Jueces genoveses : Enrique López es noticia

El consejero madrileño de Presidencia y secretario de Justicia en el PP no ve "extraño" que dos procesados como Bárcenas y el PP le utilizasen en 2017, cuando era juez de la misma institución que les investigaba, como vehículo para encontrarse. Admite que no informó al juez instruía el caso porque el contacto pertenecía a su "esfera privada"

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y secretario de Justicia del PP, Enrique López, ha comparecido este miércoles ante la comisión parlamentaria que investiga el operativo destinado a robar la documentación que pudiera tener el extesorero Luis Bárcenas, sobre la caja b o sus dirigentes, mediante el uso de fondos reservados.

Enrique López ha admitido que, en 2017, siendo magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, puso “en contacto” a un enviado de Bárcenas, el empresario Agustín de Diego, y el letrado del PP, Jesús Santos.

Sostiene que lo hizo porque mantiene una “relación de conocimiento” con ambos y que la interlocución fue solicitada por el empresario. Ha añadido que “nadie” le instó a que mediara entre ambos y asevera que no informó sobre el encuentro al juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que instruía entonces el caso de la caja b del PP porque se trataba de una operación de “ámbito privado” que a “nadie ni de nada” debía comunicar.

Pero el portavoz socialista, Felipe Sicilia, le ha recordado que, si el juez instructor hubiera sabido del encuentro, podría haber tomado medidas como citar a declarar al enviado de Bárcenas.

Enrique López ha añadido que no le parece “extraño” que dos procesados, como eran en aquellos momentos el PP y Bárcenas, le hubieran utilizado a él, en aquel momento un juez de la misma institución que les investigaba, como vehículo para encontrarse.

Un "interés oscuro" en la reunión

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, le ha recordado que si querían contactar, podían haberlo hecho a través de sus abogados como “tantas veces sucede” en distintos procedimientos, sin la necesidad de mediación de un juez. Si optaron por esta vía, ha subrayado Bal, todo apunta a un “interés más oscuro”.

Representantes como el socialista o Gabriel Rufián, de ERC, han repasado el currículum de López para evidenciar que “es un juez del PP”. En este sentido han rememorado que fue nombrado en 2001 vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular cuando hacía poco más de 10 años que había accedido a la carrera judicial, sin esperar a que transcurriese el periodo de 15 años de “reconocido prestigio” para el cargo.

Además, a partir de 2003 comenzó a colaborar con la fundación FAES del PP, donde impartió 68 cursos y conferencias por las que cobró más de 13.000 euros, y en 2013 fue designado magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy.

Ortiz se niega a colaborar

A López le ha seguido la comparecencia del exjefe de gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz, quien admitió como imputado ante el juez del caso Kitchen que la exsecretaria general se reunió en más ocasiones de las que reconoció con el comisario Villarejo.

En la comisión parlamentaria, Ortiz optó por guardar silencio y remitirse “al auto judicial” o a su “declaración ante el juez” ante cada pregunta formulada por los parlamentarios, quienes le han reprochado la “tomadura de pelo” de su comparecencia, cuando no su “vergonzosa” actitud o “mofa” de la soberanía popular.

Fechas para Cospedal y Rajoy

Después de las comparecencias de este miércoles a la comisión parlamentaria Kitchen le quedan tres sesiones. La que se celebrará a partir de las 18:00 horas de este jueves con el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz como compareciente; el jueves 9 de diciembre a partir de las 11 de la mañana con María Dolores de Cospedal; para cerrar con el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el lunes 13 de diciembre a partir de las 16:00 horas.

https://cadenaser.com/programa/2021/12/02/hoy_por_hoy/1638425398_870606.html

RUFIÁN ACUSA A ENRIQUE LÓPEZ DE MENTIR A LA COMISIÓN KITCHEN Y AMENAZA CON EMPRENDER "ACCIONES" CONTRA ÉL

Rufián somete al consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid a un tenso interrogatorio

López dice que puso en contacto al enlace de Bárcenas con un abogado del PP en 2016, pero dice que no medió entre ellos

Mariano Rajoy cerrará las comparecencias el lunes 13 a las cuatro de la tarde

La comisión Kitchen del Congreso entre en la recta final con el desfile de los representantes políticos que culminará con la comparecencia del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el lunes 13 a las cuatro de la tarde. Los diputados que la componen han interrogado este miércoles a Enrique López, actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y también responsable de los temas judiciales del PP. Y como es habitual la tensión se ha elevado en el turno de Gabriel Rufián que ha intentado poner contra las cuerdas al consejero.

López ha sido citado en el Congreso para explicar un episodio de 2016 cuando era juez de la Audiencia Nacional y puso en contacto al empresario Agustín De Diego, enlace del extesorero del partido Luis Bárcenas, y al abogado que representaba al PP, Jesús Santos. Todas las preguntas han ido dirigidas a aclarar esa cita y todas las respuestas de López han sido para negar que hiciese de intermediario.

El consejero madrileño ha repetido una y otra vez que únicamente se limitó a poner en contacto a dos personas conocidas de su ámbito privado, con las que "tenía confianza" que le pidieron conocerse. "Nada más. Eso no es mediar ni intermediar", ha insistido repetidamente. "No tengo que dar cuenta a nadie ni a nada", ha enfatizado para señalar que nunca se interesó más tarde por si esa presentación tuvo consecuencias.

"Pertenece a mi vida privada", ha asegurado López. Fue De Diego quien tomó la iniciativa de pedirle el contacto del abogado. Pero a partir de ahí no ha querido dar más detalles de esa presentación. Para el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, ese papel del actual consejero de Justicia no fue "ético" ni "normal" teniendo en cuenta que en aquel momento era magistrado de la Audiencia Nacional.

El tenso interrogatorio de Rufián

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en un interrogatorio muy tenso e incisivo, le ha recriminado en varias ocasiones que López era "un juez del PP" y que respondiese a sus preguntas porque no estaba ni en Twitter ni en un jugado". Ante la insistencia del republicano para saber el motivo por el que les puso en contacto, el compareciente primero ha sostenido que "no tenía ni idea" de porqué esas dos personas se querían conocer. Aunque en otro momento ha admitido que "podía presumir" para qué aunque le era "indiferente".

"Está claro que querían hablar entre ellos de asuntos que les relacionaban", ha aseverado. "No quise saber más", ha añadido a pesar de que Rufián le ha recordado que por aquel entonces ya se sabían las actividades de Bárcenas. Rufián ha tirado de ironía para preguntarle si en esa conversación De Diego y Santos hablaron de "Masterchef, del real Madrid o del tiempo".

Ante las evasivas de López, el republicano le ha acusado de mentir "flagrantemente" a la comisión y ha anunciado que su grupo emprendería las "acciones necesarias" para que no quede impune.

El interrogatorio de Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, también ha discurrido en el mismo sentido. Para Bal es "difícil creer" que no fuese un "intermediador". "Es raro", ha subrayado el dirigente naranja. A lo que López ha vuelto a contestar que es "normal" que pusiese en contacto a dos personas de su círculo para que "hablasen de lo que les de la gana". Las razones "las puedo presumir, pero no me interesan", ha concluido.

https://www.niusdiario.es/nacional/politica/rufian-acusa-enrique-lopez-mentir-comision-kitchen-congreso-amenza-con-emprender-acciones_18_3243723610.html

LA ‘COMISIÓN KITCHEN’ EVIDENCIA LA RELACIÓN HISTÓRICA DEL JUEZ ENRIQUE LÓPEZ CON EL PP

El consejero madrileño de Ayuso puso en contacto a un empresario amigo de Bárcenas con el abogado de ese partido en su causa

¿Amigos o conocidos? ¿Mediación interesada o contacto casual? La sesión de este miércoles de la comisión parlamentaria de investigación de la Operación Kitchen, sobre un trama ilegal montada desde el Ministerio del Interior del Gobierno del PP para tapar escándalos de ese partido, se centró en la práctica durante varias horas en intentar averiguar por qué el entonces juez de la Audiencia Nacional, Enrique López, y hoy relevante político popular en la Comunidad de Madrid, presentó a un empresario amigo suyo y de Luis Bárcenas al abogado que llevaba su causa en ese partido. No hubo ocasión pese a que la pregunta se formuló una veintena de veces en distintos formatos. No se logró esclarecer la razón de ese encuentro o de esa mediación producida en 2016 del ahora consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la popular Isabel Díaz Ayuso cuando la causa Bárcenas llevaba ya varios años abierta y el extesorero nacional del PP estaba imputado, pero libre, a la espera de juicio.

Enrique López compareció en la comisión de investigación del Congreso y fue cuestionado con dureza por varios portavoces. Luego reconoció que se sintió bastante incómodo y esa fue la sensación que transmitió en la sala. Especialmente durante el interrogatorio al que le sometió el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que llegó a amenazarlo con emprender acciones legales basándose en el artículo 500.3 del Código Penal, que obliga a no mentir en este tipo de comisiones.

Felipe Sicilia, portavoz del PSOE, fue el que más incidió en intentar saber por qué un juez en ejercicio entonces al frente de la sección II de la Audiencia Nacional como Enrique López, con buenas conexiones con el PP y cargos judiciales propuestos por ese partido desde hace 20 años, “puso en contacto” a su amigo el empresario Jesús de Diego con el abogado Jesús Santos, que llevaba la defensa del partido en la causa sobre Bárcenas.

El dirigente socialista no consiguió aclarar esa incógnita pese a su insistencia, pero sí evidenció como hicieron otros portavoces la proximidad y buena relación histórica de López con el PP. El ahora político madrileño entró en la carrera judicial en 1989 y empezó a acumular cargos y nombramientos a propuesta del PP desde 2001, primero en el Consejo General del Poder Judicial y luego en el Tribunal Constitucional.

Sicilia pretendía mostrar que López debía ser en aquel momento del contacto “un testigo privilegiado” por su conocimiento de la causa de la Gürtel en la Audiencia Nacional (fue recusado por falta de apariencia de imparcialidad en cinco piezas separadas de ese proceso), por su acceso a compañeros jueces de ese organismo y por su cercanía al PP. López lo negó todo, y aunque aceptó que tiene ideología, enfatizó que esta jamás le ha determinado ninguna decisión judicial.

El consejero madrileño justificó su actuación de 2016 en que los dos contactados “pertenecían” a su “círculo de conocidos de relación personal” y de su “ámbito privado”, pero “no amigos íntimos”. López precisó que fue el empresario el que pidió la cita, pero añadió que nunca le requirió para qué. “Lo podía presumir, pero al revés y siempre le puse de manifiesto que no quería saber nada”, añadió. A Rufián le matizó que no se consideraba “un intermediador”. El portavoz de Ciudadanos, el abogado del Estado Edmundo Bal, lo intentó con la táctica de subrayar “lo raro y extraño” de que dos personas cercanas a una causa judicial y con sus respectivos abogados recurrieran a López para ser presentados. No tuvo efectos.

El exjefe de gabinete de María Dolores de Cospedal, José Luis Ortiz Grande, se negó a colaborar con la comisión y no contestó a nada porque argumentó que ya declaró en sede judicial. Los portavoces de casi todos los partidos menos el del PP, Luis Santamaría, acusaron a Ortiz Grande de “mofarse” de la comisión y de la representación en la sede parlamentaria por escudarse detrás de sus intervenciones ante el juez que lleva la causa en la Audiencia Nacional.

https://elpais.com/espana/2021-12-01/la-comision-kitchen-evidencia-la-relacion-historica-del-juez-enrique-lopez-con-el-pp.html

ENRIQUE LÓPEZ RECHAZA HABLAR DE SU REUNIÓN CON EL ABOGADO DEL PP Y UN AMIGO DE BÁRCENAS POR SER "PRIVADO"

El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y juez en excedencia de la Audiencia Nacional comparece ante la comisión del Congreso que investiga el caso Kitchen. Asegura que un amigo de Bárcenas y el abogado Santos eran ambos de su "conocimiento" y que se limitó a presentarles, negándose a dar detalles del encuentro

El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, se ha negado a dar detalles en el Congreso de la reunión que organizó entre el abogado que trabaja para el PP, Jesús Santos, y un amigo de Bárcenas por pertenecer a su "ámbito privado". López era magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando se produjo ese encuentro, en plena instrucción del caso Gürtel, que versa sobre la corrupción vinculada al Partido Popular.

A preguntas del Grupo Socialista, López ha dicho que tanto Agustín de Diego, amigo de Bárcenas, como Jesús Santos, el abogado del PP, pertenecen a su "círculo de conocimiento". Enrique López, actual miembro de la dirección del PP, ha dicho ante la comisión de investigación del caso Kitchen que se limitó a presentarles y que en ningún caso medió en nada. "Le ruego que no utilice mediar o no no mediar porque eso es para resolver un conflicto entre ellos", ha dicho al portavoz socialista, Felipe Sicilia.

El único aspecto que ha precisado López ha sido que la reunión se produjo a petición de Agustín de Diego. En encuentros posteriores con éste, López ha dicho que nunca volvieron a hablar del asunto. "Únicamente les presenté. La forma y demás pertenece a mi vida privada", ha añadido.

El portavoz del PSOE le ha preguntado si informó a su compañero de la Audiencia Nacional, José de la Mata, instructor de los casos Gürtel y caja B, de dicho encuentro. "No tenía obligación de informar a nadie de lo que hago en mi vida privada y que no tiene importancia desde el punto de vista jurisdiccional", ha dicho el consejero de Justicia del Gobierno de Ayuso. El amigo de Bárcenas y el abogado del PP, tras el encuentro organizado por López, se vieron en doce ocasiones más.

https://www.eldiario.es/politica/enrique-lopez-rechaza-hablar-reunion-abogado-pp-amigo-barcenas-privado_1_8543937.html

LA METAMORFOSIS DE ENRIQUE LÓPEZ: DE DEFENDER COMO MIEMBRO DEL CGPJ NO TOCAR LA LEY A JUSTIFICAR SU INCUMPLIMIENTO

El responsable de Justicia del PP y consejero madrileño defiende a capa y espada el bloqueo si antes no se reforma la ley vigente y se cambia el sistema de elección del Consejo para que sean jueces y no el Parlamento los que elijan a 12 de los 20 vocales

En 2004, cuando era portavoz del CGPJ, López calificó de "intempestiva intromisión" y de "cambio de reglas sobrevenido" que el Gobierno de Zapatero reformara esa misma ley para que el Consejo solo pudiera nombrar jueces del Supremo y de los TSJ por mayoría reforzada y no simple como hasta entonces

Las declaraciones de Enrique López sobre cómo "la inmensa mayoría" de los jueces pide al PP que siga "luchando por el cambio de modelo de elección del CGPJ" han colocado al responsable de Justicia de la formación conservadora en primer plano. Según López, el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato expiró hace ya más de 1.000 días, "lo impone el Gobierno por no aceptar nuestra reforma" de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Pero las palabras del también consejero de Presidencia de Madrid, que han levantado una auténtica polvareda en las cuatro asociaciones de jueces, van en dirección opuesta a las que él mismo remachó a finales de 2004. Entonces, como vocal del CGPJ y portavoz del órgano de gobierno de la judicatura, se opuso con uñas y dientes a la reforma de la LOPJ en tanto no se hubiese elegido un nuevo Consejo. López secundó el ataque del PP contra el Ejecutivo socialista bajo el argumento de que la ley del Poder Judicial era intocable aun cuando el CGPJ tenía aún por delante dos años de mandato. Ahora, condiciona el cumplimiento de lo establecido –la renovación inmediata del órgano de gobierno de los jueces una vez expirado su mandato– a que como paso previo esa misma ley del Poder Judicial se modifique. Y que esa modificación conduzca a que sean exclusivamente los jueces y no el Parlamento los que decidan quiénes han de ocupar en el CGPJ las vocalías reservadas a miembros de la judicatura: 12 de las 20 que, junto con el presidente, conforman el pleno del Consejo.

Con el objetivo de "reforzar la independencia judicial" e impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la aprobación de la reforma del LOPJ de 2004 obligó al Consejo a nombrar en lo sucesivo a los magistrados del Supremo, al presidente de la Audiencia Nacional y a los de los tribunales autonómicos (TSJ) con mayoría de tres quintos y no simple como hasta entonces.

En línea con el contenido de un informe del CGPJ, también en aquel momento bajo dominio de los vocales elegidos a propuesta del PP, López calificó la reforma de la LOPJ como una "intempestiva intromisión" del Gobierno en la independencia del CGPJ. ¿Por qué? Porque –así lo afirmó– la exigencia de mayoría reforzada implicaba un "cambio de reglas" sobrevenido. Y añadió más: "Eso en democracia es muy grave". Lanzado el 9 de diciembre de 2004, el mismo día en que la reforma salió aprobada con el voto de todos los grupos del Congreso salvo el PP, su mensaje fue inequívoco: "Si se quieren cambiar las reglas del juego, que se cambien cuando comienza otro partido, esto es, cuando haya un nuevo Consejo General del Poder Judicial".

La ofensiva contra la reforma que forzaba a buscar acuerdos entre las distintas corrientes del CGPJ a la hora de designar la cúpula de la judicatura no se quedó en un simple informe ni en declaraciones como las referidas. El mismo día en que el Congreso dio vía libre definitiva al nuevo artículo 630 de la LOPJ, el de los tres quintos para los nombramientos ya enumerados, el PP disparó un aviso. Su entonces portavoz de Justicia en la Cámara Baja, Ignacio Astarloa, dijo lo que el Diario de Sesiones confirma [puedes leerlo pinchando aquí]: "Ninguna renovación —escuchen, señorías— del Consejo contará con la voluntad del Grupo Popular hasta tanto no se vuelva a asegurar que la voluntad mayoritaria del cuerpo electoral compuesto por jueces y magistrados es respetada de forma efectiva, sin interferencias de ingeniería del poder político". Dos años más tarde, una vez caducado el mandato del CGPJ, el PP bloqueó su renovación durante dos años, entre noviembre de 2006 y septiembre de 2008. Ahora, el cerrojazo del PP ya lleva camino de cumplir los tres años.

A medida que ha ido creciendo la polémica por la negativa a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, uno de los más poderosos de la UE, el líder del PP ha remarcado una idea: la de que "da igual" lo que su partido hubiese hecho "antes". "Cuando estemos en el Gobierno serán los jueces los que elijan a los jueces", promete Pablo Casado. ¿Ha desaparecido el vínculo del actual PP con el "antes" del que se despega Casado? La pregunta se mantiene abierta. Pero quien en 2004 se sentaba en el CGPJ como vocal independiente y ejercía la portavocía del organismo es Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y responsable del área de Justicia del PP nacional. La importancia de su papel en la guerra política por el bloqueo a la renovación del CGPJ ha ido creciendo. Fue López quien en octubre definió como contraria "al espíritu constitucional" la finalmente fallida y criticada por la UE propuesta de reforma de PSOE y Unidas Podemos para rebajar los votos necesarios en la elección del CGPJ. La rebaja implicaba pasar de la mayoría parlamentaria cualificada (tres quintos) a la mayoría simple.

Siete años en el Consejo

El lunes, infoLibre envió a los portavoces de Enrique López tanto en la Comunidad de Madrid como en la ejecutiva nacional del PP preguntas que no han obtenido respuesta. Ni el partido ni el Ejecutivo regional han explicado por qué en 2004, una vez que el Gobierno reformó la LOPJ para modificar el sistema de elección de la cúpula judicial López consideró que se estaba produciendo una “intempestiva intromisión” al tratarse de un “cambio de reglas” sobrevenido y que esas reglas solo se podían cambiar una vez estuviese en funcionamiento un nuevo Consejo del Poder Judicial. La segunda pregunta inquiría sobre por qué le parece contraria al espíritu constitucional la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para rebajar a mayoría simple la mayoría cualificada necesaria para elegir a los vocales del CGPJ mientras que en 2004 se opuso a que el nombramiento de los puestos más altos de la magistratura exigiera en el Consejo el voto de tres quintos de sus miembros.

Juez en Castilla y León, Enrique López fue nombrado en noviembre de 2001 y ya durante el segundo Gobierno de José María Aznar, vocal del CGPJ a propuesta del PP. Hasta 2008 permaneció en el Consejo, donde desempeñó el puesto de portavoz. En 2008 se incorporó tras su cese como vocal del CGPJ a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y en junio de 2013 y ya con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, saltó al Tribunal Constitucional (TC).

Un año más tarde, fue detenido el 1 de junio de 2014 cuando circulaba en moto sin casco y con una tasa de alcoholemia superior al máximo legal. Aquello le hizo dimitir de inmediato como magistrado del TC. A las dos semanas de su dimisión, la comisión permanente del CGPJ, con Carlos Lesmes al frente, acordó su reingreso en la Audiencia Nacional, donde se incorporó de nuevo en la Sala de lo Penal. En las elecciones de 2019 y tras haber sido apartado como miembro del tribunal que debía juzgar el caso Gürtel porque su cercanía al PP podía afectar a la apariencia de imparcialidad.

El entonces magistrado en activo negó que hubiese razones para apartarle del mayor caso de corrupción vinculado al PP. Lo argumentó así: "Tales nombramientos, tanto el de vocal del CGPJ, como el del Tribunal Constitucional, en modo alguno generan en este magistrado especial interés alguno en el procedimiento y ello aunque el Partido Popular sea parte en este procedimiento". En agosto de 2019, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo incluyó en su Gobierno. Seis meses más tarde, Pablo Casado lo nombró en enero de 2020 nuevo secretario de Justicia de la ejecutiva del PP.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/09/15/la_metamorfosis_enrique_lopez_defender_como_miembro_del_cgpj_no_tocar_ley_justificar_incumplimiento_124444_1012.html

LOS JUECES SE REVUELVEN CONTRA ENRIQUE LÓPEZ POR UTILIZARLES COMO COARTADA PARA JUSTIFICAR EL BLOQUEO AL CGPJ

Asociaciones conservadoras y progresistas se unen para denunciar la maniobra del PP de hacer suya la reivindicación histórica de la carrera de elegir a los vocales judiciales

Las declaraciones del exjuez y responsable de Justicia del partido conservador son el "detonante" para que los cuatro colectivos salgan a denunciar la utilización del debate sobre el CGPJ con "fines partidistas"

No es muy habitual que las cuatro asociaciones de jueces se unan para hacer la misma reivindicación, sobre todo porque cada una tiene distintas sensibilidades y no siempre coinciden sus puntos de vista. Pero Enrique López, el responsable de Justicia del Partido Popular, ha conseguido unirlas a todas este lunes, ya sean las más conservadoras como las progresistas, en un mismo comunicado para recriminar que el partido conservador se adueñe de una reinvindicación histórica de estos colectivos para el cambio de modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que esa demanda se utilice con fines puramente partidistas.

Las asociaciones de jueces no han tardado mucho en ponerse de acuerdo y redactar un texto de denuncia que, aunque no cita específicamente a Enrique López, la interpretación lleva de forma inevitable a las declaraciones que sólo un día antes había pronunciado en una entrevista al diario La Razón. "El PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial", decía el titular de la información en boca del también consejero madrileño, que subrayaba: "La renovación es también un deseo de la carrera judicial, pero la inmensa mayoría nos está transmitiendo que quieren que sigamos luchando por el cambio de modelo de elección del CGPJ".

No deja de ser llamativo que las asociaciones se revuelvan contra lo que dice el que en realidad es un compañero de carrera. López es juez y ha ejercido como tal, pero siempre se le ha vinculado con el PP, o al menos con los intereses de este partido. Ya fuera durante su etapa como vocal del órgano de gobierno de los jueces –en la que coincidió con el exministro de Justicia socialista Juan Carlos Campo–, luego como magistrado del Tribunal Constitucional por empeño de los conservadores y finalmente en la Audiencia Nacional, donde fue recusado por sus compañeros para formar parte de los tribunales que debían juzgar el caso Gürtel precisamente por esa afinidad con el partido que luego se confirmó cuando fue nombrado responsable de Justicia por Pablo Casado y consejero de Justicia en la Comunidad de Madrid.

"Juego sucio"

Lo primero que dicen las asociaciones es que están todas de acuerdo en que es necesario reformar el sistema de elección de los doce vocales judiciales del CGPJ para que sean elegidos por los jueces según un sistema democrático que asegure la representación de todas las categorías y sensibilidades existentes dentro de la carrera judicial". La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) lo recuerdan porque, según han explicado a infoLibre representantes de estos colectivos, se trata de una reivindicación histórica a la que el PP se ha enganchado ahora, cuando el órgano de gobierno de los jueces está lastrado por el bloqueo político para su renovación, y después de que este partido no haya hecho nada por cambiar el sistema cuando ha tenido oportunidad.

Así, insisten en que no es que una mayoría de la carrera apoye las tesis del PP, como parece que, en su opinión, quiere hacer ver Enrique López, sino que lo que ahora dice defender el partido conservador como condición para renovar el CGPJ es lo que las asociaciones llevan años pidiendo a los políticos. Desde JJpD, que lleva recogidas más de 50.000 firmas para reclamar al PP que cese en el bloqueo institucional que ya dura más de 1.000 días, consideran que el dirigente conservador da a entender lo contrario y eso es "jugar sucio".

El retraso en la renovación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, que el PP ha justificado por distintos motivos cada vez, ha creado un clima político del que las asociaciones judiciales no son ajenas. No es este el primer comunicado que unas y otras han emitido para quejarse de la intromisión del poder político en el poder judicial y para reclamar a los partidos que cumplan con sus obligaciones. Pero el de este lunes es un texto diferente. Como explican desde JJpD y la AJFV, las declaraciones de López no son el motivo exclusivo del comunicado, pero sí han supuesto el "detonante" que no podían "pasar por alto".

¿Apoyo u oportunismo?

Las palabras del consejero madrileño llegan cuando se van a cumplir casi tres años de bloqueo institucional y el hartazgo de los colectivos de jueces es más que evidente, que consideran que los partidos están haciendo de la renovación del CGPJ un campo más de la lucha partidista. Ese contexto previo es el que, según explican, hace que las declaraciones de López no tengan un pase. "En otro contexto, quizá no pasarían de ser un comentario muy desafortunado", apunta la AJFV.

"Da la sensación de que desde el PP se aprovechan de lo que nosotros reivindicamos", añaden esta asociación, ideológicamente situada entre la conservadora APM y la progresista JJpD. Desde esta asociación no se fían de las reclamaciones que ahora hace el partido conservador, puesto que, según recuerdan, ha ido "dando bandazos" en los últimos años: a pesar de llevar en su programa electoral de 2011 un cambio en el sistema de elección de los vocales del CGPJ y de conseguir mayoría absoluta, no hizo nada por llevarlo a la práctica. De ahí que desde la AJFV se pregunten si lo que defienden ahora los de Pablo Casado es sólido o se trata de mero "oportunismo" y una excusa para seguir bloqueando la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

La APM, la AJFV y el FJI tampoco están de acuerdo con la posición que mantiene el PSOE de Pedro Sánchez, al que piden que no venda el relato de que la mayoría de asociaciones judiciales, a excepción de JJpD, respaldan al PP.

El contexto de bloqueo institucional que ya va para tres años, una situación sin precedentes, no ha concitado siempre la misma respuesta de todas las asociaciones judiciales. Aunque todas defienden un cambio en el sistema de elección de los vocales, JJpD casi siempre se mantiene al margen del discurso de las otras tres, ya que es la que culpa directamente y sin matices al PP de la falta de acuerdo. Además, según dejan constancia los colectivos en su último comunicado, discrepan sobre cuándo es conveniente "proceder a la reforma del sistema de elección de los vocales judiciales", si "con carácter inmediato o más adelante". Mientras la APM, la AJFV y FJI quieren que se haga ya, los progresistas prefieren que la modificación legislativa se aborde con un Consejo en plenas facultades, es decir, una vez renovado.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/09/14/los_jueces_revuelven_contra_enrique_lopez_por_utilizarlas_como_coartada_para_justificar_bloqueo_cgpj_124440_1012.html

ENRIQUE LÓPEZ - PORTAVOZ DE JUSTICIA DEL PP : «EL PP TIENE EL APOYO DE LA MAYORÍA DE LA CARRERA JUDICIAL»

«Sánchez debe entender que no hay alternativa a que la renovación del CGPJ vaya unida a la reforma de la elección de los vocales y del fiscal general» , asegura Enrique López

Como principal interlocutor del PP con el Gobierno y la carrera judicial fija las claves del futuro de la negociación de la renovación del Poder Judicial.

– ¿Puede acabar la Legislatura con el CGPJ bloqueado?

–La imagen de politización del Poder Judicial está ahí y hay que acabar con ella. ¿Cómo? La única forma es cambiando el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, también, del sistema de nombramiento del fiscal general del Estado.

–Sin reforma, no habrá renovación, según la posición del PP. Y el Gobierno ha dicho que no habrá reforma. Si tuviera que apostar, ¿lo haría porque no habrá acuerdo?

–No me gusta especular. Sí insisto en que esperamos que Pedro Sánchez vuelva a la cordura y entienda que lo que pide Europa es lo adecuado y no hay otra alternativa.

–¿Cómo llevan las presiones de la carrera judicial para que arreglen esta crisis?

–La renovación es también un deseo de la Carrera judicial, pero la inmensa mayoría nos está transmitiendo que quieren que sigamos luchando por el cambio de modelo de elección del CGPJ.

–¿La caída de la fiscal general del Estado facilitaría retomar las negociaciones?

–La reforma del sistema de elección del CGPJ debe ir ligada a otro cambio en la elección de la Fiscalía para que no vuelva a repetirse lo ocurrido con Dolores Delgado. No tengo nada en contra de ella. De hecho, tenemos una buena relación, pero hasta Pedro Sánchez se ha dado cuenta de que cometió un error eligiendo para ese puesto a una ministra de Justicia y diputada porque lastra la imagen de imparcialidad de esa persona.

–No me ha dicho si su caída, en función de lo que pueda decidir el Supremo sobre la idoneidad de su nombramiento, facilitaría que se vuelvan a sentar a hablar con el Gobierno.

–El problema es que Pedro Sánchez no quiere sentarse. Pablo Casado le acaba de pedir una reunión urgente y Moncloa ha contestado que «no», ni reunión ni siquiera conversación por teléfono. No equivoquemos el foco porque lo realmente grave es que el presidente de Gobierno no acepta una reunión con el presidente del PP para alcanzar un acuerdo por la Justicia española cuando parece que está todavía dudando de si se va a sentar o no en la mesa bilateral con el Gobierno catalán, con Esquerra, cuyos líderes han cometido graves delitos.

–¿El PP ha medido las graves consecuencias del bloqueo de la renovación del CGPJ?

–Hasta hace unos meses las consecuencias eran mínimas, más allá de lo que suponía no cumplir con el plazo que establece la Constitución. El problema se ha agravado por la reforma del Gobierno que limita las funciones del Poder Judicial, y que confunde, además, la naturaleza del órgano de gobierno de los jueces.

–¿Le parece más grave la reforma del Gobierno, que limita las funciones del CGPJ, que el hecho de que éste lleve tres años fuera de plazo?

–La limitación de funciones de un Gobierno tiene sentido en tanto que su legitimación deviene del grupo parlamentario que le presta su confianza. La legitimación del Consejo del Poder Judicial deviene sólo de su mandato, nada más. Y si hay que prorrogar, hay que hacer otro mandato. Un nuevo Consejo es necesario porque la Constitución así lo establece, no porque obedezca a una lógica parlamentaria. El cambio de Parlamento ni justifica, ni deja de justificar, ni explica el porqué de cumplir con los plazos. Por eso la limitación de funciones del CGPJ es claramente inconstitucional: está limitando un poder del Estado por razones carentes absolutamente de racionalidad.

–Suena más inconstitucional que no se cumplan los plazos fijados en ella.

–Cuando no se alcanza un acuerdo para cumplir con una obligación constitucional no se incumple la Constitución. Le pongo un ejemplo, cuando no se aprueba un PGE por falta de acuerdo se está incumpliendo un precepto de la Constitución que obliga a que haya un Presupuesto anual, pero eso no supone estar fuera de la Constitución. No confundamos ni engañemos. Es paradójico, y absolutamente deleznable, que el Gobierno que pacta con el peor independentismo catalán, que llega a pactos con los herederos de Batasuna, y que sí incumple la Constitución concediendo indultos en contra del Tribunal Supremo, diga que el PP está fuera de la Constitución.

–¿Ha hablado ya con la nueva ministra de Justicia?

–Sí, pero sólo de materias de Justicia sobre las competencias de la Comunidad de Madrid.

–¿Cómo puede ser que no hayan intercambiado una palabra acerca de renovar el Poder Judicial?

–Como le he dicho, sólo se ha dirigido a mí para hablar de los temas que me afectan como consejero de Justicia.

–¿Por qué suman nuevas condiciones a la negociación cada vez que parece que está próximo el acuerdo?

–No sumamos nuevas condiciones. Fijamos una posición desde el principio, en la que uno de los objetivos era evitar que en el Poder Judicial metiera mano Podemos, un partido antisistema. Pero el tiempo ha ido pasando sin cerrar el pacto y hoy es un hecho que la UE cada vez presta más atención a la situación del poder judicial de los países de la Unión. Y es otro hecho que también está preocupada por lo que pasa en España, igual que lo está Polonia o Hungría.

–¿Pero se nos puede comparar con Polonia o Hungría?

–Yo me remito a lo que dice la UE, que en su último informe nos dio dos mandatos claros: hay que renovar el CGPJ y hay que aprobar cuanto antes una reforma de la ley orgánica para que los vocales judiciales de este órgano sean elegidos en el futuro directamente por los jueces. Nuestras condiciones responden a la obligación de cumplir con las últimas exigencias europeas.

–La UE no ha dicho que se vincule una cosa con la otra.

–Nos manda las dos cosas, y el PP quiere que se cumpla ese doble mandato. Por eso hemos planteado renovar el Consejo con el actual marco legislativo y aprobar la reforma para que los jueces sean elegidos directamente por los jueces. Que es lo que dice nuestra Constitución. A Pedro Sánchez deberían hacerle un resumen de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986, en la que dijo con claridad que, si bien el modelo de elección de los vocales por el Parlamento no era inconstitucional, sí había que sustituirlo cuanto antes porque generaba un gran riesgo de politización del órgano de gobierno de los jueces.

–Todos los Gobiernos del PP ha ignorado esa sentencia.

–Efectivamente, pero no hay que ser rehenes del pasado. Y Pablo Casado no puede estar atado a las decisiones que han tomado otros presidentes porque cada momento tiene su afán. Cuando el Partido Popular pudo reformar esta ley no existía Podemos. No existía el riesgo de que partidos antisistema pudieran poner sus manos en cargos tan importantes como el Poder Judicial y, además, en la Unión Europea no preocupaba tanto la independencia del Poder Judicial. Nuestro sistema de elección del Consejo transmite una imagen de dependencia y de politización que nos coloca muy cerca de Polonia y Hungría, a pesar de tener el Poder Judicial más independiente de Europa.

–Y mientras no haya acuerdo, al PP le aprieta mucho menos el zapato que al Gobierno. La situación les beneficia.

–En absoluto.

–El bloqueo les permite mantener una mayoría en el Consejo que no se corresponde con las actuales mayorías parlamentarias.

–El bloqueo lo impone el Gobierno por no aceptar nuestra reforma. La no renovación no beneficia a nadie, y el que quiera establecer lecturas torticeras sobre esto se equivoca. El PP defiende la reforma de la ley porque es bueno para todos los españoles, no porque la actual composición del Consejo le beneficie.

–La reforma del sistema de elección que proponen le traería un grave problema a Sánchez con sus socios, más allá de la oposición del PSOE al cambio de modelo.

–Si Sánchez está más preocupado de lo que piensan ERC o Bildu que de lo que ocurre en el Supremo la responsabilidad es suya. El PSOE siempre ha intentado manejar la Justicia y se inventa mentiras como la de que todos los jueces somos ricos y de derechas, cuando la Carrera judicial es un reflejo de la pluralidad de la sociedad española. Para el PSOE es un problema que los jueces tengan como trabajo hacer que se cumpla la ley; a un Gobierno de izquierdas esto le molesta mucho porque huye del cumplimiento de la ley como acabamos de ver con los indultos.

–Por cierto, el PSOE dice que los indultos ya están amortizados en la opinión pública. ¿Mereció la pena aquella manifestación con Vox?

–Los indultos no se han olvidado ni deben olvidarse. Han sido una de las mayores traiciones constitucionales de la democracia. Fueron una traición al pueblo español y a la Constitución. Y, a diferencia de otros indultos polémicos del pasado, éstos son los únicos que fueron aprobados con un fin partidista, pagar el apoyo de unos partidos políticos a un Gobierno.

–¿Madrid es una ciudad segura para la comunidad LGTBI?

–Madrid es una de las ciudades más seguras de Europa en todos los parámetros. La tasa de criminalidad es muy inferior a la de otras capitales europeas, en buena medida porque contamos con unas Fuerzas de Seguridad muy bien preparadas. Por supuesto, hay que seguir trabajando para mantener esta sensación de seguridad, pero los extranjeros que vienen a vivir a Madrid reconocen que una de las cosas que más admiran es la tranquilidad con la que pasean por sus calles.

Es muy positivo que grandes valores como Ayuso muestren su deseo de asumir en el PP responsabilidades

–¿Qué lección saca de la gestión de la falsa denuncia de una agresión homófoba?

–Esta triste anécdota no se puede elevar a categoría ni en un sentido ni en otro. Sí hay que criticar la utilización que se ha hecho por parte de la izquierda, que se ha adelantado a señalar culpables y a colocar a fuerzas políticas detrás de una agresión que ni siquiera se habían producido. Es muy típico de la izquierda olvidarse de quién comete los delitos y tratar de buscar una rentabilidad política, y es absolutamente vergonzoso porque ayuda muy poco a la lucha contra los delitos de odio y polariza la sociedad.

–¿El discurso de Vox perjudica en la lucha contra los delitos de odio?

–Hay que centrarse en quién los comete y en los factores que de verdad están detrás de ellos, como la intolerancia o aquellas personas que se sienten con una superioridad moral respecto a otras y auto justifican el uso de la violencia. Estos delitos no tienen siglas, tienen nombres.

–Pero, en general, ¿el discurso de Vox alienta la crispación?

–No voy a hablar de otras fuerzas políticas. Hablo del PSOE porque gobierna, si no gobernara no perdería ni un minuto en hablar de ellos. También le digo que quien más fomenta un estado de polarización en España es el propio Gobierno y los partidos que lo sustentan porque es su estrategia política. Creen que la polarización les beneficia. Su estrategia es dividir, hacer listas de buenos y malos. Y en un mundo de listas sólo ganan los extremos. Sánchez no está en el interés general: Sánchez sacrifica su partido a su persona, el Estado a su Gobierno y el Gobierno a su partido. Hay que rescatar a España cuanto antes.

No voy a hablar de Vox. Quien más fomenta la polarización es el Gobierno y sus socios

–¿La corrupción está ya amortizada para el PP, aunque todavía queden casos en los tribunales por dimirir?

–Este PP está centrado en la gestión de sus gobiernos, como está haciendo en Madrid la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y en la gestión de la oposición, y trabajando para los ciudadanos, allí donde no gobernamos para poder hacerlo a nivel nacional.

–¿Ayuso debe ser la presidenta del PP de Madrid?

–Creo que es muy positivo que grandes valores del PP como Isabel Díaz Ayuso manifiesten su voluntad de asumir responsabilidades en el partido. Dicho esto, la presidenta y todo su Ejecutivo está centrada en la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid y el partido en la Convención que presentará a Pablo Casado como alternativa.

https://www.larazon.es/espana/20210912/mztmvb5wdbekvopk726i2rwn4a.html

ENRIQUE LÓPEZ, NÚMERO DOS DE AYUSO: “SE NOS INSULTA DICIENDO QUE SOMOS SECTARIOS”

El consejero de Presidencia defiende que la comisión de las residencias no iba a aportar nada a la investigación, sino a “instrumentalizar el dolor de las víctimas con un fin de desgaste político”

Enrique López (León, 58 años) elude definirse como número dos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pero él sería el encargado de sustituir a la presidenta en caso de ausencia. Llega de acompañar a la baronesa del PP a una reunión con el embajador de Italia. Inmediatamente tiene otro compromiso. Es consejero de Presidencia, Justicia e Interior, pero su agenda se parece a la de un vicepresidente.

Pregunta. A mediados de mes presidió la primera reunión de la comisión para la estrategia de apoyo a la natalidad y la conciliación, a la que asistieron una quincena de hombres y cuatro mujeres. Como a muchos, ¿le dolieron los ojos al ver la foto?

Respuesta. No duele a mucha gente. Le ha dolido a dos o tres dirigentes políticas, marcadas por un fuerte sectarismo, que creen que solo las mujeres pueden ayudar a las mujeres. Yo creo que todos podemos ayudar a todos. Eso es un reduccionismo y un ejemplo de la política del desencuentro y la búsqueda del enfrentamiento: hombres-mujeres, ricos-pobres… El número de hombres o mujeres que forman parte de un órgano no determina que vaya a ser más o menos eficaz en su trabajo.

P. ¿No es deseable la paridad y la pluralidad?

R. No me cabe duda de que la pluralidad es muy buena. Pero en la Comunidad no buscamos enfrentamientos, no somos sectarios, todos somos iguales, todos llegan a ocupar sus responsabilidades en función de criterios objetivos.

P. ¿Y el nombramiento de José Antonio Sánchez como Administrador Provisional de Telemadrid no es sectario? Está tan vinculado al partido del Gobierno que hasta reconoció que vota al PP y que está en los papeles de Bárcenas.

R. ¿Para ser neutral no hay que votar? Es un ejemplo de transparencia, dice a quién vota, para que su labor pueda ser mucho más valorada objetivamente. Yo no sé a quién votaba Rosa María Mateo, lo presumo, pero no la llamo sectaria. Esa es la diferencia. No se nos trata de sectarios, se nos insulta diciendo que somos sectarios. Hemos elegido a la persona que nos parecía más adecuada para esta nueva etapa de Telemadrid, que tiene que buscar la modernización de una televisión que tiene que entrar en una etapa digital, de contenidos del siglo XXI y de servicio público. Hace falta una dirección que convierta a los madrileños en sus clientes, y no a los políticos.

P. Habla de modernizar la compañía como si los gobiernos del PP no hubieran sido sus responsables desde 1995.

R. Los tiempos evolucionan. Tiene que adaptarse a las nuevas realidades, la oferta audiovisual es enorme. Queremos que se centre en el servicio público.

P. ¿Qué méritos profesionales tiene Sánchez para que compense su vuelta a una compañía en la que ejecutó un ERE a más del 70% de la plantilla?

R. A lo mejor en ese momento tenía un exceso de plantilla. No nos olvidemos de que la televisión la pagan todos los madrileños, no el PSOE. No creo que eso sea un demérito.

José Antonio Sánchez [administrador de Telemadrid] tiene un acreditado currículo de gestión de entes de televisión

P. Pero ¿cuáles son sus méritos?

R. Tiene un acreditado currículo de gestión de entes de televisión. No hay tantos.

P. ¿No es contradictorio que el Administrador Provisional pueda tomar decisiones desde el día de su nombramiento, cuando la Asamblea puede aún tumbarlo?

R. Como un decreto ley que aprueba el Gobierno y que luego no ratifica el Parlamento. Hubo un decreto ley que nombró (administradora única provisional de RTVE) a Rosa María Mateo, y que el Constitucional luego declaró inconstitucional. ¿Analizamos ahora todas sus decisiones? La diferencia es que nosotros hemos hecho una reforma legal, no un decreto ley. Que el mes de agosto no se reúna la Asamblea, como no lo hace ningún otro legislativo español, es circunstancial. La televisión de Madrid tiene que funcionar hoy, mañana y pasado.

Esta comisión es ineficiente, inconveniente, torticera, y además instrumentaliza el dolor de las víctimas, aumentándolo, con un fin de desgaste político

P. ¿Por qué no puede haber una comisión de investigación de lo ocurrido en las residencias, si su Ejecutivo defiende la transparencia?

R. La transparencia no puede ser un pretexto para hacer todo lo que desea la oposición con el único objetivo de castigar al Gobierno. Es curioso cómo el PSOE, que propone esta comisión en Madrid, la niega en Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia o Asturias. Llama la atención. Hicimos todo lo posible para salvar vidas. Las investigaciones judiciales son las que importan y las que van a determinar que haya o no responsabilidad en el ámbito penal. La responsabilidad en el ámbito político se ventiló el 4 de mayo. Esta comisión es ineficiente, inconveniente, torticera, y además instrumentaliza el dolor de las víctimas, aumentándolo, con un fin de desgaste político. No va a aportar nada, nada, a la investigación de los hechos. Y cuando digo nada, hablo en mi calidad de político y de juez. Nada.

P. ¿La victoria del PP el 4-M les exonera?

R. La responsabilidad política se dilucida en los Parlamentos y las urnas. La penal, en los tribunales. El problema es que hay diputados y responsables políticos que tienen un fin torticero. No les preocupa ni lo que pasó en las residencias ni lo que les pasó a esas familias. Solo quieren ganar ventaja política.

No estoy de acuerdo con nada de lo que dice el exconsejero Reyero

P. Alberto Reyero, que fue consejero de Políticas Sociales, denuncia en conferencias organizadas por el PSOE o Más Madrid que había protocolos que impedían las derivaciones de ancianos a hospitales en los peores momentos de la pandemia. ¿Se le revuelve la conciencia, o las tripas?

R. No estoy de acuerdo con nada de lo que dice el exconsejero Reyero. Con nada. Eso no cuestiona mi relación con él, le tengo mucho respeto. Lo que él dice está alejado de la realidad, totalmente alejado de la realidad. Se basa en un protocolo que nunca llegó a aplicarse.

P. El geriatra Javier Martínez Peromingo reconoció en la comisión de investigación de la pasada legislatura que sí se aplicó.

R. En todo momento los geriatras tuvieron libertad para hacer las derivaciones.

P. ¿No es hiriente para los familiares que el Gobierno se ausentara del debate parlamentario sobre la comisión de investigación de las residencias, que vetaron el PP y Vox? Solo estuvo la consejera de Políticas Sociales, Concha Dancausa.

R. Es un debate entre diputados, donde el Gobierno no puede ni debe decir nada.

P. Puede escuchar.

R. No estar allí no significa que no estemos escuchando.

P. Las muertes en las residencias son uno de los efectos más dramáticos de la pandemia. ¿Qué le ha parecido la reacción del Gobierno a la sentencia del Constitucional en contra del estado de alarma?

R. No es adecuado que un ministro de Justicia [Pilar Llop] haga una valoración crítica de la sentencia antes de conocer el texto. Creo que fue precipitado. A nivel personal no tengo ningún problema con la ministra, tiene toda mi valoración y mi respeto. Como también valoro su última decisión en el Senado, anulando la votación de una enmienda (para bajar al 10% el IVA de las peluquerías), quizás el acto más antidemocrático que he visto desde que tengo uso de razón. ¡Anular una votación sin ningún criterio objetivo en el Senado!

P. Suele pronunciarse sobre política nacional y negoció la fallida renovación del Consejo General del Poder Judicial por parte del PP. ¿Está usted en una especie de gobierno en la sombra de Pablo Casado?

R. Hacemos oposición al peor Gobierno de España de la democracia.

P. ¿Qué hubiera hecho usted si, como Casado, compartiera coloquio con un ponente que niega que en 1936 hubo un golpe de Estado, como hizo el exministro Ignacio Camuñas?

R. Esto es una anécdota de una persona que tiene libertad de expresión. Faltaría más que en España ya empezáramos a limitar la libertad de expresión. Cuando se organizan unas jornadas, no se le exige a la gente lo que tiene que decir. Cada uno dice lo que le viene en gana. Al PP no se le pueden dar lecciones ni de democracia ni de revisionismo. El 20 de noviembre de 2002 se apoyó por unanimidad una proposición no de ley en el Congreso donde se condenaba el golpe de Estado del 36 y se proclamaba la intención de promover un trato de dignidad a las víctimas. Una de las condiciones era abrazar la concordia y la unidad, evitando en lo máximo volver a las dos Españas. Pasado el tiempo, Sánchez y sus huestes tratan de dividir a España de nuevo. Este Gobierno tan fuerte con un militar ya fallecido que dio un golpe de Estado en el 36 no lo es con las actuales dictaduras de izquierdas, como la cubana ola venezolana. Llama la atención.

P. ¿Enrique López no habría intervenido para decir ‘yo no avalo este mensaje’?

R. Mi opinión es que claro que se dio un golpe de Estado en el 36. ¿Pero se dio contra una democracia? Se dio contra una República que estaba absolutamente corrompida por el extremismo radical, lo cual no justifica el golpe de Estado, pero lo contextualiza.

https://elpais.com/espana/madrid/2021-07-25/enrique-lopez-numero-dos-de-ayuso-se-nos-insulta-diciendo-que-somos-sectarios.html

EL RESPONSABLE DE JUSTICIA DEL PP RECONOCE QUE GARCÍA EGEA PIDIÓ INFORMACIÓN A LÓPEZ MIRAS SOBRE UNA OPERACIÓN DE UN FAMILIAR EN LA SANIDAD PÚBLICA

"Una cosa es pedir información y otra cosa es intermediar", ha respondido el consejero de Justicia madrileño, Enrique López (PP), cuando ha sido preguntado por la exclusiva de infoLibre Según ha añadido, hasta donde "alcanza su conocimiento" la formación conservadora no ha recibido información sobre esa actuación de García Egea

"Una cosa es pedir información y otra es intermediar". Así ha respondido el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López (PP), cuando ha sido preguntado en una entrevista en el programa La hora de la 1 de TVE por la exclusiva publicada este martes por infoLibre en la que se desveló que el presidente de Murcia, Fernando López Miras, del PP, medió en abril para una operación quirúrgica a la que debía someterse un familiar cercano del número dos del partido, Teodoro García Egea.

El consejero madrileño ha negado que el también secretario general del PP favoreciera que se operara a un familiar suyo en Murcia. "No", ha respondido tajante, para luego añadir que "una cosa es pedir información y otra es intermediar". Además, según ha añadido, hasta donde "alcanza su conocimiento" la formación conservadora no ha recibido información sobre esa actuación de García Egea.

Es la primera vez que un miembro del PP se pronuncia públicamente sobre la información desvelada por este diario. El PP no atendió ninguna de las preguntas de infoLibre para que Egea y López Miras diesen explicaciones. Ni el lunes previo a la publicación de la información ni este martes, cuando ya estaba en boca de todos. Tampoco fue posible preguntar en la única rueda de prensa que la dirección nacional del partido convocó a lo largo del día, la de la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra.

La información publicada desvela lo ocurrido durante el pleno que la Asamblea Regional de Murcia celebró el 14 de abril cuando una cámara captó los mensajes que desde el móvil cruzó López Miras con el secretario general del PP. Y lo que demuestran esas imágenes, a las que accedió infoLibre, es que fue el presidente del Gobierno murciano, y no un médico o administrativo del servicio regional de salud, quien comunicó a su paisano García Egea cuándo entraría en quirófano la persona en cuestión: "Buenas, la intervención la van a programar el martes 20 por la tarde", escribió. "Cojonudo", reaccionó el secretario general del PP en cuanto López Miras le transmitió, literalmente y como en un copia y pega, la información que acababa de facilitarle un alto cargo de la sanidad murciana: el secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torrente. Al o a la paciente no se le menciona por su nombre. Pero el día 20 ese familiar de García Egea fue operado.

Ábalos pide su dimisión y Unidas Podemos lo llevará a los tribunales

Pocas horas después de publicarse la información, Unidas Podemos anunció que denunciará al presidente de Murcia "por mediar en la operación quirúrgica de un familiar del número dos del Partido Popular, Teodoro García Egea" en la que le va a acusar de cometer "un delito de cohecho, tal y como recoge el Artículo 419 del Código Penal". Este artículo señala como delito que una "autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase".

El portavoz parlamentario de esta formación, Pablo Echenique, explicó que su formación pretende que "la justicia investigue si en esa mediación, por llamarla utilizando un sustantivo suave, que ha ejercido el señor López Miras para un familiar del secretario general del PP, se puede haber cometido cohecho".

José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, pidió este martes por la mañana la dimisión del número dos de Casado. "Si se prueba que hubo trato de favor, Teodoro García Egea tiene que dimitir", porque "la Sanidad debe ser igual para todos", escribió en Twitter.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, citó el caso López Miras como un ejemplo más de la corrupción sistémica que según ella no sólo forma parte del pasado del PP sino de su presente. "La corrupción en el PP", señaló en rueda de prensa, "sigue siendo noticia y el señor Casado es incapaz de romper con ella. Y tiene que rendir cuentas de una corrupción que fue diseñada desde al dirección de un partido que hoy preside".

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/06/10/el_responsable_justicia_del_reconoce_que_garcia_egea_pidio_informacion_lopez_miras_sobre_una_operacion_familiar_sanidad_publica_121483_1012.html

ENRIQUE LÓPEZ: EL GURÚ JURÍDICO DEL PP

Da la sensación de que lleva toda la vida en el partido porque con su llegada se convirtió en un hombre fuerte de Casado y de Ayuso en Madrid. Casi todo pasa por sus manos

No hace tanto que Enrique López (Cacabelos, León, 1963) llegó al Partido Popular, pero la sensación es que llevara toda la vida. Se convirtió en el cerebro jurídico de la formación en cuanto asumió la cartera de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el verano de 2019. Pocos meses después Pablo Casado, en enero de 2020, lo incluía en su núcleo duro como responsable de Justicia del partido. Y, a partir de ese momento, casi todo pasa por sus manos. Ha actuado como interlocutor con el ministro de Justicia en las conversaciones sobre la renovación del CGPJ, fija las posiciones del partido en el ámbito jurídico, ejerce como puente entre Génova y la Comunidad madrileña, y es el ideólogo del plan B (una ley orgánica de pandemias) que el PP lleva tiempo reclamando como alternativa al estado de alarma cuasipermanente implantado a raíz de la crisis sanitaria. Esta semana, su nombre ha acaparado todos los titulares. Cuando el extesorero del PP, Luis Bárcenas, aseguró en el diario ‘El Mundo’ que su entorno había mantenido una negociación con personas de la órbita del PP para "enterrar el hacha de guerra", las alarmas se encendieron. De los dos contactos, al menos uno pertenecía a la Junta Directiva del PP, el máximo órgano entre congresos y que cuenta con cerca de 400 personas. Como publicó este diario, la primera de las personas era el abogado que representa al partido en el caso, el ex teniente fiscal en la Audiencia Nacional, Jesús Santos. El segundo era López, que cumplía con el requisito de pertenecer a la Junta Directiva y "tener presencia pública" en el PP de Casado.

López, eso sí, mantiene en todo momento que él simplemente presentó al abogado Santos y a un amigo íntimo de Bárcenas, Agustín de Diego, negando cualquier interlocución desde que aterrizó en el partido. Cuando las informaciones saltaron, el líder del PP le pidió explicaciones que le convencieron. "Se le acercan en su entorno de trabajo y le preguntan. Él le dio el contacto dejando claro que no tenía nada que ver porque no estaba aún en el partido", explicó Casado.

El ahora consejero madrileño ha ido ganando peso político con los meses y también acumula poder e influencia, hasta el punto de despertar algunos celos por su protagonismo mediático. En el partido lo consideran una referencia; y también Ayuso, erigida como oposición al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, lo ha ido consolidando como uno de sus hombres fuertes. Está en todas las reuniones importantes, las decisiones se consultan con él y fue el encargado de poner en marcha el dispositivo de seguridad y emergencias para hacer frente a los episodios más complejos del covid-19 en Madrid, como el plan de choque en residencias de ancianos o los depósitos provisionales de cadáveres ante la presión del sistema funerario en la primera ola.

Cuenta con el beneplácito de los principales dirigentes, más allá de Casado. En pocas palabras: nadie habla mal de López, más bien al contrario. "Si algo ha demostrado además es que siempre da la cara. No se esconde", insisten desde la cúpula popular señalando algunos episodios de su pasado. Además de juez de la Audiencia Nacional, fue vocal del CGPJ y magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP. Este último puesto lo ostentó solo durante un año, de 2013 a 2014, cuando dimitió por ir en moto sin casco, cuadruplicando la tasa de alcoholemia permitida y saltándose un semáforo en rojo en el centro de Madrid. La noticia tuvo escaso recorrido porque al día siguiente, era 2 de junio de 2014, el rey Juan Carlos abdicó desplazando cualquier otra noticia a todos los niveles. Aun así y de manera casi inmediata, López presentó su renuncia ante Francisco Pérez de los Cobos, entonces presidente del órgano, y volvió a la Audiencia Nacional. Es cierto que algunos de sus compañeros tuvieron dudas sobre si aguantaría mucho tiempo tras su vuelta, reconociéndole ambición por encontrar un destino más atractivo, que podía ir desde el Ministerio de Justicia hasta un despacho de abogados. Había sido vocal del CGPJ durante siete años y le había costado llegar al TC para que durara tan poco. Se equivocaron, porque se mantuvo en la Audiencia cinco años más hasta agosto de 2019, cuando se confirmó su incorporación al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Y en ese periodo, en concreto en 2015, fue apartado por la Audiencia de los casos Gürtel (y más tarde) de la presunta caja B del PP. Los magistrados en la Sala de lo Penal decidieron recusarle alegando que no cumplía con la imagen de imparcialidad por su cercanía con esa formación, teniendo en cuenta que en el banquillo se sentaban varios excargos del partido. Como publica este diario, López se opuso a esa recusación con la perseverancia que le caracteriza llegando a asegurar que una condena al PP le era "indiferente", y puso de relieve que jamás había ostentado un cargo dentro de la formación. No mucho después las cosas cambiarían. Entre los grandes hitos que señalan de él dentro del partido está el recurso con el que la Comunidad de Madrid dobló el brazo al Gobierno central el pasado otoño. La justicia tumbó el confinamiento impuesto desde el Ministerio de Sanidad con un auto en el que advertía a Salvador Illa que su orden no tenía consistencia suficiente para restringir derechos fundamentales como era la movilidad. El TSJM daba así la razón al Ejecutivo de Ayuso y dejaba en vigor las restricciones por zonas básicas de salud, la estrategia madrileña impulsada meses atrás y avalada por "los Enriques", como dicen en Génova, refiriéndose a López y Escudero, el consejero del ramo sanitario. Los dos son figuras claves en la hoja de ruta de la presidenta.

https://www.elconfidencial.com/espana/2021-02-13/enrique-lopez-guru-juridico-pp_2949171/

ENRIQUE LÓPEZ, EL JUEZ QUE NO TENÍA "INTERÉS, NI CERCANO NI REMOTO" EN EL PP EN EL QUE ACABÓ COMO 'MINISTRO EN LA SOMBRA' DE CASADO

En 2015, se opuso a ser recusado de los juicios de Gürtel defendiendo su imparcialidad y alegando que no tenía "una predisposición personal" y que le era "indiferente" si el PP era condenado o absuelto

Asesor en materia de Justicia del líder conservador y de Díaz Ayuso, también es el encargado de la interlocución con el ministro Campo para la renovación del CGPJ

"No concurre interés alguno, ni directo ni indirecto, ni cercano ni remoto, tampoco albergo algún tipo de prejuicio o inclinación personal, ni una predisposición personal, más allá de la obligación que como profesional tengo de asumir y resolver aquellos asuntos que por normas de reparto me son encomendados". Así defendió Enrique López en el año 2015 su rechazo a ser recusado de los tribunales que iban a juzgar varias piezas del caso Gürtel, una petición lanzada por las acusaciones populares, que veían en este juez de la Audiencia Nacional una vinculación total con el partido conservador por cargos anteriores que había desempeñado a propuesta de esta formación política y su participación en varios cursos de Faes y mesas redondas organizadas por el propio PP.

López no negaba los hechos objetivos: había sido vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) patrocinado por el PP, de igual modo fue designado magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy en junio de 2013 después de seis años de vetos del PSOE, y acudió a seminarios, como ponente o mero asistente, en la fundación que preside José María Aznar desde 2003 y por los que, según reconocía, había cobrado 11.102,26 euros. Pero en el escrito en el que se oponía a su recusación afirmaba que "las dudas o recelos" que las acusaciones podían tener no se basaban en esos datos objetivos, sino en la "apariencia que se haya podido generar".

Rechazaba que mantuviera o hubiera mantenido una "relación indebida" con los acusados del caso Gürtel o con el PP y que le era "absolutamente indiferente" que el partido o la exministra Ana Mato pudieran resultar "condenados o absueltos" –ambos fueron condenados como partícipes a título lucrativo, esto es, por beneficiarse de las actividades de la primera época de actividades de la trama corrupta–. López defendía su profesionalidad como magistrado y que su papel era limitarse a ejercer su trabajo impartiendo justicia, para después recalcar que "jamás" había ostentado "cargo alguno" en los que se le hubiera "sometido a la disciplina de un partido político".

Estos fueron los argumentos que utilizó el juez cuando fue designado miembro de los tribunales que iban a juzgar varias piezas de Gürtel, incluida la de la primera época de la trama que condenó al PP, y la causa sobre el supuesto pago con dinero negro de la reforma de la sede central del partido en la calle Génova de Madrid. Tanto ruido generó su inclusión como miembro de esos tribunales que hasta el partido conservador salió en su defensa asegurando que no había "prueba alguna" de su afinidad. El pasado de López llevó finalmente a la Audiencia Nacional a apartarle al considerar imprescindible que los jueces encargados de la macrocausa, como en todos los juicios, han de ser imparciales y, además, parecerlo.

Negociador para renovar el CGPJ

Sus empeños por no parecer vinculado al PP en 2015 contrastan ahora habiendo dado el paso definitivo a la política: en la Comunidad de Madrid, es consejero de Justicia e Interior del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde agosto de 2019, y en el propio partido, Pablo Casado le nombró responsable del área de Justicia hace poco más de un año. Entre sus principales encargos, la negociación con el Ministerio de Justicia de la nueva composición del CGPJ, que lleva bloqueado más de dos años por la oposición de la formación conservadora a la participación de Unidas Podemos a pesar de ser uno de los socios del Ejecutivo de coalición.

En el último año y medio ha acaparado parte del foco mediático por estos puestos de responsabilidad política, pero ha sido en la última semana cuando ha vuelto la sombra de sus vínculos con el PP desde la posición que tuvo como magistrado de la Audiencia Nacional al conocerse que puso en contacto al abogado del partido, Jesús Santos, con un empresario amigo del extesorero Luis Bárcenas en el año 2017. López y Santos se conocían de sus respectivas etapas precisamente en la Audiencia Nacional, el primero como juez y el segundo como teniente fiscal.

Las "dudas o recelos" que, según López, tenían las acusaciones populares de Gürtel para recusarle se encuentran en su currículum. Tras estar destinado en varios juzgados de instrucción en distintas ciudades españolas, aterrizó en el CGPJ, donde trabajó hasta 2001 como jefe de Sección del Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial. De ahí, a vocal del Consejo a propuesta del PP. En los siete años en que estuvo en el puesto –hubo un bloqueo en la renovación que se extendió durante casi dos años–, ejerció como portavoz del órgano, pero fue la llegada a La Moncloa de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 lo que le llevó a tomar partido. En una ocasión, llegó a decir que "el CGPJ se va a convertir en la oposición al Gobierno". Se formaron entonces dos bandos en el organismo: el encarnado por López como portavoz oficial y el opositor liderado por el ahora ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, también vocal en esa época. A pesar de ello, forjaron una buena relación que aún se mantiene, como ambos han declarado.

Conflicto entre jueces por los papeles de Bárcenas

Tras la renovación del CGPJ en 2005, obtuvo una plaza de magistrado en la Audiencia Nacional, concretamente en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal. Fue en esos años cuando estalló el caso Gürtel, pero a su sección no le correspondía hacerse cargo de los recursos durante la fase de instrucción. Pero sí estuvo en el tribunal que se hizo cargo del conflicto entre los jueces de instrucción Pablo Ruz y Javier Gómez Bermúdez por hacerse con la causa conocida como papeles de Bárcenas. En un auto consultado por infoLibre, López y otros dos magistrados –Ángel Hurtado y Julio de Diego– suspendieron cautelarmente la declaración del extesorero del PP fijada para marzo de 2013 por Gómez Bermúdez, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, tras la publicación de las anotaciones de la contabilidad opaca en el diario El País y la posterior querella presentada por IU.

El juez Ruz, que dirigía el Juzgado Central 5, había reclamado la investigación de esa documentación al considerar que tenía relación con Gürtel y se planteó un conflicto de competencia. Antes de que se resolviera, Gómez Bermúdez citó a Bárcenas, pero el tribunal del que formaba parte López, encargado de resolver los recursos del Juzgado Central 3, paralizó de forma cautelar la comparecencia a peticion de la Fiscalía. Al resolver el fondo del asunto, un par de meses después, los tres jueces determinaron que Gómez Bermúdez no había obrado correctamente, pero las pesquisas ya habían pasado a manos de Ruz y en su juzgado se quedaron. Esta es la única ocasión en que López tocó alguna cuestión relacionada con las causas de corrupción que aún hoy salpican al PP.

En el mismo 2013, y tras seis años de vetos en el Senado por parte del PSOE ante la intención del PP de nombrar a López magistrado del Tribunal Constitucional, este ansiado puesto llegó para el juez, que obtuvo la plaza por designación del Consejo de Ministros que presidía entonces Mariano Rajoy, en la cuota de miembros del tribunal de garantías que corresponde al Gobierno. Pero no le duró mucho, ya que un año después López dimitió tras ser detenido por conducir ebrio, sin casco y saltarse un semáforo en rojo.

Del ostracismo a la política

A partir de 2014, llegó una etapa de cierto ostracismo para López. Tocado por su paso fulminante por el Constitucional y su abrupta dimisión, regresó a su plaza en la Audiencia Nacional y un año después llegó la recusación de los juicios de Gürtel junto con Concepción Espejel, también por sus vínculos con el PP. La decisión de apartar a los jueces es de los miembros de la Sala de lo Penal, esto es, de los compañeros de los magistrados, que en el caso de López fue de catorce votos frente a cuatro.

El camino para los dos recusados fue muy diferente a partir de entonces. Mientras que Espejel fue nombrada por el CGPJ a mediados de 2017 presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –puesto que sigue ejerciendo aunque ha intentado varias veces acceder al Tribunal Supremo sin lograrlo–, López fue colocado en la Sala de Apelaciones, un tribunal de nueva creación a consecuencia de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015 para introducir una instancia adicional en la Audiencia Nacional. En esta plaza, López y los otros dos magistrados designados, José Ramón Navarro y Eloy Velasco, revisaron sentencias como la de la agresión a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra), confirmando las condenas a los ocho jóvenes acusados, o las de los raperos Valtonyc, Pablo Hasel y el grupo La Insurgencia. En el caso de los dos últimos, rebajaron las condenas.

Tampoco duró mucho el magistrado en este puesto, pues dos años después, el Tribunal Supremo anuló su designación y la de Velasco tras estimar el recurso de otros aspirantes al puesto, que alegaron que la elección de estos dos jueces para la Sala de Apelaciones no se ajustó a derecho en los requisitos del concurso. López siguió adscrito a la Sala de lo Penal, pero Isabel Díaz Ayuso llegó al rescate y le fichó como consejero de Justicia e Interior. Unos meses después, Pablo Casado le colocó en su círculo de confianza y las sombras de duda sobre su cercanía al PP se terminaron de confirmar.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/02/14/enrique_lopez_desvincularse_del_audiencia_nacional_ser_hombre_clave_casado_ayuso_materia_justicia_116619_1012.html

ENRIQUE LÓPEZ: "NI ME PLANTEO DIMITIR"

El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid asegura que se limitó a poner en contacto al abogado del Partido Popular con un empresario cercano al extesorero Luis Bárcenas, por lo que descarta abandonar el cargo

El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha asegurado este miércoles que no abandonará el cargo por "poner en contacto a dos personas conocidas", en referencia al abogado del Partido Popular (PP) en la causa por la caja B, Jesús Santos, y un empresario que actuó como enlace del extesorero Luis Bárcenas.

El consejero de Justicia ha reconocido que puso en contacto a ambas partes en el 2017, cuando aún no pertenecía al partido, aunque ha negado saber el objetivo de los encuentros.

"No sé nada del contenido de las reuniones. Tampoco tenía para mí ningún interés. Una de las partes me pidió que le facilitara un contacto y yo lo hice", ha explicado.

López también ha señalado que desde la cúpula del partido tampoco conocían el contenido de las reuniones, que en ningún momento tuvieron como fin alcanzar un acuerdo entre las partes.

"El abogado del partido pidió permiso a la asesoría jurídica, que se le otorgó a sabiendas de que no podían firmar acuerdo alguno. Según me confirman ambas partes, se informaría en caso de que se produjera algo de relevancia especial. Nunca se dio esa situación, por lo que solo conocía estos hechos la asesoría jurídica. La dirección actual del partido no estaba informada de estos hechos", ha especificado.

La versión del consejero ha comprometido la postura del líder del partido a nivel nacional, Pablo Casado, quien aseguró que López no medió entre el entorno de Bárcenas y el partido.

