El ponente contra Garzón es patrono de una fundación próxima a Manos Limpias

Denaes, presidida por un cargo del PP, participa en actos con el sindicato

Adolfo Prego, el magistrado del Tribunal Supremo que ha firmado como ponente la admisión a trámite de la querella por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón en la investigación de los crímenes de Franco, es patrono de honor de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), próxima al sindicato ultraderechista autor de la querella, Manos Limpias.

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El magistrado del Supremo firmó un manifiesto contra la Ley de Memoria

Ambos colectivos han compartido varias iniciativas políticas como la manifestación con la AVT y el PP en febrero de 2006 contra el Gobierno por la negociación con ETA o más recientemente, en septiembre del año pasado, la protesta contra la "imposición lingüística" del catalán en las escuelas.

La sintonía entre la fundación y el sindicato ultraderechista es tal que desde la web de Manos Limpias se anuncia la página de la asociación de la que es patrono de honor el juez del Supremo. La querella contra Garzón fue admitida por unanimidad por cinco magistrados de la Sala Penal del Supremo.

Denaes y Manos Limpias comparten además, una similar animadversión hacia el querellado, Baltasar Garzón. Manos Limpias, porque se ha querellado contra él y Denaes porque le ha dedicado varios "editoriales" con títulos tan inequívocos como "Juez estrella, estrellado". En él le achacaban "olvidarse de los vivos que siguen asesinado en España (ETA)" para afanarse en impartir justicia sobre los muertos.

Los reproches de la fundación a Garzón alcanzan también la investigación sobre el caso Gürtel, la trama corrupta que afecta al Partido Popular. Probablemente, porque el presidente y fundador de Denaes, Santiago Abascal Conde, es miembro del partido.

Como el juez Prego, también es miembro del patronato de honor de la fundación, Alejo Vidal Quadras, eurodiputado del Partido Popular y candidato para las elecciones europeas del próximo 7 de junio.

El magistrado del Supremo y patrono de honor de Denaes fue vocal del Consejo General del Poder Judicial gracias al PP, que le designó en su día. Otra de las luchas compartidas entre la Fundación para la Defensa de la Nación Española y Manos Limpias, es su oposición radical a la Ley de la Memoria Histórica y a los procesos iniciados por los familiares de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura para recuperar su memoria. Algunos editoriales de la fundación de la que es patrono Adolfo Prego propugnan que ese proceso ha "dividido" España en dos.

Prego ha escrito artículos para la revista de la hermandad del Valle de los Caídos, donde también manifestó opiniones contrarias a la ley de Memoria.

El juez del Supremo presentó en diciembre de 2007 el libro de Pío Moa Años de hierro, España 1939-1945. Prego se deshizo en elogios hacia Moa -"es un gran historiador"- y dijo compartir con él "el meollo y la clave" de su obra, esto es, que la Guerra Civil no arrancó con un golpe de Estado de Franco en 1936, sino en 1934, cuando se desencadenó en España "un auténtico proceso revolucionario de asalto al poder enemigo de la legalidad (...) que fracasó pero que lanzó un segundo zarpazo en 1936".

La firma del magistrado Adolfo Prego estaba también en el llamado Manifiesto por la Verdad Histórica junto a la del locutor de la Cope Federico Jiménez Losantos y el propio Pío Moa, un virulento grito de protesta contra la Ley de Memoria Histórica.

Además de apoyar la mencionada tesis de que la Guerra Civil comenzó en 1934, el texto calificaba de "perversión ética y legal" una ley que "corrompe y envenena", que "denigra a los inocentes y pretende que la sociedad recuerde como mártires de la libertad a muchos de los peores criminales".

