CARLOS LESMES : UN GENOV? EN FUNCIONES CON TOGA Y DE OBEDIENCIA DIVINA
LAS NOTICIAS.13.04.21
TRES ASOCIACIONES DE JUECES DENUNCIAN ANTE LA COMISI? EUROPEA EL ?RIESGO CLARO DE VIOLACI?? DEL ESTADO DE DERECHO EN ESPA?
EL CGPJ EN FUNCIONES HA RENOVADO A LA MITAD DE LA C?ULA JUDICIAL Y HA HECHO UNA VEINTENA DE NOMBRAMIENTOS EN EL SUPREMO
EL PODER JUDICIAL PROSIGUE CON LOS NOMBRAMIENTOS TRAS EL FRACASO DE SU RENOVACI?
EL PODER JUDICIAL APRUEBA POR LA M?IMA SEIS NOMBRAMIENTOS TRAS LA RUPTURA DE PSOE Y PP PARA LA RENOVACI?
DE PRADA, EL CONTINUO OBJETIVO A ABATIR POR EL PP
DE PRADA, EL JUEZ AL QUE EL PP NO QUER? VER PONIENDO SENTENCIAS Y QUE YA ACEPT?EN 2018 PARA EL CGPJ
CALVO SALE AL ATAQUE CONTRA EL PODER JUDICIAL TRAS LAS CR?ICAS AL GOBIERNO
EL CGPJ INSTA AL CONGRESO A RECABAR SU OPINI? EN LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL
EL CGPJ CUMPLE SU AGENDA Y NOMBRA POR MAYOR? 4 PUESTOS DE LA C?ULA JUDICIAL
UN A? DE CONFLICTOS Y TENSIONES ENTRE LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL
PSOE Y PODEMOS ACELERAN UNA PROPUESTA PARA LIMITAR AL PODER JUDICIAL EN FUNCIONES
CRECE EL APOYO A UNA DIMISI? EN BLOQUE DEL CGPJ PARA "FRUSTRAR LAS EXPECTATIVAS" DEL PP DE CONTROLAR LA C?ULA JUDICIAL
UN CGPJ EN FUNCIONES NOMBRA A 46 CARGOS, LA MAYOR? AFINES A LESMES Y EL PP, Y CONDICIONA LA JUSTICIA PARA LOS PR?IMOS 20 A?S
2.500 JUECES RECLAMAN A LOS PRINCIPALES PARTIDOS QUE DESPOLITICEN YA EL CGPJ
EL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO PREGUNTA A ESPA? SI EL PODER JUDICIAL DE LESMES DISCRIMIN?A UNA JUEZA EN UN NOMBRAMIENTO
LESMES DESOYE AL EJECUTIVO Y LOGRA ASIGNAR SEIS CARGOS CLAVE
IZQUIERDA Y NACIONALISTAS REDOBLAN LA PRESI? SOBRE EL PP PARA LA RENOVACI? DEL PODER JUDICIAL Y OTRAS INSTITUCIONES
LA SEMANA EN QUE LESMES ECH?UN PULSO AL GOBIERNO Y ARRASTR?A LA TORMENTA A FELIPE VI
EL ?TIMO ENCONTRONAZO DEL GOBIERNO CON EL PODER JUDICIAL EN UN A? CONVULSO
EL VETO AL REY DESTAPA LA DISPUTA EN EL GOBIERNO POR EL BLOQUEO JUDICIAL
ZARZUELA DICE QUE LA LLAMADA DEL REY A LESMES HA SIDO "DE CORTES?" Y "SIN CONSIDERACIONES INSTITUCIONALES"
EL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL EN FUNCIONES CARGA CONTRA EL GOBIERNO POR LA AUSENCIA DEL REY EN LA ENTREGA DE DESPACHOS
EL REY TELEFONEA A LESMES PARA DECIRLE QUE LE HABR? ?GUSTADO ESTAR? EN EL ACTO DE BARCELONA
EL FUTURO DE LA SALA DEL SUPREMO QUE REVISA CASOS COMO EL ESPIONAJE A B?CENAS, BAJO CONTROL CONSERVADOR POR EL BLOQUEO DEL PP
EL PODER JUDICIAL SEGUIR?NOMBRANDO JUECES CON LA MAYOR? CADUCADA DE RAJOY TRAS BLOQUEAR EL PP SU RENOVACI?
CASADO ACEPT?EN UN ?WHATSAPP? A S?CHEZ RENOVAR EL PODER JUDICIAL
EL CGPJ DEJA FUERA DE LA LISTA A 2 JUECES DE CASOS DE CORRUPCI?
EL BLOQUEO DEL PP GARANTIZA EL CONTROL CONSERVADOR DEL ?GANO DE GOBIERNO DE LOS JUECES Y DEL TC AL INICIO DE OTRO CURSO JUDICIAL
EL PODER JUDICIAL RETOMA LA SELECCI? DE ALTOS CARGOS TRAS EL FRACASO DE LA NEGOCIACI? PARA SU RENOVACI?
DOS JUECES DEL SUPREMO ALERTAN DE QUE LOS NOMBRAMIENTOS DISCRECIONALES DEL CGPJ "DESLEGITIMAN" EL SISTEMA JUDICIAL
EL PODER JUDICIAL REACTIVA EL NOMBRAMIENTO DE CARGOS DISCRECIONALES ANTE LA FALTA DE ACUERDO PARA SU RENOVACI?
LESMES DESAF? AL GOBIERNO Y DICE QUE LA ?ICA AUTORIDAD PARA GESTIONAR EN LOS JUZGADOS EL ESTADO DE ALARMA ES EL CGPJ
EL BLOQUEO DEL PODER JUDICIAL SE AGRAVA TRAS UN NUEVO PORTAZO DEL PP
UNA VOCAL DEL CGPJ EMITE UN VOTO EN EL QUE DENUNCIA MANIOBRAS DEL
BLOQUE CONSERVADOR PARA DESACREDITAR A DELGADO
EL PODER JUDICIAL RESPALDA EL NOMBRAMIENTO DE DELGADO COMO FISCAL GENERAL CON 12 VOTOS A FAVOR Y 7 EN CONTRA
EL SECTOR CONSERVADOR DEL PODER JUDICIAL NO IMPONE SUS TESIS CONTRA DELGADO, PERO LANZA UN ATAQUE IN?ITO CONTRA ELLA
EL PODER JUDICIAL SUSPENDE EL NOMBRAMIENTO DE JUECES HASTA SU RENOVACI?
LESMES EXCLUYE LA PALABRA ?IDONEIDAD? DE SU PROPUESTA PARA EVALUAR A DELGADO COMO FISCAL GENERAL, PERO ADMITE QUE CUMPLE LOS REQUISITOS
LA PROPUESTA DE LESMES OMITE PRONUNCIARSE SOBRE LA IDONEIDAD DE DELGADO Y SE LIMITA A VALIDAR LOS REQUISITOS
CASADO CONF? EN QUE EL PODER JUDICIAL DESAUTORICE EL NOMBRAMIENTO DE DELGADO COMO FISCAL GENERAL
EL GOBIERNO RESPALDA EL DERECHO A LA CR?ICA DE IGLESIAS Y RECUERDA QUE LA RENOVACI? DEL CGPJ EST?BLOQUEADA POR EL PP
CRECE LA TENSI? ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL EJECUTIVO TRAS CALIFICAR IGLESIAS DE "HUMILLACI?" LOS REVESES EN EUROPA POR EL 'PROC?
UN CGPJ EN FUNCIONES NOMBRA A 46 CARGOS, LA MAYOR? AFINES A LESMES Y EL PP, Y CONDICIONA LA JUSTICIA PARA LOS PR?IMOS 20 A?S
EL PODER JUDICIAL ASIGNA BAJO CONTROL CONSERVADOR Y ESTANDO EN FUNCIONES 52 PLAZAS DE ALTO NIVEL Y CONVOCA OTRAS OCHO AL SUPREMO
EL PACTO PARA RENOVAR EL PODER JUDICIAL, M? CERCA TRAS EL 10-N
EL SUPREMO RECHAZA PARALIZAR LOS NOMBRAMIENTOS DEL PODER JUDICIAL EN FUNCIONES
UN CGPJ EN PICADO
LESMES ENV? UNA NUEVA CARTA A LAS CORTES PARA QUE RENUEVEN EL PODER JUDICIAL
ARRECIAN LOS RECURSOS CONTRA LAS PROMOCIONES DE JUECES DE UN PODER JUDICIAL EN FUNCIONES DIRIGIDO POR LESMES
JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA DENUNCIA LA ?INTOLERABLE AUSENCIA DE IGUALDAD? EN EL ACCESO AL SUPREMO
TRES PLAZAS DEL SUPREMO PARA TRES HOMBRES, AUNQUE HAYA CANDIDATAS CON MAYORES M?ITOS
UNA CATEDR?ICA ES DESCARTADA PARA EL SUPREMO EN FAVOR DE UN REGISTRADOR CON CURR?ULUM INFERIOR
JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA DENUNCIA LA PRESENCIA DE UNA SOLA MUJER EN LA TERNA DE NUEVOS MAGISTRADOS PARA EL TS
LESMES, EN EL CORAZ? DE LAS TINIEBLAS
DECEPCI? EN LA JUDICATURA CATALANA POR EL TRASLADO A MADRID DE UN ACTO DEL REY: ?ES UN GRAN ERROR?
EL PRESIDENTE DEL SUPREMO PIDE PERD? POR LA CRISIS DE LAS HIPOTECAS: ?NO LO HEMOS GESTIONADO BIEN?
EL SUPREMOGATE: EL MAYOR ATAQUE JAM? CONTADO A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
EL MAGISTRADO QUE HA FRENADO LA DOCTRINA SOBRE LAS HIPOTECAS LLEG?A
LA PRESIDENCIA DE LA SALA TRAS LAS PRESIONES DE LESMES
EL CGPJ DENIEGA EL REINGRESO DEL JUEZ CLAVE EN LA SENTENCIA DE 'G?TEL' Y BLOQUEA AS?SU CARRERA HACIA EL GOBIERNO DE LOS JUECES
EL PODER JUDICIAL RECHAZA DEFENDER AL JUEZ DE 'G?TEL' A QUIEN EL PP ACUS? DE ESTAR EN SINTON? CON LOS PROETARRAS
JJPD DENUNCIA QUE LOS NOMBRAMIENTOS DEL SUPREMO SON ?EJEMPLOS DE PUERTAS GIRATORIAS?
LA DIVISI? DE LOS PROGRESISTAS DEL CGPJ A?A A UN EXSENADOR DEL PP AL SUPREMO
LA RENOVACI? DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, UN CONFLICTO ASEGURADO PARA EL PR?IMO OTO?
EL PP OCUPA LOS PUESTOS CLAVE DE LA JUSTICIA ASEDIADO POR LA CORRUPCI?
EL BLOQUE CONSERVADOR IMPONE A ESPEJEL AL FRENTE DE LA SALA PENAL DE LA AUDIENCIA
EL CONGRESO CORRIGE Y DESAUTORIZA AL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL
COMUNICADO CONJUNTO SOBRE LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DEL CGPJ
LAS ASOCIACIONES DE JUECES SE UNEN CONTRA LESMES
JUECES PROGRESISTAS ACUSAN AL SUPREMO DE LEGITIMAR "PURGAS IDEOL?ICAS"
MALESTAR EN EL CGPJ ANTE LOS MODOS IMPERATIVOS DEL PRESIDENTE LESMES
EL CGPJ ELIGE DE NUEVO A RIQUELME PRESIDENTE DEL TSJ DE MURCIA PESE AL REVOLC? DEL TS
CORRECTIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO A LESMES POR LOS NOMBRAMIENTOS DE CARGOS JUDICIALES
EL SUPREMO ANULA EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TSJ MURCIA
LAS GESTIONES "FREN?ICAS" DE LESMES PARA CASTIGAR A UNA JUEZA PROGRESISTA
NOMBRAMIENTOS JUDICIALES CON LA POL?ICA AL FONDO
LESMES HUYE DE LOS PERIODISTAS
JUECES PROGRESISTAS LLEVAN A LA ONU LA ELECCI? DE D?Z-PICAZO EN EL SUPREMO
EL SUPREMO ADMITE UNA DEMANDA CONTRA SU PRESIDENTE LESMES
JUECES PROGRESISTAS LLEVAN A LA ONU LA ELECCI? DE D?Z-PICAZO EN EL SUPREMO
LESMES LOGRA IMPONER AL PREFERIDO DEL PP AL FRENTE DE LA SALA DEL SUPREMO QUE JUZGA LOS ACTOS DEL GOBIERNO
EL GOBIERNO NO FALLA: OTRO ?JUEZ FAES? AL SUPREMO
ASOCIACIONES DE JUECES DENUNCIAN EL "PRESIDENCIALISMO" DE LESMES
JUSTICIA SE ATRIBUYE NOMBRAR A DEDO A LOS SECRETARIOS DEL SUPREMO
MANIOBRA PARA QUE UN CONSERVADOR PRESIDA LA SALA DEL SUPREMO QUE PUEDE TUMBAR DECISIONES DEL GOBIERNO
EL CGPJ OTORGA LA PLAZA DE JAVIER G?EZ BERM?EZ AL EXVOCAL DEL PP JUAN PABLO GONZ?EZ
LA JUEZ ROBLES PIDE A LESMES QUE EXPLIQUE LAS COMIDAS EN EL SUPREMO
LA MANO DERECHA DE LESMES PARTICIP?EN LA DESIGNACI? DE LOS JUECES QUE COBRARON DE LA COMUNIDAD DE MADRID
UN VOCAL DEL CGPJ ENV? A UN JUZGADO UN DOCUMENTO CON LOS NOMBRES DE 20 JUECES EXPEDIENTADOS
PROGRESISTAS DEL CGPJ ACUSAN A LESMES DE DISCRIMINAR A UNA MUJER PARA EL TSJ DE MURCIA Y CENSURAR A DISCREPANTES
LA ASOCIACI? JUECES POR LA DEMOCRACIA ACUSA A LESMES DE COMETER UN FRAUDE A LA CONSTITUCI?
LESMES IMPONE SU N?LEO DURO PARA CONTROLAR LA JUSTICIA
EL PP AMPL? SU MAYOR? EN LA COMISI? CLAVE DEL PODER JUDICIAL
PULSO AL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL
LA SALA CLAVE DEL SUPREMO PROTESTA POR LAS INJERENCIAS DEL GOBIERNO
LESMES SE SALTA AL PLENO DEL CGPJ Y SACA A CONCURSO LA PLAZA DE LA VOCAL CABREJAS
EL CGPJ PIERDE DEMOCRACIA INTERNA TRAS UN A? DE PRESIONES POL?ICAS
LA VOCAL PILAR SEP?VEDA PIDE A LESMES IR A LA COMISI? PERMANENTE
EL CGPJ SACA A CONCURSO LA PLAZA DEL JUEZ RUZ EN LA AUDIENCIA NACIONAL
EL PODER JUDICIAL ABRE UNA V? DUDOSA PARA QUE RUZ FINALICE EL ?CASO G?TEL?
LAS PRESIONES POL?ICAS COMPLICAN EL FUTURO DE RUZ AL FRENTE DE G?TEL
FISCALES DE LA AUDIENCIA NACIONAL VEN ?INCOMPRENSIBLE? ECHAR A RUZ
CARLOS LESMES: "QUE RUZ ACABE CON LA INSTRUCCI? DE B?CENAS Y G?TEL NI SIQUIERA DEPENDE DE ?"
EL JUEZ RUZ PODR?TERMINAR DE INSTRUIR EL ?CASO G?TEL? SI LO PIDE
SIETE VOCALES DEL PODER JUDICIAL PIDEN QUE EL PLENO VEA LA CONTINUIDAD DE RUZ
EL PRESIDENTE DEL CGPJ GARANTIZ?AL GOBIERNO QUE RUZ SER? APARTADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL
EL JUEZ RUZ, PUNTO...Y SEGUIDO
EL FUTURO DE RUZ AL FRENTE DEL ?CASO G?TEL? FRACTURA AL PODER JUDICIAL
LOS CINCO VOCALES DE LA PERMANENTE DEL PODER JUDICIAL GANAN CASI UN 45% M? QUE RAJOY
EL CGPJ AVALA LA NUEVA ESTRUCTURA JUDICIAL DE LA 'LEY DEL SILENCIO' DE GALLARD?
UN DESNUDO DE MUJER PONE EN PIE DE GUERRA A MAGISTRADAS DEL SUPREMO
EL SECTOR DEL CONSEJO AF? AL PP IMPONE A UN ULTRACONSERVADOR PARA EL SUPREMO
LESMES TOMA A LOS JUECES POR ASNOS: "SE LES CONTROLA CON EL PALO Y LA ZANAHORIA"
LESMES, EL ZAR DEL PODER JUDICIAL
LESMES IMPONE A LA CANDIDATA DEL PP PARA PRESIDIR EL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DE G?ERO
EL OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE G?ERO ABRE OTRA BRECHA EN EL PODER JUDICIAL
EL SUPREMO ANALIZA SI JUANES CUMPLE LOS REQUISITOS PARA SER SU VICEPRESIDENTE
SEIS VOCALES EXIGEN QUE SE ANULE LA NORMA QUE LES RECORTA ATRIBUCIONES
EL PRESIDENTE DEL CGPJ DICE QUE FUE AL VATICANO PARA REPRESENTAR A ESPA? "EN OTRO ESTADO"
JPD AFIRMA QUE LA VISITA DEL PRESIDENTE DEL SUPREMO AL VATICANO CUESTIONA LA ACONFESIONALIDAD DEL ESTADO
EL JEFE DEL PODER JUDICIAL ENCABEZ?LA DELEGACI? ESPA?LA ANTE EL PAPA
ONCE POL?ICOS Y JUECES ESPA?LES ARROPAR? EL NOMBRAMIENTO DE 19 NUEVOS CARDENALES
EL SUPREMO INVITA AL PLENO DEL CONSTITUCIONAL A UNA REUNI? IN?ITA
MALESTAR ENTRE LOS VOCALES A LOS DOS MESES DEL NUEVO PODER JUDICIAL
?QUI? HA PERDIDO LAS DENUNCIAS CONTRA LESMES? EL TS CULPA A LA SECRETARIA JUDICIAL
MAGISTRADOS IMPUGNAN EN EL SUPREMO LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL DE GALLARD?
EL PRESIDENTE DEL SUPREMO ?SOLO SE DIRIGE A LOS HOMBRES MAGISTRADOS?
EL KAMIKAZE CUYO INDULTO ANUL?EL SUPREMO TENDR?QUE VOLVER A LA C?CEL
EL SECTOR AF? AL PP CONTROLAR?EL N?LEO DE PODER DEL PODER JUDICIAL
DIECIS?S PARTICIPACIONES EN LOS CURSOS DE FAES ?AVALAN? AL NUEVO PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL
CARLOS LESMES, UN MAGISTRADO CONSERVADOR DE PROFUNDAS RA?ES RELIGIOSAS
PP Y PSOE PACTAN QUE LESMES PRESIDA EL PODER JUDICIAL
EL PASADO SIGUE EN EL PODER JUDICIAL
MARLASKA Y EL JUEZ QUE DECIDE SOBRE LA SANIDAD MADRILE?, EN EL PODER JUDICIAL
CARLOS LESMES, MAGISTRADO Y EX ALTO CARGO DE JUSTICIA, SE PERFILA COMO PRESIDENTE
UN EX CARGO DE AZNAR
EL SUPREMO CONFIRMA LOS NOMBRAMIENTOS DE CUATRO DE SUS JUECES
TRES ASOCIACIONES DE JUECES DENUNCIAN ANTE LA COMISI? EUROPEA EL ?RIESGO CLARO DE VIOLACI?? DEL ESTADO DE DERECHO EN ESPA?
Le instan a abrir un procedimiento para constatar la ?intromisi? pol?ica en el poder judicial?, lo que vulnera varias normas comunitarias y amenaza, por tanto, los fondos europeos para nuestro pa?
Advierten tambi? que el Gobierno pretende "rebajar y politizar m? todav? la mayor? necesaria para renovar el CGPJ" y que esto ?ser? el inicio del camino hacia el totalitarismo?;
La Asociaci? Profesional de la Magistratura (APM), la Asociaci? Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) ?que representan a m? de 2.500 jueces y magistrados espa?les? han denunciado ante la Comisi? Europea una situaci? de ?riesgo claro de violaci? grave del Estado de Derecho en Espa??, tras la aprobaci? de la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que limita las competencias del ?gano de gobierno de los jueces estando en funciones, y que jueces, fiscales y abogados critican duramente.
Han enviado sendas misivas a la vicepresidenta de la Uni? Europea para Valores y Transparencia, Věra Jourov? y al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, alertando de ello.
Piden al Consejo de Europa que inste al Gobierno de Espa? que aborde las reformas legislativas que resulten compatibles con las garant?s que demanda el art?ulo 49 del Tribunal de Justicia de la Uni? Europea (TJUE), en los t?minos en que los viene interpretando.
Solicitan, en su caso, que se valore la procedencia de la aplicaci? del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre un r?imen general de condicionalidad para la protecci? del presupuesto de la Uni?.
En ?tima instancia, de no subsanarse la situaci? denunciada, le piden que inicie el procedimiento previsto en el art?ulo 7 del Tratado de la Uni? Europea, de constataci? de riesgo claro de violaci? grave por parte del Reino de Espa?, como Estado miembro, de los valores contemplados en el art?ulo 2 y del Estado de Derecho.
Estas tres asociaciones denuncian formalmente ante la Uni? Europea la ?intromisi? pol?ica en el Poder Judicial que se est?produciendo en Espa??, con iniciativas del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos como la aprobada el pasado mes de marzo para forzar el ?apag? del Consejo General del Poder Judicial? cada vez que los dos principales partidos (PSOE y PP) no se pongan de acuerdo para renovar este ?gano clave para el buen funcionamiento de la Justicia espa?la, pues es el ?ico que puede cubrir las bajas y vacantes en los tribunales m? importantes del pa?, algo que ya no podr?cumplir mientras los pol?icos no lo renueven y lo mantengan bloqueado, como ocurre desde diciembre 2018, como sucedi?entre 2006 y 2008 y como puede volver a ocurrir en un par de a?s cuando toque renovarlo de nuevo.
Denuncian ?apag? y desapoderamiento del CGPJ y su colonizaci? por los partidos pol?icos?, que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, as?como toda la actividad gubernativa sobre jueces (disciplinaria, promoci?, formaci?,?), y con ello su independencia e imparcialidad.
Y advierten que esta actuaci? ?pone en riesgo el Estado de Derecho, lo que constituye un riesgo claro de violaci? grave por parte de Espa? de los valores contemplados en el art?ulo 2 del Tratado de la Uni? Europea y por lo tanto, del propio Derecho de la Uni??.
Tambi? alertan a la Comisi? Europea sobre la otra reforma de la LOPJ planteada por PSOE y Unidas Podemos para que todos los vocales y el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo dependan s?o de la mayor? que apoye al Ejecutivo de turno en cada momento y dejando a la oposici? fuera de un reparto que, ya de por s? estas mismas asociaciones y el propio Grupo de Estados Contra la Corrupci? (GRECO) del Consejo de Europa se?lan como una de las principales razones de la politizaci? de la Justicia espa?la.
APM, AJFV y FJI afirman que, si esta reforma termina de aprobarse, supondr? el ?inicio del camino hacia el totalitarismo? en nuestro pa?.
El procedimiento que estas asociaciones solicitan a la Comisi? Europea para que compruebe lo que est?ocurriendo con el Poder Judicial en Espa? est? previsto en el art?ulo 7 del Tratado de la UE y puede derivar en sanciones contra los Estados miembros que incumplan principios y valores fundamentales para la misma Uni? de la que forman parte, como el respeto a la independencia judicial, la separaci? de poderes y el Estado de Derecho.
APM, AJFV y FJI apuntan en su escrito algo que puede tener graves consecuencias y m? en las actuales circunstancias de crisis sanitaria y econ?ica, ya que el reparto de fondos europeos est?condicionado a que los pa?es miembros que los reciben cumplan con las normas de la propia UE, como recoge expresa y n?idamente el Reglamento del Parlamento y del Consejo de la UE, cuyo primer ejemplo de ?vulneraci? de los principios del Estado de Derecho? es precisamente ?poner en peligro la independencia de los jueces? (art?ulo 3.a), que afirman que es justo lo que ocurre cuando un Ejecutivo como el de Espa? aprueba reformas no ya para limitar una de las principales atribuciones de su CGPJ, sino incluso para politizarlo m? todav? rebajando las mayor?s necesarias para repart?selo s?o entre los partidos que apoyen al Gobierno de turno.
El documento se completa con una hemeroteca de noticias de medios espa?les publicados al respecto.
?Con enorme pesar, nos vemos obligados a recurrir a la Comisi? Europea para poner en su conocimiento nuestra inquietud ante el actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial en Espa?, aun sabiendo que s?o en contadas ocasiones la UE se pronuncia sobre asuntos de organizaci? interna?, explican en su misiva -fechada a 6 de abril y hecha p?lica hoy-, y le instan a que tome cartas en el asunto.
?La reforma realizada y la que est?por venir no son sino corolarios de un sistema perverso en su origen, contrario a las exigencias del Consejo de Europa y de la Uni? Europea, por el que los partidos pol?icos llevan m? de 35 a?s reparti?dose los puestos m? importantes del Poder Judicial?, ha manifestado a Confilegal la presidenta de Foro Judicial Independiente, Concepci? Rodr?uez, una de las asociaciones firmantes, que buscan con esta iniciativa que ?se respete la separaci? de poderes?.
LA MISIVA, AL DETALLE
Estas tres asociaciones se?lan que ?a pesar de que la Comisi? ha expresado ya su preocupaci? por la posible limitaci? de garant?s a la independencia judicial en Espa?, se siguen ignorando las recomendaciones que se han ido proponiendo y, desafortunadamente, se contin? en la l?ea de ir horadando paulatinamente la independencia judicial, de modo que, en lugar de acometer una reforma que de una vez por todas establezca un sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que se adecue a los est?dares existentes en la mayor parte de los pa?es de la UE ? es decir, por elecci? de los propios jueces entre sus iguales -, se camina en la direcci? opuesta?.
Explican que ante esta situaci? se dirigen la Comisi? Europea para poner de manifiesto ?el riesgo a que se ve sometido el Estado de Derecho en Espa? a causa de la deriva legislativa por reformas de la Ley Org?ica del Poder Judicial en tr?ite?.
Informan que la primera reforma, ya en vigor, prev?un ?apag?? del CGPJ, al dejarle sin funciones de designaci? de cargos judiciales en la situaci? actual y hasta que sean renovados sus componentes (vocales).
Le advierten que la segunda reforma prevista ?implica una rebaja de las mayor?s exigidas en las C?aras Legislativas para la designaci? de los vocales judiciales, de manera que los partidos de Gobierno por s?solos puedan decidir la ?tegra composici? del CGPJ?.
Solicitan a la Comisi? Europea ?una actuaci? en garant? del Estado de Derecho en Espa?, como valor fundamental de la UE?.
Estas tres asociaciones recuerdan que ?Espa?, desde hace m? de 35 a?s, no cumple con las recomendaciones del Consejo de Europa al privar a los jueces de la elecci? de los vocales del CGPJ de procedencia judicial, ya que los eligen las C?aras (Congreso de los Diputados y Senado)?.
Indican que en Espa?, desde la Ley Org?ica del Poder Judicial de 1985, los 20 vocales del CGPJ son designados por las C?aras legislativas (Congreso de los Diputados y Senado) por mayor? de 3/5, incluidos los 12 vocales de procedencia judicial, los cuales, desde el a? 2013, son nombrados de entre unos candidatos que se presentan con avales de 25 miembros de la carrera judicial o de una asociaci? judicial. Una vez admitidas sus candidaturas, la designaci? formalmente es hecha por las C?aras.
Este sistema fue avalado por el Tribunal Constitucional espa?l (en la sentencia n?ero 108/86), aunque con las siguientes precisiones: que el modelo preferible de selecci? de vocales es la elecci? directa por jueces y magistrados; que la elecci? parlamentaria supon? el riesgo de que las C?aras, al hacer sus propuestas, distribuyesen los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporci? a la fuerza parlamentaria de estos; y que exist? un riesgo de politizaci? de la Justicia; y en su Fundamento Jur?ico 13o dej?claro que la designaci? de los Vocales conforme a criterios partidistas ?no era admisible?, aunque concluy?que ello no era fundamento para declarar la inconstitucionalidad de la norma, porque exist? la posibilidad de una interpretaci? conforme al esp?itu y la letra de la Constituci?.
?En definitiva, la condici? de constitucionalidad pasaba porque las formaciones pol?icas no se repartiesen los vocales atendiendo a su representaci? parlamentaria?, destacan APM, AJFV y FJI.
Y se?lan que despu? de 35 a?s, ?los riesgos previstos por el Tribunal Constitucional se han convertido en lamentables realidades?.
?Puede afirmarse que el actual sistema ?de facto? es contrario a la Constituci?, y a las exigencias de las Instituciones europeas, seg? las cuales ?las autoridades pol?icas no pueden intervenir en ning? momento del proceso en la elecci? de los vocales de procedencia judicial'?, exponen estas asociaciones.
A?den que ?la pr?tica, desde 1985 hasta la actualidad, consiste en que los principales partidos pol?icos se reparten los puestos a cubrir en negociaciones secretas fuera del parlamento; y una vez alcanzado su acuerdo, los diputados y senadores votan seg? la consigna dada por sus partidos?.
Tambi? apuntan que ?antes esto se hac? discretamente, pero actualmente se realiza con conocimiento p?lico y con comentarios de pol?icos en la prensa?.
APM, AJFV y FJI informan, asimismo, que el actual proceso de renovaci? del CGPJ se inici?hace m? de dos a?s y que las candidaturas a vocales judiciales del CGPJ fueron admitidas.
?Desde entonces, los negociadores de los partidos pol?icos se re?en sin llegar a un acuerdo. Las C?aras no son convocadas para debatir la cuesti?. De esta manera, la decisi? de las C?aras legislativas es suplantada por los partidos pol?icos dominantes, que tambi? se han negado a modificar el sistema de elecci? de vocales judiciales, a pesar de que alg? partido lo ha propuesto y las asociaciones judiciales lo han reclamado conforme a las recomendaciones europeas?, explican.
Se?lan que en esta situaci?, dado que el CGPJ sigue cumpliendo sus funciones institucionales, entre ellas la de nombrar a los jueces de altos tribunales de Espa?, de acuerdo con la ley, los partidos que gobiernan en coalici? en Espa? (PSOE y Unidas Podemos) han promovido dos reformas legislativas.
La primera consiste en reducir las mayor?s necesarias para la elecci? de los vocales de procedencia judicial, que pasa de 3/5 a ser la misma que para formar Gobierno.
Estas asociaciones denuncian que ?la reforma supone eliminar la ?ica garant? del deficiente sistema espa?l de elecci? de vocales judiciales del CGPJ?.
Recuerdan que ?esta propuesta, ha sido rechazada duramente por los operadores jur?icos (especialmente, casi todas las asociaciones judiciales), la prensa y por el propio CGPJ?, y que la Comisi? Europea expres?su oposici? por ser contraria a las recomendaciones de la UE.
Dicha proposici? est?paralizada, si bien sus promotores han manifestado p?licamente que continuaran adelante si el CGPJ no se renueva.
La segunda tiene como finalidad que el CGPJ no pueda realizar su funci? mas importante, que es la de nombrar a los altos cargos judiciales, cuando su mandato haya expirado, una reforma que entr?en vigor el pasado 31 de marzo.
?Esta reforma suprime otras facultades del CGPJ que consideremos esenciales, como la legitimaci? para promover conflictos de competencias entre ?ganos constitucionales?, informan, y que, en suma, ?reduce las funciones del CGPJ a aspectos meramente burocr?icos, en detrimento de su funci? esencial: ser el garante de la independencia judicial?.
Destacan que ?estamos ante una ?ley de apag? o desapoderamiento? del CGPJ, ya que esta limitaci? persistir?hasta que se elija al nuevo CGPJ, acentuando la dependencia pol?ica del ?gano de gobierno de los jueces respecto de las C?aras que lo nombraron?.
Tambi? recuerdan que no se ha solicitado el parecer de la Comisi? de Venecia, en salvaguarda de las garant?s del estado de Derecho y la independencia judicial, como era debido, seg? en su d? subray?VE, al valorar la primera de las propuestas.
Adem?, resaltan que la segunda propuesta ha prosperado sin dar audiencia ni al CGPJ ni a las asociaciones judiciales, a pesar de que se hab? solicitado expresamente este tr?ite.
Tambi? destacan que ?resulta especialmente preocupante que en este tipo de reformas no se de espec?ica audiencia a las asociaciones judiciales, lo que es contrario a las recomendaciones europeas en materia de refuerzo y garant? de la independencia judicial.
En este sentido, recuerdan que en el reciente informe de GRECO, de finales de 2020, acerca de San Marino se subraya que ?no hace falta decir que los jueces deben ser consultados y tener voz en las decisiones b?icas sobre la forma de la justicia moderna y las prioridades involucradas. Ese proceso de consulta debe estar dotado de garant?s adecuadas de inclusi?, transparencia y rendici? de cuentas?.
Asimismo, indican que el propio Consejo Consultivo de Jueces Europeos en su Opini? N?ero 23 (2020) establec? que ?en general, la opini? de las asociaciones judiciales debe solicitarse y ser considerada por el poder ejecutivo a todos los niveles con respecto a las reformas y proyectos judiciales, incluidas las cuestiones presupuestarias y la asignaci? de recursos, las condiciones de trabajo y todos los aspectos del estatuto de los jueces.?.
Informan que el siguiente paso, que ya ha sido anunciado, consistir? como ya se ha expuesto, en sustituir la mayor? reforzada de 3/5 de los miembros de las C?aras que se exige para elegir a los vocales del CGPJ por una mayor? absoluta, que se conseguir? con los partidos que sostienen el Gobierno (algunos de ellos abiertamente animan a no respetar la Constituci?).
Estas tres asociaciones judiciales denuncian que ?se trata de una ley de sometimiento del Poder Judicial a los partidos pol?icos que dominen en cada momento, lo que es el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupci??.
Como conclusi?, afirman que dicha actuaci? constituye un ?desapoderamiento del CGPJ como ?gano constitucional de gobierno de los jueces de Espa?, a realizar en dos fases: el ?apag?? del CGPJ en sus funciones de nombramiento de altos cargos judiciales, mediante reforma legal que ya ha sido aprobada; y la ?sumisi? del poder judicial al Gobierno de cada momento?, con poder de decisi? sobre los nombramientos de altos cargos judiciales, as?como toda la actividad gubernativa sobre jueces (disciplinaria, promoci?, formaci?,?), a trav? de la reforma de la LOPJ sobre las mayor?s que est? en tr?ite.
Tambi? recuerdan que las Asociaciones Judiciales firmantes vienen reclamando desde hace a?s que los 12 vocales judiciales del CGPJ sean elegidos directamente por la Carrera Judicial, siguiendo los est?dares del Consejo de Europa.
Entienden que las anteriores iniciativas ?agravan la intromisi? pol?ica en el poder judicial que se est?produciendo en Espa?, lo que compromete los valores que consagran los arts. 2 y 49 del Tratado de la UE en cuanto proclama la obligaci? de todos los Estados de preservar el Estado de Derecho?.
Consideran que est??en juego la separaci? de poderes y la independencia judicial, que es el apoyo del Estado de Derecho, como garant? de respeto de los derechos humanos, inseparable de los valores de dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, que son fundamentos de nuestra Uni? Europea (art?ulo 2 del Tratado de la Uni? Europea); y como parte de nuestro patrimonio espiritual y moral de la Uni? Europea, fundada sobre dichos valores indivisibles y basada en los principios de la democracia y del Estado de Derecho (Carta de los derechos fundamentales de la Uni? Europea).
?La separaci? de poderes y el respeto a la independencia judicial son requisitos necesarios para que haya un Estado de Derecho, que es como los Estados democr?icos garantizan el respeto de los derechos fundamentales y a los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo pol?ico y la solidaridad?, subrayan.
Adem?, se?lan que asumen que los jueces nacionales son esencialmente tambi? jueces europeos, que aplican el Derecho de la Uni?, ?raz? por la que la Uni?, incluido el Tribunal de Justicia de la Uni? Europea, debe vigilar la independencia del poder judicial en todos los Estados miembros como una de las exigencias del Estado de Derecho, y tal como se establece en el art?ulo 49 del TUE y en el art?ulo 47 de la Carta?.
Recuerdan que entre los grandes objetivos que persigue la Uni? Europea est? la creaci? de un espacio com? de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, y destacan que ?esto no es posible si no se garantiza la aplicaci? del Derecho de la Uni? entre sus miembros constituidos como Estados de Derecho, sometidos a la ley (rule of law), con jueces nacionales y a la vez de la UE independientes, que puedan aplicar debidamente la ley nacional y el Derecho de la UE.?
Recuerdan, igualmente, los considerandos 3 y 16 del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre un r?imen general de condicionalidad para la protecci? del presupuesto de la Uni?.
Asimismo, aluden al art?ulo 3 del referido Reglamento, que bajo el t?ulo ?Vulneraci? de los principios del Estado de Derecho? dispone que a los efectos del mismo ?se podr?considerar indicio de vulneraci? de los principios del Estado de Derecho lo siguiente: Poner en peligro la independencia de los jueces?.
APM, AJFV y FJI se?lan que la Comisi? Europea, junto con otras instituciones de la Uni? y sus Estados miembros, ?es responsable, con arreglo a los Tratados, de garantizar el respeto del Estado de Derecho como valor fundamental de nuestra Uni? y de velar por que se observen la legislaci?, los valores y los principios de la UE?, y le reclaman que act?.
Los vocales han sacado adelante en m? de dos a?s de interinidad veinticinco presidencias de audiencias provinciales, diez de tribunales superiores de justicia y en la Audiencia Nacional, adem? de presidencias de sala y plazas en tribunales militares
En el alto tribunal, cuatro plazas han ido a la Sala Primera, otras cuatro en la Segunda, tres en la Tercera, cuatro en la Cuarta y otras cuatro en la Quinta
Los miembros del ?gano de gobierno de los jueces no ven posible sacar adelante nuevas adjudicaciones de puestos en el Pleno de marzo, el ?timo en el que podr?n tener sus funciones intactas
En un bloqueo institucional sin precedentes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva en funciones desde diciembre de 2018 ante el continuo fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y el Partido Popular para renovar a sus veinte vocales. En estos m? de dos a?s con el mandato caducado, el ?gano de gobierno de los jueces ha nombrado a la mitad de la c?ula judicial de tribunales superiores (TSJ) de toda Espa?, tambi? de audiencias provinciales, y ha adjudicado m? de una veintena de plazas de magistrado en todas las Salas del Tribunal Supremo.
Seg? los datos contenidos en el apartado de nombramientos discrecionales de la p?ina web del CGPJ, consultados por infoLibre, la instituci? que preside Carlos Lesmes desde diciembre de 2013 ha acometido un total de 86 designaciones, unas con mayor apoyo, otras con menos, e incluso algunas por unanimidad, estando en funciones, es decir, entre diciembre de 2018 y marzo de 2021, al no haber ning? precepto en la Ley Org?ica del Poder Judicial (LOPJ) que les impidiera ejercer esta funci?, a pesar de que el ?gano ha sido fuertemente criticado, sobre todo en los ?timos meses, por sectores del Gobierno y de Unidas Podemos, que culpan al PP del bloqueo para la renovaci?.
Los veinti? miembros del CGPJ ?veinte vocales m? el presidente? han dado luz verde en estos dos a?s y tres meses con mandato caducado a la renovaci? de 25 presidencias de audiencias provinciales, la mitad de las 50 de toda Espa?; diez presidencias de tribunales superiores de justicia, m? de la mitad de los diecisiete totales; y veinti? plazas de magistrado en el Supremo, plazas que son vitalicias hasta la jubilaci?, renuncia o fallecimiento de los que las ocupan.
En el alto tribunal, cuatro puestos han ido a parar a la Sala Primera (de lo Civil), otros cuatro a la Sala Segunda (de lo Penal) ?una de ellas ha sido confirmar en la presidencia al magistrado Manuel Marchena?, tres a la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo), cuatro a la Sala Cuarta (de lo Social), y otras cuatro a la Sala Quinta (de lo Militar). En los TSJ, los vocales del ?gano de gobierno de los jueces han renovado las presidencias de Madrid, Galicia, Arag?, Navarra, Extremadura, Asturias, Canarias, Pa? Vasco, Cantabria y Baleares, aunque tambi? han nombrado a nuevos presidentes de sala de estos tribunales.
En las audiencias provinciales, el CGPJ caducado ha renovado las presidencias de las de Granada, Almer?, Salamanca, Ciudad Real, Navarra, Le?, Cantabria, Baleares, C?eres, Ourense, C?doba, Tarragona, Bizkaia, Segovia, Pontevedra, Soria, C?eres de nuevo, Valladolid, Valencia, A Coru?, Castell?, Toledo, Lleida, Albacete y Zamora. Y en la Audiencia Nacional, el ?gano ha renovado a Jos?Ram? Navarro como presidente y tambi? ha nombrado a nuevos presidentes de las Salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo.
De los 86 nombramientos del CGPJ en funciones, un total de catorce lo han sido por unanimidad y la mayor parte se han llevado a cabo con m? de los votos necesarios, en virtud de si se requiere mayor? absoluta o mayor? cualificada de tres quintos, en funci? de las plazas en liza. Ha habido grandes mayor?s, de hasta diecinueve votos a favor y dos en blanco, y muchas de ellas se registraron en los Plenos que la instituci? celebr?el pasado oto?, ya con duras cr?icas desde el Gobierno por estos nombramientos con mandato caducado. Los vocales se pusieron de acuerdo para, frente a los que dudaban de la legitimidad de la adjudicaci? de plazas en estas condiciones, lanzar un contundente mensaje de unidad y defensa de sus competencias. S?o dos miembros del ?gano se mostraban discrepantes, los elegidos a propuesta del PSOE ?varo Cuesta y de IU Concepci? S?z.
Cuatro intentos de renovaci?
El ?gano de gobierno de los jueces lleva m? de dos a?s caducado, pero han sido varios los intentos por renovarlo, que finalmente no han fructificado. La primera vez fue antes de que finalizara su mandato de cinco a?s, pero cuando ya hab?n dado comienzo los tr?ites ?escuchar en el Congreso a los candidatos a vocal por el turno de juristas de reconocida competencia? el acuerdo alcanzado entre el presidente del Gobierno, Pedro S?chez, y el l?er del PP, Pablo Casado, se frustr?tras la publicaci? en medios de comunicaci? de un mensaje del entonces portavoz conservador en el Senado, Ignacio Cosid? enviado a su grupo parlamentario en el que presum? de que, con ese pacto que inclu? al magistrado Manuel Marchena como nuevo presidente del CGPJ, podr?n controlar la Sala Segunda del Supremo "desde detr?".
Esto ocurri?en el oto? de 2018 y el mandato de la instituci? presidida por Lesmes caduc?en diciembre de ese a?. Los acontecimientos pol?icos del siguiente a?, fundamentalmente los numerosos procesos electorales ?dos convocatorias de comicios generales, m? los auton?icos, municipales y europeos? dejaron paralizada la renovaci? del CGPJ. El siguiente intento fue en enero de 2020, que tampoco sali?adelante y los vocales continuaron ejerciendo las funciones que la ley les permite a? estando en funciones.
Lleg?2020 y, con ello, la conformaci? del Gobierno de coalici?, pero las negociaciones para renovar el ?gano de gobierno de los jueces siguieron estancadas y el principio de acuerdo de enero tampoco result? En julio de ese a?, la instituci? anunci?que hab? de nuevo en marcha negociaciones que podr?n derivar en un pacto, por lo que paraliz?los nombramientos discrecionales que ten? previstos en julio. Tampoco hubo avances y en septiembre, diecinueve vocales votaron a favor de adjudicar plazas clave en varios ?ganos judiciales, incluido el Supremo, donde entraron tres nuevos magistrados en la Sala de lo Penal.
Desde entonces, el CGPJ ha venido haciendo nombramientos en un ambiente pol?ico cada vez m? crispado. La mayor? de vocales defiende que deben seguir ejerciendo las funciones que les manda la ley y quieren estar ajenos a la discusi? pol?ica, pero lo que se ha visto en los ?timos meses ha sido un choque entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial despu? de que PSOE y Unidas Podemos presentaran una proposici? de ley para rebajar las mayor?s en Congreso y Senado para elegir a los vocales del turno judicial (doce de los veinte que designan las C?aras). La propuesta gener?fuertes cr?icas de la oposici? y de las principales asociaciones judiciales y hasta la Comisi? Europea expres?sus dudas, y tras la moci? de censura de Vox, en la que se advirti?un cambio de tendencia en el PP de Casado, S?chez opt?por frenar la tramitaci? de la reforma.
Sin embargo, el acuerdo segu? sin llegar ante las condiciones que planteaba el PP: retirar la reforma ?no s?o frenarla?, "despolitizar la elecci? del CGPJ y Fiscal?" as?como excluir a Unidas Podemos del proceso. Esta situaci? se mantuvo y las conversaciones se enfriaron tambi? ante la inminencia de las elecciones catalanas del pasado 14 de febrero, pero una vez pasadas, parec? abrirse un tiempo de sosiego pol?ico sin procesos electorales a la vista. Y a? as? lo que ya parec? un acuerdo hecho se frustr?de nuevo tras la negativa del partido conservador a incluir al magistrado de la Audiencia Nacional Jos?Ricardo de Prada, el juez al que se atribuyen las frases m? duras de la sentencia del caso G?tel que desaloj? a Mariano Rajoy de la Moncloa; un nombre que, sin embargo, el PP s?aceptaba en el acuerdo de finales de 2018.
La moci? de censura en Murcia y el adelanto electoral en Madrid alejan a? m? el acuerdo de renovaci? y el CGPJ se enfrenta al mayor periodo de interinidad de su historia, pues al menos hasta despu? de los comicios madrile?s no se prev?un desbloqueo de las negociaciones. Pero esta vez, el tiempo que dure la falta de acuerdo ya no ser?igual para los vocales, pues en menos de un mes entrar?en vigor otra proposici? de ley de PSOE y Unidas Podemos que limita los poderes del ?gano cuando est?en funciones. Los nombramientos discrecionales se acabaron para la instituci? hasta que ?ta sea renovada.
?Y qu?opinan los vocales?
Los miembros del CGPJ caducado ya dan por hecho que seguir? en funciones unos cuantos meses m?. Y la mayor? lamenta que esto coincida con la entrada en vigor de la reforma de la LOPJ que les va a quitar competencias, pues prev? un grave d?icit en el funcionamiento diario de la Administraci? de Justicia si cargos judiciales se van quedando vacantes de ahora en adelante, por ejemplo, por jubilaciones o finalizaciones de mandato, y esta situaci? se alarga en el tiempo, lo que puede suponer una merma en la prestaci? de los servicios que prestan los ?ganos judiciales a los ciudadanos.
El pr?imo Pleno del ?gano de gobierno de los jueces est?previsto para la semana que viene, concretamente el 25 de marzo, y la Comisi? Permanente contin? sus trabajos para cubrir plazas vacantes, como dos en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tras la jubilaci? de los magistrados Jorge Rodr?uez-Zapata y Javier Borrego, as?como en la presidencia de la Audiencia de La Rioja, para la que s?o hay un candidato. Del anterior Pleno quedaron adem? dos puestos pendientes de nombrar tambi? en el alto tribunal, uno en la Sala de lo Civil y otro en lo Social, pero fuentes del CGPJ consultadas por infoLibre ven muy improbable que puedan asignarse estas vacantes.
Por un lado, la imposibilidad de llegar a tiempo a elevar a Pleno las candidaturas de las que a? se est? realizando las entrevistas a los aspirantes, proceso que en algunos casos termina el ?timo d? de marzo; por otro, la sensaci? general que hay entre los vocales de que el Senado aprobar?en fechas muy pr?imas la reforma de la ley que les imposibilitar? seguir haciendo estos nombramientos discrecionales. La percepci? entre algunos miembros del ?gano de gobierno de los jueces es de "preocupaci?" por la nueva situaci? que se les presenta cuando la nueva LOPJ se publique en el Bolet? Oficial del Estado (BOE) y ya no puedan seguir ejerciendo una funci? que consideran "necesaria" para el buen funcionamiento de la Justicia.
Lo que s?seguir?su curso dure lo que dure la interinidad del CGPJ es el tr?ite de informe a los anteproyectos de ley que llegan del Consejo de Ministros. El ?gano de gobierno de los jueces tiene dos encima de la mesa desde principios de marzo: el borrador de la Ley de Memoria Democr?ica que sustituir?a la de Memoria Hist?ica y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Seg? las fuentes consultadas por infoLibre, el plazo para presentar el informe de la primera finaliza el pr?imo d? 29; para la segunda, el plazo expira el 9 de abril. No obstante, estos tiempos se pueden prorrogar.
EL PODER JUDICIAL PROSIGUE CON LOS NOMBRAMIENTOS TRAS EL FRACASO DE SU RENOVACI?
El CGPJ aprueba por la m?ima seis designaciones tras la ruptura de las negociaciones de PSOE y PP. Los vocales han decidido sacar del orden del d? dos de las tres plazas del Supremo que estaban en liza
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha conseguido sacar adelante por la m?ima seis de los ocho nombramientos que ten? sobre la mesa, si bien ha optado por aplazar dos de los m? importantes: una plaza de magistrado en la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo y otra en la Sala Cuarta (Social). Los vocales, cuyo mandato est?prorrogado desde diciembre de 2018 ante la falta de acuerdo pol?ico para su renovaci?, s?han llegado a un acuerdo in extremis para elegir la tercera plaza en liza en el alto tribunal, tambi? en la Sala Primera. Para esta ha sido designado el magistrado Antonio Garc?, destinado hasta ahora en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Pa? Vasco.
Los miembros del Consejo estaban convocados este jueves a un pleno extraordinario para aprobar ocho nombramientos discrecionales que quedaron aplazados la semana pasada ante la posibilidad de que el PSOE y el PP llegaran a un acuerdo para renovar el ?gano de gobierno de los jueces. Los vocales optaron hace una semana por frenar los nombramientos casi dando por hecho que, siete d?s despu?, el acuerdo para la renovaci? ser? oficial, lo que, previsiblemente, hubiera llevado a la mayor? de miembros del Consejo a renunciar a esas votaciones y dejarlas ya en manos de sus sucesores. Pero la ruptura de las negociaciones entre socialistas y populares ha cambiado el escenario y el pleno del CGPJ ha afrontado dividido la sesi? de este jueves.
Con todo, el pleno ha conseguido votos suficientes para aprobar seis de los ocho nombramientos previstos, si bien el resultado de las votaciones queda muy lejos de las mayor?s holgadas conseguidas en todas las designaciones que se han abordado en los ?timos meses. Las tres plazas m? importantes de las seis aprobadas (la del Supremo y las presidencias de los tribunales superiores de Pa? Vasco y Canarias) han salido con la mayor? justa de tres quintos (13 votos) necesaria. Seg? fuentes del ?gano, las tres votaciones han terminado con id?tico resultado: 13 votos a favor y siete en blanco. Estos ?timos corresponden a cinco magistrados del sector progresista que ya vienen votando en blanco en los ?timos plenos al entender que los actuales vocales no est? ya legitimados para decidir nombramientos discrecionales (Concepci? S?z, ?varo Cuesta, Pilar Sep?veda, Clara Mart?ez de Careaga y Rafael Mozo) y dos del ala conservadora (Juan Mart?ez Moya y Juan Manuel Fern?dez).
En el caso de las presidencias de los tribunales auton?icos, ha sido necesaria, adem?, una segunda votaci?, ya que en la primera ninguno de los candidatos obtuvo el n?ero m?imo de votos para hacerse con el puesto. Los nombramientos han reca?o finalmente en el actual presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Ignacio Jos?Subijana (Pa? Vasco) y en el titular del Registro Civil 1 de Santa Cruz de Tenerife, Juan Luis Lorenzo Bragado (Canarias).
Los otros puestos requer?n solo de una mayor? simple, que el pleno ha conseguido aunque tambi? con escaso margen. Los vocales han designado a Garbi? Biurrun como presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Pa? Vasco (12 votos), a Jos?Antonio Vega Bravo como presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca (14 votos) y a Luis Miguel Columna como presidente de la Audiencia Provincial de Almer? (13 votos).
Las otras dos plazas previstas en el Supremo se han retirado del orden del d? porque, seg? los vocales consultados, no hab? una mayor? suficiente para sacarlas adelante. La intenci? del Consejo es volver a incluirlas en el pleno ordinario previsto el 25 de marzo, donde, adem?, se pretende incluir otros dos puestos del alto tribunal, en este caso en la Sala Tercera, una sala clave porque es la que decide sobre todos los asuntos que afectan al Gobierno o al propio Poder Judicial. Los vocales consultados prev? que en las pr?imas semanas se inicien negociaciones para intentar lograr un pacto sobre estas futuras votaciones. La mayor? de miembros del Consejo consultados admite que el objetivo es dejar estos nombramientos hechos ante la posibilidad de que el Ejecutivo apruebe en abril la ley que veta los nombramientos con el mandato caducado.
Los vocales han decidido sacar del orden del d? dos de las tres plazas del Supremo que estaban en liza
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha conseguido sacar adelante por la m?ima seis de los ocho nombramientos que ten? sobre la mesa, si bien ha optado por aplazar dos de los m? importantes: una plaza de magistrado en la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo y otra en la Sala Cuarta (Social). Los vocales, cuyo mandato est?prorrogado desde diciembre de 2018 ante la falta de acuerdo pol?ico para su renovaci?, s?han llegado a un acuerdo in extremis para elegir la tercera plaza en liza en el alto tribunal, tambi? en la Sala Primera. Para esta plaza ha sido designado el magistrado Antonio Garc?, destinado hasta ahora en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Pa? Vasco.
Los miembros del Consejo estaban convocados este jueves a un pleno extraordinario para aprobar ocho nombramientos discrecionales que quedaron aplazados la semana pasada ante la posibilidad de que el PSOE y el PP llegaran a un acuerdo para renovar el ?gano de gobierno de los jueces. Los vocales optaron hace una semana por frenar los nombramientos casi dando por hecho que, siete d?s despu?, el acuerdo para la renovaci? ser? oficial, lo que, previsiblemente, hubiera llevado a la mayor? de miembros del Consejo a renunciar a esas votaciones y dejarlas ya en manos de sus sucesores. Pero la ruptura de las negociaciones entre socialistas y populares ha cambiado el escenario y el pleno del CGPJ ha afrontado dividido la sesi? de este jueves.
Con todo, el pleno ha conseguido votos suficientes para aprobar seis de los ocho nombramientos previstos, si bien el resultado de las votaciones queda muy lejos de las mayor?s holgadas conseguidas en todas las designaciones que se han abordado en los ?timos meses. Las tres plazas m? importantes de las seis aprobadas (la del Supremo y las presidencias de los tribunales superiores de Pa? Vasco y Canarias) han salido con la mayor? justa de tres quintos (13 votos) necesaria. Seg? fuentes del ?gano, las tres votaciones han terminado con id?tico resultado: 13 votos a favor y siete en blanco. Estos ?timos corresponden a cinco magistrados del sector progresista que ya vienen votando en blanco en los ?timos plenos al entender que los actuales vocales no est? ya legitimados para decidir nombramientos discrecionales (Concepci? S?z, ?varo Cuesta, Pilar Sep?veda, Clara Mart?ez de Careaga y Rafael Mozo) y dos del ala conservadora (Juan Mart?ez Moya y Juan Manuel Fern?dez).
En el caso de las presidencias de los tribunales auton?icos, ha sido necesaria, adem?, una segunda votaci?, ya que en la primera ninguno de los candidatos obtuvo el n?ero m?imo de votos para hacerse con el puesto. Los nombramientos han reca?o finalmente en actual presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Ignacio Jos?Subijana (Pa? Vasco) y en el titular del Registro Civil 1 de Santa Cruz de Tenerife, Juan Luis Lorenzo Bragado (Canarias).
Los otros puestos requer?n solo de una mayor? simple, que el pleno ha conseguido aunque tambi? con escaso margen. Los vocales han designado a Garbi? Biurrun como presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Pa? Vasco (12 votos), a Jos?Antonio Vega Bravo como presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca (14 votos) y a Luis Miguel Columna como presidente de la Audiencia Provincial de Almer? (13 votos).
Las otras dos plazas previstas en el Supremo se han retirado del orden del d? porque, seg? los vocales consultados, no hab? una mayor? suficiente para sacarlas adelante. La intenci? del Consejo es volver a incluirlas en el pleno ordinario previsto el 25 de marzo, donde, adem?, se pretende incluir otros dos puestos del alto tribunal, en este caso en la Sala Tercera, una sala clave porque es la que decide sobre todos los asuntos que afectan al Gobierno o al propio Poder Judicial. Los vocales consultados prev? que en las pr?imas semanas se inicien negociaciones para intentar lograr un pacto sobre estas futuras votaciones.
DE PRADA, EL CONTINUO OBJETIVO A ABATIR POR EL PP
El partido considera a este magistrado progresista, uno de los autores de la sentencia de G?tel que acab?con el Gobierno de Rajoy, una l?ea roja para renovar el Poder Judicial
Jos?Ricardo de Prada (Madrid, 1957), magistrado con 30 a?s a las espaldas en la Audiencia Nacional, se sienta solo en un banco de la Comisi? Consultiva de Nombramientos del Congreso. Mira a Carlos Rojas, diputado del PP, y le contesta contundente:
?Mi independencia es algo que queda absolutamente acreditado a lo largo de toda mi trayectoria profesional. Desde el primer momento hasta el ?timo. Desde mi primera resoluci? hasta la ?tima.
Es 16 de noviembre de 2018 y De Prada se somete a la evaluaci? de tr?ite de la C?ara tras ser propuesto como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el PSOE y con el respaldo de Unidas Podemos. Los populares, aunque han aceptado su presencia en un acuerdo que terminar? rompi?dose, aprovechan la sesi? para arremeter contra ?, todav? dolidos por la sentencia del caso G?tel que firm?en mayo de ese a? y que provoc? la moci? de censura que sac?a Mariano Rajoy de La Moncloa: ?No comparto parte de su trayectoria?, le espeta Rojas, que eleva el tono: ?Es bueno para la justicia espa?la que deje de hacer lo que estaba haciendo; es decir, durante unos a?s dejar?usted de dictar sentencias?.
El tiempo pasa, pero ese resquemor sigue vivo. El PP ha convertido ahora a este juez, enmarcado en el sector progresista de la Audiencia, en una l?ea roja para pactar la renovaci? de un Consejo que enfila su tercer a? con el mandato caducado. La formaci? conservadora ha expuesto su presencia de nuevo en el acuerdo ?al igual que la de la jueza Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno para la Violencia de G?ero y exdiputada de Podemos? como justificaci? para volver a abandonar las negociaciones. Pero la obcecaci? de los populares con De Prada viene de lejos.
Este firme defensor de la justicia universal que ha participado en tribunales penales internacionales sobre los cr?enes de la antigua Yugoslavia, est?considerado por sus m? cercanos como un juez muy garantista y lleva a?s en la diana del partido de Pablo Casado. Jorge Fern?dez D?z, exministro del Interior e imputado por la Operaci? Kitchen, ya lo calific?de ?indigno? en 2016 y pidi?al CGPJ que tomara medidas contra ? despu? de que dijera en una mesa redonda que la tortura a algunos miembros de la banda terrorista ETA hab? sido ?clara? y ?yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte a la que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho?.
Una animadversi? velada, que se destap?definitivamente tras la sentencia de G?tel. Rafael Hernando, actual senador y portavoz entonces del PP en el Congreso, le acus?solo unos d?s despu? del fallo de tener una ?sinton? con el mundo proetarra?. Los populares le atribuyen las frases m? duras de una resoluci?, respaldada tambi? por el magistrado Julio de Diego, que dio por acreditaba la caja b del partido ?como as?confirm?despu? el Tribunal Supremo? y que, adem?, cuestionaba la ?credibilidad? de Rajoy, que compareci?como testigo en el juicio.
?Coincidiendo con G?tel, he sufrido m? ataques como juez desde la pol?ica y desde los medios que secundan determinados planteamientos pol?icos que en los otros 30 que llevo trabajando en la Audiencia Nacional?, explicaba en una entrevista con EL PA? el propio De Prada, quien tambi? se opuso a la entrada en prisi? preventiva de Jordi S?chez y Jordi Cuixart, entonces presidentes de la Asamblea Nacional de Catalu? y de ?nium Cultural, a ra? del refer?dum ilegal del 1 de octubre de 2017. La consider? ?desproporcionada?.
Tras la primera sentencia contra G?tel, el PP centr?esfuerzos en recusarlo de los tribunales que iban a enjuiciar otras derivadas de la trama de corrupci?. De hecho, consigui?apartarlo de la vista oral sobre la contabilidad paralela reflejada en los papeles de B?cenas ?que comenz?este 8 de febrero?. La Sala de lo Penal decidi? en un re?do debate resuelto con el voto a favor de ocho magistrados y la oposici? de otros siete, sacarlo por incluir en ese primer fallo una argumentaci? sobre la caja b que no era ?absolutamente necesaria? y que ?compromete? su imparcialidad.
De Prada entr?en la carrera judicial tras un breve paso de seis a?s por la abogac?. Perteneciente a la asociaci? Juezas y Jueces para la Democracia; y cercano al antiguo magistrado Baltasar Garz?, al que manifest?su apoy? en p?lico tras su inhabilitaci?; se ha mostrado cr?ico con el actual funcionamiento del CGPJ, pero tambi? con la propuesta de que la elecci? de la mayor? de vocales dependa de los propios jueces y no de las C?aras, como ocurre actualmente: ?La elecci? corporativa es problem?ica, muy problem?ica, porque significa una p?dida importante de legitimidad en cuanto a que se desconecta de la sociedad?, dice: ?Que pueda venir establecida desde un sistema de votaci? parlamentaria, en principio, no tiene que plantear ning? problema. Otra cosa distinta es que responda m? o menos a posibles negociaciones. Pero c?o funciona la pol?ica es algo complicado?.
https://elpais.com/espana/2021-02-27/de-prada-el-continuo-objetivo-a-abatir-por-el-pp.html
DE PRADA, EL JUEZ AL QUE EL PP NO QUER? VER PONIENDO SENTENCIAS Y QUE YA ACEPT?EN 2018 PARA EL CGPJ
Los conservadores aceptaron que saliera de la Audiencia Nacional en el intento de renovaci? de hace dos a?s, pero ahora lo vetan para el ?gano de gobierno de los jueces tras ser apartado de dos salas de G?tel El magistrado, con m? de treinta a?s de carrera en este tribunal, revis?la sentencia de La Haya que conden?al criminal de guerra serbobosnio Radovan Karadzic.
"Es bueno para la justicia espa?la que deje de hacer lo que estaba haciendo, que deje de poner sentencias". Es el comentario que el diputado del PP Carlos Rojas espet?al magistrado de la Audiencia Nacional Jos? Ricardo de Prada durante su comparecencia ante la Comisi? Consultiva de Nombramientos del Congreso de lo Diputados en noviembre de 2018. De Prada era candidato a vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por la cuota de juristas, en el anterior intento para renovar esta instituci? cuando se cumpl?n cinco a?s de mandato.
Unos meses antes de aquella afirmaci? por parte del diputado, De Prada hab? firmado, junto con otro magistrado, la sentencia de la primera ?oca de actividades de la trama G?tel que conden?al PP como part?ipe a t?ulo lucrativo. A este juez se atribuyen las frases m? duras de la resoluci? que daba por acreditada la existencia de una caja B en el PP y que no vio "suficientemente cre?le" la declaraci? como testigo de Mariano Rajoy. La sentencia propici?la presentaci? de la moci? de censura que desaloj?al PP de la Moncloa, pero a? as? ese mismo a? la formaci? conservadora, ya con Pablo Casado al frente, acept?al magistrado en el acuerdo que alcanz? con el PSOE para renovar el ?gano de gobierno de los jueces. Del comentario de Rojas se infiere que al PP no le importaba en ese momento que De Prada saliese de la Audiencia Nacional.
En oto? de 2018, el horizonte judicial que se le avecinaba al partido estaba repleto de futuros juicios correspondientes a piezas separadas del caso G?tel. En la secci? de la Sala de lo Penal que deb? hacerse cargo de todos ellos estaba De Prada, por lo que el magistrado pod? de nuevo ser asignado a cualquiera de los tribunales que deb?n enjuiciar causas como la del pago con dinero negro de las obras de la sede del PP en la calle G?ova.
De hecho, as?fue, aunque para entonces el intento para renovar el CGPJ que inclu? a De Prada ya hab? fracasado. Al a? siguiente, el magistrado fue designado ponente de los tribunales de las piezas sobre financiaci? irregular y la trama G?tel en el municipio madrile? de Boadilla del Monte, pero fue recusado por el PP y el extesorero Luis B?cenas porque ya se hab? pronunciado con respecto a la supuesta contabilidad opaca. Lo cierto es que el pasado octubre, el Tribunal Supremo confirm?el grueso de la sentencia de la primera ?oca de la red corrupta, incluidas las pruebas relativas a la caja B del partido conservador.
De Prada, pues, qued?en 2019 fuera de los tribunales encargados del resto de piezas del caso G?tel, aunque sigue perteneciendo a la Secci? Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Y ahora que no puede "poner sentencias" que afecten al PP, el partido de Pablo Casado ha optado por vetar su candidatura al CGPJ en la lista del Gobierno como jurista de reconocida competencia, seg? fuentes conocedoras de las negociaciones que se retomaron tras las elecciones catalanas para renovar el ?gano de gobierno de los jueces, el cual lleva m? de dos a?s caducado.
Contextos diferentes, seg? el PP
En el PP apuntan que los contextos en 2018 y ahora son diferentes. El m? evidente es que en 2018 no ten?n reservas con respecto a que el presidente de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, fuese presidente del CGPJ, tal y como hab?n pactado el Gobierno socialista y el PP. Ahora se supone que la presidencia ser? m? del gusto de los socialistas y que la entrada de De Prada implica otro obst?ulo para los conservadores. Se?lan, adem?, seg? las fuentes consultadas por infoLibre, que de 2018 a d? de hoy han "aprendido" y son m? conscientes del "da?" que han hecho algunas frases que se le atribuyen en la sentencia de G?tel. Unos argumentos que, no obstante, chocan con el compromiso de Pablo Casado de no volver a hablar de los esc?dalos de corrupci? que afectan a la ?oca de sus predecesores al frente del PP.
2018 tambi? era otro momento muy distinto al actual porque el PP era la fuerza mayoritaria en las Cortes Generales y porque Vox no pisaba tan fuerte los talones a los conservadores. No hace ni un mes que la formaci? liderada por Santiago Abascal se hizo con once esca?s del Parlament de Catalunya. El PP, se qued?en tres. Dicen tambi? en el principal partido de la oposici? que ahora es Pedro S?chez el principal interesado en que se desbloquee la situaci?. Que es el que tiene la prisa y que sabe que la alternativa es una reforma legal, presentada por PSOE y Unidas Podemos, y congelada en el Congreso de los Diputados, "mal vista en Bruselas".
En declaraciones a VozP?uli el pasado mi?coles, el magistrado De Prada se preguntaba, sobre el rechazo del PP, ?c?o se puede compatibilizar un declarado inter? en la defensa de la independencia judicial con vetar a un juez? y achacaba el veto a su presencia en el CGPJ con ?haber puesto una sentencia que parece no haber gustado al partido?.
Treinta a?s en la Audiencia Nacional
La trayectoria de Jos?Ricardo de Prada va m? all?del caso G?tel, aunque haya sido conocido fundamentalmente por eso. Se licenci?en Derecho en 1980 y curs?formaci? complementaria especializada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en Estrasburgo y Derecho Internacional Humanitario. Aterriz?en la Audiencia Nacional en 1990, aunque en estos m? de treinta a?s ha sido tambi? juez internacional en la Sala de Apelaciones de cr?enes de guerra de Bosnia Herzegovina en Sarajevo.
Tras el juicio de la primera ?oca de G?tel, form?parte del tribunal de La Haya que estudi?la apelaci? del exl?er serbobosnio Radovan Karadzic, condenado a cadena perpetua por genocidio y cr?enes de guerra. Precisamente fue por esta labor por lo que qued?fuera de la lista de candidatos del turno judicial en las negociaciones del CGPJ de oto? de 2018, de ah?que compareciera en el Congreso por la cuota de juristas de reconocido prestigio.
Fue precisamente esta experiencia lo que aleg?De Prada en su r?lica al diputado del PP Carlos Rojas. "Mi independencia queda acreditada a lo largo de toda mi trayectoria profesional", dijo, para a?dir que es el ?ico juez espa?l que es titular en varias cortes internacionales y que ha tratado los asuntos m? complicados en su trayectoria de 28 a?s en la Audiencia Nacional. "Espa? debe estar orgullosa de tener un juez en el tribunal internacional que revisa el caso m? importante desde la Segunda Guerra Mundial", remach?
CALVO SALE AL ATAQUE CONTRA EL PODER JUDICIAL TRAS LAS CR?ICAS AL GOBIERNO
La vicepresidenta del Gobierno acusa al CGPJ de ?poner en solfa la democracia?
La batalla entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y en especial su presidente, Carlos Lesmes, es ya una guerra abierta. La decisi? del CGPJ de seguir haciendo nombramientos cargos judiciales a pesar de que hay una ley tramit?dose para impedir que pueda hacerlo con el mandato caducado, y su exigencia de ser consultado sobre esa reforma, ha roto todos los puentes. La vicepresidenta Carmen Calvo acus?este viernes al CGPJ de ?poner en solfa la democracia? por no respetar al Congreso y revel? una conversaci? entre Lesmes y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que demuestra la tensi? que hay.
La pugna entre el Gobierno y el Poder Judicial no es nueva. Lleva varios meses en marcha. Viene al menos desde octubre, cuando el CGPJ decidi? retomar los nombramientos, en aquella ocasi? muy relevantes porque eran de magistrados de la sala Segunda del Tribunal Supremo, la que juzg?el proc? y los grandes casos de corrupci? pol?ica, la m? sensible. El Gobierno hizo llegar a Lesmes que deb? frenar esos nombramientos a la espera de la renovaci?, ya que lleva ahora m? de dos a?s con el mandato caducado. La mayor? conservadora, con el apoyo de otros vocales progresistas, sigui? adelante.
Despu? lleg?el incidente de Barcelona, con la ausencia del Rey Felipe VI en un acto judicial importante por decisi? del Gobierno. Y ahora llega este salto definitivo en el que la vicepresidenta dej?muy claro que el Ejecutivo considera que el Poder Judicial no respeta al Poder Legislativo, por lo que el choque entre los poderes alcanza ya unos niveles inusuales mientras la renovaci? del CGPJ sigue bloqueada.
Seg? la vicepresidenta primera, Lesmes esta vez tambi? estaba avisado de que el Gobierno no ve? bien que volvieran a producirse nombramientos ?aunque ahora de menor relevancia? en el ?timo pleno del jueves. Calvo cont?ayer en La Sexta que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, habl? el mi?coles con el presidente del Poder Judicial y le traslad?que no era oportuno hacer esos nombramientos cuando la ley que los impedir? est?en tramitaci? en el Congreso. ?El ministro de Justicia habl?con el presidente del Consejo General del Poder Judicial antes de ayer [mi?coles]. Se trataba de comunicar que cada uno se mantuviera en su sitio. El Poder Judicial deber? esperar al Parlamento?, asegur?Calvo.
Fuentes del Consejo se?lan que fue Lesmes el que llam?a Campo, con el que ya hab? hablado otras dos veces esta semana en actos protocolarios en los que coincidieron, para explicarle qu?iba a hacer el CGPJ en el pleno. En esto coinciden otras fuentes del Ejecutivo. El detalle no es menor porque si fuera Campo el que hubiera llamado a Lesmes, podr? hablarse de injerencia. Pero fue al rev?. El presidente del Supremo, seg? las fuentes consultadas, le explic?que se iban a aprobar los protocolos para elegir a nuevos magistrados del Supremo dentro de unos meses, en teor? con el Consejo ya renovado; los nombramientos que se har?n, que estas fuentes califican como ?de segundo nivel?; y le avanz?que habr? una nota pidiendo poder informar de la norma que tramita el Congreso, pero de forma suave, mucho m? contenida de lo que pretend? un grupo de vocales conservadores (los m? duros). Campo y Lesmes tienen buena relaci?, aunque el ministro de Justicia lleva meses trasladando que no considera oportunos los nombramientos ahora.
Lesmes reivindic?ante Campo que ? hab? conseguido un consenso para suavizar mucho la nota; y adem?, lo llevaba a un pleno ordinario y no a uno extraordinario. En el sector conservador del Consejo han sentado muy mal las declaraciones de Calvo ayer en La Sexta. Creen que puede ?echar gasolina al fuego? y hacer que en el pr?imo pleno este grupo de vocales conservadores m? duro presione para que se hagan m? nombramientos.
Calvo fue especialmente cr?ica, mostrando el profundo malestar con el CGPJ que se vive en el Gobierno, y en especial en su departamento, que lleva este asunto directamente y ha sido el inspitador de las dos reformas del Poder Judicial que est? ahora en el Congreso. ?La decisi? es ins?ita?, se?l? Calvo al comentar los nombramientos en el Consejo.
Tambi? critic?la nota exigiendo ser escuchados. ?Si el Parlamento decide regular este asunto, lo mejor es que cada uno est?en su sitio expectante. Imag?ese que cualquier otro ?gano decide que cuando el Parlamento va a legislar ellos tienen que ser escuchados. La democracia representativa la ponemos en solfa, entonces. Los dem? poderes tienen que estar en obediencia del Parlamento, que es el ?gano que bombea la sangre de la democracia?, insisti?
Texto medido
El comunicado del CGPJ que criticaba la vicepresidenta, y que fue aprobado por 16 votos a cinco, se?la que este ?gano reclama ser consultado sobre la reforma legal que le impedir? realizar nombramientos con el mandato caducado. El texto del CGPJ, ?muy medido?, seg? fuentes del sector conservador, reconoce la legitimidad de la iniciativa, pero solicita que su voz sea escuchada por el Congreso durante la tramitaci?, pese a que no est? obligado porque se trata de una proposici? de ley ?a iniciativa de los grupos? y no de un proyecto de ley ?a iniciativa del Gobierno?.
Mientras, los cinco vocales progresistas que se opusieron plantearon lo contrario: que todos los miembros del Consejo dimitan el pr?imo 1 de enero para forzar la renovaci?.
Calvo estaba claramente molesta. ?La divisi? de poderes consiste en que cada uno tiene sus ?bitos de competencia y no puede invadir la de otros?, remat?la vicepresidenta. Lo que no quiso aclarar es si el Gobierno recuperar?la ley para permitir una renovaci? sin el PP en el caso de que no haya acuerdo despu? de las elecciones catalanas. El Ejecutivo vive el asunto cada vez con m? tensi?, aunque de momento ha decidido esperar un poco m? al PP.
EL CGPJ INSTA AL CONGRESO A RECABAR SU OPINI? EN LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL
El Pleno del CGPJ responde a la tramitaci? parlamentaria de la reforma del Poder Judicial. Con 16 votos a favor y 5 en contra, los vocales han emitido un comunicado institucional en el que instan al Congreso que recabe su opini? y el dictamen de Europa al tratarse de una reforma que afecta al ?gano de gobierno en funciones. Se trata de un movimiento que trataban de evitar los socios de Gobierno cuando tramitaron esta reforma por la v? parlamentaria y no v? Consejo de Ministros. Sin embargo, el ?gano de gobierno de jueces se ha mostrado reticente a que esta reforma no cuente con su dictamen.
Se trata de una comunicaci? que no suele ser habitual por parte del CGPJ y que evidencia el malestar existente entre gran parte de los vocales que integran el ?gano, caducado desde hace dos a?s. El registro de la proposici? parlamentaria el pasado mes de octubre se entendi?desde el seno del Pleno como una injerencia a su labor. El Ejecutivo trata de evitar que este consejo, cuyo mandato expir?en diciembre de 2018, siga acometiendo nombramientos en la c?ula de la carrera judicial, como los que se han aprobado hoy mismo, al considerar que compete a los nuevo 20 vocales que sustituyan al equipo de Carlos Lesmes. No obstante, desde el Consejo recuerdan que ya paralizaron las votaciones en varias ocasiones este a? y que est? cumpliendo con un mandato legal.
Ahora, el Pleno acuerda un total de cinco puntos entre los que se encuentra que el Congreso cuente con su opini? al respecto. Igualmente instan a la c?ara baja a que efect? id?tico tr?ite para que la Comisi? Europea exprese su opini? sobre esta reforma de la Ley Org?ica del Poder Judicial (LOPJ). Cabe recordar que el registro de esta proposici? suscit?dudas en Europa donde advirtieron al Ejecutivo de S?chez que la modificaci? del sistema de elecci? de vocales iba en contra de las recomendaciones que desde a?s lleva efectuando el Grupo de Estados Contra la Corrupci? (GRECO) al respecto. El Ejecutivo impuls?la iniciativa acusando al PP de bloquear cualquier intento de pacto. Por ello la misma promueve que la renovaci? pueda ver la luz si hay mayor? absoluta de la c?ara y no de tres quintos como ocurre en la actualidad.
Implicar a los jueces
En el tercero de los puntos, el Pleno apunta que es necesario "dar audiencia a todos los agentes afectados" por esta reforma y se?lan muy especialmente a las asociaciones de jueces y fiscales. Precisamente representantes de las cuatro principales asociaciones de magistrados acudieron hace apenas unas semanas al Congreso para entregar un manifiesto firmado por m? de 2.500 jueces en el que ped?n la despolitizaci? del ?gano. Al respecto, destaca el cuarto punto acordado por el Pleno en el cual instan a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado a que procedan "sin mayor demora" a llevar a efecto la renovaci? del CGPJ. Finalmente, la ?tima petici? reside en dar traslado de este acuerdo a la Red Europea de Consejos de Justicia (RECJ).
Lo que dice ahora el Pleno es que es necesario recabar todos estos informes porque, aunque no sean vinculantes, la cuesti? es de calado. "La iniciativa tiene por objeto la modificaci? de la LOPJ limitando las competencias del CGPJ sobre nombramientos judiciales y gubernativo-judiciales de car?ter discrecional. Es decir, afecta al n?leo esencial de las competencias que la Constituci? le atribuye expresamente en garant? de la independencia judicial", reza el escrito en el cual hacen hincapi?en que la necesidad de que Europa emita una valoraci? de esta reforma de la Ley de 1985 ya lo recoge la Jurisprudencia del TJUE.
El pronunciamiento del CGPJ se produce en un momento de par? en las negociaciones entre el PP y PSOE para renovar el ?gano. De hecho, esta misma semana se produjo una llamada telef?ica entre el presidente del Gobierno, Pedro S?chez, y el l?er del PP, Pablo Casado, en la que ambos conversaron durante tres cuartos de hora sin llegar a ning? entendimiento. Tanto es as?que un d? despu?, en la c?ara baja, siguieron lanz?dose reproches en relaci? a esta situaci? de par?isis que afecta al CGPJ. Por ese motivo, el Pleno se plante?a principios de diciembre seguir con su agenda institucional y sacar adelante el nombramientos de plazas vacantes desde el a? pasado, hecho que ha tenido lugar en este ?timo pleno del a?.
https://www.lainformacion.com/espana/cgpj-congreso-reforma-poder-judicial/2824071/
EL CGPJ CUMPLE SU AGENDA Y NOMBRA POR MAYOR? 4 PUESTOS DE LA C?ULA JUDICIAL
El ?gano de gobierno de los jueces ha cumplido con el calendario previsto en plena revuelta pol?ica por su situaci? en funciones. Pese a la tramitaci? el en Congreso de la iniciativa parlamentaria que trata de impedir su actuaci? en esta situaci?, los vocales del CGPJ han dado luz verde por mayor? a cuatro nombramientos clave de la c?ula judicial. Entre ellos se encuentra el de Jos?Pablo Aramendi S?chez como nuevo presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, el cual ha obtenido 17 de los 21 votos de los integrantes del Pleno.
De este modo, y tal y como lo adelant?La Informaci?, el CGPJ act? de acuerdo a lo previsto y saca adelante estos nombramientos en su ?timo Pleno del a?. Adem? de Aramendi S?chez, todos los vocales a excepto de dos de ellos han elegido a Mar? Jos?Renedo como presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le?; a David Ord?ez como presidente de lo Contencioso del TSJ de Asturias y a Joaqu? Gonz?ez Casso como presidente de la Audiencia Provincial de C?eres. Frente al criterio general, han votado en blanco los vocales Concepci? S?z, ?varo Sep?veda y Pilar Cuesta, los tres integrantes del bloque m? progresista.
Los cuatro cargos forman parte de un conjunto de ocho nombramientos que el Pleno ten? pendiente sacar adelante y que se hab?n congelado en los ?timos meses a la espera de un acuerdo entre los principales partidos pol?icos para renovar su composici?. Sin embargo, la ausencia de pacto les llev?a seguir adelante con su agenda, tal y como ya adelant?su presidente Carlos Lesmes en su discurso de apertura del a? judicial. Las fuentes del ?gano consultadas por este diario adelantaron que deben cumplir por Ley el mandato recogido en el art?ulo 570 de la Ley Org?ica del Poder Judicial (LOPJ). De acuerdo con el punto dos del mismo, si las c?aras no efect?n en el plazo previsto la designaci? de vocales, el Consejo saliente continuar?en funciones hasta la designaci? del nuevo.
La respuesta del CGPJ
No obstante, los grupos parlamentarios de la coalici? del Gobierno anunciaron que, de no desbloquearse la situaci? actual, pondr?n en marcha los tr?ites necesarios para modificar la Ley de manera expr? en aras a evitar que act?n estando en funciones. PSOE y Unidas Podemos cumplieron lo pactado y lograron el respaldo de la c?ara baja para comenzar la tramitaci? de una proposici? cuya entrada en vigor esperan para comienzos del a? que viene. El gesto no sent?bien dentro del CGPJ desde donde insisten en que cumplen con el mandato constitucional y recuerdan que el ?gano de gobierno de los jueces es el primero que ha instado a que se cierre un acuerdo entre PP y PSOE para desatascar esta situaci? que se alarga desde diciembre de 2018.
De hecho, algunos entendieron este gesto como una injerencia a sus funciones y plantearon que se estudie en el Pleno de este jueves una respuesta institucional al tr?ite parlamentario. Por ese motivo se acord?estudiar dos escritos de los vocales. Uno de ellos lo firman un total de seis vocales (Wenceslao Olea, Victoria Cinto, Jos?Antonio Ballestero, Juan Mart?ez Moya, Jos?Mar? Mac?s y Rafael Fern?dez) y propone que se solicite al Congreso que recabe informes tanto del CGPJ como de la Comisi? de Venecia (Consejo de Europa) sobre esta proposici? de Ley. El otro va m? all?y propone que el ?gano examine directamente el contenido de esta proposici?. Lo respaldan la presidenta del Observatorio contra la Violencia de G?ero, ?geles Carmona, adem? de Nuria D?z, Juan Manuel Fern?dez, Carmen Llombart, Juan Mart?ez Moya y Gerardo Mart?ez Trist?.
Con todo, el Consejo ya movi?ficha la semana pasada. La Comisi? Permanente reunida el pasado d? 10 aprob?las bases para convocar m? nombramientos. Se trata del primer paso antes de que los magistrados presenten sus candidaturas y ?tas sean votadas y afectan a un total de 12 puestos de los cu?es seis son relativos a plazas en el Tribunal Supremo. A ello hay que sumarle que todav? quedan nombramientos que llevar a cabo. La mayor? de ellos afectan a plazas que quedaron vacantes en 2019. Entre ellas se encuentran la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias o del Tribunal Superior de Justicia del Pa? Vasco, no obstante, se trata de una votaci? que queda relegada ya para el a? que viene.
En lo que respecta al Pleno de este jueves, las fuentes consultadas explicaron que sacar?n adelante algunos de los nombramientos pendientes si el acuerdo alcanzado era por mayor?, como as?ha ocurrido. De hecho, esta es la t?ica imperante en los nombramientos que el Consejo ha llevado a cabo en los ?timos meses (y que incluyeron renovaciones en las principales Salas del Tribunal Supremo). Adem? de los cuatro puestos clave de la c?ula judicial, el Pleno ha aprovado con 20 votos a favor y uno en contra, las bases que regir? el proceso de selecci? de doce plazas de nombramiento discrecional, lo que constituye el primer paso para proceder a su futura convocatoria.
https://www.lainformacion.com/espana/cgpj-nombra-mayoria-cupula-judicial/2824030/
UN A? DE CONFLICTOS Y TENSIONES ENTRE LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL
El Gobierno de coalici? y el m?imo ?gano de los jueces han disentido sobre el nombramiento de la Fiscal General del Estado o la falta de renovaci? del CGPJ
El a? 2020 ha estado marcado por cuatro refriegas entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial desde que, en enero, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, criticara el trato judicial a los l?eres independentistas, hasta la actual pugna por la no renovaci? del ?gano de los jueces.
Iglesias y el proc?. El 14 de enero de 2020, a la semana de superar la investidura el primer Gobierno de coalici? de esta etapa democr?ica, el nuevo vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, l?er de Unidas Podemos, critic?en Antena 3 algunas actuaciones judiciales en Europa contra los l?eres independentistas en Catalu? sentenciados por el Supremo en octubre de 2019: ?Lo que ha ocurrido es que muchos tribunales europeos han quitado la raz? a nuestros jueces. Eso es una humillaci? para el Estado espa?l?. La comisi? permanente del Consejo General del Poder Judicial aprob?al d? siguiente por unanimidad una declaraci? en la que apel?a la ?moderaci?, prudencia, mesura y a la responsabilidad institucional? para evitar que se cuestione ?la independencia, imparcialidad y profesionalidad? de los jueces.
El nombramiento de Delgado. El Gobierno propuso el 16 de enero a la anterior ministra de Justicia, Dolores Delgado, como la nueva fiscal general del Estado y el Consejo del Poder Judicial cuestion?que se hiciera sin su informe y hasta evit?pronunciarse sobre su idoneidad para el cargo, limit?dose a aceptar que reun? los requisitos. Siete vocales del CGPJ emitieron un voto particular consider?dola ?no id?ea? por sus antecedentes pol?icos.
El Rey y el a? judicial. Los 20 vocales y el presidente del Consejo cumplieron su mandato de cinco a?s en diciembre de 2018 y, por lo tanto, llevan dos a?s prorrogados por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para proceder a su renovaci?, que requiere el apoyo de 210 diputados del Congreso. El PP ha bloqueado varios acuerdos casi cerrados. El presidente del CGPJ ha enviado varias cartas de queja a las Cortes. En octubre, hartos de esperar, PSOE y Unidas Podemos presentaron un proyecto para reformar la ley que regula ese ?gano de los jueces que soliviant?m? las tensiones al cambiar su sistema de elecci? en vez de con tres quintos de la C?ara a solo con mayor?. La oposici? y hasta la Comisar? de Justicia de la UE plantearon quejas. El presidente paraliz?esa norma para invocar un pacto con el l?er popular, Pablo Casado, que no se vislumbra.
