REBELIÓN DE LOS
FISCALES CONTRA LA NORMA QUE RECORTA EL TIEMPO DE
INVESTIGACIÓN
La Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de
Fiscales están recogiendo firmas para evitar que la ley
que entre en vigor y quieren apoyar el informe emitido
por sus consejeros, para se mantenga en el próximo
Consejo Fiscal del día 20 de octubre.
Los fiscales anuncian "que se va a solicitar en el
mismo, la suspensión de la entrada en vigor del referido
artículo en tanto no se cuente en todo el territorio
nacional con los medios personales, materiales e
informáticos, que posibiliten el cumplimiento de la
norma".
La Ley 41/201 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, publicada en el BOE el pasado día 6 de
octubre, introduce plazos concretos para la finalización
de la instrucción lo que , según los fiscales, provoca
consecuencias procesales que pueden "dar al traste con
las investigaciones más complejas o incluso con los caso
más sencillos que quedarán impunes".
Estos plazos son de seis y dieciocho meses, “según se
trate de un asunto sencillo o complejo”, pero los
fiscales aseguran que les colocan " en una irresoluble
tesitura, al resultar de imposible cumplimiento el
mandato legal con los medios personales y materiales con
que se cuenta, puesto que, además, la obtención de datos
que pueda realizar el Fiscal depende exclusivamente de
la información que quiera facilitarle el Juzgado, sin
que pueda asegurarse la bondad de los mismos"
Por tanto, concluyen los fiscales "hasta que no se
produzca la necesaria reforma del proceso penal español
tal medida de limitación temporal sujeta a control
carece de sentido, de utilidad y resulta de difícil
aplicación práctica por lo que el Consejo Fiscal
solicita su supresión".
Carta al ministro Catalá
"Con esta carta queremos trasmitir la profunda inquietud
que nos provoca la reciente reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal operada a través de la Ley
41/2015, de 5 de octubre, -en vigor el próximo 6 de
diciembre- en la que se impone al Ministerio Fiscal la
responsabilidad del cumplimiento de los plazos que la
propia ley establece para la instrucción de las causas
penales, incluidas aquéllas incoadas con anterioridad a
la entrada en vigor de la propia norma.
Si bien como fiscales no podemos negarnos a cumplir
norma alguna en cuanto garantes de la legalidad fruto
del mandato constitucional, entendemos que la reciente
reforma procesal -duramente criticada por el Consejo
Fiscal durante su tramitación como anteproyecto de ley-
tendrá inevitablemente efectos indeseados en la
administración de la justicia. Así las cosas,
consideramos que la orden contenida en el reciente
oficio enviado por la Unidad de Apoyo de la Fiscalía
General del Estado resulta de imposible cumplimiento con
los medios personales y los recursos materiales con que
contamos en la actualidad. Por ello, solicitamos al
Consejo Fiscal, con el apoyo y aval de nuestra Fiscal
General, que de manera explícita se traslade al Ministro
de Justicia la solicitud de la carrera fiscal de que la
citada norma (nuevo artículo 324 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal) no entre en vigor en el plazo
de dos meses desde su publicación en el Boletín Oficial
del Estado -previsto en la Disposición final cuarta de
la Ley 41/2015, de 5 de octubre-.
Nuestra petición consiste, en definitiva, en la
suspensión de la entrada en vigor de la norma precitada
durante el plazo que resulte indispensable para la
necesaria dotación al Ministerio Fiscal de medios
materiales y personales que hagan viable su debida
ejecución, pudiendo cumplir así el mandato recibido del
legislador".
http://cadenaser.com/ser/2015/10/13/tribunales/1444772266_156381.html
LOS FISCALES
ACUSAN AL GOBIERNO DE DIFICULTAR LA LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN
La asociación conservadora arremete contra las leyes del
Gobierno del PP
Los fiscales conservadores consideran que las leyes
aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy provocan
“graves dificultades en la investigación de las formas
más graves de delincuencia, en especial de los delitos
relacionados con la corrupción”. Esa es una de las duras
conclusiones del congreso de la Asociación de Fiscales
(AF), la mayoritaria en la carrera y la más próxima
ideológicamente al PP.
Se da la circunstancia de que el ministro de Justicia,
Rafael Catalá, participó en la clausura del congreso
celebrado en Zamora, pero rechazó quedarse en la cena
posterior. También estaba presente la fiscal general del
Estado, Consuelo Madrigal, a la que la AF le reprocha no
haber mantenido la posición crítica del Consejo Fiscal a
la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Las conclusiones de la AF extiende las críticas a las
leyes del Gobierno a la reforma del Código Penal que
entro en vigor el pasado mes de junio. Aseguran que la
asociación “lamenta la aprobación de la Ley Orgánica de
reforma del Código Penal, ya que evidencia la falta de
una visión acertada y completa del derecho penal y la
administración de Justicia en nuestro país”. Añade que
“la Asociación de Fiscales considera inadecuada e
innecesaria la reforma en los términos en que se ha
producido, así como la premura de su entrada en vigor
desde su publicación en el BOE”.
“Dislate” legislativo
Las conclusiones hacen un repaso a la actividad
legislativa del Gobierno de Mariano Rajoy sobre Justicia
y prácticamente rechaza todas las normas aprobadas.
Es especialmente dura con la reforma de la ley de
Enjuiciamiento Criminal que entrará en vigor el 7 de
diciembre y que, según explican, al limitar los plazos
de instrucción dificulta la lucha contra la corrupción.
Según explican, “refleja un absoluto desconocimiento del
funcionamiento interno de cada Fiscalía e implanta una
carga de trabajo irracional en relación a los medios
materiales disponibles”.
“La exclusión del control judicial de oficio de la
duración de la instrucción y sus prorrogas es un dislate
pues es la oficina judicial quien tiene el dominio
efectivo del procedimiento y por tanto quien puede
cumplir la finalidad pretendida”, aseguran los fiscales.
Sobre este asunto, la Asociación de Fiscales “lamenta la
inflexible postura del Ministerio de Justicia
precipitando la entrada en vigor de la reforma en
periodo electoral y pide a la Fiscal General del Estado
un pronunciamiento expreso de apoyo a la postura
mayoritaria de la Carrera Fiscal en este tema”.
Critica también que el Gobierno haya renunciado a su
intención inicial de dar a los fiscales la instrucción.
La Asociación de Fiscales, además, incluye en sus
conclusiones duros reproches al Gobierno por no haber
dotado al ministerio fiscal de medios suficientes para
asumir sus funciones, ni haber ampliado la plantilla en
los últimos años.
“El debido funcionamiento de la justicia exige que la
justicia profesional sea desarrollada por un número
suficiente de fiscales, con una progresiva reducción de
la desproporción entre ciudadanos por cada fiscal, en
paralelo a lo que sucede en el resto de Europa. Para tal
fin, resulta imprescindible contar con las herramientas
que permitan determinar la carga de trabajo de cada
fiscal", asegura.
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/25/actualidad/1445795711_715265.html
FISCALES
INDEPENDIENTES CRITICAN QUE TORRES-DULCE FICHE POR UN
BUFETE SIN ESPERAR DOS AÑOS TRAS SU CESE
El Gobierno
autoriza al ex fiscal general de Estado a incorporarse a
la firma Garrigues
No se cumplen los
dos años de incompatibilidad que fija la ley para los
altos cargos.
La Asociación
Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha
criticado este martes mediante un comunicado la decisión
del Gobierno de autorizar al ex fiscal general del
Estado Eduardo Torres-Dulce para incorporarse al bufete
de abogados Garrigues sin respetar el plazo de dos años
de incompatibilidad que contempla la Ley tras el cese de
altos cargos.
