Presidente en funciones del TSJCV. Se le atribuye una amistas manifiesta con el Pte Camps. En un acto publico el 19 de septiembre del año 2008, en la toma de posesión de la nueva consellera de Justicia Paula Sánchez de León. Camps pronunció la siguiente frase : «Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a ˝amistad˝ que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat». Muestra de esa amistad es también la presencia de De la Rúa en un acto electoral del PP. Fue en la precampaña de las autonómicas de 2007. El presidente del TSJ fue el invitado estrella de la presentación del programa del partido en materia de justicia. De la Rúa acudió al acto a pesar de que ostentaba la presidencia de la Junta Electoral. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) es la que ha archivado el Caso Camps al considerar que no hay delito de cohecho pasivo al recibir regalos de la Trama Gürtel

EL GOBIERNO VALENCIANO DEBE INFORMAR SOBRE EL PISO DE DE LA RÚA EN EL TSJ

El tribunal da la razón a Compromís y condena al Gobierno de Fabra por negar los datos

El Consell deberá informar sobre las obras que financió en la vivienda que ocupaba el expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano Juan Luis de la Rúa en la sede del órgano judicial. La Sección Quinta del mismo tribunal ha condenado al Gobierno de Alberto Fabra a facilitar los datos a la candidata a la Generalitat y diputada de Compromís, Mònica Oltra. Su solicitud a través de las Cortes Valencianas no fue atendida el año pasado por el Ejecutivo valenciano. Se trata de la sentencia número 14 que la coalición gana ante la negativa de la Generalitat a dar información.

El fallo obliga al Consell a entregar las facturas de las obras de reforma realizadas en el último piso del TSJ en los últimos 15 años. En esa etapa, el único presidente del tribunal que ha vivido en el piso ha sido De la Rúa, que ocupó el cargo entre 1999 y 2010. Su sucesora, Pilar de la Oliva, renunció a utilizar la vivienda, que tiene cerca de 300 metros cuadrados y una capilla integrada.

La Consejería de Gobernación respondió a la petición de Oltra afirmando que existía “un contrato de mantenimiento de todas las sedes judiciales de la Comunidad Valenciana”, sin ofrecer detalles sobre las obras en el TSJ.

El tribunal considera vulnerado el artículo 23 de la Constitución por denegar la información

“Se trata de una cuestión ya reiteradamente resulta por esta Sala”, indica la sentencia, que basa su decisión en la vulneración “del artículo 23 de la Constitución”, el cual establece el derecho a participar en los asuntos públicos “directamente o por medio de representantes”. Compromís destacó que solicitó la información sobre las reformas ante las denuncias de los representantes sindicales de los trabajadores del TSJ sobre “las pésimas condiciones en las que desempeñan su jornada laboral por el estado ruinoso del edificio”, “el mal estado del mobiliario”, las “condiciones de insalubridad” y algunos “desprendimientos del techo”.

La petición de Oltra pretendía “contrastar cuánto y en qué conceptos se ha gastado el Consell el dinero público en esa residencia mientras” persistían los problemas en la parte laboral del inmueble. La coalición recuerda la relación que tuvo el exjefe del Gobierno valenciano Francisco Camps con el expresidente del tribunal y último habitante del piso, De la Rúa, a quien describió como “más que un amigo”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/02/21/valencia/1424544119_750106.html

De la Oliva se compromete contra la corrupción y por el servicio público

La nueva presidenta del TSJ respalda al instructor del 'caso Gürtel'

Pilar de la Oliva Marrades es desde ayer la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. Ratificó en el acto de toma de posesión su "firme compromiso con todos los ciudadanos para luchar por una justicia mejor, más rápida y más eficaz". Lo hizo ante cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Dívar, sus compañeros magistrados y autoridades civiles y militares en una ceremonia solemne en la que fue apadrinada por Manuel Almenar, vocal del CGPJ.

El suyo fue un discurso breve, no llegó a los 10 minutos. Estuvo centrado en la necesidad de acercar la justicia a los ciudadanos, de que sientan que en los tribunales "se resuelven sus problemas". Reconoció en su intervención que los medios son escasos y la voluntad tiene que ser mucha. Por eso, pidió "a los responsables políticos que coloquen a la Administración de Justicia entre sus prioridades". Para De la Oliva, "ese compromiso debe ser real, tangible y traducido en inversiones y mejoras concretas".

Según ella, la recompensa está clara: "Una Administración que invierte en Justicia contribuye a la mejora de su sociedad, y más en momentos en que la crisis económica está castigando a muchos ciudadanos". Su primer objetivo es poner en marcha la oficina judicial. La consejera de Justicia, Paula Sánchez de León, que no acudió al acto, reconoció hace unas semanas no haber cumplido los compromisos que hizo públicos para 2010 precisamente para la nueva oficina judicial. Hizo varias menciones, entre ellas, a preguntas de los periodistas, a José Flor, instructor del caso Gürtel, al que dio su respaldo."Invertir en Justicia es invertir en libertad y en paz social, pero también en eficiencia y progreso económico. Es invertir en el futuro de nuestro país y de nuestra sociedad". Así se expresó ayer Pilar de la Oliva en su discurso. Lo dijo delante de quienes toman las decisiones. Y añadió: "Vamos a estar a la altura de las circunstancias". No quiere más jueces. Quiere mejores mecanismos para ser más eficientes. No quiere más juzgados. Necesita mayor flexibilidad y más compromiso. Pidió el de sus compañeros, el de los fiscales, los secretarios judiciales y todos los funcionarios. Se acordó de los que han trabajado con ella más de 20 años en el juzgado de Instrucción número 10 de Valencia, que está al día y en el que no hay bajas que ponggan en riesgo el normal funcionamiento.

De la Oliva tiene 53 años. Es valenciana. Está casada. Tiene dos hijos. Es juez desde hace 28 años. Su padre fue presidente de la Audiencia de Valencia. En la misma sala de vistas que él usaba, ayer cogió el testigo de Juan Luis de la Rúa, que estuvo silencioso y distante, al decir de algunos de los que acudieron.

A todos ellos, les dijo que hay cosas que arreglar. "Tengo confianza en que el funcionamiento de la actividad jurisdiccional en nuestra comunidad se puede mejorar. Y vamos a hacerlo". A los que buscan excusas en la carga de trabajo para no avanzar en la eficacia, les mandó un mensaje: "Cuando ingresamos en esta profesión, nadie nos dijo que iba a ser cómoda o fácil". Necesita impulsar la mediación, el arbitraje y la conciliación. Cree que es preciso liberar a los juzgados de tener que abordar conflictos cuya vía más adecuada es, a su juicio, otra bien distinta. Ayer, reivindicó en varias ocasiones el papel de los jueces como elementos de confianza para el ciudadano. Y sobre todo, los primeros que reciben las denuncias de los ciudadanos. "No caigáis en el desánimo, por grande que sea la carga de trabajo y, a veces, la falta de reconocimiento a vuestra dedicación".

De la Oliva pidió el compromiso de todos para la justicia en la Comunidad Valenciana. "No es ayudarme a mí, es ayudar a los ciudadanos. Si trabajamos juntos, llegaremos más lejos y más rápido". Fue prudente en las respuestas a preguntas de los periodistas. Insistió en el mensaje del servicio público, se refirió a su antecesor, Juan Luis de la Rúa, el magistrado al que el presidente Francisco Camps señaló como "más que amigo", como un "magnífico magistrado". No valoró el caso Gürtel, que dijo no conocer, y aseguró que "la transparencia es el mejor argumento" para desprenderse de la imagen de tribunal politizado que tiene la sociedad del TSJ.

www.elpais.es 14.12-10

DE LA RÚA INSISTE EN QUE NO TIENE AMISTAD CON CAMPS "COMO ALGUNOS HAN DICHO"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, ha afirmado esta mañana que la causa contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, por el caso Gürtel, fue "una más", y ha reiterado que su relación con él era "institucional" y "no de amistad íntima".

De la Rúa, al que el propio Camps consideró en un acto público"más que un amigo", apoyó junto a otro de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal el auto de archivo de la causa por supuesto cohecho pasivo impropio contra el presidente valenciano en relación con los trajes regalados por la trama corrupta. El ponente fue el magistrado José Francisco Ceres, mientras que Juan Montero presentó un voto particular en contra de la decisión tomada en agosto de 2009. El Tribunal Supremo revocó el pasado mayo el cierre del caso y lo reenvió al TSJ valenciano, donde sigue a la espera de que el juez instructor, José Flors, decida si abre juicio.

En declaraciones a un grupo de periodistas en la toma de posesión de nuevos secretarios judiciales, De la Rúa ha afirmado que con Camps "solo" mantiene "una buena relación institucional" pero "no amistad íntima y personal, tal y como algunos han dicho", por lo que "para nada" lamenta que la ramificación valenciana del caso Gürtel recayera en su tribunal. "Esa frase que dijo Camps de amistad íntima está sacada de contexto. Estaba hablando de relación institucional. No me he tomado con el president ni una cerveza en privado ni él ha ido al entierro de mis padres ni a la boda de mis cuatro hijos, como sí habría sido en caso de una amigo íntimo. Para mí, como juez, fue una causa más", ha asegurado tajante.

"La causa del presidente Camps para mí era una más de las que estaba en la Sala de lo Civil y lo Penal y punto. No le di más trascendencia ni más importancia que la causa siguiente o la anterior que tuvimos en el tribunal", ha insistido De la Rúa, quien se ha preguntado si tras 40 años "pidiendo que se respete la justicia" debería haber incumplido la ley "y cargar el caso a otro".

El magistrado fue denunciado por un abogado ante el órgano de gobierno de los jueces por no abstenerse en el caso de Camps, pero la queja fue archivada. Para defender su imparcialidad, el magistrado ha destacado otros casos relacionados con políticos valencianos: "Nadie ha hablado de que aquí se desestimo una querella contra Joan Ignasi Pla cuando era secretario general del PSPV, interpuesta por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, donde yo intervine y firmé, y con el que tenía la misma relación institucional que con Camps". También ha mencionado la denuncia del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana contra dos diputados socialistas, que fue desestimada.

De la Rúa estaba pendiente de destino a partir de mediados de diciembre, pero el Consejo General del Poder Judicial ha decidido esta mañana que quede adscrito a la Sala de lo Social del TSJ valenciano. El magistrado quedará así alejado del caso Gürtel, del procedimiento de los trajes y de las diligencias relacionadas con una supuesta financiación irregular del PP valenciano, sobre las que aún no se ha tomado una decisión.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumplió ayer con su principal función logrando el nombramiento de seis presidentes de Tribunales Superiores de Justicia (TSJM). Entre ellos, el de Pilar de la Oliva, miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, en sustitución de Juan Luis de la Rúa al frente del TSJ de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El desatasco de los nombramientos que todavía no se ha solucionado para la plaza vacante por jubilación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha sido posible gracias a dos factores. El primero, la necesidad de realizarlos para evitar el desgaste que suponía para la institución su incapacidad de alcanzar un consenso suficiente para renovar los cargos judiciales que requieren una mayoría de 13 votos.

El otro ha sido fundamental para los nombramientos, aunque también lo fue para posponerlos. Consiste en las divisiones que se han producido en los bloques tradicionales del Consejo entre vocales progresistas y conservadores.

Para relevar al juez al que el president de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, llamó "más que amigo", ha sido necesario designar también presidente del TSJ andaluz a Lorenzo del Río. El presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz fue portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, el mismo cargo que ocupó en Jueces para la Democracia el flamante titular del TSJ de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno.

Precisamente, el nombramiento de este último dividió durante meses a los vocales progresistas del CGPJ. Un sector consideraba prioritario que se nombrara un magistrado de talante progresista en el TSJ valenciano, que tiene en sus manos una parte del caso Gürtel, mientras que otro, capitaneado por Margarita Robles, prefería renunciar a esta plaza, a cambio de sustituir a Maria Eugènia Alegret, de la APM, en Catalunya. Y eso que muchos coinciden en su buen hacer durante su primer mandato y es habitual renovar estos cargos en esas circunstancias.

Para que hubiera nombramientos, el otro sector progresista optó por ceder Valencia, siempre y cuando también se eligiera al presidente del TSJ andaluz y no fuera un conservador, como querían los vocales propuestos por el PP.

Pero el férreo bloque que tradicionalmente han mantenido los magistrados conservadores ayer se rompió. Y dos vocales, Concepción Espejel y Claro José Fernández, se alinearon con los progresistas. Así también se reeligió a Vicente Manuel Rouco en Castilla-La Mancha, a Antonio Juan Castro en Canarias y a José Luis Concepción en Castilla y León.

El Consejo del Poder Judicial anunció ayer la terna de candidatos para sustituir a Juan Luis de la Rúa al frente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Son los magistrados Pilar de la Oliva y Pedro Castellano (ambos conservadores) y Javier Lluc (no asociado).

De la Oliva es la candidata, a priori, que más posibilidades tiene de alzarse con la presidencia, donde aguarda el caso Gürtel. Dispone del respaldo del sector conservador del Consejo. Dentro del órgano de gobierno de los jueces se la ve "muy trabajadora" y "bastante menos escorada a la derecha" que Pedro Castellano, su principal rival.

Inicialmente, la apuesta conservadora era Castellano, pero la fuerte oposición de los progresistas del Consejo, que le consideran "muy radical", ha llevado a buscar un candidato que permita reunir los 13 votos necesarios para el nombramiento.

El pleno del Consejo del jueves tiene previsto designar a los presidentes de los tribunales superiores de Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía, y las presidencias de la Sala Primera, Segunda y Quinta del Supremo. Salvo para la Sala Segunda, de lo Penal, a la que aspiran dos candidatos, al resto de Salas solo concurren los titulares, que serán reelegidos.

Hay un principio de acuerdo entre el sector conservador y una facción del progresista, el que capitanea la vocal Margarita Robles, para situar en Cataluña al progresista Miguel Ángel Gimeno, y en Valencia, a De la Oliva. Ese acuerdo incluye renovar en sus cargos a los actuales presidentes de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco, y Castilla y León, José Luis Concepción, ambos conservadores.

El caso Gürtel también tiene ramificaciones que implican a aforados de Castilla y León, entre ellos, el presidente de las Cortes, José Manuel Fernández. La cadena SER informó ayer de que también figura implicada en Gürtel la actual consejera de Agricultura de esa comunidad y ex consejera de Medio Ambiente, Silvia Clemente, por el supuesto cobro de comisiones ilegales en un contrato adjudicado a empresas vinculadas a Gürtel.

La intención del Poder Judicial es renovar como presidente de Castilla y León a Concepción, si bien más del 85% de los jueces de esta comunidad quieren que el Consejo elija para ese cargo a la también candidata María José Renedo, ex decana de Palencia y una de las jueces españolas que más avales de colegas tiene.

El nombre de Pilar de la Oliva, titular del Juzgado de Instrucción 10 de Valencia, cobra fuerza como posible sustituta de Juan Luis de la Rúa al frente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. De la Oliva, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, fue entrevistada ayer en el Consejo del Poder Judicial junto con otros cuatro candidatos. La de ayer es la tercera vez que el Consejo examina a candidatos para la presidencia del alto tribunal valenciano, donde se tramita la patata caliente del caso Gürtel en su variante de Valencia, con el presidente Francisco Camps entre los implicados.

A preguntas de la vocal progresista Margarita Robles, De la Oliva se mostró muy crítica con la corrupción. "Desgraciadamente", dijo, "el crecimiento urbanístico desorbitado" ha llevado a muchas personas a "traspasar la línea", y subrayó que el "Estado de derecho debe ser inflexible" con esas prácticas.

Abogó por dotar de más medios a la justicia para que pueda actuar "inmediata e implacablemente" contra quienes tengan "la tentación" de caer en prácticas corruptas. De la Oliva también pidió más medios para atajar los atascos que padecen algunos tribunales valencianos.

El vocal progresista José Manuel Gómez Benítez felicitó a De la Oliva por tener su juzgado al día en la tramitación de asuntos. Y le preguntó su opinión sobre por qué otros órganos judiciales valencianos no están en la misma situación: "A lo mejor", sugirió, "otros compañeros no le dedican probablemente el tiempo adecuado o no tienen la pasión que pueda tener yo".

Vocales progresistas del Consejo entienden que De la Oliva no reúne los requisitos para acceder a este cargo porque la ley prima a los candidatos que han formado parte de un órgano colegiado y ella siempre ha trabajado en un juzgado de instrucción. Vocales conservadores, en cambio, no ven en ello ningún obstáculo y matizan que la ley da "preferencia" a los de órganos colegiados pero "en absoluto invalida" a los otros.

La intención del Consejo es designar al sustituto de De la Rúa en un próximo pleno. Pero dependerá de que haya acuerdo en el reparto de cargos en que está inmerso ahora el Poder Judicial y que, en principio, pasa por designar a dos jueces conservadores para los tribunales superiores de Castilla-La Mancha y Castilla y León (seguirían los actuales) y nombrar a dos progresistas para Cataluña (Miguel Ángel Gimeno) y Canarias (seguiría el actual).

LAS MAQUINACIONES POLÍTICAS SE IMPONEN EN EL CGPJ E IMPIDEN SUSTITUIR A DE LA RÚA

Sin acuerdo. De momento, no habrá sustituto para Juan Luis de la Rúa al frente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La política se impuso a la Justicia en una votación abocada al fracaso desde la tarde del domingo. Decepción, indignación y una unánime definición sobre lo que ayer sucedió en el pleno del Consejo General del Poder Judicial: "Han hecho el mayor de los ridículos".

Hasta el viernes había acuerdo. El candidato de los conservadores, Pedro Castellano, sería el sustituto de De la Rúa. A cambio de los votos progresistas, divididos en dos sectores, los vocales conservadores en el Consejo debían ceder o bien la plaza de la presidencia del TSJ de Cataluña, o bien la de la sala segunda del Tribunal Supremo, por cuyas manos pasan los asuntos más jugosos.

Todo estaba pactado, pero en la reunión del domingo algo se torció. Se imponían los vaivenes políticos. Ambas facciones progresistas querían las dos plazas a cambio de ceder Valencia. Ése era un acuerdo inviable para los conservadores, que sólo estaban dispuestos a ceder una de ellas.

Alcanzar el preacuerdo ya había sido difícil porque los progresistas estaban divididos en dos grupos. Los componentes del primero, liderado por Margarita Robles, querían la plaza de Cataluña. Los del segundo, con José Manuel Gómez a la cabeza, pretendían la vacante del Supremo.

En principio, esa escisión interna jugaba a favor de Castellano porque sólo había que convencer a la mitad de los vocales, aunque el resultado final, como quedó demostrado ayer, fue el contrario.

Todas las fuentes consultadas por Levante-EMV aseguran lo mismo: los conservadores tenían a su candidato consensuado y los progresistas ya lo habían aceptado, sacrificando así a su aspirante, Mercedes Boronat, que se presentaba bajo el amparo de Jueces Para la Democracia. Pero el domingo ambas ramas progresistas exigieron más.

El por qué de ese cambio de postura es una incógnita, aunque parece ser que la avaricia de uno de los bloques contagió al otro.

Pese a que los conservadores habían logrado el apoyo de los dos vocales nacionalistas, los propuestos por Convergència i Unió (CiU) y por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), todavía necesitaban dos votos más. Ayer, en un último intento desesperado por conseguir esos dos votos, se incluyó en el orden del día el TSJ de la Comunitat Valenciana, dejando fuera la correspondiente a Andalucía, que es otro punto caliente, y a Cataluña. Se buscaba una posible fuga de votos, pero no fue así.

El resultado final fue nueve votos para el candidato de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, Pedro Castellano, diez para la aspirante de la asociación progresista, Jueces Para la Democracia y dos abstenciones, las de CiU y PNV. Los otros dos candidatos, el independiente, José María Tomás y Tío, y el alicantino Vicente Magro, que también se presentó por la APM, no obtuvieron ningún voto.

Como el CGPJ no alcanzó un acuerdo, y la plaza quedó vacante, todo vuelve a empezar. Juan Luis de la Rúa cumplió su segundo mandato en julio de 2009. Al no haberse alcanzado un acuerdo sobre su sustituto, el presidente en funciones del TSJ-CV continuará en el cargo hasta que el máximo órgano de los jueces consiga ponerse de acuerdo sobre un aspirante a la plaza.

Según fuentes del Consejo consultadas por este periódico, en los próximos días se publicará en el Boletín Oficial del Estado el resultado de la sesión plenaria de ayer. A partir de ahí, se convocará, por tercera vez, la plaza al TSJ-CV y todo volverá a comenzar de nuevo, esto es, solicitud de la plaza por parte de los candidatos, entrevistas de éstos ante el comité de selección del Consejo y votación en sesión plenaria.

Como muy pronto, dicha votación, se realizará el próximo diciembre, si no en enero de 2011. Hasta que llegue ese día, De la Rúa continuará al frente del TSJ de la Comunitat Valenciana.Quiénes serán los aspirantes a al puesto en esa ocasión es una incógnita aún por desvelar. Ayer, ninguno de los candidatos en la votación realizada por la mañana quería confirmar si se volverá a presentar. Todos coincidieron a la hora de explicar su sentir tras la sesión de ayer: decepción.

(www.levante-emv.com, 22/06/10)

EL PODER JUDICIAL, INCAPAZ DE BUSCAR UN RELEVO A DE LA RÚA

El Consejo del Poder Judicial fue incapaz ayer de nombrar al relevo de Juan Luis de la Rúa al frente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Hubo que repetir cuatro veces una votación en la que ninguno de los principales candidatos, la progresista Mercedes Boronat (que obtuvo 10 votos en la última votación) y el conservador Pedro Castellano (9) logró reunir la necesaria mayoría cualificada de 13 votos.

Es la tercera vez que el Poder Judicial tiene que aparcar el nombramiento de la presidencia del Tribunal Superior de Valencia. Esta plaza es muy codiciada por los dos grupos mayoritarios del Consejo, habida cuenta de que el Superior de Valencia tiene de nuevo en sus manos la parte valenciana del caso Gürtel, que afecta a la cúpula del PP de esta región, empezando por su presidente, Francisco Camps.

El relevo en el Tribunal Superior de Valencia tendrá que esperar varios meses a otra convocatoria en el BOE para aspirantes (será la tercera vez que los candidatos tengan que someterse a entrevistas ante los vocales del Consejo). Pero mientras, y ya lleva un año en situación de interinidad, seguirá al frente de este alto tribunal Juan Luis de la Rúa, el juez que salvó a Camps del banquillo por el regalo de los trajes y otras dádivas por parte de la trama corrupta Gürtel.

