Sólo 27 jueces fueron sancionados tras 1.843 denuncias

Los vocales del Poder Judicial quieren impulsar la inspección preventiva

La estadística del Consejo del Poder Judicial exhibe un hueco gigantesco entre el número de denuncias que presentan los ciudadanos contra juzgados y las sanciones que recaen finalmente sobre los jueces. En 2007, por ejemplo, hubo 1.843 denuncias de abogados y ciudadanos presentadas directamente ante el Servicio de Inspección del Poder Judicial. Prosperaron poquísimas. Sólo terminaron sancionados 27 jueces, dos de ellos expulsados.

Los vocales del nuevo Consejo se han fijado como gran prioridad "potenciar el servicio de inspección" e incrementar las revisiones de juzgados y tribunales. La intención de los nuevos vocales es imprimir un carácter "preventivo a las inspecciones" y que, las que se hagan, sean "minuciosas". En esta tarea se quiere implicar aún más a los presidentes de los tribunales superiores de las comunidades. La inquietud social que ha deparado el caso de la niña de Huelva Mari Luz Cortés (presuntamente asesinada por un pederasta que no estaba preso porque al juez se le olvidó encarcelarlo, pese a estar condenado en firme) subyace en la nueva filosofía inspectora del Consejo.

Para desarrollar este plan, los vocales del nuevo Poder Judicial, tanto progresistas como conservadores, han decidido huir del partidismo y otorgar el mayor consenso a las personas que han de llevarlo a cabo. De momento, no hay un acuerdo, aunque ya hay nombres sobre la mesa.

Como vocal delegada de la inspección, los progresistas hablan de la ex fiscal Almudena Lastra. Inicialmente, los conservadores han mostrado su recelo a que una fiscal se encargue de vigilar a los jueces, pero estarían dispuestos a aceptarla si ellos, a cambio, eligen al jefe de la inspección. Para este cargo han pensado, entre otras personas, en la magistrada de Barcelona Beatriz Grande.

Los progresistas creen fundamental que haya buen entendimiento entre la vocal delegada y el jefe de la inspección, de ahí que apuesten, entre otros nombres colocados que se estudian, por Juan Pedro Quintana, ex portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria.

Quienes sean finalmente elegidos deberán impulsar la inspección preventiva (la previsión para 2008 es realizar un total de 393 inspecciones). Y también dispondrán de más medios para indagar los cientos de denuncias que llegan anualmente al Consejo contra jueces. La gran mayoría quedan en nada. Fuentes jurídicas explican: "Casi todas esas denuncias van dirigidas contra jueces y son archivadas al instante porque tienen que ver con cuestiones jurisdiccionales, que sólo cabe atacar mediante recursos, y otras no imputables al juez sino al generalizado colapso judicial: retrasos, tardanza en la celebración de juicios o discrepancias con la sentencia".

"Pero es verdad", añaden estas fuentes, "que hay denuncias que sí tocan de lleno a jueces y que, por corporativismo, falta de medios o lo que sea, acaban en nada o no se indagan lo suficiente".

Datos facilitados por el Poder Judicial relativos a 2007 muestran el inmenso agujero entre las denuncias ciudadanas y los expedientes y sanciones que finalmente se derivan de ellas. En España hay 4.400 jueces y magistrados.

En 2007, sólo 27 del total de 47 expedientes disciplinarios resueltos acabaron en sanción. Y sólo siete de esos 27 expedientes concluyeron con sanción por falta muy grave (que en dos casos supuso la expulsión del juez expedientado). Uno de estos casos es el de la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Motril (Granada), Adelina Entrena, quien olvidó ordenar la libertad de tres presos cuyas condenas habían expirado y pese a ello siguieron presos. A uno de estos presos lo mantuvo en prisión 437 días más de lo que se indicaba en la sentencia. Otro juez separado, de momento, de la carrera es Francisco Javier de Urquía, el ex juez de Marbella condenado por un caso de corrupción. Supuestamente recibió dinero del ex asesor de urbanismo de Marbella y cerebro del caso Malaya Juan Antonio Roca.

