Adolfo Prego y ¡ Cierra España !

ENTREVISTA A DON ADOLFO PREGO
Susana Ariza

Adolfo Prego de Oliver, Magistrado del Tribunal Supremo y Vocal del Consejo General del Poder Judicial, madrileño de nacimiento, puede hacer gala de una rica carrera profesional en la judicatura, en la cual ingresó por vocación. Después de licenciarse en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó en la carrera judicial en 1977, convirtiéndose en Magistrado de Audiencia Provincial tres años después, y en Presidente de Audiencia Provincial ya en 1987. Por fin, en 1998, ascendió a Magistrado del Tribunal Supremo, siendo designado vocal del Consejo General del Poder Judicial el año 2000.

–Juez, ¿carrera profesional, vocación o ambas?

–Las dos cosas. Carrera profesional y vocación. La carrera que yo conocí no tiene nada que ver, o tiene poco que ver, con la que actualmente existe. Yo ingresé en la carrera judicial por pura vocación, contra los consejos de mi padre, que me decía que era mejor hacerse registrador o notario. Yo le dije que a mí lo que me hacía falta era ser juez porque me interesaba mucho el valor de la justicia. Y es una carrera que no tenía más satisfacción que la independencia y la aplicación del Derecho y de la Justicia como valor, sin aliciente económico alguno. La carrera que yo conocí se caracterizaba por la vocación, la vocación de servicio, el entusiasmo y el orgullo por servir al valor de la Justicia, y la empiezo a considerar cada vez más una profesión común, incardinada en las muchas profesiones funcionariales de servidores del Estado. Tengo la impresión de que cuando yo ingresé en la carrera judicial había un idealismo mayor que el que hay ahora, aunque aquel idealismo también era corriente en la sociedad que yo conocí en todos los ámbitos de la vida, y eso va desapareciendo poco a poco. La sociedad se va haciendo cada vez más materialista, egoísta y calculadora.

–Jueces, ¿por oposición o por el «cuarto turno»? ¿Qué le parece el actual sistema español de oposiciones a juez?

–Por oposición. Y, además, aumentaría el nivel de dificultad, porque eso permite mejorar la calidad de los que ingresan y excluir a los que no son vocacionales, porque solamente teniendo una enorme vocación es uno capaz de aguantar los cuatro años que me pasé yo estudiando doce horas diarias teniendo una posibilidad entre diez de tener éxito, para ganar un sueldo muy pequeño pero con la satisfacción moral de pertenecer a la carrera judicial.

–¿El sistema de separación de poderes es garantía de los principios básicos del Estado de Derecho? ¿Existe una real separación de poderes en España?

–La separación de poderes, en el papel y en los libros, es garantía de eso y de muchas más cosas. Lo que ocurre es que una cosa es la descripción teórica de los principios en los tratados de Derecho político y constitucional, y otra la realidad, que no acompaña precisamente las previsiones teóricas de los juristas. La separación de poderes es cada vez menor y más difícil.

–El hecho de que los partidos políticos, en última instancia, decidan la composición del Tribunal Constitucional (TC), ¿permite atisbar una sentencia razonable en el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña?

–Esa es una incógnita muy difícil de despejar. Que lo haga el Parlamento significa que se selecciona a los magistrados a partir de determinado nivel de altísima cualificación, pero teniendo en cuenta, naturalmente, sus pertenencias, sus orígenes, sus biografías profesionales y sus etiquetados ideológicos. No obstante, no creo que esto prime sobre lo segundo. Espero que no sea así por el bien de España. Supongo que los diferentes perfiles de cada uno se notarán, pero por las noticias que yo tengo y por los comentarios que oigo hay mejores perspectivas de las que yo tenía hace pocos años. Es decir, que no está tan claro que las cosas vayan a ser un desastre a partir de esa sentencia del TC. Es tan evidente, en mi opinión, la inconstitucionalidad de grandísima parte del Estatuto, que me cuesta mucho trabajo pensar que va a pasar el límite del TC y, por lo que yo sé, los magistrados no lo van a permitir, al menos en lo más relevante.