La no renovaci? del CGPJ. Los 20 vocales y el presidente del Consejo cumplieron su mandato de cinco a?s en diciembre de 2018 y, por lo tanto, llevan dos a?s prorrogados en el cargo por la falta de acuerdo entre PSOE y PP para proceder a su renovaci?, que requiere el apoyo de 210 diputados del Congreso. El PP ha bloqueado varios acuerdos casi cerrados. El presidente del CGPJ ha enviado varias cartas de queja a las Cortes. En octubre, hartos de esperar, PSOE y Unidas Podemos presentaron un proyecto para reformar la ley que regula ese ?gano de los jueces que soliviant?m? las tensiones al cambiar su sistema de elecci? en vez de con tres quintos de la C?ara a solo con mayor?. La oposici? y hasta la UE plantearon quejas. El presidente paraliz?esa norma para invocar un pacto con el l?er popular, Pablo Casado, que no se vislumbra.
PSOE Y PODEMOS ACELERAN UNA PROPUESTA PARA LIMITAR AL PODER JUDICIAL EN FUNCIONES
Los dos partidos socios de Gobierno registran una nueva proposici? de ley para presionar al PP en la negociaci? sobre el ?gano de gobierno de los jueces
El PSOE y Unidas Podemos han registrado este mi?coles en el Congreso una proposici? de ley conjunta para limitar la capacidad de acci? y sobre todo de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ?gano de gobierno de los jueces, ante la situaci? de bloqueo en su renovaci? impuesta por el PP desde hace, justo ahora, dos a?s. La propuesta se ha precipitado para presionar al PP en esa negociaci? y para poder llevar la medida a discusi? y aprobaci? en el pleno del 15 de diciembre, el ?timo antes de las navidades. La proposici? se concentra en un aspecto espec?ico del funcionamiento en situaci? de pr?roga del Consejo a la espera de pactar su renovaci? con el PP o de activar definitivamente el proyecto de ley m? amplio de reforma expr? de ese organismo que el presidente Pedro S?chez paraliz?hace un mes para intentar una ?tima aproximaci? con Pablo Casado.
Los portavoces parlamentarios del PSOE, Adriana Lastra, y de Unidas Podemos, Pablo Echenique, han acudido a las 10.30 al registro del Congreso para tramitar una proposici? de ley org?ica con la que se modifica la ley de 1985 que regula el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, con el objetivo de establecer su r?imen jur?ico para cuando ese organismo tenga que estar en funciones. Esta medida llevaba varios d?s fragu?dose.
El presidente, Pedro S?chez, resolvi?activar esta soluci? moment?ea, a la espera del movimiento del PP, este mismo martes con una llamada a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, cuando ella se dirig? a la sesi? de control al Gobierno que se celebraba en el Senado. Desde all?Calvo habl? con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el m? partidario en el Ejecutivo de los contactos para resolver este problema con el PP. Y en la noche de ayer, sobre las 21.30, la vicepresidenta Calvo inform?tambi? al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, l?er de Unidas Podemos, para que esta vez no se produjeran problemas de descoordinaci? como los de las ?timas semanas.
Fuentes de la c?ula gubernamental han justificado la necesidad de esta medida por la importancia de acabar con la interinidad de un ?gano clave del entramado institucional y, sobre todo, para forzar al PP y facilitarle una entrada al pacto al aparcar por ahora la idea de cambiar el sistema de mayor?s vigentes para la elecci? del Consejo, algo que Bruselas mira con recelo, seg? ha expresado la Comisar? de Justicia, como tambi? partidos de la izquierda parlamentaria, como M? Pa?.
Lo que no abordan, por tanto, en esta nueva proposici? PSOE y Unidas Podemos es el intento m? amplio de cambiar el m?odo de elecci? del Poder Judicial, que s?est?en la ley expr? planteada por ambas formaciones el pasado octubre. Aquella reforma legislativa s?permitir? aprobar la renovaci? de los doce vocales jueces del Consejo por mayor? absoluta del Congreso (176 esca?s) frente a los tres quintos (210) que se exigen ahora. Con ese simple cambio, el Gobierno se garantizar? renovar la mayor? del Poder Judicial con los votos que permitieron la investidura de Pedro S?chez hace 11 meses y con los ya pactados para los presupuestos de 2021. De esa manera se cambiar? la actual mayor? absoluta conservadora del Consejo vigente desde hace siete a?s, cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy.
En la explicaci? de motivos de la nueva propuesta, ambos partidos, socios de coalici? en el Gobierno, determinan la necesidad de ?limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato?. Y detallan que en situaciones como la actual, con un Consejo que deb? haberse renovado hace dos a?s al cumplir su mandato de cinco, no deber? poder nombrarse al presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de las audiencias, los tribunales superiores de justicia y la Audiencia Nacional, los presidentes de Sala y los magistrados del Tribunal Supremo o los magistrados del Tribunal Constitucional.
Las dos formaciones consideran que esas limitaciones deber?n ser ?l?icas y derivadas del car?ter excepcional de la no renovaci? en plazo? y que deber?n extenderse tambi? con respecto a los nombramientos de los directores de la Escuela Judicial y del Centro de Documentaci? Judicial, as?como del vicepresidente del Tribunal Supremo, el promotor de la acci? disciplinaria, el director del gabinete t?nico del Consejo General del Poder Judicial y el jefe de la inspecci? de tribunales.
El proyecto de ley firmado ahora por PSOE y Unidas Podemos persigue, adem?, llenar una laguna jur?ica del dise? constitucional sobre las funciones que debe ejercer el Consejo del Poder Judicial, como ya sucede con otros organismos fundamentales del sistema. En el art?ulo 570.2 de la Ley Org?ica del Poder Judicial solo se hace referencia a esa situaci? con los vocales del CGPJ fuera de plazo al se?lar que entonces ?el Consejo saliente continuar?en funciones hasta la toma de posesi? del nuevo, no pudiendo procederse, hasta entonces, a la elecci? de nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial?. Pero no se indican m? previsiones en ese escenario.
El registro este mi?coles de esta nueva proposici? de ley se ha producido con urgencia ante la evidencia constatada por el PSOE y Podemos de la continuidad del bloqueo de la renovaci? por parte de la actual direcci? del PP y para que la iniciativa se pueda considerar en la junta de portavoces de la semana que viene, que ordenar?los asuntos a tratar en el pleno del 15 de diciembre, el ?timo que podr?llevar proposiciones de ley en condiciones normales antes de que acabe el a?. Los partidos tienen un cupo de iniciativas legislativas en cada pleno y al PSOE le corresponde una para el pleno de esa jornada. El plan del Ejecutivo es que la proposici? se tramite sin lectura ?ica, se discuta y modifique durante el mes de enero, que es inh?il, y se apruebe ya en febrero, tras las elecciones catalanas, algo que tambi? conviene para beneficiar el calendario de desmarque del PP con respecto a Vox en Catalu?. Si tras este nuevo plazo o ultim?um el PP decidiese permanecer en el bloqueo y en la situaci? actual, el Ejecutivo se dispondr? a descongelar la reforma ?tegra de la ley del Poder Judicial.
El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha reclamado sin ?ito a los partidos y a las presidentas del Congreso y del Senado en varias ocasiones que se proceda a la renovaci? de ese ?gano; y en estos meses ha propuesto nombramientos relevantes que estaban vacantes en varios tribunales e incluso en el Supremo. Unidas Podemos ya plante?este martes en el Congreso que esos nombramientos le parec?n ?ileg?imos y manchados de ilegalidad? y reproch?al Supremo que no hubiese reconsiderado ya la situaci? de los presos condenados por el proceso independentista en Catalu?. Esa formaci? querr? que pudiesen salir libres antes de las elecciones del 14 de febrero, bien por la v? de los indultos que debe aprobar el Consejo de Ministros o por la de la revisi? de penas al rebajar las condenas por sedici? con una reforma del C?igo Penal.
El Consejo ya hizo, en esta precaria situaci?, algunos nombramientos en octubre y tiene previsto designar en breve otras seis plazas del Supremo y las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y del Pa? Vasco y hasta una vacante en la Audiencia Nacional.
CRECE EL APOYO A UNA DIMISI? EN BLOQUE DEL CGPJ PARA "FRUSTRAR LAS EXPECTATIVAS" DEL PP DE CONTROLAR LA C?ULA JUDICIAL
Cinco vocales progresistas reprochan la actitud de los de Pablo Casado de tratar de excluir a Unidas Podemos de la negociaci?
Se muestran partidarios de definir las competencias del ?gano cuando su mandato haya caducado, pero tambi? legislar para obligar al Parlamento a renovar
Cumplidos dos a?s del bloqueo pol?ico a la renovaci? de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya son cinco los vocales que plantean como soluci? la dimisi? en bloque o de un m?imo de once integrantes para forzar que el Congreso y el Senado cumplan con su "obligaci? constitucional" y tambi? para evitar y frustrar las "expectativas de interferencia en la independencia judicial de quien obstaculiza la renovaci?", en clara alusi? al PP, que lleva meses poniendo trabas para no pactar con el PSOE la lista de candidatos a integrar un nuevo ?gano de gobierno de los jueces y lograr as?la necesaria mayor? de tres quintos en el Congreso y el Senado.
Hasta ahora, los vocales ?varo Cuesta y Concepci? S?z, nombrados a propuesta de PSOE e IU, respectivamente, eran los ?icos que se hab?n mostrado p?licamente a favor de una renuncia en bloque o de la mayor? para tratar de impedir que el bloqueo se alargue a? m?. De hecho, seg? cont? S?z a infoLibre recientemente, ella ya plante?esta posibilidad cuando se frustr?el acuerdo alcanzado entre Pedro S?chez y Pablo Casado en noviembre de 2018 tras la filtraci? del nombre de Manuel Marchena como posible nuevo presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo y del whatsapp del entonces portavoz conservador en el Senado, Ignacio Cosid? en el que auguraba que con ese pacto iban a poder "controlar la Sala Segunda" del alto tribunal "desde detr?".
Ahora, cuando parece que el bloqueo persiste y que las posturas entre PSOE y PP siguen enfrentadas, con Casado insistiendo en que Unidas Podemos no participe en la negociaci?, otros tres vocales han decidido unirse a la propuesta de que los miembros del ?gano caducado den un golpe en la mesa y dimitan con efectos a partir del 1 de enero de 2021. Son Pilar Sep?veda, Rafael Mozo y Clara Mart?ez Careaga, los tres tambi? del sector considerado progresista.
As?lo expresan los cinco vocales en el voto particular que han firmado en respuesta a la resoluci? aprobada este jueves por diecis?s de los veinti? miembros que conforman el CGPJ seg? la cual solicitan al Congreso de los Diputados que les consulte antes de aprobar la propuesta de reforma presentada por el PSOE y Unidas Podemos que limita las funciones del ?gano de gobierno de los jueces cuando su mandato ha expirado, entre ellas acometer nombramientos discrecionales en ?ganos judiciales. Tambi? que recabe informe del Consejo de Europa, asociaciones judiciales y dem? entidades representativas.
Recados al PP sin nombrarle directamente
Seg? defiende el voto particular, que ha redactado Cuesta y al que se han adherido S?z, Sep?veda, Mozo y Mart?ez Careaga, el CGPJ actual "ha venido cumpliendo sus funciones de forma ejemplar" y "no va a consentir que se le convierta en chivo expiatorio, o moneda de cambio, de la incapacidad de quienes son los aut?ticos responsables de no renovar en plazo su composici?". "Quien bloquee la renovaci? del Consejo General del Poder Judicial debe perder toda esperanza de sacar r?ito pol?ico de su irresponsable conducta", explican estos vocales.
"Es preciso en esta hora preservar al CGPJ del debate pol?ico, asimismo consideramos que hemos de plantearnos cu? es la mejor contribuci? de este ?gano, ya sea a su legitimaci? democr?ica o ya lo sea a una reforma legal ampliamente consensuada en el marco de un gran acuerdo de Estado, o simplemente al desbloqueo de la renovaci? de esta instituci?, evitando y frustrando las expectativas de interferencia en la independencia judicial de quien obstaculiza la renovaci? del mismo. Para ello ser? conveniente acordar, llegado este momento, la renuncia en bloque de los miembros de esta instituci? o, al menos, la renuncia, como m?imo, de once de sus vocales", remarca el texto, consultado por infoLibre.
Aunque estos cinco vocales no mencionan directamente al PP en ning? momento, se puede deducir f?ilmente cuando subrayan que "no puede excluirse" de las negociaciones para la renovaci? del Consejo "a ning? grupo parlamentario constituido y reconocido conforme a lo establecido en los reglamentos" de Congreso y Senado y "al marco legal vigente", "ni a ning? diputado o senador", en clara referencia a la insistencia del partido conservador por que Unidas Podemos no forme parte de las conversaciones para acordar la lista de futuros vocales.
Cuesta, S?z, Sep?veda, Mozo y Mart?ez Careaga son partidarios de "la necesidad de una completa regulaci? que defina qu?competencias corresponden a un CGPJ prorrogado en funciones", pues lo ven como "un requisito de legitimaci? democr?ica y de adaptaci? a los cambios sociales y enfoques normativos de cada momento". Este argumento va en l?ea con la propuesta de reforma de la Ley Org?ica del Poder Judicial (LOPJ) presentada por el PSOE y Unidas Podemos y que acaba de empezar a tramitarse en el Congreso, en la que se especifican lo que puede y no puede hacer el ?gano de gobierno de los jueces cuando su mandato haya caducado, pues la norma original no hace ninguna menci? al respecto salvo prohibir la elecci? de un nuevo presidente.
A su juicio, "la experiencia de bloqueos y retrasos en la renovaci? del CGPJ en distintas ?ocas como en el a? 1996, en el a? 2001, en el 2006 hasta el 2008, o en el a? 2018 hasta la actualidad, tras 35 a?s de vigencia de la LOPJ, hace que sea necesaria su reforma, para regular el concepto y alcance de Consejo en funciones", as?como "una regulaci? m? precisa y comprometida de los plazos y de la obligaci? de las C?aras de poner en marcha los mecanismos de renovaci? y tramitaci? de las diversas candidaturas para su renovaci?". "La regulaci? de estas materias es claramente disponible por el legislador org?ico, como as?reconoce la m? reciente jurisprudencia constitucional, aunque debiera hacerse en el marco de un amplio acuerdo por la Justicia", aseveran.
Punto de encuentro sobre la petici? de informes
Pero estos cinco vocales tambi? comparten con sus compa?ros que el CGPJ deber? ser escuchado por el Poder Legislativo cuando en ?te se planteen reformas normativas que afecten al ?bito del Poder Judicial. En este sentido, apuntan que "existe un d?icit en la regulaci? que la LOPJ hace de la funci? de informe no vinculante regulada en el art?ulo 561", por lo que consideran que "deber?n ampliarse las posibilidades de informaci?, de manera urgente, de las propuestas normativas que afecten al ?bito org?ico del Poder Judicial, de la Justicia y de los Derechos y Garant?s Fundamentales cuando de manera sustancial se modifique un texto parlamentario respecto de lo que fue su inicial formulaci? como anteproyecto o proyecto, o en el supuesto de algunas proposiciones de ley o de enmiendas".
"A estos efectos bastar?, sino una leve modificaci? de la LOPJ, la modificaci? de los reglamentos parlamentarios, normas de interpretaci?, resoluciones o usos parlamentarios, ya que el propio art?ulo 561 de la LOPJ vigente establece que se someter? a informe del CGPJ los anteproyectos de ley y disposiciones generales (?) y?cualquier otra cuesti? que el Gobierno, las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades aut?omas estimen oportuna", explican, de modo que solicitan a las C?aras que "el Consejo pueda ser o?o e informar las proposiciones de ley, una vez hayan sido tomadas en consideraci?, que regulen el estatuto de jueces y magistrados o la estructura, composici?, funcionamiento y competencias del CGPJ".
Fuentes del sector conservador del CGPJ consultadas por infoLibre no ocultan que parte de los diecis?s vocales que no han apoyado este voto particular est? en general de acuerdo con el esp?itu de su redacci?, entre otras cosas porque el texto no menciona espec?icamente al PP como culpable del bloqueo en que se encuentra la renovaci? del organismo. Sin embargo, han explicado que no pueden apoyarlo debido a sus ?timos p?rafos, los que hacen referencia a la propuesta de dimisi?, ya que siguen apelando a su "responsabilidad" de seguir ejerciendo sus funciones aunque su mandato ya est?caducado. "Somos un poder del Estado", han remachado.
UN CGPJ EN FUNCIONES NOMBRA A 46 CARGOS, LA MAYOR? AFINES A LESMES Y EL PP, Y CONDICIONA LA JUSTICIA PARA LOS PR?IMOS 20 A?S
Los nuevos presidentes de tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales permanecer? en las plazas cinco a?s. Y los nuevos magistrados del Supremo hasta la jubilaci?. Esta c?ula judicial la tendr? que haber nombrado el pr?imo Consejo.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emprendido una vertiginosa carrera, a pesar de estas en funciones desde hace un a?, y ha nombrado o convocado las plazas de 46 presidentes de tribunales y magistrados del Tribunal Supremo que tendr? que haber nombrado el pr?imo Consejo. En su mayor? son afines al presidente interino Carlos Lesmes y a los vocales nombrados a instancia del PP que gobiernan el ?gano constitucional.
Los altos cargos de la c?ula judicial se renuevan cada cinco a?s, excepto los magistrados del Supremo que permanecen en la plaza hasta la jubilaci?. Y as?lo hizo el actual Consejo cuando fue elegido el 4 de diciembre de 2013.
Este 4 de diciembre se cumple un a? de un CGPJ en funciones. Y Carlos Lesmes, el presidente interino que maneja el poder en el ?gano constitucional y dirige la mayor? af? al PP, ha impulsado una convocatoria masiva de plazas para renovar la c?ula judicial.
Dicha competencia corresponder? al pr?imo Consejo pendiente de nombrar por las Cortes Generales y que va a tener una composici? pol?ica diferente de la actual, creada cuando Alberto Ruiz-Gallard? era el ministro de Justicia del PP en tiempos de bipartidismo. La sensibilidad social y la representaci? pol?ica ha cambiado en el Congreso de los Diputados y el Senado.
Grave cuestionamiento
S?o cuatro de los veinte vocales del Consejo interino se han opuesto a esta fiebre: Enrique Lucas Murillo -designado a propuesta del PNV-, as?como las vocales progresistas Roser Bach, Mar? Victoria Cinto y Concepci? S?z.
"Acabemos con la vertiginosa carrera para agotar todos los nombramientos posibles que se ha lanzado?. Los vocales Lucas, Bach y Cinto pidieron el pasado septiembre a sus compa?ros que se moderaran y, aunque consideran legal el ejercicio de estas atribuciones estando en funciones, sostienen en un voto particular que el CGPJ debe autocontenerse y evitar un ?grave cuestionamiento? de su propia legitimidad.
Pero Lesmes y la mayor? conservadora han seguido adelante, con el apoyo de un sector de la minor? progresista. S?o necesita de dos votos de la izquierda para sacar adelante los nombramientos m? reforzados, y la divisi? de los progresistas se los facilita cuando ofrece concesiones a uno u otro sector.
S?o desde mayo pasado, han nombrado o convocado el nombramiento de 46 presidentes de tribunales superiores de justicia, de las audiencias provinciales, Audiencia Nacional, de las salas de las distintas jurisdicciones, as?como de magistrados del Supremo.
A diferencia de lo que ocurre con el Gobierno, no existe una sentencia del Supremo que limite el alcance de un mandato en funciones. Aunque la propia Ley Org?ica del Poder Judicial prev?un Consejo interino y, dado su car?ter pol?ico, las fuentes jur?icas consultadas consideran que se est? usurpando competencias del pr?imo Consejo.
Control del Supremo
Mientras, el CGPJ ha emprendido la carrera de sacar las plazas del Tribunal Supremo pendientes. Incluso se ha convocado la plaza del expresidente de la Sala Tercera Jos?Manuel Sieira, cuando no se jubila hasta el 15 de diciembre.
Desde que accedi?al poder en 2013, Lesmes ha tenido entre sus objetivos el Tribunal Supremo al que ha logrado dar un vuelco en su composici? .
?Hoy, las cinco salas del alto tribunal tienen una mayor? de tendencia conservadora y los pol?icos que negocian ahora los pactos no saben que no podr? gobernar con un Tribunal Supremo de cara?, explica en fuentes progresistas del CGPJ.
Por si fuera poco, Lesmes ha logrado nombrar magistrados del Supremo a personas afines que rondan la cincuentena, de tal manera que se ha asegurado su presencia en los pr?imo 15 ?20 a?s, hasta la jubilaci?.
Las asociaciones recurren
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociaci? Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han recurrido al Supremo esta retah?a de nombramientos del CGPJ en funciones y que no se hayan elaborado reglamentos sobre los baremos a tener en cuenta adaptados a la nueva legislaci?.
Los baremos gen?icos fueron definidos por el Pleno despu? de la ?tima reforma de la Ley Org?ica del Poder Judicial.
El nuevo art?ulo 326.2 de dicha Ley estableci?el pasado diciembre que deber? existir unas bases en cada convocatoria donde se definir? los m?itos a tener en consideraci? para cada puesto. Esta reforma que pretend? responder las cr?icas del Consejo de Europa que ha afeado a Espa? por su falta de transparencia en los nombramientos de la c?ula judicial.
?Pero ni se elige conforme al m?ito de los candidatos, ni se propone acorde con la ley en materia de igualdad?, zanja Ignacio Ubaldo Gonz?ez Vega, portavoz de JJpD, quien tiene claro que el objetivo ?es nombrar a los afines antes de que termine el mandato?.
El portavoz de la asociaci? Francisco de Vitoria, Jorge Fern?dez Vaquero, cree que toda situaci? de interinidad est??acompa?da de cierta par?isis ante iniciativas de calado. Pero llama la atenci? que no se haya producido en los nombramientos?.
Vuelco al Tribunal Supremo
Carlos Lesmes siempre ha tenido una fijaci?: la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Es la que juzga los actos del Gobierno, los actos administrativos y las decisiones del propio Consejo. Es su especialidad.
Desde que lleg?al poder, Lesmes ha conseguido colocar en esta Sala a un tercio de todos sus magistrados. Como su ?timo amigo Luis Mar? D?z Picazo, al que nombr?presidente de esta Sala en detrimento de independiente Sieira. O la persona que lo propuso a Gallard?, Fernando Rom?. Sin olvidar a Dimitry Berberoff, su exdirector de Gabinete T?nico.
En la Sala de lo Social -que juzga asuntos derivados de la reforma laboral, por ejemplo- el vuelco dado en estos seis a?s es hist?ico. Lesmes y su mayor? han nombrado la mitad de sus magistrados.
En la Sala de lo Penal -que juzga a los aforados, por ejemplo- han designado a 9 de sus 14 integrantes, con algunas concesiones al sector progresista.
Tambi? han dado un giro a la Sala Primera, la de lo Civil, que juzga cuestiones como los derechos de los consumidores y las cl?sulas abusivas. Su presidente es su amigo Francisco Mar? Cast?, cuyo hermano Fernando ha sido nombrado este noviembre magistrado de la Sala Quinta. Es la Sala de lo Militar, donde se design?magistrado a Jacobo Barja de Quiroga, quien en 2013 convenci?a Alfredo P?ez Rubalcaba (PSOE) de que Lesmes era el candidato ideal para el CGPJ.
Espejel y Barrientos, los favoritos
Estos d?s se celebran las entrevistas para cubrir tres plazas de magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se presentan un total de veintiocho candidatos, once de ellos mujeres. Las entrevistas no han finalizado, pero fuentes jur?icas aseguran que Lesmes habr? hecho llegar a su entorno los nombres de sus preferidos: Concepci? Espejel -presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y recusada por el caso G?tel por su afinidad al PP-; Jes? Mar? Barrientos -que a? no ha terminado su mandato de presidente del TSJ de Catalunya- as?como un posible magistrado de JJpD como podr? ser Javier Hern?dez, presidente de la Audiencia de Tarragona (en funciones).
Acaba de convocar tambi? una plaza para la Sala Tercera. Y en el entorno del presidente interino ya se asegura que su preferida es Esperanza C?doba Castroverde, una alto cargo del CGPJ que saltar? desde all?directamente al Supremo cuando lleva seis a?s sin poner sentencias, indican fuentes jur?icas. Jefa de la Inspecci? de los tribunales, es hermana de su ?timo amigo Diego C?doba Castroverde, elevado tambi? a magistrado de esa misma sala durante este mandato.
2.500 JUECES RECLAMAN A LOS PRINCIPALES PARTIDOS QUE DESPOLITICEN YA EL CGPJ
Tres de las cuatro asociaciones de magistrados recogen unas 20.000 firmas para cambiar el sistema de elecci? de vocales en plena renovaci? del ?gano.
El PP abre la puerta a la renovaci? del CGPJ si Moncloa asume sus peticiones
Tres de las cuatro principales asociaciones de magistrados han solicitado a los partidos pol?icos del pa? un encuentro urgente para reclamarles un cambio en el sistema de elecci? de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se trata de una reivindicaci? que se produce en plenas negociaciones entre el PSOE y PP para la renovaci? del ?gano, el cual se mantiene en funciones desde diciembre de 2018. Para ello, estas asociaciones han lanzado su Manifiesto Ciudadano por la Independencia Judicial, que en pocos d?s ha recabado un total de 20.000 firmas de distintos sectores sociales y profesionales.
El Manifiesto que firman la Asociaci? Profesional de la Magistratura (APM), la Asociaci? Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) recoge la necesidad de que se modifique la Ley Org?ica del Poder Judicial. El objetivo, seg? explican en una nota, es despolitizar el ?gano de gobierno de jueces para que ?tos puedan votar 12 de los 20 vocales que lo integran. En concreto se tratan de los 12 que la Constituci? establece que sean elegidos entre la propia carrera judicial y no a propuesta de los principales partidos pol?icos. De hecho, apuntan que este cambio legal debe ir en sentido opuesto a la iniciativa parlamentaria registrada recientemente por PSOE y Podemos para reducir la mayor? en la elecci? de estos doce vocales. La misma est?en 'standby' a la espera de c?o avancen las negociaciones con el Partido Popular.
"Esa reforma agrava a? m? la politizaci? del ?gano y se aleja por completo de los est?dares europeos de independencia que son exigibles para la separaci? de poderes", reza el manifiesto firmado por las tres asociaciones, las cu?es representan a un total de 2.500 jueces de la carrera y a?den que lo ?ico que piden es que los pol?icos cumplan con una reivindicaci? que, en los ?timos meses, no solo se ha escuchado en la esfera judicial. "Tambi? y cada vez m? los propios ciudadanos espa?les y hasta las instituciones europeas (reclaman) que el Poder Judicial en nuestro pa? sea y parezca m? independiente, porque de poco sirve lo primero si no se garantiza lo segundo", sentencian.
Los jueces consideran que, si no se sigue con lo expuesto con los Grupos de Estado contra la Corrupci? (GRECO) para que los jueces recuperen m? cuota de protagonismo, la politizaci? del ?gano ser?cada vez "m? descarada" y, adem?, mantiene la posibilidad de prolongados bloqueos cuando toca renovarlo cada cinco a?s, como est?ocurriendo en la actualidad. Carlos Lesmes, presidente de este ?gano y del Tribunal Supremo, sigue con su mandato en funciones ya que expir?a finales de 2018. Lo mismo ocurre con la totalidad de los vocales del ?gano de gobierno de los jueces, que ya han pedido en reiteradas ocasiones que los partidos impulsen las negociaciones y cumplan con su mandato constitucional.
El fracaso en las negociaciones entre PP y PSOE llev?a este ?timo partido a registrar una iniciativa parlamentaria para modifica el sistema de mayor? de elecci? de 12 de los 20 vocales. La propuesta provoc?el rechazo de gran parte de la carrera judicial y las advertencias de Bruselas acerca de que podr? afectar a la independencia judicial; reacciones que provocaron que las negociaciones se retomaran en aras a cerrar un pacto de renovaci? que afecta tambi? al Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo. Sin embargo, cuando ya parec? que las conversaciones iban en la senda correcta, el acercamiento del Ejecutivo a Bildu ha vuelto a provocar el rechazo de los populares.
La formaci? que lidera Pablo Casado ha vuelto a poner sus l?eas rojas al acuerdo, como ya hiciera antes de verano cuando el pacto era casi una realidad. Entonces, las cr?icas de Podemos a la Monarqu? y a la independencia judicial hicieron saltar por los aires cualquier posibilidad de acuerdo. Del mismo modo, el PP se niega a que la formaci? de Pablo Iglesias participe en el reparto de vocales. Con estas premisas las conversaciones, que nunca llegaron a romperse del todo, se retomaron hace apenas unas semanas aunque en los ?timos d?s se han vuelto a tambalear tambi? por la Ley Cel? y el acercamiento de presos de ETA al Pa? Vasco. Sin embargo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, conf? en que el acuerdo llegue antes de fin de a?. Una tesis que tambi? respaldan implicados en las negociaciones consultados por La Informaci?.
https://www.lainformacion.com/espana/cgpj-congreso-reforma-poder-judicial/2824071/
EL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO PREGUNTA A ESPA? SI EL PODER JUDICIAL DE LESMES DISCRIMIN?A UNA JUEZA EN UN NOMBRAMIENTO
La Corte europea emplaza al Estado espa?l a que presente alegaciones tras la demanda de la magistrada Pilar Alonso, que defiende sus m?itos respecto al juez elegido en 2016 para presidir el TSJ de Murcia, Miguel Pascual del Riquelme
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado un primer paso para investigar si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que preside Carlos Lesmes y cuyo mandato est?agotado desde hace dos a?s discrimin?a una magistrada en un nombramiento discrecional. La corte con sede en Estrasburgo ha emplazado al Gobierno espa?l a que presente las alegaciones que considere pertinentes. Tiene de plazo hasta el pr?imo 5 de febrero, seg? fuentes de la defensa de la recurrente, la magistrada Pilar Alonso, que alega que el CGPJ la discrimin?por raz? de su g?ero en 2016 al elegir para presidir el Tribunal Superior de Justicia de Murcia a un juez, Miguel Pascual del Riquelme, cuando ella ten? m? m?itos.
Los ?timos nombramientos consolidan el desequilibrio de g?ero en la c?ula judicial: las mujeres ocupan solo una de cada cinco plazas del Supremo
Los ?timos nombramientos consolidan el desequilibrio de g?ero en la c?ula judicial: las mujeres ocupan solo una de cada cinco plazas del Supremo
A juicio de la magistrada, esa supuesta discriminaci? se justific? ?err?eamente? como un ?elemento de discrecionalidad? en la valoraci? de uno de los requisitos que tiene en cuenta el CGPJ para elegir a uno u otro aspirante ?el llamado plan de actuaci?, un documento que contiene los objetivos y el programa dise?do por cada candidato? y subraya que en todos los dem? requisitos ?tiempo de servicio activo, escalaf? en la carrera judicial o tiempo de ejercicio en ?ganos colegiados, entre otros? hab? igualdad de m?itos o ella era superior.
Pasqual del Riquelme fue entre 2003 y 2006 letrado del Gabinete T?nico del CGPJ y Jefe del Servicio de Relaciones Internacionales del CGPJ, un destino que le permiti?tambi? incrementar su curriculum con actividades de naturaleza no jurisdiccional. Sustituy?en el puesto de presidente del Tribunal Superior de Murcia a Juan Mart?ez Moya, quien en la actualidad es vocal del ?gano de gobierno de los jueces a propuesta del Partido Popular.
El recurso de Alonso est?ya en manos de una de las salas del tribunal europeo. La comunicaci? al pa? afectado para que formule alegaciones supone que la demanda ha pasado un primer filtro, confirman en el TEDH, que habitualmente se pronuncia de forma simult?ea y en la misma sentencia sobre la admisi? a tr?ite y el fondo del asunto. No obstante, tras recibir esa informaci?, la Corte europea podr? declarar el asunto inadmisible si estimara que no se ha producido violaci? alguna del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Los nombramientos de altos cargos judiciales ?jueces del Supremo, presidentes del TSJ o de sus salas jurisdiccionales, presidentes de audiencias provinciales....? se realizan de forma discrecional por parte de los vocales del CGPJ. La normativa que los regula se rige por los principios de "m?ito y capacidad" y tiene en cuenta elementos objetivos como la antig?dad en la carrera judicial o la pertenencia a cierto orden jurisdiccional; pero tambi? otros sujetos a valoraci? como las sentencias significativas dictadas, la producci? jur?ica (libros, art?ulos...) o la participaci? en cursos o conferencias.
Adem?, los aspirantes se someten a entrevistas p?licas y la Comisi? de Igualdad presenta un informe de impacto de g?ero antes de cada nombramiento en el que, teniendo en cuenta los curr?ulos, suele recomendar que se designe a una candidata mujer en el caso de que la haya para intentar paliar el desequilibrio de g?ero que existe en la c?ula judicial. Fue lo que ocurri?en esta ocasi?, si bien esa recomendaci? no obtuvo el respaldo del Pleno. El 29 de enero de 2015 doce de los veinte vocales acordaron nombrar presidente del TSJ de Murcia a Pascual del Riquelme. El Consejo destac?los m?itos del candidato y argument?que su perfil, considerado en su conjunto, era mejor para el cargo ?pese a su menor antig?dad y destino en ?gano jurisdiccional unipersonal?.
Su nombramiento cont?con un voto particular formulado por la presidenta de la Comisi? de Igualdad, la vocal Clara Mart?ez de Careaga, al que se adhirieron otros cinco vocales, y que destac?que todos los requisitos objetivos eran favorables a Alonso. En ese momento, superaba a Pascual del Riquelme en el tiempo de servicio activo, con 31 a?s de carrera frente a 22; en el escalaf? en la carrera judicial, donde ella ten? el n?ero 280 y ? el 1.440; o en el tiempo de ejercicio en ?ganos colegiados, pues ella llevaba 23 a?s en la Audiencia Provincial de Murcia y ? era titular de un juzgado de lo Penal. Adem?, Alonso present?35 resoluciones en materia civil y 17 en materia penal, mientras que el otro aspirante s?o hab? presentado cinco resoluciones emitidas en procesos penales por delitos menores. Seg? este voto particular, recogido en la demanda ante Estrasburgo, no se tuvieron en cuenta en este nombramiento los principios de m?ito y capacidad, hubo ?abuso de autoridad? y fue ?un caso claro de discriminaci? por raz? de sexo?.
Con estos argumentos, la jueza recurri?ante el Supremo, que le dio la raz? en una sentencia del 10 de mayo de 2016 al considerar que la elecci? se motiv?de forma ?insuficiente o defectuosa?. El Alto Tribunal, sin embargo, no acept?la petici? de la magistrada para que, si consideraban nulo el nombramiento de su rival, la designaran a ella. S?o inst?a dictar ?una resoluci? debidamente motivada?. Apenas 15 d?s despu?, el 26 de mayo, el CGPJ retom?el nombramiento y eligi?de nuevo a Pascual del Riquelme con dos votos m? de los que hab? conseguido en 2015. Respaldaron su nombramiento catorce de los veinte vocales.
En una resoluci? esta vez s?m? exhaustiva, el Consejo record?que goza de una ?amplia discrecionalidad? a la hora de ?priorizar? los m?itos que considere ?m? relevantes o trascendentes para el desempe? de la plaza a cubrir en cada caso y momento?. Y justific?que aunque Alonso ten? m? m?itos en los elementos objetivos que son cuatificables num?icamente, Pasqual del Riquelme ten? m? ?habilidades de gesti?? y era la persona ?m? id?ea? teniendo el cuenta el resto de m?itos.
El Consejo destac? por ejemplo, la ?calidad, prolijidad, extensi?, gran proyecci? de futuro y muy interesantes propuestas? de su programa de actuaci? en comparaci? con las ?escasas, gen?icas y muy triviales propuestas? de Alonso. Tambi? dijo que la comparecencia de la jueza ante el Pleno se caracteriz??por su vaguedad en las propuestas? a las que aludi? ?de manera desestructurada?, mientras que el candidato dej?de ver en ese mismo tr?ite que su preparaci? para afrontar las necesidades organizativas del TSJ era ?indiscutible, rabiosamente, indiscutible, avasalladora incluso?.
Nuevo recurso en el Supremo
La jueza impugn?de nuevo el nombramiento ante el Tribunal Supremo, que record?que este era un problema de motivaci?, no de comparaci? de m?itos y rechaz?su recurso al estimar que el Consejo esta vez s?lo hab? justificado de forma ?cumplida y razonable?. Record? adem?, que la doctrina avala las ?ampl?imas facultades de valoraci? y elecci?? que este ?gano tiene respecto a los nombramientos de car?ter discrecional y que este tipo de convocatorias, a diferencia del concurso de m?itos, ?no incluye baremaci? alguna de los m?itos computables?. Es decir, que el Consejo, en cada caso, puede dar preeminencia a unos m?itos sobre otros. En este caso opt?por valorar especialmente cuestiones m? subjetivas como la actividad docente e investigadora o el programa de actuaci?.
Tambi? rechaz?el Supremo que en este caso hubiera habido discriminaci? por raz? de sexo porque, asegur? no se cumpl? ?el perfil parejo que obligar? a otorgar preferencia a la candidata mujer?. De la misma forma se expres?el Tribunal Constitucional, que en un auto del 13 de noviembre de 2018 inadmiti?a tr?ite el recurso de Alonso al concluir que en este caso no hubo indefensi? y que tampoco exist? indicio alguno de que la jueza no hubiera sido elegida para el cargo por ser mujer y que, por tanto, no hubo una vulneraci? de los derechos constitucionales invocados.
Precisamente estas son las cuestiones sobre las que se centra la petici? de informaci? que la Corte de Estrasburgo ha hecho a la Abogac? del Estado, que tendr?que responder a si se ejecut?de manera correcta la primera sentencia del Supremo que anul?el nombramiento y la revisi? ?cumpli?con los requisitos generales de equidad? y a si la jueza fue discriminada o no por motivos de g?ero tanto en el propio nombramiento por parte del CGPJ como en la revisi? judicial de ese nombramiento por parte del Supremo.
LESMES DESOYE AL EJECUTIVO Y LOGRA ASIGNAR SEIS CARGOS CLAVE
Mar? Luisa Segoviano, primera mujer que preside una sala del Tribunal Supremo
En pleno desencuentro con el Ejecutivo por la ausencia del Rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces, y con el Ejecutivo buscando f?mulas para desatascar la renovaci? del ?gano de gobierno de la judicatura, el pleno del Consejo General del Poder Judicial aprob?este mi?coles seis nombramientos clave en el Tribunal Supremo: tres presidencias de sala y tres plazas en la Sala de lo Penal, la que juzga causas contra aforados. Las votaciones ahondan la brecha con el Ejecutivo, que reclam?que se pospusieran los nombramientos hasta la renovaci? del ?gano.
Con los seis nombramientos votados este mi?coles por el Consejo, el ?gano que preside Carlos Lesmes culmina un proceso por el que, desde que en diciembre de 2018 caduc?su mandato, ha renovado buena parte de la c?ula judicial. Los vocales han adjudicado en estos meses m? de medio centenar de cargos discrecionales, desde presidencias de Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia a la presidencia de la Audiencia Nacional y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Tambi? han designado hasta 13 magistrados del alto tribunal, que son plazas vitalicias cuya adjudicaci?, si se hubiera renovado el Consejo a tiempo, no habr? correspondido al pleno actual.
El Gobierno intent?en los ?timos d?s frenar los seis nombramientos clave de ayer como forma de presionar al PP para desbloquear el ?gano. Pero la mayor? de los vocales, incluidos seis de los siete que fueron propuestos en su momento por el PSOE, desoyeron la petici? del Ejecutivo y optaron por alcanzar un acuerdo global con la mayor? conservadora liderada por Carlos Lesmes, que ha conseguido as?sacar adelante los nombramientos con votaciones holgadas. El resultado es una imagen de cohesi? que, seg? varios miembros del Consejo consultados, no responde a la realidad de lo que se vive a diario en el ?gano, pero que le permite al presidente legitimar su decisi? de seguir adelante con los nombramientos pese a la presi? de La Moncloa.
La elecci? de cargos discrecionales del Consejo requiere un m?imo de 13 votos, una suma que no alcanza ni el bloque conservador ni el progresista, lo que ha obligado a ambas facciones a negociar la selecci? de nombres. Los progresistas ganan cuatro plazas: dos presidencias de sala (la Social y la Militar) y dos puestos en la sala de lo Penal. Los conservadores se quedan con dos, pero logran conservar, tras el convulso mandato de Luis D?z-Picazo, la presidencia de la Sala de lo Contencioso, la que resuelve los litigios contra decisiones del Gobierno.
El ?gano que dirige Lesmes ha renovado, estando en funciones, las cinco presidencias de sala del Supremo. El resultado es favorable para el bloque conservador, que se garantiza para los pr?imos a?s la presidencia de las dos salas clave: la de lo Contencioso (adjudicada ayer a C?ar Tolosa) y la Penal, presidida por Manuel Marchena, que renov?el cargo en octubre pasado.
Los progresistas se han hecho con las presidencias de la Sala Cuarta (de lo Social) y la Quinta (de lo Militar). Al frente de la primera estar?Mar? Luisa Segoviano, que se convierte en la primera mujer en presidir una sala del Supremo en m? de 200 a?s. Segoviano, de 70 a?s y tendencia progresista, recab?los votos de 19 de los 21 miembros del pleno del Consejo. Los otros dos, Concepci? S?z y ?varo Cuesta, votaron en blanco por estar en contra de que el actual Consejo designara estas plazas clave.
A esa elecci? se une, frente a la Sala de lo Militar, la del progresista Jacobo Barja de Quiroga. Y se cubren tambi? tres plazas de la Sala Penal del Supremo, la que tiene la ?tima palabra en todas las causas penales y juzga las causas contra aforados. Ser? ocupadas por dos magistrados progresistas (Javier Hern?dez y Leopoldo Puente) y uno conservador (?gel Hurtado).
Mar? Luisa Segoviano, primera presidenta
La designaci? de la presidencia de la Sala Cuarta no era sobre el papel el puesto m? estrat?ico de los que estaban este mi?coles en liza, pero la designaci? de Mar? Luisa Segoviano s?se ha convertido en la m? simb?ica de todas porque supone acabar con una anomal? de 200 a?s: que ninguna mujer hubiera nunca presidido una sala del alto tribunal. Segoviano, que ven? ejerciendo la presidencia en funciones de la sala desde el verano, tras la jubilaci? de su titular, ingres?en la carrera judicial en 1987 por el turno reservado a juristas de reconocida competencia. Fue presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le? con sede en Burgos entre 1997 y 2002 y presidenta de la Sala de lo Social del mismo Tribunal Superior con sede en Valladolid entre ese a? y 2006, cuando fue nombrada magistrada del Supremo.
Su elecci? supone tambi? que, a partir de ahora, la Sala de Gobierno del alto tribunal contar?con dos mujeres entre sus integrantes: la presidenta de la Sala Cuarta como miembro nato y la magistrada de la Sala Segunda Susana Polo Garc?, que obtuvo un puesto en las ?timas elecciones a este ?gano, celebradas el 26 de noviembre de 2019.
C?ar Tolosa, el reto de pacificar la Sala de lo Contencioso
C?ar Tolosa ha recabado 18 de los 21 votos del pleno para ponerse al frente de la Sala Tercera del Supremo, una de las salas clave del alto tribunal pero que en los ?timos a?s ha protagonizado episodios pol?icos de la mano de su anterior presidente, Luis D?z-Picazo, que ha renunciado a renovar en el cargo. Algunos de esos cap?ulos, como la rectificaci? sobre qui? debe pagar el impuesto de las hipotecas, dejaron una profunda divisi? en la sala que todav? pervive. Intentar cohesionar a los magistrados ser?una de las tareas de Tolosa, de 63 a?s y miembro de la conservadora Asociaci? Profesional de la Magistratura. Juez desde 1982, ha ejercido gran parte de su carrera en Cantabria, donde presidi?la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior auton?ico. Lleg?al Supremo en 2014 y desde el a? pasado forma parte de la Sala de Gobierno como miembro electo.
Jacobo Barja de Quiroga, un progresista al frente de la Sala de lo Militar
Jacobo Barja de Quiroga ha obtenido 19 de los 21 votos del pleno para sustituir a ?gel Calder?, que se jubil?recientemente tras tres mandatos al frente de la Sala Quinta. Barja de Quiroga, magistrado de esta sala desde 2014, es considerado un progresista con estrechos lazos en los dos sectores. Fue vocal del CGPJ (de 1996 a 2001), exjefe de gabinete del anterior presidente, Gonzalo Moliner y hombre de confianza de Alfredo P?ez Rubalcaba.
?gel Hurtado, el juez que pidi?absolver al PP en G?tel
El magistrado ?gel Hurtado llega a la Sala de lo Penal cuando est?tiene pendiente dictar la sentencia definitiva sobre la primera etapa de la trama G?tel, que confirm?la existencia de una caja b en el PP y conden?al partido. Hurtado, no afiliado a ninguna asociaci?, fue el ponente de aquella resoluci? y el ?ico magistrado que se opuso a la condena de la formaci? entonces presidida por Mariano Rajoy, a cuya comparecencia como testigo tambi? se opuso, sin ?ito, el nuevo magistrado del alto tribunal. Juez desde 1983, ha ejercido los ?timos 14 a?s en la Audiencia Nacional, de cuya Sala de Apelaciones formaba parte hasta ahora.
Javier Hern?dez, de Catalu? al Supremo
El magistrado Javier Hern?dez, elegido para cubrir la vacante por jubilaci? de Francisco Monterde en la sala de lo Penal, ha desarrollado toda su carrera en Catalu?. Presid? hasta ahora la Secci? de Apelaci? Penal del Tribunal Superior de Justicia y ha sido magistrado de la Audiencia Provincial de Lleida y de la de Tarragona. De tendencia progresista, es considerado un penalista con un elevado perfil t?nico e intelectual. Ha ejercido como profesor en la Escuela Judicial entre 1999 y 2003; en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona como profesor conferenciante en el ?ea de Derecho Constitucional (2007-2009) y como profesor del ?ea de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universitat Rovira i Virgili (1994-1999).
Leopoldo Puente, un penalista moderado
El elegido para cubrir la vacante por jubilaci? de Alberto Jorge Barreiro estaba destinado hasta ahora en la Secci? de Apelaci? de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Considerado un progresista moderado, fue miembro de la Asociaci? de Jueces para la Democracia y es especialista en Derecho Penal, materia que ha impartido como profesor asociado en la Universidad de Castilla-La Mancha.
IZQUIERDA Y NACIONALISTAS REDOBLAN LA PRESI? SOBRE EL PP PARA LA RENOVACI? DEL PODER JUDICIAL Y OTRAS INSTITUCIONES
El PSOE, Unidas Podemos y otros siete partidos firman un comunicado conjunto en el que acusan al PP de incurrir en una ?grave irresponsabilidad? por el bloqueo en el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo
La presi? sobre el PP crece para que facilite la renovaci? en instituciones clave del Estado como el Consejo General del Poder Judicial. Los partidos del Gobierno de coalici?, PSOE y Unidas Podemos, han firmado junto a ERC, PNV, Junts per Catalunya, M? Pa?, Comprom?, Nueva Canarias y Teruel Existe un comunicado conjunto en el que acusan impl?itamente al PP de incurrir en una ?grave irresponsabilidad? por el bloqueo en el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Los partidos firmantes suman 187 esca?s en el Congreso, por encima de la mayor? absoluta (176), aunque para la renovaci? de ?ganos pendientes como el Poder Judicial se necesitan mayor?s de tres quintos. ?Ning? inter? partidista y sectario justifica tal comportamiento, que contraviene el inter? general de manera flagrante?, afirman en el escrito, en el que exigen a los populares que ?de manera inmediata cesen en su actitud de bloqueo y muestren su disposici? a colaborar en la renovaci? pendiente? de las instituciones citadas. Si nada cambia, la renovaci? del Poder Judicial cumplir?a finales de a? dos a?s de demora.
?Los grupos y fuerzas parlamentarias que representan m? de la mayor? absoluta del Congreso exigen la colaboraci? del resto de los grupos parlamentarios para cumplir el mandato legal de renovar la composici? de las instituciones cuyo tiempo de ejercicio ha caducado. Algunas de las principales instituciones del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, agotaron hace tiempo, de forma total o parcial, el plazo de ejercicio establecido en nuestro ordenamiento jur?ico", recoge el documento, impulsado por los socialistas.
Las nueve formaciones recalcan que se trata de organismos ?que ejercen un papel fundamental para el funcionamiento normalizado del Estado de Derecho?. ?El incumplimiento de la obligaci? legal de proceder a su renovaci? afecta gravemente a la confianza de la ciudadan? en las instituciones p?licas y deteriora los est?dares democr?icos?, advierten. Pablo Casado acept?en julio en un whatsapp a Pedro S?chez renovar el Poder Judicial. El PP alega que la negociaci? se trunc?el 14 de agosto por el ataque de Podemos a la monarqu?, tras la marcha del Rey em?ito a Emiratos ?abes Unidos.
En el documento se insiste en que la Constituci? y el resto del ordenamiento jur?ico vigente ?establecen con claridad la obligaci? inexcusable? de los partidos con representaci? en las Cortes Generales ?para proceder en tiempo y forma a la renovaci? de estas instituciones b?icas?.
Fuentes de Unidas Podemos afirman que ?la situaci? de captura del Poder Judicial por parte del PP es inconstitucional e insostenible, como pudimos ver este viernes?, en referencia a la pol?ica que suscit?la ausencia de Felipe VI en la entrega de despachos de la ?tima promoci? de jueces de la Escuela Judicial de Barcelona. ?Es un hecho muy importante que la mayor? absoluta del Poder Legislativo, el ?ico de los tres poderes que es elegido directamente por la ciudadan?, nos hayamos unido para se?lar este secuestro y exigir que se le ponga fin inmediatamente?, sostienen en el socio minoritario del Gobierno.
LA SEMANA EN QUE LESMES ECH?UN PULSO AL GOBIERNO Y ARRASTR?A LA TORMENTA A FELIPE VI
Moncloa intent?alejar la entrega de despachos judiciales de la fecha en la que el presidente del CGPJ les anunci?que se conocer? la sentencia sobre la inhabilitaci? de Torra. El Gobierno busc?blindar al rey y Lesmes amenaz?con hacer coincidir el fallo con el 1-O
Esta no es una historia del Gobierno contra la Monarqu?, sino m? bien de la c?ula judicial contra el Gobierno. Tampoco es una estrategia para ?confinar? a la jefatura del Estado, sino para blindar a Felipe VI en un momento en que acumula problemas, y no porque se los haya creado precisamente el Gobierno, sino su propio padre, Juan Carlos I. El en?imo pulso de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial en funciones y con el mandato caducado desde hace dos a?s, al gabinete de S?chez ha ido esta vez demasiado lejos al usar a la Corona como ariete contra el Ejecutivo.
El relato que elDiario.es ha podido reconstruir con la versi? de las instituciones implicadas sobre por qu?el Gobierno desaconsej?la presencia de Felipe VI en Barcelona para la entrega de los despachos judiciales y la tormenta institucional que desat?esta semana es muy diferente a lo que hasta ahora ha trascendido. Por las maniobras de Lesmes, por la ausencia de explicaciones de Moncloa, por la falta de transparencia de Zarzuela, por la necesidad de Unidas Podemos de diferenciarse de sus socios de Gobierno, por la ofensiva tuitera de Pablo Iglesias y Alberto Garz? contra la Monarqu?. O por todo a la vez.
La historia empieza m? o menos hace quince d?s cuando Carlos Lesmes transmite, en el transcurso de una conversaci? privada, al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que el Supremo tiene intenci? de notificar la sentencia de inhabilitaci? de Torra la semana que arranca el 21 de septiembre. Unos d?s despu?, el presidente del CGPJ designado con la mayor? absoluta de Mariano Rajoy, informa a La Moncloa de que el fallo saldr?el 24 de septiembre. Hasta aqu?lo que cuentan fuentes cercanas a Campo.
?No es habitual que el Poder Judicial informe al Gobierno ni del contenido ni de las fechas de las sentencias, si bien todo lo que tiene que ver con Catalunya se ha movido en esas coordenadas desde hace tiempo para que el Ejecutivo pueda organizar las cuestiones de orden p?lico que puedan suscitarse como consecuencia de fallos judiciales que afecten al independentismo?, relatan varios interlocutores en el poder ejecutivo.
Unos d?s despu? de la llamada con la que Lesmes informa al Gobierno de la fecha concreta del fallo judicial, la Casa Real pasa a La Moncloa las previsiones -que no la agenda- de Felipe VI para la semana de marras y en ellas aparece el acto de entrega de despachos judiciales en Barcelona el d? 25.
No hubo debate. Desde el Gobierno se le hizo saber a la Casa del Rey que no era oportuna pol?icamente la presencia del monarca en Barcelona en esas fechas porque coincidir? con el fallo judicial, y el jefe de la Casa ?lo entendi?perfectamente?, seg? cuentan las mismos fuentes. Zarzuela declina entonces la invitaci? de Lesmes.
Poco despu?, el presidente del CGPJ hace saber al Ejecutivo, para intentar salvar la presencia del rey en el acto, que la notificaci? de la sentencia ser?el 1 de octubre, y el Gobierno pone el grito en el cielo al entender que hacer coincidir la posible inhabilitaci? con una fecha tan simb?ica dar? lugar seguro a nuevos episodios de inflamaci? del independentismo con los que se buscar? ?santificar? a Torra.
?Carlos Lesmes [lamenta un ministro de S?chez] buscaba una foto con el Rey por encima de cualquier otra cosa. Entr?en c?era y maniobr?todo lo que pudo para que la sentencia, una vez que se evit?la presencia de Felipe VI en Barcelona, no se conociera esta semana con el objetivo de impedir que quedase claro que la ?ica intenci? del Gobierno era proteger al rey, y no emprender una campa? contra ?, como ha pretendido hacer ver el presidente del CGPJ?.
El malestar del Gobierno con Lesmes es notorio por c?o ha gestionado la entrega de despachos a los nuevos jueces en la Escuela Judicial de Barcelona sin la presencia del Rey. ?Ha ido demasiado lejos?, arguyen en La Moncloa, donde a?den que se le propuso aplazar la fecha del acto y alejarlo lo m? posible de la tensi? pol?ica que provocar?la previsible inhabilitaci? de Torra, a lo que se neg?rotundo.
Lo que ocurri?despu? y ha derivado en la pol?ica de esta semana es sabido por todos, incluida la ?torticera maniobra? -en palabras del Gobierno- de Lesmes con la que desvel?una llamada de Felipe VI que ?s?o fue de cortes??. Con su avieso manejo no s?o ha agrandado la maltrecha relaci? del ejecutivo con la c?ula del poder judicial, sino que ha arrastrado al jefe del Estado al centro de una pol?ica, a la que tambi? han contribuido el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garz?, desde sus respectivas cuentas de twitter al denunciar una supuesta ?falta de neutralidad? del jefe del Estado y de ?maniobrar? contra el Ejecutivo.
"Respeto institucional significa neutralidad pol?ica de la jefatura del Estado, renovaci? de los ?ganos judiciales en tiempo y forma, actuaciones de la fuerza p?lica proporcionales", escribi?Iglesias en su cuenta de Twitter. Garz? fue incluso un paso m? all?al acusar a la "monarqu? hereditaria" de "maniobrar contra el Gobierno democr?icamente elegido". Garz? consider?"insostenible" esa "posici?" que, a su juicio, es "aplaudida por la extrema derecha".
En Moncloa prefirieron el viernes, en plena pol?ica, guardar silencio sobre la posici? de sus socios, pero lo atribuyen a estudios demosc?icos cualitativos que maneja el partido morado y reflejan el coste electoral de estar en el Gobierno y la no rentabilidad electoral de las medidas aprobadas. A ?su permanente necesidad? de distinguirse del PSOE, dicen las mismas fuentes. De ah?que, desde la vuelta del verano, Unidas Podemos haya elegido de nuevo como bandera el debate sobre Monarqu? o Rep?lica para diferenciarse del ala socialistas del Gobierno.
Ni Iglesias ni ning? otro ministro, m? all?del titular de Justicia, han estado al tanto de los detalles o el recorrido de esta nueva pol?ica entre el CGPJ y el Gobierno, ya que han sido el propio S?chez y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quienes han llevado personalmente la negociaci? con Zarzuela y Campo y la interlocuci? con Lesmes.
Lo nuclear del asunto en todo caso es que al presidente del CGPJ -nombrado por el Gobierno de Rajoy y sin recambio por el bloqueo del PP-, con el mandato caducado y sin visos de que se desbloquee la renovaci? de la c?ula judicial, le ha dado por ejercer sus poderes, incluidos diversos nombramientos en puestos clave del Poder Judicial. En su en?imo pulso al Ejecutivo de S?chez ?no ha tenido reparo en utilizar y meter en su mismo fango a Felipe VI?, dicen fuentes del Ejecutivo.
No ser?su ?tima maniobra. Esta semana, el mi?coles, el CGPJ tiene previsto hacer nuevos nombramientos y el Gobierno no est?dispuesto a cruzarse de brazos. Con las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial estancadas tras el fallido pacto entre Pedro S?chez y Pablo Casado, Lesmes parece decidido a realizar varios nombramientos discrecionales de calado en el pleno del pr?imo d? 30. Entre otros, tres nuevos jueces para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que decide los casos de corrupci?.
De hecho, en el discurso de Apertura del A? Judicial, Lesmes recalc?que ?el ?gano de gobierno de los jueces tiene asignadas por la Constituci? unas muy relevantes funciones, en particular en materia de nombramientos? y subray?que esas funciones ?son permanentes y de debido cumplimiento, de manera que deben seguir desarroll?dose, porque lo contrario ser? incumplir la norma fundamental, con grave quebranto para la justicia espa?la". Atentos a la semana, que el Gobierno ya baraja distintos escenarios para impedirlo.
EL ?TIMO ENCONTRONAZO DEL GOBIERNO CON EL PODER JUDICIAL EN UN A? CONVULSO
El Consejo ha emitido tres comunicados en nueve meses con Pablo Iglesias como principal diana de las cr?icas
El choque de trenes que este viernes se escenific?en la Escuela Judicial fue el ?timo cap?ulo de ciertas tensiones que existen desde hace tiempo entre los componentes del Gobierno de coalici? de PSOE y Unidas Podemos, y una parte importante de la judicatura. Pese a que el actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, magistrado de profesi? y de perfil conciliador, ha tratado desde su llegada al puesto de limar asperezas tras cada encontronazo, las costuras saltaron definitivamente por los aires con la ausencia del Rey en uno de los actos m? simb?icos para la carrera y en un escenario nada balad? Catalu?, adonde ir? destinado la mayor? de jueces de la nueva promoci? y donde se produjo el desaf? independentista, que coloc?al Poder Judicial en el ojo del hurac? con la sentencia del proc?.
?No son capaces de separar lo que son los partidos pol?icos de las instituciones. Est? llevando el funcionamiento de los partidos a las instituciones?, resume el representante de una de las principales agrupaciones judiciales del pa? en una semana en que tres de ellas han emitido contundentes comunicados pidiendo explicaciones a La Moncloa por la ausencia del Rey. Buena parte de la carrera, sobre todo la m? conservadora, ve la decisi? del Gobierno como una cesi? a los independentistas y un menosprecio.
Estos ?imos caldeados se suman, adem?, a los sucesivos reproches que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dirigido en el ?timo a? contra Podemos y su l?er, Pablo Iglesias, por cuestionar sentencias o decisiones judiciales. El Consejo ha llegado a emitir hasta tres comunicados para exigir ?respeto?. El ?timo, hace apenas un mes, despu? de que el Juzgado de Instrucci? 42 de Madrid imputase a la formaci? como persona jur?ica y a varios miembros de su c?ula tras la denuncia de un exabogado del partido por irregularidades en sus cuentas. ?El respeto a la independencia del Poder Judicial, expresi? de la divisi? de poderes, es un elemento clave del Estado de derecho y de la propia democracia. La confianza de los ciudadanos en la independencia de jueces y magistrados es la mejor garant? para la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades p?licas de todos?, subrayaba el ?gano.
Antes, la mayor? del CGPJ, dominado por el sector conservador, ya hab? hecho lo mismo en dos ocasiones. En enero, le exigi?a Iglesias ?responsabilidad institucional? despu? de que este dijera que la prueba de que la ?judicializaci?? del proc? fue un error es que ?muchos tribunales europeos? hab?n ?quitado la raz?? a jueces espa?les, y que eso hab? supuesto una ?humillaci?? para Espa?. En abril, public?una segunda nota despu? de que el vicepresidente, tras conocer la condena de la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra, escribiese en Twitter: ?Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren), pero me invade una enorme sensaci? de injusticia?. ?Propaga una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces espa?les?, le acus?el Consejo.
El vicepresidente, desde luego, no est?dispuesto a echarse para atr? ?aunque sus encontronazos se traduzcan en malestar tambi? con el sector del PSOE en el Ejecutivo por no censurarlo? y este viernes dej?otro recado al afirmar que ?respeto institucional significa renovaci? de los ?ganos judiciales en tiempo y forma?. Lesmes y los vocales del Consejo se encuentran en funciones desde hace casi dos a?s y contin?n haciendo nombramientos de cargos discrecionales de los tribunales, algo muy criticado por la izquierda pol?ica.
Precisamente, existe un persistente malestar dentro de la carrera con los socialistas (y tambi? con el PP) por su oposici? a modificar el sistema de selecci? de los vocales del CGPJ, para que a la mayor? de ellos los nombren directamente los propios jueces ?actualmente, los eligen las C?aras?. La renovaci? se encuentra bloqueada en estos momentos por la oposici? del PP a pactar con el PSOE. Todo ello, sin hablar de los problemas en los juzgados derivados de la covid ?m? los que ya arrastraba? y la guerra dentro de la Fiscal?, otro de los frentes que tiene abierto el Ejecutivo en el ?bito jur?ico.
EL VETO AL REY DESTAPA LA DISPUTA EN EL GOBIERNO POR EL BLOQUEO JUDICIAL
Podemos acusa a Felipe VI de maniobrar contra el Ejecutivo en colaboraci? con el presidente del Supremo
La decisi? del Ejecutivo de vetar al Rey en la entrega de despachos a la 69 promoci? de jueces en Barcelona ha desencadenado una tormenta pol?ica de consecuencias imprevisibles en el Gobierno de coalici?. La parte que representa Podemos acusa al Rey de maniobrar contra el Ejecutivo en colaboraci? con el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Y relacionan sus ataques al Monarca con la no renovaci? del Poder Judicial por el bloqueo del PP y porque el presidente Pedro S?chez no busca ni encuentra una soluci? para evitar que el Gobierno de los jueces siga ?en manos de la derecha?.
En Podemos creen que la anulaci? por el Gobierno del que forman parte de la presencia de Felipe VI en el acto del viernes en Barcelona intentaba evitar que coincidiera ese mismo d? con la sentencia del Tribunal Supremo sobre la posible inhabilitaci? por desobediencia del presidente catal?, Quim Torra. Y piensan que tanto la c?ula del Poder Judicial, que ya lleva casi dos a?s caducada y a la que acusan de estar escorada a la derecha, como el PP pretend?n rentabilizar esa coincidencia contra el Ejecutivo.
La vicepresidenta Carmen Calvo pidi?este s?ado ?calma? a todos los actores de esta pol?ica para mantener la posici? constitucional tras un enredo con demasiadas zonas oscuras. Pero el sector de Podemos en el Ejecutivo no quiere ya ?m? contemplaciones?, seg? fuentes de su direcci?. ?El presidente y su ministro de Justicia consideran que, con buenas formas, y una actitud dialogante, el PP bajar?las armas y se prestar?a negociar la renovaci? del Poder Judicial. Pero, como hemos visto, la v? de ir por las buenas no sirve de nada?, cuenta un miembro de Podemos en el Gabinete. Su apuesta es buscar otras alternativas con los socios de investidura para renovar el Consejo ?algo que rechaza el PSOE porque no sumar?n los 210 votos necesarios? o, en su defecto, promover leyes que permitan contrarrestar un Gobierno de los jueces de mayor? conservadora y con poder suficiente para elegir los puestos m? sensibles pendientes del Tribunal Supremo.
Sobre los ataques al Rey, Podemos advierte de que van a continuar. Y explican que no han recibido ning? reproche directo del Gobierno por las acusaciones lanzadas en Twitter por Pablo Iglesias y Alberto Garz?. ?Puede no parecer normal hasta ahora en Espa? que un ministro o vicepresidente critique una actuaci? del Rey, algo que s?sucede en el Reino Unido y otros pa?es, pero va a volver a pasar. Queremos ser el contrapeso, porque el Rey se pas? se excedi?de sus funciones y se ha demostrado in?il eso de decirles en privado a los del PSOE que esto no puede ser o que algo se ha hecho mal?, avisa un miembro de esa formaci? en el Gabinete. Los ministros de Podemos tampoco tuvieron ninguna informaci? o aclaraci? en toda la semana sobre las razones reales de la ausencia del Rey en Barcelona, como la mayor? de los del PSOE.
Solo la vicepresidenta Calvo y Pedro S?chez llevaron esa negociaci? con la Casa del Rey. Algunos ministros s?recibieron mensajes de la Secretar? de Estado de Comunicaci? cuando estall?la pol?ica y deb?n afrontar una entrevista en televisi?, pero para que guardaran silencio: ?Si os preguntan, contestad que no sab?s nada?. No tuvieron que mentir.
Ni siquiera hab? participado de la decisi? el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a quien le preguntaron en la Cadena SER por los motivos del veto y respondi? ?Un paquete de razones?.
Media docena de fuentes del Gobierno y de la administraci? de Justicia aportan versiones contradictorias con las de otros participantes en la pol?ica.
La entrega de despachos a la 69 promoci? de jueces se plante?este a? como un acto discreto y minoritario por culpa de la covid-19. No estaban invitadas las familias de los jueces novatos, ni la mayor? de los principales cargos judiciales, ni las autoridades catalanas. A diferencia de otros a?s, no se iba a celebrar en un auditorio con capacidad para 1.000 personas, sino en el sal? de actos de la Escuela Judicial, situada en un edificio de la monta? que sube al Tibidabo, una zona cuya protecci? en caso de problemas entra? complicaciones.
?El Gobierno no aleg?motivos de seguridad. Si lo hubieran hecho, al menos podr?mos saber de qu?se trataba. El oscurantismo dio alas a todas las teor?s?, explica un vocal del Poder Judicial. Algunos de esos consejeros elegidos a propuesta del PP apuntan a que se trat?de un hacia los independentistas catalanes ante la negociaci? de los Presupuestos. Uno de ellos sostiene que el veto solo pudo obedecer a que ERC llam?a Pedro S?chez para exigirlo. Un portavoz oficial de ERC lo neg?este s?ado tajantemente a preguntas de este peri?ico.
Explicaciones confusas
En la organizaci? del evento, como todos los a?s, el Rey dio su visto bueno a muchos detalles y fij?la fecha que le cuadraba con su agenda. En ning? momento comunic?al Consejo problemas para acudir a Barcelona. Pero el viernes de la semana pasada, la Casa del Rey no incluy?en su agenda esa actividad. Y el lunes, el Poder Judicial, que ya hab? cursado las invitaciones impresas con la participaci? del Rey, conoci?que el Gobierno hab? vetado la presencia de Felipe VI.
Un alto magistrado progresista defiende la decisi? del Gobierno: ?Se celebra un acto minoritario en la Escuela Judicial, no en el auditorio como otros a?s. Se ha prohibido a las familias asistir, la mayor parte del Consejo no va, los presidentes de los tribunales de justicia no van, las autoridades pol?icas catalanas, que era de alguna manera lo que justificaba la presencia del Rey, tampoco van a ir. Desde el punto de vista protocolario le haces un feo al Rey yendo a un acto en el que pr?ticamente no habr? representaci? institucional de esa comunidad?.
Las razones de seguridad tambi? ten?n su sustento. La Escuela Judicial est?en medio del Tibidabo, en una zona complicada para maniobrar y de f?il bloqueo. El magistrado progresista a?de: ?No es s?o un problema de seguridad para el Rey, es un problema de orden p?lico?. El dispositivo de seguridad se mantuvo al m?imo nivel, como algunos de los presentes no hab?n visto nunca.
Desde el Gobierno se asegura que se hicieron gestiones con Lesmes para aplazar el evento, algo que desde el Consejo se desmiente. Un relevante miembro de la carrera judicial apostilla: ?Pretender llevar al Rey a Barcelona precisamente a un acto con problemas de seguridad y orden p?lico, y justo cuando va a salir la sentencia de Torra es una temeridad y muestra el absoluto desconocimiento de la situaci? pol?ica por parte de qui? convoca. El propio Lesmes se ha movido con el tribunal para que la sentencia no saliera hasta el lunes para que no les fastidiaran el acto?.
Razones de seguridad
Desde el sector de Podemos en el Gobierno se insiste en ese argumento: ?Justificar el veto en lo de los problemas de seguridad no tiene sentido, pero s?la inoportunidad pol?ica del acto?. Varios ministros apuntan a que en el Gabinete ten?n la seguridad de que la sentencia contra Torra se iba a dar a conocer precisamente el viernes y su resultado podr? servir a la derecha, pol?ica, medi?ica y judicial, para interpretarla como ?una derrota contra los intentos dialogantes del Gobierno sobre el conflicto catal??.
?Todo esto del Rey?, se?la un vocal del Poder Judicial, ?me suena a un intento de arreglarlo despu? buscando razones que no se dieron en un primer momento. Si hubiera venido Felipe VI no habr? pasado nada. La situaci? pol?ica en Catalu? no es la de hace un a?, cuando por indicaci? del Gobierno y en v?peras del comienzo del juicio contra los l?eres independentistas, s?cambiamos y celebramos el acto en Madrid. Se han metido en un jard? innecesario. Si no puedes explicar algo, mejor no lo hagas. Comprendo que la situaci? es espantosa, que estamos sin presupuesto, pero es que los jueces no somos moneda de cambio. Al Rey hay que invitarle. Es un acto importante?.
Los que estuvieron el viernes en Barcelona cuentan que Lesmes atendi? sol?ito la llamada del Rey, en medio de la foto de familia con los nuevos jueces, y se la comunic?a los mismos unos minutos despu? ?con aires triunfantes? y ?porque as?se lo hab? pedido el monarca?. Varios testigos de esa charla coinciden en la versi? que escucharon a Lesmes: ?Me pide el Rey que os comunique que le habr? gustado estar aqu? Pero agregan que entendieron que la frase era ?pura cortes?, sin ning? contenido de reproche al Gobierno?. Una interpretaci? que m? tarde confirm? oficialmente la Casa del Rey. Un magistrado moderado que conoce a Lesmes considera que esa confidencia fue una frivolidad que meti?al Rey en serios problemas y provoc?la reacci? airada de los ministros de Podemos.
El precedente de La Almudena
El conflicto interno en el Gobierno de coalici? sobre la situaci? judicial se extiende a la valoraci? del papel del actual rey Felipe VI. El PSOE defiende p?licamente la Monarqu? constitucional como un todo. En Unidas Podemos mantienen una buena relaci? personal con el Monarca, pero no pol?ica. Creen que tom?partido con la llamada el viernes durante el acto judicial en Barcelona a Carlos Lesmes y se?lan que no ha sido un detalle aislado. Como apunt?en un tuit el ministro de Consumo, Alberto Garz?, cuestionan que el Rey pueda estar ?maniobrando? pol?icamente contra el Ejecutivo y sobre todo contra la inclusi? en ? de Podemos. Recuerdan algunos otros incidentes que no les parecen anecd?icos.
Alguno de los ministros de Podemos apunta que, durante todos los meses que llevan en el Gobierno, no han acudido como ?ministros de jornada? a acompa?r a los monarcas en ninguno de sus diversos actos institucionales, como siempre est?obligado alg? componente del Ejecutivo. Y rememoran ahora la discusi? interna y con la Casa del Rey que se produjo con motivo de la organizaci? por parte de la Iglesia cat?ica, el 6 de julio en la catedral de La Almudena, del funeral a las v?timas de la covid-19. El Ejecutivo ya hab? avisado de que preparaba un funeral de Estado, laico, el 16 de julio, en el patio de armas del Palacio Real, pero la iglesia insisti?en el suyo. Del Gobierno solo se present?la vicepresidenta Carmen Calvo. Esa situaci? sirvi?para que muchos medios subrayaran que el Monarca hab? estado all? frente a la ausencia del presidente. La Iglesia incluso presion?para que acudieran m? ministros, hasta de Podemos. La discusi? en el seno del Gobierno se traslad?tras aquel funeral cat?ico a la Casa Real.
ZARZUELA DICE QUE LA LLAMADA DEL REY A LESMES HA SIDO "DE CORTES?" Y "SIN CONSIDERACIONES INSTITUCIONALES"
El presidente del CGPJ les ha dicho esta ma?na a los nuevos jueces que Felipe VI le hab? llamado por tel?ono y le hab? dicho que le "hubiese gustado" acompa?rle
"Ha sido una llamada de cortes? con el objeto de trasladar su felicitaci? personal a la nueva promoci? de la carrera judicial", dicen en Zarzuela
La llamada telef?ica que ha hecho este viernes el rey al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha sido "una llamada de cortes?" y "sin consideraciones institucionales" sobre el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, han informado fuentes de la Casa del rey.
"Ha sido una llamada de cortes? al presidente del CGPJ con el objeto de trasladar su felicitaci? personal a la nueva promoci? de la carrera judicial, sin consideraciones institucionales respecto del acto ya celebrado", estas fuentes de Zarzuela.
Despu? de conocerse que, tras el acto de entrega de despachos a los integrantes de la ?tima promoci? de la carrera judicial, en el que no ha participado el rey, Lesmes les ha dicho a los j?enes jueces que Felipe VI le ha llamado por tel?ono y le ha dicho que le "hubiese gustado" acompa?rle en este acto.
EL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL EN FUNCIONES CARGA CONTRA EL GOBIERNO POR LA AUSENCIA DEL REY EN LA ENTREGA DE DESPACHOS
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en funciones desde hace dos a?s, asegura que la presencia del monarca "tiene dimensi? constitucional y pol?ica"
"Sentimos un enorme pesar por esta ausencia". Con estas palabras ha lamentado el presidente en funciones del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, que por primera vez en la historia el jefe del Estado, el rey Felipe VI, no haya acudido a la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces, celebrado este viernes en Barcelona, sede de la escuela judicial. "La presencia del rey", ha dicho el jefe del Poder Judicial, "va mucho m? all? de lo protocolario" y "tiene una enorme dimensi? constitucional y pol?ica, expresi? del apoyo permanente de la Corona al Poder Judicial en su defensa de la Constituci? y de la ley en beneficio de todos los espa?les a los que servimos".
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, que tiene su mandato caducado desde hace dos a?s, ha cargado as?contra el Gobierno por haber preferido que el rey no asista al acto por primera vez. Una decisi? que se ha justificado por razones de seguridad entre otras, tal como aleg?el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. "Sean cuales sean las circunstancias que lo han motivado, expresamos nuestro firme deseo de que Su Majestad el Rey pueda seguir alentando con su presencia en Barcelona a los nuevos jueces", ha expresado el presidente del CGPJ.
Lesmes se ha quejado de la ausencia de Felipe VI con un alegato a favor de la instituci? mon?quica y la Constituci?. "El Poder Judicial emplea una f?mula de hondo significado simb?ico y constitucional: la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey", ha destacado el juez, una f?mula que seg? Lesmes "expresa tambi? que la administraci? de la Justicia se hace en nombre de quien simboliza la unidad y permanencia del Estado, conjug?dose as? arm?icamente, en la f?mula constitucional, las ideas de soberan? y unidad de nuestra naci?".
El presidente del CGPJ y del Supremo ha pronunciado estas palabras ante el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; el presidente del TSJC, Jes? Mar? Barrientos; y el director de la escuela judicial, Jorge Jim?ez. Ante la ausencia del monarca, Lesmes ha presidido la sesi?.
Despu? de que se conociera que el Jefe de Estado no acudir? a la ceremonia, el malestar se ha hecho notar en buena parte de la carrera judicial. Este jueves la comisi? permanente del CGPJ encomend?a su presidente que fijara una posici? sobre la no asistencia del monarca. Adem? seis vocales del sector conservador firmaron una declaraci? lamentando la ausencia del Felipe VI como s?bolo de la unidad del Estado. Al finalizar el acto de este viernes, el vocal Jos?Antonio Ballestero se ha levantado para pedir un viva al Rey, que ha sido respondido por los asistentes de la sala.
Por su parte, desde el PP consideran "humillante" que se haya vetado la presencia del rey y acusan directamente al Gobierno de ello. "El Gobierno est?demostrando que est?atacando a todas las instituciones que le impiden desguazar el pa?", ha se?lado el secretario general de los populares, Teodoro Garc? Egea, durante un acto en La Gomera. El hecho de que el monarca no haya acudido a Catalunya es, para ?, una "cesi? intolerable y un precio que no se debe pagar nunca".
Mientras, por parte del Ejecutivo consideran que es una decisi? "bien tomada". ?El Gobierno tiene que refrendar pol?icamente cu?es son las actuaciones y posiciones que mantiene su majestad. Le agradecemos que sepa estar siempre en su sitio, que es el de la neutralidad?, ha ahondado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.
La ausencia del rey Felipe VI ha centrado todos lo comentarios, tanto p?licos como fuera de micr?ono, en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces. "Hoy ten?mos la ilusi? de un acto que ha quedado un tanto empa?do por la ausencia del rey", ha asegurado en su intervenci? Cristina Men?dez Velez, n?ero uno de la promoci?, que ha hecho una apasionada defensa de la justicia y del poder judicial.
El acto de este viernes se ha celebrado en un momento que la pol?ica catalana est?a la espera de conocer el veredicto del Tribunal Supremo sobre la inhabilitaci? del president de la Generalitat, Quim Torra. Un fallo que se espera para principios de la semana que viene pero que tambi? podr? haberse producido este mismo viernes, coincidiendo con la ceremonia de entrega de despachos. La decisi? del tribunal, si confirma la condena por desobediencia impuesta por el TSJC, apartar? finalmente a Torra de la presidencia y abrir? un periodo incierto con un Govern en funciones hasta que se produzca una nueva investidura.
EL REY TELEFONEA A LESMES PARA DECIRLE QUE LE HABR? ?GUSTADO ESTAR? EN EL ACTO DE BARCELONA
El presidente del Poder Judicial expresa al Gobierno su ?enorme pesar? por la ausencia de Felipe VI
La nueva promoci? de jueces, formada por 33 mujeres y 29 hombres, ha recogido este viernes sus despachos en la Escuela Judicial de Barcelona en un acto envuelto en una tormentosa pol?ica por la ausencia de Felipe VI. Por primera vez desde que asumiera la jefatura del Estado, el Rey no ha presidido la cita. En su lugar, lo ha hecho el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, quien ha aprovechado la ocasi? para lamentar y expresar su ?enorme pesar? por que no haya asistido el Monarca, ?s?bolo de la unidad y permanencia del Estado?. Seg? ha explicado el propio Lesmes a los asistentes tras acabar el acto, el Rey lo ha telefoneado para decirle que le habr? ?gustado estar?, seg? confirman fuentes del ?gano de gobierno de los jueces.
El presidente del Tribunal Constitucional, Juan Jos?Rivas, tampoco ha estado en el evento por problemas de agenda, seg? ha alegado, aunque el martes su presencia estaba confirmada. Por su parte, de los 62 nuevos jueces de la promoci?, 47 han ido al evento. De los que han faltado, 9 ya hab?n comunicado antes de esta semana que no asistir?n, seg? fuentes del CGPJ. Al finalizar la cita, muchos participantes, incluido Lesmes, han gritado un ??viva el Rey!?. A continuaci?, a trav? de un micro abierto, se ha escuchado decir: ?Se han pasado?. Varias televisiones han atribuido estas palabras al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pero este ha afirmado despu? que no se ?reconoce? en dicha grabaci?, seg? fuentes del ministerio.
La inasistencia del Monarca ha provocado el estallido de buena parte de la carrera judicial, que le otorga un enorme valor simb?ico a la entrega de despachos. Las principales asociaciones judiciales han manifestado p?licamente su indignaci?, numerosos miembros de la carrera han subido fotos de Felipe VI a sus redes sociales y la nueva promoci? de jueces, protagonista del acto de este viernes, debati?si boicotear el evento y no acudir al mismo. Una propuesta que se rechaz? ?Lo que m? indigna es que el Gobierno no nos ha explicado las razones concretas para tomar esta medida?, explica un magistrado. ?Este acto est?un poco empa?do?, ha dicho la n?ero uno de la nueva promoci?, Cristina Men?dez, durante la lectura de su discurso, en el que ha lamentado las ausencias de los compa?ros que se han visto ?desencantados?.
Lesmes ha incidido en la misma l?ea: ?Nuestro lamento no solo obedece al hecho de que se rompe con una tradici? de m? de 20 a?s, sino tambi?, y sobre todo, porque la presencia de su majestad, del jefe del Estado, en la ceremonia responde al especial v?culo constitucional de la Corona con el Poder Judicial, vinculaci? que forma parte de nuestra tradici? hist?ica desde la Constituci? de C?iz de 1812, y que sirve adem? para resaltar la dignidad de nuestra funci??. ?La Constituci? de 1978, que ha permitido transitar a Espa? por su m? largo periodo de paz, progreso, estabilidad y convivencia, al instituir y regular el Poder Judicial emplea una f?mula de hondo significado simb?ico y constitucional: la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey?, ha a?dido.
El presidente del ?gano de gobierno de los jueces ha recalcado ?que la administraci? de la justicia se hace en nombre de quien simboliza la unidad y permanencia del Estado?. ?Por todo ello, la presencia del Rey en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces va mucho m? all?de lo protocolario. Tiene una enorme dimensi? constitucional y pol?ica, expresi? del apoyo permanente de la Corona al Poder Judicial en su defensa de la Constituci? y de la ley en beneficio de todos los espa?les a los que servimos?, ha apostillado, antes de reiterar su ?pesar por lo sucedido? y expresar su ?deseo? de que el Monarca vuelva a estar el a? que viene en la ceremonia. Tras su discurso y justo antes de la conclusi? del acto, Juan Jos?Ballesteros, vocal del CGPJ, se ha levantado y ha pedido a los presentes que griten ?con toda moderaci?, pero tambi? con toda convicci?? un ??viva el rey!?. Muchos lo han secundado.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, justific?el jueves la ausencia de Felipe VI por la necesidad de ?proteger las instituciones?, entre ellas la Monarqu?. Buena parte de la carrera judicial, en especial el sector m? conservador, considera la decisi? del Gobierno como una cesi? pol?ica a los independentistas y un desaire del Ejecutivo a la magistratura y al propio Monarca. El Rey hab? aceptado la invitaci? formal del CGPJ para encabezar el acto, y el ?gano de gobierno de los jueces hab? remitido a los asistentes las invitaciones en las que figuraba la presencia del jefe del Estado. Sin embargo, el martes, la Casa del Rey comunic?al presidente del Consejo, Carlos Lesmes, que Felipe VI no acudir? a la ceremonia. Un vocal del Consejo, Jos?Mar? Mac?s, asegur?que la comunicaci? de La Zarzuela indicaba que el Gobierno no autorizaba su presencia en el acto. Nadie en el Ejecutivo ha desmentido esta versi?.
La indignaci? de los jueces, expresada por sus principales asociaciones profesionales, y tambi? en redes sociales y conversaciones privadas, ha ido creciendo a lo largo de la semana. Algunos magistrados la perciben, con incomodidad y enfado, como un intento del Gobierno de instrumentalizar a la carrera judicial ?en este caso a la ?tima promoci? de la Escuela? para mandar un doble mensaje pol?ico: al PP, para que acceda a la renovaci? del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace dos a?s; y a los independentistas catalanes, para que ayuden a sacar adelante los Presupuestos del Estado.
Aunque nadie en el Gobierno ha querido vincularlo expresamente con la no asistencia del Rey al acto en Barcelona, en los pr?imos d?s est?previsto que el Tribunal Supremo haga p?lica la sentencia en la que previsiblemente confirmar?la condena de inhabilitaci? al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia, lo que podr? derivar en protestas.
Cambio de escenario
La ausencia de Felipe VI del acto de entrega de despachos, por primera vez desde que accedi?al trono, ha coincidido adem? con un cambio de escenario: el acto se ha celebrado en la Escuela Judicial, donde se forman los jueces espa?les. Es un recinto aislado, mal comunicado en transporte p?lico y de dif?il acceso, pero ubicado en un lugar privilegiado, con vistas de Barcelona y en plena sierra de Collserola, la monta? que abraza la ciudad.
Con la excepci? del a? pasado, cuando se traslad?a Madrid, el acto se hab? celebrado siempre en el Auditori de Barcelona, un edificio de aspecto solemne donde los y las jueces de la nueva promoci? acud?n con sus mejores galas a recibir su habilitaci? como tales de manos del Monarca. El acto m? formal daba paso a un peque? c?tel en el que eran habituales los corrillos de los jueces y sus familias para tomarse una foto junto al Rey y tal vez charlar un rato con ?. La presencia de periodistas y autoridades judiciales, pol?icas o policiales era abrumadora y sol? llenar el vest?ulo del auditorio. Pero este a? se ha limitado a consecuencia del coronavirus.
EL FUTURO DE LA SALA DEL SUPREMO QUE REVISA CASOS COMO EL ESPIONAJE A B?CENAS, BAJO CONTROL CONSERVADOR POR EL BLOQUEO DEL PP
El CGPJ mantiene la inc?nita de si asignar?a final de mes tres plazas de magistrados de la Sala de lo Penal, ante la que acaban los recursos de los grandes procesos por corrupci? El ?gano de gobierno de los jueces se aproxima a los dos a?s de mandato en funciones tras la crisis desatada en noviembre de 2018 por un whatsapp donde el PP se jactaba de que seguir? dominando bajo cuerda el alto tribunal
El segundo bloqueo impuesto en una d?ada por el PP a la renovaci? del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras perder el Gobierno roza ya los dos a?s con una gran inc?nita a la vista. Bajo control conservador, con un mandato que expir?en diciembre de 2018 y tras haber repartido desde entonces 57 plazas judiciales de alto nivel [puedes consultarlas aqu?, el ?gano de gobierno de la magistratura lo tiene ya todo dispuesto para un nuevo paso estando en funciones: el nombramiento discrecional y vitalicio de tres magistrados para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS). Es decir, para la c?ula del sistema de impugnaciones de sentencias del ?bito penal dictadas por tribunales de rango inferior.
En plena tempestad por el espionaje a Luis B?cenas, que desde el viernes implica la imputaci? del exministro del Interior del PP Jorge Fern?dez D?z, el ?gano que preside Carlos Lesmes resolver?la inc?nita el ?timo d? del mes. El interrogante se sustenta sobre dos opciones opuestas: la primera, que en el pleno del d? 30 el Consejo ponga nombre y apellidos a los nuevos titulares de las tres plazas del Supremo, vacantes por jubilaci?. O que, por el contrario, decida dejar en espera la cobertura de puestos decisivos para el mapa judicial hasta que un acuerdo parlamentario renueve sus 20 vocal?s, paso previo para la elecci? de quien se sit? a su frente.
