JUECES CON ANTECEDENTES : MANUEL MARCHENA G?EZ
LAS NOTICIAS
EL NOMBRAMIENTO DE SU HIJA COMO FISCAL, OTRA VICTORIA DEL JUEZ MARCHENA
EL JEFE DE LOS LETRADOS DEL CONGRESO AVALA POR ESCRITO LA DECISI? DE BATET DE RETIRAR EL ACTA A RODR?UEZ
BATET RETIRA EL ESCA? A ALBERTO RODR?UEZ TRAS LAS PRESIONES DEL SUPREMO Y LAS DERECHAS POR SU CONDENA
LA INSISTENCIA DEL TS PARA QUE ALBERTO RODR?UEZ PIERDA SU ESCA? ABRE UN FRENTE IN?ITO ENTRE PODER JUDICIAL Y CONGRESO
EL JUEZ MARCHENA RESPONDE AL CONGRESO QUE LA INHABILITACI? DE ALBERTO RODR?UEZ ES "OBLIGADA"
LOS LETRADOS DEL CONGRESO CONCLUYEN QUE ALBERTO RODR?UEZ PUEDE SEGUIR EN SU ESCA?, PESE A LA CONDENA DEL SUPREMO
MANUEL MARCHENA, EL HIJO DEL MAGISTRADO DEL SUPREMO, DEFENDER?AL PEQUE? NICOL?
EUROPA FALLA QUE JUNQUERAS GOZABA DE INMUNIDAD DESDE QUE FUE ELEGIDO EURODIPUTADO
EL CGPJ RENUEVA POR CINCO A?S A MARCHENA EN LA PRESIDENCIA DE LA SALA DE LO PENAL
SENTENCIA DEL ?PROC??: PENAS DE 9 A 13 A?S PARA JUNQUERAS Y LOS OTROS L?ERES POR SEDICI? Y MALVERSACI?
MANUEL MARCHENA, DISGUSTADO CON LAS FILTRACIONES: "EN UNA SENTENCIA QUE PASA POR 12 PERSONAS, NO SE PUEDEN EVITAR"DESMONTANDO LA 'CONSPIRACI?' CONTRA MANUEL MARCHENA
EL CONSTITUCIONAL ENTRA EN CRISIS POR LOS RECURSOS SOBRE CATALUNYA
TENSI? EN EL CONSTITUCIONAL TRAS FILTRARSE UN PROYECTO DE SENTENCIA QUE ANULABA LA CONDENA QUE MARCHENA DICT?POR UN ASALTO AL PARLAMENT EN 2011
UN TC EN TENSI? AGUARDA LA SENTENCIA DEL 1-O
TRES MAGISTRADOS DEL TC EVITAN QUE C?DIDO CONDE-PUMPIDO BURLE AL PLENO PARA AMPARAR EL ASALTO DEL PARLAMENT
EL CONSTITUCIONAL REVISAR?TRAS LA SENTENCIA DEL PROC? OTRA CONDENA DE MARCHENA, QUE YA FUE CORREGIDO EN ESTRASBURGO
EL CGPJ ACUERDA CONVOCAR LA PLAZA DE PRESIDENTE DE LA SALA SEGUNDA DEL SUPREMO
FELIPE GUI? EL OJO A MARCHENA: ARENGA A LOS FISCALES Y A LA HIJA DE MARCHENA
EL FISCAL DEL TC PIDE EL AMPARO PARA LOS CONDENADOS POR EL TS POR ASEDIAR EL PARLAMENT
EL SUPREMO CASTIGA CON TRES A?S EL ASEDIO AL PARLAMENT
LA JUSTICIA EUROPEA CONDENA A ESPA? PORQUE EL SUPREMO NO ESCUCH?A ATUTXA ANTES DE INHABILITARLE
MANUEL MARCHENA, EL LOBO CON PIEL DE CORDEROMARCHENA, UN JUEZ DENUNCIADO DURANTE A?S POR SU AFINIDAD Y PARCIALIDAD EN FAVOR DEL PP
EL SUPREMO DICE QUE LA PROMESA DEL PP DE QUE CONTROLAR?N EL TRIBUNAL CON MARCHENA NO DA? SU "APARIENCIA DE IMPARCIALIDAD"
EL SENADOR COSID?NO DECLARAR?EN EL SUPREMO EN RELACI? AL 'WHATSAPP' SOBRE MARCHENA
MARCHENA RECHAZA APARTARSE DEL JUICIO DEL 'PROC?' Y SE REAFIRMA EN SU INDEPENDENCIA
LA FISCAL? PIDE QUE NO SE ADMITA LA RECUSACI? CONTRA MARCHENA POR EL ?WHATSAPP? DE COSID?/a>EL PP CIERRA EN EL SENADO EL GRUPO DE WHATSAPP QUE PROVOC?LA RENUNCIA DE MARCHENA
EL PP RETIRA SU FIRMA DE LA LISTA DE CANDIDATOS AL CGPJ
EL ?WHATSAPP? SOBRE EL PODER JUDICIAL PONE EN LA CUERDA FLOJA A COSID?Y ABRE OTRA CRISIS A CASADO
JUNQUERAS Y CINCO L?ERES DEL ?PROC?? RECUSAN AL JUEZ MARCHENA POR ?FALTA DE IMPARCIALIDAD?
EL PP NO HABLA DE COSID?Y APUNTA A DELGADO: "ES LA MINISTRA M? SUCIA POL?ICAMENTE DEL GOBIERNO"
LAS ASOCIACIONES JUDICIALES APLAUDEN LA DECISI? DE MARCHENA: ?ES UNA LECCI? DE INDEPENDENCIA?
MARCHENA RENUNCIA A PRESIDIR EL SUPREMO Y EL PODER JUDICIAL Y DESBARATA EL PACTO PSOE-PP
COSID?ADMITE EL MENSAJE DE WHATSAPP EN EL QUE PRESUME DE UN FUTURO CONTROL DEL PP SOBRE EL SUPREMO
UN COLECTIVO DE JUECES RECURRIR?LA DESIGNACI? DE MARCHENA TRAS EL REPARTO DEL PODER JUDICIAL
LA SEGUNDA ASOCIACI? DE JUECES IMPUGNA ANTE EL SUPREMO EL NOMBRAMIENTO DE MARCHENACASADO CELEBRA EL ACUERDO CON EL GOBIERNO PARA RENOVAR EL PODER JUDICIAL: ?MARCHENA ES UNO DE LOS MEJORES JURISTAS DE ESPA??
MANUEL MARCHENA PRESIDIR?UN PODER JUDICIAL CON MAYOR? PROGRESISTA
MANUEL MARCHENA, UN HOMBRE DE CONFIANZA DEL PP PARA CONTROLAR EL VOLC?
LAS ASOCIACIONES JUDICIALES TRAS EL PACTO SOBRE EL PODER JUDICIAL: ?ES UN MAL INICIO??INCOMPATIBILIDAD?: EN EL SUPREMO Y EN EL CENTRO PRIVADO DE LA BANCA
Rechazan que Lesmes hable en Congreso de plaza fiscal hija de juez Marchena
LA HIJA DE MARCHENA
SOSPECHAS DE TRATO DE FAVOR A LA HIJA DEL PRESIDENTE DE LA SALA QUE JUZGAR?EL 1-O
EL CGPJ CREA AD HOC UNA PLAZA DE FISCAL PARA LA HIJA DE UN JUEZ DEL SUPREMO
STOP
LA INCLUSI? DE SOF? MARCHENA EN LA LISTA DE APROBADOS A JUECES Y FISCALES ES AJUSTADA A DERECHO Y LEGAL
EL CGPJ DEFIENDE LA POL?ICA CONCESI? DE UNA PLAZA DE FISCAL A UNA HIJA DEL SUPREMO
LA ?WEST POINT? DE LESMES: ?PENALISTAS SOMOS TODOS?EKAIZER EXPLICA LA OPERACI? DIQUE DEL PP: "MARCHENA ERA EL IDE?OGO"
MANUEL MARCHENA, EL PR?IMO IMPLICADO EN LAS GRABACIONES DE GONZ?EZ
UN JUEZ DEL TS PIDI?A VELASCO QUE SE INHIBIERA TRAS RECORDARLE QUE SU MUJER FUE CONTRATADA POR GONZ?EZ
MARCHENA, EL JUEZ QUE SENTENCI?A GARZ? Y SUS RELACIONES BAJO SOSPECHA CON 'ABOGADOS G?TEL'
EL CLAN DE LA TOGA
LAS PELIGROSAS AMISTADES DEL SUPREMO
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MAZA, MARCHENA Y EL FERN?DEZGATE
FERN?DEZGATE, ?INMUNIDAD PENAL?
LA CAUSA CONTRA EL JUEZ ALBA, A PUNTO DE ARCHIVARSE POR LA REFORMA DE LA LEY EN LA QUE PARTICIP?SU PROPIO ABOGADO
EL MAGISTRADO QUE IMPULSA LA QUERELLA DE SORIA CONTRA VICTORIA ROSELL ES ?TIMO AMIGO DEL ABOGADO DEL EXMINISTRO
? ES EL SUPREMO, EST?IDO !
VICTORIA ROSELL PIDE EL CIERRE DE SU CASO POR ESTAR CONSTRUIDO SOBRE PRUEBAS PREFABRICADAS
ELOGIO DEL MAGISTRADO MARCHENA
AFECTADOS DE HOYA POZUELO DUDAN DE LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ DEL SUPREMO QUE ABSOLVI?A CORTEZO
LA CARIDAD DEL PP ES INFINITA
EL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA CONTRA FERN?DEZ D?Z Y EL EXDIRECTOR DE LA OFICINA ANTIFRAUDE CATALANA
EL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA CONTRA RAJOY POR LOS CUIDADOS A SU PADRE EN LA MONCLOA
EL SUPREMO ARCHIVA DE NUEVO LA CAUSA CONTRA PILAR BARREIRO POR NOVO CARTHAGO
EL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA POR EL NOMBRAMIENTO DEL 'COMISARIO' MARHUENDA
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EL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA CONTRA BARBER?POR NO RETIRAR S?BOLOS FRANQUISTAS
EL SUPREMO ARCHIVA LA INVESTIGACI? CONTRA LA EXALCALDESA DE JEREZ
EL SUPREMO ARCHIVA LA CAUSA CONTRA EL PRESIDENTE DE MELILLA
LA PRESCRIPCI? SALVA AL PRESIDENTE DE CANTABRIA
EL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA PRESENTADA POR PODEMOS CONTRA TRES JUECES DEL TSJ DE MURCIA
EL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA CONTRA MONAGO POR SUS VIAJES A CANARIAS
EL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA DE V?TIMAS DEL FRANQUISMO CONTRA RAFAEL HERNANDO
EL SUPREMO ARCHIVA LAS QUERELLAS CONTRA IGNACIO GONZ?EZ POR EL ?ICO EN ESTEPONA
EL SUPREMO RESPALDA LA ABSOLUCI? DEL JURADO A CAMPS EN EL CASO DE LOS TRAJES
EL SUPREMO REBAJA LA PENA A MATAS A NUEVE MESES Y LE EVITA INGRESAR EN PRISI?
LA SALA CLAVE DEL SUPREMO PROTESTA POR LAS INJERENCIAS DEL GOBIERNO DE RAJOY
UNA DENUNCIA CONTRA MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO
EL CONSERVADOR MANUEL MARCHENA, NUEVO PRESIDENTE DE LA SALA PENAL DEL SUPREMO
EL CANDIDATO QUE SUSCITA M? RECHAZO PRESIDIR?LA PRINCIPAL SALA DEL SUPREMO
OTRO ?GOLPE? DEL PP A LA JUSTICIA: QUIERE PONER AL MAGISTRADO QUE 'FULMIN? A GARZ? AL FRENTE DE LA SALA PENAL DEL SUPREMO
GARZ? PLANTEA A ESTRASBURGO QUE NO TUVO ?UN JUICIO JUSTO?
UN AR?PICE EN PALACIO
EL MAGISTRADO MARCHENA
EL JUEZ MARCHENA, QUE BUSCA CONDENAR A GARZ?, LIBR?AL MINISTRO 'AZNARISTA' JOSEP PIQU?DE SER JUZGADO
EL JUEZ ARCHIVA POR PRESCRIPCI? LA CAUSA DE GARZ? POR LOS CURSOS DE NUEVA YORK
"VARELA NO INVESTIG?LA OPERACI? N?ORA Y MARCHENA ES UN IGNORANTE"
EL EJEMPLAR VOTO DE MARCHENA DEJA EN EVIDENCIA AL SUPREMO POR LA SEGUNDA SENTENCIA DEL CASO BONO
EL NOMBRAMIENTO DE SU HIJA COMO FISCAL, OTRA VICTORIA DEL JUEZ MARCHENA
El varapalo del TEDH por la condena por desobediencia al expresidente del Parlamento vasco y la sombra de irregularidades en el nombramiento como fiscal de su hija apenas empa?n la trayectoria del magistrado del Supremo Manuel Marchena, el todopoderoso presidente de la Sala de lo Penal del Supremo.
La condena del diputado de Podemos Alberto Rodr?uez llegar?al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si el Tribunal Constitucional no lo remedia antes, corrigiendo la supuesta vulneraci? de su derecho a la tutela judicial efectiva. La sentencia adolece de criterios s?idos, por la falta de pruebas para determinar que el diputado fue autor de una patada a un polic?, seg? indican fuentes jur?icas a P?lico.
La pol?ica consecuencia de la sentencia: la p?dida del esca? de Rodr?uez, tras un tenso pulso entre el Supremo y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet --ganado finalmente por el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena--, ha abierto una crisis institucional grave, al verse menoscabada la autoridad de la m?ima representante de la sede de la soberan? popular, que hab? decidido, en un primer momento, por votaci? de la Mesa del Congreso, mantener el acta de diputado a Rodr?uez, en base a un s?ido informe de los letrados del Congreso.
No es la primera vez que se produce un pulso entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. En el antecedente m? claro que existe, el caso Atutxa, tambi? particip?el juez Marchena.
Muy distinto al de Meritxell Batet fue el proceder de Juan Mar? Atutxa, hist?ico pol?ico del PNV, presidente del Parlamento vasco entre 1998 y 2005, y de otros dos miembros de la Mesa del Parlamento vasco: Gorka Kn?r y Kontxi Bilbao. En 2003, la Sala Especial del Tribunal Supremo orden?span class="apple-converted-space"> la disoluci? de los grupos vinculados con Batasuna en las instituciones vascas. La Mesa de la C?ara vasca decidi?no disolver al grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA), denominaci? que adopt?Batasuna tras su disoluci?, porque la sentencia del Supremo no hac? menci? a ese partido en concreto.
Adem?, argument?Atutxa que la disoluci? de un partido y de un grupo parlamentario son cosas diferentes, al estar el ?timo amparado por el reglamento de la C?ara. La disoluci? de SA requerir?, dijo el presidente del Parlamento vasco, de la modificaci? del reglamento; no basta con una sentencia judicial. "Una decisi? judicial que por s?disolviera un grupo parlamentario supondr? una invasi? de esa autonom? inherente al poder legislativo y contravendr? el principio constitucional de la divisi? de poderes", argument? la Mesa vasca.
Las consecuencias judiciales les llegaron a Atutxa, Knorr y Bilbao a trav? del pseudo sindicato Manos Limpias, cuyo l?er, Miguel Bernard, ha sido condenado a cuatro a?s de prisi? por extorsionar a bancos. Manos Limpias interpuso una querella por un delito de desobediencia a la autoridad judicial, contemplado en el art?ulo 410 del C?igo Penal. En 2007 el Tribunal Superior de Justicia del Pa? Vasco absolvi? a Atutxa porque consider?que no hab? hallado una f?mula legal que le permitiera disolver al grupo. Tambi? quedaron absueltos los otros dos acusados. Pero Manos Limpias recurri?en casaci? al Supremo.
En 2008 la Sala de lo Penal del Alto Tribunal estim? por mayor? el recurso de Manos Limpias y, en una sentencia cuyo ponente fue Manuel Marchena, conden?a Juan Mar? Atutxa a un a? y seis meses de inhabilitaci? para cargo p?lico y multa de 18.000 euros, mientras que Bilbao y Kn?r fueron sentenciados a un a? de inhabilitaci? y 12.000 euros de multa. Los condenaron pidieron amparo al Tribunal Constitucional, que se lo deneg?
A?s despu?, en 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) conden? a Espa? por haber vulnerado el derecho a un juicio justo y con todas las garant?s de Atutxa, Knorr y Bilbao. El Tribunal de Estrasburgo consider?que el Supremo "lleg?a su conclusi? por deducci?, sin escuchar a los interesados, que no tuvieron la oportunidad de exponerle las razones por las cuales negaban haber tenido una intenci? fraudulenta". Dos a?s despu? el Supremo tuvo que revocar su sentencia condenatoria.
La hija fiscal de Marchena
En su haber, Manuel Marchena tambi? tiene otras sombras de ?dole m? personal. Su hija logr?como fiscal la plaza n?ero 36 de las 35 que se hab?n convocado en 2018. Es decir, se invent?o se reasign?una plaza para Sof? Marchena.
Sof? Marchena aprob?en 2016 las oposiciones a la carrera judicial, decant?dose a la hora de elegir plaza por una de jueza, en vez de por ser fiscal. Es esa una decisi? irreversible. Pero una enfermedad la impidi?continuar el curso en la Escuela Judicial, ubicada en Barcelona. El reglamento indica que un alumno que no supere el primer curso tiene que repetirlo con los miembros de la siguiente promoci?.
Sin embargo, en lugar reincorporarse al a? siguiente a la Escuela Judicial para ser jueza, Sof? Marchena fue incluida en la promoci? de 2018 como fiscal, en una jugada in?ita y muy pol?ica emprendida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tuvo incluso que rebajarle la nota que hab? obtenido en la oposici? para hacerla encajar en la ?tima plaza de nueva creaci? en la carrera fiscal y as?"no perjudicar a nadie", se aleg?entonces desde el CGPJ.
El asunto se complic?m? porque el entonces teniente fiscal del Supremo y n?ero dos de la Fiscal?, Luis Navajas, incumpli?presuntamente su deber de abstenci? a sabiendas al solicitar la inadmisi? e inmediato archivo de la querella interpuesta por la Asociaci? Atenas de Juristas por los Derechos Civiles ante la designaci? a la carrera fiscal de la hija del presidente de la Sala Segunda del Supremo. Navajas hab? presidido el tribunal calificador de la oposici? de Sof? Marchena a la Escuela Judicial.
https://www.publico.es/politica/nombramiento-hija-fiscal-victoria-juez-marchena.html
Los servicios jur?icos entienden que el Supremo defiende en la aclaraci? al Congreso que el diputado ten? que perder el acta
El Secretario General del Congreso de los Diputados ha avalado por escrito la decisi? de Meritxell Batet de ejecutar la sentencia del Supremo en base a la que Alberto Rodr?uez pierde el acta de diputado y queda inhabilitado por pegar una patada a un polic? en 2014. En el informe al que ha tenido acceso la Cadena SER, el jefe de los Letrados defiende que el Supremo, en la aclaraci? que remite a Meritxell Batet, entiende que la sustituci? de la pena de prisi? por multa no hace desaparecer la condena a pena de prisi?.
Seg? la interpretaci? que hacen los letrados de la aclaraci? de Marchena, esa pena de c?cel simplemente se sustituye, luego la condena penal, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lleva aparejada la inegibilidad sobrevenida de Alberto Rodr?uez y por lo tanto la p?dida del esca?.
Esta ma?na el diputado Alberto Rodr?uez enviaba un requerimiento a la presidenta del Congreso para pedirle que aclare en base a qu?legislaci? le ha retirado el acta. Tambi? le pregunta si lo que considera una decisi? "arbitraria" ha sido una decisi? "personal" de Batet o fue adoptada por alg? ?gano colegiado.
Los letrados del Congreso defendieron la semana pasada que Alberto Rodr?uez pod? mantener su acta de diputado porque la pena de c?cel impuesta por el Supremo fue sustituida por una multa y esa raz? exclu? efectos extrapenales como la p?dida del esca?. Con ese informe en la mano, la Mesa del Congreso decidi?que Alberto
Rodr?uez pod? mantener el acta.
Un d? despu? de esa decisi? de la Mesa, a la que se opusieron PP y Vox, el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, env? una carta a Mertixell Batet preguntando de manera ret?ica cu?do ha empezado a cumplirse la pena de inhabilitaci? especial para el derecho de sufragio pasivo (derecho a ser elegido en unas elecciones) impuesta al diputado de Unidas Podemos.
Al ver ese escrito, la Mesa de la C?ara vuelve a reunirse y Mertixell Batet defiende que no hay otro remedio que acceder a la inhabilitaci?. Unidas Podemos y el PSOE le piden que exija primero una aclaraci? al Tribunal Supremo. La presidenta del Congreso accede y eleva una consulta al alto tribunal a la que Marchena vuele a responder con cierta ambig?dad: se descarta "cualquier error por el hecho de mantener la vigencia de la inhabilitaci? especial para el derecho de sufragio pasivo" (sigue sin decir claramente que Alberto Rodr?uez pierde la condici? de diputado). Tras esa aclaraci? del Supremo, y previa consulta a los letrados, Batet comunica a Alberto Rodr?uez que en base a la ejecuci? de la sentencia del Supremo, queda inhabilitado y pierde la condici? de diputado.
El asunto ha disparado la tensi? entre los socios. Podemos ha pedido este lunes la dimisi? de Batet "por dignidad" y el viernes lleg?a anunciar que presentar? una querella contra la presidenta del Congreso por prevaricaci?. Al poco, la formaci? se retract?y dijo que la querella la presentar? Alberto Rodr?uez a t?ulo personal y no el partido. En las ?timas horas, Alberto Rodr?uez ha anunciado que abandona Podemos; no est?claro que renuncie a querellarse contra Batet y asegura que acudir?al Constitucional y al Tribunal de Estrasburgo.
https://cadenaser.com/ser/2021/10/25/politica/1635182644_078749.html
La presidenta del Congreso pone fin al embrollo jur?ico y pol?ico de los ?timos d?s desoyendo el criterio de los letrados de la C?ara Baja y asumiendo las tesis del juez Marchena, que este viernes le envi?un escrito recordando que Rodr?uez ha sido condenado a pena de c?cel e inhabilitaci? de sufragio pasivo
La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha decidido este viernes retirar el esca? al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodr?uez, condenado por el Tribunal Supremo por pegar a un polic? en 2014 durante una manifestaci? en La Laguna. La m?ima responsable de la C?ara Baja ha tomado la decisi? de suspender la condici? de diputado del exsecretario de Organizaci? de Podemos despu? del escrito enviado este viernes por el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, record?dole que Rodr?uez ha sido condenado a pena de c?cel e inhabilitaci? de sufragio pasivo.
Seg? han explicado fuentes de la Presidencia del Congreso en un comunicado, Batet "ha comunicado al diputado D. Alberto Rodr?uez el oficio del presidente del Tribunal Supremo por el que se da traslado de la sentencia de la Sala Segunda, que comporta la p?dida de su condici? de diputado, y del auto por el que se dispone su ejecuci?. Asimismo, se ha dado traslado de la misma a la Junta Electoral Central, a los efectos de su sustituci?, y a la Secretar? General del Congreso".
Asimismo, Batet tambi? ha remitido oficio al Tribunal Supremo trasladando copia de estas comunicaciones y se ha puesto en contacto personalmente con el diputado para trasladarle la notificaci? del Tribunal Supremo.
Marchena escribi?a Batet despu? de que el jueves, en una tensa reuni? de la Mesa de la C?ara Baja, la mayor? que suman PSOE y Unidas Podemos acordara solicitar al Supremo una aclaraci? sobre si Rodr?uez deb? ser suspendido, ante la confusi? generada por las discrepancias entre los letrados del Congreso, que emitieron un informe asegurando que el diputado pod? mantener su acta, y la visi? tanto de las derechas de PP y Vox como del propio Supremo.
Los servicios jur?icos del Congreso argumentaron que, seg? la sentencia del Supremo, el a? diputado no podr? presentarse a unas elecciones pero s?seguir en el Congreso, ya que su actual condici? de parlamentario la adquiri?en diciembre de 2019 y, por tanto, dos a?s antes de la condena.
En la sala segunda del Supremo, que el mi?coles dirigi?un escrito a Batet reclam?dole la suspensi? del diputado de Unidas Podemos, hicieron una interpretaci? contraria en funci? del principio de "inelegibilidad sobrevenida", seg? el cual Rodr?uez ya no cumpl? las condiciones que se exigen para ser elegido parlamentario, por lo que deb? dejar el acta de forma inmediata, como finalmente Batet le ha forzado a realizar.
La inhabilitaci? "es obligada", seg? Marchena
Despu? de explicar que el Supremo no puede aclarar sus sentencias si no es a petici? de las partes, este viernes Marchena le dijo a Batet que la condena de 45 d?s de c?cel de Rodr?uez ha sido sustituida por una multa pero solo a efectos de su ejecuci?.
"La pena de prisi? es es el desenlace punitivo asociado a la conducta que se declara probada, sin perjuicio de que a efectos de su sustituci? ?y s?o a estos exclusivos efectos? se haya acordado su sustituci? por una pena de multa", dice el escrito remitido al Congreso a trav? de la presidencia del Supremo. La condena de inhabilitaci?, adem?, "es obligada".
El parlamentario de Unidas Podemos fue condenado a pagar una multa de 540 euros e indemnizar a un agente de Polic? Nacional por darle una patada en una manifestaci? en La Laguna en 2014. Su condena era de mes y medio de prisi? pero el C?igo Penal obliga a sustituir autom?icamente en sentencia esas condenas por una multa. Lo que no qued?sustituido fue su condena de inhabilitaci? de sufragio pasivo, es decir, el derecho a presentarse a unas elecciones.
El alto tribunal alega una "inelegibilidad sobrevenida" para defender que el diputado tendr? que haber sido despojado de su acta y pide explicaciones a Batet para poder liquidar la condena
Los letrados de la C?ara, sin embargo, hacen una interpretaci? m? literal de la sentencia, en la que s?o se menciona expresamente la inhabilitaci? para el sufragio pasivo
La Junta Electoral Central podr? a?dir m? le? al fuego, pero a? no tiene fijada una fecha de reuni?
Un mes y medio de prisi? sustituible por una multa y 45 d?s de inhabilitaci? para el ejercicio de sufragio pasivo por pegar una patada a un polic? durante una manifestaci?, unos hechos que sucedieron en 2014. A priori, una sentencia con pocas aristas que, sin embargo, ha abierto la puerta a un choque de trenes entre dos poderes del Estado, el Legislativo y el Judicial. En concreto, entre el Congreso y el Tribunal Supremo a cuenta del esca? del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodr?uez. La clave est?en la "inelegibilidad sobrevenida" que el ?gano judicial sostiene que debe ser la interpretaci? ?tima de su sentencia y, por tanto, que habr? que retirar el acta parlamentaria al exdirigente del partido morado, algo que los servicios jur?icos de la C?ara Baja hab?n descartado.
La respuesta del Supremo al mantenimiento del esca? ha sido bastante m? r?ida que los plazos que acostumbran a manejarse en los ?ganos judiciales. Ni 24 horas ha tardado Manuel Marchena, presidente de la sala que juzg?a Rodr?uez, en dirigirse a la Mesa del Congreso, antes de que ?ta le hubiera comunicado a? nada y sin haber visto el informe de los servicios jur?icos. El magistrado ha enviado un oficio a la presidenta de la C?ara Baja, Meritxell Batet, solicitando que le remita al alto tribunal el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitaci? especial para el derecho de sufragio pasivo. Algo que no se ha producido, puesto que la mayor? del ?gano de gobierno del Congreso descart?ayer.
Marchena esgrime que su intenci? es llevar a efecto "la pr?tica de la correspondiente liquidaci? de condena". La cuesti? est?en que el Supremo no est?de acuerdo en que Rodr?uez haya ya cumplido la condena que se le impuso habiendo s?o abonado la multa correspondiente. De hecho, fuentes del alto tribunal citadas por Europa Press se muestran "at?itas y perplejas" acerca de lo que consideran una "reinterpretaci?" de la sentencia a manos de la C?ara Baja. Esta contrariedad es la que tambi? expresa, sin decirlo, el presidente de la Sala de lo Penal con su oficio a Batet.
Fuentes de la C?ara Baja consultadas por infoLibre confirmaron este mi?coles que ya se est?estudiando con los servicios jur?icos c?o contestar al requerimiento de Marchena. Aunque en un principio descartaron convocar una reuni? extraordinaria de la Mesa, finalmente este jueves la presidenta Batet opt?por convocar a los miembros del ?gano de gobierno del Congreso. Por su parte, fuentes del Supremo afirman que la intenci? no es abrir un conflicto institucional, pero que tienen que hacer la pertinente liquidaci? de condena y para eso necesitan que la C?ara les conteste.
El caso de Alberto Rodr?uez y las dudas surgidas a ra? de su sentencia no tiene precedentes, al menos en los ?timos a?s. Cuando ha habido condenas que afectaban a diputados del Congreso u otros cargos p?licos no ha habido cabida a distintas interpretaciones, ya que se trataba de condenas de prisi? sin posibilidad de sustituci? por multa o condenas de inhabilitaci? para ejercer cargo p?lico adem? del sufragio pasivo.
El alto tribunal no conden?a Rodr?uez a la inhabilitaci? para el ejercicio de cargo p?lico porque, entre otras cosas, la Fiscal? no lo solicit? La sentencia s?especifica la inhabilitaci? para el ejercicio del sufragio pasivo, lo que, en puridad, impide al condenado presentarse a unas elecciones. Pero en el Supremo se considera que esto implica el abandono del cargo por mucho que ?te se hubiese obtenido a?s antes de la condena. Este es el concepto de inelegibilidad sobrevenida por incompatibilidad del cargo p?lico que se ostenta con la sentencia que le impide presentarse a unos comicios.
Los casos de Junqueras y Torra
Para hacer esta interpretaci?, el tribunal que juzg?a Alberto Rodr?uez se basa en la jurisprudencia del propio ?gano. Uno de los precedentes puede ser el del exvicepresidente catal? Oriol Junqueras. Hay diferencias, porque cuando la Junta Electoral tom?la decisi? de retirarle el esca? en el Parlamento Europeo, el exdirigente de la Generalitat no hab? sido condenado en firme y Rodr?uez s? Sin embargo, tras emitir la sentencia del proc?, el Supremo fue claro: "La condena firme a una pena privativa de libertad comporta la p?dida del sufragio pasivo, o sea, que determina la inelegibilidad, en este caso sobrevenida, del condenado". Esto fue ratificado adem? por la Sala Tercera (de lo Contencioso Administrativo) del Supremo cuando resolvi? por ejemplo, el recurso del expresident Quim Torra.
Nada m? ser condenado el diputado de Unidas Podemos surgieron las dudas sobre qu?alcance tendr? la sentencia del Supremo, pues la resoluci? no hace menci? expresa a esta jurisprudencia ni concreta que esta deber? ser la interpretaci?. Las v?s para quitar el acta a un diputado que se ha visto inmerso en un procedimiento judicial la marcan las leyes: por un lado, la Ley Org?ica de R?imen Electoral General (LOREG) establece que declara inelegibles a "los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad en el per?do que dure la pena" y "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebeli?, de terrorismo o contra las instituciones del Estado"; por otro lado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) dice que un encarcelado y procesado en firme por rebeli? tambi? quedar?suspendido hasta que quede en libertad"; mientras, el Reglamento del Congreso dicta que un diputado perder? tal condici? "por decisi? judicial firme que anule la elecci? o la proclamaci?".
Ninguno de estos supuestos se cumple como tal en el caso de Rodr?uez: para empezar, el delito que cometi?fue el de delito de atentado a agentes de la autoridad, por lo que no es ninguno de los que establecen las leyes ni se ha anulado su nombramiento. Su inhabilitaci?, adem?, es para el ejercicio de sufragio pasivo y no para el ejercicio de cargo p?lico. Es lo que esgrime Unidas Podemos desde el primer momento de conocerse la sentencia, pues en la misma el tribunal acord?sustituir la pena de c?cel por una multa de 540 euros, importe que el diputado abon?
Y es lo que esta semana concluyeron los servicios jur?icos del Congreso. En su opini?, la sentencia no debe tener efectos extrapenales y sostienen que la pena privativa de libertad, que s?hubiera conllevado que Rodr?uez perdiera el esca?, no lleg?"a nacer en ning? momento" al haber sido sustituida desde su origen por una sanci? econ?ica. En base a este pronunciamiento, la mayor? de la Mesa de la C?ara decidi?el martes no atender las peticiones de PP y Vox de retirar el esca? a Rodr?uez.
M? all?del encontronazo entre Supremo y Congreso, a? hay un actor m? que podr? inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Se trata de la Junta Electoral Central, a la que tambi? se dirigi?el alto tribunal para comunicarle la sentencia contra Rodr?uez "para su conocimiento y efectos oportunos". Sin embargo, fuentes de este ?gano consultadas por infoLibre aseguran que a? no han recibido los documentos y que no han fijado ninguna fecha para reunirse, pero no aseguran que vayan a estudiar el caso ni adelantan su opini? sobre este asunto.
EL JUEZ MARCHENA RESPONDE AL CONGRESO QUE LA INHABILITACI? DE ALBERTO RODR?UEZ ES "OBLIGADA"
As?consta en la respuesta que ha enviado a la presidenta de la C?ara Baja, despu? de que esta le requiriera hace apenas unas horas una aclaraci? sobre c?o ejecutar la condena del diputado de Podemos. La respuesta del Supremo choca con el criterio de los letrados del Congreso.
Ni 24 horas ha tardado el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en contestar a la presidenta del Congreso de los Diputados, Maritxell Batet, en relaci? a "si procede declarar la p?dida de condici? de diputado" de Alberto Rodr?uez, inquiriendo una "aclaraci?" sobre la forma de dar cumplimiento a la sentencia del Supremo que conden?al diputado de Podemos como autor de un atentado a la autoridad.
La respuesta, enviada a trav? de la Presidencia del Tribunal Supremo, arranca con una advertencia: "La Ley 6/1985, del Poder Judicial, no incluye entre las funciones del Tribunal Supremo la de asesorar a otros ?ganos constitucionales acerca de los t?minos de ejecuci? de una sentencia ya firme".
No obstante, Marchena ha acabado contestando y responde a Batet que descarta cualquier error en la sentencia condenatoria del diputado Alberto Rodr?uez, por lo que la inhabilitaci? especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria "obligada", seg? el art?ulo 56.1.2 del C?igo Penal, cuando se imponga una pena privativa de libertad, "como ha sucedido en el presente caso".
El criterio del Supremo choca con el seguido por el cuerpo de letrados del Congreso, que lleg?a la conclusi?, una vez estudiada la sentencia de Alberto Rodr?uez, de que no cabe aplicar la p?dida del esca? en base a un s?ido argumento, amparado por los art?ulos 6.2 de la Ley Org?ica de R?imen Electoral General (LOREG) y el 44 del C?igo Penal: la pena de inhabilitaci? para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es causa de inelegibilidad, es decir, de incompatibilidad para ejercer como parlamentario, solamente respecto de determinados delitos, como los de terrorismo y rebeli?. Entre esos delitos no se incluye el de atentado a agentes de la autoridad, por el que fue condenado Rodr?uez.
Pero, adem?, dicen los letrados del Congreso que no concurre otro requisito fundamental para arrebatarle el esca? a Rodr?uez y es que no existe pena de c?cel en este caso. El informe de los letrados del Congreso explica que la LOREG vincula la inelegibilidad con la condena penal firme a pena privativa de libertad en el per?do que dure la pena, por lo que "no cabr? apreciar en este caso la concurrencia de tal inelegibilidad, toda vez que la pena privativa de libertad, en tanto que sustituida ab origine [desde el origen], no ha llegado a nacer en ning? momento".
Hasta la fecha, la presidenta de la C?ara Baja, Meritxell Batet, no ha adelantado la reuni? de la Mesa, establecida para el pr?ima martes. En dicha reuni?, una vez recibida la respuesta de Marchena, se volver?a plantear este asunto en un momento en el que los dos bloques representados en el ?gano de gobierno (PSOE y Unidas Podemos con seis miembros, y PP y Vox, con tres) est? mas distanciados que nunca.
El PSOE respalda la decisi? tomada este jueves por Batet y Unidas Podemos interpreta que "Marchena deja claro en su escrito que Alberto Rodr?uez no debe perder el esca?". Y es que, habla hasta en dos ocasiones de "inhabilitaci? para sufragio pasivo", esto es, no poder presentarse a las elecciones, no de la p?dida del acta. "No puede escribir lo segundo porque eso ser? prevaricar y lo sabe", ha remachado este viernes el portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique.
Por su parte, su hom?oga del grupo popular, Cuca Gamarra, insiste en ejercer presi? sobre la presidenta del ?gano de gobierno de la C?ara Baja para que acate la orden del Supremo. "Batet debe cumplir, es su responsabilidad, y dejarse de dilaciones y subterfugios", ha zanjado la diputada conservadora.
El diputado de Podemos fue condenado a un mes y quince d?s de prisi? por un delito de atentado a un agente en una manifestaci? en 2014
Los letrados de la C?ara Baja consideran que "no cabe derivar consecuencia extra penal que afecte a la condici? de diputado del Sr. Rodr?uez"
Los servicios jur?icos del Congreso consideran que el diputado de Podemos Alberto Rodr?uez puede permanecer en su esca? pese a la sentencia del Tribunal Supremo que le conden?un mes y quince d?s de prisi? como autor de un delito de atentado a un agente de la autoridad en una manifestaci? en 2014, con la accesoria de inhabilitaci? especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En su sentencia, el tribunal acord?sustituir la pena de c?cel por una multa de 540 euros.
Precisamente esa sustituci? de la pena de c?cel por una sanci? que ya ha sido abonada es lo que esgrimen los letrados de la C?ara Baja para plantear que la sentencia no debe tener efectos extra penales.
As?consta en el informe elaborado por los servicios jur?icos de la C?ara que este martes ser?objeto de an?isis en la reuni? que mantendr?la Mesa del Congreso para tomar una decisi? sobre las consecuencias de la citada sentencia.
El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, concluye que de esa sentencia "no cabe derivar consecuencia extra penal alguna que afecte a la condici? de diputado del Sr. Rodr?uez".
En concreto, seg? el an?isis de los letrados, en este caso no concurre "ni la causa de incompatibilidad sobrevenida" contemplada en el apartado 2 en relaci? con el apartado 4 del art?ulo 6 de la Ley Org?ica del R?imen Electoral General, ni ninguno de los supuestos que, en aplicaci? de los art?ulos 21 y 22 del Reglamento del Congreso, comportar?n "bien la suspensi? de los derechos, prerrogativas y deberes del diputado" o bien la p?dida del esca?.
MANUEL MARCHENA, EL HIJO DEL MAGISTRADO DEL SUPREMO, DEFENDER?AL PEQUE? NICOL?
En 2018, abri?su propio despacho Boutique Penal en el madrile? barrio de Chamber?/span>
Hace dos meses a trav? de unos amigos en com?, Francisco Nicol? G?ez se puso en contacto con el letrado Manuel Marchena Perea, hijo del magistrado del Tribunal Supremo, para que le defendiera en el juicio por su viaje a Ribadeo (Lugo) en el 2014, en el que simul?ser un enviado de la Casa Real y que se celebrar?la semana que viene. Manuel, de 34 a?s, es licenciado en Derecho por la Universidad Auton?a de Madrid, experto en Derecho Penal y a pesar de su juventud cuenta con un s?ido bagaje profesional.
En 2010 empez?a trabajar para ACM Legal, el bufete referente de la Red Nacional de Despachos de Leg?itas, embarc?dose en casos tan sonados como el de Gowex. En 2018 abri?su propio despacho, Boutique Penal, en el barrio de Chamber?de Madrid, aunque sigue colaborando con ACM. Adem? es el abogado del Colegio de Procuradores de Madrid para los temas penales y del C?iz C. F.
El abogado del Peque? Nicol? es el primer hijo de Manuel Marchena y la vizca?a Sof? Perea, alta funcionaria del Estado. Se conocieron cuando Marchena estudiaba en Deusto y forman una pareja muy unida, les gusta consensuar las decisiones importantes. De hecho, hay una frase c?ebre que Marchena padre suele pronunciar en reuniones con amigos: ?El matrimonio consiste en una verdadera relaci? de amistad con momentos er?icos?. Adem?, de Manuel tienen otra hija, Sof?, quien en junio de 2019, fue nombrada fiscal de Ibiza.
La Secci? 17 de la audiencia madrile? celebrar?el juicio la pr?ima semana, de martes a jueves. Una sesi? en la que se remontar? a agosto de 2014 para juzgar al joven Nicol? por hacerse pasar por el representante de la Casa Real y de la Vicepresidencia del Gobierno, con el fin de concertar una cita con el empresario Jorge Cosmen en la localidad lucense de Ribadeo.
Siete a?s de c?cel
La Fiscal? pide para el Peque? Nicol? siete a?s de c?cel y una multa de 81.000 euros por los delitos de usurpaci? de funciones p?licas, falsedad en documento oficial y cohecho activo.
El Peque? Nicol? vuelve a cambiar de letrado, despu? de haber sido defendido en 2014 por V?tor Sunkel e Israel Paz, que m? tarde decidieron dejar de representarle, al igual que ocurri?luego con Mar? Victoria Vega y Ana Blanco V?quez de Prada.
Esta ?tima expuso en mayo de 2019, cuando iba a celebrarse el juicio por el viaje a Ribadeo, que hab? sufrido ?presiones? y ?coacciones? por defender al joven, por las que renunciaba a su defensa. Momento en el que comenz?a hacerse cargo de la defensa de este personaje Juan Carlos Navarro, letrado de Francisco Correa en la G?tel, que ahora ha sido relevado por Marchena.
EUROPA FALLA QUE JUNQUERAS GOZABA DE INMUNIDAD DESDE QUE FUE ELEGIDO EURODIPUTADO
La sentencia no implica en principio que el l?er de ERC deba salir ahora de prisi?, pero el tribunal considera que el Supremo debi?excarcelarlo antes de la sentencia del 'proc?' para coger el acta
Oriol Junqueras, tras reclamar sus credenciales como diputado en el Congreso de los
El Tribunal de Justicia de la UE ha fallado este jueves que el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, gozaba de inmunidad parlamentaria tras la proclamaci? de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo y que el Tribunal Supremo deb? haberle excarcelado para que pudiera coger el acta como eurodiputado y, posteriormente, haber pedido el suplicatorio ?permiso? a la Euroc?ara para devolverlo a prisi? a la espera de la sentencia por el juicio del proc?, que concluy?el 12 de junio. Junqueras fue condenado el 14 de octubre a 13 a?s de prisi? por delitos de sedici? y malversaci? por su papel de l?er en el oto? independentista catal? de 2017.
El fallo del tribunal con sede en Luxemburgo, una victoria incontestable de la defensa de Junqueras, no implica forzosamente la salida inmediata de prisi? del l?er de ERC, que cumple sentencia firme. Los magistrados comunitarios dejan en manos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la responsabilidad de ?apreciar los efectos aparejados a las inmunidades de que goza el se?r Junqueras?. El tribunal presidido por Manuel Marchena va a estudiar ?en profundidad? el fallo de Luxemburgo y ha dado cinco d?s a las acusaciones ?Fiscal?, Abogac? del Estado y Vox? y a la defensa de Junqueras para que informen sobre si el l?er independentista debe salir de prisi? para tomar el acta de eurodiputado. El Supremo tomar?una decisi? una vez transcurrido ese plazo.
La Fiscal? se ha opuesto este mismo jueves a la posible excarcelaci? de Junqueras y ha solicitado al Supremo que remita al Parlamento Europeo la sentencia por la que fue condenado a 13 a?s de prisi? e inhabilitaci? para la C?ara de Bruselas establezca ?la p?dida de su condici? de Europarlamentario?. Los fiscales piden al alto tribunal espa?l que ejecute la pena de inhabilitaci?, que se encontraba suspendida a la espera del fallo de Luxemburgo. El ministerio p?lico argumenta que, sobre la base de la sentencia europea, Junqueras no fue proclamado oficialmente electo hasta el 13 de junio, cuando el juicio del proc? ya hab? quedado visto para sentencia.
La sentencia europea puede tener efecto sobre la situaci? procesal del expresidente catal? Carles Puigdemont y el exconsejero Toni Com?, ambos elegidos eurodiputados en las elecciones del 26 de mayo y que no accedieron al cargo al estar fugados en B?gica y no acudir a Espa? a cumplir el tr?ite de acatar la Constituci?. El magistrado instructor de la causa del proc?, Pablo Llarena, ha dado cinco d?s a las acusaciones y sus defensas para que formulen alegaciones sobre la base de la sentencia de Luxemburgo "al poder tener la misma incidencia en relaci? a dichos procesados rebeldes", informan fuentes jur?icas.
La Corte de Luxemburgo considera que, una vez adquirida por Junqueras la condici? plena de eurodiputado, si el Supremo cre? necesario mantenerlo en prisi? provisional para evitar su posible fuga en la fase final del juicio del proc? deb? haber solicitado la suspensi? de esa inmunidad ?a la mayor brevedad? al Parlamento Europeo.
Junqueras inmunidad
Tras ser elegido diputado al Parlamento Europeo, Junqueras fue proclamado diputado el 13 de junio por la Junta Electoral Central. El Supremo, sin embargo, le impidi?ir a jurar o prometer la Constituci? en el Congreso de los Diputados ?requisito que establece la ley electoral espa?la? y tomar posesi? de su esca?. El tribunal presidido por Marchena consider?por unanimidad que, en plena fase de inicio de deliberaciones del caso del proc?, un eventual viaje a Bruselas o Estrasburgo pon? en riesgo la causa. El exvicepresidente catal? recurri?esa decisi?. Y antes de resolver esa demanda, el Supremo decidi? consultar a Luxemburgo cu? es el alcance de la inmunidad de un parlamentario.
La Gran Sala del tribunal le ha dado respuesta este jueves. Alrededor de las 9.45, el presidente la Corte, el belga Koen Lenaerts, ha respondido que Junqueras adquiri?su "condici? de miembro del Parlamento Europeo" en el momento en el que se proclamaron los resultados electorales por parte de la Junta Electoral Central, es decir, el 13 de junio de 2019. Y a?de que desde entonces un parlamentario, aunque su mandato arranque con el inicio de sesiones, "goza de las inmunidades reconocidas por el art?ulo 9 del protocolo? [sobre los privilegios y las inmunidades de la Uni? Europea].
El tribunal ha dado la raz? a las tesis de la defensa de Junqueras y ha seguido el razonamiento del Abogado General de la UE. El Parlamento Europeo y la Comisi? Europea, en cambio, arropaban las tesis defendidas por Espa?, que cree que la obligaci? de jurar o prometer la Constituci? es una etapa del proceso electoral y, por lo tanto, un requisito para ser nombrado parlamentario y adquirir la inmunidad. El Tribunal comunitario tumba esa tesis y se?la que, si bien los procedimientos electorales son competencia de los Estados, ?la condici? de miembro? de la Euroc?ara ?se deriva del hecho de ser elegido por sufragio universal directo, libre y secreto?. En plata: despu? de su proclamaci?, no debe exig?sele ninguna otra formalidad para sentarse en su esca?.
"Levantar cualquier medida de prisi?"
El tribunal de la UE acaba concluyendo que la inmunidad de desplazamiento para poder acudir a Estrasburgo el pasado 2 de julio implicaba el ?levantamiento de cualquier medida de prisi? provisional? impuesta antes de ser proclamado aunque se hallara "en situaci? de prisi? provisional en un proceso penal por delitos graves". Y que en caso de querer mantenerla, deb? haberlo pedido "a la mayor brevedad" a la Euroc?ara.
La sentencia no implica que ahora Junqueras deba salir de prisi? necesariamente, puesto que Luxemburgo deja todo lo relativo a la causa al Supremo. Parad?icamente, quienes pueden salir m? beneficiados de ese dictamen son su rival pol?ico, Carles Puigdemont, y el exconsejero Toni Com?, ambos fugados de la justicia espa?la en B?gica. Por v? doble. La primera: ninguno de los dos pudo acceder a su esca? tras no haber jurado o prometido la Constituci?, por lo que esta sentencia les abre una v? en los procedimientos que tienen en marcha en Luxemburgo. Y dos: su petici? de extradici? est? pendiente de c?o se resuelve su inmunidad.
Puigdemont tiene dos procedimientos abiertos en Luxemburgo. Uno de ellos es un recurso a la decisi? del Tribunal de Justicia de la UE de negarle medidas cautelares para que pudiera tomar posesi? de su esca? al considerar que al no haber sido incluidos en las listas remitidas por Espa? a la Euroc?ara, Puigdemont y Com? ?no hab?n sido declarados oficialmente electos?. La otra v? es la demanda principal interpuesta por Puigdemont, que deber?examinar el Tribunal General, un ?gano del Tribunal de Justicia de la UE encargado de resolver los recursos interpuestos por personas f?icas o jur?icas para obtener la anulaci? de los actos de las instituciones, ?ganos u organismos de la Uni? Europea.
https://elpais.com/politica/2019/12/19/actualidad/1576740542_146745.html
EL CGPJ RENUEVA POR CINCO A?S A MARCHENA EN LA PRESIDENCIA DE LA SALA DE LO PENAL
La incorporaci? de tres nuevos magistrados facilita la actuaci? del Supremo ante un futuro juicio a Puigdemont
El magistrado Manuel Marchena seguir?otros cinco a?s al frente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El Consejo General del Poder Judicial ha renovado este mi?coles su cargo al ser el ?ico aspirante que se presentaba. Marchena, que lleva en el cargo desde noviembre de 2014, estar?acompa?do en la Sala de lo Penal de tres nuevos magistrados. Una vez se cubran estas plazas, ser? ya cinco los miembros de este ?gano que no hayan tenido ninguna relaci? con la instrucci? o enjuiciamiento de la causa del proc?, facilitando la situaci? del alto tribunal frente a un futuro juicio al expresident de la Generalitat huido, Carles Puigdemont, en el caso de que sea entregado por las autoridades belgas.
La especial situaci? del Supremo respecto a este asunto fue apuntada por el propio Marchena apenas dos d?s despu? de darse a conocer la sentencia del proc?. Con ocasi? de su comparecencia en el CGPJ para optar a su reelecci? en el cargo, Marchena aludi?a la dificultad en la que hipot?icamente se encontrar? este ?gano en el caso de tener que juzgar a otros encausados en la causa del Proc? ?aludiendo sin citarlo a Puigdemont? debido al hecho de que 13 de los 15 magistrados que lo integran ya hayan tenido relaci? con este asunto en sus fases de instrucci? o enjuiciamiento.
Actualmente en la Sala s?o hay dos magistrados que no han tenido relaci? con la causa, que son los dos con menor antig?dad, Eduardo Porres y Susana Polo, quienes tomaron posesi? en septiembre de 2018. El resto habr?n tocado el proc? de alg? modo, puesto que a los 7 magistrados que han juzgado este caso hay que sumar al instructor, Pablo Llarena, a los tres magistrados de la sala de recursos durante la instrucci?, otro magistrado que sustituy?a uno de ellos que se puso enfermo y a la juez Carmen Lamela, que instruy?la causa contra el exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero en la Audiencia Nacional.
Existe suficiente doctrina del Tribunal Constitucional que avala que un mismo tribunal pueda juzgar unos hechos de los que ya ha tenido conocimiento pero referidos a diferentes personas, si bien otra opci? considerada por el
SENTENCIA DEL ?PROC??: PENAS DE 9 A 13 A?S PARA JUNQUERAS Y LOS OTROS L?ERES POR SEDICI? Y MALVERSACI?
El Tribunal Supremo ha impuesto penas de entre 9 y 13 a?s de c?cel a los nueve l?eres independentistas catalanes condenados por sedici? en el juicio del proc?. El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras afronta la pena m? alta, 13 a?s, por un delito de sedici? en concurso medial (cuando un delito es un medio necesario para la comisi? de otro) con malversaci?.
De los otros ocho acusados que est? en prisi? preventiva, tres exconsejeros (Ra? Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa) han sido condenados por sedici? y malversaci? a 12 a?s de c?cel; los otros dos (Josep Rull y Joaquim Forn) han sido absueltos del delito de malversaci? y el tribunal les ha impuesto 10 a?s y medio de prisi?. La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha sido condenada a 11 a?s y medio por un delito de sedici?. Por este mismo delito se ha impuesto una pena de nueve a?s a los l?eres de la ANC y de ?nium, Jordi S?chez y Jordi Cuixart.
Los ?icos tres procesados que afrontaron el juicio en libertad (los exconsejeros Santi Vila, Carles Mund?y Meritxell Borr?) han sido sentenciados a un a? y ocho meses de inhabilitaci? especial y 10 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros. Los tres han resultado absueltos de malversar fondos p?licos.
El alto tribunal ha descartado el delito de rebeli?, el m? grave de cuantos ped? la Fiscal?. El Supremo considera probado que durante el oto? de 2017 se registraron en Catalu? "indiscutibles episodios de violencia" pero cree que estos no bastan para condenar a los l?eres independentistas por rebeli?, como adelant?este peri?ico. "La violencia tiene que ser una violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acci? de los rebeldes", se?la la Sala, que adem? cree que los altercados que hubo en Catalu? no bastaban por s?mismos "para imponer de hecho" la independencia y derogar la Constitución. "Es violencia para lograr la secesi?, no violencia para crear un clima o un escenario en que se haga m? viable una ulterior negociaci?", afirma el tribunal.
Como prueba de que la violencia no era una parte estructural del plan, los magistrados recuerdan que ?bastó una decisi? del Tribunal Constitucional? para que no se aplicaran las leyes de ruptura aprobadas por el Parlament y solo hizo falta ?la mera exhibición de unas páginas del Bolet? Oficial del Estado? que publicaban la aplicaci? del artículo 155 de la Constituci? para que algunos de los procesados huyeran y los que se quedaron en Espa? desistieran ?incondicionalmente de la aventura que habían emprendido?.
La sentencia del alto tribunal ha tenido una r?ida reacci? por parte de los principales l?eres pol?icos. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro S?chez, en una comparecencia extraordinaria sin preguntas alej?la posibilidad de conceder indultos a los condenados y garantiz?"el absoluto cumplimiento" de la decisi? judicial. El l?er del PP, Pablo Casado, asever?por su parte que "quien la hace la paga"; mientras que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirm?que con el fallo no se pone "fin al conflicto en Catalu?". Albert Rivera, de Ciudadanos, asegur?que "se ha hecho justicia". Uno de los primeros en comparecer ha sido el presidente catal?, Quim Torra, quien pidi?al jefe del Ejecutivo central una reuni? y calific?la sentencia de "injusta y antidemocr?ica". Desde Bruselas, el expresidente catal? Carles Puigdemont, huido de la justicia ha amenazado: ?Tendr?consecuencias?, no solo para ?quienes defienden la independencia de Catalu?, sino para todos los ciudadanos?. La condena ha tenido tambi? respuesta inmediata en Catalu?, con protestas y cortes de carreteras y del AVE. Los independentistas han colapsado el aeropuerto de El Prat y un centenar de vuelos han sido cancelados.
El refer?dum como "se?elo"
El tribunal que preside Manuel Marchena ha asumido la calificaci? jur?ica que llev?al juicio la Abogac? del Estado, la sedici?, al entender que aunque los l?eres del proc? no instigaron actos de violencia como parte de su plan secesionista, s?movilizaron a la ciudadan? "en un alzamiento p?lico y tumultuario" para impedir la aplicaci? de las leyes y obstaculizar el cumplimiento de las decisiones judiciales. El tribunal se?la que todos los acusados eran conscientes ?de la manifiesta inviabilidad jur?ica de un refer?dum de autodeterminaci?? y, pese a ello, se lo ofrecieron a la ciudadan? como ?el se?elo para una movilizaci? que nunca desembocar? en la creaci? de un Estado soberano?. ?Bajo el imaginario derecho de autodeterminaci? se agazapaba el deseo de los l?eres pol?icos y asociativos de presionar al Gobierno de la Naci? para la negociaci? de una consulta popular?, se?la la sala.
Claves de la sentencia. EPV
El delito de sedici? se impone a los nueve acusados que est? en prisi? preventiva y a los que la Fiscal? consideraba l?eres de la rebeli?. La decisi? del Supremo de no condenarles por este delito implica una importante reducci? de pena respecto a lo que ped? el ministerio p?lico. En el caso de Junqueras, la rebaja es de casi la mitad (de 25 a 13 a?s). Los l?eres de ANC y ?nium, a los que la Fiscal? consideraba "promotores" de la rebeli?, ven tambi? muy reducida su pena (de 17 a 9 a?s).
La sentencia absuelve a Rull, Forn, Vila, Mund?y Borr? del delito de malversaci?, lo que rebaja la pena de prisi? de los dos primeros y libra de la c?cel a los tres que estaban en libertad condicional. Es cierto, seg? el tribunal, que todos ellos suscribieron un acuerdo del Govern para asumir de forma solidaria los gastos que se promovieran para la realizaci? del refer?dum. Pero no ha quedado probado que hubieran puesto la estructura de los departamentos que dirig?n al servicio de gastos para la celebraci? del 1-O.
La sala rechaza la petici? que formul?la Fiscal? el ?timo d? de juicio para que los condenados cumplan la mitad de la condena antes de poder obtener el tercer grado penitenciario (que permite estar fuera de prisi? de viernes a domingo y acudir a la c?cel solo a dormir de lunes a jueves).
Leyes de ruptura y movilizaci? ciudadana
El relato de hechos probados arranca con la aprobaci? de la ley de transitoriedad y la ley del refer?dum, el 6 y 7 de septiembre de 2017. Seg? el tribunal, la Generalitat intent??crear una aparente cobertura jur?ica que permitiera hacer creer a la ciudadan? que cuando depositara su voto estar? contribuyendo al acto fundacional de la Rep?lica independiente de Catalu??. Mientras el Govern y el Parlament iban creando las estructuras de Estado, las asociaciones civiles, con S?chez y Cuixart a la cabeza, se sumaron al plan para movilizar a la poblaci?. Su objetivo, se?la el tribunal, era ?lograr una participaci? relevante en la consulta presentada como la expresi? del derecho a decidir?.