–El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha mantenido firme frente a las injerencias del actual Gobierno. ¿Qué razón de ser tiene la existencia de un órgano como éste si sus informes no son vinculantes?

–No son vinculantes porque no pueden serlo. Los proyectos de ley que afectan al poder judicial o a derechos fundamentales tienen que ser previamente informados por el Consejo. Se trata de un informe jurídico-técnico que vale por la autoridad que pueda representar el que sean emitidos por el Consejo, pero no pueden ser vinculantes para el legislador. El legislador legisla como estima oportuno; lo que deseamos es que haga caso de las propuestas que se le hacen y de los análisis que se contienen en los informes, lo cual conduciría a una mejora de los textos legales.

–Como vocal del CGPJ, ¿considera que atenta contra los principios generales del Derecho la reforma que se quiere hacer de dicho órgano y que negaría la legitimidad del Consejo «en funciones», en el periodo que transcurre entre el final de su mandato, elección y nombramiento del nuevo Consejo?

–Se habló de una posible reforma para evitar que este Consejo continuara en funciones, pero me parece que no saldrá adelante. Creo que se resolverá por la vía normal.

–¿Alguna vez, sobre todo como Magistrado del Tribunal Supremo (TS), ha recibido presiones de forma más o menos directa para que adoptara una solución jurídica determinada?

–Jamás, porque no lo permito. Dios libre a cualquiera de hacer el mínimo ademán e iniciar ese camino, porque lo paro en seco. En absoluto. Converso con mucha gente sobre muchas cosas, sobre los intereses de España, del Estado, pero eso no son presiones, son conversaciones y análisis de conjunto, pero presionarme en el sentido de empujarme, inducirme, violentarme moralmente, jamás. No se atreve nadie.

–¿Así que la causa no es que no haya quien quisiera intentarlo?

–No tengo ninguna duda de que habría muchísima gente intentando hacerlo, pero conmigo, desde luego, no.

–Probablemente influya en ello el hecho de que sea juez por vocación.

–Si no fuese vocacional sería un interesado, y cuando todo lo domina el interés, el interés se compra y se vende. La vocación, si es auténtica vocación, no.

–La Constitución Española de 1978, ¿norma o dogma?

–Es una norma que pretende contener dogmas que, después de varios años de ampliación han evidenciado ser de necesaria reforma. En su momento muchos advirtieron que estaba mal diseñado y tenían razón, porque la experiencia ha demostrado que, como aparato jurídico construido en principio para resolver problemas, ha terminado creando más problemas de los que resuelve.

–Lo que sea España hay que pactarlo entre todos los españoles y entre los grandes partidos nacionales fueron las palabras del líder de la oposición, Mariano Rajoy, al proponer el referéndum en torno a la unidad de nuestro país. ¿Desde su punto de vista, la unidad de España es un bien moral?

–Claro. España es mucho más que su tierra y su geografía… es una entidad histórica, milenaria, que se recibe en depósito y se administra con la obligación de transmitirla a las siguientes generaciones. Ninguna generación de españoles, ninguna, puede tomar decisiones sobre la destrucción de España o sobre su unidad. España no pertenece al patrimonio de los españoles; los españoles pertenecemos a España.

–¿Considera legítimas leyes como la de «memoria histórica» o la que equipara al matrimonio las relaciones entre personas del mismo sexo?

–En cuanto a la primera, me parece que la Historia debe estar en los libros de esa materia, y ahí es donde deben surgir los debates y las discusiones. Las leyes no crean la Historia más que en los Estados totalitarios. Por ejemplo, en la Unión Soviética, la Enciclopedia Soviética se reeditaba periódicamente para añadir o eliminar teorías históricas en función de los intereses del Partido Comunista. Pero si nosotros nos vamos a acercar a ese método mal lo tenemos... La «memoria histórica» está en el debate intelectual, no en las leyes. Las leyes son normas sobre el comportamiento y no las verdades del pretérito.

