FISCALES QUE SIEMPRE ESTÁN DONDE LOS GENOVESES ESPERAN : MANUEL MOIX BLÁZQUEZ
LAS NOTICIAS
LA EMPRESA EN PANAMÁ Y SUS MENTIRAS PARA JUSTIFICARLA ACABAN CON MOIX
MAZA: "SERÍA DE JUSTICIA QUE MOIX SIGUIESE EJERCIENDO EL CARGO"EL FISCAL MOIX ESTUVO PRESENTE CUANDO SUS PADRES DECLARARON ANTE LA JUEZA POR ALZAMIENTO DE BIENES”
LAS TRES EXCUSAS FALSAS DE MOIX SOBRE SU EMPRESA DE PANAMÁ
MANUEL MOIX: "NO PIENSO EN DIMITIR NI VEO NINGÚN MOTIVO DE CESE"
LA TESORERA DE LA EMPRESA DE MOIX ES UNA TESTAFERRO PANAMEÑA DE 93 AÑOS QUE FIGURA EN MÁS DE 17.000 SOCIEDADES
EL PADRE DEL FISCAL MOIX FUE INVESTIGADO EN UNA CAUSA PENAL POR ALZAMIENTO DE BIENESEL PSOE EXIGE LA COMPARECENCIA DE CATALÁ Y LA DIMISIÓN DE MOIX POR SU SOCIEDAD EN PANAMÁ
EL FISCAL MOIX ES DESDE 2012 DUEÑO DEL 25% DE UNA EMPRESA DE PANAMÁ QUE TIENE UN CHALÉ EN ESPAÑAEL GOBIERNO PREMIA A UNO DE LOS VOCALES DEL CONSEJO FISCAL QUE SALVÓ A MOIX
EL CEREBRO DEL FRAUDE DE LA FORMACIÓN SALIÓ DE PRISIÓN TRAS PACTAR CON LA FISCALÍA DE MOIX EXCULPAR A LA COMUNIDAD DE MADRID
SIMANCAS APUNTA AL FISCAL MOIX COMO RESPONSABLE DE OCULTAR EL ‘TAMAYAZO’
MAZA EXCULPA A MOIX DEL ARCHIVO DEL 'CASO GONZÁLEZ' EN 2009 PORQUE SÓLO "FIRMÓ" LO QUE "INVESTIGÓ" OTRO FISCAL
LA FISCALÍA GENERAL "HA DINAMITADO LA INVESTIGACIÓN DEL CHIVATAZO CONTRA EL SECRETARIO DE ESTADO" AL DIFUNDIR EL ESCRITO
RAJOY Y CATALÁ DEFIENDEN LA "INDEPENDENCIA" DE MOIX Y SEÑALAN QUE SU FISCALÍA "FUNCIONA DE MANERA BRILLANTE"
MANUEL MOIX PLANTEÓ CAMBIAR DE FISCALES HORAS ANTES DE LA 'OPERACIÓN LEZO'
MOIX MINTIÓ AL NEGAR QUE INTENTARA APARTAR A LOS FISCALES DEL 'CASO LEZO’
SOFÍA PUENTE: "LA ÚNICA SALIDA ES EL CESE DE MOIX Y LA DIMISIÓN DEL FISCAL GENERAL"
LA INTENCIÓN DE MOIX DE BORRAR LAS "CONVERSACIONES PRIVADAS" DEL 'CASO LEZO' ABRE INTERROGANTES SOBRE QUÉ QUIERE ELIMINAREL CONSEJO FISCAL RECHAZA CESAR AL JEFE ANTICORRUPCIÓN
LOS PARTIDOS RECHAZAN QUE SE SANCIONE A LOS MEDIOS QUE PUBLICAN SUMARIOS SECRETOS
MOIX INSISTE EN QUE NO HABÍA INDICIOS PARA INVESTIGAR A GONZÁLEZ E IGNORA LAS FIRMAS QUE PIDEN SU DESTITUCIÓN
LOS INGRESOS DE LA EMPRESA QUE NO INVESTIGÓ MOIX CRECIERON UN 1.858% TRAS QUEDAR BAJO CONTROL DE LA FAMILIA GONZÁLEZ
NUEVOS DOCUMENTOS DESVELAN QUE EL FISCAL MOIX EVITÓ EN TRES OCASIONES QUE SE INVESTIGASE EL 'CASO GONZÁLEZ'
LAS ÚLTIMAS DECISIONES DEL JEFE ANTICORRUPCIÓN INCENDIAN EL ENCUENTRO DE MAZA CON LOS FISCALES
LOS FISCALES SE REBELAN CONTRA LAS INJERENCIAS DEL GOBIERNO
EL RELEVO DE LOS FISCALES DEL ‘CASO 3%’ ABRE OTRO FRENTE EN ANTICORRUPCIÓN
LOS OTROS CASOS EN LOS QUE LAS DECISIONES DE MOIX FUERON "PERJUDICIALES PARA LA CIUDADANÍA Y EL SISTEMA JUDICIAL"
CATALÁ CALIFICA DE "BARBARIDADES" Y "SERPIENTES DE VERANO" LAS INFORMACIONES SOBRE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
EL JEFE ANTICORRUPCIÓN EXIGIÓ EL LUNES LA RENUNCIA «EN TRES DÍAS» AL FISCAL DEL CASO LEZO
MANUEL MOIX: “SOY UN CORREDOR DE FONDO Y NO TENGO MOTIVOS PARA DIMITIR”
LAS INJERENCIAS DE MOIX EN LA INVESTIGACIÓN AL EXPRESIDENTE DE MADRID ABREN UNA CRISIS SIN PRECEDENTES EN ANTICORRUPCIÓN
EL PSOE Y CIUDADANOS SE UNEN PARA REPROBAR Y PEDIR EL CESE DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN
LOS CINCUENTA DÍAS DE MANDATO DE MANUEL MOIX FRACTURAN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
MOIX ASEGURA QUE SU RELACIÓN CON GONZÁLEZ ERA “INSTITUCIONAL” Y NO SE PLANTEA DIMITIR
EL JEFE DE ANTICORRUPCIÓN PIDE AL FISCAL DE LA OPERACIÓN LEZO QUE RENUNCIE Y ÉL SE NIEGA
MANUEL MOIX DESMIENTE HABER APARTADO AL FISCAL QUE LLEVA EL PESO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA TRAMA DE IGNACIO GONZÁLEZ
MOIX ARCHIVÓ EL 'CASO GONZÁLEZ' EN 2009 SIN PRACTICAR UNA SENCILLA DILIGENCIA PEDIDA POR LOS DENUNCIANTES Y QUE HABRÍA DESTAPADO LA TRAMA
EL FISCAL JEFE DE ANTICORRUPCIÓN TAPÓ EN 2009 EL ESCÁNDALO DEL CAMPO DE GOLF ADJUDICADO POR GONZÁLEZUNA ASOCIACIÓN DE FISCALES AVISÓ AL FISCAL GENERAL DE QUE MOIX APARECÍA EN UNAS ESCUCHAS PARA APLAZAR SU DESIGNACIÓN
EL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ IMPEDIR UNO DE LOS REGISTROS DE LA OPERACIÓN CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ
EL NUEVO JEFE DE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ LIMITAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE IGNACIO GONZÁLEZ
EL NUEVO FISCAL ‘AMIGO’ DE ANTICORRUPCIÓN VALORARÁ SI DEVOLVER AL PP 1,2 MILLONES DE FIANZA
MANUEL MOIX, UN FISCAL CÓMODO EN ANTICORRUPCIÓN PARA EL PP
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EL FISCAL QUE INTENTÓ ENTERRAR LOS CORREOS SECRETOS DE BLESA, NUEVO JEFE DE ANTICORRUPCIÓN
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LA EMPRESA EN PANAMÁ Y SUS MENTIRAS PARA JUSTIFICARLA ACABAN CON MOIX
El fiscal Anticorrupción nombrado por el Gobierno en febrero se ha convertido en Moix, el Breve
Apenas 60 horas después de que infoLibre desvelase que es el dueño del 25% de una empresa en el paraíso fiscal de Panamá, ha tenido que dimitir
En estos dos días y medio Manuel Moix se intentó aferrar al cargo con excusas falsas
Manuel Moix Blázquez, el fiscal cuyo nombramiento deseaba el presunto delincuente Ignacio González, el funcionario que llegó a jefe de Anticorrupción sin experiencia previa en la materia, ya es historia. Ha durado cien días en el cargo. Entró con puño de hierro y sale por la puerta de atrás, tras avergonzar a decenas de compañeros que ahora respiran aliviados. Ha sido Moix, el Breve. Apenas 60 horas después de que infoLibre desvelase que era el dueño del 25% de una empresa en el paraíso fiscal de Panamá, ha tenido que dimitir. En estos dos días y medio Manuel Moix se intentó aferrar al cargo con excusas falsas, que agravaron su situación. El Gobierno pasó de apoyarlo el martes, a desentenderse de su suerte 24 horas más tarde.
Este periódico informó de que Manuel Moix llevaba cinco años y medio siendo copropietario de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas. La compañía es propietaria de un chalé en España, en el municipio madrileño de Collado Villalba, valorado en 550.000 euros.
Ante la imposibilidad de negar los hechos, Moix intentó aferrarse al cargo mediante dos maniobras: primero dictó a Elespañol.com una versión con algunos datos falsos y otros manipulados, que el periódico que dirige Pedro J. Ramírez publicó sin contrastar. Y cuando infoLibre desveló esas mentiras, hizo una gira por varios medios en la que defendió tres grandes argumentos: primero, que la compañía Duchesse Financial Overseas estaba "inactiva"; segundo, que no había podido disolverla por "motivos económicos" ya que los "gastos de liquidación no pueden ser asumidos por algunos" de los tres hermanos del fiscal –que son copropietarios de la compañía–, unos costes de disolución que llegó a cifrar "en 90.000 euros", y tercero, que los actuales propietarios de la empresa se enteraron de su existencia en 2008 o en 2011 (cambió de versión sobre la marcha). Ninguna de estas tres afirmaciones era tampoco cierta.
Por un lado, Duchesse Financial Overseas fue inscrita en el Registro Mercantil de Panamá el 4 de enero de 1988 y, desde entonces, siempre ha estado activa. Este lunes, este medio pudo comprobar en el Registro Mercantil el "status" de la compañía seguía siendo el de "vigente".
Por otro, inspectores y técnicos de Hacienda consultados por infoLibre, desmontaron la excusa ofrecida por Manuel Moix de que no pudieron disolver la sociedad panameña porque uno de los hermanos no podía hacer frente a los gastos de liquidación. Mantener abierta una sociedad en Panamá cuesta entre 450 y 900 euros al año, dependiendo de si se contratan administradores fiduciarios, mientras que cerrarla cuesta entre 400 y 500 euros.
Cuestión diferente es que, al disolver la sociedad, los hermanos Moix tendrían que pagar lógicamente determinados impuestos, como el resto de ciudadanos. Pero incluso para evitar el pago de los tributos, los Moix tenían una opción barata: trasladar el domicilio de la sociedad de Panamá a España, sin necesidad de disolverla, de forma que seguiría siendo la titular del chalé de Collado Villalba. Los costes totales de esa operación rondan los 1.600 euros y el fiscal dejaba de tener una empresa en uno de los paraísos fiscales preferidos por los evasores de medio mundo.
Manuel Moix aseguró a Elespañol.com que él y sus tres hermanos (Margarita, José María y Pilar) "conocieron la existencia de Duchesse Financial Overseas" cuando murió su madre en 2008. En declaraciones posteriores a varios medios afirmó que fue en 2011, cuando falleció el padre. Pero escrituras públicas firmadas ante un notario de Panamá y otro de Madrid, a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre, también desmienten esta versión.
El 25 de enero de 1988, la compañía panameña apoderó a Margarita Moix, hermana mayor del fiscal y abogada. La escritura de apoderamiento se firmó ante el notario panameño Sergio Pérez Saavedra. Un mes más tarde, el 24 de febrero de 1988, Margarita Moix actuó como representante de la empresa cuando Duchesse Financial Overseas adquirió el chalé en Collado Villalba.
Pero no sólo lo sabía la hermana. El propio Moix hacía décadas que conocía la existencia de la empresa en Panamá. En este sentido, este miércoles, infoLibre publicó unas declaraciones exclusivas del abogado que pleiteó en nombre de la constructora Tereco contra la familia Moix por impago de deudas y alzamiento de bienes. Y desmontan la última coartada del fiscal: que se había enterado de la existencia de la empresa panameña en 2008 [o en 2011]. "El fiscal Moix estuvo presente cuando sus padres declararon ante la jueza por alzamiento de bienes", relata el letrado José Román Marín de la Bárcena. Y esa declaración se produjo en el año 2000.
La información de infoLibre puso aún más en el punto de mira a un fiscal que había quedado fuertemente debilitado por su actuación en el caso Lezo. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, llegaron a apoyar en sede parlamentaria al hombre que Ignacio González, ahora encarcelado, quería en Anticorrupción para que marchasen mejor sus problemas con la Justicia. Pero a medida que pasaban las horas, la defensa fue cada vez más fría. Su situación se tornó insostenible. Él mismo pudo comprobar cómo se iba quedando solo: todas las asociaciones de fiscales se pusieron de acuerdo a la hora de exigirle explicaciones urgentes. Hasta el fiscal general del Estado, José Manuel Maza le contradijo al asegurar que desconocía la existencia de esa sociedad panameña.
A última hora de la tarde del miércoles, la Asociación de Fiscales, la mayoritaria, la que había apoyado su nombramiento, le pidió que pusiese su cargo a disposición de Maza, al entender que su participación como propietario en una sociedad de Panamá "compromete la imagen de imparcialidad de la institución" y supone "un menoscabo para la imagen de la Carrera Fiscal". Un mazazo para el fiscal jefe Anticorrupción.
Dirigentes del PP y del Gobierno han visto estos días muchas similitudes entre el caso Moix y el caso Soria. El exministro de Industria dimitió después de demostrarse que había mentido a la hora de rendir cuentas sobre sus relaciones empresariales con paraísos fiscales.
Historia de la empresa panameña de los Moix
Duchesse Financial Overseas fue constituida en Panamá el 4 de enero de 1988. Un mes y medio más tarde, el 24 de febrero de 1988, la sociedad panameña adquirió un chalé en Collado Villalba. La escritura de compraventa se firmó ante el notario Félix Pastor Ridruejo. Se trata de una vivienda de tres plantas, que tiene 6 dormitorios, 5 baños, dos salones, una bodega de 60 metros cuadrados y una piscina cubierta independiente. Está rodeada por una parcela de 4.629 metros cuadrados y se encuentra situada en una urbanización cerrada con vistas a la sierra de Guadarrama.
El chalé pertenecía hasta entonces a la sociedad de gananciales de los padres del fiscal: Manuel Moix Martínez y Manuela Blázquez Borja. El matrimonio también controlaba la empresa de Panamá. El objeto de la operación fue, por tanto, ocultar quiénes eran los verdaderos dueños del inmueble.
En el acto de compra del chalé, la empresa panameña estuvo representada por la hermana mayor del fiscal: Margarita Moix. Abogada de profesión, había sido apoderada por Duchesse Financial Overseas pocos días antes, el 25 de enero de 1988, ante el notario panameño Sergio Pérez Saavedra.
El fiscal Anticorrupción y sus tres hermanos (Margarita, José María y Pilar) heredaron el control de la empresa panameña y de su propiedad en España en dos fases: en octubre de 2008, cuando falleció su madre, y en diciembre de 2011, cuando murió su padre.
Por tanto, Manuel Moix es dueño desde hace cinco años y medio del 25% de una empresa radicada en uno de los principales paraísos fiscales del mundo. En todo este tiempo evitó poner a su nombre el inmueble y mantuvo camuflada la propiedad bajo el paraguas societario de la compañía panameña. Tampoco contó nada ni a Maza ni al titular de Justicia, Rafael Catalá, según fuentes conocedoras del proceso.
La empresa panameña fue constituida por varios de los principales testaferros del paraíso fiscal de Panamá. Entre ellos destaca Aida May Biggs, una panameña de 93 años que en abril de 2016 figuraba como testaferro en 17.539 compañías, y que en la actualidad sigue figurando como tesorera y directora de la sociedad de Moix.
En el proceso de elaboración de la información, este periódico se puso en contacto este lunes por la mañana con el fiscal para conocer su versión, pero Moix se negó a ofrecerla. "Respondo a los medios de comunicación que me preguntan las cosas con educación", llegó a justificar su actitud el fiscal en una entrevista concedida a la cadena Ser. [Consulta aquí el burofax remitido a Moix].
Su papel en el 'caso González'
Antes de desvelar los vínculos de Moix con Panamá, este diario informó en exclusiva de que el máximo responsable Anticorrupción, que fue fiscal superior de Madrid entre julio de 2003 y septiembre de 2015, impidió hasta en tres ocasiones que se investigase la trama societaria creada por Ignacio González y su familia para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II.
En una conversación interceptada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación Lezo González sostenía en que el nombramiento Moix como fiscal Anticorrupción sería "cojonudo" para la marcha de sus problemas judiciales. Su interlocutor era el exministro de José María Aznar Eduardo Zaplana.
En primer lugar, infoLibre desveló que Moix había tapado el caso en 2009, al no investigar una denuncia de la asociación Parque Sí en Chamberí: decretó el archivo sin realizar una sencilla diligencia solicitada por los denunciantes y que habría servido para destapar la trama corrupta. Después, nuevos documentos a los que tuvo acceso este diario elevaron a tres las veces que había dado carpetazo al caso. Al episodio de 2009 se sumaba uno previo en 2007 y otro en 2010.
En 2007, archivó de plano una primera denuncia de los vecinos del barrio de Chamberí donde se construyó el campo de golf. El entonces fiscal jefe de Madrid decretó el archivo en tres días hábiles, sin practicar ni una diligencia y en un escrito de 11 líneas que se apoyaba en un argumento que no era cierto.
Y en 2010, la Fiscalía de Madrid que dirigía él, se opuso a la admisión a trámite de una querella, presentada también por la asociación Parque Sí en Chamberí, en la que se acusaba al entonces vicepresidente madrileño de cuatro delitos, entre ellos prevaricación y fraude.
El campo de golf del Canal fue inaugurado por Esperanza Aguirre e Ignacio González el 28 de marzo de 2007. Por tanto, las dos denuncias y la querella se presentaron después de que la obra estuviese concluida. En la fase de construcción de las instalaciones deportivas, Dragados había abonado 3,2 millones de euros a una empresa sin apenas actividad, llamada Tecnoconcret, para que instalase el césped del campo de golf. Esa sociedad estaba controlada por la familia González. La Fiscalía podría haber obtenido esos datos simplemente con pedir a la Agencia Tributaria las ventas declaradas de Tecnoconcret. No lo hizo en ninguna de las tres ocasiones en que tuvo que pronunciarse sobre el asunto, a pesar de que en la denuncia de 2009 y en la querella de 2010 se lo pidieron expresamente los denunciantes.
La operación del campo de golf del Canal sí ha sido investigada ahora por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Y es una de las que se describe con detalle en el auto por el que el juez Velasco envió a prisión a Ignacio González y a su hermano Pablo. El cuñado de ambos, José Juan Caballero, logró eludir la cárcel tras pagar una fianza de 100.000 euros.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/31/moix_anticorrupcion_panama_paraisos_fiscales_65766_1012.htmlMAZA: "SERÍA DE JUSTICIA QUE MOIX SIGUIESE EJERCIENDO EL CARGO"
El fiscal general del Estado comunica que Moix le ha presentado su "renuncia al cargo" por "motivos personales"
Considera que ha ejercido el cargo "a plena satisfacción"
El fiscal general de Estado admite el cese a pesar de no encontrar "motivo alguno" para el mismo.
En el fiscal general del Estado había depositado el Gobierno toda la presión sobre el futuro de Manuel Moix. Y fue José Manuel Maza el que este jueves, a las 11.20 de la mañana, anunciaba que había renunciado al cargo "por motivos personales" en una convocatoria a los medios en la que no admitió preguntas. Una renuncia "irrevocable" que Maza dijo no compartir. De hecho, mantuvo que le había intentado convencer, sin éxito, de que continuara. "No había, ni existen, a mi juicio, motivos para el cese".
"No encuentro motivo", subrayó tras asegurar "sería de justicia" que siguiese ejerciendo "el cargo que ha ejercido con plena satisfacción". "Al menos por mi parte", matizó.
El anuncio se produce apenas 60 horas después de que infoLibre desvelase que era el dueño del 25% de una empresa en el paraíso fiscal de Panamá. En este breve periodo de tiempo, el ya ex fiscal jefe Anticorrupción se asió con fuerza al cargo con versiones contradictorias sobre su relación con la empresa Duchesse Financial Overseas.
Este periódico informó de que Manuel Moix llevaba cinco años y medio siendo copropietario de la citada sociedad panameña. La compañía es propietaria de un chalé en España, en el municipio madrileño de Collado Villalba, valorado en 550.000 euros.
Sin "irregularidad ni ilegalidad"
Tras agradecer a los medios su presencia y "atención" a la convocatoria, Maza informó que había estado reunido con Moix. "Hemos hablado de su situación. Hemos analizado y me ha dado traslado de su opinión y sus datos", añadió. De esos datos Maza deduce que no ha habido ningún tipo de "irregularidad ni de ilegalidad".
También consideró que no ha incurrido "en ningún tipo de incompatibilidad". "Sólo se refiere a actuaciones de carácter económico y mercantil [...] Esta conducta es regular".
Maza aprovechó su comparecencia para hacer una defensa cerrada del trabajo de la Fiscalía. "Como no me he cansado nunca ni me cansaré de repetir, es autónoma", dijo. Una autonomía "no sólo" respecto al Gobierno, sino "de todos los poderes del Estado y de todas las influencias externas".
La situación de Moix se tornó en "insostenible" para el Gobierno y el PP el miércoles, al ver cómo se iban desmontando las versiones que iba facilitando a otros medios de comunicación –nunca quiso hablar con infoLibre–. A última hora de la tarde del miércoles, la Asociación de Fiscales, la mayoritaria, la que había apoyado su nombramiento, le pidió que pusiese su cargo a disposición de Maza, al entender que su participación como propietario en una sociedad de Panamá "compromete la imagen de imparcialidad de la institución" y supone "un menoscabo para la imagen de la Carrera Fiscal". Horas antes, el Ejecutivo, que había defendido hasta en sede parlamentaria en las últimas semanas al ya ex fiscal jefe anticorrupción, plegó su línea de defensa trasladando a Maza toda la presión sobre el futuro de Moix.
Dirigentes del PP y del Gobierno han visto estos días muchas similitudes entre el caso Moix y el caso Soria. El exministro de Industria dimitió después de demostrarse que había mentido a la hora de rendir cuentas sobre sus relaciones empresariales con paraísos fiscales.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/06/01/maza_moix_anticorrupcion_65812_1012.html
“EL FISCAL MOIX ESTUVO PRESENTE CUANDO SUS PADRES DECLARARON ANTE LA JUEZA POR ALZAMIENTO DE BIENES”
Las declaraciones a infoLibre del abogado que llevó la causa judicial contra la familia Moix por impago y alzamiento desmontan la última coartada del fiscal: que se había enterado de la existencia de la empresa panameña en 2011
La verdad es que 10 años antes ya asistió a su padre en relación con el uso de la sociedad Duchesse Financial Overseas para ocultar bienes
“Manuel Moix Martínez no quería pagar porque decía que él sólo era apoderado de la sociedad panameña, pero que no era el dueño”, señala el letrado José Román Marín de la Bárcena
"Llegamos a un acuerdo extrajudicial, pero sobre el contenido del acuerdo o sobre la forma de pago no puedo desvelar nada porque estoy afectado por el secreto profesional”, afirma el letrado
El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, ofreció en los últimos días dos versiones diferentes sobre el momento en que se enteró de que sus padres habían creado una sociedad en Panamá: en una filtración llena de inexactitudes que publicó El Español dijo que había sido en 2008, al morir la madre, y en declaraciones posteriores a varios medios afirmó que fue en 2011, cuando falleció el padre. El abogado José Román Marín de la Bárcena, que actuó judicialmente contra la familia Moix a principios de los años noventa por impago y alzamiento de bienes, explica en declaraciones exclusivas a infoLibre que esa coartada no es cierta. “El fiscal Manuel Moix estuvo presente cuando sus padres declararon ante la jueza por alzamiento de bienes”, asegura con rotundidad el letrado.
Las declaraciones en fase de instrucción no son públicas, de forma que la presencia de una persona ajena a los declarantes llamó la atención del abogado. Cuando pidió explicaciones, se le indicó que era el hijo fiscal del matrimonio Moix-Blázquez. Y, para permitir que la declaración continuase adelante, prefirió continuar con el trámite aunque el fiscal Moix estuviese presente.
José Román Marín de la Bárcena, abogado desde 1982, defendió en aquella causa los intereses de una pequeña sociedad denominada Terecon SA. Era una empresa que se dedicaba a construir viviendas unifamiliares. Y el padre del fiscal, Manuel Moix Martínez, lo contrató para edificar en el chalé que tenía en Collado Villalba. Una propiedad que pertenecía a la sociedad de gananciales que tenía con su mujer, Manuela Blázquez Borja.
Cuando llegó la hora de pagar, el padre del fiscal Moix se negó. La deuda se elevaba a varias decenas de millones de pesetas, pero decidió que era mejor idea dejar en la estacada al contratista. José Román Marín de la Bárcena recuerda perfectamente cuál era el argumento que ofrecía para no pagar: “Manuel Moix Martínez no quería pagar porque decía que él sólo era apoderado de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas, pero que no era el dueño”.
Una disculpa que le parecía lógicamente absurda al dueño de Terecon, que había mantenido todas las negociaciones con Manuel Moix Martínez, quien en todo momento demostró tener pleno dominio para disponer sobre la obra. Así que contrató a José Román Marín de la Bárcena, que planteó en principio una demanda civil en reclamación de cantidad. Pero el asunto se agravó porque a la hora de intentar embargar bienes a los Moix se encontraron con que el chalé estaba efectivamente a nombre de la sociedad panameña y que cierto dinero que Manuel Moix Martínez tenía en una cuenta bancaria había sido transferido.
Camuflar la identidad de los propietarios
Como desveló infoLibre el pasado lunes 29 de mayo, el fiscal Manuel Moix es desde principios de 2012 dueño del 25% de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá, que es la propietaria de un chalé en el municipio madrileño de Collado Villalba valorado en 550.000 euros.
Toda la operación de constitución de la sociedad panameña y de traslado de la propiedad del chalé de Collado Villalba tenía como objetivo camuflar la identidad de los verdaderos dueños del chalé.
Manuel Moix Martínez, catedrático e inspector de Trabajo, había comprado la finca para su sociedad conyugal en octubre de 1986. En mayo del año siguiente, presentó en el Registro de la Propiedad una declaración de obra nueva. De acuerdo con el catastro, el chalé tiene en la actualidad 457 metros y una parcela de 4.629 metros cuadrados.
A principios de 1988 decidieron camuflar la propiedad. El 4 de enero de 1988 se inscribió en el Registro Mercantil de Panamá la sociedad Duchesse Financial Overseas. Pocos días después, el 25 de enero de ese año, esta compañía nombró apoderada a Margarita Moix, hermana mayor del fiscal y abogada de profesión. Y el 24 de febrero de 1988, la sociedad panameña adquirió el chalé en Collado Villalba. La escritura de compraventa se firmó ante el notario Félix Pastor Ridruejo. La sociedad panameña estuvo representada por Margarita Moix.
De esta forma, aunque el chalé siempre fue de los Moix, formalmente era prácticamente imposible rastrear a los titulares oficiales.
El abogado José Román Marín de la Bárcena no se arredró. Pidió que se inscribiese en la finca, en el Registro de la Propiedad, una demanda de embargo e incluso logró una orden para embargar los muebles. Ante el cariz que tomaban las cosas, la familia Moix prefirió pactar.
El relato que hace el abogado desmiente de forma tajante la versión del fiscal jefe de Anticorrupción, que en estos días pretendía hacer creer que sus padres nunca le habían dicho a los hijos que habían constituido una sociedad patrimonial en Panamá.
No es la única mentira. Como informó infoLibre este miércoles, hay otras tres excusas defendidas por Moix para justificar que sea dueño de una empresa en un paraíso fiscal que también son falsas.
Moix sigue mudo con 'infolibre'
El pasado lunes, en el burofax que infoLibre envió a Manuel Moix con una serie de preguntas sobre su participación en la empresa panameña, ya se planteaban dos cuestiones sobre este asunto. Eran las siguientes:
1) En el proceso civil y penal que se desarrollo en su día, a iniciativa de la constructora Terecon SA, ¿tuvo alguna participación D. Manuel Moix Blázquez?
2) En concreto, y en relación con la toma de declaración a D. Manuel Moix Martínez en el marco de dicho proceso judicial, ¿estuvo presente en dicho acto de toma de declaración?
Dos días después, el fiscal jefe de Anticorrupción sigue sin responder. Pese a que lleva unos días ajetreados con entrevistas, desde hace tres semanas boicotea de forma sistemática a infoLibre: ni responde a sus preguntas, ni ha aceptado las múltiples peticiones de entrevista planteadas por este periódico.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/31/fiscal_moix_estuvo_presente_cuando_sus_padres_declararon_ante_jueza_por_alzamiento_bienes_65775_1012.htmlLAS TRES EXCUSAS FALSAS DE MOIX SOBRE SU EMPRESA DE PANAMÁ
Duchesse Financial Overseas figura como activa en el Registro Mercantil de Panamá. Y su objeto es ahora el mismo que cuando fue constituida: ser una sociedad patrimonial que sirve de pantalla para la tenencia de bienes en España
Mantener activa una sociedad durante seis años, como han hecho Manuel Moix y sus hermanos, cuesta entre 6 y 12 veces más que disolverla
El fiscal aseguró que los hermanos se habían enterado de la existencia de la empresa en 2008, pero 20 años antes Margarita Moix compareció ante un notario de Panamá para ser apoderada por Duchesse Financial Overseas
El fiscal jefe de Anticorrupción utilizó tres grandes argumentos para intentar justificar que sea desde 2012 dueño del 25% de una sociedad de Panamá, tal y como desveló infoLibre. Manuel Moix aseguró que la compañía Duchesse Financial Overseas estaba “inactiva”; que no había podido disolverla por “motivos económicos” ya que los “gastos de liquidación no pueden ser asumidos por algunos” de los tres hermanos del fiscal –que son copropietarios de la compañía–, y que los actuales propietarios de la empresa se enteraron de su existencia en 2008. Ninguna de estas tres afirmaciones es cierta.
El pasado lunes 29 de mayo, a las 11.14 horas, este periódico se puso en contacto con la Fiscalía Anticorrupción para plantearle a Moix una serie de preguntas sobre su participación en la sociedad panameña. Dicha compañía es dueña de un chalé en España, en el municipio madrileño de Collado Villalba, valorado en 550.000 euros.
A lo largo de la mañana del lunes, infoLibre llamó en cinco ocasiones a la Fiscalía Anticorrupción y siempre obtuvo la misma respuesta: Moix estaba reunido. Así que, ante su actitud, infoLibre le envió a primera hora de la tarde un burofax de cuatro páginas reproduciendo todas las preguntas sobre el caso y advirtiéndole de que era el único responsable de que la información se publicase sin su versión.
El fiscal jefe de Anticorrupción no sólo evitó responder a infoLibre, sino que intentó lo que en el argot periodístico se llama una "voladura controlada". Se puso en contacto con El Español, medio que dirige Pedro J. Ramírez y que se prestó a publicar una información firmada por María Peral bajo el siguiente titular: "Moix heredó el 25% de una sociedad inactiva de su padre abierta en Panamá hace 30 años".
Primera falsedad: la sociedad está activa
Duchesse Financial Overseas fue inscrita en el Registro Mercantil de Panamá el 4 de enero de 1988 y, desde entonces, siempre ha estado activa.
Este lunes, en el Registro Mercantil el “status” de la compañía seguía siendo el de “vigente”.
Inspectores de Hacienda consultados por este periódico destacan la importancia de este hecho: “Tras la publicación de los llamados papeles de Panamá, la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá puso al día el censo de entidades, dando de baja provisional a las personas jurídicas que hubieran impagado la tasa única, con anotación marginal de disolución en su caso, publicando a dichos efectos listados de las entidades morosas afectadas para promover su rehabilitación antes de ser disueltas definitivamente. Por tanto, dado que Duchesse Financial Overseas no figura en dichos listados, la tasa única anual de 300 dólares estadounidenses se ha tenido que satisfacer regularmente por los beneficiarios de la entidad o por cuenta de ellos desde 1988”.
Además, explican los inspectores de Hacienda, Duchesse Financial Overseas siempre ha tenido la misma actividad: “Se trata desde el principio de una sociedad patrimonial, que en realidad es una pantalla que oculta y disimula el pleno dominio de bienes y derechos al aparentar ser un inversor extranjero. Esa compañía no hace nada en 2017 que no hiciera en 1988. Es insostenible decir que una sociedad patrimonial con patrimonio se encuentra inactiva”.
Segunda falsedad: es más caro mantener una empresa en Panamá que disolverla
Inspectores y técnicos de Hacienda desmontan también la segunda excusa ofrecida por Manuel Moix: que no pudieron disolver la sociedad panameña porque uno de los hermanos no podía hacer frente a los gastos de liquidación. Y es que mantener abierta una sociedad en Panamá cuesta entre 450 y 900 euros al año, dependiendo de si se contratan administradores fiduciarios, mientras que cerrarla cuesta entre 400 y 500 euros.
En otras palabras: dado que Manuel Moix y sus tres hermanos son dueños de la sociedad desde principios de 2012, mantener abierta la compañía durante estos seis años les ha costado entre 2.700 y 5.400 euros, entre seis y doce veces más que si la hubiesen disuelto.
Comprobar estos datos es algo sencillísimo. Basta tener conexión a internet y poner en Google el nombre de algún despacho panameño. Por ejemplo, en la web del bufete Delvalle y Delvalle, en su guía de preguntas más frecuentes sobre sociedades anónimas, plantea como cuestión 56: “¿Cuál es el monto total anual que deben pagar las sociedades anónimas y qué incluye? Y la respuesta que ofrece es la siguiente: “El monto total anual que deben pagar las sociedades anónimas incluye el impuesto anual al Estado de US$300.00 y el pago de agente residente a nuestra firma el cual será el siguiente; US$200.00 (en caso de usted haber nombrado sus propios directores) o US$450.00 (en caso de haber contrato del servicio de directores nominales)”. [Aquí puedes consultar el link]
Otro ejemplo: en el despacho Mata & Pitti, en la pestaña desplegable bajo el epígrafe “costes totales de renovación anual”, se explica que incluyendo a tres directores el coste asciende “a US$ 889.00”, mientras que el total “designando ustedes sus propios directores US$ 568.00”. [Aquí puedes consultar el link].
En cambio, disolver una sociedad cuesta en torno a 550 balboas, moneda panameña cuyo valor de cambio se sitúa alrededor de 0,9 euros. Es, además, un proceso bastante rápido, que se puede completar en un plazo aproximado de 30 días y que simplemente necesita un acuerdo de disolución aprobado por la junta de accionistas y no tener deudas con el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.
En una entrevista este martes por la noche con Ángels Barceló, en Hora 25 de la Cadena SER, Moix llegó a afirmar que según la información que había recabado en su día disolver una sociedad en Panamá costaba "90.000 euros". La periodista le puso unas declaraciones de José María Mollinedo, secretario general del sindicato del técnicos de Hacienda (Gestha), explicando que el coste era de "450 euros".
Tercera falsedad: los hermanos no conocieron la existencia de la empresa hasta 2008
La tercera falsedad ya la adelantó este periódico en una información de este lunes, titulada “El burofax que infoLibre envió a Moix”, en la que explicaba la intrahistoria de la investigación periodística y el intento del fiscal de realizar una “voladura controlada” a través de la publicación de una versión falsa en El Español.
Manuel Moix aseguró que él y sus tres hermanos (Margarita, José María y Pilar) "conocieron la existencia de Duchesse Financial Overseas" cuando murió su madre en 2008.
Pero escrituras públicas firmadas ante un notario de Panamá y otro de Madrid, a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre, desmienten esta versión.
El 25 de enero de 1988, la compañía panameña apoderó a Margarita Moix, hermana mayor del fiscal y abogada. La escritura de apoderamiento se firmó ante el notario panameño Sergio Pérez Saavedra.
Un mes más tarde, el 24 de febrero de 1988, Margarita Moix actuó como representante de la empresa cuando Duchesse Financial Overseas adquirió el chalé en Collado Villalba del que sigue siendo propietaria. La escritura de compraventa se firmó ante el notario de Madrid Félix Pastor Ridruejo.
Es significativo que dos de los hermanos Moix son juristas: Manuel es fiscal desde 1986 y Margarita se inscribió como abogada ejerciente en el Colegio de Madrid en 1983. Se les presupone ciertos conocimientos sobre la utilización de sociedades pantalla, el empleo de fiduciarios y el uso de paraísos fiscales.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/30/las_tres_excusas_falsas_moix_sobre_empresa_panama_65756_1012.htmlMANUEL MOIX: "NO PIENSO EN DIMITIR NI VEO NINGÚN MOTIVO DE CESE"
El fiscal anticorrupción no ve incompatible tener el 25% de una sociedad offshore en Panamá con su cargo y defiende que ha actuado conforme a la legalidad al no ocultar sus bienes y patrimonio
Manuel Moix no piensa dimitir ni ve motivos para su cese. El fiscal anticorrupción defiende que tener el 25% de una sociedad en Panamá no es incompatible con su cargo y asegura que ha actuado conforme a la legalidad al no ocultar sus bienes y patrimonio.
