Limpias contra el juez Garzón. Sin embargo, el alto tribunal rechazó una semana después la pretensión de estos colectivos. 

Prego, que forma parte del patronato de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), ya había hecho alarde de su postura ante el franquismo en reuniones internas del CGPJ. En una de ellas, se opuso vehementemente a que el órgano de Gobierno de los jueces acordara reparar a los magistrados, fiscales y secretarios judiciales que sufrieron represión por haber defendido la legalidad republicana.  

En otra, pidió explicaciones al entonces presidente del CGPJ, Francisco Hernando, por un curso de la Escuela de Verano del Poder Judicial en el que se debatió sobre la reparación a las víctimas de la dictadura.  

(www.publico.es, 22/06/09)

EL SUPREMO IMPONE 6.000 EUROS DE FIANZA A MANOS LIMPIAS PARA ACUSAR A GARZÓN 

Se ha impuesto a Manos Limpias una fianza de 6.000 euros para ejercer la acción popular en la tramitación de la querella que este sindicato ultraderechista ha interpuesto contra el juez Baltasar Garzón por su actuación en el caso de las desapariciones durante la Guerra Civil. 

La decisión se convierte en la primera que toma el juez Luciano Varela desde que se hizo cargo de la instrucción de la causa, quien ha dado un plazo de ocho días al sindicato para presentar en metálico la fianza. 

El pasado miércoles, el Supremo confirmó la admisión a trámite de la querella de Manos Limpias y desestimó el recurso que había interpuesto el magistrado de la Audiencia Nacional, por lo que éste es un trámite previo antes de que el instructor cite a declarar a Garzón como imputado.

El auto recuerda que el ejercicio de la acusación popular se condiciona al cumplimiento de los presupuestos legalmente establecidos, entre ellos "la obligación impuesta al particular de prestar fianza para responder de las resultas del juicio". 

Hasta ahora, la Sala Penal del alto tribunal no había fijado aún la preceptiva fianza para ejercer la acción popular a Manos Limpias, lo que implica que lograr la imputación de un juez de la Audiencia Nacional y oponerse a su recurso le estaba saliendo hasta ahora gratis total a la organización ultraderechista. La misma Sala rechazó la personación de la Asociación Memoria Histórica del 36 de Ponteareas al no considerarla "legitimada". 

"Ponderando pues las resultas del juicio constituidas, en principio, por las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse para el querellante, y la previsible asequibilidad de su prestación por ésta, fijo en 6.000 euros la fianza que, en metálico, debidamente consignado, deberá ser prestada por la citada entidad querellante, como presupuesto para su intervención como parte en el presente procedimiento", concluye el juez Varela en su escrito. 

La semana pasada el Alto Tribunal rechazó la personación como acusación en esta causa contra Garzón a un hijo de Pedro González-Bueno y Bocos, ministro del primer gobierno de Francisco Franco fallecido en 1985. 

Garzón atribuyó varios delitos a González-Bueno y Bocos, quien fue dirigente de Falange, aunque posteriormente declaró extinguida por fallecimiento la responsabilidad penal de los altos cargos del régimen, a los que acusaba de crímenes contra  

(wwwelpais.com, 22/06/09)

El ponente contra Garzón es patrono de una fundación próxima a Manos Limpias

Denaes, presidida por un cargo del PP, participa en actos con el sindicato

Adolfo Prego, el magistrado del Tribunal Supremo que ha firmado como ponente la admisión a trámite de la querella por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón en la investigación de los crímenes de Franco, es patrono de honor de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), próxima al sindicato ultraderechista autor de la querella, Manos Limpias.

El magistrado del Supremo firmó un manifiesto contra la Ley de Memoria

Ambos colectivos han compartido varias iniciativas políticas como la manifestación con la AVT y el PP en febrero de 2006 contra el Gobierno por la negociación con ETA o más recientemente, en septiembre del año pasado, la protesta contra la "imposición lingüística" del catalán en las escuelas.

La sintonía entre la fundación y el sindicato ultraderechista es tal que desde la web de Manos Limpias se anuncia la página de la asociación de la que es patrono de honor el juez del Supremo. La querella contra Garzón fue admitida por unanimidad por cinco magistrados de la Sala Penal del Supremo.

Denaes y Manos Limpias comparten además, una similar animadversión hacia el querellado, Baltasar Garzón. Manos Limpias, porque se ha querellado contra él y Denaes porque le ha dedicado varios "editoriales" con títulos tan inequívocos como "Juez estrella, estrellado". En él le achacaban "olvidarse de los vivos que siguen asesinado en España (ETA)" para afanarse en impartir justicia sobre los muertos.

