www.losgenoveses.net : Carlos Valle, un juez para un roto y para un descosido

EL JUEZ ARCHIVA EL CASO DEL INCIDENTE DE TRÁFICO DE ESPERANZA AGUIRRE

Aguirre declarará como imputada el día 22

Un ‘juez amigo’ decidirá sobre la fuga de Aguirre: el mismo que ‘salvó’ a los militantes del PP que agredieron a Bono

El Tribunal Supremo dice en la resolución en la que anula la sentencia que condenó a tres policías por el arresto ilegal de dos militantes del PP, que la detención "estaba justificada".

El juez acusa a la Policía de detención ilegal en el caso Bono y de «hacer desaparecer» el atestado

El abogado del Estado denuncia la "nula imparcialidad" del juez Valle en el 'caso Bono'

La ingrata entrada en la historia del juez Carlos Valle

Un camino de berenjenas y rosas

UN JUEZ INSTRUCTOR QUE YA CONOCE LO QUE ES DETENER Y AQUÍ PAZ Y DESPUÉS GLORIA

33 PERSONAS, DETENIDAS EN DOS CLÍNICAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DE MADRID

EL JUEZ ORDENÓ LA DETENCIÓN DE 39 PERSONAS EN MADRID "POR VARIOS DELITOS DE ABORTO"

CADENA DE DETENCIONES EN CLÍNICAS ABORTISTAS PRIVADAS

LOS DETENIDOS EN MADRID FUERON PREGUNTADOS POR SU RELACIÓN CON OTROS CENTROS INTERVENIDOS

LA AUDIENCIA DE MADRID SE PRONUNCIARÁ SOBRE LOS RECURSOS DE LOS DETENIDOS POR ABORTO

EL JUEZ ARCHIVA EL CASO DEL INCIDENTE DE TRÁFICO DE ESPERANZA AGUIRRE

El magistrado duda de la versión de los agentes que intentaron multar a la popular

El magistrado del Juzgado de Instrucción 14 de Madrid, Carlos Valle, ha decidido archivar el caso del incidente de tráfico protagonizado en abril del año pasado por Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid. Según el juez, no ha quedado suficientemente acreditada la desobediencia y las lesiones por imprudencia que se le achacaban a la también presidenta del PP madrileño. Aguirre se ha ofrecido como candidata de los populares en Madrid para las municipales de mayo y una condena hubiera puesto en jaque sus aspiraciones.

Este caso se remonta a abril de 2014, cuando se produjo un enfrentamiento entre Aguirre y varios agentes de movilidad que intentaron multar a la popular por aparcar en un carril bus de la Gran Vía madrileña. Tras investigar el caso, el magistrado instructor entiende que tampoco son constitutivos de infracción penal los daños a la motocicleta que pilotada uno de los agentes, que Aguirre golpeó con su coche al marcharse del lugar. Contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días o bien de apelación en el plazo de cinco.

El instructor sostiene, en el auto de sobreseimiento provisional, que existe una "frontal oposición" entre las versiones de los agentes de movilidad que denunciaron a Aguirre y la de la expresidenta popular. "La denuncia inicial ha sido rebatida por la denunciada, existiendo incluso más apoyos a su versión que a la de los agentes de movilidad denunciantes, y dudas serias acerca de la credibilidad de estos", apunta el juez.

Fue uno de los agentes de movilidad del Ayuntamiento de Madrid el que interpuso la denuncia contra Aguirre. En su escrito relataba que, el tres de abril, sobre las 16:15, se localizó al vehículo de la expresidenta estacionado en el carril bus a la altura del número 44 de la Gran Vía de la capital. Los agentes de movilidad comenzaron a tramitar la denuncia contra Aguirre. Pero, en un momento dado, la expresidenta decidió marcharse. Al salir del lugar, golpeó la motocicleta de uno de los agentes, que dieron la orden de alto a Aguirre.

Tras la investigación realizada, el juez no duda de que los agentes dieran el alto a la expresidenta. Pero sostiene que "no ha quedado acreditado" que la denunciada "se percatase de la orden de detención que se le daba". Por lo tanto, el magistrado entiende que no se puede hablar de desobediencia. Para llegar a esta conclusión el juez recurre a la declaración de un policía municipal que presenció la escena. Y que sostuvo que tampoco se percató de la orden de alto de los agentes de movilidad.

Respecto a la motocicleta que golpeó la responsable popular, el juez afirma que los daños provocados no son constitutivos de delito. El archivo de este caso aún puede ser recurrido.

En mayo del pasado año, este mismo juez de instrucción rechazó imputar a Aguirre. Entendía ya entonces que no había delito de resistencia ni falta de daños. Según su interpretación, este asunto debía resolverse como un juicio de faltas, lo que evitaría que la expresidenta tuviera que acudir al juzgado a declarar.

Pero, en cuatro meses, la Audiencia Provincial corrigió al juzgado y ordenó que el caso se tramitara como un delito. Aguirre tuvo que ir a declarar como imputado por un delito de desobediencia en septiembre. Tras concluir la instrucción, el magistrado considera ahora que no hay suficiente base para condenar a la popular por ese delito.

http://politica.elpais.com/politica/2015/01/20/actualidad/1421750018_034887.html

Aguirre declarará como imputada el día 22

La Audiencia Provincial forzó al juez 'amigo' del PP Carlos Valle a investigar a la expresidenta madrileña por "desobediencia" y no por "una falta"

El juez Carlos Valle, que investiga el incidente de tráfico protagonizado por Esperanza Aguirre el pasado mes de abril, ha citado a declarar como imputada a la política madrileña el próximo día 22 de septiembre por un delito de desobediencia. La decisión se ha producido después de que la Audiencia Provincial ordenase hace unos días que el caso se instruya como un delito de desobediencia a los agentes municipales que participaron en los hechos y no como una falta, como defendía el juez Carlos Valle, quien, como ya ha informado ELPLURAL.COM, ha adoptado posiciones convenientes a Génova en anteriores ocasiones.

También declararán los agentes
En un auto notificado este miércoles, el juez Carlos Valle, del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, ha abierto diligencias previas en el procedimiento abreviado seguido contra la presidenta del PP de Madrid y expresidenta de la Comunidad de Madrid. La primera de ellas es la declaración de Esperanza Aguirre para el día 22 de septiembre a las 11:00 horas, y se la instruye de los derechos que le asisten de ser acompañada de abogado y asistida de procurador en la causa, según el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para el día 30 de septiembre, a las 10:00 horas, han sido citados en calidad de testigos seis agentes de movilidad y dos policías municipales que intervinieron en el incidente de tráfico protagonizado por la política.

