SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO 

ESTÁN EN MANOS DE JUECES CONSERVADORES (1)

Quince magistrados, la mayoría de tendencia  conservadora y aupados por el PP a través del Consejo General del Poder Judicial, tienen en sus manos una buena parte del juego político de España. Las decisiones que deberán adoptar en las próximas semanas afectarán al futuro del PP o la carrera del juez que ha instruido los casos más importantes de la democracia: ETA, el terrorismo de Estado, la corrupción, las redes de narcotráfico y los delitos de lesa humanidad. Son los miembros de la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo y tienen que dirimir el futuro de Baltasar Garzón, el recurso de Anticorrupción contra la exoneración del presidente valenciano Francisco Camps de sus vínculos con la trama Gürtel, o las acusaciones de cohecho contra el tesorero del PP, Luis Bárcenas.

Como telón de fondo, las escuchas ordenadas por Garzón a la trama corrupta son, tras el juez, el objetivo a batir. Empresarios de la trama, implicados del PP, asociaciones y colectivos de abogados son los hilos que mueve el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, según fuentes próximas al PP, en su estrategia destinada a conseguir la anulación de las escuchas.

Cuando el Gobierno de Zapatero llegó al poder en mayo de 2004 enseguida se percató de que el Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, aplicaba el rodillo en los nombramientos estratégicos y copaba las plazas de magistrados de la Sala Segunda del Supremo, la encargada de juzgar a políticos y jueces relevantes. El desequilibrio era más que evidente: durante las dos legislaturas de Aznar, entre 1996 y 2004, habían entrado ocho magistrados conservadores por sólo tres progresistas. "Si no paramos esto, nos acabarán matando a través de una sala estratégica en la Administración de Justicia, donde han conseguido una mayoría apabullante", reflexionaba un ministro de entonces.

La solución no arregló demasiado las cosas. Una reforma legal exigió que los nombramientos del Supremo y de las presidencias de tribunales superiores se aprobaran por mayoría cualificada, lo que exigía el acuerdo de 13 de 21 vocales del Poder Judicial. La situación ha degenerado en el inevitable mercadeo entre los colectivos judiciales más representados en el Consejo, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), para evitar el bloqueo permanente de las plazas de altos cargos.

Los ocho magistrados que accedieron en la época de Aznar siguen marcando la diferencia. En la composición actual de la Sala Penal, de una plantilla de 15 magistrados, nueve pertenecen al bloque conservador, y los otros seis, al progresista. El desequilibrio se acentuará si, como apuntan fuentes del Poder Judicial, el próximo en acceder a la Sala es el fiscal Antonio del Moral, un conservador del Opus Dei, cuyo nombramiento promueven sus homólogos a cambio de que el candidato de la vocal Margarita Robles, el portavoz de JpD, Miguel Ángel Jimeno, presida el Tribunal Superior de Cataluña.

Las normas internas de la propia Sala, impulsadas por la mayoría conservadora, contribuyen a mantener la situación. Los magistrados eméritos, que siguen en activo tras cumplir los 70 años, han sido excluidos de las "causas especiales" -las que afectan a políticos y jueces aforados- y de los plenos jurisdiccionales. Tres de ellos son progresistas y el cuarto, conservador. "Nos tienen para sacar papel", alega el progresista José Antonio Martín Pallín, uno de los cuatro que siguen en la Sala.

La estrategia del PP para la red Gürtel pasa por reeditar el caso Naseiro, la trama para obtener financiación ilegal para el PP descubierta por el juez Luis Manglano a principios de los 90. Diseñada por Trillo, funcionó entonces y sigue funcionando ahora. Primero, liquidar al juez que instruyó la causa y, a renglón seguido, anular las escuchas telefónicas y cuanto "traiga causa de ellas".

En las próximas semanas, la Sala Penal proseguirá la instrucción de las tres causas abiertas al juez Garzón en menos de nueve meses. Durante sus 20 años en la Audiencia Nacional, a Garzón le han presentado más de 40 querellas, pero la Sala Penal nunca admitió a trámite ninguna. Las primeras informaciones sobre el caso Gürtel se divulgaron en febrero de 2009. En mayo de ese año se admitió la primera querella, por la investigación de los crímenes del franquismo. En septiembre se reabrió la investigación sobre el patrocinio por el banco Santander de unos cursos en Nueva York que impartió Garzón y el pasado jueves le cayó la tercera, por las escuchas a la red Gürtel.

En el cerco a Garzón no ha influido un sector ideológico concreto. Por un motivo u otro han coincidido magistrados de todas las tendencias. Algunos, como el asociado a JpD Luciano Varela o el ultraconservador Adolfo Prego, "con una especial dedicación a la causa", según fuentes del alto tribunal. Ahora, con Garzón en fase terminal, la Sala debe enfrentarse a las ramificaciones del caso Gürtel, las más susceptibles de levantar suspicacias.