Por otra parte, el Frente Nacional emitió ayer un comunicado felicitando a Manos Limpias por el triunfo de lograr que el Tribunal Supremo admitiera la querella contra el "intocable" Garzón.

www.elpais.es 29.05.09

Juristas cuestionan al juez Prego

Los expertos opinan que su firma contra la Ley de la Memoria compromete su imparcialidad

Varios juristas consultados por Público consideran que firmar un manifiesto contra la ley de memoria histórica -a la que acusa de pretender "que la sociedad recuerde y venere como mártires de la libertad a muchos de los peores criminales que ensombrecen nuestra historia"- compromete la imparcialidad del magistrado firmante a la hora de adoptar cualquier decisión futura relacionada con dicha cuestión.

Incluso aunque se trate de un auto de admisión de una querella por prevaricación, si el delito alegado se habría cometido en la primera causa penal abierta por los crímenes del franquismo.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo admitió a trámite el miércoles, por unanimidad de sus cinco miembros, la querella presentada por el autodenominado sindicato Manos Limpias contra el juez Baltasar Garzón por la causa que abrió para investigar los crímenes del franquismo. De los cinco miembros que componen la Sala el que fue designado ponente, Adolfo Prego, fue uno de los firmantes del Manifiesto por la verdad histórica.

Rubricó el texto como magistrado del Tribunal Supremo, pese a que en ese momento era vocal del Consejo General del Poder Judicial. Su firma apareció destacada en los anuncios que se insertaron en la prensa en enero de 2008 junto a la de Pío Moa, Federico Jiménez Losantos y César Vidal, entre otros.

Los juristas consultados consideran que, aunque lo que dilucidó el Alto Tribunal fuera una cuestión muy técnica -como son los asuntos de competencia entre juzgados, que en argot judicial llaman el "chicle", porque muchas veces se estiran y encogen a conveniencia- es difícil hacer "una abstracción de la cuestión de fondo, cuando se tiene una opinión tan formada", señaló uno de ellos.

Creen que no pudo ignorar su opinión al admitir la querella contra Garzón

"Ese manifiesto no es revisionista; es el equivalente en España al negacionismo, porque niega los crímenes de la dictadura", señala un juez, que cree imposible que firmar esa opinión no haya influido luego a la hora de admitir la querella de Manos Limpias.

Sin embargo, tanto él como los demás juristas ven difícil el encaje de la firma de ese manifiesto en una falta disciplinaria, porque los jueces tienen la misma libertad de expresión que cualquier ciudadano. El artículo 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sanciona como falta grave el "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición".

Pese a cuestionar la imparcialidad del ponente de la resolución, restaron importancia al hecho, al tratarse de una decisión colegiada y unánime de cinco magistrados del Tribunal Supremo, uno de ellos, además, fundador de la asociación progresista Jueces para la Democracia.

Desde el franquismo

El abogado José María Fuster Fabra sostiene que la firma de manifiestos es una tradición histórica entre los jueces españoles desde el franquismo, que no supone una contaminación del juez a la hora de pronunciarse sobre asuntos jurídicos, aunque con ello muestre su ideología. No obstante, Fuster Fabra, que fue abogado del general Rodríguez Galindo y no cree que se debiera abrir una causa penal por los crímenes de la dictadura, niega que Garzón haya prevaricado, porque "obró como desde su punto de vista e hizo lo que pensó que debía, llevándolo hasta las últimas consecuencias".

El magistrado es patrono de la Fundación para la Defensa de España

En cambio, el letrado Gonzalo Boyé sostiene que la admisión de la querella contra Garzón "no se entiende en otra clave que no sea la política". Añadió que Prego "es una persona políticamente significada". De hecho, forma parte de patronato de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), que en su web reconoce que colaboró con Manos Limpias en la petición de un referéndum para "dirimir mediante consulta popular la admisibilidad del nuevo Estatuto" de Catalunya.

Boyé considera "preocupante el nuevo criterio del Supremo a la hora de admitir la querella", porque "abre la veda a las querellas por competencia", lo que supone "un flaco favor a la justicia".

De todas formas, los juristas consultados confían en que el procedimiento sea archivado, al entender que Garzón no pudo prevaricar, al tratarse de resoluciones revisadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Lo que dice la ley

Prohibido censurar los actos de los poderes públicos

SON FALTAS GRAVES:

(...)
3. Dirigir a los poderes, autoridades
o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición.