Sin embargo, desde Ciudadanos, socio de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, han solicitado que los azules aclaren la divergencia entre las versiones de Casado y el consejero de Justicia. Ángel Garrido, consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, ha asegurado esta tarde en La Ventana de Madrid que los populares "deberán dar explicaciones de lo sucedido, en vista de las contradicciones de Pablo Casado".

https://cadenaser.com/emisora/2021/02/10/radio_madrid/1612986703_377538.html

NUEVO CAMBIO DE VERSIÓN DEL ABOGADO DEL PP: INFORMÓ AL PP DE LAS REUNIONES CON EL ENVIADO DE BÁRCENAS

Jesús Santos ha reconocido en la mañana de este miércoles a la SER que sí informó de esas reuniones al PP

El letrado del PP Jesús Santos venía a decir en su comunicado de este martes que se reunió con el enviado de Bárcenas a espaldas de su cliente, que mantenía esos cónclaves sin informar al Partido Popular. Pues bien, Jesús Santos ha reconocido en la mañana de este miércoles a la SER que sí informó de esas reuniones al PP.

Santos ha roto su silencio de 48 horas con esta cadena de emisoras al ser advertido de que el artículo 12 del código deontológico de la Abogacía Española establece que el abogado tiene la obligación de mantener informado al cliente sobre las posibilidades de negociación, pactos o acuerdos extrajudiciales, y que su incumplimiento está sujeto a sanción según el artículo 86c del estatuto de la abogacía. Jesús Santos ha contestado que "se informó" sobre las reuniones "a la asesoría jurídica del PP".

https://cadenaser.com/ser/2021/02/10/tribunales/1612945834_187794.html

EL ABOGADO DEL PP AFIRMA AHORA QUE EL PARTIDO NUNCA LE PIDIÓ NEGOCIAR CON BÁRCENAS

En un comunicado, Jesús Santos asevera que ni la actual dirección del Partido Popular ni la anterior le han pedido o autorizado negociar con el extesorero, y que las reuniones con su enviado fueron irrelevantes y a instancias de éste

El letrado del Partido Popular, Jesús Santos, ha salido al paso en un comunicado sobre la polémica suscitada con las reuniones mantenidas con un enviado del extesorero para, supuestamente, intentar evitar el ingreso en prisión de su esposa, Rosalía Iglesias, a cambio de que Luis Bárcenas atenuara sus acusaciones contra la formación conservadora.

Santos, que según el diario 'El Mundo', confirmó en principio que mantuvo las reuniones siguiendo las órdenes tanto de la anterior como de la actual dirección del PP, niega ahora que actuara siguiendo algún mandato.

Sostiene en su escrito que el partido "NUNCA (sic), me ha encomendado ni autorizado a negociar o a transar con Luis Bárcenas", y añade para reforzar esta aseveración que "Luis Bárcenas ha mantenido siempre una actitud procesal muy agresiva, iniciando directamente 4 pleitos contra el Partido Popular".

El letrado dice sobre Pablo Casado que "la nueva dirección del Partido Popular, elegida en julio de 2018, SIEMPRE (sic) se ha mantenido absolutamente al margen de los procesos penales derivados de Luis Bárcenas y, por tanto, NUNCA (sic) he recibido instrucción al respecto."

En su comunicado, Jesús Santos concluye admitiendo que las reuniones se produjeron, pero que su contenido no fue relevante ni relacionado con posibles pactos con el extesorero, sin revelar qué se habló en aquellos contactos, al asegurar que "mis contactos, como abogado, con una persona cercana al Sr. Bárcenas se produjeron en un corto periodo de tiempo, siempre a instancias de esa persona, sin que su contenido sea en absoluto relevante o relacionado con lo que se afirma en la prensa".

La Cadena SER ha intentado desde anoche conocer del propio abogado del PP su versión de los hechos pero ha declinado contestar a múltiples llamadas telefónicas y mensajes. Ahora responde en un comunicado.

Este es el comunicado íntegro

Mi cliente NUNCA me ha encomendado ni autorizado a negociar o a transar con Luis Bárcenas. Es más, Luis Bárcenas ha mantenido siempre una actitud procesal muy agresiva, iniciando directamente 4 pleitos contra el Partido Popular o personas vinculadas al Partido Popular, desde el 2013 en adelante, cuyo resultado ha sido siempre desfavorable para Luis Bárcenas.

Que la nueva dirección del Partido Popular, elegida en julio de 2018, SIEMPRE se ha mantenido absolutamente al margen de los procesos penales derivados de Luis Bárcenas y, por tanto, NUNCA he recibido instrucción al respecto.

Respecto a mis contactos, como abogado, con una persona cercana al Sr. Bárcenas, estos se produjeron en un corto periodo de tiempo, siempre a instancias de esa persona, sin que su contenido sea en absoluto relevante o relacionado con lo que se afirma en prensa.

https://cadenaser.com/ser/2021/02/09/tribunales/1612909010_591953.html

LAS CITAS DEL PP CON EL ENLACE DE BÁRCENAS SE PROLONGARON HASTA SEPTIEMBRE DE 2020

Fuentes cercanas a Bárcenas indican que hubo un contacto semanas antes de que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo sobre la primera etapa de la Gürtel

Las citas del 'emisario' del Partido Popular con un contacto de Luis Bárcenas se prolongaron más allá de 2019. Fuentes cercanas al extesorero aseguran a El Confidencial que se celebraron encuentros también el pasado año, 2020, y mencionan, en concreto, uno organizado semanas antes de que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo que en el mes de octubre confirmó, con ligeros ajustes, elevadas penas para el extesorero y su mujer, Rosalía Iglesias, y determinó la definitiva entrada en prisión de esta última. Según concretan fuentes conocedoras de los encuentros, llevados a cabo con el máximo sigilo desde el momento en el que terminó el juicio por la primera etapa de actividades de la trama Gürtel, en noviembre de 2017, y a lo largo de varios años, todas ellas contaron con el visto bueno del partido que dirige Pablo Casado. En ellas participó, por un lado, el abogado que representa al PP en los procedimientos penales en los que está implicado el partido, Jesús Santos; y, por otra, un estrecho amigo de Bárcenas, Agustín de Diego. Las fuentes consultadas aseguran que la formación aprobó los contactos y se limitó a vetar una propuesta de Bárcenas para encontrarse personalmente con Santos.

El abogado del PP mantuvo hasta 12 reuniones con un enlace de Luis Bárcenas

El primero de los encuentros fue facilitado por el entonces juez de la Audiencia Nacional y ahora consejero de Interior de la Comunidad de Madrid y miembro del Comité Ejecutivo del PP, Enrique López. El dirigente asegura que se limitó a poner en contacto a ambas partes, "los presentó", y que no participó en conversación alguna. "Simplemente les puse en contacto porque me lo pidieron, pero nunca mantuve interlocución", apunta. Sin embargo, otras fuentes indican que al menos estaba enterado de los contactos y de su contenido y habló de la cuestión —por lo menos, por teléfono— con De Diego en varias ocasiones. Cuando estas conversaciones se interrumpieron, el amigo de Bárcenas se quejó ante terceros de que López ya no contestaba sus llamadas. El entorno del extesorero añade, además, que Bárcenas tuvo detallado conocimiento a lo largo de los años de lo que se trataba en esas charlas. Sabía lo que allí se hablaba tanto en su etapa en libertad como posteriormente cuando ingresó en la cárcel. El extesorero dedujo de las reuniones —como ha asegurado en su escrito remitido a Anticorrupción— que el PP le prometía librar a su mujer, Rosalía Iglesias, del ingreso en prisión. Sin embargo, la otra parte apunta que nunca se comprometió a nada similar y que los encuentros trataban sobre aspectos genéricos de la evolución y pronóstico de los distintos procedimientos.

"Lo que dice Enrique me encaja"

En el PP siguen manteniendo con rotundidad que ninguna persona de la dirección nacional actual ha negociado nunca con Bárcenas. El domingo fue el primer día en el que la formación se pronunció, asegurando que "no trata con delincuentes" y no descartó emprender acciones legales si veía la necesidad de defenderse de "calumnias" como las que a su juicio vertió Bárcenas asegurando que su entorno había negociado con dos personas de la órbita del PP. Casado confirmó este martes que, tras las informaciones de que el consejero madrileño medió entre un amigo íntimo de Bárcenas y el abogado que representa al partido en el caso, se puso en contacto con él para conocer de primera mano lo ocurrido. "Por supuesto, le llamé y me explicó que en esa época era magistrado de la Audiencia Nacional y una persona de su entorno de trabajo se dirigió a él. Claro, Enrique no estaba en política y le dice que no está en eso, le señala quién es el abogado encargado y le dice que contacte con él porque él [ahora refiriéndose a López] no estaba en el PP y no sabía nada", explicó por la mañana en una entrevista con RAC1 antes de participar en un acto de la campaña catalana.

Las claves del juicio a Luis Bárcenas

El líder de los populares aseguró que “lo que le cuenta Enrique le encaja” y reiteró que el ahora consejero de Ayuso entró en el PP en 2020 (en enero de ese año es cuando asume la secretaría de Justicia e Interior en Génova, aunque llega al Gobierno regional en verano de 2019). Este diario desvela ahora que hasta el otoño pasado la interlocución entre el abogado Santos y el amigo íntimo de Bárcenas continuó con conocimiento de la dirección popular, según dicen en el entorno del extesorero. Casado ha reiterado su compromiso con la "ejemplaridad" y "regeneración" estos días, insistiendo en que su voluntad al frente del PP es "pasar página de cualquier irregularidad" que el partido haya podido cometer en el pasado. “Queremos que se sepa todo y que se sepa cuanto antes”, zanjó en la mañana de este martes.

https://www.elconfidencial.com/espana/2021-02-09/citas-pp-enlace-barcenas-septiembre-2020_2942383/

GABILONDO PIDE EL CESE DE ENRIQUE LÓPEZ: "ESTE PP NO ES OTRO PARTIDO"

El portavoz del PSOE en la Asamblea asegura en La Ventana de Madrid estar sorprendido por las explicaciones que da el PP acerca de la mediación del hoy consejero de Justicia, Enrique López, en el caso Bárcenas. Reconoce los esfuerzos del Partido Popular por renovarse, pero recuerda que este partido "no es otro. Se empieza por decir que es distinto y se acaba casi diciendo que es otro partido"

"Necesitamos su versión, su explicación, que dé las razones y motivos de su intervención" ha afirmado el portavoz del PSOE madrileño, Ángel Gabilondo, entrevistado en La Ventana de Madrid, sobre la mediación de Enrique López, hoy consejero de Justicia, entre Bárcenas y el PP. Gabilondo, ha pedido el cese de López porque "desde lo que sabemos, nos parece que lo que se ha producido no es correcto" y ha señalado que los esfuerzos del Partido Popular por renovarse y desvincularse de este asunto no le transforman automáticamente en otro partido.

El portavoz socialista considera "llamativo" que el PP vea normales las reuniones entre López y el entorno de Bárcenas y entre López y el PP, cuando el consejero todavía era magistrado. "Me llama la atención que se diga que esto es habitual en los procesos (judiciales)" hasta donde sabe, ha dicho, no es frecuente que un magistrado hable con una de las partes sin hacerlo en la sala y junto a todas las demás. "Pedimos su cese si es tal y como conocemos los hechos", ha indicado.

"No es otro (PP). Se empieza por decir que es distinto y se acaba casi diciendo que es otro partido", ha afirmado Gabilondo con respecto a la regeneración del Partido Popular. "Que hayan hechos esfuerzos para renovar su imagen, no lo niego, como los hacemos todos para mejorar, pero el Partido Popular es el mismo".

El socialista ha cargado contra el modo de hacer del PP en la Comunidad de Madrid, que en su opinión siempre ha sido "muy inquietante". Gabilondo no ve con buenos ojos la relación que los distintos gobiernos de Madrid establecieron con el poder judicial ni de manejar las instituciones, a lo que ahora se suman las informaciones que vinculan al consejero del Ejecutivo regional con una operación de mediación entre Luis Bárcenas y el Partido Popular.

https://cadenaser.com/emisora/2021/02/09/radio_madrid/1612899105_789597.html

BÁRCENAS PONE EN EL DISPARADERO A ENRIQUE LÓPEZ, EL HOMBRE FUERTE DEL GOBIERNO DE AYUSO

La oposición pide la dimisión del consejero de Justicia, Enrique López, por haber intermediado en 2017 –cuando era magistrado de la Audiencia Nacional– entre el abogado del PP y un empresario amigo de Bárcenas

Enrique López no ha negado los hechos. En 2017, mientras era juez de la Audiencia Nacional, puso en contacto a un empresario amigo de Luis Bárcenas, Agustín de Diego, con el abogado del Partido Popular, Jesús Santos. Han pasado casi cuatro años desde aquellas gestiones. López ha dejado los tribunales y ha pasado, del todo, a la política. Hoy es consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y una de las personas clave en este Gobierno regional y también en el PP de Pablo Casado. Tanto es su poder que algunos lo han señalado como posible sucesor de Isabel Díaz Ayuso, si la presidenta de Madrid perdiera pie. Pero la revelación de Luis Bárcenas, cuyo entorno ha destapado estos contactos, ha colocado a Enrique López en el disparadero.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, apartado de los casos Bárcenas y Gürtel por su afinidad con el PP, fue uno de los fichajes estrella de la presidenta madrileña para la configuración de su Gobierno, el primero de coalición de la Comunidad de Madrid, en agosto de 2019. Desde el equipo de Ayuso aseguraron entonces que se trataba de "uno de los grandes expertos en el tratamiento jurídico del terrorismo" y también contra la delincuencia económica, que había perseguido –dijeron– en su etapa como magistrado de la Audiencia Nacional. En su aterrizaje en la Puerta del Sol, sin embargo, tuvo mucho que ver Pablo Casado, que solo unos meses después, en enero de 2020, le nombró secretario de Justicia del partido integrándole así en la dirección nacional.

López llegaba al Gobierno de Madrid como uno de los hombres de Génova, al igual que el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. Ambos ejercen hoy un gran poder en seno del Ejecutivo de Ayuso, pero mientras el segundo lo hace desde la sombra, López se prodiga cada vez más en los medios de comunicación ejerciendo en la práctica de portavoz del Ejecutivo –pese a que en realidad lo es el vicepresidente, Ignacio Aguado, de Ciudadanos–. El consejero de Justicia concede constantemente entrevistas en radios y televisiones para tratar cuestiones que exceden sus competencias.

López ha ejercido de portavoz del Gobierno durante la crisis sanitaria alineándose con la presidenta madrileña en su ofensiva contra el Gobierno central. Cuando Ayuso ha preferido no responder a preguntas, ha sido López el que ha dado la cara y ha acusado de "deslealtad" a al Gobierno de Pedro Sánchez y a Salvador Illa. El juez lideró el recurso del Gobierno de Madrid contra la decisión del Ejecutivo de Sánchez de cerrar la Comunidad durante la segunda ola.

Dentro del Gobierno regional, algunos consejeros reconocen el poder que a día de hoy López, al que califican de "un tipo oscuro", ejerce sobre la presidenta madrileña. "En los consejos de gobierno es siempre el que lleva la voz cantante, es, sin duda, el que más habla y el que comenta todos los temas mientras Isabel Díaz Ayuso se mantiene en silencio y solo se dedica a dar paso al resto de consejeros", asegura un miembro del Ejecutivo regional a elDiario.es.

La presidenta madrileña tiene pensado dar más peso a López en la reestructuración de Gobierno que prepara para contentar a Vox en las negociaciones de presupuestos. La formación de extrema derecha reclama una reducción de las consejerías –que pasaron de nueve a trece con la coalición de PP y Ciudadanos– y Ayuso baraja eliminar la Consejería de Presidencia que dirige actualmente María Eugenia Carballedo para ceder sus funciones a Enrique López.

Crisis de las residencias

Ya durante la crisis sanitaria, Ayuso ha ido delegando en López algunos de los temas más espinosos, aunque el magistrado de carrera ha logrado no salir salpicado. En el peor momento de la primera ola, y mientras el virus golpeaba las residencias de ancianos de toda la región –donde fallecieron en tres meses más de 8.000 ancianos–, la presidenta madrileña decidió retirarle las competencias de su gestión a la Consejería de Políticas Sociales que dirigía entonces Alberto Reyero, de Ciudadanos. El movimiento de Ayuso pudo hacerse al meter en la ecuación el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (Platercam) cuya gestión recae en Enrique López.

El 20 de marzo, Ayuso anunció un 'Plan de choque' en residencias que delegaba las competencias de estas en Sanidad y en la consejería de López que trabajarían en coordinación con Políticas Sociales. Poco se supo de ese "plan de choque" y de las actuaciones de la Consejería de Justicia. La responsabilidad sobre las órdenes para no derivar a ancianos a los hospitales se firmaron desde Sanidad y nadie ha puesto la mirada en el departamento que dirige López. El juez compareció en la Asamblea de Madrid un mes después –el 20 de abril– para explicar su gestión tras la puesta en marcha del plan y aseguró que había realizado "un trabajo humilde y esforzado de defensa del interés general, de la vida y de la salud, con vocación de resolver las dificultades".

Pero no solo en la Puerta del Sol ha conseguido hacerse fuerte. La posición de López en Génova también ha ido creciendo con el paso de los meses con la llegada de Casado a la dirección nacional del partido. Tras ser nombrado consejero en agosto de 2019, el líder del PP le designó unos meses después –en enero de 2020– secretario de Justicia de la formación. Entre sus labores ha estado la negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el PSOE.

Las informaciones desveladas este martes por El Mundo señalan a Enrique López en la guerra de Bárcenas contra el partido por no haber "cumplido la promesa" de que su mujer Rosalía Iglesias no entrara en prisión. De momento, fuentes cercanas al magistrado se han limitado a asegurar a elDiario.es que López solo "puso en contacto en el año 2017 al empresario y al abogado Jesús Santos". "A partir de ahí López no llevó a cabo ninguna gestión ni tuvo interlocución alguna sobre el caso Bárcenas", aseguran estas mismas fuentes que desvinculan esta mediación de su cargo actual en la dirección del partido.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, salía este martes en su defensa negando que se produjera ninguna mediación, pese a que ha sido reconocida por el propio López. Serrano circunscribió el trámite hecho por el consejero en una actuación de López como magistrado. "Esto es un caso del señor López cuando era juez y que en el ejercicio de sus funciones de juez, pone en contacto a las partes de un procedimiento", declaró Serrano pese a que López no tenía ninguna jurisdicción sobre el tema. En Ciudadanos, socio en el Gobierno de Ayuso, el portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, César Zafra, pidió explicaciones a López por estas informaciones.

La oposición pide su dimisión

La oposición fue menos benévola en su dictamen sobre lo ocurrido. PSOE y Unidas Podemos-IU pidieron la dimisión del consejero de Justicia al entender que sus funciones actuales son incompatibles con las informaciones conocidas este martes y que él mismo ha admitido. "Con lo que ahora conocemos creemos que López debería dimitir", ha señalado el portavoz de los socialistas en la Cámara madrileña, Ángel Gabilondo. "Es cierto que nosotros queremos escuchar y el entorno del consejero le ha restado importancia, pero debe explicarse con claridad", insistía Gabilondo que aseguraba que el grupo parlamentario activaría una petición de reprobación del consejero si las explicaciones no eran contundentes. En Más Madrid vinculaban el cargo de López en el Gobierno regional con estas gestiones para el PP y pedían explicaciones registrando una batería de preguntas.

Hasta ahora, el juez que tuvo que dimitir de su cargo como magistrado en el Tribunal Constitucional por cuadruplicar la tasa de alcohol permitida al volante había logrado zafarse de cualquier polémica al frente de la Consejería. Ahora, las ganas de Bárcenas de "tirar de la manta" por no haber cumplido el PP la promesa de que su mujer no entrara en prisión, según aseguró el extesorero en una confesión enviada hace una semana a la Fiscalía, ponen a López en en una situación complicada en el Gobierno regional.

https://www.eldiario.es/madrid/barcenas-pone-disparadero-hombre-fuerte-ayuso-gobierno-madrid_1_7205886.html

EL PAPEL DE ENRIQUE LÓPEZ APRIETA LAS COSTURAS DEL GOBIERNO DE AYUSO-AGUADO

El papel del consejero de Justicia en las conversaciones entre los entornos del Partido Popular y de Luis Bárcenas es el primer contratiempo conectado con lo que llaman el 'antiguo' PP

El rol interpretado por Enrique López como mediador entre el abogado que representa al PP en el juicio por la presunta caja B y un amigo íntimo de Luis Bárcenas pone a prueba las costuras del Gobierno de coalición de la Comunidad de Madrid. Aunque por el momento Ciudadanos no ha dado síntomas de buscar que el actual consejero del Interior asuma algún tipo de responsabilidad, la noticia ha expuesto sobremanera a uno de los actores más relevantes de la política madrileña con un caso vinculado a los supuestos vicios de las anteriores direcciones del Partido Popular. "Ha sentado como un jarro de agua fría", reconocen fuentes del Ejecutivo de coalición madrileño después de conocer los acontecimientos protagonizados por una de las figuras más fuertes del gabinete que lidera Isabel Díaz Ayuso. Estas mismas fuentes apuntan a que este papel como 'facilitador' no les ha dejado indiferentes. "Nos preocupa que un miembro del Gobierno de la Comunidad de Madrid haya participado en negociaciones con un presunto delincuente. Y más cuando se trata del consejero de Justicia, que debería tener un comportamiento ejemplar", inciden en declaraciones a este medio.

Los hechos acaecieron en 2017, después del final del juicio sobre la trama Gürtel, tal y como publicó este lunes El Confidencial. Entonces, el letrado que representa a la formación en la causa por la supuesta caja B, Jesús Santos, se reunió en varias ocasiones con ese emisario del extesorero. Estos encuentros se produjeron una vez que López les puso en contacto después de que se lo solicitaran, aunque las fuentes de su entorno ya indicaron a este medio que nunca hubo interlocución por su parte. En aquel momento, el ahora titular de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid no formaba parte del PP a nivel orgánico y desempañaba su labor como juez de la Audiencia Nacional. Otras fuentes del Gobierno regional consultadas por este periódico restan importancia a la noticia y señalan que "no tiene ningún recorrido", por ser una cuestión que tuvo lugar hace casi cuatro años, antes incluso de su entrada en política. Enmarcan el impacto mediático de lo sucedido en que el país se encuentre centrado en estos momentos en la campaña electoral catalana.

El abogado del PP mantuvo hasta 12 reuniones con un enlace de Luis Bárcenas

"No hay nada reprochable y ni siquiera ejercía como político, estaba ejerciendo su carrera judicial", aseguran estas fuentes, que creen que no tendría sentido que desde Ciudadanos se pusiera el foco en este tema ni que se "adhirieran" a lo que consideran una estrategia de la izquierda para desprestigiar al Ejecutivo de la Puerta del Sol. Según estas fuentes, el asunto no estará siquiera sobre la mesa en el Consejo de Gobierno que se celebra este miércoles, prueba de la nula "trascendencia" que le auguran al tema. Ese Consejo de Gobierno tendrá lugar este miércoles en la biblioteca de la antigua Casa de Correos, como lleva sucediendo desde hace tiempo debido a la pandemia, por la necesidad de ampliar la distancia entre sus miembros. En la estancia, en la que se sientan Díaz Ayuso, el vicepresidente, Ignacio Aguado, y el resto de consejeros, los presentes son conscientes de que Enrique López ha hecho gala en los últimos meses de uno de los perfiles más prominentes dentro del Ejecutivo y lo publicado este lunes le expone mediáticamente, al quedar su nombre asociado al apellido que tantos quebraderos de cabeza ha dado al PP en la última década. López ha sido uno de los integrantes del gabinete que más se han prodigado en los medios de comunicación desde que populares y naranjas sellaron su pacto en 2019. Recientemente, ha adquirido incluso más peso por su papel al frente de Interior durante la gestión de la borrasca Filomena en la capital y por la negociación con el PSOE a nivel nacional para la renovación de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial, ya que además de consejero también es secretario de Justicia de Génova.

La bandera de la regeneración ha sido una de las más enarboladas por Ciudadanos desde su irrupción a nivel nacional. Este martes, la voz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, abogó por permitir a López que ofrezca explicaciones al respecto y avanzó que será entonces cuando los naranjas marquen su postura. "Me parece sorprendente que primero diga el señor Casado que no hay nadie de su equipo que haya trabajado o hablado con el señor Bárcenas y después nos encontremos en esta situación", aseguró el parlamentario, que incidió en que la postura de su partido ante "lo que tenga que ver con corrupción" es bien conocida por el público.

Piden su dimisión

Más allá de los integrantes de la coalición, todo apunta a que será uno de los temas que marcarán la agenda madrileña durante las próximas semanas. El PSOE de Ángel Gabilondo anunció que solicitará la reprobación del consejero si no hay "explicaciones convincentes" sobre unos hechos que, "de ser así", serían suficientemente graves como para que López presentara su dimisión, según el socialista. "Igual estoy confundido, pero no sé si esta es la labor ordinaria como juez... Pero si es así, igual los que no somos expertos necesitamos un ratito para que nos lo explique", argumentó el líder del grupo mayoritario madrileño.

También desde Más Madrid se avanzó una batería de medidas, entre las que destaca la petición a la Mesa de la Asamblea de acceder a la agenda del consejero durante todo 2019, así como una seria de preguntas para que sean respondidas por escrito sobre el caso. "¿Ha tenido relación el nombramiento de don Enrique López y López como consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo con el hecho de haber mediado entre el Partido Popular y don Luis Francisco Bárcenas Gutiérrez?", reza una de las cuestiones que lleva la firma del diputado Pablo Gómez Perpinyà. Desde Vox, el socio preferente de la Puerta del Sol para sacar adelante la legislatura, se limitaron a pedir "explicaciones rápidas". Mientras que la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Isa Serra, insistió en que López debe dejar el puesto tras haberse conocido su labor de mediación.

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2021-02-10/enrique-lopez-gobierno-coalicion-ciudadanos_2943120/

ENRIQUE LÓPEZ RECONOCE QUE INTERMEDIÓ EN 2017 ENTRE UN AMIGO DE BÁRCENAS Y EL ABOGADO DEL PP CUANDO ERA JUEZ DE LA AUDIENCIA NACIONAL

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha pedido la dimisión de López como consejero de Justicia del Gobierno regional, a la vez que su grupo ha registrado una petición de reprobación que activará "si no da explicaciones"

El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, admite que actuó de intermediario al "poner en contacto" al empresario Agustin D., amigo del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, y al abogado del PP Jesús Santos en 2017. López era entonces juez de la Audiencia Nacional.

"Como señala la información de El Mundo, Enrique López se limitó a poner en contacto en el año 2017 al empresario Agustin D. y al abogado Jesús Santos. A partir de ahí López no llevó a cabo ninguna gestión ni tuvo interlocución alguna sobre el caso Bárcenas", aseguran fuentes cercanas a López a elDiario.es.

Según publica El Mundo, el abogado del PP, Jesús Santos, se reunió una docena de veces entre 2017 y 2019 con un íntimo amigo que hacía de enlace con el ex tesorero de la formación Luis Bárcenas, el empresario Agustín D. Estos encuentros pudieron producirse gracias a la mediación de Enrique López, según admite él mismo. Según detalla este periódico, el empresario amigo de Bárcenas comunicó a al abogado del PP el deseo del extesorero del PP de verse en persona con él. El encuentro no fue autorizado por la dirección del PP de Rajoy y la reunión nunca se produjo.

El entorno de consejero madrileño desvincula esta intermediación con su posición actual en el PP como Secretario de Justicia del PP desde enero de 2020. "En ningún caso actuó en este asunto como miembro del partido", señalan estas mismas fuentes. López es actualmente un hombre de plena confianza de Pablo Casado al que ha delegado entre otras cuestiones las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

El PSOE pide la dimisión de López

Las reacciones a esta información no se han hecho esperar. El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha pedido la dimisión de López como consejero de Justicia. "Con lo que ahora conocemos creemos que López debería dimitir", ha señalado Gabilondo a la vez que ha exigido las explicaciones del consejero. Los socialistas han registrado además una solicitud para reprobarle en el parlamento regional, una reprobación, ha explicado Gabilondo, que activarán si López no argumenta su participación en la mediación.

"Nosotros hablamos desde la información que disponemos. De esto ser así, el consejero debería dimitir. Es cierto que nosotros queremos escuchar y el entorno del consejero ha restado importancia, pero debe explicarse con claridad", ha dicho Gabilondo en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces.

La petición de dimisión también se ha solicitado desde Unidas Podemos-IU: "El PP de Bárcenas es el mismo que el de Casado y que el de Ayuso. Solo tenemos que decirle a López que dimita", ha dicho la portavoz adjunta de Unidas Podemos-IU, Sol Sánchez, en rueda de prensa telemática tras la Junta de Portavoces.

Desde Más Madrid han registrado una batería de preguntas para conocer la implicación de López en las reuniones entre el empresario amigo de Bárcenas y el abogado del PP. El portavoz de la formación, Pablo Gómez Perpinyà, ha cuestionado su "a tenor de estos hechos ha sido colocado como consejero", un problema que ha dicho, ya no es solo de Partido Popular sino de todos los madrileños al ser el representante de Justicia de Madrid. Perpinyà ha asegurado que de confirmarse pedirán la dimisión de López.

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha negado este martes que se produjera ninguna mediación y lo ha circunscrito a una actuación de López como magistrado –entonces de la Audiencia Nacional–. "Esto es un caso del señor López cuando era juez y que en el ejercicio de sus funciones de juez, pone en contacto a las partes de un procedimiento", ha declarado Serrano pese a que López no tenía ninguna jurisdicción sobre el tema y que las partes eran Bárcenas, que estaba acusando al PP en el caso ordenadores, y el abogado del PP que lo estaba defendiendo.

También se ha pronunciado sobre esta cuestión el portavoz de Ciudadanos en la Cámara madrileña, César Zafra, que ha pedido explicaciones al consejero de Justicia y ha asegurado que tras estas explicaciones el partido fijará una posición.

Pablo Iglesias cuestiona la "normalidad democrática"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha criticado este martes esa mediación que López hizo entre el PP y su extesorero Luis Bárcenas el hoy consejero de Justicia del Gobierno de Madrid y por entonces juez de la Audiencia Nacional.

En un tuit, el también secretario general de Podemos ha repasado algunos de los puntos centrales de la carrera del que ha calificado como "juez/político": "Apartado en 2015 del caso Bárcenas por cercanía al PP. Condenó a Valtonyc a 3,5 años. Consejero de IDA. 'Negociador' de Casado para la renovación del CGPJ. Mientras ejercía como juez, mediaba entre Bárcenas y el PP".

El vicepresidente zanja su tuit con una referencia a la última polémica generada tras sus críticas a la permanencia en prisión de los líderes del procés o del rapero Pablo Hasel. En una entrevista este fin de semana en el diario 'Ara', Iglesias dijo que "no hay una situación de plena normalidad política y democrática" por que un "conflicto político" se ha "gestionado por vías policiales y judiciales".

Iglesias ha insistido ahora, tras confirmarse la intermediación de Enrique López mientras era juez, en cuestionar la "normalidad democrática" de España. Esa posición del vicepresidente segundo choca con la postura del PSOE, que sostiene que España es "una democracia plena".

El PSOE pide explicaciones "por las negociaciones del PP de Casado con el delincuente Bárcenas"

El número dos del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, no ha dudado en señalar directamente a Casado en una supuesta negociación con Bárcenas. "La inmensa mayoría de la ciudadanía española tiene derecho a conocer el contenido de las negociaciones del PP de Casado con Luis Bárcenas. ¿Qué le pedían a Bárcenas los intermediarios de Pablo Casado y la actual dirección del PP? ¿Qué silencios le reclamaban a Luis Bárcenas? ¿A quién protegían los enviados de Pablo Casado y la dirección del PP? ¿Y qué le ofrecían a Bárcenas a cambio de esos silencios? ¿Y qué papel jugaba en todo esto Enrique López que no es el PP del pasado?", se ha preguntado Simancas.

Las acusaciones del extesorero del PP y la intermediación del responsable de Justicia para ponerle en contacto con el abogado del partido llevan al PSOE a plantear que Bárcenas sea de los primeros en comparecer en la comisión de investigación sobre la operación Kitchen que comenzará sus trabajos en las próximas semanas. La idea es que primero desfilen los mandos policiales y luego los cargos políticos, entre ellos Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal.

"Los españoles tienen derecho a saber qué ha estado negociando la dirección actual del PP con el delincuente Bárcenas", ha rematado Simancas, que ha dejado abierta la posibilidad de citar a Casado, a quien hasta ahora los socialistas han rechazado llamar a comparecer al entender que no tenía un puesto de responsabilidad en Génova cuando se produjeron los hechos. "El listado de comparecientes ya está acordado. No obstante, la comisión se reservó la posibilidad de llamar a nuevos comparecientes en función del desarrollo de los debates. Y ahí lo dejo", ha terminado Simancas.

https://www.eldiario.es/madrid/enrique-lopez-reconoce-intermedio-empresario-amigo-barcenas-abogado-pp_1_7204364.html

¿QUIÉN ES ENRIQUE LÓPEZ, EL MEDIADOR ENTRE BÁRCENAS Y EL PP?

Con Sáenz de Santamaría retirada de la política y Pablo Casado al frente de la dirección del PP, el conservador 'rescató' a López con el objetivo de rodarlo en la política madrileña y enfocar su futuro hacia el ministerio de Justicia.

El consejero de Justicia y miembro de la dirección del Partido Popular, Enrique López, acapara este martes el foco mediático tras admitir que puso en contacto al abogado del PP, Jesús Santos, con un empresario amigo de Luis Bárcenas, Agustín D, en el año 2017, cuando López ejercía como juez de la Audiencia Nacional. Fuentes cercanas al consejero señalan a Público que López "no fue intermediario ni nada, él no estaba en el PP ni en ese asunto. Tampoco participó en ni en una sola de las reuniones", aseguran.

El máximo dirigente del PP, Pablo Casado, ha tratado de exculparle y ha dicho que en esa época el consejero no estaba "vinculado" al PP. Es más, Casado ha asegurado que "no es sorprendente" que se den episodios de este tipo, "incluso en pleitos de orden civil". Sin embargo, las relaciones entre López y Génova no son precisamente recientes, sino que se remontan a décadas atrás.

Corría el año 2004 cuando Enrique López, que formaba parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), convirtió al organismo en el ariete del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, durante el año y diez meses que estuvo en funciones. Un escenario similar al actual, cuyo mandato expiró hace dos años. "El CGPJ se va a convertir en la oposición al Gobierno", señaló el actual consejero hace casi dos décadas. Fue entonces cuando se forjó la amistad entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y López, puesto que ambos fueron vocales durante siete años.

Desde junio de 2005 hasta junio de 2013 ocupó el puesto de magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. A mediados de 2013 el consejero logró uno de los puestos más ambicionados de la judicatura: el de magistrado del Tribunal Constitucional. Designado a propuesta de los populares, fue uno de los motivos de polémica entre el PSOE y el PP ya que la formación conservadora quería renovarle.

Saénz de Santamaría apartó a López tras conducir ebrio

La trayectoria de López fue bloqueada por Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno, tras el escándalo que supuso su condena en 2014 por conducir ebrio, sin casco, saltándose un semáforo rojo. Aquella condena provocó la dimisión de López como magistrado del Tribunal Constitucional, su ostracismo político y su regreso a la Audiencia Nacional, donde fue apartado de juzgar los casos Gürtel y Bárcenas por su relación con el PP y con FAES (donde fue ponente en al menos 53 seminarios).

López también fue uno de los tres jueces de la Audiencia Nacional que firmaron la condena contra Valtonyc, el rapero condenado a tres años y medio de cárcel por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona. Todavía en el cargo, en febrero de 2018, escribió una columna sobre el procés catalán en La Razón, en la que cargaba contra las formaciones políticas independentistas y criticaba sutilmente que la ley no permitiera ilegalizarlas.

Con Sáenz de Santamaría retirada de la política y Pablo Casado al frente de la dirección del PP, el conservador le recuperó con el objetivo de rodarlo en la política madrileña y enfocar su futuro hacia el ministerio de Justicia, según fuentes jurídicas. En agosto de 2019 fue nombrado consejero de Ayuso y durante los últimos meses ha ejercicio como portavoz 'oficioso' de la líder madrileña, con una alta exposición mediática.

En enero de 2020 Casado lo nombró responsable de Justicia del PP como 'cara visible' de su estrategia de oposición, que pasaba por utilizar la vía judicial para frenar determinadas actividades capitaneadas por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con un sin fin de querellas y recursos. "En Génova está muy bien considerado, es una persona experimentada e inteligente que cuenta con la confianza de Pablo", aseguran fuentes populares a Público.

https://www.publico.es/politica/enrique-lopez-pp-enrique-lopez-mediador-barcenas-pp.html

ENRIQUE LÓPEZ, EL 'SOLUCIONA PROBLEMAS' JUDICIALES DEL PP: DEL 'FAISÁN' A LA GÜRTEL PASANDO POR BÁRCENAS

Ahora admite que intermedió entre un empresario amigo de Bárcenas y el abogado del PP

Desde su puesto de magistrado en la Audiencia Nacional intentó juzgar la Gürtel y después los papeles de Bárcenas pero fue recusado

Íntimo de Federico Trillo, López actuó como ariete judicial del PP contra el matrimonio homosexual, el Estatut de Cataluña o el caso ‘Faisán’

30 años de carrera judicial a su espalda, Enrique López es un juez metido a político con un currículum estrechamente ligado al Partido Popular los últimos 20 años. Una especie de 'señor Lobo' resuelve problemas que salta de 'Pulp Fiction' a una versión más castiza. Íntimo de Federico Trillo, el hombre que guarda bajo llave todos los secretos de Génova, desde el caso ‘Naseiro’ a la Gürtel, su nombre se cruza con las siglas del Partido Popular cuando en 2001 el Gobierno de Aznar le propone como vocal del Consejo General del Poder Judicial. A partir de ahí, se convertiría en el brazo judicial del PP.

Cinco años después compartía mesa redonda sobre el modelo de Estado con su amigo Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría. Corre el año 2006, López ejerce de portavoz del Gobierno de los jueces y desde esa poderosa atalaya se convierte en el azote judicial de Zapatero contra el que da todas las batallas. Se opone al matrimonio homosexual, a la reforma del aborto y al Estatut de Cataluña. Un año después de esa foto con las estrellas ascendentes del universo popular, la Fiscalía Anticorrupción iniciaría la investigación de lo que se conocerá como la trama Gürtel, un auténtico terremoto para el Partido Popular, cuyas diversas réplicas han removido los cimientos de Génova,13, llevado por delante a Mariano Rajoy, y ahora amenazan el liderazgo de Pablo Casado.

Una estrecha y provechosa colaboración entre el magistrado y los populares. Enrique López se convierte en un habitual de los cursos de FAES, el think tank de José María Aznar, y en 2008 Rajoy le propone como magistrado del Tribunal Constitucional, aunque muchos compañeros de carrera ponen en cuestión sus méritos. Esta vez no puede ser. Se queda fuera porque no cuenta con los preceptivos 15 años de ejercicio como magistrado que se exigen para ingresar en el Constitucional. Ironías del destino, el otro candidato descartado por la misma razón es Juan Carlos Campo, propuesto por el PSOE. ¿Les suena? Campo ahora ministro de Sánchez, negocia con López, ahora responsable de Justicia del PP, la renovación del CGPJ bloqueado desde hace dos años.

El PP tendría que esperar cinco años más en su empeño para colocar a su magistrado de cabecera en el Constitucional y controlar así el alto tribunal. Es 2013 y la Gürtel ya le ha estallado en toda la cara a Mariano Rajoy y al Partido Popular. Enrique López sólo estará un año en el cargo. Tuvo que dimitir después de que la policía le pillara conduciendo su moto ebrio y sin casco.

Entre medias, la vinculación del magistrado con el Partido Popular se va haciendo cada vez más estrecha y menos disimulada. Si Génova ordena una cacería política contra Alfredo Pérez Rubalcaba por el caso Faisán y el ‘chivatazo’ a ETA, López como magistrado de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se convierte en la pieza clave con la que apretar las clavijas judiciales al entonces ministro de Interior. Si Zapatero inicia el “proceso de paz” para acabar con ETA, López asegura que los jueces no van a ponerse “al servicio” de la negociación con los terroristas desde toda tribuna y tertulia periodística que se le pone a tiro.

Tras su paso fugaz por el Constitucional, a López le tocaba juzgar la Gürtel y los 'papeles de Bárcenas', pero fue recusado por su estrecha relación con el PP

Tras su paso fugaz por el Constitucional, un polémico juicio rápido y una multa leve, Enrique López vuelve a su plaza en la Audiencia Nacional, y casualidad, le toca juzgar la Gürtel que golpea sin piedad al Partido Popular. En Génova se frotan las manos. Vuelve el 'señor Lobo' que soluciona los problemas que cercan al Partido Popular. No llega a hacerlo porque aunque se resiste con uñas y dientes, finalmente es apartado primero del juicio de la primera época de Gürtel y después de los ‘papeles de Bárcenas’ por su proximidad evidente con el Partido Popular.

Ahora los papeles de Bárcenas vuelven al juez en su nueva vida de político del Partido Popular como un bumeran envenenado. Mientras Pablo Casado, a las puertas de las elecciones catalanas, se desgañita asegurando que ni él ni nadie de su partido “trata con delincuentes”, va y resulta que sí.

Enrique López, miembro de la dirección del Partido Popular, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y hombre de la máxima confianza de Casado, que lo mismo negocia la renovación del Poder Judicial que hace de guardia pretoriana de Isabel Díaz Ayuso, reconoce que intermedió entre el entorno del extesorero Luis Bárcenas y el abogado del PP. Lo hizo en 2017 como magistrado en ejercicio de la Audiencia Nacional para poner en contacto a un empresario amigo de Bárcenas y el abogado del PP en la causa. López facilitó hasta 12 reuniones con el intermediario del extesorero entre 2017 y 2019 cuando Casado ya era el flamante presidente del partido. El penúltimo servicio a Génova de un hombre con fama ganada a pulso de apaga fuegos, sólo que esta vez el bombero fiel tenía la cerilla que ha avivado un incendio que amenaza con achicharrar a Pablo Casado.

https://www.niusdiario.es/nacional/politica/enrique-lopez-soluciona-problemas-pp-gurtel-papeles-barcenas-pablo-casado_18_3088845155.html

CASADO EXCULPA A ENRIQUE LÓPEZ PORQUE “NO ESTABA EN EL PP” Y “NO HUBO NEGOCIACIÓN” CON BÁRCENAS

El líder del PP tilda de “chorizo” al extesorero y cree que un cara a cara con Rajoy sería "un circo" porque "no hay pruebas"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha sigue tratando de marcar distancia con el PP que representa la anterior cúpula, la del anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Por eso insiste en que no le temblará el pulso en el caso de que las revelaciones del juicio sobre la caja B del PP aporte evidencias de la financiación irregular. Esa tajante advertencia contrasta con el tambaleo que demuestra a la hora de responder sobre las últimas revelaciones que aseguran que el actual consejero madrileño Enrique López, en el PP desde hace un par de años, facilitó que el abogado del PP se reuniera con un intermediario de Luis Bárcenas.

En declaraciones a RAC1, Casado ha tratado de dar una justificación a este nuevo capítulo del asunto Bárcenas, que arroja un jarro de agua fría a la rebaja significativa de las expectativas generadas por el extesorero en el juicio, después de prometer tirar de la manta en su escrito a la Fiscalía Anticorrupción de la semana pasada. El líder del PP ha explicado que tuvo que llamar este lunes al consejero madrileño para pedirle unas explicaciones que parecen haberle convencido porque se basan en dos premisas: en el momento en que hizo la labor de intermediación Enrique López no estaba en el PP y, en todo caso, es una labor habitual y nada sospechosa.

Enrique López no estaba en el PP y, en todo caso, es una labor habitual y nada sospechosa

Casado ha explicado que, lo que ha contado López tras llamarle para preguntarle por las informaciones de El Mundo y El Confidencial sobre esta intermediación, le "encaja". En esa época López era magistrado de la Audiencia Nacional, y “parece que es algo habitual en pleitos de ámbito civil”, ha señalado.

El dirigente popular ha reducido la labor del consejero madrileño a solventar una gestión: “Lo que ha hecho es: ¿Quién es el abogado de esto? Este”. Pero ha querido dejar claro que en las informaciones al respecto “se reconoce que no ha habido ninguna negociación” y “a los hechos me remito”, ha dicho, para recordar las victorias judiciales del PP sobre el extesorero.

Antes de entrar en política, López fue apartado por la Audiencia Nacional de los casos Bárcenas y Gürtel junto a Concepción Espejel, después de que las acusaciones pidiesen su recusación por su afinidad al PP, que lo había propuesto para varios puestos. Preguntado sobre esta cuestión, Casado ha subrayado que, cuando López ejerció de intermediario no tenía relación con los populares y que que "no es sorprendente" que se den episodios de este tipo. Por eso, "lo que Enrique López cuenta a mí me encaja", ha señalado el presidente popular, que ha insistido en que "no ha habido ninguna negociación" con Bárcenas porque "un partido en la oposición no tiene nada que negociar" y el PP "ha actuado 21 veces contra Bárcenas y le ha ganado".

De hecho, Casado ha tirado de anecdotario para marcar distancias con Bárcenas recordando que cuando él era portavoz del PP y Javier Maroto lo era de Justicia, Bárcenas se querelló contra ellos porque le llamaron delincuente. Por tanto, su actitud respecto al extesorero fue de “absoluta confrontación” y, aunque a él no le llegó a formular la querella, sí la presentó contra Maroto, que tuvo que ir a declarar y finalmente el juez no la admitió.

En las informaciones al respecto “se reconoce que no ha habido ninguna negociación” y “a los hechos me remito: el partido ha actuado 21 veces contra Bárcenas y le ha ganado”

La buena noticia para Casado venía la mañana de este lunes, cuando el abogado de Bárcenas no ofreció datos convincentes de que el extesorero tenga en su poder las pruebas que demostrarían todas las irregularidades que señaló en aquel escrito. "Ahora se publica que lo que iba a ser una bomba es un petardo, que se ha desinflado", se ha vanagloriado. Sin embargo, la información vespertina sobre la reunión del defensor de Bárcenas y un emisario del PP gracias a Enrique López desdibujaba esa alegría.

Por eso Casado insiste en garantizar que está dispuesto a aplicar la mano dura contra los anteriores responsables del partido, incluido Rajoy, en el caso de que se demuestren las irregularidades que asegura Bárcenas. Pero pide agilidad, que esto acabe de una vez, y que si tiene pruebas que las presente. Pero “si no tiene pruebas, si en 10 años no ha podido” demostrar las acusaciones de caja B, sobresueldos y demás, “un cara a cara ¿para qué?”, ha rechazado.

Rechaza un posible careo con Rajoy: "Sería un circo" porque "no hay pruebas"

De esta forma, ha rechazado la propuesta de la defensa del extesorero sobre un posible careo con Rajoy en el juicio porque iría en contra de todas su pretensiones de que esto acabe cuanto antes. “Dejen ya de perjudicar a un partido que en 21 ocasiones ha ganado a este señor en los tribunales”, ha reiterado.

Tas tildar a Bárcenas de "chorizo", ha dejado claro que "un cara a cara con Mariano Rajoy sería un circo" porque "no hay pruebas", y para trazar una línea con la época anterior también ha asegurado que él "nunca" ha hablado con Bárcenas, "ni con él ni con su equipo", porque "cuando yo llegué ya no estaban".

Reclama "que se sepa todo", porque entonces "seré el primero que pediré responsabilidades de inmediato"

Pero respecto a Rajoy ha nadado en la ambivalencia, combinando la inflexibilidad en caso de irregularidades con el reconocimiento de que pagó un precio muy caro con la moción de censura. Su insistencia por "pasar página" tiene una parada previa: "que se sepa todo", porque entonces "seré el primero que pediré responsabilidades de inmediato", pero Casado se muestra impotente en este asunto porque se sigue "enterando por los medios".

"Rajoy ha testificado ya" y como testigo "no puede mentir", ha advertido, pero "pagó muy caro sin ser acusado y no dice nada más". Por tanto, todo le hace pensar que le merece menos credibilidad Bárcenas, por ser "una persona que ha cambiado cinco veces de versión en 10 años" y haberse "aprovechado de un partido"

Casado se inhibe a la hora de defender la anterior etapa del PP: "No voy a defenderla porque mi compromiso es que tenga reproche a nivel del partido"

Es injusto cuando un partido tan grande en afiliados, que gobierna en la U. Mi desesperación, mi cabreo y hartazgo es que no puedo dar más información. Pero por si acaso, tampoco se casa con Rajoy y prefiere "que se sepa todo cuanto antes" porque en el PP "hay nueva generación elegida para eso". Mientras tanto, se inhibe a la hora de defender esa etapa: "No voy a defenderla porque mi compromiso es que tenga reproche a nivel del partido", ha zanjado.

https://www.lavanguardia.com/politica/20210209/6233579/casado-exculpa-enrique-lopez-pp-hubo-negociacion-barcenas.html

EL ABOGADO DEL PP SE REUNIÓ CON UN CONTACTO DE BÁRCENAS TRAS MEDIAR ENRIQUE LÓPEZ

Fuentes conocedoras de los encuentros aseguran a El Confidencial que mantuvo una veintena de citas con un amigo íntimo del extesorero desde que terminó el juicio sobre la trama Gürtel

Desde que Luis Bárcenas desvelara en su confesión a la Fiscalía Anticorrupción y confirmara después que dos emisarios del Partido Popular (PP) redoblaron en los últimos años los esfuerzos para tratar de garantizar su silencio, la identidad de estas dos personas ha sido una incógnita. Fuentes conocedoras de los encuentros aseguran a El Confidencial que uno de ellos es el abogado que representa al PP en el juicio por la presunta caja B, Jesús Santos, que mantuvo varias citas con un amigo íntimo del extesorero desde que terminó el juicio sobre la trama Gürtel, en 2017. Lo hizo tras presentarles Enrique López, actual consejero de Interior de la Comunidad de Madrid y que en aquel momento no estaba en el PP. Fuentes del entorno del consejero insisten en que él "simplemente los puso en contacto porque se lo pidieron, pero nunca mantuvo interlocución".

Las claves del juicio a Luis Bárcenas

El político es el segundo intermediario de los dos contactos que citó el entorno de Bárcenas (afirmando que uno tenía "presencia pública" y formaba parte de la junta directiva), aunque cuando López llegó al partido y se hizo cargo de la cartera en el Gobierno regional, esos contactos ya no existían, insisten en su entorno. Las citas de Santos y el amigo íntimo del extesorero se alargaron tres años, hasta al menos 2019. Una veintena, apuntan estas fuentes.

Las conversaciones, que se llevaron a cabo en el máximo secreto, se establecieron a través de un intermediario, una persona de la total confianza del extesorero, su amigo Agustín de Diego. Arrancaron en el mes de noviembre de 2017, después de que el juicio por la primera época de actividades de la red que encabezaba Francisco Correa quedara visto para sentencia. Todos los encuentros contaron con la aprobación del partido, a quien Santos consultaba antes de recibir al amigo de Bárcenas.

En aquel momento, uno de los principales temores de Bárcenas era el destino de su mujer, Rosalía Iglesias. Su esposa se había sentado junto a él en el banquillo de los acusados durante el año largo que se prolongó la vista y se enfrentaba a una elevada petición de penas. La Fiscalía Anticorrupción también acusaba al PP de ser partícipe a título lucrativo de la trama y defendía que se benefició de las actividades de la trama Gürtel en los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. Un año más tarde, en 2018, Rosalía acabaría condenada.

"Ya no me coge el teléfono"

A lo largo de estos encuentros, el íntimo del extesorero y Santos conversaban sobre aspectos técnicos de la evolución de los distintos procedimientos y sus perspectivas de futuro. En una ocasión —indican—, De Diego propuso una cita directa con Bárcenas cuando aún se encontraba en libertad. El PP se negó a aquel encuentro. Las mismas fuentes aseguran que la intermediación de López acabó cuando fue nombrado consejero por el Gobierno de Madrid. "Ya no me coge el teléfono", se quejaba el contacto de Bárcenas. El consejero insiste en que su única intervención fue la presentación entre ambos y que no mantuvo ninguna conversación desde su aterrizaje en el PP. Y el propio Casado se reafirmó este lunes en que nadie de la dirección actual había hablado con Bárcenas.

Rajoy, en el centro de la diana de Bárcenas

Según ha indicado por escrito el extesorero, el silencio mantenido durante los últimos años en que ha estado preso se debió a que el PP le prometió que su mujer no ingresaría en prisión si él no hablaba. "Mi segunda declaración en la pieza de los papeles no se compadece con esta línea de colaboración, toda vez que, con ingenuidad, di por buena la promesa que se me había hecho llegar a través de intermediarios de que mi mujer, Rosalía Iglesias, no entraría en prisión a consecuencia de la sentencia de la pieza Época 1", aseguraba.

"El sentimiento de culpabilidad de haber podido provocar que mi mujer estuviese en riesgo de perder la libertad y entrar en prisión me hizo creer, inocentemente, en la promesa que unos meses después a esta declaración del 15 de julio se me hizo llegar sobre que Rosa no entraría en prisión gracias a las gestiones que se habían iniciado. De ahí que firmara ―podíamos llamar― 'la paz' con dicho partido político, retirando la denuncia que había interpuesto por la destrucción de la información contenida en ordenadores de mi disposición personal, o de mis pretensiones laborales en la jurisdicción laboral a consecuencia de mi salida del Partido Popular", añadía en su escrito. Santos, ex teniente fiscal en la Audiencia Nacional, ha representado al PP en las principales causas de corrupción de los últimos años. El 19 de diciembre de 2013, cuando el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz envió una comisión judicial a la sede de Génova 13 por la reforma que ahora se enjuicia, el abogado se presentó de madrugada para asesorar al partido. En 2017, llevó la defensa del PP ante el caso Gürtel, donde Mariano Rajoy tuvo que declarar como testigo, y en 2019 volvió a representar a la formación en el juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, que terminó con una sentencia que tumbaba la versión del extesorero por carecer de "fiabilidad suficiente".

Santos incidió en esa idea en el arranque del juicio por la presunta caja B este lunes: “19 órganos judiciales se han pronunciado en estos años sobre las declaraciones de Bárcenas y ninguno le ha dado la más mínima credibilidad y verosimilitud”. En cuanto al cara a cara con Rajoy que pidió la defensa del extesorero para contraponer sus versiones, se mostró tajante: “Este careo quiere contribuir más al circo mediático”. Pero la mayor parte de su intervención se centró en cargar contra las acusaciones populares y su "finalidad espúrea", en "poner de manifiesto las vinculaciones políticas" de las mismas. Calificó como "brillante" la exposición de la Fiscalía al invocar la conocida como 'doctrina Botín', y pidió al tribunal que exija a las acusaciones populares presentar nuevos escritos que se ajusten el objeto del procedimiento. En el juicio por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, ya coincidió con tres de las acusaciones populares que ahora tiene enfrente: Izquierda Unida, Adade y Observatori Desc.

https://www.elconfidencial.com/espana/2021-02-08/abogado-pp-reunio-entorno-barcenas-luz-verde-enrique-lopez_2941791/

ENRIQUE LÓPEZ DICE QUE BÁRCENAS ES “PASADO” Y ASEGURA QUE ÉL "NO ESTARÍA EN EL PP SI EXISTIERA ESA SOMBRA DE CORRUPCIÓN”.

El consejero de Justicia, Interior y Victimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, dijo respecto a las nuevas acusaciones del extesorero de PP Luis Bárcenas, que este caso es "pasado", y aseguró que él, "personalmente, nunca habría estado en un partido político en el que hubiera la más mínima sombra de corrupción”.

En una entrevista en Servimedia, recalcó: “Yo no estaría en el PP si existiera esa sombra de corrupción”.

Dijo que Bárcenas “tiene derecho a mentir y si se acoge a él, nada que decir, y desde el punto de vista judicial, confianza en los jueces, pero desde el punto de vista político, ha habido varias elecciones desde que salió este asunto”.

Además, añadió, “ha habido una moción de censura y políticamente no debe tener ninguna consecuencia y menos con un PP que nada tiene que ver con los hechos ni con esos momentos históricos”.

Por otro lado, pidió a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, que “se aparte de cualquier procedimiento ligado a un partido”; y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “no se aproveche de un asunto con residencia en el ámbito judicial”.

Consideró que Sánchez, “al que no hago responsable de los GAL ni de Filesa, y tampoco a la dirección actual del PSOE porque nada tiene que ver con aquello", “ahora abraza a Vox, trata bien a Cs y demoniza al PP. Lo hace porque somos la alternativa real” a su Gobierno, sentenció.

https://www.servimedia.es/noticias/1534861

CASADO ENCARGA AL EXJUEZ ENRIQUE LÓPEZ EJERCER DE ESCUDERO DE AYUSO TRAS EL CIERRE DE MADRID

Casado ordena volcarse con Ayuso para evitar que Madrid termine achicharrándole

Madrid, la Arcadia feliz del Partido Popular se ha tornado en pesadilla. La segunda ola de la pandemia, convertida ya en tsunami político, amenaza con llevarse por delante a su presidenta Isabel Díaz Ayuso, y la onda expansiva puede llegar hasta la séptima planta de Génova, y anegar el despacho de Pablo Casado.

Los efectos, al menos los demoscópicos, ya se notan. La última encuesta de Metroscopia de hace una semana refleja una caída del Partido Popular de casi cuatro puntos respecto a julio pasado y lo que es peor, Vox le pisa los talones. El CIS de Tezanos de septiembre anticipaba ya esa tendencia a la baja de los populares. El descontento con la gestión de esta segunda ola pasa factura fundamentalmente al PP.

La alarma antitsunami se ha disparado en Génova y sus fontaneros se han puesto a elaborar un plan de contingencia que salve a la dama para que no den jaque al rey. Una estrategia en dos direcciones. Alejar del foco mediático a Díaz Ayuso para que no siga achicharrándose y blindar su equipo con personas de la máxima confianza del presidente Pablo Casado.

Enrique López, el juez apaga fuegos que gana peso en Madrid

Consejero de Isabel Díaz Ayuso desde hace un año y medio y responsable de Justicia del Partido Popular hace sólo unos meses. Enrique López, es el hombre que ha elegido Pablo Casado para ejercer de escudero de Ayuso, mientras gana peso en Madrid.

Es quien presenta recurso contra las medidas del Gobierno ante la Audiencia Nacional y ante la prensa. Quien dirige el operativo de seguridad durante el confinamiento. Quien acusa Sánchez de "sembrar el caos".

“Estando ahí Enrique López, a mí me da mucha tranquilidad”, reconoce un destacado dirigente del PP de Madrid. “Es que Enrique es muy bueno”, añade un diputado de la máxima confianza de Pablo Casado.

Enrique López, es el hombre que ha elegido Pablo Casado para ejercer de escudero de Ayuso, mientras gana peso en Madrid.

López se ha convertido en el portavoz no oficial de Madrid en esta segunda ola de la pandemia. En los momentos de mayor tensión entre el Gobierno regional y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, es el que da la cara política.

Si el ministro Salvador Illa afirma que la situación de Madrid “es preocupante”, López le acusa de “desleal” y de usar Madrid “para tapar los problemas de Gobierno”.

Si Madrid se convierte en el epicentro del virus, Enrique López asegura que “la situación de la pandemia está controlada”.

Si Díaz Ayuso y Pedro Sánchez crean distintos grupos de trabajo, él, perejil de todas las salsas, está justo en el que también participa el delegado del Gobierno y secretario general del PSOE, José Manuel Franco. Principal instigador de una moción de censura contra Ayuso y bestia parda de los populares madrileños.

MAR, el hombre de Aznar y ahora de Ayuso

Miguel Ángel Rodríguez, más conocido entre amigos y enemigos por su acrónimo MAR, está acostumbrado a mover los hilos. Con José María Aznar y ahora con Isabel Díaz Ayuso. Convertido en su gurú de cabecera, fue él junto a su némesis, Iván Redondo, el todopoderoso jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, los que diseñaron la ‘Cumbre de las Banderas’ para firmar una tregua que apenas duró unas horas.

“Isabel confía ciegamente en él, es en quien se apoya. MAR lo controla todo”, aseguran fuentes del entorno de la presidenta.

Se conocen desde que en 1996 cuando Ayuso, una joven estudiante de periodismo, le pidiera ayuda para finalizar su trabajo de fin de curso sobre la gestión comunicativa del Gobierno de Aznar. Se hicieron amigos y cuando fue designada candidata a la Comunidad de Madrid, Pablo Casado y José María Aznar colocaron a MAR a su lado para convertirla en la nueva Esperanza Aguirre. Pero muchos creen que se le ha ido la mano hasta convertirla en una bomba de relojería para el propio Casado.

Isabel confía ciegamente en él, es en quien se apoya. MAR lo controla todo

“Me consta que hay bastante preocupación en Génova con la influencia radical de MAR en ella y la deriva de enfrentamiento a todo y a todos que ha tomado”, cuenta un dirigente con importantes responsabilidades en el Gobierno de Madrid.

La buena sintonía de Miguel Ángel Rodríguez con Génova se ha tornado en desconfianza. Provoca muchos recelos entre el alcalde y nuevo hombre fuerte del PP, José Luis Martínez-Almeida, y buena parte de la dirección del partido.

Ciudadanos le culpa de echar más leña al fuego al polvorín en el que se ha convertido el Gobierno de coalición de Madrid. La relación de Miguel Ángel Rodríguez con Ciudadanos es pésima. Se metió con el padre del vicepresidente, Ignacio Aguado, “por haberse beneficiado por la cara” de un contrato de 102.000 euros en la Asamblea de Madrid. Expulsó a la jefa de prensa de Aguado del chat oficial de comunicación de la Comunidad de Madrid. Al expresidente de la Comunidad con el PP y ahora consejero de transportes con Ciudadanos, Ángel Garrido, le llamó “tránsfuga de mierda.

“Con todo lo que está pasando y siguen sin entender que este gobierno lo forman dos partidos”, se quejan en Ciudadanos.

hay bastante preocupación en Génova con la influencia radical de MAR en ella

Enrique López, Miguel Ángel Rodríguez… La guardia pretoriana que Pablo Casado ha establecido en torno la presidenta de Madrid se completa con los consejeros Javier Fernández- Lasquetty y el ultraconservador David Pérez. Junto a ellos la secretaria general del PP de Madrid, Ana Camins, íntima de Casado de sus tiempos en Nuevas Generaciones.

Lasquetty, pupilo de Aguirre, hombre de la máxima confianza de Aznar, y jefe de Gabinete de Casado, abandonó la planta noble de Génova para volver a Sol con Ayuso. Ultraliberal e impulsor de la privatización de la sanidad madrileña, Pablo Casado le ha encargado “tutelar”, a Díaz Ayuso.

A Enrique López y a Javier Fernández-Lasquetty, Casado les encomendó la tarea de convertirse en el escaparate de lo que sería su Gobierno en caso de llegar a Moncloa. Claro eso que fue antes de la pandemia. Ahora les toca la labor de apagafuegos y quien sabe si en un futuro el relevo de la propia Isabel Díaz Ayuso si se achicharra del todo.

Operación blindar a Ayuso

En contra del criterio de muchos dirigentes del PP y de buena parte de sus barones territoriales que creen que Díaz Ayuso está haciendo “mucho daño” al partido y a su líder, Pablo Casado ha impuesto el cierre de filas en torno a su amiga.

“No hay dudas sobre ella. Cuenta con el apoyo de Génova”, "la relación es perfecta y de total sintonía”, reconocen distintos cargos populares con hilo directo en Génova y en Sol.

Pero el nerviosismo en el Partido Popular es cada día mayor. Los barones territoriales temen que el "lío" de Madrid les pase factura y opaque su propia gestión de la pandemia. "El gobierno lo ha hecho mal pero Casado y Ayuso están trasladando la imagen de que su PP podría hacerlo peor. Y eso es justo lo que no se puede permitir un partido que hasta esta dirección siempre había sido reconocido porque todos como un excelente gestor de lo público y especializado en resolver crisis graves de todo tipo", explica un antiguo dirigente muy preocupado por "el daño" que se está haciendo a la marca PP.

El gobierno lo ha hecho mal pero Casado y Ayuso están trasladando la imagen de que su PP podría hacerlo peor

“No hay fisuras. Hay unidad de la dirección nacional y de los barones con Ayuso”, insisten desde Génova.

Los estrategas del Partido Popular se han puesto manos a la obra y han diseñado un nuevo relato para presentar a Díaz Ayuso como una especie de Juana de Arco a la que el presidente

Pedro Sánchez pretende quemar en la hoguera de la pandemia.

Isabel Díaz Ayuso y Madrid “son víctimas de un traje a medida”, “la izquierda van a por Ayuso” o "Sánchez y el caos" son las frases fuerza del argumentario que desde hace una semana, justo cuando la tregua con Sánchez saltó por los aires, repiten como un estribillo los dirigentes del PP.

La dirección nacional se ha volcado con ella. Pablo Casado se plantó esta semana en una reunión del PP de Madrid, para arropar a Díaz Ayuso y pedir “más apoyo y menos zancadillas” justo el día en que el Gobierno regional rompió el acuerdo con Sanidad para confinar Madrid.

Sus hombres de máxima confianza, Teodoro García Egea y Javier Maroto la jalean desde las redes.

“Las ocho palabras más aterradoras en política son: Soy del Gobierno y estoy aquí para ayudar”. La cita es de Ronald Reagan, el ultraliberal presidente norteamericano de los ochenta del que son admiradores entusiastas Pablo Casado y Díaz Ayuso. En Génova creen que la mejor salida para Ayuso es intentar que cale la idea de que Sánchez y su Gobierno son los malos de la película. De momento, ya han pedido la comparecencia urgente del ministro Illa para que explique las restricciones impuestas a Madrid ante el Parlamento.

https://www.niusdiario.es/nacional/politica/casado-enrique-lopez-escudero-diaz-ayuso-crisis-cierre-madrid_18_3020595337.html

ENRIQUE LÓPEZ TACHA A ILLA DE "DESLEAL" Y LE INSTA A DEJAR DE "USAR" A MADRID

El consejero madrileño de Justicia, Interior y Víctimas y secretario de Justicia del PP, Enrique López, ha acusado de "deslealtad" al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y le ha instado a "dejar de usar a Madrid para tapar los problemas que el Gobierno tiene en Cataluña".

López ha respondido a Illa con este mensaje a través de su cuenta en Twitter después de que el titular de Sanidad emplazara a la Comunidad de Madrid a "revisar" sus medidas de contención del coronavirus y "extenderlas" de acuerdo con las recomendaciones de "los expertos", al considerar que existe "un serio riesgo" para la salud pública.

Para el consejero madrileño, la "deslealtad" de Illa, "que prefiere atacar en los medios a dialogar en los grupos de trabajo" constituidos esta semana, "genera confusión y desconfianza en la ciudadanía". "Debería dejar de usar a Madrid para tapar los problemas que el Gobierno tiene en Cataluña", concluye López.

"NO HAY QUE ENREDAR"

En esa misma línea, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de "enredar" al "mandar un mensaje de confusión a los ciudadanos" de Madrid al comparecer ayer en rueda de prensa al mismo tiempo que la Comunidad de Madrid explicaba las nuevas restricciones adoptadas en la región.

"No hay que enredar, porque al margen de que el Gobienro de la Nación entienda que no son las medidas adecuadas, no es la mejor imagen para los ciudadanos que cuando la Comunidad de Madrid transmite esas medidas como autoridad sanitaria, se haga una rueda de prensa simultánea", ha afeado el regidor durante su visita a la base de SAMUR-Protección Civil en Casa de Campo.

Y es que, ha continuado, "son decisiones que afectan a los madrileños y que todos esperaban conocer", por lo que no comparte que "al mismo tiempo el ministro salga contraprogramando y mostrando tan abiertamente" su parecer, algo que considera solo contribuye a "enredar" y "mandar un mensaje de confusión a los ciudadanos".

Así, cree Almeida que Illa "debería haber respetado institucionalmente el mensaje y no haber hecho esa rueda de prensa, porque hay canales más adecuados para que el Gobierno pueda hacer valer su opinión".

Martínez-Almeida ha dejado claro que el Gobierno municipal de Madrid "apoyará siempre lo que decidan las autoridades sanitarias" y defiende que la Comunidad de Madrid "ha actuado de manera coherente".

Además, ha reprochado al Ministerio de Sanidad que este pasado martes apoyara las medidas "y que descartaba una situación de confinamiento en toda la ciudad, y dos días después diga lo contrario". En este sentido, ha pedido "que se justifique ese cambio de criterio".

"Desde Sanidad se cambia el criterio y no se aportan los datos. Los ciudadanos tenemos derecho a saber esos datos, no digo que no lo pueda hacer (cambiar de criterio), pero tendrá que justificar por qué dice una cosa el martes y el jueves otra", ha lanzado.

https://www.elmundo.es/madrid/2020/09/26/5f6f1f1821efa0853d8b4597.html

CASADO ACEPTÓ EN UN ‘WHATSAPP’ A SÁNCHEZ RENOVAR EL PODER JUDICIAL

El PP admite la negociación y dice que se truncó el 14 de agosto por el ataque de Podemos a la monarquía

Todo empezó en julio. Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, y Enrique López, encargado del PP de esta área, ya habían hablado mucho de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esta vez sí parecía que había agua. Así que Pedro Sánchez escribió a Pablo Casado, con el que tiene más contacto discreto del que parece. Le envió un WhatsApp preguntándole si era cierta esa posibilidad de acuerdo. Casado le contestó por la misma vía que sí, que quería un pacto para renovar todos los órganos constitucionales, según fuentes de la negociación. En agosto había principio de acuerdo con algunos nombres. Pero Casado se echó atrás.