La Audiencia ve indicios de delito
Los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial consideraron en un auto que los hechos revisten “provisionalmente” caracteres de delito de desobediencia del artículo 556 del Código Penal. Según la Audiencia, los hechos imputados a Esperanza Aguirre podrían suponer “una desobediencia tenaz, contumaz y rebelde, decidida y determinante, representada por múltiples actos concretos de desobediencia” a los agentes de Movilidad y de la Policía Municipal.

La denuncia de los policías
En su auto, los jueces de la Audiencia explicaron que en la denuncia interpuesta por los agentes de movilidad ante la Policía se aseguraba que el 3 de abril, en la confluencia de las calles de Gran Vía y la plaza de Callao, Aguirre, que había estacionado mal su vehículo, les dijo: “¿Qué pasa? ¿Bronquita y denuncia? Venís por mí porque soy famosa. Tienes la placa. Denuncia al vehículo”. A continuación se marchó del lugar sin aportar toda la documentación que se le requirió, haciendo caso omiso a los agentes de movilidad que le dijeron que no podía irse, colisionando con una de sus motos y sin atender tampoco a las indicaciones de los policías municipales que la siguieron, según la denuncia.

Con esta decisión, la Audiencia estimó parcialmente el recurso de la acusación popular ejercida por Transparencia y Justicia contra la decisión inicial del titular del juzgado de instrucción número 14 de Madrid, Carlos Valle, de tramitar el caso como un juicio de faltas. Por eso, la sala devolvió el expediente a este juez, que además de tomar declaración a Aguirre y a los testigos, tendrá que hacer las diligencias correspondientes para determinar si los hechos son constitutivos de delito o falta, así como si la expresidenta regional es inocente o culpable

http://www.elplural.com/2014/09/17/aguirre-declarara-como-imputada-el-dia-22/

Un ‘juez amigo’ decidirá sobre la fuga de Aguirre: el mismo que ‘salvó’ a los militantes del PP que agredieron a Bono

Carlos Valle ha brillado en diferentes 'causas genovesas': ya en 1986 saltó a los medios por su persecución a las clínicas abortistas

Esperanza Aguirre ya tiene su línea de defensa: el juez la persigue por ser quién es. Esta mañana, sin cortarse un pelo, ha cargado las tintas contra el magistrado Julián Abad Crespo, que firma el auto en el que se considera el incidente como un delito y no la “falta leve” decretada el juez instructor Carlos Valle.

Aguirre apela al victimismo
La lideresa madrileña, a su llegada al Comité Ejecutivo del partido, recurrió al victimismo asegurando que el juez Abad había actuado de una forma bien diferente en un caso anterior “muchísimo más grave” en la que una persona ”se negó a identificarse, insultó gravemente a los policías llamándoles ‘hijos de puta’, se metió en un bar y se escapó”. “Yo solamente quiero decir eso, que soy una ciudadana particular y como tal la justicia es la que va a decidir”, ha sentenciado. Hablando de ciudadanos particulares, a una mujer que protagonizó una fuga similar a la de Aguirre le cayeron seis meses de cárcel.

El benevolente Valle…
Esperanza Aguirre deberá declarar como imputada ante el juez Carlos Valle, que fue sumamente benevolente con ella al ver sólo una falta leve de desobediencia cuando se dio a la fuga después de ser pillada aparcando indebidamente en el carril bus, en plena Gran Vía madrileña. En su huida se llevó por delante una motocicleta de los agentes que pretendían multarla y protagonizó una persecución por el centro de Madrid que finalizó en su vivienda del barrio de Malasaña.

…un antiguo amigo genovés…
Sin embargo, Esperanza no tiene nada que temer de Valle. Ya falló a su favor y en otras causas genovesas. Recordemos su actuación en el llamado caso Bono. Valle libró a dos militantes del PP de responder ante la justicia por agredir supuestamente al entonces ministro José Bono durante una manifestación de la AVT en 2005. Por si fuera poco, dio la vuelta a la tortilla y acusó a los tres policías que los detuvieron de retención ilegal. Los agentes fueron condenados por los hechos en primera instancia aunque el Tribunal Supremo, dos años después, desmontó la infamia. Eso sí, el PP lo convirtió durante ese tiempo en un argumento recurrente contra el Gobierno para denunciar una supuesta cacería contra un partido democrático.

…azote de las clínicas abortistas
No es la única hazaña de Valle. En noviembre de 1986 protagonizó una macrorredada contra dos centros de planificación familiar, Dator Médica y Duratón, por practicar abortos ilegales que se saldó con la detención de 39 personas. Lo hizo 48 horas antes de que el Ejecutivo firmara el anunciado decreto liberalizador de la aplicación de la ley del aborto y abriera camino a las clínicas privadas. Cinco médicos pasaron más de un mes en prisión hasta que fueron puestos en libertad la víspera de Navidad por decisión del sustituto de Valle, que no vio la alarma social que podría haber justificado el encarcelamiento. José Luis Barragán, el juez sustituto, señaló que el aborto es un problema social que no es en sí mismo causa de alarma social, “o, en todo caso, de no mayor alarma social que la que supone la propia existencia”, dice el juez, “de una legislación restrictiva, en contraste con la de los países de nuestro ámbito geográfico y sociopolítico”.

¿Una citología, un análisis de sangre?
La persecución de Valle a las clínicas abortistas y, en definitiva, a las mujeres, fue objeto de una artículo muy crítico de Karmentxu Marín publicado en El País en diciembre de 1986. El retrato que hacen de él las mujeres a las que interrogó y a sus abogadas no tiene desperdicio. Las primeras lo definieron como un “joven chulo y guaperas que se pone bravo e íntimida con su aire autosuficiente”. Las letradas vieron impresentable, entre otras cosas, que preguntase si una citología es un análisis de sangre y que violase el derecho de intimidad de las mujeres tomándoles declaración de cinco en cinco.

En la sentencia notificada hoy, después de anunciarse el fallo el pasado 29 de junio, el alto tribunal estima los recursos interpuestos por el fiscal, los policías y el abogado del Estado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que en 2006 condenó a los tres agentes a penas de entre 3 y 5 años de cárcel por detención ilegal, falsedad documental y coacciones.

La sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo -que cuenta con un voto particular discrepante del magistrado Manuel Marchena y otro concurrente de Enrique Bacigalupo- explica que la detención de los militantes del PP Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz "estaba justificada" porque "eran sospechosos de haber tomado parte en un delito de atentado".

