ALEJANDRO ABASCAL JUNQUERA: UN JUEZ PROMESA CON ANTECEDENTES
LAS NOTICIAS. ENERO 2022
ÍNDICE
CASADO BAUTIZA A ALEJANDRO ABASCAL COMO SU FUTURO ‘VOCAL PREDILECTO’ PARA EL CGPJ
ALEJANDRO ABASCAL SERÁ EL TITULAR PROVISIONAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN 1 HASTA DICIEMBRE
LOS TRES NOMBRES QUE ENQUISTARON EL PACTO DEL PODER JUDICIAL
UN ERROR DEJA EN LIBERTAD A UN CAPO DE LA MAFIA CALABRESA DETENIDO EN BARCELONA
UN JUEZ ESPAÑOL LIBERA A SOSPECHOSO FUGITIVO DE MAFIA ITALIANA
BATALLA ‘SUPREMA’ DE MAGISTRADOS POR UNA PLAZA EN EL JUZGADO DEL ‘CASO
VILLAREJO’
EL PODER JUDICIAL RATIFICA EL REFUERZO ENVIADO AL INSTRUCTOR DEL ‘CASO
VILLAREJO’
EL CGPJ RATIFICA LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE ABASCAL EN EL CENTRAL DE
INSTRUCCIÓN 6 FRENTE AL RECURSO DE FREIRE
OFENSIVA CONTRA EL NOMBRAMIENTO DEL MAGISTRADO DE REFUERZO ENVIADO AL
JUZGADO DEL ‘CASO VILLAREJO’
LA APM EMPLEA LA FIGURA DEL “JUEZ DIVULGADOR” PARA AYUDAR A ENTENDER LA
SENTENCIA DEL “PROCÉS”
LA JUEZ DEL BORRADO DE LOS DISCOS DUROS DE BÁRCENAS SE POSTULA PARA UNA
PLAZA EN LA AN
PILAR MARTÍNEZ CEYANES ELEGIDA POR LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA
MAGISTRATURA PARA OPTAR AL NUEVO CGPJ
EL SUPREMO ANULA LOS NOMBRAMIENTOS DE DOS JUECES DE LA AUDIENCIA NACIONAL
EL ORGANIZADOR DE ESTA CONFERENCIA, EL CONCESIONARIO DE BMV EN OVIEDO, EVITA
EXPLICAR CUÁNTO COBRÓ LLARENA POR ESA CHARLA
EL PODER JUDICIAL CORTA EL GRIFO Y DEJA OTRA VEZ SOLO AL JUEZ QUE LLEVA
PÚNICA Y ACUAMED
ALEJANDRO
ABASCAL, JUEZ DE REFUERZO DE ELOY VELASCO
LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA REELIGE PRESIDENTE A JESÚS
CHAMORRO GONZÁLEZ
EL COLEGIO DE MÉDICOS FELICITA A RAMÓN ABASCAL POR LA SENTENCIA QUE ANULA SU
SUSPENSIÓN DE EMPLEO Y SUELDO
UNA SENTENCIA CONSIDERA NULA LA RESOLUCIÓN DEL SESPA DE SUSPENDER DE EMPLEO
Y SUELDO AL JEFE DE UROLOGÍA DEL HUCA
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado renovar la comisión de servicio con relevación de funciones que el magistrado Alejandro Abascal Junquera viene desempeñando en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.
Según ha informado este miércoles el órgano de gobierno de los jueces, la Comisión Permanente ha aceptado la propuesta de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.
La medida se establece por un periodo de seis meses, salvo que con anterioridad se produzca la efectiva incorporación del titular del Juzgado, Luis Francisco de Joerge Mesas, o de la magistrada a la que se le asignó la vacante, Mercedes del Molino Romera, en comisión de servicio, actualmente, como asesora, en el Ministerio de Justicia.
El antiguo titular de la plaza, el juez Santiago Pedraz, cesó en ese destino el 8 de marzo de 2021 para hacerse cargo del Juzgado Central de Instrucción número 5. Así, tras concurso, la plaza del 1 recayó en el magistrado Luis Francisco de Jorge, quien a pesar del nombramiento continuó en servicios especiales en su destino anterior.
A pesar de que Pedraz se hizo cargo de ambos juzgados mientras se resolvía quién se sentaba al frente del juzgado número 1, dado el volumen de asuntos se acordó que en el segundo semestre del año un magistrado sustituyera a De Jorge.
Y ese magistrado fue Alejandro Abascal, que ya desempeñaba funciones de juez de refuerzo en el Central de Instrucción 6.
Posteriormente, la Comisión Permanente del CGPJ dispuso que se debía proceder a anunciar concurso de nueva plaza para el Juzgado Central de Instrucción 1 porque a De Jorge se le había concedido prórroga en las funciones que desempeñaba en su destino. Ese concurso fue para la magistrada Ana Mercedes del Molino, quien el 2 de diciembre fue asignada en comisión de servicios al Ministerio de Justicia.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado, ahora, renovar la comisión de servicio con relevación de funciones que el magistrado Alejandro Abascal Junquera viene desempeñando en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.
CASADO BAUTIZA A ALEJANDRO ABASCAL COMO SU FUTURO ‘VOCAL PREDILECTO’ PARA EL CGPJ
No es fácil repartir premios. Y menos si se trata de compensar con favores políticos. Sin embargo, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, lo hace con cierta elegancia. A, Enrique Arnaldo, quien le acompañó al despacho del rector de la universidad, le colocado en el Tribunal Constitucional gracias, entre otros, a los votos de Unidas Podemos. A Enrique López, quien le asesora a diario en materia de justicia, le colocó como consejero de Justicia e Interior en la Comunidad de Madrid. Y al magistrado Alejandro Abascal, a quien Casado tiene en mayor estima y con quien mantiene una fluida relación personal, le quiere colocar como el hombre del PP en el Consejo General del Poder Judicial en calidad de vocal. El CGPJ es un órgano ciertamente político y Abascal será ahí la punta de lanza de los populares.
Esta buena relación entra Abascal y Casado es bien conocida por todos los magistrados. Alejandro Abascal es uno de los jueces mejor reconocidos en el Partido Popular y uno de los nombres que serán propuestos en el Congreso de los Diputados para hacerse con un asiento de vocal en el CGPJ. El problema es la renovación. Si Casado cede, lo hará con un equipo de vocales fieles a sus intereses y con el compromiso del PSOE de que aprobarán una ley que determine que sean los propios jueces los que elijan a los jueces, algo que en la práctica ya es así pero que Casado quiere evitar eliminando el trámite de que los diputados metan mano dentro de un saco de magistrados ya elegidos por los propios jueces.
El papel de Abascal era poco conocido. Es joven y eso hace que no tenga una trayectoria notoria. De hecho, más de uno lo colocó en la órbita de Vox cuando empezó a salir su nombre en las tertulias políticas. Sin embargo, el paso del tiempo y las reuniones perpetuas con Casado han dejado claro que Alejandro Abascal es un hombre de confianza de Génova. La relación entre el líder popular y el magistrado trasciende lo meramente profesional pues incluso sus familias tienen buena relación. Todo esto hace que nadie en el PP niegue que Abascal tendrá puestos determinantes siempre que del Partido Popular de Casado dependa. Eso mientras que Casado sea el candidato.
Solo Alejandro tiene ese «olor a nuevo»
El presidente del Partido Popular tiene el problema de haber heredado de la época de José María Aznar la mayoría de sus asesores en materia de justicia. Algunos, como Concepción Espejel (Concha, para los amigos), crecieron en la etapa de Mariano Rajoy, pero todos los que asesoran a un joven Casado vienen de tiempo atrás, algo que incomoda a la cúpula de Génova. Solo Abascal se sale de esa norma. Solo Alejandro tiene ese «olor a nuevo» que gusta en el partido y que motiva a Casado a plantearse grandes proyectos junto a este magistrado que ya ha estado presente en algunos importantes casos como Tándem.
De hecho, hay más de una fuente de Génova que aseguran que Casado no se siente cómodo con la presencia de elefantes judiciales como Enrique López, Concepción Espejel o Arnaldo dado que entienden que tienen que pagarles facturas que en realidad contrajeron sus antecesores. Arnaldo, por ejemplo, es un gran conocedor de las entrañas del partido y un magistrado a tener en buena estima si se quieren evitar posibles filtraciones, tal y como detallan las fuentes de Génova.
El que Casado le reserve un papel fundamental a Alejandro Abascal no es algo nuevo. Se lleva tiempo trabajando en urdir una red de afines a Casado en todos los puestos clave para así reforzar el liderazgo del líder popular. Actualmente, el problema no es solo que Casado haya heredado un PP que se remonta a finales de los años ochenta con muchas deudas pendientes por pagar, sino que el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, tiene la sensación de que no tienen el control de ninguna de las patas de poder. Ni en el ámbito parlamentario, ni en el autonómico ni en el judicial. Casado ha llegado a jugar un partido que se le queda grande. O al menos es la sensación. Por todo, Teodoro busca la forma de crear su propio equipo. Y Abascal está dentro. Pero Alejandro, no Santiago.
Alejandro lo lleva con discreción dentro del CGPJ. Aún así, todos los que le rodean conocen su cercanía al PP. El ser vocal es algo que podría iniciarle en su carrera política, pero las aspiraciones de Abascal van mucho más allá. Hay quien en el PP le ve incluso como próximo ministro de Justicia siempre que Casado consiga ganar las elecciones generales y sumar con Vox (Abascal es un perfil que sería bien visto por el partido de Santiago Abascal). Un puesto que algunas fuentes aseguran que será para Enrique López y que otros no descartan que recaiga en el joven magistrado que comparte hasta el colegio de sus hijos con Casado.
https://www.moncloa.com/2021/11/29/casado-bautiza-alejandro-abascal-futuro-vocal-predilecto-cgpj/
ALEJANDRO ABASCAL SERÁ EL TITULAR PROVISIONAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN 1 HASTA DICIEMBRE
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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha suscrito la propuesta de la Junta de Gobierno de la Audiencia Nacional para que el magistrado Alejandro Abascal ocupe el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional hasta el próximo mes de diciembre, cuando está previsto que tome posesión del mismo su titular, Francisco de Jorge Mesas.
Abascal, juez de Adscripción Territorial en la Comunidad de Madrid, ha sido, desde el 14 de febrero de 2019, magistrado de refuerzo de su compañero, Manuel García Castellón, del Juzgado Central de Instrucción 6.
Antes, entre julio y diciembre de 2016, fue juez de refuerzo del anterior titular del Central de Instrucción 6, Eloy Velasco.
García Castellón no se queda solo. Cuenta con la ayuda de otro juez de refuerzo, Joaquín Gadea.
Esta trayectoria en la Audiencia Nacional ha sido la razón principal por la que la Junta de Gobierno de la Audiencia Nacional, presidida por José Ramón Navarro, avalara por unanimidad su nombramiento en la reunión que celebró la pasada semana.
El Juzgado Central de Instrucción 1 quedó vacante el pasado mes de diciembre cuando Santiago Pedraz optó por cambiarse al Juzgado Central de Instrucción 5.
