EL CORONAVIRUS Y EL 8M
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LA JUEZ DEL ‘CASO 8-M’ ARCHIVA LA CAUSA CONTRA EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN MADRID
LA JUEZA PIDE A AYUSO Y ALMEIDA DATOS SOBRE EVENTOS DEL 5 AL 8 MARZO EN MADRID
LOS TESTIGOS NIEGAN ANTE LA JUEZA DEL 8-M QUE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO LES PRESIONARA PARA DESCONVOCAR
LOS TESTIGOS DESMONTAN ANTE LA JUEZA DEL 8M QUE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO LES PRESIONARA PARA DESCONVOCAR MANIFESTACIONESLA JUEZA APUNTA A LA CÚPULA DEL GOBIERNO DURANTE EL INTERROGATORIO AL DELEGADO
EL DELEGADO DEL GOBIERNO, TRAS DECLARAR ANTE LA JUEZ DEL ‘CASO 8-M’: “MI ACTUACIÓN FUE CONFORME A LA LEY”
FRANCO DECLARA ANTE LA JUEZA QUE NO HABÍA NINGÚN MOTIVO PARA PROHIBIR UN DERECHO COMO ERA LA MANIFESTACIÓN DEL 8M
UN PSICOTERAPEUTA PARA VALORAR UNA EPIDEMIA MUNDIAL
UN ALTO CARGO DEL PP DE CANTABRIA ES ABOGADO DE UNA ACUSACIÓN POPULAR EN LA CAUSA DEL 8-M
LA JUEZA DEL 8M LLENA LA AGENDA DE DECLARACIONES ANTES DE QUE LA FISCALÍA SE PRONUNCIE
LA JUEZ DEL ‘CASO 8-M’ RECHAZA LA PETICIÓN DE ARCHIVO DE LA FISCALÍA Y LA ABOGACÍA
EL FORENSE DEL ‘CASO 8-M’ SEÑALA A MIEMBROS DEL GOBIERNO PESE A NO ESTAR INVESTIGADOSLA FISCALÍA PIDE ARCHIVAR EL ‘CASO 8-M’ CONTRA EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN MADRID
PABLO IGLESIAS: "EL MAYOR ATAQUE A LA GUARDIA CIVIL ES QUE HAYA MANDOS QUE HAGAN RECORTES DE PÁGINAS WEB PARA HACER INFORMES"
LA JUEZA DEL 8M REVOLUCIONA LA INVESTIGACIÓN DE UN DELITO SIN CÁRCEL
EL CESE DE DE LOS COBOS SALPICA AL N.º 2 DE MARLASKA POR ACEPTARLO SIN SALVEDADES
TODAS LAS MENTIRAS, BULOS Y MANIPULACIONES DE LOS INFORMES DE LA GUARDIA CIVIL SOBRE EL 8M
LA GUARDIA CIVIL PIDIÓ SIN ORDEN JUDICIAL A UN SUPERMERCADO QUE NO DESTRUYERA UN VÍDEO EN EL QUE SALÍA IGLESIAS SIN MASCARILLA
LA GUARDIA CIVIL OMITE QUE A SEIS DE LOS OCHO FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO NO LES PARECIÓ EXTRAÑO AUTORIZAR EL 8M
ARCHIVADA LA QUERELLA DE VOX CONTRA EL 'NÚMERO 2' DE INTERIOR Y LA DIRECTORA DE LA GUARDIA CIVIL POR PÉREZ DE LOS COBOS
EL JUEZ NO VE DELITO EN EL CESE DEL CORONEL PÉREZ DE LOS COBOS Y RECHAZA UNA QUERELLA DE VOX
INTERIOR ORDENA INVESTIGAR LA GESTIÓN DE DE LOS COBOS ALEGANDO FILTRACIONES DE INFORMES
LA GUARDIA CIVIL CONCLUYE, SIN PRUEBAS, QUE EL GOBIERNO YA CONOCÍA EN ENERO "EL ALCANCE REAL" DE LA EPIDEMIA
LAS RESPONSABLES DE SANIDAD DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRADICEN LA TESIS DE LA GUARDIA CIVIL SOBRE EL 8-M
UNA SEGUNDA JUEZA DE MADRID INADMITE OTRA QUERELLA CONTRA SIMÓN
EL PP DICE QUE EN EL "CASO MARLASKA" SÁNCHEZ ES "PROBABLEMENTE LA 'X' DE LOS GAL"
LA UNIÓN DE OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL SE PERSONA EN LA CAUSA CONTRA FRANCO POR EL 8-M
EL CORONEL DE LA GUARDIA CIVIL DIEGO PÉREZ DE LOS COBOS RECURRIRÁ SU CESE POR CONSIDERARLO “ILEGAL”
LA GUARDIA CIVIL SUGIERE SIN PRUEBAS QUE FERNANDO SIMÓN OCULTA DOCUMENTACIÓN A LA JUEZ DEL 8-M
LA GUARDIA CIVIL USA UN ‘OFF THE RECORD’ DE IRENE MONTERO PARA INSISTIR EN SU TESIS DEL ‘CASO 8-M’
LA JUEZ DEL CASO 8-M CITA A OTROS OCHO TESTIGOS PARA LA RONDA DE INTERROGATORIOS
EL GOBIERNO DE RAJOY OBLIGÓ A LA GUARDIA CIVIL INFORMAR A INTERIOR SOBRE INVESTIGACIONES JUDICIALES Y LA AUGC DENUNCIA QUE LA ORDEN SIGUE EN VIGOR
MARLASKA VINCULA AHORA EL CESE DE PÉREZ DE LOS COBOS A UNA "FILTRACIÓN" PUBLICADA TRES DÍAS ANTES DE LAS LLAMADAS AL CORONELEL GOBIERNO SE ENFRENTA A 45 QUERELLAS Y DENUNCIAS EN EL TRIBUNAL SUPREMO
FILTRACIONES MISTERIOSAS, UN CORONEL EN LA CUERDA FLOJA Y UNA SECUENCIA INEXPLICABLE: LAS DUDAS SOBRE EL CASO 8M
LA JUEZA ATIENDE LA "SORPRENDENTE" PETICIÓN DE LA ABOGACÍA Y RETRASA LA DECLARACIÓN DE FRANCO
LA DISPUTA ENTRE LA ABOGACÍA DEL ESTADO Y LA JUEZA DEL 8M: DE LA "CAUSA GENERAL" AL REPROCHE POR DEMORAR LA INVESTIGACIÓN
LA FISCALÍA APOYARÁ A LA ABOGACÍA EN CONTRA DE LA CAUSA SOBRE EL 8-M
LA JUEZA DEL 8-M ACLARA QUE NO INVESTIGA A SIMÓN Y DERIVA ESA DENUNCIA A OTROS JUZGADOS
LA JUEZA IMPUTÓ A FRANCO POR EL 8M PERO EVITÓ QUE OTROS JUZGADOS DECIDIERAN SOBRE EL RESTO DE DELEGADOS DENUNCIADOS
LA ABOGACÍA DEL ESTADO CARGA CONTRA EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL SOBRE EL 8-M: “NO ANALIZA EVIDENCIAS CIENTÍFICAS”
LA ACUSACIÓN PIDE A LA JUEZ DEL 8-M QUE IMPUTE A FERNANDO SIMÓN POR "FLAGRANTE DEJACIÓN DE FUNCIONES"
ERRORES, BULOS Y MENTIRAS EN EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL SOBRE LA MARCHA DEL 8M
EL CESE DEL ‘NÚMERO TRES’ AUMENTA LA TENSIÓN EN LA GUARDIA CIVIL
LA RAPIDEZ INUSITADA EN LA IMPUTACIÓN AL DELEGADO DEL GOBIERNO PESE AL PARÓN PROCESAL AGRANDA LA SOMBRA DE DUDA SOBRE EL CASO DEL 8-M
LA JUEZ DEL 8-M REPROCHA A LA ABOGACÍA QUE HA ESTADO UN MES SIN RECOGER LA DOCUMENTACIÓN DEL CASO
LA COMUNIDAD DE MADRID NO ENVIÓ NINGUNA ALERTA SANITARIA A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO RELACIONADA CON EL 8M
LA MANIPULACIÓN SOBRE LA OMS QUE HIZO EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL
LA GUARDIA CIVIL MANIPULÓ LA DECLARACIÓN DE UN TESTIGO PARA INCULPAR AL GOBIERNO POR LA MANIFESTACIÓN DEL 8M
LOS CONVOCANTES DE DIEZ MANIFESTACIONES DESMIENTEN QUE FUERAN PRESIONADOS PARA SUSPENDERLAS COMO DICE EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL
EL FORENSE ESTUDIA EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL PARA EMITIR SU DICTAMEN SOBRE EL CONTAGIO EN EL 8-M
EL FORENSE DE LA INVESTIGACIÓN CONTRA JOSÉ MANUEL FRANCO POR EL 8-M PARTICIPÓ EN CONFERENCIAS DE LOS LEGIONARIOS DE CRISTO JUNTO AL OBISPO DE ALCALÁ
EL INFORME DEL MÉDICO FORENSE SOBRE EL 8M TAMBIÉN ESTÁ PLAGADO DE BULOS, OMISIONES E INEXACTITUDES
EL FORENSE DICE A LA JUEZ QUE EL 8-M CONTRIBUYÓ A "DIFUNDIR" EL COVID PERO VE "IMPOSIBLE" DETERMINAR LA CAUSA DE LOS CONTAGIOS
OTRA TESTIGO NIEGA LAS INJERENCIAS DEL GOBIERNO QUE RECOGE EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL PARA CANCELAR MANIFESTACIONES: "NO ME PRESIONÓ NADIE"
EL POLÉMICO INFORME DE LA GUARDIA CIVIL SUGIERE A LA JUEZ RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO EN CONTAGIOS POR EL 8-M
LA ABOGACÍA ACUSA A LA JUEZA DE VULNERAR EL ESTADO DE ALARMA PARA PERSEGUIR AL GOBIERNO
LOS EXPERTOS COINCIDEN: EL 8-M NO TUVO LA CULPA
MADRID NO ALERTÓ AL MINISTRO SOBRE LA EXPANSIÓN DEL VIRUS HASTA LA NOCHE DEL 8-M
LA JUEZ CITA A DECLARAR COMO IMPUTADO AL DELEGADO DEL GOBIERNO EN MADRID POR LA MARCHA DEL 8-M
LA JUEZ DEL ‘CASO 8-M’ ENVÍA UN ESCRITO A INTERIOR PARA ADVERTIR QUE LA GUARDIA CIVIL SOLO DEBE INFORMARLE A ELLA
LA JUEZA DEFIENDE A LA GUARDIA CIVIL Y TOMARÁ MEDIDAS SI CONSIDERA EL CESE UNA INTROMISIÓN
MARLASKA DESTITUYE A PÉREZ DE LOS COBOS, JEFE DE LA GUARDIA CIVIL EN MADRID, POR UN INFORME SOBRE EL 8-M Y LA COVID-19
EL ABOGADO QUE HA DENUNCIADO AL GOBIERNO: CONDENADO Y SANCIONADO POR ESTAFAR A CLIENTES
UNA JUEZA ABRE LA VÍA PENAL CONTRA EL GOBIERNO POR NO PROHIBIR EL 8-M ANTE EL VIRUS
UN JUZGADO ABRE DILIGENCIAS CONTRA EL DELEGADO DE GOBIERNO EN MADRID POR PERMITIR LAS MANIFESTACIONES
LA JUEZ DEL ‘CASO 8-M’ ARCHIVA LA CAUSA CONTRA EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN MADRID
La magistrada, que no aprecia “indicios suficientes” de delito, toma la decisión después de citar a declarar como imputado a José Manuel Franco
El tsunami judicial que, según la derecha, iba a suponer el caso 8-M ha resultado una simple marejada. Llena de ruido, eso sí. Después de acumular más de 3.000 folios de instrucción en tres meses; de encargar informes a la Guardia Civil y a un forense médico; de solicitar ingente cantidad de documentación a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de la capital, al Ministerio de Sanidad y al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES); de citar a declarar a una veintena de testigos (funcionarios y promotores de manifestaciones); y de llamar como imputado al delegado del Gobierno en la región, José Manuel Franco, en medio de una gran expectación mediática..., la magistrada Carmen Rodríguez-Medel ha decidido archivar la causa. “No hay indicios suficientes de actuar delictivo en los hechos atribuidos a Franco”, apostilla el auto dictado este mismo viernes.
A lo largo de 51 páginas, Rodríguez-Medel justifica está última decisión en una causa que ha marcado la política nacional en las últimas semanas. La magistrada concluye que el delegado del Gobierno “no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones” en la época de expansión del coronavirus bajo sospecha, que incluye la marcha feminista del 8 de marzo. Además, remacha la juez, Franco “no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular, tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario” y “ninguna persona física o jurídica, pública o privada, le instó para que prohibiera o restringiera” estas movilizaciones.
La juez también aborda en su resolución uno de los aspectos más llamativos de los polémicos informes de la Guardia Civil incorporados a la causa, donde los agentes arrojaban sospechas sobre la delegación del Gobierno y llegaban a afirmar que se presionó a los convocantes de algunas concentraciones para que las desconvocaran, mientras no se adoptaba la misma actitud con otras manifestaciones (como la del 8-M). “No ha quedado indiciariamente acreditado que con dicha llamada se coaccionara a los convocantes o manifestantes a no ejercitar su derecho fundamental”, subraya la magistrada, que detalla que esos requerimientos del organismo dirigido por Franco no se hicieron por escrito, sino por teléfono sin dejar constancia en el correspondiente expediente administrativo. Un último extremo que “era frecuente”, según añade.
https://elpais.com/espana/2020-06-12/la-juez-del-caso-8-m-archiva-la-causa-al-no-haber-indicios-suficientes-contra-el-delegado-del-gobierno-en-madrid.html
LA JUEZA PIDE A AYUSO Y ALMEIDA DATOS SOBRE EVENTOS DEL 5 AL 8 MARZO EN MADRID
La jueza del 8M, Carmen Rodríguez-Medel, ha pedido a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento madrileño que le informen sobre "los eventos colectivos o masivos públicos o privados" que se celebraron entre el 5 y el 8 de marzo "con su autorización o conocimiento en el ámbito de sus competencias"
La jueza del 8M, Carmen Rodríguez-Medel, ha pedido a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento madrileño que le informen sobre "los eventos colectivos o masivos públicos o privados" que se celebraron entre el 5 y el 8 de marzo "con su autorización o conocimiento en el ámbito de sus competencias".
Recordemos que ayer la jueza Medel interrogó al Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, pero solo le preguntó acerca de la manifestación feminista del 8M, según pudo saber la Cadena SER. Aunque a priori la investigación debe abordar todos los actos multitudinarios celebrados antes del estado del alarma, lo cierto es que todas las cuestiones formuladas por la magistrada se centraron en esta manifestación.
El interrogatorio de la magistrada discurrió en tono afable y sin tensión, pero en ningún momento se habló de partidos de fútbol, congresos políticos, restaurantes u otras manifestaciones. Ahora la jueza pide información de todos los eventos colectivos.
En una providencia, fechada el 9 de junio, la juez acuerda dirigirse a ambas instituciones a fin de que informen sobre los eventos deportivos, culturales, políticos, sociales, pruebas de acceso o selección para la Administración, ferias "o cualesquiera otros que se celebraron en esos días en lugares públicos o privados".
Les reclama una respuesta antes de la fecha de hoy -11 de junio- y pide también que le indiquen "la fecha y aforo o número de asistentes" y si alguno de esos eventos "fue suspendido o cancelado por motivos sanitarios relacionados con el COVID-19".
De ser así, solicita que le entreguen "fecha y documento que acredite tal extremo". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha señalado que el Ayuntamiento va a cooperar con la jueza enviando requerida, que ahora se está recabando a través de su Oficina de Actos Públicos. El regidor madrileño ha señalado que no teme imputaciones, dado que no tiene competencia en orden público y carecía de la información “de la que en su caso se podía disponer por parte de otras administraciones”.
“No tenemos ningún temor ni ningún miedo a que se pueda producir algún tipo de imputaciones en el Ayuntamiento de Madrid”, ha afirmado el edil, preguntado sobre este requerimiento en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.
La juez ha pedido esta información después de tomar ayer declaración como imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, quien aseguró que antes del 8 de marzo no había "ningún elemento" para prohibir la manifestación del Día de la Mujer, ya que no tuvo constancia de la incidencia de la pandemia hasta unos días después, y siempre se cumplió la ley.
Explicó además que antes de esa fecha tuvo conocimiento de algunos avisos sobre la propagación del coronavirus publicados por la Comunidad de Madrid, pero que no eran resoluciones, y aseguró que nunca recibió ninguna recomendación por parte de las autoridades sanitarias competentes al respecto.
https://cadenaser.com/ser/2020/06/11/tribunales/1591883444_936724.htmlLOS TESTIGOS NIEGAN ANTE LA JUEZA DEL 8-M QUE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO LES PRESIONARA PARA DESCONVOCAR
Denuncian "errores" y "malinterpretaciones" en los informes de la Guardia Civil que obran en el sumario de la causa
Los testigos que han comparecido este jueves por la tarde ante la juez del 'caso 8-M' han confirmado que la Delegación del Gobierno en Madrid les llamó para pedirles que desconvocaran las concentraciones que tenían previstas celebrar después del 11 de marzo de 2020 por motivos sanitarios derivados de la crisis sanitaria del coronavirus. No obstante, han negado que en estas comunicaciones se les presionaran para cancelar los actos de protesta.
La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha citado para este jueves a un total de 15 testigos en la causa en la que se investiga el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias entre el 5 y el 14 de marzo, entre ellas la marcha feminista del 8 de marzo.
Por la tarde ha sido el turno de siete promotores de concentraciones a los que la Delegación del Gobierno en Madrid llamaron para instarles a cancelar sus convocatorias por razones sanitarias. Todos ellos declararon ante la Guardia Civil, que en uno de sus informes entregado a la juez Rodríguez-Medel concluye que funcionarios de la Delegación del Gobierno llamaron a partir del 11 de marzo a promotores de manifestaciones para ordenarles, con "expresiones imperativas", que desconvocaran.
Sin embargo, los testigos han ratificado sus declaraciones ante la policía judicial pero han asegurado ante la magistrada, y a preguntas de la abogada del Estado, Rosa María Seoane -que ejerce la defensa de José María Franco-, que no interpretaron las llamadas como una orden, sino más bien como una "sugerencia" por la crisis sanitaria.
Así lo ha dicho por ejemplo la portavoz de la Asociación de Personas Aptas Sin Ayuda de Alquiler (APASAA), Diana Chnaiker, que ha precisado que debido a la forma en la que está redactada la conclusión de su testimonio en este documento "se malinterpreta" que ella se sintió presionada para cancelar la manifestación.
En este sentido, ha explicado, la llamada se produce el 17 de marzo -tres días después de que se declarase el estado de alarma- para preguntarle si estaba al tanto de la situación y para pedirle que comunicara de forma oficial que la concentración no se iba a producir.
Críticas a la redacción de los informes de la Guardia Civil
La portavoz de APASAA ha señalado que envió un correo electrónico para formalizar la cancelación del acto, pero que debido a la restricción de la circulación de los ciudadanos derivada del estado de alarma entendía que la manifestación no podía tener lugar.
Así ha apuntado, que la asociación tenía convocadas en marzo otras dos concentraciones ante la Asamblea de Madrid: una el 5 de marzo que se llevó a cabo y otra el día 12, que no se produjo porque no hubo Pleno. No obstante, ha indicado que la Delegación del Gobierno no le llamó en relación a esta última y que oficialmente consta como celebrada aunque nadie acudiera a ella.
Otro de los testigos, Luis Concha, del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa, ha indicado que ha aprovechado su declaración para corregir las "tergiversaciones" que la Guardia Civil ha plasmado en su informe. Así, ha señalado que él no decidió anular la convocatoria el 6 de marzo, tal y como se relata en el documento del Instituto Armado, sino que fue el día en el que recibió la autorización para celebrar la concentración.
Ha añadido que él no llegó a recibir la llamada de la Delegación del Gobierno en Madrid porque el día 11 decidió por iniciativa propia cancelar la convocatoria fijada para el día siguiente y no para el 13 de marzo, como dice el informe. "La Guardia Civil ha tergiversado", ha llegado a decir Concha en declaraciones a los medios de comunicación.
También ha negado las presiones Santiago de la Iglesia, del Sindicato Oficios Varios del Sur CGT, que ha destacado que la Guardia Civil "abrevia" tanto su declaración que no contempla todos los "detalles" que explicó en su comparecencia.
Ha admitido que recibió la llamada de la Delegación del Gobierno el 12 de marzo para pedirles que desconvocaran la concentración prevista para el 14 de marzo ante las puertas de un supermercado por el despido de una compañera y que el sindicato comunicó que seguirían adelante con sus intenciones. No obstante, fue un día después cuando decidieron desconvocar al ver las noticias sobre la posible restricción de movimientos.
Los otros cuatro testigos han manifestado también que recibieron llamadas para desconvocar como sugerencia por la deriva del coronavirus, salvo el representante de la Asociación Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe, que ha aclarado que ellos no habían solicitado autorización porque se concentran ante el Ayuntamiento de la localidad madrileña de forma esporádica.
Otros testigos
Este jueves por la mañana han comparecido como testigo cino funcionarios de la Delegación del Gobierno en Madrid y otros tres promotores de concentraciones, que han confirmado haber recibido tales llamadas por parte de la Delegación del Gobierno días después de la celebración del 8-M. Todos ellos también han ratificado el contenido de las declaraciones que realizaron en su día ante la Guardia Civil, según han confirmado fuentes presentes en las declaraciones.
Las fechas sobre las llamadas preventivas por COVID-19 cuadran con lo manifestado este miércoles por el propio Franco durante su declaración como investigado, al reconocer que no tuvo constancia de la percepción del riesgo del coronavirus hasta el 9 de marzo, un día después de la marcha feminista.
Hasta ese momento, la línea de defensa seguida por la Abogacía del Estado pasaba por asegurar que la Delegación no recibió ninguna alerta sanitaria de organismos nacionales o internacionales antes del 14 de marzo, víspera de la declaración del estado de alarma.
https://cadenaser.com/ser/2020/06/11/tribunales/1591901404_955167.html
LOS TESTIGOS DESMONTAN ANTE LA JUEZA DEL 8M QUE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO LES PRESIONARA PARA DESCONVOCAR MANIFESTACIONES
Una decena de promotores de manifestaciones desarman la tesis de que la institución que dirige José Manuel Franco instó a quienes tenían actos convocados después del 8M a que los anularan por la alerta sanitaria tras permitir la marcha feminista
La Fiscalía vuelve a pedir el archivo de la causa del 8M y carga contra la jueza por la "celeridad" de su instrucción
No hubo presiones de Delegación del Gobierno para desconvocar manifestaciones por la alerta sanitaria tras haber permitido el 8M. La decena de promotores de manifestaciones que han comparecido este jueves como testigos ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel han negado haberse sentido presionados por los funcionarios que, a partir del 11 de marzo, contactaron a algunos de ellos porque tenían previstas convocatorias cuando el Ejecutivo ya había aprobado las primeras medidas ante la situación provocada por el coronavirus. Varios han relatado incluso que ni siquiera fueron contactados o que ya habían tomado la decisión de suspender las movilizaciones antes de recibir la llamada de la Delegación del Gobierno.
Con estas declaraciones, los testigos —que comparecen bajo juramento o promesa de decir verdad— han desmontado una de las principales tesis con la que la Guardia Civil trata de apuntalar la acusación de prevaricación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco: que la institución presionó a quienes tenían actos convocados después del 8M para que los anularan por la alerta sanitaria mientras había mantenido la marcha feminista. De hecho, algunos de los testigos incluso han apuntado la existencia de "errores" o declaraciones interpretadas de forma equivocada en los atestados del instituto armado.
Los agentes concluyeron en unos de sus informes que 12 "reuniones/manifestaciones/concentraciones" fueron canceladas "en virtud de dichas llamadas" y que “en alguno de los casos” los funcionarios utilizaron “expresiones imperativas" para instar a la cancelación de esos eventos. Sin embargo, en las declaraciones que se recogen en el informe policial ninguno de los testigos habla de presiones por parte de la Delegación del Gobierno. Todas estas declaraciones han sido ratificadas este jueves ante la jueza.
Una de las testigos es Diana Chnaiker, de la Asociación de Personas Aptas sin Ayudas del Alquiler (APASAA), que tenía previstas tres manifestaciones en marzo los días 5, 12 y 19. La primera se celebró; la segunda decidieron anularla porque iba a hacerse frente a la Asamblea de Madrid pero se había suspendido el pleno, aunque no avisaron a la Delegación del Gobierno; y la del 19 –con el estado de alarma ya en vigor– se desconvocó.
Ante la jueza ha admitido que el 17 recibió una llamada de un funcionario que le preguntó si estaba al tanto de la situación y si podía comunicar por escrito que, con el actual escenario, no iban a manifestarse. Pero para entonces su organización ya había decidido desconvocar la protesta por la entrada en vigor del estado de alarma. A la pregunta de si recibió alguna presión para no cancelar esa concentración, Chnaiker ha asegurado que “no, rotundamente”, según ha explicado ella misma a los medios de comunicación a la salida del juzgado.
Según la Guardia Civil, "el motivo de la cancelación se debe a que el día 17 de marzo de 2020, sobre las 13.00 horas, la sra. Chnaiker recibió una llamada telefónica de un hombre empleado de la DG" que le dice que la protesta no puede llevarse a cabo por la situación sanitaria, "accediendo a lo solicitado". Ante la jueza, Chnaiker ha afirmado que pudo haber alguna confusión en la interpretación de sus palabras porque su organización no decidió desconvocar tras recibir la llamada.
Otros testigos como María Teresa Martínez, de Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe; o Luis Concha, del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa; han asegurado que ni siquiera fueron contactados por la Delegación del Gobierno. La primera ha señalado que su organización, que se manifiesta todos los lunes para exigir una pensiones dignas, decidió a partir del lunes 9 no volver a manifestarse “dada la situación sanitaria”.
Concha, por su parte, también ha asegurado no haber recibido ninguna llamada de la Delegación del Gobierno. “El día 11 yo mismo me puse en contacto con ellos para cancelar una concentración prevista en Ferraz para el día siguiente”, ha señalado a la salida del juzgado. De hecho, aprovechó su declaración para corregir uno de los datos incluidos en el informe de la Guardia Civil, que recogía que él había anulado el día 6 de marzo la manifestación prevista para el 12 cuando en realidad ese fue el día que obtuvo el permiso de la Delegación del Gobierno para celebrarla.
Pedro Gallego, de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón, ha explicado a la jueza que recibió la llamada de la Delegación del Gobierno el 12 por la tarde aunque su organización, que también se reúne todos los lunes, ya había pensado no seguir movilizándose tras anunciar el Gobierno el martes 10 las primeras grandes medidas contra coronavirus, como evitar los desplazamientos no imprescindibles o suspender los viajes del Imserso.
Santiago de la Iglesia, del sindicato Oficios Varios del Sur CGT, también ha negado ante la jueza haber recibido presiones para cancelar una movilización prevista para el 14 de marzo, el mismo día que se decretó el estado de alarma. “Desde la Delegación del Gobierno nos sugirieron el dia 12 que pensáramos seguir adelante porque era mejor evitar aglomeraciones, pero insistimos en que no íbamos a cambiar de opinión. Pero el 13 al ver que se iba a decretar el estado de alarma entendíamos que lo más probable es que viniera poca y decidimos comunicar que desconvocábamos, pero por un criterio sindical”, ha aseverado tras salir del juzgado. D e la Iglesia también ha asegurado que la Guardia Civil resumió tanto su declaración que acabó obviando algunos de los "detalles" a los que hizo alusión en esa primera comparecencia.
Por la mañana declaró como testigo ante la jueza el presidente de APAG Extremadura ASAJA, Juan Metidieri, que confirmó haber recibido una llamada de la Delegación del Gobierno "entre el 12 y el 14 de marzo" para que renunciara por motivos sanitarios a una tractorada prevista para el 24 de marzo entre Extremadura a Madrid. La organización se negó a desconvocar, pero el 16 de marzo, dos días después de la declaración del estado de alarma, recibió la notificación de que no podía celebrar su manifestación, según ha señalado el propio Metidieri.
Esta organización tampoco obtuvo el permiso para concentrarse el 2 de marzo ante la vivienda en Galapagar (Madrid) del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, aunque este caso la denegación fue por vulneración al derecho a la intimidad y no por razones sanitarias. En su declaración como imputado este miércoles, Franco afirmó que en ese caso primó el derecho a la intimidad sobre el de manifestación y que probablemente si la cita hubiera sido en el ministerio no se habría prohibido.
El delegado del Gobierno insistió este jueves en su declaración como imputado en que "no había ningún elemento en aquel momento que llevase a la Delegación del Gobierno a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental". También insistió en que "no está acreditado que el incremento de casos que se dieron el día 9 tuvieran que ver con la manifestación del 8 porque los expertos saben que, si se ha producido el contagio, tarda en manifestarse más o menos 14 días".
Lo cierto es que fue el 9 de marzo cuando se produjo un crecimiento exponencial de los casos en la Comunidad de Madrid —se multiplicaron por ocho los nuevos detectados— y se declaró "transmisión comunitaria significativa" en esa región, la ciudad de Vitoria y la localidad de Labastida. Ese día el Consejo Interterritorial de Sanidad tomó las primeras medidas de distanciamiento social, para las áreas en esa fase, como la suspensión de la actividad docente, y recomendaciones generalizadas como la limitación de salidas a las personas vulnerables.
https://www.eldiario.es/politica/Delegacion-Gobierno-presionara-desconvocar-manifestaciones_0_1036947253.htmlLA JUEZA APUNTA A LA CÚPULA DEL GOBIERNO DURANTE EL INTERROGATORIO AL DELEGADO
José Manuel Franco explica las recomendaciones a los trabajadores del organismos días antes de la manifestación y las sugerencias telefónicas para cancelar marchas tras el 11-M
La jueza Carmen Rodríguez-Medel trató de descubrir, durante el interrogatorio de este miércoles al delegado del Gobierno, si hubo responsabilidades políticas más altas en la decisión sobre el 8-M. Fuentes presentes en el interrogatorio indican a El Confidencial que la magistrada preguntó de forma insistente a José Manuel Franco si había recibido algún tipo de instrucción sobre la celebración de la concentración, ya fuera política o sanitaria, en la que se le pidiera actuar en un sentido concreto frente a la marcha del Día Internacional de la Mujer. Franco, imputado por un delito de prevaricación administrativa, lo negó rotundamente e incidió en que nadie, ni del Ejecutivo, ni del Ministerio de Sanidad ni de la Comunidad de Madrid, realizó advertencia alguna sobre la incidencia negativa de las concentraciones en el contagio. Simplemente, entonces no se conocía el peligro, destacó.
El delegado del Gobierno afirma que no había ''ningún elemento'' para prohibir el 8-M
La cita de este miércoles en los juzgados de plaza Castilla venía precalentándose durante semanas y se esperaba un encuentro de alto voltaje. El procedimiento ha suscitado tensiones que van más allá del sentido de las diligencias y una crispación ambiental inevitable, que incluso se ha transmitido en los escritos cruzados entre las partes en los últimos días. Llegado el momento, con las acusaciones populares presentes, la Abogacía del Estado ejerciendo la defensa del investigado y la Fiscalía apoyando el archivo, la jueza tomó las riendas de la declaración.
La Fiscalía pide archivar la causa del 8-M y contradice el informe de la Guardia Civil
“A los efectos de valorar la posición de garante de José Manuel Franco Pardo, resulta sumamente relevante precisar que los delegados del gobierno no ostentan competencias en materia sanitaria”
Medel fue de lo más amplio a lo más concreto e incidió en aquellos indicios que la Guardia Civil ha apuntado en sus informes como evidencia de que el organismo era consciente del riesgo. En la sala, se revisaron minuciosamente cada una de las acciones de los días anteriores al 8 de marzo. La instructora preguntó, por ejemplo, por el documento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la propia Delegación del Gobierno que el 28 de febrero recomendaba a los trabajadores mantener una distancia de seguridad de "al menos un metro" para reducir el riesgo de contagio en su entorno laboral. Franco aseguró en respuesta que nunca recibió ese correo electrónico y dijo que, en cualquier caso, los avisos que contenía no son extrapolables a una manifestación y que eran los que ya entonces las autoridades sanitarias daban: higiene de manos, etiqueta respiratoria, distancia interpersonal. Un testigo que declaró tras él matizó en su turno que le informó 'in voce' sobre este aviso interno.
Franco subraya que ninguno de los dos correos que recibió de la Comunidad de Madrid el día 7 contenía ninguna alerta que llevara a prohibir la marcha
También se detuvo en las advertencias previas al 8-M remitidas por la Comunidad de Madrid. En concreto, en dos correos electrónicos que llegaron a la Delegación el sábado 7 por la noche, a las 20:42. Uno de ellos informaba de determinadas medidas que iba a tomar la comunidad en residencias de ancianos, destinadas a aislarlos. El segundo transmitía la decisión de suspender cursos de formación en hospitales. El delegado se defendió indicando que ninguno de los dos eran alertas y que Madrid se limitó a una comunicación formal para conocimiento del organismo por si se produjeran incumplimientos. "No hay en esos correos nada, nada, nada, ninguna alerta ni sugerencia que tenga que ver con la manifestación del 8-M ni que llevara a pensar que había que prohibirla por razones sanitarias", insistió.
Franco dice a la jueza que no recibió el correo que pedía distanciamiento a la plantilla
"No había ninguna recomendación en aquel momento que llevase a la delegación del Gobierno a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental", aseguró el delegado a la salida del juzgado
Antes de eso, la jueza había repasado, de nuevo minuciosamente, los mecanismos de suspensión o autorización de manifestaciones. Esta fue la parte del interrogatorio en la que el delegado basó su defensa. Explicó de varias maneras que nunca hubiera podido prohibir sin motivos de enorme peso la concentración sin atentar contra un derecho fundamental protegido por la Constitución como es el de manifestación. Según aseguró, lo prevaricador habría sido precisamente suspenderla y no lo contrario. "Nada me invitó a ninguna prohibición", especificó y señaló que tanto fue así que él mismo acudió a la concentración con su familia.
Después de que la OMS hablara de pandemia, se decidió llamar a los convocantes de las marchas de los días siguientes por si querían desprogramarlas
También puso el acento en que en aquellos días se celebraron cientos de eventos. Del 4 al 8 de marzo, tuvo lugar Aula 2020, congreso que visitaron más de 100.000 personas en Ifema: era un espacio cerrado en el que participaba gente de toda España y siguió adelante, recordó. También habló de oposiciones, de un partido en el Wanda Metropolitano con 60.000 personas, del millón de personas que utilizaron el metro o de Vox celebrando su encuentro de Vistalegre. Apuntó además a una responsabilidad compartida con la Comunidad de Madrid, e incidió en que estas citas no se suspendieron ni se cuestionan. "Eso no son derechos fundamentales, en cambio se me pide que prohíba un derecho fundamental y en espacio abierto", destacó el delegado.
La jueza insinúa que el Gobierno ha tratado de dilatar la causa: "Había reticencias"
Añade que la comparecencia de los agentes "es ilustrativa de las dificultades que en ocasiones encontraron para que la documentación fuera entregada cuando por este órgano judicial no se fijaba plazo"
Tras repasar el antes, la magistrada pasó al después, subrayando otro de los indicios que la Guardia Civil considera significativo: la cancelación telefónica de varias manifestaciones en días posteriores al 8 de marzo. Preguntó cómo y por qué comenzaron a hacerse desde la Delegación llamadas para cancelar concentraciones previstas en esas jornadas. Franco argumentó que a raíz del repunte de contagios del 9 de marzo, "la Comunidad de Madrid reaccionó" y destacó también que el día 11 la OMS declaró la pandemia.
Según explicó, la decisión de disuadir a los convocantes de distintas protestas —desde trabajadores de Amazon hasta pensionistas— de que continuaran adelante se tomó en una reunión informal celebrada el 12. "Decidimos llamar, a iniciativa propia, a los que pretendían montar concentraciones en los días siguientes, el 13, el 14, el 15. Algunos de ellos desconvocaron a instancia nuestra (siguiendo la sugerencia), a otros fue imposible localizarlos y algunos lo hicieron por su cuenta", dijo.
Las comparecencias ante la jueza Medel continuarán este jueves, cuando la magistrada escuche a cinco trabajadores y a una decena de promotores de manifestaciones como testigos.
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-06-11/jueza-apunta-cupula-gobierno-interrogatorio-delegado-causa-8m_2633748/EL DELEGADO DEL GOBIERNO, TRAS DECLARAR ANTE LA JUEZ DEL ‘CASO 8-M’: “MI ACTUACIÓN FUE CONFORME A LA LEY”
Con gran puntualidad y expectación, a las 15.30 de este miércoles, ha arrancado la declaración como imputado del delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, al que la magistrada Carmen Rodríguez-Medel atribuye un presunto delito de prevaricación por permitir la celebración de manifestaciones en la región durante la fase de expansión del coronavirus. Entre otras, la marcha feminista del 8 de marzo. “He dejado claro que mi actuación fue conforme a la ley”, ha insistido el político a la salida del juzgado.
Con esta cita, el caso 8-M se adentra en un nuevo escenario. Tras tres meses de intrucción y un terremoto político a escala nacional, el único imputado en la causa se ha sentado finalmente este miércoles ante la magistrada del Juzgado de Instrucción 51 de capital para responder a sus preguntas. Lo ha hecho durante más de una hora. Franco, líder también del Partido Socialista de Madrid (PSOE-M), ha defendido ante Rodríguez-Medel que la Delegación del Gobierno en la Comunidad actuó siempre respetando la legislación y de acuerdo a las noticias sobre el coronavirus que tenían entonces.
“No había en aquel momento ningún elemento que me llevase a prohibir un derecho fundamental como es el derecho a manifestación”, ha recalcado Franco a la salida del juzgado. “No me puedo considerar responsable del 8-M”, ha apostillado a preguntas de los periodistas, antes de aprovechar la comparecencia pública para defender la labor de la Guardia Civil “como institución”. Eso sí, ha introducido un importante matiz al referirse a los dos informes enviados por el instituto armado a la juez y que lo señalan directamente, además de contener especulaciones y algunos errores: “Lógicamente, no puedo estar de acuerdo con los informes que han hecho”.
Franco ha centrado, en definitiva, su defensa en unos argumentos que ya avanzó la Abogacía del Estado en sus primeros escritos, cuando acusó a la juez de haber abierto una “causa general” contra el Gobierno. Con los datos que entonces manejaban en el organismo, no se podía prohibir un derecho fundamental. “Se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley y lo que nos decían los expertos sanitarios”, ha repetido este miércoles el dirigente socialista. Rodríguez-Medel, que suma ya más de 3.000 folios de investigación judicial, trata de dilucidar si el representante del Ejecutivo en la Comunidad permitió, por activa o por pasiva, toda una batería de concentraciones cuando ya se contaba con información suficiente para prohibirlas por razones de fuerza mayor. Franco es el único imputado en la causa, aunque la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden el archivo.
La juez ha centrado sus preguntas en los procedimientos que regulan la prohibición o celebración de manifestaciones. Franco ha defendido el ejercicio de los derechos fundamentales. "El derecho de reunión es uno de ellos y solo se puede prohibir una manifestación por motivos muy concretos, muy tasados y muy graves. El 7 de marzo [víspera del Día de la Mujer] no se daba ninguna de esas circunstancias”, ha afirmado el delegado del Gobierno según fuentes presentes en la sala. El informe en el que el forense afirmaba que “la hecatombe se veía venir” no ha salido a colación durante la vista.
La magistrada también ha preguntado al delegado si había recibido indicaciones de autoridades sanitarias o políticas favorables o contrarias a que se permitieran las manifestaciones del 8-M. Franco le ha contestado que no recibió “ninguna notificación, recomendación ni en un sentido ni en el otro. Ni favorable a la celebración ni pidiendo su prohibición”.
En su declaración ante la juez, Franco ha sido requerido por dos correos que la Dirección de Salud Pública de la Comunidad de Madrid remitió el 7 de marzo a la Delegación casi a las nueve de la noche. En ellos se hablaba de lo que iba a hacer la consejería de sanidad respecto a la suspensión de unos cursos de formación en centros sanitarios y también de unas medidas de aislamiento en centros de mayores. Franco ha esgrimido que se trató de una comunicación “a efectos de su posible incumplimiento” para que, en ese caso, la Delegación actuara. “Eso no es ni una recomendación ni una notificación. Es nada de nada. A la Delegación no llegó ningún documento, ninguna llamada, ninguna sugerencia de ninguna autoridad ni por escrito ni verbalmente que nos diese pie a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental”. El delegado ha subrayado además que no tenía competencias en materia sanitaria. Correspondían al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
El delegado también ha respondido a las partes personadas. Ante la afirmación de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena de que la declaración de pandemia fue el 30 de enero, Franco ha corregido que fue el 11 de marzo y que no se vio la gravedad de la crisis sanitaria hasta el día 9. El dirigente del PSOE ha señalado que el aumento de contagios que se conoció ese día era “imposible” que se debiera a las concentraciones del 8-M y otros acontecimientos multitudinarios –partido de fútbol, acto de Vox, conciertos…- de ese día. Del 4 al 8 de marzo se celebró el Aula 2020 en Ifema, que visitaron 100.000 personas. Franco ha insistido que “no había motivos objetivos” para prohibir las manifestaciones.
“Nadie en su sano juicio dejaría que se celebrase cualquier tipo de evento multitudinario si supiera que estaba en riesgo la vida de las personas”, le ha contestado a la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional. Según Franco, la prueba “más evidente” de que la Delegación no tenía “ninguna constancia del peligro para la vida” es que él mismo acudió a la manifestación del 8-M en Madrid.
Según han explicado también fuentes de la delegación, se le ha ofrecido a Franco la posibilidad de acceder en coche al edificio de los juzgados, pero él lo ha rechazado argumentando que “no tiene nada que ocultar”. A las puertas aguardaban su llegada decenas de periodistas y cámaras de televisión. Y tres hombres con carteles y camisetas donde podía leerse: “Stop feminazis”.
El caso 8-M ha irrumpido en la política nacional con una fuerza atronadora. La derecha se ha lanzado contra el Gobierno después de conocerse los informes de la Guardia Civil y el forense incorporados al sumario. El PP no solo acusa al Ejecutivo de inacción durante la expansión del coronavirus, sino también de haber permitido la movilización feminista del 8 de marzo pese a tener los datos suficientes para impedirla por motivos sanitarios. A ello se suma el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, al mando de los agentes que enviaron a la magistrada los informes contra la actuación del Ejecutivo.
https://elpais.com/espana/2020-06-10/el-delegado-del-gobierno-tras-declarar-ante-la-juez-del-caso-8-m-mi-actuacion-fue-conforme-a-la-ley.htmlFRANCO DECLARA ANTE LA JUEZA QUE NO HABÍA NINGÚN MOTIVO PARA PROHIBIR UN DERECHO COMO ERA LA MANIFESTACIÓN DEL 8M
El delegado del Gobierno en Madrid, que declaró como imputado, señala que actuó con arreglo a la ley y siguiendo las recomendaciones de los expertos: "No puedo considerarme responsable" La Fiscalía no encuentra indicios de delito en la actuación de Franco y solicitó el archivo de la causa, al igual que ha hecho su defensa, que ejerce la Abogacía del Estado
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha manifestado este miércoles al término de su declaración ante la jueza Carmen Rodríguez Medel que en los primeros días de marzo "no había ningún elemento que le llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental" como era el de manifestación del 8M.
"No puedo considerarme responsable del 8M porque no había ningun elemento en aquel momento que me llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental, cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían que ver con derechos fundamentales", ha afirmado.
Según ha apuntado, durante su comparecencia ante la jueza ha dejado "perfectamente claro" que su actuación como delegado del Gobierno en este asunto siempre lo fue "con arreglo a la ley" y siguiendo las "recomendaciones de los expertos" en la evolución de la pandemia de covid-19, según recoge Europa Press.
Una hora y media declarando
Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid tras una hora y media de declaración como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación con la celebración de manifestaciones entre los pasados 5 y 14 de marzo, entre ellas la multitudinaria marcha feminista.
A Franco le acusan varias acciones populares en relación con la actuación de su departamento durante los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, pese a las advertencias del riesgo de contagio. La Fiscalía no encuentra indicios de delito y solicitó el archivo de la causa, al igual que ha hecho su defensa, que ejerce la Abogacía del Estado, si bien la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid rechazó ayer esta pretensión.
Al salir de la sede de los juzgados, la expectación mediática era máxima, con una veintena de redactores y medios gráficos en la puerta esperando al delegado del Gobierno, quien se ha visto rodeado de micrófonos y cámaras en pocos segundos. Todos, imputado y periodistas, llevaban puesta la mascarilla, pero durante las declaraciones no se ha podido guardar una mínima distancia de seguridad ante la necesidad de grabar las palabras de Franco.
A la pregunta de si cree que actuó correctamente al permitir la marcha del 8M, Franco ha recalcado que "las manifestaciones no se autorizan" y que en todo caso lo que se podría haber hecho "eventualmente" era prohibirla, pero ha reiterado que en aquel momento "no había ninguna recomendación que llevase a la Delegación del Gobierno a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental".
Franco, que ha dicho que no ha hablado públicamente hasta ahora del asunto para no "alterar el trabajo" de la jueza, ha subrayado que "por supuesto no está acreditado bajo ningún concepto que el incremento de casos que se dio el día 9 tuviese que ver con la manifestación del día 8, entre otros motivos porque los técnicos sanitarios saben que si se produce el contagio, tarda en manifestarse más o menos 14 días".
No está de acuerdo con la Guardia Civil
Sobre el recurso de su defensa, la abogada del Estado Rosa María Seoane, en el que acusaba a la jueza Rodríguez-Medel de abrir con esta investigación una "causa general" contra el Gobierno, el delegado no ha querido hacer ninguna valoración, aunque ha añadido que tiene su "opinión" al respecto.
Y con respecto a los informes de la Guardia Civil entregados a la magistrada en el marco de este caso, ha afirmado que no está de acuerdo con las conclusiones que reflejan esos documentos, pero ha recalcado que tiene "un gran respeto a la Guardia Civil como institución, como a la justicia en un Estado de Derecho" como es España, por lo que espera que "la justicia haga su trabajo".
Por último, Franco ha lamentado "profundamente" que hoy se esté hablando de esta causa abierta en los juzgados de Madrid y no "de la salida de la crisis, por ejemplo del tema de los ERTE o del Ingreso Mínimo Vital que está implementando el Gobierno para ayudar a salir de la crisis a los más desfavorecidos".
"Pero en fin, me ha tocado esto y yo he intentado cumplir con mis obligaciones como delegado del Gobierno y como ciudadano de ayudar y colaborar con la justicia", ha aseverado.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/06/10/delegado_del_gobierno_8m_107622_1012.htmlUN PSICOTERAPEUTA PARA VALORAR UNA EPIDEMIA MUNDIAL
El forense del ‘caso 8-M’ envía a la juez un informe con valoraciones y comentarios personales
Del 8-M al 8-J van tres meses, más de 3.000 folios de investigación judicial y un seísmo político con cuatro informes policiales y forenses como epicentro. La causa abierta por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel no solo ha saltado de los juzgados a la arena política, sino que deja ya en las páginas del sumario a una serie de protagonistas con una voz que retumba en las portadas de los medios cada vez que se pronuncian. Son la propia juez, famosa por su instrucción del caso máster; o la abogada del Estado, Rosa María Seoane, que actuó en el juicio del procés; o los guardias civiles que, con su primera valoración documental, introdujeron en la trama al cesado coronel Diego Pérez de los Cobos y al señalado ministro Fernando Grande-Marlaska. Pero también Julio Lorenzo, un desconocido médico forense, que irrumpió este 8 de junio con un nuevo informe donde apunta al Gobierno.