El sector conservador tiene mucho interés en que el relevo de De la Rúa sea el magistrado Pedro Castellano. Pero en esta ocasión los vocales progresistas sí hicieron piña ayer contra Castellano en favor de la juez Boronat.

La falta de acuerdo entre los dos principales grupos del Poder Judicial para elegir al presidente del Superior de Valencia arrastró a la nada los otros nombramientos previstos, las presidencias de Andalucía y Cataluña. En Andalucía, a priori, la apuesta de los progresistas, y de la Junta de Andalucía, es Joaquín García Bernaldo de Quirós, de la moderada Asociación Francisco de Vitoria. Los conservadores quieren a Francisco Arroyo. Otra de las presidencias afectadas por la falta de acuerdo en Valencia fue la de Cataluña. El progresista Miguel Ángel Gimeno es el candidato del grupúsculo de vocales que encabeza Margarita Robles.

Sí hubo acuerdo ayer en el Consejo para elegir a José Manuel Sieira nuevo presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. También fue nombrado Diego Córdoba como nuevo presidente de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Obtuvo 17 votos. Para presidir la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco fue designado Luis Ángel Garrido (13 votos). Asimismo, la presidencia de la Audiencia de Guipúzcoa recayó en Ignacio Subijana, quien obtuvo 11 votos frente a los 9, todos estos conservadores, del magistrado y ex vocal del Consejo Juan Pablo González.

(www.elpais.com, 22/06/10)

Castellano presidirá el TSJ si los vocales conservadores ceden Cataluña o el TS

El Consejo Judicial decide el lunes la magistratura valenciana en un tablero de negociación nacional

La partida de póquer llega a su fin. Sólo quedan dos días para el pleno del Consejo General del Poder Judicial en el que, a priori, saldrá elegido el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Cuatro son los aspirantes al puesto: Pedro Castellano y Vicente Magro, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura; el independiente, José María Tomás y Tío y Mercedes Boronat, de la progresista Jueces para la Democracia.

Con las cartas puestas sobre la mesa alguien tiene que ceder. En principio, el favorito para ocupar el sillón de Juan Luis de la Rúa es Castellano. Fuentes consultadas por Levante-EMV aseguraron que los vocales del CGPJ conservadores ya lo han elegido como su candidato.

Hasta ahora, Vicente Magro se perfilaba como el máximo rival para desbancar a Castellano, en caso de que los progresistas cedieran sus votos, pero el que Magro sea ex senador del Partido Popular parece que ha sido un escollo insalvable, y el sector de los progresistas se ha negado a votarle, pese a tener un perfil menos conservador que su rival.

Los grandes perjudicados de este juego serán, en caso de que se alcance un acuerdo entre los dos bandos, Mercedes Boronat y José María Tomás y Tío. El peso de Margarita Robles dentro de los progresistas parece que ha sido decisivo para "sacrificar" a Boronat. Robles quiere la presidencia del TSJ de Cataluña para un afín, el ex portavoz de Jueces para la Democracia en esa autonomía Miguel Ángel Gimeno.

Intercambio de cromos

Ahora es el momento del intercambio de cromos. Para que Castellano salga elegido necesita 13 votos. El consejo está formado por 21 vocales, de ellos nueve son conservadores y otros nueve son progresistas, otros dos son los vocales propuestos por el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia i Unió, y el último es el presidente, Carlos Dívar.

En el pleno del próximo lunes, además de la plaza de Valencia, también se deberá realizar la votación para cubrir las vacantes de una plaza en la sala segunda del Tribunal Supremo y las presidencias de los TSJ de Cataluña y Andalucía.

Cataluña o el Supremo

Andalucía no supondrá, en principio, un problema durante las votaciones, pero sí las otras dos plazas. El sector progresista que domina Margarita Robles estaría dispuesto a ceder sus votos a favor de Castellano si los conservadores votan a favor de su candidato en Cataluña.

El problema está en que el otro sector de los progresistas quiere, a toda costa, la plaza vacante de la sala segunda del Tribunal Supremo, pero los conservadores se niegan a ceder dos plazas a cambio de una sola.

Según pudo saber este periódico les han dado a elegir: o el Supremo o Cataluña. Así, cubrir la presidencia del TSJ de la Comunitat Valenciana el próximo lunes dependerá de que este fin de semana se alcance un consenso interno dentro de la línea progresista del Consejo General del Poder Judicial, aunque la decisión final se sabrá este lunes.

www.levante-emv.com 19.06.10

EL SUPREMO ADMITE UNA DEMANDA CONTRA EL JUEZ MÁS QUE AMIGO DE CAMPS POR NO HABERSE APARTADO DEL CASO

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite una demanda contra el todavía presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), Juan Luis de la Rúa, por haber participado y archivado el proceso contra Francisco Camps aún siendo “más que amigo” del presidente regional. La denuncia ha partido del abogado José Luis Mazón, que ya elevó en su momento una queja al Consejo General del Poder Judicial contra la participación de De la Rúa en el caso de los trajes, pero el órgano de control de los jueces decidió archivar la queja. El Supremo será el que tenga ahora la última palabra.

El juez “más que amigo” de Francisco Camps, Juan Luis de la Rúa, ya había agotado su mandato como presidente del TSJV cuando se hizo cargo y archivó el caso del presidente valenciano por los regalos de los trajes que éste supuestamente recibió de la trama Gürtel. El abogado José Luis Mazón -que, entre otros procesos, es el denunciante del juez Baltasar Garzón por el tema de los cursos en la Universidad de Nueva York- emitió entonces una queja al CGPJ en la que consideraba que De la Rúa debía apartarse del caso por la amistad que le unía con el acusado. Sin embargo, el órgano de control de los jueces desestimó su queja.

El letrado no se ha dado por satisfecho y ha elevado el caso al Tribunal Supremo, que ha decidido admitir a trámite su demanda, según informa Público. La noticia supone un nuevo varapalo para el magistrado, unos días después de que el Supremo haya desautorizado su sentencia sobre el archivo del trajegate y haya decidido reabrir la investigación imputando de nuevo a Camps y a otros tres altos cargos del Ejecutivo valenciano.

Según la demanda de Mazón, De la Rúa incurrió en una falta grave porque participó en la causa contra el president aunque su amistad con él era pública y reconocida, y espera que el alto tribunal anule el archivo de su queja ante el CGPJ. Éste organismo recordó en su momento que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el PSOE valenciano recusaron al juez cuando comenzó el proceso.

Según las fuentes de Público la petición de recusación o se hizo en un primer momento porque se daba por hecho que De la Rúa se abstendría en la votación. Además, Fiscalía y PSOE estaban convencidos de que, de no abstenerse, no sería capaz de dar carpetazo al asunto después del durísimo auto del magistrado José Flors, que ordenaba la apertura del juicio oral y veía claros indicios de delito en la conducta de Camps.

Muchos lo sospecharon y ahora el Consejo General del Poder Judicial reconoce que la imparcilidad del presidente del Tribunal Superior de Valencia, Juan Luis de la Rúa, "estaba en cuestión" debido a su más que amistad con el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

Así lo reconoce en la resolución que explica la decisión de la Comisión Disciplinaria del CGPJ de archivar la queja que el letrado José Luis Mazón presentó contra De la Rúa al no abstenerse en las deliberaciones que terminaron con el sobreseimiento de la parte valenciana del caso Gürtel.

Sin embargo, el informe asegura que no se deducen "hechos objetivos de entidad suficiente que permitan considerar indiciariamente probada una amistad íntima entre ambos presidentes", pese a que Camps declaró ser "más que amigo" del magistrado.

Lo que sí que reconoce el Consejo es que "estaba en cuestión la apariencia de imparcialidad ante la sociedad" de De la Rúa. La Comisión Disciplinaria del Consejo analiza los "elementos objetivos" que podían haber obligado al magistrado a abstenerse "al margen de la sensación generada" y concluye que, pese a que "se ha suscitado un estado de duda y recelo en la opinión pública", De la Rúa no cometió ninguna infracción porque no fue recusado por las partes.

En el informe enviado al CGPJ para defenderse, De la Rúa aseguró ser consciente de la "inmejorable relación institucional" con Camps, pero decía que ésta no había derivado en "amistad íntima" y como prueba señalaba que desconocía la composición de la familia de éste, que jamás había pisado su casa y que no había comido con él, ni siquiera tomado una cerveza, "fuera de los actos de concurrencia pública por razón de la función representativa".

Además añadía que no había participado con Camps en viajes o actividades lúdicas "de carácter privado" y que no le había invitado a las bodas de sus hijos ni a otros acontecimientos familiares.

El Consejo General del Poder Judicial ha vuelto de las fiestas navideñas con un objetivo claro: realizar los nombramientos que dejó pendientes antes del periodo vacacional. De momento hay acuerdo para dos renovaciones: la del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que lleva un año pendiente, y la de la presidenta del de Catalunya. Jaime Tapia y María Eugènia Alegret son los candidatos con más papeletas para, respectivamente, ocupar y mantenerse en dichos puestos. La renovación de Juan Luis de la Rúa, al frente del TSJ valenciano, se aplazará para realizar la negociación junto a la de otros nombramientos.

Los vocales progresistas y conservadores del Consejo ya tenían esos nombres listos para el pleno del pasado 17 de diciembre. Pero en esa ocasión no pudo ser. La reprobación del vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, del sector conservador, planteada por el progresista José Manuel Gómez Benítez, por sus declaraciones en el caso de Aminatu Haidar, llevó a que los vocales nombrados a propuesta del PP se plantaran. Su argumento fue que el nombramiento del presidente del TSJ valenciano debía negociarse con los anteriores, algo imposible ante el encastillamiento de las posturas.

Tampoco ayudó el que desde parte de los vocales progresistas se considerara escaso el acuerdo alcanzado. Creían necesario incluir también los nombramientos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pendientes desde hace año y medio.

Al nombramiento del ex portavoz de Jueces para la Democracia (JpD) Jaime Tapia al frente del TSJ vasco, cargo, en el que sustituirá al conservador Fernando Ruiz Piñeiro, le tocó esperar. Tampoco se renovó a Alegret, de la Asociación Profesional de la Magistratura, como presidenta del TSJ catalán. Si no hay problema, ambos serán nombrados en el pleno del día 28.

La renovación que se retrasará todavía más será la de Juan Luis de la Rúa, al que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, llegó a decir que era "más que amigo". En las manos del presidente del TSJ de Valencia está la querella presentada por el PSOE por la presunta financiación ilegal del PP y puede estar la rama valenciana del propio caso Gürtel, si el Supremo ordena su reapertura.

Fuentes del CGPJ indicaron que la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de valenciano se negociará en un paquete más amplio de nombramientos. Se esperará a que venzan los mandatos de los presidentes de los TSJ de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía. Y todos se negociarán juntos.

La disputa por De la Rúa bloquea la elección de altos cargos judiciales

El presidente del Tribunal Superior valenciano seguirá previsiblemente hasta el verano

El bloqueo en el Consejo del Poder Judicial en los nombramientos de altos cargos judiciales es total. Tanto que, si no cambian las cosas, propiciará que Juan Luis de la Rúa -uno de los tres jueces que decidió el archivo de la causa por cohecho impropio contra el presidente valenciano, Francisco Camps- siga previsiblemente como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al menos hasta el próximo verano.

La sustitución de Ruiz Piñeiro en el tribunal vasco se da por segura
De la Rúa aún podría meter mucha baza en el 'caso Gürtel'

Los vocales progresistas y conservadores del Consejo -que inevitablemente han de pactar para reunir los 13 votos mínimos que requieren las presidencias de los tribunales superiores y vacantes del Tribunal Supremo- han erigido la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en su pieza más codiciada. Todo ello con las ascuas aún pendientes del caso Gürtel y la supuesta implicación en él del presidente Camps.

Ni conservadores ni progresistas parecen estar dispuestos a ceder Valencia. Ante este bloqueo, la estrategia que han adoptado ambos grupos es dejar pasar el tiempo, dado que en los próximos meses saldrán a concurso otras presidencias de tribunales superiores (las de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía) que les obligarán a decantarse. Y es que en Andalucía -comunidad donde desde siempre gobierna el PSOE- la presidencia del alto tribunal -ocupada ahora por Augusto Méndez de Lugo, que será relevado- es otra de las plazas más deseadas, sobre todo para los vocales progresistas.

Según fuentes del Consejo, es posible que sea en ese momento cuando conservadores y progresistas se vean forzados a repartirse ambas plazas. Si en Valencia gobierna el PP, en Andalucía lo hace el PSOE. Y, aparte de intereses políticos, es diáfano el interés del vocal progresista Manuel Torres Vela, según fuentes de su entorno, en que la plaza del tribunal andaluz sea para el actual presidente de la Audiencia de Cádiz, Lorenzo del Río. Su nombramiento contentaría, además, a la moderada Francisco de Vitoria, a la que pertenecen Torres Vela y Del Río.

En el pleno del Poder Judicial del pasado jueves debieron ser nombrados los presidentes de Valencia, Cataluña y País Vasco. No hubo forma de que se pusieran de acuerdo. Fuentes del Consejo se apresuraron a difundir que la negociación estaba rota y que se había aplazado hasta enero. Aun así, en ambos sectores del CGPJ se descarta la posibilidad de un pacto en enero, al menos en Valencia.

Pero sí es posible que a comienzos de año haya acuerdos para la presidencia del País Vasco, donde todos dan por segura la no renovación del juez conservador Fernando Ruiz Piñeiro y su sustitución por el presidente de la Audiencia de Álava Jaime Tapia, apoyado por la vocal Margarita Uría. Afín al PNV, Uría suele sumar su voto al de los progresistas en las decisiones del Consejo y éstos se ven impulsados a devolver favores.

También hay consenso para revalidar en la presidencia del Tribunal Superior de Cataluña a Maria Eugènia Alegret, de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura. Pero la plaza del Tribunal Superior de Valencia, cuyo presidente, De la Rúa, está en funciones desde junio tras diez años en el cargo, quedará en el aire hasta el verano.

Ambos grupos juegan con que pronto tendrán sobre el tapete, para ser cubiertas, otras vacantes de altos cargos judiciales importantes. Por ejemplo, las presidencias de los tribunales superiores de las dos Castillas, así como tres vacantes en el Tribunal Supremo: una de jurista en la Sala Penal del Supremo, la que deja el presidente de la Sala de lo Contencioso -que resuelve los pleitos entre ciudadanos y la Administración- y otra en la Sala Civil.

Los conservadores no tienen inconveniente en apoyar al candidato de los progresistas a la vacante de la Sala de lo Penal, el catedrático Gonzalo Quintero, si, a cambio, éstos les apoyan para situar a Juan José Lesmes, ex alto cargo del PP en Justicia, para la plaza que quede vacante en la Sala de lo Contencioso.

En todo caso, la idea de conservadores y progresistas, que tienen nueve votos cada uno, es resistir y ceder para luego pedir la compensación de Valencia como algo inevitable. El grupo progresista ha puesto los ojos para esta comunidad en la magistrada María Mercedes Boronat. Y es que no se desvanece la sombra del caso Gürtel ni de las investigaciones judiciales que pesan sobre el presidente de la Diputación y número uno del PP en Castellón, Carlos Fabra.

Todo indica que De la Rúa, si no se abstiene, aún podrá meter mucha baza en la parte del caso Gürtel que afecta al presidente valenciano, Francisco Camps, que el propio De la Rúa archivó y que está pendiente de un recurso de la Fiscalía Anticorrupción ante el Tribunal Supremo. Camps se jactó en público de la íntima amistad que le unía a De la Rúa, quien luego aseguró ante el Poder Judicial que esa amistad sólo es "institucional".

La intención del Supremo es resolver el recurso en los primeros meses de 2010. Si lo estimase, la vertiente valenciana del caso Gürtel volvería a las manos del Tribunal Superior de Justicia de Valencia con De la Rúa aún como presidente. Pero es que, además, el TSJV estudia en este momento una querella de los socialistas de Valencia contra Camps y otros altos cargos del PP de Valencia por supuesta financiación ilegal del partido con la mediación de la trama Gürtel a través de Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes.

De la Rúa fue excluido de la terna para presidir este tribunal, pero días después los vocales Antonio Dorado, Fernando de Rosa y Manuel Almenar -todos ellos nombrados a propuesta del PP- pidieron al pleno de este órgano que incluyera a De la Rúa en la lista de candidatos. Los aspirantes a presidentes de tribunales superiores y a magistrados del Supremo deben obtener un mínimo de 13 votos para resultar elegidos.

www.elpais.es 28.12.09

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revive épocas pasadas con el bloqueo en los nombramientos de presidentes de Tribunales Superiores. En el orden del día del próximo Pleno no se incluirán los nombramientos pendientes, entre ellos el del nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que seguirá en manos de Juan Luis de la Rúa. El juez amigo de Francisco Camps podrá seguir en el cargo hasta que haya un acuerdo entre los vocales progresistas y conservadores que permita una mayoría de 13 votos.

Algo que para este jueves se ha vuelto imposible y habrá que ver si cambia en próximas citas (el próximo Pleno se celebrará a finales del mes de enero), teniendo en cuenta que del TSJCV depende, por ejemplo, el futuro la rama valenciana del caso Gürtel.

Hay tres Tribunales Superiores de Justicia pendientes de renovación: el de Catalunya, el del País Vasco y el de Valencia. Las negociaciones para lograr 13 votos a favor de un candidato en el TSJ valenciano se aplazaron hace días, por el encasillamiento de las posiciones, según fuentes del CGPJ. En lo que se esperaba llegar a acuerdo era en los TSJ de Catalunya y del País Vasco. Este último lleva un año pendiente de renovación.

Pero el bloque conservador se ha plantado. Pretende que el debate se haga a a tres bandas, es decir, teniendo en cuenta a la vez quién será elegido en cada tribunal autonómico. En esta ocasión la excusa ha sido la propuesta del vocal progresista José Manuel Gómez Benítez de reprobar en el próximo Pleno las manifestaciones del vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, en torno la huelga de hambre que mantiene la activista saharaui Aminetu Haidar.

Los vocales del CGPJ mantuvieron ayer su última reunión para tratar de alcanzar un acuerdo sobre nombramientos. Pero no fructificó ni siquiera en cuanto al TSJ de Catalunya, pese a que hay un mayor consenso entorno a su actual presidenta, María Eugènia Alegret, de la Asociación Profesional de la Magistratura, pero a la que los vocales progresistas no ven con malos ojos.

Los vocales del CGPJ mantuvieron ayer su última reunión para tratar de alcanzar un acuerdo sobre nombramientos

El final de la prórroga del mandato de Fernando Ruiz Piñeiro al frente del TSJ vasco también parecía próximo con la elección de un magistrado de Jueces para la Democracia que concurren a la plaza. Al final los TSJ del País Vasco y de Catalunya y otros nombramientos pendientes han corrido la misma suerte que la presidencia del TSJ valenciano.

La candidatura de De la Rúa, el "más que amigo" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quedó fuera de la terna de candidatos que la Comisión de Calificación elevó al Pleno. Fue repescada por la vocal del sector conservador Concha Espejel, con los apoyos del vicepresidente del CGPJ y los vocales Manuel Almenar y Antonio Dorado, también nombrados a propuesta del PP.

El Consejo del Poder Judicial aplaza 'sine die' la renovación de De la Rúa en el TSJ

El Pleno del CGPJ del 17 no debatirá su sustitución pese a estar previsto

No estaba previsto el consenso y no lo habrá. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) iba a debatir y votar al sustituto de Juan Luis de la Rúa al frente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ CV) el próximo jueves 17; pero la confrontación entre los sectores progresistas y conservadores del CGPJ es de tal magnitud que ni siquiera se incluirá ese punto en el orden del día.

El presidente es un mal menor en un entramado con objetivos mayores

El bloqueo posibilitará que De la Rúa ("el más que amigo" de Francisco Camps, según propia definición del presidente del Consell) se mantenga al frente del TSJ sine die.

La pregunta ahora es: ¿Cuánto tiempo se puede perpetuar De la Rúa al frente del TSJ? Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ, avisó la semana pasada: "Todo el tiempo del mundo". El ex consejero de Justicia de la Comunidad Valenciana sabe lo que se dice. El acuerdo entre los dos sectores del CGPJ es, hoy por hoy, imposible, según confirmaron ayer varios vocales del Consejo a este periódico. Los conservadores se mantienen inalterables en su apoyo a Pedro Castellano, presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, en funciones en su cargo como De la Rúa. Y si no se le acepta no pasa nada. Están encantados de que las cosas sigan como están.

Frente al bloque monolítico conservador, el progresista presenta fisuras. Coincide en considerar urgente una renovación que vaya más allá de la cuestión nominal para el TSJ valenciano, pero no está tan claro que su rechazo a Pedro Castellano sea tan firme. De hecho, una parte de los vocales de este sector podría aceptarle si los conservadores cedieran en el País Vasco y en Cataluña. Y ahí es donde radica la discrepancia. Algunos miembros progresistas casi prefieren que De la Rúa siga en su puesto antes que aceptar a Pedro Castellano.

La vocal Concha Espejel, de la APM, ex presidenta de la Audiencia de Guadalajara, firma la presentación de Juan Luis de la Rúa como cuarto candidato para que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo incluya cuando el asunto entre en el orden del día. Se suma así a los tres candidatos firmados por la comisión de calificación: Mercedes Boronat, Pedro Castellano y José María Tomás y Tío. Lo hace por el artículo 74 del Reglamento de funcionamiento del CGPJ, en el que se prevé esa circunstancia. Si fuera elegido De la Rúa, precisamente por haber ido por ese procedimiento, sería impugnable por no contar con el aval de la comisión y los trámites que ello exige. Entre algunos de los vocales la explicación de que esta situación se haya dado obedece a las presiones realizadas por el propio De la Rúa, directa e indirectamente. El presidente interino no está dispuesto a ceder su plaza fácilmente. Lo hubiera hecho a otro sucesor, pero no a Pedro Castellano. Incluso de esa polémica sacan ventaja los conservadores: su objetivo es Castellano, y en tanto no consigan el voto de los progresistas inmovilizarán el cambio porque tienen a De la Rúa. El presidente interino no cuenta con el respaldo de su asociación, la APM, que públicamente respalda a Castellano, pero es un mal menor en este entramado con objetivos mayores.