El bloqueo de la renovaci? del CGPJ empez?en noviembre de 2018. A punto de finalizar su mandato de cinco a?s, ya hab? un acuerdo parlamentario para renovar el ?gano de gobierno de los jueces. Pero sali?a la luz un whatsapp del entonces portavoz del PP en el Senado y exdirector general del Polic?, Ignacio Cosid? El texto de ese mensaje subrayaba que, aun perdiendo la mayor? en el CGPJ, el PP seguir? controlando la Sala Penal del Supremo "desde detr?". Aquello provoc?la inmediata renuncia de Manuel Marchena a presidir el alto tribunal y el ?gano de gobierno de los jueces, uno de los puntos clave de un pacto que qued?hecho trizas. El PP inici?en aquel momento el segundo bloqueo tras el que hab? formalizado en noviembre de 2007: sin mayor? parlamentaria y bajo el Gobierno de Jos?Luis Rodr?uez Zapatero, el partido conservador ya se neg?entonces a cualquier negociaci? y fren?durante un a? los cambios en la composici? del CGPJ. En septiembre de 2008, hubo por fin acuerdo.
Entre las consecuencias del bloqueo destaca que el dibujo del mapa judicial espa?l contin? as?bajo dominio conservador. Y la situaci? de la Sala de lo Penal del Supremo constituye el paradigma: todos los grandes procesos por corrupci? terminan all? En sus manos acaba tambi? la eventual imputaci? e investigaci? de cargos en activo y otros representantes p?licos -como el rey em?ito- que por el ?bito de su responsabilidad gozan de aforamiento de m?imo nivel. Adem? de diputados, senadores y ministros, esa lista incluye tambi? a quienes ostentan presidencias auton?icas.
Inicialmente fijado para el jueves 24, Lesmes ha optado por posponer una semana el pleno del Consejo. ?Significa esto que de la sesi? del d? 30 saldr? los tres magistrados que distintas partes anticipan como un reforzamiento del car?ter conservador de la Sala de lo Penal o presupone por el contrario que conf? en que los dos grandes partidos, PSOE y PP, se vean forzados a alcanzar un acuerdo? Ninguna de las fuentes consultadas estos d?s por infoLibre se atreve a aventurar una respuesta. Lesmes cuenta con su propio voto y con el de los 11 vocales del sector conservador. Pero algunos expertos creen que tiene tambi? a su alcance el apoyo de al menos un miembro del llamado sector progresista cuyo nombre omite este medio porque no ha logrado recabar su versi?.
De las listas de aspirantes a cada una de las tres plazas, el CGPJ excluy? en julio a dos jueces clave en casos de corrupci?: Eloy Velasco, primer instructor de P?ica, donde se investiga la supuesta financiaci? ilegal del PP de Madrid; y Jos?de la Mata, que instruye la parte de los papeles de B?cenas que la confesi? de Francisco Correa sobre mordidas a cambio de contratos p?licos oblig?a reabrir a comienzos de 2017. Entre quienes han pasado el filtro y prosiguen as?como aspirantes a la Sala Penal del Supremo figuran Concepci? Espejel, presidenta de la sala penal de la Audiencia y recusada en G?tel no por p?dida de independencia pero s?de la apariencia de imparcialidad por el papel desempe?do por PP en su ascenso como vocal del CGPJ; y ?gel Hurtado, que presidi?el juicio a la trama G?tel y fue el miembro del tribunal que qued?en minor? al oponerse a que el PP fuese declarado beneficiario de la trama.
Salvo circunstancias excepcionales, incluso si el ?gano que preside Carlos Lesmes nombra a esos tres magistrados en el pleno del d? 30, ninguno de ellos participar?en ning? tr?ite relacionado con los asuntos que ya est? en el Supremo aguardando una sentencia pr?ima. Entre ellos, el citado caso G?tel, donde el PP conf? en obtener una resoluci? que borre no de las hemerotecas pero s?de los anales jur?icos la dictada por la Audiencia Nacional tras el primer gran juicio a la trama. Justamente aquella de la que discrep?Hurtado. Recurrida por el partido de Pablo Casado y por distintas defensas de los 29 condenados, esa sentencia es la que en mayo de 2018 certific?la existencia de "un aut?tico y eficaz sistema de corrupci? institucional". Certific?asimismo que el PP recib? donaciones que no se hac?n "de modo altruista por algunos empresarios" sino para "pagar favores" y como "contrapartida por adjudicaciones irregulares".
La mayor? de los jueces que con Manuel Marchena al frente integran la Sala de lo Penal se adscriben a la predominante ala conservadora de la judicatura. Entre los 13 miembros que, adem? de Marchena, la integran a d? de hoy figuran el ?timo fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy (Juli? S?chez Melgar), un antiguo senador del PP (Vicente Magro), un magistrado del Opus Dei (Antonio del Moral), un expresidente de la conservadora Asociaci? Profesional de la Magistratura (Pablo Llarena) y el exportavoz de la tambi? conservadora y mayoritaria Asociaci? de Fiscales (Miguel Colmenero).
Las tres vacantes por cubrir estuvieron ocupadas hasta su jubilaci? por Luciano Varela, de signo progresista y que en el juicio del proc? fue quien acu? la tesis de que la actuaci? de los independentistas fue "una farsa"; Jorge Alberto Barreiro, considerado del mismo sector y que fue quien imput? en el caso ERE a los presidentes andaluces Manuel Chaves y Jos?Antonio Gri?n. El tercer juez jubilado es el conservador Francisco Monterde.
Los tres nuevos nombramientos pendientes y sobre los que Lesmes se reserva la posibilidad de cubrir el d? 30 reforzar?n de manera previsible el peso del sector conservador. El presidente del CGPJ, a su vez cabeza del Tribunal Supremo, ya sugiri?el pasado d? 7 durante la apertura del a? judicial que los nombramientos seguir?n adelante. En su discurso de apertura, Lesmes exhort?de nuevo a los partidos a pactar la renovaci?. Pero a rengl? seguido a?di?que paralizar la asignaci? de plazas discrecionales entra?r? "un grave quebranto para la Justicia". Con anterioridad, el magistrado ya hab? enviado tres cartas a las presidencias del Congreso y el Senado para urgir la renovaci? del Consejo.
En julio, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se declar? abiertamente contrario a que el CGPJ efect? cualquiera de los 30 nombramientos discrecionales cuya tramitaci? ha puesto en marcha. "?Deben hacer esos nombramientos? No, rabiosamente no", afirm?Campo en una entrevista con infoLibre. En enero, y tras una reuni? secreta nada m? tomar posesi? de la cartera, Campo logr?que Lesmes paralizase la adjudicaci? para presidencias de TSJ auton?icos, Audiencias Provinciales, plazas del Supremo y puestos de la jurisdicci? militar. Pero la pregunta de si Lesmes seguir?adelante o no permanecer?sin respuesta hasta el pr?imo d? 30.
EL PODER JUDICIAL SEGUIR?NOMBRANDO JUECES CON LA MAYOR? CADUCADA DE RAJOY TRAS BLOQUEAR EL PP SU RENOVACI?
El ?gano de gobierno de los jueces reactiva los nombramientos tras haber designado 43 puestos de la c?ula judicial en la situaci? interina que mantiene desde 2018
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reactiva estando en funciones y con una composici? de mayor? conservadora heredada de la etapa en la que el PP gobernaba con mayor? absoluta la renovaci? de plazas en los principales tribunales. Seis de ellas en el Supremo, donde los nombramientos para magistrados son vitalicios salvo renuncia de la persona interesada. Los dem? altos cargos ?incluidos los presidentes de sala del Alto Tribunal? tienen una duraci? de cinco a?s prorrogables una vez.
La mayor? del PP en un Poder Judicial en funciones: 43 nombramientos en un a?, 12 en el Supremo
La negativa del l?er del Partido Popular, Pablo Casado, a alcanzar un acuerdo para la renovaci? de los ?ganos judiciales tiene una consecuencia muy concreta a finales del mes de septiembre: el actual CGPJ, que deb? haber sido renovado en diciembre de 2018, votar?a los magistrados para tres plazas de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que entiende de las causas contra aforados; y las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Audiencia Provincial de Ourense.
A finales del pasado julio, y ante la existencia de negociaciones entre el Gobierno y el PP para la renovaci? del CGPJ, la mayor? del pleno vot?a favor de sacar del orden del d? la votaci? de estos nombramientos discrecionales. Seg? inform?el Consejo en un comunicado, la decisi? se tom?por "razones de prudencia" ante la confirmaci? de la existencia de esas conversaciones. Pero en el transcurso de aquella reuni?, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, advirti?de que en el caso de que la negociaci? para la renovaci? fracasase se retomar?n esas votaciones en el siguiente pleno, que se celebrar?probablemente el 24 de septiembre.
Para la elecci? de magistrados es necesaria una mayor? de 13 votos de los 20 vocales con los que cuenta el CGPJ, a los que se suma el presidente. La corriente conservadora no alcanza esa cifra, de ah?que pese a la mayor? de miembros propuestos por el PP, la elecci? de magistrados siempre est? precedida de una negociaci?. El bloqueo de Pablo Casado a renovar el CGPJ solo deja dos opciones: una negociaci? en posici? ventajosa para el bloque conservador, pese a que la actual composici? del Consejo deber? haber cambiado por mandato constitucional hace 20 meses; o que los progresistas voten en contra de los nombres propuestos y las plazas sigan vacantes.
43 puestos en funciones
De continuar el bloqueo, la renovaci? de plazas por parte de un Consejo en funciones podr? ampliarse en los pr?imos meses. La comisi? permanente del CGPJ anunci?este jueves que ya hab? fijado las fechas en septiembre para entrevistar a los candidatos a presidir otras tres salas del Supremo: la de lo Contencioso, donde se ven los pleitos contra la Administraci?; la de lo Social, encargada de examinar conflictos laborales; y la de lo Militar.
Tambi? est? fijadas las entrevistas para cubrir otras cinco plazas, entre ellas las presidencias del Tribunal Superior de Justicia del Pa? Vasco, de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y de la Audiencia de C?eres. El procedimiento establece que, tras las entrevistas, la comisi? permanente propone una terna de candidatos para cada puesto y el pleno vuelve a tener la ?tima palabra.
Un Consejo interino y que nada tiene que ver con la actual composici? de las Cortes Generales encargadas de designar a sus vocales ?desde que se eligi?se han celebrado cuatro elecciones generales? ha acordado hasta el momento la renovaci? de 43 puestos de alto nivel en los principales tribunales. Doce de ellos en el Supremo, dos en la Audiencia Nacional, 14 en los tribunales superiores auton?icos y 15 en audiencias provinciales.
Tras reunirse con el presidente del Gobierno, el l?er del PP asegur?que hab? puesto como condici? para renovar el ?gano de gobierno de los jueces y llegar a cualquier otro acuerdo de Estado que Unidas Podemos salga del Ejecutivo. Al d? siguiente, el nuevo portavoz nacional del PP, Jos?Luis Mart?ez-Almeida, dijo en cambio que Casado hab? propuesto a S?chez un cambio en el sistema de elecci? de vocales del CGPJ, pese a que en julio las negociaciones se movieron en una renovaci? con el modelo actual.
Tambi? con este sistema el PP pact?el ?timo intento de renovaci? que salt?por los aires en noviembre de 2018 tras filtrarse un mensaje en el que el entonces portavoz del partido en el Senado, Ignacio Cosid? aseguraba que con el nombramiento del juez Manuel Marchena ?que era el nombre pactado con el Gobierno de S?chez en su primera legislatura, cuando no gobernaba con Unidas Podemos? se controlar? "por detr?" la sala II del Supremo. Finalmente, Marchena renunci?y presidi?el tribunal que juzg?el proc?. Precisamente el magistrado Marchena es uno de los jueces que han renovado su plaza, en este caso la de presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, con este Consejo interino.
"Fuera del marco constitucional"
La Uni? Progresista de Fiscales lament?recientemente en un comunicado la decisi? del PP de "continuar con su negativa a renovar los miembros de tres de las m? importantes instituciones democr?icas", lo que supone "no acatar las leyes" que las regulan y afecta "directamente" a su "letigimidad". "Nos coloca fuera del marco constitucional", se?la el colectivo de fiscales, que insta al CGPJ a dejar de hacer nombramientos y a actuar de forma similar a como lo har? un Gobierno en funciones, que tiene vetado por ley nombrar o cesar altos cargos salvo en casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de inter? general justificadas.
Otras asociaciones como la minoritaria Foro Judicial Independiente han calificado de "inaceptable" la decisi? del CGPJ de paralizar los nombramientos de jueces y han pedido que se sigan realizando "para la buena marcha de la Administraci? de Justicia". "No resulta aceptable que la elecci? de los magistrados del Tribunal Supremo obedezca a intereses partidistas, siendo los propios elegidos los principales damnificados por la actuaci? del CGPJ", expuso en un comunicado. Esta asociaci? recuerda que entre 2006 y 2008, cuando el CGPJ estuvo en funciones casi dos a?s, se hicieron nombramientos de jueces.
Este lunes se celebra en el Tribunal Supremo el acto solemne de la apertura del a? judicial. Carlos Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de Jos? Mar? Aznar y est?al frente del ?gano de gobierno de los jueces desde 2013, pronunciar?su s?timo discurso de inicio de curso en los tribunales ante el rey, la fiscal general del Estado, el ministro de Justicia y la Sala de Gobierno del Supremo. Ser?el segundo estando en funciones. El a? pasado hizo referencias a la "etapa final" de su mandato y urgi?a los partidos a la renovaci? del Consejo, que no ha sido posible por la falta de acuerdo pol?ico.
Estas negociaciones y el inicio del curso pol?ico est? marcadas inevitablemente por la moci? de censura anunciada por Vox para septiembre. El movimiento del partido de Santiago Abascal ha trastocado la estrategia del PP, pues, previsiblemente, todo el foco medi?ico tras el par? estival estar?centrado en la iniciativa de la extrema derecha. Esta cita tambi? ha hecho que sea m? complicado para el partido de Pablo Casado articular un discurso duro contra el Gobierno cuando hab? trascendido que estaba negociando con Pedro S?chez cuestiones de calado como la renovaci? de ?ganos constitucionales.
CASADO ACEPT?EN UN ?WHATSAPP? A S?CHEZ RENOVAR EL PODER JUDICIAL
El PP admite la negociaci? y dice que se trunc?el 14 de agosto por el ataque de Podemos a la monarqu?
Todo empez?en julio. Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, y Enrique L?ez, encargado del PP de esta ?ea, ya hab?n hablado mucho de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esta vez s?parec? que hab? agua. As? que Pedro S?chez escribi?a Pablo Casado, con el que tiene m? contacto discreto del que parece. Le envi?un WhatsApp pregunt?dole si era cierta esa posibilidad de acuerdo. Casado le contest?por la misma v? que s? que quer? un pacto para renovar todos los ?ganos constitucionales, seg? fuentes de la negociaci?. En agosto hab? principio de acuerdo con algunos nombres. Pero Casado se ech?atr?.
Esta vez iba en serio. Despu? del intercambio de mensajes con el presidente, Casado design?una persona de su m?ima confianza, que no era Enrique L?ez, para cerrar los detalles con La Moncloa. Una negociaci? directa y discreta entre los dos l?eres y sus entornos, para que luego remataran Campo y L?ez.
Desde ese momento, en la semana del 20 de julio, todo fue bien. El acuerdo era inminente. Adem? de las reuniones preparatorias de Campo y L?ez, hubo hasta 12 contactos telef?icos en julio y agosto entre los equipos de Casado y S?chez. Y tres reuniones presenciales, todo con gran discreci?. Hubo muchos contactos a todos los niveles.
En agosto se lleg?a un principio de acuerdo sobre todo: renovaci? del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del consejo de RTVE y del Defensor del Pueblo. Con algunos nombres ya encima de la mesa, seg? estas fuentes. Solo faltaba rematarlo con todos los detalles. Pero Casado, justo despu? de que Cayetana ?varez de Toledo desvelara el d? de su destituci?, el 17 de agosto, que el pacto estaba ultimado, se ech?para atr?.
El PP, que no admite que el pacto estuviera tan cerrado aunque s?la intenci? inicial, asegura que lo que cambi?es la actitud de Unidas Podemos en agosto, cuando estall?el esc?dalo por la salida del rey Juan Carlos de Espa? ante las noticias sobre sus cuentas opacas. Y niega rotundamente que las declaraciones de ?varez de Toledo tuvieran ninguna relevancia. Pero varias fuentes tanto del PSOE como del PP creen que s?fueron definitivas porque dejaban al l?er en un lugar delicado.
El PP ha hecho p?lico hoy un comunicado en el que d?detalles para desmentir la idea de que la destituci? de ?varez de Toledo tuviera relaci? con la marcha atr?. El texto se?la que Casado comunic?a S?chez el cambio el 14 de agosto, tres d?s antes de la destituci? de la portavoz. El comunicado admite el whatsapp inicial y la negociaci? y explica el cambio: ?El 3 de agosto, la Casa Real anunci?a salida de Espa? del Rey Don Juan Carlos, lo que motiva un intolerable ataque del vicepresidente segundo del Gobierno al Rey Don Felipe. El l?er de la oposici? no fue en ning? momento informado por el presidente del Gobierno, y transmiti?a Moncloa que el pacto de renovaci? institucional no pod? avanzar con el Gobierno arremetiendocontra la Jefatura del Estado. El 11 de agosto, Podemos fue imputado por financiaci? irregular mientras intensificaba sus cr?icas al Poder Judicial, a la Monarqu?, y ped? un gobierno con Bildu en el Pa? Vasco y un pacto presupuestario con Esquerra a cambio de retomar la mesa de autodeterminaci? de Catalu?. Por todo ello, el 14 de agosto Pablo Casado transmiti?al Gobierno, a trav? de una reuni? presencial de sus interlocutores, que no se pod? acordar la renovaci? de las instituciones del Estado si Podemos ten? cualquier papel en ella. El 2 de septiembre, el presidente del Partido Popular se lo comunic?personalmente al presidente del Gobierno en la Moncloa y lo hizo p?lico en una larga comparecencia de prensa?, se?la el PP.
Casado ha dejado muy claro, tanto en p?lico como en privado, a trav? de su equipo ?el ?timo contacto con La Moncloa fue el 31 de agosto? que el pacto es inviable mientras est?Unidas Podemos en el Gobierno. En la rueda de prensa del mi?coles, el l?er del PP se?l?que las cosas hab?n cambiado en agosto por la actitud de Unidas Podemos. Desde la salida de Juan Carlos I y la imputaci? del partido por una denuncia sobre supuesta financiaci? irregular, Pablo Iglesias ha atacado a la justicia y la Monarqu? de una forma inasumible para el PP, se?lan en este partido.
Sin embargo, Iglesias est?en el Ejecutivo desde enero y siempre ha mantenido una posici? cr?ica con los esc?dalos de Juan Carlos I y dura con la justicia, hasta el punto de que hubo un reproche del Consejo General del Poder Judicial, y el PP negoci?el acuerdo en julio y agosto.
?Qu?ha cambiado? Seg? la versi? oficial del PP, que Unidas Podemos ha endurecido su postura y se lo ha puesto muy dif?il a Casado. Seg? algunas fuentes de este partido, que el jefe de la oposici? se vio desnudo ante el sector m? duro, sobre todo medi?ico, despu? de que su portavoz desvelara el acuerdo, y tuvo que dar marcha atr?.
Es algo que ya sucedi?en el anterior acuerdo, en 2019. Cuando se conoci?el pacto, Casado sufri?cr?icas muy fuertes de la derecha. Ya estaba pensando en dar marcha atr?, como le ped?n en su entorno, pero no fue necesario: el propio juez Manuel Marchena, el presidente del Poder Judicial que hab?n pactado S?chez y Casado, renunci?a la batalla al publicarse un mensaje del portavoz del PP, Ignacio Cosid? en el que le contaba a sus senadores que con Marchena el PP iba a ?controlar la sala segunda por detr??. El pacto se fue al garete y los m? duros del PP respiraron tranquilos. El negociador de entonces de los populares, Rafael Catal? qued?achicharrado internamente.
Gran discreci?
Esta vez, S?chez y Casado llevaban la negociaci? con gran discreci?, pero informaron a Carlos Lesmes, presidente del Poder Judicial, un conservador que presiona hace meses para que se renueve un ?gano que en diciembre cumplir?dos a?s fuera de plazo, el r?ord hasta ahora. El anterior tambi? fue con el PP en la oposici?: dos a?s de bloqueo. Algunas fuentes consultadas se?lan que a este ritmo el PP ya se habr?apropiado por la puerta de atr? de un mandato entero del Poder Judicial ?cinco a?s? con una mayor? que seg? la Constituci? no le correspond?.
En el pleno del Consejo General del Poder Judicial del 28 de julio, Lesmes les dijo a sus 20 miembros: ?Tengo informaci? certera de ambas partes de que es inminente el acuerdo. Por eso creo que lo mejor es aplazar los nombramientos?, seg? fuentes del CGPJ.
Llevaban parados desde enero, cuando hubo un primer intento de acuerdo entre Campo y L?ez. Los consejeros ten?n la previsi? de que el pacto se anunciar? a finales de agosto, ellos estar?n a? en la apertura del a? judicial ?que se celebra este lunes? y despu? ser?n renovados. Varios consejeros detectaron este verano movimientos de todo tipo para la renovaci?, con el secretario general del PP, Teodoro Garc? Egea, tambi? encima de la negociaci? de nombres. Pero la marcha atr? de Casado deja las cosas en una situaci? compleja. Lesmes ha propuesto retomar los nombramientos pendientes desde hace casi un a?. Hay tres vacantes esperando en la trascendental sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Es la que juzga el proc? y todos los grandes casos de corrupci?, desde Urdangar? a Rato pasando por G?tel. Y empieza a tener problemas para componer salas cuando hay recusaciones, que es casi siempre. Ahora mismo, si Carles Puigdemont volviera a Espa?, tendr?n problemas para componer una sala que lo juzgara. Desde noviembre de 2019, ya hay 29 candidatos examinados por el CGPJ para esas vacantes.
Si el bloqueo sigue y vuelven los nombramientos, el sector conservador podr? controlarlos. Aunque necesitar?13 votos, con lo que los progresistas podr?n bloquear alguno. En el mundo judicial, donde se han producido las presiones m? intensas para que Casado renovara los ?ganos constitucionales, casi nadie cree que el l?er del PP vaya a mantener otros tres a?s largos el bloqueo, como se deduc? de sus palabras el mi?coles ?dijo que no habr?renovaci? mientras Unidas Podemos tenga algo que ver en ella, por tanto mientras est?en el Gobierno?. Pero despu? de dos fiascos seguidos con el mismo recorrido ?acuerdo discreto, revelaci?, presi? de la derecha, marcha atr?? nadie se atreve ya a hacer apuestas.
EL CGPJ DEJA FUERA DE LA LISTA A 2 JUECES DE CASOS DE CORRUPCI?
La Comisi? Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves las listas de candidatos a las tres plazas de magistrado que han quedado vacantes en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, unas ternas que se han elaborado tras escuchar los proyectos de todos los candidatos el pasado mes de diciembre y que incluyen a seis magistrados de la Audiencia Nacional.
Entre los aspirantes excluidos destacan dos jueces de instrucci? de este ?gano, Jos?de la Mata ?que actualmente instruye varias de las causas de mayor complejidad en la Audiencia Nacional, como son los casos Pujol, los papeles de B?cenas y el 3 por ciento en Catalu??; y la ex concejal del PP en Madrid Mar? Tard?.
No obstante, ambos pueden ser propuestos por cualquier vocal del Pleno para que su nombre vuelva a estar entre los considerados al puesto, seg? han se?lado a Europa Press fuentes de ?gano de gobierno de los jueces. Tambi? ha quedado fuera Eloy Velasco, que fue quien inici?la instrucci? de los casos P?ica y Lezo.
Entre los que s?han pasado este primer filtro est?el propio presidente de la Audiencia Nacional, Jos?Ram? Navarro, as?como ?gel Hurtado, que fue el juez de G?tel contrario a condenar al PP como part?ipe a t?ulo lucrativo.
Se suman a las ternas hechas p?licas por la Comisi? Permanente varios jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como Juan Ram? S?, Teresa Palacios y Manuela Francisca Fern?dez Prado, a los que se suma la presidenta de este ?gano, Concepci? Espejel, cuyo nombre suena seguro para ocupar una de las tres plazas vacantes.
Otros candidatos que suenan con fuerza son el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalu? (TSJC), Jes? Mar? Barrientos, y el magistrado de este ?gano Javier Hern?dez, seg? las fuentes consultadas.
El resto de candidatos en pasar el primer filtro del CGPJ son Joaqu? Delgado (actualmente Audiencia Provincial de Madrid), Lorenzo Jes? Del R? Fern?dez (TSJ de Andaluc?), Mar? del Rosario Esteban (Audiencia Provincial de Madrid), Mar? Dolores Hern?dez Rueda (Audiencia Provincial de Valencia), Leopoldo Puente Segura (TSJ Madrid), Mar? Pilar Rasillo (Audiencia Provincial de Madrid), Eduardo de Urbano (Audiencia Provincial de Madrid).
Requisitos
Las tres plazas, correspondientes al turno general, est? reservadas a miembros de la Carrera Judicial con categor? de magistrado, en situaci? administrativa de servicio activo o de servicios especiales y con diez a?s de antig?dad en esa categor? y no menos de quince en la Carrera.
Las convocatorias obedecen a la jubilaci? del magistrado que form?parte del tribunal que juzg?el "proc?" independentista en Catalu? Luciano Varela, efectiva desde el pasado 14 de octubre; y a las de Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde Ferrer.
TSJ Canarias y Audiencia de Ourense
Por otra parte, los magistrados que integran la terna de candidatos a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, vacante por vencimiento del mandato de su actual presidente, Antonio Doreste, son: Pedro Joaqu? Herrera Puentes (Audiencia Provincial de Las Palmas), Juan Luis Lorenzo Registro Civil de Santa Cruz de Tenerife), y Jos?F?ix Mota Bello (Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife)
Finalmente, los jueces que integran la terna de candidatos a presidir la Audiencia Provincial de Orense, vacante por vencimiento del mandato de su actual presidente son Ana Mar? Blanco Arce (Audiencia Provincial de Ourense) y Antonio Pi? Alonso, que aspira a su reelecci?.
El bloqueo del PP garantiza el control conservador del ?gano de gobierno de los jueces y del TC al inicio de otro curso judicial
La negativa de Casado a negociar con el Gobierno empantana la renovaci? del Consejo General de Poder Judicial, paralizada hace dos a?s tras la difusi? de un 'whatsapp' donde su partido se jactaba de que el Tribunal Supremo estar? bajo su control Los por ahora insalvables obst?ulos apuntan a que el Tribunal Constitucional resolver?los recursos del 'proc?' estando en funciones cuatro de sus 12 integrantes
El whatsapp del PP cuya difusi? bloque?en noviembre de 2018 la renovaci? del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha garantizado al sector conservador de la judicatura mantener por segundo a? consecutivo su dominio en el tercer poder del Estado. Aquel mensaje, donde el PP se jactaba de haberse asegurado el control de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo "desde detr?", hizo trizas lo que ya era un pacto cerrado para renovar el CGPJ. El acuerdo rebajaba el peso del PP en la nominaci? parlamentaria de los 20 vocales del CGPJ, el ?gano de gobierno que dibuja el mapa de la magistratura mediante el reparto de los puestos decisorios.
Fijado para este lunes el acto solemne que abre el nuevo a? judicial y tras la negativa tajante de Pablo Casado a negociar con el Ejecutivo de Pedro S?chez, el CGPJ sigue sin visos de salir de una fase de interinidad que el 4 de diciembre cumplir?dos a?s. Entre las figuras habituales en el acto de apertura del curso aparece el magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal del Supremo y que en noviembre de 2018 renunci?de manera fulminante a dirigir el CGPJ y el alto tribunal en cuanto se conoci?aquel whatsapp del PP. El bloqueo afecta igualmente al Tribunal Constitucional (TC) ?un tercio de cuyos 12 miembros est?pendiente de renovaci? desde noviembre? as?como al Tribunal de Cuentas, tambi? bajo dominio conservador y encargado de velar por la legalidad del gasto p?lico. Salvo viraje inesperado, el TC resolver?en situaci? de interinidad y con mayor? conservadora los recursos de los condenados del proc?.
Para la renovaci? de los miembros del CGPJ y del TC cuya elecci? depende del Congreso se requiere el voto de tres quintas partes de la C?ara (210 votos). Si el PP se mantiene enrocado en el bloqueo, socialistas y Unidas Podemos (155 esca?s entre ambos) necesitar?n encontrar otros 55 votos. Y esa no parece una tarea f?il.
Bajo la batuta de su presidente, Carlos Lesmes, todo apunta a que el CGPJ (12 votos del sector conservador, contando el de Lesmes, frente a nueve del llamado ala progresista) no va a tirar la toalla en cuanto a proseguir la asignaci? de altos cargos de manera discrecional. Durante el a? y medio que lleva en funciones, ya ha efectuado nada menos que 57 nombramientos de alto nivel para cubrir 12 plazas del Supremo, 13 en Tribunales Superiores (TSJ) auton?icos y 14 presidencias de Audiencias Provinciales. Ahora, otros 30 puestos est? en espera.
El 28 de julio, el Consejo meti?en el congelador los cinco nuevos nombramientos previstos para ese d?, entre ellos tres del Supremo. Lo hizo ante "la confirmaci?" de que PSOE y PP estaban negociando. Dos semanas antes, Lesmes hab? enviado un tercer escrito a los presidentes del Congreso y el Senado donde les advert? que efectuar los cambios en la composici? del Consejo es un mandato legal insoslayable.
Cuando el CGPJ volvi?a dejar en el caj? los nombramientos, PSOE y PP estaban en efecto negociando en torno a una mesa. Y quienes capitaneaban el di?ogo eran el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y su hom?ogo en el Gobierno madrile?, el consejero Enrique L?ez, responsable de ese ?ea en el PP. Pero una vez que Cayetana ?varez de Toledo fue defenestrada en agosto como portavoz parlamentaria y proclam?en p?lico su oposici? a un acuerdo que vino a calificar de inminente, Casado tumb?la mesa. No negociar?nada con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.
Ahora, la formaci? conservadora a?de a su lista de bloqueo un nuevo argumento esgrimido desde hace d?adas por asociaciones judiciales, pero nunca asumido por ning? Ejecutivo, ni del PSOE ni del PP: que la renovaci? de los miembros del CGPJ dependa de los jueces y no del Congreso y el Senado. El whatsapp de quien en 2018 ostentaba la portavoc? del PP en el Senado, el exdirector general de la Polic? Ignacio Cosid? asest?sin duda un mazazo a la vulnerable imagen de independencia del tercer poder del Estado. ?Mejorar? esa imagen si fuesen los jueces, salidos de una dura oposici? que en la pr?tica exige a?s de dedicaci? casi plena al estudio, quienes sin la intervenci? directa o indirecta de las urnas decidieran qui?es de ellos han de gobernarlos a trav? del CGPJ? La pregunta nunca ha dejado de estar en presente en el debate.
?Volver? los nombramientos este mes?
Fuentes jur?icas remarcan que Lesmes ha ido aumentando su influencia entre algunos de los nueve vocales que conforman la minor? del CGPJ, lo que le permite llegado el caso contar con ciertos votos del sector progresista. Salvo que los nueve se plantearan una dimisi? en bloque, opci? que se perfila hoy remota. Para empezar, el n?leo duro de Lesmes ?la comisi? permanente? ya ha programado para la semana que comienza este lunes 7 de septiembre las comparecencias de los candidatos a cubrir las presidencias de tres Salas del Supremo: la de lo Contencioso (Tercera), lo Social (Cuarta) y lo Militar (Quinta). Y a lo largo del mes desfilar? tambi? ante la permanente los aspirantes a presidir el Tribunal Superior de Justicia del Pa? Vasco, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc? (sede de M?aga) y la Audiencia Provincial de C?eres.
?Resolver?de inmediato sobre todos esos nombramientos el pleno del Consejo, que se celebra el ?timo jueves del mes? Los portavoces oficiales del Consejo no lo confirman. Ni lo desmienten, de forma que permanece abierta la posibilidad de que, a diferencia de lo que sucede con cualquier Gobierno en funciones, el CGPJ vuelva a hacer uso de sus potestades legales y act? como si su mandato no hubiese expirado en diciembre de 2018. A ello ya se han opuesto tanto Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) como la Uni? Progresista de Fiscales (UPF).
En julio, durante una entrevista con infoLibre, el ministro de Justicia expres?de manera inequ?oca su posici?: "?Deben hacer esos nombramientos? No, rabiosamente, no". Ahora, Justicia declina cualquier pronunciamiento. Y en el archivo de sentencias judiciales queda el voto particular con que dos magistrados del Supremo alertaron en junio de que la pol?ica sobre nombramientos discrecionales que aplica el actual CGPJ constituye "uno de los principales factores de la deslegitimaci?" del sistema judicial ante la ciudadan?.
La inc?nita del magistrado detenido por supuesta violencia de g?ero
En lo que respecta al Tribunal Constitucional, integrado por 12 miembros, est?pendiente la renovaci? de los cuatro que corresponde elegir al Congreso una vez que su mandato de nueve a?s concluy?en noviembre de 2019. Han de salir el presidente, Juan Jos?Gonz?ez Rivas; la vicepresidenta, Encarnaci? Roca, y los magistrados Fernando Vald? Dal-R?y Andr? Ollero.
En lo que constituye un hecho in?ito, Vald? fue detenido el 10 de agosto por un supuesto delito de violencia de g?ero y puesto en libertad al d? siguiente. Ahora, se encuentra en espera de que, previsiblemente la pr?ima semana, la Fiscal? emita un informe que decidir?el rumbo de la causa, ya en manos del Tribunal Supremo. Vald? permanece en su cargo y, hasta ahora, no ha dado ning? paso que apunte hacia una dimisi?. Hasta ahora, los problemas con la justicia solo han provocado en el TC una dimisi?: la de Enrique L?ez, que abandon?el tribunal y pas?a la Audiencia Nacional tras ser interceptado por la Polic? Municipal de Madrid mientras conduc? una moto sin casco y con una tasa de alcoholemia superior a la permitida.
En realidad, los nueve a?s de permanencia en el TC que determina el art?ulo 159 de la Carta Magna no finalizan hasta julio de 2021 para los cuatro cuyo relevo en el cargo se mantiene bloqueado. Porque los cuatro tomaron posesi? en julio de 2012. Pero, como explican fuentes del tribunal, "el plazo [de los nueve a?s] se cuenta desde la fecha en que deb? haberse hecho la renovaci? del grupo al que sustituyeron y no desde aquella en que se hizo efectiva". As?es desde la reforma derivada de una ley org?ica de 2007 que aprobaron el PSOE y el PP. Pero lo que persiste inalterable es el mandato legal de renovar de los ?ganos constitucionales. Como el TC y el CGPJ.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/09/07/cgpj_110600_1012.html
EL PODER JUDICIAL RETOMA LA SELECCI? DE ALTOS CARGOS TRAS EL FRACASO DE LA NEGOCIACI? PARA SU RENOVACI?
El Consejo reactiva las entrevistas a los candidatos a ocupar los puestos clave de la carrera
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva en funciones m? de 20 meses, ha anunciado este jueves que retoma a partir de la pr?ima semana los procesos para nombrar a los cargos discrecionales de los tribunales espa?les. El ?gano adopta esta decisi? despu? de que, el pasado julio, anunciase que retiraba del orden del d? la votaci? para elegir a cinco de ellos ante la ?confirmaci?? de que exist?n negociaciones entre los grupos parlamentarios para la renovaci? de la instituci?. Unas conversaciones que el l?er del PP, Pablo Casado, ha frenado en seco en las ?timas semanas.
A trav? de un escueto comunicado, el ?gano de gobierno de los jueces ha informado de que este septiembre vuelve a poner en marcha las entrevistas de los candidatos a las presidencias de las Salas Tercera, Cuarta y Quinta del Tribunal Supremo; del Tribunal Superior de Justicia del Pa? Vasco; de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional; de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias; de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc? (con sede de M?aga); y de la Audiencia Provincial de C?eres. Las comparecencias comienzan el pr?imo martes.
Este mismo mi?coles, durante el encuentro que mantuvieron el presidente Pedro S?chez y Casado en La Moncloa, el dirigente del partido conservador transmiti?al jefe del Ejecutivo que no renovar?los ?ganos constitucionales mientras Unidas Podemos tenga algo que ver en esa negociaci?. Una posici? que los socialistas califican de ?obstruccionista?. ?Hay un Gobierno leg?imo que el se?r Casado directamente no quiere aceptar?, carga Mar? Jes? Montero, ministra de Hacienda. ?La actitud facha del PP es una provocaci? a lo establecido en la Constituci? y un ataque a los principios b?icos de la democracia?, a?de Od? Elorza, diputado del PSOE por Gipuzkoa y exalcalde de San Sebasti?.
La renovaci? del CGPJ lleva enquistada casi dos a?s. Desde que salt?por los aires despu? de que se filtrara un mensaje de WhatsApp de Ignacio Cosid? entonces portavoz popular en el Senado, donde presum? de que controlar? la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al proponer como presidente del Poder Judicial al juez Manuel Marchena. Tras publicarse ese texto, el magistrado renunci?a ocupar ese cargo y el PP decidi?reventar el pacto que ya hab? cerrado con el PSOE. Desde ese momento, las conversaciones entre ambas fuerzas se han sucedido, pero no han logrado materializarse. Fuentes de los dos partidos confirman que este septiembre podr? haber visto la luz un nuevo acuerdo, pero Casado orden?frenarlo.
A trav? de cuatro cartas, el propio Consejo ha recordado a los partidos que la Constituci? los ?obliga? a renovar el ?gano tras cumplir su mandato. Incluso, como medida de presi?, paraliz?los nombramientos discrecionales en enero de 2020, aunque los retom?en mayo a la vista de que el bloqueo prosegu?. Posteriormente, el pasado 28 julio, difundi?un comunicado donde revelaba que hab? retirado del orden del d? el debate y votaci? de cinco cargos: tres plazas de magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo, uno de los puestos m? cotizados de la carrera; la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la presidencia de la Audiencia Provincial de Ourense.
Seg? afirm?el CGPJ, lo hizo ?ante la confirmaci? de la existencia de negociaciones entre los grupos parlamentarios para la renovaci? del ?gano?. Un anuncio que presagiaba un posible desbloqueo, que finalmente ha quedado en nada. Pese a ello, un grupo de fiscales inst?este lunes a los partidos a cerrar un nuevo acuerdo y se?l?que incumplir este mandato previsto en la Ley Fundamental ?nos coloca fuera del marco constitucional?.
DOS JUECES DEL SUPREMO ALERTAN DE QUE LOS NOMBRAMIENTOS DISCRECIONALES DEL CGPJ "DESLEGITIMAN" EL SISTEMA JUDICIAL
Brecha interna por la sentencia que, por tres a dos votos, reafirma la designaci? como magistrado de la Sala III del antiguo director de gabinete de Carlos Lesmes, presidente del Poder Judicial y del propio Supremo Los dos jueces discrepantes temen que pueda tener "un efecto devastador" para muchos miembros de la judicatura: puede llevarles a creer que su trabajo "no ser? ponderado en condiciones de igualdad"
El soterrado pero agrio debate sobre los nombramientos discrecionales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha traspasado ya incluso los muros del Tribunal Supremo (TS) para abrir una brecha interna. Hace justo una semana, dos de sus magistrados lanzaron por escrito una alerta in?ita: la actuaci? que sobre la asignaci? de plazas de alto nivel est?siguiendo el CGPJ es "una de las cuestiones que m? pol?ica social han suscitado en torno a dicho ?gano constitucional". Y constituye "uno de los principales factores de la deslegitimaci?" del sistema judicial ante la ciudadan?.
Los entrecomillados del anterior p?rafo pertenecen al voto particular con que dos miembros de la Sala de lo Contencioso del Supremo se desmarcan de una sentencia que ha roto la baraja del acuerdo. Ambos, Nicol? Maurandi y Segundo Men?dez, expresan en ese voto su absoluta disconformidad con la sentencia que por tres votos a dos ha ratificado el nombramiento de un juez con el que literalmente comparten espacio desde hace dos a?s: Dimitry Berberoff, que hab? sido director del gabinete t?nico del Supremo, cuya misi? consiste en dar asistencia al presidente del tribunal ?en este caso, Carlos Lesmes? y a las salas. El magistrado ocup?ese cargo hasta que el CGPJ, igualmente presidido por Lesmes, le design?magistrado de lo Contencioso el 24 de julio de 2018.
Frente a los tres magistrados que respaldan la sentencia favorable a Berberoff, los dos autores del voto particular sostienen en cambio que, pese a su car?ter discrecional, el CGPJ se ha saltado "el derecho fundamental a la igualdad". Y su gran reproche a la sentencia con la que rompen amarras es que ha asumido una tesis que Maurandi y Men?dez ven inaceptable: la de que el ?gano de gobierno de los jueces goza de "una libertad tan extensa" que se traduce en la posibilidad de nombrar a quien decida sin necesidad de justificar que tambi? fue analizada la trayectoria de los restantes candidatos "siguiendo las mismas pautas cualitativas de evaluaci?". Y sin necesidad, tampoco, de "reflejar cu? fue el resultado que cada uno de ellos obtuvo en ese examen comparativo". Una vez trazadas las l?eas maestras de su razonamiento, los dos magistrados disparan un aut?tico misil: la sentencia dictada en favor de Berberoff "puede causar un efecto devastador en la carrera judicial". Porque puede llevar a muchos jueces a la convicci? de que "el esfuerzo por realizar bien su trabajo jurisdiccional no ser? ponderado en condiciones de igualdad".
Cuando en julio 2018 el CGPJ eligi?a Berberoff para la plaza vacante en la Sala de lo Contencioso del Supremo ya hab? aflorado la pol?ica de los nombramientos discrecionales. Pero en los ?timos tiempos ha visto afilarse sus aristas porque el CGPJ permanece en funciones desde diciembre de ese a?. Lo que congel?entonces su renovaci? fue que saliera a la luz un whatsapp donde el PP se jactaba de que perder la mayor? en el consejo al haber cambiado la correlaci? de fuerzas en el Parlamento no le privar? de seguir controlando "desde detr?" la Sala Penal del Supremo. La difusi? de aquel mensaje provoc?la renuncia inmediata de quien iba a convertirse en nuevo presidente del Consejo, Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal del Supremo. A partir de entonces y con un PP cerrado a negociar un nuevo pacto, el ?gano de gobierno de los jueces lleva a? y medio bloqueado. Desde entonces y bajo dominio conservador, ha asignado 57 plazas judiciales de alto nivel. Y se prepara ahora para distribuir otras 30: cinco en julio y 25 a partir de septiembre. Los vocales conservadores suman 11 sobre un total de 20.
En medio de un escenario donde la mayor? conservadora del Consejo prosigue un avance que dejar?dibujado buena parte del mapa judicial, emerge ahora la sentencia con la que Maurandi y Men?dez marcan una distancia kilom?rica. Fechada el 11 de junio, la sentencia ha ratificado un nombramiento ?el de Berberoff? que hab? sido impugnado por un rival que adujo la vulneraci? de los principios de igualdad, m?ito y capacidad. Ese rival es el juez que en la Audiencia Nacional preside una de las secciones de lo Contencioso, Jes? Mar? Calder?.
Entre los tres votos favorables que han inclinado la balanza de la sentencia en favor de Berberoff se cuenta el de Luis Mar? D?z Picazo, presidente de la mencionada Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. D?z Picazo lleg? en 2015 a la c?ula del ?ea que tras la Sala Penal posee mayor peso pol?ico por cuanto es la que dirime todos los recursos que llegan contra decisiones administrativas del Gobierno, las comunidades aut?omas o los ayuntamientos. Su ascenso se produjo gracias al impulso de Lesmes: apoy?dose en la mayor? conservadora, el m?imo responsable del CGPJ cerr? la puerta a la reelecci? del entonces presidente de la sala para un segundo mandato. El defenestrado, Jos?Manuel Sieira, lleg?a hacer entonces p?lica una afirmaci? inesperada: "El Consejo General del Poder Judicial no puede convertirse en un palacio de intrigas".
La sentencia que avalan D?z-Picazo y los magistrados Jorge Rodr?uez-Zapata y Eduardo Esp? no cuestiona la val? profesional de Calder?. Su argumento central reside en que el Consejo "conserva un margen de discrecionalidad indudable". Y que el nombramiento de Berberoff cumpli?todos los requisitos legales. La sentencia lo expone as? "La motivaci? [del nombramiento] pone de manifiesto en forma extensa y detallada el alto grado de excelencia que concurre en el candidato que, en una valoraci? conjunta determin?el nombramiento, lo que entra en el margen de valoraci? discrecional del Consejo, por lo que no incurre en d?icit alguno de motivaci?".
En el procedimiento, los intereses de Berberoff estuvieron representados por un prestigioso letrado, Nicol? Gonz?ez-Cu?lar. Coautor junto con el magistrado Manuel Marchena de algunas obras de an?isis jur?ico, Gonz?ez-Cu?lar salt?a los titulares en diciembre pasado cuando, como cabeza visible de la asociaci? de abogados Movimiento 24.2, anunci?una querella por prevaricaci? contra el abogado del Estado que dirigiese a la Sala de lo Penal del Supremo un escrito con la solicitud de dejar libre al independentista Oriol Junqueras.
La de ahora no es esta la primera vez en que chocan D?z-Picazo y Maurandi. Fue el segundo quien en octubre de 2018 presidi?el tribunal que dict?la sentencia por la que los bancos pasaban a estar obligados a pagar el impuesto de actos jur?icos documentados cuando afecta a hipotecas. Y fue D?z-Picazo quien, en una decisi? que provoc?la mayor crisis y el mayor desgaste vividos por el Tribunal Supremo, hizo que el pleno de la Sala de lo Contencioso revisara esa sentencia y adoptara otra contraria y favorable a la banca. Para entonces, y como public?infoLibre, D?z Picazo ya hab? dejado de impartir clases en el centro universitario Cunef, propiedad de la AEB, es decir, de la patronal bancaria. El decreto aprobado luego por el Gobierno de Pedro S?chez dej?en agua de borrajas la sentencia impulsada por D?z-Picazo.
EL PODER JUDICIAL REACTIVA EL NOMBRAMIENTO DE CARGOS DISCRECIONALES ANTE LA FALTA DE ACUERDO PARA SU RENOVACI?
El ?gano de gobierno de los jueces, que paraliz?las designaciones en enero, acuerda convocar 25 plazas
El Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caduc?en diciembre de 2018, reactiva el nombramiento de cargos discrecionales, que estaban suspendidos desde enero pasado a la espera de que los partidos se pusieran de acuerdo para renovar este ?gano. Ya a finales de febrero, fuentes del Consejo se?laron que era previsible que se retomaran los nombramientos pendientes ante la evidencia de que los grupos parlamentarios no iban a cerrar a corto plazo un acuerdo, pero la crisis sanitaria provocada por la covid-19 ha alejado m? si cabe esa posibilidad. De momento, la comisi? permanente del Consejo ha elevado este jueves al pleno las bases que regir? el proceso de nombramiento de 25 cargos, entre ellos las presidencias de las Salas Tercera, Cuarta y Quinta del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de Cantabria, Illes Balears y el Pa? Vasco.
Desde que est?en funciones, el Consejo ha aprobado m? de 40 cargos discrecionales, lo que ha generado fuertes cr?icas incluso dentro del ?gano por parte de vocales que entend?n que sus miembros no est? ya legitimados para hacer nombramientos que, en algunos casos, son incluso vitalicios. Pero el presidente, Carlos Lesmes, y la mayor? conservadora de sus vocales, consideran que prima la necesidad de cubrir las vacantes.
Seg? una nota difundida por el ?gano de gobierno de los jueces, una vez que el pleno apruebe las bases, y cuando se haya levantado la suspensi? de los plazos administrativos recogida en el real decreto por el que se declar? el estado de alarma, el Consejo ir?acordando el anuncio en el Bolet? Oficial del Estado de cada convocatoria.
Entre las plazas cuyas bases de convocatoria se han elevado este jueves al Pleno figuran las presidencias de las Salas Tercera, Cuarta y Quinta del Tribunal Supremo. La primera de ellas quedar?vacante el pr?imo 2 de septiembre, fecha en la que vence el mandato de cinco a?s para el que fue elegido su actual titular, Luis Mar? D?z-Picazo. Las otras dos obedecen a la jubilaci? ―los pr?imos d?s 25 y 12 de junio, respectivamente― de Jes? Gull? al frente de la Sala Cuarta y de ?gel Calder? en la Sala Quinta.
Adem? de estas, se han elevado las bases de convocatoria de una plaza de magistrado de la Sala Cuarta del alto tribunal, correspondiente al turno de especialistas, como consecuencia del fallecimiento el pasado mes de febrero del magistrado Jos?Manuel L?ez Garc? de la Serrana. Tambi? se publicar? en las pr?imas semanas las convocatorias de las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Cantabria, Illes Balears y el Pa? Vasco; nueve presidentes de Sala de Tribunales Superiores (las de lo Contencioso-Administrativo de los TSJ de Asturias y Navarra y las de lo Social de los TSJ de Andaluc? (sede de M?aga), Cantabria, Illes Balears, Castilla y Le? (sede de Burgos), Regi? de Murcia, Pa? Vasco y Asturias; y las Audiencias Provinciales de Almer?, Illes Balears, C?eres, Cantabria, Ciudad Real, Granada, Le?, Navarra y Salamanca.
Adem?, el Consejo reactivar?tambi? el nombramiento de las cinco plazas ya convocadas y que quedaron en suspenso en enero: tres de magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la presidencia de la Audiencia de Ourense.
LESMES DESAF? AL GOBIERNO Y DICE QUE LA ?ICA AUTORIDAD PARA GESTIONAR EN LOS JUZGADOS EL ESTADO DE ALARMA ES EL CGPJ
En un comunicado que se ha hecho p?lico tras la reuni? de este jueves, la Comisi? Permanente del CGPJ presidida por Carlos Lesmes asegura que ha tenido conocimiento de algunas iniciativas de comunidades aut?omas con competencias transferidas de prestar asistencia judicial de forma no presencial. ?Semejantes iniciativas impedir?n, en la pr?tica, la prestaci? de los servicios esenciales de la Administraci? de Justicia? . De igual forma, recuerdan, algunas asociaciones profesionales de jueces y magistrados han realizado comunicados condicionando la prestaci? de los servicios esenciales a la obtenci? previa de medios de protecci? individual y colectiva ?pese a la notoria limitaci? de recursos disponibles y a la existencia de otras prioridades como es la exigida por el servicio sanitario?.
Lesmes recuerda que los acuerdos adoptados por el ?gano de gobierno de los jueces establecen que los juzgados y tribunales ?permanecer? abiertos y prestar? los servicios que los propios acuerdos definen como esenciales, salvo all?donde las autoridades sanitarias competentes dispongan el cierre de las instalaciones y por el tiempo indispensable en que ese cierre se mantenga?.
El CGPJ, ?ica autoridad
?La Administraci? del Estado y las Comunidades Aut?omas con competencia sobre medios personales y materiales de la Administraci? de Justicia tienen encomendada una importante e imprescindible funci? prestacional, de auxilio o colaboraci? consistente en facilitar los medios para que el Poder Judicial cumpla la tarea que tiene constitucionalmente asignada. En el cumplimiento de esa funci?, la Administraci? prestacional no puede, ni de manera directa ni indirecta, impedir o desactivar los acuerdos adoptados por el ?gano de gobierno del Poder Judicial establecido en la Constituci? Espa?la para asegurar la prestaci? del servicio que dicho poder tiene encomendado?, se?la el texto.
Sin embargo, y como acaba de recordarle a Carlos Lesmes el Sector de Justicia de FSC-CC. OO. en un comunicado hecho p?lico hace unas horas, el n?ero de contagios en este sector triplica al de la media en Espa?, y le insisten en que los funcionarios no son ?sus empleados? y que por tanto no tienen que cumplir sus directrices.
El sindicato acusa en ese comunicado al Consejo General del Poder Judicial de arrogarse competencias que no le corresponde sobre el personal necesario para cubrir los servicios m?imos en los tribunales, ya que eso corresponde a las autoridades sanitarias y administrativas.
Efectivamente, como consecuencia del estado de alarma decretado el pasado s?ado, 14 de marzo, la autoridad competente en todo el territorio nacional ha pasado a ser el Gobierno de Pedro S?chez, quien ha asumido el mando ?ico sobre todas las administraciones p?licas por aplicaci? de la Ley Org?ica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepci? y sitio, incluyendo tambi? al Consejo General del Poder Judicial.
El art?ulo 9 de la Ley, dice textualmente que: ?Por la declaraci? del estado de alarma todas las Autoridades civiles de la Administraci? P?lica del territorio afectado por la declaraci?, los integrantes de los Cuerpos de Polic? de las Comunidades Aut?omas y de las Corporaciones Locales, y los dem? funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedar? bajo las ?denes directas de la Autoridad competente en cuanto sea necesaria para la protecci? de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duraci? o por su naturaleza?.
La Ley Org?ica establece que si la resistencia a las ?denes fuera cometida por una autoridad, en este caso el presidente del CGPJ, sus facultades para el cumplimiento de las medidas acordadas en ejecuci? de la declaraci? de estado de alarma podr? ser asumidas por el Gobierno de la Naci?.
EL BLOQUEO DEL PODER JUDICIAL SE AGRAVA TRAS UN NUEVO PORTAZO DEL PP
El Gobierno evita el choque institucional con el Consejo General del Poder Judicial, controlado por los conservadores, con un reparto que viene de cuando el PP ten? mayor? absoluta, pero aprieta el acelerador para presionar a los populares para su renovaci?, pendiente desde hace m? de un a?. El Ejecutivo llamar?de inmediato al PP para empezar a negociar. Y exige a la oposici? que desbloquee la renovaci? en vez de ?embarrar la pol?ica?. Los populares, sin embargo, despu? de la elecci? de Dolores Delgado como fiscal general, han reafirmado su intenci? de mantener el bloqueo si el PSOE no cambia el sistema de elecci?.
El estreno del Gobierno no ha podido ser m? claro. Desde el primer d?, con el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general, el Ejecutivo ha visto con claridad que tendr?enfrente no solo al PP, Vox y Ciudadanos, sino tambi? a una parte importante de la c?ula judicial, algo que puede ser decisivo en los pr?imos meses, en los que vienen decisiones clave que afectar? a la pol?ica catalana y por tanto a la espa?la. Este viernes adem? el Ejecutivo busc?un campo de batalla ideol?ico perfecto para un Gobierno de coalici? entre PSOE y Unidas Podemos: el veto parental que han implantado en Murcia PP y Ciudadanos por exigencia de Vox. Ambos asuntos centraron la primera comparecencia ordinaria tras el Consejo de Ministros ?el martes sali?de forma excepcional el presidente? que tambi? fue muy simb?ica, porque mostr?la sinton? de la coalici? con tres ministras en la mesa, dos del PSOE ?Mar? Jes? Montero, de Hacienda, e Isabel Cela? de Educaci?? y una de Podemos, Irene Montero, de Igualdad.
Entre gestos y miradas de complicidad, las dos ministras Montero bromearon con que estas primeras reuniones se viven con ?gran normalidad? pese a los duros reproches que ambos partidos se lanzaron en los ?timos meses. Ambas concluyeron que el Gobierno est?muy cohesionado. ?No hay ministras del PSOE y de Podemos, todas lo somos del Gobierno de coalici??, resumi?Mar? Jes? Montero.
La titular de Hacienda, que se estrenaba como portavoz del Ejecutivo, fue muy clara desde el principio. El Gobierno no va a contribuir con sus declaraciones ?a aumentar la crispaci? ni al intento de embarrar la pol?ica? que en su opini? protagoniza la oposici?, pero tampoco se va a quedar quieto. Montero anunci?que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tiene previsto llamar al Partido Popular para negociar la renovaci? del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Montero reproch?a Pablo Casado que afirme ?sin pudor? que va a utilizar sus diputados, imprescindibles para cualquier acuerdo ?se necesitan tres quintos del Congreso, 210 esca?s? para bloquear la renovaci? de estas instituciones.
La tambi? ministra de Hacienda carg?contra la oposici? y le pidi?que permita arrancar con calma al nuevo Gobierno y que sea leal. ?Es nuestra obligaci? velar por la normalidad. Este pa? necesita que nos entendamos. Nosotros no vamos a echar le? al incendio. Esperamos que haya renovaci? de las instituciones. Los que est? en el bloqueo deber?n respetar el principio b?ico de la convivencia democr?ica, que es respetar la voluntad de los ciudadanos, que determina que a nosotros nos toca gobernar y a otros hacer una oposici? leal y constructiva?.
El PP mantiene bloqueada la renovaci? del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde diciembre de 2018. Fuentes de la direcci? se?lan que si Pedro S?chez les convoca para hablar del ?gano de gobierno de los jueces, acudir? ?por respeto institucional? pero, como adelant?EL PA?, se niegan a pactar cualquier renovaci? si no se cambia la ley y el m?odo de elecci? de los vocales del CGPJ de forma que 12 de ellos sean elegidos directamente por los jueces. Durante el Gobierno de Mariano Rajoy lleg?a presentar ese proyecto, pero finalmente se ech?atr?. Los populares reafirman su rechazo a negociar la renovaci? del organismo en la decisi? del presidente de nombrar a Delgado fiscal general. ?S?chez no es de fiar?, destac?Garc? Egea.
El PP ya bloque?durante dos a?s el Poder Judicial durante el Gobierno de Jos?Luis Rodr?uez Zapatero: Y la composici? actual del organismo le favorece, ya que hay una mayor? c?oda de vocales propuestos por sus siglas: se renov?cuando los populares, entonces con Rajoy a la cabeza, disfrutaban de una amplia mayor? absoluta. El partido no se da por aludido ante la decisi? del CGPJ de paralizar todos los nombramientos como medida de presi? para agilizar la renovaci? del organismo y no establece ninguna fecha l?ite para este bloqueo.
Mientras, en el Poder Judicial tambi? se ahonda la divisi? entre los consejeros elegidos por uno y otro partido. La vocal Concepci? S?z (propuesta por IU) defiende en el voto particular presentado este viernes sobre la designaci? de Dolores Delgado como fiscal general del Estado que el ?gano de gobierno de los jueces debi?otorgar a la exministra de Justicia un ?informe de idoneidad? como se ha hecho en anteriores ocasiones. ?No hay nada en su curr?ulo ni en su trayectoria que perturbe y comprometa el informe de idoneidad que debi?otorgarle este consejo?, afirma S?z en un escrito al que ha tenido acceso EL PA?.
La citada vocal reprocha tambi? al Poder Judicial la declaraci? difundida el pasado mi?coles para pedir ?responsabilidad institucional? a Pablo Iglesias tras sus cr?icas a la actuaci? de la justicia espa?la en el proc?. ?No parece que [este Consejo] se halle en condiciones de predicar mesura y tiento a los dem? poderes del Estado ni a quienes est? llamados a ostentar su representaci? cuando no han tenido siquiera ocasi? de comenzar su andadura?, se?la Concepci? S?z tras recordar que el actual CGPJ est? en funciones desde diciembre de 2018.
https://elpais.com/politica/2020/01/17/actualidad/1579288626_254126.html
UNA VOCAL DEL CGPJ EMITE UN VOTO EN EL QUE DENUNCIA MANIOBRAS DEL BLOQUE CONSERVADOR PARA DESACREDITAR A DELGADO
Concepci? S?z subraya que la propuesta sometida a votaci? fue "incompleta" por la "llamativa omisi?" de la referencia a la idoneidad de la exministra
La vocal a propuesta de IU sostiene que el Consejo, por su situaci? de interinidad, no est?en condiciones de pedir "mesura" y "tiento" a miembros del Gobierno
Concepci? S?z, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de Izquierda Unida, ha firmado un voto concurrente en el que denuncia actuaciones del bloque conservador ?esto es, de los representantes elegidos por el PP? para poner en duda la capacidad de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. El ?gano de gobierno de los jueces, que este jueves aval?dividido el nombramiento de la exministra, est?en funciones desde diciembre de 2018.
S?z explica en el texto al que ha tenido acceso eldiario.es que comparte la decisi? de la c?ula del Poder Judicial de avalar el nombramiento de Delgado como fiscal general del Estado acordada por 12 votos a favor y 7 en contra. Pero afirma que la propuesta sometida a votaci? por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, es "incompleta" por la "llamativa omisi?" de la referencia a la idoneidad de la persona propuesta que s?se hab? incluido en los informes de este mismo Consejo sobre los nombramientos de los ?timos cuatro m?imos responsables del Ministerio P?lico.
Destaca, adem?, que los vocales conservadores, que en anteriores nombramientos de fiscal general del Estado hab?n sostenido la naturaleza "meramente ritual y formalista" del informe del CGPJ ?es decir ci?ndose ?icamente a los requisitos de ser un jurista espa?l de reconocido prestigio con m? de 15 a?s de ejercicio efectivo? tuvieron este jueves un posicionamiento "opuesto" haciendo un voto particular en el que la rechazan por parcial abordando un requisito "no contemplado" en el Estatuto sobre los fiscales generales.
La vocal subraya tambi? que tras la explicaci? dada por Lesmes sobre una propuesta de la que se hab? eliminado la menci? a la idoneidad buscando precisamente que fuera "admisible por todas las sensibilidades" todo parec? abocado a su aceptaci? general. Sin embargo, los vocales propuestos por el PP votaron en contra y presentaron el citado voto particular "con extraordinaria rapidez, apenas 45 minutos despu? de finalizado el pleno".
La vocal sostiene adem? que el Consejo, por la situaci? de interinidad en el que est?inmerso desde diciembre de 2018, no est?en condiciones de pedir "mesura" y "tiento" a miembros del Gobierno reci? formado. Este mi?coles, el ?gano de gobierno de los jueces reclam?al vicepresidente Pablo Iglesias que evite "la utilizaci? pol?ica" de la Justicia tras sus palabras sobre el proc? en una entrevista.
S?z, que vot?en contra del nombramiento como fiscales generales del Estado de Jos?Manuel Maza y Juli? S?chez Melgar ?ambos propuestos durante la etapa de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno? es desde septiembre de 2018 gerente de la Mutualidad General Judicial, un cargo para el que fue propuesta por la Secretar? de Estado de Justicia cuando Dolores Delgado dirig? el Ministerio de Justicia. Este hecho la llev?a renunciar como miembro de la comisi? permanente del CGPJ, que es el principal ?gano de direcci? del Consejo, y donde sus miembros s?tienen dedicaci? exclusiva.
https://www.eldiario.es/politica/Poder-Judicial-maniobras-conservador-Delgado_0_985851603.html
EL ?GANO DE GOBIERNO DE LOS JUECES SE FRACTURA ANTE LA PROPUESTA DEL GOBIERNO DE S?CHEZ
El informe sobre el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado ha fracturado este jueves el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El ?gano ha avalado la propuesta del Gobierno de Pedro S?chez para que la hasta ahora ministra de Justicia sea la nueva fiscal general del Estado, pero lo ha hecho con 12 votos a favor y 7 en contra, una divisi? que no se daba desde la elecci? de otro exministro, Javier Moscoso, en 1986 (trece votos a favor, seis en contra y uno en blanco). El presidente del Consejo, Carlos Lesmes, llev?al pleno una propuesta de m?imos con la que, seg? explic? buscaba la unanimidad. Pero fueron precisamente siete de sus vocales m? afines, propuestos por el PP, los que votaron en contra al considerar que Delgado no es ?id?ea? para desempe?r el cargo.
Los vocales del CGPJ estaban preparados para que el pleno para informar sobre la idoneidad de Delgado como fiscal general del Estado derivara en un largo y tenso debate. Sin embargo, la sesi? dur?poco m? de una hora y, seg? las fuentes consultadas, se desarroll?con relativa calma. Pero cuando los vocales comenzaron a anunciar su voto se constat?la fuerte divisi? entre el sector conservador y el progresista.
Los siete votos en contra de Delgado corresponden a vocales propuestos por el PP (Jos?Antonio Ballestero, Juan Mart?ez Moya, Gerardo Mart?ez Trist?, Nuria D?z, Jos?Mar? Mac?s, Carmen Llombart y Juan Manuel Fern?dez). Los miembros del Consejo solo votaron la propuesta que llev?al pleno su presidente, que se limitaba a constatar que Delgado cumple ?los requisitos exigidos? para el puesto, pero elimina una frase empleada en los acuerdos para la elecci? de los ?timos cuatro fiscales en la que Lesmes se?laba que los m?itos reflejados en el curr?ulum del candidato ?determinan la afirmaci? de su idoneidad para la obtenci? del nombramiento?.
El informe del ?gano de gobierno de los jueces es un tr?ite preceptivo, pero no vinculante, en el que el CGPJ comprueba que el candidato a fiscal general cumple los requisitos formales para ocupar ese cargo: ser un jurista espa?l de reconocido prestigio con m? de 15 a?s de ejercicio efectivo de su profesi?. En los cuatro fiscales elegidos hasta ahora durante el mandato de Lesmes (Consuelo Madrigal, Jos?Manuel Maza, Juli? S?chez Melgar y Mar? Jos?Segarra) la propuesta del presidente terminaba con la siguiente f?mula: ?La verificaci? del contenido de dicha trayectoria profesional permite concluir que se cumplen en el candidato referido los requisitos exigidos por la legislaci? invocada y que, teniendo en cuenta adem? los m?itos reflejados en su curr?ulum y a los efectos del contenido del informe que ha de emitir el Consejo General del Poder Judicial, determinan la afirmaci? de su idoneidad para la obtenci? del nombramiento para el que ha sido propuesto?. En el texto enviado para el pleno de esta tarde, este p?rafo se transforma en una sola frase: ?A la vista de la documentaci? referida, cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislaci? invocada?.
Con esta f?mula, el presidente evita se?lar los ?m?itos? del curr?ulum de la exministra de Justicia y determinar la idoneidad de la candidata para ejercer el cargo. Esta es la propuesta que se aprob? Al iniciar la sesi?, el presidente explic?a los vocales que hab? optado por esa soluci? para evitar la ruptura. Sin embargo, siete de los vocales elegidos por el PP, que conforman el n?leo m? cercano de Lesmes, se desmarcaron de ese texto y votaron en contra. Algunos de ellos dejaron constancia en el pleno de que entend?n que, aunque Delgado cumpl? los requisitos formales para ser fiscal general, no era ?id?ea? para el cargo, por lo que no iban a respaldarla.
El pleno del CGPJ est?integrado por 21 miembros, de los que 13 (incluido el presidente) fueron nombrados a propuesta del PP, siete por el PSOE y los dos restantes, por IU y PNV, lo que da a los conservadores una holgada mayor? de 13 a 9. Pero en el pleno de este jueves faltaron dos miembros propuestos por el PP, Vicente Guilarte y Wenceslao Olea. Tampoco estuvo presente Pilar Sep?veda (PSOE), aunque intervino por videoconferencia, por lo que la mayor? del sector conservador antes del pleno se vio reducida a 10 vocales frente a nueve. Pero el presidente Carlos Lesmes se posicion?desde el principio a favor de dar el visto bueno a Delgado y, finalmente, solo dos de sus vocales m? afines secundaron su propuesta.
Tras la votaci?, la vocal Nuria D?z anunci?que iba a formular un voto particular discrepante al que se adhirieron el resto de los vocales que votaron contra Delgado. ?La asunci? de la responsabilidad de Fiscal General del Estado sin soluci? de continuidad, inmediatamente despu? de haber cesado en su cargo de ministra de Justicia y de diputada del partido pol?ico que sustenta al Gobierno proponente, supone un serio impedimento para garantizar a la ciudadan? la imagen de autonom? e imparcialidad que ha de exigirse al Fiscal General del Estado?, recoge el texto, al que ha tenido acceso EL PA?.
Seg? estos vocales, las circunstancias que rodean a Delgado ?crean una apariencia de vinculaci? con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepci? de la independencia de la instituci? que ha de dirigir, lo que comporta, a su vez, que las funciones constitucionales que debe cumplir como Fiscal General del Estado est? expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones?.
Otros tres miembros del pleno (Concepci? S?z, propuesta por IU, y Rafael Fern?dez Valverde y ?geles Carmona, propuestos por el PP) que votaron a favor de Delgado redactar? tambi? un voto particular para aclarar matices respecto a la propuesta aprobada. La primera ya expres?en el pleno su disconformidad con que el texto redactado por Lesmes no haga una menci? expresa a la ?idoneidad? de Delgado; Fern?dez Valverde y Carmona eran partidarios, por su parte, de haber incluido en el acuerdo alguna objeci? por el da? a la imparcialidad que puede suponer que la que hasta el pasado lunes era ministra de Justicia se convierta ahora en fiscal general.
El CGPJ presidido por Lesmes siempre ha informado a favor del candidato propuesto por el Gobierno, aunque en los dos ?timos nombrados durante el mandato de Mariano Rajoy (Jos?Manuel Maza y Juli? S?chez Melgar) hubo un voto en contra de la vocal Concepci? S?z (nombrada a propuesta de IU). En esos casos algunos vocales pidieron que el informe del CGPJ no se limitara a comprobar que el candidato cumple con los requisitos exigidos para ser fiscal general, sino que incluyera una valoraci? sobre sus cualidades para el cargo. La mayor? de vocales del sector conservador se opusieron a esta posibilidad.
En etapas anteriores solo la candidatura de Moscoso suscit?una divisi? similar a la registrada con Delgado. No obstante, en el caso de Jes? Cardenal, propuesto en 1997 por Jos?Mar? Aznar como fiscal general, el pleno del CGPJ s?fue m? all?de esa valoraci? t?nica y, aunque respald? de forma un?ime la candidatura, dej?constancia de su preocupaci? por ?manifestaciones? del candidato no acordes con la Constituci?. Se refer?n a la Memoria de la Fiscal? del Tribunal Superior de Justicia del Pa? Vasco de 1994, donde Cardenal hab? hablado de la ?mediocridad ?ica? de la sociedad al reflexionar sobre los planes de facilitar los divorcios, o reconocer a las parejas homosexuales.
El presidente del PP, Pablo Casado, se hab? mostrado por la ma?na confiado en que el CGPJ rechazara la candidatura de Delgado. Tras conocer la votaci?, fuentes populares se?laron que el resultado ?obliga? a la exministra ?a rechazar el nombramiento (...) si le queda alguna dignidad personal y profesional?.
LESMES FRENA LOS NOMBRAMIENTOS DEL CGPJ
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no har?m? nombramientos hasta que no se renueve. As?lo anunci?ayer el presidente, Carlos Lesmes, que como el resto de miembros lleva en funciones desde diciembre de 2018. Durante estos 14 meses, el CGPJ ha efectuado m? de 40 nombramientos discrecionales, una decisi? cuestionada por asociaciones de jueces e incluso por algunos vocales del Consejo.
El Consejo hab? defendido su legitimidad para realizar estos nombramientos y la necesidad de ocupar las vacantes para evitar que la justicia se paralizase. Pero Lesmes ha optado ahora por frenar la cobertura de todas las plazas pendientes ?en la confianza de una pronta renovaci? de la instituci??. Si no el CGPJ no se renueva ?en un tiempo prudencial?, seg? una nota difundida por el presidente, se retomar? los nombramientos. Entre las designaciones que se paralizan hay tres plazas de la Sala Penal del Supremo, que no cuenta con magistrados suficientes para futuros juicios relacionados con el proc?.
https://elpais.com/politica/2020/01/16/actualidad/1579189369_523714.html?rel=listapoyo
EL SECTOR CONSERVADOR DEL PODER JUDICIAL NO IMPONE SUS TESIS CONTRA DELGADO PERO LANZA UN ATAQUE IN?ITO CONTRA ELLA
Los detractores de la exministra de Justicia suman siete votos en contra de su nombramiento frente a 12 a favor y sostienen en un voto particular que "no cumple con el requisito de la imparcialidad"
Dos de los vocales conservadores que avalaron el t?ido s?postulado por el presidente del CGPJ niegan su idoneidad para el cargo
El rechazo del ala conservadora de la judicatura a que Dolores Delgado asuma el cargo de nueva fiscal general del Estado provoc?este jueves un acto de confirmaci? de que la exministra de Justicia se ha convertido en objetivo de un ataque sin precedentes.
Con mayor? en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los conservadores no lograron ver cumplido el deseo que por la ma?na hab? expresado el l?er del PP, Pablo Casado: que el ?gano de gobierno de los jueces declarase que la exministra de Justicia no re?e los requisitos para dirigir la Fiscal?. Pero en el pleno de la instituci? que deb? emitir un dictamen preceptivo aunque no vinculante sobre su futuro nombramiento consiguieron abrir una brecha de profundidad desconocida: el Consejo aval? el futuro nombramiento de Delgado por 12 votos a favor y siete en contra.
Lo sucedido en el CGPJ indica que ir?en aumento el enfrentamiento con la fiscal general y el Gobierno desde un consejo dividido que lleva ya en funciones 13 meses y que en ese periodo y bajo la mayor? conservadora ha efectuado 52 nombramientos discrecionales de altos cargos de la judicatura. Esos nombramientos quedan ahora congelados, y as?lo anunci?en el pleno del CGPJ su presidente, Carlos Lesmes. El tambi? presidente del Supremo expuso que el proceso para la renovaci? del ?gano de gobierno est?ya en marcha y que el consejo debe por tanto evitar nuevas designaciones. En teor? es as? pero el PP ya ha anunciado que bloquear?la adaptaci? del ?gano al nuevo mapa parlamentario. La renovaci? del Consejo qued?bloqueada a final de 2018 cuando trascendi?un whatsapp donde el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosid? daba por hecho que el partido seguir? controlando el Poder Judicial a trav? del magistrado del Supremo Manuel Marchena.
Afirmaciones de alto voltaje contra la exministra
De los 19 vocales que asistieron a la sesi? del consejo abierta a las cuatro y media de la tarde, siete fueron no solo contrarios a avalar que Delgado cumple las exigencias legales sino que a la hora y media de haber finalizado la reuni? presentaron un voto particular donde introducen afirmaciones de alto voltaje: ?La candidata propuesta no cumple a nuestro juicio con el requisito de la imparcialidad que la asunci? de tan alta responsabilidad implica?.
Desembarcar ?a?de a rengl? seguido el texto- en la c?ula del ministerio p?lico ?inmediatamente despu? de haber cesado en su cargo de ministra de Justicia y habiendo sido propuesta siendo diputada supone, a nuestro juicio, un serio impedimento para garantizar ante la ciudadan? la imagen de imparcialidad e independencia que ha de exigirse a un fiscal general del Estado?.
"Estas circunstancias que concurren en la candidata propuesta ? prosigue el texto? son hechos que crean una apariencia de vinculaci? con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepci? de la independencia de la instituci? que ha de dirigir, lo que comporta, a su vez que las funciones constitucionales que debe cumplir como Fiscal General del Estado est? expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones".
Los argumentos del voto particular se sit? en la misma coordenada que el que hab? desplegado por la ma?na el presidente del PP. Lo que Casado dijo a su llegada a un desayuno informativo fue esto: "Espero, porque conf? mucho en el CGPJ que hoy tambi? declarar?que la fiscal general del Estado propuesta por S?chez no re?e los requisitos de idoneidad porque la legislaci? espa?la le exige imparcialidad que una diputada del PSOE a d? de hoy no tiene?. El presidente del PP complet?su razonamiento lanzando una pregunta: qu?ocurrir? si su partido hubiese propuesto a Gallard? como fiscal general siendo ?diputado del PP y ministro de Justicia?.
Hasta ahora, ning? fiscal general hab? cosechado tantos noes en este paso previo a que su designaci? quede formalizada. En 1986, Javier Moscoso, pas? de ser ministro de Presidencia en el Gobierno de Felipe Gonz?ez a fiscal general del Estado. En el Consejo, Moscoso obtuvo 13 votos a favor, seis en contra y uno en blanco. Seg? vocales que asistieron a la reuni?, el precedente de Moscoso fue esgrimido de forma expl?ita por una de las vocales progresistas, Clara Mart?ez de Careaga, para defender que un exministro puede convertirse en fiscal general sin ning? problema legal ni ?ico.
De los 19 votos emitidos ?dos miembros de la mayor? conservadora, Vicente Guilarte y Wenceslao Olea, no asistieron?, 12 fueron favorables a la propuesta del presidente del ?gano y del Supremo, Carlos Lesmes, propuesta que se limitaba a avalar que Delgado cumple los requisitos legales exigidos para el puesto.
Es decir, a diferencia de lo habitual, esta vez se somet? a votaci? un as?tico o tibio texto que no hac? constar la idoneidad de la exministra para ocupar su nuevo cargo. Seg? su equipo, buscaba as?rebajar la tensi? y lograr el consenso. Pero al menos una de las vocales del sector progresista, Concepci? S?z, anunci?que este viernes presentar?un voto particular donde haga valer su convicci? de que Delgado debi?ser expresamente definida como id?ea.
El acuerdo fue aprobado con los votos a favor del presidente del CGPJ, el conservador Carlos Lesmes, y de los vocales progresistas, Roser Bach, Mar Cabrejas, Victoria Cinto, Clara Mart?ez de Careaga, Enrique Lucas, Concepci? S?z, Pilar Sep?veda, ?varo Cuesta y Rafael Mozo. Apoyaron asimismo la propuesta los conservadores Rafael Fern?dez Valverde y ?geles Carmona.
Y votaron en contra los vocales conservadores Nuria D?z, Jos?Mar? Mac?s, Juan Mart?ez Moya, Juan Manuel Fern?dez, Gerardo Mart?ez Trist?, Jos? Antonio Ballestero y Carmen Llombart.
Otros dos vocales de la mayor? conservadora, aquellos que secundaron la propuesta de Lesmes, han anunciado otro voto en el que, pese a haber optado por el s? argumentar? que Delgado no es id?ea para dirigir la Fiscal?.
Ahora, una vez superado el tr?ite del ?gano de gobierno de los jueces, el nombramiento de Delgado se someter?al examen de la Comisi? de Justicia del Congreso. All? todo indica que la guerra se recrudecer?por la oposici? tajante de las tres formaciones de derecha, el PP, Vox y Ciudadanos.
EL PODER JUDICIAL SUSPENDE EL NOMBRAMIENTO DE JUECES HASTA SU RENOVACI?
El pleno, a propuesta de Lesmes, paraliza el nombramiento de cargos judiciales "en la confianza de una pronta renovaci? de la instituci?"
Ten?n pendiente nombrar tres nuevos magistrados de la sala de lo penal
El nuevo magistrado del Tribunal Supremo Ricardo Cuesta (d) saluda al presidente del tribunal, Carlos Lesmes (i) durante la ceremonia de toma de posesi? del cargo celebrada en Madrid (Espa?), a 15 de enero de 2020 .
El nuevo magistrado del Tribunal Supremo Ricardo Cuesta (d) saluda al presidente del tribunal, Carlos Lesmes (i) durante la ceremonia de toma de posesi? del cargo celebrada en Madrid (Espa?), a 15 de enero de 2020 . / Pool (Pool)
El Consejo General del Poder Judicial no nombrar?m? jueces hasta que no se renueve el organismo. El ?gano de gobierno de los jueces ha tomado esta decisi? en pleno, a propuesta del presidente Carlos Lesmes, confiando en "una pronta renovaci? de la instituci?, una vez constituidas las C?aras despu? de las ?timas elecciones generales y formado Gobierno".
La decisi? afecta, entre otros, al nombramiento de tres nuevos magistrados de la sala de lo penal del Tribunal Supremo que este a? dictar?sentencia sobre casos como G?tel, los ERE o estudiar?la sentencia que dicte la Audiencia Nacional sobre Josep Llu? Trapero.
El Consejo especifica, despu? de casi medio centenar de nombramientosen fase de interinidad, que "los procesos selectivos para la cobertura de las vacantes judiciales y gubernativas volver?n a ponerse en marcha si en un tiempo prudencial no se constatan avances de cara a esa renovaci?, a fin de evitar perjuicios en el servicio p?lico de la Administraci? de Justicia".
El CGPJ, cuyo mandato expir?hace m? de un a?, expica que esta medida afecta a cinco plazas cuya provisi? estaba pendiente: tres en la sala de lo penal del Supremo, la presidencia del TSJ de Canarias y la de la Audiencia Provincial de Ourense.
https://cadenaser.com/ser/2020/01/16/tribunales/1579202956_856751.html
LESMES EXCLUYE LA PALABRA ?IDONEIDAD? DE SU PROPUESTA PARA EVALUAR A DELGADO COMO FISCAL GENERAL PERO ADMITE QUE CUMPLE LOS REQUISITOS
El texto remitido por el presidente del Consejo General del Poder Judicial a los vocales elimina una frase empleada en las cuatro ocasiones anteriores en la que se constataban los ?m?itos? del candidato y se le declaraba id?eo para el cargo
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, evita afirmar la idoneidad de Dolores Delgado para el cargo de fiscal general del Estado en la propuesta que ha remitido a los vocales para su debate en el pleno del Consejo convocado para este jueves por la tarde. El escrito enviado por Lesmes, al que ha tenido acceso EL PA?, admite que Delgado cumple "los requisitos exigidos" para el puesto, pero elimina una frase empleada en las propuestas para la elecci? de los ?timos cuatro fiscales en la que el presidente del ?gano de gobierno de los jueces se?laba que los m?itos reflejados en el curr?ulum del candidato ?determinan la afirmaci? de su idoneidad para la obtenci? del nombramiento?.
La propuesta del presidente del Consejo omite parte del p?rafo final de las cuatro propuestas anteriores. En los casos de Consuelo Madrigal, Jos?Manuel Maza, Juli? S?chez Melgar y Maria Jos?Segarra el texto terminaba con la siguiente f?mula: ?La verificaci? del contenido de dicha trayectoria profesional permite concluir que se cumplen en el candidato referido los requisitos exigidos por la legislaci? invocada y que, teniendo en cuenta adem? los m?itos reflejados en su curr?ulum y a los efectos del contenido del informe que ha de emitir el Consejo General del Poder Judicial, determinan la afirmaci? de su idoneidad para la obtenci? del nombramiento para el que ha sido propuesto?. En el texto enviado para el pleno de esta tarde, este p?rafo se transforma en una sola frase: ?A la vista de la documentaci? referida, cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislaci? invocada?. Con esta f?mula, el presidente evita se?lar los ?m?itos? del curr?ulum de la exministra de Justicia y determinar la idoneidad de la candidata para ejercer el cargo.
El pleno del Consejo examina a partir de las 16.30 de este jueves la candidatura de la hasta ahora ministra de Justicia como fiscal general del Estado. El informe del ?gano de gobierno de los jueces es un tr?ite preceptivo, pero no vinculante, en el que el CGPJ comprueba que el candidato a fiscal general cumple los requisitos formales para ocupar ese cargo: ser un jurista espa?l de reconocido prestigio con m? de 15 a?s de ejercicio efectivo de su profesi?.
Fuentes del CGPJ aseguraron que Lesmes llevar? al pleno una propuesta id?tica a la de los ?timos fiscales generales, en la que se limita a constatar que la candidata cumple los requisitos. ?A partir de ah? se puede abrir el debate, como siempre?, se?laron estas fuentes.
El escrito del presidente ha llegado finalmente a los vocales unas horas antes del inicio del pleno. Algunos vocales consultados hab?n mostrado este mi?coles su extra?za porque Lesmes no hubiera todav? enviado a los miembros del pleno su propuesta sobre la candidatura. Seg? estas fuentes, en ocasiones anteriores la propuesta del presidente ha llegado con varios d?s de antelaci?. Al margen de ese retraso en el env? y, salvo ese p?rafo final, el resto del texto es id?tico al que Lesmes llev?al pleno para la elecci? de los cuatro ?timos fiscales generales: el presidente recuerda el marco legal en el que se encuadra la designaci? del fiscal general del Estado (art?ulo 124 de la Constituci? y art?ulo 31 del Estatuto Org?ico del Ministerio Fiscal) y que, de acuerdo a la Ley Org?ica del Poder Judicial, corresponde al pleno de Consejo, ?la emisi? del informe previo sobre el nombramiento? tras analizar el curr?ulum profesional del candidato.
El cambio en la propuesta de Lesmes anticipa que el pleno de este jueves va a ser tenso. Varios miembros del CGPJ consultados coinciden en que lo previsible es que el Consejo informe a favor de la candidatura de Delgado, aunque aseguran que habr?debate en el pleno y no se descarta que la propuesta no salga por unanimidad. ?Va a ser un debate a cara de perro?, asegura un vocal consultado. Parte del sector conservador est?dispuesto a dejar constancia de su oposici? al nombramiento de Delgado, seg? varias fuentes.
El CGPJ siempre ha informado a favor del candidato propuesto por el Gobierno, aunque en los dos ?timos nombrados durante el mandato de Mariano Rajoy (Jos?Manuel Maza y Juli? S?chez Melgar) hubo un voto en contra de la vocal Concepci? S?z (nombrada a propuesta de IU). En esos casos algunos vocales pidieron que el informe del CGPJ no se limitara a comprobar que el candidato cumple con los requisitos exigidos para ser fiscal general, sino que incluyera una valoraci? sobre sus cualidades para el cargo. La mayor? de vocales del sector conservador se opusieron a esta posibilidad.
No obstante, en el caso de Jes? Cardenal, propuesto en 1997 por Jos?Mar? Aznar como fiscal general, el pleno del CGPJ s?fue m? all?de esa valoraci? t?nica y, aunque respaldaron de forma un?ime la candidatura, dejaron constancia de su preocupaci? por ?manifestaciones? del candidato no acordes con la Constituci?. Se refer?n a la Memoria de la Fiscal? del Tribunal Superior de Justicia del Pa? Vasco de 1994, donde Cardenal hab? hablado de la ?mediocridad ?ica? de la sociedad al reflexionar sobre los planes de facilitar los divorcios, o reconocer a las parejas homosexuales.
https://elpais.com/politica/2020/01/15/actualidad/1579118867_331247.html
LA PROPUESTA DE LESMES OMITE PRONUNCIARSE SOBRE LA IDONEIDAD DE DELGADO Y SE LIMITA A VALIDAR LOS REQUISITOS
La votaci? sobre la fiscal general propuesta por S?chez fracturar?al CGPJ, varios de cuyos vocales estudian votar en contra del dictamen
El ?gano de gobierno de los jueces estudiar?los requisitos formales para el nombramiento Delgado, si bien estos se limitar? previsiblemente a chequear si la candidata cumple con determinados tr?ites formales
Seg? los vocales m? cr?icos, el hecho de que Delgado haya sido diputada del PSOE hasta esta misma ma?na pone en cuesti? su imagen de imparcialidad
La propuesta de informe preceptivo, aunque no vinculante, que ha presentado el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, sobre la decisi? del Gobierno de que la pr?ima fiscal general del Estado sea la exministra de Justicia y exdiputada del PSOE Dolores Delgado omite pronunciarse expresamente sobre la idoneidad de la misma, limit?dose a validar que cumple los requisitos formales para su designaci?, seg? informa Europa Press.
El debate que se desarrollar?este jueves sobre dicha propuesta fracturar? previsiblemente a este ?gano, varios de cuyos vocales tienen previsto no s?o cuestionar su propuesta mediante votos particulares, sino votar directamente en contra de la misma.
As?lo han se?lado a Europa Press fuentes de este ?gano, que se?lan que la alusi? expresa a la "idoneidad" del candidato s?aparec? en las propuestas anteriores realizadas por Lesmes respecto de los nombramientos de Jos?Luis Maza, Juli? S?chez Melgar y Mar? Jos?Segarra.
En cuanto a los reparos a la designaci? de Delgado durante el debate de este asunto, proceder? seg? las mismas fuentes del grupo de vocales designados a propuesta del PP, que son mayor?, y que adem? no actuar? de forma unitaria: mientras que un grupo que puede llegar hasta cinco se plantea votar en contra de la propuesta, el resto propone apoyar la propuesta que ha presentado Lesmes ?que se limita a dar por cumplidos los requisitos legales?, pero reflejando por escrito su discrepancia.
