El juez Tirado: "Ahora les toca a ellos"

El polémico magistrado del 'caso Mari Luz' anima a sus colegas por correo electrónico al paro judicial "sin odio y sin rencor"

El juez del caso Mari Luz, Rafael Tirado Márquez, difundió ayer a través del correo corporativo judicial en Internet un comunicado de apoyo a la huelga de jueces en el que hace un llamamiento "a todos" para que apoyen la medida de presión contra el Gobierno.

Rafael Tirado, sancionado con sólo una multa de 1.500 euros tras dejar sin ejecutar la pena de prisión que hizo posible que el pederasta Santiago del Valle se encontrase en libertad y asesinara presuntamente a la niña Mari Luz Cortés, afirma actuar "sin odio y sin rencor", pero se contradice después al insistir en que "ahora les toca a ellos".

El mensaje va dirigido a una juez que previamente ha remitido un texto a varios destinatarios y en el que indica: "El compañero Rafael quiere hacer un apoyo explícito de la huelga. Contesta a este mensaje dando al botón responder a todos, Rafael".

La utilización del correo corporativo para la convocatoria de protestas fue apoyada masivamente por centenares de jueces y contribuyó decisivamente al éxito del paro encubierto del pasado 21 de octubre, bajo el pretexto de convocatorias de juntas de jueces. Fue precisamente un documento elaborado por los jueces decanos reunidos en Cádiz el que dio pie al Movimiento 8 de octubre, denominación adoptada por los jueces que intercambiaron miles de mensajes en pocos días.

También el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye el caso De Juana hace un llamamiento a "resistir" y critica descarnadamente a los políticos en general y al Ministro de Justicia y a Mariano Rajoy específicamente. Velasco fue director general de Justicia del Gobierno valenciano del PP.

El correo de Tirado

Texto del mensaje que el juez Rafael Tirado, cuya sanción por su actuación en el caso Mari Luz está en el origen de la batalla entre jueces y Gobierno, envió a un foro profesional: "¡A la huelga!, todos, sin miedo, sin odio, sin rencor, vamos a decirle al ciudadano la verdad. Sigo insistiendo, no estamos solos y ahora les toca a ellos. Mis hijos han dicho: 'Papá, p'alante'. Y su padre no va a dar ni un paso atrás".

El "caso de Mari Luz", un año después

Hoy se cumple un año de la desaparición de la niña de Huelva, un suceso que conmovió a la sociedad y ha derivado en una pelea entre jueces y políticos

El padre de Mari Luz Cortés ya no puede más. Hoy se cumple un año de la desaparición de su hija, de cinco años, cuyo cadáver apareció 54 días después en la ría de Huelva. Juan José Cortés se declara "cansado, triste y sin fuerzas" tras el que sin duda ha sido el año más difícil de su vida. Un año en el que el nombre de su hija ha quedado ligado para siempre a la mayor crisis que se recuerda entre los poderes judicial y ejecutivo.

El padre de la niña se reconoce "cansado, triste y sin fuerzas"

Laúnica prueba clara del crimen es la autoinculpación de Del Valle

Los jueces y el Gobierno se acusan del fallo que dejó libre a Del Valle

"Lo del juez Tirado ha partido a mi hijo en dos", dice el abuelo de Mari Luz

El caso Mari Luz tiene hoy dos acepciones: la primera se refiere a la investigación policial del asesinato de la pequeña; la segunda, a la sacudida que generó en el ámbito judicial el hecho de que la opinión pública y todos los partidos políticos condenaran que el presunto autor de la muerte de la pequeña fuera un pederasta reincidente llamado Santiago del Valle al que una cadena de errores judiciales permitió estar en libertad el día del crimen.

La niña Mari Luz no solía salir sola. Pero el domingo 13 de enero de 2008 quiso comprar una bolsa de palomitas en el quiosco de la esquina. Caminó unos 100 metros y compró la chuchería, pero nunca volvió a casa. Supuestamente, cuando regresaba, Santiago del Valle la vió pasar y la llamó para que subiera. Según contó a la policía tras ser detenido dos meses después, la niña tropezó, cayó por las escaleras y quedó inconsciente.