Esta vez iba en serio. Después del intercambio de mensajes con el presidente, Casado designó una persona de su máxima confianza, que no era Enrique López, para cerrar los detalles con La Moncloa. Una negociación directa y discreta entre los dos líderes y sus entornos, para que luego remataran Campo y López.

Desde ese momento, en la semana del 20 de julio, todo fue bien. El acuerdo era inminente. Además de las reuniones preparatorias de Campo y López, hubo hasta 12 contactos telefónicos en julio y agosto entre los equipos de Casado y Sánchez. Y tres reuniones presenciales, todo con gran discreción. Hubo muchos contactos a todos los niveles.

En agosto se llegó a un principio de acuerdo sobre todo: renovación del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del consejo de RTVE y del Defensor del Pueblo. Con algunos nombres ya encima de la mesa, según estas fuentes. Solo faltaba rematarlo con todos los detalles. Pero Casado, justo después de que Cayetana Álvarez de Toledo desvelara el día de su destitución, el 17 de agosto, que el pacto estaba ultimado, se echó para atrás.

El PP, que no admite que el pacto estuviera tan cerrado aunque sí la intención inicial, asegura que lo que cambió es la actitud de Unidas Podemos en agosto, cuando estalló el escándalo por la salida del rey Juan Carlos de España ante las noticias sobre sus cuentas opacas. Y niega rotundamente que las declaraciones de Álvarez de Toledo tuvieran ninguna relevancia. Pero varias fuentes tanto del PSOE como del PP creen que sí fueron definitivas porque dejaban al líder en un lugar delicado.

El PP ha hecho público hoy un comunicado en el que dá detalles para desmentir la idea de que la destitución de Álvarez de Toledo tuviera relación con la marcha atrás. El texto señala que Casado comunicó a Sánchez el cambio el 14 de agosto, tres días antes de la destitución de la portavoz. El comunicado admite el Whatsapp inicial y la negociación y explica el cambio: “El 3 de agosto, la Casa Real anunció la salida de España del Rey Don Juan Carlos, lo que motiva un intolerable ataque del vicepresidente segundo del Gobierno al Rey Don Felipe. El líder de la oposición no fue en ningún momento informado por el presidente del Gobierno, y transmitió a Moncloa que el pacto de renovación institucional no podía avanzar con el Gobierno arremetiendo contra la Jefatura del Estado. El 11 de agosto, Podemos fue imputado por financiación irregular mientras intensificaba sus críticas al Poder Judicial, a la Monarquía, y pedía un gobierno con Bildu en el País Vasco y un pacto presupuestario con Esquerra a cambio de retomar la mesa de autodeterminación de Cataluña. Por todo ello, el 14 de agosto Pablo Casado transmitió al Gobierno, a través de una reunión presencial de sus interlocutores, que no se podía acordar la renovación de las instituciones del Estado si Podemos tenía cualquier papel en ella. El 2 de septiembre, el presidente del Partido Popular se lo comunicó personalmente al presidente del Gobierno en la Moncloa y lo hizo público en una larga comparecencia de prensa”, señala el PP.

Casado ha dejado muy claro, tanto en público como en privado, a través de su equipo —el último contacto con La Moncloa fue el 31 de agosto— que el pacto es inviable mientras esté Unidas Podemos en el Gobierno. En la rueda de prensa del miércoles, el líder del PP señaló que las cosas habían cambiado en agosto por la actitud de Unidas Podemos. Desde la salida de Juan Carlos I y la imputación del partido por una denuncia sobre supuesta financiación irregular, Pablo Iglesias ha atacado a la justicia y la Monarquía de una forma inasumible para el PP, señalan en este partido.

Sin embargo, Iglesias está en el Ejecutivo desde enero y siempre ha mantenido una posición crítica con los escándalos de Juan Carlos I y dura con la justicia, hasta el punto de que hubo un reproche del Consejo General del Poder Judicial, y el PP negoció el acuerdo en julio y agosto.

¿Qué ha cambiado? Según la versión oficial del PP, que Unidas Podemos ha endurecido su postura y se lo ha puesto muy difícil a Casado. Según algunas fuentes de este partido, que el jefe de la oposición se vio desnudo ante el sector más duro, sobre todo mediático, después de que su portavoz desvelara el acuerdo, y tuvo que dar marcha atrás.

Es algo que ya sucedió en el anterior acuerdo, en 2019. Cuando se conoció el pacto, Casado sufrió críticas muy fuertes de la derecha. Ya estaba pensando en dar marcha atrás, como le pedían en su entorno, pero no fue necesario: el propio juez Manuel Marchena, el presidente del Poder Judicial que habían pactado Sánchez y Casado, renunció a la batalla al publicarse un mensaje del portavoz del PP, Ignacio Cosidó, en el que le contaba a sus senadores que con Marchena el PP iba a “controlar la sala segunda por detrás”. El pacto se fue al garete y los más duros del PP respiraron tranquilos. El negociador de entonces de los populares, Rafael Catalá, quedó achicharrado internamente.

Gran discreción

Esta vez, Sánchez y Casado llevaban la negociación con gran discreción, pero informaron a Carlos Lesmes, presidente del Poder Judicial, un conservador que presiona hace meses para que se renueve un órgano que en diciembre cumplirá dos años fuera de plazo, el récord hasta ahora. El anterior también fue con el PP en la oposición: dos años de bloqueo. Algunas fuentes consultadas señalan que a este ritmo el PP ya se habrá apropiado por la puerta de atrás de un mandato entero del Poder Judicial —cinco años— con una mayoría que según la Constitución no le correspondía.

En el pleno del Consejo General del Poder Judicial del 28 de julio, Lesmes les dijo a sus 20 miembros: “Tengo información certera de ambas partes de que es inminente el acuerdo. Por eso creo que lo mejor es aplazar los nombramientos”, según fuentes del CGPJ.

Llevaban parados desde enero, cuando hubo un primer intento de acuerdo entre Campo y López. Los consejeros tenían la previsión de que el pacto se anunciaría a finales de agosto, ellos estarían aún en la apertura del año judicial —que se celebra este lunes— y después serían renovados. Varios consejeros detectaron este verano movimientos de todo tipo para la renovación, con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, también encima de la negociación de nombres. Pero la marcha atrás de Casado deja las cosas en una situación compleja. Lesmes ha propuesto retomar los nombramientos pendientes desde hace casi un año. Hay tres vacantes esperando en la trascendental sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Es la que juzga el procés y todos los grandes casos de corrupción, desde Urdangarín a Rato pasando por Gürtel. Y empieza a tener problemas para componer salas cuando hay recusaciones, que es casi siempre. Ahora mismo, si Carles Puigdemont volviera a España, tendrían problemas para componer una sala que lo juzgara. Desde noviembre de 2019, ya hay 29 candidatos examinados por el CGPJ para esas vacantes.

Si el bloqueo sigue y vuelven los nombramientos, el sector conservador podrá controlarlos. Aunque necesitará 13 votos, con lo que los progresistas podrían bloquear alguno. En el mundo judicial, donde se han producido las presiones más intensas para que Casado renovara los órganos constitucionales, casi nadie cree que el líder del PP vaya a mantener otros tres años largos el bloqueo, como se deducía de sus palabras el miércoles —dijo que no habrá renovación mientras Unidas Podemos tenga algo que ver en ella, por tanto mientras esté en el Gobierno—. Pero después de dos fiascos seguidos con el mismo recorrido —acuerdo discreto, revelación, presión de la derecha, marcha atrás— nadie se atreve ya a hacer apuestas.

https://elpais.com/espana/2020-09-06/casado-acepto-en-un-whatsapp-a-sanchez-renovar-el-poder-judicial.html

LOS DATOS SOBRE LA OKUPACIÓN EN MADRID QUE DESMIENTEN LA ALARMA DE ALMEIDA Y DE VOX

Hay 4.000 viviendas ocupadas, según los datos facilitados a este periódico por la Consejería de Vivienda, las mismas que hace cuatro años

Tres pasos. Se colaron en el portal. Reventaron la puerta. Y okuparon el piso. Sucedió hace poco más de un año en un edificio de la calle de Atocha, en pleno centro. Los vecinos cuentan que han pasado un año durísimo. El piso en cuestión es propiedad de un banco. Un bajo de apenas 30 metros cuadrados con una minúscula habitación. Ahí dentro convivieron hasta 15 jóvenes. Hicieron de la casa un mercadillo de droga ambulante incluso durante el confinamiento. El final de esta historia llegó el pasado 8 de julio. La empresa Desokupa, una especie de cobradores del frac en versión inmobiliaria, se presentó en el rellano de la puerta con tres empleados enormes tras ser solicitados por los vecinos. Allí aparecieron tres armarios empotrados, con tatuajes y de mirada desafiante. Atemorizaron a los okupas en menos 10 de minutos. Se marcharon de allí ante la mirada atónita del vecindario y de millones de españoles. La hazaña se retransmitió en directo en El Programa de Ana Rosa. Las historias de okupas multiplican las audiencias. Por allí, claro, aparecieron después más televisiones y más conexiones en directo. El vídeo del desalojo se compartió cientos de veces en redes sociales. Hoy el piso está tapiado y a la venta. El banco pide 157.000 euros por él. “No creo que lo vendan nunca”, cuenta ahora una vecina. ¿Es la okupación uno de los principales problemas de Madrid?

Para el Ayuntamiento, sí. “Todos sabemos, aunque algunos se empeñan en no reconocerlo, que el problema de la okupación afecta cada día a más madrileños”, dijo el concejal de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, el pasado jueves. “Los okupas ya no solo se centran en la okupación de viviendas, sino incluso en naves industriales y solares”. Para Vox, que ha visto en esto un auténtico caladero de votos, también. “El Gobierno alienta los ataques a la propiedad privada”, dijo Santiago Abascal el pasado lunes. “Los madrileños ya saben que Carmena aplaude a los okupas", dijo el portavoz en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, hace justo un año. “Nosotros estamos con los vecinos a los que han robado su propiedad. Y si a alguno no le gusta que se meta en la casa de Iglesias, que es muy amplia”.

“A casi nadie le ocupan su vivienda habitual, siempre suelen ocupar viviendas de bancos”, indica un portavoz de la Consejería de Vivienda

La okupación, sin duda, está en las sobremesas, en los anuncios de radio, de televisión y, sobre todo, en los grupos de WhatsApp familiares. Madrid ha entrado al debate. Acaba de cerrar un contrato de vigilancia por 1,4 millones de euros para prevenir la okupación en solares municipales hasta 2022. El concejal, durante el anuncio, fue tajante: “El fenómeno de la okupación se está acentuando en Madrid”. La realidad es bien distinta. Las denuncias por viviendas okupadas han disminuido en Madrid un 9,5% en el último año, según las cifras del Ministerio de Interior.

El Ayuntamiento, no obstante, también va a crear en las próximas semanas una oficina para asesorar al ciudadano que haya sido víctima de una okupación. “Tolerancia cero contra los okupas”, dice el alcalde, José Luis Martínez Almeida, que habló de la okupación este miércoles en el debate sobre el estado de la ciudad. “Combatiremos siempre la okupación”, insiste habitualmente la vicealcaldesa, Begoña Villacís. Ante la ausencia de datos públicos, el concejal de Desarrollo Urbano precisó que 657 viviendas habían sido okupadas este año según sus propios cálculos, sin entrar en detalles. Se desconoce cuántas de estas casas son de vivienda habitual, de segunda vivienda o propiedad de un banco, como la vivienda okupada de la calle de Atocha. “657 son los datos que manejamos porque la Delegación de Gobierno no publica las cifras desde hace dos años. El delegado del Gobierno se tiene que tomar en serio el problema de la okupación”, explicó el concejal.

Es cierto. Los últimos datos oficiales sobre viviendas okupadas en la región son de 2017. Un portavoz de la Delegación de Gobierno aclara que fue en 2016 cuando se creó una unidad policial para atajar a las mafias dedicadas a la okupación de los pisos. Este fenómeno, según indica el portavoz, era un problema por aquel entonces. “El problema desapareció en 2018 y por eso se dejaron de publicar los datos”. La policía dejó de hacer un balance porque se concluyó aquella misión. Esa unidad ya no existe y no está previsto que vuelva. “Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que se percibe. El problema de esto es la repetición de las imágenes”, subraya. Por eso, asegura, se ha extendido el miedo a que los okupas entren en las casas de los ciudadanos. Aquellos datos indicaban que en 2016 se okuparon 3.807 viviendas en la región y en 2017, los últimos disponibles, 3.918.

¿Y en 2020? En la Comunidad de Madrid existen ahora mismo 4.000 viviendas okupadas, según los datos facilitados a este periódico por la Consejería de Vivienda. Es decir, prácticamente las mismas que hace cuatro años. “A casi nadie le okupan su vivienda habitual, siempre suelen okupar viviendas de bancos”, indica un portavoz de la Consejería. “Nosotros declaramos la guerra a la okupación. Queremos que exista una ley para que se eche a los okupas en menos de 48 horas”, subraya.

Pese a los continuos bulos que circulan al respecto, la policía puede actuar en cualquier momento si los okupadores ilegales han entrado en la vivienda habitual (aunque hayan pasado más de 48 horas desde la okupación) y desalojar a los okupadores ilegales: se consideraría un delito flagrante.

“Muchos medios venden que uno baja a comprar el pan y a la vuelta le han okupado la casa”, cuenta Javier Gil, portavoz del sindicato de inquilinos de Madrid. “Okupar la vivienda habitual sería un allanamiento de morada y no una okupación”, subraya. “Lo que sucede es que se mezclan conceptos. Ahora se le llama okupación a todo, incluso al narcotráfico. Desde el sindicato vemos que está habiendo una campaña de criminalización. Ha habido grandes medios que hasta a la situación de impago del alquiler le han llamado okupación”.

Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad y secretario de Justicia e Interior del PP, admitió a este periódico que las okupaciones de los pisos de particulares son una minoría. El pasado domingo propuso endurecer el delito de usurpación para asegurar la expulsión en todos los casos, incluidos los que son propiedad de los bancos y están vacíos, donde sí es cierto que la demora en la expulsión puede durar varios años. La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, anunció al respecto una inminente instrucción a los fiscales el pasado lunes. Se conocerá en los próximos días.

La okupación de solares

¿Y qué ocurre con los solares? El concejal madrileño de Desarrollo Urbano también puso el foco en la okupación de fincas municipales como otro de los principales problemas de Madrid. Según sus datos, 14 de ellos están okupados ahora mismo. El objetivo es desalojarlos todos. El Solar Maravillas de la calle Antonio Grilo, ubicado a cinco minutos a pie de la Gran Vía, tiene los días contados. Tiene 465 metros cuadrados y fue okupado hace diez años. La Comunidad anunció que quiere construir ahí un centro de salud. Las personas que forman parte de este colectivo estarían dispuestas a abrir un diálogo con las instituciones, según indican en un comunicado publicado en el portal Change.org. “Les instamos a buscar una solución o, al menos, la permanencia del proyecto hasta que realmente exista una adjudicación para la construcción del centro de Salud y comiencen las obras”, indican. Han logrado el apoyo de 15.000 firmas.

El solar, visible desde una puerta de metal, cuenta con una gran arboleda, un huerto, grafitis y decenas de sillas para las sesiones de cine de verano. Sergio Sarabia, de 27 años, acude con frecuencia. Hace justo un año alquiló un piso al lado del solar. Dice que es un sitio muy tranquilo. “Hacen sesiones de cine con documentales de autor muy interesantes. Pero en estos últimos días sí que es que no paran de cantar la canción del no nos moverán”.

https://elpais.com/espana/madrid/2020-09-09/los-datos-sobre-la-okupacion-en-madrid-que-desmienten-la-alarma-de-almeida-y-de-vox.html

ENRIQUE LÓPEZ (PP): EL REY EMÉRITO PUEDE ESTAR DONDE LE PLAZCA

El consejero madrileño de Justicia e Interior y secretario de Justicia del PP, Enrique López, destaca el derecho del rey emérito a la presunción de inocencia y recuerda que ha manifestado que estará siempre a disposición de la justicia, con lo que, señala, "puede estar donde le plazca".

"No encuentro nada polémico en que se ausente fuera del territorio nacional ni dónde esté", apunta López en una entrevista con EFE.

Se trata, dice, de una persona "que ha renunciado a cualquier estatuto de personaje público, que ya no recibe fondos del Estado, que no se encuentra imputado ni investigado y que tiene pleno derecho a la presunción de inocencia como cualquier otro ciudadano".

En este contexto, considera "triste" ver cómo desde Podemos "se le denosta, se le insulta", sobre todo, recalca, teniendo en cuenta que ese partido está siendo investigado en estos momentos por la justicia y que su líder y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se encuentra concernido en otro asunto judicial.

Se refiere el dirigente popular a la causa abierta por un juzgado de instrucción de Madrid por presunta malversación de fondos públicos y administración desleal en la formación morada, y también al caso Dina, donde la Audiencia Nacional investiga el robo del móvil de una exasesora del partido y donde Iglesias perdió la condición de perjudicado al detectarse contradicciones en las declaraciones.

"Cuando menos, está constatado que ha faltado a la verdad en una declaración ante un juez; si eso es delito o no, lo tendrá que determinar el Ministerio Fiscal", señala López.

Podemos es una de las formaciones que defiende eliminar el delito de injurias a la Corona, que, en opinión del consejero madrileño, "tal cual está establecido en nuestro Código Penal y tal cual se encuentra interpretado tanto por la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es un delito que tiene pleno acomodo en un sistema como es el nuestro".

La jefatura del Estado, que ejerce en estos momentos el rey Felipe VI, continúa López, simboliza la permanencia y la unidad del Estado español y es el árbitro moderador de los poderes.

"Que encuentre una protección penal ante exabruptos como algunos nos tienen acostumbrados a oír, no me parece en absoluto inoportuno", concluye.

Denuncia también los ataques de dirigentes de Podemos a los jueces a raíz de la investigación al partido, que, en su opinión, "se ha convertido en todo aquello que criticaba al principio de su andadura como fuerza política".

"Esto hace muy difícil llegar a acuerdos con un Gobierno, en el que un miembro fundamental, como es el vicepresidente, insulta a los miembros del Poder Judicial", indica al comentar las negociaciones en marcha para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

López, que recuerda también la "afrenta" que supuso el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado, confía no obstante en que los grupos parlamentarios puedan alcanzar un consenso.

La legislación establece que los nuevos vocales estén avalados por tres quintos del Parlamento, lo que exige el acuerdo del PSOE y del PP.

"El PP cumple con sus obligaciones legales y constitucionales y es plenamente consciente de que hay que cumplir la ley y de que los órganos constitucionales tienen que renovarse conforme establece la ley; lo que tienen que darse son una circunstancias adecuadas", señala.

"Llamo a la prudencia de todos para que todo pueda hacerse como marca la ley. Yo creo que los grupos parlamentarios sabrán cumplir con sus obligaciones", manifiesta sin revelar detalles de las negociaciones.

A finales de julio fuentes cercanas a las conversaciones confirmaron a Efe que estas estaban muy avanzadas, después de que en 2018, cuando concluyó el mandato del actual CGPJ, que sigue en funciones, se rompiera el acuerdo alcanzado por socialistas y populares y que situaba al magistrado Manuel Marchena al frente del órgano de gobierno de los jueces.

Tras saltar por los aires aquel pacto, el PP defendió la necesidad de cambiar el sistema de elección de los vocales para que la mayoría fueran elegidos por los propios jueces, un modelo por el que siguen apostando aunque llegue a un acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo con el actual sistema parlamentario.

"El PP no renuncia a que cuando tenga la mayoría suficiente en el parlamento adecué la Ley Orgánica del Poder Judicial al espíritu constitucional, en el que los doce miembros del Consejo que han de ser magistrados sean elegidos por magistrados", afirma el consejero.

Ocurra lo que ocurra cuando se retome la actividad parlamentaria después de agosto, apunta, el objetivo debe ser fortalecer la imagen de independencia del Poder Judicial.

Toca también elegir a cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, que concluyeron su mandato en noviembre de 2019, y López reitera, como en el caso del CGPJ, la obligación legal de renovar en plazo.

"Esto no es nuevo y no es bueno", señala antes de recordar que en 2008 el PSOE "paralizó" la renovación del Constitucional hasta 2011 precisamente para que él no fuera nombrado magistrado.

https://www.eldiario.es/politica/enrique-lopez-pp-el-rey-emerito-puede-estar-donde-le-plazca_1_6165324.html

ENRIQUE LÓPEZ: “EL JUEGO NO ES UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA” Y RETRASAR EL HORARIO DE APERTURA DE LOCALES ES UNA MEDIDA “DESPROPORCIONADO E IRRACIONAL”

Enrique López, Consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid y recientemente galardonado como Político del Año por la Revista AZAR explica y argumenta magistralmente en El Mundo porqué las medidas programáticas con respecto al Juego de PSOE y UNIDAS PODEMOS no son realistas. Se centra el Consejero en la apertura de locales a las 10 de la noche, quien califica la iniciativa como “desproporcionada e irracional” además de “precipitada e irresponsable“. Recordemos que la prioridad para el Ejecutivo Madrileño es “proteger a los a los menores y a los colectivos vulnerables“. Unos principios que todos compartimos pero que se tienen que llevar a cabo con sentido común y es que tal y como afirma el Político del Año en el citado diario: “No se ha analizado ni siquiera el impacto económico que puede suponer abrir este tipo de establecimientos a partir de las 10 de la noche ni cómo va a contribuir eso a proteger a la salud pública“, y recuerda “En la Comunidad vamos a seguir con los principios que nos hemos marcado: el respeto a una actividad económica legal en toda Europa, que genera riqueza y puestos de trabajo y tener en cuenta que esta actividad genera un riesgo para la salud pública“, pero insiste, “no estamos ante un problema de salud pública“.

https://www.azarplus.com/enrique-lopez-el-juego-no-es-un-problema-de-salud-publica-y-retrasar-el-horario-de-apertura-de-locales-es-una-medida-desproporcionado-e-irracional/

LA BATALLA POR LAS CASAS DE APUESTAS ENTRE EL GOBIERNO Y LA COMUNIDAD

Madrid rechaza que la limitación del horario de apertura a partir de las 22.00 horas que propone el Ministerio de Garzón.

La Comunidad de Madrid rechaza la regulación del juego que ha planteado el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos en su acuerdo de coalición. Desde el Ejecutivo regional se muestran particularmente críticos con la propuesta del Ministerio de Consumo y Bienestar Social, una cartera que ostenta Alberto Garzón (IU), para que los salones y casas de apuestas no puedan levantar el cierre hasta las 22.00 horas, cuya aplicación, en todo caso, es de competencia autonómica.

«Establecer un horario como el que se ha anunciado me parece desproporcionado e irracional», resume el consejero madrileño de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, en conversación con EL MUNDO.

«No se ha analizado ni siquiera el impacto económico que puede suponer abrir este tipo de establecimientos a partir de las 10 de la noche ni cómo va a contribuir eso a proteger a la salud pública», precisa.

El pacto suscrito entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias recoge entre sus medidas la de impulsar «criterios homogéneos con las comunidades autónomas» en el marco de la Conferencia Sectorial -el organismo multilateral en el que están representados todos los gobiernos regionales además del central- para evitar que los salones de juego puedan abrir antes de las 22.00 horas y que limiten su proximidad a centros escolares.

Desde el pasado mes de mayo esta distancia mínima está ya restringida en Madrid a 100 metros para las nuevas licencias y el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso está estudiando incluso la posibilidad de reducirla.

«En la Comunidad vamos a seguir con los principios que nos hemos marcado: el respeto a una actividad económica legal en toda Europa, que genera riqueza y puestos de trabajo y tener en cuenta que esta actividad genera un riesgo para la salud pública», argumenta López. «En ese sentido, nuestra prioridad es proteger a los menores y a los colectivos vulnerables», añade.

https://www.elmundo.es/madrid/2020/10/04/5f78b71921efa06d7f8b4651.html

ENRIQUE LÓPEZ: «EL DELITO DE ENALTECER EL FRANQUISMO ES INNECESARIO»

El secretario de Justicia del PP sostiene que el Gobierno ha cruzado «líneas rojas» que hacen muy difícil un acuerdo para renovar el CGPJ y el Constitucional. No descarta que Sánchez indulte a los líderes del «procés». «Se puede cometer rebelión con una firma en el BOE»

Enrique López ha cruzado la línea, como otros tantos jueces, para pasar de la toga a las responsabilidades políticas: Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y Secretario de Justicia e Interior del PP.

–¿Está dispuesto el PP a un amplio acuerdo con Gobierno en materia de Justicia?

–Sí. El PP ofrece un gran acuerdo al PSOE para reformar y modernizar el sistema de Justicia. Aquí se incluiría un Modelo territorial de la planta judicial, mantener el sistema de acceso a la carrera judicial por el sistema de oposiciones, garantizar la unidad de gobierno del Poder Judicial, con un único CGPJ y en contra de la creación de consejos autonómicos del Poder Judicial...

–¿También habría que incluir la reforma de elección de vocales de procedencia judicial del CGPJ?

–Sí, habría que reforzar la independencia del Poder Judicial y eliminar la imagen de politización y volver a la elección directa por los jueces de esos vocales.

–¿Y en cuanto al proceso penal?

–Habría que reformar el proceso penal para adaptarlo al siglo XXI. Aquí entraría la adopción por el fiscal de la investigación de los procesos penales, siempre que no se nombre fiscal general a un ministro de Justicia, pero mal empezamos en este punto con la propuesta de Dolores Delgado.

–¿Cuándo puede haber renovación del CGPJ –el actual lleva más de un año en funciones– y del TC?

–El PP es un partido que cumple y respeta la Ley y que cree en la renovación de los órganos constitucionales. Lo que ocurre es que en estos momentos el Gobierno de la Nación, con el presidente a la cabeza, ha traspasado líneas rojas que hacen muy difícil alcanzar este acuerdo.

–¿Cuáles son esas líneas rojas?

–La primera es la propuesta de nombramiento como fiscal genera del Estado de Dolores Delgado, hasta hace poco tiempo ministra de Justicia y diputada del PSOE. La segunda, es el anuncio de la reforma del Código Penal para dulcificar la respuesta penal del delito de sedición como consecuencia de las penas impuestas por el Supremo a los condenados del «Procés»; pena que cuando se le podía aplicar a los controladores aéreos a nadie le preocupaba su gravedad. En tercer lugar, consideramos que debemos negociar un acuerdo global en materia de Justicia, en el que se debería producir una definitiva despolitización de la Justicia.

–¿Por qué no se puede abordar la renovación de esos órganos al margen de esas «líneas rojas»?

–No se puede desligar la renovación de los órganos constitucionales de los graves acontecimientos políticos que se están produciendo tras la toma de posesión del actual Gobierno. A esto hay que añadir que para nosotros es fundamental y esencial dentro de ese proceso de despolitización de la Justicia estudiar la reforma de elección de vocales de procedencia judicial del CGPJ. Estamos en un escenario donde es muy difícil este tipo de acuerdo. Creemos que la Justicia española se merece en estos momentos algo más que la renovación de los órganos constitucionales.

–En otro orden de cosas, ¿sospecha que el Gobierno puede indultar a los condenados del «procés»?

–No tengo ninguna razón para descartar esa posibilidad. El presidente Sánchez ha sido preguntado varias veces en este sentido por el presidente del PP, Pablo Casado, y no respondió. De momento, lo que se nos ha anunciado es una reforma del delito de sedición con el fin confesado de rebajar las penas, aunque se enmascara en dos falsedades: que hay que adecuar el Código Penal a las previsiones europeas, lo que no es cierto porque en otros códigos penales respecto a estos hechos recogen incluso penas más graves; y, en que hay que escuchar a los jueces que han rechazado aplicar algunas órdenes de detención y entregan, lo que tampoco es cierto.

–Entonces...

–No sé si les indultarán o no; pero lo que sí hay es una primera medida que tiene como fin rebajar la respuesta penal que dio el Tribunal Supremo en esa sentencia. Y no podemos olvidar que estamos ante hechos gravísimos: después del 23-F han sido los más graves en nuestra democracia y no se puede frivolizar sobre ellos ni hablar de «deriva judicial», como hizo el presidente del Gobierno.

El «procés» ha sido lo más grave de nuestra democracia desde el golpe del 23-F

–El PP sí propone una reforma para incluir el delito de rebelión impropia.

–Sí. Ese es un delito en el que no concurre el elemento de la violencia como era concebida en el siglo XX, fundamentalmente porque hoy se puede cometer un delito de rebelión, contra la identidad constitucional o contra el Estado de Derecho sin necesidad e disparar una sola bala. Se puede cometer con una simple firma en el Boletín Oficial del Estado o de una Comunidad Autónoma. Tenemos que conceptualizar este tipo de violencia, peor no a baja sino al alza, estableciendo un delito de rebelión impropia donde no sea esencial el uso de la violencia.

–Antes aludió a la propuesta de Dolores Delgado como fiscal general del Estado...

–El nombramiento de una fiscal general de quien ha sido ministra de Justicia y diputada del PSOE es uno de los mayores ataques que se pueden producir al principio de imparcialidad del Ministerio Fiscal. No pongo en duda su trayectoria. Ha ejercido labores políticas legítimamente, como yo las estoy ejerciendo en estos momentos, y yo no sería nunca fiscal general del Estado desde el momento en el que he aceptado ejercer labores políticas, muy dignas y legítimas pero que compromete seriamente la imagen de imparcialidad e independencia objetivo que debe tener un fiscal general. Y esto nos genera intranquilidad.

Se puede cometer rebelión con una firma en el BOE

–¿No le dan siquiera el beneficio de la duda de que pueda ejercer su cargo con independencia?

–Nace con una falta absoluta de apariencia de imparcialidad e impide que podamos tener la confianza adecuada. Esto en cualquier otro país europeo sería impensable.

–¿Habría que reformar la Constitución para que el fiscal general del Estado no tenga esa dependencia con el Gobierno?

–No. No veo inconveniente una designación a propuesta del Gobierno. Sin embargo, el problema está que en este caos no se ha buscado una persona de confianza política, sino una persona al servicio del partido: ha prestado servicios a su partido hasta el momento de su designación. Hay una notable diferencia. No debemos reformar la Constitución para defendernos de gobiernos irresponsables, como el que propone a una ministra de Justicia.

–-¿Planteará el PP alguna iniciativa para evitar que supuestos similares en el futuro?

–Sí. Presentaremos en los próximos días una Proposición de Ley para que nadie que haya ocupado un alto cargo en el Poder Ejecutivo o haya sido diputado pueda ser después fiscal general del Estado. Para ellos, plantearemos una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que impida esa posibilidad.

–¿Qué le parece la transferencia de la gestión penitenciaria al País Vasco?

–No es el momento adecuado para transferir la gestión del cumplimiento de las penas a administraciones autonómicas. Creo, por el contrario, que el cumplimiento de las penas del «procés» nos está poniendo en una situación que nos alerta del riesgo que supone que esta competencia no corresponda al Estado.

–¿Propone entonces que su gestión la tenga siempre Instituciones Penitenciarias y no puedan ser transferidas a las comunidades autónomas?

–Se trataría de reformar la Ley General Penitenciaria, sobre la que el Estado tiene competencia exclusiva, y revertir la situación actual con la simple reforma de un articulo. Proponemos que la ejecución de las penas impuestas por el Tribunal Supremo y Audiencia Nacional, la gestión de su cumplimento, con independencia de la prisión donde se cumplan, siempre corresponda al Ministerio del Interior.

–El Gobierno quiere tipificar como delito el enaltecimiento del franquismo...

–Es absolutamente innecesario, que tiene también como fin dividir a los españoles y es contrario a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humano. Se trata de nuevo de buscar un rédito electoral en algo totalmente inapropiado.

https://www.larazon.es/espana/20200217/4highjkhqrckrfkq3z4qjjzt3i.html

EL PP SACA LA OPOSICIÓN DEL PARLAMENTO Y LA LLEVA A LOS TRIBUNALES

La vía judicial se está volviendo cada vez más recurrente para los de Pablo Casado. Enrique López, recién nombrado responsable de Justicia del PP, es el principal muñidor de esta estrategia y su postura gana enteros en Génova.

La estrategia de oposición de Pablo Casado se centra en tres ejes. El primero, utilizar un discurso duro en el Congreso y Senado para confrontar cara a cara con el Gobierno y afianzar su posición respecto a Vox. El segundo, valerse de las autonomías gobernadas por el PP para que estas ejerzan de "dique de contención" frente al Ejecutivo central. El último, emplear la vía judicial para frenar determinadas actividades capitaneadas por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Los populares tampoco descartar salir a protestar a la calle cuando el Gobierno tome decisiones de calado, aunque esta vía despierta recelos en el PP.

La vía judicial se está volviendo cada vez más recurrente para los de Pablo Casado. Enrique López, actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y recién nombrado responsable de Justicia del PP, es el principal muñidor de esta estrategia y su postura gana enteros en Génova. López está metiendo al PP en un sin fin de querellas y recursos que pueden poner en entredicho a los conservadores a nivel judicial. Algunos cargos del partido ya discrepan de la estrategia de la dirección y señalan que no hay que contribuir al desprestigio de las instituciones con querellas "sin sentido".

El nuevo responsable de justicia del PP, Enrique López, fue apartado de los casos Bárcenas y Gürtel por su afinidad con el Partido Popular

López, que fue apartado de los casos Bárcenas y Gürtel por su afinidad con el Partido Popular, también fue magistrado del Tribunal Constitucional durante un año (2013-2014). Designado a propuesta del PP, fue uno de los motivos de polémica entre el PSOE y el PP ya que la formación conservadora quería renovarle. Tuvo que dejar este puesto por cuadruplicar la tasa de alcohol (1,12 en la primera prueba de alcoholemia) y por conducir sin casco por Madrid: "En Génova está muy bien considerado, es una persona experimentada e inteligente que cuenta con la confianza de Pablo", aseguran fuentes populares a Público.

El estilo de López se asemeja al de la época de Francisco Álvarez Cascos, cuando este era secretario general del PP, un cargo que ocupó entre 1989 y 1999. Entonces López formaba parte del Consejo General del Poder Judicial y de ahí parte su relación con Juan Carlos Campo, el actual ministro de Justicia. Ambos eran vocales y cada uno lideraba a su grupo de vocales -conservador y progresista- cuando había que negociar los nombramientos.

Querellas, recursos y denuncias contra el Gobierno

Los conservadores interpusieron una querella la pasada semana en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra el president de la Generalitat, Quim Torra, por un supuesto delito de usurpación de funciones públicas: "Presentamos esta querella porque el Gobierno está desistiendo de sus obligaciones", señaló López. "El PP asume esta acción para defender el Estado de derecho". Los conservadores insisten en que Torra no puede ser president, pero el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre la inhabilitación. Lo único que ha hecho es no suspender la resolución de la Junta Electoral mientras se estudia el recurso.

La exministra de Justicia Dolores Delgado se ha reincorporado este miércoles a su plaza como fiscal de la Audiencia Nacional después de dejar su escaño y antes de que se haga efectivo su nombramiento como próxima fiscal general del Estado. Por su parte, el PP está ultimando el recurso que interpondrá ante la Sala de los Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en contra de esta elecció, una vez que su nombramiento por el Consejo de Ministros salga oficialmente publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este recurso se interpone por la vía contencioso-administrativa. El único precedente es el de Eligio Hernández, anulado por el Supremo en el año 1994 al entender que los siete años en los que desempeñó cargos dependientes del Ejecutivo no constituyeron un ejercicio efectivo de su profesión de jurista. Hernández no cumplía los 15 años de ejercicio efectivo como jurista, sin embargo, Delgado lleva 25 años de fiscal en la Audiencia Nacional.

Los conservadores también registraron una denuncia ante la Fiscalía a finales de enero para que investigasen el encuentro en el aeropuerto de Barajas entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Es más, fuentes cercanas a Pablo Casado no descartan interponer también una querella: "Cada cosa a su tiempo", señalan.

El PP amagó con llevar la concertada y las pensiones a juicio

Después que las declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celaá, afirmando que la elección de colegio no emana de un derecho recogido en la Constitución, el PP amenazó con salir a las calles o acudir a los tribunales para defender la enseñanza concertada: "Si hay que ir a los tribunales, iremos", aseguró la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), junto a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, al inicio de la apertura solemne de la XIV legislatura que ha tenido lugar este lunes 3 de febrero en el Congreso.

El PP aprovecha la primera pregunta a Iglesias como vicepresidente para citar a Venezuela y al "comunismo de élite"

La decisión de congelar la subida de las pensiones hasta la formación del Gobierno molestó profundamente a los conservadores, que anunciaron que lo recurrirían ante el Tribunal Constitucional. Esto ocurrió en diciembre y Sánchez fue investido a principios de enero. La primera medida del Consejo de Ministros fue aprobar la revalorización de las prestaciones, como había anunciado, con carácter retroactivo y la situación no llegó a más.

https://www.publico.es/politica/oposicion-pp-pp-saca-oposicion-parlamento-lleva-tribunales.html

ENRIQUE LÓPEZ (PP) AVISA A DELGADO: ESPERO QUE EL PRIMER SUMARIO NO SEA INVESTIGAR EL INTENTO DE MUERTE DE MONTESQUIEU

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid y nuevo secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha señalado este lunes que el fiscal general del Estado, desde su nombramiento, debe estar sometido "al criterio de apariencia de independencia e imparcialidad" y espera que el primer sumario de la nueva fiscal no sea "investigar un nuevo intento de muerte de Montesquieu".

De esta forma hacía referencia a la necesaria separación de poderes propia del Estado de derecho, y evitaba valorar, "a falta de confirmación oficial", el próximo nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado.

Con todo, a la salida de la Junta Directiva Nacional del PP, López se ha hecho eco de las palabras del presidente del PP, Pablo Casado, quien en la misma ha anunciado que presentarán un recurso contencioso administrativo contra dicho nombramiento.

A juicio de López, que cuenta con una extensa carrera en la judicatura, un fiscal general desde que es nombrado "debe estar sometido a criterio de apariencia de independencia y sobre todo de imparcialidad", y ha avisado de que en la actualidad hay intentos de "politizar la justicia" a pesar de que ha asegurado que él tiene "plena confianza" en el sistema judicial español.

"Hay intentos de politizar la justicia con cierto grado de perversidad. Y es que se habla de desjudicializar la política", ha explicado, para luego añadir que cuando en el seno de la actividad política se cometen delitos, "pues obviamente la Justicia tiene que actuar" porque forma parte del Estado de derecho .

https://www.lavanguardia.com/vida/20200113/472872053635/enrique-lopez-pp-avisa-a-delgado-espero-que-el-primer-sumario-no-sea-investigar-el-intento-de-muerte-de-montesquieu.html

ENRIQUE LÓPEZ, DE "GEORGE CLOONEY DE LA JUDICATURA" A "SÚPER CONSEJERO" CON DÍAZ AYUSO

Casado desde 2014 con la empresaria Belén García Prieto, propietaria de la inmobiliaria de lujo Villamora, hablamos con la mujer del nuevo consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

"Está muy ilusionado. Sé que va a desempeñar una gran labor al frente del cargo. Tiene una cabeza privilegiada. Es muy dialogante". Belén García Prieto, propietaria de la inmobiliaria de lujo Villamora, se deshace en halagos cuando le pregunto por su marido, Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional y flamante consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Esta mujer nacida en Zamora, donde su familia disfruta de una elevada posición social, es una empresaria tan discreta que nunca ha hablado para los medios de comunicación y de la que existen muy pocas imágenes en internet. "Soy antiprensa", dice con voz dulce al otro lado del teléfono. Ahora, rompe su silencio para alabar al hombre por el que su nombre saltó al estrellato en 2014.

Entonces, Enrique López, nacido en Cacabelos (León) en 1963, era muy famoso. En junio de 2013 había sido designado como magistrado del Tribunal Constitucional. Un sueño para el licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo que con 26 años ya pertenecía a la carrera judicial. Solo unos meses antes ese importante momento en su vida profesional, el juez había saltado también a las portadas de las revistas por su noviazgo con la presentadora Silvia Jato.

Divorciado de Elena Crespo, ejecutiva de Telefónica, aquella breve relación supuso su bautizo en la prensa del corazón. Le seguían los paparazzi y sus avatares sentimentales ilustraron las publicaciones de aquellas semanas. En septiembre rompieron. "Ya no salimos juntos, pero estoy feliz", confirmó ella. Enrique tenía fama de rompecorazones y su evidente atractivo provocó que se refiriesen a él como "el bello López" o el "George Clooney de la judicatura". Pero todo cambió en junio de 2014 cuando fue imputado por un delito contra la seguridad vial. Se le retiró el carnet durante ocho meses y tuvo que pagar una multa de 1.440 euros. Su carrera se truncó, su vida se paró.

Y, en medio de ese maremágnum, apareció Belén. "Nos presentó una amiga en común y fue un flechazo. Desde entonces no nos hemos separado", confiesa. Ese mismo 2014, cuando todavía no llevaban un año de relación, se casaron en el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix, en plena sierra madrileña en una ceremonia discreta de la que solo trascendió una imagen del novio. "Le conocí así [se refiere a la fama], pero su perfil mediático es lo que menos me interesó", apunta. Enrique aportaba un hijo al matrimonio; ella, también divorciada, una joven, Almudena, quien considera al juez como su propio padre.

La carrera profesional de Enrique se volvió a enderezar. Volvió a la Audiencia Nacional, donde le tocó juzgar el caso Gürtel. Sin embargo, él y su compañera magistrada Concepción Espejel fueron apartados por su cercanía con el Partido Popular, formación que figuraba entre los acusados. También fue apartado del caso Bárcenas. Un nexo que se ha terminado de confirmar ahora con su nombramiento como consejero de Interior y Justicia. En 2017, el CGPJ le dio una plaza en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, una decisión anulada por el Tribunal Supremo, tras la que el CGPJ decidió mantenerle en la sala como adscrito, junto al magistrado Eloy Velasco. López también formó parte del tribunal que llevó a juicio al concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata, que finalmente fue absuelto por la Audiencia Nacional de humillar a las víctimas del terrorismo por el tuit que publicó sobre Irene Villa en 2011.

Desde la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional ha tomado decisiones como ratificar que la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en octubre de 2016 no fue terrorismo.

Actualmente, López reside junto a su segunda esposa en Aravaca, una zona elitista de Madrid, y le gusta veranear en Galicia y Asturias. "Si él está feliz, yo también lo soy", finaliza Belén García Prieto. La toma de posesión del cargo de consejero en el gobierno de la Comunidad de Madrid en los próximos días será la ocasión perfecta para conseguir la primera foto oficial de una pareja feliz que sobrevivió a casi todo.

https://www.revistavanityfair.es/sociedad/articulos/enrique-lopez-asi-vive-sorprendente-consejero-justicia-interior-isabel-diaz-ayuso/39993

AYUSO ELIGE AL MAGISTRADO ENRIQUE LÓPEZ, APARTADO DE LOS CASOS BÁRCENAS Y GÜRTEL, COMO CONSEJERO DE JUSTICIA

El independiente Manuel Giménez será el nuevo consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, cartera en manos de Ciudadanos

El magistrado de la Audiencia Nacional y exmiembro del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Enrique López será el nuevo consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid. Según ha adelantado La Razón y han confirmado fuentes populares, este jurista, apartado de los casos Bárcenas y Gürtel por su afinidad con el Partido Popular, ha sido elegido por la nueva presidenta de la región, la popular Isabel Díaz Ayuso, para ostentar esta nueva cartera que avanzó en su debate de investidura.

Se trata del primer consejero del PP cuyo nombre se confirma dentro del Ejecutivo regional. Además, este domingo ha trascendido que un independiente, el economista y abogado Manuel Giménez Rasero, será el nuevo consejero de Economía, Competitividad y Empleo, una apuesta de Ciudadanos para el Ejecutivo de coalición de la Comunidad de Madrid.

Enrique López se hará cargo de una cartera que asume las funciones de Interior, antes incluidas en la consejería de Presidencia y que suma a su denominación la alusión a las víctimas del terrorismo, un guiño del PP a Vox. Desde el equipo de Ayuso destacan de López que es "uno de los grandes expertos en el tratamiento jurídico del terrorismo" tanto de ETA como yihadista, también en delincuencia económica o que creó y presidió el Observatorio de Violencia de Genero del CGPJ. López (Cacabelos, León, 1963) fue, a propuesta del PP, vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrado del Tribunal Constitucional durante un año (2013-2014), hasta que dimitió en junio de 2014 tras ser imputado por un delito contra la seguridad vial por conducir su moto sin casco, bebido —cuadriplicó la tasa de alcoholemia permitida—, y saltarse un semáforo en rojo en la Castellana.

Se le retiró el carnet durante ocho meses y tuvo que pagar una multa de 1.440 euros. Además, fue apartado por la Audiencia Nacional de los casos Bárcenas y Gürtel junto a Concepción Espejel, después de que las acusaciones pidiesen su recusación por su afinidad al PP, por haber sido propuesto por este partido para varios puestos y por las conferencias pagadas que había dado en FAES. En 2017 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le dio una plaza en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, una decisión anulada por el Tribunal Supremo, tras la que el CGPJ decidió mantenerle en la sala como adscrito, junto al magistrado Eloy Velasco.

López también formó parte del tribunal que llevó a juicio al concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata, que finalmente fue absuelto por la Audiencia Nacional de humillar a las víctimas del terrorismo por el tuit que publicó sobre Irene Villa en 2011. Desde la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional ha tomado decisiones como ratificar que la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en octubre de 2016 no fue terrorismo.

https://elpais.com/ccaa/2019/08/18/madrid/1566115474_436877.html

RAPAPOLVO DEL SUPREMO AL CGPJ: “DEBE EXTREMAR EL RESPETO A LAS SENTENCIAS COMO PODER JUDICIAL”

La Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que el Consejo se "excedió de lo ejecutoriado en su sentencia" cuando decidió mantener a López y Velasco en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional

“El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano de gobierno del Poder Judicial, algo que debería llevarlo a extremar el respeto al ordenamiento jurídico, los principios que lo rigen y las sentencias de los distintos órganos”, recuerda el Tribunal Supremo en un duro auto donde obliga a la institución que preside Carlos Lesmes a anular de nuevo los nombramientos como jueces adscritos a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional de los magistrados Enrique López y Eloy Velasco.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, por unanimidad, ha acordado dejar sin efecto el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ -donde se adscribió a la Gran Sala de la Audiencia a dichos magistrados- después de que el propio Supremo anulara sus nombramientos como miembros de dicho órgano judicial en una sentencia conocida el pasado mes de abril.

La polémica surgió cuando la Permanente –con los votos en contra de dos vocales- decidió que Enrique López y Eloy Velasco debían permanecer en la ‘supersala’ de la Audiencia pese al fallo del Supremo. De hecho, tres asociaciones judiciales –Asociación Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- recurrieron ante el propio CGPJ el citado acuerdo por ser “contraria al ordenamiento jurídico y lesiva para los miembros de la carrera judicial” mientras una de las magistradas afectadas por dicha decisión fue de nuevo al Supremo presentando un incidente de ejecución de sentencia.

Críticas al CGPJ

En el auto, al que ha tenido acceso El Independiente, el tribunal estima ahora el recurso interpuesto por la magistrada de la Audiencia Nacional Manuela Fernández de Prado, que obtuvo plaza en la Sala de Apelaciones a raíz de la citada resolución de la Sala Tercera del Supremo. La jueza entendió que el Consejo “por la vía de hecho” y “al margen de la sentencia del Tribunal Supremo” había acordado la permanencia de estos magistrados en unas plazas cuyo nombramiento se había declarado previamente contrario a derecho.

Los magistrados Luis Díez-Picazo (presidente), Jorge Rodríguez Zapata, José Manuel Sieira (ponente), Nicolás Maurandi y Eduardo Espín de forma unánime concluyen que el Consejo se “excedió de lo ejecutoriado en su sentencia” cuando decidió mantener a López y Velasco en la Sala de Apelaciones.

El Supremo, que en la resolución acusa al órgano que preside de Lesmes de tener una “actitud puramente voluntarista” en este asunto, sostiene que el Consejo por ejecución de la sentencia donde tumbó los nombramientos de Enrique López y Eloy Velasco tan sólo podía anular los mismos “y efectuar unos nuevos conforme a lo que en aquella se establece” pero “en modo alguno cabe” incluir un acuerdo “como el que se contiene en el apartado 1.1-13-3 de la Comisión Permanente de adscribir a los citados magistrados a dicha Sala”.

“Una actitud voluntarista”

El tribunal razona esta argumentación en que dicha adscripción ni ha sido objeto de debate en el proceso contencioso administrativo ni tampoco en su sentencia. El Supremo recuerda que “es un principio unánimemente admitido, reiteradamente establecido por la jurisprudencia del este tribunal y la doctrina del Tribunal Constitucional que en ejecución de sentencia no cabe adoptar acuerdos que decidan sobre extremos sobre los que aquella no se ha pronunciado ni han sido objeto de debate, so pena de lesionar el derecho a la tutela judicial efectiva”.

Dichos nombramientos deberían haberse realizado en un acto administrativo independiente de aquella sentencia y, por lo tanto, “susceptible de control tanto en vía administrativa como posteriormente en la vía jurisdiccional”, advierten los togados.

“El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al dictar el acuerdo recurrido va más allá del alcance de la sentencia y del mandato en ella contenido, sin fundamento y en una actitud puramente voluntarista, lo que necesariamente sólo puede tener como consecuencia estimar la pretensión de la recurrente Manuela Fernández de Prado”, concluye el Supremo que recuerda al Poder Judicial que debe respetar la “inmutabilidad e intangibilidad del contenido de la parte dispositiva de las sentencias” más si cabe al ser el órgano de gobierno de los jueces.

Los nombramientos de Enrique López y Eloy Velasco fueron anulados el pasado mes de marzo por el Tribunal Supremo por no ser los magistrados de mayor antigüedad entre aquellos que solicitaron plaza en la Sala de Apelaciones de la Audiencia atendiendo tanto a las pruebas de especialización convocadas por el CGPJ en julio de 2011 como a las pruebas de promoción de juez a magistrado para las órdenes civil y penal.

https://www.elindependiente.com/politica/2019/07/11/ts-corrige-nuevo-al-cgpj-tumba-otra-vez-los-nombramientos-lopez-velasco/

EL SUPREMO OBLIGA AL CGPJ A NOMBRAR A DOS NUEVOS JUECES PARA LA ‘SUPERSALA’ DE LA AUDIENCIA

La Sala Contencioso Administrativo ha notificado este jueves la sentencia donde por unanimidad tumba los nombramientos de los jueces Enrique López y Eloy Velasco como magistrados de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.

El Tribunal Supremo ha sentenciado este jueves que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que preside el magistrado Carlos Lesmes interpretó de forma “contraria a derecho” el artículo 37. 2 del Reglamento de la Carrera Judicial cuando nombró a los magistrados Enrique López y Eloy Velasco miembros de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.

La Sección Sexta de la Sala Contencioso Administrativo ha estimado parcialmente y por unanimidad los recursos que interpusieron los magistrados Manuela Fernández de Prado y Carlos Valle contra la decisión de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces que el 17 de mayo de 2017 que designó a López y Velasco para la ‘supersala’ del tribunal más mediático de España.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso El Independiente, los magistrados del Alto Tribunal obligan al CGPJ a retrotraer las actuaciones administrativas al momento inmediatamente anterior al acuerdo adoptado por la Comisión Permanente “a fin de que adopte un nuevo acuerdo para ocupar las plazas de magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional a los magistrados con mayor antigüedad de entre aquellos solicitantes en quienes concurre alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 37.2 del Reglamento de la Carrera Judicial”. En concreto, el Supremo se refiere a las pruebas de especialización convocadas por el CGP en julio de 2011 o a las pruebas de promoción de juez a magistrado pata las órdenes civil y penal.

Una interpretación errónea de la ley

En la resolución, la Sala sostiene que el CGPJ hizo una interpretación errónea del artículo 37.2 del mencionado reglamento que sostiene que “para la cobertura de aquellas plazas a las que la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a la especialización el carácter de mérito preferente, los jueces y magistrados que hayan superado las pruebas de promoción o especialización previstas para los órdenes civil y penal tendrán la consideración de especialistas en los respectivos órdenes”.

Los magistrados Luis María Díez- Picazo (presidente de la Sala Tercera), Nicolás Maurandi, Pablo Lucas, Eduardo Espín y José Manuel Sieira (ponente) apelan a las sentencias dictadas por el Pleno de la Sala de lo Contencioso en julio de 2013 donde se habla de “promoción en la carrera judicial” para concluir que tal expresión “no puede quedar reducida a la promoción de la categoría del magistrado del Tribunal Supremo, como en ocasiones ha hecho el CGPJ, sino que, promoción debe entenderse en un sentido más amplio extendiéndolo a obtención de destinos en tribunales de superior categoría desde el punto de vista procesal, como ocurre en el caso de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional que está llamada a conocer de los recursos que se interpongan contra las sentencias dictadas por la Sala de lo Penal de la citada Audiencia Nacional”.

Las sentencias del Pleno

El tribunal recalca que esta interpretación sí es conforme a la “dicción literal” del artículo 37.2 del citado reglamento. El Supremo explica que la precepto sitúa “en pie de igualdad a quiénes han superado las pruebas de promoción a magistrado con aquellos que han superado la prueba de especialización. Otra cosa es la aplicación que de dicho precepto pueda hacerse en el caso concreto. Si se aplica a un supuesto sí y a otro no el mérito preferente a que se refiere el artículo 37. 2 del RCJ, como en este caso se ha hecho por el CGPJ en su acuerdo de 17 de mayo de 2017 y se recoge en el Real Decreto 527/17 se estará incurriendo en infracción del ordenamiento jurídico y ello porque las sentencias del Pleno de esta Sala tan reiteradamente citadas se limitan a anular en parte el artículo 37.1 del Reglamento de la Cerrar Judicial en cuanto reconoce que no existe la figura de magistrados especialistas del orden civil y penal pero lo que no hace es privar de efectos a la preferente, razón por la que la interpretación que ha efectuado el Consejo General del Poder Judicial al excluir a los recurrentes que habían superado la citada especialización, resulta contraria a derecho”.

Esta sentencia es firme y contra ella no cabe interponer recurso, de forma que el órgano de gobierno de los jueces que dirige Lesmes está ahora obligado a nombrar a dos nuevos magistrados para la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Fuentes de dicho tribunal sostienen que es altamente probable que los magistrados Enrique López y Eloy Velasco queden ahora adscritos a la Sala de lo Penal de la Audiencia.

https://www.elindependiente.com/politica/2019/04/04/supremo-obliga-al-cgpj-nombrar-dos-nuevos-jueces-la-supersala-la-audiencia/

EL SUPREMO ANULA LOS NOMBRAMIENTOS DE DOS JUECES DE LA AUDIENCIA NACIONAL

El Tribunal Supremo ha sacudido este jueves a la Audiencia Nacional con una resolución que anula los nombramientos de dos de sus magistrados –Eloy Velasco y Enrique López- como miembros de la Sala de Apelación, el órgano encargado de revisar en segunda instancia las sentencias de las cuatro secciones penales de la Audiencia. En una resolución conocida esta tarde, el Supremo ha dejado sin efecto la designación de ambos magistrados que realizó el Consejo General del Poder Judicial en mayo de 2017. La decisión, según fuentes jurídicas, no afecta a las decisiones que Velasco y López, ambos con plaza en la Audiencia Nacional, hayan adoptado durante su etapa en la Sala de Apelación, entre ellas la revisión de la condena por el caso de la agresión a los guardias civiles de Alsasua (Navarra) o las que afectan a raperos como Pablo Hasel por enaltecimiento del terrorismo.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo ha dado la razón a dos magistrados –Manuela Fernández de Prado, de la Audiencia Nacional, y Carlos Valle, juez de instrucción de Madrid, que también optaron a esas plazas y recurrieron el nombramiento de sus colegas tras verse relegados. Los recurrentes entendían, y ahora el Supremo les da la razón, que Velasco y López no cumplían debidamente el requisito de especialización penal que figuraba en las bases para acceder a la Sala de Apelación, que fue creada tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de octubre de 2015.

La sentencia de la que no se conoce más que la parte dispositiva, deberá aclarar si la decisión del alto tribunal obliga a realizar un nuevo concurso para la adjudicación de las plazas en la Sala de Apelación o bien las adjudica directamente a otros magistrados que se quedaron fuera del concurso en función de su puesto en el escalafón, afirman fuentes jurídicas. A la convocatoria ganada por Eloy Velasco y Enrique López concurrieron 33 magistrados. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial adjudicó las plazas con seis votos favorables y dos contrarios, los de los vocales Pilar Sepúlveda y Álvaro Cuesta.

La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 330.7 dispone que “la provisión de plazas de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional se resolverá a favor de quienes, con más de quince años de antigüedad en la carrera, hayan prestado servicios al menos durante diez años en el orden jurisdiccional penal, prefiriéndose entre ellos a quienes ostenten la condición de especialista”.

Sin embargo, una sentencia del Supremo de julio de 2013 anuló las pruebas para el reconocimiento de la condición de especialista penal, por lo que a la hora de adjudicar las plazas el Gabinete Técnico del Consejo del Poder Judicial asimiló a la condición de especialistas a los magistrados que hubieran pasado las pruebas de selección anteriores en el orden jurisdiccional civil y penal, situación en la que de los 33 candidatos, solo estaban López y Velasco. Ambos obtuvieron la plaza “con preferencia sobre los/las peticionarios/as con mejor número de escalafón”.

Enrique López tiene su plaza en propiedad en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. De talante conservador, fue apartado del tribunal del caso Gürtel por su supuesta cercanía al Partido Popular. Este partido le aupó a un puesto de magistrado del Tribunal Constitucional al que renunció en junio de 2014 tras ser imputado por un delito contra la seguridad vial.

En cuanto a Velasco, primer juez instructor de los casos Púnica y Lezo en su etapa al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, su destino tras esta decisión del Supremo es una incógnita. Fuentes jurídicas apuntan la posibilidad de que se quede en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

https://elpais.com/politica/2019/03/28/actualidad/1553792126_920895.html

UN CGPJ EN PICADO

El empeño del Consejo de mantener a Enrique López y Eloy Velasco en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional es para estudio ejemplar del derecho perverso

Es un bálsamo Leiva. De madrugada escucho una de sus canciones: “Hazlo como si fueras a morir mañana”. El título me viene de lujo para lo que quiero expresar aquí "con rabiosa independencia", que diría de manera solemne pero no tan creíble el presidente del actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), don Carlos Lesmes. Llevo más de media vida dictando sentencias, conociendo problemas. Tanto es así que, si apareciesen todas las personas implicadas en mis resoluciones, se repoblaría una ciudad de provincias. He sentido cientos de dilemas, dudas, sentimientos humanos y mezquindades. Ahora bien, cuatro años como portavoz nacional en la independiente Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que representa a más de 800 jueces y magistrados de este país, y los necesarios viajes a Madrid me han servido para envejecer y ser escéptico ante los cortesanos.

Estos años me han facilitado oscuros saberes nigrománticos. Un personaje actual muy conocido en estos momentos me dijo: “Raimundo, lo peor de Madrid son los codazos”. Le entendí. Lo peor fue cuando me percaté de que sus codos se hallaban encallecidos y sus hombros fortalecidos de tanto ejercicio de apartamiento jurídico-competitivo.

Voy al tema. El órgano de gobierno de los jueces, es decir, el CGPJ, que por cierto a la mayoría de los ciudadanos le preocupa tanto como el apareamiento del cangrejo de río, pese a las ínfulas y barroquismos, y que tendría que cumplir con creces el artículo 103 de la Constitución, que somete a los poderes públicos a la Ley, ha caído en picado. Ojo, no digo que a todos sus miembros se les pueda encasillar por igual, pero lo cierto es que sus últimas actuaciones son para enmarcar.

Este CGPJ en funciones, que pervive gracias al azar, se ha desmelenado como en una despedida de soltero. El empeño del Consejo de mantener a Enrique López y Eloy Velasco en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, sorteando machaconamente la voluntad del Tribunal Supremo, es para estudio ejemplar del derecho perverso. Lo de los nombramientos exprés, revestidos de legalidad encubierta, de altos cargos judiciales —dónde está su verdadero Poder— se debería examinar en manuales jurídicos de magia. No porque los nombrados no lo merezcan, faltaba más, sino porque sabemos que serán nombrados los elegidos de los nombrantes. Sé lo que digo, aunque parezca un juego de palabras, un trilerismo. Sé lo que digo, aunque parezca el bufón shakesperiano al que se le reían las gracias pero decía la verdad.

Quizás no se vean tantas sonrisas cuando el Supremo se pronuncie sobre lo que se asemeja a un club de golf. “Los amigos de mis amigos son mis amigos”, cantaba Objetivo Birmania. Nombrad, hacedlo “como si no importara nada”, que dice Leiva. Pero cuidado. Aún quedan jueces en España. Aún quedan jueces con mayúsculas. Aún quedan.

Raimundo Prado es portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

https://elpais.com/politica/2019/07/24/actualidad/1563986211_022753.html

ENRIQUE LÓPEZ Y CONCEPCIÓN ESPEJEL SE ENFRENTARÁN EL 29 DE ENERO A UNA NUEVA RECUSACIÓN POR LOS PAPELES DE BÁRCENAS

Tenso ambiente en la Audiencia por “el rebote” de ambos jueces contra los colegas que votaron en su contra

El pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se reunirá el 29 de enero a las diez de la mañana para decidir sobre la segunda recusación planteada contra los magistrados Enrique López López y Concepción Espejel a fin de que no juzguen el caso del extesorero del PP Luis Bárcenas y los papeles B del PP. En opinión de diversas fuentes jurídicas consultadas por ELPLURAL.COM los dos recusados actúan “por despecho”. Porque “¿para qué obligar a los magistrados de nuevo a enfrentarse contra ellos? Sería más lógico que se apartaran”.

Pero por el momento no parece esa la intención de ninguno de los dos jueces retirados del caso Gürtel por su afinidad con el Partido Popular, o al menos la apariencia de ello. “Llama la atención el empecinamiento de estos magistrados que tras el mal trago que pasaron sus colegas y ellos mismos, están dispuestos a repetir la jugada”, comentaba un letrado.

No perdonan

Y es que tras la recusación anterior referida al caso las relaciones personales se vieron afectadas en la Audiencia Nacional. Parece ser que la presidenta de la sección II, Concepción Espejel no ha perdonado a algunos de los jueces que aprobaron la recusación su actitud. Hasta el punto –cuentan- de ningunear a alguno de los caídos en desgracia.

Las visitas de Espejel

Fuentes de la propia Audiencia comentaron a este periódico digital el malestar causado por Concepción Espejel, primero cuando en octubre visitó a magistrados y magistradas que consideraba afines solicitando su voto para no ser recusada y, después tras la decisión, cuando volvió a visitar a quienes habían votado a su favor, retirando la palabra a aquellos que no lo habían hecho.

Como los políticos

Lo cierto es que esta actitud no fue bien recibida ni por unos ni por otros. “Los magistrados actúan por criterios jurídicos, y no por trato de favor, y daba la apariencia más de político que de juez”, añadieron.

El distante López

En cuanto a Enrique López si bien su postura ha sido más distante, lo cierto es que esa distancia “se ha incrementado hasta el infinito con aquellos que admitieron su recusación” y al parecer incluso ha ocurrido “con aquellos a quienes tenía por sus aliados”.

Ambiente muy gélido

Todo ello se puede agudizar con el nuevo incidente de recusación planteado por las acusaciones particulares, es decir IU, Ángel Luna, Asociacio Observatori de Drets Humans, ALA y ADADE . “Si se repite la situación, que lo más probable es que se vuelva a dar el ambiente gélido de por si entre estos magistrados y algunos otros jueces, puede descender a bajo cero. Y no precisamente por los problemas de calefacción que está sufriendo este invierno la flamante nueva sede de la Audiencia Nacional”.

Dar el primer paso

“No sé si se solapó la recusación primera con el informe que preceptivamente tienen que hacer los magistrados frente a una recusación, pero sí es cierto que quizás podrían haber realizado un escrito o dar el primer paso en el sentido de que se retiraban antes de que alguien se lo pidieran”, comentaba otro letrado.

Un importante rebote

La misma fuente explicaba lo que es un secreto a voces en medios judiciales: “Parece que tienen un rebote importante y es que lo cierto es que se aferraron en exceso a su posición. Comentan que incluso han dejado de tomar café con otros compañeros y que se cruzan por los pasillo y ni se hablan…”

El ambiente puede ir a peor

Como todo puede ir a peor, si la segunda recusación se aprueba el próximo día 29, esa tensión puede ir a más. La sala que entenderá del tema, tendrá como ponente en el caso de Concepción Espejel, al magistrado Nicolás Poveda Peñas y fue instructora la magistrada Carmen Lamela Díaz. En cuanto a Enrique López , el ponente de su causa será Antonio Díaz Delgado y el instructor juan Francisco Martel Rivero.

Las apuestas vaticinan recusación

Fuentes jurídicas vaticinan un resultado parecido al de la primera recusación por el caso Gürtel, en este caso por los papeles de Bárcenas. Como se recordará Concepción Espejel fue recusada por 10 votos a 8. López por su parte, cayó por “goleada”: 15 magistrados votaron por apartarle de estos casos, frente a tres que no lo consideraron necesario.

Resultados parecidos

Se ha producido el cambio de dos magistrados en la Sala, Carmen Lamela se ha hecho cargo del Juzgado de Instrucción nº 3 y Juan Pablo González, que estaba temporalmente a cargo de ese juzgado, está ahora en la Sala, pero la posición de ambos es la misma respecto de Espejel , por lo que los resultados pueden ser muy parecidos.

El nombramiento de López

El escrito de recusación de las acusaciones personadas en el caso Bárcenas, aportan consideraciones parecidas al anterior referido al caso Gürtel. Se menciona en cuanto a Enrique López que a propuesta del PP fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, que el mismo partido bregó para que obtuviera su puesto en el Tribunal Constitucional a pesar de carecer de los años precisos de ejercicio y que finalmente el Gobierno de Rajoy le nombró. Se mencionan también los cursos FAES en que participó.

Los elogios de Cospedal

En el caso de Concepción Espejel también los argumentos son similares al anterior escrito de recusación: los encendidos elogios de la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal; su cargo de vocal del CGPJ a instancias del PP; su papel como presidenta de la Audiencia de Guadalajara insistiendo a una juez a investigar la responsabilidad de la administración socialista.

Los imputados relacionados con Génova

Recuerdan las acusaciones: “ En el proceso a enjuiciar hay seis imputados a los que se les piden elevadas penas, todos relacionados con el Partido Popular; vayan como ejemplos: Dos ex- tesoreros del Partido Popular (Bárcenas y Lapuerta). Un ex gerente del Partido Popular. A ellos hay que añadir “una empresa que reformó íntegramente la Sede Nacional del Partido Popular, sus propietarios y la arquitecta directora de las referidas obras”.

¿Por qué magistrados significados políticamente?

“En el estamento judicial tenemos muchos, buenos, imparciales y competentes jueces –se pregunta la acusación- ¿por qué este caso con tanta significación política del Partido Popular, amén de jurídica por supuesto, tiene que resolverse por magistrados tan significados políticamente a favor de muchos de los encausados?”

El prestigio de los tribunales

Concluyen: “No se debe actuar ingenuamente o colocándose unas antiparras a la realidad subyacente. A ello va unido el prestigio de una parte importante de nuestros Tribunales”.

http://www.elplural.com/2016/01/18/enrique-lopez-y-concepcion-espejel-se-enfrentaran-el-29-de-enero-a-una-nueva-recusacion-por-los-papeles-de-barcenas/

EL JUEZ RECUSADO EN GÜRTEL ENRIQUE LÓPEZ, CANDIDATO AL SUPREMO

Es uno de los cinco candidatos a incorporarse a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal

Fue apartado del tribunal que celebrará el juicio de corrupción por la falta de apariencia de imparcialidad en relación con el PP

El juez de la Audiencia Nacional Enrique López forma parte del grupo de cinco magistrados del que saldrá un nuevo miembro para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El magistrado ha solicitado la plaza y ayer la Comisión permanente del CGPJ confirmó que es uno de los que cumplen los requisitos para acceder al puesto.

López fue apartado recientemente del tribunal encargado de enjuiciar el caso Gürtel. El magistrado rechazó retirarse voluntariamente de la causa, pero el Pleno de la Sala Penal aceptó la recusación que plantearon las acusaciones por su proximidad con el Partido Popular. Catorce magistrados vieron falta de apariencia de imparcialidad y otros cuatro, no.

En el caso de que obtuviera la plaza en el Alto Tribunal, López podría volver a encontrarse con el caso Gürtel, ya que la sentencia que dicte en su día la Audiencia Nacional será con toda seguridad recurrida en casación por defensas o acusaciones. Se pondría entonces en marcha otra posible recusación si no se abstenía voluntariamente. Para que todo eso llegara López tendría que haber obtenido plaza, algo que ven extremadamente difícil desde el entorno del magistrado. No por los méritos del candidato, que ha sido incluso magistrado del Tribunal Constitucional, sino por el revuelo político que levantaría.