Este órgano judicial quedó disponible cuando José de la Mata fue nombrado por el Gobierno representante de España en Eurojust, la agencia europea de refuerzo de la cooperación judicial penal para luchar contra el terrorismo y la delincuencia organizada, con base en La Haya, Holanda.
Desde entonces, Pedraz ha estado dirigiendo ambos Juzgados Centrales, el 1 y el 5.
En mayo, la Comisión Permanente designó a Francisco de Jorge Mesas titular del Central de Instrucción 1 por ser más antiguo de los solicitantes.
De Jorge, actualmente, es uno de los máximos responsables, junto con la fiscal estadounidense Karen Kramer, de la implementación del «Programa mundial de refuerzo de la capacidad de los Estados miembros para prevenir y combatir la delincuencia organizada y los delitos graves», con base en Viena, Austria.
Su función es la de coordinar la cooperación judicial internacional, conectando fiscales y jueces de todo el mundo, en la lucha contra el crimen organizado a nivel global.
La importancia de este programa le ha obligado a prolongar su estancia hasta el próximo mes de diciembre, de ahí que la comisión de servicio otorgada a Abascal cubra, precisamente, este periodo.
LOS TRES NOMBRES QUE ENQUISTARON EL PACTO DEL PODER JUDICIAL
El PP veta al magistrado que firmó la sentencia del ‘caso Gürtel’ mientras que Podemos se resiste al juez de refuerzo en el ‘caso Dina’
El veto del PP a que el juez José Ricardo de Prada entre como vocal en el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido, según han confirmado populares y socialistas, el detonante de la ruptura del acuerdo de renovación del órgano, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018. El juez que aceptó junto a otro magistrado la declaración de Mariano Rajoy que pedía la acusación popular como testigo en el primer juicio de Gürtel se convirtió en el principal escollo de la negociación, pero no ha sido el único nombre que ha tensado las conversaciones hasta hacerlas fracasar.
El PP también vetaba a la juez Victoria Rosell, exdiputada de Podemos y actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género, mientras que el partido de Pablo Iglesias puso pegas a su socio para aceptar a otro juez, el conservador Alejandro Abascal, propuesto por los populares. Estos tres nombres ya figuraban en la candidatura del Consejo pactada por el PSOE y el PP en 2018, donde, aun a regañadientes, los partidos admitieron sin vetos las propuestas de la otra parte.
Fuentes cercanas a la negociación argumentan que, hace dos años, populares y socialistas sellaron el pacto con el reparto de vocales (11 para los progresistas y nueve para los conservadores) y la elección del presidente (el magistrado Manuel Marchena), sin profundizar en los nombres que proponía el otro en su cupo. Pero en esta ocasión, la desconfianza generada en el PP por la presencia del Podemos en el Gobierno y su insistencia en que se quedara fuera del pacto, ha llevado a cruzar con tiempo las listas de nombres y ha abierto un debate del que no se ha podido salir.
José Ricardo de Prada. Los populares se han resistido en los últimos meses a aceptar como vocal a cualquier candidato que ellos consideren afín a Unidas Podemos, pero, si en el transcurso de la negociación podían acabar admitiendo que el partido de Pablo Iglesias introdujera alguna propuesta a través de sus socios de Gobierno, el veto a De Prada era irrenunciable. Para los populares, el juez que firmó, junto a otro magistrado conservador, las condenas del caso Gürtel, es una línea roja. Y eso a pesar de que en 2018, cuando apenas habían pasado cinco meses de la sentencia que fulminó la carrera política de Rajoy, el PP aceptó incluir a De Prada en la candidatura al Consejo que registró de forma conjunta con el PSOE.
Hasta ahora, habían justificado principalmente su rechazo en que era un candidato cercano a Podemos. Pero este viernes, los populares centraron sus críticas a De Prada en otra razón: que, siendo juez, quería acceder al Consejo por el turno de juristas, lo que para los populares supone “un fraude de ley”, a pesar de que, en 2018, ya con Pablo Casado al frente, el PP incluyó en su candidatura para el turno de juristas a otro juez, Manuel Altava, entonces senador del PP. El partido alega que la negativa a que jueces accedan al Consejo por el turno de juristas es una nueva condición para esta negociación.
De Prada concurrió en ese cupo en 2018 porque entonces no era juez en activo en España (requisito para ser candidato al Consejo por el cupo judicial) sino que estaba en situación de servicios especiales como juez de Naciones Unidas en La Haya. “Hubiera preferido acceder al CGPJ por el turno judicial, pero por razones administrativas no he podido hacerlo”, lamentó cuando compareció en el Congreso en noviembre de 2018 como candidato a vocal del órgano de gobierno de los jueces.
En esa sesión parlamentaria, el PP se congratuló irónicamente del paso dado por el juez de Gürtel: “Es bueno para la justicia española que deje usted de hacer lo que estaba haciendo, que deje de poner sentencias y pase a un órgano administrativo”, le dijo el diputado Carlos Rojas. Los populares ya cuestionaron entonces la independencia de De Prada, lo que llevó a las asociaciones judiciales a emitir un comunicado en “defensa de la independencia judicial” y pidieron al Consejo que amparase al juez, destinado en la Audiencia Nacional desde hace 30 años y que ha sido juez internacional en la Sala de Crímenes de Guerra de la Corte de Bosnia-Herzegovina.
Victoria Rosell. La actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género, exdiputada de Podemos y juez, es otra de las candidaturas que han hecho encallar el pacto. Rosell forma parte de la lista de 51 jueces candidatos al Consejo que el presidente del órgano, Carlos Lesmes, envió a las Cortes en septiembre de 2018, cuando puso en marcha los trámites para la renovación. La exdiputada concurrió avalada por la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia y, aunque el pacto saltó por los aires antes de que PSOE y PP presentaran formalmente su candidatura, ambos partidos admiten que Rosell era una de las 12 jueces elegidas entonces para ser vocal.
Rosell ya no cumple la condición esencial para presentarse a vocal del Consejo por el cupo judicial (ser juez en activo) porque es la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, aunque las fuentes consultadas señalan que podría hacerlo si renuncia al cargo y solicita la vuelta a la carrera. El PP argumenta su veto en que este paso del Ejecutivo al Consejo resulta incompatible con su objetivo de acabar con las “puertas giratorias” entre la política y la justicia.
Alejandro Abascal. Aunque los negociadores señalan que no ha sido un veto como tal, la presencia de este juez de refuerzo de la Audiencia Nacional en la candidatura del PP provocó reticencias en Podemos, que intentó convencer a los socialistas de que no debía formar parte del pacto. Abascal, que concurrió a aspirante al Consejo avalado por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, es actualmente juez de refuerzo del juzgado que investiga el caso Dina, que implica a Pablo Iglesias, lo que le ha convertido en diana de los ataques de Podemos.
Unas puertas giratorias con numerosos precedentes
"La renovación de este Consejo debe cumplir el requisito de la despolitización, y ningún político puede ser vocal del consejo como ha ocurrido hasta ahora”. Así argumentó este viernes el responsable de Justicia del PP, Enrique López, su veto a Victoria Rosell. Los populares admiten que el partido ha cambiado en esto de opinión, porque en la candidatura al consejo de 2018 presentaron a dos políticos: Manuel Altava, senador por Castellón cuando fue propuesto para integrar el CGPJ, ya con Pablo Casado como presidente del PP, y José Miguel Castillo, exdiputado del PP y abogado.
El camino contrario (jueces que luego entran en política) ha sido habitual tanto en las filas populares como socialistas. López es juez, recusado en el caso Gürtel por sus vínculos con el PP, y fue vocal del Poder Judicial y magistrado del Constitucional a propuesta de los populares. En el Gobierno actual hay tres ministros jueces que fueron miembros del Consejo: Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande Marlaska (Interior) y Juan Carlos Campo (Justicia).
Afirma que los criterios seguidos en algunos casos "carecen de uniformidad y claridad"
Rosalina Moreno
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La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) manifiesta que se ciernen «serias dudas de legalidad» sobre la comisión de servicio del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional (AN), al haberle sido adjudicada «al candidato con el puesto más bajo en el escalafón, menor experiencia en la jurisdicción penal y en el ejercicio efectivo de la actividad jurisdiccional», en alusión al magistrado Alejandro Abascal.
Esta plataforma formada por magistrados, fiscales, catedráticos, abogados, así como otros ciudadanos ajenos al ámbito jurídico y constituida para la despolitización de la Justicia española afirma que en comparación con los otros concurrentes no se aprecian mayores méritos objetivos.
El Observatorio de Comisiones de Servicio de la Plataforma ha analizado este caso en su tercer informe sobre la materia, en el que repasa críticamente la regulación de las comisiones de servicio y emite un dictamen general aplicable a futuros supuestos.
PCIJ afirma que «se desprenden deficiencias» en este caso y concluye que los criterios seguidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para este y otros nombramientos similares «carecen de uniformidad y claridad».
Además, califica de «preocupante» este asunto concreto, «al tratarse de un juzgado donde se tramitan casos de especial trascendencia pública, circunstancia ésta que facilita la fabricación de un currículum que sirva de trampolín para futuros puestos de responsabilidad judicial».
En suma, dice que «es una decisión que no aparece como el fruto de la objetiva aplicación del Derecho, sino el subproducto de opacos mecanismos de promoción profesional ajenos a la transparencia».
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial estudia esta materia a fin de dar a conocer «las prácticas del CGPJ», promover la reforma de la misma, «aumentar la garantía de los solicitantes, y eliminar las zonas oscuras que pueden propiciar espacios donde tenga lugar el amiguismo o el trato de favor».
«Lo que está en peligro es el juez predeterminado por la ley, el juez natural, pues este sistema de designación compromete la inamovilidad de la función judicial», manifiesta a Confilegal el magistrado Jesús Villejas, secretario general de la Plataforma.
Además, la señala que «la falta de publicidad favorece la predeterminación del candidato agraciado configurando un modelo de jueces de «quita y pon»».
El caso, al detalle
El CGPJ publicó en enero de 2019 en su página web la oferta de una comisión de servicio con relevación de funciones para el citado Juzgado de la AN por un plazo de seis meses prorrogables.
Se indicaba que el plazo de presentación de solicitudes era de cinco días hábiles.
PCIJ destaca que no se contenía mención alguna al criterio de selección, ni a las bases de la convocatoria, ni a los requisitos, ni a los méritos, ni nada al respecto, y que solamente se requería la aportación de un breve currículum.
A la plaza se presentaron 17 solicitantes, 13 con la categoría de magistrado y cuatro de juez.
La Plataforma recuerda que el 7 de febrero de 2019, la Sala de Gobierno de la AN acordó incluir en su propuesta elevar al CGPJ sólo a cuatro de los candidatos, quienes ejercían en la jurisdicción penal: Tres de ellos por llevar más de 22 años en Juzgados de Instrucción y mixtos o por proximidad (dos en Madrid y uno en Zaragoza), y uno (quien resultó elegido), por haber ya prestado servicios en el juzgado ofertado en la comisión de servicios, aunque su destino era un juzgado de instrucción de Fuenlabrada.
