EL PRESIDENTE DEL CONSTITUCIONAL ASESORÓ AL PP DESDE 1992
El magistrado 'escondió' al Senado varios trabajos de asesoramiento
al partido
Cuando Francisco Pérez de los Cobos llegó, en octubre de 2010, a
pasar su examen en el Senado, la Cámara que debía validar su
candidatura como magistrado del Tribunal Constitucional, lo hizo
acompañado de la diputada del PP Celia Villalobos. A los miembros de
la comisión de nombramientos les llamó la atención porque “no era lo
habitual”, aunque el candidato lo fuera a propuesta del PP, tal como
recuerda uno de los presentes. No le dieron importancia hasta que,
hace poco más de 10 días, se supo que entonces Cobos era militante
del PP, un hecho que silenció ante la comisión. De la misma manera
se reservó en su exposición que la relación con los populares y su
asesoría se remonta, al menos, a 1992.
Villalobos siguió la intervención del “modesto profesor
universitario”, tal como se presentó Cobos ante el Senado, en la
misma sala Clara Campoamor, sentada dos bancos más atrás del ocupado
por él. El pasado miércoles, fue Villalobos la que, con más ahínco,
imposibilitó que en el Congreso se hablara del actual presidente del
Constitucional. Le retiró la palabra a la portavoz socialista,
Soraya Rodríguez (que abandonó la sala), a Carmela Silva, la
diputada socialista miembro de la mesa, y a María Luisa Carcedo,
vocal de la Diputación Permanente. Villalobos tampoco atendió a
Eduardo Madina que, en la misma sesión, le solicitó que permitiera
al Grupo Socialista acabar con su exposición.
Pero es que la relación de la ahora vicepresidenta primera del
Congreso con Pérez de los Cobos se remonta a hace 20 años, algo que
la comisión de nombramientos del Senado tampoco sabía cuando firmó
su idoneidad para ser magistrado del Constitucional.
Entre 1989 y 1993, Villalobos fue miembro de la Comisión de Empleo.
Según explicó a varios miembros de la mesa, formó un grupo de
asesores en materia laboral entre los que se encontraba el entonces
catedrático de Trabajo Pérez de los Cobos. Ayer, Villalobos negó
tajantemente haber contado con la asesoría de Cobos. Durante 1992,
Villalobos fue además ponente de la Ley de Huelga. Según el también
catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La
Mancha, Antonio Baylos, el PP le indicó que “el asesor con el que
contaban era Pérez de los Cobos, y que a él me debía dirigir porque
no tenían un diputado idóneo para un debate técnico y político”. “Lo
recuerdo porque me sorprendió”, añade, ya que el ahora presidente
del Constitucional ejercía dicha asesoría sin la “visibilidad que
tenían otros profesores”. Celia Villalobos negó igualmente que se
acudiera a sus conocimientos y aseguró que “nunca ha asesorado ni
cobrado del Partido Popular”.
Tras su paso por las universidades de Valencia, Baleares y ya
estando en Barcelona, Pérez de los Cobos pasó, en 1996, a formar
parte del Consejo Económico y Social como consejero experto y de la
mano del propio José María Aznar, lo que le supuso su primer cargo
de designación política, algo que sí incluyó en su currículum
presentado al Senado, al igual que la referencia a una conferencia
pronunciada en 1993 en la Fundación para el Análisis y los Estudios
Sociales (FAES), vinculada al PP, sobre los “aspectos básicos de la
reforma del mercado de trabajo”. Sobre la misma fundación reseñó su
participación en otra conferencia sobre “la reforma de la
intermediación en España”, en 2009 pero omitió su intervención en
otras actividades, hasta ocho, reseñadas en las memorias de la
propia fundación y correspondientes a los años 2006 y 2007, en las
que aparece el nombre de Pérez de los Cobos, por ejemplo, junto al
de la actual ministra de Fomento, Ana Pastor, como asistentes a un
seminario sobre “La reforma laboral que España necesita”.
Precisamente la constitucionalidad de la reforma laboral aprobada
por el Gobierno de Mariano Rajoy será uno de los temas sobre los que
el actual presidente del Constitucional deberá dilucidar, tras el
recurso presentado por el grupo socialista en el Congreso.
Francisco Pérez de los Cobos es considerado, por muchos, como autor
intelectual de dicha reforma. Sin embargo, hay algo que, en
cualquier caso, es una realidad: su relación con uno de los autores
conocidos de la ley, el actual director general de Empleo, Javier
Thibault. El vínculo se remonta a la estancia de ambos en la
Universidad de Barcelona, donde compartieron departamento. Ambos
coincidieron también en la Universidad Complutense de Madrid cuando
el ahora presidente del Constitucional era director del departamento
en el que Thibault fue profesor titular en servicios especiales.
En 2000, Pérez de los Cobos dirigió la tesis de Thibault, en la que
obtuvo un sobresaliente cum laude. Hasta 2010, ambos firmaron juntos
hasta media docena de publicaciones. Y cuando Pérez de los Cobos
llegó al Constitucional, en diciembre de 2010, entre los letrados
con los que cada nuevo magistrado puede contar se incluyó a Thibault,
puesto que ocupó hasta enero de 2012, cuando fue nombrado director
general de Empleo. Un mes después, se aprobó la reforma laboral.
El presidente del Constitucional obvió ocho colaboraciones con FAES
La relación con Javier Thibault, que entonces era un profesor de
universidad, no fue ocultada al Senado donde, sin embargo, el
candidato a magistrado sí obvió que figura como administrador único
de Labour Prospectives, una sociedad creada en 2003 que tiene como
objeto “la elaboración de estudios en el ámbito de las relaciones
laborales, análisis de la negociación colectiva y asesoramiento
general en el ámbito social”. Antes del nombramiento, Cobos
suspendió las actividades de la sociedad, dada la incompatibilidad
de los miembros del Tribunal Constitucional con “el desempeño de
actividades profesionales o mercantiles”, tal como señala la Ley
Orgánica del propio tribunal. Aún así, sigue figurando como máximo
responsable de la sociedad limitada.
Con la publicación de su militancia en el PP, al menos, hasta 2011,
ha salido a la palestra otra posible incompatibilidad. Desde marzo
de 2012, cuando ya ocupaba un puesto como magistrado del
Constitucional, forma parte de la Comisión de Expertos en Aplicación
de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).
En 2012, logró la autorización verbal de Pascual Sala para ser
experto de la OIT
Varias fuentes han asegurado que la autorización sobre la
posibilidad de compatibilizar ambos cargos nunca pasó por un pleno y
que fue el anterior presidente del alto tribunal, Pascual Sala,
quien le dio, únicamente, una “autorización verbal” para que pudiera
compaginar ambos cargos. El hecho es que Francisco Pérez de los
Cobos fue nombrado miembro de dicha comisión, que se reunió, en
Ginebra, los mismos días en los que el Tribunal Constitucional
registró su ausencia en uno de los plenos celebrados en el mes de
noviembre de 2012. Según las actas de las votaciones del alto
tribunal celebrado durante los días 27, 28 y 29, el magistrado
estuvo ausente. Precisamente esos días se reunió la comisión de la
que forma parte.
Desde que EL PAÍS desveló que el actual presidente del
Constitucional pagó sus cuotas de militante, al menos, hasta 2011,
Cobos no ha dado ninguna explicación pública. De la reunión que
mantuvo con parte de los magistrados que forman el pleno no logró
sacar la declaración institucional de apoyo que pretendía pero sí
una nota de prensa en la que defendía la legalidad de compatibilizar
la militancia política con su puesto como magistrado. Pérez de los
Cobos no ha dicho públicamente si ha abandonado su afiliación
política. El PP ha impedido, además, que dé explicaciones en el
Congreso y solo si tres de los otros once magistrados del
Constitucional lo piden, al menos, tratará la polémica en un pleno
extraordinario del mismo tribunal sobre el que existe una cascada de
anuncios de impugnaciones y recusaciones.
http://politica.elpais.com/politica/2013/07/28/actualidad/1375035151_870364.html
EL MAGISTRADO ESCRIBIÓ UN LIBRO DE AFORISMOS QUE ARREMETE CONTRA
CATALUÑA Y LOS CATALANES
Más allá de los motivos jurídicos que exponga la Generalitat en la
anunciada recusación del presidente del Tribunal Constitucional,
Francisco Pérez de los Cobos escribió en 2006 varias reflexiones en
las que arremete contra los catalanes y el nacionalismo, al que
define como una “pesadilla”.
“Cuando un catalán está satisfecho lo expresa diciendo: “a mí, ya me
va bien”, escribió en Parva memoria, una breve obra de 42 páginas
que contiene 368 aforismos sobre temas diversos y que constituye su
único libro ajeno al Derecho. La frase se antoja un abono del tópico
sobre la insolidaridad catalana, pero no es la única. “El dinero es
el bálsamo racionalizador de Cataluña”, dice en otra página.
El libro contiene frases despectivas con ciudadanos de otros países,
aunque ninguna tan contundente como la que afirma que “los ingleses
han aprendido de sus gatos a lavarse”. La cita evoca la que
pronunció en 2003 otro presidente del Tribunal Constitucional,
Manuel Jiménez de Parga. “Cuando en Andalucía teníamos fuentes de
distintos colores y olores algunas de esas nacionalidades históricas
no sabían lo que era el baño semanal”, dijo. Parva memoria fue
publicado en 2006 por la editorial valenciana Tirant lo Blanch,
cuando el magistrado hacía ya casi una década que vivía en
Barcelona.
En 2005, Pérez de los Cobos pronunció el discurso oficial con motivo
de la celebración del día de la Constitución, en Yecla, su localidad
natal. El exdiputado murciano del PSOE Domingo Carpena recuerda que
fue “durísimo” el tono empleado contra Cataluña y el nacionalismo.
“No había oído nada igual hasta que escuché a Alejo Vidal Quadras”,
recuerda Carpena.
De los Cobos recaló en Barcelona en 1997 al acceder a la cátedra de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad
Autónoma (UAB), en una época que compaginó la docencia con el
asesoramiento a organismos públicos, asociaciones empresariales y
sociedades diversas. En aquellos años nació una estrecha amistad que
perdura con el profesor de la misma especialidad Javier Thibault,
actual director general de Empleo y considerado su discípulo más
fiel. No en vano se cree que fue él quien lo propuso a la ministra
Fátima Báñez.
De la etapa en Barcelona queda también la enemistad manifiesta del
actual presidente del Tribunal Constitucional con el abogado
Salvador del Rey, que tiene su origen en el concurso por la cátedra,
y que luego se amplificó por otros motivos. Del Rey es ahora socio
de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, uno de los bufetes con más
proyección internacional y preside desde 2010 el Instituto Mundial
del Trabajo.