No es la primera vez que Lorenzo se pronuncia en este caso. Ya lo hizo el 19 de abril, cuando emitió un primer dictamen de apenas dos páginas donde rechazaba que se pudiera saber si alguien se infectó de coronavirus en las manifestaciones bajo sospecha. Pero añadía, una pequeña pulla: “De haberse evitado, se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad”. Nada comparable, eso sí, con el segundo documento que envió el pasado lunes a la juez, donde a lo largo de 59 páginas cargadas de valoraciones y comentarios personales contra la gestión de la crisis sanitaria, afirma que “se veía venir”, que no se tomaron las medidas oportunas, que se debían haber prohibido las movilizaciones desde febrero y que las autoridades conocían los riesgos.
El forense —que se presenta en su web como “médico psicoterapeuta”, sin referencias a conocimientos avanzados sobre epidemiología— sabía la repercusión que iban a tener sus palabras. Su informe arranca con una llamativa introducción donde destaca la trascendencia mediática y política de la causa, y defiende su “imparcialidad”. “Anticipándome a esos pensamientos de algunas personas y grupos. Debo manifestar que, ya antes de ser médico forense nos enseñaron 'aborrece el delito y compadece al delincuente”, escribe Lorenzo, que aterrizó en el juzgado de instrucción 51 de Madrid, encabezado por Rodríguez-Medel, en 2013 y que ha participado antes en otros procedimientos de relevancia. Su intervención fue clave en la investigación abierta tras la muerte de Enrique Morente, cuando determinó que los médicos le atendieron de forma “adecuada”. Entonces, la familia del cantaor trató de recusarlo sin éxito al considerar que, debido a su formación de psiquiatra, no estaba capacitado para elaborar un informe, documento al que llegó a calificar de “tomadura de pelo”.
“Sería irrelevante que el forense del caso 8-M sea Legionario de Cristo si su trabajo fuera profesional. Pero, cuando no aporta evidencia científica más allá de la fe y escribe párrafos vergonzantes, ayuda a entender las cosas”, arremetía el martes el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, después de que se le vinculara a la organización Regnum Christi, relacionada con la congregación católica ultraconservadora. Como avanzó el digital El Plural, este colectivo tiene publicado en su blog y redes sociales una entrevista con él donde se declara miembro, además de participar en al menos una charla respaldada por este grupo y presentarlo como “parte de la Comisión Territorial para la Revisión de los Estatutos del Regnum Christi”.
Su nombre también consta en el panel del Congreso organizado en 2006 por la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas, donde ofreció una conferencia titulada La terapia del perdón en una sociedad endurecida. En esa misma convención se programaron otras conferencias como Diferencias sexuales y prevención de la homosexualidad, y la clausura corrió a cargo de Juan Antonio Reig, obispo de Alcalá de Henares y conocido por respaldar “terapias para curar la homosexualidad”.
EL PAÍS se ha puesto en contacto con Lorenzo, que no ha querido manifestarse sobre todos estos detalles: “No es posible, ya que el asunto judicial está en curso y no debo, ni puedo, realizar manifestaciones sobre ello, por obvias razones. Mis informes, todos y no solo este que hoy está en boga, se entregan solamente a los jueces”, ha respondido a través de un correo electrónico.
La derecha se lanza al ataque
La derecha se ha agarrado con fuerza a las palabras del forense. “Es un informe demoledor. Señala que ‘la hecatombe se veía venir’, que el Gobierno subestimó la gravedad de la covid, y que actuó tarde y mal. Afirma que justo después de las manifestaciones la situación ya era dramática. Lo sabían”, se lanzó Pablo Casado (PP) el mismo lunes. El Gobierno, mientras tanto, se defiende. “Seguimos todas las recomendaciones y, de acuerdo con los casos que nos notificaban las comunidades autónomas, no había en aquel momento evidencia de transmisión comunitaria sostenida en nuestro país, había evidencia de transmisión con brotes locales”, explicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el martes.
“Siempre hemos actuado valorando toda la información epidemiológica disponible. No hemos menospreciado ningún riesgo y todas las respuestas que hemos dado a la pandemia se han tomado con la mayor celeridad posible”, añadió Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), también señalado por el forense en el segundo informe que ha aportado a una causa donde solo se encuentra imputado por prevaricación al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco.
Respuesta a la Abogacía
La Abogacía del Estado, que defiende en este caso a Franco, ya cargó en un escrito contra el primer informe de Lorenzo. Según expuso este órgano, la polémica afirmación del forense en ese documento —“De haberse evitado [las movilizaciones], se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad”— estaba “huérfana de apoyo técnico”. “No tiene ningún sustento científico, ni técnico. Y el forense no la razona, ni argumenta, ni la apoya en ningún dato objetivo”, decía, antes de añadir: “Máxime cuando las opiniones de los expertos niegan la relevancia en términos de expansión de un evento de las características de una manifestación (en un espacio abierto, sin que sea frecuente un contacto estrecho entre los participantes) en relación con la exposición al virus que se pudo producir esos días en el desarrollo ordinario de la vida social en Madrid”
Lorenzo aprovecha su segundo informe para responder que “no hace falta mucha explicación para comprender que, [en las concentraciones], las distancias interpersonales son menores de dos metros”: “Es lógico y hasta la ministra Irene Montero lo reconocía en varias ocasiones durante su espontánea —y por lo tanto sincera— manifestación ante unas cámaras de televisión”, en referencia al off the record utilizado por la Guardia Civil para afianzar su tesis del caso 8-M. Y Rodríguez-Medel ha defendido en un auto la “clara utilidad” de su opinión: “Permite analizar desde la perspectiva médica el grado de conocimiento en el periodo que nos ocupa de que mantener la distancia social evita el riesgo de contagio, y también determinar desde cuándo se tiene ese conocimiento (clave a efectos de valorar si, en su caso, se dictaron resoluciones a sabiendas de su injusticia)”.
https://elpais.com/espana/2020-06-09/un-psicoterapeuta-para-valorar-una-epidemia-mundial.htmlUN ALTO CARGO DEL PP DE CANTABRIA ES ABOGADO DE UNA ACUSACIÓN POPULAR EN LA CAUSA DEL 8-M
El abogado Javier Noriega, candidato del PP de Cantabria hace un año y miembro de su ejecutiva, representa al denunciante Víctor Valladares
El abogado que representa a una de las acusaciones populares de la causa que investiga la convocatoria del 8-M feminista en Madrid, Javier Noriega, es alto cargo del Partido Popular de Cantabria y fue uno de sus candidatos de la formación conservadora al Congreso en las dos elecciones generales del año pasado. Noriega, abogado desde mediados de los noventa, ha presentado escritos en nombre del denunciante Víctor Valladares y forma parte en la actualidad del Comité Ejecutivo Regional del PP y preside su Comité de Derechos y Garantías.
Es la causa por la que este martes tendrá que declarar como investigado José Manuel Franco, Delegado del Gobierno en Madrid, ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel y en la que Valladares ha solicitado sin éxito la imputación del jefe del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. La magistrada, tras la denuncia presentada por Valladares en marzo, investiga si el representante del ejecutivo central pudo incurrir en un delito de prevaricación al no prohibir la manifestación feminista a pesar del avance del coronavirus.
Noriega, que según las bases de datos del Consejo de la Abogacía Española ejerce como letrado desde 1996, ocupa según la página web del PP cántabro la presidencia de su Comité de Derechos y Garantías desde marzo de 2017 y forma parte del Comité Ejecutivo Regional desde esa misma fecha. Fue, además, número cuatro en la lista del PP al Congreso por Cantabria en las dos citas electorales generales del año pasado sin conseguir sacar escaño.
La magistrada que lleva las riendas de la instrucción ha aceptado la presencia de diversas acusaciones populares en la causa contra Franco en las últimas semanas: entre ellas, además del denunciante representado por Noriega, está Manos Limpias - cuyo presidente, Miguel Bernad, está siendo juzgado en el caso AUSBANC - la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional, la Asociación de Consumidores José María Mena y varios familiares de fallecidos por el COVID-19.
Declaración de José Manuel Franco
Si no hay cambios en la agenda de la magistrada este martes tomará declaración como imputado a José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid y secretario general del PSOE regional, acusado de un delito de prevaricación. La jueza indaga si delinquió al permitir la celebración de grandes concentraciones como el 8M feminista a pesar del avance en ese momento del coronavirus.
La causa, que arrancó tras la denuncia del ex abogado Víctor Valladares, condenado por estafar y engañar a diversos clientes tal y como reveló la Cadena SER, incluye dos informes de la Guardia Civil y otros dos del forense del juzgado que apuntan no sólo a Franco sino incluso a Fernando Simón como responsables de haber permitido una manifestación que aumentó los contagios y la propagación del virus a pesar de tener información que lo desaconsejaba. "La hecatombe se veía venir", dice el último informe forense aportado al caso.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han pedido el archivo de la causa acusando a la magistrada de impulsar una "causa general" contra la gestión de la crisis del coronavirus y acusando a los informes elaborados por la Guardia Civil de incurrir en "errores graves", pretensiones rechazadas de plano ayer por la instructora alegando que, precisamente, las reticencias de la Delegación a entregar documentación han influido en la gestión de la causa. Tanto la Guardia Civil como el forense se hacen eco, entre otras cosas, de una conversación previa a una entrevista de la ministra Montero en la ETB en las que atribuía el descenso de participación del 8M al miedo al virus.
"No cobro un euro"
En su cuenta de Twitter el abogado ha asegurado que "no cobro ni un euro de la política ni del PP. No tengo ninguna incompatibilidad para desarrollar mi actividad profesional que es la abogacía", algo que no ha sido afirmado en ningún momento en esta información, y cargando contra el "Gobierno de la infamia y sus palmeros".
https://cadenaser.com/programa/2020/06/10/hoy_por_hoy/1591769816_050970.htmlLA JUEZA DEL 8M LLENA LA AGENDA DE DECLARACIONES ANTES DE QUE LA FISCALÍA SE PRONUNCIE
Carmen Rodríguez-Medel cita a 18 testigos para los próximos miércoles y jueves entre funcionarios y convocantes de manifestaciones durante la pandemia, además de al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, como imputado
La jueza Carmen Rodríguez-Medel, que investiga al delegado del Gobierno en Madrid por permitir la manifestación feminista del 8 de marzo y otras 76 una vez se conocían casos de contagios por coronavirus, ha citado a declarar a 19 personas para avanzar en su investigación entre trabajadores de la Delegación del Gobierno y convocantes de manifestaciones durante el mes de marzo. Lo ha hecho llenando prácticamente todas las horas de los próximos miércoles y jueves, con una diferencia de 30 minutos entre una citación y otra, en sesión de mañana y tarde.
Con las 18 testificales señaladas y la declaración como investigado del delegado José Manuel Franco pretende despejar si éste debió permitir o no las concentraciones y si se le puede exigir alguna responsabilidad penal por ello. Precisamente la instructora ha señalado la última batería de citaciones en una providencia cuando la Fiscalía de Madrid ultima su escrito para posicionarse a favor de que continúe la investigación contra Franco por presunta prevaricación o en contra, en línea con la Abogacía del Estado que considera la instrucción una «causa general contra el Gobierno».
Quienes conocieron el caso Máster que también instruyó la titular del Juzgado 51 contra la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes y el catedrático fallecido Enrique Álvarez-Conde encuentran muchas similitudes en la manera de proceder de la jueza. Multitud de testigos citados con pocos minutos de diferencia, esperando en los pasillos de los juzgados de Plaza de Castilla como si se tratara de la consulta del médico para prestar declaración en una calurosa sala de vistas, sabedores de que el interés mediático está sobre ellos. Esta vez, las medidas anticontagio contra la Covid-19 les evitarán tener que esquivar físicamente a los periodistas.
No vio posible archivar sin diligencias
El pasado 25 de marzo, cuando la instructora admitió la denuncia del abogado Víctor Valladares contra Franco por permitir las manifestaciones después de que el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades emitiera un informe sobre la Covid-19, reconoció que tuvo dudas: «Lo absolutamente excepcional de los hechos denunciados hace que no sea viable buscar precedentes jurisprudenciales que arrojen algo de luz sobre si los mismos merecen reproche penal (o si, por el contrario, de merecer eventuales reproches, estos serían de otra naturaleza, cuestión ajena al campo técnico-jurídico que nos ocupa)», se pudo leer en su auto.
Sin embargo, no vio viable archivar directamente sin practicar diligencias: «En opinión de esta instructora -continuaba la resolución- sólo procedería el archivo directo de la denuncia, ad limine litis, si fuera evidente que los hechos no tienen encaje en un tipo penal o si, aun tipificados los hechos como delictivos, no existiera indicio alguno de la participación en los mismos del denunciado».
Pidió documentación a la Delegación del Gobierno sobre los avisos recibidos en relación con la pandemia y puso a trabajar a la Guardia Civil en distintas pesquisas. La contestación que le envió el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera Esteso, en representación del órgano y en la que afirmó que la primera noticia sobre el Covid fue la publicación de la declaración del estado de alarma en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no pareció una buena manera de calmar el anhelo de la jueza por aclarar la situación.
Precisamente Talavera Esteso está citado como testigo media hora después de José Manuel Franco. Su posición es comprometida porque si la instructora aprecia que no dice la verdad, su condición puede cambiar sobre la marcha. No sería la primera vez que Rodríguez-Medel toma una decisión similar. Por volver al caso Máster, la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Alicia López de los Mozos fue en mayo de 2018 a declarar ante Medel como testigo y salió como imputada al reconocer que ella misma falsificó las notas de alumnos. No quiere decir esto que la situación sea extrapolable al secretario general Talavera.
El listado de citados
Además del secretario general de la Delegación también están citados como testigos el próximo miércoles el jefe de gabinete de José Manuel Franco, Luis María Sanz, y el director de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas.
Un día después, la jueza ha citado por la mañana a cuatro funcionarios del área de Seguridad Ciudadana de la Delegación y a otro del Área de Sanidad. También al convocante de una manifestación animalista que aceptó cambiar la fecha de una concentración, según la Guardia Civil, y a otro de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Extremadura.
Por la tarde, y también con un espacio de media hora entre una declaración y otra, están citados otros siete convocantes de manifestaciones, como los representantes del sindicato CGT de Amazon, del mismo sindicato en los Oficios Varios del Sur o de la plataforma de afectados de Forum Afinsa.
Precisamente estas últimas declaraciones son las más controvertidas puesto que al menos dos de estos testigos han matizado, como publicó Eldiario.es, la versión de su declaración en sede policial recogida en el ya polémico informe entregado a la jueza que ha desatado una grave crisis en el Ministerio de Interior por la que tanto la oposición como la segunda asociación más representativa de jueces han pedido la dimisión de su titular, Fernando Grande-Marlaska.
Los agentes de la Policía Judicial sostuvieron en el informe que funcionarios de la Delegación del Gobierno telefonearon a los manifestantes y les instaron a desconvocar sus actos por el coronavirus incluso con «expresiones imperativas», pero evitaron hacerlo por escrito para no dejar rastro. Dos de esos convocantes han manifestado, sin embargo, que no recibieron ningún tipo de presión y que no desconvocaron por razones sanitarias. Ahora, la instructora tiene la posibilidad de despejar dudas tomándoles declaración.
https://www.elindependiente.com/politica/2020/06/04/la-jueza-del-8m-llena-la-agenda-de-declaraciones-antes-de-que-la-fiscalia-se-pronuncie/LA JUEZ DEL ‘CASO 8-M’ RECHAZA LA PETICIÓN DE ARCHIVO DE LA FISCALÍA Y LA ABOGACÍA
La magistrada Carmen Rodríguez-Medel mantiene la citación como imputado del delegado del Gobierno
La juez del caso 8-M, Carmen Rodriguez-Medel, ha desbaratado en apenas 24 horas las pretensiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que presentaron este lunes dos nuevos recursos donde pedían el archivo de la investigación. Según consta en un auto dictado este martes, la magistrada rechaza su solicitud y mantiene, por tanto, la declaración del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y único imputado, José Manuel Franco, fijada para este miércoles. La instructora, que le atribuye un presunto delito de prevaricación por no impedir las manifestaciones en la región durante la fase de expansión del coronavirus, también aprovecha su escrito para lanzar algún dardo: vuelve a recordar, por ejemplo, que la Abogacía tardó un mes en acudir a recoger la documentación.
Esta decisión de la juez se conoce después de que la Fiscalía se pronunciara el lunes por primera vez en una causa que ha supuesto un verdadero terremoto político en las últimas semanas. El ministerio público pidió que se diera carpetazo a las pesquisas al considerar que Franco, líder también de los socialistas madrileños, no cometió prevaricación. Añadió, además, que no existe “dato indiciario alguno” que sostenga la tesis de que el delegado recibió una orden del Ejecutivo para no impedir las concentraciones en aquellos días, cuando se celebraron, entre otras, la marcha feminista del 8 de marzo, a la que la derecha ha colocado en la diana. La Abogacía del Estado, que mantiene una línea similar, también envió el lunes otro escrito a Rodríguez-Medel donde le acusa incluso de haberse lanzado a una “búsqueda voraz de indicios” contra el Gobierno, provocando así la indefensión del imputado.
Pero, a lo largo de 17 páginas, la magistrada desestima los argumentos de ambos órganos. Descarta que, entre otros asuntos, se haya incumplido el decreto del estado de alarma al haber impulsado la investigación durante un tiempo en el que los plazos procesales se encontraban suspendidos. “No puede prosperar la alegación de que todo es nulo porque la jurisdicción penal estaba paralizada”, destaca Rodríguez-Medel, que insiste en que los juzgados de instrucción de todo el país “han seguido tramitando sus respectivas causas”, con los límites derivados de la pandemia. “Es evidente que la actividad judicial se ha visto notablemente ralentizada, pero no desde luego paralizada en los términos que parecen desprenderse de los recursos y, mucho menos, paralizada por imperativo legal”.
De hecho, la instructora apunta directamente a la Fiscalía y le dice que, en otras causas, ella misma ha recibido escritos por parte del ministerio público. “Suspender los plazos no imposibilita la tramitación de todo aquello que no esté sujeto a plazo”, insiste la juez, que remacha: “Y, en la práctica la defensa y la Fiscalía han tenido mucho más tiempo para recurrir las resoluciones que si los plazos no hubieran estado suspendidos. Dicho de otro modo, la situación les ha beneficiado. En modo alguno les ha perjudicado”.
Aunque su respuesta no se queda ahí. A las palabras de la Abogacía sobre la “sorprendente celeridad” con la que se está instruyendo el caso 8-M, Rodríguez-Medel responde que ella “en esta y en todas las demás causas, en la medida de sus posibilidades y de la muy sobrecargada oficina judicial, trata de impulsar los procedimientos de manera que no se demoren innecesariamente en el tiempo, especialmente, ante el previsible colapso que se avecina”. También le vuelve a recordar al órgano jurídico dependiente del Ejecutivo que estuvo un mes sin acudir a recoger la documentación. Y apostilla que, no solo retrasó la declaración de Franco cinco días tras un escrito de la defensa, sino que tuvo la misma “celeridad” para descartar delitos imputados al delegado del Gobierno —en un primer momento se le atribuyó también lesiones imprudentes, que posteriormente descartó— como para “restringir” a dos las acusaciones populares contra el político.
Los reproches de Rodríguez-Medel siguen. También insinúa que la Abogacía trata de conseguir un trato de favor para Franco en esta causa y, ante la tesis de que la defensa no sabe de qué se le acusa, afirma que “no tiene ningún problema esta instructora en reiterar los hechos”. “El objeto de este procedimiento penal se circunscribe única y exclusivamente a las decisiones jurídicas adoptadas entre el 5 y el 14 de marzo por el delegado del Gobierno, tanto de toma de conocimiento de concentraciones/manifestaciones como de no prohibición de aquellas sobre las que previamente ya había tomado conocimiento, [...] todo ello en relación con la crisis sanitaria derivada de la covid”, apunta en un escrito donde también afirma que la Guardia Civil le transmitió que algunas instituciones, como el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) dirigido por Fernando Simón, le estaban poniendo problemas a la hora de entregarle documentación, con “demoras sin causa justificada”.
El valor del informe forense
La magistrada, en este nuevo auto, pone en valor los informes encargados al forense adscrito al juzgado, que le ha enviado ya dos documentos con valoraciones. En ambos coincide que “no es posible saber” si quienes asistieron a las movilizaciones se infectaron en ellas, pero en el segundo aprovecha para cargar contra el Gobierno. “La situación de hecatombe en España se veía venir”, afirma en ese escrito, fechado el 8 de junio. Después de que la Abogacía recurriese que se le pidiera su opinión al forense por segunda vez, Rodríguez-Medel destaca su “clara utilidad”: “Permite analizar desde la perspectiva médica el grado de conocimiento en el periodo que nos ocupa de que mantener la distancia social evita el riesgo de contagio, y también determinar desde cuando se tiene ese conocimiento (clave a efectos de valorar si, en su caso, se dictaron resoluciones a sabiendas de su injusticia)”.
https://elpais.com/espana/2020-06-09/la-juez-del-caso-8-m-rechaza-la-peticion-de-archivo-de-la-fiscalia-y-la-abogacia.htmlEL FORENSE DEL ‘CASO 8-M’ SEÑALA A MIEMBROS DEL GOBIERNO PESE A NO ESTAR INVESTIGADOS
El segundo informe incluye también el ‘off the record’ de la ministra Irene Montero
El forense del caso 8-M, donde se investiga la celebración de manifestaciones en la Comunidad de Madrid durante la fase de expansión del coronavirus, ha enviado este lunes un segundo informe a la juez Carmen Rodríguez-Medel. En este escrito de 59 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, vuelve a concluir que “no es posible saber” si quienes asistieron a las movilizaciones de aquellos días se infectaron en ellas de la covid-19, pero aprovecha la ocasión para apuntar que no debían haberse permitido desde finales de febrero y señala incluso, pese a no estar investigados en esta causa, a varios miembros del Gobierno como “conocedores” de los riesgos que se corrían.
Entre los altos cargos señalados se encuentran, además del delegado del Gobierno en Madrid y único imputado, José Manuel Franco; el ministro de Sanidad, Salvador Illa; la directora general de Salud Pública, Pilar Azcárraga; el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón; e, incluso, el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz. “No se atendió suficientemente a las llamadas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Y cuando estalló la difusión comunitaria esporádica no se actuó con diligencia”, apunta el documento enviado a la magistrada el mismo día en que la Fiscalía ha pedido el archivo del proceso. La juez ya ha señalado en dos ocasiones que el único investigado en esta causa es Franco y ha descartado imputar a Simón.
El forense analiza las pesquisas de la Guardia Civil practicadas hasta ahora, así como noticias difundidas en varios medios y declaraciones públicas de las autoridades. Y concluye, en referencia a la pandemia, que “se veía venir” desde febrero. “Un tsunami se prevé, se sabe que va a venir porque ha existido un fenómeno previo, terremoto con epicentro en el fondo del mar, que así lo indica. La situación de hecatombe en España se veía venir”, subraya el documento, que también se hace eco, al igual que el remitido la semana pasada por la Guardia Civil al juzgado, de la conversación privada que la ministra de Igualdad, Irene Montero, mantuvo con una periodista antes de una entrevista en la televisión vasca EiTB.
La dirigente de Unidas Podemos comentaba en ese diálogo que creía que a la última marcha del 8-M había asistido menos gente por miedo al coronavirus. “Las tomo como ejemplo del sentir popular, como ejemplo del conocimiento del pueblo llano sobre la capacidad de contagio del coronavirus del covid-19, puesto que ella carece de conocimientos epidemiológicos demostrados. Es un testimonio muy válido y sincero, precisamente por esa espontaneidad”, concluye el forense.
Cruce de correos
En otra parte del informe, el forense analiza el contenido de parte de los correos electrónicos intercambios por varios responsables autonómicos del Centro de Alertas Sanitarias, que dirige Fernando Simón. En concreto, se centra en tres que se enviaron los días 18, 24 y 29 de febrero, donde ponían en común la información que les iba llegando sobre la enfermedad en sus regiones. De estos mensajes, el forense resalta frases como “lo que no sé es si podremos manejarla”, “damos todo por perdido”, “eso nos preocupa” y, sobre todo, la forma de despedirse con un “mucha fuerza”. Y concluye que son “evidencias escritas” de que estaban “saltando las alarmas en el CCAES” de Fernando Simón. “Una persona desde el CCAES se dirige a otra de la Comunidad de Madrid alertando de que unos estudiantes que han tenido contacto con un enfermo de covid-19 se han dirigido a Madrid con lo que eso significa en lo referente a la diseminación de la enfermedad. En su despedida dice ‘¡un abrazo y mucha fuerza!’. Imagino los semblantes de preocupación de estos profesionales analizando la situación”.
El forense también afirma que en España no se adoptaron a tiempo las normas debidas de distanciamiento. “Otros países sí debieron hacerlo y quizá por eso ostentamos el récord de ser uno de los países, si no el que más, con más víctimas (fallecidos y enfermos/habitante)”. Sin embargo, acto seguido el autor añade que “quizá no sea ese el único factor, no corresponde a este sencillo informe analizarlo”. “El daño de cualquier epidemia no solo se debe atribuir a la contención de la difusión en los primeros estadios sino también durante su evolución y no solo con medidas de contención sino merced a la atención sanitaria”, apostilla.
El autor del informe también se muestra muy crítico con las instrucciones que la Delegación del Gobierno en Madrid envió a sus trabajadores el 28 de febrero, dos semanas antes de que se aprobara el estado de alarma. Consistían en medidas no farmacológicas, de higiene y de distanciamiento social “con especial hincapié para aquellos puestos que estén en contacto con los ciudadanos”. “Esa atención tan delicada y adecuada para con sus trabajadores choca o es contradictoria con haber permitido encuentros masivos de personas. Es como cuidar a los de casa y menospreciar a los de fuera”, sostiene el forense.
https://elpais.com/espana/2020-06-08/el-forense-del-caso-8-m-senala-a-miembros-del-gobierno-pese-a-no-estar-investigados.htmlLA FISCALÍA PIDE ARCHIVAR EL ‘CASO 8-M’ CONTRA EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN MADRID
El ministerio público solicita a la juez Rodríguez-Medel que dé carpetazo a la causa
La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido este lunes a la juez Carmen Rodríguez-Medel que archive la investigación abierta contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por las manifestaciones celebradas en los días de expansión del covid-19, incluida la del 8-M. El ministerio público ha presentado un recurso ante el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid contra el auto de apertura de diligencias para investigar al delegado del Gobierno y, al mismo tiempo, pide la revocación de ese auto y el archivo de la causa.
La Fiscalía ha analizado todas las acusaciones vertidas contra el delegado del Gobierno y concluye que, ni por activa ni por pasiva, prevaricó. En su escrito, según ha explicado la Fiscalía de Madrid, el ministerio público reprocha a la juez impute a Franco un supuesto delito de prevaricación administrativa por permitir la manifestación del 8-M pero no concrete “con claridad” qué resolución emitió el delegado del Gobierno “cuya ilegalidad haya que valorar”. La Fiscalía cree que resulta “palmario” que el mero hecho de recibir comunicación acerca de la futura celebración de una manifestación, “en ningún caso resultará subsumible en el artículo 404 CP [el que regula la prevaricación], pues recibir comunicación no equivale a dictar resolución”.
El fiscal recuerda que el delito de prevaricación exige que la resolución “resulte no sólo ilícita, sino también arbitraria” y precisa que el delegado del Gobierno, además de no dictar ninguna resolución, tampoco se le puede acusar de haber tenido un comportamiento arbitrario “en tanto que no ha realizado actuación ni omisión que vulnere el ordenamiento jurídico en aras de la prevalencia de su exclusiva voluntad personal”.
El ministerio público rechaza también que, con el objetivo de permitir las marchas, Franco eludiera resolver cualquier resolución a la que estuviera “legalmente obligado” y recuerda, incluso, que las competencias en materia sanitarias correspondían a otras autoridades. “Por tanto, no resultaría razonable exigir al delegado del Gobierno que prohibiera unas manifestaciones por razones de orden sanitario cuando las competencias en materia de salud pública, y, en concreto, para la adopción de medidas de prevención de vigilancia epidemiológica, correspondían a otro órgano administrativo”, subraya en su escrito.
Una argumentación que no queda ahí. La Fiscalía insiste también en que parte de la acusación se sostiene en que Franco hubiera podido recibir una orden del Gobierno para que no impidiera las movilizaciones, pero esta tesis no se apoya “en dato indiciario alguno”. Es más, el ministerio público destaca que, después de las investigaciones ya practicadas por la juez, sigue sin existir ninguna prueba que apunte en esa dirección: “Como difícilmente podría ser de otra manera, dada la atribución de competencias de la Comunidad Autónoma hasta la declaración del estado de alarma de fecha 14 de marzo de 2020”, apostilla el escrito, señalando al Gobierno de Isabel Ayuso (PP).
Esta es la primera vez que la Fiscalía se pronuncia en esta causa, abierta el pasado 23 de marzo. El ministerio público consideraba desde el principio que el caso tenía poco recorrido jurídico, pero ha debatido en las últimas semanas si lo más idóneo es pedir ya el cierre de la investigación o, en cambio, no oponerse a que declaren Franco (citado el próximo miércoles) y los testigos ya citados por la juez y volver a evaluar su posición tras esas comparecencias. Finalmente, la Fiscalía ha optado por pedir el archivo ya.
https://elpais.com/espana/2020-06-08/la-fiscalia-pide-archivar-el-caso-8-m-contra-el-delegado-del-gobierno-en-madrid.html
PABLO IGLESIAS: "EL MAYOR ATAQUE A LA GUARDIA CIVIL ES QUE HAYA MANDOS QUE HAGAN RECORTES DE PÁGINAS WEB PARA HACER INFORMES"
El vicepresidente del Gobierno asegura que el PP "organizó una red de policías que trabajaban con sicarios mediáticos para tratar de proteger" a la formación "de asuntos judiciales"
Gobierno. Interior investiga la filtración de los informes de la Guardia Civil sobre el 8-M y el escrito de cese del coronel
El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha asegurado que lo que hace "daño" a la Guardia Civil es que haya mandos que realicen informes con "recortes" de prensa sacados de "páginas webs de extrema derecha".
Iglesias se ha expresado así en una entrevista en Los desayunos de TVE, recogida por Europa Press, tras ser preguntado sobre el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos.
"Es algo gravísimo, y un país como España no se puede permitir que haya mandos que hagan recortes de okdiario para hacer informes. Ese es el mayor ataque contra la Guardia Civil y su profesionalidad. Eso debería ser un consenso independientemente de las ideas de cada uno", ha sostenido.
En esta línea, el vicepresidente ha descartado hacer "matices" a las explicaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque ha recordado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) "son profesionales sometidos a la autoridad del Gobierno". "Eso es normalidad democrática", ha añadido.
Así, Iglesias ha defendido que cada persona pueda "tener su ideología" pero ha insistido en que cuando "está sometido a una autoridad administrativa debe cumplir las leyes que se le den".
El vicepresidente se ha referido así a las explicaciones que Interior ofreció la pasada sobre el cese de Pérez de los Cobos. Según el departamento dirigido por Grande-Marlaska, éste se produjo por haber incumplido el procedimiento de comunicación de actuaciones, ya que esa comunicación debía ser "a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas".
En este contexto, Iglesias también ha opinado acerca de las declaraciones de su compañero de gabinete, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, después de que dejase caer la posibilidad de que en las FCSE pudiesen existir "elementos reaccionarios" que "asumen como propio el discurso que invita al golpe del Estado".
"¿Qué sigan existiendo redes o grupos ilegales que actúan contra la ley? Cada uno tiene su opinión, pero si eso existe lo tienen que perseguir los jueces", ha indicado Iglesias, que ha recordado que la existencia de una "estructura de cloaca no es algo" que opine él a título personal, sino que "ha quedado acreditado por una comisión parlamentaria".
En este sentido, ha recordado que el Partido Popular "organizó una red de policías que trabajaban con sicarios mediáticos para tratar de proteger" a la formación "de asuntos judiciales" y que también atacaban "a la oposición", en especial a Podemos y a las "fuerzas catalanas". "Todo el mundo sabe quién es Villarejo, Fuentes Gago o Eugenio Pino", ha zanjado.
"LA DERECHA NO VA A GOBERNAR EN AÑOS"
Preguntado sobre si existe una operación de acoso y derribo contra el Ejecutivo de coalición, Iglesias ha lamentado que en España haya "una derecha de pataletas, berrinches, cacerola y gritos" en vez de unas fuerzas políticas que "hagan propuestas o una oposición lógica".
"Creo que cada vez hay más gente que tiene claro que el problema de la derecha es que son conscientes de que no van a gobernar en muchos años. Los jefes que están ahora no van a formar parte del Ejecutivo, y por tanto no hacen una oposición sensata sino de intentar provocarte a ver si caes", ha sostenido.
A su juicio, esa estrategia de "mentiras, enfados e insultos" se utiliza para que no se hable del Ingreso Mínimo Vital o del escudo social. "Tengo la sensación de que eso es muy indicativo de la enorme debilidad de la derecha en nuestro país. Debemos dejar de lado la crispación y el ruido: viene una situación difícil y el Gobierno no puede perder ni medio minuto con los de la pataleta", ha zanjado.
https://www.elmundo.es/espana/2020/06/08/5eddf253fdddff8e4b8b45d0.htmlLA JUEZA DEL 8M REVOLUCIONA LA INVESTIGACIÓN DE UN DELITO SIN CÁRCEL
Carmen Rodríguez-Medel vuelve a atraer el foco con otra intensa instrucción como la que ejerció en el caso Máster, adelgazado por ella misma en el último momento. Ajena al paréntesis judicial decretado por la pandemia, encomendó la investigación a guardias civiles que seleccionó previamente y que aportaron informes repletos de errores y bulos
De la avalancha de querellas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis sanitaria, solo una hasta el momento se ha traducido en una investigación penal. La decisión ha correspondido a la magistrada que instruyó el caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, quien al octavo día del confinamiento consideró que había fundamento en la querella que había presentado contra el delegado del Gobierno en Madrid un abogado y que resultaba urgente ponerse a investigar.
La acusación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, se fundamenta en no haber prohibido los encuentros multitudinarios que tuvieron lugar en los nueve días previos al estado de alarma, entre ellos la marcha feminista del 8 de marzo, supuestamente a sabiendas del presunto riesgo que suponían para la salud de la población. Se trata de un delito castigado con entre nueve y 15 años de inhabilitación para ejercer un cargo público y que no conlleva pena de cárcel.
Pese a la condena menor del delito que se le atribuye indiciariamente y la suspensión vigente de los plazos de instrucción —no corre el plazo máximo para investigar—, Rodríguez-Medel puso a los agentes de Guardia Civil, seleccionados por ella previamente, a realizar una ardua investigación con numerosas tomas de declaración, requerimientos de documentación y análisis de "fuentes abiertas". Al mismo tiempo reclamó al forense de los juzgados de Plaza de Castilla un dictamen sobre la incidencia de las concentraciones de aquellos días en la propagación del virus Sars-Cov-2. Su resultado no le ha resultado concluyente y, como ha hecho con la Guardia Civil, ha solicitado otro informe ampliatorio.
Los polémicos atestados del instituto armado, plagados de conclusiones sesgadas, errores y hasta bulos difundidos por algunos medios, derivaron en el cese del jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos. Esa decisión se vio seguida de las contradicciones en las versiones ofrecidas por el Ministerio del Interior y ha generado una crisis para el Ejecutivo, entre acusaciones de la oposición por intentar interferir en una investigación judicial.
El asunto ha levantado una tremenda polvareda política: la tesis de que el Gobierno mandó a la gente a contagiarse a las marchas feministas por puro sectarismo partidista es el centro de la argumentación del PP y Vox para cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La portavoz parlamentaria del principal partido de la oposición, Cayetana Álvarez de Toledo, repite durante los últimos días frases de este calibre: "El pecado original de esta pandemia es la obsesión ideológica por el feminismo". Vox, menos dado a las sutilezas, insiste cada vez en que el feminismo mata.
Todo comenzó el 19 de marzo de 2020. Con el país en shock por la declaración del estado de alarma y el confinamiento domiciliario, el abogado Víctor Valladares, con condenas anteriores por estafa, se presenta en el Tribunal Supremo para interponer una denuncia contra Pedro Sánchez y los delegados del Gobierno de las 17 comunidades autónomas. Les atribuye un delito de prevaricación por haber autorizado manifestaciones cuando se supone que ya había constancia oficial del riesgo de propagación del coronavirus. Pero, según su relato, se encuentra el registro del Alto Tribunal cerrado. Así que se traslada con el mismo papel a la Plaza de Castilla de Madrid, donde está el juzgado de guardia y, de "manera manuscrita", registra esa denuncia dirigiéndola "al Juzgado de Instrucción que por turno de reparto corresponda".
El 20 de marzo, la querella cae por reparto en manos de la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que tres días después abre una causa penal contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, el único sobre el que tiene competencia. Contra Sánchez, al ser aforado, solo puede actuar el Tribunal Supremo y el resto de delegados del Gobierno tendrían que ser en todo caso investigados en sus respectivos territorios. La jueza rechaza la personación de Valladares por no cumplir los requisitos, pero los indicios que le ha presentado le sirven para abrir una investigación sin necesidad de una acusación popular.
El caso Máster y el amago de declaración de Casado
No es el primer caso de un político que recae en el juzgado de la magistrada. Rodríguez-Medel ya había sido la instructora del caso de los máster supuestamente regalados en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid a Pablo Casado y Cristina Cifuentes, al que dio cerrojazo casi al completo tras la negativa del Supremo a investigar al por entonces recién elegido líder del PP. La jueza consideró un lunes de septiembre que la decisión del Supremo de no investigar al presidente del PP condicionaba toda su investigación y que no era posible seguir. A pesar de la resolución del Supremo, el viernes anterior la jueza tenía intención de ahondar en las pesquisas citando a Casado como testigo, una comparecencia que el aforamiento del líder de la oposición no podía evitar. Nunca lo hizo.
La magistrada había sido antes asesora de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia durante el Gobierno de Mariano Rajoy, un cargo que ocupó durante once meses. Según reveló eldiario.es, en la sobremesa del 4 de agosto de 2018, en plena instrucción del caso Máster, la antigua jefa de Rodríguez-Medel en el ministerio, Carmen Sánchez-Cortes, número dos de Rafael Catalá, telefoneó a la magistrada para interesarse por sus planes con Casado. La togada percibió aquello como un intento de injerencia intolerable.
Finalmente, el más grave caso de corrupción universitaria conocido quedó sin reproche penal a pesar de las declaraciones de alumnos y profesores que acreditaron que había alumnos VIP a quienes les regalaron títulos sin hacer nada o casi nada. Sólo está pendiente de juicio la falsificación del acta con la que Cifuentes intentó justificar que sí había cursado esos estudios antes de que el caso acabase con su carrera política.
Una "sorprendente celeridad" en la instrucción
En la instrucción del caso Máster la jueza no escatimó en solicitudes de información o declaraciones de testigos a partir del trabajo periodístico de éste y otros medios. Ha seguido el mismo esquema con el 8M aunque el país y los tribunales estuvieran prácticamente paralizados por la pandemia y haya un solo investigado por un delito sin pena de cárcel, frente a la veintena de imputados que llegó a tener el caso Máster por varios delitos de cohecho, prevaricación y falsedad documental.
En el auto de apertura de la causa del 8M, Rodríguez-Medel pidió enseguida una extensa batería de diligencias y apuntó la comisión de otro posible delito no citado por el denunciante —lesiones imprudentes— que descartó semanas después. La Abogacía del Estado, encargada de la defensa de Franco, ha criticado la "sorprendente celeridad" de la instrucción.
La Abogacía destaca que acordó iniciar las diligencias a pesar de considerar las actuaciones "no urgentes" y de estar suspendidos los plazos procesales (no se han reactivado hasta este jueves 4 de junio). Así que tanto el forense como la Guardia Civil han ido aportando informes sin que el único investigado hasta el momento haya tenido la oportunidad de "defenderse", según expone la Abogacía del Estado, que considera que la jueza ha "vulnerado" las disposiciones del estado de alarma. La abogada del Estado Rosa María Seoane, que defendió con éxito los intereses del Gobierno en el juicio del procés, sostiene que Franco está siendo víctima de una "palmaria indefensión" que es "reiterada y continuada". La Fiscalía no se ha pronunciado todavía en esta causa por la suspensión de los plazos procesales.
La quiniela para la Guardia Civil que nunca existió
La jueza Rodríguez-Medel está unida familiarmente a la Guardia Civil. Su abuelo fue un comandante que murió el 18 de julio de 1936 defendiendo la legalidad republicana. Dos meses antes de abrir la causa contra el delegado del Gobierno, y coincidiendo con el cese de Félix Azón como director general de la Guardia Civil, algunos medios publicaron erróneamente que Rodríguez-Medel, a la que se recordaba por el caso Máster, figuraba en las quinielas para ocupar su puesto. eldiario.es se interesó entonces por esa posibilidad y una fuente autorizada de Interior lo desmintió tajantemente: "Nunca ha estado en ninguna quiniela". Previamente a esas publicaciones en prensa, Rodríguez-Medel había deslizado en círculos próximos al Ejecutivo su idoneidad para ocupar el cargo por el conocimiento que tiene de la institución.
La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid designó en plena pandemia a la Guardia Civil como policía judicial para investigar al delegado del Gobierno. Desde el instituto armado se le ofreció a la Unidad Central Operativa (UCO), la estructura de élite del Cuerpo, para efectuar las diligencias, pero ella prefirió a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Madrid, por conocer de otros casos a su capitán y teniente, según trasladan fuentes de la Guardia Civil, y pese a que el trabajo de éstos se suele centrar en delitos especializados, pero en el ámbito violento o de la criminalidad organizada, siempre cometidos en su demarcación, municipios de la Comunidad de Madrid con menos de 30.000 habitantes.
Conato de actuar contra el Ministerio del Interior
La jueza comentó en círculos próximos su contrariedad por la decisión de Interior de destituir a Pérez de los Cobos el pasado 25 de mayo. Ella misma había trasladado al capitán verbalmente al principio de la investigación, y recordó en una providencia a las pocas horas de que se conociera el cese, que la policía judicial solo debía informarle a ella. Rodríguez-Medel también advirtió de que actuaría contra Interior si tenía conocimiento oficial de que el cese estaba relacionado con los informes de la causa.
El pasado martes se conoció finalmente la propuesta de cese de la directora de la Guardia Civil, en la que se confirma que el coronel fue destituido por no informar a sus superiores de la labor de la policía judicial a las órdenes de la jueza. Hasta el momento no ha trascendido actuación alguna de la jueza al respecto. El mismo día en que trasladó su intención de investigar a Interior en el caso de conocimiento fehaciente del motivo del cese, Rodríguez-Medel también puso en valor la investigación del capitán y el teniente de la Guardia Civil, pese a los clamorosos errores incluidos en sus informes.
En ese segundo atestado, también solicitado por la jueza, los investigadores incluyen varias noticias de prensa sobre el 8M para apuntalar la tesis de que el Gobierno conocía los riesgos de contagio de coronavirus y aún así autorizó esa manifestación mientras prohibía otros actos. Entre ellos, un 'off the record' descontextualizado de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el comentaba que la menor afluencia a esa manifestación podía deberse al miedo de algunas personas a contagiarse.
Además, el informe sigue poniendo el foco en personas que no están investigadas en esta causa por decisión de la propia magistrada titular, como el doctor Fernando Simón. Rodríguez-Medel ha rechazado investigarle porque había sido denunciado en otros dos juzgados de Madrid que ya han rechazado los indicios contra él.
La jueza encargó al forense de Plaza de Castilla que indagara sobre si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre los días 5 y 14 de marzo "fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas". En un informe que adelantó El Español, el forense confirmó la "imposibilidad de establecer la relación de causalidad" entre las concentraciones convocadas y los contagios, pero también aseguró que "de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad".
Es precisamente en esta última afirmación en la que se basó la jueza para pedir el pasado 25 de mayo una ampliación de ese informe al forense. La Abogacía del Estado considera que esa petición es "inútil, innecesaria e impertinente" e insiste en que ese empeño solo se explica por el "afán" de la jueza de "agotar todas las posibilidades de reabrir la investigación por el presunto delito de lesiones imprudentes y con ello permitir la entrada de acusaciones particulares”. La ley permitía a Rodríguez-Medel recurrir a un experto en la materia y no necesariamente al forense de los Juzgados de Plaza de Castilla, poco habituado a pronunciarse sobre causas de contagio masivo fruto de virus desconocidos.
La Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena y la Unión de Oficiales, asociación profesional con representación en el Consejo de la Guardia Civil, dirigirán la acusación popular en esta causa, según un auto de la jueza del pasado jueves. También han pedido personarse Vox y el pseudosindicato Manos Limpias, cuyo secretario general, Miguel Ángel Bernad, está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por liderar una "organización criminal" por sus supuestos chantajes a entidades financieras, a las que también pedía dinero por retirar querellas. A todos ellos la jueza les ha pedido una fianza de 1.000 euros para poder ejercer la acusación.
Esa cantidad ya ha sido depositada por el denunciante Valladares —abogado condenado y sancionado por estafar a clientes, según desveló la Cadena SER— que se presenta en representación de la asociación de Afectados por la Gestión del Coronavirus. Sin embargo, sigue sin estar personado. Él no puede representarse a sí mismo porque no está colegiado y tampoco ha designado todavía a otro letrado que defienda sus intereses. Y eso, según la jueza, "a pesar de haber sido requerido en varias ocasiones para que se persone con los requisitos exigidos legalmente". Según explicó Valladares en una reciente entrevista en EsRadio, a la plataforma que respalda la denuncia que ha dado origen a esta investigación se han unido "personas cabreadas con la gestión del Gobierno, los que han perdido a familiares, enfermos de coronavirus y autónomos que se han arruinado por el estado de alarma".
https://www.eldiario.es/politica/jueza-revoluciona-investigacion-delito-carcel_0_1034847007.html
EL CESE DE DE LOS COBOS SALPICA AL N.º 2 DE MARLASKA POR ACEPTARLO SIN SALVEDADES
El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, hizo efectiva la destitución del coronel en la noche del domingo 24 de mayo asumiendo como propios los argumentos de la directora del cuerpo
Fernando Grande-Marlaska y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, han centrado los focos de la política nacional esta semana por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, pero el episodio también compromete al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, segundo en el escalafón de Interior y amigo íntimo del máximo responsable del Ministerio. El Boletín Oficial de la Guardia Civil, de difusión restringida, publicó el pasado martes 2 de junio la resolución de cese del mando del Instituto Armado como jefe de la Comandancia de Madrid, según recoge el documento, al que ha tenido acceso este diario.
El nombre del secretario de Estado figura al final de la orden de destitución. Aunque la propuesta de relevo debía partir de la directora general del cuerpo, la Ley del Régimen de Personal de la Guardia Civil 29/2014 establece que el cargo competente para hacerlo efectivo es la mano derecha de Marlaska. La fórmula escogida para el cese es estándar, pero en este caso implica que Pérez hizo propios los argumentos presuntamente irregulares que utilizó Gámez para fulminar al responsable orgánico de la unidad policial que investiga la celebración del 8-M y otros 129 actos masivos en plena crisis del coronavirus.
Como desveló este diario, la directora del Instituto Armado, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga entre 2011 y 2016, dejó por escrito que Pérez de los Cobos fue sustituido "por pérdida de confianza de esta Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior, por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento". El detonante fue la negativa de Pérez de los Cobos a revelar detalles sobre las pesquisas que estaban realizando sus agentes para el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, después de que este medio desvelara que un primer atestado apuntaba al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y aportaba nuevos indicios contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, el también socialista José Manuel Franco, único imputado por ahora.