Según APIF,
parece "enormemente preocupante" la decisión de la
Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del
Gobierno, de permitir la incorporación del anterior
fiscal general del Estado a un despacho de abogados.
"Es curiosa en
primer lugar la fecha en que se adopta, idónea para
disminuir el impacto público de la noticia al conocerse
en mitad de agosto", considera esta asociación de
fiscales, tras recordar que trata de un fiscal general
que ahora mismo no habría agotado el plazo legalmente
establecido de permanencia en el cargo "como garantía de
independencia en su función".
Añade APIF que,
"después de su inexplicada dimisión", Torres-Dulce
"obtiene un beneficio gubernamental de gran importancia"
que no consideran justificado.
"Creemos que el
fiscal general del Estado es la figura clave para
garantizar la aplicación de la ley, decisivo en las
estrategias de la Fiscalía en la lucha contra el
terrorismo, la corrupción, en las luchas contra los
fraudes financieros -que han afectado estos años a
importantísimas entidades bancarias-, y además de ser
quien decide nombramientos claves en la Fiscalía",
añaden los fiscales independientes.
'Depositario de
secretos'
Por otra parte,
APIF recuerda que Torres-Dulce "es depositario de
secretos, de aspectos fácticos de las investigaciones
que no deben ser conocidos y que son inherentes a su
cargo, conoce de las opiniones que se vierten en las
juntas de Fiscalía, de los pareceres de todos los
fiscales a quienes quiere consultar".
Por ello,
subrayan que desde el Gobierno se considere "que no hay
inconveniente en no respetar el plazo de dos años de
incompatibilidad después del cese para trabajar en un
despacho de abogados obliga a reflexionar sobre las
causas de su cese en el cargo, los silencios sobre las
mismas y pone de manifiesto la necesidad de instaurar un
código ético en la Fiscalía".
Todo ello,
concluyen, no beneficia nada la imagen de la Fiscalía y
la necesaria autonomía respecto del Gobierno, y por ello
la esta asociación lamenta profundamente la decisión
adoptada.
Torres-Dulce cesó
el pasado 19 de diciembre, antes de que concluyera su
mandato. Alegó motivos personales, si bien desde
diferentes ámbitos se apuntó a su falta de sintonía con
el Gobierno como causa esencial de su decisión.
http://www.elmundo.es/espana/2015/08/11/55ca160f46163f332b8b4583.html
EL PASO PREMATURO
DE TORRES-DULCE A LA ABOGACÍA MOLESTA A LOS FISCALES
El Gobierno
permite al ex fiscal general del Estado no cumplir los
dos años de incompatibilidad tras su cese
La decisión del
Gobierno de autorizar al anterior fiscal general del
Estado, Eduardo Torres-Dulce, incorporarse al despacho
de abogados Garrigues sin haber cumplido el plazo de dos
años de incompatibilidad tras su cese ha irritado a un
sector del ministerio público. La Asociación Profesional
Independiente de Fiscales (APIF), no mayoritaria,
calificó este martes de “enormemente preocupante” la
decisión de la Oficina de Conflictos de Intereses,
dependiente del Ejecutivo, de dar luz verde a
Torres-Dulce a su paso a la abogacía tras no agotar el
plazo de permanencia en el cargo “como garantía de
independencia en su función”.
Torres-Dulce
dimitió el pasado 19 de diciembre, antes de terminar su
mandato. Aunque el adujo “motivos personales” en su
salida, su mandato estuvo marcado por la falta de
sintonía con el Gobierno. El máximo responsable del
ministerio público tuvo que hacer frente a fuertes
presiones desde el ministerio de Justicia en asuntos
como los casos de corrupción que afectan al PP, o la
querella contra el presidente de la Generalitat, Artur
Mas, y tres consejeros de su gobierno por el simulacro
de consulta independentista del 9 de noviembre.
Álvaro García,
presidente de la Asociación Progresista de Fiscales (UPF),
tras mostrar su aprecio personal por Torres-Dulce,
calificó de “chocante” la autorización otorgada por el
Gobierno para ejercer la abogacía de forma prematura a
lo establecido en normativa de incompatibilidades de
altos cargos.
“El puesto de
fiscal general del Estado es muy sensible por el caudal
de conocimientos que tiene sobre investigaciones y sobre
la estructura y las instituciones del Estado. En cierto
sentido, es equiparable al de un ministro del Interior.
Que todo ese caudal se ponga ahora al servicio de
defender a quien nosotros acusamos debería hacernos
reflexionar”, afirma García.
Por su parte, la
APIF, en un comunicado, calificó de “curiosa” la fecha
elegida para dar la autorización, “idónea para disminuir
el impacto público de la noticia”. La asociación
independiente, al igual que la UPF, recordó que
Torres-Dulce “es depositario de secretos, de aspectos
fácticos de las investigaciones que no deben ser
conocidos, y conoce de las opiniones que se vierten en
las juntas de Fiscalía”, por lo que lamentó
“profundamente” la decisión adoptada por el Gobierno.
http://politica.elpais.com/politica/2015/08/11/actualidad/1439312222_205208.html
EL GOBIERNO ELIGE
A CONSUELO MADRIGAL COMO FISCAL GENERAL DEL ESTADO
La fiscal,
actualmente al frente de la Fiscalía de Menores,
sustituirá a Torres-Dulce
Será la primera
mujer en ese puesto
El Gobierno ha
optado por una mujer, conservadora y de marcado perfil
profesional para sustituir al dimitido Eduardo
Torres-Dulce al frente de la Fiscalía General del
Estado. Consuelo Madrigal, hasta ahora fiscal
coordinadora de menores, será desde el 10 de enero la
fiscal general del Estado, según ha anunciado el
Ejecutivo. Será la primera mujer en ocupar este cargo en
la historia española. Antes tendrá que emitir informe el
Consejo General del Poder Judicial y someterse el 8 de
enero al examen en la Comisión de Justicia del Congreso.
El nombre de Madrigal fue sugerido, entre otros, por los
dos últimos fiscales generales, Torres-Dulce y Cándido
Conde-Pumpido, y asumido por el Ejecutivo.
Su perfil es
estrictamente profesional para salir de la crisis
política creada por la dimisión de Torres-Dulce, después
de una larga cadena de desencuentros con el Gobierno. Al
ruido político generado por la renuncia al frente de una
de las instituciones clave del Estado, respondió con la
propuesta técnica el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Para bajar
también la temperatura política por la renuncia, la
vicepresidenta y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría,
se aferró, en la rueda de prensa posterior al Consejo de
Ministros, a dos argumentos de los que no se movió: la
dimisión solo obedece a motivos personales y, además, la
futura Fiscal General del Estado tiene un largo
currículo profesional.
“Su trayectoria
es absolutamente irreprochable”, dijo la número dos del
Gobierno, al tiempo que insistió en que Torres-Dulce
dimitió “en el ejercicio de la autonomía que caracteriza
el propio funcionamiento de la fiscalía en nuestro
país”. Además, negó presiones a la institución.
Madrigal no
pertenece a ninguna asociación de fiscales, pero es
considerada como una persona conservadora. Recientemente
optó al cargo de teniente fiscal pero, finalmente, fue
Luis Navajas quien logró el apoyo de la mayoría del
Consejo Fiscal para el cargo. El mandato del Fiscal
General termina al tiempo que el del Gobierno, por lo
que, en principio, deberá cesar dentro de un año, tras
las elecciones generales. No obstante, si el PP volviera
a ganar las elecciones tendría la posibilidad de
renovarla en el cargo.