Manuel Moix, fiscal jefe anticorrupción, buenas noches ¿Por qué abre su padre una sociedad en Panamá?
Eso me pregunto yo, habría que preguntarle a mi padre
Nunca lo supo ni le preguntó
Yo me entero cuando fallece al pagar el impuesto de sociedades y vimos que la casa era de una sociedad no de nuestro padre y al verlo hacemos la declaración en el impuesto de sucesiones como en el modelo 720, pagamos los impuestos correspondientes y lo legalizamos todo. Ahí queda la cosa. Era una sociedad que estaba inactiva, que nunca tuvo actividad y lo que hago es heredar un bien que está a nombre de una sociedad en Panamá.
Le hacía esta pregunta porque quien tiene sociedades en paraísos fiscales es para eludir obligaciones fiscales o para esconder patrimonio
Esa pregunta no me la tiene que hacer a mí
Le sorprendió cuando lo descubrió
Hombre, me llamó la atención
Dice que es todo legal, pero no disuelven la sociedad
Cuando hay varios herederos no siempre hay una unidad de criterio sobre qué hacer con los bienes. Se decidió vender la casa porque no vivía nadie en ella y a la hora de disolver la sociedad algunos no estaban de acuerdo por el cargo económico que suponía se podía sufragar vendiendo la casa…
Ese cargo son 400 euros, según los técnicos de Hacienda
Yo creo que son más, una sociedad panameña con un bien… Eran como 90.000 euros y alguno no podía pagarlos.
No le interesaba pedir un crédito para liquidar una sociedad en Panamá teniendo en cuenta que ya tenía un cargo público
Teniendo en cuenta que eso no afectaba a mi función y era una sociedad en la que no tenía ninguna intervención ni la había tenido y que estaba completamente inactiva y no era incompatible con mi función… yo decidí asumir la posición de mis hermanos.
¿No es incompatible tener una sociedad en Panamá, en un paraíso fiscal, con ser el fiscal jefe Anticorrupción?
Que yo sepa no he cometido ningún hecho delictivo o irregular desde el punto de vista de la corrupción
Tiene una sociedad en un paraíso fiscal
Tengo parte…
El 25% de una sociedad en un paraíso fiscal…
Inactiva y sin ninguna actuación y actividad empresarial por mi parte
¿Y eso no es incompatible con tener el cargo de fiscal anticorrupción?
Pues no lo veo en ningún sitio, no
Muchos fiscales bajo su mandato interrogan a muchos acusados y testigos que tienen sociedades en paraísos fiscales. Ahora cuando les pregunten, les dirán que su jefe también tiene una
Entiendo que quien tiene sociedades en paraísos fiscales o las ocultan para ocultar patrimonio o bienes es una cosa distinta a quien declara todo y lo tiene todo regularizado, transparente con la Hacienda pública. Aquí no se oculta nada, aflora todo desde el primer momento
Usted pagó el impuesto de sucesiones
Correcto
El Modelo 720 también lo presentó
Correcto
¿Y tiene documentos para poderlo acreditar?
Perfectamente acreditado, claro
¿Por qué no lo ha hecho, por qué no ha comparecido? Infolibre le pedía explicaciones desde ayer, incluso mediante un burofax, y usted no respondió nunca
Respondo a los medios de comunicación que me piden las cosas con educación
¿Un burofax no es educación? También le llamaron
Yo no he recibido ningún burofax
¿No ha recibido ningún burofax? En la página de Infolibre está colgada la copia que le enviaron
Yo no lo he recibido
¿Dónde se ha quedado?
Eso hay que preguntárselo. Yo no digo que en la fiscalía no esté, pero yo personalmente no lo he recibido. He recibido un correo electrónico
¿Quiere decir que alguien de su equipo no se lo haya dado?
Esta mañana he estado bastante ocupado con ustedes. He tenido muchas cosas pendientes
Desde esta mañana se sabía de la existencia del burofax, ¿no ha preguntado a nadie de su departamento?
Desconocía la existencia del burofax, es lo que usted me está diciendo ahora
Se había publicado en Infolibre desde esta mañana
Yo, Infolibre no lo leo
Entiendo que cuando hay información que le atañe a uno, sí que intenta mirarlo
Solo leo lo que me parece interesante. Y cuando leo críticas sobre mí, no leo ninguna
Pero esto no es una crítica, es un hecho publicado
Sí, sí, correcto. He leído El País, El Mundo y El Español
Tendría que ampliar a lo mejor los medios
Cada uno lee los medios que considera oportunos
El representante de los técnicos de Hacienda nos decía esta mañana en la SER que el coste de disolver una sociedad está alrededor de 450 euros, incluidos los honorarios profesionales. Usted decía 90.000 euros
Pues encantado, hablaré con este técnico para hacer todos los papeles y me asesore para disolverlo mañana y si es por ese precio
¿Quién toma la iniciativa de liquidar la sociedad?
Yo planteo la liquidación de la sociedad porque no me gusta tener sociedades, ni en Panamá ni en ningún lado. No veía ninguna razón para tener una sociedad a mi nombre. Planteo la disolución al principio y hacen las cuentas y me dicen que hay que pagar una plusvalía por el beneficio desde el valor inicial de la casa al valor actual, pagar el impuesto de rentas de no residentes que es el 19% del beneficio, otro impuesto del 6% y con los gastos de notario salían como 90.000 euros. Estoy encantado con que solo sean 400 euros, hablaré con mi unidad de Hacienda para ver si esto es así
¿Nadie más en su familia sabía que existía esta sociedad?, su hermana era una apoderada
Mi hermana lo sabía
¿Y nunca le dijo nada?
Me lo dice a la hora de liquidar el impuesto
¿Antes no?, la sociedad es de hace treinta años y era la propietaria del piso en el que vivían sus padres. No le dijo nada
No, no
Ayer comunicó al fiscal general del Estado que era copropietario de esta sociedad, pero Maza ha dicho hoy en Ceuta que por leer una información no tiene información para por opinar. ¿No recuerda Maza la conversación?
Hablé con él y le expliqué la situación y quedamos en hablar el jueves
¿Le contó los detalles, sabía la información cuando dijo esto?
Sabía lo que yo le había dicho
¿Qué le había dicho?
Que tenía una sociedad al 25% en Panamá y que había salido publicado
¿Qué le dijo?
Que estuviera tranquilo, le dije que estaba todo legalizado y nos emplazamos en hablar el jueves
¿Le sorprende entonces su reacción de hoy si sabía la información?
Eso se lo tiene que preguntar a él, no me sorprende nada porque cada persona habla en función de lo que entiende que tiene que decir
Heredar es ético, ¿mantenerlo en Panamá es ético siendo fiscal Anticorrupción?
Yo creo que el acento no es Panamá, el acento es si se está haciendo alguna actividad o se quiere oculta algo, eso no es ético. Si todos es transparente, esta pagado y Hacienda lo conoce todo desde el primer momento… eso sí es ético. Lo que no hubiera sido ético hubiera sido declararlo por debajo de su valor u ocultarlo porque estaba haciendo actividades con esa sociedad. Eso no hubiera sido ético. Lo ético es declararlo, legalizarlo, ponerlo en conocimiento de Hacienda y cumplir con el ordenamiento jurídico
Hemos consultado lo que dice el Estatuto Fiscal. En su artículo 57.8 declara que "no es compatible ser fiscal con las funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas de cualquier género”. ¿Consultó usted, desde que posee el 25% de esa sociedad, si era compatible con su cargo?
Yo no estoy en ninguno de esos supuestos, no soy director ni socio colectivo
¿Tiene el 25%?
Pero no he hecho ninguna actividad que es a lo que se refiere. Es hacer actividad empresarial y no hay ninguna actividad empresarial. Lo hubiera comunicado si fuese incompatible
¿Y usted dice que es compatible?
Perfectamente compatible
Cuando dimitió Soria por una sociedad en Panamá, Montoro dijo que no podía estar en el gobierno nadie que hubiese operado desde paraísos fiscales
Correcto
¿Usted no ha operado?
Yo no he operado, en absoluto. Ni he aparecido por Panamá, ni he hecho ninguna actividad de ningún tipo ni ninguna operación a partir de esa sociedad
¿Usted nunca pensó que esto le podía generar algún problema en el futuro?
En absoluto, en absoluto. Si uno legaliza y actúa conforme dice la ley, y lo pone todo en conocimiento de Hacienda y paga sus impuestos, ¿dónde está el problema? Me pregunto…
En tener el 25% de una sociedad en Panamá
Uno no puede tirar una herencia a la basura, tendrá que aguantarse hasta que la pueda legalizar
Pero sí puede disolver la sociedad
Insisto, eso es una decisión que depende de todos los herederos. Yo solo no lo puedo hacer
Pero entre esos herederos, hay uno que es fiscal anticorrupción
Sí, perfectamente
¿Y da igual?
Desde el punto de vista del ejercicio de la función, yo no veo ninguna incompatibilidad
Mariano Rajoy también ha manifestado que sigue confiando en usted ¿Le ha llamado o le consta si se ha interesado por este asunto?
A mí personalmente no me ha llamado, pero yo le agradezco su confianza, por supuesto
Piden también su comparecencia en el Congreso los representantes de la oposición, ¿va a dar más explicaciones?
Estoy a disposición de todos los grupos, lo he dicho siempre. Si tengo que ir a dar explicaciones, iré como he hecho siempre
¿Iría al Congreso a dar esas explicaciones?
Sin ningún género de dudas
¿Va a mostrar esos documentos que le piden?
Si usted los quiere, yo se los subo, los tengo en el coche. Y los ve usted
Y para que los vea todo el mundo
No sé por qué la gente duda de mi palabra
Una cosa es que sea legal y otra ética, ¿mantiene que es ético?
Perfectamente, lo no ético sería no haberlo declarado o haberlo ocultado, o haberlo declarado por menor precio siempre con una actividad de ocultamiento de no revelar o aflorar la realidad de la situación económica mía y de mi patrimonio
¿No piensa dimitir?
En principio, no
¿Ni cree que lo cesen?
No sé lo que van a hacer los demás
¿Confía en que no lo cesen?
No veo ningún motivo de cese
http://cadenaser.com/programa/2017/05/30/hora_25/1496163125_443573.htmlLA TESORERA DE LA EMPRESA DE MOIX ES UNA TESTAFERRO PANAMEÑA DE 93 AÑOS QUE FIGURA EN MÁS DE 17.000 SOCIEDADES
Tras saltar el escándalo de 'los papeles de Panamá', Aida May Biggs fue mencionada en el Consejo de Europa como ejemplo de la actuación de testaferros en territorios ‘off-shore’
Un día después de que Duchesse Financial Overseas apoderase a la hermana de Moix, la compañía designó como presidente a un abogado alemán residente en Suiza
Así que, cuando el 24 de febrero de 1988 la sociedad panameña compró el chalé de Collado Villalba, la estructura de la compañía era la siguiente: tenía su sede en Panamá, estaba presidida por un abogado residente en Suiza y su apoderada era la hermana del fiscal
La empresa panameña de la que es dueño el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, fue constituida por varios de los principales testaferros del paraíso fiscal de Panamá. Entre ellos destaca Aida May Biggs, una panameña de 93 años que en abril de 2016 figuraba como testaferro en 17.539 compañías, y que en la actualidad sigue figurando como tesorera y directora de la sociedad de Moix.
Como desveló infoLibre este lunes, Manuel Moix es desde 2012 dueño del 25% de la sociedad Duchesse Financial Overseas. El resto de las acciones pertenecen, a partes iguales, a sus hermanos Margarita, Pilar y José María. La empresa panameña es propietaria de un chalé, valorado en 550.000 euros, situado en la localidad madrileña de Collado Villalba. Los hermanos Moix heredaron la compañía en dos fases: en octubre de 2008, cuando murió su madre, y en 2011, cuando falleció su padre. Desde entonces, ni disolvieron la sociedad ni la trasladaron a España. La han mantenido durante cinco años y medio en el paraíso fiscal de Panamá.
Duchesse Financial Overseas se constituyó en una escritura pública firmada el 22 de diciembre de 1987, ante Olmedo Mario Cedeño, notario quinto del circuito de Panamá. El capital social se fijó en 10.000 dólares estadounidenses, dividido en 100 acciones, y como “objeto principal” se señala el siguiente: “Dedicarse en la República de Panamá o en cualquier otro país, colonia o territorio extranjero, a comprar, vender, transferir, disponer, negociar, financiar, permutar, poseer, administrar, dar o tomar en préstamo, comisión, hipoteca, prenda, arrendamiento, uso, usufructo, o anticresis, toda clase de bienes, sean muebles o inmuebles, acciones o derechos y celebrar y efectuar todos los actos, contratos, operaciones, negocios y transacciones de lícito comercio”.
De acuerdo con la información que figura depositada en el Registro Mercantil de Panamá, a la que ha tenido acceso infoLibre, ese objeto social sigue siendo el mismo a día de hoy.
La escritura fue elaborada por el bufete Morgan y Morgan, uno de los principales de Panamá. Ese mismo despacho fue designado como agente residente de Duchesse Financial Overseas en el país centroamericano.
Los primeros directores
Los primeros directivos de la compañía fueron tres de los testaferros panameños más activos durante las últimas décadas: Pablo Javier Espino fue designado presidente, Adelina Mercedes Chavarria de Estribi fue nombrada secretaria y Aida May Biggs fue elegida tesorera.
Esta última fue una de las protagonistas de una reciente sesión en el Consejo de Europa, en un debate sobre los papeles de Panamá y las consecuencias de la evasión fiscal, celebrado el 18 de abril de 2016. El portavoz del Grupo Socialista, el belga Dirk Van der Maelen, señaló lo siguiente en su intervención: “Estimados colegas. ¿Alguien en la sala sabe quién es la señora Aida May Biggs? Supongo que no la conocen. Vive en Panamá y tiene 93 años. Nada especial, pueden decir, pero resulta que es la directora de 17.539 compañías off-shore, desde bancos a navieras. Antes de que saltase el escándalo [de los papeles de Panamá] –quizá no me crean, pero es verdad– ella ni siquiera era consciente de ser la directora de 17.539 sociedades. Si, por casualidad, alguna de nuestras Administraciones fiscales averiguase algo sobre uno de estos instrumentos societarios off-shore, la investigación terminaría con el nombre de la señora May Biggs. La Administración fiscal nunca llegaría al verdadero beneficiario o dueño”.
Es decir, la tesorera y directora de la empresa de los hermanos Moix fue mencionada en el Consejo de Europa como ejemplo de la actuación de los testaferros panameños.
Pero lo cierto es que sus compañeros en Duchesse Financial Overseas tampoco se quedan atrás en su actividad societaria: tanto Pablo Javier Espino como Adelina Mercedes Chavarria de Estribi figuran en más de 10.000 compañías vinculadas tanto a Panamá como a otros paraísos fiscales (Bahamas e Islas Vírgenes británicas entre otros).
La función de estos testaferros es servir como personas interpuestas con fines de ocultación, garantizando así el anonimato de los verdaderos dueños que se ocultan bajo el velo societario creado en las jurisdicciones de los paraísos fiscales.
Panamá y Suiza
La escritura de constitución de Duchesse Financial Overseas fue inscrita en el Registro Mercantil de Panamá el 4 de enero de 1988, así que desde esa fecha ya pudo operar como una sociedad anónima bajo el régimen jurídico panameño.
Pocos días después, el 25 de enero de aquel año, la compañía off-shore nombró apoderada a Margarita Moix Blázquez, la hermana mayor del fiscal Anticorrupción. Este apoderamiento se produjo ante el notario panameño Sergio Pérez Saavedra.
Y al día siguiente, 26 de enero de 1988, la compañía convocó una junta de accionistas que procedió a nombrar a la nueva junta directiva. Como presidente pasó a figurar Gerhard Leiss, un abogado alemán con residencia en Zurich, la principal ciudad suiza; como secretaria se designó a Ana Leiss, con el mismo domicilio que el anterior, y como tesorera permaneció Aida May Biggs, la testaferro de las 17.539 compañías.
Así que, cuando el 24 de febrero de 1988 Duchesse Financial Overseas compró oficialmente el chalé de Collado Villalba, la estructura de esta sociedad era la siguiente: tenía su sede en Panamá, estaba presidida por un abogado residente en Suiza y la apoderada era la hermana del ya entonces fiscal Moix.
Operación para camuflar a los propietarios
En aquel momento, la finca y el chalé de Collado Villalba ya eran de los padres del fiscal: Manuel Moix Martínez y Manuela Blázquez Borja. Y el único objeto de trasladar la propiedad del chalé a una sociedad panameña era camuflar la identidad de sus verdaderos propietarios.
Manuel Moix Martínez, catedrático e inspector de Trabajo, compró la finca para su sociedad conyugal en octubre de 1986. En mayo del año siguiente, presentó en el Registro de la Propiedad una declaración de obra nueva. Según sus datos, había sido construida una vivienda unifamiliar de dos alturas y con una superficie total de 220 metros cuadrados. De acuerdo con el catastro, el chalé tiene en la actualidad 457 metros. Los hermanos Moix, que la tienen a la venta en varios portales inmobiliarios, aseguran que la superficie es de 645 metros cuadrados.
Poco después, en junio de 1987, el matrimonio Moix-Blázquez constituyó una hipoteca con Caja Madrid a cambio de un préstamo de 14 millones de pesetas (84.141 euros).
Y, en febrero de 1988, fue cuando la familia Moix realizó la operación de trasladar la propiedad del chalé a la sociedad panameña que ellos mismos habían adquirido.
La casa de Collado Villalba nunca dejó de pertenecer a los Moix. De hecho, allí era donde residían los padres del fiscal. Y en una de las plantas de arriba se alojaban sus hijos cuando iban a visitarlos, según explicaron a este periódico fuentes próximas a los Moix.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/30/la_tesorera_empresa_moix_una_testaferro_panamena_anos_que_figura_mas_000_empresas_65745_1012.htmlEL PADRE DEL FISCAL MOIX FUE INVESTIGADO EN UNA CAUSA PENAL POR ALZAMIENTO DE BIENES
La sociedad panameña que posee el fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix fue heredada por él y sus tres hermanos tras el fallecimiento de sus padres. Según ha podido saber Vozpópuli, su progenitor fue investigado por un delito de alzamiento de bienes aunque la causa se archivó a instancias del Ministerio Público.
El fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix heredó con sus tres hermanos en el año 2011, cuando falleció su padre Manuel Moix Martínez, una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá. Se trata de la empresa Duchesse Financial Overseas, propietaria de un chalet valorado en 550.000 euros en el municipio madrileño de Collado Villalba. Este hecho ha puesto en el disparadero a uno de los fiscales que más peso tiene en estos momentos en el país debido a que nadie conocía esta circunstancia.
La pregunta que mucha gente se ha hecho tras conocerse esta noticia –que ha pillado por sorpresa a la Carrera Fiscal y al propio fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que desconocía esta circunstancia cuando nombró a Moix- es por qué la titularidad de una vivienda que está ubicada en una localidad de Madrid conduce a una sociedad que radica en uno de los principales paraísos fiscales del mundo.
La respuesta exacta se desconoce ya que el propio jefe de Anticorrupción ha explicado que se enteró de este dato una vez que su padre, catedrático e inspector de trabajo, falleció hace seis años. Sin embargo, sí supo Manuel Moix que su progenitor había estado inmerso en un procedimiento penal por alzamiento de bienes. Según ha podido saber Vozpópuli, dicha causa fue archivada a instancias de la Fiscalía de Madrid entonces encabezada el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo.
Sin embargo, aunque el procedimiento acabó en un sobreseimiento, las fuentes consultadas explican que en dicha causa penal podría estar el origen de que el chalet de Collado Villalba estuviera a nombre de la sociedad Duchesse Financial Overseas. En concreto, este hecho se podría enmarcar en una maniobra para ocultar la titularidad real de la vivienda. Preguntado por esta cuestión, el fiscal jefe Anticorrupción sostiene que desconoce si ambos hechos están relacionados ya que sería algo que habría que preguntarle a su padre.
Un tesorera con 20.000 sociedades
Duchesse Financial Overseas se constituyó en diciembre de 1987, adquiriendo tan sólo un mes y medio después esta vivienda, de tres plantas y con vistas a la sierra de Guadarrama. La sociedad panameña fue abierta por el bufete de abogados Morgan y Morgan, el mayor de Panamá, que la creada con un capital social de 10.000 dólares de Estados Unidos. Hasta ese momento, el chalé había pertenecido a la sociedad de gananciales de los padres del fiscal, Manuel Moix Martínez y Manuela Blázquez Borja, de lo que se podría deducir que su objetivo era ocultar quiénes eran los dueños reales del inmueble.
Tras el fallecimiento de la madre y del padre de Moix (en 2008 y en 2011, respectivamente), el fiscal jefe Anticorrupción y sus tres hermanos heredaron el control de la sociedad en dos fases. Durante los cinco años y medio en los que ha sido propietario del 25% de la empresa, el fiscal jefe y sus hermanos eludieron poner su nombre a la vivienda, que sigue bajo el paraguas de Duchesse Financial Overseas.
En la actualidad, la tesorera de la sociedad es Aída May Biggs, una panameña de 93 años que en abril de 2016 figuraba como testaferro en unas 20.000 compañías, y que en la actualidad sigue siendo la tesorera y directora de la sociedad de Moix.
El objeto de la empresa, según se desprende del acta notarial, a la que ha tenido acceso este periódico, es dedicarse "a comprar, vender, transferir, disponer, negociar, financiar y permutar [...] toda clase de bienes, sean muebles o inmuebles, acciones o derechos y celebrar y efectuar todos los actos, contratos, operaciones, negocios y transacciones de lícito comercio".
http://www.vozpopuli.com/actualidad/nacional/Padre-fiscal-Manuel-Moix-invetigado-alzamiento-bienes_0_1030997511.htmlEL PSOE EXIGE LA COMPARECENCIA DE CATALÁ Y LA DIMISIÓN DE MOIX POR SU SOCIEDAD EN PANAMÁ
Los socialistas reclaman que el ministro acuda al Congreso de forma urgente tras publicar infoLibre que el fiscal jefe de Anticorrupción es dueño del 25% de una sociedad panameña propietaria de un inmueble en España
Isabel Rodríguez, secretaria adjunta a la dirección del grupo socialista, afirma que Moix debe dimitir y que "no tiene ninguna autoridad para perseguir a aquellos corruptos que llevan su dinero a paraísos fiscales"
El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados exigió en la mañana de este martes la dimisión del fiscal anticorrupción, Manuel Moix, y la comparecencia urgente en la Comisión de Justicia de la Cámara baja del ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Los socialistas presentaron esta iniciativa parlamentaria tras publicar infoLibre que Moix es desde 2012 dueño del 25% de una empresa de Panamá que tiene un chalé en España. En concreto, el fiscal jefe de Anticorrupción posee el 25% de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas, propietaria de un inmueble valorado en 550.000 euros y situado en Collado Villalba (Madrid).
Isabel Rodríguez, secretaria adjunta del grupo socialista, recordó que el ministro José Manuel Soria "tuvo que marcharse" por "haber tenido cuentas en paraísos fiscales", y agregó que "Moix tendría que seguir el camino del señor Soria y dejar su responsabilidad". "No tiene ninguna autoridad para perseguir a aquellos corruptos que llevan su dinero a paraísos fiscales", agregó Rodríguez.
En lo que respecta al ministro Catalá, la solicitud de comparecencia presentada por los socialistas indica que le pedirán que explique "las razones por las que no activa el mecanismo previsto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para la sustitución en la Jefatura de la Fiscalía Anticorrupción de Manuel Moix", que ya fue reprobado por el Congreso de los Diputados por su actuación en el caso Lezo.
Poco después, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que afirmó: "Surrealista y vergonzoso. Moix no puede seguir en el cargo ni un minuto más".
Moix, por su parte, replicó en la mañana de este martes que "es ético que los hijos hereden de los padres" preguntado por La Sexta sobre la información publicada por infoLibre. Este diario intentó contactar con Moix en varias ocasiones, sin éxito, para recabar su testimonio. Moix, que tampoco respondió a un burofax que se le remitió, se puso en cambio en contacto con El Español y ofreció varios datos inexactos.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/30/psoe_exige_congreso_moix_sociedad_panama_65722_1012.htmlEL FISCAL MOIX ES DESDE 2012 DUEÑO DEL 25% DE UNA EMPRESA DE PANAMÁ QUE TIENE UN CHALÉ EN ESPAÑA
El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, es dueño del 25% de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas
Esta sociedad tiene un chalé en el municipio madrileño de Collado Villalba valorado en 550.000 euros
infoLibre se puso en contacto este lunes por la mañana con Moix para conocer su versión, pero éste se negó a ofrecerla
El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, es dueño del 25% de una empresa de Panamá denominada Duchesse Financial Overseas, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre. Esta compañía es propietaria de un chalé en España, en el municipio madrileño de Collado Villalba, valorado en 550.000 euros. Este periódico se puso en contacto este lunes por la mañana con el fiscal para conocer su versión, pero Moix se negó a ofrecerla.
Duchesse Financial Overseas fue constituida en Panamá el 4 de enero de 1988. Un mes y medio más tarde, el 24 de febrero de 1988, la sociedad panameña adquirió un chalé en Collado Villalba. La escritura de compraventa se firmó ante el notario Félix Pastor Ridruejo. Se trata de una vivienda de tres plantas, que tiene 6 dormitorios, 5 baños, dos salones, una bodega de 60 metros cuadrados y una piscina cubierta independiente. Está rodeada por una parcela de 4.629 metros cuadrados y se encuentra situada en una urbanización cerrada con vistas a la sierra de Guadarrama.
El chalé pertenecía hasta entonces a la sociedad de gananciales de los padres del fiscal: Manuel Moix Martínez y Manuela Blázquez Borja. El matrimonio también controlaba la empresa de Panamá. El objeto de la operación fue, por tanto, ocultar quiénes eran los verdaderos dueños del inmueble.
En el acto de compra del chalé, la empresa panameña estuvo representada por la hermana mayor del fiscal: Margarita Moix. Abogada de profesión, había sido apoderada por Duchesse Financial Overseas pocos días antes, el 25 de enero de 1988, ante el notario panameño Sergio Pérez Saavedra.
El fiscal Anticorrupción y sus tres hermanos (Margarita, José María y Pilar) heredaron el control de la empresa panameña y de su propiedad en España en dos fases: en octubre de 2008, cuando falleció su madre, y en diciembre de 2011, cuando murió su padre.
Por tanto, Manuel Moix es dueño desde hace cinco años y medio del 25% de una empresa radicada en uno de los principales paraísos fiscales del mundo. En todo este tiempo evitó poner a su nombre el inmueble y mantuvo camuflada la propiedad bajo el paraguas societario de la compañía panameña.
Historia del chalé
Manuel Moix Martínez, catedrático e inspector de Trabajo, compró la finca para su sociedad conyugal en octubre de 1986. En mayo del año siguiente, presentó en el Registro de la Propiedad una declaración de obra nueva. Según sus datos, había sido construida una vivienda unifamiliar de dos alturas y con una superficie total de 220 metros cuadrados. De acuerdo con el catastro, el chalé tiene en la actualidad 457 metros.
Poco después, en junio de 1987, el matrimonio Moix-Blázquez constituyó una hipoteca con Caja Madrid a cambio de un préstamo de 14 millones de pesetas (84.141 euros).
Y, en febrero de 1988, fue cuando la familia Moix realizó la operación de trasladar la propiedad del chalé a la sociedad panameña que ellos mismos habían constituido.
La casa de Collado Villalba nunca dejó de pertenecer a los Moix. De hecho, allí era donde residían los padres del fiscal. Y en una de las plantas de arriba se alojaban sus hijos cuando iban a visitarlos, según explicaron a este periódico fuentes próximas a los Moix.
Hace dos años, los hermanos pusieron a la venta la casa, pero de momento no han encontrado comprador.
El fiscal no responde
Este lunes, a las 11:14 horas, infoLibre envió por correo electrónico una serie de preguntas al fiscal Manuel Moix en relación con su participación en la sociedad panameña. Pero el fiscal se negó a responderlas. Las preguntas planteadas fueron las siguientes:
1. ¿Declaró D. Manuel Moix, en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la titularidad de las acciones de la entidad Duchesse Financial Overseas?
2. ¿Presentó D. Manuel Moix declaración del modelo 720, incluyendo entre los bienes la titularidad del 25% de la entidad Duchesse Financial Overseas?
3. En las declaraciones de IRPF correspondientes a los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015, ¿realizó D. Manuel Moix la imputación de rentas correspondiente al inmueble de Collado Villalba?
4. ¿Considera D. Manuel Moix ético ser titular real del 25% de una compañía domiciliada en Panamá y, al mismo tiempo, ocupar el cargo de fiscal jefe de Anticorrupción?
Tras ser advertido de que este periódico publicaría la información, el fiscal jefe de Anticorrupción contó la noticia a otro medio digital y le ofreció la siguiente versión: que la sociedad panameña "está declarada a Hacienda" y que cuando el padre murió "los cuatro hermanos pagaron los impuestos sucesorios y presentaron el modelo 720", una declaración que deben realizar ante la Agencia Tributaria quienes tengan bienes en el extranjero valorados en más de 50.000 euros. Además, señaló que la sociedad no había sido disuelta porque "los gastos de liquidación no pueden ser asumidos por alguno de los hermanos" del fiscal.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/30/el_fiscal_moix_sus_hermanos_poseen_una_empresa_panama_duena_chale_espana_65702_1012.htmlEL GOBIERNO PREMIA A UNO DE LOS VOCALES DEL CONSEJO FISCAL QUE SALVÓ A MOIX
Elige para un puesto privilegiado a Antonio Roma, uno de los dos candidatos de la Fiscalía frente al propuesto por el CGPJ
Roma es miembro de la conservadora Asociación de Fiscales, respaldó el nombramiento de Moix y votó después en contra de su cese
Deja el Consejo Fiscal para un puesto internacional que ejercerá desde Madrid y con el que el Gobierno tentó a Eloy Velasco
La primera opción del Gobierno para que Eloy Velasco dejara el juzgado de la Audiencia Nacional que instruye los casos más graves de corrupción que afectan al PP fue su nombramiento como coordinador de un nuevo proyecto de cooperación internacional con América Latina, dotado con un presupuesto millonario. Finalmente, Velasco ha abandonado su juzgado para ascender a la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y el puesto al que aspiró antes ha ido a parar al fiscal Antonio Roma, miembro de la mayoría conservadora que ha respaldado a José Manuel Maza en los últimas y polémicas reuniones del Consejo Fiscal, con Manuel Moix, fiscal jefe Anticorrupción, en el centro de ellas.
Pacto son las siglas de Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado, con el que cuatro países de la Unión Europea pretenden contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y la seguridad ciudadana en Latinoamérica. El fiscal Roma ha sido elegido para la figura de coordinador en materia de justicia, con sede fija en la sede madrileña del Ministerio y desplazamientos ocasionales a países latinoamericanos.
El departamento de Rafael Catalá implicó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el proceso de selección y también a la Fiscalía General del Estado. Ambos abrieron un proceso de selección. Al del CGPJ concurrieron ocho candidatos, entre los que se encontraba Eloy Velasco. De esos ocho candidatos, el Poder Judicial consideró que el más adecuado para el puesto era Luis de Arcos Pérez y así se lo comunicó a Justicia.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado recibió tres candidaturas y seleccionó a dos que envió al Ministerio. De ellos, Catalá optó finalmente por Roma. Así aparece en la orden publicada por el Boletín Oficial del Estado del pasado martes respecto al pase a “servicios especiales” de Antonio Roma Valdés. Un portavoz de la Fiscalía General del Estado aseguró el miércoles a eldiario.es que la de Roma fue la única candidatura enviada a Justicia. Tras la publicación de la noticia, la misma Fiscalía General rectificó y aseguró que habían sido dos las candidaturas remitidas.
El Consejo Fiscal al que pertenece Roma, y que éste va a dejar para ocupar su nuevo puesto internacional, está integrado por doce miembros. Nueve de ellos son elegidos por los propios fiscales y están repartidos entre seis miembros de la conservadora Asociación de Fiscales y tres de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Los tres restantes son miembros natos: el fiscal general del Estado, y los tenientes fiscales del Tribunal Supremo y de la Inspección.
Los votos de los seis fiscales de la asociación conservadora han sido claves para que José Manuel Maza defienda sus principales decisiones con el argumento de que llevan el respaldo del Consejo Fiscal. Lo que no ha podido afirmar el fiscal general es que esa suerte de consejo asesor le haya respaldado por unanimidad. Los fiscales progresistas se opusieron al nombramiento de Moix, primero, y solicitaron su cese cuando trascendió que se había opuesto a un registro clave de la Operación Lezo y que el principal acusado, Ignacio González, le alababa y adelantaba en tres meses su nombramiento para Anticorrupción durante una intervención telefónica.
El Pacto, 40 millones de presupuesto
El Pacto al que se va destinado Roma va a tener un presupuesto de 40 millones de euros para administrar en cinco años. Velasco renunció a ser elegido después de que Francia exigiera a España rebajar los emolumentos del coordinador español en materia de Justicia habida cuenta de que su destino será Madrid y no un país extranjero.
Consultado por eldiario.es, el Ministerio de Justicia asegura que la retribución final del coordinador en materia de Justicia es decisión de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIAPP), que coordina el proyecto y cuyo patronato está presidido por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y se completa con varios ministros, entre ellos Catalá, secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales. Esta redacción ha intentado recabar la versión del fiscal Roma, pero éste ha declinado. Fuentes jurídicas apuntan a que, a pesar de la rebaja, sigue siendo un puesto muy bien retribuido.
Antonio Roma pasa a "servicios especiales" desde su puesto en la Fiscalía de Santiago de Compostela. El más relevante de los casos en los que ha ejercido la acusación de los últimos tiempos es el del accidente del Alvia, para disgusto de las asociaciones de víctimas. Durante la instrucción, Roma quiso acusar únicamente al maquinista, pero las decisiones de la Audiencia Provincial de A Coruña le hicieron rectificar.
[[En una primera versión de esta información se daba a entender que la Fiscalía General del Estado no había puesto en marcha un proceso de selección para el puesto de coordinador de justicia en el PACcTO. Una aclaración posterior de la Fiscalía General del Estado señala que ese proceso de selección sí se produjo. A esa aclaración se añadió una rectificación de la afirmación realizada la previa por un portavoz de la Fiscalía General que había asegurado a eldiario.es que solo se envió al Ministerio de Justicia la candidatura de Roma. Según comunicó con posterioridad a la publicación de la información la propia Fiscalía General, hubo tres candidatos y se seleccionó a dos, cuyas candidaturas se enviaron a Justicia, entre ellas la de Antonio Roma]]
http://m.eldiario.es/politica/Gobierno-Consejo-Fiscal-salvaron-Moix_0_647086364.htmlEL CEREBRO DEL FRAUDE DE LA FORMACIÓN SALIÓ DE PRISIÓN TRAS PACTAR CON LA FISCALÍA DE MOIX EXCULPAR A LA COMUNIDAD DE MADRID
José Luis Aneri, el cabecilla de una trama que estafó 17 millones de fondos para parados, declaró al juez que acordó con la fiscalía de Madrid no acusar al Gobierno regional y "echar mierda" a cargos de la patronal y la Cámara de Comercio
El principal acusado de la trama declaró que salió de prisión en mayo de 2014, dos meses después de ser detenido, "gracias al maravilloso convenio acordado con la Fiscalía de Madrid"
El entonces fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, hoy responsable de Anticorrupción, niega que el acuerdo pasase entonces por sus manos
El cerebro del fraude de los cursos de formación en Madrid, José Luis Aneri, logró salir de prisión en mayo de 2014 tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Madrid –que entonces dirigía Manuel Moix– que le exigió autoinculparse en la red, delatar a dos de sus colaboradores, además de aportar 500.000 euros para resarcir parte del daño causado.
El pacto con el ministerio público, que el acusado calificó como "maravilloso convenio", incluía un cuarto requisito: que Aneri evitase acusar al Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido entonces por Ignacio González. Era la Administración de donde salieron parte de los 17 millones de euros defraudados y la responsable de supervisar el destino de ese dinero público.
La estafa consistió en fabricar listas de cientos de alumnos ficticios para quedarse los fondos de formación de parados a través de cursos que nunca se impartieron. Así se hizo la red de Aneri con 17 millones de euros de ayudas públicas que transitaron a través de más de 60 empresas pantalla.
Los detalles del acuerdo que alcanzó Aneri con la fiscalía de Madrid en abril de 2014 para evitar la prisión los detalló el cabecilla de la red este jueves en el juzgado de Instrucción número 9 de Plaza de Castilla que instruye el caso.
Nada más comenzar su declaración, imputado por los delitos de fraude de subvenciones, falsedad y estafa, quiso aclarar "el magnífico convenio" al que había llegado con la Fiscalía. El primero de los "pilares fundamentales" de ese acuerdo para salir de la prisión provisional en la que había entrado el 1 de marzo, dos días después de ser detenido el 27 de febrero de 2014, pasaba por no acusar a la Comunidad de Madrid, entonces presidida por Ignacio González. Lo que sigue es el comienzo de su testimonio, al que ha tenido acceso eldiario.es.
"El magnífico convenio al que llegué con la fiscalía pilotaba en cuatro pilares fundamentales. Uno era exculpar a la Comunidad de Madrid. En aquel momento, cuando yo hago esa declaración, yo no sé nada de esto. Entonces no me retracto en lo que digo ahí. También me piden que eche mierda a [Alfonso] Tezanos y a [Víctor] Porta [dos excargos de la patronal madrileña y de la Cámara de Comercio de Madrid] que eran mis exsocios. No me retracto de lo que dije en esa declaración porque lo que dije es lo que yo sé de Víctor Porta, de Tezanos... Sé muchas más cosas pero fiscalía quería que dijera cosas que realmente inculparan, entre comillas, a estos señores. El tercer pilar era que que ingresara en la cuenta del juzgado como resarcimiento del daño la cantidad de 500.000 euros. Y hay un cuarto pilar que es el que, por supuesto, me retracto, porque yo quiero seguir colaborando con la justicia para que se sepa la verdad, y es que Fiscalía me pidió que me autoinculpara en un porcentaje de alumnos falsos".