Además de López, el también juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha pedido la plaza del Supremo. Velasco es juez central de instrucción y se encarga de investigar, entre otros, el caso Púnica.

Los otros tres candidatos al puesto, con más posibilidades que los dos magistrados de la Audiencia, son Pablo Llarena Conde, presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona y de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM); el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Leopoldo Puente Segura; y el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava, José Jaime Tapia Parreño.

La aprobación del quinteto de candidatos -que se limitó a admitir a quienes cumplían los requisitos legales- ha contado con el voto contrario de Álvaro Cuesta. Este vocal propugnaba aplazar la elección hasta que se resolviera la imposibilidad de muchos magistrados de concurrir al puesto al haber anulado el Supremo el examen que les abría las puertas.

http://www.elmundo.es/espana/2016/01/14/5697f8e1268e3e72078b4738.html

EL JUEZ QUE PRESIDIRÁ GÜRTEL DICE QUE EL PAPEL DEL PP FUE “SECUNDARIO”

El magistrado Ángel Hurtado hace suyos los argumentos del PP contra las recusación de López

El juez que presidirá el tribunal del caso Gürtel, el magistrado de la Audiencia Nacional Ángel Hurtado, considera que el PP solo tuvo un “papel secundario” en la causa. Así lo expone Hurtado en el voto particular que ha presentado contra la recusación del magistrado Enrique López acordada por la Sala de lo Penal. La mayoría del pleno consideró que la relación de López con el PP es “continuada e intensa”.

Tras la recusación de Enrique López y Concepción Espejel acordada por la Audiencia Nacional, el tribunal que juzgará el caso Gürtel estará formado por los otros tres magistrados de la sección segunda de la Sala de lo Penal: Julio de Diego, que ya estaba designado, José Ricardo de Prada y Ángel Hurtado. Este último, que presidirá el juicio y será el ponente de la sentencia, votó en contra de las dos recusaciones y formuló un voto particular en el que expone sus razones. La principal: que los 14 magistrados que apoyaron apartar a López no han tenido en cuenta que el PP es solo un “actor secundario” en esta causa, por lo que no se justifica que se recuse a un juez por sus relaciones con este partido.

Hurtado asume los argumentos que emplearon los populares en sus alegaciones contra la recusación de López. El PP usaba el mismo término, “secundario”, para definir su condición de acusado como responsable civil subsidiario. El futuro presidente del tribunal dice estar de acuerdo con el partido y duda de la “proporcionalidad” de la decisión acordada. “Habría que preguntarse hasta qué punto es tolerable que la implicación de un actor secundario en el proceso penal, como es un mero partícipe a título lucrativo, pueda condicionar la formación de un tribunal penal, con la afectación que ello entraña en relación con el derecho al juez predeterminado por ley”, sostiene Hurtado en su voto particular, al que se han adherido los otros tres jueces que se opusieron a la recusación (Juan Francisco Martel, Nicolás Poveda y Fermín Echarri).

Sus argumentos se oponen a los de la mayoría del pleno, que considera que López ha mantenido una “relación continuada, intensa y remunerada” con el PP durante más de 14 años que le inhabilita para juzgar la trama de corrupción vinculada a este partido. El auto redactado por el magistrado Ramón Sáez advierte de que esta relación genera “una razonable percepción de proximidad” y denota “cierta confianza de la dirigencia del partido”.

El pleno cree que López “no superan el estándar objetivo” de apariencia de imparcialidad necesario para juzgar cualquier caso. “Este tribunal no tiene dudas sobre la capacidad del juez recusado para decidir conforme a la Constitución y a la ley, pero aquí es objeto de enjuiciamiento si se puede excluir toda duda sobre su apariencia de imparcialidad y de desinterés en el caso atendiendo a las relaciones que ha mantenido con alguna de las partes”, advierte la Sala de lo Penal.

http://politica.elpais.com/politica/2015/11/11/actualidad/1447272033_787961.html

LA AUDIENCIA NACIONAL PARA LOS PIES A LOS MANEJOS DEL PP PARA CONTROLAR EL JUICIO DE LA GÜRTEL

Dos jueces de tendencia conservadora y un progresista compondrán finalmente el tribunal juzgador de la trama corrupta, después de que la Sala de lo Penal haya apartado a Enrique López y Concepción Espejel por sus vínculos populares

Enrique López y Concepción Espejel han sido apartados del tribunal de Gürtel por la Audiencia Nacional.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha adoptado este viernes una decisión de largo recorrido al apartar del tribunal del caso Gürtel a los dos jueces recusados por las acusaciones, Enrique López y Concepción Espejel, porque su apariencia de imparcialidad se veía comprometida por sus relaciones con el Partido Popular.

De esta manera, el nuevo tribunal juzgador de la Gürtel estará formado por dos jueces conservadores y uno progresista, en lugar de tres conservadores como era hasta ahora.

Los otros dos miembros nuevos son los dos que quedaban de la sección segunda: Ángel Hurtado, magistrado de tendencia ultraconservadora, y José Ricardo de Prada, magistrado muy progresista. El tercer integrante es Julio de Diego, también de tendencia conservadora y amigo de Concepción Espejel.

La decisión de la Sala de lo Penal ha sido drástica e, incluso, con consecuencias personales como es el caso de Julio de Diego. Llevaba semanas transmitiendo a Espejel que se apartara voluntariamente del caso, sin lograrlo. Por ello, cuando llegó la hora de la votación, no lo dudó y adoptó una de las decisiones más difíciles de su vida: votar a favor de la recusación de López y Espejel, a pesar de la amistad que les unía.

Otros magistrados de tendencia conservadora se sumaron también a la recusación de ambos jueces, decisión que causó sorpresa y que es considerada "simbólica" por fuentes judiciales en cuanto que supone todo un mensaje de los magistrados a quienes quieran manejar la Sala de lo Penal entre bambalinas, tanto desde la cúpula judicial como desde los partidos políticos.

Si bien la recusación de López estaba ya descontada -fue aupado por el PP para tres cargos políticos y participó en cursos de la Fundación FAES vinculada a dicho partido- la admisión de la recusación de Espejel no era esperada y dividió más al plenario.

Aviso a navegantes

Desde el punto de vista formal, a Espejel se le aparta para proteger la debida apariencia de imparcialidad de la Justicia. Sólo se le podrá reprochar el haber sido aupada, como López, al cargo de vocal del Consejo General del Poder Judicial por el PP. O su amistad con María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, que no es causa de recusación formal.

Pero lo importante de la votación de la Sala fue lo que no se dijo sobre Espejel y el hartazgo que se detecta entre los magistrados por sus maniobras para controlar el caso Gürtel que se detecta entre miembros de la Sala de lo Penal, explican las mismas fuentes.

Así, la ponente de la recusación de Espejel, Clara Bayarri, dejó caer en la deliberación que la magistrada había hecho todo lo posible para ser destinada a la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tras dejar su cargo de vocal del CGPJ, cuando ya se sabía que dicha sección iba a ser la que conformaría el tribunal juzgador de Gürtel y de los papeles de Luis Bárcenas, extesorero del PP. También se expuso que Espejel había sido votada en el Senado por el grupo parlamentario popular, entre los que se encontraba el propio Bárcenas.

Bayarri recogió velas y se centró en la causa formal de recusación: la apariencia de imparcialidad que debe presidir la actuación de un juez, en especial, cuando se ve afectada la mayoría de un tribunal juzgador, como así lo dispone la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Otra circunstancia que pesó en la deliberación -sin ser explicitado- fue el Plan B creado por Espejel en el caso de que Enrique López fuera recusado, con el fin de evitar que José Ricardo de Prada, el progresista, entrara en el tribunal de Gürtel.

El Plan B se puso en marcha en julio pasado, cuando Espejel consiguió que se aprobara una norma de reparto de los turnos en el caso de que uno de los miembros de la sección estuviera de vacaciones, de baja o ante otras circunstancias. Esta decisión, en apariencia inocente, se adoptó el 24 de julio por la Sala de lo Penal. Y, con ella, Espejel se aseguró que Ángel Hurtado entrara en el tribunal del caso Gürtel si López era finamente recusado.

Pero la magistrada no contaba con que ella cayera, como ha ocurrido, y que tanto Hurtado como De Prada vayan a formar parte del tribunal juzgador. La decisión causó sorpresa en la dirección del PP que no contaban con esta circunstancia de última hora.

Lo habitual en los tribunales es que el magistrado más antiguo sea el ponente. Y, en este caso, corresponderá a Hurtado la ponencia de la primera época de Gürtel.

Hurtado es un magistrado de lo Penal especializado que ansía llegar al Tribunal Supremo. Próximo a Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del alto tribunal, es considera una persona muy de ultraderecha pero capaz de sacar el hacha si ve un giro durante el juicio de la primera época de Gürtel.

Algunos de los magistrados reprocharon durante el Pleno que López y Espejel no se hubieran apartado del caso Gürtel voluntariamente, proceder habitual entre los jueces cuando se ve comprometida su imparcialidad, lo que hubiera evitado que la Sala de lo Penal llegara al extremo de aceptar formalmente sus recusaciones.

Votaron a favor de la recusación de Espejel los magistrados Clara Bayarri (ponente), Antonio Díaz Delgado, Julio de Diego, Manuela Fernández Prado, Carmen Paloma González, Javier Martínez Lázaro, Ángela Murillo, Teresa Palacios, José Ricardo de Prada, Ramón Sáez. Y votaron contra la recusación Fernando Grande Marlaska, presidente de la Sala, Ángeles Barreiro, Fermín Echarri, Alfonso Guevara, Ángel Hurtado, Carmen Lamela, Juan Francisco Martel y Nicolás Poveda.

En el caso de Enrique López, con ponencia de Ramón Sáez, a esta mayoría anterior se sumó Fernando Grande Marlaska -cambió de voto en la deliberación-, Ángeles Barreiro, Alfonso Guevara y Carmen Lamela. En contra siguieron votando los jueces Fermín Echarri, Ángel Hurtado, Juan Francisco Martel y Nicolás Poveda.

Es previsible que ambos magistrados se aparten voluntariamente del tribunal juzgador del caso de los papeles de Bárcenas, que abordará si el PP tuvo una contabilidad paralela durante casi dos décadas, dada la contundencia del acuerdo adoptado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En próximos días se conocerá el acuerdo motivado, que ahora redactan los ponentes de ambas recusaciones.

http://www.publico.es/politica/audiencia-nacional-pies-manejos-del.html

LA AUDIENCIA NACIONAL APARTA A LÓPEZ Y ESPEJEL DEL ‘CASO GÜRTEL’

El pleno de la sala de lo Penal acepta la recusación de ambos magistrados

La Audiencia Nacional decidió ayer, por primera vez, apartar a dos jueces de un mismo tribunal ya designados para juzgar una causa. La Sala de lo Penal aceptó las recusaciones de los magistrados Enrique López y Concepción Espejel para enjuiciar la trama Gürtel, la red de corrupción ligada al PP, partido con el que los dos jueces han mantenido fuertes vínculos. López y Espejel rechazaron apartarse de forma voluntaria y han obligado a hacerlo a sus compañeros.

La decisión de la Sala de lo Penal de sacar a López y Espejel del tribunal que juzgará la primera etapa de Gürtel (de 1999 a 2005) supone que la mayoría de los magistrados duda de su apariencia de imparcialidad para juzgar la trama de corrupción ligada al PP. La mayoría del pleno ha dado la razón a las acusaciones populares que recusaron a los dos jueces por su “afinidad ideológica” con este partido, que se sentará en el banquillo como partícipe a título lucrativo de la red corrupta.

El precedente del caso Bárcenas

A Enrique López y Concepción Espejel les había tocado, por turno de reparto, formar parte del tribunal que juzgará el caso Gürtel, pero también del que enjuiciará los papeles de Bárcenas. Ambos magistrados han sido recusados también para este caso y el acuerdo que ayer adoptó la Sala de lo Penal hace prever que serán también apartados del juicio sobre la contabilidad b del PP.

Por el número que tienen asignadas las diligencias previas de Gürtel, el juicio de todas sus piezas corresponde a la sección segunda, de la que, además de López y Espejel, solo forman parte Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada, por lo que estos tres serán, previsiblemente, los que juzguen a Bárcenas.

El debate, que se prolongó alrededor de tres horas, fue reñido, pero finalmente se impuso la tesis que habían defendido los dos ponentes de las recusaciones, los magistrados Ramón Sáez (para López) y Clara Bayarri (para Espejel). Sus argumentos convencieron a la mayoría. En el caso de López, la decisión de apartarle salió adelante con 14 votos a favor y cuatro en contra. La de Espejel fue mucho más ajustada: 10 magistrados votaron a favor de recusarla y ocho, de mantenerla. Fuentes consultadas aseguran que entre los que se pronunciaron en contra de apartar a la juez está el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska. La decisión del pleno es definitiva y no puede ser recurrida.

Los informes de los ponentes incidieron en que ambos jueces han accedido a altos cargos a lo largo de su carrera impulsados directamente por el PP. Los dos fueron elegidos vocales del Poder Judicial a propuesta de este partido, que también nombró a López magistrado del Tribunal Constitucional, cargó del que dimitió en junio de 2014 tras dar positivo en un control de alcoholemia cuando circulaba en moto sin casco. López, además, ha cobrado por participar en medio centenar de ponencias de la fundación FAES, el laboratorio de ideas del PP, lo que supone un vínculo que, según advirtió la fiscalía, refuerza las dudas sobre la imparcialidad del magistrado.

Jurisprudencia

La decisión para recusar a López y Espejel basa parte de sus argumentos en jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional. Los dos han fijado que el juez no debe solo ser “ajeno” a los intereses de las partes en litigio, sino también parecerlo.

La ley orgánica del Poder Judicial enumera varias causas de recusación, de las que las acusaciones veían dos en López y Espejel: “Tener interés personal” en el asunto del que se trate y “amistad íntima o enemistad manifiesta” con alguna de las partes.

En el caso de Espejel, la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), que presentó la recusación, denunció también su “amistad manifiesta” con la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y el hecho de que el extesorero popular Luis Bárcenas participó como senador en la votación que permitió nombrar a Espejel vocal del Poder Judicial a propuesta del PP.

Con Espejel y López expulsados de la causa, el tribunal que juzgará la trama Gürtel estará finalmente formado por los otros tres jueces que componen la sección segunda de la Sala de lo Penal: Julio de Diego, que ya estaba designado para este caso, Ángel Hurtado, y José Ricardo de Prada. Los dos primeros son considerados jueces de tendencia conservadora, mientras de De Prada pertenece al sector más progresista de la judicatura.

Hurtado, que ayer abandonó la Audiencia Nacional en el mismo coche que López y que según fuentes consultadas votó en contra de las dos recusaciones, será el ponente de la sentencia y además presidirá el juicio al ser el más antiguo de los tres que formarán el tribunal. Su designación como encargado de redactar la sentencia está también tocada por la polémica porque obedece, según adelantó EL PAÍS, a un reciente acuerdo de la Sala de Gobierno según el cual si un magistrado se ausenta por vacaciones, licencias, enfermedad u “otras causas”, será sustituido por el compañero que tuviera asignada la ponencia del siguiente procedimiento. El acuerdo fue propuesto por Espejel, presidenta de la sección segunda, y algunos jueces ven en él la clara intención de asegurarse que la resolución de Gürtel recaía en Hurtado, porque que ella ya sabía que él tenía asignado el caso posterior a Gürtel.

Los dos jueces están también designados para el tribunal que juzgará el caso Bárcenas y han sido recusados por las mismas razones. Estas recusaciones ya han sido admitidas a trámite.

http://politica.elpais.com/politica/2015/10/29/actualidad/1446147731_519372.html

LOS JUECES ESPEJEL Y LÓPEZ, APARTADOS DEL CASO GÜRTEL POR FALTA DE IMPARCIALIDAD

El PP tendrá un tribunal de mayoría conservadora para los juicios Gürtel y Barcenas que ni están señalados ni tendrán sentencia hasta 2017

Concepción Espejel y Enrique López no juzgarán los casos Bárcenas y Gürtel. Este viernes el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha admitido las recusaciones presentadas por una serie de acusaciones particulares contra ambos magistrados por su presunta afinidad con el Partido Popular, ya que les correspondía el juicio por estos asuntos que afectan de lleno a la formación política de Mariano Rajoy. 10 votos a 8 ha sido el resumen de las votaciones a favor de la recusación en el caso de Espejel. López por su parte, ha sido recusado por “goleada”, 15 magistrados han votado por apartarle de estos casos, frente a tres que no lo consideraban necesario.

Una pleno que empezó lento pero se aceleró. A las 12 del mediodía el debate aun iba lento. Luego todo fue rápido. Apenas una hora y media después ya había veredicto: recusados. Era el final de unos días un poco agobiantes empezando porque a pocas horas de la reunión, la mayoría de los magistrados apenas habían comenzado a recibir la documentación según pudo averiguar ELPLURAL.COM. Otro dato que apunta a una aparente desgana hacia estos dos juicios que ni siquiera están señalados y cuya sentencia no se emitirá al menos hasta finales de 2017.

Los recusados no intervinieron

Aún más. Los jueces que expusieron ante sus compañeros los elementos que componían las recusaciones y que eran Ramón Sáez (Enrique López) y Clara Bayarri (Concepción Espejel), se enteraron de su papel de ponentes prácticamente por los periódicos, según fuentes jurídicas comentaban con cierta ironía. La sala estaba compuesta por veinte magistrados, si bien dos de ellos eran los recusados que no intervinieron.

No solo ser imparcial…

Esta decisión tiene su fundamento aparte de por la posible falta de apariencia de imparcialidad que la fiscalía exponía en sus escritos, porque tal y como comentaba una de las acusaciones a ELPLURAL.COM, “el propio López se lo puso difícil cuando se negó a abstenerse, pero reconoció sentirse agradecido al PP y al Gobierno”. Intervenciones de pago en FAES, buenas relaciones con el PP que se esforzó por auparle a los puestos que ha detentado en distintas instancias judiciales, un cuñado directivo de una de las empresas de un imputado principal… La historia de López da lugar inevitablemente a esas dudas razonables.

…Sino también parecerlo

En el caso de Concepción Espejel, la dura cruzada que emprendió en Guadalajara para contra viento, marea y jueza de instrucción incluida, imputar a altos cargos socialistas en el caso del incendio de Guadalajara (archivado en cuanto la magistrada cambió de aires) y el afecto que públicamente le demuestra la dirigente popular María Dolores de Cospedal, la han puesto entre otras cosas en el disparadero de la recusación. Sin embargo, quizás algunos de sus compañeros la contemplen de forma más benévola que a López.

La buena suerte del PP

Aún a pesar de esta separación de ambos jueces de los dos procesos, la suerte mira de frente al Partido Popular. Esto es así también gracias a un cambio en el sistema de sustituciones que se acordó tras solicitar la presidenta de la Sección II, es decir, Concepción Espejel, una fórmula fija ante la inminencia de las vacaciones. Tras decidirse el método, y merced al mismo, resultó que el magistrado al que corresponde sustituir a cualquiera de los dos recusados si la situación se da, será Ángel Hurtado.

Aspirante al Supremo

Feliz coincidencia para el PP ya que Hurtado que será el presidente y el ponente de la pieza Gürtel y está considerado como un hombre de clara tendencia conservadora, según expresan en la Audiencia. De él se sabe además que en febrero de 2014 fue seleccionado por el Consejo General del Poder Judicial para formar parte de las dos ternas de un total de ocho magistrados que optaban a dos puestos para la Sala II del Tribunal Supremo. Este plaza comentan que interesaba sobre manera al magistrado, interés que al parecer, sigue manteniendo.

Marlaska no dice nada

Los dos miembros restantes de esta Sección II son Juan de Diego (también conservador) y José Ricardo de Prada, de talante progresista quien tendrá que hacerse cargo del caso Gürtel pero en franca minoría en cualquier caso. ¿Se podría haber optado por un sorteo? En ámbitos judiciales consideran que hubiera sido preferible. Grande Marlaska, presidente de la Sala de lo Penal no debió verlo así. “Aunque por la credibilidad en la institución podría incluso haber hecho uso de la facultad extraordinaria que detenta para variar las normas de reparto”, analizan fuentes jurídicas.

De fondo, los dos juicios paralizados

“Lo grave, es que mientras la atención está puesta en estos temas, nadie comenta lo evidente: los dos juicios están dormidos”, resalta un letrado. ¿Por qué no se han señalado las vistas? Si las cosas no varían, los casos de Gürtel y Barcenas seguirán paralizados y de continuar así, no se verán hasta después del otoño de 2016, lo que significa que la sentencia no se emitirá hasta bien entrado el 2017.

La responsabilidad política al garete

“Dado que el debate jurídico aquí parece haberse volatilizado, entremos en el debate político, -comenta otro jurista-. Alargar la resolución de ambos asuntos supone desactivar la expectación, se pierde la responsabilidad jurídica, la responsabilidad política desaparece, porque está directamente relacionada con el tiempo. Y si la responsabilidad política desaparece ¿Qué interés tiene continuar?”

¿Rajoy prefiere el olvido?

O de otro modo: “¿Le interesa al partido de José María Aznar, de Mariano Rajoy, y de todos sus compañeros populares que estos juicios se pierdan en la noche de los tiempos? Todo hace pensar que sí. No parece por tanto oportuno para el PP que los tribunales sean eficaces y juzguen en un plazo razonable.”

La credibilidad de la justicia, en juego

“No es de extrañar que pueda pensarse que aquí se juegan todas sus cartas, o que incluso se llegue a imaginar que cuentan con peones para establecer tiempos y garantías”. Aunque la recusación tiene morbo, viene a ser una cortina de humo porque hay más cosas que están detrás. Y sobre todo, está en juego la fe del ciudadano en la justicia. Eso no parece importarle a nadie”, concluyen.

Guardar las formas

El 30 de septiembre Enrique López contestaba a preguntas de los periodistas sobre su recusación: “No puedo ni debo hablar, más allá de someterme a la decisión de mis compañeros”. El juez expresaba este correcto argumento en el transcurso de un acto de la Fundación Wolters Kluwer a cuyo patronato pertenece desde el año 2009 junto al exministro del Partido Popular José María Michavila. Y es que las formas, son lo primero.

http://www.elplural.com/2015/10/29/el-pp-tendra-si-o-si-tribunal-conservador-para-los-juicios-gurtel-y-barcenas/

LA AUDIENCIA NACIONAL CAMBIÓ SUS NORMAS DE REPARTO EN PLENA POLÉMICA DEL 'CASO GÜRTEL'

El nuevo sistema hará que si el viernes López es apartado por el Pleno de la Sala sea sustituido por Ángel Hurtado en el juicio

Si también fuera expulsada Espejel, Hurtado presidiría la Sala por ser el magistrado más antiguo

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional aprobó el pasado 24 de julio un nuevo sistema de sustituciones de magistrados "en caso de ausencia de alguno de ellos por vacaciones, licencias, enfermedad u otras causas". El asunto no revestiría más interés que el de la mera gestión interna, sino fuera porque el acuerdo, aprobado por unanimidad, se hizo a propuesta de la Sección Segunda en plena polémica por la recusación de dos de sus miembros, la de la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, y la del magistrado Enrique López en el próximo juicio por la primera época del caso Gürtel (1999-2005).

Fuentes jurídicas indicaron que en la reunión, en la que se aprobaron otros siete asuntos, en ningún momento se hizo mención a las recusaciones ya presentadas contra ambos magistrados, y en el propio acuerdo este supuesto que puede provocar la necesidad de sustitución de miembros del tribunal se incluyó dentro del genérico enunciado de "otras causas".

El acuerdo, que miembros de la Sala de lo Penal de la Audiencia justifican en la necesidad de dejar constancia escrita del sistema de sustitución interna entre jueces, establece que en "los supuestos de ausencia o enfermedad de alguno de los magistrados de las distintas Secciones", la asignación de ponencias corresponderá al magistrado que tuviera que encargarse de la inscrita con el número siguiente.

Aunque no se hizo constar en ningún momento, en el caso del juicio de la primera época de Gürtel eso supone que si Enrique López es apartado de este procedimiento en el Pleno de la Sala de lo Penal que se celebrará el viernes -de aceptarse la recusación presentada en su contra-, será sustituido por Ángel Hurtado. Este magistrado, de tendencia conservadora, es al que corresponden los asuntos con el número anterior y posterior a los que López tiene asignados.

El Pleno que se celebrará el viernes también estudiará la recusación presentada contra Concepción Espejel y en el caso -más improbable que el de López- de que sus compañeros también decidan apartarla de la vista oral, la presidencia de la Sala también corresponderá a Hurtado, por ser el magistrado más antiguo de los que la componen.

El acuerdo de la Sala de Gobierno pasó inadvertido en julio y su conocimiento ahora ha causado malestar entre algunos magistrados de la Sala de lo Penal que entienden que al haberse planteado teniendo entre manos un asunto concreto, como es el de las recusaciones planteadas, debería haber supuesto el establecimiento de un sistema diferente de sustitución, como el sorteo, para evitar que se pudiera interpretar que existía un interés especial en que fuera Hurtado el que componía el tribunal, en vez del otro magistrado adscrito a la Sección Segunda, José Ricardo de Prada, de tendencia progresista.

http://www.elmundo.es/espana/2015/10/28/5630ac9cca474173268b459a.html

LAS MUESTRAS DE “AGRADECIMIENTO” DE LOS JUECES LÓPEZ Y ESPEJEL AL PARTIDO POPULAR

El magistrado Enrique López promovió en tiempo récord un auto que impidió al juez Gómez Bermúdez interrogar a Bárcenas sobre la financiación ilegal del PP

La labor del juez recusado fue fundamental para que la Audiencia no preguntara al tribunal europeo si la normativa española sobre las penas de los etarras, defendida por Rajoy, colisionaba con la directiva comunitaria

El magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, que junto a los jueces Concepción Espejel y Julio de Diego conforman el tribunal que juzgará el caso Gürtel, en el que el Partido Popular está incluido como partícipe a título lucrativo de la trama liderada por Francisco Correa, reconoció en su escrito de 15 de septiembre en el que defiende su permanencia como ponente que mantiene "naturales sentimientos de agradecimiento" al PP por el apoyo recibido en sus ascensos en la carrera judicial por la formación política presidida por Mariano Rajoy. El próximo día 30 está previsto que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decida finalmente si admite las recusaciones planteadas.

Los citados "sentimientos de agradecimiento" parecen ser mutuos, si se tienen en cuenta las coincidencias de opiniones entre los jueces recusados y el PP. En concreto, Enrique López promovió en tiempo récord un auto que impedía al juez Javier Gómez Bermúdez hacerse cargo de la investigación sobre la financiación ilegal del PP al tiempo que defendió las tesis de este partido en relación a la excarcelación de los presos de ETA.

A su vez, una decisión de Espejel promovió cambios en la investigación del incendio de Castilla-La Mancha de 2005 en el que fallecieron 11 personas. Esos cambios dieron paso a la imputación de varios cargos del PSOE, rival directo de la ex presidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal. Precisamente, la secretaria general del PP llegó a participar en la imposición de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort a Espejel. En ese acto se dirigió a la magistrada con el término famliar de "Concha".

Y precisamente este sentimiento de "agradecimiento" fue uno de los argumentos a los que ha recurrido la propia Fiscalía Anticorrupción para determinar que López no mantiene la "apariencia de imparcialidad que se requiere" para formar parte del tribunal.

"Esa apariencia de falta de imparcialidad que motiva la iniciativa de los recusantes se ha visto reforzada por las expresivas manifestaciones del propio magistrado recusado, quien [...] viene a reconocer sus naturales sentimientos de agradecimiento por tales nombramientos, por más que lo haga desde su íntima convicción de que de ellos no habrá de derivarse riesgo alguno", llegan a indicar las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás en su escrito de recusación de López.

El PP nombró a los jueces

En concreto, López y la propia Concepción Espejel fueron propuestos por el PP para ser vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y en el caso de López, también para integrar el Tribunal Constitucional. Ambos han sido recusados como integrantes de los tribunales que juzgarán el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas.

"Ha quedado acreditado que el PP, con la participación de su voto personal, cierto que secreto, de algunos de los acusados, imputados y responsables a título de partícipes lucrativos, ha propuesto en tres distintas ocasiones a Enrique López López para cargos públicos de alta relevancia motivando su nombramiento como vocal del CGPJ y como magistrado del Tribunal Constitucional, cargo inmediatamente anterior al que ahora ocupa", resaltan las fiscales Sabadell y Nicolás, que también destacan que la magistrada Concepción Espejel, que presidirá el tribunal de Gürtel, fue elegida como vocal del CGPJ con los votos de integrantes del PP, siendo uno de ellos el exsenador por Cantabria y extesorero del PP Luis Bárcenas, uno de los principales imputados.

Cobró 13.102 euros de FAES

Además, el informe del propio Enrique López acredita que este magistrado asistió a 68 seminarios de la Fundación FAES, presidida por José María Aznar, siendo seis de ellos como ponente o coordinador. Entre 2003 y febrero de 2015 López percibió de FAES 13.102 euros, tanto por sus ponencias como por sus seminarios.

Fuentes juríricas explican también a este diario la posible existencia de un trato de favor hacia Enrique López tras su dimisión como magistrado del Tribunal Constitucional al ser sorprendido en las calles de Madrid conduciendo su motocicleta sin casco y ebrio. Estas fuentes, de solvencia jurídica, reclaman que el propio López no tendría que haber sido readmitido en la carrera judicial tras su incidente de tráfico.

Según esta interpretación, el Consejo General del Poder Judicial favoreció a López al aplicarle en el incidente de tráfico el artículo 355 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando realmente tenía que haberle aplicado el 303, que dice: "Están incapacitados para el ingreso en la carrera judicial los condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitación, los procesados o inculpados por delito doloso en cuanto no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento".

Pero un portavoz del CGPJ ha asegurado a este diario que el artículo 303 se refiere únicamente al ingreso en la carrera judicial: "Enrique López no deja en ningún momento de pertenecer a la carrera judicial, puede estar en una situación administrativa, que es la de servicios especiales, que es en la que está cualquier magistrado que presta sus servicios en el CGPJ. Y por eso se aplica el artículo 379 punto d, de la Ley del Poder Judicial", indica el portavoz del Consejo. Este artículo especifica las causas que dan lugar a la pérdida de la condición de juez: "Por la condena a pena privativa de libertad por razón de delito doloso".

Y como López no fue condenado a ingresar en prisión, este magistrado puede continuar la carrera judicial. Pero independientemente de todo ello, López sí ha hecho público su agradecimiento al PP, y por ello infoLibre ha analizado al menos tres casos de trascendencia en los que los jueces recusados se han alineado con los intereses del Partido Popular:

1. DECLARACIÓN Y POSIBLE ARRESTO DE BÁRCENAS

El juez Enrique López desempeñó en marzo de 2013 un papel protagonista en el caso Bárcenas, en el que se alineó con los intereses del Partido Popular, que todavía entonces permanecía como acusación popular del caso Gürtel. Izquierda Unida, Ecologistas en Acción y otras asociaciones interpusieron una querella en la Audiencia Nacional contra el PP y varios de sus cargos tras publicar el diario El País los denominados papeles de Bárcenas, que mostraban la financiación ilegal del partido durante casi dos décadas.

Esta querella recayó en el Juzgado del juez Javier Gómez Bermúdez, quien citó a declarar a Bárcenas a la vez que su colega Pablo Ruz mantenía abierto el procedimiento en el que también estaba imputado el extesorero del PP. Fuentes de la judicatura relatan a este diario que Enrique López lideró la iniciativa de la Sala, llegando a tomar rápidas decisiones que evitaron que Luis Bárcenas declarara ante Gómez Bermúdez.

El relato de los hechos de Izquierda Unida, que se querelló por prevaricación contra López y los otros otros dos jueces que impidieron la declaración, alegaba que la declaración de Bárcenas ante Bermúdez había sido recurrida por la Fiscalía Anticorrupción ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a las 14.07 horas del 21 de marzo. Sin embargo, un minuto antes la Sección Segunda de esta Sala ya había recibido el recurso.

La Sección de Enrique López decidió resolver la petición sin solicitar ningún trámite para conocer las alegaciones de las partes implicadas y en tan sólo 40 minutos emitió un auto anulando la declaración de Bárcenas. Un paso, para IU, "sorprendente". "En sólo 30 minutos se reúne una Sección, redacta un auto y lo emite. Cuando además la labor judicial finaliza a las 14.00 horas", denunció en su momento el letrado de IU en el procedimiento, Enrique Santiago.

El periodista de El País Ernesto Ekaizer relata también estos hechos en su libro Queríamos tanto a Luis: El fiscal encargado del caso Bárcenas, Antonio "Romeral, acude entonces directamente a la Sección Segunda, que forman ese día los magistrados López, Ángel Hurtado y Julio de Diego. Les pide por escrito la suspensión cautelar de la declaración de Bárcenas del día siguiente ante Gómez Bermúdez por existir un conflicto de competencia".

Ekaizer prosigue en su relato de los hechos: "La Sección Segunda, en la que el PP cuenta con buenos amigos, como el magistrado Enrique López, exvocal del CGPJ a propuesta del PP y por entonces eterno candidato al Tribunal Constitucional, aprueba la suspensión en tiempo récord. A las 13:30 horas Gómez Bermúdez, que está tomando un aperitivo con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, recibe un mensaje en su móvil según el cual la Sección Segunda se ha reunido para resolver el recurso de apelación contra su providencia. A las tres de la tarde, la secretaria del Juzgado Central de Instrucción número 3 recibe un brevísimo auto por el que se prohíbe al juez Gómez Bermúdez tomar declaración a Bárcenas. No hay precedentes de una operación per saltum, es decir, que se salta las instancias procesales, en concreto al juez, en la Audiencia Nacional".

De esta forma, la comparecencia de Bárcenas ante Gómez Bermúdez, en la que IU iba a reclamar el ingreso en prisión del extesorero del PP, según reconoció el letrado de la coalición de izquierda Enrique Santiago, no llegó a celebrarse. Al final, el caso Bárcenas acaba acumulándose al Gürtel, que investigaba el juez Pablo Ruz.

El PP, que poco después fue expulsado como acusación popular por el propio Ruz, respiraba tranquilo ya que Gómez Bermúdez no podia ya registrar la sede e incluso enviar a Bárcenas a prisión. Precisamente ambas cosas, el registro de la sede y el envío a la cárcel del extesorero, fueron decretados por el propio Ruz, que ha acabado desplazado de la Audiencia Nacional. La querella interpuesta por IU contra López y los otros dos magistrados pòr evitar la declración de Bárcenas fue archivada.

2. ALINEADO CON LOS INTERESES DEL PP EN LAS PENAS DE LOS ETARRAS

El magistrado Enrique López también actuó como ariete de los intereses del Partido Popular en la Audiencia Nacional en relación con la polémica de la acumulación de penas de los presos etarras, según explicaron fuentes de la judicatura a infoLibre. El caso se remonta a principios de 2015, fechas en las que la Audiencia Nacional acordó excarcelaciones y reducciones de condena de cuatro históricos etarras Francisco Múgica Garmendia, Pakito; Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros; Rafael Caride Simón y Alberto Plazaola Anduaga.

Precisamente, en la Audiencia Nacional varios magistrados plantearon al Pleno de la Sala de lo Penal la conveniencia de preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo sobre la posible colisión entre la normativa española, que permite no descontar a los presos de la banda terrorista ETA las condenas que hayan cumplido en cárceles francesas, y la europea.

Durante la sesión, López jugó un papel protagonista coincidiencia con los intereses del PP, explican fuentes judiciales, que resaltan que previamente varios integrantes del Gobierno del PP realizaran declaraciones en contra de la posible salida de presos de ETA de las cárceles. Al final el Pleno, por un apretado resultado de 11 a 9, impidió que la Audiencia Nacional presentara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la normativa española que permite no descontar a los presos de ETA las condenas que hubieran cumplido en cárceles francesas.

De esta forma, el PP no tuvo que enfrentarse al colectivo de víctimas de ETA, un tradicional aliado del partido de Mariano Rajoy. Este colectivo ya había iniciado una incipiente ruptura con el PP, a cuyo Gobierno acusó de dejadez, pues culpaba al Ejecutivo conservador de la posibilidad de que cerca de 50 etarras estuvieran a punto de abandonar la cárcel en un breve espacio de tiempo.

3. EL PAPEL DE ESPEJEL EN LA IMPUTACIÓN DE DIRIGENTES SOCIALISTAS MANCHEGOS

Concepción Espejel, la segunda magistrada recusada en los casos Gürtel y Bárcenas, fue presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara, antes de ser nombrada vocal del CGPJ a propuesta del PP. Y su principal iniciativa, coincidente con los intereses del PP, se adoptó en relación al incendio de 2005 en Riba de Saelices, en el que fallecieron 11 personas.

El Consejo General del Poder Judicial, en el que participaba Enrique López como vocal, impidió a la jueza que inició la investigación del incendio finalizar su trabajo ya que fue trasladada al País Vasco. Y la nueva instructora cambió de forma radical los criterios de la anterior, llegando a imputar a varios dirigentes del PSOE de esta Comunidad Autónoma.

En concreto, y según especifican a infoLibre fuentes de solvencia jurídica, Espejel fue ponente de un auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Guadalajara que estimaba un recurso del PP, que ejercía la acusación popular, en el que la nueva jueza ordenaba la práctica de pruebas que había denegado por "improcedentes" la anterior. Este auto impulsó el caso.

La nueva jueza acabó imputando en el procedimiento a la consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Rosario Arévalo, al director general del Medio Natural, José Ignacio Nicolás, así como a otros cargos socialistas de inferior rango. En 2008 Espejel abandona la Audiencia Provincial de Guadalajara para ingresar en el CGPJ.

Y en 2010 esta Audiencia manchega dejó sin efecto todos los procesamientos de cargos públicos del PSOE de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al no encontrar motivos para su imputación. En el juicio por el incendio resultó finalmente condenado tan solo el excursionista que encendió el fuego. El Tribunal Supremo confirmó esa única condena.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/10/26/las_muestras_quot_agradecimiento_quot_del_juez_lopez_partido_popular_39619_1012.html

UN PLENO PARTIDO EN DOS DECIDIRÁ LA RECUSACIÓN DEL TRIBUNAL DE LA GÜRTEL

Los magistrados que votarán la recusación de Espejel y López el 30 de octubre en la Audiencia Nacional se muestran divididos sobre la apariencia de imparcialidad de ambos jueces. Afirman que "está en juego la credibilidad de la Justicia"

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional del próximo 30 de octubre decidirá sobre la recusación de dos de los tres magistrados que juzgarán el caso Gürtel. Y el plenario, que estará compuesto por más de una quincena de jueces, se encuentra dividido al respecto.

Anticorrupción considera "acreditada" la "relación" de Espejel y López con el PP

La Cadena SER ha sondeado a los magistrados y, al menos, siete de los integrantes del pleno creen que el ponente de la sentencia, Enrique López, debe ser apartado del juicio por su vinculación con el PP. Afirman que está en juego "la credibilidad de la Justicia e incluso del propio sistema". Respecto a López, recalcan que tendrá que decidir si el Partido Popular se lucró con la trama, "cuando le ha estado pagando" por participar en cursos FAES hasta el pasado mes de febrero.

La mayoría de magistrados no duda que López intentará ser imparcial en el futuro juicio, pero consideran trascendental "aplicar el principio de la apariencia de imparcialidad" del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Recuerdan que una sentencia no se dicta para los jueces, sino para el conjunto de la sociedad, que puede albergar dudas sobre su independencia después de las pruebas practicadas en el expediente de recusación y la trayectoria de Enrique López en la carrera judicial, "siempre de la mano" del Partido Popular.

En el caso de Concepción Espejel, la mayoría del sector crítico no es tan tajante, pero también consideran en entredicho su apariencia de imparcialidad. Entre estos últimos, los hay que están recopilando documentación sobre los acuerdos internacionales firmados por España y la doctrina europea, para plantear un serio debate en el pleno e intentar convencer al resto de que la presidenta del tribunal debe ser apartada.

En cambio, para el sector afín a los magistrados recusados, la apariencia de imparcialidad de Concepción Espejel "está fuera de toda duda". Insisten en que no puede apartarse a un juez porque haya sido votado para el Poder Judicial por un partido político, aunque sea el mismo al que va a juzgar, porque este método de elección de los magistrados "es el legal y establecido" en la Constitución española.

Parte de estos magistrados aplican la misma tesis para Enrique López al que le avala, dicen, que "no concurre el requisito" establecido en la legislación española de pertenecer a un partido político para aprobar su recusación. Sin embargo, entre estos mismos jueces también los hay que habrían visto con buenos ojos que López se abstuviera de formar parte del tribunal, y que no descartan votar a favor de apartar al magistrado por su vinculación al Partido Popular y por haber cobrado hasta fechas recientes por participar en cursos FAES. Una actitud que "podría ofrecer una imagen de subordinación" al partido que tendrá que juzgar, concede un magistrado.

http://cadenaser.com/ser/2015/10/21/tribunales/1445426217_754872.html

ANTICORRUPCIÓN CREE QUE ESPEJEL Y LÓPEZ DEBEN APARTARSE DE LA ‘GÜRTEL’ POR SU “ACREDITADA” RELACIÓN CON EL PP

Las 'pruebas' de las fiscalía: López ha participado desde 2003 hasta este año en cursos de la FAES, donde Ana Mato es patrona

Anticorrupción no cree que los magistrados Concepción Espejel (‘Concha’, como es popularmente conocida), y Enrique López deban juzgar el caso Gürtel por su “acreditada” relación con el PP. Dos demoledores informes de las fiscales del caso, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, echan por tierra los argumentos del PP y consideran probados los vínculos de ambos con el partido. En el caso de Espejel, que presidirá el juicio, se destaca que el partido y el entonces senador Luis Bárcenas, el extesorero del PP que se sentará en el banquillo, votaron a favor de ser elegida miembro del Poder Judicial.

En cuanto a Enrique López, que sería el encargado de redactar la sentencia de la Gürtel, Anticorrupción subraya la “decisiva” actuación del PP en el proceso para el nombramiento del magistrado miembro del Tribunal Constitucional, cargo que dejó voluntariamente tras ser pillado conduciendo ebrio. El PP, según las fiscales, fue más allá de la “meramente reglada” al recurrir el rechazo del Senado a su nombramiento porque no reunía los requisitos. Lo consiguió finalmente aprobándolo en un Consejo de Ministros en el que participó Ana Mato, que aparece en este sumario como “partícipe a título lucrativo” de la trama Gürtel.

De esta “singular relación” de Enrique López, también destacan la participación continuada de López con la fundación FAES de Aznar, donde ha participado de forma continuada desde 2003 hasta febrero de este mismo año diferentes cursos. Aseguran que era más intensa de lo que parecía 68 seminarios en total por los que cobró más de 13.000 euros. Ana Mato, además, es vocal del patronato de la FAES.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidirá el próximo 30 de octubre si recusa a estos dos magistrados. Las fiscales apelan a la doctrina del Tribunal doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y numerosos acuerdos firmados por España que concluyen que un juez no solo debe ser imparcial, sino parecerlo a los ojos de la sociedad. De ahí que soliciten al Pleno de Sala de lo Penal determine si “observador objetivo tendría razones para dudar” de su independencia.

http://www.elplural.com/2015/10/21/la-fiscalia-tambien-cree-que-espejel-y-lopez-deben-apartarse-de-la-gurtel-por-su-acreditada-relacion-con-el-pp/

ANTICORRUPCIÓN CONSIDERA “ACREDITADA” LA “RELACIÓN” DE ESPEJEL Y LÓPEZ CON EL PP

Las fiscales Anticorrupción piden al pleno de la Audiencia Nacional que “valore si un observador objetivo tendría razones para dudar de la imparcialidad” de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López que juzgarán la Gürtel, después de haya quedado “debidamente acreditada” la relación de ambos con el Partido Popular

Las fiscales Anticorrupción del caso Gürtel, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, han presentado dos informes muy duros al pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tendrá que decidir el próximo 30 de octubre si recusa a dos de los tres magistrados que juzgarán este caso, Concepción Espejel y Enrique López, por su vinculación con el Partido Popular.

En sus escritos, a los que ha tenido acceso la Cadena SER, consideran probada su relación con el Partido Popular, marcan el camino para la recusación de ambos por la pieza de la caja b del PP e invocan la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y numerosos acuerdos firmados por España que concluyen que un juez no solo debe ser imparcial, sino parecerlo a los ojos de la sociedad.

Las fiscales sostienen que “a la vista de la prueba practicada”, cabe afirmar que “los hechos” sobre los que se “sustentaban las dudas sobre la imparcialidad” de ambos magistrados “por su relación con el Partido Popular”, han quedado “debidamente acreditados”, y piden al pleno que “valore si un observador objetivo tendría razones para dudar” de su independencia.

Respecto a Concepción Espejel, que presidirá el juicio de la Gürtel, las fiscales destacan que tanto el Partido Popular como el extesorero Luis Bárcenas, a quienes la magistrada tendrá que juzgar, la votaron como miembro del Consejo General del Poder Judicial. Un cargo que Espejel ocupó de forma “inmediatamente anterior” al que ahora desempeña en la Audiencia Nacional, lo que “contradice el escrito de oposición” del PP “a la recusación, que alegaba la “inexistencia de una conexión temporal”.

Enrique López participó en cursos Faes hasta el pasado 18 de febrero

Sobre Enrique López, llamado a redactar la sentencia del caso Gürtel, las fiscales desvelan que su “singular relación” con la fundación Faes del PP ha sido “más intensa” y actual que la advertida hasta ahora porque no fueron alrededor de 50 participaciones del magistrado en cursos y ponencias con la institución que preside José María Aznar hasta 2010, como se creía hasta la fecha, sino que “ha quedado acreditada la asistencia” de López a un total de “68 seminarios (6 de ellos como ponente o coordinador)” desde 2003 hasta el 18 de febrero de 2015, por las que cobró “13.102,37 euros”. En consecuencia, las fiscales destacan que “la relación del magistrado con la fundación Faes no es esporádica sino reiterada y estable durante un largo periodo de tiempo”.

Una “actividad” que también “contradice los escritos” del Partido Popular, que como con Espejel, alegaban la “inexistencia de una conexión temporal” que acreditase la vinculación alegada por las partes impulsoras de la recusación. Las representantes del Ministerio Público recuerdan también que la procesada exministra de Sanidad, Ana Mato, es vocal del patronato de la fundación que contrataba a López.

Para las fiscales Anticorrupción, la vinculación de Enrique López con el PP es clara. Recalcan que ha impartido dos conferencias políticas en el Partido Popular. También que fue nombrado vocal del Poder Judicial a propuesta del PP, un partido que tiene la “condición de parte” como partícipe a título lucrativo de la causa.

La “decisiva” actuación del PP para nombrar a López en el Constitucional

Además, que cuatro imputados en la causa —Alberto López Viejo, Carlos Clemente, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco—, propusieron desde la Asamblea de Madrid su nombramiento en el Tribunal Constitucional. Que más tarde, el Partido Popular recurrió, “reconociéndosele un interés indirecto para ello”, que el Senado rechazase su nombramiento para el mismo tribunal de garantías; y que finalmente, el Consejo de Ministros del Gobierno del Partido Popular aprobó dicho nombramiento ante la repulsa del Senado. Y en dicho Consejo de Ministros participó, recalcan las fiscales, la procesada Ana Mato.

Las fiscales recalcan que la intervención del PP ha sido “decisiva” para los distintos nombramientos, y ha ido más allá de la “legítima y reglada”. Además, dicen que su “apariencia de falta de imparcialidad” se ha “visto reforzada” por las “expresivas manifestaciones” del propio magistrado, quien “viene a reconocer en su escrito sus naturales sentimientos de agradecimiento por tales nombramientos”.

Efecto de la recusación Gürtel para la caja b del PP

Por otra parte, marcan el camino para la recusación de ambos en la otra pieza separada del caso, en la que se juzgará la caja b del PP. Las fiscales sostienen que “la apariencia de un interés del magistrado recusado en el procedimiento principal o en cualquiera de sus piezas separadas, necesariamente afectaría a las restantes”.

“La mera existencia de sombra de duda resulta indeseable”

En sus dos escritos, las fiscales Anticorrupción se esfuerzan por exponer las distintas doctrinas y acuerdos internacionales firmados por España sobre la apariencia de imparcialidad de los jueces, que son mucho más duros que las causas de recusación tasadas en la legislación española. Citan no solo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su “teoría de la apariencia”, que establece que “la justicia debe ser impartida por jueces imparciales y la sociedad ha de constatar que así sea”, sino hasta 5 recomendaciones de otros tantos organismos, documentos e instituciones en las que participa España. Las fiscales se refieren a la Declaración de Londres, al Código Iberoamericano de Ética Judicial, a la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, los Principios de Bangalore, y especialmente, al Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que en su informe de evaluación de España en 2013 destacó que en este país “existe una creciente preocupación por temas de corrupción que, en el ámbito judicial, se plasmaría en la impresión de que intereses partidistas podrían estar interviniendo en las decisiones judiciales”. Las fiscales acentúan que “la mera existencia de esta sombra de duda resulta indeseable y deben tomarse medidas para garantizar que el sistema judicial no solo esté libre de indebidas influencias externas, sino también para que lo parezca”. Son las fiscales Sabadell y Nicolás quienes marcan esta última frase con negrita en sus escritos.

http://cadenaser.com/ser/2015/10/20/tribunales/1445374640_427933.html

EL FISCAL ALLANA EL CAMINO PARA SACAR AL JUEZ LÓPEZ DEL TRIBUNAL DE GÜRTEL

El ministerio público ve "reforzada" la "apariencia de falta de imparcialidad" del magistrado

Avanza la recusación de los jueces López y Espejel por el ‘caso Bárcenas’

La fiscalía allanó este lunes el camino para que la Audiencia Nacional aparte al juez Enrique López del tribunal que juzgará el caso Gürtel de corrupción, tras ser recusado por varias acusaciones. El ministerio público considera “reforzada” la “apariencia de falta de imparcialidad” del magistrado conservador por su relación con el Partido Popular (PP), formación que se sentará en el banquillo como “partícipe a título lucrativo” de la trama corrupta. La fiscalía también ve base en la recusación planteada contra la magistrada Concepción Espejel.

Enrique López, designado ponente (redactor) de la sentencia del caso Gürtel, fue recusado por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade) y el PSOE, acusaciones populares en la causa. La fiscalía ve “acreditados” los “hechos” sobre los que las acusaciones sustentaban las dudas sobre la imparcialidad de López, participante en medio centenar de ponencias de la fundación FAES —vivero ideológico del PP— y aupado por la formación conservadora a los cargos de vocal del Consejo General del Poder Judicial y de magistrado del Tribunal Constitucional.

En su informe sobre López, la fiscalía hace referencia a la “vinculación” del magistrado con FAES y la “decisiva intervención” del PP en los nombramientos del magistrado “para ocupar algunos de los más altos y reconocidos cargos en el Poder Judicial”. Y va un paso más allá. El ministerio público se apoya en el escrito del propio López en contra de su recusación para considerar “reforzada” la apariencia de falta de imparcialidad de este. En aquel pliego de descargo, López expresaba sus “naturales sentimientos de agradecimiento” por aquellos nombramientos, aunque se mostraba convencido de que no afectaban a su capacidad para juzgar el caso Gürtel de forma neutral.

El ministerio público también se pronunció este lunes respecto a la recusación de la magistrada Concepción Espejel, presidenta de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia —y por tanto presidenta del tribunal del caso Gürtel—. En este caso, la fiscalía se muestra algo menos tajante y únicamente ve acreditadas “algunas” de las dudas de los recusantes sobre la idoneidad de Espejel para formar parte del tribunal. El aspecto más relevante para la recusación de esta magistrada es que también fue nombrada, a propuesta del PP, vocal del Poder Judicial.

En ninguno de los dos casos la acusación pública pide directamente el apartamiento de los magistrados y en ambos se limita a solicitar a la Sala de lo Penal de la Audiencia que “analice el cumplimiento de los cánones de imparcialidad” exigidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También pide al órgano encargado de decidir sobre la recusación que “valore” si un “observador objetivo” tendría razones para dudar de la imparcialidad de López y Espejel.

El principio de que los jueces no solo deben ser imparciales sino parecerlo, para preservar la confianza de los ciudadanos en los tribunales, no está recogido entre las causas legales de inhibición o recusación de los magistrados. Sin embargo, forma parte de la doctrina del Tribunal Constitucional y de diversos organismos internacionales de los que España forma parte.

La fiscalía cita, entre otros, un informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), del año 2013, en el que se destaca que “existe una creciente preocupación por temas de corrupción que, en el ámbito judicial, se plasmaría en la impresión de que intereses partidistas podrían estar interviniendo en las decisiones judiciales”.

http://politica.elpais.com/politica/2015/10/20/actualidad/1445365449_345464.html

ESPEJEL Y LÓPEZ RECHAZAN APARTARSE DEL TRIBUNAL DE LA CAJA B DEL PP

Consideran que no tienen una relación de "amistad íntima" con los acusados ni "interés directo" en el procedimiento

Los jueces de la Audiencia Nacional Concepción Espejel y Enrique López han rechazado apartarse del tribunal que juzgará la caja b del Partido Popular (PP), al considerar que no tienen una relación de "amistad íntima" con los acusados ni "interés directo" en el procedimiento. Los magistrados exponen en sendos escritos los mismos argumentos que les llevaron a rechazar las recusaciones a las que se enfrentan como miembros del tribunal que juzgará la primera época de actividades de la red Gürtel, que se desarrolló entre los años 1999 y 2005.

López ha presentado un escrito de seis folios en el que defiende que no concurre "ninguna de las causas legales de abstención" establecidas por la ley para apartarse del procedimiento, al no tener "interés alguno, ni directo, ni indirecto, ni cercano, ni remoto" en la causa.

El magistrado, que fue miembro del Tribunal Constitucional (TC) a propuesta del Gobierno del PP, rechaza albergar "algún tipo de prejuicio, inclinación o predisposición personal", más allá de la obligación que, como "profesional", dice tener para "asumir y resolver" aquellos asuntos que por normas de reparto le sean "encomendados".

En relación con la decisión de otorgar al juez Pablo Ruz la competencia para instruir el caso Bárcenas en detrimento de su compañero Javier Gómez Bermúdez, que Izquierda Unida (IU) invocó como motivo de recusación, el magistrado indica que su participación se limitó a intervenir en la deliberación del tribunal. López y otros dos magistrados acordaron en marzo de 2013 suspender la declaración de Bárcenas que Gómez Bermúdez pretendía celebrar.

"Todo el mundo me llama Concha"

Espejel, que reproduce íntegramente el escrito que envió a la Sala de lo Penal en relación con el caso Gürtel, explica que no tiene ni ha tenido nunca "relación alguna" con el extesorero del PP Luis Bárcenas, al que no conoce "personalmente".

Añade que, si este participó en la votación del Senado en la que fue nombrada vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como recordó la Fiscalía Anticorrupción, la propuesta constituiría, en todo caso, "un acto del órgano y no de los senadores que en aquel momento lo integraban".

También defiende que la frase pronunciada por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, durante un acto en el que fue condecorada ("para todos es Concha y lo va a ser siempre") "no tiene trascendencia alguna", puesto que desde que se incorporó a la carrera judicial en 1983 todos sus compañeros le llaman coloquialmente Concha.

"Los que me conocen saben que siempre me he presentado como Concha y no solo desde que ejerzo la Judicatura, sino durante la etapa universitaria e incluso colegial. Desde que era niña, todo el mundo me ha llamado así", sostiene Espejel para negar a continuación una "familiaridad sobrevenida" con la número dos del PP, con la que únicamente mantuvo "una cordial relación institucional" mientras fue presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En la causa sobre la contabilidad b de los populares, la recusación de Espejel fue solicitada por Izquierda Unida (IU), el Observatorio DESC y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejercen la acusación popular. A estos tres colectivos se sumó el PSOE en el caso de Enrique López.

http://politica.elpais.com/politica/2015/10/08/actualidad/1444314131_203441.html

‘ENTRAÑABLE’ CARTA DEL SOBRINO DE ROUCO A FAVOR DE LA JUEZ ESPEJEL PARA QUE NO SE LA APARTE DE LA GÜRTEL

Presidente del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha, Rouco Rodríguez elogia sin medida a la magistrada de la Audiencia Nacional: "apreciada", "sobresaliente", "brillante"...

La magistrada Concepción Espejel, presidenta de la sección segunda de la Audiencia Nacional, ha contestado este miércoles a las acusaciones particulares y a la Fiscalía, que ven razones para su inhibición para juzgar el caso Gürtel. Como hemos contado en ELPLURAL.COM , se considera que su relación con el PP y con algunos dirigentes de este partido presuntamente implicados, la invalidarían como juez imparcial.

Una larga explicación de por qué no puede ser recusada

En un escrito-río de 87 páginas Espejel (de quien publicamos esta biografía a través de nuestros colaboradores Los Genoveses) intenta rechazar su relación de amistad con María Dolores de Cospedal, las implicaciones de que el PP haya favorecido en gran medida su carrera en el escalafón judicial, o minusvalorar hechos como que el propio Luis Bárcenas votara en el Senado en favor de su nombramiento para el Consejo General del Poder Judicial (el extesorero está entre quienes la quieren recusar).

Pero quizás lo más llamativo de su escrito resulte un escrito de apoyo que adjunta a su defensa. Una ‘carta’ que firma Vicente-Manuel Rouco Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), y también sobrino del cardenal Antonio María Rouco Varela.

Una carta que es casi una declaración

La carta, dirigida a la propia Concepción Espejel, tiene fecha del 30 de junio de este año, cuando empezaron a publicarse informaciones y presentarse recursos contra la participación de la magistrada en el tribunal que debe ver el caso Gürtel. La razón para el escrito lo deja claro Rouco en su primera línea: “… ante diversas informaciones aparecidas en medios de comunicación, en relación con la trayectoria profesional de la Itma. Sra. Dª CONCEPCIÓN ESPEJEL JORQUERA…”.

A partir de esta frase, una cascada de alabanzas sin mácula concebidas. Párrafos llenos de calificativos elogiosos sin ninguna cortedad. Un primer ejemplo, sobre su labor en Castilla-La Mancha:

“Su trayectoria profesional al frente de la Audiencia Provincial de Guadalajara puede calificarse de sobresaliente. Apreciada y respetada por su independencia y cualificada labor judicial permaneció al frente de dicho órgano judicial durante prácticamente dos mandatos, contribuyendo de manera decisiva al inmejorable funcionamiento de la Audiencia Provincial”.

Si esto parece laudatorio sin rubor, el resto de párrafos del escrito no desmerecen. Están llenos de perlas que muestran las bondades de la labor de la juez. Elegimos algunas de esas frases…

“Así mismo realizó una brillante labor de gobierno, tanto como Presidenta de la Audiencia Provincial, como miembro de la Sala de Gobierno, en la que acreditó un amplio conocimiento de la realidad de la organización…”

“… incluyó una labor muy activa y eficaz como Vocal Territorial de Castilla-La Mancha en la que hizo gala de su amplio y pormenorizado conocimiento de nuestra realidad judicial…

Concha, a la que todos llaman Concha

También el presidente del TSJCLM entra en este escrito, aún de perfil, en una de las principales causas de recusación contra la magistrada Espejel, su relación con Cospedal. Una relación especialmente buena que se puso de manifiesto en la ceremonia de concesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, en la que la presidenta de la Comunidad y secretaria general del PP, se refirió a ella como Concha y la calificó de “gran mujer… que ha acumulado muchos e importantes méritos en su carrera”.

Lo que dice Rouco en este sentido:

“.., muy agradecidos por la labor desarrollada durante tantos años al servicio de la Juticia en Castilla-La Mancha… conocida entre todos nosotros siempre como Concha Espejel y llamada tanto por los profesionales y funcionarios como D Concha Espejel, nos unimos para organizar un merecido y cariñoso acto de homenaje para regalarle la Gran Cruz, como se hace tradicionalmente entre los compañeros que apreciamos cuando se les concede alguna Condecoración, en un solemne acto judicial y con la contribución de todos cuantos quisieron participar en el mismo. Tengo noticias de que otros Vocales han recibido homenajes parecidos en otros lugares”.

El juez podría encontrarse siendo parte

Y así, se justifica la presencia en el acto de Cospedal, que dice además Rouco, convertido así en juez de lo que se argumenta en las peticiones de recusación, “los discursos (pronunciados en el acto) fueron de contenido estrictamente profesional y personal aludiendo los méritos y cualidades de la homenajeada, y por supuesto la utilización de la expresión Concha para referirnos a ella fue común a todos nosotros en las diferentes intervenciones, ya que así se la conoce y trata por todos”.

Por cierto, parece oportuno recordar en este punto que el propio juez Rouco Rodríguez como presidente del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha podría verse en la obligación de tener que dictaminar en algún tema relacionado con la Gürtel y que también pudiera envolver a María Dolores de Cospedal. Por ejemplo, el asunto de los 200.000 euros con los que Sacyr presuntamente contribuyó a la campaña de la candidata entonces del PP.

http://www.elplural.com/2015/10/08/entranable-carta-del-sobrino-de-rouco-varela-en-favor-de-la-juez-espejel-para-que-no-sea-apartada-de-la-gurtel/

ADMITIDA A TRÁMITE LA RECUSACIÓN DE LOS JUECES DE ‘LA CAJA B DEL PP’

Los jueces Juan Francisco Martel y Carmen Lamela han admitido a trámite las recusaciones de sus homónimos en la Audiencia Nacional, Concepción Espejel y Enrique López, por formar parte del tribunal que juzgará el caso de ‘La Caja B del PP’.

Martel y Lamela admiten así las peticiones de las acusaciones populares, que han denunciado la existencia de un “interés directo” y “amistad íntima” de los dos miembros del tribunal con altos cargos del Partido Popular.

Como ya sucediera con la recusación de los mismos magistrados en el futuro juicio del caso Gürtel, los instructores del expediente piden que la fundación FAES del PP y el propio partido informen a la Audiencia Nacional de los cursos en los que Espejel y López habrían participado y si cobraron por ello o percibieron dietas.

Como con la recusación de la Gürtel, los magistrados rechazan la declaración de los jueces recusados, así como la comparecencia de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y del hoy embajador de España en Londres, Federico Trillo.

Tanto Concepción Espejel como Enrique López han rechazado apartarse de ambos procedimientos, al alegar que no existe ni interés directo ni amistad íntima con ninguno de los procesados. Que Cospedal llamase “Concha” a la magistrada Espejel, no denota la existencia de una amistad íntima entre ambas, según la jueza, que define como solo “cordial” la relación entre ambas.

http://cadenaser.com/ser/2015/10/19/tribunales/1445266460_648623.html

EL FISCAL APOYA INVESTIGAR LA IMPARCIALIDAD DE LOS JUECES QUE JUZGARÁN LA GÜRTEL

El fiscal Anticorrupción ha informado a favor de que se investigue si dos de los tres jueces que deben juzgar la trama Gürtel son imparciales debido a su vinculación con el Partido Popular que se sentara en el banquillo de los acusados como partícipe a título Lucrativo. La fiscalía quiere valorar “si un observador objetivo” tendría razones para dudar de la imparcialidad.

El informe de la fiscalía Anticorrupción ha sido presentado ante la Sala de lo Penal que estudia si hay motivos para dudar de la imparcialidad de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López.

El fiscal sostiene que en el caso de la magistrada Espejel “no resultan del todo irracionales las dudas que albergan” las acusaciones sobre la imparcialidad de la magistrada ya que ha desempeñado un cargo (vocal del CGPJ) en el que ha intervenido en su designación el Partido Popular y además fue votado en el Senado por Luis Bárcenas.

La relevancia de las apariencias es lo que la fiscalía destaca en su informe en el que creen que hay motivos para investigar por la “posibilidad de considerar los temores del interesado objetivamente justificados”

En el caso de Enrique López, la fiscalía sostienen que “hay que tener en cuenta que durante siete años se estableció una relación singular con la fundación FAES, financiada por el Partido Popular por las que habría obtenido retribuciones” y además, el fiscal explica “habrá de ponderarse” la relación de parentesco de Enrique López con una persona vinculada a las partes del procedimiento.

El fiscal pide que se reclame a FAES, la fundación vinculada con el Partido Popular, los contratos realizados con los dos jueces cuestionados, o sus cursos impartidos, y los salarios que pudieran haber recibido, etc. El fiscal se opone, en cambio, a que declaren en el expediente María Dolores de Cospedal o Federico Trillo

http://cadenaser.com/ser/2015/10/02/tribunales/1443792097_398714.html

EL FISCAL VE RAZONES PARA DUDAR DE LA IMPARCIALIDAD DE LÓPEZ Y ESPEJEL

El ministerio público pide que se admita la recusación contra los jueces del 'caso Bárcenas'

La fiscalía cree que debe admitirse a trámite la recusación presentada por varias acusaciones contra los jueces Enrique López y Concepción Espejel como miembros del tribunal que juzgará el caso Bárcenas. La fiscalía que ya se pronunció a favor a admitir la recusación de estos magistrados en el caso Gürtel, advierte de que en ambos concurren circunstancias que pueden llevar a "cuestionar su imparcialidad".

Según el fiscal Antonio Romeral, la Sala de lo Penal de la Audiencia tendría que valorar "la relevancia de que los dos jueces fueron nombrados para sus cargos por el Partido Popular", que está implicado en esta causa como partícipe a título lucrativo. La fiscalía alude a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a la necesidad de apariencia de imparcialidad que debe presidir la labor de los jueces.

El fiscal Romeral propone que se practiquen las siguientes pruebas: pedir a la fundación FAES, presidida por José María Aznar (PP), la documentación sobre los pagos realizados al juez Enrique López por su participación en 50 ponencias y admitir, además, las pruebas documentales aportadas por otras partes. Sí se opone el fiscal a que se interrogue a los dos jueces recusados, así como a Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, y Federico Trillo, exdiputado del PP y embajador, como habían pedido las acusaciones. La fiscalía cree que es innecesario por "inútiles e impertinentes respecto de los hechos que se pretenden acreditar".

http://politica.elpais.com/politica/2015/10/02/actualidad/1443791292_424307.html?rel=ult

OCHO EXVOCALES DEL PODER JUDICIAL SE ABSTENDRÍAN SI FUESEN ENRIQUE LÓPEZ

Todos invocan la apariencia de imparcialidad dictada por el Tribunal de Estrasburgo

Ocho exvocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aseguran que, si estuvieran en la situación de Enrique López, se abstendrían de participar como ponente en el juicio por el caso Gürtel. Las acusaciones personadas en ese proceso han pedido la recusación de López porque fue propuesto por el PP para el Consejo General del Poder Judicial; colaboró activamente con FAES, la fundación vinculada a los populares y que preside José María Aznar, y llegó a participar en un acto del partido que ahora será juzgado como responsable civil en el juicio por la trama Gürtel.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debe decidir si acepta la recusación de López y de Concepción Espejel. Esta última fue nombrada por el Gobierno regional del PP para el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y mantenía estrechas relaciones con la entonces presidenta y secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. Los exvocales consultados por este periódico coinciden en remitirse a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), asumida por el Tribunal Constitucional, que habla expresamente de la apariencia de imparcialidad como causas de recusación o abstención.

Por ejemplo, Félix Azón, exvocal y magistrado, asegura que él se abstendría: "Sin entrar en el caso concreto, creo que es muy importante la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la apariencia de imparcialidad". La misma opinión tienen los magistrados Margarita Robles, del Tribunal Supremo, Manuel Torres Vela y Juan Carlos Campo, en excedencia.

La imparcialidad de un tribunal es la primera de las garantías básicas del proceso. Me atrevería a decir que sin juez imparcial no hay, propiamente, proceso

Juan Carlos Campo

"Creo que me abstendría y soy consciente de que es una cuestión que habrá de analizarse a la luz de las concretas características y material probatorio. Pero algo es claro, la imparcialidad de un tribunal es la primera de las garantías básicas del proceso. Me atrevería a decir que sin juez imparcial no hay, propiamente, proceso", asegura Campo. El magistrado añade: "Y como dijo hace muchos años el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, la confianza y el respeto a la magistratura son garantías de la eficacia del sistema jurisdiccional y el TEDH, sobre este particular, distingue dos aspectos, el subjetivo y el objetivo. El primero trata de averiguar la convicción personal de un juez en el caso concreto (en nuestro caso, su nombramiento como vocales y sus actuaciones en determinados foros), pero está el objetivo que se refiere a si este ofrece las garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima al respecto. Y este aspecto es el que yo pondero. No es, por tanto, la conducta personal del juez (ya ha dicho el TC que ni la afinidad ideológica, ni ser nombrado para cargo a instancia de un grupo parlamentario enturbian su imparcialidad), sino si hechos ciertos y múltiples (al parecer en un determinado foro y germen de ideas de un partido político) pueden levantar dudas sobre su imparcialidad".