Estas discrepancias fueron debatidas en una reuni? mantenida el mi?coles por este grupo de vocales y van desde la cr?ica a la "puerta giratoria" que supone saltar directamente del ministerio de Justicia a la jefatura del Ministerio P?lico al hecho de que, hasta esta misma ma?na, Delgado haya mantenido su condici? de diputada del PSOE, partido para el que hizo campa? pol?ica hace apenas unas semanas.
Principales reparos
Esta condici? de Delgado, seg? los vocales m? cr?icos con la propuesta de Pedro S?chez, determina la falta de la idoneidad de la candidata por varios motivos, ya que pone en cuesti? su imagen de imparcialidad respecto a determinadas causas jur?icas de trascendencia medi?ica y pol?ica.
Lo peor, no obstante, y sin prejuzgar la labor que desarrollar?Delgado en su puesto, es el perjuicio a la imagen de la Justicia, a lo que se une lo pol?ico de una figura que ha sido vinculada a la causa abierta por presunta corrupci? policial que investiga la Audiencia Nacional en relaci? con el comisario jubilado Jos?Manuel Villarejo.
Por lo pronto, al propuesta de Lesmes, a la que ha tenido acceso Europa Press, se limita a concluir que, a la vista de la documentaci? remitida al ?gano de gobierno de los jueces "se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislaci? invocada", que consisten en ser jurista espa?la de reconocido prestigio con m? de 15 a?s de ejercicio efectivo de su profesi?. Se espera que el bloque progresista y los propuestos por partidos nacionalistas, que son 9, voten en bloque a favor de esta propuesta.
Por otro lado, a la reuni? de este jueves faltar? dos vocales, aunque ello no afectar?al juego de mayor?s entre los consejeros conservadores y progresistas porque habr?una ausencia de cada lado: la de Wenceslao Francisco Olea, que se encuentra fuera de Espa?; y la de Pilar Sep?veda, a propuesta del PSOE, por razones de salud.
Precedentes
En cuanto a los precedentes, las mismas fuentes apuntan al caso de Javier Moscoso, designado fiscal general en 1986, nada m? concluir la legislatura en la que fue ministro de la Presidencia, cuya validaci? por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un tr?ite que en la pr?tica totalidad de ocasiones es autom?ico, origin?una agrio debate en el ?gano de gobierno de los jueces. El CGPJ se dividi?respaldando al candidato por 13 votos frente a 6 y uno en blanco.
En cuanto a los m? recientes, tanto la designaci? como fiscales generales del fallecido Jos?Manuel Maza como la de su sucesor, Juli? S?chez Melgar, ambos magistrados de lo Penal del Supremo cuando accedieron al cargo, mereci?el voto discrepante de la vocal designada por IU, Concepci? S?z, que argument?que el consejo no deb? limitarse a la comprobaci? de los requisitos formales y deb? emitir una opini? acerca de los m?itos y capacidad de la persona propuesta. En el caso de Segarra, esta vocal vot?a favor del nombramiento por considerarla id?ea, y es previsible que este jueves haga lo mismo con Delgado.
En las primeras dos ocasiones, durante el debate de este asunto se le replic?por la mayor? del Pleno del pleno diciendo que un dictamen m? all? del aval de los requisitos formales implicaba una valoraci? "pol?ica" que exced? de las competencias del CGPJ. Esta tarde dichas valoraciones pol?icas podr?n, previsiblemente, producirse por una mayor?.
El Pleno del CGPJ se reunir?ma?na de forma extraordinaria para estudiar la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro S?chez, que ha sido fuertemente contestada por la pr?tica totalidad de asociaciones fiscales con excepci? de la Uni? Progresista (UPF), de la que Delgado form?parte en su d?, y buena parte de representantes del Ministerio P?lico.
En su reuni? de este jueves, el ?gano de gobierno de los jueces estudiar? los requisitos formales para el nombramiento Delgado, si bien ?tos se limitar? previsiblemente a chequear si la candidata cumple con determinados tr?ites formales, como ser jurista de reconocido prestigio con al menos 15 a?s de ejercicio efectivo de su profesi?. Ni el CGPJ ni la C?ara baja tienen en la pr?tica capacidad real de vetar la decisi? del Gobierno.
Una vez estos pasos se cumplimenten, Delgado pasar?directamente a dirigir el Ministerio P?lico, donde prima el principio de jerarqu?. Y lo hace tras ocupar un puesto en el Gobierno desde el que dirigi?la acci? de la Abogac? del Estado, que en la causa del proc? se ha venido posicionando de forma discrepante a los criterios de los cuatro fiscales del caso: cambiando la petici? de condena de rebeli? por la de sedici? ?que fue la que obtuvo el aval del tribunal?, e informando despu? a favor de que el l?er de ERC, Oriol Junqueras, pudiera cumplimentar los tr?ites para ejercer de europarlamentario.
CASADO CONF? EN QUE EL PODER JUDICIAL DESAUTORICE EL NOMBRAMIENTO DE DELGADO COMO FISCAL GENERAL
Pablo Casado, l?er nacional del PP, ha animado este jueves a los integrantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a desautorizar el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Los 20 vocales del organismo se re?en este jueves para avalar (o no) la idoneidad de la exministra del Gobierno de Pedro S?chez para acceder a la c?pide del ministerio p?lico. Entre los requisitos que debe cumplir Delgado figura el ser una jurista de reconocido prestigio con m? de 15 a?s de ejercicio efectivo de su profesi?.
?Espero, porque conf? mucho en el Consejo General del Poder Judicial, no como la izquierda, que hoy tambi? declarar?que la fiscal general propuesta por Pedro S?chez no re?e los requisitos de idoneidad?, ha dicho Casado a la entrada a un desayuno informativo ofrecido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D?z Ayuso. ?La legislaci? espa?la le exige la imparcialidad que una diputada al d? de hoy del PSOE no tiene?, ha seguido. ??Se imaginan que Alberto Ruiz Gallard?, fiscal de carrera, n?ero uno de su promoci?, hubiera sido propuesto para fiscal general del Estado siendo diputado del PP y ministro de Justicia??, se ha preguntado. ?Ser? un aut?tico esc?dalo que no nos hubieran perdonado?, se ha contestado. ?Es grav?imo?.
El l?er del PP ha incidido en que Delgado ha sido reprobada tres veces en el Congreso de los Diputados y ha dado m?ines del PSOE hasta hace un mes. El PP ya hab? anunciado que recurrir?su designaci? por incumplir, a su juicio, el art?ulo 59 del estatuto fiscal, que establece que no podr? ser miembros del Ministerio Fiscal quienes pertenezcan a partidos pol?icos o sindicatos y que tampoco podr? tomar parte en las elecciones legislativas, auton?icas o locales m? que para emitir su voto personal.
En la misma l?ea ha argumentado luego la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha llenado su discurso de referencias al Gobierno de la naci?. ?Hemos asistido a un ataque contra la unidad de Espa?; un presidente del Gobierno que no ha defendido la soberan? de todos los espa?les; que no ha impuesto la ley en Catalu?, y que entiende que las instituciones p?licas son organismos para okupar (con k), siguiendo la hist?ica estela de la izquierda radical: el ejemplo m? inmediato y claro ha sido el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado?, ha opinado la l?er popular.
El Gobierno de coalici? que han formado el PSOE y Unidas Podemos, por su parte, defiende la idoneidad de Delgado para ocupar el cargo. As?lo han hecho en primera persona tanto el presidente del Gobierno, Pedro S?chez, como el vicepresidente, Pablo Iglesias. El nombramiento, dijo el martes el jefe del Gobierno, es ?impecable?.
https://elpais.com/politica/2020/01/16/actualidad/1579167306_673423.html
EL GOBIERNO RESPALDA EL DERECHO A LA CR?ICA DE IGLESIAS Y RECUERDA QUE LA RENOVACI? DEL CGPJ EST?BLOQUEADA POR EL PP
El Ejecutivo se pronuncia tras la declaraci? de la Comisi? Permanente del Consejo General del Poder Judicial en la que ha pedido "moderaci?, prudencia y mesura" al l?er de Podemos "El Gobierno considera que es tiempo de dialogar y aportar acuerdos que refuercen nuestras instituciones", ha respondido el Ejecutivo en un breve comunicado
El Gobierno de Pedro S?chez ha respaldado este mi?coles sin citarlo al vicepresidente segundo y l?er de Podemos, Pablo Iglesias, en sus cr?icas a la actuaci? judicial y ha recordado que la renovaci? del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) est?bloqueada por el PP.
El Ejecutivo se ha pronunciado as?tras la declaraci? de la Comisi? Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que ha pedido "moderaci?, prudencia y mesura" a Pablo Iglesias tras su afirmaci? de que resoluciones de los tribunales europeos han dejado "en mal lugar" a la Justicia espa?la, lo cual supone una "humillaci? para el Estado". En este sentido, ha subrayado que el Gobierno est?en la posici? de "di?ogo" para la renovaci? de los ?ganos judiciales y ha reprochado al Partido Popular por bloquear la misma, seg? informa Europa press.
"El Gobierno considera que es tiempo de dialogar y aportar acuerdos que refuercen nuestras instituciones. Es deber de todos velar por el correcto funcionamiento de la Justicia y contribuir de esa manera a poner al d? sus ?ganos de gobierno, evitando que su acci? se resienta por el bloqueo", ha indicado.
Asimismo, se ha apoyado en el comunicado del ?gano de gobierno de los jueces para respaldar, sin citar en ning? momento, a su vicepresidente segundo y llamar al PP a colaborar en este sentido. "En esa actitud de di?ogo, dentro del respeto a la libertad de expresi? y el derecho a la cr?ica, tal y como reconoce el CGPJ en su comunicado, es donde est?el gobierno y donde pedimos que tambi? est?la oposici?".
En concreto, el CGPJ ha defendido su labor en la declaraci? institucional hecha p?lica este mi?coles. "Desde el m? absoluto respeto al derecho de libertad de expresi?, la Comisi? Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuaci? del Poder Judicial, instituci? esencial en toda sociedad democr?ica, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos espa?les, fundamento de nuestro Estado Social y Democr?ico de Derecho", indicaba el comunicado.
El CGPJ replica que no es "obst?ulo" para su renovaci?
El CGPJ ha replicado este mi?coles al Gobierno de Pedro S?chez que no es un "obst?ulo" para la renovaci? del ?gano de gobierno de los jueces y ha recordado que la ha reclamado hasta en tres ocasiones.
Fuentes del organismo han incidido en que el CGPJ "no es ning? obst?ulo para su propia renovaci?" y ha recordado que el propio Carlos Lesmes, presidente del ?gano, se ha dirigido hasta en tres ocasiones a los presidentes de Congreso y Senado inst?doles a que se pongan a ello.
La ?tima de ellas fue el pasado 23 de diciembre, cuando Lesmes envi?sendas cartas a las presidentas del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Pilar Llop, en las que les recuerda la necesidad de a adoptar las medidas necesarias para que la renovaci? del ?gano de gobierno de los jueces, cuyos miembros se encuentran en funciones desde el 4 de diciembre de 2018.
Lesmes inici?los tr?ites para la renovaci? del Consejo el 3 de agosto de 2018 ?cuatro meses antes de la fecha de expiraci? del mandato, tal y como dispone la Ley Org?ica del Poder Judicial (LOPJ)?, fecha en la que dio traslado a los entonces presidentes del Congreso y del Senado del acuerdo por el que se dispon? el inicio del procedimiento para la renovaci? del ?gano de gobierno de los jueces, y el 26 de septiembre siguiente les remiti?asimismo las candidaturas a vocales del Consejo por el turno judicial definitivamente proclamadas.
CRECE LA TENSI? ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL EJECUTIVO TRAS CALIFICAR IGLESIAS DE "HUMILLACI?" LOS REVESES EN EUROPA POR EL 'PROC?'
El ?gano de gobierno de los jueces interpreta las palabras del vicepresidente como un "cuestionamiento" de la independencia de los magistrados y pide evitar la "utilizaci? pol?ica" de la justicia El Gobierno respalda el derecho de Iglesias a la cr?ica y recuerda que la renovaci? del CGPJ permanece bloqueada
Por sorpresa y horas despu? de que el PP ratificase su bloqueo a cualquier acuerdo para renovarlo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) difundi?este mi?coles una "declaraci? institucional" que refleja el aumento de tensi? con el Gobierno y en la que atribuye al vicepresidente Pablo Iglesias un "cuestionamiento de la independencia" de los jueces por calificar como "humillaci? para el Estado" los distintos reveses sufridos en Europa en relaci? al proc?. El Consejo pide evitar la "utilizaci? pol?ica" de la justicia y reclama "responsabilidad institucional", as?como "moderaci?, prudencia y mesura".
Dominado por el sector conservador y pendiente de renovaci? desde diciembre de 2018, la declaraci? de la comisi? permanente del CGPJ ?su n?leo duro? ha visto la luz en la v?pera de que el pleno de la instituci? deba pronunciarse este jueves sobre el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general. Ese pronunciamiento no tiene car?ter vinculante para el Gobierno pero indicar?hasta d?de est? dispuestos los vocales conservadores de la c?ula de la judicatura a llevar su pulso con el Ejecutivo.
La "declaraci? institucional" fue suscrita de forma un?ime por todos los miembros de la permanente. Es decir, tambi? por los tres que fueron elegidos como vocales a propuesta del PSOE y aupados luego a la comisi? permanente por iniciativa del m?imo responsable del ?gano de gobierno y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.
Pero a ?tima hora de la tarde Moncloa envi?un comunicado donde respalda el derecho a la cr?ica de Iglesias, anima al di?ogo y subraya la necesidad de terminar con el bloqueo en el poder judicial para "poner al d? sus ?ganos de gobierno". Es ese bloqueo el que impide adaptar la composici? del CGPJ al nuevo mapa parlamentario. Y es tambi? el que, pese a que se trata de un ?gano en funciones, ha permitido al consejo efectuar m? de 50 "nombramientos discrecionales" de altos cargos de la judicatura en el ?timo a?. Entre ellos, los de siete magistrados del Supremo; cuatro presidentes de Tribunales Superiores (TSJ) y 14 presidentes de Audiencias Provinciales.
Tras el comunicado de Moncloa, fuentes del CGPJ replicaron que el propio Carlos Lesmes se ha dirigido ya en tres ocasiones a los presidentes de Congreso y Senado inst?doles a que acometan el proceso de renovaci?.
Frente a la alusi? de Iglesias a que ha habido distintas resoluciones en Europa contrarias al criterio de la judicatura espa?la, el CGPJ entiende que solo pueden tenerse en cuenta dos. Y una de ellas, coincidente con la posici? espa?la. La contraria es la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictada en diciembre sobre la inmunidad de Oriol Junqueras; y la favorable, el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que confirm?la decisi? del Tribunal Constitucional de suspender el pleno del Parlament de Catalu? del 9 de octubre de 2017.
Adem? del TJUE y siempre en relaci? al proc? se han pronunciado contra decisiones de Espa? tribunales de B?gica, Alemania y Reino Unido.
Ni amparo ni defensa por los ataques en 'G?tel'
Los portavoces oficiales del Consejo subrayan que la aprobada tras la entrevista donde Iglesias ofreci?su punto de vista se trata de una declaraci? muy similar a otras acordadas con anterioridad en respuesta a pol?icos de distintos partidos, como el comunicado lanzado en abril de 2018 cuando el entonces ministro de Justicia, del PP, critic?al juez que pidi?la absoluci? para La Manada: "Cuando todos saben que este juez tiene alg? problema singular, me sorprende que el Consejo no act?", fue lo que dijo Rafael Catal? En aquel comunicado oficial ?no hubo declaraci? institucional?, el CGPJ se refiri?a las manifestaciones de "diversos miembros del Gobierno", aunque fue Catal?quien provoc?enfado en el mundo judicial. Pero aunque fuese un comunicado ?o sea, un texto de menor rango? utiliz?casi clavados, y as?lo subrayan sus portavoces, los mismos argumentos manejados para referirse a Iglesias: mesura, moderaci?, prudencia y evitaci? del uso pol?ico de la justicia.
No obstante, el Consejo se ha mostrado por lo general reacio a intervenir contra dirigentes pol?icos. Por ejemplo, el 1 de junio de ese mismo a? de 2018 y tras la sentencia de G?tel que declar?al PP beneficiario econ?ico de la trama corrupta, el entonces portavoz del partido en el Congreso, Rafael Hernando, se lanz?a deg?llo contra uno de los magistrados del tribunal, Jos?Ricardo de Prada, considerado progresista. Hernando acus? p?licamente a De Prada de estar "en sinton? con el mundo proetarra". Aunque dos asociaciones judiciales pidieron al ?gano de gobierno de los jueces que saliera en su defensa, el consejo se mantuvo en silencio.
Tres a?s antes, el CGPJ reconvino, sin declaraci? institucional, al entonces ministro de Interior, Jorge Fern?dez D?z, por atacar a tres magistrados de la Audiencia Nacional que excarcelaron a dos etarras en aplicaci? de una norma europea. Fern?dez D?z dijo que la decisi? judicial era "lamentable desde todos los puntos de vista, tambi? jur?icamente". "Alguien puede pensar que esa decisi? se ha tomado deliberadamente con el objetivo de no ajustarse en cuanto a su aplicaci? de lo que dice la ley sino a la voluntad de los que han adoptado la decisi?", a?di? El Consejo deneg?el amparo a los tres jueces atacados y calific?de "exceso no justificado" las palabras del ministro.
UN CGPJ EN FUNCIONES NOMBRA A 46 CARGOS, LA MAYOR? AFINES A LESMES Y EL PP, Y CONDICIONA LA JUSTICIA PARA LOS PR?IMOS 20 A?S
Los nuevos presidentes de tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales permanecer? en las plazas cinco a?s. Y los nuevos magistrados del Supremo hasta la jubilaci?. Esta c?ula judicial la tendr? que haber nombrado el pr?imo Consejo.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emprendido una vertiginosa carrera, a pesar de estas en funciones desde hace un a?, y ha nombrado o convocado las plazas de 46 presidentes de tribunales y magistrados del Tribunal Supremo que tendr? que haber nombrado el pr?imo Consejo. En su mayor? son afines al presidente interino Carlos Lesmes y a los vocales nombrados a instancia del PP que gobiernan el ?gano constitucional.
Los altos cargos de la c?ula judicial se renuevan cada cinco a?s, excepto los magistrados del Supremo que permanecen en la plaza hasta la jubilaci?. Y as?lo hizo el actual Consejo cuando fue elegido el 4 de diciembre de 2013.
Este 4 de diciembre se cumple un a? de un CGPJ en funciones. Y Carlos Lesmes, el presidente interino que maneja el poder en el ?gano constitucional y dirige la mayor? af? al PP, ha impulsado una convocatoria masiva de plazas para renovar la c?ula judicial.
Dicha competencia corresponder? al pr?imo Consejo pendiente de nombrar por las Cortes Generales y que va a tener una composici? pol?ica diferente de la actual, creada cuando Alberto Ruiz-Gallard? era el ministro de Justicia del PP en tiempos de bipartidismo. La sensibilidad social y la representaci? pol?ica ha cambiado en el Congreso de los Diputados y el Senado.
Grave cuestionamiento
S?o cuatro de los veinte vocales del Consejo interino se han opuesto a esta fiebre: Enrique Lucas Murillo -designado a propuesta del PNV-, as?como las vocales progresistas Roser Bach, Mar? Victoria Cinto y Concepci? S?z.
"Acabemos con la vertiginosa carrera para agotar todos los nombramientos posibles que se ha lanzado?. Los vocales Lucas, Bach y Cinto pidieron el pasado septiembre a sus compa?ros que se moderaran y, aunque consideran legal el ejercicio de estas atribuciones estando en funciones, sostienen en un voto particular que el CGPJ debe autocontenerse y evitar un ?grave cuestionamiento? de su propia legitimidad.
Pero Lesmes y la mayor? conservadora han seguido adelante, con el apoyo de un sector de la minor? progresista. S?o necesita de dos votos de la izquierda para sacar adelante los nombramientos m? reforzados, y la divisi? de los progresistas se los facilita cuando ofrece concesiones a uno u otro sector.
S?o desde mayo pasado, han nombrado o convocado el nombramiento de 46 presidentes de tribunales superiores de justicia, de las audiencias provinciales, Audiencia Nacional, de las salas de las distintas jurisdicciones, as?como de magistrados del Supremo.
A diferencia de lo que ocurre con el Gobierno, no existe una sentencia del Supremo que limite el alcance de un mandato en funciones. Aunque la propia Ley Org?ica del Poder Judicial prev?un Consejo interino y, dado su car?ter pol?ico, las fuentes jur?icas consultadas consideran que se est? usurpando competencias del pr?imo Consejo.
Control del Supremo
Mientras, el CGPJ ha emprendido la carrera de sacar las plazas del Tribunal Supremo pendientes. Incluso se ha convocado la plaza del expresidente de la Sala Tercera Jos?Manuel Sieira, cuando no se jubila hasta el 15 de diciembre.
Desde que accedi?al poder en 2013, Lesmes ha tenido entre sus objetivos el Tribunal Supremo al que ha logrado dar un vuelco en su composici? .
?Hoy, las cinco salas del alto tribunal tienen una mayor? de tendencia conservadora y los pol?icos que negocian ahora los pactos no saben que no podr? gobernar con un Tribunal Supremo de cara?, explica en fuentes progresistas del CGPJ.
Por si fuera poco, Lesmes ha logrado nombrar magistrados del Supremo a personas afines que rondan la cincuentena, de tal manera que se ha asegurado su presencia en los pr?imo 15 ?20 a?s, hasta la jubilaci?.
Las asociaciones recurren
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociaci? Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han recurrido al Supremo esta retah?a de nombramientos del CGPJ en funciones y que no se hayan elaborado reglamentos sobre los baremos a tener en cuenta adaptados a la nueva legislaci?.
Los baremos gen?icos fueron definidos por el Pleno despu? de la ?tima reforma de la Ley Org?ica del Poder Judicial.
El nuevo art?ulo 326.2 de dicha Ley estableci?el pasado diciembre que deber? existir unas bases en cada convocatoria donde se definir? los m?itos a tener en consideraci? para cada puesto. Esta reforma que pretend? responder las cr?icas del Consejo de Europa que ha afeado a Espa? por su falta de transparencia en los nombramientos de la c?ula judicial.
?Pero ni se elige conforme al m?ito de los candidatos, ni se propone acorde con la ley en materia de igualdad?, zanja Ignacio Ubaldo Gonz?ez Vega, portavoz de JJpD, quien tiene claro que el objetivo ?es nombrar a los afines antes de que termine el mandato?.
El portavoz de la asociaci? Francisco de Vitoria, Jorge Fern?dez Vaquero, cree que toda situaci? de interinidad est??acompa?da de cierta par?isis ante iniciativas de calado. Pero llama la atenci? que no se haya producido en los nombramientos?.
Vuelco al Tribunal Supremo
Carlos Lesmes siempre ha tenido una fijaci?: la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Es la que juzga los actos del Gobierno, los actos administrativos y las decisiones del propio Consejo. Es su especialidad.
Desde que lleg?al poder, Lesmes ha conseguido colocar en esta Sala a un tercio de todos sus magistrados. Como su ?timo amigo Luis Mar? D?z Picazo, al que nombr?presidente de esta Sala en detrimento de independiente Sieira. O la persona que lo propuso a Gallard?, Fernando Rom?. Sin olvidar a Dimitry Berberoff, su exdirector de Gabinete T?nico.
En la Sala de lo Social -que juzga asuntos derivados de la reforma laboral, por ejemplo- el vuelco dado en estos seis a?s es hist?ico. Lesmes y su mayor? han nombrado la mitad de sus magistrados.
En la Sala de lo Penal -que juzga a los aforados, por ejemplo- han designado a 9 de sus 14 integrantes, con algunas concesiones al sector progresista.
Tambi? han dado un giro a la Sala Primera, la de lo Civil, que juzga cuestiones como los derechos de los consumidores y las cl?sulas abusivas. Su presidente es su amigo Francisco Mar? Cast?, cuyo hermano Fernando ha sido nombrado este noviembre magistrado de la Sala Quinta. Es la Sala de lo Militar, donde se design?magistrado a Jacobo Barja de Quiroga, quien en 2013 convenci?a Alfredo P?ez Rubalcaba (PSOE) de que Lesmes era el candidato ideal para el CGPJ.
Espejel y Barrientos, los favoritos
Estos d?s se celebran las entrevistas para cubrir tres plazas de magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se presentan un total de veintiocho candidatos, once de ellos mujeres. Las entrevistas no han finalizado, pero fuentes jur?icas aseguran que Lesmes habr? hecho llegar a su entorno los nombres de sus preferidos: Concepci? Espejel -presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y recusada por el caso G?tel por su afinidad al PP-; Jes? Mar? Barrientos -que a? no ha terminado su mandato de presidente del TSJ de Catalunya- as?como un posible magistrado de JJpD como podr? ser Javier Hern?dez, presidente de la Audiencia de Tarragona (en funciones).
Acaba de convocar tambi? una plaza para la Sala Tercera. Y en el entorno del presidente interino ya se asegura que su preferida es Esperanza C?doba Castroverde, una alto cargo del CGPJ que saltar? desde all?directamente al Supremo cuando lleva seis a?s sin poner sentencias, indican fuentes jur?icas. Jefa de la Inspecci? de los tribunales, es hermana de su ?timo amigo Diego C?doba Castroverde, elevado tambi? a magistrado de esa misma sala durante este mandato.
EL PODER JUDICIAL ASIGNA BAJO CONTROL CONSERVADOR Y ESTANDO EN FUNCIONES 52 PLAZAS DE ALTO NIVEL Y CONVOCA OTRAS OCHO AL SUPREMO
Antes de su renovaci?, bloqueada hace un a?, el equipo que preside Carlos Lesmes dejar?dibujado con los nombramientos discrecionales el mapa del alto tribunal, de TSJ auton?icos y de Audiencias Provinciales
La Fiscal? mantendr?paralizados 30 nombramientos discrecionales mientras est?en funciones, pero el Consejo ha designado en esa misma situaci? a los presidentes de cuatro TSJ auton?icos y de 14 Audiencias Provinciales
Reci? cumplido un a? del bloqueo para su renovaci?, en funciones y bajo la batuta del conservador Carlos Lesmes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva ya asignadas en este periodo 50 plazas de magistrados de la c?ula, cuyo nombramiento es oficialmente definido como "discrecional" y entre los que se cuentan la presidencia de la Audiencia Nacional, la de cuatro TSJ auton?icos y las de 14 Audiencias Provinciales. Desde septiembre, el Consejo ha convocado adem? ocho plazas para el tribunal de mayor altura, el Supremo, a? pendientes de adjudicaci?. De ellas, tres son para la Sala Penal (o Segunda), epicentro de grandes decisiones judiciales relacionadas con la vida pol?ica. Y dos, para la Sala de lo Contencioso (Tercera), en cuyas manos acaban los pleitos de mayor relieve contra pasos administrativos de las Administraciones P?licas.
La composici? de este Consejo, interino desde el 5 de diciembre de 2018, mantiene intacta la mayor? conservadora de la etapa de Mariano Rajoy. Desde diciembre de 2013, el ?gano que maneja las riendas de la judicatura funciona integrado por 11 vocales elegidos a propuesta del PP m? el presidente, Carlos Lesmes; otros nueve son de signo progresista. En noviembre de 2018 el Parlamento alcanz?un acuerdo para ajustar esa composici? a la nueva mayor? parlamentaria e invertir el n?ero de vocales, que pasar?n a ser 11 progresistas y nueve conservadores. El pacto, que inclu? situar en la presidencia al presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena, fue dinamitado.
Como un motor averiado cuyo par? dispara parad?icamente una cadena de hechos notables ?efectuar nombramientos discrecionales bajo una mayor? distinta a la que auguraba su renovaci??, el bloqueo del CGPJ arranc?en noviembre de 2018. Ese par? se produjo al difundirse un whatsapp del PP que presentaba a Marchena como alguien a quien podr? controlar entre bambalinas. Marchena renunci? el acuerdo qued?hecho trizas y el magistrado continu?como presidente de la Sala Segunda y no se vio forzado a renunciar como presidente del tribunal encargado de juzgar a los l?eres del proc?. El 5 de diciembre expir?el mandato de los 20 vocales y el presidente. Y todos entraron en fase de interinidad. ?ico candidato al puesto, Marchena fue revalidado por 19 votos a favor y dos en blanco como presidente de la Sala Penal el 30 de octubre.
La convocatoria de las tres ?timas plazas para el Supremo de las referidas en el primer p?rafo fue lanzada por el CGPJ el 31 de octubre, 10 d?s antes de las elecciones tras las que deb? abrirse el periodo de formaci? de nuevo Gobierno. En septiembre, el CGPJ ya hab? abierto el plazo de presentaci? de candidaturas para otra plaza en la Sala Segunda. Y para otra m? en la Sala Tercera.
Las otras tres plazas pendientes en el Supremo y convocadas con el Consejo en funciones se reparten as? una para la Sala de lo Social (Cuarta) y dos para la Sala Militar (Quinta).
Dos leyes muy distintas
La Ley del Gobierno limita de manera dr?tica el margen de actuaci? del Ejecutivo en los nombramientos discrecionales cuando se encuentra en espera de que haya un nuevo gabinete. Pero la norma que regula esa misma circunstancia para el ?gano de gobierno de los jueces (la Ley Org?ica del Poder Judicial, LOPJ) le deja en cambio manos libres. Salvo con una excepci?: lo ?ico que no puede es nombrar a un nuevo presidente.
No obstante, la pregunta contin? siendo esta: ?resulta inevitable que el CGPJ opere en cuanto a los nombramientos discrecionales como si no estuviese en funciones? En los tribunales de toda ?dole, sea cual sea su gradaci?, los magistrados asignados a una sala o secci? pueden intervenir en asuntos de otra si su presencia se muestra imprescindible para evitar el colapso.
Los portavoces oficiales del Consejo defienden, no obstante, la necesidad imperiosa de cubrir las vacantes en los puestos de la alta judicatura para garantizar la buena marcha de la m?uina. "Si hay varias jubilaciones en una misma Sala, dejarlas vacantes indefinidamente podr? causar un problema en su normal funcionamiento", sostiene la fuente. El presidente del CGPJ ya ha dirigido tres escritos a los presidentes del Congreso y el Senado para recordarles "su obligaci? legal de renovar el ?gano de gobierno de los jueces"
Las tres plazas del Supremo cuya cobertura aprob?el Consejo el 31 de octubre se sacan a convocatoria para su cobertura por la jubilaci? de sus titulares, aunque dos de ellos ?uno, de la Sala Penal y otro, de la de lo Contencioso? no colgar? la toga hasta mediados de diciembre, fecha en que el nuevo Ejecutivo podr? estar ya formado. En la Sala de lo Contencioso quien se jubila ?el 15 de diciembre? es Jos?Manuel Sieira. Sieira es el magistrado a quien Lesmes impidi?en 2015 abordar un segundo mandato como presidente de la sala, rompiendo as?una norma no escrita y colocando en su lugar al magistrado que en octubre de 2018 y con el impuesto hipotecario llev?al Supremo a su peor crisis, Luis D?z-Picazo.
Pero tambi? en el campo jur?ico hay diferencias abrumadoras. Al igual que Lesmes, la fiscal general del Estado, Mar? Jos?Segarra, se encuentra en funciones. Y ello mantiene atascados nada menos que 30 nombramientos discrecionales. Entre ellos, los de dos plazas de fiscal de la Sala Penal del Supremo por jubilaci? de sus titulares. Las fuentes consultadas aseguran que la Ley de Gobierno no resulta aplicable al ministerio p?lico. Pero que la Fiscal? no es partidaria cubrir las plazas discrecionales estando en funciones. Si se jubila un fiscal jefe ocupa su puesto de manera provisional su segundo, el teniente fiscal. Y si no existe ese puesto, la plaza queda vacante.
El escrito de la vocal partidaria de poner l?ites
El principal eslab? en la cadena de hechos trascendentes provocada por el bloqueo a la renovaci? del CGPJ son, sin duda, los nombramientos discrecionales. Porque, como indica el adjetivo, distan de equipararse a aquellos cuya cobertura est?sujeta a reglas sin margen, que es lo que, por ejemplo, ocurre ?o ha de ocurrir? con las oposiciones de cualquier naturaleza.
Cuando el 31 de octubre el pleno del Consejo aprob?la convocatoria de las tres referidas plazas del Supremo, una vocal de la minor? progresista, Concepci? S?z, elegida a propuesta de IU, emiti?un voto particular discrepante que pon? el foco sobre los nombramientos discrecionales. "Un CGPJ ?en funciones? ?escribi?S?z? no es, no puede ser, un CGPJ ?en plenitud de funciones? y, por lo tanto, hemos de admitir con naturalidad la existencia de l?ites y ajustarnos a ellos".
M? adelante y tras dejar constancia de que la ausencia de "apoyaturas legales, jurisprudenciales y acad?icas" no contribuye a "aclarar" cu?es han de ser esos l?ites, S?z agrega un pasaje que explica su posici?: "Sin embargo, criterios de elemental prudencia (que son los que, en ?timo t?mino, se vienen aplicando a la limitaci? de la actividad de ?los gobiernos en funciones?) aconsejan no adoptar decisiones ni medidas que representen alg? obst?ulo o condicionamiento a la labor del CGPJ que nos siga. Y nadie duda de que los nombramientos discrecionales para altos cargos de la judicatura en Espa?, muchos ?como ocurre en el caso de las plazas que se convocan para proveer las Salas del Tribunal Supremo- sin limitaci? temporal de permanencia en el puesto una vez producidos, entran dentro de tal categor?".
El cerrojo y una tripleta de nombres ya en el aire
De hecho, una vez cubra el actual CGPJ las plazas de la Sala de lo Penal y salvo que alguno de los hoy all?destinados desee jubilarse antes del tope m?imo establecido por la ley ?72 a?s? o se ampl? el n?ero de plazas, se echar?el cerrojo por varios a?s a la incorporaci? de nuevos magistrados a esa crucial divisi? del cuerpo de mando jur?ico que constituye el Supremo. Solo uno de los actuales componentes de la Sala, Miguel Colmenero, alcanza la edad de jubilaci? obligatoria en 2023. Y quien le sigue en la lista de edad, Andr? Palomo, llegar?al l?ite en 2026.
En espera de que el pleno del Consejo resuelva esos tres nombramientos discrecionales, en ciertos ?bitos jur?icos se considera como favoritos para esas tres nuevas plazas en la Sala Penal a Concepci? Espejel, presidenta de la sala hom?ima de la Audiencia Nacional y apartada del caso G?tel por su cercan? al PP; Jes? Barrientos, presidente del TSJ de Catalu?, miembro de la asociaci? judicial Francisco de Vitoria, de car?ter moderado y presidente del reci? terminado juicio a Quim Torra; y Jos?de la Mata, titular del juzgado 5 de la Audiencia Nacional, director general en Justicia bajo el Gobierno de Zapatero e instructor de la parte de los papeles de B?cenas que fue reabierta cuando Francisco Correa declar? que distintos empresarios pagaban mordidas al PP a cambio de contratos p?licos. Otras fuentes sostienen que De la Mata ha perdido opciones en los ?timos d?s. En cualquier caso, ninguna de las predicciones puede darse por segura.
Desde el 5 diciembre de 2018, el Consejo ya ha cerrado siete nombramientos discrecionales en el Tribunal Supremo. Adem? de revalidar a Marchena como presidente de la Sala de lo Penal, design? nada m? entrar en periodo interino y por unanimidad, al nuevo presidente de la Sala Primera (Civil) del Supremo, Francisco Mar?. Y ha elegido tres magistrados para esa misma sala; otros dos para la de lo Social, que revisa todo lo relacionado con la reforma laboral; y otra mas para la Sala Quinta, la Militar.
El ?gano de gobierno de los jueces ha nombrado asimismo a los presidentes de cuatro Tribunales Superiores de Justicia (TSJ): Navarra, Asturias, Galicia y Arag?. Solo en ese ?timo caso hubo unanimidad. Adem?, ha designado a cinco presidentes de la Sala de lo Social de otros tantos TSJ (Catalu?, Galicia, Valencia, Castilla-La Mancha y Arag?) y a los de la Sala de lo Contencioso de tres tribunales auton?icos: Galicia, Murcia y Castilla y L?.
En cuanto a las 14 Audiencias Provinciales a cuyos presidentes ha nombrado el Consejo estando en funciones, figuran algunas de relevancia, bien por corresponderse con grandes ciudades y capitales auton?icas o bien por su situaci? geopol?ica. Por ejemplo, Valencia, Vizcaya, A Coru?, Pontevedra, Valladolid, Toledo, Lleida y Tarragona.
El grueso de los nombramientos discrecionales efectuados en fase de interinidad se refiere a miembros de distintos tribunales militares: en total, 17.
Las dos plazas restantes cubiertas mediante nombramientos discrecionales poseen gran valor: son nada menos que la Presidencia de la Audiencia Nacional y la presidencia de la Sala de lo Contencioso de ese mismo tribunal.
EL PACTO PARA RENOVAR EL PODER JUDICIAL, M? CERCA TRAS EL 10-N
PSOE y PP, junto a la coalici? Navarra Suma que integra tambi? a los populares, alcanzan los 210 esca?s necesarios
Aunque el bloqueo pol?ico persiste, el 10-N ha permitido ya al bipartidismo avistar la recuperaci? de una capacidad que hab? perdido en los anteriores comicios por primera vez desde la restauraci? de la democracia. Tras caer hasta los 189 diputados el 28-A, la suma de PSOE y PP ?junto a la coalici? Navarra Suma que integra tambi? a los populares? alcanza ahora de nuevo los 210 esca?s necesarios para poder pactar la renovaci? del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde el 4 de diciembre de 2018.
Un ?gano que, en este periodo, se ha visto cuestionado por las asociaciones judiciales al haber seguido con los nombramientos de los cargos de responsabilidad de los tribunales espa?les y que ha llevado a su propio presidente, Carlos Lesmes, a denunciar que la prolongaci? de esta situaci? "puede contribuir a su descr?ito" entre los ciudadanos. Una encuesta del CIS de hace unas semanas apuntaba que un 50,8% de los espa?les valora como "bastante bajo" o "muy bajo" el grado de independencia de los magistrados espa?les.
Las palabras de Lesmes, que calific?tambi? de "anomal?" la incapacidad del Parlamento de sustituir a los vocales del CGPJ, se produjeron despu? de que los resultados electorales del 28-A complicasen mucho la renovaci?. Los dos principales partidos requer?n por primera vez el apoyo de, al menos, una tercera fuerza que aportase los 21 parlamentarios que faltaban para alcanzar la mayor? de tres quintos de la C?ara que exige la ley.
Y, adem?, en la anterior legislatura hab? saltado por los aires el acuerdo que hab?n cerrado PP y PSOE para renovar el Poder Judicial tras publicarse un mensaje de m?il del entonces portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosid? donde alardeaba de que la formaci? conservadora iba a asegurarse el control del Supremo y del ?gano de gobierno de los jueces con el nombramiento de Manuel Marchena. Esa filtraci? provoc?la renuncia p?lica de Marchena a ocupar ese puesto y, de inmediato, se paraliz?la renovaci?. Y as?sigue.
https://elpais.com/politica/2019/11/11/actualidad/1573499867_143341.html
EL SUPREMO RECHAZA PARALIZAR LOS NOMBRAMIENTOS DEL PODER JUDICIAL EN FUNCIONES
Para el alto tribunal los nombramientos gozan de ?presunci? de legalidad
El Tribunal Supremo ha respaldado este martes, aunque de forma cautelar, la convocatoria de una veintena de plazas de la c?ula judicial acordadas por el Consejo General del Poder Judicial, que est?en funciones desde diciembre pasado. La Sala de lo Contencioso ha rechazado suspender temporalmente estas convocatorias mientras resuelve los recursos presentados por dos asociaciones judiciales. Aunque el Supremo no se pronuncia todav? sobre el fondo del asunto, el tribunal considera que los nombramientos impugnados gozan de ?presunci? de legalidad?.
El auto notificado por el Supremo, firmado por cinco magistrados de la Secci? Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, solo responde a la petici? de suspensi? cautelar de los acuerdos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitada por las asociaciones Juezas y Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria. Pero algunos de los argumentos que ha empleado el tribunal para explicar su decisi? implican un cierto respaldo del alto tribunal a la forma en la que el ?gano de gobierno de los jueces est?gestionando su interinidad.
Los m? de 40 nombramientos convocados o ya acordados por el Consejo, pese a estar en funciones, han enfrentado al ?gano que preside Carlos Lesmes con dos de las principales asociaciones judiciales. Las asociaciones reprochan que un CGPJ en funciones apruebe nombramientos que en unos casos son vitalicios y en otros condicionan para los pr?imos a?s la c?ula judicial. Adem?, sostienen que las convocatorias no cuentan con el preceptivo desarrollo reglamentario y no se han comunicado a las asociaciones profesionales de jueces y magistrados, lo que vulnera, seg? ellas, la Ley Org?ica del Poder Judicial.
El CGPJ ha defendido su legitimidad para convocar y acordar los nombramientos y, entre otros argumentos, alega la necesidad de renovar los cargos que quedan vacantes para evitar la paralizaci? de la justicia.
Es en este punto en el que el auto del Supremo, de 10 p?inas, respalda la actuaci? del Consejo: ?El normal desarrollo de la administraci? de justicia requiere la pronta cobertura de las plazas vacantes tanto judiciales como gubernativas y, mientras esta Sala no se pronuncie en contra mediante sentencia, los nombramientos efectuados cuentan con presunci? de legalidad? se?la el tribunal, que aboga por que prevalezcan ?los intereses generales asociados? a las convocatorias efectuadas por el Consejo ?en ejercicio de sus competencias?.
22 acuerdos impugnados
El recurso de las asociaciones se dirigi?contra 22 acuerdos adoptados por la Comisi? Permanente (el principal ?gano de decisi? del CGPJ) entre mayo y julio de este a?. Mediante esos acuerdos se convocaron otras tantas presidencias y plazas en distintos ?ganos judiciales, entre ellas la presidencia de la Audiencia Nacional y de varios tribunales superiores de justicia auton?icos.
Las asociaciones profesionales pidieron la nulidad de esos acuerdos y solicitaron al Supremo que los suspendiera cautelarmente mientras resolv? sobre el fondo del asunto. Esta ?tima petici? es la que ha rechazado ahora el Supremo.
Seg? el alto tribunal, el recurso de las asociaciones no pierde su finalidad aunque no se acepte la suspensi? cautelar, porque la ejecuci? de una hipot?ica sentencia estimatoria conducir? a la nulidad de los nombramientos y a la nueva convocatoria de las plazas. Por otra parte, a?den los magistrados, los intereses p?licos s?se ver?n afectados si se dejan ahora en suspenso esas convocatorias.
https://elpais.com/politica/2019/10/01/actualidad/1569950347_255722.html
UN CGPJ EN PICADO
El empe? del Consejo de mantener a Enrique L?ez y Eloy Velasco en la Sala de Apelaci? de la Audiencia Nacional es para estudio ejemplar del derecho perverso
Es un b?samo Leiva. De madrugada escucho una de sus canciones: ?Hazlo como si fueras a morir ma?na?. El t?ulo me viene de lujo para lo que quiero expresar aqu?"con rabiosa independencia", que dir? de manera solemne pero no tan cre?le el presidente del actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), don Carlos Lesmes. Llevo m? de media vida dictando sentencias, conociendo problemas. Tanto es as?que, si apareciesen todas las personas implicadas en mis resoluciones, se repoblar? una ciudad de provincias. He sentido cientos de dilemas, dudas, sentimientos humanos y mezquindades. Ahora bien, cuatro a?s como portavoz nacional en la independiente Asociaci? Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que representa a m? de 800 jueces y magistrados de este pa?, y los necesarios viajes a Madrid me han servido para envejecer y ser esc?tico ante los cortesanos.
Estos a?s me han facilitado oscuros saberes nigrom?ticos. Un personaje actual muy conocido en estos momentos me dijo: ?Raimundo, lo peor de Madrid son los codazos?. Le entend? Lo peor fue cuando me percat?de que sus codos se hallaban encallecidos y sus hombros fortalecidos de tanto ejercicio de apartamiento jur?ico-competitivo.
Voy al tema. El ?gano de gobierno de los jueces, es decir, el CGPJ, que por cierto a la mayor? de los ciudadanos le preocupa tanto como el apareamiento del cangrejo de r?, pese a las ?fulas y barroquismos, y que tendr? que cumplir con creces el art?ulo 103 de la Constituci?, que somete a los poderes p?licos a la Ley, ha ca?o en picado. Ojo, no digo que a todos sus miembros se les pueda encasillar por igual, pero lo cierto es que sus ?timas actuaciones son para enmarcar.
Este CGPJ en funciones, que pervive gracias al azar, se ha desmelenado como en una despedida de soltero. El empe? del Consejo de mantener a Enrique L?ez y Eloy Velasco en la Sala de Apelaci? de la Audiencia Nacional, sorteando machaconamente la voluntad del Tribunal Supremo, es para estudio ejemplar del derecho perverso. Lo de los nombramientos expr?, revestidos de legalidad encubierta, de altos cargos judiciales ?d?de est?su verdadero Poder? se deber? examinar en manuales jur?icos de magia. No porque los nombrados no lo merezcan, faltaba m?, sino porque sabemos que ser? nombrados los elegidos de los nombrantes. S?lo que digo, aunque parezca un juego de palabras, un trilerismo. S?lo que digo, aunque parezca el buf? shakesperiano al que se le re?n las gracias pero dec? la verdad.
Quiz? no se vean tantas sonrisas cuando el Supremo se pronuncie sobre lo que se asemeja a un club de golf. ?Los amigos de mis amigos son mis amigos?, cantaba Objetivo Birmania. Nombrad, hacedlo ?como si no importara nada?, que dice Leiva. Pero cuidado. A? quedan jueces en Espa?. A? quedan jueces con may?culas. A? quedan.
Raimundo Prado es portavoz nacional de la Asociaci? Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
https://elpais.com/politica/2019/07/24/actualidad/1563986211_022753.html
LESMES ENV? UNA NUEVA CARTA A LAS CORTES PARA QUE RENUEVEN EL PODER JUDICIAL
El presidente del Consejo recuerda a las C?aras que la sustituci? es "obligada"
La carta ya est?en camino. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha anunciado que ha enviado este mi?coles una misiva a los presidentes de las Cortes para insistirles en que deben proceder a la renovaci? del ?gano de gobierno de los jueces, que se encuentra en funciones desde el pasado 4 de diciembre. Este es el tercer escrito que remite el magistrado, despu? de que alertase en agosto del pasado a? de que activaba el procedimiento para que se reemplazase a los vocales; lo que reiter?en una segunda nota remitida en enero de este 2019.
Esta cuesti? es una de las grandes batallas pol?icas que se avecina en los pr?imos meses, despu? de que el pacto de PP y PSOE saltase por los aires en noviembre de 2018. Lesmes recuerda en su carta a los presidentes del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Manuel Cruz, que "resulta legalmente obligado" llevar a cabo la renovaci? del Poder Judicial. "Ciertamente, la disoluci? anticipada de las C?aras, en marzo de este 2019, ha podido condicionar la culminaci? del proceso de renovaci?", admite el presidente del CGPJ, pero a?de: "Constituido ya el nuevo Parlamento, tras las elecciones generales del pasado d? 28 de abril, e iniciada ya la XIII Legislatura, creo necesario recordar nuevamente que resulta legalmente obligado proceder a la renovaci? de este ?gano en el plazo establecido en la Constituci? y en la Ley Org?ica del Poder Judicial".
El presidente del Consejo conf? en su carta en que se adopten "pronto" las medidas necesarias para su renovaci?, aunque el asunto se encuentra absolutamente parado desde finales de 2018. El acuerdo del bipartidismo se rompi?tras difundirse un mensaje de m?il del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosid? donde alardeaba de que la formaci? conservadora iba a asegurarse el control del Supremo y del ?gano de gobierno de los jueces con el nombramiento de Manuel Marchena.
Esa publicaci? provoc?la renuncia p?lica de Marchena a ocupar ese puesto y, de inmediato, la paralizaci? de la renovaci? del CGPJ. Una situaci? que se prolonga desde entonces y que ha enconado la relaci? entre el Consejo y tres de las cuatro asociaciones judiciales ?todas excepto la mayoritaria y conservadora Asociaci? Profesional de la Magistratura (APM)?. Los colectivos denuncian que un Poder Judicial en funciones haya decidido activar en mayo el nombramiento de altos cargos judiciales, como presidentes de Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia. "Carece de la legitimidad para ello", le reproch?uno de los colectivos.
https://elpais.com/politica/2019/07/10/actualidad/1562756406_922757.html
ARRECIAN LOS RECURSOS CONTRA LAS PROMOCIONES DE JUECES DE UN PODER JUDICIAL EN FUNCIONES DIRIGIDO POR LESMES
Un vocal decide apartarse de una designaci? tras las cr?icas de una asociaci? profesional
El Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde 2018, acumula recursos de magistrados y asociaciones judiciales contra los procesos abiertos en los ?timos meses para designar los cargos de responsabilidad en los tribunales. Pese a que el ?gano presidido por Carlos Lesmes defiende la "transparencia" de sus acuerdos, las alegaciones se suceden e, incluso, dos jueces han llevado esas decisiones al Supremo. Los colectivos tambi? han recurrido 13 puestos por la v? administrativa. Y las cr?icas han provocado que un vocal se aparte de un nombramiento.
El enfrentamiento entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y tres de las cuatros asociaciones profesionales ?todas, excepto la conservadora Asociaci? Profesional de la Magistratura? se ha intensificado desde el pasado mayo despu? de que el ?gano presidido por Carlos Lesmes decidiese poner en marcha el nombramiento de los presidentes de varias Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia (TSJ). "?Por qu?existe prisa en nombrar unas plazas que pueden ser prorrogadas?", se preguntaban entonces, con cierto retint?, los tres colectivos ?Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Asociaci? Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente?, que ped?n en un comunicado la paralizaci? del proceso y recordaban a los miembros del Consejo que, desde 2018, "ya no deber?n permanecer" en sus puestos.
Un tono que, posteriormente, ha ido subiendo a medida que se suced?n las convocatorias de los puestos y se acumulaban los recursos. De hecho, JJpD ha llegado a afirmar que el actual CGPJ "carece de la legitimidad necesaria para adoptar decisiones de trascendencia para la carrera judicial, en tanto que su actividad deber? limitarse al despacho m?imo ordinario de los asuntos". Y la AJFV ha acusado al ?gano de "falta de imparcialidad" y de "pastelear con los nombramientos discrecionales" pese a encontrarse en una situaci? de provisionalidad.
El Poder Judicial se encuentra en funciones desde el pasado diciembre, cuando las C?aras deb?n haber aprobado la renovaci? de sus miembros. De hecho, PP y PSOE pactaron un reparto y el Congreso lleg?a poner en marcha la comisi? consultiva por donde desfilaron los primeros candidatos a convertirse en vocales. Pero todo salt?por los aires cuando se desvelaron unos mensajes de m?il del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosid? donde presum? de un futuro control de los populares sobre el Supremo y el CGPJ al asegurarse el nombramiento de Manuel Marchena, de perfil conservador, como su presidente.
Entonces, la renuncia de Marchena tras estallar la pol?ica y la inestabilidad pol?ica, que acab?con la convocatoria en febrero de Pedro S?chez de nuevas elecciones, paralizaron todo el proceso de renovaci?. A? as? seg? han denunciado las tres asociaciones judiciales, el Consejo aprob?solo dos meses despu? y por "sorpresa" las bases para aprobar los nuevos nombramientos de la c?ula judicial.
Amparo al Supremo
A ra? de ello, seg? explica el portavoz de la AJFV, Raimundo Prado, ya han recurrido por la v? administrativa este proceso para el nombramiento, de momento, de 13 altos cargos: la presidencia de la Audiencia Nacional; la presidencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional; las presidencias de ocho Audiencias Provinciales (Albacete, Castell?, A Coru?, Lleida, Valencia, Valladolid, Toledo y Zamora); la presidencia del TSJ de Galicia; y las presidencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Castilla y Le? y de la Sala de lo Social del TSJ de Arag?. Adem?, incide el portavoz de la Francisco de Vitoria en que, cuando se materialicen, tienen intenci? de llevar cada designaci? al Supremo.
"Las asociaciones est? en su derecho a recurrir", recalca un portavoz del Consejo, que insiste en que las convocatorias "tienen unas bases muy detalladas, donde se establecen claramente los m?itos y c?o se van a valorar".
Este frente de las asociaciones no es el ?ico que se le ha abierto al CGPJ. La magistrada Rosa Mar? Freire, instructora del caso de los discos duros de B?cenas, ha llevado al Supremo la decisi? del Consejo de nombrar como magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucci? n?ero 6 de la Audiencia Nacional a un juez con un n?ero escalaf? menor que ella ?el elegido ocupa el 4.212, frente al 1.271 de Freire?.
Adem?, tras el recurso de otra juez, el Supremo tambi? ha pedido al Poder Judicial que explique qu?criterios sigui?en mayo para mantener a los magistrados Enrique L?ez y Eloy Velasco como adscritos a la Sala de Apelaci? de la Audiencia Nacional, despu? de que el alto tribunal anulara las plazas en propiedad que les hab?n otorgado. Y a todo esto se suma que la magistrada Mar? Jos?Hern?dez, que aspiraba a la presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Arag?, denunci?la pasada semana un trato "indigno" y "discriminatorio" en la entrevista que le hizo el Consejo.
Una acusaci? rechazada en el seno del ?gano, pero que ha provocado que el vocal Jos?Mar? Mac?s haya decidido abstenerse en el nombramiento de la presidencia de la Sala de lo Social del TSJ de Arag? tras la denuncia de Mar? Jos?Hern?dez y el respaldo de la AFJV, asociaci? a la que pertenece. La juez afirm?durante su exposici? que en esa Sala no hab? habido ninguna mujer en 30 a?s. Y Mac?s, tras recordarle que solo el presidente de ese ?gano era elegido directamente por el Consejo, le pregunt?si conoc? que la normativa prev?que solo tiene que primarse a una candidata mujer cuando haya igualdad de m?itos entre los candidatos.
"Se est? produciendo lo que solo s?interpretar como agrios ataques contra mi persona, que no tengo la menor duda de que pretenden y pueden influir en el procedimiento de nombramiento al que se refiere dicha convocatoria", ha afirmado Mac?s en una carta, a la que ha tenido acceso EL PA? y remitida a sus compa?ros y a Lesmes. El vocal, que enmarca esta denuncia en los ataques de las asociaciones contra el actual CGPJ, tambi? afirma en ese texto que sabe que puede "estar abriendo una puerta muy peligrosa, en la que basta con atacar a un vocal para apartarlo de un procedimiento selectivo o para intimidarlo".
https://elpais.com/politica/2019/06/24/actualidad/1561403179_090276.html
JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA DENUNCIA LA ?INTOLERABLE AUSENCIA DE IGUALDAD? EN EL ACCESO AL SUPREMO
El CGPJ ?vuelve a mantener la sist?ica discriminaci? de las mujeres en el seno de la carrera judicial". La elecci? de tres magistrados para tres plazas vacantes y sin ninguna mujer es ?una nueva oportunidad perdida? para dotar al alto tribunal de una representaci? acorde con la realidad social.
La asociaci? progresista Juezas y Jueces para la Democracia ha denunciado el nombramiento de tres hombres en tres plazas vacantes del Tribunal Supremo realizado este jueves por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuando hab? candidatas con mejor curriculum que no fueron preseleccionadas.
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) denuncia la presencia de ?icamente una mujer en las ternas que fueron objeto de votaci? final por el pleno del CGPJ. Circunstancia que ?revela la patente e intolerable ausencia de igualdad de oportunidades para las mujeres candidatas. Espa? es el pa? de la Uni? Europea con menos magistradas en el Tribunal Supremo?, destaca el comunicado. S?o es superado por Albania y Luxemburgo.
"Sist?ica discriminaci?"
A juicio de esta asociaci?, el CGPJ ?vuelve a mantener la sist?ica discriminaci? de las mujeres en el seno de la carrera judicial. Se trata de una nueva oportunidad perdida para dotar al alto tribunal de una mayor, m? justa y necesaria presencia de agmistradas, que responda de una vez por todas a los tiempos y realidad social en los que vivimos?.
El pleno del CGPJ ha nombrado este jueves a dos nuevos magistrados para la Sala de lo Social del TS, Ricardo Bodas Mart? y Juan Molins Garc?-Atance; y a un nuevo magistrado para la Sala de lo Civil del Alto Tribunal, Juan Mar? D?z Fraile.
Ana Orellana, primera magistrada de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislaci? y cuarta mujer en integrarla desde 1730.
Ana Orellana, primera magistrada de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislaci? y cuarta mujer en integrarla desde 1730. Descartada por el CGPJ.
JJpD recuerda que la ONU en su informe de 17 de junio de 2015 del Grupo de Trabajo sobre la discriminaci? de las mujeres en la legislaci? y en la pr?tica en Espa?, formul?una recomendaci? final vinculante para el Estado espa?l: "Con respecto a la participaci? de la mujer en la vida pol?ica y p?lica el grupo de trabajo recomienda que el Estado aplique medidas especiales de car?ter temporal para lograr un equilibrio de g?ero en la administraci? p?lica, en particular en los niveles m? altos de la Judicatura y en el Servicio Exterior".
El CGPJ eludi?elegir este jueves como magistrada del Supremo a Ana Orellana, la ?ica magistrada acad?ica de Espa?, para la plaza de especialista de la jurisdicci? Social de la que ella es la n?ero dos de Espa?. En su lugar, aup?al Supremo al n?ero 10 de la especialidad, Juan Molins.
Paz Garc? Rubio, catedr?ica de Derecho Civil. Foto: Universidad de Santiago de Compostela.
Paz Garc? Rubio, catedr?ica de Derecho Civil, descartada a pesar de tener un curriculum superior al elegido. Foto: Universidad de Santiago de Compostela.
Adem?, ni siquiera fue preseleccionada para la votaci? la catedr?ica de Derecho Civil Mar? Paz Garc? Rubio, candidata con mayores m?itos que el registrador Juan Mar? D?z Fraile, que ha salido elegido como magistrado de la Sala de lo Civil.
El tercer elegido ha sido Ricardo Bodas como magistrado generalista de la Sala de lo Social. Bodas preside la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que recientemente rechaz?la demanda de conflicto colectivo interpuesta por las cuatro asociaciones de jueces contra el CGPJ de Carlos Lesmes.
El CGPJ es el ?gano constitucional encargado de los nombramientos llamados discrecionales: la c?ula judicial de las audiencias, tribunales superiores de justicia y el Supremo. A pesar de que lleve un a? en funciones, sin renovarse, sus veinte vocales siguen adelante con los nombramientos por medio de una mayor? que dirige su presidente, Carlos Lesmes, pendiente tambi? de un pr?imo destino.
TRES PLAZAS DEL SUPREMO PARA TRES HOMBRES, AUNQUE HAYA CANDIDATAS CON MAYORES M?ITOS
El CGPJ se salta sus criterios de igualdad, sus propias bases y hasta las recomendaciones de la ONU para nombrar a Juan Molins, Ricardo Bodas y Juan Mar? D?z Fraile magistrados de las Salas de lo Social y Civil. Y orilla a las candidatas con mayores m?itos Ana Orellana y Paz Garc? Rubio.
El pacto entre la mayor? conservadora y un sector progresista pr?imo al PSOE ha desembocado en el nombramiento de tres varones para las tres ?icas plazas de magistrado convocadas en el Tribunal Supremo cuando hab? al menos dos mujeres candidatas con mayores m?itos que los elegidos.
Ha ocurrido en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ?gano constitucional encargado de los nombramientos llamados discrecionales: la c?ula judicial de las audiencias, tribunales superiores de justicia y el Supremo. A pesar de que lleve un a? en funciones, sin renovarse, este ?gano sigue adelante con los nombramientos que dirige su presidente, Carlos Lesmes, pendiente tambi? de un pr?imo destino.
El CGPJ ha nombrado magistrado para la Sala de lo Social, encargada de los asuntos laborales, por el llamado turno de especialistas a Juan Molins Garc?-Atance, un juez que en el escalaf? ocho posiciones por debajo de Ana Orellana, la primera magistrada acad?ica de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislaci?. Los candidatos orillados son Jos?Manuel Gonz?ez Vi?s y Orellana, los n?eros uno y dos de la especialidad en toda Espa?.
Tambi? ha nombrado para la Sala de lo Civil a Juan Mar? D?z Fraile, un registrador de la propiedad con menor curriculum y m?itos que la catedr?ica de Derecho Civil Mar? Paz Garc? Rubio. Esta candidata ni siquiera fue preseleccionada por la Permanente para que fuera votada en el Pleno.
Para la Sala de lo Social, por el turno de generalistas, ha optado por Ricardo Bodas quien preside la misma sala en la Audiencia Nacional, la misma sala que recientemente rechaz?la demanda de conflicto colectivo interpuesta por las cuatro asociaciones de jueces contra el CGPJ de Lesmes.
Tanto D?z Fraile como Bodas tienen un pasado pol?ico. El primero fue alto cargo en la direcci? general de Registros durante la etapa del Gobierno del PP de Jos?Mar? Aznar. Bodas fue director general de Justicia con el Gobierno del PSOE de Jos?Luis Rodr?uez Zapatero.
M? all?de la ley
Los nombramientos de dos candidatos por encima de dos mujeres con m? m?ito se producen a pesar de que la Ley Org?ica de Igualdad dispone que los poderes p?licos ?procurar? atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad?.
Tambi? la Ley Org?ica del Poder Judicial obliga a respetar el principio de igualdad. Y la base sexta de las convocatorias de estas plazas impone al CGPJ que nombre a una mujer, si existe igualdad en m?itos con un hombre.
Por si fuera poco, el propio Tribunal Supremo tiene establecido que la promoci? de las mujeres en la c?ula judicial "est?llamada a tener funcionalidad real", y "se hace m? acuciante cuanto m? tiempo va transcurriendo desde que entr?en vigor".
La ONU ya advirti?de esta anomal? democr?ica de la judicatura espa?la en su informe de 17 de junio de 2015 del Grupo de Trabajo sobre la cuesti? de la discriminaci? contra la mujeres en la legislaci? y en la pr?tica en Espa?, recuerda la Asociaci? de Mujeres Juezas. En su ?timo comunicado, esta asociaci? ya no reclama la igualdad, sino que a mejores m?itos no se discrimine a la mujer.
Las conclusiones de este informe de la ONU son vinculantes para Espa? y en ellas recomienda: ?que el Estado aplique medidas especiales de car?ter temporal para lograr un equilibrio de g?ero en la administraci? p?lica , en particular en los niveles m? altos de la Judicatura y en el Servicio Exterior.?
Espa? es el pa? con menos mujeres en el Tribunal Supremo de la UE. Tan s?o est?superada por Albania y Luxemburgo. Se encuentra en el puesto 38 de 40 pa?es europeos.
La media de la UE de magistradas del Tribunal Supremo est?en un 37 %, cuando nuestro pa? ten? un 14 % antes de la jubilaci? de la magistrada Milagros Calvo. Con la elecci? de Molins, el porcentaje de magistradas baja al 13 %.
Por si fuera poco, en la Sala de lo Civil s?o hab? una mujer de ocho magistrados y con el nombramiento de D?z-Fraile se pasa a una mujer de nueve varones. All?se dirimen los delicados asuntos de Familia y otros litigios entre ciudadanos. Las mujeres son m? de la mitad de la poblaci? espa?la, como tambi? son m? de la mitad las magistradas que hay en la carrera judicial y tienen una media de edad similar a la de los magistrados.
La votaci?
El pleno del CGPJ est?compuesto por 20 vocales y el presidente Lesmes.
El candidato Molins Garc?-Atance obtuvo 13 de los 21 votos del Pleno para la plaza del Supremo de magistrado especialista en Social. Cuatro votos logr?Florentino Eguaras y dos cada uno Ana Mar? Orellana Cano y Jos? Manuel Gonz?ez Vi?s, que son los n?eros dos y uno de la especialidad.
Por si parte, D?z Fraile fue votado 18 de los 21 miembros del Pleno. Los tres restantes apoyos fueron para el candidato Julio Banacloche.
Bodas obtuvo el apoyo de 14 de los 21 miembros del Pleno, frente a los 6 votos obtenidos por Antonio Jes? Outeiri? Fuentes y el conseguido por Juan Manuel San Crist?al Villanueva.
UNA CATEDR?ICA ES DESCARTADA PARA EL SUPREMO EN FAVOR DE UN REGISTRADOR CON CURR?ULUM INFERIOR
En la Sala de lo Civil del alto tribunal s?o hay una mujer del total de ocho magistrados, cuando all?se dirimen litigios entre ciudadanos, como los asuntos de Derecho Familia. Las mujeres espa?las son casi 24 millones de personas.
Catedr?ica de Derecho Civil de la Universidad de Santiago, asesora en materia de redacci? de leyes, doctora en Derecho, ex vicerrectora de Universidad, experta en Derecho Civil de Galicia? Estos m?itos no han servido a Mar? Paz Garc? Rubio para, al menos, ser propuesta para la plaza del Tribunal Supremo a la que se ha presentado.
El nombre de Paz Garc? Rubio no figura en la propuesta elevada por la Comisi? Permanente al pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este jueves es la votaci? de esta plaza y otras dos m? de la Sala de lo Social del Supremo.
La propuesta de los candidatos recae en la Comisi? Permanente CGPJ, el ?gano constitucional elegido por los partidos pol?icos presentes en el Parlamento. Se votan tres plazas en el Supremo. Y todos los favoritos son hombres.
La plaza a la que se present?Paz Garc? Rubio es en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Se presentaron 15 candidatos, tres de los cuales son mujeres. Ninguna ha sido propuesta para ser votada en el pleno.
El favorito para esta plaza es Juan Mar? D?z Fraile, registrador de la propiedad, apoyado por los vocales de aupados por PSOE al Consejo, y que fue letrado de la Direcci? General del Notariado con el Gobierno de Jos?Mar? Aznar.
Frente a ?, la postergada Paz Garc? Rubio le supera en publicaciones, conferencias y en especialidad: es catedr?ica de Derecho Civil desde hace 19 a?s y lleva 35 a?s de docencia universitaria en esta especialidad a la espalda. Julio Banacloche Palao y Manuel Rivera Fern?dez, los otros dos propuestos, tambi? son catedr?icos, pero con menos a?s de experiencia que Garc? Rubio.
La base sexta de estas convocatorias impone al CGPJ que nombre a una mujer, si existe igualdad en m?itos con un hombre. Pero la catedr?ica ni siquiera ha sido propuesta a pesar de tener un curriculum superior.
Paz Garc? Rubio es la ?ica candidata que es vocal de la Secci? Civil de la Comisi? General de Codificaci?. Hay otro candidato -Banacloche- vocal de esta Comisi?, pero en el ?bito Procesal. La funci? de estos expertos es asesorar al Gobierno en la elaboraci? de leyes.
Cualquiera de los 20 vocales del CGPJ puede rescatar un nombre de los candidatos y exigir al pleno que se vote. Pero las distintas fuentes consultadas sostienen que las plazas ya est? pactadas entre Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, su mayor? conservadora y un sector progresista.
Piden no ser discriminadas
La Asociaci? de Mujeres Juezas de Espa? reclama que se cumpla con la Ley y que no se excluya a mujeres, como ocurre con el caso de Paz Garc? Rubio.
Esta asociaci? ni siquiera pide que se prime a las mujeres, sino que al menos ?las decisiones se tomen en base a criterios objetivos en la valoraci? de m?itos de las personas aspirantes, evitando decisiones arbitrarias que den prevalencia a los aspirantes varones, con m?itos inferiores a los de las aspirantes mujeres?, seg? asegura en su ?timo comunicado.
El caso de Garc? Rubio es paradigm?ico, como el de Ana Orellana, de que se orillan a las candidatas al Supremo en favor de los hombres a pesar de tener igual o curriculum superior.
Orellana es la ?ica que ha pasado el filtro para ser votada en alguna de las tres plazas del Supremo. Pero no ha sido designada ?favorita?, a pesar de ser la primera magistrada de n?ero de la Real Academia de Jurisprudencia y n?ero dos de toda Espa? en su especialidad. Est?ocho posiciones por encima del pactado por Lesmes.
S?o una magistrada
En la Sala de lo Civil del alto tribunal a la que se presenta Garc? Rubio s?o hay una mujer del total de ocho magistrados: Mar? de los ?geles Parra Luc?. All?se dirimen litigios entre ciudadanos, como los asuntos de Derecho de Familia, y las mujeres son casi 24 millones de personas; m? de la mitad de la poblaci?.
Esta plaza es una vacante por el turno de juristas tras la renuncia de Francisco Javier Ordu?, quien dimiti?despu? de varios votos contrarios a la mayor? sobre la defensa de los consumidores ante las cl?sulas abusivas bancarias, como la retroactividad de las cl?sulas suelo.
JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA DENUNCIA LA PRESENCIA DE UNA SOLA MUJER EN LA TERNA DE NUEVOS MAGISTRADOS PARA EL TS
Seg? la asociaci? "Espa? es el pa? de la UE con menos magistradas en el Tribunal Supremo"
Juezas y Jueces para la Democracia ha denunciado este jueves que en las ternas de votaci? final para la selecci? de nuevos magistrados para el Tribunal Supremo, solamente haya estado presente una mujer, informa Europa Press.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se encarga de esa selecci?, ha nombrado, en una reuni? celebrada este jueves, a dos nuevos magistrados para la Sala de lo Social del TS, Ricardo Bodas Mart? y Juan Molins Garc?-Atance. Asimismo, han nombrado a un nuevo magistrado para la Sala de lo Civil, Juan Mar? D?z Fraile.
Esta circunstancia "revela la patente e intolerable ausencia de igualdad de oportunidades para las mujeres candidatas", han lamentado desde la asociaci?, que ha recordado que "Espa? es el pa? de la UE con menos magistradas en el Tribunal Supremo".
De esta manera, han afirmado que esta selecci? ha sido una "nueva oportunidad perdida" para dotar al Alto Tribunal de una "justa" presencia de magistradas. "El CGPJ vuelve a mantener la sistem?ica discriminaci? de las mujeres en el seno de la carrera judicial", han a?dido.
En este sentido, desde Juezas y Jueces para la Democracia han recordado un informe de la ONU fechado el 17 de junio de 2015, donde se recoge una serie de recomendaciones para el Estado espa?l "sobre la cuesti? de la discriminaci? contra las mujeres en la legislaci? y en la pr?tica en Espa?".
Seg? han afirmado, este informe recoge, entre otras medidas, que "el Estado aplique medidas especiales de car?ter temporal para lograr un equilibrio de g?ero en la administraci? p?lica, en particular, en los niveles m? altos de la Judicatura y en el Servicio Exterior".
https://www.eldiario.es/zonacritica/Lesmes-corazon-tinieblas_6_900519955.html
LESMES, EN EL CORAZ? DE LAS TINIEBLAS
La actualidad es un juego de prestidigitaci? permanente, y la mayor? se olvid?de que, todo suspenso, s?o sal?n ganando los que se quedaban en funciones por los tiempos que sean necesarios hasta volver a lograr un acuerdo de renovaci?
Lesmes, desde el cuarto de m?uinas, ha nombrado a los que se ordenaba pero ha hecho un truco de trilero inaceptable para seguir conservando en la Sala de Apelaciones a L?ez y Velasco
La imagen del trilero de la calle Sierpes est?bien solidificada en los mitos de la democracia espa?la. Ya todos saben. Lo que es m? costoso es darse cuenta de que no fue uno, ni ser? dos, sino que la vida p?lica y los poderes del Estado est? agusanados de trileros y de bander?s.
Seguro que todos recuerdan la bolita que conten? un mensajito de Cosid?que hablaba de un reparto conveniente para el Consejo General del Poder Judicial que presidido por Manuel Marchena "controlaremos por la puerta de atr?". Se nos fueron los ojos detr? de esta bolita. En juego estaba tambi? la renuncia de Marchena a aceptar el cargo y, por ?timo, la "digna" estampida de Casado que tras "peerse" se enfad?y tir?de una patada la mesa de juego. Por cierto, que ?los n?eros de representaci? en que se hubiera visto en aquel momento y en los que se ve! Pero esa es otra historia. Ah?nos quedamos todos, prendados de las manos h?iles que manejaban el jueguecito. Rota la baraja nos fuimos todos a otra cosa. La actualidad es un juego de prestidigitaci? permanente, y la mayor? se olvid?de que, todo suspenso, s?o sal?n ganando los que se quedaban en funciones por los tiempos que sean necesarios hasta volver a lograr un acuerdo de renovaci?. Tiempos que ya superan el medio a? y que se pueden ir hasta vaya usted a saber cu?to. Ah?sigue Lesmes, agazapado en el coraz? de las tinieblas rodeado de sus mariachis y con todo el poder en la mano. Todo el poder para seguir colocando a los afines, cuantos m? mejor y cuanto antes mejor. Sin disimulo y sin rebozo. Sin importar incumplir las sentencias o pasarte el control judicial por el forro. Corre, corre Alicia. Llego tarde.
La cuesti? es que el Tribunal Supremo, su Sala Tercera, tir?por tierra el nombramiento de Enrique L?ez y Eloy Velasco como miembros de la Sala de Apelaciones (como ya les cont?en El Supremo hunde el salvavidas del PP). As?que no quedaba otra que cumplir la sentencia y nombrar a los magistrados Manuela Fern?dez-Prado y ?gel Hurtado para esa sala, por tener m? m?itos, y hacer levantar el ala a los que hab?n sido nombrados contrariamente a Derecho. As?que Lesmes, desde el cuarto de m?uinas, ha nombrado a los que se ordenaba pero ha hecho un truco de trilero inaceptable para seguir conservando en la Sala de Apelaciones a L?ez y Velasco. No se olviden de que la Sala de Apelaciones es la madre de todas las salas de la Audiencia Nacional, porque est?llamada a controlar todas sus sentencias. Lo que se sacan de la manga es poner a los que deben pero dejar adscritos a esa sala a los dos desbancados "hasta que salga una vacante y la pidan". Claro que para que salga una vacante los bien nombrados tendr?n que irse y ellos la ocupar?n. Traducci?: los deja de pegados para siempre en el lugar en el que el Tribunal Supremo les acaba de decir que no pueden estar.
Se trata de algo inaudito. En toda la historia judicial espa?la lo que ha sucedido con las anulaciones de nombramientos es que los anulados volv?n a su puesto anterior y, si este estaba ocupado, el problema se le creaba al ?gano de origen para recolocarlos como adscritos. En este caso concreto, L?ez deber? haber vuelto a la Sala de lo Penal y Velasco a su juzgado y, dado que sus vacantes estaban cubiertas, haberse quedado adscritos a los mismos hasta que hubiera nuevas vacantes que cubrir?n con preferencia. Pues no. Dejar a L?ez y a Velasco en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional significa consagrar que el control judicial de los nombramientos judiciales que hace el CGPJ es papel mojado y que ?te puede campar a sus anchas y nombrar a quien le salga. As?lo acaban de demostrar con me parece no poco cabreo de la propia Sala Tercera.
El caso es que Enrique L?ez queda colocado en esa Sala que, seg? ? mismo cont?all?los tiempos, fue creada por su amigo Michavila para que ? la presidiera (ver La Se?ra de las Salas). Lo de la carrera de L?ez da para un monogr?ico. El magistrado que lleg?a la Audiencia Nacional sin haber puesto una sola sentencia por delito -s?o por faltas- gracias a las argucias del PP. El magistrado que casi inmediatamente fue encumbrado al Tribunal Constitucional, sin reunir m?ito alguno, por el Partido Popular. El que perdi?tal canonj? por cometer un delito y conducir borracho por la Castellana y que volvi?con antecedentes a la Sala de lo Penal. El que fue aupado con trampa a la Sala de Apelaciones. ?. S?o con explicar su recorrido se podr?n argumentar casi todos los males de la carrera judicial en Espa? y de su entrega al poder pol?ico. No se equivoquen, en esta jugada Eloy Velasco va de pegado. Si lo hacen con L?ez, lo tienen que hacer con ? porque est?en las mismas condiciones. Eso el propio Velasco lo sabe y lo ha contado. As?que se quedan en una sala que ahora tendr?cinco miembros para 18 sentencias que pusieron el a? pasado. Algo que tiene que estimular a los jueces de base que sucumben bajo el peso del papel.
Lesmes sigue con mano firme manejando la zanahoria. Tiene prisa porque, aunque le queda margen, no sabe cu?to tardar?el nuevo gobierno en pactar una nueva renovaci? del CGPJ, que ahora ser?a cuatro bandas. El PP puede intentar bloquearlo. Ahora mismo siguen teniendo a los suyos en mayor?. Tiene prisa, dec?mos. As?que acaban de sacar el concurso para cubrir la presidencia de la Sala de lo Social de Arag? y las presidencias de las Audiencias de Albacete, Lleida, Toledo y Zamora. Para ello, han creado sin consensuar un baremo de m?itos. Un consejo prorrogado. Corre, corre, Alicia. Voy tarde, muy tarde.
Van a dejar copado todo lo que puedan. El rumbo pol?ico ha cambiado y hay muchos que piensan que hace demasiado fr? fuera. Otro de los nombramientos pendientes es el del propio presidente de la Audiencia Nacional. Los rumores apuntan a que pretende hacerlo Lesmes y que no piensan renovar al actual titular, Navarro, sino nombrar a Francisco Vieira. Vieira, el magistrado que consideraba que los que estaban en la AN deb?n amar mucho la publicidad porque si no entend? que corrieran tal riesgo. Ese que ha dado el salto ahora que ya no hay riesgo de que te maten. Otro que lleva en cargos gubernativos desde que empez?el siglo.
La renovaci? del actual CGPJ debe ser un trabajo prioritario nada m? constituirse el nuevo gobierno. Y no estar? mal que, para impedir que se imponga la prisa y la necesidad del PP de colocar a sus afines, los actuales vocales progresistas del Consejo se plantearan dejar ya sus cargos y forzar una crisis institucional que impidiera que prosiga esta pol?ica de salvar a los esforzados soldados de la APM. Seis mil euros netos al mes no lo pagan todo.
Mientras, sigan atentos a las manos que yo no dejar?de intentar contarles d?de guardan la bolita.
https://www.eldiario.es/zonacritica/Lesmes-corazon-tinieblas_6_900519955.html
DECEPCI? EN LA JUDICATURA CATALANA POR EL TRASLADO A MADRID DE UN ACTO DEL REY: ?ES UN GRAN ERROR?
Felipe VI entrega este martes sus despachos a la nueva promoci? de jueces
Con las sensibilidades a flor de piel tras el proc? y apenas unas semanas antes de que comience el juicio contra los l?eres independentistas, la sede de la Real Academia Espa?la (RAE) acoge este martes un acto que ya ha generado "decepci?" en Catalu?: la entrega del Rey de los despachos oficiales a los nuevos jueces. Por primera vez en dos d?adas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha trasladado esta ceremonia de Barcelona a Madrid. Seg? argument? con motivo del 40 aniversario de la Constituci?.
Una decisi? que no ha sentado bien en la carrera judicial catalana, que ha denunciado en los ?timos meses las presiones que sufren de grupos secesionistas. "Transmitimos respetuosamente al Consejo nuestra profunda decepci?. Confiamos en que esta sea una decisi? transitoria y que en el futuro se den las condiciones para que el tradicional acto de la entrega de despachos presidido por su majestad el Rey se pueda volver a celebrar en esta ciudad", afirm?la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalu? (TSJC), en un acuerdo difundido el pasado 18 de diciembre y donde destaca que la Escuela Judicial est?situada en Barcelona, donde se ha celebrado este acto durante los ?timos 20 a?s.
La juez decana de Barcelona, Merc?Caso, tambi? ha calificado de "gran error" el traslado de la ceremonia a Madrid. "Es muy desalentador para los que trabajamos aqu?y que queremos a la escuela. Y yo creo que, si se ha producido, deber? ser una circunstancia ?ica y el a? que viene se deber?n volver a dar aqu?quot;, ha a?dido en una entrevista en Europa Press.
El pasado a?, cuatro meses despu? de la declaraci? de independencia, Felipe VI aprovech?la ceremonia en la capital catalana para trasladar a los jueces su "confianza y apoyo", as?como para recordarles que son los garantes de la "legalidad de la acci? de los poderes p?licos". Seg? subray? los magistrados ocupan una "posici? clave" para "salvaguardar y garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos".
El CGPJ explica que la iniciativa de trasladar a Madrid el acto responde a la intenci? de conmemorar el 40 aniversario de la Constituci? Espa?la ?"que cre?el ?gano de gobierno de los jueces, con sede en la capital de Espa?"?, as?como celebrar que se cumplen tambi? 25 a?s de la aprobaci? de la Ley Org?ica 16/1994, que atribuy?al Consejo General la competencia en materia de selecci? y formaci? de jueces y magistrados: "Supuso la separaci?, hasta entonces conjunta, de la formaci? de jueces y fiscales".
Seg? los datos del CGPJ, 63 nuevos jueces recibir? este martes sus despachos en un acto presidido por Felipe VI, al que tambi? asistir? la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la fiscal general del Estado, Mar? Jos?Segarra. El 63,4% de ellos son mujeres y la media de edad al ingresar en la Escuela Judicial en 2017 era de 27 a?s.
https://elpais.com/politica/2019/01/07/actualidad/1546858337_373131.html
EL PRESIDENTE DEL SUPREMO PIDE PERD? POR LA CRISIS DE LAS HIPOTECAS: ?NO LO HEMOS GESTIONADO BIEN?
"Se ha provocado una desconfianza indebida en el alto tribunal y no puedo m? que sentirlo, lo
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha pedido la ma?na de este jueves perd? por la confusi? en torno a las hipotecas y ha hecho una "llamada a la confianza" en la justicia. "Esto no lo hemos gestionado bien, sin duda, lamentablemente no lo hemos gestionado bien. Se ha provocado una desconfianza indebida en el alto tribunal y no puedo m? que sentirlo, lo sentimos todos", ha asegurado para, a rengl?, seguido pedir "disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan sentido perjudicados en esta deficiente gesti?".
En la jornada de puertas abiertas en el Supremo, Lesmes ha revelado que ? no apoya la decisi? del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis D?z-Picazo, de elevar el caso a pleno. El presidente del alto tribunal ha contado que habl?varias veces con D?z-Picazo el pasado jueves despu? de que se hiciera p?lica la sentencia que establece que es el banco, y no el cliente, quien tiene que pagar el impuesto de actos jur?icos documentados. En esas conversaciones, el presidente de la sala lament?haberse enterado de la resoluci? por los medios de comunicaci?.
Ambos volvieron a hablar por tel?ono el viernes. En una primera conversaci?, Lesmes, seg? su versi?, pidi?a D?z-Picazo que elaborara una "nota aclaratoria" sobre el alcance de la sentencia. A D?z-Picazo "no le pareci?oportuno, no estaba de acuerdo" y se neg?a hacerlo. Y, poco despu?, llam?a Lesmes y le comunic?que lo que iba a hacer era difundir una nota en la que anunciaba la suspensi? de todos los recursos pendientes relacionados con el tributo hipotecario y la convocatoria de un pleno para revisar si se mantiene o se rectifica el nuevo criterio. Esa nota, en vez de aclarar lo ocurrido, ha generado "confusi?" en los bancos y los ciudadanos, ha reconocido Lesmes.
El presidente del alto tribunal ha asegurado que, tras la sentencia, no recibi?"ninguna llamada de ninguna entidad bancaria". La decisi? sobre qui? pagar?el impuesto est?ahora en manos del pleno de la Sala de lo Contencioso, que se reunir?el d? 5 de noviembre. Lesmes ha negado que en esa sesi? se vaya a "revisar" la nueva jurisprudencia de que sea el banco quien abone este tributo. "Esa percepci? no se ajusta a la realidad", ha dicho. Pero a continuaci? ha afirmado tambi? que el pleno es "soberano" para decidir lo que considere.
El presidente del Supremo s?ha dado a entender que, en su opini?, el pleno ten? que haberse reunido antes de la sentencia, para deliberar sobre el cambio de criterio, y no despu?. "Cuando se producen modificaciones de jurisprudencia lo normal es que se examinen en plenos jurisdiccionales, es una forma habitual de nuestro trabajo", ha dicho. Pese a estar en desacuerdo con la actuaci? de D?z- Picazo, Lesmes ha asegurado que no le pedir?su dimisi?.
https://elpais.com/economia/2018/10/25/actualidad/1540453006_030571.htm
EL SUPREMOGATE: EL MAYOR ATAQUE JAM? CONTADO A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
La revisi? de la sentencia sobre las hipotecas fue impulsada por el presidente del propio tribunal
En el derecho romano, ucase o ukase era un edicto o decreto del emperador, y en la Rusia imperial se llamaba as?a una proclamaci? del zar, del gobierno o de un l?er religioso, que ten? fuerza legal.
Esa fuerza es la que impone el ukase de Luis D?z-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, o Sala Tercera del Tribunal Supremo, que dejar en suspenso ?el giro jurisprudencial? que supone la sentencia de la secci? segunda de 16 de octubre de 2018 seg? la cual son las entidades bancarias las que deben asumir el pago del impuesto en las escrituras notariales de pr?tamo con garant? hipotecaria y no los que clientes o prestatarios.
Luis D?z-Picazo sab? (contra ciertas versiones circulantes en el sentido de que se ha enterado de la sentencia por la prensa) que la secci? segunda, bajo la presidencia del magistrado Nicol? Maurandi, ten? previsto resolver un recurso de casaci? sobre este tema, como se puede comprobar en este auto de admisi? al que ha tenido acceso ARA, que est?firmado por D?z-Picazo.
Es la secci? especializada en impuestos. Y el magistrado ponente, Jes? Cudero, es un especialista de reconocido prestigio que lleg?a la secci? en muy buenas relaciones con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.
D?z-Picazo es al?gico a convocar plenos de una sala de 31 magistrados. Desplaz?en 2015 de la presidencia de la Sala Tercera a uno de los magistrados de mayor prestigio, Jos?Manuel Sieira, que aspiraba a renovar, como era costumbre, su mandato y cumplir un segundo periodo.
D?z-Picazo es miembro de esa secta secreta que se conoce en la magistratura por el acr?imo GAL (Grupo de Amigos de Lesmes). El presidente del Supremo y del CGPJ necesitaba a D?z-Picazo para acabar con la pesadilla de esa d?cola Sala Tercera, encargada, precisamente, de controlar los actos del CGPJ, y que en durante el primer mandato de Sieira hab? castigado a Lesmes tumbando varias de sus resoluciones.
Pero D?z-Picazo, como Lesmes, dedican la mayor parte de su tiempo no al ejercicio de la funci? jurisdiccional -como hac? Sieira- sino a conspirar y urdir operaciones que tienen que ver m? con su propio inter?.
Por tanto, no es que, seg? fuentes judiciales consultadas por ARA, el presidente de la secci? segunda Maurandi le hiciera una jugada a D?z-Picazo. La verdad: ni D?z-Picazo ni su padrino Lesmes le dieron la importancia debida al tema del impuesto en las escrituras notariales de pr?tamo hipotecario.
Otro miembro del Grupo de Amigos de Lesmes, el flamante miembro de la secci? segunda, Dimitry Berberoff, present?un voto particular contra la sentencia los cinco magistrados. Por tanto, Lesmes estaba al corriente.