Los hechos tuvieron lugar el 22 de enero de 2005 durante una manifestación que organizó la Asociación Víctimas del Terrorismo, a la que se incorporó Bono y en la que se produjeron "reacciones diversas" que originaron un "tumulto" y un "desplazamiento de la multitud".

El TS critica al Tribunal que juzgó a los policías Rodolfo Ruiz, Javier Fernández y José Luis González, quienes son absueltos, al estimar que su presidente, Miguel Hidalgo, "una vez terminado el interrogatorio realizado por las partes (...) iniciaba un nuevo interrogatorio que excedía del contenido del artículo 708 de la ley procesal para convertirlo en un interrogatorio de un juez de instrucción".

Además, cree que "la introducción ex oficcio de hechos por el tribunal supone una afectación de la imparcialidad del tribunal", lo que daría lugar a la repetición del juicio, aunque, sin embargo, el Alto Tribunal indica que "ha de valorarse también la posibilidad de otras soluciones menos lesivas".

La resolución añade que "la detención se adoptó en el curso de una causa por delito, ante la existencia, en principio, de un delito de atentado o de lesiones". Al respecto, hace hincapié en que la sentencia de la Audiencia incide en un error al entender que el delito de atentado sólo sería punible si se consuma la agresión física a una autoridad.

La Audiencia condenó por coacciones al comisario jefe Rodolfo Ruiz al considerar que en su actuación, «dio inmediatamente muestras de parcialidad» al apartar a un funcionario policial de la instrucción, lo que anula el TS, ya que cree que ello es ajustado a Derecho.

Sobre la falsedad, la Audiencia concluyó que los acusados hicieron desaparecer informáticamente el atestado original, destruyeron la primera comparecencia de los agentes que estuvieron presentes en los hechos. Al respecto el TS señala que "hubiera sido preferible proceder a una documentación de la sustitución, pero su no realización no afecta al contenido esencial del documento".

Por su parte, el magistrado Manuel Marchena sostiene que los hechos son constitutivos de los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público. A su juicio, "para proclamar la legalidad de una detención no basta con indagar la objetiva existencia de un hecho delictivo".

http://www.lavanguardia.es/lv24h/20070719/53377369205.html

El juez acusa a la Policía de detención ilegal en el caso Bono y de «hacer desaparecer» el atestado

Concluye que los militantes del PP fueron arrestados «sin que hubiera dato alguno» contra ellos y da por finalizadas las diligencias

El titular del Juzgado de Instrucción número 14 acusa al jefe de la Brigada Provincial de Información de Madrid y otros dos agentes a su cargo de «detención ilegal» y «falsedad en documento público» en un auto dictado ayer en la causa que sigue por el arresto de los dos militantes del PP tras la manifestación en la que presuntamente fue agredido el ministro de Defensa, José Bono.

En dicho auto, en el que da por finalizada la instrucción, el magistrado-juez Carlos Valle y Muñoz-Torrero entiende que de lo actuado se desprende que los tres agentes pueden incurrir en ambos delitos y da traslado a las partes para la apertura del juicio oral.
El juez imputa a los tres policías la detención de los militantes, «sin que hubiera dato alguno» contra ellos, dice en dos ocasiones. Y les acusa de rehacer el atestado policial, «haciendo desaparecer el inicial a fin de que no figuraran los cuatro funcionarios que actuaron en las diligencias desde su inicio».

Todo ello para evitar incluir en ellas «la negativa del segundo de los instructores a practicar las detenciones», dice el auto. De este modo, continúa, relataron los hechos «como si ambos (los dos agentes subordinados del jefe de la Brigada) hubieran sido el instructor y secretario que incoaron el atestado en las últimas horas del día 22».

La resolución judicial explica que ese día, sábado, al término de la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo fue incoado, por una supuesta agresión al ministro, el atestado 305 en la Brigada Provincial de Información. En dicho atestado participaron, como primer instructor, el inspector de servicio en el retén de esa tarde (J. S., entonces jefe de la sección de islamistas), asistido de un oficial como secretario.

A las nueve de la mañana del día 24, lunes, ambos traspasaron las diligencias a la sección de Conflictividad Laboral y Social, competente en el caso, y las mismas pasaron a manos de un jefe de grupo, el inspector jefe H. C. y otro policía, ambos como segundo instructor y secretario, respectivamente. Tras las primeras gestiones para aclarar lo sucedido, «y sin que hubiera dato alguno –dice el autor– para poder atribuir hecho delictivo a Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz», el responsable de la citada sección, J. F., superior del entonces instructor e imputado en la causa, se dirigió en la mañana del día 25 a éste «diciéndole que mandara un vehículo a recoger a estas personas, y que una vez en la brigada les leyera sus derechos y los detuviera».

El juez relata que el inspector jefe H. C. «se negó a ello» aduciendo que no había pruebas, «salvo que los citados reconocieran haber perpetrado algún delito». Su jefe, entonces, le replicó que «lo hiciera o ambos iban a tener problemas». Salió del despacho y al poco regresó con el jefe de la Brigada de Información, también procesado, quien dijo al instructor que «quedaba relevado tanto de las diligencias como de su jefatura de grupo, conminándole a que abandonase el despacho inmediatamente».

Según la resolución judicial, en vez de traspasar el atestado al segundo jefe de Conflictividad Laboral y Social, «como habría sido lo procedente ante el cese del jefe de grupo», el jefe de la Brigada ordenó al jefe de sección, J. F., «que continuase la instrucción (tercer instructor) en el modo y con las detenciones a que se había negado el relevado». Designó como nuevo secretario al inspector número 19.101 (el tercer imputado), «quien de acuerdo con los anteriores rehizo el atestado haciendo desaparecer el inicial».

Según el juez, «en ejecución de tales decisiones se produjo la privación de libertad de Isidoro y Antonia, comunicándoseles que quedaban detenidos, leyéndoseles sus derechos como tales, recibiéndoseles declaración en tal carácter y acordando luego su libertad tras haber pasado varias horas en las dependencias policiales». El auto termina afirmando: «Tanto en sus declaraciones, en los que ambos negaron haber participado en los hechos, como en el material obrante hasta el momento de la detención en poder de los funcionarios imputados, no existe dato alguno (testimonios, cintas de vídeo, etc.) que permitiera afirmar la realización por parte de los detenidos de los hechos por los que fueron privados de libertad».