La APM ha conseguido durante los últimos diez años todas las jefaturas excepto en tres TSJ, ninguno de primera fila. Jueces por la Democracia (JpD) entiende razonable que haya alternancia, y de forma excepcional a tenor del deterioro de la imagen de la Justicia, en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la negociación es complicada. El TSJ del País Vasco está presidido por Fernando Ruiz Piñeiro, quien sentó en el banquillo al actual lehendakari, a Patxi López. El nuevo escenario político en Euskadi y la prórroga de su mandato -en febrero no prosperó la terna presentada y se ha mantenido al frente de la institución porque durante todo este tiempo las negociaciones no avanzaban- han hecho que se produzca un cierto acercamiento y que haya voluntad de dejar atrás las diferencias. Es difícil que Jaime Tapia, el candidato de JpD, pueda salir vencedor de esa lucha.

A esa situación se suma la de la presidenta del TSJ de Cataluña, única mujer en ese cargo, con un solo mandato a sus espaldas, María Eugenia Alegret, del sector más liberal de la APM, con buenas relaciones con José Montilla, presidente de la Generalitat catalana, no presenta razones objetivas por las que empujar a favor del cambio. Es decir, los progresistas deberían renunciar expresamente a Cataluña y al País Vasco para lograr, como mínimo, sentarse a hablar. Pero es que los conservadores tienen sus propios objetivos: mantener a Alegret (aunque para muchos sea excesivamente próxima a la Generalitat catalana) no cuesta nada, porque si no se ponen de acuerdo sería interina. De renunciar a Piñeiro en el País Vasco, ni se fabula, y Castellano es innegociable, sin dolor porque la alternativa es De la Rúa.

Son los progresistas los que tienen el papel más complicado. Y además no es unánime. El sector más político está dispuesto a ceder Valencia a cambio del País Vasco y Cataluña. Considera que la Comunidad Valenciana, frente a esas dos plazas, es sacrificable. El sector progresista más técnico no está dispuesto a renunciar a entrar en una institución que necesita, dicen, "ser rescatada".

Entre tanto, De la Rúa, sin apoyos en la asociación, sin plaza a medida en el Supremo, sin respaldo en la comisión de calificación y con su responsabilidad criticada por su actuación en el caso Gürtel sigue al frente del Tribunal Superior del Justicia. Y todo parece indicar que así será en los próximos meses, en los que, entre otras cosas, el Tribunal Supremo debe decir si respalda o rechaza el archivo que hizo De la Rúa de la causa abierta contra Camps por supuesto cohecho pasivo impropio en relación con la trama Gürtel.

"Los azules, deben seguir siendo azules"

En una de las primeras reuniones de los vocales del CGPJ sobre las renovaciones de los TSJ, uno de los conservadores dijo: "Los que son azules deben seguir siendo azules". Y lo dijo refiriéndose al de la Comunidad Valenciana. Azul, conservador, lo es. Lo es más allá de su presidente. Sin duda, la mayoría aplastante de la asociación conservadora en la carrera da buena medida de ello. Aunque la gran mayoría de jueces y magistrados no está adscrito a ninguna de las asociaciones que controlan el poder en los centros de decisión. La renovación de los cargos de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia también ha resultado azul.

Sólo el secretario de la sala, representante de los secretarios judiciales, pertenece a la asociación progresista de su cuerpo profesional. Las elecciones a la sala fueron demoledoras para Jueces para la Democracia (JpD). El sesgo a la derecha es tal que a pesar de haber entrado dos independientes, no estarán en la comisión permanente.

Además, JpD ha perdido, de momento, dos de sus apuestas más firmes en la lucha por obtener la presidencia del TSJ y de la Audiencia Provincial de Valencia. Luis Manglano, a quien la asociación confirmó su respaldo en el proceso de sustitución de De la Rúa, no ha entrado en la terna. Su trayectoria profesional va más allá del conocido caso Naseiro. Desde la sala de lo Contencioso-Administrativo, ha logrado una especialización en materias especialmente importantes para la Comunidad Valenciana: Urbanismo y Medio Ambiente. Dialogante y conciliador, ajeno a corrillos y comprometido con la independencia del poder judicial no ha logrado pasar el primer corte. Y tampoco José Manuel Ortega, hasta ahora en Penal 10 de Valencia, tras años en Instrucción cinco, y con destino en la Audiencia Provincial. Sus lugares los han ocupado Mercedes Boronat y María Ibáñez.

Boronat, magistrada en la sala de Lo Social, con una dilata experiencia en todos los órdenes y el magisterio universitario, vinculada a la asociación y con vocación de mayor profesionalización de la justicia, da la réplica a Pedro Castellano.

María Ibáñez, en la sección séptima de la Audiencia, una de las firmantes de las dos impugnaciones del nombramiento de José Francisco Ceres (el ponente del auto de archivo del caso Camps), combativa y renovadora, se la da a Francisco de Jorge, a Carolina Rius y a Carmen Llombart. Su nombramiento, que necesita mayoría simple, parece mucho más asequible que el de Boronat.

www.elpais.es 08.12.09

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, no ha pasado el filtro para optar a ser renovado en el cargo. La Comisión de Calificación del Consejo del Poder Judicial le ha excluido de la terna de candidatos. Estaba avisado. Hasta quienes son sus afines en el Poder Judicial, los vocales conservadores, le dijeron que no se presentase, que no le apoyarían, ya que que para ese puesto tienen un candidato, el actual presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, Pedro Castellano.

Pero de la Rúa, el juez que exculpó del delito de cohecho impropio (regalo de trajes y otras dádivas de la trama corrupta Gürtel) al presidente Francisco Camps, se empecinó y presentó su candidatura. Incluso, a mediados de noviembre, acudió a la entrevista que realiza la comisión de calificación del Consejo a todos los candidatos a altos cargos judiciales. En la entrevista, señaló que su amistad con Camps "era institucional" y agregó que no se habría perdonado no presentarse porque le quedan cuatro años para la jubilación y que su gestión de diez años al frente del TSJCV había sido positiva.

Pero la comisión de calificación del Poder Judicial se reunirá hoy para conformar la terna, de entre los diez aspirantes al TSJCV, y en ella no estará De la Rúa, según fuentes del Consejo. Los tres candidatos preseleccionados son, además del citado candidato conservador Pedro Castellano, la juez progresista Mercedes Boronat y José María Tomás, independiente.

Quien finalmente nombrará al presidente del TSJCV, si es que logra reunir los votos suficientes, será el pleno del Consejo del Poder Judicial en su próxima reunión. Y debe hacerlo de entre los nombres que figuran en la terna que le eleve la comisión de calificación, aunque la ley permite que, durante el pleno, cualquier vocal pueda proponer algún otro nombre ajeno a la terna.

No está nada claro qué va a suceder con la presidencia del TSJCV. Tal como están las cosas, incluso cabe la posibilidad de que el pleno no pueda nombrar a ningún candidato porque los vocales conservadores y progresistas sean incapaces de pactar un sustituto de De la Rúa. Este nombramiento requiere una mayoría cualificada de 13 votos, del total de 21 posibles. Es decir, los vocales conservadores y progresistas (con nueve vocales en cada grupo) están obligados a pactar, pero entre ellos, de momento, hay serias diferencias. Los conservadores apuestan por Castellano, mientras que los progresistas estarían dispuestos a apoyar a cualquier otro candidato que no sea Castellano. Pero los conservadores parecen tenerlo claro: "O Castellano o seguirá, en funciones, De la Rúa, que elijan", señalan.

El CGPJ archiva la denuncia contra De la Rúa por el 'caso Camps'

Un abogado denunció al presidente del TSJ por no haberse abstenido en la causa contra el jefe del gobierno valenciano

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido en la sesión celebrada hoy "archivar" la información previa incoada a raíz de la queja formulada por un abogado contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, por no abstenerse en la decisión sobre la causa por cohecho impropio abierta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

De la Rúa firmó junto al magistrado José Francisco Ceres el archivo definitivo, ahora pendiente del Tribunal Supremo, de la investigación por un supuesto delito de cohecho impropio de Camps y otros altos cargos de la Generalitat por aceptar trajes de la trama corrupta del caso Gürtel.

El abogado José Luis Mazón argumentó que Juan Luis de la Rúa debió abstenerse en este caso porque existen, a su juicio, indicios de una relación de amistad con Camps, que en público ha afirmado que es "más que un amigo".

El CGPJ recibió la denuncia del abogado e inicialmente se propuso archivarla. Sin embargo, la comisión disciplinaria y la inspección se vieron obligados a ampliar el expediente al conocerse que De la Rúa acudió a un acto preelectoral del PP en 2007. El CGPJ pidió entonces una explicación al magistrado presidente del TSJCV, quien contestó que su relación ha sido siempre "institucional". Ahora, el Consejo decide cerrar el expediente al entender que no se ha producido ninguna circunstancia que deba ser sancionada por este órgano. También la Fiscalía ha archivado una denuncia, ésta presentada por Iniciativa pel País Valencià, en el mismo sentido.

www.elpais.es 26.11.09

La piedra que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) empujó laboriosamente en verano para librar del banquillo a Francisco Camps por el caso Gürtel ha vuelto a caer monte abajo. Juan Luis de la Rúa, jefe interino del tribunal en espera de relevo y el juez a quien el presidente de la Generalitat definió como "más que amigo", ha topado de nuevo con el caso.

De la Rúa tendrá que sentarse esta semana con otros cuatro magistrados para decidir si admite o no la querella planteada por el PSOE contra Camps y otros 16 posibles implicados en la presunta financiación irregular del PP. Entre ellos figuran cuatro diputados: Ricardo Costa, ex número dos del PP valenciano; Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat; David Serra, vicesecretario de Organización regional del partido; y la tesorera, Yolanda García. Fuentes del tribunal valenciano confirmaron el viernes que las deliberaciones comenzarán el martes o el jueves, los días en que la sala celebra sus reuniones semanales. Los socialistas confían en una decisión rápida, pero nadie puede asegurar con certeza cuánto tardarán los magistrados valencianos en determinar, primero, si son competentes para investigar los hechos denunciados y, después, si esos hechos presentan visos de delito. Si el tribunal lo cree oportuno, adoptará ambas decisiones en la misma sesión.

A diferencia de lo ocurrido con el caso de los trajes, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV no se enfrenta ahora a la tarea de dilucidar si, al aceptar regalos de la trama corrupta, el presidente de la Generalitat y líder del PP valenciano cometió un delito de cohecho impropio, la modalidad más leve de soborno.

Encara algo mucho más grave: la querella del PSOE clava sus cimientos en el demoledor informe donde la Brigada de Blanqueo de la Policía destapó numerosos indicios de que el PP valenciano se había financiado ilegalmente gracias a una relación simbiótica con la trama corrupta y su principal marca valenciana, Orange Market, organizadora de los actos del PP y que recibió más de siete millones de euros en contratos de la Comunidad, entre ellos los relativos a la organización de los stands para ferias de turismo. Al frente de Orange Market, el hombre de confianza de Francisco Correa en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes.

La Policía describe cómo funcionaba el reparto de papeles en el PP. Se confeccionaban, dice el informe, "facturas ad hoc con conceptos acordados al efecto entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. David Serra participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono, y Yolanda García, librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de una factura por conceptos ficticios".

Tanto de Costa como de Serra y García, el informe aporta numerosos indicios que adquieren casi el rango de pruebas. En lo que concierne a Camps y Rambla, parece menos clara su participación directa: el informe no incluye ninguna conversación en la que participe alguno de los dos, aunque sí referencias indirectas a que conocían lo que estaba sucediendo. Incluso hay alusiones directas de Álvaro Pérez a la posibilidad de enviarle mensajes a Camps a través de su mujer, Isabel Bas, dependiendo de "la cara que pusiera Vicente [Rambla]" en una de las reuniones que El Bigotes decía mantener con él para pedirle contratos y dinero.

El Bigotes pactaba con la tesorera del partido qué concepto había que anotar en una factura, discutía amigablemente con Costa, Ric, sobre cómo desbloquear la deuda del PP con Orange Market y pedía con absoluta normalidad a Rambla que favoreciera a la empresa con contratos.

Pérez también escuchaba a David Serra contarle cómo el "presi", Camps, estaba al tanto "de todo". El 2 de febrero de este año, cuatro días antes de que Baltasar Garzón cortara los primeros hilos de la red corrupta, El Bigotes adoptaba precauciones telefónicas.

No las suficientes como para evitar que la Policía descifrara la conversación que a las cinco de la tarde de ese día mantuvo con Pablo Crespo, secretario de Organización del PP gallego entre 1995 y 1999 y número dos de la Gürtel. "Álvaro comenta se lee en la transcripción policial que le ha dicho Ricardo que le iba a pagar todo lo que se ha hecho en Alicante, que en Barcelona no le podía pagar nada". Alicante, dinero A, declarable a Hacienda; Barcelona, dinero B, negro.

El código empleado por la trama sale a flote en el informe, que dibuja un escenario de colaboración amplísima de la trama con el PP valenciano. Un ejemplo: en la contabilidad B hay una anotación que dice "PP B (incluidos alcaldes)".

En la financiación del PP valenciano también tuvieron un papel destacado las contribuciones, camufladas mediante facturas falsas, de empresarios que luego y siempre según los investigadores se vieron recompensados con millonarias adjudicaciones. El informe consigna un dato que ya mencionaba Garzón en uno de sus autos: que la factoría Correa entregó al PP valenciano 420.000 euros en 2002.

"Existe dice el informe una financiación de actos del PP por parte de empresarios [que] tienen contratos vigentes, prestan servicios y realizan obras para las administraciones obtenidos como contraprestación a los favores realizados para la formación política". Los agentes de la Brigada de Blanqueo cifran en 837,7 millones de euros la cuantía total de las adjudicaciones obtenidas en la Comunidad Valenciana por los cinco empresarios que hicieron "aportaciones" al PP: Enrique Ortiz, Enrique Gimeno, Vicente Cotino, Antonio Pons y Luis Batalla.

Las empresas del grupo Sedesa, propiedad de familiares del consejero de Urbanismo de la Generalitat, Juan Cotino, lograron 539 millones en contratos y, según la Policía, pagaron supuestas facturas "encubiertas" por 130.000 euros. Las de Enrique Ortiz, un relevante promotor inmobiliario que prosperó de la mano del ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, obtuvieron adjudicaciones por 205,2 millones y, como mínimo, abonaron facturas por 115.884 euros.

El informe policial, el mismo que señala como implicados a los integrantes del núcleo duro del PP valenciano, llegó a manos de De la Rúa el 31 de julio, tres días antes de que su tribunal diera carpetazo a la acusación de cohecho impropio y exculpara tanto a Camps como a sus tres correligionarios entonces imputados: Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.

El tribunal valenciano, el único con potestad para investigar y juzgar a los aforados (los diputados autonómicos), desdeñó las revelaciones policiales. Lo hizo con el doble argumento de que nadie había pedido a la Policía que elaborase ningún informe y de que, en todo caso, ya obraba una copia en poder del Tribunal Superior de Madrid, que investiga el grueso del caso.

La situación de Camps ha empeorado ostensiblemente desde julio. El dossier policial ha resquebrajado su imagen de impecable presidente a quien un juez dudaría en arruinarle la carrera por un par de chaquetas. El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que ni es el único ni el último, traza un retrato poliédrico de la relación amistoso-empresarial que mantenían la cúpula del PP valenciano y los dos principales lugartenientes de Correa en Valencia, El Bigotes y Crespo.

Hace diez días, el mismo hombre que a las preguntas relativas al caso Gürtel solía responder con una parrafada sobre su felicidad como militante del PP perdió los nervios en un debate parlamentario. "A usted le encantaría coger una camioneta, venirse a mi casa de madrugada y que a la mañana siguiente yo apareciese boca abajo en una cuneta", espetó Camps al portavoz socialista, Ángel Luna. La deliberada evocación de los terroríficos paseos de la Guerra Civil ni siquiera fue subliminal.

Para cuando Camps se remontó a 1936, del informe policial ya se conocían algunos extractos clave. Charlas comprometedoras, e-mails que muestran que la red endosó a boyantes empresarios locales facturas que en realidad se correspondían con actos del PP y un detallado análisis de la contabilidad secreta de la red de Correa: todo eso consta en sus 99 páginas y en sus cinco anexos, cuyo contenido y alcance intenta desacreditar ahora el PP con su ataque al sistema de vigilancia Sitel, comprado por Mariano Rajoy en 2001, cuando era ministro del Interior.

Como ponente es decir, como responsable de proponer qué se hace con la querella y de dirigir la eventual instrucción que la admisión de la querella entrañaría, el tribunal ha designado a José Francisco Ceres. Magistrado de talante conservador, Ceres fue uno de los jueces que avaló el cerrojazo al caso de los trajes. Alineado con De la Rúa, Ceres también validó la resolución de la sala por la que acordaba no ya prescindir del informe policial sino excluirlo de la documentación obrante en el sumario de los trajes, sobre cuya reapertura deberá pronunciarse el Supremo a instancias de la Fiscalía y el PSOE.

Si el tribunal evita nuevas fintas y admite la querella de los socialistas, será Ceres quien interrogue a Ricardo Costa. Defenestrado a trancas y barrancas por orden de Rajoy, es Costa el que peor parado sale en el informe de la Brigada de Blanqueo. De hecho, su caída en desgracia y su posterior suspensión como militante del PP fueron causa directa del contenido del dossier policial.

Tomadas por separado, las charlas telefónicas intervenidas por la Policía a El Bigotes, a quien Camps llamaba "amiguito del alma", resultan bastante esclarecedoras de hasta qué punto la trama había establecido una alianza estratégica con el PP valenciano.

Cruzadas con los datos de la contabilidad secreta de la red y con el intercambio de mails entre empleados de Orange Market y de la asesoría del imputado Ramón Blanco Balín, considerado el blanqueador de la trama, las conversaciones pierden ambigüedad y ganan relevancia. Y ya no se habla de trajes, sino de dinero.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es el único con jurisdicción para encausar a aforados autonómicos. En principio, y al haber aforados en la querella, el tribunal valenciano debe declararse competente.

Pero la sala que preside De la Rúa puede alegar, como ya hizo cuando desechó el informe policial, que los delitos que denuncia la querella del PSOE ya se están investigando en Madrid. De hecho, el tribunal valenciano se negó a encausar en el procedimiento de los trajes a los cabecillas de la trama corrupta. El argumento, refutado por la Fiscalía y el PSOE sin éxito práctico hasta la fecha, fue que todos ellos estaban ya imputados en la causa de Madrid.

Otra de las hipótesis es que el tribunal acepte la querella, pero sólo en lo relativo a algunos posibles implicados y no a otros. El informe aporta pruebas más contundentes en lo que se refiere, por ejemplo, a Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García que en lo que concierne a Camps o a Vicente Rambla. Pero, aun en el supuesto de que Camps quedara inicialmente fuera, una investigación que afectase a la cúpula del PP valenciano tendría consecuencias dramáticas para el presidente de la Generalitat.

Quienes conocen el caso creen que la hipótesis menos verosímil –pero no descartable– sería la de que el tribunal alegase que el informe policial no ofrece suficientes indicios racionales para investigar si hubo delito.

Presidente del tribunal desde 1999, el nombre de Juan Luis de la Rúa está ya indisolublemente ligado al de Camps, quien lo definió como “más que amigo”. Está en situación de interinidad. Se ha presentado a la reelección, pero sus posibilidades son remotas. En el Poder Judicial (CGPJ) ya nadie le defiende.

Flors también se adscribe al ala conservadora de la magistratura, pero su instrucción del ‘caso de los trajes’ le granjeó un amplio respeto. Quiso sentar a Camps en el banquillo por cohecho impropio.

Ceres suscribió todas las decisiones impulsadas por De la Rúa en el ‘caso de los trajes’. Si se admite la querella del PSOE, será previsiblemente el instructor.

Fue el único miembro de la sala que se opuso al cerrojazo del caso de los trajes. En febrero, Montero exoneró de corrupción y sin practicar diligencias al ex alcalde de Alicante.

En teoría, es el único magistrado progresista de la sala. Con el ‘caso de los trajes’, estaba de vacaciones. Se le considera cercano a Rafael Blasco, consejero de Camps y ex militante del PSOE, partido que le expulsó por presunta corrupción.

El Consejo General del Poder Judicial ha pospuesto la aprobación de uno de sus proyectos estrella -el reglamento que regula los nombramientos de altos cargos de la judicatura- tras la amenaza de los vocales conservadores del Consejo de votar en contra.

Pese a que el texto de ese reglamento había sido consensuado en los últimos meses por vocales de ambos grupos -conservador y progresista- e incluso inicialmente se había previsto elevarlo para su aprobación al pleno del pasado jueves, el Consejo decidió sacar ese punto del orden del día. El motivo, una bronca derivada de la publicación en este periódico de algunos pasajes de la entrevista a la que recientemente fue sometido en el Consejo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, que aspira a un nuevo mandato. Algunos vocales, especialmente de las filas conservadoras, se quejaron de lo que llaman filtración y exigieron una investigación interna.

EL PAÍS reconstruyó el pasado 12 de noviembre una parte del contenido de la entrevista a De la Rúa tras dialogar con diferentes vocales -de ambos grupos- presentes en algún momento de la larga entrevista a la que fue sometido. Al menos una decena de vocales y técnicos del Consejo asistió a la entrevista de De la Rúa, muy tensa en algunos momentos En ella, el todavía presidente del TSJCV dejó entrever que no se había abstenido en las diligencias del caso Camps porque su amistad con el presidente valenciano sólo era "institucional".

Según fuentes del Poder Judicial, quienes abrieron la bronca fueron varios vocales conservadores. Existen vocales en ambas corrientes del Poder Judicial que, en privado, se han mostrado partidarios de que estas entrevistas sean públicas, puesto que "la ciudadanía tiene derecho a conocer los proyectos de quienes aspiran a ser altos cargos judiciales de sus regiones", según resume uno de ellos.

La trifulca ya ha tenido una primera consecuencia: la retirada del orden del día de la aprobación del reglamento que regula esta suerte de exámenes orales y los criterios que deben cumplir los jueces que aspiran a un alto cargo judicial.

Algunos vocales conservadores incluso llegaron a pedir en el pleno del jueves, sin éxito, la supresión de las entrevistas del reglamento y que el Consejo pidiera perdón públicamente a De la Rúa. Fuentes del Consejo se preguntan qué diferencia hay entre dar publicidad a una parte del contenido de esa entrevista a De la Rúa y otras muchas informaciones sobre jueces que también proceden de este órgano. Lo que sí hizo el pleno del jueves fue emitir una nota en la que expresa "su absoluto rechazo a la filtración producida en un medio de comunicación" sobre la entrevista.