El comunicado firmado por D?z-Picazo destacaba la ?enorme repercusi? econ?ica y social? de lo que, dec?, supon? ?un giro radical en el criterio jurisdiccional hasta ahora sustentado?.
Le falt?a D?z-Picazo poner los 4.000 millones que calcula la agencia de calificaci? Moody?s que costar? a las entidades bancarias el ?giro radical?. Porque hay que recordar que la secci? segunda no se ha limitado a interpretar: ha anulado el art?ulo 68.2 del reglamento del impuesto.
Los movimientos al alza en la Bolsa de Madrid del pasado viernes, d? 19 de octubre, deber?n ser investigados por la Comisi? Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Porque, ?D?z-Picazo coment?con Lesmes lo que se dispon? a hacer, es decir, emitir un comunicado suspendiendo de facto la resoluci? hasta un Pleno que dictamine si se confirma o no el giro jurisprudencial?
La subida de las acciones de los bancos el pasado viernes, tras la bajada del jueves, puede haber generado fortunas si se dispon? de informaci? sobre lo que se coc?.
Y cabe recordar que la jefa de gabinete de Lesmes, la fiscal Ana Murillo, es esposa de Jos?Manuel Cendoya, uno de los vicepresidentes del Banco Santander.
El ukase de D?z-Picazo es el mayor ataque a la independencia judicial, en este caso, de la secci? segunda, y no desde fuera del tribunal sino desde sus entra?s, desde la misma presidencia de la Sala Tercera.
https://www.ara.cat/es/SupremoGate-ataque-contado-independencia-judicial_0_2110589124.html
EL MAGISTRADO QUE HA FRENADO LA DOCTRINA SOBRE LAS HIPOTECAS LLEG?A LA PRESIDENCIA DE LA SALA TRAS LAS PRESIONES DE LESMES
En 2015 varios vocales denunciaron una campa? de presi? del presidente del CGPJ en favor de D?z-Picazo para presidir la Sala Tercera
Se impuso al entonces presidente, un magistrado que le triplicaba en experiencia y le superaba ampliamente en sentencias dictadas
Fuentes del Supremo destacan que su decisi? de frenar la doctrina sobre las hipotecas ha causado "tristeza" en un tribunal ya muy desprestigiado
El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, se dirige a Luis D?z Picazo en el acto de su toma de posesi? como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
En 2015 ocurri?un hecho in?ito en el Tribunal Supremo. A pesar de la norma no escrita de que todos los presidentes de sala renuevan tras su primer mandato, Jos?Manuel Sieira vio c?o los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) votaban a otro candidato para apartarlo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Luis Mar? D?z-Picazo, sin apenas experiencia en el alto tribunal, gan?con los votos de los conservadores tras una campa? de presi? del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, seg? denunciaron entonces algunos vocales.
Ahora, D?z-Picazo ha protagonizado otro hecho in?ito. Por primera vez ha decidido revisar una doctrina del Supremo ya consolidada en una sentencia. Ha convocado al Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, compuesto por 31 jueces, para que decidan si, como sostienen cinco de ellos, son los bancos quienes deben pagar el Impuesto de Actos Jur?icos Documentados (AJD) y no los clientes. El propio D?z-Picazo les encarg?a esos magistrados que sentaran jurisprudencia y, cuando decidieron fallar contra los bancos -con las consecuencias que conlleva su sentencia-, dio marcha atr?.
D?z-Picazo lleg?al Supremo hace una d?ada, en 2008. Lo hizo por el turno reservado a "juristas de reconocida competencia". Es catedr?ico de Derecho Constitucional y ha impartido clases en universidades espa?las e italianas. Hasta hace no mucho lo hac? en en el Centro Universitario de Estudios Financieros (Cunef), financiado por la Asociaci? Espa?la de Banca (AEB).
Una campa? de presi? "bestial"
En 2015 terminaron los primeros cinco a?s de mandato de Sieira al frente de la Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo. Su renovaci? se daba por hecha en el alto tribunal, pero semanas antes de la votaci? saltaron las alarmas entre algunos vocales del CGPJ. Varios de ellos advirtieron de las maniobras de Lesmes para aupar a D?z-Picazo, conservador y pr?imo al actual presidente del Supremo.
Fuentes del CGPJ recuerdan ahora esa campa?. Nadie en el ?gano de gobierno de los jueces dudaba de la renovaci? porque Sieira no hab? tenido ninguna pol?ica durante su presidencia, hab? desarrollado una gesti? solvente de la Sala Tercera y ten? buena acogida entre los magistrados de la misma. Pero entonces comenz?una campa? de presi? "bestial", se?lan esas fuentes. Se convenci?a vocales que se hab?n comprometido a votar a Sieira para que diesen su apoyo a D?z-Picazo. El primero llevaba 21 a?s en el alto tribunal; el segundo, siete.
Durante la reuni? que deb? elegir entre Sieira o D?z-Picazo -otros dos candidatos estaban pr?ticamente descartados- algunos vocales recordaron que el Supremo hab? establecido que primaba el magistrado con m? experiencia, salvo que el m? reciente tuviese otros m?itos que hiciesen ese inservible. Por ejemplo, experiencia en el orden contencioso-administrativo: Sieira triplicaba a D?z-Picazo. Se compararon tambi? sus resoluciones jur?icas: el primero hab? dictado 2.609 por 898 del segundo.
Los vocales del CGPJ tambi? manejaron otros datos para tomar su decisi?, como que Sieira hab? reducido de 10.743 asuntos pendientes a 4.421 en cinco a?s en una de las salas del Supremo que mayor ratio de recursos admitidos a tr?ite tiene. No hab? datos de D?z-Picazo, que no hab? presidido ninguna sala de ning? tribunal hasta el momento. Se procedi?entonces a votar: 12 de 21 vocales se decantaron por D?z-Picazo. La pol?ica lleg?a la ONU.
Algunos vincularon esa campa? de Lesmes con que D?z-Picazo era de corte conservador. Otros incid?n en que los esfuerzos de Lesmes se deb?n a una animadversi? personal con Sieira a ra? de la pol?ica por el indulto al conductor 'kamikaze' de Valencia. La Sala que presid? Sieira tumb?la propuesta de Lesmes de avalar ese indulto.
D?z-Picazo pidi?la doctrina que ahora ha frenado
Fuentes del CGPJ se?lan que la elecci? de D?z-Picazo, que caus?una gran sorpresa entonces, se ha demostrado equivocada con el tiempo. Ha estado m? centrado en sus conferencias y publicaciones que en la gesti? de la Sala Tercera, que "no le ha importado nada". Tambi? rechazan que, como han publicado algunos medios, no supiese de la trascendencia de la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas. Por el sistema de admisi? de recursos de casaci? y porque la resoluci? pod? entrar en conflicto con algunas anteriores. Adem?, el propio D?z-Picazo firm?el auto de admisi? a tr?ite del recurso que dio origen a la sentencia que el pasado jueves provoc?que los bancos se desplomasen en la bolsa.
"Las cuestiones que se suscitan en el presente recurso de casaci? muestran inter? casacional objetivo para la formaci? de la jurisprudencia, porque es notorio que ambas afectan a un gran n?ero de situaciones, trascendiendo del caso objeto del proceso", dice el escrito que lleva, entre otras, su firma. A?d? que la tarea de los seis jueces que iban a revisar el recurso era la de "precisar, aclarar, matizar, revisar o ratificar la doctrina jurisprudencial" sobre el impuesto de las hipotecas. Eso hicieron, sentar jurisprudencia, hasta que D?z-Picazo, 24 horas m? tarde, paraliz?esa doctrina para que fuese revisada por su "enorme repercusi? econ?ica y social".
Esa decisi?, sin precedentes, ha provocado la extra?za de algunos magistrados del Supremo. "El pleno no est?para esas cosas, no ha pasado nunca. En la sala los magistrados no est? muy conformes", se?la uno de ellos. Varias fuentes coinciden en que el presidente de la Sala Tercera ha dejado en una situaci? muy delicada a los jueces que firmaron la sentencia, que afianzaron una doctrina que ahora el alto tribunal puede revertir.
"La consternaci? que hay en la calle la hay aqu?dentro", sostiene un magistrado, que define el sentimiento dentro del alto tribunal de "tristeza". A la decisi? de D?z-Picazo le han seguido multitud de ataques sobre la falta de independencia de los magistrados del Supremo, algo que este juez considera especialmente negativo en este momento, cuando se habla d? s?y d? tambi? sobre "la posibilidad de presiones externas" en la causa del 1-O.
La incertidumbre que ha creado la decisi? de D?z-Picazo, que ha afectado a la firma de hipotecas, se prolongar?al menos hasta el 5 de noviembre, cuando ha fijado la fecha para estudiar si se aplica o no la doctrina sobre el impuesto. Lo ha hecho tras reunirse este lunes con Lesmes y los magistrados firmantes de la sentencia, un encuentro que ha acabado con un comunicado que trata de despejar las dudas sobre el enfrentamiento entre los jueces a ra? de este asunto.
Mientras tanto, IU ha reclamado la comparecencia de Lesmes en el Congreso para que d?explicaciones y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha pedido la dimisi? de D?z-Picazo, partidario de que "de los jueces se hable lo menos posible, mejor que se hable de sus sentencias" porque "estar en el ojo del hurac? no es bueno".
https://www.eldiario.es/politica/magistrado-paralizado-hipotecas-Supremo-Lesmes_0_827668084.html
EL CGPJ DENIEGA EL REINGRESO DEL JUEZ CLAVE EN LA SENTENCIA DE 'G?TEL' Y BLOQUEA AS?SU CARRERA HACIA EL GOBIERNO DE LOS JUECES
La mayor? conservadora del Consejo aduce que De Prada "no ha aportado documentaci? justificativa" de su cese en el tribunal internacional de La Haya
El juez ya comunic?a la Junta Electoral su "renuncia expresa" el 28 de agosto
La Comisi? Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha denegado este jueves el reingreso al servicio activo al magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Jos?Ricardo de Prada Solaesa, que desde marzo se encuentra destinado en servicios especiales en el Tribunal Penal Internacional de La Haya para la revisi? de la sentencia contra el genocida serbio Radovan Karadzic. De Prada ha emitido un comunicado en el que califica esa decisi? como "sanci? encubierta".
De Prada fue uno de los dos jueces que forzaron la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo en el juicio de G?tel y que luego firmaron la sentencia que considera acreditada la caja B del PP y condena al partido como beneficiario econ?ico de la trama.
Como public?infoLibre, De Prada solicit?el 28 de agosto su reingreso en el servicio activo para optar a un puesto de vocal en el CGPJ, que debe renovarse a partir de diciembre. Lo hizo despu? de que la Junta Electoral de la judicatura, que dirime los conflictos suscitados con los aspirantes a ocupar un puesto en el CGPJ e integrada por tres magistrados del sector conservador, comunicase a De Prada que su candidatura no pod? ser aceptada porque estaba en servicios especiales.
Aunque De Prada sostiene que la Junta est?interpretando de manera err?ea la ley, reaccion?de inmediato con el env?, el 28 de agosto, de una carta en la que le comunicaba que renunciaba "expresamente a la situaci? de servicios especiales". Ahora, y tras la decisi? adoptada la ma?na de este mi?coles por la comisi? permanente del CGPJ, la Junta Electoral debe lanzar en cuesti? de horas la lista de los candidatos admitidos y excluidos. Dada la trayectoria que ha seguido el caso, todas las fuentes consultadas consideran remota la hip?esis de que la Junta Electoral se pronuncie en favor de De Prada aunque, en teor?, cabe esa posibilidad.
Bajo la batuta del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y gracias a la mayor? que ostentan en la comisi? permanente, los conservadores han bloqueado ahora el reingreso de De Prada bajo el argumento de que no ha aportado "documentaci? justificativa" de su cese en el cargo que ocupaba en La Haya "pese a que se le requiri?el pasado 29 de agosto".
La Comisi? Permanente basa su decisi? en el informe emitido por los ?ganos t?nicos del CGPJ, que se?la que el art?ulo 355 de la LOPJ establece que los magistrados deber? solicitar el reingreso al servicio activo ?al cesar en el puesto o cargo determinante de la situaci? de servicios especiales?. Seg? el informe, ?no cabe, por tanto, una renuncia a la situaci? de servicios especiales para dejar de encontrarse en tal situaci?, sino que lo que debe acontecer es un cese en el puesto o cargo que se desempe? y para el que se ha sido nombrado (bien por renuncia o por cualquier otro motivo) o, en su caso, cese de la causa que motiv?dicha situaci??.
El acuerdo ha sido aprobado con los votos del presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, y los vocales Jos?Antonio Ballestero, Juan Mart?ez Moya, Juan Manuel Fern?dez y Jos?Mar? Mac?s. Los vocales Rafael Mozo y Pilar Sep?veda, considerados progresistas, han votado en contra.
EL PODER JUDICIAL RECHAZA DEFENDER AL JUEZ DE 'G?TEL' A QUIEN EL PP ACUS? DE ESTAR EN SINTON? CON LOS PROETARRAS
La comisi? permanente del CGPJ descarta una condena al ataque lanzado por Rafael Hernando contra el juez de G?tel Jos?Ricardo de Prada
Los portavoces del ?gano de gobierno aseguran que la propuesta de la vocal Concepci? S?z de defender al magistrado ni siquiera lleg?a votarse
El presidente del Consejo, Carlos Lesmes, no particip?en el debate
El ataque lanzado el viernes en el Congreso por el portavoz del PP, Rafael Hernando, contra uno de los firmantes de la sentencia del caso G?tel, el magistrado Jos?Ricardo de Prada, quedar?sin respuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La comisi? permanente del ?gano de gobierno de los jueces descart?este jueves la propuesta lanzada por una de las vocales progresistas para emitir un pronunciamiento p?lico en defensa de De Prada, a quien Hernando acus?de estar "en sinton? con el mundo proetarra". Fuentes oficiales del CGPJ han explicado que la iniciativa de la vocal Concepci? S?z ?adscrita al sector progresista? ni siquiera lleg?a votarse.
La posici? mayoritaria en el Consejo ?explicaron sus portavoces sin m? detalles? es la de que no debe interferir en la libertad de expresi? de los representantes pol?icos, especialmente cuando sus intervenciones se producen en el Parlamento.
Lejos de formular una retractaci? o una disculpa, el PP se ratific?el lunes en lo dicho por Hernando durante uno de sus turnos de intervenci? en el debate de la moci? de censura. Esa ratificaci? se produjo cuando dos asociaciones judiciales ?Juezas y Jueces por la Democracia y Foro Judicial Independiente? pidieron el CGPJ que amparase a De Prada "de modo efectivo". El CGPJ respondi?que el amparo solo se otorga a petici? de parte. Y que De Prada no lo hab? solicitado pero que, no obstante, la comisi? permanente estudiar? el asunto si alguien lo planteaba en la siguiente reuni?.
Esa reuni? se celebr?este jueves por la ma?na. Es decir, coincidiendo con la toma de posesi? de la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, acto al que no acudi?el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, el conservador Carlos Lesmes. El asunto ?aducen los portavoces del CGPJ? no estaba en el orden del d? pero se trat? Y Lesmes "ni siquiera intervino".
El voto de Lesmes
Hace una semana, Lesmes hizo valer su voto de calidad para excluir as?a De Prada del tribunal que deb? decidir sobre la libertad o el encarcelamiento de 11 condenados de G?tel. El magistrado, ahora en servicios especiales en el Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya, hab? solicitado que se le permitiera seguir en el tribunal para concluir los tr?ites derivados de la sentencia: la adopci? de medidas cautelares y la resoluci? sobre las posibles reclamaciones de subsanaci? de errores que pudieran plantear las partes. Su petici? provoc?un empate de cuatro a cuatro. Y fue Lesmes quien lo deshizo.
En virtud de ese acuerdo, De Prada tampoco podr?participar ahora en la sala a la que compete resolver si desecha o incorpora las "rectificaciones" que el PP acaba de reclamar en lo que concierne al redactado sobre su car?ter de beneficiario econ?ico de la trama corrupta. Fechado el 4 de junio, el escrito del PP sostiene que se trata de corregir y completar omisiones argumentales de la sentencia sobre por qu?se le condena en el ?bito civil como part?ipe a t?ulo lucrativo.
Juristas de prestigio consultados por infoLibre y por completo ajenos al caso opinan por el contrario que el escrito del PP tiene pocos visos de prosperar porque lo que discute se relaciona m? con la valoraci? de las pruebas que ha tenido en cuenta la sentencia que con hipot?icas omisiones susceptibles de subsanaci?. Y la valoraci? de la prueba ?concluyen esos expertos? se dirime mediante los recursos. En este caso, con el ya anunciado por el PP ante el Tribunal Supremo.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/06/08/el_poder_judicial_rechaza_defender_juez_gurtel_quien_acuso_estar_sintonia_con_los_proetarras_83747_1012.html
JJPD DENUNCIA QUE LOS NOMBRAMIENTOS DEL SUPREMO SON ?EJEMPLOS DE PUERTAS GIRATORIAS?
La asociaci? de jueces progresistas sospecha que pueda haber ?interferencia en procesos judiciales presentes o futuros? con el nombramiento de Vicente Magro Servet en la Sala de lo Penal.
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) denuncia que algunos de los recientes nombramientos del Tribunal Supremo ?no se ajustan a los principios de m?ito y capacidad sostenidos por el precedente ejercicio profesional de cada uno de los candidatos, sino por motivos o intereses ajenos a la funci? jurisdiccional que les viene encomendada?.
As?se ha pronunciado esta asociaci? despu? de conocerse los nombramientos para las plazas vacantes de Fernando Rom? (Sala Contencioso-Administrativo) y Vicente Magro Servet (Sala Penal), de los que dice que ?son claros ejemplos de puertas giratorias? ya que han reca?o sobre personas que han ostentado cargos pol?icos del PP, partido al que tambi? ha estado vinculado el propio presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.
Rom?, amigo ?timo de Lesmes
JJpD: Parece que el perfil que se busca para cubrir las vacantes es el de candidatos conservadores
Fernando Rom?, amigo ?timo de Lesmes, fue Secretario de Estado de justicia bajo el mandato del Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallard? y el que dise? el actual modelo del CGPJ ?con un corte claramente presidencialista que favorece ostensiblemente a Carlos Lesmes?, afirma JJpD.
Por su parte, Vicente Magro Servet fue senador por el PP en la Comunidad Valenciana (Alicante), ?donde los casos de corrupci? vinculados a dicho partido son y han sido una constante, como se evidencia en el juicio seguido actualmente en la Audiencia Nacional?, aducen.
?Parece que el perfil que se busca para cubrir las vacantes en la Sala Segunda del Alto Tribunal es el de candidatos de perfil conservador. Ello aumenta las sospechas de interferencia en procesos judiciales presentes o futuros de los que conoce o conocer?el Tribunal Supremo?, afirma JJpD.
El colectivo recuerda que la Comisi? Europea en su informe sobre el estado de la justicia en los pa?es de la UE, refleja que un 58% de la opini? p?lica espa?la tiene una imagen ?mala? o ?muy mala? sobre la falta de independencia judicial, percepci? que, para JJpD ?es consecuencia directa de las ?interferencias y presiones del Gobierno y sus pol?icas?.
Asimismo, acusan al CGPJ de ?vulnerar? con los ?timos nombramientos su propia pol?ica de transparencia al no publicar los curr?ulums de los candidatos ?impidiendo as?que la ciudadan? pueda comprobar si dichos nombramientos responden a los principios de m?ito y capacidad?.
LA DIVISI? DE LOS PROGRESISTAS DEL CGPJ A?A A UN EXSENADOR DEL PP AL SUPREMO
Repartieron sus votos entre los dos candidatos progresistas a ocupar un puesto en la Sala Segunda del Alto Tribunal
La suma de apoyos en torno a Javier Hern?dez, de Jueces para la Democracia, le habr? permitido sortear la mayor? conservadora gracias al voto de Lesmes
Vicente Magro presidi?la asociaci? de jueces conservadores APM y fue elegido senador por el PP en 1996
El Poder Judicial elige al n?ero dos de Gallard? en el Ministerio como nuevo magistrado del Supremo
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elegido este jueves al conservador Vicente Magro Servet como nuevo magistrado de la Sala Segunda. Este exsenador del PP se ha impuesto gracias a que los vocales progresistas del Consejo han dividido sus votos entre los otros dos candidatos.
Magro, hasta ahora destinado en la Audiencia Provincial de Madrid, ha logrado el apoyo del CGPJ para ocupar la vacante que deja Jos?Ram? Soriano. Se ha impuesto a los candidatos Javier Hern?dez Garc? y Susana Polo Garc?, los dos de tendencia progresista.
Este tipo de votaciones van precedidas de negociaciones y acuerdos entre los integrantes del Consejo. Fuentes del CGPJ apuntan que Hern?dez era el mejor posicionado porque contaba con el mejor curr?ulum de los aspirantes. Sin embargo, el bloque progresista no ha unido sus votos y una parte de esos vocales han apoyado a Polo, la magistrada que quiso juzgar a Elpidio Silva por filtrar los correos de Blesa.
El CGPJ tiene 20 integrantes, m? el voto del presidente, Carlos Lesmes, que tiene potestad para romper los empates con su voto de calidad. A la sesi? de este jueves ha faltado por motivos m?icos el vocal ?varo Cuesta, exdiputado del PSOE en el Congreso.
Magro ha recibido 10 votos de los 20 votos en disputa. Hern?dez, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona, se ha llevado cinco, los mismos que Polo, magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los dos son miembros de la asociaci? progresista Jueces y Juezas para la Democracia.
Hern?dez se ha llevado los votos de tres vocales progresistas -Roser Bach y Mar Cabrejas, propuestas por el PSOE, y Concepci? S?z, propuesta por IU- y el de Jos?Mar? Mac?s, propuesto por CIU. Lesmes ha decidido apoyar con su voto de calidad a Hern?dez. Si los vocales progresistas hubiesen unido sus votos en torno a este candidato el apoyo del presidente del CGPJ con su voto de calidad les habr? valido para imponer su candidatura frente a la de Magro.
Los 10 vocales conservadores del Consejo han votado en bloque a Magro, mientras que Polo se ha llevado los votos Victoria Cinto, Clara Mart?ez de Careaga, Pilar Sep?veda, Rafael Mozo (propuestos por el PSOE) y Enrique Lucas (PNV). Polo fue la magistrada que instruy?la causa contra el juez Silva por filtrar los correos de Blesa, un caso que archiv?el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El nuevo integrante de la Sala Segunda del Supremo tiene un marcado perfil conservador. Juez desde 1987, ha sido senador del PP por Alicante entre 1996 y 1997 y presidente de la asociaci? mayoritaria de jueces -la Asociaci? Profesional de la Magistratura (APM)-, que representa a los jueces conservadores.
Magro lleg?a la C?ara Alta como candidato independiente en las listas del PP en las elecciones generales de 1996, donde lleg?a ejercer como primer secretario de la Comisi? de Justicia y vocal de la Comisi? de Interior y Funci? P?lica.
Abandon?su esca? en 1997 para ejercer como presidente de la Audiencia Provincial de Alicante. Tras varios a?s al frente de este organismo, Magro comunic?su decisi? de dejar el puesto para trasladarse a la Audiencia Provincial de Madrid, donde el CGPJ le concedi?la plaza de magistrado a finales de 2016.
Ahora ocupar?una plaza en la Sala Segunda del Supremo, presidida por Manuel Marchena, y que se ocupa de los asuntos penales. Por ejemplo, revisa los recursos por causas penales o se encarga de investigar a los pol?icos aforados que son investigados por delitos de corrupci?.
Por ejemplo, va a compartir sala con Pablo Llarena, el juez que instruye la causa contra los pol?icos catalanes investigados por rebeli?. Como miembro de esa sala tendr?que ver tambi? los recursos que interpongan las partes contra las decisiones del instructor. Esa Sala tambi? investiga a una senadora del PP, Pilar Barreiro, por su implicaci? en la trama P?ica.
El CGPJ tambi? ha elegido este jueves al exsecretario de Estado de Justicia Fernando Rom? para a Sala Tercera del Supremo. Rom?, que fue n?ero dos de Alberto Ruiz Gallard? en el Ministerio de Justicia, ha obtenido 10 de los 19 votos. Lesmes no ha votado por la amistad que les une al candidato ganador.
https://www.eldiario.es/politica/progresistas-exsenador-PP-Tribunal-Supremo_0_733177728.html
LA RENOVACI? DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, UN CONFLICTO ASEGURADO PARA EL PR?IMO OTO?
La elecci? de los nuevos vocales obligar?a ponerse de acuerdo a los grupos pol?icos
El Congreso y el Senado tendr? que abordar el pr?imo oto? la renovaci? del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un puzle que obliga a ponerse de acuerdo a la mayor? de los grupos del Congreso y del Senado y que esta vez, con el Parlamento m? fragmentado de la democracia y el PP reci? desbancado del Gobierno, se antoja especialmente complejo. Cada una de las C?aras tiene que elegir a diez vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con m? de 15 a?s de ejercicio en su profesi? y seis correspondientes al cupo de jueces. Pero la selecci? tiene que salir adelante por mayor? de tres quintos, lo que exige que se pongan de acuerdo el PP y el PSOE.
El presidente del ?gano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, envi? ayer una carta a todos los jueces para recordarles que los cinco a?s de mandato del actual Consejo vencen el 4 de diciembre y comunicarles que, dentro de un mes, el 4 de agosto, se abrir?el plazo para la presentaci? de candidaturas para los 12 puestos reservados a los miembros de la carrera judicial. Puede presentarse cualquier juez que cuente con el aval de al menos 25 miembros de la carrera o el de una asociaci? judicial, pero los nombres de los futuros vocales ser? de nuevo elegidos previo acuerdo de los partidos.
La renovaci? del Consejo llega sin que las Cortes hayan abordado el cambio de la Ley Org?ica del Poder Judicial (LOPJ) que han reclamado al un?ono todas las asociaciones de jueces para que los 12 vocales que les corresponden sean seleccionados por ellos y no por los grupos pol?icos. ?Una vez que se ha iniciado el proceso de renovaci? no se van a cambiar las reglas a mitad del juego, lo que nos aboca, como m?imo, a otros cinco a?s de un Consejo elegido por el sistema actual?, afirma Celso Rodr?uez Padr?, portavoz de la Asociaci? Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora y la mayoritaria en la carrera.
Rodr?uez Padr? sostiene que la reforma del sistema no ha salido adelante por falta de voluntad pol?ica, y ahora, con el Congreso dividido y un entendimiento casi imposible entre los dos grupos mayoritarios (PP y PSOE), teme que el mandato del Consejo presidido por Lesmes se acabe prorrogando. En 2013, con el PP con mayor? absoluta en las dos C?aras, los grupos tardaron dos meses en llegar al acuerdo del que sali?la actual composici? del ?gano de gobierno de los jueces: 10 miembros propuestos por el PP, siete propuestos por el PSOE, uno pactado con IU, uno con CiU y otro con PNV. Pero la entrada en juego de Podemos y Ciudadanos, y la situaci? creada tras la moci? de censura, que deja al PP con mayor? parlamentaria pero al PSOE con el poder en la Moncloa, complica la situaci?. ?La dificultad de llegar a un acuerdo por la fragmentaci? del Parlamento pone de relieve la perversi? del sistema?, advierte Rodr?uez Padr?.
M? optimista se muestra el portavoz de la asociaci? progresista Jueces y Juezas para la Democracia, Ignacio Gonz?ez Vega. "Me han trasladado que es posible el acuerdo, pero es pronto para saberlo", afirma. Su asociaci?, que hace cinco a?s se opuso a presentar candidatura para los vocales del turno de jueces por no estar confirme con el sistema de elecci?, ha decidido que esta vez s?lo har? aunque sigue aspirando a la elecci? directa por parte de los miembros de la carrera.
https://elpais.com/politica/2018/07/03/actualidad/1530640225_304663.html
EL PP OCUPA LOS PUESTOS CLAVE DE LA JUSTICIA ASEDIADO POR LA CORRUPCI?
Utiliza su mayor? en el Poder Judicial, fruto de la victoria en 2011, para imponer en ocho d?s a dos afines en puestos clave de la Audiencia Nacional
Con esa misma mayor? se renovar? en los pr?imos meses tres plazas en la Sala del Tribunal Supremo que investiga a los aforados
Espejel ha sido nombrada con el rodillo del CGPJ; para L?ez se ha optado por exigir un viejo t?ulo que s?o ? y unos pocos m? tienen
El Partido Popular se est?sirviendo de un instrumento heredado de su mayor? absoluta, el control del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para ocupar con afines la c?ula judicial, a pesar de gobernar en minor? y mientras proliferan grandes investigaciones por corrupci? en su contra.
En un plazo de ocho d?s, los vocales del CGPJ propuestos por el PP en 2013 han votado a favor de ubicar en dos de los puestos m? importantes de la Audiencia Nacional a Concepci? Espejel y Enrique L?ez, magistrados que comparten haber sido apartados a la vez por sus propios compa?ros de los tribunales que est? juzgando y juzgar? casos de corrupci? del PP, con el argumento de su proximidad a la formaci? pol?ica en el Gobierno.
En el m?odo empleado para elegir a Concepci? Espejel no ha habido rodeos por tratarse de un nombramiento discrecional. Aspiraban seis magistrados y el bloque mayoritario ha optado, entre los jueces conservadores, por aquella a la que la secretaria general del PP llam??querida Concha?, durante discurso con motivo de una condecoraci?.
Solo Vicente Guilarte, propuesto como vocal por el PP, ha optado por Carmen Lamela, una candidata que desde el bloque progresista se apreciaba de consenso. Los otros 11 conservadores, incluido el juez que el Gobierno de Mariano Rajoy design?para presidir el Poder Judicial, Carlos Lesmes, han votado a Concepci? Espejel. La magistrada Manuela Fern?dez de Prado, con 25 a?s de experiencia "ininterrumpida" en la Audiencia Nacional, como ha recordado Jueces para la Democracia (JpD), ha recibido el apoyo de 8 vocales progresistas. JpD ha calificado de "demoledor" el mensaje que se env? a los jueces con el nombramiento de Espejel.
La presidenta de la Sala de lo Penal est?facultada para abocar a pleno las resoluciones que considere, arrebatando as?la decisi? a una secci? determinada y poni?dola en manos del conjunto de magistrados de esa Sala, de mayor? conservadora. Espejel, hasta ahora presidenta de la Secci? Segunda, integrar?la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, influir? con sus decisiones sobre el reparto de los asuntos entre unas secciones y otras y presidir?ella misma la Primera. Tambi? influir?en los se?lamientos de juicios, una cuesti? aparentemente administrativa, pero que puede resultar determinante en qu?magistrados integren un tribunal, seg? su disposici? en ese momento.
Ingenier? administrativa para L?ez
La elecci? de Enrique L?ez ha necesitado de otra ingenier? m? complicada que en el caso de Espejel. La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional era una exigencia de los organismos internacionales desde casi su fundaci?. El Partido Popular hizo un amago de creaci? al final del mandato de Aznar, pero no ha sido hasta los ?timos meses cuando ?te se ha concretado.
En medios jur?icos cunde la indignaci? por los elegidos para ocupar un tribunal con tanto poder y de tanta exigencia jur?ica apenas tengan experiencia en poner sentencias. La Sala de Apelaciones revisar?en sus fallos todos los que haya dictado previamente la Sala de lo Penal de los casos que comiencen a instruirse a partir del pr?imo 1 de junio.
El criterio impuesto desde el Gobierno para que L?ez y Velasco hayan llegado a la Sala de Apelaciones es que los magistrados que integren el tribunal tengan la especialidad en penal. En la pol?ica abunda que esa especialidad solo se les reconoce a aquellos que superaron una oposici? menor hace veinte a?s, frente a otros que aprobaron una mucho m? exigente y an?ima en 2011, pero que fue anulada en parte por el Tribunal Supremo.
El n?ero uno de esta convocatoria fue Ram? S?z, magistrado progresista de gran experiencia, exvocal del CGPJ a propuesta de IU y ponente en los ?timos tiempos del fallo que absolvi?en la Audiencia Nacional a los manifestantes que rodearon el Parlament de Catalu? en mayo de 2011. El CGPJ debi?convocar despu? una nueva oposici?, pero nunca lleg?a hacerlo.
Por tanto, entre los doce que ostentan la ?ica especialidad en penal reconocida est? Enrique L?ez y Eloy Velasco. Una vez convocada la plaza, solo restaba que ambos se presentaran para aplicar el criterio de selecci? y que fueran los elegidos. En el caso de Velasco, su ascenso implica que deja de instruir los casos de corrupci? m? graves que afectan al PP y cuya investigaci? est?abierta: la pieza del caso P?ica que investiga su financiaci? irregular en Madrid y la Operaci? Lezo, con el expresidente auton?ico Ignacio Gonz?ez en el centro.
Segundo ascenso con una renuncia de por medio
La insistencia del PP con Enrique L?ez se remonta a la pelea que durante a?s mantuvo por ubicarle en el Tribunal Constitucional, a pesar de la oposici? frontal del PSOE, que alegaba no reun? los m?itos exigidos. En 2013, con la mayor? absoluta del PP, lleg?el momento de su desembarco en el Constitucional, pero un a? despu? el magistrado se vio obligado a dimitir tras ser sorprendido conduciendo borracho su moto y sin casco por el centro de Madrid. La Ley permit? su reingreso inmediato en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En dos a?s y medio, L?ez ha vuelto a ascender, ahora a la nueva Sala de Apelaciones, de la que resta por elegir a su presidente. Ser? como en el caso de Espejel, una elecci? discrecional. Hasta entonces, el presidente de la Audiencia Nacional, Jos?Ram? Navarro, presidir?provisionalmente el tribunal. Navarro aparece en la fotograf? que ilustra esta informaci? detr? de Espejel, aplaudiendo como Cospedal. En aquel entonces era presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
En los pr?imos meses cabe un nuevo movimiento que afecta a otra ubicaci? clave en el sistema judicial espa?l, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que se encarga de investigar a los cargos pol?icos y otros aforados. Dos puestos est? vacantes ya, uno m? lo estar?en las pr?imas semanas y en noviembre se marchar? cuatro magistrados em?itos, tres de ellos progresistas. Si la mayor? conservadora del CGPJ impone a sus candidatos en las tres plazas a cubrir, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal se escorar?todav? m? a la derecha.
Marchena, el 'cerebro' en la sombra
El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, es considerado desde el sector progresista de la judicatura la cabeza pensante detr? de todos los movimientos de piezas que se est? produciendo en el sector judicial. Seg? fuentes del caso, Marchena llam?al tel?ono m?il del juez Eloy Velasco mientras tomaba las primeras declaraciones de detenidos en la Operaci? Lezo para advertirle de que iban a intentar apartarle del caso por el puesto que desempe? su mujer en la Comunidad de Madrid en tiempos de Ignacio Gonz?ez. Como consecuencia de ello, Velasco pregunt?a Gonz?ez y su defensa si quer?n que se apartara.
Una de las plazas pendientes de convocar el Tribunal Supremo es la de Jos? Manuel Maza, el primer fiscal general del Estado reprobado en la historia de la democracia espa?la, tan solo seis meses despu? de ser nombrado por el Gobierno. Maza no era la primera opci? para el Ejecutivo, que pretend? renovar en el puesto a Consuelo Madrigal. Sin embargo, la negativa de ?ta a designar puestos claves en el Ministerio P?lico hizo cambiar de postura al ministro de Justicia, Rafael Catal?
Uno de esos puestos era el de la jefatura de la Fiscal? Anticorrupci?, para el que fue elegido Manuel Moix. Antes de nombrarlo, Maza fue advertido por la teniente fiscal de Anticorrupci? y por la Uni? Progresista de Fiscales de que iba a nombrar alguien a quien el principal acusado de la Operaci? Lezo, Ignacio Gonz?ez, alababa en las intervenciones telef?icas y del que sab? que iba a ocupar el puesto tres meses antes. Maza ignor?el aviso. La pasada semana Moix fue reprobado en el mismo pleno que Maza y el ministro Catal? el pasado 16 de mayo.
http://m.eldiario.es/politica/Partido-Popular-coloniza-judicial-corrupcion_0_647436298.htmlEL BLOQUE CONSERVADOR IMPONE A ESPEJEL AL FRENTE DE LA SALA PENAL DE LA AUDIENCIA
La sucesora de Fernando Grande Marlaska fue apartada del caso G?tel por su cercan? al PP
La votaci? ha sido celebrada esta ma?na por el pleno del ?gano de gobierno de los jueces, y ha arrojado el resultado de 11 votos a favor de la elecci? de Espejel, 8 a favor de Manuela Fern?dez Prado, 1 voto por el magistrado Ferm? Echarri y otro para la magistrada Carmen Lamela.
Espejel, que sustituir?en el puesto a Fernando Grande-Marlaska, tendr? amplios poderes para organizar la sala de lo Penal de la Audiencia. Entre sus competencias figuran la posibilidad de presidir cualquier vista oral que se celebre en su jurisdicci? -como hizo en su d? Javier G?ez Berm?ez con el juicio de los atentados del 11 de marzo de 2014- . Tambi? puede hacer que cualquier asunto pueda dirimirlo el pleno de la Sala de lo Penal, formado por una veintena de magistrados.
El grupo de vocales conservadores, cuyo voto lleg?a la jornada de ayer dividido, se ha agrupado esta ma?na despu? de celebrar por la noche una reuni? para ponerse de acuerdo, seg? han informado fuentes no oficiales del CGPJ.
Espejel fue obligada por el conjunto de magistrados de lo Penal de la Audiencia Nacional a excluirse de los tribunales que juzgar? el caso Gurtel y el asunto de los llamados papeles de B?cenas sobre la caja B del PP, debido a la afinidad con este partido de la magistrada, que no hab? querido abstenerse por iniciativa propia. Ahora ser?la presidenta de esos mismos magistrados.
Se da la circunstancia de que esa misma exclusi? forzosa para juzgar estos dos mismos sumarios afect?tambi? al magistrado del mismo tribunal Enrique L?ez, considerado tambi? por sus compa?ros demasiado af? al PP para juzgar el caso G?tel.
La semana pasada el mismo CGPJ que ha nombrado hoy presidenta a Espejel design?a L?ez para ocupar una de las dos plazas de magistrado de la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Puede decirse, de este modo, que meses despu? de ser excluidos por su afinidad al PP de unos determinados casos que afectaban a este partido, ambos han sido ascendidos por el CGPJ.
El puesto de presidente de la Sala Penal de la Audiencia tiene car?ter gubernativo pero tambi? jurisdiccional, es decir, quien lo ocupa organiza dicha sala en t?minos administrativos, pero tambi? forma parte del tribunal como magistrado que juzga asuntos.
Adem? de Espejel, aspiraba al puesto Manuela Francisca Fern?dez Prado, magistrada de la Secci? 1? de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y preferida por los progresistas.
Tambi? era candidato Juan Pablo Gonz?ez Gonz?ez, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia y uno de los favoritos, hasta ayer noche, del grupo conservador del CGPJ.
Ferm? Echarri, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional apoyado por el hasta ahora presidente de la Sala Penal, Fernando Grande Marlaska, y Carmen Lamela D?z, del Juzgado Central de Instrucci? n?ero 3 de la Audiencia Nacional, fueron los nombres del consenso para el caso de un acuerdo entre todos los vocales que finalmente no se ha producido.
Mar? Teresa Palacios Criado, magistrada de la Secci? 4? de la Sala de lo Penal de la Audiencia, tuvo siempre pocas posibilidades.
La vacante en la Sala de lo Penal de la Audiencia se ha creado porque el vocal y magistrado, Fernando Grande Marlaska, hab? llegado casi al final de su mandato como presidente de la citada sala. Adem?, cuando estaba a punto de finalizar su mandato, Marlaska accedi?a uno de los puestos de la Comisi? Permanente del CGPJ.
Se trata de la comisi? m? importante, la que lidera el ?gano de gobierno de los jueces. Y sus miembros tienen dedicaci? exclusiva). De este modo, la vacante de Marlaska deb? ser cubierta
http://politica.elpais.com/politica/2017/05/25/actualidad/1495707672_369867.htmlEL CONGRESO CORRIGE Y DESAUTORIZA AL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL
Lesmes pretend? evitar una comparecencia en la comisi? de investigaci? de Interior
El arranque este mi?coles de la comisi? de investigaci? sobre el Ministerio del Interior ha estado precedido de un conflicto institucional entre el Congreso y el Consejo General del Poder Judicial que, finalmente, ha perdido Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y el Poder Judicial. El conflicto se ha sustanciado en un intercambio de cartas entre Lesmes y Ana Pastor, presidenta del Congreso, porque el primero quer? impedir la comparecencia este mi?coles de Daniel de Alfonso, exresponsable de la Oficina Antifraude de Catalu?. De Alfonso es magistrado y abre las comparecencias porque fue grabado en el despacho del entonces ministro del Interior Jorge Fern?dez y, seg? las conversaciones reveladas por P?lico, ama?ban procedimientos contra rivales pol?icos.
De Alfonso fue citado por la comisi?, ? pidi?permiso al Poder Judicial y Lesmes remiti?una breve carta el 29 de marzo a Pastor negando la comparecencia. Invocaba la "inmunidad judicial" regulada en la Ley Org?ica del Poder Judicial en un art?ulo que se?la que "las autoridades civiles y militares se abstendr? de intimar a los jueces y magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia. Cuando una Autoridad civil o militar precise de datos o declaraciones que pueda facilitar un Juez o Magistrado, y que no se refieran a su cargo o funci?, se solicitar? por escrito o se recibir? en el despacho oficial de aquel, previo aviso".
http://politica.elpais.com/politica/2017/04/04/actualidad/1491317335_631828.htmlCOMUNICADO CONJUNTO SOBRE LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DEL CGPJ
Ante la Comisi? de Justicia del Congreso de los Diputados, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial afirm? recientemente que la culpa de la politizaci? de la Justicia la tienen las asociaciones judiciales ya que representan opciones ideol?icas y se identifican con partidos pol?icos.
Ante estas palabras, cuando menos sorprendentes en quien ocup?cargos directivos en el Poder Ejecutivo durante dos legislaturas y actualmente preside el ?gano encargado de velar por la independencia judicial, las Asociaciones Judiciales quieren manifestar:
1. El derecho de asociaci? de los miembros de la carrera judicial ?no ser? necesario recordarlo- se reconoce de manera expl?ita en el art?ulo 127 de la Constituci?, que se ve desarrollado en los art?ulos 401 y siguientes de la Ley Org?ica del Poder Judicial. Al propio tiempo se proh?e a los Jueces/zas y Magistrados/as la pertenencia a partidos pol?icos y sindicatos.
2. Esta doble circunstancia significa que el Juez/a, ante todo, es una persona, est?integrado en la sociedad a la que sirve activamente y, como tal, es titular de la libertad ideol?ica y de pensamiento, como constantemente ha recordado el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Adem?, tiene derecho a la defensa de sus intereses profesionales siempre que contribuyan a la mejora de la Justicia.
3. El pluralismo es un valor constitucional que el Sr. Lesmes parece ignorar, lo que no impide una unidad de objetivos. El asociacionismo judicial, desde la diversidad, tiene un mismo objetivo, establecido en el art 401 LOPJ: mejorar la Administraci? de Justicia, la independencia judicial, e incrementar su confianza ante los ciudadanos/as a quienes servimos, lo cual es sobradamente conocido. Recordamos al Presidente del CGPJ que son mucho m? los puntos que nos unen que los que nos separan.
4. La politizaci? de la justicia que pudiera deducirse de las palabras del Presidente es rotundamente falsa. Esa politizaci? se identifica en realidad con otros motivos; Junto con las indeseables injerencias del Ejecutivo, hay que destacar el actual sistema de designaci? de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, cuya reforma hemos solicitado conjuntamente todas las asociaciones, en l?ea con las recomendaciones del Consejo de Europa a trav? del ?timo informe GRECO, que advierte del riesgo que comporta este sistema de designaci? con relaci? a la independencia judicial.
5. Por todo ello, no podemos aceptar las palabras del Sr. Lesmes, al que desde aqu?reclamamos una rectificaci? p?lica. No podemos asumir que las Asociaciones seamos el problema. Como siempre hemos proclamado, entendemos que nuestro papel es necesario para el impulso permanente de mejorar la Justicia. Tratamos de buscar soluciones y, desde luego, nuestra diversidad de planteamientos merece un respeto.
Madrid, 17 de marzo de 2017
ASOCIACI? PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA- ASOCIACI? DE JUECES Y MAGISTRADOS "FRANCISCO DE VITORIA"- JUECES PARA LA DEMOCRACIA - FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE
http://juecesparalademocracia.blogspot.com.es/2017/03/comunicado-conjunto-sobre-las.html?m=1LAS ASOCIACIONES DE JUECES SE UNEN CONTRA LESMES
El presidente del Supremo y del CGPJ dijo que la culpa de la politizaci? de la Justicia la tienen las asociaciones
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General de los Diputados Carlos Lesmes ha conseguido que las cuatro asociaciones judiciales de planteamientos muy diferentes se hayan puesto de acuerdo? para exigirle un?imemente una rectificaci? p?lica. La causa son las palabras de Carlos Lesmes ante la Comisi? de Justicia del Congreso de los Diputados, cuando afirm?que la culpa de la politizaci? de la Justicia la tienen las asociaciones judiciales ?ya que representan opciones ideol?icas y se identifican con partidos pol?icos?.
En un comunicado firmado por la Asociaci? Profesional de la Magistratura, la de Jueces y Magistrados "Francisco de Vitoria", Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente califican, cuando menos como sorprendentes tales declaraciones ?en quien ocup?cargos directivos en el Poder Ejecutivo durante dos legislaturas y actualmente preside el ?gano encargado de velar por la independencia Judicial?.
?Titulares de libertad de pensamiento?
Para empezar, los jueces se?lan que aunque no ser? necesario recordarlo, el derecho de asociaci? de los miembros de la carrera judicial se reconoce de manera expl?ita en el art?ulo 127 de la Constituci?, que se ve desarrollado en los art?ulos 401 y siguientes de la Ley Org?ica del Poder Judicial. Al propio tiempo se proh?e a jueces y magistrados la pertenencia a partidos pol?icos y sindicatos.
Considera por tanto que esta doble circunstancia significa que jueces y juezas son ante todo, personas integradas en la sociedad a la que sirven activamente y, como tales, ?son titulares de la libertad ideol?ica y de pensamiento, como constantemente ha recordado el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Adem?, tienen derecho a la defensa de sus intereses profesionales siempre que contribuyan a la mejora de la Justicia?.
?El pluralismo es un valor constitucional que el Sr. Lesmes parece ignorar, lo que no impide una unidad de objetivos. El asociacionismo judicial, desde la diversidad, tiene un mismo objetivo, establecido en el art 401 LOPJ: mejorar la Administraci? de Justicia, la independencia judicial, e incrementar su confianza ante los ciudadanos a quienes servimos, lo cual es sobradamente conocido. Recordamos al presidente del CGPJ que son mucho m? los puntos que nos unen que los que nos separan?, contin?n.
La politizaci? est?en el CGPJ
Las cuatro asociaciones judiciales se?lan que ? la politizaci? de la justicia que pudiera deducirse de las palabras del Presidente es rotundamente falsa. Esa politizaci? se identifica en realidad con otros motivos?.
Estos motivos que llevan a la politizaci? los resumen as? ?Junto con las indeseables injerencias del Ejecutivo, hay que destacar el actual sistema de designaci? de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, cuya reforma hemos solicitado conjuntamente todas las asociaciones, en l?ea con las recomendaciones del Consejo de Europa a trav? del ?timo informe GRECO, que advierte del riesgo que comporta este sistema de designaci? con relaci? a la independencia judicial?.
?Por todo ello, no podemos aceptar las palabras del Sr. Lesmes, al que desde aqu?reclamamos una rectificaci? p?lica. No podemos asumir que las Asociaciones seamos el problema. Como siempre hemos proclamado, entendemos que nuestro papel es necesario para el impulso permanente de mejorar la Justicia. Tratamos de buscar soluciones y, desde luego, nuestra diversidad de planteamientos merece un respeto?.
http://www.elplural.com/sociedad/2017/03/17/las-asociaciones-de-jueces-se-unen-contra-lesmesJUECES PROGRESISTAS ACUSAN AL SUPREMO DE LEGITIMAR "PURGAS IDEOL?ICAS"
Duro comunicado contra la Sala III por avalar el rechazo del Poder Judicial a que la juez Angels Vivas presida la Audiencia Provincial de Barcelona
Discriminaci? por sexo, asunci? de la postura del Consejo General del Poder Judicial, reproches a la magistrada? Jueces para la Democracia ha hecho p?lica su cr?ica ante la sentencia de la Sala III del Tribunal Supremo que ha validado la postura del CGPJ en su decisi? de que Angels Vivas pese a su mayor antig?dad en el escalaf? e igual o mayor n?ero de m?itos que el candidato elegido, haya sido rechazada para la presidencia de la Audiencia Provincial de Barcelona. Y consideran inadmisible ?que se legitimen las purgas ideol?icas?.
La magistrada fue una de las firmantes del Manifiesto de los 33, un grupo de jueces que apoyaron en Catalu? el derecho a decidir. Para el Supremo a la magistrada ?nadie la oblig?a bajar a la arena pol?ica?, seg? hace constar la sentencia. No admiti?la Sala III que el CGPJ fuera discriminada por ser mujer o que se vulnerase su derecho a la libertad de expresi? al tener en cuenta sus posiciones pol?icas.
Haciendo un resumen de los hechos Jueces para la Democracia recuerda que la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 419/2017, de 9 de marzo, que cuenta con un voto particular de un magistrado en desacuerdo, se refiere al acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 31 de marzo de 2016 que decid? que el juez Antonio Ram? Recio C?doba fue nombrado presidente frente a la magistrada Angels Vivas Larruy que era la otra candidata. Esta sentencia obedece a un recurso presentado por el acuerdo del Consejo.
M? antigua y con m? m?itos
JpD reprocha a sus colegas que ?el citado Acuerdo se adopt?sabiendo que la magistrada ?gels Vivas es mucho m? antigua en el escalaf? y con o m? m?itos que el magistrado finalmente nombrado, y, como deja entrever el voto particular que se formula a la Sentencia, en clara vulneraci? del principio de no discriminaci? por raz? de sexo porque no se justific?la preferencia del magistrado elegido en este supuesto?.
La asociaci? judicial progresista califica la sentencia de ?decisi? sin precedentes?, en un claro ?ejercicio de voluntarismo que en absoluto est? justificado?, ?situ?dose la Sala en la posici? del Consejo General del Poder Judicial y sustituyendo a ?te en el ejercicio de sus funciones?, y ?(sin) juzgar los hechos?, citando a quien firma el voto particular.
?El Tribunal Supremo no s?o no restaura a ?gels Vivas en sus derechos anulando el acto discriminatorio que ha sufrido, sino que, adem?, le reprocha el haber suscrito un manifiesto en el que, como jurista, expres? una opini? jur?ica sobre el encaje constitucional del ?derecho a decidir? del pueblo de Catalu?. Y ello, a pesar a que el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial no efect? an?isis alguno sobre dicho aspecto, precisamente porque la jurisprudencia constitucional se lo proh?e.?, a?den.
El manifiesto de los 33
Para JpD ?resulta parad?ico, que se diga que ?aun admitiendo que los jueces y magistrados no tienen restringida su libertad de expresi? sobre temas pol?icos y que, m? en concreto, la firma del ?Manifiesto de los 33? fue ejercicio leg?imo de dicho derecho fundamental -algo que esta Sala ni afirma ni niega-, eso s?o significa que la Sra. Vivas no incurre en responsabilidad disciplinaria?. Pero eso no impide que el Consejo General del Poder Judicial ?no pueda tener en cuenta las actuaciones y manifestaciones de ?dole pol?ica que, aun siendo leg?imas, hayan realizado los distintos candidatos?.
?Es llamativo ?contin?n- que la Sentencia del Tribunal Supremo se?le a los miembros de Carrera Judicial por su ideolog? pol?ica, sin que lo haya hecho el ?gano fiscalizador, el Consejo General del Poder Judicial.
A JpD le sorprende tambi? algunas de las cosas que dice la sentencia como las siguientes: ?Quien voluntariamente baja a la arena pol?ica y participa en el debate y la lucha propios de ese ?bito, no puede razonablemente esperar que se olvide ese dato?. Y que ?(no) cabe exigir a cada uno de los Vocales del CGPJ singularmente considerados que borre de su mente ese tipo de datos a la hora de formar su convicci? individual sobre la idoneidad del correspondiente candidato para ocupar una plaza de provisi? discrecional?.
?Se legitiman las purgas ideol?icas?
?Es por ello inadmisible que se legitimen las purgas ideol?icas cuando ni tan siquiera el ?gano que efectu?el nombramiento, el Consejo General del Poder Judicial, lo hab? hecho?, a?den . Y rechazan tambi? ?la discriminaci? por raz? de sexo que ha sufrido la magistrada Angels Vivas, en un proceso que se alega vulneraci? los derechos fundamentales, espec?icamente el de la igualdad, la Sentencia se niegue a repararla con argumentos de ?dole formal?.
Recuerdan que los jueces al igual que toda la ciudadan?, ?somos tambi? titulares de los derechos fundamentales a la libertad de expresi? y tenemos el derecho a no sufrir discriminaci? alguna, tal y como ha se?lado reiteradamente el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos?.
?Igualmente, reclamamos la aplicaci? del principio de igualdad de mujeres y hombres en la carrera judicial, debi?dose tomar medidas para que las magistradas, actualmente infrarrepresentadas en los cargos discrecionales, no solamente no sean discriminadas en esos nombramientos, sino que se tomen medidas de acci? positiva para que exista una presencia equilibrada de las mismas, equivalente al 52 por ciento de su presencia en la carrera judicial?, concluyen.
http://www.elplural.com/sociedad/2017/03/16/jueces-progresistas-acusan-al-supremo-de-legitimar-purgas-ideologicasMALESTAR EN EL CGPJ ANTE LOS MODOS IMPERATIVOS DEL PRESIDENTE LESMES
El nombramiento de Grande Marlaska para la Comisi? Permanente motiv? discusiones en el pleno
Algunas formas del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, a la hora de llevar al pleno las propuestas de nombramientos est? causando aut?tico malestar entre los vocales de este ?gano decisorio de la principal instituci? de gobierno de los jueces. Fuentes consultadas por ELPLURAL.COM achacan falta de debate y determinismo en las propuestas de Lesmes ?no se trata de negociar o debatir un planteamiento, sino de votar 's?o s? lo que propone el presidente?, explicaron
En el caso de la reciente designaci? del juez Fernando Grande Marlaska como miembro de la Comisi? Permanente del CGPJ, la situaci? roz?la crispaci? en el pleno cuando Lesmes anunci?la salida de este ?gano del juez Gerardo Mart?ez Trist? y el nombramiento en su lugar de Fernando Grande Marlaska. El problema no radicaba en la persona de este magistrado sino en la manera de hacer efectivo su nombramiento por parte de Lesmes.
?Decisi? presidencial?
Es decir, la discusi? se centra en que no hay una aut?tica elecci? por los miembros del pleno sino una decisi? presidencial. Y no es la primera vez. Un grupo de vocales llev?en su d? ante el Tribunal Supremo un recurso en relaci? a las elecciones de los miembros de la comisi? permanente. Las vocales acusaban en esa ocasi? a su presidente de infringir ?abiertamente? las normas legales e impedir la conformaci? dialogada y consensuada de las decisiones y las reglas establecidas para la conformaci? de la voluntad en todos los ?ganos colegiados, tambi? el CGPJ.
Este recurso fue desestimado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, previo amplio debate, y con varios votos particulares en contra. Pese a ello, las vocales recurrentes se ver? obligadas a abonar 4.000 euros de costas.
En el caso del nombramiento de Grande Marlaska, se produjo una dura discusi? entre algunos vocales y el propio Lesmes a cuenta de esta falta de debate o negociaci? en el nombramiento del nuevo miembro de la permanente. En pocas palabras, se le reproch?que la propuesta del presidente, que no deber? ser m? que un proyecto a debatir previamente o durante el pleno, resultara una imposici? sometida a la mera formalidad de una votaci? cuyo resultado final era conocido por todos de antemano.
?Por qu?sigue en la Audiencia hasta abril?
Los vocales que emitieron votos en contra de las propuestas de Carlos Lesmes fueron Concepci? S?z, Roser Bach y Enrique Lucas. Otra vocal, Victoria Cinto, vot?en blanco. Tanto Lucas como S?z anunciaron la formulaci? de votos particulares a los que Bach anunci?que se pensaba adherir.
Otro aspecto en este nombramiento que ha causado malestar y sorpresa es la pr?roga de la actividad de Fernando Grande-Marlaska como presidente de la Sala de lo Penal hasta el mes de abril si bien fuentes judiciales comentaban que no es una situaci? habitual. ?Lo normal es que el nombramiento en la permanente surta efecto desde el momento en que se aprueba en el pleno, teniendo que abandonar el puesto anterior?.
Tal decisi? ha producido diversos comentarios y de hecho se barajaba la posibilidad de que frente a la alegada carga de trabajo que se ha arg?do como causa de la permanencia de Grande Marlaska en su puesto de la Audiencia, se trate m? bien ?de que est? esperando al nombramiento de la persona que le va a sustituir?. Para tal sustituci? se barajan nombres como el de Concepci? Espejel o Juan Pablo Gonz?ez Villanueva, de manifiesto talante conservador, entre otros.
Sobre Maza tampoco se debati?br>
Los comentarios sobre la actitud de Lesmes en las pol?icas de nombramientos no es nueva. Recientemente cuando el CGPJ tuvo que dar el visto bueno a la designaci? del magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Jos?Manuel Maza, como Fiscal General del Estado, se produjo una situaci? similar ya que no abundaron las explicaciones acerca de tal decisi?.
Buena parte de los vocales ?como la mayor parte del mundo judicial- daba por hecho que su predecesora, Consuelo Madrigal, ser? confirmada en el puesto. Al no ser as? se dispararon los rumores sobre que la ahora ex fiscal general se habr? negado a adoptar medidas de mayor control hacia el Ministerio Fiscal de acuerdo con las necesidades del Gobierno. Este tema tampoco se debati?en el pleno del CGPJ para irritaci? de muchos de sus miembros, preocupados porque el ?gano colegial se vea vac? de contenido al obviarse los debates en su seno y, por tanto, al gestarse sus m? destacadas decisiones en el c?culo del presidente y no en su Pleno.
http://www.elplural.com/sociedad/2017/01/30/malestar-en-el-cgpj-ante-los-modos-imperativos-del-presidente-lesmesEL CGPJ ELIGE DE NUEVO A RIQUELME PRESIDENTE DEL TSJ DE MURCIA PESE AL REVOLC? DEL TS
El candidato del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, obtiene dos votos m? que en su primera elecci?.
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido de nuevo esta ma?na a Miguel Pasqual de Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, despu? de que el Supremo anulara el pasado 5 de abril su primer nombramiento por su insuficiente motivaci? de los m?itos del elegido frente a los de otra candidata, la magistrada Pilar Alonso.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo reprocha al Consejo General del Poder Judicial que en el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia postergara "sin explicaci?" a la candidata mujer que aspiraba al puesto, Pilar Alonso, en beneficio del candidato var? que result?designado, Miguel Pasqual de Riquelme, pese a que "la valoraci? de los elementos objetivos de ella se impone claramente sobre los de ?".
El Alto Tribunal anul?el nombramiento de Pasqual de Riquelme y orden?al CGPJ que vuelva a adjudicar la plaza "mediante resoluci? debidamente motivada en los t?minos indicados en esta sentencia".
Tras una larga deliberaci? que se ha prolongado hasta las 14.30, el CGPJ ha vuelto a elegir a Pasqual de Riquelme y con m? apoyo que la primera vez. En enero obtuvo 12 votos y ahora, 14. Al bloque de vocales propuestos por el PP y al presidente, Carlos Lesmes, se han unido dos consejeros propuestos por el PSOE, Mar Cabreja y ?varo Cuesta.
http://www.elespanol.com/espana/20160526/127737284_0.htmlCORRECTIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO A LESMES POR LOS NOMBRAMIENTOS DE CARGOS JUDICIALES
La Sala Tercera, de la que procede Carlos Lesmes, tumba la elecci? del presidente del TSJ de Murcia por falta de motivaci?.
Una de las peores noticias para Carlos Lesmes ha llegado este lunes de parte del tribunal que preside, el Supremo, y para m? inri de la Sala de la que procede, la Tercera, que ejerce la jurisdicci? contencioso-administrativa y vigila, por tanto, al Consejo General del Poder Judicial, tambi? presidido por Lesmes.
La Sala Tercera ha anulado el nombramiento de Miguel Pasqual de Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia despu? de una deliberaci? que se prolong?durante la ma?na y la tarde. La larga duraci? del debate fue la primera se?l de que el Supremo estaba decidido a someter la pol?ica de nombramientos del actual CGPJ al severo escrutinio que ya aplic?a sus antecesores a partir de Francisco Hernando y el primer indicio de que Lesmes, pese a su control del Alto Tribunal, pod? recibir su primer rev?.
Al final la designaci? de Pasqual de Riquelme (efectuada el 29 de enero de 2015 por 12 votos de 21) se ha echado abajo por 18 votos frente a 15. Ha habido incluso cinco magistrados -Jos?D?z, Manuel Garz?, Segundo Men?dez, Jorge Rodr?uez Zapata y Jos?Manuel Sieira- que votaron a favor de que el TS declarara el derecho de la recurrente, la magistrada de la Audiencia de Murcia Pilar Alonso, a ocupar el cargo. Sin embargo, la Sala Tercera no est?(todav?) por dar el paso de ordenar un nombramiento al CGPJ, por lo que ser?el Consejo el que vuelva a pronunciarse sobre la elecci? del presidente del Tribunal auton?ico murciano.
El contraste de los candidatos
La demanda de Pilar Alonso contra el nombramiento de su compa?ro Miguel Pasqual de Riquelme, redactada por el prestigioso administrativista Tom? Ram? Fern?dez, fue avocada al Pleno de la Sala III por el anterior presidente, Jos?Manuel Sieira, cuando estaba punto de ser defenestrado por el CGPJ a favor de Luis D?z-Picazo.
El recurso destacaba que Alonso ostenta el puesto 280 del escalaf?, frente al 1.160 de Pasqual de Riquelme; su antig?dad es de 31 a?s, frente a los 22 del nombrado; ha ejercido competencias civiles y penales durante 23 a?s en la Audiencia Provincial de Murcia, mientras que el designado no tiene experiencia en ?ganos colegiados ni en la jurisdicci? civil, que es uno de los ?bitos del TSJ. Ambos han sido jueces decanos y miembros de la Sala de Gobierno.
Seg? el Servicio de Inspecci? del Consejo, Alonso ha superado siempre el m?ulo de dedicaci? (127,40% en 2014, 121,27% en 2013, 111,97% en 2012 y 115,66% en 2011), mientras que las cifras de Pasqual del Riquelme son 41,7% en 2014, 53,5% en 2013, 47,9% en 2012 y 25,5% en 2011. "No sirva de excusa", se?laba la demanda, "la exenci? del 50% que se le aplica como juez decano, pues incluso doblando estas cifras se queda por debajo de la l?ea y muy lejos de Alonso Saura".
"Hay s?o una cosa en la que Pasqual del Riquelme supera a Alonso y es en su trabajo como letrado en el Consejo General del Poder Judicial y como jefe del servicio de relaciones internacionales, pero esto es algo que no figura en la convocatoria y que, como es obvio, no tiene nada que ver con la funci? a desempe?r por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia", indicaba el recurso, sugiriendo la ventaja que representa la proximidad del candidato al ?gano que efect? el nombramiento. Es un hecho notorio la estrecha relaci? del nombrado con el vocal Juan Mart?ez Moya, presidente del tribunal murciano hasta enero de 2015, cuando pas?el testigo a Miguel Pasqual de Riquelme.
"En lo que concierne a los datos objetivos, directamente comprobables con o sin referencias num?icas, que, seg? la convocatoria, deben tenerse en cuenta para resolver, la diferencia a favor de mi representada es sencillamente abismal. ?Puede esa diferencia ser conjurada por un proyecto de lo que simplemente se piensa hacer, es decir, por una apreciaci? forzosamente subjetiva y como tal inaprehensible de lo que son simples ideas o buenos deseos?", indicaba la demanda en referencia al proyecto de gobierno presentado por Pasqual de Riquelme y que fue muy bien valorado por el CGPJ.
"Si es as?quot;, a?d? la demanda, "sobran los datos objetivos, antig?dad, experiencia en ?ganos colegiados, sentencias dictadas, puestos servidos, etc. Con pedir un proyecto y valorarlo libremente ser? suficiente. Lo ?ico malo es que personas con una trayectoria impecable en el plano estrictamente judicial quedar?n excluidas de los cargos judiciales".
"Quia nominor leo"
El recurso tambi? alud? al incumplimiento por el CGPJ del mandato legal de procurar un equilibrio entre mujeres y hombres a la hora de acceder a puestos de responsabilidad y defend? la "arbitrariedad" de la elecci? en los siguientes t?minos: "El acuerdo de nombramiento afirma que Pasqual del Riquelme es 'el m? id?eo' y 'el m? adecuado' de los tres candidatos presentados pero no dice por qu? no ha contrastado sus m?itos con los de los otros dos candidatos ni expresado raz? alguna que pueda justificar esa conclusi?, que es, por lo tanto, un simple 'porque s?, 'porque yo lo digo', quia nominor leo, un acto gratuito y arbitrario. (...) Hasta un ciego podr? verlo. El Consejo nombra siempre a quien quiere sin que le importen los requisitos objetivos con los que el Reglamento de nombramientos pretende asegurar la observancia de la regla constitucional del m?ito y capacidad".
La Sala de lo Contencioso-Administrativo no ha acogido la tesis de la arbitrariedad del nombramiento ni de la discriminaci? de la recurrente por motivos de g?ero, pero s?ha tumbado el acuerdo del CGPJ por falta de motivaci?. La sentencia reprochar?al Consejo que no haya valorado los m?itos de Alonso y del tercer candidato, Andr? Pacheco, en contraste con los de Pasqual de Riquelme; que haya postergado sin explicaci? los datos objetivos de antig?dad y servicio en ?ganos colegiados en beneficio del proyecto de gobierno y que no haya justificado por qu?no ha tenido en cuenta el desequilibrio hombre-mujer en los cargos judiciales.
Falta de motivaci?
La anulaci? del nombramiento por insuficiente o defectuosa motivaci? es una seria advertencia a Lesmes, que en su primer comparecencia p?lica tras ser elegido presidente del Supremo y del Consejo en diciembre de 2013 se comprometi?con solemnidad a realizar la designaci? de cargos judiciales exclusivamente por razones de m?ito y capacidad.
?C?o se interpreta la decisi? del Supremo? "La Sala le ha dicho a Lesmes 'cuidado, la ?tima palabra la seguimos teniendo nosotros'", se?lan fuentes del tribunal, que destacan que no han sido s?o los magistrados situados ideol?icamente en la izquierda los que han tumbado el nombramiento del presidente del TSJ de Murcia, sino tambi? destacados miembros de la Sala como Mariano de Oro-Pulido (que incluso ha asumido la ponencia) o Jorge Rodr?uez Zapata.
"Han dado en el trasero de Pasqual de Riquelme una patada a Lesmes, cuyo autoritarismo no gusta", opinan otras fuentes de la Sala, que indican que, tras la intervenci? de los magistrados m? veteranos, otros m? modernos como Jos?Antonio Suay o Jos?Mar? del Riego inclinaron su criterio a favor de estimar la demanda.
Es, en cualquier caso, la primera de una serie de acuerdos controvertidos del CGPJ que van a ser revisados por la Sala Tercera y quiz?un revulsivo para nuevos recursos. Precisamente este lunes se ha conocido el voto particular que cinco vocales (Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Mart?ez de Careaga, Enrique Lucas y Concepci? S?z) han formulado contra el nombramiento de Antonio Recio como presidente de la Audiencia de Barcelona en lugar de ?geles Vivas, un asunto en el que encuentran muchas similitudes con el caso de Miguel Pasqual de Riquelme y Pilar Alonso.
En este sentido, la decisi? de la Sala Tercera supone una innegable reivindicaci? de la postura de los vocales del grupo minoritario del CGPJ, que cuestionaron el nombramiento del presidente del TSJ de Murcia y a los que se trat?incluso de impedir la presentaci? de su postura discrepante.
http://www.elespanol.com/espana/20160404/114738837_0.htmlEL SUPREMO ANULA EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TSJ MURCIA
El Pleno de la Sala III del Supremo ha anulado el nombramiento de Miguel Pascual del Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, acordado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el 29 de enero de 2015.
Por 18 votos a 15, los magistrados han anulado ese nombramiento al entender que "su motivaci? fue insuficiente o defectuosa".
Los magistrados han estimado as?el recurso planteado contra dicho nombramiento por la tambi? magistrada Pilar Alonso Saura, quien opt?al puesto junto a Miguel Pascual del Riquelme pero no result?elegida.
Esta magistrada adem? solicitaba que el Pleno, de estimar su recurso, la designara para el puesto al que optaba. Una petici? que el Supremo ha rechazado por 28 votos, frente a 5 magistrados que han apoyado esta petici?.
5 magistrados del Pleno se han abstenido por razones justificadas.
Ahora el CGPJ tendr?que pronunciarse de nuevo sobre este nombramiento.
El TSJ ha emitido un comunicado en el que valora la decisi? del Tribunal Supremo desde la m? absoluta normalidad y el respeto al sistema de recursos contra las decisiones del CGPJ. A?de que "la decisi? anticpada en el d? de hoy deber?ser plasmadas en la correspondiente sentencia y notificada al Consejo General del Poder Judicial para que proceda a su ejecuci? mediante el dictado de un nuevo acuerdo que fundamente la decisi? a adoptar"
Entre tanto, finaliza, el actual Presidente continua en el cargo.
http://cadenaser.com/emisora/2016/04/04/radio_murcia/1459791659_542814.htmlLAS GESTIONES "FREN?ICAS" DE LESMES PARA CASTIGAR A UNA JUEZA PROGRESISTA
Jueces para la Democracia denuncia que el CGPJ prima el talante conservador de los jueces y practica ?el machismo institucional?
Un juez conservador con menor experiencia profesional frente a una jueza progresista con m? a?s de tribunales ha sido la elecci? del Consejo General del Poder Judicial para dirigir la Audiencia Provincial de Barcelona. As?lo denuncia Jueces para la Democracia que se?la: ?en el CGPJ han sido conocidas las gestiones fren?icas de Lesmes (el presidente) hacia los vocales con la finalidad de impedir que se nombrase a Angels Vivas en una muestra muy reprochable de machismo institucional?. JpD considera que la actitud de la magistrada favorable al derecho a decidir en Catalu? no se le ha perdonado y por todo ello piensa impugnar el acuerdo.
El motivo de protesta de Jueces para la Democracia se centra ?en la reiteraci? de nombramientos del CGPJ que incumplen de manera manifiesta los principios de mayor m?ito y capacidad, para centrarse en preferencias meramente ideol?icas. Adem?, en el presente caso tambi? concurre una visible discriminaci? de g?ero, que desgraciadamente ha tenido otros precedentes?.
Diferencias notables entre candidatos
Relata la asociaci? que el pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado el nombramiento de Antonio Recio como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona. ?A dicha plaza optaba tambi? la magistrada ?gels Vivas, que ha obtenido 8 votos frente a los 10 del otro candidato, a lo que se deben a?dir 3 abstenciones?.
Afirman los jueces progresistas que entre los datos objetivos de cada aspirante para optar a la referida plaza ?se evidencian diferencias notables. ?gels Vivas tiene una antig?dad de 33 a?s y est?en el puesto 159 del escalaf?; el otro candidato cuanta con una antig?dad de 25 a?s y est?en el puesto 1.359 del escalaf?. En la carrera judicial resulta notorio que una diferencia escalafonal de 1.200 puestos es de enorme relevancia?.
Discriminaci? de g?ero
?Adem?, ?gels Vivas ha estado 25 a?s en ?ganos colegiados, frente a los 10 a?s del otro candidato. Por otro lado, la experiencia en cargos gubernativos de ?gels Vivas tambi? es muy superior, al haber sido magistrada decana de Barcelona, miembro de la sala de gobierno del TSJ y presidenta de la secci? 9? de la Audiencia Provincial?, aseveran.
Para JpD la disparidad en los m?itos objetivos se ha visto acompa?da por una clara discriminaci? de g?ero. ?La presencia de mujeres es mayoritaria en la judicatura (el 52%), pero sigue siendo muy minoritaria en el acceso a los cargos judiciales. De hecho, el 85% de las presidencias de Audiencias Provinciales est?ocupada por hombres y esta situaci? no va a cambiar con decisiones arbitrarias como la que se ha adoptado?.
A pesar de los m?itos superiores
?Qu?deber? haber hecho el ?gano m?imo de los jueces? En su opini? ?ante cualquier duda en la ponderaci? de los m?itos de cada aspirante, lo m? proporcionado hubiera sido acordar el acceso de una mujer para el cargo, a la vista de la discriminaci? institucional existente, como establecen los propios acuerdos internos del CGPJ?.
A?den que con m? raz? se tendr? que haber adoptado esta decisi? ?ante los m?itos objetivos superiores de ?gels Vivas, que es una magistrada de gran prestigio profesional, muy respetada por su calidad t?nico-jur?ica y una de las primeras mujeres que accedi?en nuestro pa? a la judicatura?.
?Lesmes sigue el guion de Gallard??
?La decisi? -a?den- es una muestra m? del sectarismo en materia de nombramientos de este CGPJ, que opta en la mayor? de los casos por designaciones de marcado perfil conservador, sin hacer una valoraci? estricta de las capacidades profesionales. Se trata de un CGPJ dise?do por el ex ministro Gallard?, que puso al frente a Carlos Lesmes como hombre de m?ima confianza pol?ica y que est?actuando seg? el guion previsto?.
Resalta JpD que ?en el CGPJ han sido conocidas las gestiones fren?icas de Lesmes hacia los vocales con la finalidad de impedir que se nombrase a esta magistrada, en una muestra muy reprochable de machismo institucional?.
Por el derecho a decidir
Piensan adem? que ?Probablemente a ?gels Vivas tampoco se le ha perdonado ser una magistrada de perfil progresista, ni sus opiniones sobre la situaci? en Catalu??. Se refieren aqu?a que la magistrada fue una de los 33 jueces que firmaron el documento sobre el derecho a decidir. La jueza no est?considerada como independentista sino como otros jueces en la idea de defender este derecho sin necesidad de que Catalu? salga de Espa??.
?Desde Jueces para la Democracia expresamos que esta decisi? nos parece especialmente grave, por lo que vamos a preparar la impugnaci? de este acuerdo. Asimismo, vamos a contactar con distintos organismos p?licos y con las m? diversas organizaciones sociales para poner de manifiesto la intensa discriminaci? de g?ero que se vive en nuestra judicatura?.
Instan adem? a los grupos parlamentarios para que en la Comisi? de Justicia del Congreso de los Diputados requieran explicaciones a Carlos Lesmes en su pr?ima comparecencia ?y le pidan aclaraciones sobre la marginaci? de las magistradas en la carrera judicial, como se ha puesto de manifiesto con este acuerdo. Nos parece especialmente lamentable que una instituci? judicial que deber? ser ejemplo de igualdad, ecuanimidad y no discriminaci? est?siendo especialmente conocida por todo lo contrario?.
http://www.elplural.com/2016/04/01/las-gestiones-fren-ticas-de-lesmes-para-castigar-una-jueza-progresistaNOMBRAMIENTOS JUDICIALES CON LA POL?ICA AL FONDO
Jueces progresistas critican el "rodillo" de los conservadores, cuyos representantes han vuelto a obtener puestos clave
Los vocales de izquierda han optado por candidatos conservadores para evitar las opciones promovidas por el presidente Carlos Lesmes
Los nombramientos de este jueves del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ?gano de gobierno de los jueces, mantienen la preeminencia de los jueces conservadores, que siguen poblando el Tribunal Supremo y las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia.
Fuentes progresistas consultadas por infoLibre sostienen que los vocales del Poder Judicial han sacado "el rodillo" para imponer con su mayor? a sus candidatos. Como por ejemplo ha pasado en las presidencias de los tribunales superiores de Catalu? y la Comunidad Valenciana. Las mismas fuentes sostienen que los vocales progresistas han tenido que apostar por candidatos conservadores para evitar el "desprestigio" del CGPJ.
1. TSJ CATALU?
La primera decisi?, con transfondo pol?ico, ha sido el cambio en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?. El magistrado de la progresista asociaci? Jueces para la Democracia Miguel ?gel Gimeno Jubero ha sido desplazado por el hasta ahora presidente de la Secci? Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona, Jes? Mar? Barrientos Pacho.
En el transfondo de la disputa, ganada por el juez adscrito a la asociaci? Francisco de Vitoria, se encuentra el desaf? independentista de los nacionalistas catalanes. Seg? denunci?la Asociaci? de jueces de Gimeno Jubero, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, critic?la actuaci? del hasta este jueves presidente del TSJ catal? por su tratamiento a la querella contra el expresident catal? Artur Mas por la consulta soberanista. Lesmes consideraba que este asunto judicial iba demasiado lento.
Y por eso la mayor? conservadora del Poder Judicial ha optado por apartar al actual presidente para apostar por Jes? Mar? Barrientos Pacho, un magistrado de reconocido prestigio pero al que fuentes judiciales progresistas califican de "jacobino", es decir, en las ant?odas de los intereses del nacionalismo catal?. "A Gimeno, que es un buen magistrado, no se le ha perdonado su actuaci? en relaci? al independentismo catal?", se lamentan las mismas fuentes a infoLibre, que llegan a calificar a Barrientos de "intransigente" con los postulados nacionalistas.
De hecho, seg? informa Europa Press, el nuevo presidente del TSJ catal? mostr?su preocupaci? en la entrevista celebrada el 12 de enero ante el Poder Judicial por el desaf? soberanista, al mismo tiempo que denunci?que en la planta judicial catalana existe un centenar de vacantes provocada por la inestabilidad.
Avanz?que su intenci?, en el caso de ser elegido, ser? la de "acomodarse a las circunstancias de cada momento", siempre con sometimiento a los mandatos legales y al orden constitucional. Tambi? asegur?que existen un centenar de vacantes en la planta judicial catalana, provocadas -dijo- por la inestabilidad creada por la "situaci? peculiar" que se vive en la comunidad aut?oma, y las "incertidumbres" que ?ta provoca.
Lleg?a mencionar la causa abierta tras la consulta del 9-N para proponer que se eviten situaciones como la que ha generado que el juez Joan Manel Abril, haya sido designado instructor de la querella contra Mas cuando fue elegido magistrado para el TSJC a propuesta del Parlament catal?. "Uno de los compa?ros de procedencia parlamentaria investiga ahora a tres miembros del Govern", record?Barrientos, planteando que estos magistrados propuestos por el Parlament, "corran turno" en el reparto de las causas que afecten a aforados.
Por su parte, el portavoz de la asociaci? Francisco de Vitoria, Raimundo Prado Bernab?, se deshizo en elogios con el nuevo presidente del TSJ catal?: "Es un magn?ico magistrado".
Este mismo jueves se ha hecho p?lico que el promotor de la acci? disciplinaria del CGPJ, Antonio Fonseca-Herrero, ha solicitado al juez instructor de la causa abierta tras la consulta del 9-N, Joan Manel Abril, que le remita un informe sobre las supuestas dilaciones en el impulso del procedimiento, denunciadas en diciembre por Manos Limpias.
Seg? han informado fuentes del ?gano de gobierno de los jueces, el promotor ha abierto diligencias informativas a ra? de la queja, en la que se acusaba a Abril de dirigir la instrucci? "de manera torticera" en beneficio de "intereses pol?icos".
2. TSJ COMUNIDAD VALENCIANA
Ante el rodillo conservador, fuentes judiciales remarcan que los vocales progresistas se han visto obligados a apoyar con sus votos a dos candidatos conservadores, aunque moderados. como por ejemplo es el caso de la presidenta del TSJ valenciano, Mar? del Pilar de la Oliva Marrades: "Han evitado excesos, ya que el PP apost?por el murciano Vicente Magro Servet, que hab? sido senador de la formaci? conservadora. Pero hubiera sido un esc?dalo apartar ahora mismo a De la Oliva, que ha actuado de forma independiente. No hay que olvidar que el actual presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, Fernando de la Rosa, fue consejero de Justicia del Gobierno del PP de Francisco Camps", explican las citadas fuentes.
Y para evitar el desprestigio del CGPJ, los vocales progresistas han optado por apoyar a la actual presidenta dle TSJ valenciano, Mar? del Pilar de la Oliva Marrades. El propio Lesmes y su etorno m? cercano, como por ejemplo la vocal a instancias del PP Carmen Llombart, apuntan fuentes judiciales a infoLibre, votaron al exsenador del PP Vicente Magro Servet.
3. SALA TERCERA DEL SUPREMO
La Sala Tercera del Tribunal Supremo, la que se encarga de los casos en los que puedan incurrir los integrantes del Gobierno central, tambi? vivi?una disputa con trasfondo pol?ico, que oblig?a que los vocales progresistas del CGPJ renunciaran a promover a un candidato de su cuerda, en beneficio de un conservador.
El exsecretario de Estado con Alberto Ruiz-Gallard? de ministro de Justicia, Fernando Rom?, fue derrotado por la alianza de los progresistas con sectores conservadores no oficialistas. Al final el hasta ahora presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andaluc?, Rafael Toledano Cantero, fue elegido por 13 de los 20 vocales del Poder Judicial.
4. SALA DE LO MILITAR DEL SUPREMO
El CGPJ renueva a ?gel Calder? Cerezo al frente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, por lo que afronta un tercer mandato en la presidencia de la Sala Quinta del Alto Tribunal, para la que fue nombrado en 2005. De esta forma, el Poder Judicial crea un precedente al posibilitar que el presidente de una Sala puede mantenerse durante 15 a?s en el mismo cargo: "Esta decisi? no tiene precedente, porque desde 1997 se instaur?un sistema de rotaci? pretende que nadie se anquilose en las presidencias", explican fuentes judiciales a este diario.
5. OTRAS PRESIDENCIAS CONSERVADORAS
La Sala Segunda del Tribunal Supremo, y las presidencias de los TSJ de Castilla y Le? y Castilla-La Mancha mantienen su preeminencia conservadora con la entrada de los conservadores Pablo Llarena, Jos?Luis Concepci? y Vicente Rouco, respectivamente. Este ?timo es pariente del cardenal Antonio Mar? Rouco Varela.
En el caso de la presidencia del TSJ andaluz, las fuentes consultadas por infoLibre difieren en la interpretaci? de la existencia de un ?ico candidato, que al final ha obtenido la presidencia: Lorenzo Jes? del R? Fern?dez. Mientras unas sostienen que se trata de un pacto entre el PSOE andaluz y Lesmes a cambio de apartar a la jueza Mercedes Alaya, las otras fuentes consultadas rechazan esta versi?, al considerar que los progresistas no han promovido una alternativa para evitar que se les acuse de querer inmiscuirse en las investigaciones judiciales de los ERE del Gobierno del PSOE andaluz.
6. UN PROGRESISTA EN LA PERMANENTE
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial tambi? ha aprobado con 17 votos a favor, uno en contra y tres en blanco la nueva composici? de tres de sus cuatro comisiones legales -la Permanente, la de Asuntos Econ?icos y la de Igualdad- en cumplimiento de la Ley Org?ica del Poder Judicial, que prev?su renovaci? anual. El progresista Rafael Mozo pasa a integrar el ?gano clave de gesti? diaria, en sustituci? del vocal Juan Manuel Fern?dez, propuesto por el PP.
A propuesta del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, Fern?dez, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, formar?parte de la Comisi? de Asuntos Econ?icos, en la que sustituir?al vocal y presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, quien ocupar?la vacante dejada por Mozo en la Comisi? de Igualdad. Esta nueva distribuci? no cambia la composici? de la mayor?, que siguen manteniendo los vocales conservadores.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/01/29/renovacion_del_poder_judicial_44003_1012.htmlLESMES HUYE DE LOS PERIODISTAS
S?o ha habido dos personas que no han querido hablar con la prensa durante el mes de julio en los cursos de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial. Una de ellas fue la ministra de Empleo F?ima B?ez y la segunda ha sido Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial. As? el magistrado no ha querido atender a los medios de comunicaci? ni hacerse fotos en el ?photocall? durante la ?tima intervenci? de estas jornadas.
Sin dejar siquiera que nadie se acercase a ?, la directora de Comunicaci? del Poder Judicial, Cristina ?ega, se ha mostrado tajante ante las preguntas de los periodistas, que quer?n saber su opini? acerca de la elecci? del presidente de la Sala Tercera del Supremo, Luis Mar? D?z-Picazo Gim?ez , y sobre el informe para la ONU que magistrados progresistas del TS, y vinculados a asociaciones judiciales, est? preparando sobre las presiones dirigidas a propiciar este nombramiento. ?Ya he dicho que no va a hacer declaraciones, dejadnos pasar?, dec? la responsable de prensa con altivez mientras le acompa?ba en todo momento.
La falta de independencia en el Supremo y la cercan? de Lesmes tanto al Partido Popular como a los c?culos de Mariano Rajoy a la hora de proponer y colocar a D?z-Picazo son dos de las noticias que m? han destacado en la prensa durante los ?timos d?s. Colocar a un presidente af? en la sala tercera, encargada de controlar los actos del Ejecutivo y del propio CGPJ, es decisivo para que el PP dejase todo atado en el TS antes de las elecciones generales.
Las asociaciones de jueces progresistas como Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente ya ven?n denunciando el ?presidencialismo? del juez. "Un presidencialismo m? propio de otros tiempos que de una democracia moderna inserta en el mundo occidental y europeo", se?laban preocupados.
El ?timo de ellos en hablar del ?inter? extra?? en torno al Supremo fue el inhabilitado Baltasar Garz? durante estos mismos cursos de la UCM el pasado jueves. "El problema no es que se cambie a un presidente por otro sino que se suscite una pol?ica de que esto se hace por un inter? extra? a lo que es el propio m?ito y funcionamiento del Tribunal", criticaba frente a los medios de comunicaci?.
http://www.publico.es/politica/lesmes-huye-periodistas.htmlJUECES PROGRESISTAS LLEVAN A LA ONU LA ELECCI? DE D?Z-PICAZO EN EL SUPREMO
Jos?Manuel Sieira se plantea recurrir la votaci? que otorg?la presidencia de la Sala Tercera a D?z-Picazo
El conflicto por la elecci? de Luis D?z-Picazo como presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo va a llegar a Naciones Unidas. Un grupo de magistrados progresistas del alto tribunal y asociaciones judiciales van a presentar un informe ante el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas (ONU), un organismo creado en 1994 y que depende del Consejo de Derechos Humanos. El escrito se presentar?el lunes y seg? han adelantado los magistrados que lo est? elaborando tratar? de convencer al organismo internacional de que la sustituci? de Jos?Manuel Sieira al frente de la sala que revisa los recursos contra el Gobierno ha estado precedida por presiones a los vocales del Poder Judicial que participaron en la votaci?.
La denuncia se presentar?como un complemento a la que en noviembre pasado llevaron a Naciones Unidas las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente y la organizaci? defensora de los derechos y libertades civiles Rights International Spain. En aquella ocasi?, el escrito se centr?en advertir al relator sobre diversas iniciativas del Gobierno espa?l, como la ?tima reforma del Consejo General del Poder Judicial, la nueva Ley Org?ica del Poder Judicial propuesta por el Gobierno, la falta de recursos y la presi? contra jueces ejercida por el poder pol?ico.