A finales de la década de 1990 Del Rey era ya un reconocido jurista
que competía con Pérez de los Cobos por la misma cartera de clientes
a los que asesorar, aunque tenían diferencias ideológicas. Del Rey
se implicó a fondo en el diseño estratégico del empresariado catalán
y mantuvo una estrecha relación con CiU y el presidente de la
Generalitat Jordi Pujol, mientras que Pérez de los Cobos ya era
reconocido en el PP como un laboralista de referencia.
EL PAÍS ha intentado que Del Rey evocara aquel desencuentro con el
magistrado pero lo ha rechazado. Los profesores que en aquellos años
compartieron despachos con él también son reticentes a emitir
valoraciones. “Yo lo traté muy poco pero entonces ya se sabía en la
facultad que era un señor muy de derechas”, explica una catedrática.
“La única ideología capaz de seguir produciendo pesadillas es el
nacionalismo”, sentencia en otro aforismo. Con otro tono, rayando lo
soez, Pérez de los Cobos afirma en Parva memoria: “No hay en
Cataluña acto político que se precie sin una o varias
manifestaciones de onanismo”.
La obra también contiene referencias a los españoles. Una de las más
desafortunadas dice: “No es que los españoles seamos antibelicistas,
es que las guerras que realmente nos gustan son las civiles”. En
otro momento, Cobos asegura que “los españoles hablamos el
castellano en América con actitud imperial” y arremete contra las
banderas, sin concretas a cuáles se refiere. “¡Cuánta mediocridad
tapan las banderas! Quizás se inventaran para eso”. El magistrado
asegura de sí mismo: “Soy el único liberal que conozco” y define la
corrupción como “el término de una sucesión de compromisos”.
De 1994 a 1997 pasó por la Universidad de las Islas Baleares. El
recuerdo que guarda tampoco parece muy grato. "El mallorquín ve en
su propio interés una fatalidad, algo inevitable de lo que no se
puede escapar. “I jo què hauria de fer?" (¿Y yo qué debería hacer?),
escribe.
http://politica.elpais.com/politica/2013/07/28/actualidad/1375035633_153761.html
LA MAYORÍA PIDE LA DIMISIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSTITUCIONAL
La mayoría de los españoles cree que Francisco
Pérez de los Cobos debe dimitir como presidente del Tribunal
Constitucional por haber ocultado al Parlamento que era militante
del PP cuando asumió el cargo de magistrado de la esta institución,
como reveló EL PAÍS.
Un 68% de los ciudadanos entiende que esa
condición de militante de un partido político concreto afecta
negativamente a la institución y a él para desempeñar sus funciones
de magistrado. El Gobierno y el PP se han volcado estos días en la
defensa de su excompañero de su partido y han evitado que tenga que
comparecer en el Congreso para explicar por qué ocultó su
militancia. Sin embargo, la mayoría de los votantes del PP son
críticos con el presidente del Constucional, porque el 68% asegura
que afectará negativamente a la institución.
No obstante, la mayoría de los que apoyaron al PP
en las últimas elecciones considera que no debe dimitir como
presidente de esta institución. El 25% afirma que debe seguir en el
cargo.
La valoración es distinta entre los votantes del
PSOE que, en su mayoría, afirma que Pérez de los Cobos debe dimitir.
Hasta un 79% de los simpatizantes socialistas considera que está
incapacitado para mantenerse en el cargo. Hasta el momento, la
dirección del PSOE no ha pedido su dimisión, aunque haya criticado
el ocultamiento y le haya pedido explicaciones, pero sin cuestionar
su continuidad. Ni siquiera han aclarado los socialistas si pedirán
la recusación de Pérez de los Cobos en la resolución de los recursos
que han presentado contra una docena de leyes aprobadas por el
Gobierno de Mariano Rajoy.
Para un 83% le afectará negativamente haber sido
militante del PP al tiempo que magistrado del Tribunal
Constitucional.
http://politica.elpais.com/politica/2013/07/27/actualidad/1374938428_095297.html
EL PSOE ATRIBUYE A VILLALOBOS
UNA ACTITUD “INDECENTE” POR NO DEJAR HABLAR DE COBOS
Soraya Rodríguez pide amparo a
Posada y solicita que no deje a la vicepresidenta presidir “hasta
que no esté en condiciones de mantener el decoro y la imparcialidad”
El debate en la Diputación Permanente transcurría con bastante
normalidad incluso en el apartado del caso Bárcenas. Una vez llegado
el debate sobre la petición del Grupo Socialista de comparecencia de
la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para
explicar “cómo entiende el Gobierno las relaciones con el Poder
Judicial y el respeto a las actuaciones”, sobrevino la bronca. La
portavoz socialista, como otros portavoces, quería aprovechar este
apartado para solicitar la comparecencia de la vicepresidenta del
Gobierno pero también del presidente del Tribunal Constitucional,
Francisco Pérez de los Cobos, por haber ocultado al Parlamento su
militancia en el PP como reveló EL PAÍS. “O habla usted del Poder
Judicial o le retiro la palabra”, y se la retiró, además de quitarle
la megafonía después de un rifirrafe de varios minutos. Es decir,
desde la perspectiva formal la portavoz socialista debía atenerse al
enunciado de su propuesta, es decir, el Poder Judicial, y no el
Tribunal Constitucional. En los pasillos la portavoz socialista
consideró que Villalobos había tenido con ella "una actitud
indecente".
La tensión fue en aumento porque una vez vez que le fue retirada la
palabra y tras varios intentos vanos de hablar, la dirigente
socialista abandonó muy enfadada el salón donde se celebra la
Diputación Permanente. De inmediato tomó la medida que estaba en su
mano: una carta al presidente del Congreso: un escrito de protesta.
La portavoz socialista ha escrito una carta al presidente del
Congreso, Jesús Posada, para solicitarle amparo al sentir que sus
derechos han sido vulnerados. Además, le ha pedido que “no permita"
dirigir los debates a Celia Villalobos " hasta que la vicepresidenta
no esté en condiciones de mantener el decoro y la imparcialidad”.
Mientras Rodríguez estaba ya fuera del salón, algunos de sus
compañeros trataron de mantener la reivindicación de la portavoz.
Primero, Carmela Silva, secretaria del Congreso del Grupo Socialista
y, después, el secretario general del Grupo Socialista, Eduardo
Madina. Villalobos no estaba dispuesta a que el asunto se alargara
más y paso al siguiente punto del orden del día con lo que también
impidió que tomara la palabra el secretario general del Grupo
Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, que pretendía salir en
apoyo de Villalobos y justificar la no pertinencia de sacar el
asunto de la comparecencia de Pérez de los Cobos. “La vicepresidenta
del Congreso ha tenido una actitud indecente” ha proclamado Soraya
Rodríguez
La decisión de impedir el debate fue evidente pero también la
intención de Villalobos de echar agua al fuego pero el incendio
estaba ya en pleno esplendor. Todo había empezado por la mañana
cuando ella misma y otros miembros del Grupo Popular de la Mesa, se
habían opuesto a la petición de comparecencia del presidente del
Tribunal Constitucional con argumentos legales. Ya en la Diputación
Permanente el grupo socialista quiso aprovechar un punto sobre el
Consejo General del Poder Judicial para hablar por analogía, en
cuanto a la incompatibilidad de jueces y magistrados de militar en
un partido, de Pérez de los Cobos. Villalobos se dio cuenta pasados
unos minutos y cortó a Soraya Rodríguez.
De inmediato Rodríguez sacó a colación lo que había pasado apenas
veinte minutos antes cuando un diputado del PP, Ricardo Tarno, tenía
que responder a la petición de comparecencia de Ana Mato para que
explicara la supresión del Consejo Nacional de la Juventud que
defendió la diputada socialista, Carmen Montón. Apenas unas palabras
dijo Tarno sobre el Consejo de la Juventud ya que toda su
intervención fue para hablar de José Antonio Griñán, presidente de
la Junta de Andalucía, y los porqués de su anuncio de dimisión fuera
del Parlamento de Andalucía. “Nadie le ha llamado la atención a este
diputado del PP cuando en vez de hablar del Consejo de la Juventud
ha hablado del señor Griñán y se le ha permitido seguir con ese
tema”, ha recordado Soraya Rodríguez para preguntar por qué ese
distinto baremo. Cuando eso ocurrió no presidía Villalobos sino el
titular, Jesús Posada.
El debate ha seguido en los pasillos donde Soraya Rodríguez ha
señalado que “Celia Villalobos está especialmente nerviosa, más
nerviosa que otros miembros de su partido, por las informaciones que
salen sobre la financiación del PP”, ha dicho. Se refiere a las
informaciones que citan a su marido, Pedro Arriola, asesor externo
del PP, de haber cobrado presuntamente en negro algunos de sus
trabajos.
Si hubiera podido Soraya Rodríguez habría justificado la petición de
comparecencia de Pérez de los Cobos desde la perspectiva de haber
dejado “incompleta” la información que ofreció en el Senado sobre su
biografía ya que no dio cuenta de su militancia en el PP. El resto
de los portavoces, dentro de la Diputación Permanente, sin citarle
por su nombre, han considerado del todo inadecuado que Pérez de los
Cobos sea militante del PP y, por tanto, debe dar explicaciones. Lo
han dicho muy rápido, apenas un par de frases, para que no le diera
tiempo a Celia Villalobos a quitarles la palabra con el mismo
argumento: no hay ningún punto en el orden del día sobre el
presidente del Tribunal Constitucional al encargarse el PP, a través
de los miembros de la Mesa del Congreso, de rechazar la propuesta.
http://politica.elpais.com/politica/2013/07/24/actualidad/1374689465_329222.html
EL PRESIDENTE DEL
CONSTITUCIONAL NO IRÁ AL CONGRESO A EXPLICAR SU MILITANCIA EN EL PP
El PP usa su mayoría en la mesa de la Cámara baja para evitar
que Cobos se explique
CiU apoya al PSOE al votar a favor de la comparecencia del
presidente del alto tribunal
La Mesa del Congreso ha rechazado este miércoles (por cinco votos a
cuatro) la comparecencia del presidente del Tribunal Constitucional,
Francisco Pérez de los Cobos, exigida por el PSOE para dar cuenta de
su condición de militante del PP mientras era magistrado en esa
institución. La mayoría absoluta del PP ha bloqueado la petición en
el órgano de gobierno de la Cámara baja, en el que tienen también
representación el PSOE y CiU, que han votado a favor. La Mesa
también ha evitado que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz
de Santamaría, dé explicaciones sobre este asunto en la Cámara baja.