Queda, pues, de momento, en el aire la aprobación del citado reglamento, cuya redacción se fijaron como prioridad vocales de ambos grupos al comienzo de su legislatura, en septiembre de 2008, y con el que pretenden evitar situaciones bochornosas como la que sacudió al anterior Consejo con el nombramiento del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez. Por dos veces, el Tribunal Supremo tumbó su nombramiento al entender que el Consejo no lo había motivado suficientemente.

Las entrevistas -que, en principio, seguirán realizándose dado que existe un acuerdo plenario que las avala- son concebidas como un elemento más para cumplir la exigencia de motivación de nombramientos del Supremo.

DE LA RÚA: "NO TENGO AMISTAD ÍNTIMA CON CAMPS. NUNCA HE ESTADO EN SU CASA"

Durante más de una hora se estuvo postulando la tarde del martes Juan Luis de la Rúa ante la Comisión de Calificación del Consejo del Poder Judicial para que los vocales le renueven como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Tiene muy difícil la reelección, y su intervención, según fuentes del Consejo, tampoco le ayudó nada.

Ante algunas preguntas de vocales, De la Rúa intercaló el tuteo con el usted, les llamó "hijos" y, a veces, frente cuestiones comprometidas, incluso alzó la voz y pidió disculpas. En el ambiente de la entrevista flotaban los casos Gürtel y Fabra, que no eludió.

El todavía presidente del Tribunal Superior de Valencia apostó por una línea continuista si es reelegido y destacó sus continuos contactos con la Consejería de Justicia de Valencia para solucionar los problemas de los juzgados. Aseguró que su misión es anticiparse a los déficits judiciales para evitar la vía disciplinaria.

Varios vocales le preguntaron si no creía que su constante presencia en los medios de comunicación podía influir en la imagen del TSJV. De la Rúa señaló que la frase del presidente Camps en la que éste le define como "más que amigo" se remonta al acto de despedida como consejero de Justicia de Valencia de Fernando de Rosa, actual vicepresidente del Poder Judicial. De la Rúa recordó que en ese acto le preguntó a "Paco Camps que a quién iba a nombrar nuevo consejero (...) En ese momento", explicó, "no me lo dijo, aunque sí me dijo que sería una joya o una perla, no recuerdo bien si dijo joya o perla". Añadió que Camps "habló de que las relaciones institucionales eran muy buenas, y que fue en ese contexto cuando dijo lo de más que amistad... Pero hablaba de amistad institucional", explicó De la Rúa.

Luego "llegó el [caso] Gürtel", añadió De la Rúa, "y un periodista sacó de contexto esa frase. (...) Yo no tengo amistad íntima con él. Nunca ha estado en mi casa y nunca yo en la suya. Ni lo he invitado a la boda de mis hijos, y nunca he hecho nada en plan privado con Paco Camps".

Dado que durante su intervención se ufanó de sus constantes gestiones con la Administración para resolver los problemas de los juzgados, un vocal del Consejo le inquirió si había mantenido alguna reunión concreta con la Consejería de Justicia para solucionar la parálisis que sufren los juzgados de Nules (Castellón), donde hay estancadas desde hace años varias causas que afectan al presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra. Inicialmente, De la Rúa se fue por las ramas (¿el caso Fabra, no? No sé cuantos jueces que han cambiado ahí...). Pero el vocal insistió: "Dice usted que se reúne con la consejería para solucionar los problemas y me gustaría saber cuántas veces se ha reunido en estos 10 años para abordar la parálisis de los juzgados de Nules".

"Yo los he reforzado, tenemos dos jueces en cada juzgado (...) Ha habido un problema, pero ya no lo hay. Nules no es un problema".

Según asistentes a la entrevista, el vocal le recordó que los refuerzos, e incluso la creación de un cuarto juzgado en Nules, es obra exclusiva del Consejo del Poder Judicial y no de sus gestiones. Y reprochó la falta de funcionarios cuando empezó a funcionar ese cuarto juzgado, tras indicar que la dotación de funcionarios es competencia de la consejería.

El vocal volvió a insistir en su pregunta. ¿Habló usted con la Consejería de Justicia para que destinase allí a funcionarios? "Es que nadie quiere ir allí (...) No quiero funcionarios interinos. No me gustan las comisiones de servicio... Perdone que eleve la voz, pero yo me expreso así".

El presidente de la comisión de calificación del Consejo interrumpió en ese momento a De la Rúa: "Bueno, bueno, yo creo que ya lo ha explicado suficientemente, no es necesario que siga...".

El Poder Judicial ha entrevistado a los 10 aspirantes a presidir el Tribunal de Justicia de Valencia, entre ellos a Juan Luis de la Rúa, que votó a favor de archivar la rama valenciana del Caso Gürtel que afectaba al president de la Generalitat, Francisco Camps. De la Rúa ha negado que mantenga una estrecha amistad con el jefe del ejecutivo valenciano.

Juan Luis de la Rúa, que votó a favor de archivar la rama valenciana del Caso Gürtel que afectaba al Presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El mismo del que Camps dijo en un acto público que habría que buscar en el diccionario una palabra distinta de amistad para definir la relación que les unía ha negado ser amigo del Jefe del Consell, según fuentes del Consejo del Poder Judicial consultadas.

La comisión de calificación del órgano de gobierno de los jueces ha entrevistado a los diez aspirantes a presidir el Tribunal de Justicia de Valencia. En su turno, De la Rúa, que lleva 10 años al frente de este órgano judicial ha dicho que quiere terminar su proyecto, que tiene ilusión y que si no se hubiera presentado a la reelección nunca se lo hubiera perdonado. Después han llegado las preguntas y en ellas, De la Rúa ha negado que tuviera una especial amistad con Francisco Camps.

La Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entrevistó ayer a los diez magistrados que aspiran a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV). La entrevista más llamativa, por su contenido, según fuentes del Consejo, fue la de Juan Luis de la Rúa, el juez que exoneró en el caso Gürtel al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y del que éste dice que es más que amigo.

De la Rúa sorprendió a los vocales. Empezó diciendo que llevaba 10 años como presidente del TSJV y que aspiraba a un nuevo mandato porque él ha sido "un luchador por la justicia" y que le gustaría terminar su carrera (le quedan cuatro años para la jubilación) como presidente. En un momento de la entrevista, se dirigió así a los cinco miembros de la comisión: "Vosotros, hijos, podéis decidir nombrarme o no (...) No me habría perdonado no presentarme, porque aún quedan muchas cosas por hacer".

Admitió que no tiene proyectos nuevos, pero que continuaría con la labor que emprendió hace diez años, cuando fue elegido por primera vez. Señaló que durante este tiempo ha logrado que se creen nuevos edificios judiciales en Valencia gracias a su permanente contacto y reuniones con las distintas autoridades de Valencia. Fue preguntado por cómo creía él que podía afectar a un nuevo mandato su presencia constante en los medios de comunicación. De la Rúa aseguró que la amistad que mantiene con Camps es sólo "institucional" y que, como mucho, "sólo ha estado dos veces en su despacho", pero que Camps nunca ha estado en su casa ni él en la suya. Según fuentes del Consejo, en todo momento se refirió al presidente valenciano como "Paco Camps o Camps".

La elección de los presidentes de los tribunales superiores de Valencia y el País Vasco está bloqueada. Los vocales progresistas y conservadores del Poder Judicial están más distanciados que nunca y, si no cambian las cosas, el actual presidente del Tribunal Superior de Valencia, Juan Luis de la Rúa -que eximió al presidente valenciano Francisco Camps del caso Gürtel-, y su colega del País Vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, seguirán en sus puestos, a pesar de que sus mandatos expiraron hace meses. Ambos aspiran a repetir, pero para estos nombramientos, ambos grupos están abocados a pactar y ni unos ni otros dan, por el momento, su brazo a torcer. "Para nada", pueden repetir como presidentes, señalan los progresistas. El Consejo examinará mañana a De la Rúa.

De la Rúa afronta el nuevo proceso de nombramiento sin apoyos, ni siquiera de su propia asociación, y con un importante desgaste. Es el juez a quien el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, señaló públicamente como "más que amigo" y tiene pendiente en el Poder Judicial una queja de un abogado por no haberse abstenido en el procedimiento de la trama Gürtel en el que estaba imputado Camps. El otro nombre sobre el que el acuerdo se antoja imposible es Ruiz Piñeiro. Sentó en el banquillo al ex lehendakari Juan José Ibarretxe. "Si no hay acuerdo, los dos seguirán en sus puestos meses o años", afirman en el sector conservador.

Una de las llaves del desbloqueo está en Valencia. Para sustituir a De la Rúa, los conservadores han propuesto un nombre que también rechazan los progresistas: Pedro Castellano, presidente de la Audiencia de Valencia. "Es la derecha pura y dura, y ninguno de ellos obtendrá los 13 votos necesarios", claman desde el sector progresista.

Castellano y De la Rúa mantienen un duro enfrentamiento. Castellano es el candidato de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Los asociados, por mayoría, le apoyan, dejando así sin respaldo a De la Rúa. Por tanto, en el seno del CGPJ, tampoco va a tener apoyos, según fuentes de la institución. Y hace ya más de una semana, el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, quien siempre ha manifestado un especial reconocimiento hacia De la Rúa, dijo: "No es habitual un tercer mandato". El juez más que amigo de Camps desoyó el mensaje y concursa al puesto.

El acuerdo es imprescindible para sacar adelante los nombramientos. El proceso para elegir a un presidente de TSJ exige 13 votos de los 21 miembros del pleno, incluido el presidente. Por cada una de las fuerzas mayoritarias, PSOE y PP, hay nueve consejeros, y además, uno por CiU, Ramón Camps, y otro por el PNV, Margarita Uría. Es imposible alcanzar los 13 votos sin que los grupos mayoritarios estén de acuerdo.

Los conservadores estarían dispuestos a apoyar a un candidato progresista para el Tribunal Superior del País Vasco siempre y cuando aquéllos apoyen a su candidato para Valencia, Castellano. "La mayoría de los jueces en Valencia son conservadores y no se entendería un candidato de otra sensibilidad", señalan. Si no hay acuerdo, tanto Piñeiro como De la Rúa seguirán en sus cargos en una prórroga indefinida. De la Rúa lleva 10 años y Piñeiro, cinco.

Los conservadores mantienen un doble discurso. Unos desvinculan la falta de respaldo a De la Rúa del caso Gürtel. Aseguran que le quedan cuatro años para jubilarse y que la renovación es por cinco. Pero otros sí reconocen que el actual presidente del TSJ valenciano no ha gestionado con la independencia debida el asunto. En el sector progresista sí se vincula el veto, entre otras cosas, a su actuación en las diligencias sobre el presidente valenciano de la que De la Rúa ha quedado "muy tocado". No sólo no se abstuvo en la causa por el regalo de trajes de la trama Gürtel a Camps, sino que, además, unió su voto al de su colega Francisco Ceres para archivar las diligencias. Y lo hizo contra el criterio del tercer magistrado de la Sala y el del instructor. Las fiscales Anticorrupción que llevan el caso Gürtel, que recurrieron el archivo al Supremo, estaban convencidas de que se abstendría sin necesidad de recusarle. Pero no lo hizo.

Pese al actual bloqueo, la intención de ambos sectores es tratar de cerrar algunos nombramientos en los próximos meses. Pero, además, es que hay más candidatos para el tribunal valenciano de los esperados: 10. Mañana, defenderán ante la comisión de calificación sus proyectos. De la Rúa pasará por ese trámite. Y le acompañaran: Pedro Castellano (APM), el elegido por los conservadores, de modos elegantes y fondo más duro que el de De la Rúa; Edilberto Narbón (APM), presidente de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el hombre que ha respaldado el modelo urbanístico del PP valenciano. También concursan Mercedes Boronat, de Jueces por la Democracia (JpD); Francisco de Jorge, no asociado y letrado del CGPJ; Luis Manglano (JpD), la apuesta progresista, a quien todavía le pesa el llamado caso Naseiro, que afectó al PP; Javier Lluch, no asociado, Purificación Martorell, no asociada; Francisco Pérez (JpD), presidente de la Sala de lo Social del TSJ, muy moderado y jurídicamente reconocido, así como José María Tomás i Tío, no asociado, que preside la fundación por la Justicia y es uno de los magistrados más populares de Valencia.

Una amistad bajo la sospecha del deshonor

Ha salvado por ahora a su amigo Camps. Ahora, la devolución del informe policial que acusa al PP coloca al juez De la Rúa en el ojo del huracán

No busquen sentencias sobre jueces que devuelven informes policiales porque no las hay. Nadie lo hace". El autor del consejo, un magistrado de larga trayectoria que pide expresamente el anonimato, conviene en que hay una excepción: Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Valencia, el juez con quien el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, dijo tener "una íntima y sentida relación", tan íntima que la palabra amistad quedaba corta.

¿Prevaricó De la Rúa al mantenerse al frente del sumario por cohecho contra Camps, dar luego carpetazo al caso y quitarse finalmente de encima la molesta pulga del informe policial, que apunta a la financiación ilegal del PP valenciano y señala entre los presuntos implicados al aforado Ricardo Costa? Iniciativa del Poble Valencià, que el viernes denunció al juez ante la Fiscalía General del Estado, cree que sí.Y, en privado, muchos juristas de prestigio opinan lo mismo, aunque consideren difícil probarlo.

Todos los sondeados los que hablan con nombre y apellido y los que han exigido reserva de identidad coinciden en que la actuación de De la Rúa ha extendido la sombra de la desconfianza en la justicia. Tomadas por separado, precisan los expertos, resulta difícil endosar la etiqueta del delito a cada una de sus decisiones. Pero el retrato global no presenta al magistrado como una nueva versión de la mujer del César: aquella que, amén de ser honrada, debe parecerlo.

"Hay una falta de decoro intolerable", exclama el catedrático sevillano Ángel López

La clave, sostienen los consultados, no estriba en la posibilidad de que el juez incurriera en un delito de prevaricación judicial dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es o en otro de omisión del deber de perseguir los delitos que acarrea penas de inhabilitación al desechar el informe policial en lugar de incluirlo en el sumario de cohecho o abrir nuevas diligencias. La clave, subrayan los juristas, es el "grave daño" que la actuación de De la Rúa y los miembros de su Sala inflige a la imagen de la Justicia como ente ajeno a filias, fobias e intereses. El mazazo lo recibe el artículo 24 de la Constitución, que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva. De la Rúa, concluyen, debió abstenerse.

En la mesa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hay, desde el 5 de agosto, una denuncia contra De la Rúa por no abstenerse. La formuló el abogado José Luis Mazón. El letrado no se anda por las ramas: "En una justicia desacreditada y asilvestrada como la nuestra dice la denuncia, las normas de ética disciplinaria no se aplican ni se exigen cuando los presuntos infractores son personajes influyentes". El Consejo no sabe cuándo emitirá su dictamen. "Está en estudio", dijo el gabinete de prensa.

Ser honrado y parecerlo

"Se está creando una zona de impunidad", dice el constitucionalista Francisco Balaguer

El argumento airado de Mazón enlaza con el diagnóstico de Francisco Balaguer, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada: "En Valencia se está creando una zona de impunidad". "El de Camps coincide Víctor Moreno, catedrático de Derecho Procesal en la Carlos III de Madridno es el primer caso en Valencia donde hay cargos políticos imputados y las imputaciones no prosperan, y ahí está el caso Fabra o el de Díaz Alperi". "Hay una falta de decoro intolerable", resume Ángel López, catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Sevilla y ex presidente socialista del Parlamento andaluz. Los tres sostienen que De la Rúa debió abstenerse. Incluso Marcelino Sexmero, portavoz de la moderada asociación judicial Francisco de Vitoria, se inclina por esa opción. Irse a un mitin electoral del PP y, por si quedaban dudas, aplaudir al orador Camps "es más que una apariencia" de amistad, dice Sexmero.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional está cuajada de invocaciones a la necesidad imperiosa de que el juez no sólo sea imparcial sino que lo parezca. Y no hace falta hurgar en los archivos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para encontrar la doctrina sobre esa materia: la citó el PP en su recurso de febrero para que el juez Baltasar Garzón abandonara la instrucción del caso Gürtel.

En ese documento aparecen tres frases escritas por el TEDH en otras tantas sentencias y que forman parte de la biblia jurídica europea. La primordial, esta: "Todo juez del que pueda dudarse de su imparcialidad debe abstenerse". Las otras dos completan la máxima anterior: "Incluso las apariencias pueden revestir importancia"; y "no sólo debe hacerse justicia sino parecer que se hace". Tras recibir del instructor del caso, José Flors, un auto que argumentaba de manera nítida la existencia de cohecho y optaba por abrir juicio, De la Rúa se las apañó para dar cerrojazo. Exactamente, lo que querían los implicados: Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret. Como ahora subraya la Fiscalía en su recurso ante el Supremo, De la Rúa usó de modo sesgado dos sentencias del Supremo, de forma que la acusación de cohecho impropio -aceptar regalos otorgados en función del cargo- quedara en agua de borrajas.

Por qué no lo recusaron

¿Por qué ni la Fiscalía ni el PSOE, que ejerce en el caso la acusación popular, recusaron a De la Rúa? Un reputado jurista aventura que por pragmatismo. "Creyeron que el cohecho impropio, aun tratándose de un delito sin pena de cárcel, estaba tan claro que la condena le daría un susto a Camps y tendría que irse". Fuentes socialistas confirman la teoría.

Para deshacerse del informe policial, el tribunal acudió a un doble ardid jurídico: adujo que el informe llegó el 31 de julio, cuando la Sala ya estaba deliberando sobre el archivo del caso, dictado el 3 de agosto y que, por tanto, no habría podido incorporarse. Y añadió que ya había otro tribunal, el Superior de Madrid, en posesión del mismo informe. Pero la Policía mencionaba de forma expresa a Ricardo Costa, número dos del PP valenciano y aforado en su calidad de diputado autonómico, como uno de los partícipes en el trasiego de dinero negro y facturas falsificadas. Y contra los aforados valencianos sólo puede actuar el Tribunal Superior de esa comunidad. La inacción de De la Rúa al despreciar el informe no puede impedir que se termine investigando. Pero da a Camps tiempo. Un auténtico regalo.

"De la Rúa y los otros dos magistrados de la sala, Juan Montero y José Francisco Ceres, saben que el informe volverá tarde o temprano a sus manos", desliza una fuente cercana al caso. Por eso, avisa Francisco Balaguer, "es un error descargar todo el peso sobre De la Rúa". El constitucionalista lo argumenta: "Podría ocurrir que acabara yéndose y que, cuando el informe vuelva a Valencia, la Sala tome las mismas decisiones que habría tomado él". Y al culpar sólo a De la Rúa se estaría "legitimando" lo que en el futuro hicieran Ceres y Montero. El aviso suena profético.

www.publico.es 04.10.09

Compromís denuncia al juez De la Rúa por prevaricación por archivar la causa contra Camps

El presidente del TSJCV votó el archivo de la causa.- El Consell dice que la querella no se da en un "momento procesal oportuno"

Iniciativa pel Poble Valencià, uno de los partidos que conforma la coalición Compromís pel País Valencià ha presentado una denuncia contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, por prevaricación, al haber archivado la investigación valenciana del caso Gürtel en la que estaba implicado su "más que amigo" Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP de dicha comunidad y por no haber tenido en cuenta el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales en la que se denunciaba una supuesta trama de financiación ilegal en el PP de dicha comunidad.

La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, ha afirmado que la denuncia contra De la Rúa no se produce en el "momento procesal oportuno". La consejera ha manifestado su respeto a la decisión adoptada por Iniciativa, pero ha recordado que "en el momento adecuado en que se podía haber ejercitado la reprobación" no se hizo, en alusión al momento en que el juez, como presidente del TSJCV, decidió junto con otros magistrados, el archivo de la causa contra Camps.

La portavoz del grupo en el Parlamento regional, Mónica Oltra, ha presentado la denuncia ante la Fiscalía General del Estado en su nombre y en el de su compañero Francisco Javier García. En un auto hecho público el 3 de agosto, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV decidió archivar el caso que afectaba a Camps, así como a otros cargos del Gobierno valenciano y del PP, por un supuesto delito de cohecho impropio.

Dos de los tres magistrados que componían la Sala, entre ellos De la Rúa, consideraron que no existía relación entre los "agasajos" que pudieron recibir los imputados y la adjudicación de contratos públicos a Orange Market. El otro magistrado emitió un voto particular en el que cuestionaba la interpretación del artículo 426 del Código Penal (cohecho impropio) que han hecho los otros dos jueces y admitía no estar "convencido" de que los hechos "no sean constitutivos de delito".

Además, el TSJ de Valencia no ha investigado el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía en el que consta la supuesta participación de empresas como Sedesa, de la familia del vicepresidente Juan Cotino, y Lubasa, en la presunta financiación irregular del PP valenciano.

En opinión de los denunciantes, es "realmente insólito en nuestro sistema judicial que se separen y no tengan en cuenta informes policiales, y menos tratándose de informes de la Brigada de Blanqueo de Capitales", según reza el texto de la denuncia al que ha tenido acceso ELPAÍS.com.

Los representantes de Iniciativa llaman la atención además de las declaraciones que el propio Camps realizó sobre su relación con De la Rúa y en las que aseguró que habría que "buscar en el diccionario una palabra distinta de amistad para definir esta íntima y sentida relación que nos une" .

www.elpais.es 02.09.09

De la Rúa mandará en el TSJ, al menos, hasta final de año

Fernando de Rosa dice que será así si se cumplen "plazos y circunstancias"

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no discutirá una alternativa a Juan Luis de la Rúa hasta finales de año. Así lo afirmó ayer Fernando de Rosa, vicepresidente del CGPJ. De la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, está al frente del alto tribunal autonómico en situación de prórroga desde el pasado 6 de julio, en que expiró su segundo mandato. Hace poco más de una semana el CGPJ aprobó la apertura del concurso de esa plaza. Pero aún no está publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Más allá de los plazos que establece el procedimiento, existen dificultades para alcanzar un acuerdo sobre quién la ocupará. El pleno del CGPJ debe dar el visto bueno a un candidato que resulte de una terna de elegidos. La mayoría debe ser cualificada, dos tercios de los votos.