Su vinculación con el PP es irrepetible y no solo por haber sido vocal, que quizás no sería motivo suficiente por sí solo

Félix Pantoja

Los fiscales Gabriela Bravo y Félix Pantoja también tienen claro que se abstendrían. Bravo, ahora consejera de la Generalitat valenciana, sustituyó a López como portavoz del Consejo y tiene claro que debe imponerse la apariencia de imparcialidad. Pantoja explica que "este caso es muy fuerte, porque su vinculación con el PP es irrepetible y no solo por haber sido vocal, que quizás no sería motivo suficiente por sí solo".

La magistrada y exvocal Inmaculada Montalbán dice que no quiere pronunciarse sobre este caso concreto, pero explica que "la sola condición de exvocal no es causa de abstención. Hay que valorar si se cumplen los requisitos, pero la clave es que se cumpla la apariencia de imparcialidad".

A los exvocales consultados por este periódico se une la opinión de Javier Martínez Lázaro, que también fue miembro del Consejo y ahora, como magistrado, instruye la recusación de López y Espejel en la Audiencia Nacional. En el auto de admisión, Martínez Lázaro expone su opinión favorable a la recusación.

Otros dos exvocales, propuestos en su momento por el PP, expusieron a EL PAÍS su opinión contraria a la recusación. Así, para el magistrado Adolfo Prego, "si la causa de recusación es la que cuentan los periódicos no tiene fundamento ninguno. El hecho de que los nombrantes del Poder Judicial sean políticos no contamina de parcialidad a nadie".

Dar una conferencia no significa nada y cobrar por ello cantidades pequeñas que compensan el tiempo que se pierde, tampoco

Adolfo Prego

Prego añade que "hay muchos magistrados que vuelven del Poder Judicial y eso no supone problema". Cree, además, que la referencia a FAES es muy "inocua". "Aquello es un foro de debate técnico-intelectual, pero no con relación de obediencia y jerarquía. Dar una conferencia no significa nada y cobrar por ello cantidades pequeñas que compensan el tiempo que se pierde, tampoco. En esas conferencias hay catedráticos, juristas, abogados. Lo que no hay son políticos. Es un centro de debate entre expertos. Nada más. Son temas muy técnicos, no se suele hablar de política en los debates. No deben abstenerse". Para el magistrado, "la abstención no es algo caprichoso, está tasado, son las mismas causas que la recusación; si no cabe la una, no cabe la otra". Y añade: "La recusación solo es posible cuando alguien no se abstiene. La abstención es una especie de autorrecusación. Es una utilización incorrecta de la recusación y la imagen de falta de imparcialidad son las calcomanías que se les pega a ellos. No es una imagen autocreada por su comportamiento, sino artificialmente impuesta: sus resoluciones son excelentes, las de los dos. Espejel estuvo en la Audiencia de Segovia cuando yo fui presidente de la Audiencia y solo le preocupa la técnica jurídica, es una gran penalista".

Javier Gómez de Liaño, exvocal y ahora abogado defensor en Gürtel, se ha pronunciado contra la recusación en un escrito en ese procedimiento y se remite al derecho comparado para asegurar que "en Alemania los miembros del Constitucional son de distintos partido y no por ello se [los] cuestiona". Fernando Salinas, magistrado y exvicepresidente del Consejo, rehusó dar su opinión.

Dos asociaciones judiciales

Dos de las asociaciones judiciales, Jueces para la Democracia (JPD) y Foro Judicial Independiente, creen que debe cumplirse el principio del respeto a la apariencia de imparcialidad. Así, Joaquín Bosch, de JPD, asegura que "en estos supuestos hay dudas sobre la apariencia de imparcialidad por las conexiones que se han indicado en referencias a los vínculos con el PP; en especial, el hecho de los seminarios de López cobrando genera dudas objetivas", comenta y añade: "Creo que son jueces profesionales e imparciales y así van a actuar, pero un tribunal tiene que ser y parecer imparcial y hay dudas de que pueda parecerlo. Y puede dañar la credibilidad de la justicia porque la sociedad no crea justa la sentencia por parecer que no son imparciales".

Lo que pasa en este asunto creemos que es una muestra del efecto muy perjudicial del sistema de designación política de vocales

Alejandro Valle

Para Bosch, "deberían valorarse muy seriamente las alegaciones de la fiscalía en función de la jurisprudencia del TEDH y el caso Gürtel es muy importante para la sociedad española, afecta al partido del Gobierno. Es capital que el tribunal no tenga la mínima sospecha de falta de imparcialidad".

Alejandro Vega, del Foro Judicial Independiente, explica: "Sin entrar en el fondo de la recusación que tiene que resolver la Audiencia Nacional, no ponemos en duda su capacidad para asumir el asunto, pero lo que pasa en este asunto creemos que es una muestra del efecto muy perjudicial del sistema de designación política de vocales del CGPJ. Si fueran elegidos por los jueces, no habría cuestionamiento de la apariencia de imparcialidad. El sistema lleva a cosas como esta de pasar de un cargo de designación política a jurisdicción y de ahí la apariencia de parcialidad".

"El magistrado que tiene que resolver (Martínez Lázaro) fue nombrado por el PSOE, una demostración práctica de que hay que cambiar el sistema. No es lo mejor para la imagen del poder judicial", añade.

http://politica.elpais.com/politica/2015/09/30/actualidad/1443622647_973054.html

ADMITIDAS A TRÁMITE LAS RECUSACIONES CONTRA LÓPEZ Y ESPEJEL POR SU RELACIÓN CON EL PP

Los magistrados piden a FAES, la fundación del PP, que acredite a qué eventos asistieron y si cobraron por su participación

El juez Javier Martínez Lázaro considera que el nombramiento de Enrique López como vocal del CGPJ o magistrado del TC a propuesta del PP no puede llevar "por sí solo" a una causa de recusación pero sí "sugiere cierta vinculación" con el partido

Los magistrados de la Audiencia Nacional Javier Martínez Lázaro y Carmen Paloma González Pastor han admitido a trámite los incidentes de recusación que las acusaciones han presentado contra los jueces que juzgarán el caso Gürtel Concepción Espejel y Enrique López, y han pedido a FAES un certificado con las conferencias en las que participaron. Además, han preguntado al Partido Popular si pagó a López por intervenir en dos mesas redondas de su conferencia política.

Así sehan pronunciado los magistrados después de que el PSOE pidiera que López se apartara del tribunal por su "íntima vinculación" y su "afinidad ideológica" con el PP. Unas acusaciones a las que se sumó la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), que amplió la petición petición a Espejel por "óptimas relaciones" de ambos con la formación presidida por Mariano Rajoy.

La magistrada Carmen Paloma González Pastor, que instruye el incidente de recusación sobre Espejel, ha solicitado al secretario de FAES, la fundación presidida por José María Aznar, que remita en el plazo de diez días un certificado de las mesas redondas, cursos o conferencias en los que haya participado la jueza recusada.

Tanto ella como Martínez Lázaro, instructor del expediente sobre Enrique López, rechazan que María Dolores de Cospedal y Federico Trillo declaren como testigos. En su escrito, González destaca que Espejel ya ha explicado "el tipo de relación institucional con personas pertenecientes al Partido Popular", así como su "coincidencia con otras autoridades en actos públicos a los que ha acudido por su condición profesional".

Intervino en más de 60 actividades de FAES

Por su parte, el instructor Javier Martínez Lázaro ha emplazado al secretario de FAES a remitir un certificado con las cantidades percibidas por Enrique López por colaborar con la fundación desde 2003 y ha preguntado al Partido Popular si este magistrado cobró alguna cantidad por participar en dos mesas redondas en 2006 y 2007 en el curso de la Conferencia política sobre el modelo de Estado.

"El haber sido propuesto por el PP en tres ocasiones para ocupar relevantes cargos públicos, unido a su colaboración intensa y durante un largo periodo de tiempo con una fundación vinculada a dicho partido y el haber percibido remuneraciones significativas de dicha fundación podría implicar una apariencia de pérdida de imparcialidad y la apariencia de que el magistrado recusado pudiese tener interés directo o indirecto en la causa que está llamado a enjuiciar", señala.

López fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP desde 2001 a 2008 –coincidió a su paso con Martínez Lázaro, propuesto por el PSOE–, después se postuló como candidato del Tribunal Constitucional en 2008, del que fue nombrado magistrado en junio 2013, cargo del que dimitió un año más tarde tras dar positivo en un control de alcoholemia cuando circulaba con su motocicleta sin casco por el centro de Madrid.

A su juicio, la aparente vinculación con el PP se hace "más intensa" si se considera que participó en más de sesenta actividades de FAES, siendo "irrelevante" si coincidió con el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, o con el acusado Carlos Clemente, puesto que ello "no implica amistad ni compromete su imparcilidad" o si sus posturas doctrinales son próximas a las de este partido dada la libertad de expresión e ideología.

Colaboración "permanente" con el PP

En su opinión, "sí tiene relevancia" su "elevada" intervención en actos de la FAES, que se define en su página web como una organización "vinculada al Partido Popular" y de cuya dirección forma parte la exministra Ana Mato, encausada como partícipe a título lucrativo, al igual que el PP, en el caso Gürtel.

"No se trata de colaboraciones esporádicas u ocasionales con el PP, su elevado número sugiere una colaboración permanente durante un dilatado periodo de tiempo, lo que implica una apariencia de vinculación con el citado partido", explica Martínez Lázaro, para añadir que López admitió haber recibido la "no desdeñable" cantidad de 13.102 euros por sus actividades en FAES.

Finalmente, no considera una razón "suficientemente sólida" para comprometer la imparcialidad de López su parentesco con Miguel Hernán, que es su cuñado y está considerado como un hombre de confianza del empresario José Luis Ulibarri, encausado en el procedimiento.

En su auto, incluye la doctrina del Constitucional para concluir que las causas de recusación tienen por finalidad garantizar la imparcialidad del juez, la cual se presume siempre, salvo que haya pruebas de lo contrario y que no debe probarse que el magistrado sea imparcial sino que "existe una apariencia de imparcialidad para un observador objetivo".

Una vez recibida la documentación solicitada a FAES y al PP, las actuaciones serán remitidas a la Sala de lo Penal para que el pleno designe al magistrado ponente que proponga la estimación o no de las recusaciones de Espejel y López.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/09/25/admitidas_tramite_las_recusaciones_contra_los_jueces_lopez_espejel_por_relacion_con_pp_38180_1012.html

UNA DE LAS ACUSACIONES DE ‘GÜRTEL’ PIDE AL GOBIERNO QUE CERTIFIQUE QUE ANA MATO PARTICIPÓ EN EL CONSEJO QUE AUPÓ AL TC AL JUEZ RECUSADO

La asociación Adade introduce la participación directa de la exministra en aquel nombramiento como argumento para recusar a Enrique López, ahora en la pieza de los papeles de Bárcenas

Otras tres acusaciones, la ejercida por los socialistas valencianos, la de la Asociación Libre de Abogados y el Observatori Desc, plantean también recusación

La participación de Ana Mato en el Consejo de Ministros que en junio de 2013 aupó al Tribunal Constitucional a Enrique López se ha convertido para las acusaciones populares del caso Gürtel en otro argumento más a favor de que el juez sea recusado.

Este martes, y al tiempo que se conocía la negativa del magistrado a abstenerse en la primera pieza del caso que irá a juicio en Madrid -la denominada Primera Época (1999-2005)- a través de un escrito donde él mismo recuerda el papel desempeñado por la exministra de Sanidad en su nombramiento, la asociación de abogados Adade formulaba una segunda recusación contra López. Esta va referida a otra pieza del caso, la más controvertida de todas por su calado político: la conocida como la de los papeles de Bárcenas o, lo que es lo mismo, la de la presunta contabilidad B del PP.

Y en esa segunda recusación, Adade ya esgrime la participación de Mato en la designación de Enrique López para el TC como causa de recusación. La asociación de letrados pide a la Audiencia Nacional que requiera del Gobierno "certificación comprensiva de la asistencia de Doña Ana Mato Adrover al Consejo de Ministros celebrado el 7 de junio de 2013, en el que se acordó el nombramiento de Don Enrique López y López [como] magistrado del Tribunal Constitucional".

Adade hace constar en su nueva recusación que en la primera pieza del caso Gürtel en ser juzgada, la de la Primera Época, Ana Mato se arriesga a ser declarada partícipe a título lucrativo. Es decir, beneficiaria de los regalos y viajes con que la trama corrupta agasajó a su familia y a ella misma. El partícipe a título lucrativo es responsable civil del delito pero en ningún caso penal.

Al igual que Adade, otras tres acusaciones populares han recusado a Enrique López así como a la magistrada Concepción Espejel en la pieza relativa a la presunta financiación ilegal del PP, la de los papeles de Bárcenas. Esas acusaciones son la que representa a los socialistas valencianos; la que ejercen de manera conjunta Izquierda Unida, la Asociación Libre de Abogados (ALA) y otros colectivos; y la del grupo de derechos humanos Observatori Desc.

La intervención activa de Ana Mato en el nombramiento de Enrique López como magistrado del TC, cargo en el que permaneció desde junio de 2013 hasta su dimisión en junio de 2014, constituye a juicio de ALA y de Observatori Desc un motivo claro de recusación. Ninguna de esas dos entidades lo ha manejado como argumento en sus escritos de recusación porque desconocían el dato, desvelado por infoLibre.

"Ana Mato debería ser la primera interesada en que el tribunal esté libre de toda sospecha", sostiene el abogado Gonzalo Boye, de Observatori Desc. Su participación en el Consejo de Ministros que nombró a Enrique López es "otra razón más para que se aparte de la causa, y muy importante", conviene Antonio Segura, de la Asociación Libre de Abogados (ALA).

Pese a que, como Boye, también él cree que no hay la menor duda de que Enrique López debería abstenerse de participar en ningún juicio relacionado con Gürtel, Antonio Segura se muestra extremadamente pesimista: "Que un juez deba resolver sobre la recusación de otro juez es un atraso, por eso casi ninguna prospera en España". En su opinión, lo correcto sería que los jueces recusados se sometieran al dictamen de un tribunal mixto formado por profesionales y ciudadanos ajenos a la judicatura.

Los cursos de FAES

Colaborador habitual de FAES a lo largo de ocho años, vocal del Poder Judicial a propuesta del PP y magistrado del TC en 2013 por decisión directa del Gobierno tras haber obtenido en 2008 el apoyo fallido de varios Parlamentos regionales -cuatro exdiputados madrileños hoy acusados participaron en una de esas votaciones-, Enrique López es cuñado de un alto directivo de José Luis Ulibarri, uno de los principales empresarios imputados en la pieza central de Gürtel.

El magistrado entiende que ese parentesco no afecta a la pieza separada Primera Época porque Ulibarri no pertenece al plantel de acusados del caso, desgajado de la pieza central.

Su nombramiento como magistrado del Constitucional –formalmente, fue una “propuesta”- tuvo lugar en el Consejo de Ministros del 6 de junio de 2013. Y Ana Mato, que en el juicio de la Primera Época ostenta la condición de presunta partícipe a título lucrativo al igual que el PP, estaba allí. Exactamente en aquella mesa gubernamental que dio un auténtico espaldarazo a Enrique López tras una etapa en que medios leoneses dieron por hecho su salto a la política.

Por ejemplo, el 5 de octubre de 2007, Diario de León publicó que, como número 2 de la lista provincial del PP al Congreso para las elecciones de 2008, "el mejor colocado sigue siendo el portavoz del CGPJ, Enrique López". El rotativo que publicó la noticia había sido adquirido en marzo de ese año por José Luis Ulibarri. En sus alegaciones a las primeras cuatro recusaciones formuladas, Enrique López asegura que no tiene relación de ninguna clase con Ulibarri.

Aquel Consejo de Ministros del 6 de junio de 2013 registró dos hitos: uno político, la elección de dos magistrados para el TC, el ya citado Enrique López y Pedro González Trevijano; y la aprobación del llamado Plan Verano, en el que el Ministerio de Sanidad juega cada año un rol primordial.

Y en esa sesión, “Ana Mato no tenía por qué abstenerse –aduce una portavoz del PP. Y razona su aserto así: "Enrique López, que entonces era vocal del Consejo General del Poder Judicial, no intervenía en el sumario de Gürtel, en el que quien estaba imputado era el exmarido de Ana Mato, no ella, que ni entonces ni ahora estaba acusada de ningún delito”. “En cuanto el juez Ruz la consideró partícipe a título lucrativo –añadió la fuente-, Mato dejó el Gobierno”.

En marzo de este año, la que había sido titular de Sanidad hasta noviembre de 2014 y miembro del círculo más próximo a Mariano Rajoy en el PP –era vicesecretaria de organización- ya depositó una fianza de 28.467 euros, cifra equivalente a la que, según la investigación, obtuvo de la red corrupta en regalos y “servicios turísticos”.

Atrás quedaron años de resistencia numantina en los que la dirigente conservadora negó cualquier vínculo con la trama: ni el Jaguar regalado -presuntamente- a su marido por el grupo de Correa, ni las fiestas infantiles ni los viajes familiares costeados por la división turística de la red movieron a Mato de su asiento en el Consejo de Ministros. Solo dimitió cuando el juez Ruz plasmó -y argumentó- en un auto por qué entendía que Ana Mato se había lucrado gracias a la Gürtel.

http://www.infolibre.es/noticias/una_las_acusaciones_gurtel_pide_gobierno_que_certifique_que_ana_mato_participo_consejo_que_aupo_juez_recusado_37747_1012.html

ANA MATO PARTICIPÓ EN EL CONSEJO DE MINISTROS QUE AUPÓ AL TC AL JUEZ QUE DICTAMINARÁ SI SE LUCRÓ CON LA ‘GÜRTEL’

Recusado por cuatro acusaciones populares y severamente cuestionado por Anticorrupción, Enrique López accedió al Constitucional tras un acuerdo del Gobierno en junio de 2013

El magistrado, que no ha dado señales de que pretenda apartarse de la causa, rehúsa pronunciarse sobre si la presencia de la exministra en aquella sesión afecta a su imagen de imparcialidad

Una de las acusaciones de ‘Gürtel’ pide al Gobierno que certifique que Ana Mato participó en el Consejo que aupó al TC al juez recusado

Anticorrupción refuerza los argumentos para que dos magistrados respaldados por el PP no juzguen el ‘caso Gürtel’

Los argumentos que han colocado contra las cuerdas a los magistrados recusados en el ‘caso Gürtel’ por su afinidad con el PP

La exministra Ana Mato, quien supuestamente se lucró con la trama Gürtel y se arriesga así a ser declarada responsable civil por sentencia, participó en el Consejo de Ministros que en 2013 aupó al juez Enrique López al Tribunal Constitucional (TC). Recusado por cuatro acusaciones populares por su cercanía al PP y cuestionado también por la Fiscalía Anticorrupción, López es uno de los tres magistrados designados para juzgar la primera pieza del caso Gürtel que irá a juicio en Madrid.

Será López quien redacte la sentencia salvo que se aparte de la causa voluntariamente o lo aparte la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Desempeñará, por tanto, un papel clave para dirimir si la diputada Ana Mato debe o no ser considerada responsable civil como partícipe a título lucrativo de la trama Gürtel. Es decir, como beneficiaria de los delitos cometidos pero sin ninguna responsabilidad penal en la perpetración de esos mismos delitos.

La participación de Ana Mato en una sesión decisiva para la trayectoria profesional de quien ahora debe declararla o no responsable civil de la trama Gürtel había pasado inadvertida hasta ahora. Ni las cuatro acusaciones populares que han recusado a Enrique López manejan ese dato en sus escritos ni lo hace la Fiscalía en sus alegaciones de respuesta.

InfoLibre intentó este lunes sin éxito conocer si Enrique López considera que la participación de Ana Mato en aquel Consejo de Ministros puede alterar su imagen de imparcialidad como miembro del tribunal en un juicio que afecta directamente a la exministra y aún hoy diputada al Congreso por el PP.

Tampoco fue posible contactar con la exministra de Sanidad, pero fuentes del PP recalcaron que Mato no tenía ningún motivo para "abstenerse" cuando, en junio de 2013, el Gobierno elevó a Enrique López al TC.

Casi exactamente dos años después, se conoció la designación por reparto de Enrique López como miembro del tribunal del caso Gürtel junto con Concepción Espejel y Julio de Diego.

Colaborador habitual de FAES a lo largo de ocho años, vocal del Poder Judicial a propuesta del PP, magistrado del TC en 2013 por decisión directa del Gobierno tras haber obtenido en 2008 el apoyo fallido de varios Parlamentos regionales -cuatro ex diputados madrileños hoy acusados participaron en una de esas votaciones- y cuñado de un alto directivo de José Luis Ulibarri, uno de los principales empresarios imputados en la pieza central de Gürtel, López no ha dado ninguna señal de que pretenda apartarse de la causa. El juicio abordará los hechos investigados en una pieza separada denominada Primera Época (1999-2005).

Salto al TC tras un esperado salto a la política que nunca llegó

Su nombramiento como magistrado del Constitucional –formalmente, fue una “propuesta”- tuvo lugar en el Consejo de Ministros del 7 de junio de 2013. Y Ana Mato, así lo han confirmado a este diario fuentes oficiales del PP, estaba allí, en aquella mesa gubernamental que dio un auténtico espaldarazo al juez leonés tras una etapa en que ciertos medios dieron por hecho su salto a la política.

Aquel Consejo de Ministros del 7 de junio de 2013 registró dos hitos: uno político, la elección de dos magistrados para el TC, el ya citado Enrique López y Pedro González Trevijano; y la aprobación del llamado Plan Verano, en el que el Ministerio de Sanidad juega cada año un rol primordial.

Y en aquella sesión, “Ana Mato no tenía por qué abstenerse –aduce una portavoz del PP. Y razona su aserto así: "Enrique López, que entonces era vocal del Consejo General del Poder Judicial, no intervenía en el sumario de Gürtel, en el que quien estaba imputado era el exmarido de Ana Mato, no ella, que ni entonces ni ahora estaba acusada de ningún delito”. “En cuanto el juez Ruz la consideró partícipe a título lucrativo –añadió la fuente-, Mato dejó el Gobierno”.

InfoLibre intentó este lunes recabar la opinión de Enrique López desde primera hora. Pero fuentes de la Audiencia Nacional, a la que el magistrado se incorporó después de que la Policía lo cazara en junio de 2014 conduciendo una moto sin casco y con una tasa de alcohol superior a la permitida, precisaron que Enrique López solo expresará su posición en el escrito con que debe responder a las recusaciones formuladas. Previsiblemente, ese escrito se conocerá en los próximos días, al igual que el de Concepción Espejel.

Presidenta del tribunal que juzgará Gürtel, Espejel también ha sido recusada por su supuesta amistad con la expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Anticorrupción ha aportado un motivo más para la duda: Espejel, que como López fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, accedió al órgano de gobierno de los jueces tras haber recibido el refrendo del Senado en una votación en la que intervino Luis Bárcenas.

Precisamente este lunes, los colectivos que iniciaron la conocida como "querella Bárcenas", la acusación popular formada por la Asociación Libre de Abogados, IU, Ecologistas en Acción y Los Verdes, han presentado la cuarta recusación contra Enrique López y Concepción Espejel, informa Europa Press.

Estos dos magistrados son miembros de la sección de la Audiencia Nacional que juzgará este caso y, a juicio de estas organizaciones, no serían parciales a la hora de enjuiciar a la cúpula económico-administrativa del Partido Popular y al propio partido, que está encausado como responsable civil por su supuesta condición de partícipe a título lucrativo.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/09/15/ana_mato_participo_consejo_ministros_que_aupo_juez_que_debe_dirimir_lucro_con_gurtel_37701_1012.html

EL JUEZ PREDILECTO DEL PP DICE SER IMPARCIAL PARA JUZGAR EL CASO GÜRTEL, LE CREAN O NO

Enrique López sugiere que no se vende por los 11.000 euros que le ha pagado FAES en conferencias y que la relación de su cuñado con un imputado no le afecta. Tampoco el haber sido nombrado a instancia del PP vocal del poder judicial o magistrado del TC

El ponente del caso Gürtel, Enrique López, ha remitido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional un informe en el que rechaza ser apartado del tribunal juzgador de la primera época de la trama corrupta porque dice ser imparcial, le crean o no.

También ha rechazado ser recusada la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, aupada por el Partido Popular, como Enrique López, al cargo político de vocal del Consejo General del Poder Judicial. Ambos deben juzgar, junto con el magistrado Julio de Diego, la primera época de la red, que abarca los años 1999-2005. En otra pieza separada, López ha sido nombrado también ponente de los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Las recusaciones fueron solicitadas por el PSOE, que pidió que López se aparte del procedimiento por su "íntima vinculación" y su "afinidad ideológica" con el PP; y la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), que incluyó además a Espejel, dada la relación de ambos con el PP, que se sienta en el banquillo como responsable a título lucrativo de la trama.

Nada de lo que se alega afecta a la imparcialidad de Enrique López, según expone el magistrado en su escrito. Ni los 11.102,26 euros que cobró por participar en diversos seminarios de la Fundación FAES, vinculada al PP, que él califica como de carácter técnico. Ni tampoco el haber sido impulsado al cargo de miembro del Tribunal Constitucional por el propio PP, cuyo Gobierno le nombró en una sesión en la que participaba la entonces ministra de Sanidad Ana Mato, quien se sienta en el banquillo del caso como responsable a título lucrativo, al igual que el Partido Popular.

López basa su rechazo en el "carácter cerrado de las causas de abstención, así como de su restrictiva interpretación", que le lleva a concluir que no existe "causa alguna" para ser apartado del tribunal sobre la base de estos parámetros.

Tampoco considera que ha resultado afectado en su caso un pilar de la Justicia: la apariencia de imparcialidad que debe de presidir la actuación de todos y cada uno de los componentes de un tribunal juzgador.

La Fiscalía se ha mostrado favorable a la recusación de Enrique López por esta causa. Pero el magistrado rechaza que afecte a su apariencia de imparcialidad, tal y como exigen los cánones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque un juez del que se duda de su imparcialidad es "el peor observador" de su propio caso, reconoce.

"Debe garantizarse a las partes que no concurre ninguna duda razonable sobre la existencia de prejuicios o prevenciones en el órgano judicial, y en el presente caso yo lo garantizo, al margen deque se me crea o no", dice textualmente el magistrado en su respuesta al incidente de recusación.

"Que los acusados en este procedimiento y los partícipes a título lucrativo (Partido Popular y Ana Mato) puedan resultar condenados o absueltos me es absolutamente indiferente, más allá del cumplimento de mi deber de administrar justicia conforme a la ley", expone López ante la Sala de lo Penal.

'Naturales sentimientos de agradecimiento'

"Vallamos pues por partes" (sic), sostiene el magistrado para exponer sus razones por las cuales nada de lo que se argumenta contra él afecta a su imparcialidad.

López considera que, en su "honesta opinión" no debe apartarse del tribunal juzgador del caso Gürtel, "a pesar de los requerimientos de abstención que de carácter extraprocesal" que ha sido objeto, "tanto desde el ámbito parlamentario y político como desde el ámbito periodístico".

El magistrado insiste en su escrito en que no tiene ningún interés "cercano ni remoto" en formar parte del tribunal del caso Gúrtel y que no ha sido una situación "buscada ni mucho menos deseada". "Han corrido ríos de tinta y minutos de tertulias donde se me ha descalificado, cuestionado como profesional, mofado e injuriado", se queja.

Dicho esto, asegura que "jamás" ha ostentado ningún cargo bajo la disciplina del Partido Popular y recuerda que tampoco ha sido nombrado ministro, secretario de Estado, subsecretario o director general, ni ha ocupado un escaño como diputado o senador. "Ni en lo más recóndito de mi voluntad existe algún tipo de interés que no sea la recta aplicación de la norma", remacha.

Respecto a sus nombramiento, el magistrado argumenta que los "naturales sentimientos de agradecimiento por tales nombramientos en modo alguno crea algún tipo de interés en lo que acontezca en el procedimiento".

Además, afirma que las fiscales Concepción Nicolás y Concepción Sabadell se equivocan cuando dicen que cuatro acusados -Alfonso Bosch Tejedor, Benjamín Martín Vasco, Alberto López Viejo y Carlos Clemente Aguado- participaron en la votación de su candidatura como magistrado al Tribunal Constitucional en 2008. "Esta afirmación es errónea porque este voto, de dos y no de cuatro de los acusados, se efectuó en un proceso de propuestas para su designación por el Senado, habiendo concluido este proceso sin que este magistrado fuera nombrado", concluye.

López también admite que ha podido coincidir en alguna jornada de la Fundación FAES con el acusado Carlos Clemente, si bien no tiene ninguna "amistad íntima" con él y para poder recordarlo "ha tenido que auxiliarse de las memorias de actividades" de la Fundación.

También rechaza que afecte a su imparcialidad el hecho de que su cuñado Miguel Hernán Manovel García sea el hombre de confianza de José Luis Ulibarri, constructor leonés imputado en otra pieza separada del caso Gürtel.

A Enrique López no le perturba el ánimo esta relación de su cuñado, porque Ulibarri no se sienta en el banquillo en la pieza separada para la que ha sido nombrado ponente, ni tampoco las empresas del constructor leonés. "La relación de parentesco que tengo con la persona antes aludida no genera ningún tipo de perjuicio, inclinación personal o predisposición" en el proceso, "que es el único que debe ser tenido en cuenta para determinar algún tipo de interés directo o indirecto" de un magistrado.

'Todo el mundo me llama Concha'

Concepción Espejel, la presidenta del tribunal juzgador, asegura que no tiene ni ha tenido nunca "relación alguna" con el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, al que "no conoce personalmente", y que, si éste participó en la votación del Senado en que fue nombrada vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como recordó la Fiscalía Anticorrupción, la propuesta constituiría, en todo caso, "un acto del órgano y no de los senadores que en aquel momento lo integraban".

Otros de los argumentos esgrimidos para recusar a Espejel es su relación con María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, quien le impuso la cruz de San Raimundo de Peñafort en un acto celebrado en Castilla-La Mancha y pronunció una frase que utilizan las defensas para rescusarla: "Para todos es Concha y lo va a ser siempre".

Concepción Espejel responde que dicha frase "no tiene trascendencia alguna", ni existe ninguna "familiaridad sobrevenida" más allá de una relación institucional que tilda de "cordial" con la entonces presidenta de Castilla-La Mancha. "Los que me conocen -explica- saben que siempre me he presentado como Concha y no sólo desde que ejerzo la Judicatura sino durante la etapa universitaria e incluso colegial. Desde que era niña todo el mundo me ha llamado así".

También critica las "gratuitas afirmaciones" de los recurrentes, que la situaron como "compañera de viaje" de los exdirigentes 'populares' imputados, y recuerda que poner en entredicho su nombramiento como vocal del CGPJ por haber sido propuesta por el PP supone cuestionar el sistema de elección de jueces "establecido en la Constitución". *

"Todos los integrantes de la Carrera Judicial a la que, por disposición legal, han de pertenecer 12 de los miembros de los diversos Consejos quedarían inhabilitados para juzgar los procedimientos en los que pudiera derivar algún tipo de responsabilidad para los partidos políticos, dado que, dependiendo de la formación que inicialmente propuso su candidatura se les imputaría amistad o enemistad o interés directo o indirecto a favor o en contra de dichas formaciones", argumenta.

Las falsedades no son ciertas, aunque se repitan

Uno de los argumentos que más duelen a Concepción Espejel es que se le atribuya el haber dictado resoluciones sobre el incendio de Guadalajara, donde murieron siete personas, cuando ella presidía la Audiencia Provincial.

Espejel tidal de "completamente falsas" las apreciaciones de los recurrentes en el sentido de que, como presidenta de la Audiencia de Guadalajara, dictó resoluciones para que cargos de la Administración socialista fueran investigados por dicho incendio. "Todas las imputaciones y acusaciones a que se refieren los recusantes se produjeron mucho después de que yo dejara la Presidencia de la Audiencia", advierte.

"Si no se exigiera la concurrencia de los mencionados datos objetivos, bastaría con introducir un hecho falso y darle publicidad reiteradamente a través de los medios de comunicación para crear una falsa apariencia de pérdida de imparcialidad de cualquier juez o magistrado", afirma Espejel antes de considerar "obvio" que "los hechos falsos o interesadamente tergiversados no se convierten en verdaderos, por mucho que se repitan con una finalidad de desprestigio del profesional al que se dirigen".

Espejel también defiende que la ley la habilita para presidir todos los juicios de la sección de la Sala de lo Penal que preside y que jamás ha participado en ningún acto organizado por el PP ni por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside José María Aznar.

http://www.publico.es/politica/juez-predilecto-del-pp-dice.html

UNO DE LOS ACUSADOS DEL ‘CASO GÜRTEL’ PROCLAMA LA IMPARCIALIDAD DE LOS JUECES LÓPEZ Y ESPEJEL

El exconcejal del PP Ricardo Galeote, uno de los 42 procesados por el caso, envía a la Sala Penal de la Audiencia un escrito en el que vindica la capacidad de los dos recusados para juzgar la causa

Su abogado, el exjuez Gómez de Liaño, aprovecha para atacar a Garzón sin nombrarlo y reprochar a las acusaciones que callaran "ante pasos clamorosamente contrarios a una justicia imparcial"

El exconcejal del PP Ricardo Galeote, uno de los 42 acusados que se sentarán en el banquillo por el caso Gürtel, ha usado sus prerrogativas para pronunciarse sobre la recusación de Enrique López y Concepción Espejel, y lo ha hecho con un escrito que defiende a capa y espada la "imparcialidad" de los dos magistrados.

Tanto Espejel, designada presidenta del tribunal, como López, nombrado ponente -redactor- de la sentencia, han sido recusados por las acusaciones populares, que destacan sus vinculaciones con el PP.

Este jueves se conoció la posición de la Fiscalía Anticorrupción. Formalmente, las fiscales del caso se limitan a pedir a la Sala Penal de la Audiencia que tramite las recusaciones. Pero, en la práctica, sus escritos añaden argumentos para el apartamiento, especialmente, el de Enrique López.

Galeote no estaba obligado a pronunciarse sobre la recusación. Pero ha decidido hacerlo con un escrito en el que su abogado, el exjuez Javier Gómez de Liaño, traza una cerrada defensa de la imparcialidad de López y Espejel.

"En el presente asunto, ninguna de sus ilustrísimas señorías recusadas ha dado muestras de imparcialidad", razona el letrado cometiendo lo que resulta un lapsus evidente: el texto dice "imparcialidad" donde debería decir "parcialidad".

Liaño aduce que si la Audiencia Nacional decidiese apartar a Enrique López porque fue vocal del Poder Judicial a propuesta del PP ningún miembro del órgano de gobierno de los jueces podría regresar a la judicatura.

El abogado aprovecha su escrito para atacar a uno de sus enemigos históricos, el exjuez Baltasar Garzón, primer instructor de la causa y a quien ordenar escuchas en la cárcel le terminó costando la carrera judicial. Lo hace sin citarlo por su nombre y utilizándolo como palanca para emplearse contra las acusaciones populares.

En el caso Gürtel, escribe Liaño, "ha habido episodios judiciales, sobre todo en sus inicios, de muy dudosa legalidad en los que quienes ahora claman por una imparcialidad a ultranza guardaron buen silencio ante pasos clamorosamente contrarios a una justicia recta e imparcial".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/09/11/uno_los_acusados_del_caso_gurtel_proclama_imparcialidad_los_jueces_lopez_espejel_37599_1012.html

EL PP DICE QUE NO HAY “PRUEBA ALGUNA” DE QUE EL JUEZ ENRIQUE LÓPEZ LE SEA AFÍN

Los conservadores salen en defensa de la imparcialidad del magistrado, durante años colaborador habitual de FAES y al que el partido aupó primero al Poder Judicial y luego al Constitucional

El PP aduce también que la relación de parentesco del magistrado con un directivo de uno de los principales imputados en el caso y que es su cuñado resulta "tan remota que es intrascendente"

El PP ha respondido a la recusación planteada contra Enrique López como ponente de la futura sentencia del caso Gürtel con un escrito en el que sostiene que las acusaciones populares -impulsoras de la recusación- no han aportado "prueba alguna" de que el magistrado sea afín al partido de Mariano Rajoy. Colaborador habitual de la Fundación FAES, López llegó primero al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y luego al Tribunal Constitucional (TC) gracias al impulso del PP. El PP, involucrado en el caso como partícipe a título lucrativo -es decir, beneficiario del dinero desviado- defiende que López es imparcial. Y que no basta la mera sospecha de parcialidad para apartarlo.

Los argumentos de los conservadores se han conocido después de que este jueves trascendiera la posición de la Fiscalía Anticorrupción, que refuerza los argumentos para apartar a López y, aunque con menor énfasis, a la futura presidenta del tribunal, Concepción Espejel, cuya amistad con María Dolores de Cospedal destacan las acusaciones populares.

La Fiscalía, que abunda en la necesidad de preservar la "apariencia de imparcialidad", subraya que cinco acusados -Luis Bárcenas como senador y cuatro exdiputados autonómicos del PP- participaron en votaciones que auparon a Enrique López como candidato al Tribunal Constitucional.

Los conservadores aducen que, incluso si quedase acreditada la afinidad ideológica de López con el PP, no habría causa de recusación por cuanto el magistrado no tiene ningún interés personal en la causa. Y no basta -mantiene el PP citando distintas sentencias- la mera "sospecha" para apartar al juez al que le ha correspondido juzgar un caso.

El argumento del PP aparece plasmado así en el escrito: "Incluso, si a efectos meramente dialécticos, asumiéramos que

existe una correspondencia o afinidad ideológica del magistrado recusado con el Partido Popular (de lo que insistimos, no se aporta prueba alguna), es unánime la jurisprudencia al señalar que, de acuerdo con el sistema de valores instaurado por la Constitución (...) la ideología es un problema privado, un problema íntimo, respecto del que se reconoce la más amplia libertad (...). Las ideas que se profesen, cualesquiera que sean, no pueden someterse a enjuiciamiento, y nadie, como preceptúa el art. 14 de la Constitución, puede ser discriminado en razón de sus opiniones".

Parentesco "remoto"

En el escrito por el que se opone a una de las tres recusaciones planteadas -la de la asociación de abogados Adade-, el PP también ataca el argumento de que debe apartarse de la causa porque su cuñado es "hombre de confianza" de uno de los empresarios imputados en la pieza principal del caso. Con una redacción confusa, el PP expone sus postulados del siguiente modo: "Respecto de la supuesta relación del cuñado de don Enrique López con don Miguel Hernán Manovel García, la misma es tan remota que resulta intrascendente

a los efectos que se pretenden".

En realidad, no se trata de que el cuñado de Enrique López tenga relación con el tal Miguel Manovel. Se trata de que el cuñado del magistrado es el propio Manovel, casado con una hermana del magistrado y quien durante años ocupó puestos directivos con José Luis Ulibarri, uno de los principales empresarios procesados en Gürtel.

Manovel ocupaba el cargo de consejero delegado de UFC, una de las sociedades de Ulibarri, cuando en 2005 obtuvo una parcela municipal en Boadilla (Madrid). Presuntamente, la logró mediante una adjudicación amañada.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/09/11/el_dice_que_hay_quot_prueba_alguna_quot_que_juez_enrique_lopez_sea_afin_37590_1012.html

EL PP ALEGA QUE RECUSAR A LOS MAGISTRADOS QUE NOMBRÓ "PONE EN JAQUE EL SISTEMA" CONSTITUCIONAL

El Partido Popular que alega tener una participación "secundaria y colateral" en el caso Gürtel, se opone en dos escritos a las recusaciones de los jueces Concepción Espejel y Enrique López, planteadas por las acusaciones populares, y de cuya imparcialidad también duda Anticorrupción

El Partido Popular ha presentado dos escritos mediante los que contesta a las acusaciones de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa y del Partido Socialista valenciano, que son partidarios de recusar tanto a la magistrada que presidirá el juicio de la Gürtel, Concepción Espejel, como al que redactará la sentencia, Enrique López, por sus vínculos y amistad con la formación conservadora.

El PP sostiene que recusar a estos magistrados porque fueran escogidos con el voto de este partido para sus cargos en el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de López, para el Tribunal Constitucional, pone "en jaque todo el sistema legal y constitucional", y atenta contra la "seguridad jurídica" porque en el actual sistema constitucional español, los magistrados son elegidos para estos cargos con los votos de los partidos políticos.

El Partido Popular, que alega tener una condición procesal "secundaria y colateral" en este caso, algo discutible para las partes porque no solo está acusado de lucrarse con la Gürtel sino que numerosos ex altos cargos están implicados en la causa, niega que estos magistrados tengan afinidad con el PP, o que exista una amistad íntima de Espejel con Cospedal. El hecho de que fuera llamada Concha por la secretaria general, no implica el grado de intimidad necesario para sustentar la recusación.

El PP también niega que las 45 participaciones de Enrique López en cursos FAES, o que su cuñado tuviera relaciones con uno de los imputados, suponga contaminación alguna para el magistrado en el futuro juicio.

http://cadenaser.com/ser/2015/09/11/tribunales/1441966600_941571.html

EL MAGISTRADO ENRIQUE LÓPEZ, RECUSADO AHORA EN EL CASO DE LOS ‘PAPELES BÁRCENAS’ POR SUS RELACIONES CON EL PP

Las acusaciones ya habían pedido que el juez de la Audiencia Nacional fuera apartado de la vista por el sumario de la Gürtel

Lo de la mujer del César. Es lo que la acusación que encabeza Ángel Luna junto a otros abogados pide que se aplique para que el magistrado de la Audiencia Nacional, Enrique López, sea apartado como juez en el llamado ‘caso de los papeles Bárcenas’. En este caso, lo que se pide es que el funcionario no sólo sea imparcial, sino también que no quepan dudas de que va a serlo.

Una ideología que impide un ánimo sereno

“Si bien la tenencia de una ideología no puede ser controlada por los poderes públicos; pues ello resultaría atentatorio al principio constitucional de igualdad, el peligro no está en que el Juez tenga o pueda tener ideología, sino que ponga la función jurisdicional al servicio de la ideología que profesa -se lee, cursiva incluida, en la conclusión del escrito, de 40 páginas- y en el presente caso se evidencia que, quizá, el ánimo del Magistrado recusado no esté lo suficiente sereno para emitir una resolución imparcial y por tanto incompatible con la función jurisdiccional que tiene conferida”.

Una conclusión a la que llegan los abogados reunidos en esta acusación particular, después de hacer un pormenorizado relato de las relaciones entre Enrique López y el PP y su dirección.

Las relaciones con FAES y el PP…

En un primer apartado recuerdan el papel fundamental que en la carrera profesional de López ha jugado el PP. Cómo fue propuesto por el Grupo Parlamentario del PP en el Congreso para ser vocal del Consejo General del Poder Judicial. Y cómo después, en este caso el Grupo en el Senado, fue propuesto, incluso cuando no cumplía los requisitos legales, para un puesto como Magistrado del Tribunal.

En un segundo bloque, la acusación recuerda la vinculación de López a FAES. Muy especialmente a través de la FAES, la Fundación ideológica más importante del PP. En su escrito, los abogados, que repasan una tras otra las intervenciones de Enrique López en cursos y actos de FAES (recogen más de 50), recuerdan cómo entre los vocales de esta organización están personas como “Ana Mato, quien está acusada en la Pieza Separa Época I…; Federico Trillo-Figueroa, persona con la que mantiene una estrecha relación y propulsor de la carrera judicial del ahora recusado”.

..Así como las vinculaciones personales

Igualmente, subraya en un tercer apartado vinculaciones al propio Partido Popular, tanto en Conferencias del grupo político como en actos de campaña (señalan como ejemplo un acto de 2007 en el que López dijo a los periodistas que “no iba a cobrar absolutamente nada y que, de todos modos, no era la primera vez que colaboraba con el PP”). Un punto que consideran “trascendente, pues no podemos perder de vista el hecho de que en el presente procedimiento se realiza una imputación (al PP) de organización criminal, y asociación ilícita entre otras para delinquir prácticamente a partie de los acusados…”.

Y por fin, señalan los abogados lo que consideran “Vinculaciones con las partes intervinientes en la presente causa”, entre las que destacan la presencia de su cuñado, persona de confianza del constructor imputado José Luis Ulibarri, así como los de otros con los que coincidió en cursos y actos, como Carlos Clemente, viceconsejero de Madrid, imputado por prevaricación.

EL FISCAL DUDA DE LA APARIENCIA DE IMPARCIALIDAD DE LOS JUECES DE GÜRTEL

Anticorrupción pide que la fundación FAES, presidida por José María Aznar, cuente cuánto abonó a los magistrados Concepción Espejel y Enrique López por intervenir en sus actos

La Fiscalía Anticorrupción aprecia dudas sobre la apariencia de imparcialidad de los magistrados de la Audiencia Nacional Concepción Espejel y Enrique López, que formarán parte del tribunal que juzgará el caso Gürtel de corrupción en el Partido Popular. El ministerio público, pese a que considera que ninguno de los dos jueces tiene interés directo en la causa, pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia que admita a trámite las recusaciones planteadas contra ellos por las acusaciones particulares. Espejel presidirá el tribunal y López ha sido designado, por turno de reparto, ponente de la sentencia. Ambos participarán también en el juicio de la pieza separada del caso Bárcenas, sobre la caja b del PP.

"No puede afirmarse que resulten de todo punto irracionales las dudas albergadas por los recusantes sobre la imparcialidad" de estos magistrados, afirman las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás. A los argumentos esgrimidos por los recurrentes —como la participación de López en 50 ponencias de la fundación FAES—, las fiscales añaden un aspecto que las partes no habían tenido en cuenta: que el extesorero del PP Luis Bárcenas, siendo senador del PP, participó —presumiblemente a favor— en la votación secreta que permitió nombrar a Espejel vocal del Consejo General del Poder Judicial.

También recuerdan las fiscales que los procesados Alberto López Viejo, Alfonso Bosch, Clemente Aguado y Benjamín Martín Vasco, exdiputados del PP, votaron en la Asamblea de Madrid en 2008 a favor de la candidatura de Enrique López como magistrado del Tribunal Constitucional, que resultó fallida en aquella ocasión.

La fiscalía expone sus mayores reservas en el caso de Enrique López, magistrado muy cercano al PP, que lo ha aupado a cargos en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional —del que dimitió tras ser condenado por conducir su moto en estado de embriaguez—. Aunque el ministerio público considera que actualmente “no aparecen acreditados hasta donde sería exigible (…) ni el interés personal y directo ni la ventaja o perjuicio” derivados de que López y Espejel participen en el juicio, añaden que "conviene destacar la notoria relevancia de las apariencias" en el ámbito de la recusación de magistrados.

En el caso de López, la fiscalía ve que ha de considerarse que durante los años 2003 a 2010 "se estableció una relación singular" entre aquel y la fundación FAES, financiada por el PP —al que se reclaman responsabilidades en la presente causa—. Las fiscales, al igual que los recusantes, creen que el magistrado "podría haber obtenido retribuciones". Y solicitan que la fundación presidida por José María Aznar certifique si López cobró y, en su caso, cuánto cobró, por participar en sus actos. La fiscalía, sin embargo, rechaza por "inútil" e "impertinente" citar como testigos en la causa de recusación a la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y al actual embajador en Londres, Federico Trillo.

Las fiscales entienden que la Sala de lo Penal debe analizar la cuestión y "examinar el cumplimiento de los cánones de apariencia de imparcialidad exigidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos valorando si un observador objetivo tendría razones para dudar de la imparcialidad" de López y Espejel. Según el ministerio público hay que estudiar si "la mera afinidad política en el nombramiento de los jueces no puede, por sí solo, crear dudas legítimas sobre la independencia e imparcialidad de los magistrados".

Las fiscales recuerdan la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reitera que incluso las meras apariencias pueden revestir importancia. Esta doctrina ha sido incorporada por el Tribunal Constitucional español, que sostuvo en una sentencia de 2014 que "la justicia no solo debe realizarse, también debe verse que se realiza" y que "debe retirarse cualquier juez sobre el que recaiga una legítima razón para temer una falta de imparcialidad", ya que "lo que está en juego es la confianza que debe inspirar en el público un tribunal en una sociedad democrática".

http://politica.elpais.com/politica/2015/09/10/actualidad/1441894452_989313.html

ANTICORRUPCIÓN REVELA QUE BÁRCENAS VOTÓ A FAVOR DEL NOMBRAMIENTO DE LA MAGISTRADA QUE LE JUZGARÁ

Las Fiscales Anticorrupción Concepción Sabadell y Miriam Segura han remitido sus escritos en los que piden que se admitan a trámite las recusaciones planteadas por acusaciones del caso Gürtel, de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López por afinidad con el PP. Las fiscales van más allá que las propias acusaciones y añaden de su propia cosecha que el extesorero Luis Bárcenas, que se sentará en el banquillo como uno de los principales acusados del caso, votó a favor siendo senador, para el nombramiento de Espejel como miembro del Consejo General del Poder Judicial.

Una votación unánime por parte del PP, y las fiscales recuerdan que Espejel tendrá que juzgar al Partido Popular como partícipe a título lucrativo de la Gürtel, y a numerosos acusados que fueron cargos públicos de esta formación política, como Ana Mato o Jesús Merino entre otros.

Las fiscales dicen que no parece acreditado el interés personal y directo de la magistrada, pero tampoco puede afirmarse, y es literal, "que resulten de todo punto irracionales las dudas albergadas" por las acusaciones "sobre la imparcialidad" de Espejel. Recuerdan que un juez no solo debe ser imparcial, sino parecerlo, y recomiendan la práctica de diversas pruebas antes de emitir una conclusión definitiva.

Por lo que respecta a Enrique López, Anticorrupción destaca que su participación durante siete años en los cursos Faes, fundación del PP, y su posible realción de parentesco con uno de los imputados, también podría ser causa de recusación, por lo que pide la práctica de distintas pruebas para descartar su parcialidad.

http://cadenaser.com/ser/2015/09/10/tribunales/1441892986_623863.html

LA FISCALÍA PIDE QUE SE TRAMITEN LAS RECUSACIONES DE LÓPEZ Y ESPEJEL EN GÜRTEL

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Sala Penal de la admita a trámite las recusaciones planteadas por varias acciones populares, entre ellas el PSOE, en el «caso Gürtel», contra los magistrados Concepción Espejel y Enrique López, dos de los tres magistrados que deben juzgar los actos de la presunta trama corrupta entre los años 1995 y 2005. Sin embargo, las fiscales adscritas a la causa reconocen en estas actuaciones «no aparecen acreditados hasta donde sería exigible en este trámite, ni el interés personal y directo» de ambos en el procedimiento, «ni la ventaja o perjuicio derivados de la misma conforme a los cánones jurisprudenciales» a los que hace mención en sus escritos. Pero, a la vez, el Ministerio Público sostiene que «tampoco puede afirmarse que resulten de todo punto irracionales las dudas albergadas por los recusantes sobre la imparcialidad» de dos magistrados que han desempeñado algún cargo –vocal del Consejo General del Poder Judicial y, en el caso de Enrique López, también magistrado del Tribunal Constitucional– «en cuya designación ha intervenido el Partido Popular, parte en esta causa».

Analiza hechos no alegados

En ese punto, señala que en la designación de Espejel participó «con su voto personal», aunque reconoce que fue secreto, uno de los imputados, en concreto, Luis Bárcenas; y, en el supuesto de Enrique López, cuatro imputados en otra pieza distinta a la que han sido recusados. Estos hechos no fueron esgrimidos por las acusaciones en sus recusaciones, pero la Fiscalía entiende que era conveniente «traer a colación otros hechos no alegados por aquellos –los recusantes– al objeto de que también puedan ponderarse por la Sala» en su resolución.

En lo que afecta a Enrique López, pone de manifiesto igualmente la Fiscalía el haber participado en actos de la Fundación FAES, así como el hecho de su cuñado tenga una estrecha relación con un empresario imputado también, en un procedimiento distinto al que ha dado origen a su recusación y al que se le podrían exigir responsabilidades civiles subsidiarias.

De esta forma, la Fiscalía pide en sus informes, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, que se determine si la participación del PP en la elección de esos magistrados para los cargos citados «desvirtúa el requisito de independencia» judicial exigido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, aunque, a la vez, reconoce que hay que partir de que «la mera afinidad política en el nombramiento de los jueces no puede, por sí solo, crear dudas legítimas sobre la independencia e imparcialidad de los magistrados». En el caso de Espejel, el Ministerio Público pide a la Sala que valore de forma «particular» la «participación directa de uno de los acusados de la causa –en referencia a Bárcenas, cuestión no alegada por los recusantes– en el nombramiento para el citado cargo –vocal del CGPJ–, así como la acción dirigida en el procedimiento contra el propio PP como partícipe a título lucrativo».

En lo que se refiere a López, la Fiscalía va incluso más allá y pide que se valore «si un observador objetivo» tendría razones para dudar de su imparcialidad y que se pondere su relación de parentesco con otra persona implicada en un procedimiento distinto. Como prueba pide que se reclame a FAES lo que abonó a López por intervenir en sus actos.

http://www.larazon.es/espana/la-fiscalia-pide-que-se-tramiten-las-recusaciones-de-lopez-y-espejel-en-gurtel-KA10676378#.Ttt1teVBuaomJoX

RECUSAN A LOS MAGISTRADOS LÓPEZ Y ESPEJEL PARA JUZGAR LA CAJA B DEL PP

Los magistrados de la Audiencia Nacional Enrique López y Concepción Espejel han sido recusados para juzgar el caso de los papeles de Bárcenas, la caja b del Partido Popular, por su “cercanía pública y manifiesta” a la formación conservadora. La acusación particular encabezada por el Observatori DESC, ha presentado la primera recusación contra ambos jueces en esta causa al albergar “dudas” sobre su “debida imparcialidad”. Espejel, presidenta de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia, y López, miembro de esa sala, también han sido recusados por varias acusaciones para el juicio de la primera fase del caso Gürtel, que también afecta al PP.

La Asociación DESC ha presentado su escrito de recusación en el llamado caso Bárcenas nada más tener conocimiento, el pasado 31 de julio, de que López y Espejel, promovidos a cargos institucionales por el PP y de ideología conservadora, formarán parte del tribunal que juzgará el caso de la caja b de Génova 13. “Este asunto debe tratarse con la mayor transparencia posible, sin que pueda caber duda alguna respecto a la imparcialidad de los magistrados”. El PP está encausado en esta pieza como partícipe a título lucrativo y responsable civil subsidiario.

Enrique López ha sido designado, al igual que en Gürtel, ponente de la sentencia. “La vinculación de Enrique López con el PP no es un hecho desconocido para nadie (…) este magistrado adeuda gran parte de su carrera política al apoyo expreso del partido político”, afirma el Observatori DESC. López fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2007 a propuesta del PP. En 2013 fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional por el gobierno de Mariano Rajoy. López tuvo que dejar este cargo tras ser condenado por un delito de seguridad vial por conducir su motocicleta por Madrid bajo los efectos del alcohol.

López ha participado en medio centenar de cursos de la fundación FAES entre 2003 y 2010, y en las conferencias políticas del PP de 2006 y 2007. “Puede darse el caso de que el magistrado recusado, incluso haya percibido, legalmente sin duda, fondos que tengan origen en la contabilidad opaca que ahora debe ser enjuiciada”, afirma DESC.

Respecto de Espejel, el Observatori destaca su “amistad manifiesta” con la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, que en febrero de 2013 le entregó la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. En su discurso, la entonces presidenta de Castilla-La Mancha se refirió a Espejel con gran familiaridad. Espejel, miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, fue vocal del Poder Judicial entre 2008 y 2014 a propuesta también del PP.

Aparte de la falta de apariencia de imparcialidad que observan en ambos magistrados, el Observatori DESC también subraya el hecho de que hay una falta de parcialidad objetiva por el hecho de formar parte del tribunal que juzgará el caso Gürtel, por el que también han sido recusados por varias acusaciones.

“El mayor signo de contaminación objetiva y subjetiva de ambos magistrados no es otro que el de mantenerse en la sala de enjuiciamiento; si realmente entendieran que estamos ante un caso más, la sola duda pública y publicada de su falta de imparcialidad habría sido bastante para que se abstuviesen”, afirma el Observatori DESC.

http://politica.elpais.com/politica/2015/08/13/actualidad/1439460844_413520.html

JOSÉ RICARDO DE PRADA, UN MAGISTRADO CON FAMA DE INCORRUPTIBLE, LA NOTA DISCORDANTE EN EL ‘CASO BÁRCENAS’

La derecha mira con suspicacia a un juez que no es de la cuerda de López y Espejel, quienes fueron aupados por el PP

Existe un sector de la derecha que parece inquieto ante el juicio de los papeles de Bárcenas. Y su desazón se centra en un juez. No es un hecho nuevo. Mediante sus afines en diferente medios informativos, han llegado a calificarle de “magistrado que justifica a los terroristas de ETA” entre otras lindezas. José Ricardo de Prada es un profesional del Derecho que no está en la misma línea que sus colegas de la Sección II, Concepción Espejel y Enrique López López, a quienes los populares aprecian sin paliativos. Ahora el juez, al que sus compañeros consideran “incorruptible” aparece, dicen, como la nota discordante en el tribunal que entenderá el caso que afecta al extesorero y que es crucial para los hombres de Génova, 13.

De Concepción Espejel y de Enrique López López que juzgarán el caso Gürtel y ahora también el de los papeles de Bárcenas, dos temas fundamentales para dirimir si existe vinculación del partido que preside Mariano Rajoy con una posible ilegalidad, se ha escrito mucho y todo inquietante. Ambos jueces accedieron al cargo de vocales del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular.

Ella, se autoproclamó en la Audiencia Nacional como presidenta de todos los asuntos que debiera conocer su sala (casualmente la Gürtel ya se anunciaba de fondo). El recaló en la misma sección tras su paso por el Constitucional que dejó de modo obligado tras un tropezón alcohólico en una noche de mal recuerdo.

Bien acaba todo si acaba bien, sea como sea que empiece: se encontraron en esta Sección II que entenderá entre otros asuntos complicados, temas que atañen directamente a la formación política que les ha promovido. La secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha dejado públicamente claro su afecto hacia la magistrada. En cuanto a López le avalan además cincuenta y tantas intervenciones en FAES. Es la Fundación vivero de cargos del partido a la que José María Aznar mima como a la niña de sus ojos.

José Ricardo de Prada deberá juzgar en la Sección II junto con López (ponente) y la presidenta Espejel el tema Bárcenas. “Es ante todo un magistrado independiente, muy profesional, muy experimentado, un juez de sala incorruptible a quien le ha tocado lidiar temas difíciles con compañeros de talante radicalmente diferente. Y siempre se ha entendido bien con todos desde la perspectiva de la aplicación profesional del Derecho”, referían a EL PLURAL.COM fuentes jurídicas.

“El magistrado del voto particular”, le denominan otros jueces, “por su interés en dejar clara su opinión jurídica y no importarle disentir, sino más bien considerar incluso positivo cara a la sociedad que se conozcan el que los magistrados pueden tener opiniones jurídicas diferentes”.

A este magistrado la derecha a través de su sección mediática le ha señalado por sus resoluciones jurídicas contrarias a sus intereses conceptuales. Ha pasado en muchos casos y sobre todo ha coincidido en ocasiones en aquellos en que bien López, bien Espejel han marcado su impronta. Ocurrió con el caso Faisán en el que “se rebeló de Prada ante la tenacidad de López que insistía en dejar constancia de que este caso suponía un grave ‛delito’ contra la democracia”, relatan las mismas fuentes no sin expresar “cierto sentimiento de vergüenza” ante la insistencia de López López en su dura acusación.

O el asunto de los vuelos de la CIA en el que fue ponente también Enrique López coincidiendo, casualmente, con la época en que era ministro del ramo el popular Federico Trillo. El caso se archivó en la Audiencia no sin que de Prada expresara su meticulosa opinión jurídica sobre el porqué existía responsabilidad del Gobierno y era preciso exigirla.

Es también ‛culpable’ para esta prensa alineada con una opinión sospechosamente neoliberal, de ‛arropar’ a aquellas instancias que buscan una solución al proceso de paz en el País Vasco.

Quienes le conocen lamentan esta actitud ante la realidad del juez. A él le conceptúan así: “Es un hombre comprometido con el Derecho, con la Justicia, contra la corrupción. Y es fuerte: no consiente la claudicación a la presión política si bien siempre ha sido elegante en su oposición. Tiene un alto perfil profesional y jurisdiccional”, recordaban fuentes próximas al CGPJ.

Según explicó por su parte a ELPLURAL.COM un experimentado jurista “el problema aquí es que frente a la saludable discusión de la aplicación y la interpretación del derecho que se debe producir en todo tribunal profesional, y que este magistrado borda, en este caso nos encontramos con un problema añadido y es la duda sobre si se trata de un tribunal plural”.

En opinión de este veterano letrado “en una sala plural el debate enriquece, pero en este caso, sin ánimo de hacer paralelismos, parte de este tribunal por sus circunstancias podría hacer que al ciudadano le viniera a la cabeza una similitud con lo que se ha denominado históricamente comisariado político. Si eso fuera así, frente a ello el papel de un juez independiente resulta frustrante para él y para la sociedad”.

“De Prada siempre ha sido un juez técnico que sí se ha posicionado a favor de los Derechos humanos, eso es indudable”- comentaba otro jurista próximo al cuerpo de fiscales consultado por este diario- “Observando la Ley por encima de todo y el juicio justo. Un hombre al que hay que demostrarle los hechos. Pero ante la decadencia y la falta de recato a la hora de exhibir posicionamientos que se observa en el entorno, es muy probable que según se acerque el juicio reciba serios ataques. Aparece como la nota discordante en un concierto de voces únicas”.

¿Pueden cambiar las cosas? El presidente de todos los jueces, Carlos Lesmes, lo dijo no hace mucho: No hay motivo para recusar a un juez por haber ejercido el cargo de vocal en el Consejo. Con eso zanjó la discusión sin entrar en detalles y para algunos no bien pensantes quizás pudo dar una idea a la hora de resolver la anunciada recusación contra Espejel y López quienes, por el momento, decidirán el caso de los dichosos papeles y su relación con el PP.

Mientras, el auténtico protagonista de esta historia, Luis Bárcenas, disfruta de sus vacaciones en Baqueira Beret, un anhelado respiro entre tanta disciplina carcelaria. ¿Cavilará con inquietud sobre su futuro el antiguo tesorero del Partido Popular o se sentirá tranquilo y con esperanza en el porvenir? En el western de Henry Hathaway Valor de Ley, la chica le dice al forajido: “Necesita usted un buen abogado”. El pistolero responde tajante: “Lo que necesito es un buen juez”.

http://www.elplural.com/2015/08/13/jose-ricardo-de-prada-un-magistrado-con-fama-de-incorruptible-y-justo-aplicando-la-ley-la-nota-discordante-en-el-caso-barcenas/

ENRIQUE LÓPEZ, EL MAGISTRADO MÁS AFÍN AL PP, SERÁ EL PONENTE DE LOS ‘PAPELES DE BÁRCENAS’

También le tocó a reparto la ponencia del caso Gürtel, una de cuyas piezas separadas es la investigación sobre la contabilidad 'B' del extesorero del Partido Popular. El tribunal estará presidido por Concepción Espejel, también exvocal del CGPJ nombrada por el PP.

Casualidades de la vida. El famoso caso de la contabilidad paralela del Partido Popular que llevaba su extesorero Luis Bárcenas, conocido como los ‘papeles de Bárcenas’, tendrá como ponente al magistrado Enrique López, nombrado vocal a instancia de este partido en el Consejo General del Poder Judicial y que fue designado miembro del Tribunal Constitucional después de que esta formación política esperara varios meses hasta que López cumpliera los requisitos para el cargo.

A López le ha tocado a reparto el caso de los ‘papeles de Bárcenas’, al igual que hace unas semanas le tocó también ser el ponente del caso Gürtel.

El magistrado elaborará la ponencia sobre el caso de los ‘papeles de Bácenas’, donde figuran como acusados dos extesoreros del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como el arquitecto que remodeló la sede del partido en la calle Génova de Madrid, Gonzalo Urquijo.

El tribunal estará presidido por Concepción Espejel, también exvocal del CGPJ nombrada a instancia del PP y relacionada con María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP.

El tercer miembro del tribunal de los ‘papeles de Bárcenas’ será el magistrado progresista José Ricardo de Prada.

Tanto López como Espejel han sido recusados por varias acusaciones por su relación con el Partido Popular, pero aún no se han resuelto estos recursos por parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El sistema automático de reparto que existe en la Audiencia Nacional atribuyó el caso Gürtel a la sección segunda, presidida por Espejel, y compuesta por cinco magistrados.

En una sección, cada caso se reparte entre los cinco magistrados por el número de rollo con el que termina el sumario. A Enrique López le corresponden los sumarios terminados en el número 6 ('caso Gürtel') y en el número 5 ('Papeles de Bárcenas').

Cada tribunal se forma de tres en tres magistrados, también por orden de entrada y reparto.

El caso Bárcenas será juzgado por Espejel, López y por De Prada. El caso Gürtel repite presidenta, Concepción Espejel, ponente –Enrique López- y Julio de Diego, magistrado de tendencia conservadora y amigo de Espejel.

Jueces recusados

El PSOE, que ejerce la acusación popular en la causa contra la red dirigida por Francisco Correa, ha solicitado la recusación de López por su "íntima vinculación" y su "afinidad ideológica" con el PP, que además de nombrarle para los dos cargos citados le invitó entre los años 2003 y 2010 a más de medio centenar de actos y cursos de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside José María Aznar.

La Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), también acusadora en ese procedimiento, amplió la recusación también a Espejel y solicitó la comparecencia como testigos de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el antiguo responsable de Justicia de la formación, Federico Trillo.

En el caso de Espejel, ADADE destacaba en su recusación que recibió "encendidos elogios" de Cospedal cuando, en febrero de 2014, le hizo entrega de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. "Es el acto de reconocimiento a una gran mujer", señaló la dirigente 'popular' antes de añadir que "para todos es Concha y lo va a ser siempre".

No prevén abstenerse

Es práctica habitual entre los jueces el abstenerse voluntariamente de un caso si existe alguna relación con alguno de los procesados con el fin de proteger la apariencia de imparcialidad de un tribunal, para que nadie dude de una sentencia.

El motivo de esta abstención voluntaria reside en que las causas de recusación están muy limitadas, como puede ser el interés directo en la causa o una amistad manifiesta con algún procesado.

Así ocurrió con Arturo Beltrán, presidente del tribunal que juzgó al magistrado Elpidio José Silva, quien presentó su abstención de forma voluntaria aunque luego el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no lo aceptó.

Pero ni López ni Espejel han anunciado que se apartarán del caso Gürtel, a pesar de que en el banquillo de la vista oral se sentará el propio PP como responsable a título lucrativo de campañas electorales financiadas por la trama. Y que en el caso Bárcenas, el PP es responsable civil subsidiario de delitos contra la Hacienda publica, presuntamente cometidos por sus dos extesoreros, y por importe de 1,2 millones de euros.

Es de prever que López y Espejel tampoco se abstengan de los 'papeles de Bárcenas', a pesar de que el PP promovió sus nombramientos para el cargo político de vocales del CGPJ.

Además, en el caso de López, el PP retrasó durante varias meses la designación de un miembro del Tribunal Constitucional para que el magistrado cumpliera con el requisito de antigüedad.

Enrique López fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional en 2013, pero dimitió en junio de 2014 después de ser descubierto por la policía conduciendo una moto sin casco y en estado ebrio.

Donaciones irregulares del PP y reformas en negro

En el caso de los 'Papeles de Bárcenas', los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, se enfrentan a penas de hasta cinco años de cárcel; el exgerente del PP Cristóbal Páez, a un año y medio; y los socios del estudio de arquitectura Unifica Gonzalo Urquijo y Belén García a penas de 3 años y diez meses.

El juez central de instrucción 5, José de la Mata, dictó un auto en mayo pasado por el que considera que en las obras de la sede central del PP se defraudaron algo más de un millón de euros por el Impuesto de Sociedades de 2007 -que dejó de abonar la empresa Unifica-,, y otros 220.000 por el Impuesto de Sociedades de 2008. Además, considera que el PP recibió donaciones presuntamente irregulares por valor de 1.055.000 euros.

http://www.publico.es/politica/enrique-lopez-magistrado-mas-afin.html

DOS JUECES PRÓXIMOS AL PP JUZGARÁN TAMBIÉN EL ‘CASO BÁRCENAS’

Los magistrados López y Espejel están recusados por varias acusaciones de Gürtel

Dos magistrados vinculados al PP juzgarán el caso Bárcenas, en el que se investiga la supuesta contabilidad b del partido. La causa ha recaído, por turno de reparto, en los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, Enrique López y Concepción Espejel. Estos dos últimos juzgarán también la primera parte del caso Gürtel y han sido recusados por distintas acusaciones populares por su supuesta afinidad al PP.

López fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP y fue nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy magistrado del Tribunal Constitucional. Dimitió en junio de 2014 tras dar positivo en un control de alcoholemia cuando circulaba en moto sin casco por el centro de Madrid. Él será el encargado de redactar la sentencia, según informaron fuentes jurídicas.

Espejel, que fue nombrada en 2008 vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP, presidirá el tribunal, al ser la presidenta de la Sala. El tribunal lo completará José Ricardo de Prada, miembro de la asociación progresista Jueces para la Democracia.