La Ley del Poder Judicial, en vigor desde 1985, determina el funcionamiento de los juzgados y el estatuto jurídico de Jueces y Magistrados de carrera. 

www.publico.es 29.05.09

Sáenz de Santamaría: "La querella contra Garzón evidencia que nadie está por encima de la ley"

La admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de una querella del sindicato Manos Limpias contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación al abrir una causa para investigar los crímenes del franquismo ha generado diversas reacciones entre los grupos políticos y las asociaciones de memoria histórica. Mientras que los populares han acogido con alegría la noticia advirtiendo que “nadie” puede interpretar la ley “a su antojo”, las asociaciones de memoria han lamentado que los tribunales se preocupen más de este tipo de denuncias que de las “víctimas” del franquismo. El PSOE, por su parte, lamentó la falta de coherencia del PP, que se alegra de esta querella cuando ampara en sus filas a dirigentes imputados por diversos presuntos delitos.

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Baltasar Garzón aseguró esta mañana, tras conocer que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella de Manos Limpias contra su persona por la apertura de la causa contra el franquismo, que se siente “tranquilo”, puesto que no tiene “conciencia de haber cometido delito alguno”, y apuntó que “la ley es igual para todos”. Esta misma apreciación es la que hizo la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, quien, en los pasillos del Congreso, se alegró de la decisión tomada por el Supremo y advirtió que la admisión de la querella “refuerza la confianza” de los ciudadanos en el Estado de Derecho.

"Ningún ciudadano por encima de la ley"
Sáenz de Santamaría aseguró que valora “positivamente” la noticia porque “pone de manifiesto que no hay ningún ciudadano, incluido el juez Baltasar Garzón, que esté por encima de la ley” y porque “pone de manifiesto que todos somos responsables de nuestros actos, que todos estamos sometidos a la ley y que nadie puede considerarse intérprete a su antojo de la ley”. En el mismo sentido se pronunció su partido a través de un comunicado de prensa en el que califica de “valiente y ejemplificadora” la decisión del Alto Tribunal.

"Refuerza y devuelve la confianza"
Para el PP, esta decisión “refuerza y devuelve la confianza de muchos españoles” en la Justicia, ya que demuestra que no hay inmunidad “para nadie que pretenda utilizar la ley de forma arbitraria”. Aunque en su comunicado apuntan que la formación “respeta, también en este caso” la presunción de inocencia, insisten en que la querella supone un “avance” en el Estado de Derecho.

Falta de coherencia del PP
Desde el PSOE, su secretario general en el Congreso, Eduardo Madina, lamentó la falta de coherencia de los populares con respecto a las decisiones judiciales. Madina aseguró que le “gustaría ver” a Sáenz de Santamaría y el resto de la dirección del PP afirmar que “no hay ningún ciudadano que esté por encima de la ley” a cerca de “otras admisiones a trámite y otros imputados que hay en otros tribunales territoriales o de otra índole”, en alusión a los múltiples imputados que tiene la formación en relación con el Caso Gürtel, incluido el presidente de la Comunidad Valenicana, Francisco Camps.

"Respeto" se comparta o no
Si también recibiesen de manera positiva las admisiones de querellas contra los miembros de su partido, apuntó Madina, el PP “sería coherente con este discurso que ha hecho hoy”. Por otra parte, el diputado señaló que su grupo “valora desde el respeto las decisiones que toman los tribunales”, por lo que no tienen “nada más que decir”. El presidente del Congreso, el también socialista José Bono, también insistió en el respeto a las decisiones judiciales “se compartan o no se compartan, se comprendan o no se comprendan”. “Yo no todo lo que asumo lo comparto ni lo comprendo”, matizó.