Añade que el 14 de febrero de 2019, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces concedió por mayoría el puesto en la AN «al peticionario de Fuenlabrada, el más bajo en el escalafón y con menos tiempo de ejercicio de la actividad judicial».
PCIJ señala que el motivo es exclusivamente la experiencia anterior en el Juzgado Central de Instrucción 6, el mismo a reforzar en la comisión ofertada.
Agrega que la comisión de servicios de la que había disfrutado el candidato agraciado se remonta a 2016, por seis meses, «la cual fue prorrogada una sola vez por un periodo adicional de tres meses a petición del propio comisionado».
Apunta también que «la prórroga fue informada desfavorablemente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que no impidió su concesión».
Asimismo, resalta que los otros tres candidatos «tienen un número de escalafón que supera en más de 2.000 y más de 3.000 puestos al que fue elegido, con sólo nueve años en la Carrera Judicial, y muchos menos en la prestación de efectiva actividad jurisdiccional, ya que varios de esos años los pasó en servicios especiales en el CGPJ, desde el año 2010, en virtud de concurso de méritos».
Una de las candidatas, Rosa Freire, impugnó ante la jurisdicción contencioso administrativa la resolución del CGPJ.
La Plataforma señala que, pese a que ésta gozaba de mayor experiencia en la jurisdicción penal y en los juzgados de instrucción, así como un superior puesto en el escalafón, el Tribunal Supremo (TS) desestimó su pretensión en una sentencia del pasado 18 de noviembre, cuyo ponente fue el magistrado Nicolás A. Maraundi Guillem.
Conclusiones
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial manifiesta que, de manera provisional, y sin perjuicio de las recomendaciones que se vayan formulando en sucesivos dictámenes, aconseja que las autoridades gubernativas del Poder Judicial se ajusten a las exigencias generales del Derecho Administrativo, se anuncien los criterios de selección de la convocatoria (las bases), se unifiquen los criterios y no se resuelva de modo distinto.
Señala que de no hacerse siguiendo el criterio uniforme se proyectaría «la sombra de arbitrariedad, favoritismo y, en definitiva, de desviación de poder».
Expone que tanto de este informe como de los anteriores emitidos por el Observatorio resulta que «criterios tan elementales no se vienen respetando».
También hace hincapié en que no es la primera vez que se selecciona en comisión de servicios a magistrados que están o han pasado por el CGPJ.
«Como vimos en el anterior informe de una Comisión de Servicios en Asturias, el elegido también era el que menos tiempo había prestado servicios como juez y en la jurisdicción social, pero había estado en el Consejo General del Poder Judicial desde el año 2014, en concreto fue jefe de Sección de la Oficina judicial», explica.
Respecto al caso del Juzgado Central 6 indica que el agraciado fue jefe de Sección entre 2010 y 2015, que recibió en noviembre de 2020 a manos del ministro de Justicia la Cruz de San Raimundo de Peñafort, «sin que se motivasen los méritos del reconocimiento» y que es candidato a vocal del Consejo.
«Este patrón que se repite en los casos analizados, lleva a cuestionar la bondad de la selección de los jueces y magistrados en Comisiones de Servicio para determinados puestos, que parece no obedecer a criterios objetivos de mérito, capacidad e idoneidad, sino a la necesidad de construir un currículum y ser un eslabón o trampolín para puestos superiores que de otro modo no se podrían alcanzar prontamente», asegura la Plataforma.
Destaca igualmente que el Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo promovido por Freire «bendijo la decisión del Consejo, confirmando la misma y rechazando que este órgano haya usado la facultad discrecional de manera torcida o arbitraria».
«Comprobamos que para el Tribunal Supremo es suficiente justificación y motivación el valorar que el elegido estuvo desempeñando otra comisión de servicios en el mismo Juzgado, indicando que es una experiencia reciente, cuando es de tres años atrás, sin tener en cuenta los méritos e idoneidad de los demás candidatos, siendo además que fue una Comisión terminada, no fue renovada y tenía informes desfavorables a su concesión», señala al respecto.
Indica que el TS no impuso las costas procesales a la recurrente por apreciar la clase de dudas que establece el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, pero que no explicitó cuáles son esas dudas.
«Peor suerte ha deparado a otros magistrados a quienes les han impuesto las costas y en cuantía realmente desincentivadora», apostilla.
La Plataforma pone el foco en que en las comisiones de servicio desaparecen los criterios objetivos establecidos para el concurso ordinario, y que «ya no se exige la antigüedad en el escalafón, ganada con los años de trabajo».
«Ni siquiera haber estado un mínimo de años en la jurisdicción de que se trate», apostilla.
Señala que «la subjetividad es la que prima, porque ni siquiera las circunstancias relacionadas son determinantes, sino que son varias, y no obligatoriamente concurrentes».
También destaca que la publicidad de la oferta o convocatoria «es mucho más restringida en las comisiones de servicio que en las de concurso ordinario, pues depende de la que den los Tribunales Superiores de Justicia».
El Observatorio recuerda que, en los concursos ordinarios, reglados, la publicidad es a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), tanto el anuncio de la convocatoria de plazas, como la resolución de mismo, y que el plazo de participación es de 15 días naturales, de modo que las posibilidades de que llegue a conocimiento de todos los jueces y magistrados son mucho mayores, además de que también se anuncian en la intranet del CGPJ.
Expresa que con dicha publicidad se posibilita el control y el recurso por quien no esté conforme, y el conocimiento por parte de la ciudadanía.
Insiste en el informe que las comisiones de servicio no se anuncian en el BOE ni tampoco su resolución, por lo que «el conocimiento de estas está muy limitado a muy pocas personas, y, por tanto, las posibilidades de control sumamente mermadas».
Recuerda que la seguridad en la permanencia de la plaza es una de las garantías que sustentan la independencia judicial y uno de los aspectos destacados en los estándares internacionales sobre la independencia judicial.
«Sin embargo, las comisiones de servicio son temporales y depende su prórroga de los mismos órganos que decidieron la concesión; o sea, depende de otras personas», expone.
Por tanto, afirma que parece que no cabe por más tiempo que el de un año máximo, en ese caso, o como máximo dos años, según lo previsto en el artículo 350 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
En cuanto a la competencia de los órganos del Consejo para decidir y resolver los concursos de jueces y magistrados, señala que le corresponde a la Comisión Permanente cuando se trata de nombramientos reglados, y que estos son totalmente objetivos, ya que no hay margen de discrecionalidad, mientras que los nombramientos para comisiones de servicio son competencia exclusiva del Pleno, conforme a la LOPJ.
La Plataforma destaca que en el artículo 602 de la LOPJ, cuando establece las competencias de la Comisión Permanente, indica que a esta le corresponde lo que no esté expresamente reservado a la Presidencia, al Pleno, a la Comisión Disciplinaria, a la Comisión de Igualdad o a la Comisión de Asuntos Económicos por la presente Ley Orgánica, pero que sin embargo, en la práctica «se realizan por la Comisión Permanente (el núcleo duro de CGPJ); existiendo un reglamento elaborado por el propio CGPJ contraviniendo la ley orgánica».
«Es el Reglamento de la Carrera Judicial, cuyo artículo 177.4 dice que “La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial será competente para resolver sobre la concesión de las comisiones de servicio de cualquier tipo, previa tramitación y propuesta de la Comisión de Modernización. La resolución que se dicte será notificada al interesado», precisa.
Otra de sus conclusiones es que ninguno de los preceptos citados se refiere a la motivación de las resoluciones, que debe exigirse conforme a los principios generales de seguridad jurídica y transparencia «en asuntos de tanta trascendencia que implican el cambio de titular de órganos jurisdiccionales por plazos de tiempo muy prolongados».
«El problema tiene dimensiones muy importantes, dada la multitud de comisiones de servicio que se ofertan anualmente», termina diciendo la PCIJ.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha validado el acuerdo que tomó la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 14 de febrero de 2109 eligiendo al magistrado Alejandro Abascal, confiriéndole una comisión de serviciocomo refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, del que es titular Manuel García Castellón.
Dicho acuerdo fue recurrido ante el Alto Tribunal por uno de los tres candidatos que así lo solicitaron, junto con Abascal: la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 32 de los Juzgados de Madrid, Rosa María Freire.
El tribunal del caso, formado por los magistrados Luis María Díez-Picazo, Jorge Rodríguez-Zapata, Eduardo Espín y Octavio Juan Herrera y Nicolás Maurandi –ponente–, en su sentencia número 1535/2020 de 18 de noviembre, ha desestimado dicho recurso, basándose en el artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece los criterios para decidir quienes son las personas más idóneas para cumplir esas medidas de apoyo.
En su sentencia, a la que ha tenido acceso Confilegal, el Alto Tribunal considera que el más idóneo era Abascal quien, aunque menos antiguo en el escalafón que Freire, tenía una ventaja competitiva: Había cumplido esa misma función, como magistrado de refuerzo en el mismo Juzgado Central de Instrucción entre marzo y diciembre de 2016, cuando el titular era Eloy Velasco.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo subraya que durante ese periodo se hizo cargo de la tramitación de los procedimientos de nueva, entrada, asumió las funciones de guardia, conocía los tipos delictivos sobre los que son competentes los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, así como los procedimientos de reconocimiento mutuo de la Orden Europea de Detención y Entrega y de extradición pasiva.
«El criterio principal para decidir la persona concreta que desempeñará esa medida de refuerzo deber ser aquel que, tras un análisis casuístico de las circunstancias singulares concurrentes en el órgano judicial al que vaya referida la medida y en los candidatos, se evidencie como el más adecuado para poner fin a esa situación patológica» del Juzgado afectado por retraso o carga de trabajo, dice el Alto Tribunal.
Recuerda que «no se trata de designaciones que encarnen una promoción profesional sino de soluciones extremas para atajar situaciones de especial gravedad en nuestro sistema judicial que eviten, lo antes posible y de la manera más eficaz, las disfunciones del órgano jurisdiccional al que está referida la medida de refuerzo».
Porque lo que está en juego es el grave quebrando del derecho a la tutela judicial efectiva.
Y considera que, en la ponderación de los candidatos, realizada por la Comisión Permanente del CGPJ, el elegido fue el más adecuado para otorgar la comisión de servicio: «No puede entenderse que el Consejo haya utilizado su discrecionalidad en el presente caso de una manera torcida o que sea contraria a la interdicción de la arbitrariedad».
En este caso, el tribunal no ha cargado costa alguna a la magistrada recurrente.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha presidido el pasado viernes en la sede del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM), el acto de entrega de la Cruz distinguida de 1.ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort a los magistrados-jueces Yolanda San Pastor Sevilla y Alejandro Abascal Junquera.
Han intervenido el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el presidente de la Audiencia Nacional y el decano de los procuradores madrileños.
Abrió el acto Gabriel M.ª De Diego, decano del ICPM, con palabras de reconocimiento hacia los galardonados. A continuación, el presidente del TSJM, Celso Rodríguez Padrón, destacó en su laudatio que su trayectoria “simboliza los valores y esfuerzo de los integrantes de la carrera judicial”. Tras la entrega de las medallas por parte del ministro, tomó la palabra José Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional, para quien este era un “homenaje a dos buenos jueces y, a su vez, a jueces buenos”, de quienes resaltó “su valor vocacional e intelectual”.