El Supremo considera que S?chez y Cuixart tuvieron una contribuci? ?decisiva". La sentencia se detiene en el papel que ambos ejercieron el 20 de septiembre para convocar la concentraci? ante la Consejer? de Econom?, en la que se estaba produciendo un registro por orden judicial. "Las convocatorias no solo publicitaron que se estaba produciendo una actuaci? de la Guardia Civil tendente a impedir el refer?dum, sino que divulgaban el lugar donde se efectuaba el registro judicial, emplazaban a la ciudadan? a defender las instituciones catalanas, exig?n que la Guardia Civil pusiera en libertad a las personas que hab?n sido detenidas, y ped?n a los catalanes que se movilizaran. Se les animaba diciendo que no podr?n con todos ellos, que las fuerzas del orden se hab?n equivocado y que hab?n declarado la guerra a los que quer?n votar", recoge la sentencia.
La sala ha conseguido el objetivo que se hab? marcado de lograr un fallo un?ime, sin votos particulares que puedan abrir la puerta a cuestionar la decisi? mayoritaria. Las sentencias del Supremo son firmes, pero las defensas de los procesados ya han anunciado que agotar? las dos ?icas v?s posibles para revisar la decisi?: un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneraci? de derechos fundamentales y la impugnaci? ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo.
ESTAS SON OTRAS CLAVES DE LA SENTENCIA Y SUS CONSECUENCIAS:
?Cu?do podr? salir de la c?cel? El tercer grado penitenciario o semilibertad es una posibilidad abierta pr?ticamente desde el primer d?. En teor? los condenados por el proc? podr?n disfrutar en cuesti? de horas del llamado r?imen abierto, lo que les permitir? ir ?icamente a dormir a la c?cel de lunes a jueves. La decisi? del tribunal de no atender la petici? de la Fiscal? para hacer constar en la sentencia que los condenados no podr?n acceder a la semilibertad hasta que hubiesen cumplido la mitad de la condena, abre la puerta a que los presos del proc? puedan acceder casi de inmediato a ese tercer grado, que flexibiliza de modo considerable su estancia en la c?cel. Consulte la noticia ?tegra
https://elpais.com/politica/2019/10/14/actualidad/1571033446_440448.html
MANUEL MARCHENA, DISGUSTADO CON LAS FILTRACIONES: "EN UNA SENTENCIA QUE PASA POR 12 PERSONAS, NO SE PUEDEN EVITAR"
"Una sentencia no est?terminada hasta que la firma el ?timo magistrado", ha manifestado el juez del Tribunal Supremo durante la recepci? real por el 12-O
Puigdemont critica la "violaci? de los derechos" de los l?eres independentistas por el "festival de filtraciones" de la sentencia
El magistrado que ha presidido el juicio del proc?, Manuel Marchena, se ha mostrado disgustado por las filtraciones que se han producido sobre la sentencia. "En una sentencia que pasa por doce personas, no se pueden evitar", ha manifestado el juez en una conversaci? informal con periodistas durante la recepci? que ha ofrecido el rey con motivo de la Fiesta Nacional.
"Una sentencia no est?terminada hasta que la firma el ?timo magistrado", ha dicho Marchena, que ha advertido de que no se puede confirmar ning? detalle de la sentencia porque est?"todo abierto". Adem? ha se?lado que puede haber discrepancias hasta el ?timo momento, y ha insistido en que ser? una "insensatez" confirmar lo filtrado.
El Tribunal Supremo ha decidido condenar a los l?eres independentistas por sedici? y malversaci? y no por rebeli?, seg? ha informado la Agencia EFE. La decisi? se acerca a las tesis de la Abogac? del Estado, que sostuvo que los hechos no acarrearon la violencia suficiente para encajar en el tipo penal de rebeli?.
La fecha prevista para comunicar el fallo es el pr?imo lunes, 14 de octubre, si bien fuentes judiciales han informado a EFE de que no se descarta que la sentencia pueda retrasarse.
https://www.eldiario.es/politica/Manuel-Marchena-disgustado-filtraciones-sentencia_0_951905030.html
DESMONTANDO LA 'CONSPIRACI?' CONTRA MANUEL MARCHENA
La guerra de intoxicaci? contra Conde-Pumpido ataca la independencia del Tribunal Constitucional
ERNESTO EKAIZER
El Tribunal Constitucional retras?en junio pasado su resoluci? sobre el recurso de amparo de cinco ciudadanos condenados por el Tribunal Supremo el 17 de marzo de 2015 en relaci? con el llamado asedio al Parlament de Catalu? el 14 y 15 de junio de 2011 contra los recortes sociales del Govern de Artur Mas de 2011 en plena Gran Recesi? y movilizaci? del 15-M.
Es decir: ocho a?s despu? de los hechos, y cuatro a?s y medio despu? de la condena del Supremo, que revoc?una sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional de julio de 2014, los condenados todav? no conocen el desenlace de su recurso de amparo.
La raz? es que un sector del TC consider? al tener acceso al borrador de la ponencia de C?dido Conde-Pumpido, magistrado de la sala primera del TC, que se deb? avocar por su relevancia el asunto a un pleno. Y, sobre todo, que era conveniente -dadas las elevadas posibilidades de anular la sentencia del asedio- postergar la resoluci? hasta despu? de la sentencia del proc?. La raz?: evitar un golpe al prestigio del magistrado ponente en la sentencia del asedio y del proc?. Es decir: Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo.
La sentencia qued? pues, aplazada. Pi?sese: cinco condenados, que no ingresaron en prisi? al solicitar el indulto, est? pendientes, ocho a?s despu? de los hechos y cuatro despu? de la condena, de saber si ingresan a prisi? para cumplir la condena de tres a?s por el delito de atentar contra las instituciones del Estado. Y no podr? saberlo porque no conviene afectar el prestigio de un magistrado, ya que, como m?imo, son razones t?nicas las que conducen a tumbar la sentencia.
Pero a esta situaci? se ha unido una campa? de guerra sucia contra la independencia del TC, campa? iniciada desde dentro, de la instituci?, cara a la futura renovaci? del ?gano, y apoyada desde fuera para evitar el jarr? de agua fr? al ponente del Supremo. El ?gancho? que la mayor parte de los medios han comprado es que Conde-Pumpido quiere cuestionar la sentencia del proc?porque uno de los puntos de debate en la sentencia del Parlament -entre el Supremo y la Audiencia Nacional- ser? el derecho de manifestaci?. Y, por ello, que el magistrado estar? ?conspirando? y ?maniobrando? en esa direcci?.
Los recursos de amparo presentados por los cinco condenados fueron admitidos a tr?ite en su d? por el magistrado Pedro Garc? Trevijano y por Encarnaci? Roca, vicepresidenta del TC, por considerar que ten?n trascendencia constitucional. Garc? Trevijano forma parte del sector conservador y la vicepresidenta tampoco puede ser incluida en el sector progresista.
El presidente del TC, Juan Jos?Gonz?ez Rivas, asign?a su sala, la primera, la ponencia, en la persona de Conde-Pumpido, del sector progresista.
La Fiscal? del Tribunal Constitucional, a cargo de Mar? ?geles S?chez Conde, apoy?hacia el mes de mayo-junio de 2017 el recurso de amparo, es decir, apoy? el informe de un miembro de su Fiscal? que ped? revocar la sentencia del Supremo. Fuentes judiciales aseguran, seg? hemos dejado constancia, que S?chez Conde examin?antes la posici? con el fiscal general del Estado, Jos?Manuel Maza, y obtuvo su respaldo, habida cuenta de que se trataba de un recurso que afectaba a la Sala Segunda del Supremo, de donde proced? Maza, y tambi? a su presidente, Marchena.
La pretendida ?conspiraci??, mira por d?de, tambi? deb? trascender las fronteras de Espa?. Porque tres meses despu? de la sentencia del asedio de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenaba, el 13 de junio de 2017, a Espa? por haber condenado al entonces presidente del Parlamento vasco sin un juicio justo.
La sentencia del caso Atutxa, de primeros de 2008, preced? el caso asedio, pero ambos ten?n en com? dos aspectos: el ponente era Marchena y el m?odo hab? sido el mismo. En ambos casos se correg? a un tribunal inferior (Tribunal Superior de Justicia del Pa? Vasco y Audiencia Nacional, respectivamente) que hab? absuelto a los acusados, se incorporaban hechos subjetivos ajenos a la sentencia de origen, y no se hab? o?o a los acusados antes de pasar de una sentencia absolutoria a condenatoria.
Para completar la 'conspiraci?', adem?, se?lan fuentes judiciales, se necesitar? incluir al magistrado conservador del TC Santiago Mart?ez-Vares.
?Por qu? Porque fue el ponente, en diciembre de 2017, en un recurso de amparo contra una sentencia del Supremo de septiembre de 2015 -ponencia del magistrado Antonio del Moral- contra la condena de cinco personas absueltas previamente por la Audiencia Provincial de Vizcaya sobre consumo de hach?. Aqu?tambi? se incorpor?hechos subjetivos en la nueva sentencia sin oir a los acusados. Mart?ez-Vares, precisamente, se apoy?ampliamente en la sentencia del TEDH que conden?a Espa? por el caso Atutxa.Fue el pleno del TC el que por unanimidad -con la abstenci? de Conde-Pumpido por haber puesto un voto particular contra la sentencia condenatoria del Supremo en cuando todav? formaba parte, en septiembre de 2015, de la Sala Segunda del Supremo- tumb?la sentencia del hach?.
La sentencia del asedio del Supremo de marzo de 2015 ser?tumbada por la raz? t?nica de no haber o?o a los acusados y r innovar con los hechos subjetivos. Pero hay un segundo motivo que es el derecho de manifestaci?, el factor que llev?a la Audiencia Nacional a sentenciar la absoluci? (con el voto particular del entonces magistrado Fernando Grande-Marlaska, integrante del tribunal). Y ello ser?debatido en los pr?imos meses por el pleno del TC. La campa? contra Conde-Pumpido intenta, pues, condicionar la independencia de todo el TC para debatir dicho punto.
Es sugerente que en el recurso de casaci? ante el Supremo, resuelto, seg? se ha apuntado, en 2015, pese a haber hecho entonces el viaje al soberanismo, el Govern de Artur Mas (? y Nuria de Gispert fueron transportados en helic?tero al Parlament el 15 de junio de 2011) se person?y pidi?la condena de los manifestantes, conducta que tambi? mantuvo el Parlament. En el recurso de amparo pendiente en el TC, de 2017, ni uno ni otro se personaron.
Precisamente, el hecho de que ni el Govern ni el Parlament se personasen en el recurso de amparo, junto al hecho de que la Fiscal? apoya el amparo, ha creado una situaci? en la que ninguna de las partes -condenados y Fiscal?- se opone a la concesi? del amparo (revocar la sentencia del Supremo). Y es por ello que se ha lanzado desde fuera del proceso una campa? de presi? e intoxicaci? para que el TC deniegue el amparo.
https://www.ara.cat/es/Desmontando-conspiracion-contra-Manuel-Marchena_0_2321168076.htmlEL CONSTITUCIONAL ENTRA EN CRISIS POR LOS RECURSOS SOBRE CATALUNYA
El presidente se queja en el pleno de la falta de lealtad entre los magistrados
La situaci? interna del Tribunal Constitucional (TC) se deteriora por momentos. Diversos incidentes se han acumulado en los ?timos meses y han culminado esta semana en un tenso pleno en el que se ha puesto de manifiesto que la confianza entre los magistrados se ha resentido por las decisiones tomadas respecto a recursos relacionados con Catalunya y por la lectura que se ha hecho de ellas. Sobre todo, cuando se ha visto que no hab? plenas garant?s de que existiera el consenso suficiente para aprobar ciertas resoluciones por unanimidad, y el asunto de que se tratase ha vuelto a la lista de espera.
El objetivo com? de los magistrados es preservar esa unanimidad, que ha presidido las principales decisiones del TC sobre el proceso soberanista. Pero el deterioro de la confianza ya es profundo y amenaza con cambiar el panorama interno, m?ime porque el Constitucional deber? ser renovado en diciembre, y ya se da por hecho que no se podr?conseguir, dada la nueva fase electoral abierta en el pa?. En cambio, lo que fuentes del propio TC admiten es que ha empezado la pugna por posicionarse en la parrilla de salida para optar a la presidencia y la vicepresidencia de la instituci?, ya que sus actuales titulares, Juan Jos? Gonz?ez Rivas y Encarna Roca, respectivamente, han de cesar con la renovaci?.
LA DENUNCIA
Conde-Pumpido cree que hay maniobras para impedir que el TC revise el fallo del 1-O
El propio presidente del TC tom?ayer la palabra en el pleno para reclamar un comportamiento leal entre los magistrados, porque ha habido recientemente varias deliberaciones que han trascendido en t?minos que a su juicio deterioran el prestigio de la instituci?. Algunos de estos episodios han afectado especialmente al magistrado C?dido Conde-Pumpido, ponente del recurso presentado por cinco condenados por el cerco al Parlament en el 2011 a los que propuso conceder el amparo. Ello ?ver La Vanguardia de ayer? hubiera supuesto la absoluci? de dichos condenados por el Tribunal Supremo (TS). Pero el fallo qued?aparcado, porque en la sala a la que correspond? decidir sobre este recurso se estim?que era m? conveniente no resolverlo antes de que el Supremo dicte sentencia sobre el caso 1-O.
Algunos de los argumentos que Conde-Pumpido manejaba en su ponencia o borrador de sentencia fueron interpretados como una excesiva relativizaci? de la gravedad de los hechos ocurridos en el cerco al Parlament y, en definitiva, como un intento de generar una jurisprudencia que permitiera en el futuro una lectura igualmente ben?ola de lo ocurrido en la Conselleria d?Economia el 20-S del 2017.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
El recurso sobre la condena por el cerco al Parlament, detonante de las tensiones
Ante estas interpretaciones, el TC ya hizo una breve nota en la que sin aludir textualmente nadie en concreto, dec? que ante determinadas informaciones ?que afectan al funcionamiento del TC, se desmienten las afirmaciones? que ?tratan de incidir en el prestigio de la instituci??. Esas afirmaciones eran las que atribu?n a Conde-Pumpido una supuesta preparaci? del terreno para favorecer m? adelante a los acusados en el caso 1-O, si resultaran condenados.
La ponencia de este magistrado ?que se basaba en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del propio TC? fue retirada sin que llegase a deliberarse sobre ella, y el asunto aplazado sine die. Ese borrador pon? el acento en la necesidad de que la justicia espa?la no se vea corregida como lo fue en su d? en el caso Atutxa. Aquel fallo del TEDH objet?que se hubiera condenado a Atutxa sin o?le, despu? de haber sido inicialmente absuelto por el Tribunal Superior del Pa? Vasco. En el caso de los condenados por el cerco al Parlament, el Supremo les conden?sin o?les despu? de que la Audiencia Nacional les hubiera absuelto. Un dato importante es que la Fiscal? present?un informe favorable a conceder el amparo.
LA DECISI?
El pleno acuerda por unanimidad que el Parlament no puede investigar al Rey
La tensi? estall?en este pleno cuando Conde-Pumpido manifest?el martes que exist? una campa? para impedir que el TC pudiera actuar con toda libertad cuando se plantearan los recursos contra la sentencia del Supremo sobre el 1-O, si es condenatoria, que no iba a volver a explicar su postura en las deliberaciones, y que se limitar? a votar s?o no en cada caso, para evitar que sus tesis aparecieran luego interpretadas de forma sesgada. Lo dijo para anunciar que no apoyar? el fallo favorable al Gobierno en el recurso de la Generalitat contra el decreto que regula las pruebas de la evaluaci? final de educaci? primaria, avalando el derecho a elegir el castellano o el catal? para realizarlas.
Se public?que Conde-Pumpido iba a votar en contra, pero al final lo hizo a favor, porque motu propio el pleno retir?del fallo una alusi? a la sentencia del Estatut, del 2010. Se hizo para facilitar el acercamiento de posturas, sabedores los magistrados del sector conservador que Conde-Pumpido est?en contra de que el TC vuelva sobre aquel texto, tan criticado en Catalunya, como base de sus resoluciones. Pero el episodio sirvi?para incrementar los temores de que las informaciones que Conde-Pumpido ha considerado interesadas provienen del propio pleno del TC. De ah?la queja del presidente del Constitucional en la sesi? plenaria de ayer, despu? de haberse reunido con algunos magistrados en privado el d? anterior, para expresarles su grave preocupaci? por estos episodios.
LA ESTRATEGIA
El TC prescindi?de la sentencia del Estatut en un fallo sobre la lengua para evitar otro choque
Luego, el TC declar?inconstitucional la resoluci? del Parlament para crear una comisi? de investigaci? sobre la monarqu?. El pleno estim?que la C?ara catalana no tiene competencias para ello. La decisi? fue un?ime, lo que permiti?recuperar una imagen de consenso que probablemente futuros episodios volver? a poner a prueba.
https://www.lavanguardia.com/politica/20191003/47781673226/tribunal-constitucional-recursos-cataluna-sentencia-proces.htmlTENSI? EN EL CONSTITUCIONAL TRAS FILTRARSE UN PROYECTO DE SENTENCIA QUE ANULABA LA CONDENA QUE MARCHENA DICT?POR UN ASALTO AL PARLAMENT EN 2011
El presidente del Constitucional traslada a varios magistrados su enfado por la filtraci? de un proyecto de sentencia redactado por el progresista Conde Pumpido que propon? tumbar una condena firmada por Marchena por el asalto al Parlament de 2011
El proyecto de sentencia filtrado a distintos medios no fue sometido a debate porque su autor lo retir?a finales de verano y mientras el Constitucional en un comunicado in?ito avisa de que las filtraciones "propician el enfrentamiento interno"
Fuentes del sector progresista interpretan la difusi? de la ponencia como un intento del Supremo para presionar al Constitucional y que este no se atreva a discutir la futura sentencia del proc?
El Constitucional revisar?tras la sentencia del proc? otra condena de Marchena, que ya fue corregido en Estrasburgo
A pocos d?s de conocerse la decisi? judicial sobre el proc? la paz ha saltado por los aires en el Tribunal Constitucional, el ?gano responsable de revisar en caso de recurso de amparo la sentencia cuya redacci? est?ultimando el magistrado Manuel Marchena. El malestar en el Constitucional se debe a una serie de filtraciones a diferentes medios de un proyecto de sentencia que amenazaba con desacreditar otra decisi? que Marchena tom?en su d? para condenar a un grupo de activistas del 15M por el asalto al Parlament de 2011. Aquella sentencia de Marchena corrigi?el criterio de la Audiencia Nacional que hab? absuelto a los acusados y castig?con penas de prisi? de tres a?s a ocho activistas que participaron en el asedio al Parlament en 2011 -una protesta contra los recortes de la Generalitat que obligaron al entonces presidente catal?, Artur Mas, a salir en helic?tero.
El redactor del fallo que endureci?el criterio de la Audiencia Nacional fue precisamente Marchena, y esa sentencia es la que est?en manos del Constitucional que debe decidir ahora si esa condena vulner?los derechos fundamentales de los acusados.
La responsabilidad de proponer una sentencia que revise la decisi? de Marchena ha reca?o en el magistrado progresista y exfiscal general del Estado C?dido Conde Pumpido, que en una primera aproximaci? a la cuesti? hab? planteado volver a los criterios que inspiraron el fallo de la Audiencia Nacional: primar los derechos de expresi? y manifestaci? de los activistas frente al criterio del Supremo que apreci?la existencia de un delito contra las instituciones del Estado. El borrador redactado por Pumpido alertaba de que la dureza de la sentencia que en su d? redact?Marchena podr? general "un efecto desalentador sobre futuros actos de protesta pol?ica".
El primer proyecto de sentencia fue enviado al resto de magistrados antes del verano. Solo 12 personas dispon?n de un documento que, semanas despu? de haber sido descartado por Conde Pumpido, ha acabado publicado en varios diarios. Antes incluso de que el Constitucional abordase el debate.
La difusi? de una ponencia que no ha llegado a debatirse ha causado malestar en el Constitucional. Mientras el sector conservador acusa veladamente a Pumpido de pretender crear con su ponencia sobre el asedio al Parlament en 2011 un precedente jur?ico que ayudar? a rebajar las penas a los responsables que juzga el Supremo por el proc?, en el bando progresista aseguran a eldiario.es que la filtraci? responde a un ejercicio de presi? del Supremo sobre el Constitucional para que nadie se atreva a discutir la futura sentencia de Marchena sobre los pol?icos presos catalanes.
Los ponentes de las sentencias que elabora el Constitucional se eligen por sorteo y sus propuestas no siempre son asumidas por el resto del tribunal. Cuando un ponente comprueba durante el debate que sus planteamientos no son asumidos por el resto deber?cambiar su borrador de sentencia para adaptarla a los criterios jur?icos mayoritarios. El borrador, seg? las fuentes jur?icas consultadas, ni siquiera lleg?a esa fase de debate y reajuste.
Tras constatarse la primera filtraci? a finales de la semana pasada, el presidente del Constitucional, Juan Jos?Gonz?ez Rivas emiti?un comunicado reconociendo ataques a la independencia de los magistrados, en referencia velada a Pumpido. En un comunicado de contenido in?ito hasta la fecha, el Constitucional reconoc? que las informaciones criticando un borrador de sentencia "propician el enfrentamiento" interno.
Este lunes Gonz?ez Rivas se ha reunido con varios magistrados para trasladarles su preocupaci? por las filtraciones. "Hay mucha tensi?", asegura a esta redacci? un los miembros del Tribunal.
Los magistrados del Constitucional llevan meses trabajando para que todas las decisiones sobre Catalunya sea adoptadas por unanimidad y sin votos particulares que se?len diferencias de criterio que puedan ser usadas por los encausados en sus previsibles recursos ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Esa b?queda del consenso ha obligado a los dos bloques ideol?icos a buscar puntos de encuentro y a resolver los recursos sin mostrar fisuras hacia el exterior. Esa vocaci? de unidad se ha roto. "Hay un gran malestar" aseguran fuentes del tribunal. Tras las filtraciones que el propio Tribunal ha denunciado p?licamente no hay fecha prevista para iniciar el debate que revise la sentencia dictada por Marchena por el asalto al Parlament de 2011.
https://www.eldiario.es/politica/Malestar-Constitucional-filtraciones-Marchena-Parlament_0_947705965.html
UN TC EN TENSI? AGUARDA LA SENTENCIA DEL 1-O
El Constitucional resolver? los recursos del 'proc?' tras el fallo del Supremo
El amparo del asalto al Parlament enrarece el ambiente entre los magistrados
El Tribunal Constitucional tiene previsto resolver los recursos interpuestos en relaci? con el ?proc?? en cuanto el Supremo dicte la sentencia que determinar? que pas?en Catalunya en el oto? del 2017. Es a lo que se comprometi?en julio, despu? de que se rompiera la unanimidad que hab? caracterizado sus pronunciamientos en relaci? con el desaf? independentista catal?.
Entonces tres magistrados afirmaron que sus compa?ros hab?n ignorado la jurisprudencia del TC para no amparar a Jordi S?chez contra una sanci? penitenciaria. El Constitucional recondujo la situaci?, al retractarse los discrepantes, pero decidi?postergar la resoluci? de los recursos del 'proc?' hasta que el Supremo se pronuncie para no interferir en manera alguna.
Esa buena intenci? se ha mantenido hasta el 25 de septiembre, cuando el diario 'Abc' public?que uno de los jueces, C?dido Conde-Pumpido, propon? absolver a los condenados por el Supremo por el asalto al Parlament de 2011 y vinculaba el futuro de esa causa al de la sentencia del ?proc??.
La conexi? se basa en que en ambos procedimientos se debe ponderar el derecho de reuni? y manifestaci? frente a otros. En el del asalto al Parlament ambos se enfrentaban al de participaci? pol?ica, porque se obstaculiz?la llegada a la C?ara de varios diputados, entre ellos, el entonces ?president?, Artur Mas. En el del 1-O se debe determinar si hubo rebeli? o sedici? al organizar el refer?dum ilegal o las concentraciones que se produjeron contra los registros de la operaci? Anubis, no quien participaba en ellas.
Precedente europeo
La ponencia de Conde-Pumpido, m? all?de sus consideraciones sobre los derechos fundamentales aludidos, basaba la absoluci? en la condena a Espa? del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por haber condenado al expresidente el Parlamento vasco Juan Maria Atutxa en el Tribunal Supremo sin haberle escuchado.
Las fuentes del alto tribunal consultadas por EL PERI?ICO admiten un debate jur?ico en relaci? a si con ese precedente resulta obligatoria o no la absoluci? de los condenados por el asalto al Parlament, que fueron absueltos por la Audiencia Nacional y el Supremo les conden? Hay quien sostiene que condena es posible siempre y cuando no se mueva una coma de los hechos declarados probados por el tribunal que absolvi? La fiscal? desde los tiempos en que el fiscal general era Jos?Manuel Maza defiende la absoluci? en este caso.
Sea cual sea la decisi? final que se adopte en este recurso, el precedente europeo es muy importante, sobre todo porque tres de los ocho j?enes condenados ya han llevado el caso a Estrasburgo. El amparo de los otros cinco, en cambio, s?se admiti?a tr?ite y es en el que se ha producido la pol?ica.
Al ver que su propuesta de sentencia generar? discrepancias, el propio Conde-Pumpido la retir?y el presidente del tribunal, Juan Jos?Gonz?ez Rivas, la elev?al pleno, donde a? no se ha debatido. En un tribunal el ponente traslada a sus compa?ros una propuesta de resoluci?. Si todos est? de acuerdo, la sentencia se dicta por unanimidad; si no, los que quedan en minor? pueden aclarar su discrepancia en votos particulares.
La publicaci? de una ponencia que a? no hab? ido al pleno y que se presentara como si irremediablemente debiera compartir destino con la sentencia del ?proc?? ha supuesto un antes y un despu? en las relaciones de los magistrados del Alto tribunal. En el pleno de esta semana, no obstante, seg? las fuentes consultadas, han escenificado su voluntad de que las aguas vuelvan a su cauce.
https://www.elperiodico.com/es/politica/20191006/tribunal-constitucional-tension-asalto-parlament-sentencia-proces-7666747TRES MAGISTRADOS DEL TC EVITAN QUE C?DIDO CONDE-PUMPIDO BURLE AL PLENO PARA AMPARAR EL ASALTO DEL PARLAMENT
Fuerzan a que todos sus miembros estudien el asalto a la C?ara catalana que se produjo en 2011 y que afecta a la sentencia del 1-O
Malestar en el Tribunal Constitucional a ra? de la ponencia del magistrado y ex fiscal general del Estado C?dido Conde-Pumpido, donde propone amparar a los asaltantes del Parlamento catal? que fueron condenados a tres a?s de c?cel por el Tribunal Supremo por un delito contra altas instituciones del Estado al protagonizar el 15 de junio de 2011 el asedio a la C?ara catalana.
Desde un sector del tribunal de garant?s se ha entendido que Conde-Pumpido, con esta propuesta de sentencia, podr? causar un grave perjuicio al tribunal que ha juzgado el proc? por dos motivos principalmente. Seg? informan fuentes jur?icas a EL MUNDO, en primer lugar, porque en la ponencia del ex fiscal general se contienen afirmaciones muy duras sobre la postura que adopt?el Alto Tribunal, contra quienes trataron de paralizar en 2011 la actividad del Parlament.
Un grupo de magistrados del Constitucional entiende que si se estiman los amparos en los t?minos redactados por Conde-Pumpido se podr? condicionar en un futuro la respuesta que el propio tribunal deba dar a los recursos de amparo de los l?eres independentistas contra la sentencia del proc?. En la ponencia del ex fiscal general se critica, por ejemplo, que el Supremo vulnerase los derechos de reuni? y manifestaci? de los asaltantes al Parlament desalentando as?"la protesta pol?ica".
En contraposici?, el magistrado Manuel Marchena sentenci?que los asaltantes de la C?ara catalana "contribuyeron con su acci? a reforzar la violencia e intimidaci? sufrida por los diputados auton?icos, impidi?doles el normal desarrollo de sus respectivas funciones representativas".
Por otra parte, un sector del Constitucional muestra su preocupaci? debido a que la sentencia que se pretende anular ahora estuvo suscrita por tres magistrados de los siete togados que han juzgado durante cuatro meses a los l?eres independentistas de Catalu? en el Sal? de Plenos del Supremo. Se trata de Luciano Varela, Juan Ram? Berdugo y el propio Manuel Marchena, que fue ponente de la misma.
UN PRIMER DEBATE, APLAZADO
Las distintas fuentes del Constitucional consultadas explican que Conde-Pumpido quiso resolver este asunto en la Sala Primera del tribunal a principios de a?, coincidiendo con la vista oral del proc?, pero el presidente Juan Jos?Gonz?ez Rivas entendi?que la deliberaci? de una ponencia de dichas caracter?ticas pod? perjudicar al Supremo en un momento tan sensible -como era la celebraci? del juicio-, por lo que aplaz?dicho debate.
Adem?, aunque no era el plan inicial del ex fiscal general, ?te tuvo que avocar en junio a Pleno su ponencia tras la petici? que promovieron los magistrados de la Secci? Primera Santiago Mart?ez Vares, Andr? Ollero y Alfredo Montoya. "Es imposible hurtar al Pleno el debate de un asunto de estas caracter?ticas e importancia", asegura un miembro del tribunal de garant?s.
No obstante, lo cierto es que, aunque ese primer borrador de sentencia se incluy?en una reuni? celebrada en el Constitucional antes de verano -en la tercera semana del mes de junio-, la propuesta de sentencia no lleg?a deliberarse por el Pleno ?te no lo har?hasta que el TS dicte la sentencia del 1-O.
Seg? informan fuentes jur?icas, en el borrador de Conde-Pumpido se plantea la estimaci? de los amparos de los condenados por el asalto al Parlament atendiendo a la reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Atutxa.
La Corte de Estrasburgo concluy?que Espa? vulner?los derechos fundamentales del ex presidente del Parlamento vasco, Juan Mar? Atutxa, al no someterlo a un juicio justo porque el Supremo no apreci?de forma directa el testimonio de los demandantes antes de dictar sentencia contra ellos. La Fiscal? del Constitucional, cuando el magistrado fallecido Jos?Manuel Maza era fiscal general del Estado, apoy?la concesi? de dichos amparos.
NIEGAN MANIOBRAS
Fuentes pr?imas al ex fiscal general niegan cualquier tipo de maniobra para perjudicar al tribunal del proc? o condicionar su pr?imo fallo, y enfatizan en que se trata de "un primer borrador" de sentencia que ni siquiera ha sido deliberado por los 12 miembros del Constitucional. Adem?, aseguran que fue el propio Conde-Pumpido quien decidi?en junio retirar la ponencia de un pleno para no interferir en el fallo del proc?. Por otro lado, un grupo de magistrados del tribunal de garant?s creen que la propuesta de sentencia estimatoria de los amparos de los asaltantes del Parlament es acorde con la doctrina del tribunal establecida en los ?timos a?s.
En la actualidad, el m?imo guardi? de la Carta Magna est?a la espera de que el Supremo notifique la sentencia de los l?eres del proc? para abordar entonces aquellos asuntos que afectan a los protagonistas del desaf? independentista en Catalu?.
La raz? es que en el TC se ha alcanzado el consenso -impulsado por el presidente de la instituci?- de que no se debe interferir en el devenir de una resoluci? que marcar?un antes y un despu? en la historia de Espa?.
En el ?timo a? y medio, el tribunal de garant?s decidi?admitir a tr?ite una treintena de recursos de amparo de los promotores del 1-O donde, en l?eas generales, los ex miembros del Govern, la ex presidenta del Parlament Carmen Forcadell y los Jordis -Jordi Cuixart y Jordi S?chez- alegaron vulneraci? de diversos derechos fundamentales como la libertad, el derecho a la defensa, la presunci? de inocencia, etc, durante la instrucci? de este procedimiento judicial.
El tribunal no se ha pronunciado sobre el fondo de la mayor? de estos recursos que, de momento, deber? esperar a ser deliberados y fallados en plenos futuros.
LA 'DOCTRINA DEMIRTAS'
De esta forma, por ejemplo, el debate sobre el recurso del ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras contra la situaci? de prisi? preventiva, que tambi? caus?cierta divisi? de opiniones en el tribunal, tampoco se incluir? en el orden del d? del Pleno que se celebrar?esta semana.
A principios de este a?, a escasos d?s de que arrancase en el Supremo el juicio del proc?, el Constitucional abord?el borrador de sentencia para el recurso de Junqueras, cuya ponencia correspondi?al presidente Gonz?ez Rivas.
Tras un intenso debate, la ponencia no fue aprobada y tres magistrados -Fernando Vald?, Juan Antonio Xiol y Mar? Luisa Balaguer- pidieron al presidente que rehiciese la misma reforzando su argumentaci? jur?ica, ya que, como elemento novedoso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hab? dictado el fallo sobre el ex jefe del pro kurdo Partido Democr?ico de los Pueblos, Selahattin Demirtas. En este procedimiento, la Corte de Estrasburgo concluy?que el destacado l?er de la oposici? fue privado de su derecho a la participaci? pol?ica al haber estado dos a?s en prisi? preventiva.
Nada m? conocerse ese atisbo de fractura en el TC en una cuesti? de calado, los presos del proc? solicitaron al Supremo que acordara su libertad atendiendo a la doctrina Demirtas. La respuesta del tribunal fue clara: "Los pol?icos cautelarmente privados de libertad, cuya situaci? las defensas identifican con el cautiverio del se?r Demirtas, se hallaban plenamente integrados en las estructuras de ejercicio del poder auton?ico".
"La pretendida equiparaci? entre las medidas cautelares que afectan a los procesados y el encarcelamiento del opositor turco que est?en el origen de la sentencia del Tribunal Europeo, es contemplada por la Sala como una respetable estrategia defensiva, pero carente de viabilidad por la falta de similitud con los hechos que van a ser objeto de enjuiciamiento", prosigue.
Si bien las relaciones entre ambos tribunales han sido hist?icamente complicadas -las miradas de reojo del Supremo al Constitucional y viceversa nunca han cesado-, en la actualidad ambas instituciones son conscientes de la necesidad de dar una respuesta sosegada y firme al desaf? soberanista catal?.
No obstante, en ambos ?ganos se han realizado esfuerzos en los ?timos dos a?s para que todas las resoluciones que afectan a Catalu? sean adoptadas por unanimidad de sus miembros dada la gravedad de los hechos acontecidos en esta comunidad en oto? de 2017, con la celebraci? del refer?dum ilegal del 1-O y la proclamaci? de la Declaraci? Unilateral de Independencia (DUI).
LA SENTENCIA DEL 'PROC?', ANTES DEL D? 14
La Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene previsto notificar la sentencia de los l?eres independentistas antes del pr?imo 14 de octubre, fecha l?ite que el tribunal maneja para darla a conocer debido a dos factores distintos.
Por un lado, y principalmente, a que el d? 16 se cumplen los dos a?s de prisi? preventiva de los Jordis, -Jordi Cuixart y Jordi S?chez- y la Ley obliga a celebrar una vista donde se decida si se prorroga o revoca la medida privativa de libertad.
En segundo lugar, porque un d? antes, el 15 de octubre, es la fecha del aniversario del fusilamiento de Llu? Companys, fundador de ERC y presidente de la Generalitat, ejecutado por el franquismo. Por una mera cuesti? simb?ica, el tribunal prefiere que la sentencia no se notifique con dicho aniversario, seg? indican las fuentes consultadas.
Las deliberaciones de la sentencia del proc? -que se han ido llevando a cabo por bloques en las ?timas semanas- se encuentran en un estado muy avanzado, por lo que el tribunal se centrar?en los pr?imos d?s en cerrar los ?timos flecos de un fallo que ser?hist?ico.
La Fiscal? del Supremo ha pedido al tribunal que condene a los principales acusados, entre ellos el ex vicepresident Oriol Junqueras, por un delito de rebeli? con malversaci?. Por su parte, la Abogac? del Estado, que act? en nombre del Gobierno, rebaja la calificaci? jur?ica al delito de sedici?, al que habr? que sumar el de haber empleado fondos p?licos en el refer?dum ilegal.
https://www.elmundo.es/espana/2019/09/30/5d91010021efa084308b4673.htmlEL CONSTITUCIONAL REVISAR?TRAS LA SENTENCIA DEL PROC? OTRA CONDENA DE MARCHENA, QUE YA FUE CORREGIDO EN ESTRASBURGO
Un proyecto de sentencia del Constitucional para revisar una condena de Manuel Marchena en el Supremo por una protesta contra los recortes en 2011 desata una guerra soterrada entre magistrados progresistas y conservadores
El encargado de redactar la sentencia del proc? ya fue duramente corregido por Estrasburgo en 2017 por revisar la sentencia del Caso Atutxa sin permitirle un juicio justo y reinterpretando una sentencia que no ve? desobediencia
El Constitucional tumb?a finales de 2017 otra sentencia de un tribunal presidido por Marchena que conden?sin pruebas a los responsables de una asociaci? por traficar con sustancias como hach? o marihuana
En una decisi? con pocos precedentes, el Tribunal Constitucional se vio obligado a emitir un comunicado para defender "la independencia" de sus magistrados ante informaciones que seg? la nota p?lica propician el enfrentamiento entre sus miembros, por carecer de la veracidad y el rigor necesarios.
El fondo del asunto estaba en una serie de noticias publicadas en distintos medios de comunicaci? sobre un proyecto de sentencia del Constitucional que ten? que revisar una condena dictada por el Tribunal Supremo, con Manuel Marchena como ponente, a ocho manifestantes que participaron en el asedio al Parlament en 2011 para protestar contra los recortes.
El comunicado del Constitucional destacaba que los magistrados no hab?n iniciado el examen de la cuesti?, una ponencia firmada por C?dido Conde Pumpido que abogaba por volver al criterio de la Audiencia Nacional y absolver a los ocho manifestantes, que fueron condenados a tres a?s de c?cel en el Supremo. La deliberaci? sobre el recurso de amparo se ha aplazado hasta despu? de que el Supremo dicte sentencia sobre los pol?icos independentistas encarcelados tras el proc?, un fallo que compete redactar al propio Marchena.
Las filtraciones han abierto una batalla en el seno del Constitucional que han obligado a intervenir a su presidente, Juan Jos?Gonz?ez Riva, quien esta semana decidi?reunirse con varios magistrados para rebajar la tensi?. El ala conservadora del tribunal atribuye veladamente a Conde Pumpido un plan que pretend? sentar un precedente jur?ico con la revisi? de la condena a los manifestantes ante el Parlament en 2011 que ayudar? despu? a rebajar las penas a los dirigentes independentistas procesados en el Supremo.
El sector progresista asegura que la filtraci? responde a un ejercicio de presi? del Supremo sobre el Constitucional para que nadie se atreva a discutir la futura sentencia de Marchena sobre los pol?icos presos catalanes.
De fondo est? algunas sentencias pol?icas de Marchena, el presidente de la Sala II del Supremo, que debe escribir el ?timo cap?ulo en ese tribunal sobre el proc? en la sentencia sobre los pol?icos independentistas, procesados por rebeli? y que se conocer?durante las pr?imas semanas.
El tribunal que preside Marchena es consciente de que su resoluci? acabar? siendo revisada en instancias superiores: el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Y Marchena ya ha sido recriminado en el pasado desde ambos tribunales por sentencias en las que ha participado desde la ponencia o la presidencia de la sala juzgadora. El caso Atutxa es el ejemplo m? claro de todos en los que el magistrado fue corregido por sus excesos en la interpretaci? de los "elementos subjetivos del delito".
En 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos conden?a Espa? por culpar al expresidente del Parlamento Vasco, Juan Mar? Atutxa, de un delito de desobediencia, sin haberle permitido disfrutar de un juicio justo. Marchena hab? sido el principal impulsor, como autor de la ponencia, de la decisi? que Estrasburgo acabar? tumbando en una dur?ima sentencia.
El Caso Atutxa se arm?en torno a la decisi? del presidente del parlamento vasco y sus compa?ros en la Mesa, Gorka Kn?r y Kontxi Bilbao, de no disolver el grupo de Sozialista Aberzaleak (SA), tras la ilegalizaci? de Herri Batasuna (HB). El Supremo hab? dictado una resoluci? ordenando la disoluci? de todos los grupos parlamentarios que llevaran el nombre de Batasuna. Atuxa entendi?que aquella decisi? no afectaba a SA, a pesar de que en su seno se integraban los diputados que hab?n concurrido a las elecciones con la marca HB.
La primera denuncia contra Atuxa y sus compa?ros fue presentada por el pseudosindicato Manos Limpias. En el Tribunal Superior de Justicia del Pa? Vasco, Atuxa y sus compa?ros fueron absueltos. Cuando el caso lleg?al Supremo, el magistrado Manuel Marchena fue el ponente de una nueva sentencia que cambi? el criterio y conden?a los pol?icos vascos, considerando probada su voluntad de desobediencia. Lo hizo sin llamarles a declarar de nuevo, reinterpretando el juicio que se hab? producido antes en el Tribunal Superior del Pa? Vasco (TSJPV).
Antes de llegar a Estrasburgo el caso Atutxa pas?por el Constitucional, que apoy?la sentencia redactada por Marchena. Enrique L?ez, actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, fue el encargado de redactar el texto con el que el Constitucional avalaba la decisi? adoptada por el Supremo. Aquel fallo conten? cuatro votos particulares discrepantes con la mayor? y que coincid?n en su cr?ica: el Supremo hab? cambiado "el elemento subjetivo del delito" sin dar a los condenados la posibilidad de explicarse de nuevo.
Esos votos particulares fueron escuchados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en junio de 2017 decidi?anular la condena redactada por Manuel Marchena, recrimin?dole haber llegado a sus conclusiones "por deducci? y sin haber o?o a los interesados". Seg? Estrasburgo, la sentencia del Supremo hab? considerado como "decisivo" el "elemento subjetivo" de dar por hecho que Atutxa hab? actuado "conscientes de la ilegalidad de sus actos". Estrasburgo levant? la inhabilitaci? a la que los pol?icos vascos hab?n sido condenados previamente y acept?la petici? de Atuxa y sus compa?ros de ser indemnizados con un euro "por perjuicio moral".
2011: Asalto al Parlament
Manuel Marchena volvi?a apoyarse en la "valoraci? subjetiva" para revocar en 2015 otra sentencia absolutoria sin abrir una nueva vista. Un a? antes, en julio de 2014, la Audiencia Nacional hab? decidido absolver a ocho acusados por el llamado asedio al Parlament (2011), primando su derecho a la manifestaci? frente a los perjuicios causados. El por entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, se vio obligado a usar un helic?tero para poder llegar al pleno convocado para ese d?.
Cuando el caso del asalto al Parlament lleg?a manos de Marchena en el Supremo el fallo pas?de absoluci? a condena; tres a?s de c?cel por delitos de atentado contra las instituciones del estado para los ocho acusados.
Los condenados han decidido recurrir ante el Constitucional y el progresista C?dido Conde Pumpido ha recibido el encargo de redactar los borradores de sentencia. El primer texto, entregado al resto de magistrados, ha sido filtrado a diferentes medios de comunicaci?, generando un incendio interno que el presidente del Constitucional ha intentado paliar en la ?tima semana. Ese proyecto de sentencia propone revocar la decisi? de Marchena al entender que ha vuelto a variar "el elemento subjetivo del delito" sin dar la oportunidad a los acusados para que se expliquen ante el nuevo tribunal. La pol?ica generada y la cercan? de la sentencia del proc? han dejado ese caso en el caj?.
Caso Marihuana
No es la primera vez que el Constitucional tiene que revisar una sentencia participada por Manuel Marchena. En 2017 revoc?otra decisi? en la que Marchena hab? participado, en este caso como presidente del tribunal y que hab? condenado a cinco miembros de la Asociaci? de Estudios y Usuarios del C?amo (EBERS) por delitos relacionados con el tr?ico de drogas. Los cinco condenados por el Supremo hab?n sido absueltos previamente por un tribunal vasco que entendi?que "no ha quedado acreditado que la asociaci? tuviera como finalidad la distribuci? a terceras personas de marihuana o cannabis" y tampoco la existencia de "ning? enriquecimiento il?ito" por parte de los impulsores de ese club.
Corr? el a? 2015 y Marchena acababa de llegar a la presidencia de la Sala del Supremo que revisaba la sentencia absolutoria dictada previamente en la audiencia provincial del Pa? Vasco. Como resultado de las deliberaciones del tribunal que presid? Marchena, se redact?una nueva sentencia condenatoria por delitos contra la salud p?lica.
Cuando el Constitucional estudi?el asunto acord?corregir la decisi? del Supremo advirti?dole de que "no puede compartirse que exista una aplicaci? retroactiva de un novedoso criterio interpretativo desfavorable e imprevisible que venga a sustituir a otro m? beneficioso" para los encausados. Fue una sentencia un?ime, la segunda (despu? del Caso Atutxa) contra una decisi? en la que a Marchena y a sus compa?ros se les critic?el exceso de interpretaci? sobre las intenciones delictivas de los encausados.
https://www.eldiario.es/politica/veces-Manuel-Marchena-enfrento_0_949105224.htmlEL CGPJ ACUERDA CONVOCAR LA PLAZA DE PRESIDENTE DE LA SALA SEGUNDA DEL SUPREMO
La Comisi? Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy anunciar en el Bolet? Oficial del Estado la convocatoria de la presidencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que quedar?vacante el pr?imo 27 de octubre, fecha en la que expirar?el mandato de cinco a?s para el que fue nombrado su actual titular, Manuel Marchena G?ez.
Podr? tomar parte en la convocatoria los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo en situaci? administrativa de servicio activo o de servicios especiales que, en la fecha en la que se produzca la vacante, cuenten con al menos tres a?s de antig?dad en la categor?.
El ?gano de gobierno de los jueces ha acordado asimismo publicar la convocatoria de tres plazas de magistrado del Tribunal Supremo.
Se trata de las siguientes: una plaza en la Sala Segunda, correspondiente al turno general de la Carrera Judicial, vacante por la jubilaci? del magistrado Luciano Varela Castro el pasado 9 de mayo; una plaza en la Sala Tercera correspondiente tambi? al turno general, vacante desde el 10 de septiembre por jubilaci? de su titular, el magistrado Juan Carlos Trillo Alonso; y una plaza de la Sala Cuarta correspondiente al turno de juristas, vacante por la jubilaci? del magistrado Miguel ?gel Luelmo Mill? el pasado 23 de mayo.
La convocatoria de las cuatro plazas citadas se regir?seg? las bases aprobadas por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el pasado 24 de julio.
La reuni? de la Comisi? Permanente ha sido presidida por el vicepresidente del Tribunal Supremo, ?gel Juanes, en sustituci? del presidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que asiste en Par? a la Conferencia de presidentes de Cortes Supremas de Estados miembros del Consejo de Europa.
https://elderecho.com/cgpj-acuerda-convocar-la-plaza-presidente-la-sala-segunda-del-supremo
FELIPE GUI? EL OJO A MARCHENA: ARENGA A LOS FISCALES Y A LA HIJA DE MARCHENA
Los futuros fiscales espa?les tendr? siempre la foto en la retina del d? que empiezan a formar parte del Ministerio Fiscal: el rey Felipe y a ambos lados la ministra de Justicia en funciones del PSOE, Dolores Delgado, y el presidente del CGPJ, el ultraconservador Carlos Lesmes. El unionismo en pleno para aleccionar a 36 j?enes que empiezan su carrera contra delincuentes e independentistas. El rey ha destacado en su discurso un art?ulo de la Constituci?. No el 2 sobre la unidad de Espa? sino el 124, que impone a la Fiscal? el principio de "unidad de actuaci? y dependencia jer?quica". Traducido: todos a una seg? diga el Fiscal General del Estado que pone el partido que gobierna.
El jefe del Estado recordando la obediencia debida a los chicos y chicas que instruir? sumarios y pedir? penas de prisi?. Acatando ciegamente lo que diga el gobierno a trav? de la ministra y la Fiscal General. La segunda particularidad del acto oficial es que entre los 36 nuevos fiscales hay una que ha sido cuestionada: Sof? Marchena. La hija de Manuel Marchena, presidente de la Sala 2? del Tribunal Supremo que est?juzgando a los l?eres independentistas. El Nacional ya explic?que el suyo es un caso de posible nepotismo con la mujer del juez Llarena de por medio. El resumen es que en un concurso oposici? de 35 fiscales ella qued?la 36 y a pesar de todo ha accedido al cargo. Lo pueden leer aqu? Sospechas de trato de favor a la hija del presidente de la sala que juzgar?el 1-O:
La tercera rareza es que de los 36 (35 + 1) nuevos fiscales, el 80% van en Catalunya. 29 de los funcionarios se dedicar? a perseguir delincuentes catalanes. Alguna cosa falla. Llevan meses diciendo que ning? funcionario quiere ir a Catalunya. Y por si acaso, el rey les recuerda que tienen que obedecer lo que diga el Gobierno. Veinticinco mujeres y once hombres buenos y obedientes.
Elisa Beni es la periodista que mejor ha explicado el caso. Su art?ulo en El Nacional La sombra sobre Marchena merece ser repasado. Y su final: "La corruptela para beneficiar a la hija de Marchena es una operaci? destinada a pasar al olvido y a quedar impune. Ahora mismo, Marchena es Dios, aunque tenga este pie de barro. Nadie va a tocarle ni el borde de la toga". Y el rey Felipe ha dado el visto bueno haciendo acto de presencia por primera vez en la entrega de despachos a los nuevos fiscales. Precisamente en esta promoci?, la de la joven hija Marchena. En periodismo, las casualidades no existen. El rey env? un mensaje. Otro "A por ellos".
https://www.elnacional.cat/enblau/es/television/marchena-hija-fiscal-rey_390268_102.htmlEL FISCAL DEL TC PIDE EL AMPARO PARA LOS CONDENADOS POR EL TS POR ASEDIAR EL PARLAMENT
Malestar en la Fiscal? del Supremo con sus colegas del Constitucional. El ponente ser?Conde-Pumpido.
La Fiscal? ante el Tribunal Constitucional se ha pronunciado a favor de que se otorgue el amparo a los ocho condenados por asediar a los miembros del Parlament de Catalu? el 15 de junio de 2011, cuando cientos de manifestantes trataron de impedir el acceso de los diputados a la C?ara, les increparon e insultaron y vertieron l?uidos y sprays sobre ellos.
El entonces presidente del Gobierno catal?, Artur Mas, cuyo coche fue golpeado y zarandeado, tuvo que acceder en helic?tero al Parlament, que ese d? debat? los presupuestos de la comunidad aut?oma. "Aturem el Parlament, no deixarem que aprovin retallades" ("Paremos el Parlamento no permitiremos que aprueben recortes") era el lema de la concentraci?.
Diputado de CiU pide auxilio
El dictamen favorable a los condenados presentado por la Fiscal? del TC ha causado un notable malestar en la Fiscal? del Supremo por lo que supone de desautorizaci? de su actuaci? y tambi? por contrariar el principio de unidad de actuaci? que rige en el Ministerio P?lico.
Fue la Fiscal? del Supremo la que logr?la condena de los que asediaron a los diputados catalanes gracias al recurso de casaci? que interpuso contra el fallo absolutorio dictado, por dos votos frente a uno, por la Audiencia Nacional.
"Admitir cierto exceso"
En este ?gano fueron juzgados los hechos en primera instancia. La Fiscal? de la Audiencia Nacional acus?a 19 personas identificadas por la Polic? como participantes en los incidentes y pidi?para ellas cinco a?s y medio de prisi? por delitos contra una instituci? del Estado y atentado a la autoridad.
En una sentencia de la que fue ponente el magistrado Ram? S?z, la Audiencia se?l?que "cuando los cauces de expresi? y de acceso al espacio p?lico se encuentran controlados por medios de comunicaci? privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse o? o para intervenir en el debate pol?ico y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresi? o manifestaci? si se quiere dotar de un m?imo de eficacia a la protesta y a la cr?ica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo, valor esencial, y que promueve la libre igualdad de personas y grupos para que los derechos sean reales y efectivos, como enuncia la Constituci?".
"La conducta de los acusados fue m? all?de la simple participaci? en una manifestaci? pac?ica como ejercicio del derecho de reuni?", replic?la Fiscal? del Supremo en su recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional. "Una manifestaci? pac?ica no trata de impedir el acceso a los parlamentarios a su sede, ni les obliga a acceder en helic?tero, ni necesita golpear los veh?ulos en los que viajaban, ni les increpa de forma amenazante, ni se confronta f?icamente con ellos".
Tres a?s de prisi?
La Sala Penal del Supremo, en una sentencia de la que fue ponente su presidente, Manuel Marchena, acogi?el criterio de la Fiscal? y conden?a penas de tres a?s de prisi? a los ocho acusados identificados como autores de las conductas m? agresivas e intimidantes.
Por cuatro votos a uno, el alto tribunal afirm?que la Audiencia Nacional hab? incurrido en un "patente error" al analizar los derechos fundamentales en conflicto, la libertad de expresi? y el derecho de reuni?, por un lado, y, de otro, el derecho de participaci? de los ciudadanos en los asuntos p?licos a trav? de los representantes democr?icamente elegidos.
El Supremo se?l?que la sentencia absolutoria "altera las claves constitucionales que han de presidir la tarea jurisdiccional de ponderaci?. Y lo hace recurriendo a una err?ea y traum?ica desjerarquizaci? de uno de los derechos convergentes: el derecho constitucional de participaci? pol?ica a trav? de los leg?imos representantes en el ?gano legislativo".
Tambi? destac?que la libertad de expresi? y el derecho de reuni? no pueden operar como elementos neutralizantes de otros derechos y principios indispensables para la vigencia del sistema constitucional. "Paralizar el trabajo ordinario del ?gano legislativo supone afectar no ya el derecho fundamental de participaci? pol?ica de los representantes pol?icos y, en general, de los ciudadanos catalanes, sino atacar los valores superiores del orden democr?ico", se?l?
Sin modificar los hechos declarados probados por la Audiencia Nacional, el Supremo concluy?que la conducta de los condenados fue delictiva porque "contribuyeron con su acci? a reforzar la violencia e intimidaci? sufrida por los diputados auton?icos impidi?doles el normal desarrollo de sus respectivas funciones representativas".
El amparo
La Fiscal? del TC ha pedido ahora el otorgamiento del amparo a los condenados y la revocaci? del fallo condenatorio dictado por el Supremo por vulneraci? del derecho a la presunci? de inocencia, al haber apreciado, sin o?les, que los condenados tuvieron la intenci? de intimidar a los diputados catalanes en el ejercicio de sus funciones.
Pese a los informes negativos de los letrados, las demandas de amparo fueron admitidas a tr?ite por el Constitucional a propuesta de los magistrados entonces ponentes, Pedro Gonz?ez-Trevijano y Encarnaci? Roca.
No obstante, debido a una reorganizaci? del trabajo tras la ?tima renovaci? del tribunal, las ponencias de este asunto han sido asumidas por C?dido Conde-Pumpido. El nuevo magistrado del TC proviene precisamente de la Sala Penal del Supremo, ?gano que aspir?a presidir aunque el finamente elegido fue Marchena.
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170522/217978756_0.htmlEL SUPREMO CASTIGA CON TRES A?S EL ASEDIO AL PARLAMENT
El alto tribunal anula el fallo de la Audiencia y condena a ocho de los 19 absueltos
Los magistrados sostienen que relativizar estos actos atenta contra la democracia
Sin contemplaciones. El Tribunal Supremo ha anulado este martes la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvi?a 19 de los 20 imputados por el asedio al Parlament del 15 de junio del 2011 y conden?a ocho de ellos a tres a?s de prisi? por un delito contra las instituciones del Estado. La sentencia fue acogida con satisfacci? por el Govern y por la presidenta del Parlament, N?ia de Gispert. La Audiencia ejecutar?en los pr?imos d?s el fallo que conlleva el ingreso en prisi? de los condenados.
El Supremo enmienda la plana a sus colegas de la Audiencia, que hab?n establecido que la actuaci? de los imputados, que impidieron el acceso de varios parlamentarios a la C?ara catalana y obligaron al 'president' Artur Mas a usar un helic?tero para llegar al Parlament, supuso una "leg?ima expresi? de acci? ciudadana" que actualiz?"el derecho de reuni?". Por ello, se negaron a condenar estas actividades para no enviar "un mensaje de desincentivaci? de la participaci? democr?ica directa de los ciudadanos en el ejercicio de la cr?ica pol?ica".
COLISI? DE DERECHOS
El Tribunal Supremo rechaza esta posici? y acusa a sus colegas de haber cometido "un patente error" a la hora de solucionar el conflicto entre los derechos a la libertad de expresi?, de reuni? y de participaci? pol?ica al hacer prevalecer los dos primeros sobre el tercero. Esta posici?, afirman, implica "una err?ea y traum?ica desjerarquizaci? del derecho de participaci? pol?ica".
Los magistrados sostienen que "el libre ejercicio de la funci? parlamentaria" representa "el derecho de participaci? de los ciudadanos en los asuntos p?licos, por medio de sus representantes". Por ello, consideran que "los acontecimientos violentos" acaecidos ese d? "no pueden ser degradados a un simple problema" de colisi? entre derechos. Y se?lan que "el conflicto fue m? intenso, pues no solo afect?a los derechos de los que quisieron reunirse y expresar libremente su desacuerdo" con los recortes sino tambi? al "derecho de todos los ciudadanos a participar en asuntos p?licos".
Asimismo, la resoluci? subraya que los derechos de la libertad de expresi? y del derecho de reuni? no pueden operar como elementos "neutralizantes" de otros derechos indispensables para "la vigencia del sistema constitucional". Y, por tanto, agregan que paralizar las actividades de la C?ara "ataca los valores superiores del orden democr?ico". "Paralizar el trabajo ordinario del ?gano legislativo supone afectar los valores superiores del orden democr?ico".