A pesar de que la ley obliga a la Policía Judicial a mantener el secreto de sus averiguaciones en cualquier procedimiento e informar únicamente al juez instructor de sus avances, el secretario de Estado de Seguridad asumió los motivos de Gámez para el relevo. En la causa concreta del 8-M, la Guardia Civil tenía razones añadidas para guardar la reserva de las diligencias. La jueza que dirige el procedimiento, Carmen Rodríguez-Medel, ordenó a los agentes al inicio de la causa que solo trataran el caso con ella. Y el lunes 25 de mayo, la magistrada envió una carta precisamente al secretario de Estado de Seguridad para advertirle de que se enfrentaba a posibles responsables penales si no respectaba la "estricta reserva" que tienen los guardias civiles adscritos a ella.
La firma del cese sin salvedades involucra de lleno, por tanto, al número dos del Ministerio. El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha archivado una querella de Vox contra Gámez por un presunto delito de prevaricación en el relevo del coronel, pero la formación de Santiago Abascal la presentó el 27 de mayo y el juez resolvió el 1 de junio. Es decir, antes de que trascendiera el documento con las verdaderas razones del cese. Las asociaciones de jueces y fiscales han expresado de forma unánime su rechazo frontal a lo que consideran una intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial para tratar de frenar o condicionar una causa que le afecta directamente y consideran que los hechos podrían ser constitutivos de delito.
La resolución publicada en el Boletín Oficial de la Guardia Civil también revela otro detalle. Cuando la jueza Rodríguez-Medel envió la carta de advertencia a Rafael Pérez, ya hacía varias horas que este había destituido al jefe de la Comandancia de Madrid. Gámez envió su propuesta de cese a la Secretaría de Estado de Seguridad a las 22.14 horas del domingo 24 de mayo, como consta en el documento clasificado con la condición de "reservado" que desveló este diario. Y el número dos de Marlaska la aceptó de forma automática, en los 106 minutos que restaban para que acabara el día. La orden lleva la fecha del propio 24 de mayo, aunque no tuvo "efectos" hasta el día siguiente.
Este detalle, un relevo en tiempo récord en plena noche de un domingo, confirmaría que Gámez y Pérez cesaron al coronel de forma perfectamente coordinada por una orden directa del superior de ambos, el ministro Marlaska. En sus últimas versiones del episodio, el antiguo juez de la Audiencia Nacional ha intentado quedarse al margen de la sustitución, asegura que no intervino en el proceso, probablemente, por miedo a las consecuencias jurídicas que puede conllevar. Pero ni Gámez ni Pérez habrían tomado una decisión con tanta trascendencia para el conjunto del Gobierno de un modo tan urgente y un momento de la semana tan ilógico si no hubiera sido porque obedecían una instrucción del titular de Interior. Después de todo, no era la primera vez que Marlaska laminaba a un alto cargo del Ministerio por negarse a filtrarle detalle de una investigación secreta de la Guardia Civil. Ya lo hizo con el antecesor de Gámez, Félix Azón, porque este no quiso anticiparle los pormenores de la operación contra los CDR.
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-06-07/cese-coronel-cobos-salpica-marlaska-aceptarlo-salvedades_2627372/TODAS LAS MENTIRAS, BULOS Y MANIPULACIONES DE LOS INFORMES DE LA GUARDIA CIVIL SOBRE EL 8M
Un repaso documentado a los errores y falsedades más flagrantes de los dos informes que la Guardia Civil ha enviado al juzgado que investiga la manifestación del Día de la Mujer
"El 29 de enero de 2020, la OMS aconseja el uso de mascarillas en el entorno comunitario, en la atención domiciliaria y en centros de salud".
Falso. La OMS no recomendó el uso de mascarillas hasta varios meses más tarde: a principios de abril, y con matices. En el documento del 29 de enero que cita la Guardia Civil se dice exactamente lo contrario: "En los entornos comunitarios (...) no es necesario usar mascarillas porque no se ha demostrado que protejan a las personas que no están enfermas". "La utilización de mascarillas médicas da lugar a gastos innecesarios, obliga a adquirir material y crea una falsa sensación de seguridad".
"El 30 de enero de 2020, la OMS califica el actual brote de COVID-19 como pandemia".
Falso. La OMS no declaró la COVID-19 como pandemia hasta el 11 de marzo: tres días después de las manifestaciones del 8M y un mes y medio más tarde de lo que asegura la Guardia Civil. En el segundo informe, al menos, corrigen este error.
"El Gobierno sabía el peligro real del coronavirus (...) en un vídeo de la cabecera de la manifestación del 8 de marzo se observa a la ministra Celaá y a la exministra Valerio portando guantes de látex y en la que se aprecia una voz advertir "No se besa, no se besa" a las personas que encabezan la manifestación.
Falso. Es un bulo extendido hace ya meses por Vox. Los guantes morados son un símbolo feminista, que se usa todos los años en el 8M. No pudo servir de gran cosa como elemento de protección porque solo lo llevaron en una sola mano y solo por un rato; la ministra Celaá ni siquiera se puso el famoso guante durante toda la manifestación.
También es falso que el "no se besa" pruebe que el Gobierno tuviera más información que los demás sobre el "peligro real del coronavirus". En esas fechas ya había recomendaciones oficiales para saludar sin contacto físico. Una semana antes del 8M, fue noticia que el ministro del Interior alemán negara un apretón de manos a la canciller alemana, Ángela Merkel.
"El 28 de febrero de 2020, el director del CCAES (Fernando Simón) admitió que había transmisión comunitaria. Este escenario define que no se puede contener el virus controlando las personas que están infectadas y a su entorno porque ya no se conocen estos".
Falso. Fernando Simón dijo ese día exactamente lo contrario: que no había transmisión comunitaria (entre personas que no provengan de países ya infectados). Se puede leer en la propia noticia de Redacción Médica que cita el informe como fuente. Este mismo medio especializado ha publicado posteriormente otra noticia desmintiendo esta enésima manipulación de la Guardia Civil.
Irene Montero, el 9-M: "La bajada de cifras del 8-M fue debido al coronavirus, pero no lo voy a decir…".
El segundo informe también incluye el famoso 'off the record' de la ministra de Igualdad que grabó la televisión vasca, archivó la televisión gallega y publicó finalmente el ABC. Los investigadores mandan esa noticia a la juez el mismo día en que la saca ABC –y luego dicen que la justicia es lenta– como si hubieran encontrado la pistola humeante que delata al asesino. La realidad es que Montero, en esa conversación informal del 9 de marzo, no dice nada diferente a lo que afirmaron ese mismo día las convocantes de la manifestación: que la asistencia este año fue menor por el miedo al coronavirus. Obvio.
"Un oficio del ministro de Sanidad del 3 de marzo alertó de los riesgos de transmisión y para la salud de la población de eventos multitudinarios de cualquier tipo, recomendando su aplazamiento".
Falso. En su informe, la Guardia Civil recorta una parte de ese comunicado de forma grosera y evidente, para que la pieza encaje en su teoría de la conspiración.
Lo que recomendó cancelar Sanidad fueron los eventos multitudinarios "con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se ha constatado transmisión del virus SARS-COV-2". Es decir, aquellos donde venían personas de Italia, China u otros países donde la epidemia estaba más extendida –como los partidos de fútbol con equipos italianos, por ejemplo–. No los eventos multitudinarios en general.
"Las recomendaciones imperativas sobre el colectivo evangélico" para que cancelara un congreso en Madrid previsto para marzo "indica sin lugar a dudas la preocupación de los responsables sanitarios frente a la pandemia". El congreso que se canceló "preveía la congregación de 5.500 personas, mientras que la manifestación prevista para el 8M tenía prevista la participación de un millón de personas".
Falso. La razón por la que Sanidad recomendó cancelar ese congreso internacional de la iglesia evangélica fue porque iban a asistir miles de personas de distintos países, no solo de España. Y porque se iba a celebrar en un recinto cerrado, no al aire libre. Dos matices importantes que no se daban en la manifestación del 8M.
El congreso evangélico tampoco fue el único que se suspendió en esas fechas, y por idénticos motivos: recinto cerrado y asistencia de personas de otros países de riesgo. Lo mismo ocurrió el 6 de marzo con las pruebas del Ministerio de Justicia para el acceso a la Abogacía.
"El 5 de marzo la Consejería de Sanidad de Madrid (...) recomienda que se eviten los lugares con aglomeración de personas, como eventos multitudinarios o medios de transporte públicos en hora punta".
Falso. El documento en cuestión de la Comunidad de Madrid es esta carta de la Dirección General de Salud, donde la recomendación de evitar "los eventos multitudinarios" se limita solo a las personas que han estado en contacto con casos detectados, no a todos los ciudadanos. "La población general puede continuar con su actividad con toda normalidad", dice el mismo documento que manipula la Guardia Civil.
Llama la atención que la jueza y la Guardia Civil solo investiguen a la Delegación del Gobierno por el 8M, y no a Vox por su mitin de Vistalegre, al IFEMA por la Feria ARCO, al Atlético de Madrid por los partidos del 7 y el 11 de marzo, o al Gobierno de Ayuso, por no cerrar el transporte público. Estos son los datos de asistentes, por comparar.
"El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, reconoció en la tercera semana del mes de marzo la gravedad del coronavirus desde enero. (...) Explicó que "los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa desde que se conoció esta enfermedad, en el mes de enero (...) Ese mismo 2 de febrero liberamos medios e hicimos cambios legales para reducir plazos que culminaron en el Real Decreto de Estado de Alarma donde hemos puesto todas las medidas en funcionamiento". Por tanto, el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus".
Falso. Que los investigadores españoles trabajaran "de forma intensa" no permite deducir que el Gobierno supiera en enero lo que iba a pasar en marzo. No lo sabían los gobiernos ni tampoco la OMS, que hasta fechas muy posteriores no pronosticó una pandemia tan grave como la que vivimos después.
El disparate es equivalente a asegurar que Isabel Díaz Ayuso también sabía en enero "la gravedad real de la epidemia", ya que en esas fechas la presidenta de Madrid convocó a un comité de expertos contra la COVID-19. De saberlo, Ayuso lo disimulaba muy bien: el 26 de febrero aseguró que "lo más peligroso es el miedo, más que el propio virus, que normalmente lo que deja como secuelas son síntomas menores incluso que los de una gripe".
En cuanto a los "cambios legales para reducir plazos", no fueron en enero ni en febrero. El ministro –que se explica en esta frase de forma algo confusa– se refiere al Real Decreto del 17 de marzo en el que se eliminaron algunas trabas burocráticas para agilizar las investigaciones científicas sobre el coronavirus. No hubo ningún cambio legal sobre la COVID-19 antes del 8 de marzo, como cualquiera con acceso al BOE puede fácilmente comprobar.
"No consta que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias lanzara comunicados o advertencias para evitar las actividades sociales (a las personas con síntomas o que habían estado en países de riesgo)".
Falso. Sanidad pidió a las personas con síntomas o que hubieran estado en países de riesgo que no acudieran a la manifestación del 8M. También lo hizo en una rueda de prensa el propio Fernando Simón.
"No se tomó ninguna medida de restricción de vuelos hasta el día 10 de marzo".
Cierto pero irrelevante como supuesta prueba para la tesis que defienden estos informes de la Guardia Civil. En esas fechas ni uno solo de los organismos internacionales, tampoco la OMS, pedía una medida así. De hecho, la OMS recomendaba entonces no cerrar las fronteras.
Una manifestación prevista para el día 10 de marzo "fue cancelada por el convocante (el sindicalista Antonio O'Connor), quien envió con fecha de 6 de marzo de 2020 un correo electrónico a la Delegación de Gobierno manifestando que "dada la situación y riesgos de contagio debido al coronavirus" (sic), decisión que había tomado en el seno de su plataforma al observar la evolución del patógeno y los riesgos que comportaba la enfermedad".
Falso. Este sindicalista, secretario general de CGT BancaMadrid, fue llamado a declarar por la Guardia Civil. En el interrogatorio explicó que esa concentración sindical contra un despido no se canceló por el coronavirus: "Se suspendió por considerar mejor otra fecha más próxima al juicio que se iba a celebrar por el despido a finales de marzo", aseguró O'Connor, tal y como consta en el acta de su declaración, desvelada por eldiario.es, donde también desmiente tajantemente cualquier relación entre el coronavirus y que se cancelara esa manifestación. Es un testimonio que la Guardia Civil no plasmó en su informe, como todos los datos y declaraciones que no encajaban en su teoría de la conspiración.
También es falso que el correo electrónico que este sindicalista envió el 6 de marzo para cancelar la manifestación tuviera referencia alguna al coronavirus. Este es el mail en cuestión, donde se ve con claridad que el entrecomillado que cita el informe de la Guardia Civil es una pura invención.
Solicitud de cancelación de la manifestación remitida a la Delegación del Gobierno
Después de que eldiario.es alertara de esta manipulación, en el segundo informe, los instructores de la Guardia Civil admiten este fallo, que achacan a un "error de trascripción" que "no modifica en absoluto los hechos de la investigación en curso". Traducido: que aunque las pruebas cambien, ellos siguen llegando a la misma conclusión.
"Un total de 22 actos se han cancelado por motivos sanitarios (en la Comunidad de Madrid), de los cuales 14 de ellos son los propios promotores los que de oficio deciden cancelar la celebración (...). Todo ello refleja la concienciación de la sociedad sobre las consecuencias y propagación del patógeno y demuestra el grado de responsabilidad de los mismos para evitar contagios, incluso sin ser expertos en la materia".
Falso. De todas las manifestaciones y actos desconvocados solo uno se canceló por motivos sanitarios antes del 8 de marzo. La inmensa mayoría de las cancelaciones llegaron después: entre el 9 y el 16 de marzo, cuando la Comunidad de Madrid detecta que los contagios se han disparado y anuncia el cierre de los colegios.
Porque este es el punto clave para entender qué pasó, un dato que la Guardia Civil prefiere ignorar en su investigación, y eso que los números aparecen en su propio informe.
El 8 de marzo la Comunidad de Madrid detectó 28 nuevos casos de coronavirus. Al día siguiente detectan 234 nuevos casos: ocho veces más en solo 24 horas. Por eso fue el 9 de marzo, y no antes, cuando las autoridades sanitarias descubrieron que el virus circulaba sin control por Madrid.
"La inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes remitidos por la Delegación de Gobierno (…) hace considerar la posible intencionalidad de la Delegación de Gobierno en que las mismas no figuren en ningún registro oficial".
Falso. En el primer informe, la Guardia Civil acusaba a la Delegación de Gobierno de ocultar deliberadamente el rastro de las llamadas que supuestamente habían hecho para anular manifestaciones –todas salvo el 8M, defendía el informe–. En el segundo, queda patente que esta teoría de la conspiración tampoco tenía base alguna. Los funcionarios de la Delegación han dejado claro que nunca se guardan registros de esas llamadas y que en ningún caso recibieron órdenes para esconderlas.
"Resulta significativo para esta instrucción" que las llamadas desde la Delegación de Gobierno para suspender manifestaciones "se produzcan a partir del 11-12 de marzo de 2020 y no se hubieran producido con anterioridad".
Es uno de los indicios en los que más insiste la Guardia Civil en ambos informes para intentar probar su teoría de la conspiración: que el Gobierno mantuvo el 8M a pesar de que ya entonces sabía que era un error, que las propias ministras –feministas y suicidas, al parecer– allí acudieron con la aviesa intención de contagiar a todo el mundo aun a riesgo de contagiarse ellas mismas; que la maldad de la izquierda y del feminismo no conoce límites y muy capaces son de matar a sus propios partidarios con tal de no perderse una buena manifestación.
La teoría hace agua por todas partes. También en las llamadas que tanto sorprenden a los investigadores de la Guardia Civil.
Claro que desde la Delegación de Gobierno llamaron "a partir del 11-12 de marzo" y no antes a los convocantes de varias manifestaciones para cancelarlas. Porque fue en esas fechas, y no antes, cuando la epidemia en Madrid quedó fuera de control. Por eso fue entonces, y no antes, cuando se cerraron los colegios. Porque fue entonces, y no antes, cuando la OMS declaró la situación como pandemia. Por eso fue entonces, y no antes, cuando la mayor parte de Europa empezó con el confinamiento.
¿Habría sido mejor hacerlo antes? Sin duda. Pero para eso necesitaríamos un Ministerio del Tiempo con el que, por ahora, no cuenta el Gobierno de coalición.
"Es la única vez que se ha actuado así para instar la suspensión de reuniones previamente autorizadas por la Delegación del Gobierno".
Pues claro. Es también la primera vez en más de un siglo que sufrimos una pandemia así.
Lo que ya no es novedad es que desde las fuerzas de seguridad del Estado se fabriquen informes llenos de mentiras, manipulaciones y datos falsos contra la izquierda. Cabe preguntarse el porqué.
https://www.eldiario.es/escolar/Todas-mentiras-manipulaciones-Guardia-Civil_6_1034556572.htmlLA GUARDIA CIVIL PIDIÓ SIN ORDEN JUDICIAL A UN SUPERMERCADO QUE NO DESTRUYERA UN VÍDEO EN EL QUE SALÍA IGLESIAS SIN MASCARILLA
Pérez de los Cobos ordenó a los agentes de la Guardia Civil que instasen al supermercado a que conservase las imágenes a pesar de que no había denuncia alguna ni diligencias y tras la negativa del supermercado a facilitarlas sin ella Esa orden puso en alerta a la cúpula del Cuerpo semanas antes del episodio del informe del 8-M, que precipitó el cese del coronel infoLibre ofrece este artículo sobre el coronavirus en abierto gracias al apoyo de sus socios. Aquí más información sobre cómo suscribirte o regalar una suscripción
La Guardia Civil pidió sin orden judicial a un supermercado que no destruyera las imágenes de sus cámaras de vigilancia que podían mostrar al vicepresidente Pablo Iglesias comprando sin mascarilla. Fuentes oficiales confirman el alcance del incidente, que ocurrió a finales de abril después de que varios medios difundieran un vídeo donde, en efecto, se ve al líder de Unidas Podemos pagando en la caja. La actuación puso en alerta definitiva a la cúpula de Interior sobre el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos. Según Interior, su destitución se produjo no por su negativa a informar sobre el contenido de un informe que la Guardia Civil hizo como Policía Judicial sino por no hacerlo sobre el desarrollo de las diligencias desde un punto de vista operativo. El informe, plagado de errores, fue remitido a la juez, que después imputó al delegado del Gobierno en Madrid por permitir la manifestación del 8-M. Desde entonces, la polvareda política ha ido en aumento.
Siempre según las fuentes consultadas, de carácter oficial, no está claro quién, y sin intervención de ningún juez, envió a agentes del puesto de Galapagar, el municipio donde reside Iglesias, a pedir –como adelantó el martes El Periódico– las cintas de un establecimiento privado. Pero de lo que Interior no alberga dudas es de que fue el coronel Pérez de los Cobos quien, al denegar el supermercado la entrega de las imágenes captadas por su sistema de videovigilancia, dio instrucciones para que le fuese trasladada al supermercado: que se abstuviera de destruir los vídeos en previsión de que se les pudiesen requerir más adelante. La Ley de Protección de Datos solo permite conservar ese tipo de imágenes durante 30 días. Este periódico no ha podido obtener la versión del coronel ni la del supermercado, perteneciente a una gran cadena de distribución comercial.
Aquel episodio de la compra sin mascarilla, fechado el 25 de abril y lo que a partir de ahí ocurrió, puso definitivamente en alerta a Interior respecto al entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Un mes antes de que los puntos oscuros que rodean el caso del 8-M, por el que la jueza Carmen Rodríguez-Medel ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, la decisión de hacerse sin motivo aparente con ese vídeo cayó como un mazazo en el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska.
La gran pregunta que sobrevoló los despachos de las altas instancias se puede resumir así: ¿para qué necesitaba la Guardia Civil disponer de imágenes de la cámara de seguridad de un relevante supermercado si ni había una denuncia, ni una actuación judicial de oficio, ni una exigencia de eventual reparación del daño a su imagen? Desde la declaración del estado de alarma no ha trascendido ninguna pesquisa policial de esas características.
Además del vídeo donde Irene Montero habla en privado y fuera de micrófono con una periodista a la que comentó estar convencida de que habían acudido menos manifestantes al 8-M por el coronavirus, también el nombre del vicepresidente aparece en el segundo informe de la Guardia Civil. Es decir, en el segundo informe para la jueza que el próximo día 10 tomará declaración como imputado a José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid.
Durante la toma de declaración a testigos, la Guardia Civil preguntó a una de ellos, funcionaria de la Delegación de Gobierno, si sabía algo de una concentración ante la casa de Iglesias y Montero que había sido prohibida. La funcionaria dijo ignorarlo. Otro funcionario, de mayor nivel, sí había afirmado horas antes que se había prohibido una protesta en las inmediaciones del domicilio del vicepresidente. Aunque fuentes consultadas ajenas a Interior mostraron su absoluta sorpresa porque no les consta que fuese prohibida ninguna concentración de las múltiples que tienen lugar en ese escenario, el informe de la Guardia Civil viene a manejar el dato como la demostración de una de sus tesis: la de que si se prohibió una protesta para salvaguardar el derecho a la intimidad y la seguridad del vicepresidente y la ministra Montero, la Delegación del Gobierno también debió prohibir la manifestación del 8-M. Este periódico no logró corroborar por vías oficiales si tal concentración prohibida existió.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/06/05/la_guardia_civil_pidio_sin_orden_judicial_supermercado_que_no_destruyera_video_que_mostraba_pablo_iglesias_sin_mascarilla_107452_1012.htmlLA GUARDIA CIVIL OMITE QUE A SEIS DE LOS OCHO FUNCIONARIOS DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO NO LES PARECIÓ EXTRAÑO AUTORIZAR EL 8M
Seis de los ocho a los que ya ha tomado declaración respondieron que no a la pregunta más repetida: si les resultó "extraño" que se permitiera la manifestación del 8M y entre ellos, se cuenta la responsable del área sanitaria porque aún no se disponía de suficientes datos El informe pone bajo el foco no solo a Fernando Simón sino al inspector de Policía que dirige la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Delegación.
El nuevo informe de la Guardia Civil sobre la manifestación del 8M en Madrid contiene múltiples omisiones de opiniones de funcionarios que difieren de las tesis que sostienen los agentes. Y no sólo eso, sino que en la lista de testigos interrogados hasta la fecha tampoco están personas clave como el jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Delegación del Gobierno de Madrid, cuyas actuaciones aparecen descritas por terceros.
El informe pone bajo el foco no solo a Fernando Simón, que capitanea el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), y a quien la Guardia Civil reprocha no haber difundido una alerta europea sobre el riesgo del coronavirus recibido 2 de marzo. Aunque de una manera más sutil, el informe también apunta al inspector de Policía José Luis Correas al deslizar que "sorprende" la declaración de una de sus subordinadas, según la cual Correas se reunió con el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, para tratar del covid-19 pese a que en la agenda no figuraba ningún encuentro sobre esa materia. Franco, por la jueza Carmen Rodríguez-Medel, declarará el próximo día 10 en calidad de investigado.
El documento, de 295 páginas y al que ha tenido acceso infoLibre, contiene las declaraciones prestadas por ocho funcionarios de la Delegación del Gobierno de Madrid, a quienes interrogaron los agentes adscritos a la Comandancia del Instituto Armado que hasta el pasado día 24 dependían del coronel Diego Pérez de los Cobos y que en fechas próximas comparecerán también como testigos ante la jueza instructora. A todos ellos la Guardia Civil les formuló la que se perfila como la pregunta más repetida de los interrogatorios: la de si les "resultó extraño" que no se prohibieran manifestaciones convocadas para los primeros días de marzo. Seis de los ocho contestaron que no.
Entre ellos figuran la directora del área sanitaria de la Delegación y quien la sigue en el escalafón. La primera, médica de profesión, respondió que no le había parecido extraño "a la vista de que la información no era lo suficientemente amplia". ¿Considera que la celebración de dichas manifestaciones pudo elevar el número de contagios? A esa pregunta, respondió que sí. ¿Cuándo se pronunció en esos términos? El 25 de mayo, cuando los muertos se contaban ya por decenas de miles. A su segunda en el departamento de Sanidad tampoco le extrañó que no se suspendieran las manifestaciones aun especificando que no le pareció "lo más oportuno ". Pero –agregó ella misma, y aquel día era 28 de mayo– "tampoco se tenían los plenos conocimientos actuales que tenemos de la covid-19 ahora".
Lo anterior sitúa en el centro la pregunta clave en un caso donde se dirime si hubo o no prevaricación: la pregunta de si antes de que la OMS declarase la pandemia el 11 de marzo las autoridades poseían la información suficiente para llegar al punto alcanzado con el decreto del estado de alarma. Pero las conclusiones que los autores del informe alcanzaron sobre lo manifestado por las dos directivas sanitarias destaca otros puntos de sus respectivas declaraciones.
Ambas –dice el informe– "arrojan como dato de interés principal la prontitud con la que responsables del Ministerio de Sanidad apreciaron la importancia de posibles riesgos derivados del COVID-19, lo que motivó ya en enero de 2020 la emisión a su departamento de protocolos específicos e informaciones de distinto orden".
La directora del área sanitaria de la declaración habló en efecto de un protocolo. Pero lo hizo así: "Cree recordar la existencia de un protocolo emitido por Sanidad que pudiera ubicarse temporalmente en diciembre o enero y que hacía referencia a personas originarias de Wuhan; el mismo consistía en identificar la enfermedad y síntomas a observar en las personas así como la procedencia de las personas que inicialmente se centraba únicamente en personal de Wuhan".
Su número dos hizo lo mismo: "Aproximadamente a finales de enero o principios de febrero, recibieron un protocolo desde el Ministerio de Sanidad, que no recuerda el nombre, que cree que era algo como "protocolo de actuación para viajeros procedentes de China ... ".
Pero el apartado de conclusiones sobre lo declarado por las dos funcionarias no dedica ni una línea a dejar constancia de que ambas coincidieron en dos hechos: no les extrañó que se hubieran permitido manifestaciones y opinaron que entonces no se tenía toda la información. A lo que esas conclusiones atribuyen relevancia es a que queda "acreditada la existencia de recomendaciones concretas a los trabajadores de la Delegación del Gobierno, dado que en febrero de 2020 se distribuye de manera masiva por correo electrónico un protocolo emitido por el departamento de Prevención de Riesgos Laborales". El texto no hace ahí ninguna referencia a Wuhan en particular ni a China en general.
Tampoco al jefe de servicio desde 2008 de la Unidad de Seguridad Ciudadana le resultó “extraño” que la Delegación no suspendiera las manifestaciones convocadas para los días próximos al 8 de marzo. “No se canceló esa ni ninguna otra”, dijo. La Guardia Civil siguió incidiendo en el concepto de extrañeza. Y le preguntó si entre los propios trabajadores de la Delegación “no se comentó la extrañeza” de que se permitiera la celebración de manifestaciones como la del 8-M en Madrid. El testigo fue lacónico y directo: “Manifiesta que no” se lee en el acta.
Su número dos en la Unidad de Seguridad Ciudadana aportó un testimonio muy similar. Ante la cíclica pregunta sobre si no le resultó extraño que la Delegación no suspendiera las manifestaciones, respondió así: “No lo vio raro en esa fecha porque no tenía bastante información y no lo vio tan grave; que si hubiera tenido más información hubiera pensado diferente. Que ya el 10 [de marzo] se vieron la gravedad y que precisamente por eso se empezaron a realizar las llamadas para la desconvocatoria de las reuniones”.
Los dos funcionarios que sí declararon haber recibido con extrañeza el mantenimiento de las manifestaciones pertenecen al departamento de prevención de riesgos laborales. El jefe de servicio respondió que, aun “sin ser una autoridad en la materia, repite que no deberían haberse autorizado”.
Un técnico de su departamento fue más allá. Le resultó extraño que se autorizasen pero entiende que “fue todo cuestión de dinero y el no poner restricciones para no alarmar”. “Que ponderaron las consecuencias para otros sectores y no les compensaba”. Y que “si paraban esa manifestación [la del 8 de marzo] tendrían que parar todo lo demás”.
El caso de Asaja Extremadura y su ausencia en la lista de testigos
En la lista de testigos citados porque habían sido convocantes de distintas protestas convocadas para marzo hay cuatro sindicalistas y el portavoz de una asociación por los derechos de los animales a la que la Delegación le autorizó el 12 de marzo a manifestarse el 19. No le llamaron ni le escribieron para anular nada, pero la declaración del estado de alarma les llevó a desconvocarla. ¿Por qué la Delegación del Gobierno no les avisó de que mejor que renunciasen, como hizo con otros convocantes antes del día 12? No se sabe. La Guardia Civil no le preguntó a ninguno de los funcionarios si tras ese silencio había mero olvido o qué.
Pero en la lista de testigos hay una ausencia notable: la de algún representante de Asaja Extremadura. La suya fue la única manifestación prohibida. Y lo fue porque, según uno de los funcionarios del área de Seguridad Ciudadana, se negaron de forma taxativa a desconvocarla por voluntad propia y exigieron a la Delegación que la prohibiese. Los agentes instaron entonces al testigo a decir si recordaba "alguna otra [manifestación] que se haya prohibido". No se citan fechas pero del texto se desprende que se refiere a este año. Y el testigo respondió que sí. Se prohibió "una concentración enfrente de la casa del vicepresidente [Pablo Iglesias], por vulneración del derecho a la intimidad, por propia ponderación de derechos fundamentales".
El interrogatorio siguió con una pregunta sobre cómo se ponderan los derechos fundamentales a la que el testigo contestó que la decisión última queda en manos del delegado. Y fue aquí donde se abrió paso otra pregunta que sugiere la existencia de un planteamiento binario de elementos opuestos, el de la intimidad y el de la salud. La pregunta de "si se ha prohibido alguna vez, ya sea anteriormente o durante la pandemia, la realización de reuniones/manifestaciones por razones de salud pública, y en qué fechas". El testigo contestó que no.
Pero lo sorprendente de esto es que lo que Asaja Extremadura publicitó el 6 de marzo no es que se les hubiese prohibido por el riesgo del Covid sino porque planeaban manifestarse ante la casa de Pablo Iglesias en Galapagar. De hecho, así arrancó la noticia Europa Press aquel día: “La organización agraria APAG Extremadura Asaja no podrá llevar su tabla de reivindicaciones para mejorar la situación del sector agrario a la vivienda del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en Galapagar (Madrid), después de que la Delegación del Gobierno en esta comunidad les haya denegado el permiso”.
Localizable en fuentes abiertas, ese extremo –la versión ofrecida a la prensa por la asociación de agricultores Asaja– no aparece mencionado en el informe. Sí figura que una concentración fue prohibida frente a la casa del vicepresidente pero no por el riesgo del covid sino por preservar su derecho a la intimidad.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/06/05/la_guardia_civil_retuerce_los_testimonios_funcionarios_caso_del_m_107454_1012.htmlARCHIVADA LA QUERELLA DE VOX CONTRA EL 'NÚMERO 2' DE INTERIOR Y LA DIRECTORA DE LA GUARDIA CIVIL POR PÉREZ DE LOS COBOS
El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ya acordó la semana pasada inadmitir el escrito que aseguraba que Fernando Simón era el responsable de al menos 27.000 muertes
Desde Vox ya han anunciado que van a recurrir el archivo de la causa ante la Audiencia Provincial
El juez de instrucción número 11 de Madrid ha archivado la querella presentada por Vox contra el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por las llamadas que realizaron al coronel jefe de la Comandancia de Madrid cesado de su cargo, Diego Pérez de los Cobos, según han confirmado a Europa Press fuentes de los querellantes.
Tras esta decisión del mismo juez de Madrid que inadmitió una de las querellas por el presunto delito de homicidio imprudente contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAE), Fernando Simón, desde Vox ya han anunciado que van a recurrir el archivo de la causa ante la Audiencia Provincial. "Con pleno respeto a la resolución judicial, nos vemos en la Audiencia Provincial. Nadie dijo que fuera a ser sencillo. Ninguna lucha que vale la pena lo es. ¿Nos vale la pena? Nos vale todo", ha subrayado la diputada de Vox, Macarena Olona, en un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press.
Macarena Olona
✔
@Macarena_Olona
🔴 El Juzgado decide archivar también la querella de @vox_es. Con pleno respeto a la resolución judicial, nos vemos en la Audiencia Provincial. Nadie dijo que fuera a ser sencillo. Ninguna lucha que vale la pena lo es. ¿Nos vale la pena? Nos vale todo.
El partido de Santiago Abascal dudaba de la credibilidad las declaraciones del ministro del Interior, que atribuyó el cese del coronel Pérez de los Cobos a una pérdida de confianza
Vox presentó esta querella contra el número 2 de Interior y la directora de la Guardia Civil por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, represalias y prevaricación, recogidos en los artículos 464 y 404 del Código Penal. En su escrito, alegaba, la "relación entre la destitución del coronel de la Guardia Civil y la emisión del informe" solicitado por la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la actuación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8-M.
El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Javier Pérez Pérez, ya acordó la semana pasada inadmitir, sin solicitar siquiera un informe previo a la Fiscalía, el escrito presentado por los familiares de una mujer que falleció por coronavirus que aseguraba que Fernando Simón era el responsable de al menos 27.000 muertes por covid-19 en España por haber "comunicando públicamente una serie de directrices erróneas y contradictorias".
En el escrito presentado el pasado 27 de mayo, la formación liderada por Santiago Abascal "no da credibilidad a las declaraciones del ministro del Interior", quien atribuyó el cese del coronel Pérez de los Cobos a una "pérdida de confianza" y por ello incluye en la querella algunas publicaciones de medios de comunicación que apuntan a que el contenido del informe que elaboró la Guardia Civil en calidad de policía judicial por encargo de la magistrada fue "el detonante de la destitución".
Así, afirma en su escrito que el informe refleja que "los datos que manejaba el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, y por ende el ministro Salvador Illa, de los que el delegado del Gobierno en Madrid tuvo conocimiento, le pusieron en aviso sobre la gravedad de la crisis, al menos, días antes de las manifestaciones en Madrid". "Datos que fueron ocultados en relación con las convocatorias previstas para el día 8 de marzo", resume.
De igual modo, explica que "la relación entre el cese del coronel Pérez de los Cobos y las publicaciones que indican que éste se habría negado a dar información sobre la misión otorgada por la juez, al ser telefoneado por un alto cargo de Interior para solicitarle información sobre las diligencias que estaba realizando, supone una grave infracción de normas de actuación de la Guardia Civil en sus funciones como policía judicial".
Vox expone que el cese del coronel "también coincide con la polémica suscitada en los últimos días por el dispositivo de seguridad organizado para proteger la vivienda del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en Galapagar (Madrid)".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/06/03/archivada_querella_vox_contra_numero_interior_directora_guardia_civil_por_perez_los_cobos_107410_1012.htmlEL JUEZ NO VE DELITO EN EL CESE DEL CORONEL PÉREZ DE LOS COBOS Y RECHAZA UNA QUERELLA DE VOX
El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid no aprecia obstrucción a la Justicia ni prevaricación en la decisión de Interior
El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, ha inadmitido a trámite la querella interpuesta por Vox contra el secretario de Estado de Interior, Rafael Pérez, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Benemérita en Madrid.
El magistrado descarta la existencia de los delitos de obstrucción a la Justicia y prevaricación denunciados por Vox. El partido ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Provincial de Madrid el rechazo de la querella.
En ella, la formación de Abascal sostenía que la destitución de Pérez de los Cobos no se debió a una cuestión de pérdida de confianza, como afirma el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sino a que el coronel se negó a recabar de sus subordinados datos sobre un informe que acaban de presentar, como agentes de Policía Judicial, a la jueza Carmen Rodríguez-Medel, tal como le pedían sus superiores.
Rodríguez-Medel tiene abiertas unas diligencias contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un supuesto delito de prevaricación consistente en no haber prohibido la manifestación del 8-M, además de otras concentración y actos multitudinarios permitidos en los primeros días de marzo pese a la expansión del Covid-19.
El instructor ha tenido clara la falta de relevancia penal de los hechos denunciados por Vox y ha inadmitido la querella sin necesidad de pedir la opinión del fiscal.
El magistrado considera que no puede existir un delito de obstrucción a la Justicia del artículo 464 del Código Penal, que castiga con prisión de uno a cuatro años a quien, con intimidación, intente "influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal".
Fuentes jurídicas han señalado que este precepto es inaplicable a los hechos porque el coronel Pérez de los Cobos no es ni denunciante ni parte ni perito ni interviene de forma alguna en las diligencias que tramita la jueza Rodríguez-Medel, por lo que sus superiores políticos no pudieron modificar una actuación procesal que, en el caso del exjefe de la Comandancia de Madrid, es inexistente.
El juez tampoco aprecia indicios de prevaricación en el cese propuesto por Gámez y acordado formalmente por el secretario de Estado, ya que Pérez de los Cobos ocupaba un cargo de designación discrecional.
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20200603/no-coronel-perez-cobos-rechaza-querella-vox/494951803_0.html
INTERIOR ORDENA INVESTIGAR LA GESTIÓN DE DE LOS COBOS ALEGANDO FILTRACIONES DE INFORMES
El sucesor del coronel, David Blanes, que tomó ayer posesión, abrirá diligencias internas para determinar quién trasladó la información y las posibles responsabilidades penales
El nuevo jefe de la Comandancia de Madrid, David Blanes, impulsará una investigación interna dentro de la Guardia Civil con el fin de esclarecer lo que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, denunció como filtraciones de las diligencias del caso 8-M. Blanes abrirá las pesquisas en cuanto coja el bastón de mando —ayer jueves tomó posesión— como responsable de las dependencias que ha comandado durante los últimos dos años su antecesor en el cargo, el coronel Diego Pérez de los Cobos, cesado el pasado 24 de mayo por negarse a proporcionar información a la directora general del instituto armado, María Gámez, sobre el asunto del 8-M que dirige el Juzgado 51 de Madrid.
Así lo han confirmado fuentes del Ministerio del Interior, que aseguran que la nueva investigación interna tratará de determinar "las circunstancias" en las que se produjeron las filtraciones, quién las realizó y por orden de quién, así como las posibles "responsabilidades penales" derivadas de los hechos que se descubran. La iniciativa ha sido propuesta por el propio Ministerio del Interior al margen de la investigación que en paralelo lleva a cabo el Juzgado 51 de Madrid, que mostró su interés por averiguar qué había pasado al tiempo que llamó la atención al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska por si pudiera haber algún tipo de injerencia política en la destitución de Pérez de los Cobos.
Una nota secreta revela que Marlaska cesó a De los Cobos por no filtrarle investigaciones
El ministro del Interior rechazó el pasado martes que la destitución del coronel estuviera vinculada con el caso del 8-M y aseguró que respondía a una simple “reestructuración” de equipos
Las mismas fuentes explican que la investigación interna no se había abierto hasta ahora porque aún no había sido nombrado el sustituto definitivo de Pérez de los Cobos. El que había sido número dos del coronel, Eduardo Gómez, añaden, pidió el traslado poco después de que su jefe fuera cesado, por lo que se encontraba en situación de interinidad y no podía dirigir, según el criterio de Interior, la investigación interna. El también coronel Eduardo Gómez, que ha sido el jefe interino de la Comandancia tras la destitución de Pérez de los Cobos y hasta la elección de Blanes, era la mano derecha leal de su jefe, por lo que parecía poco recomendable desde el punto de vista de Marlaska que se hiciera cargo de una investigación en la que él mismo podría ser investigado.
Gómez ha tutelado durante su periodo de interinidad el segundo informe 'bomba' que ha llegado al Juzgado 51 de Madrid sobre la instrucción del caso 8-M, sobre el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, en un posible delito de prevaricación. Este segundo informe incluye el vídeo de la grabación a la ministra Irene Montero en el que esta habla 'off the record' del temor que pasó durante la manifestación del 8-M. De momento, el Juzgado 51 ha imputado a Franco por un posible delito de prevaricación al permitir esta y otras marchas a pesar de tener sobre su mesa informes del Centro Europeo para el Control de Enfermedades que destacaban el elevado riesgo de contagio de coronavirus en concentraciones multitudinarias. Esta imputación es la respuesta de la titular del juzgado, Carmen Rodríguez-Medel, al primer informe de la Guardia Civil, que tuteló el luego destituido Pérez de los Cobos.
El pasado 22 de mayo, después de que fuera entregado al juzgado, El Confidencial adelantó el contenido del informe y que hablaba sobre Fernando Simón. Después, otros medios han publicado datos del sumario. La jueza Medel advirtió a las partes de que no se podía filtrar y a los agentes que no debían responder más que ante ella.
Durante los últimos días, y tras cambiar de versión sobre la destitución, Marlaska se ha referido varias veces a la importancia de que no se produzcan filtraciones en un procedimiento judicial abierto. Ha explicado de hecho que estas fugas de información reservada fueron la causa del cese de Pérez de los Cobos. Así lo afirmó tanto en el Senado el pasado martes como en el Congreso de los Diputados al día siguiente. Censuró que durante la instrucción del Juzgado 51 se produjeron "filtraciones" de la causa "antes de que las conocieran las partes", lo que supone un "menoscabo al derecho de defensa". Además, incidió, "una filtración es un delito". "¿Le parece extraño que preguntemos a ver cómo se ha filtrado?", le respondió a la diputada del PP Ana Vázquez, que previamente había interpelado al ministro por su responsabilidad política al cesar a un mando de la Guardia Civil por negarse a proporcionar información a la autoridad política de unas diligencias abiertas que implicaban al Gobierno.
Durante su intervención, Marlaska evitó el discurso que tanto los populares como Ciudadanos y Vox trataban de imponer, que pasaba por destacar que el ministro había mentido, ya que había justificado días antes la destitución de Pérez de los Cobos en el marco de una remodelación de equipos y el pasado miércoles su argumento se cayó por completo con la publicación por El Confidencial de la nota secreta remitida por Gámez a la Secretaría de Estado de Seguridad, en la que la directora admitía con claridad que el cese se debía a que el coronel se había negado a proporcionar información sobre la investigación del 8-M. El ministro evitó esta línea y se centró en insistir en el asunto de las filtraciones.
Rodríguez-Medel exigió de forma verbal, en resoluciones de su juzgado y en una comunicación al ministerio, "rigurosa reserva", no solo sobre el resultado de las pesquisas sino sobre su "evolución"
Era la cuarta versión sobre el motivo que había provocado el cese del coronel que esgrimía Marlaska en sus diferentes apariciones públicas tras el pasado 24 de mayo, ya que en los días anteriores a comparecer en el Senado y en el Congreso se había referido a una falta de confianza en la figura de Pérez de los Cobos, a que el cambio obedecía a una "reestructuración normal de equipos" y a que el exjefe de la Comandancia de Madrid se negó a proporcionar información a sus superiores sobre la existencia de una operación, "no sobre su contenido". Todas ellas quedaron en evidencia tras la publicación de la mencionada nota secreta, que señalaba que el cese se había debido a que el coronel "no informó del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".
Tanto Pérez de los Cobos como su mano derecha en la comandancia, Eduardo Gómez, han sido recolocados en otros departamentos del instituto armado, alejados de cualquier influencia sobre la investigación que lleva a cabo un equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid. En concreto, el primero ha sido trasladado adonde él ha pedido, a la jefatura de la Intervención de Armas y Explosivos de Madrid, puesto ubicado en las instalaciones del instituto armado en la madrileña calle Batalla del Salado. En estas dependencias, pero en otro cargo, ha sido enviado Gómez, que se hará cargo de la Jefatura de la Unidad de Protección y Seguridad, un puesto que tiene el mismo nivel que el de jefe de comandancia y que en la práctica representa un ascenso para el coronel.
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-06-05/marlaska-investigacion-perez-de-los-cobos-filtraciones_2624312/LA GUARDIA CIVIL CONCLUYE, SIN PRUEBAS, QUE EL GOBIERNO YA CONOCÍA EN ENERO "EL ALCANCE REAL" DE LA EPIDEMIA
Los dos oficiales instructores del segundo informe a la juez, sostienen esta afirmación por una declaración del ministro Pedro Duque, quien aseguró que los investigadores trabajaban "intensamente desde enero" en el problema
Los dos oficiales de la Guardia Civil que ejercen como policía judicial a las órdenes de la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid entregaron este lunes un segundo informe sobre el efecto de la manifestación del 8-M en el contagio del coronavirus.
Un documento en principio elaborado para determinar si la delegación del Gobierno en Madrid tenía o no motivos para suspender la manifestación del 8-M, pero que se centra e intenta justificar, en ocasiones con errores y datos descontextualizados o manipulados, que el Gobierno central, y es literal según el informe, "conocía desde enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus", y nada hizo para impedir las marchas, que "pudieron ser", a juicio de los agentes, foco de contagio masivo.
Para llegar a la conclusión de que el Gobierno conocía el alcance real de la epidemia, utiliza una rueda de prensa del ministro Pedro Duque, en la que dijo que desde enero los investigadores españoles trabajaba "de forma intensa" en el problema.
O vuelve a emplear de forma genérica, las recomendaciones de aislamiento que eran solo para las personas que hubieran estado en contacto con infectados.
También intenta demostrar que los funcionarios de la delegación del gobierno en Madrid conocían la gravedad de la situación cuando intentaron desconvocar varias manifestaciones vía telefónica. En sus conclusiones obvian un matiz importante que estos trabajadores declaran ante los propios guardias: que esas llamadas se produjeron a partir del 9 de marzo, cuando la situación ya había cambiado y el Gobierno preparaba el Estado de Alarma.
El informe también recoge multitud de informaciones periodísticas remitidas como fuente de prueba a la juez, sin investigar cada una de ellas, en contra del proceder habitual de estos informes policiales. Entre esas informaciones, el vídeo del off de récord de Irene Montero. Se da la circunstancia de que el capitán y teniente de la Comandancia de Madrid instructores del informe, remiten a la juez estas informaciones periodísticas "con la finalidad de plasmar, en cada momento, la concienciación social sobre la crisis sanitaria existente en España con anterioridad al día 15 de marzo de 2020", y casi todas las noticias reflejadas fueron publicadas en ese intervalo temporal excepto el off de Montero, avanzado por el diario ABC el 1 de junio, el mismo día en que fue presentado este informe a la juez.
El informe corrige varios de los errores incluidos en el anterior documento, como que la Organización Mundial de la Salud declaró la existencia de una pandemia el 11 de marzo y no el 30 de enero como sostenían los agentes en su primer relato, o que el director de este organismo no afirmó hasta el 13 de marzo que Europa era el nuevo epicentro de la enfermedad, cuando en el primer informe se la atribuyeron el 30 de enero.
El informe asevera también que en enero de 2020 ya se establecieron controles de pasajeros, cuando no fueron fijados hasta el 11 de marzo en aeropuertos y el 16 en carreteras. Además, los dos instructores subrayan que el 12 de marzo la tasa de contagios en España era "exponencial", pero según los datos de Sanidad en ese momento la tasa de contagios era del 0.3%.
Sin embargo, el documento policial no corrige distintas aseveraciones contenidas en su primer informe que se han demostrado falsas, como que la OMS ya recomendó el 29 de enero "el uso de mascarilla en el entorno comunitario, en la atención domiciliaria y en los centros de salud". Esa recomendación se refería a las "áreas afectadas" y en aquella fecha, España no estaba considerada como tal, pero el informe de la Guardia Civil omite esta última consideración.
La Guardia Civil también omitió en su primer informe y ahora no corrige que en esa guía que publicó el 29 de enero, la OMS no recomiendo el uso de mascarillas para personas sanas porque -es literal- "no hay evidencia de su utilidad para proteger a personas que no estén enfermas". Además, la OMS añadía que "el uso de mascarillas cuando no son necesarias puede provocar una falsa sensación de seguridad" y llevar a los ciudadanos a abandonar "otras prácticas esenciales como la higiene de manos".
https://cadenaser.com/ser/2020/06/04/tribunales/1591284654_262280.html
LAS RESPONSABLES DE SANIDAD DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRADICEN LA TESIS DE LA GUARDIA CIVIL SOBRE EL 8-M
Las funcionarias recalcan que, con la información que se tenía entonces, no es extraño que se permitieran las movilizaciones
La Guardia Civil ha aprovechado la elaboración del segundo informe enviado a la juez del caso 8-M para interrogar también a las dos responsables del Área de Sanidad de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Las dos funcionarias, a preguntas de los agentes, insistieron en que no les parece “extraño” que se permitiera la manifestación feminista del 8 de marzo en la capital, así como otras celebradas en aquellas fechas, ya que entonces no se tenía la misma información que ahora. Dos testimonios que contradicen la tesis principal del instituto armado, que afirma en sus escritos —donde se incluyen errores y especulaciones— que las autoridades sanitarias conocían la “gravedad de la epidemia” desde enero y que no se debía haber celebrado ninguna movilización desde el 5 de marzo.