Según lo declarado por Aneri ante el juez este jueves, el imputado decidió seguir el acuerdo planteado por la Fiscalía de Madrid, presidida entonces por Manuel Moix, hoy fiscal jefe de Anticorrupnción. Moix negó ayer a El Mundo que ese acuerdo pasase por su manos.
Fuentes de la Fiscalía de Madrid en aquella época aseguran que todos los pactos de calado –el llamado caso Aneri investiga una estafa de 17 millones de euros de dinero público con conocidos dirigentes de la patronal madrileña implicada– pasaban por las manos del fiscal jefe.
Aneri ratificó todos los extremos del pacto que le permitió salir de prisión, salvo lo que atañe a su inculpación. Explicó que durante los años en que tuvo lugar el fraude él sufría una grave adicción a la cocaína, pero negó ser el responsable de la estafa.
El cerebro de la red destacó el papel que jugaron en el fraude los que eran sus socios, Alfonso Tezanos, el empresario y entonces vocal de la patronal madrileña CEIM, también detenido en este caso, y Víctor Porta, entonces con un cargo en la Cámara de Comercio de Madrid.
Desde que llegó a ese acuerdo con el ministerio público en marzo de 2014, Aneri evitó implicar en la trama a la Comunidad de Madrid, cuya exdirectora general de Formación, Patricia Herrero, continúa imputada. Herrero fue el mando que ordenó en un correo electrónico a uno de sus subordinados "no notificar nada" de las irregularidades detectadas en los cursos de formación. En otra ocasión pidió a un cargo de su departamento "no meter a la Fiscalía a remover mierda".
El papel del Gobierno regional desde que estalló el escándalo es controvertido. El alto cargo de la Consejería de Empleo del Gobierno de Ignacio González que contó con pelos y señales la trama a la policía fue destituido dos días después de prestar declaración.
La juez que instruye el caso, Esperanza Collazos Chamorro, decidió expulsar a la Comunidad de Madrid como acusación particular por si en el futuro se le considera "responsable subsidiaria" del fraude.
Los investigadores han aludido reiteradamente a la labor obstruccionista de algunos altos cargos de la Comunidad de Madrid e indagan sobre si estas maniobras seguían órdenes de sus mandos políticos, vistos los vínculos que algunos de los supuestos implicados, como el directivo de la agrupación de comerciantes CEIM, Alonso Tezano, tenía con importantes dirigentes del Partido Popular de Madrid.
http://m.eldiario.es/politica/formacion-fiscalia-Moix-exculpar-Comunidad_0_642536825.htmlSIMANCAS APUNTA AL FISCAL MOIX COMO RESPONSABLE DE OCULTAR EL ‘TAMAYAZO’
"Moix era el encargado de enterrar cualquier prueba en aquel golpe de 2003", ha señalado el diputado del PSOE
El diputado socialista Rafael Simancas ha señalado este miércoles al actual fiscal jefe Anticorrupción como el encargado de “enterrar” cualquier prueba que hubiera del “golpe antidemocrático” que supuso el “tamayazo”, el episodio que le impidió ser presidente de la Comunidad de Madrid.
Simancas ha lanzado esa acusación durante su pregunta al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el pleno del Congreso relativa al caso Lezo, en la que ha criticado con dureza la elección de Manuel Moix como jefe de Anticorrupción.
Ha recordado que de los siete aspirantes al puesto era el único sin experiencia en Anticorrupción y ha relatado una serie de actuaciones que, a su juicio, podrían haber motivado que fuera el elegido.
“Moix era el encargado de enterrar cualquier prueba en aquel golpe de 2003”, ha manifestado tras recordar que fue elegido fiscal superior de Madrid solo semanas después de que Eduardo Tamayo y Teresa Sáez, elegidos en las listas del PSOE, impidieran su elección como presidente madrileño, lo que desembocó en nuevas elecciones y en la mayoría absoluta de Esperanza Aguirre.
También le ha acusado de ser el fiscal que durante doce años no quiso ni ver ni perseguir “el saqueo” y “la rapiña” de los corruptos en la Comunidad de Madrid.
Y ha preguntado si se le eligió por “su diligencia” al denunciar al juez Elpidio Silva tras encarcelar a Miguel Blesa, o por no actuar contra Esperanza Aguirre tras su “episodio de escapismo y de desobediencia a la autoridad” en la Gran Vía o por no ver caso en los espionajes del PP de Madrid o por archivar hasta tres veces sin diligencias las denuncias por irregularidades en el Canal de Isabel II.
“¿Acaso por ser asiduo a los cursos de la FAES, por la recomendación de Ignacio González a ese tío serio y bueno o por ser partidario de castigar a los medios que publican noticias sobre sumarios de corrupción?”, ha añadido el parlamentario socialista.
http://www.elindependiente.com/politica/2017/05/10/simancas-apunta-fiscal-moix-responsable-ocultar-tamayazo/MAZA EXCULPA A MOIX DEL ARCHIVO DEL 'CASO GONZÁLEZ' EN 2009 PORQUE SÓLO "FIRMÓ" LO QUE "INVESTIGÓ" OTRO FISCAL
El fiscal general del Estado sostiene que entre Manuel Moix y el otro fiscal "vieron el texto" de archivo de la denuncia contra Ignacio González Afirma que en 2009 "no había los datos con los que se cuenta ahora", a pesar de que los esenciales constaban en la Agencia Tributaria desde 2008
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, exculpó este miércoles en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados al actual fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, del archivo en 2009 de una querella presentada por la Asociación Parque Sí en Chamberí, un barrio del centro de Madrid, contra la construcción por parte del Canal de Isabel II de un campo de golf, que benefició presuntamente a la familia del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
Aunque Maza reconoció que el asunto, que ahora está incorporado en el caso Lezo como una de las posibles actividades delictivas de la "organización criminal" liderada por González, fue archivado, el fiscal general relató que el caso se cerró "hace muchos años, cuando no había los datos con los que se cuenta ahora, cuando no había ni intervenciones telefónicas y después de registros domiciliarios. Entonces se archivó, por la Fiscalía, pero es que se les informó a los ciudadanos de que fueran a los tribunales, como es su derecho, y fueron. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid también archivó el asunto", se defendió Maza tras ser preguntado por los grupos de la oposición. En contra de lo afirmado por Maza, en 2009 ya estaban en posesión de la Agencia Tributaria los datos esenciales de la presunta operación corrupta de la adjudicación del Canal: en concreto, que la empresa controlada por la familia González (Tecnoconcret) había recibido de Dragados una adjudicación de 3,2 millones de euros. A pesar de que los denunciantes pidieron expresamente que se solicitaron a Hacienda esos datos, la Fiscalía no lo hizo.
Pero, además, Maza aseguró en su intervención, que superó las dos horas de duración, que el decreto de archivo del Ministerio Público "lo firmó el señor Moix, porque él era el jefe de esa Fiscalía, pero en la propuesta de esa decisión, y obra en el expediente de la Fiscalía de Madrid, fue de otro fiscal, que era el que investigaba y que él decidió, propuso el que se archivase. El señor Moix lo vió, entre los dos vieron el texto, porque está en la Fiscalía de Madrid el borrador del otro fiscal, que realmente tomó la decisión de archivar el asunto. No el señor Moix".
Asimismo, el fiscal general del Estado se refirió de forma despectiva a "la calidad informativa" de ciertas informaciones, en referencia a infoLibre aunque sin citar su nombre, ya que fue el periódico que destapó la intervención de Moix en 2009 en el asunto del Canal de Isabel II. Además, Maza incluyó entre sus argumentos a favor de Moix que esa operación "está ahora incorporada a la causa de la operación Lezo, y el señor Moix no ha puesto el más mínimo inconveniente y se ha referido a ello". Pese a sus palabras, Maza no desmintió ninguno de los datos aportados por infoLibre en sus informaciones sobre el caso.
Moix se opuso a investigar en tres ocasiones
En su intervención, el fiscal general se refirió a la decisión de Moix de archivar en 2009 la denuncia contra Ignacio González por la trama que permitió a una empresa controlada por su familia lucrarse con el campo de golf del Canal. El entonces fiscal superior de Madrid decretó el archivo sin realizar una sencilla diligencia solicitada por los denunciantes –la asociación Parque Sí en Chamberí– y que habría servido para destapar la trama corrupta. Pero en realidad, tal y como desveló este periódico, Manuel Moix no impidió en una, sino en tres ocasiones, la investigación de la adjudicación del campo de golf.
En 2007, Manuel Moix archivó de plano una primera denuncia de los vecinos del barrio de Chamberí donde se construyó el campo de golf. Dictó un decreto de archivo de la denuncia en tres días hábiles, sin practicar ni una diligencia y en un escrito de 11 líneas que se apoyaba en un argumento que no era cierto.
Después vino el archivo de la denuncia de Parque Sí en Chamberí en 2009, realizada a través de un decreto en el que se afirmaba que no existía ni "indicio", ni "rastro" ni "la más leve sospecha" de irregularidad por parte de Ignacio González.
Y un año después, en 2010, la Fiscalía de Madrid que dirigía Moix se opuso a la admisión a trámite de una querella, presentada también por la asociación Parque Sí en Chamberí, en la que se acusaba al entonces vicepresidente madrileño de cuatro delitos, entre ellos prevaricación y fraude.
El campo de golf del Canal fue inaugurado por Esperanza Aguirre e Ignacio González el 28 de marzo de 2007. Por tanto, las dos denuncias y la querella se presentaron después de que la obra estuviese concluida. En la fase de construcción de las instalaciones deportivas, Dragados había abonado 3,2 millones de euros a una empresa sin apenas actividad, llamada Tecnoconcret, para que instalase el césped del campo de golf. Esa sociedad estaba controlada por la familia González. La Fiscalía podría haber obtenido esos datos simplemente con pedir a la Agencia Tributaria las ventas declaradas de Tecnoconcret. No lo hizo en ninguna de las tres ocasiones en que tuvo que pronunciarse sobre el asunto, a pesar de que en la denuncia de 2009 y en la querella de 2010 se lo pidieron expresamente los denunciantes.
La operación del campo de golf del Canal sí ha sido investigada ahora por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Y es una de las que se describe con detalle en el auto por el que el juez Velasco envió a prisión a Ignacio González y a su hermano Pablo. El cuñado de ambos, José Juan Caballero, logró eludir la cárcel tras pagar una fianza de 100.000 euros.
Moix no responde
José Manuel Maza aseguró este miércoles en el Congreso que Manuel Moix "firmó" en 2009 el decreto de archivo de una denuncia contra Ignacio González por la trama del campo de golf del Canal porque era el fiscal superior, pero que en realidad la propuesta de archivo había sido de otro fiscal, a quien no identificó.
El pasado 27 de abril, infoLibre contactó por cauces oficiales con Manuel Moix para trasladarle ocho preguntas relacionadas con su actuación en el caso González. El ahora fiscal jefe de Anticorrupción hizo un amago de trasladar la versión que ahora contó Maza en el Congreso. Este periódico le indicó que, en ese caso, reformulaba las preguntas planteadas y le envió las diez cuestiones siguientes:
1. ¿Firmó el Sr. Moix el decreto de archivo sin interesarse por las diligencias que había realizado el fiscal responsable de la investigación?
2. En concreto, y dado que figuraba en la denuncia de la Asociación Parque Sí en Chamberí, ¿no le preguntó el Sr. Moix al fiscal responsable de la investigación si había solicitado a la Agencia Tributaria el modelo 347 de las empresas Tecnoconcret y Only Golf?
3. En concreto, y dado que figuraba en la denuncia de la Asociación Parque Sí en Chamberí, ¿no le preguntó el Sr. Moix al fiscal responsable de la investigación si había solicitado a la Seguridad Social la relación de trabajadores de Tecnoconcret?
4. ¿Le pareció al Sr. Moix que se podía cerrar unas diligencias de investigación, centradas en dos empresas, sin pedir el modelo 347 de esas dos empresas?
5. ¿Le preguntó el Sr. Moix al fiscal responsable de la investigación que diligencias había realizado para averiguar si los hechos denunciados contenían indicios de delito? ¿Cuáles fueron esas diligencias?
6. En mayo de 2009, cuando la Asociación Parque Sí en Chamberí presentó su denuncia, la empresa Tecnoconcret ya había recibido más de 3,2 millones de euros de Dragados en teoría para instalar el césped de golf en las instalaciones deportivas del Canal. ¿Conocía ese dato el Sr. Moix?
7. ¿Por qué avaló con su firma el Sr. Moix un decreto de archivo en el que se afirmaba que no existía la "más leve sospecha" de irregularidades cuando una simple diligencia, como el oficio a la Agencia Tributaria para que remitiese el modelo 347, habría descubierto los presuntos delitos ahora desvelados por la Audiencia Nacional?
8. ¿Ha participado el Sr. Moix, bien directamente o bien avalando con su firma como fiscal jefe de Madrid, en alguna otra decisión que haya favorecido al Sr. Ignacio González o a cualquiera de los otros detenidos o investigados en la operación Lezo?
9. ¿Por qué no informó el Sr. Moix en la Junta de Fiscales del pasado martes 18 de abril de que en 2009 había adoptado una decisión que exculpaba a tres de las personas que iban a ser detenidas al día siguiente, precisamente por los mismos hechos por los que él los había exculpado en 2009?
10. ¿No considera el Sr. Moix que, de acuerdo con las causas de abstención que afectan a los fiscales, debería abstenerse en esta causa a la vista de su decreto de 2009, que favoreció a tres de los ahora detenidos y en parte por los mismos hechos ahora bajo investigación judicial?
Un par de horas después de recibir estas preguntas, una portavoz de Manuel Moix indicó a infoLibre que el fiscal jefe de Anticorrupción no iba a responder a las preguntas: ni a las ocho iniciales, ni a las diez planteadas tras el amago de trasladar la responsabilidad del archivo a otro fiscal. Y tampoco sostuvo de forma oficial que él se había limitado a firmar el decreto de archivo por su cargo. El sábado 29 de abril, este periódico publicó la siguiente información: "Las ocho preguntas que Moix no responde sobre su decisión de archivar el caso González en 2009".
El pasado 3 de mayo, infoLibre desveló que Manuel Moix no se había opuesto solo en 2009 a investigar el caso González, sino que en realidad lo había hecho en tres ocasiones: en 2007 archivó otra denuncia contra el entonces vicepresidente madrileño y en 2010 se opuso a la admisión a trámite de una querella contra Ignacio González.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/11/maza_exculpa_moix_del_archivo_del_caso_gonzalez_2009_porque_solo_firmo_que_investigo_otro_fiscal_64913_1012.htmlLA FISCALÍA GENERAL "HA DINAMITADO LA INVESTIGACIÓN DEL CHIVATAZO CONTRA EL SECRETARIO DE ESTADO" AL DIFUNDIR EL ESCRITO
Fuentes jurídicas consultadas por la SER lamentan el "daño" a la "investigación secreta" por el supuesto chivatazo en la operación contra Ignacio González, al distribuir un escrito confidencial dirigido "exclusivamente" al tribunal que debe decidir sobre la excarcelación de González. El documento fue difundido por la Fiscalía General del Estado, con el visto bueno del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix
Fuentes jurídicas lamentan a la SER que “han dinamitado la investigación del presunto chivatazo abierta contra el secretario de Estado”, con la distribución ayer, por parte de la Fiscalía General del Estado y con el visto bueno del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, del escrito secreto en el que se mencionaba esa investigación al número dos de Interior, José Antonio Nieto.
Las mismas fuentes concluyen que desde la Fiscalía General del Estado y la jefatura de Anticorrupción, "han puesto en riesgo la posible petición de documentación, del registro de entradas y salidas a su despacho" en el Ministerio del Interior, y han comprometido "las posibles pruebas del caso y/o su destrucción o manipulación".
Las mismas fuentes sostienen que la distribución de ese escrito en el que se aludía a la "presunta investigación chivada del secretario de Estado de Seguridad", no contaba con el visto bueno de los dos fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García, y fue decisión del jefe, Manuel Moix.
Desde el gabinete de prensa de la Fiscalía General sostienen que se consensuó entre los tres la distribución de ese documento, pero las mismas fuentes niegan a la SER de forma rotunda este extremo. Ese escrito, "secreto y sensible", recalcan, estaba dirigido “exclusivamente" a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como argumentario para evidenciar los altos contactos de Ignacio González, y el riesgo por tanto, de excarcelarlo.
http://cadenaser.com/m/ser/2017/05/10/tribunales/1494421396_712698.htmlRAJOY Y CATALÁ DEFIENDEN LA "INDEPENDENCIA" DE MOIX Y SEÑALAN QUE SU FISCALÍA "FUNCIONA DE MANERA BRILLANTE"
El presidente del Gobierno defiende en el Congreso que su Ejecutivo está mejorando los controles anticorrupción, apoyando a quienes persiguen el delito y endureciendo las sanciones
Echa en cara al PSOE sus escándalos de corrupción y a Podemos que propusiesen que jueces y fiscales fuesen partidarios "del Gobierno del cambio"
El pleno del control al Gobierno en el Congreso de los Diputados de este miércoles fue casi un monográfico de los escándalos de corrupción que afectan al Partido Popular. Superada la primera fase de los Presupuestos Generales del Estado, la oposición sacudió fuerte a Mariano Rajoy y al ministro de Justicia a cuenta de la operación Lezo y la forma en el que el Ejecutivo ha gestionado este caso que mantiene en prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Con el fiscal anticorrupción, Manuel Moix, en el punto de mira por la forma en la que ha llevado las riendas de esta operación, el presidente del Gobierno y Rafael Catalá cerraron filas con él.
"Es un profesional con una amplia trayectoria que actúa con independencia y personalidad", defendió Rajoy en respuesta a Pablo Iglesias (Unidos Podemos). Por su parte, Catalá puso también el énfasis en los "30 años" de carrera de Moix. "Funciona con eficacia cada día. Está actuando cada vez más", subrayó el ministro de Justicia. Después, en una interpelación urgente del PSOE fue más contundente todavía al señalar que "la fiscalía anticorrupción funciona de manera brillante".
El pleno de este miércoles vino cargado de preguntas al Ejecutivo relacionadas con la operación Lezo. En total, siete preguntas dirigidas a Rajoy, Catalá y al titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, y una interpelación al titular de Justicia sobre las actuaciones del Ministerio Fiscal.
El presidente del Gobierno consideró que el líder de Podemos "debería alegrarse" de funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción y subrayó que postura es la de "independencia absoluta" de esta para la "persecución del delito".
Pablo Iglesias recordó la campaña de 2009 del Partido Popular, entonces en la oposición, para que dimitiese el ministro Bermejo tras conocerse que había estado de cacería con el juez Garzón en plena operación Gürtel. Y Rajoy le respondió recordándole que su programa del "Gobierno del cambio", que quiso consensuar con el socialista Pedro Sánchez, pretendía "jueces y fiscales" comprometidos con ese Ejecutivo.
"Yo creo que los jueces y fiscales no tienen que estar comprometidos ni con el Gobierno del cambio, ni del recambio, ni por el mismo. Creo que deben estar comprometidos con el Estado de Derecho", sostuvo el presidente de los conservadores.
Antes había sido el turno del socialista Antonio Hernando, que se había interesado por qué piensa hacer el Gobierno para "recuperar la confianza de los ciudadanos" en medio de los escándalos de corrupción que afectan al PP.
Rajoy respondió que el Ejecutivo está en "mejorar los controles", "apoyar a quienes persiguen el delito" y en "endurecer" las sanciones.
A Hernando no le satisfizo la respuesta: "Ustedes no son vistos como luchadores contra la corrupción, sino como cómplices". Además, le recordó cómo en su día creyó al extesorero del PP, Luis Bárcenas citándole literales de su comparecencia parlamentaria en el Senado en la que pidió perdón por haber creído "a un falso inocente".
No entrar en el "juego del PSOE"
"No voy a entrar en su juego", espetó Rajoy a Hernando al tiempo que presumió del "sinfín" de iniciativas que el PP ha aprobado contra la corrupción en la Cámara. Además, le dijo que no iba a enumerar los escándalos del corrupción del PSOE porque se le iba a acabar el tiempo.
Apuntando, sin mencionarlo, al proceso abierto de renovación de liderazgo del PSOE, Rajoy achacó la intervención de Hernando "a un problema interno".
"Le animo a aprobar los Presupuestos", sostuvo. Donde, señaló, se incluyen los "refuerzos" planteados por las Fiscalía.
"Lo que ha hecho usted hoy sólo sirve para consumo interno", zanjó Rajoy.
El 'bloqueo' de Moix
Tal y como ha publicado infoLibre, Manuel Moix, que fue fiscal superior de Madrid entre julio de 2003 y septiembre de 2015, impidió hasta en tres ocasiones que se investigase la trama societaria creada por Ignacio González y su familia para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II.
En 2007, archivó de plano una primera denuncia de los vecinos del barrio de Chamberí donde se construyó el campo de golf. El entonces fiscal jefe de Madrid decretó el archivo en tres días hábiles, sin practicar ni una diligencia y en un escrito de 11 líneas que se apoyaba en un argumento que no era cierto.
Después vino el archivo de la denuncia de Parque Sí en Chamberí en 2009, realizada a través de un decreto en el que se afirmaba que no existía ni "indicio", ni "rastro", ni "la más leve sospecha" de irregularidad por parte de Ignacio González.
Y un año después, en 2010, la Fiscalía de Madrid que dirigía Moix se opuso a la admisión a trámite de una querella, presentada también por la asociación Parque Sí en Chamberí, en la que se acusaba al entonces vicepresidente madrileño de cuatro delitos, entre ellos prevaricación y fraude.
Comparecencias
Catalá, y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, comparecerán en la tarde de este miércoles ante la Comisión de Justicia para dar explicaciones de la operación Lezo y las discrepancias nacidas en el seno de la Fiscalía Anticorrupción, tras las últimas decisiones tomadas por el fiscal jefe de este departamento, Manuel Moix, relacionadas con la mencionada investigación o la sustitución de los fiscales de la presunta financiación ilegal de Convergència, informa Europa Press.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/10/rajoy_congreso_corrupcion_lezo_64858_1012.htmlMANUEL MOIX PLANTEÓ CAMBIAR DE FISCALES HORAS ANTES DE LA 'OPERACIÓN LEZO'
La Fiscalía mantiene en todo momento que la intención no era relevarles sino cumplir con la normativa del Ministerio fiscal.
El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, planteó cambiar a los dos fiscales encargados de la 'Operación Lezo' horas antes de proceder a la detención de Ignacio González. Dejó constancia en un decreto, del que ha tenido conocimiento EL ESPAÑOL, que no lo hacía ante la “premura de tiempo para designar otros fiscales en la llevanza del presente procedimiento”.
Fuentes de la Fiscalía han explicado a EL ESPAÑOL que este decreto responde al cumplimiento escrupuloso de la normativa del Ministerio fiscal. Añaden que el fiscal jefe de Anticorrupción, lejos de tener la intencionalidad de relevar a los fiscales, buscaba eximirles de las responsabilidades de no acatar su orden ante la proximidad de la operación que se iba a llevar a cabo.
Alegan que el incumplimiento de su orden podría acarrearles consecuencias disciplinarias y el fiscal jefe les liberaba de esa responsabilidad.
Este decreto está firmado el día 18 de abril, horas antes de explotar la 'Operación Lezo' por la Guardia Civil y dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. En él deja constancia de que antes de las detenciones y los registros, seguía planeando la posibilidad de retirar a los fiscales Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez de la causa. Un día antes ya habían sido patentes las discrepancias mostradas por ambos ante las órdenes de su superior.
Este documento es elaborado por el fiscal jefe después de que los fiscales se negaran a acatar una de sus órdenes. Concretamente, Moix había indicado que sus fiscales se opusieran a los registros relacionados con la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001, bajo el mandato del exministro Alberto Ruiz-Gallardón.
Los fiscales decidieron convocar una Junta de Fiscales, con todos los miembros de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid para debatir la orden del jefe. Finalmente, 22 votaron en contra de la orden, y sólo un fiscal apoyó la postura de Moix y otro de ellos se abstuvo.
Ante este resultado, el fiscal jefe firmó un decreto en el que rectificaba la orden sobre Inassa, pero se ratificaba en su mandato de que no solicitaran para ninguno de los detenidos previstos para el día siguiente el delito de organización criminal. Respecto de esta orden, dejaba constancia que les eximía de cualquier responsabilidad derivada del cumplimiento de la misma, “ante la premura para designar otros fiscales en la llevanza del presente procedimiento”.
La tensión vivida en la Fiscalía Anticorrupción a cuenta de esta operación ha levantado sospechas sobre posibles presiones vividas en el seno de la investigación para acotar parte del caso. Dos días antes de la operación policial, Moix dio una serie de órdenes respecto de los registros que se iban proceder.
Orden de la sala de lo penal
En ese momento, los fiscales le anunciaron su oposición y uno de ellos le informó de su decisión de abandonar su puesto en Madrid si debía cumplirlo. Finalmente, se convocó la Junta de Fiscales el día siguiente, con la práctica totalidad de la mayoría de los compañeros a favor de continuar con toda la causa.
A la semana siguiente de la operación, y ya con el ex presidente de la Comunidad de Madrid en prisión, Moix recordó al fiscal su oferta de abandonar su puesto, dándole tres días para ello. A día de hoy, no ha habido ninguna notificación de que se haya producido dicho cambio.
El fiscal jefe se oponía principalmente a que se obtuvieran pruebas sobre la compra de Inassa por 100 millones de euros, un precio muy superior a su valor real, y que se ha estado pagando hasta 2012. Sin embargo, este diario ya publicó que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al primer juez que instruyó esta causa que debía investigar dentro de este asunto esta operativa, al ser el origen del saqueo del Canal de Isabel II.
http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20170509/214728602_0.htmlMOIX MINTIÓ AL NEGAR QUE INTENTARA APARTAR A LOS FISCALES DEL 'CASO LEZO’
El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, firmó un decreto la víspera de la operación contra la trama liderada por Ignacio González, en el que alude a la próxima designación de “otros Fiscales en la llevanza del presente procedimiento”. La maniobra de Moix fue abortada por el escándalo generado cuando la SER destapó sus intenciones
Cuando el pasado 26 de abril la Cadena SER avanzó que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, quería apartar de la ‘operación Lezo’ a Carlos Yáñez, el fiscal que ha llevado la investigación junto a Carmen García desde hace 18 meses, el propio Manuel Moix lo negó de forma tajante. Aseguró que había sido Yáñez quien había pedido su traslado a Granada, y que nunca había sido su intención apartarle del caso. Prueba de ello, sostuvo Manuel Moix en una nota oficial, era que “recientemente” había pedido al Fiscal General del Estado la renovación de Yáñez.
Sin embargo, un documento inédito prueba que el Fiscal jefe Anticorrupción miente. Se trata de un decreto firmado por el propio Moix a la finalización de la junta de fiscales anticorrupción celebrada el 18 de abril, víspera de la operación contra el entramado supuestamente liderado por Ignacio González.
En el decreto, Manuel Moix, exime a Carlos Yáñez y Carmen García de las “responsabilidades” en que puedan incurrir en el cumplimiento de sus obligaciones a la hora de ejecutar la operación, “ante la premura de tiempo para designar a otros Fiscales en la llevanza del presente procedimiento”.
http://cadenaser.com/m/ser/2017/05/08/tribunales/1494272530_491482.htmlSOFÍA PUENTE: "LA ÚNICA SALIDA ES EL CESE DE MOIX Y LA DIMISIÓN DEL FISCAL GENERAL"
Una de las integrantes del Consejo Fiscal pide la renuncia del fiscal general del Estado para que "la institución recupere la credibilidad"
El cese del fiscal anticorrupción, Manuel Moix, no es suficiente para que la fiscalía recupere la credibilidad, según la fiscal Sofía Puente, que es una de las integrantes del Consejo Fiscal a propuesta de la Unión Progresista de Fiscales. En una entrevista en Hoy por Hoy, Puente cree que "la responsabilidad de que Moix esté en la fiscalía anticorrupción es del fiscal general y la recuperación de la credibilidad de la institución pasa por el cese de Moix y por la dimisión o renuncia del fiscal general".
Puente cree que "cualquier decisión que adopte Moix quedará sometida a sospecha por su apariencia de parcialidad" y recuerda que la anterior fiscal general del estado, Consuelo Madrigal, no fue renovada por "no ser sensible a los cambios que quería introducir el Gobierno en la fiscalía".
http://cadenaser.com/m/programa/2017/05/05/hoy_por_hoy/1493969337_803449.htmlLA INTENCIÓN DE MOIX DE BORRAR LAS "CONVERSACIONES PRIVADAS" DEL 'CASO LEZO' ABRE INTERROGANTES SOBRE QUÉ QUIERE ELIMINAR
El fiscal jefe Anticorrupción aduce que se han filtrado grabaciones "que no tienen relación alguna con los delitos investigados"
Cuando ocupaba la jefatura de la Fiscalía en Madrid bloqueó la incorporación de los correos de Blesa bajo el argumento de que eran privados pero el juez Andreu se los reclamó luego a Bankia
Las declaraciones con las que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha anticipado este jueves su plan para sacar del sumario de la Operación Lezo las "conversaciones privadas" han abierto el interrogante de qué quiere exactamente eliminar y cuáles de las grabaciones telefónicas filtradas considera de índole privada.
Fuentes que siguen de cerca la investigación y consultadas por infoLibre recalcan que "no puede considerarse privada" ninguna conversación relativa a la relación que el expresidente madrileño, Ignacio González, y los otros investigados mantenían con destacadas personalidades del ámbito jurídico y político.
Durante una entrevista concedida a Onda Cero, Moix se mostró extremadamente crítico con la filtración de las escuchas que han permitido a la opinión pública conocer la tupida red de contactos e informadores de que seguía disponiendo el expresidente de Madrid como figura de influencia. Las conversaciones que han visto la luz constatan, por ejemplo, que Ignacio González estaba al tanto de que se le investigaba; y que consideraba una magnífica opción -"si sale es cojonudo"- que Moix resultara designado fiscal jefe Anticorrupción, como finalmente ocurrió; o que era partidario de que el Gobierno mandase al juez Eloy Velasco "a escarbar cebollinos".
Observadores que siguen de cerca el caso temen que Moix prepare en la 'Operación Lezo' una maniobra similar a la empleada cuando en su anterior cargo como fiscal jefe de Madrid prohibió la difusión de los correos secretos de Blesa y su incorporación a las diligencias judiciales sobre Caja Madrid. Entonces, Moix argumentó que aquellos correos, enviados y recibidos desde el servidor de la hoy extinta entidad de ahorro, poseían un carácter estrictamente privado y no guardaban ninguna conexión con los presuntos delitos que investigaba Elpidio Silva, que a raíz de aquel caso fue expulsado de la carrera judicial. Adelantados por infoLibre, los correos secretos de Blesa desvelaban hechos como que Caja Madrid ya era consciente en 2006 del fiasco de las preferentes. El juez Fernando Andreu terminó reclamándoselos a Bankia precisamente para sumarlos a la causa sobre la emisión de esas participaciones.
En la entrevista con Onda Cero, Moix puso el acento en la inquietud que le genera que los medios de comunicación publiquen lo que forma parte de un procedimiento secreto. Y a caballo entre el recordatorio y la propuesta, deslizó que en Alemania se sanciona a los medios de comunicación que publican filtraciones de sumarios.
"Eso –dijo en referencia a las filtraciones– socava el Estado de derecho porque las actuaciones de un procedimiento penal son siempre reservadas y en este caso además están declaradas expresamente secretas". Y fue aquí donde detalló su propósito de podar el sumario: "Hay una serie de conversaciones que tarde o temprano van a desaparecer porque no afectan para nada a los delitos que se están investigando y sin embargo se están filtrando, y creo que eso hace un flaco favor al estado de derecho porque parece que todos tenemos derecho a conocer asuntos reservados y conversaciones privadas que, insisto, tarde o temprano van a desaparecer del procedimiento porque no tienen relación ninguna con los presuntos delitos que se investigan".
Durante la entrevista, Moix no quiso responder a la iniciativa presentada por infoLibre para pedir su destitución por torpedear investigaciones contra el PP. El fiscal jefe Anticorrupción justificó de nuevo el hecho de que se negase a practicar una sencilla diligencia que habría destapado la trama en 2009. No lo hizo -arguyó- porque que no existía ni “indicio”, ni “rastro” ni “la más leve sospecha” de irregularidad por parte de Ignacio González.
Según sus palabras, "nunca" ha intentado que un cargo político se librara de una investigación. Como publicó este diario, durante su estancia al frente de la Fiscalía madrileña, Moix evitó en tres ocasiones que se investigase el caso de Ignacio González. En 2009, una asociación vecinal ya denunció que la familia del político se había beneficiado con la adjudicación de un campo de golf promovido por el Canal de Isabel II, donde Gonzalez ejercía un control absoluto.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/05/la_intencion_moix_sacar_del_sumario_operacion_lezo_las_conversaciones_privadas_alarma_los_investigadores_64667_1012.htmlEL CONSEJO FISCAL RECHAZA CESAR AL JEFE ANTICORRUPCIÓN
El fiscal general paraliza de momento la decisión de Moix de relevar a los investigadores del caso del 3%
El Consejo Fiscal, órgano de representación del ministerio público, ha rechazado este jueves, por mayoría de 9 a 3, pedir al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que destituya al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix. El sector progresista del Consejo solicitó la destitución de Moix al entender que está “en cuestión” su “necesaria e imprescindible apariencia de imparcialidad” tras los recientes enfrentamientos con miembros de su fiscalía a raíz del caso Lezo y del caso del 3%.
En el orden del día de este miércoles, el órgano consultivo debía debatir la petición de amparo de los fiscales José Grinda, Fernando Bermejo y Juan José Rosa tras la denuncia de un empresario imputado en el caso Emperador y a la que Moix dio curso enviándola a la Fiscalía Superior de Cataluña. Además, el Consejo debía estudiar la orden del jefe anticorrupción de retirar del caso del 3% a Grinda y Bermejo, a lo que estos se oponían.
José Manuel Maza ha paralizado de momento la decisión de Moix de relevar a los dos miembros de la carrera que hasta ahora estaban asignados a la instrucción del denominado caso del 3%, en el que se investigan presuntas comisiones ilegales de CDC en Cataluña. Ante el Consejo Fiscal, ha señalado que necesita más información antes de refrendar este cambio.
Sin embargo, el Consejo Fiscal celebrado este jueves ha rechazado conceder el amparo solicitad por Grinda, Bermejo y Rosa.
Ambas decisiones fueron comunicadas al término del Consejo Fiscal por los vocales Cristina Dexeus -de la Fiscalía de Barcelona y que ha hablado por cuenta de los fiscales de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales (AF)- y Eduardo Esteban, fiscal en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional y uno de los tres vocales que representan a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en este órgano.
El órgano representativo, formado por 12 fiscales y presidido por Maza, se limitó tras la reunión a remitir un comunicado en el que “reconoce la labor de los integrantes de la Fiscalía Anticorrupción, alienta su trabajo y reclama para ellos respeto”. Además, solicita que “se garanticen las mejores condiciones para desarrollar con eficacia” la función de los fiscales. La nota no hace referencia alguna a las peticiones de destitución de Moix ni al apartamiento sorpresivo de los fiscales del 3%.
Los tres vocales del sector progresista -Eduardo Esteban Rincón, Sofía Puente Santiago y Fernando Rodríguez Rey- lanzaron a su vez un comunicado, en el que anunciaban que habían planteado al fiscal general Maza “la conveniencia de remover” al fiscal jefe anticorrupción Moix.
“No podemos permanecer ajenos a lo que ocurre a nuestro alrededor. No podemos ignorar que las conversaciones (telefónicas) que recientemente se han hecho públicas dañan la credibilidad del Fiscal Jefe y ponen en cuestión la necesaria e imprescindible apariencia de imparcialidad que ha de revestir a quien ostenta un cargo de tal responsabilidad”, señala la nota, en referencia a los pinchazos telefónicos del caso Lezo en los que se escucha a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y principal implicado en la trama, felicitarse del nombramiento de Moix al frente de Anticorrupción, que no se consumó hasta meses después, en marzo de 2017.
Los fiscales progresistas también rechazan la gestión del principio de jerarquía que ha hecho Moix en el caso Lezo, cuando ordenó por escrito al fiscal Carlos Iáñez que no solicitara al juez una serie de registros de empresas. Este hecho provocó una situación insólita: la convocatoria, a petición de Iáñez, de una junta de fiscales anticorrupción al amparo del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
En un comunicado remitido a primera hora de la tarde, la Unión Progresista de Fiscales insistió en su petición de cese del fiscal Moix, quien, afirman, "ha demostrado su falta de idoneidad para dirigir un colectivo profesional como es la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado". La agrupación progresista reprueba también la intervención del fiscal general. Según ellos, Maza "ha evidenciado no saber gestionar la compleja y delicada coyuntura en la que los acontecimientos le han colocado, revelando asimismo que su inexperiencia y falta de conocimiento de la Carrera Fiscal".
El PP retrasa la reprobación de Maza y Moix en el Congreso
El PP ha conseguido ganar tiempo en el Congreso en defensa del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, nombrado por el Gobierno, y del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, designado por aquel. La formación conservadora ha vetado en la Junta de Portavoces de la Cámara baja que se debata en el pleno del próximo martes la iniciativa del PSOE y de Ciudadanos en la que se pide la reprobación de ambos miembros de la cúpula fiscal.