No hay acuerdo para el relevo en el pleno del Consejo del Poder Judicial

De Rosa, que ayer participó en la apertura de las jornadas de la Federación Europea de Colegios de Abogados, en el Colegio de Abogados de Valencia, precisó que no sería antes de final de año "siempre que se cumplan los plazos y circunstancias". Y añadió que después de que la convocatoria se publique en el BOE, "hay que esperar para ver quiénes son los candidatos, hay 20 días para solicitar la plaza, después se pasan propuestas a la comisión de calificación, se cita a todos los candidatos a una entrevista para que expongan su programa de gobierno, se forma una terna y ésta es propuesta al pleno del CGPJ para su votación". Sin acuerdo entre las dos asociaciones mayoritarias -Jueces para la Democracia y Asociación Profesional de la Magistratura-, no es posible un acuerdo.

De Rosa aprovechó la celebración de la reunión anual de la Federación de Colegios de Abogados Europeos para reivindicar la mediación, conciliación y arbitraje. El objetivo es, según dijo, que "entren menos asuntos en los juzgados". El vicepresidente del CGPJ, que estuvo acompañado por el decano de los abogados de Valencia, Francisco Real, y por el representante de la Federación Europea, Michel Benichou, destacó que ante la actual situación de la Administración, "hace falta hacer una triple acción". Según él, crear órganos judiciales para acercar España a la media europea; implantar la nueva Oficina Judicial y las reformas procesales; y promover métodos alternativos a la jurisdicción. "Desde el Consejo, esto es lo que se quiere poner en marcha", aseguró.

Al acto también acudió Juan Luis de la Rúa, aunque no compartió mesa con quien le ha considerado un referente personal y profesional, Fernando de Rosa. Públicamente, no se encontraron.

www.elpais.es 02.09.09

Fue en mayo de 2007. En primera fila, aplaudiendo las promesas electorales de Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, estuvo Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV). El magistrado, a quien Camps señaló públicamente como "más que amigo", consideró que no había motivos para abstenerse de su intervención en el proceso que investigaba a Camps en Valencia por un supuesto delito de cohecho. Y firmó no sólo el archivo de la causa sino también el rechazo del informe policial que advierte de una posible financiación ilegal del PP valenciano.

El acto electoral al que asistió se celebró en la sede de la Fundación Universidad Empresa en Valencia. De la Rúa fue invitado por el PP. Junto a él, Vicente Magro, presidente de la Audiencia de Alicante, ex senador del PP. El presidente autonómico explicó sus propósitos en materia de justicia. De la Rúa recibió de Camps el agradecimiento por su presencia. El presidente del TSJV compartió un afectuoso saludo con el presidente valenciano al terminar el acto. Con Camps, entre otros, estuvo Fernando de Rosa, actual vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial.

El artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no sólo dice que jueces y magistrados tienen prohibido pertenecer a partidos políticos y sindicatos sino también que en las elecciones legislativas o locales no podrán tomar "más parte que la de emitir su voto personal".

De la Rúa está cada vez más solo. Sus continuas alabanzas al presidente valenciano y sus críticas al Ejecutivo socialista erosionan su imagen

El recorrido del caso Gürtel en Valencia ha puesto en el ojo del huracán a Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Dijo sentirse "feliz" de que Francisco Camps le considerara "más que un amigo". Y no consideró que ni eso ni otras proximidades con el presidente autonómico fueran motivo para abstenerse del caso en el que Camps estaba imputado por supuesto delito de cohecho. Firmó el archivo del caso. Además, ha decidido, junto a los magistrados Juan Montero y José Francisco Ceres, ignorar un informe policial que, además de incluir nuevos datos sobre los trajes y otros regalos comprados en Milano y Forever Young, destapa una posible financiación ilegal del PP valenciano a través de una trama de facturación opaca con Orange Market (mercantil fundamental en el caso Gürtel) y al menos seis constructoras.

De la Rúa (Salamanca, 1943) fue, dicen los de más recorrido en la carrera judicial, un "muy buen" juez de instrucción y un "brillante" magistrado de Lo Social. Era, cuentan, junto a los también magistrados Francisco Pérez y Gonzalo Moliner, de los más próximos a la realidad del trabajador en los pleitos, con un cierto aire "paternalista". Más de 50 jueces en ejercicio han sido preparados por él. Y muchos, hoy, no le reconocen. De la Rúa firmó el archivo definitivo de la causa, a pesar de los indicios que detalló el magistrado de su misma sala, José Flors. A muchos magistrados, su intervención en este caso les irrita porque empaña, dicen, "el esencial principio de imparcialidad". Más aún, cuando el propio De la Rúa, incluso a quienes le recomendaron que se mantuviera al margen, les respondió que no lo haría y que si alguien consideraba lo contrario, que lo planteara, que no prosperaría.

Está adscrito a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Preside el Tribunal de Justicia valenciano desde 1999 y su nombramiento fue recibido con tranquilidad por el sector más progresista. Ahora, está en situación de prórroga. Su segundo mandato terminó el pasado 6 de julio. Su plaza saldrá en breve. Y las críticas son feroces. No cuenta siquiera con el respaldo de su asociación, que ha manifestado su apoyo a Pedro Castellano, presidente de la Audiencia Provincial, un relevo natural para el sector más cercano a la derecha. No tiene plaza en el Tribunal Supremo, al que ha aspirado en dos ocasiones y en cuyos concursos no ha logrado los apoyos necesarios.

En el discurrir de su presidencia ha ido creciendo la oposición por entenderse desde dentro de la judicatura que no siempre ha guardado la necesaria independencia del poder judicial respecto, especialmente, a la Administración autónoma. De forma especialmente significativa, en los últimos cinco años, De la Rúa ha aprovechado comparecencias públicas institucionales para destacar los logros del Gobierno popular de Camps en materia de justicia (por la consecución de la Ciudad de la Justicia, por reivindicar más juzgados, por respaldarle en la petición de más plazas de jueces). Y ha criticado al Gobierno central por "no atender a las necesidades valencianas, no modificar la planta judicial, no sensibilizarse con la creación de juzgados". La última ocasión, en el V Congreso Tributario (celebrado los días 16, 17 y 18 de septiembre en Valencia). En ese foro, junto a la secretaria autonómica, Patricia Montagut, jaleó las inauguraciones y esfuerzos de la Generalitat para "mejorar la justicia".

Magistrados valencianos consideran que "nunca ha mantenido un espíritu reivindicativo frente a la Administración autónoma". Alguno añade que en las reuniones de la comisión mixta, integrada por la Generalitat y el alto tribunal valenciano, "uno se llega a confundir, no se sabe quién es quién".

Para los que defienden una posición alejada del máximo representante autonómico del poder judicial, un episodio que despertó un enorme rechazo fue su respaldo a la juez Laura Alabau, ahora en Valencia, que desde el que era su destino en el Registro Civil de Dénia (Alicante) se negó sistemáticamente a celebrar bodas entre homosexuales, y fue sancionada por ello. Alabau logró de la Junta de Gobierno presidida por De la Rúa, con especial empeño de Pedro Castellano, una comisión de servicio que le proporcionó un destino tranquilo, para muchos "inmerecido" en tanto otros candidatos tenían mayores méritos indiscutibles para ello.

Ha molestado, y mucho, que en representación institucional participara, por ejemplo, en la apertura del año judicial eclesiástico, evento para el que en alguna ocasión envió invitaciones a los magistrados. Y que con cierta regularidad acuda como invitado al palco del Valencia, presente en contenciosos varios que deben resolver órganos judiciales valencianos.

Es hombre de referencia personal y profesional para Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo del Poder Judicial y ex consejero de Justicia del Gobierno de Camps, su único apoyo claro en el seno de ese órgano. Cuando la Sala de Lo Civil y Penal que preside aceptó la competencia del caso Gürtel, la atención sobre él se intensificó. No sólo no calló cuando Camps le señaló públicamente como "más que un amigo", no sólo dijo sentirse "feliz" por ello, sino que defendió que esa relación, que él califica de "institucional", no era razón para alejarle del procedimiento. Algunos dicen que a esa proximidad públicamente conocida y a sus posibles coincidencias ideológicas, pueden sumarse otras vinculaciones.

De la Rúa vive en la sede del Tribunal Superior valenciano, un palacio neoclásico declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1982. Su residencia ocupa, en la cuarta planta, 300 metros cuadrados. Los gastos que de ella se derivan los paga la Generalitat. No es la casa que usa de lunes a viernes para estar fácilmente disponible. No. Es la casa familiar. En ella han vivido sus cinco hijos, vinculados también a la carrera judicial. En ella juegan sus nietos. A esas dependencias acuden sus amigos. Una capilla en la vivienda ha sido testigo de privadas ceremonias. Las razones de seguridad no son suficientes para quienes desde dentro de la carrera judicial defienden el fin de privilegios que pueden contaminar la independencia. Esos mismos critican que la Administración haya buscado como coartada para no afrontar el asunto hacerle un hueco en el mismo edificio al fiscal del alto tribunal valenciano.

Poco antes de que De la Rúa accediera al cargo, el entonces director general de Justicia y hoy juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, quiso terminar con ese concepto de residencia en un edificio público. Advirtió al anterior presidente, Juan José Marí, poco antes de que falleciera de que debía desalojarlo. Pero la llegada de De la Rúa frustró tal intento y el PP en la Generalitat no fue capaz de decirle no.

José Francisco Ceres y Juan Montero son los dos magistrados que acompañan a Juan Luis de la Rúa en el devenir del caso Gürtel en Valencia. Los dos son objeto también de fuertes críticas. Tienen en común con el presidente su condición de conservadores. Ceres, cuyo nombramiento vuelve a estar recurrido, por segunda vez, ante el Tribunal Supremo, obtuvo la plaza de magistrado de la Sala de Lo Civil y Penal desde el puesto en la ejecutiva de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Contó con el apoyo expreso de Juan Luis de la Rúa, que defendió como méritos suficientes su corta experiencia al frente de un juzgado mixto y uno de ejecutorias penales, y su condición de experto en derecho histórico valenciano. Eso dejó fuera a candidatos con más de 20 años de ejercicio, magistrados de Audiencia Provincial o del propio Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Supremo dijo que no se habían explicado las razones objetivas para elegirle. Sin grandes variaciones fue vuelto a nombrar. Y, ahora, vuelto a recurrir. Entre tanto, Ceres ha sumado a su currículo figurar como ponente del archivo del caso Camps.

Juan Montero, propuesto por el PP en las Cortes Valencianas en los 90 para ocupar un puesto vitalicio en el TSJ que compagina con su cátedra de derecho procesal en la Universidad de Valencia, no ha sorprendido a los magistrados que le conocen. Ni siquiera cuando durante el proceso dijo sin responder a nada que la acusación particular del caso Gürtel, los socialistas, pretendían una cacería. Él propuso a sus compañeros de sala que el informe policial se eliminara del caso.

El Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) decidió ignorar el informe de la Policía que destapa datos abrumadores sobre la financiación ilegal del PP valenciano. Juan Luis de la Rúa, presidente del tribunal, le hizo un favor impagable a su amigo Francisco Camps al meter en el cajón ese informe, que había llegado a la sede del TSJCV el 31 de julio. Tres días más tarde, el 3 de agosto, el tribunal daba carpetazo a la investigación sin tener en cuenta las revelaciones policiales. El informe quedó en tierra de nadie y Camps recibió eufórico su exculpación.

En su auto de archivo, el tribunal ni siquiera mencionó la existencia de las prolijas investigaciones realizadas por la Unidad de Delitos Económicos de la Policía y que confirman lo que ya anticipó Baltasar Garzón en su auto del 5 de marzo: que la trama Gürtel había financiado al PP valenciano. Dicho de otro modo, el informe venía a destrozar la tesis impuesta por De la Rúa al juez instructor del caso, José Flors, desde el primer momento: que las indagaciones judiciales debían limitarse estrictamente a averiguar si Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret habían recibido regalos en forma de trajes. Y si eso era delito.

De manera sorprendente, el tribunal no sólo se negó a examinar los contratos que por casi ocho millones de euros había adjudicado la Generalitat valenciana a la minúscula empresa Orange Market, franquicia regional de la trama Gürtel, sino que concluyó que los trajes habían sido un regalo ajeno a la condición de cargos públicos que ostentaban Camps y el trío Costa-Campos-Betoret.

De ese resultado hubo un presagio el 21 de julio. Fue entonces, 13 días antes del cerrojazo al caso, cuando el TSJCV emitió auto en el que rechazaba la enésima petición del PSOE para investigar más allá de los trajes. En ese auto, cuyo ponente fue el también juez conservador Juan Montero, el tribunal lanzó gravísimas acusaciones. No contra Camps y los otros dirigentes conservadores imputados sino contra los socialistas, a los que acusó de impulsar una "batida de montería" contra el PP.

En esos términos se pronunciaba la resolución, que incluía el siguiente párrafo: "Lo pretendido por la acusación popular es realizar una especie de batida de montería o, en términos menos cinegéticos y más jurídicos, hacer una pesquisa general".

El dictamen abundaba en la voluntad férrea del tribunal para cortar la investigación: "No se trata ahora, pues, de salir a la búsqueda de lo desconocido en hechos y en personas". Lo desconocido era en realidad bastante previsible, dado que, amén del citado auto de Garzón, ya era de dominio público que la Generalitat se negaba como gato panza arriba a desvelar la génesis de los contratos públicos otorgados a Orange Market.

Pero De la Rúa, de cuya amistad, esa para la que el diccionario no tenía palabras, se jactaba en público Camps, no había agotado aún el cupo de favores. El 10 de septiembre, el tribunal valenciano revela por fin la existencia del informe policial. Subraya que ha llegado a sus manos sin que nadie lo hubiera pedido y admite paladinamente que su contenido no se tuvo en cuenta. Pero decide mantenerlo junto al resto de documentación de la causa.

Esta semana, el tribunal se ha retractado: el informe quedaba excluido del sumario. El último favor estaba servido, aunque el Tribunal Supremo ya tiene su propia copia. Qué pasará si el Alto Tribunal hace caso a su contenido es hoy la gran incógnita.

EL TRIBUNAL VALENCIANO SACA DEL SUMARIO LA POSIBLE FINANCIACIÓN DEL PP AL PEDIRLO CAMPS

Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, ha vuelto a conseguir el favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), presidido por Juan Luis de la Rúa, a quien considera más que un amigo. La Sala Civil y Penal ha eliminado de las diligencias, a petición de Camps, el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía en el que consta la supuesta participación de empresas como Sedesa, de la familia del vicepresidente Juan Cotino, y Lubasa, en la presunta financiación irregular del PP valenciano.

El informe, de 89 folios y cinco anexos lo han eliminado de las diligencias los mismos tres magistrados que hace unos días lo incorporaron a la causa, los mismos que también archivaron el 3 de agosto la parte del caso Gürtel que se instruyó en Valencia: Juan Luis de la Rúa, Francisco Ceres y Juan Montero. Los argumentos son puramente formales, sin entrar a analizar el fondo de la información, que forma parte de las averiguaciones del caso Gürtel y que se basa en la actividad de distintas empresas que habrían financiado irregularmente al PP valenciano.

El informe recoge que el PP valenciano supuestamente financió algunos de sus actos con dinero procedente de media docena de constructoras, que pagaban a una intermediaria, Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, hombre en Valencia del supuesto cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa.

Este nuevo carpetazo se sustenta en que el informe policial, que llegó el pasado día 31 de julio (en plena deliberación sobre el archivo de la causa contra Camps), fue remitido "sin que existiera petición al respecto ni por parte de la Sala ni por el magistrado instructor". El tribunal superior agrega que no es ni un atestado ni una denuncia (y, por ello, no les obliga a considerarlo), que se excede del objeto por el que se aceptó la competencia de los hechos investigados (posible cohecho de los cuatro imputados) y que la causa está archivada.

El tribunal que preside De la Rúa no sólo no atiende una posible financiación ilegal sino que estima una súplica de Camps que pedía que se retirase de las diligencias el informe policial. La Sala acuerda que el informe policial con los indicios de financiación irregular del PP valenciano no forme parte de las actuaciones y se devuelva al órgano que lo envió. Y dice más: considera que la fiscalía tuvo oportunidad de presentar un recurso y no lo hizo.

"Tenemos caso Gürtel para rato", dijo Ángel Luna, portavoz de los socialistas en las Cortes Valencianas. Este partido seguirá adelante con el recurso contra el archivo de la causa e iniciará acciones legales para esclarecer si hubo financiación irregular. La portavoz de Compromís pel País Valencià, Mònica Oltra, agregó que el informe completa el rompecabezas. "Es la historia completa que todo el mundo ve menos el señor [Juan Luis] De la Rúa".

Camps negó que exista "ningún problema" con la financiación del PP cuya economía está auditara por el Tribunal de Cuentas. Su vicepresidente tercero, Juan Cotino, dijo que los vínculos de la empresa de su familia con la del Bigotes son "comerciales".

Según fuentes fiscales, la negativa del Tribunal de Valencia a admitir el informe de la Brigada de Blanqueo no significa que éste no pueda ser investigado por el juez de Madrid Antonio Pedreira que también lo tiene en su poder. Si aparecen racionales de delito, no podrán incorporarse a las diligencias archivadas por los trajes de Camps, pero si podría abrirse otro procedimiento distinto.

El tribunal valenciano devuelve a la Policía el informe sobre financiación del PP por la trama 'Gürtel'

Camps asegura que las cuentas del partido "están auditadas" y no tienen "ningún problema"

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha ordenado devolver un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre Orange Market y la financiación de los actos del PP en esta Comunidad que, según estima, no guarda "relación alguna" con la vertiente valenciana del caso Gürtel. Con esta decisión, el tribunal acepta acepta el recurso del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario general del PPCV, Ricardo Costa y el ex presidente del Gobierno valenciano Víctor Campos contra otro auto del 10 de septiembre de esta misma Sala que ya rechazaba el informe aunque se incluyó en las actuaciones.

De acuerdo con la información publicada por EL PAÍS, el tribunal valenciano recibió el informe el 31 de julio, pero ocultó su existencia y se negó a investigarlo. La documentación llegó a la Sala dos días antes de que decidiera archivar la causa contra Camps por delito de cohecho.

En un auto hecho público hoy, el tribunal confirma su anterior decisión y precisa que el "Informe sobre Orange Market. Sistema de facturación y financiación de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana" debe ser devuelto a la policía. "No todo lo que llega a unas actuaciones debe quedar necesariamente incluido físicamente en las mismas", ya que el sumario o las diligencias previas "se integran sólo por aquellas actuaciones que pudieran servir para hacer constar la perpetración de un delito".

Camps niega irregularidades

Camps ha rechazado hoy que exista "ningún problema" con la financiación del PP de la Comunitad Valenciana, partido que también preside, y ha recordado que las cuentas de esta formación están "auditadas" por el Tribunal de Cuentas, en respuesta a la información que revela hoy EL PAÍS de que seis constructoras financiaron al partido a través de la trama Gürtel.

En concreto, la empresa Sedesa, presidida por el hermano del vicepresidente Juan Cotino según el periódico, y otras constructoras pagaron actos del PP a través de Orange Market, la empresa de Alvaro Pérez, El Bigotes, por servicios supuestamente no prestados.

El propio Cotino ha salido al paso de las acusaciones y ha manifestado hoy que desconoce si Sedesa tiene vínculos con Orange Market pero interpreta que, en caso de haberlos, se trata de "una relación comercial". Según Cotino, en Sedesa hay familiares suyos, pero lo publicado hoy obedece a la "persecución permanente que hay contra el PP y que, en este caso, pretende vincularme a mí", pero ha añadido que la justicia "ya ha dicho que las cosas no son así". Además, según ha explicado, ni él tienen ningún cargo de responsabilidad en Sedesa, ni su hermano preside la empresa, por lo que ha calificado de "falsas" las informaciones publicadas.

Para el vicepresidente tercero, esas informaciones obedecen a un "montaje" que comenzó con "el señor Garzón", consistente en ofrecer "datos que van dosificándose" y que pretende desviar la atención de la moción de censura, "organizada por Leire Pajín", que tiene lugar hoy en el Ayuntamiento de Benidorm y que ha arrebatado la alcaldía al PP.

www.elpais.es 23.09.09

No hay acuerdo ni se espera que lo haya en breve. El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado día 1 de septiembre la apertura del concurso para cubrir la plaza de presidente en los tribunales superiores de justicia del País Vasco y de las Islas Baleares. La Comunidad Valenciana, junto a Cataluña y Murcia, no fue incluida porque no hay acuerdo entre los 21 miembros del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), incluido su presidente, Carlos Dívar.

También pesa sobre el asunto el hecho de que el archivo del caso Gürtel, que afecta al presidente de la Generalitat y otros tres cargos del Consell y del PP, decidido el pasado mes de agosto con la intervención decisiva del presidente del TSJ valenciano, está recurrido en el Tribual Supremo. Esos dos factores blindan, de momento, al presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, que ve prorrogado su cargo.

En el caso de la Comunidad Valenciana, no se espera que las negociaciones avancen un paso antes de Navidad, como pronto. De fondo, la decisión pendiente por parte del Tribunal Supremo sobre el archivo del caso Gürtel, la trama de corrupción con la que se han visto implicados Francisco Camps, presidente de la Generalitat; Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos; Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual asesor de la Diputación de Valencia.

A pesar de que el sector conservador del CGPJ, integrado por los nueve miembros propuestos por el PP, que mayoritariamente son de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), está de acuerdo en el relevo de De la Rúa por el actual presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, Pedro Castellano, la plaza no va a salir a concurso. No lo hará en los próximos meses no sólo porque está pendiente el respaldo o rechazo de un archivo firmado precisamente por el actual presidente en funciones del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, al que Camps calificó de más que amigo, sino porque tampoco hay acuerdo sobre los relevos en Cataluña y Murcia. La división que existe en el seno del sector progresista, formado por los nueve miembros propuestos por el PSOE, tampoco está facilitando las cosas. Unos apuestan por ir sacando convocatorias de cargos que no precisan de la mayoría cualificada de tres quintos (como las presidencias de las audiencias), y otros prefieren que se llegue a pactos y se vayan cambiando cromos para preservar determinados destinos.

La situación actual extiende el interinaje a la Audiencia Provincial de Valencia. Pedro Castellano lleva dos mandatos al frente de ella. Aspira a la presidencia del TSJ, pero parece claro que mientras no salga a concurso esa plaza, entrará en periodo de prórroga. La presidencia de la Audiencia debería cubrirse ahora porque el mandato expira en septiembre.