Los miembros del PP en la Mesa consideran que no hay ningún precepto
en la Constitución ni en el Reglamento del Congreso que permita esa
comparecencia. Se han remitido, entre otros, al artículo 159.5 de la
Constitución, que establece que “los miembros del Tribunal
Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de
su mandato”. Es decir, que no están sometidos al control del
Parlamento. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, según
explican, solo establece tres motivos de relación de la institución
con el Parlamento: en la tramitación de recursos de
inconstitucionalidad, en la comunicación de vacantes y en la
elección de sus miembros.
Dudas en el Constitucional sobre la idoneidad de Cobos como
presidente
Sí se contempla el control en el Constitucional de los actos de la
Mesa y, de hecho, en la historia ha anulado varios de ellos.
Curiosamente, la decisión de bloquear hoy en la Mesa la
comparecencia del presidente del Tribunal podría ser recurrida por
el PSOE ante el propio Constitucional. La interpretación de la
mayoría del PP es similar a la que se hizo hace justo un año, cuando
el PSOE pidió la comparecencia en el Congreso del entonces
presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal
Supremo, Carlos Dívar, por las irregularidades en sus gastos de
viajes privados desveladas por EL PAÍS.
Entonces el PP entendió también que el presidente del Poder Judicial
no estaba sometido al control de otro poder del Estado, el
legislativo. En este caso, la ley sí establece motivos tasados de
las comparecencias en la Comisión de Justicia del Congreso, pero
tienen que ver con la explicación de las memorias anuales del
Consejo, no con su actividad interna. El PSOE vaticina ahora que
ocurrirá con Pérez de los Cobos lo que pasó con Dívar: que el PP
bloqueó la comparecencia y cuando él quiso ir, ya era tarde porque
tuvo que dimitir al quedarse sin apoyo en el Consejo.
Jesús Posada, presidente del Congreso, ha derivado el asunto a la
Mesa en lugar de llevarlo directamente a la Diputación Permanente
del miércoles. El PSOE intentará introducir el asunto en la
Diputación cuando se discuta una petición de comparecencia de la
vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría ante la Comisión
Constitucional para explicar “cómo entiende el Gobierno las
relaciones con el Poder Judicial y el respeto a sus actuaciones”.
Por el momento, Pérez de los Cobos mantiene el apoyo del partido en
el que militó al menos hasta 2011, y no hay crítica pública en el
seno del Tribunal hacia él. Sí hay crítica política, porque todos
los demás grupos parlamentarios del Congreso han criticado que Pérez
de los Cobos compatibilizara la condición de magistrado con la
militancia en el PP.
El lunes, el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran, afirmó que “su
problema no es de incompatibilidad, sino de parcialidad”. Añadió que
Pérez de los Cobos “no está teóricamente en condiciones de opinar
sobre la mayoría de los recursos que puedan plantear el PP o el
Gobierno del PP, y en consecuencia se debe cambiar la ley”. En los
últimos días se han pronunciado en sentido similar los portavoces
del PNV, UPyD e Izquierda Plural, frente a la defensa cerrada del
Gobierno y del PP. El PSOE, a través de su portavoz parlamentaria,
Soraya Rodríguez, considera “insostenible” la situación de Pérez de
los Cobos. Opina que ha perdido la apariencia de imparcialidad que
el propio tribunal exigió en el auto de febrero de 2007 en el que
aceptó la recusación por el PP del magistrado Pablo Pérez Tremps.
Por eso ha pedido su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de
su actuación y detalles sobre el momento en que dejó su militancia
siendo ya miembro del Tribunal. Considera un agravante el hecho de
que pasara la audiencia ante la comisión de nombramientos del Senado
sin incluir entre su trayectoria política y profesional su
militancia en el PP, que entonces mantenía viva.
Ese silencio es, según el PSOE, motivo suficiente para que Pérez de
los Cobos explique en las Cortes las razones por las que no hizo
referencia a su militancia ante la Cámara que le eligió sin tener en
cuenta todos los elementos.
Si, como parece seguro, la Mesa del Congreso bloquea este miércoles
la comparecencia, los socialistas estudiarán más medidas. Hace un
año, el PSOE terminó pidiendo la dimisión de Dívar, después de
algunas dudas del líder del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, que
mantenía objeciones a poner en cuestión instituciones fundamentales
como el Poder Judicial y ahora el Constitucional.
En todo caso, el PSOE sí prevé una “catarata de recusaciones” contra
el presidente del Constitucional. Los socialistas se plantean la
posibilidad de recusarle en la resolución de la docena de recursos
que han presentado contra leyes del Gobierno del PP, pero explican
que, en todo caso, hay que esperar a sus explicaciones. El gabinete
jurídico de Ferraz y el del Grupo Socialista revisarán caso por caso
los recursos por si hubiera materia para la recusación en cada uno
de ellos del presidente del tribunal.
http://politica.elpais.com/politica/2013/07/24/actualidad/1374665997_715541.html
CALPARSORO: “NO ES LO MÁS
IMPARCIAL QUE UN MAGISTRADO MILITE EN UN PARTIDO”
El fiscal superior del País Vasco defiende la búsqueda de
fórmulas para garantizar su independencia
El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, cree que "no es
lo más imparcial que un magistrado milite en un partido" ni "lo que
más legitimidad social" puede dar al Tribunal Constitucional (TC),
en referencia a la polémica surgida después de que se conociera que
el presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, militó durante
un tiempo en el PP tras su nombramiento al frente del alto tribunal.
Para Calparsoro, aunque "es difícil", se pueden buscar "fórmulas
para dar más garantías de total independencia" al Constitucional. El
máximo representante de la Fiscalía en Euskadi ha destacado que
"está claro que los jueces y fiscales" que forman parte del
ministerio público y del poder judicial "no pueden formar parte de
partidos políticos ni de sindicatos". "Los fiscales y jueces no
militan en ningún partido porque está prohibido. Si alguno que está
ejerciendo milita en algún partido o sindicato, está incurriendo en
una infracción disciplinaria clara y grave. Otra cosa es que hayan
podido militar en el período en que no eran magistrados o que,
mientras no ejerzan, pueden militar, pero mientras estén ejerciendo,
es incompatible", ha manifestado.
No obstante, ha dicho que, "en el caso del Tribunal Constitucional",
desconoce "exactamente la interpretación que tendrá que dar el
propio TC sobre si se puede o no militar en un partido político,
pero, desde luego, no parece que es lo más imparcial que un
magistrado lo haga", ha añadido, para recordar que Pérez de los
Cobos ya se ha dado de baja como afiliado de la formación popular.
Calparsoro cree que el presidente del TC "no debería militar" en
ninguna formación política, pero ha puntualizado que "otra cosa es
que legalmente esté prohibido". "Está claro que un juez o un fiscal
lo tenemos prohibido, no podemos militar porque es motivo de
expulsión o de sanción", ha añadido. Tras señalar que no ha
estudiado en profundidad si puede hacerlo un magistrado del TC, ha
afirmado que su idea, en principio, es que "es incompatible". "La
prueba es que esta persona ya no forma parte de este partido
político", ha añadido. Además, ha señalado que "hay otros
magistrados que en su tiempo formaron parte de un partido político
y, luego, fueron nombrados por su condición de juristas". "Ahora,
mientras forman parte del Tribunal que, al mismo tiempo estén
militando, me parece incompatible. Será el propio tribunal el que
tenga que valorarlo", ha indicado.
Es normal que la Generalitat catalana pueda pensar en pedir la
recusación de Pérez de los Cobos"
Calparsoro ha considerado que es "normal" que la Generalitat
catalana pueda pensar en pedir la recusación de Pérez de los Cobos
si considera que el hecho de pertenecer a un determinado partido
político, "que tiene una postura determinada, pueda condicionar una
decisión". En su opinión, "la posibilidad de recusarle está dentro
del ordenamiento jurídico y es tan legítima como no recusarle"
porque "forma parte del proceso y de sus garantías, y más en un caso
como el del Tribunal Constitucional.
El fiscal Calparsoro ha subrayado, asimismo, que "es difícil"
modificar el sistema de elección de los miembros del TC, aunque sí
cree que pueden "introducirse mejoras, como darle un carácter más
duradero al cargo y preservar más su imparcialidad". "Sin duda
alguna, se podrían encontrar fórmulas para darle una mayor sensación
o impresión de independencia", ha indicado. Tras señalar que los
magistrados propuestos por los grupos pueden tener, "de alguna
manera, un cierto condicionamiento hacia los grupos que le han
propuesto", ha considerado que "también hay que confiar un poco en
la honradez, honestidad y probidad o en el rigor de los magistrados"
para que actúen "al margen de presiones y de posibles influencias".
"Estoy convencido de que, en la mayoría de los casos, es así", ha
indicado. No obstante, ha apuntado que, pese a que "su estatus de
magistrados les preserve de cualquier tipo de presión o influencia",
se pueden buscar fórmulas dirigidas "a mejorar la imparcialidad, la
autonomía de cualquier tribunal, sin dejar de reconocer la
legitimidad que tienen los órganos parlamentarios, incluso el
Gobierno o el CGPJ para proponer a los magistrados".
Por último, ha considerado que "nadie discute que un cargo de la
relevancia del presidente de un TC tiene que cuidar con máximo
cuidado su propia imagen de imparcialidad y, en este sentido, es una
obligación que conlleva el cargo, es un deber ético, otra cosa es
que sea un deber legal".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/25/paisvasco/1374742166_821593.html
EL PP BLOQUEARÁ LA
COMPARECENCIA DE PÉREZ DE LOS COBOS EN EL CONGRESO
La Mesa de la Cámara estudiará y rechazará hoy la petición de los
socialista
La Mesa del Congreso rechazará este miércoles la comparecencia del
presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los
Cobos, exigida por el PSOE para dar cuenta de su condición de
militante del PP mientras era magistrado en esa institución. La
mayoría absoluta del PP bloqueará la petición en el órgano de
gobierno de la Cámara baja, en el que tienen también representación
el PSOE y CiU.
Los miembros del PP en la Mesa consideran que no hay ningún precepto
en la Constitución ni en el Reglamento del Congreso que permita esa
comparecencia. Se remitirán, entre otros, al artículo 159.5 de la
Constitución, que establece que “los miembros del Tribunal
Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de
su mandato”. Es decir, que no están sometidos al control del
Parlamento. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, según
explican, solo establece tres motivos de relación de la institución
con el Parlamento: en la tramitación de recursos de
inconstitucionalidad, en la comunicación de vacantes y en la
elección de sus miembros.
Sí se contempla el control en el Constitucional de los actos de la
Mesa y, de hecho, en la historia ha anulado varios de ellos.
Curiosamente, la decisión de bloquear hoy en la Mesa la
comparecencia del presidente del Tribunal podría ser recurrida por
el PSOE ante el propio Constitucional. La interpretación de la
mayoría del PP es similar a la que se hizo hace justo un año, cuando
el PSOE pidió la comparecencia en el Congreso del entonces
presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal
Supremo, Carlos Dívar, por las irregularidades en sus gastos de
viajes privados desveladas por EL PAÍS.