Visto para juicio.- A partir de este auto, tanto las defensas como el fiscal y las acusaciones particulares disponen de un plazo de diez días para que presenten escrito de acusación y formulen peticiones de apertura de juicio oral, sobreseimiento o la práctica de alguna diligencia que se considere urgente o imprescindible. Posteriormente, el magistrado instructor deberá resolver. A la vista del contenido del auto, todo hace indicar que decretará la apertura de juicio oral, paso previo y decisivo para que los imputados puedan ser juzgados.

http://www.larazon.es/noticias/noti_nac58638.htm

El abogado del Estado denuncia la "nula imparcialidad" del juez Valle en el 'caso Bono'

Pide a la Audiencia que archive la supuesta detención ilegal de dos militantes del PP

El abogado del Estado ha solicitado a la Audiencia de Madrid que archive directamente la causa contra los policías imputados por el juez Carlos Valle en la supuesta detención ilegal de dos militantes del PP citados a declarar como sospechosos de la agresión al ministro de Defensa, José Bono, durante la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El recurso de la Abogacía del Estado denuncia las numerosas "irregularidades" y "trabas" del juez que han provocado la indefensión de los policías y el "ánimo de innecesaria confrontación y nula imparcialidad" del instructor.

El recurso de la Abogacía del Estado asegura que las diligencias del titular del Juzgado de Instrucción número 14, Carlos Valle, "están jalonadas de una serie de acontecimientos inusuales, en muchos casos constitutivos de verdaderas infracciones de preceptos legales", que hacen dudar de que los principios de buena fe y de igualdad de armas en el proceso "hayan sido respetados".

El escrito alude a la agresión sufrida por Bono el 22 de enero y recuerda que en los vídeos se identifica a los militantes del PP de Las Rozas Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz dentro de un círculo de personas "en actitud claramente agresiva". La policía decide tomarles declaración con lectura de derechos y comparecencia de abogado. El 25 de enero se puso a disposición de Barrios un vehículo camuflado "a fin de causarle las menores molestias posibles", que fue rechazado. Después, ambos comparecieron "voluntariamente" y se les tomó declaración "sin fotografías, ni huellas dactilares, ni encierro en calabozos, ni utilización de esposas, ni limitación en el uso del teléfono móvil, y procurando en todo momento la máxima comodidad para los declarantes".

Según el escrito, los dos militantes del PP agradecieron a los policías el "exquisito trato dispensado" y "aceptaron gustosos" la invitación a salir en un coche camuflado por una puerta trasera para evitar a los medios de comunicación. Sin embargo, dos días después Barrios y De la Cruz, junto con el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, presentaron denuncia por supuesta detención ilegal y otros delitos.

Entre las "principales irregularidades" del juez, la Abogacía del Estado destaca la admisión de la mayoría de las diligencias de prueba solicitadas por la acusación y la denegación de la totalidad de las propuestas por la defensa, incluida la declaración de tres policías del servicio de seguridad de Bono, que podían haber ayudado a esclarecer "si hubo actuación delictiva" y si los sospechosos a los que se tomó declaración "participaron o no".

Sobre la imputación del delito de detención ilegal, el recurso critica que el instructor parta de la premisa de que no había "dato alguno para poder atribuir el hecho delictivo a Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz". Esa apreciación contradice, según el recurrente, la actuación de otro juez, el número 42 de Madrid, que tomó declaración a Barrios y De la Cruz como imputados en la denuncia por agresión a Bono, declaraciones que "eran en sí mismas la prueba de la existencia de indicios racionales de criminalidad en aquel momento contra esas personas".

En relación con la falsedad que aduce el juez, al considerar que se rehízo el atestado policial después de que el inspector número 16.444 se negase a tomar declaración a los sospechosos, la Abogacía precisa que las diligencias policiales las instruyó desde un principio su defendido, el inspector 16.259, y que éste encomendó actuaciones concretas a otros agentes como delegados suyos.

De escuchar la terminología de las mujeres que han comparecido ante Carlos Valle por su presunta relación con prácticas abortivas, el titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid es un joven chulo y guaperas que se pone bravo e íntimida con su aire autosuficiente. De escuchar a varias de las abogadas de las mujeres que han comparecido ante Carlos Valle, parece impresentable que un juez pueda desconocer lo que es el flujo, pregunte si una citología es un análisis de sangre o viole el derecho de intimidad de las mujeres tomándoles declaración de cinco en cinco.

Pero cuando Carlos Valle recibe a EL PAÍS, un día para decir que no piensa hablar con EL PAÍS, al siguiente para obligar a quien tiene enfrente a luchar con fórceps contra su voluntaria y empecinada falta de elocuencia, se muestra amable, aunque incómodo, dice que "no quiero ser una persona desagradable" y exhibe un perfecto conocimiento del juego de la sonrisa, ese don que en los últimos días parece haber reservado para las ocasiones en que reconoce a alguna compañera de Derecho de la Autónoma madrileña entre las abogadas que acompañan a las mujeres a declarar ante él. Carlos Valle cruza los pasillos de los juzgados de la plaza de Castilla, dicen, con aire apuesto y arrogante, a pasos enormes y con la cabeza erguida, pero estas dos últimas circunstancias puede que tengan menor significado o algo menos de premeditación, si se tiene en cuenta que su estatura bordea el metro ochenta y cinco, lo que hace suponer que, en cualquier caso, tendrá que mirar desde arriba en un elevado porcentaje de ocasiones.

Es Carlos Valle un juez con un algo de aspecto de niño grande, y que, en frase de una abogada, viste de dulce desaliño, lo cual supone, en definitiva, que ni es cliente de Adolfo Domínguez ni le hace los trajes el sastre de su padre. Hay quien arriesga más y dice incluso, quizá al borde de incurrir en desacato, que Carlos Valle es un moderno.

Las compañeras de facultad le recuerdan -las que le recuerdan; hay quienes basan su afirmación de que era una persona sin especial significación en el hecho de que no les suena Carlos Valle ni escudriñando la orla fin de carrera de 1977- más modosito, más de jersey y, sobre todo, más delgado. Pero su señoría acaba de casarse y nunca se sabe hasta qué punto puede una mujer cambiar el look de un juez. Esté ahí o no el secreto, lo cierto es que los modelos de Carlos Valle no pasan inadvertidos. Ese terno de rayas anchas en dos tonos de gris con camisa rosa rayada, esa gama de verdes con chaqueta espigada y corbata oscura.

Amor al estricto cumplimiento del tenor literal de la ley o consideración de que un simple Consejo de Ministros no iba a tirar por la borda varias semanas de investigación que podían catapultarle a la fama a sus 31 años, el juez Carlos Valle inició la redada de mujeres relacionadas con centros de planificación en los que se llevaban a cabo interrupciones del embarazo 48 horas antes de que el Ejecutivo firmara el anunciado decreto liberalizador de la aplicación de la ley del aborto y abriera camino a las clínicas privadas.