Descontento de las Asociaciones de Memoria
Quienes más molestas se han mostrado con la decisión del supremo son las asociaciones de memoria histórica, que han salido en defensa de Garzón por la apertura de la causa. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), calificó como “muy negativa” la admisión a trámite de la querella, porque a su juicio el magistrado al “cumplido con su obligación” al tratar de investigar el franquismo. “Es como si la judicatura se hiciese un harakiri”, advirtió, y lamentó que estas decisiones “parecen a veces más políticas que jurídicas”.

Preocupación por las víctimas e implicación de la Justicia
Silva pidió al alto tribunal que se preocupe “un poco más por las víctimas y un poco menos pro los autores de la denuncia”, una idea que compartió el secretario federal del memoria del PCE, Javier Ruiz, para quien la decisión es “bochornosa”, puesto que, aunque Garzón no fuera competente en la causa, “la Justicia debería implicarse” en este tipo de investigaciones, ya que la Ley de Memoria “se queda corta”.

www.elplural.com 27.05.09

El Supremo admite una querella contra Garzón por prevaricación al pretender enjuiciar el franquismo

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha admitido a trámite una querella del sindicato Manos Limpias contra el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El sindicato lo acusa de un presunto delito de prevaricación relacionado con la investigación abierta por el juez para estudiar los delitos cometidos por el franquismo. La decisión, que no tiene el respaldo de la Fiscalía, obligará al juez a comparecer como imputado cuando sea requerido por el Supremo. El juez aseguró que "la ley es igual para todos" y que se defenderá "en su momento".

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La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha decidido en una resolución unánime admitir a trámite una querella contra el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a propuesta del sindicato Manos Limpias - dirigido por el ex responsable de la formación ultraderechista Fuerza Nueva Miguel Bernard-, que considera que el juez incurrió en un delito de prevaricación al abrir el pasado año una causa general para investigar el franquismo. La decisión, que se adoptó en contra del criterio de la Fiscalía y obliga a Garzón a declarar en calidad de imputado, fue aprobada por el presidente de la Sala, Juan Saavedra, y apoyada por los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo.

"Artilugio jurídico"
El sindicato considera en su querella que Garzón creó un “artilugio jurídico” para poner en marcha la causa que investigaba las desapariciones forzosas del franquismo y proponía la apertura de fosas de los represaliados de la dictadura. Según Manos Limpias, el magistrado prescindió para ello “absolutamente del procedimiento establecido, de la irretroactividad de la ley penal, de la ley de amnistía de 1977 y de sus propios actos y autos, en los que rechazó como genocidio los asesinatos de Paracuellos del Jarama”. A su juicio, Garzón llevó a cabo un procedimiento “consciente de la ilegalidad e incompetencia en que incurría”.

Se inhibió de la causa
Cabe recordar que el propio Garzón se inhibió el pasado mes de noviembre en lo que respecta a la apertura de fosas en favor de los 62 juzgados territoriales en los que existen cuerpos enterrados, aunque añadía que debían investigarse también las desapariciones de niños. De acuerdo con el auto que emitió entonces, Franco y el resto de militares golpistas desarrollaron una “actividad criminal planeada y sistemática de desaparición y eliminación de personas por razones ideológicas”, lo que se califica como un “crimen contra la humanidad como claramente se definió en el Estatuto y Tribunal de Nüremberg”.

"Sin valorar ni prejuzgar"
"Esta sala, sin valorar ni prejuzgar lo sucedido, entiende que no se dan las condiciones para rechazar la admisión a trámite de esta querella", ya que "lo afirmado en la querella no es algo que, ab initio, pueda considerarse ajeno al tipo penal de prevaricación, al menos como hipótesis que no se advierte sea ni absurda ni irracional", apuntó el Alto Tribunal en el auto de admisión.