El PSOE estudiará recusar a Pérez de los Cobos en sus recursos
Entonces el PP entendió también que el presidente del Poder Judicial
no estaba sometido al control de otro poder del Estado, el
legislativo. En este caso, la ley sí establece motivos tasados de
las comparecencias en la Comisión de Justicia del Congreso, pero
tienen que ver con la explicación de las memorias anuales del
Consejo, no con su actividad interna. El PSOE vaticina ahora que
ocurrirá con Pérez de los Cobos lo que pasó con Dívar: que el PP
bloqueó la comparecencia y cuando él quiso ir, ya era tarde porque
tuvo que dimitir al quedarse sin apoyo en el Consejo.
Jesús Posada, presidente del Congreso, ha derivado el asunto a la
Mesa en lugar de llevarlo directamente a la Diputación Permanente
del miércoles. El PSOE intentará introducir el asunto en la
Diputación cuando se discuta una petición de comparecencia de la
vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría ante la Comisión
Constitucional para explicar “cómo entiende el Gobierno las
relaciones con el Poder Judicial y el respeto a sus actuaciones”.
Por el momento, Pérez de los Cobos mantiene el apoyo del partido en
el que militó al menos hasta 2011, y no hay crítica pública en el
seno del Tribunal hacia él. Sí hay crítica política, porque todos
los demás grupos parlamentarios del Congreso han criticado que Pérez
de los Cobos compatibilizara la condición de magistrado con la
militancia en el PP.
El lunes, el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran, afirmó que “su
problema no es de incompatibilidad, sino de parcialidad”. Añadió que
Pérez de los Cobos “no está teóricamente en condiciones de opinar
sobre la mayoría de los recursos que puedan plantear el PP o el
Gobierno del PP, y en consecuencia se debe cambiar la ley”. En los
últimos días se han pronunciado en sentido similar los portavoces
del PNV, UPyD e Izquierda Plural, frente a la defensa cerrada del
Gobierno y del PP. El PSOE, a través de su portavoz parlamentaria,
Soraya Rodríguez, considera “insostenible” la situación de Pérez de
los Cobos. Opina que ha perdido la apariencia de imparcialidad que
el propio tribunal exigió en el auto de febrero de 2007 en el que
aceptó la recusación por el PP del magistrado Pablo Pérez Tremps.
Por eso ha pedido su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de
su actuación y detalles sobre el momento en que dejó su militancia
siendo ya miembro del Tribunal. Considera un agravante el hecho de
que pasara la audiencia ante la comisión de nombramientos del Senado
sin incluir entre su trayectoria política y profesional su
militancia en el PP, que entonces mantenía viva.
Ese silencio es, según el PSOE, motivo suficiente para que Pérez de
los Cobos explique en las Cortes las razones por las que no hizo
referencia a su militancia ante la Cámara que le eligió sin tener en
cuenta todos los elementos.
Si, como parece seguro, la Mesa del Congreso bloquea este miércoles
la comparecencia, los socialistas estudiarán más medidas. Hace un
año, el PSOE terminó pidiendo la dimisión de Dívar, después de
algunas dudas del líder del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, que
mantenía objeciones a poner en cuestión instituciones fundamentales
como el Poder Judicial y ahora el Constitucional.
En todo caso, el PSOE sí prevé una “catarata de recusaciones” contra
el presidente del Constitucional. Los socialistas se plantean la
posibilidad de recusarle en la resolución de la docena de recursos
que han presentado contra leyes del Gobierno del PP, pero explican
que, en todo caso, hay que esperar a sus explicaciones. El gabinete
jurídico de Ferraz y el del Grupo Socialista revisarán caso por caso
los recursos por si hubiera materia para la recusación en cada uno
de ellos del presidente del tribunal.
http://politica.elpais.com/politica/2013/07/23/actualidad/1374606537_737548.html
LA GENERALITAT DA EL
PASO PARA RECUSAR AL PRESIDENTE DEL CONSTITUCIONAL
Mas rechaza que De los Cobos dirima las reclamaciones planteadas por
el PP
Dudas en el Constitucional sobre la idoneidad de Cobos como
presidente
La carrera para recusar al presidente del Tribunal Constitucional
por su militancia en el Partido Popular ha comenzado. El pistoletazo
de salida lo dio ayer la Generalitat de Cataluña, que entiende que
la presencia de Francisco Pérez de los Cobos en las deliberaciones
sobre los numerosos conflictos que mantiene con el PP y el Gobierno
puede contaminar las sentencias. De entrada, el Gobierno catalán
rechaza que el magistrado pueda dirimir sobre asuntos como la Ley de
Educación de Cataluña, recurrida por el Partido Popular. Sin
embargo, amenaza con extender la recusación a todos los conflictos
competenciales en los que el PP o el Gobierno sean parte. En total
el Gobierno central y la Generalitat tienen 47 litigios pendientes
en el Alto tribunal. Otras comunidades como Andalucía y País Vasco
se plantean también recusar al magistrado.
Nadie quiere dar pasos en falso. El Gobierno catalán se ha limitado
de momento a encargar un informe a sus servicios jurídicos para
determinar las posibilidades de éxito de las recusaciones. Sin
embargo, el consejero de Presidencia, Francesc Homs, dejó claro que
es solo cuestión de tiempo que la Generalitat intente apartar a
Pérez de los Cobos: “La recusación la tenemos que acabar de
detallar, pero la presentaremos seguro”.
El argumento que utiliza el Gobierno catalán contra el presidente
del Constitucional es que su militancia política “confirma la
sensación” de que puede haber “contradicción de intereses” cuando
Pérez de los Cobos deba decidir acerca de los recursos que su
partido presente ante la institución. La fuerzas políticas catalanas
mantienen muy vivo en la memoria el largo episodio de las
recusaciones de magistrados durante la larga deliberación del
recurso contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que culminó en
2010 con un recorte del texto sustancial. El PP consiguió recusar al
magistrado Pablo Pérez Tremps en 2007 porque cuatro años antes, y
sin ser aún miembro del Tribunal Constitucional, elaboró un informe
para la Generalitat sobre una eventual reforma del Estatuto catalán.
La mayor parte de los partidos catalanes entienden que si aquello
fue suficiente para recusar a un magistrado, la militancia del PP de
Pérez de los Cobos también lo permitiría.
De momento la Generalitat considera factible recusarlo en las
reclamaciones impulsadas por el PP. De esta forma, el presidente del
Alto Tribunal podría ser apartado de la deliberación del recurso que
el PP presentó contra la Ley de Educación de Cataluña. Los populares
la recurrieron para acabar con el sistema de inmersión lingüística
en catalán que se viene empleando en las escuelas de esa comunidad
desde hace 30 años.
Sin embargo, la Generalitat entiende que la afiliación política del
magistrado afecta también a su imparcialidad en otros procesos no
necesariamente planteados por el PP. Lo que estudia ahora la
Generalitat es si hay base para la recusación en los recursos
planteados por el Gobierno o incluso los planteados por el Ejecutivo
catalán.
En estos momentos el Gobierno central tiene planteados siete
recursos de calado político contra la Generalitat. El más
sustancioso es el referente a la Declaración Soberanista que el
Parlamento catalán aprobó el pasado enero y que el Constitucional
mantiene suspendido.
Este recurso ha hecho que, también ayer, el Parlamento de Cataluña
decidiera comenzar los trámites para sumarse a las peticiones de
recusación de Pérez de los Cobos. La Mesa de la cámara aprobó por
mayoría pedir un dictamen al gabinete jurídico en el mismo sentido
que el Gobierno de CiU.
Además del recurso contra la declaración soberanista, la Generalitat
no quiere que Pérez de los Cobos dictamine sobre otros rcursos como
el que el Gobierno presentó contra el decreto de horarios
comerciales de Cataluña, más restrictivo con las aperturas en
festivo que el del Gobierno central. También se encuentran
pendientes de resolución los recursos del Gobierno contra la
instauración de una tasa de un euro por cada receta médica, contra
las nuevas tasas judiciales catalanas y para vetar el impuesto sobre
depósitos bancarios que quiere aplicar el Gobierno catalán. Otra
polémica ley catalana pendiente de dictamen es la de Consultas por
vía de referéndum.
Pero lo que de veras preocupa a la Generalitat es el nivel de
hostilidad que pueda mantener el presidente del Tribunal
Constitucional en todo lo referente al proceso soberanista catalán.
Después del verano el Parlamento catalán probará la nueva ley de
consultas autonómica, que el Ejecutivo de CiU quiere utilizar para
preguntar a los catalanes por la autodeterminación de Cataluña. Los
nacionalistas dan por hecho que el Gobierno cumplirá sus
advertencias y recurrirá el texto nada más ser aprobado. De ahí que
la Generalitat rechace de plano que Pérez de los Cobos se mantenga
en el puesto a la hora de dictaminar sobre este texto.
En Cataluña solo el Partido Popular levantó ayer la voz contra la
recusación que programa la Generalitat. El portavoz del PP en la
cámara autónoma, Enric Millo, lamentó que Gobierno y Parlamento
quieran “generar dudas” a la opinión pública acerca del
Constitucional y señaló que lo único que pretende Convergència i
Unió es generar “cortinas de humo” contra cualquier cosa asociada al
Estado, informa Neus Vidal. Fue precisamente en el Partido Popular
de Barcelona donde Pérez de los Cobos pagó su cuota de militante
como mínimo entre los años 2008 y 2011: 37,14 euros al año.
El resto de grupos coincidió en destacar que el presidente del
Tribunal Constitucional no debería tener una conexión política tan
directa. Así, la portavoz de Esquerra Republicana, Marta Rovira,
quiso remarcar que, aunque Pérez de los Cobos no es magistrado, la
Constitución “establece que tiene las incompatibilidades propias de
los miembros del poder judicial”.
Desde Iniciativa y la CUP también señalaron que la situación
afectaba gravemente a la “credibilidad de la institución”. La
portavoz ecosocialistaDolorsCamats alegó que el problema no era
militar en el partido sino “saber que la militancia influye en las
decisiones que uno toma”.
El PP defiende que la
militancia es una “cuestión privada”
La mayoría de los partidos catalanes han coincidido en remarcar la
necesidad de estudiar la recusación ya que creen que la
incompatibilidad es manifiesta. Aun así, el portavoz del PP, Enric
Millo, ha querido destacar una vez más que estar afiliado no
inhabilita para el cargo de presidente del Tribunal Constitucional
y, además, “es una cuestión privada y estos datos no se hacen
públicos”.