Los reproches de la fundación a Garzón alcanzan también la investigación sobre el caso Gürtel, la trama corrupta que afecta al Partido Popular. Probablemente, porque el presidente y fundador de Denaes, Santiago Abascal Conde, es miembro del partido.

Como el juez Prego, también es miembro del patronato de honor de la fundación, Alejo Vidal Quadras, eurodiputado del Partido Popular y candidato para las elecciones europeas del próximo 7 de junio.

El magistrado del Supremo y patrono de honor de Denaes fue vocal del Consejo General del Poder Judicial gracias al PP, que le designó en su día. Otra de las luchas compartidas entre la Fundación para la Defensa de la Nación Española y Manos Limpias, es su oposición radical a la Ley de la Memoria Histórica y a los procesos iniciados por los familiares de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura para recuperar su memoria. Algunos editoriales de la fundación de la que es patrono Adolfo Prego propugnan que ese proceso ha "dividido" España en dos.

Prego ha escrito artículos para la revista de la hermandad del Valle de los Caídos, donde también manifestó opiniones contrarias a la ley de Memoria.

El juez del Supremo presentó en diciembre de 2007 el libro de Pío Moa Años de hierro, España 1939-1945. Prego se deshizo en elogios hacia Moa -"es un gran historiador"- y dijo compartir con él "el meollo y la clave" de su obra, esto es, que la Guerra Civil no arrancó con un golpe de Estado de Franco en 1936, sino en 1934, cuando se desencadenó en España "un auténtico proceso revolucionario de asalto al poder enemigo de la legalidad (...) que fracasó pero que lanzó un segundo zarpazo en 1936".

La firma del magistrado Adolfo Prego estaba también en el llamado Manifiesto por la Verdad Histórica junto a la del locutor de la Cope Federico Jiménez Losantos y el propio Pío Moa, un virulento grito de protesta contra la Ley de Memoria Histórica.

Además de apoyar la mencionada tesis de que la Guerra Civil comenzó en 1934, el texto calificaba de "perversión ética y legal" una ley que "corrompe y envenena", que "denigra a los inocentes y pretende que la sociedad recuerde como mártires de la libertad a muchos de los peores criminales".

Por otra parte, el Frente Nacional emitió ayer un comunicado felicitando a Manos Limpias por el triunfo de lograr que el Tribunal Supremo admitiera la querella contra el "intocable" Garzón.

www.elpais.es 29.05.09

Juristas cuestionan al juez Prego

Los expertos opinan que su firma contra la Ley de la Memoria compromete su imparcialidad

Varios juristas consultados por Público consideran que firmar un manifiesto contra la ley de memoria histórica -a la que acusa de pretender "que la sociedad recuerde y venere como mártires de la libertad a muchos de los peores criminales que ensombrecen nuestra historia"- compromete la imparcialidad del magistrado firmante a la hora de adoptar cualquier decisión futura relacionada con dicha cuestión.

Incluso aunque se trate de un auto de admisión de una querella por prevaricación, si el delito alegado se habría cometido en la primera causa penal abierta por los crímenes del franquismo.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo admitió a trámite el miércoles, por unanimidad de sus cinco miembros, la querella presentada por el autodenominado sindicato Manos Limpias contra el juez Baltasar Garzón por la causa que abrió para investigar los crímenes del franquismo. De los cinco miembros que componen la Sala el que fue designado ponente, Adolfo Prego, fue uno de los firmantes del Manifiesto por la verdad histórica.

Rubricó el texto como magistrado del Tribunal Supremo, pese a que en ese momento era vocal del Consejo General del Poder Judicial. Su firma apareció destacada en los anuncios que se insertaron en la prensa en enero de 2008 junto a la de Pío Moa, Federico Jiménez Losantos y César Vidal, entre otros.

Los juristas consultados consideran que, aunque lo que dilucidó el Alto Tribunal fuera una cuestión muy técnica -como son los asuntos de competencia entre juzgados, que en argot judicial llaman el "chicle", porque muchas veces se estiran y encogen a conveniencia- es difícil hacer "una abstracción de la cuestión de fondo, cuando se tiene una opinión tan formada", señaló uno de ellos.

Creen que no pudo ignorar su opinión al admitir la querella contra Garzón

"Ese manifiesto no es revisionista; es el equivalente en España al negacionismo, porque niega los crímenes de la dictadura", señala un juez, que cree imposible que firmar esa opinión no haya influido luego a la hora de admitir la querella de Manos Limpias.

Sin embargo, tanto él como los demás juristas ven difícil el encaje de la firma de ese manifiesto en una falta disciplinaria, porque los jueces tienen la misma libertad de expresión que cualquier ciudadano. El artículo 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sanciona como falta grave el "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición".

