FISCALES GENERALES DE RAJOY : JOSE MANUEL MAZA MARTÍN
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Muere el fiscal general Maza tras sufrir una infección en Argentina
La guerra de Maza: tres semanas de ofensiva fiscal contra el referéndum
El Congreso reprueba a Catalá y a los fiscales Maza y Moix por proteger al PP en el caso Lezo
Maza no dimitirá aunque el Congreso apruebe su reprobación
El fiscal general: “Soy un técnico, la política me es ajena”
RIFIRRAFE EN EL CONGRESO: ANTONIO HERNANDO ACUSA AL GOBIERNO DE "MANOSEAR LA JUSTICIA"
JOSÉ MANUEL MAZA TIRA DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL ESTATUTO FISCAL PARA DEFENDER LA ACTUACIÓN DE SU DEPARTAMENTO
EL NUEVO JEFE DE ANTICORRUPCIÓN QUIERE ABRIR MENOS INVESTIGACIONESEL FISCAL SE DEFIENDE DE LAS ACUSACIONES DE SERVILISMO CON EL GOBIERNO ATACANDO A LA PRENSA
MAZA PASA AL ATAQUE Y CULPA A LOS MEDIOS DE LAS DUDAS SURGIDAS SOBRE SU ACTUACIÓN
MAZA RECONOCIÓ ANTE FISCALES PRESIONES DEL MINISTERIO PARA REALIZAR CESES
PRESIONES, PURGAS E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA AL PP: LAS ACUSACIONES QUE EL FISCAL GENERAL DEBE ACLARAR EN EL CONGRESO
LA OPOSICIÓN VE INSUFICIENTES LAS EXPLICACIONES DEL FISCAL GENERAL, QUE NIEGA "SEGUIDISMO" AL GOBIERNOEL SENADO VETA QUE EL FISCAL GENERAL DÉ EXPLICACIONES SOBRE TRATOS DE FAVOR AL PP
EL GOBIERNO PIDE "CONTENCIÓN" E INSTA A LOS FISCALES A DENUNCIAR SI RECIBEN PRESIONES
EL PSOE EXIGE A CATALÁ QUE "SAQUE SUS MANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DE LA FISCALÍA"
CATALÁ: “PRESIONAR A LOS JUECES ES IMPROPIO E INÚTIL” … MENOS CUANDO LO HACE ÉLEL FISCAL GENERAL SE QUITA DE EN MEDIO AL FISCAL QUE IMPUTÓ AL PRESIDENTE DE MURCIA
RELEVO EN LAS FISCALÍAS CLAVE: MANUEL MOIX DIRIGIRÁ ANTICORRUPCIÓN Y ZARAGOZA DEJA DE SER FISCAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL
EL FISCAL QUE INTENTÓ ENTERRAR LOS CORREOS SECRETOS DE BLESA, NUEVO JEFE DE ANTICORRUPCIÓN
EL FISCAL GENERAL COMPARECERÁ EL 1 DE MARZO EN EL CONGRESO PARA EXPLICAR LOS CASOS DE MURCIA Y LA RIOJA
LA EXTRAÑA CAÍDA DE CONSUELO, Y EL INESPERADO ASCENSO DE JOSÉ MANUEL
LA FISCALÍA DE LA RIOJA ACLARA QUE PIDIÓ AL JUEZ QUE SIGUIERA INVESTIGANDO A SANZ
EL JUEZ DE PÚNICA USA SENTENCIAS DEL FISCAL GENERAL CONTRA EL PRESIDENTE DE MURCIA“ES INHABITUAL QUE A LOS FISCALES DE SALA LES CONSULTE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FISCAL GENERAL”
EL FISCAL DEL 'CASO SANZ' CAMBIÓ DE CRITERIO EN MENOS DE DOS SEMANAS
LAS AMENAZAS DEL GOBIERNO Y EL PP A LOS FISCALES ANTICORRUPCIÓN INDIGNAN A LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES
EL FISCAL GENERAL DECIDIRÁ SI MANTIENE A LÓPEZ BERNAL COMO ÚLTIMO RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN AL PRESIDENTE DE MURCIA
SÁNCHEZ NO ACLARA EL ORIGEN DE LAS FILTRACIONES DE LA FISCALÍA. LA RESPUESTA: "YO NO INTERPRETO DECISIONES JUDICIALES"
A SOLAS CON CATALÁ
CATALÁ ADMITE QUE EL PRESIDENTE DE MURCIA ACCEDIÓ A INFORMACIÓN RESERVADA DE LA FISCALÍA GENERAL EN EL CASO PÚNICA
EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO: «NO HE RECIBIDO PRESIONES PARA NO ACUSAR A SÁNCHEZ»
LA FISCALÍA GENERAL TAMBIÉN IMPIDIÓ ACUSAR AL EX PRESIDENTE DE LA RIOJA PEDRO SANZ
ANTICORRUPCIÓN ENVÍA DOS INFORMES OPUESTOS SOBRE 'PÚNICA': EL DE LA JEFA EXIME AL PRESIDENTE DE MURCIA Y EL DE LAS FISCALES DEL CASO LO INCRIMINA
EL PRESIDENTE DE MURCIA SUPO ANTES QUE LAS FISCALES DE 'PÚNICA' QUE LA CADENA DE MANDO DEL TS SE OPONÍA EN BLOQUE A INVESTIGARLE
EL GOBIERNO DE MURCIA APELA AL SECRETO PROFESIONAL PARA NO REVELAR CÓMO SUPO PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ LA POSTURA DE LOS FISCALES SOBRE SU IMPUTACIÓN EN 'PÚNICA'
DIVISIÓN EN LA FISCALÍA POR LA INVESTIGACIÓN A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ
CATALÁ ASEGURA QUE EL GOBIERNO NO HA DADO ÓRDENES A LA FISCALÍA SOBRE PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ
MAZA RECABÓ EL CRITERIO DE SEIS FISCALES JEFE PARA EL INFORME CONTRARIO A INVESTIGAR A PAS
EL PSOE PIDE LA COMPARECENCIA DEL FISCAL GENERAL PARA SABER SI HUBO PRESIONES PARA NO IMPUTAR AL PRESIDENTE DE MURCIA
LA FISCALÍA GENERAL IMPUSO NO ACUSAR AL PRESIDENTE DE MURCIA
COSPEDAL DEFIENDE AL PRESIDENTE DE MURCIA AL QUE LA AUDIENCIA NACIONAL ATRIBUYE TRES DELITOS DE CORRUPCIÓN
EL PRESIDENTE DE MURCIA SE JACTA DE HABERSE ENTERADO DE QUE LA FISCALÍA DEL SUPREMO TAMBIÉN SE OPONE A SU IMPUTACIÓN
MAZA PLANEA NO RENOVAR AL FISCAL JEFE DE MURCIA, QUE PERSIGUE AL PRESIDENTE DE LA AUTONOMÍA POR CORRUPCIÓN
SIETE FISCALES ASPIRAN A ENCABEZAR ANTICORRUPCIÓN TRAS JUBILARSE SALINAS
EL FISCAL GENERAL DEFIENDE SU PASO POR UN MÁSTER VINCULADO A LA MANO DERECHA DEL COMISARIO VILLAREJO
EL NUEVO FISCAL GENERAL NO CONVENCE A PSOE Y PODEMOS
PODEMOS QUIERE FORZAR UNA VOTACIÓN SOBRE EL NUEVO FISCAL GENERAL
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EL PODER JUDICIAL RESPALDA LA ELECCIÓN DE MAZA COMO FISCAL GENERAL DEL ESTADO
LA SOMBRA DEL NUEVO FISCAL GENERAL: FUE DENUNCIADO POR SUS LUCRATIVAS ACTIVIDADES PARALELAS PRIVADAS
EL JUEZ MAZA QUE SERÁ FISCAL GENERAL POR GRACIA DE RAJOY, CURSILLISTA IMPENITENTE Y PROFESOR EN LA PRIVADA
JOSÉ MANUEL MAZA, UN JUEZ CONSERVADOR QUE PIDIÓ CONDENAR A GARZÓN E INVESTIGAR A DÍVAR
RAJOY ENCARGA A UN MAGISTRADO DEL SUPREMO LA RENOVACIÓN DE LA FISCALÍA
EL VOTO PARTICULAR DEL JUEZ MAZA: “GARZÓN AÑADIÓ FRUSTRACIÓN A LOS DENUNCIANTES”
DIVISIÓN JUDICIAL SOBRE LA ASAMBLEA DE MAGISTRADOS DEL SUPREMO
JOSÉ MANUEL MAZA. "EL JUEZ ES QUIEN DEBE INSTRUIR LOS CASOS"
Muere el fiscal general Maza tras sufrir una infección en Argentina
El jefe del ministerio público había sido ingresado por una infección durante una visita a Buenos Aires
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza ha muerto este sábado en una clínica de Buenos Aires (Argentina), donde había sido hospitalizado como consecuencia de un proceso de infección. Maza, de 66 años, se sintió indispuesto mientras participaba en la Asamblea de Ministerio Públicos Iberoamericanos, que se celebra en la capital argentina y los médicos aconsejaron su ingreso hospitalario. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, han confirmado en Twitter el fallecimiento del fiscal general
Maza se encontraba en cuidados intensivos bajo control medico constante, según la Embajada, que está prestando su apoyo al fiscal general. Maza ya se sentía mal cuando llegó a la capital argentina, pero mantuvo su agenda. Hasta que finalmente, poco antes de una reunión que tenía prevista con el ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, su situación empeoró y fue conducido a una clínica de Buenos Aires.
Maza ingresó directamente en la Unidad de Cuidados Intensivos ya que la infección le ha afectado a un riñón. El jurista comenzó tener fiebre hace dos días y tuvo que permanecer en el hotel sin poder asistir a la Asamblea, como estaba previsto. En el centro sanitario se encuentran con él su esposa, el embajador de España, Javier Sandomingo y Rosana Moran, fiscal de cooperación internacional.
Maza cumplía este mes un año como máximo responsable de la Fiscalía española, a la que accedió desde la Sala Segunda (Penal) del Tribunal Supremo.
Maza es, según quienes le conocen, una persona muy próxima al ministro de Justicia, Rafael Catalá. Considerado dentro de la judicatura como bastante conservador, es también conocido su carácter afable y muy pragmático. Durante el año que lleva de mandato, ha tenido dos grandes quebraderos de cabeza: el nombramiento de Manuel Moix como fiscal jefe anticorrupción, y su posterior dimisión tras conocerse que tiene una empresa en Panamá con sus tres hermanos, y la situación en Cataluña, donde ha encarnado la dura respuesta penal al desafío independentista.
José Manuel Maza, en la Sala de lo Penal del Supremo desde 2002, ha ejercido como juez en la Sección Primera de la Audiencia de Madrid, que presidió. Anteriormente fue juez decano de Madrid capital y ocupó, como titular, plazas en Alcorcón, Valencia y Cangas de Morrazo (Pontevedra). Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense.
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/18/actualidad/1511033447_692368.htmLa chulería de Maza: "Quienes me reprobaron tienen que pensar lo delicado que es tratar así a las instituciones"
El fiscal general del Estado ha analizado en 'Hora 25' el encarcelamiento del Govern cesado con un notable tufo a soberbia
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, estuvo en el programa Hora 25 para analizar la actualidad judicial devenida del encarcelamiento del exvicepresident cesado, Oriol Junqueras, y otros siete exconsellers. Maza ha tocado varias aristas, como la velocidad de los tiempos de la Justicia en este caso concreto, así como el delito de rebelión. Y todo ello lo ha hecho bajo un denominador común: una actitud chulesca.
Maza ha justificado el motivo por el cual él mismo firmó la querella contra el ya Govern de Carles Puigdemont y la Mesa del Parlament. Con un elevado tufo a soberbia, “lo firmo por la importancia y por respeto a la trascendencia y la entidad de las personas con las que me estoy querellando”. Unas palabras que rápidamente quiso matizar: “No lo digo con la más mínima chulería, todo lo contrario. ¡Qué más quisiera yo que no haberlo firmado!”.
Pero no fueron las únicas palabras que denotaron su chulería. José Manuel Maza lanzó un dardo envenenado y una advertencia a la oposición que le reprobó en el Parlamento. “Fui reprobado en el parlamento acusándome de que yo podía estar haciéndole el juego al Gobierno para impedir que se persiguieran los casos de corrupción. Al cabo de un año, en fin, que alguien me diga, si se ha parado algún asunto. Y fui reprobado por el parlamento en una figura que no existe porque el parlamento no puede reprobar al fiscal general, pero bueno me llevaron. Quienes lo hicieron tienen que pensar un poco lo delicado que es tratar así a las instituciones”. “Actuaron hasta con cierta frivolidad”, aseguró Maza. “A las instituciones se le debe dar otra confianza. Examinar hasta la última coma, pero examinar con rectitud, sin partidismo”, sentenció el fiscal general.
En cuanto a la rapidez con la que fueron citados Junqueras, los exconsellers y los miembros de la Mesa y la velocidad con la que el Govern ha ingresado en prisión (no así los miembros de la Mesa, cuya declaración fue pospuesta hasta el próximo 9 de noviembre), Maza cree que es normal. “Los tiempos no son siempre igual de rápidos…”, le dice Àngels Barceló, a lo que el fiscal general responde: “Los hechos arrancan hace dos años. Bastante paciencia ha tenido el sistema y el Estado de Derecho”.
Asimismo, Maza ha asegurado que en ningún momento ha hablado con el Gobierno para tratar asunto alguno sobre la querella y que “no estoy satisfecho” porque “nunca jamás satisface pedir para una persona su privación de libertad y ver que esa persona sufre una privación de libertad. Te deja un gusto triste”. Eso sí, añade que “aquí se estaba avisando, retráctense. El Estado de Derecho podrá tardar, pero siempre llega”.Maza sostiene que una de las “lecciones” a sacar de los hechos de Cataluña es que el Congreso no debería haberlo reprobado
El fiscal general acusa a los partidos de la oposición de "actuar con cierta frivolidad" por aprobar su reprobación
Se queja de que Puigdemont haya utilizado su reprobación para argumentar que España no es un Estado de derecho
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dijo este jueves en una entrevista en el programa Hora 25 de la Cadena Ser que una de las "lecciones" a sacar de los hechos de Cataluña es que el Congreso de los Diputados no debería haberlo reprobado.
El Pleno del Congreso aprobó el pasado mayo con los votos a favor de todos los partidos de la oposición –sólo el PP y sus socios electorales de UPN y Foro votaron en contra– una moción por la que se reprobó al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y se exigía la destitución del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, que dimitió el pasado 1 de junio después de que infoLibre desvelase que es dueño de una empresa en Panamá. Los grupos instaron a remover de su puesto a Maza "por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones".
En la entrevista que ofreció este jueves, el fiscal general acusó a los partidos de la oposición de "actuar con cierta frivolidad" por aprobar su reprobación, al tiempo que les instó a pensar "un poco" en cómo se trata a instituciones como la Fiscalía General del Estado. En este sentido, Maza se quejó también de que el president destituido Carles Puigdemont haya utilizado su reprobación para argumentar que España no es un Estado de derecho.
"A las instituciones y, concretamente, al ministerio fiscal que tiene una función muy delicada de cumplir creo que se le tiene que dar otra confianza. Se le debe, por supuesto, examinar hasta la última coma de su comportamiento pero con rectitud, razonabilidad, frialdad, sin partidismo, sin querer utilizar esos ataques con fines meramente partidistas… Esa es una de las muchas lecciones que tenemos que aprender de estos hechos", aseveró.
"Paciencia" con el Govern
Por otro lado, Maza también afirmó que el Estado de Derecho "bastante paciencia ha tenido" con el Govern porque "los hechos arrancan hace dos años" y aseguró que no le produce "ninguna satisfacción" que "unas personas estén durmiendo sin sus familias en una prisión". "Aquí ha habido unos hecho tan evidentes delictivos que no ha habido más remedio que actuar", explicó. Y añadió: "el derecho penal siempre llega tarde porque se aplica cuando el delito ya se ha cometido".
Maza también aseguró "con rotundidad" que la actuación de la Fiscalía contra los miembros del Govern catalán se ha producido sin ningún tipo de injerencia del Gobierno de Mariano Rajoy, con el que asegura no haber tenido ningún tipo de comunicación. "Quién me quiera creer, que me crea", dijo para defender que el Ministerio Público es "absolutamente autónomo" y no se ha visto "instruido" para actuar contra el presidente cesado de la Generalitat y su gabinete.
"Hay datos para que cualquier observador vea que no hay sintonía en este caso entre el Gobierno y la Fiscalía. Le aseguro con toda rotundidad que yo no pido permiso al Gobierno. No me he visto presionado ni instruido", aseveró.https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/11/04/maza_reprobacion_71474_1012.html
La Fiscalía dice que no pretendía “hacer escarnio” con el documento cuyo asunto era 'Más dura será la caída'
El Ministerio público sostiene que "en ningún momento se ha pretendido frivolizar en relación con las querellas por el proceso independentista desarrollado en Cataluña"
"La denominación 'Más dura será la caída' no es visible en el documento y solamente puede conocerse accediendo a los metadatos", se justifica
La Fiscalía General del Estado aseguró este martes que el asunto del comunicado oficial de prensa donde se anunciaba la querella contra el Govern cesado y los miembros de la Mesa del Parlament, titulado Más dura será la caída, correspondía a "un documento anterior que se utilizó simplemente como soporte para redactar el borrador", según informa Europa Press.
Después de la comparecencia del lunes del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en la que anunció las querellas ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Supremo, el Ministerio Público envió a los medios de comunicación un e-mail con tres documentos adjuntos: el comunicado leído por Maza y los dos escritos.
Al abrir el primer archivo, titulado Comunicado prensa Cataluña, se podía leer que el nombre del documento había cambiado a Más dura será la caída, por lo que podría ser el nombre original del escrito.
Debido a la polémica originada —incluso Carles Puigdemont hizo referencia a ello en su comparecencia en Bruselas—, el Ministerio Público emitió un comunicado señalando que el asunto aludía en realidad a un "documento anterior" y que éste era "de carácter privado" y además no tenía "nada que ver con las causas por el proceso independentista". La Fiscalía no explica cómo se ha realizado ese supuesto cambio entre documentos públicos y privados.
"Dicho documento anterior de carácter privado se utilizó simplemente como soporte para redactar el borrador. La denominación Más dura será la caída no es visible en el documento y solamente puede conocerse accediendo a los metadatos", indicó.
Además, la Fiscalía General del Estado destacó que "en ningún momento se ha pretendido frivolizar o hacer escarnio en relación con las querellas por el proceso independentista desarrollado en Cataluña".El ministerio público no solicita medidas cautelares aunque advierte de que podrá pedirlas "atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados"
El siguiente paso será su citación como imputados. Si no acuden, el fiscal reclamará su "inmediata detención"
La Fiscalía General del Estado presentó este lunes sendas querellas contra los miembros del Govern de la Generalitat destituidos el pasado viernes y contra seis componentes de la Mesa del Parlament de Catalunya por los delitos de "rebelión, sedición, malversación y otros conexos" por haber promovido la declaración unilateral de independencia de Cataluña. En total son veinte los dirigentes catalanes querellados. El siguiente paso será su citación en calidad de investigados (imputados). Si no acuden, el fiscal avisa en ambas querellas de que reclamará su "inmediata detención".
El ministerio público no solicita por el momento medidas cautelares para ellos aunque advierte de que podrá pedirlas cuando se les cite a declarar "atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados". Entre esas medidas cautelares la Fiscalía cita concretamente en ambas querellas la posibilidad de exigirles una fianza solidaria que fija en 6,2 millones de euros para los veinte querellados, según aclararon fuentes del ministerio público.
La primera de las querellas anunciadas va dirigida contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y doce consellers y se presentará ante la Audiencia Nacional, dado que todos ellos perdieron la condición de aforados tras haber sido destituidos de sus cargos el pasado viernes con la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución. Al haber perdido el fuero no pueden ser investigados por el Tribunal Supremo ni por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde ya hay abierta otra causa contra ellos por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.
Según explicó el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, la querella se basa en las "decisiones y actos que a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia, con total desprecio a nuestra Constitución, el pasado 27 de octubre". Entre los querellados también está el exconseller de Empresa Santiago Vila, que dejó su cargo en la noche del jueves 26 de octubre, por tanto, antes de que se produjera la declaración de independencia.
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decidirá próximamente si envía esta querella al reparto de los juzgados de instrucción o la incorpora a la causa ya abierta por un presunto delito de sedición contra el exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, y los presidentes de las asociaciones Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Òmnium Cultura, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que está en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre.
La segunda querella, que va contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa que autorizaron la votación de la declaración independentista, se presenta ante el Tribunal Supremo, pues todos ellos mantienen el fuero al ser todavía miembros de la diputación permanente, que es el órgano que se encarga del gobierno de la Cámara tras su disolución este viernes.
Según la Fiscalía, estas personas, con sus acuerdos, "posibilitaron la tramitación de los proyectos esenciales para el desarrollo y la culminación del proceso independentista". Además de los parlamentarios de Junts Pel Sí, entre los querellados también está el diputado de Catalunya sí que Es Pot Joan Josep Nuet.https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/10/31/fiscalia_govern_parlament_71286_1012.html
La guerra de Maza: tres semanas de ofensiva fiscal contra el referéndum
El fiscal general del Estado ya anticipó, antes de la aprobación de la ley del referéndum, su disposición a estar “a la vanguardia” de la defensa de la “patria común e indivisible de todos los españoles” Maza ha amenazado con perseguir a los ciudadanos que actúen como vocales y con detener a Puigdemont, al tiempo que impulsaba la ofensiva judicial y policial contra el referéndum
José Manuel Maza cree que tiene una misión. Un día antes de que el Parlament aprobase la ley del referéndum que desencadenó el conflicto institucional entre Cataluña y España, el fiscal general del Estado fue muy claro al respecto. Su departamento, advirtió en la ceremonia de apertura del año judicial, se iba a encargar de “desplegar una defensa activa de la España constitucional” y estaría “en la vanguardia” de su defensa “en todos los frentes”.
Su lenguaje militar ya anticipaba lo que vendría después. A la hora de preservar “la patria común e indivisible de todos los españoles”, enfatizó ante el rey Felipe de Borbón y las máximas autoridades judiciales, “no cabe vacilación de clase alguna”.
Dicho y hecho. El único fiscal de la historia de España reprobado por el Congreso (la Cámara alta condenó su actuación en favor de los intereses del PP en casos de corrupción) se situó inmediatamente en primera fila de la ofensiva del Estado para frenar el referéndum catalán. El día 7 de septiembre, apenas unas horas después de la aprobación en el Parlament de la ley que puso en marcha la maquinaria del 1-O, compareció en rueda de prensa para anunciar que había ordenado a las fiscalías catalanas que, con ayuda de los cuerpos de seguridad, investigasen cualquier actividad relacionada con el referéndum en Cataluña, antes incluso de que se produjeran, por ser constitutivas “al menos” de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.
Maza anunció igualmente que había dado instrucciones para que la policía judicial interviniese “los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal”, así como la presentación de sendas querellas contra el Govern y contra los miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña que permitieron la tramitación de la ley del referéndum. Las órdenes del fiscal se dirigieron a las fiscalías catalanas y todas las fuerzas de seguridad: debían prepararse para elaborar atestados e intervenir los efectos del delito “ante cualquier actuación de autoridades, funcionarios públicos o de particulares, en connivencia con los anteriores, dirigida a la organización del referéndum”.
Sus órdenes tuvieron efecto inmediato. Comenzaron los registros a imprentas y medios de comunicación en busca de papeletas y documentación electoral. Se cursaron peticiones para cerrar webs relacionadas con el referéndum e imponer fianzas al president Carles Puigdemont y a los demás miembros del Govern.
Fiel a su vocación de “vanguardia” frente al 1-O, seis días después el fiscal general elevó la apuesta y ordenó a los fiscales provinciales citar como imputados a los 712 alcaldes dispuestos a cooperar con el referéndum. Y, por si había alguna duda, dejó claro que si alguno no se presentaba, debía ser detenido por agentes del los Mossos d’Esquadra. Ese mismo día las fiscalías provinciales de Cataluña ordenan también a las policías locales que se sumen a la búsqueda de urnas, sobres y papeletas.
Su actuación, para entonces, ya había empezado a levantar suspicacias. En una parte de la judicatura, que no veía con buenos ojos el entusiasmo y el exceso de celo de la Fiscalía, sobre todo cuando el asunto ya estaba en manos de los jueces, y en las filas de los partidos de la oposición más críticos con la respuesta del Estado al desafío institucional catalán. Incluso entre el PSOE, donde preocupan las consecuencias de una escalada que agrave el enfrentamiento civil en Cataluña. PDeCat, ERC, Unidos Podemos, Compromís, el PNV y Bildu pidieron inmediatamente que el fiscal diese explicaciones en el Congreso.
Los alcaldes afectados reaccionaron este jueves presentando a través de dos organizaciones catalanas de municipios (AMI y ACM) una querella contra Maza ante el Tribunal Supremo por “coacción y amenazas”. El fiscal, aseguran, “se está extralimitando en sus competencias y ha intentado atemorizar a los alcaldes”.
Hasta donde haga falta
El fiscal general ha dejado claro en todo momento su disposición a llevar la guerra contra el 1-O tan lejos como creyera necesario. No sólo con medidas judiciales; también con declaraciones a los medios de comunicación. Primero en la cadena COPE, propiedad de la Iglesia católica. Ante sus micrófonos amenazó el viernes 15 de septiembre con actuar también contra los ciudadanos de a pie dispuestos a aceptar la orden de la Generalitat de ser vocales o presidentes de mesa el 1 de octubre. “Habría que estudiarlo”, improvisó, “pero se puede hablar de cooperación esencial para un acto ilegal y se estaría incurriendo en responsabilidad”. Maza tiene pocas dudas sobre los catalanes que defienden la independencia: “Están como abducidos”.
El domingo 24 de septiembre, esta vez en las páginas del diario El Mundo, el fiscal sacaba pecho en una entrevista en las que le preguntaban por su protagonismo contra el 1-O. Lo “aceptamos porque es nuestra obligación”, respondía orgulloso. “La Fiscalía tiene que dar la voz de alerta” y dar instrucciones a las fuerzas de seguridad para “impedir que los delitos se lleven a cabo”, defendía antes de reconocer que sus decisiones sólo son una pieza más en el marco “de una estrategia general que es impedir el referéndum”.
En su afán por oponerse al 1-O, Maza reclama para sí el papel de centinela social: “Yo tengo que encargarme de avisar a los ciudadanos para que no cometan delitos inconscientemente, subyugados o abducidos” por quienes les dicen “que todo esto es legal”. ¿Su receta para afrontar el problema? Mano dura: “Sería muy conveniente una pena más severa” para proteger el Estado de Derecho, sostiene en la misma entrevista.
Cinco días después, el viernes 22 de septiembre, la Fiscalía amplió su radio de acción para intentar atacar las concentraciones en la calle en defensa del referéndum y en contra de las detenciones ordenadas por un juzgado de Barcelona contra algunos de los responsables de la organización del 1-O. Y lo hizo denunciando por sedición ante la Audiencia Nacional a los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, las dos entidades independentistas que más se han movilizado en favor del 1-O, a las que responsabiliza de la presencia de decenas de miles de personas frente a edificios judiciales. Al día siguiente, en una nueva vuelta de tuerca, la Fiscalía ordenó a Interior asumir el mando de los Mossos, con el argumento de que no estaban siendo todo lo diligentes que sería de desear para actuar contra los preparativos del referéndum.
Este lunes, con la posibilidad de una declaración unilateral de independencia en las portadas de casi todos los medios, el fiscal general no dudó en ir un poco más lejos y especular con detener al jefe del Govern, esta vez ante los micrófonos de Onda Cero. Maza se mostró convencido de que el president Carles Puigdemont está incurriendo en delitos de prevaricación, desobediencia y malversación y, por consiguiente, se dan los requisitos para pedir su detención. “De momento” no se ha considerado “oportuno”, precisó, aunque “esa es una decisión que siempre queda ahí abierta”, añadió a modo de advertencia. Hasta el ministro de Justicia, Rafael Catalá, con el que habitualmente mantiene una sólida unidad de criterio, tuvo que salir a desautorizarle.
Las movilizaciones ciudadanas, explicó Maza, suponen añadir medios “por lo menos tumultuarios” al intento de separar de España una parte de su territorio, lo que a su juicio apunta a un delito de sedición que puede convertirse en delito de rebelión si acaba incorporando el uso de la violencia.
Este lunes la Fiscalía ordenó intervenir urnas en los centros donde se custodian las que normalmente se usan en elecciones. Y al día siguiente dio un paso más: por orden suya, los Mossos identificaron a los responsables de los locales que habitualmente actúan como colegios electorales. Ese mismo día, el Sindic de Greuges (el Defensor del pueblo catalán), abría un procedimiento contra la Fiscalía por hablar de “actuaciones para impedir el referéndum ilegal” sin precisar qué tipo de delitos se deben investigar y perseguir. Un planteamiento tan vago que abre la puerta a limitar derechos como el de expresión y manifestación.
En plena escalada de tensión, y a menos de cuatro días del 1 de octubre, la guerra de Maza, al menos la que él había decidido protagonizar en primera fila desde el 7 de septiembre, acabó este miércoles con un auto de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Mercedes Armas, que le ordenó lisa y llanamente cesar en sus “diligencias, actuaciones e instrucciones” sobre el referéndum. Ella es, desde entonces, quien toma las decisiones judiciales en relación con el referéndum.El Congreso reprueba a Catalá y a los fiscales Maza y Moix por proteger al PP en el caso Lezo
El ministro de Justicia es el segundo miembro de los Gobiernos de Rajoy que recibe el rechazo del pleno de la Cámara Baja y la primera vez que esta censura abarca a la cúpula del ministerio público.
Una mayoría abrumadora del Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde su reprobación al ministro de Justicia, Rafael Catalá, por su “injerencia” en procedimientos judiciales en los que están investigados cargos públicos del Partido Popular así como su “comportamiento” que ha provocado el menoscabo del Ministerio Fiscal, según se señala en la moción presentada por el grupo parlamentario socialista.
La misma moción respaldada por la cámara también reclama la destitución del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, por “incumplimiento grave y reiterado de sus funciones”, así como la remoción del Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix. A ambos, cuyos nombramientos se atribuyen al ministro de Justicia reprobado, la moción les atribuye actuaciones tendentes a favorecer y proteger a personas del Partido Popular investigadas en causas judiciales.
Todos esas circunstancias se relacionan con la actuación de estos tres cargos públicos en relación con el caso Lezo de corrupción política en torno a la empresa pública Canal Isabel II por el que está encarcelado el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. También por sus actuaciones paa proteger al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, quien finalmente se vio obligado a dimitir.
Rafael Catalá es el segundo ministro de un Gobierno presidido por Mariano Rajoy que es reprobado por el pleno del Congreso de los Diputados. El pasado mes de octubre el pleno de la cámara también se pronunció en el mismo sentido respecto al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por utilizar de forma partidista recursos de su departamento para combatir el proceso soberanista en Catalunya y que actualmente se encuentran bajo examen en una comisión parlamentaria de investigación en la Cámara baja.
La iniciativa socialista ha recibido 207 votos a favor, mientras que otros 134 sufragios se han manifestado en contra, correspondientes todos al grupo popular. No ha habido ninguna abstención. El ministro Catalá, que es diputado electo, ha estado presente en el debate y en la votación acompañado de nueve miembros del Ejecutivo que han ido acudiendo a arropar a su compañero a medida que avanzaba el debate, encabezados por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría . La moción es consecuencia de la interpelación a la que fue sometido el titular de Justicia la semana pasada por el grupo socialista.
El debate ha sido una repetición del celebrado el pasado miércoles en la interpelación del grupo socialista al titular del departamento de Justicia. La unanimidad ha sido la tónica general en todos los grupos de la oposición a la hora de justificar su reprobación.
Si acaso, los portavoces las formaciones catalanas ERC, Ester Capella, y del PDeCAT, Lourdes Ciuró, ha añadido sus críticas a la actuación de los fiscales contra los protagonistas del proceso soberanista en Catalunya. Estos dos portavoces han exigido la dimisión del titular de la cartera de Justicia y la destitución de los fiscales objeto de la moción.
La portavoz de Unidos Podemos – En Comú Podem-En Marea, Gloria Elizo, ha empleado parte de su intervención en criticar al grupo socialista por no apoyar la iniciativa de su grupo de presentar una moción de censura. “Sin incapaces de asumir responsabilidades más allá de la reprobación de un ministro”, ha dicho dirigiéndose en tono muy duro a la bancada socialista. No obstante, ha anunciado que por “responsabilidad” su grupo votaba a favor de la moción.
Previamente intervino la diputada socialista Isabel Rodríguez para defender el contenido de la iniciativa de reprobación. “Usted tiene que ser destituido por el presidente del Gobierno ya que no tiene la decencia de dimitir: no puede permanecer ni un minuto más como ministro de Justicia” , ha exclamado Rodríguez.
La portavoz ha criticado la actitud del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, “quien esta misma mañana ha despreciado la decisión de esta cámara al argumentar que no tiene una vinculación jurídica”. Para esta diputada “la repercusión es todavía mayor porque en democracia el Gobierno y sus miembros deben responder ante el parlamento”.
El portavoz popular, Carlos Rojas, ha salido ciertamente envalentonado a la tribuna para asegurar precisamente que la moción sometida a debate “no tiene consecuencia alguna”. Si acaso, ha explicado “los reprobados deberían ser los autores de la moción, no el ministro”. “No se escuden en la inmunidad parlamentaria para decir mentiras”, ha proseguido.
A partir de ese momento, con tono de voz elevado, se ha empleado a fondo en la estrategia del `y tu más ´ dirigida a la bancada socialista, con especial recuerdo al caso de los ERE “en el que tienen dos ex presidentes encausados. No tienen legitimidad”, ha sentenciado. Eso ha sido después de lanzar un llamativo aserto: “Fue un Gobierno del PP el que descubrió el caso Lezo”, ha proclamado. La diputada socialista Rodríguez ha pretendido contestarle pero la presidenta Pastor no se lo ha permitido.http://www.publico.es/politica/congreso-reprueba-catala-fiscales-maza.html
Maza no dimitirá aunque el Congreso apruebe su reprobación
El fiscal general del Estado niega que defienda “perseguir a la prensa” por las filtraciones
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha afirmado que no piensa dimitir a pesar de que hoy sea reprobado por la mayoría del Congreso por su gestión en el caso Lezo, y que esta situación no le hace sentir “incómodo”.
Defiende a Moix
Maza ha defendido la actuación del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, después que éste desautorizara a los fiscales encargados del caso Lezo por apuntar a una presunta filtración del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.