La Asociación de
Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF)
consideraron acertada la designación. El portavoz de la
conservadora y mayoritaria AF, Emilio Frías, destacó su
“trayectoria intachable tras muchos años en el Tribunal
Supremo y como fiscal de Sala” y el hecho de ser una
gran conocedora del Derecho Penal. Y el presidente de la
progresista UPF, Álvaro García Ortiz, destacó que se
trata de una fiscal de contrastada trayectoria que será
bien recibida por la Carrera.
Militante
antiaborto
En 2004, Cándido
Conde-Pumpido era magistrado del Tribunal Supremo y le
tocó participar como tal en la revisión de la sentencia
de la Audiencia Provincial de Málaga sobre la
privatización de la empresa textil Intelhorce. Escuchó a
una fiscal defender brillantemente el recurso en el alto
tribunal hasta conseguir que se elevaran las penas y se
condenaran a alguno de los absueltos antes, incluyendo a
alguno de los cargos públicos inicialmente procesados.
Se quedó con el nombre de Consuelo Madrigal
Martínez-Pereda por su capacidad técnica y cuando fue
designado fiscal general del Estado la designó fiscal
coordinadora de menores.
Desde entonces,
Madrigal (Segovia, 1956) coordina a más de 200 fiscales
y, además, su especialidad es la única que instruye los
procesos, lo que exige mayor capacidad técnica.
Casada con un
magistrado y familia de juristas, la próxima fiscal
general se licenció en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid en 1978 con calificación de
sobresaliente. Sus compañeros la definen como sensata,
con sentido común, reflexiva y buena jurista. Es de
perfil conservador. En 2008 firmó un manifiesto de
“Mujeres contra el aborto”, en el que se expresaba la
“indignación por los hechos que suceden en las clínicas
acreditadas en España para la práctica del aborto, cuya
difusión nos ha conmocionado, y proponer una serie de
medidas que permitan superar esa forma de violencia
contra la mujer que es el aborto incontrolado que existe
de hecho en nuestro país”.
Añadía que “la
percepción errónea del aborto como un derecho
garantizado por los poderes públicos (y no como un
ilícito penal), el fraude generalizado en su práctica y
la falta de información sobre riesgos y alternativas,
hace que el número de abortos crezca año tras año”.
Lleva en la
carrera fiscal desde 1980 con el número tres de su
promoción. Su primer destino fue en la Fiscalía de Santa
Cruz de Tenerife, donde ejerció de enero de 1981 a
noviembre de 1982; pasó a teniente fiscal de Palencia
hasta mayo de 1984; y en la Fiscalía de Madrid hasta
1990. Hasta 1993, estuvo en el Tribunal de Cuentas, de
donde pasó a la Fiscalía del Tribunal Supremo.
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/19/actualidad/1418975204_842324.html
DIMITE
TORRES-DULCE, FISCAL DEL ESTADO, POR DESAVENENCIAS CON
EL GOBIERNO
El jefe de
los fiscales pone fin a casi tres años de mandato
Eduardo
Torres-Dulce ha presentado su dimisión como Fiscal
General del Estado. Oficialmente, argumentó “razones
personales”, pero desde hace tiempo sus relaciones con
el Gobierno eran malas. Ya había amenazado con dimitir
en varias ocasiones al anterior ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, y recientemente al actual,
Rafael Catalá. Eran notables las tensiones y la ausencia
de sintonía con el Gobierno que, legalmente, no podía
destituirle, pero sí esperar a que él formalizara su
dimisión y, como ha hecho ahora, no mover ni un dedo
para mantenerle en el cargo.
Con esta dimisión
son cuatro las renuncias que, por distintos motivos, ha
tenido que afrontar el Gobierno de Mariano Rajoy en los
últimos tres meses en puestos clave: los ministros de
Justicia y Sanidad, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Mato,
respectivamente; el director general de RTVE, Leopoldo
González Echenique, y ahora el fiscal general. Todos
ellos, salvo Mato, por diferencias de criterio o falta
de respaldo del Gobierno. El propio Mariano Rajoy
subrayó ayer “la dedicación y esfuerzo” de Torres-Dulce,
al tiempo que insistió en que se marcha por “motivos
personales”.
Torres-Dulce
llamó hoy a primera hora a Catalá para comunicarle su
decisión, explicarle que no desea ningún cargo y que su
intención es volver a la Fiscalía ante el Tribunal
Constitucional. Precisamente, la jefatura de esa
Fiscalía está vacante por decisión expresa de
Torres-Dulce, que aplazó el miércoles ese nombramiento
en el Consejo Fiscal.
Sucesión de
desencuentros
Leyes. El
Gobierno del PP pasó de pretender dar la instrucción
penal a los fiscales a una reforma mínima de la Ley de
Enjuiciamiento sin contar con la Fiscalía. De hecho, el
Consejo Fiscal ha hecho duros informes de casi todas las
leyes de Rajoy.
Cataluña. El
Gobierno intentó una actuación más rápida y contundente
tras el 9-N, aunque hubo querella como quería el
Ejecutivo.
Corrupción. El PP
reprocha a Torres-Dulce falta de autoridad en sumarios
que le afectan, sobre todo, en Gürtel.
Nombramientos. El
Ejecutivo designó magistrado del Tribunal Constitucional
a Antonio Narváez, teniente fiscal del Supremo, sin
consultarle. Justicia puso al frente de Eurojust
—organismo europeo de coordinación judicial— a la fiscal
Teresa Gálvez a sus espaldas. El PP pactó la renovación
del Consejo General del Poder Judicial sin incluir, por
primera vez desde 1978, a ningún fiscal.
Otras decisiones.
Gallardón no avaló y abortó el proyecto de fiscal
europeo en el que trabajaba la Fiscalía y se han desoído
las peticiones de aumento de plazas de fiscales.
En octubre de
2013, Torres-Dulce hizo un primer amago de dimisión ante
Gallardón. Se quejaba de decisiones y nombramientos que
afectaban a la carrera fiscal y sobre los que no fue
consultado. Se sentía ninguneado. Tampoco se pidió su
opinión cuando se puso en marcha el borrador de Código
Procesal Penal, que daba la instrucción a los fiscales.
Ni lo ha sido ahora, cuando ese texto ha quedado
reducido a una reforma muy parcial de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal que da marcha atrás y elimina
ese papel instructor de los fiscales.
El pasado mes de
abril lanzó en el Congreso un duro alegato contra la
falta de medios legales, materiales y humanos para
afrontar los grandes casos, sin obtener respuesta
favorable del Gobierno.
Su falta de peso
político en el Gobierno le dejaba al margen de esas
decisiones y, a su vez, el Ejecutivo y el PP le
achacaban falta de acción e influencia en los grandes
casos de corrupción, así como escasa autoridad para
dirigir un cuerpo autónomo, pero jerarquizado. Por
ejemplo, dirigentes del PP no entendieron nunca que la
fiscalía fuera la que provocara el ingreso en prisión de
Luis Bárcenas, cuando la acusación popular pedía prisión
eludible con fianza, es decir, menos que el ministerio
público. Con esa notable excepción, no hay decisión
trascendente de Torres-Dulce que discrepe de la posición
del Gobierno. Por ejemplo, en la excarcelación de
etarras, en las querellas sobre Bankia y preferentes y
en el caso Faisán, entre otras.
Ni siquiera hubo
diferencia de fondo al final sobre la querella contra
responsables de la Generalitat de Cataluña sobre el 9-N,
aunque sí hubo tensiones graves esos días con el
Gobierno por el ritmo y la forma en la que Torres-Dulce
gestionó la crisis, así como por el alcance de la acción
penal. La conclusión es que la Fiscalía presentó la
querella contra Artur Mas y varios de sus consejeros
como pretendía desde el primer día el Gobierno. Y hubo
coincidencia en los días previos para no intervenir y no
frenar la consulta para evitar males mayores.