Por su parte, el Consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López López, mostró su “orgullo hacia todos los profesionales de la Justicia” y remarcó que los galardonados “son el espejo de los mejores valores que encarna nuestra carrera judicial”.
Cerró el acto el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ha destacado el mérito extraordinario y la gran aportación al mundo del Derecho de los condecorados, y ha aludido al trabajo realizado por los profesionales de la Administración de Justicia durante la pandemia: “es una satisfacción como ministro de Justicia ver cómo se han doblegado esfuerzos”, ha manifestado.
UN ERROR DEJA EN LIBERTAD A UN CAPO DE LA MAFIA CALABRESA DETENIDO EN BARCELONA
La Audiencia Nacional alega que la policía italiana no le informó de que el acusado pertenecía a la 'Ndrangheta
Vittorio Raso, de 41 años, uno de los capos mafiosos italianos más buscados en España de los últimos tiempos, se ha esfumado después de haber sido detenido el pasado 10 de octubre en Barcelona. El supuesto cabecilla de la mafia calabresa, la 'Ndrangheta, quedó en libertad tras declarar ante la Audiencia Nacional. El juzgado alega que en ese momento solo sabía que se le buscaba por extorsión, y no fue hasta dos horas después de ordenar su libertad que supo que era un capo mafioso. Fuentes policiales critican que el juzgado recibió un atestado policial, donde se explicaba quién era Raso, que acompañaba a la orden europea de detención emitida por Italia. El magistrado ha ordenado de nuevo arrestarle.
La detención de Raso fue ampliamente difundida por el departamento de prensa de la Policía Nacional el pasado 12 de octubre. En la nota enviada a los medios se hacía hincapié en que se trataba de un “destacado miembro de la 'Ndrangheta”. En concreto, se definía a Raso como un vangelo: “figura destacada de la organización calabresa que desarrolla principalmente su actividad criminal a través del tráfico de drogas y de las armas”.
Al día siguiente, compareció por videoconferencia ante el magistrado Alejandro Abascal, juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. En ese momento, la orden europea de detención emitida por Italia solo recogía el delito de extorsión, uno de los tres por los que se le buscaba, por lo que quedó en libertad con cargos, indica una portavoz de la Audiencia Nacional. Fuentes policiales insisten en que la detención de Raso iba acompañada de un atestado de más de tres páginas donde se detallaba las penas de 15 y 20 años que se le pedían por los delitos de extorsión, más la de 20 daños del delito de tráfico de drogas, todo como miembro de la 'Ndrangheta.
Dos horas después de su puesta en libertad, la policía italiana amplió la información a través de la Oficina Sirene (un mecanismo entre estados para intercambiar datos) y envió el segundo documento que indicaba que a Raso se le buscaba también por tráfico de drogas como uno de los cabecillas de la 'Ndrangheta. El magistrado activó entonces de nuevo el proceso de detención, pero Raso ya había salido de los calabozos de la Ciudad de la Justicia en Barcelona, desde donde declaró por videoconferencia, ante la estupefacción de la policía y las autoridades italianas.
“Está buscándole todo el mundo. Se ha mirado en los domicilios que se sabía que estaba, pero no hay rastro”, lamentan fuentes policiales, que de nuevo tratan de cazar al mismo hombre. Raso vivía en una zona de alto standing en Barcelona, frente al mar. Antes de ser detenido, en julio, la policía comprobó que planeaba escapar en un barco a Brasil con documentación falsificada.
La investigación contra Raso se inició en octubre de 2018, gracias a la colaboración entre la Policía Nacional y la policía italiana. Inicialmente, se le detectó en Málaga, ciudad en la que contaba con una “gran cobertura por parte de la organización italiana 'Ndrangheta”. Posteriormente, se constató que se había trasladado a Barcelona, donde se le acabó localizando. En el momento de su detención, llevaba documentación falsa.
Las dos extorsiones por las que se emitió una orden de detención ocurrieron entre 2012 y 2016, una de ellas, y entre abril y junio de 2016 la segunda, según fuentes policiales. Se le acusa de extorsionar a personas a las que la organización criminal calabresa había prestado grandes sumas de dinero (entre 40.000 y 50.000 euros) y se les pedía un 10% mensual de interés. Para cobrarlo, Raso empleaba presuntamente la violencia. Además, se le atribuye también un delito de tráfico de hachís entre Italia y España.
Tras la detención en Barcelona, la policía italiana llevó a cabo diversos registros en Turín “contra particulares estrechamente vinculados” a Raso. En los domicilios encontraron 360.000 euros, más de 13 kilos de drogas y diversas armas y munición de origen ilegal (una pistola, una carabina y una metralleta). Entonces, se comunicó que la investigación seguía abierta en busca de “una serie de sujetos, presentes en el territorio italiano y en España", vinculados al narcotráfico y el blanqueo de capitales.
La 'Ndrangheta es la mafia más poderosa de Italia, con capacidad para mover unos 43.000 millones de euros al año, según datos de la Fiscalía de Catanzaro. Se trata de la mafia con más filiales repartidas por el mundo. El dinero que presuntamente cobraba Raso iba destinado después a alimentar de nuevo la organización criminal.
UN JUEZ ESPAÑOL LIBERA A SOSPECHOSO FUGITIVO DE MAFIA ITALIANA
Un portavoz de la corte dijo que el juez no estaba al tanto de acusaciones
que vincularan al fugitivo con el crimen organizado.
Un juez español liberó a un sospechoso de crimen organizado italiano prófugo pocos días después de su arresto, y un portavoz de la corte dijo el martes que el juez no sabía que el hombre había sido identificado como una figura destacada en una poderosa operación criminal.
El aparente error fue un doloroso golpe a una persecución e investigación de dos años, realizada por la policía española en colaboración con la policía italiana, que llevó al arresto el 10 de octubre del fugitivo, Vittorio Raso, de 41 años.
El 12 de octubre, la policía española hizo público su arresto, identificando al Sr. Raso como un “vangelo” o miembro de alto rango de la organización criminal de Calabria 'Ndrangheta, y los medios locales lo informaron ampliamente. Un día después, pocos días después de su arresto, el juez Alejandro Abascal de la Corte Nacional de España lo liberó.
El portavoz de la corte dijo que el juez pensaba que el Sr. Raso había sido acusado únicamente de extorsión.
"La información que tenía en ese momento no incluía ninguna mención de su papel en la 'Ndrangheta", dijo el portavoz de la corte. Una portavoz de la policía nacional española no dijo el martes si la policía española había proporcionado al juez suficiente información sobre los cargos contra el sospechoso.
“Una vez que ponemos a alguien a disposición del poder judicial, ya no nos corresponde a nosotros manejarlo”, dijo. Tanto la portavoz de la policía como el portavoz del tribunal insistieron en que se ocultaran sus nombres, como es una práctica común entre los portavoces oficiales en España.
'Ndrangheta se ha convertido en una de las organizaciones criminales más poderosas de Italia debido a las conexiones con los carteles de la droga latinoamericanos que, con el tiempo, convirtieron a la organización en el principal importador de cocaína en Europa. Ganó infamia internacional a través de asesinatos en Italia y en el extranjero , así como inversiones multimillonarias en restaurantes y bienes raíces en Roma y en todo el mundo.
En un juicio celebrado en su ausencia en Italia en 2018, Raso fue declarado culpable de usura y tráfico de drogas y sentenciado a 20 años de prisión, una sentencia y condenas que serían definitivas solo si se agota el proceso de apelación.
También fue buscado por una orden de detención europea por los cargos de pertenencia a una organización criminal, tráfico de drogas y extorsión.
El Sr. Raso fue arrestado en Barcelona y luego, la policía italiana allanó diferentes domicilios en la ciudad de Turín, donde había estado anteriormente, incautando armas, unos 360.000 euros -unos 423.000 dólares- y 13 kilogramos de droga.
El 13 de octubre compareció por videoconferencia ante el juez Abascal, con sede en Madrid. El portavoz de la corte confirmó que el juez había entrevistado al Sr. Raso y decidió que debía ser liberado, en espera de juicio por el cargo de extorsión.
Para reducir el riesgo de fuga, el juez ordenó que el Sr. Raso entregara su pasaporte y se presentara semanalmente a la policía.
El tribunal español ha vuelto a emitir una orden de arresto contra el Sr. Raso, pero no se supo de inmediato si todavía estaba en España o había huido del país.
https://www.nytimes.com/2020/10/20/world/europe/Vittorio-Raso-released-spain.html
BATALLA ‘SUPREMA’ DE MAGISTRADOS POR UNA PLAZA EN EL JUZGADO DEL ‘CASO
VILLAREJO’
El alto tribunal decidirá sobre la pelea de dos jueces, que se cruzan
reproches, por ocupar un puesto de instructor en la Audiencia Nacional
Acostumbrados a decidir, a los magistrados Alejandro Abascal y Rosa María
Freire les tocará esta vez acatar. El Tribunal Supremo ya tiene entre sus
manos la intensa batalla que ambos mantienen por ocupar una plaza de
refuerzo en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia
Nacional, que investiga causas tan mediáticas como los casos Púnica y Lezo,
que cerca la corrupción del PP; y la Operación Tándem, sobre la macrotrama
política, policial y empresarial que gira en torno al comisario jubilado
José Manuel Villarejo. Después de que el Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), controlado por los conservadores, decidiera en febrero del pasado
año que ocupara el puesto el primero de ellos, miembro de la también
conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM); la segunda se
embarcó en una guerra que ya ha dejado un buen intercambio de reproches
entre sus protagonistas.
En sus escritos, Rosa María Freire, titular del Juzgado de Instrucción 32 de
Madrid e impulsora de la causa sobre la destrucción de los discos duros del
extesorero Luis Bárcenas —donde el PP arremetió contra ella y llegó a pedir
su recusación—, acusa al Poder Judicial de elegir a su oponente tras obviar
todos los méritos que le eran “objetivamente favorables” y tras crear “un
mérito superlativo de idoneidad no contemplado en la norma”. Una denuncia
que elevó más de tono el colectivo al que pertenece, la Asociación Judicial
Francisco de Vitoria (AJFV), que considera que el CGPJ adoptó un criterio
“arbitrario” en el seno de un Consejo que “se parece a un grupo de amigos de
un club de golf”.
Unas palabras que ya han encontrado respuesta de Abascal, juez de
Adscripción Territorial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este
envió el pasado 7 de enero un escrito a la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Supremo, al que ha tenido acceso EL PAÍS,
donde defiende la decisión del Poder Judicial y reprocha a Freire que, según
ella, “cualquier decisión que no pase por designarla se convierte en
discriminatoria”. “[Las afirmaciones de Freire] se agotan en su muy personal
juicio de valor sobre la superioridad de la candidata frente a cualquier
consideración que se le pueda oponer”, apostilla el documento, donde también
acusa a la magistrada de “atribuirse” continuamente una posición de
“preferencia” frente a él.