Los magistrados del alto tribunal se niegan a "relativizar" o "banalizar" estos hechos porque "la historia europea ofrece elocuentes ejemplos en los que la destrucci? del r?imen democr?ico y la locura totalitaria se inici?con un acto violento contra el ?gano legislativo".
EL OBJETIVO
La sentencia condena a ocho imputados porque con sus actividades intentaron que el Parlament "se viera incapacitado para el debate y la acci? pol?ica mediante la conformaci? de mayor?s que siguen al ejercicio del derecho al voto". Por estos motivos rechazan que la protesta tuviera como "objetivo servir de veh?ulo para proclamar la indignaci? colectiva" frente a los recortes.
"Lo que persegu?n los all?concentrados era atacar las ra?es mismas del sistema democr?ico", agregan. Y apostillan que pretend?n "despojar al ?gano que expresa la voluntad popular de toda posibilidad de creaci? normativa". Los jueces restan importancia al hecho de que algunos de los parlamentarios que declararon en la Audiencia como testigos expresaran "su comprensi?" hacia estos movimientos sociales y al "mayor o menor acierto de los agentes de la autoridad" al establecer los cordones de seguridad.
Asimismo, justifican su decisi? "en el clima coactivo" y en "la atm?fera intimidatoria" que llevaron a cabo los condenados y que se tradujo "en varios intentos frustrados por acceder en condiciones de normalidad a la sede parlamentaria" de varios diputados y de Mas. En la sentencia, de 94 folios, se individualizan las acciones cometidas por los penados. Por ejemplo, el Supremo eleva la condena de cuatro d?s de localizaci? permanente a Jos?Mar? V?quez Moreno a tres a?s de prisi? por haber pintado con trazos negros una chaqueta a Montserrat Tura.
DRAMA POL?ICO
La sentencia cuenta con el voto particular del magistrado Perfecto Andr? Iba?z, que cedi?la redacci? de la resoluci? al presidente de la sala penal, Manuel Marchena. En el voto particular, el togado encuadra estos hechos "en el momento actual, que es especialmente dram?ico para millones de personas". Y rechaza condenar estos actos por "las connotaciones pol?icas" que los acompa?n.
https://www.elperiodico.com/es/politica/20150317/tribunal-supremo-castiga-asedio-parlament-4026895LA JUSTICIA EUROPEA CONDENA A ESPA? PORQUE EL SUPREMO NO ESCUCH?A ATUTXA ANTES DE INHABILITARLE
El TS sentenci?por desobediencia al presidente del Parlamento vasco por negarse a disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak tras la ilegalizaci? de Batasuna
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha fallado este martes a favor del expresidente del Parlamento vasco Juan Mar? Atutxa (PNV) y de los exmiembros de la Mesa de la C?ara Gorka Kn?r (EA) y Kontxi Bilbao (IU-EB). Los tres pol?icos hab?n recurrido ante Estrasburgo contra la justicia espa?la, que los conden?a 18 meses de inhabilitaci? y 18.000 euros de multa por negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) tras la ilegalizaci? de Batasuna en el 2003.
Ahora, el tribunal europeo ha estimado la demanda de los encausados al entender que se vulner?su derecho a un juicio equitativo porque el Tribunal Supremo se limit?a analizar distintos elementos de prueba sin escuchar sus alegaciones. Atutxa, Kn?r y Bilbao deben ser indemnizados por da? moral con un euro -la cantidad simb?ica que reclamaban los demandantes- y el Estado espa?l deber? abonar adem? 600 euros por las costas del proceso.
ABSUELTOS INICIALMENTE
Los tres exdirigentes fueron absueltos inicialmente por el Tribunal Superior de Justicia del Pa? Vasco, pero el pseudosindicato Manos Limpias present?recurso ante el Supremo, que en el 2008 dict?la inhabilitaci? de los acusados en una sentencia que cinco a?s despu? ratific?el Tribunal Constitucional (TC). Entonces, el tribunal de garant?s destac?las "notables diferencias" que se daban entre el 'caso Atutxa' y lo establecido un a? antes por el Supremo en la denominada 'doctrina Bot?', que impidi?la apertura de un proceso al banquero a instancia exclusiva de la acusaci? popular.
Este ?timo fallo, no obstante, cont?con el voto particular de los magistrados progresistas Adela As?, Luis Ignacio Ortega y Fernando Vald?, que consideraron que se vulner?el derecho de los condenados a un proceso con todas las garant?s porque los parlamentarios fueron condenados en segunda instancia sin que se les diera la "posibilidad efectiva" de dirigirse personalmente ante el alto tribunal para exponer "la versi? personal sobre su participaci? en los hechos que se les imputaban".
Esta es precisamente la principal raz? que esgrime el Tribunal de Estrasburgo. Sin entrar en el fondo, la Corte Europea considera que la justicia espa?la vulner?el art?ulo 6.1 de la Convenci? Europea de los Derechos Humanos porque los demandantes "fueron privados de su derecho a defenderse a s?mismos en el contexto de un debate" y tras ver cambiada su absoluci? por una condena. "El Tribunal Supremo hizo esta nueva apreciaci? sin haber tenido contacto directo con las partes", afirma Estrasburgo, quien reprende a los jueces espa?les por concluir solo "por deducci?" que Atutxa y los otros dos miembros del Parlamento hab?n desobedecido.
REACCIONES EN CATALUNYA
La sentencia europea ha desencadenado numerosas reacciones por parte del independentismo catal?. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por ejemplo, ha subrayado v? Twitter que el fallo de Estrasburgo supone "una nueva verg?nza internacional" para Espa?. "Se pasaron el Estado de Derecho por el forro. Aviso para los de querella f?il y de politizaci? de la justicia".
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha aprovechado para sostener que la resoluci? del 'caso Atutxa' es "la prueba contundente de que los tribunales no sirven para solucionar los problemas pol?icos". "M? all?de los tribunales espa?les existe la Convenci? Europea de los Derechos Humanos que ampara a todos los ciudadanos del Estado espa?l", ha agregado, subrayando que "uno de estos derechos es la libertad de expresi? que nosotros hemos estado defendiendo reiteradamente".
"Ante la arbitrariedad y la politizaci? de la justicia del Estado espa?l, la democracia y la justicia de Europa se impone", ha celebrado tambi? Artur Mas, condenado el pasado mes de marzo a dos a?s de inhabilitaci? por la consulta del 9-N. "?S? en Europa hay derecho y hay justicia!", ha escrito el 'exconseller' Francesc Homs, tambi? inhabilitado por la consulta.
"NO CUESTIONA LA DESOBEDIENCIA"
En el otro extremo, y tambi? a trav? de Twitter, el ministro de Justicia, Rafael Catal? ha resaltado que la sentencia de la Corte Europea no cuestiona la desobediencia de Atutxa, sino que no se le diera audiencia. El portavoz del PPC en el Parlament, Alejandro Fern?dez, adem?, ha querido desvincular la situaci? del expresidente del Parlamento vasco con la de los miembros de la Mesa del Parlament. "Cada caso es cada caso", ha manifestado. Una tesis que ha secundado la portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, quien tampoco ve "ning? paralelismo" entre ambas situaciones.
https://www.elperiodico.com/es/politica/20170613/estrasburgo-condena-espana-culpar-atutxa-desobediencia-batasuna-6101737MANUEL MARCHENA, EL LOBO CON PIEL DE CORDERO
Hay dos citas destacadas en la hemeroteca sobre el presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo que juzga a los dirigentes independentistas. La primera, la pronunci?en 2012 Carlos Jim?ez Villarejo, exfiscal anticorrupci?, a ra? del caso Garz?: "Es un perfecto ignorante y tiene una absoluta mala fe". La segunda pertenece al portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosid? en un whatsapp el oto? pasado, cuando el magistrado ten? que suceder a Carlos Lesmes al frente del CGPJ, en plenos proleg?enos del juicio al proc?: "Controlaremos la sala segunda desde detr?".
Esta era la carta de presentaci?, escrita por los otros, con la que Manuel Marchena G?ez (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) se ha tenido que enfrentar a la mirada de la opini? p?lica espa?la e internacional. Tambi? se ha tenido que enfrentar a factores propios de la causa, como la humillante instrucci? de Pablo Llarena que ha llevado a Alemania y B?gica a tumbar las euro?denes contra los exiliados. No es f?il coger las riendas de un juicio tan pol?ico, y tambi? tan medi?ico, como este.
Ante todo este panorama, y muy consciente de que el partido de vuelta se acabar? jugando en Estrasburgo ?no en vano el primer d? de juicio cit?jurisprudencia del TEDH--, trat?de evitar que le enmendaran la plana desde fuera. No ser? la primera vez: ya pas?con el caso Atutxa. Sin embargo, esta vez, ante el juicio m? medi?ico de las ?timas d?adas en Espa?. Por eso el trato con los acusados era exquisito. Ni siquiera interrumpi?el discurso pol?ico de Oriol Junqueras, que arranc?declar?dose un preso pol?ico. Permiti?que los procesados se sentaran con sus abogados. Impidi?a Vox convertir la sala de vistas en un escenario de campa?. Todo, en general, muy correcto, sin muchas objeciones.
Pero esta semana, cuando las c?aras ya han dejado de apuntar hacia ?, ha aflorado el legionario que lleva de casa. No es una expresi? est?il o literaria: es hijo de un alto mando de la Legi? Espa?la que estaba destinado a El Aai?, cuando el S?ara era una colonia espa?la, donde el peque? Marchena fue a la escuela. En las ?timas sesiones, los incidentes han sido diversos, y la exquisitez inicial ha dejado paso a posibles vulneraciones del derecho a la defensa.
Tan solo empezar la semana, el lunes, Marchena ya se las tuvo con varios abogados de las defensas, como Andreu Van den Eynde, Jordi Pina o Marina Roig. Fue durante la declaraci? del presidente del Parlament, Roger Torrent, que interrumpi?para considerar "impertinentes" las preguntas de los letrados sobre el 20-S, donde el entonces portavoz de JxS?fue presente. "?No me discuta!", lleg?a espetar el magistrado a Van den Eynde ante su protesta. Marchena quer? centrar el debate sobre su papel como presidente de la c?ara, aunque en el momento de los hechos no lo era.
El mi?coles, Marchena volv? a vetar a Jordi Pina. Despu? de que el teniente coronel Diego P?ez de los Cobos negara que hubiera habido cargas policiales durante el 1-O, el letrado intent?profundizar en esta afirmaci?. El abogado advirti?que pod? estar incurriendo en el delito de falso testimonio. Aun as? el presidente de la sala le impidi?formularle la pregunta al coordinador policial del 1-O. Tampoco dej?exponer v?eos sobre la represi? policial de aquel d? para contrastarlo con los testimonios. Observadores nacionales e internacionales han alertado sobre estas trabas a la actividad de las defensas.
S?o durante las declaraciones de los acusados, la abogada de Jordi Cuixart, Marina Roig, consigui?que la sala viera im?enes de la actuaci? de la polic? espa?la en la escalera del Pau Claris de Barcelona. Fue durante el testimonio de Mariano Rajoy. Despu? de eso, no se ha vuelto a permitir, aunque ha sido un asunto recurrente durante las cuatro semanas de sesiones.
Tambi? el mi?coles qued?evidenciada la doble vara de medir del presidente de la sala segunda del Supremo. A muchos de los acusados, las acusaciones le preguntaron si eran socios de ?nium Cultural o hab?n hecho determinados tuits o retuits. En cambio, Marchena impidi?a Van den Eynde preguntar a la secretaria judicial del 13, Montserrat del Toro, si era seguidora en las redes sociales de p?inas ultras como "Unidad Nacional Espa?la". El magistrado argument?que no se le pod? preguntar por sus filiaciones ideol?icas.
"Esto es el Tribunal Supremo"
A Francesc Homs, que ejerce de coordinador de las defensas, nada de esto le debe haber sorprendido. Durante el juicio del 9-N en el Supremo, ya tuvo un fuerte pique con Marchena. Despu? de un encontronazo con el fiscal Jaime Moreno, tambi? presente en esta causa, el exconseller denunci?que "en mi casa me han ense?do que uno tiene que dejar acabar el otro para empezar a hablar". El magistrado le lanz?una frase lapidaria: "Esto no es su casa; esto es el Tribunal Supremo".
El mundo judicial ya sabe de qu?pie cojea Manuel Marchena, que se ha cultivado en el barro procesal como fiscal. Aunque no forma parte de ninguna gran asociaci? de magistrados, siempre ha sido ubicado en el sector conservador. Fue gracias a la mayor? conservadora que lleg?a presidir la sala de lo penal en 2014, con los votos de los diez vocales propuestos por el PP, la vocal de CiU y el presidente conservador del CGPJ Carlos Lesmes. Lleg?imponi?dose sobre una persona con mucha m? trayectoria como C?dido Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado y actualmente magistrado del Tribunal Constitucional, de la rama progresista. A Marchena se le considera el padrino de Jos?Manuel Maza, exfiscal general del Estado, que acab?presentando la querella por el 1-O.
Su historial de pol?icas se remonta a mucho antes del whatsapp de Ignacio Cosid? Algunas voces del mundo judicial recuerdan su "operaci? contra Garz?". ? formaba parte de la sala que conden?el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz? por el caso de las escuchas. La sentencia fue dictada por unanimidad, sin votos particulares. Se lw ha acusado de querer "arrastrar la honorabilidad de Garz? por el barro" (palabras del periodista de tribunales de El Pa? Paco Yoldi), despu? de que instruyera otra causa contra el exmagistrado porunos supuestos cobros durante una estancia en Nueva York. Acab?archivando el caso por prescripci? del presunto delito.
Adem? de presidir la sala que conden?a Francesc Homs por desobediencia por el 9-N, Marchena tambi? estaba al frente de la sala cuando archiv?la denuncia de CDC y Xavier Trias contra Jorge Fern?dez D?z por la Operaci? Catalunya. La denuncia estaba fundamentada en una grabaci? entre Fern?dez D?z y el exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, donde se vislumbraban maniobras contra los adversarios pol?icos y el pol?ico "esto la Fiscal? te lo afina". Justamente la fiscal? no vio motivos suficientes para investigarlo y la sala presidida por Marchena lo archiv?
Muy probablemente, el partido de vuelta del juicio al proc? se jugar?en Estrasburgo. El magistrado sabe muy bien qu?es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos te enmiende la plana. En 2008 fue ponente de la sentencia que conden?al expresidente del Parlamento vasco, Juan Mari Atutxa, y la Mesa de la c?ara por no disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak una vez ilegalizada Batasuna. Estrasburgo respondi?con un varapalo al Supremo, dictaminando que el juicio por el que fueron condenados e inhabilitados no fue un juicio justo.
https://www.elnacional.cat/es/politica/juicio-proces-manuel-marchena-perfil_362322_102.htmlMARCHENA, UN JUEZ DENUNCIADO DURANTE A?S POR SU AFINIDAD Y PARCIALIDAD EN FAVOR DEL PP
El actual presidente de la Sala Segunda del Supremo goz?de un ascenso mete?ico en la carrera judicial gracias a padrinos ultraconservadores y se distingui?siempre por sus resoluciones claramente favorables al Partido Popular, aunque ahora lo niegue. Nada m? alcanzar la c?ula de esa Sala de lo Penal ?encargada de juzgar a todos los aforados?, mantuvo un almuerzo con el exministro y ex secretario general del PP, ?gel Acebes, implicado en el caso de los papeles de B?cenas.
El examen de las resoluciones que durante a?s ha dictado el magistrado Manuel Marchena no refleja en absoluto una trayectoria tan independiente y apol?ica como ? sostiene en su escrito de renuncia a ser candidato a la Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). M? bien lo contrario, desde que fue ascendido a juez de ese Alto Tribunal, en 2007, sus actuaciones han sido a menudo pol?icas y contestadas, precisamente por mostrar un sesgo claramente conservador, muchas veces rayando en el favoritismo hacia los imputados del Partido Popular... y en la represi? exagerada de los enemigos del PP.
Que Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) es un jurista extremadamente conservador lo demuestra tambi? su mete?ica trayectoria de escalada en la Judicatura, ya que sus grandes padrinos siempre estuvieron en la ultraderecha de la carrera fiscal y judicial. Brillante estudioso del Derecho, tanto en la Universidad de Deusto como al cursar su doctorado en la de La Laguna, su ascenso profesional se dispar?en 2003, gracias al entonces fiscal general del Estado Jes? Cardenal, tan de derechas que incluso se opuso en 1998 a la petici? de extradici? del dictador Pinochet cursada por el juez Baltasar Garz?.
Ese opusde?ta ferviente qued?encadilado por Marchena, al que nombr?fiscal jefe de la Secretar? T?nica, convirti?dolo en el fiscal de sala m? joven de la historia de la Fiscal? espa?la, y en s?o un a? escal?a la Fiscal? del Supremo, en la codiciada Secci? de lo Penal (Sala Segunda). Despu?, su progresi? durante el Gobierno de Aznar fue fulgurante: tres a?s despu?, en 2007, era designado por el CGPJ como el magistrado m? joven del Alto Tribunal.
Y ?qui? presid? entonces ese Poder Judicial dominado por conservadores? Pues Francisco Jos?Hernando, quien el a? anterior se neg?a comparecer ante la Comisi? de Justicia de un Congreso de los Diputados con mayor? socialista, generando el rechazo de los vocales progresistas del CGPJ por su incumplimiento de la obligaci? de comparecencia parlamentaria. Hernando tambi? mantuvo un enfrentamiento si precedentes con el Tribunal Constitucional ?al que lleg?a acusar de traspasar sus l?ites jurisdiccionales? y mostr?su extremismo al redactar, en 2005, informes extempor?eos contra el matrimonio homosexual y contra la reforma del Estatut de Catalunya.
Gallard? le encarg?la reforma de la Ley para que la Fiscal? se hiciera cargo de las investigaciones, en vez del juez instructor
La carrera profesional de Marchena volvi?a acelerarse en cuanto regres?el PP al poder. En marzo de 2012, el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallard? le hizo presidente de la comisi? que elabor?una propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de traspasar al fiscal de la direcci? de la investigaci? de los procesos judiciales ?actualmente al cargo de los jueces de instrucci??, con lo que la Fiscal?, que depende directamente del Ejecutivo, tendr? la voz cantante en las investigaciones judiciales.
Y fue en ese mismo a?, el 7 de mayo, cuando apareci?la primera denuncia seria en la que una veintena de juristas presentaron un escrito ante el entonces presidente del CGPJ, Carlos D?ar, en el que expon?n una serie de conductas privadas de magistrados del Supremo, y especialmente de Marchena, que hab?n participado en los procesos contra el juez Garz? a ra? de las causas por los cr?enes del franquismo y sobre la trama G?tel de corrupci? del PP. Los juristas reclamaban que se adoptaran las medidas adecuadas. Nunca se hizo nada.
Marchena se estaba ya distinguiendo por ejercer una persecuci? feroz contra Garz?, al que por ejemplo rechaz?todas las diligencias de prueba que solicit? en la causa de los cobros por unos cursos que ?te ?timo imparti?en 2005-2006 en la Universidad de Nueva York. El juez de la Sala Segunda neg?todas esas pruebas en el mismo d? que conclu? el plazo y en el que ? mismo puso fin a la instrucci?, insistiendo en imputar cohecho impropio a Garz?. Pero dos semanas m? tarde, y cuatro d?s despu? de que ?te fuera condenado por ordenar las escuchas de la G?tel, Marchena descubri?de pronto que ese supuesto delito estar? en todo caso prescrito.
El propio Marchena fue ponente del tribunal que acab?condenando a Garz?, y se esforz?en "arrastrar la honorabilidad de Garz? por el fango", seg? escribi? el periodista especializado en tribunales de El Pa?, Jos?Yoldi.
Marchena, ya en el Supremo, imparti?cursos, charlas y conferencias patrocinadas por al menos 25 empresas y entidades privadas
Aunque, simult?eamente, el justiciero Marchena hab? estado impartiendo, desde su llegada al Supremo, cursos, conferencias y charlas para fundaciones, universidades y entidades con el patrocinio financiero de al menos 25 empresas privadas, desde bancos como el Santander o Cajamar, hasta multinacionales como Wolters Kluwer y Endesa, pasando por grandes bufetes de abogados como Garrigues Walker. Y fueron precisamente esas actividades remuneradas ?no s?o de Marchena, sino tambi? de otros destacados magistrados conservadores de la Sala Segunda, como Jos?Manuel Maza Mart?, luego el fiscal general del Estado que abrir? la causa general contra el proc? soberanista catal?? las que generaron la protesta de los juristas en 2012 ante el Consejo del Poder Judicial.
Pero no s?o nada ocurri? sino que Marchena ascendi?a la presidencia de la Sala Segunda del Supremo en septiembre de 2014 con los votos de la mayor? conservadora del CGPJ, que desplaz?a C?dido Conde-Pumpido a pesar de tener mucha m? antig?dad y experiencia jur?ica. Casi enseguida se descubri?que el flamante jefe de la Sala encargada de procesar a pol?icos y parlamentarios hab? disfrutado de una op?ara comida con el exministro y ex secretario general del PP, ?gel Acebes, s?o cinco d?s antes de que ?te fuera imputado en el caso de la trama de corrupci? G?tel por el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional.
Entonces fue cuando el ex fiscal Anticorrupci? Carlos Jim?ez Villarejo se llev?las manos a la cabeza y volvi?a dirigir un escrito al Consejo General del Poder Judicial, recordando la anterior denuncia cursada por los juristas dos a?s antes y subrayando que "hasta ahora, el CGPJ no ha respondido a dicha reclamaci?, incumpliendo abiertamente las obligaciones que le impone la L.O. 4/2001, que regula aquel derecho. Un ejemplo mas de c?o las Instituciones p?licas menosprecian los derechos civiles de los ciudadanos".
Y Jim?ez Villarejo recordaba:
Los juristas denunciaron que el comportamiento de los jueces del Supremo en centros como Schola Iuris, del comisario Villarejo, afecta a "su imparcialidad tanto objetiva como subjetiva"
El escrito conclu? as? :?Ante los hechos descritos, que suscitan serias dudas sobre el cumplimiento por dichos Magistrados del TS del r?imen de incompatibilidades y prohibiciones, con la consiguiente afectaci? claramente perturbadora no solo de su ?ica profesional sino de su imparcialidad tanto objetiva como subjetiva, se solicita que se proceda a la comprobaci? y esclarecimiento de los referidos hechos que, por su naturaleza, pueden incidir en la validez de sus decisiones jurisdiccionales y, en consecuencia, en su posible nulidad. Y, particular, la determinaci? de la totalidad de Seminarios, Cursos y Conferencias impartidos por dichos magistrados, sus patrocinadores y la retribuci? percibida por cada uno de dichos magistrados y por cada una de dichas actividades. Y, en su caso, que se acuerde la incoaci? de Diligencias Informativas o Expedientes disciplinarios contra los magistrados que, seg? resulta de los datos expuestos, hayan infringido el r?imen org?ico de ?prohibiciones e incompatibilidades?, deduci?dose, en su caso, el testimonio que proceda al Fiscal General del Estado para que proceda a la investigaci? de la posible comisi? de delitos de cohecho.
Adem?, entre los hechos expuestos no s?o estaban todos los cursos y conferencias financiadas privadamente que ya hemos mencionado, sino tambi? la estrecha relaci? de Marchena con el Instituto de Pr?tica Jur?ica Schola Iuris, para el que participaba en el Master de Derecho Penal Pr?tico, en el que los alumnos pagaban 14.000 euros por matr?ula.
Y lo verdaderamente grave es que ese instituto Schola Iuris pertenec? al ya famoso comisario de las cloacas de Interior Jos?Manuel Villarejo ?tal como revel?despu? P?lico en sucesivas exclusivas? y que en su oferta educativa "incluye, conjuntamente con los citados magistrados, numerosos letrados que asumieron la defensa de imputados en el proceso por la trama de corrupci? conocida como 'G?tel?, escribi?el fiscal Jim?ez Villarejo.
Esa denuncia reiterada no ha sido ni siquiera respondida por el CGPJ cuyos vocales y presidente se est? repartiendo ahora los dos grandes partidos pol?icos.
Ignacio Gonz?ez, Jaume Matas, Francisco Camps... y el ministro del Interior, Jorge Fern?dez D?z
Pero a? hay m?, puesto que a lo largo de su trayectoria al frente de la Sala Segunda del Supremo, Marchena se ha distinguido por favorecer siempre a los pol?icos del PP encausados, desde Ignacio Gonz?ez (caso ?ico de Estepona) hasta Jaume Matas (caso Palma Arena), pasando por Francisco Camps (regalos de la G?tel). Y, desde ese puesto de enorme poder apadrin?a Maza Mart? en su ascenso a fiscal general del Estado y a Manuel Moix, convertido por el Gobierno Rajoy en fiscal jefe Anticorrupci? precisamente para proteger a los corruptos del PP. Como qued?patente en la instrucci? de la Operaci? Lezo, donde el nombre de Marchena figura entre los que baraja el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz?ez, como favorable a los intereses del Partido Popular.
Y tambi? bajo su mandato la Sala Segunda decidi?archivar la querella de CDC (hoy PDeCAT) contra el exministro del Interior, Jorge Fern?dez D?z y el exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, por presuntos delitos de violaci? de secretos, prevaricaci? y malversaci?, en las conversaciones que mantuvieron en el despacho del primero y cuyas grabaciones fueron reveladas por P?lico.
Seg? Marchena, no exist?n indicios ningunos de que el entonces ministro y todav? hoy diputado del PP hubiera cometido esos delitos, pero las dos comisiones parlamentarias de investigaci? creadas tras el esc?dalo que estall? a ra? de las exclusivas de este diario (del Congreso de los Diputados y del Parlament de Catalunya) concluyeron todo lo contrario: Fern?dez D?z utiliz? los medios y recursos de Interior para espiar y desacreditar il?itamente a pol?icos y partidos rivales del PP.
El juez Llarena, la jueza Lamela... y la hija de Marchena
M? recientemente, Marchena ha facilitado el ascenso irregular al Supremo del juez Pablo Llarena, quien ha dirigido con pu? de hierro la causa contra los pol?icos catalanes que impulsaron el refer?dum del 1-O y la declaraci? parlamentaria de independencia.
El nombramiento de Llarena como magistrado de la Sala Segunda fue tan irregular que la asociaci? Jueces para la Democracia present?una demanda pidiendo su anulaci? por vulnerar la Ley, el reglamento del Tribunal y hasta la Constituci?. Menos de un a? despu? se le asignaba la instrucci? del proceso contra los pol?icos soberanistas catalanes quebrantando claramente las normas de reparto de las Causas Especiales aprobadas por ese mismo Alto Tribunal, en una decisi? adoptada bajo el mando de Marchena.
A continuaci?, el CGPJ ascend? tambi? a la Sala Segunda a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien arrebat?las competencias al TSJC para procesar y enviar a prisi? a los pol?icos catalanes independentistas. Y fue designada por delante de muchos otros candidatos mejor preparados y a pesar de su incorrecta emisi? de euro-?denes luego retiradas.
Finalmente, la Asociaci? Atenas de Juristas por los Derechos Civiles ha presentado una querella por prevaricaci? ante el CGPJ por conceder una plaza en la carrera fiscal a la hija del juez Marchena ?Sof? Marchena Perea? pese a no haber realizado el obligatorio curso te?ico multidisciplinar previsto en el art?ulo 307 de la Ley Org?ica del Poder Judicial.
Atenas tambi? se querell?contra la directora de la Escuela Judicial que formul?esa propuesta, la magistrada Gema Espinosa Conde, que es esposa del juez Llarena. Pero el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas Ramos, ha solicitado el archivo de esas querellas de la asociaci? Atenas, a pesar de reconocer en su escrito de calificaci? que se produjeron "lagunas legales" en la asignaci? de esa plaza a la hija de Marchena.
Ahora, el colectivo de juristas Atenas ha denunciado al fiscal Navajas ante la Fiscal? Anticorrupci? por un presunto "delito de omisi? del deber de perseguir delitos".
Despu? de todo esto, ?era necesario que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosid? explicitase que ese partido controlar? la Sala Segunda "desde detr?" si Marchena presidiese el Supremo y el CGPJ?
Lo peor, es que todo indica que el PP ya la controla "desde delante", puesto que Marchena seguir?presidiendo esa Sala de lo Penal encargada de juzgar las "causas especiales": aquellas en las que est? imputados parlamentarios y otros aforados.
https://www.publico.es/politica/judicial-tela-juicio-marchena-juez-denunciado-anos-afinidad-parcialidad-favor-pp.html
EL SUPREMO DICE QUE LA PROMESA DEL PP DE QUE CONTROLAR?N EL TRIBUNAL CON MARCHENA NO DA? SU "APARIENCIA DE IMPARCIALIDAD"
Seg? el Alto Tribunal, es "una mera elucubraci?" que el magistrado que PP y PSOE quisieron colocar al frente del CGPJ, y que presidir?el juicio del proc?, tenga "inter? directo o indirecto" en la causa. As?consta en el auto en el que rechazan su recusaci?, solicitada por las defensas de los independentistas procesados, tras conocerse los mensajes del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosid? celebrando su nombramiento: "El whatsapp atribuido a Cosid?le retrata s?o a ?".
El Tribunal Supremo rechaza apartar al juez Manuel Marchena de la presidencia de la Sala que juzgar?el proc?, y niega tajantemente que se le pueda atribuir siquiera "apariencia" de parcialidad, tras las filtraciones de los mensajes en los que el PP promet? que seguir?n "controlando" esta Sala con el ascenso del magistrado a lo m? alto de la c?ula judicial. "No hay apariencia de nada".
As?lo afirma la Sala del 61 del Alto Tribunal, pese a los mensajes del Partido Popular celebrando su frustrado nombramiento como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), gracias a un pacto con el PSOE que finalmente qued? en agua de borrajas. Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, renunci?p?licamente a ponerse al frente del ?gano de gobierno de los jueces, tras una semana de cr?icas de todas las asociaciones de la judicatura al pacto PP-PSOE para renovar el CGPJ. Lo hizo, adem?, horas despu? de que se conocieran los mensajes de whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosid?
Cosid?prometi?que el PP seguir? "controlando desde detr?" la Sala Segunda del Supremo con la designaci? de Marchena
Cosid?celebraba ante los senadores conservadores el "esperanzador" reparto de asientos en el ?gano de gobierno de los jueces para el PP, alababa a Marchena y promet? que su formaci? seguir? "controlando la Sala Segunda [hoy en manos del magistrado] desde detr?".
Estos mensajes llevaron a las defensas de ocho dirigentes independentistas procesados en la causa del proc? catal? a exigir su recusaci? y la de otros seis magistrados del tribunal que les enjuiciar?a partir del 18 de diciembre -cuando se celebra la vista previa-.El rechazo del Alto Tribunal a apartar a Marchena se dio a conocer hace diez d?s, pero no as?el auto en el que los magistrados razonan esta decisi?.
As? la Sala del 61 sostiene que no se puede "sospechar de la imparcialidad" del juez por sus "actos u opiniones", si "ni siquiera los ha realizado o las ha emitido". Seg? el Tribunal, el contenido del whatsapp de Cosid? se ve "matizado" en algunos aspectos y "frontalmente contradicho por la misma realidad de las cosas", como a su entender refleja la supuesta "coincidencia de intereses" entre Marchena y el PP que alegan las defensas, que no casar? con que el PSOE aceptara su nombramiento. Por otro lado, el hecho de que el magistrado se haya "autodescartado" para el nombramiento poco despu? de que se filtraran los mensajes de Cosid?"mal se puede cohonestar con la alegada 'coincidencia de intereses' con una fuerza pol?ica", siempre seg? la Sala del 61.
"El whatsapp atribuido al Sr. Cosid?le retrata a ? (si fuera suyo, cuesti? en la que no entramos)"
"Si la hip?esis de la que parten los recusantes es que el magistrado recusado tiene una ?inequ?oca coincidencia de intereses" con un determinado partido pol?ico, los mismos argumentos y alegaciones de la recusaci? refutan esa posibilidad de modo palmario", reza el auto redactado por el magistrado Jacobo Barja de Quiroga L?ez.
"La recusaci? se tiene que basar en una actuaci? propia del magistrado no en aquella que un tercero le atribuya", apunta el escrito. Tambi? reconoce que "en la imparcialidad subjetiva las apariencias son importantes (tambi? en la objetiva)", si bien sostiene que "en este caso, no hay apariencia de nada: el magistrado Sr. Marchena no ha dicho ni hecho nada por lo que pueda resultar afectada su apariencia de imparcialidad; por ello, no existe dato alguno que revele que dicho magistrado tenga inter? directo o indirecto en el pleito o causa", zanja el texto.
"El mensaje retrata a Cosid?quot;
"El whatsapp atribuido al Sr. Cosid?le retrata a ? (si fuera suyo, cuesti? en la que no entramos), pero eso no es extensible a nadie m?". El Alto Tribunal critica en su auto la "inaceptable" opini? de Cosid? que se aferra a su cargo a pesar de las cr?icas.
Seg? el Supremo, lo que transmite el portavoz del PP en la C?ara Alta es ?icamente "un argumentario" para "justificar un pacto". Tambi? sostiene que hace afirmaciones "sobre lo que desconoce por completo (el funcionamiento de la Administraci? de Justicia)". Demuestra, seg? la Sala, "una inaptitud de ra? para conocerla (por falta de los elementos m? b?icos de la separaci? de poderes), en su propia defensa para justificar un pacto que estaba siendo criticado por su grupo parlamentario porque consideraban que era un mal acuerdo".
https://www.publico.es/politica/recusacion-marchena-supremo-promesa-pp-controlarian-tribunal-marchena-no-dana-apariencia-imparcialidad.htmlEL SENADOR COSID?NO DECLARAR?EN EL SUPREMO EN RELACI? AL 'WHATSAPP' SOBRE MARCHENA
El instructor del incidente procesal deniega la prueba por "innecesaria" y env? el asunto a la Sala del 61 del Supremo.
El fiscal tacha de "fraudulenta" la recusaci? de Jordi Cuixart contra la Sala del 'proc?'
Marchena rechaza apartarse del 'proc?' y califica de "insostenible" su recusaci?
El instructor del incidente de la recusaci? promovida por los acusados contra el presidente del tribunal del 'proc?', Manuel Marchena, ha denegado la declaraci? del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosid? que distribuy? entre los parlamentarios un 'whatsapp' en el que se jactaba del control "desde detr?" de la Sala Penal del Supremo.
En ese mensaje Cosid?aplaud? el pacto alcanzado entre el Gobierno del PSOE y el PP para repartirse las vocal?s del Consejo General del Poder Judicial, pacto que inclu? la elecci? de Marchena como presidente del Supremo y del CGPJ. "Obtenemos lo mismo num?icamente, pero ponemos un presidente excepcional, (...) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino pr?imas al 21-0. Y adem? controlando la sala segunda desde detr?", dec? el 'whatsapp'.
Machena renunci?p?licamente a ser candidato a presidir el Poder Judicial y frustr?el pacto pol?ico alcanzado sobre el ?gano de gobierno de los jueces.
En el 'whatsapp' de Cosid?se apoya la recusaci? promovida contra Marchena -que luego se hizo extensiva al resto de los magistrados del tribunal del 'proc?'- por Jordi S?chez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras, Raul Romeva y Jordi Cuixart, con la adhesi? de Carme Forcadell y Anna Sim? Los recusantes pidieron la declaraci? de Cosid?para que explicara el contenido del mensaje y qu?relaciones ha tenido con los recusados.
El instructor del incidente procesal, Vicente Magro, ha remitido este lunes el expediente a la Sala del 61 del Supremo, que es la competente para decidir sobre las recusaciones. Lo ha hecho sin acordar la declaraci? de Cosid? al considerar que "no es necesaria para la resoluci? del incidente".
Tanto Marchena, por escrito, como el resto de los magistrados, in voce, han rechazado apartarse del procedimiento y niegan tener inter? directo o indirecto en la causa.
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20181203/cosido-no-declarara-supremo-relacion-whatsapp-marchena/357964808_0.htmlMARCHENA RECHAZA APARTARSE DEL JUICIO DEL 'PROC?' Y SE REAFIRMA EN SU INDEPENDENCIA
El magistrado afirma que jam? concibi?el ejercicio jurisdiccional como instrumento al servicio de una opci? pol?ica, y recuerda que es la s?tima vez que las defensas cuestionan la imparcialidad de magistrados del Supremo.
El magistrado del Tribunal Supremo que presidir?el juicio por el 'proc?' independentista en Catalu?, Manuel Marchena, ha presentado su escrito de alegaciones frente a la petici? de las partes de que se aparte por no considerarle parcial, tras la pol?ica por los mensajes de WhatsApp reenviados por el portavoz popular en el Senado Ignacio Cosid? Marchena rechaza la recusaci? por "carecer de todo inter? directo o indirecto" en este procedimiento.
De esta forma, el magistrado proclama su propia independencia de criterio, para afirmar que jam? concibi?el ejercicio jurisdiccional como instrumento al servicio de una opci? pol?ica.
Se trata de un escrito que, junto con el presentado por la Fiscal?, la Abogac? del Estado y la acusaci? popular, que ejerce Vox, deber?ser tenido en cuenta por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a la hora de decidir si las recusaciones de las defensas se rechazan de plano o se llevan finalmente a la denominada Sala del 61 del alto tribunal para que el asunto se debata a fondo.
Recuerda Marchena que es la s?tima vez que las defensas cuestionan la imparcialidad de magistrados del Supremo en este ?gano ?ya lo hicieron con la totalidad de los que van a enjuiciarles y tambi? respecto del instructor Pablo Llarena? y dice tambi? que recusar por el hecho de que en Espa? el Parlamento elija a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ser? tanto como descalificar las justicias de otros pa?es como B?gica, Portugal o Francia, donde los pol?icos tambi? participan en la designaci? de miembros del Poder Judicial.
https://www.publico.es/espana/tribunales-marchena-rechaza-apartarse-juicio-proces-reafirma-independencia.htmlLA FISCAL? PIDE QUE NO SE ADMITA LA RECUSACI? CONTRA MARCHENA POR EL ?WHATSAPP? DE COSID?/a>
El ministerio p?lico cree que las dudas de los soberanistas sobre la independencia de Marchena son "puras y gratuitas especulaciones"
La fiscal? ha pedido este lunes al Tribunal Supremo que rechace la recusaci? planteada por seis de los acusados por rebeli? en la causa del proc? contra Manuel Marchena, el presidente del tribunal que enjuiciar?los hechos y al que acusan de tener v?culos con el PP. El ministerio p?lico considera que no hay razones para apartar a Marchena del tribunal y pide al Supremo que rechace de plano la recusaci?. La fiscal? considera que el escrito presentado por las defensas de los l?eres independentistas es ?extremadamente parco en argumentos? y no justifica ?objetivamente? las dudas sobre la imparcialidad del presidente de la Sala Penal.
Las recusaciones fueron planteadas hace una semana por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los exconsellers Ra? Romeva, Jordi Turull y Josep Rull, el expresidente de la ANC, Jordi S?chez, y el presidente de ?nium Cultural, Jordi Cuixart, tras la filtraci? de un mensaje de WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosid? en el que presum? de que el posible nombramiento de Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pactado con el PSOE, permitir? al PP tener bajo control el Supremo. Los abogados de estos acusados, actualmente en prisi?, denuncian los supuestos v?culos de Marchena con el PP, por lo que en caso de mantenerse la composici? del tribunal aseguran que no se puede garantizar que sean juzgados con imparcialidad, algo que vulnerar? sus derechos a un juicio justo.
El ministerio p?lico cita jurisprudencia del Constitucional y del propio Supremo para recordar que no basta con que las dudas o sospechas sobre la imparcialidad del juez ?surjan en la mente de quien recusa?, sino que es preciso determinar, caso a caso, si las mismas alcanzan una consistencia tal que permita afirmar que se hallan ?objetiva y leg?imamente justificadas?. Y, en este caso, seg? la fiscal?, no lo est?. Para el ministerio p?lico, las dudas que denuncian los independentistas ?constituyen puras y gratuitas especulaciones de un tercero que realiza un juicio de inferencia sobre el eventual comportamiento personal de quien con sus propios actos ha dejado patente no solo su propia y personal independencia intelectual, sino su defensa de la independencia judicial en general?.
La denuncia de parcialidad de Marchena es, seg? los fiscales, "inasumible" en tanto que no viene referida a ninguna acci?, expresi? o pronunciamiento del mismo en el ?bito p?lico de sus funciones, ni en privado de su vida personal, que le aleje de "la absoluta imparcialidad y ajenidad respecto del objeto del proceso y las personas que en el mismo est? afectadas o de alg? modo intervienen?, se?la el ministerio p?lico, que considera que el mero procedimiento utilizado para expresar la supuesta vinculaci? del juez ?con determinada ideolog?? es ?constitucionalmente ileg?imo?. ?M? all?de especular al margen del cauce procesal y sus reglas, se obvi?el debate reglado y la debida contradicci? a sus argumentos, poniendo as?en peligro ?sin fundamento objetivo? la confianza de los ciudadanos hacia sus tribunales?, reprocha la fiscal? a las defensas.
La fiscal? recuerda que los supuestos v?culos de Marchena con el PP que denuncian los procesados por rebeli? no surgen de manifestaciones p?licas procedentes del juez recusado, sino de mensajes emitidos por ?personas no identificadas? que han sido reenviados por Cosid?a diversos senadores de su partido. ?Al margen de cualquier valoraci? sobre su contenido y sobre si reflejan o no lo que ya se hallaba en la intenci? de los recusantes, dichos mensajes no pueden considerarse como elemento acreditativo del inter? del referido magistrado en un resultado concreto del proceso?, se?la el escrito, firmado por los fiscales Consuelo Madrigal y Fidel Cadena. ?No es posible racionalmente atribuir al magistrado Marchena, de forma especulativa ?y sin un m?imo de seriedad- concretas ideas pol?icas o afinidades ideol?icas que ? mismo nunca ha expresado con dichos o hechos, y mucho menos en su quehacer judicial?, afirman.
Las recusaciones planteadas por los acusados, seg? el ministerio p?lico, no demuestran la supuesta afinidad ideol?ica de Marchena hacia el PP, pero aunque lo hicieran, no ser?n raz? para la recusaci? porque ese partido no est? implicado en la causa abierta contra el proc?. Frente a los duros reproches que lanza contra los acusados, el escrito elogia la ?digna y generosa renuncia? del magistrado ?al m? alto cargo judicial que se le propon??. Esta actitud demuestra, seg? los fiscales ?un absoluto distanciamiento con la vinculaci? que se le pretende atribuir, y una personal implicaci? en la defensa de la independencia judicial y en la apariencia p?lica de esa independencia?. ?No cabe un gesto de mayor desvinculaci? con las afinidades pol?icas que se sospechan que la renuncia al m? alto honor en la carrera profesional de un magistrado, en salvaguardia, no de una independencia real, incuestionable y p?licamente incuestionada, sino de su mera apariencia?, concluye el ministerio p?lico.
https://elpais.com/politica/2018/11/26/actualidad/1543239384_513292.htmlEL PP CIERRA EN EL SENADO EL GRUPO DE WHATSAPP QUE PROVOC?LA RENUNCIA DE MARCHENA
Cosid?descarta dimitir tras la renuncia de Marchena y se siente respaldado por Pablo Casado
El juez Marchena renuncia a presidir el Supremo y el CGPJ tras el acuerdo entre PSOE y PP
La direcci? del Grupo Popular en el Senado ha decidido hoy cerrar el grupo de Whatsapp en el que su portavoz, Ignacio Cosid? reenvi?un mensaje donde defend? el acuerdo logrado con el Gobierno sobre la renovaci? del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en el que se suger? que, con el juez Manuel Marchena en la presidencia de este ?gano y del Tribunal Supremo, el PP podr? controlar la Sala Segunda del Supremo "desde detr?".
Despu? de hacerse p?lico, en el diario digital El Espa?l, y de que Marchena anunciara hoy su renuncia a formar parte de este ?gano, los populares han optado por liquidar este grupo de comunicaci? entre los senadores. En ? los parlamentarios hab?n vertido sus cr?icas a este acuerdo, en el que el PP permit? una mayor? progresista a cambio de cerrar la presidencia para Marchena. El magistrado abandonar? as? en virtud de este pacto, la presidencia de la Sala Segunda del Supremo, encargada de juzgar a los l?eres independentistas por el intento de secesi?. Ambas derivadas hab?n provocado un enorme malestar entre los senadores y los diputados.
Para intentar frenar esta inquietud Cosid?reenvi?un mensaje, que no deja de ser el argumentario que defiende la direcci? del PP pero que circulaba de manera m? restringida y no en un grupo en el que participan 146 personas. Ese grupo se ha cerrado hoy. Fuentes del grupo parlamentario explican que desde el departamento de prensa se hab? pedido que se le pusiera fin hace un a? porque resultaba inoperante.
Los senadores, explican, se dedicaban a enviar asuntos personales -fotos de vacaciones- y ya no cumpl? la utilidad para el que fue creado. De hecho, desde que se produjo el cambio en la direcci? del PP tras el congreso que eligi?a Pablo Casado se hab?n creado ya otros grupos. Uno, tambi? con todos los senadores, pero donde no es posible escribir mensajes de respuesta. Y otro m? donde figura ?icamente la nueva direcci? y el personal de prensa.
https://www.elmundo.es/espana/2018/11/20/5bf4517046163fdb2f8b461b.html
EL PP RETIRA SU FIRMA DE LA LISTA DE CANDIDATOS AL CGPJ
Lo hace tras dar por roto el pacto con el PSOE. La lista tiene que ser votada el jueves en el Congreso
Este martes, el juez Manuel Marchena descartaba ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Anunciabo su renuncia, v? comunicado, para defender su independencia como magistrado desvincul?dose del acuerdo alcanzado entre PP y PSOE.
Poco despu?, el PP daba por roto este pacto, por lo que podr? quedar suspendido el proceso de renovaci? del ?gano de gobierno de los jueces.
Pero hay m? porque el ?timo movimiento del Partido Popular pasa por retirar su firma de la lista de candidatos propuestos para ser los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial, seg? publica eldiario.es.
Una lista que deb? ser votada por el Congreso de los Diputados este mismo jueves.
La retirada de la firma supone la ruptura definitiva del pacto entre socialistas y populares. As? el partido que lidera Pablo Casado ha presentado un escrito a la Mesa del Congreso de los Diputados con el que muestra su "voluntad de retirar su firma del escrito de propuesta de vocales de Vocales del Consejo General del Poder Judicial por el turno de juristas".
S?o horas antes, el PP criticaba la ?irresponsabilidad del gobierno al gestionar este proceso filtrando los detalles de la negocia con parlamentaria ha desgastado la justicia".
https://www.elplural.com/politica/pp-retira-su-firma-de-la-lista-de-candidatos-al-cgpj_206719102EL ?WHATSAPP? SOBRE EL PODER JUDICIAL PONE EN LA CUERDA FLOJA A COSID?Y ABRE OTRA CRISIS A CASADO
El PP culpa de la renuncia de Marchena para presidir el Tribunal Supremo al Gobierno y a Delgado, "la ministra m? sucia pol?icamente"
El portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosid? ha abierto una segunda crisis a Pablo Casado tras la dimisi? de Mar? Dolores de Cospedal por sus reuniones con el comisario encarcelado Jos?Manuel Villarejo, hace menos de 15 d?s. Dos esc?dalos han colocado a Cosid?en la cuerda floja: los whatsapps que reenvi?a 146 miembros del partido jact?dose del control del Tribunal Supremo tras el pacto con el PSOE y el supuesto encargo al Ministerio del Interior para robar al extesorero Luis B?cenas documentos que podr?n perjudicar al PP. "Est?en el alero", se?lan fuentes populares. El l?er, Pablo Casado, ha evitado respaldarle p?licamente. "Esto es terrible, un desastre que solo beneficia a Ciudadanos" en plena campa? electoral andaluza, a?den cargos de la formaci?.
De momento, el PP mantiene en p?lico su primera reacci? habitual ante los esc?dalos, y se defiende atacando. "La ministra Dolores Delgado [titular de Justicia] es la ministra m? sucia pol?icamente del Gobierno", ha dicho este martes el vicesecretario de organizaci? del PP, Javier Maroto. Los populares responden a la tormenta pol?ica provocada por la renuncia del juez Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) culpando al Ejecutivo, y especialmente a Delgado, de la decisi? del magistrado para tratar de desviar el foco de Cosid? Seg? el PP, Marchena ha tomado esa decisi? molesto porque se filtrara su nombre, pero su elecci? se conoci?hace ocho d?s y entonces el PP se limit? a celebrar el pacto con el Gobierno, negociado precisamente con Delgado, a la que ahora vetan como interlocutora. La ?ica novedad desde entonces ha sido la difusi?, este lunes por El Espa?l de los whatsapps del portavoz popular en el Senado.
Casado ha evitado refrendar su confianza en Cosid?pero s?ha tratado de desmarcar la ruptura del pacto judicial de "cualquier interpretaci? que se haya transmitido por m?il", en alusi? a los mensajes del portavoz, difundidos 24 horas antes de la renuncia de Marchena. El l?er del PP manifest?su "rechazo" al contenido de esos whatsapps, asegur?que Marchena "acierta" al no dejarse "instrumentalizar" y manifest? menos de diez d?s despu? de cerrar el pacto con el PSOE para renovar el Poder Judicial, su intenci? de modificar el sistema de renovaci? de CGPJ para regresar al de 1985 y que las Cortes solo refrenden a los candidatos propuestos por los jueces.
Fuentes del PP aseguran que en realidad, Cosid?reenvi?esos mensajes, que le hab?n llegado, a su vez, de otro miembro de la formaci?. El partido niega oficialmente que fuera alguien de la direcci? nacional y fuentes pr?imas al senador afirman que no se?lar?a nadie porque al reenviar esos whatsapps ? los estaba asumiendo como si fueran propios.
Esos mensajes trataban de aplacar cierta inquietud en las filas populares por el hecho de que el PSOE tuviese mayor? en el ?gano de gobierno de los jueces y que entrara en el mismo el juez Jos?Ricardo de Prada, que juzg?el caso G?tel. "Es bueno para la justicia espa?la que deje de poner sentencias y pase a un ?gano administrativo", lleg?a decir el popular Carlos Rojas el pasado viernes en el Congreso sugiriendo que ese nombramiento era una patada hacia arriba que les beneficiaba.
Cosid? "No dimitir?mientras tenga la confianza del presidente"
El propio Cosid?ha insistido este martes en que la responsabilidad fundamental de la renuncia de Marchena y la ruptura del pacto es del Gobierno ?"envenenaron el debate" , dice?, y no ha asumido autocr?ica alguna. Preguntado por si pensaba dimitir, ha asegurado que no lo har?mientras tenga la confianza de Casado. "Ahora me siento respaldado por mi grupo y mi presidente", ha zanjado.
La direcci? nacional da, no obstante, m? importancia a otro esc?dalo que tambi? afecta a Cosid? la llamada Operaci? Kitchen sobre un supuesto encargo pagado con fondos reservados que hizo el Ministerio del Interior al comisario Villarejo -encarcelado desde hace un a?- para recuperar los papeles que el extesorero del PP Luis B?cenas se llev?de la sede del partido. Cosid?era en ese momento director general de la Polic?, y el juez del caso B?cenas, Jos?de la Mata, ha pedido un informe urgente para saber si esa operaci? se pag?con fondos reservados.
Fuentes de la direcci? nacional afirman que "hay que esperar" para ver c?o evoluciona esa investigaci?, sin respaldar plenamente a su portavoz en el Senado. Si esa pol?ica empeorara, Casado podr? dejarlo caer, porque las mismas fuentes apuntan que su prop?ito es dejar atr? el esc?dalo B?cenas y lo que llam?"vergonzantes pr?ticas del pasado" para volcarse en lo que considera una campa? electoral "permanente" y tener al partido movilizado ante un eventual adelanto de las generales.
https://elpais.com/politica/2018/11/20/actualidad/1542709427_130352.htmlJUNQUERAS Y CINCO L?ERES DEL ?PROC?? RECUSAN AL JUEZ MARCHENA POR ?FALTA DE IMPARCIALIDAD?
Los acusados cuestionan la relaci? del presidente del tribunal con el PP tras el mensaje de Cosid?br>
Seis acusados en el futuro juicio sobre el proceso independentista catal? ?entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras? han recusado por supuesta "falta de imparcialidad" al magistrado Manuel Marchena, presidente del tribunal y que ha renunciado este martes a presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo tras pactar el PP y el PSOE su candidatura. Los escritos de recusaci? llegan tras el esc?dalo desatado por un mensaje de WhatssApp enviado por el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosid? en el que presum? que el nombramiento de Marchena permitir? al PP tener bajo control el Tribunal.
Los procesados que tratan que sacar del proceso a Marchena por su supuesta relaci? con el Partido Popular son, adem? de Junqueras, los exconsejeros Ra? Romeva, Josep Rull y Jordi Turull; y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi S?chez. El presidente de ?nium, Jordi Cuixart, tambi? ha anunciado que intentar?apartar a Marchena de esta misma causa sobre el desaf? independentista catal? que culmin?tras el refer?dum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaraci? de independencia.
Los procesados han solicitado que se llame a testificar a Cosid?para que explique ?qu?intervenci? o conocimiento ha tenido el magistrado recusado en las decisiones de configuraci? del nuevo CGPJ?, para que revele qu?reuniones ha tenido con Marchena ?durante el ?timo mes? y para corroborar o no el mensaje de Cosid?
Los primeros en formalizar su petici? han sido el exvicepresidente catal? Oriol Junqueras y el exconsejero Ra? Romeva. Su abogado, Andreu Van den Eynde, argumenta en el texto que Marchena es "protagonista? de un ?pacto para controlar el poder judicial y a ? se le atribuyen caracter?ticas personales vinculadas a una determinada orientaci? pol?ica que hacen dudar de la imparcialidad para la participaci? en el proceso" contra sus defendidos. Junqueras y Romeva est? en prisi? preventiva en la prisi? catalana de Lledoners, a la espera del juicio oral. Marchena ha renunciado esta ma?na a presidir el Supremo.
El letrado Van den Eynde defiende que los mensajes de Cosid?dejan de manifiesto la "falta de imparcialidad" y la "existencia de un acuerdo pol?ico para el reparto de las vocal?s del ?gano de gobierno de los jueces". "En dicho pacto habr? tenido singular protagonismo la candidatura del magistrado recusado a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a quien se habr? otorgado por el mencionado senador la responsabilidad de 'ganar' las votaciones mediante la anulaci? de la minor? 'progresista' de tal ?gano de gobierno", dice el escrito.
Los exconsejeros Rull y Turull y del expresidente de la ANC Jordi S?chez ya hab?n tratado de apartar a Marchena sin ?ito en verano. En esta ocasi? han alegado los "v?culos" del presidente del tribunal "con la formaci? pol?ica que reclama severas condenas" para ellos.
https://elpais.com/ccaa/2018/11/20/catalunya/1542714901_616137.htmlEL PP NO HABLA DE COSID?Y APUNTA A DELGADO: "ES LA MINISTRA M? SUCIA POL?ICAMENTE DEL GOBIERNO"
Los populares suspenden el proceso de renovaci? y hablan ahora de reformar el sistema de elecci? de los jueces
Anuncian que no volver? a negociar hasta el cese de la titular de Justicia. "Es la ministra m? sucia pol?icamente del Gobierno", dice Maroto
Ignacio Cosid? en la cuerda floja por su whatsapp sobre el poder judicial
Maroto culpa al Gobierno de la renuncia de Marchena: "Delgado es la ministra m? sucia pol?icamente del Gobierno".
El Partido Popular da por roto el acuerdo con el PSOE. Los populares han decidido suspender el proceso de renovaci? y consideran ?acertada? la renuncia del magistrado Manuel Marchena.
La direcci? nacional conservadora ha anunciado que, tras haber intentado por responsabilidad institucional hacerlo en tiempo y forma con la legislaci? en vigor, reivindicar?a partir de ahora la reforma del sistema de elecci?. Adem?, buscar?el consenso parlamentario para modificarla. Ahora, por primera vez, los populares se muestran dispuestos a abordar este asunto.
"La irresponsabilidad del Gobierno al gestionar este proceso filtrando los detalles de la negociaci? parlamentaria han desgastado la justicia", indican fuentes del PP.
G?ova culpa a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, intentando alejar el foco de Ignacio Cosid? El lunes El Espa?l public?un mensaje interno del portavoz en el Senado. "Controlaremos la Sala Segunda desde detr?", se?laba en este.
Pero el PP intenta que la decisi? de Marchena no se asocie a esta pol?ica. Hablan de "la irresponsabilidad" de Pedro S?chez y del "asco" que les da el Ejecutivo. "Delgado es la ministra m? sucia pol?icamente del Gobierno", ha comentado Javier Maroto. Para el responsable de Organizaci? popular es "una broma pesada" que el presidente les pida a ellos explicaciones.
http://cadenaser.com/ser/2018/11/20/politica/1542706271_371510.htmlLAS ASOCIACIONES JUDICIALES APLAUDEN LA DECISI? DE MARCHENA: ?ES UNA LECCI? DE INDEPENDENCIA?
Los colectivos insisten en que los vocales judiciales del CGPJ sean votados por jueces y magistrados
El magistrado Manuel Marchena ha apretado a primera hora de este martes el bot? nuclear de la independencia judicial y ha renunciado, en un gesto sin precedentes, a ser nombrado presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo. La decisi? de Marchena, aplaudida un?imemente por las asociaciones judiciales y por otros operadores jur?icos, llega en medio de una de las mayores crisis de legitimidad y de imagen de la judicatura en cuatro d?adas de democracia y desbarata el pacto entre el PP y el PSOE para la renovaci? del ?gano de gobierno de los jueces. El paso atr? se produce al d? siguiente de que se publicara un mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosid? a sus compa?ros de partido en el que presum? de que la designaci? de Marchena permitir? a los populares controlar ?desde detr?? nombramientos judiciales y salas clave del alto tribunal.