La ley, "igual para todos"
Por su parte, el magistrado afirmó estar "tranquilo", puesto que "la ley es igual para todos", y destacó que se defenderá "en su momento". "No tengo conciencia de haber cometido delito alguno", añadió.

www.elplural.com 27.05.09

EL SECTOR CONSERVADOR DEL CGPJ CRITICA EL NUEVO RÉGIMEN DE LA GUARDIA CIVIL

Prego, propuesto por el PP, ve inconstitucional la reforma del Gobierno

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Adolfo Prego, propuesto por el PP, ha presentado un borrador de informe al órgano de gobierno de los jueces en el que considera inconstitucional el nuevo régimen disciplinario de la Guardia Civil que saca a estos agentes del catálogo de sanciones militares. El informe, al que se oponen los vocales progresistas, propone que no se excluya a los guardias de la aplicación del Código Penal castrense.

El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno aclara la naturaleza mixta del instituto armado y da o quita la naturaleza de militares a sus integrantes según cumplan funciones policiales -la mayoría de las veces- o estrictamente castrenses. Uno de sus preceptos modifica el Código Penal Militar en la definición de los que deben ser juzgados con esa norma y establece que los miembros de la Guardia Civil sólo tendrán la consideración de militares a los efectos de ese Código "en tiempo de guerra, durante la vigencia del estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones de carácter militar o cuando se integren en unidades militares".

El borrador de informe concede que "la desmilitarización de la Guardia Civil en un aspecto fundamental" como su régimen disciplinario es una opción plenamente legítima del Parlamento. Sin embargo, el vocal conservador busca las colisiones de la medida propuesta por el Gobierno con varias disposiciones legales en las que se define la naturaleza militar del instituto armado. "Su estatuto jurídico [el de la Guardia Civil] es el que más conviene al conjunto de las misiones que se realizan, ya sean policiales o militares", afirma el vocal conservador, que concluye que la creación de un régimen disciplinario distinto al militar para estos agentes es "incongruente".

Pero la crítica más radical expresada por Prego a la reforma propuesta por el Gobierno socialista es la de su compatibilidad con la Constitución. El vocal cree que el hecho de que determinados militares (los guardias civiles) no estén sujetos al Código Penal Militar podría vulnerar la norma fundamental. "Una reforma que excluya de la aplicación del Código Penal Militar a determinada clase de militares estará a su vez privando a la jurisdicción militar del conocimiento de una materia estrictamente castrense como es la que constituyen las conductas delictivas de naturaleza militar cuando son perpetradas por militares integrantes de la Guardia Civil, lo que plantea serias dudas de constitucionalidad de la reforma en este punto", asegura el informe.

El documento se debatió en la última reunión de la comisión de estudios e informes del Consejo, que tuvo lugar el pasado jueves. Pero conservadores y progresistas no se pusieron de acuerdo. Los vocales de la minoría se opusieron a las apreciaciones del documento recordando que hay decenas de sentencias del Tribunal Constitucional que establecen la naturaleza mixta del instituto armado, que depende del Ministerio del Interior y del de Defensa. Los progresistas sostienen además que la decisión de someter o no a la Guardia Civil al régimen disciplinario militar corresponde únicamente a la voluntad del Gobierno y del Poder Legislativo, y que el Consejo General del Poder Judicial no puede objetar nada en este punto.

Oposición de la AUGC

La desmilitarización del régimen disciplinario es una reivindicación histórica de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el cuerpo. Si embargo, sus dirigentes se han opuesto al anteproyecto por considerarlo "negativo y cicatero". La asociación asegura que es de una mayor dureza sancionadora, no aumenta las garantías para los expedientados y significa el incumplimiento de las promesas electorales del PSOE.