La dimisión se
produce pocos días antes de que el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña decida el lunes sobre la admisión a
trámite de la querella. Fuentes jurídicas hablan de
dudas notables sobre el futuro de la controvertida e
inusual acción penal contra el Gobierno catalán. En
principio, el Gobierno pretende anunciar hoy el nombre
del sustituto. Se inclina por un miembro de la carrera
fiscal. Una vez anunciado el nombre deberá someterse al
dictamen del Consejo General del Poder Judicial y volver
al Consejo de Ministros. El aspirante deberá someterse a
examen en la Comisión de Nombramientos del Congreso y,
si es aprobado, ser definitivamente nombrado por el
Gobierno. El nombramiento presenta una dificultad, que
es que su mandato acaba cuando cesa el Gobierno. Es
decir, el elegido estaría solo un año en el cargo, salvo
que vuelva a ganar el PP y vuelva a proponerle. O que
introduzca un cambio legal en los próximos meses para
prorrogar ese mandato.
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/13/actualidad/1415869681_611980.html
UN
CONSEJO FISCAL DIVIDIDO APRUEBA EL INFORME DE LA LEY DEL
ABORTO
Con 8 votos a favor y 4 en contra el Consejo Fiscal da
el visto bueno a un informe que propone multar a las
mujeres que aborten fuera de la ley
El Consejo Fiscal ha dado luz verde, con 8 votos a favor
y 4 en contra, al informe sobre la ley del aborto que
propone al Ministro Gallardón multar a las mujeres que
interrumpan su embarazo fuera de los supuestos
permitidos en el anteproyecto. El sector progresista del
Consejo ha anunciado que emitirá votos particulares, por
entender que la reforma de Gallardón se ajusta a la
Constitución pero que es "innecesaria".
Con 8 votos a favor y 4 en contra, un Consejo Fiscal
dividido ha aprobado su informe definitivo sobre la
reforma propuesta por Gallardón para la ley del aborto:
un texto que refleja la opinión oficial de los fiscales
y que pide al Ministro de Justicia que imponga sanciones
económicas a aquellas mujeres que aborten fuera de los
supuestos permitidos por el anteproyecto. "Consideramos
procedente mantener la previsión de una sanción a la
mujer que se causa su propio aborto o consiente que otro
se lo cause, al margen de los supuestos previstos", dice
el texto aprobado, al que ha tenido acceso la SER.
Fuentes fiscales interpretan que si una mujer no paga
esta multa podría ir a prisión un día por cada dos de
multa que haya dejado de pagar, en este caso un máximo
de un año de prisión.
Se trata de una redacción final del informe preceptivo
que ha tenido que ser suavizado desde que llegara a la
mesa del Consejo Fiscal. Fuentes del Consejo han
confirmado a la Cadena SER que el sector progresista
formulará votos particulares contra este informe, por
entender que la reforma de Gallardón es constitucional
pero que en todo caso es "innecesaria". Un informe
preceptivo que enviará el Consejo Fiscal al Gobierno en
los últimos compases de la tramitación parlamentaria del
proyecto de reforma de la ley del aborto de Alberto
Ruiz-Gallardón, avalando el grueso de los artículos del
proyecto y aplaudiendo que la vida del nasciturus sea
equiparada en protección jurídica a la de la mujer en la
mayoría de los supuestos: señalan que el aborto no es un
derecho de la mujer, y que la vida del nasciturus no es
"un bien a su libre disposición".
Proteger a las personas con discapacidad
El informe aprobado esta semana ve con buenos ojos que
se elimine la posibilidad del aborto eugenésico (la
interrupción del embarazo por malformación en el feto
que no afecte a su seguridad o la de la madre), alegando
que así la ley cumplirá con los tratados internacionales
sobre la protección de personas con discapacidad
firmados por España. Pero también pide cambios a
Gallardón, como por ejemplo proponiendo que el daño
psicológico de la mujer no sea un criterio vinculante a
la hora de permitir un aborto por malformación del feto.
A este respecto los fiscales también ven más razonable
que sea un único médico el que redacte el informe
facultativo, y no dos como propone Gallardón ya que
podrían contradecirse entre sí, y no hay ningún
mecanismo previsto para esta situación.
De la misma manera exige que todos los centros médicos
garanticen que haya profesionales que no apelen a la
objeción de conciencia para evitar interrumpir un
embarazo en los casos permitidos: lo contrario,
aseguran, condenaría a la mujer a un "peregrinaje
indeseable". El Consejo avala el artículo que permite a
un fiscal asumir la representación de los intereses de
una mujer que quiere abortar, aunque su opinión sea
distinta a la de la afectada.
Falta el informe del Poder Judicial
Este informe del Consejo Fiscal es uno de los análisis
preceptivos que el Gobierno debe estudiar, aunque no
tiene que asumir, para completar su anteproyecto de
reforma de la ley del aborto. Otro de los informes
principales que espera el ejecutivo es el del Consejo
General del Poder Judicial, que será debatido en un
pleno extraordinario del próximo 13 de junio. Los dos
borradores que estudiará el CGPJ proponen cambios
profundos a Gallardón.
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/consejo-fiscal-dividido-aprueba-informe-ley-aborto/csrcsrpor/20140609csrcsrnac_6/Tes
TORRES-DULCE NO DEJA DEBATIR SOBRE
LA MEMORIA HISTÓRICA
El fiscal ordena retirar un recurso en el
Constitucional para sentar doctrina sobre el franquismo
La memoria histórica vuelve a los tribunales españoles
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no
quiere que el Tribunal Constitucional siente
jurisprudencia sobre las desapariciones de represaliados
durante y tras la Guerra Civil; ni que debata sobre los
efectos de la Ley de Amnistía de 1977; ni que se dé
respuesta a las observaciones del Comité de Derechos
Humanos de la ONU que, en 2008, manifestó su
preocupación por “los obstáculos con que han tropezado
las familias en sus gestiones judiciales y
administrativas para obtener la exhumación de los restos
y la identificación de las personas desaparecidas”.
La decisión de Torres-Dulce culmina un proceso que se
inició con la petición de amparo de una mujer,
Purificación Lapeña, por la desaparición de su abuelo y
tío abuelo, enterrados sin consentimiento familiar en el
Valle de los Caídos. El tribunal decidió en noviembre no
admitir a trámite la petición, por lo que ni siquiera
entró en el fondo del asunto. Sin embargo, por sorpresa
y en un trámite inusual, el fiscal del Constitucional
Manuel Miranda recurrió esa decisión el 23 de diciembre
con un escrito en el que argumenta que la petición reúne
las condiciones para ser admitido a trámite, lo que
permitiría que se entrara en el fondo del caso. El
asunto estaba pendiente de que la sección Tercera de la
Sala Segunda respondiera al escrito del fiscal. Pero no
será posible. Torres-Dulce ha ordenado que se retire,
según fuentes de la fiscalía.
Los argumentos que esgrimía el fiscal del Constitucional
para pedir que se debatiera sobre las desapariciones del
franquismo eran claros: “Este tribunal no ha tenido la
oportunidad de abordar los efectos que una Ley de
Amnistía puede tener sobre el deber de investigación
judicial eficaz de hechos delictivos y su conexión con
el derecho a la tutela efectiva”, señalaba. Además,
destacaba “las diferentes interpretaciones que se vienen
sosteniendo por los tribunales ordinarios” y apelaba a
la existencia de “respuestas jurídicas, con
argumentaciones no pocas veces contradictorias y sin
ajustarse a unos mismos parámetros interpretativos” que
se hacen para rechazar, una y otra vez, la investigación
sobre desaparecidos. Es decir, a la ausencia de doctrina
constitucional sobre este asunto.