La iniciativa ya había sido admitida a trámite por la Mesa del Congreso, pero los populares se han agarrado al hecho de que el orden del día no será publicado hasta mañana viernes para impedir que se debata la semana que viene. La maniobra, basada en motivos formales, hará que este debate se retrase a un pleno posterior.
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/03/actualidad/1493797032_966334.htmlLOS PARTIDOS RECHAZAN QUE SE SANCIONE A LOS MEDIOS QUE PUBLICAN SUMARIOS SECRETOS
Podemos ve "vergonzoso" que a Moix le preocupe "matar al mensajero" en lugar de los asaltos a casas de fiscales
El Ministerio de Justicia pide equilibrar el derechos a la información con la intimidad
El diputado y secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafael Mayoral, considera "vergonzoso" que el fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, esté más preocupado por "matar al mensajero" que de que se estén asaltando las casas de los fiscales.
De esta forma ha respondido Mayoral, en los pasillos del Congreso, a unas declaraciones del propio Moix, quien esta mañana ha pedido medidas para evitar o al menos reducir la filtración de sumarios que están declarados secretos recordando que en países como Alemania se sanciona a los medios de comunicación que las publican.
El diputado de la formación morada ha censurado las palabras de fiscal Anticorrupción, a quien, a su juicio, lo que le debería de preocupar de verdad no es "matar al mensajero", sino "proteger" a los profesionales que investigan la corrupción.
En la misma línea el secretario de Análisis Estratégico y Gobernanza de Podemos, Íñigo Errejón, ha apuntado que le gustaría que España fuera un país del que "poder presumir" en términos de libertad de prensa y no en el que muchos profesionales, entre los que también ha citado a los fiscales, "se la juegan" para poder hacer su trabajo o les impiden realizarlo ante la "amenaza" de un Gobierno "atrincherado" en las instituciones.
"Marear la perdiz"
El diputado de Ciudadanos Toni Cantó se ha unido al rechazo hacia el planteamiento del fiscal jefe Anticorrupción y ha pedido a Moix que no intente "marear la perdiz".
"Él es el que ha creado problemas en la Fiscalía, los medios en ningún caso", ha indicado el diputado respecto a los problemas dentro de la institución que han salido a la luz de la Operación Lezo y de la investigación al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez.
Justicia rechaza la sanciones
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha rechazado la posibilidad y se ha mostrado partidario de buscar un "equilibrio" entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad. "Lo que sí hay que hacer es equilibrar el derecho a la información, que es un derecho fundamental con el derecho a la intimidad y a la propia imagen. Ese equilibrio es el que tenemos que conseguir, pero no por la vía de las sanciones".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/04/los_partidos_rechazan_que_sancione_los_medios_que_publican_sumarios_secretos_64624_1012.htmlMOIX INSISTE EN QUE NO HABÍA INDICIOS PARA INVESTIGAR A GONZÁLEZ E IGNORA LAS FIRMAS QUE PIDEN SU DESTITUCIÓN
"Yo no digo que sea partidario de sancionar medios, yo digo lo que se hace en Alemania", ha dicho el responsable de Anticorrupción
El fiscal jefe Anticorrupción también se ha mostrado convencido de que las grabaciones a Ignacio González van a desaparecer del procedimiento penal porque "no tienen relación alguna" con la investigación
El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, no ha querido responder a la iniciativa presentada por infoLibre para pedir su destitución por torpedear investigaciones contra el PP. Moix ha vuelto a justificar en una entrevista en Onda Cero que no practicase una sencilla diligencia que habría destapado la trama en 2009 asegurando que no existía ni “indicio”, ni “rastro” ni “la más leve sospecha” de irregularidad por parte de Ignacio González. Asimismo, ha reiterado que "nunca" ha intentado que un cargo político no fuera investigado y ha manifestado que no es afín a ningún partido.
En la entrevista, el fiscal también se ha mostrado partidario de "valorar" medidas sancionadoras para evitar filtraciones de procedimientos bajo secreto de sumario. Moix ha asegurado que "si nos planteamos esa posibilidad –sancionar a los medios que las publican– habría menos filtraciones y eso perjudicaría menos al Estado de Derecho". No obstante, poco después ha matizado: "No digo que sea partidario de sancionar al medio, digo lo que se hace en Alemania".
El fiscal Anticorrupción ha admitido que no son los medios los que filtran, sino que recogen la filtración que realiza alguien con acceso al sumario, aunque ha insistido en que hay que "valorar" qué medidas se pueden adoptar para evitarlas.
A su juicio, la filtración de sumarios secretos "socava" el Estado de Derecho y ha señalado la falta de sanciones como el "problema" de España para luchar contra ella. En el caso de la Operación Lezo ha subrayado que se están publicando transcripciones de conversaciones grabadas entre el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y otros implicados en la trama como Edmundo Rodríguez Sobrino que, según Moix, "tarde o temprano van a desaparecer" del procedimiento porque "no tienen relación alguna" con la investigación.
Según ha informado Europa Press, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha rechazado la posibilidad de sancionar a los medios de comunicación que publiquen filtraciones, pero sí se ha mostrado partidario de buscar un "equilibrio" entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad. Así, el ministro ha negado que comparta la idea de sancionar porque no cree "que sea necesario en absoluto".
Reunión del Consejo Fiscal
Moix también considera que pedir amparo al Consejo Fiscal "no es la solución" para los fiscales denunciados por su actuación. En la reunión del Consejo Fiscal que se celebrará este jueves, se debatirá sobre las polémicas decisiones adoptadas por el fiscal jefe Anticorrupción y que han originado discrepancias en el seno de este departamento en relación con la Operación Lezo y el relevo de los fiscales del caso tres por ciento por las comisiones ilegales de la antigua Convegència Democrática de Catalunya (CDC), según fuentes fiscales.
Los tres fiscales del caso tres por ciento han pedido amparo después de que Moix haya tramitado una queja presentada contra ellos por uno de los investigados por el caso Emperador que les acusa de coacciones y amenazas.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/04/moix_nos_planteamos_posibilidad_sancionar_medio_comunicacion_habria_menos_filtraciones_64615_1012.htmlLOS INGRESOS DE LA EMPRESA QUE NO INVESTIGÓ MOIX CRECIERON UN 1.858% TRAS QUEDAR BAJO CONTROL DE LA FAMILIA GONZÁLEZ
En el periodo 2003 a 2005, la cifra neta de negocios de Tecnoconcret fue de 187.865 euros. Entre 2006 y 2008, después de que el dueño se asociara con la familia González, esa cantidad se disparó hasta 3,49 millones
La práctica totalidad de los ingresos estaban relacionados con el campo de golf que adjudicó el Canal cuando lo presidía Ignacio González
Todos estos datos estaban en poder de Hacienda y del Registro Mercantil cuando el entonces fiscal superior de Madrid ordenó archivar en 2009 una denuncia contra González
Ignacio González y su familia se lucraron con la construcción y explotación de un campo de golf adjudicado por el Canal de Isabel II, según consta en el auto del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco por el que envió a prisión al expresidente madrileño. La sociedad clave en esa operación presuntamente corrupta se llamaba Tecnoconcret. En dos denuncias y una querella contra González presentadas en los años 2007, 2009 y 2010, los denunciantes pidieron expresamente que se investigase a Tecnoconcret. El entonces fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, archivó las dos denuncias y se opuso a la admisión a trámite de la querella.
El envío de un simple oficio a la Agencia Tributaria o una consulta de las cuentas presentadas por Tecnoconcret en el Registro Mercantil habrían permitido a la Fiscalía de Manuel Moix detectar el siguiente dato: desde que el administrador único de Tecnoconcret se convirtió en socio del hermano y del cuñado de Ignacio González, los ingresos de la sociedad crecieron un 1.858%.
Y la práctica totalidad de esos ingresos estaban relacionados con el campo de golf de Chamberí, adjudicado por el Canal de Isabel II que entonces presidía el propio Ignacio González, quien además era el número dos de Esperanza Aguirre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Una empresa desconocida
Tecnoconcret se constituyó el 29 de mayo de 2003. Como socios fundadores aparecen José Antonio Clemente Martín, que fue nombrado administrador único, y su esposa. Como objeto social declaraba “trabajos de ingeniería”. Y la sede de la compañía se fijó en el domicilio particular del matrimonio.
En sus tres primeros ejercicios, Tecnoconcret es una empresa con una actividad muy escasa. Declara tener un trabajador fijo en plantilla, al que abona una nómina exigua, ya que los gastos de personal son los siguientes: 7.548 euros en 2003, 8.634 euros en 2004 y 8.911 euros en 2005.
Los ingresos también son reducidos en los primeros años de vida de la compañía: el importe neto de la cifra de negocios se sitúa en 18.527 euros en 2003, 74.002 euros en 2004 y 95.336 euros en 2005. Por tanto, en el periodo 2003 a 2005, la cifra de negocios total asciende a 187.865.
Todos estos datos –la sede social en un domicilio particular, la baja cifra de ingresos y que sólo tenga un trabajador en plantilla– son propios de un autónomo que crea una sociedad para operar a través de ella.
Socio de la familia González
La situación para Tecnoconcret cambia de forma drástica en 2006. El 21 de junio de aquel año, José Antonio Clemente Martín funda otra empresa junto a dos socios: Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del entonces vicepresidente madrileño. La nueva sociedad se llama Tamanaco 07 Consulting y el accionariado se distribuye a partes iguales entre los tres socios. El objeto social era “la promoción y explotación de instalaciones deportivas”. Pablo González también está en prisión por la operación Lezo y su cuñado logró evitar la cárcel tras pagar una fianza de 100.000 euros.
Un mes después, el 19 de julio de 2006, el consejo de administración del Canal de Isabel II –presidida por Ignacio González– modifica el proyecto que había sido aprobado tres años para convertir la zona de los antiguos depósitos de agua en un parque público. La nueva zona verde de uso público se reduce de 80.000 a 33.746 metros cuadrados mientras que la zona deportiva y las edificaciones complementarias pasan de 5.156 a 58.849 metros cuadrados. En esa zona deportiva se destina una superficie de 44.094 metros cuadrados para un campo de golf.
La construcción de las instalaciones deportivas se había adjudicado a ACS, que presidía Florentino Pérez. Y una de las empresas del grupo, Dragados, contrató para la instalación del césped del campo de golf del Canal curiosamente a Tecnoconcret. En otras palabras: una de las principales constructoras de España decide contratar para esa obra a una compañía que tiene un empleado, cuya sede social está en un domicilio particular, que carece de toda experiencia previa en el terreno de las instalaciones deportivas, que apenas tiene actividad y que carece de conocimientos técnicos para realizar el trabajo que se le encarga. Pero, eso sí, se trata de una sociedad que tiene como administrador único al socio del hermano y del cuñado de Ignacio González, que es precisamente quien ha decidido cambiar el proyecto del Canal para instalar allí un campo de golf de nueve hoyos en vez del parque público previsto.
Los ingresos se disparan
Según consta en el auto del magistrado Eloy Velasco, Dragados pagó a Tecnoconcret 3,26 millones de euros en los años 2006 y 2007. Como esta compañía no podía abordar la instalación del césped subcontrató los trabajos a otra sociedad, denominada Only Golf Planning and Design, a la que abonó 2,68 millones. Es decir, simplemente por actuar como intermediaria en la operación, Tecnoconcret se embolsó 578.000 euros.
Las cuentas presentadas por la compañía en el Registro Mercantil de Madrid certifican que los ingresos se dispararon de forma meteórica. El importe neto de la cifra de negocios alcanzó 1.423.395 euros en 2006 y 1.658.181 euros en 2007. La suma de ambas cantidades es inferior a los 3,26 millones que cita Eloy Velasco porque en el Registro Mercantil se declara la cifra neta, mientras que el magistrado solicitó las ventas declaradas a la Agencia Tributaria a través del modelo 347, donde se consigna el importe bruto (con IVA). En 2008, el importe neto de la cifra de negocio de Tecnoconcret se situó en 597.892 euros.
En definitiva, en los tres primeros años de vida de la compañía, cuando José Antonio Clemente aún no se había convertido en socio de la familia González, Tecnoconcret tuvo unos ingresos netos totales de 187.865 euros. Y en los tres años siguientes, ya como socio de los González, la cifra de negocios se elevó a 3.680.008 euros. Lo que significa que los ingresos netos de Tecnoconcret crecieron un 1.858% después de que su administrador único se convirtiese en socio de la familia del vicepresidente. Y la práctica totalidad de esos ingresos estaban relacionados con las instalaciones del campo de golf del Canal, que se construyó por decisión de Ignacio González.
El fiscal no investigó
La decisión del Canal de Isabel II –la principal empresa pública de Madrid– de instalar un campo de golf donde estaba previsto un parque público despertó una importante oposición entre los vecinos del barrio de Chamberí. Entre otras iniciativas, como explicó este miércoles infoLibre, presentaron dos denuncias ante la Fiscalía y una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra Ignacio González.
Las dos denuncias y la querella tenían un elemento en común: colocaban a Tecnoconcret en el centro de la trama y pedían que se investigase a esta empresa, después de que Tiempo y Público desvelasen todos los datos clave sobre su relación con la familia González.
Manuel Moix, entonces fiscal jefe de Madrid y ahora fiscal jefe de Anticorrupción, archivó la primera denuncia en junio de 2007. Lo hizo en tres días hábiles, sin practicar ni una sola diligencia y mediante un decreto de 11 líneas. En aquel momento, Tecnoconcret ya había presentado ante la Agencia Tributaria el modelo 347 correspondiente al año 2006 –con la relación de todas las compras y ventas de la empresa por un importe superior a 3.005 euros–, donde constaba que había sido contratada por Dragados. Con un simple oficio enviado a Hacienda, Moix podría haber descubierto ese dato.
La segunda denuncia la archivó Manuel Moix en octubre de 2009. La asociación denunciante, Parque Sí en Chamberí, solicitó en esta ocasión expresamente que se solicitase a la Agencia Tributaria el modelo 347 de Tecnoconcret. En el decreto de archivo, que al igual que en 2007 firmó el propio Moix, no se hace mención alguna a la práctica de las diligencias solicitadas por los denunciantes.
Para entonces, todos los datos relevantes sobre la adjudicación del campo de golf del Canal ya figuraban en la Agencia Tributaria y en el Registro Mercantil de Madrid. Con la información que era de dominio público y dirigiéndose a esos dos organismos, es decir, realizando una investigación mínima y sencilla, el fiscal Moix sabría:
1. Que el Canal de Isabel II, empresa presidida por Ignacio González, decidió en julio de 2006 cambiar el proyecto diseñado para regenerar la zona que ocupaban los antiguos depósitos de agua y construir un campo de golf donde iba a ir un parque público.
2. Que la instalación del césped del campo de golf se adjudicó a una sociedad –Tecnoconcret– que tenía un empleado, carecía de experiencia en el sector y no tenía capacidad para abordar la obra.
3. Que el administrador único de Tecnoconcret era el socio del hermano y del cuñado de Ignacio González.
4. Que los ingresos de Tecnoconcret habían mejorado un 1.858% desde que su administrador único era socio de la familia González.
5. Que prácticamente la totalidad de los ingresos de Tecnoconcret procedían del campo de golf del Canal, un proyecto decidido y aprobado por Ignacio González.
Lo que hizo Manuel Moix fue archivar esta segunda denuncia, mediante un decreto de cinco páginas, en el que se afirmaba que no existía “indicio o rastro alguno que permita, siquiera, la más leve sospecha de que se hubiera producido algún tipo de sugerencias, insinuaciones, presiones o similar por parte del vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, a fin de que las decisiones adoptadas lo fueran en un determinado sentido”.
Un año después, en 2010, la asociación Parque Sí en Chamberí presentó una querella contra Ignacio González por la comisión de cuatro posibles delitos en relación con la adjudicación del campo de golf. La Fiscalía de Madrid, dirigida por Manuel Moix, evacuó un informe oponiéndose a la admisión a trámite de la querella. Los argumentos que utilizaba eran los mismos que había suscrito Moix en su decreto de archivo de 2009. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió no admitir a trámite la querella. Como es obvio, todos los datos que ya se conocían en 2009, también se podrían haber descubierto mediante una sencilla investigación judicial en 2010. Los querellantes también solicitaron expresamente que se pidiera a la Agencia Tributaria el modelo 347 de Tecnoconcret. Pero su solicitud no fue atendida.
infoLibre ha intentado, en reiteradas ocasiones, conocer la versión de Manuel Moix sobre su actuación en este caso. El fiscal jefe de Anticorrupción se ha negado a contestar a las preguntas planteadas por este periódico.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/04/los_ingresos_empresa_que_investigo_moix_crecieron_858_tras_quedar_bajo_control_familia_gonzalez_64600_1012.htmlNUEVOS DOCUMENTOS DESVELAN QUE EL FISCAL MOIX EVITÓ EN TRES OCASIONES QUE SE INVESTIGASE EL 'CASO GONZÁLEZ'
En 2007 archivó de plano una primera denuncia, en tres días hábiles, sin practicar ni una diligencia y en un escrito de 11 líneas que se apoyaba en un argumento que no era cierto
En 2009 decretó el archivo de una segunda denuncia de la asociación Parque Sí en Chamberí, sin realizar una sencilla diligencia solicitada por los denunciantes y que habría servido para descubrir la trama
En 2010, la Fiscalía de Madrid que entonces dirigía se opuso a la admisión a trámite de una querella contra González por cuatro delitos
Manuel Moix, que fue fiscal superior de Madrid entre julio de 2003 y septiembre de 2015, impidió hasta en tres ocasiones que se investigase la trama societaria creada por Ignacio González y su familia para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II. infoLibre desveló la semana pasada que el ahora fiscal jefe de Anticorrupción había tapado el caso en 2009, al no investigar una denuncia de la asociación Parque Sí en Chamberí. Moix decretó el archivo sin realizar una sencilla diligencia solicitada por los denunciantes y que habría servido para destapar la trama corrupta. Nuevos documentos a los que ha tenido acceso este periódico desvelan que en realidad Manuel Moix no impidió en una, sino en tres ocasiones, la investigación de la adjudicación del campo de golf.
En 2007, Manuel Moix archivó de plano una primera denuncia de los vecinos del barrio de Chamberí donde se construyó el campo de golf. El entonces fiscal jefe de Madrid decretó el archivo en tres días hábiles, sin practicar ni una diligencia y en un escrito de 11 líneas que se apoyaba en un argumento que no era cierto.
Después vino el archivo de la denuncia de Parque Sí en Chamberí en 2009, realizada a través de un decreto en el que se afirmaba que no existía ni “indicio”, ni “rastro” ni “la más leve sospecha” de irregularidad por parte de Ignacio González.
Y un año después, en 2010, la Fiscalía de Madrid que dirigía Moix se opuso a la admisión a trámite de una querella, presentada también por la asociación Parque Sí en Chamberí, en la que se acusaba al entonces vicepresidente madrileño de cuatro delitos, entre ellos prevaricación y fraude.
El campo de golf del Canal fue inaugurado por Esperanza Aguirre e Ignacio González el 28 de marzo de 2007. Por tanto, las dos denuncias y la querella se presentaron después de que la obra estuviese concluida. En la fase de construcción de las instalaciones deportivas, Dragados había abonado 3,2 millones de euros a una empresa sin apenas actividad, llamada Tecnoconcret, para que instalase el césped del campo de golf. Esa sociedad estaba controlada por la familia González. La Fiscalía podría haber obtenido esos datos simplemente con pedir a la Agencia Tributaria las ventas declaradas de Tecnoconcret. No lo hizo en ninguna de las tres ocasiones en que tuvo que pronunciarse sobre el asunto, a pesar de que en la denuncia de 2009 y en la querella de 2010 se lo pidieron expresamente los denunciantes.
La operación del campo de golf del Canal sí ha sido investigada ahora por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Y es una de las que se describe con detalle en el auto por el que el juez Velasco envió a prisión a Ignacio González y a su hermano Pablo. El cuñado de ambos, José Juan Caballero, logró eludir la cárcel tras pagar una fianza de 100.000 euros.
infoLibre detalla a continuación las tres ocasiones en que la Fiscalía dirigida por Manuel Moix impidió que se investigase la trama de la familia González en el campo de golf del Canal.
Junio de 2007: Moix archiva la primera denuncia vecinal
El 27 de abril de 2007, la revista Tiempo publicó una información en la que desvelaba que Ignacio González había favorecido directamente a una empresa relacionada con su familia. Los hechos eran los siguientes. En diciembre de 2006, el Canal de Isabel II –la principal empresa pública de Madrid– adjudicó la explotación del campo de golf a un consorcio que estaba integrado por tres sociedades: Iridium, del grupo ACS; Soto Once, que ya gestionaba otros campos de golf, y Tecnoconcret, una compañía que apenas tenía actividad y que era la clave en la presunta operación corrupta. El consorcio se denominó Green Canal Golf.
Tecnoconcret tenía como administrador único a José Antonio Clemente Martín, que había fundado la empresa junto a su esposa en mayo de 2003. Con un capital de 3.010 euros y la sede social en el domicilio particular del matrimonio, en sus primeros años de vida apenas tuvo actividad y declaraba contar con uno o dos trabajadores en plantilla, dependiendo del año. Pero todo cambio a partir del 21 de junio de 2006, cuando Clemente fundó otra sociedad denominada Tamanaco 07 Consulting junto a otros dos socios: Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del entonces número dos de Aguirre. Cada uno de ellos se quedó con el 33,3% de la firma, dedicada precisamente a “la promoción y explotación de instalaciones deportivas”.
Sólo cinco meses después de que Clemente se convirtiese en socio de la familia González, Tecnoconcret recibió la adjudicación para explotar el campo de golf del Canal, junto a Iridium y Soto Once. La decisión se tomó en una reunión del consejo de administración de la empresa pública madrileña, presidida por el propio Ignacio Gonzalez, quien no se abstuvo en la votación y ocultó al resto de consejeros que el dueño de Tecnoconcret era socio de su hermano y de su cuñado.
El mismo día que se publicó la información de la revista Tiempo, Ignacio González compareció ante los medios de comunicación para ofrecer su versión. González no negó ninguno de los datos de la investigación periodística y se escudó en el siguiente argumento: “El Canal de Isabel II no ha hecho ninguna adjudicación a ninguna empresa donde haya ningún familiar mío, y eso es lo único que hay”. El vicepresidente madrileño rehusó hasta en tres ocasiones contestar a la pregunta de si sabía que el socio de sus familiares era el dueño de la empresa adjudicataria.
Archivo en tres días hábiles
El 8 de mayo de 2007, cerca de 400 vecinos del barrio de Chamberí presentaron un escrito en la Fiscalía en el que solicitaban la apertura de una investigación para aclarar si Ignacio González había cometido alguna ilegalidad al no abstenerse en la reunión del consejo de administración del Canal que decidió la adjudicación en favor de Tecnoconcret.
El martes 29 de mayo, entró la denuncia vecinal en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid. Y el lunes 4 de junio, el fiscal Manuel Moix dictó un decreto de archivo de 11 líneas, en el que se afirmaba lo siguiente: “Dado que las denuncias no se sustentan en documentación de ningún tipo que acredite la no abstención y sin perjuicio del valor que tal conducta pudiera merecer, de haberse producido, esto es, simple ilícito administrativo o infracción penal, se acuerda el archivo de las citadas denuncias al no estar acreditado ni siquiera indiciariamente el dato que se denuncia ni su relevancia penal”.
Es decir, el fiscal superior de Madrid archivó la denuncia contra González en tres días hábiles y sin realizar ni una sola diligencia. Y con el agravante de que el único argumento utilizado para justiciar el archivo –que no estaba acreditada “la no abstención” de González en la reunión del Canal donde se acordó la adjudicación– no era cierto. En la comparecencia ante los medios del 27 de abril, el propio González confirmó que la decisión se había adoptado “por unanimidad” y en ningún momento alegó que él se hubiera abstenido. Además, otros consejeros habían confirmado a la prensa que el vicepresidente madrileño había participado en la votación y no les había advertido de los vínculos societarios entre Tecnoconcret y la familia González.
Todo ello sin tener en cuenta que, mediante un simple oficio enviado al Canal de Isabel II, el fiscal Moix podría haber confirmado si González había participado o no en la votación.
Octubre de 2009: Moix archiva la segunda denuncia vecinal
En febrero de 2009, el periódico Público desveló dos hechos nuevos en relación con la trama societaria del campo de golf. Por una parte, el hermano y el cuñado de Ignacio González habían entrado directamente en el accionariado de Tecnoconcret, a través de una ampliación de capital de la sociedad, presentada en el Registro Mercantil de Madrid en noviembre de 2008. De esta forma, Pablo González y José Juan Caballero (este último a través de una compañía interpuesta llamada Proyectos Ecosistemas) pasaban a controlar cada uno de ellos el 31,6% del capital de Tecnoconcret. En aquel momento, la portavoz oficial de González señaló que, desde enero de 2008, Tecnoconcret ya no era accionista de Green Canal Golf.
Por otra parte, el periódico reveló que empresas relacionadas con la familia de González también se habían quedado con subcontratas del proyecto del campo de golf. La principal era Only Golf Planning and Design, que se había encargado de instalar el césped.
Vecinos del barrio, que luchaban para que en los antiguos depósitos del Canal de Isabel II se instalase un parque público y no un campo de golf de nueve hoyos, habían constituido la asociación Parque Sí en Chamberí. Y fue esta quien, a la vista de las informaciones de Público, presentó una segunda denuncia contra González ante la Fiscalía de Madrid.
Como desveló infoLibre la semana pasada, la denuncia constaba de nueve páginas, iba acompañada de toda la documentación oficial del Registro Mercantil que respaldaba los datos desvelados en las informaciones periodísticas y acusaba a González de la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias.
En la denuncia se solicitaba a la Fiscalía la práctica de varias diligencias de averiguación, entre ellas enviar un oficio a la Agencia Tributaria para obtener la relación del modelo 347 presentado por las compañías Tecnoconcret y Only Golf en los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Y también que se solicitase a la Seguridad Social la relación de trabajadores de Tecnoconcret en ese mismo periodo.
El modelo 347 es una declaración anual que las empresas deben presentar ante Hacienda de forma obligatoria con los datos de las operaciones realizadas con terceros por importe superior a 3.005 euros. En dicha declaración deben figurar tanto los pagos como los ingresos realizados por la compañía.
Los investigadores de casos de corrupción –Guardia Civil, Policía, Fiscalía– piden de forma sistemática el modelo 347 de las empresas sospechosas, ya que les permite hacerse un mapa de las relaciones que confiesan las propias sociedades investigadas. Es además una de las diligencias de investigación más sencillas de practicar, ya que sólo tienen que enviar un oficio a la Agencia Tributaria reclamando la información.
Los datos conocidos ahora en la operación Lezo, según consta en el auto de Eloy Velasco, desvelan que “Tecnoconcret declaró entre los años 2006 y 2007 ventas a la sociedad Dragados, del grupo ACS, por importe de 3,26 millones de euros”. ¿Y en concepto de qué ingresó ese dinero la empresa controlada por la familia González? En teoría para realizar la instalación del césped del campo de golf. Pero en realidad Tecnoconcret no tenía ni capacidad, ni personal, ni conocimientos técnicos para instalar dicho césped, así que subcontrató por 2,68 millones el trabajo con la otra sociedad por la que se interesaban los denunciantes de Parque Sí en Chamberí: Only Golf Planning and Design. La diferencia entre ambas cantidades son aproximadamente 578.000 euros, que el juez Velasco considera una comisión con la que se quedó Tecnoconcret por el simple hecho de actuar como intermediaria en la operación.
Pero Tecnoconcret no sólo se lucró con el campo de golf en la fase de construcción (en 2006 y el primer trimestre de 2007), sino que también lo hizo en la fase de gestión y explotación de las instalaciones deportivas (desde abril de 2007), siempre según la investigación de la UCO. Así, entre los años 2007 y 2012, la compañía declaró ventas al consorcio Green Canal Golf –el encargado de la explotación del campo de golf– por importe de unos 623.000 euros. Así lo destaca el magistrado Velasco en su auto: “Esta sociedad [Tecnoconcret] a pesar de estar desvinculada formalmente del citado consorcio [Green Canal Golf] aún siguió facturando”. Desde noviembre de 2008, el hermano y el cuñado de González eran directamente accionistas de Tecnoconcret.
Cuando en mayo de 2009 los denunciantes de Parque Sí en Chamberí solicitaron al fiscal Manuel Moix que pidiese los modelos 347 de Tecnoconcret y de Only Golf, estas dos compañías ya habían declarado por tanto todas las operaciones relacionadas con la instalación del césped –3,26 millones de euros procedentes de Dragados– y parte de las vinculadas a la explotación de las instalaciones deportivas. Por tanto, si la Fiscalía hubiese practicado esa sencilla diligencia, habría descubierto la operativa de la trama de la familia González.
"Ni la más leve sospecha"
En el decreto de archivo de la denuncia, firmado por el propio Moix y que tiene fecha de 6 de octubre de 2009, se concluye que no existía “indicio o rastro alguno que permita, siquiera, la más leve sospecha de que se hubiera producido algún tipo de sugerencias, insinuaciones, presiones o similar por parte del vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, a fin de que las decisiones adoptadas lo fueran en un determinado sentido”.
El entonces fiscal superior de Madrid no apreció “ningún tipo de irregularidad” en el concurso de adjudicación y llegó al extremo de asegurar en su escrito: “Se ha podido constatar que ni el hermano ni el cuñado del vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid han intervenido, en momento alguno, ni como accionistas, ni como administradores de las sociedades a las que se adjudicó el concurso, ni tampoco en la sociedad anónima que actualmente explota las instalaciones”.
En las cinco páginas de su decreto, Moix no hace mención alguna a las diligencias de averiguación que habían pedido los denunciantes, entre ellas la solicitud a la Agencia Tributaria del modelo 347 de Tecnoconcret y de Only Golf.
El pasado jueves, infoLibre envió ocho preguntas a Manuel Moix sobre su actuación en relación con la denuncia planteada en 2009 por Parque Sí en Chamberí. El fiscal jefe de Anticorrupción, pese a las promesas de transparencia informativa que realizó al acceder al cargo en febrero de 2017, se negó a responder a las preguntas de este periódico.
Mayo de 2010: la fiscalía de Madrid se opone a una querella contra González
Al mismo tiempo que batallaban sin éxito para que la Fiscalía investigase por la vía penal al vicepresidente de Madrid, Parque Sí en Chamberí mantenía un segundo frente contra el campo de golf por la vía contencioso-administrativa. La primera victoria la obtuvieron precisamente en enero de 2010 en la vía contenciosa, cuando el TSJ de Madrid anuló la “declaración de excepcional interés público” de las obras del campo de golf, realizada por el Gobierno de Esperanza Aguirre.
La historia, resumida, es la siguiente. En febrero de 2003, se había aprobado un convenio para regenerar la zona del tercer depósito del Canal, que contemplaba crear 80.000 metros cuadrados de parque de uso público. Pero con la llegada al Gobierno de Esperanza Aguirre, en octubre de aquel año, el proyecto se modifica por completo: la zona verde de uso público se reduce a 33.746 metros, mientras que las instalaciones deportivas pasan de 5.156 a 58.889 metros cuadrados, que incluyen un campo de golf de nueve hoyos. Y el Canal de Isabel II ordena realizar las obras de este nuevo proyecto sin contar con la preceptiva licencia municipal. De forma que el Ayuntamiento de Madrid, también gobernado entonces por el PP, inicia un expediente de denuncia por infracción urbanística contra el Canal por estar ejecutando obras no autorizadas.
Para saltarse la suspensión de las obras dictada por el Ayuntamiento, lo que deciden Aguirre y González es que el Gobierno autonómico declare el proyecto de “excepcional interés público”, lo que suple la necesidad de contar con la licencia municipal. Esa declaración se produjo el 18 de enero de 2007 y los vecinos de Parque Sí en Chamberí acudieron a los tribunales. En enero de 2010, el TSJ de Madrid les dio la razón y anuló la declaración de “excepcional interés público” alegada por el Gobierno de Aguirre.
Con esa sentencia a su favor, que dejaba en evidencia el atropello administrativo cometido por Aguirre y González para sacar adelante el campo de golf, Parque Sí en Chamberí intentó abrir de nuevo la vía penal contra el vicepresidente madrileño. Pero esta vez, en lugar de acudir a la Fiscalía como en las dos ocasiones anteriores, decidieron presentar directamente una querella criminal contra Ignacio González ante el TSJ de Madrid. La presentaron en marzo de 2010 y en ella acusaban al vicepresidente madrileño de cuatro delitos: prevaricación, contra la ordenación del territorio, malversación de bienes públicos y fraude.
En el texto de la querella, además de explicar las actuaciones en la vía contencioso-administrativa que habían terminado con una sentencia a favor de los vecinos, se detallaba la trama empresarial del campo de golf, en los mismos términos que habían sido expuestos en la denuncia del año anterior ante la Fiscalía. “De lo relatado esta denunciante estima que hay más que indicios de que la declaración de ‘interés general’ tenía un ‘interés particular’, beneficiar a los familiares del presidente del Canal que también era vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid”, se indicaba en el escrito de la querella.
Los querellantes pedían al TSJ de Madrid que realizase una serie de diligencias de investigación, entre ellas la declaración como querellado de Ignacio González y la testifical de los tres accionistas de Tecnoconcret (el hermano y el cuñado del vicepresidente y José Antonio Clemente). Además, volvían a reclamar que se solicitase a la Agencia Tributaria la relación del modelo 347 presentado por las compañías Tecnoconcret y Only Golf en los años 2005, 2006, 2007 y 2008 y que se pidiese a la Seguridad Social la relación de trabajadores de Tecnoconcret en ese mismo periodo.
"Las diligencias esenciales"
El tribunal ante el que estaba aforado Ignacio González solicitó a la Fiscalía de Madrid, como es preceptivo, un informe sobre la procedencia de admitir o no a trámite la querella contra el vicepresidente madrileño. Y, por tercera vez, la Fiscalía que dirigía Manuel Moix se pronunció en contra de que se investigase la adjudicación del campo de golf. En esta ocasión lo hizo a través de un escrito de ocho páginas, fechado el 20 de mayo de 2010 y que firmaba el teniente fiscal, Carlos Ruiz de Alegría Madariaga.
“Por los mismos hechos se presentó denuncia ante esta Fiscalía por la actual entidad querellante, lo que determinó la incoación de las diligencias de investigación nº 2/09, las cuales concluyeron en archivo tras la práctica de las diligencias que se consideraron esenciales para clarificar los hechos denunciados”, sostiene el fiscal, en referencia al decreto de Moix de 2009.
¿Cuáles fueron esas “diligencias esenciales” que se practicaron en 2009? No hay forma de saberlo porque ni en el decreto de octubre de 2009 ni en el escrito de mayo de 2010 se indica cuáles son. Lo que en todo caso resulta evidente es que no se practicaron las que solicitaban los denunciantes, en concreto, pedir a la Agencia Tributaria el modelo 347 de las empresas de la trama. Si la Fiscalía lo hubiera hecho, Hacienda le habría informado del pago de 3,2 millones de euros de Dragados a Tecnoconcret y sería inconcebible que Moix hubiera decretado el archivo conociendo ese dato.
Por lo demás, todo el escrito del teniente fiscal se apoyaba en el decreto de archivo que había firmado en 2009 su jefe: “Como ya se apuntaba en el decreto del Excmo. Fiscal Jefe emitido en fecha 6/10/2009, no se acreditaron en absoluto la comisión de ninguno de los delitos denunciados en su día”. Parte del escrito de 2010 es un simple corta y pega del decreto de Moix del año anterior. Así, por ejemplo, cuando se afirma que “se ha podido constatar que ni el hermano ni el cuñado del Vicepresidente de la Comunidad de Madrid en ningún momento han intervenido ni como accionistas, ni como administradores de las sociedades a las que se adjudicó el concurso ni tampoco en la sociedad anónima que actualmente explota las instalaciones”.
En realidad, como explica el juez Velasco en su auto, esa desvinculación de Tecnoconcret de la sociedad que explotaba las instalaciones del golf sólo había sido formal. Y la prueba es que en el periodo 2008 a 2012, la empresa de la familia González facturó 623.000 euros a la concesionaria de las instalaciones deportivas (Green Canal Golf).
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, siguiendo el criterio de la Fiscalía, decidió no admitir a trámite la querella contra Ignacio González. Así lo resolvió mediante un auto fechado el 15 de junio de 2010.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/05/03/nuevos_documentos_sobre_actuacion_del_fiscal_moix_caso_gonzalez_evito_tres_ocasiones_que_investigase_adjudicacion_del_campo_golf_64529_1012.htmlLAS ÚLTIMAS DECISIONES DEL JEFE ANTICORRUPCIÓN INCENDIAN EL ENCUENTRO DE MAZA CON LOS FISCALES
Se pondrá sobre la mesa la gestión de Moix solo dos meses después de tomar posesión
La reunión del Consejo Fiscal que se inicia el miércoles servirá para poner sobre la mesa la gestión de Manuel Moix cuando apenas se cumplen dos meses desde que tomó posesión del cargo. Los dos puntos del orden del día que van a centrar los debates son el tercero y el quinto, y ambos forman parte de una misma historia: el enfrentamiento entre el jefe de Anticorrupción y sus subordinados a propósito de los fiscales del caso 3% y la denuncia abierta contra ellos por las acusaciones de un imputado en la Operación Emperador.