Juan Luis de Rúa es el beneficiado de esta situación. El magistrado conservador que nunca contempló abstenerse en el caso Gürtel porque entendía que no había razones, a pesar de las manifestaciones sobre él de Camps, permanece en el lugar en el que quiere estar. Sobre todo porque su aspiración de ir al Tribunal Supremo se ha visto dos veces ya frustrada por falta de apoyos y porque ahora no existe vacante que cubrir en la Sala de Lo Social, su especialidad.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha vuelto a eludir la investigación sobre la trama Gürtel en Valencia. Ayer, la Sala de lo Civil y Penal rechazó pronunciarse sobre la inhibición que le planteó el juez Antonio Pedreira, del tribunal equivalente de Madrid. Éste comunicó el 28 de julio al tribunal valenciano que consideraba más que oportuno que Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama; Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo fueran imputados en la causa que mantenía abierta. Pero ayer el TSJCV se cerró en banda.

Lo hizo amparándose en el procedimiento. Según el extracto que el tribunal facilitó del auto, el TSJCV "no puede pronunciarse sobre la inhibición" que le planteó el Tribunal de Madrid "ya que el procedimiento tramitado en Valencia se sobreseyó libremente el 1 de agosto".

La petición del juez de Madrid tiene fecha del 28 de julio. Pero la Sala valenciana se encontraba entonces en plena deliberación sobre la continuidad o no de la investigación. Resolvió primero archivar y después afrontar la petición del magistrado. Petición a la que no puede hacer frente porque la causa ya no existe. La misma nota recoge: "El sobreseimiento del procedimiento seguido en el TSJCV significa que la causa se archivó y por lo tanto no puede ya realizar ningún acto procesal de continuidad. Por ello, no puede no aceptar ni rechazar la inhibición planteada por el instructor del caso Gürtel en el TSJM".

La respuesta de la Sala valenciana va más allá. Sostiene que "el magistrado instructor de Madrid no puede inhibirse de parte del procedimiento, ya que esa competencia la tiene la Sala de lo Civil y Penal del TSJM", no el juez que investiga el asunto, Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJCV, de quien Francisco Camps dijo que era más que un amigo, ha vuelto a desactivar desde la Sala que preside una posibilidad de averiguar qué relaciones tuvieron los empresarios supuestamente corruptos con la Generalitat.

De haberse aceptado la petición de Pedreira, los tres empresarios que lograron adjudicaciones de la Generalitat valenciana por más de siete millones de euros, hubieran compartido la condición de imputado con Francisco Camps, presidente de la Generalitat; Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos; Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat valenciana, y Rafel Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual asesor de la Diputación de Valencia.

Tienen en común sus posiciones conservadoras. Pero no por eso estuvieron de acuerdo. Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y de la propia Sala de lo Civil y Penal, se alineó con José Francisco Ceres, un magistrado de accidentado nombramiento (fue desestimado por el Supremo y posteriormente objeto de una repesca no exenta de críticas) frente a Juan Montero, catedrático que ha compartido con el instructor de la causa, José Flors, muchas publicaciones de análisis de leyes. La Sala de lo Civil y Penal tenía en sus manos el futuro de Francisco Camps, el presidente valenciano, y Montero, que acabaría redactando un voto particular, no estuvo dispuesto a aceptar cualquier argumentación para archivar el caso.

El primer día de deliberación, el martes 28, ya quedó clara la intención de cerrar el caso. Pero el jueves, la insuficiente argumentación del ponente, Ceres, abrió una brecha con Montero que resultó insalvable. Más aún después de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se inhibía en favor del de Valencia para que incorporara a la causa al cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, y a dos de sus hombres, Álvaro Pérez y Pablo Crespo.

La trama habría pagado los trajes que recibieron el presidente Francisco Camps; el secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa; el ex vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos; y el ex jefe de la consejería de Turismo, Rafael Betoret, los cuatro imputados, pero también otros 14 cargos del Gobierno autonómico recibieron regalos, como revelaba un documento que adjuntó el tribunal madrileño, que advertía que quedaba documentación por analizar que pudiera tener relación con el caso. Montero asumió una posición de prudencia y planteó que, ante la duda de si los hechos fueron o no delito, lo mejor era llegar hasta el final y que el valor de las pruebas decidiera. Su voto no era decisivo.

De la Rúa, especialmente, y Ceres, que en el auto recurre incluso al derecho alemán para vestir la interpretación del artículo 426 sobre el cohecho pasivo impropio, no se movieron de su intención de cerrar el caso. Y eso a pesar de que la discusión fue tensa y dura.

La intervención del presidente del TSJ, a quien Camps llamó "más que amigo", salvó a los imputados de ir a juicio. De la Rúa estaba en la deliberación porque el otro miembro de la sala, el magistrado Juan Climent, se encontraba de vacaciones. Eso hizo que sí interviniera, aunque el presidente no suele participar en los llamados trámites intermedios de las causas como son los recursos.

Indefensión, lesión a la tutela judicial efectiva, vulneración del derecho a la defensa, interpretación errónea del artículo 426 y arbitrariedad. Ésos son los cinco puntos que resumen el recurso de casación que el PSPV-PSOE anunció ayer ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y que en septiembre entregará desarrollado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la instancia que tiene que admitirlo, deliberar y decidir sobre el mismo. Los socialistas valencianos, acción popular en la causa por supuesto delito de cohecho contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y otros tres altos cargos que el lunes archivó el TSJCV, rechazan rotundamente la argumentación del auto de sobreseimiento.

La primera de las razones es la infracción de ley que, según ellos, se deriva de la insólita interpretación que la Sala ha hecho del artículo 426 del Código Penal, en el que se define el cohecho pasivo impropio como un delito consistente en la aceptación de regalos o dádivas por parte de funcionario o cargo público en atención a su condición, sin necesidad de que exista contraprestación. Otros artículos previos y posteriores recogen distintas variantes del soborno en función de la participación o las decisiones, legales o ilegales, adoptadas por esos cargos públicos o funcionarios. Sin embargo, la Sala consideró, por dos votos a uno, que sí era preciso un nexo de causalidad. Este argumento es común al anuncio de recurso realizado por la Fiscalía Anticorrupción.

Sin garantías

La acusación popular entiende, además, que la decisión de la Sala ha sido arbitraria, quebrando así las garantías que recoge el artículo 9.3 de la Constitución. Con independencia del desarrollo posterior de los argumentos, los socialistas valencianos consideran que la Sala de lo Civil y Penal, -formada por los magistrados Juan Luis de la Rúa, José Francisco Ceres y Juan Montero, aunque éste emitió un voto discrepante-, ha vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva, provocando así indefensión.

Las tres cosas se derivan del hecho, según considera la acusación popular, de haberse excedido en el objeto de estudio en la resolución al prejuzgar el delito respecto de los indicios que recogió el pasado 6 de julio el instructor José Flors. Esa valoración excesiva de la sala ha llevado al archivo y, por tanto, impide que se investiguen unos hechos que el propio tribunal no discute que sean ciertos.

El artículo 426 del Código Penal, que castiga a los funcionarios y autoridades que reciban regalos "en consideración a su función" -aunque luego no favorezcan en nada al autor de los obsequios-, no es un precepto nuevo pensado para frenar la corrupción de los actuales partidos políticos: tiene, al menos, siglo y medio. Ya figuraba en el Código Penal de 1848, y se ha mantenido en los códigos posteriores variando ligeramente su redacción (y su pena).

El PSOE denuncia que la interpretación que de ese artículo ha hecho ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) lo vacía de contenido, porque viene a decir que, si el funcionario en cuestión no favorece en nada a las empresas que le hacen regalos, no se puede demostrar que los regalos se hicieron "en consideración a la función" del funcionario. Y que, además, cuando el cargo público -en este caso, el presidente valenciano, Francisco Camps- ni siquiera tiene competencia directa para dar el supuesto trato de favor, es superfluo juzgar si se habría dejado corromper por los regalos. Los presidentes no suelen firmar las adjudicaciones a las empresas: de eso se encargan los técnicos.

Esa interpretación no es exclusiva de los jueces del TSJCV. En el libro Comentarios al nuevo Código Penal, publicado en 1996 en Aranzadi por ocho catedráticos de Derecho Penal, el artículo 426 es tachado de "excesivamente difuso". Estos expertos sostienen que castigar al cargo público que acepta regalos "responde a criterios éticos o morales". "Sanciona conductas éticamente reprobables, pero que no revisten una lesividad merecedora de relevancia jurídico-penal", opinan.

No es lícito, prosiguen los catedráticos, presumir que, a cambio de esos regalos, el funcionario está dispuesto a corromperse. Eso conduciría "a los infiernos de la moralización del Derecho Penal". En consecuencia, proponen poner límites al 426 y aclarar qué tipo de regalos serían sospechosos. E incluso cuestionan el enunciado del artículo: "No siempre que un funcionario público reciba un regalo, en consideración a su función, cometerá el delito [...] Por ejemplo, el que recibe dádivas en las fiestas navideñas". A su juicio, sólo comete delito "aquel funcionario o autoridad que tenga atribuidas competencias, cuanto menos genéricas, para adoptar decisiones que puedan influir sobre el ámbito de actividad propio del particular que ofrece o entrega la dádiva". Y "deberá constatarse que el funcionario tiene pendiente de resolución asuntos que puedan afectar al particular".

Pero el 426 también tiene sus ilustres defensores. Juan Carlos Carbonell, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Valencia, subraya que por algo el Código Penal diferencia entre el cohecho propio (el que comete el funcionario que, a cambio del soborno, da trato de favor) y el cohecho impropio, que es el regulado por el artículo 426 y que, según él, no requiere que haya "causalidad". "Basta y sobra con demostrar que el ciudadano [que hace el regalo] tiene intereses y que la autoridad está en condiciones de interesarse. Ni siquiera se requiere que la autoridad tenga capacidad directa de resolución. Ha de considerarse suficiente que la autoridad ocupe dicha posición", afirma. "Yo creo que el artículo es muy claro; la interpretación que ha hecho el TSJCV es sui géneris".

José Luís Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Málaga, no cree "en absoluto" que pueda descartarse que Camps cometió cohecho, informa Pere Ríos. No obstante, considera que el 426 "necesita una revisión". "Estamos pagando las consecuencias de una formulación muy anticuada".

Pajín rechaza que los políticos reciban regalos "sin que importe su procedencia"

oficial de que se modificará el artículo 426 del Código Penal sobre el cohecho impropio, por el que se ha archivado la causa contra el presidente valenciano, Francisco Camps, pero "tocan a vísperas", como señalan fuentes gubernamentales. Como anticipo de que habrá "reflexión", no es baladí que la número tres del PSOE, Leire Pajín, secretaria de Organización, anticipe la disposición de los socialistas a "estudiar" la figura penal del cohecho impropio. "Todo es valorable y si se trata de actuar mejor contra la corrupción, habrá que estudiarlo", declaró a la cadena SER.

Pajín señaló a EL PAÍS que no le parece aceptable la doctrina aplicada a Camps, según la cual "un político puede recibir regalos de cierta cuantía sin que importe su procedencia". No obstante, esta dirigente socialista pide prudencia antes de lanzarse a pedir un cambio legal en coherencia con la propia tesis de los socialistas, según la cual no se puede legislar al calor de un hecho concreto. "Pero se puede estudiar todo lo que sea fortalecer el Estado de derecho frente a la corrupción".

El PSOE asegura que analiza desde hace tiempo con lupa ese artículo del Código Penal. Por tanto, si se cambia no será una improvisación, ya que en los grupos parlamentarios socialistas del Congreso y del Senado se barruntaba que el auto fuera exculpatorio.

"El Código Penal no define con claridad todas las particularidades del cohecho y la prevaricación; es excesivamente interpretable", señala a este periódico la portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Carmela Silva. El artículo 426 es "excesivamente difuso", señala Silva, que mantiene el mismo criterio que Leire Pajín sobre los efectos de una definición "tan etérea". Ambas consideran inapropiado que "no pase nada" por el hecho de que no se pueda demostrar que se deriven tratos de favor de los regalos.

Otros dirigentes socialistas consideran "un error" que no se contemple ni siquiera la posibilidad de que haya relación entre el regalo y el fin que éste persiga. Estos interlocutores señalan que, además de modificar el Código Penal, sobre todo para definir la figura del cohecho impropio o pasivo, debería establecerse códigos de obligado cumplimiento para los miembros del Poder Ejecutivo, tanto para el Gobierno central como para los autonómicos.

Pero, además de la "laxitud" de la ley en esta materia, la portavoz socialista en el Senado quiere ir al fondo de la cuestión y rechaza la tesis de que un presidente de Gobierno, en este caso, "no se vende por cuatro trajes", como se ha repetido desde las filas del PP. A su juicio, para "muchísimos españoles", esas dádivas son elevadas y "un político honrado no las puede recibir". Además, "el auto deja claro que no se ha demostrado en absoluto que el señor Camps pagó sus trajes". "En el PP saben que millones de españoles albergan la duda de que hubo favores", apostilla Silva.

El cohecho (o soborno) no relacionado directamente con una contraprestación concreta es delito desde el siglo XIX. En 1848 se preveía, además de la “reprensión pública” para el funcionario que aceptaba regalos, la inhabilitación del cargo. La pena se fue suavizando hasta la “suspensión”, en 1973. Desde 1995 se castiga sólo con multa

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de archivar las actuaciones contra el presidente de esa comunidad autónoma por cohecho no tardó en provocar reacciones de los portavoces de algunas formaciones políticas. En el aire, la interpretación del delito de cohecho impropio y su posible aplicación a regalos de alto valor que reciben los políticos.

El portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, fue el primero en declarar públicamente, el mismo lunes, que no comparte "en absoluto" la decisión del tribunal valenciano, que considera que debe haber una causa directa entre los regalos y los posibles beneficios para el que los hace para poder hablar de cohecho. Llamazares rechazó sobre todo la sombra de duda que se abre sobre los regalos a políticos y añadió que "hay una mayoría limpia y comprometida, no como en este caso".

En la misma línea, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, se preguntó ayer si, con esta decisión, el tribunal valenciano "declara impune la recepción de regalos suntuosos por parte de los cargos públicos".

"Justicia politizada"

En una entrevista en Punto Radio, recogida por Efe, Erkoreka cuestionó si es lícito recibir este tipo de regalos aunque "no conste fehacientemente que ha habido una relación de causa-efecto de beneficios acordados por la autoridad y el que hace el regalo", como dice el TSJCV. "Quisiera conocer si recibir bolsos de mil euros es o no perseguible criminalmente", dijo Erkoreka.

Aparte de esta reflexión, Erkoreka felicitó al presidente Francisco Camps, "si tiene motivo de satisfacción", por la decisión judicial. El auto que archiva la investigación contra Camps y otros tres cargos del PP valenciano no niega los hechos, es decir, la recepción de los regalos, por lo que evidencia que el presidente valenciano faltó a la verdad tanto en su declaración ante el juez instructor como ante las Cortes valencianas.

El secretario general de ICV, Joan Herrera, opinó ayer que la decisión "afecta a la credibilidad de la Justicia". En declaraciones a RAC 1 recogidas por Efe, dijo que la resolución del TSJCV "es insólita" y se produce porque "se trata de una justicia muy politizada y que, a veces, resuelve por bandos". "En función del bando en que estés", dijo Herrera, "se resuelve de una forma u otra, independientemente de lo que se esté juzgando".

Un tribunal dividido salva a Camps

Dos de los tres magistrados admiten que cuatro dirigentes del PP recibieron de la trama corrupta miles de euros en regalos, pero consideran que no es cohecho

Francisco Camps aceptó regalos de la trama corrupta vinculada al PP dirigida por el empresario Francisco Correa, en prisión. La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no lo discute, pese a que el presidente valenciano lo ha negado reiteradamente. Pero archiva la causa abierta por supuesto delito de cohecho.

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha dicho que su "obligación, convicción y compromiso" es seguir trabajando por la prosperidad del pueblo valenciano y de los españoles. En una declaración realizada en el Palau de la Generalitat, Camps se ha manifestado así después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana haya archivado la causa contra él. -

En un auto que notificó ayer, considera que no existe relación entre los regalos y las funciones que los cuatro imputados desempeñaban porque no se puede probar la causa que llevó a la empresa Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, a pagar los trajes a los políticos. Esa sociedad obtuvo adjudicaciones por más de siete millones de la Generalitat valenciana, hizo regalos por miles de euros a decenas de altos cargos y pagó trajes a Camps; al secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa; al ex vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret.

Pero el tribunal legitima la recepción de los regalos porque entiende que no tenían por objeto provocar un acto injusto. La resolución, que dividió a los tres integrantes de la Sala, ya que se produjo un voto particular, será recurrida ante el Tribunal Supremo por la Fiscalía y por el PSPV-PSOE, que ejerce de acusación popular.

Los magistrados Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJCV, de quien Camps dijo que era más que un amigo, y José Francisco Ceres, ponente del auto que ayer cerró el caso en Valencia, defienden una interpretación del artículo 426 del Código Penal en la que la recepción de los regalos es delito siempre que exista "causalidad". Es decir, siempre que el funcionario o cargo público que los reciba tenga posibilidad de intervenir en beneficio de quien realiza la dádiva. En eso se amparan para exculparles.

En sentido contrario, el magistrado Juan Montero, con su voto particular, discrepa sustancialmente y expresa sus dudas de que en efecto los hechos no sean delito. Montero, juez elegido en la década de los noventa a propuesta del PP por las Cortes valencianas, "por seguridad jurídica", hubiera continuado el procedimiento. Sólo en una cosa coinciden los tres: en que la causa debe archivarse para Ricardo Costa porque su condición de diputado autonómico, y no de miembro del Gobierno valenciano, le alejaba de la posibilidad de favorecer a los empresarios corruptos.

La resolución, que se conoció poco después del mediodía de ayer, tuvo respuesta casi inmediata. Mariano Rajoy, presidente del PP, aprovechó un acto en Galicia para felicitar a Camps y afirmar que el archivo "supone que ha ganado la justicia, el sentido común y los vendedores de tila, porque hay algunos que están de los nervios". Camps, tras reunirse con Costa y varios miembros del Consell en el Palau de la Generalitat y comer con ellos en un céntrico hotel, envió a media tarde un comunicado y una grabación institucional, en la que manifestó su respeto a la decisión judicial y su agradecimiento "a todas las personas que durante todos estos meses han estado a mi lado".

Jorge Alarte, secretario general de los socialistas valencianos, expresó su respeto a la decisión judicial y también su disconformidad. Alarte anunció recurso ante el Supremo y afirmó que el tribunal valenciano "ha evidenciado que Camps mintió a las Cortes y a los valencianos", por lo que le exigió que "asuma responsabilidades políticas".

El tribunal valenciano cerró ayer la parte de la investigación que iniciara el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional en 2008 y que fue remitida al tribunal autonómico el pasado 5 de marzo. El 21 de abril, la sala de lo Civil y Penal que ayer archivó, asumió la competencia para investigar un supuesto delito de cohecho sólo respecto de los cuatro imputados. A pesar de sucesivos intentos de las acusaciones, no quiso mover esos límites. Esa estrechez condicionó también la investigación de José Flors, el juez instructor de la causa, que concluyó en que apreciaba indicios de un delito de cohecho pasivo impropio.

El TSJCV respondió ayer precisamente a los recursos de apelación que los imputados presentaron al auto que dictó Flors el 6 de julio. En él, Flors defendió la continuidad del procedimiento por existir indicios racionales suficientes para seguir investigando. No admitió nuevos imputados, transformó la causa en procedimiento de jurado y rechazó casi todas las diligencias que se plantearon. Los imputados, en respuesta, acudieron a la Sala que, pese a ratificar toda la instrucción de Flors en lo que se refiere a los hechos, les dio la razón al no apreciar delito.

Era común a los cuatro imputados un argumento: los regalos no existieron. La sala lo desestima. A Camps le responde: "El sobreseimiento relativo a no estar acreditados los hechos en los términos indicados, debe ser desestimado". A Ricardo Costa le responde: "El motivo del recurso, relativo a la no acreditación de los hechos imputados, debe desestimarse". Eso sí, le admite, por verosímil, que en la primera compra que hizo pagara a Álvaro Pérez, El Bigotes, hombre en Valencia del cabecilla de la trama de corrupción, Francisco Correa, en la creencia de que lo hacía a la tienda. A Víctor Campos le contesta que "el motivo de impugnación relativo a la falta de acreditación de los hechos imputados" debe ser desestimado y en idénticos términos responde a Rafael Betoret. Es decir, la sala asume como ciertos los indicios aportados por el juez Flors para mantener la imputación y proseguir la investigación.

En los cuatro recursos se repetía el argumento de que, en el caso de haberse producido los regalos, no serían delito porque se habrían realizado y recibido por la relación de todos ellos con el PP, no por su condición de funcionarios públicos. Y es justo aquí donde De la Rúa y Ceres (a este último el Tribunal Supremo le tumbó el nombramiento por falta de motivación, aunque posteriormente fue repescado) hacen una interpretación que les permite archivar la causa. A partir de la definición del cohecho pasivo impropio -"la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente"-, interpretan que para que el delito se dé es imprescindible "una conexión causal entre la entrega de esa dádiva o regalo y la función de la autoridad o el funcionario".

Y, a continuación, el tribunal excluye de la relación de "causalidad" a Ricardo Costa porque "no ha desempeñado cargo alguno dentro del esquema de organización del Gobierno de la Generalitat valenciana", ya que es desde 1995 diputado de las Cortes valencianas. En su caso, los tres jueces de la Sala defienden que las dádivas se habrían producido en relación con el PP.

Para los otros tres imputados, sin embargo, De la Rúa y Ceres mantienen que los regalos, "con independencia de otras consideraciones éticas", no tienen necesariamente que haberse realizado en relación "a su calidad de autoridad o funcionario público". El criterio de los dos magistrados, frente al del instructor Flors, que por serlo no puede formar parte de la sala que resuelve los recursos de apelación, y de Montero, se impone. El Supremo tendrá en breve la palabra.

Los argumentos para el archivo. "No existe relación directa entre el pago de las prendas y los concretos actos de contratación realizados por las autoridades y funcionarios (...) a la empresa Orange Market (...) No hay constancia de que los agasajos fueran la causa determinante de esa concreta adjudicación".

"No cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público (...) implique prácticamente de modo casi inevitable que necesariamente se realiza en consideración a su función".

"Se descarta incluso un posible agradecimiento por la adjudicación contractual obtenida, e inclusive se reitera, que no se tendía a la obtención de una determinada contraprestación".

- Pero hubo regalos. "Es hecho admitido que la empresa Orange Market, S. L. y el Sr. Pérez tenían una relación comercial con el PP que al parecer le llevó a organizar actos importantes para dicho partido y en esa relación tiene más sentido que las dádivas pudieran atender al agasajo de los dirigentes del Partido".