Y acerca de la segunda, estoy totalmente en contra de dicha reforma del Código civil. Como Presidente de la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ, en ella hicimos un informe muy amplio sobre la incorrección de esa modificación desde el punto de vista constitucional y jurídico. Aparte de otras cuestiones de carácter moral, ético o sociológico, debemos decir que no cabe en el sistema jurídico español, afortunadamente. La Constitución Española proclama, de un modo ambiguo, como tantas cosas, que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer porque es la única manera de que el matrimonio como concepto sea identificable. La esencia del matrimonio, lo que le hace separable de otras instituciones parecidas es precisamente la heterosexualidad. Si se elimina ese elemento identificador se hace susceptible de ser confundido con lo demás, por lo tanto en un error. Un matrimonio es algo distinto de otras cosas que podrán ser consorcios, asociaciones, uniones estables con puesta en común de bienes materiales, podrán ser otra cosa, pero cualitativamente y ontológicamente nada tienen que ver con el matrimonio. El matrimonio no es un producto del Derecho positivo, es una institución creada por la experiencia histórica, sedimentada, y que ha funcionado y se ha mantenido precisamente por su utilidad, luego si se elimina aquello que justifica su existencia, se desdibuja la auténtica naturaleza del matrimonio como relación entre personas de distinto sexo.

–¿Es partidario de la objeción de conciencia como recurso para los padres que se niegan a que sus hijos sean adoctrinados a través de la «Educación para la ciudadanía»?

–Sí, porque yo creo que el Estado tiene la obligación de asistir materialmente a las personas (ahora dicen «ciudadanos», yo digo a las «personas»), suministrarles los elementos materiales para fortalecer su cultura… pero la formación ético-moral, lo que es la visión del mundo es algo que pertenece únicamente a la familia. Ni el hombre es de barro ni el Estado es su alfarero, con lo cual éste no tiene derecho a amoldar los conceptos éticos y morales de las personas, suprimiendo su condición de personas para considerarlos exclusivamente ciudadanos. El Estado no debe entrometerse en lo que son concepciones éticas. Desde luego, mis hijos están bajo mi responsabilidad. El Estado no está legitimado para amoldar la conciencia de las personas. El Estado es nuestro, no nosotros del Estado.

–¿Puede ser el desarme moral de los españoles causa de los problemas de la España actual?

–Pues sí. Es el desarme moral, la descristianización, la pérdida de valores. Por ejemplo, una de las manifestaciones más graves es el de la violencia que ahora llaman «de género» o «doméstica», que no es más que la barbarie ejercida por el más fuerte frente a la persona más débil. Pero eso no tiene que ver con el machismo, sino con el respeto a los valores morales. Cuando la voluntad del niño, y después del adolescente y del adulto se convierten en ley absoluta y no hay nada trascendente por encima de la voluntad individual, uno actúa conforme a esa voluntad, y cuando se encuentra un obstáculo lo suprime, y cuando ese obstáculo está vivo lo liquida, lo mata. Y eso es lo que explica la llamada «violencia de género», que es violencia sencillamente familiar. No es un problema de machismo ni de igualdad, sino de una pérdida de valores y de la desmoralización general de la sociedad española.

–En relación con esto, ¿qué valoración haría de la Ley de Violencia de Género, entre otros, en el asunto de la eliminación de la «presunción de inocencia»?