El informe sobre la elecci? del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo detallar?el proceso por el que se lleg?este mi?coles a la designaci? de D?z-Picazo durante el que, seg? han denunciado en las ?timas semanas magistrados y vocales del Consejo General del Poder Judicial, se han producido presiones para que saliera elegido la candidatura preferida de presidente de ambas instituciones, Carlos Lesmes. El informe lo est?preparando un reducido grupo de jueces que intentar?que en los pr?imos d?s sea suscrito por m? magistrados antes de remitirlo a la ONU.
En la votaci? del pleno del ?gano de gobierno de los jueces, D?z-Picazo obtuvo 12 de los 21 votos: el del presidente y los de los 11 vocales del Consejo nombrados a propuesta del PP. El actual presidente de la sala, Jos? Manuel Sieira obtuvo ocho ( de seis vocales del PSOE, la de IU y el del PNV), y el magistrado Eduardo Calvo Rojas, uno (de la vocal a propuesta del PSOE Mar Cabrejas).
Seg? fuentes judiciales, Sieira se plantea recurrir la votaci? que le dej? fuera de la presidencia. Si da el paso, ser? la propia Sala de lo Contencioso del Supremo la que tendr? que resolverlo, ya que es la encargada de los recursos contra actos del Poder Judicial, pero los dos implicados (Sieira y D?z-Picazo) tendr?n que abstenerse. El nuevo presidente s?podr? decidir si el recurso se ve en la secci? primera de la sala o en el pleno, en cuyo caso todos los magistrados participar?n en la deliberaci?.
La presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo es considerada un puesto estrat?ico del alto tribunal porque en ella se resuelven los recursos que se presentan en el Supremo contra las decisiones del propio Lesmes y del Poder Judicial, adem? de todos los litigios planteados contra el Gobierno por las Comunidades Aut?omas o cualquier empresa o ciudadano.
http://politica.elpais.com/politica/2015/07/23/actualidad/1437650263_121194.htmlJUECES PROGRESISTAS LLEVAN A LA ONU LA ELECCI? DE D?Z-PICAZO EN EL SUPREMO
El Tribunal Supremo ha admitido a tr?ite el recurso contencioso-administrativo presentado en marzo de este a? por cuatro vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la decisi? de no renovar las comisiones que integran la instituci? aprobada a propuesta de su presidente, Carlos Lesmes.
En concreto, los vocales progresistas recurrieron el acuerdo adoptado el 29 de enero de 2014, sobre la propuesta de composici? de las comisiones del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) para el a? 2015 y que supon? la no renovaci? de sus componentes, cuando el pre?bulo de la ley que lo regula establece que tiene que existir una renovaci? anual.
D?s despu?, los vocales progresistas presentaron un escrito en el que concretaban que el recurso que interpon?n ante el Tribunal Supremo lo realizaban contra "los acuerdos del presidente de dicho ?gano" y no contra los del Pleno del CGPJ.
En un auto hecho p?lico este martes, la Secci? Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza las alegaciones de la Abogac? del Estado, que hab? indicado que las cuatro miembros del CGPJ carec?n de legitimaci? para recurrir las decisiones de un ?gano colegiado al que pertenecen.
La Sala acuerda, por tanto, continuar con la tramitaci? para resolver el asunto en sentencia. No obstante, rechaza el segundo escrito respecto a los acuerdos de Lesmes al considerar que, adem?, de ser extempor?eo, "altera el objeto del recurso".
Renovaci? anual
La no renovaci? de las comisiones se formaliz?en el Pleno del 29 de enero. La ?ica novedad se produjo en la poderosa Comisi? Permanente, desde donde Lesmes gobierna todo el CGPJ.
En la Permanente se cubri?el puesto vacante por la "renuncia forzada" de la vocal de CiU Merc?Pigem, tras descubrirse que entr?desde Andorra junto a su hermana con 10.000 euros en el coche, renuncia que fue forzada por el propio Lesmes cuando no constitu? falta administrativa. Es m?, el equipo de Lesmes filtr?a la prensa dicha renuncia mientras se produc? la reuni? entre ambos para abordar el incidente en la frontera.
Pigem fue sustituida por la conservadora Nuria Abad en la Permanente.
En el recurso se se?laba que pese a que seis vocales solicitaron la votaci? individualizada de la conformaci? de cada una de las Comisiones y que se contaba con tres candidaturas formales para la Permanente, Lesmes someti??icamente su propuesta personal, "desconocida por el Pleno al no haber sido formulada previamente por escrito, incumpliendo as?de forma clara lo previsto en el Reglamento de Organizaci? y Funcionamiento del Consejo".
El recurso fue elaborado sin conocer los argumentos de la mayor? porque carec?n del acuerdo escrito.
http://www.publico.es/politica/supremo-admite-demanda-presidente-lesmes.htmlLESMES LOGRA IMPONER AL PREFERIDO DEL PP AL FRENTE DE LA SALA DEL SUPREMO QUE JUZGA LOS ACTOS DEL GOBIERNO
El pleno del ?gano de gobierno de los jueces elige a D?z-Picazo por doce votos a favor. Por primera vez en la historia, el presidente de la Sala Tercera del Supremo, Sieira, no es renovado en un segundo mandato al obtener s?o ocho votos. Los vocales conservadores ceden a las presiones del entorno del Gobierno y de Carlos Lesmes
D?z-Picazo es un catedr?ico de Derecho Civil de Castilla-La Mancha que fue nombrado hace siete a?s por el llamado quinto turno magistrado del Supremo.
El actual presidente, Jos?Manuel Sieira, s?o ha obtenido ocho votos del pleno del CGPJ. Sieira es juez de carrera y ejerce de magistrado del Supremo desde hace 21 a?s.
Al cargo tambi? aspiraba Eduardo Calvo, quien ha obtenido un ?ico voto, el de la vocal Mar Cabrejas, nombrada a instancia del PSOE. El cuarto candidato, el magistrado Jorge Rodr?uez-Zapata P?ez, no ha logrado ning? apoyo.
Todos los vocales de la mayor? conservadora del CGPJ han votado a favor de D?z-Picazo. En cambio, los siete vocales de la minor? progresista han apoyado a Sieira, al igual que el vocal propuesto por el PNV, Enrique Lucas.
Por primera vez en la historia, se ha saltado una norma no escrita seg? la cual el presidente de una sala es renovado para un segundo mandato. El CGPJ deber?motivar este nombramiento en favor de un amigo del presidente del ?gano constitucional y de su programa, frente a un Sieira con m? antig?dad, que ten? la Sala Tercera casi al d? y cuyo cese estaba cantado por el enfrentamiento que mantiene con Lesmes a cuenta del control de sus actos, de los del CGPJ y del Gobierno.
Lesmes se movi?en los c?culos cercanos a Mariano Rajoy para conseguir que el Gobierno enviara un mensaje a los vocales del CGPJ m? d?colos, los juristas nombrados a instancias del PP, y forzar as?el nombramiento de D?z-Picazo, hecho que se ha producido este jueves.
Las discrepancias entre Lesmes y Sieira son profesionales y personales. Sieira defiende la funci? de control de los actos del Gobierno y del CGPJ que ha ejercido su Sala, y que ha llevado a la anulaci? de algunos nombramientos de altos cargos judiciales impulsados por Lesmes. Esta funci? de contrapoder molesta al actual presidente Lesmes,
Sieira fue quien avoc?al pleno de la Sala el famoso indulto del Gobierno a favor de un conductor kamikaze condenado a 13 a?s de prisi? por matar a otro conductor. Lesmes era el ponente de la sentencia y partidario de que el Ejecutivo pudiera indultar. En cambio, el Pleno de la sala acord?que el Ejecutivo no pod? otorgar esta medida de gracia sin motivaci? alguna, y anul?el indulto.
Otro de los enfrentamientos entre Lesmes y Sieira fue la sentencia del Supremo que amparaba la indemnizaci? millonaria a Florentino P?ez y su plataforma Castor, que caus?m? de mil terremotos frente a las costas de Castell?. Sieira impuls?el p?rafo de la sentencia del Supremo que permit? al Gobierno no indemnizar con 1.400 millones de euros por el fiasco de Castor en caso de que se demostrara dolo o negligencia en la gesti? de este proyecto. El Ejecutivo no utiliz?este p?rafo, sino que pag?a Florentino y los consumidores espa?les tendr? que afrontar este coste en las pr?imas d?adas a trav? de la factura de la luz.
Su cese implica adem? una patada en la distancia a Margarita Robles, magistrada de la Sala III del Supremo, ex vocal del CGPJ, amiga de Sieira y enemiga personal de Lesmes. El presidente del Supremo lleg?incluso a exigir a Sieira que renunciara a esta amistad si quer? seguir en su cargo, seg? fuentes jur?icas.
Han votado a favor de D?z-Picazo los vocales nombrados a propuesta del PP ?geles Carmona, Juan Manuel Fern?dez, Rafael Fern?dez Valverde, Fernando Grande-Marlaska, Vicente Guilarte, Nuria D?z Abad, Carmen Llombart, Jos? Mar? Mac?s, Juan Mart?ez Moya, Gerardo Mart?ez Trist? y Wenceslao Olea, as?como el presidente, Carlos Lesmes.
Por su parte, han votado a favor de Sieira los vocales progresistas Mar? Victoria Cinto, ?varo Cuesta, Roser Bach, Clara Mart?ez de Careaga, Concepci? S?z, Pilar Sep?veda, Rafael Mozo, adem? de Enrique Lucas, propuesto por el PNV.
http://www.publico.es/politica/lesmes-coloca-diez-picazo-frente.htmlEL GOBIERNO NO FALLA: OTRO ?JUEZ FAES? AL SUPREMO
Luis D?z-Picazo Gim?ez elegido por el CGPJ para presidir la Sala Tercera del Alto Tribunal
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha dejado lugar a la sorpresa. Otro juez muy cercano al PP pasa a ocupar una de las presidencias de la Sala del Supremo. Esta ma?na se presentaban cuatro candidatos a la plaza para presidir la Sala Tercera?, y los miembros del Consejo han elegido al m? conservador y cercano al partido del Gobierno: Luis D?z-Picazo Gim?ez.
En la carrera judicial a la hora de valorar al nuevo presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo han dado a ELPLURAL.COM dos conceptos.., eso s? por este orden: ?PP puro? y ?buen profesional?. Lo cierto es que en seguida se a?de, con placer o con fastidio, dependiendo de la ideolog? de las fuentes: ?se est? haciendo (el PP) con toda la justicia?.
Novedad en el tribunal
Hay un dato que debe valorarse a la hora de la elecci? de D?z-Picazo. Entre los cuatro jueces que se presentaban para el cargo, estaba el actual presidente, Jos?Manuel Sieira, que aspiraba a repetir mandato. El hecho de que no haya sido reelegido en un segundo mandato, nos dicen en fuentes judiciales, es la primera vez que sucede en la historia de este tribunal. El ?pecado? de Sieira, ser un ?neutral?, al que incluso algunos tildan de ?ligeramente progresista?. Mala cosa en estos tiempos en los que Carlos Lesmes preside el CGPJ y desde el Gobierno
En cambio, D?z-Picazo Gim?ez, abogado del Estado, y juez por cuarto turno (los magistrados que no son jueces de carrera), ha dejado a lo largo de su trayectoria huellas claras de su adhesi? al PP. Quiz? las m? claras, sus participaciones en el gran ?think tank?, el motor ideol?ico, de los ?populares?, FAES.
Cursos FAES
Hemos localizado su participaci?, de hecho, al menos en tres cursos. Uno sobre ?El modelo de organizaci? territorial en la perspectiva de la reforma constitucional?, que presid? Javier Zarzalejos, uno de los aznaristas m? aznarista que Aznar. Otro sobre la ?Reforma del Senado?, en este caso con el ministro Rafael Arias-Salgado de coordinador. Y a? un tercero sobre el Presente y Futuro de la Constituci?, de nuevo con Zarzalejos, Javier, al frente.
Pero quiz?, para dar buena idea de lo integrado que Luis Mar? D?z-Picazo es visto en el PP, lo mejor sea se?lar quienes le acompa?ban en los cursos.., insistimos, donde se madura y ?escribe? el pensamiento del PP. En el primero de ellos coincidi?no s?o con destacados ?populares? como Arias Salgado, Fen?dez-Lasquetty o Pio Garc?-Escudero, sino con ?padres? del partido como Manuel Fraga y Romay Beccaria.
En el segundo le acompa?ron buena parte de esta lista, con un a?dido, el de, as?viene en la memoria de la FAES, Mar? Soraya S?nz de Santamar? Ant?, entonces a? en promoci? dentro de G?ova. Con la que tambi? coincidi?en su tercera participaci? en la Fundaci? PP.
http://www.elplural.com/2015/07/22/el-gobierno-no-falla-otro-juez-faes-al-supremo/ASOCIACIONES DE JUECES DENUNCIAN EL "PRESIDENCIALISMO" DE LESMES
Las asociaciones Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han denunciado que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, ejerce "un presidencialismo m? propio de otros tiempos que de una democracia moderna inserta en el mundo occidental y europeo".
En un comunicado conjunto, las tres asociaciones judiciales reconocen que miran "con preocupaci? algunas de sus decisiones y su enfrentamiento con parte de la Carrera Judicial y con el m? alto Tribunal de Justicia de la naci?, como cuando despreci?la queja de 13 Magistrados de la Sala II del Tribunal Supremo".
Las tres asociaciones han reclamado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que elija "con las m?imas garant?s de independencia" al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ante las informaciones sobre supuestas presiones a los vocales para que designen a un candidato determinado.
El pleno del ?gano de gobierno administrativo de los jueces tiene previsto elegir este mi?coles al presidente de la Sala Tercera, encargada de controlar los actos del Gobierno y del propio CGPJ.
Carlos Lesmes se niega a renovar a su actual presidente, Jos?Manuel Sieira, ya que rechaza el control que sobre sus actos se ha realizado desde la sala tercera del Supremo. Adem?, fue quien llev?al pleno de esta sala la anulaci? del indulto al kamikaze, en 2013, cuyo ponente era el propio Lesmes.
En un comunicado conjunto, las tres agrupaciones muestran su "profunda preocupaci?" y advierten que "cualquier interferencia del poder pol?ico en este proceso contribuir? una vez m? al deterioro de la credibilidad de nuestras instituciones judiciales".
JpD, FdV y FJI recuerdan que la Sala Tercera del Tribunal Supremo es la que controla los actos del Gobierno. "Con m? raz? cabe reclamar que esta designaci? sea efectuada de forma que asegure las m?imas garant?s de independencia, imparcialidad y profesionalidad del presidente de la Sala", dicen.
"Esperamos que las informaciones [difundidas] sean falsas y que sean desmentidas por el presidente del CGPJ y deseamos que en modo alguno se ceda a la tentaci? de promover, mediante un inadecuado uso de la pol?ica de nombramientos discrecionales, a candidatos que puedan ser m? c?odos para el poder pol?ico o para el ?gano de gobierno de los jueces", concluyen.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/07/22/la_juez_convierte_irreversible_decision_juzgar_los_espias_sueldo_comunidad_madrid_35741_1012.htmlJUSTICIA SE ATRIBUYE NOMBRAR A DEDO A LOS SECRETARIOS DEL SUPREMO
El PP introduce una enmienda en el Senado con la libre designaci? de los funcionarios que participan en grandes causas y recursos
El Gobierno se ha atribuido la libre designaci? de los secretarios judiciales del Tribunal Supremo, es decir, el cuerpo de funcionarios que tiene control sobre el tr?ite de grandes causas y recursos. El Ejecutivo lo ha hecho de nuevo por la puerta de atr? de una enmienda del PP a la Ley Org?ica del Poder Judicial introducida en el Senado, al margen del foco pol?ico y medi?ico. La norma fue ratificada el mi?coles en el Congreso para que entre en vigor el 1 de octubre y a parir de ese momento los secretarios pasar? a denominarse letrados de la Administraci? de Justicia.
En el Supremo hay 21 secretarios judiciales que hasta ahora eran designados por el procedimiento ordinario de concurso, es decir, en funci? de la antig?dad, como se hace en el resto de los tribunales y en otras carreras funcionariales. As?se manten? en el art?ulo 450.1 del proyecto de ley remitido por el Gobierno a las Cortes y en el que sali?del Congreso. Sin embargo, en el Senado se introdujo una enmienda en el que se elimina el criterio objetivo de la antig?dad para asegurar que esas plazas ?se provean por libre designaci?? y ?se elimina la preferencia por la mayor antig?dad en el orden jurisdiccional al que corresponda la plaza?.
Seg? el Sindicato de Secretarios Judiciales la reforma ?no prev?ninguna valoraci? de m?itos o capacidades u otra medida que haga transparente el mecanismo de selecci??.
?La elecci? a dedo de todos los puestos de trabajo en el Tribunal Supremo no se justifica ni por la naturaleza del ?gano, ni por las funciones del Secretario Judicial, ni por las necesidades del servicio p?lico. Desde hace tiempo se tiende a perjudicar la neutralidad e imparcialidad de la funci? p?lica a que nos debemos?, a?de este sindicato.
http://politica.elpais.com/politica/2015/07/09/actualidad/1436461295_879707.htmlMANIOBRA PARA QUE UN CONSERVADOR PRESIDA LA SALA DEL SUPREMO QUE PUEDE TUMBAR DECISIONES DEL GOBIERNO
Fuentes del CGPJ denuncian una campa? de su presidente para que no repita Jos?Manuel Sieira, a pesar de haber desatascado la Sala Tercera
Presenta su candidatura Luis D?z-Picazo, muy pr?imo a Lesmes y elegido por Gallard? para presidir la comisi? que analiz?la reforma del Poder Judicial
El Pleno del Poder Judicial, de mayor? conservadora, elegir?el pr?imo 22 de julio al presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
Los recursos judiciales que la oposici? o cualquier otro presente contra las actuaciones del Gobierno que salga de las pr?imas elecciones generales ser? resueltos, como marca la Ley, por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Hasta hace unas semanas, todo parec? indicar que la continuidad se iba a imponer y al frente de la tambi? llamada Sala de lo Contencioso-Administrativo seguir? su actual presidente, Jos?Manuel Sieira, un magistrado de corte progresista, pero moderado, que presenta su gesti? durante estos ?timos cinco a?s como principal aval. Sin embargo, la irrupci? en la carrera de Luis D?z-Picazo, muy pr?imo al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha hecho aflorar una maniobra para que la Sala que puede hacer temblar a un Gobierno sea presidida por un magistrado de claro corte conservador durante los pr?imos cinco a?s.
Una norma no escrita hace que los presidentes de Sala suelan ver renovado su primer mandato siempre que ?te se haya visto a salvo de pol?icas. Sieira tom?las riendas de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en 2010 con 14.477 recursos pendientes de resolver. A 3 de junio de 2015, esos recursos hab?n disminuido hasta los 4.421, menos de una tercera parte. Por otra parte, Jos?Manuel Sieira es un veterano magistrado que lleva 21 a?s en la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
A pesar de ello, hay tres magistrados que le van a intentar disputar el cargo. Seg? fuentes del Alto Tribunal, a la intenci? de D?z-Picazo de presentarse reaccionaron otros dos magistrados de la Sala Tercera: Eduardo Calvo Rojas y Jorge Rodr?uez-Zapata. Pero las mismas fuentes restan posibilidades a estos dos ?timos, extendida como est?en el CGPJ la idea de que el candidato de su presidente, Carlos Lesmes, es D?z-Picazo. La maniobra se completa con las presiones que, seg? fuentes del CGPJ, est? ejerciendo Lesmes sobre varios vocales, a los que ha conminado a no apoyar la renovaci? de Sieira.
Las fuentes consultadas sit?n la animadversi? de Lesmes hacia Sieira en el fallo de la Sala Tercera que tumb?el indulto del Gobierno al conocido como 'kamikaze' de Valencia. Lesmes fue el magistrado encargado de defender la ponencia en contra del recurso presentado por la familia del fallecido. La Sala se parti?en dos. Lesmes reuni?17 apoyos por 19 que se posicionaron en contra, con lo que el actual presidente del CGPJ perdi?la ponencia, que pas?a manos de Rafael Fern?dez Valverde.
Los cuatro candidatos ser? entrevistados por la comisi? permanente del CGPJ en audiencia p?lica en las pr?imas semanas. Los 20 vocales del pleno del Consejo General del Poder Judicial, m? su presidente, votar? qui? va a presidir la Sala III del Tribunal Supremo hasta 2020. El pleno cuenta con mayor? conservadora y un eventual empate puede ser resuelto con el voto de calidad del presidente Lesmes.
D?z-Picazo, con FAES y Gallard?
Luis D?z-Picazo es magistrado del Tribunal Supremo desde hace seis a?s. Es, por tanto, el m? reciente en el Alto Tribunal de cuantos aspiran a presidir la Sala de lo Contencioso-Administrativo, compuesta en la actualidad por 37 magistrados m? su presidente. D?z-Picazo accedi?al Tribunal Supremo por el quinto turno, esto es, como jurista de reconocido prestigio. De 58 a?s, es catedr?ico de Derecho Constitucional con un ampl?imo curriculum.
El anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard?, eligi?a D?z-Picazo para presidir la comisi? que abord?la reforma del Consejo General del Poder Judicial. De las pocas intervenciones p?licas que se le encuentran figura una de 2006 en un campus de la FAES, el think tank del Partido Popular, dedicado al Presente y Futuro de la Constituci?. Apenas tres semanas despu? de que los catalanes refrendaran el nuevo Estatuto de Catalu?, D?z-Picazo afirm? ?Estamos ante un intento subrepticio de transformar nuestro pa? en un Estado asim?rico que pone en juego la igualdad pol?ica de los ciudadanos?.
La Ley Org?ica del Poder Judicial establece que la Sala Tercera entender? de, entre otros, los recursos ?contra actos y disposiciones? adoptados en el seno del Consejo de Ministros. El plazo para presentar la candidatura a presidirla finaliz?el pasado domingo, pero todav? restan unos d?s para aquellos magistrados que decidieron enviar la suya por correo.
En cuanto a los otros dos candidatos, Jorge Rodr?uez-Zapata se presenta con la experiencia de haber sido magistrado del Tribunal Constitucional, a propuesta del Partido Popular. Tambi? magistrado del Supremo por el quinto turno, accedi?al Alto Tribunal hace quince a?s, en los que siempre ha estado en la Sala III, a excepci? de su periodo en el Constitucional, entre 2002 y 2011.
Por ?timo, Eduardo Calvo Rojas lleva una d?ada en el Tribunal Supremo. Es afiliado a la asociaci? progresista Jueces para la Democracia y le avala haber presidido la Sala de lo Contencioso-Administrativo en otro tribunal, la Audiencia Nacional.
http://www.eldiario.es/politica/Maniobra-conservador-Sala-Supremo-Gobierno_0_403860594.htmlEL CGPJ OTORGA LA PLAZA DE JAVIER G?EZ BERM?EZ AL EXVOCAL DEL PP JUAN PABLO GONZ?EZ
El magistrado ocupa el puesto de juez central de instrucci? 3 de forma provisional, en contra del criterio seguido para que Pablo Ruz abandonara el juzgado central 5.
Donde dije digo, digo Diego. El magistrado Pablo Ruz, instructor en el juzgado central n?ero 5, hubo de abandonar su trabajo y regresar a un juzgado de M?toles (Madrid) porque ocupaba el cargo de forma provisional, en comisi? de servicio. El nuevo Consejo General del Poder Judicial decidi? sacar a concurso la treintena de plazas cubiertas en Espa? de esta manera, entre las que se encontraba la de Ruz, cuya instrucci? del caso G?tel levantaba ampollas en el PP, y cubrirlas por el concurso ordinario.
El concurso lo gan?Jos?de la Mata, porque fue el magistrado mejor posicionado en el escalaf? de todos los jueces en activo que se presentaron a la convocatoria. Fue alto cargo del gobierno socialista en la etapa de Jos?Luis Rodr?uez Zapatero. La sorpresa fue may?cula en el CGPJ al descubrir qui? hab? ganado el concurso entre todos los que se presentaron. Ocupar?la plaza mientras su titular se encuentre en excedencia, ya que es magistrado de enlace en Gran Breta?.
El problema regres?de nuevo con el juzgado central de instrucci? 3, cuyo titular, Javier G?ez Berm?ez, ha sido nombrado magistrado de enlace en Francia. Este nombramiento diplom?ico ha sido auspiciado por Jos?Mar? Aznar ante Mariano Rajoy, seg? fuentes conocedoras de las gestiones realizadas en los aleda?s del Gobierno.
En lugar de sacar la plaza a concurso ordinario, el CGPJ ha optado por regresar a su denostada f?mula de la comisi? de servicio, que no requiere respetar el escalaf? de entre los candidatos ni seguir un principio de m?ito y capacidad. Esto es, de la manera en la que Pablo Ruz ocupaba el juzgado central n?ero 5.
El elegido ha sido Juan Pablo Gonz?ez, quien fue vocal del CGPJ a propuesta del Partido Popular durante el mandato entre 2001 y 2008. Despu? fue nombrado diplom?ico judicial en Par? hasta el pasado 27 de mayo que regres?al servicio activo.
La Permanente del CGPJ justifica esta decisi? en que Juan Pablo Gonz?ez cubrir?en comisi? de servicio el juzgado central de instrucci? 3 para ?evitar disfunciones en el normal funcionamiento del juzgado hasta tanto se cubra la plaza vacante por el procedimiento ordinario en el pr?imo concurso de traslados?.
El acuerdo ha contado con los votos a favor de Carlos Lesmes, presidente del ?gano constitucional, y de los vocales Mar Cabrejas, Juan Manuel Fern?dez y Gerardo Mart?ez Trist?. S?o vot?en contra ?varo Cuesta, quien considera que se tendr? que haber aprobado primero la necesidad de esta comisi? de servicio y, adem?, defiende que hab? una candidata m? id?ea para el puesto.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional propuso a Gonz?ez a la Permanente del CGPJ al considerar que su amplia experiencia en cooperaci? judicial internacional ?avala un entendimiento de las competencias que son materia propia de los Juzgados Centrales de Instrucci?? y ?supone una ventaja en la acomodaci? al desempe?? de sus funciones.
La convocatoria se decidi?despu? de que el juez decano de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, comunicara las dificultades para cubrir la vacante dejada por G?ez Berm?ez mediante el sistema ordinario de sustituci?, ya que hubiera correspondido al magistrado Eloy Velasco y hubiera provocado una sobrecarga de trabajo.
http://www.publico.es/politica/cgpj-otorga-plaza-javier-gomez.htmlLA JUEZ ROBLES PIDE A LESMES QUE EXPLIQUE LAS COMIDAS EN EL SUPREMO
La magistrada reclama al presidente del Consejo que sea transparente con los gastos de los eventos protocolarios que organiza dentro del Tribunal
La magistrada Margarita Robles ha remitido hoy un escrito a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, que preside Carlos Lesmes, en el que pide que se d?transparencia y se aclaren "los gastos protocolarios de los distintos eventos (comidas, reuniones de trabajo...) que se hacen en la sede de este Tribunal Supremo". Fuentes de este tribunal y de empresas de servicio de comidas han se?lado a EL PA? que "con gran frecuencia" el presidente Lesmes "celebra desayunos y almuerzos con invitados dentro del Tribunal Supremo" en los que "no se escatiman recursos ni dinero".
Robles, magistrada del Tribunal Supremo, demanda transparencia a estos gastos protocolarios tras haber tenido "conocimiento de la pr?ima realizaci? de una inspecci? a las diferentes Salas de este Tribunal, y en concreto a la Sala Tercera, de la que formo parte", se?la, "sin que se hayan explicitado las razones que han determinado esa decisi?".
Robles indica en el escrito que ayer envi?a la Sala de Gobierno, que preside Lesmes: "Teniendo en cuenta que la realizaci? de una inspecci? a las Salas de este Tribunal constituye un hecho in?ito, que no tiene precedentes desde la creaci? del mismo, y que podr? evidenciar una sombra de duda sobre el trabajo que aqu?se realiza, solicitar?, en aras a la necesaria transparencia, que si a bien se tiene, se nos informara a los magistrados/as de esta Sala sobre las razones de la inspecci? y el alcance de la misma, para poder en su caso colaborar activamente en ella". Y a?de: "Igualmente, y en aras a esa transparencia, solicitar? se informara si esa inspecci? se circunscribir?a los asuntos que se tramitan en las mismas Salas, o si se extender?tambi? a los gastos protocolarios de los distintos eventos (comidas, reuniones de trabajo, etc?era) que se hacen en la sede de este Tribunal Supremo".
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/14/actualidad/1429034254_611848.htmlLA MANO DERECHA DE LESMES PARTICIP?EN LA DESIGNACI? DE LOS JUECES QUE COBRARON DE LA COMUNIDAD DE MADRID
La Comisi? Permanente del Poder Judicial, de la que forma parte Gerardo Mart?ez Trist?, ha reclamado al Servicio de Inspecci? que elabore un informe
Un magistrado considera que el vocal del Consejo propuesto por el PP deber? abstenerse en cualquier actuaci? relacionada con el pago de dietas del Gobierno madrile?
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, a su llegada a la sede del Consejo General del Poder Judicial. EFE El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, a su llegada a la sede del Consejo General del Poder Judicial. EFE
El vocal a propuesta del PP en la Comisi? Permanente del Consejo General del Poder Judicial Gerardo Mart?ez Trist? fue uno de los magistrados que aprobaron en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la designaci? de los jueces y secretarios que cobraron las dietas de la Comunidad de Madrid, seg? confirmaron a infoLibre fuentes del propio Poder Judicial, que especifican que la reuni? se celebr?el 28 de noviembre de 2011.
La Sala de Gobierno la compon?n entonces, adem? de Francisco Vieira como presidente del TSJM y Mart?ez Trist?, en calidad de m?imo responsable de la Sala de lo Contencioso-Administrativo; el presidente de la Sala de lo Social, Juan Miguel Torres Andr?; la presidenta de la Audiencia Provincial, Ana Ferrer; y el juez decano, Jos?Luis Gonz?ez Armengol, seg? informa el diario Confilegal.com.
Y en esa reuni?, los magistrados acordaron designar a los jueces que iban a formar parte de los grupos de trabajo con la Comunidad de Madrid. El diario El Pa? public?que jueces, fiscales y otros funcionarios adscritos al TSJ recibieron m? de 200.00 euros de la Comunidad de Madrid. Y lo recibieron de forma directa o indirecta con la participaci? de la empresa Indra. Precisamente, el TSJ es el ?gano que se encarga de investigar a los aforados del Gobierno madrle?, presidido por Ignacio Gonz?ez (PP).
Comit?Permanente
En concreto, el trabajo de los magistrados consisti?en el desarrollo de una herramienta inform?ica en decanatos y ?ganos judiciales que se puso en marcha en 2010. Asimismo, nueve juristas que conformaban el denominado Comit?Permanente de seguimiento de la digitalizaci? de los juzgados y tribunales de Madrid (integrado por tres jueces y seis secretarios) percibieron en 2014 dietas extra por importe de 3.000 euros cada uno (27.000 en total).
La actuaci? de Mart?ez Trist?, marido de la consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por Mar? Dolores de Cospedal, fue muy pol?ica al pretender que todos los recursos presentados contra la privatizaci? de la Sanidad madrile? se decidieran en el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que ? presid?. El PSOE lleg?a plantear la recusaci? de Mart?ez Trist? por su proximidad al PP. Al final, este magistrado acab?siendo propuesta como vocal del Poder Judicial, en donde ahora se le considera la mano derecha u hombre de confianza del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
Servicio de Inspecci?
La Comisi? Permanente, de la que forma parte Mart?ez Trist?, fue la encargada de enviar este caso al Promotor de la Acci? Disciplinaria, Antonio Jes? Fonseca-Herrero. Tambi? este mismo ?gano reclam?al Servicio de Inspecci? del Poder Judicial que elaborara un informe, confirman a este diario fuentes oficiales del Consejo. Seg? el diario Confilegal.com este servicio ya ha iniciado sus pesquisas con entrevistas a los magistrados que participaron en los trabajos.
infoLibre se ha puesto en contacto con un magistrado, de reconocido prestigio, que explic?que lo prudente por parte de Mart?ez Trist? habr? sido abstenerse: "Que la Comisi? Permanente reclame un informe podr? parecer neutro, pero realmente deber? de abstenerse. No era necesario que se encargara este informe, ya que Mart?ez Trist? que estaba ah?mismo, pod? informar del tema", completa el juez que reclama anonimato.
Pero el papel de Mart?ez Trist? como integrante de la Comisi? Permanente del Poder Judicial podr? tener un mayor peso. Esta comisi? tendr? la facultad de obligar al instructor a que reabriera el caso si ?te hubiera decidido archivarlo. Y en caso de que la comisi? disciplinaria acordara una sanci?, el recurso tendr? que ser resuelto por la Comisi? Permanente.
Declaradas a Hacienda
Seg? reconoci?Vieira en una nota de prensa, la intervenci? de los magistrados ha sido "esencial" para dotar a los juzgados y tribunales de las herramientas inform?icas "adecuadas para ejercer su labor, lo que dif?ilmente se habr? logrado sin su colaboraci?". Tambi? asegur?que todas las cantidades percibidas hab?n sido declaradas a Hacienda efectu?dose las retenciones correspondientes.
Asimismo, Vieira explic?que desde un principio entendi?que su actuaci? y la de los magistrados integrados en esos grupos "estaba exceptuada de la necesidad de solicitar al CGPJ la autorizaci? o reconocimiento de compatibilidad que prev?para determinados supuestos el Reglamento de la Carrera Judicial, al ser aplicable lo dispuesto en su art?ulo 343".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/02/28/un_vocal_del_poder_judicial_participo_reunion_que_designo_los_jueces_que_cobraron_comunidad_madrid_29025_1012.htmlUN VOCAL DEL CGPJ ENV? A UN JUZGADO UN DOCUMENTO CON LOS NOMBRES DE 20 JUECES EXPEDIENTADOS
Para pedir la suspensi? de un juicio, el vocal del CGPJ Vicente Guilarte remiti?a un juzgado un escrito en el que se inclu?n los nombres de 20 jueces a quienes se hab?n abierto o archivado expedientes disciplinarios
El abogado de un caso contra una registradora denunci?a Guilarte ante el Consejo por prevalerse de su cargo y por vulnerar la Ley de Protecci? de Datos
Un informe del CGPJ lo niega y asegura que la divulgaci? de los nombres de los jueces no es ?imputable? al vocal
La ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) permiti?en junio de 2013 a los vocales de este ?gano compaginar su cargo con la actividad profesional previa que ejerc?n. Es el caso de Vicente Guilarte, catedr?ico de Derecho Civil y director del ?ea jur?ica del Colegio de Registradores. Fue nombrado vocal en diciembre de 2013 a propuesta del PP. Forma parte de la Comisi? Disciplinaria del CGPJ, la que expedienta y sanciona a los jueces. Al mismo tiempo, defiende ante esos mismos jueces a los registradores que son denunciados por sus calificaciones o inscripciones.
El pasado mes de noviembre, Guilarte remiti?al Juzgado de Primera Instancia n?ero 6 de Logro? un escrito para pedir la suspensi? y aplazamiento de un juicio, en el que defend? a la registradora mercantil de La Rioja, Celia Meneses Mart?ez Bernal. La fecha de la vista coincid? con la de una reuni? de la Comisi? Disciplinaria del CGPJ. El documento enviado reproduce los acuerdos alcanzados por la citada comisi? el 20 de noviembre de 2014, e incluye los 21 nombres de otros tantos jueces y magistrados a quienes se hab? abierto o archivado expedientes disciplinarios o a quienes se sancionaba. Tambi? consigna el motivo por el que se les hab? incoado el procedimiento o por el que se les multaba.
Deber de sigilo y m?ima precauci? con la protecci? de datos
Los vocales del CGPJ, al igual que los empleados de la Administraci? de Justicia, est? obligados por ley a ?mantener sigilo de los asuntos que conozcan por raz? de sus cargos o funciones y no hacer uso indebido de la informaci? obtenida, as?como guardar secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusi? est?prohibida legalmente?. Lo estipula el art?ulo 497 de la Ley Org?ica del Poder Judicial. Adem?, est? obligados a guardar ?discreci?? sobre los expedientes que manejan y a la ?m?ima precauci? en la observancia de la Ley de Protecci? de Datos?, seg? fuentes jur?icas.
Los acuerdos de la Comisi? Disciplinaria se publican en la p?ina web del CGPJ pero con los nombres de los jueces tachados, as?como la localizaci? de los juzgados donde ejercen. Vicente Guilarte no guard?la misma precauci? con los papeles que mand?al juzgado de Logro?.
El escrito detalla la apertura de expedientes por falta graves o muy graves ?normalmente por retraso injustificado, desconsideraci? o abuso de autoridad? a nueve jueces, el archivo de otros cinco, una sanci? de un a? para otro y dos recursos, entre otras resoluciones. Curiosamente, el ?timo punto del orden del d? corresponde a una solicitud cursada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra para recabar informaci? sobre el sistema de notificaci? a los jueces sancionados, a ra? de la filtraci? a la prensa local de la sanci? impuesta a un juez. La petici? se retir?
Demanda ante el CGPJ
El abogado que demand?a la registradora riojana consider?que, en este caso, Vicente Guilarte no hab? mantenido el sigilo debido y present?una denuncia ante el CGPJ. Pero no s?o por la posible vulneraci? de la confidencialidad, sino tambi? porque consideraba que el vocal se estaba prevaliendo de su condici? para influir en la decisi? del juez.
El art?ulo 580 de la Ley Org?ica del Poder Judicial dicta que los vocales del CGPJ no pueden ?invocar o hacer uso de su condici? de tales en el ejercicio de su profesi??. Otras fuentes jur?icas consultadas advierten, en efecto, de la ?presi?? que puede suponer para un juez de Primera Instancia tener enfrente como abogado de una de las partes a un vocal del CGPJ, y no uno cualquiera sino precisamente uno de los encargados de sancionar la conducta y el rendimiento de los jueces.
Como resultado de la denuncia, el gabinete t?nico del CGPJ emiti?el 22 de diciembre un informe que exime a Vicente Guiliarte de toda responsabilidad. As? niega que aducir una convocatoria de la Comisi? Disciplinaria para pedir la suspensi? de un juicio sea ?invocar su condici? de vocal? en los t?minos del art?ulo 508 antes citado. ?Lo que la norma proh?e es hacer valer la condici? de vocal para fines interesados, obtener ventaja personal o beneficio o eludir el cumplimiento de obligaciones?, explica el informe.
Tampoco cree el gabinete t?nico que Guilarte haya vulnerado su deber de sigilo. Por el contrario, interpreta que el escrito enviado al juzgado de Logro? es una ?documentaci? necesaria, equivalente a otras como la certificaci? del secretario de la Comisi?, que se utiliza como medio probatorio para acreditar la certeza de lo aducido?. A juicio de los t?nicos del CGPJ, ese documento es de los que se pueden enviar ?a un tercero sin necesidad de consentimiento de los interesados, por cuanto tiene por destinatario a los jueces o tribunales en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas en el proceso?. Por tanto, concluye el informe, el hecho de que los datos incluidos en el documento sean divulgados, ?no es imputable? al vocal.
El informe del gabinete fue refrendado por la Comisi? Permanente del CGPJ el pasado 13 de enero, seg? explican fuentes del propio organismo.
Defensor del hermano de Mariano Rajoy
Vicente Guilarte es letrado del Colegio de Registradores Mercantiles y de la Propiedad desde 2003. En 2009 se le puso al frente del departamento jur?ico. Su misi? en este tiempo ha sido defender a los registradores en los tribunales cuando son demandados por sus actuaciones. Entre sus defendidos cabe citar a Enrique Rajoy, hermano del presidente del Gobierno y registrador como ?, que fue expedientado por la Direcci? General de los Registros y el Notariado en 2008 por ?extralimitarse en sus funciones?. Por ese motivo se le impuso una multa de 12.000 euros.
Enrique Rajoy demand?despu? a la Direcci? General y gan?tanto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como en la Audiencia Nacional. El hermano del presidente agradeci?a Guilarte en una carta enviada a la intranet del Colegio de Registradores su ?impagable apoyo?. Entonces Enrique Rajoy era registrador de la Propiedad en Alcal?de Henares. Ahora lo es en C?eres.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/03/02/un_vocal_del_cgpj_envia_juzgado_documento_con_los_nombres_jueces_expedientados_29163_1012.htmlPROGRESISTAS DEL CGPJ ACUSAN A LESMES DE DISCRIMINAR A UNA MUJER PARA EL TSJ DE MURCIA Y CENSURAR A DISCREPANTES
Siete vocales acusan por escrito a Lesmes de censura y de discriminar por ser mujer a una candidata con mayor experiencia
El nombramiento a finales del pasado mes de enero del juez de lo Penal de Murcia Miguel Alfonso Pascual como presidente del Tribunal Superior de Justicia en dicha comunidad ha originado una monumental bronca en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siete de cuyos vocales acusan al presidente, Carlos Lesmes, de propiciar la discriminaci? por ser mujer de otra candidata m? v?ida y de censurar a los discrepantes con esta decisi?.
As?se se?la en el voto particular que ha presentado la vocal y magistrado del Tribunal Supremo Clara Mart?ez de Careaga con el apoyo de otros seis consejeros del sector progresista y del nacionalista de este ?gano, en el que se denuncia el manejo por parte de Lesmes para impedir la presentaci?, en un voto particular que fue rechazado por extempor?eo de sus razones contra la designaci? de Pascual.
El documento destaca que, dada la pr?tica inexistencia de mujeres presidentas en los TSJ (s?o hay una en los 15 ?ganos de esta categor?), que Alonso ha sido perjudicada por su condici? de mujer "sin m? justificaci? que una subjetiva valoraci? del proyecto de actuaci? del candidato var?" que "bordea la arbitrariedad e incurre en discrimaci?".
Seg? el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el Consejo retuvo el acuerdo de nombramiento que fue adoptado el 29 de enero hasta casi un mes despu?, el pasado d? 20, hurt?dole as?la posibilidad de estudiar los motivos del nombramiento de cara al voto particular que legalmente deber? haber presentado 48 horas despu? de la designaci? del nuevo presidente del TSJ de Murcia.
En fuentes del Consejo, sin embargo, se ha explicado a Europa Press que el voto particular de Mart?ez de Careaga fue presentado m? de 20 d?s despu? del de celebraci? del Pleno cuando pod? haberlo hecho en tiempo, lo que motiv?su inadmisi?. La vocal plante?esta cuesti? en el siguiente Pleno, celebrado el pasado 26 febrero, que por 14 votos a 7 acord?confirmar la inadmisi? del voto particular.
M?ITO Y CAPACIDAD
Seg? explica la vocal progresista en su voto, el nombramiento de Miguel Alfonso Pascual perjudic?y discrimin?a la candidata m? competente, la magistrada del la Audiencia Provincial de Murcia Mar? Pilar Alonso Saura, cuya antig?dad en la Carrera se sit? en 1.160 puestos por encima del finalmente designado.
A ello se a?de, seg? la discrepante, el hecho de que Alonso lleve destinada 23 a?s en la Audiencia de Murcia frente a un juez, el que result? elegido por la mayor? conservadora, cuya experiencia se limita al enjuiciamiento unipersonal de delitos menores y sin ninguna experiencia en ?ganos colegiados.
Los vocales firmantes de este documento son, adem? de Mart?ez de Careaga, Roser Bach, Rafael Mozo, Concepci? S?z, Enrique Lucas, Mar? Victoria Cinto y Pilar Sep?veda.
Frente a las acusaciones, fuentes del Consejo consultadas por Europa Press recuerdan que este tipo de procesos selectivos se rigen por lo dispuesto en el Reglamento del CGPJ que regula la provisi? de plazas de nombramiento discrecional en los ?ganos judiciales.
En el caso de los ?ganos gubernativos, los aspirantes deben elaborar un programa de actuaci? describiendo las principales iniciativas encaminadas a mejorar el funcionamiento del tribunal o la Sala a cuya presidencia aspiran que luego exponen en una comparecencia p?lica en la sede del CGPJ y que es valorado por el Pleno en la elecci?.
LA ANTIG?DAD NO ES DETERMINANTE
La antig?dad es, por tanto y seg? estas fuentes, uno m? de los requisitos que se tienen en cuenta. A?den que en el mandato del actual CGPJ, el Pleno ha elegido para cargos gubernativos a varias mujeres que contaban con menor antig?dad que algunos de sus competidores varones.
Este es el caso de la presidenta de la Sala de lo Social del TSJ del Pa? Vasco, Garbi? Biurrun, que ingres?en la Carrera Judicial en 1987, cuando uno de los dos aspirantes varones al mismo cargo lo hab? hecho en 1983.
La misma situaci? se dio con la presidenta de la Audiencia Provincial de C?eres, Mar? F?ix Tena, que ingres?en la carrera en 1988 y que fue elegida para el cargo frente a candidatos varones que lo hab?n hecho en 1979 y 1987.
Tampoco en otros casos, sin presencia de candidatas femeninas, ha sido elegido el aspirante con m? antig?dad: as?sucedi?en los procesos selectivos para la presidencia de la Audiencia Nacional o de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, apuntan.
http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Progresistas-CGPJ-Lesmes-TSJ-Murcia_0_1950900427.htmlLA ASOCIACI? JUECES POR LA DEMOCRACIA ACUSA A LESMES DE COMETER UN FRAUDE A LA CONSTITUCI?
JpD reprocha al presidente del Consejo General del Poder Judicial su actuaci? "autoritaria y presidencialista" al negarse a renovar la Comisi? Permanente. La asociaci? asegura que el Gobierno utiliza el ?gano para nombrar a vocales de su confianza y marginar a las voces cr?icas
Jueces por la Democracia (JpD) ha criticado duramente en un comunicado distribuido a la carrera judicial la decisi? de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de negarse a cumplir la renovaci? de la comisi? permanente, prevista en la Ley 4/2013 de 28 de junio, que modifica la ley que regula el ?gano.
La asociaci? progresista denuncia la actitud ?presidencialista? de Lesmes y la actuaci? del Gobierno del Partido Popular que, afirman, usa a Lesmes para nombrar a los cargos m? importantes de la justicia ordinaria. JpD reprocha al presidente del CGPJ que carece ?por completo de sentido institucional? y que obedece ?sol?ito? a los dictados del Gobierno.
?El resultado no es otro que la transformaci? del ?gano de gobierno de los jueces en un ?gano del Gobierno contra los jueces y su independencia?, se lamentan. La comisi? permanente del CGPJ tiene atribuidas todas las funciones que no se corresponden al pleno y a las otras comisiones, lo que se traduce en que la permanente es el centro del poder de decisi? del ?gano. Para evitar una concentraci? de poder excesiva, la ley prev?que la permanente se renueve una vez al a?; pese a ello, Lesmes ha decidido no hacerlo, aunque ha asegurado que se renovar?antes de que termine el a?.
?La promesa del Presidente de Consejo de que la Comisi? ser?renovada antes de fin de a? es una muestra m? del presidencialismo que inspira el funcionamiento de este ?gano constitucional, siendo ? y no el Pleno quien decide el cu?do y el c?o de la renovaci??, responde la asociaci?.
Debido a que es el presidente el que tiene la capacidad de configurar ?a su antojo? la comisi? permanente, Lesmes est?aprovechando, dice el comunicado, para asegurarse la fidelidad de algunos vocales y para hacer que las voces discrepantes se vean ?relegadas a un segundo plano?.
La asociaci? acusa a Lesmes de actuar de forma ?autoritaria? y de no cumplir una ley que dise? un CGPJ ?de car?ter presidencialista?. Todo ello a pesar de que algunos vocales ya hab?n hecho p?lico su deseo de pasar a formar parte de la permanente y sin poder descartar, aseguran, que otros no se hayan atrevido a hacerlo ya que era ?una batalla perdida pues no hab? la m? m?ima intenci? por parte del presidente del CGPJ de que hubiera renovaci? alguna?, argumentan.
La no renovaci? de la comisi? permanente fue aprobada en el ?timo pleno del CGPJ con 14 votos a favor y siete en contra, con la ?ica salvedad de la entrada de un nuevo vocal por la dimisi? de su cargo de Merc?Pigem
http://www.publico.es/politica/jpd-acusa-al-pp-fraude.htmlLESMES IMPONE SU N?LEO DURO PARA CONTROLAR LA JUSTICIA
Ejerce un poder total a trav? de la comisi? permanente. En el pleno de hoy se ha negado a cambiar a sus integrantes, en contra de las demandas de la minor? progresista y a pesar de que la ley contempla la rotaci? anual de sus miembros
Si algo ha demostrado este a? de ejercicio del poder por parte de Carlos Lesmes es un marcado presidencialismo al frente del Consejo General del Poder Judicial. Todo el control lo ejerce a trav? de la comisi? permanente, a donde llegan los asuntos ?cocinados? por un comit?de direcci? cuyos integrantes son designados directamente por ?.
S?o cinco de los veinte vocales tienen dedicaci? exclusiva y sueldo correspondiente: son los integrantes de la Permanente. Los dem? est? obligados a compaginar sus trabajos con las funciones recortadas de este ?gano, lo que les provoca numerosas dificultades para enterarse de lo que realmente ocurre dentro del CGPJ.
El Pleno del CGPJ ha afrontado este jueves una sesi? pol?ica por esta causa. Seis vocales que conforman la minor? progresista demandaban a Lesmes la renovaci? de la comisi? permanente, de tal manera que diera entrada a nuevas voces diferentes a las que le han servido en este a? para controlar la c?ula de los ?ganos de gobierno de la administraci? de justicia.
La minor? progresista ha reclamado que cumpla con el esp?itu de la ley que reform?el CGPJ y que, por cierto, fue elaborada por el propio Lesmes quien, a pesar de ejercer como magistrado, asesor?al Gobierno del PP para recortar las competencias de este ?gano constitucional.
La norma proclama en su pre?bulo que para permitir ?una mayor pluralidad en la composici? de la Comisi? Permanente se prev?su renovaci? anual, estableciendo de este modo la posibilidad de que todos los Vocales, con excepci? de los que integren la Comisi? Disciplinaria, puedan llegar a formar parte de la misma?.
Ya en su articulado la ley introdujo la expresi? ?se procurar?la rotaci? anual de los integrantes de la Permanente (art?ulo 601.2).
Lesmes se ha negado a tal renovaci?: no quiere renunciar al control presidencial que ejerce a trav? de la Permanente. Cuenta con los votos seguros de los vocales nombrados a propuesta del PP -Juan Manuel Mart?ez Moya y Gerardo Mart?ez Trist?-, al igual que con la aquiescencia habitual del exdiputado socialista ?varo Cuesta y de la magistrada Mar Cabrejas, nombrada esta ?tima a iniciativa de Antonio Camacho, ex secretario de Estado de Interior socialista.
La certeza de Lesmes de que el Pleno iba a aceptar su decisi? era tal que sac?a concurso la plaza de Cabrejas dentro del macroconcurso de traslados de jueces que se convoc?en diciembre. En otras palabras, daba por hecho que Cabrejas continuar? con su dedicaci? exclusiva en la Permanente, por lo que su plaza -en el juzgado de primera instancia 55 de Madrid- fue ofrecida para que la ocupe otro juez mientras dure esta situaci? de servicios especiales.
En este macroconcurso se introdujo tambi? el juzgado central de instrucci? 5. Lesmes cont?con el apoyo de Cabrejas en la Permanente para sacar la plaza que ocupa Pablo Ruz de forma interina.
Los seis vocales de la minor? progresista reclamaron esta renovaci? en diciembre, por medio de un escrito firmado por Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Mart?ez de Careaga, Rafael Mozo, Pilar Sep?veda y Concepci? S?z, todos ellos nombrados por el Parlamento a propuesta del PSOE excepto S?z, que lo fue por IU. Hace unos d?s volvieron a solicitar por escrito a Lesmes que accediera a dicha renovaci? prevista en la Ley y que todos asumieron de forma impl?ita al nombrarlo presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo en 2013.
Espadas en alto
Tanto Abad como Bach y Sep?veda solicitaron por escrito su incorporaci? a la Permanente, aunque la ley no exige este requisito. La candidatura de Bach tiene opositores, ya que forma parte de la Comisi? Disciplinaria, que no se renueva en los cinco a?s que dure el mandato de este Consejo.
El ?ico cambio previsto que aprob?el pleno de este jueves ha sido una incorporaci? en la Permanente, la de la vocal Nuria Abad, designada a petici? del PP. Entra en el n?leo duro en sustituci? de Merc?Pigem, la vocal pillada sacando 10.000 euros de Andorra junto a su hermana y que dimiti?en diciembre pasado tras ser presionada en este sentido por el propio Lesmes. La renuncia se produjo aunque no incurri?en infracci? administrativa alguna.
Dadas las espadas que hab? en alto, y a la vista de la renuncia de Pigem, Lesmes opt?por aplazar el debate de diciembre con el argumento de que intentar? alcanzar un acuerdo lo m? amplio posible sobre la renovaci? de la Permanente entre los 20 integrantes del Pleno.
Pero no ha existido tal acuerdo en este conflictivo Pleno. En esta sesi? se estren?el nuevo vocal que ha sustituido a Pigem: Jos?Mar? Mac?s, quien jur?el pasado martes ante el rey como nuevo vocal del CGPJ.
Mac?s forma parte de la lista de sustitutos que aprob?el Senado en 2013 dentro del cupo de juristas de reconocida competencia. Exjuez, ejerc? como abogado en el despacho de Cuatrecasas, Gon?lves Pereira.
El primer candidato a sustituir a Merc?Pigem como vocal del ?gano de gobierno de los jueces, era Antonio Mar? ?varez-Buylla, quien renunci?por "razones personales" y dej?paso a Mac?s.
http://www.publico.es/politica/lesmes-renueva-nucleo-duro-controlar.htmlEL PP AMPL? SU MAYOR? EN LA COMISI? CLAVE DEL PODER JUDICIAL
Vocales progresistas acusan a Lesmes de saltarse la ley "sin sinrojo"
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha logrado imponer su criterio y frenar la renovaci? total de la comisi? permanente del consejo, el ?gano en el que se toman la mayor? de decisiones relevantes del Poder Judicial y cuyo relevo reclamaban los vocales progresistas. El pleno del consejo ha acordado, por 14 votos a siete, mantener en el cargo a los dos miembros propuestos por el PP (Francisco Gerardo Mart?ez Trist? y Juan Manuel Fern?dez Mart?ez) y a los dos del PSOE (Mar Cabrejas y ?varo Cuesta) y cubrir solo el hueco dejado en diciembre por Merc?Pigem, (CiU), que dimiti?despu? de que se conociera que hab? entrado en Espa? desde Andorra con 9.500 euros en efectivo.
El puesto de Pigem lo ocupar?Nuria Abad, vocal a propuesta del PP, lo que refuerza la mayor? conservadora en esta comisi?. Hasta ahora, esta mayor? estaba condicionada por la vocal de CiU, que con su voto pod? hacer inclinarse la balanza a favor del Lesmes y los dos vocales del PP o provocar un empate que ten? que resolverse con el voto de calidad del presidente. Con la entrada de Abad, Lesmes se garantiza ahora una c?oda mayor? en todas las votaciones de este ?gano. Adem?, el presidente ha contado en el ?timo a? con el apoyo de los dos vocales del PSOE en algunas importantes deliberaciones de la Permanente, de ah?que Lesmes se haya opuesto a promover la entrada de otros vocales progresistas que pudieran ser m? cr?icos con sus decisiones.
El presidente del Poder Jodicial logra frenar la renovaci? total de su n?leo de decisi?
Tras dos horas y media de debate, la propuesta de Lemes ha salido adelante con el voto de todos los miembros propuestos por el PP m? el vocal propuesto por CiU, Jos?Mar? Mac?s Casta?, que se ha estrenado hoy en el consejo. Han votado en contra los cinco miembros propuestos por el PSOE que no forman parte de la Permanente -Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Mart?ez de Careaga, Rafael Mozo, y Pilar Sep?veda- la vocal de IU -Concepci? S?z- y el del PNV -Enrique Lucas-. Los siete han anunciado que formular? voto particular. Adem?, todos excepto el vocal propuesto por el PNV, han firmado un escrito en el que acusan a Lesmes y a los miembros que han secundado su propuesta de saltarse la ley "sin sonrojo".
Los cinco vocales de la Permanente son los ?icos que tienen dedicaci? exclusiva para el Poder Judicial y deciden sobre todos los asuntos importantes que no est? reservados al pleno. Suya fue, por ejemplo, la decisi? de sacar a concurso la plaza del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. Los vocales progresistas que no forman parte de esta comisi? hab?n exigido en las ?timas semanas su renovaci? total apelando a la ley Org?ica del Poder Judicial, que establece que esta se elegir?anualmente y que el pleno del Consejo ?procurar?la rotaci? anual? de sus miembros, excepto de aquellos vocales que tambi? pertenezcan a la Comisi? Disciplinaria. Seg? fuentes del Poder Judicial, Lesmes se ha comprometido a que, en los cuatro a?s que le quedan al actual consejo, vaya renov?dose parcialmente la comisi? Permanente para que todos los miembros que lo deseen puedan formar parte de ella.
"El mantenimiento de dicha comisi? con la misma composici? una vez transcurrido un a? desde su nombramiento, plazo en el que legalmente deb? ser renovada, adem? de contravenir de forma clara lo dispuesto legalmente, sortea sin sonrojo la letra y el esp?itu de una Ley que dej?claramente establecido que el nuevo modelo de Consejo no deb? ser presidencialista y que la participaci? de todos los vocales en la Comisi? Permanente quedar? asegurada por su renovaci? anual", se?la el escrito difundido por estos cinco vocales.
La renovaci? de esta comisi? ya se abord?en el pleno de diciembre, pero la falta de acuerdo oblig?a Lesmes a aplazar la decisi? un mes para buscar un acercamiento entre los dos frentes. El mes ha pasado, sin embargo, sin que los vocales acerquen posturas y hoy se ha impuesto la propuesta inicial del presidente.
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/29/actualidad/1422535369_546259.htmlPULSO AL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL
El cese de Torres Dulce y la protesta del Supremo destapan las injerencias del Ejecutivo
El Gobierno tiene a las principales instituciones judiciales del pa? al borde de la rebeli?. La sala clave del Tribunal Supremo ha hecho p?lico su rechazo al intento de injerencia del Ejecutivo en decisiones relacionadas con la excarcelaci? de etarras; la dimisi? del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, antes de finalizar su mandato, ha extendido la sospecha sobre el intento de manipulaci? por parte del Gobierno en esta instituci?; el Consejo General del Poder Judicial, en plena tormenta tras sacar a concurso la plaza del juez que investiga la corrupci? del PP, ha tenido que aplazar la renovaci? de sus principales ?ganos por la oposici? de una parte de sus vocales.
El Supremo vivi?este jueves una jornada inquietante. Un grupo de magistrados de la Sala de lo Penal se junt?a primera hora para recoger firmas de protesta contra las injerencias del Gobierno. La iniciativa, ins?ita en la historia del tribunal, termin?a mediod? con ?ito notable para los promotores de la queja: 13 de los 18 magistrados de esa sala firmaron un comunicado que simboliza su descontento con el Ejecutivo.
La Sala de lo Penal del Supremo se encarga de las causas de terrorismo y de las relacionadas con la corrupci? de la clase pol?ica, entre otras. La recogida de firmas de los magistrados evidencia su hartazgo ante el supuesto intento de manipulaci? por parte del Gobierno en un tema, el terrorismo de ETA, especialmente sensible para la opini? p?lica.
La excarcelaci? de etarras decidida por la secci? primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, en aplicaci? de una decisi? marco europea, destap? la indignaci? del Ejecutivo, que a trav? de su ministro de Justicia, Rafael Catal? anunci?que esa decisi? de la Audiencia ser? corregida por el Supremo.
El presidente de la Sala de lo Penal de este tribunal, Manuel Marchena, se apresur?a convocar un pleno en el que supuestamente se iba a fijar el criterio para enmendar a la Audiencia. ?A trav? de un recurso de otro preso etarra, al que se hab? denegado la acumulaci? de condenas, pretend?n fijar criterio y, de paso, derogar la excarcelaci? de Santi Potros. Esas trampas no pueden admitirse en el Supremo?, explica un juez. El pleno convocado por Marchena no resolvi?nada, aplaz?la decisi? a enero y escenific?la fractura en la Sala. Uno de los magistrados aprovech?la ocasi? para expresar el profundo malestar con el Gobierno.
Las declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fern?dez D?z, donde suger? que las decisiones judiciales de acumulaci? de condenas a etarras eran prevaricadoras agotaron la paciencia de magistrados del Supremo, poco habituados a discrepar p?licamente del Ejecutivo.
?La nota de protesta es fruto del hartazgo. El Gobierno est?legislando contra la doctrina del Supremo con la idea de que no pasa nada porque controla todas las instituciones judiciales. Lo hizo al introducir una enmienda en el Senado para evitar la aplicaci? de la decisi? marco europea sobre acumulaci? de condenas; lo intenta ahora con una reforma legal que permita la intervenci? de comunicaciones sin autorizaci? judicial pese a toda la jurisprudencia que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo en contra de esa posibilidad, y tambi? proyecta cambios en relaci? con las pruebas de ADN contra el criterio de este tribunal?, se?la un magistrado. Otro resume as?la situaci?: ?La falta de respeto del Gobierno a la autonom? de las instituciones judiciales ha desencadenado esta reacci? en los principales ?ganos del Poder Judicial?.
La dimisi? de Eduardo Torres-Dulce como fiscal general antes de terminar su mandato extiende la sospecha del intento de control por parte del Gobierno sobre otra pieza estrat?ica en la administraci? de justicia. ?El Ejecutivo se equivoc?al nombrar a Torres-Dulce y no entendi?que en una instituci? tan jer?quica, el fiscal general no impusiera su criterio en relaci? con la querella contra el Gobierno catal? por la consulta ilegal del 9-N. Si el Gobierno quer? controlar esa instancia, eligi?a la persona equivocada. Adem?, la dimisi? le ha estallado en la cara al crear la imagen de que Torres-Dulce se ha ido por la falta de independencia?, se?la un ex alto cargo judicial.
El Gobierno de los jueces tambi? sufre la inestabilidad del juego pol?ico. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, deber? tramitar la queja de los magistrados del Supremo cuando en el ?gano que preside hay otro incendio mayor. Los vocales progresistas se niegan a que Lesmes imponga la continuidad de los seis miembros de la comisi? permanente, ?gano clave del organismo que debe ser renovado cada a?.
La ?tima decisi? de la Comisi? Permanente de convocar la plaza que ocupa Pablo Ruz, juez instructor del caso G?tel y del caso B?cenas, ha dejado la sospecha del intento del Gobierno del PP de sacar de la Audiencia Nacional al magistrado que m? da? puede hacer a su imagen por las investigaciones que dirige.
Divisi? total sobre la excarcelaci? de etarras
Los 18 magistrados que conforman las distintas secciones de lo Penal de la Audiencia Nacional se reunieron el mes pasado en pleno para deliberar sobre c?o resolver los recursos de etarras presos que ped?n, en aplicaci? de una decisi? marco europea de 2008, que se les computaran los a?s pasados en c?celes francesas para descont?selos del c?culo de cumplimiento m?imo de sus penas en Espa? (30 a?s).
Los jueces de la Audiencia Nacional que debatieron sobre la cuesti? conoc?n una sentencia del Supremo (dictada en marzo con la unanimidad de los cinco magistrados de la sala) favorable a la acumulaci? de las penas cumplidas en otros pa?es comunitarios, en ausencia de legislaci? espa?la que recogiera la decisi? marco europea. La deliberaci? de la Audiencia Nacional se produjo el pasado noviembre, cuando ya se hab? aprobado en las Cortes la trasposici? de la decisi? marco europea, aunque la Ley todav? no hab? entrado en vigor.
La nueva norma establece una condici? temporal en su disposici? adicional ?ica: "En ning? caso ser? tenidas en cuenta para la aplicaci? de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Uni? Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010".
Esa disposici? adicional dejaba sin efecto la decisi? marco europea para los terroristas de ETA presos que hab?n recurrido. La divisi? de opiniones entre los 18 jueces de la Audiencia Nacional fue absoluta: nueve frente a nueve. La reuni? no sirvi?para fijar un criterio claro sobre c?o actuar. Unos d?s despu?, a principios de diciembre, llegaron los primeros autos judiciales: la secci? primera de la Audiencia aceptaba acumular condenas y excarcel?a dos etarras; la secci? segunda, con un voto particular, rechazaba descontar los a?s cumplidos en Francia del cumplimiento m?imo de la pena en Espa?.
En el Supremo, la divisi? es parecida. Cinco magistrados se pronunciaron a favor de acumular penas en el caso Urrusolo Sistiaga (marzo de 2014), pero el pleno de la Sala de lo Penal (15 magistrados) estudi?el pasado martes un recurso de Pedro Jos?Picabea por id?tico motivo que dej?pendiente de resolver tras un largo debate en el que la fractura result?evidente.
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/20/actualidad/1419092965_786067.htmlLA SALA CLAVE DEL SUPREMO PROTESTA POR LAS INJERENCIAS DEL GOBIERNO
13 jueces piden a Lesmes que act? ante Rajoy por unas declaraciones de Fern?dez D?z
Trece de los 18 magistrados que componen la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que instruye todos los casos en los que hay imputados pol?icos aforados por el Congreso o el Senado, firmaron este jueves un escrito de protesta contra las injerencias del Gobierno en el poder judicial. En un gesto ins?ito en la historia reciente del Supremo, los 13 magistrados, entre ellos varios jueces pertenecientes al sector conservador de la magistratura, firmaron una carta dirigida al presidente de la sala, Manuel Marchena, para que act? ante unas recientes declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fern?dez D?z, en las que este calific?de ?lamentables? las excarcelaciones de miembros de ETA decretadas por la Audiencia Nacional.
El escrito est?suscrito por todos los miembros de la sala de lo Penal, incluidos los tres em?itos, excepto el presidente Marchena y los magistrados Juli? S?chez Melgar, Antonio del Moral, Andr? Mart?ez Arrieta y Carlos Granados. La reacci? de los jueces llega despu? de que varios miembros del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta, Soraya S?nz de Santamar?, y el titular de Justicia, Rafael Catal? hayan criticado en p?lico las excarcelaciones de etarras ordenadas por la Audiencia en cumplimiento de un acuerdo marco europeo que permite acumular en Espa? las penas cumplidas en otros pa?es.
Estas cr?icas han sido recibidas entre miembros de todos los sectores de la judicatura como una intromisi? del Gobierno en la independencia judicial, pero los jueces, hasta ahora, hab?n optado por silenciar en p?lico su malestar. El detonante de la carta de los magistrados de lo Penal han sido unas declaraciones de Fern?dez D?z en una entrevista publicada el pasado s?ado por La Raz?. El ministro fue preguntado por la acumulaci? de penas a etarras, que el Tribunal Supremo aval?en marzo, cuando oblig?a la Audiencia a revisar la condena del etarra Jos?Luis Urrusolo Sistiaga para descontarle el tiempo de condena cumplido en Francia. ?Me parece lamentable desde todos los puntos de vista, tambi? jur?icamente?, respondi?el ministro; a la pregunta de si los jueces pod?n estar prevaricando al tomar estas decisiones, contest? ?Yo no digo eso, pero si eso lo hubiera hecho una autoridad pol?ica o administrativa, quiz?en estos momentos se le estar? acusando de un posible delito de prevaricaci??.
Los jueces recogen en su escrito estas declaraciones, as?como otras de la misma entrevista en las que Fern?dez D?z lamenta que se haga ?un uso alternativo del derecho? y sostiene que estas decisiones judiciales ?provocan falta de confianza en las instituciones?.
Los 13 magistrados que firman la carta, ?sin a?dir calificaci? alguna respecto a ese comportamiento de un miembro del Gobierno?, piden al presidente de la Sala de lo Penal que haga llegar al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, su ?desaz?? por estas afirmaciones. Los jueces instan a Lesmes a que, si considera que las afirmaciones del ministro ?no son adecuadas ni guardan el debido respeto? al Tribunal Supremo, se lo haga saber al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y le pida ?que ponga coto? a manifestaciones como las de su ministro del Interior.
Fern?dez D?z: "He respetado y respetar?siempre la ley"
Tras las cr?icas de los magistrados del Supremo, el ministro del Interior ha insistido este jueves en que respeta la independencia judicial y la separaci? de poderes. En unas breves declaraciones a los periodistas antes de asistir a la jura de 24 comisarios principales, Fern?dez D?z se ha limitado a afirmar: "He respetado y respetar?siempre la ley". A lo que ha a?dido que respeto la separaci? de poderes "garantizada, reconocida y amparada" en la Constituci?. A pesar de la insistencia de los reporteros, el titular de Interior ha reiterado que la separaci? de poderes es "el fundamento de un buen funcionamiento de un Estado social, democr?ico y de Derecho como es el nuestro".
Entre los cinco miembros de la Sala de lo Penal que no han firmado la carta se encuentran Andr? Mart?ez Arrieta y Antonio del Moral, que fueron dos de los cinco magistrados del Supremo que en marzo suscribieron la sentencia que avalaba la acumulaci? de penas del etarra Urrusolo Sistiaga. El alto tribunal celebr?el pasado martes un pleno en el que ten? previsto unificar criterio sobre este asunto, pero, tras un largo debate, decidi?aplazar la decisi? hasta, al menos, el pr?imo enero.
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/18/actualidad/1418909614_978651.htmlLESMES SE SALTA AL PLENO DEL CGPJ Y SACA A CONCURSO LA PLAZA DE LA VOCAL CABREJAS
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, se ha saltado a la torera al pleno de este ?gano constitucional cuyos 20 vocales son elegidos por las Cortes Generales. Ma?na jueves el Pleno tiene previsto acordar los vocales formar? parte de la poderosa comisi? permanente por otro a? m?.
Los seis miembros de la Permanente son los ?icos de los 20 vocales que tienen dedicaci? exclusiva, con un elevado sueldo correspondiente. Esto es, no tienen que compatibilizar sus trabajos con la funci? de vocal, a diferencia de lo que ocurre con los otros 14 vocales.
Lesmes pretende renovarla con sus componentes actuales, entre los que se encuentra la magistrada progresista Mar Cabrejas. Sin embargo, para este puesto se postula la tambi? magistrada progresista Roser Bach, exdirectora de la Escuela Judicial.
Pero Lesmes debe tener tal confianza de que su voluntad ser?cumplida que el CGPJ ha sacado a concurso la plaza de Cabrejas asumiendo que continuar?en excedencia otro a? m?.
As?consta en el Bolet? Oficial del Estado (BOE) del pasado 13 de diciembre, dentro del macroconcurso de 364 plazas en el que sali?la que hoy ocupa el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional.
En la p?ina 10 figura la convocatoria de la plaza del ?Juzgado de 1? Instancia n? 55 de Madrid, mientras su titular, Mar? del Mar Cabrejas Guijarro, se encuentre en la situaci? administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial?. Esto es, mientras contin? en excedencia a causa de su pertenencia a la Permanente.
La Ley Org?ica del Poder Judicial (LOPJ) establece en su art?ulo 601.2 que "se procurar?la rotaci? anual del resto de los vocales en la composici? anual de la Comisi? Permanente". La ?ica comisi? que no se rota es la Disciplinaria, cuyos vocales miembros tienen un mandato de cinco a?s
Lesmes no quiere realizar esta rotaci?, cuando seis vocales progresistas han solicitado lo contrario: la renovaci? de las comisiones. Firmaron esta solicitud Roser Bach, Clara Mart?ez de Careaga, Rafael Mozo, Victoria Cinto, Pilar Sep?veda y Concepci? S?z, todos ellos designados a propuesta del PSOE menos la ?tima, que lo fue por IU.
El ?ico cambio que contempla el presidente del CGPJ es la sustituci? de Merc?Pigem por la vocal Nuria Abad.
Pigem dimiti?al ser pillada sacando 20.000 euros junto a su hermana de Andorra. Ella no cometi?infracci? administrativa alguna, pero Lesmes la presion?para que renunciara al cargo ?d?s antes hab?n tenido una bronca a cuenta de la consulta del 9N-y dej?a CiU sin representaci? en una instituci? del Estado por primera vez en la historia.
El Senado ya eligi?la lista de los sustitutos en 2013. El primero de ellos es el decano de los procuradores de Madrid, conservador y pr?imo a Lesmes. Pero no se va a esperar a que la C?ara Alta proclame al nuevo vocal, sino que la plaza de Pigem en la poderosa Permanente ser?cubierta este mismo jueves.
En estos momentos forman parte de la Permanente los magistrados vocales Juan Manuel Fern?dez y Gerardo Mart?ez Trist? (designados a propuesta del PP), as?como Mar Cabrejas y el exdiputado socialista ?varo Cuesta. Estos dos ?timos, aunque fueron propuestos por el PSOE, suelen votar en la misma l?ea que Lesmes.
Son tres los vocales que han solicitado entrar en la Permanente: Nuria Abad y Pilar Sep?veda ?ambas juristas que se postulan en sustituci? de la tambi? jurista Pigem-, as?como Roser Bach, quien se propone para la plaza de Cabrejas. Sin embargo, Bach pertenece a la Disciplinaria y hay voces que consideran que Bach no puede presentarse porque es miembro de la comisi? disciplinaria.
As?las cosas, el Pleno se presenta movido para este jueves. Pero el BOE ya ha publicado el resultado
http://www.publico.es/politica/lesmes-salta-al-pleno-del.htmlEL CGPJ PIERDE DEMOCRACIA INTERNA TRAS UN A? DE PRESIONES POL?ICAS
El Poder Judicial se ha convertido en un ?gano piramidal y presidencialista. Carlos Lesmes, que forz?la salida de Pigem y no aplica la misma dureza con su sustituto, cumple un a? al frente del ?gano que gobierna la justicia
La situaci? es tal que en una semana, Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha hecho con la cabeza de la vocal de CiU Merc?Pigem, a quien forz?a dimitir sin darle siquiera tiempo para explicar sus motivos ante el resto de compa?ros del pleno del ?gano de gobierno de los jueces. Adem?, ha acabado con el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional como instructor de la G?tel, mientras se niega a amparar a los jueces que han excarcelado a etarras en cumplimiento de lo que dispone el Consejo de Europa y los deja a los pies de las cr?icas de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S?nz de Santamar?, y de los medios afines.
Nunca un ?gano como el CGPJ hab? sido tan politizado: los 20 miembros son elegidos directamente por los grupos parlamentarios, sin que los 12 de procedencia judicial previstos por la Constituci? sean elegidos siquiera indirectamente por sus compa?ros; y las ?sugerencias' y presiones por parte del PP a vocales alcanzan tal magnitud que un sector de este partido, muy castigado por la corrupci?, intenta ahora forzar la no renovaci? de la presidenta del tribunal superior de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, para sustituirla por alguien que fue miembro del gobierno popular de Francisco Camps, investigado por casos de corrupci?.
Lesmes ha impuesto una estructura vertical y presidencialista en el ?gano de gobierno de un poder, el judicial, que est?basado en la deliberaci? y en la decisi? colegiada.
Basa su poder en la comisi? permanente, epicentro desde donde gobierna bajo el amparo del Ejecutivo del PP. Sus cinco miembros son los ?icos con dedicaci? exclusiva y alto salario, del total de 20 vocales elegidos por las Cortes Generales.
El pr?imo jueves tendr?lugar el pleno del CGPJ, que sin duda ser?el m? tenso del a? que lleva Lesmes al frente del ?gano. La sustituci? de la vocal convergente Merc?Pigem en la comisi? permanente es el primer problema al que se enfrenta. Seg? fuentes judiciales consultadas por P?lico, Carlos Lesmes tiene la intenci? de nombrar a alguien "de su confianza" para el puesto en otro arrebato de presidencialismo, ya que es el Pleno el que elige a los miembros de la Permanente, tal como refleja el art?ulo 601 de la Ley Org?ica del Poder Judicial (LOPJ).
Lesmes quiere colocar a Nuria Abad, pero la vocal progresista Pilar Sep?veda ha solicitado por escrito incorporarse a la Permanente en sustituci? de Pigem. Es m?, varios vocales progresistas planean escribir una carta similar, en una suerte de mot? a bordo del sector cr?ico que ? no consigue controlar.
La comisi? permanente ha de renovarse una vez al a?, y aunque el art?ulo 601 de la LOPJ insta a "procurar la rotaci?" de sus miembros, fuentes del sector progresista aseguran que Lesmes "no tiene intenci? de renovar los puestos de la permanente".
"Se est?creando muy mal ambiente", reconocen fuentes del ?gano, que se?lan como un hecho paradigm?ico la presi? que Lesmes ejerci?sobre Pigem hasta conseguir su dimisi? cuando ?ta siempre le hab? apoyado en la Permanente. Lesmes afronta, as? un pleno con cuentas pendientes y con el sector progresista enfrentado a ? por sus ?timas decisiones.
A esta renovaci? de la permanente se suma la sustituci? del puesto del CGPJ que ocupaba Pig?. El Senado design?en 2013 los suplentes, y el primero es Antonio ?varez-Buylla. Decano de los procuradores de Madrid, ?varez-Buylla estaba querellado hasta final de noviembre por un presunto delito de falsedad. Los querellantes planean recurrir el archivo de la causa, por lo que no podr? ser nombrado vocal ya que ?tos se rigen por las mismas incompatibilidades que los jueces , que no pueden ejercer en caso de estar procesados.
El sector progresista del ?gano ya ha manifestado que Lemes deber? ser tan "ejemplar" con ?varez-Buylla como con Pigem, quien sin haber cometido ning? delito ni falta administrativa fue forzada a dimitir tras ser pillada.
Merc?Pigem, que ocupaba su puesto en el CGPJ a propuesta de CiU, se convirti?en un elemento inc?odo para Lesmes. En el proceso soberanista catal?, Pigem se mostr?a favor de la consulta, y Lesmes no tard?en llamar a cap?ulo a la vocal.
"Cuando Pigem apoy?el 9-N, fue abroncada por Lesmes" de tal manera que "los gritos se o?n desde el pasillo", relatan fuentes internas. Esta advertencia fue interpretada por el entorno de Pigem como el inicio de una "persecuci?" para sacarla del CGPJ y, en consecuencia, para sacar a CiU de un ?gano del Estado por primera vez en la historia. Tras celebrarse la consulta alternativa, se produjo la "pillada" de la vocal y su dimisi? forzada.
En el episodio de Andorra, el entorno de Pigem asegura que "fueron a por ella". La vocal catalana tiene familia en Andorra. En la frontera, los agentes de aduanas suelen preguntar por mercanc?s a declarar de forma habitual. Sin embargo, el d? que se para a Pigem se pregunt?por el dinero que llevaban ella y su hermana. La cuant? total que llevaban ambas (20.100 euros) estaba en la frontera del l?ite permitido, que son 10.000 euros por persona.
El agente de aduanas presente, que se encontraba con un miembro de la guardia civil, no consider?pertinente la apertura de ning? informe. Sin embargo, el guardia civil insisti?en elaborarlo, a pesar de que el agente de aduanas se retir?y lo dej?solo.
"La filtraci? del incidente a la prensa provino de fuentes del Ministerio del Interior", sostienen en fuentes del sector cr?ico. Cuando Pigem se reuni?el viernes 28 de noviembre con Lesmes, el encuentro result?ser una encerrona. La presi? fue de tal magnitud, que se difundi?una nota de prensa desde el CGPJ anunciando que Lesmes le hab? pedido la dimisi?, cuando ambos a? estaban reunidos en el despacho.
"Esto es un aviso a navegantes", se lamentan miembros del ?gano. "Ten? que haber esperado al lunes para dejar que se explicara ante el pleno". Al d? siguiente de su reuni? con Lesmes Pig? hac? oficial su renuncia en el ?gano.
Otra decisi? pol?ica ha sido el concurso de la plaza del juez central de instrucci? 5. El juez Pablo Ruz, ocupa esta plaza desde hace tres a?s y medio en sustituci? del juez titular, Miguel Carmona, ocupando la figura conocida como "comisi? de servicios". Esta figura no pasa por concurso p?lico, sino que son puestos por designaci? que se encarga de renovar el CGPJ cada seis meses.
Este concurso se insert?en un macroconcurso de 364 plazas de jueces, donde se metieron una treintena de casos como el de Ruz. La competencia de convocatoria es de la Permanente, pero la decisi? de si una plaza se dota en comisi? de servicios es discrecional y puede ser abordada por el pleno.
Por ello, varios vocales le instaron a elevar al pleno esta convocatoria, para que se sometiera a la decisi? de todos miembros del ?gano constitucional. Lesmes les contest?al d? siguiente de convocar el macroconcurso y argument?que la Permanente no tiene dependencia org?ica del Pleno.
Cuando este proceso culmine, Ruz tendr?que abandonar su puesto porque tiene 10 a?s de antig?dad y a la Audiencia Nacional concurren jueces con 25 a?s de ejercicio profesional.
En este a? transcurrido, Lesmes ha implantado un r?imen presidencialista y ha conseguido tal estructura de poder piramidal que el Pleno se ha quedado casi vac? de contenido; s?o se ocupa de los nombramientos y los informes prelegislativos.
El pasado 4 de diciembre el CGPJ archiv?las diligencias previas que abri?a los 33 jueces firmantes del manifiesto a favor del derecho a decidir, tras una denuncia presentada por Manos Limpias. D?s antes Lesmes hab? anunciado en corrillos con pol?icos que la comisi? disciplinaria iba a expedientar al juez Santiago Vidal y el resto de firmantes.
Sin embargo, el Promotor de la Acci? Disciplinaria, Antonio Jes? Fonseca-Herrero, archiv?las diligencias abiertas. "No puede apreciarse que los firmantes persigan una finalidad diferente que el mero traslado a la ciudadan? de una opini? sobre un tema de inter? jur?ico, social o pol?ico, actuaci? que queda amparada por los derechos fundamentales de libertad de expresi? y de opini? consagrados por el art?ulo 20 de la Constituci? Espa?la", asegur?
Adem?, 11 de diciembre el Tribunal Supremo anul?la sanci? de diez d?s de suspensi? de funciones a tres jueces de Sevilla por presuntos retrasos en resolver un caso derivado de una compraventa realizada en 2002. La sanci? hab? sido impuesta por el CGPJ con el voto en contra de cuatro miembros. El Tribunal Supremo declar?que la sanci? no debi?imponerse nunca.
http://www.publico.es/actualidad/cgpj-pierde-democracia-interna-ano.htmlLA VOCAL PILAR SEP?VEDA PIDE A LESMES IR A LA COMISI? PERMANENTE
La vocal env? al presidente Carlos Lesmes una carta en la que reclama cubrir temporalmente la plaza vacante que ha dejado Merc?Pigem
Despu? de la dimisi? forzada de la vocal Merce Pigem tras descubrirse que trajo dinero de Andorra sin que hubiera cometido ninguna ilegalidad, su plaza en la comisi? permanente ha quedado vacante y la vocal propuesta por el PSOE, Pilar Sep?veda Garc? de la Torre la ha solicitado. Si finalmente el presidente de la instituci?, Carlos Lesmes, aceptara la propuesta se restablecer? el equilibrio entre progresistas y conservadores a la comisi? permanente que se encargada, entre otras cosas, de los nombramientos y selecci? de jueces.
Pilar Sep?veda ha escrito una carta al presidente Lesmes en la que asegura que al corresponder dicha plaza al turno de juristas de reconocida competencia, y no al turno de Jueces y Magistrados en activo en la carrera judicial ?art. 601.2 LOPJ-, solicita se considere su presente ofrecimiento de cobertura temporal, sin perjuicio de lo que proceda en la renovaci? anual pendiente.
Sep?veda, asegura que ser? una buena oportunidad para que la Comunidad Andaluza, que tiene el mayor n?ero de personas y Audiencias provinciales de todo el pa? tuviera representaci? en la comisi? permanente.
Ra?es andaluzas
En su carta, Sep?veda refleja que "se encuentra plenamente vinculada a la Comunidad Aut?oma Andaluza, que -al margen de adscripciones formales realizadas conforme al nuevo sistema de vocal?s territoriales implantado por esa Presidencia y por la Comisi? Permanente- carece de representaci? actual en dicha Comisi?, siendo dicha Autonom? la que:
a) tiene mayor n?ero de personas residentes de toda la Naci? -8.392.537 de personas residentes, seg? datos oficiales del Instituto Nacional de Estad?tica a fecha 1 de julio de 2014, equivalente a 18?02% del total de residentes en el Estado-;
b) tiene mayor n?ero de provincias, y por consiguiente Audiencias Provinciales;
c) tiene mayor n?ero de partidos judiciales de todo el territorio nacional, un total de 85 ?de los que ocho pertenecen a la provincia de Almer?, catorce a la de C?iz, doce a la de C?doba, nueve a la de Granada, seis a la de Huelva, diez a la de Ja?, once a la de M?aga y quince est? en la provincia de Sevilla-, sin incluir los correspondientes a las Ciudades Aut?omas de Ceuta y Melilla, estrechamente vinculadas a esta Autonom?, y dependientes del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc?, Ceuta y Melilla. Dicho n?ero de partidos judiciales es igualmente el m? alto de todo el territorio nacional, y equivalente a un 19?72 % de todo el Estado.
En tercer lugar, es la ?ica Vocal de procedencia andaluza que no se encuentra adscrita a la Comisi? Disciplinaria, y por ende no imposibilitada legalmente de acceder a la Comisi? Permanente, ex art. 601.2 LOPJ.
"Por estas razones, y pudiendo sin duda aportar una especial proximidad y sensibilidad personal vinculada a mi condici? de andaluza, y a toda mi trayectoria profesional desarrollada en esta Comunidad Aut?oma, con su territorio y con su poblaci? -que reitero trasciende de adscripciones formales- es por lo que ofrezco mi candidatura a cubrir la vacante precitada", concluye
http://cadenaser.com/ser/2014/12/11/tribunales/1418294905_664919.htmlEL CGPJ SACA A CONCURSO LA PLAZA DEL JUEZ RUZ EN LA AUDIENCIA NACIONAL
La Comisi? Permanente apoya sacar a concurso la plaza del magistrado quien tendr?que pedir continuar con la G?tel y Caja B como juez de refuerzo, pero hay problemas legales
Por cuatro votos a uno. Ha rechazado el acuerdo el vocal progresista ?varo Cuesta. La permanente del Poder Judicial ha aprobado b?icamente su propuesta de acuerdo del pasado viernes. Es decir, sacar a concurso la plaza del juzgado de instrucci? n?ero 5 de la Audiencia Nacional y cuando se incorpore el titular, previsiblemente en marzo, Ruz tendr?que solicitar su continuidad como juez de refuerzo si desea instruir los casos m? complejos que ha llevado hasta la fecha, como el proceso G?tel o la Caja B del PP. A continuaci?, la comisi? permanente del CGPJ, o?a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, estudiar?la solicitud para que pueda investigar estas causas hasta que finalice su instrucci?.
Pero juristas consultados por la SER resaltan que el Consejo no puede garantizar que Ruz vaya a investigar estos casos. Esta decisi? corresponde exclusivamente a quien acabe ganando la plaza, y cualquier imposici? contravendr? el principio del juez predeterminado por Ley. Es m?, de acuerdo con el art?ulo 216 bis 2 de la LOPJ, en su apartado cuarto, el futuro juez titular del juzgado de instrucci? n?ero 5, tendr?que asumir las causas que ya se est? investigando, y dejar para Ruz solo "los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de se?lamiento" de juicio oral, lo que en principio, descartar? que Pablo Ruz continuase con la instrucci? de los procesos que afectan al PP.