El pasado 20 de enero, unos 3.000 guardias se manifestaron de uniforme y con sus tricornios reglamentarios en la plaza Mayor de Madrid para reclamar la desmilitarización total del cuerpo y no sólo la de su régimen sancionador. La Dirección General de la Guardia Civil apartó del servicio y abrió expediente disciplinario por falta muy grave a los organizadores del acto.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado reiteradamente que el Gobierno no piensa eliminar el carácter castrense del instituto armado.

http://elpais.com/diario/2007/02/24/espana/1172271610_850215.html

VOCALES DE LA MAYORÍA DEL PODER JUDICIAL, CONTRA LA LEY DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

La Comisión de Estudios e Informes propondrá mejoras técnicas al proyecto de ley orgánica

El anteproyecto de Ley Orgánica Integral de Medidas contra la Violencia sobre la Mujer sufrirá hoy su primer revés jurídico, si se confirma el rechazo del texto prelegislativo por la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La mayoría de dicha comisión, que debatirá hoy el proyecto de informe elaborado por la vocal Montserrat Comas, reconoce "las buenas intenciones" del Gobierno, pero rechaza el texto elaborado, entre otros motivos, porque "rompe principios constitucionales, como el de igualdad", al limitar la protección a la mujer, según Adolfo Prego.

El informe critica que la ley integral prevea mayor pena para los hombres en las amenazas leves

El Poder Judicial rechaza el anteproyecto de la ley de violencia contra la mujer
La principal objeción de la mencionada comisión guarda relación con el artículo primero de la futura ley, que define la violencia objeto de la nueva normativa como "la utilizada como instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres" y que asegura, en relación a los objetivos de erradicación de la violencia que pretende la nueva ley, que, para dicha violencia, "el principal factor de riesgo lo constituye el hecho de ser mujer" .

Dicho precepto, que la propia ponente Comas, vocal propuesta por el PSOE, considera deficiente "desde el punto de vista técnico-jurídico", es considerado clave por el presidente de la comisión, Adolfo Prego, así como por José Luis Requero, dos de los tres vocales propuestos por el PP que la integran, además de Comas y Luis Aguiar, este último también propuesto por el PSOE.

Vulnerada la igualdad

Prego explicó que la "elaboración apresurada del anteproyecto de ley ha hecho que contenga defectos técnico jurídicos que pueden abortar la finalidad que persigue". Este vocal critica la "ruptura de principios constitucionales del artículo uno, que puede valer como definición sociológica o de pensamiento respecto a las relaciones de poder en la estructura familiar cuando se pretende acabar con la violencia en ese ámbito, pero que no puede vincular la cualidad femenina en sí misma considerada como única víctima posible, porque si excluye al varón vulnera el principio de igualdad".

Para Prego, lo que hay que atajar es "el abuso de superioridad, lo ejerza quien lo ejerza, sin vincularlo al hombre, aunque mayoritariamente sea él quien lo ejerza". Asegura que la ley debe dar igual protección a la mujer y al hombre, "sin crear una cola para mujeres y otra para hombres".

Igualmente, Prego considera rechazable que "la amenaza leve se convierta en más grave si quien la realiza es el hombre" o que sean objeto de la ley personas que mantuvieron una relación sentimental con la víctima "a lo mejor hace 40 años".

En la misma línea, Requero, tras calificar la iniciativa legislativa de "muy importante", estima que "jurídicamente tiene muchas deficiencias". Entre ellas, resalta que "sólo se centre en la mujer, no en la violencia doméstica, aunque la gran mayoría que la padece sea femenina".

Según Requero, "un tema tan serio no se merece esta ley, muy deficiente, redactada por personas que adolecen de falta de conocimientos jurídicos".

Mejor juzgados 'unisex'

Prego se muestra favorable a que un juzgado entienda de todos los conflictos relacionados con la violencia doméstica, pero siempre que "no se cree una jurisdicción para las mujeres que deje fuera a los hombres". Y añade: "Es mejor juzgados unisex, como son preferibles juzgados que no discriminen por la raza u otra condición personal o social".

En cambio, Requero no considera conveniente "que se creen juzgados especiales". En su opinión, "existen suficientes tipos de órganos judiciales a los que se les puede asignar atribuciones en la materia".

Respecto a la urgencia del informe, el presidente de la comisión estima que debe elaborarse un texto de modo más sosegado, por lo que considera que debe aplazarse el pleno extraordinario del jueves próximo.

http://elpais.com/diario/2004/06/15/sociedad/1087250403_850215.html