La tercera reunión del Consejo Fiscal de la etapa de José Manuel Maza al frente de la Fiscalía General del Estado se esperaba casi placentera y, por supuesto, alejada del foco mediático. El orden del día incluía cuestiones alejadas de cualquier polémica. Se iban a tratar la concesión de la condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort, temas presupuestarios o el impulso a una Comisión de Riesgos Laborales, entre otras cuestiones profesionales. Sin embargo, todo ha quedado eclipsado por la entrada de dos nuevos puntos a tratar, ambos relacionados con decisiones del fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, envuelto en la polémica desde que tomara posesión de su cargo el pasado 8 de marzo.
Su orden de apartar del caso 3%'-que investiga la presunta trama de pago de comisiones ilegales a Convèrgencia- a los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo por cuestiones de reorganización y la de investigar a ambos y a un tercer miembro de Anticorrupción, Juan José Rosa por la denuncia de un empresario imputado en la Operación Emperador convierte el encuentro del Consejo Fiscal que se celebrará el miércoles y jueves en un auténtico polvorín en el que la última palabra la tiene Maza. "La solución es muy complicada y aventurar en estos momentos qué va a pasar, una temeridad ", reconoce a EL PAÍS uno de los 16 fiscales que participarán en la misma.
Como punto tercero del orden del día figura debatir sobre la decisión de Moix de apartar a los fiscales después de que éstos se hayan opuesto a ceder la investigación a sus compañeros de Barcelona. Los tres motivos que dio Moix sobre el papel tienen que ver con aspectos operativos. En concreto, con la necesidad de que los delegados de Anticorrupción en las comunidades autónomas asuman los asuntos de su territorio.
Fuentes del Consejo Fiscal señalan que es muy probable que la decisión del fiscal jefe Anticorrupción sea respaldada, porque “se apoya en cuestiones técnicas, que difícilmente pueden cuestionarse”, señalan esas fuentes. La mayoría en el Consejo Fiscal -un órgano consultivo pero no vinculante, que asesora al fiscal general del Estado- apuntan en esa dirección. De los 12 miembros elegidos por la carrera, seis pertenecen a la conservadora Asociación de Fiscales (AF) y solo tres a la Unión Progresista de Fiscales (UPF); los otros tres son miembros institucionales, entre ellos el propio Maza. Las mismas fuentes señalan que todos los fiscales de la AF respaldarán la decisión de Moix, mientras que el voto de la UPF es aún una incógnita. Sus miembros prefieren esperar a que se les informe de los detalles y sólo entonces tomar una decisión, que será individual, señalan fuentes de la misma.
Pero cuando más se visualizará el profundo cisma que divide estos días a la Fiscalía será al tratarse el punto quinto. El Consejo Fiscal debatirá si aprueba dar el amparo solicitado por los fiscales Grinda, Bermejo y Rosa. La decisión final depende del fiscal general del Estado. Los tres fiscales solicitaron esta medida tras recibir la denuncia del empresario Rafael Pallardó -acusado de colaborar con la trama de blanqueo presuntamente encabezada por Gao Ping- que les acusó de presionarle para falsear una información sobre la familia Pujol.
La situación es peliaguda porque, aunque los fiscales afectados cuentan con el respaldo de prácticamente todos sus compañeros de Anticorrupción, la Fiscalía Superior de Cataluña mantiene abiertas, por orden precisamente de Moix, unas diligencias de investigación por delitos de coacciones y contra la administración de justicia. “Con una investigación en marcha, es difícil que el amparo pueda salir adelante. Otra cosa es que se dé una muestra de apoyo a los fiscales o que se reconozca su trabajo”, explican fuentes del Consejo Fiscal.
Varios miembros de la Fiscalía afirman que la situación es insostenible y que los hechos ocurridos desde la llegada de Moix al mando de Anticorrupción “han generado un enorme daño a la institución”. “Moix ha querido poner orden, y es cierto que posiblemente lo necesitaba. Pero lo ha hecho de forma precipitada, sin valorar ni las consecuencias de sus decisiones ni los equilibrios de poder”, explican. De ahí, por ejemplo, que ahora tenga en su contra a la mayoría de los integrantes de la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado, incluida la número dos, la teniente fiscal Belén Suárez.
Otro miembro del Consejo Fiscal reconoce que "en estos momentos puede pasar de todo. No descarto una salida de Moix de Anticorrupción o de alguno de los fiscales enfrentados". La última palabra, insisten, la tiene Maza quien puede, incluso, solicitar al propio Moix que participe en la reunión del Consejo Fiscal para que explique sus decisiones en los 58 días que llevará en el cargo el próximo miércoles. Una opción que aún no se ha tomado.
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/01/actualidad/1493638649_676602.htmlLOS FISCALES SE REBELAN CONTRA LAS INJERENCIAS DEL GOBIERNO
El primer punto del orden del día dice «Informe sobre sustitución de Fiscales encargados de las Diligencias Previas 11/2013 del Juzgado de Instrucción nº 1 de El Vendrell», pero bien podría decir «gestión de la rebelión que ha estallado en Anticorrupción». Porque eso es lo que, traducido, abordará realmente este miércoles el Consejo Fiscal. El origen del conflicto que ahora llega al órgano que representa a la carrera fiscal está en un viernes del pasado noviembre, cuando antes del Consejo de Ministros Rafael Catalá convocó de urgencia a Consuelo Madrigal para comunicarle que, al final, no seguiría como fiscal general. Luego llegaron nombramientos como el de Manuel Moix en Anticorrupción, anticipado y celebrado en las escuchas de la operación Lezo y que ha acabado por encender el debate sobre la autonomía de la Fiscalía frente al poder político.
A la hasta entonces fiscal general el silencio del ministro de Justicia en los días previos le hacía sospechar que no iba a cumplirse lo que el propio Catalá le había asegurado a ella en privado y a muchos otros en público: que seguiría en el puesto.
En reuniones previas ambos habían tratado la renovación de varios puestos clave de la Fiscalía. Los nombramientos aún tardarían tres meses en llegar, pero el ministro ya tenía nombres. Unos para poner, otros para quitar. Entre los primeros estaba el del nuevo responsable de Anticorrupción y era el mismo que se escuchaba en una conversación de la operación Lezo. El ex presidente madrileño Ignacio González se dirigía así al ex ministro Eduardo Zaplana: «Vamos a ver, yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción ¿sabes? Y... yo creo que va a ser él. Si sale es cojonudo. Se llama [Manuel] Moix, es un tío... serio y bueno. Hombre, yo no soy quién, pero yo no me corto en decirle a Rafa [Catalá]: 'Oye Rafa...'. ¿Sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte: o los tienes controlados o estas muerto».Pero el candidato de Madrigal no era Moix, sino Alejandro Luzón, el fiscal de más prestigio en esa unidad. Aun así, por su tarea al frente de la Fiscalía de Madrid Moix gozaba de suficiente prestigio como para que su nombre hubiera sido finalmente aceptado. Donde no había acuerdo posible era en la otra pieza clave de los nombramientos. Madrigal no aceptaba apartar de la Audiencia Nacional a Javier Zaragoza, como exigía Catalá.
Ante el panorama del puesto de Anticorrupción en riesgo y el de la Audiencia bloqueado, Madrigal cayó. El nuevo fiscal general sería alguien ajeno a la carrera fiscal y, por tanto, con menos miramientos a la hora de hacer cambios. El Gobierno buscó en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que dirige Manuel Marchena y eligió al magistrado José Manuel Maza.
Con un nuevo fiscal general sin vetos bajo el brazo, tocaba tomar «las dos colinas», como con intención describió Javier Zaragoza a la Audiencia y a Anticorrupción en su comida de despedida. El fiscal general, sentado a su lado, ya había escuchado esa expresión con aires bélicos por boca de una persona próxima que le aconsejaba cómo debía proceder.
El orden del día incluye un amparo frente a una denuncia tramitada por Moix
En la «colina» de la Audiencia también hubo cambios. Maza sí aceptó apartar a Zaragoza, sustituido por el hasta entonces teniente fiscal Jesús Alonso en contra del criterio técnico de los dos quienes se sentaban a su vera en el Consejo Fiscal. Los dos nombres elegidos, Moix y Alonso, presentaban sobre el papel suficientes méritos (un ex jefe de Madrid, un número dos de la Audiencia) como para que se hubieran podido asumir sin tanta polémica. Eso si las circunstancias hubieran sido otras. El calendario quiso que la reunión de los nombramientos se hubiera convocado para el 22 de febrero, apenas una semana después de que este diario revelara que había sido el nuevo fiscal general el que, para alivio del PP, había ordenado no investigar al entonces presidente popular de Murcia, en contra del criterio de las fiscales del caso. La decisión encendió de nuevo el debate sobre la autonomía de la Fiscalía respecto al poder político, llevó al fiscal general al Congreso y al ministro ante el Senado y puso la lupa de la sospecha sobre los nombramientos que se avecinaban. Alguien aconsejó a Maza que aplazara alguno de ellos. No lo hizo.
El proyecto con el que Moix se postuló a la jefatura de Anticorrupción -limitar las investigaciones, controlar personalmente todos los papeles y limitar la influencia de las Fuerzas de Seguridad- hacía presagiar muchas tensiones. Y hoy, efectivamente, desde esa colina sale una enorme humareda. Los fiscales de tropa se le han rebelado y tienen a las Fuerzas de Seguridad de su lado. También aquí la cronología ha jugado su papel. Moix llegó a la jefatura cuando la operación Lezo, la más delicada en marcha en torno al partido en el Gobierno, estaba a punto de estallar. La examinó y puso objeciones. Más allá de las motivaciones técnicas que aducía, el problema era que todas favorecían a los imputados o potenciales imputados. A esas alturas no salvaban a Ignacio González, pero sí podían evitar que se investigara el periodo en que el Canal lo controlaba el equipo de Alberto Ruiz Gallardón. «Está haciendo lo que vino a hacer, proteger en lo posible al Gobierno», afirma un destacado fiscal.
Moix, recién llegado y aún sin haber tomado el control de su nuevo destino, quiso imponer sus criterios. Pero se encontró con que los fiscales del caso tomaron la insólita decisión de llevar las discrepancias a la Junta de Fiscales, para que los 27 miembros de la unidad dieran su opinión. Era la primera vez que las discrepancias en Anticorrupción acababan de ese modo. De forma masiva los fiscales acudieron en auxilio de sus compañeros y las tesis de Moix fueron rechazadas. El fiscal jefe tuvo la mano izquierda que hasta sus defensores lamentan que no hubiera tenido antes y renunció a imponer en última instancia su criterio. Tampoco duró mucho la actitud, porque a los pocos días instó a uno de los dos fiscales del caso a que presentara la renuncia con la que había amenazado en una discusión anterior. La actuación del conjunto de fiscales en la operación Lezo reflejaba en parte el malestar con el que habían recibido la decisión de nombrar un fiscal «de fuera» para la jefatura, pasando por encima de otra media docena de candidaturas procedentes de la propia Anticorrupción. Algunos de ellos, además de con la especialidad contaban con mayor antigüedad en la carrera. También pesaba en sus ánimos la actitud de «hipercontrol» con la que, a juicio de varios fiscales, Moix había llegado a una unidad en la que siempre habían contado con un amplio margen de maniobra.
Maza tendrá que decir si apoya o no apartar a los fiscales del 'caso de 3%'
Para cuando surgieron las tensiones en torno a la operación Lezo ya estaba activo otro incendio, este en el frente de las investigaciones sobre los Pujol. Moix había comunicado a los fiscales a cargo del caso 3% que les apartaba para dejar la causa en manos de los delegados en Cataluña. De nuevo una medida que los imputados recibían con satisfacción. Los fiscales afectados objetaron la medida y la convirtieron en el primer punto del orden del día del próximo Consejo Fiscal.
Esos dos mismos fiscales y un tercero recibieron otra mala noticia por parte de su nuevo jefe: había decidido tramitar la denuncia contra ellos presentada por un imputado, en la que Moix veía posibles delitos de coacciones y contra la Administración de Justicia. La visión del fiscal general es que se ha limitado a dar trámite a la denuncia ante la Fiscalía de Cataluña, competente en el caso. Entre los fiscales, sin embargo, se considera que para socavar su posición en la Fiscalía ha buscado dar recorrido a una denuncia cuyos errores manifiestos permitían su archivo de plano, como había ocurrido en otras ocasiones. A su juicio, la forma de actuar del superior, sin comunicarles la llegada de la denuncia y que iba a tomar declaración al imputado, refleja una falta de confianza en ellos que hace difícil el trabajo conjunto. La preocupación se extiende a otros fiscales, conscientes de que la naturaleza de sus investigaciones les hace vulnerables a denuncias de los imputados. La reacción de los tres fiscales ha sido solicitar el amparo al Consejo Fiscal frente a denuncias como la que han recibido. La solicitud viene acompañada con las firmas de apoyo de todos los miembros de Anticorrupción.
No es difícil interpretar que en buena parte de las firmas también se está criticando la jefatura le haya dado pábulo. El amparo será el segundo punto del orden del día en una reunión del Consejo Fiscal en la que Maza constatará que ya ha llegado a sus puertas lo que comenzó aquel viernes de noviembre en que el Gobierno hizo lo que niega haber hecho: meter la mano en los nombramientos de la Fiscalía.
http://www.elmundo.es/espana/2017/05/01/59064178e2704e48138b463b.htmlEL RELEVO DE LOS FISCALES DEL ‘CASO 3%’ ABRE OTRO FRENTE EN ANTICORRUPCIÓN
Se abre un nuevo frente contra el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, cuestionado ya por su intento de paralizar registros de la Operación Lezo
El relevo de los fiscales que han investigado el caso 3% —la trama de comisiones ilegales a Convergència a cambio de obra pública— está siendo convulso. Los fiscales anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo se han opuesto a la decisión, lo que obligará a debatir el asunto en la próxima reunión del Consejo Fiscal, un órgano consultivo. Se abre así un nuevo frente contra el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, cuestionado ya por su intento de paralizar registros de la Operación Lezo.
La semana pasada se conoció la intención del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, de relevar a los fiscales que hace dos años destaparon el presunto pago de mordidas por parte de constructoras al partido de Artur Mas. La decisión fue adoptada a instancias de Moix, que se oponía a una de las actuaciones planteadas por Grinda y Bermejo: solicitar, por segunda vez, la imputación del diputado del PDeCAT (antigua Convergència) Germà Gordó, persona de confianza de Mas y exjefe de los tesoreros imputados.
Su primer intento había fracasado: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no apreció suficientes indicios. Los fiscales creen que el exconsejero de Justicia era el “recaudador” e intervino “decisivamente” en cinco adjudicaciones públicas irregulares. La Guardia Civil ha constatado su asistencia a reuniones con empresarios, que le conocían por sus apodos (Gerardo o Gregorio). Grinda y Bermejo pretendían reunir más indicios e intentarlo de nuevo. Esa línea de trabajo chocó con el criterio de Moix, que vio suficiente la primera negativa del TSJC.
Más allá de esa circunstancia, las fuentes consultadas discrepan sobre las motivaciones que llevaron a Moix a prescindir de ellos. Admiten que los dos fiscales convirtieron una causa local —unos pagos al exalcalde de CiU en Torredembarra, Daniel Masagué— en una trama de largo alcance que, a base de registros (la sede de CDC) ha puesto al partido de Mas contra las cuerdas. Sí coinciden en las consecuencias de la decisión: la posibilidad de imputar a Gordó se aleja.
Los nuevos fiscales designados —los delegados de Anticorrupción en Cataluña Fernando Maldonado y Teresa Duerto— deberán estudiar la causa desde cero. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prevé escuchar en audiencia a los fiscales relevados. No ocurrió con Grinda y Bermejo. Cuando fueron llamados para subsanar el “error”, expresaron su oposición. Es una decisión “excepcional” y “nunca vista”, admite un fiscal veterano. El reglamento también prevé que la sustitución se estudie en el Consejo Fiscal, un órgano que asesora al fiscal general pero sin poder decisorio.
La reunión de los próximos 3 y 4 de mayo pondrá sobre la mesa los detalles del relevo. El Consejo Fiscal votará y, con toda probabilidad, refrendará la decisión de Maza y Moix. La fiscalía explicó la semana pasada que la decisión obedece a una estrategia que Moix —quien asumió el cargo el mes pasado— quiere impulsar en Anticorrupción: que los fiscales delegados en las comunidades se ocupen de los casos de su territorio. “Lo raro, lo anormal, es que estuvieran en esta causa”, señalan fuentes judiciales.
Reunión del consejo
Moix, además, pretende evitar que se eternicen las investigaciones, lo que atañe al caso 3%, en el que cada registro ha revelado documentación que ha dado lugar a nuevas diligencias.
La mayoría de fuentes consultadas apuntan a razones “técnicas” y “organizativas”, y a un deseo de Moix de “poner orden” en Anticorrupción. La decisión sería “un toque de atención” a Grinda y Bermejo, no por su manejo en el 3% (que no se cuestiona), sino por el enorme volumen de causas complejas que atienden. Cuestionan, eso sí, el “criterio de oportunidad” de Moix, más en un asunto de alto voltaje político. Sobre todo porque se produce justo después de que salieran a la luz las discrepancias con los fiscales del caso Lezo a cuenta de uno de los registros y las posteriores noticias que apuntaban a que había querido sacar de la investigación a uno de ellos, Carlos Iañez.
El viernes pasado, Grinda y Bermejo acudieron al juzgado de El Vendrell (Tarragona) donde se instruye el caso 3%. No asistieron a las declaraciones, pero se despidieron del juez y de los abogados. Las defensas sostienen que su marcha no afectará al procedimiento porque la instrucción “está prácticamente finalizada”.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/27/actualidad/1493325649_889805.htmlLOS OTROS CASOS EN LOS QUE LAS DECISIONES DE MOIX FUERON "PERJUDICIALES PARA LA CIUDADANÍA Y EL SISTEMA JUDICIAL"
Isabel de la Fuente, madre de una de las fallecidas en el Madrid Arena, denuncia que si Manuel Moix no hubiera intervenido en el caso "posiblemente algún político del Ayuntamiento de Madrid hubiera sido encausado"
Pilar Vera, presidenta de las víctimas de Spanair, pide el cese del fiscal porque "es dañino para el sistema de justicia"
Isabel de la Fuente es madre de una de las cinco víctimas que perdieron la vida en la catástrofe del Madrid Arena en noviembre de 2012. Pilar Vera preside la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 (Spanair) entre Madrid y Gran Canaria, que dejó 154 fallecidos en agosto de 2008. Sus voces se alzan hoy para respaldar la petición del cese inmediato del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, tal y como ha hecho infoLibre. Los motivos no se reducen únicamente a su actuación frente al caso Lezo, sino que Moix guarda a sus espaldas una trayectoria que, a juicio de ambas, evidencia su "absoluta falta de independencia".
El protagonismo del fiscal Moix durante la última semana lleva a De la Fuente a recordar que "durante la investigación de Madrid Arena lo único que hizo fue batir el cobre para que ningún político del ayuntamiento fuera acusado". Después de que la investigación judicial sobre la tragedia resultara en la ausencia de responsabilidades por parte de los concejales investigados, el único elemento con alcance político apuntaba a la imputación del ex inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo. El entonces fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, señaló al respecto que Monteagudo carecía de responsabilidad penal. "Ellos se negaban a que el señor Monteagudo fuera acusado, y la Fiscalía en el turno de última palabra hizo un alegato de defensa hasta el punto de que el abogado de defensa de Monteagudo dijo que no añadía más porque la defensa ya estaba hecha", denuncia De la Fuente.
Pero el papel de Moix en el caso del Madrid Arena no termina con Monteagudo. En mayo de 2014 el máximo responsable de la tragedia, el empresario Miguel Ángel Flores, fue detenido por riesgo de fuga. Pese a que el juez instructor, Eduardo López-Palop, determinó dicha detención al detectar la posibilidad de huida, el fiscal Manuel Moix había sido anteriormente contrario a la imposición de medidas cautelares "e incluso se adhirió al escrito de petición para que se las quitaran, elaborado por su abogado defensor". El fiscal superior de Madrid "no estuvo nunca de acuerdo con la interpretación que hizo el juez" cuando impuso medidas cautelares para controlar los movimientos del empresario y además justificó que no se pidiera prisión provisional. Moix "es una persona que siempre va del lado de los políticos y los poderosos, ningunea y humilla a las víctimas", denuncia De la Fuente, quien defiende que "si él no hubiera intervenido en el caso Madrid Arena y si los fiscales hubieran hecho las labores propias de la fiscalía, que es ejercer la labor pública, posiblemente algún político del Ayuntamiento de Madrid hubiera sido encausado".
Tras el accidente aéreo de Spanair que en verano de 2008 se saldó con las vidas de 154 personas, la justicia decidió en 2012 archivar la causa penal y dejar únicamente espacio en la vía civil. Pilar Vera rechaza hacer acusaciones directas contra Moix, porque en casos como el del Madrid Arena "se ha retratado mediáticamente, pero en el accidente de Spanair" no ha ocurrido de la misma forma. Los familiares de las víctimas, no obstante, aseguran sentir "que ha sido uno de los principales responsables de que la Audiencia Provincial de Madrid en sobreseimiento libre archivara la causa". El fiscal asignado durante el caso, Lorenzo Bernal, "nunca jamás hizo nada ni por las víctimas, ni por la asociación, ni para que se supiera la verdad". Por el contrario, continúa Vera, "siempre dijo que tenía que hacer un acta sobre las entrevistas que tuviera con la asociación, y reportarla a su superior, que era Manuel Moix". También aseguró "que él no hacía nada sin que sus superiores se lo mandaran. Moix es dañino para el sistema de justicia, es el fiscal del PP pero también el fiscal del poderoso", denuncia Vera.
La presidenta de la plataforma de afectados subraya que las familias han sido "victimizadas por el Estado", dándoles "una medicina para quitarlas del medio por molestas". "Nos ha victimizado con el manejo sistemático de la justicia por parte de la fiscalía", lamenta Vera, quien recuerda, tras casi nueve años de la tragedia, que "el sobreseimiento libre que hizo la Audiencia Provincial está en los anales de la vergüenza y la injusticia de este país".
Blesa, Santamaría y Lezo
Tanto Vera como De la Fuente enumeran una serie de acontecimientos en los que las decisiones de Moix "han sido perjudiciales para la ciudadanía y el sistema judicial". Con la inauguración del año judicial en 2011, Moix aseguró, en alusión al movimiento que generó el 15M, que en "una sociedad democrática no se puede ocupar la vía pública porque se quiera" y llegó a aseverar que "ningún derecho, ni siquiera los reconocidos como fundamentales, es absoluto, sino que todos tienen sus límites".
En junio de 2013, tras la apertura de la investigación judicial contra Miguel Blesa, la fiscalía liderada por Moix recurre al auto de prisión porque "no está suficientemente motivado". La fiscalía incluso presentó una querella acusando al juez Elpidio Silva por haber encarcelado dos veces al expresidente de Caja Madrid. "Manuel Moix entendía que el instructor tomaba decisiones arbitrarias, y los procesos contra el señor Blesa siguen actualmente en vigor", critica De la Fuente.
Moix vuelve a aparecer en escena de la mano del escrache contra Soraya Sáez de Santamaría, en el año 2013. La Audiencia de Madrid archivó la causa por tratarse de "un mecanismo de participación democrática", pero la fiscalía recurrió "al considerar que se violó el derecho a la intimidad personal y familiar" de la vicepresidenta del Gobierno, recuerda De la Fuente.
"Ahora, en el caso Lezo, lo que estamos sabiendo es absolutamente inadmisible", remacha la víctima, quien además considera que "aunque este señor hubiera actuado de buena fe, que no lo hace, solamente la sospecha le inhabilita para estar en un cargo de esa magnitud e importancia". Pide, por ello, que Mariano Rajoy impulse el cese de Moix, del Fiscal General del Estado y del ministro de Justicia, "porque son su gente, son sus subordinados, y la cabeza visible siempre es responsable". También Pilar Vera coincide en que "es evidente que el Fiscal General es el que ha puesto a Moix", por lo que "ahora mismo Moix es el parapeto, el siguiente de la lista es él, y después el ministro de Justicia".
De la Fuente admite confiar en la presión que ejerza la oposición en este sentido, aunque considera que una justicia independiente será imposible "mientras a los miembros del Consejo General del Poder Judicial los nombren los partidos políticos a su antojo, mientras el Fiscal General del Estado lo nombre el Gobierno, y mientras a los fiscales lo nombre el propio Ministro de Justicia a través del Fiscal General". La única manera de lograr un cambio, recalca Vera, "es que la oposición se ponga de acuerdo para eliminar los aforamientos".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/27/durante_investigacion_del_madrid_arena_unico_que_hizo_moix_fue_batirse_cobre_para_que_ningun_politico_fuera_acusado_64362_1012.htmlCATALÁ CALIFICA DE "BARBARIDADES" Y "SERPIENTES DE VERANO" LAS INFORMACIONES SOBRE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
El Ministro de Justicia pone en valor la independencia de la Fiscalía, y revela que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le llamó por teléfono para animarle y decirle que "estas cosas pasan" tras trascender sus mensajes con Ignacio González
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha referido este jueves sin nombrarlas directamente a las informaciones desveladas por la Cadena SER en torno al Fiscal Anticorrupción y su papel en la 'operación Lezo': "Barbaridades" basadas en "anécdotas" para el titular de la cartera de Justicia, "críticas no fundamentadas en la realidad", ha dicho para concluir con la calificación de "serpientes de verano".
A lo largo de su intervención en un desayuno informativo, Catalá ha destacado la "independencia" tanto de jueces como de fiscales en España. "En estos días hace falta declarar la confianza en la Fiscalía frente a algunos que creen que pueden hacer daño a las instituciones para atacar al Gobierno", ha dicho. La Fiscalía, ha concluido, defiende el "interés general": "Nadie le dice a un Fiscal cómo tiene que calificar una causa como nadie le dice a un juez qué sentencia tiene que dictar", ha asegurado hace unos minutos.
Catalá ha calificado de "informaciones falsas" para referirse a las noticias que revelan, por ejemplo, que Moix maniobró para quitarse de encima al fisca Cárlos Yáñez en la operación Lezo: "Es un fiscal de más de treinta años de experiencia y merece todo el reconocimiento y respeto", ha dicho sobre Moix. "Ayer los teletipos decían que un fiscal iba a ser cesado... es absolutamente falso, está en comisión de servicios y se ha propuesto su renovación", ha añadido.
También ha pedido que "alguna mente más conspirativa que la mía" explique cómo se podía saber que Moix iba a ser nombrado "maravilla de las maravillas, seis meses antes de que se convoque la plaza". Para Catalá la disparidad de criterios entre fiscales y sus superiores forma parte de "las reglas del juego", y "derivar de ahí que obstaculiza o impide la investigación, además de falso, me parece que hace mucho daño a la confianza en las instituciones".
Una llamada de Rajoy
El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha referido este jueves en un desayuno informativo a la 'operación Lezo' y a los mensajes de texto que cruzó hace unos meses con Ignacio González, ahora encarcelado como supuesto cabecilla de lo que el juez Velasco califica de organización criminal. Catalá ha asegurado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comunicó con él para decirle "que estas cosas pasan, lo que hay que hacer es seguir trabajando".
Ha defendido además la versión que desde hace días difundían fuentes de su entorno: que Ignacio González se limitó a felicitarle por su nombramiento y que en ese momento él "no tenía conocimiento" de unas actuaciones que estaban bajo secreto.
Sobre el archivo reciente de la causa contra el director de La Razón, Francisco Marhuenda, el ministro ha destacado que el juez Velasco le dio carpetazo "en cinco días", asegurando que "igual tenían razón" los que dijeron que el magistrado calificó los hechos "de forma anticipada".
"Están funcionando las instituciones", ha concluido Catalá.
"Con la que está cayendo"
Son declaraciones del ministro Catalá en un desayuno informativo en el hotel Palace organizado por El Economista. Al comienzo de su intervención incluso ha hecho mención a las polémicas que rodean a la 'operación Lezo': "Con la que está cayendo", ha dicho, hubo gente que le recomendó suspender este acto, "me dijeron 'tápate", pero ha asegurado que "hay que rendir cuentas".
http://cadenaser.com/m/ser/2017/04/27/tribunales/1493277478_207597.htmlEL JEFE ANTICORRUPCIÓN EXIGIÓ EL LUNES LA RENUNCIA «EN TRES DÍAS» AL FISCAL DEL CASO LEZO
Carlos Iañez ofreció dimitir solo si Moix impedía el registro relativo a la compra de Inassa
El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, no solo trató de impedir los registros relativos a la compra de Inassa, filial iberoamericana del Canal de Isabel II, sino que el pasado lunes pidió a uno de los fiscales del caso, Carlos Iañez, que le presentara su renuncia «en tres días». Iañez no la ha presentado ni tiene previsto hacerlo, a pesar de la dureza con la que se empleó el máximo responsable de esa fiscalía, con apenas precedentes.
Ayer según las fuentes consultadas por ABC, se habría filtrado de forma interesada a determinados medios que este fiscal del caso Lezo le había presentado su renuncia. No fue así como ocurrieron los acontecimientos. Cuando el jefe Anticorrupción comunicó a Iañez que no autorizaba el registro en lo referente a Inassa, éste le respondió que iba a acogerse al artículo 27 del estatuto del Ministerio Fiscal, que prevé que cuando hay una discrepancia de criterio se convoque una junta de fiscales para que sea oída, aunque la decisión última sigue siendo del jefe.
En aquel momento Iañez le dijo a Moix que si al final no cambiaba de opinión él renunciaría al caso porque se trataba de una desautorización. La junta de fiscales, quizá en contra de lo que el jefe Anticorrupción se esperaba, respaldó de forma abrumadora el criterio de Iañez y su compañera, y ante esa situación el fiscal jefe cambió de criterio y autorizó el registro.
Soprendentemente, el pasado lunes Manuel Moix se dirigió al fiscal Iañez para exigirle que cumpliera su palabra –éste nunca dejó de hacerlo– y le dio un plazo «de tres días» para hacerlo. Y ayer desde su entorno se decidió dar a conocer el episodio, aunque convenientemente «manipulado» para trasladar que la iniciativa de la renuncia correspondía a Iañez.
Para evitar un problema mayor del que ya existe en Anticorrupción, poco después de que trascendiera ese supuesto relevo en el caso Lezo la Fiscalía General del Estado hacía público un comunicado para destacar que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, había renovado al fiscal Iañez en la plaza que ocupa en comisión de servicios en la Fiscalía Anticorrupción «a petición del actual jefe de esa Fiscalía Especial, Manuel Moix». Y aclaraba que no había sido relevado.
Se trata de un comunicado sin precedentes –jamás se ha informado de una simple prórroga en una comisión de servicios– y demuestra hasta qué punto el fiscal general del Estado es consciente del profundo malestar y perplejidad que hay en Anticorrupción y en la opinión pública por la gestión de su jefe.
José Manuel Maza, según las fuentes consultadas, es ya consciente de que algunas de las decisiones de Moix le están provocando problemas en un momento tan delicado como el actual. Entre ellas, además de lo todo lo sucedido en la operación Lezo, el relevo de los fiscales que llevan desde el primer momento el sumario del caso del 3 por ciento.
De hecho, en su visita el pasado lunes a la Fiscalía Anticorrupción algunos de los presentes interpretaron determinadas palabras como una desautorización de la actuación de su subordinado.
http://www.abc.es/espana/abci-jefe-anticorrupcion-exigio-lunes-renuncia-tres-dias-fiscal-caso-lezo-201704262027_noticia.htmlMANUEL MOIX: “SOY UN CORREDOR DE FONDO Y NO TENGO MOTIVOS PARA DIMITIR”
Manuel Moix, fiscal jefe anticorrupción, lleva solo dos meses en el cargo y ya se ha enfrentado a varias crisis por investigaciones relacionadas con el PP. Sin embargo, este veterano fiscal no se “achanta” y afirma que no se le ha pasado por la cabeza dimitir porque “no tiene motivos”. “Soy un corredor de fondo”, apostilla.
El fiscal jefe rechaza vincular la crisis, en la que está inmersa la fiscalía que dirige, con los cambios que ha introducido en la misma. “Me he reunido con la policía y la guardia civil y les he ordenado que me den a mí cuenta de los nuevos asuntos que investigan”, explica. Luego, “yo decido a qué fiscal le asigno la investigación si considero que es preciso abrir unas diligencias”.
Asimismo, Moix ha exigido que en los informes que elaboran la UDEF, de la policía nacional y la UCO, de la Guardia Civil, desaparezcan “las valoraciones jurídicas que solo deben hacer los fiscales y los jueces” y les ha ordenado que en sus documentos “solo presenten hechos”.
Nuevas normas
Estas nuevas normas también se deben aplicar a las intervenciones telefónicas. El fiscal jefe quiere que sean los fiscales los que decidan las que son válidas o no en una investigación y rechaza que esa criba la lleven a cabo la policía o la guardia civil.
Esta nueva mecánica de trabajo ha sido también comunicada a los fiscales que bajo el mandato de Antonio Salinas, jubilado el pasado mes de octubre, actuaban con más libertad de movimiento y con un cierto seguidismo a las actuaciones de las fuerzas de seguridad.
No obstante, Moix no quiere vincular los enfrentamientos con los fiscales de la operación Lezo con esta nueva forma de actuar. “Quizá no les gusto por otros motivos”, subraya. Y es que ahora el fiscal jefe lleva un control más personal de las causas que tramita esta fiscalía.
El fiscal jefe no tiene problemas en defender su actuación frente a los fiscales del caso Lezo. Y reconoce sin ambages que no tuvo problemas en convocar la junta de fiscales que le planteó el fiscal Carlos Yáñez y su compañera Carmen García Cendrá al negarse a incluir una petición de documentación en un registro que se iba a llevar a cabo en Mercasa cuando se desarrolló la operación Lezo el pasado 19 de abril.
Rechaza una rebelión de fiscales
Moix perdió la votación en la que solo obtuvo el apoyo de otro fiscal y una abstención y permitió que se llevara a cabo este registro, pero rechaza definir el resultado de esta junta como “una rebelión”. “Hubo un intercambio de opiniones jurídicas en la que los fiscales del caso expresaron su parecer durante una hora y otros apoyaron sus tesis”, señala.
El juez Eloy Velasco hizo referencia a esta operación en el auto en el que manda a prisión al ex presidente de Madrid Ignacio González y su mano derecha Edmundo Rodríguez Sobrino. El magistrado explica que González “a pesar de que no ostentaba ningún cargo de responsabilidad” conocía la compra “fraudulenta” y la supuesta malversación de caudales públicos empleados en la compra de Inassa en el año 2001.
El juez también acusó al ex presidente de Madrid de no haber denunciado estos hechos cuando fue vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal. Y desveló que la inversión por parte del Canal para llevar a cabo esta compra rondó los 100 millones de euros cuando el valor de Inassa alcanzaba los 30 millones de euros. Además, el togado recogió en su resolución que Rodríguez Sobrino calificó esta operación “como un robo de 25 millones de euros”.
Niega tratos de favor al PP
Estos datos aparecen en un informe de la UCO de “25 folios” en el que no se identifica las personas que firmaron esta compra y que en cualquier caso no son de la época de González. Por estos motivos, el fiscal jefe puso objeciones a esta prueba aunque ahora con la documentación en la mano tiene que decidir si los hechos han prescrito o no y si abre una nueva causa contra los responsables de la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón, quien estaba al frente de la Comunidad en el 2001.
Asimismo, el fiscal jefe también niega que se haya opuesto a prolongar las intervenciones de González y de los demás imputados por motivos políticos. “Se acababa el plazo y había que pedir la prórroga, y los fiscales del caso me dijeron que las grabaciones daban poco fruto porque ya sabían que se les estaba investigando”. Por ello, se mostró partidario de suspenderlas, pero aceptó que siguieran otro mes más para mantener controlado a Edmundo Rodríguez, quien pasa la mayor parte de su tiempo fuera de España.
Asunción de responsabilidades
Moix tampoco rehúye el debate sobre el futuro del fiscal Carlos Yáñez que disfruta de tres días de permiso y cuya comisión de servicios en esta fiscalía ha sido prorrogada por la fiscalía general a instancias de Anticorrupción. “Yo ni le ceso ni le relevo ni le invito a irse; él me dirá el miércoles cuando vuelva lo que quiere hacer”, señala.
En esta cascada de polémicas, el fiscal jefe también se pregunta quién debe asumir la responsabilidad de haber imputado en este caso a los periodistas Francisco Marhuenda y Mauricio Casals por haber supuestamente coaccionado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. “La UCO presenta un informe en el que se les imputa un delito de organización criminal y yo no veo este delito”, explica, aunque los fiscales del caso apoyan esta tesis sin oír a la víctima.
El juez Velasco ha sacado de la investigación de la operación Lezo a los periodistas en un plazo récord tras tomar declaración al director y al presidente de La Razón, a Cifuentes y a otros cuatro altos cargos de la Comunidad de Madrid.