Por el número que tienen asignadas las diligencias previas del caso Gürtel y todas las piezas derivadas de él, el juicio corresponde siempre a la sección segunda de la Sala de lo Penal, de la que, además de López, Espejel y De Prada, forma también parte el también conservador Julio de Diego. La designación de los miembros del tribunal se produce a través de un procedimiento aleatorio dentro de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, en la que también ha recaído la causa por sorteo.

Cada tribunal lo componen tres de los cuatros magistrados de la sección. Ayer se conocieron los nombres a través de la diligencia de ordenación notificada a las partes por la Sala de lo Penal tras recibir del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional la pieza de los papeles de Bárcenas para su futuro enjuiciamiento.

La recusación de López y Espejel en el caso Gürtel está pendiente de decisión por parte de la Sala de lo Penal. Si prospera, tampoco podrían juzgar el caso Bárcenas, que sentará en el banquillo a los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; el exgerente Cristóbal Páez; los responsables del estudio de arquitectura que reformó la sede del PP; y el partido como responsable civil subsidiario.

Las acusaciones populares recusaron a López y Espejel con el argumento de que no cumplen con el criterio de apariencia de imparcialidad, que consiste en que el juez no sólo debe ser ajeno a los intereses de las partes en litigio y estar desinteresado en ellos, sino también parecerlo: que su posición y su actuación no ofrezcan una apariencia razonable de parcialidad.

Las acusaciones recuerdan que el Tribunal Constitucional ha dejado claro que bastaría “la apariencia de parcialidad para aceptar la recusación”. Y sostienen que la apariencia de parcialidad sería un hecho con Enrique López como ponente y con Concepción Espejel como presidenta del Tribunal que juzgará el caso Gürtel. Entre las causas de recusación tasadas en la ley, el escrito destaca dos: “Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa” y “amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes”.

La acusación popular recuerda que el PP es “imputado civil” en el caso Gürtel como “beneficiario a título lucrativo” y hay 16 ex altos cargos conservadores que se sentarán en el banquillo acusados de graves delitos de corrupción.

http://politica.elpais.com/politica/2015/07/30/actualidad/1438275608_960188.html

LA ACUSACIÓN POPULAR RECUSA AL TRIBUNAL DEL ‘CASO GÜRTEL’

El escrito denuncia "amistad manifiesta" de Enrique López (ponente) y Concepción Espejel (presidenta) con el PP

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tendrá que resolver un conflicto en el que se dirime la apariencia de imparcialidad de un tribunal ante uno de los escándalos de corrupción de mayor impacto social de la reciente etapa democrática: el caso Gürtel.

La Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), la primera acusación popular personada en el caso Gürtel, ha presentado en la Audiencia Nacional un escrito de recusación por "amistad manifiesta" e "interés directo e indirecto" en el litigio contra Enrique López y Concepción Espejel, dos de los tres magistrados que compondrán el tribunal que juzgue en 2016 a la trama de corrupción masiva vinculada al Partido Popular. En las próximas horas llegarán a la Audiencia Nacional otros escritos similares de recusación firmados por varias acusaciones populares, entre ellas la que representa el PSOE.

El escrito de Adade considera que "la independencia e imparcialidad" del magistrado Enrique López, que será el ponente de la futura sentencia, está en entredicho por su vinculación con el Partido Popular, considerado como "partícipe a título lucrativo" de los delitos cometidos por sus exaltos cargos en relación en el caso Gürtel. López fue, además de vocal elegido a propuesta del PP, magistrado del Tribunal Constitucional en la cuota que le correspondía al Gobierno de Mariano Rajoy. López tuvo que dejar ese puesto tras ser cazado por la Policía Municipal de Madrid cuando conducía borracho su moto de madrugada y se saltó un semáforo en rojo. Adade detalla en su escrito de recusación los cursos de FAES, la principal fundación del PP, en los que participó Enrique López, compartiendo mesa con Rafael Catalá, actual ministro de Justicia, y Carlos Clemente, exviceconsejero de Inmigración del Gobierno de la Comunidad de Madrid e imputado en el caso Gürtel. Adade también apunta las colaboraciones periodísticas del magistrado López en el diario La Razón mostrando sus afinidades políticas.

Respecto a Concepción Espejel, presidente del Tribunal que juzgue el caso, el escrito de recusación de Adade alude a los "encendidos elogios" de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, hacia la magistrado durante la imposición de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. Adade recuerda que Espejel fue vocal del Consejo General del Poder Judicial "a instancias del Partido Popular. La acusación popular también destaca que Espejel tuvo "un papel relevante" en el caso del incendio forestal de Guadalajara en el que murieron 11 miembros de un retén en 2005. Pese a que la juez de Sigüenza que instruyó la causa descartó la responsabilidad penal de los cargos públicos, la magistrada Concepción Espejel, que presidía la Audiencia de Guadalajara, ordenó junto a otros dos jueces seguir investigando la responsabilidad de los miembros del Gobierno socialista de esa comunidad", según Adade. Quince cargos socialistas fueron "procesados y el PP, que era la acusación particular, llegó a pedir cárcel para ellos por delitos de incendio, homicidio y contra los trabajadores". Cuando Espejel dejó la Audiencia para ocupar su cargo en el Consejo General del Poder Judicial, su sustituta "eximió a todos los cargos políticos y condenó sólo al excursionista que había provocado el incendio al hacer la barbacoa". El Tribunal criticó "por irrelevante e inútil gran parte de lo investigado en un incendio cuyo origen y autor se conocían desde el inicio".

Adade argumenta en su escrito de recusación, citando pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que en este caso no se trataría solo "de que el juez sea ajeno a los intereses de las partes en litigio y esté desinteresado en ellos, sino también de que lo parezca, de que su posición y su actuación no ofrezcan una apariencia razonable de parcialidad". Adade entiende que el Constitucional ha dejado claro que bastaría "la apariencia de parcialidad para aceptar la recusación". Y sostiene que la apariencia de parcialidad sería un hecho con Enrique López como ponente y con Concepción Espejel como presidenta del Tribunal que juzgará el caso Gürtel. Entre las causas de recusación tasadas en la Ley, el escrito destaca dos: "tener directo o indirecto en el pleito o causa" y "amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes".

La acusación popular señala que el Partido Popular es "imputado civil" en el caso Gürtel como "beneficiario a título lucrativo", y hay 16 exaltos cargos conservadores, entre ellos tres extesoreros nacionales de esta formación política, que se sentarán en el banquillo acusados de graves delitos de corrupción. "Las apariencias de una más que posible falta de imparcialidad en los recusados son abrumadoras y ello aunque [los magistrados recusados] puedan estar, hipotéticamente, convencidos de lo contrario, pues lo determinante a los efectos de la recusación son, como han dicho todos los tribunales de justicia de máximo nivel, las apariencias", señala el escrito.

Como prueba para resolver el escrito de recusación, Adade solicita a la Sala que cite a la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y al embajador de España en el Reino Unido y exministro de Defensa, Federico Trillo, para que declaren sobre los dos magistrados recusados.

http://politica.elpais.com/politica/2015/06/30/actualidad/1435679204_908636.html

LOS JUECES DE LA GÜRTEL, ESPEJEL Y LÓPEZ, RECUSADOS OFICIALMENTE

Exclusiva ELPLURAL.COM: Los jueces de la Gürtel, Espejel y López, recusados oficialmente

Llega a la Audiencia Nacional el primer escrito, de los abogados de ADADE, contra su participación en el tribunal, ya que les señala como inapropiados por su cercanía al PP

La acusación particular que representa la asociación de abogados, ADADE, ha sido la primera en presentar los anunciados recursos contra los jueces de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que deben enjuiciar la trama Gürtel. En un largo escrito de 45 páginas, esta acusación expone las razones por las que considera que tanto el magistrado Enrique López, como la presidenta de la Sección, Concepción Espejel, no pueden formar parte de la terna de jueces que decidan sobre el caso de la trama Gürtel que Ruz elevó a la Sala de lo Penal, y en el que se contemplan todos los hechos sucedidos en el periodo 1999-2005.

Las muchas razones de una recusación

En ELPLURAL.COM hemos publicado diversas informaciones sobre este asunto, en el que anunciábamos la posibilidad de que se produjera este recurso y dábamos las razones que según los conocedores del sumario y del medio judicial alimentaban esta idea. Este primer recurso de ADADE viene a moverse en el mismo terreno: la cercanía de López y Espejel al PP y a sus dirigentes, debiera inhabilitarlos para participar en este juicio.

Dadas estas coincidencias entre estos dos jueces y algunos de los imputados en el caso, incluido el propio PP, dice el escrito de ADADE, se puede dudar de su imparcialidad. Y dicen “la imparcialidad ha de anudarse a la confianza que deben tener los litigantes para con los tribunales en las sociedades democráticas. Y esta confianza puede quebrarse con apoyo en bases fácticas como las expuestas y que no son adecuadas para ello, pues no se trata de remotas sospechas o dudas arriesgadas, sino de temores fundados a partir de hechos constatables”.

Enrique López y “el placer por el triunfo del PP”

En el caso de Enrique López el escrito recuerda el apoyo que éste ha recibido del PP para sus nombramientos, su participación en cursos de la Fundación FAES, en los que llegó a coincidir además de con dirigentes de este partido “con Carlos Clemente (…) acusado en el caso Gürtel a quien se le piden 8 años de cárcel en la causa”, así como a sus artículos en La Razón, “colaboraciones (donde) revela sus afinidades políticas”. Algunas tan recientes como el pasado 24 de noviembre de 2011, “donde manifiesta su placer por el triunfo del PP en aquellas fechas, achacando al anterior Gobierno (del PSOE) de sectarismo”.

La amiga “Concha para todos”

En cuanto a Espejel, en el escrito se destaca que “salió prácticamente del anonimato por los encendidos elogios que la Secretaria General del Partido Popular D. Dolores Cospedal García le hizo con motivo de la imposición de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort”. Y se recuerda cómo Cospedal dijo de la juez que era “el acto de reconocimiento de homenaje a una gran mujer… (que)… no sólo ha velado siempre por el correcto ejercicio de sus funciones que como juez le corresponden, sino que además Concepción Espejel -que para todos es Concha y lo va a ser siempre- ha tenido un compromiso firme…”.

Se recuerda que Espejel fue vocal del CGPJ “a instancias del Partido Popular” , y que “nada más ocupar dicha presidencia, la Magistrada Espejel cambió los criterios de formación de la Sala, los que determinan qué Magistrados forman parte del Tribunal en cada juicio”. De esa forma, dice ADADE, antes los miembros rotaban para cada caso, mientras que ahora ella “impuso su criterio de presidir todos los procesos. Esa es la razón por la que en principio (y esperemos que no), dirigiría los debates en la causa de referencia (la Gürtel)”.

http://www.elplural.com/2015/06/30/los-jueces-de-la-gurtel-espejel-y-lopez-recusados-oficialmente/

LAS ACUSACIONES DE ‘GÜRTEL’ PIDEN A LA AUDIENCIA QUE APARTE A LOS JUECES LÓPEZ Y ESPEJEL AL TENER “DUDAS DE SU IMPARCIALIDAD”

"En el presente caso se evidencia que, quizá, el ánimo del magistrado recusado no esté lo suficiente sereno para emitir una resolución imparcial", indica el letrado del PSOE Virgilio Latorre

Los abogados no quieren que Enrique López sea el que decida si Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal declaran como testigos en el primer juicio contra la trama de Francisco Correa

Las acusaciones del caso Gürtel han presentado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional las anunciadas recusaciones contra los magistrados Enrique López y Concepción Espejel, dos de los integrantes del tribunal que junto a Julio de Diego juzgarán la primera parte de la trama liderada por Francisco Correa. En el caso están imputadas 40 personas, muchos de ellos excargos del PP, entre los que se encuentran los extesoreros Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís.

"Se expresan dudas, serias dudas, sobre la necesaria apariencia de imparcialidad", explica el letrado del PSOE Virgilio Latorre en su escrito, al que ha tenido acceso infoLibre., y que completa: "En el presente caso se evidencia que, quizá, el ánimo del Magistrado recusado no esté lo suficiente sereno para emitir una resolución imparcial y por tanto incompatible con la función jurisdiccional que tiene conferida".

De esta forma, las acusaciones del PSOE federal, el PSM-PSOE y Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) pretenden que la Audiencia Nacional no permita que López, que es ponente del caso, sea el que decida sobre las diligencias reclamadas para el juicio, como por ejemplo la conveniencia o no de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, declaren como testigos.

"Enrique López, cuya independencia e imparcialidad consideramos está en entredicho por su vinculación con el PP, pues compartió dos cursos en la Fundación FAES, que preside José María Aznar, por un lado con Rafael Catalá, actual ministro de Justicia del Gobierno del PP, y por otro lado con Carlos Clemente Aguado, exviceconsejero de la Comunidad de Madrid, acusado en el caso Gürtel a quien se le piden ocho años de cárcel en la causa que nos ocupa", destaca el letrado de ADADE José Mariano Benítez de Lugo.

Incidentes de recusación

En concreto, los letrados de ADADE y del PSOE José Mariano Benítez de Lugo y Virgilio Latorre presentaron este martes sendos incidentes de recusación, en los que reclaman que Enrique López sea apartado del tribunal que en 2016 juzgará a 40 de los integrantes de la mayor trama de corrupción ligada a un partido político, el PP. ADADE amplía la recusación a la presidenta de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel.

Tanto las dos acusaciones del PSOE (el partido en Madrid y federal) como ADADE, recuerdan que López y Espejel fueron vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del partido de Mariano Rajoy, que afronta la posible condena como partícipe a título lucrativo por beneficiarse de más de 200.000 euros de las mordidas de la trama de Correa.

En el caso de López, que ocupó el cargo de vocal entre 2001 y 2007 y fue magistrado del Tribunal Constitucional, ambos cargos a propuesta del PP, también aluden al hecho de que su cuñado trabaja en una de las empresas de uno de los principales imputados en Gürtel, el empresario leonés José Luis Ulibarri. "Ya en el ámbito personal del magistrado, su hermana está casada con Miguel Hernán Manovel García, persona de confianza Jose Luis Ulibarri, empresario leonés imputado en la pieza principal en relación con diversas contrataciones con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, quien le nombró consejero delegado de UFC, empresa que aparece salpicada por el caso, y vicepresidente de todo su grupo empresarial (Grupo Begar)", resalta el abogado Virgilio Latorre.

Conferencia Política del PP

En el escrito presentado ante la Sala de lo Penal también se alude a la participación de Enrique López en la Conferencia Política del PP de 1 de diciembre de 2006 y en actos desarrollados por la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales (FAES), presidida por el expresidente del Gobierno del PP José María Aznar. "Ha sido más que habitual participante en los actos y cursos de la FAES, alma ideológica del PP". Y recuerda que el juez participó "hasta en cincuenta" de estos actos.

En el escrito de recusación, ADADE aporta también las memorias de FAES, en las que Enrique López participa como ponente, coordinador o asistente: "En 2010 en diez cursos, en 2008 en siete; en 2007 en 12; en 2006 en cuatro; en 2005 en otros diez; en 2004 en siete y en un curso en 2003".

Por su parte, el PSOE federal recuerda que entre los vocales de FAES se encuentra la exministra de Sanidad Ana Mato, que está acusada en el caso Gürtel como partícipe a título lucrativo de los delitos que se le imputan a su exesposo Jesús Sepúlveda. O también el embajador de España en Londres y exministro del PP Federico Trillo-Figueroa: "Persona con la que [López] mantiene una estrecha relación y propulsor de la carrera judicial del ahora recusado".

"Ardid" del Gobierno del PP

Entre las causas que motivan esta petición, explican los escritos a los que ha tenido acceso infoLibre, ADADE denuncia una maniobra del Gobierno del PP para conseguir que Enrique López formara parte del tribunal del caso: "Este ardid del Gobierno del PP, el cese del juez López con efectos retroactivos, tenía su causa en la necesidad de reincorporarle a su antiguo puesto en la Audiencia Nacional, sin que quedara a disposición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que habría de proponerle para un puesto de las mismas características, pero que no tendría que ser el mismo".

También recuerdan que López es columnista del diario La Razón: "Y en sus colaboraciones revela sus afinidades políticas", y alude a un artículo concreto, en el que el magistrado manifiesta su "placer" por el triunfo del PP en unas elecciones, achacando al anterior Gobierno del PSOE de sectarismo".

Sobre la magistrada Concepción Espejal, las acusaciones recuerdan la vinculación de la magistrada con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que llegó a elogiar a la jueza durante la imposición de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. "No solo ha velado siempre por el correcto ejercicio de sus funciones que como jueza le corresponden, sino que además Concepción Espejel, que para todos es Concha y lo va a ser siempre, ha tenido un compromiso firme y una vocación profunda con la dimensión más social de la administración de justicia".

Cospedal y Trillo, testigos

Las acusaciones, en concreto la de ADADE, atribuye a Espejel, que es la presidenta de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, el cambio de criterios con los que se forma los tribunales, los que determinan qué magistrados forman parte del tribunal en cada juicio: "Hasta su llegada, el presidente no formaba parte necesariamente de cada tribunal, sino que sus cinco miembros rotaban. Así, si el presidente estaba entre los turnados, presidía el juicio; si no, lo hacía el magistrado más veterano. A la llegada de Espejel, los restantes magistrados de la Sección le propusieron un sistema similar con el fin de descargarla de trabajo, (según fuentes de la Audiencia), pero ella se negó e impuso su criterio de presidir todos los procesos", indica el escrito de Benítez de Lugo, que incluye la petición de que declaren como testigos en el incidente de recusación la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el antiguo responsable de Justicia, Federico Trillo.

Asimismo, las acusaciones también recuerdan la información publicada por infoLibre sobre la participación de Espejel en la decisión de imputar a 15 cargos del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha en relación con el incendio forestal de Guadalajara en el que fallecieron varios operarios.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/07/01/las_acusaciones_gurtel_piden_audiencia_que_aparte_juez_enrique_lopez_del_caso_por_sus_vinculaciones_con_pp_34681_1012.html

EL PSOE RECUSA A ENRIQUE LÓPEZ EN GÜRTEL: "QUIZÁ SU ÁNIMO NO ESTÉ LO SUFICIENTE SERENO PARA SER IMPARCIAL"

· Alega los 54 cursos de la FAES en los que ha participado el juez, uno de los tres designados para formar el tribunal del primer gran juicio del caso Gürtel

· La acusación popular que ejercen los socialistas apela a su designación como vocal del CGPJ y magistrado del Constitucional siempre a propuesta del PP

· La ideología de cualquier ciudadano se torna en "afinidad política" en el caso de López, cuñado de la mano derecha de uno de los acusados

Los abogados del PSOE han decidido recusar únicamente a Enrique López de entre los tres jueces que formarán el tribunal del primer gran juicio a Gürtel. Los socialistas, que ejercen la acción popular, consideran que el magistrado no está en condiciones de mantener su imparcialidad apoyándose en cuatro hechos: la participación de López en 54 conferencias de FAES y una ponencia política del PP; el nombramiento del juez como vocal del CGPJ a propuesta de los conservadores; la insistencia de éstos en que ingresara en el Tribunal Constitucional aun “sin reunir los méritos necesarios”; y el parentesco con un estrecho colaborador de uno de los acusados que se sentará en el banquillo.

Esto, en cuanto a los hechos detallados y documentados en el escrito. Las consecuencias de los mismos para el PSOE son que Enrique López reúne las condiciones de los apartados 9 y 10 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para ser recusado, esto es, tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquier de las partes y mantener interés directo o indirecto en la causa. “En el presente caso se evidencia que, quizá, el ánimo del magistrado recusado no esté lo suficiente sereno para emitir una resolución imparcial y por tanto incompatible con la función jurisdiccional que tiene conferida”, asegura el PSOE en su escrito de recusación, al que ha tenido acceso eldiario.es.

El PSOE incide en que el magistrado, como cualquier otro ciudadano, puede y debe tener ideología, pero precisa que en su caso se torna en “afinidad política”. Y ésta “puede desviar las posiciones imparciales necesarias para el enjuiciamiento, debido a la amistad o el interés en la defensa de unas determinadas personas que pertenecen a un concreto partido político”. Hasta el punto de que esa afinidad “puede traicionar su subconsciente y enturbiar su imparcialidad”, añade.

Pero no solo se trata de sus vínculos con dirigentes del partido sino con el partido mismo. En este sentido, el PSOE recuerda que la mayoría de los más de 40 acusados en el juicio formaban una asociación para delinquir, como señalan las peticiones de condena de la Fiscalía y que, a su vez, “el grueso de ellos” pertenecen¡ al PP, “realizando en numerosas ocasiones tareas de financiación ilegal del propio partido, por cuyo motivo el partido también está acusado a título de partícipe lucrativo”. En la misma línea, el PSOE recuerda la imputación de tres extesoreros del partido en la causa.

El PSOE argumenta que si López fue requerido en 54 ocasiones para participar en los cursos de FAES, “propuesto y elegido” como miembro del CGPJ y del Tribunal Constitucional, en los dos casos a propuesta del PP, esto podría llevarle a razonar que una sentencia adversa para el partido o sus excargos podría perjudicarle en el futuro. Así lo expresa el escrito: “Resulta inevitable que incida, aunque fuere de manera indirecta, en su percepción de que las propuestas pudieran dejar de producirse si la resolución que adoptara produjera un perjuicio para sus mentores”.

La acusación popular del PSOE se plantea si López llegó a cobrar de FAES, toda vez que la asistencia a los cursos requería de una inscripción que costaba dinero. Por eso, solicita a la Sala Segunda de la Sala de lo Penal que requiera a la fundación información sobre “los emolumentos o dietas” que haya podido percibir. También solicita que el PP informe si pagó a Enrique López por su participación en la conferencia política sobre el modelo de Estado que los 'populares' celebraron en 2006.

Los socialistas recuerdan que en el patronato de FAES figura Ana Mato quien, como el PP, se sentará en el banquillo como responsable civil a título lucrativo. O lo que es lo mismo, como posibles beneficiarios del dinero negro de la trama Gürtel. También es parte de ese patronato, Federico Trillo-Figueroa, “persona que mantiene una estrecha relación y fue propulsor de la carrera judicial del ahora recusado durante el periodo que éste ocupo el cargo de secretario de Justicia y Libertades Públicas del PP y como portavoz del partido en la comisión constitucional del Congreso", añaden los socialistas.

De otro lado, destaca el PSOE, López coincidió en los cursos de FAES, según alega el PSOE, con Carlos Clemente Aguado, viceconsejero de la Comunidad de Madrid para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de prisión y 9 de inhabilitación.

La mano derecha de Ulibarri, su cuñado

Además, el PSOE recupera que Enrique López es cuñado del empresario Miguel Hernán Manovel García –casado con su hermana-, a la que la acusación popular señala como “persona de confianza” de José Luis Ulibarri, imputado en la trama. Ulibarri, señala, designó al cuñado de López como consejero delegado de UFC, empresa que aparece en el sumario, y como su vicepresidente en todo el grupo Begar.

Para otra de las acusaciones populares, ADADE, López es el "antimodelo de juez imparcial". Con los mismos argumentos del PSOE, ADADE se pregunta: "En el estamento judicial español tenemos muchos buenos imparciales y competentes jueces, ¿por qué este caso con tanta significación política del PP, amén de jurídica por supuesto, ha de resolverse por magistrados tan significados políticamente en favor de muchos encausados?".

Esta acusación popular ha optado por recusar igualmente a Concepción Espejel, llamada a presidir el tribunal. De esta jueza, ADADE recuerda los "encendido elogios" públicos que le ha dedicado la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

http://www.eldiario.es/politica/PSOE-Enrique-Lopez-suficiente-imparcial_0_404210629.html

LA NOCHE TONTA DE ENRIQUE LÓPEZ DIO AL TRASTE CON UN TREMENDO ESFUERZO DE SEIS AÑOS DEL PARTIDO POPULAR Y CULMINA CON LA GÜRTEL

Primero intentaron en 2007 que el juez fuera diputado y como no pudo ser insistieron hasta llevarle al Constitucional

En el año 2007 el Partido Popular pensó incluir en sus listas al Congreso de los Diputados por León a Enrique López López, el magistrado que juzgará en la Sección 2 de la Sala Penal el caso Gürtel. Un intento fallido que se transformó poco después en una esforzada campaña para conseguir que fuera nombrado magistrado del Tribunal Constitucional primero como candidato del Senado. Para ello tuvieron que ponerse de acuerdo en cinco comunidades autónomas. Y superar muchos problemas. Pasarían seis años hasta conseguir el objetivo que terminó mal, pero culmina ahora con otros horizontes.

La tenacidad del PP tuvo características de gesta. En la Comunidad castellano leonesa a la que pertenece el magistrado, natural de El Bierzo, en octubre de 2007 había marejada interna entre los militantes del PP por los primeros lugares de la lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados, de cara a las elecciones generales de marzo del 2008.

Aparece López en las quinielas

Si bien Morano parecía “la opción más firme con la que trabaja el PP”, según explicaba el Diario de León, para la segunda posición “quien sigue apareciendo como el mejor colocado es el portavoz del Consejo General del Poder Judicial, el leonés Enrique López”. El periódico matizaba prudentemente que aún era pronto para saber quién conformaría la lista.

Fin de las posibilidades

El posible futuro parlamentario del juez duró poco. En diciembre de 2007, el mismo medio anunciaba los nombres definitivos. “El asentamiento de Morano y López Riesco en la lista acaba con las especulaciones sobre la entrada de Enrique López, portavoz del CGPJ”

No cuajó

¿Qué había ocurrido? Pues según el periódico: “La incorporación estelar del juez leonés no ha cuajado, en parte por la función estratégica que desempeña en el órgano de la judicatura y en parte por los augurios de las encuestas, que alejan a los populares de la posibilidad de poder formar Gobierno”. Una frase que incita a la reflexión.

Pues al Constitucional

Lo cierto es que unos meses después de las elecciones, el Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León proponía a Enrique López López como candidato al Tribunal Constitucional dentro del cupo de dos nombres que cada Parlamento regional podía ofrecer al Senado para que la Cámara eligiera a cuatro representantes. En total, cinco Comunidades nominaron al juez para el Constitucional. Fueron además de su patria chica, Madrid, Cantabria, Extremadura y La Rioja.

“Un desprecio”

No en todas ellas se vio con agrado esta propuesta. En Extremadura Ignacio Sánchez-Amor, portavoz socialista, mostraba su decepción porque el PP no propusiera a ningún profesional extremeño. Y en La Rioja, para las filas socialistas el hecho de que López no fuera de la tierra “supone un desprecio para todos aquellos juristas riojanos que hubieran sido dignos y válidos candidatos”.

La profecía de Legarra

Más lejos fue el portavoz regionalista riojano Miguel González de Legarra, quien lamentó que el PP “se haya doblegado a los intereses del partido a nivel nacional” añadiendo con tono profético: “La trayectoria de Enrique López hará que pueda ser recusado en cualquier decisión que tome”.

Impuesto por Madrid

En su Comunidad, la portavoz socialista Ana Redondo reiteró que el magistrado berciano había sido “impuesto” por el Partido Popular en Madrid y no por el Grupo Popular de las Cortes de Castilla y León. En el caso de Madrid, las cosas fueron más suaves: PP y PSOE alcanzaron un acuerdo para proponer a sus dos candidatos –Lopez por el PP- a la decisión de los senadores.

¿Juzgará a los que le votaron?

Claro que no parece probable que nadie imaginara entonces lo que iba a pasar siete años después: algunos de los diputados populares madrileños que abogaron por su nombramiento se iban a ver en la sala que López presidiría en la Audiencia Nacional como imputados en una compleja trama de corrupción.

Le faltaban años de oficio

El esfuerzo fue inútil. La Mesa del Senado desechó ese año de 2008 la candidatura. No cumplía el requisito de sumar 15 años de experiencia profesional en la magistratura. El PP recurrió esta decisión sin éxito. En junio de 2010 un informe de los letrados de la Cámara rechazaba el argumento popular de contabilizar los años de servicio en el CGPJ para llegar al tiempo exigido argumentando que este tiempo de servicio no era asimilable “en absoluto, a la función jurisdiccional ejercida en exclusiva por jueces y magistrados”.

Encabezonados en nombrarle

El encabezonamiento del PP por nombrar a López llevó a que hasta septiembre de 2010 no se desbloqueara la renovación de cargos del Tribunal Constitucional cuando al fin los populares aceptaron retirar su nominación para proponerla más adelante. Hubo que esperar hasta junio del año 2013 en que los nombramientos del alto tribunal (cuatro) correspondían a las plazas designadas por el CGPJ y el Gobierno, para que el magistrado fuera finalmente designado por el ejecutivo.

El voto de calidad de Sala

Faltaba todavía conseguir la idoneidad preceptiva del propio Tribunal Constitucional. A mediados de junio sus doce magistrados votaron a los candidatos. Ninguno de los nuevos jueces tuvo problemas excepto López y la dichosa falta de años requeridos en la profesión. Se produjo un empate y el presidente, Pascual Sala, utilizó su voto de calidad para deshacerlo. Y le nombraron. Para el Partido Popular habían transcurrido seis duros años de pelea hasta lograrlo.

Sin casco y lo demás

Y al final… para nada. Porque justo un año después de llegar a la meta, Enrique López, magistrado del Constitucional, fue interceptado por la policía por conducir su moto sin casco el domingo 1 de junio de 2014 a las 4:30 de la mañana. Luego, en un control de alcoholemia el juez dio positivo superando con holgura el límite de alcohol considerado legal. Al día siguiente, presentó su dimisión.

Frustración ‘popular’

Cabe imaginar la frustración de todos aquellos diputados autonómicos, nacionales, senadores y miembros del Gobierno del PP que se habían dejado la piel en el intento de que López alcanzara tan alto designio. Tanto trabajo destruido en una noche tonta.

El destino se llama Gürtel

Pero, y esos son los designios del destino, el regreso a su puesto en la Audiencia Nacional venía con sorpresa incorporada. El magistrado Enrique López recaló en la Sección 2, una sala a la que le corresponde juzgar el caso Gürtel, que afecta de lleno a los populares, aquellos que querían llevar a López en su lista y que pujaron con enorme denuedo por su carrera profesional. Bien está lo que bien acaba.

http://www.elplural.com/2015/06/23/la-noche-tonta-de-enrique-lopez-dio-al-traste-con-un-tremendo-esfuerzo-del-pp-de-seis-anos-y-culmina-con-la-gurtel/

DOS PROCESADOS DEL PP VOTARON EN LA ASAMBLEA A FAVOR DE ‘ASCENDER’ A ENRIQUE LÓPEZ AL CONSTITUCIONAL : PERIÓDICO DIGITAL PROGRESISTA

Dos procesados del PP votaron en la Asamblea a favor de ‘ascender’ a Enrique López al Constitucional

Entre los miembros del 'grupo Gürtel popular' también votaron en la cámara de Madrid por el magistrado, que ahora tiene que ver la causa, otros dos imputados en otras piezas de la trama

El 23 de septiembre de 2008, la Asamblea de Madrid celebró Sesión Plenaria. En el orden del día, designar a los candidatos que la cámara regional propondría al Senado para Magistrados del Tribunal Constitucional. Como se sabe, las cámaras regionales, conforme a la ley, proponen los nombres de candidatos entre los magistrados que consideran oportunos para que a su vez, el Senado, la cámara territorial, vote y elija entre quienes le sean propuestos.

Un juez ‘contaminado’

El PP, como se ha contado en muchas ocasiones, estaba en este momento proponiendo el nombre de Enrique López… Un empeño de ‘los populares’, encabezados por Federico Trillo, a pesar de que López, vocal entonces del Consejo General del Poder Judicial, como se demostró, no cumplía los requisitos de antigüedad en el CGPJ como para ascender al máximo Tribunal. La Asamblea de Madrid aprobó designar candidato para el Constitucional a Enrique López.

El hecho toma ahora, sin embargo, una especial relevancia. Y esto porque Enrique López, como venimos informándoles en ELPLURAL.COM, es uno de los tres magistrados de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, designados para ver la causa del primer sumario de la trama Gürtel, el que recoge los hechos producidos entre 1999 y 2005.

La relevancia del caso está en que entre quienes votaron en aquella sesión de septiembre de 2008 a favor de la candidatura de López para el Constitucional estaban cuatro diputados del PP ahora implicados como acusados en diferentes grados, en la trama Gürtel, sobre la que él tendría que juzgar.

López tendría que juzgar a dos de quienes votaron por él para el Constitucional

En concreto nos referimos, lo más grave en este instante, a dos procesados por el juez Pablo Ruz en ese mismo sumario, Alberto López Viejo y Carlos Clemente Aguado. López Viejo, además de diputado regional, fue consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y miembro del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva Regional ‘popular’. Por su parte, Clemente Aguado, viejo asesor del exministro de Justicia, José María Michavila (con el que siguió relacionado en los años posteriores en sus diferentes negocios y actividades, como las de representación de los cantantes Shakira y Alejandro Sanz), y hombre de total confianza de Esperanza Aguirre, había sido viceconsejero de Inmigración del Gobierno madrileño.

Enrique López, de acuerdo al artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, parecería ‘contaminado’ por esta situación, ya que se daría el hecho conflictivo en muchos aspectos de que tuviera que juzgar a quienes le apoyaron para ser designado miembro del Constitucional. Su imparcialidad podría ponerse, con razón, en duda.

Dos imputados que podría juzgar López en el futuro

Pero es que además, entre quienes votaron en su favor están otros dos diputados regionales, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco. Ambos, en este momento, imputados en la instrucción aún pendiente de la trama Gürtel, por los casos de Boadilla del Monte y de Arganda. Otro asunto que, cuando en breves fechas, el juez José de la Mata cierre y envíe a la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, podría acabar siendo también juzgado por Enrique López, lo que crearía de nuevo una situación de conflicto y que podría llevar a su impugnación.

http://www.elplural.com/2015/06/23/dos-diputados-del-pp-procesados-por-la-gurtel-votaron-en-la-asamblea-de-madrid-en-favor-de-ascender-a-enrique-lopez-al-constitucional/

ENRIQUE LÓPEZ FIGURA DESDE 2008 COMO VOCAL DE LA FUNDACIÓN WOLTERS KLUWER CON EL ‘POPULAR’ MICHAVILA

Ha coincidido con defensores de la 'Gürtel' como Luis Rodríguez Ramos o Adolfo Prego del 'caso Bárcenas', en los actos que organiza

Enrique López López, magistrado de la Sección 2 de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que será ponente en el caso Gürtel ha figurado hasta ahora junto a José María Michavila ex ministro de Justicia del Gobierno de José María Aznar como vocal en el patronato de la Fundacion Wolters Kluwer desde su constitución en el año 2008. Con ellos, entre otros vocales, el juez de la Sala II del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. Es decir, desde hace casi siete años, Michavila y López han compartido la actividad de la Fundación que suma jornadas, cursos en la Universidad Rey Juan Carlos, y los premios La Ley, a los que durante diferentes ediciones ha asistido el magistrado quien también figura como fundador del Observatorio para la Justicia de la misma Fundación

Además de este premio para profesionales y especialistas en Derecho, la Fundación colabora en la organización de cursos en la Universidad Rey Juan Carlos. También aquí coinciden magistrados y populares. Por ejemplo, el 5 de julio de 2010, Enrique López disertó sobre el tema Los controles judiciales en los nuevos sistemas de vigilancia dentro del curso de verano titulado El gran hermano nos vigila: ¿seguridad o recorte de libertades?

Con Francisco Granados

Justo una hora antes de su conferencia, López pudo intercambiar impresiones en la inauguración del acto con Francisco Granados entonces consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid quien hoy se ve encarcelado por su posible relación con la trama Púnica. Granados había sido invitado a inaugurar solemnemente el evento.

Acebes en el consejo asesor

Hace ya algunos años que entre los miembros del Consejo Asesor de la empresa matriz, Wolters Kluwer, aparece el nombre del ex ministro de Justicia José María Michavila y con él se encontraba entre otros, el del también ex ministro Ángel Acebes. Desde diciembre de 2011 hasta el 5 de febrero de 2015, José María Michavila ha presidido la división Wolters Kluwer Formación. De la relación de López con Michavila y Acebes, dejó constancia, Pilar Ferrer, periodista de La Razón (medio en el que el magistrado suele escribir) en un perfil realizado con motivo de su nombramiento para el Tribunal Constitucional.

Su gran mentor

Dice así: “Su salto a la notoriedad le vino en el año 2001, cuando entra en el CGPJ, a propuesta del PP. Fue su gran mentor el entonces ministro de Justicia, José María Michavila, con quien ha mantenido una estrecha amistad, al igual que con Federico Trillo y Ángel Acebes. Atractivo, seductor y con una buena capacidad para las relaciones públicas, Enrique López fue un estupendo portavoz del CGPJ, hasta ser destinado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional”.

Lo de Quintanilla

Otra de las actividades de la Fundación es la organización de seminarios. En febrero de 2010, con el caso Gürtel en plena ebullición, José María Michavila celebró unas jornadas en Quintanilla de Onésimo. Así lo reseñó en El País el periodista de tribunales Julio Martínez Lázaro: “El evento, recogido ampliamente por el diario Expansión, fue organizado por el ex ministro de Justicia del PP José María Michavila”.

Jueces y abogados Gürtel

“Al mismo asistieron los magistrados del Supremo Manuel Marchena y Julián Sánchez Melgar, los de la Audiencia Nacional Enrique López y Eloy Velasco y el catedrático de Derecho Penal y vicedecano del Colegio de Abogados, Luis Rodríguez Ramos, defensor de varios de los implicados en la trama Gürtel, directamente o a través de abogados de su despacho”.

La reforma de la LeCrim

Continuaba el periodista: “Según el citado diario, Rodríguez Ramos urgió la reforma del artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precisamente el precepto sobre el que se fundamentan las escuchas en prisión avaladas por el instructor del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira”.

Ramos y las escuchas

“Con el caso Gürtel como telón de fondo, detallaba Expansión, Rodríguez Ramos cargó contra ese artículo que autoriza la intervención judicial de comunicaciones porque ‛otorga unas facultades de discrecionalidad tan amplias al juez que no existe seguridad jurídica y no se protege el derecho a la intimidad de las comunicaciones y de los datos que resulten de estas comunicaciones’”, explicaba el excelente profesional Martínez Lázaro.

La cabeza de Garzón

Para entender el interés de esta intervención del vicedecano del ICAM Rodríguez Ramos, hay que recordar que apenas un mes antes, los abogados José Antonio Choclán, defensor de Francisco Correa, y Juan Ignacio Vergara, que representaba a imputados en el caso Gürtel, habían reclamado a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid que “a la mayor brevedad” cumpliera su propio acuerdo de presentar una querella contra el juez Baltasar Garzón. Pedían su cabeza por “espiar ilegalmente” en prisión, las comunicaciones de esos letrados con sus clientes. A lo que se ve, Rodríguez Ramos había recogido el guante.

Un maridaje difícil de entender

Lo que no resulta fácil de comprender para los foráneos, es decir, la sociedad en general, es ese maridaje de jueces del Supremo con abogados de la acusación en jornadas y eventos y tratando temas que después se verían en juicio y que en este caso concreto iban a concluir con la inhabilitación del instructor del proceso.

El informe del Observatorio

No obstante, esas coincidencias son frecuentes. Como por ejemplo en la presentación del informe 2011 del Observatorio de la Actividad de la Justicia en la que se celebró después una mesa redonda con el lema Un nuevo modelo de Justicia para una España en crisis, en la que participó de nuevo el vicedecano del ICAM Luis Rodríguez Ramos.

De Rosa, Trillo…

En ese mismo acto organizado por López López como director del Observatorio, intervino también el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa quien en su día afilió al presidente valenciano Camps al PP. No faltó tampoco entre los asistentes invitados por López, el ‛popular’ Federico Trillo.

Prego y el jurado de La Ley

O también, el caso de Adolfo Prego, antiguo juez del Supremo. Prego, además de participar en eventos de FAES, la Fundación de José María Aznar, sin alcanzar, eso sí, la cifra de más de medio centenar de intervenciones que cosecha Enrique López López, también ha coincidido con él como jurado del premio La Ley. Este año, una vez más, Prego acudió a la XXIX edición del certamen interviniendo en un coloquio sobre la reforma del código penal.

Todo queda en casa

Tras coger el camino de la puerta giratoria, el ultraconservador Prego dejó las puñetas de magistrado por el despacho de abogado y cuenta ahora con clientes de postín político como María Dolores de Cospedal presunta implicada en el asunto Bárcenas. Al final, todo queda en casa.

http://www.elplural.com/2015/06/22/enrique-lopez-figura-desde-2008-como-vocal-en-la-fundacion-wolters-kluwer-con-el-popular-michavila-de-presidente/

POR ESTAS RAZONES JURÍDICAS NO PODRÍAN JUZGAR LA ‘TRAMA GÜRTEL’ LOS ‘JUECES ELEGIDOS’ EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Las razones jurídicas por las que NO podrían juzgar la ‘trama Gürtel’ los ‘jueces elegidos’ en la Audiencia Nacional

Al menos tres acusaciones están preparando los recursos contra ellos... Esta es la ley que regula el asunto, y estos los argumentos contra Espejel, López y de Diego

Las razones por las que se puede pedir la abstención de un juez, y en su caso su recusación, están muy claramente tipificadas. Las marca la Ley orgánica 6/1985 del Poder Judicial. Su artículo 219 las enumera, y llega a 16 causas. Contamos esto por todo lo que se está diciendo y hablando sobre la ‘nominación’ de los magistrados de la Audiencia Nacional, y que deben juzgar sobre el primer auto del juez Ruz, en el que recoge su instrucción sobre la trama Gürtel entre los años 1999 y 2005.

Tres jueces no fuera de toda sospecha… al menos para las acusaciones

Los tres jueces, que excepto en el caso de la presidenta, Concepción Espejel, que se autoeligió utilizando la prerrogativa de ser presidenta de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia, salieron ‘afortunados’ en un sorteo (son cinco los miembros de la sala, salieron todos los conservadores), van a ser recusados uno tras otro por al menos tres de las acusaciones, que dicen sospechar de su imparcialidad.

Lo malo, y lo bueno, de la ley, es que es interpretable. Lo malo, o lo bueno, en el caso de la recusación de los jueces, es que son otros jueces los que deciden sobre ellas. Con esto en mente, vamos a lo concreto. Y empecemos por la presidenta de la Sección.

Una juez ‘predestinada’ para un puesto

En el caso de Concepción Espejel, quizás sea lo mejor ir al momento en el que, meses antes de que fuera a asumir el cargo, se decidió por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que iba a ocupar la presidencia en la Sección Segunda en la Audiencia Nacional.

La decisión se tomo en diciembre de 2012. No era cualquier momento. El PP, y el Gobierno con él, tenían entonces todas las alarmas encendidas por el asunto Gürtel. Habían llegado los papeles de Suiza y el horizonte sobre el tema era oscuro para Génova, 13.

Era claro que la sala segunda iba a recibir la instrucción cuando la concluyera el juez Pablo Ruz. La elección de Concepción Espejel para el puesto, que había sido elegida como vocal del Consejo del Poder Judicial a propuesta del PP, se puede asegurar que no disgustó en el entorno de la dirección ‘popular’. De hecho, su nombramiento se produjo con el voto en contra de dos vocales progresistas.., que defendieron que había otro candidato mejor puntuado.

Piensan las acusaciones que Concepción Espejel debiera abstenerse en el asunto, y recuerdan la décima de las razones que recoge la ley al respecto: “Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa”. El apoyo del PP, acusado en la trama de la Gürtel, y al tiempo promotor del nombramiento de Espejel como vocal del CGPJ, levanta suspicacias en las acusaciones.

“Concha para todos y para siempre”

Que aún ven más. Resulta difícil olvidar el discurso de María Dolores de Cospedal en la entrega en Albacete de la Gran Cruz de Raimundo de Peñafort a la juez Espejel. Resulta difícil que no resuene aquella frase de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha:

“Haber participado en este acto para la imposición a Concha Espejel de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, créanme que para mí es un honor y un privilegio. Es el acto de reconocimiento y de homenaje a una gran mujer —se ha dicho aquí, pero yo lo quiero reiterar—, pero también a una gran jurista que ha acumulado muchos e importantes méritos en su carrera. No solo ha velado siempre por el correcto ejercicio de sus funciones que como juez le corresponden, sino que además, Concepción Espejel —que para todos es Concha y lo va a ser siempre— ha tenido un compromiso firme y una vocación profunda con la dimensión más social de la administración de justicia”.

Ese “Concha para todos” era la guinda con la que Cospedal remataba años de conocimiento entre las dos mujeres.

Un incendio que calentó una relación

Al menos en lo que es público, desde que “Concha para todos” como presidenta de la Audiencia de Guadalajara fuera la última responsable de cada uno de los recursos que UGT y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha fueron interponiendo durante la instrucción del caso por la tragedia del incendio de Guadalajara, en la que se personó Cospedal como acusación, y que Espejel fue negando uno tras otro en favor de las tesis del PP…

Decisiones de la juez Espejel contra los recursos que quedaron en entredicho cuando la misma Audiencia, pero con otra presidenta, durante el juicio revirtió todas sus decisiones y muchas de las actuaciones, que consideró “irrelevantes” e “inútiles” y que el Supremo confirmó acusando a quien desde el principio se supo que había sido culpable del incendio en el que murieron 11 agentes forestales, un ciudadano que había provocado un incendio de manera irresponsable.

En fin, cualquiera podría pensar que aquí aplica el punto noveno de la ley de recusación, donde se lee como motivo: “Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes”.

Enrique López López, cuñado y ‘popular’

Quizás de los tres magistrados, el que más encela a las acusaciones, que encuentran motivos y motivos para pedir su abstención, sea Enrique López. En el caso de este juez, la relación con el Partido Popular, insistimos en recordar, uno de los acusados por ‘beneficado a título lucrativo” según Ruz, parece dar razones y razones que se apilan.

López López fue nombrado vocal del CGPJ a propuesta del PP. El mismo partido que con insistencia quizás digna de mejor causa, llegó incluso a bloquear la renovación del Constitucional, empeñado en que se le nombrara para el máximo Tribunal aunque simplemente no cumplía los requisitos. Pero es que además, López ha sido un habitual de actos del PP y de su principal Fundación, la FAES. Sus artículos en La Razón, en los que no tenía problema en entrar en juicios políticos, tampoco deberían ayudar a que se le mantenga como magistrado en el caso. De nuevo, como sucede con Espejel, el apoyo recibido por el PP en su carrera, y por otro, por sus manifestaciones de cercanía al partido de Génova 13, llevaría a ‘aplicarle’ la causa 10 de las recusaciones, la que habla de intereses directos o indirectos, del artículo 219 de la Ley del Poder Judicial.

A todo esto además hay que añadir que, como les contamos aquí, hay otras coincidencias en jurados y Fundaciones, entre Enrique López y algunos de los abogados que representarán a implicados en la causa y que podrían llevar a aplicar la causa novena de recusaciones, la que habla de “amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes”.

Sucede además que Enrique López era miembro de Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia que decidió sobre la disensión que enfrentó a los jueces Bermúdez y Ruz sobre quién debía ser competente para llevar ‘la caja B’ del PP. López, cuya participación en aquella terna ya resultó conflictiva por su cercanía al PP, como juez que vio el asunto podría quedar contaminado e inhabilitado para ver ahora el caso. Así se recoge en el punto decimosexto de las causas para solicitar la recusación: “Haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad“.

Y aún encontramos una razón más que podría arguirse en contra de Enrique López, se lo contamos en su momento en ELPLURAL.COM. López tiene un cuñado (tenía, hablando apropiadamente, porque ya no lo es) que se vió envuelto en las instrucciones de la Gürtel, Miguel Hernán, hombre de absoluta confianza y miembro del Consejo de Administración de muchas de las empresas de José Luis Ulibarri, beneficiario de unas sospechosas concesiones en Boadilla del Monte. Dice el artículo 1 de la ley de recusaciones que es causa de ello “El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con las partes o el representante del Ministerio Fiscal”.

Y no hay dos sin tres

Es verdad que ha conseguido mantenerse en un segundo plano ante las discrepancias que ha provocado la presencia de sus dos compañeros. Pero también el tercer juez de la terna, Julio de Diego, va a ser posiblemente recusado por las acusaciones. En su caso, por una de las razones que también afectan a López López.

Nos referimos a que de Diego no sólo formó parte de los jueces de la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia que dirimió entre Ruz y Bermúdez sobre sus discrepancias para llevar el asunto de ‘los papeles de Bárcenas’. Es que él fue incluso el juez ponente del asunto. De nuevo el apartado 16 del artículo 219 de la ley del Poder Judicial sería la que aquí aplicaría.

http://www.elplural.com/2015/06/22/al-grano-por-estas-razones-no-podrian-juzgar-la-trama-gurtel-los-jueces-elegidos-en-la-audiencia-nacional/

‘CASO GÜRTEL’: DE ESCÁNDALO POLÍTICO A ESCÁNDALO JUDICIAL

· Tres acusaciones recusarán al tribunal que juzgará a la trama corrupta

· El ponente es habitual de FAES y fue ascendido por el PP al Constitucional

La Justicia se juega su crédito a cuenta del caso Gürtel en la Audiencia Nacional. Este órgano, creado en 1977 para enjuiciar fundamentalmente los delitos de terrorismo, se afana ahora en escándalos de corrupción política y económica.

Tres de los seis jueces instructores y seis de los 20 magistrados encargados de juzgar los casos en la Audiencia han ocupado cargos en la administración con distintos gobiernos o han formado parte del Consejo General del Poder Judicial avalados por los partidos políticos.

Ese viaje de idea y vuelta que la Ley permite provoca que acusados y acusadores cuestionen la apariencia de imparcialidad en determinados procesos.

El desenlace final del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP, dependerá de un tribunal cuya apariencia de imparcialidad está por los suelos. Tres acusaciones recusarán a los magistrados que integran ese órgano: Concepción Espejel (exvocal del Poder Judicial con el aval del PP), Enrique López (exmagistrado del Constitucional designado por el Gobierno del PP), y Julio de Diego. Este último fue ponente de un auto que libró al extesorero del PP Luis Bárcenas, de declarar en febrero de 2013 ante el magistrado Javier Gómez Bermúdez.

El ponente de la sentencia será López. Este magistrado tocó el cielo judicial al ingresar en el Constitucional gracias al Gobierno del PP. Un percance de madrugada —conducía su moto borracho y se saltó un semáforo en rojo— le obligó a dejar su cargo y regresar a la Audiencia, donde ahora juzgará el escándalo de corrupción que acorrala al PP y al Gobierno que tanto le ayudó.

Hay 45 imputados, entre ellos tres extesoreros del PP y una decena de altos cargos de este partido, que deberá responder como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos. López colaboró activamente con FAES, la fundación principal del PP e intervino como invitado en una de las conferencias políticas del partido.

Pablo Llarena, presidente de la Audiencia de Barcelona y de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura considera que no hay motivos para la recusación de López y defiende su “actuación profesional”. “La ciudadanía puede estar tranquila porque los jueces están habituados, sean cuales sean las circunstancias, a tomar sus decisiones con independencia y criterios legales”. Otros juristas dudan.

“El juez no sólo debe ser imparcial sino, además, parecerlo. No creo que López o Espejel vayan a actuar de manera parcial, pero ese no es el problema. El problema es la quiebra de la apariencia de imparcialidad”, señala Joaquín Bosch, portavoz de la progresista Jueces para la Democracia. “Es necesario reformar la Ley. porque no permite ir a interpretaciones extensivas. Ahora se rechazan la mayoría de imputaciones”.

Gonzalo Martínez Fresneda, abogado de Baltasar Garzón en el proceso por las escuchas en la cárcel a los abogados de la red Gürtel, recusó a cinco magistrados del Supremo que iban a juzgar el caso por participar en la fase de instrucción y obligó a cambiar todo el tribunal. “Se debería reformar la Ley para que los jueces que hayan ocupado cargos institucionales a propuesta de un partido que está en el Gobierno se tuvieran que abstener en procesos en los que estén implicados los partidos”, señala.

Margarita Robles, magistrada del Supremo, exsecretaria de Estado de Seguridad en un Gobierno socialista, y ex vocal del Poder Judicial a propuesta del PSOE, diferencia entre jueces que han desempeñado cargos en la administración y los que han formado parte del Consejo del Poder Judicial: “El Gobierno del PP nombró a Enrique López magistrado del Constitucional y juzgará el caso Gürtel, que afecta de lleno al PP. Si la apariencia objetiva de imparcialidad se viera afectada, entonces te debes abstener, aunque vayas a aplicar la Ley de manera imparcial”.

El magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Ignacio Sánchez Yllera ocupó cargos de confianza en dos gobiernos socialistas. Por esa razón, pidió abstenerse en la causa abierta contra el PP por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas. “Las apariencias son muy importantes porque lo que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los tribunales deben inspirar al acusado y al resto de ciudadanos”, alegó. Pero la Audiencia lo rechazó porque “la naturaleza de los cargos que desempeñó [Sánchez Yllera] ninguna relación guarda con el contenido del proceso”.

El PSOE pide al magistrado Enrique López que se abstenga bajo amenaza de recusarle. “Esa recusación no se fundamenta en que haya ocupado cargos institucionales a propuesta del PP sino por su vinculación con este partido, que excede la relacionada con su nombramiento para dichos cargos. Quizás habría que revisar las causas de abstención y recusación contempladas en la Ley para reforzar esa garantía procesal del derecho a un juez imparcial”, señala Antonio Hernando, portavoz socialista.

Su homólogo del PP, Rafael Hernando, no lo ve necesario: “La independencia de los jueces está garantizada por el Consejo del Poder Judicial, por la Constitución, por su estatuto y por su régimen de incompatibilidades”.

http://politica.elpais.com/politica/2015/06/19/actualidad/1434739413_688919.html

ASOCIACIONES DE JUECES PIDEN AL GOBIERNO QUE LA LEY SEA MÁS ESTRICTA CON LA PUERTA GIRATORIA ENTRE LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

Jueces para la Democracia y Francisco Vitoria consideran que la normativa debería especificar todavía más los motivos por los que deberían inhibirse los magistrados que han estado vinculados con partidos

La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura sostiene, al contrario, que las causas de abstención están definidas, son extensas y están perfectamente detalladas

Las asociaciones de jueces Francisco Vitoria y Jueces para la Democracia consideran que la normativa que regula los motivos de abstención e inhibición de los jueces que retornan a la magistratura tras desempeñar cargos políticos debería ser más estricta, con la intención de evitar una posible apariencia de parcialidad cuando juzguen a los partidos políticos.

"La ley debería precisar un poco más algunas de las causas de incompatibilidad", explica el portavoz de la Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero. En similares términos se expresa el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, que al igual que Sexmero considera que en uno de los supuestos, el de "amistad directa y manifiesta", habría que especificar "un poco más".

Precisamente, esta semana el magistrado Alfonso Guevara Marcos decidió apartarse del tribunal que examinará los recursos presentados por 14 imputados en la causa en la que se investiga el uso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia por su "amistad" con dos de ellos, el expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández y el de Renfe Miguel Corsini.

Corrupción del PP

infoLibre se ha puesto en contacto con las principales asociaciones de jueces y magistrados tras conocerse que el tribunal que juzgará la primera pieza de la trama Gürtel, el caso de corrupción más importante de la democracia ligado a un partido político, estará compuesto por los magistrados Enrique López y Concepción Espejel, cuyo nombramiento como vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue promovido por el Partido Popular. Esta formación política afronta una posible condena en Gürtel como responsable civil subsidiario del caso.

Según el escrito de acusación, el partido presidido por Mariano Rajoy se habría beneficiado de más de 300.000 euros de la red corrupta, que supuestamente fueron utilizados por el PP de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. Además, 16 excargos del PP afrontan penas de cárcel de más de 360 años, al mismo tiempo que también la exministra Ana Mato podría ser considerada responsable civil subsidiaria.

Sin embargo, el portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, que es mayoritaria entre los jueces, considera que los motivos de abstención están absolutamente definidos, son extensos y están perfectamente detallados: "El problema es que hay personas a las que no les gustan los motivos de incompatibilidad".

Los tres portavoces de las asociaciones de jueces aludieron al caso de Enrique López, un magistrado habitual de los cursos de la fundación FAES, presidida por José María Aznar, y que fue magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP. "De Enrique López digo lo mismo que cuando [el excargo del PSOE] José de la Mata se hizo cargo del caso Gürtel. Todos los jueces son conscientes de que todas las resoluciones tienen que dictaminarse conforme a derecho. Y están obligados a motivarlas", explica Llarena, que no ve ningún motivo para que López no sea el ponente del tribunal.

Pero el caso de De la Mata citado por Llarena no es único entre los magistrados de instrucción de la Audiencia Nacional. El titular del Juzgado Central número 6, Eloy Velasco, fue cargo en el Gobierno valenciano del PP que presidió Eduardo Zaplana. El propio Eloy Velasco es el instructor de la operación Púnica, en la que están imputados numerosos cargos del PP, entre los que se encuentra el exnúmero dos del PP madrileño Francisco Granados, que permanece en prisión desde el 27 de octubre.

"Una norma constitucional"

Llarena reconoce que los dos magistrados, Enrique López y Concepción Espejel, fueron nombrados vocales del Poder Judicial "en cumplimiento de una norma constitucional", que indica que al menos 12 de los vocales tienen que ser jueces: "Y además las Cámaras los eligieron tras un análisis de todos los partidos".

Pero el caso de López y Espejel, el de magistrados promovidos por un partido político no es excepcional, habida cuenta de que también el PSOE, IU y CiU han promovido la entrada en el Poder Judicial de magistrados que han acabado formando parte del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como por ejemplo es el caso de Javier Martínez Lázaro (PSOE) y de Ramón Sáez Valcárcel (IU).

Por su parte Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, asegura que la implicación de un juez en los cargos públicos no es nada negativo. Y reitera que la normativa "no está bien regulada". Y por eso los dos magistrados, López y Espejel, van a decidir en una causa que afecta al PP.

No obstante, Bosch destaca que el total de asuntos en los que se pueden dar estas incompatibilidades es "irrelevante", aunque "sí es verdad" que los pocos casos que se dan pueden llegar a tener una gran relevancia pública: "Por lo que sería necesario disponer de un sistema más claro de abstención y recusación, para evitar que un juez pueda asumir asuntos en los que la sociedad desconfíe de sus intenciones. Hay instrumentos de sobra, pero el poder político no han querido".

Privilegios de los jueces

Los portavoces de las tres asociaciones sí coinciden en criticar los "privilegios" de los jueces que se reincorporan a sus puestos tras pasar por la política. "Tras reincorporarse en los concursos, como mérito judicial les supone un beneficio, pues tienen una reserva de plaza. Y su paso por la política cuenta como si hubieran estado ejerciendo la judicatura", explica Bosch, de Jueces para la Democracia.

"No es normal que a un juez que se va a la política se le guarde la plaza durante años", completa Sexmero, que al igual que el portavoz de la Asociación de la Magistratura, Pablo Llarena, considera que un juez que vuelve a su empleo tras años sin ejercer puede tener problemas para estar al día en su profesión.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/06/19/asociaciones_jueces_piden_gobierno_que_ley_sea_mas_estricta_con_puerta_giratoria_entre_justicia_politica_34311_1012.html

JUECES Y ABOGADOS QUE SE VERÁN EN LOS TRIBUNALES POR EL CASO GÜRTEL, COMPAÑEROS DE JURADO LITERARIO

Enrique López y Manuel Marchena, del Supremo, coincidieron con el abogado de Cospedal y con el defensor del imputado Merino... sin que ninguno viera problemas ni estéticos

El pasado 28 de mayo se hizo entrega del último premio La Ley… un premio desconocido para el gran público, pero de prestigio en la profesión jurídica. Y que además está dotado como tal, ya que el ganador percibe 12.000 euros. Quien patrocina el premio es una empresa multinacional que, entre otras cosas, edita publicaciones legales, Wolters Kluwer.

Un premio de 12.000 euros

Pero lo que nos interesa de este premio es una vertiente lateral… la de la relación de los miembros del jurado, y de los patronos de una entidad paralela, la Fundación Wolters Kluwer.

Explicamos por qué. En el jurado, este pasado mes de mayo, han coincidido personajes que por algo más que estética profesional no debieran haberlo hecho. Nos referimos a dos magistrados y dos abogados que en los próximos meses, en un caso, y posiblemente años en otro, podrían verse en un tribunal y por una causa de gran calado político: la decisión sobre la trama Gürtel y la caja B del PP.

Los personajes que han coincidido en el listado del Jurado del Premio La Ley han sido estos. Por un lado Enrique López López, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha sido ‘premiado’ en el sorteo entre sus compañeros de sala con formar parte del trío de jueces que tendrá que ver el caso Gürtel. Y también está Manuel Marchena Gómez, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a donde acabará llegando no sólo el asunto Gürtel, sino también el de ´los papeles Bárcenas’ si, como es más que previsible, cualquier parte recurre lo que dictamine la Audiencia Nacional.

Patronos de la Fundación, autores de la editorial

Pero es que con ellos, también formaban parte del jurado del premio Adolfo Prego Oliver y Tolivar, exmagistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, pero ahora abogado en ejercicio, y como tal defensor de María Dolores de Cospedal en sus querellas contra Luis Bárcenas.

Y, quizás lo que aún resulta más chirriante, Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal… pero también un habitual defensor de personajes muy públicos y del PP y cercanías, como en su momento lo fue de Ruiz Gallardón contra Jiménez Losantos, y ahora lo es, y de aquí el problema ‘estético’, de un imputado en la trama Gürtel, como Jesús Merino,el exdiputado del PP por Segovia; y al menos antes lo fue también de Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda y conocido por los cabecillas como El Rata, y de Benjamín Martín Vasco, exdiputado del PP en la Asamblea y uno de los primeros señalados en el procedimiento.

En el caso de los magistrados, tanto del de la Audiencia Nacional, Enrique López López, como del miembro del Supremo, Manuel Marchena, su relación con la Fundación Wolters Kluwer es aún más intensa… Porque, como se ve en su página web, son miembros del Patronato de la Fundación Wolters Kluwer, donde coinciden con otras conocidas figuras del PP, como es el caso de exministro Jose María Michavila. También de la exministra socialista, Ángeles Amador. Eso sí, parece ser que no cobran remuneración alguna por ello… Claro que los otros miembros del jurado tienen también otro tipo de dependencias con este grupo que, por ejemplo, lleva años publicando libros a Prego de Oliver y Tolivar.

http://www.elplural.com/2015/06/19/jueces-y-abogados-que-se-veran-en-los-tribunales-por-el-caso-gurtel-companeros-de-jurado-literario/

DOS JUECES DEL TRIBUNAL DE GÜRTEL EVITARON EL INTERROGATORIO A BÁRCENAS

Enrique López y Julio de Diego adoptaron la resolución en 40 minutos tras recibir un recurso del fiscal y tardaron 20 días en comunicárselo a las partes

El magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, ex vocal del Poder Judicial a propuesta del PP y exmagistrado del Constitucional a propuesta del Gobierno, y su compañero en la sección segunda Julio de Diego, ambos miembros del tribunal encargado de juzgar el caso Gürtel, resolvieron en marzo de 2013 anular el interrogatorio del juez Javier Gómez Bermúdez al extesorero del PP Luis Bárcenas por la caja b de la formación conservadora. Las acusaciones populares del caso Gürtel estudian si esta decisión judicial que adoptó Enrique López es causa suficiente para que prospere la recusación que preparan contra el magistrado.

Gómez Bermúdez admitió a trámite una querella contra el extesorero presentada en marzo de 2013 por IU y varias asociaciones de abogados a raíz de la publicación en EL PAÍS de los papeles de Bárcenas. En esa contabilidad manuscrita se registraron ingresos por ocho millones de euros, en concepto de donaciones que hicieron grandes empresarios entre 1990 y 2009; y una cantidad similar en concepto de pagos para financiar diversos servicios del partido y abonar sobresueldos a los principales integrantes de la cúpula del PP. Estos movimientos de dinero no fueron comunicados al Tribunal de Cuentas ni fueron declarados a Hacienda.

Como consecuencia de aquella querella, Gómez Bermúdez aprobó una serie de diligencias, entre ellas la citación de Bárcenas, que fue recurrida por la Fiscalía Anticorrupción porque entendía que la causa estaba relacionada con el caso Gürtel que se instruía en el juzgado de Pablo Ruz, que era quien tenía la competencia sobre el asunto.

El juez Gómez Bermúdez citó a Bárcenas para el 22 de marzo a las doce de la mañana. Un día antes, la Fiscalía Anticorrupción registró su escrito de recurso de apelación ante la sección segunda de la Audiencia a las 14.15 de la tarde. Los tres magistrados de esa sección decidieron, 40 minutos después y sin pedir opinión a los querellantes, atender el recurso de la Fiscalía y suspender el interrogatorio a Bárcenas que había previsto el instructor Gómez Bermúdez.

Algunos días después, ante otro recurso de la Fiscalía, la sección Tercera de la Audiencia Nacional decidió que la querella por los papeles de Bárcenas se instruyera en el juzgado de Pablo Ruz, porque los hechos estaban relacionados con el proceso abierto en relación con la trama Gürtel de corrupción.

Las asociaciones que habían presentado la querella, se dirigieron a la sala segunda del Tribunal Supremo para denunciar a los tres magistrados que, en un tiempo record, apenas 40 minutos, habían resuelto que Gómez Bermúdez no tomará declaración a Bárcenas. En la resolución, el ponente Julio de Diego se preguntaba si la diligencia que planteaba el instructor era "necesaria y de reconocida urgencia". Y concluía que no era urgente: "De la misma manera que la toma de declaración se puede hacer mañana, puede ser tomada en otro momento. Nos parece más prudente en la medida en que tomada por un nuez que no fuera competente podría cuestionarse su regularidad".

De Diego y López, que evitaron que Bárcenas declarase ante el juez Gómez Bermúdez, formarán junto a Concepción Espejel, magistrado y exvocal del Poder Judicial a propuesta del PP, el tribunal que juzgará a Luis Bárcenas en el caso Gürtel.

Las acusaciones populares, que han anunciado que recusarán a López y Espejel, estudian estos días si aquella decisión que tomó la sección segunda anulando la prevista declaración de Bárcenas ante el juez Gómez Bermúdez, contamina a los magistrados que la adoptaron para poder juzgar al mismo imputado.

Distintos expertos consultados por EL PAÍS consideran que aquella resolución no entraba en el fondo de los hechos, que fue puramente de procedimiento y de competencia, por lo que entienden que ni López ni de Diego se contaminaron lo suficiente como para ser motivo de recusación ante el juicio del caso Gürtel, que se celebrará dentro de un año.

http://politica.elpais.com/politica/2015/06/18/actualidad/1434639486_108744.html?ref=rss&format=simple&link=guid

ENRIQUE LOPEZ. VINCULADO AL PP… Y CUÑADO DE LA MANO DERECHA DEL PRINCIPAL CONSTRUCTOR IMPUTADO EN EL CASO

Enrique López, uno de los magistrados de la Audiencia Nacional que tendrá que juzgar sobre la Gürtel, es carne de inhibición o si se niega de recusación, si existiera un perfil tipo para no participar en la causa sería el suyo. Y es que aunque se está poniendo el foco en la evidente vinculación del magistrado con el PP, además es familia de un alto directivo que trabaja para el principal empresario imputado en la Gürtel, José Luis Ulibarri.

Su cuñado es directivo en empresas salpicadas por la Gürtel

ELPLURAL.COM lo desveló hace años pero el asunto tiene tanta trascendencia que no está de más recordarlo de nuevo: López es cuñado de un muy conocido empresario en Castilla y León, Miguel Hernán Manovel García, casado con una hermana del juez. Y ese empresario es mano derecha de José Luis Ulibarri, constructor leonés imputado por la trama Gürtel, que le situó de hecho como consejero delegado de UFC, empresa que aparece salpicada por el caso, y como vicepresidente de todo su grupo, Begar, así como apoderado en algunas de sus sociedades.

El imputado cuyo abogado consiguió tumbar a Garzón

Ulibarri ha estado defendido en la causa por Ignacio Peláez, el ex fiscal de la Audiencia Nacional que además representa a Ángel de Cabo, el empresario valenciano encarcelado en el marco de la operación que también llevó a prisión al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán. Peláez fue el abogado que consiguió apartar a Baltasar Garzón de la Gürtel y de la carrera judicial con el argumento de que las escuchas practicadas para evitar que la trama siguiera evadiendo capitales desde la cárcel eran ilegales.

http://www.elplural.com/2015/06/17/vinculado-al-pp-y-cunado-de-la-mano-derecha-del-principal-constructor-imputado-en-el-caso/

EL JUEZ ENRIQUE LÓPEZ DESTACÓ EN SU CURRÍCULO OFICIAL SU ASISTENCIA A ACTOS DEL PP

En la biografía que presentó para apoyar su elección para el Constitucional lo subraya como una de sus actividades destacadas

Enrique López sigue resistiéndose a inhibirse como magistrado en el tribunal de la Audiencia Nacional que debe ver el caso de la trama Gürtel. A pesar de lo que empieza a ser un clamor en contra de su participación, incluida la decisión del PSOE de recusarle. Y a pesar de que se amontonan los indicios de su ‘relación’ con el Partido Popular.