Él no quiere relacionar una cosa con otra, cuenta que "las actuaciones llevaban ya tiempo iniciadas", que en las clínicas "se intervino en las fechas idóneas para intervenir, porque sólo se podía en esas fechas" y no esclarece el misterio de su verbo críptico amparándose en el secreto del sumario. "Hay quien ha buscado vinculaciones con lo del Consejo de Ministros, su períódico ha dicho que he iniciado una cruzada contra el aborto, algunos lo han relacionado hasta con el 20-N, otros afirman que he actuado con órdenes del partido socialista. Yo me quedo muy tranquilo, porque aquí se ha actuado conforme a la ley".

Dice también el juez que está muy equivocado quien vea en él afán de notoriedad -"nunca me ha gustado el protagonismo"-, que es un celosísimo guardián de su vida privada y que le hubiera gustado poder hacer lo mismo con la profesional, "porque yo no soy un político ni un cantante". No hay forma de sacarle una palabra sobre lo que hace en la vida civil. Imposible conocer de sus labios si es un fino melómano o si tararea a Perales en la ducha. Si acaso, llega a contradecir levemente lo que se ha dicho de que no es aficionado al fútbol -"si hay un buen partido, lo veo, aunque me gustan casi más los toros"-, y ya, tras estas amplias revelaciones, considera que "me está usted sonsacando".

Este Virgo de nacimiento manchego (Puertollano, 31 de agosto de 1955), con fama de lento en el trabajo y de superimpuntual en sus citas -hora y media es lo mínimo que hacía esperar a las mujeres que llamaba a declarar, hasta que a media semana cambió su actitud y empezó a llegar antes que ellas, a leerles sus derechos, a recibirlas de una en una; a partir del viernes se arrepintió de su arrepentimiento y volvieron las mujeres a hacer pasillo-, se queja, dolorido, de que un editorial de este periódico haya dicho que está llevando una cruzada contra el aborto.

"¿Quién sabe lo que pienso yo sobre el aborto?", se lamenta. "Aquí lo que se está haciendo es un cumplimiento riguroso y exclusivo de la ley". Y, para reclamar, al maestro arrnero: "Aunque me pongan como me están poniendo, no voy a ceder. ¿Por qué no van contra el Gobierno y le dicen que apruebe una ley que diga que el aborto es libre en todos los casos? Si yo archivara estas actuaciones, incurriría en prevaricación".

Era bastante buen estudiante Carlos Valle. Eligió la especialidad de Derecho Público, la que cogían generalmente los alumnos que de mayores querían ser jueces. Tiene un expediente sin más de tres suspensos -Trabajo y Civil parece que se le atravesaron, por ejemplo- y con no pocos sobresalientes. Su posterior matrícula de honor en Derecho del Trabajo habla de su capacidad de superación, de su victoria sobre las dificultades por amplia goleada. Pero puede que a veces le falle la elección del objetivo.

Según la memoria del Consejo General del Poder Judicial, el juzgado número 14 tenía, a 30 de junio de este año, 2.657 asuntos pendientes, cifra sólo superada por dos de los 33 juzgados de Madrid. Bien es verdad que Carlos Valle se incorporó a ese juzgado en el mes de mayo -anteriormente era magistrado de lo Contencioso-Administrativo en Granada, tras pasar por su pueblo natal y por Piedrahita, en sus seis años de carrera judicial-, pero lo que algunos consideran sorprendente es que, de todos esos asuntos, el más urgente haya sido ordenar la redada de mujeres. Porque ha habido casos de los que ni él incluiría en las más brillantes páginas de su expediente. Por ejemplo, citar a una embarazada de nueve meses para preguntarle si había abortado en abril. Por ejemplo, hacer comparecer ante él a una niña de 15 años, que acudía a un centro de planificación porque tenía desarreglos menstruales. Por ejemplo, provocar que a alguna joven la hayan amenazado sus padres con echarla de casa, o dar pie a más de un drama familiar al incautar las fichas clínicas. Pero el juez Valle insiste en que "aquí lo que se hace es un cumplimiento riguroso y exclusivo de la ley".

El día en que Carlos Valle decida atender alguno de sus 2.657 asuntos pendientes ya nada será lo mismo. Cada imprudencia de tráfico, cada diligencia de índole diversa, no tendrá carácter anónimo. Porque el titular del juzgado 14 de Madrid ha entrado en la historia. Pasó el umbral con el Código Penal en una mano, el texto de Enjuiciamiento Criminal en la otra y el marchamo de ser extraordinariamente diligente en aplicar la ley a las mujeres. Así, los asuntos pendientes de su juzgado son ya sólo 2.656.

Al juez Carlos Valle le causa espanto y sorpresa, a partes iguales, la mera pregunta de qué tiene contra las mujeres. "¿Que qué tengo contra las mujeres? Lo mismo que puedo tener contra los conductores cuando sigo actuaciones por un delito de imprudencia, y los conductores pueden pensar que es que me cargaron treinta veces en el carné de conducir. A lo mejor también pienso que algún delito de imprudencia no debería serlo, pero la ley está ahí".¿De verdad cree que era imprescindible citarlas a todas? "¿Por qué las voy a citar si no? ¿Por complacencia? ¿Por divertimento?". Bueno, su compañero de Salamanca no llamó a las aproximadamente 3.000 mujeres que pudieron abortar en la clínica Canalejas. Blande entonces, Carlos Valle la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, ya puesto físicamente a su amparo, dice: "No juzgo las actuaciones de mis compañeros".

En este asunto que ha roto su anonimato Carlos Valle se encuentra en un punto sin retorno. Ha hecho caso omiso a toda voz discrepante. ¿Piensa, a estas alturas, que se ha metido en un berenjenal? "No lo sé", responde, "pero lo que no voy a hacer es abandonar la actuación que debo seguir porque alguien piense que es un berenjenal". Y afirma, con el apasionamiento y firmeza que aplica al caso: "Tanto si es un berenjenal como si es un camino de rosas, seguiré adelante".Seguirá adelante, dice, aunque el Gobierno haya anunciado que habrá indultos para las mujeres que hayan abortado fuera de la ley estando incluídas en alguno de los supuestos legales. "A veces hay indultos una vez que se han terminado las actuaciones, pero no por eso vamos a dejar de hacerlas".