Esta teoría ha sido rechazada por la republicana Marta Rovira, quien
ha señalado que aunque Pérez de los Cobos no sea magistrado, la
Constitución establece que su puesto tiene las “incompatibilidades
propias de un miembro del poder judicial”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/23/catalunya/1374582324_720012.html
ANDALUCÍA DECIDIRÁ
CASO A CASO SI RECUSA AL PRESIDENTE DEL CONSTITUCIONAL
Los servicios jurídicos de las consejerías estudiarán si se debe
apartar a Pérez de los Cobos
El Gobierno andaluz y el Ejecutivo central mantienen abiertos más de
una quincena de litigios en el Tribunal Constitucional. La intención
política de la Junta es plantear la recusación del presidente del
tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, por su militancia en el PP,
pero no quiere precipitarse presentando una censura en bloque. La
decisión la deja en manos de los servicios jurídicos, que estudiarán
con las consejerías qué hacer en cada caso.
“Desde el punto de vista político este gobierno ya ha manifestado
serias dudas sobre la toma de decisiones por parte del presidente
del Tribunal Constitucional tras conocerse que ha sido militante del
PP”, ha afirmado este martes el portavoz del Ejecutivo andaluz,
Miguel Ángel Vázquez, tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE en Andalucía, llevó a la
reunión semanal del Ejecutivo la recusación de Pérez de los Cobos
para todos los litigios entre ambas Administraciones pendientes de
resolución del Constitucional, pero los socialistas prefieren
esperar a la opinión de los juristas.
El asunto que planteaba IU no iba en el orden del día del Consejo de
Gobierno y, según el portavoz del Ejecutivo, solo se abordó
“tangencialmente”. “No se ha tomado ninguna decisión. Es un tema que
no se ha contemplado aún y que se verá de manera particular entre
cada consejería y el gabinete jurídico”, sostuvo Vázquez, que
insistió en que, desde el punto de vista político, el Gobierno
andaluz no tiene dudas: “Todos estamos de acuerdo en que es una
barbaridad que ocultara que era militante del PP, no se entiende, no
cuadra dentro del funcionamiento normal de las democracias de
nuestro entorno”. Pero la Junta cree que para pedir formalmente que
se aparte al presidente del tribunal la argumentación tiene que
estar “muy bien armada”. “Las decisiones en el ámbito judicial no
las toma el gobierno reunido de manera colegiada, sino que se tiene
que atender un procedimiento en función de la normativa”, afirmó.
El Gobierno y la Junta mantienen abiertos una docena de conflictos
en el Constitucional. En siete de ellos es la Junta la que ha
recurrido normativas estatales. Hoy mismo, la ley de costas, que,
según el Ejecutivo de José Antonio Griñán, invade competencias
autonómicas y supone una “regresión” sobre la protección del
litoral. La Junta ha recurrido también varias normativas aprobadas
por el Gobierno para atajar el déficit de tarifa del sector
eléctrico, las nuevas tasas judiciales, los recortes sanitarios y
educativos y la liberalización de horarios comerciales.
El Gobierno central, por su parte, ha llevado en los últimos meses
al Constitucional varias normas aprobadas por la Junta, entre ellas,
la subasta de medicamentos y el decreto antidesahucios, que prevé
expropiaciones temporales a los bancos cuando planeen a desahuciar a
familias en riesgo de exclusión. El Ejecutivo de Rajoy tiene
recurrida también la ley andaluza que establece la incompatibilidad
entre los cargos de diputado autonómico y alcalde o presidente de
diputación, además de la convocatoria de oposiciones para profesores
de secundaria que quería ofertar la Junta. A estos recursos entre
las Administraciones se suma el que registró el PP, en nombre de más
de un centenar de ayuntamientos andaluces, sobre el canon del agua
puesto en marcha por la Junta.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/23/andalucia/1374594612_509859.html
PÉREZ DE LOS COBOS
TAMPOCO ACLARA SI FACTURÓ AL PP DESDE SU EMPRESA PRIVADA
El presidente del Tribunal Constitucional, figura a día de hoy como
administrador único de Labour Prospectives SL, aunque la sociedad no
tiene actividad desde 2011
Considera que no tiene obligación de informar sobre los clientes de
su empresa porque es un "asunto privado"
La crisis trajo buenos resultados para Labour Prospectives SL: en
2009 facturó casi 150.000 euros y en 2010 superó los 100.000
Hacienda inició dos procesos de ejecución contra la sociedad por
reclamaciones "de menor cuantía"
Francisco Pérez de los Cobos, presidente del Tribunal
Constitucional, figura a día de hoy como administrador único de la
empresa Labour Prospectives SL. En esa condición firmó, en marzo de
2012, las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011.
La empresa dejó de tener actividad dicho año, coincidiendo con la
llegada de Pérez de los Cobos al Constitucional. Una portavoz del
presidente del TC se negó a aclarar, a preguntas de infoLibre, si
Labour Prospectives SL llegó a facturar trabajos al PP, partido en
el que ha militado hasta una fecha reciente.
El pasado 17 de julio, El País informó de que Pérez de los Cobos
había sido militante del PP como mínimo hasta el año 2011. El
presidente del TC ocultó este dato cuando compareció, en 2010, ante
la Comisión del Senado que aprobó su nombramiento. Aún hoy, sigue
sin aclarar en qué fecha se dio de baja.
La militancia secreta de Pérez de los Cobos en el PP, además de una
tormenta política, ha desatado el anuncio de múltiples recusaciones.
Este martes, la Generalitat de Cataluña y la Junta de Andalucía han
pedido a sus gabinetes jurídicos un informe para decidir si recusan
al presidente del TC en aquellos recursos promovidos por el Gobierno
central al entender que puede existir causa de incompatibilidad.
Baltasar Garzón, por su parte, pedirá anular la decisión del
Constitucional de no admitir a trámite el recurso de amparo que
interpuso contra la decisión del Supremo de inhabilitarlo como juez
por las escuchas del caso Gürtel. Los abogados de Garzón llegan a
poner en duda que Pérez de los Cobos se haya dado de baja como
militante del PP.
Labour Prospectives SL
Francisco Pérez de los Cobos fundó la empresa Labour Prospectives SL
en febrero de 2003. Su objeto social, según consta en el Registro
Mercantil de Barcelona, es "la elaboración de estudios en el ámbito
de las relaciones laborales, análisis de la negociación colectiva y
asesoramiento general en el ámbito social". La firma se contituyó
con un capital de 3.010 euros, el mínimo necesario para fundar una
sociedad limitada. Desde el primer momento, Pérez de los Cobos ha
sido el administrador único.
En las cuentas correspondientes al ejercicio 2011, Pérez de los
Cobos aclara que ese año la empresa ha permanecido "inactiva a todos
los efectos". Las cuentas, eso sí, aparecen firmadas por el
presidente del Constitucional en su calidad de administrador único,
con fecha 31 de marzo de 2012. Pérez de los Cobos es magistrado del
TC desde enero de 2011.
Los ingresos de Labour Prospectives SL mejoraron de forma
significativa con la crisis económica. En 2007 su cifra de negocios
se quedó en 33.000 euros, cantidad que prácticamente se duplicó al
año siguiente hasta alcanzar los 60.000. En 2009, ya en pleno
ascenso del paro y desplome económico, la sociedad de Pérez de los
Cobos facturó 149.000 euros, convirtiéndose en el mejor ejercicio de
la compañía. En 2010 la cifra de negocios superó los 104.000 euros.
De los últimos ejercicios, 2011 es el único en el que la sociedad ha
tenido pérdidas: 8.470 euros. Ello se explica por la falta de
ingresos al suspender su actividad. En los tres años anteriores
(2008, 2009 y 2010), la sociedad de Pérez de los Cobos acumuló en
total unos beneficios después de impuestos superiores a los 117.000
euros. La sociedad nunca ha tenido trabajadores en plantilla.
Los clientes de Pérez de los Cobos
La portavoz del presidente del TC se negó a responder a todas las
preguntas planteadas por infoLibre en relación con Labour
Prospectives SL, con el argumento de que era un "asunto privado" de
Pérez de los Cobos.
Los jueces y magistrados están sometidos a un régimen de
incompatibilidades y a diversas causas de abstención o recusación.
En cuanto a las incompatibilidades, la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional (LOTC) establece que el cargo de magistrado es
incompatible "con el desempeño de actividades profesionales y
mercantiles" (artículo 19.1). No parece que este precepto afecte a
Pérez de los Cobos, ya que su sociedad dejó de tener actividad
cuando se convirtió en magistrado del Constitucional.
La LOTC no regula específicamente las causas de abstención o
recusación de los magistrados. Sí lo hace en cambio la Ley Orgánica
del Poder Judicial, que en su artículo 219 fija entre otros
supuestos los dos siguientes: "tener amistad íntima o amistad
manifiesta con cualquiera de las partes" y "haber desempeñado empleo
o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado
directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en
otro relacionado con el mismo".
Fuentes jurídicas consultadas por este diario resaltaron que el
conocimiento de los clientes que ha tenido Pérez de los Cobos podía
influir en la presentación de recusaciones en su contra. Una duda
evidente es si puede participar en la decisión sobre el recurso de
inconstitucionalidad contra la reforma laboral aprobada por el
Gobierno de Rajoy, teniendo en cuenta que se trata de una persona
que ha tenido una empresa dedicada a realizar estudios de las
relaciones laborales, que ha militado en el PP y que no desvela si
ese partido le ha contratado trabajos.
Ejecuciones de Hacienda
Labour Prospectives SL también ha dejado rastro en la Agencia
Tributaria. En el tablón de anuncios de Hacienda y en el BOE
aparecen dos expedientes abiertos contra la empresa de Pérez de los
Cobos, uno del año 2010 y otro de 2012. En ambos casos, el
procedimiento estaba en fase de liquidación ejecutiva.
Aunque en los documentos publicados no aparece el importe reclamado,
a la vista del órgano de la Agencia Tributaria responsable de la
tramitación del expediente se puede deducir que se trata de
reclamaciones "de menor cuantía". El presidente del TC tampoco ha
querido explicar en qué consistieron los problemas de Labour
Prospectives con Hacienda.
infoLibre trasladó ayer a la portavoz del presidente del Tribunal
Constitucional las preguntas que figuran a continuación. Ninguna de
ellas obtuvo respuesta. Pérez de los Cobos entiende que todo lo
relacionado con su empresa afecta a su "vida privada".
1) En caso de que llegue al TC algún caso que afecte a alguno de los
clientes que ha tenido en Labour Prospectives SL, ¿piensa apartarse
del caso el señor Pérez de los Cobos?
2) ¿Se ha producido ya esa situación en estos dos años y medio que
lleva en el Constitucional o nunca ha tenido que decidir sobre un
asunto de alguno de los clientes que tenía en Labour Prospectives
SL?
3) ¿Ha facturado en algún momento Labour Prospectives SL al Partido
Popular? En caso afirmativo, ¿por qué importe?