El PP se empeña en su ‘ascenso’ al Constitucional

La última, una que él mismo dejó patente en el currículo personal que manejó el Partido Popular en el Senado para apoyar su nombramiento en 2010 como uno de los miembros de la terna de que esta cámara iba a presentar para el Constitucional.

Recordamos. Cuando el magistrado Enrique López cesó como vocal-portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ingresó en la Audiencia Nacional. Muy poco después, el PP lo ‘seleccionó’ como uno de sus magistrados favoritos. Más concretamente, lo hizo Federico Trillo, que se empeñó en incluirlo en la terna que el Senado debía nombrar como magistrados para el Constitucional. Como apoyo a esta candidatura, se repartió un currículo preparado por el propio juez cuando se produjo su paso del CGPJ a la Audiencia.

Mesa redonda de la Conferencia Política del PP

En ella, entre el largo listado de actos que destacaba en un apartado que denominó como “Experiencia Docente Universitaria”, Enrique López, como se ve, no tiene pudor en subrayar su participación a una mesa redonda en un acto tan destacado del PP como su “Conferencia Política sobre el Modelo de Estado”, que se produjo en 2006. En concreto, en la ‘mesa redonda’ sobre Igualdad y Solidaridad.

En cualquier caso, la inclusión de esta actividad no puede sorprender si se tiene en cuenta que el magistrado ahora de la Audiencia Nacional, ha sido un más que habitual participante en los actos y cursos de la FAES, el ‘alma ideológico’ del PP. En concreto, sólo hasta 2010, Enrique López participó hasta en una cincuentena de ellos.

La larga estela de las participaciones de Enrique López en los cursos de la FAES

Entre ellos, destacaba este miércoles la SER que había coincidido en dos con Carlos Clemente Aguado, el exviceconsejero de la Comunidad de Madrid para quien precisamente la fiscalía Anticorrupción pide 8 años de cárcel por la Gürtel. Pero no es el único caso. Lógicamente, el magistrado ha coincidido en estos cursos con muchos otros miembros de la dirección nacional y de las autonómicas del PP que de una forma u otra también están relacionados con las investigaciones por la Gürtel. Como el caso que reproducimos aquí de Cospedal.

http://www.elplural.com/2015/06/17/el-juez-enrique-lopez-destaco-en-su-curriculo-oficial-su-asistencia-a-actos-del-pp/

ENRIQUE LÓPEZ COMPARTIÓ CURSOS EN FAES CON UN PROCESADO AL QUE JUZGARÁ

El magistrado, cuya independencia está en entredicho por su vinculación con el PP, compartió dos cursos en la fundación que preside José María Aznar con Carlos Clemente Aguado, viceconsejero de la Comunidad de Madrid a quien Anticorrupción pide 8 años de cárcel por la Gürtel

El magistrado Enrique López, que redactará la sentencia del juicio por la primera época de la Gürtel, compartió dos cursos en la fundación FAES del Partido Popular, con uno de los 40 procesados en el caso.

Se trata de Carlos Clemente Aguado, exviceconsejero de inmigración con el Gobierno de Esperanza Aguirre, a quien la Fiscalía Anticorrupción pide 8 años de cárcel por cohecho y malversación, y 9 años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación continuada.

Los dos cursos, según las memorias de actividades de FAES, se impartieron en los años 2003 y 2007. En ambos, denominados “Justicia y Economía, ¿qué maximizan los jueces?” e “Inmigración ilegal/ Inmigración irregular”, coincidieron como asistentes el magistrado Enrique López y Carlos Clemente, a quien el primero juzgará ahora por la Gürtel.

Letrados de las acusaciones populares consultados por la Cadena SER consideran que la coincidencia de López y Clemente en los cursos FAES abre una posible puerta a la recusación del magistrado.

Las memorias de la fundación FAES revelan que Enrique López ha asistido entre 2003 y 2010 a un total de 55 cursos. En uno de ellos ha actuado como coordinador y en otros cuatro como ponente.

Dos de esas ponencias las ha compartido con el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, con quien también ha coincidido en cuatro cursos más.

También ha concurrido hasta en 17 ocasiones en cursos FAES con el abogado de María Dolores de Cospedal, Adolfo Prego.

La mayor parte de los cursos impartidos por Enrique López en el laboratorio de ideas del PP han versado sobre el papel de la justicia, críticas a los presupuestos de la misma área consignados por el Ejecutivo socialista, o la violencia de género. Pero el juez que tuvo que dimitir del Constitucional por dar positivo en un control de alcoholemia también asistió a un curso FAES sobre “Seguridad Vial”.

Enrique López fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular. También fue nombrado para el Tribunal Constitucional por la misma formación conservadora, cuando no reunía los méritos para ello. López participó además en 2006 en la ponencia política del Partido Popular.

Tanto Concepción Espejel como Enrique López han preferido guardar silencio este martes al ser preguntados respecto a su posible abstención de la causa por su vínculo con el Partido Popular, al que juzgarán en esta pieza principal de la Gürtel por haberse lucrado, supuestamente, con los delitos de la trama.

http://cadenaser.com/ser/2015/06/16/tribunales/1434477941_886984.html

LAS ACUSACIONES DE LA GÜRTEL RECUSARÁN A LOS JUECES LÓPEZ Y ESPEJEL POR SU RELACIÓN CON EL PP

El PSOE también ha denunciado la "falta de apariencia de imparcialidad" en este proceso, que define como "el mayor caso de corrupción política de los últimos años".

La acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) en el caso Gürtel se plantea recusar a los magistrados de la Audiencia Nacional Concepción Espejel y Enrique López, que se encargarán junto a Julio de Diego de juzgar la primera época de actividades de la red corrupta, por su "ideología" próxima al Partido Popular (PP). A ello se ha unido el PSOE, que ha denunciado la "falta de apariencia de imparcialidad".

El abogado de ADADE, Francisco Montiel, ha señalado que en la próxima semana intentará plantear "un frente común" con las otras dos acusaciones populares en la causa, la del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) y la del PSOE de Boadilla del Monte (Madrid).

El letrado ha destacado que el nombramiento de Espejel y López como vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP, demuestra "una vinculación indirecta" con la formación de Mariano Rajoy.

En este contexto, ha destacado la necesidad de estudiar las "relaciones personales" de López con personas imputadas en el procedimiento y su participación en cursos organizados por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), presidida por el expresidente del Gobierno José María Aznar, donde realizó más de 50 ponencias.

El PSOE denuncia la falta de imparcialidad

El PSOE pedirá la recusación de los magistrados designados para juzgar el caso Gürtel, Concepción Espejel y Enrique López, si ellos no se inhiben, por observar "falta de apariencia de imparcialidad", ha anunciado hoy el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando., ha anunciado este martes el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando.

En rueda de prensa, Hernando ha defendido que la apariencia de imparcialidad es "fundamental" en un caso como éste, al que se ha referido como "el mayor caso de corrupción política de los últimos años".

Tras defender que la independencia judicial no solo es un derecho de las partes, sino una garantía del Estado de derecho, Hernando ha señalado que la apariencia de imparcialidad se determina "no sólo por las relaciones con las partes, sino por la propia imagen y las cosas que han hecho".

La posible recusación

La recusación de uno o dos magistrados del tribunal sería estudiada por el Pleno de la Sala de lo Penal, que preside el magistrado Fernando Grande-Marlaska, también vocal del CGPJ a propuesta del PP, según informaron fuentes jurídicas.

En el que caso de que se pidiera la abstención de los tres magistrados (Espejel, López y De Diego), el asunto se convertiría en algo mucho más complejo y tendría que ser examinado por la denominada Sala del 69 (formada por el presidente de la Audiencia Nacional, los presidentes de las Salas Penal, Contencioso-Administrativa y Social y los tres magistrados más antiguos y más modernos de cada una de las salas).

Una propuesta del PP

El ponente de la sentencia será Enrique López, quien regresó a la Audiencia Nacional en septiembre de 2014 después de dimitir en junio de su cargo de magistrado del Tribunal Constitucional tras ser imputado por un delito contra la seguridad del tráfico por conducir bebido.

López había llegado un año antes al TC a propuesta del PP procedente de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a donde recaló en 2008 tras haber ejercido como portavoz del CGPJ, órgano para el fue nombrado en 2001 por la mayoría conservadora del Senado vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Su designación por el PP como candidato al Tribunal Constitucional a propuesta del Senado fue una de las causas del bloqueo que impidió la renovación de los miembros del Alto Tribunal ya que desde algunos sectores políticos se ponía en entredicho su neutralidad.

Por su parte, Concepción Espejel también fue elegida vocal del Consejo General del Poder Judicial a petición del PP, cargo del que tomó posesión el 23 de septiembre de 2008. Presidió las audiencias provinciales de Segovia, Tarragona y Guadalajara y desde 1999 es miembro nato de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha.

http://www.publico.es/politica/acusaciones-gurtel-recusara-jueces-designados.html

EL PSOE RECUSARÁ A DOS MAGISTRADOS QUE JUZGARÁN EL ‘CASO GÜRTEL’

Los socialistas piden que López y Espejel se inhiban por su vinculación al PP

Dos magistrados vinculados al PP juzgarán el ‘caso Gürtel’

El PSOE recusará a dos de los magistrados encargados de juzgar la primera aparte del llamado caso Gürtel, según ha anunciado el portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando.

Los socialistas están personados en la causa y Hernando ha exigido que se inhiban Enrique López y Concepción Espejel y ha anunciado que, si no lo hacen, serán recusados. Los dos fueron nombrados vocales del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP. López, además, colaboró en 2006 en un acto del PP y reiteradamente con FAES, la fundación de los populares que preside José María Aznar, líder del partido mientras se produjeron los hechos que se juzgan.

Otras acusaciones populares, como la encabezada por la asociación ADADE, se plantean también la posibilidad de recusar a estos dos magistrados.

Cuando se producen recusaciones de uno o dos miembros de un tribunal de la Audiencia Nacional es el pleno de la Sala de lo Penal, formado actualmente por 19 magistrados, el que dirime si existe causa objetiva de abstención.

La Sala la preside Fernando Grande Marlaska, actual vocal del Poder Judicial propuesto por el PP. Es decir, este juez decidirá si es motivo de recusación haber sido vocal propuesto por el PP, su condición actual.

En la Ley Orgánica del Poder Judicial figuran un total de 16 causas de apartamiento, entre las que figuran “tener amistad íntima o enemistad manifiesta” con cualquiera de las partes o “tener interés directo o indirecto en el pleito o causa”.

En caso de que la recusación se dirigiera contra los tres miembros del tribunal o al presidente de la Sala de lo Penal, la causa se elevaría a la llamada Sala del artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta sala estaría presidida por el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, los presidentes de las tres salas de la Audiencia (Contencioso, Social y Penal), y el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de las tres salas.

http://politica.elpais.com/politica/2015/06/16/actualidad/1434453046_459587.html

ADADE SE PLANTEA RECUSAR AL TRIBUNAL QUE JUZGARÁ LA GÜRTEL POR SUS VÍNCULOS CON EL PP

El abogado de esta acusación popular, Francisco Montiel, anuncia que se reunirá con las distintas acusaciones para intentar apartar a la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, y al ponente de la sentencia, Enrique López, exvocales del consejo a propuesta del Partido Popular que decidirán sobre su posible condena. López y Espejel declinan pronunciarse sobre su posible abstención en la causa.

La acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), personada en el caso Gürtel, considera "un escándalo" que el tribunal que juzgará la pieza principal del caso, tenga a dos exvocales del consejo a propuesta del PP entre sus tres integrantes. El tercero, Julio de Diego, también es conservador.

ADADE rechaza que el tribunal esté presidido por Concepción Espejel, amiga de la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y condecorada por ésta por sus méritos en Castilla-La Mancha; y que el redactor de la sentencia sea Enrique López, quien ha participado en más de 50 ponencias de la fundación FAES, presidida por José María Aznar, y que fue nombrado para el Tribunal Constitucional a propuesta de la misma formación conservadora, cuando no reunía los méritos para ello. López también participó en 2006 en la ponencia política del Partido Popular.

El letrado de ADADE, Francisco Montiel, ha anunciado que en los próximos días mantendrá una reunión con las otras dos acusaciones del caso, la del Partido Socialista madrileño y el PSOE valenciano, para recabar documentación y analizar si existen argumentos para recusar a ambos magistrados.

Tanto Concepción Espejel como Enrique López han preferido guardar silencio hoy al ser preguntados respecto a su posible abstención de la causa por su vínculo con el Partido Popular, al que juzgarán en esta pieza principal de la Gürtel por haberse lucrado, supuestamente, con los delitos de la trama.

Enrique López: "la justicia se impondrá con toda seguridad"

No obstante, Enrique López, en un premonitorio artículo en el diario La Razón, donde colabora como columnista, ya parecía dejar claras sus intenciones el pasado 7 de marzo. Bajo el título "El poder de la mentira", López escribía que "cuando llegan las grandes citas en modo de mediáticos juicios, se habla mucho de los árbitros, y para meter presión se los critica creándoles un halo de intereses personales que los hacen parecer poco independientes y muy parciales, eso sí, cuando no les gusta al que puede conformar opinión pública. "Todo este esfuerzo", continúa López, "es evanescente ante la realidad de las cosas; la justicia se impondrá con toda seguridad, pero por el camino muchas famas personales son arruinadas, y esto ante la impasible pereza mediática de aquellos que están obligados a contrarrestar este penoso espectáculo. Al final sólo te queda Calderón de la Barca: fingimos lo que somos, pues seamos lo que fingimos".

Alfonso Guevara sí se abstiene por "amistad" con dos imputados

Espejel y López declinan pronunciarse respecto a si deben abstenerse en el caso, a pesar de la amistad de la primera con Cospedal. Este martes, el presidente de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, ha decidido por su propia voluntad, sin mediar recurso alguno, abstenerse en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia, al alegar que es amigo de los imputados Arturo Fernández y Miguel Corsini. El resto de sus compañeros de Sala han considerado "justificada" la abstención y ha sido apartado de la causa.

http://cadenaser.com/ser/2015/06/16/tribunales/1434452578_776532.html

DOS EXVOCALES DEL PODER JUDICIAL PROPUESTOS POR EL PP JUZGARÁN EL PRIMER JUICIO CONTRA LA RED CORRUPTA

Concepción Espejel y Enrique López formarán parte del tribunal que juzgará el primer juicio contra la Gürtel, en el que se analizarán las actividades supuestamente delictivas que la red de Correa cometió entre 1999 y 2005

López tuvo que dimitir hace un año como miembro del TC tras ser multado por ir sin casco y ebrio por el paseo de la Castellana, en Madrid

La participación en el juicio de López es doblemente polémica porque a través de un familiar está vinculado a José Luis Ulibarri, uno de los principales empresarios imputados en el caso Gürtel

El magistrado próximo al PP Enrique López será el ponente del tribunal, marcadamente conservador, que juzgará a los 40 procesados por la primera pieza del caso Gürtel, según informó un portavoz de la Audiencia Nacional.

López dimitió hace un año como integrante del Tribunal Constitucional, nombrado a propuesta del PP, tras ser cazado conduciendo ebrio y sin casco por el paseo de la Castellana por Madrid, por lo que acabó incorporándose a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Enrique López había sido miembro del Consejo General del Poder Judicial, también a propuesta del PP, órgano del que fue portavoz (2001-2008).

Además de López, en el tribunal estará la magistrada Concepción Espejel, que fue nombrada en 2008 vocal del CGPJ a propuesta del Partido Popular y que ahora presidirá la vista oral. El tercero de los jueces es Julio de Diego, que también cuenta con un perfil conservador.

Tras conocerse la composición del tribunal, elegido por reparto, la sombra de la recusación planea tanto sobre Enrique López, portavoz del Poder Judicial entre 2001 y 2005, como sobre Concepción Espejel.

Porque entre los hechos que el tribunal deberá enjuiciar figuran aquellos de carácter delictivo que, según el auto de apertura de juicio del caso Gürtel, beneficiaron económicamente al PP. Al PP, como persona jurídica, no se le atribuye ningún delito -el juez Pablo Ruz precisó en uno de sus autos que el anterior Código Penal le impedía tal opción- pero sí consta como partícipe a título lucrativo.

Un relevante papel en la causa por el incendio de Guadalajara

Entre los hitos profesionales de Concepción Espejel se cuenta su actuación como presidenta de la Audiencia de Guadalajara tras el incendio forestal que en 2005 acabó con la vida de 11 bomberos forestales. Como presidenta del tribunal provincial, Espejel ordenó a la juez que instruía el caso que siguiera investigando a responsables políticos de la Junta de Castilla-La Mancha -entonces gobernada por el PSOE- cuando esta ya había descartado que hubiera indicios para seguir en esa dirección.

Ocurrió en 2007. Y esa juez acababa de ganar un ascenso que implicaba su traslado a San Sebastián, pero su condición de presidenta de la Junta Electoral preceptuaba que ese traslado no debía producirse hasta transcurridos 100 días de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de aquel año. Así lo ordena la Ley Electoral pero, con los votos -mayoritarios- de los vocales del PP en el Poder Judicial, la juez recibió instrucciones de marcharse a su nuevo destino en el plazo de 10 días.

Su sustituta en Sigüenza sí encontró razones para avenirse a los planes de Espejel: procesó a 15 políticos de la Junta castellano-manchega. En 2012, con Espejel ya en la Audiencia Nacional, la Audiencia de Guadalajara los exoneró al completo y tumbó esos procesamientos.

El infortunado accidente, decía la resolución, "no se debió a la falta de medios o ausencia de formación del personal que intervino en la extinción", sino al "aumento repentino e imprevisto de la velocidad de propagación del fuego al sur de la zona donde operaban los trabajadores".

Vinculado a Ulibarri

La participación en el juicio de López es polémica porque a través de un familiar está vinculado a José Luis Ulibarri, uno de los principales empresarios imputados por su participación en la pieza principal del caso Gürtel.

Miguel Manovel, casado con una hermana del magistrado, trabajó para Ulibarri como directivo y miembro de los consejos de varias de sus sociedades por lo que fue quien firmó las cuentas de 2005 presentadas por su empresa UFC, clave en la Gürtel.

UFC obtuvo en 2005 la adjudicación de una parcela municipal en Boadilla (Madrid). La empresa ganó pese a que ni siquiera estaba dada de alta en la Seguridad Social y a que su oferta era peor que las de otras compañías que acudieron al concurso.

Según las citadas fuentes jurídicas, el juicio se celebrará como muy pronto a finales de 2016 ya que el tribunal tiene procedimientos señalados hasta febrero de ese año y antes de que se celebre el primer juicio de Gürtel en la Audiencia Nacional se desarrollarán otros ocho, tres de ellos con carácter prioritario por existir presos entre los acusados.

En el banquillo de los acusados se sentarán 40 personas, entre los que se encuentran el presunto líder de la trama, Francisco Correa, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 125 años de cárcel, así como tres extesoreros del PP: Luis Bárcenas (para el que el Ministerio Público pide 42 años y medio de cárcel), Álvaro Lapuerta (tres años) y Ángel Sanchís (ocho años).

La Fiscalía también reclama que el Partido Popular y la exministra de Sanidad Ana Mato respondan como partícipes a título lucrativo de los delitos investigados. Mato, en concreto, se habría beneficiado de 28.468 euros en regalos realizados por la red y el 50% de sus fiestas familiares, mientras que la Gürtel habría sufragado al PP con 328.440 euros: 216.576 en Majadahonda y 111.864 en Pozuelo.

Las fiscales del caso, Concha Sabadell y Concha Nicolás, acusan a un total de 40 personas, entre las que destacan el presunto número dos de la trama y exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, que podría ser condenado a un total de 85 años y medio de cárcel; y el contable de la organización, Pablo Izquierdo, que se enfrentará a una pena de 43 años y ocho meses.

También serán juzgados el exconsejero de Deportes y exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, que se enfrenta a 46 años de cárcel; el exviceconsejero de Inmigración y Cooperación Carlos Clemente (diez años y medio de cárcel); el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda (15 años y cuatro meses); y el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (50 años y diez meses).

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/06/15/dos_exvocales_del_poder_judicial_propuestos_por_juzgaran_primer_juicio_contra_red_corrupta_34089_1012.html

ENRIQUE LÓPEZ, EXPORTAVOZ DEL CGPJ NOMBRADO POR EL PP, SERÁ PONENTE DE 'GÜRTEL'

El tribunal estará presidido por Concepción Espejel, también exvocal del Poder Judicial nombrada a instancia del PP. Casi la mitad de los acusados tuvieron un cargo en este partido, que se sienta en el banquillo como beneficiario a título lucrativo. El juicio se celebrará a finales de 2016 ó en 2017.

La de vueltas que da la vida. Dos de los tres jueces del tribunal juzgador de la trama Gürtel en la Audiencia Nacional fueron nombrados a instancia del Partido Popular como vocales del órgano de gobierno de los jueces. Es más, uno de ellos, Enrique López, será el ponente del caso. La otra persona es Concepción Espejel, la presidenta. El tercer miembro del tribunal es Julio de Diego, magistrado de tendencia conservadora como los otros dos jueces y amigo personal de Espejel.

De tendencia conservadora, López renunció a su cargo de magistrado del Tribunal Constitucional al ser descubierto por la policía conduciendo una moto en estado ebrio

En el caso Gürtel se sienta en el banquillo el propio PP como beneficiario a título lucrativo, al igual que la exministra popular Ana Mato. Esto es, ambos están acusados de beneficiarse de la red corrupta.

La trama corrupta Gürtel habría sufragado al PP con 328.440 euros, dinero que esta formación se ahorró en las campañas electorales y actos del partido en las localidades de Majadahonda y Pozuelo, ambas en Madrid. Por su parte, Mato se habría beneficiado de 28.468 euros en regalos realizados por los empresarios de la Gürtel y el 50% de sus fiestas familiares; la otra mitad corresponde a su marido, Jesús Sepúlveda que afronta 15 años y cuatro meses de cárcel por esta causa.

Por si fuera poco, de los 40 acusados, cerca de la mitad han tenido cargos en el Partido Popular. Es más, tres de ellos tuvieron una máxima responsabilidad porque fueron sus tesoreros: Luis Bárcenas, para el que la Fiscalía pide 42 años y medio de cárcel; Álvaro Lapuerta (tres años), y Ángel Sanchís (ocho años).

El juicio del caso Gürtel ha recaído por reparto en la sección segunda de la Sala de lo Penal, que preside Concepción Espejel, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial nombrada a instancia del PP.

Espejel tiene buena relación con María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha donde la magistrada ejerció durante muchos años. La relación es tan estrecha que fue Cospedal quien le impuso la Cruz de San Raimundo de Peñafort, la más alta distinción para un jurista, en febrero de 2014 (ver fotografía).

En el acto estuvo presente José Ramón Navarro, actual presidente de la Audiencia Nacional, quien también aparece en la fotografía superior. Navarro acudió a la ceremonia como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, territorio del que Espejel era vocal delegada.

Enrique López será el ponente del caso Gürtel. De tendencia conservadora, renunció a su cargo de magistrado del Tribunal Constitucional un año después de ser nombrado al ser descubierto por la policía conduciendo una moto en estado ebrio y sin casco. A este cargo llegó aupado por el Partido Popular.

El ponente del caso Gürtel fue portavoz del Consejo General del Poder Judicial entre los años 2003-2008, cargo al que llegó también apoyado por el PP.

El hecho de que dos de los tres jueces de la Gürtel hayan sido nombrados por el PP en cargos públicos choca de lleno con uno de los principios por los que se rige la administración de justicia: la apariencia de imparcialidad. Esto es, no basta con que un juez sea imparcial, sino que la apariencia de su imparcialidad es también una garantía del Estado de Derecho. Por ello, es posible que se presenten recusaciones contra este tribunal.

Juicio a finales de 2016 o en 2017

El juicio del caso Gürtel no celebrará hasta finales de 2016 o bien ya entrado 2017. La sección segunda tiene juicios señalados hasta febrero de 2016 y aún hay ocho juicios que están pendiente de fijar fecha antes que el caso Gürtel, tres de ellos con presos.

El líder de la trama, Francisco Correa, afronta una petición de la Fiscalía de 125 años de cárcel. Por su parte, el ministerio público pide 85 años y medio para Pablo Crespo, el presunto número dos de la trama y exsecretario de Organización del PP de Galicia. El contable de la trama, Pablo Izquierdo, se enfrenta a una pena de 43 años y ocho meses.

En el banquillo también se sentarán otros altos cargos populares como el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, que se enfrenta a 46 años de cárcel; el exviceconsejero de Inmigración y Cooperación Carlos Clemente (para el que el ministerio público reclama diez años y medio de cárcel), y el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (50 años y diez meses).

http://www.publico.es/politica/enrique-lopez-exportavoz-del-cgpj.html

DOS MAGISTRADOS VINCULADOS AL PP JUZGARÁN EL ‘CASO GÜRTEL’

El ponente de la futura sentencia, Enrique López, fue designado magistrado del Constitucional por el Gobierno pero tuvo que dimitir tras por conducir borracho

Un tribunal de marcado carácter conservador se encargará de enjuiciar la primera parte del caso Gürtel de corrupción en el entorno del PP. La causa ha recaído -por estricto turno de reparto- en los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional Concepción Espejel, Julio de Diego y Enrique López. Este último, que fue nombrado por el Gobierno del PP magistrado del Tribunal Constitucional, y dimitió en junio de 2014 tras dar positivo en un control de alcoholemia cuando circulaba sin casco por el centro de Madrid, será el encargado de redactar la sentencia, según informan fuentes jurídicas.

El tribunal estará presidido por la magistrada Concepción Espejel, presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia. Espejel, siendo presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara, fue nombrada en 2008 vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta también del Partido Popular.

El tribunal lo completa el también conservador Julio de Diego. Este se mostró favorable en marzo de 2011 a investigar al entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, por el chivatazo a ETA del llamado caso Faisán.

Antes de enjuiciar el caso Gürtel, en el que hay un total de 40 procesados, la Sección Segunda deberá juzgar un total de ocho causas, de las cuales tres son con personas presas y tienen, por ello, prioridad. La vista oral se celebrará a finales de 2016, según cálculos de fuentes jurídicas.

La Fiscalía Anticorrupción reclama 125 años y un mes de prisión y una multa de 15,5 millones de euros para Francisco Correa, líder de la red Gürtel, la trama de corrupción que colonizó al Partido Popular desde finales de los noventa hasta febrero de 2009, cuando el juez Baltasar Garzón desbarató el negocio y metió en prisión a dos de sus cabecillas. También pide 42 años y medio de cárcel para Luis Bárcenas, extesorero de la formación conservadora, que ocultó al fisco una fortuna en Suiza que llegó a sumar 48,2 millones de euros.

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás diseccionan en su escrito, del pasado enero, el funcionamiento de la red de tráfico de influencias de Correa, al que acusan de utilizar su “estrecha relación” con algunos miembros clave del PP para “apropiarse de fondos públicos”. Los contratos que diferentes administraciones populares, principalmente la Comunidad de Madrid, le otorgaron de manera irregular entre 2000 y 2008 suman 8,4 millones de euros, según la fiscalía. Además, por comisiones de empresas ajenas a su grupo de sociedades, para las que ejerció como conseguidor de contratos públicos, Correa obtuvo supuestamente 2,85 millones de euros.

http://politica.elpais.com/politica/2015/06/15/actualidad/1434372695_732899.html

ENRIQUE LÓPEZ, EL JUEZ 'CLOONEY', SE CASA

· La afortunada es Belén García Prieto, dueña de una inmobiliaria

· El magistrado tuvo una relación con la presentadora Silvia Jato

· La boda, discreta, tendrá lugar en San Agustín de Guadalix

Sus canas y buena percha hicieron que se le bautizara como el George Clooney de la judicatura y, ahora, Enrique López (51 años) parece empeñado en seguirle los pasos al galán del cine con su boda. Igual que la estrella de Hollywood, el que fuera magistrado del Tribunal Constitucional mantiene en secreto su inminente enlace pero LOC ha podido poner fecha y lugar al evento: el sábado mismo dará el sí quiero a su última novia, la discreta Belén García Prieto, en el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix, en plena sierra madrileña.

Hace poco más de 12 meses que el juez rompió con la relación que le hizo saltar de la sección de Nacional a la de la actualidad rosa del brazo de la presentadora gallega Silvia Jato, pero a López no le ha costado rehacer su vida sentimental. La mujer que retira de la circulación a este mirlo blanco es muy conocida en Zamora, su ciudad natal, por pertenecer a una importante familia. Al igual que el jurista, está divorciada y mantiene una buena posición gracias a regentar su propia empresa, la inmobiliaria Villamora, dedicada a la venta y alquiler de casas en las zonas más exclusivas de Madrid. De hecho, siempre se ha movido como pez en el agua en el ambiente inmobiliario de alto standing gracias a sus contactos familiares.

Ella también está divorciada y tiene un hijo. Gestiona una inmobiliaria dedicada a propiedades de lujo

Ambos se casarán con un envidiable moreno tras pasar sus vacaciones en San Pedro de Alcántara, una pedanía marbellí. Allí se han relajado de cara al gran día que vivirán hoy. Ella antes de descansar en Marbella, había pasado unos días en República Dominicana en un idílico viaje que realizó con unas amigas, quizás a modo de despedida de soltera. 'Belén está completamente deslumbrada por él. Se siente muy afortunada de poder estar con alguien de su nivel y, sin duda, está muy enamorada. No es aficionada a los focos así que sabrá cuál es su papel y se mantendrá a la sombra, que nadie espere verla en revistas', cuentan fuentes cercanas a esta bella mujer que comparte con el juez su fe católica y los valores más tradicionales.

Así se entiende mejor que este romance exprés haya llegado tan rápido a la meta nupcial. Ambos aportan al matrimonio dos hijos de sus anteriores esposos. Ella, una joven, Almudena, de 20 años. Él, un chico de 18. Según la misma fuente, los hermanastros mantienen una estupenda amistad y han encajado muy bien. Algo que ha facilitado mucho que prosperase la relación entre sus padres.

Se pensó en un gran banquete

Será este núcleo duro familiar, en compañía de unos pocos invitados más, quienes acudan a una ceremonia tan deseada como discreta. Pese a la eminente posición social del magistrado, muy cercano a la cúpula del PP, su boda no tendrá nada que ver con los fastos de otras celebraciones peperas recientes, como la boda de la hija del ministro Luis de Guindos en La Granja de Segovia.

Enrique López no ha querido fastos y ha preferido hacer una boda de perfil bajo. En un principio se pensó en un banquete en el conocido restaurante Diezymedio, ubicado en la carretera de La Coruña, en el mismo lugar que ocupó El Jardín de La Leyenda. Frecuentado por mucho público pijo madrileño, con un imponente jardín y con capacidad para enlaces de hasta 250 invitados, parecía una opción perfecta.

Sin embargo, la polémica protagonizada por el magistrado el pasado mes de junio, cuando fue sorprendido en su motocicleta saltándose un semáforo en rojo, sin casco y cuadruplicando la tasa de alcohol permitida, hizo que suspendieran los planes de fiesta. De hecho, el escándalo obligó a López a dimitir justo antes del verano y, por ello, el magistrado conservador, quien se ha manifestado contra el aborto y el matrimonio homosexual, prefiere mantener la discreción hasta saber en qué nuevo puesto volverá a ejercer su profesión.

La relación la presentadora de 'Pasapalabra' terminó abruptamente y hoy día apenas mantienen relación

Este lamentable episodio colocó a López en el ojo del huracán mediático, aunque lo cierto es que el juez ya era un hombre de portada. El magistrado se hizo famoso para el papel couché por su romance con la presentadora gallega Silvia Jato. La pareja protagonizó portadas con sus paseos románticos, salidas nocturnas y cenas acarameladas. Los 'paparazzi' se esforzaron en retratar esta sorprendente unión y el clímax tuvo lugar cuando la presentadora de 'Pasapalabra' acudió enfundada en un vivísimo traje rojo, muy Kelly LeBrock, al Palacio de la Zarzuela en la jura de Enrique López como magistrado del Tribunal Constitucional.

Todo hacía presagiar que Jato había conquistado a uno de los mejores partidos que circulaban en la capital, sin embargo la pareja terminó abruptamente y, en la actualidad, Jato prefiere que no se relacione su nombre al del magistrado, según ha comentado ella misma a LOC.

Ahora es Belén García Prieto quien ocupa el corazón de este juez con fama de conquistador. Lo cierto es que en los últimos meses, son varios los jueces que han encontrado el amor... a la segunda oportunidad. El controvertido Elpidio Silva, divorciado desde hacía varios años, lo hizo con su compañera de partido Eliana Camps, una ex militante del PSC. El romance cuajó tan rápido que la pareja aprovechó para darse el sí quiero en Nueva York este verano, precisamente el mismo día en el que Silva cumplía 55 años. También el conocido magistrado Gómez Bermúdez, instructor del 11-M, sale con una abogada varias décadas menor, Carolina Moreno. Tras su divorcio con la periodista Elisa Beni, el juez vive una segunda juventud con esta joven de 26 años.

Hoy sonarán las campanas de boda para Enrique López y su novia zamorana, un buen epílogo para este verano del amor judicial.

http://www.elmundo.es/loc/2014/09/06/5409eecd22601d151a8b45ac.html

EL JUEZ ENRIQUE LÓPEZ CIERRA SU EPISODIO DE ALCOHOLEMIA POR LA PUERTA DE ATRÁS

Enrique López ha solucionado su episodio de alcoholemia de manera discreta y por la puerta de atrás, después de que el pasado 1 de junio la Policía Municipal le denunciara por cuadruplicar la tasa de alcoholemia, saltarse un semáforo en rojo y conducir una moto sin casco. En ese momento era magistrado del Tribunal Constitucional y precisamente se cumple ahora un año desde que fue nombrado con el apoyo del Partido Popular. Después de asumir lo sucedido, atajó el asunto de la manera más rápida posible para evitar tanto el desgaste del TC como de su propio nombre.  Al día siguiente de los hechos, presentó su dimisión al presidente del órgano, Francisco Pérez de los Cobos. Desde ese mismo momento ya no era magistrado del tribunal que defiende la Carta Magna y, por tanto, perdía el pleno aforamiento ante el Tribunal Supremo. Además, López tuvo un golpe de suerte cuando al día siguiente de la denuncia, y con toda la opinión pública conocedora del asunto, el rey Juan Carlos anunció su abdicación, pasando su asunto judicial a un plano secundario, lo que evitó ser blanco de todas las críticas.  Cuando un juez es nombrado magistrado del TC, se marcha en servicios especiales y abandona ‘de facto’ la carrera judicial. Es cuando pide su reingreso cuando comienza a tener efectos económicos y administrativos.  López cumplió los diez días que le concede la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 355, para pedir su reingreso como magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Una vez que ya lo había pedido al Consejo General del Poder Judicial, se celebró el juicio rápido por un delito contra la seguridad vial. Si no hubiera dimitido del TC, habría tenido que sentarse en el banquillo de los acusados del Supremo, en un proceso judicial más lento y con luz y taquígrafos.  Sin embargo, su salida del tribunal le ha permitido que en trece días un juzgado madrileño de Plaza de Castilla celebre juicio rápido y dicte sentencia verbal en el momento. Incluso obtuvo una conformidad con el fiscal y el titular del Juzgado de Instrucción número 31, Antonio Serrano-Arnal, fijó ocho meses de retirada del carné de conducir y una multa de cuatro meses a doce euros diarios, lo que supone 1.440 euros.

Fue un juicio rápido, celebrado el sábado 14 de junio, y sin ninguna publicidad. En la sentencia, se fija que López arrojó un resultado de 1,20 y 0,99 en la primera y segunda comprobación con el etilómetro, negándose a realizar la prueba de extracción de sangre. “Con síntomas, el acusado presentaba fuerte olor a alcohol en el aliento, ojos rojos y vidriosos, habla repetitiva, rostro congestionado, deambular titubeante y dificultad para mantener la verticalidad”, recoge la resolución.  Los jueces son aforados parciales  Mientras tanto, el CGPJ ha aceptado su reingreso en la carrera judicial de forma automática. Así está contemplado en la ley ya que el delito por el que se le ha condenado no es doloso y, por tanto, no es causa de cese.  Desde el momento en el que se pide el reingreso, el juez ya es miembro aforado de la carrera judicial. Sin embargo, a diferencia de los magistrados del Constitucional o de los diputados, los jueces son únicamente aforados por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, es decir, por delitos como prevaricación o revelación de secretos. Así que López, una vez que abandonó el TC, perdía la opción de ser juzgado por el Alto Tribunal, según explican a El Confidencial fuentes jurídicas.

Y quién mejor para asesorarle y defenderle que Enrique Arnaldo Alcubilla, vocal del CGPJ hasta 2001 y persona que aupó a López como letrado del órgano que regula a los jueces. Actualmente es catedrático de Derecho Constitucional y letrado de la Cortes Generales, aunque también tuvo algún problema con la Justicia. En 2010, el juez de Palma José Castro le imputó por su vínculo con el expresidente del Gobierno balear Jaume Matas, quien mantenía relaciones con la consultoría madrileña Estudios Jurídicos y Procesales (EJP), un bufete vinculado a Arnaldo.  El magistrado archivó el asunto por falta de indicios de fraude a la Administración en relación con dos de los responsables de EJP por un contrato supuestamente amañado y firmado en febrero del 2004, pero sí mantuvo la inculpación a Matas.  Ahora, a Enrique López le queda algo más de una semana para incorporarse a la Audiencia Nacional, aunque algunos compañeros suyos tienen dudas de que llegue a entrar o de que se quede mucho tiempo. A este juez le costó mucho llegar hasta el Tribunal Constitucional. Primero fue vocal del CGPJ durante siete años y, como tal, fue el bastión del PP en el órgano. Al término de su mandato pasó una travesía del desierto en la Audiencia Nacional esperando a que le adaptaran un destino más suculento, que pasaba desde el Ministerio de Justicia hasta el TC. Ahora tiene que volver a la Audiencia, y algunos creen que intentará buscar otro destino, que incluso podría ser un despacho de abogados.

http://www.elconfidencial.com/espana/2014-06-24/el-juez-enrique-lopez-cierra-su-episodio-de-alcoholemia-por-la-puerta-de-atras_151340/

EL JUEZ ENRIQUE LÓPEZ DIMITE TRAS SER PILLADO EN MOTO SIN CASCO Y EBRIO

El magistrado se había saltado un semáforo en rojo y cuadruplicó la tasa de alcoholemia  La doctrina del magistrado López   La carrera del magistrado del Tribunal Constitucional Enrique López se truncó este domingo a las 7.30 en un semáforo rojo del centro de Madrid.

El juez, de 51 años, anunció a última hora de la tarde su dimisión en el tribunal de garantías tras ser sorprendido por la policía a lomos de su motocicleta sin casco y con una tasa de alcoholemia cuatro veces superior al máximo legal.  López, muy próximo al PP, a cuya sombra ha prosperado en la judicatura, se saltó un semáforo en rojo en la confluencia de la calle de Vitruvio con el paseo de la Castellana. En esa esquina estaba apostado el coche patrulla Z-53 de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Chamartín, cuyos agentes, tras advertir la doble infracción vial, salieron detrás del magistrado y le dieron el alto.

Nada más apearse de la moto, López dio muestras evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol.  Los policías nacionales, que no tienen competencias en materia de tráfico, reclamaron inmediatamente la presencia de una patrulla de la Policía Municipal. Un equipo de atestados de este cuerpo de seguridad realizó siete pruebas de alcoholemia al magistrado debido a que este “cortaba el soplido sin motivo aparente”. Los agentes le advirtieron de que su actitud podría ser considerada como una negativa a someterse al test, informa Efe.

El primer examen arrojó un resultado de 1,12 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cuando la tasa máxima para los particulares para manejar vehículos de motor es de 0,25 miligramos por litro. Una segunda prueba de contraste, 18 minutos más tarde, ofreció un resultado inferior, pero también ilegal: 0,98 miligramos de alcohol por litro de aire.  

Los hechos van más allá de una mera infracción administrativa. El artículo 372 del Código Penal contempla penas de tres a seis meses de prisión —sustituible por multa o trabajos comunitarios— y retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años a aquel que “que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro”.   "Reconozco los hechos y asumo las consecuencias que tienen", afirmó tras conocerse la noticia  López no fue detenido por este supuesto delito contra la seguridad vial, que será instruido y juzgado por el Tribunal Supremo debido a la condición de aforado del magistrado. López pudo marcharse a su casa tras someterse a las pruebas de alcoholemia aunque su motocicleta quedó precintada ante la imposibilidad de que el miembro del Constitucional la condujera.  La noticia, adelantada por el diario Abc, se conoció a última hora de la mañana. En declaraciones a la agencia Efe, apenas seis horas después de ser interceptado por la policía, el magistrado López manifestó: “Reconozco los hechos y asumo las consecuencias que tienen”.

Y añadió: “Hay circunstancias personales que podrían justificarlos pero que no vienen al caso”. A última hora de la tarde, López confirmó su intención de presentar hoy la dimisión ante el presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos.  Tras el incidente, López, uno de los miembros más marcadamente políticos de la judicatura española, se quedó solo. El PP, que en los últimos años ha visto a varios de sus líderes, como Esperanza Aguirre, Miguel Ángel Rodríguez o Ignacio Uriarte, implicados en sucesos de seguridad vial, guardó silencio sobre el caso de López, a quien el Gobierno colocó en el Tribunal Constitucional en junio de 2013 después de seis años de vetos del PSOE en el Congreso y el Senado.

El propio Tribunal Constitucional evitó ayer pronunciarse sobre la conducta del magistrado, que consideró un “asunto privado”.  La salida de López no variará las relaciones de fuerzas entre el sector conservador y el progresista del Constitucional. En el pleno seguirá habiendo seis magistrados conservadores —además del voto de calidad de Pérez de los Cobos— y cinco progresistas. Además, el recambio del magistrado le corresponde directamente al Ejecutivo de Mariano Rajoy.

http://politica.elpais.com/politica/2014/06/01/actualidad/1401625400_720528.html

LA DOCTRINA DEL MAGISTRADO LÓPEZ

El juez del Constitucional deja abundante opinión de temas sobre los que deberá pronunciarse Desde hoy se “reivindicará” con sus sentencias  Enrique López y López se siente estos días el hombre más feliz del mundo. El pasado jueves, con 50 años recién cumplidos y su flamante novia, la televisiva Silvia Jato, grabando la escena con el móvil como si fuera una graduación de estudiantes, el hasta ahora juez de la Audiencia Nacional tomaba solemne posesión de su cargo como uno de los doce magistrados del Tribunal Constitucional, el templo de la élite judicial en España. Además de la toga, las puñetas y la medalla con el escudo del alto tribunal, el nuevo notable lucía una indisimulada sonrisa de satisfacción en el rostro.  

Perfectamente consciente de que su polémica designación por el Gobierno —discutida por cumplir raspadamente con los requisitos de currículo (hasta el punto de que la mitad del Constitucional votó en contra de su ingreso) y por su palmaria y antigua cercanía ideológica con el Ejecutivo del PP que ahora le premia con el puesto— era la comidilla de los corrillos, no había nada ni nadie capaz de amargarle la fiesta. Llevaba años pugnando por un puesto semejante. Y no precisamente en silencio.

Además de su nutrida colaboración con FAES, el laboratorio de ideas del PP, y de su presencia habitual en tertulias conservadoras, como la de El gato al agua en Intereconomía, en su época de portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el magistrado se ha revelado como un prolífico articulista.  Es consciente de que suscita polémica, pero nadie puede amargarle la fiesta  Recto, leído, pedagógico, conservador. Un hombre de ley y orden disertando sobre lo divino y lo humano con profusión de citas de Ortega y Churchill, y una acusada querencia por las metáforas futbolísticas.

Un opinador de salón con un tonito de yo ya lo dije, una pizca de exégesis de sí mismo y un punto de pedantería no exenta de cierto estilo literario. Ese es el Enrique López que emerge a través de la tribuna semanal que ha escrito en el diario La Razón desde 2008, año en que cesó en su cargo de portavoz del CGPJ —adónde le aupó en 2001 el Gobierno de José María Aznar—, y hasta solo un par de días antes de ingresar en el Constitucional. El magistrado toma de excusa la actualidad para expresar su postura sobre las que, por la frecuencia con la que las aborda, parecen sus obsesiones profesionales.  

La mitad del alto tribunal cree que López no cumple los requisitos  La reivindicación del papel de los jueces: “No somos transformadores sociales, y el que lo crea se ha equivocado de profesión. Estamos sometidos a la presión de la ley”. La lucha contra el terrorismo: “Hace años padecimos la irresponsabilidad de alguien que intentó acabar con ETA negociando, me opuse y lo sigo pagando”. La receptividad al sistema de tasas judiciales para aligerar los juzgados: “Es una clara opción política”. La defensa de sus ideas, en fin, en variopintos terrenos: “Es paradójico que los mismos que entienden natural la existencia de límites del derecho a la vida, como el aborto y la eutanasia, no admitan que se hable de límites a otros derechos, como el de reunión y manifestación”.  López denuncia la “elefantiasis” de la Administración. Aboga por la cadena perpetua: “Me he involucrado de hoz a coz en el debate. Defiendo su regulación en España”. Defiende los recortes sociales: “Ciertas medidas son como la quimioterapia contra el cáncer; a corto plazo suponen un empeoramiento, pero a la larga suelen devolver la salud al enfermo”. Deplora los nacionalismos: “Si la Constitución establece que se fundamenta en la indivisible unidad de la Nación española, ¿por qué se crean y amparan nuevos conceptos de nación?”.

Y, siempre, alterna con la política: “Un momento como este requiere políticos de raza, entregados a su ciudadanía, y no políticos de salón, encerrados en su ideología, su bandera y sus intereses”, pontifica.  “Soy católico, pero cuando trabajo me dejo la ideología en casa”, dice el juez  Nada distinto de lo que hacen a diario otros tantos articulistas y tertulianos. La paradoja es que, desde su nuevo escaño en el parlamento judicial paralelo que es de hecho el Tribunal Constitucional, el magistrado López tendrá que pronunciarse sobre algunos de esos temas. Sobre la mesa de ese tribunal esperan resolución los recursos contra la ley del aborto, los recortes, las tasas judiciales, la reforma laboral, el plan soberanista de Cataluña o el caso Otegi. ¿Le plantea eso algún conflicto?  “Decir lo que se piensa no es posicionamiento político.

Es el ejercicio de la libertad de expresión, que los jueces no tienen limitada”, responde. “Jamás he puesto ni pondré ninguna convicción, idea o valor moral por encima de la ley. Soy católico, pero cuando trabajo me dejo la ideología en casa. Si alguien desea recusarme, estará en su derecho, y el Derecho resolverá. Me llaman sectario porque no pueden acusarme de nada”.  López habla con tono grave, sin levantar la voz ni gesticular más allá del tic de colocarse el pelo y la corbata para componer una figura perfecta.

El juez ha aceptado tomar un café rápido el día siguiente de su toma de posesión. Llega, en su coche oficial, de una entrevista en Radio Nacional, hecho insólito en un magistrado del Constitucional. Alto, apuesto, con el flequillo canoso que le ha hecho acreedor entre sus colegas del apodo El flequi o Juez Clooney, López anda con el tumbao que llevan los guapos al caminar, como dice la canción de Rubén Blades. Aunque los policías que custodian el Constitucional no hubieran dispuesto de su foto para franquearle el paso el pasado jueves, López hubiera logrado pasar seguro.

Por su aplomo, parece haber nacido pisando mármol.  Quizá en ese momento, López tuvo un pensamiento para su padre, obrero de Endesa, empresa pública que pagó las becas con las que este chico de El Bierzo (León) pudo estudiar Derecho en Oviedo. Eran los años del baby boom, los números clausus y las facultades atestadas. Las buenas notas y las ayudas públicas fueron su ascensor social. Tras estrenarse como juez en A Coruña en 1989, pasó por juzgados de León y Valladolid, antes de ganar la oposición a letrado del CGPJ en 1998. En 2001 fue promovido a vocal y elegido portavoz del Consejo.  

Como portavoz del CGPJ se convirtió en vocero de los vocales conservadores El resto está en los papeles. Durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, López se mojó en todos los charcos. El portavoz del CGPJ se erigió de hecho en vocero de los vocales conservadores. Hasta el punto de que el magistrado Juan Carlos Campo se constituyó en portavoz oficioso de los progresistas. Los periodistas sabían que, si convocaba López, Campos hablaría después para equilibrar la información.  “De aquellos polvos, estos lodos”, dice un magistrado que ha convivido años con López en el Consejo. “Enrique es un animal político. Ha llegado donde quería, pero no creo que pare. Saldrá del Constitucional con menos de 60 años, veremos dónde acaba. Ahora, comparar a Xiol con López es como comparar un Ferrari y un 600”. José Antonio Xiol, presidente de la Sala de lo Civil del Supremo, accede al Constitucional al tiempo que López, el primer magistrado del alto Tribunal que no cumple con la regla no escrita de haber pasado por el Supremo.  

El aludido no se ofende. “¿Ambicioso? Digamos que tengo ambición sana: me planteo retos y trato de alcanzarlos. Y un juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional merece el mismo respeto que un catedrático. No me siento ni más ni menos que nadie. Dicho esto, asumo la crítica. A partir de ahora, me reivindicaré y hablaré solo por las sentencias”, anuncia. El jueves, minutos antes de jurar su cargo, el magistrado López y López aún devolvía las llamadas perdidas de desconocidos. “Hasta pronto”, se titulaba su último artículo en La Razón. Veremos cuánto tarda en volver a la palestra

http://politica.elpais.com/politica/2013/06/15/actualidad/1371312956_373328.html

SILVIA JATO, LA NOVIA MÁS FAMOSA DEL CONSTITUCIONAL

Este jueves han jurado sus cargos los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, designados por el CGPJ y el Gobierno el pasado viernes. El nombramiento más controvertido -Enrique López, quien ha necesitado el voto de calidad del presidente del TC, Pascual Sala- es también el que tiene una pareja más célebre, la presentadora Silvia Jato.  El nombramiento de López -eterno candidato de PP al Constitucional- el pasado viernes fue una suerte de regalo de cumpleaños para la presentadora lucense, que un día antes había cumplido 42 años.

Sin embargo, la elección de su 'chico' pilló a Jato en Ibiza, donde presentaba un desfile.  La relación entre magistrado y presentadora trascendió hace sólo dos meses, tras unas fotos 'cazadas' de la pareja que fueron portada de revista.  Jato -siempre muy reservada con su vida privada- anunció hace un año y medio su ruptura con el piloto Eduardo San Román, con quien tiene tres hijos.  Por su parte, Enrique López (de 50 años) está separado desde hace un par de años de su novia de toda la vida, una abogada -leonesa, como él- que trabaja en Telefónica, según publicó entonces 'La Otra Crónica'.  Hasta su relación con Jato, López -que era magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y fue vocal y portavoz del CGPJ- no había salido en la prensa rosa, aunque sí está acostumbrado a ser centro de polémica en lo profesional.  Tras su nombramiento del pasado viernes, varios miembros de la oposición denunciaron que López tiene un perfil "sectario y partidista" siempre a favor de los postulados del PP. El magistrado respondió a las críticas afirmando que teme el "sectarismo" y que cuando uno cumple sus obligaciones, las "críticas y desvaloraciones se soportan bien". 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/13/gentes/1371145740.html

EL VOTO DEL PROGRESISTA SALA AÚPA AL CONSERVADOR LÓPEZ AL CONSTITUCIONAL  

La mitad del tribunal rechaza a un magistrado propuesto por el Gobierno

Pascual Sala apoya la idoneidad del magistrado de la Audiencia que no logró la mitad de votos Dudas sobre el cómputo de antigüedad del miembro del alto tribunal elegido por el Gobierno

La mitad del Tribunal Constitucional entiende que Enrique López, magistrado designado por el Gobierno para formar parte del alto tribunal, no reúne los requisitos necesarios para formar parte de esta institución. Solo el voto de calidad del presidente del Constitucional, Pascual Sala, rompió el empate a seis y validó al final el nombramiento del Gobierno.

El trámite de validación es, habitualmente, un simple requisito casi burocrático y formal en el que el pleno del tribunal analiza si los designados por el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, el Congreso o el Senado reúnen los requisitos formales, es decir, ser jurista de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio efectivo.

El trámite ni siquiera tiene publicidad por ser simplemente formal y no se facilita información oficial. Sin embargo, este martes se produjo un hecho insólito en la historia del Constitucional y es que la mitad de sus miembros consideró que Enrique López no reúne esos requisitos formales.

No hubo pegas con el resto de magistrados designados el viernes por el Consejo de Ministros y el Consejo General del Poder Judicial: Pedro González-Trevijano (conservador), Juan Antonio Xiol (progresista) y Santiago Martínez-Vares (conservador).

Cuando se planteó el empate, Pascual Sala, que termina su mandato esta semana, ejerció su voto de calidad como presidente para decantar la mayoría en favor del nombramiento remitido por La Moncloa.

Esta verificación es un trámite necesario y así aparece entre las funciones consignadas al pleno en el artículo 10 de la Ley del Tribunal Constitucional. Por tanto, si hubiera sido rechazado, se hubiera planteado una situación tan insólita y novedosa como que abriría un conflicto institucional entre el tribunal y el Gobierno. El nombramiento sería devuelto a La Moncloa que, según la ley, tiene manos libres para designar a quien quiera con la única limitación del “reconocido prestigio” y los años de ejercicio profesional. Con López, el Ejecutivo ha roto, además, una norma no escrita al designar para el Constitucional a un magistrado de carrera que no procede del Tribunal Supremo, ya que forma parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Su trayectoria hacia el Constitucional ha sido polémica desde el inicio y termina por el momento también de forma insólita, porque se encontrará con un tribunal en el que una parte sustancial no le considera idóneo.

En 2008, el PP quiso que el Senado le designara para el Constitucional, haciendo que se contabilizara como ejercicio efectivo los años en los que, en situación de servicios especiales, formó parte del Consejo General del Poder Judicial, primero como letrado y después como vocal. La propia mesa del Senado certificó que no cumplía con los 15 años de ejercicio al indicar que la situación de servicios especiales “no es asimilable en modo alguno a la situación de servicio activo”. La Secretaría General del Senado determinó, además, que “resulta evidente que la función que desarrollan el Consejo General del Poder Judicial y sus vocales no es asimilable, en absoluto, a la función jurisdiccional ejercida en exclusiva por jueces y magistrados”.

Entre los que decidían la idoneidad de López se encontraban los cuatro que en los próximos días abandonarán el Tribunal Constitucional: Pascual Sala, Ramón Rodríguez Arribas, Manuel Aragón Reyes y Pablo Pérez Tremps.

Fuentes del Constitucional anticipan también que la presencia de Enrique López en las deliberaciones puede provocar nuevos conflictos cuando se planteen asuntos sobre los que se haya pronunciado como portavoz del Poder Judicial y en sus declaraciones y artículos. El PP logró una doctrina estricta de recusaciones en el alto tribunal cuando apartó a Pérez Tremps del debate sobre el Estatuto de Cataluña por haber participado como catedrático de Derecho Constitucional en un estudio sobre el asunto encargado por la Generalitat catalana.

 http://politica.elpais.com/politica/2013/06/11/actualidad/1370964900_448238.html

EL GOBIERNO DESIGNA A LÓPEZ Y GONZÁLEZ-TREVIJANO PARA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El Consejo de Ministros ha nombrado dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, rector de la Universidad Rey Juan Carlos y catedrático de Derecho, y Enrique López, juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y profesor de Derecho Penal. Ambos de tendencia conservadora, serán los sustitutos de Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps, progresistas, que terminan su mandato este domingo.  Horas antes, el pleno del Consejo General del Poder Judicial ha designado también para el alto tribunal a José Antonio Xiol, progresista y presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, y a Santiago Martínez Vares, magistrado de la sala tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y expresidente de la conservadora Asociación Profesional de la magistratura. Cada uno de ellos ha obtenido 18 votos de los 21 posibles. El Poder Judicial sustituye con estos nombramientos al actual presidente Pascual Sala, progresista, y a Ramón Rodríguez Arribas, conservador.

Ambos nombramientos se han efectuado en la primera votación que ha realizado esta mañana el órgano de gobierno de lo jueces.  Los vocales conservadores tenían consensuado desde ayer a su propio candidato, Martínez Vares, aunque con alguna disensiones en sus filas. Y los progresistas, que también tenían las suyas, finalmente han hecho una apuesta mayoritaria por Xiol, quien fue director general del Ministerio de Justicia con el PSOE en la década de los ochenta, y en detrimento del último exfiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido (progresista). Los conservadores llegaron al pleno de este viernes, que tenía carácter extraordinario, dispuestos a votar al candidato que propusieran los progresistas, sin vetos, a cambio de que estos apoyaran al suyo, Martínez Vares. Y así ha ocurrido.  

El nombramiento de estos cuatro magistrados, que completan la renovación de un tercio del alto tribunal, inclinan la mayoría en favor del sector conservador. De ese grupo saldrá también el nuevo presidente, algo que no ocurría desde 2004, cuando acabó su mandato Manuel Jiménez de Parga. Desde entonces, casi todas las decisiones del Tribunal han supuesto varapalos para las tesis del PP y los recursos que presentó contra decisiones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.  El escollo para la renovación del Constitucional ha sido hasta ahora la falta de consenso en el Poder Judicial, de hecho, el de hoy era el segundo pleno en el que se intentaba nombrar a los dos nuevos magistrados. Especialmente, no había acuerdo en el sector progresista entre los que proponían al ex fiscal general del Estado y ahora magistrado del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido, que ha obtenido tan solo tres votos, y los que optaban por el también miembro del Supremo, José Antonio Xiol Rios, que finalmente ha sido nombrado. También ha recibido tres votos de apoyo otro conservador, Ricardo Enríquez, vicepresidente de la APM y magistrado de la Sala Tercera del Supremo.  

En teoría, ahora había una mayoría de 7 a 5 a favor del sector progresista y tras esta renovación se pasaría a un 5 a 7 de los conservadores, incluido el presidente. Ese reparto ideológico tiene matices porque, por ejemplo, Manuel Aragón votó con los conservadores en el recurso contra el Estatuto de Cataluña, aunque fuera propuesto en su momento por el PSOE. El nuevo presidente será elegido por el propio tribunal una vez que tomen posesión los nuevos magistrados.

Fuentes del Gobierno manejan la posibilidad de que sea el actual magistrado Francisco Pérez de los Cobos, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, nombrado por el Senado a propuesta del PP en 2010. La importancia de su cargo está en la competencia para ordenar el trabajo del tribunal y en caso límite en su voto de calidad para deshacer empates.  

En septiembre llegará la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con la ley aprobada en solitario por el PP, y que tendrá también una mayoría conservadora. Es decir, antes de final de año las principales instituciones del Estado habrán abandonado ya la mayoría progresista.  El martes por la mañana se reunieron en La Moncloa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente del Poder Judicial, Gonzalo Moliner. El encuentro reservado y no consignado en las agendas oficiales tenía como objeto tratar de esa renovación.

La Moncloa se niega a facilitar detalles de la cita, pero fuentes del Consejo aseguran que se habló del detalle de la votación que se producirá hoy y de la preocupación del Gobierno.  Para el Ejecutivo esta renovación es fundamental porque en manos del Tribunal Constitucional quedará casi toda la gestión más polémica de Mariano Rajoy hasta ahora, desde los recortes a la reforma laboral y la de las pensiones, pasando por los recursos contra decisiones de comunidades autónomas como el euro por receta, los pasos soberanistas de la Generalitat de Cataluña y hasta la revisión de la jurisprudencia sobre el aborto.

El nuevo tribunal tendrá la capacidad de anular recortes por valor de casi 10.000 millones de euros, vitales para ratificar la política de Rajoy. En Portugal, el alto tribunal anuló recortes impuestos por la troika (FMI, UE y Banco Central Europeo), provocando una crisis institucional. En España, el Gobierno pretende evitar los efectos políticos de la revisión de su política de austeridad.

http://politica.elpais.com/politica/2013/06/07/actualidad/1370587422_539192.html

IU RECUSA A UN JUEZ DEL 'CASO BÁRCENAS' POR SU AFINIDAD AL PP, FAES Y TRILLO

La formación de izquierdas recusa al magistrado Enrique López por "amistad manifiesta" con el partido conservador, para que no vuelva a intervenir en la causa. Recuerda que ha dado 53 conferencias para la fundación de Aznar

Izquierda Unida no quiere que el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, a quien se le han contabilizado 53 intervenciones como conferenciante para FAES, la fundación del PP que preside Aznar, vuelva a resolver recursos del 'caso de los papeles de Bárcenas'. Para apartarle definitivamente de la investigación, han planteado su recusación basándose en su "amistad manifiesta" con el PP y, de forma particular, con Federico Trillo, que es uno de las personas contra las que IU se ha querellado.

El escrito de recusación de Enrique López fue presentado esta semana por IU, la Asociación Libre de Abogados y el resto de organizaciones firmantes de la querella contra dirigentes y personas que hicieron donaciones al PP desde 1990. Esa demanda fue admitida a trámite por el juez Javier Gómez Bermúdez y actualmente está siendo investigada por el juez Pablo Ruz, tras el conflicto de competencia desatado entre ambos.

López, como miembro de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, fue uno de los tres magistrados que el pasado 21 de marzo dejó en suspenso la declaración de Bárcenas acordada por el juez Javier Gómez Bermúdez. A la misma sección ha correspondido ahora, según IU, la resolución de otro recurso de queja de la Fiscalía del cual les han dado traslado.

Como hechos para basar la recusación, IU cita que López fue vocal del Consejo del Poder Judicial (2001-2007) a propuesta del PP; y que fue candidato por el mismo partido en 2008 para ocupar una plaza de magistrado del Tribunal Constitucional, lo que no prosperó por faltarle los años de ejercicio profesional como jurista.

Además, subrayan que "es público y notorio" que López "ha participado como ponente en al menos 53 conferencias organizadas por FAES", siendo incluso coordinador de seminarios para la misma fundación, "y por las que ha venido cobrando emolumentos pagados por la Fundación del Partido Popular". IU califica a FAES como "apéndice orgánico del PP".

Además, los querellantes exponen que López participó en un acto electoral del PP en noviembre de 2007, según destacaba entonces una noticia del diario Público.

IU destaca que es indudable la "relación de afinidad y cercanía" de López con el PP, y particularmente con el excoordinador de Justicia del partido y querellado en la causa, Federico Trillo, que defendió su candidatura al Constitucional.

Y además, ello implica un "interés indirecto" de López en la causa, ya que sus efectos penales pueden suponer un descrédito de dicho partido político, "lo que puede reducir las expectativas que el magistrado puede tener de que el PP siga instando y promocionando su carrera judicial".

IU pide con estas razones que López sea apartado de conocer de esta causa, ya que un juez "no sólo ha de ser justo sino parecerlo".

Dentro de la instrucción del incidente, reclaman que se pida a la Fundación FAES certificado de la totalidad de ponencias, conferencias, cursos o seminarios impartidos para dicha entidad por Enrique López López, "con indicación de los emolumentos totales percibidos de FAES por los anteriores conceptos y fechas de los pagos"

http://www.publico.es/453964/iu-recusa-a-un-juez-del-caso-barcenas-por-su-afinidad-al-pp-faes-y-trillo 19/04/2013

LA AUDIENCIA DA UN PASO EN APOYO A RUZ EN EL CONFLICTO SOBRE EL ‘CASO BÁRCENAS.

El auto especifica que la suspensión de la declaración no resuelve el posible conflicto entre los dos jueces

La Sección Segunda de la Audiencia Nacional se ha reunido este jueves con carácter de urgencia y ha ordenado al Juzgado central número 3, que dirige el juez Javier Gómez Bermúdez, que suspenda el interrogatorio que tenía previsto realizar mañana, viernes, a Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular.

La decisión de la sala obedece a un recurso que ha planteado hoy mismo el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, que entiende que Bárcenas ya está citado por el titular del Juzgado Central número 5, Pablo Ruz, y que no es necesario que Bárcenas preste declaración en ambos juzgados por el mismo asunto, los llamados papeles de Bárcenas. Tanto Gómez Bermúdez como Ruz se han declarado competentes para investigar este asunto. Y los dos habían citado para mañana al extesorero del PP.

La Audiencia Nacional ha especificado en un auto que la suspensión de la declaración no resuelve el posible conflicto entre los dos jueces, pero con su resolución da un primer paso en favor de Ruz y el criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

Anticorrupción asegura en el escrito que llevó a la Sala a reunirse urgentemente que el interrogatorio de Bárcenas por parte de Gómez Bermúdez es "innecesario". También señala el fiscal que Ruz citó a Bárcenas antes que Bermúdez (lo ha citado este jueves, pero a petición del abogado del encausado, ambos jueces decidieron finalmente interrogarle, cada uno por su lado). Finalmente, Bárcenas solo tendrá que declarar ante Ruz.

http://politica.elpais.com/politica/2013/03/21/actualidad/1363874023_535377.html

EL JUEZ CLAVE DEL CASO 'FAISÁN' HA PARTICIPADO EN 53 SEMINARIOS DE FAES

Enrique López no se ha abstenido para evitar sospechas de 'contaminación' pese a que el PP está personado como acusación popular P  Enrique López. El magistrado Enrique López, que ha desempeñado un papel clave para mantener vivo el caso Faisán en la Audiencia Nacional, participó entre 2003 y 2008 en un mínimo de 53 seminarios a puerta cerrada organizados por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), vinculada al Partido Popular (PP) y presidida por José María Aznar.

El PP está personado en el caso Faisán como acusación popular y el promotor de la personación, Federico Trillo, coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, es vocal del patronato de FAES al menos desde 2003, el año en que el partido convirtió la entidad en su macrofundación.  

Pese a ello, López no sólo no se ha inhibido nunca en el caso, sino que en febrero de 2010, apenas tres meses después de que se aceptara la personación del PP, firmó un auto como miembro de la sala que aborda los recursos a la instrucción del juez Baltasar Garzón, primero, y Pablo Ruz, ahora en el que consideró que los hechos investigados "adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España", en línea con las tesis defendidas por FAES y el Partido Popular.

El auto también abogaba por una investigación "más allá de lo normal" y con un "especial celo".  La fundación del PP y el magistrado declinan detallar las retribuciones  En abril de 2011, a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas, López no se integró en el tribunal que debía resolver otro recurso, pero varias fuentes jurídicas subrayan que mantuvo una actividad frenética entre bambalinas para lograr que el caso, elegido por el PP como una de sus banderas de campaña contra el PSOE y Alfredo Pérez Rubalcaba, se mantuviera en la Audiencia Nacional, como sucedió. El auto resultante, del que fue ponente Julio de Diego, muy próximo a López, abrió las puertas al posterior procesamiento "por colaboración con ETA" de dos agentes con larga trayectoria en la lucha antiterrorista Enrique Pamiés y José María Ballesteros y del exdirector general de la Policía Víctor García Hidalgo.  Pleno decisivo  

Y esta semana, a sólo dos meses de unas elecciones generales en las que el caso Faisán tiene un peso aún mayor en el argumentario de campaña del PP porque el candidato socialista es Rubalcaba, exministro del Interior; López es uno de los magistrados que integrará el pleno de la Sala de lo Penal, que se reunirá a partir de mañana convocado por su presidente, Javier Gómez Bermúdez, para decidir si puede mantenerse o no la imputación por "colaboración con banda armada". Si se mantiene, el dossier seguiría en la Audiencia. En caso contrario, se trasladaría al juzgado de Irún y ya sin esta explosiva imputación.  Los seminarios de FAES han criticado virulentamente el diálogo con ETA  

Un portavoz de FAES rehusó detallar la retribución percibida por López por su participación en los 53 seminarios de la fundación esgrimiendo que lo impide la Ley de Protección de Datos. El magistrado también ha declinado contestar a las preguntas planteadas por Público.   En la reciente declaración pública de bienes y rentas en el Congreso, algunos parlamentarios del PP han citado su participación retribuida en seminarios de FAES, aunque los emolumentos concretos se agrupan en partidas más amplias.  

La estrecha colaboración de López con FAES no se limitó a la asistencia en seminarios, sino que también ejerció en ocasiones de coordinador de seminario y de ponente. Y en 2005, el magistrado fue uno de los expertos que participaron en unas jornadas intensivas de tres días que se celebraron en Sevilla.  Propuesto por el PP, su nombre mantiene bloqueada la renovación del TC  "Generar ideas"  Los seminarios son uno de los elementos centrales en el proceso de "generar ideas" para la fundación del PP.

En palabras de la entidad: "FAES organiza seminarios donde participan un reducido número de personas, ya sean expertos, profesores, empresarios o políticos. Los seminarios se celebran a puerta cerrada. Un ponente somete un asunto a debate entre los asistentes. Sus conclusiones quedan a disposición de la fundación, en ocasiones para su publicación física o electrónica".  

Por los debates a puerta cerrada de FAES han pasado puntualmente expertos que no son cercanos al PP. Pero López se convirtió en un fijo desde 2003 hasta 2008, mientras fue portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), adonde llegó aupado también por la derecha   A finales de 2008, el magistrado se incorporó a su plaza de la Audiencia Nacional, que había logrado en 2005 siendo portavoz del órgano de gobierno de los jueces. Y desde entonces el PP lo viene postulando candidato al Tribunal Constitucional.