"Jam? he concebido el ejercicio de la funci? jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opci? pol?ica para controlar el desenlace de un proceso penal", ha recalcado el magistrado, de 59 a?s, en un comunicado de cuatro puntos. ?Mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisi? jurisdiccional?, a?de la nota de renuncia a la candidatura.
El gesto de Marchena ha cogido por sorpresa a primera hora a sus compa?ros. El portavoz de la Asociaci? Profesional de la Magistratura, Celso Rodr?uez Padr?, en declaraciones a Efe, ha manifestado que esa decisi? demuestra no solo su ?val?? como candidato, sino tambi? su ?autoridad? y sus condiciones personales?. ?Es una lecci? de independencia y nos sentimos orgullosos. Ning? pol?ico domina al Poder Judicial, a ning? tribunal en concreto ni a ning? juez?, afirma Rodr?uez Padr?. El portavoz de la asociaci? mayoritaria entre los jueces considera que la renuncia de Marchena supone una ?demostraci? de fortaleza del sistema?.
La designaci? del actual presidente de la Sala de lo Penal del Supremo como primera autoridad judicial espa?la fue acordada hace ocho d?s por el Gobierno y el PP, y filtrada como un hecho consumado. Y se hizo as?pese a que la Constituci? y la Ley Org?ica del Poder Judicial establecen que ser? los 20 vocales del CGPJ, nombrados por el Congreso y el Senado, los que elegir? al presidente en la sesi? constitutiva del ?gano. Los dos partidos mayoritarios presentaron la renovaci? del ?gano como un buen acuerdo pol?ico por el que el PP permit? una mayor? progresista en el Consejo a cambio de situar en la presidencia a Marchena, un jurista con fama de conservador, pero con enorme capacidad de di?ogo y una solvencia t?nica y jur?ica reconocida por todos los sectores.
El paso atr? de Marchena ha supuesto, al menos en un primer momento, una inyecci? de autoestima para los magistrados. Natalia Velilla, miembro de la Ejecutiva de la Asociaci? Judicial Francisco de Vitoria, la segunda en n?ero de afiliados, afirma que su colectivo acoge ?con total alegr? y esperanza? la decisi? del presidente de la Sala de lo Penal del Supremo. ?Era una l?tima que una persona de la estatura profesional y jur?ica del se?r Marchena, que es un magn?ico jurista, estuviera de un lado a otro en boca de los partidos, nos ha parecido un gesto que le honra?. La asamblea de la asociaci? hab? acordado recurrir el hipot?ico nombramiento de Marchena, no por desacuerdo con su figura, sino por ?la manera en que se desliz?imp?icamente qui? iba a ser el presidente del Supremo sin saber siquiera qui?es iban a ser los vocales del CGPJ?, afirma Velilla.
El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ignacio Gonz?ez Vega, ha estimado que la decisi? de Manuel Marchena "le honra, dignifica a la carrera judicial y su independencia", y muestra "el malestar" existente entre los magistrados. La sorprendente renuncia de Marchena se produce al d? siguiente de la segunda huelga general de jueces y fiscales para lograr mejoras salariales y laborales y en defensa de la independencia del Poder Judicial, y que fue secundada por alrededor del 50% de los magistrados espa?les.
Las asociaciones judiciales reclaman que los 12 vocales del CGPJ que se eligen entre jueces ?los otros ocho se eligen entre juristas de reconocida competencia? sean seleccionados directamente por los miembros de la carrera y no por el Congreso y el Senado, como sucede desde 1985. ?No solo lo decimos nosotros, tambi? lo llevan diciendo dos a?s los informes del Grupo de Estados contra la Corrupci? del Consejo de Europa?, recuerda Velilla.
La renuncia de Marchena y la decisi? del PP de romper el pacto para la renovaci? del CGPJ aboca a la pr?roga del mandato del actual Consejo y de su presidente, Carlos Lesmes. ?No creemos que en esta legislatura se vaya a alcanzar un acuerdo, creo que el Consejo se prorrogar?m? de un a?, eso es una prueba m? de que el sistema no funciona. Hacer depender esto de pactos pol?icos va contra el sentir del legislador constituyente; que no dejen meter baza m? que a los partidos, se traduce en que no funciona el sistema?, se lamenta Velilla.
https://elpais.com/politica/2018/11/20/actualidad/1542710645_591169.htmlMARCHENA RENUNCIA A PRESIDIR EL SUPREMO Y EL PODER JUDICIAL Y DESBARATA EL PACTO PSOE-PP
Pedro S?chez dice que la decisi? del magistrado tras los mensajes de WhatsApp del senador popular Ignacio Cosid?"demuestra lo acertado de su nombramiento"
El primer y ?ico gran pacto pol?ico de la legislatura entre el PSOE y PP ha saltado por los aires. El juez Manuel Marchena, pieza clave del acuerdo entre ambos partidos para renovar a tiempo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y dar un impulso a una justicia en horas bajas, ha renunciado a presidir ese ?gano y el Tribunal Supremo, seg? ha adelantado este martes El Espa?l. Marchena reacciona as?a la publicaci? de un mensaje de WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosid? dirigido a sus 146 compa?ros de la C?ara alta, en el que presum? de que con el acuerdo su partido seguir? controlando "por detr? la Sala Segunda" del Tribunal Supremo, la que lleva el juicio del proc?. Ante la evidencia de que se estaba ofreciendo la imagen de Marchena como un hombre al servicio del PP, el juez ha decidido renunciar y reventar un acuerdo que hab? sido muy cuestionado por las asociaciones judiciales, pero que PSOE y PP hab?n decidido mantener y ten?n que votar definitivamente este jueves.
La retirada de Marchena supone un problema para el PP, que lo hab? propuesto y ha sido el responsable de su abandono, pero sobre todo para el Gobierno, que ve? en la renovaci? del Poder Judicial una pieza fundamental para mostrar estabilidad institucional y disipar el ambiente que se est?instalando en c?culos pol?icos de que el Ejecutivo no va a poder aguantar mucho tiempo y se ver?obligado a convocar elecciones. En La Moncloa insisten en que la polvareda de los ?timos d?s pasar?en cuanto salga el resultado de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre y se vea, como ellos auguran, que el gran perdedor de la noche es el PP. Entonces se pasar?de hablar de la inestabilidad del Gobierno a analizar la crisis del PP, sostienen. Sin embargo, esta noticia del fiasco de la operaci? Marchena aliment?inmediatamente esas especulaciones que apuntan a un adelanto electoral inminente y el propio presidente ha admitido que "sin Presupuestos, mi vocaci? de llegar al final de la legislatura se ve acortada".
S?chez ha dicho este martes en un acto organizado por The Economist en Madrid que se ha enterado esta misma ma?na de la renuncia de Marchena. S?chez ha querido destacar tres cosas. Uno, que ? desconoc? la intenci? de renunciar. En segundo lugar, que "al haberse puesto en cuesti? la imparcialidad de un juez por una persona importante del PP", le parece "que su renuncia demuestra lo acertado de su nombramiento". Y, por ?timo, ha dejado caer con cierta iron? que si el senador popular no quer? que se conociera su mensaje no deb? haber enviado un whatsapp a 146 senadores. S?chez ha aludido a una frase del expresidente republicano Manuel Aza? para decir que la pol?ica es tejer y destejer. "Y lo de la renuncia de hoy [por este martes] es un buen ejemplo", ha se?lado. A continuaci?, ha pedido que se recupere el sentido institucional para poder alcanzar pactos, informa Antonio Maqueda.
El PP ha reaccionado r?idamente, pero no con medidas contra su portavoz Cosid? sino dando por roto el acuerdo para la renovaci? del ?gano de gobierno de los jueces y la presidencia del alto tribunal, y culpando al Gobierno. Pedro S?chez tambi? ha pedido a los populares que reflexionen y vuelvan a la mesa de negociaci? para buscar un nuevo presidente y mantener el pacto, que implicaba cesiones por los dos lados: el PP renunciaba a la mayor? en el CGPJ (los progresistas ser?n 11 de 20 vocales, los conservadores 9), mientras los socialistas aceptaban como presidente a Marchena, un conservador muy respetado en el mundo de la justicia que ha sido por dos veces el candidato del PP para presidir el Poder Judicial, pero ha querido mostrar su independencia con una dura carta de renuncia.
El acuerdo parece ahora dif?ilmente recuperable, por lo que es posible que el Poder Judicial entre en una situaci? de bloqueo y tenga que continuar al frente con el mandato ya caducado Carlos Lesmes, cuya imagen ha quedado muy tocada despu? de la sentencia de las hipotecas. La direcci? del PP, y en especial su principal negociador, Rafael Catal? hab? recibido muchas cr?icas por este acuerdo que ced? la mayor? a los progresistas. Pablo Casado estaba visiblemente inc?odo con estas cr?icas del ala m? conservadora, y con esta renuncia de Marchena se quita un problema de encima, aun a costa de bloquear el Poder Judicial. La crisis llega, por tanto, por un error de Cosid? que ha sido la gota que colm?el vaso de la paciencia de Marchena, pero puede ser utilizada por los populares para resolver su problema interno.
En la carta, Marchena defiende su independencia y se desliga del acuerdo pol?ico entre PP y PSOE para la renovaci? del ?gano de gobierno de los jueces, alcanzado hace poco m? de una semana. "Jam? he concebido el ejercicio de la funci? jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opci? pol?ica para controlar el desenlace de un proceso penal", ha recalcado el magistrado en un comunicado. La decisi? de Marchena tiene una consecuencia directa sobre el juicio m? importante de los ?timos a?s, el del proc?. Su salida de la Sala de Lo Penal para presidir el Supremo implicaba una serie de cambios que modificaban el tribunal y permit?n una composici? con un progresista m?. La renuncia implica que Marchena seguir?al frente de la sala, que presidir?el juicio y que ser?por tanto la figura clave del proceso.
Los independentistas ya se hab?n lanzado a criticar a Marchena y al Supremo despu? de que se publicaran los mensajes de Cosid?que mostraban ese intento del PP por controlar este juicio, y Oriol Junqueras ha decidido recusar al juez. Las consecuencias pol?icas de ese juicio son tan evidentes como incalculables, pero sin duda este fiasco no ayuda a mejorar la relaci? entre el PSOE y los independentistas ni a la estabilidad del Gobierno. El Ejecutivo sigue convencido de que Junqueras no tiene ning? inter? en que haya ahora elecciones generales que podr?n abrir la puerta a un mayor poder de Ciudadanos, y conf? en reconducir la situaci? apelando al inter? de los que apoyaron la moci? de censura por mantener la estabilidad del Gobierno, pero la situaci? se precipita por momentos.
El presidente S?chez ha responsabilizado al PP por poner en duda la profesionalidad de Marchena y ha pedido a los populares responsabilidad para que no rompan el acuerdo, porque entre los nombres pactados hay jueces de gran prestigio e imparcialidad que pueden ser candidatos a presidir el Consejo General del Poder Judicial, informa Anabel D?z. El vicesecretario de Organizaci? del PP, Javier Maroto, ha anunciado en una entrevista en RNE que el PP da por roto el acuerdo y suspende la renovaci? "hasta que la ministra (Dolores) Delgado sea cesada". "Es la m? cuestionada", ha incidido. "Esa opci? (la candidatura de Marchena) est?rota y la culpa es del Gobierno por filtrar el contenido de las negociaciones, poner su nombre en la picota y dejarle en mal lugar", ha asegurado.
Las asociaciones judiciales hab?n expresado su respeto por la figura del magistrado Manuel Marchena como candidato a presidir el CGPJ y el alto tribunal en sustituci? de Carlos Lesmes, pero la forma en la que se anunci?que iba a ocupar la presidencia gener?malestar. Los colectivos rechazaron en t?minos muy duros que su nombre, pactado entre populares y socialistas, viera la luz sin que se hubiera cerrado la composici? de los 20 vocales que renovar? el ?gano de gobierno de los jueces y que son los que tienen que elegir al presidente en la sesi? constitutiva de acuerdo con la Constituci? y seg? la ley. Este hecho supuso, seg? ellos, la demostraci? gr?ica de la politizaci? del ?gano constitucional llamado a defender la independencia de los 5.500 jueces y magistrados espa?les.
https://elpais.com/politica/2018/11/20/actualidad/1542697441_589989.htmlCOSID?ADMITE EL MENSAJE DE WHATSAPP EN EL QUE PRESUME DE UN FUTURO CONTROL DEL PP SOBRE EL SUPREMO
El portavoz del PP en el Senado asegura que ha sido malinterpretado porque us? un lenguaje coloquial al ser un texto s?o para sus compa?ros en la C?ara alta
El portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosid? ha admitido este lunes ser el autor del texto enviado a trav? de la aplicaci? de mensajer? instant?ea WhatsApp el pasado s?ado a sus 146 compa?ros en el Senado en el que se detallaban las interioridades del pol?ico acuerdo alcanzado con el PSOE para repartirse el nombramiento de los vocales del futuro Consejo del Poder Judicial (CGPJ). En el mismo, presum? de un supuesto control futuro "desde detr?" sobre varios ?ganos clave en el Tribunal Supremo. En un encuentro con periodistas, Cosid??uno de los hombres de la m?ima confianza del presidente del partido, Pablo Casado? ha negado que del mensaje se pueda sacar esta conclusi? y ha achacado "mala interpretaci?" a la redacci? del texto, que ha tildado de "no la m? afortunada". El dirigente popular justific?dicha circunstancia en que era un mensaje interno del partido que no deber? haber trascendido.
En el mensaje, adelantado por El Espa?l, Cosid?explicaba a sus compa?ros "el pacto previo" con el PSOE que permit? a los socialistas elegir 11 vocales del CGPJ, mientras que al PP le tocar? dar los nombres de nueve "m? la presidencia". Este ?timo es un puesto clave en el Supremo que supuestamente deben elegir los vocales que finalmente sean elegidos por el Congreso y el Senado, pero que desde el primer momento se supo adjudicado al magistrado conservador Manuel Marchena. Cosid?presum? en el mensaje, precisamente, de este logro: "Un presidente gran jurista con much?ima experiencia en el Supremo, que prestigiar?el TS y el CGPJ, que falta le hace, con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino pr?imas al 21-0".
Sin embargo, Cosid?a?d? inmediatamente despu? en el texto remitido a sus compa?ros: "Y, adem?, controlando la Sala Segunda desde detr?", en referencia a la Sala lo Penal, competente para enjuiciar los casos que afectan a aforados, y "presidiendo la Sala del 61", la encargada de asuntos con mucha carga pol?ica como la ilegalizaci? de partidos. El portavoz del PP ha negado este lunes en su encuentro semanal con los periodistas que de su mensaje escrito se desprenda ning? tipo de control pol?ico, y achaca todo al "lenguaje coloquial" por el que ha pedido "disculpas".
Tambi? ha negado que enviara el mensaje para calmar un supuesto malestar existente entre las filas populares por haber permitido que el juez Jos?Ricardo de Prada ?uno de los tres magistrados de la Audiencia Nacional que dict?la sentencia del caso G?tel que conden?al PP como part?ipe a t?ulo lucrativo de la trama de corrupci? y que desemboc?en la moci? de censura que acab?con la presidencia de Mariano Rajoy? haya sido elegido para el ?gano de gobierno de jueces. En el mensaje ahora conocido, Cosido justificaba que esa decisi? era buena: "Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP". Este lunes, el dirigente popular ha recordado que esta opini? no es nueva y que ya fue manifestada por el diputado popular Carlos Rojas el pasado viernes durante la comparecencia precisamente de De Prada en el Congreso como candidato a ocupar un puesto en el CGPJ.
Las explicaciones no han convencido a Ciudadanos, el partido m? cr?ico con el reparto en la elecci? de los vocales del CGPJ pactado por el PP y el PSOE. In? Arrimadas, portavoz de la ejecutiva de la formaci? naranja, ha pedido explicaciones a Casado de forma "urgente" por el mensaje filtrado, que considera muy grave. "No es un chiste de mal gusto o una palabra inapropiada. Esto es muy grave, merece una explicaci? urgente del presidente del partido. Es un intento de controlar la justicia. Requiere explicaciones serias", informa Elsa Garc? de Blas. "Esto es grav?imo, est?poniendo en duda la credibilidad de la justicia espa?la", ha censurado Arrimadas que, sin embargo, no ha pedido la dimisi? de Cosid?
Los seguimientos a B?cenas
Cosid?tambi? ha aprovechado el encuentro para marcar distancias con la supuesta vigilancia que, tras estallar el esc?dalo de los papeles de B?cenas, el comisario Jos?Manuel Villarejo y otros integrantes de la llamada "brigada patri?ica" sometieron al extesorero del PP mediante el pago de fondos reservados al ch?er del pol?ico hoy encarcelado. El portavoz popular ?que cuando se produjeron aquellos hechos era el director general de la Polic? en el equipo que encabezaba como ministro del Interior Jorge Fern?dez D?z? asegur? no saber nada del asunto ni haber visto ninguno de los informes o la documentaci? que en los ?timos d?s est?revelando el diario El Mundo sobre dichas pesquisas nunca judicializadas. Cosid?afirm?que si hubiera tenido en sus manos dichos documentos, los hubiera puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional, que investigaba el caso.
https://elpais.com/politica/2018/11/19/actualidad/1542630134_616500.htmlUN COLECTIVO DE JUECES RECURRIR?LA DESIGNACI? DE MARCHENA TRAS EL REPARTO DEL PODER JUDICIAL
La AJFV plantear?alegaciones ante el Supremo y, si se rechazan, elevar?la causa a Europa
El acuerdo del PP y PSOE para nombrar presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al conservador Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo, se enfrenta a la primera contestaci? de facto dentro del propio sector. La Asociaci? de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), con cerca de 800 miembros, ha aprobado este mi?coles presentar un recurso contra esta designaci?, pactada en los despachos entre socialistas y populares tras repartirse los sillones del ?gano de gobierno de los jueces.
"Ya es hora de que se cumpla la legalidad de una vez por todas", ha afirmado Raimundo Prado, portavoz de esta asociaci?, la segunda m? numerosa de la carrera judicial, que ya recurri?la elecci? de Carlos Lesmes en 2013 tras producirse un acuerdo similar del bipartidismo. Entonces, como ahora, el colectivo de magistrados tom?la iniciativa al entender que el "cambalache" pol?ico implicaba una "injerencia" de los partidos y del Gobierno en el Poder Judicial. Pero el Tribunal Supremo la tumb?al afirmar que "la voluntad libre de los vocales que votaron a favor no puede ponerse en duda a causa de la te?ica existencia de tratos previos".
Pero, en esta ocasi?, se ha conocido el elegido para ocupar el cargo de presidente mucho antes de designar a los propios vocales del Poder Judicial que deben votarlo. De hecho, algunos de los componentes del CGPJ a? no estaban decididos cuando se cerr?el pacto. Por ello, la mayor? de socios del AFJV ha aprobado este mi?coles volver a presentar un recurso ante el Supremo y, en el caso de que se rechace, se trasladar?el procedimiento a los tribunales europeos. Una decisi? que se adopta, adem?, apenas unos d?s antes de la huelga de jueces del pr?imo 19 de noviembre.
https://elpais.com/politica/2018/11/14/actualidad/1542221133_709960.htmlLA SEGUNDA ASOCIACI? DE JUECES IMPUGNA ANTE EL SUPREMO EL NOMBRAMIENTO DE MARCHENA
La Francisco de Vitoria, de car?ter moderado, decide recurrir el pacto pol?ico que garantiza la designaci? de Manuel Marchena como presidente del Poder Judicial
El acuerdo entre Gobierno y PP se ha conocido semanas antes de que se constituya el nuevo Consejo General del Poder Judicial, a cuyos vocales atribuye la ley la elecci? de su presidente
La asociaci? critica "el descaro" del pacto para la configuraci? del nuevo CGPJ y se declara dispuesta a llegar hasta el Tribunal de Justicia de la UE
La asamblea de la Asociaci? Francisco de Vitoria (AJFV), de car?ter moderado y segunda del pa? por n?ero de afiliados (864), aprob?este martes impugnar el nombramiento de Manuel Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo. La asociaci?, que elevar?recurso a la Sala de lo Contencioso del Supremo y se declara dispuesta a llegar al Tribunal de Justicia de la UE, argumenta que la designaci? de Marchena ya se ha producido de facto tras el acuerdo alcanzado por el Gobierno y el PP y que, por tanto, vulnera lo estipulado en la Ley Org?ica del Poder Judicial (LOPJ).
El art?ulo 586 de la LOPJ atribuye la elecci? del presidente del CGPJ a los 20 vocales del ?gano de gobierno de los jueces. Esos 20 nuevos vocales del Consejo, cuyo mandato debe comenzar a principios de diciembre, ni siquiera han sido todav? formalmente elegidos por el Congreso y el Senado.
La AJFV ya recurri?en 2014 el nombramiento de Carlos Lesmes, presidente saliente del CGPJ y del Supremo. Y lo hizo por motivos casi id?ticos a los que ahora esgrime para impugnar la futura designaci? de Marchena, adscrito como Lesmes al sector conservador de la judicatura: que "incluso antes de conocerse los nombres de los vocales [del CGPJ] se sab? qui? iba a desempe?r el cargo de presidente". As?se lee en la sentencia por la que la Sala de lo Contencioso del Supremo tumb?el recurso. Lo hizo con una sentencia donde el tribunal adujo que la "voluntad libre" de los vocales que votaron a favor de Lesmes "no puede ponerse en duda a causa de la te?ica existencia de tratos o convenios pol?icos previos".
Pero lo que la Francisco de Vitoria aduce es que, en noviembre de 2013, el nombre de Lesmes se filtr?a la prensa como el del candidato favorito en las quinielas mientras que ahora Marchena ostenta ya el rango de seguro ganador. "En esta ocasi? ?razona el portavoz de la AJFV, Raimundo Prado? se ha hecho con m? descaro que nunca, porque se ha anunciado oficialmente por los propios partidos cuando todav? ni siquiera estaban nombrados los vocales que deben decidir ese nombramiento". En opini? de Prado, "es una absoluta falta de respeto a los procedimientos, a la ley y a toda la carrera judicial".
Prado enfatiz?que la iniciativa adoptada por su asociaci? no cuestiona la figura de Marchena, "cuya capacidad para el cargo nadie discute", sino "las formas con las que los partidos pol?icos se saltan los procedimientos que establece la LOPJ".
Otras asociaciones no se suman al recurso
Prado anim?a las otras asociaciones de jueces a adherirse al recurso "y lograr que por una vez en Espa? esto se convierta en una justicia independiente y que los ciudadanos tengan esa percepci?". Ignacio Gonz?ez Vega, presidente de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), de signo progresista y varios de cuyos miembros figuran en la lista de vocales pactada por el Gobierno y el PP, confirm?a infoLibre que no habr?adhesi? y recalc?que "el Supremo ya desestim?un recurso como el anunciado ahora". Consultada por este peri?ico, la Asociaci? Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera, descart?igualmente sumarse al recurso. Pese a la "contundencia" de las informaciones ?respondi?el portavoz de la APM, Celso Padr??, Marchena contin? siendo a d? de hoy solo un candidato. Este diario no logr?contactar con la cuarta y m? minoritaria asociaci? del sector, Foro Judicial Independiente.
Criticado pese a lo anterior por las distintas asociaciones de jueces, el pacto que elevar?al presidente de la Sala de lo Penal a la c?ula del poder judicial no solo ha sido confirmado por distintos dirigentes pol?icos sino que algunos han hablado ya p?licamente del todav? presidente de la Sala de lo Penal del Supremo como virtual jefe del CGPJ y del Supremo. Un ejemplo: el lunes, la portavoz del comit?electoral del PSOE, Esther Pe?, se pronunci?con nitidez sobre la futura designaci? del magistrado en aplicaci? de un acuerdo que coloca al conservador Marchena al frente del CGPJ pero le otorga la mayor? (11 vocales sobre 20) al bloque progresista .
En su respuesta a la pregunta de un periodista respecto al acuerdo alcanzado con el PP para la renovaci? del Poder Judicial, la dirigente socialista respondi? as? "Es cierto, Manuel Marchena ser?el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Tribunal Supremo y a lo largo del d? de hoy conoceremos los restantes nombres de este ?gano" [puedes escuchar a Pe? pinchando aqu?y yendo al minuto 4:39 del v?eo].
Los partidos no lo confirmaron en 2013
El a? presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, fue aupado a su cargo en diciembre de 2013 previo pacto de socialistas y populares, Lesmes fue formalmente elegido para el cargo en la sesi? que el 9 de diciembre de 2013 celebraron los nuevos 20 vocales del CGPJ.
Tambi? entonces, la prensa hab? anunciado con tres semanas de antelaci? que el ahora presidente saliente del CGPJ se perfilaba como primera autoridad judicial del pa?. Pero, a diferencia de lo sucedido ahora, ni el PP, entonces en el Gobierno, ni el PSOE accedieron a confirmar que el nombramiento ya estaba escrito.
"Los partidos ?public?el 20 de noviembre de 2013 el diario La Vanguardia? no han querido revelar qui? ocupar?la presidencia, posiblemente para guardar un tanto las formas y que sean los vocales quienes voten y lo anuncien. La impresi? m? extendida es que el presidente ser?el magistrado del Supremo Carlos Lesmes, sin descartar absolutamente la candidatura del presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra". En la misma direcci?, el diario El Pa? informaba as?del acuerdo: "Populares y socialistas niegan haber acordado ya el nombre que los vocales votar? en el primer pleno. En las quinielas, seg? fuentes de la negociaci?, el mejor colocado es Carlos Lesmes".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/11/15/francisco_vitoria_marchena_88805_1012.htmlCASADO CELEBRA EL ACUERDO CON EL GOBIERNO PARA RENOVAR EL PODER JUDICIAL: ?MARCHENA ES UNO DE LOS MEJORES JURISTAS DE ESPA??
El l?er de los populares defiende la "extraordinaria profesionalidad, trayectoria e independencia" de todos los miembros del nuevo CGPJ
"El PP nunca romper?relaciones por responsabilidad con el partido que ahora est?al frente del Gobierno", asegura Casado
"Manuel Marchena es un jurista de los mejores que ha tenido Espa? en las ?timas d?adas. Cuenta con el prestigio de la profesi? y de los que somos los representantes de los espa?les". Con estas palabras se ha expresado este lunes el presidente del PP, Pablo Casado, sobre el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial que ha alcanzado con el Gobierno y que ha elegido a Manuel Marchena como presidente del Poder Judicial.
Casado ha defendido el acuerdo porque, ha dicho, "el Congreso tal y como mandata la Constituci? tiene que cumplir los plazos de renovaci?". A su juicio, "regeneraci? pol?ica tambi? es cumplir con lo que dice la Constituci? a la hora de renovar en plazo las instituciones del Estado. Eso es lo que el PP con el resto de partidos ha intentado hacer y lo que s?puedo decir es que la independencia de los profesionales que se han presentado tanto por el turno de jueces como por la cuota de juristas son de una extraordinaria profesionalidad, trayectoria e independencia", ha a?dido al finalizar un desayuno informativo, en Madrid.
Tambi? ha recalcado que el "compromiso" del PP es que el CGPJ "siga desarrollando su labor como el Gobierno de los jueces con la brillantez que ha hecho hasta ahora".
Respecto al anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro S?chez, hace unas semanas de que romp? relaciones con Casado, el l?er de los populares ha remarcado que "el PP nunca romper?relaciones por responsabilidad con el partido que ahora est?al frente del Gobierno. Pensamos que en las cuestiones de Estado tenemos que seguir hablando".
https://www.eldiario.es/politica/Casado-Gobierno-Judicial-Marchena-Espana_0_835016674.htmlMANUEL MARCHENA PRESIDIR?UN PODER JUDICIAL CON MAYOR? PROGRESISTA
A cambio de ceder la presidencia a un conservador, el PSOE y sus socios tendr? 11 vocales, y los populares, solo nueve
El Gobierno y el PP han pactado definitivamente la renovaci? del Poder Judicial con una novedad muy relevante. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, y por tanto tambi? presidente del Tribunal Supremo, ser? si sale adelante este pacto, Manuel Marchena, actual m?imo responsable de la Sala de lo Penal, que dejar?esta responsabilidad y no dirigir?el juicio a los l?eres del proc?. A cambio de ceder la presidencia a una persona de l?ea conservadora, el PSOE se ha garantizado una mayor? progresista dentro del poder judicial, seg? confirman fuentes del Gobierno y del PP. Los socialistas y sus socios de Podemos tendr? 11 vocales. Los populares, solo nueve.
Las negociaciones han sido complejas precisamente porque el nombre de Marchena, una persona con fuerte liderazgo dentro del Tribunal Supremo pero tambi? con una clara impronta conservadora, no ser?f?ilmente aceptado en sectores progresistas del mundo judicial pr?imos al PSOE. Tampoco Podemos, socio principal de los socialistas, lo ve con buenos ojos. Podemos tambi? quiere tener influencia en el Consejo General del Poder Judicial, y reclama consensuar con el PSOE al menos cuatro vocales. Ahora, al tener 11 para acordar entre los dos, ser?m? sencillo. Ciudadanos ha decidido quedarse fuera del pacto porque no acepta el sistema de reparto entre partidos y por tanto los populares tienen sus 9 para ellos, adem? del presidente.
El l?er del PP, Pablo Casado, se ha felicitado por el acuerdo y sobre todo por los nombres que forman parte del pacto. "La independencia y prestigio de los profesionales propuestos es evidente como es el caso del propio Marchena que es una los juristas m? importantes que ha tenido nuestro pa?", ha asegurado. Informa Natalia Junquera. Por su parte, los socialistas se han felicitado porque la mayor? del futuro CGPJ sea progresista. EL PSOE justifica el acuerdo con el PP en que con la renovaci? se ?pretende la salida al bloqueo de la justicia? as?como ?recuperar la normalidad institucional?. Informa Jose Marcos.
La elecci? de Marchena no est?exenta de pol?ica. Corre el riego de ser vista como un mensaje negativo por los independentistas catalanes, que lo consideran el ide?ogo del juicio del proc? y de las medidas m? duras contra los l?eres del movimiento que deriv?en la declaraci? de independencia en 2017 y que ha provocado que Oriol Junqueras, l?er de ERC, y otros dirigentes clave est? en prisi? preventiva desde hace m? de un a? por presuntos delitos de rebeli?. Junqueras y otros 17 dirigentes independentistas se enfrentan a una petici? de la fiscal? de hasta 25 a?s de c?cel.
Sin embargo, este pacto tiene consecuencias importantes sobre el juicio del proc? que no tienen por qu?ser negativas para los dirigentes independentistas. Marchena ya no presidir?el juicio ni ser?ponente. Habr?que elegir un nuevo presidente ?que ser?votado por el nuevo CGPJ de mayor? progresista? y un nuevo ponente. La opci? m? probable, seg? las fuentes consultadas, es que el presidente del juicio sea el miembro m? antiguo del tribunal del proc?, Andr? Mart?ez Arrieta, de 63 a?s y con 20 de experiencia en el Supremo. La redacci? de la sentencia podr? asumirla ? o que recayera en otro magistrado.
El tribunal que juzgue a los independentistas iba a estar formado, adem? de por Marchena y Mart?ez Arrieta, por Juan Ram? Berdugo, Antonio del Moral, Andr? Palomo, Luciano Varela y Ana Ferrer. La plaza que previsiblemente deje vac? Marchena la ocupar?ahora la magistrada Susana Polo, considerada progresista y que se incorpor?a la Sala de lo Penal en julio pasado. Con este cambio, el sector progresista gana peso en el tribunal el proc?, una circunstancia que puede haber pesado, seg? las fuentes consultadas, para que el PSOE acepte el nombre de Marchena para presidir el CGPJ.
Marchena no dirigir?la sala , pero s?presidir?el alto tribunal, un cargo que corresponde siempre al presidente del Poder Judicial. Desde all? y dado su liderazgo en este tribunal, tendr?tambi? una influencia importante en el juicio clave.
El consejo est?compuesto por 20 vocales elegidos por el Congreso y el Senado ?8 juristas propuestos por Congreso y Senado, que se presentan este lunes, y 12 propuestos por las asociaciones judiciales pero que tambi? se votan en las Cortes, con lo que al final todo deriva de un pacto pol?ico de reparto? que despu? eligen pero no entre ellos al presidente, que desempata al ser el n?ero 21 y tener voto de calidad. Por tanto Marchena tendr?que ser elegido por esos 20 vocales lo que provoca que los progresistas deber? respaldar al candidato conservador.
En esa nueva mayor? ha estado la clave en las negociaciones durante el fin de semana entre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su antecesor del PP, Rafael Catal? Los populares quer?n tener 10 vocales y la presidencia de Marchena, y as?se garantizaban seguir teniendo el control del CGPJ como hasta ahora. Los socialistas aceptaron al magistrado del Supremo como presidente, y no a una mujer progresista como ellos quer?n, a cambio de que el PP renunciara a esa mayor? que ha tenido durante los ?timos a?s.
El nombre de Marchena ya fue en 2013, en la anterior renovaci? del CGPJ, el primer candidato del PP, que entonces ten? mayor? absoluta en el Congreso. Pero el PSOE vet?este nombre durante las negociaciones y los populares presentaron entonces el de Lesmes, que s?obtuvo el visto bueno de los socialistas.
Tanto el PSOE como el PP quer?n tener ahora la renovaci? del Poder Judicial lista antes de que empezara el juicio del proc? para dar un nuevo impulso a la justicia y en especial al Supremo, cuya imagen ha quedado muy tocada esta semana con la sentencia de las hipotecas. Carlos Lesmes, actual presidente del Poder Judicial, tambi? qued?muy tocado y el PP quer? sustituirlo cuanto antes.
El CGPJ es fundamental para el mundo de la justicia porque all?se deciden los nombramientos clave en el Supremo y en los puestos m? importantes de los tribunales. Desde el PSOE trasladan que ahora, con un presidente de una l?ea y una mayor? de otra por primera vez en la historia, ser?imprescindible apostar por el consenso, aunque esa intenci? inicial habr?que comprobarla con las primeras decisiones.
https://elpais.com/politica/2018/11/12/actualidad/1542008392_972068.htmlMANUEL MARCHENA, UN HOMBRE DE CONFIANZA DEL PP PARA CONTROLAR EL VOLC?
El nuevo presidente del CGPJ cuenta a su favor con un conocimiento amplio de las bambalinas de la justicia
Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 59 a?s) empleaba un s?il en los ?timos meses para referirse a la situaci? que se viv? en el Tribunal Supremo, que ha acaparado el protagonismo con asuntos como la investigaci? del proc? o el conflicto sobre el impuesto hipotecario: ?Es como estar encima de un volc?. Que a veces est?tranquilo pero siempre est?latente y, en cualquier momento, puede estallar?. Ahora que sale adelante el pacto alcanzado entre el PSOE y el PP, a Marchena le tocar?ponerse al frente de ese volc? y frenar, en lo posible, nuevas erupciones.
Algunos de los estallidos m? sonados han llegado, adem?, procedentes de la Sala de lo Penal, que ? dirige desde octubre de 2014. Los m? recientes, la causa por rebeli? contra los l?eres independentistas o el rechazo a investigar a Pablo Casado por su m?ter. Pero Marchena cuenta a su favor con un conocimiento amplio de las bambalinas de la justicia que, seg? algunas voces consultadas, pueden serle ?il para poner orden en un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y un tribunal muy desgastados.
Como Carlos Lesmes, al que el nuevo candidato sustituir?al frente del Consejo si fructifica el acuerdo entre populares y socialistas, Marchena es fiscal de carrera. Aprob?la oposici? en 1985 y su primer destino fue en la Audiencia Territorial de Las Palmas. Ya en Madrid, pas?por la Secretar? T?nica de la Fiscal? General del Estado y por la Fiscal? del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Su primer gran puesto de responsabilidad lo alcanz?en 2003 de la mano del conservador Jes? Cardenal como fiscal general del Estado, que le nombr?fiscal jefe de la Secretar? T?nica y se convirti?en el fiscal de Sala m? joven en la historia de la Fiscal? General del Estado.
En 2004, tras la salida del Gobierno de Jos?Mar? Aznar, Marchena se incorpor? como fiscal al Tribunal Supremo y en 2007 fue nombrado magistrado de la Sala Segunda. Para entonces, ya era considerado como uno de los hombres de confianza del PP en la c?ula judicial y su nombre fue propuesto por la formaci? conservadora para dirigir el CGPJ y el Supremo en 2013. Pero, seg? las fuentes consultadas, el PSOE vet?esta opci? y los populares aceptaron cambiar su nombre por el de Carlos Lesmes.
Como magistrado raso de la Sala Penal, Marchena form?parte del tribunal que conden?a Baltasar Garz? por las escuchas de G?tel y archiv?la causa contra el mismo magistrado por el cobro de los cursos de Nueva York.
Su nombramiento en 2014 como presidente de esta sala estuvo salpicado de pol?ica y fue una de las primeras maniobras que se le atribuyeron a Lesmes al frente del Poder Judicial para intentar controlar las salas m? estrat?icas. Marchena compiti?para el cargo con otros dos magistrados (el exfiscal general del estado C?dido Conde-Pumpido y Miguel Colmenero) que contaban con m? a?s de experiencia que ? en el alto tribunal, pero este se impuso a ellos en la votaci? del pleno del CGPJ gracias al apoyo de los 10 vocales conservadores y del propio Lesmes. El nuevo presidente cont?adem? entonces con otro voto a favor que ahora, cuatro a?s despu?, resulta parad?ico: el de la vocal Merc? Pigem, miembro del Consejo a propuesta de CiU y exdiputada de esta formaci?. Pigem dimiti?a finales de 2014 tras ser identificada entrando desde Andorra con 9.500 euros en efectivo.
Durante su etapa al frente de la Sala de lo Penal, el Supremo imput?en el caso de los ERE fraudulentos de Andaluc? a los expresidentes Manuel Chaves y Jos? Antonio Gri?n, que tuvieron que abandonar la pol?ica. Adem?, I?ki Urdangarin y Rodrigo Rato acabaron en la c?cel al rechazarse sus recursos contra las sentencias que les condenaron por corrupci?. Pero su participaci? m? activa como presidente ha estado relacionada con las causas abiertas contra los l?eres independentistas. En febrero de 2017 presidi?el tribunal y redact?la sentencia que conden?a 13 meses de inhabilitaci? al exconsejero de la Presidencia Francesc Homs por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Y en noviembre de ese mismo a?, firm?el auto que admiti?a tr?ite la querella por rebeli? presentada por el entonces fiscal general del Estado, Jos?Manuel Maza, contra Carles Puigdemont, todos sus consejeros y los miembros de la Mesa del Parlament que hab?n permitido tramitar las resoluciones independentistas.
Marchena no ha formado parte de la instrucci? de la causa contra los l?eres independentistas por los acontecimientos del 1-O, que ha corrido a cargo del magistrado Pablo Llarena, pero nunca la perdi?de vista. Ahora lo ten? ya todo preparado para presidir a principios de 2019 el juicio contra 18 dirigentes independentistas, para los que la fiscal? pide penas de hasta 25 a?s de c?cel. Si sale adelante el pacto entre el PP y el PSOE, Marchena ya no estar? al frente del tribunal del juicio, pero a buen seguro, seg? coinciden magistrados que han trabajado con ?, tendr?bajo control lo que all?ocurra.
https://elpais.com/politica/2018/11/12/actualidad/1542021787_703906.htmlLAS ASOCIACIONES JUDICIALES TRAS EL PACTO SOBRE EL PODER JUDICIAL: ?ES UN MAL INICIO?
Los colectivos rechazan que se sepa el nombre de Marchena antes de que se conozcan los vocales que deben elegir al presidente del CGPJ
Las asociaciones judiciales han expresado este lunes su respeto por la figura del magistrado Manuel Marchena, actual presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, como candidato a presidir el Consejo General del Poder Judicial y el alto tribunal en sustituci? de Carlos Lesmes. Sin embargo, los colectivos han rechazado en t?minos muy duros que su nombre, pactado entre el PP y el PSOE, haya visto la luz sin que se haya cerrado la composici? de los 20 vocales que renovar? el ?gano de gobierno de los jueces y que, seg? la ley, son los que, en teor?, tienen que elegir al presidente en la sesi? constitutiva. Este hecho supone, seg? ellos, la demostraci? gr?ica de la politizaci? del ?gano constitucional llamado a defender la independencia de los 5.500 jueces y magistrados espa?les.
?Es un mal inicio, que en nada contribuye a mejorar la imagen de la Justicia?, se?la Ignacio Gonz?ez Vega, presidente de Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), asociaci? de signo progresista. ?Al presidente del Consejo lo nombran los vocales, no los responsables pol?icos?, se?la este portavoz. ?Sin perjuicio de reconocer la indiscutible val? profesional del se?r Marchena, nuestra opci? como presidente del Consejo y del Supremo era una mujer progresista?, a?de. Fuentes judiciales apuntan que la candidata preferida por esta asociaci? era la magistrada Ana Ferrer, tambi? de la Sala de lo Penal del Supremo.
Raimundo Prado, portavoz de la Asociaci? Judicial Francisco de Vitoria abunda en la misma idea: ?Nos parece vergonzoso que sin saber qui?es son los vocales, y cuando la Ley Org?ica del Poder Judicial dice que son ellos los que eligen al presidente, se sepa qui? va a ser ya: es como saber de antemano el n?ero de loter? que va a tocar?. Y a?de: ??C?o se puede pensar que van a ser independientes unos vocales que se han obligado y tienen sometidos sus cargos a votar a una determinada persona? Poca independencia se deduce de eso?.
Aproximadamente el 55% de los jueces espa?les pertenece a alguna asociaci? profesional. De los 20 vocales que deben elegir el Congreso y el Senado por mayor? de tres quintos, 12 corresponden al llamado turno judicial y los otros ocho a juristas de reconocida competencia. El art?ulo 578.2 de la Ley Org?ica del Poder Judicial establece que, a la hora de renovar el Consejo, las C?aras ?tomar? en consideraci?? el ?n?ero existente? de jueces y magistrados no afiliados y de afiliados a cada una de las asociaciones. Prado ve llamativo que Juezas y Jueces para la Democracia vaya a obtener m? vocales en el Consejo que su asociaci? cuando a 30 de septiembre de 2017 ??timo dato disponible? tiene menos afiliados. La Asociaci? Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y considerada conservadora, tiene 1.328 miembros; la Francisco de Vitoria, 797; JJPD, 523 y el Foro Judicial Independiente, 324.
?Que se conozca la figura del presidente antes de que se produzca su nombramiento de acuerdo a la Ley Org?ica del Poder Judicial demuestra que el sistema falla, es algo que no deber? suceder?, afirma Celso Rodr?uez Padr?, portavoz de la Asociaci? Profesional de la Magistratura, mayoritaria y considerada de signo conservador. La asociaci? defiende volver al sistema anterior a 1985 y que sean los jueces quienes elijan directamente a los 12 vocales judiciales del Consejo.
Pese a la disfunci? provocada por la intervenci? pol?ica, la APM considera a Marchena un candidato id?eo. ?Tiene un prestigio indiscutible y una autoridad cient?ica fuera de toda duda, se ha distinguido por su defensa de la democracia y por sus contribuciones doctrinales y jurisprudenciales en la lucha contra el terrorismo. Es alguien absolutamente reconocido, no tenemos nada que criticar en ese aspecto?, afirma Rodr?uez Padr?.
Marchena recibi?el 30 de octubre la insignia de Caballero de la Legi? de Honor ?una de las m?imas distinciones de la Rep?lica Francesa? por su intervenci? en la lucha contra el terrorismo. El embajador de Francia en Espa?, Yves Saint-Geours, calific?a Marchena como ?un recurso esencial en las ?timas reformas de la ley de enjuiciamiento criminal francesa?.
Concepci? Rodr?uez, presidenta de esta ?tima asociaci?, minoritaria, pero la de m? crecimiento en los ?timos a?s, se?la, entre juicio y juicio lo siguiente: ?Lo que pas?la semana pasada en el Supremo con la sentencia de las hipotecas o que se sepa el nombre del presidente del Consejo antes de que los vocales lo elijan, lo ?ico que pone de manifiesto es que la elecci? est? politizada, que es lo que dice el informe del Grupo de Estados contra la Corrupci? (Greco), que nos coloca detr? de Polonia en materia de independencia judicial?.
Fuera del Poder Judicial, Cristina Dexeus, portavoz de la Asociaci? de Fiscales, mayoritaria en el ministerio p?lico, afirma que Marchena es ?un buen profesional, como muchos de los que han sonado para el cargo?, pero no entra a valorar la supuesta manipulaci? del mecanismo de nombramiento. No obstante, matiza: ?Si la reforma de la Ley Org?ica del Poder Judicial sigue adelante y volvemos a un Consejo colegiado con las facultades del presidente m? limitadas, no ser?tan determinante como lo fue Lesmes, que ten? un poder omn?odo. Ser? una figura importante, pero quedar?m? diluida que en la anterior etapa?.
https://elpais.com/politica/2018/11/12/actualidad/1542024571_191768.html?INCOMPATIBILIDAD?: EN EL SUPREMO Y EN EL CENTRO PRIVADO DE LA BANCA
De izquierda a derecha tres de los magistrados del Tribunal Supremo que componen la vista del caso N?s, Andr? Martinez Arrieta, Manuel Marchena, Miguel Colmenero.
De izquierda a derecha tres de los magistrados del Tribunal Supremo que componen la vista del caso N?s, Andr? Martinez Arrieta, Manuel Marchena, Miguel Colmenero.
La decisi? del Supremo de paralizar la sentencia de las hipotecas, que reconoc? que los impuestos de la firma debe asumirlos los bancos y no los clientes, sigue generando pol?ica. La ?tima pieza de este puzle pasa por uno de los jueces preferidos por el PP: el magistrado Manuel Marchena G?ez y el centro privado de la banca: la CUNEF.
La preferencia y protecci? entre Marchena y el Partido Popular es mutua hasta tal punto que muchos de los casos que afectaban a la formaci? y han pasado por sus manos han acabado en archivo. El ?timo caso, la no imputaci? en el Supremo del l?er del PP, Pablo Casado, por su m?ter en la Universidad Rey Juan Carlos.
Pero, adem?, seg? han adelantado los colaboradores de ElPlural.com Los Genoves, Marchena consigui?la autorizaci? para ser profesor de la CUNEF, del Colegio Universitario de Estudios Financieros. As? se entendi?que no exist? incompatibilidad, aunque este sea un centro privado de la banca.
Todo ello se conoce antes de que la Sala de Admisi? del Supremo deba decidir si admite o no la querella presentada por Podemos en las que acusan de prevaricaci? judicial al juez que paraliz?la sentencia de las hipotecas. Se trata de una decisi? que afecta a miles de ciudadanos que firmaron hipotecas desde 2014 y a los que habr? que devolverles su dinero por impuestos; pero que tambi? afecta a la banca.
El responsable de frenar la sentencia, tambi? en la CUNEF
Hay otro juez que compatibiliz?su trabajo como magistrado del Tribunal Supremo y la docencia en este centro privado de la banca.
Hablamos, ni m? ni menos, que del propio juez que orden?frenar la aplicaci? de la sentencia del Supremo para la devoluci? a los ciudadanos de los impuestos por la firma de una hipoteca. El presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, Luis Mar? D?z-Picazo, tom?est?decisi? y ahora Podemos se ha querellado contra ?.
Con este dato y su trabajo en la CUNEF se cierra el c?culo despu? de que Podemos haya exigido que se investiguen las llamadas que hizo y recibi?antes de paralizar la sentencia de las hipotecas, pues el partido cree que podr? haber recibido presiones de la banca.
Es m?, consideran que su decisi? ?no se ha fundamentado en criterios estrictamente jur?icos y de justicia material?, sino en ?una clara defensa de los intereses econ?icos particulares de las entidades financieras?.
El juez Marchena es todo un experto en eso de dar carpetazo a los asuntos que afectan judicialmente a miembros del PP.
Recordamos de la mano de Los Genoveses algunos de los casos que han acabado archiv?dose al llegar a manos de este juez en el Tribunal Supremo:
Las conversaciones entre el anterior exministro del Interior Jorge Fern?dez D?z y el exdirector de la Oficina Antifraude catalana Daniel de Alfonso en las que hablaban de c?o conseguir informaci? para atacar a pol?icos del proc?.
El Tribunal Supremo archiv?un caso que afectaba directamente a Rajoy cuando este era presidente en funciones. Se trata de la querella que el partido Soberan? y la Asociaci? El Defensor del Paciente presentaron contra Rajoy por financiar a cargo de los servicios m?icos de Moncloa la asistencia de invalidez de su padre.
Tambi? se confirm?en 2016 el sobreseimiento del caso Novo Carthago, sobre presuntas irregularidades urban?ticas, que afectaban a la exsenadora del PP Pilar Barreiro.
Se dio carpetazo a la denuncia del Sindicato Unificado de Polic? (SUP) contra el ministro del Interior en funciones, Jorge Fern?dez D?z, por delito de prevaricaci? administrativa tras el nombramiento del director de La Raz?, Francisco Marhuenda, como comisario honor?ico de la Polic? Nacional
Se archivo el caso de los viajes a Tenerife de Jos?Antonio Monago con cargo al presupuesto del Senado entre mayo del 2009 y noviembre del 2010.
O la querella de la Asociaci? para la Recuperaci? de la Memoria Hist?ica contra el entonces portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, por injurias. Y muchos m? casos que recoge nuestro colaborador Los Genoveses.
Amistades: Acebes y Catal?br>
Pero Marchena adem? de ser un magistrado cercano al PP, es amigo de tres populares de renombre: Jos?Mar? Michavila, ?gel Acebes y Rafael Catal?
https://www.elplural.com/politica/incompatibilidad-en-el-supremo-y-en-el-centro-privado-de-la-banca_205149102Rechazan que Lesmes hable en Congreso de plaza fiscal hija de juez Marchena
La Mesa del Congreso, con los votos de PP, PSOE y Cs, ha rechazado la petici? de IU para que compareciese el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para explicar la concesi? de una plaza de fiscal a una hija del juez Manuel Marchena tras la pol?ica que se levant?entre opositores y asociaciones.
Izquierda Unida solicit?el pasado mes de julio que Marchena acudiese al Congreso para explicar "el alcance de las denuncias aparecidas sobre supuestos tratos de favor" en la adjudicaci? de una plaza en la carrera fiscal a la hija del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Sin embargo, PP, PSOE y Ciudadanos han sumado sus votos en la Mesa del Congreso, que ha denegado su petici?, seg? informa IU en un comunicado.
Entienden que lo que se pretend? es que Lesmes informase sobre "actuaciones propias de la competencia del CGPJ como ?gano constitucional que la Mesa considera no fiscalizables".
Este asunto fue foco de debate para algunas asociaciones profesionales que hablaron de "supuestas irregularidades" en el acceso a la carrera fiscal de la hija del magistrado.
Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial (GGPJ), la Fiscal? General del Estado y el Ministerio de Justicia cerraron filas en torno a la legalidad del proceso y defendieron la concesi? de la plaza.
Sof? Marchena accedi?a la carrera fiscal en 2017. Un a? antes ya hab? superado la oposici?, eligiendo sin embargo la carrera judicial.
Pero al no poder completar el curso en la Escuela Judicial por baja m?ica, una situaci? "in?ita en la historia", la Comisi? Permanente del CGPJ acord?el pasado 21 de diciembre, a propuesta de la directora de la Escuela, que Marchena se incorporase en el ?timo puesto de la lista de aprobados de 2017 para acceder a la carrera fiscal, como eligi?en esta segunda ocasi?.
Marchena pudo as?cambiar de la carrera judicial a la fiscal de forma que se otorgaron finalmente 36 plazas para la carrera fiscal, en vez de las 35 inicialmente convocadasCHOQUE EN LA COMISI? DE SELECCI? DE FUTUROS JUECES Y FISCALES POR LA PLAZA ASIGNADA A LA HIJA DE UN MAGISTRADO DEL SUPREMO
La decisi? del CGPJ de permitir de manera in?ita que la joven pudiera incorporarse tras una baja al centro de formaci? del ministerio p?lico y no a la escuela de jueces, que es la que inicialmente hab? elegido, parti?en dos al comit? que finalmente lleg? a un acuerdo
La Uni? Progresista de Fiscales y la asociaci? de jueces Francisco de Vitoria piden explicaciones
La asignaci? de una plaza en el Centro de Estudios Jur?icos ?que prepara a los futuros fiscales? a una hija del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, deriv?a mediados de mes en un choque que parti? literalmente en dos la Comisi? de Selecci? de aspirantes a la judicatura y el ministerio p?lico.
Fuentes conocedoras de lo sucedido aseguran que cuatro de los ocho integrantes de ese comit?-los dos representantes de la Fiscal?, el del Ministerio de Justicia y el director del Centro de Estudios Jur?icos? cuestionaron la legalidad del acuerdo con el que la comisi? permanente del CGPJ abri?en diciembre las puertas de la carrera fiscal a Sof? Marchena. Portavoces autorizados del departamento que dirige la ministra Dolores Delgado confirmaron a infoLibre que la funcionaria que representa a Justicia en la Comisi? de Selecci? albergaba "dudas sobre la legalidad" de esa f?mula pero declinaron aportar ning? otro dato o valorar lo ocurrido en la comisi? de selecci?.
En virtud del acuerdo de diciembre, el ?gano de gobierno de los jueces permit? que tras una baja por enfermedad y previa creaci? de una plaza adicional a las 35 convocadas, la joven pudiera incorporarse este a? al Centro de Estudios Jur?icos y no a la Escuela Judicial. Es decir, la que prepara a los futuros jueces y que es la que la hija del magistrado hab? elegido cuando aprob?la oposici? y en la que, de hecho, hab? llegado a comenzar el curso en 2017.
Por unanimidad y bajo la batuta de su presidente, que tambi? lo es del Tribunal Supremo, el conservador Carlos Lesmes, el CGPJ acord?no solo que Sof? Marchena se incorporase al Centro de Estudios Jur?icos sum?dose a la siguiente promoci? de aspirantes aprobados sino que lo hiciera "conservando la puntuaci? obtenida".
Una vez aprueba los ex?enes de oposici?, cada aspirante a incorporarse a la judicatura o a la carrera fiscal se sit? ante una encrucijada: en funci? de sus preferencias y siempre que su puntuaci? le permita bascular entre las dos opciones posibles, ha de elegir entre la Escuela Judicial y el Centro de Estudios Jur?icos. Su decisi? es irreversible. En la Escuela Judicial, ubicada en Barcelona, el periodo de formaci? dura casi dos a?s. En el Centro de Estudios Jur?icos, con sede en Madrid, los nuevos fiscales est? ya listos en seis meses.
"No ha habido ning? trato de favor"
Fuentes consultadas por infoLibre entre quienes defienden los pasos dados por el CGPJ ponen el ?fasis en dos elementos: el primero, que no se ha causado ning? perjuicio a ning? aspirante; el segundo, que la nota obtenida por la hija del juez Marchena en la oposici? a la que concurri?le daba amplio margen para elegir la opci? que quisiera y que por tanto "no se ha beneficiado de ning? trato de favor". Simplemente, alegan, "la suya era una situaci? in?ita que, como reconoce la propia Comisi? de Selecci?, no est?prevista en la Ley Org?ica del Poder Judicial".
El Poder Judicial, agregan las citadas fuentes, tom?su decisi? despu? de que "por unanimidad" el claustro de la Escuela Judicial informase a favor de que ni se tuviera en cuenta que Sof? Marchena hab? empezado su formaci? en ese centro. Este peri?ico no ha logrado que ninguna de las partes involucradas le d?acceso a esa acta ni al informe que la direcci? de la Escuela Judicial emiti?a rengl? seguido. Supuestamente, ese informe invoca una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE contraria a la discriminaci? por razones de enfermedad.
El comunicado de la Comisi? de Selecci? ?difundido por el CGPJ? subraya que "se ha respetado la opci? manifestada por todos los aspirantes aprobados en la convocatoria del a? 2017 en cuanto al centro de formaci? elegido".
No obstante, este peri?ico no ha logrado que los portavoces del CGPJ respondan a la siguiente pregunta: la de por qu?si, dado que de las 100 plazas convocadas -65 de jueces y 35 de fiscales- hab?n quedado tres vacantes porque solo hubo 97 aprobados, no se ofreci?solo a Sof? Marchena sino a los otros aspirantes la posibilidad de acceder a la carrera fiscal mediante la "transformaci?" de las plazas libres, por utilizar el t?mino empleado ya el mi?coles por los portavoces del Poder Judicial. Seg? los citados portavoces, no se cre?una plaza ex profeso para la joven sino que se "transform?quot; una de las convocadas para la carrera judicial.
La controvertida decisi? del CGPJ lleg?a la Comisi? de Selecci? el 9 de julio. El d? 23 y tras fuertes discrepancias, el comit?que tramita la distribuci? de los aspirantes entre las dos escuelas preparatorias -la de jueces y la de fiscales- articul?una v? para salvar su unanimidad: Sof? Marchena se incorporar? al Centro de Estudios Jur?icos como alumna de la plaza 36 -la convocatoria establec? solo 35 para fiscales y otras 65 para jueces? pero su nota se ver? recortada hasta situarla en el ?timo puesto del escalaf?.
Dos asociaciones piden explicaciones
El acta de la Comisi? de Selecci? sostiene, de hecho, que lo aprobado en diciembre por el CGPJ -conservarle la nota original- implicaba "un gravamen excesivo e injustificado a los aspirantes que han superado la fase de oposici? de las pruebas selectivas". El debate que dividi?a la Comisi? de Selecci? no radicaba en si la joven opositora ten? derecho a retomar su periodo de formaci? sin que se le aplicara la penalizaci? prevista en la ley para quienes no "superan" los cursos de la Escuela Judicial sino en que el Poder Judicial hab? autorizado de manera in?ita que hiciera lo que en t?minos coloquiales se denomina cambiar de caballo con la carrera ya comenzada. Es decir, optar por la carrera fiscal cuando ya se hab? decantado por ser juez.