Juan José Cortés ha pasado el último año recorriendo el país entero en caravana para recoger firmas a favor del endurecimiento de las penas contra los pederastas; se ha entrevistado con el presidente del Gobierno, alcaldes, abogados, jueces... Ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para que se haga justicia en el caso de la muerte de su hija. Pero ayer, Cortés se rendía por unas horas y explicaba que, en este triste aniversario, planea recordar a su hija a solas. "Voy a pasar el 13 de enero en soledad, acompañado tan sólo de mi mujer y de mis hijos".

Su casa del barrio onubense de El Torrejón ya estaba ayer vacía. La familia se había trasladado a otro domicilio para evitar el revuelo. "Pero después, aunque apenas tenga fuerzas, voy a seguir luchando", sentencia Cortés, que agradece a la opinión pública que no se haya olvidado de su caso.

Tampoco olvidan los vecinos de Mari Luz. "No vamos a olvidar nunca. O hacen justicia otros o haremos justicia nosotros", amenazaba ayer uno de ellos. Del Valle, condenado por abusar sexualmente de su hija de cinco años en 2005, está acusado de ser el presunto asesino de Mari Luz y se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Albolote (Granada). En la misma prisión está su hermana Rosa, quien el día del crimen, llevó a su hermano en coche a las afueras de Huelva y lo dejó allí junto con un carro de la compra en el que, supuestamente, se encontraba el cuerpo de la niña. La mujer de Del valle, Isabel García, también fue detenida por su implicación en el caso y se encuentra ingresada en el módulo de psiquiatría de la cárcel Sevilla II.

Estos 12 meses no han servido, sin embargo, para arrojar pruebas concluyentes en la investigación policial del crimen, más allá de la autoinculpación de Del Valle, que era vecino de la pequeña y desde el día de la desaparición se convirtió en uno de los principales sospechosos. La familia Cortés al completo sigue confiando en las promesas de justicia. "Los compromisos que ha adquirido el presidente Zapatero y el ministro Bermejo conmigo se llevarán a cabo. Está en sus manos cambiar las leyes. Y lo harán", sentencia Juan José Cortés.

Para el padre de la pequeña, la justicia en el caso de la muerte de su hija tiene que abarcar dos ámbitos: la condena del autor o autores del crimen y la de los responsables de que Santiago del Valle estuviera hace un año en libertad, a pesar de contar con una sentencia firme de cárcel por haber abusado de su propia hija."Lo del juez Tirado ha partido a mi hijo en dos", afirma el abuelo de la niña, en referencia al titular del Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, Rafael Tirado. Él fue quien condenó a Del Valle por los abusos a su hija y olvidó ejecutar la sentencia. Para muchos, incluida la familia de la niña, es el máximo responsable del error judicial que impidió que Del Valle estuviera en la cárcel.

"Ese juez y sus amigos corporativistas han ganado una batalla, pero no la guerra", añade el abuelo de la pequeña. La guerra a la que se refiere se ha librado en los útlimos meses en los medios de comunicación, en los despachos del Consejo General del Poder Judicial y en los del Gobierno central y andaluz. Se ha saldado, por ahora, con una multa de 1.500 euros para el juez Tirado y una propuesta de suspensión de dos años de empleo y sueldo para la secretaria de su juzgado, Juana Gálvez.

Pero la secuela más importante del conflicto es la herida abierta entre todos los estamentos del poder judicial y las administraciones central y autonómica, que se reparten las competencias en materia de justicia. "Si hay una lectura positiva del caso Mari Luz es que han salido a la luz todas las carencias de medios humanos y materiales que llevamos muchos años denunciando", apunta el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester. "Por fin hemos conseguido trasladar a la ciudadanía nuestras reivindicaciones", añade.

Para los jueces, el fallo judicial del caso Mari Luz es la consecuencia de un exceso de carga de trabajo sumado a la falta de medios de los que disponen. Para el Gobierno central y la Junta, este argumento es sólo un intento de eludir responsabilidades. El enfrentamiento entre ambas posturas ha llevado a la mayor rebelión que se recuerda en el ámbito de la judicatura, cuyos miembros amenazan con convocar para los próximos meses la primera huelga de jueces de España. Hace un año nadie imaginaba que la desaparición de aquella niña que fue a comprar chucherías a 100 metros de su casa iba a acabar con una colisión inédita entre dos poderes del Estado.

Jueces progresistas y conservadores se unen en el Consejo para salvar a su colega Tirado

Bermejo anuncia que modificará la ley para endurecer las sanciones - Dos tercios de los vocales rechazaron imponer un castigo mayor al magistrado de Sevilla

La cadena de errores judiciales que dejó sin ejecutar dos años una condena de cárcel al pederasta Santiago del Valle, que después asesinó, presuntamente, a una niña de cinco años se saldará sólo con una sanción de 1.500 euros al responsable, el magistrado de Sevilla Rafael Tirado.