En una entrevista en la Cadena SER, Maza, que hoy enfrenta la reprobación, junto a Moix y al ministro Catalá en el Pleno del Congreso, ha afirmado de manera contundente que “no es cierto” que el fiscal jefe Anticorrupción intentara apartar a los fiscales que investigan el caso Lezo, Carlos Iañez y Carmen García Cerdá.
Maza ha negado la bronca en la Fiscalía con motivo del chivatazo al expresidente madrileño Ignacio González y, también, que Moix tenga en pie de guerra a los fiscales Anticorrupción. “Son 22 y ha discrepado con cuatro”, ha precisado.
"Vaguedades"
Sobre la conversación, interceptada por la UCO, en la que Ignacio González dice que es “cojonudo” que Moix esté al frente de Anticorrupción, José Manuel Maza ha dicho que se trata de “vaguedades”, que no le hicieron dudar sobre el nombramiento de Moix, y que no las consultó con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, porque él “no tenía por qué enterarse que había unas investigaciones secretas”.
Niega que defienda "perseguir" a la prensa
Maza ha vuelto a cargar contra las filtraciones de información protegida por el secreto de sumario porque, según ha asegurado, con ellas se “perjudica la lucha contra la corrupción”. El fiscal general del Estado, sin embargo, ha añadido que no “acusa a la prensa de filtrar” y “en ningún momento” ha pretendido “perseguir a los que publican esas noticias”.
“Me refiero a los que filtran, a los filtradores, que son devastadores para las investigación”, ha subrayado Maza.El fiscal general: “Soy un técnico, la política me es ajena”
José Manuel Maza subraya la independencia de la Fiscalía en una visita a los fiscales de Cataluña
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha evitado generar ruido en su visita a Cataluña. Tras un breve encuentro protocolario con los fiscales catalanes, este miércoles, Maza ha atendido a los medios, pero lo ha hecho para no decir prácticamente nada, más allá de subrayar la independencia de la Fiscalía y de remarcar que la institución solo pretende velar por la legalidad. "Soy un profesional, un técnico, y la política me es ajena", ha insistido Maza al ser preguntado por la anunciada organización de un referéndum sobre la independencia o por las declaraciones que denuncian la politización de la Fiscalía.
Maza ha advertido de entrada de que no iba a "hablar de ningún tema concreto", y ni siquiera ha confirmado que la Fiscalía tenga abierta una investigación para averiguar los pasos que ha dado la Generalitat para poner en marcha las llamadas "estructuras de Estado" para la independencia. Preguntado por las quejas del Gobierno de Carles Puigdemont por la "presión" de la Fiscalía, Maza ha afirmado que el ministerio público "interviene siempre de la misma forma en Cataluña y en el resto de territorios". Y ha recordado que actúa movida únicamente por "la defensa de la legalidad".
El fiscal general ha negado que exista una "causa general" contra Cataluña y ha evitado comentar el anuncio del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, de que la fecha del referéndum sobre la independencia se dará a conocer en junio. "No estoy para hacer valoraciones de un responsable político, me es totalmente ajeno, nuestra actuación es profesional". Por el mismo motivo no ha comentado la comisión de investigación en el Congreso sobre la Operación Cataluña. "Soy un profesional, un técnico. La Fiscalía es ajena a estas cuestiones políticas".http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/04/05/catalunya/1491395448_847578.html
RIFIRRAFE EN EL CONGRESO: ANTONIO HERNANDO ACUSA AL GOBIERNO DE "MANOSEAR LA JUSTICIA"
El presidente Mariano Rajoy se ha defendido y ha asegurado que el diputado socialista ha "faltado a la verdad".
¿Cree el Presidente que las decisiones de su Gobierno mejoran la confianza de la ciudadanía en la Justicia? Esta es era la pregunta agendada para inaugurar la sesión de control de este miércoles. Pero el portavoz socialista Antonio Hernando ha elevado el gancho. "Dejen de manosear la Justicia", ha dicho al presidente Mariano Rajoy, quien no ha tardado en defenderse y decir que el socialista estaba "faltando a la verdad".
Hernando ha espetado al inicio de su intervención una lista de imputaciones en casos de corrupción, como el del Presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, con la intención de demostrar que las medidas y comportamientos en las filas del Partido Popular (PP) "no mejoran la confianza de los españoles en la Justicia".
"Dejen de manosear la Justicia. Dejen de destruir pruebas. La Justicia va a llegar a sus últimas consecuencias", ha dicho el portavoz del PSOE al presidente Rajoy.
"Dejen de manosear la Justicia. Dejen de destruir pruebas. La Justicia va a llegar a sus últimas consecuencias", ha dicho Hernando
Asimismo, ha señalado los relevos en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la salida de Madrigal de la Fiscalía General del Estado, y las críticas del ministro de Justicia a los fiscales en Murcia tras la imputación del presidente regional.
Ante las acusaciones el presidente Rajoy ha negado que la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, fuera relevada por no aceptar las presiones para asumir los cambios llevados a cabo en la Fiscalía.
"Es absolutamente falso se intentara imponer ningún nombramiento a la anterior fiscal general del Estado. Por lo tanto, tengo que decir en esta cámara solemnemente que usted esta faltando a la verdad", ha dicho el mandatario.
Tengo que decir en esta cámara solemnemente que usted esta faltando a la verdad", ha dicho Rajoy
En un intento por defenderse, Rajoy también se ha remitido a las explicaciones dadas por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien aseguró que no había actuado para aprobar esos nombramientos bajo "ningún tipo de presión" ni "seguidismo" del Gobierno. Asimismo, Rajoy ha recordado que "si hay imputados en el PP es porque la Fiscalía ha actuado".
http://www.vozpopuli.com/actualidad/Antonio-Hernando-Gobierno-manosear-Justicia_0_1006099568.htmlJOSÉ MANUEL MAZA TIRA DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL ESTATUTO FISCAL PARA DEFENDER LA ACTUACIÓN DE SU DEPARTAMENTO
Subraya que la Fiscalía actúa con imparcialidad independientemente de la "condición o ideología" de la persona investigada Defiende que entre sus funciones está la de "adoptar una posición sobre la actuación de la Fiscalía" que no tiene que ser coincidente".
El fiscal general del Estado acudió este miércoles a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para hacer frente a sendas peticiones de comparecencia de PSOE y Ciudadanos. Los socialistas demandaron que José Manuel Maza rindiese cuentas de los criterios de su departamento "respecto a la persecución de delitos de corrupción en los que resulten implicados autoridades o cargos públicos". La formación naranja pretendía, por su parte, que explicase cómo mantiene "los principios de legalidad, imparcialidad y defensa del interés público, para hacerlos compatibles con los de unidad de actuación y dependencia jerárquica". En la coctelera de temas a tratar estaba la actuación del Ministerio Fiscal en el caso que afecta al presidente de Murcia, el archivo de la investigación sobre el chalet del expresidente de La Rioja, las denunciadas presiones a miembros de la carrera fiscal en casos que afectan a cargos del PP y los últimos cambios en Fiscalía General del Estado. La "purga" de la que hablan las asociaciones profesionales y los partidos de la oposición.
En su primera intervención, José Manuel Maza no cumplió las expectativas de los grupos, que en la réplica le afearon el no haber entrado en materia. Tras escuchar a todos los partidos, el fiscal general del Estado sí se centró algo más en los temas concretos que estaban detrás de las peticiones de comparecencia de PSOE y Ciudadanos. El hilo conductor de su respuesta fue que a él, desde que llegó a la Fiscalía General del Estado, nadie le ha "impuesto nada". Ni en las investigaciones ni en los nombramientos. En definitiva, que no ha hecho "seguidismo" de los intereses del Gobierno del PP en los casos de corrupción que afectan a sus siglas.
Maza arrancó esta segunda fase de la comparecencia en la Comisión de Justicia dando cuentas del caso que disparó todas las alarmas de los partidos de la oposición: el que afecta al imputado Pedro Antonio Sánchez. El fiscal general admitió su intervención en este caso recordando el principio de dependencia jerárquica, pero negó presiones del Ministerio de Justicia para intentar salvar a este presidente autonómico al que el PP defiende de forma cerrada.
Hace dos semanas, después del que el juez Eloy Velasco dictase un auto en el que atribuía la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada a Pedro Antonio Sánchez, se conoció que su anuncio se produjo pese al desacuerdo del propio Maza y de la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez, quienes se opusieron al informe suscrito por las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez. Las dos fiscales involucraban a Sánchez en un "plan criminal" y pedían su imputación, pero la Fiscalía General ordenó no acusar al presidente de Murcia y elaboró otro informe paralelo, firmado por Belén Suárez pero no por las dos fiscales.
La reacción del ministro de Justicia fue la de calificar de "anómalo" que las fiscales se negaran a firmar el escrito favorable de la Fiscalía Anticorrupción. "Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", dijo. También señaló que "la negativa" de las fiscales a seguir la orden del fiscal general "generará algún tipo de actuación interna", algo que llevó a las tres asociaciones de fiscales a reprochar al ministro sus palabras.
"No tienen el don de la infalibilidad"
"Si yo quisiera obedecer una orden de alguien, ¿creen que iba a dar traslado a un equipo de eminentes juristas para que me llevase la contraria? ¿Para qué? ¿Para quedar desacreditado?”, se preguntó Maza. En este sentido, señaló que tras recibir la comunicación dio traslado de la misma a la Secretaría General Técnica de la Fiscalía y esta emitió un informe contrario a la opinión de las dos fiscales. "Ellas no tienen el don de la infalibilidad", defendió.
Acto seguido, añadió, ese informe es elevado "a los cuatro fiscales de sala", "de cuyo prestigio no se puede dudar". Y ellos coinciden en que no hay motivo para "elevar esa exposición razonada". "Yo coincido con esa opinión. Llegamos a ese punto y les damos la instrucción correspondiente", subrayó antes de añadir que así se le trasladó a las dos fiscales, que estas manifestaron que no lo compartían y que se les planteó hacer uso del artículo 27 del Estatuto Fiscal. Es este el que refleja las diferentes opciones que pueden ponerse sobre la mesa en caso de discrepancias.
Por otra parte, se desvinculó de la posible filtración de las conclusiones del caso al afectado. Y supuso que pudo enterarse por una nota de prensa del día anterior. "Yo tengo el compromiso de evitar filtraciones. Nada tiene que ver conmigo", dijo.
Sobre el caso que afecta al chalé del vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, aseguró que, al contrario que en Murcia, él no dio ninguna instrucción a sus compañeros de La Rioja.
El diario El Mundo informó de que la Fiscalía General había intervenido en la investigación del chalé del expresidente de La Rioja y que la causa por presunta prevaricación urbanística fue archivada el pasado enero al considerar el fiscal del caso que no había indicios suficientes para ordenar la investigación penal.
A lo largo de su intervención, Maza lanzó algunos dardos contra las informaciones publicadas por los medios de comunicación en las últimas semanas. "Mañana la prensa dirá lo que quiera. Muchos van a tener problemas para vender titulares", llegó a decir.
"He tenido la ocasión y el padecimiento de leer informaciones que no se ajustan ni a la realidad ni a las leyes ni a la normalidad del funcionamiento de Fiscalía", se quejó.
La motivación de los cambios
Sobre la reciente renovación de 35 fiscales que ha afectado a los titulares de Anticorrupción y la Audiencia Nacional negó que se trate de "una gran purga" y ha destacó que vienen motivados porque el departamento, con su llegada, necesita "un impulso nuevo".
"Estoy seguro de que los que he elegido van a ser igual de buenos", sostuvo. Y sobre las presiones sostuvo que, a su juicio, se "malinterpretó" al fiscal saliente de Murcia cuando concedió la entrevista a la cadena Ser. Porque "rápidamente se pensó en que las presiones las daba la Fiscalía o el Gobierno".
Sí indicó que dos miembros de Anticorrupción, a los que no citó, han pedido amparo por amenazas de una organización relacionado con el narcotráfico, en el primer caso, y de una trama relacionada con la policía de una localidad, en el segundo. "La Fiscalía protegerá todo lo que pueda a todos los fiscales", añadió.
Las "dudas" de la oposición, sin resolver
La oposición, por su parte, no se dio por satisfecha. "Se ha quedado corto", le dijo el portavoz socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, incidiendo en que el fiscal "no ha disipado las sospechas" que se ciernen sobre su actuación.
"Cuando hay oportunidad de disipar dudas y no se despejan, las dudas se acrecientan", subrayó, por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
Por su parte, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, exhibió su "preocupación" por que el fiscal general no hubiese aclarado si hubo o no "injerencias" por parte del Gobierno, en concreto, del ministro Rafael Catalá en el Poder Judicial.
"Que el Gobierno no confunda estar al servicio de los ciudadanos con estar al servicio de sí mismo. Contra la trama del canapé y su intento de omertá, nosotras exigimos verdad justicia reparación y no repetición", añadió.
Los independentistas catalanes de ERC y PDeCAT también mostraron su disconformidad con las explicaciones del fiscal general del Estado, a quien echaron en cara que no haya hecho mención alguna sobre las cuestiones que afectan a Cataluña, informa Europa Press.
Desde el PNV su portavoz en Justicia, Mikel Legarda, sí destacó de la comparecencia "un mayor acercamiento" en el segundo turno de palabra a las cuestiones por las que había sido citado.
No obstante, también puso de manifiesto que su "cercanía institucional" con el Gobierno generan percepciones que "luego no son desmentidas". "El halo de duda difuso no ha quedado solventado", zanjó.
Silencio en la intervención inicial
Horas antes, el fiscal general del Estado se había limitado a hacer un repaso de lo que exige la Constitución y el Estatuto Fiscal para el colectivo al que representa sin entrar en casos concretos. En su intervención inicial evitó entrar en las sospechas sobre la actuación de la Fiscalía en los episodios que afectan a destacados dirigentes del Partido Popular, como el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, o el expresidente de La Rioja y vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz. Ya había avisado: por cuestiones de respeto a los derechos fundamentales de las personas investigadas o afectadas no iba a entrar a ello. Fue el mismo argumento con el que cerró la comparecencia después de escuchar que los portavoces, salvo la representante del PP, habían echado en falta más explicaciones.
Así, los grupos no pudieron escuchar en este primer turno si Pedro Antonio Sánchez gozó de información privilegiada sobre los casos de corrupción que le afectan -Púnica y Auditorio-, si conocía las presiones denunciadas por el fiscal de Murcia que tenía encomendado ese caso o qué criterios siguió en los nombramientos de la cúpula fiscal.
"La Fiscalía General del Estado considera la lucha contra la corrupción el eje central [...] y actúa de forma decidida en la investigación de los casos que llegan a su conocimiento sin atender a la condición ideológica de la persona investigada", subrayó.
Anteriormente, había señalado que "el fiscal se debe a la Ley. Solo a la Ley. Y debe actuar siempre y en todo caso en el marco del ordenamiento jurídico". Y defendió la "independencia" del Ministerio Fiscal, "la imposibilidad de que éste se deje influir por elementos externos o extraños".
Maza lleva pocos meses en el cargo. Fue el pasado noviembre cuando se conoció que Consuelo Madrigal no iba a ser renovada y que Mariano Rajoy había optado por dejar en manos de este juez conservador la renovación de la Fiscalía. En sectores judiciales, Maza era considerado "más cómodo" para el Ejecutivo que la propia Consuelo Madrigal y su antecesor, Eduardo Torres-Dulce.
Precisamente a unos de sus antecesores en el cargo, Cándido Conde-Pumpido, citó Maza como responsable de que, desde 2005, el fiscal general tenga que revisar las causas que afectan a aforados. "El fiscal general puede dar una orden para no ejercitar la acción penal, renunciar a esto es una dejación de funciones", defendió. Y fue más allá: "El fiscal general del Estado debe adoptar una posición sobre la actuación de la fiscalía. Y no tiene que ser coincidente", señaló.
Esta mención venía a hacer alusión, de forma indirecta, a las divisiones en la cúpula fiscal en la parte del caso Púnica que afecta al presidente del Murcia.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/01/fiscal_general_del_estado_presiones_congreso_61881_1012.htmlEL NUEVO JEFE DE ANTICORRUPCIÓN QUIERE ABRIR MENOS INVESTIGACIONES
Manuel Moix reivindica en su plan de actuación que la Fiscalía se centre en la "persecución de hechos delictivos" y huya de las pesquisas "sin soporte real
El nuevo fiscal jefe de Anticorrupción considera que es necesario abrir menos investigaciones y centrar así los esfuerzos en aquellas con más visos de prosperar. Esa es una de las ideas centrales del extenso «Plan de Actuación» remitido por Manuel Moix a la Fiscalía General del Estado acompañando su candidatura. En su proyecto, Moix alerta de que no admitirá que sean las Fuerzas de Seguridad las que marquen la investigación, un reproche que se lanzó contra las fiscales de Púnica: «Han de actuar bajo la dirección del Fiscal y no viceversa».
El plan de actuación contiene un elocuente epígrafe denominado «Persecución únicamente de hechos delictivos», que propone un criterio restrictivo a la hora de decidir qué investigaciones se abordan. «Ha de descartarse el inicio de investigación alguna cuando las denuncias (policiales, de la Agencia Tributaria o de particulares) se funden exclusivamente en meras hipótesis subjetivas o en simples plasmaciones de suposiciones».
Resalta que debe ser el fiscal el que dirige el trabajo de la Policía y "no al revés"
Palabras tras las que subyace la constatación de que buena parte de las diligencias que abre Anticorrupción acaban archivándose. El escrito prosigue explicando que habrá que evitar especialmente lo que desde ciertos ámbitos del Ministerio Público se reprochaba a las fiscales del caso Púnica: que se limitaran a seguir lo que la Guardia Civil decía en sus informes. «Es necesario tener claro y hacérselo saber tanto a la Policía Judicial, como a la Agencia Tributaria, que las mismas han de actuar bajo la dirección del Fiscal y no viceversa».Y recuerda otro límite que marca la ley: «Deben, por ello, desecharse, tanto las investigaciones generales o prospectivas dirigidas a la búsqueda de algo que pudiera ser un indicio de delito, como la extensión sin límite de las investigaciones dirigidas a explorar, sin verdadero soporte real, el posible hallazgo de eventuales infracciones penales». Entre la legión de investigados que se han quejado de que lo suyo nació como una investigación prospectiva está la familia Pujol.
Alerta contra una "extensión sin límites" de las investigaciones
Será el propio Moix el que ejecute la limitación de las investigaciones. Conforme a su proyecto, se reservará, junto a su número dos, «el análisis inicial de las denuncias y procedimientos». También examinará «todos los dictámenes, informes y escritos de cualquier clase elaborados por los fiscales».El motivo del exhaustivo control anunciado es que «la envergadura y repercusión de la inmensa mayoría, por no decir de todos los asuntos competencia de esta Fiscalía Especial, exige que el fiscal jefe esté en disposición de dar cuenta de los mismos y de su avance al fiscal general, lo que sólo puede realizar eficazmente si él mismo posee ese conocimiento». El proyecto empezará a ponerse en práctica esta misma semana, puesto que el miércoles toma posesión del cargo. Como fiscal jefe in pectore, el pasado jueves ya saludó a los fiscales en una visita informal al palacete afrancesado que alberga su nuevo despacho.
En coherencia con lo anterior, el plan de actuación también adelanta que habrá que cerrar la investigación «en el instante» en el que se perciba que no hay delito. Si ya está en manos del juez, la petición de archivo será inmediata, aunque haya otras acusaciones que respalden seguir adelante, algo que ha sucedido con frecuencia en las causas con políticos implicados. «La participación de la Fiscalía como mero espectador en macro-instrucciones que el fiscal considera innecesarias o irrelevantes [...], sin manifestarlo expresamente, es una práctica que no debe ser tolerada bajo ningún concepto».El control de las causas se efectuará a través de las llamadas juntas fiscales, en las que se intercambian pareceres y se fijan criterios unitarios. Éstas vienen exigidas por el Estatuto Fiscal, pero el anterior fiscal jefe, Antonio Salinas, no las convocaba. «No es asumible que haya fiscales que actúen de manera descoordinada o independiente [...]. El principio de unidad de actuación no es incompatible, desde luego, con la imparcialidad que ha de presidir la actuación de cada fiscal, pero sí lo es con la independencia y la autonomía individual».Finalmente, el control se extiende a los siempre delicados pactos con los investigados: «Cualquier conformidad o propuesta de conformidad que quiera hacerse llegar a quienes hayan sido objeto de acusación, o puedan llegar a serlo, deberá contar con el visto bueno de la Jefatura».Los 18 folios del plan de actuación incluyen una larga lista de medidas. Por ejemplo, debido al «sobredimensionamiento» de la plantilla y de los asuntos, Moix pedirá la creación de dos plazas de fiscales decanos. Uno para coordinar los delegados que Anticorrupción tiene en diversas provincias. Y otro para las causas de criminalidad organizada. Actualmente, el fiscal jefe cuenta con un teniente y 26 fiscales, en la sede central, y otros 29 delegados. Moix también propone impulsar las relaciones internacionales para que Anticorrupción «sea percibida, fuera de nuestras fronteras, como la vanguardia en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada». Para ello, «es preciso que abandere» la colaboración con sus homólogos de la UE.
Moix obtuvo el respaldo del fiscal general y de la mayoría de los votos del Consejo Fiscal. José Manuel Maza explicó en el Congreso que, pese a ser el único candidato que no provenía de Anticorrupción, confía en él por el éxito con el que dirigió la complicada Fiscalía de Madrid. El propio Moix reconoce su falta de experiencia y asegura que su llegada no implica, «forzosamente, una modificación radical». «No se cambian las cosas por cambiar, se cambian para mejorar. Lo que funciona y funciona bien no se debe tocar», concluye.
Huir de los macroprocesos
Moix considera «imprescindible» que los fiscales impulsen «la simplificación» de las investigaciones. Para ello, siempre que sea posible pedirá al juez el fraccionamiento de la causa en piezas separadas que puedan juzgarse de forma independiente. «La práctica diaria pone de manifiesto que la instrucción conjunta de diversos hechos conexos, lejos de favorecer su esclarecimiento, produce un efecto contrario y no deseado: macroprocesos [...] que hacen ingobernable el procedimiento y que dilatan enormemente su terminación». Otro elemento para agilizar la fase de instrucción es el uso de videoconferencias que eviten el desplazamiento del fiscal y facilite así su presencia en un número mayor de diligencias.
http://www.elmundo.es/espana/2017/03/06/58bc5a97ca474180278b45bf.htmlEL FISCAL SE DEFIENDE DE LAS ACUSACIONES DE SERVILISMO CON EL GOBIERNO ATACANDO A LA PRENSA
Asegura que ni se ha dado información privilegiada al presidente de Murcia ni ha renovado altos cargos por presiones
Este miércoles el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha acudido a la Comisión de Justicia del Congreso para dar explicaciones por los muchos escándalos e informaciones que en los últimos días habían asediado al Ministerio Público. Entre ellos se encontraban las supuestas presiones por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy para que renovase a altos cargos de la Fiscalía por personas afines, la supuesta información privilegiada que tuvo el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez sobre el rechazo a su imputación en el caso Púnica y la implicación de María Dolores de Cospedal en la conocida como mordida toledana.
Además de intentar dar luz a estas acusaciones, Maza ha cargado, sin dar nombres, contra los medios que las han publicado e investigado, poniendo en duda ante los diputados de la Comisión la “calidad de información” que hay en España.
No hubo presiones
El Fiscal General ha asegurado que “jamás en la vida” ha recibido presiones por parte de la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, para provocar la caída del Fiscal jefe de la Unidad de Apoyo, José Luis Bueren. También ha negado tajantemente que comunicase estas presiones a otros fiscales en una reunión en su despacho.
“Con esa señora he coincidido tres veces en actos públicos y hemos cruzado cuatro palabras”, ha explicado Maza sobre su relación con Sánchez-Cortés.
La nota de prensa de Murcia
José Manuel Maza también se ha referido durante su comparecencia a las informaciones que acusaban a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia de haber proporcionado información privilegiada al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, sobre el rechazo a su imputación en el caso Púnica.
Con la “cronología de los hechos” en la mano que le había “sacado mi equipo”, el Fiscal General, ha asegurado que las supuestas declaraciones de Sánchez con información privilegiada, vertidas en una entrevista en la cadena COPE, se realizaron después de que la Fiscalía Anticorrupción publicase una nota de prensa que contenía esas informaciones.
En concreto, Pedro Antonio Sánchez aseguró que “no solo el fiscal anticorrupción” sino los “cuatro fiscales jefe” de lo Penal del alto tribunal “consideran que no se debe investigar” su supuesta vinculación con la trama corrupta. “¿Cómo este señor llegó a este conocimiento? Yo creo que es por esa propia nota”, ha afirmado Maza en su comparecencia.
El problema llega cuando se accede al mencionado comunicado de Anticorrupción y en él no se hace ninguna mención a los “cuatro fiscales jefe”, solamente a la Fiscalía Anticorrupción.
Dicha su explicación, Maza ha vuelto a cargar contra los medios que recogían estos hechos, afirmando que sus palabras eran “la prueba de la calidad de la información, de la racionalidad, de la madurez” de los medios españoles.
La mordida toledana
Aunque brevemente, el Fiscal General también se ha referido en su comparecencia a la investigación abierta en el Juzgado número tres de Toledo por la conocida como mordida toledana.
Como dice el Fiscal General, la actual ministra de Defensa no está “incursa” en este caso, pero sí que se relaciona directamente con ella como presidenta del PP de Castilla-La Mancha y candidata a la presidencia de la región ya que las supuestas comisiones por el contrato de basuras de Toledo fueron destinadas a financiar su campaña electoral de 2007.
Además de reiterar que María Dolores de Cospedal no está relacionada con este procedimiento, Maza no ha dado ninguna explicación de por qué la Fiscalía de Toledo pidiese su archivo en plena instrucción y cuando el titular del juzgado, Florencio Rodríguez Ruiz, que hace unos meses declaró la causa compleja, ha llamado a declarar como investigados (antes imputados) al exalcalde de la ciudad, el popular José Manuel Molina, así como a toda la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo en mayo de 2007.
http://www.elplural.com/politica/2017/03/01/el-fiscal-se-defiende-de-las-acusaciones-de-servilismo-con-el-gobierno-atacandoMAZA PASA AL ATAQUE Y CULPA A LOS MEDIOS DE LAS DUDAS SURGIDAS SOBRE SU ACTUACIÓN
El fiscal general defiende su derecho a dar "instrucciones particulares" a sus subordinados en los casos que investiguen a cargos aforados, como el que afecta al presidente de Murcia. La oposición critica que se presionara a las fiscales de la 'Púnica' para que no emitieran informes desfavorables a Pedro Antonio Sánchez. Maza asegura que actúa "sin atender a la ideología" de los implicados y que corrigió a las fiscales porque "no tienen el don de la infalibilidad".
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha defendido este miércoles la limpieza y transparencia de su proceder, cuestionado por la oposición a cuenta de las órdenes que su institución dio a las fiscales del caso Púnica. El Ministerio Público pidió a estas fiscales que no emitieran informes desfavorables contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez -señalado en el caso-, lo que llevó a PSOE y Ciudadanos a exigir la comparecencia urgente de Maza en el Congreso. Se fijó para la mañana de hoy y en ella el fiscal general ha manifestado que se debe "a la ley, exclusivamente a la ley" y eso es lo único que ha regido su actuación.
Las dudas surgidas sobre su imparcialidad, ha asegurado, se deben a una desvirtuación de su comportamiento, "fundamentalmente a causa del tratamiento informativo que a ciertas cuestiones ha venido dándose en las últimas fechas por algunos medios". "Mi interés es el suyo", ha garantizado a los diputados, "en aras de aclarar y justificar, con la debida y posible transparencia" cada maniobra que pueda "suscitar alguna clase de dudas".
Maza ha indicado que la Fiscalía General "no es solo que pueda, sino que debe" dar "instrucciones particulares" en los casos de presunta corrupción que afecten a aforados, como ocurre con el presidente de Murcia. Y ello es así desde la época de Zapatero, ha explicado, pues fue entonces cuando se estableció que "de todos esos asuntos" debe informarse a la Fiscalía General para que los estudie y, en su caso, guíe la actuación del Ministerio Público. Maza destaca que el organismo que dirige "considera la lucha contra la corrupción" un "eje central" de su política y ejercita "acciones penales" cuando se reúnen los elementos incriminatorios correspondientes. Sin atender a la “ideología” de la persona investigada, ha remarcado adelantándose a los previsibles ataques de la oposición. A su juicio, la Fiscalía General pone "especial celo" en esta materia.
La comparecencia de Maza ante la Comisión de Justicia del Congreso fue aprobada la semana pasada por la Mesa, después de que lo solicitaran los grupos de PSOE y Ciudadanos. La Cámara baja se propuso averiguar si hubo presiones injustificadas a las fiscales del caso Púnica y también si ocurrió algo similar en un contencioso urbanístico que afectó al expresidente de La Rioja, Pedro Sanz. Con posterioridad a la solicitud de comparecencia se produjeron los cambios en la cúpula fiscal, muy criticados por la oposición y también objeto de atención en la sesión de este miércoles.
Críticas de la oposición
Juan Carlos Campo, portavoz de Justicia del PSOE, ha recordado que su grupo mostró "desconfianza" ante el nombramiento de Maza desde el primer momento. Ahora, ve justificado ese recelo con la difusión de las maniobras del fiscal general, que han dejado "estupefacta" a la carrera "y también a una gran parte de la ciudadanía". Campo ha recordado la frase que el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, transmitió al director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso -"esto la Fiscalía te lo afina"-, para desear que no tenga "visos de realidad y costumbre".
"Dos palabras sintetizan su actuación", ha continuado el portavoz socialista: "sospecha y decepción". A su modo de ver, hay indicios de "trato de favor" a miembros del PP salpicados por corrupción. Además, y como el resto de grupos de la oposición, el PSOE ha lamentado que Maza no entre al detalle de los casos concretos por los cuales se le ha convocado y se escude en que no puede hablar de procesos judiciales en marcha. Campo ha preguntado por qué el presidente de Murcia conoció antes que nadie que la Fiscalía no iba a apoyar las acusaciones contra él en la Púnica, por qué dio esa orden la Fiscalía General o qué criterios se han seguido en los citados relevos de la semana pasada.
"Dos palabras sintetizan su actuación: sospecha y decepción", espeta el Grupo Socialista al fiscal general del Estado
José Manuel Villegas, de Ciudadanos, ha subrayado que Maza "no ha despejado ninguna de las dudas por las cuales pedimos su comparecencia" y que ponen en cuestión la "imparcialidad del Ministerio Fiscal". "Esas actuaciones están centradas en el marco de la lucha contra la corrupción", ha seguido: "uno de los principales problemas de este país desde hace mucho tiempo". Para Villegas, "está claro que los mecanismos existen" para dar las órdenes que la Fiscalía dio en el caso Púnica, pero "asalta" la duda de si "siempre" se sigue esa misma dirección, la de "corregir a fiscales favoreciendo el criterio de los presuntos corruptos".
Ciudadanos también ha criticado las "filtraciones" que permitieron a Pedro Antonio Sánchez conocer el criterio fiscal y el hecho de que los profesionales de la Justicia se tengan que "enfrentar a unas mafias que han parasitado nuestro sistema", como ponen de manifiesto las denuncias del exfiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, que denunció presiones e intimidaciones por haber perseguido la corrupción. López Bernal fue uno de los fiscales relevados por el Gobierno, cambio que lleva a Villegas a preguntar a Maza "si hubo purga o no" en ese proceso y si los cambios se hicieron en base al "dedazo por interés político".
"Le dábamos el beneficio de la duda, pero en estos tres meses ha dilapidado el beneficio y solo ha dejado dudas", indica Ciudadanos a Maza
"Le dábamos el beneficio de la duda", ha concluido el portavoz de Ciudadanos, pero "en estos tres meses ha dilapidado el beneficio y solo ha dejado dudas". El diputado del PNV Mikel Legarda también ha lamentado el tono genérico empleado por Maza para no dar detalles de los asuntos que le llevan al Congreso, punto que ERC ha aprovechado para "agradecer" irónicamente la "lección teórica" ofrecida por el fiscal general del Estado.
Por Unidos Podemos ha tomado la palabra Irene Montero, su nueva portavoz parlamentaria. Montero ha denunciado la existencia de una "trama del canapé" formada por élites políticas y económicas para mantener sus presuntos privilegios a costa de la ciudadanía. "Hablamos de una trama", ha dicho, de "relaciones que vinculan a personas con nombres y apellidos" y que tendrían una muestra más en las injerencias a los fiscales. "La independencia del poder judicial está en entredicho", ha zanjado Montero, que ha calificado la de Maza como una "comparecencia opaca" incomprensible para el ciudadano común. "Frente a los crímenes de corrupción de la trama del canapé" estará su formación política rigiéndose bajo los principios de "verdad, justicia, reparación y no repetición".
Solo el PP ha defendido al fiscal general del Estado, respondiendo a los ataques de la oposición por boca de su portavoz de Justicia, María Jesús Moro: "Han traspasado los límites de la pataleta para entrar en la irresponsabilidad. La parlamentaria popular se ha enfrentado en un rifirrafe con Irene Montero que ha marcado en parte la sesión.
Corrigió a las fiscales
En el turno de réplica, Maza sí ha sido más explícito y ha comentado los asuntos concretos de los que la oposición demandaba explicaciones. Si antes no lo hizo, ha argumentado, es porque creía apropiado ceñirse a hablar del funcionamiento genérico de la Fiscalía. "He tenido la ocasión y el padecimiento de leer informaciones" que "no se ajustan en absoluto" ni a la "realidad" ni a lo que establecen las "leyes" al respecto, ha apuntado dando una nueva pulla a los medios.
El fiscal general defiende los cambios ejecutados en la cúpula del organismo y niega haber dado trato de favor a Pedro Antonio Sánchez
Sobre Murcia y las órdenes que dio a las fiscales de la Púnica, Maza ha señalado que encajan "absolutamente" en los cauces establecidos. Se le informó de la exposición razonada que podía elevarse ante el TSJ murciano en lo tocante al presidente regional, él pidió sendas opiniones a la secretaría técnica de la Fiscalía General y a los cuatro fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo y, en base a estos -contrarios a la imputación de Sánchez-, tomó una decisión: ordenar que las fiscales cambiaran su criterio, favorable en un primer momento a proceder contra el barón del PP. "Ellas no tienen el don de la infalibilidad" y en la institución impera el "principio de jerarquía: quien tiene que decidir es quien tiene que decidir".