La decisi? del Poder Judicial pas?inadvertida hasta que salt?a Twitter. Este jueves, dos asociaciones del sector, la Uni? Progresista de Fiscales (UPF) y la asociaci? judicial Francisco de Vitoria pidieron explicaciones al CGPJ despu? de que la periodista Elisa Beni publicase un art?ulo sobre el asunto.
La UPF, en un comunicado emitido este jueves, pide "que se proporcione a esta asociaci? y a la opini? p?lica, informaci? y la debida documentaci? en relaci? a la creaci?, para el pr?imo curso de formaci? inicial de la carrera fiscal, de una nueva plaza que se suma a las existentes, y que se adjudica a una persona procedente de la carrera judicial".
Mientras, la Asociaci? de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) ha reclamado copia del acuerdo del CGPJ por el que se modifica la nota de Sof? Marchena y "las razones por las que se decidi?crear una plaza adicional de fiscales en la presente convocatoria". La asociaci? reclama tambi? una copia de la solicitud de "transformaci? de una plaza inicialmente prevista para jueces en una plaza para fiscales, as?como copia de la resoluci? del Ministerio de Justicia acordando dicha transformaci?", y copia de la solicitud del resto de aspirantes.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/07/27/choque_comision_seleccion_futuros_jueces_fiscales_por_plaza_asignada_hija_magistrado_del_supremo_85445_1012.htmlLA HIJA DE MARCHENA
Por Elisa Beni
Yendo la ?tima de los aprobados, con una nota que no es la suya ni la aprobada en la Permanente sino elegida a posteriori, Sof? Marchena ha sido elegida fiscal en una plaza inexistente en principio
?C?o se explica que el CGPJ acuerde y publique en BOE una cosa y luego no la cumpla para no perjudicar?
La transparencia y la limpieza deben regir los actos de toda administraci? y, como no, a? m? si cabe del ?gano de Gobierno de los jueces que son aquellos llamados a controlar la de los otros. Por eso, cuando la sombra de la duda se cierne sobre sus actos es necesario que estos sean explicados, aclarados y dejados fuera de toda sospecha ante la ciudadan? y ante aquellos que puedan haberse visto agraviados por ellos. Si el acto que semeja mancillado lo es, adem?, por la sombra del nepotismo, no cabe dilaci? a la hora de hacerlo.
Este es el caso de la publicaci? este martes en el Bolet? Oficial del Estado de la adjudicaci? de la plaza n?ero 36, de la convocatoria p?lica de 35 plazas de fiscal, a la hija del presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Hace calor y en muchos rincones de Espa?, j?enes esperanzados estudian su oposici? con gran sacrificio personal. Ayer estaban soliviantados. ?C?o se concede la plaza n?ero 36 si s?o hab? 35 plazas? ?C?o es que esa plaza inesperada es para Sof? Marchena Pereda, hija del magistrado Marchena? ?Deben comenzar a desconfiar de algo que les parec? tan s?ido y neutro y justo como una dura oposici?? ?Debemos hacerlo los ciudadanos? Voy a intentar responder a algunas de estas preguntas pero es seguro que ser? otros los que tendr? que hacerlo para asumir su responsabilidad.
Comenzar?por el principio para ver d?de se hallan las grandes dudas de un proceso que puede resultarles farragoso.
La hija de Marchena aprob?en 2016 la oposici? com? a las carreras fiscal y judicial con una nota de 68?20 y eligi?irse a la Escuela Judicial para ser juez. Seg? los datos p?licos de la convocatoria, el ?timo aspirante que eligi?ser fiscal ten? un 50?66 lo que significa que ella pod? haber elegido ser fiscal. No fue as? Opt?por ser juez. Esto es importante porque una vez elegida una u otra carrera, la permeabilidad entre ambas es nula. Sof? Marchena se incorpor?a la Escuela Judicial y al mes de estar en ella tuvo que abandonarla por una enfermedad. Lo cierto es que no es la primera vez que esto sucede, evidentemente. La ley ya dice claramente que a quien le suceda esto, se le permitir?incorporarse a superar su fase de Escuela con otra promoci?. ?Por qu?no pasa eso con la hija de Marchena? ?Por qu?no se espera a que se recupere para volver a incorporarse?
Lo que sucede es algo bien distinto. El d? 21 de diciembre de 2017, al filo de la Nochebuena, se toma un acuerdo en la Comisi? Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mediante el cual la aspirante a juez Marchena es suspendida como funcionaria en pr?ticas por su enfermedad pero, adem?, resuelve que la hija de Marchena "se incorpore a la relaci? de aspirantes que superen el proceso selectivo inmediato al dictado de esta resoluci?", es decir, la retrotrae al momento en el que a? no hab? elegido entre ser juez y fiscal. ?Por qu?se hace esto? Es inaudito. Ning? director de la Escuela Judicial recuerda que un caso de ausencia por enfermedad se resolviera de ninguna otra manera que como est?indicado: volviendo a iniciar el curso con otra promoci?. El acuerdo de Nochebuena dice adem? que conservar?la nota y todos sus derechos. Podr? parecer justo pero al propio CGPJ no se lo ha parecido puesto que, a pesar de haberlo acordado, hoy hemos sabido que se le asign?otra nota inferior a esa (52?31) justo por debajo del ?timo admitido "para no perjudicar a nadie". ?C?o se explica que el CGPJ acuerde y publique en BOE una cosa y luego no la cumpla para no perjudicar?
?C?o y por qu?adopta este acuerdo la Comisi? Permanente -el sanedr? reducido de Lesmes-? ?A petici? de qui?? Aclaremos que un ?gano de este tipo no se pronuncia en el vac? sino que el problema o la cuesti? ha de llegar por v? legalmente autorizada para estimular la adopci? de ese acuerdo. El CGPJ ha aclarado que tal cuesti? lleg?a la mesa de la Permanente a trav? de una propuesta de la Directora de la Escuela Judicial. ?Por qu?y a t?ulo de qu?la directora de la Escuela propone que se adopte una resoluci? sobre un problema cuya soluci? ya se conoce porque la fija la ley? ?En qu?t?minos lo hace? Nunca se hab? dado un caso as? Ninguna otra vez un director de la Escuela Judicial ha consultado que sucede con un alumno enfermo al CGPJ, ?tiene algo que ver que la directora consultante sea la mujer del magistrado Llarena que pertenece a la sala que preside el padre de la joven?
La citada resoluci? se public?a hurtadillas justo antes de Nochebuena e inclu? la indicaci? de que pod? ser impugnado durante dos meses ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Como se ha visto ning? opositor o interesado lo vio o lo impugn?as?que devino firme y eso es lo que utiliza ahora el CGPJ para revestir de legalidad lo que sigue pareciendo totalmente ajeno a la normalidad de una oposici?.
Como hemos dicho, la hija de Marchena ha optado esta vez por elegir la carrera fiscal. Ha tenido la posibilidad debido a su infausta enfermedad de volver a replantearse sus opciones profesionales y elegir otras, algo que le est?vedado a todos los dem? componentes de su promoci? y de las restantes. Nunca hab? pasado. Ya es cosa del destino que vaya a suceder con la hija del presidente de la Sala II del Tribunal Supremo.
Insiste mucho el CGPJ en que no se ha perjudicado a nadie, pero es que ni siquiera este extremo lo podr?mos firmar a ciegas. Yendo la ?tima de los aprobados, con una nota que no es la suya ni la aprobada en la Permanente sino elegida a posteriori, ha elegido fiscal en una plaza inexistente en principio. ?Le ofrecieron a los anteriores opositores, del 93 al 97 que eligieron juez la plaza supletoria, la plaza de m?? ?Eligieron juez todos por voluntad propia o alguno lo hizo porque la plaza 35 ya se hab? consumido por el opositor 92 y ya no quedaban m??
El presidente del CGPJ deber? de explicar todos estos extremos y mostrar la documentaci? pertinente para alejar la sospecha de que esto seas una cacicada a la que se ha revestido de una legalidad nunca vista antes para permitir que la hija del magistrado Marchena cambiara su elecci? de juez a fiscal sin volverse a examinar. Deber?mos poder ver los t?minos del escrito de la directora de la Escuela y los informes t?nicos o deliberaciones que llevaron a este acuerdo. En caso contrario muchos opositores y muchos que no lo somos vamos a pensar que el tri?gulo mujer de Llarena-Padre Marchena y Lesmes se cerr?para hacerle un favor concreto a una persona determinada. Eso en castellano del que le gusta a Reverte se llama nepotismo. Eso lanzar? una sombra de duda sobre el sistema de acceso a la judicatura y al ministerio fiscal y nos ense?r? hasta que punto de desverg?nza institucional se puede llegar.
Las explicaciones dadas hasta el momento, como les he mostrado, no son suficientes. Hay un dicho jocoso en el mundo judicial que dice que en el CGPJ el principio de legalidad resulta revolucionario. Es un chascarrillo. Es seguro que todo el proceso pasa de largo la prueba del algod?, s?o tienen que mostr?noslo.
https://www.eldiario.es/zonacritica/hija-Marchena_6_796580368.htmlSOSPECHAS DE TRATO DE FAVOR A LA HIJA DEL PRESIDENTE DE LA SALA QUE JUZGAR?EL 1-O
La hija del presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha conseguido una plaza como fiscal en un proceso sin precedentes que apunta a trato de favor, seg? ha denunciado eldiario.es. Sof? Machena Pereda ha conseguido la plaza 36 de una convocatoria de 35 plazas de fiscal y lo ha hecho mediante un procedimiento sospechoso de nepotismo.
La hija de Marchena aprob?el a? 2016 la oposici? com? a las carreras fiscal y judicial con una nota de 68,20, opt?por ser juez e ingres?en la Escuela Judicial, con sede en Barcelona. En aquel momento Sof? Marchena Pereda hubiera podido hacer carrera como fiscal ya que ten? nota suficiente para hacerlo. Hay que puntualizar que una vez has escogido una opci? no puedes pasarte a la otra.
Acuerdo del CGPJ
Un mes despu? de ingresar en la Escuela Judicial, la hija de Marchena la abandon?por enfermedad, y no ha vuelto, una vez recuperada, tal como le permite la ley. Contrariamente, en diciembre del 2017 la Comisi? Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la suspendi?como funcionaria en pr?ticas (estatus que ten? como alumna de la escuela) a causa de su enfermedad y la puso en situaci? de poder escoger nuevamente si quer? ser juez o fiscal, a la vez que le conserv?su nota (68,20) y sus derechos.
Esta es, explica el diario.es, una situaci? inaudita ya que, habitualmente, cuando un alumno de la Escuela Judicial abandona por enfermedad, se incorpora a la siguiente promoci?.
El cambio de situaci? de la hija del magistrado se acord?en la Comisi? Permanente del CGPJ a propuesta de la directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa, esposa del magistrado de la sala segunda del Supremo Pablo Llarena, sala que preside precisamente Manuel Marchena. Y el acuerdo se adopt? sospechosamente, el 21 de diciembre, a pocos d?s de las vacaciones de Navidad, de modo que pudiera pasar desapercibido.
Plaza de fiscal
Gracias ha este acuerdo del CGPJ, la hija de Marchena ha conseguido una plaza de fiscal, la 36, en una convocatoria que inicialmente era de 35, tal como public? el Bolet? Oficial del Estado (BOE) el mi?coles 25 de julio. La nota con que ha conseguido la plaza no, es sin embargo, la que le reconoci?el CGPJ en diciembre del 2017 (68,20). Se le asign?una inferior (52,31) para, seg? han indicado fuentes del CGPJ a eldiario.es, "no perjudicar a nadie".
El trato de favor que habr? recibido a la hija del magistrado Manuel Marchena ha sido denunciado por varios juristas y pol?icos en las redes sociales.
La Uni? Progresista de Fiscales (UPF) ha reclamado al Consejo General del Poder Judicial toda la informaci? y documentaci? referida a ala asignaci? de la plaza de fiscal a la hija del magistrado Manuel Marchena.
https://www.elnacional.cat/es/politica/denuncia-trato-favor-hija-magistrado-marchena_291705_102.htmlEL CGPJ CREA AD HOC UNA PLAZA DE FISCAL PARA LA HIJA DE UN JUEZ DEL SUPREMO
Asociaciones de fiscales piden explicaciones al CGPJ por la adjudicaci? ad hoc de una plaza de fiscal a la hija del magistrado del Supremo Manuel Marchena
Dudas por la posible adjudicaci? irregular de una plaza de fiscal a Sof? Marchena, hija del presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena. El Bolet? Oficial del Estado (BOE) public?este mi?coles la selecci? de aspirantes para cubrir 65 plazas de juez y 36 plazas de fiscal, pero en el caso de la carrera fiscal el Gobierno solo hab? presupuestado 35 plazas.
La plaza extra llevaba el nombre de la hija del magistrado del Alto Tribunal, que aprob?en 2016 la oposici? a la carrera judicial y fiscal. Esta oposici? es com? para futuros jueces y fiscales y los aspirantes que superan el duro proceso selectivo deben elegir si completar? su formaci? en la Escuela Judicial para ser magistrados o si acudir? a la Escuela Fiscal para ser fiscales. Esta elecci? no tiene marcha atr?.
En el caso de Sof? Marchena, que aprob?la oposici? en 2016 y accedi?a la Escuela Judicial, la elecci? s?ha tenido vuelta atr?, seg? ha detallado Elisa Beni en Eldiario.es, haci?dose eco de una noticia que ha corrido como la p?vora en las ?timas horas en los foros de opositores a la carrera judicial.
La entonces aspirante a juez abandon?la Escuela Judicial por enfermedad. En este caso la ley permite que los futuros jueces inicien el curso en la Escuela en otra promoci?, pero en ning? caso se les permite volver a elegir entre ser jueces o fiscales.
Sin embargo esta semana su nombre ha aparecido estampado en el BOE en el listado de aspirantes que han superado la oposici? este a?, con una nota de 52,31; que no es la que obtuvo cuando aprob?el proceso selectivo, de 68,20. Seg? Beni, esta decisi? fue acordada en diciembre por la Comisi? Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
Las asociaciones profesionales piden explicaciones al CGPJ
Varias asociaciones profesionales han reclamado explicaciones por lo sucedido. Es el caso de la Uni? Progresista de Fiscales, que en un comunicado hecho p?lico este jueves ha pedido a la Comisi? de Selecci? para las carreras fiscal y judicial que se den "las explicaciones pertinentes para que se pueda evitar cualquier asomo de duda en el duro y objetivo proceso de selecci?" para ser juez o fiscal. Adem?, ha exigido "transparencia" al CGPJ.
Tambi? se ha pronunciado la Asociaci? Profesional Independiente de Fiscales, que ha exigido al ?gano de gobierno del Poder Judicial una "aclaraci? extensa y completa" que elimine "cualquier atisbo de duda sobre lo ocurrido", con la esperanza de que sea "un malentendido".
https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/el-cgpj-crea-ad-hoc-una-plaza-de-fiscal-para-la-hija-de-un-juez-del-supremo_568994_102.htmlLA INCLUSI? DE SOF? MARCHENA EN LA LISTA DE APROBADOS A JUECES Y FISCALES ES AJUSTADA A DERECHO Y LEGAL
La Comisi? de Selecci?, el ?gano tripartito compuesto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscal? General del Estado y el Ministerio de Justicia, ha salido al paso del revuelo que se ha montado, a prop?ito de la inclusi? en la lista de aprobados a jueces y fiscales de este a? de Sof? Marchena.
En un comunicado explica que el caso es ajustado a derecho y no hay nada raro, contrariamente a lo que se ha afirmado en las redes sociales y en alg? medio de comunicaci? en las ?timas horas a cuenta de su relaci? con el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, de la que es hija.
Sof? Marchena aprob?las oposiciones a jueces y fiscales el pasado a? con el n?ero 25, tal como figura en el acuerdo de la citada Comisi? de Selecci? de 10 de julio de 2017.
La joven se integr?en la Escuela Judicial que el CGPJ tiene el Barcelona en octubre, pero no pudo completar el curso te?ico multidisciplinar que constituye la primera fase de formaci? inicial de jueces debido a una grave enfermedad; tuvo que pedir la baja.
La situaci? de la alumna ?es in?ita en la historia de la Escuela Judicial? y no hay una ?soluci? expl?ita? en la Ley Org?ica del Poder Judicial (LOPJ); tampoco est?regulada en el Reglamento de la Escuela Judicial, reconoc? el claustro de profesores en su acta del 30 de noviembre de 2017.
Derecho a repetir el curso. La comisi? de selecci? da el visto bueno. Se la coloc?la ?tima por qu?antes juez y ahora juez derecho a repetir el curso
El art?ulo 309.1 de la LOPJ -la clave del caso- dice expresamente: ?Los que no superen el curso podr? repetirlo en el siguiente, al que se incorporar? con la nueva promoci??.
No aborda este supuesto en el que el alumno no es que haya suspendido el curso sino que no ha podido realizarlo por un problema de salud grave.
Una circunstancia sobre la que Gema Espinosa, entonces directora del citado centro de formaci? del poder judicial, inform?a la Comisi? Permanente del CGPJ, proponiendo que se incorporara a la siguiente promoci?, una vez que estuviera recuperada de su enfermedad.
Y la Permanente acord? el 21 de diciembre de 2017 -hace siete meses- que ?la alumna Sof? Marchena se incorporar?a la relaci? de aspirantes que superen el proceso selectivo de oposici? a las carreras judicial y fiscal inmediato que se concluya a partir del dictado de la presente resoluci?, conservando la puntuaci? obtenida en el proceso selectivo en el que particip?en su momento y todos sus derechos en la forma expuesta en el apartado (b) de la propuesta que sustenta este acuerdo?.
La comisi? de selecci? da el visto bueno
La propia Comisi? de Selecci? -cuya presidencia es rotatoria (ahora es ocupada por el fiscal de Sala del Supremo, Jos?Javier Huete, despu? la asumir?el vocal del CGPJ Rafael Mozo)? reconoci? en sus dos reuniones del 17 y 23 de julio pasado, que ?se trata de una excepcional circunstancia que no encuentra acomodo en el art?ulo 309.1 de la LOPJ, as?como tampoco en el reglamento de la Escuela Judicial, pudiendo ser, en su caso, de aplicaci? por analog?, la normativa reguladora del Centro de Estudios Jur?icos?.
Dicha instituci? es el centro de formaci? de los fiscales y tiene su sede en Madrid.
Su actual directora, Mar? de las Heras, forma parte de la Comisi? de Selecci?, al igual que el actual director en funciones de la Escuela Judicial, Jorge Jim?ez Mart?, un fiscal, un magistrado y dos personas m? sin derecho a voto.
La normativa citada dice que el que no puede superar el curso debe incorporarse a la promoci? siguiente, con la nota que ten?.
Se la coloc?la ?tima
Sin embargo, la soluci? a la que ha llegado no ha sido beneficiosa para la joven Marchena porque del puesto 25 que ocup?en su promoci? ha sido colocada en el 98 de la actual, en la que va a formar parte.
La ?tima. No se le ha respetado la nota conseguida. Para no perjudicar a ning? derecho de los 97 aprobados.
?Este hecho no ha supuesto la supresi? ni el incremento de ninguna plaza, ya que de las 100 plazas convocadas, se cubrieron inicialmente 97, quedando tres plazas sin cubrir, una de las cuales se ha asignado por la Comisi? de Selecci? a do? Sof? Marchena Perea?, dice la Comisi? de Selecci? en su comunicado.
?Se ha respetado la opci? manifestada por todos los aspirantes aprobados en la convocatoria del a? 2017 en cuanto al centro de formaci? elegido?, a?de.
La Comisi? de Selecci? disiente de la decisi? de la Permanente de diciembre pasado: ?Si bien permite preservar los derechos de la interesada como aspirante, impone, por otro lado, un gravamen excesivo e injustificado a los aspirantes que han superado la fase de oposici? de las pruebas selectivas?, y que en el orden de sus respectivas puntuaciones han efectuado su opci? por una de las dos carreras (judicial o fiscal) conforme a la distribuci? de plazas contenidas en las bases de la convocatoria?.
Por qu?antes juez y ahora juez
La decisi? tomada por la Comisi? de Selecci?, devuelve a Sof? Marchena a la casilla de salida, al establecer que ?se incorpore a la relaci? de aspirantes aprobados en la fase de oposici? a las pruebas selectivas correspondientes al a? 2017?. Lo que le ha dado la posibilidad de escoger la carrera fiscal en vez de la judicial, sin afectar al derecho de ninguno de los compa?ros de esta promoci? en curso.
https://confilegal.com/20180726-la-inclusion-de-sofia-marchena-en-la-lista-de-aprobados-a-jueces-y-fiscales-es-ajustada-a-derecho-y-legal/EL CGPJ DEFIENDE LA POL?ICA CONCESI? DE UNA PLAZA DE FISCAL A UNA HIJA DEL SUPREMO
Sof? Marchena logra la plaza 36 de 35 fijadas con anterioridad
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscal? General del Estado y el Ministerio de Justicia han defendido este jueves la concesi? de una plaza en la carrera fiscal a una hija del magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, tras la pol?ica suscitada entre opositores y asociaciones profesionales.
Las tres instituciones integran la comisi? de selecci? de las oposiciones a jueces y fiscales, que este mi?coles public?en el Bolet? Oficial del Estado la lista de personas que han superado la oposici? a juez y fiscal convocada en 2017.
El Consejo General del Poder Judicial, la Fiscal? y el Ministerio de Justicia han defendido la concesi? de la plaza n el listado, con una puntuaci? de 52,31 y con la carrera fiscal como destino, se incluy?a Sof? Marchena, hija del magistrado del Supremo. Marchena ya hab? superado la oposici? en 2016, con 68,2 puntos, y eligi?entonces la carrera judicial, por lo que entr?en la Escuela Judicial para realizar el curso preceptivo.
Pero no pudo completarlo por estar de baja m?ica desde marzo de 2017 y la directora de la Escuela Judicial advirti?al CGPJ de que era una situaci? ?in?ita en la historia? de esa instituci? y que no hab? una ?soluci? expl?ita? para ella en la Ley Org?ica del Poder Judicial ni en el reglamento del centro.
La directora de la Escuela Judicial advirti?al CGPJ de que era una situaci? ?in?ita en la historia?
Seg? explica la comisi? de selecci? en un comunicado emitido este jueves, a propuesta de la directora de la Escuela, la Comisi? Permanente del CGPJ acord? el pasado 21 de diciembre que Marchena quedar? incorporada a la relaci? de aspirantes aprobados en la siguiente convocatoria con la nota que ya hab? obtenido.
La comisi? de selecci?, reunida entre el 17 y el 23 de julio, cuestion?en parte la decisi? del CGPJ, al entender que si Marchena manten? su nota se pod? perjudicar a los aspirantes de las pruebas convocadas en 2017.
Acord?as?incorporar su a la lista de aprobados de 2017 y que, para preservar los intereses de todos los participantes, se anotara ?en el ?timo lugar de la mencionada lista, con una puntuaci? inmediatamente inferior a la del ultimo de la lista y respetando la opci? que ha manifestado por el ingreso en la carrera fiscal?.
Marchena ha podido as?cambiar de la carrera judicial a la fiscal y ?atendidas las circunstancias excepcionales anteriormente descritas?, a?de la comisi? de selecci?, se han otorgado finalmente 36 plazas para la carrera fiscal, en vez de las 35 inicialmente convocadas.
Destaca la comisi? que no se ha incrementado el n?ero de plazas, ya que se convocaron 100 en total, quedaron inicialmente cubiertas 97 y a Marchena se le ha asignado una de las tres que no se cubrieron.
Asegura adem? que se ha respetado la elecci? de carrera judicial o fiscal de todos aquellos que han aprobado las oposiciones. Poco antes de emitirse este comunicado, la Uni? Progresista de Fiscales (UPF) hab? exigido a la comisi? de selecci? que aclarara por qu?para el pr?imo curso de la carrera fiscal se ha ofrecido una nueva plaza y se ha adjudicado a una persona procedente de la carrera judicial.
A su juicio, la persona afectadas debe ser la primera interesada en esas explicaciones para evitar ?cualquier asomo de duda en el duro y objetivo proceso de selecci?? que hay que seguir para ser juez o fiscal
Por su parte, la Asociaci? Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) hab? pedido al Consejo una aclaraci? ?extensa y completa? que eliminara cualquier atisbo de duda, con la esperanza de que todo fuera un ?malentendido?.
https://www.lavanguardia.com/politica/20180726/451115381368/marchena-fiscalia-consejo-general-poder-judicial.htmlLA ?WEST POINT? DE LESMES: ?PENALISTAS SOMOS TODOS?
La pol?ica cobertura de tres plazas vacantes en la Sala Segunda del Tribunal Supremo
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, cuyo mandato vence a primeros de diciembre de 2018, parece ahora ya estar decidido: sacar a concurso, cuanto antes, las tres plazas vacantes de magistrados en la Sala Segunda del Tribunal Supremo o Sala de lo Penal.
Las filigranas que se siguen para convocar este concurso pondr?n a la Sala Segunda en un pedestal similar al de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde los nombramientos de sus jueces constituyen uno de los grandes asuntos pol?icos de Washington, pero la escasa atenci? medi?ica sobre los movimientos de Lesmes en este frente convierten la elecci? en un asunto de iniciados.
La decisi? de Lesmes parece precipitarse por la situaci? dram?ica de acumulaci? de causas en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la c?pide de la jurisdicci? penal espa?la.
Se trata de recursos de casaci? de gran relevancia, como el de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau contra la condena por desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Catalu? (TSJC), o el caso N?s-Urdangar?, cuya vista se ha celebrado y se espera la sentencia para finales de abril; y last but not least, la resoluci? de los recursos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en el caso G?tel-Fitur y de la apelaci? contra la sentencia de las tarjetas black de Caja Madrid, previsto, ahora, para finales de mayo.
A todo esto, y otros casos m?, hay que a?dir la instrucci? de la causa por rebeli? y malversaci? en Catalu? contra 25 procesados, nueve de ellos en prisi? y con procedimientos de extradici? en curso en Alemania, B?gica, Reino Unido y Suiza.
El pasado 3 de abril, precisamente, el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, dictaba una providencia en relaci? con la fecha se?lada para resolver el recurso de casaci? de la sentencia del TSJC que conden?a Mas, Ortega y Rigau por desobediencia en relaci? con la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
El se?lamiento para resolver la sentencia dictada el 13 de marzo de 2017 en Barcelona era el mi?coles pr?imo, d? 25 de abril.
En la providencia del 3 de abril pasado se lee:
Dada cuenta; haciendo uso de las normas de reparto vigentes en el presente a?, aprobadas por la Sala de Gobierno de este Tribunal se suspende el se?lamiento acordado para el d? 25 de abril de 2018 a las 10.30. Y proc?ase a nuevo se?lamiento cuando por turno corresponda lo que se pondr?en conocimiento de los que en el mismo intervienen?.
Marchena, acto seguido, hizo algo m?.
Redact?una carta dirigida al presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, en la que le urg? a convocar el concurso para cubrir las vacantes de los tres magistrados ya apuntados.
Sencillamente, la Sala Segunda ?que con la incorporaci? de Vicente Magro el pasado 27 de febrero suma 12 magistrados, incluyendo a su presidente? no da abasto.
Es cierto que el aplazamiento de la fecha se?lada para la casaci? de Mas, Irene y Rigau ten? una peculiaridad.
La defensa hab? solicitado que ninguno de los miembros designados para resolver la casaci? procediera del tribunal que hab? juzgado y condenado en el Supremo, el 23 de marzo de 2017, al entonces diputado Francesc Homs por el delito de desobediencia.
La Sala Segunda acept?este criterio al formar el tribunal y nombr?a Juli? S?chez-Melgar ponente en el recurso. Pero, S?chez-Melgar abandon?en diciembre de 2017 la ponencia al ser nombrado fiscal general del Estado.
Se nombr?entonces al magistrado Andr? Palomo como ponente. Pero se cay?en la cuenta, d?s despu?, de que se hab? cometido un error: los cinco magistrados para la apelaci? eran, en efecto, diferentes a los que hab?n formado el tribunal de Homs. Pero se hab? pasado por alto que si bien Palomo no fue miembro del tribunal, hab? sido magistrado instructor de la querella contra Homs.
Ergo, no hab? el quorum de cinco magistrados.
Eso fue, pues, lo que descerraj?la carta de Marchena a Lesmes, la gota que colm?el vaso.
Tres vacantes
El ahora extinto magistrado Jos?Manuel Maza dej?la primera vacante a finales de noviembre de 2016, al asumir el puesto de fiscal general del Estado; C?dido Conde-Pumpido fue el segundo en salir para incorporarse, en marzo de 2017, al Tribunal Constitucional, de cuya secci? primera forma parte desde entonces. La tercera es la de Juli? S?chez-Melgar, que pas?a ser fiscal general del Estado a mediados de diciembre pasado.
La Sala Segunda tiene 15 magistrados de planta y sol? contar con un n?ero considerable de magistrados em?itos, cuatro, aquellos que tras jubilarse segu?n ?con solicitarlo y cumplir las condiciones, habida cuenta de las necesidades de la Sala? ejerciendo plena jurisdicci? en igualdad con sus pares. En ciertos momentos pod?, por tanto, llegar a los 20 magistrados. Pero los em?itos, seg? una reforma, han desaparecido en octubre de 2017.
El magistrado Jos?Ram? Soriano se jubil?en noviembre pasado y la Sala Segunda se qued?con 11 magistrados. Sin perdida de tiempo, la Comisi? Permanente del CGPJ sac?el 30 de noviembre la plaza a concurso.
?Por qu?en ciertos casos, como el de Soriano, por ejemplo, Lesmes actu?con celeridad y en otros, como las tres plazas vacantes, conduce a la Comisi? Permanente a arrastrar los pies?
?Hay alguna explicaci?? Haberla, como las meigas, pues s?que hayla.
Soriano era un magistrado del turno general y para sustituirle, por tanto, no se necesitaba tener categor? de especialista.
?Y qu?es eso?
Si se aplica la aritm?ica que surge de los art?ulos 343 y 344 y de las normas de la ley Org?ica del Poder Judicial para la composici? del Supremo, sobre 12 magistrados procedentes de la carrera judicial en la Sala Segunda, seis tienen que ser especialistas en derecho penal.
?Y qui? concede, por as?decir, la condici? o t?ulo de especialista?
Aqu?viene el problema.
Y he aqu?la historia del problema.
Los ?icos especialistas realmente existentes para aplicar la ley vigente eran aquellos magistrados que hab?n ejercido durante m? de diez a?s en juzgados de la jurisdicci? penal (como por ejemplo ocurre con Maza y Conde-Pumpido, que han dejado dos de las tres vacantes).
Por tanto, se hac? necesario, para cumplir con el cupo de seis especialistas en penal de la Sala Segunda, arbitrar una soluci?. Entre los a?s 1995 y 1996, el CGPJ organiz?un curso restringido de especialidad penal para aquellos jueces que quisieran ascender a la categor? de magistrado de manera m? r?ida.
Los jueces que obtuvieron ese ascenso fueron Enrique L?ez, Eloy Velasco, Leopoldo Puente, Pablo Llarena y Jaime Tapia y Juli? S?chez Melgar. En 2002, Jaime Requena super?una prueba de especialidad en lo penal.
Por tanto, se trataba de un curso restringido. Porque solo pod?n participar jueces que a trav? del curso quer?n ascender a la categor? de magistrado. El magistrado que deseaba especializarse en derecho penal no pod? participar. Era un coto vedado.
En 2011, el magistrado Eloy Velasco, a cargo del juzgado central de instrucci? n?ero 6 de la Audiencia Nacional, present?un recurso ante el CGPJ en el que ped? que se aplicara el cupo de especialistas en penal al cubrir las vacantes de la Sala Segunda. Velasco quer? ingresar en la Sala Segunda.
El CGPJ, presidido por Carlos D?ar, y con gran protagonismo de los vocales Margarita Robles, de la progresista Jueces para la Democracia, y Manuel Almenar, de la conservadora Asociaci? Profesional de la Magistratura, decidi?acoger la iniciativa de Velasco en otra direcci?: consagrar de manera definitiva la especialidad penal mediante un nuevo reglamento. Y organizar un curso con pruebas muy duras para todos aquellos magistrados, esta vez sin restricci?, que optaran por la especialidad penal. Fue el Reglamento 2/2011.
El Pleno del CGPJ adopt?el acuerdo del 30 de junio de 2011 por el cual se convocan las pruebas de especializaci? en las jurisdicciones civil y penal.
Los magistrados que impartieron el curso de derecho penal, algunos de la Sala Segunda del Supremo, recuerdan que ha sido uno de los m? completos que se hubieran impartido con unas pruebas de selecci? que requer?n unos conocimientos nunca antes requeridos. Una verdadera oposici?.
Magistrados de todas las corrientes decidieron apuntarse, aunque quiz?con una mayor asistencia de aquellos afiliados a la asociaci? de la progresista Jueces para la Democracia. El resultado es que salieron 25 especialistas de lo penal, una camada de magistrados con conocimientos que hab?n pasado una prueba muy exigente, seg? se ha se?lado. La ley Org?ica del Poder Judicial de 1985, pues, ya ten? un plantel de 25 especialistas en derecho penal.
Hab?n salido los especialistas aut?ticos. Aquellos que hab?n pasado una selectividad de penal frente a los otros, aquel pu?do de jueces que, en rigor, hab? hecho el curso en 1995/96 m? en raz? de su promoci?, para su ascenso de jueces a magistrados en un periodo de tiempo muy inferior al que requer? la pr?tica habitual.
Como una de las asociaciones de jueces, sin participaci? en el CGPJ, se sinti? marginada, un recurso de la Asociaci? Francisco de Vitoria lleg?a la Sala Tercera del Supremo contra la decisi? de considerar especialistas en derecho penal a aquellos que hab?n pasado la prueba de selecci? del Reglamento 2/2011.
Estas diferencias pod?n solucionarse sin demasiadas dificultades. En marzo de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy creaba una Comisión Institucional para la elaboración de una propuesta de texto articulado de Ley Orgánica del Poder Judicial y de Ley de Demarcación y de Planta Judicial.
Y uno de sus integrantes era Carlos Lesmes.
Pero nada se hizo respecto a la especialidad penal.
La Sala Tercera del Supremo examin?en julio de 2013 el recurso y por mayor?, con varios votos particulares, lo admiti?y anul?las pruebas del Reglamento 2/2011. El argumento: el CGPJ se hab? excedido en sus poderes mediante una decisi? ultra vires (m? all?de su autoridad); la especialidad obtenida por la citada prueba, sosten?, carec? de ?cobertura legal?. Se pod? tener en cuenta, a?d?, como un m?ito.
En realidad, la propia ley Org?ica del Poder Judicial de 1985 era la fuente de esa cobertura legal, habida cuenta de que exig? que seis plazas de las 12 de la Sala Segunda que correspond?n a la carrera judicial deb?n ser cubiertas por especialistas de lo penal.
Carlos Lesmes, miembro de la Sala Tercera, apoy?de manera activa esa decisi? de anular las pruebas.
? y un grupo de especialistas de lo contencioso-administrativo sosten? que en realidad las ?icas especialidades que deb?n existir eran la suya ?contencioso-administrativo? y la social o laboral.
Desde entonces el grupo de Lesmes y magistrados de lo contencioso-administrativo empez?a ser conocido con un nombre: los de la West Point, el nombre de la Academia Militar de Estados Unidos fundada en 1802.
Pero Lesmes tendr? desde el CGPJ cinco a?s de mandato si de verdad el asunto se limitaba a la ausencia de cobertura legal, como sosten? la sentencia de la Sala Tercera que hab? anulado las pruebas.
En las reformas de la ley Org?ica del Poder Judicial (aparte de la practicada en 2013) de 2014 y 2015, el asunto de la especialidad penal sigui?sin resolverse.
Lesmes dej?pudrir la situaci?.
En los ?timos meses de 2015 se volvi?a presentar el dilema al convocarse el 22 de octubre de ese a? el concurso para cubrir la plaza por jubilaci? de Joaqu? Gim?ez, magistrado de la especialidad penal. El requisito que pon? la convocatoria: "Haber accedido a la categor? de magistrado mediante las correspondientes pruebas de selecci? en el orden jurisdiccional civil y penal o haberlas superado ostentando la categor?".
El 14 de enero de 2016, la Comisi? Permanente del CGPJ aprob?la terna de candidatos para cubrir la plaza de Gim?ez.
?Qui?es eran los aspirantes que reun?n los requisitos seg? un informe del gabinete t?nico del CGPJ?
Los cinco del cursillo de mediados de los a?s noventa, aquel curso de promoci? de juez a magistrado a trav? de la especialidad penal: L?ez, Velasco, Llarena, Tapia y Puente.
Los especialistas "aut?ticos" que aspiraban a entrar en la Sala de Apelaciones, seg? el gabinete t?nico, no reunian los requisitos porque la prueba que hab?n superado en 2011 hab? sido anulada por la Sala Tercera del Supremo en su sentencia de julio de 2013.
El CGPJ se inclin?el 28 de enero de 2016 por Llarena, presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona y presidente hasta noviembre de 2015 de la Asociaci? Profesional de la Magistratura.
Y en mayo de 2017 tuvo lugar, una vez m?, una ocasi? donde volvieron a ganar la partida los ?due?s de la especialidad penal?. Se trataba de cubrir dos puestos de nueva creraci? en la naciente Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Seg? un informe del gabinete t?nico del CGPJ solo Enrique L?ez y Eloy Velasco representaban a los especialistas en derecho penal.
Las enmiendas de 2018
En febrero de 2018, los grupos parlamentarios presentaron sus propuestas de reforma de la ley Org?ica del Poder Judicial a ra? de una reforma parcial sobre permisos y licencias.
El Partido Popular ha propuesto introducir en relaci? al tema de las plazas de la Sala Segunda del Supremo la siguiente enmienda:
?A los efectos de la reserva de plazas en el Tribunal Supremo en los ?denes jurisdiccionales civil y penal prevista en el art?ulo 344 a) de esta Ley, los magistrados/as que hubieren prestado 15 a?s de servicios en la carrera y en ?ganos del orden jurisdiccional propio de la Sala de que se trate, se equiparar? a los que hubiesen superado las pruebas de selecci? en el orden jurisdiccional correspondiente.
Para la cobertura de aquellas plazas en ?ganos colegiados de los ?denes jurisdiccionales civil y penal que esta Ley atribuye a la especializaci? el car?ter de m?ito preferente, los magistrados que hubieren prestado 15 a?s de servicios en la categor? y en ?ganos del orden jurisdiccional propio de la plaza a cubrir tendr? la consideraci? de especialistas en el orden correspondiente, salvo en lo relativo a la especializaci? mercantil
Justificaci?
La justificaci? de la medida parte de la consideraci? de un determinado n?ero de a?s en el ejercicio de una espec?ica jurisdicci? como condici? suficiente para ostentar la condici? de especialista en el orden civil y penal?.
Es decir: la especialidad penal se consigue sencillamente con el ejercicio de un n?ero de a?s, 15 seg? la propuesta, en la jurisdicci?.
En otras palabras: todos somos penalistas, no se trata de una especialidad como la de contencioso-administrativo o la social.
Lesmes, seg? ha dejado saber, va a proponer la convocatoria de las tres plazas vacantes de penalistas o especialistas en derecho penal (Maza, Conde-Pumpido y S?chez-Melgar) con el criterio de la enmienda del PP, lo que supondr?erradicar definitivamente la posibilidad de consolidar especialistas de lo penal.
Ello consagra, de paso, la marginaci? definitiva de los 25 magistrados que pasaron por las duras pruebas de 2011. Los especialistas aut?ticos.
En c?culos influyentes pr?imos al presidente del CGPJ se utiliza para reforzar esa erradicaci? ya definitiva el siguiente argumento de ?venta?: Lesmes desea frenar la posibilidad de que solo cinco magistrados ?Enrique L?ez, Leopoldo Puente, Eloy Velasco, Jaime Tapia, que hicieron los cursillos de mediados noventa y 2002, y Jaime Requena, en 2002, respectivamente?, se disputen las tres vacantes de la Sala Segunda.
Y m? precisamente, que el presidente del CGPJ y del Supremo desea cerrar la puerta de la Sala Segunda a un magistrado que ya se vio obligado a dimitir del Tribunal Constitucional: Enrique L?ez.
Lesmes cree, por tanto, que sabe c?o ?vender? su producto de ?todos somos penalistas?.
Cerrando la puerta de la Sala Segunda a Enrique L?ez.
https://elpais.com/politica/2018/04/18/analitica/1524010142_664438.htmlEKAIZER EXPLICA LA OPERACI? DIQUE DEL PP: "MARCHENA ERA EL IDE?OGO"
El periodista Ernesto Ekaizer ha explicado en 'Las Ma?nas de Cuatro' la 'Operaci? Dique' con la que el PP intent?contener la corrupci?. Seg? Ekaizer, Marchena fue el ide?ogo de este entramado en el que el ministro Rafael Catal? era "el rey". Adem?, Ekaizer explica el papel del Fiscal Anticorrupci? y el Fiscal General del Estado en esta operaci?.
http://www.cuatro.com/las-mananas-de-cuatro/Ekaizer-Operacion-Dique-PP-Marchena-Catala-Moix-Maza_2_2365155111.htmlMANUEL MARCHENA, EL PR?IMO IMPLICADO EN LAS GRABACIONES DE GONZ?EZ
Por Ernesto Ekaizer
El nombre del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, seg? fuentes pr?imas a la investigaci? de la Operaci? Lezo, se suma a las personalidades del mundo judicial que aparecen en las conversaciones que mantuvo en los ?timos meses de 2016 el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz?ez.
Ante la formaci? del nuevo Gobierno, tras la investidura de Mariano Rajoy en octubre pasado, una serie de juristas influyentes, a los que tuvo acceso Gonz?ez, tramaron un cambio en la Fiscal? General del Estado, la Fiscal? de la Audiencia Nacional y la Fiscal? Anticorrupci?.
Gonz?ez mantuvo intercambio de informaci? sobre lo que se coc? con su amigo y socio negocios y proyectos el ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana, el ex magistrado del Tribunal Constitucional y magistrado en la secci? segunda de lo Penal, Enrique L?ez, y el ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique Arnaldo.
Las informaciones que le van transmitiendo a Gonz?ez luego se concretar?: la fiscal Consuelo Madrigal ser?enga?da por el ministro Rafael Catal?ya que no es su candidata real para la Fiscal? General del Estado sino que la apuesta ir? por el ?tapado? Jos?Manuel Maza, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Asimismo, Gonz?ez sab? que Manuel Moix, su protector en sus tiempos de fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 2009, ser?el pr?imo fiscal jefe Anticorrupci?.
Precisamente, Manuel Marchena es el ?padrino? de Maza y de Moix, respectivamente. Ha trabajado con Maza en la Sala Segunda del Supremo y ha coincidido con Moix en la secretar? t?nica de la Fiscal? General del Estado en ?oca del fiscal General del Estado Jes? Cardenal, durante el gobierno de Jos?Mar? Aznar. Gonz?ez, seg? las fuentes consultadas por ARA, tambi? hace referencia en sus conversaciones a Marchena, a quien sit? entre los ?buenos?.
http://www.ara.cat/es/Manuel-Marchena-implicado-grabaciones-Gonzalez_0_1786021516.htmlUN JUEZ DEL TS PIDI?A VELASCO QUE SE INHIBIERA TRAS RECORDARLE QUE SU MUJER FUE CONTRATADA POR GONZ?EZ
El magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, llam?al juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, para advertirle de que su esposa, la abogado Beatriz Saura, hab? trabajado durante a?s en la Comunidad de Madrid y ese antecedente profesional podr? contaminar el proceso y propiciar un escrito de recusaci? por parte de los abogados de Ignacio Gonz?ez.
El juez del Supremo contactaba con el titular del Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6 en la ma?na del pasado viernes, poco despu? de que el ex presidente de la Comunidad de Madrid fuera detenido en su domicilio de Aravaca, en la periferia de Madrid, como pieza principal de la denominada ?operaci? Lezo?.
Marchena manejaba informaci? de primera mano, obtenida de una periodista: la esposa de Velasco, la abogada Beatriz Saura Alberdi, hab? conseguido, en octubre de 2012, un contrato externo en un organismo adjunto de la Consejer? de Asuntos Sociales de la Comunidad, por indicaci? directa del entonces reci? nombrado presidente de Madrid, Ignacio Gonz?ez, a quien una persona pr?ima al juez de la Audiencia Nacional le hab? pedido el favor, seg? ha podido saber OKDIARIO. Parad?icamente, seis a?s despu?, el empleador de la esposa del magistrado, se sentaba ante ? como reo y, horas despu?, era conducido en un furg? a la c?cel de Soto del Real.
Se daba la curiosa circunstancia de que Marchena, el ponente de la sentencia del Tribunal Supremo que apart?de la carrera judicial a Baltasar Garz?, advert? a Velasco sobre las intrigas en torno a su mujer, que durante un tiempo, cuando se qued?sin trabaj? prob?suerte como abogada en el despacho del ex magistrado inhabilitado de la Audiencia Nacional.
Algunos medios period?ticos han adjudicado la contrataci? de la abogada alicantina al ex consejero Salvador Victoria, sin embargo en aquella fecha, desde un mes antes, ya era consejero de Presidencia y Justicia y Portavoz, cargos en los que se mantuvo hasta junio de 2015. Entonces, se vio obligado a dimitir por las investigaciones del juez Velasco en el ?caso P?ica?. El n?ero dos de Gonz?ez fue imputado por el magistrado por pedir, supuestamente, a la empresa INDRA que saldara una deuda de 10.000 euros que la Comunidad de Madrid manten? con uno de los detenidos en la operaci? policial. El consejero desde el primer momento neg?la acusaci?, aunque dimiti?para no afectar las negociaciones entre el PP y Ciudadanos.
En octubre de 2012 el consejero de Asuntos Sociales era Jes? Fermosel, hoy d? senador por designaci? de la Comunidad de Madrid.
Salvador Victoria, ex consejero de Asuntos Sociales y de Presidencia y Justicia, se neg?a confirmar ni desmentir a OKDIARIO la relaci? laboral de la esposa de Velasco con la Consejer? de la Comunidad de Madrid: ?Desde que dej?la pol?ica he decidido no hacer declaraciones y no voy a romper ahora ese compromiso?, se?l?
Avis?al juez Velasco
El magistrado del Supremo se decidi?a llamar a su compa?ro de la Audiencia Nacional, ??ica y exclusivamente, para advertirle de que la prensa ya ten? esa informaci? en su poder y que pod? tener problemas por los antecedentes de la contrataci??, seg? fuentes judiciales. Las mismas fuentes niegan la intenci? por parte de Marchena de presionar o influenciar en Velasco. Adem?, habr? sido una labor infructuosa pues el titular del Juzgado n?ero 6, nacido en Bilbao, tiene fama entre sus compa?ros de judicatura de ser una persona trabajadora, insobornable y tozuda.
El magistrado de la Audiencia Nacional recibi?con cierta preocupaci? la llamada de su compa?ro del edificio vecino del Supremo, en la otra esquina de la Plaza de Par?, por lo que algunos pudieran estar cociendo a sus espaldas, pero no le cogi?por sorpresa. Los agentes de la UCO de la Guardia Civil ya le hab?n puesto sobre aviso. En una de las conversaciones de Gonz?ez, intervenidas por la Guardia Civil, el ex presidente aseguraba a su interlocutor que el juez Velasco estaba contaminado porque su esposa hab? trabajado para la Comunidad de Madrid, siendo ? presidente.
Con la advertencia de la UCO y de su compa?ro del Supremo, Velasco se reserv? un movimiento de ficha por sorpresa. Antes de iniciar el interrogatorio, le pregunt?a Gonz?ez: ??Hemos comido usted y yo alguna vez??. Y el ex presidente de la Comunidad de Madrid, sorprendido con la pregunta, le contest? ?No?. Y el magistrado insisti? ??Cree usted que existe alguna incompatibilidad que pudiera propiciar la recusaci? de este juez??. La respuesta fue tambi? negativa.
Tras ese arranque y el posterior interrogatorio, ni los fiscales anticorrupci? ni Ignacio Gonz?ez se sumaron a la solicitud de ninguna medida de recusaci?.
Beatriz Saura Alberdi, la esposa de Velasco, es una prestigiosa abogada que copreside la secci? de Cumplimiento Normativo del Colegio de Abogados de Madrid. Tambi? es directora de penal y compliance en el despacho Legal y Econ?ico, dirigido por Pedro Mart? Molina. Con anterioridad ha sido fiscal sustituta de Madrid durante cuatro a?s y secretaria judicial en la Audiencia Nacional. La letrada ha escrito a medias con Velasco el libro ?Cuestiones
Pr?ticas sobre responsabilidad penal de la persona jur?ica y Compliance?, el cumplimiento de las normativas internas de las corporaciones, mediante el c?igo de buenas pr?ticas.
https://okdiario.com/investigacion/2017/04/27/juez-del-ts-pidio-velasco-inhibiera-recordarle-mujer-fue-contratada-gonzalez-946438MARCHENA, EL JUEZ QUE SENTENCI?A GARZ? Y SUS RELACIONES BAJO SOSPECHA CON 'ABOGADOS G?TEL'
Las revelaciones del magistrado en su libro 'En el punto de mira' sobre los v?culos del hombre que le sentenci?con el PP
El magistrado Manuel Marchena, que particip?en los tres procesos contra Baltasar Garz? en el Tribunal Supremo, mantuvo una estrecha relaci? con uno de los abogados de varios implicados en la G?tel, Luis Rodr?uez Ramos. Ambos se ocupaban de la formaci? de una comisi? institucional jur?ica destinada, entre otras cosas, a controlar las intervenciones telef?icas. Recordemos que Garz? fue inhabilitado por las escuchas de la G?tel, denunciado precisamente por abogados de la defensa. En su libro En el punto de mira relata estas conexiones y, tambi?, con abogados y pol?icos del PP.
Sobre el juez Manuel Marchena dice: ?Entre sus amigos, el antiguo fiscal y flamante magistrado del Supremo contaba con Jos?Mar? Michavila y ?gel Acebes, ministros del Gobierno de Jos?Mar? Aznar, con los que estuvo durante a?s como vocal en la Fundaci? Wolters Kluwer, que preside o presid? Michavila y en cuyo consejo asesor figura o figuraba asimismo Acebes?.
?Y en la entrega de los premios La Ley otorgados por esa fundaci?, Marchena ha coincidido con frecuencia con el abogado de varios implicados en el caso G?tel, Luis Rodr?uez Ramos. Y tambi?, mira por d?de, con el director general de Comunicaci? y Estudios del Grupo Santander, Jos?Manuel Cendoya M?dez de Vigo?, dice.
Con Michavila
Contin? as?Garz?:
?Sin ir m? lejos, el mismo a? 2011 en que insist? en la financiaci? del Santander y el caso de los cursos de Nueva York. Con Rodr?uez Ramos, y otros juristas afines al PP, se encontr?tambi? el juez Marchena en febrero de 2010, ya ven, en plena ebullici? del caso G?tel, durante unas jornadas de estudio patrocinadas por La Ley, y organizadas por Michavila, en la localidad vallisoletana de Quintanilla de On?imo. Relata la prensa de la ?oca que Rodr?uez Ramos urgi?en aquel lugar a la reforma del art?ulo 579 de la Lecrim, el precepto del ordenamiento espa?l en el que se regula la intervenci? de las comunicaciones por orden judicial?.
? All?se encontraba tambi? el magistrado de la Sala Segunda del Supremo Juli? S?chez Melgar, miembro del tribunal que decidi?la admisi? de los casos de Nueva York y G?tel y, adem?, firmante de la sentencia del juicio de la memoria hist?ica. No deja de ser curioso que quince d?s despu? de ese encuentro, el 25 de febrero de 2010, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo abriera la tercera causa contra m?por supuesto delito de prevaricaci? al acordar la interceptaci? de las comunicaciones de los m?imos responsables de la trama criminal G?tel en prisi??.
En la comisi? institucional
Resalta Garz? que la sentencia del caso G?tel, ?de la que fue tambi? obra y parte el magistrado Marchena, motiv?que durante once a?s no pudiera ocupar mi puesto de juez. Esta inhabilitaci? se produjo el 23 de febrero de 2012. Pues bien, una semana despu?, el 2 de marzo, el Consejo de Ministros cre?una comisi? institucional cuyo cometido ser? presentar una propuesta de texto articulado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?.
?Entre otras cosas, tendr? como objeto luchar contra la creciente inseguridad jur?ica, delimitar las atribuciones competenciales entre jueces y fiscales, regular el sometimiento a plazo del secreto de sumario e incrementar el control de las intervenciones telef?icas? Curiosamente, entre los miembros de la comisi? figuraba como presidente ?Manuel Marchena G?ez, magistrado del Tribunal Supremo? y, seg? indica el BOE, entre los miembros que se designaron se encontraba ni m? ni menos que ?don Luis Rodr?uez Ramos, catedr?ico de Derecho Penal y abogado??.
Y en la sala del Supremo
?En efecto, Rodr?uez Ramos era abogado ?de varios implicados en la trama G?tel? e impulsor, desde su puesto de vicedecano en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) al principio de toda esta historia, de la toma de posici? de esta instituci? en la querella que afectaba al PP. Magistrado y abogado deb?n llevar tiempo postulados para este tema?.
? Extra? situaci? cuando, mientras se gestaba este grupo de trabajo ?que claramente no deb? ser improvisado?, juez y letrado estaban frente a frente enjuiciando uno y defendiendo el otro a varios imputados que pod?n resultar afectados por la decisi? del Tribunal Supremo. Aqu? la imparcialidad objetiva que reclamaba para otros el instructor brillaba por su ausencia cuando se trataba de s?mismo?.
La recompensa
?Qu?ocurri?con el juez Marchena? Lo relata Garz?:
? Eso s? las molestias que pudo sufrir porque el sector de la prensa que informaba con car?ter cr?ico de las decisiones del Supremo contra m? y de las que toda la Sala me hac? responsable, tuvieron su merecido premio: el juez Marchena pas?a presidir la Sala Segunda del Supremo en sustituci? de Juan Saavedra el 30 de septiembre de 2014?.
?Peor suerte corri?otro magistrado que tambi? estuvo presente en mis procesos. El antiguo fiscal Miguel Colmenero optaba al mismo puesto que Marchena, pero solo obtuvo un voto frente a los doce de su colega. Y eso a pesar de estar bien visto por el sector conservador, como muestra su participaci? en actos organizados por la Fundaci? FAES que preside Jos?Mar? Aznar, como algunos de los seminarios celebrados en 2005, 2006 y 2007 en los que coincidi?con otro colega, el magistrado Adolfo Prego?.
Ponentes y cursos
?Colmenero dirig?, en la ?oca en que se inici?el baile de querellas, unos cursos en la Fundaci? para la Investigaci? sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), en cuyo consejo acad?ico figuran diferentes magistrados de distintas instancias. Entre los ponentes que acud?n a las jornadas, cursos y seminarios de FIDE, hab? habituales representantes de prestigiosos bufetes como, una vez m?, Luis Rodr?uez Ramos o Miguel Bajo, abogados ambos en el caso G?tel?.
?Y en los actos de FIDE colaboraban tambi? diversas empresas y entidades financieras, entre ellas el Banco Santander. Esto ocurri? por ejemplo, en 2009. Se da la circunstancia de que Miguel Colmenero fue magistrado en los tres casos que me instruyeron, actuando como ponente en la admisi? de la querella de los cursos de Nueva York y en la de la G?tel, y firmando la sentencia dictada por la investigaci? de los cr?enes franquistas?.
http://www.elplural.com/2016/10/11/marchena-el-juez-que-sentencio-garzon-y-sus-relaciones-bajo-sospecha-con-abogados-gurtelEL CLAN DE LA TOGA
Por Elisa Beni
Al final, cuando la soledad del poder te rodea, tiendes a fiarte de los compa?ros de pupitre aunque algunos te acaben saliendo rana
Sin la comprensi? del alcance de estos clanes nunca se entender? que magistrados o fiscales profundamente conservadores hayan apoyado durante toda su carrera a otros de ?dole progresista o a la inversa
Todos recordamos la importancia del denominado ?clan de la tortilla? en la historia pol?ica reciente de Espa?. Doce socialistas reunidos en torno a una merendola que refundar?n el PSOE y conseguir?n alcanzar el poder y ser actores esenciales de las ?timas d?adas. El apoyo mutuo, la confianza y una estrecha camarader? pol?ica y personal en la juventud les acompa? a lo largo de todo un devenir pre?do de cargos de responsabilidad. Al final, cuando la soledad del poder te rodea, tiendes a fiarte de los compa?ros de pupitre aunque algunos te acaben saliendo rana. El clan de Logro?, Aznar, Botella y Blesa, fue muy significativo.
Recuerdo estos ejemplos pol?icos porque, a veces, algunas alianzas y compenetraciones que existen en el mundo judicial son tambi? dif?iles de entender si no se conocen los entresijos de los diversos clanes. S? los clanes de juristas tambi? nos presentan a profesionales que se conocieron en un momento y un lugar determinado -normalmente durante su juventud y los inicios de su andadura profesional- y que soldaron una amistad y unas alianzas que les han acompa?do a lo largo de toda su vida jur?ica. Sin la comprensi? del alcance de estos clanes nunca se entender? que magistrados o fiscales profundamente conservadores hayan apoyado durante toda su carrera a otros de ?dole progresista o a la inversa, incluso contra la opini? de sus diversas asociaciones.
Podemos citar aqu?como ejemplo el ?clan de San Sebasti??, formado por fiscales que se conocen en tiempos dif?iles en el Pa? Vasco cuando inician su carrera. Esas amistades que no se olvidan. En ? podemos incluir como figuras m? relevantes a Candido Conde-Pumpido, Javier Zaragoza y Elvira Tejada, todos ellos instalados hoy en la Plaza de la Villa de Par?. Nada malo en confiar en los antiguos amigos sobre todo si todos ellos son buenos juristas.