La petición de la fiscalía y la resolución del Poder Judicial

14 de los 21 vocales votaron a favor de mantener la multa de 1.500 euros

La Fiscalía del Estado anuncia que recurrirá la sanción ante el Supremo

Así lo decidieron ayer la mayoría de los vocales jueces que forman el Consejo del Poder Judicial, que salvaron de la suspensión de empleo y sueldo al juez Tirado. Y es que la inmensa mayoría de jueces del Poder Judicial -salvo dos- cerraron filas para defender a su colega y dejaron en minoría a los otros representantes del consejo -juristas de "reconocido prestigio", fiscales y abogados- partidarios de una sanción más dura.

Ante esta decisión reaccionó de inmediato el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que anunció que el Gobierno enviará al Parlamento una reforma del régimen disciplinario de los jueces para endurecer las penas por este tipo de conductas y que "no vuelvan a repetirse" casos como el del juez de Sevilla Rafael Tirado. El ministro Bermejo introduce así otro elemento de tensión entre el Gobierno y la judicatura, cuyas relaciones son ya están de por sí enconadas.

A favor de considerar los errores de Tirado como falta grave, castigada con una multa de 1.500 euros, votaron 14 de los vocales que son jueces -todos, salvo un vocal progresista y otro conservador, que rompieron el bloque-. A favor de considerar la actuación de Tirado como falta muy grave, y suspenderle con entre dos y seis meses, votaron siete vocales. Una vocal conservadora lo hizo a favor de que se retirara la multa al juez y quedara sin sanción, pero luego apoyó la decisión mayoritaria.

El juez Tirado no ejecutó durante dos años y nueve meses una sentencia firme de cárcel contra el pederasta Santiago del Valle, que supuestamente acabó matando en enero de este año a la niña Mari Luz Cortés mientras disfrutaba de libertad por ese error del juez.

Durante el pleno del Consejo de ayer se dio un hecho inusual: los vocales jueces prescindieron de sus diferencias ideológicas (unos fueron elegidos por el PSOE y otros por el PP) y se unieron para salvar de la suspensión de empleo y sueldo al juez encargado de ejecutar aquella sentencia. Los vocales jueces desoyeron las peticiones de los líderes del PSOE y del PP, que habían pedido una sanción mucho más dura.

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega llegó a decir que esperaba que le suspendieran por tres años. Y el ministro Bermejo tildó de "escasa" la sanción. Declaraciones como éstas provocaron una reacción corporativa de los jueces que han mostrado su malestar en juntas que son en realidad huelgas encubiertas.

La postura de mantener la multa de 1.500 euros impuesta por el anterior Consejo fue casi unánime en el bloque conservador (lo que ayer trató el pleno eran los recursos del fiscal para endurecer esa sanción y el del juez Tirado para que le quitasen la multa). Lo llamativo fue que a la postura de los conservadores se sumaron cuatro de los nueve vocales progresistas del Consejo, todos ellos jueces.

Dentro del grupo progresista hubo una clara fractura. Cuatro vocales -la portavoz Gabriela Bravo (fiscal), Almudena Lastra (fiscal), José Manuel Gómez Benítez (jurista), y el citado Azón, que es juez- apostaron por la falta muy grave. En cambio, los vocales progresistas que apoyaron la multa de 1.500 euros fueron Miguel Carmona, Margarita Robles, Inmaculada Montalbán, Manuel Torres Vela y Carles Cruz.

A la tesis de que había que suspender al juez se sumaron los dos vocales propuestos por CiU, Ramon Camp (jurista), y Margarita Uría (jurista), del PNV. Todos ellos eran partidarios de imponer seis meses de suspensión, lo que habría supuesto el traslado del juez una vez cumplida la sanción. Dentro del sector conservador, el vicepresidente De Rosa también se mostró a favor de la suspensión del juez, pero no especificó por cuánto tiempo. El único vocal juez y progresista que votó a favor de imponer a Tirado una sanción muy grave fue Félix Azón, que actuó de ponente del asunto. Defendió que la conducta de Tirado era una falta muy grave y que debería castigarse con la suspensión del magistrado sevillano. Azón intentó, sin éxito, que se impusiera al juez dos meses de suspensión.