A pesar de que el Senado ha dictaminado que no cumple los requisitos técnicos para acceder al Alto Tribunal, el PP ha mantenido su candidatura como condición sine qua non para su renovación, lo que explica en parte el bloqueo de la institución.  La última memoria editada por FAES es la de 2009. Y la última asistencia de López en seminarios de la fundación, según las memorias de la entidad hasta ese año, se remonta a junio de 2008, coincidiendo con el fin de su etapa en el CGPJ.  Crítica al diálogo con ETA  La participación más activa del magistrado en seminarios de FAES fue en los años 2005 y 2007, siendo ya juez de la Audiencia Nacional en servicios especiales en el CGPJ, a un ritmo de uno por mes. Y su actividad se centró sobre todo en el área de Constitución e Instituciones. Las conclusiones de FAES, tras los seminarios organizados, fueron de crítica virulenta al proceso de diálogo con ETA impulsado por el Gobierno del PSOE mientras duró la tregua.  

En 2007, por ejemplo, López participó en cuatro seminarios dedicados al modelo de Estado con el título conjunto de Un proyecto de ruptura en ejecución, celebrados entre el 1 y el 20 de marzo. Y entre las conclusiones de los trabajos de ese año que FAES incluyó en su memoria, la fundación insistió en que "las políticas antiterroristas siguen siendo una prioridad" del área que contó durante cinco años con el magistrado como colaborador habitual.  El texto del área de Constitución e Instituciones publicado en la memoria de 2007 concluye así: "ETA capitaliza una estrategia partidista del Gobierno basada en la ruptura del consenso de Estado en la política antiterrorista y el desmantelamiento de hecho del conjunto de medidas políticas y legales que anunciaban la derrota de ETA y la inviabilidad radical de sus pretensiones, incluida la de legitimar su trayectoria criminal".  

Fuentes jurídicas le sitúan detrás del auto de procesamiento del caso 'Faisán'  La presión política sobre el caso Faisán fue precisamente la base del histórico voto particular que el magistrado progresista José Ricardo de Prada redactó ante el auto del pasado abril, que mantuvo el caso en la Audiencia Nacional. De Prada alertó de la "instrumentalización política del caso" y del intento, a su juicio, de criminalizar el diálogo con ETA.  "Llena de sorpresa a este magistrado, y no encuentra explicación jurídica convincente alguna, que sea esta la primera causa penal en la historia de España que por hechos de esta naturaleza se incoe", escribió De Prada. Y también: "Se refiere a un asunto fuertemente politizado en el que de una manera manifiesta se está tratando de cuestionar políticamente un proceso de paz".  La Fiscalía, partidaria de trasladar el caso a Irún al descartar la colaboración con banda armada, también emitió en abril una nota sin precedentes, respaldada por unanimidad por la Junta de Fiscales de la Audiencia Nacional, en la que denunció el sesgo político de la campaña del Faisán y la judicialización del diálogo del Gobierno del PSOE con ETA.  

Ofensiva del PP  

El PP no se ha limitado a personarse como acusación popular, sino que ha considerado el caso una prioridad política también en el Congreso, especialmente desde que, en octubre de 2010, Rubalcaba ascendió a vicepresidente y aspirante in péctore a suceder a José Luis Rodríguez Zapatero como rival de Mariano Rajoy, presidente del PP y vocal del patronato de FAES. El registro de actividad del Congreso revela hasta qué punto el PP ha considerado prioritario el caso Faisán: ha presentado más de 300 preguntas parlamentarias al respecto y ha interrogado más de 40 veces en pleno, la mayoría a Rubalcaba.   

La ofensiva ha sido también intensa en el terreno de las declaraciones, con la participación activa de miembros muy destacados del patronato de FAES, con el punto de mira siempre sobre el candidato socialista.  El propio Aznar, presidente de FAES, ha comparado el caso Faisán con el GAL. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha declarado que "el chivatazo a ETA supone una alta traición que debería invalidar a Rubalcaba como candidato". "Rubalcaba está inhabilitado para cualquier cargo público y para pedir la confianza de los españoles", ha agregado la portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría. "El Faisán va a asar a fuego lento a Rubalcaba", ha insistido Jaime Ignacio del Burgo.

Todos son patronos de FAES.  "No se me ocurre nadie más que él [Rubalcaba] para dar órdenes como las que se han dado en el tema del chivatazo", ha afirmado Federico Trillo, cerebro de la estrategia judicial que llevó al PP a personarse en el caso Faisán. Y también a recusar con éxito al magistrado del Constitucional Pablo Pérez Tremps en la sentencia del Estatut porque el jurista había elaborado un estudio académico para la Generalitat en la época de Jordi Pujol. Tras presentar esa recusación, en agosto de 2006, Enrique López, el magistrado que iba a ser la clave del caso Faisán, ya había participado en 34 seminarios de FAES. Y aún lo haría en otras 19 ocasiones antes de redactar su auto considerando el caso "de una gravedad sin precedentes".   

Una operación contra el aparato de extorsión  Joseba Elosua, dueño del bar Faisán y colaborador de ETA, recibió el 4 de mayo de 2006 la visita en su establecimiento de una persona que le pasó un móvil. La banda había declarado una tregua el 24 de marzo. Una voz al otro lado de la línea le comunicó que iba a producirse una operación contra el aparato de extorsión de ETA si, tal y como tenía previsto Elosua, se reunía en Irún con un etarra. La operación se frustró. Según la investigación del juez Grande-Marlaska, había tres implicados: el inspector José María Ballesteros que entró supuestamente en el Faisán y pasó el móvil a Elosua; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés la persona que presuntamente estaba al otro lado del móvil; y el director general de la Policía, Víctor Hidalgo. Un mes y medio después se puso en marcha de nuevo la operación, impulsada por el juez Fernando Grande-Marlaska y la magistrada francesa Laurence Le Vert, los mismos que la habían dirigido semanas antes, que culminó con 12 detenciones

www.publico.es 19.09.11

TRES JUECES YA SE HAN ABSTENIDO PARA NO QUEDAR 'CONTAMINADOS'

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con las posturas muy divididas, decidirá a partir de mañana martes el destino del 'caso Faisán'

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con las posturas muy divididas, decidirá a partir de mañana martes el destino del caso Faisán. Un tribunal formado por 15 magistrados verá ese día los recursos contra el auto en el que el juez Pablo Ruz procesó por colaboración terrorista o encubrimiento y revelación de secretos al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y al inspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros.

Aunque el presidente de la Sala de Lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, convocó "a la totalidad" de los miembros de la Sala, tres de los cuatro magistrados de la sección tercera han anunciado que no participarán en el pleno. Se trata de Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz-Polanco y Clara Bayarri, quienes en caso de que se decidiera que la causa debe permanecer en la Audiencia Nacional formarían el tribunal encargado de enjuiciar los hechos y por tanto quedarían contaminados si resuelven ahora.

Colaboración o revelación

Los abogados de García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros sostendrán que sus representados no tienen relación con los hechos investigados y pedirán el archivo del caso, mientras que la Fiscalía dirá que sólo aprecia un delito de revelación de secretos que debe ser enjuiciado en Irún (Guipúzcoa), donde se produjo el chivatazo, y no en la Audiencia Nacional. Por su parte, las acusaciones mantendrán que los procesados cometieron un delito de carácter terrorista, el de colaboración con ETA, por lo que el caso debe permanecer en este tribunal.

www.publico.es 19.09.11

VARAPALO DEL SUPREMO A UNA SENTENCIA DE ENRIQUE LÓPEZ 

El Tribunal Supremo ha reducido a dos años de prisión la condena de siete años y medio a cuatro borrokas que quemaron un cajero automático en Barakaldo en el marco de una acción de terrorismo urbano. La sentencia de la Audiencia Nacional, que el Supremo corrige con severidad, fue redactada en julio del pasado año por el magistrado Enrique López, al que el PP quiere promover al Constitucional. El Supremo estima tres de los cuatro motivos de casación que planteó la defensa de los condenados, al apreciar error en la aplicación del delito y error en la aplicación de la pena.  

El Supremo sí considera probado que Asier Gómez de Salazar, Sendoa Aratz Jurado, Unai Frías de la Red y Jon Villanueva Patin arrojaron un cóctel molotov a un cajero automático, provocando un incendio que calcinó varios elementos del mobiliario, si bien el fuego se extinguió rápidamente sin que se produjera riesgo para la vida o la integridad física. El cajero se encontraba en un inmueble de siete alturas, cuyas viviendas estaban ocupadas por sus moradores en el momento de los hechos.  

El Supremo rectifica la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, que aplicó el delito de incendio del artículo 571 del Código Penal, que es el que comete el integrante o colaborador de una banda armada, y que se castiga más gravemente.

Según el Supremo, debió de aplicarse el artículo 577, que sanciona al que actúa "de manera ocasional y en concretos actos delictivos", aunque se comulgue con la "patógena ideología terrorista".  Inadmisible La Audiencia castigó "el claro fin terrorista existente en el delito de incendio ocasionado", pero según el Supremo, "tal razonamiento, ni es admisible ni coherente con la propia argumentación de la sentencia", que rechazó el delito de integración, pertenencia o colaboración con banda armada.

Para el Supremo, el modus operandi es el que se conoce como kale borroka, pero responde a la "colaboración excepcional de quien no está integrado en una banda armada".  La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Joaquín Giménez, corrige también la tipificación del delito que hace la Audiencia Nacional como delito de incendio terrorista y lo sanciona con la pena prevista para el delito de daños, dado que la propia sentencia de instancia "excluyó claramente la nota del riesgo para las personas".  

www.elpais.es 17.06.11 

EL PP MANIOBRA PARA RENOVAR YA EL CONSTITUCIONAL SIN RETIRAR SU ESCOLLO

Trillo mantiene a López y cree que solucionará la crisis con Rubalcaba en 15 días

No es la primera vez que PSOE y PP intentan renovar el Tribunal Constitucional. Es la séptima. Y no es la primera vez que prometen que esta es la buena. Por eso, el escepticismo en los pasillos del Congreso era ayer total. Pero la presión también es mayor que otras veces, por la dimisión -no aceptada- de los tres miembros del tribunal (un vicepresidente y dos magistrados) que cumplieron mandato hace más de seis meses.

El escepticismo es total, pero la presión para el pacto es más fuerte que nunca

Duras críticas a los partidos de las cuatro asociaciones judiciales

El escollo parece seguir en el mismo punto que ha bloqueado otros intentos de negociación: el nombre de Enrique López, un juez de la Audiencia Nacional con mucho perfil político que se convirtió en un ariete contra el PSOE cuando fue portavoz del Poder Judicial. El PP no parece de momento dispuesto a retirar ese nombre. "No aceptamos vetos ni condiciones previas", sentenció ayer Federico Trillo. Y el PSOE tampoco parece dispuesto a aceptarlo. Pero la negociación se ha puesto en marcha y, de nuevo, con un final incierto.

Trillo va a mantener a López, con quien el PP ha establecido un compromiso muy firme. En ese caso la única salida sería que el Gobierno aceptara a este candidato. Los populares insisten en que los problemas de López, esto es, que no había cumplido los 15 años de ejercicio de la profesión, ya están resueltos (el pasado diciembre cumplió ese requisito). Pero el conflicto con López no era técnico, sino político: el PSOE no quiere asumir que vaya al Constitucional alguien a quien ve como un agente político del PP -donde se le trata como un dirigente más, con posibilidades de entrar en política si ganan los populares- y sin el suficiente bagaje jurídico.

Menos probable parece la otra solución; esto es, que el PP aceptara retirarlo. En cualquier caso, ambos partidos, después del órdago de los tres jueces, han puesto al mando de las negociaciones a dos de las personas con más poder en sus formaciones y habituales interlocutores en las negociaciones PSOE-PP.

Por un lado, Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente y ministro del Interior. Por otro, el propio Trillo, el hombre del PP en el mundo de la justicia, que ha controlado durante los últimos 20 años decenas de nombramientos y operaciones políticas en el Poder Judicial.

La negociación que antes llevaban los portavoces, Soraya Sáenz de Santamaría y José Antonio Alonso, ha cambiado así de interlocutores. La primera, que ayer insistió en la "sincera voluntad de acuerdo del PP", queda desplazada, y el segundo se recupera de una fuerte cefalea, por la que ha estado varios días en un hospital. Rubalcaba y Trillo hablaron el lunes, después de que estallara la crisis en el Constitucional. Antes, según fuentes del PP, Mariano Rajoy le había dado la orden a Trillo de que llamara al vicepresidente para intentar un acuerdo. El entorno del líder insiste en que quiere un pacto, pero él siempre deja en manos de Trillo la negociación y hasta ahora no ha fructificado, de manera que buena parte del PP piensa que el ex ministro de Defensa prefiere dejar pasar el tiempo hasta las elecciones para poder negociar mejor con una nueva mayoría.

Trillo lo niega. Y asegura que su voluntad de acuerdo es firme. Eso sí, sin renunciar a López. Por eso llamó a Rubalcaba, aunque la conversación no entró en el nivel de negociación, sino de toma de contacto, según fuentes de los dos partidos. Se han citado estos días. El presidente del Congreso, José Bono, también tomó cartas en el asunto y puso un plazo máximo: hasta el 30 de junio. El PP recuerda que, aunque parecía imposible, ambos grupos pactaron -con tres años de retraso- la renovación de los cuatro jueces que corresponden al Senado. Eso llegó después de una conversación entre Rajoy y Zapatero. Claro que el PP aceptó retirar a López. Lo sacó del Senado para colocarlo en la cuota del Congreso. Y ahí sigue.

Pero mientras se producen contactos en privado y ambos partidos admiten que la presión es tan grande que el pacto es posible -aunque el escepticismo es total-, sus portavoces jugaron ayer una partida de póquer en la que todo parecía encaminado a dos objetivos: presionar al rival para que acepte sus condiciones y tratar de no quedar ante la opinión pública como los responsables de la ruptura. Rubalcaba dijo: "Dos no pactan si uno no quiere". Francisco Caamaño culpó al PP por mantener a López: "La estrategia del PP ha sido: o lo que yo quiero o la nada". Ramón Jáuregui señaló que el PP espera "otra mayoría" para renovar, mientras Eduardo Madina insistía en que está "en la mano del PP" resolver el conflicto.

Mientras, los grupos pequeños, en especial PNV, IU y ERC, animaban a PSOE y PP a ponerse de acuerdo y el mundo judicial aumentaba la presión. Los portavoces de cuatro asociaciones profesionales -APM, Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente- exigieron la renovación con duras críticas a todos los políticos.

www.elpais.es 15.06.11

EL EMPEÑO DEL PP EN PROPONER A ENRIQUE LÓPEZ BLOQUEA LA RENOVACIÓN

Trillo espera que las elecciones cambien la mayoría para tener más facilidades

Las enormes dificultades para renovar el Constitucional son una prueba más de la situación de bloqueo que vive la política española en algunas de sus esferas. Y después de la crisis abierta ayer por la renuncia de tres magistrados, nada parece indicar que las cosas vayan a cambiar. La renovación quedó bloqueada en noviembre de 2010, y ahí sigue.

• El Constitucional debe fallar sobre bodas gay y aborto, claves para Rajoy

El escollo es uno solo, y siempre el mismo: el empeño del PP en mantener como candidato a Enrique López, un juez de la Audiencia Nacional muy polémico por su faceta política, sobre todo cuando fue portavoz del Consejo General del Poder Judicial.

El PSOE mantiene su veto a López, y el PP insiste con ese nombre, muy vinculado a Federico Trillo, principal negociador de los populares en asuntos relacionados con la justicia. El PP juega con una gran ventaja. Mientras pasa el tiempo, se acercan las elecciones generales, que previsiblemente cambiarán la mayoría en el Congreso y podrían incluso permitir que los populares lograran, en vez del actual 2-2 en la elección de los magistrados por la Cámara, un 3-1 a su favor. Entonces sería el PSOE quien podría bloquear la renovación, pero para los populares es cuestión de esperar, en algún momento ganarían la partida.

El Constitucional es clave en la estrategia del PP, ya que en la mesa del alto tribunal están asuntos de gran calado para su electorado, como el matrimonio homosexual, la nueva ley del aborto o la legalización de Sortu.

El entorno de Mariano Rajoy asegura que él quiere renovar. Sin embargo, el líder siempre deja este asunto en manos de Trillo, motivo por el cual ayer en el PP daban por hecho que no habrá renovación antes de las elecciones.

Ambos partidos culpan al de enfrente de que no haya acuerdo. La número dos del PP, María Dolores de Cospedal, achacó ayer la crisis actual al "caos" en que se mueve el Gobierno de Zapatero, que va, dijo, "a la deriva". Los socialistas interpretan que las tres renuncias son un mensaje al PP para que facilite la renovación.

López no oculta su amistad con Trillo ni su cercanía al PP, tanto que suele aparecer en actos políticos del partido. En los foros del PP se le trata como a un dirigente más, siempre con aspiraciones de entrar en política cuando Rajoy llegue al Gobierno.

El juez se convirtió en uno de los arietes contra el Ejecutivo del PSOE cuando era portavoz del Poder Judicial. El PP bloqueó durante dos años la renovación de ese órgano, tanto que López fue portavoz del CGPJ durante toda la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y no cesó hasta finales de 2008. El PSOE vivió así casi cinco años con un Poder Judicial a la contra.

Las polémicas declaraciones de López sobre todas las cuestiones políticas del momento —llegó a plantear la necesidad de abrir un debate sobre la cadena perpetua— hicieron que la minoría progresista del CGPJ pidiera en dos ocasiones que le destituyeran como portavoz.

Después de largos años de bloqueo, siempre por López, Rajoy y Zapatero pactaron la renovación de los cuatro miembros del Constitucional elegidos por el Senado. El PP aceptó sacar a López de allí para evitar el bloqueo, pero lo metió en su cuota del Congreso. Y esos son los cuatro que siguen bloqueados.

El compromiso de Trillo y Rajoy con López por su trayectoria pasada parece firme, y la voluntad del PSOE de mantener el veto también, por lo que, salvo sorpresas por la presión que supondrá la crisis de ayer, no parece que nada vaya a cambiar hasta después de las elecciones de 2012.

www.elpais.es 14.06.11

EL MAGISTRADO MÁS AFÍN AL PP DIRIGE LA ESTOCADA DEL 'CASO FAISÁN'

Enrique López, el juez que compara los procedimientos con las corridas de toros, ha sido clave para mantener la instrucción en la Audiencia Nacional

Si a algún magistrado se le ocurriera alguna vez comparar la Justicia con las corridas de toros, todo el mundo coincidiría en quién sería el matador y quién el candidato al descabello.

En realidad, este magistrado ya existe: Enrique López, juez de la Audiencia Nacional muy próximo al PP, publicó el pasado junio en La Razón el artículo "La justicia de los toros", en el que trataba de demostrar que "las corridas de toros tienen unas fases muy similares a las de un procedimiento" y confesaba que en ocasiones se siente "ante la misma soledad que ese arrostrado torero frente a un enfurecido morlaco".

Según coinciden varias fuentes jurídicas, ha sido también López el elemento clave que ha situado a los tres imputados del caso Faisán ante lo que, según su particular metáfora, podría ser el equivalente al último tercio de la fiesta: nada menos que un ex director general de la Policía y dos agentes con lustros de la lucha antiterrorista a un paso del procesamiento por un delito de "colaboración con ETA".

El auto, fechado el 4 de abril, provocó un voto particular del magistrado José Ricardo de Prada, un grito a medio camino entre el Yo acuso, de Émile Zola ,y el ¡Indignaos!, de Stephane Hessel, que denunciaba en términos descarnados la "instrumentalización política" del caso y lamentaba que sus compañeros "no hayan hecho el esfuerzo de deslindar lo político de lo jurídico o no hayan sabido hacerlo".

Objetivo: Rubalcaba

En el voto particular no hay nombres ni apellidos asociados a la "instrumentalización política". Pero son innecesarios: tras el nombramiento de Alfredo Pérez Rubalcaba como vicepresidente, el pasado octubre, el PP ha concentrado sus banderillas, varas y muletas sobre el supuesto delfín de José Luis Rodríguez Zapatero hasta el punto de que ha presentado 295 preguntas por escrito sobre el caso Faisán y ha interrogado 38 veces en pleno, 31 de ellas a Rubalcaba.

"No es colaboración con ETA, pero no es el momento de ir a Irún", sostuvo

En el manual de campaña del PP ante el 22-M, el caso Faisán ocupa un lugar muy destacado. Y lo que la semana pasada decidió la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es que se mantenga en esta instancia tan mediática en lugar de trasladarse al más discreto juzgado de instrucción de Irún, el lugar donde se produjo el chivatazo que aplazó un mes la detención de 12 presuntos miembros de una red de extorsión de ETA. Pero para que siguiera en la Audiencia, había que mantener abierta la imputación por "colaboración con ETA" contra los dos agentes Enrique Pamiés y José María Ballesteros y el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, autor del recurso sobre el que acaba de pronunciarse la Audiencia.

"Por la calle de Génova circularon corrientes intensísimas", sostienen fuentes jurídicas que han seguido de cerca el caso, en referencia a la proximidad entre la sede nacional del PP y la Audiencia Nacional, separadas por apenas 150 metros. Varias fuentes consultadas coinciden en que el magistrado Enrique López, a quien el PP postula contra viento y marea desde hace más de dos años como candidato al Tribunal Constitucional pese a no cumplir, según la Mesa del Senado, los requisitos legales para ello, ha sido clave en conseguir que la próxima campaña electoral se abra con el caso Faisán en la Audiencia.

"Sin precedentes"

El juez ya fue determinante el año pasado en mantener vivo el caso en el tribunal al firmar él mismo como ponente un auto, de febrero de 2010, en el que introdujo dos frases muy polémicas: de un lado, sostuvo que los hechos investigados "adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo en España". Del otro, defendía una investigación "más allá de lo normal" y con un "especial celo".

El auto causó mucho revuelo porque estos polémicos añadidos superaban con mucho el terreno que, según fuentes jurídicas, habían consensuado los cinco magistrados de la Sala antes de que los tres miembros del tribunal iniciaran las deliberaciones. "De aquellos polvos, estos lodos", subraya un jurista muy bien conectado con la Audiencia.

Fuentes próximas al magistrado niegan cualquier influencia en el auto

En el último auto, López buscó un perfil más discreto y ni siquiera se integró formalmente en el tribunal. Pese a ello, fuentes jurídicas aseguran que en el inicio de las deliberaciones dejó clara su implicación en el caso hasta el punto de que trasladó a varias personas el siguiente razonamiento: "No es colaboración [con ETA], pero no es el momento de enviar a Irún el caso".

Su actividad en este sentido fue tan frenética que incluso recibió un toque de atención para que fuera más discreto, añaden las fuentes citadas. López ha declinado hablar con Público, pero fuentes de su entorno subrayan que no ha tenido ninguna participación con el auto conocido el martes.

Pese a que el tribunal lo integran únicamente tres magistrados en este caso, Fernando García Nicolás, Julio de Diego y José Ricardo de Prada, los cinco miembros de la Sala participaron en las conversaciones informales que a veces se realizan para definir el terreno de juego antes de constituir el tribunal. Y en estas tomas de contacto informal, López también expresó lo mismo que dijo luego a otras personas: no es el momento de que la Audiencia Nacional traslade el caso al juzgado de Irún.

Deliberaciones

Este fue precisamente el mensaje que, cuando en la semana del 21 de marzo se iniciaron las deliberaciones, asumió el ponente, Julio de Diego, un magistrado considerado muy próximo a Enrique López y al que sectores de la Audiencia han colgado el mote de Torrente. En el otro polo se colocó José Ricardo de Prada: consideraba que había que retirar cuanto antes la imputación por colaboración con ETA de un ex director general de la Policía y dos agentes curtidos en la lucha antiterrorista.

López no estuvo en el tribunal, pero desplegó una actividad frenética

Fuentes jurídicas explican que el presidente del tribunal García Nicolás se decantó inicialmente por retirar dicha calificación y que incluso se había consensuado una solución técnica en la que todos lograban algo: se retiraba la imputación por colaboración con ETA y se mandaba el expediente a Irún, pero en el ínterin que podría espaciarse incluso hasta después del 22-M el juez Pablo Ruz podía seguir la instrucción.

Sin embargo, al final de la segunda semana de deliberaciones, García Nicolás viró hacia la posición final, que cumplió todos los objetivos que había explicitado López y que dejaba al borde del procesamiento por colaboración con ETA a los tres imputados. Fue este viraje abrupto en el último segundo lo que motivó el grito de José Ricardo de Prada en el voto particular, que según algunas fuentes fue suavizado en la versión final.

Varias fuentes jurídicas subrayan la extrema debilidad profesional en que se encuentra García Nicolás tras varios reveses encadenados desde 2009. El CGPJ, del que Enrique López fue portavoz hasta 2008, abrió sendos expedientes por falta grave al dictar una sentencia por un delito de enaltecimiento del terrorismo tres años y medio después del juicio y por haber tardado un año y medio en otra por terrorismo callejero.

El pasado septiembre, el CGPJ le impuso una multa de 500 euros por este último caso. También en 2010, en junio, el Supremo anuló otra sentencia con su firma, dictada igualmente con gran retraso (27 meses después del juicio) por su "desoladora" motivación y sus "graves defectos estructurales". El resultado fue la absolución de cinco jóvenes que habían sido condenados a cinco años de cárcel por un delito de colaboración con ETA.

El presidente del tribunal está en situación precaria tras varios reveses

Coincidiendo con las deliberaciones del tribunal, y con García Nicolás aún partidario del traslado a Irún, El Mundo arrancó el serial de las "actas" de ETA, justo antes de que el juez Ruz levantara el secreto de sumario .

El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, incluso alardeó en Twitter de haber influido en el giro del tribunal con la publicación del serial: "Las actas de ETA han sido clave. La Audiencia mantiene la colaboración con ETA a los imputados del Faisán", contó Ramírez.

Relación con Ulibarri

La conexión entre Ramírez, el director que publicó las informaciones "clave", y López, el magistrado clave del auto, va más allá de compartir palco en el Santiago Bernabéu. También de su amistad con el exministro de Justicia del PP José María Michavila y el portavoz de Justicia del partido, Federico Trillo.

Hay otro nudo: Miguel Hernán Manovel, cuñado de Enrique López, es el número dos del holding empresarial que encabeza José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, y como tal es consejero de Soriana de Ediciones y Burgos Publicaciones, las empresas con las que Ulibarri comparte con El Mundo la edición del Diario de Soria y el Correo de Burgos, respectivamente.

El cuñado de López es directivo de Ulibarri, imputado en la ‘Gürtel’

El pasado 9 de marzo, el Diario de Soria organizó una fiesta para celebrar el quinto aniversario de la unión. Acudió Ulibarri y se emitió un discurso ex profeso de Ramírez. Dos exconsejeros de Unidad Editorial también están imputados en el caso Gürtel: Manuel Delgado Solís y Plácido Vázquez Diéguez.

Es precisamente el abogado de Ulibarri en el caso Gürtel, Ignacio Peláez, el que presentó la querella contra Baltasar Garzón por las escuchas, en septiembre de 2009. Y es en febrero de 2010 cuando López, que se jacta de su amistad con Ulibarri desde los tiempos en que fue juez en León y Valladolid, firma el auto que considera de una gravedad sin precedentes el caso Faisán.

En aquel momento, el morlaco al que se enfrentan el PP y el juez que este partido insiste en sentar en el Constitucional cueste lo que cueste no era sólo Rubalcaba, sino también Garzón, que en febrero de 2009 había empezado a instruir el caso Gürtel y que en aquel momento asumía la investigación del caso Faisán.

Ascenso al CGPJ

La investigación de la Gürtel señaló desde el principio una pista en Castilla y León: con Ulibarri y otros empresarios, pero también con el supuesto pago de comisiones en la época presidida por Juan José Lucas, cuya influencia fue decisiva para que, en 2001, el PP propusiera a López como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Su padrino en el CGPJ fue Arnaldo, imputado en el ‘caso Palma Arena’

En 2001, Lucas era ministro de la Presidencia de José María Aznar, y López inició entonces la carrera como vocal del Consejo que le llevaría a convertirse en el aguerrido portavoz de la institución hasta 2008 con postulados calcados a los del PP. Había llegado a la casa en 1998, como letrado, y su otro mentor, además de Lucas, fue Enrique Arnaldo, vocal hasta 2001 muy próximo a Michavila y al PP, hoy imputado en el caso Palma Arena.

Fue con Michavila al frente de Justicia cuando López se convirtió en portavoz y hombre fuerte del CGPJ. Su peso era mayor del que sugiere su puesto: exvocales explican que ante cualquier petición, por nimia que fuera, el entonces presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, pedía consultar con López antes de responder.

Invitación a Marchena

López es también patrón muy activo de la Fundación Wolters Kluwer, que en febrero de 2010 invitó a unas jornadas en Quintanilla de Onésimo al juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena, recién nombrado instructor del caso Santander contra Garzón.

López es también patrón muy activo de la Fundación Wolters Kluwer

En aquel momento, ya estaban en marcha las tres causas del Supremo que, a falta aún de juicio, forzaron la salida de Garzón de la Audiencia. Las jornadas de Quintanilla de Onésimo las codirigieron Michavila y el propio López, que sólo 15 días después firmó su auto del caso Faisán que afeaba a Garzón y hablaba de la gravedad "sin precedentes". Ni la fundación ni Marchena han querido desvelar los emolumentos del acto.

El patronato de la Fundación Wolters Kluwer, empresa que tiene varios acuerdos de colaboración permanente con la editora de El Mundo, incluía entonces al propio Michavila y a Jaume Matas, ya imputado en el Palma Arena. Enrique Arnaldo, el mentor de López en el CGPJ también imputado en el caso Palma Arena, llegó a presidir la fundación.

Cualquier taurino sabe que cuanto más difícil es la faena, más posibilidades hay de ganar las dos orejas. Pero hay que matar bien. Y en la metáfora taurino-judicial, ello sólo podría hacerse de una forma: sin ser visto.

www.publico.es 10.04.11

EL PP MANTIENE A LÓPEZ PARA EL CONSTITUCIONAL Y VUELVE A PARARSE LA RENOVACIÓN

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, insistió ayer en que su partido ha decidido mantener a sus candidatos para la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden al Congreso y ha afirmado que no hay avance en las negociaciones con el PSOE. "Sobre el Tribunal Constitucional no hay novedad, el PP mantiene sus candidaturas", reiteró.

Enrique López sigue siendo en el Congreso el principal escollo para el consenso, imprescindible entre socialistas y populares para sacar adelante los nombramientos, como ya lo fue en el Senado, donde la renovación se retrasó tres años.

Ante la falta de acuerdo, la Cámara baja acordó alargar hasta esta semana el plazo para proponer candidatos, lo que supone que el proceso ya no se podrá culminar al menos hasta el 25 de enero, fecha en que está prevista la próxima sesión plenaria.

www.elpais.es 28.12.10

EL EMPEÑO DEL PP EN APOYAR A LÓPEZ SIGUE BLOQUEANDO EL CONSTITUCIONAL

El plazo para la renovación impuesto por el Congreso termina mañana

Muchos meses después, el escollo para que el Tribunal Constitucional recobre la normalidad y sea renovado sigue siendo el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial Enrique López. Mañana termina el plazo que la Junta de Portavoces del Congreso dio para que el PSOE y el PP lleguen a un acuerdo sobre los cuatro magistrados que deben renovar. Si no hubiera acuerdo antes de ese día, la renovación quedará para después de las vacaciones de Navidad, lo que afectará, entre otras cosas, a la elección del nuevo presidente del máximo intérprete de la Constitución.

Por eso es inminente una conversación entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, para culminar el complicado proceso que se inició hace ya más de tres años. Esa conversación sería una prolongación de la que ya mantuvieron de forma discreta Zapatero y Rajoy el pasado octubre y que permitió desbloquear parcialmente la renovación y elegir a cuatro magistrados en el Senado.

Tras esa conversación, el PP aceptó retirar del Senado la candidatura de López, pero anunció que lo mantendría si era avalado por el propio Constitucional. Pero el tribunal rechazó por motivos de forma los recursos del PP, a través de los Parlamentos de Madrid y La Rioja, contra la decisión de la Mesa del Senado de excluir a López por no cumplir los requisitos legales (15 años de experiencia en la judicatura). El problema es que después del pulso en el Senado, de varios recursos ante el Tribunal Constitucional y múltiples conversaciones entre los dos grandes partidos, el PP sigue sin apearse del nombre de Enrique López. Y el PSOE no lo acepta de ninguna manera, por entender que no es asumible la designación del ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial y ahora magistrado de la Audiencia Nacional.

El Gobierno y el PSOE han hecho llegar al PP que los designados por el Congreso deben ser catedráticos de universidad o magistrados del Tribunal Supremo y que López carece de idoneidad para el cargo.

El retraso tiene un efecto colateral notable, porque mantiene bloqueada la renovación en el Senado de cuatro magistrados, que está pendiente desde 2007. La Cámara alta aprobó en el pleno del pasado 2 de diciembre el nombramiento de los magistrados Francisco José Hernando, Adela Asúa, Luis Ignacio Ortega y Francisco Pérez. "Gracias, señorías, por fin lo hemos conseguido", proclamó solemne el presidente del Senado, Javier Rojo, cuando acabó la votación, pero ni siquiera en ese momento acabó el proceso.

De hecho, el Senado mantiene bloqueada la publicación en el Boletín Oficial del Estado del nombramiento de los cuatro citados magistrados hasta que se elijan los candidatos por parte del Congreso. Tampoco pueden, por tanto, tomar posesión de sus cargos y sustituir a los actuales magistrados del Constitucional que tienen caducado su mandato desde hace más de tres años.

Todo porque una de las que hay que sustituir es la propia presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, y su relevo provocaría la inmediata elección del presidente del tribunal. Esa elección debería ratificarse o modificarse poco después, cuando se incorporaran los cuatro magistrados que debe elegir el Congreso.

Los candidatos a esa presidencia son Pascual Sala y Manuel Aragón. Este último, miembro del sector progresista, fue quien inclinó la mayoría en el tribunal a favor de la tesis de podar el Estatuto de Cataluña y, por tanto, no es visto con buenos ojos por los partidos nacionalistas, especialmente por CiU.

Los nacionalistas catalanes están molestos, además, porque el PSOE declinó proponer en el Senado como candidata a Encarnación Roca, nombre aportado por el Parlamento catalán. En octubre, el Gobierno trasladó a CiU y ERC su intención de proponer en el Congreso a Eliseo Aja, catedrático y actual presidente Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, pero ahora la propuesta de ese nombre no es tampoco segura.

El PSOE barajó también el de Paloma Biglino, presidenta del Centro de Estudios Constitucionales y Políticos, pero fuentes socialistas cuestionan también este nombre. En todo caso, admiten que intentarán buscar una cierta paridad en su propuesta. En su momento se especuló también para el Constitucional con el nombre de Cándido Conde- Pumpido, actual fiscal general del Estado.

El nuevo Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa los recursos contra leyes emblemáticas de los Gobiernos de Zapatero, como la de matrimonios homosexuales y la del aborto, y cuestiones técnicas de las que dependen casos muy llamativos como los procedimientos penales contra el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Por otra parte, también está pendiente desde junio el nombramiento del Defensor del Pueblo, tras el final del mandato de Enrique Múgica. Este nombramiento depende también de que Zapatero haga una propuesta al líder del PP, Mariano Rajoy.

www.elpais.es 20.12.10

EL PP VUELVE A BLOQUEAR LA RENOVACIÓN DEL CONSTITUCIONAL EN SU EMPEÑO CON ENRIQUE LÓPEZ

La renovación del Tribunal Constitucional sigue estancada, ahora en el Congreso, por la persistencia del PP de seguir apostando por la candidatura del ultraconservador Enrique López, después de que el PSOE rechazara esa propuesta por no cumplir este magistrado los 15 años de ejercicio profesional, como establece la ley.

Ya en octubre de 2008, ELPLURAL.COM reveló que Enrique López, ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no cumplía entonces con ese requisito, porque el tiempo de ejercicio profesional acumulado entonces por el magistrado era de 12 años, 4 meses y 17 días. Es decir, inferior a los 15 años que tanto la Constitución Española (artículo 159.2), como el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, exigen para ser miembro de dicho órgano judicial. López cumpliría los requisitos a mediados de mayo, con lo que la estrategia del PP pasaría por dilatar el proceso hasta esa fecha.

En septiembre, el PP retiró la candidatura  En septiembre pasado, el PP desbloqueó la renovación del Tribunal Constitucional, al retirar la candidatura de Enrique López, por no cumplir los requisitos necesarios, pero anunció que lo intentaría por la vía del Congreso.

La renovación de diciembre Según publica hoy La Razón, el PSOE persiste en su rechazo al nombramiento de López, después de que el pasado 1 de diciembre el Pleno de la Cámara Alta aprobara con casi tres años de retraso el nombramiento de los cuatro magistrados que le correspondía renovar, entre ellos uno de los jueces propuestos por el PP, Francisco Pérez de los Cobos .

Las vacantes pendientes El Tribunal Constitucional (TC) sigue por el momento sin poder cubrir las vacantes de Roberto García Calvo, fallecido el 18 de mayo de 2008, así como las de los magistrados Javier Delgado Barrio, Eugeni Gay Montalvo y Elisa Pérez Vera.

Prórroga de una semana El desacuerdo entre PP y PSOE ha llevado al presidente del Congreso, José Bono, a tener que prorrogar una semana el plazo de presentación de candidatos, ya que el acuerdo entre ambos partidos es imprescindible para los nombramientos.

www.elplural.com 15.12.10

UN INFORME DEL SENADO DESTROZA LA DEFENSA DEL PP A ENRIQUE LÓPEZ

Todos los intentos del PP de mantener la candidatura de Enrique López a magistrado del Tribunal Constitucional (TC) se han desmoronado. Ayer martes volvió a suceder. Los letrados del Senado emitieron un informe de 19 páginas, al que tuvo acceso Público, en el que ratifican que el proceso de renovación del TC se ha seguido “al margen de interpretaciones políticas y sin lesionar derechos subjetivos”, sin que se haya producido ninguna "vulneración".

La Secretaría General de la Cámara Alta desmonta uno a uno los argumentos del PP, contenidos en el recurso presentado la semana pasada contra la decisión que la Mesa del Senado tomó el 1 de junio, cuando excluyó como aspirantes al TC a López y a Juan Carlos Campo, propuesto por el PSOE. Los letrados insisten en que “se ha fundamentado jurídicamente” que López no reúne los 15 años de ejercicio profesional en activo exigidos por el artículo 159. 2 de la Constitución y el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Los casi siete años que López ejerció de vocal-portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de noviembre de 2001 a septiembre de 2008, no pueden computarse, ya que “es evidente” que la función que desempeñan los miembros del CGPJ es gubernativa, administrativa, y “no es asimilable, en absoluto, a la función jurisdiccional ejercida en exclusiva por jueces y magistrados”.

El texto se detiene en este punto. Señala que la expresión "en activo" que consigna la ley "es una referencia unívoca, que no induce a error", y que implica que "el funcionario, o fiscal, o magistrado ejerce la función propia de su condición en plenitud". Es decir, que fiscaliza o juzga. Y es una situación totalmente distinta a la de servicios especiales (como cuando un juez es nombrado vocal del CGPJ), que no es más que una "ficción jurídica" que sirve para contar los años sólo "a efectos de reserva de la plaza, antigüedad y ascensos". Por si fuera poco, el letrado mayor del Senado recuerda que ni el TC ni el CGPJ son un "destino de la carrera judicial". Por tanto, colige el documento, "la Mesa del Senado ha hecho una interpretación adecuada de la Constitución, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y del Reglamento del Senado" a la hora de rechazar la candidatura de López por no cumplir esos 15 años de ejercicio activo.

Esta vez, la Cámara no utiliza un argumento que aparecía en un informe de 2008: que en 1994 el Tribunal Supremo anuló el nombramiento de Eligio Hernández como fiscal general del Estado por no cumplir el requisito de los 15 años.

También se explica por qué el CGPJ no es un órgano jurisdiccional, sino gubernativo: lo prescriben así la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y da ejemplos que evidencian la separación: no se puede invocar la tutela judicial efectiva frente a actos del CGPJ, y estos a su vez son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, "lo que permite atribuirles una naturaleza materialmente administrativa, nunca jurisdiccional". Además, los vocales del Poder Judicial no pueden ser removidos ni promovidos en sus cargos durante su mandato. Por último, pueden formar parte del CGPJ abogados o juristas, no jueces, precisamente porque nunca podrían ejercer esa función de impartir justicia.

El PP lamentaba en su recurso la "demora excesiva" en el proceso de renovación del TC, que se inició (y se paralizó) en el otoño de 2008, lo que invalidaría los pasos dados este año. Los letrados pisan casi con desprecio los argumentos del PP. "El mero transcurso del tiempo" no puede anular todo el procedimiento, ni justifica que se deba reiniciar desde cero, como exigían los conservadores. "No existe ninguna norma que prevea algún supuesto de caducidad de las candidaturas ni de pérdida en sentido alguno de su vigencia y, por lo tanto, en este sentido, no existe ninguna norma que ampare la posibilidad de interrumpir o alterar el procedimiento", subraya el dossier. Por todas esas razones, no es posible consultar a los parlamentos de País Vasco y Galicia si mantienen a sus aspirantes, por mucho que hayan cambiado las mayorías políticas en las respectivas elecciones autonómicas de 2009. Un argumento que los letrados ya reflejaron en otro informe, el del 31 de mayo, cuando se activó el relevo de los magistrados del TC.

El recurso presentado por el portavoz del PP, Pío García-Escudero, también argüía que el procedimiento de renovación de magistrados es de naturaleza "política", por lo que la Cámara, igualmente "política", podía disponer cómo ordenar el proceso cuando así lo exigiesen las circunstancias "políticas". La Secretaría General del Senado rechaza ese argumento: "En un Estado constitucional de Derecho todos sus órganos están sometidos a la Constitución y a las leyes", de tal modo que "no hay espacios de ejercicio del poder político que estén exentos de la citada vinculación".

Hay un último razonamiento de los letrados que estruja aún más la impugnación del PP: ponen en duda que incluso el Grupo Parlamentario Popular esté facultado para presentar un recurso, porque son los cinco parlamentos que eligieron a López –Madrid, La Rioja, Cantabria, Extremadura y Castilla y León– los "afectados directamente" por el acuerdo de la Mesa del 1 de junio. Sólo si se entiende "en un sentido muy amplio el concepto de afectación directa podría entenderse legitimado" el PP para interponer un escrito ante el órgano rector del Senado.

Los conservadores, visto el porte del documento redactado por la Secretaría General de la Cámara Alta, tendrán mucho más complicado defender que el proceso ha sido "arbitrario" y la exclusión de López, no válida. Ni los grupos parlamentarios ni los juristas les dan ya la razón. El PP, no obstante, ya anunció qué haría si se rechaza su escrito: acudir en amparo al Tribunal Constitucional.

La Mesa del Senado estudiará en su próxima reunión, el martes 6 de julio, el informe de los letrados de la Cámara, entregado a los grupos ayer. Y, previsiblemente, basándose en él, desestimará por mayoría la impugnación del PP.

Una vez rechazado el recurso, el presidente del Senado, Javier Rojo, podrá convocar la Comisión de Nombramientos. En la reunión de la Mesa de ayer no pudo hacerlo, porque hasta la medianoche no expiraba el plazo que tenían los parlamentos autonómicos que propusieron a Enrique López y Juan Carlos Campo para presentar alternativas.

Madrid, La Rioja y Castilla y León ya han comunicado que su candidato sigue siendo López. En Extremadura, el PSOE, con su mayoría absoluta, ha impedido que se eleve el nombre del ex portavoz del CGPJ. En Cantabria los socialistas lo han logrado con el apoyo del PRC, con el que gobiernan. Andalucía, que propuso a Campo, ha designado como sustituto a Augusto Méndez de Lugo, que en julio deja la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad.

La Comisión de Nombramientos, presidida por Rojo e integrada por los portavoces de los grupos parlamentarios, examinará a los 21 candidatos avalados (22, si se confirma a Méndez de Lugo) y elevará cuatro nombres al pleno del Senado, que previsiblemente se convocará en la tercera semana de julio.

Ayer ninguno de los portavoces quiso hacer ningún comentario, ni siquiera sobre el fallo del Estatut, conocido el lunes. El PP tampoco adelantó públicamente su estrategia sobre la renovación del TC, ahora que ya hay sentencia.

(www.publico.es, 30/06/10)

EL PP RECHAZA SUSTITUIR A SU CANDIDATO NO APTO PARA EL CONSTITUCIONAL

El grupo del Partido Popular en la Asamblea de Extremadura rechazó ayer por escrito proponer a otro candidato que no sea el juez Enrique López para que el Senado lo nombre magistrado del Tribunal Constitucional. Este aspirante, junto con otro propuesto por el PSOE en Andalucía, fue rechazado oficialmente por la Mesa del Senado el pasado 1 de junio por no cumplir los requisitos legales para ingresar en el alto tribunal. La Cámara alta dio de plazo a los Parlamentos que habían propuesto esos dos nombres (Extremadura, La Rioja, Castilla y León, Madrid y Andalucía) hasta el 29 de junio para sustituirlos.

El PP extremeño dice en su escrito que "no procede efectuar una designación distinta" porque el acuerdo de la Mesa del Senado ha sido recurrido. Se trata de un argumento sorprendente ya que, aunque el PP ha anunciado que presentará un recurso contra esta decisión, aún no lo ha hecho.

López era uno de los dos únicos nombres que los populares apoyaban para integrar los cuatro magistrados del Constitucional que el Senado tiene pendiente de nombrar desde diciembre de 2007. El PP se niega a facilitar la renovación (sus votos son imprescindibles) si no es con estos nombres, pero López ya no es oficialmente candidato.

De las demás comunidades autónomas tampoco había hasta ayer novedades sobre un posible sustituto de López. En Madrid, fuentes del PP indicaban que la posición "no ha cambiado", pero se pronunciarán públicamente hoy. En Cantabria, La Rioja y Castilla y León, los respectivos Parlamentos no ha dado aún ningún paso para esta sustitución. Sólo en Galicia, a la que el Senado no ha preguntado, el PP ha solicitado presentar nuevos candidatos.

Mientras, en el Parlamento de Andalucía el PSOE propuso ayer como nuevo aspirante al Constitucional a Augusto Méndez de Lugo, de 65 años. Este magistrado ha sido 15 años presidente del Tribunal Superior de Andalucía (es el único elegido tres veces para ese cargo en toda España) y cesará en julio.

(www.elpais.com, 15/06/10)

EL PP RECURRE LA DECISIÓN DEL SENADO DE EXCLUIR A ENRIQUE LÓPEZ PARA LA RENOVACIÓN DEL TC

El PP ha inscrito este martes en el Senado su recurso contra la decisión de la Mesa de la Cámara de considerar “no idóneo” al candidato propuesto por sus comunidades autónomas, Enrique López, para optar a un puesto en el Tribunal Constitucional. El portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, encargado de firmar el recurso, explicó que el argumento esgrimido por la Mesa para descartar la candidatura de López mencionaba el artículo 158.2 de la Constitución, en lugar del 159.2, que es el que se refiere al funcionamiento del Constitucional, por lo que este error impide que su decisión sea válida.

Error "grave por la importancia del asunto"

En base a este error, que el PP considera “grave por la importancia del asunto”, es “imposible sustentar jurídicamente y con fundamentos de derecho cualquier recurso”, por lo que el partido reclama que se anule el acuerdo adoptado por la Mesa el pasado 1 de junio y se tome otro nuevo “correctamente motivado”.

García Escudero

El firmante del recurso, el portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, subrayó que el artículo enarbolado por el Senado para descartar a su candidato “nada tiene que ver” con el argumento de que López no cumple con el requisito de antigüedad, por lo que debe redactarse un nuevo acuerdo. La Mesa del Senado estudiará este recurso de los populares la próxima semana, y comprobará si los argumentos aportados son o no adecuados.

El PP se mueve "en la insumisión"

Antes de la inscripción del recurso, la portavoz socialista en la Cámara Alta, Carmela Silva, lamentó la insistencia del PP en recurrir la decisión del Órgano de Gobierno del Senado, y apuntó que los conservadores se estarían moviendo en el campo de la “insumisión”: “Espero que no se muevan en la insumisión, que cumplan las normas, hagan propuestas alternativas y no presenten al mismo candidato”, subrayó.

Confía en el acuerdo

Además, Silva confió en la posibilidad de lograr un acuerdo con los populares para renovar el alto tribunal, y aseguró que el próximo 29 de junio (plazo fijado por el Senado para la presentación de candidatos alternativos a López por las comunidades que lo propusieron) “hayan llegado o no” las nuevas propuestas del PP, su grupo pedirá la convocatoria “inmediata” de la Comisión de Nombramientos del Senado para que siga adelante la renovación.

El PSOE hace "lo que hay que hacer"

“Espero que haya un acuerdo. Si no, el PP tendrá que dar muchas explicaciones”, destacó, y consideró que el PSOE sí está “haciendo lo que hay que hacer para devolver el prestigio” al Constitucional. Con ello, dijo, los socialistas demuestran su apoyo a la petición que hizo el presidente de la Generalitat, José Montilla, en la Cámara Alta, donde compareción para exigir que se acelerase el proceso de renovación y se desbloqueara la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña.

www.elplural.com 08.06.10

TRILLO TACHA DE "TROPELÍA" EL RECHAZO A SU CANDIDATO AL CONSTITUCIONAL

El PP ha convertido a Enrique López en su vaca sagrada. Ayer miércoles, un día después de que la Mesa del Senado vetara al ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como candidato a magistrado del Tribunal Constitucional (TC), los conservadores elevaron aún más la muralla de protección que habían construido en torno a él. Federico Trillo-Figueroa, coordinador de Justicia del PP, tachó de "tropelía doble de fondo y de procedimiento" la decisión del órgano rector de la Cámara, que se asienta en un informe redactado por los letrados.

El martes, cuando se conoció que la Mesa excluía a López, el aspirante del que abomina el PSOE por su oposición radical a las reformas sociales de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y del Estatut, Trillo tildó la situación de "inaceptable". Ayer amplió esa crítica en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press. El Senado, arguyó, "está diciendo que no tiene los 15 años de servicio como juez necesarios para ser magistrado del TC", cuando cuenta casi 22 en la carrera judicial. La Mesa, siguió, "no puede decir ahora" que López no luce currículum cuando ha sido aceptado "por siete parlamentos autonómicos". Recalcó que deben computársele sus "seis años en el CGPJ".

Por último, censuró la "confusión" alentada por el PSOE, al comparar el descarte de López con el de Juan Carlos Campo Moreno, elegido por el Parlamento andaluz a propuesta de los socialistas. El dirigente conservador vio "obvio" que Campo haya sido rechazado por la Mesa, porque en febrero de 2009 el Gobierno lo nombró secretario de Estado de Justicia, lo que probaría que su designación para el TC, unos meses antes, era "sesgada y parcial".

Las palabras de Trillo estaban preñadas de imprecisiones. López accedió a la plaza de juez en 1989, por lo que en 2008, cuando arrancó el proceso de renovación de las cuatro vacantes del TC, y la fecha que ahora se sigue tomando de referencia, llevaba a sus espaldas 19 años de carrera. De ellos hay que restar los casi siete años -y no seis- que permaneció en el CGPJ como vocal-portavoz, desde noviembre de 2001 a septiembre de 2008, un tiempo que se considera en comisión de servicios.

Por tanto, hace dos años y medio, López había culminado 12 años como juez en activo, y no más de 15 de ejercicio profesional, como exigen el artículo 159. 2 de la Constitución y el 18 de la Ley Orgánica del TC (LOTC). Campo, vocal en ese mismo CGPJ, tampoco cumplía ese requisito, y por esa misma razón se le vetó.

El Senado no tomó la decisión por mayoría de forma arbitraria. Se basó en el informe que los letrados de la Cámara habían preparado en 2008. El texto concluía que una "interpretación estricta" de la tramitación parlamentaria de la LOTC, de la doctrina académica y de la sentencia de 1994 por la que el Supremo declaró ilegal el nombramiento de Eligio Hernández como fiscal general del Estado conducía a que no se tuviesen en cuenta los años en servicios especiales.

La Mesa dio por buenos tales argumentos. Tenía, no obstante, otra opción: "La Mesa podría llegar a una conclusión diferente si se considerase que una sola sentencia del Tribunal Supremo no crea, por sí sola, jurisprudencia, y que el tiempo transcurrido desde la aprobación de la LOTC puede abonar una interpretación que difiera de la que se deduce del iter parlamentario de la ley", razona el documento. En aquel texto, de 13 de octubre de 2008, se decía que si la Mesa optaba por el criterio estricto, hacía falta consultar a las CCAA proponentes de los candidatos para que dieran más detalles de los currículos dudosos. Los miembros del órgano rector ya entonces se curaron en salud, reclamaron los datos y los incorporaron al expediente el 4 de noviembre de 2008.

López, siguiendo las tesis del PP, juzgó ayer "inaudito" que se entienda que sus siete años en el CGPJ queden ajenos al Poder Judicial, informa Europa Press. Reiteró, como hizo el martes, que si hubiera creído en 2008 que no tenía la experiencia sufiente, no habría "aceptado" la candidatura del partido de Mariano Rajoy.

Los conservadores, oficialmente, no han revelado qué harán en las cinco autonomías (no siete, como decía Trillo) que en 2008 promovieron a López y que ahora deberían designar sustituto, si quieren, y antes del 29 de junio. En Extremadura y Cantabria el PP no gobierna, y le será imposible colar al ex portavoz del CGPJ. Pero podría repetir la treta en Madrid, La Rioja y Castilla y León, aun con el rechazo del PSOE.

Ayer sugirió en Logroño esa opción el presidente riojano, Pedro Sanz: "En esta juerga que están montando, no sabemos lo que hacer: si mandarlos a tomar viento [al PSOE], nombrar al mismo [López] o buscar otro candidato, aunque esta decisión es la más difícil", señaló.

El PP pretende recurrir la decisión de la Mesa, aunque "está evaluando la fórmula", apuntan a Público fuentes de la dirección del Grupo Popular.

(www.publico.es, 04/06/10)

EL SENADO RECHAZA AL CANDIDATO MÁS INCÓMODO DEL PP PARA EL CONSTITUCIONAL

El nombramiento de cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Senado estaba paralizado desde octubre de 2008 porque el PP intentó imponer que dos de ellos fueran Francisco José Hernando y Enrique López, inaceptables para los socialistas por razones políticas. La situación dio un vuelco ayer cuando la Mesa del Senado, el gobierno de la Cámara, decidió que la candidatura de López no es admisible legalmente. El PP se opuso a la decisión, obligó a votarla y perdió frente a socialistas y CiU. Después anunció que recurrirá la decisión.

Formalmente, lo que hizo ayer la Mesa fue dar trámite a las 23 candidaturas presentadas por 15 Parlamentos autónomos. Admitió 21 y rechazó dos, la de López (propuesto por el PP en Madrid, Extremadura, Castilla y León, Cantabria y La Rioja) y la del actual secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo (propuesto por el PSOE en Andalucía). La razón es que, de acuerdo con una sentencia del Tribunal Supremo, los siete años que ambos pasaron como vocales del Consejo General del Poder Judicial no cuentan como ejercicio profesional activo. Si no se cuenta ese periodo, no alcanzan los 15 años que exige el cargo.

Las candidaturas de López y Campo -y las de los demás- fueron presentadas hace 20 meses. El informe jurídico que advertía de esas dudas sobre su currículo estuvo en poder de la Mesa del Senado poco después. Pero la decisión del descarte se tomó ayer.

La falta de novedades objetivas, jurídicas y políticas hace muy difícil explicar esta decisión. Los candidatos son los mismos, la falta de acuerdo es la misma, y las posibilidades de fracaso las mismas que en octubre de 2008.

La situación cambia a raíz de esta decisión. Hace apenas una semana, el PP insistía en que López y Hernando (anteriores portavoz y presidente del Consejo del Poder Judicial) eran sus candidatos y no pensaba cambiarlos. Pero López ya no lo es. Al menos no en el Senado. El Congreso, el Gobierno y el CGPJ tienen también poder para nombrar magistrados, y algún día López, que actualmente ejerce como juez en la Audiencia Nacional, ya tendrá los años de experiencia necesarios.

La decisión tomada ayer abre un camino muy incierto. Lo primero que va a suceder es que el Senado pedirá a las seis comunidades a las que se les ha anulado algún candidato que, si quieren, lo sustituyan por otro antes del 29 de junio. Después se examinará si cumple los requisitos, probablemente en una semana. A partir del 8 de junio, el presidente del Senado puede convocar la Comisión de Nombramientos, donde deben ser llamados todos los candidatos para hacerles preguntas y estudiar su idoneidad. En el supuesto de que pueda conformarse una candidatura de cuatro nombres (no deben ser menos ni más), se puede someter a pleno en el mes de julio, que es hábil. Esta renovación, pendiente desde diciembre de 2007, entró en un callejón sin salida cuando el PP impuso en todos los Parlamentos autónomos las candidaturas de López y Hernando, pese a que la ley le permitía al menos uno por comunidad (el PSOE propuso a 14 candidatos para negociar).

Hace solo una semana, el PSOE insistía en que ambos seguían siendo inaceptables. Pero también reconocía, en privado, que en último caso podrían admitir a Hernando con el argumento de que todos los presidentes del Tribunal Supremo han acabado su carrera en el Constitucional. Hernando, que actualmente está jubilado y espera la decisión en su casa, cumple el viernes 74 años.

(www.elpais.com, 02/06/10)

EL CRITERIO PARA TUMBAR A LÓPEZ LO DISEÑÓ EL PP HACE 18 AÑOS

El coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo, hizo público ayer un comunicado en el que calificaba de "inaceptable" el criterio del Senado para descartar a Enrique López como posible magistrado del Tribunal Constitucional. "Enrique López no solo lleva 15 años de servicios sino 21 años para 22 desde su ingreso en la carrera judicial", escribió Trillo. Enrique López obtuvo el título de juez en 1989, hace 21 años. El Senado considera que no suma 15 años de ejercicio profesional porque no cuenta los casi siete años que pasó como vocal del Consejo del Poder Judicial.

La decisión se basa en una sentencia del Tribunal Supremo de 1994 que consideró ilegal el nombramiento de Eligio Hernández como fiscal general del Estado. El Supremo dio la razón a la impugnación del nombramiento de Hernández, que realizaron las conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Unión Judicial Independiente y Asociación de Fiscales, una campaña contra el alto cargo socialista orquestada por el PP, con Federico Trillo a la cabeza. Aquel recurso supuso una gran victoria del ex ministro y de la derecha judicial, que se cobraron la cabeza del fiscal general del Estado. El recurso se basaba en que los años que Hernández había estado en situación de servicios especiales y no como juez en activo no contaban para el cómputo de 15 años. Lo único que hizo ayer el Senado fue dar por bueno este precedente.

Ayer, el portavoz de la APM, Antonio García, dijo que esta forma de computar los años en ejercicio, defendida por su asociación en 1992, es "totalmente desafortunada e incomprensible en términos jurídicos". López pertenece a la APM.

(www.elpais.com, 02/06/10)

PORTAZO DEFINITIVO DEL SENADO A LA CANDIDATURA DEL ULTRACONSERVADOR LÓPEZ PARA EL CONSTITUCIONAL

La Mesa del Senado ha rechazado hoy definitivamente al candidato del PP para formar parte del Tribunal Constitucional, Enrique López, después de que los representantes socialistas y los de CiU votaran en contra de la propuesta. Como advirtió El Plural, López no cumplía con los 15 años de ejercicio judicial que se exigen para ingresar en el TC, lo que ha llevado a su rechazo. Un criterio que también deja fuera al candidato propuesto por el PSOE, Juan Carlos Campo.

El máximo órgano del Senado ha reconocido en una votación esta mañana que López no cumple con el requisito de tener 15 años de experiencia en la judicatura tal y como exige la Constitución, aunque el PP ha votado en contra. Los tres socialistas en la Mesa, que han contado también con el voto del representante de CiU, han adoptado esta postura aún conscientes de que el criterio de los 15 años de experiencia exigibles deja también fuera a su candidato, Juan Carlos Campo, actual secretario de Estado de Justicia.

Confirmación de la advertencia de El Plural  El pasado 3 de octubre El Plural fue el primer medio en advertir de que López no contaba con los 15 años de ejercicio judicial exigidos para entrar en el TC, como se ha confirmado ahora meses después con esta decisión del Senado.

www.elplural.com 01.06.10

EL NOMBRAMIENTO DEL ULTRACONSERVADOR ENRIQUE LÓPEZ EN EL CONSTITUCIONAL PODRÍA INCUMPLIR LA LEY

El nombramiento de Enrique López como Magistrado del Tribunal Constitucional (TC) podría ser impugnable debido a que, según establece el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC): “los miembros del TC deberán ser nombrados entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función”. El pasado 24 de septiembre, fecha en la que el nuevo Consejo se constituyó, el tiempo de ejercicio profesional acumulado por Enrique López era de 12 años, 4 meses y 17 días. Es decir, inferior a los 15 años que tanto la Constitución Española (artículo 159.2), como el artículo 18 de la LOTC, exigen con meridiana claridad para ser miembro de dicho órgano judicial.

Enrique López suma de antigüedad en la carrera judicial (a fecha del 24 de septiembre de 2008) 19 años, 3 meses y cuatro días de ejercicio. Sin embargo, los 6 años, 10 meses y 17 días en los que López fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no computan para el período de 15 años de ejercicio efectivo de la función de juez que la ley exige para ser Magistrado del Tribunal Constitucional.

En servicios especiales

Así, los cerca de siete años que Enrique López ha estado de Vocal en el CGPJ son computables como servicios especiales, pero no como ejercicio efectivo de la función judicial. Enrique López pasó a la situación de servicios especiales el 7 de noviembre de 2001, por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial el 13 de noviembre de ese mismo año, (BOE 16-11-2001, página 41973).

Confirmación

La Sentencia del Tribunal Supremo del 28 de junio de 1994 (RJ-1994/5050), deja claro que a aquellos juristas que se hallen en situación de servicios especiales, se les computará el tiempo que han permanecido en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos, pero no a determinados efectos propios de servicio activo como el que nos ocupa.

Impugnación de Hernández

Esta sentencia, que recalca que estar en servicios especiales es una situación administrativa diferente al ejercicio efectivo de la profesión de juez, resolvió la impugnación del nombramiento como Fiscal General del Estado de Eligio Hernández. Como curiosidad, cabe resaltar que el recurso contra Hernández fue interpuesto, entre otras, por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), colectivo al que pertenece Enrique López.

Candidato del PP

Pese a que Enrique López no ha ejercido durante más de 15 años la carrera judicial, todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular decidieron presentarle como uno de sus candidatos para renovar el Tribunal Constitucional. Fuentes judiciales han asegurado a El Plural que de producirse, dicho nombramiento podría ser impugnado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Estatut, matrimonio y Mari Luz

En los últimos años, López declaró abiertamente su oposición al Estatut catalán y al matrimonio homosexual, que llegó a comparar con la zoofilia o los tríos sexuales. Especialmente polémicas también fueron sus declaraciones sobre la sanción al juez Rafael Tirado, culpable de que el presunto asesino de Mari Luz Cortés siguiera libre a pesar de existir una sentencia que dictaminaba lo contrario. López quitó hierro al asunto indicando que se estaba cometiendo “el error” de pedir al “juez que pague por todo este problema”.

(www.elplural.com, 03/10/08)

LÓPEZ METE EN SU CURRÍCULO UN ACTO DE CAMPAÑA DEL PP

Si los portavoces del Senado eligen a los nuevos magistrados del Constitucional por el peso del currículo, van a tener difícil rechazar a Enrique López. Con 45 años, su currículo ocupa 20 folios, el doble que el del presidente del Tribunal Supremo. Es uno de los más voluminosos enviados al Senado por los parlamentos autónomos, acompañando a sus candidatos para formar parte del Tribunal Constitucional.

López era juez de instrucción en León hasta que entró en el Consejo del Poder Judicial. En 2005 fue nombrado magistrado de lo Penal de la Audiencia Nacional, aunque nunca ha ejercido. Su formación y experiencia ocupan dos folios, mientras que todos los demás son cursos, charlas, mesas redondas. La mayoría, curiosamente, a partir de su entrada en el Consejo en 2001.

Bajo el título "experiencia docente no universitaria", López incluye todos los cursos de seis horas, de 12 horas y seminarios de un día en los que ha participado. En total, ha estado presente como docente en 248 cursos. Ahí están, uno por uno. Entre ellos aparece directamente un acto de partido, una mesa redonda en la Conferencia Política del PP, el 1 de diciembre de 2006.

Además, López pone en su currículo que una vez escribió un artículo en Diario de León y "varios" en Abc y La Razón. También destaca dos conferencias para el periódico El Mundo. Todas las comunidades autónomas que han propuesto a López han enviado exactamente el mismo documento de currículo que, por cierto, omite los datos personales del candidato o cualquier información de contacto.

En contraste, el currículo de Hernando, ex presidente del Tribunal Supremo, elaborado con un tamaño de letra mayor que el de López, sólo ocupa nueve folios. Por supuesto, incluye su información personal.

Hernando hace un relato preciso y riguroso de sus méritos desde que en 1960 entró en el Colegio de Abogados de Madrid. Como presidente del Supremo, cargo que ejerció desde noviembre de 2001 hasta este mes, destaca en la segunda página de su currículo que ha presidido el tribunal que anuló candidaturas abertzales en las municipales de 2007. "En el día de la fecha se ha producido la comunicación a las partes de la ilegalización de ANV", añade, con lo que actualiza su currículo hasta la semana pasada.

(www.elpais.com, 01/10/08)

EL PP PROPONE PARA EL CONSTITUCIONAL A JUECES QUE NO PUEDEN VOTAR EL ESTATUTO

En los momentos difíciles, cuando el partido que los propuso para el Consejo General del Poder Judicial pasó a la oposición, ellos decidieron aprovechar su mayoría en el gobierno de los jueces y enfrentarlo al Ejecutivo socialista. Los dos miembros de ese órgano que más se han significado en esa labor durante el mandato que está a punto de acabar, el presidente, Francisco José Hernando, y su portavoz, Enrique López, ambos del sector conservador, han sido premiados por el PP con sendas candidaturas a magistrado del Tribunal Constitucional. A Hernando lo proponen las Cortes de Aragón. A López, las de Castilla y León y la Asamblea de Madrid.

El hecho de que el PSOE haya vetado ya a Hernando para el alto tribunal en respuesta a la negativa del PP de aceptar a Cándido Conde-Pumpido como nuevo presidente del Poder Judicial resta posibilidades al todavía presidente del Supremo. López, sin embargo, se encuentra mucho mejor situado, según fuentes del PP, y tiene más posibilidades de hacerse con un puesto en la próxima renovación parcial del órgano. Los nombramientos debe hacerlos el Senado de entre las propuestas de los parlamentos autónomos. Cada uno de ellos puede proponer a dos candidatos de entre los que la Cámara alta elegirá cuatro.

Sin embargo, su designación podría volverse en contra del propio PP. En caso de que cualquiera de los dos fuera finalmente nombrado magistrado del Constitucional tendrían que abstenerse, o podrían ser recusados, en el estudio de varios recursos de inconstitucionalidad presentados por este partido, entre ellos el del Estatuto de Cataluña o la ley que autorizó el matrimonio homosexual, según fuentes jurídicas.

Ambos aprobaron con sus votos un informe que nadie les pidió y que encontró 19 motivos de inconstitucionalidad en el proyecto de Estatut y otro contra las bodas entre personas del mismo sexo. Este último documento comparaba estas uniones con la zoofilia o los tríos, aunque las referencias a esas prácticas se eliminaron de su versión definitiva.

El magistrado del Constitucional Pablo Pérez Tremps fue apartado de la deliberación del Estatuto por hacer un trabajo académico sobre las relaciones exteriores de la Generalitat cuando todavía gobernaba Cataluña Jordi Pujol (CiU) y no había ni siquiera un proyecto de ley sobre la mesa.

Aparte de su actividad en el Consejo, Enrique López ha escrito decenas de artículos de opinión en diarios nacionales de los que ha sido colaborador habitual, utilizando su título de portavoz del Consejo. Desde detrás de ese rótulo se ha pronunciado en programas y tertulias de televisión y radio a favor, por ejemplo, de la cadena perpetua para terroristas no arrepentidos o pederastas o en contra de temas tan lejanos a la Justicia como la asignatura de Educación para la Ciudadanía, una cuestión que también podría llegar al Constitucional cuando el Supremo se pronuncie.

Hernando, por su parte, en medio del debate político sobre el Estatuto catalán, llegó a comparar la lengua catalana con las sevillanas. Delante de varios micrófonos señaló además que esa norma "no se podía reformar a espalda de 10 millones de españoles" -calcando uno de los argumentos de Mariano Rajoy por esos días-, y avaló públicamente la decisión del PP de pedir firmas contra la reforma estatutaria.

Entre los candidatos del PSOE que se conocen hasta ahora están el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense Fernando Valdés Dal-Re; el de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza Jesús Delgado; y la de Derecho Penal de la UPV Adela Asúa Batarrita.

www.elpais.es 20.09.08

VOLVER