Sobre la filtración o no de todo esto a Sánchez, Maza ha indicado que no hay pruebas de que se produjera y que el presidente autonómico solo habló del criterio fiscal después de que se hiciera público. Además, ha negado "ninguna" injerencia en el caso del expresidente de La Rioja y ha defendido los cambios en la cúpula fiscal, que entiende perfectamente normales. Sembrar dudas sobre todo esto, ha concluido, es desgastar a una "institución básica" del Estado que no merece tampoco "ciertas informaciones ni cierto trato público". "Se va a perder el crédito en una institución" clave para "construir un Estado decente y digno", ha solemnizado.
http://www.vozpopuli.com/politica/Maza-niega-presiones-fiscales-Punica_0_1003999883.htmlMAZA RECONOCIÓ ANTE FISCALES PRESIONES DEL MINISTERIO PARA REALIZAR CESES
El fiscal general apuntó a la Secretaria de Estado, Sánchez-Cortés, como ‘peticionaria’ de ‘la cabeza’ del fiscal Bueren
La desilusión y la frustración con la que se recibieron los cambios ultraconservadores de la semana pasada, están dando paso a un ambiente de abierto descontento entre los fiscales y contra sus superiores. La última gota, la noticia que ha acabado por revolucionarles, es el conocimiento del hecho de que el propio Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, admitió ante otros fiscales presiones del Gobierno en los ceses y nombramientos. En concreto, por ejemplo, en el caso del Fiscal jefe de la Unidad de Apoyo, José Luis Bueren.
La secretaria de Estado pide 'cabezas'
En concreto, Maza lo que habría reconocido habrían sido presiones por parte de la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, en el sentido de provocar la caída de Bueren, con el que mantenía diferencias. Esta confesión la realizó Maza, según hemos sabido, en su despacho delante de varios fiscales.
Según los fiscales con los que ha contactado ELPLURAL.COM, en su estrategia para cumplir con la petición de la Secretaria de Estado, Maza contaba con que Bueren, un fiscal no adscrito a ninguna de las Asociaciones fiscales, se encontraría sin defensores en la reunión del Consejo Fiscal (el Consejo está formado por 11 personas, el propio fiscal general, el Teniente Fiscal del Supremo y el Fiscal Jefe de Inspección, los tres en razón de su cargo, y ocho fiscales por elección, actualmente cinco de los cuales son de la conservadora Asociación Profesional e Independiente, y 3 de la Unión Progresista).
Aún más humillante para el fiscal del que desde el Ministerio exigían la cabeza, Bueren, en una conversación con el Fiscal General, Maza intentó lavar su cese explicandole que si los tres fiscales progresistas le habían votado a él no era por su valor, sino tan sólo como forma de openerse al propio Maza. El conocimiento de esta conversación aún ha creado mayor malestar e irritación entre los propios fiscales.
Los fiscales incómodos y los fiscales adictos
Sin embargo, al no contar los fiscales progresistas con ningún candidato para el puesto de Bueren, decidieron apoyarle. Voto al que se sumaron, por ser viejos compañeros suyos, tanto el Teniente Fiscal del Supremo como el Fiscal Jefe de Inspección. Es decir, Maza se encontró con un empate a 5 que tuvo que resolver con su decisivo voto en favor del cese de Bueren, tal y como le habían ordenado desde el ministerio.
Entre los fiscales con los que ha consultado ELPLURAL.COM se apunta igualmente, aunque no señalan un reconocimiento igual por parte de Maza, que desde el ministerio se le pidió también el cambio en dos puestos clave: la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde resultaba incómodo Javier Zaragoza, así como la elección de Manuel Moix al frente de Anticorrupción.
http://www.elplural.com/politica/2017/02/28/maza-reconocio-ante-fiscales-presiones-del-ministerio-para-realizar-cesesPRESIONES, PURGAS E INFORMACIÓN PRIVILEGIADA AL PP: LAS ACUSACIONES QUE EL FISCAL GENERAL DEBE ACLARAR EN EL CONGRESO
José Manuel Maza llega este miércoles al Congreso para rendir cuentas sobre la actuación de su departamento en la investigación de escándalos de corrupción que afectan a cargos del PP
Los partidos de la oposición no descartan que el siguiente en dar explicaciones sea el ministro Catalá
El Congreso de los Diputados acoge este miércoles una comparecencia poco frecuente. El fiscal general del Estado acude a la Comisión de Justicia para hacer frente a sendas peticiones de comparecencia de PSOE y Ciudadanos. Los socialistas quieren que José Manuel Maza rinda cuentas de los criterios de su departamento "respecto a la persecución de delitos de corrupción en los que resulten implicados autoridades o cargos públicos". La formación naranja pretende, por su parte, que explique cómo mantiene "los principios de legalidad, imparcialidad y defensa del interés público, para hacerlos compatibles con los de unidad de actuación y dependencia jerárquica".
El Partido Popular, con su presidente y el titular de Justicia a la cabeza, ha negado cualquier tipo de injerencias políticas en la instrucción de los casos de corrupción –muchos de ellos afectan al PP–, pero las formaciones de la oposición consideran que una vez se supere el trámite del fiscal general del Estado, deberá rendir cuentas el ministro Rafael Catalá.
A continuación, infoLibre repasa las cuestiones a las que José Manuel Maza deberá dar respuesta. Van desde la actuación de su departamento en el caso que afecta al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, a la forma en la que su antecesora, Consuelo Madrigal, dejó el cargo.
INVESTIGACIÓN AL PRESIDENTE DE MURCIA
El PP siempre ha hecho una defensa cerrada de Pedro Antonio Sánchez, independientemente de que los casos que le afectan –Púnica y Auditorio– se han complicado para él a medida que avanzan las investigaciones judiciales. Pero hay un hecho que está en el origen de la comparecencia de Maza de este miércoles, que disparó las alarmas de los partidos de oposición y de las asociaciones profesionales. Todo arrancó el lunes 13 de febrero, cuando el instructor del caso Púnica, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, dictó un auto en el que conformaba la pieza relacionada con las actividades de la trama en Murcia y atribuía la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada a Pedro Antonio Sánchez, y otros cinco a la senadora del PP Pilar Barreiro.
Según Velasco, Sánchez se habría concertado con empresas de Alejandro de Pedro para amañar contratos de formación en la Consejería de Educación con el fin de realizar, en realidad, trabajos particulares de reputación on line para reformar su imagen en su carrera para presidir la Región de Murcia. En este momento, la maquinaria de argumentarios del Partido Popular empezó a funcionar a pleno rendimiento. Sánchez nunca había contratado con la trama de De Pedro y, por tanto, no se podían juzgar intenciones o supuestas intenciones que no cuajaron, defendían desde Génova. También recordaban que su presidente regional –gracias al apoyo de Ciudadanos– sufría una verdadera persecución con origen en el Partido Socialista que se caía por su propio eso si se tenía en cuenta que de "15 o 16 denuncias" previas todas habían sido archivadas.
A medida que pasaban las horas, era el argumentario del PP el que se iba cayendo por su propio peso. Como demostró infoLibre, no existían las decenas de denuncias de las que habló hasta el propio Rajoy. También empezaron a crecer las incógnitas y, con ello, las sospechas de que Pedro Antonio Sánchez, miembro del partido del Gobierno, había contado con información privilegiada de los casos que le afectan en algún momento del proceso.
Un día después de que se conociese el auto de Velasco el presidente de Murcia concedió una entrevista a la Cope en la que aseguró conocer que, además de la Fiscalía Anticorrupción, también "cuatro fiscales jefe de las cuatro salas de lo Penal del Tribunal Supremo" se oponen a que se le investigue. ¿Se trataba de información privilegiada? ¿Había tratado este asunto con el ministro Catalá durante en el fin de semana en el encuentro que mantuvieron ambos en las instalaciones de la Caja Mágica de Madrid, donde el PP celebró su 18 Congreso Nacional? En su equipo respondieron de forma atropellada a las dudas. Primero respondieron a infoLibre que había tenido conocimiento de ello "por la prensa". Y horas después apelarían a una especie de secreto profesional para no aclarar nada.
El puzzle se iba completando. Dos días después del que Velasco dictase el citado auto se conoció que su anuncio se produjo pese al desacuerdo del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y de la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez, quienes se opusieron al informe suscrito por las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez. Las dos fiscales involucraban a Sánchez en un "plan criminal" y pedían su imputación, pero la Fiscalía General ordenó no acusar al presidente de Murcia y elaboró otro informe paralelo, firmado por Belén Suárez pero no por las dos fiscales.
La reacción del ministro de Justicia fue la de calificar de "anómalo" que las fiscales se negaran a firmar el escrito favorable de la Fiscalía Anticorrupción. "Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", dijo. También señaló que "la negativa" de las fiscales a seguir la orden del fiscal general "generará algún tipo de actuación interna", algo que llevó a las tres asociaciones de fiscales a reprochar al ministro sus palabras.
EL CHALET DEL VICEPRESIDENTE DEL SENADO
Un día después de conocerse que la Fiscalía había impuesto no acusar al presidente de Murcia en el marco del caso Púnica, trascendía que no era un caso aislado. También llamaba la atención que no era el primer caso que afectaba a un dirigente del Partido Popular. El diario El Mundo informaba de que la Fiscalía General había intervenido en la investigación del chalé del expresidente de La Rioja y vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz.
La causa por presunta prevaricación urbanística fue archivada el pasado enero al considerar el fiscal del caso que no había indicios suficientes para ordenar la investigación penal.
El caso se remonta a 1982. A partir de ese momento, relata el citado medio, Sanz fue transformando gracias a sucesivas licencias y a la permisividad del Ayuntamiento de Villamediana de la Iregua una caseta de labranza en un chalé de dos plantas. Se trataba de suelo no urbanizable.
El hecho de que esta información saltara a la luz condujo a que las demandas de la oposición para que Maza se explicase en el Congreso fuesen más insistentes. El tema salió incluso en la sesión de control al Gobierno del miércoles pasado, cuando el líder de Podemos, Pablo Iglesias, incluyó este caso entre los escándalos de corrupción que afectan al PP en una pregunta formulada al presidente del Gobierno.
¿PURGAS EN LA FISCALÍA?
Como broche de todas estas polémicas actuaciones, el pasado miércoles se conoció la propuesta de Maza al Consejo de Ministros para designar al fiscal del Tribunal Supremo Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción. La jefatura estaba vacante desde que Antonio Salinas se jubiló el pasado mes de octubre. Para fiscal jefe de la Audiencia Nacional propuso al actual teniente fiscal en este departamento, Jesús Alonso.
Los relevos vinieron a alterar la investigación de los principales casos de corrupción, afectando, por ejemplo a la Fiscalía de Murcia, donde se instruyen las causas que afectan a Pedro Antonio Sánchez.
Moix era fiscal superior de Madrid cuando este departamento presentó la querella por la que se inició la causa por el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.
La Fiscalía de Madrid, durante la etapa de Moix como jefe, tuvo también un papel clave en la causa contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. La ahora portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid se vio inmersa en un proceso judicial por un incidente de tráfico con unos agentes de movilidad, en el que presuntamente se dio a la fuga mientras estaba siendo multada por aparcar en el carril bus de la madrileña Gran Vía. El Ministerio Público mantuvo en todo momento que este hecho se trataba de una falta y no de un delito.
Maza también apostó por relevar al hasta ahora fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Su sustituto será Jesús Alonso, hasta la fecha portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales.
Como se esperaba, el fiscal general tampoco renovó al fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal. Le sustituye uno de sus hombres de confianza, José Luis Díaz Manzanera, miembro de la conservadora Asociación de Fiscales.
Bernal se despidió de su cargo son serias acusaciones de presiones por luchar contra la corrupción. Y Catalá le reprochó que no lo hubiera denunciado con anterioridad. "Puedo asegurar que hablé con el fiscal de Anticorrupción, Antonio Salinas, para que lo pusiera en conocimiento de la fiscal general Consuelo Madrigal", dijo en declaraciones a infoLibre, al tiempo que reiteró que los ataques también fueron denunciados a la Delegación del Gobierno y a la Policía Nacional.
El PSOE ya avanzó la semana pasada que exigirá la dimisión del fiscal general del Estado si este no explica "suficientemente" en su comparecencia su "purga masiva de más de 30 fiscales que han luchado contra la corrupción".
EL RELEVO DE CONSUELO MADRIGAL
Esta crisis ha servido, además, para que muchas de las miradas se dirijan a la forma en la que la antecesora de Maza dejó el puesto. Fue el pasado noviembre cuando se conoció que Consuelo Madrigal no iba a ser renovada y que Mariano Rajoy había optado por dejar en manos de este juez conservador la renovación de la Fiscalía. En sectores judiciales, Maza era considerado "más cómodo" para el Ejecutivo que la propia Consuelo Madrigal y su antecesor, Eduardo Torres-Dulce.
Fuentes del Consejo Fiscal, el organismo asesor del fiscal general del Estado, confirmaron a infoLibre que desde el Ministerio de Justicia se sugirió a Consuelo Madrigal que llevara a cabo algunos de los movimientos que ha acabado poniendo en marcha su sucesor. A saber: relevar a Javier Zaragoza de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, colocar a Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción o cesar al fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal.
Las mismas fuentes destacan el hecho "prácticamente inédito" de que el nuevo fiscal general "ni siquiera ha argumentado o motivado" esos nombramientos ante el propio Consejo Fiscal, como siempre se ha hecho". Al parecer, Maza simplemente dijo que lo haría esta semana.
En el entorno de Madrigal confirmaron a este diario que ella misma ha verbalizado su malestar por el hecho de que la negativa a acatar estas directrices le acabara costando el puesto. Dentro del propio Consejo Fiscal varios de sus miembros, como el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, considerado conservador, expresaron por ejemplo su desacuerdo con el relevo de Javier Zaragoza en la Audiencia Nacional, cuya valía no es cuestionada en círculos judiciales.
Maza tendrá también la oportunidad de explicar este episodio en la comparecencia parlamentaria de este miércoles.
Hasta la fecha, ha habido un pronunciamiento al respecto del ministro de Justicia. "No es cierto que la causa de que Madrigal continúe o no tenga que ver con un nombramiento concreto", defendió Catalá este mismo lunes al tiempo que añadió que "el ministro no le dice al fiscal general del Estado a quién tiene que nombrar".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/01/fiscal_general_del_estado_corrupcion_presiones_politicas_61835_1012.htmlLA OPOSICIÓN VE INSUFICIENTES LAS EXPLICACIONES DEL FISCAL GENERAL, QUE NIEGA "SEGUIDISMO" AL GOBIERNO
José Manuel Maza tira de la Constitución y del Estatuto fiscal para defender la actuación de su departamento
Subraya que la Fiscalía actúa con imparcialidad independientemente de la "condición o ideología" de la persona investigada
Defiende que entre sus funciones está la de "adoptar una posición sobre la actuación de la Fiscalía" que no tiene que ser coincidente".
El fiscal general del Estado acudió este miércoles a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para hacer frente a sendas peticiones de comparecencia de PSOE y Ciudadanos. Los socialistas demandaron que José Manuel Maza rindiese cuentas de los criterios de su departamento "respecto a la persecución de delitos de corrupción en los que resulten implicados autoridades o cargos públicos". La formación naranja pretendía, por su parte, que explicase cómo mantiene "los principios de legalidad, imparcialidad y defensa del interés público, para hacerlos compatibles con los de unidad de actuación y dependencia jerárquica". En la coctelera de temas a tratar estaba la actuación del Ministerio Fiscal en el caso que afecta al presidente de Murcia, el archivo de la investigación sobre el chalet del expresidente de La Rioja, las denunciadas presiones a miembros de la carrera fiscal en casos que afectan a cargos del PP y los últimos cambios en Fiscalía General del Estado. La "purga" de la que hablan las asociaciones profesionales y los partidos de la oposición.
En su primera intervención, José Manuel Maza no cumplió las expectativas de los grupos, que en la réplica le afearon el no haber entrado en materia. Tras escuchar a todos los partidos, el fiscal general del Estado sí se centró algo más en los temas concretos que estaban detrás de las peticiones de comparecencia de PSOE y Ciudadanos. El hilo conductor de su respuesta fue que a él, desde que llegó a la Fiscalía General del Estado, nadie le ha "impuesto nada". Ni en las investigaciones ni en los nombramientos. En definitiva, que no ha hecho "seguidismo" de los intereses del Gobierno del PP en los casos de corrupción que afectan a sus siglas.
Maza arrancó esta segunda fase de la comparecencia en la Comisión de Justicia dando cuentas del caso que disparó todas las alarmas de los partidos de la oposición: el que afecta al imputado Pedro Antonio Sánchez. El fiscal general admitió su intervención en este caso recordando el principio de dependencia jerárquica, pero negó presiones del Ministerio de Justicia para intentar salvar a este presidente autonómico al que el PP defiende de forma cerrada.
Hace dos semanas, después del que el juez Eloy Velasco dictase un auto en el que atribuía la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada a Pedro Antonio Sánchez, se conoció que su anuncio se produjo pese al desacuerdo del propio Maza y de la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez, quienes se opusieron al informe suscrito por las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez. Las dos fiscales involucraban a Sánchez en un "plan criminal" y pedían su imputación, pero la Fiscalía General ordenó no acusar al presidente de Murcia y elaboró otro informe paralelo, firmado por Belén Suárez pero no por las dos fiscales.
La reacción del ministro de Justicia fue la de calificar de "anómalo" que las fiscales se negaran a firmar el escrito favorable de la Fiscalía Anticorrupción. "Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", dijo. También señaló que "la negativa" de las fiscales a seguir la orden del fiscal general "generará algún tipo de actuación interna", algo que llevó a las tres asociaciones de fiscales a reprochar al ministro sus palabras.
"No tienen el don de la infalibilidad"
"Si yo quisiera obedecer una orden de alguien, ¿creen que iba a dar traslado a un equipo de eminentes juristas para que me llevase la contraria? ¿Para qué? ¿Para quedar desacreditado?”, se preguntó Maza. En este sentido, señaló que tras recibir la comunicación dio traslado de la misma a la Secretaría General Técnica de la Fiscalía y esta emitió un informe contrario a la opinión de las dos fiscales. "Ellas no tienen el don de la infalibilidad", defendió.
Acto seguido, añadió, ese informe es elevado "a los cuatro fiscales de sala", "de cuyo prestigio no se puede dudar". Y ellos coinciden en que no hay motivo para "elevar esa exposición razonada". "Yo coincido con esa opinión. Llegamos a ese punto y les damos la instrucción correspondiente", subrayó antes de añadir que así se le trasladó a las dos fiscales, que estas manifestaron que no lo compartían y que se les planteó hacer uso del artículo 27 del Estatuto Fiscal. Es este el que refleja las diferentes opciones que pueden ponerse sobre la mesa en caso de discrepancias.
Por otra parte, se desvinculó de la posible filtración de las conclusiones del caso al afectado. Y supuso que pudo enterarse por una nota de prensa del día anterior. "Yo tengo el compromiso de evitar filtraciones. Nada tiene que ver conmigo", dijo. Entre los posibles métodos citó el rastreo informático de documentos.
Sobre el caso que afecta al chalé del vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, aseguró que, al contrario que en Murcia, él no dio ninguna instrucción a sus compañeros de La Rioja.
El diario El Mundo informó de que la Fiscalía General había intervenido en la investigación del chalé del expresidente de La Rioja y que la causa por presunta prevaricación urbanística fue archivada el pasado enero al considerar el fiscal del caso que no había indicios suficientes para ordenar la investigación penal.
A lo largo de su intervención, Maza lanzó algunos dardos contra las informaciones publicadas por los medios de comunicación en las últimas semanas. "Mañana la prensa dirá lo que quiera. Muchos van a tener problemas para vender titulares", llegó a decir.
"He tenido la ocasión y el padecimiento de leer informaciones que no se ajustan ni a la realidad ni a las leyes ni a la normalidad del funcionamiento de Fiscalía", se quejó.
La motivación de los cambios
Sobre la reciente renovación de 35 fiscales que ha afectado a los titulares de Anticorrupción y la Audiencia Nacional negó que se trate de "una gran purga" y ha destacó que vienen motivados porque el departamento, con su llegada, necesita "un impulso nuevo".
"Estoy seguro de que los que he elegido van a ser igual de buenos", sostuvo. Y sobre las presiones sostuvo que, a su juicio, se "malinterpretó" al fiscal saliente de Murcia cuando concedió la entrevista a la cadena Ser. Porque "rápidamente se pensó en que las presiones las daba la Fiscalía o el Gobierno".
Sí indicó que dos miembros de Anticorrupción, a los que no citó, han pedido amparo por amenazas de una organización relacionado con el narcotráfico, en el primer caso, y de una trama relacionada con la policía de una localidad, en el segundo. "La Fiscalía protegerá todo lo que pueda a todos los fiscales", añadió.
Las "dudas" de la oposición, sin resolver
La oposición, por su parte, no se dio por satisfecha. "Se ha quedado corto", le dijo el portavoz socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, incidiendo en que el fiscal "no ha disipado las sospechas" que se ciernen sobre su actuación.
"Cuando hay oportunidad de disipar dudas y no se despejan, las dudas se acrecientan", subrayó, por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
Por su parte, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, exhibió su "preocupación" por que el fiscal general no hubiese aclarado si hubo o no "injerencias" por parte del Gobierno, en concreto, del ministro Rafael Catalá en el Poder Judicial.
"Que el Gobierno no confunda estar al servicio de los ciudadanos con estar al servicio de sí mismo. Contra la trama del canapé y su intento de omertá, nosotras exigimos verdad justicia reparación y no repetición", añadió.
Los independentistas catalanes de ERC y PDeCAT también mostraron su disconformidad con las explicaciones del fiscal general del Estado, a quien echaron en cara que no haya hecho mención alguna sobre las cuestiones que afectan a Cataluña, informa Europa Press.
Desde el PNV su portavoz en Justicia, Mikel Legarda, sí destacó de la comparecencia "un mayor acercamiento" en el segundo turno de palabra a las cuestiones por las que había sido citado.
No obstante, también puso de manifiesto que su "cercanía institucional" con el Gobierno generan percepciones que "luego no son desmentidas". "El halo de duda difuso no ha quedado solventado", zanjó.
Silencio en la intervención inicial
Horas antes, el fiscal general del Estado se había limitado a hacer un repaso de lo que exige la Constitución y el Estatuto Fiscal para el colectivo al que representa sin entrar en casos concretos. En su intervención inicial evitó entrar en las sospechas sobre la actuación de la Fiscalía en los episodios que afectan a destacados dirigentes del Partido Popular, como el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, o el expresidente de La Rioja y vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz. Ya había avisado: por cuestiones de respeto a los derechos fundamentales de las personas investigadas o afectadas no iba a entrar a ello. Fue el mismo argumento con el que cerró la comparecencia después de escuchar que los portavoces, salvo la representante del PP, habían echado en falta más explicaciones.
Así, los grupos no pudieron escuchar en este primer turno si Pedro Antonio Sánchez gozó de información privilegiada sobre los casos de corrupción que le afectan -Púnica y Auditorio-, si conocía las presiones denunciadas por el fiscal de Murcia que tenía encomendado ese caso o qué criterios siguió en los nombramientos de la cúpula fiscal.
"La Fiscalía General del Estado considera la lucha contra la corrupción el eje central [...] y actúa de forma decidida en la investigación de los casos que llegan a su conocimiento sin atender a la condición ideológica de la persona investigada", subrayó.
Anteriormente, había señalado que "el fiscal se debe a la Ley. Solo a la Ley. Y debe actuar siempre y en todo caso en el marco del ordenamiento jurídico". Y defendió la "independencia" del Ministerio Fiscal, "la imposibilidad de que éste se deje influir por elementos externos o extraños".
Maza lleva pocos meses en el cargo. Fue el pasado noviembre cuando se conoció que Consuelo Madrigal no iba a ser renovada y que Mariano Rajoy había optado por dejar en manos de este juez conservador la renovación de la Fiscalía. En sectores judiciales, Maza era considerado "más cómodo" para el Ejecutivo que la propia Consuelo Madrigal y su antecesor, Eduardo Torres-Dulce.
Precisamente a unos de sus antecesores en el cargo, Cándido Conde-Pumpido, citó Maza como responsable de que, desde 2005, el fiscal general tenga que revisar las causas que afectan a aforados. "El fiscal general puede dar una orden para no ejercitar la acción penal, renunciar a esto es una dejación de funciones", defendió. Y fue más allá: "El fiscal general del Estado debe adoptar una posición sobre la actuación de la fiscalía. Y no tiene que ser coincidente", señaló.
Esta mención venía a hacer alusión, de forma indirecta, a las divisiones en la cúpula fiscal en la parte del caso Púnica que afecta al presidente del Murcia.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/01/fiscal_general_del_estado_presiones_congreso_61881_1012.htmlEL SENADO VETA QUE EL FISCAL GENERAL DÉ EXPLICACIONES SOBRE TRATOS DE FAVOR AL PP
El vicepresidente de la Cámara y responsable de la decisión es uno de los afectados
El próximo miércoles 1 de marzo, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza Martín, comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones de las supuestas presiones y tratos de favor en casos de corrupción que afectan al Partido Popular. El privilegio de pedir cuentas, sin embargo, no lo tendrán los senadores, después de que la Mesa del Congreso vetase la petición de comparecencia de Compromís.
En su respuesta el presidente del Senado, Cámara donde, a diferencia del Congreso, el PP tiene mayoría absoluta, usa la peregrina excusa de que se pide al fiscal general del Estado que responda por “procedimientos judiciales en curso no susceptibles de control parlamentario”.
Compromís pedía que el fiscal general respondiera por “las últimas informaciones periodísticas sobre posibles tratos de favor a causas investigadas, que implicarían a dirigentes del Partido Popular”.
Lo más llamativo del caso es que el vicepresidente primero del Senado, y por tanto, miembro de la Mesa del Senado que ha vetado la comparecencia, es Pedro Sanz, expresidente de La Rioja y uno de los beneficiados por esos supuestos tratos de favor de la Fiscalía. En el presunto caso de corrupción que le afectaba, en el que convirtió su casita de aperos en un chalet de dos plantas de 200 metros cuadrados, el fiscal quería investigar, pero se lo impidió la Fiscalía General porque "hay indicios pero no son suficientes".
El senador valenciano de Compromís, Carles Mulet, ha lamentado que “a pesar de tratarse de procedimientos judiciales en curso no susceptibles de control parlamentario, -según la respuesta del presidente del Senado-, no se avenga voluntariamente a colaborar con las Cortes y aclarar o desmentir estos hechos, para trasladar así a la ciudadanía la necesidad de confiar en la Justicia, de que se cumpla la ley y el interés social”.
Esta es la primera negativa del Senado a que comparezca Maza, pero se puede vislumbrar que el próximo martes, con la nueva reunión de la Mesa, se volverá a vetar su comparecencia, que este jueves volvió a pedir Compromís junto a la del Fiscal Superior, dos ministros y del delegado del Gobierno en Murcia, ante la denuncia del fiscal de Murcia de haber sufrido presiones por investigar la corrupción.
Para Mulet “la gente está volviendo a desconfiar en la Justicia después de las últimas sentencias, del posible trato de favor hacia presidentes y expresidentes de comunidades autónomas del PP, banqueros y duques y la sensación de impunidad, por lo que la presencia de Maza sería deseable y positiva a todas luces en estas cuestiones”.
http://www.elplural.com/politica/2017/02/24/el-senado-veta-que-el-fiscal-general-de-explicaciones-sobre-tratos-de-favor-alEL GOBIERNO PIDE "CONTENCIÓN" E INSTA A LOS FISCALES A DENUNCIAR SI RECIBEN PRESIONES
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha defendido este viernes los nombramientos de los nuevos fiscales
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha defendido este viernes los nombramientos de los nuevos fiscales y ha sostenido que se han realizado siguiendo los criterios de "mérito e idoneidad" en un proceso "normal y transparente".
El fiscal superior saliente de Murcia denuncia intimidaciones por luchar contra la corrupción
Catalá, sobre la denuncia del fiscal saliente de Murcia: "Debería haberlo puesto en conocimiento de la Fiscalía General"
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha explicado que el procedimiento de nombramiento de fiscales "está tasado en la ley". Según ha recordado, el Consejo Fiscal propone los nombramientos al fiscal general del Estado, que hace su propuesta al ministro de Justicia y que éste a su vez la traslada al Consejo de Ministros.
Este proceso no pudo ponerse en marcha con el Gobierno en funciones y "ha habido que esperar" al nombramiento del fiscal general del Estado, según ha apuntado el portavoz del Ejecutivo. Pero ha insistido en que se ha realizado de forma "transparente y normal" para asignar unas plazas "de concurso que cualquier fiscal puede pedir".
"Mérito e idoneidad son los criterios"
"No hay ninguna duda sobre el procedimiento. Mérito e idoneidad son los criterios, el procedimiento ha sido tasado y transparente y por acuerdo del Consejo de Ministros", ha insistido. Respecto a la polémica generada al respecto, Méndez de Vigo considera que "las declaraciones de unos y otros tienen que tener contención". A su juicio, los fiscales "muchas veces dicen con razón que se les presiona", por lo que les ha animado a denunciar si "saben de alguna conducta delictiva o algún tipo de presión".
http://cadenaser.com/m/ser/2017/02/24/politica/1487943981_487010.html
Manuel López Bernal denuncia que la mayoría de fiscales anticorrupción de España sienten “cierta desprotección”
“A los compañeros de Murcia no se nos ha hecho la vida especialmente agradable. Llama la atención que se haya creado, por ejemplo, una asociación en Madrid con la única finalidad de querellarse contra mí y mi familia, en fechas próximas a mi renovación”, ha dicho Manuel López Bernal en una entrevista en ‘Hoy por Hoy’.El fiscal superior saliente de la Región de Murcia ha subrayado que “da mucho que pensar” que a otro compañero suyo le hayan entrado dos veces en su casa “delincuentes profesionales para llevarse información sensible de la lucha contra la corrupción”. “Solo se llevaron su ordenador. Ni siquiera se han llevado para disimular el dinero que había en casa, como queriendo dejar su tarjeta de visita”.
López Bernal ha dicho que esta situación no es exclusiva de Murcia: “La mayoría de los fiscales anticorrupción sienten una cierta desprotección”. Ha lamentado que no se pongan medios para solucionar esta desprotección. “Hemos denunciado a la Fiscalía General del Estado y a la Delegación del Gobierno, pero las investigaciones no salen adelante”. “No es que la policía no quiera investigar”, ha matizado, “pero tampoco se le da a nuestras denuncias la importancia que realmente tienen”.
Entiende López Bernal que debería combatirse esta situación con “leyes” porque “no puede ser que al final los perseguidos seamos los fiscales por delante de los corruptos”, y vaticina que “si no se soslaya el problema, nos podremos encontrar en los próximos años con que nadie quiere luchar contra la corrupción”.
http://cadenaser.com/programa/2017/02/23/hoy_por_hoy/1487835310_268077.html
EL PSOE EXIGE A CATALÁ QUE "SAQUE SUS MANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DE LA FISCALÍA"
El ministro insiste en que las diferencias en la Fiscalía se resuelven "con unas normas de jerarquía"
Los socialistas acusan al titular de Justicia de "querer salvar" al presidente de Murcia
Los casos Púnica y Auditorio, que tienen en el punto de mira al presidente de Murcia, el conservador Pedro Antonio Sánchez, ocuparon gran parte de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados de este miércoles. Después de que Rajoy tuviera que responder sobre estos escándalos al líder del Podemos, el siguiente miembro del Gobierno que tuvo que rendir cuentas sobre los escándalos de corrupción que afectan al PP fue el titular de Justicia, Rafael Catalá. "¿Por qué ha cuestionado el Ministro de Justicia la actuación de las Fiscales Anticorrupción en el caso Púnica?", quiso saber la diputada socialista Isabel García antes de exigir al ministro que "saque sus manos de la administración de Justicia y de la Fiscalía".
Catalá, por su parte, no se movió de sus últimas declaraciones apuntando a una cuestión de "jerarquía" como forma de resolver divisiones en la Fiscalía.
Para conocer el origen de esta pregunta hay que remontarse a la semana pasada, cuando el magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso Púnica, Eloy Velasco, señaló a Pedro Antonio Sánchez, como uno de los implicados en la trama corrupta por presuntos delitos de cohecho, fraude y revelación de información.
El anuncio del juez Velasco se produjo pese al desacuerdo del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y de la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez, quienes se opusieron al informe suscrito por las fiscales Carmen García y Teresa Gálvez. Las dos fiscales involucraban a Sánchez en un "plan criminal" y pedían su imputación, pero la Fiscalía General ordenó no acusar al presidente de Murcia y elaboró otro informe paralelo, firmado por Belén Suárez pero no por las dos fiscales.
En este contexto, y después de que el presidente murciano se hubiese jactado de tener información privilegiada sobre el caso que le afecta, el ministro de Justicia se limitó a calificar de "anómalo" que las fiscales se negaran a firmar el escrito favorable de la Fiscalía Anticorrupción. "Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", dijo. Unas declaraciones que le recordó la diputada socialista en el hemiciclo y que indignaron a las asociaciones profesionales.
"No es cierto"
"No es cierto, yo no he menospreciado ni me he puesto del lado de ningún fiscal. Creo en las instituciones", respondió Catalá a García, que vio la actitud del ministro como algo "inadmisible que sólo se entiende propio del un nerviosismo del que es pillado infraganti". "Saque sus manos de la Administración de Justicia y de la Fiscalía. [...] Coja el teléfono y llame a Pedro Antonio [Sánchez], pero para pedirle que dimita", añadió.
A ojos de los socialistas, el ministro medió en la división generada en el Ministerio Público para "salvar a su compañero de partido".
"Le vuelvo a recordar cómo funciona la Fiscalía. Cuando en la Fiscalía hay discrepancias, existe un procedimiento mediante el que los fiscales de sala del Supremo [...] emiten sus informes [...] y el fiscal general dicta un decreto todo transparente, todo por escrito". "Señoría, creamos en las instituciones, respetemos las instituciones, no generen inseguridad donde no la hay", zanjó después de haber comentado, con ironía, que del PSOE da "por supuesto" que el ministro de Justicia "remite a los fiscales lo que tiene que opinar y los fiscales, como son todos ellos muy dóciles, hacen lo que dicen el ministro de Justicia".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/22/el_psoe_exige_catala_que_saque_sus_manos_administracion_justicia_fiscalia_61526_1012.htmlEL FISCAL GENERAL SE QUITA DE EN MEDIO AL FISCAL QUE IMPUTÓ AL PRESIDENTE DE MURCIA
Maza lleva a cabo una escabechina: el utraconservador Moix, nuevo responsable anticorrupción y cambio en la Fiscalía de la Audiencia Nacional
El fiscal general, José Manuel Maza, ha decidido, tras una maratoniana reunión del Consejo Fiscal, retirar de su puesto a Manuel López Bernal, titular hasta ahora de la Fiscalía Superior de Murcia, inmersa en el proceso de investigación a Pedro Antonio Sánchez, presidente de la región, por el caso Auditorio.