Los demás, 14 en total, entre ellos el presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, apoyaron ratificar la sanción de 1.500 euros.

En el bloque de los defensores de la multa todos son jueces, excepto el ex secretario judicial Antonio Dorado Picón y el ex subsecretario de Medio Ambiente y letrado de las Cortes, Claro José Fernández.

La vocal conservadora Concepción Espejel se mostró partidaria de aceptar el recurso del juez Tirado y revocar la sanción de 1.500 euros al entender que su actuación no había constituido ninguna infracción de carácter disciplinario. Pero luego se sumó a la mayoría. Los vocales progresistas que pretendían la suspensión del juez, al ver que se quedaban en minoría, anunciaron que formularán votos discrepantes en los próximos días.

Tras el pleno de ayer, la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, rechazó "corporativismo" en el voto de los vocales jueces. Sostuvo que es una decisión "legal y sujeta a derecho", y explicó que la clave del "amplio debate" había estado en considerar si la conducta de Tirado podía calificarse de desatención grave o de retraso injustificado muy grave.

Los 14 votos de la mayoría impusieron que se considere una falta grave del artículo 418, apartado 11, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para estos vocales, la actuación de Tirado supone un "retraso injustificado de desatención leve", pero valoraron que Tirado cumple de sobra su carga de trabajo y que no había reiteración en su conducta.

Este punto es el que ahora quiere cambiar el ministro, ya que el Gobierno "no está en absoluto de acuerdo" con la decisión del Consejo. La reforma permitirá agravar una sanción de este tipo sin necesidad de que haya reiteración en la conducta del juez. El ministro Bermejo insistió en que la multa de 1.500 euros le parece "enormemente escasa".

Fuentes de la Fiscalía del Estado, que ha visto como se desestimaba su recurso para endurecer hasta tres años la sanción a Tirado, explicaron ayer que va a recurrir la calificación jurídica de la falta del juez ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo para que éste la considere "muy grave" y pueda suspender al juez.

La petición de la fiscalía y la resolución del Poder Judicial

Acusación pública

- El ministerio fiscal pidió la suspensión del juez Tirado por tres años al entender que cometió una falta muy grave de desatención, reiterada en el tiempo.

- Alega que el juez "no prestaba dedicación alguna a las ejecutorias".

- Rechaza que se pueda descargar todas las culpas sobre la secretaria y los funcionarios del juzgado.

- Dice que Tirado debería haber establecido un mínimo control sobre las ejecutorias.

Consejo

- El Poder Judicial concluye que la conducta de Tirado consiste en un retraso injustificado, consecuencia de una desatención leve.

- La falta no se considera muy grave porque afecta sólo a una ejecutoria, la de Del Valle.

- El Poder Judicial niega que se trate de una decisión corporativa, ya que está basada en el principio de legalidad.

- El Consejo Judicial ha aplicado la doctrina del Tribunal Supremo sobre sanciones a jueces.

El Poder Judicial negocia suspender al juez Tirado entre cinco meses y un año

Los progresistas apuestan por una sanción que le obligue a cambiar de juzgado

El Consejo General del Poder Judicial está negociando una sanción que puede oscilar entre cinco meses y un año de suspensión de empleo y sueldo para el juez Rafael Tirado, el magistrado de Sevilla que no ejecutó una sentencia de ingreso en prisión del pederasta Santiago Del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz. La idea del Consejo es despachar este polémico asunto en un pleno el 17 de diciembre. Aún no hay nada cerrado. Pero ya se han producido los primeros contactos entre los vocales progresistas y conservadores del Poder Judicial para tratar de consensuar la sanción y evitar una fractura en la primera decisión controvertida que deberán adoptar desde su nombramiento en septiembre.

El titular de un juzgado de violencia machista pide el traslado por sobrecarga de asuntos

Tras estudiar el expediente del juez, sus alegaciones y el recurso del fiscal, que reclama una sanción de tres años de suspensión, el sector progresista maneja como opción una sanción que oscile entre seis meses y un año de suspensión. Y así lo han hecho saber a los vocales del sector conservador. Éstos (no todos, pero sí una mayoría) convienen en que la sanción que impusieron los anteriores vocales del Poder Judicial (una multa de 1.500 euros por una falta grave de desatención) fue exigua. Pero tienen claro su rechazo a convertir al juez Tirado en un cabeza de turco. Un sector significativo del sector conservador estaría dispuesto a aceptar que la sanción sea por falta muy grave, lo que lleva implícito una suspensión de funciones, pero no a que ésta exceda de seis meses. Cinco meses o incluso menos sería aceptable. El matiz está en que una sanción superior a seis meses supondría que, al término de la misma, Tirado estaría obligado a cambiar de juzgado.