"El sobreseimiento relativo a no estar acreditados los hechos [las dádivas] en los términos indicados debe ser desestimado".

Camps no tenía ninguna competencia respecto a la adjudicación de contratos"

Los magistrados admiten los regalos al presidente pero los desvinculan de su cargo

Cuatro magistrados recibieron hace varios meses de manos del juez Baltasar Garzón la causa valenciana del caso de corrupción masiva vinculado a Gobiernos del PP y aceptaron admitirla a trámite rechazando los delitos de tráfico de influencias y falsedad, que apuntaba el instructor de la Audiencia Nacional, y aceptando sólo la investigación sobre un supuesto delito de cohecho. De los cuatro jueces, uno de ellos, José Flors, fue nombrado instructor, investigó los hechos y resolvió que había indicios suficientes para llevar a juicio al presidente Francisco Camps y a otros tres dirigentes del PP valenciano por aceptar regalos valorados en miles de euros que la trama corrupta les entregó en función de su cargo.

El recurso de Camps y los otros imputados ha sido resuelto por tres de los cuatro magistrados —Flors no pudo intervenir al haber instruido la causa— con la decisión, por dos votos a uno, de archivar la causa al entender que no existe cohecho.

En su auto, los magistrados rechazan los recursos de Camps y el resto respecto a las pruebas que acreditan los regalos, con lo que dan por hecho que los dirigentes del PP los recibieron. Pero interpretan que esos regalos no entran en el supuesto que establece el artículo 426 del Código Penal: “La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses”. Éstos son sus argumentos:

» Interpretación. Los magistrados dan vueltas en su auto a la frase “en consideración a su función” e interpretan que el artículo 426 quiere decir que “la entrega y la aceptación de la dádiva se realiza porque se encuentra dentro de las competencias y potestades de la autoridad o funcionario la concesión y otorgamiento de contratos”. Esto es, no bastaría con aceptar regalos aunque se ostente un cargo público, sino que ese tipo de cohecho requiere que el dirigente político tenga capacidad de conceder u otorgar contratos a la persona que le hace los regalos para entender que ha incurrido en el delito tipificado en el Código Penal. Tras llegar a esa conclusión, que rechaza el tercer magistrado que estudió el recurso de los imputados, los jueces argumentan el archivo de la causa.

» Absolución penal que no ética. “No cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que pueda existir un automatismo genérico en considerar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad, con independencia de otras valoraciones de tipo ético, implique prácticamente de modo casi inevitable, q ue se estime que “necesariamente” se realiza “en consideración a su función” por el mero hecho de constatarse que se reúne la cualidad de autoridad o funcionario público”.

» Bien jurídico. “No cabe concluir que se haya lesionado o puesto mínimamente en peligro el bien jurídico protegido por el tipo penal y relativo a la correcta actuación de la Administración Pública y la imparcialidad de sus decisiones”.

» Sin relación con los contratos. “[Camps, Betoret y Campos] no tenían por objeto de su cargo o función ninguna relación o competencia respecto de la adjudicación de contratos ofertados por la sociedad Orange Market, no constando tampoco actuación alguna favorecedora de la misma, ni, en todo caso, que tales obsequios lo fueran por agradecimiento”.

Los magistrados recuerdan, en relación con los 40 contratos logrados por Orange Market, por adjudicación directa, sin concurso y, en algunos casos, troceados en paquetes de 12.000 euros para evitar la concurrencia de ofertas, que el proceso abierto en el Tribunal de Valencia no versaba sobre la contratación irregular y, por tanto, ésta no se ha investigado.

El juez discrepante: "El cohecho impropio no requiere una relación de causalidad"

Juan Montero Aroca, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, no comparte la tesis de sus dos compañeros que impiden juzgar a Francisco Camps. En un voto particular de apenas un folio, lo justifica así:

» Dos dudas. ?La discrepancia responde a dos dudas. La mayoría de la Sala considera, con razones perfectamente atendibles, que existe seguridad en la conclusión de que los hechos imputados a los Sres. Camps, Campos y Betoret no son constitutivos de delito y lo hace asumiendo la que estima jurisprudencia del Tribunal Supremo. Las dudas de este magistrado radican, primero, en si los hechos pudieran ser constitutivos de delito y, segundo, en que no está convencido de que la jurisprudencia reseñada en el auto responda a la interpretación que estima adecuada del artículo 426, primer inciso, del Código Penal?.

» Continuación del proceso. ?En el trámite en que se encuentra el proceso, la decisión que decrete el sobreseimiento debería responder a la seguridad (en sentido jurídico) de que los hechos no son constitutivos de delito, mientras que la decisión sobre la continuación del proceso se basaría, simplemente, en que los hechos pudieran ser constitutivos de delito; en un caso no son y en el otro pudieran ser?.

» Causalidad. ?Pues bien, este magistrado no está convencido de que los hechos imputados a los Sres. Camps, Campos y Betoret no sean constitutivos de delito. Ese no convencimiento radica en que el tipo del artículo 426, inciso primero, requiere, sí, que la dádiva tenga algún sentido o adecuación a la función de la autoridad o del funcionario, de modo que no quepa decir que no existe relación alguna (y por esto se comparte el sobreseimiento del Sr. Costa, dada su condición de diputado en las Cortes Valencianas, no de miembro de los órganos de gobierno de la Generalidad Valenciana), pero no parece a este magistrado que ese tipo penal tenga que requerir una relación de causalidad, por lo menos en los términos que en el auto se dice y respecto de los Sres. Camps, Campos y Betoret. Esta falta de convencimiento me debe llevar a discrepar de la mayoría de la Sala?.

Dos lecturas de un mismo delito

La interpretación del artículo penal que regula el cohecho divide a los jueces del 'caso Gürtel'.- La clave es dirimir si Camps recibió regalos por su cargo

"Yo me pago mis trajes", afirmó hace cinco meses Francisco Camps. Pero no: todos los jueces que han intervenido en la investigación de la trama Gürtel coinciden en que varios de los trajes de su fondo de armario se los regalaron -al presidente valenciano y a otros tres altos cargos del PP en esa comunidad- los empresarios de la red corrupta de Francisco Correa. También llegan a esa conclusión los jueces que ayer resolvieron archivar la causa. Pero lo que ellos sostienen es que recibir esos regalos -admiten que, haberlos, parece que los hubo- no es delito.

Y ahí es donde estos dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), Juan Luis de la Rúa y José Francisco Ceres, discrepan del resto de jueces que han participado hasta la fecha en el proceso: el instructor en Valencia, José Flors; el instructor en Madrid, Antonio Pedreira; el primer juez que vio la causa, Baltasar Garzón; y Juan Montero, el juez del TSJCV que ayer emitió un voto particular contra la decisión de sus colegas. Los cuatro últimos creen que los regalos a Camps pueden entrar en lo tipificado en el artículo 426 del Código Penal sobre el cohecho pasivo: "La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses"; Ceres y De la Rúa sostienen que no. Éstos son sus argumentos.

EL AUTO DEL TSJCV Cortesía y usos sociales

El Tribunal Superior subraya que su cometido no es esclarecer los hechos sino sólo comprobar si la instrucción del caso, realizada por el juez Flors, ha sido racional, coherente y no arbitraria. Los acusados Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret afirmaban que no lo había sido por dos razones: aseguraban que no recibieron ningún regalo y, además, decían que, de haberlos recibido, no habría sido en función de su cargo.

El auto del TSJCV les quita la razón en el primer punto y se la da en el segundo. No hay motivos, señala el auto, para creer que el instructor se equivoca al establecer que los regalos existieron; pero no está acreditado, añade, que esos regalos tuvieran relación con el cargo de los políticos agasajados. Podría tratarse, según los magistrados, de meros regalos de cortesía amparados por los usos sociales. O, dicho de otra manera, no hay por qué pensar que, a cambio de los regalos, dieron trato de favor a las empresas: "No cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que pueda existir un automatismo genérico en considerar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público [...] implique [...] que necesariamente se realiza 'en consideración a su función". Y recuerdan que ni Camps ni Costa ni Betoret ni Campos tenían "por objeto de su cargo o función ninguna relación o competencia respecto de la adjudicación de contratos".

INSTRUCCIÓN Y VOTO PARTICULAR Objetivo: complacer

El instructor de la causa en Valencia, José Flors, dejó claro en su auto del 6 de julio que "no existe constancia de ninguna relación directa" entre los regalos realizados por la trama a los políticos del PP "y los concretos actos de contratación" de los que se beneficiaron esas empresas en Valencia. Pero el cohecho pasivo no consiste en que quien recibe regalos dé a cambio favores, sino simplemente en que los reciba "en consideración a su función", y Flors sostenía que eso sí había ocurrido.

"La finalidad perseguida [de los empresarios corruptos] no era otra que la de lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas [los políticos del PP], obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, pero sin tender a la obtención de determinada contraprestación", reza su resolución. Flors descarta que los regalos puedan ser enmarcados dentro de la "cortesía" o los usos sociales, dada "la peculiaridad del objeto regalado, la reiteración en su entrega y su mismo valor".

Juan Montero, tercer miembro de la sala de lo Civil y Penal del TSJCV, formuló ayer un voto particular contra el auto de archivo. En su opinión, para saber si se ha cometido cohecho pasivo no es necesario probar "una relación de causalidad" (entre el regalo y la capacidad del agasajado para otorgar favores) tan estricta como la que exigen sus compañeros de sala.

LO QUE DIJO GARZÓN "No eludir la acción penal"

Baltasar Garzón, juez que inició la investigación del caso Gürtel, se inhibió de éste el pasado 5 de marzo en un auto en el que, entre otras actividades de la trama, enumeraba los regalos en ropa a Camps. En ese auto, Garzón afirmaba que "no puede eludirse la investigación penal" de esos regalos, y proponía los artículos del Código Penal que debían ser valorados: el 426 (cohecho), el 428 (tráfico de influencias) y el 390 (falsedad de las facturas).

LA INVESTIGACIÓN DE PEDREIRA Unos dan y otros reciben

La fiscalía pidió el 27 de julio que el Tribunal Superior valenciano asumiese, junto a la investigación sobre Camps, la de los empresarios que le hicieron regalos. El juez de la parte madrileña del caso Gürtel, Antonio Pedreira, señala en un auto el 28 de julio: "Este magistrado instructor hace suya la fundamentación invocada por el Ministerio Fiscal". Y la fundamentación dice que el cohecho activo que se imputa a los cabecillas de la trama "no es sino el reverso del cohecho pasivo que se imputa a los cargos públicos de Valencia".

www.elpais.es 04.08.09

El fiscal recurrirá por infracción legal y constitucional

El auto ignora que la trama Gürtel la integran "profesionales del cohecho"

La Fiscalía Anticorrupción anunciará hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia que va a presentar recurso de casación ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, por entender que la decisión del tribunal que preside Juan Luis de la Rúa ha infringido la legalidad vigente y ha vulnerado el artículo 24 de la Constitución, que establece el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales. La decisión de la Fiscalía deja al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en situación de interinidad hasta que el Supremo se pronuncie.

El recurso deja en la interinidad el sobreseimiento del caso para Camps

El recurso lo preparará la Fiscalía del Tribunal Supremo, en coordinación con Anticorrupción, durante las próximas semanas, dado que el mes de agosto es inhábil en el Tribunal Supremo. Por tanto, el recurso contra los argumentos del TSJ de Valencia no se presentará físicamente ante la Sala Penal previsiblemente hasta septiembre.

Fuentes fiscales valoraron que la resolución del tribunal valenciano es "muy frágil", porque para contradecir la tesis del juez instructor, José Flors, de que existen indicios de delito de cohecho impropio y que Camps y los demás imputados del PP valenciano deberían ser sometidos a juicio, el Tribunal hubiera debido pronunciarse por unanimidad.

Pero frente al criterio del magistrado instructor, la Sala, que reconoce paladinamente que "no ha realizado acto de investigación" y "no ha tenido conocimiento directo de los hechos", concluye dictando una resolución sobre el fondo del asunto en la que uno de los tres magistrados, Juan Montero Aroca, declara que "no está convencido" de que los hechos atribuidos a Camps, Campos y Betoret no sean constitutivos de delito. Y además, discrepa de que los dos magistrados que han resuelto el sobreseimiento, De la Rúa y Ceres, hayan interpretado adecuadamente la jurisprudencia que reseñan en la resolución.

Según las fuentes consultadas, la Fiscalía esgrimirá en su recurso que la decisión del tribunal valenciano no tiene en cuenta la existencia de la "relación negocial" entre el entramado de la Gürtel y la Administración valenciana, que es dirigida por Francisco Camps.

Además, en las actuaciones que se siguen en el Tribunal Superior de Madrid, que el instructor Antonio Pedreira ha remitido al tribunal valenciano, consta que las personas y empresas que regalaban trajes a Camps están integradas por cohechadores profesionales, que despliegan su actividad a base de pagos y dentro de un contexto de entrega de dádivas de manera continuada. Es decir, que el modus operandi de la trama Gürtel consistía en hacer regalos a alcaldes, diputados de la Comunidad de Madrid y altos cargos del PP, entregando dádivas obviamente para obtener contratos y fondos.

La interpretación del tribunal valenciano lleva a un "vaciamiento del delito" de cohecho pasivo impropio, según las fuentes consultadas.

www.elpais.es 04.08.09

Los socialistas recurren el archivo y subrayan que "Camps mintió"

"La partida está a la mitad; ya se verá cómo acaba". Esta expresión de un dirigente socialista define la postura del partido, tanto del PSOE como del PSPV, que han decidido recurrir en casación ante el Tribunal Supremo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha archivado el caso Camps.

Nada más conocerse la decisión, en Madrid y en Valencia los equipos dirigentes del socialismo, encabezados por la secretaria de Organización, Leire Pajín, y el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, decidieron emprender dos caminos. Por un lado, el jurídico, a través del recurso del Supremo y, por otro, el político, al proclamar que si algo quedaba claro es que "Francisco Camps ha mentido, miente y los hechos son los que son", en palabras de Jorge Alarte.

En Madrid, Antonio Hernando, secretario de Ciudades y la voz de la ejecutiva en este asunto, recalcaba que "el auto no desmiente que Camps recibiera los trajes como regalo, ni admite los argumentos exculpatorios de su defensa, luego asume que mintió tanto en sede judicial como en sede parlamentaria".

El análisis de Hernando sobre al auto es similar al del líder de los socialistas valencianos: "Camps ha recibido unos regalos no precisamente de unos empresarios respetables" y "ha consentido que le pague parte de sus gastos personales" una trama corrupta que ha obtenido contratos por casi "ocho millones de euros". Alarte lo resume así: "Camps ha estado vinculado, y en algunos casos con relación de amistad, con miembros de esa trama corrupta". Como aval de sus consideraciones, el dirigente socialista rememoró frases célebres de Camps: "Yo me pago mis trajes" o "a Alvarito Pérez no lo conozco".

La estrategia política en Madrid y Valencia continuará contra Camps y Mariano Rajoy. "El presidente del PP sigue sin dar explicaciones sobre las relaciones de dirigentes de su partido con cabecillas de la trama corrupta", señaló Hernando. Aunque los socialistas son sumamente críticos con la decisión del tribunal valenciano, no lo dirán en alto y se quedan en el límite de lo correcto: "No compartimos la interpretación jurídica", señala Hernando.

Sin ambages, se manifiesta la portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Mònica Oltra. "El auto es un escándalo sin precedentes", y más cuando se conoce "la íntima y sentida" amistad entre Camps y el presidente del Tribunal, Juan Luis de la Rúa, según reconoció el propio juez, recordó Oltra.

www.elpais.es 04.08.09

El tribunal valenciano archiva la causa contra Camps

La Sala estima que los hechos que motivaron la investigación por cohecho pasivo no son constitutivos de delito.- El PSPV recurrirá al Supremo

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) archiva la causa abierta contra Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret por supuesto delito de cohecho. El tribunal considera, aunque no por unanimidad, que los regalos recibidos por los cargos públicos de la trama corrupta que lidera Francisco Correa no son constitutivos de delito.

A favor de esa tesis, con archivo definitivo de las actuaciones, han estado Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJCV y de quien Camps dijo que era más que un amigo, y José Francisco Ceres, magistrado conservador cuyo nombramiento fue en su día impugnado y posteriormente repescado. Sin embargo, el magistrado Juan Montero, propuesto en su día por el PP, ha dejado constancia de que tiene sus dudas de que los hechos que se imputaban a Camps, Campos y Betoret, que no a Ricardo Costa, no sean constitutivos de delito. Según su opinión, la causa debería haber quedado abierta para avanzar en las investigaciones que aseguraran si en efecto lo fueron o no.

La decisión de la sala permite recurso al Tribunal Supremo. El PSPV-PSOE, que actuó como acusación popular, ya anunció que así lo haría. También la fiscalía anticorrupción puede presentar recurso.

El tribunal no descarta que pudiera ser cierta la versión de los imputados, dadas las contradicciones de testigos y las irregularidades de la prueba documental. Sobre el delito de cohecho pasivo impropio el tribunal considera que se refiere no a la condición de autoridad o funcionario del imputado, sino a actos propios de la competencia de la autoridad o funcionario. "No cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público, con independencia de otras posibles valoraciones de tipo ético, implique prácticamente de modo casi inevitable que necesariamente se realiza en consideración a su función", señala el tribunal.

El PSPV recurrirá

La reacción del PSPV-PSOE no se ha hecho esperar y ha anunciado que presentará un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el auto de TSJ de Valencia. El PSPV, que ejercía la acusación popular en la causa abierta contra, entre otros cargos de la Generalitat y del PPCV, del jefe del Consell, Francisco Camps, "acata y respeta el auto y la actuación de los magistrados, aunque no lo comparte", ha asegurado el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte.

Según Alarte, el auto realiza una valoración jurídica de los hechos investigados por los que se abrió la causa pero no los "cuestiona", lo que en su opinión "demuestra" que Camps "ha mentido a Les Corts y a los valencianos", por lo que le ha exigido que asuma "responsabilidades políticas".

Regalos por contratos

El juez instructor, José Flors, encontró numerosos indicios de la existencia del cohecho, pero no investigó si los regalos se hicieron a cambio de los contratos logrados por la empresa Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes. Entre los regalos que la investigación ha acreditado que recibió Camps había trajes, zapatos, pulseras, relojes, juguetes caros y entradas para el Circo del Sol. El principal contrato que Orange Market obtuvo cinco años consecutivos fue el montaje del pabellón de Fitur en Madrid. La empresa de El Bigotes logró también 40 adjudicaciones, la mayoría a dedo o fraccionadas en contratos inferiores a 12.000 euros para evitar el concurso público.

La sala tiene que decidir aún si incorporar a la causa a los cabecillas de la trama - Francisco Correa, Pablo Crespo y El Bigotes,- por un delito de cohecho activo al haber hecho los regalos a los cargos de la Generalitat y del PP valenciano, después de que la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se inhibiera a favor del de Valencia en este apartado de la investigación. La sala ha pospuesto esta decisión hasta septiembre.

En el PP esperaban que la decisión que hoy ha tomado el tribunal valenciano de archivar la investigación pusiera fin a un "calvario". Tras conocer el sobreseimiento de la causa contra Camps, el presidente del PP, Mariano Rajoy ha declarado que ha ganado "la justicia, el sentido común y los vendedores de tila, porque hay algunos que están de los nervios".

www.elpais.es 03.08.09

Los jueces valencianos ven legal que Camps aceptara regalos de la 'trama Gürtel'

Archivan la investigación al entender que los imputados recibieron obsequios pero no estaban relacionados con sus funciones

Los jueces que han decidido archivar la investigación sobre un supuesto delito de cohecho contra el presidente de la Generalitat y otros tres cargos públicos del PP valenciano hacen en su auto una interpretación especial de lo que significa el artículo 426 del código Penal (La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses).

Dos de los tres magistrados que han analizado los recursos de los altos cargos del PP entienden que Álvaro Pérez, El Bigotes, hizo todos los regalos que se citan en el auto, pero las dádivas no estaban relacionadas con la función que ocupaban entonces Francisco Camps, presidente; Victor Campos, vicepresidente; Rafael Betoret, jefe de gabinete de la consejera de Turismo; y Ricardo Costa (portavoz parlamentario del PP). Los jueces lo escriben así: "Entendemos que no cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que pueda existir un automatismo genérico en considerar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público, con independencia de otras posibles valoraciones de tipo ético, implique prácticamente de modo casi inevitable, que se estime que necesariamente se realiza en consideración a su función, por el mero hecho de constatarse que se reúne la cualidad de autoridad o funcionarios público". Y añaden: "Se descarta incluso un posible agradecimiento por la adjudicación contractual obtenida, e inclusive se reitera, que no se tendía a la obtención de una determinada contraprestación".

La red de empresas dirigidas por Francisco Correa, el hombre que organizó durante 10 años todos los actos del PP y trabó contactos con decenas de dirigentes de este partido en ayuntamientos y comunidades autónomas para lograr cientos de contratos, pagó varios millones de euros en comisiones ilegales a alcaldes, diputados y al menos un consejero autonómico e hizo regalos caros a otros dirigentes populares. Su principal centro de negocio desde 2004 fue la Comunidad de Madrid, donde sobornó a alcaldes, diputados autonómicos y, al menos, un consejero. Correa extendió sus tentáculos a la Comunidad Valenciana, donde creó una empresa llamada Orange Market, al frente de la cual puso a Álvaro Pérez que desde el primer día de funcionamiento logró ingresos de la administración autonómica que dirige Francisco Camps. En cuatro años, cerca de 8 millones de euros, más otro millón por organizar los actos del PP valenciano.

Para cultivar esa fuente de ingresos, El Bigotes, según la investigación judicial, hizo regalos a diestro y siniestro, acreditados por los apuntes registrados en la contabilidad B de la trama empresarial corrupta, los testimonios de muchos de los implicados y los documentos de los establecimientos donde se hicieron los regalos. Los funcionarios declararon que les daban contrato sin concurso porque los conocían como proveedores y por su experiencia. Sin embargo, al menos en el primer año de existencia de la empresa, no habían hecho ni un solo trabajo para la Comunidad Valenciana y recibieron múltiples contratos, algunos troceados en varias partes con importes inferiores a 12.000 euros para evitar la concurrencia de ofertas y el concurso público. La empresa que lograba estos negocios, regalaba a la vez trajes, zapatos, entradas de circo, juguetes carísimos, corbatas, bolsos, relojes y pulseras a los dirigentes del PP valenciano, al presidente Camps y a su familia. Muchos de los regalos los hacía El Bigotes por Navidad y otros, durante el resto del año y durante cuatro ejercicios seguidos.