La renovación ha tenido lugar el mismo día que la Mesa del Congreso ha dado luz verde a la solicitud de los grupos socialista y de Ciudadanos para que Maza acuda a la Cámara tras las denuncias de supuestas presiones políticas para no imputar a Sánchez, por el caso Púnica, además de al expresidente de La Rioja y vicepresidente del Senado, Pedro Sanz.
También esta decisión de la Fiscalía General refuerza la teoría de la defensa cerrada del Partido Popular y del Gobierno de Mariano Rajoy al presidente de Murcia pese al pacto firmado con Ciudadanos, en el que se comprometió a destituir a cualquier cargo en el momento en que fuese investigado por delitos relacionados con corrupción.
El secretario general del PSOE murciano y portavoz parlamentario, Rafael González Tovar, ya señaló lo “inoportuno” de que se le sustituya “en los próximos días”, dado que es una “acusación clave en el caso Auditorio”.
A López Bernal lo sustituirá José Luis Díaz Manzanera, hasta ahora fiscal responsable de Medio Ambiente en Murcia. Al cargo también optaba el actual teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, José Francisco Sánchez Lucerga.
Renovación en Anticorrupción
Además del cambio producido en Murcia, se ha llevado a cabo otro muy relevante como es la renovación de la Fiscalía General Anticorrupción. El cargo será ocupado por Manuel Moix, hasta ahora fiscal del Tribunal Supremo y antes fiscal superior de Madrid.
La decisión ha contado con el respaldo de los seis vocales de la conservadora Asociación de Fiscales, mientras que los tres vocales de la Unión Progresista de Fiscales han votado a Alejandro Luzón, actual número dos de la Secretaría Técnica del fiscal general.
Un fiscal nada problemático
Moix está clasificado como un fiscal ultraconservador y su nombre era el favorito en todas las quinielas para ocupar el puesto en Anticorrupción por ser considerado nada problemático para sus jefes y para la línea que ha tomado el Gobierno del PP. Este perfil es muy importante si recordamos que Anticorrupción llevará en los próximos meses las acusaciones de todos los casos que afectan directamente al Partido Popular.
Moix sucederá a Antonio Salinas, que se jubiló el pasado octubre y ha ocupado el cargo en Anticorrupción durante 13 años.
La llegada de Maza
Pese a que las decisiones se han tomado dentro del Consejo Fiscal, la última palabra sobre ellas las tiene únicamente el Fiscal General del Estado, puesto designado libremente por el Gobierno.
Por sorpresa, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, renovó este cargo hace poco apartando a Consuelo Madrigal y colocando a José Manuel Maza (del que este lunes publicamos una biografía redactada por Los Genoveses). El resto del Ministerio Público no recibió ninguna explicación sobre este cambio, al igual que la destituida Madrigal, según recogió ELPLURAL.COM.
La explicación más creíble en los círculos de la Fiscalía es que Madrigal no sólo había mostrado su disposición a mantener en sus cargos a la mayor parte de los fiscales, en especial en los puestos clave, sino que se resistía a posibles sugerencias para realizar cambios en esos cargos delicados.
Cuando se mira el historial de Maza, los medios subrayamos siempre el hecho de que se opuso a que se aplicara la llamada desde entonces doctrina Botín al presidente del Santander, o a que fue el único juez que insistió en la inhabilitación del magistrado Baltasar Garzón por el caso de la Memoria Histórica, pero se olvida otra decisión de Maza que tiene un enorme relieve ahora.
Cambio en la Audiencia Nacional
El fiscal general también propuesto Jesús Alonso sea el nuevo fiscal jefe de la Audiencia Nacional, después de que haya recabado el apoyo de la mayor parte de los miembros del Consejo Fiscal. Alonso, hasta ahora teniente fiscal de la Audiencia Nacional y portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales desde 2015 sustituirá en el cargo a Javier Zaragoza, quien ha dirigido la Fiscalía de la Audiencia Nacional durante los diez últimos años.
http://www.elplural.com/sociedad/2017/02/22/el-fiscal-general-se-quita-del-medio-al-fiscal-que-imputo-al-presidente-deRELEVO EN LAS FISCALÍAS CLAVE: MANUEL MOIX DIRIGIRÁ ANTICORRUPCIÓN Y ZARAGOZA DEJA DE SER FISCAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL
Zaragoza, que llevaba más de 10 años como fiscal de la Audiencia Nacional, pierde su puesto en favor de Jesús Alonso
López Bernal, que denunció el caso Auditorio, deja de ser fiscal jefe de Murcia en favor de José Luis Díaz Manzanera
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, llevará ahora sus propuestas para que sea refrendadas por el Consejo de Ministros
El Consejo Fiscal ha acordado este miércoles que Manuel Moix ocupe la plaza de fiscal jefe de Anticorrupción en sustitución de Antonio Salinas. Javier Zaragoza, hasta ahora fiscal de la Audiencia Nacional, pierde su plaza en favor de Jesús Alonso, teniente fiscal en este tribunal.
El Consejo Fiscal, que ha decidido sobre una treintena de nombramiento, ha votado a los candidatos, aunque los resultados solo tienen carácter consultivo. Maza llevará sus propuestas al Consejo de Ministros, y el trámite de hoy sirve para ver con qué respaldo cuentan los distintos candidatos.
Entre los aspirantes que se han quedado sin la plaza de Anticorrupción, Alejandro Luzón, conocido por ser el representante del Ministerio Público en la causa en la que se investiga la salida a bolsa de Bankia y el juicio por las tarjetas black, Belen Suárez, hasta ahora al frente de Anticorrupción en funciones, o Teresa Gálvez, fiscal del caso Púnica.
Manuel Moix estaba destinado en el Tribunal Supremo, tras haber ejercido como fiscal de la Comunidad de Madrid y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Zaragoza aspiraba a un tercer mandato después de 10 años en el puesto de fiscal de la Audiencia Nacional, pero no ha logrado revalidar el cargo.
Su sucesor, Jesús Alonso, es portavoz de la asociación mayoritaria, la Asociación de Fiscales, desde donde ha mostrado su rechazo a una de las normas que ahora le afectará de lleno: el recorte en los plazos de instrucción.
Cesado el fiscal que denunció el caso Auditorio
Los cambios también han afectado a las fiscalías territoriales. Manuel López Bernal, el fiscal jefe de Murcia que presentó la querella del caso Auditorio, ha sido cesado. Su relación con el PP es tensa desde hace años. Bajo su mandato, la fiscalía del TSJ impulsó varias investigaciones contra el entorno del PP. En el marco del caso Carthago la fiscalía llevó al banquillo de los acusados a la hija del, por entonces, presidente de la Comunidad, Ramón María Valcárcel (PP), acusada de delitos relacionados con la corrupción urbanística.
López Bernal había pedido seguir en el cargo, pero no lo ha conseguido. Su relevo se produce tan solo dos días después de que haya citado a declarar como imputado al presidente de Murcia en el caso Auditorio.
El nuevo fiscal jefe de Murcia será José Luis Díaz Manzanera. Aunque menos enfrentado al PP, su ascenso tampoco es un alivio para Pedro Antonio Sánchez, ya que ejerce como fiscal en el caso Auditorio. Es, de hecho, quien pidió su imputación por los delitos de fraude, malversación, prevaricación y falsedad documental.
Maza tenía pocas opciones en la búsqueda de un sustituto para López Bernal. El otro aspirante, José Francisco Sánchez Lucerga, impulsó a principios de 2015 una reunión de fiscales para apoyar a López Bernal ante los ataques que le lanzaba el PP. Seguirá como teniente fiscal de Murcia.
http://www.eldiario.es/politica/Manuel-Anticorrupcion-Zaragoza-Audiencia-Nacional_0_615239368.htmlEL FISCAL QUE INTENTÓ ENTERRAR LOS CORREOS SECRETOS DE BLESA, NUEVO JEFE DE ANTICORRUPCIÓN
Manuel Moix, quien como fiscal superior de Madrid sostuvo que podía tener "encaje penal" la difusión de emails que luego ayudaron a la investigación sobre las preferentes y las tarjetas black, desembarca en el cargo en un momento crítico
Maza defenestra al jefe de la Fiscalía murciana, colocado por el PP en la diana por sus pesquisas sobre la corrupción en esa comunidad y por la querella que obligará al presidente autonómico a declarar como investigado por cuatro delitos
Manuel Moix, quien como fiscal superior de Madrid intentó prohibir la divulgación de los correos secretos de Miguel Blesa, cuyo contenido ayudó finalmente en la investigación sobre las preferentes de Caja Madrid y las tarjetas black, será el nuevo jefe de Anticorrupción.
En enero de 2014, un mes después de que infoLibre hubiese publicado el primero de los correos secretos conocidos y que desvelaba cómo Blesa intervino para que José María Aznar obtuviera un contrato de comisionista de una empresa de equipamiento bélico, contrato que no llegó a firmarse, Moix adujo que la mera difusión de los emails "podría tener encaje penal".
El entonces fiscal superior de Madrid llevó personalmente la querella interpuesta por él mismo contra Elpidio Silva, a quien haber enviado dos veces a prisión al expresidente de Caja Madrid le costó la expulsión de la carrera judicial.
El nombramiento de Moix, que ahora estaba destinado en la Sala de lo Contencioso del Supremo, ha sido anunciado este miércoles por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, a los miembros del Consejo Fiscal, órgano que le asesora.
Su llegada a Anticorrupción se produce en un momento crítico tras conocerse que el fiscal general impartió la orden de que las fiscales del caso Púnica no instaran la imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.
De todos los candidatos a ocupar la jefatura de Anticorrupción, vacante desde hace meses tras la jubilación de Antonio Salinas, Moix era el único ajeno a ese más que sensible fiscalía especial. Moix ha obtenido el apoyo de los miembros del Consejo Fiscal alineados con la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales mientras que los vocales propuestos por la Unión Progresista de Fiscales han respaldado a Alejandro Luzón, número dos la anterior fiscal general, Consuelo Madrigal.
Tal como se daba por seguro, Maza ha descabalgado también al hasta ahora fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que será sustituido por el hasta ahora portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales, Jesús Alonso.
Cae el murciano López Bernal, colocado en la diana por el PP
Tal como se daba por seguro, Maza tampoco ha revalidado en el cargo al fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, a quien el PP colocó hace ya años en su diana. El relevo de López Bernal plantea el interrogante de qué posición mantendrá el ministerio público a partir de ahora en relación a la causa abierta sobre el presidente autonómico y número 2 del PP regional, Pedro Antonio Sánchez, que deberá declarar en calidad de investigado ante el Tribunal Superior murciano por cuatro delitos en el caso Auditorio justamente como consecuencia de una querella interpuesta por la Fiscalía murciana. A López Bernal le sustituye uno de sus principales colaboradores, José Luis Díaz Manzanera, miembro de la conservadora Asociación de Fiscales pero que, según fuentes jurídicas, "no era el candidato favorito" de Pedro Antonio Sánchez y que ha venido trabajando estrechamente con su ya virtual antecesor.
Tampoco renueva mandato el andaluz Jesús García Calderón. Le sustituye Ana Tárrago, que ejercía la jefatura granadina y cuyo nombramiento ha provocado recelos en sectores de la fiscalía porque lanzó su candidatura mientras era -y sigue siendo a día de hoy- vocal del Consejo Fiscal.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/23/el_fiscal_que_intento_enterrar_los_correos_secretos_blesa_nuevo_jefe_anticorrupcion_61577_1012.htmlEL FISCAL GENERAL COMPARECERÁ EL 1 DE MARZO EN EL CONGRESO PARA EXPLICAR LOS CASOS DE MURCIA Y LA RIOJA
El PSOE quiere saber si hubo presiones del Gobierno o de la Fiscalía para salvar de la imputación a los presidentes del PP de ambas comunidadesLa Fiscalía General impuso no acusar al presidente de Murcia en el 'caso Púnica'La Fiscalía General también impidió acusar al ex presidente de La Rioja Pedro Sanz
La Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso aprobará esta tarde la comparecencia del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para el próximo miércoles 1 de marzo, como ha podido saber EL MUNDO. El PSOE pretende que el fiscal general explique las supuestas presiones ejercidas para no pedir la imputación ni del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ni del ex presidente de La Rioja, Pedro Sanz, ambos del PP. Como ha confirmado este diario, la Comisión de Justicia ya se ha puesto en contacto con el fiscal general y ha acordado que su comparecencia en la Cámara será el próximo miércoles 1 de marzo, ya que no habrá Pleno del Congreso.
El PSOE registró ayer martes un escrito solicitando a la Mesa de la Cámara que tramitara "por el procedimiento de urgencia" la comparecencia que solicitó ayer del fiscal general del Estado. El motivo expuesto en la petición del Grupo Socialista es "informar de los criterios seguidos por la Fiscalía respecto a la persecución de delitos de corrupción en los que resulten implicados autoridades o cargos públicos". En concreto la petición del PSOE se produjo tras los dos casos desvelados ambos por EL MUNDO que afectan al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y al ex presidente de La Rioja y ahora vicepresidente del Senado, Pedro Sanz. La demanda de máxima celeridad en la comparecencia del fiscal general fue asumida y aprobada por unanimidad por la Mesa del Congreso, en la que el PP tiene mayoría sólo gracias a Ciudadanos. Como relata el PSOE en su petición, "la Fiscalía General se opuso a la imputación del actual presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en contra de la posición de las dos fiscales del caso Púnica". La petición del PSOE no cita asuntos concretos ni procedimientos judiciales determinados pero, a raíz de las informaciones publicadas, los socialistas consideran necesario recibir una "información urgente por parte de la Fiscalía General sobre los criterios que utiliza en la persecución de delitos de corrupción en los que resulten implicados autoridades o cargos públicos". Ciudadanos también se sumó a la petición de comparecencia. La petición registrada por el partido de Albert Rivera sí se refiere expresamente a "las presiones para no acusar al ex presidente de la Rioja y al presidente de Murcia". Unidos Podemos fue, por su parte, el último en registrar otra solicitud cuyo objetivo es que Maza explique por qué la Fiscalía General ha emitido órdenes para paralizar las investigaciones relativas a los ex presidentes.
http://www.elmundo.es/espana/2017/02/22/58ad8c6c22601d86238b456f.htmlLA EXTRAÑA CAÍDA DE CONSUELO, Y EL INESPERADO ASCENSO DE JOSÉ MANUEL
Los fiscales temen que el cambio se haya hecho para facilitar ceses y nombramientos mas 'dóciles' con el Gobierno"
“Es un mundo muy cerrado, donde todos nos conocemos.., y nadie sabe aún a estar alturas qué es lo que ha pasado, cuál es la verdadera razón para el cambio”. Esa descripción del ambiente cerrado y de casta podría aplicarse a cualquiera de las llamadas carreras judiciales. Pero esta vez quien lo utilizaba al hablar con ELPLURAL.COM era un ya veterano fiscal. Y el caso por el que mostraba sorpresa e incomprensión era nada menos que el del relevo de quien está en la cúpula de su carrera, el de la Fiscalía General.
Cien horas para un cambio
Un relevo que se produjo rodeado de circunstancias extrañas, que dos meses después de producirse aún es un misterio.., y cuyas consecuencias empiezan a mostrarse muy importantes.
Recordamos los hechos. Nada más tomar posesión el pasado día 7 de noviembre como renovado ministro de Justicia, Rafael Catalá hizo unas declaraciones públicas, ratificadas al parecer en privado, sobre la Fiscalía General que parecían inequívocas. Cuando le preguntaron sobre la continuidad de Consuelo Madrigal, el ministro dijo “ha hecho un buen trabajo”. Y a continuación anunció que renovaba a todos sus altos cargos.
El compromiso parecía tan claro que, según tenemos constancia, Consuelo Madrigal horas después celebraba con un pequeño ágape su ratificación con sus colaboradores más cercanos a los que, también ella, anunciaba su disposición a ratificarles en el puesto. Fiasco, porque sólo cuatro días más tarde se filtraba que José Manuel Maza (del que este lunes publicamos una biografía redactada por Los Genoveses) sería el nuevo Fiscal General ¿qué había pasado en las aproximadamente cien horas que separaban la ratificación y el la extraña caída en desgracia de Consuelo Madrigal y el inesperado ascenso de José Manuel Maza?
Las continuidades de los fiscales
Los fiscales reconocen seguir sin conocer los detalles del cambio al frente de su institución porque, simplemente, nunca se han ofrecido desde el Ministerio de Justicia. Según consta a este periódico ni siquiera se le han dado explicaciones a la exfiscal general Consuelo Madrigal, que reconoce a sus compañeros no saber cuál fue su pecado. Como sucede siempre, la falta de información ha alimentado durante estas semanas los rumores y las explicaciones plausibles. Especialmente, claro, entre los afectados, los fiscales.
Y esas explicaciones plausibles se han centrado especialmente en dos direcciones: una, la que resulta menos plausible entre los fiscales, que Madrigal, siguiendo por cierto las órdenes del Gobierno, se había mostrado dura en el asunto catalán, resultaba incómoda ahora que desde Moncloa se pretende otra política, más dialogante; otra, la más creíble en los mismos círculos, que Madrigal no sólo había mostrado su disposición a mantener en sus cargos a la mayor parte de los fiscales, en especial en los puesto clave, sino que se resistía a posibles sugerencias para realizar cambios en esos cargos delicados.
Sea cual sea la razón para el sorpresivo relevo al frente de la Fiscalía, lo cierto es que lejos de la que parecía la intención declarada de su antecesora, todo indica que Maza en los próximos días va a proceder a una renovación generalizada de fiscales. Los sustituidos, y los nombres de los sustitutos sin duda aportarán luz sobre la razón para lo sucedido. Desde luego el enredo ha ganado sustancia con el caso de la investigación en Murcia del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, y la fallida solicitud de procesamiento contra el presidente de esa comunidad a partir de una intervención personal del Fiscal General en la que involucró a los fiscales de Sala del Supremo, a la Fiscalía Anticorrupción y a las fiscales del caso.
Comentarios al margen
El misterio en torno a la sustitución sobrevenida de Consuelo Madrigal al frente de la Fiscalía General por José Manuel Maza admite igualmente comentarios. Para empezar por el perfil del elegido, el propio Maza. Un hombre que ejerció de fiscal, según quienes ahora son sus súbditos, “15 días” (una forma de poner en valor los menos de seis años que fue fiscal en medio de los 40 años que lleva ejerciendo en el mundo de la judicatura). Y es que en la época en la que Maza opositó, años setenta, el temario era idéntico para jueces y fiscales y él aprobó las dos oposiciones, pero se decidió por la de juez, en la que ha pasado más de tres décadas.
Pero para seguir, también resulta llamativa la falta de continuidad que Mariano Rajoy da a quienes ostentan este cargo que sus antecesores en la presidencia del Gobierno han respetado de manera casi religiosa. José Luis Rodríguez Zapatero llevó de hecho ese respeto casi hasta el límite, ya que durante los ocho años de su mandato mantuvo al mismo fiscal general, Cándido Gómez Pumpido. Pero es que su antecesor, el elector del propio Rajoy, José María Aznar, durante sus 8 años de mandato tan sólo tuvo dos fiscales generales, y eso porque al primero Juan Ortiz Úrculo, se vio forzado a cesarle en medio de un caos tras sólo ocho meses en el cargo. A su sucesor, Jesús Cardenal, le mantuvo durante los siete largos años restantes de su mandato.
Precedentes convenientes
¿Por qué estos cambios constantes de Rajoy entonces en la Fiscalía General? ¿Acaso porque él y el propio PP están acosados por los casos de corrupción? Resulta difícil obviar en todo esto, de nuevo, el rol que ha jugado el Fiscal General Maza en el caso de la trama Púnica, Murcia y el presidente Pedro Antonio Sánchez. Cuando se mira el historial de Maza, los medios subrayamos siempre el hecho de que se opuso a que se aplicara la llamada desde entonces doctrina Botín al presidente del Santander, o a que fue el único juez que insistió en la inhabilitación del magistrado Baltasar Garzón por el caso de la Memoria Histórica, pero se olvida otra decisión de Maza que tiene un enorme relieve ahora.
Fue él, en su calidad de Magistrado del Supremo, quien como ponente estableció jurisprudencia al considerar que no podía procesarse por prevaricación al presidente de Melilla, Juan José Imbroda por haber concedido subvenciones a los medios de comunicación de la Ciudad Autónoma. Realizó un dictamen Maza según el cual no está regulada la naturaleza jurídica de los contratos de publicidad institucional entre las administraciones y los medios de comunicación. Una “laguna” que dejaría en el aire si con esos contratos se beneficia al político que los firma, o el propio cargo que representa. Cámbiense los apellidos de Imbroda por Sánchez y el de Melilla por el de Murcia y se entenderá mejor de lo que hablamos.
http://www.elplural.com/politica/2017/02/20/la-extrana-caida-de-consuelo-y-el-inesperado-ascenso-de-jose-manuelLA FISCALÍA DE LA RIOJA ACLARA QUE PIDIÓ AL JUEZ QUE SIGUIERA INVESTIGANDO A SANZ
El departamento que dirige Enrique Stern pidió que siguieran las investigaciones contra el alcalde de Villamediana y contra los propietarios de edificaciones ilegales, entre ellos el ex-presidente
La Fiscalía riojana no se opuso a que se investigara a Pedro Sanz. De hecho pidió que las actuaciones contra él, y contra el resto de los propietarios de edificaciones ilegales en Villamediana, siguieran adelante. Y también contra el ex alcalde Tomás Santolaya. Pero el juez José Carlos Orga no estuvo de acuerdo, y acabó declarando el archivo de todas las actuaciones.
Así lo ha asegurado hoy el fiscal superior de La Rioja, Enrique Stern,en un inusual comunicado de prensa firmado por él mismo. Después de que el diario 'El Mundo'afirmara que la fiscalía riojana cambió de criterio en este asunto por las órdenes recibidas desde la Fiscalía General para exonerar a Sanz, Stern afirma que los hechos no ocurrieron así.
En primer lugar, Stern asegura que no ha recibido, "en ningún momento ni en forma alguna, ni orden ni indicación por parte de la Fiscalía General del Estado ni por ninguna otra persona o institución" sobre las diligencias que afectan a Sanz.
La Fiscalía tuvo que responder a los recursos de la defensa contra el auto de la juez Esperanza Sánchez. Sánchez había decidido investigar por prevaricación posibles delitos urbanísticos al alcalde de Villamediana, a siete de sus concejales, a varios miembros de la Comisión de Urbanismo (COTUR) del Gobierno de La Rioja y a 69 propietarios de edificaciones ilegales.
Las defensas pidieron que se sobreseyeran las actuaciones contra todos ellos, pero la Fiscalía sólo estuvo de acuerdo parcialmente: según cuenta Stern, en ese momento no se observó "infracción alguna" ni en los concejales ni en los miembros de la COTUR. Pero sí se obervó en el resto, es decir, en el ex alcalde Santolaya y en los propietarios de las construcciones construidas ilegalmente. Entre ellos, Pedro Sanz.
Por ello, la Fiscalía solicitó "expresamente" que se desestimara el resto de los motivos de la defensa, y por tanto que siguieran las actuaciones contra Santolaya por prevaricación, y contra Sanz y los otros 68 propietarios, por delitos urbanísticos.
La Fiscalía está ahora estudiando el recurso presentado por el Ayuntamiento de Villamediana, ahora en manos del PSOE con el apoyo de C's e IU, y sobre el que deberá decidir la Audiencia Provincial.
"La Fiscalía actuará, como siempre ha hecho, conforme a los más estrictos criterios de legalidad y sin otro sometimiento que el cumplimiento de la Ley", ha subrayado.
http://www.larioja.com/la-rioja/201702/16/fiscalia-rioja-asegura-recibido-20170216155904.html#ns_campaign=larioja&ns_mchannel=amp&ns_source=noticias-relacionada&ns_linkname=pos-1&ns_fee=0EL JUEZ DE PÚNICA USA SENTENCIAS DEL FISCAL GENERAL CONTRA EL PRESIDENTE DE MURCIA
Eloy Velasco sustenta uno de los delitos que atribuye al presidente de Murcia con una resolución dictada por el propio fiscal general
La Fiscalía General impuso no acusar al presidente de Murcia
Catalá se entrevistó con el presidente de Murcia antes de que el fiscal retirara la acusación
El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, ha esgrimido una sentencia redactada por el propio fiscal general, José Manuel Maza, para justificar la imputación de uno de los delitos que el magistrado atribuye al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. En el auto con el que el pasado viernes dio por concluida la investigación sobre la rama murciana de Púnica -a expensas de lo que pase con el aforado Sánchez y la otra aforada popular-, el juez desgrana los argumentos jurídicos por los que cree que se cometieron diversos delitos. Entre ellos, el de «revelación de informaciones reservadas». Se trata de uno de los tres que el juez y las fiscales del caso -no así la Fiscalía General- creen que pudo cometer Pedro Antonio Sánchez. Lo habría hecho «al proponer filtrar a personas no funcionarios información y documentación interna propia y pre contratativa que no podía revelar». Se trataría de información transmitida por Sánchez y sus colaboradores a las empresas de la trama Púnica, que de esa forma tenían ventaja frente a la competencia.
El juez de la Audiencia Nacional considera que varios implicados -Sánchez entre ellos- cometieron ese delito al examinar las sentencias del Supremo que lo analizan. Entre ellas, una dictada por el propio Maza en 2014, cuando era magistrado de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.«La jurisprudencia entiende (ver por todas la importante STS 8/5/2014, ponente Maza Martín)...», dice el juez para extractar una sentencia del fiscal general sobre una empresa a la que se suministró información para que obtuviera una adjudicación. «La característica esencial» del delito, decía la sentencia de Maza, es «conocer aspectos que redunden en una adquisición de privilegio por parte del administrado favorecido, frente a quienes son privados de tal información, que quedan en una clara posición de desventaja».
Además de revelación de información, el juez del caso Púnica ve fraude y cohecho
El Código Penal castiga con multa e inhabilitación de hasta tres años a «la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados».La mayor parte de la jurisprudencia empleada por Velasco contra la veintena de imputados se refiere al delito de fraude, que también se le imputa a Sánchez junto al de cohecho. El juez es particularmente extenso en el supuesto fraude, puesto que es el delito en el que se centró el breve escrito del Ministerio Público oponiéndose a que se abriera formalmente una investigación contra el mandatario popular. Tras repasar las sentencias del Supremo, el juez resalta que el delito de fraude es de los denominados «de mera tendencia», es decir, que para considerarse cometido basta «con que exista la concertación con el fin de defraudar». El juez y las fiscales del caso estiman que eso se ha producido. Por contra, fuentes de la Fiscalía General -tras recordar que conocen «perfectamente» la sentencias aireadas por Velasco- insisten en que no llegó a producirse ese «concierto». Resaltan que no llegó a haber aceptación por parte de Sánchez de lo que el imputado Alejandro de Pedro le proponía. Aunque sólo fuera, como sostienen el juez y las fiscales del caso, porque el estallido de la operación policial no le dio tiempo para ello. Según el juez Velasco, Sánchez se puso en contacto con empresas de la trama Púnica para mejorar su imagen en internet. Lo hizo porque quería encabezar la lista del PP en la comunidad, cosa que consiguió. Lo que más le preocupaba, según la investigación del caso, era el desgaste que podía suponer para él la posible imputación en otro presunto caso de corrupción. También esto acabó sucediendo y Sánchez ya ha sido imputado en el caso Auditorio.
http://www.elmundo.es/espana/2017/02/22/58aca024ca47414e4f8b4662.htmlEL TRIBUNAL DE 'NÓOS' SALVA A LOS POLÍTICOS VALENCIANOS INVOCANDO UN AUTO JUDICIAL DEL HOY FISCAL GENERAL
La Fiscalía sostenía que la firma de los convenios que reportaron a la trama 3,5 millones implicaron prevaricación y malversación entre otros delitos
Basándose en una resolución del Supremo de la que fue ponente Maza y que en enero de 2016 libró al presidente de Melilla de ser investigado, la sentencia niega que hubiera prevaricación y tumba así en cascada los restantes delitos
El formidable impacto informativo y social de la absolución de la infanta Cristina ha eclipsado otro de los elementos cruciales de la sentencia del caso Nóos: la absolución, completa y en bloque, de los cinco antiguos altos cargos del Gobierno valenciano del PP acusados por la adjudicación a dedo de los convenios que reportaron a Iñaki Urdangarin y los suyos más de tres millones por tres jornadas de menos de cuatro días de duración cada una. El porqué de esa absolución, que les salva de la cárcel por delitos como malversación, fraude, falsedad y tráfico de influencias y de verse inhabilitados por prevaricación al tiempo que también beneficia a Urdangarin y Diego Torres, se rige por una clave que igualmente había pasado inadvertida: el tribunal exonera de culpa a los cinco políticos utilizando como piedra angular de sus argumentos jurídicos un auto del que fue ponente el hoy fiscal general del Estado, José Manuel Maza, cuando era juez del Tribunal Supremo.
Ese auto, que a lo largo de la sentencia de Nóos aparece citado nada menos que siete veces aunque solo la consulta directa del texto original permite conocer que tuvo como redactor a José Manuel Maza, fue el que el 29 de enero de 2016 libró a otro político del PP, el presidente de Melilla, de verse imputado por prevaricación y malversación.
Un juez de Melilla había pedido al Supremo la imputación de Juan José Imbroda por haber adjudicado a dedo varios convenios de "publicidad institucional" con medios de comunicación locales. Pero el auto firmado por el hoy fiscal general y otros cinco magistrados de la Sala Penal del Supremo lo salvó. La resolución de Maza mantiene que no cabe hablar de delito de prevaricación en caso de discrepancia sobre si una adjudicación con dinero público debe regirse o no por la legislación sobre contratos públicos. Es decir, si debe regirse por los principios de transparencia, concurrencia y control exhaustivo de los fondos adjudicados o si, por el contrario, puede otorgarse como, cuando y a quien considere oportuno quien lo adjudica.
Fuentes jurídicas del caso Nóos que ignoraban la autoría de ese auto reconocieron este domingo en conversación con infoLibre la importancia de que el tribunal presidido por la jueza Samantha Romero le haya otorgado un papel decisivo y recurrente en su argumentación jurídica sobre lo sucedido en Valencia. Porque una vez tumbada la tesis de la prevaricación -argumentan las fuentes consultadas- caen en cascada los demás delitos, empezando por la malversación, cuya ausencia también defiende la sentencia de Nóos: entre otros argumentos, las juezas vuelven a esgrimir en cuanto a la malversación el auto de Maza, según el cual cuando alguien imputa "costes por servicios no contemplados en las estipulaciones convencionales" cabe la reclamación por la vía civil, en este caso la de la jurisdicción contencioso-administrativa.
¿Disminuye el factor Maza las posibilidades de que el fiscal del caso, Pedro Horrach, ya con un pie fuera de Anticorrupción, recurra ahora la sentencia de Nóos ante el Supremo en busca de una rectificación que implicaría la condena de los políticos valencianos y podría aumentar las penas de cárcel impuestas a Urdangarin y Torres?
De momento, es una incógnita. Convencido "a pies juntillas" según su entorno de que la acusación contra los políticos valencianos era y es correcta, Horrach sopesa la idea de recurrir ante el alto tribunal. Pero la decisión final, en última instancia, dependerá de la cadena de mando de la Fiscalía. Y en la cúpula de esa cadena de mando quien se sitúa es José Manuel Maza, fiscal general del Estado y hoy en la cresta de la polémica tras haber ordenado a Anticorrupción que se opusiera a la imputación de otro presidente autonómico del PP, el de Murcia, en la Operación Púnica.
Tanto en la fase de instrucción del caso Nóos como en el juicio, Horrach sostuvo que la firma de los convenios para la organización de las llamadas Valencia Summit, unas minicumbres turístico-deportivas, implicó prevaricación y, a partir de ahí, malversación. Y que la implicó porque los convenios se firmaron a dedo y obviando todos los preceptos de la normativa sobre contratación pública.
Las fuentes consultadas conceden, no obstante, que mientras que en lo relativo a los convenios firmados en Baleares no había el menor resquicio para refutar que debían haberse regido por la Ley de Contratos Públicos, en lo que respecta a Valencia "podría haber alguna duda jurídica". Pero el análisis conjunto de los hechos era inequívoco tanto para el fiscal como para Hacienda y el propio juez instructor, José Castro: todos ellos estaban convencidos de que los políticos valencianos habían prevaricado y malversado fondos.
Pero, como sucedió en relación al presidente de Melilla, las defensas del caso Nóos alegaron que la empresa pública valenciana Cacsa, gestora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y propiedad 100% de la Generalitat valenciana, no estaba obligada a cumplir la ley de contratos públicos. Y podía adjudicar convenios sin obligación de que quien recibía el dinero –aquí, Instituto Nóos– tuviera que justificar el gasto.
El Supremo le dio la razón al melillense Imbroda y el tribunal de Palma se la ha dado ahora a los acusados del caso Nóos.
La sentencia elaborada por la jueza Romero concede, de hecho, enorme crédito a la versión de los antiguos altos cargos de la Generalitat. Da por bueno el dictamen de un perito que encumbró las bondades de las Valencia Summit sin mencionar que no se trataba de un perito judicial –es decir, independiente a priori– sino propuesto por una de las defensas. A la vista de esa pericial, pero también nuevamente a la vista de lo que dice el auto de Maza, el tribunal entiende que "no consta acreditado detrimento o perjuicio alguno para el erario público", con lo cual tampoco cabe condena por malversación.
El fallo llega a deslizar que Urdangarin tal vez no logró aquellos suculentos convenios de Valencia por ser yerno del rey sino por la "solidez del proyecto presentado" y la "fiabilidad que aportaba" su persona. Y minimiza el hecho de que Cacsa fabricara a posteriori informes para justificar los convenios firmados: lo que se produjo, dice la sentencia, fue "una modificación de la fecha".
Para terminar de exculpar a los políticos valencianos la sentencia introduce un párrafo cuya interpretación jurídica no ha logrado aún recabar este diario: "Debemos concluir afirmando (…) que las normas administrativas deben ser interpretadas conforme a la realidad social concurrente en el momento histórico de su aplicación, y no, en el concurrente ahora, 12 años después”. “En la actualidad –agrega el tribunal- resulta palmario que la actuación desplegada se hallaría al margen de la legalidad, pero en aquel momento lo cierto es que la administración se conducía del modo descrito (…) por cuanto siempre existirá una alternativa razonable que explique la creencia de los acusados de que podían hacer lo que hacían".
La literalidad del auto de Maza
También el párrafo arriba entrecomillado bebe de esa fuente que es el auto dictado el 29 de enero de 2016 por José Manuel Maza y otros cinco magistrados de la Sala Penal del Supremo: Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano y Francisco Monterde.