Si finalmente no hubiera consenso entre ambos sectores, tampoco es descartable que ambos grupos permitan el voto en conciencia a cada vocal. Y es que hay vocales conservadores partidarios de mantener la multa y otros progresistas que han llegado a postular dos años de suspensión.

La decisión de la anterior comisión disciplinaria de imponer una multa de 1.500 euros partió de los dos vocales conservadores y fue secundada por el vocal independiente Agustín Azparren, quien decantó al final la balanza en ese sentido. Las dos vocales progresistas de esta comisión eran partidarias de catalogar como falta muy grave la actuación de Tirado y suspenderle de funciones.

La multa de 1.500 euros provocó un gran debate social y llevó a miembros del Gobierno y de la oposición a criticarla con dureza. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega apostó incluso porque el nuevo Consejo elevase la sanción a tres años de suspensión. La multa se habría tornado firme e inapelable si no fuese por el recurso que presentó la fiscalía y que obliga a que el asunto sea revisado por el Pleno del Gobierno de los jueces, compuesto por 21 miembros, el presidente, nueve progresistas, nueve conservadores y dos propuestos por PNV y CiU.

Ahora mismo, el asunto está de nuevo en manos de la comisión disciplinaria (pero ya con nuevos vocales). Esta comisión puede hacer un nuevo informe para elevarlo al pleno, dando su opinión sobre los recursos que han presentado el fiscal y el juez Tirado contra la sanción. El ponente del caso en esta instancia es el vocal progresista José Manuel Gómez Benítez. Esta comisión se compone de dos vocales progresistas, dos conservadores y Margarita Uría, propuesta por el PNV, que es la que puede decantar el contenido del informe. Pero sólo podrá hacer un informe, ya que el caso Tirado es ya un asunto que compete de lleno al pleno del Poder Judicial. Éste ha nombrado como ponente del asunto al vocal progresita Félix Azón. Lo previsible es que ambos ponentes dialoguen y lleven una propuesta conjunta al pleno.

Progresistas y conservadores intentarán llegar al pleno con una propuesta común. El objetivo es sancionar este caso desde una perspectiva estrictamente jurídica, exenta de presiones mediáticas o sociales. Para ello, algunos vocales han consultado incluso la doctrina sobre conductas similares promulgada por el Supremo. Quieren evitar que el alto tribunal la anule luego.

Por ello, vocales de uno y otro sector insisten en que hay que desvincular la desatención de Tirado en el expediente del caso Mari Luz de la muerte de la niña y analizarlo desde una óptica jurídica. Desde esa perspectiva, lo más grave que se cierne sobre el juez es que, tres meses antes de la muerte de la niña, inspectores del Poder Judicial visitaron su juzgado y le advirtieron de que debía corregir el descontrol que había en la ejecución de sentencias.

Evolución del 'caso Tirado'

- El anterior Consejo del Poder Judicial impuso al juez Rafael Tirado una multa de 1.500 euros por retraso grave en la ejecución del encarcelamiento de Santiago del Valle, al que mantuvo en libertad más de dos años. El Ministerio de Justicia impuso, en cambio, dos años de suspensión de empleo y sueldo a la secretaria judicial.

- El fiscal recurrió la multa al considerar que la desatención judicial en el caso del pederasta Santiago del Valle, supuesto asesino de la niña Mari Luz Cortés, es muy grave y que Tirado debe ser suspendido tres años.

- Tirado presentó alegaciones contra el escrito del fiscal, en las que asegura que tramitó el caso según los criterios de preferencia que establece la ley y el Poder Judicial. "Ningún dato anterior o posterior conocido por el juez hacía pensar en la especial importancia o urgencia del ingreso en prisión del condenado por su especial peligrosidad", alegó en sus alegaciones el titular del juzgado de lo Penal número uno de Sevilla.