La Sección Tercera de la Sala Segunda del alto tribunal
decidió no debatir sobre el asunto al entender que la
petición no incluía la justificación de la trascendencia
constitucional que se requiere. Después de que el fiscal
la justificara, no podrá hacerse porque Torres-Dulce no
quiere.
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/19/actualidad/1390165773_833126.html
LA FISCALÍA TAMBIÉN PROTEGE A
GALLARDÓN: SE OPONE A QUE DECLARE EN EL 'CASO NÓOS'
Horrach rechaza la petición del exsocio de Urdangarin. La
última palabra sobre la comparecencia como testigo del
ministro la tiene el juez Castro, que hace unos meses
desestimó llamarle como imputado
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que el ministro
de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sea citado como testigo
en el marco del caso Nóos, tal y como solicitaba el exsocio
de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, quien solicitó su
comparecencia para esclarecer cómo se negoció el convenio
por el que una entidad sucesora de Nóos percibió 144.000
euros públicos para preparar la candidatura olímpica de
Madrid 2016, sin que en la actualidad haya constancia de los
trabajos realizados.
El Ministerio Público ha presentado este jueves un escrito
ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma para
mostrar su oposición, después de que el juez José Castro
diese un plazo de diez días a las partes para que que se
pronunciasen sobre la petición efectuada por Torres.
Y es que, según el fiscal Pedro Horrach, "nada nuevo"
aportan los últimos correos electrónicos y documentos
aportados por Torres que "alteren o modifiquen" las
conclusiones de Castro, quien el pasado mes de septiembre ya
desestimó abrir una pieza separada dirigida a investigar el
papel que jugó Gallardón en el convenio por el que la
Fundación pública Madrid 16 abonó unos 144.000 euros de
forma presuntamente irregular a la Fundación Deporte,
Cultura e Integración Social (FDCIS).
Según el Ministerio Público, esta diligencia "devendría
necesaria" si los documentos aportados "tuvieran relación
con lo que es objeto de investigación, y revelaran que
alguna de las personas que cita en su escrito tuviese
conocimiento de hechos" objeto de investigación. "Lo único
que revelan dichos documentos es la intervención de don
Alberto Ruiz-Gallardón y otros en actos institucionales
ajenos al presente procedimiento", remarca el fiscal.
Junto al ministro, la defensa de Torres también solicitaba
la citación del exministro de Industria José Montilla y del
exsecretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky,
entre otros, para que aclaren su intervención en las
negociaciones del convenio investigado.
En su escrito, Horrach alude en concreto a la carta fechada
el 11 de febrero de 2005 que aportó Torres y en la que
Gallardón agradecía a Urdangarín su participación en la
organización de la candidatura olímpica de Madrid para el
año 2012, cuando, subraya, el hecho objeto de investigación
en el caso Nóos es el convenio suscrito en octubre de 2007
entre la Fundación Madrid 16 y la FDCIS para la cantidatura
de 2016.
"Y lo mismo puede predicarse del correo electrónico de fecha
17 de mayo de 2004 aportado por la defensa, del que se
desprende la invitación a una serie de autoridades para
asistir a una cena", añade el fiscal, abundando en que los
correos relativos a la participación del entonces alcalde de
Madrid en el libro editado por el Instituto Noos, 'El
patrocinio visto por sus principales protagonistas', y en el
acto de presentación del mismo, "ponen de manifiesto unos
hechos no discutidos y objetivos que no necesitan de
diligencias de prueba complementarias para apoyar su
realidad".
Tal y como recalca Horrach, se trata de unas consideraciones
que también pueden predicarse respecto de Montilla, Solbes y
Lissavetzky, entre otros, cuya testifical "versarían sobre
circunstancias ajenas a los hechos objeto de investigación".
Cabe recordar que también el sindicato Manos Limpias,
personado como acusación popular, ha solicitado la
declaración de Gallardón al sostener que la "estrecha"
relación y colaboración entre el ministro y el Duque de
Palma "culminó" con la concesión de los 144.000 euros.
Por su parte, el juez, tras rechazar la apertura de una
investigación en torno al papel de Gallardón, justificaba
que hasta entonces no había aparecido en la causa dato
alguno "revelador" de que el entonces alcalde de Madrid
mantuviera reuniones, directa o mediante alguna persona
interpuesta, con Urdangarin o cualquier otro responsable de
la FDCIS, u otras actuaciones "tendentes a apartar de los
cauces obligados o habituales la concertación del convenio
que entre ambas fundaciones acabó suscribiéndose".
Sin embargo, el abogado de Torres apunta en su escrito que
"es evidente que existía una relación entre Urdangarin y el
actual ministro de Justicia, que venía de tiempo atrás". Una
relación que, afirma, se centraba en aspectos "meramente
deportivos ajenos a Nóos", como el vinculado a la
colaboración del Duque de Palma en la candidatura olímpica
de Madrid, mientras que en otras "los contactos sí tenían
que ver de modo más directo con Nóos y los proyectos que
malintencionadamente se ponen en tela de juicio".
http://www.publico.es/politica/498894/la-fiscalia-tambien-protege-a-gallardon-se-opone-a-que-declare-en-el-caso-noos
LA FISCALÍA SE
‘ALÍA’ CON LAS DEFENSAS EN ALGUNOS DE LOS CASOS DE
CORRUPCIÓN MÁS IMPORTANTES
El representante
del ministerio público se opuso a que Miguel Blesa, el
expresidente de Caja Madrid, ingrese de nuevo en prisión
por el gran arraigo que tiene
Frente a la
tópica imagen del fiscal que acusa en defensa del
interés público, aunque no tenga por norma que adoptar
siempre ese papel, los últimos y más relevantes casos de
corrupción han contado con representantes del ministerio
público que se han opuesto a las resoluciones del juez
instructor y compartido argumentos con las defensas para
intentar revocar las decisiones de los magistrados. Sus
argumentos pueden estar tan fundamentados como cuando
acusan, pero sus decisiones suscitan recelos en una
opinión pública que asiste indignada a la frecuente
inculpación de políticos, banqueros y empresarios.
El último caso lo
protagonizó ayer el fiscal del Juzgado de Instrucción
número 9 de Madrid, que se opuso con vehemencia a que
Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, volviera a
ingresar en prisión, como decretó el juez Elpidio José
Silva tras una citación urgente. El banquero fue
encarcelado el pasado 16 de mayo en la prisión de Soto
del Real acusado de varios delitos societarios por
supuestas irregularidades cometidas en la compra del
City Nacional Bank de Florida, una operación que habría
ocasionado pérdidas multimillonarias a la caja.
Entonces pasó un
solo día entre rejas, el tiempo que tardó en depositar
los 2,5 millones de euros que el juez le había impuesto
como fianza. En esta ocasión el juez le ha negado esa
posibilidad al decretar su prisión incondicional. En la
‘vistilla’ celebrada en la tarde de ayer en los juzgados
de la Plaza de Castilla (Madrid), la representación de
Manos Limpias, que ejercita la acusación popular,
reclamó nuevas medidas cautelares para evitar que Blesa
concierte con otros imputados una versión idéntica sobre
los hechos de que está acusado.