La mejor salida, seg? las fuentes jur?icas consultadas por la SER, era aplicar el 355 bis que permit? continuar a Ruz en el juzgado, mientras el titular, Miguel Carmona, se encuentre en situaci? de Servicios Especiales como juez de enlace en el Reino Unido. Precisamente esa ha sido la postura que ha planteado en la permanente el vocal ?varo Cuesta.
http://cadenaser.com/ser/2014/12/09/tribunales/1418146722_856287.htmlEl Poder Judicial abre una v? dudosa para que Ruz finalice el ?caso G?tel?
La comisi? permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este martes por cuatro votos a uno sacar a concurso, entre otras 364, la plaza que ocupa ahora en comisi? de servicio el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional, que ser?adjudicada en marzo a un nuevo magistrado. Pero el acuerdo adoptado ayer por el principal ?gano de decisi? del Poder Judicial abre una v? que, sobre el papel, permite a Ruz continuar instruyendo el caso G?tel hasta que cierre la investigaci? sobre la trama de corrupci? ligada al PP.
La soluci? pactada en los ?timos d?s entre el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y varios vocales, sali?aprobada por cuatro votos a uno. A favor votaron Lesmes, los dos vocales propuestos por el PP (Francisco Gerardo Mart?ez Trist? y Juan Manuel Fern?dez Mart?ez) y la vocal a propuesta del PSOE, Mar Cabrejas. El otro vocal propuesto por los socialistas, ?varo Cuesta, fue el ?ico que ha votado en contra y ha presentado una propuesta alternativa que supon? prorrogar de nuevo la comisi? de servicio de Ruz para que el magistrado siguiera hasta junio como titular del Juzgado 5 de la Audiencia Nacional, pero esta iniciativa no fue refrendada por ninguno de los otros cuatro vocales presentes en la reuni?.
La propuesta de Lesmes sali?aprobada por cuatro votos a uno
El acuerdo de la comisi? permanente afecta a otros 40 jueces que, como Ruz, est? en comisi? de servicio y tendr? la oportunidad de quedarse como apoyo en el juzgado que ahora ocupen si instruyen causas ?de especial relevancia o complejidad?. Pero el acuerdo se ha ideado a la medida de la situaci? del instructor del caso G?tel y para evitar el esc?dalo que supondr? apartarle de esta causa ?que ? ha llevado durante cuatro a?s y medio? justo cuando la investigaci? se acerca a su final.
En las horas previas a la reuni?, los miembros de la comisi? permanente han recibido presiones desde el PP y el PSOE. Los socialistas intentaron convencer a sus dos vocales para que se opusieran a un acuerdo que, seg? creen, no garantiza la continuidad de Ruz a partir de marzo. Finalmente, solo ?varo Cuesta vot?en contra de la propuesta consensuada el viernes. El acuerdo del Poder Judicial tampoco convence del todo al PP, que aunque logra que Ruz deje de estar al frente del juzgado, se expone a que, si el magistrado lo pide, siga indagando en la trama de corrupci? que compromete los intereses electorales de los populares en un a? de comicios municipales, auton?icos y generales.
El texto, en teor?, prepara el camino para que Ruz pueda seguir al frente de la instrucci? de G?tel. Ser?? quien deba solicitarlo y la comisi? permanente, tras escuchar a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, decidir?si le otorga una nueva comisi? de servicio como juez de refuerzo. Aunque el acuerdo concede al Poder Judicial la ?tima palabra para decidir sobre la continuidad de Ruz, fuentes del ?gano de gobierno de los jueces aseguran que, si el magistrado lo pide, se le autorizar? El juez no ha revelado, de momento, si tiene intenci? de hacer uso de esta opci? y quedarse como apoyo en el Juzgado 5 de la Audiencia Nacional.
El acuerdo perge?do por la comisi? permanente no tiene precedentes claros lo que, llegado el momento, podr? ocasionar dudas legales o ser recurrido por algunas de las partes personadas en el caso G?tel. El art?ulo 216 bis 2 de la Ley Org?ica del Poder Judicial regula el nombramiento de los jueces de apoyo. Su cometido ?con plena jurisdicci??, seg? este art?ulo, ser? ?el tr?ite y resoluci? de los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de se?lamiento?, mientras que ?los asuntos en tramitaci? que no hubieren alcanzado aquel estado procesal? quedan reservados para el titular o titulares del juzgado. La soluci? pensada para el caso de Ruz es otra: que el magistrado de apoyo se quede con la principal causa del juzgado y el titular, con el resto.
Fuentes consultadas se?lan que ese art?ulo de la ley org?ica est?pensado para el caso habitual en que el juez titular pide un refuerzo para sacar adelante los asuntos de su juzgado. Pero estas fuentes sostienen que esa no es la situaci? del Juzgado 5 de la Audiencia Nacional y aseguran que el acuerdo aprobado ayer no va a ocasionar problemas jur?icos. La soluci? pactada pasa por que Ruz pida quedarse como juez de apoyo antes de que est? nombrado el nuevo juez titular. De esa manera, cuando el magistrado que gane la plaza por concurso se incorpore a su puesto, ya habr?un acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional y de la comisi? permanente del Poder Judicial para que Ruz siga instruyendo el caso G?tel y la pieza separada de los papeles de B?cenas.
Cinco vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial ya han amenazado con impugnar el acuerdo de este martes ante el Tribunal Supremo. Estas vocales son Roser Bach, Mar? Victoria Cinto, Clara Mart?ez de Careaga y Pilar Sep?veda ?designadas por el PSOE? y Concepci? S?z, elegida a propuesta de Izquierda Unida. Las cinco registraron el pasado viernes, junto a otros dos miembros del Poder Judicial, un escrito en el que solicitaban a Carlos Lesmes que la continuidad de Ruz no se debatiera entre los cinco vocales de la comisi? permanente, sino en un pleno de todo el Poder Judicial. Estas vocales, en una nota citada por Europa Press, se reservan ahora ?el derecho? a interponer un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo de este marteshttp://politica.elpais.com/politica/2014/12/09/actualidad/1418144069_053120.html
LAS PRESIONES POL?ICAS COMPLICAN EL FUTURO DE RUZ AL FRENTE DE G?TEL
El PP y el PSOE se movilizan para influir en la comisi? del Consejo del Poder Judicial
El organismo decide este martes si facilita la continuidad del magistrado en el proceso
La comisi? permanente del Consejo General del Poder Judicial, integrada por cinco miembros ?el presidente y dos vocales elegidos a propuesta del PP; y otros dos miembros apoyados por el PSOE? resuelve hoy el futuro del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional entre fort?imas presiones pol?icas. El acuerdo previo alcanzado el pasado viernes entre vocales de las dos sensibilidades, que permit? a Ruz continuar al frente del caso G?tel si ped? quedarse como refuerzo del nuevo titular que gane la plaza, puede saltar por los aires.
El PSOE rechaza avalar un acuerdo del que desconf?n porque creen que no garantiza la continuidad de Ruz y por eso presion?durante todo el d? de ayer a los vocales de su sensibilidad en la comisi? permanente, ?varo Cuesta y Mar Cabrejas, para que voten en contra. Algo parecido hizo el PP previamente con el sector conservador del Consejo del Poder Judicial para que el juez Ruz no contin? al frente de un sumario que destroza sus intereses electorales.
En sus ?timos autos judiciales, este magistrado implic?al PP y a la ex ministra Ana Mato como ?part?ipes a t?ulo lucrativo? de los delitos cometidos por dirigentes populares en el caso G?tel. El PP critica estas resoluciones y considera que la continuidad de Ruz al frente del juzgado podr? perjudicar mucho sus intereses en un a? con dos citas clave: las elecciones auton?icas y municipales de mayo y las elecciones generales de final de a?. Algunos de sus candidatos podr?n verse salpicados por nuevas resoluciones del juez Ruz.
Los intereses del PP y del PSOE en esta partida por el control del poder judicial amenazan la estabilidad del Consejo. Carlos Lesmes, presidente del Gobierno de los jueces, y varios vocales de la Comisi? Permanente hab?n negociado durante las ?timas semanas una f?mula que evitara el esc?dalo que supondr? apartar al juez que instruye la causa sobre la corrupci? en el partido que gobierna en Espa?.
La convocatoria de plazas que hoy ten? previsto aprobar la comisi? permanente del Consejo General del Poder Judicial establec? la siguiente salvedad: ?Los magistrados que se ocupen de causas de especial relevancia o complejidad pueden solicitar continuar en sus destinos como jueces de refuerzo hasta finalizar estos procedimientos, para lo que se les conceder? una nueva comisi? de servicio?. ?a una formulaci? pensada como traje a medida del juez Ruz para posibilitar su continuidad al frente de las causas de corrupci? que salpican al PP.
Esa f?mula intermedia acordada el pasado viernes puede variar hoy si en la comisi? permanente se produce una fractura del voto como consecuencia de las presiones pol?icas de unos y de otros.
Ruz instruye el caso G?tel desde junio de 2010, fecha en la que se hizo cargo del juzgado en comisi? de servicios tras la suspensi? del magistrado Baltasar Garz?. La red G?tel es la mas extensa trama de corrupci? conocida en democracia vinculada al PP. El magistrado abri?en marzo de 2013 una pieza separada de la causa, el denominado caso B?cenas, donde investiga la financiaci? ilegal del PP durante casi 20 a?s (entre 1990 y 2009) a trav? de una caja b oculta al fisco.
El mandato de Ruz en comisi? de servicios podr? continuar hasta junio de 2015 si solicita la cuarta pr?roga, pero el Consejo del Poder Judicial ha decidido sacar ahora esa plaza a concurso, entre otras 42 de parecidas caracter?ticas.
Por otra parte, siete de los 20 vocales del consejo, propuestos por PSOE, IU y PNV, han firmado una petici? para que el futuro del juez del caso G?tel se decida en pleno, donde se pondr? de manifiesto una divisi? a? mayor que la que se puede registrar en la Comisi? Permanente.
Si el magistrado Pablo Ruz no puede continuar en el juzgado 5 de la Audiencia Nacional la causa se ralentizar?porque el nuevo titular tendr? que asumir el estudio de un procedimiento con m? de 200 comisiones rogatorias, un centenar de imputados, cientos de miles de folios de sumario, y m? de una decena de v?s alternativas de investigaci? abiertas tanto en el caso G?tel como en el caso B?cenas.
Tres alternativas en el juzgado 5
El Consejo General del Poder Judicial est?dominado con mayor? absoluta por los vocales nombrados a propuesta del PP (11 de 20), por lo pueden imponer su criterio en las decisiones que adopten los ?ganos de Gobierno. En relaci? con la plaza del juzgado de instrucci? n?ero 5 de la Audiencia Nacional, que ahora ocupa en comisi? de servicios Pablo Ruz, caben tres posibilidades.
Continuidad hasta marzo de 2015. El Consejo General del Poder Judicial saca a concurso la plaza del Juzgado de Instrucci? n?ero 5. La antig?dad en la carrera judicial marcar?qui? gana el puesto entre los jueces que opten a la plaza. El concurso se resuelve en febrero y el nuevo titular toma posesi? en marzo. Ruz tiene que dejar el juzgado y volver a la plaza que tiene reservada en M?toles. El caso G?tel y el caso B?cenas que instruye ahora el magistrado, junto a otros procedimientos, pasar?a manos de un nuevo juez.
Continuidad hasta junio de 2015. El Consejo General del Poder Judicial podr? prorrogar seis meses m? ?lo permite la Ley? la comisi? de servicios del juez Pablo Ruz. Esa circunstancia obligar? al Consejo a tomar id?tica posici? respecto a otros 42 juzgados que se encuentran en id?tica situaci? en toda Espa?. Esta es la opci? que defiende el PSOE.
Pr?roga hasta el fin de la instrucci? (sin fecha). La comisi? permanente del Consejo General del Poder Judicial tiene la intenci? de prorrogar autom?icamente la comisi? de servicios de Pablo Ruz hasta marzo de 2015, cuando el nuevo titular tome posesi? de la plaza que gane en concurso. La permanente abre la posibilidad de que, en funci? de la complejidad y relevancia de determinadas causas abiertas en el juzgado, el actual instructor, Pablo Ruz, pueda solicitar quedarse como juez de refuerzo hasta la finalizaci? de los procedimientos.
Una plaza con due?. La plaza del juzgado 5 de la Audiencia pertenece al magistrado Antonio Carmona, ex vocal del Poder Judicial a propuesta del PSOE. Pero nunca lleg?a ocuparla porque el Gobierno del PP le busc?antes un acomodo como juez de enlace para el Reino Unido, donde a? contin?.
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/08/actualidad/1418065451_722885.html
FISCALES DE LA AUDIENCIA NACIONAL VEN ?INCOMPRENSIBLE? ECHAR A RUZ
Fiscales de la Audiencia Nacional han mostrado su apoyo a la continuidad del juez Pablo Ruz en el juzgado central de instrucci? n?ero 5. Entre los magistrados, los muestras de respaldo son contadas
La decisi? de la Comisi? Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de debatir este martes sacar a concurso la plaza del juez Pablo Ruz, ha provocado las cr?icas de numerosos fiscales de la Audiencia Nacional consultados por la Cadena SER.
Los representantes del Ministerio P?lico advierten del perjuicio de cambiar a Ruz, por la gran cantidad de causas, al margen de los procedimientos considerados ?pol?icos?, que pueden verse afectados con su sustituci?. Se trata de decenas de casos de narcotr?ico, delincuencia organizada, terrorismo yihadista y procedimientos cuya investigaci? permanece secreta, pero que tienen una ?gran trascendencia? a juicio de estos fiscales. Echar a Ruz, insisten estas fuentes fiscales, supondr? paralizar cuando no ?una condena al archivo? de ?muchas? de estas causas.
Las mismas fuentes censuran la falta de apoyos entre los magistrados de la Audiencia Nacional. La SER ha contactado con varios de ellos y pocos defienden su continuidad. Algunos valoran el trabajo de Ruz al frente del juzgado n?ero 5 y la calidad de sus resoluciones, que por ejemplo en los casos G?tel y Caja B han recibido siempre el refrendo de sus superiores, y reconocen que si el Consejo quiere, puede prorrogarle. Pero la mayor? opta por ponerse de perfil y recordar que ya lleva cuatro a?s de comisi? de servicios en una plaza a la que lleg?con menos m?itos que otros jueces que tambi? optaban a la misma. Otros magistrados recalcan que Ruz no ha ganado su plaza por concurso. No es de su casta.
http://cadenaser.com/ser/2014/12/08/tribunales/1418045281_463673.html
Carlos Lesmes: "Que Ruz acabe con la instrucci? de B?cenas y G?tel ni siquiera depende de ?"
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, afirma que su "voluntad" es que "no se perturben los asuntos que el juez de la Audiencia Nacional est?llevando y que ?te pueda terminar la instrucci? "en un tiempo razonable"
"La voluntad, la m? al menos, es que no se perturben los asuntos que se est? llevando y que est? ya para terminarse en un tiempo razonable de tiempo"
Carlos Lesmes ha participado este s?ado en la celebraci? del aniversario de la Constituci? espa?la. Durante la recepci? posterior al acto institucional, Lesmes accedi?a contestar las preguntas de eldiario.es en medio de la pol?ica por el final de la carrera del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional. El presidente del CGPJ niega presiones pol?icas para apartar al juez de la instrucci? de los sumarios que afectan al PP, como la trama G?tel o el caso B?cenas.
Lesmes reconoce que el futuro de los casos B?cenas y G?tel no est?en la mano del juez Pablo Ruz, a quien el PP vio con buenos ojos en un primer momento y a quien ahora consideran una bestia negra para sus intereses.
?Qu?est?ocurriendo en el CGPJ con respecto al juez Ruz y su sutituci??
No veo que est?ocurriendo nada especial. Hay una hoja de ruta que lo que pretende es no perturbar la instrucci?. Pero, en general, no solo de Ruz, sino de los jueces que est? en su misma situaci?, que son 40.
?No hay intencionalidad pol?ica ni ha recibido presiones del Gobierno para apartar a Ruz de los casos que afectan al PP?
No, en absoluto. Yo creo que la hoja de ruta no apunta en esa direcci?. En ese juzgado como en otros, hay muchos sumarios. De lo que se trata es de no perjudicarlos y que puedan terminarse en un tiempo razonable. Si la previsi? es que va a tardar tres a?s, entonces lo l?ico es que el caso lo lleve el titular del juzgado. Pero es que los casos m? conocidos est? ya en su fase final.
?Qui? va a sustituir a Ruz?
Ni idea. Se cubre por antig?dad estricta. El propio Ruz podr? optar a la plaza pero lo que pasa es que ? es un juez con poca antig?dad. M? antiguos que ?, hay miles de jueces. Cualquiera de ellos puede pedirlo, por lo que es imposible saber lo que puede pasar. Le corresponder? como le digo, al m? antiguo. En la carrera judicial hay cinco mil y pico jueces. Cualquiera puede pedir esa plaza.
?Tiene posibilidades de continuar hasta junio?
Habr?que verlo. Lo primero, tiene que pedirlo ?. Hay que o? a la sala de gobierno y luego resolver. No es est?nada decidido sobre Ruz. Pero la voluntad, la m? al menos, es que no se perturben los asuntos que se est? llevando y que est? ya para terminarse en un tiempo razonable de tiempo.
?Ha hablado usted con el juez Ruz?
No. Yo con los jueces no hablo. No, porque no me parece bien que yo deba hablar con los jueces.
?No es el papel del presidente del CGPJ?
No. En este caso es simplemente fijar una hoja de ruta para no perjudicar las investigaciones penales.
?Cree que Ruz podr?acabar la instrucci? de los caso G?tel y B?cenas?
Bueno, que Ruz acabe con la instrucci? de los casos B?cenas y G?tel ni siquiera depende de ?. ? ha pedido algunas diligencias y? pero yo creo que s?que va a acabarla. Por la informaci? de la que dispongo, que es la que aparece en prensa, la impresi? es que est?a punto de acabarla. De hecho, ha finalizado ya la principal y ha dictado un auto. Personalmente, yo querr? que ? la terminara. Que sea ? quien la termine.http://www.eldiario.es/politica/CGPJ-Carlos_Lesmes-Juez_Ruz-caso_Gurtel-Barcenas_0_332117004.html
El juez Ruz podr?terminar de instruir el ?caso G?tel? si lo pide
El CGPJ saca a concurso su plaza, pero podr?seguir hasta que acabe la investigaci?
El juez Pablo Ruz podr?terminar de instruir el caso G?tel en la Audiencia Nacional. Tras meses de debate, el Poder Judicial ha encontrado una soluci? que parece pensada a la medida de la situaci? de Ruz: ni le obligan a abandonar el Juzgado n?ero 5 de la Audiencia, como ped? el sector m? conservador de la judicatura, ni se le prorroga la comisi? de servicio otros seis meses, como demandaba el ala m? progresista. El magistrado dejar?de estar al frente del juzgado en marzo, pero podr?seguir como juez de refuerzo hasta que termine de instruir las causas ?de especial relevancia o complejidad? en las que haya estado trabajando. Es decir, hasta que acabe, al menos, la instrucci? del caso G?tel.
El orden del d? de la sesi? del pr?imo martes de la comisi? permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incluye la convocatoria de un concurso de traslado para magistrados con 364 plazas, incluida la que de Ruz en la Audiencia Nacional. Los jueces que, como el instructor de G?tel, ocupan ahora esas plazas en comisi? de servicio permanecer? en su puesto hasta marzo, que ser?cuando se incorporen los nuevos titulares. De esta manera, la estancia de Ruz al frente del juzgado, que caducaba a finales de este a?, se prorrogar?autom?icamente otros tres meses, salvo que el magistrado renuncie a esta opci?, seg? recoge el acuerdo que votar?el martes el Poder Judicial.
Pero el texto contempla, adem?, una excepci? que permitir?a Ruz seguir en la Audiencia hasta que termine de investigar G?tel: a partir de marzo, los jueces que instruyan causas ?de especial relevancia o complejidad? podr? solicitar seguir en sus juzgados como jueces de refuerzo hasta que completen la investigaci?, para lo cual se les conceder?una nueva comisi? de servicio.
El Poder Judicial, en un comunicado difundido ayer, argumenta esta excepci? que se va a ofrecer a los jueces de casos complejos en el inter? ?de no provocar una alteraci? seria? en la tramitaci? que pueda dificultar ?su pronta conclusi??. Esta v? se pondr?en marcha si lo pide el magistrado y ser?la comisi? permanente la que, tras escuchar a la Sala de Gobierno correspondiente (en el caso de Ruz, la de la Audiencia Nacional), decidir? si le concede una nueva comisi? de servicios como juez de refuerzo. El juez tendr?que argumentar para qu?casos la pide y, si se le otorga, se trabajar?en exclusiva en esas causas, mientras que el nuevo magistrado titular se ocupar?del resto de asuntos.
Aunque el acuerdo que votar?y, salvo sorpresa, aprobar?la comisi? permanente da a este ?gano la ?tima palabra para decidir en marzo sobre la continuidad de Ruz en la Audiencia Nacional, fuentes del Poder Judicial dieron ayer por hecho que el juez podr?quedarse si as?lo pide para terminar de instruir, al menos, el caso G?tel, cuya primera fase est? pr?ticamente concluida. As? la investigaci? que ha puesto contra las cuerdas al PP seguir?en manos del magistrado a las puertas de las elecciones municipales, auton?icas y generales. Ruz investiga tambi? los negocios de Jordi Pujol Ferrusola, el caso Neymar (presuntos delitos en el fichaje del jugador por el Bar?) y presuntas irregularidades en la Sociedad General de Autores (SGAE).
La comisi? permanente est?formada por seis miembros con mayor? conservadora gracias al voto de calidad del presidente, Carlos Lesmes. Esta mayor? se ver?reforzada en la pr?ima sesi? tras la salida de Merc? Pigem, la vocal a propuesta de CiU que abandon?la semana pasada el Poder Judicial tras conocerse que hab? entrado en Espa? desde Andorra con 9.500 euros en efectivo. Pigem era miembro de la comisi? permanente y a? no tiene sustituto.
El presidente del ?gano de gobierno de los jueces ha mantenido contactos en los ?timos d?s con vocales conservadores y progresistas para lograr una propuesta de acuerdo que pueda ser aceptada por la mayor?. Poco antes de que se conociera ayer el orden del d? de la pr?ima comisi? permanente, un grupo de siete vocales del Poder Judicial le presentaron un escrito a Lesmes en el que piden que la continuidad del magistrado se debata en un pleno, en el que est? presente todos los vocales, y no en un ?gano m? restringido. Estos vocales entienden que ser? una ?gran irresponsabilidad? que la continuidad de Ruz se decidiera en la comisi? permanente, cuya decisi? podr? ser recurrida por las partes implicadas en los procedimientos que instruye Ruz, algo que no ocurrir? si la decisi? la toma el pleno del Poder Judicial. Fuentes del CGPJ explicaron que el texto no se estudi?ayer porque no lleg?a tiempo antes de cierre del orden del d?.http://politica.elpais.com/politica/2014/12/05/actualidad/1417791629_411804.html
Siete vocales del Poder Judicial piden que el pleno vea la continuidad de Ruz
La comisi? permanente prev?decidir el martes si el magistrado sigue en la Audiencia
Siete vocales del Consejo General del Poder Judicial han presentado un escrito en el que piden que la decisi? de si se renueva o no al juez instructor del caso G?tel, Pablo Ruz, en el Juzgado 5 de la Audiencia Nacional se tome en un pleno y no, tal y como estaba previsto, en la comisi? permanente del pr?imo martes 9 de diciembre. Los vocales argumentan que la Ley org?ica del Poder Judicial atribuye al pleno ?todos los nombramientos o propuesta de nombramientos que impliquen alg? margen de discrecionalidad o apreciaci? de m?itos?.
El escrito va dirigido al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y est?suscrito por los vocales a propuesta del PSOE Roser Bach, Mar? Victoria Cinto, Clara Mart?ez de Careaga, Pilar Sep?veda y Rafael Mozo; Consepci? S?z, propuesta por IU; y Rafael Mozo, del PNV. Estos vocales entienden que ser? una ?gran irresponsabilidad? que la continuidad de Ruz se resolviera en la comisi? permanente, cuya decisi? podr? ser recurrida por las partes implicadas en los procedimientos que instruye Ruz, algo que no ocurrir? si la decisi? la toma el pleno del Poder Judicial.
La comisi? permanente est?formada por seis miembros con mayor? conservadora gracias al voto de calidad que del presidente, Carlos Lesmes. Este ?gano decidir?previsiblemente sacar a concurso 282 plazas de jueces aprobadas recientemente por el Consejo de Ministros. El Poder Judicial podr? incluir en este paquete la plaza del juzgado 5 de la Audiencia que Ruz ocupa en comisi? de servicios desde 2010. Si se decanta por esta opci?, el magistrado dejar? la Audiencia Nacional a finales de a?.
El Consejo General del Poder Judicial concedi?a Ruz una pr?roga de seis meses el pasado 24 de junio en la que destacaba su ?excelente rendimiento? y justificaba la decisi? en que ?cualquier cambio en la comisi? de servicio producir? una alteraci? seria en la tramitaci? de las causas en el juzgado?. El ?gano de gobierno de los jueces puede aceptar una ?tima pr?roga para Ruz y mantenerlo durante otros seis meses al frente del juzgado para que que cierre alguna de las piezas de las investigaciones que tiene m? avanzadas y sacar la plaza en junio de 2015. En julio se cumplen dos a?s de la actual comisi? de servicios de Ruz en el juzgado 5 de la Audiencia y la ley no permite renovar las comisiones de servicio m? all?de 24 meses.
Aunque, seg? fuentes del Poder Judicial, cabr? una tercera posibilidad y es que se nombre a un nuevo juez titular para ese juzgado pero se permita a Pablo Ruz quedarse como juez de refuerzo para trabajar en exclusiva en el caso G?tel.http://politica.elpais.com/politica/2014/12/05/actualidad/1417790315_317631.html
El presidente del CGPJ garantiz?al Gobierno que Ruz ser? apartado de la Audiencia Nacional
Carlos Lesmes traslad?al ministro Rafael Catal?que sacar? a concurso la plaza de Ruz en el juzgado n?ero 5 de la Audiencia
La dimisi? de Merc?Pigem da a Lesmes la mayor? en la comisi? permanente del Consejo que aprobar?el proceso para sustituir a Pablo Ruz
Dos poderes del Estado, ejecutivo y judicial, caminan estos d?s de la mano en la persecuci? de un mismo objetivo: que el juez Ruz abandone el juzgado n?ero 5 de la Audiencia Nacional, donde el Partido Popular ha encontrado sus mayores problemas a costa de los casos G?tel y B?cenas. Seg? ha podido saber eldiario.es, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, se ha comprometido personalmente con el ministro de Justicia para poner fin a la era Ruz en la Audiencia.
Rafael Catal?lo ha contado ya en su entorno m? ?timo y ha trasladado el mensaje a Moncloa: "El CGPJ me ha dicho que Ruz no seguir?en la Audiencia". Esa es la frase que las fuentes consultadas atribuyen al sustituto de Gallard? al frente de Justicia.
Los compromisos adquiridos por Lesmes con el Gobierno vulneran cualquier principio de separaci? de poderes y explican la frase pronunciada por el ministro esta semana en un desayuno informativo: "No entiendo por qu? tendr? que criticarse que el juez Ruz no continuara al frente del caso G?tel".
La conversaci? entre Catal?y Lesmes se produjo antes de que Ruz dictase el auto que oblig?al cese de Ana Mato. La decisi? del magistrado de sentar a la exministra en el banquillo por el lucro obtenido de la G?tel cay?como un jarro de agua fr? en el entorno de Rajoy.
La dimisi? de Mato ha complicado a Lesmes su objetivo de deshacerse de Ruz sin ruido medi?ico. Eso es lo que explica la decisi? que el pr?imo martes adoptar?la mayor? conservadora del CGPJ. Seg? inform?el viernes por la tarde el Consejo en nota de prensa, la plaza de Ruz saldr?a concurso y el magistrado podr?quedarse un par de meses m?, mientras se resuelve el concurso para sustituirle.
Adem?, seg? el Consejo, el instructor de G?tel y de los papeles de B?cenas podr? pedir permiso para seguir durante un plazo indefinido para cerrar ambas causas como juez de apoyo.
Lo sorprendente del movimiento de Lesmes es que abre un concurso para cubrir una plaza que ya tiene due?. El titular del juzgado n?ero 5 de la Audiencia es el magistrado Miguel Carmona, a quien el Gobierno tent?con ?ito con un puesto en la embajada de Londres para apartarlo de las causas que analizan las cuentas del PP en los ?timos a?s. Carmona no se jubila hasta 2016, por lo que su plaza no precisa sustituto hasta esa fecha. Lo que ahora se hace es abrir el proceso para nombrar un juez suplente para sustituir a otro juez suplente.
Presiones a Ruz para que no insista
Pablo Ruz ha recibido mensajes en las ?timas semanas para que d?un paso atr? y se deje expulsar del juzgado que tiene en jaque al Gobierno y al Partido Popular. Fuentes cercanas al magistrado se?lan sin embargo que Ruz manten? a principios de semana su intenci? de solicitar la pr?roga que le habr? mantenido en el puesto hasta finales de junio. Ahora esa posibilidad ha quedado bloqueada por la decisi? del CGPJ de sacar su plaza a concurso.
La duda a partir de ahora reside en si Ruz est?dispuesto a mantener el pulso y pedir al Consejo que le mantenga al frente de G?tel y B?cenas como juez de apoyo. Ruz todav? no ha tomado una decisi? al respecto.http://www.eldiario.es/politica/CGPJ-Gobierno-Ruz-Audiencia-Nacional_0_331417041.html
El juez Ruz, punto...y seguido
Por: Ernesto Ekaizer| 26nov2014
El juez Pablo Ruz ha dictado el auto de transformaci? de las diligencias previas en procedimiento abreviado de la llamada parte troncal (1999-2005) del caso G?tel: 43 imputados, participaci? de dos personas -la ya exministra de Sanidad, Ana Mato, y Gema Matamoros, esposa del ex alcalde Guillermo Ortega, - y de un partido, el PP, a t?ulo lucrativo.
Es decir: se beneficiaron del resultado de actividades consideradas il?itas por el juez.
Los viajes y otras d?ivas con que la trama G?tel favoreci?a Jes? Sep?veda, entonces alcalde de Pozuelo de Alarc?, Ana Mato y su familia, aparecen enumerados minuciosamente. Son diecisiete folios sobre los 205.
El juez ha sobrese?o a tres personas. Entre ellas el ex ministro y ex secretario general, ?gel Acebes, en la operaci? de compraventa de acciones de Libertad Digital.
Aunque concluye una parte importante de la investigaci?, le queda al juez todav? terminar los hechos de Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Alcal?de Henares (pieza principal) y la contabilidad B del Partido Popular, correspondiente a la pieza de los Papeles de B?cenas, publicados por EL PA? el 31 de enero de 2013.
Pero ya en este auto de conclusi?, Ruz anticipa, como lo hiciera en m?tiples resoluciones, la existencia de la contabilidad B del PP.
Ruz escribe: "La contabilidad paralela o caja B de ingresos y gastos efectuados en la formaci? pol?ica al margen de la contabilidad oficial, nutrida con car?ter general de donativos o aportaciones efectuadas al margen de la contabilidad oficial y con vulneraci? de la normativa reguladora de la financiaci? de Partidos Pol?icos".
Pero, atenci?, este es otro cap?ulo, queda pendiente.
Luis B?cenas aparece como imputado en esta parte troncal que acaba de concluir por su presunta participaci? en los delitos cometidos por la trama de Francisco Correa. En negocios y cobro de comisiones.
Y, adem?, B?cenas y su esposa, Rosal? Iglesias, son protagonistas, en esta parte de la investigaci?, en su relaci? con operaciones utilizadas por B?cenas para ocultar su patrimonio en Suiza.
Es el caso de la compraventa simulada de obras de arte en Argentina. Uno de sus cooperadores, Edgardo Patricio Bel, es denunciado ante la justicia argentina, por el dise? de la operaci? de "venta ficticia" de cuadros a la pintora argentina Isabel Mackinlay, seg? se refleja en el auto.
He aqu?un resumen a vuelo de p?aro de la investigaci?: m? de 100 imputados han prestado declaraci? en la causa, una cifra superior a 100 testigos, 190 comisiones rogatorias que llenan m? de 80 tomos, cursadas a 21 pa?es, diversas periciales elaboradas, las certificaciones de los registros, las intervenciones telef?icas as?como la documentaci? aportada por las m?tiples entidades financieras cuya colaboraci? se ha requerido a lo largo de estos a?s.
Aunque no se dice, una parte importante de la investigaci? arranca de aquella lejana comisi? rogatoria enviada por el juez Baltasar Garz? el 2 de marzo de 2009 a Suiza. Es una iron? que la mayor parte de la informaci? sobre el patrimonio oculto de B?cenas proceda de esa petici? de auxilio judicial por el juez que ser? inhabilitado.
Dicha petici? de auxilio judicial a Suiza tuvo que ser, m? tarde, complementada por el magistrado del Tribunal Supremo, Francisco Monterde, en abril de 2010.
Fue a ra? de la advertencia de las autoridades de inteligencia financiera helv?icas sobre la ampliaci? del l?ite de la tarjeta VISA solicitada por Luis B?cenas en febrero de 2010. El tesorero del PP era una persona que por su condici? de senador figuraba en una lista de clientes del LGT Bank (ex Dresdner, Ginebra) como PEP o Personas Expuestas Pol?icamente.
Los hechos relatados por el juez se tipifican provisionalmente en 11 delitos: prevaricaci?, cohecho, tr?ico de influencias, malversaci? de caudales p?licos, fraude a la administraci? p?lica, falsedad documental, delitos contra la Hacienda P?lica, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiaci? indebida y asociaci? il?ita en el ?bito de la contrataci?.
El juez da al ministerio Fiscal y a las partes acusadoras el plazo de treinta d?s para que soliciten la apertura de juicio oral, sobreseimiento o pidan diligencias complementarias.
Un juez en comisi? de servicios
Hay que recordar que el juez Ruz es un juez en comisi? de servicios en el juzgado central de instrucci? n?ero 5 de la Audiencia Nacional. El titular de dicho juzgado es Miguel Carmona. Dicho magistrado se encuentra en situaci? de servicios especiales en Londres.
Las comisiones de servicios, como la que ejerce Ruz, est? reguladas por la ley Org?ica del Poder Judicial y por el Reglamento de la Carrera Judicial de febrero de 2011.
Seg? el art?ulo 350 de la ley Org?ica el "Consejo General del Poder Judicial podr?conferir comisi? de servicio a los jueces y magistrados, que no podr?exceder de un a?, prorrogable por otro". Las pr?rogas son de seis meses.
Por tanto: las comisiones de servicios tienen una duraci? m?ima de dos a?s.
?Cu? es la situaci? de Ruz?
La comisi? permanente del CGPJ, bajo la presidencia de Gonzalo Moliner, resolvi?por acuerdo del 17 de junio de 2013 "conceder nueva comisi? de servicio al magistrado Pablo Ruz Guti?rez, para servir el cargo en el juzgado central de instrucci? n?ero 5 de la Audiencia Nacional".
Es decir: aunque Ruz ya estaba en el juzgado desde junio de 2010, la comisi? permanente le concedi?una nueva comisi? de servicios a partir de junio de 2013.
La comisi? permanente del CGPJ razonaba, al resolver esa nueva comisi? de servicios, que "cualquier cambio en el nombramiento en comisi? de servicios producir? una alteraci? seria en la tramitaci? de las causas en el juzgado central de instrucci? n?ero 5, aunque solo fuera por el inevitable tiempo que tendr? que dedicar el nuevo magistrado al conocimiento de las causas y de su estado procesal".
Esta "nueva comisi? de servicios", pues, seg? la ley Org?ica y el ya citado Reglamento tiene, seg? hemos apuntado, una duraci? m?ima de dos a?s.
Por tanto, el l?ite ?timo es el 24 de junio de 2015.
El 26 diciembre de 2013, la nueva comisi? permanente del CGPJ, presidida por Carlos Lesmes, acord?prorrogar en seis meses la comisi? de servicios de Ruz.
He aqu?el acuerdo: "Este nombramiento se efect? al persistir las razones que justificaron la adopci? de la medida, esto es: continuar el titular de dicho Juzgado en la situaci? administrativa de servicios especiales; no haber variado aquellas tenidas en cuenta, cuando se le concedi?la comisi?; dado que cualquier cambio en el nombramiento en comisi? de servicio producir? una alteraci? seria en la tramitaci? de las causas en el juzgado central de Instrucci? n?ero 5, aunque solo fuera por el inevitable tiempo que tendr? que dedicar el nuevo magistrado al conocimiento de las causas y de su estado procesal; y dado el excelente rendimiento del magistrado comisionado".
Transcurridos seis meses, el 24 de junio de 2014, la comisi? permanente vuelve a renovar por seis meses la comisi? de servicios con id?ticos argumentos. Y a?de unas conclusiones del juez Ruz, seg? las cuales los asuntos en tr?ite en el juzgado han sufrido una notable reducci?.
Pero advierte: "No obstante, las excepcionales circunstancias concurrentes en relaci? con determinados asuntos cuya competencia hab? asumido este ?gano en el pasado, o bien ha procedido a asumir en fechas m? recientes ante la asignaci? realizada por turno de reparto determina que un elevado n?ero de procedimientos de los actualmente en tr?ite en el juzgado precisen para su debida instrucci? e impulso procesal en plazos razonables de una especial dedicaci? por parte del titular, especialmente en lo relativo a materias competencia de la Fiscal? contra la Corrupci? y la Criminalidad Organizada (muy significadamente, por su volumen, excepcionalidad y complejidad las Diligencias Previas 148/06, actual Sumario 3/13 ?Forum Filat?ico- y 275/08 -?Caso Gurtel?-, junto con la pieza separada ?Caso papeles de B?cenas".
Bien.
Por tanto, el pr?imo 24 de diciembre vencen los seis meses de la ?tima pr?roga de la comisi? de servicios, quedando, seg? se ha apuntado, otros seis meses, hasta junio de 2015, para llegar al plazo m?imo de dos a?s de la actual comisi? de servicios.
En este contexto, el CGPJ se ha embarcado en el proceso de adjudicaci? de 282 plazas de jueces y magistrados.
La comisi? permanente ha aprobado, en su reuni? del 14 de octubre y el Pleno lo ha ratificado m? tarde el "Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se adec? la planta judicial a las necesidades judiciales existentes".
A ra? de esta aprobaci?, en la intranet del CGPJ se ha enviado la siguiente comunicaci? el 15 de octubre:
Estimados compa?ros y compa?ras, en la Comisi? Permanente celebrada ayer se aprob?el Informe al Proyecto de Real Decreto por el que se adec? la planta judicial a las necesidades judiciales existentes. Una vez se apruebe y se publique en el Bolet? Oficial del Estado este Real Decreto se anunciar?un concurso traslado de magistrados en el que se incluir? tanto las nuevas creaciones como las plazas vacantes consecuencia del concurso de magistrados celebrado en julio, jubilaciones y fallecimientos, y los correspondientes compa?ros y compa?ras que se encuentren en servicios especiales en conformidad con el art?ulo 355 bis".
El art?ulo citado de la ley Org?ica establece que "los destinos cuyos titulares se encuentren en situaci? de servicios especiales se podr? cubrir por los mecanismos ordinarios de sustituci?, mediante comisiones de servicio con o sin relevaci? de funciones o a trav? de los mecanismos ordinarios de provisi?, incluso con las promociones pertinentes, para el tiempo que permanezcan los titulares en la referida situaci?".
Los llamados "mecanismos ordinarios de sustituci?" son la convocatoria de concursos para ocupar la plaza.
Pero, atenci?, tambi? se prev?ahora, a diferencia de lo que se estipulaba anteriormente (art?ulo 118 derogado), que se podr? cubrir "mediante comisiones de servicio" (situaci? actual de Ruz).
Pero es que, adem?, el art?ulo 326.3 de la ley Org?ica dice: "El Consejo General del Poder Judicial, mediante acuerdo motivado, podr?no sacar temporalmente a concurso determinadas vacantes, siempre que estuvieren adecuadamente atendidas mediante magistrados suplentes o jueces sustitutos, cuando las necesidades de la Administraci? de Justicia aconsejasen dar preferencia a otras de mayor dificultad o carga de trabajo".
En resumen: la comisi? de servicios de Ruz est?vigente y todav? le queda de plazo legal hasta junio de 2015.
Ingenier? jur?ica ahora, no
No parece existir raz? alguna, por tanto, para emprender ingenier?s jur?icas como podr? ser sacar la plaza a concurso en diciembre pr?imo y crear una bicefalia de jueces en uno de los juzgados que se ocupa de instruir importantes casos de corrupci? y delitos econ?icos.
Si bien el caso F?um-Filat?ico se ha cerrado, hay casos a?didos como el de Bar?-Neymar y Jordi Pujol Ferrusola, para citar solo dos asuntos de relevancia aparte del caso G?tel y los Papeles de B?cenas. La bicefalia apuntada se producir? como resultado de sacar la citada plaza a concurso y dar lugar a una situaci? en la que el nuevo magistrado a cargo conviva con Ruz en calidad de juez de apoyo, pero con responsabilidad sobre los casos m? importantes.
No parece, por tanto, la soluci? indicada.
Tanto la comisi? permanente, encabezada por su presidente, Carlos Lesmes, como el juez Ruz, deben garantizar la continuidad de las instrucciones sumariales en curso en el juzgado central de instrucci? n?ero 5 de la Audiencia Nacional.
S? adem? del CGPJ, el juez Ruz. Porque, como se?la el art?ulo 350.2, "las comisiones de servicio requieren la conformidad del interesado...".
El juez Ruz ha conclu?o, seg? hemos se?lado, la parte troncal (1999-2005) de la instrucci? del caso G?tel. El auto de transformaci? de las diligencias previas en procedimiento abreviado, el ?timo auto que las partes personadas pueden recurrir, pretende sentar en el banquillo a 43 personas imputadas.
Este auto, como decimos, es recurrible.
Una vez que se resuelvan por la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional los recursos, el juez deber?dar traslado a las partes personadas para que eleven sus calificaciones. Y, a partir de ellas, llegar?el momento de dictar el auto de apertura de juicio oral.
Ahora bien: la presencia del juez Ruz sigue siendo imprescindible.
Uno, todav? queda pendiente el auto de apertura de juicio oral, que deber?tener en cuenta la resoluci? de los recursos contra el auto de conclusi? en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y lo que soliciten las partes personadas en sus calificaciones.
Un procedimiento judicial debe estar blindado frente a la inseguridad e inestabilidad.
Y, dos, aparte del caso G?tel, el juez Ruz tiene pendiente, aparte de los Papeles de B?cenas, otros asuntos, seg? hemos dicho, de importancia.
Cualquier pacto imaginario o impl?ito, sin aspavientos, contra la corrupci? deber? pasar, pues, por asegurar la pr?roga de la comisi? de servicios del juez Ruz por otros seis meses, el plazo necesario, ahora s? para encaminar definitivamente los casos que tiene entre manos.
La comisi? permanente dirigida por Lesmes, por una parte, y el juez Ruz, por la otra, deben ir de la mano y estar a la altura de las circunstancias.
Pues eso, el juez Ruz acaba de concluir una parte de la investigaci? y debe seguir.
Punto...y seguido
http://blogs.elpais.com/analitica/2014/11/el-juez-ruz-concluyey-debe-seguir-1.html
El futuro de Ruz al frente del ?caso G?tel? fractura al Poder Judicial
Los conservadores son mayor? y prefieren no renovar al magistrado
La continuidad del magistrado Pablo Ruz al frente del juzgado de instrucci? n?ero 5 de la Audiencia Nacional, donde instruye desde hace cuatro a?s el caso G?tel y desde hace 20 meses el caso B?cenas, divide al Gobierno de los jueces. La comisi? permanente del Consejo General del Poder Judicial est?formada por seis miembros con mayor? conservadora gracias al voto de calidad que atesora el presidente, Carlos Lesmes. Este ?gano decidir? previsiblemente el pr?imo 9 de diciembre si saca a concurso la plaza que Ruz ocupa ahora en comisi? de servicios.
La decisi? sobre el magistrado influye en el calendario para el fin del caso y en el futuro pol?ico del PP, es decir, si se cierra o no antes de las elecciones municipales y auton?icas de mayo y o de las generales del pr?imo a?.
Ruz tiene a? la posibilidad de solicitar una pr?roga m? de seis meses para seguir en el juzgado. El Consejo General del Poder Judicial espera que esta petici? se produzca en los pr?imos d?s. Pero si la comisi? permanente decide sacar su plaza a concurso el 9 de diciembre, la solicitud de pr?roga quedar?sin efecto y no se atender? salvo para aceptar que Ruz siga en el juzgado hasta que el adjudicatario de la plaza tome posesi? de la misma.
Los casos del juez Ruz
Desde que lleg?a la Audiencia Nacional, el juez Pablo Ruz ha dictado numerosas resoluciones judiciales que han disgustado a los partidos con m? poder en Espa?: PSOE, CiU y PP.
Cuando se hizo cargo del juzgado n?ero 5 de la Audiencia Nacional, tras competir con otros 20 compa?ros por esa comisi? de servicios, hered?la investigaci? del chivatazo policial a colaboradores de ETA en el bar Fais? en Ir? (Gipuzkoa) durante el mandato como presidente del socialista Jos? Luis Rodr?uez Zapatero.
Ruz imput?al ex director general de la Polic? nombrado por el PSOE, y acab?procesando al ex jefe superior del Pa? Vasco y a otro inspector. Ambos fueron condenados por revelaci? de secretos en una sentencia que confirm?hace solo dos meses el Tribunal Supremo.
Aunque al principio se resisti? el magistrado abri?una causa en enero de 2013 a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de Catalu?. Las primeras diligencias que orden?le llevaron a investigar el supuesto pago de comisiones ilegales a Pujol Ferrusola por parte de empresas contratistas de la Generalitat de Catalu?. En este proceso no solo ha imputado a Jordi Pujol Ferrusola y a su exmujer, sino tambi? a media docena de empresarios supuestamente beneficiados por contratos de la Generalitat de Catalu? durante el mandato de CiU.
En el caso G?tely su pieza separada de los papeles de B?cenas, el juez Ruz orden?hace 16 meses prisi? incondicional contra el extesorero nacional del PP; sentar?en el banquillo a dos decenas de ex altos cargos populares, entre los que destacan los tres extesoreros; mantiene imputados a ocho grandes constructores por supuestas donaciones ilegales y ha se?lado al partido de Mariano Rajoy como part?ipe a t?ulo lucrativo de las corruptelas de la trama.
Hay una tercera v? pendiente de explorar consistente en abrir la posibilidad de que en aquellos juzgados que instruyan causas de especial complejidad, el Poder Judicial, a petici? de la Sala de Gobierno del tribunal afectado por esa situaci?, pueda aprobar el mantenimiento de un juez de refuerzo. Si esta v? prosperase, Ruz podr? permanecer como refuerzo del juez titular para seguir instruyendo el caso G?tel, uno de los muchos que dirige ahora.
La comisi? permanente la forman tres miembros conservadores ?dos vocales m? el presidente Lesmes, que tiene voto de calidad en caso de empate?, dos vocales a propuesta del PSOE y una vocal de CiU, Merc?Pigem, que dimiti? anteayer tras conocerse su incidente en Andorra. Pigem recibi?all?9.500 euros en efectivo de su madre y los pas?por la frontera en compa?a de su hermana, a la que descubrieron en el bolso m? de 10.000 euros, cantidad m?ima permitida.
La comisi? permanente se reunir?previsiblemente en las pr?imas sesiones sin haber cubierto la vacante que deja en ese ?gano la vocal Pigem, con lo que ser? cinco miembros de ese organismo los que decidan el futuro de Ruz: tres conservadores y dos progresistas. M? adelante ser?el decano del Colegio de Procuradores de Madrid, Antonio ?varez Buylla, quien sustituya a Pigem como vocal, no en la permanente.
Los vocales progresistas Mar Cabrejas y ?varo Cuesta defender? que no se saque la plaza a concurso de momento para que Ruz pueda seguir instruyendo al menos hasta junio el caso G?tel, el caso B?cenas y otros de similar complejidad relacionados con la corrupci?.
Mientras, los conservadores defienden que la plaza del juzgado 5 de la Audiencia Nacional tiene que salir a concurso como cualquier otra en parecidas circunstancias. Si la plaza sale a concurso a mediados de diciembre, el nuevo juez tomar?posesi? a primeros de marzo de 2015, con lo que Ruz tendr? apenas tres meses para cerrar muchos de los flecos pendientes en la instrucci? de esas dos causas.
La instrucci? del caso G?tel y de su pieza separada de los papeles de B?cenas, pr?imas a su finalizaci?, quedar? as?en manos de un magistrado nuevo sin conocimiento sobre un procedimiento especialmente complejo: acumula cientos de miles de folios en un sumario con cerca de 200 comisiones rogatorias tramitadas ?y algunas bloqueadas por defectos en la instrucci? de los tribunales suizos? m? de un centenar de imputados y diversas piezas de investigaci? abiertas todav? que apuntan directamente al coraz? financiero del PP.
Si la mayor? conservadora impone su criterio, el juez Ruz dejar? la causa en el momento de mayor apuro para el partido del Gobierno, cuando acaba de finalizar la instrucci? de la primera fase del caso G?tel (1999-2005) para abrir juicio oral, pero hay otras piezas de investigaci? pendientes de finalizaci? con graves imputaciones de corrupci? sobre dirigentes populares.
En el auto que concluye la investigaci?, Ruz atribuye al PP y a la exministra de Sanidad Ana Mato su participaci? a t?ulo lucrativo de los delitos cometidos por la trama corrupta.
El instructor dejar? el caso en el momento m? delicado del PP
La ?tima resoluci? judicial de Ruz se hizo p?lica un d? antes de la comparecencia de Rajoy en el Congreso para explicar su plan anticorrupci?. La decisi? del juez lleg?en un momento tan delicado para el PP que desencaden?la dimisi? de la ministra Mato, bajo sospecha desde que en 2009 se descubrieron los regalos de la trama G?tel a su exmarido, Jes? Sep?veda.
Dirigentes populares consultados por este peri?ico consideran que la iniciativa del juez Ruz de firmar la resoluci? judicial el mi?coles 26 de noviembre estuvo motivada por la celebraci? del pleno en el Congreso un d? despu?, algo que niegan fuentes jur?icas conocedoras del trabajo del magistrado.
Algunos dirigentes populares interpretan adem? que Ruz dict?ese auto como venganza ante su pr?ima salida del juzgado como consecuencia de la decisi? que adopte el Gobierno de los jueces en los pr?imos d?s.http://politica.elpais.com/politica/2014/11/30/actualidad/1417369317_981775.html
LOS CINCO VOCALES DE LA PERMANENTE DEL PODER JUDICIAL GANAN CASI UN 45% M? QUE RAJOY
Carlos Lesmes, el presidente del CGPJ, ingresa 130.152 euros anuales en concepto de sueldo y "otras remuneraciones"
El m?imo responsable del Poder Judicial recibir? una pensi? indemnizatoria de 104.122 euros si abandonase su cargo, durante un m?imo de dos a?s
130.152,62 euros es la cantidad anual que recibe por su trabajo el presidente del Poder Judicial. Carlos Lesmes, el m?imo responsable del CGPJ, percibe en concepto de ingresos todos los meses 10.846,05 euros, seg? los datos ofrecidos desde el mi?coles por el portal de transparencia del Poder Judicial. Lesmes cobra por su labor al frente del Consejo una cantidad 16 veces mayor que el salario m?imo interprofesional, fijado en Espa? en 645,30 euros mensuales, y casi el doble que lo que recibe el presidente del Gobierno.
Adem?, el CGPJ fija una indemnizaci? por abandono al cargo asociada a la figura del presidente del Consejo y presidente del Tribunal Supremo. En el caso de abandonar su puesto, Carlos Lesmes recibir? una pensi? indemnizatoria anual de 104.122 euros durante un m?imo de dos a?s. Es decir, ingresar? el 80% de los ingresos que cobraba cuando estaba al frente del Consejo sin estar ya al frente del ?.
El presidente del Consejo recibe actualmente 26.448,38 euros en concepto de sueldo y 103.704,24 en concepto de ?otras remuneraciones? no especificadas, seg? consta en el portal de transparencia del Poder Judicial. Adem? de estas cifras, Lesmes ingresa una tercera cantidad en concepto de ?trienios?.
El portal tambi? especifica otras remuneraciones de altos cargos del Poder Judicial. En el CGPJ trabajan 20 vocales elegidos por el Congreso y el Senado, de los que cinco forman parte de la Comisi? Permanente. Cada uno de estos cinco recibe 112.249,60 euros anuales en concepto de sueldo, "otras remuneraciones" y trienios. Del mismo modo, el secretario general ingresa la cantidad de 109.662 euros anuales.
Si comparamos los sueldos de estos cargos con los del presidente del Gobierno la diferencia es especialmente notable. Mariano Rajoy recibe anualmente 78.185 euros ?un 43,5% menos que los vocales de la permanente del CGPJ? y cada uno de los ministros del actual gobierno 68.981.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/07/02/los_vocales_del_consejo_general_del_poder_judicial_cobran_1555_mensuales_mas_que_presidente_19098_1012.html?utm_content=buffercd4ef&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bufferEL CGPJ AVALA LA NUEVA ESTRUCTURA JUDICIAL DE LA 'LEY DEL SILENCIO' DE GALLARD?
Dos progresistas, ?varo Cuesta y Mar Cabrejas, apoyan el texto del sector conservador e impiden junto con dos nacionalistas que prospere un texto alternativo que ped? la retirada de la reforma porque choca contra la Constituci?
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sacado adelante este viernes con el apoyo de 13 de los 20 vocales presentes en el momento de la votaci? su dictamen consultivo sobre el Anteproyecto de nueva Ley Org?ica del Poder Judicial (LOPJ), que avala la nueva estructura judicial dise?da por el departamento de Alberto Ruiz-Gallard?.
Han votado a favor de la reforma del Gobierno dos vocales progresistas ?varo Cuesta, ex dirigente del PSOE, y Mar Cabrejas, as?como los conservadores ?geles Carmona, Nuria D?z, Juan Manuel Fern?dez, Rafael Fern?dez Valverde, Fernando Grande-Marlaska, Vicente Gilarte, Carmen Llombart, Juan Mart?ez Moya, Gerardo Mart?ez Trist? y Wenceslao Olea y el presidente, Carlos Lesmes.
Han votado en contra los vocales progresistas Roser Bach, Victoria Cinto, Clara Mart?ez de Careaga, Rafael Mozo y Concepci? S?z, adem? de los vocales nacionalistas Merc?Pigem y Enrique Lucas.
El sector progresista ped? al Gobierno la retirada de su anteproyecto porque "dise? un nuevo modelo que choca frontalmente con los mandatos constitucionales sobre el poder judicial", como es la propia independencia de los jueces.
Pero tuvo dos deserciones, las de ?varo Cuesta y de Mercedes Cabrera, que optaron por la abstenci? del texto de sus compa?ros, y por apoyar el informe que respalda la reforma del PP.
El documento del sector progresista denuncia que el Gobierno trata de imponer una reforma que altera toda la estructura judicial sin consenso alguno -lo que supone un disolvente social-; representa una "aut?tica mordaza legal" a los jueces -a los que se les prohibe siquiera opinar o manifestarse de cualquier asunto del debate p?lico, lo que para este sector implica un af? de impedir cualquier atisbo de disidencia-, y permite que un caso pueda ser desviado de un juzgado a otro por los presidentes de los nuevos tribunales de instancia, que ser? nombrados por el ?gano pol?ico del CGPJ.
Informe favorable a la reforma
El informe favorable a la reforma, con sus matizaciones, ha necesitado casi 15 horas de reuni? entre este jueves y viernes, para salir adelante. Pide tambi? la supresi? de los planes de Justicia para instaurar una doctrina jurisprudencial vinculante del Tribunal Supremo y que, adem? de los tribunales de instancia provinciales, el Gobierno no cierre la posibilidad de abrir juzgados en aquellos lugares donde concurran circunstancias geogr?icas o de trabajo singulares.
El Anteproyecto de Justicia, que tiene m? de 600 art?ulos y supondr?la implantaci? de un nuevo modelo de estructura judicial que suprime los actuales juzgados de instrucci? y Audiencias en favor de tribunales de instancia en cada una de las capitales de provincia.
El informe, con 20 miembros del Pleno presentes en el momento de la votaci? -la vocal progresista Pilar Sep?veda ha tenido que ausentarse-, ha sido aprobado con 13 votos a favor y 7 votos en contra.
Sugerencias
Entre las sugerencias presentadas por los vocales en forma de enmiendas al texto inicial han sido aceptadas este viernes figura la presentada por la vocal Nuria D?z, que rechaza la posibilidad, prevista en el texto remitido por el Gobierno, de reelegir a un m?imo de cuatro vocales del CGPJ para un segundo mandato. La enmienda considera que la medida no est?justificada y que puede afectar a la independencia de los miembros del ?gano de gobierno de los jueces.
Considera tambi? que lo dicho en el Anteproyecto sobre que el CGPJ pueda ordenar a quien perturbe o inquiete a los jueces el inmediato cese en dicha conducta, que si persiste constituir? un delito contra la Administraci? de Justicia, puede chocar con el ejercicio de las libertades de expresi? e informaci? y "presenta algunos inconvenientes serios", por lo que se aconseja su reconsideraci?.
Adem?, advierte que la posibilidad de que el juez unipersonal que se sienta afectado en su independencia pueda solicitar que otros dos magistrados de su mismo tribunal formen Sala con ? para resolver el asunto no est? contemplada en las normas de reparto y composici? de los ?ganos judiciales, lo que podr? "afectar, e incluso vulnerar, el derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley".
Prohibido opinar
La prohibici? a los jueces y las asociaciones judiciales de hacer valoraciones de actualidad en los medios de comunicaci? sobre los asuntos pendientes ante los Tribunales y sobre las resoluciones judiciales "puede considerase justificada y proporcional en tanto sirve al fin de preservar no s?o la independencia y a la imparcialidad de la justicia, sino tambi? su imagen y la apariencia de independencia e imparcialidad de la misma", seg? el CGPJ.
Aconseja no obstante modificar el precepto, que sit? en el mismo nivel a los jueces y a las asociaciones, para establecer "distintos l?ites al ejercicio de las libertades de expresi? e informaci?" por parte de estas ?timas.
El Anteproyecto deber? recoger expresa y expl?itamente los bienes constitucionales que justifican la restricci? del derecho de expresi? e informaci? de los miembros de la Carrera Judicial, como es el caso de la independencia judicial, especificando que la limitaci? "es admisible cuando la valoraci? pueda provocar una perturbaci? en el juez al que corresponde el conocimiento del asunto de actualidad".
Justicia universal
El texto se?la que "no existe una norma internacional general que obligue a los Estados a incorporar el principio de justicia universal a sus leyes nacionales de atribuci? de jurisdicci? penal a sus tribunales" y a?de que "si lo hacen, y en qu?medida lo hacen, es una decisi? de pol?ica criminal que compete al legislador nacional".
El CGPJ, no obstante, sugiere que se redacten con mayor claridad y precisi? algunos de los preceptos para evitar las controversias en cuanto a su interpretaci?, dada la relevancia e importancia de los bienes jur?icos que pudieran verse afectados.
El Consejo es consciente de la controversia actual en lo relativo a la interpretaci? del apartado referido a los llamados "narcobarcos" en aguas internacionales, pero no hace comentario alguno al respecto en el texto aprobado por respeto a la decisi? que ha de tomar el Tribunal Supremo al examinar los recursos interpuestos contra varias resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional, seg? advierte el texto.
Aforamiento de la familia real
Por otra parte, el reconocimiento de la prerrogativa del aforamiento a la reina consorte o al consorte de la reina, al pr?cipe heredero y su consorte "merece una valoraci? positiva, al tratarse de personas consideradas de la m?ima relevancia del Estado".
Adem?, a?de que "por circunstancias sobrevenidas a la elaboraci? de este Anteproyecto, de conocimiento p?lico, resulta necesario regular el estatuto jur?ico de Juan Carlos I y la reina Sof?, tras la abdicaci? del rey, atribuyendo a ambos la prerrogativa del aforamiento".
Por otra parte, se recomienda la revisi? de la redacci? del precepto y la utilizaci? de un lenguaje igualitario, incluyendo en consecuencia, de modo expreso, "una referencia a la princesa heredera".
Adem?, el texto se?la que "el aforamiento no es una condici? inherente al enjuiciamiento de determinados cargos p?licos, mucho menos cuando tiene lugar por delitos ajenos a la funci? que desempe?" y que, "en el Derecho comparado, o bien no existe el aforamiento, o los aforados son muy pocos".
Aforamiento vinculado al ejercicio del cargo
Tambi? considera el CGPJ que el aforamiento procesal "causa varios problemas en el procedimiento y conduce en ocasiones a situaciones de dif?il comprensi?" y que "puede significar una afectaci? del principio de igualdad procesal, al extenderse m? all?de los casos previstos en la Constituci? y vinculados al principio de inmunidad, persistiendo incluso tras el cese en el cargo, cuando el beneficio deja de tener justificaci? objetiva para convertirse en un privilegio personal".
Por todo ello, se plantea "la necesidad de su limitaci? ad personam" y se propone "enfatizar el car?ter funcional de esta prerrogativa, de manera que deber?vincularse, en todo caso, a los hechos cometidos en el ejercicio de la profesi? o el cargo y al actual desempe? o ejercicio del mismo, cesando cuando cese aquel".
En todo caso, "deber? suprimirse la extensi? temporal que el Anteproyecto establece, manteniendo el privilegio del fuero tras hacer desparecido la condici? o cesado en el cargo".
Finalmente, el establecimiento de Tribunales Provinciales de Instancia (TPI) como ?gano de la primera instancia "se presenta como una organizaci? id?ea y adecuada".
Su organizaci? colegiada, servida por una oficina judicial com?, "permite adaptarla a las necesidades del momento, sin necesidad de crear nuevos ?ganos judiciales, lo que merece una valoraci? positiva".
http://www.publico.es/politica/530816/el-cgpj-avala-la-nueva-estructura-judicial-de-la-ley-del-silencio-de-gallardonUN DESNUDO DE MUJER PONE EN PIE DE GUERRA A MAGISTRADAS DEL SUPREMO
La imagen del cartel de las jornadas de puertas abierta del alto tribunal enciende la pol?ica
Al menos tres magistradas del Tribunal Supremo y dos vocales del Consejo General del Poder Judicial han remitido hoy una carta al presidente de ambas instituciones, Carlos Lesmes, en la que piden la retirada del cartel que anuncia las jornadas de puertas abiertas que empiezan ma?na en el alto tribunal y que concluyen el d? 14. La imagen del cartel ?es una alegor? de la justicia", obra de Alcal?Galiano, ubicada en la Sala de pasos perdidos del Supremo, en la que aparece una mujer desnuda. Las magistradas piden en su nota la inmediata retirada del cartel y muestran su ?sorpresa? porque se haya elegido esta alegor? para ilustrar las jornadas.
Las firmantes se?lan: ?Podr?ser una imagen presente en las paredes del Tribunal Supremo (y apropiada para una exposici? art?tica), pero no parece la m? adecuada para acercar la justicia a la ciudadan? si se atiende a la realidad social. Parafraseando a las artistas que denunciaron la discriminaci? de las mujeres en el mundo del arte, ?la figura femenina de una mujer desnuda es la representaci? de la justicia??, cuestionan las magistradas y vocales del Poder Judicial, entre las que se encuentran Isabel Perell? Margarita Robles, Celsa Pic? Pilar Teso y Pilar Sep?veda (magistradas del Tribunal Supremo y vocales del Consejo del Poder Judicial); la tambi? vocal Roser Bach, y la exvocal Margarita Ur?. Y, a medida que avanza el d? van creciendo las adhesiones de otras magistradas del Supremo, en cuya plantilla de unos 85 jueces solo hay once mujeres.
?Creemos que no se ha tenido en cuenta que ciudadanos o ciudadanas procedentes de otras culturas pueden verse sorprendidos por la representaci? de la justicia como una mujer desnuda apenas cubierta por un velo transparente, algo absolutamente alejado de la iconograf? que la representa desde hace siglos en el mundo occidental?, se?lan.
Fuentes del Consejo del Poder Judicial se?lan: ?La imagen corresponde con uno de los frescos del Tribunal Supremo, y es la imagen que representa a la verdad. La imagen para el cartel fue elegida en un concurso en el que han participado alumnos del Instituto Europeo de Dise? de Madrid, de los m? prestigiosos en esta materia. Los alumnos visitaron el Supremo y presentaron varios proyectos para ilustrar estas jornadas, tras contarles lo que se quer? transmitir con ellas?.
Las citadas fuentes a?den: ?Las ganadoras han sido dos estudiantes del instituto, Carolina y Raquel, que tienen 25 y 21 a?s, y su proyecto result? ganador frente a otros cuatro de compa?ros. El jurado que eligi?el proyecto, en el que no estaba el presidente Lesmes, era mayoritariamente femenino, tres mujeres y un hombre?. Y con esta imagen ?se intent? transmitir la idea de transparencia en la que est?comprometido el Consejo y que el trabajo de los jueces consiste en la b?queda de la verdad?. Los carteles, a?dieron estos medios, est? ah?desde hace una semana.
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/11/actualidad/1402491426_341616.html
EL SECTOR DEL CONSEJO AF? AL PP IMPONE A UN ULTRACONSERVADOR PARA EL SUPREMO
La designaci? de Jos?Luis Requero abre una batalla entre los dos grupos del
El nombramiento de un juez ultraconservador como nuevo magistrado del Tribunal Supremo (reprueba el matrimonio homosexual, tiene 54 a?s, es miembro del Opus Dei y se llama Jos?Luis Requero) ha sembrado la discordia entre los grupos conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial. Y con ? se fractur?el pasado jueves el pacto no escrito del reparto de altos cargos entre ambos grupos. Los progresistas cre?n tener pactado para ese puesto a ?gel Arozamena, pero el grupo mayoritario hizo su primera exhibici? de fuerza (11 votos contra 10) y coloc?a dos jueces afines a sus postulados en las dos vacantes que hab? en el Supremo: Requero en la Sala de lo Contencioso y Antonio Vicente Sempere en la de lo Social. Los progresistas facilitaron la llegada de Sempere (obtuvo 15 de los 21 votos), como estaba pactado, y se toparon con la mayor? absoluta de sus colegas en el caso de Requero.
Est? que trinan los progresistas. O, al menos, una parte de ellos. Porque se empieza a agigantar la brecha entre dos de sus vocales y el resto de consejeros progresistas (seis). Y es que, seg? fuentes de este sector, el exdiputado socialista ?varo Cuesta y la juez Mar Cabrejas van a su aire.
Aunque votaron por Arozamena, a ellos les echan parte de la culpa de que un juez ultraconservador haya sido aupado al Supremo. ?Sab?n la jugada y no nos avisaron?, destacan. Los vocales de la Permanente, cinco m? el presidente, tres de ellos afines al PP, una al nacionalismo de CiU y dos nombrados por el PSOE (Cuesta y Cabreja), son los vips del actual Consejo: ch?er y unos 6.000 euros netos de sueldo. Los otros 15 no tienen exclusividad: han de compatibilizar sus juzgados o profesiones habituales con las tareas del Consejo (asistencias a plenos, comisiones...).
Varios consejeros progresistas no aciertan a entender, y lo dicen con sorpresa, c?o algunos vocales del grupo conservador que han demostrado una gran sensibilidad hacia el matrimonio homosexual (un solo voto contra pron?tico habr? alterado el nombramiento de Requero) le han apoyado para este cargo. Requero, en 2005 (entonces era vocal del Poder Judicial), compar?el matrimonio homosexual con un casamiento entre ?un animal y un hombre?. Entonces, el Gobierno socialista acaba de dar cobertura legal al matrimonio homosexual. Requero declar? ?Me quedo sin argumentos para decir por qu?no se pueden casar dos hermanos o un hombre con muchas mujeres, o la uni? entre un hombre y un animal si al fin y al cabo todo depende de la demanda social?.
Solo han pasado cuatro meses desde que se constituy?este Consejo y los ?imos se caldean. El presidente Carlos Lesmes tira de estad?tica para exponer que este nuevo Consejo, a diferencia del anterior, hace nombramientos en plazo y con el respaldo de amplias mayor?s, sin distinciones ideol?icas. El de Requero ha roto esa tendencia. Lesmes tuvo que convencer a alguno de los suyos sobre la idoneidad de Requero. Al final, el bloque conservador uni?sus 11 votos y de nada sirvi?que los dos vocales nacionalistas (Merc?Pigem, CiU, y Enrique Lucas, PNV) se adhirieran a la opci? progresista de Arozamena. Antes del comienzo del pleno, la vocal progresista Clara Mart?ez de Careaga y Rafael Fern?dez Valverde, este af? al PP, fueron a ver a Lesmes para decirle que hab?n consensuado el nombre de Arozamena para la Sala de lo Contencioso.
Lesmes dijo que no, que o propon?n a Jes? Cudero, candidato de Jueces para la Democracia, o que pon? sobre la mesa el nombre de Requero. Se negaron, lo puso y los 11 votos de su sector hicieron el resto. Al salir del pleno, las caras progresistas eran un poema. Los dos nombramientos, conservadores.
http://politica.elpais.com/politica/2014/04/27/actualidad/1398623319_970402.htmlLESMES TOMA A LOS JUECES POR ASNOS: "SE LES CONTROLA CON EL PALO Y LA ZANAHORIA"
Jueces para la Democracia acusa al presidente del CGPJ: "cree que nos puede domesticar como animales", tras unas declaraciones en un peri?ico nacional. Francisco de Vitoria pide su dimisi? por su torpeza y asemejarse "al se?rito que va montado en el burro".
El Consejo General del Poder Judicial "se crea para dos funciones que se considera que no pueden estar en manos del Gobierno: el nombramiento de cargos judiciales y el ejercicio de la disciplina, porque al juez se le controla con el palo y la zanahoria". Esta reflexi? de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, ha irritado a parte de la carrera judicial.
La reflexi? forma parte de una entrevista publicada hoy por el diario El Mundo y realizada por la veterana periodista de Tribunales Mar? Peral.
La asociaci? Jueces para la Democracia ha difundido hoy un comunicado en el que reprocha a Lesmes su falta de respeto hacia las opiniones de integrantes de la judicatura y las califica de "una groser? inaceptable" adem? de dar a entender que les "puede domesticar como a animales".
Por su parte, la Asociaci? Francisco de Vitoria ha pedido en otro comunicado su dimisi? por sus "torpes y denigrantes manifestaciones", al tiempo que pide a los vocales del Consejo que se pronuncien p?licamente por sus manifestaciones.
Francisco de Vitoria destaca "el gran talento para la met?ora" del presidente del Tribunal Supremo, "quien gr?icamente concibe al juez como un burro de carga, y a s?mismo como al se?rito que va montado en el burro, encargado de premiar o castigar seg? el burro se comporte".
Mientras, Jueces para la Democracia ha acusado a Lesmes de reiterar declaraciones en las que muestra "poco respeto" hacia los jueces y de utilizar a la propia instituci? "como instrumento de presi? hacia quienes no piensan como ?".
JpD: Mentalidad 'autoritaria' desde la que hostiga 'opiniones ajenas'
Jueces para la Democracia recuerda que los jueces tienen prohibido el ejercicio de la libertad de expresi?. "No obstante, Lesmes manifiesta de forma continua que las opiniones con las que no est?de acuerdo son contrarias a la independencia y la imparcialidad de quienes integran el poder judicial. Los derechos fundamentales de las juezas y jueces no quedan anulados por nuestro estatuto profesional", apostillan.
La actitud de Carlos Lesmes "contrasta con su propia trayectoria profesional. Hay que recordar que ocup?cargos pol?icos de confianza, pues durante ocho a?s fue Director General del Ministerio de Justicia, durante la etapa de Jos?Mar? Aznar como presidente del Gobierno".
Tras recordar esta trayectoria, la asociaci? judicial sostiene que nunca han cuestionado su independencia e imparcialidad cuando regres?a la judicatura, "a pesar de que haya intervenido como magistrado en asuntos que afectan o hayan afectado al poder pol?ico. En todo caso, podr?n aplicarse los correspondientes mecanismos de abstenci? o recusaci?. Tambi? resulta conocido que Lesmes ha participado en numerosos actos de la FAES, la fundaci? de car?ter ideol?ico del PP. Sin embargo, semejantes implicaciones no las considera relevantes y otras de mucha menor intensidad las cataloga como reprobables".
Desde esa "contradictoria perspectiva" -incide el comunicado- Lesmes reprocha a integrantes de la judicatura que expresen sus opiniones o que suscriban manifiestos, pero ? se prodiga en expresar las suyas sobre los mismos asuntos. Hace poco, recuerda la nota, el CGPJ prohibi?a una magistrada de la jurisdicci? social que participara en un foro social por la paz en Euskadi, sin que se pueda entender en qu?puede ello afectar a su independencia, aunque se comprenda perfectamente que a Lesmes no le gustan las opiniones con las que no est?de acuerdo".
Con sus declaraciones referidas a que al juez se le controla con el palo y la zanahoria, Jueces para la Democracia sostiene que estas reflexiones "el presidente del CGPJ muestra claramente su mentalidad autoritaria, desde la que no duda en hostigar las opiniones ajenas. A quienes comulgan con sus puntos de vista se les ofrece la zanahoria, en forma de premios y nombramientos; a quienes tienen leg?imamente otra forma de pensar se les persigue con el palo".
"Adem? -a?den-, se trata de unas manifestaciones de una groser? inaceptable, gravemente ofensivas hacia quienes integramos el poder judicial, pues implican la creencia de que se nos puede domesticar como a animales. Y reflejan un concepci? clientelar del poder que supone una falta de respeto hacia el trabajo diario que se lleva a cabo en cada juzgado o tribunal".
Por ello, exigen de Lesmes una rectificaci? y muestran su "preocupaci? al estar cumpli?dose en el CGPJ los peores pron?ticos que hab?mos formulado, tras asegurarse el ministro Gallard? una mayor? del ?gano de gobierno judicial af? a sus intereses".
Francisco de Vitoria:'torpes y denigrantes manifestaciones'
La Asociaci? Francisco de Vitoria ha pedido su dimisi? por sus "torpes y denigrantes manifestaciones".
En un comunicado, la asociaci? Francisco de Vitoria solicita a los vocales del CGPJ que adopten las decisiones oportunas para "reparar el grave desprestigio" que las declaraciones de Lesmes "han causado a todos los jueces del pa?".
Tambi? critica las palabras del presidente del CGPJ cuando "se jacta" de haber nombrado para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a dos magistrados "de orientaci? progresista", a pesar de que en el Consejo "hay una mayor? conservadora".
"Lesmes traslada a la opini? p?lica que la politizaci? imperante en el CGPJ (conservadores-progresistas) existe en la carrera judicial, y obvia que la gran mayor? de jueces son profesionales independientes que cumplen honradamente su funci?", a?de la asociaci?.
http://www.publico.es/508535/lesmes-toma-a-los-jueces-por-asnos-se-les-controla-con-el-palo-y-la-zanahoriaLESMES, EL ZAR DEL PODER JUDICIAL
Nunca en la democracia una ?ica persona ha acaparado tanto poder de un Estado. Cada vez son m? los vocales y magistrados que acusan a Carlos Lesmes de autoritario. Preside el Tribunal Supremo y el CGPJ con mano de hierro. Otros defienden su voluntad de di?ogo. Es el zar del Poder Judicial
"Hemos creado un monstruo". Quien as?se expresa es un alto cargo del PP, preocupado por la deriva que ha adquirido el ?gano de gobierno del poder judicial. Todo el poder est?concentrado en una ?ica persona, Carlos Lesmes, que reparte juego y nombramientos de la c?ula judicial s?o con la ayuda de una Comisi? Permanente, elegida por el Pleno pero propuesta por ?.
Fue la decisi? pol?ica de Alberto Ruiz-Gallard?, ministro de Justicia, quien reform?a u? de caballo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y arrastr?a su partido a un modelo que concentra el poder en el presidente.
"Nunca en la historia de la democracia una ?ica persona hab? acumulado tanto poder del Estado en sus manos". Quien as?se expresa es un magistrado del Supremo, la m? alta instituci? judicial de Espa?. Ni siquiera un ministro o un presidente de las Cortes alcanza el poder adquirido por Lesmes.
Lesmes preside la Comisi? Permanente, el ?gano que ha acaparado todo el poder del Consejo, excepto de aquellas competencias que son indelegables del Pleno o que ellos acuerdan ceder al Pleno para que no haya enfados entre los vocales. Son cinco los restantes miembros de la Permanente: los jueces Gerardo Mart?ez Trist?, Juan Manuel Fern?dez, Mar? del Mar Cabrejas, as? como los ex diputados Merc?Pigem -de Ciu- y Alvaro Cuesta, del PSOE, de diversas sensibilidades.
Los vocales no pueden viajar a Madrid sin su autorizaci? expresa y previa de la Permanente"Yo cre?que iba a trabajar en pol?ica judicial y no en un parvulario". As?se expresa un vocal del CGPJ, asombrado por lo que est? ocurriendo. El poder de Lesmes y de la Permanente es tal que los vocales no pueden viajar a Madrid sin su autorizaci? expresa y previa.
Los vocales del CGPJ tienen rango de secretario de Estado, pero no pueden acudir al despacho para mantener reuniones con un ciudadano si la Permanente no autoriza antes el viaje. Incluso el vocal Enrique Lucas solicit?llegar dos d?s antes del Pleno mensual para as?estudiarse la documentaci? del extenso Orden del D?, pero se lo han denegado.
El control llega hasta tal punto que las dos vocales ponentes del informe sobre la reforma del aborto -Pilar Sep?veda y Carmen Llombart- ten?n listos sus textos para refundir la ponencia y presentarla el 15 de marzo, como estaba previsto. Pero la Permanente decidi?el jueves pasado solicitar un mes m? de pr?roga al Gobierno. Sep?veda se enter?por la prensa de esa solicitud de pr?roga. ?Las razones? Las desconoce.
Tambi? causa asombro que en el ?timo Pleno se negara a los vocales el acceso al expediente de unos magistrados expedientados, cuando era el Pleno el que ten? que aprobar o no la adopci? de medidas disciplinarias sobre ellos.
La ?tima bronca ha sido la elecci? de la presidenta del Observatorio contra la Violencia Dom?tica y de G?ero, que ha reca?o en ?geles Carmona, una vocal cualificada para el puesto y propuesta por el PP, en lugar de Clara Mart?ez de Careaga, presidenta de la Comisi? de Igualdad y, por lo tanto, la candidata natural para dirigir la respuesta judicial ante este fen?eno delictivo.
Cinco vocales han decidido solicitar un Pleno Extraordinario para, en sus palabras, "poner pie en pared" ante el poderoso control que est?adquiriendo Lesmes y la Permanente. Es el caso de los vocales Sep?veda, Mart?ez de Careaga, Roser Bach, Mar? Victoria Cinto o Rafael Mozo.
Cinco vocales solicitan un Pleno Extraordinario para 'poner pie en pared' a esta situaci?
El poder de Lesmes abarca el control de las competencias del CGPJ, recortado con la reforma: la selecci? de jueces -a trav? de la Escuela Judicial, dependiente del Consejo, y de los tribunales examinadores-; el nombramiento de las c?ulas del gobierno administrativo judicial de Espa?; la disciplina de los jueces -con un Promotor de la Acci? de la Justicia nombrado por el Pleno con su apoyo y que concentra competencias jam? vistas -; el refuerzo de un juzgado para que tengas medios suficiente e investigue una causa importante...
El 9 de marzo se cumplen tres meses de la elecci? de Carlos Lesmes Serrano (Madrid, 1958) como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. Se present? ante la sociedad bajo las banderas del di?ogo y la transparencia -en una rueda de prensa sin preguntas-, pero cada vez m? voces de ambas instituciones denuncian lo contrario.
Los adjetivos se quedan cortos entre sus cr?icos: autoritario, alevoso, iluminado... En el Supremo algunos le han puesto el sobrenombre de "Tirano de la Ensenada", en referencia a la calle donde radica la sede principal del CGPJ (Marqu? de la Ensenada de Madrid). Sus defensores hablan de su capacidad de di?ogo y su aguante.
Lesmes se ha rodeado de una guardia de corps compuesta por ex miembros de la revista El Derecho, bajo el control de su jefa de Gabinete, la tambi? fiscal Ana Murillo quien est?casada con Juan Manuel Cendoya, director de Comunicaci? del Banco de Santander.
El entorno familiar del nuevo secretario general del CGPJ, el magistrado Jos?Luis Terrero Chac?, era accionista de esta editorial jur?ica El Derecho hasta que la mayor? de las acciones se vendieron a la editorial Francis Lefebvre. Terrero era el coordinador editorial.
Es m?, Lesmes era miembro del Consejo Editorial de El Derecho, al igual que ?gel Juanes, el actual vicepresidente del Tribunal Supremo. Tambi? colabor?con la editorial el vicesecretario general, Jos?Luis de Benito, amigo de Antonio Camacho y pieza clave para decantar el apoyo del PSOE a este Consejo reformado.
"La mayor? de los nombramientos que se han producido en la c?ula judicial desde que lleg?Lesmes han sido porque han colaborado con la revista El Derecho; porque tienen la especialidad de Contencioso-Administrativo, como Lesmes; porque han coincidido con el mismo preparador que ?, o porque son de la misma promoci?", destaca una fuente interna.
Amenazas de despido y temor
Se atribuye a Ana Murillo el control absoluto de cuantas decisiones internas se adoptan en el Consejo, que abarcan desde el control de los letrados hasta obligar a las se?ras de la empresa de limpieza a vestir chaqueta, pintarse y servir caf?a los vocales, o la comida en las reuniones de Lesmes... Con insinuaciones de amenaza de despido de quienes se opon?n a servir.
Lesmes se rode?tambi? de la bandera de la austeridad. Pero ha creado el cargo nuevo de Jefe de Protocolo, que no exist? en el Consejo y cuyas funciones las realizaba una funcionaria de nivel 16. Ahora se ha tra?o al jefe de protocolo del ministerio de Justicia, Camilo Ignacio Sigmal, de nivel 30.
Lesmes se rode?de la bandera de la austeridad, pero ha creado el cargo de Jefe de Protocolo
El temor se ha extendido en la sede de Marqu? de la Ensenada. Temor a que los correos profesionales y los ordenadores sean espiados -la jurisprudencia del Tribunal Constitucional les amparar?-, porque Lesmes se pone nervioso con las filtraciones que se est? produciendo desde dentro de la instituci?. Y temor a que los empleados laborales sufran una regulaci? de empleo, como sufrieron las secretarias eventuales. Una de ellas fue despedida a pesar de atravesar por una grave enfermedad.
El constituyente defini?el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como un ?gano colegiado compuesto por 20 vocales: 12 jueces y magistrados y, el resto, nombrados directamente por el Parlamento. Pero se ha convertido en una instituci? centralizada en una persona y su guardia de corps.
El autor de esa reforma fue el propio Lesmes, quien ha llegado a decir en privado que, si fuera por ?, reformar? la Constituci? para hacer desaparecer al CGPJ, seg? aseguran fuentes del Supremo.
Algunos altos cargos del PP reciben estas se?les de alerta con preocupaci? y apostillan: "hemos creado un monstruo con la reforma"
http://www.publico.es/506558/lesmes-el-zar-del-poder-judicialLESMES IMPONE A LA CANDIDATA DEL PP PARA PRESIDIR EL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DE G?ERO
Mar? ?geles Carmona es vocal del Consejo y desplaza as?a la candidata natural para el puesto, la magistrada del Supremo Clara Mart?ez de Careaga. El sector m? cr?ico se plantea pedir un pleno extraordinario ante la gesti? "autoritaria" de su presidente.
Carmona es actualmente la responsable del Gobierno del PP en Andaluc? en materia de violencia de g?ero. Varias fuentes del Consejo destacan la "incompatibilidad de ser presidenta del Observatorio judicial y, a su vez, depender del Ejecutivo". En concreto, es jefa de la Unidad de Coordinaci? Territorial de Violencia de G?ero de la Delegaci? del Gobierno en Andaluc? desde el a? 2012.
Lesmes ha impuesto a la candidata del PP, en lugar de la vocal y magistrada del Tribunal Supremo Clara Mart?ez de Careaga, quien preside la Comisi? de Igualdad y era considerada la candidata natural, ya que la valoraci? de la respuesta judicial en violencia de g?ero depende de la citada Comisi?.
Mart?ez de Careaga era la candidata defendida por el sector progresista, mientras que Carmona lleg?al CGPJ con la promesa del PP de que presidir? el Observatorio, como ha ocurrido finalmente.
En el sector progresista consideran que Lesmes "ha incumplido los acuerdos" con los que los 20 vocales del Consejo aprobaron en diciembre pasado, y por unanimidad, el reparto de las comisiones entre ellos. El reparto de las comisiones fue propuesto por Lesmes cuando accedi?a la presidencia del Consejo.
As? Mart?ez de Careaga "acept?presidir la Comisi? de Igualdad entendiendo que presidir? el Observatorio, en lugar de integrar la poderosa Comisi? Permanente", seg? las mismas fuentes.
El art?ulo 610 de la actual Ley Org?ica del Poder Judicial -reformada por el PP- establece que corresponde a la Comisi? de Igualdad "el estudio y seguimiento de la respuesta judicial en materia de violencia dom?tica y de g?ero, sirvi?dose para ello del Observatorio contra la Violencia Dom?tica y de G?ero o de cualquier otro instrumento que se pueda establecer a estos efectos".
Sin embargo, la delegaci? de este cargo es una potestad atribuida al presidente del CGPJ en un Convenio con el que se cre?el Observatorio, en el a? 2002.
El Observatorio es una instituci? considerada clave en la respuesta judicial ante el fen?eno delictivo de la violencia de g?ero. De forma peri?ica, organiza reuniones y cursos de formaci? para los jueces especializados, que ejercen en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de lo Penal y Audiencias Proviciales.
La pugna entre Careaga y Lesmes, ambos magistrados del Supremo, se ha mantenido desde diciembre a cuenta de la elecci? de la presidencia del Observatorio.
El propio Lesmes habr? prometido a Mart?ez de Careaga la presidencia del Observatorio, en consonancia con lo realizado por consejos anteriores. Pero, ahora, ha cambiado de opini?.
La opci? de Carmona, validada este jueves por la Comisi? Permanente del Consejo, supone de "facto" dejar sin muchas competencias a la Comisi? de Igualdad.
Al mismo tiempo, la Comisi? Permanente del Consejo ha nombrado vocales del Observatorio a Carmen Llombart y a Pilar Sep?veda.
Posible pleno extraordinario pedido por los cr?icos
El hondo malestar que ha causado esta ?tima decisi? de Lesmes ha provocado que los vocales m? cr?icos del ?gano de gobierno de los jueces se planteen la solicitud de convocatoria de un Pleno Extraordinario, con el objeto de discutir lo que consideran que es una gesti? "autoritaria" y "falta de di?ogo", informa Europa Press.
En el Consejo se ha extendido una sensaci? de malestar entre varios vocales desde que comenz?el mandato de este Consejo, tanto por las decisiones de Lesmes como por las formas en las que se adoptan.
Esta es la raz? por la que ya se tendr? el apoyo de los cinco vocales que se precisan para forzar la convocatoria de un Pleno extraordinario.