Esta cuestión resulta fundamental en la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, ya que la magistrada Carmen Rodríguez-Medel trata de dilucidar si la Delegación del Gobierno contaba en aquel momento con “suficientes datos para prohibirlas legalmente por razones sanitarias” y, por ello, mantiene imputado por un delito de prevaricación al máximo responsable de ese órgano, el socialista José Manuel Franco. A este respecto, la directora del Área de Sanidad, médico de carrera, contó a los agentes que “en fechas próximas al 8 de marzo la información no era la misma y no se podían evaluar los riesgos” como ahora. Ella misma admite que, visto a día de hoy y con los datos de los que se disponen actualmente, consideraría “descabellado” celebrar esas movilizaciones y que pudieron ayudar a elevar los contagios, pero entonces “no le pareció extraño que no se suspendieran”.
En la misma línea se pronuncia la jefa del Área, también funcionaria: “En aquel momento no fue lo más oportuno, pero tampoco se tenían los plenos conocimientos actuales que tenemos de la covid-19 ahora”. Pese a estas palabras, en la parte del informe donde se plasman las conclusiones extraídas de ambas declaraciones, los agentes de la Guardia Civil obvian ese matiz y consideran que “el dato de interés principal” es que el Ministerio de Sanidad ya apreciaba entonces “posibles riesgos”. Un argumento que basan, por ejemplo, en que en aquella época ya se habían difundido algunos protocolos e informaciones en la Delegación del Gobierno sobre medidas de higiene y distanciamiento social, e incluso se había celebrado una reunión por videoconferencia para abordar aspectos relacionados con el coronavirus.
Estas consideraciones parciales del instituto armado, que ha incluido en su segundo informe el off the record de Irene Montero sobre la marcha del 8-M, se conoce después de que la Abogacía del Estado cargase ya contra los comentarios que vertía en el primer documento enviado a la juez. El órgano jurídico dependiente del Gobierno recalcó que las pesquisas de los agentes contienen un “claro sesgo acusatorio”, “deslizan continuas sospechas y comentarios suspicaces”, y no analizan “evidencias científicas, solo referencias mutiladas o parciales a documentos técnicos o noticias de prensa, que en modo alguno pueden caracterizarse como una base científica”. El informe forense encargado por la magistrada también concluía que “no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones celebradas dichos días y que haya resultado infectada por el virus lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimiento público, etc.”
“Es manifiesto y notorio que, hasta el 14 de marzo, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas”, continuaba la Abogacía en otro escrito. Varios expertos consultados por El PAÍS coinciden en que la marcha del 8-M resultó marginal para la pandemia y consideran que, por ejemplo, fue más relevante el transporte público para la expansión del virus.
El caso 8-M ha revolucionado la política nacional, con la Guardia Civil como epicentro del seísmo. El primer informe del instituto armado enviado a la juez provocó el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, que estaba al mando de la Comandancia donde trabajan los agentes que confeccionaron el documento. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, negó en un primer momento la relación entre la destitución y la causa, pero tras varias contradicciones acabó admitiéndolo.
https://elpais.com/espana/2020-06-04/las-responsables-del-area-de-sanidad-de-la-delegacion-contradicen-la-tesis-de-la-guardia-civil-sobre-el-8-m.html
UNA SEGUNDA JUEZA DE MADRID INADMITE OTRA QUERELLA CONTRA SIMÓN
La magistrada ha considerado que los hechos que se le imputan no son constitutivos de delito
La titular del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid ha archivado la querella presentada por la Asociación Española de Víctimas y Damnificados por el Covid-19 (ADAVIC-19) contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, al que le imputaban delitos de homicidio imprudente, lesiones, prevaricación y denegación de auxilio.
Este archivo se suma a la decisión del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid que inadmitió una querella que presentaron familiares de una mujer que falleció por coronavirus contra Simón. En esa ocasión también se le imputaba, entre otros delitos, el de homicidio imprudente. El juez inadmitió sin solicitar siquiera un informe previo de la Fiscalía, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Esta querella inadmitida fue presentada el 22 de mayo al considerar esta familia a Simón responsable de al menos 27.000 muertes por covid-19 en España por haber "comunicando públicamente una serie de directrices erróneas y contradictorias". Se solicitaba como medida cautelar la retirada de pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional, algo que el magistrado tampoco entró a resolver al inadmitir de plano la acción penal.
Ahora, tal y como ha podido confirmar en fuentes jurídicas Europa Press, la juez del 34, Coro Monreal, inadmite esta querella de la asociación de damnificados por el coronavirus. Considera que los hechos que se le imputan no son constitutivos de delito y, además, la magistrada apunta que se pretende abrir una causa general por las muertes derivadas del virus y que se pretendía una investigación prospectiva.
A las decisiones del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid y del 11, se suma también la decisión de la jueza que investiga si el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, prevaricó al autorizar la manifestación del 8-M en plena expansión de la pandemia. Carmen Rodríguez-Medel rechazó imputar a finales de mayo a Simón en esa causa después de que lo solicitara la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 51 recordó a esta parte que "los únicos hechos investigados en este procedimiento" hacen referencia a las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria derivada del covid-19 por Franco, en relación con las concentraciones y manifestaciones que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo de 2020.
Añadía Rodríguez-Medel, en relación a Simón, que la causa no se dirigía contra él y que además su juzgado tenía evidencia de que al menos otros dos órganos judiciales en la capital ya tenían asuntos registrados en trámite contra el director del CCAES por los mismos delitos que la Asociación de Consumidores pretendía acusar.
https://www.elplural.com/sociedad/jueza-madrid-inadmite-querella-simon_241185102
EL PP DICE QUE EN EL "CASO MARLASKA" SÁNCHEZ ES "PROBABLEMENTE LA 'X' DE LOS GAL"
Así lo ha sostenido el vicesecretario de Política Territorial del PP, González Terol, en una entrevista en Canal Sur
El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha asegurado este jueves que el "caso Marlaska" supone "una injerencia como ninguna otra había ocurrido en la Guardia Civil" desde la época de Luis Roldán, en los años de gobierno socialista de Felipe González. En una entrevista en Canal Sur, ha vinculado este asunto con el caso de los GAL señalando que "la 'X' del caso Marlaska probablemente sea el señor Sánchez".
El vicesecretario de Territorial del PP ha sostenido que se vuelve a "repetir el 'modus operandi' que ya tuvo Felipe González en su momento con el caso Roldán", ahora en un asunto que "ya se llama el caso Sánchez".
González Terol ha criticado también que por parte del presidente del Gobierno se llame "policía patriótica a unos servidores públicos que han luchado por defender nuestras libertades" y contra el terrorismo. Ha considerado que esa idea "demuestra cómo se ha defenestrado a sí mismo el ministro" del Interior, Fernando Grande Marlaska, "entrando en el Gobierno y supuestamente asumiendo instrucciones políticas para conocer y probablemente influir sobre las investigaciones de la Guardia Civil".
https://www.elplural.com/sociedad/jueza-madrid-inadmite-querella-simon_241185102
LA UNIÓN DE OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL SE PERSONA EN LA CAUSA CONTRA FRANCO POR EL 8-M
La jueza ha rechazado en una nueva providencia la petición de la Abogacía del Estado de suspender la declaración como imputado por el 8-M del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha admitido la personación en el procedimiento de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, la asociación había solicitado figurar como acusación popular en la causa. Además, ha rechazado en una nueva providencia la petición de la Abogacía del Estado de suspender la declaración como imputado del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, citada para el próximo 10 de junio.
La magistrada que investiga al representante gubernamental por presunta prevaricación administrativa al permitir la manifestación feminista del 8-M en Madrid, da luz verde a esta petición y les recuerda que tienen que depositar una fianza de 1.000 euros para poder ejercer la acusación popular. Por otro lado ha desestimado la solicitud de otras muchas asociaciones y sindicatos de figurar también en este caso.
La decisión de esta organización de ser parte en este procedimiento fue adoptada por su Junta Directiva el pasado miércoles, coincidiendo con la polémica surgida de la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, quien era el superior de los investigadores de la causa del 8-M. Este hecho ha sido duramente criticado por la oposición como un caso de injerencia política en una investigación judicial.
La resolución de la instructora se conoce apenas un día después de hacerse pública la carta de destitución que firmó la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, sobre el coronel Diego Pérez de los Cobos, según explica La Información.
La providencia en cuestión
Según ha señalado la magistrada en la providencia en cuestión, no debe esperarse a que la Audiencia Provincial de Madrid se pronuncie sobre los recursos de apelación pendientes de resolución. Es por ello que mantiene para ese día la citación del delegado del Gobierno y de varios testigos más, después de que ya la retrasara cinco días a petición de los servicios jurídicos del Gobierno.
En relación con el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, la instructora ha vuelto a repetir que como ya ratificó el pasado 29 de mayo, este procedimiento no se centra en analizar la responsabilidad penal que pudo tener este alto cargo de Sanidad.
"Una consulta en la aplicación informática de estos Juzgados de Instrucción evidencia que otros juzgados han incoado procedimientos frente al citado denunciado, debiendo en consecuencia presentar la ampliación ante dichos órganos jurisdiccionales y no ante este", responde la magistrada.
Ocho nuevos testigos
Entre los citados como ocho nuevos testigos en esta nueva providencia de la magistrada, celebrada este miércoles, también aparecen promotores de manifestaciones en fechas cercanas al pasado del 8 de marzo.
De este modo son ya un total de 15 testigos emplazados por la juez Rodriguez- Medel para los próximos 10 y 11 de junio. Así pues, el primer día interrogará a Franco y ya por la tarde escuchará en calidad de testigos a Fernando Talavera Esteso (secretario general de dicha Delegación); Luis María Sanz (jefe del gabinete) y José Luis Correa (director de la Unidad de Seguridad Ciudadana).
Finalmente, la juez del número 51 de Madrid da la misma respuesta al querellante inicial de las actuaciones, el abogado Victor Valladares, que aún no había logrado formalizar su acusación; así como a la Asociación Profesional Mayoritaria de Mandos, Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional y a un particular que se querella contra Franco por el fallecimiento de su padre a causa del coronavirus.
https://www.publico.es/politica/manifestacion-8m-union-oficiales-guardia-civil-persona-causa-franco-8-m.htmlEL CORONEL DE LA GUARDIA CIVIL DIEGO PÉREZ DE LOS COBOS RECURRIRÁ SU CESE POR CONSIDERARLO “ILEGAL”
Interior envía al alto mando a la Intervención Central de Armas y nombra como sustituto al teniente coronel David Blanes
En medio de la enorme polémica suscitada por la destitución la semana pasada del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, el alto mando piensa recurrir su cese, según fuentes del Instituto Armado, “por ser ilegal”. Según las mismas fuentes, el coronel estudia todavía "cómo y cuando hacerlo”. Entretanto, el Ministerio del Interior ha enviado este miércoles una nota en la que comunica que el nuevo destino del mando será la Intervención Central de Armas. El teniente coronel David Blanes González, que hasta ahora ocupaba la jefatura de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de la Comandancia de Madrid, le sustituirá al frente de la comandancia de Madrid.
“El coronel Pérez de los Cobos ha sido destinado, a petición propia, en comisión de servicios en la Intervención Central de Armas y Explosivos en Madrid, dependiendo del General de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad”, han informado en el ministerio.
Altos mandos del instituto armado aseguran que se trata de un destino “provisional, mientras se aclara la situación”. A Pérez de los Cobos le ofrecieron las vacantes que había en Madrid. Las mismas fuentes señalan que, para cubrir su puesto al frente de la comandancia de la comunidad, “han estado nueve días llamando a coroneles para ofrecerles el puesto y todos han declinado, por eso han tenido que optar por un teniente coronel”. Sin embargo, fuentes de Interior desmienten que ese haya sido el procedimiento para nombrar al sustituto del coronel, y aseguran que desde el principio tuvieron claros los “dos o tres” posibles candidatos y que “todos eran tenientes coroneles”, enmarcados en la nueva estrategia de renovación interna del cuerpo que pretende llevar a cabo el ministerio. Fuentes de la Dirección General, concretan, que “fue el primer candidato al que se le ofreció y aceptó”.
Interior destituyó a Pérez de los Cobos como responsable de la Comandancia de Madrid por “pérdida de confianza” al “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil (...) con fines de conocimiento”. Así consta en el documento reservado sobre el cese que firmó el 24 de mayo la directora general del instituto armado, María Gámez. Fernando Grande-Marlaska atribuyó en su día el relevo a un “cambio de equipos” y lo desvinculó del informe sobre el 8-M elaborado en su comandancia, pero este martes en el Senado relacionó el cese con la “filtración” del informe. La oposición cargó contra el Ejecutivo al denunciar “injerencias” en el instituto armado y pidió el cese “inmediato” del ministro. Varias asociaciones de jueces han criticado con dureza a Marlaska. El Gobierno respaldó ayer al ministro: “La pérdida de confianza abarca muchos aspectos distintos”, dijo la ministra portavoz, María Jesús Montero. Y apostilló: “Intromisión, ninguna”.
El malestar en la Guardia Civil ha ido in crescendo en los últimos días. Al cese de coronel le siguió la dimisión del número dos del cuerpo, el Director Adjunto Operativo (DAO) Laurentino Ceña. Solo le quedaba una semana para jubilarse y mostraba de ese modo su “disconformidad” con la decisión ministerial. Posteriormente fue cesado el número tres, el general Fernando Santafé (Mando de Operaciones, MOP), “disconforme” con la propuesta del nuevo DAO, Pablo Salas.
David Blanes, nuevo jefe de la comandancia de Madrid
El nombramiento del teniente coronel David Blanes González como jefe de la comandancia de Madrid ha sido realizado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, a propuesta de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. El teniente coronel Blanes ha sido hasta ahora el Jefe de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de la Comandancia de Madrid. Blanes obtuvo el empleo de teniente en 1991 tras cursar sus estudios en la Academia General Militar de Zaragoza y en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez (Madrid).
Su primer destino como teniente fue en la Comandancia de Álava, concretamente en Laguardia y Labastida; más tarde fue destinado a la Unidad de Seguridad de la Casa del El Rey. Asimismo, ha ocupado destinos en la Academia de Oficiales, la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas en Madrid y el Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil. Es graduado en Derecho, máster en Derecho Público y Estado Autonómico, máster en Dirección y Gestión de la Seguridad, y diplomado en Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, entre otras titulaciones.
Está en posesión de diversas condecoraciones como cruces de plata y con distintivo blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, medalla de plata de la Defensa Nacional Francesa, Encomienda del Mérito Civil y Cruz de Caballero de la Orden del Mérito Civil; Cruz al Mérito Militar, Encomienda y Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, Cruz del Mérito Aeronáutico y Cruz del Mérito Naval.
https://elpais.com/espana/2020-06-03/interior-envia-al-coronel-de-la-guardia-civil-diego-perez-de-los-cobos-a-la-intervencion-central-de-armas.html
LA GUARDIA CIVIL SUGIERE SIN PRUEBAS QUE FERNANDO SIMÓN OCULTA DOCUMENTACIÓN A LA JUEZ DEL 8-M
El último informe policial incorporado a la causa critica el retraso en la entrega de la información por parte del Sanidad
El último informe entregado por la Guardia Civil a la juez del caso 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, sugiere sin pruebas que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, oculta información clave para determinar el grado de conocimiento que tenía el Gobierno de la epidemia del coronavirus en las fechas anteriores a la celebración de las manifestaciones del Día de la Mujer. El documento policial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, mantiene la línea de investigación de su primer informe, pese a los errores que este recogía. Los agentes critican los retrasos en la entrega de la información reclamada al organismo dirigido por Simón y muestran su convencimiento de que la misma no incluye todos los emails intercambiados sobre la covid-19 desde las diferentes direcciones de correo electrónico del organismo, entre ellos los de su propio director. Los agentes aseguran que esta “imprecisión” en la información aportada “hace que se pierdan datos fundamentales para la obtención de conclusiones”. La juez Rodríguez-Medel ha rechazado ya en dos ocasiones imputar a Simón en la causa, al considerar que la investigación no se dirige contra él. El único imputado es el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
En el nuevo documento policial, los agentes destacan que el primer requerimiento de información hecho al Centro de Alerta Sanitaria tiene fecha del 16 de abril y que, pese a que supuestamente este organismo se comprometió a entregarlo el 5 de mayo, finalmente no lo hizo hasta el 21 de mayo. La Guardia Civil apunta en varias ocasiones directamente al director del centro como supuesto responsable de los retrasos, al afirmar, en primer lugar, que fue un “un funcionario del Ministerio de Sanidad próximo a Fernando Simón” quien les comunicó un primer aplazamiento y, posteriormente, al destacar que el último se motivó porque faltaba su "supervisión” para que Sanidad procediera a su entrega. Los autores del informe destacan que solo consiguieron recoger la documentación tras acudir al juzgado y personarse en el Centro de Alerta con una providencia del juzgado para exigirlo.
A partir de ahí, el informe policial hace un estudio de 36 de los correos electrónicos así como de varios informes sobre la enfermedad manejados por Sanidad con el objeto de elaborar un “análisis cronológico de conocimiento del covid-19” que tuvo el Centro de Alerta antes del 8 de marzo. Los agentes resaltan que entre la documentación entregada hay varios avisos de organizaciones internacionales que alertaban del peligro que suponía la celebración de actos multitudinarios y terminan concluyendo que el organismo que dirige Simón “dispone de un gran caudal de información acerca del covid-19 en fechas muy tempranas a la aparición de la enfermedad” y que, de hecho, el 21 de enero ya hay una propuesta para celebrar una videoconferencia donde “tratar la situación del nuevo coronavirus”. Con este dato y unas declaraciones que el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, hizo en una entrevista con el estado de alarma ya decretado, los agentes concluyen que “el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus”.
El informe sugiere en este punto una supuesta ocultación de documentación por parte del Centro de Alertas Sanitarias. Así, destaca que, pese a que el requerimiento judicial hacía mención expresa a la entrega de “todas las recomendaciones, instrucciones o directrices” que se hicieron durante aquellos días, la Guardia Civil “deduce” que entre el material finalmente entregado por el organismo dirigido por Simón “podrían faltar documentos”. Los agentes justifican este comentario en que el material facilitado por Sanidad incluye los mensajes enviados a través únicamente de dos cuentas de correo electrónico genéricas del organismo, pero no desde las de sus directivos, entre ellos el del propio Simón, de la que destacan que no se les ha facilitado ninguna información. También critican que el Centro de Alerta Sanitaria acompañase la documentación del comentario es “localizada hasta la fecha” y dejase abierta la posibilidad de futuras entregas según aparezcan nuevos datos. La Guardia Civil cree que este hecho “arroja una sensación de incertidumbre” a los investigadores.
https://elpais.com/espana/2020-06-04/la-guardia-civil-sugiere-que-fernando-simon-oculta-documentacion-a-la-juez-del-8-m.htmlLA GUARDIA CIVIL USA UN ‘OFF THE RECORD’ DE IRENE MONTERO PARA INSISTIR EN SU TESIS DEL ‘CASO 8-M’
El instituto armado entrega a la juez un segundo informe donde admite algunos errores, pero mantiene las acusaciones
La Guardia Civil ha entregado a la juez de instrucción del caso 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, un segundo informe sobre las manifestaciones celebradas en la Comunidad de Madrid durante la fase de expansión del coronavirus —incluida la marcha feminista del 8 de marzo, Día de la Mujer—, en el que se mantienen las acusaciones del primer documento policial, que provocó la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid. Este documento, fechado el 1 de junio y al que ha tenido acceso EL PAÍS, incluye también como prueba las palabras off the record que pronunció antes de una entrevista la ministra de Igualdad, Irene Montero. En esta causa se encuentra imputado por un delito de prevaricación el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, citado a declarar el próximo 10 de junio.
En el nuevo documento, la Guardia Civil envía a la magistrada toda una batería de noticias difundidas en los medios de comunicación e incluye una información publicada por el diario Abc el 1 de junio —el mismo día que los agentes fechan este segundo informe— donde se revela la conversación privada que la ministra de Igualdad, Irene Montero, mantuvo con una periodista antes de una entrevista en la televisión vasca EiTB. La dirigente de Unidas Podemos comentaba en ese diálogo —que el instituto armado transcribe íntegro para remitírselo a Rodríguez-Medel—, que creía que a la última marcha del 8-M había asistido menos gente por miedo al coronavirus, como ya se publicó realmente en los días posteriores a la manifestación. Con ello, los agentes refuerzan la tesis de su primer informe.
La oposición ha aprovechado en los últimos días esas palabras de Montero para cargar con dureza contra el Gobierno, al que acusan de negligencia y de haber permitido las manifestaciones alrededor de los primeros días de marzo por motivos ideológicos.
Los agentes restan valor a los errores
En el informe, la Guardia Civil mantiene la línea de investigación de su primer informe, pese a los errores que este recogía. De hecho, los agentes admiten algunos de ellos, aunque destacan que los mismos no modifican, “en absoluto, los hechos de relieve plasmados en la investigación en curso”. Así, reconocen que incluyeron erróneamente la palabra “pandemia” en la declaración que hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 30 de enero. Entonces, la organización médica internacional hablaba de “emergencia de salud pública de importancia internacional”. Los agentes admiten ahora que no fue hasta el 11 de marzo, tres días después de que se celebrarán las manifestaciones del 8-M, cuando el director general de la OMS, Tedros Adhamon, utilizó el término para hablar de la covid-19. Y, a continuación, añaden que dos días después este organismo señalaba Europa como epicentro de la enfermedad fuera de China, origen del foco.
El nuevo documento policial, que también reconoce errores en algunas referencias a documentos, admite que trastocó totalmente el sentido del testimonio que prestó ante ellos Antonio O’Connor, secretario general de la CGT en Madrid, sobre los motivos que le llevaron a suspender la concentración que había convocado para esas fechas. Los agentes aseguraban en su anterior informe que el sindicalista había manifestado que lo hizo por el riesgo de contagio, cuando en realidad lo fue para buscar una fecha posterior más próxima a la celebración de un juicio contra el que pretendían protestar. En este caso, los agentes restan valor al error al considerar que el mismo había sido subsanado en parte en el primer informe al incluir el dato correcto en otro apartado del mismo.
El caso 8-M ha supuesto un verdadero terremoto en la política nacional y el primer informe de la Guardia Civil se situó en el epicentro del seísmo. El Ministerio del Interior cesó al coronel Diego Pérez de los Cobos, al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, después de que agentes bajo su mando enviaran ese primer documento a la juez. La oposición, además, ha cargado contra el Gobierno, esgrimiendo las conclusiones de los agentes —que no se debía haber celebrado ninguna manifestación desde el 5 de marzo y que las autoridades conocían los riesgos—. En este segundo informe, los agentes inciden en esa misma idea y en él afirman que “el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus”.
https://elpais.com/espana/2020-06-03/la-guardia-civil-usa-un-off-the-record-de-irene-montero-para-insistir-en-su-tesis-del-caso-8-m.htmlLA JUEZ DEL CASO 8-M CITA A OTROS OCHO TESTIGOS PARA LA RONDA DE INTERROGATORIOS
La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha decidido ampliar la lista de testigos que estaban ya citados para el 10 de junio y ha añadido ocho nuevos nombres para la mañana del 11
La juez del 'caso 8-M' ha acordado citar a otros ocho testigos para la ronda de interrogatorios que se celebrará en el marco de la investigación que se sigue contra el delegado de Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación. Fuentes jurídicas han informado a Vozpópuli que la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha decidido ampliar la lista de testigos que estaban ya citados para el 10 de junio y ha añadido ocho nuevos nombres para la mañana del 11.
Tendrán que comparecer ante la magistrada convocantes de las manifestaciones (Javier G. y Antonio G.) que estaban programadas entre el 5 y el 14 de marzo. Ambos figuran en el informe de los agentes de la Guardia Civil. También han sido citados cuatro funcionarios de la Delegación de Gobierno. La juez ha previsto que los interrogatorios se celebren entre las 9 horas y las 12.30 horas. Ha dispuesto de media hora para cada testigo.
Hasta ahora estaban confirmados para el 10 de junio el secretario general de la Delegación de Gobierno, Fernando Talavera; el jefe de gabinete de Franco, Luis María Sanz Moriñigo; y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas. Sus declaraciones estaban previstas para el 5 de junio, pero se han aplazado en el marco de la solicitud de la Abogacía del Estado.
Por problemas técnicos en el Juzgado, el interrogatorio se hará de manera presencial y no telemática, como estaba estipulado. "A fin de evitar que problemas similares impliquen mayores retrasos en las declaraciones de la presente causa, se acuerda que, dada la imposibilidad de tener certeza de que la conexión telemática es posible, se practiquen de forma presencial, debiendo en consecuencia comparecer las partes y los testigos en esta sede judicial en el día y hora indicados", según señaló la juez en la providencia del 27 de mayo.
Investigación contra el delegado de Gobierno
La juez Carmen Rodríguez-Medel dirige desde el pasado 23 de marzo una investigación contra Franco por presuntamente desoír las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus y permitir concentraciones multitudinarias "desde que se emitiera el informe sobre la covid-19 de 2 de marzo de 2020 por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades". En la lista destaca la marcha del 8 de marzo por el día Internacional de la Mujer. Por estos hechos, se le atribuye un presunto delito de prevaricación.
La magistrada intenta determinar si el Departamento de Salvador Illa alertó al equipo del delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, antes del 8 de marzo. La Policía Judicial sostiene que sí era consciente del peligro. "Se llega a la conclusión de que la Delegación de Gobierno tiene conocimiento [previo al 8-M] de los informes, recomendaciones y documentación que han sido emitidos (...) así como toda la información que el Ministerio de Sanidad emitía diariamente sobre la crisis de la comida en su página web y en diferentes ruedas de prensa", han apuntado los agentes de la Guardia Civil. En este sentido, han concluido que "a partir del 5 de marzo de 2020no se debería haber realizado ninguna manifestación".
https://www.vozpopuli.com/espana/juez-8-M-testigos-interrogatorios_0_1360964668.html
EL GOBIERNO DE RAJOY OBLIGÓ A LA GUARDIA CIVIL INFORMAR A INTERIOR SOBRE INVESTIGACIONES JUDICIALES Y LA AUGC DENUNCIA QUE LA ORDEN SIGUE EN VIGOR
La turbulenta crisis desatada tras el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por un informe para la jueza que investiga al delegado del Gobierno ha colocado en el disparadero al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la directora general del Instituto Armado, María Gámez. Con la oposición pidiendo al unísono sus cabezas, la crispación llegó este martes a su cénit tras publicar elconfidencial.com el confuso texto de la propuesta de cese donde Gámez explicaba la destitución del mando "por no informar del desarrollo de investigaciones". Pero la bronca ha tenido un efecto inesperado: desempolvar una instrucción interna dictada bajo el Gobierno de Mariano Rajoy en marzo de 2012 y que pasó a obligar a todas las unidades de policía judicial a informar cada semana a la cúspide del Cuerpo sobre las operaciones en marcha.
La orden mantiene su validez, aseguran fuentes oficiales consultadas por infoLibre tras destapar tal hecho el sindicato mayoritario del Instituto Armado, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Y se aplica en todo el país. De hecho, la AUGC emitió por la tarde un comunicado donde pide que esa instrucción, reproducida ahora en su formato original por este periódico, sea "retirada". ¿Por qué? Porque "establece una obligación aún vigente de dar cuenta a Interior de las investigaciones que se estén llevando a cabo. No de su contenido sino de su mera ejecución".
Pero, orden al margen, se mantiene intacta una pregunta: ¿Qué revela lo que aparece escrito en la nota que con firma electrónica suscribió Gámez a las 22?14 horas del domingo 24 de mayo? ¿Denota la intención de la cúpula de Interior de enterarse de qué decía el informe para la jueza Carmen Rodríguez-Medel? ¿Significa su correoso texto que fue la negativa de Pérez de los Cobos a desvelar el contenido del informe lo que condujo a su destitución? Localizado al final de la escueta propuesta de cese, las palabras que han desencadenado la tormenta son las siguientes: que se propone el cese del coronel "por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento".
Interior niega de manera taxativa que albergase la menor voluntad de injerencia. Lo que le costó el puesto al coronel por "pérdida de confianza", aseguran desde el equipo de Marlaska y tal como avanzó infoLibre el domingo, fue que mintió a sus superiores al asegurar que la jueza había paralizado las actuaciones por la situación de estado de alarma. Y que el caso abierto por las manifestaciones del 8-M en Madrid y su supuesto papel como grandes difusoras de la pandemia solo seguiría adelante cuando se recobrara la normalidad. Según Interior, fue la entrega del informe a la jueza el 21 de mayo y su filtración periodística inmediata –la primicia la dio elconfidencial.com el día siguiente– lo que llevó a descubrir de inmediato que el máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid había ocultado la verdad. Que la supuesta paralización de actuaciones nunca había existido. Y que aquello había terminado de derrumbar una confianza que –sostienen las fuentes consultadas– era ya entonces exigua.
En su comparecencia ante el Senado, Marlaska reiteró este martes la versión de que jamás nadie exigió al coronel Pérez de los Cobos mostrar el contenido del informe. El ministro habló en esos términos después de que el lunes cometiese lo que múltiples observadores, incluida la AUGC, consideran un error garrafal: intentar desligar el cese de todo lo relacionado con el caso del 8-M, abierto el 20 de marzo y que con inusitada celeridad tiene contra las cuerdas al máximo representante del Gobierno central en Madrid, José Manuel Franco, quien declarará como imputado el día 10. Y ello pese a que la propia jueza las califica de actuaciones "no urgentes". Una frase de las pronunciadas por el ministro ante la Cámara Alta resume su posición: "Ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha hecho ningún tipo de injerencia, ha pedido informe alguno, acceso al contenido de informe alguno, ni ha injerido en la tramitación del mismo".
El correo electrónico que recoge la orden
Marlaska ni siquiera mencionó la orden interna que impone a las unidades de policía judicial la obligación de informar semanalmente sobre las operaciones en marcha. Impartida por quien en marzo de 2012 era el director operativo (DAO) de la Guardia Civil, Cándido Cardiel, su existencia quedó silenciada después de que, en diciembre de aquel mismo año, la diputada canaria Ana Oramas enarbolase un resumen recibido en la comandancia del archipiélago. Lo hizo durante un debate parlamentario y en presencia del entonces director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. El caso levantó una polvareda escasa aunque las asociaciones de guardias civiles expresaron su malestar. Ahora, este periódico reproduce el correo electrónico enviado el 28 de marzo de 2012 desde "DG Estado Mayor" a distintos estamentos de la cadena de mando y cuyo texto no ofrece dudas: "De orden del Teniente General Director Adjunto Operativo, a partir de la fecha y antes de las 13.00 horas de cada viernes, las Jefaturas dependientes de la Dirección Adjunta Operativa, incluidas las Zonas, remitirán a la Jefatura de Policía Judicial, y esta a su vez antes de las 14.30 a la Secretaría del DAO y al Estado Mayor, una breve reseña de las operaciones que vayan a entrar en fase de explotación en la semana siguiente".
La reseña -añade el email- debe contener los siguientes datos: "Nombre de la operación y unidad participante. Concepto de la operación. Fecha previsible. Número previsible de detenidos e implicados. Registros de inmuebles que se prevea practicar. Posibles implicaciones de cargos públicos, de personas y de registros de sedes oficiales". Como colofón, aparece lo siguiente: "Asimismo, también se comunicarán estos extremos respecto a aquellas operaciones que, encontrándose en fase de explotación, presenten novedades relevantes".
Ahora bien, ¿debe entenderse que tal instrucción resulta aplicable cuando un juez, como ocurre en el caso del 8-M, encomienda la elaboración de un informe y en funciones de policía judicial no a la Unidad Central Operativa (UCO) sino a una comandancia, la de Madrid, como ocurre aquí? Las fuentes oficiales consultadas aseguran que sí. Y lo sostiene también el secretario general de AUGC, Juan Fernández, quien sostiene que el cumplimiento de la norma nunca ha decaído. "Por eso pedimos ahora que se derogue", agregó como explicación del porqué de la propuesta de su sindicato. El comunicado de la AUGC añade elementos sobre el asunto. "Cabe recordar –dice el texto– que desde la Dirección General se emitía en 2012, con el Gobierno de entonces [el primero de Mariano Rajoy], una instrucción mediante la cual se cambiaba, y así continúa siendo a día de hoy, la manera de realizar las investigaciones".
El texto prosigue sin ambigüedades: "Así, desde entonces, las unidades de Policía Judicial han de informar semanalmente al Ministerio del Interior". La frase continúa enumerando los puntos que enuncia la orden de 2012. "La tormenta política vuelve a salpicar a la Guardia Civil y su trabajo de investigación. Y lo hace en medio de una causa judicial abierta". Abierta y dirigida por una magistrada que nunca ha ocultado su vínculo emocional con el Cuerpo. Rodríguez-Medel es hija y hermana de guardias civiles que han desarrollado en la Comandancia de Madrid buena parte de su carrera.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/06/03/el_gobierno_rajoy_obligo_los_mandos_informar_interior_las_investigaciones_judiciales_augc_denuncia_que_sigue_vigor_107366_1012.htmlMARLASKA VINCULA AHORA EL CESE DE PÉREZ DE LOS COBOS A UNA "FILTRACIÓN" PUBLICADA TRES DÍAS ANTES DE LAS LLAMADAS AL CORONEL
Asegura que la directora de la Guardia Civil quiso saber el domingo qué se estaba haciendo para investigar el origen de una publicación que aludía al contenido del informe pero que no lo reproducía. Fuentes del instituto armado aseguran que Gámez no aludió a la filtración en la llamada al coronel para comunicar su cese
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vinculado este martes en el Senado la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos el domingo 24 de mayo a una información sobre el informe de la Guardia Civil para la jueza del 8M que se había publicado la noche del jueves anterior. En un principio, el Ministerio se refirió a una "pérdida de confianza" y el titular del departamento atribuyó el cese a un recambio en puestos sensibles y de libre designación en la cúpula de la Guardia Civil.
"Del jueves al viernes anterior se filtró ese informe nada más ser entregado en el juzgado, en un medio de comunicación, y lo que preocupa a la gente que trabaja con este ministro, a la directora de la Guardia Civil, al secretario de Estado, a los cuales les doy perfecto respaldo porque son unos profesionales dignos... requirió la directora que se le informara qué pasaba. ¿Usted sabe que una filtración es un delito de descubrimiento de secretos? Qué se estaba haciendo para investigar, en ese contexto", ha respondido Grande-Marlaska al la pregunta y a la exigencia de dimisión que le ha planteado el senador del PP Agustín Fernández-Maíllo.
La primera información sobre el polémico atestado fue una publicación de elconfidencial.com, en la madrugada del jueves al viernes, consiste en alusiones sin entrecomillar al contenido del mismo. El citado medio no adjuntaba el informe ni extractos del mismo. El domingo siguiente, por la noche, dos superiores de Pérez de los Cobos le telefonearon para preguntarle si sabía si la investigación policial había concluido con la entrega de un informe a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, según fuentes del instituto armado. Pérez de los Cobos les aseguró desconocer ese extremo, pero alrededor de las 22:30 recibió otra llamada, de la directora, preguntándole por la misma cuestión, a lo que contestó del mismo modo. María Gámez le advirtió que en cualquier caso el fin de esa llamada era comunicarle el cese.
Esta versión del cese, facilitada por las fuentes consultadas pocas horas después de que se produjera, no incluye ninguna alusión a la "filtración" ocurrida tres días antes. Grande-Marlaska ha dicho esta tarde en el Senado que la directora quería saber qué se estaba haciendo al respecto de la citada "filtración" porque eso constituye un delito de revelación de secretos. A la mañana siguiente, poco después de que trascendiera la destitución, la jueza Rodríguez-Medel dictó una providencia en la que citaba al único investigado, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, para declarar ante ella el 5 de junio, fecha que después se ha retrasado.
Martínez-Maíllo ha señalado las contradicciones del minsitro. "¡Coño que me mintió a mi!!, ha llegado a decir esgrimiendo el oficio que plasma el motivo de la destitución de Pérez de los Cobos, conocido hoy, y en referencia a la intervención de la semana pasada de Marlaska en la comisión de Interior del Senado. En esa propuesta de cese, elevada por Gámez a la Secretaría de Estado de Seguridad, se señala que el cese se debe a "la pérdida de confianza de la Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de la Guardia Civil, y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".
La nota está fechada el domingo, 24 de mayo. Fue esa noche cuando la directora telefoneó a Pérez de los Cobos para comunicarle su destitución. Se trata de un documento remitido por Gámez al secretario de Estado de Seguridad que cumple con el trámite establecido aunque la decisión de cesar al coronel jefe de la Comandancia de Madrid parte de una decisión previa del propio ministro del Interior, confirman a eldiario.es fuentes del departamento.
Marlaska ha hecho una referencia a la brigada política que actuó en tiempos del Gobierno del PP y "cómo actuaban con informes preparados o evitando que esos informes llegaran a la autoridad judicial". Y ha contestado al PP: "Le doy la razón por la que no voy a dimitir: ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha hecho ningún tipo de injerencia. Nadie ha tenido acceso al informe, ni acceso a au contenido ni ha injerido en la tramitación del mismo".
https://www.eldiario.es/politica/Marlaska-Senado_0_1033797440.htmlEL GOBIERNO SE ENFRENTA A 45 QUERELLAS Y DENUNCIAS EN EL TRIBUNAL SUPREMO
El Supremo pedirá la próxima semana a la Fiscalía que informe si procede investigar al Ejecutivo por la gestión de la covid-19
Vox, abogados de víctimas y una variopinta sucesión de particulares y colectivos profesionales han presentado en el Tribunal Supremo hasta el pasado viernes 45 querellas y denuncias contra el Gobierno por la covid-19. Este rosario de acciones judiciales supone un nuevo reto para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, enfrascado desde hace casi tres meses en la gestión del problema más grave de salud pública que ha sufrido el mundo en los últimos 100 años. Algunas denuncias llegan a acusar al Ejecutivo de homicidio por imprudencia e incluso le culpan de haber antepuesto sus intereses políticos a la defensa de la salud.
Los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo comenzarán a estudiar las querellas y denuncias la próxima semana y darán traslado de las mismas a la Fiscalía para que informe si procede o no admitirlas a trámite y abrir una investigación penal al Gobierno, según indicaron a EL PAÍS fuentes del tribunal. Los magistrados deben resolver primero si solicitan fianza a los querellantes para continuar con el procedimiento, sin que por ello se pueda prejuzgar la admisión a trámite de las querellas. “La imposición de una fianza no se podría interpretar como que el Supremo abre una investigación penal al Gobierno”, señalan las mismas fuentes.
Abogados de víctimas, partidos (Vox), particulares, sindicatos de funcionarios, policías, médicos y otros colectivos han presentado querellas contra el Ejecutivo por los supuestos delitos de prevaricación, homicidio por imprudencia o imprudencia grave con resultado de muerte, delito de lesiones o contra los derechos de los trabajadores y omisión del deber de socorro. Las querellas coinciden en el relato de hechos y en atribuir actuaciones delictivas al presidente Sánchez y a sus 22 ministros.
Reacción tardía. Las denuncias acusan al Gobierno de una reacción tardía y una actitud negligente al no tomar medidas para prevenir la propagación. El Ministerio de Sanidad aprobó el 9 de marzo medidas de distanciamiento social en Madrid, Euskadi y La Rioja, donde se detectaron brotes de transmisión local del virus. El Ejecutivo decretó el 14 de marzo el estado de alarma con el confinamiento de su población tres días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarase la pandemia y cinco días por detrás de Italia, primer país europeo con una masiva propagación.
Sin medidas en febrero. Los querellantes aseguran que España había detectado hasta 32 casos de contagio a finales de febrero sin que el Gobierno hubiera tomado medidas de prevención. En esa fecha, las autoridades sanitarias sostenían que la inmensa mayoría de los casos procedían o estaban vinculados con el origen del brote en Wuhan (China) y estaban controlados. El ministerio ordenó el 25 de febrero ampliar el campo de búsqueda del coronavirus en los hospitales, de manera que se hiciera la prueba a personas con infecciones respiratorias de origen desconocido aunque no procedieran de países de riesgo.
Manifestaciones de riesgo. Las querellas destacan que el Gobierno antepuso sus intereses políticos a la salud de las personas cuando autorizó multitud de manifestaciones feministas en la primera semana de marzo, sin advertir a los ciudadanos del riesgo de contagio. Permitió que se celebrasen eventos deportivos con decenas de miles de asistentes. Sanidad recuerda que en esos primeros días de marzo ordenó la celebración a puerta cerrada de partidos de fútbol o baloncesto a los que pudieran acudir aficionados de países de riesgo. Y explica que hasta el 9 de marzo no tuvo constancia de que había transmisión comunitaria en determinados territorios, lo que aconsejaba la adopción de medidas de aislamiento, cosa que se hizo.
Cancelación de vuelos. También reprochan al Ejecutivo los querellantes que no cancelara los vuelos con Italia hasta el 10 de marzo (un día después de que el Ejecutivo italiano decretase el confinamiento). España tampoco canceló los vuelos con China a finales de enero, como hicieron otros países. La OMS recomendó no restringir el tráfico internacional con China y expresó su deseo de que el veto impuesto por algunos países fuera levantado.
Material de protección. Las querellas aluden a la falta de medidas de seguridad y protección del personal sanitario, que motivó un enorme aumento de contagios y fallecimientos. El Gobierno aprobó una reforma legal el 10 de marzo para permitir a Sanidad centralizar la compra del material ante el desabastecimiento que se estaba produciendo en el mercado mundial. Sanidad acometió la compra masiva de material, por el que tuvo que pagar un precio desorbitado. En algunos casos, el material adquirido, tanto por el ministerio como por las comunidades, fue defectuoso.
La reparación del daño, por la vía contenciosa
La mayoría de expertos consultados por EL PAÍS considera muy difícil encajar los delitos narrados en las distintas querellas dentro de la actuación del Ejecutivo durante la crisis del coronavirus y señala que la vía para conseguir una reparación del daño ocasionado a las víctimas de la covid-19 es la contencioso-administrativa.
El artículo 106.2 de la Constitución Española establece que “los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en caso de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta materia señala que la responsabilidad patrimonial no requiere demostrar la existencia de una culpa por parte de algún funcionario, sino únicamente la realidad de una “lesión imputable causalmente a la Administración”. Ejemplo: una persona no pudo ser atendida en un hospital porque el centro sanitario estaba desbordado por la asistencia a otros pacientes durante los días del pico de la epidemia en España.
Las medidas tomadas en los últimos tres meses por el Ejecutivo central y las 17 comunidades autónomas han conseguido limitar la propagación del brote infeccioso y sus efectos: se ha pasado de más de 8.000 contagios diarios a menos de 200; de más de 22.000 hospitalizados, a menos de 3.000; de casi 5.000 ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos, a poco más de 600; y de casi 1.000 muertes diarias, a menos de 50.
https://elpais.com/espana/2020-05-30/el-gobierno-se-enfrenta-a-45-querellas-y-denuncias-en-el-tribunal-supremo.html
FILTRACIONES MISTERIOSAS, UN CORONEL EN LA CUERDA FLOJA Y UNA SECUENCIA INEXPLICABLE: LAS DUDAS SOBRE EL CASO 8M
El cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por pérdida de confianza y la bronca política desatada eclipsan las peculiaridades de un caso abierto al inicio del estado de alarma: mucha prisa en la instrucción pese a ser declarada "no urgente" y coincidencias extrañas entre lo publicado por ciertos medios antes de la entrega del informe policial a la jueza Plagado de errores, el informe constituye el principal documento del primer caso que pone bajo el foco judicial la gestión política de la crisis y convierte en imputado al delegado del Gobierno en Madrid infoLibre ofrece este artículo sobre el coronavirus en abierto gracias al apoyo de sus socios. Aquí más información sobre cómo suscribirte o regalar una suscripción
El viernes 20 de marzo, seis días después de la declaración del estado de alarma que salvo urgencias implicaba el parón de unos tribunales ya poco ágiles, una denuncia acabó a media mañana en el juzgado de Carmen Rodríguez-Medel, el de instrucción número 51 de Madrid. La denuncia constaba de 44 páginas, había sido presentada la víspera en el juzgado de guardia, llevaba la firma de un particular llamado Víctor Valladares y se dirigía nada menos que contra el presidente y todos los delegados del Gobierno de España por haber permitido las manifestaciones del 8 de marzo. El supuesto delito, prevaricación: adoptar una decisión injusta a sabiendas de que lo es. En solo tres días, y con el fin de semana por medio, la magistrada ya inició el lunes 23 de marzo sus actuaciones. Un tiempo breve en comparación con el que suele transcurrir en otras muchas causas.
Hoy, y tras su inmediata admisión solo en lo que respecta a José Manuel Franco, delegado del Gobierno de Madrid, aquella denuncia es ya una gran bola de nieve. Y sus consecuencias, imprevisibles. Con otros elementos de envergadura se amalgaman lo que al menos aparentan ser misteriosas y anticipadas filtraciones de información cuyo origen, no obstante, nadie puede demostrar pero que chocan con la exigencia de sigilo proclamada por la jueza. Esas filtraciones se suman a las incógnitas que suscita la celeridad en el desarrollo de unas diligencias oficialmente definidas por la magistrada como “no urgentes”. Y, por supuesto, a todo lo anterior se une la irrupción de un informe de la Guardia Civil encargado por ella misma y plagado de errores.
Pero hay más. Porque en la primera investigación penal en curso sobre el papel del Gobierno y sus representantes en la crisis del coronavirus emerge un hecho –el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos- que ha eclipsado la inusitada rapidez de la jueza. Tan inusitada que citó a declarar a Franco para el 5 de junio, solo un día después de que se recupere la normalidad procesal, aunque finalmente lo ha pospuesto cinco días. Máxime en una causa no sujeta al secreto de sumario, la normalidad significa por ejemplo la puesta en marcha del contador de plazos procesales para presentar recursos y solicitar pruebas. El cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid ha dejado también en un segundo plano las graves acusaciones de la Abogacía del Estado: las de que Rodríguez-Medel ha abierto una “causa general” donde se vulnera el derecho a la defensa de José Manuel Franco.
En resumen, la destitución de Pérez de los Cobos por “pérdida de confianza” y cuyo relevo asegura Interior que tenía pendiente, constituye hoy el factor más visible del agitado universo en cuyo núcleo inicial se sitúa la investigación de Rodríguez-Medel. Es este un caso donde las manifestaciones del 8M –120.000 asistentes– aparecen en la cúspide de una cordillera de actos masivos donde los restantes han sido condenados al ostracismo. Por ejemplo en los papeles del caso que han trascendido ni se menciona el Atlético-Sevilla que congregó aquel fin de semana a 60.000 personas en el Wanda Metropolitano ni a los 10.000 militantes que Vox reunió en Vistalegre. Solo se refiere a ellos la Abogacía del Estado. Lo hace en el recurso donde solicita la nulidad de las actuaciones emprendidas contra Franco.
Una supuesta "paralización de las actuaciones" de Medel que nunca existió
Jefe de quienes elaboraron el citado informe de la Guardia Civil, la destitución del coronel copa un debate donde entra también en escena la sorpresiva exigencia formulada por la mayoritaria y conservadora APM (Asociación Profesional de la Magistratura) para que otro poder del Estado distinto al judicial, el Ejecutivo, reponga al destituido coronel pese al estricto carácter discrecional de su cargo. De la APM forma parte la jueza Rodríguez-Medel.