–Desde el CGPJ hicimos también un informe del que yo fui el ponente sobre esto y fui contrario a ella porque creo que se trata de una ley técnicamente nefasta. Jurídicamente tiene muchas deficiencias y está equivocada, ya que diagnostica mal el problema, lo trata mal. En realidad, la violencia «de género» es una enfermedad, pero una enfermedad de carácter moral, que se manifiesta en comportamientos criminales; si no se ataja en origen es imposible evitar el efecto. El problema de esta ley es que establece desigualdades, con una cosa que se han inventado que se llama la discriminación positiva, que existe como concepto jurídico pero que no tiene nada que ver con lo que se está diciendo que es. Es una ley que no resuelve el problema, y tan es así, que la experiencia enseña que los homicidios y asesinatos de mujeres, de novias, de separadas no sólo no han disminuido sino que siguen aumentando. Hay un dato básico: España, desde el punto de vista del machismo, que es lo que está de moda, era mucho más machista en los años cincuenta, y, sin embargo, no había asesinatos de mujeres. ¿Qué es lo que había? Respeto, moral, conciencia del bien y del mal, la idea de que la voluntad de uno está acotada por valores superiores. Y eso estaba asentado en la cultura española y servía, más que de anulación del individuo, de brújula de los comportamientos humanos. Eso ha desaparecido, o está desapareciendo, y el hombre se convierte en una bestia, y como tal bestia liquida al más próximo y al más débil, la mujer, los hijos, los ancianos... Esta es la realidad.

–¿Cómo valora Vd. la actuación de la Fiscalía General del Estado en el comportamiento del Gobierno de Zapatero respecto a ETA?

–La Fiscalía General del Estado se evidencia por sí misma. No corresponde a la Fiscalía General del Estado anticiparse a criterios absolutorios negando la calificación jurídica de un hecho como delito cuando horas antes se mantenía como tal. Yo creo que no ha estado acertada en esta ocasión, por lo que mi valoración no es favorable. Pero, en fin, respeto la institución porque tiene suficientes juristas y profesionales como para hacer las cosas debidamente.

–¿Es Paz una paz sin Justicia?

–No, es una rendición. La paz es otra cosa. La paz requiere, aparte de la ausencia de hechos criminales, una conciencia de equidad, de distribución de las cosas, de acierto y de Justicia. Sin Justicia no existe Paz.

–¿Se podría aplicar esto último a lo anterior?

–La Fiscalía General, allá ella. Allá ellos con su conciencia y con lo que hacen. Yo insisto en que no estoy de acuerdo, pero ni yo ni mucha gente, tampoco es ningún descubrimiento. Pero dispone de profesionales suficientemente buenos como para percatarse del error y retomar el camino de las normas y de la ley.

–¿Aspira usted a ser magistrado del Tribunal Constitucional?

–Yo no aspiro absolutamente a nada. Yo soy Magistrado del TS y tengo más de lo que merezco y más de lo que necesito. En esta vida no hay que aspirar siempre a más cosas. Entre otras cosas porque yo no creo que ser Magistrado del TC sea más que serlo del TS. Para un magistrado profesional y vocacional su máxima aspiración, que tampoco yo la tenía porque es algo que yo no he buscado, es ser Magistrado del TS.

Lo del TC es un cargo muy relevante, muy interesante, pero no pertenece a la carrera judicial. El interés que pueda tener en el TC en este momento es en poder desde ahí evitar que la deriva que está tomando la evolución legislativa española termine destruyendo y desestructurando más todavía el Estado. Es un reto para evitar que esa deriva continúe. Pero mi sitio natural es el TS. No lo excluyo, pero tampoco lo incluyo y, desde luego, ni me lo planteo.

–Zapatero, ¿causa o consecuencia de los males de España?

–No es causa, yo diría que es consecuencia. Los males de España son radicales en su sentido etimológico, de raíz, vienen de atrás, incluso de siglos, aunque hay males que son más próximos en el tiempo. Zapatero no es quien causa todo lo que sucede, sino que lo que sucede produce como resultado a Zapatero. Zapatero, en un país como Inglaterra, seguramente no existiría. Creo que este señor, dada su concepción de la vida y de las cosas y su formación intelectual y profesional, no está en el lugar que le corresponde. Para ser presidente del gobierno son necesarios una biografía y un currículum un poco más intensos. Yo no creo que sea causa. Más bien es consecuencia

REVISTA DE LA HERMANDAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Nº 116 – Septiembre / Octubre de 2007