Lo que dice esa resolución, es decir, la invocada ahora por el tribunal de Nóos para exculpar a los políticos valencianos, es lo siguiente: "Si existen discrepancias sobre cuál era la naturaleza del contrato [naturaleza pública o de derecho privado], también existirán sobre cuáles era los trámites procedimentales que se debían seguir, lo que impide hablar de una ilegalidad evidente, flagrante y clamorosa".
"No corresponde a esta Sala –añadía el auto en el mismo párrafo y así aparece citado en la sentencia de Nóos– determinar cuál es la naturaleza del contrato y el procedimiento que debió seguirse, ya que no es la jurisdicción competente, pero sí es factible afirmar que precisamente la disparidad de criterios sobre normas jurídicas y procedimiento aplicable elimina los indicios de una posible prevaricación".
Los cinco absueltos
Los cinco acusados de la Comunidad Valenciana que han quedado absueltos son los siguientes: Luis Lobón, exsecretario autonómico de Turismo y a quien la Fiscalía pedía ocho años de prisión por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias; Jorge Vela, exdirector de Cacsa, que se arriesgaba a ocho años por fraude a la administración y malversación de caudales públicos en concurso con prevaricación y falsedad en documento público; José Manuel Aguilar, exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y para quien Anticorrupción solicitaba seis años por malversación de caudales públicos en concurso con prevaricación y fraude; Elisa Maldonado, exresponsable jurídica de Cacsa, que afrontaba una petición de ocho años por fraude a la administración y malversación de caudales públicos en concurso con prevaricación y falsedad en documento público; y Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia y para quien la acusación popular solicitaba 11 años por malversación, prevaricación, fraude y tráfico de influencias
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/19/el_tribunal_noos_salva_los_politicos_valencianos_invocando_auto_judicial_del_hoy_fiscal_general_61402_1012.html“ES INHABITUAL QUE A LOS FISCALES DE SALA LES CONSULTE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FISCAL GENERAL”
Las circunstancias clave para entender la trastienda del caso Púnica en Murcia
Estos son los hechos como se los han contado fuentes de la Sala de la sección Penal del Supremo a ELPLURAL.COM. Hace aproximadamente dos semanas se hizo desde la Secretaría Técnica del Fiscal General una consulta para los Fiscales de Sala de lo Penal. Les hacían llegar un informe para que lo estudiaran, en el que pedían su opinión fundada sobre la investigación que la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional estaba realizando a cerca de la posible contratación de un aforado, como es el caso del Presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, de una campaña de mejora de su imagen en las redes sociales en su época de Consejero de Educación.
El hecho está siendo investigado por el juez de la Audiencia, Eloy Velasco, dentro de la trama Púnica, como venimos informando los medios de comunicación. Las reacciones a la decisión de la Fiscalía General tras el informe de los Fiscales del Supremo, así como la reacción de la Fiscalía Anticorrupción, ambas contrarias al procesamiento del presidente murciano son conocidas. En buena medida, y para incomodidad de la Fiscalía General y de los Fiscales del Supremo, porque el propio interesado, Pedro Antonio Sánchez, se encargó de manifestar públicamente tan pronto como, no está claro a través de qué medios, ya que no debiera haberlo conocido.
Sin embargo, son desconocidas las circunstancias, algunas clave, de lo que rodeó el hecho, clave, de la consulta a los Fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo. Estas son las más llamativas.
1. No existía todavía el escrito del juez Velasco
Desde la Secretaría Técnica del Fiscal General, cuando llega la consulta a la Sala Segunda, aún el juez instructor, Eloy Velasco, no ha emitido el escrito en el que solicite la certificación del estado de aforados de los dos principales investigados, el propio presidente murciano y la senadora, también del PP, Pilar Barreiro. Ese escrito no lo presenta el juez de la Audiencia Nacional hasta el 10 de febrero, cuando la consulta ya ha sido planteada. En su escrito, clave, como publicamos en su momento en ELPLURAL.COM, el juez viene a dar a entender su intención de crear una pieza separada de la trama Púnica.
2.Un hecho inhabitual
El hecho de la consulta desde la Secretaría Técnica en sí tiene precedentes. Pero, al contrario de lo que han pretendido mantener desde el Ministerio de Justicia y desde la Fiscalía General, nos dicen en el Supremo, “este hecho puede ser calificado de inhabitual”. Generalmente, es la propia Secretaría Técnica, de ahí su nombre, la que prepara los informes para el Fiscal General aunque en casos de gran envergadura pueda buscar la opinión de los Fiscales. A ELPLURAL.COM le consta que no es el caso, ya que los Fiscales del Supremo no tomaron conciencia de la repercusión de los hechos hasta no ver la reacción en los medios de comunicación.
3. Quienes preguntan son los fiscales del caso
Al contrario, nos aseguran en el Supremo las fuentes fiscales con las que hemos hablado, sí es muy habitual que quienes eleven consultas a los Fiscales de Sala sean sus compañeros que están inmersos en las investigaciones. En este caso, por ejemplo, sí hubiera sido visto con naturalidad que las dos fiscales que llevan el caso hubieran sido las que elevaran a sus compañeros de la Sala de la Sección Penal del Supremo la consulta.
4. Fueron tres fiscales y no cuatro
En la deliberación sobre la consulta estuvieron presentes no los cuatro fiscales de Sala jefes de la Sección Penal del Supremo, sino tan sólo tres, ya que uno se encontraba ausente. Alguno de los fiscales mostró más dudas que otros sobre la decisión final. También es cierto que el ausente, según nos informan, se mostró posteriormente conforme con la resolución de sus compañeros.
5. ¿Qué peso tiene la opinión de los Fiscales?
Aunque en este caso se está utilizando la opinión de los Fiscales de Sala de la Sección Penal del Supremo como un soporte fundamental para los escritos contrarios a continuar el procesamiento del presidente de Murcia, lo cierto es que sus opiniones no son determinantes para el Fiscal General que, como venimos explicando, tiene su propia Secretaría Técnica.
6. ¿Hubo presiones políticas? El nuevo Fiscal General
Es el gran debate, que ha llevado al Grupo Socialista en el Congreso a pedir la comparecencia del recién nombrado Fiscal General ¿Hay razones políticas tras la actuación en general de la Fiscalía en este asunto? En este sentido hay que apuntar que siguen siendo oscuras para los propios fiscales las razones tras el nombramiento mismo de José Manuel Maza en lugar de Consuelo Madrigal, a la que el ministro había ratificado pocas horas antes en el cargo -incluso ella llegó a celebrarlo con su círculo de colaboradores más cercanos-. Y, no menos importante, en manos de Maza, que por cierto era uno de los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo hasta ahora, está la continuidad o no de muchos fiscales. Sin ir más lejos, de algunos de los de la Sala de los Penal del Supremo que dictaminaron en este caso.
Por cierto, no sólo de ellos. También Maza debe elegir al Fiscal Jefe de Anticorrupción, cargo al que aspira la Teniente Fiscal que, contra la opinión de las fiscales del caso, se apresuró a emitir un comunicado apoyando la no procedencia de conceder el procesamiento del presidente de Murcia. Y, quizás una prueba del nuevo clave, también la del Fiscal Jefe de Murcia, que no se ha mostrado débil en los casos de investigación contra la corrupción en esta región, y que debe ser ratificado o cambiado ahora.
http://www.elplural.com/politica/2017/02/16/es-inhabitual-que-los-fiscales-de-sala-les-consulte-la-secretaria-tecnica-delEL FISCAL DEL 'CASO SANZ' CAMBIÓ DE CRITERIO EN MENOS DE DOS SEMANAS
El fiscal del 'caso Sanz' elaboró un primer informe tras un requerimiento de la Fiscalía General. En él, consideraba al ex presidente riojano autor de un presunto delito contra la ordenación del territorio, próximo a prescribir.
La Secretaría Técnica requirió al fiscal un informe y después otro ampliatorio
Tras esas comunicaciones, el fiscal varió su postura y pidió el archivo
El fiscal encargado de la investigación del chalé ilegal del ex presidente de La Rioja Pedro Sanz cambió de criterio en apenas 12 días, sin que apareciesen hechos nuevos, acerca de la necesidad de investigar si el equipo de gobierno de Villamediana de Iregua cometió un delito de prevaricación urbanística cuando aprobó un Plan que regularizó la vivienda.
Así lo atestiguan los sucesivos documentos elaborados por él a los que ha tenido acceso este diario. La Fiscalía General del Estado supervisó en todo momento su actuación, requiriéndole primero un informe y después otro ampliatorio que llegó a manos del propio José Manuel Maza, si bien ayer insistió a través de un comunicado y de fuentes oficiales en que «no hubo orden» al fiscal de que variase su posición, algo que se produjo después de esas comunicaciones con la Secretaría Técnica.
Los medios consultados por este periódico se reafirmaron en que el fiscal Luis María Fernández Gómez de Segura modificó su informe de manera favorable a Pedro Sanz después de que sus superiores le trasladaran argumentos en sentido opuesto a los que él sostenía inicialmente, si bien al contrario de lo que ocurre con las fiscales del caso Púnica respecto del presidente de Murcia, él sí aceptó plegarse. De hecho, su firma aparece al final del documento. La Fiscalía General intentó ayer desmentir a EL MUNDO con una nota que proclamaba la «rotunda falsedad» de la información porque no se había emitido «orden alguna».
El 29 de diciembre, elaboró otro más amplio en el que proponía a investigar por prevaricación al equipo de gobierno que legalizó el chalé de Sanz: "Ha de examinarse" si el Plan "se ha hecho para favorecer o no a determinados propietarios".
El primer informe elaborado por el fiscal del caso Sanz está fechado el 20 de diciembre de 2016 y se envía a la Secretaría Técnica, a través del fiscal superior de La Rioja, «en cumplimiento de la orden recibida». En ese momento, ya estaba abierta una causa penal para investigar el chalé del ex presidente autonómico y el alcalde que lo legalizó había presentado un recurso pidiendo su archivo.
En ese documento, Fernández Gómez de Segura hace un recorrido detallado por las presuntas irregularidades cometidas por Pedro Sanz y el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua, para concluir que «los promotores» de las obras de la vivienda construida en suelo no urbanizable son el ex presidente riojano y su esposa y que, por ello, «entiende» que «incurrieron en el delito contra la ordenación del territorio del artículo 319.2 del Código Penal». Estos hechos se encontraban próximos a prescribir, pero esta circunstancia podía soslayarse manteniendo abierta la investigación por la posible prevaricación cometida al aprobarse el Plan que regularizó el chalé.
El fiscal entregó finalmente al juzgado, menos de dos semanas después, un documento firmado por él en el que sostiene lo contrario: que la investigación por prevaricación debe archivarse pues, aunque "hay indicios", los mismos "no son suficientes".
Sanz fue convirtiendo desde 1982 mediante sucesivas licencias una pequeña caseta de labranza situada en suelo no urbanizable en un chalé de dos plantas y 155 metros cuadrados. La última autorización del Ayuntamiento, concedida en 2012 para cambiar tejas, fue aprovechada para construir un porche de 40 metros y cerrar la terraza ampliando la primera planta de la vivienda con un dormitorio, según un informe del arquitecto municipal emitido tras la denuncia de tres concejales de la oposición.
En esas circunstancias, que fueron publicadas en diciembre de 2012 por la revista Interviú junto a un reportaje fotográfico del chalé, el alcalde decidió no sancionar a Pedro Sanz y dio impulso en 2013 a un Plan General Municipal en tiempo récord que favoreció la regularización de esa vivienda y otras 68. En octubre de 2016, una juez abrió una causa para investigar si existieron «motivos espurios» en esa decisión.
El fiscal del caso Sanz preparó un segundo informe, más amplio que el anterior y dirigido ya al juzgado, en el que se reafirmaba en sus tesis. Está fechado el 29 de diciembre de 2016 y en él sostiene que «ha de examinarse» si el Plan General Municipal «se ha hecho para favorecer o no a determinados propietarios», en referencia al ex presidente de La Rioja y su esposa, por lo que «debe prosperar la investigación».
Sin embargo, en el informe que llegó al juzgado 12 días después, el 10 de enero de 2017, el fiscal Fernández Gómez de Segura mantiene una posición opuesta: se muestra favorable al archivo de la investigación por prevaricación, «no porque considere que no hay indicios de la comisión de este delito, sino porque los existentes no son suficientes para ordenar la investigación penal». Y dice que el Ayuntamiento se limitó a ejercer sus facultades cuando aprobó un Plan General Municipal. Estos argumentos fueron acogidos por el nuevo juez del caso cuando decidió sobreseerlo.http://www.elmundo.es/espana/2017/02/17/58a61c47ca474123758b4646.html
LAS AMENAZAS DEL GOBIERNO Y EL PP A LOS FISCALES ANTICORRUPCIÓN INDIGNAN A LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES
Rafael Catalá cree que "la negativa" de las fiscales de Púnica a seguir la orden del fiscal general "generará algún tipo de actuación interna"
Tres asociaciones de fiscales reprochan al ministro su amenaza implícita y una de ellas pide su dimisión
Las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien este jueves expresó su creencia en que la "negativa" de las fiscales del caso Púnica a firmar un escrito favorable al presidente de Murcia "generará algún tipo de actuación interna en la Fiscalía", provocó ayer la indignación de las asociaciones profesionales.
Las palabras del máximo responsable de Justicia le granjearon el inmediato reproche de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que pidió la dimisión del ministro, sí como el de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) e incluso el de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales.
El tono de la amenaza implícita vertida por el titular de Justicia se vio superado por las palabras que más tarde lanzó el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando. La Fiscalía, dijo el diputado, "funciona como funciona hace muchísimo tiempo" y también tiene "sus límites" ante la posibilidad de que haya fiscales que decidan "inventarse delitos que no existen en el Código Penal". Según Hernando, los fiscales tienen tener "a veces alguna limitación". "Esto es supongo lo que ha pretendido hacer el fiscal general", ha manifestado, para insistir en que no hay intereses políticos en estas decisiones del Ministerio Público, pero sí en las formaciones políticas que, según su diagnóstico, presentan sistemáticamente demandas para ganar en los tribunales lo que no ganan en las urnas.
Fue en una entrevista concedida a la Cadena Ser donde antes de que Hernando subiera aún más de grados el termómetro de la polémica se había ya pronunciado sobre lo sucedido en Púnica el ministro de Justicia. "Me parece –dijo en relación a las dos fiscales del caso– que es un procedimiento anómalo que se nieguen a firmar, imagino que eso generará algún tipo de actuación interna en la fiscalía, que se esté dando esa información de bueno sí, sí, pero a mí me obligaron y yo no quise". En ese momento, la conductora del programa, la periodista Pepa Bueno, preguntó al ministro si también le parece anómalo que el presidente de Murcia tuviera información sobre la posición adoptada en bloque por los cuatro fiscales jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo antes de que esa información hubiera trascendido.
Catalá minimizó entonces el alcance de ese aspecto del asunto y argumentó que la Fiscalía General del Estado firmó el lunes su decreto sobre la posición que Anticorrupción debía adoptar en el caso del presidente murciano mientras que la entrevista en la que este desveló su conocimiento de lo que opinaban los cuatro fiscales jefe del Supremo tuvo lugar a la mañana siguiente. "Me temo que han pasado las horas suficientes y me temo que ha pasado por las manos suficientes como para que alguien le haya podido informar del asunto", adujo el ministro.
El titular de Justicia fue más allá en su carga contra las fiscales de Púnica: "Que el criterio de dos fiscales –dijo en otro momento de la entrevista– no sea soportado por sus jefes, no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", remachó.
Citando como ejemplo una noticia conocida la semana pasada –la firma de sendos acuerdos de conformidad por parte de siete empresarios que admiten haber financiado al PP valenciano–, el ministro subrayó que la Fiscalía debería funcionar "con mayor discreción".
Los reproches a Catalá desde las asociaciones profesionales cayeron en cascada a partir de la entrevista. A través de un comunicado, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) pidió la dimisión del ministro "por cuestionar, fuera de sus competencias constitucionales el trabajo de nuestras compañeras, y amenazar con acciones contra ellas por discrepar del criterio de un superior". "Es una intromisión intolerable en nuestro trabajo por parte del Ejecutivo y un desprecio a la autonomía del Ministerio Fiscal", añade la nota.
También la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) reclamó con una nota pública que el Consejo Fiscal, órgano que asesora a la Fiscalía General del Estado, "ampare a las compañeras injustamente atacadas en los medios de comunicación". "Lo anómalo –opina la APIF– debería ser que cualquier Fiscal de este país, como jurista de acreditada solvencia profesional, no discutiera aquellas órdenes que entendiera por cualquier motivo improcedentes".
Incluso la Asociación de Fiscales, de signo conservador y mayoritaria en la carrera, lanzó un reproche a Catalá. El ministro, transmitió la asociación en un comunicado oficial, "no debe tomar partido ni dar su opinión sobre una u otra postura", pues, dado el cargo que ocupa, "puede dar la falsa percepción de injerencia del poder Ejecutivo en el Judicial".
Desde la magistratura, la asociación Jueces para la Democracia solicitó que se modifique el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y han reivindicado la necesidad de concienciar a los políticos en una cultura de respeto a la independencia judicial y de autonomía del fiscal. "El Ministerio de Justicia tendrá que dejar trabajar y omitir cualquier tipo de valoración", aseveró su portavoz Ignacio Ubaldo González.
Maza niega presiones políticas
En medio del terremoto provocado por el viraje de Anticorrupción en lo relativo al presidente de Murcia, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, aseguró este jueves que "en absoluto" el Ministerio Público ha recibido presiones en su decisión de pedir que no se investigue al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en relación con la trama Púnica y al respecto ha afirmado que este criterio está "totalmente fundado en la legalidad".
El fiscal general precisó que se trata de una actuación avalada por los informes firmados por dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y por cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo, y se ha mostrado sorprendido por la solicitud del PSOE de que comparezca en el Congreso de los Diputados.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/17/las_amenazas_del_gobierno_a_los_fiscales_anticorrupcion_indignan_las_asociaciones_profesionales_61299_1012.html
EL FISCAL GENERAL DECIDIRÁ SI MANTIENE A LÓPEZ BERNAL COMO ÚLTIMO RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN AL PRESIDENTE DE MURCIA
El fiscal superior de Murcia anunció la intención del Ministerio Público que dirige de reclamar en breve la comparecencia como investigado del presidente de la Comunidad murciana por el caso Auditorio
Si López Bernal no es renovado en su actual cargo, la decisión última sobre las pesquisas a Pedro Antonio Sánchez recaería en el nuevo fiscal superior regional que nombre José Manuel Maza
El nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tendrá que decidir la semana próxima si renueva en su cargo al actual fiscal superior de la Región de Murcia, Manuel López Bernal, o por el contrario opta por otro de los candidatos, que son los fiscales José Luis Díaz Manzanera y José Francisco Sánchez Lucerga.
El fiscal López Bernal es el último responsable de la investigación iniciada por el también representante del Ministerio Público en esta Comunidad José Luis Díaz Manzanera contra el actual presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez (PP), y que ahora mismo se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM), que deberá decidir si le llama a declarar como imputado.
En declaraciones a infoLibre, López Bernal anunció la intención de la Fiscalía que dirige en la Región de Murcia de reclamar lo antes posible la comparecencia como investigado del presidente de la Comunidad murciana por el caso Auditorio. Sin embargo, si López Bernal no es renovado en su actual cargo, la responsabilidad última sobre el caso recaería en el nuevo fiscal superior de la Comunidad murciana nombrado por el fiscal general del Estado.
Caso Púnica
José Manuel Maza, que ha abandonado su puesto en el Tribunal Supremo al ser nombrado fiscal general, tendrá que adoptar esta decisión en medio de un debate sobre la posible injerencia política en la posición de la institución respecto a la imputación del presidente murciano en el caso Púnica.
La actual teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, rechazó la imputación de Pedro Antonio Sánchez, de acuerdo con el criterio del fiscal general del Estado, quien aseguró que no ha sido objeto de ningún tipo de presión política al respecto y que actuó de acuerdo con el planteamiento de la Secretaría Técnica y los fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo.
Sin embargo, las fiscales del caso Púnica, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, aseguraron en un escrito sobre la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro que Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación del Gobierno murciano, también se habría beneficiado de un "plan criminal" para mejorar su imagen.
País Vasco y Andalucía
En medio de esta tormenta política, que tiene como principal debate el apoyo de Ciudadanos en la Asamblea de la Región de Murcia, el Consejo Fiscal, órgano asesor de la Fiscalía General del Estado, se reunirá el próximo 22 de febrero para pronunciarse sobre las candidaturas para cubrir un total 35 vacantes, una decisión que en último término deberá adoptar el propio José Manuel Maza, y que afecta a las principales fiscalías especiales, pero también a los fiscales superiores del País Vasco, Andalucía, Castilla-La Mancha, La Rioja y al mencionado de Murcia.
Manuel López Bernal accedió por primera vez al cargo de fiscal superior de Murcia en 2006 y fue renovado en 2011 por el anterior fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Y prometió que su máxima prioridad sería la lucha contra la corrupción en la Región de Murcia.
Dicho y hecho, en tan solo un año, el Partido Popular de Murcia, que gobernaba en la Comunidad y en la mayoría de los 45 Ayuntamientos murcianos, tenía imputados a 19 cargos públicos, entre ellos cuatro alcaldes y cuatro ex directores generales en presuntos delitos urbanísticos. La Fiscalía de Murcia ha impulsado la investigación de decenas de casos de corrupción, entre los que destacan Novo Carthago, Tótem, Limusa, Biblioteca, Ninette (Malaya), Umbra, Valhalla, Zerrichera, AVE o Barraca.
Fiscales de confianza
López Bernal ha desarrollado su trabajo, por el que se ha imputado entre otros al exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara (PP) en el caso Umbra, y a la hija del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel (Novo Carthago) con el apoyo de un reducido grupo de fiscales de confianza. Como por ejemplo el mencionado José Luis Díaz Manzanera, responsable de perseguir los delitos urbanísticos y contra el medio ambiente; y que es el fiscal que ha encabezado la investigación del denominado caso Auditorio contra el presidente murciano.
También se consideran cercanos al fiscal superior de la Región de Murcia Juan Pablo Lozano, que está adscrito a la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal encargado de los delitos económicos, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social en la Región de Murcia, Jaime Sánchez Nogueroles, es otro de los considerados cercanos a López Bernal.
Querellas y robos
Tanto López Bernal como Juan Pablo Lozano han sido objeto de ataques, de diferente índole. El primero fue objeto de dos querellas formuladas por la Asociación Justicia y Libertad, que no fueron ni admitidas a trámite por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Lozano ha sufrido dos robos en su vivienda en seis meses. En uno de ellos, en julio pasado, los asaltantes le robaron un ordenador que contenía documentos sobre sus investigaciones, entre las que destacan los casos denominados Novo Carthago, Umbra, Rotondas y AVE.
El pasado martes, un subinspector de Hacienda que actúa como perito en una investigación secreta de la Fiscalía de Murcia también sufrió un robo en su vivienda, según adelantó La Verdad de Murcia. La Policía trata de determinar si los asaltantes de esta casa manipularon el ordenador personal del funcionario de la Agencia Tributaria.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/17/el_fiscal_general_decidira_una_semana_mantiene_lopez_bernal_como_maximo_responsable_investigacion_presidente_murcia_61273_1012.htmlSÁNCHEZ NO ACLARA EL ORIGEN DE LAS FILTRACIONES DE LA FISCALÍA. LA RESPUESTA: "YO NO INTERPRETO DECISIONES JUDICIALES"
El presidente ha dicho, al ser preguntado por la forma en que conoció, antes de que se hiciera público, el criterio contrario de la Fiscalía General a su encausamiento en la trama Púnica, que él "no habla" de decisiones judiciales. Y sobre si dimitirá dice que "no habla de futuribles"
El presidente ha insistido en su interés de colaborar con la justicia y respetar su trabajo sin interpretar las decisiones judiciales porque la "no injerencia" en esos asuntos es fundamental -ha dicho- para garantizar que se conozca la verdad.
Ante la insistencia de los periodistas, Sánchez ha reiterado que no habla de las decisiones judiciales ni las interpreta, sino que se limita a colaborar con la justicia, facilitar que haga su trabajo y respetarlo.
Además, ha recordado que esta tarde comparecerá en la Asamblea Regional, donde será interpelado por la oposición sobre los casos de corrupción Púnica y Auditorio, y ha indicado que ese es el foro adecuado en el que someterse a las cuestiones que planteen los representantes de los ciudadanos.
"Yo no interpreto ni valoro, solo respeto las decisiones de la justicia, es lo que voy a seguir haciendo y lo que recomiendo que haga todo el mundo", ha reiterado, para seguir insistiendo en que "con todos los temas judiciales hay que dejar trabajar a la justicia, ser prudente, la no injerencia es fundamental".
Sobre si dimitirá si declara como investigado, ha dicho que no habla "de futuribles" sino que se limita a "trabajar", y eso es lo que seguirá haciendo: "trabajar y colaborar con la justicia, y eso es tomarse a los ciudadanos en serio".
"Seguimos trabajando, la Región de Murcia sigue adelante y estamos siendo capaces de sacar proyectos adelante. Lo demás es seguir colaborando para que todo se aclare cuanto antes. Hay que trabajar y punto", ha asegurado.
En ese mismo sentido, ha reiterado que él trabaja "en serio" y así se toma las cuestiones, por lo que ha subrayado que la justicia debe trabajar para que se conozca cuanto antes la verdad, que es lo que le interesa.
"Entiendo que la forma más seria de trabajar es dejar que la justicia trabaje y que nadie tenga ninguna duda. Los murcianos pueden estar muy tranquilos, como lo han estado hasta ahora, y el tiempo siempre me ha dado a la razón", ha concluido antes de pedir de nuevo "respeto" por el trabajo judicial, porque es "lo más serio en un estado de derecho".
http://cadenaser.com/emisora/2017/02/16/radio_murcia/1487246582_047046.html
PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ A SOLAS CON CATALÁ
Al presidente se le vio hablando en un aparte con el ministro de Justicia en el congreso del PP, cuando Velasco ya había firmado su auto. Después, Pedro Antonio Sánchez suspendió una rueda de prensa. La resolución del juez aún no era del dominio público
Antes de que el juez Eloy Velasco notificara el lunes pasado su auto de atribución a Pedro Antonio Sánchez de tres supuestos delitos, el presidente de Murcia sabía ya que la Fiscalía no acompañaría al juez instructor en su intención de proceder contra él. Lo admitió ayer en la Cadena SER el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aunque sin acertar a explicar cómo una información sensible como esta, que de ordinario resulta inaccesible para cualquier otro encausado, pudo llegar a conocimiento de Sánchez. La cronología de hechos que acompaña a esta información permite aventurar, incluso, que pudo ser el propio ministro de Justicia quien anticipó al presidente regional que la Fiscalía se opondría a la acusación. Ello explicaría una larga conversación -hasta hoy, no revelada- que Rafael Catalá y Sánchez mantuvieron el domingo, 12, en los pasillos del congreso nacional del PP, así como la rapidez y la tranquilidad de ánimo con que el presidente reaccionó al auto acusatorio del juez Velasco apenas una hora después de que fuera notificado a las partes personadas, sin apenas tiempo para leerlo con detalle y argumentar su defensa ante la opinión pública.
De mano en mano... Hasta PAS
Jueves, 2 de febrero
El juez instructor del 'caso Púnica', Eloy Velasco, dicta una providencia en la que, «dado el tiempo transcurrido», insta a la Fiscalía Anticorrupción a entregar, «a la mayor brevedad», sus informes sobre la rama murciana de 'Púnica', «a fin de elevar las posibles exposiciones razonadas» que incumben a las dos personas aforadas en la causa, Pedro Antonio Sánchez (PAS) y la senadora Pilar Barreiro. Ese mismo día, 2 de febrero, el TSJ de Murcia notificó también que asumía el 'caso Auditorio', en el que la juez instructora de Lorca imputa cuatro supuestos delictivos a PAS.
Viernes, 10 de febrero
El juez Velasco, todavía sin tener en su poder el informe de Fiscalía que había reclamado, dicta un auto en el que da por cerrada la rama murciana de 'Púnica' y atribuye a PAS los presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada. Recaba de la Asamblea Regional la certificación que acredite el aforamiento de PAS, «al objeto, en su caso, de elevar a los respectivos órganos judiciales competentes [el TSJ, por PAS, y el Tribunal Supremo, por Barreiro] la oportuna exposición razonada». Esta resolución no es notificada hasta el lunes siguiente y, por tanto, tampoco es conocida por la opinión pública.
Domingo, 12 de febrero
Congreso nacional del PP en la Caja Mágica de Madrid. Minutos antes del discurso de clausura de Rajoy, Julián Mollejo, el periodista enviado por 'La Verdad' al congreso, ve a PAS y al ministro de Justicia, Rafael Catalá, charlando a solas. En un momento dado, ambos pasan de la denominada Zona Expo a los pasillos interiores que rodean la cancha principal de la Caja Mágica. Tras la clausura del congreso, el PP regional había citado en la Zona Expo a los periodistas murcianos para recoger declaraciones de PAS, Teodoro García y José Miguel Luengo. Pero PAS no comparece porque abandona la Caja Mágica inmediatamente después de que concluya el congreso.
Lunes, 13 de febrero, por la mañana
El auto de Velasco -fechado el viernes anterior- es notificado a las partes. Se conoce a media mañana y, apenas una hora después, PAS convoca una rueda de prensa en San Esteban. Dice que no dimite, algo que sus colaboradores más próximos ya sabían. Y afirma, convincente: «No se puede condenar lo que no se puede probar».
Lunes, 13 de febrero, por la tarde
La Fiscalía Anticorrupción traslada a una agencia de noticias de Madrid un comunicado -innominado- en el que expresa su opinión contraria a que se investigue a PAS, contra la intención expresada horas antes por el juez Velasco. El comunicado sorprende porque no es normal que la Fiscalía Anticorrupción se manifieste a través de notas de prensa.
Martes, 14 de febrero, por la mañana
PAS declara a Carlos Herrera, en la Cadena COPE, que «cuatro fiscales del Supremo me apoyan». Sorprende la declaración, toda vez que la instrucción se ha desarrollado por Eloy Velasco en el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, una institución ajena al Tribunal Supremo. Tampoco se entendió entonces que PAS conociera la opinión, exculpatoria para él, de «cuatro fiscales del Supremo». 'La Verdad' preguntó por este extremo en el palacio de San Esteban, donde la respuesta fue que el presidente lo sabía «de fuentes oficiales». (SIC).
Martes, 14 de febrero, por la mañana
'El Mundo' anticipa a medianoche en Twitter su portada del día siguiente, que se abre con este titular: 'La Fiscalía General ordenó no acusar al presidente de Murcia'. 'La Verdad' también lo recoge en sus ediciones digital e impresa.
Miércoles, 15 de febrero, por la mañana
Trasciende que, efectivamente, desde la Fiscalía General del Estado se ordenó a la Fiscalía Anticorrupción que no se acusara al presidente.
Miércoles, 15 de febrero, por la tarde
'La Verdad' se hace con el escrito de las dos fiscales del 'caso Púnica', que, acatando órdenes jerárquicas, se oponen a proceder contra PAS, lo que no les impide dejar escrito en su resolución que el presidente concertó «un plan criminal» con Barreiro.
Jueves, 16 de febrero
El ministro Catalá admite en la Cadena SER que PAS recibió de la Fiscalía General del Estado información reservada sobre su caso. Lo hace con estas palabras: «El fiscal general del Estado dicta un decreto que se comunica a Anticorrupción, y el presidente de Murcia, al día siguiente hace referencia al documento. Ha pasado el tiempo y, me temo, las manos suficientes como para que Sánchez haya oído hablar del asunto».
http://www.laverdad.es/murcia/201702/17/solas-catala-20170217005850-v.htmlCATALÁ ADMITE QUE EL PRESIDENTE DE MURCIA ACCEDIÓ A INFORMACIÓN RESERVADA DE LA FISCALÍA GENERAL EN EL CASO PÚNICA
Pedro Antonio Sánchez conocía un decreto del fiscal general Maza ordenando que no se le acusara cuando ni siquiera las partes personadas lo habían recibido
El ministro de Justicia resta importancia al asunto al tiempo que carga contra las fiscales del caso por hacer constar sus discrepancias con la orden del fiscal general
"Me pongo del lado de sus jefes", dice en contra de las fiscales que investigan la Púnica desde hace más de tres años, a las que deja caer que serán sancionadas
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha admitido este jueves que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, conoció el decreto de la fiscalía general del Estado dando instrucciones para que no fuera acusado cuando ni siquiera está personado en la causa de Púnica y al menos dos días antes de que las acusaciones y las defensas comenzaran a tener acceso al mismo.
En ese decreto del lunes, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, daba instrucciones para que Sánchez no fuera acusado de corrupción, en contra del criterio de las dos fiscales del caso y del juez, Eloy Velasco. En la mañana del día siguiente, Sánchez decía en una emisora que cuatro fiscales del Tribunal Supremo respaldan que no se le acuse. Esa postura de los fiscales del alto tribunal aparece en el decreto de Maza.
"El fiscal general del Estado dicta un decreto que se comunica a Anticorrupción, y el presidente de Murcia al día siguiente hace referencia al documento. Ha pasado el tiempo y, me temo, las manos suficientes como para que (Sánchez) haya oído hablar del asunto", ha asegurado Catalá en una entrevista en la cadena Ser.
Hasta 24 horas después de las declaraciones del presidente de Murcia, los medios de comunicación no comenzaron a informar de las maniobras de la Fiscalía General y, por entonces, ni siquiera se conocía la participación de cuatro fiscales del Tribunal Supremo.
La naturalidad con la que Catalá se refiere a la filtración al presidente de Murcia se convierte en reproche al hablar de las fiscales del caso Púnica por dejar por escrito que discrepan de las órdenes recibidas. "La Fiscalía debe funcionar con mayor discreción. No tiene sentido que unos fiscales pongan que han discrepado con sus jefes", ha afirmado Catalá en la entrevista.
El ministro de Justicia ha intentado poner en evidencia a las fiscales Gemma García y María Teresa Gálvez asegurando que quien "tiene el problema" son ellas, que comenzaron a investigar la trama Púnica hace más de tres años. " Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes", ha dicho.
Catalá ha remarcado que la Fiscalía es una organización jerárquica y que es habitual que los superiores se pronuncien cuando hay asuntos de especial relevancia y "ratifiquen o modifiquen". Por contra, ha añadido: "Que firme el escrito la fiscal jefe de Anticorrupción y no las fiscales actuantes es anómalo", ha reconocido Catalá, quien ha insistido en que eso no implica que se ordenara desde la Fiscalía del Estado no acusar a Sánchez, sino que la superior jerárquica de las fiscales del caso, de forma independiente, no sostuvo el criterio de aquellas.