En su decisión del pasado año, el CGPJ valoró para designar a Abascal que en
2016 ya había ocupado seis meses ese mismo puesto. Un criterio que rechaza
Freire, que entonces no optó a la plaza y que recuerda que ella ostenta en
la carrera el número 1.271 del escalafón, frente al 4.212 de su adversario.
A lo que Abascal responde que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional,
al poner en marcha el concurso, consideró que “debía prevalecer la
experiencia en el propio órgano”.
“En resumen, lo que [Freire] hace no es contrastar sus méritos con la
definición de las concretas necesidades del órgano para concluir que sus
méritos son mayores, sino usurpar las funciones del órgano de gobierno y
establecer un cuadro de méritos que construye esas necesidades a la medida
de la conveniencia de su currículo personal”, remacha el juez en su escrito
del 7 de enero, donde también acusa a su oponente de insinuar que se le ha
discriminado por razón de género: “Aunque parece que, en realidad, lo que
plantea es una queja por el hecho de que la resolución impugnada no hubiese
incluido un factor de discriminación de género a su favor”.
Otros recursos
Más allá de la disputa particular entre estos dos magistrados, su pelea
ahonda en la crisis de reputación que sufre el CGPJ. Pese a que se encuentra
en funciones desde diciembre de 2018, este órgano ha seguido haciendo
nombramientos discrecionales —entre ellos, el de Abascal—, que dos
asociaciones judiciales han decidido recurrir al Supremo: “Los cargos se
están repartiendo por afinidades y no por lo único que debería contar en
estos casos, que es adjudicarlos de forma objetiva e imparcial a quienes más
se lo merezcan y mejor los puedan ejercer”, denunció entonces la AJFV. El
Supremo ya anuló el nombramiento de Eloy Velasco y Enrique López como
magistrados de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional tras las
alegaciones de otros jueces.
En este contexto, tras la celebración de las últimas elecciones del pasado
10 de noviembre y la negativa del PP a sentarse con el PSOE a negociar la
renovación de un CGPJ de mayoría conservadora, el presidente del órgano
Carlos Lesmes anunció el mes pasado que no hará más nombramientos hasta que
no se renueve.
https://elpais.com/politica/2020/02/07/actualidad/1581103175_404351.html
EL PODER JUDICIAL RATIFICA EL REFUERZO ENVIADO AL INSTRUCTOR DEL ‘CASO
VILLAREJO’
La comisión permanente del CGPJ rechaza el recurso presentado contra el
nombramiento del magistrado Abascal
La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha
frenado la ofensiva contra el nombramiento de Alejandro Abascal como
magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, que
impulsa investigaciones tan relevantes como los casos Villarejo y Lezo y la
Operación Púnica. El órgano ha rechazado este jueves el recurso presentado
por Rosa María Freire, instructora del caso de los discos duros de Bárcenas,
que también aspiraba a ocupar ese puesto y que presentó alegaciones contra
la designación.
Según el escrito enviado al Consejo por Freire, adelantado por EL PAÍS, el
CGPJ eligió a Abascal en 2016 obviando todos los méritos previstos para este
tipo de concursos, que le eran "objetivamente favorables", y se concedió el
puesto a Abascal solo porque lo ocupó durante seis meses en 2016. En esa
línea, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), que respaldó a
la magistrada, denunció la "arbitrariedad" de la comisión permanente, a la
que acusó de funcionar a veces como un "club de golf".
"La decisión de este jueves también es lamentable. Pese a que el recurso de
nuestra compañera Rosa Freire está cargado de argumentos jurídicos, basados
tanto en el texto legal como en la jurisprudencia, la Comisión Permanente ha
ratificado los mismos argumentos que se enarbolaron para otorgar la plaza a
Alejandro Abascal, sobre la premisa de su estancia en el órgano reforzado",
ha afirmado este viernes Raimundo Prado, portavoz de la AJFV. La juez
destacaba, por ejemplo, que el número escalafonal de Abascal es el 4.212,
frente al 1.271 que ella ostenta.
Freire ha decidido recurrir la decisión al Supremo, que ya tuvo que anular
en marzo el nombramiento de Eloy Velasco Núñez y Enrique López López como
magistrados de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. La comisión
permanente del CGPJ los designó en un primer momento, pero el alto tribunal
consideró que no se habían valorado correctamente los requisitos exigidos y
aceptó así los recursos presentados por otros dos jueces.
https://elpais.com/politica/2020/02/07/actualidad/1581103175_404351.html
EL CGPJ RATIFICA LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE ABASCAL EN EL CENTRAL DE
INSTRUCCIÓN 6 FRENTE AL RECURSO DE FREIRE
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
desestimó hoy, por 6 votos a 2, el recurso interpuesto por la magistrada
Rosa María Freire contra el acuerdo de nombramiento de su compañero,
Alejandro Abascal, como refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la
Audiencia Nacional, decisión tomada el pasado 14 de febrero de 2019.
Durante la deliberación se han recordado los principios rectores del proceso
de selección establecidos por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional
el 7 de febrero de 2019, el tercero de los cuales, decía: “La Sala de
Gobierno de la Audiencia Nacional considera que la antigüedad escalafonal no
debe ser criterio prioritario para la selección; estimando que sobre la
misma deben prevalecer la experiencia en el propio órgano y el tiempo
efectivo de ejercicio en la Jurisdicción penal en órganos similares al que
ha de ser objeto de refuerzo, unido a la experiencia en instrucción de
delitos competencia de la Audiencia Nacional o habitualmente conexos con los
enjuiciados en la misma, así como de macro causas, en la transmisión de
instrumentos de cooperación penal internacional y en materia de
reconocimiento de resoluciones dictadas en la Unión Europea y extradición
pasiva que son competencia exclusiva de la Audiencia Nacional”.
Una ventaja que poseía Abascal, al haber desempeñado ese mismo puesto, en
ese mismo Juzgado Central de Instrucción, entre marzo y diciembre de 2016,
cuando era titular el magistrado Eloy Velasco.
Y que encajaba con los criterios adoptados por la Sala de Gobierno el 20 de
diciembre de 2018 en la aprobación del informe sobre el borrador de
Propuesta de Instrucción sobre convocatoria, tramitación, resolución y
ejecución de medidas de apoyo.
Freire, actualmente titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid,
argumentó en su recurso que se habían obviado todos los méritos que le eran
“objetivamente favorables” y que se le concedió el destino a Abascal por esa
experiencia de seis meses en la Audiencia Nacional.
“Se crea un mérito superlativo de idoneidad no contemplado en la norma”,
escribió la magistrada.
Freire destacó en su recurso que, por ejemplo, el número escalafonal de
Abascal es el 4.212, frente al 1.271 que la magistrada ostenta.
“Y el tiempo de desempeño de funciones jurisdiccionales instructoras penales
es notoriamente superior en mi caso que en el del nombrado”, añadía.
Los vocales que votaron en su favor han sido la abogada Pilar Sepúlveda y el
magistrado Rafael Mozo.
https://confilegal.com/20190516-el-cgpj-ratifica-la-comision-de-servicios-de-abascal-en-el-central-de-instruccion-6-frente-al-recurso-de-freire/
OFENSIVA CONTRA EL NOMBRAMIENTO DEL MAGISTRADO DE REFUERZO ENVIADO AL
JUZGADO DEL ‘CASO VILLAREJO’
Un colectivo de jueces dice que pudo primar su pertenencia a una asociación
conservadora
La lupa se ha colocado sobre el Juzgado Central de Instrucción número 6 de
la Audiencia Nacional, que vive desde hace meses inmerso en la investigación
de tramas tan extensas y complejas como Púnica, Lezo y el caso Villarejo.
Tras la renuncia el pasado diciembre de Diego de Egea a seguir como
magistrado de refuerzo en ese órgano, la comisión permanente del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) nombró en febrero como su sustituto al
juez Alejandro Abascal, vinculado a la conservadora Asociación Profesional
de la Magistratura (APM). Una decisión que ha recurrido ahora la instructora
Rosa María Freire, que también aspiraba a ocupar esa plaza y que es
conocida, por ejemplo, por enviar al PP al banquillo por la causa abierta
por la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas.
En un escrito presentado ante el Consejo, al que ha tenido acceso EL PAÍS,
Freire argumenta que se han obviado todos los méritos previstos para este
tipo de concursos, que le eran "objetivamente favorables", y se ha concedido
el puesto a Abascal solo porque lo ocupó durante seis meses en 2016. "Se
crea un mérito superlativo de idoneidad no contemplado en la norma", incide
en su recurso la magistrada, que ha encontrado el respaldo de la Asociación
Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda más numerosa del sector
después de la APM y a la que pertenece la juez.
Raimundo Prado, portavoz de la AJFV, insiste en que "la ley establece una
serie de baremos y estos no se han respetado": "Además, el CGPJ se ha sacado
de la chistera un criterio que no existe". "Estamos hartos de esa
arbitrariedad y de que las motivaciones sean cambiantes, amoldándose a
determinadas personas de determinadas asociaciones", continúa el
representante de la Asociación Francisco de Vitoria, que subraya que, a
veces, el Consejo del Poder Judicial "se parece un poco a un grupo de amigos
de un club de golf".
Freire destaca en su recurso —que ya fue admitido a trámite, según la AJFV—
que, por ejemplo, el número escalafonal de Abascal es el 4.212, frente al
1.271 que la magistrada ostenta. "Y el tiempo de desempeño de funciones
jurisdiccionales instructoras penales es notoriamente superior en mi caso
que en el del nombrado", añade la juez en su recurso. Además, en 2017,
Abascal intentó volver a ser el juez de refuerzo y, en esa ocasión, no se
primó su experiencia previa, por lo que De Egea acabó ocupando el puesto.
En su resolución del pasado 14 de febrero, la comisión permanente del CGPJ
destacaba en el nombramiento de Abascal "su experiencia en los juzgados
centrales de instrucción de la Audiencia Nacional y en concreto en el mismo
órgano a reforzar".
https://elpais.com/politica/2020/02/07/actualidad/1581103175_404351.html
LA APM EMPLEA LA FIGURA DEL “JUEZ DIVULGADOR” PARA AYUDAR A ENTENDER LA
SENTENCIA DEL “PROCÉS”
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), una de las cuatro
asociaciones de jueces existentes, va a emplear la figura del llamado “juez
divulgador” o “juez explicador” para ayudar a los periodistas a aclarar y
comprender aquellos aspectos de la sentencia del “procés” –cuya publicación
previsiblemente se producirá hoy– que, por su técnica jurídica, sean
importantes y relevantes.
Un papel que va a asumir el magistrado Alejandro Abascal Junquera, juez de
refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional,
quien ha recibido este encargo de la Ejecutiva de la APM.
“El lenguaje profesional que empleamos en ocasiones es opaco y puede ser
malinterpretado. Queremos ayudar a explicar, en un lenguaje llano y
comprensible, todo lo que sea necesario y aclarar todas las dudas que puedan
existir, desde un punto de vista aséptico y objetivo “, explica el
magistrado Abascal Junquera.
La APM ha dirigido este servicio, vía e-mail, a los periodistas que han
venido cubriendo, durante las 52 semanas que ha durado el juicio del
“procés”.