Moix, a pesar de estos problemas, piensa mantener su forma de actuar. Y no le afecta que Ignacio González haya dicho de él que es “un fiscal bueno y serio” hace dos meses en los pinchazos de la operación Lezo. Y es que en estas conversaciones, el ex presidente de la Comunidad de Madrid también comenta: “A este hombre yo quise proponerle como fiscal general del Estado, pero no tenía los requisitos”. Hace dos meses González ya no ostentaba ningún cargo público y su mentora, Esperanza Aguirre, había perdido peso en el PP.
http://www.elindependiente.com/politica/2017/04/26/manuel-moix-soy-un-corredor-de-fondo-y-no-tengo-motivos-para-dimitir/?utm_source=Usuarios+con+newsletter&utm_campaign=cc679e95bc-comienza_el_dia_2017_04_27&utm_medium=email&utm_term=0_19d740f1b0-cc679e95bc-50421447LAS INJERENCIAS DE MOIX EN LA INVESTIGACIÓN AL EXPRESIDENTE DE MADRID ABREN UNA CRISIS SIN PRECEDENTES EN ANTICORRUPCIÓN
La controversia sobre el futuro inmediato del fiscal que dirige el caso, a quien Moix habría pedido la renuncia, último eslabón en la cadena de enfrentamientos por la 'Operación Lezo'
El jefe de Anticorrupción se opuso a prorrogar las escuchas policiales nada más tomar posesión del cargo y solo accedió a autorizarlas tras la insistencia de los fiscales del caso
Los obstáculos planteados por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, a la investigación sobre el expresidente madrileño Ignacio González en la Operación Lezo han abierto una crisis interna de magnitud desconocida hasta ahora. La controversia sobre el futuro inmediato del fiscal que dirige el caso, Carlos Iáñez, a quien Moix habría pedido que renuncie y recupere su plaza en Granada, emergió este miércoles como el último eslabón en una cadena de graves colisiones con los encargados directos de la investigación, todas ellas con un nexo común: las discrepancias entre Moix y los fiscales del caso. Moix, y así lo ha confirmado infoLibre este miércoles, se opuso nada más tomar posesión del cargo a prorrogar las escuchas telefónicas, intentó luego restringir los registros policiales y ordenó aparcar el delito de organización criminal. Como ha publicado este diario, el hombre de cuyo eventual nombramiento, finalmente confirmado, se congratuló Ignacio González -"si sale es cojonudo"- ya dio carpetazo en 2009 a una denuncia vecinal que detallaba uno de los aspectos subrayados ahora por el juez instructor del caso, Eloy Velasco: que el clan familiar de Ignacio González se lucró gracias a la adjudicación de un campo de golf promovido por el Canal de Isabel II bajo la batuta de su entonces presidente y delfín de Esperanza Aguirre.
Fuentes jurídicas consultadas por este diario aseguran que Moix le solicitó la renuncia al fiscal Carlos Iáñez este lunes. Es decir, el mismo día en que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, visitó Anticorrupción y felicitó a sus integrantes por el trabajo realizado. Según la Cadena SER, que informó este miércoles de que Moix planeaba deshacerse de Iáñez, el jefe de Anticorrupción le dio de plazo hasta el viernes a su subordinado para presentar la renuncia. Iáñez no pudo ser localizado por infoLibre. Pero quienes le conocen aseguran que no tiene la menor intención de dejar el caso voluntariamente.
Los portavoces de Moix no solo niegan que la destitución de Iáñez esté en la agenda sino que subrayan que fue el propio jefe de Anticorrupción quien hace un mes pidió –y logró- que la Fiscalía General del Estado le renovase por un año la comisión de servicio en virtud de la cual presta servicio en la fiscalía especializada.
Al tiempo que Anticorrupción lanzaba su desmentido –el equipo de Moix sostiene incluso de manera oficiosa y verbal que fue el fiscal del caso Lezo el que comunicó su decisión de renunciar -, un nuevo dato certificaba la brecha: nada más tomar posesión del cargo, el pasado 8 de marzo, Moix se opuso a decretar una nueva prórroga para las escuchas telefónicas a los principales investigados en la Operación Lezo.
La insistencia de los fiscales del caso –Iáñez y Carmen García, que también investiga la trama Púnica- en la necesidad de mantener la intervención de determinados teléfonos llevó a Moix a rectificar: y otorgó una nueva autorización mensual.
Moix chocó desde el primer momento con la línea desarrollada por los fiscales del caso. Su oposición a permitir nuevas escuchas fue el primer aldabonazo. Días antes de que estallara la Operación Lezo llegó el segundo: los fiscales Iáñez y García pidieron la convocatoria de una junta de fiscales ante la negativa de su jefe Moix a que los registros se extendieran a la documentación que guarda el Canal de Isabel II, antiguo feudo de Ignacio González, sobre su filial latinoamericana Inassa.
Moix se oponía bajo el argumento de que los fiscales pretendían que la Guardia Civil incautara papeles sobre la propia adquisición de Inassa, materializada por el Canal de Isabel II en diciembre de 2001, es decir, bajo el mandato de Alberto Ruiz Gallardón y cuando Ignacio González no había desembarcado aún en el Gobierno de Madrid. La adquisición de Inassa se formalizó a través de Canal Extensia, capitaneada en diciembre de 2001 por el hoy presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, el organismo encargado de velar por la legalidad del gasto público.
De los 22 integrantes que conforman la junta de fiscales de Anticorrupción, solo uno se alineó con Moix. Y hubo una abstención. El resto cerró filas con Iáñez y García. Aunque las decisiones de la junta de fiscales no son vinculantes, Moix accedió a que la orden de registro alcanzara a la etapa fundacional de Inassa como filial del Canal de Isabel II. Al día siguiente, 19 de abril, llegaron los registros y los arrestos en cascada.
Moix no cedió en cambio en el segundo punto de discrepancia con los fiscales del caso: aunque la querella de Anticorrupción, que derivó en la apertura del caso que ahora instruye en la Audiencia Nacional el juez Eloy Velasco, incluye el delito de organización criminal, Moix ordenó aparcarlo: e impartió instrucciones a Carlos Iáñez y Carmen García para que prescindan de esa figura en las peticiones de prisión provisional o de otras medidas cautelares para los investigados. Pese a ello, el juez Velasco ha mantenido en sus autos la atribución de pertenencia a organización criminal.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/27/los_obstaculos_moix_investigacion_sobre_expresidente_madrid_abren_anticorrupcion_una_crisis_sin_precedentes_64374_1012.htmlEL PSOE Y CIUDADANOS SE UNEN PARA REPROBAR Y PEDIR EL CESE DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN
Plantean que la Cámara baja inste al Gobierno a apartar a Maza del cargo por incumplimiento "grave y reiterado" de sus funciones
Además, exigen la renuncia de Moix y piden al Ejecutivo que inicie los trámites para hacer efectiva su destitución
El PSOE y Ciudadanos han sumado fuerzas para que el Congreso repruebe tanto al fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, por sus "maniobras" para "obstaculizar e impedir la actuación de los fiscales" frente a determinados casos de corrupción, como al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, por su "respaldo" a esas "inaceptables actuaciones", y para exigir al Gobierno que destituya a ambos.
En una proposición no de ley registrada conjuntamente en el Congreso para su debate en el Pleno, PSOE y Cs plantean que la Cámara Baja inste al Gobierno a apartar a Maza del cargo "por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones". Asimismo, exigen la renuncia de Moix y piden al Ejecutivo que inicie los trámites necesarios para hacer efectiva su destitución.
Concretamente, el texto registrado este miércoles se refiere a la operación Lezo, en la que fue detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por su actuación presuntamente delictiva en el Canal de Isabel II, a la investigación que afecta al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez y al caso del tres por ciento en Cataluña.
En opinión de socialistas y ciudadanos, el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada "ha realizado actuaciones inequívocamente dirigidas a obstaculizar la tarea de los fiscales encargados de determinadas causas judiciales contra la corrupción".
En relación con la operación Lezo, indican que Moix ha dado "instrucciones contrarias a la realización de determinados registros", provocando que los fiscales del caso invocaran el mecanismo que prevé el artículo 27 de su Estatuto Orgánico ante órdenes o instrucciones que consideren contrarias a las leyes o improcedentes.
También destacan que el fiscal anticorrupción "intentó impedir que se prorrogaran las escuchas a los investigados" y que se han hecho públicas "determinadas maniobras" para trasladar a otro destino a uno de los fiscales encargados de la causa en la que se desarrolló la operación.
Mientras, el fiscal general del Estado, "en lugar de garantizar el sometimiento del Ministerio Público al principio de legalidad y preservar la posición de los fiscales encargados, ha venido respaldando esas actuaciones" de Moix, dice la proposición no de ley.
Caso del 3% e investigación al presidente murciano
Sobre la investigación a Pedro Antonio Sánchez en Murcia en relación con la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de este municipio, el PSOE y Ciudadanos recuerdan que Maza "impidió que el Ministerio Público le acusara" a pesar de que las fiscales del caso veían motivos para imputarlo.
Por último, censuran la reciente decisión de relevar a los fiscales encargados desde hace años del caso del tres por ciento, relativo al cobro de comisiones ilegales por parte de Convergència i Unió en la adjudicación de obras públicas en Cataluña.
PSOE y Ciudadanos consideran "absolutamente inadmisible" que quienes están constitucionalmente encargados de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad realicen este tipo de actuaciones, "poniendo bajo sospecha a la propia institución del Ministerio Público", especialmente en las causas judiciales que se siguen por delitos de corrupción y en las que están implicadas "personas que han ocupado relevantes cargos públicos".
Blanquear la corrupción del PP
En declaraciones en el Congreso, el diputado de Cs y vicepresidente primero de la Cámara, Ignacio Prendes, ha manifestado que, a juzgar por las informaciones conocidas en los últimos días, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y, especialmente, la Fiscalía Anticorrupción están haciendo una "obstrucción de la labor de combate y de investigación de la corrupción".
En cuanto a Moix, ha dicho que en vez actuar frente a las prácticas corruptas, "parece más interesado en poner trabas y obstáculos al trabajo de sus propios fiscales", a quienes Prendes ha elogiado por su "labor de defensa y protección de las instituciones democráticas, absolutamente necesaria". Además, le ha acusado de intentar "descafeinar" las investigaciones y "blanquear la corrupción del PP".
PSOE y Ciudadanos se unen para reprobar y pedir el cese del fiscal general del Estado y del fiscal anticorrupción El diputado de Ciudadanos ha subrayado que en un momento como el actual, no se puede permitir que la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción sufran una "pérdida de credibilidad" como consecuencia de estos hechos.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/26/psoe_ciudadanos_unen_para_reprobar_pedir_cese_del_fiscal_general_del_estado_del_fiscal_anticorrupcion_64360_1012.htmlLOS CINCUENTA DÍAS DE MANDATO DE MANUEL MOIX FRACTURAN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
El nuevo jefe del organismo dio el martes 72 horas al fiscal de la Operación Lezo para que renunciara y volviera a su destino en Granada
Moix no ha perdonado a Carlos Yáñez que se plantara frente a sus obstáculos a la investigación y obtuviera el respaldo casi unánime de sus compañeros
El fiscal jefe niega los hechos y se escuda en que solicitó la renovación de Yáñez al menos dos semanas antes del enfrentamiento en la Junta de Fiscales
Cincuenta días de mandato de Manuel Moix han bastado para que la Fiscalía Anticorrupción viva el momento más convulso de cuantos recuerdan sus actuales integrantes. Las tensiones vividas a cuenta de la Operación Lezo, surgidas casi desde el mismo instante de su llegada, afloraron hace ocho días en la Junta de Fiscales del organismo. Desde entonces no han dejado de saltar a los medios de comunicación. Hasta que este miércoles trascendió el ultimátum que el nuevo jefe de Anticorrupción dio a Carlos Yáñez, uno de los dos fiscales del caso, para que regrese a Granada, donde tiene plaza fija.
La Fiscalía General del Estado atribuyó a “discrepancias técnico-jurídicas” la invocación del artículo 27 del Estatuto Fiscal por parte de los fiscales de la operación contra la trama de Ignacio González. Unas diferencias que se solventaron de forma cordial, según quiso trasladar el propio Moix.
Fuentes presentes en la reunión confirman que se guardaron las formas en todo momento y que todos los fiscales menos uno apoyaron el criterio de sus compañeros acerca de un registro vinculado con el origen de la operativa fraudulenta en el Canal de Isabel II.
Moix cedió y solo arrancó a Yáñez y su compañera Carmen García el compromiso de no acusar a González y el resto, al menos por el momento, de integración en organización criminal. Restaban menos de 24 horas para que comenzaran los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Finalmente, el juez Eloy Velasco envió a la cárcel a González por varios delitos, también por organización criminal, sin necesidad de que lo solicitaran los representantes del Ministerio Público.
Los roces con los fiscales del caso habían comenzado casi desde la llegada de Moix a Anticorrupción, el 8 de marzo. El nuevo jefe apremiaba a sus subordinados a acabar cuanto antes con las intervenciones telefónicas de los investigados y defendía que la Fiscalía no solicitara órdenes de detención contra el expresidente de la Comunidad y los otros 11 detenidos el día 19. Los arrestos debería ordenarlos el juez por iniciativa propia o limitarse a ser detenciones policiales, según les había trasladado.
La tensión fue creciendo hasta la negativa de Moix a un registro vinculado a Inassa, la sociedad a través de la cual opera el Canal de Isabel II en Latinoamérica, cuando se perfilaban los últimos detalles del operativo. Fuentes cercanas al caso aseguran que Moix pretendía limitar el alcance temporal de la investigación, lo que dejaría la gestión del año 2001 fuera del presente caso y, en consecuencia, la posible responsabilidad de Alberto Ruiz-Gallardón.
Esa exigencia de Moix provocó la invocación del artículo 27 y la convocatoria de la Junta de Fiscales. Yáñez llegó a trasladarle su deseo de dejar la Fiscalía Anticorrupción si no recibía el respaldo de sus compañeros. Pero lo tuvo y abandonó esa idea. Fuentes próximas a los fiscales del caso aseguran que, a su término, el jefe de Anticorrupción les advirtió que dejarían el caso una vez se hubieran producido las declaraciones de los principales imputados.
Manuel Moix no lo olvidó y el pasado lunes recordó a Yáñez su intención inicial de irse. El fiscal del caso Lezo le recordó las circunstancias en las que había pronunciado su propósito y cómo éstas habían cambiado. Moix, según las mismas fuentes, le dio de plazo los tres días que Yáñez se iba a tomar para descansar. El próximo viernes debería regresar a Anticorrupción y presentar su solicitud de regreso a Granada.
Pero a las 14.00 horas del miércoles, la cadena SER desveló la decisión de Moix de apartar a Carlos Yáñez del caso. A las 15.04, el gabinete de comunicación de la Fiscalía General del Estado enviaba a los medios de comunicación una nota de dos párrafos en la que negaba que Yáñez hubiera sido relevado. “De hecho, el propio Fiscal Jefe ha solicitado recientemente la renovación de su plaza en comisión de servicios en esta Fiscalía, renovación que ha sido aprobada por la Fiscalía General del Estado”, añade la nota. La renovación, aclaró después, fue el 6 de abril, lo que significa que Moix habría propuesto renovar a Yáñez, como poco, doce días antes del enfrentamiento en la Junta de Fiscales.
El pasado lunes por la mañana, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, cumplió con una visita institucional a la Fiscalía Anticorrupción, pendiente desde que tomó posesión. Además de una reunión conjunta, Maza visitó las unidades adscritas y pasó por los despachos de los fiscales.
La felicitación del fiscal general
En el caso de Yáñez aprovechó para felicitar al fiscal por los resultados de la Operación Lezo y el fiscal guardó silencio sobre la acometida de Moix tras la Junta del martes anterior. A pesar de los términos de este encuentro, el jefe de Anticorrupción lanzó el ultimátum a Yáñez al día siguiente de que fuera felicitado por el fiscal general en persona.
En esa misma visita, Maza saludó también a los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo, a los que tres días antes había apartado del caso del 3%, de acuerdo con el fiscal jefe Anticorrupción. Tanto esta decisión como las presiones a Yáñez serán abordadas en el próximo Consejo Fiscal, que se reunirá el jueves y el viernes de la próxima semana. Por el caso del fiscal de la Operación Lezo preguntará a Maza la Unión Progresista de Fiscales.
El nombre del actual jefe Anticorrupción es pronunciado por Ignacio González en una de las conversaciones intervenidas por los investigadores de la Operación Lezo. El principal imputado aseguraba con tres meses de antelación que Moix va a ser elegido para dirigir la fiscalía especial y le calificaba como "un tío serio, bueno". Moix resultó elegido de una terna de siete candidatos siendo el único que no había pasado por la Fiscalía Anticorrupción, y frente a pesos pesados de esa especialidad como Belén Suárez, Alejandro Luzón o Antonio Romeral.
El pleno del Congreso de los Diputados debatirá asimismo el cese de Moix y Maza por las presiones al fiscal Yáñez tras la petición del PSOE y Ciudadanos. Esto se producirá con independencia de la comparecencia ante la comisión de Justicia que ambos deberán realizar por la sustitución de los fiscales Grinda y Bermejo de la investigación de la financiación irregular de la antigua CDC. “La situación de la Fiscalía en estos momentos es de quiebra institucional”, no dudan en señalar fuentes del Ministerio Público.
http://www.eldiario.es/politica/Cincuenta-Manuel-Moix-Fiscalia-Anticorrupcion_0_637287457.htmlMOIX ASEGURA QUE SU RELACIÓN CON GONZÁLEZ ERA “INSTITUCIONAL” Y NO SE PLANTEA DIMITIR
El fiscal Anticorrupción insiste en una entrevista en la SER en que no intentó frenar el 'caso Lezo', sino que hubo un "una discrepancia"
El jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha defendido este martes su actuación al frente del caso Lezo por el que la semana pasada ingresó en prisión preventiva el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Moix ha asegurado, durante una entrevista en la SER, que no sabe "por qué Ignacio González consideraba bueno su nombramiento" y que su relación con el expresidente madrileño del PP era "institucional". "No me planteo dimitir", ha dicho durante una intervención en la que ha dicho no entender por qué se considera que está torpedeando la investigación.
Moix ha insistido en que no trató de impedir uno de los registros, sino que pidió que se investigara en otro procedimiento. "Fue un debate jurídico", "porque había una discrepancia", ha calificado. También ha asegurado que, "de momento", no se ha acreditado el delito de organización criminal en esta investigación —como ha indicado el juez Eloy Velasco en sus autos de ingreso en prisión— y que, "de momento son conjeturas".
Una veintena de fiscales anticorrupción frenaron el martes la intención de Moix de limitar algunos aspectos de la investigación de la Operación Lezo, tras forzar una junta de fiscales y acogerse al precepto que les permite hacer frente a órdenes que estimen improcedentes.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) incidió este lunes en que los fiscales jefes no pueden dar "órdenes particulares negativas" —instrucciones de no investigar determinados hechos o personas— con el fin de garantizar la independencia del Ministerio Público, y ha solicitado que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre la continuidad o el cese del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ante la "pérdida de credibilidad" sufrida por ese departamento tras su nombramiento.
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/25/actualidad/1493104516_560805.htmlEL JEFE DE ANTICORRUPCIÓN PIDE AL FISCAL DE LA OPERACIÓN LEZO QUE RENUNCIE Y ÉL SE NIEGA
Manuel Moix le ha pedido que regrese a su puesto en Granada y deje la investigación que afecta a Ignacio González
Carlos Yáñez se enfrentó a Moix cuando este quiso impedir un registro de la Operación Lezo
El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, quiere apartar al fiscal del caso Lezo, la investigación que ha llevado a Soto del Real al expresidente madrileño Ignacio González. Moix le ha pedido a Carlos Yáñez que renuncie a su plaza en Madrid y vuelva a su puesto en Granada, pero el fiscal de la Operación Lezo se ha negado a presentar la renuncia, han informado a eldiario.es fuentes de la fiscalía especializada.
La cadena Ser ha adelantado las intenciones del fiscal jefe Anticorrupción. Con posterioridad, el organismo ha hecho pública una nota en la que niega que se haya apartado a Yáñez de la investigación y añade que Moix "ha solicitado recientemente la renovación de su plaza en comisión de servicios" en la fiscalía especializada. La nota no aclara cuándo se produjo esa petición de renovación y qué ha ocurrido después.
Yáñez dirige los interrogatorios del caso Lezo junto con la fiscal Carmen García. Los dos fiscales del caso forzaron una junta de fiscales cuando Moix intentó frenar uno de los registros de la operación, que finalmente se saldó con la detención, entre otros, del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. En la junta de fiscales, todos menos uno de sus integrantes apoyaron a los fiscales del caso en contra del criterio de su jefe y Moix cedió.
Moix se opuso al registro en la sede de Inassa, la filial del Canal en Latinoamérica que habría servido a Edmundo Rodríguez y a Ignacio González a distraer dinero de las cuentas de la empresa pública con la compra de una sociedad brasileña por cuatro veces más de su valor real.
La importancia de esa vía de la investigación radica en que si no se tira de ese hilo en esta causa, la gestión de Alberto Ruiz-Gallardón al frente del Canal de Isabel II queda fuera de una investigación que, entre los delitos atribuidos a los imputados, incluye el de organización criminal. En aquella época se decidió comprar el 75% de Inassa y que comenzara la etapa de la empresa pública de aguas madrileña en Latinoamérica.
El papel de Moix en esta investigación por los negocios del Canal de Isabel II ha quedado en entredicho desde el principio. Además de sus intentos de frenar un registro, las conversaciones grabadas a González revelan que quiso maniobrar para situarle al frente de Anticorrupción: "A ver si podemos poner a Moix en Anticorrupción, es un tío serio".
Además de la investigación principal del caso Lezo, Yáñez también andaba tras una derivada del caso. Trataba de averiguar qué magistrada avisó a los implicados de que se les estaba investigando, como revela una de las conversaciones grabadas que obran en manos de los fiscales.
http://www.eldiario.es/politica/Moix-quiere-apartar-Lezo-fiscal_0_637286815.htmlMANUEL MOIX DESMIENTE HABER APARTADO AL FISCAL QUE LLEVA EL PESO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA TRAMA DE IGNACIO GONZÁLEZ
La Cadena SER aseguró que el máximo responsable de Anticorrupción había pedido a Carlos Yáñez que renunciase a la comisión por la que está destinado a la Fiscalía Anticorrupción en Madrid y regresase a Granada
Es el fiscal que invocó el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Público al rechazar la propuesta de Moix, que no quería que uno de los registros de la Operación Lezo se realizara, al considerar que los hechos tenían que investigarse en otro sumario
El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha desmentido haber apartado a uno de los dos fiscales que llevan desde hace 18 meses la investigación al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, tal y como había anunciado horas antes la Cadena SER. infoLibre ha llamado a Anticorrupción para contrastar con Moix las informaciones, que no ha respondido a las preguntas de este diario. No obstante, La Fiscalía ha difundido después un comunicado en el que asegura que Moix ni ha cesado ni ha apartado al representante del Ministerio Fiscal en este caso.
“De hecho”, concluye la nota, “el propio Fiscal Jefe ha solicitado recientemente la renovación de su plaza en comisión de servicios en esta Fiscalía, tnovación que ha sido aprobada por la Fiscalía General del Estado”.
Según fuentes de Anticorrupción y de la Guardia Civil citadas por la SER, el máximo responsable de Anticorrupción había pedido a Carlos Yáñez, que lleva el peso en los interrogatorios y dirige el caso junto a Carmen García, que renunciase a la comisión por la que está destinado a la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, y regresase a Granada, donde tiene la plaza asignada.
Carlos Yáñez fue el fiscal que invocó el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Público al rechazar la intención de Moix, que quería que uno de los registros de la Operación Lezo no se realizara, al considerar que los hechos tenían que investigarse en otro sumario, y por tanto, por otros fiscales. Eso provocó la reunión de la junta de fiscales en Anticorrupción, que respaldaron a su compañero en contra del fiscal jefe, quien accedió al registro.
Intentó prohibir las escuchas
La cadena del Grupo Prisa también desveló este miércoles que al poco de entrar en el cargo, en febrero pasado, Moix también intentó prohibir las escuchas a los investigados.
Tal y como ha adelantado infoLibre, Moix recibió en 2009 una denuncia con todos los datos de la trama societaria utilizada por Ignacio González y su familia para lucrarse con la adjudicación del campo de golf del Canal de Isabel II, pero sin embargo no investigó el asunto y decidió archivarlo.
Moix no encontró "siquiera la más leve sospecha" de irregularidad. La Guardia Civil y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sí decidieron ahora investigar el asunto y esa adjudicación es una de las que se explica con más detalle en el auto donde motiva la prisión incondicional de González. Todas las empresas que se mencionan en el escrito del magistrado Velasco figuraban ya en la denuncia que recibió y archivó Moix en 2009.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/26/manuel_moix_quiere_apartar_fiscal_investigacion_trama_gonzalez_64338_1012.htmlMOIX ARCHIVÓ EL 'CASO GONZÁLEZ' EN 2009 SIN PRACTICAR UNA SENCILLA DILIGENCIA PEDIDA POR LOS DENUNCIANTES Y QUE HABRÍA DESTAPADO LA TRAMA
La asociación que denunció la adjudicación del campo de golf del Canal pidió al entonces fiscal superior de Madrid que reclamase a Hacienda el modelo 347 de las empresas Tecnoconcret y Only Golf
Las empresas tienen que incluir en el modelo 347 todas las compras y ventas que realicen por importe superior a 3.005 euros
Si Moix hubiese solicitado la información a Hacienda, habría descubierto que la empresa de la familia González en el campo de golf había recibido ingresos de más de tres millones de euros
La asociación vecinal Parque Sí en Chamberí presentó en mayo de 2009 una denuncia contra Ignacio González por la adjudicación del campo de golf del Canal, en la que pedía a la Fiscalía de Madrid que practicase una serie de “diligencias de averiguación”, entre ellas solicitar a Hacienda los datos del modelo 347 de dos empresas implicadas en dicho proyecto: Tecnoconcret y Only Golf. El entonces fiscal superior de Madrid y ahora fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, no practicó esa sencilla diligencia y ordenó archivar la denuncia en octubre de aquel año. Si hubiera atendido la petición de los denunciantes, habría descubierto que Tecnoconcret, empresa controlada de forma mayoritaria por un hermano y un cuñado de Ignacio González, había recibido ingresos de más de tres millones de euros por el proyecto del campo de golf.
En la denuncia presentada por la asociación vecinal, que luchaba para que en los terrenos de los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II se instalase un parque público y no un campo de golf de nueve hoyos, se proponía la práctica de las siguientes diligencias de averiguación: solicitar a la Agencia Tributaria la relación del modelo 347 presentado por las compañías Tecnoconcret y Only Golf en los años 2005, 2006, 2007 y 2008; pedir a la Tesorería General de la Seguridad Social un informe de la relación de trabajadores de Tecnoconcret durante aquellos años, y reclamar al Canal los dosieres de las empresas que participaron en el concurso para obtener el contrato de gestión y explotación de las instalaciones deportivas.
El modelo 347 es una declaración anual que las empresas deben presentar ante Hacienda de forma obligatoria con los datos de las operaciones realizadas con terceros por importe superior a 3.005 euros. En dicha declaración deben figurar tanto los pagos como los ingresos realizados por la compañía.
Los investigadores de casos de corrupción –Guardia Civil, Policía, Fiscalía– piden de forma sistemática el modelo 347 de las empresas sospechosas, ya que les permite hacerse un mapa de las relaciones que confiesan las propias sociedades investigadas. Es además una de las diligencias de investigación más sencillas de practicar, ya que sólo tienen que enviar un oficio a la Agencia Tributaria reclamando la información.
Los datos que constaban en el modelo 347
Los datos conocidos ahora en la operación Lezo, según consta en el auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió a prisión a Ignacio González, desvelan que “Tecnoconcret declaró entre los años 2006 y 2007 ventas a la sociedad Dragados, del grupo ACS, por importe de 3,26 millones de euros”. ¿Y en concepto de qué ingresó ese dinero la empresa controlada por la familia González? En teoría para realizar la instalación del césped del campo de golf.
En realidad, Tecnoconcret no tenía ni capacidad, ni personal, ni conocimientos técnicos para instalar dicho césped, así que subcontrató el trabajo con la otra sociedad por la que se interesaban los denunciantes de Parque Sí en Chamberí: Only Golf Planning and Design. Así consta en el auto del juez Velasco, en el que se asegura que Tecnoconcret “declaró ventas a una sociedad denominadas Only Golf, supuestamente dedicada a la construcción de pistas de golf, por importe de unos 2,68 millones de euros durante los años 2006 y 2007”.
La diferencia entre ambas cantidades son aproximadamente 578.000 euros, que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil consideran una comisión con la que se quedó Tecnoconcret por el simple hecho de actuar como intermediaria en la operación.
Eloy Velasco explica que estas operaciones fueron “declaradas” por Tecnoconcret, es decir, que constaban en el modelo 347 de la sociedad.
Pero Tecnoconcret no sólo se lucró con el campo de golf en la fase de construcción (en 2006 y el primer trimestre de 2007), sino que también lo hizo en la fase de gestión y explotación de las instalaciones deportivas (desde abril de 2007), siempre según la investigación de la UCO. Así, entre los años 2007 y 2012, la compañía declaró ventas al consorcio Green Canal Golf –el encargado de la explotación del campo de golf– por importe de unos 623.000 euros. Así lo destaca el magistrado en su auto: “Esta sociedad [Tecnoconcret] a pesar de estar desvinculada formalmente del citado consorcio [Green Canal Golf] aún siguió facturando”. Desde abril de 2008, el hermano y el cuñado de González eran directamente accionistas de Tecnoconcret.
El juez Velasco habla de desvinculación “formal” porque la explotación del campo de golf, realizada por el Canal cuando Ignacio González era su presidente, se adjudicó en diciembre de 2006 a un consorcio formado inicialmente por tres empresas: Iridium, del grupo ACS; Soto Once, una firma que ya gestionaba otros campos de golf, y la propia Tecnoconcret, que era clave en la presunta operación corrupta. El consorcio se denominó Green Canal Golf. A principios de 2008, Iridium compró sus acciones a las otras dos compañías.
Cuando en mayo de 2009 los denunciantes de Parque Sí en Chamberí solicitaron al fiscal Manuel Moix que pidiese los modelos 347 de Tecnoconcret y de Only Golf, estas dos compañías ya habían declarado por tanto todas las operaciones relacionadas con la instalación del césped –3,26 millones de euros– y parte de las vinculadas a la explotación de las instalaciones deportivas. Con esos datos, Moix no podría haber decretado el archivo de la denuncia.
La denuncia de Parque Sí en Chamberí
La denuncia de los vecinos, a la que ha tenido acceso infoLibre, constaba de nueve páginas y se basaba en dos informaciones periodísticas que habían descubierto la trama societaria utilizada por González y su familia: una publicada en la revista Tiempo en abril de 2007 y otra en el diario Público en febrero de 2009.
En la primera información se desvelaba que Ignacio González había favorecido directamente a una empresa relacionada con su familia, al adjudicar la explotación del campo de golf a un consorcio en el que participaba la empresa Tenoconcret. Esta sociedad tenía como administrador único a José Antonio Clemente Martín, que había fundado la empresa junto a su esposa en mayo de 2003. Con un capital de 3.010 euros, en sus primeros años de vida apenas tuvo actividad y declaraba contar con dos trabajadores en plantilla. Pero todo cambio a partir del 21 de junio de 2006, cuando Clemente fundó otra sociedad denominada Tamanaco 07 Consulting junto con otros dos socios: Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del entonces número dos de Aguirre. Cada uno de ellos se quedó con el 33,3% de la firma, dedicada precisamente a “la promoción y explotación de instalaciones deportivas”.
Sólo cinco meses después de que Clemente se convirtiese en socio de la familia González, Tecnoconcret recibió la adjudicación para explotar el campo de golf del Canal, junto a Iridium y Soto Once. La decisión se tomó en una reunión del consejo de administración del Canal de Isabel II –la principal empresa pública madrileña–, presidida por el propio Gonzalez, quien no se abstuvo en la votación y ocultó al resto de consejeros la relación que Tecnoconcret tenía con familiares directos suyos.
En febrero de 2009, Público desveló dos hechos nuevos en relación con la trama societaria del campo de golf. Por una parte, el hermano y el cuñado de Ignacio González habían entrado directamente en el accionariado de Tecnoconcret, a través de una ampliación de capital de la sociedad, presentada en el Registro Mercantil de Madrid en noviembre de 2008. De esta forma, Pablo González y José Juan Caballero (este último a través de una compañía interpuesta llamada Proyectos Ecosistemas) pasaban a controlar cada uno de ellos el 31,6% del capital de Tecnoconcret. En aquel momento, la portavoz oficial de González señaló que, desde enero de 2008, Tecnoconcret ya no era accionista de Green Canal Golf.
Por otra parte, el periódico reveló que empresas relacionadas con la familia de González también se habían quedado con subcontratas del proyecto del campo de golf. La principal era Only Golf Planning and Design, que se había encargado de instalar el césped.
Tecnoconcret y Only Golf se convirtieron además en socios empresariales, ya que constituyeron a medias una nueva compañía, denominada Airgrass Technologies. El objeto de esta última sociedad era “comercializar y mantener soluciones de césped artificial”, como el utilizado en el campo del Canal. Cada una de las fundadoras se quedó con el 50% del capital de Airgrass Technologies.
Los denunciantes aportaron en la Fiscalía de Madrid toda la documentación oficial del Registro Mercantil que respaldaba los datos desvelados en las informaciones periodísticas.
El archivo de Moix
La denuncia de Parque Sí en Chamberí acusaba a Ignacio González de la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias. Manuel Moix abrió unas supuestas “diligencias de investigación”, pero el 6 de octubre de aquel año archivó el asunto.
En el decreto de archivo, que adelantó este martes infoLibre, Moix concluyó que no existía “indicio o rastro alguno que permita, siquiera, la más leve sospecha de que se hubiera producido algún tipo de sugerencias, insinuaciones, presiones o similar por parte del vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, a fin de que las decisiones adoptadas lo fueran en un determinado sentido”.
El entonces fiscal superior de Madrid y ahora fiscal jefe de Anticorrupción no apreció “ningún tipo de irregularidad” en el concurso de adjudicación y llegó al extremo de asegurar en su escrito: “Se ha podido constatar que ni el hermano ni el cuñado del vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid han intervenido, en momento alguno, ni como accionistas, ni como administradores de las sociedades a las que se adjudicó el concurso, ni tampoco en la sociedad anónima que actualmente explota las instalaciones”.
En las cinco páginas de su decreto, Moix no hace mención alguna a las diligencias de averiguación que habían pedido los denunciantes, entre ellas la solicitud a la Agencia Tributaria del modelo 347 de Tecnoconcret y de Only Golf.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/26/moix_archivo_caso_gonzalez_sin_practicar_una_sencilla_diligencia_pedida_por_los_denunciantes_que_habria_destapado_trama_64315_1012.htmlEL FISCAL JEFE DE ANTICORRUPCIÓN TAPÓ EN 2009 EL ESCÁNDALO DEL CAMPO DE GOLF ADJUDICADO POR GONZÁLEZ
Manuel Moix decretó el archivo de una denuncia en la que figuraban todos los datos de las empresas relacionadas con la trama
El entonces fiscal jefe de Madrid aseguró que no existía ni “indicio”, ni “rastro” ni “la más leve sospecha” de irregularidad por parte de Ignacio González
En contra de lo que indicó Moix, el hermano y el cuñado de González llevaban tres años utilizando la sociedad Tecnoconcret para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf
El actual fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, recibió en 2009 una denuncia con todos los datos de la trama societaria utilizada por Ignacio González y su familia para lucrarse con la adjudicación del campo de golf del Canal. Moix no investigó el asunto y decidió archivarlo, al no encontrar "siquiera la más leve sospecha" de irregularidad. La Guardia Civil y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sí decidieron ahora investigar el asunto y esa adjudicación es una de las que se explica con más detalle en el auto donde motiva la prisión incondicional de González. Todas las empresas que se mencionan en el escrito del magistrado Velasco figuraban ya en la denuncia que recibió y archivó Moix en 2009.
La operación Lezo contra la supuesta “organización criminal” que dirigía Ignacio González se inició hace seis días y Moix ya se ha visto envuelto en dos polémicas. En las grabaciones que realizó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se escucha a González afirmar lo siguiente en una conversación con el exministro Eduardo Zaplana: “A ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción […] Yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo […] Era el fiscal jefe de Madrid, se llama Moix, es un tío serio y bueno”. Hace dos meses, el 22 de febrero de 2017, Moix fue nombrado efectivamente fiscal jefe Anticorrupción.
Además, Manuel Moix intentó evitar en el último momento uno de los registros de la operación Lezo. Los fiscales del caso invocaron un precepto legal que les permite enfrentarse a una orden que consideren improcedente y forzaron una reunión de la junta de fiscales, que casi por unanimidad rechazó los planes de Moix.
La trama descubierta por la prensa
En mayo de 2009, la asociación vecinal Parque Sí en Chamberí presentó una denuncia ante la Fiscalía de Madrid, que entonces dirigía Manuel Moix. Dicha asociación llevaba más de dos años luchando contra la decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre de construir un campo de golf de nueve hoyos en los terrenos de los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II, la principal empresa pública de Madrid que entonces estaba presidida por González, quien también era el número dos del Gobierno autonómico del PP.
La detallada denuncia vecinal, que iba respaldada por documentos del Registro Mercantil, se basaba en dos informaciones periodísticas que habían descubierto la trama societaria utilizada por González y su familia: una publicada en la revista Tiempo en abril de 2007 y otra en el diario Público en febrero de 2009.
En la primera información se desvelaba que Ignacio González había favorecido directamente a una empresa relacionada con su familia. Los hechos eran los siguientes. En diciembre de 2006, el Canal adjudicó la explotación del campo de golf a un consorcio que estaba integrado por tres sociedades: Iridium, del grupo ACS y encargada de construir las instalaciones; Soto Once, una firma que ya gestionaba otros campos de golf, y Tecnoconcret, una compañía que apenas tenía actividad y que era la clave en la presunta operación corrupta. El consorcio se denominó Green Canal Golf.
Tecnoconcret tenía como administrador único a José Antonio Clemente Martín, que había fundado la empresa junto a su esposa en mayo de 2003. Con un capital de 3.010 euros, en sus primeros años de vida apenas tuvo actividad y declaraba contar con dos trabajadores en plantilla. Pero todo cambio a partir del 21 de junio de 2006, cuando Clemente fundó otra sociedad denominada Tamanaco 07 Consulting junto con otros dos socios: Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del entonces número dos de Aguirre. Cada uno de ellos se quedó con el 33,3% de la firma, dedicada precisamente a “la promoción y explotación de instalaciones deportivas”.