Al cese de Pérez de los Cobos, que le comunicó por teléfono la noche del domingo 24 la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y se hizo público la mañana del lunes 25, le siguió una inmediata dimisión: la del director operativo (DAO) del Cuerpo, Laurentino Ceña. A la serie se une como tercer eslabón la destitución del hasta entonces número 3 de la Benemérita, Fernando Santafé. Pero la tormenta sigue arreciando. Y nadie aventura hasta dónde alcanzará la inundación. Este sábado, la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo lo siguiente en una entrevista concedida a El País: “No hay riesgo de insubordinación. La Guardia Civil sabe que tiene que cumplir las órdenes del Gobierno”.
La oposición acusa a Interior de haber destituido a Pérez de los Cobos como represalia por su negativa a informar a sus superiores sobre el contenido del informe. El ministro, Fernando Grande-Marlaska, lo negó ya el mismo lunes y se reiteró tajante el viernes, durante la comisión de Interior del Congreso. “Ni yo ni nadie –afirmó Marlaska– solicitó al señor Pérez de los Cobos ni el informe ni acceder a su contenido”.
Hasta ahora, Marlaska ha dejado en el aire una pregunta esencial: qué exactamente actuó como catalizador en esa pérdida de confianza hacia Pérez de los Cobos. El ministerio ha impuesto la consigna de no facilitar ninguna información que permita esclarecer los hechos. Pero fuentes conocedoras del caso aseguran que, en realidad, el cese de Pérez de los Cobos no obedeció a ninguna negativa a revelar nada que la jueza hubiese encomendado a la Comandancia de la Guardia Civil. Y que sí lo hizo otro hecho inédito que este periódico no ha podido contrastar: que Interior perdió la confianza en el coronel al comprobar que, lejos de aducir su comprensible obligación de silencio, había transmitido a sus superiores información distinta a la real. Y esa información se enmarca en qué había sucedido tras la petición de la jueza de un informe a la Comandancia de Madrid.
Siempre según esa versión, lo que Pérez de los Cobos narró ante sus jefes se resume así: que, precisamente por estar en estado de alarma, la causa judicial se había paralizado al completo. Y que nada, por tanto, seguiría adelante en tanto no se hubiese recuperado la normalidad.
Una vez que el informe llegó a manos de la jueza el 21 de mayo y fue trasladado a las partes personadas, la supuestamente invocada paralización quedó al descubierto como inexistente. De momento, como partes personadas en la causa solo figuran la Abogacía del Estado, que defiende al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, y la Fiscalía. Fechado el 21 de mayo, el informe llegó ese mismo día a las 09.15 horas de la mañana al juzgado de Rodríguez-Medel.
Sea como sea y mientras persista la niebla, lo irrefutable es que PP, Ciudadanos y Vox piden la cabeza de Marlaska por un asunto cuya apariencia evoca un episodio fechado en diciembre de 2012, al término del primer año de gobierno de Mariano Rajoy: aquel que, a través de la diputada canaria Ana Oramas, sacó a la luz la existencia de una circular que ordenaba a la Guardia Civil informar al detalle de los políticos investigados una semana antes de la operación en curso. Oramas dio a conocer la orden dirigida las unidades policiales durante una comisión parlamentaria de Interior. El entonces director general del Cuerpo, Arsenio Fernández de Mesa, dijo desconocer el contenido de aquel escrito. Oramas lo sacó a la luz. ¿Quién había dado la orden? El DAO de la época, Cándido Cardiel.
Ahora, lo que está sobre la mesa es el más que polémico informe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Cinco días después de su inmediata entrega a la jueza instructora, eldiario.es adelantó los errores repartidos en sus 83 páginas. Entre ellos aparecen desde la atribución al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, de unas declaraciones falsas sobre el momento en que se confirmaron los casos de transmisión comunitaria a la fecha, también falsa, en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia. El informe señala que lo hizo el 30 de enero de 2020, cuando en realidad tuvo lugar casi mes y medio más tarde, el 11 de marzo, tres días después del 8M.
Los líderes evangélicos y la reunión medular del 5 de marzo
Hay más ejemplos que ponen en solfa su contenido. Como este: junto al informe se entregó en el juzgado un vídeo emitido en la web de la Cope sobre un bulo viralizado por PP y Vox durante aquellos días y que acusaba a las ministras presentes en la marcha del 8M de portar guantes para protegerse de contagios porque ya sabían que el covid-19 campaba a sus anchas. El vídeo obvia que imágenes de otros años muestran que asistentes a las manifestaciones del Día de la Mujer portaban ya guantes de color morado de forma simbólica.
Pero la simbiosis entre el dossier policial y determinados medios de comunicación no se limita a bulos o informaciones erróneas. Algunos de los datos manejados por la Guardia Civil, especialmente uno que los autores del informe consideran medular para concluir que el Gobierno debió prohibir las manifestaciones del 8M, ya habían sido publicados por al menos dos digitales dos semanas antes de que el informe fuese entregado a la jueza. El documento fue elaborado por dos agentes. Ambos tenían la condición de subordinados de Pérez de los Cobos.
¿Eran de conocimiento general esos datos antes de que la investigación echase a andar? No. El que sobresale es el referido a una reunión que mantuvieron el 5 de marzo con líderes evangélicos responsables del Ministerio de Sanidad. Tras el encuentro, y a petición de Sanidad, se canceló un congreso previsto para mediados de aquel mes. “Todas estas circunstancias -dice el informe policial en referencia a aquella reunión- hacen ver a esta instrucción que a partir del 5 de marzo de 2020 no se debería haber realizado ninguna manifestación/concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria”.
Pero aquí, antes de seguir adelante, hay que volver atrás para entender cómo ha crecido esa enorme bola de nieve que hoy rueda pendiente abajo y coloca a Marlaska en la situación más complicada desde su nombramiento como ministro en junio de 2018. Y hay que recordar que, en efecto, todo comenzó el 20 de marzo. O sea, el primer viernes de una etapa de hibernación judicial que, salvo viraje de última hora, acabará el 4 de junio. Cruzado aquel fin de semana, la magistrada que gobierna el juzgado 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, decidió el mismo lunes 23 de marzo admitir parcialmente la denuncia de Víctor Valladares, un letrado de trayectoria convulsa a raíz de sucesivos enfrentamientos con clientes por cuestión de dinero, como desveló la Cadena SER.
A partir de ese lunes, el delegado José Manuel Franco pasaba así a obtener el rango oficial de investigado. O de imputado. ¿La razón? El supuesto delito de prevaricación y otro con que la jueza había ampliado el espectro de infracciones abordado por el denunciante: lesiones por imprudencia.
Aunque la propia magistrada escribió en su auto que consideraba “no urgentes” aquellas actuaciones, las abrió sin pedir opinión a la Fiscalía, lo cual no es obligatorio pero sí lo usual. Y el reloj comenzó a correr como en una de esas películas donde las agujas se mueven de forma casi sincopada. Los restantes denunciados -los demás delegados del Gobierno- quedaban así al albur del denunciante dado que la juez no entendió necesario comunicar a los jueces de otras provincias la detección de indicios de un supuesto delito que, a tenor de su criterio, podía haberse cometido de forma idéntica en otras 17 provincias salvo al parecer una: Santander, cuya delegada es la única que ni menciona la denuncia. Contra el presidente Pedro Sánchez, Valladares sí formuló una denuncia el 26 de marzo ante el Supremo, que aún no ha decidido sobre su admisión. Y añadió al texto original el delito que la jueza Rodríguez-Medel había introducido por decisión propia: lesiones imprudentes.
Un vínculo emocional
Hija y hermana de miembros del Cuerpo que han desarrollado buena parte de su actividad en Madrid y antigua asesora del Ministerio de Justicia en la etapa de Rafael Catalá durante el Gobierno de Mariano Rajoy, la magistrada tampoco se lo pidió a la Unidad Central Operativa del Instituto Armado, la ya célebre UCO. Se lo encomendó el mismo 23 de marzo a la comandancia madrileña que capitaneaba el coronel Diego Pérez de los Cobos.
La magistrada no ha accedido a explicar por qué no puso la investigación en manos de la Policía, la fuerza actuante habitual cuando el eventual delito se produce en un escenario urbano, como lo es Madrid por antonomasia. Uno de los sindicatos policiales más jóvenes, ARP (Agrupación Reformista de Policías), emitió un comunicado el viernes donde sostiene que ninguna de las normas legales que regulan la Policía Judicial ni el funcionamiento de las Fuerzas de Seguridad puede “justificar el haber obviado a nuestros compañeros de Policía Nacional”. Salvo, añade la nota, que la jueza no confíe en ese Cuerpo “por razones que solo conocerá” ella misma.
La relación de Rodríguez Medel con la Benemérita nunca ha sido un secreto. Como no lo es que fue la instructora del caso máster, que puso en aprietos al Supremo por la decisión del alto tribuna de exculpar al líder del PP, Pablo Casado, y que ha situado a Cristina Cifuentes en espera de sentarse en el banquillo.
Entre la magistrada y Pérez de los Cobos el vínculo es, por tanto, un orgullo de pertenencia al Cuerpo: emocional en el caso de la jueza, orgánico y tangible en el del coronel. De 56 años, hermano del expresidente del Tribunal Constitucional y exmilitante del PP Francisco Pérez de los Cobos, conservador él mismo aunque sin conexión directa con ningún partido, el coronel destituido inició su etapa como alto cargo en 2006 con el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro.
Nueve años antes, cuando las dentelladas de ETA aún parecían inacabables pese a los intentos de diálogo de los Gobiernos del PSOE y, luego, del PP, el hasta ahora jefe de la Guardia Civil en Madrid había participado en el grupo que la madrugada del 1 de julio de 1997 liberó a José Antonio Ortega Lara tras un secuestro de 532 días que a punto estuvo de costarle la vida. Una vez incorporado al panel de altos cargos, se mantuvo en él durante toda la etapa de Mariano Rajoy y alcanzó su cénit cuando dirigió la actuación de las Fuerzas de Seguridad el 1 de octubre de 2017 durante el referéndum convocado por las fuerzas independentistas catalanas.
Fue a Pérez de los Cobos a quien el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, atribuyó de forma implícita la responsabilidad de las cargas policiales aquel día en Cataluña. Zoido le arrojó la pelota al coronel al afirmar que la responsabilidad de lo ocurrido recaía en "los mandos operativos". Y el que llevaba el timón, el mando operativo, era Pérez de los Cobos. Dos años y medio después, mientras aquel 20 de marzo en que la peculiar denuncia llegó a manos de la jueza Carmen Rodríguez-Medel, el país vivía petrificado como en una escena de Matrix mientras se desarrollaba ya una lucha sin cuartel contra el covid-19. Y su nombre, el de Diego López de los Cobos, se preparaba para regresar de nuevo al centro del debate.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/05/31/filtraciones_misteriosas_coronel_cuerda_floja_una_secuencia_inexplicable_las_dudas_sobre_caso_m_107272_1012.html
LA JUEZA ATIENDE LA "SORPRENDENTE" PETICIÓN DE LA ABOGACÍA Y RETRASA LA DECLARACIÓN DE FRANCO
Los servicios jurídicos del Estado ganan cinco días para terminar el recurso con el que buscan tumbar el informe de la Guardia Civil sobre las concentraciones masivas que se autorizaron
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha ganado cinco días para preparar su declaración como imputado por permitir la celebración de concentraciones masivas en los días previos a que se decretara el estado de alarma. La titular del juzgado de instrucción número 51 de plaza de Castilla, Carmen Rodríguez-Medel, le había citado como investigado el próximo 5 de junio por un presunto delito de prevaricación, pero este jueves atendió la petición de la Abogacía del Estado y retrasó su comparecencia al día 10. La magistrada, sin embargo, no duda en calificar la solicitud como "sorprendente" y argumenta que los servicios jurídicos del Estado han tenido tiempo más que suficiente para preparar su defensa.
Con esta decisión, la Abogacía gana cinco días para terminar el recurso con el que buscan tumbar el informe de la Guardia Civil sobre cómo las autoridades dieron luz verde a concentraciones masivas, un escrito que se sumará a los recursos que ya presentó en apelación y reforma. En ellos, la Abogacía cargaba contra la jueza y le acusaba de vulnerar las disposiciones del estado de alarma al ordenar diligencias en el marco de un procedimiento que, según sostiene, no presenta urgencia: "Tal es el desconocimiento y consiguiente indefensión que produce la investigación que no se puede llegar a saber si se está tratando de encontrar algún hallazgo e indicio de cualquier otro delito o si se está tratando de cuestionar la información facilitada por la Delegación de Gobierno sin esperar ni siquiera a la aclaración solicitada".
En la providencia notificada este jueves, la magistrada no entra en ese aspecto, pero sí deja caer un párrafo contra los servicios jurídicos del Estado al considerar "sorprendente" su petición de retrasar la declaración: "Tal y como consta en autos, se le notificó que quedaban las actuaciones a su disposición para realizar la correspondiente copia de la documentación aportada tanto el 21 de abril como el 21 de mayo, no siendo hasta que se ha ordenado por resolución judicial que comparezca el 26 de mayo que efectivamente ha comparecido la Abogacía del Estado para obtener copia, y sin perjuicio de poner de manifiesto también que dispone - desde esa fecha- de ocho días para el estudio de las actuaciones, a fin de favorecer la preparación de su defensa, se accede a retrasar las declaraciones al día 10 de junio".
La declaración de Franco se celebrará entonces a las 15:30 del 10 de junio, tras lo que llegará el turno de tres testigos: el secretario general de la Delegación del Gobierno en Madrid, Fernando Talavera Esteso; el jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Luis María Sanz, y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz. Las cuatro declaraciones se celebrarán de forma presencial y la última está programa para las 17:00. En la providencia, Rodríguez-Medel también admite a trámite el último recurso presentado por Franco y da traslado del mismo a la Fiscalía "para que en el término de dos días aleguen por escrito lo que estimen conveniente".
Tras incoar diligencias, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ordenó una batería de pruebas a la Policía y la Guardia Civil, pero avisó expresamente de que no eran urgentes. Constataba en el auto recurrido que el derecho de reunión que protege la Constitución debió limitarse debido a la "desproporcionada perturbación de otros bienes", en este caso la vida, y, en concreto, "si en el momento de la decisión gubernativa se tenían suficientes datos". Pese a ello, alberga serias dudas sobre la calificación de los hechos que realiza el denunciante: "La calificación jurídica puede ser esta o puede ser esta en concurso con otras".
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-05-28/delegado-gobierno-abogacia-estado-coronavirus_2614287/
LA DISPUTA ENTRE LA ABOGACÍA DEL ESTADO Y LA JUEZA DEL 8M: DE LA "CAUSA GENERAL" AL REPROCHE POR DEMORAR LA INVESTIGACIÓN
La representante del servicio jurídico de la Administración, encargada de la defensa de José Manuel Franco, cuestiona la "sorprendente celeridad" de Rodríguez-Medel para aceptar la denuncia e impulsar la investigación en plena pandemia
Abierta hace poco más de dos meses, en los días más duros de la pandemia, la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la marcha feminista del 8M y otras 76 manifestaciones acumula en sus cuatro tomos varios folios de severos reproches. Son principalmente los que hace a la jueza instructora la Abogacía del Estado, encargada de la defensa de Franco, imputado por prevaricación y pendiente de declarar en el juzgado de instrucción 51 de Madrid.
La abogada del Estado Rosa María Seoane, que defendió con éxito los intereses del Gobierno en el juicio del procés, está siendo especialmente crítica en sus escritos. Sostiene que la magistrada pretende "convertir" esta investigación en una "causa general" contra el Gobierno. Y critica que en su "afán de encontrar indicios" ha solicitado información no solo del imputado José Manuel Franco, sino de "otras autoridades" a las que ni siquiera identifica en sus resoluciones.
También cuestiona el carácter "prospectivo" de la investigación, iniciada sobre "meras sospechas e hipótesis" que la jueza "trata de suplir" con la extensa batería de diligencias acordadas, asegura Seone. Entre ellas, la que ha dado lugar al polémico informe de la Guardia Civil que incluye en sus 80 páginas multitud de errores, bulos y documentos públicos mutilados. Ese atestado es el principal documento conocido que, al menos hasta ahora, avala la denuncia que presentó el letrado Víctor Valladares.
La magistrada objeto de estas críticas es Carmen Rodríguez-Medel, que fue la instructora del caso de los máster supuestamente regalados en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid a Pablo Casado y Cristina Cifuentes, al que dio cerrojazo casi al completo tras la negativa del Supremo a investigar al actual líder del PP. También por su parte ha habido algún reproche a la Abogacía del Estado.
En una providencia del 27 de mayo, la jueza ve "sorprendente" la petición de Seoane de aplazar la declaración de Franco como imputado alegando que "necesita tiempo para instruirse" cuando asegura que tardó más de un mes en acudir al juzgado a hacerse con una copia de la investigación. La jueza aceptó posponer la declaración, pero lo hizo sin dejar pasar la oportunidad de reprochar a la defensa su intento de demorar la causa. Finalmente, la citación es para el próximo 10 de junio.
La abogada del Estado ha resaltado en sus escritos precisamente lo contrario: la "sorprendente celeridad" de la jueza para aceptar la denuncia —el pasado 23 de marzo, solo tres días después de que cayera en su juzgado— e impulsar las pesquisas en plena pandemia y con todos los procedimientos judiciales no esenciales suspendidos por la situación de excepcionalidad.
"La apertura de diligencias previas y el acuerdo de practicar diligencias de investigación no urgentes supone una vulneración de las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma", dice el escrito del 20 abril con el que la Abogacía del Estado recurrió el auto que dio lugar a la apertura de la causa.
Seoane critica que tanto el forense como la Guardia Civil hayan ido aportando informes sin que el único investigado hasta el momento haya tenido la oportunidad de "defenderse". El citado recurso del 20 de abril sigue pendiente de resolución en la Audiencia Provincial de Madrid. Y tampoco la Fiscalía se ha pronunciado "oportunamente" antes de que se pusiera en marcha la extensa batería de diligencias acordadas. El Ministerio Público no ha hecho ningún posicionamiento sobre esta causa por la suspensión de los plazos, que se levanta el próximo 4 de junio.
Estos son los elementos que llevan a la abogada del Estado a afirmar que Franco está siendo víctima de una "palmaria indefensión" que es "reiterada y continuada", según detalla en sus escritos. Su tesis es que si las actuaciones no eran urgentes —como dijo la propia jueza— no deberían haberse iniciado. Pero, una vez abiertas, genera "una clara indefensión" al investigado mantener suspendidos los plazos para recurrir.
La Abogacía del Estado también cuestiona el "afán" de la jueza por intentar ampliar la causa con el delito de lesiones imprudentes que descartó hace unas semanas. Así, califica de "inútil, innecesaria e impertinente" la petición de que el forense, si lo considera "preciso", amplíe el informe que le pidió en el inicio de la causa y con el que pretendía tener más información sobre si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 "fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas".
El forense, en un informe que adelantó El Español, confirmó la "imposibilidad de establecer la relación de causalidad" entre las concentraciones convocadas y los contagios por la COVID-19, pero también aseguró que "de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad". Es precisamente en esta última afirmación, y no en la anterior, en la que se basa la jueza para pedir una ampliación de ese informe.
La Abogacía del Estado se opone frontalmente. E insiste en que ese empeño solo se explica por el "afán" de la jueza de "agotar todas las posibilidades de reabrir la investigación por el presunto delito de lesiones imprudentes y con ello permitir la entrada de acusaciones particulares".
https://www.eldiario.es/politica/Abogacia-caso_0_1032397401.html
LA FISCALÍA APOYARÁ A LA ABOGACÍA EN CONTRA DE LA CAUSA SOBRE EL 8-M
El Ministerio Público se muestran "muy molesto" con la magistrada que preguntó a los fiscales antes de abrir la investigación por prevaricación contra el delegado del Gobierno
La Fiscalía apoyará a la Abogacía del Estado en el procedimiento abierto por la juez del 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, por la celebración de la manifestación feminista del 8-M en Madrid unos días antes del la declaración de la alarma. Según informan a El Confidencial fuentes de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público tiene previsto pronunciarse ante la Audiencia Provincial a favor del cierre de las diligencias. Esta instancia tiene sobre la mesa un recurso de apelación presentado por la abogada jefe de penal, Rosa María Seoane, contra la apertura de la instrucción que ha conducido a la imputación por prevaricación del delegado del Gobierno José Manuel Franco. Con los plazos procesales suspendidos, no será hasta el próximo 4 de junio cuando el fiscal presente su escrito.
Las fuentes señaladas se muestran "muy molestas" con el proceder de la magistrada que no recabó el parecer de los fiscales antes de abrir la investigación. Esto ha provocado que, por el momento, el Ministerio Público no haya podido expresar su criterio respecto al polémico procedimiento que ha conducido al cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por el contenido de un informe del cuerpo. La jueza abrió las diligencias el pasado marzo tras recibir por reparto la denuncia de un particular y sin pedir antes informe fiscal. La acción penal se admitió en un inicio por prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional, pero este segundo delito quedó descartado días después.
Los servicios jurídicos del Estado ganan cinco días para terminar el recurso con el que buscan tumbar el informe de la Guardia Civil sobre las concentraciones masivas que se autorizaron
La Fiscalía también está molesta por la advertencia de reserva que le hizo la jueza. Algo que consideran inusual porque la Fiscalía es informada, incluso, de las causas declaradas secretas. En concreto, en unas de sus últimas providencias destacaba que la regulación de la Policía Judicial impone que los agentes, entre ellos los miembros del Instituto Armado adscritos a su juzgado y hasta hace poco bajo las órdenes del coronel Pérez de los Cobos, debe guardar "rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas". "Solo se informará a esta magistrada-juez", lanzaba. También hacia extensiva este aviso a las partes, incluyendo la Fiscalía.
La Abogacía, en ejercicio de defensa de Franco, apeló directamente a la Audiencia de Madrid solicitando la revocación de aquella decisión. En su escrito critica con dureza a la magistrada a la que acusa de convertir la instrucción "en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria" y de violar el estado de alarma al dar impulso al procedimiento cuando los tribunales deben limitar su actividad a los asuntos urgentes. El escrito indicaba que la magistrada ha obviado esta situación excepcional y ha imprimido a las diligencias una "celeridad inusitada" con base en una querella que reflejaba "una mera hipótesis". Esta actitud —señalaba— deja indefenso al delegado del Gobierno.
"Investigación prospectiva"
Seoane también destacaba que las decisiones de Medel apuntan a la apertura de una investigación prospectiva, es decir, montada con la única intención de perseguir a Franco, y por extensión al Gobierno, penalmente. Ese "afán de encontrar indicios" no solo sorprende a los servicios jurídicos del Estado sino que desborda las competencias de la instructora. "Las diligencias acordadas no buscan el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, sino averiguar si los mismos pueden ser típicos, buscando indicios de esa tipicidad, constituyendo así una auténtica investigación prospectiva vulnerando la presunción de inocencia del denunciado", indicaba.
El apoyo de la Fiscalía a que se revoque el auto por el que se abrieron las actuaciones deja la causa en manos de las acusaciones populares
El apoyo de la Fiscalía a que se revoque el auto por el que se abrieron las actuaciones deja la causa en manos de las acusaciones populares. La jueza ha admitido ya la personación de una asociación de consumidores y de sus providencias se deduce que recibe numerosas solicitudes de adhesión. Mantiene para el próximo 10 de junio la declaración de Franco como imputado pese a que la Abogacía ha solicitado la suspensión hasta que se pronuncie la Audiencia Provincial.
El Ministerio Público tiene también pendiente informar sobre otras dos denuncias que recayeron en juzgados de Madrid presentadas contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. El 11 y el 53 de la capital recibieron denuncias pero, en este caso, se dirigieron a los fiscales antes de decidir si admiten a trámite o archivan.
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-05-30/fiscalia-abogacia-contra-causa-8m_2617156/
LA JUEZA DEL 8-M ACLARA QUE NO INVESTIGA A SIMÓN Y DERIVA ESA DENUNCIA A OTROS JUZGADOS
La magistrada descarta imputar a Simón y centra su procedimiento en el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que tendrá que declarar como imputado el 10 de junio
La titular del juzgado de instrucción número 51 de plaza de Castilla, Carmen Rodríguez-Medel, ha emitido una nueva providencia en la que explica que no investiga al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. La aclaración llega después de que el denunciante pidiera a la jueza que imputara al director del CCAES por su gestión de la crisis del coronavirus, ante lo que la magistrada señala que el procedimiento no se dirige contra él y que, "por el contrario, al menos otros dos juzgados diferentes (de Madrid) tienen asuntos ya registrados en trámite contra Simón".
Rodríguez-Medel centra su procedimiento en el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que tendrá que declarar como imputado el próximo 10 de junio por permitir la celebración de concentraciones masivas en los días previos a que se decretara el estado de alarma. Frente a la petición del denunciante de imputar también a Simón, la jueza explica que los argumentos que se dan en su escrito ya se están investigando en otros dos juzgados, por lo que deberá "presentar la ampliación [de la denuncia] ante dichos órganos jurisdiccionales y no ante éste”.
El director del CCAES ha señalado que desconoce si han pedido su imputación y que ahora mismo está centrado en su trabajo, destinando a este numerosas horas cada día
Fuentes jurídicas explican a El Confidencial que los juzgados a los que hace referencia son el 11 y el 53 de Madrid, en los que los instructores han remitido informes a la Fiscalía para conocer su postura respecto a una posible imputación del director del CCAES antes de decidir si las archivan. Los procedimientos que se siguen en ellos, por tanto, no están tan avanzados como el del número 51 contra José Manuel Franco.
Para pedir la imputación de Simón, el denunciante le acusaba de haber incurrido en una dejación de funciones en la gestión de la crisis del coronavirus, asegurando entre otras cuestiones que animó a asistir a la manifestación. Preguntado por esta situación en la rueda de prensa de este jueves, el director del CCAES dijo desconocer si se había pedido o no su imputación, pero aseguró que se pone a disposición de la Justicia: "Yo no sé exactamente de qué se me denuncia. Si hay una solicitud de información, haré lo que los jueces me digan. No tengo nada que ocultar".
La jueza tampoco admite la ampliación de la denuncia que busca imputar a un conjunto de funcionarios de la Delegación del Gobierno a los que no identifica por delitos contra la vida, la integridad física o contra el ejercicio de los derechos y libertades. Según sostiene en su providencia, no hay indicios de que hayan cometido ninguno de esos ilícitos.
Nuevas declaraciones
La magistrada acuerda, además, nuevas declaraciones para el próximo 11 de junio, día en que comparecerán representantes de distintas organizaciones que convocaron concentraciones en los días previos al estado de alarma y luego las suspendieron. Entre ellos se encuentran la presidenta de la Asociación de Personas Aptas Sin Ayudas para el Alquiler, representantes del colectivo de defensa del sistema público de pensiones de Getafe, la portavoz de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón, el secretario general del Sindicato CGT de Madrid, el colectivo de afectados de Forum Afinsa, el sindicato CGT Amazon y el sindicato de Oficios Varios del Sur CGT.
Estas comparecencias se celebrerán un día después de que Franco declare como imputado, jornada en la que también se escuchará a otros tres testigos: el secretario de la Delegación, Fernando Talavera; el jefe del gabinete del delegado, Luis María Sanz Moriñigo, y el director de la unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz. La magistrada se centra así en "las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria derivada del covid-19 por el delegado del Gobierno de Madrid en relación con las concentraciones y manifestaciones que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo de 2020".
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-05-29/fernando-simon-jueza-8m-imputar_2616276/LA JUEZA IMPUTÓ A FRANCO POR EL 8M PERO EVITÓ QUE OTROS JUZGADOS DECIDIERAN SOBRE EL RESTO DE DELEGADOS DENUNCIADOS
Carmen Rodríguez-Medel abrió diligencias contra José Manuel Franco, el representante del Ejecutivo con mayor visibilidad, sin enviar copia a los juzgados competentes para investigar a sus homólogos en cada comunidad
Todos ellos eran objeto de la misma denuncia de existir delito todos habrían cometido el mismo pero los portavoces de la magistrada aseguran que "las circunstancias de cada Delegación del Gobierno son distintas" pese a que ninguna resolución de la jueza esgrime ese argumento
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La investigación penal abierta al delegado del Gobierno de Madrid por no prohibir las manifestaciones del 8M ha dejado ya al aire no solo el enorme agujero de un informe de la Guardia Civil plagado de errores sino otro de tipo procesal: la denuncia cuya admisión le ha colocado la etiqueta de investigado a José Manuel Franco se dirigía también contra los restantes delegados del Gobierno del país. Incluía asimismo al presidente, contra quien el denunciante terminó presentando una querella en el único tribunal con potestad para investigarle, el Supremo. La denuncia les atribuía a todos prevaricación. Y la jueza Carmen Rodríguez-Medel la admitió porque vio suficientes indicios de delito. Pero solo abrió diligencias contra Franco porque sus competencias solo le permiten investigar potenciales infracciones penales cometidas en Madrid.
¿Qué ocurrió entonces con los otros 17 delegados del Gobierno denunciados? Nada. La jueza Carmen Rodríguez-Medel, que apenas tres días después de que la denuncia llegara a su mesa ya dictó su admisión y acometió con inusitada rapidez una serie de diligencias que incluyen la citación como imputado de Franco primero para el 5 de junio y finalmente para el 10, evitó enviar copia a los juzgados de las ciudades donde residen los demás denunciados. Hacerlo habría colocado la pelota en manos de otros magistrados con capacidad para aceptar, pero también rechazar por falta de materia, la denuncia que ya se ha convertido en la primera de relevancia que coloca en la diana al Ejecutivo central.
¿Por qué no remitió la denuncia aplicando el mecanismo que los juristas denominan "deducción de testimonio"? Porque, a diferencia de lo usual –preceptivo, según ocho jueces, fiscales y abogados consultados este jueves por infoLibre– en casos que involucran en un hecho supuestamente delictivo a ciudadanos de distintos territorios del país, la magistrada no cumplió ese trámite, cuya ejecución se sustenta en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). ¿Y por qué no lo hizo si los demás delegados del Gobierno habían podido cometer el mismo delito que atribuye al más visible de ellos por el puesto que ocupa en Madrid? Porque "las circunstancias de cada Delegación del Gobierno son distintas", respondieron este jueves fuentes jurídicas cercanas a la jueza. Ni la denuncia ni el auto de incoación de diligencias contra José Manuel Franco hacen ninguna mención a ese argumento.
La jueza, agregaron sus portavoces, "no tiene obligación de deducir testimonio y enviar copia de la denuncia a los juzgados decanos [los que efectúan el reparto de casos]" de aquellas provincias donde residen los delegados del Gobierno de cada comunidad. Y añadieron algo más: "Rodríguez-Medel explicó en su auto lo que iba a hacer y dio traslado a las partes para su conocimiento. Si quisiera la Fiscalía podría haber dado traslado a las Fiscalías de las otras provincias para que se pronunciasen”. La Fiscalía ni siquiera ha presentado aún recurso contra la admisión de la denuncia o escrito donde se adhiera a la posición de la juez: guarda un silencio hermético. Pero en cualquier caso, la suspensión de los plazos que rigen en cualquier trámite judicial, suspensión dictada tras la declaración del estado de alarma, no acaba hasta el 4 de junio.
En su auto de admisión de la denuncia, Rodríguez-Medel se limitó a dar una recomendación al denunciante, Víctor Valladares, que intenta ahora personarse como acusación popular. Ese consejo se resume con una frase: "Deberá el denunciante, en su caso, presentar las correspondientes denuncias ante los juzgados que sean territorialmente competentes".
Contra Fernando Simón
Este periódico no ha podido confirmar si Valladares ha interpuesto alguna denuncia adicional contra los restantes delegados del Gobierno, pero este mismo miércoles trascendió que ha presentado una ampliación de la que presentó el 19 de marzo para que la jueza también impute al presidente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, (CCAES) Fernando Simón, al que acusa de los delitos de desobediencia (artículo 410 del Código Penal) y también de denegación de auxilio por parte de la Administración (artículo 412).
Pero, en cualquier caso, la remisión de testimonio desde un juzgado no solo es más rápida sino que responde a la máxima que subrayó uno de los fiscales consultados ayer: que la justicia civil avanza impulsada por los demandantes y en la justicia penal funciona la actuación de oficio una vez se detectan indicios de delito. "Creo –señala este representante del ministerio público– que la incoación de diligencias fue judicialmente correcta como creo que Rodríguez-Medel llevó el caso máster de manera impecable". "Otra cosa –sostiene el mismo jurista– es que tendría que haberse dirigido al comité de asesores del Gobierno y preguntarles si antes del 8M hubo algún informe en que avisara de grave riesgo para la salud pública. Y si la respuesta es no, la jueza tendría que haber archivado de inmediato". Lo que este fiscal define como "una barbaridad" es el informe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid que terminó llevando a la destitución de su jefe, el coronel Diego Pérez de los Cobos y abriendo una crisis en Interior.
Uno de los jueces consultados el jueves por este periódico reaccionó con sorpresa cuando supo que la instructora del caso contra José Manuel Franco no había distribuido copia a las provincias donde tiene su sede cada Delegación de Gobierno. Y encerró un reproche entre signos de interrogación: "¿Pero no dedujo testimonio? ¿Y con los otros denuniados qué pasa, o es que no quiere que se produzca el archivo de la denuncia en otros territorios, lo que la dejaría en evidencia?"
De los ocho expertos consultados solo uno, el juez ya jubilado José Castro, instructor del caso Urdangarin, interpreta que el deber de Rodríguez-Medel ante una denuncia con múltiples denunciados habría ido mandarla a la Audiencia Nacional. Castro se mostró muy crítico con el auto: "Es una ridiculez abrir una verdadera causa general porque el 8 de marzo no había habido declaración de pandemia". En su opinión, enviar copia de la denuncia a diferentes juzgados equivaldría a "dividir la continencia de la causa", es decir, romper la unidad de criterios jurídicos para resolver sobre hechos idénticos que se traducen aquí en un mismo y supuesto delito: el de prevaricación. La jueza añade en su auto que puede caber también el de lesiones por imprudencia.
Otros dos magistrados, estos en activo en un tribunal de ámbito estatal, coinciden en que la jueza debería haber "testimoniado" a los distintos decanatos judiciales de cada provincia donde reside un delegado del gobierno. La clave, coinciden por separado, la ya referida Lecrim. Uno de ellos cita expresamente el artículo que así lo estipula y desarrolla así su razonamiento: el 14. Y lo expone así: "El 14.2 de la Lecrim establece la competencia del juzgado de instrucción del lugar de comisión del delito. Todos los delitos que se cometen en cada lugar son independientes y en este caso no podrían jugar las reglas de conexidad, por lo que solo debería haber admitido lo que correspondiera al territorio de su competencia y haber deducido testimonio del resto en favor del juzgado de instrucción de cada territorio, si es que entendía que había delito y había que investigar. Otra actuación es incongruente".
En cambio, el fiscal que defiende la apertura de diligencias a Franco y un exjuez señalaron el artículo 25 de la misma Lecrim como el esencial, incluso para lo que se conoce como procedimientos abreviados. En su segundo párrafo, ese precepto dice lo siguiente: "[El juez] también acordará la inhibición a favor del Juez o Tribunal competente cuando considere que el conocimiento de la causa no le corresponde, aunque sobre ello no haya precedido reclamación de los interesados ni del Ministerio Fiscal". Y aquí, coinciden ambos, tendría que haber compartido la denuncia con otros juzgados españoles.
¿Pero por qué entonces, si la ley resulta clara, abrió la jueza la caja de los truenos para el delegado del Gobierno de Madrid y dejó fuera a los demás? Aquí, la respuesta viene de un penalista con larga experiencia: "Seguramente porque cree tan poco en los indicios para acusar que no quiere que otros jueces se pronuncien".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/05/29/la_jueza_imputo_delegado_del_gobierno_madrid_por_pero_evito_que_jueces_otras_ciudades_pudieran_rechazar_denuncia_107216_1012.htmlLA ABOGACÍA DEL ESTADO CARGA CONTRA EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL SOBRE EL 8-M: “NO ANALIZA EVIDENCIAS CIENTÍFICAS”
En un nuevo recurso, el órgano jurídico del Gobierno atribuye a los agentes un “claro sesgo acusatorio”
La Abogacía del Estado no ha dejado pasar la primera oportunidad y, en un nuevo escrito que ha enviado a la juez Carmen Rodríguez-Medel, ha cargado contra el polémico informe de la Guardia Civil sobre las concentraciones celebradas en la Comunidad de Madrid durante la fase de expansión del coronavirus. En un documento de 11 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el órgano jurídico dependiente del Ejecutivo asegura que las pesquisas plasmadas por los agentes contienen un “claro sesgo acusatorio” y “deslizan continuas sospechas y comentarios suspicaces”. “No se encuentra en el informe de la Policía Judicial ningún análisis de evidencias científicas, solo referencias mutiladas o parciales a documentos técnicos o noticias de prensa, que en modo alguno pueden caracterizarse como una base científica”, apostilla el recurso presentado por la Abogacía este pasado miércoles.
La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, responsable del juzgado de instrucción 51 de la capital, mantiene imputado en esta causa al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, al que atribuye un presunto delito de prevaricación. La juez trata de averiguar si el representante del Ejecutivo permitió concentraciones durante la fase de expansión del coronavirus —entre ellas, la marcha feminista del 8-M— cuando se contaba ya con “suficientes datos para prohibirlas legalmente por razones sanitarias”. La Abogacía del Estado, que defiende a Franco, mantiene una postura muy diferente y, como avanzó en otro escrito enviado a la instructora antes de que se elaborara el informe de la Guardia Civil, entonces no se tenía la información necesaria para “prohibir el ejercicio de un derecho fundamental”.
“Es manifiesto y notorio que, hasta el 14 de marzo, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas”, decía en ese primer recurso, fechado el pasado 20 de abril, donde también acusaba a la juez de abrir “una causa general contra las distintas autoridades y administraciones competentes”; saltarse el decreto de alarma; iniciar una investigación “prospectiva” en busca de indicios de delito; y vulnerar el derecho de defensa de Franco. A lo que la magistrada ha respondido este jueves con sorpresa y le ha reprochado en un nuevo escrito a la Abogacía que haya estado un mes sin pasarse a recoger la documentación de la causa.
En esa línea, el escrito de la Abogacía presentado este miércoles insiste en que el delegado del Gobierno se encuentra en una situación de indefensión, al pedir la juez numerosos informes y documentación para investigar mientras la defensa, al estar suspendidos los plazos procesales por el estado de alarma, no puede obtener respuesta a sus recursos. “A sabiendas de que no se trata de ninguna actuación urgente, el juzgado viene de forma ininterrumpida ordenando la práctica de diligencias”, protesta el órgano jurídico dependiente del Gobierno, que apostilla: “Y lo viene haciendo cercenando el derecho de defensa, al no tramitar ninguno de los recursos que se han interpuesto. Eso sí, amparándose [para ello] en la suspensión de los plazos procesales”.
La Abogacía pone como ejemplo “el perjuicio” que le ha causado a Franco el informe elaborado por la Guardia Civil, que se ha confeccionado pese a que la defensa del delegado recurrió ante la Audiencia Provincial la decisión original de la juez de abrir la causa. Pero el órgano superior todavía no se ha pronunciado porque ese escrito se encuentra en el juzgado 51 y aún no se ha elevado por la suspensión de los plazos. Paralelamente, la Abogacía también se queja de que, pese a que no existe una “urgencia” en este contexto, se ha solicitado numerosa documentación a la Delegación del Gobierno, el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad: “Poniendo día y hora de entrega para la documentación, con los perjudiciales efectos que presentar una documentación incompleta puede tener en mi defendido”.
El informe forense
Este último recurso presentado por la Abogacía también se refiere al informe forense que descartó la existencia de datos que acrediten una relación directa entre las concentraciones convocadas y los contagios por la covid-19. Ese documento concluía que “no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones celebradas dichos días y que haya resultado infectada por el virus lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimiento público, etc.”. Pero añadía otro párrafo que ha generado profundo malestar en la defensa de Franco: “Lo que sí es cierto y seguro es que, de haberse evitado, se habrían evitado una amplia difusión de la enfermedad”.
La Abogacía carga contra esa segunda parte en su escrito del 27 de mayo: "El forense sienta, como hecho incontrovertido, que las manifestaciones (no dice cuáles) han podido causar una amplia difusión de la enfermedad. Negamos la mayor. Esa afirmación no tiene ningún sustento científico, ni técnico. Y el Forense no la razona, ni argumenta, ni la apoya en ningún dato objetivo. Tampoco sabemos a qué se refiere con “amplia difusión”. “Es una afirmación apodíctica, huérfana de apoyo técnico, máxime cuando las opiniones de los expertos niegan la relevancia en términos de expansión de un evento de las características de una manifestación (en un espacio abierto, sin que sea frecuente un contacto estrecho entre los participantes) en relación con la exposición al virus que se pudo producir esos días en el desarrollo ordinario de la vida social en Madrid”, apostilla el recurso.
Varios expertos consultados por El PAÍS coinciden en que la manifestación del 8-M resultó marginal para la pandemia y consideran que, por ejemplo, fue mucho más relevante el transporte público para la expansión del virus. Pese a ello, la juez le ha encargado al forense que, si lo ve oportuno, amplíe en un segundo informe esa conclusión. La Abogacía se opone a ello al considerarlo “innecesario, inútil e impertinente” en relación con el delito de prevaricación que se imputa a Franco. “¿En qué se fundamenta la afirmación del forense? Sencillamente en nada. Ni un solo dato, ni una sola referencia técnica. ¿Una investigación penal puede basarse en afirmaciones semejantes sin fundamento técnico alguno? En modo alguno, a juicio de esta defensa. Una investigación penal debe investigar hechos indiciariamente delictivos, no convertir en indiciariamente delictivos unos hechos para investigarlos”, destaca con dureza la Abogacía. Franco está citado a declarar como imputado el próximo 10 de junio, lo que pretendía evitarse con este recurso.
https://elpais.com/espana/2020-05-28/la-abogacia-del-estado-carga-contra-el-informe-de-la-guardia-civil-sobre-el-8-m-no-analiza-evidencias-cientificas.htmlLA ACUSACIÓN PIDE A LA JUEZ DEL 8-M QUE IMPUTE A FERNANDO SIMÓN POR "FLAGRANTE DEJACIÓN DE FUNCIONES"
La Asociación contra la Gestión del Coronavirus también pide a la instructora que investigue por un nuevo delito al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ya imputado por prevaricación en el procedimiento.
La juez del 8-MCarmen Rodríguez-Medel ha recibido en las últimas horas una solicitud formal de imputación de Fernando Simón. El abogado Víctor Valladares, en representación de la Asociación contra la Gestión del Coronavirus, ha pedido este jueves a la instructora que impute al director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias (CCAES) por los delitos de desobediencia y denegación de auxilio y que solicite los correos electrónicos que se intercambió dicho organismo con el Ministerio de Sanidad antes del estado de alarma.
Además, la asociación ha presentado una ampliación de denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, para que sea investigado por un delito contra las libertades públicas tipificado en el artículo 514 del Código Penal. Franco, que ya se encuentra imputado en la causa por un delito de prevaricación, ha sido citado el próximo día 10 en el juzgado.
En la nueva petición remitida a la magistrada, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, la acusación popular ha pedido que se cite como investigado a Simón por "una flagrante dejación en sus funciones así como de obligaciones" que han puesto "en peligro la salud pública, e integridad física de todos los españoles y residentes en España". En concreto, el abogado explica que entre las funciones del organismo que dirige Fernando Simón, dependiente del Ministerio de Sanidad, se encuentra "desarrollar y mantener un sistema rápido de detección, comunicación, evaluación y respuesta frente a alertas sanitarias".
En concreto, el denunciante destaca las "contradicciones" del médico sobre "la utilización obligatoria de mascarillas, la necesidad de la realización de tests serológicos, la falta de información veraz del número de fallecidos por coronavirus, la negación en un principio de un peligro real en España de la existencia del virus, afirmando que habría hechos aislados, y nunca de contagio local, cuando ya contaba con Informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Unión Europea". Asimismo, el letrado Víctor Valladares destaca que Simón "animó a la asistencia de la marcha feminista del 8M, pese a que el coronavirus en España se encontraba desbocado".
LOS MAILS CON ILLA
En el escrito remitido al juzgado, el letrado analiza el atestado de la Guardia Civil incorporado a las actuaciones donde se relatan las reuniones que se celebraron en la sede del Ministerio de Sanidad con los representantes de la Iglesia Evangélica a tres días de la celebración de la marcha del Día de la Mujer. En aquellos encuentros tanto Simón como el ministro de Sanidad Salvador Illa trasmitieron a los religiosos que el congreso que habían convocado "no se podía celebrar de ninguna manera". En contraposición, el médico, según el denunciante, "alentó" a acudir al 8-M.
La acusación subraya que "debido a causas de salud pública, en diversas reuniones con convocantes de eventos multitudinarios en las fechas objeto de investigación, Simón manifestaba la imposibilidad de su celebración, pero por otro no solo es que permitiera, sino que alentaba a acudir a manifestaciones multitudinarias, tales y como la feminista del 8-M, contraviniendo por ello sus funciones y obligaciones contenidas en la Orden Ministerial de 2004", por la que se establece el Sistema de Coordinación de Alertas y Emergencias de Sanidad y Consumo.
Los denunciantes resaltan el criterio dispar del facultativo a la hora de permitir o prohibir manifestaciones y reuniones multitudinarias en los días previos al decreto del estado de alarma. Valladares destaca "la actitud eminentemente dolosa de Simón con la prohibición de la celebración de unas manifestaciones absolutamente cercenadas por informes de la OMS, UE y el propio CCAES y Ministerio de Sanidad con la permisividad de la celebración de otras, incluso animando a su presencia como ocurrió en la manifestación feminista de Madrid del 8 de marzo".
Entre las diligencias solicitadas por esta parte, junto a la toma de declaración de Simón como investigado, se insta a la juez a pedir "todas las comunicaciones existentes" entre el Ministerio de Sanidad, que capitanea Illa, y el CCAES, acerca de la gestión del coronavirus, desde el 30 de enero de 2020 hasta el 15 de marzo pasado. En su escrito, el abogado adelanta que el objetivo de esta diligencia es acreditar "la existencia o no de requerimiento por parte del Ministerio de Sanidad al CCAES solicitando el auxilio al que viene obligado en virtud de lo dispuesto en la Orden Ministerial y, en el caso de que no existiera, depurar la responsabilidad criminal presunta correspondiente del Ministro del ramo, Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ante el órgano jurisdiccional competente, esto es, la Sala Segunda del Tribunal Supremo".
Preguntado por una hipotética imputación, el médico añadió que "no va a abandonar el barco" ahora y aseguró que va a hacer "el esfuerzo" de cumplir con su trabajo "lo mejor que pueda". "Entiendo que no debo dejar las cosas a la mitad sino hacer las cosas que pueda", agregó. Por su parte, el ministro Illa sostuvo este jueves que está "orgulloso" de tener en su equipo a Fernando Simón "porque es un servidor público ejemplar".
https://www.elmundo.es/espana/2020/05/28/5ecfde09fc6c83b7408b462f.htmlERRORES, BULOS Y MENTIRAS EN EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL SOBRE LA MARCHA DEL 8M
El documento concluye que el Gobierno "conocía desde el mes de enero la gravedad real de epidemia del coronavirus". Llega a esa afirmación, que ampara la atribución de delitos penales al Ejecutivo de Sánchez, tras 80 páginas repletas de errores, bulos y documentos públicos mutilados
La Guardia Civil manipuló la declaración de un testigo para inculpar al Gobierno por la manifestación del 8M
El informe de la Guardia Civil que apunta a la comisión de delitos en el ámbito penal por parte del Gobierno por su gestión de la crisis del coronavirus y que ha resultado clave para que la titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, haya imputado al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, concluye literalmente que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "conocía desde el mes de enero la gravedad real de epidemia del coronavirus".
La Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid llega a ese diagnóstico a través de 81 páginas que componen un atestado repleto de errores estrepitosos, bulos sobradamente desmentidos, amputaciones de documentos públicos –cortados exactamente por los párrafos que interesan para sostener la tesis de que el Ejecutivo sabía de los riesgos de permitir la manifestación del 8 de marzo– e incluso la manipulación del testimonio de un testigo citado en la Comandancia de Tres Cantos (Madrid).
En distintos tramos del atestado, la Guardia Civil –que investiga a las órdenes de Carmen Rodríguez-Medel, conocida por imputar a Cristina Cifuentes en el caso Máster– afirma que la Delegación del Gobierno de Madrid "tenía conocimiento pleno sobre el peligro que se podría ocasionar si se continuaban celebrando reuniones o manifestaciones" a partir del 5 de marzo y que pese a ello consintió la celebración feminista del 8 de marzo y otras posteriores.
Los investigadores especulan incluso sobre "la posible intencionalidad" del Gobierno en ocultar supuestas llamadas a promotores de otras movilizaciones para que se desconvocasen, alertándolos de un riesgo que el mismo Ejecutivo no tuvo en cuenta para el 8M. Esa hipotética doble vara de medir es la que ha llevado a la juez del caso a imputar prevaricación administrativa por omisión, dictar una resolución injusta a sabiendas, en este caso no prohibir las marchas feministas, un delito que no conlleva pena de cárcel, pero sí inhabilitación para el cargo público.
El polémico informe ha motivado el cese del jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, supuestamente por negarse a informar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska sobre su contenido alegando que sus autores solo podían responder ante la juez que dirige la investigación.
A continuación, repasamos uno por uno los errores, bulos y mentiras del atestado de la Guardia Civil sobre el 8M.
El Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus.
Falso. Es una de las afirmaciones más extravagantes del informe tanto por su rotundidad como por el método que emplea la Guardia Civil para llegar a ella. En enero no se había diagnosticado ni un solo caso en España y ningún organismo había alertado de lo que podía avecinarse en nuestro país. Pero el informe de la Guardia Civil llega a esa conclusión a través de una noticia de OkDiario, que subraya unas declaraciones del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, en las que a finales de marzo aseguraba que el 2 de febrero se realizaron reuniones con dos científicos para investigar la enfermedad que estaba asolando a la ciudad china de Wuhan.
Lo que dijo el ministro fue lo siguiente: "Los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa desde que se conoció esta enfermedad en el mes de enero. Ya el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores Juanes y García Sastre, este último en Nueva York, para asegurar que tengan más facilidades y todos los medios necesarios para investigar la enfermedad. Ese mismo 2 de febrero liberamos medios e hicimos cambios legales para reducir plazos que culminaron en el Real Decreto de Estado de Alarma donde hemos puesto todas las medidas de funcionamiento". Esas palabras de Duque llevaron a OkDiario a titular Pedro Duque admite que el Gobierno ya conocía desde enero la gravedad del virus. Y la noticia saltó en forma de conclusión al atestado de la Guardia Civil.
"El 28 de febrero el Centro de Coordinación y Alertas de Emergencias Sanitarias admitió que había transmisión comunitaria".
Falso. Lo que dijo ese día Fernando Simón fue exactamente lo contrario. Se trata de otro corta-pega con errores de una información de prensa, en este caso de la publicación Redacción Médica, que sí recoge bien las palabras del científico.
El atestado señala en su página 73 –dentro de los elementos para tratar de probar que el Gobierno tenía base para prohibir la manifestación del 8 de marzo– que el doctor Simón había admitido 10 días antes, el 28 de febrero, que había "transmisión comunitaria", o lo que es lo mismo, que no todos los casos eran importados de otros países. El atestado añade una frase para explicar lo que significa la supuesta afirmación que atribuye a Simón: "Este escenario define que no se puede contener el virus controlando a las personas que estén infectadas y a su entorno, porque ya no se conocen estos".
En realidad, la noticia, que sigue publicada en Redacción Médica, no señala lo que dice el atestado y sí, lo siguiente: "Esto, según ha explicado, [Simón] se debería a que en los casos que se consideran por ahora 'transmisión comunitaria' (Madrid y Sevilla) se han podido trasmitir a un nivel 'muy bajo'". Es decir, Simón defendió ese día la tesis contraria a la que ahora le adjudica el informe policial. Su intervención completa puede seguirse aquí.
El propio medio especializado ha publicado en las últimas horas una noticia para desmentir la parte que le atribuye el informe.
"El Ministerio de Sanidad recomendó el 3 de marzo suspender eventos multitudinarios de cualquier tipo".
Falso. Para llegar a esa conclusión, el informe de la Guardia Civil amputa una instrucción del Ministerio de Sanidad y concluye que el departamento de Salvador Illa había recomendado el 3 de marzo "suspender eventos multitudinarios de cualquier tipo". La cita de la circular de Sanidad está cortada: lo que sí pidió la instrucción del Ministerio en esa primera semana de marzo en la que el virus todavía no se había descontrolado fue prohibir eventos multitudinarios de cualquier tipo "con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se ha constatado trasmisión del virus SARS-COV2".
El corta-pega en este caso es muy relevante porque sobre él se apoya la tesis central del informe, según la cual, la Delegación del Gobierno dio distinto trato a los eventos en función de sus intereses políticos y, por ejemplo, presionó para cancelar un congreso evangélico internacional, que iba a celebrarse los días 19, 20 y 21 en un pabellón de Madrid mientras autorizaba las marchas del 8 de marzo, que están en el origen de la denuncia presentada por un particular en el juzgado.
La fuente de ese tramo del informe es otra noticia que OkDiario publicó el pasado 30 de marzo. La información titulada El Gobierno pidió suspender un congreso evangélico en Madrid por el coronavius dos días antes del 8M reproduce una instrucción firmada por la Directora General de Salud Pública del Ministerio, Pilar Aparicio, que hace estas dos recomendaciones:
Los eventos multitudinarios de cualquier tipo con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se ha constatado transmisión del virus SARS-COV-2 se consideran evento de riesgo para la transmisión de este patógeno y suponen un riesgo para la salud de la población.
Se recomienda el aplazamiento de estos eventos (o en su caso la suspensión) hasta que se haya verificado por la autoridad sanitaria el control de la transmisión de enfermedad y del riesgo asociado.
Aunque la información del diario digital está completa, en el informe policial se cita la orden recortada para que haga alusión solo a los "eventos multitudinarios de cualquier tipo". La segunda parte de la frase no aparece: "Con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en la que se ha constatado transmisión del virus SARS-CoV-2".
Las "recomendaciones imperativas" para suspender el Congreso Evangélico "confrontan con la celebración incluso en fechas posteriores del 8M".
Falso. Es otra de las ideas-fuerza del informe que se utiliza para apuntalar la supuesta prevaricación del Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al que se acusa de autorizar unas manifestaciones y suspender otras en función de los intereses del Gobierno.
El atestado de la Guardia Civil destaca que al congreso internacional Unlimited de la iglesia evangélica estaban citadas 5.500 personas en el pabellón de la Caja Mágica en Madrid los días 19, 20 y 21 de junio –finalmente fue suspendido por recomendación del Ministerio– algo que no se hizo con el Día Internacional de la Mujer en Madrid pese a tener una afluencia prevista de un millón de personas.
El informe obvia las diferencias entre los dos eventos: en primer lugar la que tiene que ver con la instrucción del Ministerio que en aquel momento pedía aplazar los eventos multitudinarios que concentrasen a personas procedentes de países donde el virus ya se había extendido como Italia o China. En aquel momento en toda España se habían detectado un total de 365 casos y habían fallecido cinco personas.
El documento policial también pasa por alto que el evento religioso tenía previsto celebrarse en un recinto cerrado, en el pabellón de la Caja Mágica en Madrid, y no al aire libre y que sus propios organizadores habían previsto la llegada de más de 8.000 personas desde distintos países.
La suspensión del congreso evangélico no fue la única decisión que se tomó aquel 6 de marzo para evitar que aterrizasen en España pasajeros procedentes de países donde el virus estaba descontrolado. El Ministerio de Sanidad suspendió también ese día las pruebas del Ministerio de Justicia para el acceso a la Abogacía el 6 de marzo con el mismo argumento: "El número de solicitantes que se desplazarían a España provenientes de determinados países en los que la difusión del COVID ha obligado a adoptar medidas extraordinarias de contención".
La Comunidad de Madrid recomendó evitar aglomeraciones el día 5 de marzo.
Es falso. El informe de la Guardia Civil recoge una serie de recomendaciones sanitarias de la Comunidad de Madrid, entre las que llama la atención la emitida por la Dirección General de Salud Pública el 5 de marzo, tres días antes de la manifestación. En ella, según los agentes, se insta a "evitar lugares con aglomeración de personas tales como eventos multitudinarios".
Da la impresión de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recomendaba a la población evitar eventos como manifestaciones, pero no es así. Los agentes que elaboraron el informe excluyeron una parte fundamental de esa instrucción: se refiere únicamente a quien haya tenido contacto con personas contagiadas. Al resto de los ciudadanos, de hecho, el Gobierno regional les dice que pueden "continuar con su actividad con toda normalidad" y solo les recomienda algunas medidas de higiene. Como en el caso de la instrucción del Ministerio de Sanidad, el atestado amputa una parte fundamental del documento que hizo público la Comunidad de Madrid.
En contra de lo que ha sugerido el Ejecutivo de Ayuso, la Comunidad de Madrid no emitió ninguna alerta sanitaria relacionada con el peligro de expansión del coronavirus de cara al 8M. Se limitaron a enviar a la Delegación del Gobierno dos resoluciones que habían adoptado sobre centro de mayores y prácticas de estudiantes universitarios. Se remitieron al filo de las 21.00 horas del sábado 7 de marzo.
La Delegación del Gobierno instó "a los promotores a que el evento no se lleve a cabo por la crisis sanitaria del COVID-19 y utilizando en alguno de los casos expresiones imperativas".
Es el nudo gordiano del atestado: que la Delegación del Gobierno presionó a quienes tenían actos convocados después del 8M para que los anularan por la alerta sanitaria mediante llamadas telefónicas. Los agentes que redactan el informe concluyen que 12 "reuniones/manifestaciones/concentraciones" fueron canceladas "en virtud de dichas llamadas".
Se ha demostrado que también es mentira. En las declaraciones que se recogen en el informe policial nadie habla de presiones por parte de la Delegación del Gobierno. De hecho, El País contactó con 10 testigos de los que habían declarado ante los agentes y todos negaron haber recibido presiones por parte del organismo que dirige José Manuel Franco. Varios relatan –y así se lo dijeron también a los agentes– que ya habían tomado la decisión de suspender las movilizaciones antes de recibir la llamada de la Delegación del Gobierno.
El informe concede especial relevancia al testimonio de Diana Chnaiker, de la Asociación de Personas Aptas sin Ayudas del Alquiler (APASAA), que tenía previstas tres manifestaciones en marzo los días 5, 12 y 19. La primera se celebró, a la segunda no acudió nadie porque iba a hacerse frente a la Asamblea de Madrid pero se había suspendido el pleno y la del 19 –con el estado de alarma ya en vigor– se desconvocó.
Según la Guardia Civil, "el motivo de la cancelación se debe a que el día 17 de marzo de 2020, sobre las 13.00 horas, la sra. Chnaiker recibió una llamada telefónica de un hombre empleado de la DG" que le dice que la protesta no puede llevarse a cabo por la situación sanitaria, "accediendo a lo solicitado". En conversación con eldiario.es, Chnaiker niega esa versión. Asegura que su organización ya había decidido desconvocar la protesta por la entrada en vigor del estado de alarma y que la Delegación del Gobierno en ningún momento le presionó para que no se celebrase. Solo le pidieron que comunicara la cancelación por escrito.
La sociedad estaba concienciada "sobre las consecuencias y la propagación del patógeno y demuestra el grado de responsabilidad de los mismos para evitar contagios y como medida de seguridad preventiva, incluso sin ser expertos en la materia".
La Guardia Civil explica así la cancelación de manifestaciones que tuvo lugar en la Comunidad de Madrid tras el 8M (solo una se desconvocó antes de esa fecha alegando motivos sanitarios). "Un total de 22 actos se han cancelado por motivos sanitarios, de los cuales 14 de ellos son los propios promotores los que de oficio deciden cancelar la celebración [los otros ocho son los que cuestiona que hayan sido llamados desde Delegación del Gobierno], e incluso en fechas tempranas, siendo la primera fecha de desconvocatoria el 5 de marzo y la última el 14 de marzo", recoge el informe. Sin embargo, la primera fue el 6 de marzo y no se volvió a cancelar por motivos sanitarios ninguna otra hasta el 9 de ese mes, fecha en la que la comunidad reconoció un incremento de casos del 835% y anuncia el cierre de los colegios.
"Fue determinante el cierre de colegios", explica Chema Martínez, de CCOO, sobre la cancelación de dos concentraciones que tenían previstas esa semana. "Quien dio la alarma e informó al Ministerio fue la Comunidad de Madrid cuando se dio cuenta del salto y que tenían algo que no querían hacer", explica este responsable sindical, que sí participó en la reivindicación feminista del 8M.
El 10 de marzo se desconvocaron dos movilizaciones; tres, el día 11; trece, el día 12; y una, el día 14. La última fue el 17 de marzo, de acuerdo a la relación que figura en el informe, que alude a dos movilizaciones previstas para el 15 y 16 de marzo que no se desconvocaron "si bien nadie asistió a las mismas, precisamente por responsabilidad ante el temor de contagios de COVID-19". Lo cierto es que en ese momento toda España estaba ya confinada.
Las ministras que participaron en la manifestación llevaban guantes de látex para evitar contagiarse por coronavirus.
No es verdad. La Guardia Civil incluye un titular de la Cadena Cope basado en un bulo que circuló en las redes sociales y que ha sido sobradamente desmentido: que las ministras socialistas llevaban guantes en la manifestación del 8M por que supuestamente conocían el riesgo de contagio y que, sin embargo, no alertaron al resto de los participantes. "El 1 de abril se tiene conocimiento a través de una noticia del diario digital cope.es titulada El vídeo del 8-M con el que acusan al Gobierno de ocultar la verdad sobre el coronavirus: "No se besa", en la que apunta que el Gobierno sabía el peligro real del coronavirus", según redacta la Guardia Civil, que señala que en el vídeo que incluye como prueba "se observa a la ministra Celáa y a la exministra Valerio portando guantes de látex".
Lo que omite el informe policial es que en la propia noticia ya se especificaba que esos guantes "resultaron ser parte del atuendo habitual de las manifestaciones feministas y no una medida preventiva frente al coronavirus como muchos apuntaron". De hecho, se puede ver a personas portando esos mismos guantes en la manifestación de 2019. También alude a que se aprecia una voz advertir "No se besa, no se besa" a las personas que encabezan la manifestación. Sin embargo, en los vídeos difundidos por Cope se ve a Nadia Calviño saludar con normalidad con dos besos o a Carmen Calvo abrazar a otra mujer al verla.
"El 30 de enero de 2020, la OMS califica el actual brote de COVID-19 como pandemia".
Falso. La OMS declaró oficialmente a este brote de coronavirus como pandemia el 11 de marzo: tres días después de la manifestación del 8M y dos meses y medio más tarde que la fecha que afirma el informe de la Guardia Civil.
Lo que hizo la OMS el 30 de enero fue otra cosa: declarar una emergencia sanitaria internacional por el incremento de los contagios en China y porque ya se habían detectado los primeros casos fuera de este país.
La OMS, el 30 de enero, "señalaba que Europa era el epicentro de la pandemia, con más casos y víctimas mortales que en el resto del mundo, exceptuando China"
Falso. El acta de la OMS del 30 de enero desmiente esa afirmación ya que refiere 7.711 casos confirmados y 12.167 casos sospechosos en China de acuerdo a los datos aportados por el Ministerio de Salud de la República Popular: "De los casos confirmados, 1.370 son graves y ya se han registrado 170 víctimas mortales. 124 personas se han restablecido y han recibido el alta hospitalaria". "La Secretaría de la OMS presentó una visión general de la situación en otros países. En estos momentos hay 83 casos en 18 países. De esos casos, solo 7 no habían viajado a China. Ha habido transmisión interpersonal en tres países fuera de China. Uno de estos casos es grave, pero no ha habido víctimas mortales", agrega el acta, que no hace referencia concreta a Europa. En ese momento no había ningún caso localizado en España. El primero se detectó al día siguiente en La Gomera: un turista alemán que había tenido contacto con un contagiado.
"Las declaraciones de Fernando Simón implican un riesgo para toda la comunidad".
Está así, tal cual, escrito en el informe de la Guardia Civil. A quien ha sido la voz del Gobierno durante toda la pandemia le acusa el atestado policial de "hacer declaraciones que implican un riesgo para toda la comunidad". Así justifica el atestado semejante aseveración: "Ese mismo día [el 27 de febrero] el director del CCAES declaró en la cadena Ser que el coronavirus posiblemente había llegado a España en la segunda semana de febrero, 'el virus no ha llegado cuando llegan los casos, el virus ha llegado antes. La cuestión es saber cuánto tiempo antes". Sobre esa afirmación de Simón, que a día de hoy está asumida por toda la comunidad científica, escribe el informe de la Guardia Civil: "Nuevamente las declaraciones generan gran incertidumbre de la situación [sic] a fecha de las declaraciones y por ende del potencial peligro de las reuniones de masas ya que las propias declaraciones implican un riesgo para toda la comunidad" (sic).
La declaración manipulada del sindicalista de la CGT ante la Guardia Civil
El atestado policial que ya está en el juzgado dice en su folio 68 que "en las 20 comparecencias que se han tomado en calidad de testigos a los promotores, en todas las desconvocatorias se alude a la crisis sanitaria del COVID-19". Esa afirmación, que es una de las "dos cuestiones" a las que la investigación de los agentes da "gran importancia", es falsa. En una de esas declaraciones, ante los agentes que lo interrogaron en el cuartel de Tres Cantos (Madrid) el pasado 7 de mayo, el representante sindical deja claro que él mismo anuló la concentración por una cuestión operativa. "Se suspendió por considerar mejor otra fecha más próxima al juicio que se iba a celebrar por el despido a finales de marzo", respondió el Secretario General del Sindicato de Banca de Madrid de CGT, Antonio O’Connor. Así consta en el acta de la declaración firmada por el propio O’Connor y el agente que lo interrogó a principios de mes. El investigador le preguntó si la evolución del COVID-19 tuvo algún tipo de incidencia en las motivaciones de la suspensión de la reunión prevista. "MANIFIESTA que no", recoge el acta de esa declaración firmada por la fuerza instructora y el testigo.
Sin embargo, y pese a la insistencia durante el interrogatorio, esa conclusión no fue incluida en el cuerpo del informe que redactó la Guardia Civil. En lugar de las razones esgrimidas por el sindicalista, en la parte analítica del atestado se escribe lo siguiente: "La manifestación prevista fue cancelada por el convocante que envió el 6 de marzo de 2020 correo electrónico a la DG [Delegación del Gobierno] manifestando que "dada la situación y riesgos de contagio debido al coronavirus" [sic], decisión que habían tomado en el seno de su plataforma al observar la evolución del patógeno y sus riesgos que comportaba la enfermedad cuyas noticias ya conocía con anterioridad gracias a los medios de comunicación".
Tampoco el correo enviado por CGT a la Delegación del Gobierno hacía alusión en ningún caso al coronavirus sino que se limitaba a solicitar la cancelación de la concentración. Ese mismo párrafo incluye alusiones a la declaración de O’Connor -que dijo tener conciencia de lo que pasaba "en fechas próximas a finales de febrero por lo que escuchaba en prensa"- y posteriormente incluye una cuestión muy detallada que comentó en la declaración: "Cabe significar que el día 10 de marzo de 2020 [cuatro días después de que enviara la desconvocatoria] tras mantener conversaciones con un compañero del SUMMA, éste le indicó los graves riesgos que se avecinaban por el COVID-19". Los agentes incluyeron esta parte de la declaración pero no la referida a que cancelaba por motivos ajenos al coronavirus. Por ello el tramo del informe referido a O’Connor no puede atribuirse a una confusión con otro convocante, como trató de hacer ver El Confidencial, el primer medio que desveló aspectos del atestado y apuntó a la tesis de la Guardia Civil sobre la doble vara de medir de la Delegación del Gobierno con el congreso evangélico y el 8M sin tener en cuenta la parte mutilada de la instrucción del Ministerio de Sanidad que pedía restringir eventos multitudinarios, sí, pero con afluencia de los países donde ya se había extendido el virus.
El propio informe policial incluye un cuadro con la relación de manifestaciones entre el 5 y el 26 de marzo en la que atribuye a un "cambio de fecha" la desconvocatoria realizada por O’Connor, algo que, a pesar del largo interrogatorio, obvia el cuerpo central del informe.
En la fila inmediatamente posterior del cuadro consta otra movilización cancelada en la misma fecha que se atribuye a Mohammed Fazle Elahi. En este caso sí decidió anularla por "motivos sanitarios", tal y como declaró ante la Guardia Civil y ha confirmado a eldiario.es. "La manifestación prevista fue cancelada dado que el convocante envió un correo a DG el día 6 de marzo 2020 significando "la preocupación de la gente y los colectivos con los que interactúa y el miedo de los mismos al coronavirus", manifestando que ya el día 6 de marzo tanto él como lo colectivos que representa eran "conscientes de la grave situación sanitaria en la que se encontraba España y de lo arriesgado que resultaba llevar a cabo la concentración, existiendo una sensación de miedo patente en la calle, personas y colectivos que representa", recoge la redacción de la Guardia Civil de forma muy distinta a lo que expresa en el caso anterior el sindicalista Antonio O’Connor sobre la movilización suspendida en la entidad bancaria.
https://www.eldiario.es/politica/Errores-mentiras-Guardia-Civil-manifestacion_0_1032047760.htmlEL CESE DEL ‘NÚMERO TRES’ AUMENTA LA TENSIÓN EN LA GUARDIA CIVIL
La salida de Fernando Santafé se produce justo después del seísmo generado en la institución por el cese del coronel Pérez de los Cobos
El seísmo provocado por el cese fulminante del coronel Diego Pérez de los Cobos sigue generando réplicas. Tras la renuncia del número dos del cuerpo, el ya ex director adjunto operativo (DAO) Laurentino Ceña, ahora sale de su puesto al frente del Mando de Operaciones (MOP) el general Fernando Santafé, considerado el número tres del instituto armado. Fuentes del cuerpo aseguran que la razón es que “Santafé no está conforme con la propuesta del ministro Fernando Grande-Marlaska para nombrar nuevo DAO al general Pablo Salas, por considerar que no se ha respetado la norma no escrita de la antigüedad, y que le habría convertido a él en el primer candidato para ese puesto”. Posteriormente ha acordado su “cese pactado” con el ministro, según fuentes de Interior, que aseguran que la decisión de su salida estaba tomada “mucho antes” y que tenían prevista hacerla pública “el próximo 2 de junio”, junto al nombramiento del nuevo DAO. “La dimisión de Ceña, que iba a jubilarse en una semana, ha precipitado todo”, aseguran las mismas fuentes. Desde la dirección general de la Guardia Civil recuerdan que “no siempre se ha respetado ese principio tácito de antigüedad en los nombramientos”.
La concatenación de ceses, renuncias y movimientos ha generado una de las situaciones más críticas en la historia de la Guardia Civil y ha convertido al ministro del Interior en el foco de duras críticas por parte de la oposición, que ha pedido su dimisión. Marlaska justificó el cese de Pérez de los Cobos como un cambio “normal” en "la constitución de un nuevo equipo”, aunque se produce justo después de que se conociera un informe elaborado por una Unidad de la Policía Judicial de la comandancia de Madrid —que hasta ahora dirigía el coronel— sobre la autorización de actos multitudinarios, como la manifestación del 8-M, en los días previos a decretarse el estado de alarma por la covid-19. El documento fue enviado a la juez Carmen Rodríguez-Medel, que investiga por una presunta prevaricación al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la celebración de esas manifestaciones.
Fuentes de Interior incluyen el relevo de Santafé en el marco de ese nuevo plan: “El nuevo impulso que desde el Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad y la Dirección General de la Guardia Civil se le quiere dar a la Guardia Civil ante los retos de la seguridad del siglo XXI”, explican en una nota.
Su sustituto será Félix Bláquez, hasta ahora Autoridad Nacional de Coordinación de las actuaciones para hacer frente a la inmigración irregular en la zona del estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes. Al igual que Salas, hasta ahora general de división, tendrá que ser previamente ascendido a teniente general. Por su parte, Santafé “será propuesto para ocupar un nuevo destino en la Dirección del Centro Universitario de la Guardia Civil. Mientras se produce este nombramiento, el general Santafé estará encuadrado administrativamente en el Ministerio del Interior, en una plaza acorde a su categoría”, señala la nota de Interior.
En una Dirección General de la Guardia Civil incendiada por estos acontecimientos, se suceden las presiones internas para que dimita la directora general, María Gámez, que apenas lleva unos meses en el cargo que por primera vez ostenta una mujer, “por no defender al coronel Pérez de los Cobos”, señalan fuentes del instituto armado próximas a esa dirección general. Sin embargo, desde esa misma dirección general se asegura que la directora “no ha recibido, ni formal ni informalmente ninguna presión para abandonar su puesto” y que en la mañana de este miércoles “mantuvo una reunión telemática con los generales y participó en el minuto de silencio por las víctimas del coronavirus”.
En la Guardia Civil llueve sobre mojado. Las actuales tensiones vinieron precedidas, hace solo tres semanas, de roces entre la directora general y el generalato, según fuentes del instituto armado. Después de meses de permanecer congelados los ascensos a general, se dio luz verde al nombramiento de cinco nuevos generales: dos de división y tres de brigada. La elección corresponde al Gobierno, pero el Consejo General de la Guardia Civil, integrado por todos los generales en activo del cuerpo, debe informar los ascensos; es decir, debe presentar una clasificación de los candidatos por orden de preferencia tras evaluar su idoneidad profesional.
Esta lista se entrega a la directora de la Guardia Civil que, tras añadirle su propio informe, la eleva a la ministra de Defensa que, una vez que ha escuchado al ministro del Interior, presenta los ascensos al Consejo de Ministros.
Esa es la teoría, sin embargo, en este caso se comunicó a los generales que los ascensos ya estaban decididos antes de que presentaran su informe, lo que generó un fuerte malestar, según fuentes del instituto armado. Finalmente, los nombramientos se aprobaron en el Consejo de Ministros del 19 de mayo e incluyeron algún nombre que ni siquiera figuraba en las listas discutidas por el Consejo Superior de la Guardia Civil por pertenecer a promociones que se consideraban ya amortizadas, aunque cumplía todos los requisitos legales.
https://elpais.com/espana/2020-05-27/interior-acuerda-la-salida-del-numero-3-de-la-guardia-civil-y-nombra-al-general-felix-blazquez.htmlLA RAPIDEZ INUSITADA EN LA IMPUTACIÓN AL DELEGADO DEL GOBIERNO PESE AL PARÓN PROCESAL AGRANDA LA SOMBRA DE DUDA SOBRE EL CASO DEL 8-M
La Abogacía del Estado acusa a la magistrada de abrir una "causa general" contra el Gobierno por su gestión de la crisis del covid-19 "Si las actuaciones no son urgentes, como así lo declara la propia instructora, no se debieron abrir diligencias en una situación excepcional que dificulta en gran manera la defensa del denunciado" infoLibre ofrece este artículo sobre el coronavirus en abierto gracias al apoyo de sus socios. Aquí más información sobre cómo suscribirte o regalar una suscripción
La rapidez meteórica con que la juez Carmen Rodríguez-Medel aceptó la denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid por no prohibir las manifestaciones del 8 de marzo y las prisas en la práctica de diligencias pese al parón procesal han activado las alarmas de la Abogacía del Estado. Y, también, las de juristas temerosos de que lo que consideran una denuncia de armadura débil y cuyo principal refuerzo conocido es de momento un informe de la Guardia Civil plagado de errores, bulos y omisiones acabe convertido en un verdadero campo de minas para el delegado, José Manuel Franco, y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Encargada de la defensa de Franco, la Abogacía del Estado interpuso el 20 de abril un durísimo recurso contra el auto con que la magistrada decidió investigar a Franco tras una denuncia que llegó al juzgado de guardia el 19 de marzo, saltó ese mismo día al Decanato, que lo puso a lo largo de la jornada en manos de instrucción 39 y cuya titular, Rodríguez-Medel, tardó menos de tres jornadas en estudiarla y admitirla. A lo largo de 19 páginas cuyo contenido adelantó este martes elespanol.com y al que ha tenido acceso infoLibre, el recurso del servicio jurídico de la Administración pide la nulidad del auto de apertura de investigaciones. Y acusa a la magistrada de llevar a cabo una "causa general" contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus. "En su afán de encontrar indicios (...) solicita de la policía judicial que recabe información no solamente sobre la actuación del Delegado del Gobierno, sino de cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria".
La celeridad con que la jueza lleva actuando desde el 23 de marzo pese a que ella misma hizo constar en su auto que se trata de actuaciones judiciales "no urgentes" centra buena parte de las críticas del servicio jurídico de la Administración. "Si las actuaciones no son urgentes no se debieron abrir las diligencias en una situación excepcional que dificulta la defensa" de José Manuel Franco, aduce el servicio jurídico de la Administración.
La apertura de las investigaciones y la práctica diligencias no urgentes "supone una vulneración de las normas que resultan de aplicación duante la vigencia del estado de alarma", se lee en el recurso de la Abogacía. Y esa vulneración deriva en una "general indefensión" de José Manuel Franco, el denunciado. El escrito va firmado por Rosa María Seoane, quien sustituyó en el juicio del procés al ahora diputado de Ciudadadanos Edmundo Bal tras su destitución. ¿Significa la directísima referencia a la vulneración de normas el preámbulo de alguna actuación contra la magistrada? De momento, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado guardan absoluto silencio.
La Abogacía sostiene que la denuncia, interpuesta por un particular, carecía por completo de entidad para ser admitida y a la que el auto de admisión dio de inmediato fuelle. "Lo que no es indiciario –se lee en el recurso– sino manifiesto y notorio es que hasta el día 14 de marzo, día en que se aprobó la declaración de estado de alarma, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas, ya no en ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el derecho de reunión, sino con ningún objeto y finalidad".
Y llega más lejos el recurso al reprochar a la jueza su papel como avalista de la denuncia: "Ha sido la instructora la que, mediante el auto impugnado y a través de las diligencias en él acordadas, vulnerando la presunción de inocencia, ha iniciado el proceso penal sin que existan indicios de la tipicidad penal de los hechos denunciados, sino meras sospechas e hipótesis, deficiencia que se trata de suplir con las diligencias acordadas, que no buscan el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos sino averiguar si los mismos pueden ser típicos, buscando indicios de esa tipicidad, constituyendo así una auténtica investigación prospectiva vulnerando la presunción de inocencia del denunciado".
Pendiente de ser resuelto por la Audiencia de Madrid, el recurso llegó al juzgado de Rodríguez-Medel un mes antes que el controvertido informe al que se atribuye la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en Madrid por pérdida de confianza. El cese ha desencadenado una crisis de consecuencias todavía imprevisibles.
Que Rodríguez-Medel, hija y hermana de guardias civiles que han desarrollado buena parte de su carrera en Madrid, encargase el informe pericial a la comandancia madrileña del Instituto Armado y no a la UCO o, incluso, a la Policía Nacional ha suscitado dudas en ciertos juristas. Fuentes cercanas a la jueza sostienen que adoptó esa decisión porque la Guardia Civil le suscita gran confianza. La magistrada ejerció como asesora del Ministerio de Justicia durante la etapa de Rafael Catalá (PP).
Más allá de si la jueza tenía potestad plena o no para encargar el informe a la comandancia de la Guardia Civil de Madrid y no a la UCO o a la Policía, lo que ya resulta palmario son las inexactitudes y errores repartidos por sus 81 páginas: desde la atribución al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, de unas declaraciones falsas sobre el momento en que se confirmaron los casos de transmisión comunitaria a la fecha, también falsa, en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia. El informe señala que lo hizo el 30 de enero de 2020, cuando en realidad tuvo lugar casi mes y medio más tarde, el 11 de marzo, tres días después del 8M. Otro ejemplo: junto al informe se entregó en el juzgado un vídeo emitido en la web de la Cope sobre un bulo viralizado por PP y Vox durante aquellos días y que acusaba a las ministras presentes en la marcha del 8M de portar guantes para protegerse de contagios porque ya sabían que el covid-19 campaba a sus anchas. El vídeo obvia que imágenes de otros años muestran que asistentes a las manifestaciones del Día de la Mujer portaban ya guantes de color morado de forma simbólica.
Una citación para declarar al día siguiente de que el reloj vuelva a estar en marcha
Conocida por casos como el del máster de Pablo Casado o el de Cristina Cifuentes, la titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid ha citado a declarar a Franco como imputado para el día 5 de junio. Es decir, un día después de que termine el parón procesal que abrió un paréntesis tras la declaración del estado de alarma. Es la víspera cuando, a tenor de lo que señala el propio auto de la jueza, "los plazos para interponer el recurso empezarán a contarse". Pero aunque la investigación penal abierta se trate de diligencias "no urgentes" y a que los plazos para impugnar la imputación de Franco no arranquen hasta el ya referido 4 de junio, el delegado del Gobierno debe comparecer ante la jueza el día siguiente.
Su citación llega antes de que la jueza haya recibido respuesta a 10 requerimientos de información relevante que, según fuentes jurídicas, pueden determinar la solidez de los supuestos indicios de prevaricación que la denuncia atribuye al delegado. Una parte de los juristas sondeados ayer coinciden en que, dadas las peculiaridades del estado de alarma y las trabas reales que supone para la tramitación de causas, la jueza debería haber esperado a tener en su poder la información reclamada. Otros, en cambio, subrayaron que el instructor de una causa no viene obligado a posponer una declaración porque todavía no obre en su poder determinado material probatorio.
Entre los requerimientos cursados figura una larga lista de resoluciones o prohibiciones de manifestaciones así como datos sobre las que fueron desconvocadas por sus impulsores, una larga relación de documentos del Ministerio de Sanidad y distintas fechas sobre la publicación de medidas relativas al coronavirus.
Fuentes del TSJ madrileño aseguran que Rodríguez-Medel está actuando con rapidez de manera generalizada. Desde el 23 de marzo, han llegado a su mesa 101 denuncias. Y ha abierto diligencias respecto a 64. No hay aún datos sobre cuántas de esas denuncias afectan a casos donde haya habido detenidos y/o presos o en los se investiguen delitos violentos. No es posible por tanto determinar cuántas de ellas han sido calificadas como "urgentes" en aplicación del decreto que regula el estado de alarma.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/05/28/la_rapidez_inusitada_imputacion_delegado_del_gobierno_pese_paron_procesal_agranda_sombra_duda_sobre_caso_del_m_107175_1012.htmlLA JUEZ DEL 8-M REPROCHA A LA ABOGACÍA QUE HA ESTADO UN MES SIN RECOGER LA DOCUMENTACIÓN DEL CASO
La magistrada aplaza la declaración como imputado de Franco y lo cita el 10 de junio de forma presencial
La juez del caso 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, ya ha dejado el primer recado a la Abogacía del Estado. Tras presentar el órgano jurídico dependiente del Ejecutivo varios recursos contra la investigación —en uno, incluso, atribuyendo a la magistrada la apertura de una causa general contra las autoridades— y solicitar una prórroga para la toma de declaración al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y único imputado, José Manuel Franco, la magistrada ha dictado este miércoles un nuevo escrito donde muestra su “sorpresa” por la petición de ese aplazamiento. La instructora considera llamativo que la Abogacía diga que “necesita tiempo” para informarse y le reprocha que desde el 21 de abril se le notificó que podía pasar por el juzgado a recoger la documentación del caso. “No siendo hasta que se le ha ordenado por resolución que comparezca el 26 de mayo”, cuando lo ha hecho, prosigue Rodríguez-Medel, a quien también ha acusado la Abogacía de vulnerar el derecho de defensa del investigado.
En esta causa, abierta el pasado 23 de marzo tras la presentación de la denuncia de un particular, la magistrada investiga la celebración de manifestaciones en la Comunidad de Madrid durante la fase de expansión del coronavirus. Entre otras, la marcha feminista del 8-M. La magistrada quiere saber si se permitieron esas concentraciones cuando se contaba ya con “suficientes datos para prohibirlas legalmente por razones sanitarias”.
De momento, el único imputado es Franco, al que se le atribuye un delito de prevaricación. Rodríguez-Medel lo citó a declarar el próximo 5 de junio. Pero, tras la petición de aplazamiento por parte de la Abogacía, ha aceptado aplazarlo al 10 de junio. Eso sí, no podrá comparecer por videoconferencia. Una posibilidad que se le había ofrecido en un primer momento, pero que la juez ha preferido descartar finalmente tras haber tenido problemas con la conexión en otra investigación abierta en su juzgado.
El caso 8-M ha desatado una intensa batalla política entre el Gobierno y la oposición. Pero también ha elevado la tensión entre el Ejecutivo y la juez. El pasado domingo, el Ministerio del Interior cesó al coronel Diego Pérez de los Cobos por el informe remitido desde la Comandancia de Madrid —que él dirigía— a Rodríguez-Medel. En dicho documento, aunque contiene algunos errores y especulaciones, se afirma que no “se debería haber realizado” concentraciones desde el 5 de marzo y que las autoridades conocían los “riesgos”. La decisión de Fernando Grande-Marlaska abrió entonces dos frentes: la derecha ha cargado contra el Gobierno por considerar que cometió “injerencias” en la labor de la Guardia Civil y la magistrada envió un escrito al secretario de Estado de Seguridad para advertirle de que había dado órdenes expresas a los agentes de que solo le informaran a ella de sus averiguaciones.
Pero, antes de que estallase la pugna partidista, la Abogacía ya había contraatacado y envió un recurso a la Audiencia Provincial de Madrid contra las pesquisas. En ese duro escrito, el órgano jurídico del Gobierno arremete contra la juez, a la que acusa de abrir “una causa general contra las distintas autoridades y administraciones competentes”; vulnerar el derecho de defensa de Franco; saltarse el decreto de alarma; e iniciar una investigación “prospectiva” en busca de indicios de delito.
La próxima cita prevista ahora es el próximo 10 de junio, si no varía el calendario fijado. Franco comparecerá ese día como imputado ante la juez y, a continuación, le seguirán los tres testigos llamados también a declarar: el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el jefe de gabinete del delegado, Luis María Sanz; y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas.
https://elpais.com/espana/2020-05-28/la-juez-del-8-m-reprocha-a-la-abogacia-que-ha-estado-un-mes-sin-recoger-la-documentacion-del-caso.htmlLA COMUNIDAD DE MADRID NO ENVIÓ NINGUNA ALERTA SANITARIA A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO RELACIONADA CON EL 8M
Lo que el Gobierno de Ayuso califica como avisos son dos correos electrónicos enviados al filo de las 21 horas del 7M informando de que iban a cerrar centros de mayores y suspender prácticas de estudiantes de Medicina; la propia Guardia Civil dice que no hay constancia de avisos relacionados con el 8M
La Comunidad de Madrid no expresó a la Delegación del Gobierno su preocupación por la celebración de la manifestación del 8M ni sobre la posible incidencia que esas concentraciones pudieran tener en la expansión del coronavirus. No hubo avisos de ningún tipo, en contra de lo sugerido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que se limitó a informar de medidas a adoptar en centros de mayores y de Salud, pero sin referencia alguna a las marchas por el Día Internacional de la Mujer.
Es lo que consta en el informe que la Guardia Civil elaboró a instancia de la jueza Carmen Rodríguez-Medel, quien ha imputado por prevaricación al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Es el mismo atestado policial que incluye declaraciones que han negado testigos interrogados y que tiene como tesis que el Ejecutivo autorizó la marcha del 8M y trató de desconvocar otras por la puerta de atrás con criterios arbitrarios. En su batería de diligencias, la titular del juzgado número 51 de Madrid ordenó también a los agentes que se hicieran con las recomendaciones sanitarias emitidas o recibidas en la Consejería de Salud madrileña en el marco de la crisis del coronavirus.
Los agentes hacen constar en su informe que la Consejería no les ha remitido nada relacionado con posibles riesgos derivados de concentraciones masivas de personas en fechas próximas al 8M, así que "se entiende la inexistencia de los mismos". Los investigadores que redactaron el informe sí que hicieron una relación del resto de documentos relacionados con la COVID-19.
Entre ellos solo hay dos que se enviaron a la Delegación del Gobierno con sendas resoluciones. La primera era relativa a la suspensión de las prácticas de estudiantes en centros sanitarios de la Comunidad "por la emergencia de salud pública causada por el COVID-19". La segunda versaba sobre la suspensión de actividades en centros de mayores.
Ambas se emitieron el 6 de marzo y se enviaron a la Delegación del Gobierno al día siguiente para su conocimiento. El informe recoge la hora exacta: uno se envía a las 20.46 horas del 7 de marzo y el otro un minuto después.
Esas son las dos únicas comunicaciones sobre el coronavirus que la Consejería de Salud del Ejecutivo de Ayuso envió a la Delegación del Gobierno. Dos correos electrónicos que trasladaban decisiones tomadas por la Consejería, que no tenían relación alguna con las marchas del 8M, y que se enviaron al filo de las nueve de la noche del sábado 7 de marzo.
Los agentes incluyen otros documentos de la Comunidad de Madrid como su nota informativa de medidas preventivas del 5 de marzo, con el siguiente entrecomillado: "Se informa que la población en general debe continuar con su actividad normal, si bien recomienda que se eviten los lugares con aglomeración de personas, como eventos multitudinarios o medios de transporte".
Los agentes, como con otros documentos recogidos en el polémico informe, no incluyen la totalidad del texto. La nota de la Comunidad de Madrid dice textualmente que la población general "puede continuar con su actividad con toda normalidad" y ciñe las recomendaciones sobre las aglomeraciones a quienes hayan tenido contacto con casos detectados.
El Gobierno regional ha tratado de difundir la idea de que sí alertó a la Delegación del Gobierno del riesgo sanitario del coronavirus de cara al 8M. El pasado 22 de abril varios medios recogieron de fuentes del Ejecutivo de Ayuso que sí que habían alertado al Gobierno central el día previo a la manifestación, pero no se trató de ninguna alerta sanitaria: fueron dos correos enviados a última hora para trasladar dos decisiones desvinculadas del 8M.
La Delegación del Gobierno en un primer momento dijo a la jueza que no había recibido ninguna alerta sanitaria de la Comunidad de Madrid antes del 14 de marzo. Después admitió que sí que había recibido esas dos comunicaciones, aunque no se leyeron hasta el lunes 9 de marzo.
Ayuso no mostró preocupación por el 8M
El Gobierno regional, como el PP, ha cargado contra esa movilización por haber causado un aumento de los contagios. Lo cierto es que el Ejecutivo de Ayuso nunca se opuso, ni en público ni en privado, a esa manifestación ni expresó su preocupación por el hecho de que se fuera a producir una gran concentración de personas.
De hecho, Ayuso no acudió a la concentración porque dijo que no se sentía representada por el cariz político que tenía. Es más, el 9 de marzo dio una entrevista en Los Desayunos de TVE en los que insistió en esta idea, y justificó su ausencia por motivos que nada tenían que ver con la emergencia sanitaria.
Los Desayunos
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Díaz Ayuso: "Yo creo en la libertad de la mujer, que nada nos ponga freno y llegar tan lejos como nuestro mérito y capacidad nos lleve (...) Si me van a tachar de buena o mala mujer porque voy o no a una manifestación, empezamos mal" https://www.rtve.es/directo/la-1/ #DíazAyusoLosDesayunos
Video insertado
10:56 - 9 mar. 2020
La presidenta madrileña ha insistido este miércoles en que "parece que no era lo más oportuno celebrar" la manifestación del Día Internacional de la Mujer. Eso sí, no ha querido ir más allá porque el asunto se encuentra judicializado.
La jueza investiga si el delegado del Gobierno prevaricó al autorizar manifestaciones por el riesgo de contagio que existía. José Manuel Franco está imputado por ese delito y tendrá que declarar el próximo 5 de junio
https://www.eldiario.es/politica/Comunidad-Madrid-Delegacion-Gobierno-relacionada_0_1031697654.htmlLA MANIPULACIÓN SOBRE LA OMS QUE HIZO EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL
El informe de la Guardia Civil encargado por la justicia sobre la convocatoria del 8-M incluye referencias erróneas o manipuladas a organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud
El informe de la Guardia Civil encargado por la justicia sobre la convocatoria del 8-M incluye referencias erróneas o manipuladas a organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud. El informe del Instituto Armado asegura que la OMS declaró la pandemia el 30 de enero. Falso. Ese día, la OMS declaró la emergencia internacional de salud pública. La pandemia no la declaró hasta el 11 de marzo.
Además, la Guardia Civil sostiene que la OMS señalaba que Europa era el epicentro de la pandemia. El 30 de enero se habían detectado sólo cinco casos en Francia, cuatro en Alemania y uno en Finlandia. En China se contaban ya por miles, así que era imposible que Europa fuera el epicentro de la pandemia a finales de enero. Cuando se declaró la pandemia el 11 de marzo, Europa sí se convirtió en el epicentro, pero no el 30 de enero como sostiene el informe de la Guardia Civil. Confunde las fechas y eso invalida este relato que hace sobre la OMS.
Además, el informe de la Guardia Civil dice que la OMS ya recomendó el 29 de enero "el uso de mascarilla en el entorno comunitario, en la atención domiciliaria y en los centros de salud". Sin embargo, el informe omite que la OMS se refería a las "áreas afectadas", y España no estaba entre las áreas afectadas el 29 de enero. La Guardia Civil también omite que en esa guía que publicó el 29 de enero, la OMS no recomienda el uso de mascarillas para personas sanas porque "no hay evidencia de su utilidad para proteger a personas que no estén enfermas". Además, añade que "el uso de mascarillas cuando no son necesarias puede provocar una falsa sensación de seguridad" y llevar a los ciudadanos a abandonar "otras prácticas esenciales como la higiene de manos".
https://cadenaser.com/ser/2020/05/27/sociedad/1590576138_287644.htmlLA GUARDIA CIVIL MANIPULÓ LA DECLARACIÓN DE UN TESTIGO PARA INCULPAR AL GOBIERNO POR LA MANIFESTACIÓN DEL 8M
El acta de declaración del testigo ante el instituto armado, a la que ha tenido acceso eldiario.es, contradice la versión que se da en el informe de la Guardia Civil sobre la suspensión de esa movilización antes del 8M
La tesis del atestado para imputar al Delegado del Gobierno en Madrid es que el Ejecutivo autorizó la marcha del 8M y trató de desconvocar otras por la puerta de atrás con criterios arbitrarios
La Guardia Civil manipuló la declaración de un testigo en el marco de la investigación judicial contra el Gobierno por autorizar la celebración de la manifestación del Día Internacional de la Mujer. El informe elaborado por el instituto armado en calidad de policía judicial y que ha resultado clave para la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, atribuye a la COVID-19 la causa de la desconvocatoria que llevó a cabo el sindicato CGT de una concentración en Collado Villalba (Madrid) dos días antes del 8M, pese a que no es cierto.
La tesis que sostiene el atestado policial señala que el Gobierno permitió ciertas convocatorias como la marcha de las mujeres el 8 marzo mientras prohibía o trataba de impedir otras con criterios arbitrarios. Esa es la base de la investigación por prevaricación administrativa, que se sigue en el juzgado de instrucción número 51 de la capital contra el delegado del Gobierno.
El documento que tiene sobre la mesa la jueza Carmen Rodríguez Medel señala que la convocatoria de movilización de CGT para el 10 de marzo se canceló el 6 de marzo "dada la situación y riesgos de contagio debido al coronavirus", y atribuye al convocante ese entrecomillado. Sin embargo, la declaración que prestó el responsable del sindicato en la comandancia de la Guardia Civil dice algo radicalmente distinto.