Entre ellas, la Sala debe resolver el recurso del fiscal contra el auto del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana que exoneró al presidente de esa comunidad, Francisco Camps, del delito de cohecho impropio que no apreciaron el presidente del tribunal y "más que amigo" de Camps, según dijo éste, Juan Luis de la Rúa, y el juez Francisco Ceres. Según fuentes fiscales, "en principio todos los trámites del recurso ya están hechos y ahora es un problema de agenda". Anticorrupción no pidió en su momento vista para el recurso y no parece que Camps tenga interés en ello. De la decisión de la Sala puede depender su carrera política y, sobre todo, el curso de las próximas elecciones valencianas.

Las finanzas del PP deben estar siendo analizadas por el magistrado del Supremo Francisco Monterde, instructor de la causa contra Bárcenas y Merino, quienes deben a Garzón su implicación en la trama. Monterde ejerció casi toda su carrera en Valencia hasta que fue llevado al Consejo del Poder Judicial por el PP. Luego, fue promovido a la Sala Penal por los vocales afines a ese partido. Monterde, un magistrado discreto, acaba de decretar la séptima prórroga del secreto de un sumario hasta ahora impenetrable. Sus decisiones sobre Bárcenas pueden suponer un trastorno mayor para el PP en época preelectoral (catalanas en noviembre de 2010; municipales y autonómicas, en mayo de 2011 y generales, en marzo de 2012).

Desde que las conversaciones grabadas a la trama Gürtel revelaron la gravedad de las conductas de dirigentes populares, este partido ha promovido una campaña contra el sistema de interceptación de comunicaciones denominado Sitel. El PP, que contrató esa tecnología cuando gobernaba, no se había preocupado de la misma hasta que se destapó la mayor trama de corrupción que le ha salpicado en toda su historia. En el Supremo había nueve sentencias avalando la legalidad del Sitel. Hasta que el PP culpó al sistema de vulnerar las garantías y reclamó su regulación por una norma con rango de ley orgánica.

A primeros de este mes llegaron los primeros votos disidentes del sistema Sitel por parte de dos magistrados del sector conservador, que aseguraban que el sistema convierte a juzgados y tribunales en una "tierra de nadie" y que no hay seguridad de que los DVD que contienen las grabaciones no puedan sufrir alteraciones por parte de los agentes de policía que los llevan al juzgado. La propuesta de los magistrados disidentes exige comprobar que los agentes policiales no han abierto ni suprimido fragmentos de conversaciones, un sistema de sellado electrónico y hasta la intervención de un tercero que garantice la integridad del documento.

Este embrión de doctrina contiene dinamita para las grabaciones del caso Gürtel que, como todas las obtenidas de teléfonos móviles en los últimos años, proceden de la utilización del sistema Sitel. Por ahora la postura es minoritaria, pero si gana adeptos podría convertirse en criterio oficial de la Sala.

Fuentes del Supremo apuntan a que antes de que se extienda ese criterio, debería estudiarse el criterio en Sala general por todos los magistrados. Una sala que seguirá dominada por los conservadores durante mucho tiempo todavía y que la semana pasada acordó, por 12 votos 8, restringir las diligencias de investigación que practican policías y fiscales, que a partir de ahora tendrán que acudir ante el juez para solicitar la identidad de los titulares de los teléfonos móviles.

ASÍ SON LOS QUERELLANTES

Ultraderechistas de Manos Limpias y de Falange, abogados enfrentados a Botín y empresarios e implicados en la Gürtel buscan acabar con Garzón

Manos Limpias, el pseudo sindicato de Miguel Bernard, cabeza visible de la ultraderecha madrileña desde sus tiempos de delfín de Blas Piñar, ha tenido el honor de abrir el baile de querellantes contra el juez Baltasar Garzón, al que han concurrido con sus mejores galas la resucitada Falange Española de la JONS, abogados de querellas rechazadas y empresarios imputados en la trama corrupta vinculada al PP.

Bernard, de larga y conflictiva trayectoria nacionalsindicalista como funcionario del Ayuntamiento de Madrid, ha presentado centenares de querellas contra partidos nacionalistas o de izquierda, instituciones, homosexuales y hasta contra el programa infantil Los Lunis. La que interpuso contra el juez y la fiscal del 11-M casi le cuesta un disgusto, ya que el Supremo dedujo testimonio contra él por acusación y denuncia falsas al entender que esa querella entrañaba un "fraude procesal" y un "manifiesto abuso de Derecho".

Pero entre los magistrados de la Sala Penal, Bernard también tiene su público: suplió la negativa del fiscal a acusar al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, que resultó condenado precisamente por desobediencia al Supremo. Ahora, con la imputación y posible condena del juez al que ha perseguido durante años por atreverse a indagar los crímenes del franquismo, ha logrado el premio gordo.

