El Poder Judicial perdona a una juez que se niega a casar a homosexuales

El Consejo pagará las banderas de los juzgados vascos aunque no le corresponde

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) más controvertido cerró ayer su penúltimo pleno -el último, previsto para el lunes, será sólo protocolario, según fuentes del órgano- con otras dos decisiones polémicas. A la comparación de la lengua catalana con las sevillanas que expuso su presidente y al parangón entre las relaciones homosexuales y la zoofilia que hizo el conservador José Luis Requero, habrá que sumar dos acuerdos aprobados ayer. El primero deja impune a una juez que insultó al Gobierno y a la Fiscalía por oponerse a su decisión de no aplicar la ley que avaló el matrimonio entre personas del mismo sexo. El segundo asume el gasto, no previsto en la ley que regula el CGPJ, de comprar mástiles y banderas para los edificios judiciales en el País Vasco.

Ambos acuerdos salieron adelante con el único apoyo de los vocales propuestos por el PP. El de dejar impune a la juez del Registro Civil de Dénia (Alicante), Laura Alabau, llevó una deliberación de más de una hora en la que los conservadores se mantuvieron inflexibles. La decisión se produce sólo una semana después de que la comisión disciplinaria del órgano zanjara su investigación interna sobre el caso Mari Luz con una multa de 1.500 euros contra Rafael Tirado, el juez que no encarceló en dos años al presunto asesino de la niña. El Ejecutivo y la oposición protestaron duramente el acuerdo.

Varios colectivos homosexuales, como Colegas o la Federación Estatal de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales cargaron ayer contra el Consejo al que acusaron de "homófobo y corporativista". El secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, consideró "vergonzosa" la decisión del organismo.

El otro acuerdo polémico, el de sufragar banderas para los juzgados y tribunales vascos salió adelante con el voto del presidente, Francisco Hernando, que hace sólo dos semanas votó en contra de la iniciativa. La propuesta aprobada ayer ordena que "se proceda por la Comisión Presupuestaria del Consejo a dar las instrucciones necesarias para la adquisición de los mástiles y las banderas solicitadas" por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

La cuestión se rechazó el pasado día 4, cuando el pleno decidió pedir a Justicia que corriera con ese gasto, como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su artículo 37 atribuye al ministerio y a las autonomías competentes en Justicia, "proveer a los juzgados y tribunales de los medios para el desarrollo de su función con independencia y eficacia". Las banderas, según los conservadores, no lo son y por eso el Consejo, en su opinión, puede pagarlas.

Insultar a Gobierno y fiscal entra en la "libertad de expresión" de la juez

Insultar a la Dirección General de Registros, organismo gubernamental dependiente del Ministerio de Justicia, y a miembros de la Fiscalía está dentro de la libertad de expresión de los jueces. Ése es el argumento en el que el pleno del Consejo General del Poder Judicial se apoyó ayer para perdonar a Laura Alabau, la juez del Registro Civil de Dénia (Alicante) que se niega a dar validez a matrimonios entre homosexuales.

La juez alicantina ha obstaculizado los matrimonios entre personas del mismo sexo desde su aprobación, en julio de 2005, dilatando los procesos. Primero, presentó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que fue rechazada. Después se negó a dar validez a las bodas al no inscribirlas en el Registro, pero sus decisiones han sido revocadas repetidamente por la Dirección de Registros.

Tras conocer que ese organismo rechazó una decisión suya de no inscribir un matrimonio entre dos hombres británicos, Alabau escribió una carta al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que calificaba la decisión de ese órgano de "ilegal" y basada sólo en "intereses políticos y propagandísticos". También acusaba al fiscal de convertirse "vergonzosamente" en un "apéndice del Gobierno al perseguir a quienes impartimos justicia no al gusto de quien controla todas las restantes dependencias del Estado". Esa carta fue enviada también a los medios de comunicación.

Pero sus palabras, según la interpretación que impusieron los vocales propuestos por el PP, son sólo "valoraciones personales (...) sobre criterios jurídicos asumidos por un concreto centro directivo del Estado". Esas manifestaciones, no sólo no son insultos para estos consejeros, sino que "se incardinan dentro del derecho a la libertad de expresión de la señora Alabau", que no pagará los 305 euros de multa que le impuso la comisión disciplinaria.

www.elpais.es 19.09.08

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