"Se suspendió por considerar mejor otra fecha más próxima al juicio que se iba a celebrar por el despido a finales de marzo" fue la respuesta que dio el secretario general de CGT Banca Madrid al instructor de la Guardia Civil cuando le preguntó por "los motivos por los que la reunión" prevista para el 10 de marzo "no se celebró". Así consta en el acta de declaración, firmada por el agente y el testigo, que la Guardia Civil le entregó cuando acabó el interrogatorio, y a la que ha tenido acceso eldiario.es.
El sindicato había convocado una concentración en protesta por el despido de una compañera por parte de una entidad bancaria, pero decidieron suspenderla hasta que se acercara la fecha de la vista, el 30 de marzo.
Así figura también en la relación de "reuniones/manifestaciones tomadas en consideración por la DG [Delegación del Gobierno]" que recoge el propio informe policial. El cuadro atribuye a un "cambio de fecha" el motivo de la desconvocatoria por lo que choca con la conclusión extraída por el redactor del informe a partir de la declaración del promotor de la concentración.
A pesar de la contestación firme del sindicalista, el agente siguió con el interrogatorio, encaminado a lograr respuestas que apuntasen a que la causa de la no celebración de las protesta guardaba relación directa con el peligro del virus. El acta de declaración del testigo, en poder de eldiario.es, no dice ni mucho menos lo que luego refleja la Guardia Civil en el informe remitido al juzgado.
"Preguntado para que diga si la evolución del COVID-19 en España tuvo algún tipo de incidencia en las motivaciones de la suspensión prevista, manifiesta que no", describe con claridad el acta de la declaración celebrada en la comandancia de la Guardia Civil el pasado 7 de mayo a la que ha tenido acceso eldiario.es.
Pero el informe de 81 folios que la Guardia Civil envió posteriormente a la instructora de la investigación, Carmen Rodríguez-Medel, escribe: "La manifestación prevista para el 10 de marzo de 2020 es finalmente cancelada por problemas sanitarios por el convocante, Antonio O Connor Oliveros". Continúa el documento policial: “La manifestación prevista fue cancelada por el convocante que envió el 6 de marzo de 2020 correo electrónico a la DG [Delegación del Gobierno] manifestando que "dada la situación y riesgos de contagio debido al coronavirus” [sic], decisión que habían tomado en el seno de su plataforma al observar la evolución del patógeno y sus riesgos que comportaba la enfermedad cuyas noticias ya conocía con anterioridad gracias a los medios de comunicación".
El mail que manda CGT a la Delegación del Gobierno, que también obra en poder de esta redacción y se puede consultar más abajo, comunica la desconvocatoria de la concentración sin hacer ninguna referencia al virus. Se limita a notificar la decisión: "Buenos días. Solicitamos la cancelación de la concentración prevista el próximo 10/03/2020 en Collado Villalba con N/REF 345/2020. Adjuntamos la autorización recibida de la concentración citada. Por favor, confirmen la recepción de este email".
Durante el interrogatorio, que se llevó a cabo el pasado 7 de mayo en la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid), el agente se interesó en hasta seis ocasiones por cuestiones relacionadas con el coronavirus, como si la Delegación del Gobierno o cualquier otro organismo le habían hecho llegar "recomendaciones concretas" relacionadas con la enfermedad, si él en calidad de promotor de la protesta había realizado alguna indicación o la fecha en la que fue "consciente de la grave situación sanitaria que padecía España". A las primeras respondió que no y en la última aseguró que fue el 10 de marzo, cuando "un compañero del SUMMA -el servicio de urgencias médicas de la Comunidad de Madrid- le advirtió de que la situación era grave y que el escenario sanitario en España era muy malo y que, a partir de esa fecha, lo tuvieran en cuenta para su organización".
Esa conversación se refleja en el informe de la policía judicial, pese a haber tenido lugar con posterioridad a la decisión de cancelar la protesta sin haber sido comunicada a la Delegación del Gobierno preocupación alguna sobre la COVID-19, según admite el sindicalista.
La tesis que defiende el informe policial es que la Delegación del Gobierno trató de desconvocar algunas manifestaciones por la puerta de atrás a través de llamadas telefónicas advirtiendo de los riesgos para la salud, y sin que quedase constancia de esas supuestas presiones en los registros de la institución, mientras algunos ministros alentaban la participación en la marcha del 8M.
Otra de las preguntas del guardia civil al sindicalista fue si había recibido alguna comunicación por parte de la Delegación del Gobierno "algún tipo de llamada telefónica previa" o si "recibieron algún tipo de consigna por parte de la Delegación del Gobierno para que la cancelación se produjera desde la propia promotora, que fueran ellos los que enviaran los correos electrónicos informando la suspensión". El representante de CGT respondió que no a ambas cosas. Ya había dejado previamente claro que la desconvocatoria en este caso respondía a cuestiones operativas.
La manipulación de estas respuestas es relevante porque sobre las declaraciones de esos supuestos testigos se apoya el informe que la Guardia Civil ha remitido a la instructora de la causa y en cuyas conclusiones se cuestiona que fuera la Delegación del Gobierno la que contactara por teléfono a en torno una docena de convocantes de movilizaciones.
Esas llamadas se produjeron después del 8M, para las manifestaciones previstas en las siguientes fechas.
Para el capitán que firma el atestado policial, existió una voluntad de ocultamiento por parte del Gobierno que según su tesis, realizó propuestas de cancelación de movilizaciones por la crisis sanitaria, pero sin dejar rastro: "La inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes, así como el especial interés por parte de la Delegación del Gobierno en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la Delegación del Gobierno en que las mismas no figuren en un registro oficial; y por otro, el amplio conocimiento de la Delegación del Gobierno de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generados por el COVID-19 y su interés real de que no se celebraran", concluye.
Fue a partir del 10 de marzo cuando empezaron a suspenderse casi todas las convocatorias por motivos sanitarios. Solo un convocante decidió antes del 8M suspender una concentración por el temor al coronavirus. El 9 de marzo fue cuando la Comunidad de Madrid comunicó un incremento sustancial de los casos detectados. Mientras que el 8 de marzo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso registró 28 casos nuevos, un día después se detectaron 234 -un 835% más-.
La derecha lleva meses intentado vincular el incremento de muertes a la manifestación del Día de la Mujer Trabajadora, a pesar de que el periodo de incubación de la enfermedad es superior.
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LOS CONVOCANTES DE DIEZ MANIFESTACIONES DESMIENTEN QUE FUERAN PRESIONADOS PARA SUSPENDERLAS COMO DICE EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL
El informe presentado a la juez que investiga estos hechos sostiene que las autoridades instaron a los organizadores mediante llamadas a desconvocarlas
El informe de la Guardia Civil enviado al Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, que investiga la celebración de manifestaciones en la Comunidad de Madrid durante la fase de expansión del coronavirus, concluye que 12 marchas convocadas para los días posteriores al 8-M se suspendieron “instadas por la Delegación del Gobierno mediante llamada telefónica”. El texto del instituto armado trató de este modo de argumentar que mientras el Gobierno alentaba la convocatoria feminista, intentaba suspender otras protestas al ser consciente, según el informe, del riesgo sanitario. Los promotores de estas otras manifestaciones, sin embargo, rechazan haber recibido presiones y, en la mayoría de los casos, aseguran que desconvocaron la protesta motu proprio antes de que la Delegación del Gobierno les llamara. Algunos de ellos fueron citados a declarar ante la Guardia Civil.
El informe de la Guardia Civil analiza 177 manifestaciones que estaban convocadas en Madrid para las tres primeras semanas de marzo, las de mayor expansión de la covid-19. Según el documento, se llegaron a celebrar 130 (incluida la del 8-M), mientras que 35 se desconvocaron, ocho no se celebraron y de cuatro no constan datos. Los investigadores ponen el foco en las 35 suspendidas y, especialmente, en 12 de ellas en las que, según los agentes, constan llamadas de técnicos de la Delegación del Gobierno para “instar” a cancelar la convocatoria. “La inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes remitidos por la Delegación del Gobierno, así como el especial interés por parte de la delegación en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la delegación en que las mismas no figuren en ningún registro oficial; y, por otro, el amplio conocimiento de la delegación de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generados por la covid-19 y su interés real de que no se celebraran", acusa el informe.
El texto recoge caso por caso las manifestaciones suspendidas y, en varios de ellos, concluye que la llamada de la Delegación del Gobierno fue “fundamental” para la cancelación de la convocatoria. EL PAÍS ha contactado con los promotores de 10 de estas marchas. En nueve de los casos corroboran haber recibido la llamada de la Delegación, pero aseguran que en esa conversación no se les instó a suspender el acto. Uno de ellos asegura que ni siquiera recibió esa llamada. Los organizadores de las otras dos convocatorias no han podido ser localizados.
Una de las convocantes que fue citada a declarar ante la Guardia Civil es Teresa Rodríguez Celador de Alternativa Sindical de Trabajadores (AST). Tenían previstas manifestaciones los días 13 y 20 de marzo y el informe de la Guarda Civil recoge que fueron canceladas por la convocante “por razones sanitarias” el día 12. “A este respecto cabe destacar como con carácter previo a la mencionada cancelación se produjo una llamada telefónica a la convocante por parte de un funcionario de la delegación cuyo nombre pudiera ser José Luis para preguntar si finalmente se iban a celebrar, no llegando a efectuar ninguna recomendación al respecto sobre su suspensión”. Rodríguez Celador, en conversación con EL PAÍS, señala que cuando le llamaron de la delegación ellos ya habían tomado la decisión de desconvocarlas. “A nosotros desde luego no se nos obligó. Ya lo habíamos decidido y cuando nos llamaron para preguntar si seguían adelante las manifestaciones les dijimos que no, que las habíamos desconvocado, y ahí acabó la conversación”, señala la mujer, que recuerda la extrañeza que le causó la llamada de la Guardia Civil pidiéndole que acudiera a declarar. “Les dije que no me podían citar así por teléfono, llamándome desde un número particular. Me resultó tan extraño que llamé a la Policía por si me habían engañado”, cuenta. Al día siguiente, recibió una citación oficial en el sindicato y otra en su casa.
También rechaza haber recibido presiones Diana Chnaiker, presidenta de una asociación que acusa a la Comunidad de Madrid de discriminarles al otorgar ayudas para vivienda. Habían convocado concentraciones para los días 5, 12 y 19 de marzo, pero solo se celebró la primera de ellas. En su declaración ante la Guarda Civil, Chnaiker explicó que la del 12 no se celebró porque tenían previsto hacerla ante la Asamblea de Madrid pero esta desconvocó el pleno, por lo que ellos cancelaron la protesta. “A mí no me presionó nadie. Cancelamos el acto por nuestra cuenta porque creíamos que era ridículo manifestarse delante de un edificio vacío”, afirma la mujer.
Chnaiker sí recibió una llamada el martes 17, ya durante el estado de alarma, en la que un funcionario de la Delegación del Gobierno le insistió en que debía enviar un correo suspendiendo su protesta para el jueves 19. “Necesitas notificarlo por correo electrónico”, le dijo ese funcionario. Chanaiker admite que la llamada la dejó confundida porque daba por hecho que, tras decretarse el estado de alarma, no se podía celebrar la concentración. “Lo vi absurdo porque si estás confinado no puedes salir de casa”, explica la activista que, con todo, hizo lo que le pidieron y notificó la suspensión. El informe de los investigadores sostiene, sin embargo, que “el motivo de la cancelación” de la protesta del día 19 fue esa llamada recibida dos días antes.
El documento recoge también el caso de Claudiu Traian Covaciu, de la organización Solimundo, que había convocado dos manifestaciones, el 14 y el 15 de marzo. La primera se celebró en Arganda del Rey (Madrid) con “unas 12 personas”, explica Traian. La del 15, que iba a ser frente a la Embajada de Rumanía, ya en pleno estado de alarma, fue desconvocada. “Me llamaron de la Delegación de Gobierno para preguntarme si iba a seguir con la manifestación y les dije que no, entonces ellos ya aseguraron que con el problema del coronavirus era mejor suspenderla”. El informe de la Guardia Civil señala: “Las motivaciones para llevar a cabo la mencionada cancelación se relacionan con la llamada telefónica dimanante de la Delegación de Gobierno (...) en la cual una mujer que se identifica como funcionaria de la DG le “interroga sobre si va a celebrar la manifestación prevista a pesar de la situación existente con el coronavirus”, siendo la respuesta del convocante negativa”.
Jesús Manrique Gómez había solicitado a la Delegación de Gobierno la celebración de una manifestación el 14 de marzo en nombre de los 400 inquilinos afectados por la venta de 14 bloques de viviendas propiedad de Fusara, una fundación tutelada por la Iglesia. Tres o cuatro días antes de la fecha, Manrique recibió una llamada de la Delegación de Gobierno. “El hombre lo dejó claro, que no llamaba para que canceláramos, solo para ver qué íbamos a hacer”, explica Manrique. “Así se lo dije a la Guardia Civil, que en ningún caso me llamaron para obligarnos a cancelar, sino para saber únicamente cuál era nuestra idea”. La decisión ya estaba tomada, los propios convocantes habían decidido suspenderla días antes. Manrique compareció ante la guardia civil el 7 de mayo en la comandancia de Tres Cantos. El informe recoge que la manifestación fue cancelada por el convocante e insinúa, como en otros casos, que la Delegación del Gobierno ha ocultado deliberadamente la llamada: no consta, señala el texto, “ningún tipo de referencia a la llamada telefónica efectuada”.
Pedro Gallego, representante en Alcorcón de una organización de pensionistas en Madrid, se concentró el 9 de marzo en la Puerta del Sol con sus compañeros como cada lunes. Dos días después tenían previsto reunirse fuera de las Cortes, como hacen el segundo miércoles de cada mes. Pero no llegaron a hacerlo. Un día antes, ya habían decidido cancelar esta concentración por la situación sanitaria. Horas más tarde, los pensionistas decidieron desconvocar otras dos: el 15 y el 16 de marzo. Este relato de los hechos, que cuenta Gallego al otro lado del teléfono, contrasta con los que aparecen en el informe de la Guardia Civil.
Según el documento, el jueves 12 Gallego recibió una llamada de la Delegación del Gobierno para desconvocar las movilizaciones. Algo que, recuerda, “ya se había hecho”. “Pero faltaba enviar la notificación”, explica. La Guardia Civil asegura que una mujer le pidió reiteradamente que tenía que ser él quien notificase la cancelación. Gallego cuenta, sin embargo, que al recibir la llamada, fue tratado amablemente y que la conversación fue mucho más informal: “Me explicó que se iba a declarar el estado de alarma. No la dejé terminar porque le dije que ya estaban desconvocadas las concentraciones”.
Cuando Gallego colgó el teléfono, contactó con Francisco Domingo de la Concepción, coordinador de la plataforma de pensionistas en San Sebastián de los Reyes, para avisarlo de la situación. Según reza en el informe, De la Concepción desconvocó una concentración para el día 16 tras haber charlado con su compañero, pero nunca llegó a recibir una llamada de la delegación. El pensionista confirma al teléfono : “Me dijo que teníamos que paralizar las movilizaciones hasta nuevo aviso”. El relato recogido en el informe de los investigadores coincide con el que hace De la Concepción a EL PAÍS. Pero pese a todo, el texto incluye esta concentración como una de las 12 desconvocadas “a instancias” del Gobierno.
También recibió una llamada de la Delegación Moisés Fernández, delegado sindical de CGT en el Corredor del Henares. Fue el “martes o el miércoles” posterior al 8-M y le “invitó a cancelar” dos pequeñas concentraciones para la tarde del viernes 13, una de empleados de Amazon frente a su sede en San Fernando de Henares, y otra en Alcalá de Henares, de trabajadores de una fundación municipal cerrada por el Ayuntamiento. Fernández opina que si hubo alguna negligencia de la Delegación del Gobierno no fue por doble rasero, sino más bien por su permisividad, algo que le sorprendió. “Nunca me dijeron no puedes hacerlo”, valora. “Quizás deberían habernos dado orden de cancelación. No teníamos ningún caso de trabajadores enfermos aún pero la gente ya empezaba a estar nerviosa”. Tras la llamada, Fernández envió un correo para informar de que habían decidido suspender las dos concentraciones.
https://elpais.com/espana/2020-05-26/los-convocantes-de-diez-manifestaciones-desmienten-que-fueran-presionados-para-suspenderlas-como-dice-por-el-informe-de-la-guardia-civil.html?prm=enviar_emailEL FORENSE ESTUDIA EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL PARA EMITIR SU DICTAMEN SOBRE EL CONTAGIO EN EL 8-M
El médico forense descartó una "relación de causalidad" entre la marcha y el COVID-19
El médico forense presentó a mediados de mayo un avance de su informe en el que descartó "relación de causalidad" directa entre acudir a una manifestación y contagiarse, aunque señaló como "cierto y seguro que de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad". Ahora, el médico completará y ampliara sus conclusiones "si lo considera preciso" cuando estudie la documentación que la Guardia Civil ha aportado a la juez.
El médico forense adscrito al Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, envió un avance de su informe a la magistrada en el que asegura que es "cierto y seguro que de haberse evitado esas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad" aunque descartó una "relación de causalidad" directa entre acudir a una concentración multitudinaria, como la marcha por el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, y los contagios por coronavirus.
Riesgo
La juez le preguntó si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas y, en caso positivo: Si tal circunstancia era científicamente notoria con carácter previo a su celebración o, en su caso, cuando devino notorio.
Respecto a la cuestión concreta, el forense contesta:
Las manifestaciones de personas comportan un afinamiento de las mismas en espacios, sean al aire libre o en espacios cerrados.
En dichas concentraciones de personas el riego de transmitir una enfermedad como el COVID-19, debido precisamente a la cercanía de las personas y a que el virus de dicha enfermedad se transmite por vía aérea, es elevado.
No es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones celebradas dichos días y que haya resultado infectada por el virus de COVID-19 lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimiento público, etc.
Lo que sí es cierto y seguro es que de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad y de igual modo de haberse advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio para que los ciudadanos adoptaran las medidas higiénicas necesarias para su protección en relación a la gravedad de la enfermedad.
Advertencias internacionales
El forense se dirige a la magistrada, en primer lugar, haciendo un repaso del tipo de comunicaciones, mensajes y previsiones que se emiten desde organismos internacionales en situaciones de pandemia.
"Sabido es", dice el forense, "que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el ECDC (Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades) habían advertido, antes de las referidas manifestaciones, sobre el riesgo para la salud de las personas que comportaba el coronavirus produciendo la enfermedad del COVID-19 cuyos efectos obligaron Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005) ha declarar el actual brote de nuevo coronavirus como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internaciona l (ESPll) en su reunión del 30 de enero de 2020.
El forense precisa también que "dichos organismos comunican en tiempo y forma a los estados miembros, entre los que se encuentra España, de la evolución de la enfermedad y de las medidas que los estados deben adoptar en prevención del riesgo o propagación de la enfermedad" . "Se sabía que el COVID-19 era y es una enfermedad que experimentó una muy rápida propagación en países del sudeste asiático y también en la cercana Italia. También se sabía que dicha enfermedad se propaga por vía aérea".
El médico adscrito al juzgado señala también que "entre las medidas recomendadas por los organismos de salud internacionales ya referidos se encuentran y destaca la implementación de distanciamiento social (por ejemplo, la suspensión de reuniones a gran escala y el cierre de escuelas y lugares de trabajo) para interrumpir la cadenas de transmisión (recomendación de la ECDC en su quinta actualización, del 2 de marzo de 2020). En ese avance de informe, el forense se comprometió a ampliar su contenido "cuando se aporte a autos la documentación que la Guardia Civil está recabando".
Archivo del delito de lesiones
Tras recibir el avance del informe forense, la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, acordó retirar el delito de lesiones imprudentes por el que se investigaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y continuar el procedimiento penal por un delito de prevaricación ( dictar una resolución injusta a sabiendas). Inicialmente la instructora investigaba dos delitos tras la convocatoria multitudinaria: lesiones imprudentes y prevaricación administrativa.
https://cadenaser.com/ser/2020/05/28/tribunales/1590651906_825011.html
EL FORENSE DE LA INVESTIGACIÓN CONTRA JOSÉ MANUEL FRANCO POR EL 8-M PARTICIPÓ EN CONFERENCIAS DE LOS LEGIONARIOS DE CRISTO JUNTO AL OBISPO DE ALCALÁ
Su hermana, Elena Lorenzo Rego, es la terapeuta que fue multada por sus cursos para curar la homosexualidad
Julio Lorenzo Rego, el médico que firma el informe forense en la instrucción abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la celebración de la manifestación del Día Internacional de la Mujer el 8-M, ha participado en diversas conferencias promovidas por los Legionarios de Cristo.
Según ha podido saber ElPlural.com, Lorenzo Rego sostiene en su informe, a expensas de conocer otras “diligencias de la Guardia Civil”, que de no haberse celebrado el 8-M “se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad” del coronavirus.
De este modo, el informe de Lorenzo Rego -que se autodefine a sí mismo como un médico que “por vocación" se ha acercado “al sufrimiento humano”-, se convierte en pieza clave en la investigación liderada por Carmen Rodríguez-Medel. Según la propia Abogacía del Estado, la jueza estaría “convirtiendo" la instrucción en "una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria”. Tanto es así que el órgano dependiente del Ejecutivo ha solicitado la nulidad del proceso por una supuesta vulneración del derecho del delegado del Gobierno a una instrucción con todas las garantías.
Ponente de conferencias de los Legionarios de Cristo
Según ha constatado ElPlural.com, Lorenzo Rego ha participado en varias conferencias organizadas por los Legionarios de Cristo y su movimiento seglar Regnum Christi. Esta Orden ultracatólica fue fundada por el cura Marcial Maciel, condenado por pederastia, fraude, extorsión, abusos sexuales y ser padre de tres hijos con dos mujeres.
La primera de estas conferencias (“Simposio de Psicólogos Católicos 22º, 2006: Globalidad y familia) estuvo clausurada por el obispo homófobo Juan Antonio Reig Pla, quien ofrece consejos a las mujeres “para ser vírgenes por segunda vez” y “purificarse antes del matrimonio”.
En su conferencia, Lorenzo Rego afirmó que todos somos un mero “instrumento” de Dios. En su opinión, aunque solo Dios tiene "la potestad del perdón absoluto", si perdonamos nos abrimos a su “amor”, que a su vez es “fuente de nuestro propio amor hacia Él siendo esta, y no otra, la llave de la felicidad”.
“Al perdonar nuestro corazón se dilata, se esponja y de esta forma se hace permeable al amor misericordioso de Dios. Él respeta tanto nuestra libertad que condiciona su acción a nuestra determinación. Dios nos perdona si nosotros queremos, si se lo pedimos, si nos arrepentimos y si perdonamos al prójimo. Si no se dan estos requisitos Dios no puede perdonarnos. No en vano en el Padrenuestro que Cristo nos enseñó imploramos, “perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”; entendiéndose perfectamente que anteponemos el perdón al prójimo como condición para recibir el perdón personal”, expuso el forense en una conferencia que reproducimos íntegramente a continuación.
Más recientemente, el 16 de febrero de 2016, tal y como informa la propia página web de Regnum Christi, Lorenzo Rego intervino en el colegio Everest School Monteclaro de los Legionarios de Cristo para exponer el reto de la felicidad. El forense reflexionó sobre “las imperfecciones, renuncias y debilidades de la propia naturaleza, con la mirada puesta en Dios, que es el Autor de la vida y de la historia”.
“En Él (en referencia a Dios) centramos nuestras aspiraciones y deseos, porque es el Amor pleno y la clave de la santidad-felicidad que tanto deseamos”, subrayó.
Su hermano profesor y su hermana ‘cura’ gays
Se da la circunstancia de que Julio Lorenzo Rego es hermano de Fernando Lorenzo Rego (profesor de Ética del Comportamiento Humano en la Universidad Católica Universidad Francisco de Vitoria) y de Elena Lorenzo, la terapeuta que fue multada con 20.001 euros por la Comunidad de Madrid por sus cursos para curar la homosexualidad.
Tal y como adelantó en exclusiva este miércoles ElPlural.com, Elena Lorenzo ha aprovechado el confinamiento en el coronavirus para volver a ofrecer sus servicios homófobos. Ahora dice curar la homosexualidad on-line.
Según Lorenzo, el curso está dirigido “a personas con atracción al mismo sexo, a sus familiares, así como a educadores, sacerdotes, religiosos, consagrados, pastores y terapuetas” y consta de 28 vídeos y un material complementario en formado pdf.
“Quiero que conozcas las causas que provocan la homosexualidad y cómo encauzar un proceso de acompañamiento, basado en el respeto y la libertad, que debe tratar a la persona de forma integral y no solo sobre su orientación sexual”, afirma ni corta ni perezosa Lorenzo en su carta de presentación. Un “coaching de identidad” –rehúye de usar el término terapia- que, afirma la coach, en un principio costaba 245 euros, pero, debido al confinamiento, se ha reducido hasta los 98 euros.
https://www.elplural.com/politica/espana/forense-investigacion-jose-manuel-franco-8-m-participo-conferencias-legionarios-cristo-obispo-alcala_240762102EL INFORME DEL MÉDICO FORENSE SOBRE EL 8M TAMBIÉN ESTÁ PLAGADO DE BULOS, OMISIONES E INEXACTITUDES
Recoge declaraciones de la OMS sin explicar los detalles de los escenarios y 'fake news' como que el Covid-19 se transmite por el aire
El informe forense del médico Julio Lorenzo Rego realizado en el marco de la causa abierta contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer el pasado 8M, contiene una ingente cantidad de inexactitudes, omisiones e incluso datos falsos.
Rego, quien ha participado en diversas conferencias promovidas por los Legionarios de Cristo tal y como ha desvelado en exclusiva ElPlural.com, ha rubricado un informe forense manifiestamente mejorable.
El informe, al que ha tenido acceso este periódico, es un documento cuyo fin es analizar si “las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas” y “si tal circunstancia era científicamente notoria con carácter previo a su celebración”.
El médico forense asevera que, a expensas del ya polémico informe de la Guardia Civil, su conclusión es que “sí hay datos que evidencien que tal daño para la vida o integridad de las personas se materializó”. Aunque los motivos expuestos, como veremos, no avalan tal afirmación
En primer lugar, considera una prueba de las consecuencias nocivas para la salud de las personas el hecho de que “hubo personalidades relevantes que acudieron a alguna de dichas manifestaciones y que han resultado contagiadas por el virus Covid-19”. No obstante, a continuación, el propio médico forense reconoce que “no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones celebradas dichos días y que haya resultado infectada por el virus lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar”, como por ejemplo, el transporte público.
En este punto, además, señala como argumento el “punto de vista de la probabilidad estadística”. Surge, por tanto, la siguiente pregunta: ¿Y las personas que fueron y no se contagiaron?
"El Comité no recomienda imponer ninguna restricción a los viajes o el comercio”
El documento también hace referencia a que el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional declaró el brote de coronavirus como “una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII)” en su reunión del día 30 de enero. Lo que no explica es qué consecuencias derivan de dicha proclama.
Tal y como se puede consultar en la web de la Organización Mundial de la Salud, el grueso de las recomendaciones se limita a China. Al resto de países les conminó a “poner en marcha medidas para garantizar el desarrollo rápido de vacunas, medios diagnósticos, medicamentos antivíricos” y otros tratamientos; así como “estar preparados para adoptar “medidas de contención, como la vigilancia activa, la detección temprana, el aislamiento y el manejo de los casos, el seguimiento de contactos y la prevención de la propagación”.
De hecho, en el acta de la reunión se recoge explícitamente que “el Comité no recomienda imponer ninguna restricción a los viajes o el comercio”.
El informe de Rego llega a recoger bulos como que “se sabía que dicha enfermedad se propaga por vía aérea”. La OMS ha negado en varias ocasiones este extremo, explicando que el nuevo coronavirus no se transmite por el aire, sino por el contacto de gotas respiratorias de pacientes afectados por la enfermedad. Para que se lleve a cabo la transmisión ambas personas tienen que estar a una distancia de un metro y, el infectado, tiene que toser o estornudar. También puede darse el contagio si se toca una superficie y, acto seguido, una persona sana hace lo propio; pero no por el aire.
Por último, el informe concluye que “de haber evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad y de igual modo haberse advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio para que los ciudadanos adoptaran medidas higiénicas necesarias para su protección en relación a la gravedad de la enfermedad”. Cabe preguntarte, a este respecto, si a día 8 de marzo la población aún desconocía la existencia del virus, pues los medios de comunicación hacía semanas que publicaban noticias sobre el Covid-19.
https://www.elplural.com/politica/informe-medico-forense-8m-plagado-bulos-omisiones-inexactitudes_240776102EL FORENSE DICE A LA JUEZ QUE EL 8-M CONTRIBUYÓ A "DIFUNDIR" EL COVID PERO VE "IMPOSIBLE" DETERMINAR LA CAUSA DE LOS CONTAGIOS
El médico forense adscrito al Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, donde se investiga el posible alcance penal de las manifestaciones del 8-M, ha determinado que es "cierto y seguro que de haberse evitado esas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad".
En el informe, adelantado por El Español y al que ha tenido acceso EL MUNDO, el médico también sostiene que las autoridades debieron "haber advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio para que los ciudadanos adoptaran las medidas higiénicas para su protección en relación a la gravedad de la enfermedad". Sin embargo, el facultativo destaca que "no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones -la juez le preguntó sobre las celebradas entre el 5 y 14 de mayo- y haya resultado infectada por el virus Covid-19 lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimiento público, etc".
Tras recibir el avance del informe forense, la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, dictó una providencia donde acordó continuar el procedimiento penal abierto por la autorización de la manifestación del 8-M exclusivamente por un delito de prevaricación al no haber podido determinar inicialmente el facultativo una "causalidad" entre acudir a las concentraciones y contagiarse por el coronavirus. Inicialmente la instructora investigaba dos delitos tras la convocatoria multitudinaria: lesiones imprudentes y prevaricación administrativa.
Transmisión de la enfermedad
En concreto, la instructora preguntó al médico el pasado 23 de marzo si "hay datos que evidencien que tal daño en la vida o integridad de las personas se materializó" por acudir a aquellas manifestaciones masivas. La respuesta del forense fue que "el riesgo de transmitir una enfermedad como Covid-19, debido precisamente a la cercanía de las personas y a que el virus de dicha enfermedad se transmite por vía aérea, es elevado en dichas concentraciones de personas".
En el informe, el médico subraya que era "sabido" que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades "habían advertido sobre el riesgo para la salud de las personas que comportaba el coronavirus". Además, recuerda que el 30 de enero se celebró una reunión por parte Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional donde se declaró el "nuevo coronavirus como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII).
El delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, es el único investigado por el momento en este procedimiento penal. La Abogacía del Estado, en representación del Ejecutivo, ha pedido el archivo del procedimiento en un recurso de apelación presentado el pasado 20 de abril contra el auto en el que Rodríguez Medel acordaba la apertura de diligencias previas.
https://www.elmundo.es/espana/2020/05/19/5ec274f7fc6c83d0728b4630.htmlOTRA TESTIGO NIEGA LAS INJERENCIAS DEL GOBIERNO QUE RECOGE EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL PARA CANCELAR MANIFESTACIONES: "NO ME PRESIONÓ NADIE"
Diana Chnaiker, de APASAA, niega que la Delegación del Gobierno le presionara para cancelar la protesta que había convocado porque daba por hecho que no se iba a celebrar: "Cuando se convoca el estado de alarma, se prohiben las agrupaciones, y comienza el confinamiento" La Guardia Civil manipuló la declaración de un testigo para inculpar al Gobierno por la manifestación del 8M
El informe que la Guardia Civil ha entregado a la jueza que investiga la autorización para la movilización del 8M sostiene que la Delegación del Gobierno presionó a algunos convocantes de manifestaciones para que anularan sus convocatorias. La protagonista de uno de esos testimonios que sirven para apuntalar la imputación del delegado del Gobierno José Manuel Franco niega la versión del informe
"A mí nadie me presionó en ningún momento. Es de sentido común que si no se puede salir y no están permitidas las agrupaciones, esto no se podía llevar a cabo" dice Diana Chnaiker, que pidió autorización a la Delegación del Gobierno para tres movilizaciones de la Asociación de Personas Aptas sin Ayudas de Alquiler (APASAA). La idea era protestar en la calle los días 5, 12 y 19 de marzo, coincidiendo con los plenos celebrados en la Asamblea de Madrid.
La manifestación del día 5 se celebró sin problema, pero para la del 12 "ya estaba muy presente el COVID en los medios, y los colegios iban a ser cerrados", dice Chnaiker en conversación con eldiario.es. Ese día habló con una de las diputadas que apoyan su causa y le dijo que se había cancelado el pleno, así que anularon la concentración.
Quedaba entonces pendiente la del día 19 de marzo, cinco días después de que Pedro Sánchez anunciase que entraba en vigor el estado de alarma. "Cuando se convoca el estado de alarma, se prohiben las agrupaciones, y comienza el confinamiento", explica. Añade que por esa circunstancia y por el hecho de que no había pleno no pensaban acudir a la protesta.
Relata que el día 17 de marzo recibe una llamada de la Delegación del Gobierno en la que le informan sobre las limitaciones del estado de alarma. Ella contesta que está al tanto de la situación y que por ello no pensaba celebrar la protesta. Desde la Delegación le indican que si eso mismo podía ponerlo en un mail y enviárselo. "Yo le dije que me parecía ridículo si ya estaba hablando con la Delegación, y me indicaron que era para que quedase constancia de la cancelación", añade.
Escribió el email: "Según conversación telefónica, procedo a remitir escrito de la cancelación de la concentración que se llevará frente a la Asamblea de Madrid el próximo 19 de marzo, por estar convocado el Estado de Alarma, por esta situación con el coronavirus".
El 5 de mayo contacta con ella la Guardia Civil, que ya ha iniciado la investigación por orden del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. Chnaiker acudió a la comandancia del instituto armado y prestó declaración. Allí cuenta todo esto, pero en ningún momento relata presiones por parte de la Delegación del Gobierno. Insiste en que el contenido de la conversación no se parece a lo reflejado en el informe. "A mí nadie me presionó en ningún momento. Es de sentido común que si no se puede salir y no están permitidas las agrupaciones, esto no se podía llevar a cabo", insiste.
La tesis que defiende el informe policial es que la Delegación del Gobierno trató de desconvocar algunas manifestaciones por la puerta de atrás a través de llamadas telefónicas advirtiendo de los riesgos para la salud, y sin que quedase constancia de esas supuestas presiones en los registros de la institución, mientras algunos ministros alentaban la participación en la marcha del 8M.
Tras recibir ese informe, la jueza Carmen Rodríguez Medel citó como imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, acusado de un delito de prevaricación.
https://www.eldiario.es/politica/injerencias-Gobierno-Guardia-Civil-manifestaciones_0_1031348045.html
EL POLÉMICO INFORME DE LA GUARDIA CIVIL SUGIERE A LA JUEZ RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO EN CONTAGIOS POR EL 8-M
El instituto armado concluye que “a partir del 5 de marzo no se debería haber realizado ningún acto”
El informe presentado por la Guardia Civil ante la juez que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por el 8-M ha levantado una gran polvareda y ha supuesto el cese del jefe de la comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, y la dimisión del director adjunto operativo o número dos del cuerpo, Laurentino Ceña. El documento señala directamente al Ejecutivo por no impedir una serie de manifestaciones en marzo a sabiendas del riesgo de contagio, un informe que se entregó a la juez sin pasar por las manos de Fernando Grande-Marlaska.
El ministro del Interior pretende desvincular estas dimisiones a la investigación abierta por el juzgado de instrucción número 51 de Madrid, aunque desde las asociaciones judiciales han advertido que la policía judicial responde únicamente ante el juez y no pueden ser removidos por sus superiores en el tiempo que dura la investigación.
La Guardia Civil entregó a la juez Carmen Rodríguez-Medel, en el marco de las diligencias abiertas por esta contra Franco, un informe en el que sostiene que el “Gobierno era consciente de la situación real de la pandemia” y, a pesar de ello, permitió una serie de manifestaciones entre los días 5 y 14 de marzo, cuando se declara el estado de alarma.
El documento ha sido criticado por sectores próximos al Gobierno al considerar que el objetivo es dañar la imagen del Ejecutivo de Pedro Sánchez y utilizarlo para que se actúe penalmente contra sus miembros en el Tribunal Supremo.
Responde a la juez
La instructora ordenó al instituto armado que analizara si las manifestaciones permitidas en Madrid hasta el 14 de marzo supusieron un riesgo para la ciudadanía ante la crisis sanitaria existente, y si el delegado del Gobierno era conocedor de las advertencias sanitarias, lo que podría suponer un delito de prevaricación administrativa por omisión.
Los agentes que han elaborado el informe procuran dar respuesta a aquello que les reclamó la instructora. Para ello analizan hasta 21 resoluciones en poder del departamento de Franco que alertaban del riesgo de contagio y recomendaban una distancia mínima entre personas, en contra de lo afirmado por la Delegación, que sostiene ante el juzgado que no recibió ningún documento con tales advertencias.
El 5 de junio, cuando el delegado acuda a declarar como investigado tendrá la oportunidad de desmontar ante la juez las afirmaciones de la Guardia Civil y dejar en evidencia que no coinciden con la realidad, tales como que “tenía datos objetivos suficientes derivados de las circunstancias concretas de cada caso para haber ponderado bienes y derechos protegidos en nuestra Constitución contando con tales datos desde la primera semana del mes de marzo del 2020”.
Un atestado inicial
Este atestado forma parte de una investigación penal abierta por Rodríguez-Medel tras una denuncia de un particular, Víctor Valladares. Ahora será la juez la que decidirá su validez. Además, también entrará a valorarlo la Fiscalía, parte del proceso, y la Abogacía del Estado que se encuentra representando al delegado del Gobierno.
Desde diversos sectores se han lanzado duras críticas al documento por entender que se extralimita, además de por contener errores. Tal y como explican fuentes jurídicas y fiscales, ese trabajo de análisis se producirá dentro de la instrucción-. Además, los agentes encargados del informe también podrán ser llamados para que expliquen sus conclusiones.
El informe trata de acreditar que el Gobierno, y por ende su Delegación en Madrid, eran conscientes del riesgo de contagio. Uno de los puntos en los que se centran los agentes es en la prohibición de una convención de la iglesia evangélica.
El papel de Simón ante el congreso evangélico
Tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, prohibieron a la Federación de Asambleas de Dios en España celebrar una convención para mediados de marzo. Los investigadores tomaron declaración como testigos a tres representantes de esta congregación que así lo certificaron.
Explicaron a los agentes que hubo dos reuniones entre el 5 y el 6 de marzo convocadas ante los contagios producidos en la iglesia evangélica. En el encuentro, los testigos alertaron a sus convocantes de la existencia de una convocatoria para los días 19 y 20 de marzo para un congreso.
Tanto Illa como Simón les dijeron que no podían celebrar aquel congreso. En la reunión del día 6, ya sólo con Simón presente, éste les informó que ese congreso no se podía celebrar “bajo ningún concepto” por ser considerado de alto riesgo por la propagación de contagios, según recoge el atestado policial.
Carga contra el 8-M
Para la Guardia Civil, esta afirmación es suficiente para determinar que la Delegación el Gobierno, como parte del Ejecutivo, era conocedora de tales riesgos y, aun así, dos días después, permitió la marcha del 8-M. Con el análisis del documento, la instructora deberá estudiar si la prohibición vino ante los contagios ya existente entre miembros de la iglesia y si además estaba previsto la llegada de extranjeros para estar presentes y por eso se prohibió o porque ya sabían que el coronavirus iba a ser una pandemia con graves consecuencias.
El informe emite valoraciones como que los responsables sanitarios tenían un “profundo conocimiento” de los riesgos de la enfermedad y, por tanto, “a partir del 5 de marzo, no se debería haber realizado ninguna manifestación en Madrid con motivo de la Covid-19, y no celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo”.
https://www.lavanguardia.com/politica/20200527/481422702125/informe-8m-gobierno-sanchez-reponsabilidades-polemica-crisis-sanitaria.html
LA ABOGACÍA ACUSA A LA JUEZA DE VULNERAR EL ESTADO DE ALARMA PARA PERSEGUIR AL GOBIERNO
En el escrito en que pide el archivo de las actuaciones, indica que ha vulnerado una norma con rango de ley, ya que, cuando pidió informes sobre el caso, el asunto no era "inaplazable"
La Abogacía del Estado acusa a la jueza que ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Luis Franco, por no prohibir la manifestación del 8-M pese al riesgo sanitario provocado por el covid-19, de vulnerar las disposiciones del estado de alarma al ordenar diligencias en el marco del procedimiento pese a que no existía urgencia. En el escrito en que pide el archivo de las actuaciones, como adelantó este diario, indica que ha vulnerado una norma con rango de ley, ya que pidió informes sobre el caso a pesar de que el asunto no era "inaplazable".
El Gobierno de Pedro Sánchez recurrió hace días la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. Se opuso en apelación el 20 de abril al auto con que la magistrada daba inicio al procedimiento. El pasado 23 de marzo, la jueza tomó una decisión que supuso la apertura de la vía penal por no prohibir concentraciones multitudinarias celebradas pocas jornadas antes de decidir confinar a la población para luchar contra el virus. En un inicio, abrió diligencias previas en exclusiva respecto al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, el único sobre el que tiene competencia, por dos delitos, prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional.
El escrito acusa a la magistrada de "obviar" la alarma e imponer sin justificación alguna una "celeridad inusitada" a las actuaciones, basadas en una querella que es "una mera hipótesis". Considera que con su decisión deja indefenso al investigado, el delegado del Gobierno José Manuel Franco, que no ha podido recurrir por la suspensión de los plazos procesales. En su opinión, las decisiones de Medel apuntan a la apertura de una investigación prospectiva, es decir, ideada a modo de causa general con la única intención de perseguirle penalmente. Ese "afán de encontrar indicios" sorprende a los servicios jurídicos del Estado y, según su tesis, desborda sus competencias.
En un segundo escrito, en este caso de reforma, firmado el 24 de abril y al que ha tenido acceso El Confidencial, la Abogacía insiste en la misma idea. En opinión de los servicios jurídicos del Estado, el delito investigado "abre un ámbito indeterminado" que provoca indefensión al imputado. "Tal es el desconocimiento y consiguiente indefensión que produce la investigación que no se puede llegar a saber si se está tratando de encontrar algún hallazgo e indicio de cualquier otro delito o si se está tratando de cuestionar la información facilitada por la Delegación de Gobierno sin esperar ni siquiera a la aclaración solicitada".
En cuanto a la vulneración del estado de alarma, este recurso critica que no solo se acuerde la práctica de diligencias sino que, además, se ordene a la policía judicial que recabe documentación "cuando la misma puede encontrarse dispersa entre las distintas áreas de la Delegación de Gobierno y en aplicaciones diversas que manejan funcionarios que se encuentran en su domicilio con evidentes limitaciones".
Tras incoar diligencias, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ordenó una batería de pruebas a la Policía y la Guardia Civil aunque avisó expresamente de que no eran urgentes. Constataba en el auto recurrido que el derecho de reunión que protege la Constitución debió limitarse debido a la "desproporcionada perturbación de otros bienes", en este caso la vida, y, en concreto, "si en el momento de la decisión gubernativa se tenían suficientes datos". Pese a ello, alberga serias dudas sobre la calificación de los hechos que realiza el denunciante. "La calificación jurídica puede ser esta o puede ser esta en concurso con otras", indica.
No había resoluciones
En su auto, decía también que existen, a día de hoy, una serie de interrogantes sobre los que nada se sabe. Explicaba que se desconoce si el informe del centro europeo fue remitido oficialmente a España, en qué fecha y a qué autoridad. La Delegación del Gobierno negó en un escrito que tuviera indicios antes de la fecha de las marchas sobre el peligro de propagación del virus en estas concentraciones e incluso sobre prohibir o autorizar su celebración, aunque posteriormente matizó esta afirmación.
Para la Abogacía del Estado, es "manifiesto" que antes del 14 de marzo no había ninguna resolución que limitara un derecho fundamental como es el de reunión y manifestación, ha confirmado El Confidencial y ha adelantado 'El Español'. Sí existían —dice— recomendaciones sanitarias incipientes, que comenzaron a subir de nivel en días posteriores, a partir del 11 de marzo. Añade que la falta de obligación de suspender se demuestra en la celebración de otros actos multitudinarios, como los partidos de fútbol, y en el hecho de que museos, cines o teatros continuaron con su funcionamiento normal. "Todos conllevan concentración de personas", indica.
Los recursos son anteriores a la presentación del informe de la Guardia Civil que motivó esta semana el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. La Abogacía ya prepara un segundo escrito contra la imputación del delegado del Gobierno en el que tratará de evidenciar las inconsistencias del instituto armado, informan fuentes jurídicas.
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-05-27/la-abogacia-acusa-a-la-jueza-de-vulnerar-el-estado-de-alarma-para-perseguir-al-gobierno_2612299/LOS EXPERTOS COINCIDEN: EL 8-M NO TUVO LA CULPA
Los especialistas señalan que las manifestaciones tuvieron un impacto marginal en la evolución del virus
El 7 de marzo de 2020, las autoridades sanitarias pensaban que la situación del coronavirus estaba más o menos bajo control. O al menos eso decían, basándose en los datos que le proporcionaban las comunidades autónomas. El viernes 6 estas reportaban unos centenares de casos (365) localizados sobre todo en tres provincias: Madrid, La Rioja y Álava. De la mayoría se conocía su procedencia y su cadena de transmisión, por lo que se decidió mantener un estado de vigilancia, y no pasar a una contención agresiva. La realidad era otra. La epidemia ya había explotado y estaba oculta por culpa un diagnóstico insuficiente. Esa realidad no llegó a los informes oficiales hasta el 9 de marzo, el día que cambió oficialmente el escenario.
Ese fin de semana millones de personas se desplazaron en transporte público, acudieron a bares, a restaurantes, a conciertos; miles hicieron oposiciones y fueron a mítines políticos. También a las manifestaciones feministas del 8 de marzo, que desataron una tormenta política y, ahora, también judicial, en la que están en el punto de mira el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y en la que la Guardia Civil ha señalado también a Fernando Simón.
El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, durante la rueda de prensa ofrecida hoy martes en Madrid. En vídeo, declaraciones de Simón sobre el efecto "marginal" del 8-M en la crisis sanitaria. EFE | EP
La vida ese fin de semana seguía prácticamente igual que hasta entonces. Se recomendaban medidas de higiene y, más allá de la cancelación del Mobile World Congress, en contra de la opinión del Gobierno nacional y autonómico, tan solo se había tomado una medida drástica preventiva: que los encuentros deportivos con equipos de las zonas más afectadas (por entonces se referían sobre todo al norte de Italia) se disputasen a puerta cerrada.
Pero ya entonces había voces que empezaban a alertar sobre la potencial gravedad de la epidemia. Cada vez más eran las que alertaban de que se estaban escapando casos, algo que quedó de manifiesto cuando se localizó el virus en algún fallecido sin diagnosticar y en enfermos de neumonía grave que no habían sido detectados en primera instancia.
Con estos precedentes, hay dos preguntas clave: la primera es si se actuó con negligencia (o incluso prevaricando) al permitir las manifestaciones. La segunda, si las concentraciones fueron un detonante fundamental en la expansión del virus por España o por Madrid. Los expertos consultados tienen clara la respuesta a esta última: no fue clave y su efecto, si lo tuvo, resultó marginal. Coinciden en esa opinión más de media docena de consultados, algunos de los cuales han preferido no aparecer citados.
“Técnicamente el asunto tiene poco recorrido. No se puede saber qué porcentaje de transmisión hubo, pero sí que fue extremadamente bajo comparado con todas las demás actividades que se venían realizando, especialmente el transporte público”, dice Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. En la misma línea se manifiesta Antoni Trilla, epidemiólogo y uno de los miembros del equipo científico que asesora al Gobierno: “Imposible saber cómo contribuyó la manifestación. Las explicaciones de Fernando Simón [quien dijo que si tuvieron efecto sería “muy marginal”] son razonables. Probablemente no contribuyó significativamente; cada día, antes y después, se movían millones de personas en metro. La manifestación no fue un evento único de gran contagio en una ciudad en la que todo el mundo se quedaba en su casa y no hacía nada. Fue una situación más”.
