Pisar excelentísimos callos

José Yoldi

¿Qué misterio encerrará el Supremo, que tradicionalmente ha tratado de forma benevolente a los jueces a los que tenía que juzgar? Absolvió en 1986 al magistrado de la Sala Tercera Jaime Rodríguez Hermida a pesar de que había convencido a su colega de la Audiencia Nacional Ricardo Varón Cobos para que de forma irregular dejara en libertad al jefe de la Camorra Antonio Bardellino, y parece que, siguiendo la dinámica de perro no come perro, hemos llegado hasta el siglo XXI con el caso del juez Francisco Javier de Urquía. Éste, pringado hasta las cachas de corrupción en la Marbella de Juan Antonio Roca, pues había recibido 73.800 euros para pagarse un inmueble a cambio de varias resoluciones favorables a éste, fue condenado por el Tribunal Superior de Andalucía por cohecho (soborno) y prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta) a dos años de cárcel y 17 de inhabilitación de su cargo de juez. Pero el Supremo ha reajustado toda la condena a 21 meses de suspensión de su empleo de magistrado por el cohecho y ha eliminado la prevaricación porque, según dos sentencias de 1884 y 1901 -¡cómo si no hubiera habido ninguna más reciente!-, para que el delito se produzca, el juez tiene que "actuar con conciencia e intención deliberada de faltar a la justicia, lo que ha de aparecer así de una manera que no deje lugar a dudas". Vamos, que sólo les ha faltado pagarle el chalé.

El Supremo, benevolente con otros jueces, carga contra Garzón

La querella coincide con el 'caso Gürtel', la trama que afecta a altos cargos del PP

Pero parece que en las decisiones de este negocio las tripas son mucho más importantes que el Código Penal, y lo que para unos son cañas, para otros se vuelven lanzas y esta semana le ha vuelto a tocar el turno a Garzón. Hace un par de meses ya le dieron el primer aviso. El magistrado Luciano Varela, uno de los firmantes de la sentencia de Urquía, utilizó una resolución teóricamente positiva para Garzón como es el archivo de una querella contra él en la que se concluía que no había cometido delito por los honorarios percibidos durante su estancia en Nueva York, para ponerle a los pies de los caballos sembrando de dudas su actuación y dando traslado al Consejo del Poder Judicial de unas actuaciones que el propio Varela debería saber que en el caso de que hubiera habido alguna falta disciplinaria, ya estaría prescrita.

Ahora, el Supremo, como el cartero, llama por segunda vez, y ha admitido una querella contra Garzón por prevaricación por el caso que abrió contra el general Franco y otros 44 miembros de sus Gobiernos a los que acusaba de delitos contra altos organismos de la nación y de la forma de Gobierno, así como de desaparición forzada de personas en un marco de crímenes contra la humanidad.

Y seguramente tienen razón los que defendían que Garzón no era competente en el caso de la Memoria Histórica, aunque muy probablemente también el plan de exterminio diseñado por la cúpula militar franquista y los crímenes perpetrados constituían delitos contra la humanidad. Pero a pesar de que su competencia era más que dudosa, hubo cinco magistrados de la Sala Penal que respaldaron su postura. Por tanto, su resolución no era "flagrante y clamorosa", "clara y manifiestamente contraria a la ley" o "esperpéntica", como exige la jurisprudencia respecto a la prevaricación, porque de lo contrario otros cinco jueces de la Audiencia Nacional deberían estar imputados.

Pero Adolfo Prego, ponente de la admisión de la querella y firmante también de la sentencia de Urquía, alegaba que la querella por prevaricación no era "ni absurda ni irracional".

Decía un conocido periodista que "cuando por prejuicios el punto de partida son las conclusiones a las que tienes que llegar, todo lo que resulte de la investigación es irrelevante e incluso molesto".

El caso es que Garzón ha pisado muchos excelentísimos callos. Por dos veces se ha adelantado al Supremo en decisiones relativas a formaciones políticas del entorno de ETA y ha acordado su suspensión de actividades minutos antes de que lo hiciera el alto tribunal, llevándose los titulares y la gloria para desesperación de sus colegas de superior rango. Una de las veces el desaire fue tal que el propio abogado de ANV Iñigo Iruin desistió de acudir a la vista del Supremo, pues Garzón ya había ido incluso más lejos de lo que allí se dilucidaba. Y todo ocurre después de que el juez dirigiera la investigación del caso Gürtel, un entramado de corrupción que afecta al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y a varios altos cargos del PP, que ahora ven con satisfacción e incluso regocijo el principio de la venganza.

Lo que resulta verdaderamente increíble es que para hacer este tipo de justicia el Supremo tenga que admitir una querella de Manos Limpias, un pseudo sindicato ultraderechista al que el propio alto tribunal ha dado algún severo rapapolvo, pero que en otra ocasión también le fue muy útil para poder condenar por desobediencia al entonces presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa y a los miembros de la Mesa Gorka Knörr y Contxi Bilbao. Fue otro caso vergonzante, en el que las tripas fueron determinantes y en el que se utilizó, pero en sentido contrario, el argumento que había servido para absolver al presidente del Banco Santander, Emilio Botín. Claro que éste no había discutido como Atutxa las órdenes inmarcesibles del alto tribunal de que disolviera el grupo parlamentario de la izquierda abertzale próximo a ETA.

Lo que está claro es que Garzón ya no es necesario, como antaño, para ningún partido político y resulta tan molesto que ha conseguido poner de acuerdo a conservadores y a determinados progresistas, que van a por él. Incluso el instructor de la causa contra él es el inefable Luciano Varela, que hace pocos meses demostró cómo un archivo de querella podía convertirse en un arma arrojadiza. Probablemente Garzón no se hace ilusiones de que este juez vaya a archivar la causa contra él.

Por si fuera poco, la campaña contra el magistrado de la Audiencia Nacional, publicitada a bombo y platillo por los corifeos mediáticos del PP, está jaleada desde el Consejo del Poder Judicial por una vocal con mucho poder que esta semana andaba vendiendo a quien la quisiera oír que podían suspender en sus funciones a Garzón en cualquier momento, aunque en la historia del Poder Judicial nunca ha sido apartado ningún juez hasta después de ser procesado (Javier Gómez de Liaño) o de haber sido solicitado por la parte y el fiscal (Ferran Calamita).

Sin embargo, se ha levantado la veda y ahora parece que alguno ha decidido pasar a la historia como aquel mediocre que se cargó a Garzón.

www.elpais.es 01.06.09