Lo "anómalo" en este caso es, según el ministro, que "una discrepancia interna se haya puesto en evidencia hacia el exterior. Que se hayan negado a firmar supongo que generará una actuación dentro de la fiscalía. Pero sobre todo me extraña que se ponga en conocimiento público", ha señalado. También ha defendido que no dimita el presidente de Murcia al no estar imputado.
http://www.eldiario.es/politica/Catala-presidente-Murcia-informacion-Punica_0_613138792.htmlEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO: «NO HE RECIBIDO PRESIONES PARA NO ACUSAR A SÁNCHEZ»
Se muestra sorprendido por la solicitud del PSOE de que comparezca en el Congreso de los Diputados, aunque asegura que estará «encantado de hacerlo»
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado hoy que no ha recibido "ninguna presión" para no actuar contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y el expresidente de La Rioja y vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, y que esa decisión está avalada por informes técnicos.
Así lo ha declarado a los periodistas a su llegada al Centro de Estudios Jurídicos, antes de inaugurar unas jornadas sobre criminalidad informática, donde ha asegurado que estará "encantado" de dar explicaciones en el Congreso sobre este asunto.
Ha sido preguntado por la petición del PSOE de que comparezca en el Congreso de los Diputados para que explique si hay injerencias políticas detrás del informe que remitió la teniente fiscal -supuestamente por indicación suya- oponiéndose a investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, por el caso Púnica.
Y también por la información publicada hoy por el diario El Mundo que apunta a su oposición a acusar al expresidente de La Rioja y vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, en un caso de supuesta prevaricación urbanística en la construcción de un chalet.
Preguntado si en esos casos ha recibido presiones, ha recalcado: "Absolutamente, absolutamente, yo no he recibido ninguna presión, pero además mi decisión está avalada por informes técnicos de varios fiscales".
"Es insensato pensar que pueda haber presiones; en absoluto, mi decisión ha sido tomada analizando los criterios de la Secretaría Técnica y compartiéndolos, viendo que eran razonables, pero la iniciativa parte de ahí", insistido.
José Manuel Maza ha asegurado además: "Si algún día recibo presiones tengo muy claro lo que tendría que hacer, pero espero no recibirlas nunca y por esto estoy en este puesto".
El fiscal general ha dicho que está "a disposición del Parlamento" y que si tiene que comparecer lo hará "encantado para aclararlo todo".
"A mí sinceramente esto me resulta sorprendente porque son dos actuaciones que están totalmente fundadas en la legalidad, avaladas por los informes de los fiscales de la Secretaría Técnica y en un caso (en referencia al de Púnica) incluso también por los fiscales del Tribunal Supremo", ha comentado.
Ha añadido que "igual que hay multitud de asuntos de corrupción todos los días en los cuales la Fiscalía está investigando y está colaborando, hay casos en los que consideramos que un ciudadano, sea político o quien sea, no tiene por qué estar sometido a un procedimiento penal".
Son casos en los que "entendemos con toda honestidad e interpretando la ley que no tienen por qué estar en esa situación y eso es lo que hemos hecho, creo que esa es la tarea de la Fiscalía", ha apostillado.
Maza no ha querido entrar en más explicaciones, aunque las daría en su momento en el Congreso de los Diputados.
"Llegado el momento, creo que es en el Congreso de los Diputados donde hay que responder lógicamente como representantes de todos nosotros y de la soberanía nacional", ha concluido el fiscal
http://www.larazon.es/espana/el-fiscal-general-del-estado-niega-presiones-para-no-investigar-al-presidente-de-murcia-GD14530475?sky=Sky-Febrero-2017#Ttt1BfEGu8IVXg3DLA FISCALÍA GENERAL TAMBIÉN IMPIDIÓ ACUSAR AL EX PRESIDENTE DE LA RIOJA PEDRO SANZ
La Fiscalía General del Estado intervino en la investigación del chalé del ex presidente de La Rioja
Pedro Sanz para cambiar el criterio de un informe fiscal inicialmente desfavorable para el actual vicepresidente del Senado. A finales de enero, esa causa por posible prevaricación urbanística fue archivada después de que el fiscal del caso terminase asumiendo que, aunque «hay indicios de la comisión de este delito», no son sin embargo «suficientes para ordenar la investigación penal».Este diario ya informó ayer de la orden emitida por la Fiscalía General, fundamentada en un estudio de su Secretaría Técnica, para que Anticorrupción se opusiera a la imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, contra la posición de las dos fiscales del caso Púnica.
El fiscal del caso vio motivos para actuar contra el ex presidente de La Rioja por la construcción de un chalé en terrenos ilegales
No ha sido ésta la única actuación en las últimas semanas desde la Fiscalía en sentido exculpatorio hacia un aforado del Partido Popular.
Fuentes de la Fiscalía señalaron a este periódico que el organismo que dirige José Manuel Maza también se comunicó a mediados de diciembre con el fiscal superior de La Rioja, Enrique Stern, para que remitiera a la Secretaría Técnica un informe jurídico detallado y específicamente referido a la situación legal del chalé construido en suelo no urbanizable de Villamediana de la Iregua por el ex presidente autonómico Pedro Sanz.En concreto, el vicepresidente del Senado fue convirtiendo desde 1982 mediante sucesivas licencias y la permisividad municipal una pequeña caseta de labranza situada en suelo no urbanizable en un chalé de dos plantas y 155 metros cuadrados con jardín de más de 1.000.
Sus superiores consideraron que "los indicios no son suficientes" y la causa fue archivada
A modo de ejemplo, la última autorización del Ayuntamiento, concedida en 2012 para cambiar tejas y cubrir una terraza, fue aprovechada por el ex presidente riojano para construir un porche de 40 metros cuadrados y cerrar el solario para ampliar la primera planta de la vivienda con un nuevo y amplio dormitorio, con sus correspondientes instalaciones de fontanería y electricidad, según un informe del arquitecto municipal emitido tras la denuncia de tres concejales de la oposición.
En esas circunstancias, que tuvieron repercusión en los medios regionales y nacionales, el alcalde decidió sin embargo no sancionar a Pedro Sanz y dio impulso en 2013 a un Plan General Municipal en tiempo récord que favoreció la regularización de la vivienda.
Sanz no estaba imputado ni se había solicitado aún su inculpación, pero una juez había dictado en octubre de 2016 un auto por el que abría una causa en la que ordenaba practicar una serie de diligencias para aclarar si los concejales del PP de Villamediana tenían «motivos espurios» para haber permitido en 2013 «la legalización de la vivienda familiar autónoma del entonces presidente del Gobierno de La Rioja».
La oposición exige la comparecencia en el Congreso del fiscal general
La juez Esperanza Sánchez consideraba sospechosa la aprobación repentina de un Plan General Municipal con la declarada intención de regularizar 69 construcciones ilegales -entre ellas, la de Sanz- y señalaba que «podría evidenciar la realidad de una decisión de última hora no basada en razones exclusivamente técnicas y de urbanismo, sino de favorecer a una persona y unos intereses en particular».Esa decisión del equipo de gobierno municipal fue visada por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (Cotur), que tenía 11 miembros, de los que 10 eran cargos del Partido Popular.
Tormenta política
La iniciativa de la juez provocó una fuerte tormenta política en La Rioja, cuyo Gobierno autonómico, como sucede en Murcia, está sostenido por Ciudadanos. Esta formación, que en 2015 condicionó su apoyo a la investidura de un candidato del PP a que éste no fuera Pedro Sanz (que llevaba siendo presidente desde 1995), pidió ahora su dimisión como vicepresidente del Senado.
A requerimiento de la Fiscalía General, según fuentes de este organismo, el fiscal del caso, Luis Gómez de Segura, remitió a la Secretaría Técnica un primer informe en el que considera al ex presidente riojano presunto autor de un delito urbanístico próximo a prescribir, circunstancia que podía haberse evitado manteniendo la investigación ya iniciada por la posible prevaricación que habrían cometido el equipo de gobierno municipal del PP y los miembros de la Cotur que dieron el visto bueno al Plan General Municipal destinado a regularizar la vivienda.
A partir de esa misma tesis, el fiscal preparó otro informe, dirigido ya al juzgado, con el objetivo de que el nuevo juez del caso rechazase el recurso presentado por el alcalde de Villamediana que legalizó el chalé, y continuara investigando si la aprobación del Plan General Municipal perseguía beneficiar al ex presidente de La Rioja Pedro Sanz.
Sin embargo, el informe que finalmente llegó al procedimiento tras pasar por los recortes de la Secretaría Técnica respalda todos los argumentos del auto que dio inicio a la causa, para concluir sin embargo que debe archivarse, «no porque considere que no hay indicios de la comisión de este delito, sino porque los existentes no son suficientes para ordenar la investigación penal». Comoquiera que la Fiscalía era la única acusación en las diligencias, el juez decidió archivarlas razonando que están fundamentadas en una «mera sospecha».
http://www.elmundo.es/espana/2017/02/16/58a4c34fe2704e8e568b45f0.htmlANTICORRUPCIÓN ENVÍA DOS INFORMES OPUESTOS SOBRE 'PÚNICA': EL DE LA JEFA EXIME AL PRESIDENTE DE MURCIA Y EL DE LAS FISCALES DEL CASO LO INCRIMINA
La teniente fiscal argumenta en 12 líneas que no consta que Pedro Antonio Sánchez aceptase el plan para defraudar al Gobierno murciano
El relato de hechos del escrito de sus subordinadas sobre la senadora Barreiro, de 27 páginas, involucra al político en un "plan criminal" abortado a una semana de su inicio
El viraje impuesto por el fiscal general del Estado en la Operación Púnica y que ha llevado a Anticorrupción a oponerse a que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, sea imputado acaba de desencadenar una situación inédita. Sobre la mesa del juez del caso, Eloy Velasco, hay desde el lunes dos informes, a los que ha tenido acceso infoLibre, formalmente ajenos el uno al otro pero en realidad absolutamente contradictorios.
Un informe, firmado por la fiscal jefe en funciones de Anticorrupción, Belén Suárez, es el que refleja la posición del fiscal general, José Manuel Maza. Y salva en 12 líneas a Sánchez al concluir que los contratos con que la trama habría acometido la tarea de limpiar su imagen en Internet a cambio de dinero público, amén de colocarse en un terreno de difícil "deslinde" –el que separa "la publicidad institucional de la reputacional"– ni siquiera se firmaron. No hubo por tanto "perjuicio" económico. Ni tampoco delito de fraude porque –alega Suárez– no consta que la propuesta del conseguidor y gran experto en lavar la imagen de distintos políticos fuese aceptada por Pedro Antonio Sánchez.
El otro informe, de 27 páginas y suscrito por las dos fiscales asignadas al caso, Carmen García y Teresa Gálvez, se refiere oficialmente solo a la senadora del PP Pilar Barreiro, que goza de aforamiento ante el Supremo y cuya futura imputación se da por segura. Pero el relato de hechos de ese segundo informe involucra abierta y extensamente al presidente murciano en un "plan criminal" destinado a mejorar la reputación de Barreiro y Sánchez con fondos públicos y que para la Consejería que entonces -2014- dirigía Sánchez, la de Educación, habría supuesto un perjuicio contante y sonante:4.600 euros por mes durante siete meses de no ser porque la operación policial abortó la implementación de ese plan cuatro días antes de la fecha fijada para su inicio.
García y Gálvez solo ponen nombre a los delitos –prevaricación, fraude y malversación– en lo que respecta a Barreiro. Pero las conductas que describen son idénticas en el caso de la senadora y el del jefe del Gobierno murciano y número dos del PP en esa comunidad: la diferencia estriba en que el Ayuntamiento de Cartagena llegó a suscribir los contratos con Alejandro de Pedro y el Gobierno de Murcia, no.
La acusación popular que ejerce la asociación de abogados Adade pedirá al juez Velasco que mantenga su plan de elevar al Tribunal Superior de Murcia una exposición razonada -una especie de auto explicatorio dirigido a otros jueces- con los indicios incriminatorios que pesan sobre Pedro Antonio Sánchez. El abogado Francisco Montiel, de Adade, refuta los argumentos de la fiscal Belén Suárez con un ejemplo: "Es como si la Policía pilla a uno cuando todavía no le ha dado tiempo a disparar la escopeta y decimos, no, no, no hay muerto así que no hay delito".
Según las fiscales de Púnica, la senadora Barreiro, que en 2014 aún era alcaldesa de Cartagena, "se concertó" con el entonces consejero de Educación y convino con él "intermediar" con el supuesto gran conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, y su socio José Antonio Alonso "para conseguir que dicho tándem aceptase trabajar la reputación del Consejero, estigmatizada por las noticias negativas que sobre él publicaba internet". Y, también, para que De Pedro utilizase su influencia en el ámbito del PP nacional para facilitar que Sánchez se erigiese en candidato a la Presidencia del Gobierno murciano.
El siguiente párrafo del escrito contiene la primera gran bomba contra Sánchez. "El apoyo político y reputacional que ofrecieron a Pedro Antonio Sánchez permitió que todos ellos elaboraran concordadamente un nuevo plan criminal (concierto) para que el gasto personal por los trabajos de reputación y posicionamiento en buscadores realizado por la sociedad EICO [de Alejandro de Pedro] a Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez fuese sufragado con cargo a los fondos públicos del presupuesto de Educación".
La fiscal Belén Suárez aduce en su informe sobre Pedro Antonio Sánchez que no se le puede atribuir el delito de fraude -cuando un político se concierta con un tercero para adjudicarle un contrato que en sí mismo constituye un fraude a las arcas públicas- porque "ni siquiera existen los contratos de publicidad". "La cuantificación de tal eventual perjuicio futuro tampoco puede establecerse a los efectos del delito de fraude del art. 436 del Código Penal, en la medida en que sólo constan las condiciones propuestas por los responsables de las sociedades en un denominado "informe preventa" y no la aceptación de las mismas por el citado aforado".
"Además –agrega Suárez–, en cuanto se trata de hechos previos y anteriores a la reforma del Código Penal (...), que entró en vigor el 1 de julio de ese año [2015], no podría sancionarse la provocación, proposición y conspiración para cometer los delitos contra la Administración Pública, que ahora tipifica el art. 445 del Código Penal".
Las fiscales García y Gálvez, en cambio, recalcan en cambio la existencia de lo que en un momento del escrito definen también como "plan defraudador". Y aportan detalles para ilustrar la presunta participación de Pedro Antonio Sánchez en ese plan, cuya sola existencia implicaría los delitos de fraude y malversación según distintas fuentes jurídicas ajenas a la Fiscalía aun si solo fuera en grado de tentativa. "Las conversaciones telefónicas intervenidas -dice este segundo informe- han revelado que Alejandro de Pedro, José Antonio Alonso, Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez mantuvieron contactos y reuniones convocadas en hoteles de Madrid, fuera de los despachos oficiales de ambos cargos públicos, manteniendo reservados los encuentros, para fraguar un contrato negociado del que saldría perjudicada la Administración pública autonómica de Murcia".
El texto dice más: "Las llamadas telefónicas intervenidas -relatan las dos fiscales de Púnica- han puesto de manifiesto que la publicación en las redes sociales de nuevas noticias negativas del Consejero de Educación en el mes de septiembre de 2014 aceleró las prisas de Pedro Antonio Sánchez por sus trabajos y provocó la convocatoria de dos nuevos encuentros en Madrid entre Alejandro de Pedro, el Consejero de Educación y Pilar Barreiro los días 22 de septiembre y 21 de octubre de 2014, en el "Hotel Palace" y en el "Hotel de las Letras" respectivamente, evitando de nuevo la sede oficial de ambos políticos. En esa segunda reunión se cerraron las negociaciones ideadas".
La implementación del plan de limpieza de imagen de Sánchez con cargo a los fondos de la Consejería de Educación, explican las fiscales, estaba previsto para el 1 de noviembre. Pero la operación policial ordenada por el juez Eloy Velasco estalló cuatro días antes, el 27 de octubre.
Lo sucedido desde que Anticorrupción difundió el lunes una nota de prensa con la que anunciaba su negativa a la imputación del presidente autonómico del PP y una vez que el propio Pedro Antonio Sánchez desveló al día siguiente a primera hora que los cuatro fiscales jefe de lo Penal del Supremo se oponían igualmente a que se le investigase ha generado inquietud e incertidumbre en distintos ámbitos jurídicos.
Este miércoles, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García, aseguró a infoLibre que su asociación pedirá a la Fiscalía General que explique "cómo le llegó la información" a Pedro Antonio Sánchez.
También la Asociación Profesional Independiente de Fiscales emitió un comunicado en el que alerta de que "la supuesta orden dada por la Fiscalía General del Estado de no promover la investigación" a Pedro Antonio Sánchez evidencia "serias deficiencias de la actual configuración del Ministerio Fiscal para que pueda asumir la función de llevar la instrucción de las causas penales". "No alcanzamos –agrega el comunicado- a comprender (ni debe admitirse) que las órdenes, dentro de nuestra institución, sean negativas, es decir, que se nos ordene no investigar o no perseguir un posible delito"
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/16/anticorrupcion_envia_dos_informes_opuestos_sobre_punica_jefa_exime_presidente_murcia_las_fiscales_del_caso_incrimina_61246_1012.htmlEL PRESIDENTE DE MURCIA SUPO ANTES QUE LAS FISCALES DE 'PÚNICA' QUE LA CADENA DE MANDO DEL TS SE OPONÍA EN BLOQUE A INVESTIGARLE
Las dos responsables de la acusación pública en el caso ignoraban que los cuatro fiscales jefe de sala del alto tribunal se habían pronunciado contra imputar a Pedro Antonio Sánchez
La portavoz del Ejecutivo murciano se escuda en una especie de secreto profesional para no desvelar cómo accedió su jefe a información secreta de la Fiscalía General del Estado
El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del PP, supo antes que las dos fiscales asignadas a la Operación Púnica que la cadena de mando de la Fiscalía del Supremo –los cuatro fiscales jefe de la Sala de lo Penal– se habían pronunciado en bloque en contra de la imputación del político. Fuentes jurídicas informadas de lo sucedido reconocieron este miércoles a infoLibre que cuando Sánchez desveló el martes por la mañana en la Cadena Cope que los cuatro fiscales jefe de sala "consideran que no hay que investigar", nadie había comunicado aún ese dato a las fiscales de Púnica, María Teresa Gálvez y Carmen García. Es decir, ambas ignoraban que el respaldo a la posición del fiscal general -eximir de culpa a Sánchez, lo contrario de lo que ellas mismas mantenían que debía hacerse- había sido "unánime", por utilizar el adjetivo que emplearon este miércoles fuentes oficiales de la Fiscalía para definir el resultado de la consulta planteada por Maza. La consulta a los cuatro fiscales de sala, añadieron las fuentes oficiales, se efectuó "la semana pasada". Gálvez y García, conocidas por su actitud reacia hacia los periodistas, se mantienen fuera de foco desde el lunes. .
El martes, infoLibre preguntó a los portavoces oficiales del Gobierno murciano cómo supo Sánchez cuál era la posición de los fiscales del Supremo si se trata de un dato estrictamente reservado que en ningún caso se comunica a ningún potencial imputado, como era y sigue siendo su caso, y que no había trascendido a la opinión pública. La noche del martes, una fuente oficial del Ejecutivo regional dijo que lo había sabido "por la prensa" pero guardó un silencio sostenido cuando este diario inquirió sobre a través de qué medio de comunicación se había enterado el presidente Sánchez.
El miércoles por la mañana, infoLibre reiteró la pregunta. Los portavoces oficiales dijeron esta vez que "por medios digitales y periodistas que llamaron para comentarnos el asunto". Pero, en contra de esa versión, lo cierto es que ningún medio –ni digital ni de ninguna categoría– había publicado la noticia. Supuestamente, el Gobierno murciano habría recibido así la información a través de periodistas que teniendo una exclusiva de gran alcance jamás habrían llegado a publicarla para, en cambio, limitarse a ponerla en manos del Ejecutivo regional del PP.
A media mañana, la sospecha de que Pedro Antonio Sánchez había tenido acceso a información privilegiada, no se sabe exactamente a través de qué tipo de filtración, adquiría fuerza redoblada en la rueda de prensa ofrecida por la portavoz del Gobierno regional. En esa comparecencia, y después de que un periodista le insistiera para que explicase cómo logró Pedro Antonio Sánchez saber lo que opinaban los cuatro fiscales jefe del Supremo, la portavoz y consejera Noelia Arroyo eludió ya toda referencia a la supuesta publicación de la noticia en el desconocido "medio digital" mencionado varias veces desde el día anterior por su equipo sin aportar nunca ningún dato que permitiera identificar a dicho medio. La portavoz cambió de estrategia y pasó a invocar una especie de secreto profesional para negarse a dar explicaciones.
Al informador que había preguntado, Arroyo le espetó lo siguiente:
–¿Usted cuando publica una exclusiva cómo lo consigue?
Mientras otros presentes en la sala saludaban con risas de complacencia la inversión de papeles protagonizada por Arroyo, el periodista que había hecho la pregunta se limitó a responder con seriedad de forma escueta:
–Por fuentes oficiales, generalmente no.
Y fue aquí cuando de manera inesperada Arroyo equiparó a su jefe y jefe del Gobierno murciano con un periodista asistido por el deber y derecho de secreto profesional:
–O por filtraciones -replicó la portavoz al informador-. Y usted nunca desvela sus fuentes. El presidente hizo una entrevista y contestó lo que creyó oportuno. Ahí está la entrevista y ahí están las respuestas del presidente; desde luego el gobierno no va a hacer valoraciones de ningún tema de la justicia. Ni del juez ni de la fiscalía, ningún tema de la justicia.
Un momento después, la misma Arroyo añadía otra afirmación sorprendente:
–Él dijo lo que dijo. Y quien quiera saber lo que dijo el presidente, que escuche la entrevista. Y lo que digo es que yo desconozco, y no es una cuestión, como le he planteado al compañero periodista, que deba trascender si sabía, no sabía.... Yo sé lo que dijo el presidente y yo no valoro más allá de lo que dijo el presidente.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/16/el_presidente_murcia_supo_antes_que_las_fiscales_punica_que_cadena_mando_del_supremo_oponia_bloque_investigarle_61231_1012.htmlEL GOBIERNO DE MURCIA APELA AL SECRETO PROFESIONAL PARA NO REVELAR CÓMO SUPO PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ LA POSTURA DE LOS FISCALES SOBRE SU IMPUTACIÓN EN 'PÚNICA'
La portavoz, Noelia Arroyo, declina valorar "cuestiones judiciales" y asegura que "siempre sale el sol"
Sobre los asaltos a casas de funcionarios que investigan la corrupción en Murcia, dice: "No sabemos por qué se producen, ni quién es el responsable"
La portavoz del Ejecutivo murciano, Noelia Arroyo, se ha negado este miércoles a explicar cómo y cuándo conoció Pedro Antonio Sánchez la posición de cuatro fiscales jefes del Tribunal Supremo sobre su posible imputación en el caso Púnica. Según desveló el propio presidente en una entrevista este martes concedida a Cope, los fiscales acreditaron "que no se debe investigar" su implicación en el caso, informa Europa Press.
"No tenemos nada que añadir porque nunca hacemos ese tipo de declaraciones y no vamos a valorar nada de lo que tenga que ver con actuaciones judiciales", ha insistido Arroyo, quien ha manifestado que el Consejo de Gobierno, lo que valora cuando lee esa información en un medio de comunicación es la versión oficial, "lo extraoficial podemos creerlo o no, cada ciudadano es libre".
En su opinión, "lo que haga un medio de comunicación con filtraciones o con algún tipo de trabajo que se hace para confirmar esa noticia, pues no estamos aquí para valorar eso". Preguntada de nuevo sobre cómo conoció el presidente murciano la información de los fiscales, la portavoz del Gobierno murciano ha interpelado al periodista que ha hecho la pregunta diciéndole que "cuándo publica una exclusiva cómo lo consigue". "Usted nunca desvela sus fuentes y el presidente concedió una entrevista y contestó lo que consideró oportuno", ha zanjado.
El presidente murciano "hizo una entrevista, le hicieron preguntas y él dijo lo que dijo, quien quiera saber lo que dijo que escuche la entrevista, pero no valoro más allá de lo que dice Sánchez". "Respeto que los periodistas tienen sus fuentes, pero no haré una declaración ni ahora ni nunca de cuestiones relacionadas con la justicia", ha reiterado.
Arroyo, al ser preguntada sobre la información publicada por El Mundo acerca de que la Fiscalía General del Estado ordenó no seguir adelante con la investigación a Pedro Antonio Sánchez en contra del criterio de las fiscales encargadas del caso Púnica, partidarias de reclamar su imputación, ha respondido que "ese tema o cualquier otro relacionado con cuestiones judiciales no se trata en el Consejo de Gobierno".
La portavoz ha defendido que aquí estamos para "rendir cuentas de los asuntos del Consejo de Gobierno". El Gobierno, en lo que está, ha dicho, es en "trabajar y solucionar los problemas de los murcianos, en seguir creando empleo, realizar reformas que nos sitúan en una posición estratégica en el conjunto de España y en seguir trabajando por el compromiso social que mantiene el Gobierno". Por ello, ha mandado un mensaje de "tranquilidad" a la sociedad murciana, porque el Gobierno "está en lo que tiene que estar, trabajando para resolver los problemas de los ciudadanos de Murcia y, por cierto, trabajando muy duro".
Asimismo, la portavoz ha asegurado a preguntas de La Verdad que el Consejo de Gobierno "no se siente aludido" ante los asaltos producidos en los últimos meses en domicilios de funcionarios que investigan casos de corrupción. "Esto tampoco se valora en el Consejo de Gobierno, y tampoco sabemos por qué se producen esos asaltos, ni quién es el responsable. No son cuestiones que afecten a este Consejo, y no tenemos que tomar ninguna decisión al respecto. No tenemos tiempo para esto", ha dicho.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/15/el_gobierno_murcia_apela_secreto_profesional_para_revelar_como_supo_pedro_antonio_sanchez_postura_los_fiscales_sobre_imputacion_punica_61219_1012.htmlDIVISIÓN EN LA FISCALÍA POR LA INVESTIGACIÓN A PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ
Los dos fiscales de la Púnica estaban dispuestos a actuar contra el presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, pero sus superiores se lo impidieron
El jefe del Ejecutivo regional, Pedro Antonio Sánchez, se habría librado de la imputación por la mediación de la Fiscalía General, ya que dos fiscales de la Púnica, las que llevaron la investigación del caso directamente, estaban dispuestas a cargar contra el líder murciano del PP por planear contratos con empresas de la trama para mejorar su reputación personal con cargo a las arcas públicas. Esa diferencia de criterio entre dos fiscales y la cúpula del Ministerio Fiscal lo señala en su edición de este miércoles el diario El Mundo.
De hecho, en un documento oficial de la Fiscalía para dar a conocer su decisión sobre si se debía investigar a Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez queda patente que la decisión ha sido tomada por la Secretaría Técnica de esta Fiscalía General y por los cuatro Fiscales de Sala Jefes de la Sección de lo Penal del Tribunal Supremo. Algo que el propio Pedro Antonio Sánchez y su equipo han resaltado a diferentes medios desde que se conoció la postura de la Fiscalía.
El criterio de la Fiscalía en este caso es la respuesta a la petición del juez Eloy Velasco, que el lunes redactaba un auto solicitando al Tribunal Superio de Justicia (TSJ) que investigara a Pedro Antonio Sánchez por delitos de revelación de información reservada, fraude y cohecho. Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción presentaba un informe a Velasco en el que se oponía a que el magistrado elevara al TSJ la causa de Sánchez, considerando que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos con la trama Púnica no llegaron a formalizarse. Este es el argumento que Pedro Antonio Sánchez afirma desde que comenzó la investigación sobre el caso: que nunca se firmó nada.
Pero el juez y la Fiscalía difieren en su criterio. El juez Velasco considera en su escrito que hay indicios de que Pedro Antonio Sánchez tuvo la intención de firmar contratos con las empresas de la trama para mejorar su reputación, unos contratos que, supuestamente, se iban a cargar a una partida de Formación en la etapa de Pedro Antonio Sánchez como consejero de Educación.
La Fiscalía Anticorrupción entiende que no llegaron a formalizarse contratos de publicidad y no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas. No opina lo mismo el Ministerio Público con respecto a Pilar Barreiro, para la que sí ha pedido que se eleve el caso al Tribunal Supremo. Sobre la senadora explica que sí que hay indicios de que pudo cometerse delito, aunque señala, la dificultad de discernir en estos caso dada la "tenue línea" que separa los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política.
Velasco indica en su auto conocido el lunes que los hechos ocurridos dentro de la trama Púnica podrían ser constitutivos de delito y en el apartado 3 señala que en la consejería de Educación, cuando Pedro Antonio Sánchez, era su titular se produjo durante 2014 "un concierto entre Alejandro de Pedro y el entonces consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez (actual presidente autonómico de la Región), para la realización de trabajos reputacionales en Internet y redes sociales".
En esta etapa, Pedro Antonio Sánchez se postulaba para ser el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Región.
El juez de la Audiencia Nacional en su auto indica que el presidente podría ser acusado de cometer los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.
En cuando a Barreiro, en el punto dos del auto, considera que con la ayuda para su ejecución de Francisco de Asís Ferreño, jefe de gabinete, trabajaron para la creación de un diario digital local, que se sufragaría con facturación al Ayuntamiento de Cartagena, y tenía como propósito difundir informaciones "con foto y por supuesto en positivo" favorables a la entonces alcaldesa.
PAS se planteará dimitir cuando exista «una imputación formal»
Precisamente este martes, el presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez (PAS), afirmó ayer que «el motivo de dimisión debe ser cuando haya una imputación formal» y defendió que ese es su compromiso. «Por encima de cualquier estrategia partidista creo que hay que exigir que seamos justos», recalcó. Sánchez hace relación así al auto del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en el que el magistrado conforma la pieza relativa a las actividades de la trama Púnica en Murcia y atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada a Sánchez.
Tanto el presidente como los miembros del Gobierno regional consideran, no obstante, que la «imputación formal» equivale al momento procesal en el que la persona investigada pasa a ser encausada, es decir, cuando el juez dicta la orden de apertura del juicio oral. Otros, sin embargo, mantienen que la línea roja se sitúa antes y consideran que el terminado imputado, eliminado ya del vocabulario judicial, equivale al de investigado, con lo que la imputación se produciría en el momento en el que el juez le citara oficialmente a declarar.
El presidente de la Región dijo sentir «perplejidad» porque, según sus palabras, «nunca se firmó nada de nada» con las empresas investigadas. Además, Sánchez, en una entrevista en la Cope, acusó a PSRM y Podemos de ver en su caso judicial una oportunidad «ruin» para cargarse a un adversario político y añadió que realmente «no les interesa saber la verdad de lo que ha ocurrido».
Presunción de inocencia
Por su parte, el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, defendió ayer la presunción de inocencia para la exalcaldesa de Cartagena y senadora Pilar Barreiro, relacionada al igual que Sánchez con el 'caso Púnica', y se mostró confiado en que el asunto volverá a archivarse como le ha ocurrido a la parlamentaria, dijo, en más de una docena de casos anteriores. «Ella me ha dicho que es inocente, que no hay nada raro. No tengo por qué dudar de la inocencia de la senadora Barreiro. Creo que es la querella 13 o 14 y todas ellas han sido archivadas, ninguna ha desembocado en nada. Confío en que sea otra circunstancia similar a las anteriores», expuso ayer el portavoz.
C´s rechaza dar tiempo
El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, recordó ayer a Pedro Antonio Sánchez su compromiso, tanto escrito como de palabra, de dimitir en el caso de ser investigado por delitos de corrupción política, y rechazó darle tiempo, como había pedido el dirigente autonómico.
Girauta, advirtió asimismo de que si se hacen excepciones con el presidente de Murcia, el pacto de investidura firmado con el PP «no sirve para nada» y el objetivo de buscar la ejemplaridad política pierde su esencia.
Por otro lado, el secretario de Comunicación del PSOE en la Región de Murcia y diputado regional, Emilio Ivars, aseguró ayer que si se hubiera hecho caso a todos los imputados y condenados que han dicho ´nunca, nunca' o 'yo no he sido', mucha corrupción habría quedado impune.
En su opinión, el presidente debe ser capaz de distinguir que a mayor responsabilidad política, mayor ejemplaridad, «y eso es lo que estamos pidiendo los socialistas». Ivars le exigió además que asuma sus responsabilidades políticas, «porque hasta ahora ha demostrado que no sabe hacerlo».
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/02/14/fiscalia-general-ordeno-investigara-pas/806042.htmlCATALÁ ASEGURA QUE EL GOBIERNO NO HA DADO ÓRDENES A LA FISCALÍA SOBRE PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ
"Nunca lo hemos hecho y en este caso tampoco" insiste el ministro de Justicia
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado hoy que en los dos años y medio que lleva en el cargo "nunca" y "en ningún caso" el Gobierno ha requerido a la Fiscalía General del Estado para que "actúe en un sentido u otro", aunque ha apuntado que existe un cauce para hacerlo en el estatuto orgánico.
"Nunca lo hemos hecho y en este caso tampoco", ha aseverado Catalá en los pasillos del Congreso, preguntado por la información que publica El Mundo según la cual la Fiscalía General del Estado ordenó no seguir con la investigación al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en contra del criterio de las fiscales que trabajaban directamente en el caso Púnica.
Según el ministro, esa información refleja el "funcionamiento normal de la Fiscalía", ya que ésta tiene un sistema organizativo interno por el cual las fiscalías especializadas "tienen que contar con los informes de sus superiores, de la secretaría técnica o de los fiscales del Tribunal Supremo, según los asuntos de que se trate".
"Cuando toma posición en asuntos relevantes existe esta jerarquía interna e imagino que cuando la Fiscalía ha llegado a ese informe es porque tiene toda la convicción de que así son las circunstancias", ha argumentado.
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/02/15/catala-asegura-gobierno-dado-ordenes/806122.htmlMAZA RECABÓ EL CRITERIO DE SEIS FISCALES JEFE PARA EL INFORME CONTRARIO A INVESTIGAR A PAS
El artículo 25 del Estatuto Fiscal obliga a los miembros de la Carrera a poner en su conocimiento "hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer"
El informe de la Fiscalía Anticorrupción contrario a investigar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en relación con la trama 'Púnica' siguió los criterios establecidos en sendos informes firmados por dos fiscales de Sala de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y por cuatro fiscales de Sala del Tribunal Supremo, han informado fuentes fiscales que niegan que pueda hablarse de una imposición del fiscal general, José Manuel Maza.