“Ante la previsible próxima notificación de la sentencia pronunciada en la
causa especial abierta por los hechos acaecidos en Cataluña a raíz del 1 de
octubre de 2017, la Asociación Profesional de la Magistratura se pone a
disposición de los medios de comunicación para, una vez sea hecha pública,
atender todas las cuestiones jurídicas de interés que puedan desprenderse de
la resolución del Alto Tribunal”, dice la misiva.
“Esperamos que os pueda resultar útil para poder transmitir la información
más completa posible de los hechos y razonamientos jurídicos de la
sentencia, así como aclarar las eventuales dudas que puedan surgir. Quedamos
a vuestra entera disposición”, concluye.
No es la primera vez que la APM ofrece este tipo de asesoramiento a los
medios de comunicación. A lo largo de los últimos tres años sus dos
coportavoces, Celso Rodríguez Padrón –elegido recientemente presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid– y María Jesús del Barco –decana de
los Juzgados de Madrid–, han cumplido esa función.
Las otras tres asociaciones también, en diferentes medidas, han asumido ese
rol de “jueces divulgadores” o “explicadores” después de que el actual
presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal
Supremo, Carlos Lesmes Serrano, asumiera en su persona la figura del vocal
portavoz. que funcionó entre 1980, cuando se creó el CGPJ, y 2014, cuando
comenzó su mandato.
Un eufemismo, porque en realidad acabó con ella.
Una figura reclamada por jueces decanos y presidentes de audiencias
provinciales
Los presidentes de 37 –de las 50– Audiencias Provinciales (AAPP) abogaron,
el pasado 12 de abril, en el marco de las XIX Jornadas Nacionales de
Presidentes de AAPP, celebrada en Vitoria, Álava, por la adopción de la
figura del ‘juez divulgador’ o ‘juez portavoz en los órganos judiciales,
siguiendo las recomendaciones de la Red de Consejos del Poder Judicial de
Europa (ENCJ, por sus siglas en inglés), con el fin de poder explicar las
sentencias y las decisiones judiciales de una manera comprensible para el
gran público y evitar así fiascos como el del caso de «la manada».
«En línea con las recomendaciones de la Red Europea de Consejos de Justicia,
debería estudiarse la oportunidad de la figura del ‘juez portavoz’ o ‘juez
divulgador’, que en colaboración con los Gabinetes de Comunicación de los
TSJ y con la aptitud y formación apropiada, explique a la ciudadanía, a
través de los medios de comunicación, el contenido de decisiones judiciales
y su fundamento en las normas y principios constitucionales. El objetivo
sería fortalecer la confianza en la Administración de Justicia a través de
su función divulgativa», afirman los presidentes de AAPP.
Y lo mismo hicieron antes los Jueces y Juezas Decanos en la clausura de sus
XXVIII Jornadas, celebradas en octubre de 2018 en Melilla.
«En esa línea, para conseguir una mayor transparencia y claridad y favorecer
el derecho a la información de todos los ciudadanos ‘proponemos que un
magistrado se incorpore a todos los Gabinetes de Prensa de los Tribunales
Superiores de Justicia», acordaron entonces.
Una idea que ha sido bien acogida por algunos diputados, como el socialista
Juan Carlos Campo –magistrado en servicios especiales, exsecretario de
Estado de Justicia y exvocal del CGPJ–, que el pasado mes de mayo declaró
que los «Los jueces comunicadores serían una buena solución para la
Justicia».
De acuerdo con Manuel Almenar, presidente de la APM, «en la carrera se echó
mucho de menos la falta de una figura de este tipo, y de una estrategia de
comunicación proactiva, cuando se conoció la sentencia de ‘la manada'”.
Las recomendaciones de la red de Consejos de Europa, un referente
Presidentes de Audiencias Provinciales y jueces decanos ven como una figura
similar funciona con gran éxito en otros entes oficiales, como las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, y consideran que ha llegado el momento de
abandonar el silencio y asumir una función implícita en el artículo 117 de
la Constitución, donde se dice que la Justicia emana del pueblo.
Un pueblo al que hay que explicarle en su idioma las decisiones de sus
órganos judiciales para que las entienda.
Paradójicamente, en la gestación de las recomendaciones del ENCJ, elaboradas
por un grupo de trabajo en 2012, que después recibió el respaldo unánime del
Pleno de la organización, tomó parte el CGPJ en la persona de la entonces
vocal Gemma Gallego y de miembros del personal técnico del Consejo.
“Todos los países deberán desarrollar y aplicar un sistema de portavocía
judicial que recaiga en Jueces divulgadores (responsables de las relaciones
con la prensa) y asesores de comunicación que posean amplios conocimientos
sobre el sistema judicial, dotes para informar al público en un lenguaje
comprensible y aptitudes sociales y mediáticas”, dice la recomendación
principal que aparece en el “Proyecto ‘Poder Judicial, Sociedad y Medios de
Comunicación”.
“Todos los países deberán desarrollar y aplicar un sistema de portavoces
judicial que recaiga en Jueces divulgadores (responsables de las relaciones
con la prensa) y asesores de comunicación que posean amplios conocimientos
sobre el sistema judicial, dotes para informar al público en un lenguaje
comprensible y aptitudes sociales y mediáticas“, prosigue.
“Los Jueces divulgadores y los asesores de comunicación deberán trabajar
tanto a escala nacional como local (y, en algunos países, regional). Estos
Jueces divulgadores deberán ser jueces que ejerzan en los tribunales y en la
jurisdicción correspondiente al hecho sobre el que la prensa desea recibir
información”.
El rol de “juez divulgador” fue desarrollado entre finales de los 90 y
principios de la década de los 2000 en Holanda y ha sido “exportado” a buena
parte de los países europeos.
https://confilegal.com/20191014-la-apm-emplea-la-figura-del-juez-comunicador-para-ayudar-a-entender-la-sentencia-del-proces/
LA JUEZ DEL BORRADO DE LOS DISCOS DUROS DE BÁRCENAS SE POSTULA PARA UNA
PLAZA EN LA AN
La magistrada Rosa María Freire opta a ser juez de refuerzo del titular del
Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional.
Rosa María Freire, la magistrada que instruyó el borrado de los discos duros
del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y Alejandro Abascal, el
juez que investigó en secreto al expresidente de la Comunidad de Madrid
Ignacio González en la trama Lezo, han presentado su candidatura para ser
juez de refuerzo del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de
la Audiencia Nacional, el magistrado Manuel García Castellón.
Según informan fuentes jurídicas a El Independiente, junto a Freire y
Abascal también optan a esta plaza el magistrado de la Audiencia Provincial
de Madrid Joaquín Delgado; el magistrado del Juzgado de lo Mercantil 10 de
Barcelona, Manuel Ruiz de Lara; el ex juez decano de Denia, Joaquín Reyes;
y, la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Alcobendas, María
Paloma Montaño.
Todas estas candidaturas serán analizadas por la Sala de Gobierno de la
Audiencia Nacional que elevará una propuesta al Consejo General del Poder
Judicial, que preside Carlos Lesmes. Se da la circunstancia de que el
magistrado de adscripción territorial de Madrid, Alejandro Abascal,
actualmente destinado en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Fuenlabrada,
ya fue juez de refuerzo de dicho juzgado cuando lo encabezaba su anterior
titular, el instructor Eloy Velasco. Este hecho le hace ser el mejor
posicionado para hacerse con la nueva vacante, indican las fuentes
informantes.
Freire, recusada por el PP sin éxito
Junto a Abascal se encuentra bien posicionada, la titular del Juzgado de
Instrucción Número 32 de Madrid, Rosa María Freire, conocida por haber
enviado al Partido Popular al banquillo de los acusados por el borrado de
los discos duros de Bárcenas. En el marco de esa causa, la formación de
Casado, a la desesperada, trató de recusarla sin éxito por “su evidente
cercanía al PSOE”. La Audiencia de Madrid confirmó su instrucción en el caso
de los discos duros en diferentes resoluciones y respaldó que el PP, su
tesorera Carmen Navarro, el jefe de sistemas y el representante legal de la
formación sean juzgados por la destrucción de las memorias USB de Bárcenas.
Por otro lado, junto a la designación del juez de refuerzo, el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto aprobar próximamente un
juez de apoyo para el titular del Juzgado Número 6 de la Audiencia Nacional,
instructor de los casos Villarejo, Púnica, Lezo y Acuamed. La figura de este
magistrado, que no tiene función jurisdiccional, está prevista en la
disposición adicional 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) como
apoyo judicial en la instrucción de causas complejas. Según ha podido saber
este medio para dicho puesto se baraja con fuerza el nombramiento del
magistrado de adscripción territorial de Cataluña, Pablo Catalán.
Mientras la aprobación de la figura novedosa del juez de apoyo compete
exclusivamente al Consejo, en el caso del juez de refuerzo el órgano de
gobierno de los jueces debe escuchar el dictamen de la Sala de Gobierno de
la Audiencia Nacional. Dicho dictamen es preceptivo y no vinculante.
https://www.elindependiente.com/politica/2019/01/31/la-juez-los-discos-duros-barcenas-juez-investigo-secreto-gonzalez-optan-una-plaza-la-an/
PILAR MARTÍNEZ CEYANES ELEGIDA POR LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA
MAGISTRATURA PARA OPTAR AL NUEVO CGPJ
La decana de los juzgados de Oviedo ha resultado elegida en la
circunscripción electoral formada por Asturias, Galicia, Cantabria, País
Vasco y Castilla–León, El también asturiano Alejandro Abascal, designado por
Madrid.
La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria entre jueces y
magistrados, con más de 1.400 asociados, ha elegido a la magistrada ovetense
Pilar Martínez Ceyanes para formar parte de los doce magistrados integrantes
de la candidatura que avala esta asociación dentro del proceso de renovación
de los Vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder
judicial.
La decana de los juzgados de Oviedo ha resultado elegida en la
circunscripción electoral formada por Asturias, Galicia, Cantabria, País
Vasco y Castilla–León junto con el Decano de los jueces de Vitoria, José
Luis Núñez Corral.
Pilar Martínez Ceyanes es titular del Juzgado de lo Contencioso
administrativo nº 2 de Oviedo y es Decana de los Juzgados de Oviedo desde el
año 2011, habiendo sido elegida por sus compañeros para dicho puesto y
estando actualmente en su segundo mandato. Asimismo, es miembro electo de la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por elección
de los jueces y magistrados destinados en Asturias también en segundo
mandato en la actualidad.
En la relación de los doce candidatos también se encuentra otro magistrado
asturiano, Alejandro Abascal Junquera, que actualmente ocupa el puesto de
Juez de Adscripción Territorial en el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid y que ha resultado designado candidato dentro de la circunscripción
electoral madrileña formada en la asociación.
Se da la circunstancia que es la primera ocasión en la que dos magistrados
asturianos forman parte de la candidatura en el proceso de elección de los
20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (12 de ellos de
procedencia judicial y 8 entre otros juristas de reconocida competencia).