El juez que investigó el caso en Valencia encontró suficientes indicios de un delito de cohecho y sostuvo en un auto que los dirigentes del PP valenciano deberían ser juzgados por un jurado popular. Pero tres compañeros suyos, que forman la sala encargada de estudiar los recursos de las partes, han dado la razón a Camps y a los suyos y han decidido archivar el caso.

El magistrado Juan Montero Aroca ha formulado un voto particular en el que discrepa de la interpretación que sus dos compañeros han hecho del artículo 426 del Código Penal: "No me parece que ese tipo penal tenga que requerir una relación de causalidad".

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia implica que cualquier alto cargo de la Comunidad Valenciana puede admitir, sin ningún problema, regalos por varios miles de euros de empresas que contraten con la administración valenciana. Esos regalos, según dos de los tres jueces de la Sala de lo Penal del Tribunal Valenciano, son legales.

www.elpais.es 03.08.09

El Bigotes regaló a Camps trajes, zapatos, pulseras y entradas de circo

Balance de la investigación en Valencia de la trama Gürtel vinculada al PP

La investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada a Gobiernos del PP de al menos tres comunidades autónomas y seis ayuntamientos, ha acreditado que el presidente valenciano, Francisco Camps, recibió numerosos regalos en forma de trajes, zapatos, pulseras, relojes, juguetes caros e incluso entradas para el Circo del Sol (701 euros reflejados en la caja B de la trama corrupta). Algunos regalos le llegaban por Navidad y otros en cualquier otro momento, según la investigación.

El PP confía en que hoy termine el "calvario" del presidente valenciano

Tres magistrados de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia dilucidan hoy si el presidente de la Generalitat valenciana debe ser juzgado por un presunto delito de cohecho pasivo (que castiga a la autoridad que recibe regalos aunque sea a cambio de nada). Camps y los demás aforados presentaron un recurso contra la decisión del instructor del caso en Valencia, José Flors, quien entiende que éstos habrían cometido un cohecho pasivo susceptible de ser enjuiciado por un jurado popular. La Sala de referencia del juez Flors también deberá decidir hoy si deja abierta la causa e incluye entre los imputados -como pidió el pasado jueves el Tribunal Superior de Madrid- a los cabecillas de la trama Gürtel que hicieron los supuestos regalos a esos aforados. Es decir, a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.

El juez Flors ha encontrado múltiples indicios de la existencia del cohecho, aunque no ha investigado si los regalos recibidos de la trama corrupta en la Comunidad Valenciana estaban relacionados con los contratos logrados por la empresa Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez, alias El Bigotes, uno de los cabecillas de la trama Gürtel.

El principal contrato que Pérez conseguía cada año tras establecerse en Valencia era el de diseño, montaje y desmontaje del pabellón de Fitur en Madrid. El Tribunal de Cuentas ha apuntado múltiples irregularidades en ese expediente. Tanto Milagrosa Martínez, consejera de Turismo durante los años en que logró el contrato, hoy presidenta del Parlamento valenciano, como su jefe de gabinete, Rafael Betoret, recibieron regalos caros de la trama corrupta. Ella, un reloj valorado en 2.400 euros (400.000 pesetas); él, numerosos trajes.

Además de los contratos del pabellón de Fitur en cinco años consecutivos (a razón de un millón de euros de media por cada contrato), la empresa Orange Market consiguió otros 40 encargos menores, la inmensa mayoría adjudicados a dedo y algunos troceados en minicontratos inferiores a 12.000 euros para evitar la concurrencia de ofertas que hubiera dificultado la adjudicación.

El PP confía en que la Sala Civil y Penal de Valencia tome hoy una decisión y termine el "calvario" de Camps, ya que consideran que los tres magistrados encargados de resolver el recurso que presentó el presidente valenciano contra la decisión del juez Flors están de su parte. Uno de ellos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Juan Luis de la Rúa, es amigo íntimo de Camps, según declaró el propio líder del PP. Aunque, durante todo el proceso, distintas partes han barajado la posibilidad de recusar a De la Rúa por este motivo, nadie acabó haciéndolo.

La citada Sala tenía previsto resolver el asunto a finales de la semana pasada, pero decidió seguir estudiando el caso este fin de semana y posponer la decisión última hasta hoy, tras encontrarse el pasado jueves con algo inesperado: el juez de Madrid que investiga la parte gruesa de la trama corrupta, Antonio Pedreira, remitió un auto a sus colegas de Valencia en el que indica que no cabe juzgar a los aforados de esa comunidad dejando al margen a Correa, Crespo y El Bigotes. Según su resolución, hacer eso "rompería la continencia de la causa". En el mismo auto, además, recuerda a sus colegas valencianos que hay cajas de documentación aún sin abrir, de lo que se infiere que podrían aparecer nuevos indicios que apuntalen la comisión de un cohecho.

Resoluciones de Flors, Pedreira y el fiscal

- Auto del juez Flors. El instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana afirma que hay "indicios racionales" para creer que Camps pudo cometer un cohecho por aceptar regalos de la trama. "No existe constancia de que su precio [el de los trajes] fuera abonado en caja y en metálico en el momento de recoger aquellos trajes, como afirmó el Sr. Camps en su declaración". El juez José Flors, por orden de la Sala, se negó a investigar a quienes hicieron los regalos: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.

- Opinión de la fiscalía. La Fiscalía Anticorrupción señala que El Bigotes y los demás cabecillas de la trama deben ser juzgados en Valencia junto a los aforados. "Su enjuiciamiento conjunto resulta inevitable", señala Anticorrupción en un escrito.

- El juez Pedreira avala la tesis del fiscal. "La incoación de procedimientos distintos para la investigación y enjuiciamiento de unas y otras conductas por separado podría motivar que se dictaran pronunciamientos contradictorios" señala el juez instructor de Madrid.

Los tres trozos de una causa con conexiones

Salvo los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que decidieron asumir sólo la parte de la trama Gürtel que afecta a los aforados nacionales Luis Bárcenas y Jesús Merino, casi ningún jurista entiende por qué esta causa ha acabado dividida en tres trozos. La que lleva el Supremo, la que tramita el Tribunal Superior de Valencia (sólo respecto a sus aforados, entre ellos, el presidente Camps) y la que investiga el Superior de Madrid, el grueso de la causa, con y sin aforados.

El Tribunal Superior de Valencia, al igual que hizo el Supremo, dictaminó que sólo investigaría a sus aforados por la supuesta recepción de dádivas de la trama, pero rehusó investigar a quiénes habían hecho los regalos. Los primeros problemas del actual desgajo de la causa ya han empezado a aflorar. Hoy, el Tribunal Superior valenciano tiene que decidir si atiende los recursos de sus aforados y archiva la causa y, por otro lado, si la mantiene abierta y estima la petición de su homónimo de Madrid de investigar también a quienes dieron los regalos a los aforados (esto es, los jefes de la trama corrupta Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes). Si el Superior de Valencia se mantiene hoy en sus trece y ciñe la investigación a sus aforados, el asunto tendría que resolverlo el Supremo.

El caso de Barrionuevo

Fuentes del Supremo han señalado: "¿En qué cabeza cabe que en Valencia sea juzgado Camps por recibir regalos y no quien se los da, El Bigotes y compañía?" La decisión del Supremo de asumir sólo a los aforados nacionales y obviar a los otros también rompe la jurisprudencia y puede dar lugar a resoluciones contradictorias sobre hechos similares según el órgano judicial que las dicte. En el caso GAL, la imputación del entonces ministro y aforado José Barrionuevo arrastró toda la causa, con sus imputados, aforados o no, al Supremo. ¿Por qué ahora el Supremo varía esa doctrina? ¿Acaso huye de una investigación que alcanza los 100.000 folios? El grueso de la causa se lo ha dejado al Tribunal Superior de Madrid y, una mínima parte, al de Valencia.

"¿Qué pasaría ahora si el Superior de Madrid, esgrimiendo los mismos argumentos del Supremo, ciñe las pesquisas a sus aforados, tres diputados de Madrid?" Algunas fuentes del Supremo creen que las diligencias volverían a manos del primer instructor de este caso, Garzón; otras sostienen, en cambio, que el competente sería un juzgado de plaza de Castilla (Madrid). Al que, de pronto, le caería una investigación de miles de folios y un caso fragmentado. Es decir, otra causa eternizada.

www.elpais.es 03.08.09

EL TSJ DE MADRID INSTA AL DE VALENCIA A JUZGAR A CORREA

Los presuntos cabecillas de la trama de corrupción desarticulada en el caso Gürtel deben ser también investigados y, en su caso, juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV), ya que regalaron, supuestamente, trajes al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a otros tres dirigentes del PP de dicha comunidad. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira considera que “resulta ineludible” juzgar al que recibe una dádiva junto al que la entrega.
Por eso ha hecho suyas las alegaciones de la Fiscalía Anticorrupción y ha decidido inhibirse a favor del TSJCV en toda la documentación de la que dispone y vincula a los presuntos cabecillas de la trama corrupta con el pago de trajes a Camps; al secretario general del PP valenciano y portavoz del grupo popular en Les Corts, Ricardo Costa; al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos; y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

La decisión no supone que Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, ya no estén imputados en la causa que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el caso Gürtel, sino que también pueden serlo en Valencia por el delito de cohecho que presuntamente cometieron al pagar trajes a los dirigentes del PP valenciano.

La Fiscalía Anticorrupción intentó que el instructor del caso en Valencia incluyera en las diligencias a Correa, Crespo y El Bigotes, pero el magistrado José Flors se negó. En su resolución explicaba que la investigación se limitaba al delito de cohecho imputado a Camps, Costa, Campos y Betoret. Los cuatro están acusados de un delito de cohecho del artículo 426, que castiga con multa de entre tres y seis meses a “la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo en consideración a su función”.

El resto de delitos que se investigan en la causa, así como todo lo relativo a los demás imputados (salvo los que por aforamiento corresponden al Tribunal Supremo) se investigan en el TSJM. El juez Flors añadía que sin que este se inhibiera no le era posible hacer “actividad instructora alguna respecto de una parte de las conductas de esos tres sujetos (el pago del precio de las prendas con que, al parecer, fueron obsequiadas unas personas en Valencia), cuando todas las acciones realizadas por ellos forman parte, en principio y en su conjunto, del objeto más amplio de otro proceso en curso que se tramita” en Madrid.

La Fiscalía procedió a seguir la recomendación del juez Flors y el lunes pasado presentó un escrito en el tribunal madrileño solicitando la inhibición que se hizo pública ayer. Ahora la pelota vuelve a estar en el tejado del Tribunal valenciano, pues, una vez recibida la inhibición, debe decidir si acepta la competencia e imputa a los cabecillas de la Gürtel por un delito del artículo 423.

A diferencia de Camps y los dirigentes valencianos, a Correa, Crespo y El Bigotes se les acusaría en Valencia de un cohecho del artículo 423, que castiga a “los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos”. Su pena sería la misma que la que se imponga a los que intentaban corromper.

Es decir, si el TSJCV decide seguir adelante con el caso y acepta la inhibición de Madrid, Correa, su presunto lugarteniente en el grupo de empresas y el responsable de Orange Market, la filial valenciana de Special Events, estarán imputados en los tres tribunales que llevan el caso.

El Tribunal Supremo aceptó la competencia para investigar a los aforados nacionales del PP implicados –el senador por Cantabria Luis Bárcenas y el diputado por Segovia Jesús Merino–, así como a las personas relacionadas con los supuestos pagos que recibieron. Todo apunta a que entre los que pagaron estarán Francisco Correa y Pablo Crespo.

Al inhibirse a favor de Valencia, el juez Pedreira “hace suya la fundamentación invocada por el Ministerio Fiscal”. Los argumentos de Anticorrupción consistían en que el cohecho imputado a Camps y el que habría cometido Correa “son conexos”. En su opinión, el cohecho que se imputaría a los pagadores “no es sino el reverso del cohecho pasivo que se imputa a los cargos públicos de Valencia”.

Los delitos conexos deben investigarse “en un solo proceso” para evitar “resoluciones contradictorias”, que conculcarían el principio de seguridad jurídica y merma las posibilidades de defensa de los imputados.

“Dada la íntima relación entre las conductas de quienes aparecen como donantes de los regalos y quienes aparecen como perceptores de los mismos, su enjuiciamiento conjunto resulta ineludible”, dice el auto para justificar el envío de la documentación a Valencia.
El juez Pedreira precisa que todavía no ha terminado de revisar toda la documentación intervenida en el caso, pero que su “volcado” avanza.

(www.publico.es, 31/07/09)

EL JUEZ DE MADRID ENVÍA A VALENCIA LA PARTE POR INVESTIGAR DEL 'CASO CAMPS'

El Tribunal Superior de Valencia está estudiando si archiva, o no, el caso de los regalos de la trama Gürtel al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, sin tener aún sobre la mesa toda la documentación policial sobre este caso. Así se desprende del auto que hizo ayer público el Tribunal Superior de Madrid, en el que se inhibe en favor de Valencia respecto de la implicación de los cabecillas de la trama en lo que se refiere a los trajes que éstos regalaron supuestamente a Camps y a otros tres cargos del PP valenciano. Lógicamente, esa documentación podría ser incriminatoria o, por el contrario, favorable al presidente valenciano. La Sala del Tribunal Superior de Valencia estudia un recurso de Camps contra la decisión del juez instructor de su caso, José Flors, de imputarle un delito de cohecho pasivo (recibir regalos en su condición de autoridad) susceptible de ser enjuiciado por un jurado popular. En ese recurso, Camps pide que se archive la causa porque sostiene que no existe tal delito. La Sala tenía previsto tomar una decisión ya, pero, tras recibir el auto del juez de Madrid, ha habilitado varios días de agosto para analizar la nueva documentación.

Aunque no la tendrá toda, ya que el magistrado del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira, instructor de la variante del caso Gürtel en Madrid, señala a sus colegas de Valencia, en el citado auto, que les ha ido remitiendo documentación intervenida por la policía, pero que aún queda por desprecintar otra parte. "Al irse avanzando en el volcado y levantamiento de precinto de los diversos soportes intervenidos", señala Pedreira, "se ha acordado la remisión de testimonio de algunos documentos. [Pero] aún no se ha concluido el levantamiento de precinto de [toda] la documentación intervenida".

El troceo en tres partes del sumario de la trama Gürtel está creando problemas. La causa se la reparten el Tribunal Supremo y los tribunales de Madrid y Valencia. El Superior de Valencia asumió inicialmente el caso Gürtel sólo en lo que respecta a los aforados de esa comunidad (entre ellos, el presidente Camps) y por un único delito, el de cohecho pasivo (que castiga a la autoridad que recibe dádivas, en este caso, trajes) aunque sea a cambio de nada.El juez Garzón, primer instructor de la causa, incluyó más delitos, entre ellos el de tráfico de influencias, pero el Tribunal Superior de Valencia redujo el asunto exclusivamente al cohecho pasivo y, además, limitó la investigación a sus aforados.

De hecho, el juez Flors se ha inhibido en favor de su colega de Madrid de tener que investigar a los cabecillas de la trama (Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, alias El Bigotes), que son precisamente quienes hicieron los regalos a los aforados valencianos: entre ellos Camps y su número dos, Ricardo Costa. Pero, en el auto de ayer, el Tribunal Superior de Madrid entiende que Correa, Crespo y Pérez, al menos en lo que respecta a los supuestos regalos de los trajes, deben ser juzgados en Valencia "para no romper la continencia de la causa".

Fuentes del Tribunal Supremo señalan al respecto: "¿En qué cabeza cabe que en Valencia sea juzgado Camps por recibir regalos y no quien se los da, El Bigotes y compañía, si se trata de una misma acción punible?" Estos expertos en derecho consideran una "barbaridad" que el caso Gürtel se haya troceado en tres partes.

El juez Flors se había negado a investigar a Correa, Crespo y Pérez en contra el criterio de la Fiscalía, que señala al respecto en un escrito: "Dada la íntima relación entre las conductas de quienes aparecen como donantes de los regalos y quienes aparecen como perceptores de los mismos, su enjuiciamiento conjunto resulta ineludible".

En su auto de ayer, Pedreira avala esa tesis: "La incoación de procedimientos distintos para la investigación y enjuiciamiento de unas y otras conductas por separado podría motivar que se dictaran pronunciamientos contradictorios, conculcándose la seguridad jurídica".

(www.elpais.com, 31/07/09)

EL TRIBUNAL ESTUDIA SI ARCHIVA EL 'CASO CAMPS' SIN TENER AÚN TODOS LOS PAPELES

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia está estudiando si archiva, o no, el caso de los regalos de la trama Gürtel al presidente valenciano, Francisco Camps, sin tener aún sobre la mesa toda la documentación policial sobre este caso. Así se desprende del auto que hizo ayer público el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que se inhibe en favor del de Valencia respecto de la implicación de los cabecillas de la trama en lo que se refiere a los supuestos trajes que éstos regalaron a Camps. Lógicamente, esa documentación podría ser incriminatoria o, por el contrario, favorable al presidente valenciano.

La Sala del Tribunal Superior valenciano estudia un recurso de Camps contra la decisión del juez instructor de su caso, José Flors, de imputarle un delito de cohecho pasivo (recibir regalos a cambio de nada) susceptible de ser enjuiciado por un jurado popular. En ese recurso, Camps pide que se archive la causa porque sostiene que no existe tal delito. La sala tenía previsto tomar una decisión ya, pero, tras recibir el auto del juez de Madrid, ha habilitado varios días de agosto para analizar la nueva documentación.

El troceo en tres partes del sumario de la trama Gürtel está creando problemas. La causa se la reparten el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de Madrid y Valencia. Este último asumió inicialmente el caso Gürtel sólo en lo que respecta a los aforados de esa comunidad (entre ellos, el presidente Camps) y por un único delito, el de cohecho pasivo (que castiga a la autoridad que recibe dádivas, en este caso, trajes) aunque sea a cambio de nada. El juez Garzón, primer instructor de la causa, incluyó más delitos, entre ellos el de tráfico de influencias, pero el Tribunal Superior de Valencia redujo el asunto exclusivamente al cohecho pasivo y, además, limitó la investigación a sus aforados. De hecho, el juez Flors se ha inhibido en favor de su colega de Madrid para no tener que investigar a los cabecillas de la trama (Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, alias El Bigotes), que son precisamente quienes hicieron los regalos a los aforados valencianos: a Camps y a su número dos, Ricardo Costa. Pero, en el auto de ayer, el Tribunal Superior de Madrid entiende que Correa, Crespo y Pérez, al menos en lo que respecta a los supuestos regalos de los trajes, deben ser juzgados en Valencia "para no romper la continencia de la causa".

Fuentes del Tribunal Supremo señalan al respecto: "¿En qué cabeza cabe que en Valencia sea juzgado Camps por recibir regalos y no quien se los da, El Bigotes y compañía, si se trata de una misma acción punible?". Estas fuentes consideran una "barbaridad" que el caso Gürtel se haya troceado en tres partes.

El juez Flors se había negado a investigar a Correa, Crespo y El Bigotes en contra del criterio de la fiscalía, que señala al respecto en un escrito: "Dada la íntima relación entre las conductas de quienes aparecen como donantes de los regalos y quienes aparecen como perceptores de los mismos su enjuiciamiento conjunto resulta ineludible".

(www.elpais.com, 31/07/09)

Camps y el presidente del TSJ hacen alarde en público de su complicidad

Sánchez de León reclama una justicia rápida y con los medios necesarios

La toma de posesión de la nueva consejera de Justicia, Paula Sánchez de León, sirvió para poner de manifiesto las relaciones de amistad y complicidad existentes entre el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa. Un Camps expansivo afirmó: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta [de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat".

Más discreto, tal vez por aquello de guardar las formas y porque la división de poderes todavía existe aunque sea en el plano teórico, el presidente del TSJ, al ser preguntado por la palabra que podría definir su relación con Camps, manifestó sentirse "feliz con esa excelente relación" que ha permitido una "colaboración perfecta" en la "lucha" para reclamar más órganos judiciales.

La nueva consejera, que juró su cargo en valenciano, pese a que raramente lo utiliza, reclamó en sus primeras declaraciones "una justicia rápida, con los instrumentos adecuados" como la mejor garantía para defender los derechos de los ciudadanos. Sánchez de León cree que este objetivo debe ser "la apuesta más eficaz" que pueda hacer el Consell en la que es su nueva responsabilidad. El presidente Camps subrayó que la nueva miembro de su gobierno estaba en "las mejores condiciones para continuar con la modernización de la Justicia",

Por otra parte, el pleno del Consell aprobó ayer la remodelación de la Consejería de Bienestar que Camps había anunciado el jueves. Los cambios, que buscan hacer frente a los problemas que surgen de la aplicación de la Ley de Dependencia consistieron en el nombramiento de Joaquín Martínez como secretario autonómico de Autonomía personal y Dependencia, mientras que David Calatayud se hará cargo de otra secretaría autonómica, la Familia y Coordinación Social.

En la consejería de Presidencia, Rafael Ripoll acumula a sus anteriores responsabilidades la de Cohesión Territorial, dejada vacante por Sánchez de León

En la referencia del pleno del Consell, el vicepresidente Vicente Rambla explicó que el hecho de que los valencianos puedan ver TV3 en analógico depende del Gobierno. Según Rambla, La reciprocidad de emisiones entre Canal 9 y la televisión pública catalana está pendiente de un decreto del Ministerio de Industria, que debe autorizar un tercer multiplex -banda con cuatro canales de TDT (televisión digital terrestre)- para que ambas comunidades autónomas puedan intercambiar sus señales de televisión. Las relaciones con el gobierno catalán son "buenas", dijo el portavoz descartando que el retraso se deba a una falta de entendimiento entre ambas administraciones. El trámite lleva parado desde hace meses.

Rambla consideró que con esta tercera banda se podrá normalizar la emisión de ambas televisiones públicas, si bien Canal 9 se ve desde este verano en el área metropolitana de Barcelona. La Comunidad Valenciana dispone en este momento de un multiplex en funcionamiento, con dos canales ocupados por RTVV y otros dos adjudicados a televisiones privadas.

El segundo multiplex, ya autorizado por el ministerio, reserva otros dos canales para el ente público -uno de ellos para un canal autonómico de 24 horas-, mientras los dos restantes se adjudicarán a televisiones privadas. El tercer multiplex se dedicará a los acuerdos de reciprocidad con televisiones públicas de comunidades vecinas. Desde ahí se emitiría TV3 y probablemente el canal de Murcia.

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