Anticorrupción consultó antes de la emisión de su informe a Maza en cumplimiento del artículo 25 del Estatuto Fiscal, que obliga a los miembros de la Carrera a poner en su conocimiento "hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer".
Teniendo en cuenta la existencia de aforados en la pieza abierta en la Audiencia Nacional -en la que se investiga también a la senadora del PP Pilar Barreiro-, Maza actuó como han venido haciendo sus predecesores en casos similares y consultó su criterio sobre este caso tanto con la Secretaría General Técnica como con los fiscales de Sala del Supremo.
Todos ellos se posicionaron en contra de la elevación de una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para investigar la posible comisión de fraude, cohecho y revelación de información reservada por parte presidente autonómico en relación con contratos para mejorar su reputación 'on line'.
Los criterios adoptados por estos seis fiscales de Sala, que coinciden con los del propio Maza, fueron los vertidos por la fiscal jefe Anticorrupción en funciones Belén Suárez y remitida al Juzgado Central de Instrucción número 6. Fuentes cercanas al caso han señalado que las fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez sí veían motivos para imputar a Sánchez.
En el informe presentado, sin embargo, se argumenta que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos con la trama no llegaron a formalizarse, que dicha falta de ejecución supone la inexistencia de delito. Además los hechos se produjeron antes de la última reforma penal que sanciona la proposición y conspiración para cometer delitos contra la Administración Pública.
Disposición del fiscal
Por otra parte, las mismas fuentes han señalado a Europa Press que el fiscal general se pondrá a disposición del Congreso de los Diputados en el caso de que el PSOE, tal y como ha anunciado, pida su comparecencia para que explique si hubo "injerencias políticas" detrás del informe que remitió oponiéndose a investigar al presidente de Murcia. Añaden que tampoco existe ningún problema para remitir por escrito las explicaciones que se soliciten.
Distinta valoración le ha merecido a la Fiscalía la conducta de la otra aforada incluida por Velasco en el auto por el que conforma la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia, la senadora y ex alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro.
Considera el informe de Anticorrupción que en este caso sí se debe elevar la investigación sobre la conducta de la senadora al Tribunal Supremo por considerarla indiciariamente constitutiva de delitos de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos.
El informe de la Fiscalía incide en que la cuestión, en ambas solicitudes, gira en torno a la presunta prestación de servicios de publicidad personal encubierta realizada con el propósito de conseguir la adjudicación de contratos públicos de cobertura que pagarían los auténticos servicios particulares de buena reputación a los políticos con fondos públicos.
Más allá de la dificultad de deslindar los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal de los cargos públicos, cuya línea divisoria es ciertamente tenue, la Fiscalía Anticorrupción entiende que la participación de Pilar Barreiro en los hechos que se describen en la propuesta de Exposición Razonada aparece sustentada en diversos indicios que, sin adelantar su suficiencia probatoria, sí merecen ser investigados.
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2017/02/15/maza-recabo-criterio-seis-fiscales/806177.htmlEL PSOE PIDE LA COMPARECENCIA DEL FISCAL GENERAL PARA SABER SI HUBO PRESIONES PARA NO IMPUTAR AL PRESIDENTE DE MURCIA
Los informes a los que ha tenido acceso la SER indican que la Fiscalía General impuso la decisión de no acusar al presidente de Murcia en contra del criterio de los fiscales encargados del caso Púnica, partidarios de reclamar su imputación
El diputado del PSOE Pedro Saura ha confirmado que pedirán la comparecencia del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para conocer si hubo presiones para no imputar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.
Saura afirmó en el Congreso que le parece "muy grave" que haya "injerencias políticas", aludiendo a los informes a los que ha tenido acceso la SER que indican que la Fiscalía General del Estado impuso la decisión de no acusar al presidente de Murcia, en contra del criterio de los fiscales encargados del caso Púnica, partidarios de reclamar la imputación de Pedro Antonio Sánchez. Para el diputado socialista, es "muy grave" que la Fiscalía General del Estado no quiera investigar al presidente de Murcia "en contra del criterio de los fiscales que investigan el caso".
Por este motivo, el PSOE quiere que comparezca en sede parlamentaria para preguntar "si hay injerencias políticas" y si el Gobierno "ha presionando" para que no se impute a Sánchez, porque le parece "muy grave que el fiscal general sea el brazo ejecutor del Gobierno y del PP para que no se investigue" a Pedro Antonio Sánchez.
http://cadenaser.com/m/ser/2017/02/15/politica/1487163558_707195.htmlLA FISCALÍA GENERAL IMPUSO NO ACUSAR AL PRESIDENTE DE MURCIA
La Fiscalía General del Estado ordenó no seguir adelante con la investigación al presidente de Murcia, en contra del criterio de las fiscales encargadas del caso Púnica, partidarias de reclamar la imputación de Pedro Antonio Sánchez. El informe remitido por la Fiscalía a la Audiencia Nacional oponiéndose a pedir el suplicatorio contra el dirigente popular está firmado por la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, y no por las fiscales del caso Carmen García Cerdá y Teresa Gálvez, que sí rubrican el de la senadora del PP Pilar Barreiro, según confirmaron fuentes jurídicas. El motivo es que las fiscales que han llevado el día a día de la investigación que afecta a Sánchez consideraban que había indicios para proceder contra él y contra la parlamentaria, según las mismas fuentes.
El dirigente del PP conocía ya el lunes que la cúpula fiscal apoyaba exonerarle
En lo que afecta a Sánchez, el criterio de las fiscales chocó con el de sus superiores. Inmediatamente después de que el juez Eloy Velasco activara los trámites para pedir su imputación, la Fiscalía que dirige José Manuel Maza informó de que se oponía a que el juez elaborase la llamada exposición razonada. Se trata del escrito en el que se reúnen los indicios de delito encontrados contra un aforado y que se remite al tribunal competente para juzgarle, de manera que éste decida si le abre una investigación. En el caso de Sánchez, sería el Tribunal Superior de Justicia de Murcia el que, si así lo acuerda finalmente el juez, debería decidir si le imputa por el uso de dinero público para reforzar su candidatura a encabezar la lista del PP en la comunidad.
El recorrido interno que el asunto ha tenido en la Fiscalía era conocido por el propio afectado. En una entrevista en la cadena Cope, Sánchez se jactó ayer de que «cuatro fiscales jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo» consideraron «que no se debe investigar». Precisamente, el Gobierno de Murcia informó, el mismo lunes, a los medios, por vía oficial, que la decisión del Ministerio Público fue «adoptada por la Secretaría Técnica de esta Fiscalía General y por los cuatro fiscales de Sala jefes de la Sección de lo Penal del Tribunal Supremo». Fuentes de la Fiscalía restan relevancia a las discrepancias entre el criterio del fiscal de un caso y lo que finalmente se decide desde la cúpula del Ministerio Público. Explican que los asuntos de trascendencia se pasan para su examen a la Secretaría Técnica, el órgano que asesora al fiscal general.
El Ministerio Fiscal no desmiente que Sánchez planeara gastar dinero público
En este caso también se envió a los fiscales de Sala del Supremo, el tribunal que se encargará en su caso de juzgar a la senadora. La Fiscalía General resalta que en ambos ámbitos hubo unanimidad a la hora de considerar que no había motivos para imputar al presidente. En su escrito, que ayer aún no se había notificado a las partes, la Fiscalía no desmiente que el presidente autonómico planeara gastar dinero público en la mejora de su imagen. Su argumento para no seguir adelante contra Sánchez es que «no llegaron a formalizarse contratos de publicidad» en su favor y que, por tanto, «no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas».El juez atribuye a Sánchez los presuntos delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada. Los habría cometido en su etapa de consejero de Educación, al amañar contratos de formación que servían para pagar con dinero público «trabajos particulares reputacionales en internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como futuro presidente de la Región de Murcia».Para ello se habría concertado con Alejandro de Pedro -uno de los principales imputados del caso Púnica-, que manejaba numerosos medios de comunicación digitales con los que obtenía buenos posicionamientos de sus clientes en internet. La decisión del juez instructor sobre el presidente murciano tiene su origen en un informe de la Guardia Civil que explica que los servicios supuestamente contratados por Sánchez «tienen que ver con la reputación» del dirigente popular «y no son prestaciones que respondan a una necesidad pública, sino al interés personal del consejero para validar su gestión, contrarrestar las noticias desfavorables a su persona y de ese modo poder progresar en su carrera política». Según los investigadores, los pagos acordados entre Sánchez y De Pedro fueron de 4.600 euros al mes durante siete meses. A la Guardia Civil le llamó la atención «que los servicios se van a prestar hasta el mes de mayo de 2015, fecha (24/05/2015) en la que se celebraron los comicios locales y regionales en 2015». En total, un acuerdo por valor de 32.200 euros. El juez considera que si los pagos no se llegaron a realizar fue porque antes estalló la operación Púnica.
http://www.elmundo.es/espana/2017/02/15/58a37ccc22601de4508b45d0.htmlCOSPEDAL DEFIENDE AL PRESIDENTE DE MURCIA AL QUE LA AUDIENCIA NACIONAL ATRIBUYE TRES DELITOS DE CORRUPCIÓN
La ministra de Defensa ha subrayado que las sentencias "las dictan los jueces" y que sería "tremendo" que se juzgue a alguien sin pruebas
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha pedido que se respete la presunción de inocencia del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y ha subrayado que su aparición en el sumario de la trama Púnica es por "un contrato que nunca se celebró".
En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, Cospedal ha remarcado que Sánchez ha acreditado ante el juez que no se firmó ningún contrato con una empresa de la trama. Se ha expresado así poco después de que se haya conocido de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco le ha atribuido delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada en el marco del caso Púnica.
Además, Cospedal ha rechazado especular sobre si ese contrato se frenó a última hora porque ya habían comenzado las investigaciones, aunque así lo apunten los investigadores, y ha remarcado que en España "por el pensamiento no se castiga a nadie, se castiga con los hechos".
En la misma línea, ha destacado que las sentencias "las dictan los jueces" y no la policía, porque no es "un Estado policial" y que sería "tremendo" que se juzgue a alguien sin pruebas porque en un informe se hable de lo que supuestamente "pensaba".
Cospedal ha pedido "que la justicia funcione y se aclare la verdad" y ha recordado que a Sánchez los grupos de la oposición ya le han planteado 16 querellas, sin que ninguna haya prosperado.
http://www.eldiario.es/politica/Cospedal-Murcia-Audiencia-Nacional-corrupcion_0_612089140.htmlEL PRESIDENTE DE MURCIA SE JACTA DE HABERSE ENTERADO DE QUE LA FISCALÍA DEL SUPREMO TAMBIÉN SE OPONE A SU IMPUTACIÓN
Pedro Antonio Sánchez asegura que "no solo el fiscal anticorrupción" sino los "cuatro fiscales jefe" de lo Penal del alto tribunal "consideran que no se debe investigar"
Sus portavoces se limitan a decir que lo supo "por la prensa" aunque la supuesta noticia de lo que, de ser cierto, tendría carácter secreto y muy relevante resulta inencontrable
¿Ha accedido Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia y número 2 del PP en esa comunidad, a información secreta sobre su situación procesal en la Operación Púnica? Esa es la pregunta que plantean las declaraciones efectuadas este martes por el propio Pedro Antonio Sánchez, quien en una entrevista concedida a la Cadena Cope aseguró tener conocimiento de lo siguiente: de que, además de la Fiscalía Anticorrupción, también "cuatro fiscales jefe de las cuatro salas de lo Penal del Tribunal Supremo" se oponen a que se le investigue.
El caso no está en el Supremo -donde solo hay una Sala de lo Penal pero con cuatro fiscales jefe y que carece de competencias para investigar al presidente del Ejecutivo murciano- sino en la Audiencia Nacional. Pero incluso si lo dicho por el político fuese cierto porque el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, hubiese planteado una consulta informal y reservada a los cuatro fiscales jefe de las dos secciones en que se divide la Sala de lo Penal, Sánchez jamás debería haberse enterado del resultado, explican fuentes de alto tribunal.
¿Cómo supo el presidente de Murcia lo que opinan los fiscales jefe del Supremo? infoLibre cursó por la tarde esa pregunta a sus portavoces oficiales. Al filo de las nueve y media de la noche, fuentes del Ejecutivo murciano dieron una escueta contestación: "Por la prensa". A la pregunta de qué medio habría publicado esa información, no hubo respuesta. La noticia que, según el Ejecutivo murciano, habría dado cuenta de la siempre relevante posición de la Fiscalía del Supremo, más relevante aún por cuanto lo que suceda con el presidente de Murcia en el caso Púnica no le concierne hoy por hoy de manera oficial, resulta inencontrable. Ni las bases de datos de noticias ni los buscadores de internet arrojaban este martes un solo resultado previo a las declaraciones de Pedro Antonio Sánchez en la cadena Cope sobre la opinión de los fiscales jefe de la Sala Penal del Supremo.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado contactadas por la tarde aseguraron estar enterándose por este diario de que Sánchez había incluido ese dato en sus declaraciones y dijeron que en ese momento no les era posible verificar si responden a la realidad. La fuente no desveló, por tanto, si Maza había planteado el asunto a los fiscales de sala antes de que Anticorrupción hiciera pública su oposición a que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envíe esa parte del caso al Tribunal Superior de Murcia para que impute a Sánchez por tres presuntos delitos: fraude, soborno (cohecho) y revelación de información reservada.
El juez Velasco sostiene que el jefe del Ejecutivo murciano se concertó en 2014 con uno de los grandes conseguidores de Púnica, Alejandro de Pedro, para que su empresa "limpiara" su imagen en las redes sociales a cambio de cobrar dinero público. La trama, escribe el magistrado, no llegó a cobrar "al explotar la operación policial y judicial" de la Operación Púnica, a finales de octubre de 2014. Eso "abortó" los contratos.
Anticorrupción difiere de Velasco esgrimiendo dos argumentos: que no solo es "ciertamente tenue" la frontera entre "los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal de los cargos públicos" y que, como esos contratos no llegaron a formalizarse, "no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas".
Las declaraciones del presidente murciano sobre la pretendida opinión de los fiscales de sala del Supremo se produjeron después de que el conductor del programa Herrera en Cope, Carlos Herrera, le formulase esta pregunta: "¿Habría que interpretar que entonces el juez Velasco lo que le está a usted es imputando por delito de pensamiento, de intención?".
Sánchez respondió entonces así: "Habría que imaginar que esa es la intención que él cree que yo tenía. De lo que se nos puede acusar es de haber escuchado ofertas (...) y en este caso la decisión fue no hacer nada. Pero no solo lo dice eso el fiscal anticorrupción. Es que el fiscal anticorrupción y además cuatro fiscales jefe de las cuatro salas de lo penal del Tribunal Supremo, cuatro fiscales jefe, dicen, acreditan, opinan que efectivamente no se firmó nada, no hubo ningún tipo de contrato y por tanto todos ellos consideran que no se debe investigar porque está acreditado lo que yo estoy diciendo. Ya no es una opinión de un político, que en estos tiempos pues quizá seamos de dudosa credibilidad, no solo yo, es que así se acredita en certificados oficiales lo que yo le estoy diciendo y hasta el número de fiscales que acabo de decirle. Y para más inri, es que ni siquiera existía la partida de formación dice que pretendíamos cargar ese contrato".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/15/el_presidente_murcia_jacta_haberse_enterado_que_fiscalia_del_supremo_tambien_opone_imputacion_61181_1012.htmlMAZA PLANEA NO RENOVAR AL FISCAL JEFE DE MURCIA, QUE PERSIGUE AL PRESIDENTE DE LA AUTONOMÍA POR CORRUPCIÓN
Manuel López Bernal está en el punto de mira del nuevo Fiscal General del Estado, al igual que Juan Calparsoro, del País Vasco. Más de 30 altos cargos del ministerio público van a ser renovados.
El nuevo Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, baraja no renovar a Manuel López Bernal al frente de la Fiscalía de Murcia, después de que haya solicitado la imputación del presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez (PP), por cinco supuestos delitos de corrupción, según fuentes jurídicas.
Las mismas fuentes sitúan la decisión de Maza de no ratificar a López Bernal en el cargo de fiscal superior de Murcia al haber permitido que el fiscal de Delitos Urbanísticos, José Luis Díaz Manzanera, pidiera investigar a Pedro Antonio Sánchez el pasado 23 de noviembre ante el juzgado del Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca, cuyo titular debe ahora barajar si envía el escrito al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, donde está aforado el político del PP.
La querella de la Fiscalía contra el presidente de Murcia se centra en cinco de los grandes delitos de corrupción política: prevaricación, falsedad documental, fraude, malversación y administración desleal que podría haber cometido cuando era alcalde de Puerto Lumbreras al permitir “multiplicidad” de irregularidades en la construcción del auditorio de la localidad. En este sumario, conocido como caso Auditorio, son investigadas más de veinte personas.
Muy caro va a salir a López Bernal el haberse convertido en el azote de la corrupción en Murcia -donde ha abierto varias investigaciones que salpican a dirigentes populares-, de prosperar la decisión política de cesarlo.
Al tiempo que López Bernal cercaba la corrupción, se sucedieron noticias de una supuesta vinculación con grupos de izquierda, como Podemos. Por si fuera poco, un grupo llamado Asociación Justicia y Libertad presentó el pasado marzo dos querellas contra el fiscal superior partir de unos dossieres que circulaban contra él por la construcción de su vivienda familiar en una pedanía y por la contratación de su hija por parte de la Comunidad Autónoma. Los delitos que se investigan son contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias.
Ahora llega su caída, aseguran las mismas fuentes. López Bernal fue nombrado en el cargo en el año 2006 por cinco años, y fue renovado por Consuelo Madrigal, la antecesora de Maza.
Caería Calparsoro, el fiscal del País Vasco
Otro de los fiscales en el punto de mira del nuevo responsable del ministerio público es el superior del País Vasco, Juan Ramón Calparsoro Damián, quien fue nombrado en el año 2010 y lleva un año en funciones.
Calparsoro aspira a continuar en el puesto, aunque la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ha quejado ante la FGE por sus críticas a la juez que investiga la muerte del joven Iñigo Cavacas, fallecido en 2012 de un pelotazo de goma disparado por la Ertzaintza.
El Gobierno aprobará en los próximos meses más de 30 nombramientos claves de la Fiscalía, que serán propuestos por José Manuel Maza.
La renovación afecta a toda una generación de máximos responsables que alcanzó el poder en la etapa de Cándido Conde-Pumpido, nombrado por el Gobierno socialista y cuyos cargos fueron renovados por Eduardo Torres-Dulce y después por Consuelo Madrigal.
Madrigal se plantó: quería a Luzón en Anticorrupción
Otro de los nombramientos ‘calientes’ es el del Fiscal Anticorrupción, puesto vacante tras la jubilación de Antonio Salinas por motivos personales.
“Consuelo Madrigal se negó a realizar nombramientos teledirigidos”, explican fuentes fiscales, que sitúan su caída en un pulso que mantuvo con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en torno al próximo Fiscal Anticorrupción, entre otros cargos. Madrigal no fue nombrada tras la formación del actual Ejecutivo y cesó con sólo dos años al frente de la Fiscalía General del Estado.
Luzón era partidario de la mano dura contra los responsables del fiasco de Bankia o las tarjetas Blacks
Madrigal quería nombrar en Anticorrupción a su estrecho colaborador Alejandro Luzón, pero este fiscal no era del agrado del Gobierno. Luzón es partidario de la mano dura en casos como el escándalo de la salida a bolsa de Bankia o las tarjetas black, donde están imputados
El máximo responsable de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada coordina en toda España los procesos de especial trascendencia, tanto de delitos económicos como los cometidos por funcionarios y gobernantes. Es un puesto clave y sus investigaciones han creado multitud de quebraderos de cabeza tanto al PP como al PSOE, PNV o la antigua CiU: Gürtel, Palma Arena y caso Nóos, ERES, Pujol, Bankia, Blacks, Campeón, Emperador, ICBC, Púnica, ‘caso Petrov’… Todos ellos son investigados por los fiscales especializados.
Maza baraja para Anticorrupción a un fiscal ajeno a este departamento, en vista de las tensiones internas, según fuentes jurídicas
Todo apunta a que Luzón, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de Anticorrupción, no saldrá propuesto por José Manuel Maza. Al parecer, el nuevo Fiscal General del Estado baraja para el cargo a alguien ajeno al ámbito de Anticorrupción, en vista de las tensiones internas que existen en dicho departamento.
Otras fuentes avanzan como posibles nombres el del conservador Javier Muñoz, fiscal del Supremo y ex fiscal superior de Navarra, así como Luis Rodríguez Sol, inspector fiscal.
Zaragoza sigue en la Audiencia Nacional... por ahora
El destino se presenta favorable para Javier Zaragoza, fiscal jefe en la Audiencia Nacional, por ahora, según las fuentes consultadas. Era otro de los motivos de las tensiones entre Madrigal y Catalá.
Uno de los máximos cuidados que debe mantener el Fiscal General es la apariencia de imparcialidad en sus decisiones, en especial en los nombramientos: los 2.500 fiscales observan sus pasos. Y como el diario ABC adelantó que Madrigal defendía la permanencia de Javier Zaragoza frente al Gobierno, las fuentes apuntan a que Maza ha optado por confirmarlo en el cargo para no dar pábulo a malos entendidos.
En total, Maza debe afrontar en las próximas semanas la confirmación o nuevo nombramiento de once fiscales de Sala, cinco fiscales superiores de comunidades autónomas, seis tenientes fiscales, nueve fiscales jefes de distintas Audiencias provinciales y los fiscales jefes especializados de Anticorrupción, Antidroga, Medio Ambiente, Cooperación Internacional, Criminalidad Informática y Extranjería.
Pero los nombramientos ‘calientes’ y objeto de tensión son los de los fiscales jefes de Murcia y País Vasco, así como el máximo responsable de la lucha contra la Anticorrupción y el de la menguante Audiencia Nacional.
El fiscal jefe de Canarias está en el aire
Hay otro fiscal jefe en entredicho: el de Canarias, Guillermo García-Panasco, quien cuenta con el apoyo de la conservadora Asociación de Fiscales, no en vano fue su portavoz.
La actuación de García-Parnasco ha sido muy cuestionada en el escándalo que se sucede en Canarias y que tiene como epicentro las grabaciones del magistrado Salvador Alba a sus compañeros de tribunal y su pulso con la también magistrada Victoria Rosell, exdiputada de Podemos, y su pareja, Carlos Sosa.
García-Parnasco arremetió contra Rosell cuando la juez anunció que será candidata por Podemos en las elecciones generales y abrió una investigación disciplinaria al conocerse que la pareja de la juez había vendido una licencia de radio a un imputado. Su irregular actuación sólo finalizó cuando el Tribunal Superior de Justicia de la autonomía dictó una medida cautelarísima para proteger los derechos fundamentales de la entonces candidata y para recordar que las sanciones disciplinarias son competencia del Consejo General del Poder Judicial y no de la Fiscalía.
La convocatoria de cada cargo saldrá publicada con el fin de dar 15 días de plazo a los candidatos que soliciten el puesto. Posteriormente, el Fiscal General del Estado eleva su propuesta al Gobierno, una vez oída la opinión del Consejo Fiscal, órgano asesor del máximo responsable del ministerio público.
http://www.publico.es/politica/maza-planea-cesar-al-fiscal.htmlSIETE FISCALES ASPIRAN A ENCABEZAR ANTICORRUPCIÓN TRAS JUBILARSE SALINAS
La cúpula del ministerio público se renovará en febrero
Siete fiscales aspiran a encabezar la Fiscalía Anticorrupción, uno de los destinos más complejos del ministerio público, durante los próximos cinco años, tras la jubilación del hasta ahora fiscal jefe, Antonio Salinas. El próximo febrero, de acuerdo con los cálculos iniciales, se producirá la renovación de los destinos más relevantes de la carrera fiscal. Además de Anticorrupción, el nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tendrá que decidir sobre quién ocupará la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional —cargo al que aspiran cinco fiscales, entre ellos el actual jefe, Javier Zaragoza— o la de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La mayoría de los candidatos que se han postulado para sustituir a Salinas proceden de la misma Anticorrupción, según el listado al que ha tenido acceso este periódico. Sobre el papel, la mejor posicionada es la actual teniente fiscal —número dos— de esa fiscalía especializada, Belén Suárez. Esta fiscal, que ha llevado casos como los del saqueo de Marbella, ya se impuso en abril de 2014 para el cargo de teniente a otro de los postulantes para la jefatura, Alejandro Luzón, encargado del caso Bankia, y actualmente en la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado.
La lista de candidatos a liderar Anticorrupción, sobre cuya idoneidad deberá pronunciarse el Consejo Fiscal —órgano de asesoramiento del fiscal general— es extensa. En ella figura Antonio Romeral, cuya actuación en el caso de los papeles de Bárcenas fue muy discutida por las acusaciones populares por poco incisiva. También están José Miguel Alonso, encargado, entre otros, del caso SGAE; y Carlos Alba, especialista en delitos económicos y en Anticorrupción desde 2006 y María Teresa Gálvez, una de las encargadas del caso Púnica.
El único de los aspirantes que no procede de Anticorrupción es Manuel Móix. Este, sin embargo, tiene a su favor su experiencia de jefatura al frente de la Fiscalía Superior de Madrid, en la que estuvo hasta septiembre de 2015, cuando fue ascendido al Tribunal Supremo.
En la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza aspira a un tercer mandato de cinco años. Si la elección fuera por puro escalafón, Zaragoza, el número 7 de los 2.500 fiscales de toda España, no tendría dificultades para repetir en el cargo. Zaragoza compite con su teniente fiscal, Jesús Alonso, portavoz de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera y de carácter conservador. También tendrá enfrente a Jesús Caballero Klink, fiscal superior de Madrid desde hace 15 meses; al fiscal del Supremo Salvador Viada, que se ha postulado, además, a otras cuatro jefaturas; y a Luis Rueda, número dos de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.
http://politica.elpais.com/politica/2017/01/22/actualidad/1485107301_051745.htmlEL FISCAL GENERAL DEFIENDE SU PASO POR UN MÁSTER VINCULADO A LA MANO DERECHA DEL COMISARIO VILLAREJO
Un grupo de juristas denunció en 2012 que magistrados del Supremo coincidieran en Schola Iuris con abogados de imputados en Gürtel
La escuela es propiedad de un psicólogo forense socio de Rafael Redondo, quien comparte negocios con el comisario y participó con él en la Operación Cataluña
José Manuel Maza dice desconocer las relaciones del dueño de la escuela y que desde hace una década no se imparte el máster, por el que cobró "poquísimo"
El próximo fiscal general del Estado, José Manuel Maza, defiende haber impartido clases en la escuela jurídica Schola Iuris como consecuencia de su “enorme vocación docente”. Este elitista instituto pertenece al psicólogo forense Ángel Benseny Pellicer, quien es socio de una empresa del conglomerado del comisario implicado en la Operación Cataluña José Manuel Villarejo. Maza ha respondido así a la cuestión planteada en la comisión de Justicia del Congreso por el portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Jaume Moya.
Schola Iuris mantiene su web y en ella ofrece un máster de Derecho Penal que costaría a los alumnos 14.000 euros. Dentro del claustro de profesores, junto a Maza, aparecen el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, o el exfiscal jefe de Madrid Manuel Moix. El próximo fiscal general, sin embargo, ha asegurado este miércoles ante la comisión de Justicia que la escuela dejó de impartir clases hace una década. “Ha desaparecido. Hace 10 años que acabó su historia y esto acabó”, ha dicho respecto a su colaboración con Schola Iuris.
Fuentes próximas a Maza han asegurado a eldiario.es que el magistrado del Supremo en excedencia desconocía las participaciones societarias de Benseny en otras empresas y, por tanto, sus posibles vínculos con el comisario Villarejo y terceras personas. Las mismas fuentes han añadido que Maza cobraba una cantidad pequeña por aquellas colaboraciones, que superaba en poco a lo que suelen retribuirle las universidades públicas con las que ha colaborado hasta ahora. Añaden que el fiscal va a solicitar al dueño de Schola Iuris que retire su nombre de la oferta para realizar el máster que aún consta en la página web.
En su intervención ante los diputados, Maza ha dicho: “Toda la vida he sido muy claro, me confieso ante todos ustedes culpable de algo, tengo una enorme vocación docente. Es frenética, es verdad”. El diputado Moya había sacado a colación el artículo de eldiario.es en el que el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo recuperó en 2014 una queja de dos años antes, formulada por un grupo de juristas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En la misma, los juristas exponían los vínculos de magistrados del Tribunal Supremo, a través de esos cursos y otras actividades, con abogados de imputados en importantes casos de corrupción, como el caso Gürtel, o con denunciantes del juez Baltasar Garzón, condenado a la postre por el Alto Tribunal.
José Manuel Maza ha defendido este jueves que los magistrados “se aproximen a dar clase y a impartir algo de ciencia, de experiencia práctica”, al tiempo que ha recordado que es legal y “compatible”. En este sentido, ha añadido que la mayoría de sus colaboraciones no están vinculadas a la “docencia privada y costosa” sino a los colegios profesionales, principalmente de Madrid, pero también de Barcelona, San Sebastián o Almería. “En las privadas se cobra poquísimo”, ha recalcado.
El instituto jurídico Schola Iuris conserva su página web activa aunque dejó de presentar cuentas de su actividad en 2005. Su dueño, Ángel Benseny, es psicólogo forense en los juzgados de Madrid y se sienta desde 2011 en el consejo de administración de Cenyt Argo, que preside el abogado Rafael Redondo. Este letrado es socio de Villarejo en varios negocios y uno de sus máximos colaboradores.
El abogado de la Operación Cataluña
Redondo es la persona que fue a recoger a la estación de Atocha a Victoria Álvarez, la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, cuando ésta viajó a Madrid para denunciar en la Audiencia Nacional los presuntos delitos en los que habría participado el hijo mayor del expresidente de la Generalitat. Así consta en la declaración que realizó Álvarez ante el juez Pablo Ruz. Posteriormente, otro hijo de Pujol declaró en sede judicial que el comisario Villarejo les había ofrecido tumbar la causa que afecta a la familia si intercedían para detener la ofensiva soberanista.
Según la denuncia de Jiménez Villarejo y otros juristas ante el CGPJ, el dueño de Schola Iuris y José Manuel Maza viajaron en noviembre de 2004 a México para firmar un preacuerdo con las universidades de Guadalajara y Chihuahua, que permitiera que licenciados en derecho mexicanos cursar en Madrid el máster en Derecho Penal Práctico de la escuela. La web de becas MBA se refería a este viaje exponiendo que "el preacuerdo se adoptó aprovechando la presencia de Don Ángel Benseny en Méjico con motivo de Primer Congreso Mundial de Procuración, Impartición de Justicia y Ciencias Forenses, celebrado en el Estado de Chihuahua. En dicho evento estuvo también presente D. José Manuel Maza, Magistrado del Tribunal Supremo de nuestro país y profesor de Schola Iuris (…)".
El comisario Villarejo es dueño de un patrimonio millonario, según desveló El País en 2015. En la actualidad se encuentra imputado por participar en la presunta grabación ilegal a otros miembros de la Policía y dos agentes del CNI durante una reunión de la investigación al Pequeño Nicolás. El fiscal del caso se ha opuesto a la imputación del comisario jubilado el pasado verano.
http://m.eldiario.es/politica/general-defiende-vinculada-comisario-Villarejo_0_583392833.htmlEL NUEVO FISCAL GENERAL NO CONVENCE A PSOE Y PODEMOS
Maza comparece ante la Comisión de Justicia del Congreso antes de su nombramiento
PSOE y Podemos han cuestionado el nombramiento de José Manuel Maza como nuevo fiscal general del Estado. El hasta ahora magistrado del Tribunal Supremo ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Justicia del Congreso para cumplir con el trámite de examen no vinculante. No hay votación pese a la petición de Unidos Podemos-En Comú Podem, pero el portavoz socialista Juan Carlos Campo ha asegurado que su grupo “recela del nombramiento”. Jaume Moya, diputado de Unidos Podemos-En Comú Podem , ha explicado que cuestionan “la idoneidad de Maza”.
José Manuel Maza será nombrado este viernes fiscal general del Estado por el Consejo de Ministros. Este miércoles compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde ninguno de los portavoces ha rebatido que reúne los méritos objetivos para el cargo, pero sí han puesto en cuestión su idioneidad. Jaume Moya, portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem, ha cuestionado a Maza por su “actividad frenética y muy bien remunerada”, al margen de su trabajo como magistrado del Tribunal Supremo. Según ha explicado, el que será nuevo fiscal general del Estado en sustitución de Consuelo Madrigal, ha colaborado intensamente en cursos, master y actividad vinculada a despachos y consultorías. En 2012 fue denunciado por un grupo de juristas y el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo censuró entonces esa actividad. “Soy culpable de enorme vocación docente”, ha respondido Maza.
El socialista Juan Carlos Campo ha explicado que la trayectoria de Maza no es suficiente para ocupar el cargo y “solo discrepancias de última hora sobre renovaciones de la cúpula fiscal" han apartado del cargo a Madrigal.
Maza fue preguntado por la actuación de la fiscalía respecto al proceso independentista en Cataluña, la aplicación de la ley mordaza, la memoria histórica, el caso Nóos o la prisión permanente revisable, entre otras cuestiones. A ninguna ha dado respuesta. Especialmente ha eludido valorar o anticipar la actuación contra responsables de la Generalitat de Cataluña, después de que querellas de la Fiscalía lleven camino del banquillo al expresidente Artur Mas y al diputado Francesc Homs, entre otros. Se ha limitado a decir: “El ámbito es el cumplimiento de la ley y tendré un Código Penal que cumplir”.
Sí ha sido claro al pronunciarse a favor de una nueva ley de enjuiciamiento criminal en la que el fiscal asuma la dirección de la investigación. Así, Maza ha pedido a los diputados que “de manera inaplazable aborden un nuevo procedimiento penal porque da vergüenza cuando uno sale fuera de España, porque somos los únicos con este sistema”. Se ha comprometido a hacer “los menos cambios posibles” en los cargos de la Fiscalía.
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/23/actualidad/1479915319_698155.htmlPODEMOS QUIERE FORZAR UNA VOTACIÓN SOBRE EL NUEVO FISCAL GENERAL
Maza comparece esta semana en el Congreso en un trámite que hasta ahora era por asentimiento
El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem quiere que, por primera vez, el Congreso vote la idoneidad del nuevo fiscal general del Estado, en este caso del magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Maza.
Se trata de un nombramiento discrecional del Gobierno, pero debe pasar antes el trámite de idoneidad del Consejo General del Poder Judicial y someterse a una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, ambos sin carácter vinculante. En este último caso, ese trámite siempre se ha resuelto por asentimiento y nunca ha habido votación, a pesar de que la ley no lo excluye expresamente. De hecho, el artículo 29 del Estatuto Fiscal señala que “recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, a fin de que pueda disponer la comparecencia de la persona elegida ante la comisión correspondiente de la Cámara, en los términos que prevea su reglamento a los efectos de que se puedan valorar los méritos e idoneidad del candidato propuesto”.