Nada parece arredrar al titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid. Quizá tenga la interna convicción de que, de ésta, o salta a la gloria jurídica o queda tocado, o bien simplemente crea que él es el único que no se equivoca. Porque incluso tiene misteriosas explicaciones que extraer de la orden que el fiscal jefe de Madrid, Fernando Jiménez Lablanca, dio al fiscal que actúa ante el juzgado 14 para que solicitara que el juez deje de llamar a declarar a mujeres como presuntas autoras de abortos mientras no se agote la investigación sumarial y se tenga la certeza de la existencia de delitos. "Usted pregunte, pregunte por ahí por qué puede haber dado esa orden el señor Jiménez Lablanca", dice Carlos Valle. Y termina: "¡Si yo le contara!".

UN JUEZ INSTRUCTOR QUE YA CONOCE LO QUE ES DETENER Y AQUÍ PAZ Y DESPUÉS GLORIA

33 PERSONAS, DETENIDAS EN DOS CLÍNICAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR DE MADRID

Al menos 33 personas, entre ellas cuatro sanitarios (ginecólogos y enfermeras), fueron detenidas hacia las 18.30 de ayer en dos centros de planificación familiar de Madrid, acusadas de supuestas prácticas abortivas. La mayor parte de los detenidos -sobre todo mujeres fueron puestos en libertad tras declarar ante el juez de Instrucción número 14, Carlos Valle, del que partió la orden de detención. Según fuentes de la defensa, presuntamente existe un sumario contra los centros. Por otra parte, la Comisión Pro Aborto de Barcelona practicó ayer un aborto ante los medios de comunicación.

La policía se presentó simultáneamente en los centros de planificación familiar Dator Médica, de la calle de Eduardo Dato, 13, y Duratón, situado en la calle del mismo nombre, ambos de Madrid, y detuvo "de forma indiscriminada", según testigos presenciales, a todas las personas que se encontraban en esos momentos en dichos centros. Posteriormente la policía requisó los archivos y las fichas de clientes de los mismos centros, frecuentados básicamente por mujeres. Esta madrugada no se descartaban nuevas detenciones a partir de los datos obtenidos en los ficheros. Cristina Almeida, abogada de algunas de las detenidas, declaró en la pausa que hizo el juez hacia las 23.30 que desconocía los -cargos imputados a los detenidos y que no podía ser aclarado el motivo de la detención a partir de las preguntas del fiscal y del juez

Otros medios de la defensa apuntaron como posible causa la investigación de la muerte, el pasado año, de una mujer santanderina a la que se le practicó un aborto en uno de los centros, y no descartaron la existencia de una denuncia particular. Al juzgado 14, que ordenó la detención, no le correspondía anoche la guardia, sino a los juzgados 26 y 27. A las dos de la madrugada, aún quedaban en los centros diez pacientes y otros tantos sanitarios. Nada más conocerse las detenciones, unas 100 mujeres de colectivos feministas, de centros de planificación familiar y de la Comisión Pro Derecho al Aborto de Madrid se concentraron ante la puerta de los juzgados de la plaza de Castilla y pidieron en repetidas ocasiones la libertad para las detenidas y el derecho a un aborto libre y gratuito. También profirieron gritos contra la política del PSOE en torno al aborto. El secretario general del Partido Comunista de España y diputado, Gerardo Iglesias, intentó hablar con el juez, pero éste no quiso recibirle. Gerardo Iglesias explicó que "se ha detenido de forma indiscriminada a las personas, como en los viejos tiempos". Iglesias dijo que desconocía el motivo de las detenciones, aunque había oído hablar de que no eran centros autorizados. También acudió al juzgado a interesarse por la suerte de los detenidos el concejal de Madrid por el PCE Mario Nolla.

La Comisión Pro Aborto de Barcelona practicó ayer una interrupción de embarazo ante las cámaras de televisión y los fotógrafos para exigir la despenalización total del aborto. La operación, efectuada en la nueva sede de la comisión, se realizó por el método de aspiración a una mujer de 30 años, embarazada de siete semanas.Las feministas que participaron en la intervención aparecieron por primera vez a cara descubierta. Se trata de Montserrat Cervera, Cristina Garaizábal, Teresa Alabernia, Manola Pérez, Maite Urrutikoetxea y Carme Roca. La comisión tiene la intención de practicar en estos locales dos abortos cada semana.Jesús Fiel, de 29 años, director gerente de la clínica Canalejas, de Salamanca, permanecía ayer en prisión a pesar de que la Audiencia Provincial había revocado el lunes su procesamiento por un delito de amenazas. Su esposa, Marcelina Martín Mediero, ayudante técnico sanitario del mismo centro, que se había reconocido autora de 800 abortos, salió ayer a primera hora de la tarde de la prisión provincial de Salamanca.

EL JUEZ ORDENÓ LA DETENCIÓN DE 39 PERSONAS EN MADRID "POR VARIOS DELITOS DE ABORTO"

Dieciséis de los 39 detenidos el pasado miércoles en dos centros de planificación familiar y una, clínica privada de Madrid, acusados de participar en varios delitos de aborto, permanecían ayer en los calabozos de los juzgados. La orden de detención partió del magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, Carlos Valle. Asimismo, seis miembros de una de las clínicas de Valencia del colectivo Acuario, del que forma parte el ginecólogo Pere Enguix, fueron detenidos ayer y puestos en libertad tras declarar ante el juez. Estas detenciones coinciden con la probable aprobación hoy por el Consejo de Ministros de un decreto que flexibiliza la normativa sobre el aborto.

Carlos Valle, titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, confirmó ayer que la detención de 39 personas en las últimas 48 horas en dos centros de planificación familiar y una clínica privada de Madrid se debió "a la presunta participación en varios delitos de aborto y a las diligencias que se incoaron hace varios meses en relación con un caso de muerte tras una práctica de aborto". Ayer fueron puestas en libertad 2-3 mujeres clientes de dichos centros, mientras que 16 médicos, psicólogos y ATS permanecían anoche en los calabozos de los juzgados, en espera de una decisión judicial.

La mayor parte de las detenciones se produjeron en el centro de planificación familiar Dator, situado en la calle de Eduardo Dato de Madrid. El resto fueron realizadas en el centro Duratón, situado en la calle del mismo nombre (cerca del paseo de Extremadura) y en la clínica del médico argentino Eduardo Cubillo, situada en la calle del Doctor Esquerdo, número 98.Todos estos centros fueron precintados tras haber sido requisados el instrumental y los expedientes y ficheros médicos y de pacientes. Según fuentes jurídicas, la policía tenía intervenidos, por orden judicial, los teléfonos de estos centros desde hace varios meses.