El fiscal no lo
vio tan claro y defendió que el ingreso en prisión es
una medida excepcional que en este caso no está
justificada por el gran arraigo social del expresidente
de Caja Madrid y la certeza de que no va a eludir la
acción de la justicia. No lo consiguió y ahora tendrá
que ser la Audiencia Provincial de Madrid la que
resuelva el recurso que la defensa del banquero
presentará en las próximas horas. Un trámite que se
puede prolongar hasta dos semanas, las que al menos
tendrá que pasar Blesa en una celda.
También
recientemente, Pedro Horrach, fiscal del ‘caso Nóos’, en
el que está imputado Iñaki Urdangarín, marido de la
infanta Cristina, se opuso a José Castro, el juez
instructor, citara a la hija del Rey como imputada para
que aclarase el conocimiento que tenía de los negocios
de su marido. En esta ocasión se impuso el criterio del
ministerio público, que recurrió el auto de su compañero
ante la Audiencia Provincial de Palma y protagonizó, de
paso, un hecho inédito: que el fiscal se oponga a una
citación judicial que no presupone culpabilidad alguna.
Castro no se ha dado por vencido, y está a la espera de
varios informes de la Agencia Tributaria para decidir si
vuelve a recorrer el mismo camino.
Por la calle Prim
no han dejado de desfilar durante los últimos meses
numerosos imputados con ‘pedigrí’ del ‘caso Gürtel’, los
últimos ocho empresarios que presuntamente hicieron
donaciones al PP a cambio de la adjudicación de obras
públicas por parte de administraciones controladas por
los populares. Conocidos hombres de negocios (Villar Mir,
Luis del Rivero…) que se negaron a responder a las
preguntas de las acusaciones, no así a las de sus
letrados, el juez instructor, Pablo Ruz, y el fiscal
anticorrupción, que hubo días que, para sorpresa de los
presentes, no hizo ni una sola pregunta durante su turno
de interrogatorio. En lo que si estuvo de acuerdo con el
magistrado fue en retirar al PP de la causa, en la que
pese estar personado como acusación su actuación se
asemejaba más a la de la defensa de su extesorero, Luis
Bárcenas.
Carlos Bautista,
fiscal del ‘caso Faisán’, que está pendiente de que la
Sala fije una fecha para celebrar la vista oral, ha
pasado también por varios ‘estados’ a lo largo de la
instrucción. Comenzó por pedir el archivo de la causa,
contra la opinión de Baltasar Garzón, primero, Fernando
Grande Marlaska después, y por último Pablo Ruz. Sin
embargo, avanzada ya investigación cambió de opinión y
coincidió con el magistrado en acusar a dos mandos
policiales de haber alertado a ETA en 2006 de una
operación policial en marcha. Sus conclusiones
definitivas sostienen que los dos procesados incurrieron
en un delito de revelación de secreto, pero no de
colaboración con banda armada, como considera el juez.
http://www.eldiario.es/politica/fiscalia-defensas-casos-corrupcion-importantes_0_139986849.html
EL FISCAL ORDENA ACUSAR DE COLABORACIÓN CON ETA A LOS DOS ACUSADOS DEL CHIVATAZO
La Fiscalía de la Audiencia se inclinaba por imputarles únicamente revelación de secretos
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha ordenado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusar de colaboración con ETA al ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y al inspector José María Ballesteros en relación con el caso Faisán, el supuesto chivatazo que permitió la huida del aparato de extorsión de la banda terrorista en mayo de 2006. Torres-Dulce ha impuesto su jerarquía estatutaria contra el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se inclinaba por imputar a los dos agentes únicamente un delito de revelación de secretos.
El artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal establece que “el fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones”. Estas órdenes pueden tener, según la ley, “tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos”. Este ha sido el artículo es el que ha permitido a Torres-Dulce forzar al fiscal de la Audiencia Carlos Bautista a incluir en su escrito de calificación la colaboración con ETA como “alternativa” a la revelación de secretos. En el escrito, el fiscal de la Audiencia Nacional afirma que “la calificación jurídica alternativa se formula en virtud de lo dispuesto por el artículo 25” del Estatuto del ministerio público.
Por el delito de revelación de secretos, el fiscal solicita para el procesado Pamiés una pena de dos años de prisión y cuatro años de inhabilitación para la profesión de policía, mientras que para Ballesteros, ascendido a comisario, pide un año y medio de cárcel y tres años de inhabilitación. Por la calificación alternativa de colaboración con ETA, impuesta por Torres-Dulce, las penas solicitadas son de cinco años de prisión y once años de inhabilitación absoluta tanto para Pamiés como para Ballesteros.
Los hechos del caso Faisán se remontan al 3 de mayo de 2006. Ese día, Joseba Elosua Urbieta, dueño del bar Faisán de Irún, centro neurálgico de la red de extorsión de ETA, situado en la antigua frontera con Francia, se reunió en una sidrería de Oiartzun (Gipuzkoa) con el colaborador etarra Ramón Sagarzazu y el fallecido dirigente del PNV Gorka Otxoa. La policía, que tenía intervenidas las comunicaciones de Elosua, sospechaba que en ese encuentro se iba a realizar la entrega de “nueve millones de pesetas” (54.000 euros), a las que los interlocutores se habían referido como “nueve botellas de vino”. Dicho dinero se entregaría al día siguiente en el bar Faisán al enlace etarra Cau Aldanur, residente en Francia y que siempre pasaba al lado español cuando Elosua le llamaba para hacerle entregas de dinero en el establecimiento.
Las fuerzas de seguridad españolas y francesas organizaron operativo policial para detener a los sospechosos de financiar a ETA y desmantelar su estructura el día 4 de mayo por la mañana. El acuerdo entre ambas policías consistía en dejar que Cau Aldanur se reuniera con Elosua en el Faisán, y una vez de vuelta en la frontera, se le detuviera y se constatara que portaba el dinero anunciado.
Según la Fiscalía, con el fin de “impedir la detención de Gorka Aguirre”, el dirigente peneuvista y supuesto proveedor del dinero, el jefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamiés, contactó con el inspector de la comisaría de Vitoria José María Ballesteros y le encargó que esa mañana entrara en el bar Faisán para avisar a Elosúa de que Cau no entrara en España porque sería detenido inmediatamente. Según la fiscalía, Pamies buscaba una persona que no perteneciera a la plantilla de San Sebastián y no pudiera ser reconocida por los agentes encargados de la operación. Ballesteros, destinado en la Brigada de Información de Vitoria, investigaba el terrorismo yihadista.
El escrito recoge que Ballesteros recibió varias llamadas de Pamiés esa mañana del 4 de mayo de 2006. Sobre las 11:20 el inspector entró en el bar Faisán, y tras preguntar por Joseba Elosua, le pasó el teléfono móvil. Según la fiscalía, en la conversación, de ocho minutos, Pamiés le dio a Elosúa datos de la operación para hacerla creíble y evitar que Cau cruzara la frontera. Tras la conversación, el dueño del bar, acompañado por su yerno, pasaron a Francia, y según la conversación grabada en el coche, y pese a que Pamiés le dio instrucciones para que no hablara de ello, conversaron sobre el supuesto chivatazo.
Finalmente, el 22 de junio, todos los integrantes de la red de extorsión etarra fueron detenidos. Sin embargo, en ninguno de los registros se hallaron ni los 54.000 euros ni las cartas de impuesto revolucionario y los sellos de ETA que la Policía pensaba que Elosua ocultaba en una lonja de su propiedad a 200 metros del bar Faisán.
http://politica.elpais.com/politica/2013/04/19/actualidad/1366372630_343953.html
TORRES-DULCE MOVILIZA A LOS FISCALES CONTRA LOS ESCRACHES A LOS POLÍTICOS
El fiscal general dicta una circular para que se vigile e informe de estos actos
“La fiscalía va a realizar el análisis de la relevancia penal y la respuesta”
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha movilizado al ministerio público contra los llamados escraches o protestas contra cargos políticos en su entorno privado. Les ha pedido información sobre estos actos, y además admite que está estudiando la aplicación de la ley sobre este tipo de movilizaciones.