Pese a cuestionar la imparcialidad del ponente de la resolución, restaron importancia al hecho, al tratarse de una decisión colegiada y unánime de cinco magistrados del Tribunal Supremo, uno de ellos, además, fundador de la asociación progresista Jueces para la Democracia.

Desde el franquismo

El abogado José María Fuster Fabra sostiene que la firma de manifiestos es una tradición histórica entre los jueces españoles desde el franquismo, que no supone una contaminación del juez a la hora de pronunciarse sobre asuntos jurídicos, aunque con ello muestre su ideología. No obstante, Fuster Fabra, que fue abogado del general Rodríguez Galindo y no cree que se debiera abrir una causa penal por los crímenes de la dictadura, niega que Garzón haya prevaricado, porque "obró como desde su punto de vista e hizo lo que pensó que debía, llevándolo hasta las últimas consecuencias".

El magistrado es patrono de la Fundación para la Defensa de España

En cambio, el letrado Gonzalo Boyé sostiene que la admisión de la querella contra Garzón "no se entiende en otra clave que no sea la política". Añadió que Prego "es una persona políticamente significada". De hecho, forma parte de patronato de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), que en su web reconoce que colaboró con Manos Limpias en la petición de un referéndum para "dirimir mediante consulta popular la admisibilidad del nuevo Estatuto" de Catalunya.

Boyé considera "preocupante el nuevo criterio del Supremo a la hora de admitir la querella", porque "abre la veda a las querellas por competencia", lo que supone "un flaco favor a la justicia".

De todas formas, los juristas consultados confían en que el procedimiento sea archivado, al entender que Garzón no pudo prevaricar, al tratarse de resoluciones revisadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Lo que dice la ley

Prohibido censurar los actos de los poderes públicos

SON FALTAS GRAVES:

(...)
3. Dirigir a los poderes, autoridades
o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición.

La Ley del Poder Judicial, en vigor desde 1985, determina el funcionamiento de los juzgados y el estatuto jurídico de Jueces y Magistrados de carrera. 

www.publico.es 29.05.09

Sáenz de Santamaría: "La querella contra Garzón evidencia que nadie está por encima de la ley"

La admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de una querella del sindicato Manos Limpias contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación al abrir una causa para investigar los crímenes del franquismo ha generado diversas reacciones entre los grupos políticos y las asociaciones de memoria histórica. Mientras que los populares han acogido con alegría la noticia advirtiendo que “nadie” puede interpretar la ley “a su antojo”, las asociaciones de memoria han lamentado que los tribunales se preocupen más de este tipo de denuncias que de las “víctimas” del franquismo. El PSOE, por su parte, lamentó la falta de coherencia del PP, que se alegra de esta querella cuando ampara en sus filas a dirigentes imputados por diversos presuntos delitos.

Baltasar Garzón aseguró esta mañana, tras conocer que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella de Manos Limpias contra su persona por la apertura de la causa contra el franquismo, que se siente “tranquilo”, puesto que no tiene “conciencia de haber cometido delito alguno”, y apuntó que “la ley es igual para todos”. Esta misma apreciación es la que hizo la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, quien, en los pasillos del Congreso, se alegró de la decisión tomada por el Supremo y advirtió que la admisión de la querella “refuerza la confianza” de los ciudadanos en el Estado de Derecho.

"Ningún ciudadano por encima de la ley"
Sáenz de Santamaría aseguró que valora “positivamente” la noticia porque “pone de manifiesto que no hay ningún ciudadano, incluido el juez Baltasar Garzón, que esté por encima de la ley” y porque “pone de manifiesto que todos somos responsables de nuestros actos, que todos estamos sometidos a la ley y que nadie puede considerarse intérprete a su antojo de la ley”. En el mismo sentido se pronunció su partido a través de un comunicado de prensa en el que califica de “valiente y ejemplificadora” la decisión del Alto Tribunal.

"Refuerza y devuelve la confianza"
Para el PP, esta decisión “refuerza y devuelve la confianza de muchos españoles” en la Justicia, ya que demuestra que no hay inmunidad “para nadie que pretenda utilizar la ley de forma arbitraria”. Aunque en su comunicado apuntan que la formación “respeta, también en este caso” la presunción de inocencia, insisten en que la querella supone un “avance” en el Estado de Derecho.

Falta de coherencia del PP
Desde el PSOE, su secretario general en el Congreso, Eduardo Madina, lamentó la falta de coherencia de los populares con respecto a las decisiones judiciales. Madina aseguró que le “gustaría ver” a Sáenz de Santamaría y el resto de la dirección del PP afirmar que “no hay ningún ciudadano que esté por encima de la ley” a cerca de “otras admisiones a trámite y otros imputados que hay en otros tribunales territoriales o de otra índole”, en alusión a los múltiples imputados que tiene la formación en relación con el Caso Gürtel, incluido el presidente de la Comunidad Valenicana, Francisco Camps.