En unas breves declaraciones a los medios de comunicación, el juez Carlos Valle, de 31 años, dijo que en todo momento ha cumplido estrictamente la ley y que las causas de las detenciones ya eran de conocimiento público.

Estas expresiones del juez contrastan con las opiniones de algunas mujeres detenidas que prestaron declaración ante el mismo juez y de sus abogados, quienes afirmaron que en ningún momento se les notificaron las causas de la detención.

Las mismas fuentes señalaron que las preguntas del juez a las detenidas no se relacionaron directamente con el caso de aborto con resultado de muerte, que era la causa principal de la apertura de las diligencias.

Detenidas y abogados expresaron ayer su disconformidad con la manera en que se produjo la detención, "una auténtica redada como en los tiempos pre democráticos", en expresión de un abogado. Los defensores expresaron también su sorpresa por el hecho de que las detenciones se efectuaran justo dos días antes de que el Gobierno apruebe un real decreto en el que se liberaliza la práctica del aborto.

Una de las detenidas comentó que a ella le habían preguntado por qué razón tenía un billete de avión para viajar a Ámsterdam y qué pensaba hacer allí. Otras mostraron su extrañeza de que los hombres que se encontraban acompañando a algunas pacientes no hubieran sido detenidos.

Mientras el juez tomaba declaración a los detenidos, el Consejo General del Poder Judicial estudiaba, a su vez, la actuación de Carlos Valle, según informa la agencia Efe citando fuentes jurídicas. Dieciséis de las 39 personas detenidas durante la tarde del miércoles y la madrugada del jueves permanecían ayer en los juzgados. Todos ellos son miembros del personal sanitario de los centros de planificación y la clínica donde se produjeron las detenciones.

El juez tomó ayer declaración a varios de los detenidos, que afirmaron no haber participado en prácticas abortivas. Los interrogatorios se suspendieron a las nueve de la noche y se reanudarán hoy. Los detenidos pasaron la noche en los calabozos de los juzgados. Para hoy se espera que el juez determine la puesta en libertad o el ingreso en prisión de los detenidos.

Dirigentes del Partido Comunista de España se manifestaron ayer partidarios del sobreseimiento de los sumarios instruidos en relación con la práctica de abortos y pidieron la amnistía para los implicados.

En las últimas 24 horas, un total de 45 personas acusadas de prácticas abortivas han sido detenidas en sendas operaciones policiales realizadas en Madrid y Valencia. Estas detenciones vienen a sumarse a las efectuadas recientemente en clínicas de Salamanca y Málaga, algunos de cuyos miembros permanecen en prisión.De las 39 personas detenidas por la policía durante la tarde del miércoles en tres clínicas privadas de Madrid, 16 médicos, psicólogos y ATS seguían anoche en los calabozos de los juzgados. Asimismo, la policía efectuó ayer por la tarde una nueva redada en la clínica que el colectivo Acuario, dirigido por Pere Enguix, posee en Valencia y detuvo a seis de sus trabajadores, que fueron puestos en libertad horas después.

El titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, Carlos Valle, confirmó que la detención se debió "a la presunta participación en varios delitos de aborto y a las diligencias que se incoaron hace varios meses en relación con un caso de muerte tras una práctica de aborto".

En medios jurídicos se destaca el hecho de que esta cadena de detenciones se produzca en vísperas de que el Consejo de Ministros apruebe un decreto que liberalizaría la aplicación de la ley despenalizadora del aborto

LOS DETENIDOS EN MADRID FUERON PREGUNTADOS POR SU RELACIÓN CON OTROS CENTROS INTERVENIDOS

El juez Carlos Valle, titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, que sigue las diligencias por presuntas prácticas abortivas en dos centros de planificación familiar, preguntó ayer a varios de los detenidos sobre su posible relación con otros centros de Málaga, Valencia y Salamanca, donde también han sido detenidas algunas personas por los mismos motivos. Ayer prestaron declaración algunos de los 16 médicos y sanitarios que fueron detenidos junto con las pacientes de dichos centros.

Catorce de estos sanitarios permanecían a última hora de ayer en los calabozos de los juzgados de la plaza de Castilla, pero se esperaba una decisión inmediata del juez que permitiera o bien su puesta en libertad o el ingreso en prisión. Supuestamente, el juez busca entre estos detenidos a alguna persona que guarde algún tipo de relación con el aborto practicado a principios de este año en Madrid a Consuelo Esteban Pedriza, que falleció a los pocos días en el hospital de Valdecilla de Santander.

El primer detenido que comparació ayer ante el juez fue Guillermo Alfonso Sánchez, presidente del centro médico Dator que respondió durante tres horas a las preguntas del juez. Algunas de estas preguntas se refirieron según explicó la abogada Cristina Almelda, a la posible relación de este médico con otros centros que presuntamente tenían actividades abortivas en Málaga, Valencia y Salamanca. Preguntas similares planteó el juez a otros detenidos que declararon ayer.

A otra de las detenidas, Victoria Virtudes, que declaró que no trabajaba en el centro Duratón el juez le leyó el contenido de una cinta grabada procedente de una operación de pinchado de teléfono y le preguntó si reconocía su voz. Ella dijo que no era su voz y que fue detenida cuando se dirigía al centro para esperar a una de las ginecólogas, según explicaciones de Inmaculada González de Lara, abogada de la detenida. Con las últimas detenciones de Madrid y Valencia, la práctica totalidad de los colectivos que se reunieron en la última ciudad el pasado 13 de septiembre para diseñar una campaña en pro de la legalización del aborto han sufrido detenciones, procesamientos y encarcelamientos. Los grupos participantes -centros oficiales de planificación familiar de Madrid, Cataluña y el País Valencia no; Los Naranjos, de Sevilla; Comisión pro Derecho al Aborto, de Barcelona y Madrid; Asociación Ocho de Marzo y Acuario, de Valencia, entre otros- apenas han tenido tiempo de poner en práctica las medidas de presión que aprobaron entonces en apoyo de la intención manifestada por el Gobierno de liberalizar las interrupciones voluntarias del embarazo.