Sólo cinco meses después de que Clemente se convirtiese en socio de la familia González, Tecnoconcret recibió la adjudicación para explotar el campo de golf del Canal, junto a Iridium y Soto Once. La decisión se tomó en una reunión del consejo de administración de la empresa pública madrileña, presidida por el propio Gonzalez, quien no se abstuvo en la votación y ocultó al resto de consejeros la relación que Tecnoconcret tenía con familiares directos suyos.
En febrero de 2009, Público desveló dos hechos nuevos en relación con la trama societaria del campo de golf. Por una parte, el hermano y el cuñado de Ignacio González habían entrado directamente en el accionariado de Tecnoconcret, a través de una ampliación de capital de la sociedad, presentada en el Registro Mercantil de Madrid en noviembre de 2008. De esta forma, Pablo González y José Juan Caballero (este último a través de una compañía interpuesta llamada Proyectos Ecosistemas) pasaban a controlar cada uno de ellos el 31,6% del capital de Tecnoconcret. En aquel momento, la portavoz oficial de González señaló que, desde enero de 2008, Tecnoconcret ya no era accionista de Green Canal Golf, puesto que había vendido su parte del capital a otra de las compañías del consorcio que explotaba las instalaciones deportivas (Iridium).
Por otra parte, el periódico reveló que empresas relacionadas con la familia de González también se habían quedado con subcontratas del proyecto del campo de golf. La principal era Only Golf Planning and Design, que se había encargado de instalar el césped.
Tecnoconcret y Only Golf se convirtieron además en socios empresariales, ya que constituyeron a medias una nueva compañía, denominada Airgrass Technologies. El objeto de esta última sociedad era “comercializar y mantener soluciones de césped artificial”, como el utilizado en el campo del Canal. Cada una de las fundadoras se quedó con el 50% del capital de Airgrass Technologies.
La denuncia ante el fiscal Moix
Con todos esos datos, la asociación vecinal que reclamaba la construcción de un parque público en vez de un campo de golf en los terrenos del Canal, presentó en mayo de 2009 una denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. El escrito acusaba a Ignacio González de la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias. El organismo público abrió unas “diligencias de investigación”, pero el 6 de octubre de aquel año archivó el asunto.
Manuel Moix, entonces fiscal superior de Madrid y ahora fiscal jefe de Anticorrupción, concluyó que no existía “indicio o rastro alguno que permita, siquiera, la más leve sospecha de que se hubiera producido algún tipo de sugerencias, insinuaciones, presiones o similar por parte del vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, a fin de que las decisiones adoptadas lo fueran en un determinado sentido”.
Todo el decreto de Moix estaba escrito en un tono propio de un abogado de la defensa. Afirmaba cosas como las siguientes: que en todo el concurso de adjudicación no se había apreciado “ningún tipo de irregularidad” o que la valoración de las ofertas de las empresas que concursaron había sido resuelta “de forma detallada y objetiva por los servicios técnicos de evaluación”.
La defensa que el fiscal realizó de González y familia llegó al extremo de asegurar en su escrito: “Se ha podido constatar que ni el hermano ni el cuñado del vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid han intervenido, en momento alguno, ni como accionistas, ni como administradores de las sociedades a las que se adjudicó el concurso, ni tampoco en la sociedad anónima que actualmente explota las instalaciones”.
El propio fiscal superior firmaba el decreto por el que se acordaba el archivo de las “diligencias de investigación, por no ser los hechos denunciados constitutivos de infracción penal”.
El saqueo descubierto
La investigación realizada ahora por la UCO, bajo la dirección del magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, desmonta prácticamente punto por punto el decreto del fiscal Moix.
En el auto mediante el que envía a prisión a Ignacio González, a su hermano Pablo y a su cuñado José Juan Caballero, se detalla la trama empresarial, los movimientos accionariales y las relaciones societarias exactamente en los mismos términos que desvelaron en su día las informaciones de Tiempo y Público.
La UCO sí investigó a las empresas implicadas y descubrió que entre los años 2006 y 2007, cuando se ejecutaron las obras de construcción del campo de golf, Dragados pagó a Tecnoconcret 3,26 millones de euros. En teoría, ese dinero era para que instalase el césped del campo de golf. Dragados es una de las principales constructoras del grupo ACS, liderado por Florentino Pérez.
Pero Tecnoconcret no tenía ni capacidad, ni personal ni experiencia para instalar el césped del campo de golf. Así que subcontrató a su vez los trabajos con la compañía Only Golf Planning and Design, pero lo hizo por importe de 2,6 millones de euros. Es decir, por el camino Tecnoconcret se quedó con una comisión de 578.000 euros aproximadamente, siempre según los datos que constan en el auto del juez Velasco.
Además, entre los años 2007 y 2012, la sociedad Tecnoconcret declaró ventas al consorcio Green Canal Golf –el encargado de la explotación de las instalaciones deportivas– por importe de unos 623.000 euros. En la mayor parte de ese periodo, el hermano y el cuñado de González eran directamente accionistas de Tecnoconcret. Así lo destaca el magistrado en su auto: “Esta sociedad [Tecnoconcret] a pesar de estar desvinculada formalmente del citado consorcio [Green Canal Golf] aún siguió facturando”.
En resumen, la sociedad Tecnoconcret se lucró con el campo de golf en las dos fases del proyecto:
a) Durante la construcción (2006 y primer trimestre de 2007), al quedarse con una comisión de 578.000 euros actuando como intermediaria en la subcontratación de Only Golf Planning and Design
b) Durante la explotación de las instalaciones deportivas (entre abril de 2007 y 2012), al facturar 623.000 euros a Green Canal Golf, consorcio al que se le adjudicó el campo de golf y del que Tecnoconcret formaba parte inicialmente.
Y desde abril de 2008, el hermano y el cuñado de González eran directamente accionistas de Tecnoconcret. De forma que lo afirmado por Moix en su decreto de archivo no se ajustaba a la realidad.
El magistrado Eloy Velasco también desmonta el último argumento usado por el fiscal Moix en defensa de Ignacio González: resulta que Green Canal Golf no presentó la mejor oferta económica (quedó 11,37 puntos por detrás) y logró ganar el concurso “habiendo recuperado la diferencia perdida en la valoración de la oferta económica –criterios objetivos– en la valoración de los criterios subjetivos, uno de los cuales daría pie a una gran discrecionalidad”. En su supuesta investigación, a Moix le había parecido que todo se había desarrollado de forma “detallada y objetiva”.
“Es un tío serio y bueno”, afirmaba Ignacio González el pasado verano en referencia a Manuel Moix, en las grabaciones realizadas por la Guardia Civil donde defendía su idoneidad como fiscal jefe de Anticorrupción. Sus deseos se cumplieron hace dos meses. González no decía nada sobre la capacidad de Moix para investigar supuestas organizaciones corruptas.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/04/25/el_fiscal_jefe_anticorrupcion_tapo_2009_escandalo_del_campo_golf_adjudicado_por_gonzalez_64254_1012.htmlUNA ASOCIACIÓN DE FISCALES AVISÓ AL FISCAL GENERAL DE QUE MOIX APARECÍA EN UNAS ESCUCHAS PARA APLAZAR SU DESIGNACIÓN
La Unión Progresista de Fiscales hizo llegar al Fiscal General que Ignacio González había contado en unos pinchazos telefónicos que el nombramiento de Moix para Anticorrupción resolvería sus problemas judiciales
La asociación de fiscales alertó a la máxima autoridad de la carrera de que el levantamiento del secreto dejaría a Moix en una situación insostenible
Pese a las advertencias y las polémicas protagonizadas por el antiguo fiscal jefe de Madrid, José Manuel Maza acabó confiándole el mando de la unidad especializada
Sucedió durante los días previos a la designación de las jefaturas de la Fiscalía, el pasado febrero. En la carrera estaba cantado que uno de los favoritos para ocupar el mando de la unidad especial de Anticorrupción era Manuel Moix, un fiscal controvertido que acumulaba en su hoja de servicios muchas decisiones polémicas durante su etapa al frente de la Fiscalía de Madrid. Suyas habían sido las decisiones de no llevar a juicio a la presidenta del PP madrileño por su incidente con unos agentes de movilidad a los que desobedeció y derribó la moto y también su insistencia en el archivo del caso de los espías en la Comunidad que también involucraba a altos cargos del PP regional y que finalmente llegará a juicio en los próximos meses.
Pero el runrún que había empezado a correr por la fiscalía aquellos días de febrero en torno a Moix era mucho más grave. Varios de los miembros del ministerio público aludían a una conversación grabada por agentes de la Guardia Civil con autorización judicial a dos dirigentes políticos inmersos en un caso de corrupción que se estaba investigando y por entonces figuraba secreto. Se trataba de la Operación Lezo, en la que ha acabado detenido el expresidente madrileño Ignacio González y los que intervenían en la conversación eran precisamente González y el exministro de los Gobiernos de José María Aznar y antiguo presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana.
Según las fuentes consultadas, durante una de las conversaciones que mantuvieron esos dos amigos a finales de 2016 en un tono de camaradería, González se lamenta el trato que está recibiendo de la Fiscalía Anticorrupción, a la que recrimina haber pedido su imputación en el caso de su ático en Estepona, que él mantiene haber comprado pero que según los investigadores responde se trata de una comisión como pago a la recalificación inmobiliaria que benefició a la antigua promotora Martinsa en el municipio de Arganda.
En esa charla distendida, sin saber que están siendo grabados, el expresidente madrileño se muestra esperanzado ante un cambio de jefatura en Anticorrupción y da a entender que si finalmente el elegido es Manuel Moix, el exfiscal jefe de Madrid, su suerte puede en los juzgados cambiar. El contenido de esa grabación que figura en poder de la Guardia Civil era conocido el pasado febrero por varios miembros del ministerio público.
Y fue la Unión Progresista de Fiscales la que le hizo llegar por un cauce no oficial al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, el rumor sobre la existencia de las escuchas de González sobre Moix, al tiempo que le alertaba de que esas grabaciones iban a acabar suponiendo un problema para la fiscalía cuando saliesen a la luz con el levantamiento del secreto de sumario.
Los miembros de la Asociación de Fiscales, más conservadora y numerosa, sí decidieron apoyar el nombramiento de Moix en el consejo. A cambio lograron que su portavoz, Jesús Alonso fuese colocado como fiscal de la Audiencia Nacional.
Maza, un magistrado al que el Consejo de Ministros había aupado a la cima del ministerio público el 22 de febrero decidió designar a Moix para Anticorrupción. La UPF, que no llegó a hacer públicas sus advertencias durante aquellos días, se limitó a responder con un frío comunicado en el que advertía que la llegada de Moix a Anticorrupción, así como otros de los nombramientos efectuados, " solo pueden explicarse desde un interés eminentemente políticos e ideológico".
Tal y como pronosticaba González en aquellas escuchas, la primera decisión de Moix ante una gran causa de corrupción fue intentar frenar el pasado martes algunos de los registros de la Guardia Civil en la Operación Lezo, en la que fue arrestado el presidente madrileño junto a otras 11 personas. Se lo impidió una rebelión de la junta de fiscales de Anticorrupción que el lunes hicieron valer su autonomía para seguir adelante con el calendario de actuaciones fijado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que instruye el sumario.
http://www.eldiario.es/politica/Fiscales-Fiscal-General-Moix-nombramiento_0_635186492.htmlEL FISCAL JEFE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ IMPEDIR UNO DE LOS REGISTROS DE LA OPERACIÓN CONTRA IGNACIO GONZÁLEZ
La víspera del estallido de la operación presentó una orden por escrito, con el aval del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para suspender uno de los registros. La actuación de Manuel Moix provocó la rebelión de la junta de fiscales Anticorrupción, que avalaron a sus compañeros y consiguieron que se desarrollara todo el operativo
El nuevo Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, intentó este martes que no tuviera lugar uno de los registros planteados en la operación judicial desarrollada contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Con el aval del propio Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, a quien le pareció “muy bien” la decisión, según ha confesado el propio Moix a la SER, ordenó por escrito a los fiscales del caso que no ejecutaran uno de los registros para el que ya habían preparado el dispositivo policial pertinente, y que iba a tener lugar en solo unas horas.
Ante la existencia de esta discrepancia, los fiscales de la operación contra Ignacio González invocaron el artículo 27 del estatuto de la Fiscalía, y de manera automática Moix tuvo que convocar la junta de fiscales Anticorrupción, donde la mayoría se opuso a la orden de su jefe, y apoyó la práctica del registro. El fiscal jefe Manuel Moix acabó rectificando y acató la postura de la mayoría.
Manuel Moix quita hierro a los hechos. En declaraciones a la SER apunta que se trata de una actuación “habitual” en la Fiscalía, y que fueron empleados los “mecanismos de disenso normales” que establece el estatuto del Ministerio Público. Recuerda además que la decisión de la junta "no es vinculante" y aun así, rectificó. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por la SER recalcan que “pocas veces” los fiscales invocan el artículo 27 contra una decisión de sus superiores, y confirman la “tensión” en la junta por la orden con la que el jefe, con el aval del Fiscal General, pretendían limitar la investigación.
Se da la circunstancia de que el nombre de Manuel Moix aparece en el sumario de la operación contra Ignacio González que investiga el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Se trata de una conversación telefónica grabada por la Guardia Civil en verano pasado, entre el propio González y Eduardo Zaplana, en la que el expresidente de la Comunidad de Madrid celebra la posibilidad de que Moix pudiera convertirse en el Fiscal Jefe Anticorrupción. Según fuentes conocedoras de esa conversación, González alude a que Moix es una persona próxima al PP y viene a decir que si era el elegido, les iría mejor.
En febrero pasado, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, acabó nombrando a Moix en el cargo, pese a que unas horas antes de la decisión, la Unión Progresista de Fiscales le había advertido de que circulaba el rumor de que en un sumario abierto en la Audiencia Nacional existían conversaciones grabadas que implicaban a su candidato en un supuesto trato de favor al PP.
http://cadenaser.com/ser/2017/04/19/tribunales/1492637651_989556.htmlEL NUEVO JEFE DE ANTICORRUPCIÓN INTENTÓ LIMITAR LA INVESTIGACIÓN SOBRE IGNACIO GONZÁLEZ
El nuevo fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, intentó limitar el alcance de la investigación en torno a Ignacio González. Moix cuestionó algunas de las decisiones adoptadas por los fiscales del caso referidas a los registros que había que realizar y a qué hechos debían incluirse dentro de la investigación.
Los fiscales del caso no asumieron el criterio de su superior e hicieron uso de la facultad que les concede el estatuto del ministerio fiscal para someter el asunto a una junta de fiscales, según informaron fuentes del ministerio público. Los fiscales se acogieron al artículo 27 del estatuto de la Fiscalía, que dice que "el Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola".El asunto fue estudiado por todos los fiscales de Anticorrupción, que respaldaron de forma mayoritaria las tesis de sus dos compañeros. Finalmente, Manuel Moix optó por no imponer su criterio y aceptó todos los registros propuestos y mantener la investigación en los limites defendidos por los fiscales del caso.
http://www.elmundo.es/espana/2017/04/20/58f861f1e2704efb0d8b45a8.htmlEL NUEVO FISCAL ‘AMIGO’ DE ANTICORRUPCIÓN VALORARÁ SI DEVOLVER AL PP 1,2 MILLONES DE FIANZA
La formación pide a la Audiencia Nacional que le reintegren su fianza por el ‘caso de la caja B’
El Partido Popular aspira a que la Audiencia Nacional le devuelva 1,2 millones de euros que pagó como fianza para cubrir las futuras responsabilidades del caso de la caja B, derivado del caso Bárcenas. Así lo ha pedido su abogado en un escrito que este lunes publica eldiario.es Lo más llamativo del caso es que, aunque el juez tendrá la última palabra, primero tendrá que pronunciarse el nuevo fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, un fiscal muy cómodo para el PP cuyo nombramiento exprés salió de lo que la oposición ha calificado como purga de fiscales.
El PP ha presentado esta petición en un escrito de adhesión al que firmaron en enero los abogados de Unifica, la empresa que realizó la reforma de la sede de la formación en la calle Génova y que presuntamente fue pagada con dinero negro. Los conservadores se suman a la tesis de esta empresa, cuyos directivos son “amigos” de Mariano Rajoy, según el presidente del Gobierno puso en una foto dedicada a ellos, según la cual basta con las fianzas que pagaron los trabajadores de Unifica para cubrir las responsabilidades que surgieran del proceso.
El PP reclama a la Audiencia Nacional que deje “sin efecto” la fianza presentada o, lo que es lo mismo, que le devuelva 1,2 millones de euros. Esta petición ahora requiere el informe previo de la Fiscalía Anticorrupción, que ahora dirige Manuel Moix y se presentó el día 22 de febrero, el mismo día que se propuso el nombramiento del fiscal.
Un nombramiento, además, que se hizo de manera exprés porque, si el miércoles se elevaba la propuesta de nombramiento por el Consejo Fiscal, el viernes era aprobado por el Consejo de Ministros. Una premura que contrasta, por ejemplo, con el del nombramiento que el Consejo General del Poder Judicial hizo en enero, para ocupar una plaza en la sala primera del Tribunal Supremo y que, dos meses después, aún no se ha oficializado, como recuerda el citado diario.
La coincidencia de la petición del PP con el nombramiento de Moix como fiscal Anticorrupción es llamativa, habida cuenta de la fama de amistad que une a ambas partes, a quien sus compañeros califican como fiscal “fácil”. Y que el cargo le fue entregado pasando por encima de otros seis candidatos, aunque él era el único que nunca había trabajado con Anticorrupición.
En su trayectoria al frente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid destaca que fue el fiscal encargado del caso de la huida de Esperanza Aguirre por la Gran Vía tras aparcar en el carril bus y llevarse por delante la moto de un agente de movilidad. Frente al criterio de la acusación popular y, sobre todo, del juez, Moix defendió a capa y espada que no se trataba de un delito de desobediencia civil, sino sólo una falta. Y también fue muy útil para Aguirre por su empeño en pedir una y otra vez que se archivara el caso de los espías que afecta a su pasado como presidenta de la Comunidad de Madrid.
También tomó varias decisiones que fueron favorables para dos personajes que acaban de ser condenados a penas de prisión: Miguel Blesa y Rodrigo Rato. En lo que respecta al primero, fue su Fiscalía la que denunció al juez Elpidio Silva por enviarle a la cárcel, acusando al magistrado, que por este proceso está inhabilitado por 17 años, de “retardo malicioso” y de “anteponer su voluntad al derecho”.
Sobre Rodrigo Rato, él estuvo detrás de la detención del exvicepresidente, que sirvió como golpe de efecto al Gobierno. Y todo mientras se enfrentaba a Anticorrupción, porque el órgano que él dirige ahora creía que la investigación de la Agencia Tributaria por blanqueo de capitales era “embrionaria”. Es más, la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que ha sido cesada por no plegarse a las presiones del ministro de Justicia, le quitó el caso Rato para dárselo a Anticorrupción.
Moix tampoco ha perdido tiempo para hacer manifestaciones políticas, como cuando cargó contra el 15M por "exteriorizar su ignorancia sobre los valores que deben inspirar la convivencia democrática". O como cuando se opuso a que se dejara en libertad a los detenidos durante las Marchas de la Dignidad que llegaron a Madrid desde toda España para oponerse a los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy: "No se puede permitir que personas tan violentas estén en la calle y puedan seguir delinquiendo".
http://www.elplural.com/politica/2017/02/27/el-nuevo-fiscal-amigo-de-anticorrupcion-valorara-si-devolver-al-pp-12-millonesMANUEL MOIX, UN FISCAL CÓMODO EN ANTICORRUPCIÓN PARA EL PP
Fuentes del ministerio público consultadas por la Cadena SER subrayan que no se recuerda que haya impulsado una investigación que afecte a los populares desde la jefatura de Madrid y ponen como ejemplos el caso de los espías o el caso Rato
Manuel Moix sustituye a Antonio Salinas, ya jubilado, al frente de la Fiscalía Anticorrupción a pesar de no tener experiencia en delitos económicos. Fuentes del Ministerio Público consultadas por la Cadena SER califican a Moix de una persona que ejerce un “control férreo” de las fiscalías que dirige y recuerdan que desde su puesto en Madrid no ha impulsado asuntos judiciales que afecten al Partido Popular. Más bien al contrario. Y ponen ejemplos. El más llamativo el caso de los espías en el Gobierno de Esperanza Aguirre para el que la fiscalía ha pedido reiteradamente el archivo de la investigación.
El caso Rato
Los fiscales consultados también cuestionan que se ponga al frente de las investigaciones contra los poderosos a alguien que protege a los poderosos. La intervención de Moix, entonces fiscal superior de Madrid, fue crucial en el caso Rato para que el exvicepresidente económico del Gobierno no durmiera en el calabozo antes de pasar a disposición judicial y no se le retirara el pasaporte. Esta era la intención del fiscal encargado del caso.
La petición se basaba en el informe de la Agencia Tributaria que atribuía a Rato los delitos de blanqueo, insolvencia punible y delito fiscal. El fisco pedía que fuera detenido “al menos por el tiempo necesario para asegurar la obtención de pruebas”. El fiscal, Carlos García Berro, atendió esta solicitud pero Moix lo impidió. Rato fue puesto en libertad y el asunto pasó a anticorrupción. El informe que dejaba sin efecto la detención no lo firmó García Berro, siempre según la versión de estas fuentes.
El resto ya es historia. La fiscalía anticorrupción redujo los tres delitos a uno: delito fiscal. Sin embargo, la investigación ha quitado la razón a Moix. El último informe de la Agencia Tributaria dice que Rato dejó de ingresar a las arcas públicas 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015 e insiste en la presunta comisión de los delitos de insolvencia punible y blanqueo de capitales.
http://cadenaser.com/ser/2017/02/22/tribunales/1487793147_216725.htmlRELEVO EN LAS FISCALÍAS CLAVE: MANUEL MOIX DIRIGIRÁ ANTICORRUPCIÓN Y ZARAGOZA DEJA DE SER FISCAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL
Zaragoza, que llevaba más de 10 años como fiscal de la Audiencia Nacional, pierde su puesto en favor de Jesús Alonso
López Bernal, que denunció el caso Auditorio, deja de ser fiscal jefe de Murcia en favor de José Luis Díaz Manzanera
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, llevará ahora sus propuestas para que sea refrendadas por el Consejo de Ministros
El Consejo Fiscal ha acordado este miércoles que Manuel Moix ocupe la plaza de fiscal jefe de Anticorrupción en sustitución de Antonio Salinas. Javier Zaragoza, hasta ahora fiscal de la Audiencia Nacional, pierde su plaza en favor de Jesús Alonso, teniente fiscal en este tribunal.
El Consejo Fiscal, que ha decidido sobre una treintena de nombramiento, ha votado a los candidatos, aunque los resultados solo tienen carácter consultivo. Maza llevará sus propuestas al Consejo de Ministros, y el trámite de hoy sirve para ver con qué respaldo cuentan los distintos candidatos.
Entre los aspirantes que se han quedado sin la plaza de Anticorrupción, Alejandro Luzón, conocido por ser el representante del Ministerio Público en la causa en la que se investiga la salida a bolsa de Bankia y el juicio por las tarjetas black, Belen Suárez, hasta ahora al frente de Anticorrupción en funciones, o Teresa Gálvez, fiscal del caso Púnica.
Manuel Moix estaba destinado en el Tribunal Supremo, tras haber ejercido como fiscal de la Comunidad de Madrid y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Zaragoza aspiraba a un tercer mandato después de 10 años en el puesto de fiscal de la Audiencia Nacional, pero no ha logrado revalidar el cargo.
Su sucesor, Jesús Alonso, es portavoz de la asociación mayoritaria, la Asociación de Fiscales, desde donde ha mostrado su rechazo a una de las normas que ahora le afectará de lleno: el recorte en los plazos de instrucción.
Cesado el fiscal que denunció el caso Auditorio
Los cambios también han afectado a las fiscalías territoriales. Manuel López Bernal, el fiscal jefe de Murcia que presentó la querella del caso Auditorio, ha sido cesado. Su relación con el PP es tensa desde hace años. Bajo su mandato, la fiscalía del TSJ impulsó varias investigaciones contra el entorno del PP. En el marco del caso Carthago la fiscalía llevó al banquillo de los acusados a la hija del, por entonces, presidente de la Comunidad, Ramón María Valcárcel (PP), acusada de delitos relacionados con la corrupción urbanística.
López Bernal había pedido seguir en el cargo, pero no lo ha conseguido. Su relevo se produce tan solo dos días después de que haya citado a declarar como imputado al presidente de Murcia en el caso Auditorio.
El nuevo fiscal jefe de Murcia será José Luis Díaz Manzanera. Aunque menos enfrentado al PP, su ascenso tampoco es un alivio para Pedro Antonio Sánchez, ya que ejerce como fiscal en el caso Auditorio. Es, de hecho, quien pidió su imputación por los delitos de fraude, malversación, prevaricación y falsedad documental.
Maza tenía pocas opciones en la búsqueda de un sustituto para López Bernal. El otro aspirante, José Francisco Sánchez Lucerga, impulsó a principios de 2015 una reunión de fiscales para apoyar a López Bernal ante los ataques que le lanzaba el PP. Seguirá como teniente fiscal de Murcia.
http://www.eldiario.es/politica/Manuel-Anticorrupcion-Zaragoza-Audiencia-Nacional_0_615239368.htmlEL FISCAL QUE INTENTÓ ENTERRAR LOS CORREOS SECRETOS DE BLESA, NUEVO JEFE DE ANTICORRUPCIÓN
Manuel Moix, quien como fiscal superior de Madrid sostuvo que podía tener "encaje penal" la difusión de emails que luego ayudaron a la investigación sobre las preferentes y las tarjetas black, desembarca en el cargo en un momento crítico
Maza defenestra al jefe de la Fiscalía murciana, colocado por el PP en la diana por sus pesquisas sobre la corrupción en esa comunidad y por la querella que obligará al presidente autonómico a declarar como investigado por cuatro delitos
Manuel Moix, quien como fiscal superior de Madrid intentó prohibir la divulgación de los correos secretos de Miguel Blesa, cuyo contenido ayudó finalmente en la investigación sobre las preferentes de Caja Madrid y las tarjetas black, será el nuevo jefe de Anticorrupción.
En enero de 2014, un mes después de que infoLibre hubiese publicado el primero de los correos secretos conocidos y que desvelaba cómo Blesa intervino para que José María Aznar obtuviera un contrato de comisionista de una empresa de equipamiento bélico, contrato que no llegó a firmarse, Moix adujo que la mera difusión de los emails "podría tener encaje penal".
El entonces fiscal superior de Madrid llevó personalmente la querella interpuesta por él mismo contra Elpidio Silva, a quien haber enviado dos veces a prisión al expresidente de Caja Madrid le costó la expulsión de la carrera judicial.
El nombramiento de Moix, que ahora estaba destinado en la Sala de lo Contencioso del Supremo, ha sido anunciado este miércoles por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, a los miembros del Consejo Fiscal, órgano que le asesora.
Su llegada a Anticorrupción se produce en un momento crítico tras conocerse que el fiscal general impartió la orden de que las fiscales del caso Púnica no instaran la imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.
De todos los candidatos a ocupar la jefatura de Anticorrupción, vacante desde hace meses tras la jubilación de Antonio Salinas, Moix era el único ajeno a ese más que sensible fiscalía especial. Moix ha obtenido el apoyo de los miembros del Consejo Fiscal alineados con la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales mientras que los vocales propuestos por la Unión Progresista de Fiscales han respaldado a Alejandro Luzón, número dos la anterior fiscal general, Consuelo Madrigal.
Tal como se daba por seguro, Maza ha descabalgado también al hasta ahora fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que será sustituido por el hasta ahora portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales, Jesús Alonso.
Cae el murciano López Bernal, colocado en la diana por el PP
Tal como se daba por seguro, Maza tampoco ha revalidado en el cargo al fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, a quien el PP colocó hace ya años en su diana. El relevo de López Bernal plantea el interrogante de qué posición mantendrá el ministerio público a partir de ahora en relación a la causa abierta sobre el presidente autonómico y número 2 del PP regional, Pedro Antonio Sánchez, que deberá declarar en calidad de investigado ante el Tribunal Superior murciano por cuatro delitos en el caso Auditorio justamente como consecuencia de una querella interpuesta por la Fiscalía murciana. A López Bernal le sustituye uno de sus principales colaboradores, José Luis Díaz Manzanera, miembro de la conservadora Asociación de Fiscales pero que, según fuentes jurídicas, "no era el candidato favorito" de Pedro Antonio Sánchez y que ha venido trabajando estrechamente con su ya virtual antecesor.
Tampoco renueva mandato el andaluz Jesús García Calderón. Le sustituye Ana Tárrago, que ejercía la jefatura granadina y cuyo nombramiento ha provocado recelos en sectores de la fiscalía porque lanzó su candidatura mientras era -y sigue siendo a día de hoy- vocal del Consejo Fiscal.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/23/el_fiscal_que_intento_enterrar_los_correos_secretos_blesa_nuevo_jefe_anticorrupcion_61577_1012.htmlSIETE FISCALES ASPIRAN A ENCABEZAR ANTICORRUPCIÓN TRAS JUBILARSE SALINAS
La cúpula del ministerio público se renovará en febrero
Siete fiscales aspiran a encabezar la Fiscalía Anticorrupción, uno de los destinos más complejos del ministerio público, durante los próximos cinco años, tras la jubilación del hasta ahora fiscal jefe, Antonio Salinas. El próximo febrero, de acuerdo con los cálculos iniciales, se producirá la renovación de los destinos más relevantes de la carrera fiscal. Además de Anticorrupción, el nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tendrá que decidir sobre quién ocupará la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional —cargo al que aspiran cinco fiscales, entre ellos el actual jefe, Javier Zaragoza— o la de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La mayoría de los candidatos que se han postulado para sustituir a Salinas proceden de la misma Anticorrupción, según el listado al que ha tenido acceso este periódico. Sobre el papel, la mejor posicionada es la actual teniente fiscal —número dos— de esa fiscalía especializada, Belén Suárez. Esta fiscal, que ha llevado casos como los del saqueo de Marbella, ya se impuso en abril de 2014 para el cargo de teniente a otro de los postulantes para la jefatura, Alejandro Luzón, encargado del caso Bankia, y actualmente en la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado.
La lista de candidatos a liderar Anticorrupción, sobre cuya idoneidad deberá pronunciarse el Consejo Fiscal —órgano de asesoramiento del fiscal general— es extensa. En ella figura Antonio Romeral, cuya actuación en el caso de los papeles de Bárcenas fue muy discutida por las acusaciones populares por poco incisiva. También están José Miguel Alonso, encargado, entre otros, del caso SGAE; y Carlos Alba, especialista en delitos económicos y en Anticorrupción desde 2006 y María Teresa Gálvez, una de las encargadas del caso Púnica.
El único de los aspirantes que no procede de Anticorrupción es Manuel Móix. Este, sin embargo, tiene a su favor su experiencia de jefatura al frente de la Fiscalía Superior de Madrid, en la que estuvo hasta septiembre de 2015, cuando fue ascendido al Tribunal Supremo.
En la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza aspira a un tercer mandato de cinco años. Si la elección fuera por puro escalafón, Zaragoza, el número 7 de los 2.500 fiscales de toda España, no tendría dificultades para repetir en el cargo. Zaragoza compite con su teniente fiscal, Jesús Alonso, portavoz de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera y de carácter conservador. También tendrá enfrente a Jesús Caballero Klink, fiscal superior de Madrid desde hace 15 meses; al fiscal del Supremo Salvador Viada, que se ha postulado, además, a otras cuatro jefaturas; y a Luis Rueda, número dos de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
http://politica.elpais.com/politica/2017/01/22/actualidad/1485107301_051745.htmlEL FISCAL PIDE AL JUEZ QUE INDAGUE SI HAY DELITO EN LA OBRA DEL CUÑADO DE AGUIRRE
El fiscal jefe pide al juez que investigue si hay delito en la pieza teatral de Ramírez de Haro
El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, ha enviado para que se investigue, al Juzgado de Instrucción 26, una denuncia suscrita por un particular contra la obra teatral Me cago en Dios, cuyo autor es Íñigo Ramírez de Haro, cuñado de la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Moix la ha enviado al juzgado porque tenía conocimiento de que su titular, Juan Francisco López Sarabia, estaba tramitando varias denuncias, también de particulares, sobre el contenido y exhibición en el Círculo de esta obra. En total, ya son casi un millar las quejas de ciudadanos enviadas a los juzgados.
Manuel Moix explicó ayer que la denuncia "es escueta y en ella no existe ningún razonamiento", y subrayó que aún no hay un pronunciamiento de la fiscalía sobre si los hechos son o no constitutivos de delito. "Habrá que estudiar el tema despacio y valorar el contenido de la obra", subrayó el jefe de la Fiscalía de Madrid.
El Juzgado de Instrucción 26 investiga este asunto porque fue el primero que recibió una denuncia contra la citada obra teatral. Pero las diligencias judiciales están engordando todos los días: en la última semana se ha producido una avalancha de denuncias, y es muy posible que, a estas alturas, su número sobrepase el millar. Además de todas esas denuncias, existe una querella suscrita por 22 personas contra la obra.
Tanto los denunciantes como los querellantes esgrimen que el autor, el actor e, incluso, los responsables del Círculo de Bellas Artes, donde se escenificó esta obra hasta el pasado día 2, han podido incurrir en un delito que el Código Penal castiga con multa en su artículo 525, apartados 1 y 2. El primer apartado de este precepto penal establece: "Incurrirán en la pena de multa de 8 a 12 meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican".
El apartado 2 de este mismo artículo señala: "En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna". "Los hechos no son delictivos", opinó ayer una fuente judicial. "No hay dolo intencional; es decir, se trata de una obra creativa cuyo título es ése, pero no hay un ánimo en sus autores de herir sentimientos ajenos", destacó.
Querella de los feligreses
El juez López Sabia ha remitido a la fiscalía la querella suscrita por 22 personas, la mayoría feligreses de parroquias de Madrid, para que ésta, a su vez, se pronuncie sobre si procede o no el archivo de la misma.
Por tanto, mientras la fiscalía, que podía haber archivado el caso sobre la marcha, ha remitido al juez la denuncia que le ha llegado, éste, a su vez, ha remitido la querella a la fiscalía. El juez ya había archivado algunas denuncias anteriores, pero no ha hecho lo mismo con la querella. Es decir, tanto desde el juzgado, que ha abierto diligencias, como desde la fiscalía, que ha remitido los hechos al juzgado, se ha activado la maquinaria judicial.
Los cientos de denuncias, así como la querella, que está recibiendo el juez López Sarabia aluden a este precepto recogido en el artículo 525 del Código Penal como el infringido con la difusión de la obra en el Círculo de Bellas Artes. La gran mayoría de las denuncias son escuetas y de tipo formulario: los denunciantes se han limitado a escribir su nombre, dirección, rúbrica y DNI. De hecho, en la página web www.hazteoir.com se pueden obtener estos formularios.
Casi todas las denuncias van dirigidas también contra los responsables del Círculo, además de contra Ramírez de Haro; el director de la obra, Pedro Forero, y el actor Fernando Incera. A estas denuncias se suma otro millar de quejas expresadas por ciudadanos a través del servicio de Internet de la Comunidad de Madrid.
Pese a que Me cago en Dios ya ha dejado de representarse en el Círculo de Bellas artes, los responsables del teatro Alfil han anunciado que la obra será representada en su escenario a partir del próximo día 18.
El título de la pieza teatral y la polémica suscitada han provocado llenos de público en el Círculo de Bellas Artes, pero también han acarreado algún problema a esta institución cultural: la presidenta Esperanza Aguirre anunció hace dos semanas que su Gobierno se iba a replantear el sistema de subvenciones económicas al Círculo de Bellas Artes.
http://elpais.com/diario/2004/05/12/madrid/1084361063_850215.htmlEL FISCAL DE RATO, AGUIRRE Y BLESA, PREMIADO CON UNA PLAZA EN EL SUPREMO
El Consejo Fiscal, que preside Consuelo Madrigal, acaba de proponer a Manuel Moix para ascender a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Moix fue uno de los que dirigió la detención de Rodrigo Rato
El actual fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, va a ser ascendido a la Fiscalía del Tribunal Supremo unas semanas después de su actuación en el 'caso Rato', que provocó el registro y detención del exvicepresidente del Gobierno. El Consejo Fiscal, presidido por la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, acaba de proponer su ascenso, siendo ya un hecho que Moix tiene en breve un nuevo destino.
Fuentes fiscales sostienen que este representante del Ministerio Público llevaba tiempo esperando este cambio de destino. Sin embargo, a algunos miembros de la carrera fiscal les llama la atención que este nombramiento se produzca pocas semanas después de que se pusiera en entredicho la actuación de la Fiscalía de Madrid en el asunto que llevó a la detención durante unas horas de Rodrigo Rato.
La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, optó por apoyarse en Moix para presentar una denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla, en la que se solicitaba que, de manera urgente, se ordenara la entrada y registro de varios domicilios y oficinas vinculadas al expresidente de Bankia por el riesgo de destrucción de pruebas que existía respecto de Rato, en varios delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
Los representantes de la Agencia Tributaria habían trabajado previamente con la Fiscalía Anticorrupción sobre los datos sospechosos en torno a Rato, como ya adelantó El Confidencial, aunque esta rechazó abrir diligencias al encontrarse la investigación de Hacienda en un estado demasiado embrionario. Ante esta negativa, la AEAT acudió a la Fiscalía de Madrid, dirigida por Moix, para actuar de inmediato contra Rato, una vez que se había dado a conocer que este se había acogido a la amnistía fiscal promovida por el ministro Montoro.