"Respeto" se comparta o no
Si también recibiesen de manera positiva las admisiones de querellas contra los miembros de su partido, apuntó Madina, el PP “sería coherente con este discurso que ha hecho hoy”. Por otra parte, el diputado señaló que su grupo “valora desde el respeto las decisiones que toman los tribunales”, por lo que no tienen “nada más que decir”. El presidente del Congreso, el también socialista José Bono, también insistió en el respeto a las decisiones judiciales “se compartan o no se compartan, se comprendan o no se comprendan”. “Yo no todo lo que asumo lo comparto ni lo comprendo”, matizó.

Descontento de las Asociaciones de Memoria
Quienes más molestas se han mostrado con la decisión del supremo son las asociaciones de memoria histórica, que han salido en defensa de Garzón por la apertura de la causa. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), calificó como “muy negativa” la admisión a trámite de la querella, porque a su juicio el magistrado al “cumplido con su obligación” al tratar de investigar el franquismo. “Es como si la judicatura se hiciese un harakiri”, advirtió, y lamentó que estas decisiones “parecen a veces más políticas que jurídicas”.

Preocupación por las víctimas e implicación de la Justicia
Silva pidió al alto tribunal que se preocupe “un poco más por las víctimas y un poco menos pro los autores de la denuncia”, una idea que compartió el secretario federal del memoria del PCE, Javier Ruiz, para quien la decisión es “bochornosa”, puesto que, aunque Garzón no fuera competente en la causa, “la Justicia debería implicarse” en este tipo de investigaciones, ya que la Ley de Memoria “se queda corta”.

www.elplural.com 27.05.09

El Supremo admite una querella contra Garzón por prevaricación al pretender enjuiciar el franquismo

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha admitido a trámite una querella del sindicato Manos Limpias contra el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El sindicato lo acusa de un presunto delito de prevaricación relacionado con la investigación abierta por el juez para estudiar los delitos cometidos por el franquismo. La decisión, que no tiene el respaldo de la Fiscalía, obligará al juez a comparecer como imputado cuando sea requerido por el Supremo. El juez aseguró que "la ley es igual para todos" y que se defenderá "en su momento".

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha decidido en una resolución unánime admitir a trámite una querella contra el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a propuesta del sindicato Manos Limpias - dirigido por el ex responsable de la formación ultraderechista Fuerza Nueva Miguel Bernard-, que considera que el juez incurrió en un delito de prevaricación al abrir el pasado año una causa general para investigar el franquismo. La decisión, que se adoptó en contra del criterio de la Fiscalía y obliga a Garzón a declarar en calidad de imputado, fue aprobada por el presidente de la Sala, Juan Saavedra, y apoyada por los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo.

"Artilugio jurídico"
El sindicato considera en su querella que Garzón creó un “artilugio jurídico” para poner en marcha la causa que investigaba las desapariciones forzosas del franquismo y proponía la apertura de fosas de los represaliados de la dictadura. Según Manos Limpias, el magistrado prescindió para ello “absolutamente del procedimiento establecido, de la irretroactividad de la ley penal, de la ley de amnistía de 1977 y de sus propios actos y autos, en los que rechazó como genocidio los asesinatos de Paracuellos del Jarama”. A su juicio, Garzón llevó a cabo un procedimiento “consciente de la ilegalidad e incompetencia en que incurría”.

Se inhibió de la causa
Cabe recordar que el propio Garzón se inhibió el pasado mes de noviembre en lo que respecta a la apertura de fosas en favor de los 62 juzgados territoriales en los que existen cuerpos enterrados, aunque añadía que debían investigarse también las desapariciones de niños. De acuerdo con el auto que emitió entonces, Franco y el resto de militares golpistas desarrollaron una “actividad criminal planeada y sistemática de desaparición y eliminación de personas por razones ideológicas”, lo que se califica como un “crimen contra la humanidad como claramente se definió en el Estatuto y Tribunal de Nüremberg”.

"Sin valorar ni prejuzgar"
"Esta sala, sin valorar ni prejuzgar lo sucedido, entiende que no se dan las condiciones para rechazar la admisión a trámite de esta querella", ya que "lo afirmado en la querella no es algo que, ab initio, pueda considerarse ajeno al tipo penal de prevaricación, al menos como hipótesis que no se advierte sea ni absurda ni irracional", apuntó el Alto Tribunal en el auto de admisión.

La ley, "igual para todos"
Por su parte, el magistrado afirmó estar "tranquilo", puesto que "la ley es igual para todos", y destacó que se defenderá "en su momento". "No tengo conciencia de haber cometido delito alguno", añadió.

www.elplural.com 27.05.09

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