4) El art. 19.1 LOTC declara incompatible la actividad de magistrado
del TC “con el desempeño de actividades mercantiles”. Aunque la
empresa no tenga actividad, ¿no cree que sería mejor que el
presidente del TC no siguiese figurando como administrador único de
una sociedad mercantil y presentando documentos oficiales como las
cuentas de dicha empresa?
5) Dado que la empresa no está declarada unipersonal, tiene que
tener varios socios. ¿Qué porcentaje de acciones tiene el señor
Pérez de los Cobos a día de hoy? ¿Quiénes son actualmente los socios
de la empresa?
6) En el BOE aparecen dos notificaciones de ejecución de Hacienda
contra Labour Prospectives SL, en los años 2010 y 2012. En ambos
casos, a la vista de la oficina de Hacienda que ha iniciado el
expediente, se trata de sanciones “de menor cuantía”. ¿Puede indicar
a qué respondieron esos dos procedimientos de Hacienda contra Labour
Prospectives SL?
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/07/24/la_empresa_perez_los_cobos_6205_1012.html
AFILIADOS Y
EXDIRIGENTES DEL PP COPAN LOS MÁXIMOS ÓRGANOS REGULADORES
La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Tribunal de Cuentas,
el Defensor del Pueblo, el Consejo de Seguridad Nuclear o el Banco
de España son los principales casos de militancia conservadora que
se suman al destapado con Pérez de los Cobos
La militancia en el Partido Popular del presidente del Tribunal
Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, no es un caso
excepcional entre los altos cargos del Estado. Desde su ascenso al
Gobierno en noviembre de 2011, el PP ha colocado en el cargo de
máxima responsabilidad de los principales organismos reguladores a
personas afines al partido. El carácter oficialmente independiente
de estas entidades provoca que las suspicacias en torno a dicha
afiliación política sean mayores.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Tribunal de
Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Seguridad Nuclear o
el Banco de España son los principales casos de militancia
conservadora que se suman al destapado el pasado jueves con Pérez de
los Cobos.
Al frente de la presidencia de la CNMV se encuentra Elvira
Rodríguez, quien en el momento de ser nombrada en su actual cargo
todavía era diputada del PP en el Parlamento. Su ascenso estuvo
rodeado de polémica, llegando a ser calificado de "escandaloso" por
las fuerzas políticas, debido a que Rodríguez previamente había sido
presidenta de la Asamblea de Madrid entre 2007 y 2011 y ministra de
Medio Ambiente durante el Gobierno de José María Aznar. Que
sucediera a un presidente como Julio Segura, considerado
independiente, provocó que su nombramiento fuera considerado
"demasiado político".
El nombramiento de Elvira Rodríguez al frente de la CNMV fue
calificado de "escandaloso"
Ramón María Álvarez de Miranda preside actualmente el Tribunal de
Cuentas, órgano fiscalizador de los presupuestos de las
administraciones públicas. Álvarez de Miranda, tras ser diputado por
la Unión de Centro Democrática (UCD) entre 1979 y 1982, entró en el
Tribunal en 1984 hasta convertirse en su presidente, a petición del
Partido Popular, en julio de 2012.
Presidiendo el Consejo de Seguridad Nuclear se encuentra Fernando
Martí Scharfhausen, ex Secretario de Estado de Energía, Industria y
Turismo entre diciembre de 2011 y finales de 2012, cargo que ocupa a
instancias del Partido Popular desde principios de este año.
La veterana Soledad Becerril, ministra de Cultura con la UCD a
principios de los años 80 y alcaldesa de Sevilla entre 1995 y 1999,
es la actual Defensora del Pueblo desde junio de 2012. Después de
ocupar un escaño como diputada con el extinto partido de centro,
pasaría a ocuparlo durante tres legislaturas consecutivas integrando
las filas del PP.
El Banco de España tiene al frente a Luis María Linde, un gobernador
amigo personal de Luis de Guindos, actual ministro de Economía y
Competitividad, y es un hombre de confianza de su homólogo de
Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Su
nombramiento, en junio de 2012, por parte del Gobierno de Mariano
Rajoy, vino acompañado del de Soledad Núñez como subgobernadora, una
mujer del gusto de la oposición, con el que se buscó mantener el
equilibrio de fuerzas.
Un proyecto de fusión congelado
El Gobierno del Partido Popular planeaba unificar siete organismos
en un único órgano regulador independiente: la Comisión Nacional de
Mercados y Competencia (CNMC). Entre las entidades susceptibles de
ser reagrupadas se encontraban la Comisión Nacional de la
Competencia, la Comisión Nacional de la Energía o la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, cuyas presidencias no habían sido
renovadas en la reciente legislatura y, por tanto, sus máximos
dirigentes cumplen con un perfil progresista que contrasta con el
color del actual Ejecutivo: Joaquín García Bernaldo de Quirós,
Alberto Lafuente y Bernardo Lorenzo, respectivamente.
Sin embargo, el proyecto del Partido Popular no solamente se
encuentra congelado sino que a principios de año recibió críticas de
la Comisión Europea que, por voz de su vicepresidenta NeelieKroes,
amenazó con abrir un expediente a España si el Gobierno sacaba
adelante su plan de reunificación. Kroes mostraba su preocupación
ante el temor de que la CNMC no llevara a cabo "una regulación
efectiva e imparcial".
http://www.publico.es/459361/afiliados-y-exdirigentes-del-pp-copan-los-maximos-organos-reguladores
EL CONSTITUCIONAL ADMITIÓ LA
APARIENCIA DE PARCIALIDAD PARA RECUSAR A SUS MIEMBROS
El tribunal fijó en 2007, a instancias del PP, que debe apartarse a un
magistrado si hay motivos “para dudar de la falta de prevención y de su
posición objetiva”
El Gobierno justifica ahora que el presidente del Tribunal
Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, haya tenido carné de
militante del PP siendo magistrado, pero en 2007 intentó imponer un
criterio muy estricto sobre las afinidades y procedencia de los miembros
de esta institución. Y en parte lo logró. Esa victoria se le puede
volver ahora en contra.
La militancia en el Partido Popular del presidente del alto tribunal —un
hecho ocultado en la comisión de nombramientos del Senado—, ha
desencadenado ya el anuncio de varias peticiones de nulidad de
resoluciones en las que ha participado como magistrado. Las defensas del
exjuez Baltasar Garzón y de Arnaldo Otegi han anunciado que reclamarán
la anulación de las decisiones que el Constitucional adoptó sobre sus
causas; y la Junta de Andalucía va a estudiar y revisar todos los temas
que ha tratado De los Cobos. Las recusaciones que se presenten podrán
utilizar como argumento lo sucedido en 2007: la doctrina Pérez Tremps
propiciada por el propio PP.
Ese año, el entonces responsable de Justicia de los populares, Federico
Trillo, logró apartar de la deliberación sobre el Estatuto de Cataluña
al catedrático y magistrado del Constitucional Pablo Pérez Tremps por
haber elaborado un estudio teórico que fue utilizado luego por el
Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat para justificar la
constitucionalidad del texto que elaboró el Parlament.
El celo por extremar la imparcialidad de los magistrados del
Constitucional llegó a tal punto que el PP recusó a otros tres de ellos.
Entre los recusados por el PP estaba la entonces presidenta del
Constitucional, María Emilia Casas, y el motivo era estar casada con el
catedrático Jesús Leguina, autor de un texto a favor del Estatuto. Todas
estas recusaciones, salvo la de Pérez Tremps, fueron rechazadas por el
tribunal, pero el incidente sirvió para que revisara su jurisprudencia
para establecer un criterio mucho más estricto en la eliminación de
cualquier atisbo de parcialidad entre sus miembros.
Antes, en un auto de 1988 al que se remitió el Constitucional el pasado
miércoles, se había considerado que ni la Constitución ni la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional impedían la afiliación política de
un magistrado, y que su imparcialidad no quedaba afectada por su posible
militancia en un partido.
“La ley orgánica de este tribunal, de aplicación prioritaria respecto de
la ley orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil
no impide que los magistrados de este tribunal puedan pertenecer a
partidos políticos”, aseguraba el auto del Constitucional de 1988.
Sin embargo, en 2007, en el auto en el que se aceptó la recusación de
Pérez Tremps, el alto tribunal revisó su doctrina a favor de la
imparcialidad subjetiva, es decir, la apariencia de tal para todas las
partes personadas en un proceso.
Este auto del 5 de febrero de 2007 lo firma el pleno del Constitucional
formado por los otros 11 magistrados. Cinco de ellos firmaron votos
particulares en contra de la admisión de la recusación presentada por el
PP alegando que este buscaba “volcar” la mayoría en el alto tribunal en
favor de su recurso contra el Estatuto.
El auto concluía que “ha de quedar fuera de toda consideración que (...)
no se trata de juzgar si el magistrado recusado es efectivamente parcial
o si él mismo se tiene por tal. Lo determinante es, exclusivamente, si
una parte del proceso tiene motivo, sopesando racionalmente todas las
circunstancias, para dudar de la falta de prevención y de la posición
objetiva del magistrado”.
Es decir, se aceptó una recusación apoyada en un hecho objetivo que
provoca una apariencia de parcialidad. En el caso de Pérez de los Cobos,
la cuestión a dirimir en el futuro será si su carné del PP provoca para
algún recurrente esa parcialidad subjetiva.
El auto hacía un análisis pormenorizado de las causas de recusación de
los magistrados del Tribunal Constitucional, ya que no hay un
procedimiento ni unas causas tasadas en esta institución, para concluir
que debían aplicarse los mismos criterios que en el poder judicial, es
decir, en todas las instancias judiciales.
“La garantía de un tribunal independiente y alejado de los intereses de
las partes en litigio constituye una garantía procesal que condiciona la
existencia misma de la función jurisdiccional”, sostenía el pleno del
Constitucional. En el caso del alto tribunal, que dirime, entre otros,
los recursos contra leyes aprobadas por el parlamento, el “interés de
las partes en litigio” es el de los partidos políticos que impugnan las
normas.
El propio tribunal aclaraba su concepto de “interés” al asegurar que
“nuestra jurisprudencia ha partido del Diccionario de la Academia de la
Lengua Española y de la palabra “interés” en la acepción de “inclinación
del ánimo hacia un objeto, una persona o una narración”. Se ha afirmado,
desde tal premisa, que las manifestaciones o expresiones de opiniones e
ideas relacionadas con el objeto del proceso constitucional pueden ser
exponente en algunos casos del “interés” a que se refiere el art. 219.10
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y determinar por tanto la
recusación del magistrado de que se trate. Resulta así que el legislador
opta por un modelo de juez rodeado de la apariencia de imparcialidad, no
solo en la realidad de su desconexión con las partes y con el objeto del
proceso, sino también en su imagen, eliminando cualquier sombra al
respecto cuando existan elementos objetivos que puedan justificar una
apariencia de parcialidad”.