Tambi? ha tenido gran ?ito el ?clan de Segovia?. En ? se incluyen personas que convivieron en su d? en las viviendas oficiales que los cargos judiciales ocupaban en la Audiencia de Segovia. De muy distinto signo ideol?ico, Adolfo Prego de Oliver, Candido Conde-Pumpido y Francisco Vieira,presidente del TSJM, formaban parte de ellos. Prego dej?el Supremo y ahora es abogado pero antes de eso, los tres ocuparon tambi? despachos en la susodicha Plaza, en la que se aglutinan los ?ganos m? importantes del Poder Judicial en Madrid.
El ?clan de Le?? tuvo la virtualidad de traer a Madrid a Enrique L?ez, el magistrado promesa, que acaba de ser recusado para el Caso G?tel por su proximidad al PP y que fue llevado al Tribunal Constitucional a hoz y coz por los populares. Las brumas del alcohol le sacaron precipitadamente de all? A L?ez lo trajo a Madrid Enrique M?uez, alto cargo de la APM y vocal del CGPJ, junto a Prego. Algunos clanes no son geogr?icos sino que proceden de una largo periplo juntos en las distintas asociaciones judiciales.
Y as? Son s?o ejemplos. Sin conocer estas relaciones no se entienden algunos apoyos y movimientos judiciales que a veces se producen. Los traigo a colaci? para que se entienda que existe esa mec?ica de apoyo y auxilio mutuo que no es sino, podr?mos decir, una consecuencia de la amistad y la confianza. Como suced? con el ?clan de la tortilla?.
Voy ahora a lo que me ocupa que es el ?clan de los canarios?. Y es que el clan de los canarios se ha complicado y se ha vuelto un hervidero en el que se ha pretendido cocer viva a la jueza Rosell. El guiso se aderezaba con las inquinas de un pol?ico a un periodista y la excedencia de la magistrada para ser candidata de Podemos. Su futura ministra de Justic?, ah?es nada. En esta historia, todos son canarios, los buenos y los malos y s?o analizando esa coincidencia espacio/temporal entenderemos algo de lo que est?sucediendo. A Rosell le puso una querella el entonces ministro Soria. Canario. Ex presidente del Gobierno de Canarias. Como acusaci? popular. Un ?Manos Limpias? de la banana.
El ?clan de los canarios?, como los otros, aglutina a juristas que se conocieron hace a?s. Eligio Hern?dez, ?El Pollo del Pinar?, se trajo de Canarias a Manuel Marchena, actual presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Como ? mismo dijo en una entrevista: ?me alegro de haber sembrado un peque? grano.... del que ha crecido un gran jurista?. Claro que ahora el ?peque? grano? ocupa el sill? m? alto entre los jueces penales de Espa? y Eligio... Eligio es abogado. Y pleitea en su sala. As?que todo se complica, desde el punto de vista del ciudadano decente, cuando a Eligio le surge un cliente, tambi? canario, el ministro Soria.
De modo que Eligio el abogado canario, representando al ministro canario, presenta una querella como acusaci? popular (es decir, sin estar concernido directamente) contra una juez canaria. La juez canaria tiene un compa?ro periodista canario que ha fustigado desde hace a?s a Soria por sus cacicadas. Lo dejamos en eso. Y la querella la tiene que admitir a tr?ite el ?peque? grano... ya gran magistrado? canario. El Tribunal Superior de Canarias ya ha dicho que no ha lugar y la Fiscal? del Tribunal Supremo emite informe diciendo que eso no se puede admitir. Pero el gran presidente de la Sala, canario, decide pedir informes directamente al juez que ha sustituido a Rosell. Tambi? canario y, adem?, portavoz que ha sido de la Asociaci? Profesional de la Magistratura en Canarias. La asociaci? a la que pertenece Marchena, el presidente canario de la Sala II, y que le ha apoyado para llegar d?de est?
El juez canario Alba, y de la APM, emite un informe y le da pi?al otro canario para imputar en plena campa? a la juez canaria que, ?ah, no se si lo hemos dicho!, ha pedido la excedencia y es candidata de....PODEMOS. Con el demonio hemos topado porque con la Iglesia no topa Marchena, que es hombre de fuertes creencias que le unen tambi? a los clanes del Opus y los Legionarios (Michavila, Requero, Aceves), pero esa es otra historia. O es la misma. Vaya usted a saber.
Luego salen las grabaciones del juez canario aleccionando a un imputado de lo que debe decir para poder imputar a la podemita canaria. Una grabaci? que produce verg?nza y asco a cualquiera y m? a quien tiene una sensibilidad especial para saber lo que debe ser un juez. Con esa declaraci? pudo actuar Marchena.
En este movido juego de conocidos hay que rese?r que esta no es la primera querella que el canario Soria intenta contra la canaria Rosell. La primera fue interpuesta y desestimada en Plaza de Castilla. En aquel momento el abogado de Soria fue Nicol? Gonz?ez-Cuellar. Un abogado, hijo de un prestigioso fiscal, que tambi? ha arraigado sus negocios en Canarias. Hasta cuatro pleitos importantes lleg?a llevar y cobrar del Cabildo de Gran Canaria siendo presidente Soria. Adem? defendi?tambi? al que era presidente de la Audiencia de Las Palmas, Jose Antonio Mart?, cuando fue acusado de colaborar con narcotraficantes. Este juez, igualmente de la APM, fue finalmente exculpado por el Tribunal Supremo gracias al trabajo de Gonz?ez-Cuellar. Santiago Alba, desde Canarias y como portavoz de la asociaci?, mostr?en aquel momento su satisfacci? por el hecho.
Hay otros pleitos que ahora mismo Gonz?ez-Cuellar lleva en el Tribunal Supremo por cuenta de Soria y de los que entiende Marchena. Ambos, buenos juristas les digo, han escrito juntos un libro que explica la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se pasean por Espa? present?dolo. Van a conferencias juntos. Muchas de ellas pagadas en su d? por el gobierno que presid? Soria.
?Entienden ahora por qu?insisto en que s?o la transparencia puede asegurarnos la independencia y la imparcialidad? Vamos a ver ahora que hacen los vocales de la APM y conservadores que son mayor? en el CGPJ con lo del juez Santiago Alba y con todo este monumental l?. Un l? que amenaza con salpicar al presidente de la Sala m? importante de Espa?.
http://m.eldiario.es/zonacritica/clan-toga_6_515908421.htmlLAS PELIGROSAS AMISTADES DEL SUPREMO
?Habr? que someter un poco a una cr?ica la participaci? en ese tipo de coloquios con esas esponsorizaciones?. Aunque en apariencia t?ida, la respuesta del magistrado del Tribunal Supremo Joaqu? Gim?ez al ser interrogado la pasada semana sobre la frecuente presencia de algunos de sus compa?ros de corte en seminarios o conferencias patrocinados por bancos y grandes empresas tiene un punto de gallard?, porque pone el dedo en la llaga de un peque? esc?dalo sobre el que la judicatura siempre ha corrido un tupido velo c?plice.
Los magistrados del Supremo ?no solo ellos, pero sobre todo ellos- han disfrutado siempre de dos v?s para obtener un complemento salarial a sus abultados emolumentos. La primera es la tutor? o preparaci? de opositores al ingreso en la carrera judicial, algo hoy en declive desde que el exministro Alberto Ruiz-Gallard? cerr?a cal y canto el acceso a la judicatura. Y la segunda v? es la participaci? remunerada en todo tipo de eventos ?cursos, seminarios, jornadas, charlas, coloquios, paneles de expertos?- sufragados por distintos tipos de entidades financieras y compa?as mercantiles. Tambi? poderosos bufetes jur?icos.
En este ?timo caso, y sin entrar a valorar la est?ica del hecho, hace ya mucho tiempo que comenzaron a sonar ciertas alarmas entre la comunidad jur?ica porque esos bancos o empresas o despachos patrocinadores de actos en los que participan magistrados del Supremo bajo precio suelen ser ?clientes? habituales de la administraci? de Justicia. Y tal y como repite sin descanso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un juez no solo est?obligado a ser imparcial ?imparcialidad objetiva-, sino que est?adem? obligado a parecerlo ?imparcialidad subjetiva? porque ese es un derecho b?ico del justiciable.
El magistrado Gim?ez defend? ante los micr?onos de la Cadena SER que los jueces ?no solo deben ser, sino tambi? parecer imparciales?, para justificar la condena impuesta por un tribunal que ? presidi?al exjuez Baltasar Garz?, inhabilitado durante once a?s por interceptar las conversaciones en prisi? de los imputados del ?caso G?tel? con sus abogados. Que el juez ?sea y parezca imparcial? es uno de los pilares, en su opini?, del proceso penal. Por eso, cuando fue interrogado sobre las charlas y coloquios patrocinados que frecuentan sus compa?ros no tuvo m? remedio que mostrarse un tanto cr?ico.
Al hilo de aquel proceso contra Garz?, en mayo de 2012 un grupo de juristas denunci?ante el Consejo General del Poder Judicial las sospechosas compa?as que frecuentaban algunos de los magistrados del Supremo, en concreto las de abogados de implicados en la ?trama G?tel? con quienes compart?n actividades acad?icas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid patrocinadas por empresas que manten?n alguna vinculaci? con esos mismos imputados. De la denuncia nunca m? se supo, pues no consta que haya sido investigada ni contestada por el ?gano de gobierno de los jueces.
Joaqu? Gim?ez
Los ejemplos de magistrados del Supremo entregados a ese tipo de relaciones son frecuentes. Manuel Marchena, hoy presidente de la Sala Segunda de este tribunal, y Jos?Manuel Maza fueron a?s atr? habituales conferenciantes en foros organizados por el Bufete Garrigues. Y el primero de ellos ha mantenido estrecha relaci? con la editorial La Ley, propiedad de la consultora Walters Kluwer de la que el exministro Jos?Mar? Michavila es presidente del consejo asesor al que tambi? pertenece el exministro ?gel Acebes.
Los nombres de los magistrados Marchena, Maza o Antonio del Moral, entre otros, figuran entre el profesorado del Instituto Europeo de Pr?tica Jur?ica Schola Iuris, entidad privada algunos de cuyos m?teres superan los 10.000 euros de coste y en los que tambi? son profesores el exmagistrado Adolfo Prego (abogado de Dolores de Cospedal, secretaria general del PP), y los exfiscales Ignacio Gordillo y Florentino Ort?junto al abogado Luis Rodr?uez Ramos, letrados todos de varios imputados en el ?caso G?tel?.
Juan Saavedra, antecesor de Marchena al frente de la Sala de lo Penal del Supremo, es miembro del consejo asesor del Centro de Formaci? Datadiar que dirige el principal responsable del Bufete D?z Arias y con el que colabora con frecuencia el magistrado Juli? S?chez Melgar. Y su compa?ro Miguel Colmenero ha dirigido varios foros organizados por la Fundaci? para la Investigaci? sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), patrocinada por empresas como Caixa Galicia, Banc Sabadell, Banesto, Telef?ica, Repsol, Gas Natural, Enag? y otras, as?como importantes despachos de abogados. Colmenero, junto a su entonces compa?ro Prego, tambi? fue entre 2005 y 2008 un habitual en los cursos de la Fundaci? de An?isis y Estudios Sociales (FAES) que preside Jos? Mar? Aznar.
Estas son solo algunas pinceladas, el fen?eno es m? amplio y se expande por otras salas del Supremo. Empieza a afectar tambi? a la Audiencia Nacional, donde uno de los magistrados llamados a juzgar la trama corrupta desvelada gracias a los papeles de B?cenas, Enrique L?ez, ha sido cuestionado entre otras razones por su fluida relaci? con FAES. Aunque tambi? es cierto que en ese ?gano judicial son varios los magistrados que han rechazado participar en este tipo de actos pagados y lo han hecho de manera p?lica, lo que de alg? modo ha empezado a retraer a otros compa?ros m? proclives a aceptar este tipo de invitaciones.
La participaci? en este tipo de cursos, conferencias y coloquios no es ilegal. En todos los casos en los que es preceptivo, los magistrados del Supremo solicitan y obtienen el correspondiente permiso del CGPJ. Es muy posible que sea injusto sospechar de ellos, pero se trata de una situaci? que permite la sospecha por lo que deber? ser eliminada de ra?. La ciudadan? tiene derecho a que nada le haga dudar de la recta actitud de su Tribunal Supremo.
En unos d?s, el CGPJ elige al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal. Permanezcan atentos a sus pantallas, porque habr?noticia. Y pol?ica. Y de nuevo saldr? a la luz los fantasmas que convocan las peligrosas amistades del Supremo.
https://www.cuartopoder.es/elfarodetemis/2015/07/20/las-peligrosas-amistades-del-supremo/274EL JUEZ MARCHENA Y EL POPULAR ?GEL ACEBES PROTAGONIZARON UNA OPULENTA COMILONA, SEG? 'EL CONFIDENCIAL'
Se trata del juez que intervino en el juicio que inhabilit?a Garz? y el exministro del PP ahora imputado por los 'papeles de B?cenas'
El flamante nuevo presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, Manuel Marchena y el que fuera ministro del Gobierno Aznar y secretario general del Partido Popular ?gel Acebes, recientemente imputado por el juez Ruz por su presunta relaci? con el caso de los papeles de B?cenas, al parecer almorzaron el 16 de octubre en Madrid una mariscada que el diario digital El Confidencial, que dio la primicia, ha calificado de pantagru?ica. Marchena impuls?o estuvo presente en dos de las causas contra Baltasar Garz? y en concreto en el caso G?tel que acab?con la inhabilitaci? del juez que destap?la trama de corrupci? del PP.
El diario digital El Confidencial public?ayer en su blog El Confidente que, el pasado 16 de octubre, un incidente de tr?ico en la calle Mayor entre los escoltas de un coche oficial y un conductor ?ha servido para poner al descubierto una comida pantagru?ica, cuyos comensales habr?n preferido mantenerse en el anonimato?.
?Unidos en torno a la mesa?
Seg? indicaba el digital, ?gel Acebes, exministro del Interior y exsecretario general del PP, se encontraba almorzando ?en el reservado de una pe? gastron?ica de Madrid con Manuel Marchena ?presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo?, Pedro Calvo ?exresponsable de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid?, Alfonso Carrascosa ?propietario de Legalitas, que reside en Miami?, y otra persona sin identificar?.
Un men?estupendo
Tras recordar que poco despu? el juez Ruz imputaba a Acebes por la compra de un paquete de acciones de Libertad Digital con dinero de la supuesta ?caja B? de G?ova, El Confidencial pasaba a relatar el men? ?Sobre la mesa: una fuente con casi dos kilos de angulas, otra de percebes y una botella magnum de Petrus que cuesta m? de 2.000 euros. Y de plato fuerte, un descomunal chulet? de ?ila por barba?.
Ya se conoc?n en el 2006
Lo cierto es que, de ser as? no es nueva la relaci? entre el ahora presidente de la sala II de lo Penal Manuel Marchena y el actualmente imputado Acebes. Como ya relat?ELPLURAL.COM el 4 de marzo de 2012, el mutuo conocimiento se puede datar al menos en el a? 2006, cuando el entonces fiscal del Tribunal Supremo y hoy presidente de la Sala II de la misma instancia, Manuel Marchena, obtuvo el XX premio La Ley de art?ulos doctrinales.
Acebes y La Ley
La Ley es una potente editorial jur?ica dependiente de la Fundaci? Wolters Kluwer ? perteneciente al grupo multinacional del mismo nombre dedicado al area de publicaciones profesionales, seminarios y cursos. Como explicaba este diario, su consejo asesor est?presidido por el ex ministro de Justicia popular Jos? Mar? Michavila y en ? se encontraban, entre otros, el tambi? ex ministro ?gel Acebes y hoy imputado por el caso Barcenas
En los eventos de Wolters Kluwer
A partir de entonces, Manuel Marchena, que a?s intervendr? en el juicio de las ?escuchas? por el caso G?tel que concluy?con la inhabilitaci? del juez Baltasar Garz?, apareci?en algunos eventos de la Fundaci? Wolters Kluwer en la que figuraba, como se ha dicho, ?gel Acebes. En concreto, Marchena ha sido jurado del Premio La Ley de art?ulos doctrinales, en varias ediciones.
M? jueces y abogados
En este jurado Marchena coincidi?asimismo con su ex colega el juez Adolfo Prego tambi? ponente del juicio de la memoria hist?ica contra Garz?, adem? de otras personalidades como el que fuera entonces vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid Luis Rodr?uez Ramos quien asumi?la representaci? de tres de los populares a los que se relacion?con la trama G?tel e impuls?la personaci? del Colegio en la querella contra Garz?.
El juez S?chez Melgar
Como recordaba EL PLURAL.COM en el mismo art?ulo, el nombre de Manuel Marchena aparec? adem? junto al de Michavila en alg? acto concreto como fue el encuentro profesional celebrado en Quintanilla de On?imo a principios del a? 2010. En esta ocasi? el magistrado (que archiv?por prescripci? el caso que instruy?de los cursos de Nueva York redactando un auto que no dejaba lugar a dudas sobre su convicci? en la responsabilidad de Garz? pese a no haber sido juzgado), se encontr?con otro colega de la Sala II del Tribunal Supremo: Juli? S?chez Melgar.
Presente en los tres casos
El magistrado S?chez Melgar fue miembro del tribunal en las salas del caso Memoria Hist?ica, el de los cursos en Nueva York (durante el per?do de admisi? a tr?ite e instrucci?) y form?parte del tribunal que admiti?a tr?ite e instruy?la querella por el caso escuchas G?tel. Juli? S?chez Melgar fue presidente de la Audiencia Provincial de ?ila en 1993.
Coincidi?con Acebes en ?ila
Coincidi?all?durante tres a?s con el popular ?gel Acebes, que era entonces el alcalde de la ciudad. Casualidades de la vida, magistrado y pol?ico daba la impresi? de que se iban siguiendo los pasos: S?chez Melgar tomaba posesi? en enero del 2000 de su cargo de magistrado del Tribunal Supremo. ?gel Acebes pas? de ser ministro de Administraciones P?licas a Ministro de Justicia en marzo del 2000.
El caso Libertad Digital
Ha pasado el tiempo y ahora el que fuera secretario general del PP, ?gel Acebes, se ve relacionado con el caso de los papeles de B?cenas a causa de las operaciones presuntamente realizadas a trav? de la llamada "caja b" del PP a partir de octubre de 2004 para la suscripci? de acciones de la empresa Libertad Digital. Se le cita como imputado por su posible responsabilidad respecto al eventual conocimiento y autorizaci? de la operaci?, pudiendo haber colaborado a que "tales fondos terminaran siendo detra?os por sus iniciales destinatarios aprovechando estos la opacidad de los mismos".
Relaci? poco aconsejable
?Es correcta esta relaci? entre pol?icos y magistrados? ?No es il?ita pero no parece aconsejable?, han comentado a ELPLURAL.COM en medios jur?icos. Y es que si en el peor de los casos el procedimiento en el que ahora mismo se est?viendo el popular Acebes continuara hasta llegar al Tribunal Supremo ?qu?actitud tiene que tomar un juez que ha compartido seminarios o seg? la informaci? referida, quiz? incluso almuerzos postineros con un presunto responsable de un hipot?ico delito?
Garz?, el ?ico condenado
Las mismas fuentes jur?icas consultadas por ELPLURAL.COM manifestaban que ?no estar? de m? empezar a replantearse las circunstancias que se dieron en la inhabilitaci? al juez Baltasar Garz?, hasta la fecha el ?ico condenado a?s despu?, por haber iniciado el proceso contra la corrupci? que rodea al PP. M?ime el tema de fondo era una interpretaci? de la ley y cuando otros jueces que continuaron el procedimiento en los mismos t?minos no fueron en absoluto reconvenidos?.
http://www.elplural.com/2014/11/04/el-juez-marchena-y-el-popular-angel-acebes-protagonizaron-una-opulenta-comilona-segun-el-confidencialMAZA, MARCHENA Y EL FERN?DEZGATE
El Gobierno, por propuesta consensuada del ministro de Justicia, Rafael Catal? y el presidente, Mariano Rajoy, ha optado por el nombramiento de un magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Jos?Manuel Maza, para el puesto de fiscal general del Estado, decisi? que supone dar marcha atr? en el respaldo a la candidatura de Consuelo Madrigal.
Fuentes judiciales se?lan que el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, fue consultado sobre ello y aconsej?cambiar el enfoque. Es decir: nombrar un magistrado de su sala. Maza es un hombre de confianza de Marchena, quien a su vez mantiene una sinton? personal, y discreta, con la vicepresidenta, Soraya S?nz de Santamar?.
Algo cambi?entre el lunes 7 de noviembre, d? de la toma de posesi? de Catal? y el mi?coles 9, el d? despu? de una reuni? que mantuvo Catal?en La Moncloa con Rajoy. Semanas antes de la investidura de Rajoy, Catal?convoc?a Madrigal para saber si manten? su deseo de ser nombrada por cuatro a?s, tras cumplir menos de dos en el puesto, al sustituir a Eduardo Torres-Dulce a mediados de diciembre de 2014.
Y el lunes 7, adem?, Catal?vino a insinuar que Madrigal ser? su candidata. La fiscal general, a su vez, hizo saber a algunas personas pr?imas que seguir?.
Pero despu? del martes, la operaci? relevo de Madrigal, como la llaman algunos magistrados y fiscales, ya estaba en marcha. La iron?: se estaba relevando a alguien que era m? que una fiscal in pectore porque Catal?hab? dado a entender que ella era su candidata.
Con la decisi? de nombrar a Maza se encomend?la b?queda de un equipo para el que ser?nuevo fiscal general del Estado.
El que fuera teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jes? Santos, que ahora trabaja como abogado en el bufete Baker & McKenzie -es letrado defensor del Partido Popular en casos como G?tel y destrucci? del disco duro del ordenador del ex tesorero del PP Luis B?cenas- hizo entre jueves y viernes varios contactos entre fiscales para proponer nombres. Y Santos, seg? fuentes jur?icas, no fue el ?ico al que se encarg?ese trabajo.
La opci? por Madrigal primero y por Maza definitivamente ha supuesto el naufragio de las aspiraciones del presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando Grande-Marlaska, quien apel?a los buenos oficios de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, para lograr el puesto.
En el mes de septembre, Maza integr?la sala de admisi? de la Sala Segunda del Supremo a cargo de la querella criminal presentada por Xavier Tr?s, ex alcalde de Barcelona, y Convergencia Democr?ica de Catalu? (CDC), contra el ahora ex ministro del Interior, Jorge Fern?dez D?z, y el ex director de la Oficina AntiFraude, Daniel de Alfonso, a ra? de las conversaciones grabadas en el ministerio del Interior el 2 y 16 de octubre de 2014.
En ellas, ambos se explayan sobre la posibilidad de difundir en los medios de comunicaci? informaciones que afectaban presuntamente a dirigentes soberanistas de Catalu?, una trama que se denomin?Operaci? Catalu? seg? ha denunciado en sede judicial el comisario, ahora jubilado, Jos?Villarejo.
Una de esas maniobras en grado de tentativa fue analizada entre el ministro y su interlocutor el 16 de octubre -la atribuci? de una cuenta en suiza al entonces alcalde de Barcelona Xavier Tr?s- y se consum?trav? de la filtraci? de los datos a un medio de comunicaci? los d?s 27 y 28 de octubre. Tr?s acredit?a trav? de una comunicaci? de la Union de Banques Suisses (UBS) que ni era titular de dicha cuenta ni se trataba de la numeraci? de dicha entidad bancaria.
La sala de admisi? del Supremo solicit?informe al fiscal jefe, Antol? Herrero, quien en un breve dictamen se?l?que no se apreciaban los delitos de prevaricaci?, revelaci? de secretos y malversaci?.
Herrero dec? que las conversaciones -difundidas en la recta final de la campa? electoral del 26-J por el diario P?lico - entraban dentro de las competencias del ministro y del intercambio de informaci? previsto por el estatuto de la Oficina Antifraude y que tampoco se hablaba de montante de dinero para destinar a la operaci?, lo cual descartar? el delito de malversaci? de fondos p?licos.
Tanto el informe del fiscal jefe como la composici? de la sala de admisi? fueron objeto de cierto secretismo por parte de la Sala Segunda del Supremo. El 18 de octubre, a preguntas de este cronista, el Supremo confirm?que la sala estaba formada por Marchena, que como presidente de la sala, la presid?; Maza, Ana Ferrer, Miguel Colmenero y Andr? Palomo. Tambi? inform?que Marchena era el magistrado ponente. As?lo reflejamos en esta cr?ica y en una segunda informaci?.
Sin embargo, el 26 de octubre, una semana m? tarde, el Supremo se puso en contacto con este cronista para corregir lo que hab? informado con anterioridad. La ponencia, dec?, hab? reca?o en Maza el 9 de septiembre. No en Marchena, como se hab? dicho.
Bien.
Dos meses largos despu? de presentada la querella, el pasado 1 de septiembre, tras la designaci? de ponente el 9 de septiembre y del informe del fiscal unas semanas m? tarde, las preguntas son: ?ha propuesto el ponente Maza archivar la querella criminal en l?ea con lo que propon? Antol? Herrero? ?la sala de admisi? ha apoyado por unanimidad caso de que se produjera el archivo? ?por qu? tanto retraso?.
Y last but not least, ?por qu?tanto secretismo?
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/12/analitica/1478953935_147895.htmlFERN?DEZGATE, ?INMUNIDAD PENAL?
Por Ernesto Ekaizer
La reprobaci? del Congreso al ministro del Interior en funciones, Jorge Fern?dez D?z, por su utilizaci? del Ministerio del Interior para operaciones "especiales" contra dirigentes soberanistas catalanes -la bautizada por el comisario Jos?Villarejo como Operaci? Catalu?- lleg?ayer diez d?s despu? que el fiscal jefe del Tribunal Supremo, Antol? Herrero, entregara a la sala de admisi? de la Sala Segunda su informe sobre una querella criminal presentada el pasado 1 de septiembre por el ex alcalde de Barcelona, Xavier Tr?s, y la antigua Convergencia Democr?ica de Catalu? (CDC) contra Fern?dez D?z y el ex director de la Oficina Antifraude de Catalu?, Daniel de Alfonso.
La querella, que entr?en el Supremo el 1 de septiembre, imputa al ministro cooperaci? en la revelaci? de secretos, prevaricaci? y malversaci? de fondos y se basa en las conversaciones que mantuvo durante dos encuentros, en octubre de 2014, el ministro y De Alfonso en el Ministerio del Interior, cuyo contenido trascendi?en unas grabaciones difundidas en la recta de la campa? electoral del 26 de junio.
La sala de admisi? del Supremo, integrada por Manuel Marchena, presidente de dicha sala y de la Sala Segunda (imagen) y los magistrados Jos?Manuel Maza, Miguel Colmenero, Ana Ferrer y Andr? Palomo, tom?nota de la querella, nombr? ponente a Marchena y pidi?informe a la Fiscal?. El fiscal jefe, Antol? Herrero, elabor?su informe y lo entreg?a la sala, como se ha apuntado, hace diez d?s.
Seg? manifest?el director de comunicaci? de la Fiscal? General del Estado, Fernando Noya, a preguntas de este peri?ico, el fiscal jefe "estima que las conversaciones entre el ministro y el entonces jefe de la Oficina Antifraude entra dentro de las competencias de las autoridades para perseguir delitos, de la actividad de Interior y de la Polic?, en este caso sobre hechos en la Comunidad Aut?oma de Catalu?. El fiscal jefe no aprecia que sea delictivo".
El responsable de comunicaci? no pod? aportar a este peri?ico el escrito "de cuatro folios", seg? dijo. Y remiti?a solicitarlo al Tribunal Supremo. A su vez, el departamento de prensa del Supremo dijo que era la Fiscal? General del Estado la que deb? dar a conocer el escrito.
Esta situaci? no suele ocurrir, para poner un ejemplo, con otras resoluciones judiciales, sean de la Sala Segunda o de la Fiscal? del Supremo. Por ejemplo: cuando se trata de temas como el refer?dum soberanista en Catalu? y los autos e informes de Fiscal? en relaci? con los dirigentes investigados por ello. Esta doble va de medir desnuda la pol?ica de transparencia selectiva que aplica el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.
Por otra parte, existe desde hace a?s un convenio en vigor entre la Fiscal? General del Estado y el CGPJ por el cual los responsables de prensa de los ?ganos judiciales deber?n aportar las resoluciones que se adoptan en dichos ?ganos. Incluye la actuaci? de las fiscal?s a trav? de sus informes.
Seg? explic?el portavoz citado de la Fiscal? General del Estado, el fiscal jefe del Supremo, Antol? Herrero, sigue en el asunto de Fern?dezGate, las l?eas trazadas el pasado mes de julio por la Fiscal? General del Estado a ra? de una denuncia de Esquerra Republicana de Catalu?.
En un comunicado la FGE apuntaba el 7 de julio que "del contenido de las conversaciones no se desprenden indicios suficientes para iniciar una investigaci? penal por preconstituci? falsa de pruebas, prevaricaci? administrativa ni por los restantes tipos penales".
Fuentes jur?icas y judiciales consultan resaltan la diferencia entre una denuncia gen?ica, como la que pudo presentar ERC en junio pasado, y una querella criminal como la que plantea el ex alcalde de B?celona y la antigua CDC.
?Por qu?
Un ejemplo realza esa diferencia. En las conversaciones de octubre de 2014 -cuya falta de veracidad ni se ha denunciado ni cuestionado- Fern?dez D?z y De Alfonso traman la difusi? a la prensa de una presunta cuenta de Xavier Tr?s en la Union de Banques Suisses (UBS). Seg? el ministro, la "experiencia" de la filtraci? de las cuentas de miembros de la familia del expresident Pujol hac? pocos meses, en julio de 2014, era muy relevante pues hab? acabado con su carrera pol?ica. El objetivo de las filtraciones, seg? explica Fern?dez D?z, era lograr que la Fiscal? Anticorrupci?, que sol? resistirse a sus iniciativas, abriera diligencias.
El "caso" de Tr?s, precisamente, es considerado por el ministro y De Alfonso en su segundo encuentro grabado, el 16 de octubre de 2014. El 27 y 28 de octubre, el plan del ministro se materializa. Y se filtra a un medio de comunicaci? "habitual", El Mundo, la cuenta ap?rifa (no es de Tr?s ni corresponde a la numeraci? de la UBS, seg? la carta enviada por la entidad bancaria a requerimiento del entonces alcalde de Barcelona.).
Por tanto, tenemos un perjudicado.
El informe del fiscal tendr?que ser evaluado por el ponente, Marchena, quien deber?exponer ante la Sala de Admisi?. El informe previo de Fiscal? suele ir a misa. Pero no siempre.
Fue Marchena, por ejemplo, quien contra el criterio de la Fiscal? del Supremo propici?la admisi? de la querella del entonces ministro Jos?Manuel Soria contra la juez excedente en Canarias Victoria Rosell, diputada de Podemos, una decisi? que acab?con su carrera pol?ica en el Congreso de los Diputados y que ha destapado una operaci? pol?ico-judicial rocambolesca.
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/19/analitica/1476872676_147687.htmlLA CAUSA CONTRA EL JUEZ ALBA, A PUNTO DE ARCHIVARSE POR LA REFORMA DE LA LEY EN LA QUE PARTICIP?SU PROPIO ABOGADO
El 26 de noviembre acaba el plazo de seis meses que fija la reforma legal si antes la magistrada instructora no llama a declarar al investigado, a las partes personadas y a testigos decisivos como el empresario Miguel ?gel Ram?ez
Las ?timas conversaciones grabadas por el magistrado investigado revelan que su estrategia es retrasar al m?imo la instrucci? para su archivo
La causa penal contra el juez Salvador Alba corre el riesgo de archivarse como consecuencia de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuya redacci? particip?su propio abogado, Nicol? Gonz?ez-Cu?lar. Se trata del mismo letrado que defiende al exministro de Industria Jos?Manuel Soria, autor de la querella contra la jueza Victoria Rosell, la que activ?Alba al maquinar contra la exdiputada de Podemos.
La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal entr?en vigor el pasado 6 de junio y oblig?a juzgados y fiscal?s de toda Espa? a revisar todos los casos pendientes que llevaran seis meses de instrucci?. La reforma, que fue ampliamente contestada por la Abogac? y calificada por las asociaciones de jueces y fiscales de ?aut?tica ley de punto final?, fue elaborada por una comisi? institucional, creada por el Gobierno en marzo de 2012. De esa comisi? formaron parte, entre otras personas, el abogado Gonz?ez-Cu?lar y el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, quien admiti?la querella del entonces ministro Soria contra la magistrada en excedencia y a la saz? diputada de Podemos Victoria Rosell, pese al informe en contra de la Fiscal? del Supremo. Marchena y Gonz?ez-Cu?lar son los autores de un libro sobre esa reforma legal que ambos han presentado juntos a lo largo y ancho de la geograf? espa?la.
Todos los miembros de esa comisi? constitucional fueron condecorados por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Pe?fort.
http://www.eldiario.es/canariasahora/tribunales/Alba-archivarse-reforma-colaboro-abogado_0_577792307.htmlEL MAGISTRADO QUE IMPULSA LA QUERELLA DE SORIA CONTRA VICTORIA ROSELL ES ?TIMO AMIGO DEL ABOGADO DEL EXMINISTRO
El hoy letrado Eligio Hern?dez impuls?la carrera del actual presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, desde su puesto de fiscal general del Estado
Marchena ha dado los primeros pasos para actuar contra la diputada de Podemos en contra del criterio de la Fiscal?
Hern?dez, sobre su "amigo" en 2014: "Me siento orgulloso de haber sembrado un peque? grano que con el tiempo ha alcanzado una soberbia talla profesional"
El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, es ?timo amigo del abogado del exministro Jos?Manuel Soria en la causa contra la exjueza y diputada de Podemos, Victoria Rosell. Soria est?a punto de conseguir que el Supremo abra una causa penal contra la dirigente de Podemos a la que acusa de injurias, calumnias y prevaricaci?. El exministro tiene de su lado al letrado Eligio Hern?dez, el hombre a quien Marchena debe buena parte de su ?ito profesional y que se lo trajo de Canarias a Madrid en los a?s 90.
El abogado de Soria, Eligio Hern?dez, es un viejo conocido del mundo judicial. Fue fiscal general del Estado entre 1992 y 1996 y, en ese periodo, contrat?a Manuel Marchena para la Secretar? General T?nica de la Fiscal?. A partir de ese momento, la carrera de Marchena se dispara. Tras una d?ada en la Fiscal? General, obtiene la plaza de fiscal en el Supremo, tribunal en el que acabar? por ocupar una plaza de Magistrado.
Marchena ingres?en la carrera fiscal en 1985 y ocup?plaza en Las Palmas. El resto de su actividad la ha desarrollado en Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la Secretar? T?nica de la Fiscal? General del Estado y en la Fiscal? del Tribunal Supremo.
En la actualidad, Marchena preside la sala del Tribunal Supremo que se encarga, entre otras, de las causas en las que est? inmersos aforados. Seg? public?el diario El Mundo, el pasado d? 13 el Supremo dict?una resoluci? en la que se daban los primeros pasos para iniciar una investigaci? contra la diputada de Podemos Victoria Rosell. El ponente de dicha resoluci? fue Manuel Marchena, contra el criterio de la Fiscal? que hab? pedido la inadmisi? de las querellas presentadas por Soria contra Rosell.
Eligio Hern?dez escribi?en 2014 un art?ulo que define la dimensi? del tutelaje que ejerci?en su d? sobre quien ahora debe valorar la querella interpuesta por su cliente. En un art?ulo publicado en varios medios canarios, el abogado de Soria dec? de Marchena: "Como magistrado jubilado me siento orgulloso de haber sembrado un peque? grano que con el tiempo ha alcanzado la soberbia talla profesional, acad?ica y humana de Manuel Marchena". "Le bastan el afecto y la admiraci? de quienes somos sus amigos y compa?ros".
La causa que enfrenta a Soria con Victoria Rosell tiene su origen en el momento en el que la diputada de Podemos ejerc? sus funciones de jueza en el juzgado n?ero 8 de Las Palmas. Soria acusa a Rosell de dilatar la tramitaci? de una causa en la que estaba imputado un empresario que ten? negocios con la pareja sentimental de Rosell. El compa?ro de la exjueza no es otro que el periodista de Canarias Ahora Carlos Sosa, medio asociado a eldiario.es, quien lleva a?s denunciando presuntas irregularidades del exministro desde los diferentes cargos que ha ido desempe?ndo.
El ministro bien conectado con los jueces
No es la primera vez que el ministro Soria se hace acompa?r de abogados bien conectados con la c?ula de la sala segunda del Tribunal Supremo. En la primera querella presentada contra Victoria Rosell en los juzgados de Plaza de Castilla, el exministro se apoy?en el letrado Nicol? Gonz?ez-Cu?lar. Este abogado es otro de los hombres de confianza de Manuel Marchena con quien ha trabajado mano a mano en la redacci? de varios libros.
A finales de 2015, Marchena y Gonz?ez-Cu?lar presentaron por varios puntos de la geograf? espa?la la obra La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015, redactada por ambos. El texto est?prologado por el ministro en funciones Rafael Catal? compa?ro de Soria en la mesa de deliberaciones del Consejo de Ministros.
http://www.eldiario.es/politica/Magistrado-Supremo-quiere_0_506750085.html?ES EL SUPREMO, EST?IDO!
El caso Rosell, ?amenaza con metamorfosearse en el caso Marchena?
Por Ernesto Ekaizer
Las presuntas maniobras contra Victoria Rosell, que va a investigar el CGPJ, ?c?o llegaron a convertirse en una causa contra ella? Como aquella frase que acu? uno de los asesores de Bill Clinton en la campa? electoral de 1992, sobre el papel de la econom?, se puede afirmar: ?Es el Supremo, est?ido!
Veamos la secuencia de los hechos. El ministro en funciones, Jos?Manuel Soria, se querella el 2 de febrero contra la juez en excedencia y diputada Rosell por calumnias e injurias. El 18 ampl? la querella en el Supremo, por prevaricaci? judicial y retardo malicioso en el caso del empresario Miguel ?gel Ram?ez.
Y, atenci?, pide que se solicite al magistrado Salvador Alba, que ha sustituido a Rosell en el juzgado de Canarias, un informe sobre un tema que fue archivado tanto en el Tribunal Superior de Canarias como en el Consejo del Poder Judicial (CGPJ). Se trata de un presunto retraso malicioso del caso de Ram?ez.
Soria no es parte en ese procedimiento. Su informaci? no es directa. No es perjudicado. Hace de acusaci? popular contra Rosell.
La sala de admisi? del Supremo, que preside Manuel Marchena, pide informe del fiscal. El fiscal desestima la querella.
Pero Marchena, que adem? es el ponente, dicta providencia y solicita informe al juez sustituto, Alba, tal cual ped? el letrado de Soria, el ex fiscal general del Estado con el PSOE, Eligio Hern?dez. Marchena llega a Madrid con Hern?dez a la fiscal?, en 1992.
El juez Alba toma declaraci? al empresario. Y este habla de irregularidades de Rosell. Marchena recibe el informe de Alba junto con la declaraci? del empresario. Propone abrir investigaci?. Los otros miembros de la sala le apoyan. Unanimidad. ?El informe del juez era veneno puro. Se advert? a la legua que hab? enemistad?, dice una fuente jur?ica.
El Supremo puede hacer diligencias pero suele ser prudente. Marchena extrae de la querella una percha. Y cuando llega el informe del juez Alba cuelga de ella la investigaci?. El auto de admisi? no es prudente. ?Hay ganas de actuar. Y se nota?, a?de la fuente.
Lo que hace Marchena no es habitual. Desarrolla de facto una investigaci? de oficio. Llama la atenci? porque el fiscal del Supremo se ha unido al TSJ de Canarias y al CGPJ en no apreciar indicios delictivos en la conducta de Rosell.
?Marchena, cuando menos, ha actuado de forma temeraria e inquisitorial?, puntualiza la fuente. El caso Rosell, ?amenaza con metamorfosearse en el caso Marchena?
http://politica.elpais.com/politica/2016/05/12/actualidad/1463080609_404786.htmlVICTORIA ROSELL PIDE EL CIERRE DE SU CASO POR ESTAR CONSTRUIDO SOBRE PRUEBAS PREFABRICADAS
La jueza presenta un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias solicitando la nulidad de las actuaciones
A los delitos que la justicia ya imputa al juez Alba, suma el de posible "falsedad documental" por las pruebas aportadas al Supremo
Asegura que la Sala de lo Penal no ha respetado el "tenor literal y finalidad" de la Ley al pedir a Alba el informe en el que bas?su decisi? de investigarla
La magistrada Victoria Rosell quiere que un tribunal dictamine cuanto antes que nunca cometi?un delito y que la causa que se abri?contra ella es fruto de un montaje. Su defensa ha presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el que solicita el archivo inmediato de las actuaciones por la ?ilicitud? de la prueba en la que se bas?el Supremo para admitir a tr?ite la querella del exministro Jos?Manuel Soria.
El escrito llega nueve d?s despu? de que eldiario.es publicara los audios de la reuni? que el juez Salvador Alba mantuvo con un empresario imputado para preparar una declaraci? que incriminara a Rosell de los delitos que le atribuye Soria: cohecho, prevaricaci? y retraso malicioso en la administraci? de justicia. La defensa de la jueza alega en su escrito que la Sala Segunda del Tribunal Supremo admiti?a tr?ite la querella contra Rosell ?en base a documentos e informes viciados de nulidad o que tienen su origen en actos il?itos y presuntamente delictivos?.
No se trata de una afirmaci? propia. La sustituta del juez Alba, Carla Vallejo, ha informado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias de la presunta comisi? por parte del magistrado de los delitos de prevaricaci? y negociaci? prohibida a funcionarios por la reuni? con el empresario. La Fiscal? tambi? cree que el juez Alba pudo mantener una conducta delictiva.
A lo largo de 39 p?inas, el abogado de Rosell hace un extenso relato de c?o se ha ido fabricando, a su juicio, el proceso contra la exdiputada de Podemos. Se explaya en la actuaci? de Alba, un magistrado que pidi?sustituir a Rosell de forma voluntaria, a pesar de que deb? compaginar ese nuevo destino en el Juzgado de Instrucci? n?ero 8 de Las Palmas con el que ya ten? en la Audiencia Provincial.
Pero la defensa de Rosell tambi? alude a una ?sorpresiva? interpretaci? de la Ley por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que preside el conservador Manuel Marchena, y que ha conducido a la admisi? a tr?ite de la querella de Soria en contra de la posici? de la Fiscal?, que se opuso en dos ocasiones.
El exministro, dimitido recientemente por su implicaci? en los Papeles de Panam? llev?a los tribunales a Rosell en plena campa? electoral, cuando la jueza hab? dejado la carrera para presentarse al Congreso de los Diputados en la candidatura de Podemos. Enfrentado desde hace a?s a la actual pareja de la jueza, el periodista Carlos Sosa, Jos?Manuel Soria denunci?a la jueza por injurias y calumnias por afirmar que el exministro hab? utilizado a la Fiscal? en su contra.
Y desde ese mismo momento comenzaron las presuntas irregularidades que denuncia el escrito de Rosell. El juzgado de Instrucci? n?ero 27 de Madrid, en el que recae la querella de Soria, admite a tr?ite la misma ?a pesar de su clamorosa incompetencia? por ser Rosell ya diputada. Una vez admitida a tr?ite, el juez env? la causa al Tribunal Supremo y ?te tarda cuatro meses y medio en proveer los escritos incorporados a la causa si se cuenta desde el momento en que comenz?las actuaciones.
De injurias y calumnias, el exministro Soria pasa a denunciar a Rosell por cohecho, prevaricaci? y retraso malicioso en relaci? por un caso que instruy? antes de pasar a la pol?ica y cuyo principal imputado es un empresario que a los pocos d?s cerr?un acuerdo con la pareja de Rosell.
Pero Soria no puede acusar a Rosell de unos delitos que no le afectan, al menos si est?personado como acusaci? particular. El Tribunal Supremo, sin embargo, le permite subsanar este defecto a pesar de que la Fiscal? ?no hab? interesado su subsanaci? sino la inadmisi? a tr?ite de la querella?, afirma el abogado de Rosell. La jueza se queja adem? de que finalmente se permitiera a Soria personarse como acusaci? popular ?en defensa de los intereses colectivos- y no se le impusiera la ?preceptiva? fianza.
Una vez solventado, la Fiscal? vuelve a pronunciarse: no aprecia delito en la conducta de Victoria Rosell. Es entonces cuando la Sala de lo Penal recurre al art?ulo 410 de la Ley Org?ica del Poder Judicial (LOPJ). Seg? Rosell, ese art?ulo est?destinado a ?filtrar las querellas interesadas contra jueces y magistrados?, pero Marchena traiciona su ?tenor literal y finalidad?. El resultado es que el presidente de la Sala pide a Alba que le env? un informe sobre la instrucci? que su antecesora hab? desarrollado en el caso del empresario y que le remita las declaraciones que hab? realizado ?te en marzo.
Pero ese informe est?basado en unas declaraciones prefabricadas, de las que ya se ha retractado ante la sustituta de Alba el propio empresario, alega Rosell. El informe de Alba, adem?, ?se halla muy lejos de constituir una informaci? veraz y objetiva sobre el objeto interesado: no solo contiene datos objetivos falsos, susceptibles de ser calificados como delito de falsedad documental, sino que obedece a una sucesi? de informes que denotan una evidente falta de imparcialidad y animadversi? hacia mi representada, a quien se persigue y perjudica de forma evidente? como queda de manifiesto en la grabaci?, concluye. Y admite que la causa ha obligado a Rosell ?a adoptar decisiones determinantes respecto? a aspirar o no de nuevo a ser diputada.
Adem?, la defensa de la jueza expone su extra?za por la petici? de la Sala de lo Penal. El Supremo no pide documentaci? sino ?que se elabore? un informe por un juez que llama ?hija de puta? a Rosell en la grabaci? de su reuni? con el empresario. El informe termina siendo, dice el abogado de la jueza, ?un conjunto de valoraciones subjetivas elaboradas por un magistrado que guarda una relaci? de evidente animadversi? desde hace a?s a mi representada?.
Soria, "corta y pega"
Entre las multiples irregularidades que denuncia el escrito de la exdiputada de Podemos est?la utilizaci? por parte del abogado de Soria de un informe de Salvador Alba incorporado a ?un expediente reservado? al que el exministro no tiene acceso. La querella de Soria se convierte, a juicio de la jueza, en ?un burdo copia y pega?, acompa?do de noticias de peri?ico.
Adem?, la Sala de lo Penal incorpora documentaci? sesgada del Consejo General del Poder Judicial, que ya hab? rechazado una denuncia de la Fiscal? contra Rosell por el mismo caso. Lo que llega al Supremo, dice la defensa de la jueza, es solo el informe de la Fiscal? que termin?siendo descartado por el promotor de la acci? disciplinaria del CGPJ.
http://www.eldiario.es/politica/Victoria-Rosell-construido-informes-prefabricadas_0_517949222.htmlELOGIO DEL MAGISTRADO MARCHENA
Se doctor?en Derecho con una tesis sobre ?El Ministerio Fiscal: Su pasado y su futuro?
Eligio Hern?dez
Manuel Marchena es el segundo magistrado canario que preside una Sala (de lo Penal) del Tribunal Supremo, ya que el primero fue el abogado del Estado tinerfe? Manuel Cervi?Cabrera, que presidi?la Salas III y IV del alto Tribunal. M? humanista que jurista, no soy ni he querido ser sino un magistrado y abogado de provincias, pero mi experiencia profesional como fiscal, magistrado y abogado, y pol?ica en los tres poderes del Estado, me permiten valorar con rigor el m?ito y la capacidad para ocupar cargos judiciales. He conocido a magistrados que son excelentes juristas, pero que no re?en el perfil adecuado para ocupar cargos pol?ico-judiciales, que requieren capacidad institucional para las relaciones con los poderes p?licos y con la sociedad, como la que ostentan Jos?Ram? Navarro, presidente de la Audiencia Nacional, y Antonio Doreste, presidente del TSJC, dos acertados nombramientos.
Para merecer ser magistrado del Tribunal Supremo o del Constitucional es imprescindible, por el contrario, tener una elevada preparaci? t?nico-jur?ica y ser un valioso jurista, como, sin duda, lo es Manuel Marchena, al que hace tiempo califiqu?como la "pluma magistral" del Ministerio Fiscal. La mayor? de las circulares e instrucciones que se elaboraron en mi etapa como FGE, valoradas positivamente por los fiscales de Sala del Tribunal Supremo, fueron escritas completamente por Manuel Marchena, a quien yo hab? designado como fiscal de la Secretar? T?nica de la FGE. Se doctor?en Derecho con una tesis sobre El Ministerio Fiscal: Su pasado y su futuro, que fue defendida el d? 1 de marzo de 1990 en la Universidad de La Laguna, obteniendo la calificaci? de Apto cum laude, sin duda, en mi opini?, el mejor trabajo de los muchos que he le?o sobre el Ministerio Fiscal. Consumado publicista, ha sido autor de numerosas ponencias en mesas redondas y congresos, y de trabajos jur?icos. Con un curriculum acad?ico brillante, ha escrito varios libros, de los que he le?o uno sobre la reforma procesal-penal de la Ley Org?ica 7 / 1998, otro sobre la reforma del C?igo Penal de la Ley Org?ica 3 / 1989 y otro, en 1994, sobre La vulneraci? de los derechos fundamentales en el procedimiento abreviado y el principio de saneamiento en el proceso penal. Ha sido el fiscal de Sala m? joven de la historia del Mi-nisterio Fiscal y desempe? el cargo de fiscal jefe de la Secreta-r? T?nica de la Fiscal? General del Estado, en la que ha conformado la doctrina legal del Ministerio Fiscal. Presidi?la comisi? redactora del anteproyecto del C?igo Procesal Penal, que, lamentablemente, el ministro Gallard? no present?para su debate y aprobaci? en el Congreso de los Diputados. Pero donde realmente se ha revelado Manuel Marchena como un extraordinario jurista es como magistrado del Tribunal Supremo, cuyas sentencias son lecciones magistrales de Derecho.
Algunos medios de comunicaci? vienen reiteradamente calificando a Marchena como un magistrado "conservador". Siempre he opinado que los jueces deben ser conservadores de lo que merece ser conservado. He conocido algunos jueces llamados "progresistas", que son jueces estrella o justicieros, no conscientes de sus limitaciones y de la modestia de su funci?. Por el contrario, he conocido jueces llamados "conservadores" que cumplen sus deberes profesionales con ecuanimidad y elevado nivel t?nico y ?ico. Mi experiencia en el Consejo General del Poder Judicial y en la Fiscal? General del Estado revela que las asociaciones de jueces y fiscales consideradas como progresistas eran las m? beligerantes con los gobiernos del PSOE.
Manuel Marchena, es, por encima de cualquier otra consideraci?, un juez de los que Alejandro Nieto califica de "justos", que no s?o aplican la ley sino que hacen "justicia" de acuerdo con la ley, e incluso a pesar de la ley, y hasta a falta de la ley, aunque nunca en contra de ella, que consideran a la judicatura no como un oficio, sino como una vocaci? a la que no regatean esfuerzos y sacrificios. A Manuel Marchena s?o le caracteriza el peso de su trabajo, y le bastan el afecto y la admiraci? de quienes somos sus amigos y compa?ros. Como dijo, con gracia, Ossorio y Gallardo, el buen juez es como una mujer honrada, que nadie habla de ella. Como magistrado jubilado me siento orgulloso de haber sembrado un peque? grano que con el tiempo ha alcanzado la soberbia talla profesional, acad?ica y humana de Manuel Marchena.
http://www.laprovincia.es/opinion/2014/10/05/elogio-magistrado-marchena/636974.htmlAFECTADOS DE HOYA POZUELO DUDAN DE LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ DEL SUPREMO QUE ABSOLVI?A CORTEZO
Tres vecinos denuncian que el alto tribunal les ha privado del derecho de recusar al magistrado al no haberles comunicado los cambios en la composici? de la Sala y el ponente designado para estudiar su recurso
Los recurrentes afirman que el ponente del auto que inadmite el recurso, el canario Manuel Marchena, y el promotor inmobiliario procesado, Jaime Cortezo, "mantienen una relaci? personal que se remonta a la infancia"
Los vecinos que denunciaron una presunta estafa en la venta de los d?lex afectados por una orden de derribo en la urbanizaci? de Hoya Pozuelo, ubicada en el municipio grancanario de Telde, apuran en el Tribunal Supremo su ?tima bala por la v? penal mientras aguardan la resoluci? de los pleitos civiles que mantienen abiertos.
El alto tribunal espa?l rechaz?en noviembre el recurso de casaci? interpuesto por 17 afectados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas que en marzo absolvi?a los procesados, el promotor de la empresa, Jaime Cortezo, y la gerente, Juana Rosa Fuentes. Ahora, tres recurrentes han presentado un incidente de nulidad contra esta resoluci? judicial al considerar vulnerados sus derechos fundamentales en el proceso y cuestionar la neutralidad del ponente de la misma, el magistrado canario Manuel Marchena.
Los vecinos que han iniciado esta acci? son Juli? T?lez y el matrimonio formado por Antonio Ant? y Clotilde Saavedra, que pertenecen al ?timo grupo de compradores de las viviendas de la promoci? de Hoya Pozuelo. La abogada de estos afectados, M?ica P?ez, expone en su escrito que el auto que inadmite el recurso est?firmado por Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, y no por Andr? Palomo del Arco, que fue designado ponente en julio de 2014, cuatro meses antes de su resoluci?.
"No es hasta la notificaci? del auto (de inadmisi? del recurso de casaci?) cuando las partes tienen conocimiento de la alteraci? de la composici? de la Sala y del ponente", explica la letrada, que sostiene que, al "omitir la obligada comunicaci? a las partes" de esta modificaci?, el Supremo ha privado a sus clientes del derecho de poder ejercitar la recusaci? del juez, fundada en "la relaci? personal y cercana" que, asegura, le une al promotor inmobiliario Jaime Cortezo.
Esta acusaci? particular considera que, si bien no puede hablarse de "una amistad ?tima" entre el juez y el empresario, s?que concurren "causas objetivas que debieran valorarse" para determinar la recusaci? de Marchena por falta de imparcialidad. Y es que, seg? reza el escrito, "Jaime Cortezo no es un desconocido para Manuel Marchena", puesto que ambos mantienen "una relaci? personal que se remonta a la infancia", habiendo sido "alumnos coet?eos" en el colegio San Ignacio de Loyola de la capital grancanaria. Esta situaci?, sostiene la abogada, genera "indefensi? jur?ica" a sus clientes.
Monica P?ez hab? solicitado que, por los motivos expuestos, no fuera Marchena quien resolviera el denominado incidente extraordinario de nulidad de actuaciones previo al recurso de amparo constitucional. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha notificado recientemente a las partes que el presidente de la Sala de lo Penal del alto tribunal volver?a ser el ponente del nuevo auto que se dicte.
Un fallo "arbitrario e incongruente"
Adem? de estas cuestiones relativas a las garant?s procesales, el escrito de los afectados de Hoya Pozuelo cuestiona los argumentos esgrimidos por la Sala para desestimar el recurso. Seg? la abogada, del auto del Supremo se desprende que la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Las Palmas es "causa per se" para inadmitir la casaci?. Con este criterio, basado en jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la mencionada resoluci? "parece resultar inatacable", en opini? de P?ez, que defiende que esta fundamentaci? "excede de los l?ites legales toda vez que no existe proscripci? legal alguna que vede el acceso a los recursos cuando la resoluci? dictada fuera absolutoria".
En su auto, el magistrado Marchena sostiene que la sentencia de la Audiencia Provincial hab? valorado de forma "ejemplar" todas las pruebas aportadas por las acusaciones particulares para concluir que no hubo enga? en la venta por parte de la promotora de Hoya Pozuelo de las viviendas afectadas por un expediente de la Agencia de Protecci? del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias por invadir la zona de servidumbre fijada por la Ley de Costas, una situaci? administrativa que finalmente condujo a la orden de derribo.
Por otra parte, el incidente de nulidad recuerda que no se pudo recurrir en apelaci? -previo al de casaci?-, ya que la sentencia de primera instancia es de la Audiencia Provincial, e insiste en que la revocaci? de un fallo absolutorio "es viable" a? respetando la jurisprudencia del Constitucional, como acredita con una resoluci? dictada por el propio Marchena. Los recurrentes consideran que el auto del Supremo es "arbitrario", puesto que "no entra en el estudio de los (siete) motivos del recurso", e "incongruente", ya que manifiesta que los afectados invocaron el derecho a la presunci? de inocencia cuando, seg? la letrada, en ning? momento se aludi?a ? en su argumentaci?.
El auto del Supremo redunda en que los compradores de las viviendas de Hoya Pozuelo fueron informados del estado del expediente sancionador de la Apmun, una postura que comparte la Fiscal?, que tambi? solicit?la inadmisi? del recurso de casaci?. A este respecto, el incidente de nulidad subraya que T?lez y el matrimonio Ant?-Saavedra adquirieron los inmuebles "cuando ya hab?n sido dictadas sentencias firmes en derecho que ratificaban la orden de derribo de dichas viviendas, a?s despu? de que finalizara el expediente sancionador".
"La pretendida informaci? que dec?n dar los acusados", contin? el escrito, "hubiera tenido nula relevancia en el caso de las dos compraventas de mis representados, salvo que se les hubiera dado la informaci? real y certera de que las viviendas objeto de venta estaban afectas a una orden de derribo firme en derecho e irrevocable".
Estos denunciados ped?n ocho a?s de c?cel y una multa de 24 meses con una cuota diaria de 400 euros para Cortezo, adem? de su inhabilitaci? para el ejercicio de actividades inmobiliarias. Para Fuentes solicitaban cuatro a?s de prisi? y una sanci? econ?ica de 12 meses con una cuota de 100 euros al d?. Adem?, el matrimonio formado por Antonio Ant? y Clotilde Saavedra reclamaba una indemnizaci? de 784.661 euros y Juli? T?lez, una de 603.729 euros.