En círculos feministas y de la abogacía se mantiene la opinión de que existe una contracampaña desatada desde algunos ámbitos judiciales. Consideran que esa contracampaña ha precipitado los acontecimientos e hizo que el grupo de Salamanca no pudiera asistir a la reunión de Valencia porque ya habían comenzado sus problemas con la Justicia. En este sentido, altas fuentes policiales han descartado que haya existido una maniobra policial en la detención de los acusados de delitos de abortos. Argumentan que existe desde hace tiempo un grupo adscrito directamente al juez instructor que dirige este caso y con dependencia exclusiva del magistrado. Las mencionadas fuentes han precisado que desde hacía un mes se tenía conocimiento de importantes datos sobre el caso, y añaden que desconocen por qué la operación se ha llevado a cabo justamente horas antes de que el Gobierno aprobara el decreto que ampliaba la anterior legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

El juez y diversos miembros del colectivo sanitario Acuario detenidos y puestos en libertad sin fianza el jueves a raíz de una investigación sobre la muerte de una joven de 19 años que había abortado, han descartado de plano que esta actuación esté relacionada con las acometidas en estos días por otros juzgados españoles, informa desde Valencia Juli Esteve.

Fuentes cercanas al caso dijeron que la clínica que Acuario tiene en Valencia fue implicada en este asunto por un joven de 17 años, conocido de la fallecida, que declaró ante el juez que su novia, de 15, había abortado recientemente en dicho centro y que era posible que la difunta también lo hubiera hecho. El colectivo Acuario lo ha desmentido rotundamente.

El fiscal Francisco Muñoz Zataraín anunció ayer que el procedimiento sumarial de los nueve miembros de la clínica Canalejas de Salamanca, cuyo director, Jesús Fiel, continúa en prisión, está concluido y que él formulará en estos días las peticiones que estime oportunas "en aclaración de los hechos y posible participación" de las mujeres que presuntamente acudieron a interrumpir su embarazo, de las que se encuentran 250 identificadas, informa María del Mar Rosell.

En Málaga continúan la huelga de hambre los tres médicos y el estudiante encarcelados por supuesto delito de aborto, informa José A. Frías En este sumario se encuentran procesadas 19 personas: 11 mujeres, en libertad provisional bajo fianza de 25.000 pesetas cada una; cuatro enfermeras, en la misma situación con una fianza de 50.000 pesetas cada una, además de los tres médicos y el estudiante de medicina, en prisión incondicional desde el pasado día 7.El sumario del aborto en Málaga se inició por una denuncia anónima que, despachada por el ministerio fiscal llegó al titular del juzgado de instrucción número 10, Guillermo Falguera. El teléfono de la clínica del doctor Germán Sáenz de Santamaría fue intervenido y el pasado día 5 se lleva a cabo la redada policial. Las mujeres fueron detenidas una vez que abandonaban la clínica, en lugar de cuando entraban a pesar de que la policía disponía de una lista con nombres, apellidos y hora fijada para la intervención.No está claro quién decidió esta manera de actuar y otros detalles del proceso, ya que el juez Falguera decretó el secreto sumarial durante 30 días

A las siete de la tarde de ayer, cerca de 1.000 personas pertenecientes a grupos feministas y proabortistas, se manifestaron en Madrid frente al Ministerio de Justicia para protestar contra las detenciones. Asimismo, el defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, dijo ayer en Oviedo que el próximo lunes, día 24, decidirá si actúa de oficio para comprobar si se cumplieron las normas de procedimiento en la entrada de la policía en varias clínicas de Madrid. Los centros de planificación familiar de Madrid priva dos y no lucrativos paralizaron sus actividades en protesta por las detenciones. Por su parte, el presidente de la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Luis Calvo Cabello, declaró ayer que es, "absolutamente falso" que se haya iniciado expediente disciplinario, ni siquiera diligencias informativas, contra Carlos Valle.

Este magistrado es el titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, que ordenó en los últimos días la detención de varias decenas de personas en relación con presuntos delitos de aborto.

Las informaciones difundidas ayer sobre una supuesta acción disciplinaria contra el juez Valle, originaron gran malestar en el edificio de los juzgados madrileños, entre magistrados de todas las tendencias. Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura expresó su "gran preocupación", ya que las supuestas acciones disciplinarias o predisciplinarias, constituirían, en este caso, "un grave atentado a la independencia de los jueces".

Mientras tanto, los abogados de los detenidos en los centros de planificación familiar de Madrid estudian el planteamiento de una denuncia ante el CGPJ por la actuación del juez Valle. Por su parte, la vocal del Consejo Cristina Alberdi proyecta proponer al pleno del Consejo que solicite del Gobierno que amplíe legalmente la despenalización del aborto

LA AUDIENCIA DE MADRID SE PRONUNCIARÁ SOBRE LOS RECURSOS DE LOS DETENIDOS POR ABORTO

La Audiencia Provincial de Madrid tendrá que pronunciarse sobre la libertad de los cinco médicos detenidos en centros de planificación familiar madrileños por un supuesto delito de aborto, al denegar el juez Carlos Valle el recurso presentado por sus abogados. En este recurso se solicitaba la libertad provisional de los cinco médicos que permanecen en prisión, así como el levantamiento del secreto del sumario abierto. Además se pedía al juez que declinase conocer del caso, que debe pasar, por reparto, al juzgado competente, al considerar que la investigación de un caso concreto de aborto, -iniciado tras la muerte de una mujer en Santander- no le da competencia para averiguar otras posibles prácticas abortivas.

El juez Valle comunicó ayer por la mañana a los abogados de las partes que desestimaba estas peticiones, pero sí accedió, en cambio, a levantar el precinto del centro Dator Médica. Los abogados esperan que, hoy por la mañana, el juez Valle devuelva las 6.000 historias clínicas incautadas en la consulta del doctor Cubillo (4.000) y en los centros Duratón (1. 150) y Dator Médica (500).La mayoría de las mujeres llamadas a declarar por el juez Valle habían sido atendidas en este último centro. La Consejera de Salud y Bienestar Social de la Comunidad de Madrid, María Gómez Mendoza, acreditó ayer la primera clínica privada de esta comunidad autorizada a realizar abortos. El centro pertenece a la misma sociedad propietaria de Dator Médica.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), grupo conservador y mayoritario de la carrera judicial, advirtió ayer que cualquier actuación disciplinaria o predisciplinaria contra un juez que investiga una causa podría "constituir en sí misma un grave atentado a la independencia, porque es susceptible de intimidar a quien debe actuar libre de presiones".

Un portavoz de la APM dijo a Efe que resultan "en cierto modo tranquilizadoras las manifestaciones del presidente de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, quien afirma que la apertura de diligencias informativas al titular del juzgado de instrucción número 14 de Madrid, Carlos Valle, no deben entenderse como una acción disciplinaria". "Bueno es", añadió, "que se haya dicho así para tranquilidad del juez, pero sobre todo de la sociedad, que desea una justicia no sometida a injerencias y presiones".

(*) Titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid e instructor del denominado "caso Bono"