Responder a la primera pregunta es más complicado. Si hubo prevaricación lo tendrán que resolver los jueces, en el caso de que decidan investigarlo. Sobre si fue una decisión incorrecta, los expertos consultados insisten en recordar lo que se creía entonces: que había solo unos centenares de casos y que la transmisión asintomática era anecdótica. Ambas afirmaciones se han demostrado falsas. “Es muy fácil predecir el pasado, entonces había una enorme incertidumbre”, coinciden varios.
El problema de base fueron los diagnósticos. Aunque muchos médicos ya advertían de que con toda seguridad había muchos más casos de los detectados, los protocolos del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) marcaban que solo había que hacer pruebas a quienes tuvieran síntomas y procedieran de zonas de riesgo (por entonces Italia, China, Irán, Corea, Japón y Singapur), a quienes hubieran estado en contacto cercano con un positivo o aquellos casos de neumonías graves de origen desconocido. Estas restricciones contribuyeron a que se colaran cientos de casos inadvertidos que, como luego se comprobó, desencadenaron una crisis sanitaria de proporciones nunca vistas por varias generaciones. Cientos de personas con síntomas no eran ni siquiera valoradas por especialistas porque no habían viajado ni estado con ningún positivo confirmado. “Con la capacidad de crear PCR que había tampoco se podía hacer otra cosa. Es decir, la fotografía llegaba tarde, pero es que además estábamos mirando solo una parte del mapa”, resume un especialista en salud pública que trabaja en la Administración y prefiere no aparecer citado con su nombre.
Los preceptos del ECDC son los mismos que usó el ministerio para dar sus recomendaciones. En dos informes del 3 y el 6 de marzo aconsejaba cancelar actos multitudinarios, pero solo los que tuvieran previsiblemente implicadas a personas procedentes de zonas de riesgo, como las competiciones deportivas cuya celebración se decretó a puerta cerrada. El propio ECDC ya recomendaba el 2 de marzo no acudir a reuniones masivas innecesarias. Pero, para el escenario 1 (de los cuatro que contemplaba), en el que se encontraba España, decía: “La cancelación de las reuniones masivas en la UE/EEE puede estar justificada en casos excepcionales (por ejemplo, grandes conferencias con un número importante de participantes de una zona afectada). La decisión de cancelar deberá ser coordinada por el organizador y las autoridades de salud pública y otras autoridades nacionales, caso por caso [...] se recomienda la cancelación de las reuniones masivas durante los escenarios 3 y 4”.
El 8 de marzo habían muerto en España 17 personas por covid-19. Esa noche todo cambió. Y no por las manifestaciones. La Comunidad de Madrid comenzó a reportar una importante bolsa de casos. Ya no estaban controlados. El goteo de positivos diarios, de unos centenares, se multiplicó en Madrid por ocho de un día para otro. Esa semana se comenzaron a tomar medidas, a cerrar colegios, impedir actos, mientras los positivos crecían día tras día. Estas primeras precauciones fueron efímeras: solo unos días después, el viernes 13 de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció para anunciar un estado de alarma en el que todavía estamos sumidos.
https://elpais.com/espana/2020-05-26/los-expertos-coinciden-el-8-m-no-tuvo-la-culpa.html
MADRID NO ALERTÓ AL MINISTRO SOBRE LA EXPANSIÓN DEL VIRUS HASTA LA NOCHE DEL 8-M
El informe de la Guardia Civil obvia el informe clave de la Comunidad de Madrid
El informe de la Guardia Civil que ha desencadenado la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, donde se acusa al Gobierno de autorizar la manifestación del 8-M en Madrid a sabiendas del riesgo que entrañaba, omite informaciones relevantes, incluye citas textuales inexistentes, confunde fechas en relación a decisiones clave, ofrece datos equivocados de contagios y se hace eco de numerosas noticias falsas. La decisión de destituir fulminantemente a Pérez de los Cobos convierte ese informe en un artefacto político y provocó este martes duras críticas de la oposición al ministro Fernando Grande-Marlaska.
El informe, fruto de dos meses de investigación y el manejo de una documentación ingente, fabrica una acusación general contra el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, por autorizar la manifestación del 8 de marzo a sabiendas de que se ponía en riesgo la salud de los 120.000 participantes. La juez que instruye esta causa ha citado como imputado el 5 de junio a Franco por un supuesto delito de prevaricación por omisión.
Los autores del documento no contrastaron con las autoridades del ministerio de Sanidad, a quienes la juez Carmen Rodríguez-Medel pide también documentación, muchas de las informaciones que destacan para apoyar su tesis sobre la culpabilidad de las autoridades gubernamentales al haber autorizado una concentración muy peligrosa para la salud de los españoles. El documento, enviado por la Comandancia de Madrid al juzgado de Rodríguez-Medel en el marco de la investigación por las manifestaciones celebradas durante la expansión del coronavirus, consta de 83 páginas donde los agentes analizan 177 concentraciones convocadas en la región entre el 5 y 14 de marzo. Los investigadores concluyen que “a partir del 5 de marzo de 2020 no se debería haber realizado ninguna manifestación” debido a la crisis sanitaria.
Los argumentos principales del informe son los que siguen:
La alarma saltó esa noche. La Comunidad de Madrid era hasta el 25 de febrero territorio libre de coronavirus. Al menos eso creían las autoridades madrileñas. Pero desde la segunda semana de febrero había enfermos hospitalizados a los que no se les hizo la prueba hasta el 25 de febrero, cuando se detectó el primer caso en Torrejón de Ardoz. Las alarmas no saltaron hasta la noche del 8-M, tras la manifestación. En ese momento, responsables de Salud hablaron con el ministerio para comunicarles el enorme aumento de los casos. En un solo día pasaron de 28 a 234 diagnosticados. A partir de ese momento se dispara la emergencia, y el ministerio y la Comunidad optan por medidas de contención reforzada, con suspensión de clases o prohibición de visitas a residencias.
Trato diferente a 130 manifestaciones. Para argumentar que la Delegación del Gobierno en Madrid conocía los riesgos para la salud de la epidemia de coronavirus desde el 5 de marzo, el informe de la Guardia Civil señala que de las 130 manifestaciones autorizadas en esas fechas —del 5 al 14 de marzo—, 35 se desconvocaron, de las que 12 lo fueron a instancia de la Delegación del Gobierno por motivos sanitarios, según la Guardia Civil. Los convocantes en nueve de esos 12 casos, contactados por este periódico, desmienten esa versión. Diana Chnaiker, una de las convocantes de un acto de protesta frente a la Asamblea de Madrid el 12 de marzo, relata a EL PAÍS: “A mí no me presionó nadie. Cancelamos el acto por nuestra cuenta porque creíamos que era ridículo manifestarse delante de un edificio vacío”. El informe de la Guardia Civil intenta señalar que la Delegación de Gobierno conocía el riesgo para la salud y por eso canceló por teléfono 12 manifestaciones sin dejar constancia por escrito de esas llamadas. El informe no destaca que esas concentraciones fueron canceladas después del 9 de marzo, cuando el Ministerio de Sanidad ya había tomado medidas de aislamiento en tres autonomías —Madrid, La Rioja y País Vasco—, desaconsejando los eventos con un alto número de personas.
El congreso de evangelistas suspendido. En las conclusiones, el informe cita un documento firmado por Pilar Aparicio, directora de Salud, del 6 de marzo. En él se subrayaba “el riesgo en eventos multitudinarios de cualquier tipo”, según recoge la Guardia Civil. Pero la cita omite lo fundamental: habla de los riesgos en eventos multitudinarios de cualquier tipo “con alto porcentaje de presencia de personas procedentes” de países en riesgo. Algo que el autor del texto de la Guardia Civil hace desaparecer. El informe resalta que Sanidad suspendió el 6 de marzo un congreso de evangelistas previsto en la Caja Mágica para dos semanas después porque el ministerio sabía que existía riesgo en cualquier acto que reuniera a una multitud, como la manifestación del 8-M, que sin embargo se autorizó.
Los responsables de Sanidad, a quienes la Guardia Civil no consultó, explican que era un evento de carácter mundial en un recinto cerrado para el que se esperaba una gran afluencia de personas de otros países y, por tanto, incorporaba el elemento de riesgo que no tenían otros eventos convocados en Madrid, como el de la manifestación del 8-M. Eso se omite con la cita mutilada. Además, para esa fecha ya se había detectado un foco infeccioso en un centro de evangelistas, lo que suponía un riesgo extra para desaconsejar la celebración del congreso. El doctor Fernando Simón justificó la celebración de la manifestación del 8-M porque se trataba de una “convocatoria nacional” a la que no acudirían ciudadanos de países de riesgo.
El informe europeo que alertaba del riesgo. El Centro Europeo de Control de Enfermedades elaboró un protocolo de actuación el 3 de marzo para distintos escenarios de riesgo. El informe de la Guardia Civil cita este documento para recalcar que las autoridades españolas sabían que el organismo europeo recomendaba no celebrar concentraciones multitudinarias por el alto riesgo de contagio existente. Sin embargo, el informe omite una parte importante del protocolo europeo, la que recomendaba “la cancelación de concentraciones masivas en países que estuvieran en los escenarios 3 y 4”. España, el 8 de marzo, estaba todavía en el escenario 1, con muy pocos contagios y sin información sobre la existencia de transmisión comunitaria en su territorio, algo que no cita el informe de la Guardia Civil.
Las omisiones de la OMS y la Comunidad de Madrid. El informe tampoco hace referencia a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con los países que detecten “transmisión comunitaria” (cuando los contagios se producen entre personas sin vínculos con viajes a zonas de riesgo). El 9 de marzo la OMS señaló por primera vez que los países donde hubiera transmisión comunitaria “podrían considerar el cierre de escuelas, la cancelación de las concentraciones y otras medidas para reducir la exposición”. Ese mismo día, la dirección general de Salud de Madrid emitía un informe en el que señalaba que se había confirmado la existencia de transmisión comunitaria y era aconsejable tomar medidas de aislamiento social. Y el mismo día Sanidad reunió también al Consejo Interterritorial de Salud para adoptar medidas de contención en Madrid, La Rioja y País Vasco.
Nada de esto se relata en el documento que, sin embargo, concluye que la Delegación del Gobierno tenía conocimiento de la grave situación sanitaria por “informes, documentación e informaciones públicas u oficiales de organismos y autoridades”. Pero antes del 8 de marzo no había informes oficiales que recomendasen la adopción de medidas preventivas, salvo en lugares donde se habían detectado focos infecciosos o en eventos a los que pudieran acudir ciudadanos de otros países donde había transmisión comunitaria del virus.
La cita textual del doctor Simón que nunca fue. Citando a una publicación médica, el informe sostiene que el 28 de febrero, el doctor Simón declaró en su comparecencia diaria que en España existía transmisión comunitaria del virus y que, en ese escenario, no se podía contener el virus controlando a las personas infectadas porque no se conocía quiénes eran. Con esa declaración, la temeridad del doctor Simón al no ver impedimento a la celebración del 8-M hubiera sido insuperable. La realidad es que ese día el alto cargo de Sanidad dijo justamente lo contrario: que aún no había transmisión comunitaria y por tanto no era aconsejable tomar medidas restrictivas.
https://elpais.com/espana/2020-05-26/madrid-no-alerto-al-ministro-sobre-el-peligro-del-virus-hasta-la-noche-del-8-m.html
LA JUEZ CITA A DECLARAR COMO IMPUTADO AL DELEGADO DEL GOBIERNO EN MADRID POR LA MARCHA DEL 8-M
La magistrada fija la comparecencia de José Manuel Franco el próximo 5 de junio a las nueve de la mañana
Para entender el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, máximo responsable de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid, hay que dirigir la mirada al juzgado de Instrucción número 51 de la capital. La magistrada que encabeza dicho órgano judicial, Carmen Rodríguez-Medel, ha abierto una investigación por permitir manifestaciones en la Comunidad durante la expansión del coronavirus y, según un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS, ha citado al delegado del Gobierno José Manuel Franco a declarar como imputado el próximo 5 de junio a las nueve de la mañana. Además, según han confirmado fuentes de las fuerzas de seguridad, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tomado la decisión de apartar a Cobos después de que el instituto armado enviase a la juez un informe donde se incluyen graves acusaciones contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, al que incluso atribuye actitudes que suponen presuntos delitos. Pero, ¿en qué contexto?
¿Qué investiga el juzgado? La juez Rodríguez-Medel, conocida por impulsar otras causas muy mediáticas —como el caso máster que acabó con la carrera política de Cristina Cifuentes—, abrió el 23 de marzo una investigación sobre las concentraciones multitudinarias permitidas en la Comunidad durante la expansión del coronavirus. Entre otras, la marcha feminista del 8-M. Tras admitir una denuncia del abogado Víctor Valladares, la magistrada quiere averiguar si la delegación del Gobierno contaba con “suficientes datos para prohibirlas legalmente por razones sanitarias”.
¿Quién está imputado? Aunque el letrado que impulsó la causa pedía que se actuara contra todos los delegados autonómicos del Gobierno y el presidente Pedro Sánchez, la juez limitó su actuación al representante del Ejecutivo en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, líder también del Partido Socialista de Madrid (PSM). Rodríguez-Medel detalló que solo tenía competencias para investigarle a él. Por un lado, Sánchez se encuentra aforado ante el Tribunal Supremo; y, por otro, la magistrada carece de competencias territoriales sobre el resto. Por ello, solo ha imputado a Franco, al que mantiene investigado por un delito de prevaricación.
¿Qué iniciativas ha tomado la juez? Desde que arrancase la investigación, la magistrada ha pedido diferentes informes y documentos a los forenses, a la Guardia Civil y a la Delegación del Gobierno. De hecho, tras recibir un primer documento forense donde se decía que no estaba acreditada la “causalidad” entre la marcha feminista del 8-M y los contagios, Rodríguez-Medel ya decidió rebajar la inicial imputación de Franco. Descartó el delito de lesiones imprudentes que le atribuyó en un primer momento y mantuvo solo el de prevaricación. Según fuentes de la Guardia Civil, en otro documento enviado a la juez, el instituto armado también incluía las valoraciones que ha provocado el cese de Pérez de los Cobos.
¿Cuál es el estado de las pesquisas? Según el escrito de la juez firmado este lunes y al que tuvo acceso EL PAÍS, la magistrada sigue adelante con la investigación y ha puesto en marcha una nueva batería de iniciativas. En este documento, pide nuevos datos y expedientes a la Delegación del Gobierno de Madrid, al Ministerio de Sanidad y a la Consejería de Sanidad de la Comunidad. A su vez, solicita un nuevo informe al forense. Y fija las primeras declaraciones en la causa: la de Franco como imputado; pero también las de tres testigos: el secretario general y el jefe de gabinete del delegado del Gobierno, así como el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana.
La juez pretende recabar todos los informes sobre manifestaciones que tramitó la delegación del Gobierno entre el 5 y el 14 de marzo. “Con independencia de la fecha para la que estuvieran convocadas”, incide la magistrada en su escrito, donde insiste en que no solo quiere saber cuáles se permitieron o prohibieron, sino también las que se conocían pero no se dictó una resolución. A Sanidad, por su parte, se le requieren todos los avisos que hiciera público antes del 14 de marzo sobre los riesgos de las concentraciones multitudinarias o “la conveniencia de mantener la distancia social en el marco de esta crisis sanitaria”.
La magistrada también aprovecha este escrito para recordar a las partes personadas que “la difusión de documentación aportada a la causa o del resultado de lo actuado puede dar lugar a responsabilidad, en su caso, incluso penal”. Y recuerda a la Policía Judicial de la Guardia Civil que debe “guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan". “De modo que solo se informará a esta magistrada, oficiándose en su caso a los efectos oportunos”, escribe Rodríguez-Medel, después de que un alto cargo de Interior reclamase a Pérez de los Cobos datos sobre estas pesquisas, según fuentes del instituto armado.
¿Quién es el denunciante? Víctor Valladares es un abogado muy crítico con la actuación del Gobierno, al que ha llevado ante los tribunales por la gestión de la pandemia y su permisividad con la convocatoria del 8-M. Entre sus mensajes en Twitter se encuentran declaraciones como esta: “Y los izquierdosos se reían de mi denuncia...”. Según publicó la cadena SER, ha sido condenado y sancionado antes por estafar a clientes.
https://elpais.com/espana/2020-05-25/la-juez-cita-a-declarar-como-imputado-al-delegado-del-gobierno-en-la-comunidad-de-madrid-por-la-marcha-del-8-m.htmlLA JUEZ DEL ‘CASO 8-M’ ENVÍA UN ESCRITO A INTERIOR PARA ADVERTIR QUE LA GUARDIA CIVIL SOLO DEBE INFORMARLE A ELLA
En el documento, la magistrada avisa que puede abrir una investigación penal si se incumple
La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la celebración de manifestaciones en la Comunidad de Madrid durante la fase de expansión del coronavirus —entre ellas, la marcha del 8-M—, ha enviado este lunes un escrito al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, donde le advierte que ha dado “orden expresa” a la Policía Judicial de la Guardia Civil de guardar “rigurosa reserva” sobre la evolución de estas pesquisas, de modo que los agentes solo le informen a ella del resultado de sus averiguaciones. En este documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la juez también destaca que la ley prevé que la “infracción de dicho deber” se castigue disciplinariamente, “sin perjuicio de otras responsabilidades”. “Que pudieran ser penales”, apostilla el escrito, donde Rodríguez-Medel subraya que, de incumplirse, el juzgado que encabeza podría abrir la “correspondiente investigación”.
Este aviso se produce después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidiese cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos como máximo responsable de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid. Aunque oficialmente se ha justificado esta decisión por una supuesta “pérdida de confianza”, fuentes del instituto armado y de Interior han detallado que se ha producido a raíz de que esa Comandancia enviase a Rodríguez-Medel un informe en el marco de esta causa con graves acusaciones contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, al que incluso atribuye la comisión de delitos.
“El informe es la gota que colma el vaso de una sucesión de actuaciones que revelan la falta de neutralidad política exigible a un funcionario público”, destacan responsables del departamento sobre un relato de hechos que presenta muchas aristas. Varias fuentes de la Guardia Civil coinciden al explicar que un alto cargo de Interior telefoneó el domingo a Pérez de los Cobos, superior de los agentes que confeccionaron el documento remitido a la magistrada. En esa conversación se reclamó supuestamente al coronel datos sobre las diligencias practicadas, pero este aseguró que desconocía los datos y que, en todo caso, no podía informarles al estar judicializada la causa. Un portavoz de Interior negó “tajantemente” este relato de los hechos y aseguró que nadie del ministerio reclamó información sobre esa investigación.
La juez, en el escrito enviado al secretario de Estado, indica que de momento “no constan que se hayan producido” infracciones a la hora de informarle exclusivamente a ella de las pesquisas. Pero le advierte de que, de producirse, está dispuesta a investigarlas. Es más, recuerda en el documento que los agentes están trabajando en esta investigación como Policía Judicial y que, tal y como prevé la Constitución, dependen “exclusivamente” de los jueces, los tribunales y la Fiscalía.
Rodríguez-Medel también ha decidido este lunes citar a declarar como imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. La cita la ha fijado el próximo 5 de junio a las nueve de la mañana y le atribuye un delito de prevaricación. La magistrada trata de averiguar si contaba con “suficientes datos para prohibir las manifestaciones por razones sanitarias”.
https://elpais.com/espana/2020-05-25/la-juez-del-caso-8-m-envia-un-escrito-a-interior-para-advertir-que-la-guardia-civil-solo-le-debe-informar-a-ella.html
LA JUEZA DEFIENDE A LA GUARDIA CIVIL Y TOMARÁ MEDIDAS SI CONSIDERA EL CESE UNA INTROMISIÓN
La magistrada Medel había exigido confidencialidad a los agentes y respalda su función. Respeta las decisiones del Ejecutivo pero actuará si se demuestra que es por la causa
La destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, coincidió este lunes con la decisión del juzgado de Madrid para el que trabajan sus hombres de avanzar en el procedimiento sobre el 8-M. La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que ordenó a la Guardia Civil que elaborara los informes de la discordia en el marco del procedimiento por presunta prevaricación que sigue contra el Gobierno central, notificó a primera hora de la mañana, antes de que se conociera el cese, una providencia en la que cita para junio al delegado del Ejecutivo en Madrid, José Manuel Franco, por mantener la manifestación del Día de la Mujer. Además, según fuentes jurídicas, la jueza ha avisado de que si descubre que el cese es una intromisión en una investigación, tomará medidas. La magistrada había ordenado que los agentes solo reportaran a ella y había avisado contra las filtraciones.
Estas fuentes apuntan que, tras conocer la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de relevar a Pérez de los Cobos, la magistrada expresó su confianza en los miembros de la Policía Judicial que la asiste en las instrucciones. En su opinión, el atestado presentado el pasado jueves, el mismo que desencadenó el cese fulminante del jefe del Instituto Armado en Madrid, es el resultado de una "magnífica investigación". Ese informe, de unas 80 páginas y que fue adelantado por este diario, le costó el puesto a Pérez de los Cobos tras una llamada de Marlaska. Interior lo ha justificado en una "pérdida de confianza".
Desde Interior, se limitan a señalar que ha sido destituido "por falta de confianza". El alto cargo del instituto armado ha abandonado esta mañana la comandancia sin su conductor habitual
El ministro ya había tenido problemas antes con el instituto armado por no haber sido informado de operaciones relevantes como una contra los CDR en Barcelona. Cuando Pedro Sánchez fue preguntado por ello en un viaje oficial, demostró desconocer que existía la operación. El caso sentó muy mal en Interior y en Moncloa, porque daba una imagen de que el ministro no conocía las operaciones más relevantes de los agentes.
La magistrada no eludió la polémica en la providencia en la que ordena la comparecencia del representante del Gobierno en Madrid. Pese a respetar de forma "absoluta" las decisiones del Ejecutivo, avisa de forma velada de que ni el jefe de la unidad ni los miembros de la propia unidad pueden desvelar a terceros la deriva de sus investigaciones. Ni siquiera al ministro del Interior. En una referencia al asunto, especifica que la regulación de la Policía Judicial impone que los agentes guarden "rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas". "Solo se informará a esta magistrada-juez", lanza.
Las fuentes jurídicas consultadas apuntan que, desde el primer momento en que se abrieron las diligencias a finales de marzo, la Guardia Civil tenía orden expresa de informar en exclusiva a la instructora, como especifica el artículo 15 del Real Decreto 769/1987 de 19 de junio de Policía Judicial. La norma indica que los funcionarios integrantes de las unidades orgánicas de la Policía Judicial deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan. Añade que infringir este deber tiene consecuencias disciplinarias e incluso penales.
La jueza exigió "rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las investigaciones": "Solo se informará a esta magistrada-juez"
La magistrada no dudará en iniciar acciones en el caso de que se demuestre que la destitución ha venido provocada por la falta de información del ministro sobre el contenido del informe, que señalaba al delegado del Gobierno y mencionaba también a Fernando Simón. En caso de que le conste "de forma oficial y fehaciente" que la causa del cese tiene relación con no plegarse a contravenir estas órdenes expresas, tomará decisiones en el ejercicio de su competencia, aseguran las fuentes consultadas.
Rodríguez-Medel, hija y hermana de guardias civiles, ya instruyó el caso máster que ha llevado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes al banquillo por la falsificación de un acta sobre la lectura del trabajo fin de máster y que fue desvelado por este diario. En aquel procedimiento, se dirigió al Tribunal Supremo por ver indicios delictivos en el caso de Pablo Casado.
La jueza remitió también hoy, el día en el que se ha desatado la tormenta perfecta, una carta al Ministerio en la que reflejaba la misma idea. Indicaba en la misiva que la policía judicial no sólo se rige por el citado artículo sino también por la Constitución que en su artículo 126 indica que depende de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca. Advirtió que debía autorizar el contenido de hipotéticas notas de prensa que pudieran elaborarse sobre la investigación.
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-05-25/jueza-medel-perez-de-los-cobos-marlaska-destitucion-intromision_2609916/
MARLASKA DESTITUYE A PÉREZ DE LOS COBOS, JEFE DE LA GUARDIA CIVIL EN MADRID, POR UN INFORME SOBRE EL 8-M Y LA COVID-19
El documento policial, remitido al juzgado de Madrid que investiga por prevaricación al delegado del Gobierno en la capital, incluía graves acusaciones contra Fernando Simón
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comunicado este lunes el cese “por pérdida de confianza” del coronel Diego Pérez de los Cobos como máximo responsable de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid. El relevo viene provocado por el envío de un informe a la juez que investiga la convocatoria de actos multitudinarios como la manifestación del 8-M, Día de la Mujer, poco antes de decretarse el estado de alarma por la covid-19, según confirman diversas fuentes. Interior cree que ese texto, que señala a Fernando Simón, director de Alertas Sanitarias, refleja “falta de neutralidad política” por parte de Pérez de los Cobos.
El informe fue elaborado por la Guardia Civil a petición de la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga por prevaricación al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la celebración de actos multitudinarios como la manifestación en la capital del 8-M, el congreso de Vox en las mismas fechas y la disputa de un partido de la Liga de fútbol en el estadio Wanda Metropolitano, que congregó a más de 60.000 personas. La magistrada pretendía averiguar cuál fue el curso dado al informe del 2 de marzo del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades en el que se alertaba de la expansión de la enfermedad. En concreto, quería saber qué órgano lo recibió en España, si este lo distribuyó a su vez a otras autoridades y, en concreto, si lo remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid.
El informe del instituto armado fue finalmente remitido el pasado jueves y en él se señalaba a Simón como uno de los presuntos responsables de lo ocurrido e, incluso, le atribuía la comisión de delitos, según fuentes conocedoras del mismo. El documento policial destacaba que el director del Centro de Alertas Sanitarias había propiciado la suspensión de un congreso evangélico que iba a celebrarse en Madrid entre el 19 y 21 de marzo y, sin embargo, facilitó las manifestaciones del 8-M y otros actos multitudinarios. Simón aseguró en la rueda de prensa de este lunes que no tiene “ningún temor” a ser investigado e insistió en que las manifestaciones del Día de la Mujer tuvieron una incidencia “marginal” en la expansión de la enfermedad.
Según fuentes de Interior, el informe incluía numerosas valoraciones “subjetivas” de sus autores que superan lo que debe ser un documento de estas características y responsabilizan directamente a Pérez de los Cobos. “El informe es la gota que colma el vaso de una sucesión de actuaciones que revelan la falta de neutralidad política exigible a un funcionario público”, destacan responsables del departamento. La propuesta del cese procedía del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y fue aceptada por Grande-Marlaska. A Pérez de los Cobos le fue comunicada por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, confirman fuentes del instituto armado.
Varias fuentes de la Guardia Civil coinciden en afirmar que un alto cargo de Interior telefoneó el pasado domingo al coronel Pérez de los Cobos, superior de los agentes que elaboraron el documento en su condición de jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Ocupaba este puesto desde abril de 2018, tras 12 años como alto cargo de Interior en los que dirigió, entre otras actuaciones, el despliegue policial contra el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. El detonante de la llamada fue la publicación días antes en El Confidencial de una información sobre la existencia de ese informe en la que se destacaba que incluía acusaciones contra el director de Alertas Sanitarias. En la conversación, el alto cargo de Interior supuestamente reclamó al coronel datos sobre las diligencias practicadas por orden de la juez.
Siempre según el relato coincidente de las fuentes consultadas, el coronel aseguró a su interlocutor que desconocía los detalles del informe y que, en todo caso, no podría recabarlo de sus subordinados ya que estos estaban investigando bajo la dirección de la autoridad judicial y, por tanto, su actuación tenía carácter reservado. El alto cargo le anunció entonces su próximo cese, que se materializó este lunes por la mañana. Un portavoz de Interior negó “tajantemente” este relato de los hechos y aseguró que nadie del ministerio reclamó información sobre esa investigación al mando de la Guardia Civil.
Advertencia de la juez
Coincidiendo con el cese del coronel, la juez Rodríguez-Medel dictó este lunes una providencia en la que solicita la práctica de numerosas diligencias, entre ellas la toma de declaración como imputado para el 5 de junio del delegado del Gobierno en Madrid, así como el interrogatorio a tres testigos. En la providencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la magistrada se queja de que el resultado de algunas de las diligencias está siendo difundido en los medios de comunicación, y advierte a las partes personadas —con especial mención a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado— de que hacerlo sería constitutivo de delito, informa J. J. Gálvez. En el escrito, la juez recuerda a los agentes de la Guardia Civil que participan en la investigación que, en su función de Policía Judicial, deben guardar “rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan”. Rodríguez-Medel también les reitera que solo deben informarle a ella de sus avances.
El cese de Pérez de los Cobos ha provocado un enorme malestar en el seno de la Guardia Civil, según ha podido constatar este diario. Mandos del instituto armado comparaban su situación con la que vivió en agosto de 2018 otro coronel de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, entonces máximo responsable de la Unidad Central Operativa (UCO). Grande-Marlaska también destituyó a este mando por “falta de confianza” después de que el coronel ordenase suspender determinadas actividades de operaciones en marcha por falta de fondos reservados “sin tener autorización de superiores o autoridades judiciales”. Este lunes, la Asociación Profesional de la Guardia Civil (Aprogc, que defiende el carácter militar de la institución) emitió un comunicado en el que tildaba la decisión del ministro de “injusta y partidista” y defendía la actuación del hasta ahora jefe de la Comandancia de Madrid, que describen como ajustada en todo momento a la ley.
El líder del PP Pablo Casado anunció este lunes, tras la reunión del comité de dirección de su partido, que pedirá la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique “los verdaderos motivos” del cese del jefe de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Casado calificó esta destitución de “agresión” a la institución. También Ciudadanos avanzó que la solicitará para que explique “cuáles son los motivos reales de que en una situación como la que nos encontramos se cese al principal mando de la Guardia Civil en Madrid”. Vox ha registrado ya una solicitud en el mismo sentido, aunque en ella vinculaba el cese a una supuesta polémica por la protección de la vivienda en la que reside el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en Galapagar (Madrid).
https://elpais.com/espana/2020-05-25/interior-cesa-al-coronel-perez-de-los-cobos-como-jefe-de-la-guardia-civil-en-madrid.htmlEL ABOGADO QUE HA DENUNCIADO AL GOBIERNO: CONDENADO Y SANCIONADO POR ESTAFAR A CLIENTES
Víctor Valladares, abogado que ha denunciado al Gobierno por la gestión del coronavirus, ha sido condenado y sancionado
Víctor Valladares, el letrado que ha llevado ante la Justicia al Gobierno y a Pedro Sánchez por la gestión de la crisis del coronavirus y por no prohibir concentraciones como las del 8M, ha sido condenado y sancionado por quedarse con el dinero de algunos de sus clientes sin llevar a cabo el trabajo para el que le habían contratado o no dar cuenta de él. Según documentación y testimonios a los que ha tenido acceso esta emisora, el Colegio de Abogados de Madrid le sancionó en dos ocasiones y un juzgado le condenó a devolver el dinero a una clienta en 2018, estando a la espera de otro juicio en Madrid este mes de junio. Otro juzgado, en sentencia no firme, le ha condenado hace dos meses por un delito leve de estafa por engañar a otro cliente.
Su denuncia presentada en Madrid ha propiciado la apertura de una causa por un juzgado que investiga si José Manuel Franco, Delegado del Gobierno en Madrid, prevaricó o cometió otro delito al permitir grandes concentraciones como las del 8M a pesar de lo que ya entonces decían algunos informes sobre el riesgo de propagación del coronavirus. El letrado, además, ha presentado también una denuncia contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo y anuncia la creación de una asociación con más de 7.000 personas contactando ya con él para sumarse.
En conversación con la Cadena SER en el día de ayer Valladares negó ir a pedir ningún dinero a la gente que se sume a sus acciones contra el Gobierno y reconoció la existencia de estos procedimientos judiciales, aunque negando los hechos, alegando que había ganado todos los juicios a los que se había enfrentado y denunciando una campaña contra él en las redes sociales.
Uno de estos casos fue sentenciado en junio de 2018 por el juzgado 87 de Madrid: fue condenado a indemnizar a una mujer con 1.300 euros por no haber interpuesto acciones legales en una demanda de derecho al honor por el que le había pagado. Él "de forma consciente, mediante ocultación de la falta de presentación de la demanda, retención voluntariamente consciente de la documentación que había recibido de la cliente y que además estaba obligado a devolver, fingiendo la existencia de un procedimiento abierto y un acuerdo inexistente, creó una apariencia jurídica eficaz de que venía siguiendo las instrucciones de su cliente y comitente, cuando en realidad no lo había realizado".
"No tenía ninguna documentación"
"Así fue durante un año, yo no tenía ninguna documentación, simplemente su palabra y lo que él me iba contando que iba haciendo hasta que hablé con otros abogados y me dijeron que claramente este señor no estaba haciendo nada", relata a la Cadena SER Cristina Muñoz, la víctima que denunció este caso en un juicio en el que Valladares fue declarado en rebeldía y que también le costó una sanción de quince días por parte del Colegio de Abogados de Madrid.
Un caso similar al que, salvo suspensión ante el escenario de crisis, le llevará al banquillo del juzgado de lo penal 24 de Madrid el próximo mes de junio. Está acusado de estafa, falsedad en documento público y deslealtad por supuestamente quedarse con 3.300 euros de un proceso por una cláusula suelo que, según la versión de la acusación, tampoco puso en marcha. En esta causa la afectada pide casi tres años de cárcel para él.
Animalistas y procesos de menores
Más de una decena de personas han contactado con la Cadena SER en los últimos días para explicar su experiencia con este letrado que, según las bases de datos del Consejo General del Poder Judicial, ha ejercido durante años y su nombre aparece en diversas sentencias como letrado pero que en este momento no figura ni en las bases del Consejo General de la Abogacía Española ni en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Asociaciones del ámbito de la protección animal, como Justicia Animal o Animal Rescue aseguran haber pasado por lo mismo pero especificando que no llegaron a denunciarle.
CONDENADO POR ESTAFA
Otra de sus condenas, aunque esta no es firme, fue dictada este mismo mes de enero por el juzgado de lo penal 13 de Madrid: se le impuso una multa de 280 euros por un delito leve de estafa, absolviéndole de otro de falsedad documental. La sentencia, recurrida por defensa y acusación, declaró probado que engañó a un matrimonio que quería demandar a una tienda de animales cobrando 290 euros sin interponer ningún tipo de acción judicial. "La querella en cuestión nunca llegó a presentarse", dice la sentencia a la que ha tenido acceso la Cadena SER, denunciando su "conducta engañosa".
Otro de los testimonios recabados por la SER es el de Ana Rosa Castro, que encomendó a Valladares el intento de encontrar y retornar a su hija desde Argelia donde permanece con su padre. El ICAM terminó imponiéndole una sanción de quince días en enero de 2018 por infringir las normas deontológicas ya que "no consta que el letrado haya informado sobre el estado en que se encuentra el asunto encomendado".
Causa reabierta
El juzgado número 46 de Madrid investiga si Valladares hizo lo mismo con una gestoría, no tramitando y supuestamente falsificando documentación de un caso: la causa fue archivada pero el año pasado la Audiencia Provincial de Madrid ordenó su reapertura. En declaraciones a la Cadena SER Carlos Santos, de la gestoría Gesys, explica que empezó a derivar a algunos de sus clientes al despacho de Valladares: "Yo estaba empezando, la gestoría estaba recién salida del horno y no teníamos un apoyo jurídico".
Fue unos meses después cuando muchos de ellos volvieron a llamarle denunciando que no sabían nada de sus procedimientos. "Yo llamaba a Víctor y él me decía siempre lo mismo, que la Justicia es muy lenta", hasta que en una ocasión le aseguró que tenían una vista de un proceso monitorio en un juzgado de Getafe: "Me presenté en el juzgado y allí no se presentó absolutamente nadie", relata. En el juzgado le informaron de que el número de procedimiento existía pero no era su monitorio sino otro proceso e hipotecario.
"Fui a cada juzgado a ver cada procedimiento de cada uno de mis clientes y todos los procedimientos no existían, estaba todo sin hacer", explican desde la gestoría. El proceso contra él se instruye en un juzgado 46 de Madrid después de un primer archivo y de que él lo negase pero después también de que la Audiencia Provincial, considerando acreditado que había documentos falsificados. "A la vista de la denuncia formulada y la acreditación de la falsedad de la diligencia de ordenación remitida a través del correo electrónico del denunciado a la gestoría denunciante, sería conveniente practicar aquellas diligencias de investigación necesarias para esclarecer los hechos".
https://cadenaser.com/ser/2020/03/27/tribunales/1585341719_006967.htmlUNA JUEZA ABRE LA VÍA PENAL CONTRA EL GOBIERNO POR NO PROHIBIR EL 8-M ANTE EL VIRUS
Declara la apertura de diligencias previas y solicita que se practique una batería de pruebas para confirmar la existencia de responsabilidades
La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha abierto la primera vía penal contra el Gobierno central por la celebración de manifestaciones multitudinarias, como la del 8-M, en los días previos a que se declarara el estado de alarma. Tras recibir por reparto de decanato, el pasado viernes 20 de marzo, la denuncia de un particular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra todos los delegados del Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, la magistrada ha incoado diligencias previas en exclusiva respecto al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, el único sobre el que tiene competencia.
La magistrada pide a la persona que denunció que, si lo estima, traslade el procedimiento ante los órganos competentes: sobre el presidente del Gobierno, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y sobre el resto de delegados del Gobierno, ante los órganos judiciales de sus comunidades autónomas. Explica en un auto que las diligencias previas se incoan frente al delegado del Gobierno de Madrid por un presunto delito de prevaricación administrativa y/o lesiones por imprudencia profesional.
Además de abrir la investigación, la jueza ordena una batería de diligencias de investigación a la Policía, la Guardia Civil y al médico forense, con expresa advertencia de que no son urgentes y que deberán, por tanto, practicarse cuando su disponibilidad lo permita a la vista de la evolución del estado de alarma. La denuncia, que no solo se limitaba a la celebración de la masiva manifestación del Día de la Mujer, detalla que en la comunidad hubo 77 reuniones multitudinarias desde que, el 2 de marzo, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades emitiera un informe de aviso.
La jueza constata que el derecho de reunión que protege la Constitución debió limitarse debido a la "desproporcionada perturbación de otros bienes", en este caso, la vida y, en concreto, "si en el momento de la decisión gubernativa se tenían suficientes datos". Pese a ello, alberga serias dudas sobre la calificación de los hechos que realiza el denunciante. "La calificación jurídica puede ser esta o puede ser esta en concurso con otras", indica.
Interrogantes
El auto indica que existen, a día de hoy, una serie de interrogantes sobre los que nada se sabe. Explica que se desconoce si el informe del centro europeo fue remitido oficialmente a España, en qué fecha y a qué autoridad. Tampoco se conoce si la Delegación del Gobierno fue instada a alertar sobre el peligro de propagación del virus en estas concentraciones o incluso a prohibir o autorizar su celebración.
Por eso considera necesario reclamar una serie de diligencias. Reclama al médico forense un informe sobre si las manifestaciones fueron susceptibles de causar riesgos evidentes para la vida y, en el caso de que concluya que sí, si esta circunstancia era notoria en aquel momento. Solicita, además, una estadística de probabilidad en la que se le indique si hay datos que evidencien el daño. "Por ejemplo, a la vista del índice de personalidades relevantes que acudieron", indica.
Ordena a Policía y Guardia Civil que rastree el informe del centro europeo y la existencia o inexistencia de recomendaciones sanitarias del Gobierno central en los días previos a las concentraciones masivas. También todas las comunicaciones hechas a la Delegación del Gobierno y si se instó a la toma de medidas de precaución como guantes o mascarilla para acudir a esas marchas.
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-03-25/una-jueza-abre-la-primera-investigacion-por-prevaricacion-por-no-prohibir-el-8m_2517591/
UN JUZGADO ABRE DILIGENCIAS CONTRA EL DELEGADO DE GOBIERNO EN MADRID POR PERMITIR LAS MANIFESTACIONES
Reclama una batería de diligencias a la Guardia Civil por un presunto delito de prevaricación y lesiones por imprudencia profesional
Una juez de Madrid ha abierto unas diligencias contra el delegado de Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por permitir una serie de concentraciones multitudinarias entre los días 5 y 14 de marzo cuando ya se conocía el riesgo de infección por coronavirus. Entre los actos se encuentra la manifestación del 8-M, el acto de Vox en Vistalegre y partidos de fútbol.
La titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha acordado abrir diligencias por los presuntos delitos de prevaricación y lesiones por imprudencia profesional tras recibir una denuncia de un particular. Sin embargo, rechaza iniciar una investigación contra el resto de denunciados como son el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra todos los delegados de Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla, al considerar que no es competente para ello.
De ahí que inste al denunciante a que, si lo estima, traslade la denuncia ante los órganos competentes: el presidente del Gobierno, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y el resto de delegados de Gobierno, ante los órganos judiciales de sus comunidades autónomas.
La denuncia considera que se han podido cometer una serie de delitos por parte de los responsables políticos por no prohibir una serie de concentraciones multitudinarias “a pesar, dice la denuncia, de la recomendación emitida por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades, de 2 de marzo”.
En el marco del procedimiento, la juez ordena una batería de diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense, con expresa advertencia de que no son urgentes y que deberán, por tanto, practicarse cuando su disponibilidad lo permita a la vista de la evolución del estado de alarma.
En la denuncia se relata que en la Comunidad de Madrid hubo 77 reuniones multitudinarias desde que se emitiera el informe sobre el Covid de 2 de marzo 2020 por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades.
Franco, no aforado
La juez inicia unas diligencias respecto de Franco, sobre quien aclara no se encuentra aforado. Entiende que a priori no se puede concluir que estos hechos no sean delictivos. “La respuesta a esta cuestión no es fácil pues lo absolutamente excepcional de los hechos denunciados hace que no sea viable buscar precedentes jurisprudenciales que arrojen algo de luz sobre si los mismos merecen reproche penal”.
En su opinión, sólo procedería el archivo directo de la denuncia si fuera evidente que los hechos no tienen encaje en un tipo penal o si, aun tipificados los hechos como delictivos, no existiera indicio alguno de la participación en los mismos del denunciado. “No se aprecia esta evidencia en esta fase inicial del procedimiento”, añade.
Límites al derecho de manifestación
En el auto, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que en su día investigó el caso del máster de la Universidad Rey Juan Carlos de algunos dirigentes como Cristina Cifuentes o Pablo Casado, recuerda que el derecho de manifestación tiene unas limitaciones.
“Por ello la Constitución exige que en esos supuestos la reunión ‘se comunique’ a la autoridad competente, que, a su vez, puede llevar a una prohibición de la manifestación cuando existan fundadas razones para presumir la alteración del orden público, que habrá de ser entendido de forma restrictiva y de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento y de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, apunta.
Así recuerda que el precepto constitucional añade ‘con peligro para personas o bienes’ con lo cual habría que interpretarlo que el riesgo de otro tipo de desórdenes que no implicaran peligro para personas o bienes no podría conducir a la prohibición de una manifestación.
Las incógnitas
El denunciante tipifica los hechos como un delito de prevaricación administrativa, en su caso, cometido por omisión, al no prohibirse las manifestaciones. “Serias dudas plantea a esta instructora que esta sea la calificación procedente, sin tampoco descartarla. La calificación jurídica puede ser ésta o puede ser esta en concurso con otras, como, por ejemplo, el delito de lesiones por imprudencia profesional”.
Sobre la participación del delegado del Gobierno en Madrid, la juez se hace varias preguntas: ¿El informe emitido en fecha 2 de marzo de 2020, por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades ¿fue remitido oficialmente a España en qué fecha? ¿a qué autoridades? ¿se recepcionó oficialmente por la Delegación del Gobierno de Madrid? - ¿se instó oficialmente a la Delegación del Gobierno de Madrid que en base al mismo o en base a otro documento oficial - que alertara sobre los peligros para la salud pública debido al coronavirus - se prohibieran las manifestaciones previstas en los días 7 u 8 de marzo de 2020? Por el contrario ¿se dio orden expresa al Delegado del Gobierno de Madrid de no prohibir las manifestaciones al margen de cualquier consideración sanitaria? ¿se adoptó alguna medida de prevención por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid?”
“Todo son interrogantes”
Sobre estas cuestiones, “todo son interrogantes”, afirma Rodríguez-Medel. “Hemos expuesto que la jurisprudencia del TC exige para prohibir el ejercicio del derecho fundamental a la manifestación que la autoridad gubernativa cuente con datos objetivos suficientes derivados de las circunstancias concretas de cada caso y que la prohibición tenga como finalidad la desproporcionada perturbación de otros bienes o derechos protegidos por nuestra Constitución”.
Por eso considera que si se contaba o no con tales datos objetivos en el momento de la toma de decisión por parte de la autoridad gubernativa, e incluso, si las manifestaciones que tuvieron lugar en los días 7 y 8 de marzo de 2020 eran susceptibles de perturbar otro bien o derecho protegido por la Constitución, como la vida, “son cuestiones que deberán en su caso acreditarse”.
“Pero en opinión de esta instructora, y con todas las cautelas propias de esta fase inicial de la investigación, resulta imprescindible incoar diligencias previas y practicar diligencias a fin de clarificar éstos y cuantos otros extremos permitan esclarecer si estamos o no ante hechos delictivos”.
Las diligencias ordenadas
Para esclarecer los hechos, la magistrada reclama al médico forense que exponga si las manifestaciones de Madrid fueron susceptibles de causar un “riesgo evidente” para la vida e integridad física de las personas. En caso que fuera así, reclama que explique si tal circunstancia era científicamente notoria con carácter previo a su celebración o, en su caso, cuando devino notorio.
Asimismo, pide si hay datos que evidencien que tal daño en la vida o integridad de las personas “se materializó (por ejemplo, desde un punto de vista de probabilidad estadística, a la vista del índice de personalidades relevantes que acudieron a alguna de dichas manifestaciones y que han resultado contagiadas por el virus covid-19)”.
Para emitir dicho informe, la juez señala que el médico forense podrá instar a este órgano judicial que recabe la documentación sanitaria que precise de las autoridades o responsables sanitarios que entienda oportuno, debiendo siempre velar por la protección de datos personales de especial relevancia, como son los datos personales de carácter sanitario.
Análisis de las consecuencias sanitarias
De la Guardia Civil que obtenga el informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades en lo que a España, difusión que del mismo hizo entre las autoridades y, concretamente, si se remitió a la Delegación del Gobierno en Madrid (fechas, texto literal remitido y cuanto resulte relevante para esta investigación).
También les reclama que obtengan si por parte de las autoridades competentes españolas se remitieron recomendaciones sanitarias a la Delegación del Gobierno en Madrid en relación con las manifestaciones programadas desde el 5 de marzo en adelante “o si, por el contrario, se dio algún tipo de instrucción o indicación escrita relativa a que las manifestaciones deberían tener lugar en todo caso sin restricción alguna”.
También quiere las reuniones que hubo sobre las manifestaciones y los expedientes administrativos tramitados en la Delegación del Gobierno de Madrid respecto a éstas. Así, pide a los agentes que lo analicen y valoren si se evaluaron las consecuencias sanitarias “o si, por el contrario, no hay evidencia documental o testimonial alguna de que se recabara información sanitaria o dictámenes de expertos sanitarios para evaluar el riesgo que conllevaba no prohibir las manifestaciones”.
Por último, la magistrada quiere conocer si se hizo por parte de los promotores o autorices competentes alguna advertencia sobre los riesgos sanitarios; y si se suministraron medidas de prevención a los asistentes de estas reuniones o manifestaciones celebradas con posterioridad al 5 de marzo tales como guantes, mascarillas u otras, con indicación de qué medidas fueron, a quien se suministraron y por orden de qué autoridades”.
https://www.lavanguardia.com/politica/20200325/4893723600/diligencias-juzgado-franco-delegado-gobierno-pedro-sanchez-coronavirus.html
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