El pasado 4 de abril, el teniente fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía General, José Miguel de la Rosa, les remitió sobre este asunto un oficio al que ha tenido acceso EL PAÍS. El escrito se dirige a los fiscales superiores que, a su vez, lo han hecho llegar a todos los miembros de la carrera. La Fiscalía empieza por asegurar que “en la actualidad se están produciendo situaciones de acoso al entorno personal de diferentes representantes parlamentarios y otros cargos institucionales, promovidos por afectados por procedimientos hipotecarios y otros colectivos similares”.
Añade que “la Fiscalía General del Estado va a realizar el correspondiente análisis sobre la relevancia jurídico-penal de cada una de estas situaciones, así como el estudio de la respuesta que, en cumplimiento de las funciones que tiene legalmente encomendadas, le corresponde adoptar al Ministerio Fiscal en relación con tales hechos”.
Hasta ahora, las asociaciones de jueces han asegurado que, al margen de la consideración que merezcan estos actos de protesta, no aprecian delito de quienes los convocan o quienes participan en ellos. De hecho, en algunos escraches significativos como el que se produjo en casa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no se produjeron detenciones, ni por tanto les serán exigidas responsabilidades penales a los participantes.
El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía, envió hace dos semanas a las comisarías una instrucción en la que se ordenaba identificar y detener a quienes participen en actos de señalamiento a políticos o escraches.
El escrito de la Fiscalía General del Estado da a entender que la posibilidad de que se actúe penalmente está aún pendiente de ese “análisis sobre la relevancia penal” de los escraches que suele convocar la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
El oficio de la Fiscalía termina pidiendo a los fiscales que se informe de todos los actos de este tipo que se produzcan en su demarcación. “A los expresados efectos y sin perjuicio de las actuaciones que estime procedentes realizar en cada supuesto concreto, ruego informe a esta Secretaría Técnica de todos los acaecimientos de dicha índole que se produzcan en el territorio de su Fiscalía”, asegura.
http://politica.elpais.com/politica/2013/04/08/actualidad/1365450452_930115.html
EL FISCAL DICE QUE EL JUEZ DEFORMA LA VERDAD AL IMPUTAR A LA INFANTA
Anticorrupción considera “discriminatorio” citar a la hija del Rey por meras “suposiciones”
La infanta Cristina, imputada por supuesta corrupción desde el pasado 3 de abril, no deberá acudir, de momento, a declarar ante el juez José Castro, en Palma. El instructor del caso Nóos, de supuesta malversación de seis millones de euros públicos por parte del esposo de la infanta, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres, suspendió ayer el interrogatorio —previsto para el próximo día 27— hasta que la Audiencia de Palma no se pronuncie sobre la petición del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, de que se revoque el auto del juez y se levante la imputación de la esposa de Urdangarin.
José Castro atendió en menos de una hora la solicitud de Pedro Horrach de aplazar la comparecencia de Cristina de Borbón aunque resaltó en su providencia que no estaba obligado porque estos recursos “no suspenden el curso del procedimiento”. El juez se acogió a la lógica, como anticipó al saber que contaría con la oposición del fiscal, para evitar la posibilidad de que el recurso de apelación sea “ineficaz” y que exista “un hecho consumado”: que la Audiencia de Palma anule la imputación de doña Cristina una vez que él ya la haya interrogado.
“La imputación a una persona de hechos que a priori no presentan rasgos delictivos es cuanto menos un trato discriminatorio”, asegura en su escrito, de 20 folios, el fiscal Horrach. El representante del ministerio público intenta deshacer, punto por punto, el auto del juez Castro, de idéntica extensión. Horrach refuta que sea demostrable que la Infanta, por el mero hecho de figurar en un folleto o por recibir información de Nóos, fuera cómplice o ejerciera influencia ilegal en los negocios de Urdangarin con las administraciones.
Horrach busca desactivar los 14 indicios apuntados por Castro para encausar a la hija del Rey. Y para ello utiliza incluso los argumentos que utilizó el propio magistrado en en marzo de 2012 cuando se opuso —de acuerdo con el fiscal— a la imputación de la Infanta Cristina solicitada por Manos Limpias. En aquella ocasion, la Sección Segunda de la Audiencia de Palma, la misma que tendrá que resolver el recurso interpuesto ayer por Horrach, desestimó la pretensión del pseudosindicato ultraderechista.
En 2012, el juez Castro, para justificar la no imputación de doña Cristina dijo que “carece de sentido convocar a alguien como imputado a sabiendas de que, salvo que admitiera su responsabilidad se debería acto seguido sobreseer la causa”. El instructor ha cambiado de criterio porque disecciona nuevos correos electrónicos que explican negocios y relaciones del yerno del Rey y analiza documentos y testimonios que en 2012 desconocía.
El fiscal rechaza la validez penal de los nuevos indicios, y entabla un diálogo retórico. “¿Qué hecho, dato, circunstancia, documento, testifical o cualquier otro elemento incriminatorio ha sobrevenido que altere sustancialmente las consideraciones penales utilizadas para desestimar anteriormente la imputación?”, se pregunta. Y a renglón seguido, se contesta: “Absolutamente ninguno”.
Pedro Horrach no ve en los 41.000 folios de la causa “elemento ni indicio probatorio alguno”, ni hechos, que impliquen que la Infanta tuviera “un mínimo conocimiento de la presunta actividad delictiva de su marido”. Además, refuta que con la comunicación, o no, del criterio del Rey a la Infanta contra los negocios de su yerno se pueda hilvanar una acusación.
El representante de la Fiscalía Anticorrupción, en unos comentarios de pasillo a los periodistas, rechazó haber recibido presiones políticas o órdenes de la cúpula del ministerio público para actuar contra la imputación. No ve densidad penal en los correos entre los duques de Palma, ni en la cuenta corriente compartida, ni en el hecho de que la infanta participara en la sociedad Aizóon, desde la que supuestamente Urdangarin cometió los delitos fiscales de los que viene siendo acusado.
El fiscal formula una tesis exculpatoria de la hija del Rey porque entiende que no hay “absolutamente ningún indicio” que permita proceder penalmente contra la hija de los Reyes. Y reprocha al juez que en vez de ir a la búsqueda de la verdad material, “la ajusta a expectativas o sospechas personales, deformándola”. El fiscal reitera que el juez Castro “otorga valor de indicios a suposiciones”.
“Lo único que está claro”, según el fiscal, es que la infanta figuraba como vocal del Instituto Nóos, que presidía Urdangarin, y que su nombre aparecía en el folleto publicitario. De manera “solapada”, afirma Horrach, el juez Castro plantea un posible delito de tráfico de influencias. “La mera aparición de un nombre en los folletos de Nóos, no es en sí mismo suficiente para para la comisión de la citada figura delictiva”, rebate el fiscal.
Fiscal y juez asumen con naturalidad este primer choque en dos años de investigación conjunta del caso Noos. Para Pedro Horrach se trata de una mera “discrepancia jurídica”, no un "distanciamiento”. Para José Castro, la divergencia “enriquece” la causa y no fractura la relación. Ayer mismo, el fiscal acudió al juzgado para registrar su apelación ante la Audiencia y se reunió con el juez durante 20 minutos.