El próximo día 4 de diciembre de 2018 se cumplirá el plazo de cinco años que
establece el artículo 568.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la
renovación del Consejo General del Poder Judicial.
https://www.icaoviedo.es/Noticias/Noticias-de-la-abogacia/?codNoticia=3216
EL SUPREMO ANULA LOS NOMBRAMIENTOS DE DOS JUECES DE LA AUDIENCIA NACIONAL
El alto tribunal estima los recursos de dos magistrados que se presentaron a
las plazas de la Sala de Apelación
El Tribunal Supremo ha sacudido este jueves a la Audiencia Nacional con una
resolución que anula los nombramientos de dos de sus magistrados –Eloy
Velasco y Enrique López- como miembros de la Sala de Apelación, el órgano
encargado de revisar en segunda instancia las sentencias de las cuatro
secciones penales de la Audiencia. En una resolución conocida esta tarde, el
Supremo ha dejado sin efecto la designación de ambos magistrados que realizó
el Consejo General del Poder Judicial en mayo de 2017. La decisión, según
fuentes jurídicas, no afecta a las decisiones que Velasco y López, ambos con
plaza en la Audiencia Nacional, hayan adoptado durante su etapa en la Sala
de Apelación, entre ellas la revisión de la condena por el caso de la
agresión a los guardias civiles de Alsasua (Navarra) o las que afectan a
raperos como Pablo Hasel por enaltecimiento del terrorismo.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo ha dado la razón a dos
magistrados –Manuela Fernández de Prado, de la Audiencia Nacional, y Carlos
Valle, juez de instrucción de Madrid, que también optaron a esas plazas y
recurrieron el nombramiento de sus colegas tras verse relegados. Los
recurrentes entendían, y ahora el Supremo les da la razón, que Velasco y
López no cumplían debidamente el requisito de especialización penal que
figuraba en las bases para acceder a la Sala de Apelación, que fue creada
tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de octubre de 2015.
La sentencia de la que no se conoce más que la parte dispositiva, deberá
aclarar si la decisión del alto tribunal obliga a realizar un nuevo concurso
para la adjudicación de las plazas en la Sala de Apelación o bien las
adjudica directamente a otros magistrados que se quedaron fuera del concurso
en función de su puesto en el escalafón, afirman fuentes jurídicas. A la
convocatoria ganada por Eloy Velasco y Enrique López concurrieron 33
magistrados. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial
adjudicó las plazas con seis votos favorables y dos contrarios, los de los
vocales Pilar Sepúlveda y Álvaro Cuesta.
La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 330.7 dispone que “la
provisión de plazas de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional se
resolverá a favor de quienes, con más de quince años de antigüedad en la
carrera, hayan prestado servicios al menos durante diez años en el orden
jurisdiccional penal, prefiriéndose entre ellos a quienes ostenten la
condición de especialista”.
Sin embargo, una sentencia del Supremo de julio de 2013 anuló las pruebas
para el reconocimiento de la condición de especialista penal, por lo que a
la hora de adjudicar las plazas el Gabinete Técnico del Consejo del Poder
Judicial asimiló a la condición de especialistas a los magistrados que
hubieran pasado las pruebas de selección anteriores en el orden
jurisdiccional civil y penal, situación en la que de los 33 candidatos, solo
estaban López y Velasco. Ambos obtuvieron la plaza “con preferencia sobre
los/las peticionarios/as con mejor número de escalafón”.
Enrique López tiene su plaza en propiedad en la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional. De talante conservador, fue apartado del tribunal del
caso Gürtel por su supuesta cercanía al Partido Popular. Este partido le
aupó a un puesto de magistrado del Tribunal Constitucional al que renunció
en junio de 2014 tras ser imputado por un delito contra la seguridad vial.
En cuanto a Velasco, primer juez instructor de los casos Púnica y Lezo en su
etapa al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia
Nacional, su destino tras esta decisión del Supremo es una incógnita.
Fuentes jurídicas apuntan la posibilidad de que se quede en la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional.
https://elpais.com/politica/2019/03/28/actualidad/1553792126_920895.html
EL ORGANIZADOR DE ESTA CONFERENCIA, EL CONCESIONARIO DE BMV EN OVIEDO, EVITA
EXPLICAR CUÁNTO COBRÓ LLARENA POR ESA CHARLA
Un magistrado del Supremo puede percibir entre 1.000 y 4.000 euros por su
participación en uno de esos foros de debate, según fuentes jurídicas.
La presión de jueces y fiscales ha obligado al Gobierno de Pedro Sánchez a
matizar su postura inicial sobre la defensa del magistrado del Tribunal
Supremo que instruye el ‘procés’, Pablo Llarena, tras la demanda civil
presentada por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Mientras que el pasado jueves el Ministerio de Justicia aseguró que el
Estado no asumiría la defensa de los actos «privados» de Llarena, el
Ejecutivo salió con un nuevo comunicado este domingo para desdecirse de esas
palabras.
«La demanda presentada en Bruselas incluye también referencias a expresiones
o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el
Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por
afirmaciones de carácter privado ajeno a su función», decía el comunicado
del Ministerio de Justicia del jueves. La demanda presentada por Puigdemont
y los exconsellers en Bruselas hace referencia a unas palabras pronunciadas
por el juez en una conferencia organizada por un concesionario de coches de
Oviedo. Una conferencia por la que Llarena cobró, al margen de su cargo como
magistrado del Supremo.
Lo cierto es que las conferencias de jueces organizadas por empresas
privadas son una práctica generalizada en la magistratura. Así lo reconoce
una fuente autorizada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que
asegura que no existe ninguna norma que las prohíba. Tampoco se debe pedir
un permiso especial para asistir a las mismas. «Si la conferencia coincide
con horario de audiencia se tramitará un permiso para poder convocar al juez
sustituto», asegura el mismo portavoz del Poder Judicial a eldiario.es. Solo
cuando se trate de una «actividad continuada» deberá solicitarse la
compatibilidad. En esta categoría entrarían las clases en la universidad o
la docencia en otro tipo de institutos, así como los trabajos de
investigación científica.
Por estas charlas se paga una remuneración que tampoco se controla desde el
CGPJ, aseguran estas mismas fuentes: «Eso entra dentro del acuerdo privado
entre la empresa y el magistrado». Los honorarios son mayores cuanto más
importante es el juez que imparte la conferencia, explican a este diario
magistrados que han participado o recibido ofertas para estas charlas que
organizan instituciones como puede ser una universidad, pero también
empresas, bancos o medios de comunicación. Un magistrado del Supremo puede
percibir entre 1.000 y 4.000 euros por su participación en uno de los foros
de debate organizado por una empresa privada, afirman varias fuentes
jurídicas.
Este diario ha preguntado por los honorarios del juez Llarena por sus dos
charlas organizadas por concesionarios de BMW en Salamanca y Oviedo, pero se
han negado a facilitar ese dato. En estas charlas también participaron el
magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Antonio del Moral
García; el magistrado de la Sala de apelación de la Audiencia Nacional,
Enrique López López, y el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Alejandro
Abascal Junquera.
La participación de jueces y fiscales en actividades remuneradas por
empresas privadas no está prohibida en España, donde la regulación sobre
este tipo de compatibilidades es mucho más laxa que en otros países de
nuestro entorno.
Lo explicó la propia ministra Dolores Delgado durante una entrevista en
Radio Nacional de España este lunes. En RNE, Delgado recordó que la idea
inicial del Gobierno de no abonar la defensa de sus «actos privados» se
enmarcaba -la decisión final defenderá ahora del bufete que actuará ante
Bruselas- dentro de una estrategia que contempla que el asunto acabe en
Estrasburgo, donde no hay tanta comprensión con esas actividades privadas de
los jueces.
También en España esas conferencias son cuestionadas por algunos magistrados
que, aunque reconocen que no existe una incompatibilidad legal, aluden a
cuestiones deontológicas. ¿Qué pasa si una de estas charlas remuneradas pasa
a ser investigada por algunos de los jueces que acudieron a los cursos o
jornadas?, se preguntan algunos juristas consultados por eldiario.es. «Eso
pasa sobre todo con los bancos», aseguran magistrados y fiscales a este
medio.
El Gobierno de Sánchez entendió que no era competencia del Estado defender
unas declaraciones del magistrado fuera de su ejercicio, a la vez que
anunciaba que se personaría en la causa para defender la independencia
judicial y la soberanía española. En las jornadas sobre ‘delitos económicos
y responsabilidad penal de las empresas’ en las que Llarena participó el
pasado mes de febrero organizadas por el concesionario de BMV en Oviedo, el
juez afirmó que Oriol Junqueras y el resto de miembros del Govern en prisión
«no son presos políticos». «Se trata de «comportamientos recogidos en el
Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación
que les hubiese llevado a cometerlos, tienen que ser investigados», explicó
Llarena. Para los abogados del expresident el magitrado emitió «una opinión
antes del juicio y fuera de los tribunales y por tanto prejuzgó».
En otras jornadas similares organizadas en Salamanca dos meses después, el
magistrado ya no quiso contestar a las preguntas sobre el caso.
Para el Poder Judicial, Llarena no actuó de forma incorrecta participando en
la conferencia privada y hablando de un caso que instruye ya que «lo normal
es que los periodistas pregunten y que él conteste». «Lo que el magistrado
no puede hacer es revelar datos de la investigación que se encuentren
afectados por secreto de sumario», aseguran desde el CGPJ a este medio, que
entiende que las declaraciones del magistrado de Llarena no fueron en esa
línea «en ningún caso».
Otras conferencias polémicas
No es la primera vez que estas charlas generan controversia e incluso
sanciones a magistrados. El juez del caso Asunta, José Antonio Vázquez Taín,
fue castigado por el Tribunal Superior de Justicia gallego, una pena que
ratificó el Supremo tras su intervención en un curso sobre terrorismo,
seguridad ciudadana y violencia antisistema. El entonces titular del juzgado
de instrucción número 2 de Santiago de Compostela aseguró que «en periodismo
funciona, sale un tuit y dicen, no, los datos revelan que Asunta volaba,
ojoooo, fuentes bien informadas próximas a la información bien contrastadas
en la forma que, Asunta vuela».
El Supremo consideró en su sentencia que la actuación del juez que
investigaba el asesinato de la niña en Santiago de Compostela fue algo más
que «desafortunada y alcanzó los límites de lo claramente incorrecto: se
encontraba instruyendo una causa penal por un delito especialmente grave, y
con gran trascendencia social, en el que, no solo se había declarado el
secreto de la instrucción sino que, además, se había decretado por él mismo
la prisión de los dos progenitores de la víctima por lo que no se justifica
realizar bromas de mal gusto relacionadas con ese asunto del que era Juez
instructor, sobre todo cuando [la ley] le atribuye como fundamental misión,
la protección y defensa de las víctimas».
Jueces de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, audiencias
provinciales y tribunales superiores cobraron de Ausbanc por impartir
charlas, conferencias y asistir al denominado Foro de la Justicia que
organizaba esta asociación desde 2010, antes de saber que estaba siendo
investigada y de que se encarcelara a su presidente, Luis Pineda acusado de
extorsionar a bancos y particulares a cambio de no dañar su imagen.