Desde Anticorrupción se vio con gran asombro que se hubiera utilizado a la Fiscalía dirigida por Moix para llevar a cabo esa operación cuando por la naturaleza de los delitos la competencia era del Departamento de Antonio Salinas. Es más, tres días después de los registros llevados a cabo el pasado 16 de abril por agentes de Vigilancia Aduanera, tanto en el domicilio de Rato como su despacho y otros locales, Madrigal otorgó la competencia a Anticorrupción para que se hiciera cargo del caso, después de que fuera solicitado por Salinas.
En ese momento, algunas fuentes fiscales vieron con recelo la actuación de Moix, que actuó sin consultar a Anticorrupción, a sabiendas de que sus compañeros ya investigaban a Rato por el 'caso Bankia' y cuando precisamente uno de los delitos por los que se ordenó su registro y detención, por orden de la Fiscalía, era el del levantamiento de bienes tras las sospechas de que Rato estuviera ocultando su patrimonio para no hacer frente a sus responsabilidades pecuniarias en el 'caso Bankia', por el que se encuentra imputado por la fusión y salida a bolsa de la entidad.
Salva a la candidata madrileña
La Fiscalía dirigida por Moix ha tenido un papel relevante en el futuro de la presidenta del PP madrileño y candidata al Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, quien está inmersa en un proceso judicial por darse a la fuga de unos agentes de Movilidad mientras estaba siendo multada por aparcar en un carril bus. A pesar de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez de instrucción que la investigara por un delito de desobediencia a la autoridad, por negarse a parar el coche a pesar de ser perseguida tanto por los agentes de Movilidad como por una patrulla de la Policía Municipal, la Fiscalía optó por mantener desde el principio que se trataba de una falta y no de un delito.
Cuando el instructor Carlos Valle optó por archivar el caso, la Fiscalía solicitó que se siguiera por una falta. La diferencia entre una falta y un delito es que Aguirre pudiera seguir en su carrera por la Alcaldía de Madrid. La acusación particular, representada por uno de los agentes que multaron a la exministra 'popular', fue la única que recurrió ante la Audiencia Provincial solicitando que se juzgara a la candidata madrileña por un delito. Sin embargo, el tribunal concluyó que está acusación no tiene legitimidad para solicitarlo y la única parte que podría haberlo hecho era la Fiscalía. Al pedir esta que el proceso se siga por una falta, la Audiencia no puede entrar a valorar si Aguirre pudo cometer un delito por desobediencia, tal y como explicó en su resolución. De esta manera, el proceso queda diluido y la expresidenta de la Comunidad de Madrid sólo tendrá que sentarse en el banquillo en un juicio de faltas, que únicamente lleva aparejada una multa económica.
Moix consiguió la condena al juez del 'caso Blesa'
El propio Manuel Moix fue el fiscal que llevó a juicio y consiguió la condena del juez que encarceló al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Moix lideró en persona la acusación contra Elpidio José Silva por los delitos de prevaricación, retardo malicioso en la administración de justicia así como de dos delitos contra la libertad individual, por llevar a prisión al expresidente de la caja de ahorros en dos ocasiones, primero bajo una fianza de 2,5 millones de euros y después sin ella. La acusación de Moix fue confirmada primero por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y posteriormente por el Tribunal Supremo, que ha condenado a 17 años de inhabilitación al magistrado.
Este fiscal, que ahora ha sido ascendido al Alto Tribunal, también se encargó de abrir otra causa contra Silva por un delito de revelación de secretos, tras acusarle de filtrar a la prensa los correos electrónicos de Blesa intervenidos mientras investigaba la compra del Banco de Miami por parte de Caja Madrid. Esta causa está pendiente de llegar a la Sala de lo Penal del TSJM para enjuiciar de nuevo al magistrado.
La Fiscalía dirigida por Moix también intentó salvar al jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, por el 'caso Madrid Arena', que salpicó a la alcaldesa madrileña, Ana Botella, por su mala gestión en la muerte de cinco jóvenes tras una avalancha en el recinto ferial Madrid Arena. En este asunto, también solicitó, en contra del criterio del instructor, el sobreseimiento del exdelegado de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid Antonio de Guindos (hermano del ministro de Economía); y la concejala delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Fátima Núñez . El juez, Eduardo López Palop, finalmente ha enviado a juicio a Monteagudo, junto a otras catorce personas, por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y treinta delitos de lesiones por imprudencia
http://www.elconfidencial.com/espana/2015-05-21/el-fiscal-de-rato-aguirre-y-blesa-premiado-con-una-plaza-en-el-supremo_852055/MANUEL MOIX, RENOVADO COMO FISCAL SUPERIOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El Consejo de Ministros ha renovado hoy a Manuel Moix Blázquez como fiscal superior de la Comunidad de Madrid, además de a Luis Manuel Navajas Ramos y Pilar Fernández Valcarce como fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y a Vicente Máximo Garrido García como fiscal superior de Canarias.
Además, el Gobierno ha renovado a Adela Prieto Alonso como fiscal jefe de área de la Fiscalía de Getafe-Leganés (Madrid), a Enrique Pera Elfau como teniente fiscal de Aragón y a María del Pilar Jiménez Bados como teniente fiscal de Cantabria.
También ha renovado a Antonio Salinas como fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y del fiscal general de Estado, Eduardo Torres-Dulce.
De esta forma, Antonio Salinas, de 65 años, y que lleva ya una década en el puesto, acabará su carrera profesional en esta fiscalía especial que lleva los casos judiciales más importantes.
La Fiscalía Anticorrupción es la encargada de coordinar todas las investigaciones de casos de corrupción o contra la delincuencia organizada que llevan a cabo sus fiscales delegados en toda España, desde el caso Gürtel y Bárcenas en Madrid a los ERE fraudulentos de Sevilla, pasando por el caso Nóos en Palma y la trama de las ITV o el Palau en Barcelona.
http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/5486218/01/14/Manuel-Moix-renovado-como-fiscal-superior-de-la-Comunidad-de-Madrid.htmlLA FISCALÍA REDUCE DE 25 A 14 LOS IMPUTADOS EN EL ‘CASO MADRID ARENA’
El ministerio público pide al juez Palop que cierre la instrucción y que empiece el juicio oral
Deja fuera a todos los responsables políticos y policiales del Ayuntamiento de Madrid
La Fiscalía de Madrid ha presentado esta mañana en el juzgado número 51 de Plaza de Castilla un escrito al titular magistrado Eduardo López-Palop en el que pide que termine la instrucción del caso Madrid Arena al entender que no existe ninguna prueba pendiente que vaya a modificar el curso del procedimiento. En el escrito reduce de 25 a 14 las personas imputadas. En especial se centra en los organizadores, con Miguel Ángel Flores a la cabeza, y en los encargados de las compañías de seguridad Seguriber, Kontrol 34 y la empresa municipal que gestionaba el pabellón Madrid Arena, Madrid Espacios y Congresos (Madridec). El ministerio público deja fuera a todos los responsables políticos y policiales del Ayuntamiento de Madrid al entender que no tuvieron una relación directa con la muerte de las cinco jóvenes en la avalancha producida el 1 de noviembre de 2012.
La Fiscalía de Madrid ha dado una inédita rueda de prensa, un procedimiento inhabitual en el ministerio público madrileño. Al frente se ha sentado el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix y el fiscal provincial jefe José Javier Polo, que han relatado los hechos ocurridos en el pabellón municipal y han recordado que fue la negligencia y la falta de control de los responsables de la organización de la fiesta de Halloween la que desembocaron en la muerte de las jóvenes. En concreto, se han centrado en la sobreventa de entradas, que han cifrado en más de 22.000, frente a un aforo limitado de 10.600. Han hablado directamente como presunta responsabilidad de Miguel Ángel Flores. También han relatado que a partir de las dos de la madrugada del día de los hechos, los responsables de seguridad ordenaron que se agilizara la entrada del público y que no se estuviera tan atento a lo que pudieran llevar los asistentes. El desencadenante final se produjo a las 3.09, cuando se ordenó la apertura del portón de emergencia por la que entraron miles de personas cuando estaba actuando el disc jockey Steve Aoki.
De estos 14 imputados solo dos están implicados según la Fiscalía en dos delitos de homicidio por imprudencia. Se trata de los doctores Simón y Carlos Viñals, a los que llevaron tres de las personas que luego fallecieron. A solo dos de ellas les hicieron un masaje cardiaco además de manera incorrecta, ya que pensaban que estaban muertas, cuando solo estaban en parada cardiorrespiratoria. El ministerio fiscal ha criticado la actitud negligente de los dos facultativos que agravaron de manera considerable su actuación y que podrían haber salvado la vida de al menos dos personas.
El resto de los imputados (12) han sido acusados de cinco delitos de homicidio por imprudencia y de nueve de lesiones, también en grado de imprudencia.
Manuel Moix ha destacado que la instrucción del caso ha sido correcta. “Con este escrito tan solo queremos agilizar el proceso y que siga adelante para iniciar el juicio oral lo antes posible y no dilatar aún más este caso”, ha destacado Moix, que ha añadido que no se ha imputado a ningún responsable político ni policial del Ayuntamiento porque no tuvieron relación directa en el sobreaforo, en la avalancha o en las medidas que se tomaron para evitar este hecho. "En ningún momento se puede hablar de accidente porque se podrían haber tomado las medidas necesarias como no vender tantas maneras para evitar que se hubiera producido un hecho de tan graves consecuencias", ha concluido el fiscal jefe de Madrid.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/30/madrid/1406714785_757024.htmlEL FISCAL JEFE DE MADRID NO VE RESPONSABILIDAD DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EL MADRID ARENA
El juez quiere plantear un careo entre Madridec y Seguriber debido a sus declaraciones contradictorias. La Fiscalía tampoco se ha planteado volver a tomar declaración a Miguel Ángel Flores, propietario de Diviertt.
El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, ha dicho este miércoles que no ve ninguna responsabilidad de la Delegación del Gobierno en Madrid en la muerte de cinco jóvenes a consecuencia de una avalancha humana en una fiesta de Halloween en el Madrid Arena el pasado 1 de noviembre, aunque también ha matizado que esto no quiere decir que durante la instrucción salgan pruebas y, al final, el Ministerio Fiscal pueda cambiar de opinión. "La Delegación del Gobierno inspecciona cuestiones técnicas", ha subrayado el fiscal superior de Madrid, quien ha considerado que ninguna de esas cuestiones influyó directamente en la muerte de estas chicas. Para Moix, la responsabilidad de los hechos es de las personas que se encontraban en el evento el día de los hechos, vieron que el pabellón estaba masificado, detectaron que varias salidas estaban cerradas, permitieron la libre circulación de personas por las distintas plantas del pabellón, sin controlar el aforo, y abrieron accesos que facilitaron la entrada de cientos de jóvenes al recinto. Para Moix, la responsabilidad es de las personas que estaban en el evento el día de los hechos El fiscal superior de Madrid se ha referido además a la difusión de las comunicaciones internas de la jefa de la Unidad de Policía Municipal en Moncloa-Aravaca, Cándida Jiménez, en las que atribuye la tragedia del Madrid Arena al consumo de alcohol o de estupefacientes en malas condiciones o no en las condiciones adecuadas. Ha opinado que hay que interpretar estas comunicaciones "en sus justos términos", al tiempo que ha señalado que Cándida Jiménez "no estaba en el Madrid Arena, no disponía de información concreta sobre los hechos e hizo unas observaciones en función de la información de la que disponía, que no era la correcta". Por otro lado, Moix no se ha planteado por el momento volver a tomar declaración como imputado al organizador de la fiesta del Madrid Arena, Miguel Ángel Flores, tras hacerse publico un vídeo en el que supuestamente el promotor aparece apartando una valla que facilitó el acceso de jóvenes al recinto. El Ministerio Público tampoco se ha planteado todavía solicitar una ampliación de las medidas cautelares impuestas al empresario en el marco de la investigación, a cargo del titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López-Palop, sobre las circunstancias que provocaron la muerte de cinco jóvenes por una avalancha en el Madrid Arena el pasado 1 de noviembre. No se distingue quién retira la valla Moix ha señalado que en el vídeo publicado el pasado lunes no se distingue claramente quién retira la valla para despejar la entrada de jóvenes al pabellón y ha indicado que esas imágenes no son las que tiene la Policía Nacional ni las que las partes visionaron en la Jefatura Superior de Policía de Madrid. "El vídeo no aporta nada a la causa", ha afirmado, ya que tanto si el empresario hubiese abierto materialmente la puerta de acceso al recinto como si él lo hubiese ordenado a otro, la responsabilidad sobre los hechos sería la misma. Ha defendido la hipótesis de que la responsabilidad directa de los hechos es del organizador del evento (Miguel Ángel Flores), de los vigilantes de seguridad (Seguriber) y de los responsables de Madrid Espacios y Congresos (Madridec) que estaban en el pabellón la noche del 1 de noviembre. La Fiscalía adoptará una decisión sobre la calificación jurídica de los hechos al final de la instrucción, después de valorar el conjunto de las pruebas, a la hora de formular su escrito de acusación, ha apuntado Moix, quien ha rechazado hacer valoraciones sobre su postura procesal cada vez que se practica una nueva prueba. El fiscal culpa directamente a Flores, Madridec y Seguriber
En esta línea, el juez Eduardo López Palop, que instruye el caso, ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre la posible conveniencia de que haya un careo entre responsables de Madrid Espacios y Congresos (Madridec) y Seguriber por las contradicciones sobre quién ordenó abrir el portón. Para la investigación judicial, el conocimiento de la persona que realizó esta orden es clave, ya que por este acceso entraron miles de jóvenes de forma descontrolada. Ello habría provocado, según el juez, que la pista central se masificará y se produjeran las avalanchas que desencadenaron la tragedia. En la instrucción, el jefe de Equipo de Seguriber la noche de la tragedia en el Madrid Arena, Raúl Monteverde, aseguró que fue el coordinador de Operaciones y Proyectos de Madridec, Francisco del Amo, la persona que ordenó a Seguriber abrir el citado portón. De igual modo, el coordinador de vigilantes de Seguriber, José Nalda París, ratificó estas afirmaciones. Madridec dice que fue un subalterno de Flores quien abrió el portón El pasado 9 de abril, el responsable de Madridec en la fiesta, José Ruiz Ayuso, sostuvo ante las partes que la persona que ordenó abrir esta puerta situada en la zona de las mercancías fue Santiago Rojo, director de Diviertt y mano derecha de Miguel Ángel Flores. Además, dijo que solo los trabajadores de Seguriber tenían el mando de la puerta. Además, el juez ha pedido a Madridec el número del teléfono fijo que está instalado en el control de cámaras después de que Ayuso desvelase este dato. Por ello, solicita las llamadas efectuadas esa noche.
http://www.20minutos.es/noticia/1789422/0/fiscal/manuel-moix/madrid-arena/#xtor=AD-15&xts=467263LA JUEZ DENIEGA LA DECLARACIÓN DE GONZÁLEZ Y GRANADOS POR EL ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Carmen Valcarce también cierra la puerta a que presten testimonio tres policías que habrían participado en la 'gestapillo' financiada con fondos públicos.
Antonio Coronado, agente de la Guardia Civil, lleva seis años imputado por el espionaje en la Comunidad de Madrid durante la presidencia de Esperanza Aguirre. Junto a él se sentaran en el banquillo tras el verano otros dos guardias civiles, José Luis Caro y José Oreja; dos ex directores de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón y Miguel Castaño, y un funcionario autonómico, José Manuel Pinto. Todos están acusados de malversación de fondos públicos por utilizar medios de la CAM para espiar al ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, y al número dos del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo.
El pasado viernes, Coronado dio un paso más. Su abogado presentó un escrito en el que relata cómo Ignacio González, vicepresidente de la CAM en ese momento, ordenó crear la “gestapillo” y espiar a los oponentes dentro del PP de la entonces presidenta Esperanza Aguirre. Por eso también se solicitó la declaración del propio González y de Francisco Granados, ahora en prisión por la Operación Púnica.
“El señor Gamón [director general de Seguridad en el momento de los hechos] y el señor Castaño [subdirector de Seguridad] nos reúnen en su despacho a tres guardias civiles y tres policías, de lo que fueron testigos las secretarias del señor Gamón, y nos dicen que, por especial interés del vicepresidente primero Ignacio González, hay que realizar unas tareas que consisten en recabar información sobre una serie de personas”. Así de explícito es el documento que no ha investigado la jueza, Carmen Valcarce.
No es el único testimonio por el que la instructora se ha visto obligada a reabrir la causa archivada en dos ocasiones, los otros dos guardias civiles y la mujer del ex director de seguridad, Sergio Gamón, también han apuntado directamente a que las órdenes sobre el espionaje las daba el propio ex presidente.
“Decidimos hablar con el consejero de Presidencia Francisco Granados para denunciarle los términos de la misma y expresarle nuestra repulsa porque no nos parecían ni éticas ni profesionales tales instrucciones”, añade Coronado. Pero Granados tampoco hizo nada.
Policías implicados
Según el testimonio aportado por Coronado y sus compañeros guardias civiles, al menos tres policías también estaban al tanto de lo que ocurría en la CAM y participaron en los espionajes, al igual que eran conocedores de lo que ocurría, presuntamente, el jefe de la UDEF José Luis Olivera y el ex jefe Jaime Barrado.
Defensas y acusaciones populares y particulares sí se mostraron favorables a que prestasen testimonio y se quejan “de la inactividad de la fiscalía encabezada por Manuel Moix para que este caso se investigue”. El más esperado hubiera sido el testimonio del comisario Jaime Barrado quien, como adelantó Público, fue suspendido de empleo y sueldo la pasada semana debido a una investigación interna abierta tras haber denunciado que en varias investigaciones, incluida esta de los espías de la Comunidad de Madrid, se habría visto envuelto el comisario José Manuel Villarejo Pérez.
Sin embargo, la jueza Valcarce denegó la declaración de todos los policías y aclaró al abogado, según cuentan a Público algunos de los presentes en la sala, que “al final querrá que venga a declarar hasta el comisario Villarejo, que está todos los días en los medios”.
La ex mujer de Gamón
Quién sí declarará será la ex mujer del director de Seguridad, Sergio Gamón. Según manifestó en diversas ocasiones, su marido recibía constantes llamadas de Ignacio González preguntando por los seguimientos a Alfredo Prada y a Manuel Cobo.
Además ha puesto en conocimiento de las partes y del juzgado que está siendo amenazada desde que dio su testimonio. Según lo expuesto, Gamón tiene una orden de alejamiento que “incumple de manera continua”. La mujer ha advertido de que también “está siendo seguida y de que, en una ocasión, las personas que la seguían han intentado provocarla un accidente sacándola fuera de la carretera”.
http://www.publico.es/politica/juez-deniega-declaracion-gonzalez-y.htmlEL FISCAL MOIX Y SU "DOCTRINA AGUIRRE"
La actuación del fiscal Moix en el "caso Aguirre", rechazando la calificación de delito de desobediencia frente al criterio de la Audiencia Provincial de Madrid, poco tiene que ver con la defensa de la legalidad y del interés público que debe presidir siempre la actuación del Ministerio Fiscal.
A propósito de la imputación de Esperanza Aguirre por la presunta comisión de un delito de desobediencia, algunas aclaraciones resultan necesarias. En primer lugar, hay que detenerse en la denuncia presentada por agentes de movilidad y por policías municipales contra la ex presidenta de la Comunidad de Madrid.
Ya sabemos que Aguirre había estacionado en el carril bus de una calle céntrica de Madrid de gran tránsito (concretamente, la Gran Vía) y también que, cuando ella volvió, se encontró con dos agentes de movilidad que estaban tomando los datos del vehículo. Éstos le pidieron la documentación, lo que no es más que una función rutinaria de los agentes de circulación cuando avistan una conducta sancionable.
Entregó algunos documentos, no todos los requeridos, y se dispuso a arrancar el motor. Le dijeron los agentes que no se marchara y que facilitara la documentación requerida. Como quiera que persistía en su actitud de abandonar el lugar, uno de los agentes se interpuso en su trayectoria indicándole que se detuviese. Ella no se detuvo y el agente “tuvo que desplazarse unos metros y retroceder, terminando éste por apartarse de la trayectoria del vehículo". Es decir, que se apartó para evitar ser atropellado. Lo cual no indica ningún delito distinto a la desobediencia, pero sí aumenta la intensidad de la gravedad de la conducta, que la hace merecedora de calificarse como delito y no como falta.
Además, no quedó ahí el percance: en la huida colisionó con una de las motos de los agentes, lo que, además, produjo daños materiales. Este hecho también añade intensidad a la conducta, lo que impediría calificarla como falta, sin perjuicio de que el propietario del vehículo decida reclamar por los daños en concepto de responsabilidad civil (sea al Ayuntamiento de Madrid, sea la entidad propietaria del vehículo dañado, sea la empresa aseguradora del mismo).
Seguimos, pues el “percance” tampoco finalizó aquí. La condesa Aguirre y Gil de Biedma fue perseguida por los agentes de Movilidad y por un vehículo oficial de la Policía Municipal, con dos agentes de Policía que se sumaron a la persecución (con señales acústicas y luminosas), hasta llegar a su domicilio. A estas alturas, la fugada debía tener muy claro que estaba siendo perseguida, pero persistió en su actitud y no se detuvo, lo cual suma otro "poco" más al delito y se aleja la tesis de la simple falta.
A ello hay que añadir la insolencia y el menosprecio hacia la autoridad por parte de Aguirre, al dirigirse verbalmente a los agentes con expresiones tales como “¿Qué pasa? ¿Bronquita y denuncia? Venís por mí porque sabéis que soy famosa”, entre otras lindezas.
Valorada en conjunto, esta actitud ha sido calificada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid como delito y no falta, debido a su “desobediencia tenaz, contumaz y rebelde, decidida y terminante, representada por múltiples actos concretos (…) acompañada la desobediencia incluso de expresiones de menosprecio hacia los citados Agentes”.
Según abundantísima jurisprudencia, esta conducta debiera ser calificada como delito y no como falta. Se trata de lo que viene a describirse como el dolo (intención) específico de burlar y escarnecer el principio de autoridad.
Pero, parece ser que la Fiscalía de Madrid -concretamente el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix- entiende lo contrario. El Derecho es una disciplina que se aplica conforme a criterios que vienen a complementar la valoración que el juez haga de los hechos que conozca en cada caso. Se va enriqueciendo su aplicación con la doctrina y jurisprudencia, de tal forma que, apartarse de una doctrina concreta en un caso particular, requeriría una explicación razonable que nos haga pensar que el cambio de doctrina no se debe, casualmente, a que la denunciada sea una persona de gran notoriedad pública y de enorme influencia política.
Cuesta creer que el fiscal Moix no controle ni conozca, aun someramente, el delito de desobediencia, pues es un tipo penal del que hay abundantes estudios doctrinales e ingente jurisprudencia. La insoportable ignorancia de esta doctrina por parte de Manuel Moix, en este caso, es lo que cabe presumir (esforzándonos mucho). Porque si no fuera así, estaríamos hablando ya de vulneración del principio de igualdad, de inseguridad jurídica e, incluso, de arbitrariedad de los poderes públicos, que es -si cabe- más intolerable aún.
Lo que sí parece estar claro es que el fiscal superior de la Comunidad de Madrid domina perfectamente el Derecho procesal: en el enjuiciamiento por faltas no es obligada la presencia del denunciado y la condena, en caso de haberla, no se incluye en el Registro de penados y rebeldes, no conlleva antecedentes penales. En el caso de delitos, la lectura -como ya se habrá imaginado el lector- es la contraria.
Que nadie se lleve a engaño. La Audiencia Provincial de Madrid no ha dictado sentencia, ni mucho menos. Sólo ha tenido en cuenta los hechos denunciados en el atestado y, a partir de ahí, ha realizado un análisis jurídico que le ha llevado a concluir que los hechos serían delito y no falta. Se trata de los mismos elementos con que ha contado la Fiscalía y, hete aquí, que ésta no ha caído en la cuenta...
Por eso, lo más importante del auto dictado por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial no es la conducta de Aguirre (no especialmente grave comparada con otros delitos del Código Penal) ni su legítima expectativa de salir bien librada (como cualquier sospechoso de cometer delito), ni siquiera su reacción atacando a los jueces (¿existe algún imputado satisfecho con su situación?). Lo más significativo es el reproche que se transmite al fiscal.
En efecto, el auto de la Audiencia comienza apoyando la personación de la acusación popular (cuestionada en el recurso de apelación) y justificándola porque defiende un interés ciudadano (el orden público), sobre todo "cuando el fiscal no actúa con demasiado celo" (en el auto se cita esta frase extraída de una sentencia del Tribunal Supremo). Agudísima respuesta y recriminación inequívoca en este concreto caso, en el que, además, hemos visto el particular empeño del fiscal Moix (recuérdese, fiscal superior de la Comunidad de Madrid) en defensa coincidente con el abogado de Aguirre.
No olvidemos que el Ministerio Fiscal debe defender la legalidad y el interés público y de los ciudadanos. Se ha venido a decir, incluso, que es el defensor del statu quo. Hemos asistido estos últimos años a actuaciones de los fiscales quienes, en nombre del orden público, no han dudado en criminalizar escraches, en amparar detenciones arbitrarias en el curso de manifestaciones de la ciudadanía, han solicitado altísimas penas de prisión en casos destacados de protesta social como el del Parlament, han dejado pasar detenciones dudosamente legales (incluso presuntamente delictivas) contra personas que pacíficamente se han manifestado en contra de la monarquía, y así hasta un largo etcétera. En el caso de Esperanza Aguirre, el bien jurídico "orden público" parece que ha caído en el olvido.
Vista a lo largo del tiempo, la actuación del fiscal Moix no parece estar guiada por la defensa del interés ciudadano. Por un lado, destaca su particular gesta contra el juez Elpido Silva (quien encarceló al poderoso Blesa) y su pertinar rechazo público al movimiento 15M. Pero por otro, defiende también públicamente a la señora Aguirre, cuando es clamorosamente claro que su actuación es merecedora de ser calificada como delito, pretendiendo, de paso, cambiar la doctrina imperante en este sentido.
http://www.eldiario.es/contrapoder/delito_de_desobediencia-Esperanza_Aguirre-impunidad_6_301379872.htmlLA FISCALÍA SE QUERELLA CONTRA EL JUEZ SILVA POR LA DETENCIÓN ILEGAL DE BLESA
Le acusa de un delito contra la libertad individual, otro de prevaricación y un último continuado de retardo malicioso en la Administración de Justicia
La Fiscalía ha interpuesto una querella contra el juez Elpidio José Silva por dos delitos contra la libertad individual por haber ordenado el ingreso en prisión del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, otro de prevaricación y un último continuado de retardo malicioso en la Administración de Justicia.
Así lo ha expuesto el Ministerio Público en un escrito dirigido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que afirma que incumplió sus «deberes legales» al ordenar el ingreso en prisión de Blesa en dos ocasiones, la primera eludible bajo fianza de 2,5 millones y la otra de forma incondicional
El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, subraya que acordó estas medidas «radicalmente» opuestas a derecho a instancias de Manos Limpias, que no estaba personada como acusación en la causa de la compra del City National Bank de Florida, y sin haber riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.
Además, el fiscal, que solicita que se tome declaración por estos hechos a Silva y, en calidad de testigos, al propio Blesa y a su abogado, asegura que las dos prisiones son «incompatibles entre sí», pues son alternativas, y que cuando envió a la cárcel a Blesa apenas 20 días después de haberlo hecho bajo fianza, omitió resolver sobre la devolución de misma.«Está situación en la que se colocó al imputado, nació única y exclusivamente de la voluntad del querellado, ya que no se encuentra amparada por ninguna interpretación posible en derecho», destaca.
Así, le acusa de diseñar una «estrategia» para abarcar la causa del CNB, que desgajó de la de un préstamo de 26, 6 millones a Marsans, aceptando una ampliación de la denuncia inicial de Manos Limpias y dándole un carácter de «ampliación durmiente», para «despertarla» en el «momento propicio».Con ello, a través de razonamientos «alambicados y forzados», pretendió disponer de «elementos de cargo suficientes» para adoptar estas medidas, convirtiendo la compra del CNB en «el instrumento utilizado conscientemente» para «vulnerar el derecho a la libertad» de Blesa.
A lo largo de 37 folios, y recogiendo los argumentos que llevó a la Audiencia Provincial de Madrid a anular la causa, el fiscal cuestiona todas las resoluciones que el juez ha dictado desde que decidiera abrirla en enero de 2010.Lo hizo admitiendo «una muy genérica e imprecisa denuncia» del sindicato contra Blesa y el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por la concesión del préstamo, que él mismo archivó el mes siguiente.
Relata que el querellado reabrió las actuaciones sin «la más mínima motivación jurídica», ya que «no se había generado ni tampoco había aparecido» con posterioridad al archivo «dato nuevo alguno que lo justificase».A partir de noviembre de 2012, inició a instruir la causa sabiendo «de la total carencia de cualquier tipo de fundamentación que pudiera justificarla o ampararla», convirtiéndola en un procedimiento que «ya no se limitaba al concreto hecho objeto de la denuncia, sino que se proyectaba como una instrucción judicial general e innominada».El escrito recoge también que el titular del Juzgado número 9 de Madrid asumió la causa reproduciendo un artículo de Wikipedia que, bajo el epígrafe «La crisis de Bankia y sus consecuencias -mayo 2012-», relataba hechos posteriores a esa fecha que ya estaban siendo instruidos en la Audiencia Nacional.
Moix le acusa del retraso en resolver sobre todos los recursos presentados contra sus resoluciones, y ello porque su voluntad fue desde el principio la de abarcar la causa de la compra del banco estadounidense, a pesar de que él mismo había aludido a la «falta de conexidad» entre ambos hechos.
También de tener el «espúreo» y «perverso» fin de limitar la intervención de las defensas en el procedimiento al ordenar el secreto de las actuaciones en febrero pasado.«Sorpresivamente», también abrió una causa contra el letrado de Blesa por obstrucción a la justicia, incurriendo en una «vulneración clamorosa» de los derechos del banquero al citarle en ella como testigo, ya que le obligaba a declarar contra sí mismo.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2013/07/19/fiscalia-querella-contra-juez-silva-detencion-ilegal-blesa/00031374229844538133494.htmEL FISCAL JEFE DE MADRID SE ALÍA CON AGUIRRE EN SUS ATAQUES AL 15-M
Manuel Moix, fiscal superior de Madrid afirma que los indignados "exteriorizan su ignorancia sobre la convivencia democrática"
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, no está sola en la guerra que ha declarado al movimiento ciudadano del 15-M. El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, se sumó este martes a las palabras de la presidenta, quien el lunes llamó 'camorristas' y 'pendencieros' a los indignados, y cargó contra contra el 15-M al considerar que con sus protestas está ignorando el principio de la convivencia democrática.
'Ningún derecho, ni siquiera los derechos reconocidos como fundamentales, es absoluto', dijo Moix durante el acto de apertura del Año Judicial en la Comunidad de Madrid. Añadió que todos los derechos tienen sus límites, y el primero es el respeto a los derechos de los demás.
Para el fiscal de Madrid, conductas como la masiva ocupación ilegal de las vías públicas, obstaculizar parlamentos autonómicos o corporaciones locales democráticamente elegidos por los ciudadanos o impedir ejecutar resoluciones judiciales firmes, 'deslegitiman a los que así actúan y con ello exteriorizan su ignorancia sobre los valores que deben inspirar la convivencia democrática'.
Moix precisó que 'incumplir una decisión judicial puede ser un delito de desobediencia a la autoridad judicial, como también es un delito ocupar ilegalmente una vía pública porque quiero, por mi voluntad'.
'Ha habido una tolerancia mal entendida', puntualizó. El fiscal superior de Madrid cree que nunca se puede simpatizar con los infractores porque el que infringe la ley lleva la consiguiente corrección.
En presencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y la delegada del Gobierno, Dolores Carrión, el fiscal recalcó que un proceder institucional que se pueda interpretar como 'pasividad', 'tolerancia' e incluso 'simpatía con los infractores', trasluciría 'debilidad' y 'desconfianza'.
http://www.publico.es/espana/fiscal-jefe-madrid-alia-aguirre.htmlLA FISCALÍA NO INVESTIGARÁ LA RED DE ESPIONAJE EN MADRID
El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, ha dicho este martes a EFE que la Fiscalía investigará un supuesto seguimiento y espionaje de altos cargos del Gobierno regional si recibe una denuncia al respecto, como ha anunciado hoy la presidenta Esperanza Aguirre, aunque por ahora no ve indicios de delito.
Moix ha hecho estas declaraciones después de que el diario El País publicara hoy que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, "ha sido objeto de distintos seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses durante sus viajes públicos y privados al extranjero".
La Fiscalía, ha señalado, no va a actuar de oficio porque entiende "que de los datos que se expresan en el periódico de hoy no hay indicios suficientes como para entender que hay una actividad delictiva".
Sin embargo, añade, "si la presidenta de la Comunidad nos presenta una denuncia nosotros vamos a abrir unas diligencias de investigación, obviamente, como hacemos con todas las denuncias, porque es nuestro deber dar un trámite a todas las denuncias e investigarlas".
Tras precisar que esa denuncia no ha llegado todavía a la Fiscalía, Moix ha explicado que, a tenor de lo publicado, "lo que se ha producido es un seguimiento a un personaje, que es un personaje público porque es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y eso, así sin más, no es ningún tipo de delito".
No lo es, ha puntualizado además, porque "ese seguimiento se ha realizado con información que dimana de la propia Comunidad, por lo tanto alguien en la Comunidad ha dicho este señor va a estar en este sitio y en este sitio, y es la propia Comunidad la que da esos datos y no vemos actividad delictiva ninguna con los datos que salen en el periódico".
"Ahora -ha advertido- si hay otros datos nuevos, otros datos distintos, otro tipo de actuaciones, se puede valorar otra vez".
Esta postura de la Fiscalía es exactamente la misma respecto a la información que publicó ayer El País sobre que la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior encargue a un grupo de asesores informes sobre tramas de corrupción o escándalos en ayuntamientos.
"Se dice -ha resumido el fiscal superior- que hay unos asesores que trabajan contratados, como todos los cargos públicos tienen sus asesores, y que realizan unas funciones para la Consejería de Presidencia y eso, así dicho, no es nada".
Como en el otro caso, Moix advierte, no obstante, de que la Fiscalía actuará "si hay otro tipo de actividad que se pueda acreditar y salen datos de esa otra actividad distinta y vemos que esa puede ser constitutiva de delito".
Por otra parte, el comisario jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Madrid, José Luis Conde, no ha querido hacer declaraciones sobre la noticia y se ha limitado a afirmar que su departamento "siempre trabaja los asuntos previa judicialización, es decir, que todas la autorizaciones están dadas por juez y con el conocimiento del fiscal".
Conde ha incidido en que desde su departamento no se trabaja "con nada relacionado con inteligencia, ni nada de esos temas".
http://www.elimparcial.es/noticia/31455/madrid/la-fiscalia-de-madrid-dice-que-no-hay-datos-fechacientes-para-investigar-la-red-de-espionajeEL NUEVO FISCAL JEFE ORDENA RETIRAR LOS CARTELES DE UNA CENA EN HOMENAJE A SU ANTECESOR EN EL CARGO
Fiscales progresistas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid censuraron ayer la actitud del nuevo fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, quien, según ellos, ha ordenado retirar de las paredes de las distintas sedes de la fiscalía los carteles en los que se convocaba a la plantilla a una cena en homenaje al ex fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo. La cena está previsto que se celebre el próximo día 26.
Antonio Camacho, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, tacha de "sorprendente" la actitud de Moix, quien, según Camacho, ordenó en la mañana de ayer, "visiblemente enojado", retirar los carteles alegando que "no se trataba de un acto institucional".
En un comunicado remitido a este periódico, Camacho explica: "La convocatoria de la cena se hizo pública la semana pasada mediante distribución directa [de carteles] entre los fiscales y otras personas del entorno profesional, y la colocación en los tablones de anuncios de las distintas sedes de la fiscalía de unos carteles en los que se indicaba la fecha y lugar de la cena y se facilitaban los nombres de los fiscales a quienes era preciso dirigirse para formular la reserva de la mesa".
En esos carteles, "se facilitaban los nombres de varios decanos de sedes de la fiscalía que, obviamente, habían asumido con naturalidad" la tarea de anotar los nombres de los interesados en acudir a la cena, tal como se ha hecho en anteriores ocasiones con motivo de la despedida de algún fiscal. Según Camacho, Moix se enfadó y "pidió explicaciones a algunos de los referidos decanos y la inmediata retirada de los carteles en cuestión, orden que fue ejecutada acto seguido".
"Actitud preocupante"
Camacho afirma que Moix debe dar explicaciones por su actitud, y asegura que es "muy preocupante" que el nuevo fiscal jefe de Madrid "ofrezca una imagen tan extremadamente autoritaria, confundiendo aparentemente las facultades de su cargo con la condición de propietario de la fiscalía".
Camacho añade: "[Moix] se autoatribuye la capacidad para consentir, censurar o prohibir, según su gusto personal, las actividades que, fuera del ámbito orgánico y funcional que le compete, lleven a cabo los fiscales, con o sin su consentimiento o permiso. Incluyendo, claro está", matiza Camacho, "aquellas que supongan la normal utilización de medios y espacios comunes en los que habitualmente pueden verse, o al menos así era hasta ahora, sin problema ni obstáculo alguno, las más variopintas manifestaciones de actividades diversas, desde propuestas para compartir piso hasta ofertas laborales y de organización de actos deportivos; y, por supuesto, actos similares al que ahora". Camacho considera que la actitud de Moix vulnera "el más elemental ejercicio de la libertad y el más natural sentido del compañerismo profesional".
http://elpais.com/diario/2003/09/19/madrid/1063970662_850215.html
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