La querella de Manos Limpias fue admitida al segundo intento —primero se presentó como denuncia— por la Sala Penal, en un auto del que fue ponente Adolfo Prego, un magistrado ultraconservador que se ha significado como patrono de honor de la fundación para la Defensa de la Nación Española, (Denaes). Prego es hermano de la periodista Victoria Prego, adjunta a la dirección de El Mundo, el diario al que Garzón ha acusado de "denigrarle sistemáticamente".

A esta querella se ha sumado ahora Falange, para lavar el "honor" de su "movimiento".

El abogado Antonio Panea lleva persiguiendo Garzón desde que éste, en 2006, rechazó una querella del ex consejero de Banesto, Rafael Pérez Escolar, contra Emilio Botín, presidente del Santander, adjudicatario del banco de Mario Conde tras su intervención y saneamiento.

Pérez Escolar había sido condenado a 10 años de prisión por estafa y apropiación de casi cinco millones de euros en la gestión de Banesto, pero dada su avanzada edad, no llegó a pasar ni dos meses en la cárcel. Panea pertenecía al grupo de seguidores de Pérez Escolar, cuyas intervenciones críticas contra Botín en las juntas de accionistas del Santander cosecharon todo tipo de desplantes y abucheos. Hasta su fallecimiento en 2007, Pérez Escolar interpuso una treintena de querellas contra Botín, casi todas archivadas y sin que ninguna concluyera en condena. Garzón archivó una de tantas, previo informe favorable del fiscal y el respaldo posterior de la Sala Penal de la Audiencia.

Fallecido Pérez Escolar, Panea tomó el relevo y trató de vincular el archivo de la querella de su colega con el supuesto cobro por Garzón de 1,7 millones de dólares que le habría pagado el banco durante su estancia en Nueva York. La acusación era tan burda que todas sus denuncias ante el Poder Judicial fueron archivadas. El magistrado Luciano Varela, que anduvo meses investigando los honorarios de Garzón en Nueva York, tuvo que archivar la querella por inexistencia de delito, no sin realizar un último intento, sin éxito, de que el Poder Judicial sancionase a Garzón supuestamente por no informar de que había percibido unos ingresos de 200.000 dólares.

Pese a estar la querella archivada, Panea acudió con otra que contiene supuestos "nuevos datos" que revelarían que Garzón solicitó personalmente a Botín el patrocinio de unos cursos que dirigió en Nueva York, con intervención de diversas personalidades. Por el momento, a Garzón de nada le han servido las explicaciones de la Universidad de Nueva York ni del banco, y la querella se ha admitido. En las últimas semanas, el Supremo ha respaldado a una magistrada de Cantabria que expulsó a Panea de un juicio por encararse con ella e interrumpir al letrado de la parte contraria.

La tercera querella admitida hasta ahora ha sido la del abogado Ignacio Peláez, defensor del empresario implicado en el caso Gürtel José Luis Ulibarri. Éste no llegó a ingresar en prisión, pero Peláez visitó en la cárcel a los principales implicados de la red corrupta para "preparar la defensa" de su cliente. Garzón había ordenado grabar las conversaciones de los presos con sus abogados, sospechando que alguno podría incurrir en operaciones de blanqueo. Aunque, efectivamente, algún abogado ha resultado imputado, el Supremo entiende que el juez ha podido incurrir en prevaricación y vulneración de la intimidad.

Antes de ejercer de abogado, Peláez fue fiscal de la Audiencia Nacional y por tanto, compañero de Garzón. Desde que migró a la abogacía, su trayectoria no ha pasado desapercibida. Hace unos meses fue juzgado junto a sus clientes, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, Los Albertos, por el caso de la carta falsa con la que la pareja de empresarios intentó contrarrestar la condena del caso Urbanor, finalmente extinguida por prescripción. El tribunal que les juzgó en octubre expresó su "sorpresa" por la contratación de Peláez por Los Albertos, pero no encontró "prueba suficiente" que demostrara que conocía la falsedad de la carta. Peláez salió absuelto y Los Albertos, condenados a cuatro meses.

Hace unas semanas, Peláez fue investigado por la Audiencia Nacional por ayudar a entrar, sin permiso, a un periodista holandés y a la mujer de un preso en los calabozos del edificio. A los policías de servicio les dijo que sus acompañantes eran compañeros del despacho, pero los agentes desconfiaron y descubrieron que uno era periodista y la mujer era la esposa del recluso.

Contra Garzón ha anunciado también una querella el Colegio de Abogados de Madrid por las escuchas del caso Gürtel, que de momento ha quedado en la recámara. El decano, Antonio Hernández-Gil, afirmó que es la primera vez que el Colegio (una institución con más de 400 años de historia) se querella contra un juez. Aseguró que la querella se presentará "en el momento más adecuado" y cuando "sea más eficaz". En la Junta que adoptó el polémico acuerdo se sienta el vicedecano Luis Rodríguez Ramos, que defiende, junto a varios de sus colaboradores, a varios de los imputados en de la trama.

(1) El País. 28.02.10

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