“Cuando esto sucede, la causa de recusación decimotercera se anticipa a
la valoración que sobre la imparcialidad subjetiva merezcan los hechos
en los que la recusación se funde”, añade el auto. “El juez imparcial no
es solo un derecho fundamental de las partes de un litigio, es también
una garantía institucional de un Estado de derecho establecida en
beneficio de todos los ciudadanos y de la imagen de la Justicia, como
pilar de la democracia”.
En el caso de Pérez de los Cobos, deberá dirimir sobre recursos de
partidos contra leyes elaboradas por el Gobierno que tiene apoyo en la
formación en la que militó. La aplicación estricta de la jurisprudencia
de 2007 abriría la vía para recusaciones que puede presentar por ejemplo
el PSOE, que ha recurrido una docena de normas aprobadas por el Gobierno
de Mariano Rajoy.
http://politica.elpais.com/politica/2013/07/21/actualidad/1374435168_012050.html
EL EXMINISTRO CAAMAÑO
CENSURA LA PERMANENCIA DE PÉREZ DE LOS COBOS
Quiroga defiende la militancia en el PP del presidente del
Constitucional
Valderas considera que “Andalucía está vendida en el alto tribunal”
“Que el árbitro del juego sea militante de un partido, no se sostiene
democráticamente”. El exministro socialista de Justicia, Francisco
Caamaño, se mostró ayer tajante al valorar la militancia del presidente
del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, en el PP
cuando ya era magistrado del alto tribunal. Caamaño hizo especial
hincapié en el hecho de que parte de la tarea de este tribunal se basa
en resolver los recursos presentados por senadores y diputados “de un
grupo político” contra leyes que aprueba otra formación. Además, el
exministro aludió a que Constitucional es el tribunal que juzga las
leyes del Gobierno, por lo que, según manifestó en Santiago de
Compostela, la permanencia de Pérez de los Cobos en el PP cuando ya
había sido elegido magistrado es una situación que “no se sostiene
democráticamente”.
EL PAÍS publicó el miércoles que el ahora presidente del Constitucional
pagó cuotas de afiliación al PP, al menos, entre 2008 y 2011. Él mismo
admitió y defendió su militancia el jueves, ante sus compañeros del
Constitucional, a los que aseguró haberse dado de baja en 2011.
En defensa del presidente del Constitucional salió ayer la máxima
dirigente del PP de Euskadi, Arantza Quiroga, que siguió los argumentos
esgrimidos por otros cargos del partido en el que militó Pérez de los
Cobos.
Quiroga aludió ayer la legalidad a la que el presidente del alto
tribunal aludió ante sus compañeros. “Es perfectamente legal”, señaló
respecto a la compatibilidad, pese a que hay constitucionalistas que
consideran que no lo es.
La presidenta del PP vasco se refirió, además, a las impugnaciones y
recusaciones que el viernes empezaron a anunciar algunos de los
afectados por casos en los que participó Pérez de los Cobos. “No vale
utilizar cualquier medio para poner en solfa el Estado de derecho”,
señaló Quiroga. Entre ellos, están el exmagistrado Baltasar Garzón, a
quien el Constitucional rechazó un recurso de amparo tras la sentencia
del Tribunal Supremo que le condenó a 11 de inhabilitación por autorizar
las escuchas entre abogados y los cabecillas de la trama Gürtel que se
encontraban en prisión. La providencia en la que se inadmitió el recurso
estaba firmada por Francisco Pérez de los Cobos.
En el caso del dirigente abertzale Arnaldo Otegi, su defensa precisó
ayer que no recurrirá la decisión de mantenerlo en prisión, adoptada por
la sala primera del Constitucional, ya que Pérez de los Cobos no formaba
parte de la misma. Sin embargo, sí tiene prevista su recusación, ya que
será esta misma sala —que ahora preside el propio Pérez de los Cobos— la
que decida sobre el fondo del asunto que Otegi llevó al Constitucional,
condenado por pertenencia a organización terrorista cuando trataba de
relanzar la marca Batasuna, a través de Bateragune.
También la Junta de Andalucía ratificó, en boca de su vicepresidente,
Diego Valderas (IU), la propuesta de estudiar vías jurídicas para
“apartar de las decisiones sobre Andalucía” al presidente del Tribunal
Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, por haber sido militante
del PP. Según señaló Valderas, a través de su cuenta de Twitter, el
Constitucional “ha de ser imparcial” y su presidente “no da garantías al
militar en el PP”, por lo que “Andalucía está vendida en el alto
tribunal”.
“No es ético ni estético que un magistrado que estuvo afiliado al PP
marque el futuro de los andaluces”, ya que “no se puede ser juez y
parte”, consideró Valderas. Tras conocer que Pérez de los Cobos pagó las
cuotas de militante del PP hasta el 2011, Valderas dice que “si el
presidente del Constitucional interviene en recursos que afectan a
Andalucía siempre quedará la sospecha de la parcialidad”. A su juicio,
“militar en un partido lo hace incompatible políticamente” y eso “se
comprende con sólo leerse el artículo 7 de los estatutos del PP”, que
obliga a sus militantes a “cumplir las instrucciones y directrices y
ajustar su actividad política a los principios, fines y programas del
PP”.
Ponente del recurso de Vera
Francisco Pérez de los Cobos ha sido ponente, desde que tomó posesión
como magistrado del Tribunal Constitucional, de 40 sentencias. En 2011,
cuando aún mantenía la militancia y pagaba las cuotas de afiliación, en
el PP participó, también como ponente, en cinco cuestiones y recursos de
inconstitucionalidad y siete recursos de amparo.
Entre los recursos de amparo que trató el ahora presidente del alto
tribunal estaba el presentado por el exsecretario de Estado para la
Seguridad del Gobierno socialista, Rafael Vera, condenado en 1998 por
delito de secuestro y malversación de caudales públicos por el pago de
diversas cantidades de fondos del Ministerio del Interior a los ex
policías José Amedo y Michel Domínguez para evitar que hablaran e
implicaran a otras personas en el caso GAL. Vera presentó un recurso de
amparo ante el Constitucional y en 2005 el alto tribunal acordó la
admisión a trámite de la demanda de amparo, momento en el que emplazó a
presentar alegaciones. No fue hasta julio de 2011 cuando la sala segunda
vio el recurso y Pérez de los Cobos fue el encargado de la ponencia de
la sentencia que acabó rechazando el recurso de amparo presentado por el
dirigente socialista.
Entre los recursos de amparo resueltos por el ahora presidente del
Constitucional también se encuentran dos presentados por el exconcejal
del PP de Majadahonda, José Luis Peñas. El edil fue quien grabó
reuniones con, entre otros, el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco
Correa, con las que argumentó su denuncia ante la Fiscalía
Anticorrupción, en noviembre de 2007.
Peñas recurrió al Constitución por un conflicto con el grupo popular
municipal, del que fue expulsado. El Gobierno local lo consideró
concejal no adscrito y le impidió su participación, con derecho a voto,
en las comisiones informativas municipales. El Constitucional admitió el
recurso de amparo, tal como defendía la fiscalía y en cumplimiento de la
doctrina que el mismo Constitucional había marcado en 2009, en una
sentencia semejante.
http://politica.elpais.com/politica/2013/07/20/actualidad/1374350656_031233.html
LA MILITANCIA DE PÉREZ DE
LOS COBOS EN EL PP DESATA UNA OLA DE IMPUGNACIONES
La Junta de Andalucía, Otegi y Garzón creen que su militancia contaminó
las resoluciones
La familia de Miguel Hernández, de saberlo, lo habría recusado
La militancia en el PP del presidente del Tribunal Constitucional,
Francisco Pérez de los Cobos —ocultada en la comisión de nombramientos
del Senado, previa a su designación—, ha desencadenado ya el anuncio de
varias peticiones de nulidad de resoluciones en las que participó como
magistrado.
De momento, las defensas del exmagistrado Baltasar Garzón y del
secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, ya han anunciado que
reclamarán la anulación de las decisiones que el alto tribunal adoptó
sobre sus causas. La Junta de Andalucía va a estudiar y revisar todos
los temas que ha tratado De los Cobos y la Generalitat de Cataluña, de
momento, se reserva la posibilidad de pedir la reprobación del
presidente del Constitucional porque espera que “el PP dé un paso”,
según afirmó ayer la vicepresidenta Joana Ortega, informa Maiol Roger.
Además, la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la
Memoria Histórica se propone comunicar al Comité de Derechos Humanos,
Civiles y Políticos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) el
hecho de que fue precisamente Francisco Pérez de los Cobos uno de los
tres magistrados que decidieron no admitir a trámite el recurso para la
nulidad de la condena franquista a muerte del poeta Miguel Hernández en
1940.
EL PAÍS publicó el miércoles que Francisco Pérez de los Cobos pagó
cuotas de afiliación al PP, al menos, entre 2008 y 2011. Él mismo
admitió y defendió su militancia el jueves, ante sus compañeros del
Constitucional. Según manifestó el también magistrado del Constitucional
Enrique López en la SER, “su última cuota fue abonada en el año 2011”,
aunque no ha aportado ningún documento al respecto. Ni el PP ni el
propio Pérez de los Cobos quisieron facilitar a este periódico la fecha
de baja.
Además, el PSOE ha pedido su comparecencia para que explique por qué
ocultó su afiliación política en la comisión de nombramientos del
Senado, que fue la Cámara que lo propuso como magistrado, a petición del
PP.
Fuentes oficiales de la Junta de Andalucía aseguraron ayer que van a
estudiar y revisar todos los asuntos relativos al Gobierno y Parlamento
andaluces en los que haya participado Pérez de los Cobos, con el fin de
“determinar si se procede a alguna acción judicial”. La suspensión de la
subasta de medicamentos y la del decreto antidesahucios, paralizada
cuando Cobos ya era presidente del alto tribunal, son algunos de los
temas resueltos en el Constitucional sobre Andalucía.
El juez Baltasar Garzón durante una de las jornadas del juicio que se
siguió contra él por las investigaciones del franquismo. / CLAUDIO
ÁLVAREZ
En el caso de Cataluña, la ratificación este pasado 11 de julio de la
suspensión de la declaración soberanista, aprobada por el Parlamento
catalán en enero, será uno de los motivos a estudiar porque se aprobó
con Pérez de los Cobos ya como presidente.
Por su parte, la defensa de Arnaldo Otegi y del ex secretario general de
LAB, Rafael Díez Usabiaga, ha anunciado también que recurrirá la
decisión del Tribunal Constitucional de mantener en la cárcel al
secretario general de Sortu, una resolución adoptada en junio, al
entender que Pérez de los Cobos “tenía una posición prefijada, sobre ETA
y sobre el caso Batasuna, como militante del PP”.