En su auto de inadmisi?, el Supremo conden?a los recurrentes al pago de las costas procesales.
http://www.eldiario.es/canariasahora/tribunales/afectados-Hoya_Pozuelo-dudas-imparcialidad-juez-Supremo-absolucion-Cortezo_0_479803012.htmlLA CARIDAD DEL PP ES INFINITA
No estaban muy claras las intenciones del Partido Popular cuando a la vuelta del verano ha llenado los peri?icos y televisiones afines de declaraciones de sus dirigentes con propuestas de regeneraci? ?ica para que la ciudadan? vuelva a confiar en los pol?icos. Cualquiera pod? pensar que, arrepentidos de los tremendos recortes del estado de bienestar que podr?n causar un grave agujero a sus expectativas electorales, los populares y Mariano Rajoy hab?n decidido prescindir, por lo menos temporalmente, de aplicar el rodillo de la mayor? absoluta y de la ley del embudo. Sin embargo, parece que las intenciones se van a quedar en marketing, porque como dec? un anuncio de los a?s setenta ?La caridad bien entendida empieza por uno mismo?.
Ya supongo que a estas alturas les parezco un tanto cr?tico, pero les pido un poco m? de paciencia. Ver?, hace tan solo un par de semanas, en este mismo blog, les cont?amos que el caso G?tel, la m? grande red de corrupci? que afecta al Partido Popular iba a ser juzgada por la Secci? Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, que est?presidida por Concepci? Espejel, conocida entre sus compa?ros como Cospejel, por su afinidad con la n?ero dos del PP, Mar? Dolores de Cospedal. Lea ??Un puticlub para la mujer del C?ar??.
Adem?, casi con seguridad el tribunal estar?integrado por Enrique L?ez, aupado por el PP al Consejo General del Poder Judicial, donde fue portavoz, y luego al Tribunal Constitucional. Como saben, L?ez tuvo que renunciar a su puesto despu? de que fuera pillado salt?dose un sem?oro en el centro de Madrid y conduciendo ebrio. Lea ?Las triqui?elas de L?ez? y ?De las triqui?elas de L?ez a la chapuza de su cese?.
No es que haya que dudar de la sind?esis de ambos magistrados (dos de los tres integrantes del tribunal, por lo que conformar?n la mayor?) pero tanto uno como otro deber?n abstenerse, o apartarse de juzgar el caso, aunque solo fuera por apariencia de parcialidad, que es evidente para los ciudadanos a los que sirven. Aquello de que la mujer del C?ar adem? de honrada, tiene que parecerlo.
Sin embargo, parece que el PP ha decidido que los amigos est? para las ocasiones, y que esta es una ocasi? muy buena para que un caso que afecta al PP lo juzguen los amigos.
Pero todav? hay m?. El Consejo General del Poder Judicial, reducido por el ya ex ministro Alberto Ruiz-Gallard? a poco m? que una direcci? general de su ministerio, ha tirado de rodillo bajo la batuta de Carlos Lesmes y ha completado la jugada. Acaba de nombrar para presidir la Sala Penal del Supremo a Manuel Marchena, el que menos m?itos ten? de los tres candidatos que aspiraban al puesto, pero que se adornaba con el timbre de gloria de ser un halc? del Tea party espa?l.
De modo que tenemos a otro amiguito para presidir la Sala que debe resolver los recursos sobre aquellas condenas por corrupci? que recaigan sobre dirigentes, cargos o tan solo amigos del PP y tambi? de los de la oposici?.
Marchena (1959, Las Palmas de Gran Canaria), procede de la carrera fiscal. Gran parte de su carrera la hizo en la secretar? t?nica de la Fiscal? del Estado, de la que acab?siendo nombrado jefe por Jes? Cardenal, aquel inefable fiscal del Estado de la ?oca de Jos?Mar? Aznar.
Tras tres a?s en la fiscal? del Supremo, el Consejo del Poder Judicial le nombr?magistrado de la Sala Penal del alto tribunal, que ahora pasa a presidir.
Marchena fue el ponente de la resoluci? que conden?al presidente del Parlamento Vasco Juan Mar? Atutxa, quien, siguiendo el criterio de los servicios jur?icos de la C?ara, no cumpli?la resoluci? del Supremo que le obligaba a disolver un grupo parlamentario. Marchena aplic?para condenar el mismo precepto, pero con una interpretaci? contrariaa, que la utilizada para absolver al presidente del Banco Santander, Emilio Bot?, en el caso de las cesiones de cr?ito. Como dec? en junio de 2012, ?seguramente no tiene nada que ver, pero entre uno y otro caso exist? la sutil diferencia de que el patr? del Santander patrocina muchos de los cursos en los que participan los magistrados del Supremo, mientras que el expresidente del Parlamento Vasco hab? desafiado a tan excelsos pr?eres ya que se hab? negado a cumplir la orden de disolver el grupo parlamentario af? a Batasuna?.
Marchena form?parte tambi? del tribunal que conden?a Baltasar Garz? por las escuchas de G?tel, cuando era instructor del caso de los patrocinios de los cursos de Nueva York, lo que deber? haberle hecho abstenerse para preservar su imparcialidad. Garz? fue condenado a pesar de que la resoluci? tachada de prevaricadora fue instada por dos fiscales y prorrogada y ampliada por otro magistrado, Antonio Pedreira, que nunca fue molestado, ni siquiera llamado como testigo. Si la prevaricaci? (dictar a sabiendas resoluci? injusta) debe de ser grosera y no sujeta a interpretaci?, hubo al menos dos jueces ?Pedreira y Su?ez Robledano? que consideraron que la tesis de Garz? era correcta, lo que invalidaba la existencia de prevaricaci?. Sin embargo, el Supremo tuvo el dudoso honor de condenar y expulsar de la carrera al juez que destap?el caso al menos dos a?s antes de que los implicados en la trama de corrupci? hayan sido siquiera juzgados.
En todo caso, Marchena, arrastr?por el fango el prestigio de Garz?, cuando mantuvo abierto el caso de los patrocinios durante dos a?s, sabiendo ?como sab?, puesto que es profesor de derecho procesal y penal? que los hechos estaban prescritos. Leer ?En la absoluci?, yo te condeno? Leer ?El Supremo archiva la ?tima causa contra Garz?
Marchena decidi?archivar el caso de Nueva York dejando un rosario de sospechas sobre la conducta de Garz?, durante la deliberaci? del proceso sobre las escuchas, en el que le conden? Veremos qu?opina sobre su imparcialidad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que Garz? ha recurrido.
El nuevo presidente de la Sala Penal del Supremo aval?tambi? la absoluci? del ex presidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps por el molesto asuntillo de los trajes.
En Estados Unidos, cuando los presidentes se ven envueltos en asuntos turbios, como el Watergate, el caso Iran-Contra o el caso Lewinsky, suelen designar a un fiscal independiente y duro para tratar de convencer a la ciudadan? de que son inocentes ?aunque no lo sean? y que para demostrarlo se someten al peor acoso que pueden tener.
En Espa?, ya ven, escogemos a los m? amigos que puedan ser comprensivos con las debilidades del cargo. As?que no se puede decir que se aprecien verdaderos brotes verdes o s?tomas de regeneraci? ?ica y democr?ica, como nos quieren vender, ya que seguimos sin elegir a los mejores candidatos para los cargos, sino a los m? amigos. El Partido Popular lo tiene claro, como dec? el anuncio, la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Y la caridad del PP con sus dirigentes es infinita.
https://www.cuartopoder.es/acotadeperiscopio/2014/10/06/la-caridad-del-pp-es-infinita/854EL TRIBUNAL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA CONTRA FERN?DEZ D?Z Y EL EXDIRECTOR DE LA OFICINA ANTIFRAUDE CATALANA
No hubo delitos de violaci? de secretos, prevaricaci? y malversaci?
La querella fue interpuesta por CDC y el exalcalde de Barcelona Xavier Tr?s
El Tribunal Supremo ha archivado la querella de CDC, actual Partit Dem?rata Europeu Catal?(PDCAT), contra el exministro del Interior Jorge Fern?dez D?z y el exdirector de la Oficina Antifraude catalana Daniel de Alfonso por delitos de violaci? de secretos, prevaricaci? y malversaci?.
La Sala de lo Penal ha acordado la inadmisi? a tr?ite y archivo de la querella interpuesta por el partido nacionalista catal?, refundado bajo las siglas PDCAT, y el exalcalde de Barcelona Xavier Tr?s "al no existir indicios de que hubieran cometido tales delitos", en las conversaciones entre ambos que fueron grabadas.
Los hechos recogidos en la querella refer?n dos encuentros entre el exministro del Interior y el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, que fueron mantenidos los d?s 2 y 16 de octubre.
En uno de ellos, Daniel de Alfonso Laso habr? entregado a Fern?dez D?z un expediente con datos de una investigaci? sobre los nombramientos que Francesc Homs habr? realizado de dos familiares del exconsejero de Interior catal? Felix Puip. Aquellos encuentros fueron grabados y el contenido de las conversaciones fue difundido por los medios.
Seg? los querellantes, que denunciaron que se llevaron a cabo "todas las turbias maniobras" por las conversaciones mantenidas, el exdirector de la Oficina Antifraude estar? cometiendo un delito de revelaci? de secretos al revelar informaci? confidencial, instigado por el entonces ministro en funciones.
Otra de las imputaciones se centraba en la documentaci? relativa a Xavier Tr?s, relacionada con una investigaci? de un presunto delito de blanqueo de capitales que, seg? los querellantes, Daniel de Alfonso Laso habr? entregado a Jorge Fern?dez D?z y que fueron filtrados al peri?ico El Mundo.
En su auto, los magistrados reiteran la doctrina de la Sala que es contraria a admitir como base de la querella hechos cuya base probatoria aparece s?o en medios de comunicaci?, como en este caso. Con respecto a las transcripciones de las entrevistas mantenidas entre ambos querellados, la Sala determina que "dado el car?ter subrepticio de su obtenci? no es posible determinar si han sido editadas, alteradas o manipuladas, de manera que tampoco se puede saber si la grabaci? corresponde al contenido ?tegro de la entrevista".
La Sala recuerda que la comisi? de un delito de revelaci? de secretos requiere la difusi? de una informaci? que no deba ser divulgada y de la que se haya tenido conocimiento por raz? del cargo. Seg? los tribunales, "los hechos relatados en la querella no ponen de manifiesto que se haya revelado informaci? de la que el querellado dispusiera por raz? de su cargo y que, como tal no deba ser conocida", sino que debe entenderse como una colaboraci? entre instituciones.
Los querellantes tambi? atribu?n un delito de conspiraci? para delinquir por el contenido de las conversaciones aludidas. La Sala lo descarta y recuerda que este delito no estaba en vigor cuando se cometieron los hechos imputados al querellado, en octubre de 2014.
http://www.rtve.es/noticias/20161215/tribunal-supremo-archiva-querella-contra-fernandez-diaz-exdirector-oficina-antifraude-catalana/1454623.shtmlEL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA CONTRA RAJOY POR LOS CUIDADOS A SU PADRE EN LA MONCLOA
El Supremo ha archivado la querella que el partido Soberan? y la Asociaci? El Defensor del Paciente presentaron contra el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, por financiar a cargo de los servicios m?icos de Moncloa la asistencia de gran invalidez que necesita su padre. La querella se basaba en una informaci? de eldiario.es de acuerdo a la cual Rajoy "se vale del cargo de presidente para financiar con cargo al dinero p?lico los gastos personales de asistencia en gran invalidez a su padre". La acusaci? de malversaci? se basaba en la citada informaci? y se?laba que la noticia "reviste caracteres de verosimilitud porque pese al esc?dalo que ha montado en las redes sociales y medios de comunicaci? no ha sido desmentida". No es posible advertir en los documentos que se presentan la presencia de los elementos o requisitos dogm?icos del delito de malversaci?"
Examinada la querella y la denuncia no es posible advertir en los documentos que se presentan, exclusivamente por recortes de prensa, la presencia de los elementos o requisitos dogm?icos del delito de malversaci?, por lo que los hechos descritos no justifican la apertura de un procedimiento penal", responde el auto del Supremo. "La mera publicaci? de informaciones en los medios de comunicaci? no puede justificar la apertura de un procedimiento penal para su investigaci? si la querella que los incorpora no ofrece ning? indicio" a?dido, dice tambi? el alto tribunal en el escrito que archiva la querella. El diario.es informaba en la noticia, seg? se?laba la querella, de que los servicios que recibe en el complejo de Moncloa el padre de Rajoy alcanzaban un valor de unos 5.000 euros mensuales y a?d? que "desde Moncloa no han desmentido la noticia" sino que han dicho que "aplican los criterios de los presidentes precedentes".
http://www.20minutos.es/noticia/2652003/0/rajoy/cuidados-padre-la-moncloa/archiva-querella-supremo/#xtor=AD-15&xts=467263EL SUPREMO ARCHIVA DE NUEVO LA CAUSA CONTRA PILAR BARREIRO POR NOVO CARTHAGO
La resoluci? se?la que el sobreseimiento provisional parece el m? adecuado, ya que el caso contin? su tramitaci? en un Juzgado de Instrucci? de Murcia que investiga a los no aforados
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado el sobreseimiento del caso Novo Carthago, sobre presuntas irregularidades urban?ticas, para la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP Pilar Barreiro, aunque se?la que el mismo ha de ser el de la modalidad de provisional.
El TS discrepa as?de lo que entendi?el instructor de las diligencias, que decret?el sobreseimiento libre, y, al mismo tiempo, desestima los recursos presentados por el ayuntamiento de Cartagena, dos concejales socialistas e Izquierda Unida (IU), que hab?n solicitado que Barreiro continuara imputada y que se practicaran nuevas diligencias.
El auto judicial supone que la causa no podr?ser reabierta contra la exalcaldesa si no aparecen elementos nuevos.
Estas actuaciones judiciales contra la actual senadora, que ha estado defendido por los letrados murcianos Jos?Pardo Geijo y Ra? Pardo-Geijo Ruiz, trataban de esclarecer si aquella, cuando se tramit?una modificaci? urban?tica en el consistorio que presid? para hacer viable un proyecto urbanizador en terrenos pr?imos al Mar Menor, pudo cometer alg? il?ito penal.
Al respecto, el TS expone que de las pruebas practicadas no se deduce indicio criminal alguno contra ella.
http://www.lacronicadelpajarito.es/region/supremo-archiva-nuevo-causa-contra-pilar-barreiro-por-novo-carthago?qt-radio_tv=0EL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA POR EL NOMBRAMIENTO DEL 'COMISARIO' MARHUENDA
El Sindicato Unificado de Polic? (SUP) acusa al ministro del Interior en funciones, Jorge Fern?dez D?z, de prevaricaci? por el reconocimiento al director de 'La Raz?'
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El Tribunal Supremo ha archivado la querella presentada por el Sindicato Unificado de Polic? (SUP) contra el ministro del Interior en funciones, Jorge Fern?dez D?z, por delito de prevaricaci? administrativa tras el nombramiento del director de La Raz?, Francisco Marhuenda, como comisario honor?ico de la Polic? Nacional.
La Sala de lo Penal del alto tribunal concluye que los hechos imputados al ministro no presentan relevancia penal y aclara que el cargo de comisario honorario que se otorga al periodista no parece contravenir la normativa indicada dado que es un nombramiento discrecional y el expediente no se hace p?lico, tal y como denunci?la parte querellante.
En su sentencia recuerda que el control de la legalidad de los actos administrativos corresponde a la jurisdicci? contencioso-administrativa y que la aplicaci? del derecho penal queda restringida a los casos m? graves. Adem?, subraya que en la querella presentada "ni siquiera consta el relato de los hechos", por lo que se desconoce la fecha, contenido y autoridad que la dicta.
El pasado 22 de abril el sindicato mayoritario de Polic? interpuso una querella contra el responsable de Interior al considerar que pod? haber incurrido en un presunto delito de prevaricaci?. Adem?, denunciaron que no se hicieron p?licas las razones de tal nombramiento y que, por ello, incumpl? los requisitos necesarios para cumplir con la normativa vigente.
Tambi? sosten?n que el nombramiento de Marhuenda supon? un agravio para los funcionarios y recordaron que el periodista hab? sido condenado en sentencia firme por la Audiencia Provincial de Barcelona por haber vulnerado el derecho al honor y reputaci? profesional del Jefe Superior de Polic? de Catalu?, Narciso Ortega, mediante la publicaci? de una noticia en el peri?ico que dirige.
En cuanto a la demanda del derecho al honor a que se refiere en su querella el sindicato de Polic?, el Supremo entiende que no parece que afecte negativamente al designado en tanto que el derecho al honor objetivo del procedimiento civil se refiere a un funcionario policial concreto y no todo al cuerpo de polic?.
http://www.mediaset.es/telemania/tribunales/tribunal-supremo-archiva-querella-nombramiento-comisario-director-razon-francisco-marhuenda_0_2211825466.htmlEL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA CONTRA BARBER?POR NO RETIRAR S?BOLOS FRANQUISTAS
El tribunal no ve delito porque no hubo una orden a la alcaldesa para que quitara las distinciones al r?imen
El Tribunal Supremo ha archivado la querella presentada contra Rita Barber?por negarse a retirar los s?bolos del franquismo durante su etapa como alcaldesa. La Sala de lo Penal ha rechazado la denuncia al considerar que los hechos no son constitutivos de delito, como ya hizo antes con denuncias similares contra otros alcaldes que eran, adem?, senadores y, por tanto, aforados, como el de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, o Almer?, Luis Rogelio Rodr?uez Comendador.
La querella la presentaron el PSOE valenciano y el abogado madrile? Eduardo Ranz Alonso. En su denuncia ped?n que se abriera una causa contra Barber?por delitos de desobediencia y denegaci? de auxilio y, subsidiariamente, por una falta contra el orden p?lico. El Supremo destaca, sin embargo, que la Ley de Memoria Hist?ica de 2007 recoge la obligaci? gen?ica de las Administraciones P?licas de adoptar medidas tendentes, entre otras cosas, a la retirada de objetos conmemorativos de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, pero en la denuncia no se relata que se hubiese dado una orden directa y expresa a la entonces alcaldesa Rita Barber?para tomar medidas y retirar esos s?bolos en cumplimiento de dicha Ley, ni tampoco que ella se hubiese negado a cumplir esa orden previa.
?Ambos elementos ?destaca el auto?la existencia de una orden expresa y la negativa posterior a su cumplimiento, resultan necesarios para apreciar el delito?.
Del mismo modo, los jueces advierten de que tampoco hay constancia de que la exalcaldesa hubiese recibido una orden concreta y espec?ica para, en cumplimiento de la misma Ley, realizar un cat?ogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura. La decisi? del Supremo asume los argumentos del fiscal, que hab? informado en contra de que se admitiera a tr?ite.
La de la memoria hist?ica es una de las dos causas pendientes que ten? Barber? en el alto tribunal. La otra, derivada de la Operaci? Taula abierta en Valencia por el presunto blanqueo en el grupo municipal del PP, est?todav? endiente de que el fiscal presente su informe.
La denuncia contra Barber?mencionaba un total de 33 calles de la ciudad cuyo mantenimiento, seg? sus impulsores, infringe la Ley de Memoria Hist?ica. Entre ellos figura el nombre del Bar? de C?cer, Joaqu? Manglano y Cucal?de Montull, que fue el primer alcalde de Valencia tras la Guerra Civil. O el del falangista Antonio Rueda, que fue gobernador civil.
http://politica.elpais.com/politica/2016/07/08/actualidad/1467983217_346837.htmlEL SUPREMO ARCHIVA LA INVESTIGACI? CONTRA LA EXALCALDESA DE JEREZ
Mar? Jos?Garc?-Pelayo, del PP, ha sido investigada por tramitar contratos con la G?tel
El Tribunal Supremo ha archivado provisionalmente la investigaci? a la exalcaldesa de Jerez y actual diputada del PP, Mar? Jos?Garc?-Pelayo, por adjudicar contratos a la rama andaluza de la trama G?tel. La parlamentaria declar?a finales de febrero durante m? de una hora en el Tribunal Supremo en calidad de investigada ?antigua figura de imputado? por un presunto delito de prevaricaci? administrativa y otro de falsedad en documento p?lico. Los investigadores le atribu?n un papel clave en la supuesta contrataci? fraudulenta del Ayuntamiento gaditano con empresas de Francisco Correa. "Yo no firm?esos contratos", aleg?la pol?ica andaluza.
Los jueces califican de "cre?le" el testimonio de Garc?-Pelayo sobre su desconocimiento de "toda esa trastienda de la que emana un fuerte aroma a irregularidades, tr?ico de influencias o decisiones opacas y, dicho castizamente, caciquiles, resultan no solo muy veros?iles sino adem? sugestivas de acomodarse a lo m? probable".
Los hechos investigados se remontan al a? 2004 y tienen relaci? con determinados contratos administrativos para el desarrollo de FITUR de aquel a?, as?como otros expedientes para llevar a cabo actos en la Plaza Mayor de Madrid.
El instructor de esta parte de la causa en el Supremo, Antonio del Moral, no cuestiona en la resoluci? la posible relevancia penal de los hechos investigados. Explica que fue una decisi? arbitraria "adoptada al margen de todo procedimiento legal" y que benefici?a tres empresas que resultaron adjudicatarias, pero descarta que la alcaldesa tomara esta decisi? a sabiendas de su arbitrariedad.
El auto cita dos sentencias de la Sala de lo Penal del Supremo que establecen que el delito de prevaricaci? exige probar algo m? que la pura constataci? de la firma en una resoluci? objetivamente arbitraria e injusta.
http://politica.elpais.com/politica/2016/04/29/actualidad/1461931747_617416.htmlEL TRIBUNAL SUPREMO ARCHIVA LA CAUSA CONTRA EL PRESIDENTE DE MELILLA
Juan Jos?Imbroda compareci?tras la contrataci? de un abogado externo
El Tribunal Supremo ha archivado la causa contra el presidente de Melilla, Juan Jos?Imbroda, por presunto delito de prevaricaci? en la contrataci? de un abogado externo por la ciudad aut?oma para pleitos en materia laboral a partir de 2001, por los que cobr?395.000 euros hasta 2010.
El magistrado Francisco Monterde, instructor de la causa abierta a Imbroda por el Supremo el pasado 2 de febrero, ha acordado en un auto el sobreseimiento de las actuaciones a la vista de las explicaciones de Imbroda, que compareci?en el alto tribunal el 11 de marzo, y de los informes que obran en la causa.
El presidente de Melilla y senador del PP, al que el partido ya ha confirmado como candidato a la reelecci?, pidi?el archivo de las actuaciones. En su auto, el magistrado Monterde explica que la iniciativa para la designaci? del letrado no surgi?de Imbroda sino de uno de los consejeros de Melilla y que hay dudas interpretativas sobre la naturaleza del contrato que un? al letrado con la ciudad aut?oma y, por tanto, si era necesario o no tramitar un procedimiento administrativo de contrataci?.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucci? 2 de Melilla destac?en la exposici? razonada que elev?al Supremo que el contrato era administrativo, que se obviaron para establecerlo todos los requisitos legales y que el letrado fue contratado a dedo por Imbroda. Sin embargo, el instructor del Supremo indica que no hay elementos que prueben que hubo prevaricaci? en el caso, ya que para que se produzca este delito debe constatarse que la actuaci? del imputado fue injusta y arbitraria.
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/07/actualidad/1428437316_380611.htmlLA PRESCRIPCI? SALVA AL PRESIDENTE DE CANTABRIA
El Tribunal Supremo ha acordado no abrir un proceso penal al presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), y al consejero auton?ico de Obras P?licas Francisco Javier Rodr?uez Arg?so en relaci? al abono por parte de una empresa, en agosto de 2010, de una estancia en un balneario de Oviedo a ambos politicos, entonces diputados auton?icos (lea la resoluci? en PDF).
Tal como dictamin?el fiscal, la Sala ha apreciado que el supuesto delito de cohecho por el que se abrir? la investigaci? ha prescrito.
El tribunal explica en una resoluci? conocida hoy que en la exposici? razonada enviada al Supremo por la titular del Juzgado de Instrucci? n?ero 1 de Lugo (instructora del caso Pokemon) "no se aporta indicio alguno que sustente que el pago del hotel se realiz?en consideraci? a la condici? de diputados de los investigados", lo que exig? el tipo penal en el momento en que ocurrieron los hechos para un cohecho no vinculado a un concreto acto u omisi? de un cargo p?lico, sobre lo que tampoco existen indicios en el caso.
"En cualquier caso -a?de el auto-, descartando la aplicaci? de los preceptos relativos al cohecho vinculados a un concreto acto administrativo y admitiendo hipot?icamente que existieran indicios de la comisi? del delito del art?ulo 426 del C?igo Penal (referido a la autoridad o funcionario p?lico que admitiere d?iva o regalo que le fueren ofrecidos en consideraci? a su funci?), nos encontramos con que el mismo estar? prescrito".
Recuerda que ese delito prescrib? a los tres a?s, y que, aun cuando se pretendiera fijar la interrupci? de la prescripci? en la fecha de la exposici? razonada de la juez de Lugo (noviembre de 2014), habr?n transcurridos m? de tres a?s desde los hechos (agosto de 2010). Por ello, considera prescrito el delito y archiva las actuaciones.
http://www.elmundo.es/espana/2015/02/24/54ec64f8ca47411b578b4573.htmlEL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA PRESENTADA POR PODEMOS CONTRA TRES JUECES DEL TSJ DE MURCIA
Considera que no prevaricaron al remitir una querella contra Pedro Antonio S?chez (PP) a los juzgados ordinarios
El Tribunal Supremo ha archivado las querellas presentadas por Podemos y el abogado Jos?Luis Maz? contra tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia a los que acusaban de prevaricar al remitir a un juzgado ordinario, en vez de tramitar directamente, una querella que la Fiscal? present?contra el candidato del PP Pedro Antonio S?chez para evitar que fuera imputado en plena campa? electoral.
Las querellas se dirig?n contra los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ de Murcia Juan Mart?ez Moya, quien tambi? es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique Qui?nero Cervantes y Miguel Pascual de Riquelme.
En un auto hecho p?lico este jueves, el alto tribunal las inadmite y archiva al concluir que los autos que dictaron los magistrados no constituyeron prevaricaci?. Asegura que en la fase embrionaria de la instrucci? contra aforados es conveniente que sean los jueces ordinarios los que investiguen a los imputados "cuando los indicios se muestren d?iles o inconsistentes" o si existe un n?ero elevado de acusados.
Las querellas explicaban que la Fiscal? present?en febrero una querella dirigida, entre otros, contra Pedro Antonio S?chez, por entonces consejero de Cultura, Educaci? y Empleo, as?como diputado de la Asamblea Regional de Murcia, en relaci? con la licitaci?, adjudicaci?, construcci? y recepci? de las obras de un auditorio en el municipio murciano de Puerto Lumbreras, del que era alcalde el mandatario popular.
Dichas obras fueron abonadas por m? de 5,5 millones de euros y sin embargo, contin?n sin terminar a d? de hoy. En dicha querella se le imputaba al candidato popular la posible comisi? de prevaricaci?, malversaci? de caudales p?licos y falsedad en documento oficial, si bien el TSJ, pese a reconocer el car?ter de aforado de S?chez, decidi?remitir el procedimiento al Juzgado de Instrucci? de Lorca.
Un voto discrepante
Esta decisi? cont?con el voto discrepante de otro magistado, Manuel Abad?, que afirm?que la decisi? carec? de sentido puesto que la competencia es del TSJ, y era ese ?gano el que deb? empezar a instruirlo directamente, imputando al aforado.
Ante el recurso de la Fiscal? la Sala dict?un nuevo auto argumentos muy similares a los del primero, y volvi?a remitir a los juzgados de instrucci? de Lorca, a pesar de la existencia de indicios de criminalidad relacionados con la actuaci? del aforado, seg? detalla la querella presentada este jueves.
Para entender la justificaci? de esas dos resoluciones, contrarias a lo previsto legalmente seg? Podemos, hay que saber en qu?momento se producen. El primer Auto es de 2 de marzo, cuando se est? decidiendo los candidatos a la Presidencia de la Comunidad Aut?oma de Murcia, con lo que esa resoluci? dejaba al candidato en un limbo judicial, evitando su imputaci? directa por el TSJ, seg? Podemos.
El segundo auto, el que resuelve el recurso contra el primero, tiene fecha 23 de abril, con el candidato ya proclamado, con lo que se aseguraba una campa? electoral tranquila, evitando la imputaci? de Pedro Antonio S?chez, ya proclamado candidato del Partido Popular.
El Supremo considera que el criterio utilizado por la mayor? de los magistrados contra los que se dirig?n las querellas "no se apart?de los c?ones y los m?odos de interpretaci? a los que se ajusta la labor de un jurista en casos similares".
http://www.elmundo.es/espana/2015/07/23/55b0eeee46163f5e098b4572.htmlEL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA CONTRA MONAGO POR SUS VIAJES A CANARIAS
El alto tribunal, no obstante, insta a regular mejor los desplazamientos de los parlamentarios para evitar "toda confusi?" y no minar la confianza de los ciudadanos
El Tribunal Supremo ha archivado la querella presentada contra el presidente de Extremadura, Jos?Antonio Monago, por los viajes que realiz?a Tenerife con cargo al presupuesto del Senado entre mayo del 2009 y noviembre del 2010. Los jueces se apoyan en la decisi? del grupo parlamentario popular en la C?ara alta, que rechaz?la comisi? de un delito de malversaci? de caudales p?licos por estos desplazamientos.
La demanda fue interpuesta por la Asociaci? Pro Justicia Siglo XXI y en ella se denunciaba el uso de dinero p?lico para pagar los desplazamientos del presidente extreme? a la isla canaria. Sin embargo, los senadores populares defendieron estos viajes en un comunicado en que afirmaron que Monago "como presidente auton?ico" y como "miembro del Consejo de Direcci? del grupo parlamentario en el Senado" ten? asignadas "labores de apoyo" en su comunidad, en Andaluc? y en Canarias por lo que ten? que viajar a estas comunidades aut?omas.
Por estos motivos, el alto tribunal cierra este caso, ya que el Senado autoriza el pago con cargo a su presupuesto "de los gastos de viaje realizados de acuerdo con las normas que la Mesa establezca en cada momento".
Tambi? sostiene que no tiene suficientes datos para afirmar que la actividad del presidente de Extremadura "sea ajena a la funci? p?lica". Adem?, considera que en el caso de Monago "no se aprecia la concurrencia de un comportamiento que revista los caracteres de il?ito penal".
No obstante, el Supremo recomienda que se regule mejor los viajes de los parlamentarios para evitar "toda confusi?" entre "desplazamientos privados y oficiales, dado que la confianza de los ciudadanos en el buen funcionamiento del sistema de representaci? pol?ica constituye la base del Estado de derecho".
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/supremo-archiva-querella-monago-viajes-canarias-4052620EL SUPREMO ARCHIVA LA QUERELLA DE V?TIMAS DEL FRANQUISMO CONTRA RAFAEL HERNANDO
El Supremo ha archivado la querella que la Asociaci? para la Recuperaci? de la Memoria Hist?ica, integrada por v?timas del franquismo, present?contra el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, por injurias.
Denunciaban que el diputado popular asegur?que los familiares de las v?timas s?o se acuerdan de ellos cuando hay subvenciones
El Tribunal considera que lo que hizo Hernando fue "un juicio de valor" y argumenta en su auto de archivo que la libertad de expresi? "cobija cr?icas inofensivas o indiferentes e incluso otras que puedan molestar, inquietar o disgustar". Es decir, que las "opiniones del querellado no pueden considerarse formalmente injuriosas y, encontr?dose amparadas en el ejercicio de la libertad de expresi?, solo procede, al no ser los hechos constitutivos de il?ito penal alguno, la inadmisi? a tr?ite de la querella".
La Asociaci? para la Recuperaci? de la Memoria Hist?ica present?a finales del pasado noviembre una querella contra el diputado popular por unas palabras supuestamente pronunciadas por ? en un programa de televisi? sobre las v?timas del franquismo.
La parte querellante denunciaba que el parlamentario asegur?que los familiares de las v?timas del franquismo s?o se acuerdan de ellos cuando hay subvenciones. El propio Hernando neg?repetidamente haber pronunciado esas palabras y acus?a las "terminales medi?icas de la izquierda" de haber manipulado "arteramente" sus declaraciones, usando un entrecomillado "absolutamente falso".
El fiscal no se pronunci?sobre la querella, al considerar que era un asunto entre particulares o "una querella privada".
http://www.diariovasco.com/politica/201406/13/supremo-archiva-querella-victimas-20140613163106-rc.htmlEL TRIBUNAL SUPREMO ARCHIVA LAS QUERELLAS CONTRA IGNACIO GONZ?EZ POR EL ?ICO EN ESTEPONA
Toma esta decisi? sin perjuicio de que el Juzgado de Estepona ponga de manifiesto indicios penales contra Gonz?ez
El Tribunal Supremo ha inadmitido este jueves las querellas que los extrabajadores de Telemadrid y el PSM presentaron contra el presidente de la Comunidad, Ignacio Gonz?ez, en relaci? con la adquisici? y propiedad de un ?ico en Marbella.
Fuentes del alto tribunal han se?lado que, siguiendo su doctrina general, se recuerda que ya existe una investigaci? abierta sobre este asunto en el Juzgado n?ero 5 de Estepona (M?aga), que debe seguir investigando y que de encontrar alg? indicio delictivo contra este aforado lo que proceder? ser? la remisi? al Supremo de una exposici? razonada.
El pasado 7 de mayo la Fiscal? se posicion?en contra de esta admisi? por entender que del contenido de dichas querellas no se deduce la existencia de ning? hecho delictivo ni, por consiguiente, que pueda llevar a una imputaci? contra Gonz?ez.
La juez de Estepona puede seguir investigando
El tribunal aprovecha su auto para recordar su doctrina general sobre el momento en que debe asumir el Supremo la investigaci? de aforados. Explica que "no basta la mera imputaci? personal del aforado para que el instructor suspenda inmediatamente la instrucci? y remita la causa al ?gano competente, sino que puede y debe investigar hasta alcanzar indicios fundados que justifiquen dicha imputaci?".
El Supremo agrega, de acuerdo con la Audiencia de M?aga, que toma su decisi? sin perjuicio que la investigaci? del Juzgado de Instrucci? de Estepona ponga de manifiesto indicios penales contra Ignacio Gonz?ez, y el instructor entienda pertinente entonces elevar una exposici? razonada al Supremo.
Adem?, el alto tribunal no aprecia en los hechos relatados en la querella ning? indicio de delito de la persona aforada. A?de que en algunos casos se basan s?o en informaciones period?ticas, sin que la querella aporte otros indicios, por lo que no cabe hablar de un verdadero ejercicio de la acci? penal sino de la "mera remisi?" al tribunal de informaciones publicadas en la prensa.
http://www.elmundo.es/madrid/2014/07/03/53b553c2268e3e7f458b4583.htmlEL SUPREMO RESPALDA LA ABSOLUCI? DEL JURADO A CAMPS EN EL CASO DE LOS TRAJES
El fallo ha salido adelante por cuatro votos a favor y uno en contra
El voto particular argumentar?que la sentencia carec? de la motivaci? m?ima exigible
Ni ?arbitrario? ni ?irrazonable? ni ?il?ico?. Seg? cuatro de los cinco miembros que compon?n la Sala del Tribunal Supremo que ayer decid? sobre la suerte judicial del expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps en relaci? con el caso de los trajes, el veredicto del jurado fue correcto. El 25 de enero de 2012, por un estrecho margen de cinco votos frente a cuatro, un jurado popular absolvi?a Camps y al exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, acusados del delito de cohecho impropio por haber aceptado presuntamente regalos de la trama G?tel mientras la red lograba contratos a dedo de la Generalitat por cerca de ocho millones de euros.
La absoluci? fue una decisi? pol?ica ?y cuestionada por el numeroso material probatorio que se hab? presentado?, que ayer fue ratificada por los magistrados del Tribunal Supremo Manuel Marchena, Carlos Granados, Juan Ram? Berdugo y Antonio del Moral. El quinto miembro de la sala, Joaqu? Gim?ez, presentar?un voto particular.
El avance del fallo ?la sentencia a? no ha sido redactada? indica que se han desestimado los cuatro argumentos fundamentales de los recurrentes, el Partido Socialista del Pa? Valenciano: el error en la apreciaci? de la prueba (por ignorar decenas de elementos incriminatorios); la contradicci? entre los distintos hechos considerados probados por el jurado; la arbitrariedad en el funcionamiento de los poderes p?licos; y la supuesta necesidad legal de que hubiera una mayor? m? amplia (de siete votos en lugar de cinco) para considerar como ?no probados? hechos desfavorables para los acusados.
El ?ico recurso contra la sentencia absolutoria fue el presentado por los socialistas valencianos. La Fiscal? Anticorrupci? no recurri? La decisi? se produjo poco despu? de que el reci? creado Ejecutivo de Mariano Rajoy nombrara al nuevo Fiscal General del Estado.
El magistrado discrepante en la decisi? de ayer, Joaqu? Gim?ez, anunci?un voto particular que tampoco est?a? elaborado, a la espera de los argumentos concretos de la sentencia. Fuentes jur?icas consideran que no entrar?a valorar si hubo o no arbitrariedad o error en la apreciaci? de la prueba, sino que previsiblemente se aludir?a un argumento previo: la falta de motivaci? de la sentencia de 30 de enero de 2012 que absolvi?a Camps y que se limitaba a levantar acta de lo que dijo el jurado sin cubrir, seg? algunas opiniones, las exigencias m?imas de motivaci? que requiere toda sentencia y que en este caso obligaban a desarrollar los argumentos que hab? proporcionado el jurado. Seg? esta l?ea de argumentaci?, una de las soluciones jur?icas del recurso habr? sido devolver la sentencia al tribunal para que la motivara y, a partir de aqu? poder valorar otras cuestiones.
Los argumentos de los cuatro magistrados del alto tribunal que han respaldado al jurado y que fueron avanzados ayer son dos. Por un lado, la motivaci? del jurado, seg? la sala, no ha sido ?arbitraria, il?ica o irrazonable al individualizar las pruebas y elementos de convicci? que le han llevado al veredicto de no culpabilidad?.
No se aceptan, por tanto, los argumentos de los recurrentes de que el jurado no tuvo en cuenta en su decisi? una serie de pruebas ?esenciales? y que exist? contradicci? en el caso porque hab? cuatro personas acusadas y dos de ellos (V?tor Campos, exvicepresidente del Gobierno valenciano y Rafael Betoret, exjefe de gabinete de turismo) reconocieron los hechos y su culpabilidad. ?No tiene sentido que los otros dos que no lo aceptaron finalmente fueran absueltos?, argumentaban los socialistas valencianos.
Por otro lado, relaci? con el argumento sobre el n?ero de votos por el que se adopt?la decisi?, los cuatro magistrados consideran que ?concurr?n las mayor?s necesarias para declarar no probados los hechos desfavorables del objeto del veredicto?. El art?ulo 59 de la Ley del Jurado dispone que los jurados votar? si estiman probados o no los hechos y que, ?para ser declarados tales se requieren siete votos, al menos, cuando fueren contrarios al acusado, y cinco votos cuando fuesen favorables?.
La decisi? de Camps se tom?por cinco votos frente a cuatro. Por ese n?ero de votos se decidi?tanto aceptar como probados los hechos favorables a Camps y a Costa como asumir como no probados los desfavorables. El recurso de los socialistas valencianos consideraba que los hechos desfavorables que se consideren ?no probados?, seg? la interpretaci? que hac?n de ese art?ulo 59 de la Ley del Jurado, necesitaban de un apoyo de al menos siete votos. Pero, seg? el Supremo, bastan los cinco votos para cualquier decisi? que sea favorable al reo.
Camps dimiti?del cargo en julio de 2011, solo unos meses antes del juicio, y se declar?v?tima de una campa? personal contra ?. Al igual que Ricardo Costa, es diputado del PP en las Cortes Valencianas, aunque apenas acude al hemiciclo. Como expresidente de la Generalitat, tambi? es miembro del Consejo Jur?ico Consultivo, del que cobra su sueldo.
El alto tribunal reabri?el caso despu? de que la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior valenciano, que entonces presid? un buen amigo de Camps, Juan Luis de la R?, lo archivara en agosto de 2009 en contra del criterio del juez instructor, Jos?Flors. El Supremo observ?indicios de delito al reabrir el caso en mayo de 2010 y reproch?al tribunal valenciano una interpretaci? del cohecho pasivo impropio (aceptar d?ivas que se ofrecen en atenci? al cargo) que implicaba en la pr?tica suprimir la figura de ese delito.
La Sala del TSJ consider?que para que el delito se consumase era necesario que el receptor de los regalos, en este caso Camps, desplegase a cambio alguna actividad. En el juicio, el jurado tambi? lleg?a la conclusi? de que, incluso en el supuesto de que hubiera aceptado trajes de la trama, estos no se realizaron ?en funci? de su cargo?, por lo que le absolvieron. Los socialistas valencianos interpusieron entonces un recurso de casaci? argumentando que hubo una ?manifiesta ausencia de motivaci?? del veredicto y una err?ea valoraci? de las pruebas por parte del jurado.
El letrado Virgilio Latorre destac?en el recurso que para concluir que los regalos no existieron, los cinco jurados que apoyaron la absoluci? se limitaron b?icamente a remitirse al testimonio de Isabel Jord?, exempleada de la trama. Jord?, que declar?en Valencia como testigo estando imputada en otras ramas del caso G?tel y que corr? el riesgo de autoinculparse, dijo desconocer si hab? habido sobornos. Una afirmaci? que contradec? lo que hab? afirmado a?s antes, cuando fue grabada sin saberlo.
La acusaci? popular ahondaba en el hecho de que el jurado se apoy?b?icamente en las palabras de Jord?, que hablaba de lo que le hab?n contado y desech?sin motivaci? las declaraciones de una decena de testigos directos, la mayor? empleados de las tiendas (incluido el sastre Jos?Tom?), que coincidieron en que Camps y Costa recibieron la ropa, y que los pag?Pablo Crespo, lugarteniente de la red que lideraba Francisco Correa. Los testimonios ignorados por el jurado proclamaron que Camps recibi?una veintena de trajes y prendas adquiridos por G?tel en las tiendas madrile?s de Milano y Forever Young.
A estas declaraciones se sumaron grabaciones policiales telef?icas entre Camps y El Bigotes en plenos Reyes Magos de 2009. En una de ellas P?ez recordaba a Camps el tarjet? navide? que le acababa de enviar, y zanjaba el distendido di?ogo con un ?f?ate si te debo [presidente]?. Varios testigos coincidieron en que Crespo liquidaba las cuentas que la trama ten? abiertas en las tiendas, en las que figuraban tambi? el exvicepresidente de la Generalitat V?tor Campos y el exjefe de gabinete de la Consejer? de Turismo Rafael Betoret. Entre los cuatro, G?tel se habr? gastado algo m? de 40.000 euros en prendas de vestir entre 2005 y 2008. Campos y Betoret admitieron los hechos cinco meses antes de que empezara el juicio a Camps y Costa. El Supremo se ha mostrado de acuerdo con el tribunal valenciano y cree que ni el expresidente valenciano ni su ex n?ero dos cometieron un delito.
http://politica.elpais.com/politica/2013/04/09/actualidad/1365502448_047833.htmlEL SUPREMO REBAJA LA PENA A MATAS A NUEVE MESES Y LE EVITA INGRESAR EN PRISI?
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena por un delito de corrupci? que la Audiencia Provincial de Palma impuso, en el caso Palma Arena, al expresidente balear Jaume Matas, pero ha rebajado la pena de 6 a?s de prisi? a 9 meses, lo que muy probablemente evite que el pol?ico ingrese en prisi?.
La Sala Segunda del Supremo he hecho p?lica su sentencia sobre el caso, en la que elimina los delitos de malversaci? y prevaricaci? y mantiene la condena por tr?ico de influencias.
Las penas de hasta dos a?s de c?cel permiten el cumplimiento fuera de prisi? siempre que no pesen sobre el reo antecedentes penales anteriores y no se produzca ninguna otra condena posterior.
Se trata de una decisi? contraria a la petici? de la Fiscal?, y que no ha supuesto una sorpresa dado que, seg? informa hoy EL MUNDO, la Sala de lo Penal del Supremo se inclinaba por realizar una profunda correcci? a la condena dictada por la Audiencia de Baleares contra el ex presidente de la comunidad aut?oma.
Los magistrados de Mallorca le impusieron una pena total de seis a?s de c?cel en el primero de los m? de 20 procesos abiertos contra ? por el instructor del caso Palma Arena, inicialmente referido a la investigaci? del sobrecoste del vel?romo construido por el Gobierno balear pero que se ha convertido en una macrocausa de la que el juez Jos?Castro ha desgajado sucesivas piezas separadas.
Matas fue responsable del Govern balear entre los a?s 1996-1999 y 2003-2007 y ministro de Medio Ambiente de 2000 a 2003.
Dos a?s y tres meses para Alemany
El Supremo absuelve al periodista Antonio Alemany de algunos los delitos y, aunque mantiene varias condenas por prevaricaci?, malversaci? y falsedad en documento mercantil, le impone por ellas una sola condena de dos a?s y tres meses de prisi?, adem? de inhabilitaci? por cuatro a?s y siete meses.
La misma sentencia condena al ex director general de Comunicaci? del Govern de Matas, Joan Martorell, por prevaricaci? y malversaci? y le impone una pena de siete meses y un d?, adem? de inhabilitaci? por tres a?s; y al publicista Miguel Romero le absuelve de todos los delitos.
Las condenas a Alemany y Romero se producen por el llamado "Contrato Menor", en el que no est?implicado Matas.
La sentencia, de la que ha sido ponente Carlos Granados, cuenta con un voto particular del magistrado Alberto Jorge Barreiro, quien considera que debi? condenarse a Matas por delitos de prevaricaci? y falsedad, aunque no por malversaci?, ni tampoco por fraude.
La Audiencia de Palma consideraba probado que Matas benefici?con dinero p?lico al periodista que escrib? sus discursos, Antonio Alemany con actos producidos entre 2003 a 2007.
En ese tiempo Matas concedi?a Alemany, mediante un concurso pantalla a favor de su empresa Nimbus, 200.000 euros por escribir sus discursos y asesorarle en materia informativa, al tiempo que influy?para beneficiarle con una subvenci? de 450.000 euros para crear una agencia de noticias.
Matas fue condenado por estos hechos a penas diferenciadas: 5 a?s, 3 meses y 1 d? de c?cel en calidad de inductor por los delitos de fraude a la Administraci?, falsedad en documento oficial y mercantil, prevaricaci? y malversaci?, y 9 meses y 1 d? de prisi? por el de tr?ico de influencias.
El Supremo, que mantiene la ?tima pena (tr?ico de influencias), no discute los hechos probados, pero s?la consideraci? delictiva que les atribuy?la Audiencia.
En cuanto al concurso, dice el Supremo, se adjudic?a una sociedad, Nimbus, que realiz?trabajos -como redacci? de discursos y otros- por los que cobr? todo lo cual "en modo alguno" puede ser considerado prevaricaci?, ya que hubo un servicio prestado a cambio del dinero pagado.
Por lo que se refiere a la malversaci?, el tribunal acepta la tesis de la defensa de los reos, pues mientras la Audiencia conden?porque del dinero pagado a Nimbus se dedujeron comisiones para terceras personas, ahora el Supremo considera que se tratar?, en todo caso, "de un acuerdo entre particulares".
En otras palabras, se hizo un concurso abierto y se firm?un contrato con Nimbus (del periodista Antonio Alemany) que se pag?a cambio de servicios prestados. Si luego, de ese dinero, el perceptor pag?una comisi?, ya no se trataba de dinero p?lico, por lo que no puede haber malversaci?, dice el Supremo.
En cuanto al fraude, el Supremo se?la que pudo existir, en el concurso sobre el que Nimbus pudo disponer de informaci? privilegiada, una irregularidad administrativa o incluso otra figura delictiva, pero no fraude, ni tampoco falsedades en documentos p?lico y mercantil.
Por lo que se refiere al tr?ico de influencias, el Supremo s?considera que Matas "utiliz?su autoridad jer?quica para presionar" en favor de que se favoreciera la solicitud de Alemany para obtener una subvenci? p?lica a su Agencia Balear de Noticias, algo que hizo "con pleno conocimiento de que influy? con prevalimiento".
El expresidente balear Jaume Matas (PP) es el cuarto presidente auton?ico desde la Constituci? de 1978 que ha sido condenado penalmente. Matas fue responsable del Govern balear entre los a?s 1996-1999 y 2003-2007 y ministro de Medio Ambiente de 2000 a 2003.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/23/baleares/1374571813.htmlLA SALA CLAVE DEL SUPREMO PROTESTA POR LAS INJERENCIAS DEL GOBIERNO
13 jueces piden a Lesmes que act? ante Rajoy por unas declaraciones de Fern?dez D?z
Trece de los 18 magistrados que componen la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que instruye todos los casos en los que hay imputados pol?icos aforados por el Congreso o el Senado, firmaron este jueves un escrito de protesta contra las injerencias del Gobierno en el poder judicial. En un gesto ins?ito en la historia reciente del Supremo, los 13 magistrados, entre ellos varios jueces pertenecientes al sector conservador de la magistratura, firmaron una carta dirigida al presidente de la sala, Manuel Marchena, para que act? ante unas recientes declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fern?dez D?z, en las que este calific?de ?lamentables? las excarcelaciones de miembros de ETA decretadas por la Audiencia Nacional.
El escrito est?suscrito por todos los miembros de la sala de lo Penal, incluidos los tres em?itos, excepto el presidente Marchena y los magistrados Juli? S?chez Melgar, Antonio del Moral, Andr? Mart?ez Arrieta y Carlos Granados. La reacci? de los jueces llega despu? de que varios miembros del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta, Soraya S?nz de Santamar?, y el titular de Justicia, Rafael Catal? hayan criticado en p?lico las excarcelaciones de etarras ordenadas por la Audiencia en cumplimiento de un acuerdo marco europeo que permite acumular en Espa? las penas cumplidas en otros pa?es.
Estas cr?icas han sido recibidas entre miembros de todos los sectores de la judicatura como una intromisi? del Gobierno en la independencia judicial, pero los jueces, hasta ahora, hab?n optado por silenciar en p?lico su malestar. El detonante de la carta de los magistrados de lo Penal han sido unas declaraciones de Fern?dez D?z en una entrevista publicada el pasado s?ado por La Raz?. El ministro fue preguntado por la acumulaci? de penas a etarras, que el Tribunal Supremo aval?en marzo, cuando oblig?a la Audiencia a revisar la condena del etarra Jos?Luis Urrusolo Sistiaga para descontarle el tiempo de condena cumplido en Francia. ?Me parece lamentable desde todos los puntos de vista, tambi? jur?icamente?, respondi?el ministro; a la pregunta de si los jueces pod?n estar prevaricando al tomar estas decisiones, contest? ?Yo no digo eso, pero si eso lo hubiera hecho una autoridad pol?ica o administrativa, quiz?en estos momentos se le estar? acusando de un posible delito de prevaricaci??.
Los jueces recogen en su escrito estas declaraciones, as?como otras de la misma entrevista en las que Fern?dez D?z lamenta que se haga ?un uso alternativo del derecho? y sostiene que estas decisiones judiciales ?provocan falta de confianza en las instituciones?.
Los 13 magistrados que firman la carta, ?sin a?dir calificaci? alguna respecto a ese comportamiento de un miembro del Gobierno?, piden al presidente de la Sala de lo Penal que haga llegar al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, su ?desaz?? por estas afirmaciones. Los jueces instan a Lesmes a que, si considera que las afirmaciones del ministro ?no son adecuadas ni guardan el debido respeto? al Tribunal Supremo, se lo haga saber al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y le pida ?que ponga coto? a manifestaciones como las de su ministro del Interior.
Fern?dez D?z: "he respetado y respetar?siempre la ley"
Tras las cr?icas de los magistrados del Supremo, el ministro del Interior ha insistido este jueves en que respeta la independencia judicial y la separaci? de poderes. En unas breves declaraciones a los periodistas antes de asistir a la jura de 24 comisarios principales, Fern?dez D?z se ha limitado a afirmar: "He respetado y respetar?siempre la ley". A lo que ha a?dido que respeto la separaci? de poderes "garantizada, reconocida y amparada" en la Constituci?. A pesar de la insistencia de los reporteros, el titular de Interior ha reiterado que la separaci? de poderes es "el fundamento de un buen funcionamiento de un Estado social, democr?ico y de Derecho como es el nuestro".
Entre los cinco miembros de la Sala de lo Penal que no han firmado la carta se encuentran Andr? Mart?ez Arrieta y Antonio del Moral, que fueron dos de los cinco magistrados del Supremo que en marzo suscribieron la sentencia que avalaba la acumulaci? de penas del etarra Urrusolo Sistiaga. El alto tribunal celebr? el pasado martes un pleno en el que ten? previsto unificar criterio sobre este asunto, pero, tras un largo debate, decidi?aplazar la decisi? hasta, al menos, el pr?imo enero.
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/18/actualidad/1418909614_978651.html?rel=masUNA DENUNCIA CONTRA MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO
Estos d?s se ha sabido de un encuentro, parece que en una comida, del exministro ?gel Acebes, ahora imputado en la causa de G?tel, y Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS). Un hecho ciertamente vergonzoso y preocupante por numerosas razones. Estos encuentros hacen recordar que el 7 de mayo de 2012 un grupo de juristas, ante la conclusi? de los procesos contra el juez Garz?, en el ejercicio del derecho constitucional de petici?, present?un escrito ante el entonces presidente del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), Carlos D?ar, en el que expon? una serie de conductas privadas de magistrados del Supremo que hab?n participado en los procesos contra Garz? y reclamaba que se adoptaran las medidas adecuadas. Hasta ahora, el CGPJ no ha respondido a dicha reclamaci?, incumpliendo abiertamente las obligaciones que le impone la L.O. 4/2001, que regula aquel derecho. Un ejemplo mas de c?o las Instituciones p?licas menosprecian los derechos civiles de los ciudadanos.
El escrito conclu? as? "Ante los hechos descritos, que suscitan serias dudas sobre el cumplimiento por dichos magistrados del TS del r?imen de incompatibilidades y prohibiciones, con la consiguiente afectaci? claramente perturbadora no solo de su ?ica profesional sino de su imparcialidad tanto objetiva como subjetiva, se solicita que se proceda a la comprobaci? y esclarecimiento de los referidos hechos que, por su naturaleza, pueden incidir en la validez de sus decisiones jurisdiccionales y, en consecuencia, en su posible nulidad. Y, particular, la determinaci? de la totalidad de Seminarios, Cursos y Conferencias impartidos por dichos magistrados, sus patrocinadores y la retribuci? percibida por cada uno de dichos magistrados y por cada una de dichas actividades. Y, en su caso, que se acuerde la incoaci? de Diligencias Informativas o Expedientes disciplinarios contra los magistrados que, seg? resulta de los datos expuestos, hayan infringido el r?imen org?ico de 'prohibiciones e incompatibilidades', deduci?dose, en su caso, el testimonio que proceda al Fiscal General del Estado para que proceda a la investigaci? de la posible comisi? de delitos de cohecho".
Los hechos eran estos:
1.- Schola Iuris, Instituto Europeo de Pr?tica Jur?ica.
"El Instituto de Pr?tica Jur?ica Schola Iuris es una entidad de car?ter privado que pretende fomentar en su campo de actividad, la Formaci?, valores tales como la excelencia, la calidad, el humanismo o la cercan? al alumno que, con un enfoque eminentemente pr?tico, sirva de puente para la para la incorporaci? eficiente al mundo del trabajo y de la empresa. Una de las caracter?ticas m? importantes de Schola Iuris es su Profesorado. As?lo reconocen los alumnos que se han formado con nosotros. Con su prestigio, conocimientos, y sus dotes pedag?icas y humanas se han ganado a pulso una alt?ima valoraci?, que hacen de Schola Iuris una instituci? l?er en Espa? en sus ?eas formativas" (domicilio social: c/Arturo Soria, 301. Madrid). Su titular es la sociedad Procard Europa S. L. con un capital social de 3.010 euros de la que es administrador ?ico el director de dicho instituto, ?gel Benseny Pellicer, psic?ogo forense de los Juzgados de 1? Instancia de Madrid. Director que, a la vez, es administrador solidario con Mar? ?geles Mora Mart?ez de la sociedad Servicios Promocionales Asociados Millenium S. L., de igual capital social que la anterior. Ofrece m?ters privados, cursos de Especializaci? y Formaci? Profesional. En relaci? al m?ter de Derecho Penal Pr?tico, "sin duda alguna el punto fuerte de este Master lo conforman el magn?ico plantel de Profesores en el ?bito judicial espa?l". Plantel en el que figuran los magistrados del TS Maza Mart?, S?chez Melgar y Manuel Marchena, como hemos dicho ahora presidente de la Sala Segunda del TS, m? numerosos jueces y fiscales que figuran como reclamo para los cursos de este Centro. Adem?, entre otros, del letrado D. Luis Rodr?uez Ramos, al que luego nos referiremos. M?ter en el que los alumnos pagan por matr?ula 14.000 euros. Asimismo, se ofrece un Curso de Derecho Penal En Gen?ica y Nuevas Tecnolog?s en el que figuran como profesores los magistrados del TS Maza Mart? y S?chez Melgar.
Resulta preocupante, para la imagen de jueces y magistrados, hallar en internet desde hace varios a?s una enumeraci? de jueces, en particular los del TS, como reclamo para los cursos de una academia privada.
La oferta educativa de Schola Iuris incluye, conjuntamente con los citados magistrados, numerosos letrados que asumieron la defensa de imputados en el proceso por la trama de corrupci? conocida como G?tel, como el Sr. Rodr?uez Ramos, vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid.
A lo expuesto, debe a?dirse el siguiente texto publicitario del citado Instituto: "Para los licenciados en Derecho, el t?ulo proporciona una alta especializaci? pr?tica en Derecho Penal y est?reconocido por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para el acceso al Turno de Oficio". Y a?d?: "Cuenta adem? con un cuadro docente del m? alto nivel, en el que se encuentran juristas con la experiencia y prestigio de D. Adolfo Prego, vocal del Consejo General del Poder Judicial; D. Jos?Manuel Maza, magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo" y otros magistrados y fiscales.