Las cantidades que percibieron los jueces oscilaban entre los 800 y 1.500
euros, además del viaje que estaba pagado. Con estas conferencias, el
presidente de Ausbanc tenía como propósito estrechar vínculos y relaciones
con magistrados a los que les podían caer pleitos que interponía en nombre
de sus consumidores.
https://kaosenlared.net/la-polemicas-palabras-de-llarena-charlas-pagadas-por-un-concesionario-de-coches-de-lujo/
EL PODER JUDICIAL CORTA EL GRIFO Y DEJA OTRA VEZ SOLO AL JUEZ QUE LLEVA
PÚNICA Y ACUAMED
La plaza de Alejandro Abascal, magistrado de apoyo de Eloy Velasco, no ha
sido renovada. Un portavoz del CGPJ señala que la situación del juzgado 6 de
la Audiencia ha mejorado
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido no renovar la plaza
de refuerzo que tenía el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia
Nacional, cuyo titular es Eloy Velasco, que actualmente lleva causas tan
mediáticas como Púnica y Acuamed (ambas salpican gravemente a cargos
públicos del PP). Alejandro Abascal Junquera ha estado esta semana
despidiéndose de sus compañeros, ya que ha finalizado su comisión de
servicios de seis meses. Un portavoz del órgano de gobierno de los jueces ha
explicado a El Confidencial que Velasco se queda sin este magistrado de
apoyo, ya que la situación procesal del juzgado se ha desatascado bastante
en esto seis meses. La plaza se podría haber renovado otro semestre más.
Como ya publicó El Confidencial, Velasco empezó a solicitar en septiembre de
2015 un magistrado de refuerzo que le permitiera centrarse y agilizar el
centenar de casos que tenía asignados, la mitad de ellos declarados
"complejos". La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional lo aprobó el 23 de
noviembre de 2015 y lo tramitó el día 26, enviando al Consejo General del
Poder Judicial el informe pertinente que justificaba ese refuerzo. Cuatro
meses después, el 10 de marzo de 2016, la Comisión Permanente del Poder
Judicial aprobaba la plaza, tras contar con el plácet presupuestario del
Ministerio de Justicia (que es quien dota económicamente el nuevo puesto).
Velasco había argumentado su petición de refuerzo por la "acumulación
sobrevenida de trabajo por razón de la complejidad de las causas" a su cargo
y "particularmente" por el caso Púnica. En su escrito, Velasco expuso la
necesidad de "impulsar y agilizar" las causas acumuladas en su juzgado. "No
es tanto un problema de cantidad, sino de calidad y complejidad de los
mismos". Abascal comenzó así su nuevo trabajo en junio.
En estos seis meses, las tareas se han repartido. Mientras que Abascal se ha
encargado de las causas nuevas que ha entrado en el juzgado número 6 y de
aquellas pequeñas instrucciones que requieren una tramitación menor, Velasco
ha aprovechado para impulsar los grandes casos ya iniciados, que necesitan
meses de diligencias, como son Púnica, Acuamed o algunas instrucciones sobre
crimen organizado que atañen a grupos tan peligrosos como Los Ángeles del
Infierno o el clan de La Camorra de Los Polverino.
En teoría Alejandro Abascal volverá a su plaza de origen, el juzgado de lo
penal número 29 de Madrid
Velasco también lleva causas de terrorismo, como la de los abogados de ETA,
las relaciones de la banda terrorista vasca con las FARC colombianas y
varios casos de yihadismo. Sin olvidar otros asuntos de justicia universal,
como la investigación del asesinato del jesuita español Ignacio Ellacuría.
El accidente de un avión de la compañía Swiftair en Malí es otro de los
procedimientos que se acumulan en su despacho. El Poder Judicial considera
que Velasco ya ha avanzado en muchas de estas causas.
En teoría Abascal volverá a su plaza. Es juez de Adscripción Territorial en
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Está destinado en el Juzgado de
lo Penal número 29 de Madrid. En su labor en la Audiencia Nacional, Abascal
archivó la denuncia por la presunta financiación irregular de Podemos con
fondos de Irán y Venezuela.
https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-12-25/eloy-velasco-punica-acuamed-juez-refuerzo-apoyo_1308982/
ALEJANDRO
ABASCAL, JUEZ DE REFUERZO DE ELOY VELASCO
El magistrado Alejandro Abascal es el nuevo juez de refuerzo de Eloy Velasco
en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. A partir de
ahora, y por un plazo de seis meses, se dedicará a resolver todos los
asuntos que entren regularmente mientras Velasco se dedica a los casos que
necesitan agilización, como la Púnica.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha
acordado hoy nombrar a un magistrado en comisión de servicio con relevación
de funciones como medida de refuerzo para el citado Central 6.
Alejandro Abascal contó con los votos favorables de seis de los miembros de
la Permanente -el presidente Carlos Lesmes, los vocales conservadores
Gerardo Martínez Tristán, Juan Martínez Moya y Nuria Díaz Abad, y los
progresistas Pilar Sepúlveda y Álvaro Cuesta.
En su contra votó la progresista Mar Cabrejas. Rafael Mozo, también
progresista, votó en blanco.
Abascal es juez de Adscripción Territorial en el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. Actualmente está destinado en el Juzgado de lo Penal 29
de Madrid -en Julián Camarillo- y era uno de los tres candidatos
seleccionados por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.
Los otros eran Coro Monreal y Juan Antonio Toro, los dos jueces de
instrucción, la primera en el 34 y el segundo en el 36, ambos de Madrid.
El magistrado designado es el juez de Adscripción Territorial del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid Alejandro Abascal Junquera, actualmente
destinado en el Juzgado de lo Penal número 29 de Madrid y que era uno de los
tres candidatos preseleccionados por la Sala de Gobierno de la Audiencia
Nacional. Antes fue letrado en el órgano de gobierno de los jueces.
La asignación de Abascal al Juzgado Central de Instrucción 6 tiene su origen
en la solicitud que hizo Eloy Velasco el pasado 23 de octubre por la
“acumulación sobrevenida de trabajo por razón de la complejidad de las
causas” que se instruyen en este órgano judicial “y particularmente en
relación al procedimiento DPA 85/2014 en la denominada ‘operación Púnica'”.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional aprobó y convocó la comisión de
servicio. Diez candidatos optaron, de los que fueron seleccionados tres. Una
lista que fue remitida, como propuesta al CGPJ.
El pasado 1 de marzo, el Ministerio de Justicia emitió la preceptiva
autorización económica, como había adelantado Confilegal.
https://confilegal.com/20160310-alejandro-abascal-juez-refuerzo-eloy-velasco/
LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA REELIGE PRESIDENTE A JESÚS
CHAMORRO GONZÁLEZ
La Asociación Profesional de la Magistratura ha reelegido hoy para su
presidencia a Jesús Chamorro González, presidente de la sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
Según informó la asociación de jueces en un comunicado, Chamorro fue
reelegido por unanimidad de los compromisarios asistentes a su XVIII
Congreso Nacional, que se ha celebrado esta semana en Valladolid.
Además, también han sido elegidos por unanimidad los miembros de su
Ejecutiva Nacional. Se trata de Alejandro Abascal Junquera (juez de Arenas
de San Pedro, Ávila); José Antonio Ballestero Pascual (magistrado de la Sala
de lo Civil-Penal del TSJ La Coruña); Carmen Frigola Castillón (magistrada
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ Baleares); José Manuel
López García de la Serrana (magistrado de la Sala Cuarta del TS); Pablo
Llarena Conde (magistrado Sección 6ª Audiencia Provincial de Barcelona);
Juan Ángel Moreno García (magistrado Sección 9ª Audiencia Provincial de
Madrid); Edilberto Narbón Laínez (presidente Sala Contencioso-Administrativo
TSJ de Valencia); Nuria Orellana Cano (magistrado Juzgado de lo Mercantil nº
1 de Cádiz); María Teresa Sáez Martínez (magistrado de la Audiencia
Provincial de Málaga) y María Félix Tena Aragón (magistrado, Presidente
Sección 2ª Audiencia Provincial de Cáceres)
https://www.europapress.es/
EL COLEGIO DE MÉDICOS FELICITA A RAMÓN ABASCAL POR LA SENTENCIA QUE ANULA SU
SUSPENSIÓN DE EMPLEO Y SUELDO
El Colegio Oficial de Médicos de Asturias ha felicitado este martes al
doctor Ramón Abascal García por la sentencia del Juzgado de lo Social número
1 de Oviedo que declara la "nulidad radical" de la suspensión provisional de
empleo y sueldo y ordena reponerle en su puesto de jefe de Servicio de
Urología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
Desde el Colegio resaltan, en nota de prensa, que la sentencia considera la
resolución del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) "nula de
pleno derecho" y "avala en plenitud" el comportamiento del doctor Ramón
Abascal.
Así, incide en que el fallo "afirma con contundencia que la Consejería de
Sanidad vulneró derechos fundamentales de índole constitucional".
Por ello, recuerda que la juez condena al Sespa "a reconocerle el amparo
solicitado por violación de sus derechos fundamentales, reponiéndole de
inmediato en su puesto de jefe de Servicio" con idénticos derechos y
obligaciones, al tiempo que tendrá que indemnizarle con 3.800 euros por
daños y perjuicios.
"La sentencia deja claras las consecuencias de los comportamientos
prepotentes, injustos, absurdos y caprichosos que al final tenemos que pagar
todos los ciudadanos. Dada la contundencia de las Resoluciones Judiciales
que remitimos y el grado máximo de la ilegalidad cometida por la Consejería,
el Ilustre Colegio de Médicos de Asturias esta preparando el inicio de vía
penal mediante el planteamiento de Querella Criminal por Prevaricación
contra los responsables de la Consejería", dice en el escrito la presidenta
del Colegio Oficial de Médicos de Asturias, Carmen Rodríguez.
https://www.20minutos.es/noticia/1695677/0/
UNA SENTENCIA CONSIDERA NULA LA RESOLUCIÓN DEL SESPA DE SUSPENDER DE EMPLEO
Y SUELDO AL JEFE DE UROLOGÍA DEL HUCA
La juez del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, María del Pilar Muiña,
ha estimado parcialmente la demanda de amparo formulada por el doctor Ramón
Abascal García contra el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa)
y declara la "nulidad radical" de la suspensión provisional de empleo y
sueldo mientras dure la tramitación del expedientes disciplinario acordada
por el Sespa, ordenando reponerle en su puesto de jefe de Servicio de
Urología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
Así lo indica en la sentencia de 8 de enero, en la que señala que dicha
reposición se hará con "todos los derechos y obligaciones inherentes a tal
puesto en las condiciones que tenía con anterioridad a la lesión de su
derecho fundamental". Igualmente, en el fallo se apunta que el facultativo
tendrá derecho a percibir una indemnización de 3.800 euros "por los daños y
perjuicios ocasionados".
Contra la sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de
los Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, que
ha de ser anunciado en los cinco días siguientes a su notificación.
Ramón Abascal fue suspendido de empleo y sueldo por parte del Sespa, que
abrió una investigación en el área de Urología por supuestas irregularidades
durante la huelga médica.
https://www.lavanguardia.com/local/asturias/20130108/54358909050/una-sentencia-considera-nula-la-resolucion-del-sespa-de-suspender-de-empleo-y-sueldo-al-jefe-de.html?facet=amp
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