El instructor imputó a la infanta contra el criterio del fiscal, pero, al mismo tiempo, adoptó cautelas. Dijo que “deviene inevitable” que doña Cristina declare como imputada con el fin de despejar cualquier duda y no dejar sombras ni incógnitas. Se basó en la cita del Rey en el discurso de Navidad de 2011 de que “la justicia es igual para todos”, y advirtió a la esposa de Urdangarin que su imputación puede quedar en nada.
http://politica.elpais.com/politica/2013/04/05/actualidad/1365192125_764348.html
EL FISCAL CREE QUE LA DECISIÓN DE RUZ ES “LO MEJOR” PARA ACELERAR EL ‘CASO BÁRCENAS’
El fiscal general del Estado acepta la renuncia del fiscal superior de Cataluña
Al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, le parece “la mejor decisión posible” que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz haya abierto una pieza separada para investigar los papeles de Bárcenas en el marco del caso Gürtel. Durante un acto celebrado este viernes en Huelva, el fiscal general señaló que la investigación de ambos casos en el mismo juzgado es “lo mejor” que podría ocurrir para “no dilatar” las pesquisas de los llamados papeles secretos de Bárcenas, donde se investiga si hubo sobresueldos a altos cargos del PP que no fueron declarados al fisco. Estas manifestaciones se producen después de que el juez Ruz haya emitido un auto en el que entiende que existe una conexión entre el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas. El caso Gürtel acumula más de 700.000 folios de diligencias, lleva cuatro años de instrucción y aún no está claro cuando acabará esta.
El caso de los papeles lo estaba investigando, de oficio, el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral. Llevaba algo más de un mes con él y había pedido abundante información contable tanto al PP como a la Agencia Tributaria y al Tribunal de Cuentas. Al asumir también Ruz este asunto, el fiscal tiene que abstenerse de seguir investigándolo y remitirle toda la documentación recabada. Torres-Dulce elogió este viernes la actuación desarrollada durante este tiempo por Anticorrupción. Señaló que el papel de la fiscalía estaba siendo “muy activo” y tenía un objetivo “muy concreto y determinado”, pero que, “una vez que se judicializa un asunto, lógicamente la existencia de un proceso en un juzgado obliga a la fiscalía a cerrar las investigaciones”. El trabajo desarrollado durante las últimas semanas por Anticorrupción tendrá su continuidad a partir de ahora en el juzgado de Ruz. Con independencia de que algunas de las pruebas que ya había implementado la fiscalía, dado que el asunto se ha judicializado, tengan que reproducirse ante el juez Ruz.
La decisión del juez de asumir este asunto se produce después de que varios juzgados, entre ellos el Central 3 de la Audiencia Nacional, hubieran recibido querellas de distintas asociaciones para que se investigasen los papeles de Bárcenas.
Bárcenas al juez: “Fui al notario, harto del runrún sobre mi fortuna”
El PP justifica su demanda porque “la información debe tener límites”
Ruz ha llegado a la conclusión de que existe conexión entre el caso Gürtel y el de los papeles del extesorero del PP tras analizar un informe de la policía que detecta coincidencias entre ambos asuntos.
Una de esas coincidencias tiene que ver, por ejemplo, con Pablo Crespo, imputado en Gürtel como miembro de la red que dirigía Francisco Correa. Crespo fue secretario de organización del PP de Galicia. En un registro, la policía halló una supuesta doble facturación de los actos electorales del PP gallego correspondiente a las elecciones municipales y autonómica de 1997 y 1999. En esas cuentas aparece una entrega, sin recibo, a la “sede nacional” de 21 millones de pesetas (126.000 euros) correspondiente a 2009. Finalmente, en los papeles de Bárcenas consta una entrega al PP de una persona que se corresponde con el nombre de “P. Crespo” por la misma cantidad.
http://politica.elpais.com/politica/2013/03/08/actualidad/1362738877_268199.html
BARBERÁ APELA AL FISCAL GENERAL PARA EVITAR ESPECULACIONES SOBRE NÓOS
Torres-Dulce afirma que no le ha sido planteada la imputación de la alcaldesa ni Francisco Camps
“El único que ha hablado, con nombre y apellidos, es el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que ha dicho que nadie le ha planteado la imputación del señor Camps y la señora Barberá”, declaró este viernes la alcaldesa de Valencia, saliendo al paso de informaciones que la sitúan al borde de la imputación por el caso Nóos.
La regidora habló de la polémica antes incluso de que le preguntaran los periodistas. “No hay nada nuevo al respecto”, dijo. “La justicia se manifiesta con resoluciones razonadas a través de autos, sentencias o providencias. Y aquí”, añadió, “no se ha producido nada de todo eso”, zanjó la regidora, que atribuyó las informaciones publicadas a “meras especulaciones o deseos mal disimulados”.
En opinión de Barberá, el fiscal general “desautorizó todas las especulaciones que han trascendido”. Poco antes, Torres-Dulce decía exactamente esto: “Que yo tenga noticia, todavía no se ha planteado esa posibilidad, cuando se plantee bien por el juez instructor del caso o alguna de las partes, los fiscales adscritos a ese caso me lo comunicaran, y yo tomaré la decisión correspondiente. Pero hasta este momento no se me ha planteado de modo alguno algún tipo de decisión en este sentido”, manifestó el fiscal general sobre la posible imputación de Barberá y Camps.
De esta forma, Torres Dulce se refirió a las informaciones sobre que la Fiscalía Anticorrupción ha apreciado indicios de un posible delito de prevaricación en los dos políticos valencianos en relación con los contratos firmados por el Instituto Nóos entre 2004 y 2006, por los que la fundación dirigida por Iñaki Urdangarin y Diego Torres recibió de las Administraciones valencianas cerca de cuatro millones de euros.
La fiscalía quiere que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana investigue los contratos firmados por la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia con Nóos por tres ediciones de la Valencia Summit y unos Juegos Europeos que nunca se celebraron
http://politica.elpais.com/politica/2013/03/08/actualidad/1362738877_268199.html
Pilar Manjón: “Lo que tiene que hacer es protegernos, como obliga el Código Penal”
La presidenta de la asociación mayoritaria de víctimas del 11-M pide al fiscal que la reciba
El domingo conmemoró el octavo aniversario de los atentados que se llevaron por delante la vida de su hijo. Cuando después de los actos miró su correo electrónico, se encontró con decenas de mensajes en los que, dice, se le proferían insultos. Una protección contra esas agresiones es lo que reclama Pilar Manjón, la presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el terrorismo (la mayoritaria) del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, en lugar de alentar bulos conspiranoicos. Y no porque le sea moralmente exigible, sino porque la ley le obliga a ello. El artículo 578 del Código Penal, recuerda Manjón, castiga con hasta dos años de cárcel al que menosprecie o humille a las víctimas del terrorismo. Y no cabe duda de que ella lo es.
“Que deje en paz el 11-M y que me proteja cuando me insulten”, exigió ayer Manjón tras conocer que Torres-Dulce consideraba la sentencia de los atentados “la verdad jurídica” y sus hechos probados “incontestables”. Lo hizo diez días después de encargar una investigación basada en las teorías de la conspiración.
“No debió estar allí”, dijo la presidenta de la asociación sobre la presencia del fiscal general en el acto organizado por la AVT en el bosque de los ausentes del Retiro. Torres-Dulce, sin embargo, no acudió al acto que su asociación, la que más víctimas del 11-M agrupa, había convocado en la estación de Atocha horas antes.
Todas estas cosas son las que Manjón diría al fiscal general en ese encuentro que ahora él le ofrece. Ella solo espera que Torres-Dulce la llame. “Que me convoque”, zanja.
www.elpais.es 12.03.12