En noviembre de 2004, el director del centro viaja a M?ico y firma un preacuerdo con las universidades de Guadalajara y Chihuahua para permitir que licenciados en derecho mexicanos pudieran cursar en Madrid el m?ter en Derecho Penal Pr?tico de Schola Iuris. La web de becas mba se refer? a este viaje exponiendo que: "El preacuerdo se adopt?aprovechando la presencia de Don ?gel Benseny en M?ico con motivo de Primer Congreso Mundial de Procuraci?, Impartici? de Justicia y Ciencias Forenses, celebrado en el Estado de Chihuahua. En dicho evento estuvo tambi? presente D. Jos?Manuel Maza, Magistrado del Tribunal Supremo de nuestro pa? y profesor de Schola Iuris (?)".
Previamente, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Tabasco, Guillermo Narv?z, hab? visitado Madrid donde se reuni?con el presidente del CGPJ y del TS, seg? explicaba becas mba.com: "El director del Instituto Europeo de Pr?tica Jur?ica Schola Iuris, D. Angel Benseny, tuvo la oportunidad de entrevistarse con ? y presentarle la oferta formativa del Instituto que preside, especialmente el m?ter en Derecho Penal Pr?tico. A la vista del excelente programa y del magn?ico plantel de profesores, el Magistrado-Presidente D. Guillermo Narv?z, acord?la promoci? del mismo entre distintas instituciones del Estado en M?ico?" En internet se puede encontrar al d? de hoy esta oferta de Schola Iuris en diversos portales educativos. En educaweb se anuncia el m?ter de Derecho Penal Econ?ico y de la Empresa? de Schola Iuris con un precio de 2.200 euros por las 96 horas de duraci?. En el programa figura como docente, con dos m?ulos, el magistrado del TS Jos?Manuel Maza.
Entre los letrados se encuentran el ya citado Rodr?uez Ramos, que asumi?la defensa de varios imputados en la causa penal contra la trama G?tel, como Benjam? Mart? Vasco (exDiputado en la Asamblea de Madrid), Jes? Merino Delgado (exDiputado en el Congreso de Diputados) y Guillermo Ortega Alonso (exalcalde de Majadahonda). Por ?timo, el letrado D. Florentino Ort?Ponte se hizo cargo de la defensa del ex alcalde del PP de Arganda, Gin? L?ez Rodr?uez.
2.- La Fundaci? para la Investigaci? sobre el Derecho y la Empresa, FIDE, cuenta con un consejo asesor empresarial cuya funci? es, seg? definici? de la propia Fundaci?, la siguiente: "Promueven que la plataforma de reflexi? que pretende ser la Fundaci? se ampl? a los diferentes sectores econ?icos, administrativos y jur?icos. Contribuyen econ?icamente al desarrollo de las diferentes actividades. Est?integrado por un conjunto de empresas y despachos que financian y participan decididamente a la Fundaci?". (Domicilio social, c/Serrano 26,4? Dcha.) Fundaci? que cuenta con la colaboraci? de Caixa Galicia, Banc Sabadell, Banesto, Telef?ica, Repsol, Gas Natural, Enag? y otras grandes empresas, as?como importantes Despachos de Abogados como Rodr?uez Ramos Abogados, Oliva-Ayala Abogados, Garrigues y, entre otros muchos, Cuatrecasas, Gon?lves Pereira.
El magistrado Miguel Colmenero, ponente en el juicio oral contra el magistrado Sr. Garz? por la intervenci? leg?ima de las escuchas ya mencionadas de la trama G?tel, que concluy?con la sentencia condenatoria del Magistrado acusado, figura desde el a? 2007 en la direcci? de un Foro de la Fundaci?.
Entre 2011 y 2012, el magistrado Colmenero particip?en la direcci? de dos foros: el de Jurisprudencia del Tribunal Supremo y el de Derecho Penal de los Negocios y la Empresa. En este ?timo coincidi?en la direcci?, entre otros juristas, con la Sra. Silvina Bacigalupo Saggese, Catedr?ica de Derecho Penal de la Universidad Aut?oma de Madrid y el Sr. Javier S?chez-Vera G?ez-Trelles, socio del bufete Oliva-Ayala Abogados. Este foro se viene realizando pr?ticamente con el mismo equipo desde 2007. Estos dos letrados tienen en com? haber defendido a algunos de los imputados en el caso G?tel. Silvina Bacigalupo se hizo cargo de la defensa de Francisco Javier del Valle Petersfeldt y Francisco Javier S?chez Vera G?ez Trelles defendi?a Jacobo Gordon Levenfel. El letrado D. Horacio Oliva Garc? asumi?de la defensa de Manuel Delgado Sol? y Jos?Antonio Lopez Rubal. Por su parte, D. Ignacio Ayala G?ez, del mismo despacho, asumi?la defensa de Alberto L?ez Viejo (exConsejero del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y exdiputado regional).
Adem?, el magistrado Colmenero ha participado en otros dos Cursos de FIDE. El 23/2/2011 sobre el Delito de corrupci? entre particulares con la intervenci? tambi? de los letrados Sra. Bacigalupo y el Sr. Sanchez-Vera. El 19/5/2011, sobre el delito de "administraci? desleal", acompa?do de los mismos letrados. Y el 4/10/2011, apenas cuatro meses antes del juicio oral contra el Magistrado Sr. Garz? por la causa de las escuchas, el letrado Rodr?uez Ramos interven? junto al magistrado Colmenero en un evento sobre Compliance y Derecho Penal.
En relaci? al proceso contra el Magistrado Sr. Garz? por su intervenci? en el proceso sobre la trama G?tel, el letrado Rodr?uez Ramos protagoniz?un debate sobre la conveniencia de que el Colegio de Abogados de Madrid, del que es Vicedecano, se personara como acusaci?. El Colegio finalmente se decidi?por emitir un informe.
El 9 de febrero de 2012 a las 19.30 de la tarde, el magistrado Sr. Garz? hizo p?lico un comunicado manifestando su rechazo hacia la sentencia condenatoria que esa misma ma?na le hab?n notificado. A esa misma hora, en la sede de FIDE, seg? su programa de actividades , estaba previsto que el magistrado Miguel Colmenero presentara la tercera edici? de los Comentarios al C?igo Penal, obra coordinada por el Sr. Conde Pumpido, exfiscal general del Estado y magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
3.-Los magistrados antes citados del TS y diversos letrados figuran relacionados en el anuncio de un Curso en la Universidad Rey Juan Carlos.
El curso de Derecho Penal Econ?ico cuenta con un Consejo Cient?ico. Como Presidente figura el magistrado del TS Maza Mart?. Entre los vocales de dicho Consejo se encuentra el letrado D. Gonzalo Rodr?uez Mourullo, defensor del exdirigente del PP Pablo Crepo Sabar?, imputado en causa de G?tel y, asimismo, ejerci?la acusaci? particular contra el Magistrado Sr. Garz? en la Causa especial ya mencionada y derivada de aquel proceso.
En el plantel de profesores de dicha Universidad figuran los siete magistrados que compusieron la Sala que juzg?y conden?al Magistrado Sr. Garz?: D. Joaqu? Gim?ez, presidente de la Sala; D. Miguel Colmenero, ponente de la sentencia; D.Manuel Marchena, D.Andr? Mart?ez Arrieta; D. Francisco Monterde; D.Luciano Varela; y D. Juan Ram? Berdugo.
En el cap?ulo de letrados profesores figuran letrados que en su d? asumieron la defensa de imputados relacionados con la trama G?tel. Es el caso de D. Ignacio Ayala, de Oliva Ayala Abogados; D.Joaqu? Burkhalter, abogado de Cuatrecasas Gon?lves Pereira; D?.Adriana de Buerba, de Perez Llorca-Andres de la Oliva abogados; D. ?gel Gonz?ez Franco; Rodr?uez Ramos; S?chez Vera, de Oliva- Ayala Abogados y el citado Rodr?uez Mourullo.
Ignacio Ayala, defensor del entonces diputado regional del PP Alfonso Bosch Tejedor.
Joaqu? Burkhalter, que asumi?la defensa de Arturo Gianfranco Fasana.
Adriana de Buerba, defensora de Cesar Tom? Mart? Morales, exvicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte.
?gel Gonz?ez Franco defiende al imputado Santiago Lago Borstein.
Este m?ter fue una de las ofertas acad?icas fruto del convenio entre URJC y la empresa KPMG, que presenta as?la c?edra: "Bienvenidos a la p?ina web de la c?edra de Investigaci? Financiera y Forense KPMG-URJC. La lucha contra el blanqueo de capitales, la financiaci? del terrorismo, el fraude fiscal, los delitos socioecon?icos cometidos mediante las nuevas tecnolog?s".
4.-Algunos de los citados magistrados del TS participaron hasta el 2007 en cursos de la Fundaci? FAES que preside Jos?Mar? Aznar. M? recientemente, han intervenido en eventos propiciados por la Fundaci? Wolters Kluwer cuyo consejo consultivo asesor est?presidido por Jos?Mar? Michavila, ministro de Justicia con Jos?Mar? Aznar y en donde figura asimismo ?gel Acebes, quien fue Ministro de Administraciones P?licas y de Interior, tambi? con Aznar.
Es relevante, por su significaci? ideol?ica y pol?ica, que un magistrado miembro de la Sala que juzg?y conden?al Magistrado Sr. Garz?. D. Miguel Comenero, haya tenido relaci? con la Fundaci? FAES que preside Aznar. Particip?en cursos de la Fundaci? FAES durante los cursos 2005, 2006 y 2007, al menos, en cinco ocasiones. Concretamente, el 8 De Febrero de 2005, en un acto coordinado por el exmagistrado Adolfo Prego y el 21 de junio, tambi? con el exmagistrado anterior. En 2007, el 26 de marzo. Y en 2008, los d?s 12 de junio y 12 de septiembre. Durante los a?s 2005-2008, el exmagistrado Adolfo Prego consta que asisti?a 27 actos convocados por dicha fundaci? del Partido Popular, al menos en tres de ellos como Coordinador o Ponente. Posteriormente, pese a su evidente y p?lica afinidad con el Partido Popular, integr?la Sala y fue Ponente durante la instrucci? del proceso contra el magistrado Sr. Garz? por haber incoado el Sumario 53/2008 sobre los cr?enes del franquismo.
FAES, Fundaci? para el An?isis y los Estudios Sociales, es una Fundaci? privada sin ?imo de lucro que seg? se expresa en su propia presentaci?: "Trabaja en el ?bito de las ideas y las propuestas pol?icas. Vinculada al Partido Popular desde su creaci?, en 1989, la Fundaci? FAES est?presidida por Jos?Mar? Aznar. FAES es un gran laboratorio de ideas y programas cuya vocaci? es nutrir el pensamiento y la acci? pol?ica del centro liberal y reformista".
En 2006, el entonces fiscal del Tribunal Supremo y hoy magistrado Manuel Marchena obten? el XX premio La Ley de art?ulos doctrinales. La Ley es una potente editorial jur?ica dependiente de la Fundaci? Wolters Kluwer ?perteneciente al grupo multinacional editorial Wolters Kluwer?. Su actividad se centra en la edici? de publicaciones t?nicas y profesionales, manuales y libros, y en la organizaci? de seminarios presenciales y cursos on-line, en diferentes ?eas: como Recursos Humanos, Finanzas, Contabilidad o Marketing, entre otros.
Su Consejo Asesor est?presidido por el ex ministro de Justicia Jos?Mar? Michavila y en ? se encuentran, entre otros, el tambi? exministro ?gel Acebes, .Desde entonces,el magistrado Manuel Marchena, figura en algunos eventos de la Fundaci? Wolters Kluwer y en concreto como Jurado del premio La Ley de art?ulos doctrinales, del que es miembro desde hace varios a?s, coincidiendo en el Jurado con su ex olega Adolfo Prego y otros juristas como el Vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid Rodr?uez Ramos.
El magistrado Manuel Marchena ha intervenido tambi? en el comit?de Expertos del Observatorio de la Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogac? y La Ley de Walters Kluwer y su nombre aparece adem? junto al de Michavila en alg? acto concreto como fue el encuentro profesional celebrado en Quintanilla de On?imo a principios del a? 2010. En esta ocasi? el magistrado comparti?el encuentro con otro magistrado del TS, S?chez Melgar.
5.-El magistrado Manuel Marchena, en 2007, 2008 y 2009 particip?en los Foros de las Evidencias Electr?icas que preside el despacho de abogados Garrigues. Consta el patrocinio de dicho Foro por Ancert, Cybex, El Derecho, Inform?ica El Corte Ingl?, Postal Trust, Secuware, Symantec y T-Systems.
En el Primer Congreso de la empresa INGEFOR Consultores, celebrado en 2008, tambi? particip? conjuntamente con el Magistrado Maza Mart?, con asistencia de diversos letrados del Despacho Garrigues y de otros, as?como jueces de diversos ?ganos judiciales.
En marzo de 2009, el magistrado Marchena intervino, junto al Magistrado S?chez Melgar, en la apertura del encuentro sobre la Responsabilidad de las personas jur?icas que organiza el Instituto de Fomento Empresarial, curso en el que la cuota de inscripci? fue de 1.230 euros.
Igualmente participa, con el magistrado D. Miguel Colmenero, en la VII Semana Jur?ica Malacitana celebrada en Noviembre de 2007 conjuntamente con letrados de los Despachos ya citados.
Seg? el CV de dicho magistrado, publicado por la Editorial Datadiar, ha sido Profesor del Master de Nuevas Tecnolog?s de la Informaci? organizado por el Instituto de Inform?ica Jur?ica de la Facultad de Derecho de ICADE.
6.- En las Canarias, la entidad econ?ica Caja7 patrocina diversos actos en los que intervienen los Magistrados de la Sala Segunda, Maza Mart? y el letrado Choclan, defensor del imputado Correa en la causa penal contra la trama G?tel y que actu?como acusador particular, en representaci? de dicho imputado,en la causa penal contra el Magistrado Sr. Garz? por las escuchas del caso G?tel.
Bajo el patrocinio de Iuris Comer Canarias S. L.,empresa, entre otras actividades, de distribuci? de fondos bibliogr?icos, los d?s 25 y 26 de Junio de 2009, se celebra en Tenerife un Curso sobre La prueba il?ita penal en el que particip?el expresidente de la Sala Juan Saavedra y el letrado Choclan.
Los d?s 25 y 26 de Junio de 2009, en la sede de Caja7, el expresidente de la Sala que acabamos de citar, interviene junto al citado letrado en unas Jornadas en Tenerife sobre la Prueba il?ita penal. Mas tarde, los d?s 21 y 22 de enero de 2010, en la Universidad de Las Palmas participan en otro evento el letrado Choclan y el Magistrado Maza Mart? sobre La delincuencia medioambiental en Canarias. Y, nuevamente, el 3 de Noviembre de 2011,con el patrocinio de Caja7 y otras entidades, como Iuris Vegueta, el letrado y magistrado anteriormente citados participan, de nuevo en Tenerife, en las III Jornadas de delincuencia y econ?ica y blanqueo de capitales.
7.-El 26 de Octubre de 2007, se celebra en la Sala de Conferencias de Cajamar la VII Semana Jur?ica Malacitana. Semana en la que, seg? inform?Cajamar, participaron "miembros relevantes de la judicatura espa?la". Entre ellos, los magistrados Juan Saavedra, Manuel Marchena y Miguel Colmenero.
El 10 de noviembre de 2008, en la Sala ya citada se celebra una conferencia sobre La ejecuci? de las sentencias penales: disfunciones y carencias que modera el expresidente Saavedra.
Y en noviembre de 2009, Cajamar convoca un nuevo acto en M?aga sobre El Tribunal Supremo en la Constituci? en el que tambi? interviene el expresidente Saavedra. Acto que fue retransmitido por la empresa Datadiar, a la que luego nos referiremos.
8.- El 20 de mayo de 2011, el expresidente Saavedra preside el Jurado que ha de otorgar el Premio C?edra Jos?Mar? Cervell?convocado por dicha c?edra, la IE Law School y el Despacho de Abogados Hermosilla y Guti?rez de la Roza.
9.-Entre las numerosas actividades extrajudiciales del ex Presidente Saavedra, debe citarse su participaci? en las II Jornada Jur?ica de Ceuta, convocada por el Gobierno de aquella ciudad para el 26 de Abril de 2011.
10.-En relaci? a Saavedra, debe destacarse su condici? de miembro del Consejo Asesor del Centro de Formaci? Datadiar. Centro que dirige el letrado Jos? Manuel D?z-Arias, principal responsable del Bufete D?z-Arias, con despachos en Madrid, Barcelona y California (EEUU). Y que garantiza una "Formaci? Jur?ica, Fiscal, y Contable en Internet, desarrollada con la ?tima tecnolog? y guiada por los mas prestigiosos autores en cada materia". Destaca en su oferta la "Consultor? Derecho de Nuevas Tecnolog?s y Juego Online". En su oferta de servicios dice as? "Las bases de datos de Datadiar han sido homologadas por el Consejo General del Poder Judicial y son seleccionadas por jueces y magistrados para su consulta?.Es decir, que, al parecer, magistrados de diversas instancias judiciales, entre los que figura el Presidente Saavedra, se han ocupado de realizar una labor de asesoramiento para la citada empresa. As?mismo, dispone de una oferta online para la adquisici? de publicaciones de ciertos magistrados o visionar sus conferencias.Como algunas de los referidos Maza Mart? y S?chez Melgar.
En dicho centro, El expresidente de la Sala desarrolla una intensa actividad docente, en la que tambi? intervienen algunos de los citados magistrados.
Entre otras, los siguientes. Los d?s 12 y 13 de marzo de 2007, organiza unas Jornadas de Derecho Penal Econ?ico que fueron presentadas por el expresidente Saavedra y en la participaron los magistrados Manuel Marchena y Maza Mart?.
Los d?s 16 a 18 de noviembre de 2010, se celebran las Jornadas sobre el C. Penal en el juego on line, Jornadas que tambi? fueron patrocinadas por el Centro Internacional Carlos V y la Asociaci? de Comunicadores e Informadores Jur?icos (ACIJUR). En ellas participaron el ex Presidente Saavedra y los magistrados Marchena y Maza.
Desde aquella fecha, 2012, habr? que pensar que dichas actividades han continuado.Lo que suscita una honda preocupaci? por la vigencia de la independencia judicial en el seno de tan alto Tribunal.
http://www.eldiario.es/zonacritica/denuncia-magistrados-Tribunal-Supremo_6_322027809.htmlEL CONSERVADOR MANUEL MARCHENA, NUEVO PRESIDENTE DE LA SALA PENAL DEL SUPREMO
El Poder Judicial elige al menos veterano de la terna para dirigir el ?gano clave del tribunal
El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido hoy al conservador Manuel Marchena como nuevo presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Marchena, de 55 a?s y magistrado del Supremo desde 2007, se ha impuesto a los otros dos candidatos que aspiraban a ponerse al frente de la Sala de lo Penal: el ex fiscal general del Estado C?dido Conde-Pumpido y Miguel Colmenero, el magistrado a quien ha correspondido instruir la pieza de admisi? o no en el Supremo del caso del caso ERE de Andaluc? y decidir si se abre una causa contra los expresidentes Manuel Chaves y Jos?Antonio Gri?n.
La Sala Segunda es la encargada de instruir los casos que implican a aforados y de revisar en ?tima instancia las sentencias penales. Un magistrado de esta sala tendr?que empezar a instruir previsiblemente en las pr?imas semanas una parte del caso de los ERE y este ?gano tiene tambi? pendiente la resoluci? de varias decenas de recursos contra la sentencia del caso Malaya.
De la terna de candidatos, Marchena es el que menos recorrido tiene como magistrado. Conde-Pumpido, el magistrado m? antiguo de la Sala de lo Penal, ha acaparado el apoyo de los siete vocales progresistas, pero la mayor? conservadora del Poder Judicial ha aupado a Marchena a uno de los puestos clave del alto tribunal. Marchena ha contado con los votos de los 10 vocales propuestos por el PP, la vocal a propuesta de CiU y el del presidente del Supremo, Carlos Lesmes. El tercer candidato, Miguel Colmenero, obtuvo el apoyo de Enrique Lucas, vocal del Poder Judicial a propuesta del PNV.
Marchena, fiscal en excedencia, ha sido fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ha formado parte durante diez a?s de la Secretar? t?nica de la Fiscal? General del Estado. Su puesto de mayor responsabilidad lo alcanz?en 2003, con Jes? Cardenal al frente de la Fiscal? General del Estado, cuando Marchena fue nombrado fiscal jefe de la Secretar? T?nica y se convirti?en el Fiscal de Sala m? joven en la historia de la Fiscal?. En 2004, tras la salida del Gobierno de Aznar de la Moncloa, Marchena se incorpor?como fiscal al Tribunal Supremo y en 2007 fue nombrado magistrado de la Sala Segunda del alto tribunal. Form?parte del tribunal que conden?a Baltasar Garz? por las escuchas de G?tel y archiv?la causa contra el mismo magistrado por el cobro de los cursos de Nueva York.
Durante la presentaci? de sus candidaturas ante el CGPJ el pasado 11 de septiembre, Marchena abog?por hacer un esfuerzo para agilizar la admisi? y el estudio de los casos m? graves para que "el condenado a 15 o 20 a?s de prisi? no espere en la soledad de su celda una respuesta del Tribunal Supremo". Adem?, se comprometi?a impulsar la consolidaci? de las nuevas tecnolog?s y reclam? un "contacto directo, cotidiano y puntual" de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Uni? Europea.
http://politica.elpais.com/politica/2014/09/30/actualidad/1412090502_728390.htmlEL CANDIDATO QUE SUSCITA M? RECHAZO PRESIDIR?LA PRINCIPAL SALA DEL SUPREMO
Marchena, avalado por Justicia, aventaja a Colmenero, preferido de los jueces
Salvo sorpresas de ?tima hora harto improbables, la suerte est?echada: Manuel Marchena G?ez, fiscal de carrera, magistrado del Tribunal Supremo desde hace siete a?s, ser?el elegido para ocupar durante los pr?imos cinco a?s la presidencia de la Sala Segunda de lo Penal del alto tribunal que quedar?vacante el pr?imo 11 de septiembre por jubilaci? del actual titular, Juan Saavedra Ruiz.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha convocado para ese mismo d? a los tres aspirantes que se han postulado formalmente para el cargo -C?dido Conde-Pumpido, Miguel Colmenero y Manuel Marchena- para que expongan ante la Comisi? Permanente sus m?itos y sus respectivos programas de gobierno, pero este examen ser?un mero tr?ite porque, seg? fuentes de la m?ima solvencia, el nombre que ser?propuesto al pleno es el de Manuel Marchena G?ez. Aseguran que es la apuesta firme del ministro Ruiz-Gallard? y su secretario de Estado, Fernando Rom?. Adem? ser? visto con muy buenos ojos por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S?z de Santamar?, ya que lo consideran ?un hombre de la casa?. Sin consenso De los tres candidatos, Manuel Marchena es el que menos se presta al consenso.
Entr?en la Sala Segunda del Supremo hace siete a?s, en la cuota de los conservadores para compensar la entrada de Luciano Varela que lleg?en el mismo paquete, pero con el apoyo de los progresistas. En el mundo judicial est?muy se?lado. Se le considera un hombre ?muy estridente?, que por donde pasa se hace notar. Su perfil podr? no ser el preferido por Carlos Lesmes, el actual presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, pero las aludidas fuentes reconocen que su nombre viene impuesto desde m? arriba. La otra opci? que ten? la mayor? conservadora del CGPJ y que, seg? fuentes del alto tribunal, ser? la que concitar? una mejor acogida en el seno de la sala a presidir es la de Miguel Colmenero Men?dez de Luarca.
Tambi? es fiscal de carrera, desde 1986, y magistrado de la Sala de lo Penal desde el 2002, despu? de ejercer como fiscal del alto tribunal durante cuatro a?s, con lo que tiene m? antig?dad en este tribunal que Marchena G?ez. Miguel Colmenero es menos conocido, tiene un perfil m? discreto, por tanto, m? dialogante, con buen curr?ulo y, seg? distintas fuentes, ser? un fiel continuador del modelo de gesti? del hasta ahora presidente, Juan Saavedra. El candidato sorpresa El tercer aspirante a la presidencia de la Sala de lo Penal, que present?su candidatura a ?tima hora, es el gallego C?dido Conde-Pumpido Tour?, fiscal general del Estado durante los dos Gobiernos de Zapatero. Es el que tiene menos posibilidades de ser elegido. Cuenta a su favor el que es el magistrado m? antiguo de la sala -como tal ocupar?la presidencia en funciones a partir del cese de Juan Saavedra-, tiene experiencia gubernativa, pero no es santo de la devoci? de su paisano Mariano Rajoy. Seg? fuentes judiciales, el nombre de Conde-Pumpido suscita tanto rechazo entre los conservadores como el de Marchena G?ez entre los progresistas. Por otra parte, ni siquiera tiene garantizado el apoyo de los progresistas del Consejo, que son minor? y, adem?, est? divididos.
https://www.google.es/amp/www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/espana/2014/08/24/candidato-suscita-rechazo-presidira-principal-sala-supremo/0003_201408G24P18991.htmOTRO ?GOLPE? DEL PP A LA JUSTICIA: QUIERE PONER AL MAGISTRADO QUE 'FULMIN? A GARZ? AL FRENTE DE LA SALA PENAL DEL SUPREMO
Un 'hombre' de G?ova para decidir casos como la 'G?tel' o los ERE. El mismo que, adem? de poner en la picota a Garz?, exculp?a Camps y fall?en contra del archivo de la causa contra los polic?s del 'caso Bono'
El pr?imo d? 30 el Consejo General del Poder Judicial elegir?al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que se encarga de juzgar los casos m? importantes de corrupci? y criminalidad, entre estos, la causa de los ERE de Andaluc? o el caso G?tel. La candidatura del conservador Manuel Marchena, un magistrado de la ?bita de G?ova, y con mayores posibilidades dada la composici? conservadora del Poder Judicial, es un paso m? en la ?cruzada? del PP contra la independencia judicial.
Las otras dos candidaturas sobre la mesa, adem? de la de Marchena, son las del conservador Miguel Colmenero y la del exfiscal general del Estado C?dido Conde-Pumpido, el magistrado m? antiguo de la Sala de lo Penal, que apoya el sector progresista, pero que no conseguir?m? de siete de los 21 votos posibles, seg? adelanta El Pa?.
Ficha clave contra Garz?
Marchena tom?parte de la operaci? contra Baltasar Garz?. Fue el magistrado que intent?condenarle por presuntos delitos de prevaricaci? y cohecho, en 2010, por el caso de los cursos en el Centro Rey Juan Carlos I de Espa? la Universidad de Nueva York, patrocinados por el Santander, entre 2005 y 2007, y que fue finalmente archivado. Era la segunda causa contra el entonces juez de la Audiencia Nacional, al que se intentaba juzgar, adem?, por investigar los cr?enes del franquismo y por las escuchas durante la instrucci? del caso G?tel. En este ?timo caso, con el que se consigui?inhabilitar a Garz?, Marchena tambi? form?parte del tribunal y jug?un papel clave, como se explicar?m? adelante.
Su intento de sentar en el banquillo a Garz? por los cursos en Nueva York fue criticado por el exfiscal Anticorrupci? Carlos Jim?ez Villarejo, que denunci? que el propio Marchena se habr? saltado el estatuto especial que obliga a los magistrados del Tribunal Supremo a dedicarse en exclusiva a sus funciones, con la participaci? en m?tiples cursos y eventos remunerados en ? horario de oficina?, como recogi?la web Los Genoveses.com.
Mano derecha del fiscal general con Aznar
El v?culo de Manuel Marchena con el PP viene de lejos y su ascenso tuvo lugar durante los Gobiernos de Jos?Mar? Aznar. Se convirti?en el hombre de absoluta confianza del entonces fiscal general del Estado, Jes? Cardenal, militante del Opus Dei. Se gan?a pulso el puesto con actuaciones m? que pol?icas como su dictamen para evitar que se procesara al ministro Josep Pique, acusado de fraude en el caso Ertoil por sus actividades como presidente, en 1992, de la empresa ERCROS, dedicada a la fabricaci? de armas y explosivos.
Alineado con las acciones pol?icas de G?ova
Otra de sus acciones discutibles fue su voto particular, en 2007, en contra de un recurso de tres polic?s condenados por la detenci? de dos militantes del PP que presuntamente hab?n participado en la agresi? al entonces ministro de Defensa, Jos?Bono, durante una manifestaci? en Madrid. Su voto particular dej? en evidencia su alineamiento con G?ova, que utiliz?aquel caso para atacar al Gobierno socialista.
Su extra? cambio de postura sobre las escuchas
Lo mismo ocurri?con otro caballo de batalla del PP contra el Gobierno de Zapatero, el avanzado sistema de escuchas de tel?onos m?iles, llamado Sistema Integrado de Interceptaci? Ilegal de Telecomunicaciones (SITEL), adquirido bajo el mandato de Aznar, pero que con el caso G?tel se volvi?contra el PP. Marchena emiti?un voto particular discrepante desde el Supremo cuestionando el sistema. Lo hizo a pesar de que antes hab? participado en una sentencia de las nueve emitidas por ese Tribunal en 2009 que lo avalaban. Fuentes judiciales, citadas por el diario El Pa? en diciembre de 2010 apuntaron a que el cambio de postura de Marchena sobre Sitel tuvo lugar despu? de que el PP cuestionara las escuchas telef?icas a los cabecillas de la G?tel, ordenadas por Garz?, y que perjudicaban al partido.
Su voto a favor de la absoluci? de Camps
La decisi? de Marchena m? reciente en el tiempo que da para pensar fue su voto a favor de la absoluci? de Francisco Camps en abril de 2013. El magistrado fue uno de los cuatro de la Sala del Tribunal Supremo que aval?el pol?ico veredicto del jurado popular en el juicio contra el expresidente valenciano, que le salv?a pesar de las numerosas pruebas contra ?.
http://www.elplural.com/2014/09/12/nuevo-golpe-del-pp-a-justicia-pondra-al-juez-que-fulmino-a-garzon-al-frente-de-la-sala-de-lo-penal-del-supremoGARZ? PLANTEA A ESTRASBURGO QUE NO TUVO ?UN JUICIO JUSTO?
El exjuez presenta una demanda contra la sentencia por la que fue inhabilitado 11 a?s
Insiste en que los magistrados del Supremo construyeron un delito "a la medida"
El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garz? ha llevado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos una demanda contra la sentencia del Tribunal Supremo que le inhabilit?durante 11 a?s por las escuchas del caso G?tel.
En la demanda ante Estrasburgo, de 200 folios, Garz? alega que dicha sentencia vulnera "manifiesta y grav?imamente" sus derechos fundamentales y "pone en peligro la independencia judicial". El exmagistrado de la Audiencia Nacional mantiene que fue condenado "por un delito inexistente en el derecho espa?l" ya que "no hay en Espa? ninguna ley que regule las escuchas telef?icas", algo que la Corte europea, recuerda, ha reclamado varias veces. Garz? insiste en que el tribunal construy?un delito "a la medida" para apartarle de la carrera judicial y que no tuvo un juicio justo ya que no se contemplaron las pruebas que ? aportaba, como la pr?roga de las escuchas que orden?el juez Antonio Pedreira y el apoyo del Ministerio Fiscal.
En su demanda asegura que los magistrados que le condenaron "vulneraron la exigencia de imparcialidad exigible a todo ?gano jurisdiccional". Para Garz? "parece que la sentencia estaba puesta de antemano".
Finalmente, el exjuez de la Audiencia Nacional plantea en su demanda a Estrasburgo que la sentencia vulnera la independencia judicial, garant? recogida en la Constituci? espa?la, al negar la facultad de los jueces de interpretar las leyes aplicables mientras no haya una relaci? clara sobre estos temas (las escuchas).
Si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimara su demanda, Garz? volver? a ser juez y reclamar? una reparaci? por los perjuicios sufridos.
http://politica.elpais.com/politica/2013/05/26/actualidad/1369601943_491955.htmlUN AR?PICE EN PALACIO
O c?o los vaticinios de un juez del Supremo sobre Garz? se han cumplido milim?ricamente
Por Jos?Yoldi
Los ar?pices eran sacerdotes que en la Roma de los c?ares abr?n las entra?s a los animales para leer en ellas sus presagios. No se sabe bien con cu?ta frecuencia acertaban en sus predicciones, pero supongo que lo har?n bien, porque los emperadores que quedaban descontentos no se andaban por las ramas a la hora de echarlos a las fieras. Aunque es muy probable que, como ocurre ahora con los adivinos de la tele, sus profec?s fueran frases ambiguas en las que cab?n varias interpretaciones que sirvieran para encajar en lo que ocurriera.
El ar?pice del que hablo no es as? Un magistrado del Supremo me cont?en abril de 2010 qu?iba a pasar con las tres causas que ya estaban abiertas contra Baltasar Garz? en aquellas fechas. Mencion?que ser? juzgado primero por el caso de las escuchas de la G?tel, por el que ser? condenado y expulsado de la carrera. Nada peor para un juez defensor de los derechos humanos que ser apartado de la judicatura por vulnerar los derechos de los acusados.
Asegur?tambi? que en el caso de los patrocinios de los cursos de Nueva York no hab? nada delictivo, pero que servir? para enlodar la imagen del juez, y que en el caso de los cr?enes del franquismo, con ser el m? dudoso, en su opini?, ser? absuelto para no deteriorar el prestigio de Espa? y del Supremo en el extranjero.
Garz? hab? ninguneado la Ley de la Memoria al activar un proceso penal al franquismo y hab? humillado al alto tribunal con su decisi? sobre la suspensi? de actividades de ANV. Sectores del Gobierno socialista quer?n dar un escarmiento al juez por la Memoria, y el PP, con Federico Trillo al frente, se sum?con entusiasmo a la labor tras sus decisiones en la G?tel.
Y el augurio del ar?pice del Palacio de Justicia se ha cumplido en todos sus extremos. Como se dice ahora, la hoja de ruta ha culminado con la expulsi? de la carrera de Garz?. Y eso no lo remedia ni aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condene al Reino de Espa?, como es previsible, por falta de imparcialidad de los jueces Varela y Marchena. Este ar?pice no falla.
http://politica.elpais.com/politica/2012/02/27/actualidad/1330370418_505583.htmlEL MAGISTRADO MARCHENA
El Magistrado del Tribunal Supremo (TS) Manuel Marchena era fiscal en las Islas Canarias, sin ning? relieve especial. El Fiscal General del Estado, nombrado por Felipe Gonz?ez, Eligio Hern?dez, se lo trajo consigo como hombre de confianza. Posteriormente, tras el nombramiento por el Gobierno de Aznar de Jes? Cardenal como Fiscal General del Estado, ?te lo incorpor?a su equipo de confianza. Aqu?comenzaron sus m?itos, hasta ese momento inexistentes, sobre todo en la permanente obstaculizaci? de las iniciativas de la Fiscal? Anticorrupci?. As?lleg?a ser fiscal de confianza del PP, que luego, a?s mas tarde, a trav? de sus representantes en el CGPJ lo promocionaron en 2007 al TS.
En su actividad profesional forma parte del n?leo duro de la derecha en la Sala Segunda. Lo que se corresponde con sus actividades extrajudiciales. Desde hace a?s es miembro del Jurado del Premio La Ley que otorga el Grupo Editorial Wolters Kluver que preside el ex ministro de Aznar Jose Mar? Michavila. Habiendo compartido el Jurado con su excompa?ro Adolfo Prego. En 2008, ya magistrado del TS, comparte el Jurado con Luis Rodr?uez Ramos (defensor de G?tel), el Director de comunicaci? del Grupo Santander Jos?Manuel Cendoya Mendez de Vigo y el citado Prego.
En los jurados de los Premios de 2010, 2011 y 2012, comparte tambi? Jurado con los anteriores, estando ya en marcha los procesos contra el juez Garz?. En 2007, 2008 y 2009 particip?en los Foros de las Evidencias Electr?icas que preside el despacho de abogados Garrigues Walker. Consta el patrocinio de Ancert, Cybex, El Derecho, Inform?ica El Corte Ingl?, Postal Trust, Secuware, Symantec y T-Systems. En alguno de estos Foros participa el conocido magistrado conservador Enrique L?ez que el PP pretende aupar al Tribunal Constitucional.
En marzo de 2009, interviene en la apertura del encuentro sobre la ?Responsabilidad de las personas jur?icas? que organiza el Instituto de Fomento Empresarial.
Tambi? figura como docente en la Schola Iuris -curso 2010-2011-, abiertos ya los procesos contra Garz?, escuela en la que participan con el letrados defensores de imputados de G?tel como Carlos Bueren, Florentino Ort?y Luis Rodr?uez Ramos.
Sin duda, es un magistrado que sabe de patrocinios.
http://lamentable.org/el-magistrado-marchena/EL JUEZ MARCHENA, QUE BUSCA CONDENAR A GARZ?, LIBR?AL MINISTRO 'AZNARISTA' JOSEP PIQU?DE SER JUZGADO
El periodista Mart?G?ez en la SER le describe como un magistrado ?muy conservador? y ?sin ning? prestigio?
En el programa A vivir que son dos d?s, Mart?G?ez recuerda que fue Marchena quien en su d? salv?al ministro aznarista Josep Piqu?de ser juzgado como una de los responsables de que ?Ercros , una de las empresas ligadas a De la Rosa, se liquidara despu? de volatizarse 20.000 millones de pesetas?.
Muy conservador
Mart?G?ez califica a Marchena de juez ?muy conservador?, y recuerda que fue nombrado ?por el ultraconservador fiscal general del Estado Jes? Cardenal, fiscal jefe de secretaria de la Fiscal? General?.
Marchena evit?que se juzgara a Piqu?br> ?En aquella ?oca, Carlos Jim?ez Villarejo present?por indicios racionales de criminalidad una querella contra el ministro Josep Piqu? Los 15 fiscales de sala fueron rotundos, que se deb? procesar a Piqu?y el hombre que, supongo siguiendo las ?denes de Cardenal [fiscal general del Estado], elev?un dictamen diciendo que no se pod? procesar fue precisamente Marchena. El fiscal que llev? aquel caso, Bartolom?Vargas, que defend? delante de todo el leno fiscal la necesidad de interrogar a Pique fue degradado ?.
El desprestigio de Marchena
Mart?G?ez afirma que cuando Cardenal ?cay? el juez Marchena tambi? ?cay? bastante?, y tanto fue ?su desprestigio que es el ?ico fiscal jefe que no se le hizo despu? fiscal de sala?. En su opini?, Marchena ?ha llegado a magistrado del Tribunal Supremo por esa cosa absurda que todo el mundo dice de ser conocido como jurista de reconocido prestigio, un prestigio que no se le reconoce por ninguna parte?.
Marchena quiere juzgar a Garz? por los cursos en Nueva York
Este viernes, se ha conocido el auto del juez Marchena sobre la causa contra Garz? por los cursos en Estados Unidos. El magistrado del Supremo le acusa de obtener de importantes empresas y bancos espa?les fondos para patrocinar una serie de conferencias que dirigi?durante su estancia en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006. Garz? podr? tener que sentarse en el banquillo por esta causa.
http://www.elplural.com/2012/01/28/el-juez-marchena-que-busca-condenar-a-garzon-libro-al-ministro-aznarista-josep-pique-de-ser-juzgadoEL JUEZ ARCHIVA POR PRESCRIPCI? LA CAUSA DE GARZ? POR LOS CURSOS DE NUEVA YORK
El fiscal consideraba que los hechos no eran constitutivos del delito de cohecho pasivo impropio
El juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha decidido archivar por prescripci? (rebasar el plazo que ten? el Estado para perseguir el delito) la causa que segu? contra Baltasar Garz? por los patrocinios de unos cursos en la Universidad de Nueva York. El instructor arrastra la honorabilidad del ya exjuez, al considerar acreditado que este reclam?dinero a diversas empresas espa?las, en atenci? a que era el magistrado m? famoso de Espa?, para patrocinar una serie de conferencias en Nueva York, pero no le deja defenderse porque archiva la causa al considerar que ese delito ya no se puede perseguir.
Se cierra as?el tercero de los procesos que el Supremo abri?contra Garz?, que la semana pasada fue expulsado de la carrera judicial al ser condenado por prevaricaci? (dictar a sabiendas resoluci? injusta) por haber ordenado las escuchas en prisi? de los acusados de la trama corrupta G?tel, que afecta al PP, con sus abogados. Adem?, est?pendiente de sentencia el caso abierto por haberse declarado competente para investigar los cr?enes del franquismo.
El pasado 27 de enero, Marchena desech?que Garz? hubiera cometido prevaricaci? en relaci? con resoluciones relativas a los patrocinadores de los cursos de Nueva York, es decir, que todas sus resoluciones sobre el Banco Santander fueron ajustadas a derecho, pero concentr?su inculpaci? en un delito de cohecho impropio (recibir regalos o fondos por raz? del cargo que se ocupa).
Garz? decidi?que no val? la pena recurrir en reforma al mismo juez al que ha recusado en varias ocasiones por falta de imparcialidad y elev?un recurso directo de apelaci? a la Sala. En ?, tras manifestar su inocencia, precisaba que Marchena hab? actuado con notable falta de competencia de acuerdo con la Ley Org?ica del Poder Judicial (lo mismo que se achacaba a Garz? por el caso de los cr?enes del franquismo), que con cierta incongruencia el juez hab? denegado la comparecencia de testigos cuyos datos utilizaba para inculparle y que, en todo caso, el asunto deb? ser considerado prescrito porque la presentaci? de la querella se realiz?m? de tres a?s despu? de celebrado el ?timo de los cursos de Nueva York.
El fiscal Fidel Cadena, que s?recurri?en reforma, y ha mantenido en todo momento que Garz? no cometi?delito alguno, consider?que tampoco hab? delito de cohecho impropio, pero en el caso de que el juez as?lo creyera, el caso estar? prescrito. Sin embargo, el fiscal critic?duramente el auto de Marchena por entender que el delito apreciado va ?contra el resultado apreciable de una valoraci? l?ica?, que ?debe ser arm?ica, no caprichosa?, y que ?no puede soportarse en la especulaci??, como hizo el juez del Supremo.
Porque Marchena, aunque no son los hechos probados de una sentencia, da por acreditado que Garz? cometi?un delito de cohecho impropio del art?ulo 426 del C?igo Penal, del que tras el archivo ya no puede defenderse.
?El querellado?, dice Marchena en su auto, ?contact?con responsables de distintas empresas espa?las reclamando ayuda econ?ica para la celebraci? de cursos en los que ? aparec? como director. Todas ten?n en com? ?BSCH, BBVA, Telef?ica y Cepsa? el haber sido objeto de investigaci? por hechos imputados a sus directivos en el propio juzgado del que era titular el acusado o en otros de la Audiencia Nacional?. Cita tambi? a Endesa y agrega que reclam?2,59 millones de d?ares, aunque obtuvo para la universidad que le pagaba sus gastos 1.237.000 d?ares. Marchena pas?por alto todos los testimonios y certificaciones que no eran ?iles para sus tesis y desech?por ejemplo que todos los testigos afirmaron que ninguna de las cantidades aportadas como patrocinio de los cursos iban a servir para pagar el sueldo de Garz? que ya estaba estipulado como ?senior fellow? (profesor distinguido) y como tal fue titular de la c?edra de Civilizaci? y Cultura Hisp?icas del King Juan Carlos I Spain Center. Por ello cobr?160.133 d?ares brutos desde marzo de 2005 hasta junio de 2006. Pero, como expuso su letrado, Enrique Molina, Garz? no obtuvo, ni administr? ni percibi? suma alguna, ni en efectivo ni en especie, por su intervenci? en los eventos, proyectos complejos, publicaciones y docencia, al margen de los honorarios fijos y mensuales pactados, con la Universidad de Nueva York, como han acreditado las certificaciones y el extracto de su cuenta en el Citibank.
De modo que el archivo del proceso por parte de Marchena supone un moderado alivio para Garz?, en el sentido de que por este asunto no ser?condenado, pero al mismo tiempo el archivo le impide limpiar su imagen p?lica y le queda el bald? de la sospecha de corrupci? que deja el instructor de que cometi?el mismo delito de cohecho impropio que aquel del que fue absuelto por un jurado popular el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps por el asunto de los trajes.
Todas las pruebas eran impertinentes
El 12 de junio de 2009, los acusadores presentaron una querella contra Garz? por prevaricaci?, estafa y cohecho. Ya en junio de 2008 hab?n presentado una querella similar que fue archivada por la Sala Segunda en febrero de 2008 por no ser los hechos constitutivos de delito.
Sin embargo, y a pesar de ser m? de lo mismo, el tribunal estim?que pod? haber nuevos datos y dio tr?ite a la causa. La instrucci?, a cargo del magistrado Manuel Marchena, fue una sistem?ica denegaci? de todas las pruebas de descargo propuestas por la defensa de Garz?. Marchena imputaba a la Universidad de Nueva York falsear datos referidos a los cobros de Garz?. Adem?, ped? datos sobre testigos a la polic?, pero luego declaraba su testimonio impertinente. Algo incomprensible, puesto que eran las personas que ordenaron el pago de la n?ina de Garz? o autorizaron el pago de sus gastos o negociaron con el Santander y otras empresas el patrocinio de los cursos y, en definitiva, coordinaron la organizaci?, financiaci? y destino de los recursos obtenidos.
La acusaci? popular solicitaba penas de hasta cinco a?s de prisi? y 30 de inhabilitaci? para el ya exjuez, pero finalmente el caso se ha archivado.
http://politica.elpais.com/politica/2012/02/13/actualidad/1329132282_892204.html"VARELA NO INVESTIG?LA OPERACI? N?ORA Y MARCHENA ES UN IGNORANTE"
El exfiscal Jim?ez Villarejo censura con dureza a dos jueces que condenaron a Garz?
El exfiscal anticorrupci? Carlos Jim?ez Villarejo arremeti?anoche con dureza contra Luciano Varela y Manuel Marchena, dos de los jueces del Tribunal Supremo que condenaron a Baltasar Garz? a 11 a?s de inhabilitaci? por las escuchas de la trama G?tel. Del primero, Villarejo record?que cuando estaba destinado en Galicia, hace m? de 20 a?s, recibi?la visita de un grupo de madres para denunciar las conexiones del narcotr?ico en las r?s. "Varela no hizo nada. Las madres se fueron a ver luego a Garz?, en la Audiencia Nacional, le explicaron lo mismo y eso desemboc?en la Operaci? N?ora", record?el exfiscal.
Aqu? fue el golpe m? duro que hasta entonces se hab? dado al narcotr?ico en Espa?. Garz? atac?el coraz? de los capos de la droga en Galicia, registr? sus pazos e incaut?sus propiedades, una actuaci? ins?ita hasta entonces en la judicatura espa?la y que posteriormente siguieron otros jueces. "Es solo un ejemplo de la actuaci? de Varela como juez, pero se pod?n poner m?", dijo Villarejo, en una cena coloquio celebrada en Barcelona convocada por el lobby de opini? Uno de los nuestros.
Varela, perteneciente a la asociaci? Jueces para la Democracia, fue el instructor de la causa contra Garz? por los cr?enes del franquismo que est? pendiente de sentencia. Su actuaci? como instructor fue muy criticada desde varios sectores judiciales porque en alguna ocasi? enmend?los escritos de la acusaci? particular, ejercida por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, para poder mantener la causa. Al mismo tiempo, Varela form?parte del tribunal que conden?a Garz? por las escuchas de la G?tel, algo que jam? deber? haber sucedido, dijo Villarejo, porque su enemistad con el juez de la Audiencia Nacional era manifiesta.
El magistrado Manuel Marchena tambi? forma parte de ese mismo tribunal que conden?a Garz? y es el instructor de la causa por el cobro de los cursos de Nueva York. Justamente ayer, despu? de dos a?s de investigaci? y con Garz? ya condenado por las escuchas de la G?tel, Marchena dict?un auto archivando la causa por prescripci?. "Marchena es un perfecto ignorante y tiene una absoluta mala fe", dijo Jim?ez Villarejo, despu? de recordar que el fiscal hab? invocado reiteradamente la prescripci? de la causa y no se le hizo caso. Durante este tiempo, dijo Villarejo, "Marchena ha interrogado e investigado de manera humillante el patrimonio de Garz? y su familia para acabar concluyendo que el supuesto delito est?prescrito, lo que ya se sab? desde el principio", apostill?el exfiscal anticorrupci?.
En su opini?, el Tribunal Supremo espa?l es "un ejemplo de la mala fe que vulnera las leyes fundamentales del Estado", porque Garz? ha sufrido una "persecuci? sistem?ica y perfectamente orquestada" desde ese tribunal. "Ha sido planificada y calculada al mil?etro", dijo Jim?ez Villarejo, despu? de recordar c?o se alter?el calendario l?ico de los juicios para poder celebrar primero el caso de las escuchas de la G?tel a pesar de que la instrucci? de los cr?enes del franquismo estaba concluida mucho antes.
http://politica.elpais.com/politica/2012/02/14/actualidad/1329216644_112855.htmlEL EJEMPLAR VOTO DE MARCHENA DEJA EN EVIDENCIA AL SUPREMO POR LA SEGUNDA SENTENCIA DEL CASO BONO
La sentencia del Supremo contra la emitida por el Tribunal de Madrid en el caso Bono reduce la causa a un problema en el ejercicio de la burocracia. Adem?, deja dos votos particulares ?el concurrente de Bacigalupo y el discrepante de Marchena? que merecen un an?isis detenido. La argumentaci? de Marchena, ampliamente documentada, resulta demoledora para la sentencia. Pero cobra a? m? inter? si se compara con la opini? de Bacigalupo, un mero ?fasis del fallo con algunos elementos que definen su pol?ica trayectoria.
Este jueves se public?la segunda sentencia sobre el caso Bono, la emitida por el Tribunal Supremo y que absuelve a los condenados por el Tribunal madrile? y rechaza la existencia de los delitos de detenci? ilegal y falsedad documental. Los polic?s quedan absueltos pero, ?hubo agresi? al entonces ministro Bono? ?La detenci? de los dos militantes del PP fue legal? ?Fue limpio el proceso de redacci? de los atestados? Para los magistrados del Supremo no importa si hubo o no agresi? porque el intento s?existi?y la actuaci? policial fue correcta. Adem? entienden que ni hubo falsificaci? en los atestados ni coacci? alguna en el relevo de los inspectores que no conven?n. Tan solo eran cuestiones burocr?icas y organizativas.
Pero como en toda sentencia, el inter? se centra en los votos particulares. Hay dos: uno discrepante emitido por el magistrado Marchena y otro por el magistrado Enrique Bacigalupo. En el caso que nos ocupa, la mejor lecci? ?y cierto desasosiego? se obtiene al compararlos.
El de Enrique Bacigalupo Zapater ocupa cuatro folios y medio. Su argumentaci?, lejos de ser una aportaci? personal a la sentencia con la que concurre llega a alejarse de sus fundamentos y plantea razones como que "el intento de agresi? est?probado", lo califica de "tentativa de atentado que justifica la acci? policial". Tan riguroso como de costumbre, Bacigalupo dice que "en el v?eo y en las fotos aparecen [los militantes detenidos] formando parte del grupo que se ve intentando agredir al ministro".
Los delitos de falsedad documental y coacci? proced?n de las irregularidades en la confecci? del atestado en el que se a?dieron testimonios, se rehicieron otros o se ocult?al juez la destituci? de uno de los inspectores. Para el tribunal todo ello es fruto de la burocracia. Para demostrar que tampoco se observan esos delitos, el magistrado Bacigalupo no duda en decir que no hay coacci? ni amenazas en la destituci? del inspector al que se le dijo que si no hab? detenciones "vamos a tener problemas" porque "el superior no emple? violencia sobre el subordinado al reemplazarlo". Adem?, a?de Bacigalupo, "la expresi? vamos a tener problemas no implica amenazas". En cuanto a las irregularidades en las fechas, el hispanoargentino se limita a decir que "son inocuas".
El voto particular discrepante, emitido por Manuel Marchena G?ez, ocupa algo m? de 21 folios y desbroza de forma comparada los hechos acaecidos. Llega a provocar bochorno comprobar c?o el magistrado se apoya en la jurisprudencia y en los propios fundamentos del derecho para llegar exactamente a la postura contraria del tribunal.
Para Marchena, que considera que s?hubo detenci? ilegal, falsedad documental y coacci?, "toda medida cautelar privativa de libertad (?) impone de forma ineludible la ponderaci? del riesgo de fuga. Si prescindimos de su exigencia o relativizamos su significaci?, corremos el riesgo de avalar injerencias injustificadas de los poderes p?licos en la libertad de cualquier ciudadano".
En opini? del magistrado, "ni siquiera se dio por probada la existencia de una agresi? f?ica" al entonces ministro Jos?Bono. Sin embargo, no se detiene en esa premisa y observa que ni en el caso contrario se encuentra una explicaci? a la sentencia:
"? aun aceptando la veracidad de la versi? del Ministro acerca de la existencia de agresiones reales sobre su persona ?como as?hizo el acusado Rodolfo Ru? Mart?ez cuando afirm? seg? el factum, ?...que si el ministro dice que le han pegado, le han pegado y eso no se cuestiona?-, el canon constitucional para la privaci? de libertad de dos ciudadanos sigue siendo inderogable".
Hasta 14 testimonios policiales se recabaron y en ninguno se hall?la prueba de la agresi?. Menos a? que se pudiera hallar la participaci? de los detenidos. Mientras Bacigalupo ni se ruboriza al decir que quedaba claro que "pertenec?n al grupo", Marchena deduce que no existe "elemento de juicio alguno que permitiera individualizar la conducta de uno o varios protagonistas". En uno de los p?rafos m? significativos, el magistrado discrepante pinta la situaci? tal y como fue: el delegado del Gobierno, Constantino M?dez, se empe? en que habr? detenciones y lleg?a anunciarlas. Pero, como dice Marchena:
"Ni la voluntad institucional favorable a la pr?tica de las detenciones ni, por supuesto, la militancia pol?ica de una persona, pueden integrar el tantas veces comentado presupuesto legitimante de la privaci? de libertad. Tampoco el simple hecho de estar all? en el lugar del incidente, puede ser reputado suficiente a tales fines".
Son muchas las alarmas que despierta en el magistrado la sentencia absolutoria. En cuanto a las detenciones lamenta que, a la luz de la sentencia, "la detenci? policial est?sometida a menos presupuestos de justificaci? que la detenci? acordada en el seno de un procedimiento judicial". Y tambi? que "todo sospechoso de un hecho punible, por el solo hecho de serlo, puede ser leg?imamente privado de libertad por los agentes de polic?".
Estaba acordado detenerlos aunque comparecieran voluntariamente
Lamenta tambi? Marchena que habi?dose ofrecido voluntariamente a declarar, los militantes fueran detenidos porque as?se hab? decidido. "Pese a todo ?explica?, el acusado Javier Fern?dez G?ez, actuando por orden del comisario Rodolfo Ruiz Mart?ez y aun const?doles a ambos la inminente presencia voluntaria de esas dos personas, indic?al instructor del atestado ?... que cuando aqu?los llegaran les detuviera y leyera sus derechos?. La ulterior privaci? de libertad sufrida por dos ciudadanos, en ejecuci? de esa orden, colma las exigencias del tipo objetivo y subjetivo del delito de detenci? ilegal". No se puede decir con mayor claridad? o quiz?s? "Dicho de otra forma, todo detenido ha de ser previamente imputado, pero no todo imputado ha de ser necesariamente detenido".
Otro de los argumentos de la sentencia del Supremo es que los militantes del PP s?o estuvieron tres horas detenidos. Marchena no sale de su asombro: "la lesi? al bien jur?ico se produce con total independencia del tiempo durante el que se prolongue la p?dida de la capacidad ambulatoria. La detenci? o est? justificada o es ilegal". Pero para arropar su opini? con antecedentes, el magistrado discrepante recuerda que "esta misma Sala ha estimado que una detenci? de 1 hora y 15 minutos, ajena a los presupuestos que la habr?n justificado, integra el delito de detenci? ilegal".
Falsedad y coacci? de libro
En cuanto a la actuaci? de los mandos que sustituyeron a unos de los inspectores por negarse a practicar una detenci? ilegal y que la sentencia del Supremo reduce a un mero problema organizativo, Manuel Marchena es igual de tajante y respetuoso con la Ley: "?la sustituci? de los dos primeros instructores y secretarios y la decisi? de ocultar a la autoridad judicial esa circunstancia, fue algo m? que una mera decisi? burocr?ica relacionada con la distribuci? de trabajo en la Comisar?". Quiz?es aqu?cuando el magistrado escribe la frase m? dura de todas al rebelarse contra una sentencia que supone un precedente de impunidad: "No puedo suscribir tal entendimiento del delito falsario (?) nos conduce a una redefinici? del delito de falsedad en documento oficial y, lo que es m? peligroso, a la aceptaci? de la existencia de razones operativas que hacen leg?ima la ocultaci? al Juez de instrucci? de la identidad de potenciales testigos".
Entiende Marchena que un superior puede asumir la responsabilidad de que se practiquen las detenciones a las que se niega un subordinado, pero sin ocultar el hecho porque, explica, "si al Juez de instrucci? se le pone de manifiesto un ?ico criterio ?el favorable a las detenciones-, ocult?dosele la voz discrepante, le estaremos privando de elementos de juicio b?icos para conocer el verdadero alcance de los hechos". Y en el caso que nos ocupa, como dice el magistrado Manuel Marchena, "los acusados sustituyeron la identificaci? de los verdaderos instructores y secretarios por otra que no se correspond? con la realidad". Y eso es un delito tipificado en el C?igo Penal.
http://www.libertaddigital.com/nacional/el-ejemplar-voto-de-marchena-deja-en-evidencia-al-supremo-por-la-segunda-sentencia-del-caso-bono-1276309831/
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