En los otros casos catalogados muy graves, la sanción consistió en suspensión temporal de empleo y sueldo del juez (entre uno y siete meses). Cinco meses fue apartado de la carrera un juez que abusó de su autoridad. Otros 16 expedientes fueron catalogados sólo como graves y de ellos se derivaron multas de entre 100 y 2.000 euros. Las causas más comunes fueron abuso grave de autoridad, retraso injustificado en la tramitación de procedimientos que tenían a su cargo y empleo de "expresiones innecesarias o improcedentes" en resoluciones judiciales... Por falta leve fueron "advertidos" cuatro jueces: por "desconsideración con otros compañeros, por incumplir plazos y por no ir al trabajo sin justificación".

www.elpais.es 01.11.08

La justicia deja impunes a cinco jueces que cometieron faltas graves

Los magistrados acudieron al Tribunal Supremo y se libraron de su sanción por la lentitud de sus colegas, que habían tardado más de seis meses en castigarlos

Han faltado sólo 20 días para que quedara impune la conducta del juez Rafael Tirado, que dejó pasar dos años sin encarcelar a Santiago del Valle, que en ese periodo asesinó presuntamente a la niña de cinco años Mari Luz Cortés. La comisión disciplinaria del Poder Judicial sancionó ese error el pasado miércoles con una simple multa de 1.500 euros al entender que ese retraso injustificado constituía una falta grave en lugar de muy grave, que hubiera sido castigada con la suspensión temporal del juez, su traslado forzoso o su expulsión de la judicatura. Otros cinco jueces han tenido más suerte y se han librado de castigos muy graves desde febrero de 2006, cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo obligó al Consejo a sancionar a los jueces investigados en el plazo estricto de seis meses.

Retrasos, insultos y amenazas sin castigo

Cualquier expediente disciplinario que supera ese plazo queda anulado y la falta cometida por el juez, impune. Gracias a esa nueva doctrina han quedado sin sanción retrasos escandalosos, jueces que se negaban reiteradamente a dictar sentencias, insultos a autoridades, funcionarios, fiscales o compañeros de carrera; abusos de autoridad y resoluciones estrafalarias en las que el autor hacía literatura en lugar de justicia.

Los vocales del Poder Judicial alegan que ese plazo es completamente insuficiente. Los cinco consejeros que han formado la comisión disciplinaria durante el mandato que está a punto de concluir -las progresistas Montserrat Comas y María Ángeles García, los conservadores Juan Pablo González y Carlos Ríos, y el vocal de consenso entre PSOE y PP Agustín Azparren- aprovecharon su última reunión para elaborar un informe en el que solicitan al Gobierno que reforme la ley para ampliar ese plazo a un año. "No tiene sentido que los expedientes de los jueces caduquen en seis meses cuando los de los secretarios judiciales y los funcionarios de Justicia lo hacen en 12. Sobre todo porque las investigaciones de jueces y magistrados suelen ser mucho más complejas", asegura Comas, presidenta de la comisión disciplinaria.

El informe asegura que castigar a un juez en seis meses "resulta en muchos casos de imposible cumplimiento" y recuerda "la especial complejidad de algunos expedientes", la tardanza en la práctica de pruebas y las estrategias de los propios investigados, que utilizan todo tipo de tretas para retrasar lo más posible la investigación "de manera consciente y deliberada" para que caduque.

Los vocales describen cómo muchos jueces apuran al máximo los plazos para presentar sus alegaciones o entregan al instructor multitud de documentos que deben ser examinados antes de formular una propuesta de sanción.

Esta llega muchas veces al borde de que venza el plazo o incluso cuando ya ha concluido. En esos casos, debido a la escasez de tiempo, la facultad sancionadora del Consejo queda mermada. El órgano que decide el castigo -la comisión disciplinaria si la falta es grave o el Pleno, si es muy grave- se ve obligado a aceptar la propuesta del instructor. La ley faculta a los vocales a devolver a éste la investigación para que proponga una sanción más grave, lo que obliga a escuchar de nuevo al juez investigado. Pero ante el riesgo de que el paso del tiempo deje al juez sin castigo, el Poder Judicial se resigna a aceptar la propuesta que le llega del instructor.

www.elpais.es 14.09.08

Retrasos, insultos y amenazas sin castigo

El Supremo ha anulado suspensiones de funciones de hasta dos años

Hasta el 27 de febrero de 2006, la caducidad de los expedientes sancionadores contra jueces y magistrados que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial no implicaba la nulidad de la sanción impuesta por el Consejo. Desde entonces, todos los casos en los que la investigación contra un juez ha durado más de seis meses han terminado con la anulación del castigo por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la encargada de resolver los recursos contra las decisiones del gobierno de los jueces. Estos son algunos de esos casos.