El portavoz de Justicia de En Comú Podem, Jaume Moya, entiende que puede interpretarse que dentro de ese artículo cabe la posibilidad de que se someta a votación, una vez haya sido preguntado por los grupos parlamentarios. De esa forma, además, este grupo parlamentario conseguirá que se manifiesten sobre el nombramiento el resto de los partidos, especialmente, el PSOE que criticó inicialmente la elección por parte del Gobierno del magistrado José Manuel Maza.
Fuentes del Grupo Socialista aseguran que, en principio, son partidarios de mantener la tradición y de que no se someta a votación la idoneidad de Maza. El PP y Ciudadanos comparten esta tesis y prefieren que se mantenga la comparecencia sin votación. Los partidos nacionalistas e independentistas no han manifestado cuál será su opción, pero podrían sumarse a la petición de votación. La Mesa de la Comisión de Justicia se reunirá este martes bajo la presidencia de la socialista Margarita Robles para fijar la fecha de la comparecencia de Maza, que podría ser este miércoles por la tarde o el jueves por la mañana.
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/21/actualidad/1479747777_779519.html?rel=masOCHO VOCALES DEL CGPJ PIDEN PODER EXAMINAR MÁS A FONDO EL NOMBRAMIENTO DEL FISCAL GENERAL
José Manuel Maza recibe el visto bueno del Consejo, con 20 votos favorables y sólo uno en contra
Parte de los vocales estima que el informe exigido por la Constitución no debería limitarse a comprobar unos requisitos tasados
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha dado este jueves su visto bueno al nombramiento de José Manuel Maza Martín como fiscal general del Estado. El órgano de Gobierno de los jueces estima que el magistrado del Supremo reúne los méritos y requisitos exigidos para ser nombrado fiscal general del Estado, por lo que avalado su idoneidad para el cargo.
La declaración de idoneidad de Maza, de perfil conservador, ha sido aprobada por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y 19 vocales del órgano de gobierno de los jueces. El único voto en contra ha sido el de la vocal Concepción Sáez (nombrada a propuesta de IU) ha votado en contra. Por su parte, los vocales Roser Bach y Enrique Lucas, que han avalado la idoneidad de Maza, formularán un voto particular concurrente. En él sostendrán la idoneidad de Maza, pero advirtiendo que el informe del CGPJ debería tener un objeto más amplio que la simple valoración de los requisitos exigidos por la ley para ocupar el cargo.
El informe del CGPJ sobre el candidato propuesto por el Consejo de Ministros es un trámite que viene impuesto por la Constitución, pero no puede impedir el nombramiento porque no es vinculante. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo "entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión". José Manuel Maza tiene acreditados casi 40 años de servicios prestados, sumando la antigüedad en la carrera judicial (en la que ingresó en 1976) y los seis años que ejerció de fiscal (1978 a 1984).Frente a la práctica unanimidad sobre la idoneidad de Maza, la idoneidad del propio trámite asignado al CGPJ ha sido mucho más cuestionada. Antes de pronunciarse sobre el nombramiento concreto, el Pleno ha procedido a una votación previa sobre el alcance que debe tener el informe que la constitución asigna al Consejo. Ocho de los vocales han expresado su desacuerdo con que el informe se limite a comprobar de forma casi automática si se cumplen los requisitos como ser español, haber cumplido el tiempo suficiente en la carrera, etcétera.
Esos vocales estiman que el CGPJ debería poder profundizar más y exponer los motivos por los que se considera o no idóneo el nombramiento propuesto, apoyándose en el requisito de tratarse de un jurista de reconocido prestigio. Según fuentes del Consejo, ocho vocales han votado a favor de elaborar un informe más amplio, frente a una mayoría de 13 votos que ha respaldado la variante más simple del informe. Los vocales discrepantes no cuestionaban la idoneidad ni el prestigio de Maza -al que el propio Consejo escogió hace años para magistrado del Supremo- , sino el tipo de informe. De hecho, todos ellos, excepto concepción Sáez, han acabado dado su visto bueno sin reparos al magistrado del Supremo. La vocal nombrada a propuesta de IU sí ha estimado que el candidato propuesto no era idóneo para el puesto.
Cumplido este trámite, ahora es necesario que Maza comparezca ante la comisión de Justicia del Congreso. Desde ese momento ya podrá ser nombrado fiscal general del Estado por el Consejo de Ministros.
http://www.elmundo.es/espana/2016/11/17/582d904e268e3e272e8b45e6.htmlEL PODER JUDICIAL RESPALDA LA ELECCIÓN DE MAZA COMO FISCAL GENERAL DEL ESTADO
Solo un vocal se opone a la designación del magistrado del Supremo para dirigir la fiscalía
José Manuel Maza, el magistrado del Tribunal Supremo al que el Gobierno ha propuesto para ser nombrado fiscal general del Estado, ha recibido este jueves el aval del pleno del Consejo General del Poder Judicial. Los vocales del órgano de gobierno de los jueces consideran que Maza reúne los méritos y requisitos exigidos para el cargo. La declaración de idoneidad de Maza ha sido aprobada por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y todos los vocales del Poder Judicial, excepto Concepción Sáez, propuesta por IU, que ha votado en contra.
Los vocales Roser Bach (propuesta por el PSOE) y Enrique Lucas (PNV), que han avalado la idoneidad de Maza, formularán un voto particular al considerar que el informe del CGPJ debería tener un objeto más amplio que el de valorar los requisitos exigidos por la ley para ocupar el cargo, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.
El CGPJ ha cumplido así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.4 y 599.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial y que debe ser elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Maza tiene acreditados casi 40 años de servicio, sumando la antigüedad en la carrera judicial —en la que ingresó en 1976— y el tiempo que estuvo desempeñando sus funciones como, entre 1978 y 1984.
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/17/actualidad/1479379335_219783.htmlLA SOMBRA DEL NUEVO FISCAL GENERAL: FUE DENUNCIADO POR SUS LUCRATIVAS ACTIVIDADES PARALELAS PRIVADAS
Reputados juristas denunciaron en 2012 y 2014 al entonces magistrado del Tribunal Supremo, José Manuel Maza Martín, porque sus trabajos extrajudiciales suponían una "incompatibilidad ética" para el nuevo encargado por el Partido Popular de impulsar la acusación pública y velar por los procedimientos judiciales.
Se le reconoce ser un gran erudito del Derecho, reputación ganada procedimiento a procedimiento, pero también, clases de máster tras máster. José Manuel Maza Martín ha sido un jurista polémico durante su etapa como magistrado del Tribunal Supremo, que ha ocupado hasta que el Consejo de Ministros decidió ayer nombrarle nuevo Fiscal General del Estado. Pero sus actividades económicas para empresas e importantes despachos de abogado fueron denunciadas en 2012 y 2014 por reputados juristas.
Como Salomón, ha tomado decisiones que parecen equilibrar la balanza a pesar de su manifiesta ideología conservadora: rechazó investigar el apócrifo informe P.I.S.A. , con el que el exministro del Interior Fernández Díaz, su brigada política y Manos Limpias desplegaron una furibunda campaña contra Podemos; pero formuló un voto particular desfavorable al juez Baltasar Garzón acerca del proceso sobre el franquismo, causa impulsada por el mismo sindicato de ultraderecha.
Pero la verdadera incompatibilidad es ética y radica en sus lucrativas actividades privadas, financiadas por fundaciones y empresas, que compaginó con su labor como magistrado y que fueron denunciadas ante el entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, en un informe que exponía una serie de conductas privadas de magistrados del Tribunal Supremo que habían participado en los procesos contra el juez Baltasar Garzón, y reclamaba que se adoptaran las medidas adecuadas. Sin embargo, el CGPJ no ha respondido a dicha reclamación, incumpliendo abiertamente las obligaciones que le impone la L.O. 4/2001, que regula aquel derecho.
Formación jurídica para los más adinerados
El nuevo fiscal general del Estado tiene la obligación de impulsar la acción popular y velar por la transparencia en los procedimientos judiciales. No obstante, ha ejercido como profesor en importantes masters y cursos de derecho que le han proporcionado cuantiosos ingresos y "que suscitan serias dudas sobre el cumplimiento del régimen de incompatibilidades y prohibiciones, con la consiguiente afectación claramente perturbadora no solo de su ética profesional sino de su imparcialidad tanto objetiva como subjetiva", según asegura la denuncia presentada por un equipo de reputados juristas en 2012 y vuelta a enviar en 2014 al CGPJ por el ex fiscal anticorrupoción Carlos Jiménez Villarejo.
La actividad docente de José Manuel Maza Martín se ha desarrollado fundamentalmente en colaboraciones con empresas privadas como Caja7, Ingefor Consultores, el Centro de Formación Datadiar o Schola Iuris, que ofertan cursos sólo aptos para quienes tengan el suficiente dinero para pagarlos.
"La ley de incompatibilidades autoriza la actividad docente, pero no especifica si ésta sólo puede ser pública o también privada. Pero lo que sí parece claro es que estos magistrados y fiscales asiduos a máster que pueden costar muchos miles euros, y que están organizados por importantes despachos de abogados, consultorías o empresas de investigación, deberían abstenerse en los procedimientos que puedan tener relación con estas entidades, su consejo de administración o trabajadores", asegura un experto en el mundo judicial.
Actividad frenética al margen de la Magistratura
En la actualidad, el nuevo fiscal general del Estado aparece entre el elenco de profesores del máster de práctica en Derecho Penal de la empresa Schola Iuris que "está reconocido por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para el acceso al Turno de Oficio”. Su nombre es uno de los reclamos: "El punto fuerte de este Máster lo conforman el magnífico plantel de profesores en el ámbito judicial español”, reza su propaganda. Máster por el que, según la denuncia a la que ha tenido acceso Público, los inscritos "pagan por matrícula 14.000 euros". Maza Martín también fue profesor del Curso de Derecho Penal En Genética Y Nuevas Tecnologías que ofertaba esta entidad.
En 2004, tras el Primer Congreso Mundial de Procuración, Impartición de Justicia y Ciencias Forenses, celebrado en el Estado de Chihuahua, el ahora fiscal general logró que las autoridades judiciales de México promocionaran este curso entre los estudiantes de Derecho.
Por otra parte, el Centro de Formación Datadiar promociona la adquisición de sus publicaciones y conferencias, y Maza también es un nombre habitual en los cursos de la Universidad Rey Juan Carlos. En marzo de 2007, esta última entidad organizó unas Jornadas de Derecho Penal Económico en las que destacó la ponencia impartida por Maza Martín.
En 2010 y 2011 participó, en la Universidad de Las Palmas, en otro evento sobre “La delincuencia medioambiental en Canarias”, y en Tenerife en las “III Jornadas de delincuencia y económica y blanqueo de capitales", promocionadas por las entidades privadas Caja7 y Iuris Vegueta.
También en 2010 se celebraron las Jornadas sobre el Código Penal en el Juego On-line, patrocinadas por el Centro Internacional Carlos V y la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR). Asimismo, en el Primer Congreso de la empresa INGEFOR Consultores, celebrado en 2008 Maza Martín fue otro de los reclamos.
Una actividad frenética, y normalmente bien remunerada, al margen de la Magistratura que puede haber comprometido la imparcialidad del juez ahora nombrado fiscal general del Estado.
http://www.publico.es/politica/nuevo-fiscal-general-denunciado-actividades.html
EL JUEZ MAZA QUE SERÁ FISCAL GENERAL POR GRACIA DE RAJOY, CURSILLISTA IMPENITENTE Y PROFESOR EN LA PRIVADA
Quiso condenar a Garzón por la memoria histórica y dijo que los crímenes franquistas han prescrito
Lo que más se recordará en la historia judicial española sobre José Manuel Maza previsible futuro Fiscal General del Estado, será sin duda su voto particular en contra de la absolución de su colega Baltasar Garzón en el caso de la memoria histórica. Para Maza, Garzón había prevaricado. Para su disgusto, fue absuelto. Del mismo modo que se evocará a Maza en su papel de ponente en el tribunal inicial del caso Gürtel, proceso que condujo a la inhabilitación de Garzón para esperanza pasajera de los encausados y alivio del PP y del Gobierno de Mariano Rajoy en suma. De este juez junto a otros, una grupo de prestigiosos juristas denunció ante el Consejo General del Poder Judicial su asistencia continua a cursos y su participación habitual como docente en entidades privadas.
Casi seis años después, Maza ve la recompensa a su trayectoria profesional con esta propuesta del ejecutivo de Mariano Rajoy para este importantísimo puesto que para las asociaciones de víctimas del franquismo parece que viene a ser lo que para los inmigrantes en Estados Unidos la llegada de Trump a la presidencia.
¿Lo del franquismo ha prescrito?
Porque dejó claro el futuro Fiscal en este voto, escrito en lenguaje muy agresivo, su opinión de que la ley de amnistía lo decía todo, que los hechos estaban prescritos y que en el caso de Garzón sus puntos de vista sobre que hay delitos que no prescriben, no eran objetivamente justificables. ¿Y las víctimas? No parecían al menos en ese momento ser lo más relevante para Maza. Lo de su colega de la Audiencia Nacional era sin duda prevaricación.
¿Qué hará el nuevo Fiscal General del Estado con el escrito de Consuelo Madrigal su antecesora en el cargo que indicó en a los fiscales que no admitan los exhortos solicitados por la jueza Servini , que instruye la querella argentina contra los crímenes del franquismo? La magistrada quería interrogar en España a los señalados como presuntos responsables de algunos de esos delitos.
Por ejemplo Utrera Molina, suegro del ex ministro Ruiz Gallardón o el policía de la brigada político social Billy el Niño. “Si como dejo claro en su voto particular considera que son hechos prescritos o afectados por la ley de amnistía, difícilmente hará algo más que ratificar tales recomendaciones”, comentaban a ELPLURAL.COM fuentes jurídicas.
Cursillista impenitente
Licenciado en derecho y en Historia en 1973 (Universidad Complutense) y diplomado en criminología ha sido letrado de RENFE desde 1978 a 1984, miembro de la carrera judicial desde 1975, miembro de la carrera fiscal en excedencia (1978). Desde febrero de 2002 magistrado del Tribunal Supremo.
Es además un cursillista impenitente. Miles de kilómetros ha recorrido el juez Maza en seminarios, cursos, conferencias y jornadas. En un antiguo currículo de 2007 presentado en unos cursos de la Universidad Politécnica, amén de decenas de intervenciones en terreno patrio, se le señala como “conferenciante en numerosos Congresos, Jornadas y Seminarios en España, Argentina, Paraguay, Honduras, Méjico (Tabasco, Chihuahua, Jalisco y Toluca), Costa Rica, Alemania, Holanda, Luxemburgo, Francia, Portugal, Polonia, Bulgaria, Rumania, Andorra, etc.”
Profesor en un Instituto privado
Ese mismo currículo habla de su colaboración entre otros con el centro de formación privado Schola Iuris, Instituto Europeo de Practica Jurídica constituido en el registro mercantil el 19 de octubre de 2004. Ya en ese año formaba Maza parte del profesorado y hoy aún doce años después su nombre sigue apareciendo como reclamo en relación con esta tarea docente en el instituto privado según anuncia en su página web con copyrigyth de 2016 el propio Schola Iuris. Es de suponer que ahora lo anunciarán aún más.
Otros magistrados del Supremo y Fiscales le acompañan en esta brillante relación de juristas. Entre ellos su ex compañero Adolfo Prego o su colega Manuel Marchena, hoy presidente de la Sala II del Tribunal Supremo. Y fiscales como Eduardo Fungairiño o Manuel Moix Blazquez. Entre muchos más juristas en activo que el Instituto señala anunciando su próximo curso profesores que han intervenido en ediciones anteriores del master. Y añaden: “Esta lista de Profesores se está actualizando de cara al próximo curso. Si algún Profesor causara baja, se sustituirá por otro de igual prestigio”.
Acceder como alumno a las clases de este selecto profesorado, tiene un precio. El master cuesta en total 14.000 euros. ¿Es oportuno que magistrados en activo intervengan en este tipo de cursos privados? ¿Es correcto que perciban compensaciones económicas acudiendo a innumerables foros y eventos financiados por empresas privadas que en algún momento pueden verse ante el juez al que invitaron a disertar?
Preguntas sin respuesta
Esas preguntas las hicieron un grupo de juristas el 7 de mayo de 2012 al Consejo General del Poder Judicial. Pedían conocer en relación a una serie de magistrados del Tribunal Supremo en el que figuraba José Manuel Maza, “la determinación de la totalidad de Seminarios, Cursos y Conferencias impartidos por dichos magistrados, sus patrocinadores y la retribución percibida por cada uno”. Y pedían en su caso la la incoación de Diligencias Informativas o Expedientes disciplinarios de haber incurrido en incompatibilidad.
Hacían mención expresa a Schola Iuris indicando que entre los profesores figuraban “los magistrados del Supremo Maza Martín, y Manuel Marchena, más numerosos jueces y fiscales que figuran como reclamo para los cursos de este Centro. Además, entre otros, del letrado D. Luis Rodríguez Ramos. Asimismo, se ofrece un Curso de Derecho Penal En Genética y Nuevas Tecnologías en el que figuran como profesores los magistrados del TS Maza Martín y Sánchez Melgar”
Recordaban también en su escrito como entre los letrados docentes en este master se contaba el abogado Rodríguez Ramos, “que asumió la defensa de varios imputados en la causa penal contra la trama Gürtel, como Benjamín Martín Vasco (exDiputado en la Asamblea de Madrid), Jesús Merino Delgado (exDiputado en el Congreso de Diputados) y Guillermo Ortega Alonso (exalcalde de Majadahonda)”. Citaban algunos casos más destacando que jueces relacionados con el juicio contra Garzón por el caso Gürtel, coincidían aquí con algunos abogados de la defensa.
Casualidades
EL PLURAL.COM se ha puesto en contacto con uno de los firmantes del escrito para averiguar si cuatro años mas tarde el CGPJ contestó. “No. En absoluto. Hasta ahora no han dado respuesta a esta denuncia”, nos dijeron.
Lo cierto es que si el CGPJ aprueba su idoneidad como Fiscal General mediante un informe no vinculante, tras la comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que valorará sus méritos, el Gobierno tendrá vía libre para su nombramiento. Da la casualidad de que junto con Manuel Marchena, ascendido a presidente de la Sala II, José Manuel Maza es otro de los miembros de aquel tribunal que alcanza un puesto importante. En ambos casos su papel fue de un gran protagonismo en los procesos que terminaron con la inhabilitación del titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
http://www.elplural.com/politica/2016/11/11/el-juez-maza-que-sera-fiscal-general-por-gracia-de-rajoy-cursillista-impenitenteJOSÉ MANUEL MAZA, UN JUEZ CONSERVADOR QUE PIDIÓ CONDENAR A GARZÓN E INVESTIGAR A DÍVAR
El nuevo fiscal general del Estado, de 65 años, es considerado pragmático, afable y próximo a Catalá
El nombramiento del magistrado de la Sala de lo Penal José Manuel Maza como fiscal general del Estado ha causado sorpresa entre compañeros del Tribunal Supremo. Más que por la elección de Maza, porque la mayoría daba por seguro que Consuelo Madrigal continuaría en el cargo. Una vez conocida la noticia, la designación es vista como un nombramiento "más cómodo" para el Gobierno de lo que pudieron ser sus dos antecesores, Madrigal y Eduardo Torres-Dulce.
Madrileño de 65 años, Maza es, según quienes le conocen, una persona muy próxima al ministro de Justicia, Rafael Catalá. Considerado dentro de la judicatura como bastante conservador, es también conocido su carácter afable y muy pragmático que, difícilmente, le va a llevar a buscar conflictos con el Gobierno, según aventura un magistrado consultado. Fue portavoz de la extinta Unión Judicial Independiente, minoritaria en la judicatura y que se definía como una asociación de talante liberal, pero que cuyos pronunciamientos solían ser inequívocamente conservadores.
Si ideológicamente la elección de Maza no ha gustado en el ala más progresista del Supremo, sí hay coincidencia en que su trayectoria y su currículum acumulan méritos para ocupar la Fiscalía General del Estado. Licenciado en Derecho y en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, Maza ingresó en la carrera judicial en 1975 y en la fiscal, de la que fue número uno de su promoción, en 1978. Entre ese año y 1984 ejerció como abogado, después como juez en Madrid y en 1988 fue nombrado presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid. Llegó al Supremo en 2002 para ocupar la plaza del magistrado Adolfo Prego, que había sido elegido vocal del Consejo General del Poder Judicial. En 2011, Maza obtuvo por fin una plaza en propiedad en el alto tribunal.
En los 14 años que lleva en el Supremo ha firmado sentencias y votos particulares en asuntos muy diversos. Entre los que más ruido generaron en su momento, el único voto particular contra la sentencia absolutoria de Baltasar Garzón en su juicio por la investigación de los crímenes del franquismo. "Resultaría realmente un insulto a la razón afirmar el desconocimiento de cuestiones tan esenciales por un profesional como el magistrado acusado y, en todo caso, semejante afirmación, que en modo alguno suscribo, habría de conducir no a la absolución, sino a una condena por prevaricación", dijo Maza para pedir la condena de Garzón en 2012.
Pero Maza se salió también de la postura mayoritaria al firmar un voto particular a favor de la admisión a trámite de la querella por malversación contra el expresidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial Carlos Dívar, en contra del pleno de la Sala de lo Penal, que votó a favor de no admitir la querella.
Más recientemente, Maza fue ponente del auto por el que el Supremo rechazó por segunda vez admitir a trámite una querella contra el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y su número dos, Íñigo Errejón, por supuestamente haber recibido subvenciones de procedencia ilícita de los Gobiernos de Irán y Venezuela. En la resolución redactada por Maza, el nuevo fiscal general criticaba duramente el llamado Informe Pisa (de Pablo Iglesias Sociedad Anónima), atribuido por Manos Limpias en su querella a la Dirección Adjunta Operativa de la Dirección General de la Policía. El Supremo reprochó que se hubiera llevado al alto tribunal un supuesto informe hecho solo a partir de recortes de periódicos y recordó que "la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más la apertura de una procedimiento penal".
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/11/actualidad/1478865154_062381.htmlRAJOY ENCARGA A UN MAGISTRADO DEL SUPREMO LA RENOVACIÓN DE LA FISCALÍA
Consuelo Madrigal, que rechazaba cambios en la institución, no ha sido renovada
José Manuel Maza, magistrado del Tribunal Supremo, será el nuevo fiscal general del Estado. El Gobierno ha optado por Maza y ha rechazado renovar en el cargo a Consuelo Madrigal, que fue nombrada hace solo dos años y que cesó automáticamente al formarse el nuevo Ejecutivo. El Gobierno valoró la posibilidad de confirmar a Madrigal, pero la fiscal no aceptó el relevo de algunos cargos de la Fiscalía como pretendía el Ejecutivo. Finalmente, Mariano Rajoy ha optado por proponer a Maza para el cargo con la intención de abordar con él la renovación de puestos clave de la institución.
Mariano Rajoy ha decidido poner en manos de un juez del Tribunal Supremo la Fiscalía General del Estado. José Manuel Maza sustituirá en el cargo a Consuelo Madrigal, en una nueva etapa sin mayoría y en la que tendrá que afrontar los procedimientos sobre corrupción, la respuesta al desafío soberanista en Cataluña y una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los fiscales instruyan los procesos penales. Para empezar, Maza tendrá que abordar con el Gobierno nombramientos discrecionales del Ejecutivo como el del fiscal anticorrupción, entre otros, donde se mostrará su influencia.
José Manuel Maza Martín (1951, Madrid) será el nuevo fiscal general del Estado cuando, dentro de un mes, termine el proceso que requiere un informe no vinculante del Consejo General del Poder Judicial y una comparecencia no determinante ante el Congreso.
Madrigal, tras mantener una conversación con Rafael Catalá, dio por hecho que sería renovada y así se lo transmitió a sus colaboradores. Pero la fiscal rechazó relevar a cargos fundamentales en la estructura de la institución y que están pendientes de nombramientos por la situación de interinidad del Gobierno. Ese pulso, según la versión de fuentes de la fiscalía, provocó que, finalmente, el Ejecutivo optara por Maza.
El Gobierno matiza que no llegó a confirmarla en el puesto y que, efectivamente, quiere renovar cargos clave de la fiscalía, pero que el motivo del relevo es que puede llevarla a cabo mejor alguien ajeno a la carrera. El cargo de fiscal general tendrá relevancia ante el desafío soberanista y ante casos abiertos de corrupción. En el primer asunto, su antecesora asumió la posición del Gobierno al presentar la querella contra los responsables de la Generalitat de Cataluña. En el segundo, la Fiscalía Anticorrupción asumió un papel autónomo. Maza también debe participar en el proceso para cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los fiscales asuman la instrucción penal. Madrigal mantuvo algún enfrentamiento con el Gobierno sobre cambios legales de la anterior legislatura, aunque rehuyó la confrontación con el ministro, por ejemplo a cuenta de la revisión de procedimientos para cumplir los plazos máximos de instrucción.
Nombramientos clave
Maza es un juez conservador que hizo un voto particular muy duro pidiendo la condena de Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo. Es considerado como próximo a Manuel Marchena, presidente de la sala segunda del Supremo, y de Carlos Lesmes, presidente del Poder Judicial y el Supremo.
Una de las primeras medidas será abordar una treintena de nombramientos clave en la fiscalía que hará el Gobierno, pero a propuesta de Maza. Afectan, por ejemplo, a la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, porque su titular Javier Zaragoza está pendiente de renovación; cinco fiscales superiores, entre ellos el del País Vasco, Juan Ramón Calparsoro; ocho fiscales jefes de diferentes provincias; los fiscales de medio ambiente, cooperación internacional, criminalidad informática, extranjería y antidroga. También está vacante la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, por jubilación de Antonio Salinas.
El PSOE aseguró en una nota que el nombramiento es “un mal comienzo de legislatura. Para el Partido Socialista, su trayectoria como magistrado no garantiza en absoluto el perfil independiente que requiere la figura de fiscal general”.
Maza evita valorar el proceso catalán: "sería una temeridad"
El juez del Tribunal Supremo José Manuel Maza ha afirmado este viernes que “afrontará el cargo con responsabilidad”. El magistrado ha recordado que aún no se puede considerar que tenga un nombramiento, ya que “es solo una propuesta del Gobierno”. Maza ha afirmado que está “dispuesto a colaborar” para gestionar la reforma de la Ley que permita a los fiscales dirigir la instrucción, propuesta por el nuevo Gobierno.
El magistrado ha evitado pronunciarse sobre el proceso independentista catalán de momento, ya que hacerlo "sería una temeridad". Maza ha afirmado que se encuentra en un “momento de silencios expectantes”. Él ha reconocido no conocer los hechos sobre la querella a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. “No tengo conocimiento para hablar de dónde está el problema ni que soluciones puede haber”, ha constatado.
http://politica.elpais.com/politica/2016/11/11/actualidad/1478850522_502136.htmlEL VOTO PARTICULAR DEL JUEZ MAZA: “GARZÓN AÑADIÓ FRUSTRACIÓN A LOS DENUNCIANTES”
El juez conservador considera que el acusado debió ser condenado por prevaricación dolosa
El magistrado conservador José Manuel Maza firmó un voto particular discrepante del resto de la Sala, en el que señala que Garzón debió ser condenado por prevaricación dolosa por asumir “una competencia que no le correspondía” para incoar un procedimiento penal “inviable”. Según Maza, Garzón instrumentalizó el procedimiento “al servicio de sus propias intenciones subjetivas, contra personas ya fallecidas y por delitos que habían sido objeto de amnistía o en todo caso, se encontraban claramente prescritos”.
El juez discrepante se queja de que los hechos y la calificación de los mismos no habían ofrecido duda alguna a los 14 magistrados de la plantilla de la Sala Penal “a la vista del contenido constante de nuestras sucesivas resoluciones”. El magistrado critica que sus compañeros hayan dispensado de reproche penal a Garzón por “haber tratado de mejorar la situación de las víctimas”, ya que “la buena intención de un juez que dicta resoluciones no acordes con la norma que tiene la obligación de aplicar, obviamente no sirve para justificar su conducta”.
Maza achaca al “simulacro de instrucción” de Garzón una “frustración más” de los denunciantes en la “difícil y meritoria búsqueda de los restos de sus seres queridos”, añadiendo sobre ellos “un nuevo y reiterado efecto victimizador”. Además, considera “ociosa” la prueba testifical de los representantes de la Memoria Histórica en el juicio, “pues avergüenza pensar que se haya podido plantear siquiera la duda (...) de que ha de darse por indiscutible el legítimo derecho de los denunciantes a ver cumplidos sus deseos”.
El magistrado discrepante también arremete contra el fiscal del caso, Luis Navajas, al que dedica tres folios de reproches por su actuación en la vista del juicio. Maza afirma que quiere salir al paso de “cualquier sospecha” de que la Sala haya aplicado a Garzón un Derecho Penal “de autor” en el que se condena al acusado “por ser quién es”, o que haya algún miembro del Tribunal que tenga “actitud persecutoria” alguna contra un ciudadano.
Por su parte, el magistrado Julián Sánchez Melgar formuló un voto particular concurrente, en el que explica que comparte con la Sala lo “erróneo” de la resolución de Garzón, pero discrepa de que ése deba ser el motivo de la absolución. Le parece técnicamente más apropiado señalar que en la conducta de Garzón faltó la intencionalidad o “abuso de la función judicial con la conciencia de obrar así”.
http://politica.elpais.com/politica/2012/02/27/actualidad/1330376215_789635.htmlDIVISIÓN JUDICIAL SOBRE LA ASAMBLEA DE MAGISTRADOS DEL SUPREMO
Las cuatro asociaciones judiciales se pronunciaron ayer de forma diversa sobre las asambleas de magistrados del Tribunal Supremo, como la convocada para hoy. La opinión más tajante fue la de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), según la cual "la mal denominada asamblea carece de sentido". Su presidente, Santiago Martínez-Vares, explicó que "el Supremo tiene su órgano de gobierno y los magistrados pueden plantear lo que quieran ante la sala de gobierno, donde la representación es plural tras las últimas elecciones". Por la progresista y minoritaria Jueces para la Democracia, Ricardo Bodas se pronunció "no en contra de que los magistrados del Supremo puedan reunirse para tratar cuestiones de su interés". "Pero nos preocupa", añadió, que puedan tener como objetivo intereses corporativos o "rompan la unidad de la carrera judicial".
Desde la minoritaria y moderada Francisco de Vitoria, Lorenzo Pérez San Francisco estimó que las reuniones de magistrados son un derecho reconocido en la Constitución y "no deben estar especialmente reguladas". En cambio, José Manuel Maza, por la minoritaria Unión Judicial Independiente, manifestó que sí "requieren de una regulación legal".
El portavoz del Poder Judicial (CGPJ), Benigno Varela, aclaró ayer que no tenía "otro conocimiento de dicha reunión que el de las informaciones aparecidas en prensa y que el CGPJ no tiene adoptada consideración alguna sobre la misma".
http://elpais.com/diario/1999/06/30/espana/930693615_850215.htmlJOSÉ MANUEL MAZA. "EL JUEZ ES QUIEN DEBE INSTRUIR LOS CASOS"
La perspectiva de su estrado permite a José Manuel Maza -el presidente de la sala encargada del caso Ballesteros- adentrarse en los exponentes más crueles de la sociedad y analizar los problemas de la justicia. Frente a la opinión expresada ayer por el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, el magistrado Maza prefiere que la instrucción, de los sumarios sea responsabilidad del juez, y no del fiscal, al menos "de momento". Precisamente, la acusación particular en el caso que él debía juzgar -el del doctor Dionisio Ballesteros- acaba de criticar la actuación del fiscal.
Sus conversaciones con los colegas han conducido su voluntad hacia dos convicciones: que la droga subyace en "la inmensa mayoría" de los delitos y que la represión penal en absoluto ayuda a paliar esta lacra. Maza preconiza "un suministro controlado desde el Estado" . Su teoría es clara: "Si no hay compradores, no habrá traficantes".
No comparte la decisión del Gobierno de trasvasar al Ministerio del Interior el Plan Nacional Antidroga (adscrito inicialmente a Sanidad, y, más tarde, a Asuntos Sociales): implica encauzar por "la vía represiva" un problema antes catalogado como médico: "El drogadicto es un enfermo".
Al margen del caso Ballesteros, por su tribunal han pasado sumarios espectaculares. No recuerda José Manuel Maza -"y me enorgullezco de ello", dice- la condena más alta que ha impuesto: "Quizá sea la del triple asesinato de la calle de Sainz de Baranda; no lo sé". Lleva seis años como magistrado, tiene 42 años, un hijo y una esposa, también enfrascada en la judicatura. La presente entrevista fue realizada antes de la vista del caso Ballesteros.
Pregunta. ¿Se hace justicia cuando se juzga un delito 10 años después de su comisión? Alcalá 20, por ejemplo.
Respuesta. Alcalá 20, Ruiz-Mateos, presa de Tous... Cada año que pasa la justicia se deteriora automáticamente. Los motivos son muchos: implicados o testigos que busca la policía y no aparecen, tácticas dilatorias buscadas a propósito...
P. ¿Tienen solución estas demoras?
R. Sí. Y, además, sólo vale dos pesetas. Los problemas se podrían solucionar, por ejemplo, con una verdadera policía judicial, alojada en la propia sede de la Audiencia.
P. ¿Es partidario de castigar a los objetores?
R. Acato el principio de legalidad; aunque estoy en contra de los que se niegan a todo: ni quieren hacer la mili ni la prestación social sustitutoria. No obstante, la prisión es una medida desproporcionada. Debe establecerse una sanción administrativa: por ejemplo, una multa o una inhabilitación para cargos públicos.
P. ¿Y a las mujeres que abortan?
R. Soy antiabortista. El feto es un ser humano desde su gestación que necesita protección. Ahora bien, no soy partidario de meter en la cárcel a quien decide abortar impulsada por una necesidad extrema.
P. El fiscal investiga un caso y luego el juez repite lo que ha hecho el fiscal. ¿Quién de los dos debe instruir las causas?
R. Podría ser el fiscal en un mundo ideal donde la figura del fiscal general del Estado fuese independiente. De momento, que lo haga el juez.
P. ¿Es partidario del jurado?
R. Su creación ya está establecida en la Constitución y, por tanto, la respeto y me parece fenomenal.
P. ¿Debe ser puro o mixto?
R. Prefiero el mixto o escabinado. Es necesario que en las deliberaciones exista algún técnico que ayude al jurado a valorar correctamente la prueba.
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