En el caso de la no admisión a trámite del recurso de amparo de la
familia de Miguel Hernández, Francisco Pérez de los Cobos fue uno de los
tres magistrados (junto a Francisco Hernando y Pablo Pérez Tremps) que
firmaron la providencia, en septiembre de 2012. “No conocíamos su
militancia”, señaló ayer uno de los miembros de la Comisión de Memoria
Histórica que impulsó la presentación del recurso. “Probablemente
hubiéramos estudiado su recusación en el caso de haber sabido entonces
que uno de los magistrados era del PP”, añadió.
El primero en anunciar públicamente que pedirá la nulidad de una de las
resoluciones en las que participó Francisco Pérez de los Cobos fue
Baltasar Garzón. Los letrados del exmagistrado informaron de la
presentación, ayer mismo, de la petición de “nulidad absoluta de
actuaciones” de la providencia por la que se inadmitió el recurso de
amparo contra la condena a Garzón. El ahora exmagistrado fue condenado
por el Tribunal Supremo por prevaricación a 11 años de inhabilitación y
expulsado de la carrera judicial por las escuchas realizadas en la
cárcel de las conversaciones entre los abogados y los cabecillas de la
trama corrupta Gürtel.
“La apariencia de ausencia de la obligada imparcialidad subjetiva de
Pérez de los Cobos, en cuanto militante del PP, es clamorosa, ya que en
su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional se cuestionaba la
condena de Baltasar Garzón por unas escuchas acordadas por él en una
investigación criminal dirigida contra dirigentes y miembros del PP”,
indicaron los letrados del exmagistrado en un comunicado. El texto
señala que, de haber conocido su militancia, “se habría producido la
inmediata recusación del magistrado”.
Francisco Pérez de los Cobos ha sido ponente, desde que fue elegido
magistrado, de 40 sentencias.
http://politica.elpais.com/politica/2013/07/19/actualidad/1374266992_870628.html?rel=rosEP
GALLARDÓN: “HABER MILITADO NO INHABILITA PARA UN PUESTO DE
RESPONSABILIDAD”
El ministro de Justicia defiende que el presidente del Constitucional
tuviera carné del PP
Minimiza que haya varios exmiembros del partido al frente de
instituciones del Estado
El vicepresidente del Poder Judicial afirma que la militancia de Cobos
es "de su vida privada"
"Haber militado en un partido no inhabilita para un puesto de
responsabilidad". Con estas palabras, el ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, ha justificado en la rueda de prensa tras el Consejo de
Ministros que el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez
de los Cobos, fuera militante del PP, su mismo partido, cuando ya era
magistrado. También ha asegurado que impedir que los militantes de un
partido asumieran un puesto de responsabilidad sería "una limitación a
derechos fundamentales".
El ministro ha puesto de ejemplo su propio caso, ya que, cuando militaba
en AP, la formación que precedió al PP, tuvo que darse de baja en la
militancia para para ejercer de fiscal. Gallardón ha insistido en la
tesis de que ya existen vocales del Consejo de Estado o del Consejo
General del Poder Judicial -aunque no ha dicho quiénes, sino que ha
dejado caer que la prensa lo ha publicado- que son militantes de
formaciones políticas. "Esa es la realidad sobre la que ha operado
nuestro sistema democrático y en ningún momento el hecho de haber
militado en un partido político se ha entendido que pudiera ser objeto o
causa de recusación", ha zanjado.
El PP recogía en su programa electoral la intención del partido de
despolitizar las instituciones. Preguntado al respecto, Gallardón ha
asegurado que el PP "siempre" cumple su programa y ha afirmado: "La
despolitización consiste en el respeto que por parte de un poder se
tiene que tener a los otros poderes: que las decisiones del Poder
Judicial nacen y se ejecutan en el Poder Judicial sin interferencias".
Por otra parte, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), Fernando de Rosa, ha afirmado que la militancia política del
presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, es
una cuestión "de su vida privada".
En declaraciones en Murcia, donde ha asistido a la firma de un convenio
universitario, De Rosa ha añadido, no obstante, que cargos como el que
ocupa Pérez de los Cobos es aconsejable que estén alejados del ámbito
político.
http://politica.elpais.com/politica/2013/07/19/actualidad/1374236492_443296.html
EL GOBIERNO APOYA LA
MILITANCIA DE COBOS EN EL PP Y CREE QUE NO LE INHABILITA
“Despolitizar las instituciones consiste en respetar la división de
poderes”
Fernando de Rosa recomienda que esos cargos se alejen de la política
Cuando Carlos Dívar, entonces presidente del Tribunal Supremo, se colocó
hace un año en una situación políticamente insostenible por el escándalo
de sus viajes de fin de semana pagados con cargo al erario público,
Alberto Ruiz Gallardón, ya entonces ministro de Justicia, fue quien más
claramente salió en su defensa. Era por respeto y defensa de la
estabilidad institucional, argumentó entonces. Aunque en privado pudiera
maniobrar, en público el Gobierno siempre le apoyó, hasta que dimitió.
El ministro de Justicia salió ayer a defender sin matices al presidente
de otro órgano clave, el Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los
Cobos. Y esta vez con más motivos políticos porque fue este Gobierno
quien propició que se hiciera con la presidencia, algo que no sucedió
con Dívar.
Ruiz Gallardón fue el encargado defender el asunto en la rueda de prensa
tras el Consejo de Ministros, a pesar de que tenía a su lado a la
vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, responsable directa de la
negociación con el PSOE y de la composición y presidencia del
Constitucional, incluida la presencia en este órgano del polémico
Enrique López, también muy cercano al PP aunque no militante.
Gallardón trató primero de esquivar el tiro alegando que la decisión no
compete al Gobierno: “Este tribunal es un órgano constitucional y por
tanto su regulación corresponde directamente a la Constitución, nada
tiene que manifestar el Gobierno”.
La prensa insistió. “¿Además de legal, es ético que un militante del PP
presida el Tribunal Constitucional?”. Gallardón defendió entonces de
forma cerrada la compatibilidad de la militancia. “Haber militado en un
partido político no inhabilita para ejercer puestos de responsabilidad”,
aseguró el ministro, obviando que a Pérez de los Cobos lo que se le
reprocha es que seguía siendo militante después de llegar al Tribunal
Constitucional y que ocultó ese aspecto en su audiencia ante el Senado.
Fue nombrado magistrado en 2010 y al menos hasta finales de 2011 siguió
en el PP y además sin comunicar esa condición a los senadores que
evaluaron su idoneidad. Gallardón apeló a su pasado: “Yo militaba en un
partido y me tuve que dar de baja cuando entré en la carrera fiscal. Y
después volví a militar en el mismo partido”.
Al ministro también le preguntaron si esto no puede dar origen a
recusaciones de todo tipo, y se le recordó que el PP recusó al
exmagistrado Pablo Pérez Tremps solo porque había hecho trabajos
académicos para la Generalitat de Cataluña. Durante la rueda de prensa
no se sabía aún que Baltasar Garzón iba a pedir la “nulidad absoluta” de
la decisión del Constitucional sobre su condena. Gallardón se mostró
aparentemente tranquilo aunque en privado el Gobierno y el PP admiten el
daño de imagen a la institución que está provocando la revelación de EL
PAÍS de que De los Cobos pagó sus cuotas de afiliado al menos hasta
2011.
Gallardón apeló a que en el pasado ha habido casos similares del PSOE
para descartar una oleada de recusaciones. “Este es un supuesto que se
viene dando desde hace muchísimo tiempo, con diferentes formaciones, en
el Constitucional, en el Consejo de Estado, con vocales del Poder
judicial, esa es la realidad. En ningún momento pertenecer a una
formación política se ha entendido como causa de recusación”.
El PP prometió en su programa electoral “despolitizar las
instituciones”. Cuando se le preguntó a Gallardón si es “despolitizar”
que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Estado,
el Defensor del Pueblo y el Constitucional estén dirigidos por conocidos
militantes o exmilitantes del PP, contestó: “Nosotros naturalmente que
cumplimos y ejercemos nuestro programa electoral. La despolitización no
consiste en analizar los curricula para excluir a las personas, sino en
el respeto que un poder el Estado debe tener a los otros poderes.
Despolitizar significa que las decisiones del Poder Judicial o del
Constitucional nacen y se ejecutan allí sin ninguna interferencia del
Ejecutivo. Y eso, por indicación del presidente, este Gobierno lo ha
ejercido desde el primer día”.
A pesar de esta defensa cerrada del Gobierno, a Pérez de los Cobos le
llegaron críticas incluso del entorno del PP. El vicepresidente del
Poder Judicial, Fernando de Rosa, que fue consejero de Justicia en
Valencia con Francisco Camps, señaló que la militancia de De los Cobos
es una cuestión de “su vida privada” aunque añadió que en cargos como el
que ocupa es aconsejable que estén alejados del ámbito político.
http://politica.elpais.com/politica/2013/07/19/actualidad/1374261371_349441.html?rel=rosEP
LA INCOMPATIBILIDAD SE
APROBÓ YA SIN ENMIENDAS EN LA CONSTITUCIÓN
La votación del apartado de la ley fundamental fue unánime
El actual artículo 159 de la Constitución es el primero del Título IX,
Del Tribunal Constitucional. En su apartado 4 es donde prohíbe que los
magistrados del alto tribunal ejerzan funciones directivas en partidos
políticos, pero no indica nada sobre la posible militancia. En el
anteproyecto del texto constitucional de 5 de enero de 1978 aparecía ya
una formulación muy similar: “La condición de miembro del Tribunal
Constitucional es incompatible con todo mandato representativo, cargo
político o administrativo, función judicial y fiscal, ejercicio de la
carrera forense, desempeño de cargo directivo de un partido político o
empleo al servicio del mismo, y, en general, tendrán las
incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial. Serán
asimismo independientes e inamovibles durante el ejercicio de su
mandato”. Era, en ese momento, el apartado cuarto del artículo 150.
Este apartado no sufrió variaciones en su núcleo esencial sobre la
relación de los magistrados con los partidos políticos. Tampoco se
presentaron enmiendas al mismo en el Congreso, según consta en el
dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades
Públicas sobre el anteproyecto de Constitución de fecha 16 de junio de
1978.
Tras la aprobación definitiva del texto, la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional de 1979 recogió en su artículo 19 la misma prohibición de
ejercer funciones directivas en partidos en un esquema muy parecido. Las
modificaciones de esta norma no han incluido ningún debate sobre la
posible militancia política de los magistrados del alto tribunal.
http://politica.elpais.com/politica/2013/07/19/actualidad/1374263204_888862.html
CONTRA EL SENTIDO COMÚN