JOSÉ MANUEL RAPOSO "Su vida no será agradable"

Sólo a la tercera, su coche, un Fiat 130 del año 1975, logró pasar la ITV. Cuando al fin lo consiguió, el juez de Castropol (Asturias) José Manuel Raposo volvió a su juzgado y mandó un fax al inspector jefe del taller para reclamarle que le ingresara 18.000 euros por los perjuicios que consideraba que le había causado. En caso de que no lo hiciera, avisaba el magistrado en ese documento, iniciaría "toda suerte de reclamaciones, demandas y querellas contra usted, y estoy en condiciones de garantizarle que su vida dejará de ser algo agradable en los próximos meses e incluso años", amenazaba el juez en su carta.

El Consejo consideró que esas amenazas eran una falta muy grave de abuso de la condición de juez. El pleno sancionó la infracción con un año de suspensión de funciones, pero la Sala Tercera del Tribunal Supremo levantó la sanción el pasado agosto. Transcurrieron más de seis meses desde que se abrió el expediente hasta que se le impuso el castigo.

CARLOS MARTÍNEZ ROBLES Retrasos escandalosos

En octubre de 2002, el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, Carlos Martínez Robles, tenía seis asuntos pendientes de dictar sentencia de juicios celebrados en 2000, 30 de 2001 y otros 30 de casos juzgados entre febrero y octubre de 2002. Esos enormes retrasos fueron considerados por el Consejo falta muy grave de desatención y castigados con suspensión de funciones por un mes. El expediente detallaba, por ejemplo, cómo de los 733 asuntos que entraron en su juzgado en 2000 sólo resolvió 133. El Supremo lo absolvió en febrero de 2006. Fue el primer caso en el que el Supremo aplicó su nueva doctrina.

CORO CILLÁN La juez no pone sentencias

La magistrada de la Audiencia de Guipúzcoa Coro Cillán, que ya había sido sancionada en 1999 por retrasos injustificados, volvió a incurrir en la misma falta dos años después. La comisión disciplinaria contó 34 retrasos graves en procesos civiles y 14 en casos penales. En algunos de ellos, celebró la vista y luego tardó más de tres años en redactar la sentencia.

Cuando era ella la que tenía que redactar la resolución, escribía borradores que no entregaba a sus compañeros de tribunal o que eran rechazados por éstos por no recoger los argumentos de la deliberación. El presidente del tribunal tuvo que asumir en ocasiones la redacción de sanciones que correspondían a Cillán.

En la investigación se la consideró autora de una falta muy grave de desatención. El instructor del expediente solicitó su expulsión recordando que Cillán estaba reincidiendo. Pero el pleno del Consejo decidió rebajar el castigo a una suspensión de dos años porque los hechos no tenían "entidad suficiente" para imponerle la máxima sanción interna que se le puede imponer a un juez.

El 22 de junio de 2006, el Supremo anuló la sanción por considerar que el procedimiento sancionador seguido en el Consejo había caducado. Duró 10 meses.

ÁLVARO GASPAR Poesía en la resolución

El juez de Tenerife Álvaro Gaspar fue sancionado el 26 de junio de 2002 con una multa de 3.000 euros -el doble del importe de la del juez Rafael Tirado- como autor de una falta grave de "abuso de superioridad o falta de consideración contra los ciudadanos".

El juez, al que el Supremo también dejó impune por haber caducado el expediente, incluyó en una resolución de un caso de divorcio expresiones como éstas: "Es posible, acaso plausible, que la presente sentencia no contente a nadie: a los letrados por ser escasamente jurídica; a los padres porque, aunque ellos lo han querido así, a nadie le gusta que un tercero extraño explore su pasado, se mezcle en su presente y decida su futuro y, encima, no acabe de sentenciar quién es el culpable; al propio autor, porque conocía al matrimonio y había compartido con la familia alguna que otra barbacoa en la montaña".

Y luego citaba al autor libanés Khalil Gibran: "Vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos y las hijas del miedo a la vida ansiosa por perpetuarse...".

JOAQUÍN NAVARRO Insultos a Garzón

A Joaquín Navarro le perdonaron dos faltas graves por no respetar a superiores y abuso de autoridad al publicar un artículo en la revista Ardi Beltza en diciembre de 2000 titulado El honor de la independencia. En él llamaba al juez Baltasar Garzón "San Pinocho de Jaén" y lo calificaba de "mendaz, exhibicionista, frívolo, fisgón, chismorrero, vacuo, sayón, tosco, patrañero, bufónido y anuro chipirón". Sobre los magistrados de lo Penal del Supremo Gregorio García y Enrique Bacigalupo, en ese mismo artículo decía: "No se debe indultar a un inocente. Hacerlo implica volver a exhibir las vergüenzas de Ancos y Bacigalupo, varones excelsos donde los haya...". Nunca pagó los 4.080 euros de multa que le impusieron.

www.elpais.es 14.09.08

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