- El pleno del nuevo Consejo General del Poder Judicial resolverá este asunto en su reunión del próximo 17 de diciembre.

www.elpais.es 26.11.08

Zapatero y Rajoy critican la sanción leve impuesta al juez Tirado

El líder del PP y el presidente del Gobierno apoyan el recurso del fiscal contra la decisión del CGPJ que multó con 1.500 euros al magistrado

La polémica suscitada por la decisión del Consejo General del Poder Judicial al imponer una multa leve al juez Rafael Tirado, que dejó en libertad al supuesto asesino de la niña Mari Luz, ha provocado la implicación del Gobierno y la oposición en este caso. El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ha mostrado hoy su "disconformidad profunda" con la sanción de 1.500 euros. "Voy a hablar con el padre de Mari Luz, eso lo dice todo". Por su parte, el líder del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que ya ha llamado al padre de la pequeña y ha pedido a la Fiscalía que haga el "mayor de los esfuerzos" para que su recurso sea atendido. "He hablado con el padre de Mari Luz Cortés y le he dicho que comparto su dolor", ha afirmado Rajoy.

Zapatero: "Voy a hablar con el padre de Mari Luz, eso lo dice todo"

AUDIO - Cadena Ser - 11-09-2008

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha expresado su "disconformidad profunda" con la sanción de 1.500 euros impuesta al juez Rafael Tirado por "desatención grave" en el caso de la niña asesinada el pasado enero Mari Luz Cortés y ha adelantado que prevé hablar con el padre de la víctima. -

Zapatero ha señalado este mediodía que llamará al padre de Mari Luz "a lo largo del día de hoy" para explicarle las decisiones que tomará el Gobierno. "Vamos a poner todos los medios dentro del Estado de Derecho", ha afirmado el presidente después de recordar que la Fiscalía ya ha anunciado su intención de recurrir. Rajoy ha reclamado que, ante el fallo "absoluto" por parte del sistema, se dote de más medios personales y materiales a la administración de la Justicia para conseguir que acontecimientos tan "desgraciados, lamentables e impropios de una sociedad civilizada" no se vuelvan a producir nunca.

El pasado 26 de mayo, el jefe del Ejecutivo ya recibió en el Palacio de la Moncloa al padre de Mari Luz, con quien se comprometió a revisar el Código Penal para controlar a los pederastas tras su salida de prisión. En ese momento el CGPJ todavía investigaba el papel desempeñado por el juez Tirado, al que finalmente ha considerado responsable de una falta grave por retraso injustificado en la tramitación de la causa contra Santiago del Valle, quien fue condenado a prisión por abusar sexualmente de su hija pero no fue encarcelado.

Alonso respalda el recurso

También se ha manifestado hoy el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, quien ha mostrado su respaldo a la decisión de la Fiscalía de recurrir el fallo de la comisión disciplinaria del CGJP. Tras apoyar el voto de las dos vocales progresistas partidarias de imponer una falta muy grave al juez, que podría haber acarreado su expulsión, Alonso ha pedido a los ciudadanos que confíen en la "independencia e imparcialidad" del sistema judicial "al margen de excepciones".

El vicesecretario de Comunicación y portavoz del Partido Popular, Esteban González Pons, se ha sumado a las críticas y ha calificado la sanción de "humillante" y ha asegurado estar "tiritando de dolor". "No ha sido una decisión de un juez actuando como un juez, sino una decisión del órgano corporativo de los jueces", ha añadido. González Pons ha indicado que el CGPJ "se equivocó gravemente", y ha afirmado que desde la posición en la que se está el Partido Popular, la única posibilidad que tienen es "pedir que se modifiquen las leyes" para que este caso "no vuelva a ocurrir".

Del Valle, increpado en los juzgados

Santiago Del Valle ha sido condenado hoy en Sevilla junto a su mujer, Isabel García, al pago de una multa de 270 euros por tomar fluido eléctrico de manera ilegal cuando habitaba una chabola de la capital andaluza en 2007 y ha sido increpado por una multitud cuando salía de los juzgados con gritos de "perro" y "asesino".

En una vista oral celebrada en el juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, el acusado ha reconocido los hechos argumentando que enganchaba la luz a una farola "por necesidad". Minutos después de las once y media, Del Valle salía en un coche de la Guardia Civil de las dependencias judiciales donde distintos viandantes le han insultado. Fuentes cercanas al caso han apuntado que mientras el detenido esperaba en los calabozos su turno para entrar en el juicio, varios presos también le han insultado.

"Tirado fue consciente de que Del Valle no compareció para ingresar en prisión"

Seis vocales defienden en voto particular suspender al juez del 'caso Mari Luz'