Pese a la oposici? de muchos vocales a la hora de conformarse con el puesto que Lesmes hab? pensado para ellos en el nuevo Consejo, que concentra todo su poder en la Comisi? Permanente, el dise? del presidente obtuvo el voto un?ime de todos ellos en el Pleno en el que se aprob?quien iba a integrar cada una de sus comisiones. Por ello, algunos se sienten traicionados por las decisiones posteriores a dicho apoyo.
El enfado ya se evidenci?el pasado jueves, cuando el Pleno retir?del orden del d? una reforma de su Reglamento dirigida a permitir que se pueda delegar en determinados funcionarios de este ?gano atribuciones que se entienden menores, tales como aprobar pr?rogas de jurisdicci? de los jueces, licencias por enfermedad o sustituciones.
La medida mereci?un escrito de queja de seis vocales del "ala progresista" de este ?gano, que consideran que de aprobarse estas medidas se vaciar?n de contenido algunas de sus atribuciones y se les arrebatar?n competencias.
Los firmantes de este escrito de queja son los vocales Roser Bach, Mar? Victoria Cinto, Clara Mart?ez de Careaga, Rafael Mozo, Mar? Concepci? S?z y Pilar Sep?veda, ninguno de los cuales estuvo presente durante la rueda de prensa posterior al Pleno, mientras que otros miembros del Consejo s?acompa?ron a su presidente durante su comparecencia.
Dilatada experiencia
Mar? ?geles Carmona ejerce como secretaria judicial en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer n?ero 3 de Sevilla desde el a? 2009, al tiempo que compatibiliza su cargo dependiente del Gobierno y como vocal del CGPJ.
A su vez, Clara Mart?ez de Careaga ejerce como jueza desde hace 31 a?s, ha sido miembro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribvunal Superior de Justicia de Madrid y fue la primera mujer de la historia en ingresar en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, en el a? 2009. Est? casada con C?dido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado.
http://www.publico.es/506249/lesmes-impone-a-la-candidata-del-pp-para-presidir-el-observatorio-contra-la-violencia-de-generoEL OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE G?ERO ABRE OTRA BRECHA EN EL PODER JUDICIAL
La designaci? de Carmona, conservadora, para dirigir el organismo provoca nuevos roces
Los roces entre un amplio sector del grupo progresista y el presidente del Poder judicial, Carlos Lesmes, crecen por d?s. Lo ?timo ha sido la designaci? de Mar? ?geles Carmona (conservadora) como presidenta del Observatorio contra la Violencia de G?ero. Un cargo que, seg? distintas fuentes del sector progresista, legalmente (art?ulo 610.5 de la Ley Org?ica del Poder Judicial) debe recaer en la presidenta de la Comisi? de Igualdad. Este cargo lo ocupa la magistrada del Tribunal Supremo Clara Mart?ez de Careaga, a quien Lesmes ?prometi?este puesto el pasado 9 de enero, en la antesala de la constituci? de las comisiones.
La de Igualdad, la minicomisi? del Consejo, es la ?ica en manos del sector progresista (Mart?ez de Careaga y los vocales Rafael Mozo y Pilar Sep?veda). Al entregarle el Observatorio a Carmona, a Igualdad se le cercenan la mitad de sus competencias legales, lamentan fuentes progresistas. Lesmes y Mart?ez de Careaga mantuvieron una tensa conversaci? hace unos d?s, cuando ella supo por el propio Lesmes su intenci? de nombrar a Carmona como presidenta del Observatorio. Seg? las citadas fuentes, la explicaci? de Lesmes sobre este nombramiento fue que Carmona hab? ido al Consejo para hacerse cargo del Observatorio, y que los vocales (?se referir?a los conservadores?, le espetan) entienden que es la persona adecuada porque desde 2009 coordina como cargo estatal la violencia de g?ero en Andaluc? desde la Delegaci? del Gobierno; y aun admitiendo que se lo hab? prometido, Lesmes se justific? ?Me lo he pensado mejor?. ?Eso es hacer trampas y faltar a la palabra?, le reprochan al presidente.
En este cruces de reproches, y al borde de unir sus firmas seis vocales progresistas para exigir un pleno extraordinario en el que pedir explicaciones, el sector progresista se pregunta del lado de qui? est? dos de sus ocho miembros: les llaman ?los acomodados?, y pertenecen a la todopoderosa Comisi? Permanante, que preside Carlos Lesmes. Se trata del exdiputado socialista ?varo Cuesta, quien, seg? fuentes del Consejo, pidi? a Lesmes estar en la Permanente por razones econ?icas (al tener exclusividad, dispone de coche oficial y de unos 6.000 euros de sueldo); y Mar Cabrejas, vocal de confianza del diputado del PSOE Antonio Camacho.
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/09/actualidad/1394396387_405265.html
EL SUPREMO ANALIZA SI JUANES CUMPLE LOS REQUISITOS PARA SER SU VICEPRESIDENTE
UPyD ha impugnado esta ma?na el nombramiento al entender que su designaci? incumple la ley puesto que accedi?al cargo sin ser magistrado del alto tribunal
UPyD, partido que dirige Rosa D?z, ha impugnado esta ma?na ante la Sala Tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo el reciente nombramiento de ?gel Juanes como vicepresidente del Tribunal Supremo. Su designaci? fue adoptada hace dos meses por el pleno del Consejo del Poder Judicial a propuesta del nuevo presidente de este ?gano y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.
Hasta su nombramiento como vicepresidente del Supremo, Juanes ocup?el puesto de presidente de la Audiencia Nacional. UPyD esgrime que el nombramiento de Juanes no se ajusta a los requisitos que impone la reforma de la Ley Org?ica del Poder Judicial y que obliga a que la figura del vicepresidente del Supremo, que es de nueva creaci?, recaiga en un magistrado del Tribunal Supremo y no, como en el caso de Juanes, de la Audiencia Nacional. Y es que UPyD, a trav? de sus abogados, alega que Juanes no era magistrado del Supremo en el momento de su nombramiento, puesto que perdi?esa consideraci? cuando voluntariamente decidi?dejar la Sala Quinta de lo Militar del alto tribunal para hacerse cargo de la presidencia de la Audiencia Nacional.
En ese momento, seg? fuentes jur?icas, perdi?la consideraci? de magistrado del Supremo y, en puridad, la categor?, ya que la Audiencia Nacional no es el Tribunal Supremo. Otras fuentes se?lan que existe un acuerdo para que los presidentes de la Audiencia Nacional tengan la consideraci? de magistrados del Supremo y que ambos cargos son equivalentes. La Sala Tercera tendr?que analizar ahora todo este asunto a instancias de UPyD.
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/28/actualidad/1393595543_658145.html
SEIS VOCALES EXIGEN QUE SE ANULE LA NORMA QUE LES RECORTA ATRIBUCIONES
Lesmes quiere delegar en funcionarios del Consejo General del Poder Judicial atribuciones como las pr?rogas de jueces, licencias pro enfermedad o sustituciones
Seis vocales progresistas del Consejo del Poder Judicial han decidido plantarse ante la decisi? de la Comisi? Permanente, que preside Carlos Lesmes, de elevar al pleno de hoy la aprobaci? de un reglamento que entienden les arrebata competencias que legalmente corresponden al pleno. El citado reglamento permite que la Permanente, en la que Lesmes y los vocales afines al PP tienen mayor? absoluta, delegue en jefes de servicio (es decir, en funcionarios del Consejo) atribuciones que competen al pleno y, en consecuencia, a sus 21 vocales.
Las tareas que la Permanente quiere poder delegar son, por ejemplo, las prorrogas de jurisdicci? de los jueces, las licencias pro enfermedad, sus sustituciones o las autorizaciones para que un magistrado que ha sido trasladado de juzgado pueda redactar sentencias que tuviera atrasadas en el juzgado antiguo.
Los seis vocales exigen a Lesmes que retire del orden del d? del pleno ese reglamento. Opinan que su aprobaci? ?puede llegar a desdibujar el car?ter de ?gano de gobierno del poder judicial, como lo define la Constituci?, y compromete seriamente su genuina esencia colegial?. Los vocales que firman el escrito son Roser Bach, Mar? Victoria Cinto, Clara Mart?ez de Careaga, Rafael Mozo, Mar? Concepci? S?z y Pilar Sep?veda.
Carga de trabajo
Los cinco miembros de la Permanente (entre los que se hallan los vocales progresistas ?varo Cuesta y Mar Cabreja) esgrimen a favor de esa delegaci? el aumento de la carga de trabajo. Sus colegas progresistas lo ven de otra forma: entienden que son temas que ?tienen una incidencia directa en la carrera judicial?. Y discrepan de que ?impliquen una dedicaci? cuantitativa o cualitativamente compleja?. ?Este es un ?gano colegiado, y delegar esas materias en un jefe de servicio es sustraerlas del control de todos los vocales y dejarlas en manos del presidente, que es el superior jer?quico de los jefes de servicio?, sostienen fuentes del Consejo. Se?lan estos vocales que el reglamento que pretende aprobar la mayor? conservadora del Consejo es una medida m? para ?vaciar de contenido destacados ?bitos de actuaci? de los/las vocales que son fundamentales en este ?gano, ya que afectan a su esencia colegial, y que, adem?, supone alejarles del d? a d? de la carrera judicial?.
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/26/actualidad/1393448537_509271.html
EL PRESIDENTE DEL CGPJ DICE QUE FUE AL VATICANO PARA REPRESENTAR A ESPA? "EN OTRO ESTADO"
Carlos Lesmes se defiende de las cr?icas por haber encabezado la delegaci? espa?la en un acto religioso El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, rechaz?este jueves las cr?icas por haber encabezado la delegaci? espa?la que asisti?a un acto religioso el pasado fin de semana en el Vaticano. Seg? Lesmes, ? actu?como ?representante de Espa? en un Estado extranjero, en este caso la Santa Sede? y los que le han criticado "no entienden muy bien lo que es participar en una delegaci? al Vaticano". Lesmes, hombre de fuertes convicciones religiosas, record?que ? es la quinta autoridad espa?la y que si fue elegido para viajar al Vaticano fue como representante del Estado, no del Gobierno. ?All?hab? otras 18 delegaciones de otros pa?es?, a?di? Todas las asociaciones de jueces excepto la conservadora APM han criticado que el presidente del CGPJ represente a Espa?, un estado aconfesional, en una visita de car?ter religioso, en este caso la designaci? de 19 nuevos cardenales.
http://www.eldiario.es/politica/Lesmes_0_233427152.html
JPD AFIRMA QUE LA VISITA DEL PRESIDENTE DEL SUPREMO AL VATICANO CUESTIONA LA ACONFESIONALIDAD DEL ESTADO
La asociaci? Jueces para la Democracia (JpD) critic?este mi?coles la reciente visita del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, al Vaticano para asistir a la investidura de diversos cardenales, por entender que su presencia en un evento religioso es opuesta a ?la aconfesionalidad del Estado?. En un comunicado, JpD se?la que Lesmes acudi?al Vaticano tras ser nombrado por el Gobierno como presidente de una amplia delegaci? de autoridades espa?la. A este respecto, la asociaci? considera que ?resulta poco respetuoso con la divisi? de poderes propia de nuestro Estado Constitucional que el Gobierno pueda designar como delegado en un acto religioso al m?imo representante del poder judicial?. Jpd a?de adem? que ?este tipo de confusiones entre la actividad p?lica y las funciones religiosas se vienen reiterando de forma preocupante?. ?Hace poco se ha sabido que el ministro del Interior, Jorge Fern?dez D?z, ha concedido la Medalla de Oro al M?ito Policial a la Virgen Mar? Sant?ima del Amor y tambi? empieza a ser habitual que algunos miembros del Gobierno en el ejercicio de sus funciones se encomienden a v?genes para que mejore la situaci? econ?ica, pol?ica o social?, se?la la asociaci? de jueces. En referencia a Lesmes, JpD asegura que ?resulta especialmente preocupante que el m?imo representante del poder judicial participe oficialmente en ceremonias religiosas? y que ?no distinga entre sus convicciones religiosas personales y la necesaria neutralidad que debe ejercer en el ejercicio de sus funciones p?licas?. Estas actuaciones suponen ?una quiebra de la neutralidad estatal en materia religiosa? y provocan que se proyecte ?la perspectiva de que la Iglesia Cat?ica es la religi? oficial del Estado Espa?l, lo cual no resulta compatible con el principio de aconfesionalidad que establece el art?ulo 16-3 de la Constituci??, apunta JpD. Para la asociaci? de jueces, ?se trata de gestos que evocan tiempos predemocr?icos, en los que exist? una religi? oficial y una plena confusi? entre el plano institucional p?lico y el religioso?.
EL JEFE DEL PODER JUDICIAL ENCABEZ?LA DELEGACI? ESPA?LA ANTE EL PAPA
Los jueces critican que en un Estado laico se nombre a Lesmes para un acto religioso
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, encabez?este fin de semana, por encargo del Consejo de Ministros, la delegaci? espa?la que acudi?a Roma para la ceremonia en la que el papa Francisco design?a 19 nuevos cardenales; entre ellos, al arzobispo em?ito espa?l Fernando Sebasti?. Lesmes, que preside el tercer poder del Estado, el judicial, fue designado presidente de la delegaci? espa?la en el Consejo de Ministros del pasado viernes, a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Jos?Manuel Garc?-Margallo. Altos cargos judiciales, que piden mantener el anonimato, y tres de las cuatro asociaciones judiciales, han mostrado su ?indignaci?, sorpresa y perplejidad? porque el presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo capitanee un acto religioso en el marco de un Estado aconfesional como Espa?.
Es la primera vez que un presidente del Supremo encabeza una delegaci? oficial y religiosa en Roma. En actos anteriores, la delegaci? espa?la ha sido encabezada b?icamente por pol?icos, como Jos?Bono, Miguel ?gel Moratinos o la actual vicepresidenta del Gobierno Soraya S?nz de Santamar?.
En actos anteriores, la delegaci? espa?la ha sido encabezada por pol?icos
El cargo de presidente del Supremo y del Consejo es equiparable en rango al de un secretario de Estado. Aparte de Lesmes, tambi? integraron la delegaci? espa?la, adem? de varios diputados y senadores del PP, otros dos secretarios de Estado: el de las relaciones con la Uni? Europea, ?igo M?dez de Vigo, y el de Seguridad, Francisco Mart?ez. Los tres acudieron con sus esposas. Un portavoz del Ministerio de Justicia explic?ayer que, en nombre de este ministerio, acudi?el director de Relaciones con las Confesiones, ?gel Llorente. ?Si bien, y por protocolo, Lesmes encabez?la delegaci? porque, al ser el presidente del Consejo y del Supremo, era el de mayor rango entre los asistentes?. A pesar de su nombramiento por el Gobierno, Lesmes se?l?a EL PA?, a trav? de su portavoz en el Poder Judicial, que su viaje y el de su esposa los abon?de su bolsillo. Y que lo hizo por una cuesti? ?de ?ica personal?. El presidente del Supremo es una persona de profundas convicciones religiosas, como tambi? lo era su antecesor en el cargo Carlos D?ar. ?Pero ni al propio D?ar se le habr? ocurrido una cosa as? se?lan altas fuentes judiciales. Lesmes no dio cuenta de su viaje al pleno del Consejo del Poder Judicial, que es un ?gano colegiado.
Los portavoces de tres de las cuatro asociaciones judiciales de Espa? (Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Jueces para la Democracia) no entienden la decisi? de Lesmes. Conrado Gallardo, del Foro Judicial Independiente, se?la: ?Con los problemas que tiene la justicia, es incomprensible que el Gobierno nombre al presidente del Supremo para un acto de este tipo. Estamos perplejos?, confiesa Gallardo. Tampoco lo ve normal Marcelino Sexmero, portavoz de la moderada Asociaci? Judicial Francisco de Vitoria: ?Sorprende que en un Estado aconfesional, el Gobierno comisione para una ceremonia religiosa a alguien que es, no solo el presidente del Poder Judicial, tambi? el del Supremo. Y sorprende que acuda comisionado por el Gobierno a un acto religioso, lo que cuestiona la separaci? de poderes?. Una reflexi? parecida hace Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia. Sostiene que ?actitudes de este tipo, como la reciente que ha protagonizado el ministro del Interior, Jorge Fern?dez, al conceder una medalla policial a la Virgen del Mar, vulneran la aconfesionalidad del Estado. Este Gobierno?, a?de Bosch, ?no es capaz de delimitar los espacios institucionales de los religiosos?. Este peri?ico intent?ayer, sin ?ito, hablar con el portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociaci? Profesional de la Magistratura (APM).
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/02/25/actualidad/1393361796_065324.html
ONCE POL?ICOS Y JUECES ESPA?LES ARROPAR? EL NOMBRAMIENTO DE 19 NUEVOS CARDENALES
Entre otros, acuden el presidente del Supremo, secretarios de Estado, un diputado y un senador
Entre los nuevos cardenales se encuentra el espa?l Fernando Sebasti?, conocido por sus declaraciones hom?obas y contrarias a las mujeres que abortan
Al menos once jueces y pol?icos espa?les asisten este s?ado en en la bas?ica de San Pedro del Vaticano al nombramiento de 19 nuevos cardenales. Entre ellos est?el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; el embajador de Espa? ante la Santa Sede, Eduardo Guti?rez S?nz de Buruaga; el secretario de Estado para la Uni? Europea, I?go M?dez de Vigo; el secretario de Estado para la Seguridad, Francisco Mart?ez V?quez; y el vicepresidente del Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, informa Europa Press.
Tambi? formar? parte de la misma el diputado en el Congreso, Eugenio Nasarre; el senador por Navarra, Jos?Ignacio Palacios; el director general de Cooperaci? Jur?ica Internacional y Relaciones con las Confesiones, ?gel Llorente; el director de las Relaciones con la Santa Sede, Gabriel Ferr?; el alcalde de Calatayud, Jos?Manuel Aranda Lassa; la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Calatayud, Mar? Mercedes Sarrate de Castro; y el director del Instituto Cervantes, Sergio Rodr?uez L?ez-Ros.
El papa Francisco ha nombrado este s?ado 19 nuevos cardenales entre los que se encuentra el espa?l Fernando Sebasti?, conocido por sus recientes declaraciones hom?obas y contrarias a los derechos de la mujer. En una entrevista publicada en diario Sur carg?contra los homosexuales. Calific?de "sexualidad deficiente" a la homosexualidad, de la que dijo que se puede "normalizar con tratamiento". En otra entrevista, esta vez en El Peri?ico de Arag?, dijo que las mujeres que abortan "quieren quitarse de en medio al hijo para disfrutar de la vida". Estas declaraciones no fueron reprobadas ni por la La Conferencia Episcopal ni por el Vaticano, que rehusaron valorarlas. La Fiscal? si inici?una investigaci? para esclarecer si las declaraciones sobre la homosexualidad hechas por Sebasti? son constitutivas de infracci? penal.
Adem? de Sebasti? tambi? son nombrados el primer cardenal de Hait?de la historia, monse?r Chibly Langlois, un obispo casi centenario, expertos en diplomacia y media docena de miembros de la Curia Romana.
EL SUPREMO INVITA AL PLENO DEL CONSTITUCIONAL A UNA REUNI? IN?ITA
Carlos Lesmes pretende abordar cuestiones institucionales de ambos tribunales
La sala de Gobierno del Tribunal Supremo y los magistrados que conforman el pleno del Tribunal Constitucional se reunir? por primera vez este viernes tras la invitaci? de los primeros a los segundos.
El objetivo del encuentro, seg? fuentes del Supremo, es reflexionar sobre "las posiciones institucionales de los dos tribunales". Adem?, se abordar? posibles colaboraciones en materias formativas as?como la posibilidad de compartir medios materiales para optimizar los recursos de ambos tribunales.
Las mismas fuentes han se?lado que el tratamiento de todos los temas se har? en cualquier caso, desde el m?imo respecto por las competencias de cada tribunal y sin intenci? de promover ning? tipo de injerencia.
La idea y la invitaci? surgi?del nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien lo expuso en una de las reuniones de la sala de Gobierno, que acept?la iniciativa."El esp?itu es escuchar al Constitucional y que el Constitucional nos escuche, han se?lado las mismas fuentes, que insisten en se?lar que, en todo momento, "se respetar?el terreno de cada tribunal", aunque se vayan tambi? a analizar si de alguna manera la colaboraci? entre ambos tribunales puede beneficiar al usuario de la justicia.
Por su parte, seg? fuentes del Constitucional, en la reuni? se abordar? tambi? "cuestiones de naturaleza jurisdiccional".
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/18/actualidad/1392731322_507836.html
MALESTAR ENTRE LOS VOCALES A LOS DOS MESES DEL NUEVO PODER JUDICIAL
Reprochan que algunas iniciativas de Lesmes generan clasismo entre los consejeros
Vocales de distintas sensibilidades del nuevo Consejo del Poder Judicial consideran, tras dos meses en el cargo, que determinadas medidas impuestas por el presidente Carlos Lesmes est? derivando en la creaci? de un Poder Judicial ?presidencialista?, lo que ?fractura el esp?itu colegiado que otorga la Constituci? a este ?gano?. Y, adem?, entienden que esas medidas est? propiciando la existencia de ?vocales de primera y segunda clase?.
Los de primera divisi? ser?n los cinco consejeros, m? el presidente, que integran la Comisi? Permanente (que tienen dedicaci? exclusiva y concentran un poder nunca visto); y los de segunda, los externos, que son 15 y que deben compatibilizar sus tareas anteriores con el trabajo del Consejo. Algunos han pedido que el Consejo debata la posibilidad de liberarles parcialmente de sus tareas anteriores para afrontar la carga de trabajo del Consejo, pero Lesmes ha dicho que ?ni hablar?, que los que deseen esa liberaci? la pidan a las salas de Gobierno de sus tribunales superiores.
No ha gustado nada a los vocales externos que viven fuera de Madrid las trabas que les han impuesto para acudir a sus despachos.
Lesmes mantuvo hace d?s una reuni? informal con todos los vocales (es consciente de que hay malestar). En ese plenillo, algunos consejeros le espetaron que, con la aplicaci? que se estaba haciendo de la nueva ley aprobada por el PP, y que ha supuesto un giro radical en el funcionamiento del Consejo, se estaba configurando un Consejo ?desigual, con un trato humillante para algunos?. Los vocales ajenos a la Permanente solo pueden desplazarse ?sin autorizaci? previa? a las reuniones del pleno o a las comisiones a las que est? adscritos. Pero para cualquier otro tipo de viaje han de pedir autorizaci? previa a la Permanente. En cambio, los vocales de la Permanente han quedado exentos de este tr?ite. ?Son incoherencias intolerables; y es inadmisible el inter? del presidente en mantener alejados a los vocales externos, sometidos a un control f?reo, a diferencia de los de la Permanente, y eso que todos hemos sido elegidos por las mismas Cortes Generales?, se?la un consejero.
?Se ha hecho as?para controlar el gasto del Consejo?, explica un portavoz del Poder Judicial. Otras fuentes oficiales se?lan que tras de esa decisi? subyace un principio que aire?Lesmes al tomar posesi?: la austeridad. ?Ya somos mayorcitos para tan desigual control?, clama un vocal, que entiende que esa fiscalizaci?, ?necesaria, debe hacerse, s? pero a posteriori, y sin distinciones?.
Tambi? est?generando malestar entre algunos vocales progresistas la ?falta de transparencia? que anida en el nuevo Consejo. ?Transparencia no es colgar simples datos o anuncios en la web del Consejo. La transparencia?, han reprochado a Lesmes algunos consejeros, ?pasa porque los procedimientos sobre las decisiones sean p?licos y n?idos?. Y citan, por ejemplo, los encargos que hace Lesmes a su libre albedr? a los vocales. Exigen que el Consejo vuelva a ser un ?gano colegiado. Es decir, que cualquier decisi? que tome Lesmes (el presidente que m? poder atesora de todos los que han pasado desde 1985 por esta instituci?: ? intervino en la redacci? de la nueva ley que regula este Consejo) sea sometida a debate y votaci? en los plenos por todos los vocales.
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/12/actualidad/1392239847_613313.html
?QUI? HA PERDIDO LAS DENUNCIAS CONTRA LESMES? EL TS CULPA A LA SECRETARIA JUDICIAL
?Qui? ha perdido y c?o los cuatro escritos de queja presentados contra el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, por presunta prevaricaci?? Como ya adelant?este diario, una mano negra dentro del Alto Tribunal traspapel?las cuatro denuncias de Saberlotodo Internet y respondi?al CGPJ que en la instituci? ?no consta? haber recibido ninguna de ellas. Los funcionarios del TS, sin embargo, se lavan las manos y culpan de la misteriosa desaparici? a la secretaria judicial de la Sala Segunda.
Perdidos dentro del propio palacio de las antiguas salesas, la sede del Tribunal Supremo. Esa es, al menos, la versi? oficial que el Tribunal hab? trasladado hasta ahora al CGPJ ante las diligencias abiertas por este organismo el pasado 14 de octubre, un mes antes de que Carlos Lesmes fuera elegido como nuevo presidente del poder judicial. Sin embargo, esta supuesta p?dida encaja dif?ilmente con la versi? que, por su parte, ha ratificado por escrito la Secretar? del Gabinete T?nico del Alto Tribunal, que ha evadido responsabilidades ante las explicaciones formuladas por el administrador de Saberlotodo Internet, Jos?Vicente Lucas.
En un escrito del pasado 3 de febrero, d?s despu? de que este peri?ico publicase la supuesta p?dida de los documentos, el secretario del gabinete t?nico del TS, Luis Ignacio S?chez Guiu, certific?la entrada de dichas denuncias en el Alto Tribunal. La primera de ellas, con fecha del 27 de julio de 2012; la segunda, el 5 de diciembre de ese mismo a?, la tercera, el 26 de febrero de 2013 y, la ?tima, el pasado 25 de abril. ?La entrada, seg? consta, se hizo en la Secretar? de la Sala Segunda que tramita causas especiales?, se?la el documento, que evita, eso s? identificar a la destinataria final, la secretaria judicial Mar? Antonia Cao Barrero. ?No procede realizar indicaci? alguna sobre la persona receptora por cuanto no es funci? de este secretario la entrega personal de los escritos en las Secretar?s; no const?dole, por tanto, el funcionario o funcionarios a quienes se hizo materialmente la entrega?.
Hay que recordar que la citada secretaria fue la que firm?la respuesta al CGPJ en la que cerraba todo el caso ?sin que conste haber recibido en la Secretar? de mi cargo ning? otro escrito?. Precisamente, fue el reiterado silencio a esos cuatro escritos lo que motivo que Saberlotodo Internet se dirigiera al CGPJ para pedir amparo y lo que motiv? la apertura de las citadas diligencias. Tras la misteriosa ?p?dida?, el CGPJ ha remitido la denuncia al Ministerio de Justicia, que es quien debe determinar si ?podr? existir una disfunci? en el funcionamiento de la secretar??.
Origen de la denuncia
Saberlotodo Internet solicitaba en esos cuatro escritos a la Sala Especial del Tribunal Supremo la reapertura de la causa por prevaricaci? contra Lesmes que dicho ?gano, presidido por el juez Luciano Varela, archiv?el 7 de septiembre de 2010. La empresa basa su batalla judicial contra el hoy presidente del Supremo en un documento oficial de la Agencia Espa?la de Protecci? de Datos (AEPD) remitido en su d? al propio Lesmes que demostrar? su versi? de que el citado juez dict?una resoluci? injusta contra ellos a sabiendas.
El origen de esta denuncia se remonta a mayo de 2009, cuando Lesmes presid? la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y desestim?un recurso presentado por Saberlotodo Internet SL contra la Agencia Espa?la de Protecci? de Datos (AEPD) por una sanci? de 60.000 euros. La empresa defendi?entonces que la sentencia incurr? en ?un grave error material? al computar mal la fecha de notificaci? de la multa de la AEPD y recurrieron, por ello, para que el juez rectificase la sentencia. La aclaraci? de dicha fecha era decisiva, pues de ello depend? que la multa de 60.000 euros hubiera caducado o no, ?dado que habr?n transcurrido m? de seis meses entre la fecha del acuerdo de incoaci? del expediente sancionador y la de notificaci? de la resoluci? sancionadora?.
La sanci? fue notificada por la AEPD a Saberlotodo Internet SL el 2 de enero de 2008 y no el 7 de diciembre de 2007, como sostuvo Lesmes en su sentencia por error. Fecha que no accedi?a corregir tras el recurso presentado por Jos?Vicente Lucas en el que se alertaba del error. A partir de entonces, el caso ha sido un continuo sostenella y no enmendalla que ha acabado en un callej? sin salida dentro del Tribunal Supremo y que no se ha corregido ni siquiera cuando Saberlotodo Internet ha presentado ante el Alto Tribunal una carta de Artemi Rayo Lombarte, exdirector de la AEPD, dirigida al propio Lesmes en la que ? mismo reconoc? que la sanci? ?fue notificada al ahora recurrente el 2 de enero de 2008?. La misiva est?fechada el d? 20 de febrero de 2008; la sentencia de Lesmes es, sin embargo, del 1 de abril de 2009. Poco despu?, el 26 de junio de 2009, Lesmes firmaba otro auto en el que dec?, textualmente, ?no haber lugar a la aclaraci? de sentencia? sobre el error de la fecha.
?Ante la incapacidad de la Sala de rectificar un error evidente que simplemente hubiese requerido ir al folio n? 273 del Expediente administrativo, comprobar que la fecha de notificaci? recogida en la sentencia era err?ea y rectificarla, estimando la nulidad de la resoluci? sancionadora por caducidad del procedimiento sancionador, esta parte no tuvo otra alternativa que instar al correspondiente procedimiento penal por prevaricaci? judicial de la Sala enjuiciadora, al emitir a sabiendas una resoluci? judicial y arbitraria?, relata el abogado de Saberlotodo en su escrito de amparo al CGPJ.
Como se ha explicado, la querella criminal contra Lesmes fue archivada por el Supremo en septiembre de 2010. Sin embargo, Saberlotodo no encontr?el citado documento firmado por Artemi Rayo hasta el 26 de junio de 2012, por lo que, a partir de ese momento, Jos?Vicente Lucas lucha por reabrir el procedimiento al entender que hab? hallado ?un documento esencial que demostraba el elemento cognoscitivo y volitivo del delito imputado a la Sala?.
MAGISTRADOS IMPUGNAN EN EL SUPREMO LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL DE GALLARD?
La asociaci? Francisco de Vitoria cree que el sistema responde al "cambalache pol?ico"
Jueces para la Democracia estudiar?el escrito para valorar si se suma al recurso
Marejada dentro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Asociaci? Francisco de Vitoria (AFV) ha dado un paso al frente y ha presentado en la ma?na de este jueves un recurso ante el Tribunal Supremo contra el nombramiento del presidente del organismo de control de los magistrados, Carlos Lesmes, y de los 12 vocales de adscripci? judicial. Una demanda que interpone el colectivo porque considera que estas designaciones, a ra? de la puesta en marcha de la reforma de Alberto Ruiz-Gallard?, responden a un modelo que fortalece la "injerencia" de los partidos y del Ejecutivo en la instituci?.
"Es evidente que las formaciones pol?icas se han repartido la cuota. La mitad para el PP. Y la otra mitad para el PSOE y las minor?s", ha explicado el portavoz de la AFV, Marcelino Sexmero, que ha calificado el sistema impulsado por el Ejecutivo de Rajoy como fruto del "cambalache" de la negociaci? entre los partidos. La asociaci?, la segunda mayor por n?ero de afiliados, tendr?ahora un plazo de varios meses para formalizar y fundamentar la demanda.
Con esta iniciativa, las numerosas cr?icas que arrastra la reforma se convierten en acciones concretas. Aunque, de momento, la AFV afronta en solitario el proceso; el portavoz de otro de los colectivos del sector, Joaquim Bosch, de la progresista Jueces para la Democracia, ha apuntado que su asociaci? estudiar?el escrito presentado para ver si tambi? se suma. "Claro que valoraremos su contenido y su recorrido".
Una opci? que descarta la conservadora Asociaci? Profesional de la Magistratura. "Entendemos que es la Ley quien tiene que establecer el sistema de nombramientos", ha subrayado el portavoz del colectivo, Pablo Llanera. Esta asociaci? reclama que sean los jueces quienes designen al CGPJ: "Pero, mientras no sea as? pedimos responsabilidad a quien le corresponda esa funci?".
"Desde luego, es la primera vez en la historia que se recurre por una asociaci? de jueces una legislaci? de este tipo", ha a?dido Bosch, que tambi? ha denunciado la instrumentalizaci? del CGPJ por parte de los partidos. "Han hecho un reparto de cuotas para convertirlo en un miniparlamento".
La AFV espera que su recurso sirva para que se declare "ilegal" la reforma dirigida por el ministro de Justicia o para que, en su caso, el Supremo remita la nueva legislaci? al Tribunal Constitucional si aprecia indicios de inconstitucionalidad. "[Esta reforma] solo puede entenderse en un contexto en el que existe corrupci? pol?ica y donde el partido del Gobierno es uno de los principales implicados en esa corrupci?", manifest? Sexmero el mi?coles, cuando acus?a Lesmes de ejercer el cargo con "autoritarismo".
La reforma de Gallard? arrastr?desde el primer d? feroces cr?icas de los colectivos judiciales, que consideran que el CGPJ ha perdido independencia. Las asociaciones insisten constantemente en que la realidad demuestra los pactos entre partidos para nombrar a sus miembros. "No es la primera vez que conocemos la identidad del futuro presidente por los medios de comunicaci? antes de que se proceda a su efectiva elecci?", ha indicado Sexmero, que ha llegado incluso a acusar el PP de incumplir "flagrantemente" su programa electoral con la nueva legislaci? aprobada.
Aunque la AFV ha matizado que su recurso no se presenta contra los profesionales, sino contra el sistema de designaci?; el colectivo de magistrados ha apuntado a la figura de Carlos Lesmes ?que ya ha recibido la recriminaci? de tres juezas del Supremo por usar un lenguaje sexista?. "Desde hac? mucho tiempo se mencionaba como persona de confianza del ministro de Justicia y, por ende, del Gobierno de Espa?", ha remachado Sexmero. Este ha recordado que el Consejo tiene competencias en los nombramientos de magistrados del Supremo, presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y de Audiencias Provinciales. Y, seg? ha insistido el portavoz, muchos de estos ?ganos investigan precisamente a los aforados.
Fonseca-Herrero, nuevo encargado de los expedientes a los jueces
El recurso de la AFV se ha presentado este viernes, el mismo d? en el que el CGPJ ha celebrado un pleno para nombrar a Antonio Jes? Fonseca-Herrero, magistrado del Tribunal Supremo, como promotor de la acci? disciplinaria. El juez ha resultado designado para este puesto de nueva creaci?, que se encargar?de los expedientes a los jueces, por 20 votos a favor y uno en blanco.
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/31/actualidad/1391168471_227338.html
EL PRESIDENTE DEL SUPREMO ?SOLO SE DIRIGE A LOS HOMBRES MAGISTRADOS?
Tres juezas del Supremo recriminan al nuevo presidente de la instituci? su lenguaje sexista
Tres magistradas del Supremo, Celsa Pic? Isabel Perell?y Margarita Robles, las tres de la Sala de lo Contencioso-administrativo del alto tribunal, han recriminado al nuevo presidente de esa instituci? y del Poder Judicial, Carlos Lesmes, su lenguaje sexista. Lo hacen en su respuesta a dos cartas enviadas por Lesmes al Supremo y al resto de la carrera judicial en t?minos exclusivamente masculinos. ?O solo se dirige a los hombres magistrados o no tiene en cuenta la Ley de Igualdad?, afirman.
La carta de Lesmes, enviada el 16 de enero, est?encabezada por un: ?Queridos compa?ros?. ?Me dirijo a vosotros para ponerme a vuestra disposici??, prosigue. En la misiva expresa su deseo de que todos se sientan ?representados? en el CGPJ y asegura que la credibilidad de las instituciones y el servicio p?lico depende ?de vosotros?. ?Me comprometo a hacer del CGPJ no solo la casa de todos vosotros?, insiste en el pen?timo p?rafo. En todo el texto no hay un solo ejercicio de lenguaje no sexista.
Ese hecho ha ?sorprendido? a las magistradas, como explican en su contestaci?. ?A la vista del lenguaje utilizado, o bien solo se dirige a los hombres magistrados, con exclusi? de las mujeres que tambi? lo somos, o bien no tiene en cuenta lo dispuesto en el art?ulo 14 de la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres?. Ese art?ulo establece como criterio de actuaci? de la Administraci? ?la implantaci? de un lenguaje no sexista? y ?su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y art?ticas?.
Mayor? en la carrera
Por eso piden a Lesmes que en sus pr?imas comunicaciones ?no se excluya? a las magistradas del Supremo ni de ning? otro ?gano y ?se tenga en cuenta? la Ley de Igualdad y el Informe sobre lenguaje no sexista aprobado por el Parlamento Europeo en 2008.
La preponderancia de las mujeres en la carrera judicial se acent? cada a?. No solo son mayor? ?2.524 mujeres frente a 2.512 hombres, seg? el Informe sobre la estructura demogr?ica de la carrera judicial para 2013 del CGPJ?, sino que, desde hace a?s, m? mujeres que hombres aprueban la oposici? de ingreso (123 mujeres frente a 63 hombres en 2012). Este ?timo dato y el hecho de que las juezas y magistradas sean, de media, m? j?enes (44 a?s frente a los 50 de los hombres) indican que su presencia solo puede reforzarse cada vez m?.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/20/actualidad/1390247547_507647.html
EL KAMIKAZE CUYO INDULTO ANUL?EL SUPREMO TENDR?QUE VOLVER A LA C?CEL
Justicia decide esperar a que el Constitucional se pronuncie sobre el caso
Ram? Jorge R?s Salgado tendr?que volver a prisi? antes del pr?imo d? 7 de febrero, seg? fuentes jur?icas. R?s es el kamikaze al que el Gobierno concedi?un pol?ico indulto el 7 de diciembre de 2012, que fue anulado el pasado noviembre por el Tribunal Supremo al entender que el mismo no estaba suficientemente motivado. El Ejecutivo ha decidido no darle un indulto nuevo, ajustado a lo dicho por el Supremo, sino esperar a lo que dictamine el Constitucional.
El pr?imo 7 de febrero expiran los tres meses de plazo que el Supremo dio al Gobierno para que motivase las razones en que basaba la medida de gracia que propuso el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallard? al Consejo de Ministros, y que este aprob?
La familia de la v?tima del ?kamikaze? pide al Gobierno que acate el fallo
El 11 de enero de 2011, la Audiencia de Valencia conden?a este kamikaze a 13 a?s de c?cel por un delito grave de conducci? temeraria ?con desprecio para la vida de los dem?? en concurso ideal con otro delito de homicidio. R?s Salgado condujo su Opel M?num durante cinco minutos en sentido contrario por la autov? AP-7 (la que recorre todo el levante) y caus?la muerte a Jos?Alfredo Dolz Espa?, de 25 a?s, que circulaba correctamente con su coche, el 1 de diciembre de 2003, en un tramo entre la localidad valenciana de Silla y la alicantina de San Juan. La familia de la v?tima recurri?al Supremo al oponerse al indulto (el preso solo hab? cumplido 10 meses de prisi? y pagado una multa de 4.000 euros).
Tras la anulaci? de la medida de gracia, el alto tribunal dio al Gobierno un plazo de tres meses para que este la motivara. ?Introducir una nueva exigencia de motivaci? es algo que modificar? de facto la vigente Ley de Indulto?, declar?Ruiz-Gallard? a La Raz? el pasado 30 de diciembre.
Justicia podr? promulgar un nuevo decreto de indulto para R?s, pero no lo har? sino que dejar?que se pronuncie al respecto el Tribunal Constitucional, ante el que los abogados del kamikaze han recurrido al entender que se trata de una medida de gracia gubernamental que el Supremo no puede revocar. Por eso, el conductor condenado deber?volver a prisi? y esperar all?la decisi? del Constitucional, lo que puede durar varios a?s. Este indult?caus?gran alarma social por las connotaciones que le rodeaban. Seg? adelant?Informaci? de Alicante, el abogado del reo era Esteban Astarloa Huarte-Mendioca, hermano de Ignacio Astarloa, ex alto cargo del PP en el Ministerio del Interior. Este letrado trabajaba para el despacho Ur? y Men?dez, en el que tambi? est?empleado un hijo del ministro Alberto Ruiz-Gallard? (se trata del hijo que fue asaltado en Brasil cuando iba con un amigo al que los ladrones mataron durante el robo). El ministro ha se?lado que este indulto sigui?la misma tramitaci? que otros ?que ha otorgado este Gobierno y los anteriores?.
El de R?s Salgado es el primer caso de un indulto que anula el Tribunal Supremo, cuya sala de lo contencioso se reuni?para analizar el asunto tras el recurso que le elev?la familia del fallecido. El debate fue intenso y dur?tres d?s. La Sala estaba dividida. Al final se opt?por la opci? de anular el indulto y dar tres meses al Gobierno para que volviera a exponerlo, pero con una mayor argumentaci?. La decisi? final fue adoptada por una mayor? muy ajustada, 19 votos de magistrados contra 17. El ponente inicial de este asunto, que defendi?que una medida de gracia no puede ser anulada por los tribunales, fue Carlos Lesmes, ex alto cargo del Gobierno de Jos?Mar? Aznar y a quien el PP y Ruiz-Gallard? convirtieron el pasado diciembre, merced a los votos de los vocales afines, en presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.
Ruiz-Gallard? neg?cualquier trato de favor al conductor homicida
La sentencia del Supremo argumenta que incluso un indulto debe ser motivado; es decir, hay que explicar las razones por las que se concede. Y es que en este concurri? adem?, que tanto el tribunal de Valencia que conden?al kamikaze a 13 a?s de c?cel como la fiscal? se hab?n opuesto al mismo. La sentencia establece que los indultos, aun siendo una medida de perd? de car?ter pol?ico, est?sujeta a fiscalizaci? judicial.
El fallo judicial admite que la medida de gracia no es un acto administrativo t?ico, sino una decisi? singular y exclusiva del Ejecutivo, aunque destaca que, para evitar la arbitrariedad, debe ser motivada, porque la propia ley que regula esta medida de gracia recoge, en su exposici? de motivos, que la concesi? de un indulto, ?cualquiera que sea su clase, se har?mediante un decreto motivado?.
http://politica.elpais.com/politica/2014/01/06/actualidad/1389047734_491289.html
EL SECTOR AF? AL PP CONTROLAR?EL N?LEO DE PODER DEL PODER JUDICIAL
Lesmes coloca a hombres de su confianza en la Comisi? Permanente y apuesta por la transparencia en los ascensos
Desde que existe hace unos 30 a?s el Consejo del Poder Judicial, ning? presidente del ?gano de gobierno de los jueces, que tambi? lo es del Tribunal Supremo, hab? acumulado tanto poder como el que atesora ahora Carlos Lesmes. Este viernes, en su primera comparecencia ante la prensa tras su elecci? la semana pasada como primera autoridad judicial del Estado, Lesmes desgran?los principios que inspirar? la legislatura de este nuevo Consejo ("transparencia", "austeridad" e ?igualdad?); y, adem?, anunci?la composici? de las distintas comisiones de gobierno del Poder Judicial, en las que ha logrado colocar, en puestos clave, a personas de su total confianza.
El principal n?leo de poder del nuevo Consejo (porque as?lo impone el cambio normativo auspiciado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallard?, del PP) es la Comisi? Permanente. Sus miembros son los ?icos que gozan de dedicaci? exclusiva y ser? el filtro previo de todos los asuntos que llegue al Poder Judicial. El pleno del Consejo aval?este viernes por unanimidad, sin ninguna disidencia, que la Permanente, que Lesmes presidir?y en la que tiene voto de calidad, est?compuesta por otros dos vocales, como ?, afines al PP (Juan Manuel Fern?dez y Gerardo Mart?ez Trist?). En esta comisi?, pero en minor?, habr?tambi? dos vocales progresistas (el exdiputado del PSOE ?varo Cuesta Cuesta y la juez Mar Cabrejas, persona de confianza del negociador socialista para este Consejo Antonio Camacho). Y junto a ellos, Merc?Pigem, propuesta por los nacionalistas de CiU. Si no surgen voces d?cola, este n?leo duro estar? controlado, pues, por Lesmes como jefe m?imo sector conservador del Consejo.
Las tres comisiones restantes, cuyos miembros no tendr? dedicaci? exclusiva, las presidir? vocales que son magistrados del Tribunal Supremo. La Disciplinaria, Wenceslao Olea (y tambi? formar? parte de ella Carmen Llombart, Mar? Victoria Cinto, Roser Bach, Vicente Guilarte, Enrique Lucas y Mar? ?geles Carmona); en la de Igualdad estar? Clara Mart?ez de Careaga, adem? de Rafael Mozo y Concepci? S?z. Y en la de Asuntos Econ?icos, Rafael Fern?dez Valverde, Pilar Sep?veda, Fernando Grande-Marlaska, Juan Mart?ez Moya y Nuria D?z Abad. Salvo en la de Igualdad, el sector conservador tambi? se reserva la mayor?.
La propuesta de Lemes para que ?gel Juanes, ya expresidente de la Audiencia Nacional, sea su vicepresidente en el Supremo content?al PSOE porque se trata de un magistrado de talante progresista. Juanes y Lesmes son muy amigos y hacen deporte juntos desde hace a?s. Juanes es una propuesta de Lesmes que el pleno ratific?este viernes por unanimidad. Aunque casi todos los nombramientos lo fueron casi por unanimidad. Algunos son fruto de los recientes pactos PP y PSOE para repartirse el Consejo, respetando, eso s? la mayor? parlamentaria conservadora, y otros consensuados durante los ?timos d?s entre Lesmes y los propios vocales. El pleno tambi? aval?el nombramiento del nuevo secretario general del Consejo, que ser?Jos?Luis Terrero, otro hombre de la m?ima confianza de Lesmes, en sustituci? de Celso Rodr?uez Padr?. El vicesecretario ser?Jos?Jos?Luis de Benito, progresista. Gervasio Mart? ha sido nombrado jefe de estudios.
Tras anunciar todos estos nombramientos, Lesmes esboz?las que ser? las l?eas generales del nuevo ?gano de gobierno de los 5.000 jueces espa?les. ?Queremos gobernar con transparencia; antes no se sab? bien a qu?criterios obedec?n los nombramientos. Hoy asumimos el compromiso de la transparencia y vamos a publicar los curr?ulos de los aspirantes. Y los ciudadanos podr? conocer sus m?itos y los criterios de elecci?: queremos elegir a los mejores?. Lesmes record?c?o la Sala de lo Contencioso del Supremo, a la que ? pertenec?, anul?algunos nombramientos de Consejos anteriores y exigi?que se motivasen los ascensos. Algunos asistentes interpretaron sus palabras como ?un palo? al mercadeo de nombramientos de amiguetes que caracteriz?a algunos de los vocales del anterior Consejo. Dentro de esa pol?ica de transparencia, no especific? por ejemplo, si se mantendr? las entrevistas p?licas de los candidatos a altos cargos (incluidos los del Supremo) puestas en marcha por el anterior Consejo a propuesta del exvocal progresista F?ix Az?.
Lesmes indic?que este Consejo pretende ser el ??gano de gobierno de todos los jueces, sin exclusiones, y en el que todos, con independencia de asociaciones e ideolog?s, se sientan representados?. Tambi? se ha fijado como objetivo la ?igualdad? en los ascensos entre hombres y mujeres dentro de la carrera judicial. ?Las mujeres jueces representan hoy el 60% de la carrera, y resulta que s?o hay una mujer al frente de un Tribunal Superior de Justicia, de los 17 que hay; y en el Supremo s?o hay 10 mujeres, del total de 90 magistrados. Vamos a hacer un esfuerzo para reequilibrar". El nuevo presidente no permiti?preguntas a los periodistas. De hecho, sali?del sal? de plenos por una puerta trasera para esquivarlos.
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/20/actualidad/1387546968_728982.html
DIECIS?S PARTICIPACIONES EN LOS CURSOS DE FAES ?AVALAN? AL NUEVO PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL
Los momentos 'estelares' de la carrera de Carlos Lesmes: doble director general en los gobiernos de Aznar; se qued?solo defendiendo el indulto del kamikaze, la ilegalizaci? de Sortu que despu? tumb?el Constitucional
?Es un jurista s?ido, pero muy de derechas, muy conservador, aunque claro, eso en la judicatura no significa novedad alguna??. Es el resumen que hace a ELPLURAL.COM un fiscal que coincidi?con Carlos Lesmes Serrano cuando ?te, en los ?timos a?s 80, era un fiscal que preparaba sus oposiciones a magistrado de lo contencioso ?Entonces se pod? pensar que acabar? como ?jefe? de los jueces? ?Lo cierto es que siempre se movi?muy bien en el entorno del Partido Popular?, nos responden a modo de explicaci?.
?Por qu?Lesmes es el elegido?
Porque la pregunta es l?ita. En una carrera, como la judicial, donde la gran mayor? es ideol?icamente tan conservadora ?qu?permite a alguien destacar hasta convertirse en el ?elegido? para ser el que dirija el tercer poder del estado, cuando resulta absolutamente necesario para alcanzar ese puesto el apoyo pol?ico? La carrera de Carlos Lesmes permite quiz? responder a la pregunta.
De lo evidente de su curriculum resulta f?il hacer un r?ido resumen. Madrile?, de 55 a?s, comenz?su carrera como fiscal en los a?s 80, y una d?ada despu? se pas?a la magistratura, dentro del cuerpo de jueces de lo contencioso-administrativo. Mientras ejerc? su labor, su relaci? con los miembros del Partido Popular fue siempre lo suficientemente estrecha como para que se acordaran de ? ya en el primer gobierno de Aznar. En 1996 le sacaron de su puesto de magistrado de los Contencioso-Administrativo en Valencia y ya no se bajar? de puestos en la Administraci? hasta que el PP perdi?las elecciones en 2004.
Un hombre de confianza del PP
Porque primero le nombraron director general de Objeci? de Conciencia. Una tarea que ahora puede parecer menor, pero que en su momento ten? miga, porque se trataba de canalizar el fin del servicio militar obligatorio. Y en el segundo mandato de Aznar le ?ascendieron? a un puesto clave en el Ministerio de Justicia, el de director general de Relaciones con la Administraci? de Justicia. No es este cualquier cargo, porque como su nombre indica es la persona responsable de realizar el enlace entre Gobierno y jueces. O sea, de ?vender ?denes y filosof?? del Ejecutivo a la magistratura y recibir ?quejas y peticiones? de los jueces hacia el Gobierno.
Despu? de su ?carrera pol?ica?, Carlos Lesmes volvi?a la carrera judicial, pero ya en ?otro escal??. En 2005 fue elegido presidente de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, y en 2010, siempre con el creciente apoyo del PP, pas?a ocupar un puesto de magistrado de lo Contencioso, pero ya en el Supremo. De su trabajo en el Supremo quedan en la memoria de todos con quienes se habla tres actuaciones que admiten ?elaboraci?? por su contenido ideol?ico y por los implicados en los casos: fue el ponente de la sentencia de la ilegalizaci? de Sortu, que acabar? siendo anulada por el Constitucional; fue el ponente de la anulaci? parcial del indulto al banquero Alfredo Sanz; y por un tiempo fue el candidato a ser ponente de la resoluci? del tristemente famoso indulto al kamikaze de Valencia, una ocupaci? de la que no pudo llegar a hacerse cargo porque se qued?literalmente solo defendiendo el indulto y ante una opini? tan minoritaria debi?ser sustituido como ponente por otro magistrado m? capacitado para lograr consenso.
Gallard?, un hombre clave en su carrera
Como se recordar? el asunto del kamikaze de Valencia lo llev?el bufete de abogados donde trabaja el hijo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard?. Pero adem?, conviene tambi? recordar, y esto se subraya menos en los medios, que quien defend? al conductor kamikaze era Esteban Astarloa, hermano del influyente pol?ico del PP Ignacio Astarloa.
Estos dos nombres, los de Gallard? y el de Astarloa no resultan para nada ajenos a la carrera pol?ica de Lesmes. El primero, amigo personal, seg? todas las fuentes ha jugado un papel decisivo en la elecci? de Lesmes para presidir a los jueces, e incluso este verano, por su trabajo en la redacci? de la nueva Ley Org?ica del Poder Judicial, le impuso la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Pe?fort. El segundo es un hombre de FAES, con el que el ahora presidente del Consejo General del Poder Judicial ha coincidido en cursos.
En el caladero ideol?ico del PP, la FAES
Porque, aqu?est?quiz? la gran clave para entender la respuesta a la pregunta que plante?amos inicialmente ?Qu?hace destacar a Carlos Lesmes entre tantos otros magistrados conservadores? ?Por qu?es el ? que ha elegido el Partido Popular para un cargo relevante, y que lo va a ser a? m? en los pr?imos meses y a?s dados los casos que tendr? que verse en el Tribunal Supremo? Carlos Lesmes es un hombre no s?o cercano al PP, es un hombre parte del PP. O as?puede deducirse de un hecho relevante: ha participado al menos en 16 cursos organizados por FAES, la gran fundaci? ideol?ica del Partido Popular, en los ?timos diez a?s. Muy intensamente entre 2003 y 2010.
FAES, la fundaci? que como se sabe preside Jos?Mar? Aznar, es el gran caldero donde se cuecen las ?ideas del PP?, donde se preparan los argumentos que van a encaminar el paso del partido, pero tambi? el lugar donde a trav? de sus cursos y ponencias se encuentran, forman y tamizan los cuadros de relevancia del partido conservador.
Una vida ?paralela? a Enrique L?ez, el ?ultrajuez? que lleg?al Constitucional
Como se puede ver en el archivo adjunto, realizado a partir de las memorias de FAES, Carlos Lesmes comenz?a asistir a los cursos de esta fundaci? en el a? 2003. Y en ellos, como coordinador o como asistente, ha ido participando en la elaboraci? del pensamiento ?popular? en materia de justicia: el nuevo derecho penal y penitenciario, los nuevos juzgados de lo mercantil, el proyecto de Ley en relaci? con la violencia contra las mujeres, la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional, la modernizaci? de la Justicia, los juicios r?idos?
Pero, para darse cuenta del peso de lo que sucede en FAES, no es menos relevante que el contenido de lo que se debate, comprobar los nombres de las personas que coinciden en los cursos y su posterior proyecci?. Por ejemplo si se ve el listado de asistentes a los cursos y ponencias en los que particip?Carlos Lesmes entre 2003 y 2009 se notar?una persistente coincidencia de otro nombre junto al suyo, el de Enrique L?ez L?ez, otro juez con historia y proyecci? por su adscripci? ideol?ica y por el que el PP apost?muy fuerte.
Refrescamos la memoria sobre Enrique L?ez (se puede ver su historial m? detallado pinchando en este perfil recogido en Losgenoveses.net): es el magistrado que el PP se empe? en incluir en todas las candidaturas para la renovaci? del Constitucional a partir de 2008, a pesar de que incluso un informe de los letrados del Senado se?laba que no cumpl? los requisitos para entrar en el alto tribunal, entre otras cosas por la simple raz? de que no ten? entonces la necesaria antig?dad de 10 a?s como magistrado. Lo que suced? era que se le utilizaba, con su consentimiento, para bloquear la renovaci? del Constitucional durante los gobiernos socialistas, a la espera de poder contar con mayor? conservadora. Eso s? los populares le han agradecido a Enrique L?ez su gesto, y, aunque entr?con forceps, ya es miembro del Constitucional.
Papel clave para cuando asuntos como la trama G?tel lleguen al Supremo
Pero volvamos a Carlos Lesmes. Su rol en el futuro inmediato va a ser fundamental. Y es que quien preside el CGPJ, tambi? es presidente del Tribunal Supremo, por lo que Lesmes tendr?un papel l?icamente decisivo en la renovaci? de plazas vacantes que se deben llevar a cabo en este tribunal, y que, seg? ha sabido ELPLURAL.COM, ahora son cuatro y a las que se sumar? por jubilaci? alguna m? en las pr?imas semanas. Jueces, en algunos casos, que tendr? que ver los recursos de procesos en estos momentos abiertos, en los que se ve envuelto el Partido Popular (de manera muy destacada el asunto por la trama G?tel-B?cenas) y que, es m? que previsible, acabar? con sus sentencias recurridas en el Alto Tribunal.
Dec? en una entrevista Carlos Lesmes, al tiempo que reconoc? ser un hombre de profundas ideas religiosas que ?en este pa?, si tienes convicciones religiosas te encasillan como conservador?, y si encima tienes 5 hijos, ya tienes que ser el Opus?. Y a continuaci? se preguntaba ??qu? supone ser conservador??. Se inicia este jueves su carrera al frente del gobierno de los jueces, con sus acciones quiz? nos d?? mismo contestaci? a su ret?ica pregunta.
CARLOS LESMES, UN MAGISTRADO CONSERVADOR DE PROFUNDAS RA?ES RELIGIOSAS
Carlos Lesmes ser?elegido este lunes nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Supremo para los pr?imos cinco a?s. Su nombre ha sido el m? sonado desde que el ministro Alberto Ruiz-Gallard? pis?el acelerador hace aproximadamente un mes para renovar el ?gano de los jueces, cuyos vocales se encontraban en funciones desde el pasado mes de septiembre. El Gobierno quiere que sea Lesmes la persona que dirija el Poder Judicial y as?lo ha negociado con el principal partido de la oposici?.
Lesmes es magistrado del Tribunal Supremo desde algo m? de tres a?s, pero parte de su carrera ha estado destinada a la pol?ica. Fue director general de Relaciones con la Administraci? de Justicia desde 2000 hasta 2005, es decir, en el ?timo Gobierno de Jos?Mar? Aznar, con ?gel Acebes y Jos?Mar? Michavila como ministros. Fuentes del Alto Tribunal sostienen que no tiene el suficiente bagaje jur?ico para presidir el Supremo, principalmente, porque lleva poco tiempo y ha llegado muy quemado de la pol?ica.
Desde el tribunal donde trabaja ahora no acaban de ver con buenos ojos su nombramiento, porque se esperaba que se eligiera a alg? magistrado con m? tiempo ejerciendo, como Juan Saavedra o ?gel Calder?, cuyos nombres tambi? sonaron en las quinielas. No quieren que se repita lo del anterior presidente, Carlos D?ar, quien lleg?a su puesto sin haber pisado antes el Supremo, inexperiencia que se notaba en la toma de decisiones y en la labor del d? a d?. Finalmente, s?o ha quedado otra candidata junto a ?, Pilar Teso, aunque fuentes pr?imas al CGPJ aseguran que lo previsible es que Lesmes se quede de presidente, para ocupar ella el puesto de vicepresidenta del Supremo.
Sin embargo, fuentes muy pr?imas a ? aseguran que tiene un alto sentido institucional con un perfil muy t?nico, todo lo contrario a un pol?ico al uso. Le definen como hombre noble, reflexivo m? que impulsivo, aunque persuasivo; profundamente vocacional, serio y cordial. No son pocos los que le definen como un profesional de alto nivel jur?ico con una notable experiencia en la carrera judicial. Su nivel t?nico, precisamente, sirvi?para formar parte del comit?que elabor?las dos ?timas leyes org?icas del Poder Judicial, la ?tima de ellas la que ha cambiado parte de la composici? y funcionamiento del CGPJ que ahora va a presidir. Quienes le conocen dicen que tiene evidentemente un perfil conservador, ideol?ico pero muy t?nico. Otras fuentes dicen que sin duda es un magistrado politico y ahora ha sido un gran apoyo para Gallardon.
Toma de posesi? de los nuevos vocales del CGPJ, con el Rey Juan Carlos y Alberto Ruiz-Gallard? (EFE)Toma de posesi? de los nuevos vocales del CGPJ, con el Rey Juan Carlos y Alberto Ruiz-Gallard? (EFE)Madrile? de 55 a?s, se cas?en 1983 con Marieta Mansilla Lesmes. De padre doctor, se inici?como fiscal para en 1993 pasarse a la carrera judicial. Ha sido presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y Presidente de la Secci? Primera de dicha Sala hasta su nombramiento como magistrado del Supremo. Como Fiscal, estuvo destinado en las Audiencias de Alicante y Madrid y en el Tribunal Constitucional.
Lesmes tiene cinco hijos y desde su entorno destacan que es un hombre muy familiar, que sabe escuchar y es muy amigo de su amigos. Es un hombre de profundas ra?es religiosas y muy pr?imo al catolicismo. Viene de la conservadora Asociaci? Profesional de la Magistratura (APM) y no es la primera vez que su nombre suena para un cargo. Hace dos a?s, ya estuvo en las quinielas para fiscal general del Estado aunque finalmente fue Eduardo Torres Dulce el elegido.
Precisamente, ?te ha criticado la elecci? de los nuevos vocales del CGPJ al no haber sido elegido por parte del Congreso de los Diputados, ni del Senado a ning? miembro de la carrera fiscal. Que Lesmes provenga de ella puede ser una manera de calmar el malestar de los fiscales, que han visto como por primera vez no van a estar representados en el ?gano que regula a los jueces.
Kamikaze, S?nz y Sortu
Durante su estancia en el Supremo ha sido el ponente de dos asuntos muy espinosos para el Ejecutivo. El primero de ellos afectaba al anterior Gobierno, al anular el indulto concedido por Jos?Luis Rodr?uez Zapatero al exn?ero dos de Emilio Bot? en el Banco Santander, Alfredo S?nz. Defendi?en su ponencia que no se pod?n retirar los antecedentes penales del banquero, impidi?dole de ese modo que pudiera seguir ejerciendo en el sector bancario.
Alfredo S?nz (EFE)Alfredo S?nz (EFE)Tiempo despu?, le toc?la ponencia sobre el recurso interpuesto contra el indulto aprobado por Ruiz Gallard? al conductor kamikaze, que provoc?la muerte de otro conductor y graves heridas a la acompa?nte, tras conducir 5 kil?etros. en sentido contrario en la AP-7. En ese momento, Lesmes ya sonaba como candidato cuando realiz?un informe favorable al indulto, que fue muy criticado porque en el despacho de abogados que defendi?al condenado trabaja el hijo del ministro de Justicia. La mayor? de sus compa?ros se opusieron a dar el visto bueno a la medida de gracia y Lesmes tuvo que abandonar la ponencia.
Su nombramiento como magistrado del Supremo tampoco estuvo exento de cierta pol?ica despu? de que una compa?ra de la Audiencia Nacional lo impugnara junto al de otros tres magistrados. Finalmente, el Alto Tribunal le dio la raz? a Lesmes y se?l?que sus puestos como director general de Objeci? de Conciencia y posteriormente del departamento de Relaciones con la Administraci? de Justicia durante el gobierno de Jos?Mar? Aznar eran de ?evidente contenido jur?ico?, por lo que no restaban m?itos para su designaci?. Ante las afirmaciones de la recurrente sobre el hecho de que los nombramientos obedec?n a la asignaci? de cuotas entre determinadas asociaciones judiciales, el Alto Tribunal apunt?que, si bien los datos sobre adscripci? a las asociaciones de los magistrados designados para el Supremo son ciertos, ?tal realidad no significa que el nombramiento de Carlos Lesmes Serrano se haya debido, en lugar de a los m?itos que en ? ha apreciado el CGPJ, a su pertenencia a la Asociaci? Profesional de la Magistratura?.
Como ponente, Lesmes tambi? firm?la sentencia en la que avalaba el recurso de la Abogac? del Estado en contra de que Sortu, formaci? abertzale, se pudiera apuntar en el registro de partidos, una decisi? que despu? fue tirada por tierra por el Tribunal Constitucional que permiti? que Sortu pudiera presentarse a las elecciones.
PP Y PSOE PACTAN QUE LESMES PRESIDA EL PODER JUDICIAL
Pilar Teso, progresista, podr? ser vicepresidenta del Supremo
El pacto entre PP y PSOE para que el magistrado conservador Carlos Lesmes sea el nuevo presidente del Consejo del Poder Judicial se va cumpliendo poco a poco. La progresista Pilar Teso Gamella, presentada ayer para competir con Lesmes aunque con pocas posibilidades, podr? terminar siendo icepresidenta del Supremo. Los nuevos vocales del Consejo, que este mi?coles por la ma?na juraron sus cargos ante el Rey, celebraron luego su primer pleno y, de acuerdo con ese pacto, votaron mayoritariamente ambos nombres como candidatos para ocupar los primeros sillones de la judicatura. Salvo sorpresa de ?tima hora, el lunes, tal como les han dicho los pol?icos que les han propuesto, elegir? a Lesmes presidente. El sector progresista espera que este proponga a Teso para la vicepresidencia del Supremo.
Te?icamente, seg? la ley, para preservar la independencia judicial, son los 20 vocales (elegidos por el Congreso y Senado) quienes eligen al presidente, pero es tradici? que el nombramiento lo pacten los dos grandes partidos. Los nombramientos de vocales se los reparten (en una extrapolaci? de la cuota de poder que tienen ambos en el Congreso y Senado) en funci? de afinidades ideol?icas y personales. Y, casi a la vez, les dicen a qui? tienen que votar para presidente.
Te?icamente son los 20 vocales quienes eligen a su jefe, seg? la ley
Lesmes, que fue propuesto por la vocal conservadora Mar? ?geles Carmona, era el candidato del ministro Gallard?. Teso fue promovida por la vocal progresista Clara Mart?ez, esposa del exfiscal general C?dido Conde-Pumpido, nombrado por el Gobierno de Jos?Luis Rodr?uez Zapatero.
Ayer, los nuevos vocales ?obedientes con las directrices del PP y PSOE? los pusieron sobre la mesa en una parrilla de salida en la que los vocales ya saben qui? quedar?primero y segundo. Fuentes del Consejo se?lan que los nombres a los que deb?n votar los vocales le fueron dados hacia las cinco de la tarde, justo la hora en que comenz?el pleno. Tras mencionar la citada secretaria judicial el nombre de Lesmes, casi todos los vocales conservadores lo secundaron. Y los progresistas hicieron lo mismo despu? de que Clara Mart?ez pusiera sobre la mesa el de Pilar Teso.
Ni el PP ni el PSOE quer?n que se reprodujera la escena que se vivi?en el anterior Consejo cuando el nombre del presidente, en ese caso fue Carlos D?ar, fue anunciado desde La Moncloa cuatro d?s antes de que los vocales, que son los que por ley tienen esa facultad, le eligieran. Muchos vocales se mostraron entonces avergonzados con lo ocurrido, y no tuvieron f?il apelar a aquello de que el presidente D?ar hab? sido una elecci? de ellos, no pol?ica.
El magistrado llamado a ser nuevo presidente del Supremo y del Consejo, Carlos Lesmes, pertenece a la Sala de lo Contencioso del Supremo, al igual que Pilar Teso (la presencia de jueces de esta Sala en el nuevo Consejo es muy relevante). Lesmes fue director general de Justicia en el Gobierno de Jos?Mar? Aznar. Era una apuesta de Ruiz-Gallard? avalada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y luego consensuada con el secretario general del PSOE, Alfredo P?ez Rubalcaba. Los socialistas conf?n en que Teso ocupe la vicepresidencia del Supremo: un puesto de nueva creaci?, de gran importancia porque sustituir?al presidente durante sus ausencias. Teso, que tiene un perfil muy t?nico, trabaj?en el Gabinete del exsecretario de Estado de Justicia Luis L?ez Guerra durante el Gobierno de Jos?Luis Rodr?uez Zapatero. Es decir, los dos han estado en Justicia con distintos Gobiernos.
Durante el pleno celebrado este jueves, algunos vocales sacaron a colaci? como candidatos a presidente los nombres de otros jueces, pero ?solo fue un mero parip? seg? fuentes del nuevo Consejo. Fue el presidente en funciones, Rafael Fern?dez Valverde, el de m? edad, quien anunci?los nombres de Lesmes y Teso. Fern?dez eludi?responder a las preguntas que le formularon los periodistas; entre ellas, la de si era o no una casualidad que los vocales elijan ahora a alguien cuyo nombre fue filtrado hace meses.
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/04/actualidad/1386182909_637907.html
EL PASADO SIGUE EN EL PODER JUDICIAL
La reforma del consejo no ha alterado el esquema b?ico de reparto de poder entre los partidos
Las grandes formaciones huyen de vocales d?colos
Entre los 20 flamantes vocales del Poder Judicial que jurar? sus cargos el pr?imo d? 4 ante el Rey, hay de todo: esposas y esposos de?, amigos y apadrinados de?, militantes de?, ex pol?icos y hasta pol?icos. La sensaci? gatopardista de que el ministro Alberto Ruiz-Gallard? ha tirado del BOE para que todo siga igual, pero con la apariencia de que todo se ha cambiado, est?instalada en amplios sectores de la judicatura; convencidos de que PP y PSOE pod?n haber conformado un Consejo similar al actual con la anterior normativa reguladora de la elecci? de vocales y funcionamiento del ?gano de gobierno de los 5.000 jueces espa?les. E incluso se ha dado entrada a jueces no asociados (cinco), tradicionalmente proscritos pese a representar a m? de la mitad de la carrera. Pero todos ellos son de contrastada afinidad ideol?ica con quienes les nombran.
Y es que la esencia del sistema se mantiene: es decir, como siempre, PP y PSOE se han repartido las vocal?s del Consejo en lo que podr? catalogarse de extrapolaci? de sus cuotas de poder parlamentarias. Si el PP tiene mayor? absoluta en el Parlamento, tambi? la tendr?en el Poder Judicial, donde se ha reservado diez vocal?s. Y se ha pactado pese a que en la misma ley, que aparentemente todo lo cambia, el PP introdujo una cl?sula que, en esta legislatura y con mayor? cualificada en el Senado, le habr? permitido renovar el Poder Judicial y garantizarse la mayor? absoluta aunque el PSOE hubiese bloqueado la negociaci? en el Congreso. Si el PP se ha reservado diez hombres en el Consejo, el PSOE se ha conformado con siete (no anda sobrado de cargos p?licos y hab? muchas bocas deseosas de acceder a un cargo con unos 6.000 euros netos de sueldo). A IU le han dejado poner a una consejera (la secretaria judicial Concepci? S?nz) y dos a los nacionalistas de CiU (su diputada Merc?Pigem) y PNV (el abogado Enrique Lucas). PP y PSOE han meditado mucho sus listas antes de cerrarlas. Huyen de experiencias anteriores de vocales d?colos.
En el anterior Consejo hab? dos fiscales (en este ninguno, lo que ha disgustado al ministerio p?lico), y solo una juez del Supremo (en este hay tres, que ser? cuatro cuando se sume y sea votado el presidente, que lo propone el PP).
Marlaska y el juez que decide sobre la sanidad madrile?, en el Poder Judicial
Desde el Supremo, cuya sede est?enfrente de la del Consejo, a veces se ha visto con cierto desd? algunas decisiones del Poder Judicial. No por la instituci? en s? sino por sus integrantes, normalmente, de inferior categor? en la carrera judicial. Pero, aunque les tumbaban decisiones, la realidad, el poder, se impon?: y es que, por ejemplo, para ser magistrado del Supremo hay que pasar por la criba del Consejo.
Acabar con esa percepci? de que mayoritariamente el Consejo lo integraban jueces de la escala b?ica o intermedia, unido al esc?dalo de los viajes caribe?s del expresidente del Consejo y del Supremo Carlos D?ar ?que tuvo que dimitir?, fue uno de los elementos que influyeron en Ruiz-Gallard? para poner patas arriba la forma de elecci? de los vocales. Y, de camino, restar el tradicional poder de las asociaciones hermanas de los grandes partidos (la conservadora APM y la progresista JpD) en la designaci? de sus miembros. Tres huelgas de jueces le cost?al ministro el cambio normativo, que se vendi?como un arma para aumentar la calidad del Consejo, la de sus integrantes y, en consecuencia, su independencia del poder pol?ico. Pero eso es solo sobre el papel. Y, como ejemplo, el hecho de que la aspirante que dispuso de m? avales de sus compa?ros, la juez Roc? P?ez-Puig, ni siquiera ha estado en las listas que se han intercambiado PP y PSOE.
En el lado del PP ocurre por el estilo y tambi? todos tienen sus padrinos. Como el presidente de la Sala de lo Contencioso de Madrid, Gerardo Mart?ez Trist?, marido de una consejera en Castilla-La Mancha de la n?ero dos del PP, Dolores de Cospedal; o la juez valenciana Carmen Llombart, apadrinada por el vicepresidente saliente, Fernando de Rosa; y la de Mar? ?geles Carmona con el vocal saliente Antonio Dorado. Tambi? han pesado las buenas relaciones con el ministerio de Ruiz-Gallard?, como en los casos de los presidentes de los tribunales superiores de Navarra y Murcia (Juan Manuel Fern?dez y Juan Mart?ez); o las que mantiene el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska con los populares.
Est?previsto que el lunes de la pr?ima semana los nuevos vocales se re?an para elegir al presidente. Los dos nombres que m? suenan son el del presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra, y el magistrado de la Sala de lo Contencioso, y exalto cargo de Justicia con el PP Carlos Lesmes. Algunos vocales juran que a? no les han dicho a qui? han de votar. En conclusi?, una reedici? del gatopardismo (cambiarlo todo para que todo siga igual).
Un consejero recusado por el PSOE
El nombramiento como vocal del Poder Judicial del magistrado Gerardo Mart?ez Trist? ha sido la causa de la dimisi? como senador del secretario general de los socialistas madrile? Tom? G?ez. Opina que el PSOE debi?vetarle como consejero. Desde 2006, Mart?ez Trist? es presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Madrid. Tambi? es marido de una consejera de la Junta de Castilla-La Mancha que preside la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. Trist? est? recusado como juez por el PSOE por haber abocado a los 50 jueces de su Sala para unificar criterios sobre los recursos que penden del proceso de privatizaci? de hospitales de Madrid. Dado que hab? resoluciones dispares, Mart?ez Trist? convoc?a toda la Sala a un pleno a finales de octubre. No logr?su objetivo: por 13 votos a favor de su tesis y 33 en contra, los jueces optaron por no unificar ning? criterio y que cada secci? resuelva como mejor entienda. G?ez vio en esa jugada un intento de Trist? de que la justicia no obstaculice el proceso. Al estar recusado por el PSOE, el Tribunal Superior de Madrid ha tenido que constituir una sala especial para decidir si procede o no la recusaci?. El presidente de la Sala de lo Penal del TSJ, Francisco Vieira, preside tambi? esta sala especial, y coincide que ha pedido una de las dos plazas que han quedado vacantes en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (la de los magistrados Perfecto Andr? y Carlos Granados).
Seg? fuentes judiciales, en este nuevo Consejo, como ocurri?en los anteriores, ha primado la afinidad ideol?ica o el amiguismo. Tambi?, y en no pocos casos, la solvencia profesional. Entre los elegidos por el PSOE se halla la magistrada del Supremo Clara Mart?ez, esposa del exfiscal general C?dido Conde-Pumpido; o Roser Bach, apuesta de los socialistas catalanes, aunque es esposa del consejero de Justicia del l?er de CiU Artur Mas; o la de Pilar Sep?veda, amadrinada para el Consejo por la presidenta socialista de Andaluc?; o la de magistrada Mar? Victoria Cincto, apoyada por los socialistas vascos; o Mar? del Mar Cabrejas, del juzgado 55 de Madrid, apadrinada por el negociador socialista para este Consejo, Antonio Camacho. O la del diputado ?varo Cuesta, exdiputado socialista.
http://politica.elpais.com/politica/2013/12/01/actualidad/1385923909_753062.html
MARLASKA Y EL JUEZ QUE DECIDE SOBRE LA SANIDAD MADRILE?, EN EL PODER JUDICIAL
Gobierno y PSOE cierran la renovaci? del Consejo
Los nuevos vocales deber? elegir al presidente, presumiblemente Lesmes
El presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, y el juez que encabeza la decisi? sobre la pol?ica privatizaci? de la sanidad madrile?, Francisco Gerardo Mart?ez Trist?, estar? en el nuevo Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP. Como la nueva ley solo exige dedicaci? exclusiva para seis vocales de forma rotatoria, ambos podr? mantener esos cargos con decisiones importantes pendientes, salvo cuando sean incluidos en la comisi? permanente.
El Gobierno y el PSOE cerraron este lunes la lista de los 12 jueces que completar? el nuevo Consejo. La semana pasada fueron ya presentados los nombres de los ocho vocales que no son de procedencia judicial y que el viernes pasaron el tr?ite de audiencia previo en el Congreso y el Senado. Los plenos de las C?aras votar? a los 20 vocales antes del mi?coles y, una vez que estos tomen posesi? ante el Rey, se reunir? y elegir? al presidente.
El nuevo Consejo tendr?10 miembros conservadores, siete propuestos por el PSOE, uno de IU, uno de CiU y otro del PNV. A esa mayor? conservadora se sumar?el presidente. Es decir, que ya todas las instituciones del Estado tendr? mayor? conservadora af? al actual Gobierno.
Te?icamente, son los vocales los que eligen al presidente, pero el nombre suele ser propuesto por el presidente del Gobierno y comunicado al l?er de la oposici?. En este caso, el que m? posibilidades tiene es Carlos Lesmes, magistrado del Supremo y exdirector general de Justicia con los gobiernos de Jos?Mar? Aznar.
Con esa mayor?, los conservadores se aseguran capacidad para los nombramientos estrat?icos, porque la reforma del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard?, elimina las mayor?s cualificadas, que obligaban hasta ahora a pactos las decisiones trascendentes. Por ejemplo, para los nombramientos de la c?ula judicial.
De los siete jueces que propone el PP, solo hay una mujer, y de los cinco del PSOE hay cuatro. En el conjunto del Consejo habr?paridad. Entre los 12 de ambos partidos hay tres no adscritos a ninguna asociaci? y los tres propuestos por el PP: Marlaska, Rafael Fern?dez Valverde y Mart?ez Trist?. Es decir, la progresista Jueces para la Democracia ser?la m? representada, aunque la mayoritaria en la carrera sea la conservadora Asociaci? Profesional de la Magistratura. No estar?la juez que present? m? avales de sus compa?ros, Roc? P?ez-Puig, pero s?la que menos, Victoria Cinto, a propuesta del PSOE. Los propuestos por el PP son:
? Francisco Gerardo Mart?ez Trist?. Preside la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Madrid, donde se estudia la privatizaci? de la sanidad. Recusado por el PSM por estar casado con una consejera de Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Fue letrado del Consejo, juez desde 1988.
? Fernando Grande-Marlaska. Desde 2012 es presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. No adscrito a ninguna asociaci?, ingres?en la carrera en 1988. Ha sido muy criticado estos d?s desde medios conservadores por dirigir la excarcelaci? de etarras afectados por la anulaci? de la doctrina Parot.
? Rafael Fern?dez Valverde. Desde 2003 es magistrado de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo. Ya fue vocal del Consejo entre 1996 y 2001. Ingres?en la carrera judicial en 1976.
? Wenceslao Francisco Olea Godoy. Tambi? magistrado de lo contencioso del Supremo. Ingres?en la carrera judicial en 1984 y pertenece a la APM.
? Juan Manuel Fern?dez Mart?ez. Desde 2004 es presidente del Tribunal Superior de Navarra. Ingres?en 1985 y es de la APM.
? Juan Mart?ez Moya. Desde 2004 es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y antes fue letrado del Consejo. De la APM, en la carrera desde 1988.
? Carmen Llombart P?ez. Juez desde 1980, es presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia. Juez desde 1980, de la APM.
Los propuestos por el PSOE:
? Clara Mart?ez Careaga. Es la ?ica propuesta por el PSOE que pertenece al Tribunal Supremo. Forma parte de la sala de lo militar, es de Jueces para la Democracia e ingres?en la carrera en 1983. Est?casada con el anterior fiscal general del Estado, C?dido Conde-Pumpido.
? Mar? Victoria Cinto Lapuente. Fue viceconsejera de Justicia del Pa? Vasco en el Gobierno de Patxi L?ez y presidenta de la Audiencia de Guip?coa. Es juez desde 1987. De Jueces para la Democracia.
? Roser Bach. Es juez desde 1990. Magistrada de la Audiencia de Barcelona, fue directora de la Escuela Judicial hasta septiembre. Casada con el consejero de Justicia de Catalu? y miembro de Jueces para la Democracia.
? Rafael Mozo Muelas. Desde 1998 es magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. De Jueces para la Democracia, ingres?en la carrera en 1985.
? Mar? del Mar Cabrejas Guijarro. Juez desde 1991, pertenece a Jueces para la Democracia y es titular del juzgado 55 de primera instancia de Madrid.
Del grupo de vocales no procedentes de la carrera judicial, el PP propuso a Nuria D?z (abogada del Estado); Vicente Gularte (catedr?ico) y Mar? ?geles Carmona (secretaria judicial). El PSOE a ?varo Cuesta y a Pilar Sep?veda.
Izquierda Unida, que se sum?en el ?timo momento al pacto y que no ten? representaci? en el Consejo saliente, propuso a la secretaria judicial Concepci? S?z.
CiU, que ya estaba en el ?gano que cesa, propuso a Merc?Pigem, ahora diputada por Barcelona. Tambi? estaba ya el PNV, que ahora propone al abogado Enrique Lucas Murillo.
Ser?el primer Consejo en el que se aplicar?la reforma que est? recurrida ante el Tribunal Constitucional. La primera batalla ser?la designaci? de los seis miembros de la comisi? permanente que tendr? dedicaci? exclusiva. Gallard? rectific?en esa reforma los principios hist?icos del PP y su programa electoral para aceptar la designaci? parlamentaria de todos los vocales.
En las conversaciones y para cumplir esos cupos dejaron de incluir fiscales, por primera vez en la historia del Consejo. Y eso que tendr?que informar el futuro anteproyecto de C?igo Penal Procesal que dar? la funci? de instruir a los fiscales por primera vez. La falta de peso pol?ico del actual fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha influido en esta llamativa omisi?. El probable presidente, Carlos Lesmes, ejerci?como fiscal entre 1984 y 1993, pero a partir de esa fecha entr?en la carrera judicial.
Los socialistas aseguran que el respeto institucional les ha llevado a buscar el acuerdo, aunque tienen recurrida la ley. Les favorece que hayan entrado CiU, PNV e IU. Y fuentes de Justicia explican que el amplio consenso final supone un ?ito pol?ico de Gallard?, tras haber aprobado la reforma en solitario. Sin tener que ejercer la posibilidad de renovar en el Senado solo con su mayor?.
http://politica.elpais.com/politica/2013/11/25/actualidad/1385402216_510746.html
CARLOS LESMES, MAGISTRADO Y EX ALTO CARGO DE JUSTICIA, SE PERFILA COMO PRESIDENTE
Populares y socialistas niegan haber acordado ya el nombre
La ley establece claramente que al presidente del Consejo General del Poder Judicial lo eligen libremente los vocales en su primer pleno. Pero es un cl?ico en las sucesivas renovaciones que es el presidente del Gobierno de turno el que propone un nombre al l?er de la oposici?. Luego se re?e a los respectivos vocales y en el primer pleno eligen al designado por los dos grandes partidos.
La ?ica excepci? es el actual presidente, Gonzalo Moliner, elegido hace solo un a?, tras la dimisi? de Carlos D?ar que a su vez fue propuesto por Jos?Luis Rodr?uez Zapatero, entonces presidente del Gobierno.
Ahora, populares y socialistas niegan haber acordado ya el nombre que los vocales votar? en el primer pleno. En las quinielas, seg? fuentes de la negociaci?, el mejor colocado es Carlos Lesmes, magistrado del Tribunal Supremo y uno de los que defendi?este mes, en contra de la mayor? de la sala, el pol?ico indulto del Gobierno a un conductor kamikaze. Lesmes fue director general de Relaciones con la Administraci? de Justicia desde el 12 de mayo de 2000 hasta septiembre de 2005, es decir, en el ?timo Gobierno de Jos?Mar? Aznar, con ?gel Acebes y Jos?Mar? Michavila como ministros.
Lesmes procede de la carrera fiscal, hasta que en 1993 ingres?en la carrera judicial.
Tambi? se ha barajado para ese puesto a Juan Saavedra, magistrado del Supremo. El Gobierno del PP tante?incluso el nombre de Jorge Rodr?uez Zapata, miembro de la sala tercera del Supremo y exmagistrado del Tribunal Constitucional. El PSOE rechaz?este nombre y, por tanto, podr? haber perdido definitivamente sus opciones.
Del turno de jueces, el PP contempla los nombres del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, y del magistrado del Supremo, Jos?L?ez Garc? de la Serrana.
En el cupo del PSOE se incluir?n Clara Mart?ez de Careaga, magistrada de la sala de lo militar del Tribunal Supremo, y Roser Bach, magistrada y exdirectora de la Escuela Judicial. Es candidata tambi? Celima Gallego, magistrada y responsable de la mutua judicial, dependiente del Ministerio de Justicia.
Este ser?el primer Consejo del Poder Judicial en el que solo habr?dedicaci? exclusiva para seis vocales, de forma rotatoria. Es decir, podr? darse situaciones ins?itas, como que el presidente de la sala penal de la Audiencia (Grande-Marlaska) sea, a la vez, vocal del consejo. O los abogados propuestos que seguir? ejerciendo en sus despachos y, al tiempo, perteneciendo al gobierno de la justicia. O la responsable de la mutua judicial que, si es vocal, ser?la primera persona en democracia que pertenezca al poder ejecutivo y al judicial.
Por eso la primera batalla interna del Consejo ser?elegir a los seis que formen la comisi? permanente, con dedicaci? exclusiva. Su rotaci? no es obligatoria y pueden mantenerse todo el mandato.
http://politica.elpais.com/politica/2013/11/19/actualidad/1384891718_018654.html
UN EX CARGO DE AZNAR
El actual presidente en funciones de la Audiencia Nacional, Carlos Lesmes, de 50 a?s, es la apuesta de los conservadores para dirigir el organismo vacante desde el verano pasado.
Aunque desde la propia Audiencia Nacional se cree que el puesto debe ocuparlo un magistrado de lo Penal, Lesmes preside la Sala de lo Contencioso Administrativo desde 2005. Precisamente hasta 2004 fue director general de Relaciones con la Administraci? de Justicia en el Gobierno de Aznar en el que Michavila era ministro.
Est?casado y tiene cinco hijos. Es miembro de la Asociaci? Profesional de la Magistratura y lleva 25 a?s en la carrera judicial, donde es especialista de lo Contencioso Administrativo. Ha ejercido en el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana y en la Audiencia Nacional.
http://elpais.com/diario/2009/03/19/espana/1237417209_850215.html
EL SUPREMO CONFIRMA LOS NOMBRAMIENTOS DE CUATRO DE SUS JUECES
Compa?ros de carrera impugnaron los nombramientos porque cre?n tener mejores opciones para acceder al alto tribunal
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos interpuestos contra los nombramientos de cuatro magistrados del alto tribunal, tres de ellos miembros de la propia Sala Tercera, Carlos Lesmes, Jos?Antonio Montero e Isabel Perell? Tambi? ha confirmado la legalidad del nombramiento de Clara Mart?ez De Careaga, para la Sala de lo Militar del Supremo.
Los nombramientos hab?n sido impugnados por compa?ros de la carrera que cre?n tener mejores opciones para acceder al alto tribunal. En concreto, Mar? Asunci? Salvo, presidenta suspendida de la Secci? Sexta de la Audiencia Nacional, no estaba de acuerdo con las razones que adopt?en su d? el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para elegir estos candidatos, informa Europa Press.
http://elpais.com/elpais/2011/01/26/actualidad/1296033448_850215.html
