Y me voy a alargar, que tienen todo el fin de semana por si gustan de leer estas historietas que hoy les trae el catavenenos. Es posible que algunos de ustedes ignoren quién es la juez Coro Cillán y García de Iturrospe, que anda ahora por los pucheros del 11-M para solaz y disfrute de los conspiranoicos. Vasca, nacida en 1950, soltera, probó primero la política y luego se decidió por la judicatura. Quizá su escaso éxito en las únicas elecciones a las que se presentó torcieron su camino. En 1979 fue como número 2 por Guipúzcoa en las listas de Unión Foral del País Vasco. El número uno fue Manuel Escudero Rueda, empresario, procurador por el tercio familiar en las Cortes franquistas. Porque aquella Unión Foral fue un conglomerado de fuerzas que reunía a todos los partidillos franquistas o muy de derechas dispersos en el País Vasco. El gran líder de la formación era el empresario Luis Olarra. No llegaron a 34.000 votos y se quedaron sin diputados ni senadores. La debacle. Y muy especialmente en Guipúzcoa, donde pujaba nuestra heroína. Ya me imagino que solo quienes muestran algunas décadas en el carné de identidad se acordarán de Luis Olarra Ugartemendia. Procurador en Cortes con Franco, fracasó primero con esa Unión Foral y tampoco logró destacar en la Alianza Popular de Fraga, la madre del PP, a la que se afilió tras el fracaso del 79.
Presidente de la Confederación General de Empresarios de Vizcaya, lo que no consiguió en las urnas lo ganaba en popularidad entre los sectores más reaccionarios del país con declaraciones como ésta que contaba El País en 1982: “Todo eso de las manifestaciones en la calle y los comunicados de condena por los atentados terroristas es algo ya superado, que no sirve para nada; de lo que se trata ahora es de llevar a cabo soluciones más drásticas, aunque desemboque en situaciones que pudieran llegar a ser dramáticas’”. Añadía El País que “Luis Olarra, representante del sector duro de la patronal vizcaína, no descartó la utilización de la violencia como un recurso más de este proyecto, cuya aplicación, según sus palabras, irá realizándose de forma progresiva por medio de acciones y fórmulas cada vez más duras (…) Consultado el Gobierno vasco acerca de este plan, el consejero de Interior, Luis Retolaza, declaró: ‘Si Luis Olarra está preparando un plan de acción antiterrorista por su cuenta, tendrá que vérselas con el Ministerio del Interior (…) En los círculos etarras del País Vasco-francés se recuerda un escrito que habría remitido el mismo industrial a supuestos máximos dirigentes de ETA, en el que les amenazaba de muerte si él o su familia sufrían algún atentado. Según estos medios, en dicho escrito el industrial afirmaba que, en ese supuesto, elementos de la mafia atentarían contra dirigentes concretos de ETA Militar”. Bien, hasta aquí los antecedentes políticos conocidos de Coro Cillán, que una vez en la carrera judicial todo se esconde bajo las togas y sería una temeridad por nuestra parte apostar por una tendencia concreta de esta señora jueza. Una temeridad, sí, pero obvia.
¿Ha deslumbrado como profesional extraordinaria en el ejercicio de su profesión? No diríamos tanto, que fíjense que se decía en un artículo de El País del 20 marzo de 2008, mucho antes de que se hiciera famosa con el caso del 11-M, que ni siquiera había iniciado, para que no crean que es texto sobrevenido. Es que ya era así. De natural: “Coro Cillán, que ya había sido sancionada en 1999 por retrasos injustificados, volvió a incurrir en el mismo comportamiento dos años después, destinada en la sección Segunda de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. La comisión disciplinaria del Poder Judicial contó esta vez 34 retrasos graves en procesos civiles y 14 en penales. En algunos casos, se celebraba la vista y luego tardaba más de tres años en redactar las sentencias. Cuando era ponente, en ocasiones, Cillán escribía borradores de sentencia que luego no entregaba a sus compañeros de tribunal o que eran rechazados por éstos por no recoger los argumentos acordados durante la deliberación del asunto del que se tratara. En varias ocasiones, el presidente del tribunal tuvo que asumir personalmente la redacción de resoluciones que correspondían a la magistrada. Durante la instrucción del expediente, en el que se la consideró autora de una falta muy grave de desatención de sus funciones, el instructor y el fiscal solicitaron la separación definitiva de la judicatura para la juez infractora invocando que no era la primera vez que se la sancionaba por esos hechos, pero el pleno del Consejo consideró que los hechos no tenían ‘entidad suficiente’ para la máxima sanción que se le puede imponer al juez. Al final, se le aplicó la suspensión de funciones durante dos años. Pero cinco más tarde, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo anuló la sanción por considerar que el procedimiento sancionador seguido en el Consejo había caducado en 1999”. Y por esas cosas de la carrera judicial que las almas mortales no alcanzamos a comprender, Coro Cillán, con ese atrabilirio expediente, recaló en un juzgado de menor rango: Madrid. Donde ahí la tienen para lo que gusten mandar. Algunos, claro.
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